MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE REGULA LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Santiago, noviembre 06 de 2008.-

MENSAJE Nº 939-356/

A SE. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO.

Honorable Senado:

Tengo el honor de someter a consideración del H. Congreso Nacional, un proyecto de ley que establece el estatuto jurídico de los servicios sanitarios rurales.

I. ANTECEDENTES

Hacia 1964 se implementó la primera etapa del Programa de Agua Potable Rural, con créditos del Banco Interamericano del Desarrollo (BID). En esa fecha, solo un 6% de los habitantes de las localidades rurales de Chile contaban con cobertura de agua potable; hoy, ese porcentaje excede al 98%, de tal forma que los casi 1.500 Comités y Cooperativas de APR -con unos 300 mil arranques- abastecen a prácticamente un millón y medio de habitantes de zonas rurales concentradas.

Este desarrollo ha sido el fruto de una eficaz coordinación entre la acción de las organizaciones sociales y la del Estado. En este esfuerzo el Estado ha invertido más de US $ 400 millones, de los cuales US $ 305 millones (74%), corresponden a inversiones materializadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) entre los años 1994 a 2005; primero, por medio de la Dirección de Planeamiento y, luego, a partir del año 2001, a través del Departamento de Programas Sanitarios de la Dirección de Obras Hidráulicas.

Dicho programa se ha llevado adelante sobre la base de la voluntad política del Gobierno y de los parlamentarios de los distritos rurales, pues no existe ninguna Institución del Estado con competencia exclusiva en materia de Servicios Sanitarios en el sector rural, situación que, entre otras, aborda este proyecto.

Consciente de esta situación, a los pocos meses de iniciado el gobierno de la Presidenta Bachelet, el MOP estableció una mesa técnica y una agenda de trabajo con la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU), con el objetivo, precisamente, de generar una institucionalidad para el sector.

En el marco de ese proceso, en el mes de noviembre del año 2006, se organizó un seminario, en conjunto entre el MOP y la Comisión de OO.PP. del Senado, con el apoyo técnico del BID, que permitió evidenciar los elevados niveles de consenso entre las organizaciones de APR, los legisladores y el Gobierno respecto de la importancia del sector y sus desafíos futuros.

El texto del presente proyecto de ley se basa en los resultados de más de un año de trabajo de la mesa constituida entre la FENAPRU y el MOP, con la colaboración del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, reflejándose además en él, los aportes de otros órganos de la administración pública que desarrollan programas en el sector, entre los que desatacan MINVU, MINSAL, MIDEPLAN, CONAMA y SUBDERE.

II. EL DESARROLLO HETEROGENEO DEL SECTOR APR

El éxito y maduración del APR plantea nuevos desafíos a la sustentabilidad del sistema, considerando la actual diversidad de situaciones que coexisten tanto en términos de tamaño, como de capacidad de gestión técnica, administrativa y financiera.

De acuerdo a las cifras de un diagnóstico que, en el año 2004, llevó adelante el Departamento de Programas Sanitarios, 2/3 de estos comités y cooperativas, poseían menos de 250 arranques y, en el otro extremo, solo un 10% posee más de 400 arranques. Por su parte, desde el punto de vista operacional, también coexistían importantes diferencias entre comités y cooperativas. En cuanto a la calidad, un 30% no satisfacía a plenitud los indicadores técnicos. En términos de capacidad de gestión administrativa, un 66% de los servicios no tenían plan anual de inversiones y un 56% no planificaba ni evaluaba su gestión. En el ámbito financiero, si bien un 75% de los servicios cubría sus gastos de operación, mantenimiento y reparaciones menores, tan solo un 22% estaban en condiciones además, de realizar inversiones mayores como ampliaciones de redes, adquisición de equipos de bombeo, instalación de estanques, etc.

En suma, conforme a ese diagnóstico de “competencias para la sustentabilidad”, entendidas estas última en su dimensiones de preservación del ecosistema y de garantía del recurso hídrico a las generaciones futuras; de estabilidad y continuidad en el tiempo y de viabilidad económica, sólo un 17% de los servicios de APR serían sustentables y estarían en condiciones de acometer desafíos superiores en términos de calidad de servicio a sus usuarios, fortalecimiento organizacional, capacidad de gestión y administración.

Para que otros puedan desarrollar aún más sus potencialidades, se requerirá -en mayor o menor grado- del apoyo del Estado.

III. EL APR: UNA CONTRIBUCION A LA CALIDAD DE VIDA Y UN ACTIVO SOCIAL A MANTENER

Los principales objetivos establecidos para el programa de APR, a partir del año 2001, han sido: i) dotar de agua potable a la población rural beneficiaria, en condiciones de calidad y cantidad aceptables; ii) disminuir las tasa de mortalidad y morbilidad provocadas por enfermedades de origen hídrico; iii) lograr el mejoramiento de los hábitos y actitudes de la población rural con respecto al agua potable; y iv) promover el desarrollo económico y social de las comunidades atendidas, a través del mejoramiento de las condiciones sanitarias.

La cobertura alcanzada por los programas de APR entre la población rural concentrada, representa una contribución significativa al mejoramiento de la calidad de vida, no solo, un mejoramiento de las condiciones sanitarias, sino que, además de sus expectativas de desarrollo. En efecto, la provisión de agua potable en las localidades rurales posibilita también la conformación de un círculo virtuoso de desarrollo económico y social, pues su disponibilidad posibilita el emprendimiento económico en áreas productivas o de servicios, que a su vez, benefician a la propia población aumentando o diversificando las fuentes de ingreso familiar o su estabilidad.

Los actuales niveles de cobertura del servicio de agua potable en las zonas rurales son el producto de una capacidad de organización que permite que sea la propia comunidad quien, asistida por el Estado, asuma la responsabilidad por la provisión de dicho servicio.

Este carácter comunitario no se puede perder, pues representa un capital social acumulado por décadas, que ha demostrado ser eficaz en la resolución de este problema y, además, de acuerdo a estudios y experiencias internacionales, la participación activa de la comunidad involucrada es un requisito de sustentabilidad en el largo plazo.

IV. EL RECONOCIMIENTO AL ROL DE LA MUJER

En el desarrollo de este acervo de participación comunitaria la mujer ha jugado un rol significativo. Así por ejemplo, a diciembre del 2006, las mujeres representaban el 36% (2.404) del estamento dirigencial a nivel nacional, y, dicha proporción se incrementa hasta un 39% (1.100) cuando se considera su participación entre las personas que trabajan en la operación de los APR. Esta última proporción resulta más significativa en términos de evidenciar una disminución de brechas e inequidades en el ámbito de la tradicional división sexual de roles en el trabajo.

Por su parte, entre los 143 servicios localizados en áreas “periurbanas”, que abastecen a más de medio millón de personas, es relevante resaltar la gran cantidad de mujeres que han asumido roles protagónicos en la dirección de estos sistemas y en donde los porcentajes de participación de mujeres en sus directivas asciende a un 41%, esto es un 5% más que el promedio nacional.

En unas décadas más, cuando otros observen la realidad del sector rural, los sistemas de APR se destaquen por su contribución a elevar la calidad de vida de la población rural, por hacer germinar y fructificar la semilla de la participación comunitaria así como un ejemplo de no discriminación y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, considerando, además que el programa de Gobierno de la Presidenta de la República establece explícitamente medidas orientadas a que la condición social o de género no sean una barrera que impida o entrabe la participación plena de la mujer en el quehacer democrático de la Nación y que se integre adecuadamente al 50.7 % de la población total de nuestro país que ellas representan.

V. LOS DESAFIOS DEL SECTOR

Los nuevos desafíos que deberá enfrentar el APR deben hacerse cargo de la gran heterogeneidad al interior del sector, debiendo encontrar un adecuado balance entre preservar y potenciar aquellos elementos que permiten su desarrollo, con remover los obstáculos que impiden la expansión futura de los sistemas con mayor potencial y la subsistencia de aquellos más precarios.

El diseño de la institucionalidad futura debe, en primer lugar, proteger y preservar el carácter asociativo y participativo de esta forma comunitaria de provisión del servicio, generando formas de reconocimiento y protección preferente de sus derechos.

Un segundo desafío es ampliar el acceso al agua potable hacia aquellos habitantes que viven en localidades rurales desconcentradas y que, según estimaciones actualizadas, alcanzan a unos 400 mil compatriotas. Los costos de llegar a cada uno de esos habitantes con soluciones de agua potable, son significativamente mayores que en el caso de las localidades concentradas, de allí que sea necesario, por una parte, generar los incentivos para que los sistemas de APR de mayor capacidad financiera puedan acceder al financiamiento complementario por parte de los agentes financieros, liberando así recursos públicos para destinarlos al sector desconcentrado, y, por otra parte, mejorar la eficiencia y eficacia de la acción del Sector Público y la capacidad de coordinación de su accionar.

En tercer lugar, se encuentra el desarrollo de los servicios de saneamiento rural. Actualmente, algunas localidades rurales organizadas, que tienen resuelto su servicio de abastecimiento de agua potable y cuyo Comité o Cooperativa funciona adecuadamente, han avanzado, por iniciativas municipales y con el apoyo de la SUBDERE, en la disposición de las aguas servidas domésticas. Según estadísticas de los servicios de agua Potable Rural, 105 servicios disponen de soluciones de Alcantarillado de Aguas Servidas, con una población beneficiada de aproximadamente 180.000 habitantes. Para ellos, y otros en el futuro cercano, resolver el problema de la disposición de las aguas servidas representa un desafío que también se deberá abordar.

Dar respuesta a los temas de saneamiento y disposición rural requerirá de un esfuerzo sistemático y mancomunado del Estado y las comunidades rurales, con una visión de largo plazo, tal como el que ha permitido alcanzar coberturas cercanas al 100% de agua potable en localidades rurales concentradas.

Específicamente para el caso del saneamiento rural, dicho programa se deberá basar en un trabajo conjunto con cada comunidad, para escoger soluciones adecuadas a su problemática y medios; debiendo, por tanto contemplar distintas alternativas técnicas y financieras que, sobre la base de objetivos realistas y exigentes, permitan diseñar y poner en aplicación un programa que combine, de manera flexible y creativa, las capacidades de las organizaciones comunitarias y del Estado.

La implementación de esta política, requiere un cuidadoso diseño toda vez que comprometerá volúmenes de recursos significativos, bajo distintas formas de subsidios a la inversión en redes de recolección, casetas sanitarias y soluciones de disposición, individuales o colectivas. Con todo, el presente proyecto de ley, establece un marco flexible, que permite la existencia de soluciones para la disposición de las aguas servidas de carácter individual o colectivos, según sea el caso, y finalmente radica en una sola instancia de la administración pública la responsabilidad por la implementación de la política nacional de servicios sanitarios rurales.

Adicionalmente, se deberá ejecutar una acción fiscalizadora eficaz, de parte de los órganos competentes, en orden a garantizar los niveles de calidad de las aguas residuales que la solución adoptada por la comunidad haya comprometido en cada caso.

VI. LOS OBJETIVOS QUE ORIENTAN LA FUTURA INSTITUCIONALIDAD

Del trabajo conjunto al que se ha hecho referencia, ha sido posible identificar los siguientes objetivos en relación al diseño de la institucionalidad futura: a) fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias preservando su carácter participativo; b) incentivar la eficiencia económica y la sustentabilidad financiera del sistema APR, que pasará a ser el sistema de Servicios Sanitarios Rurales, y c) definir con claridad los diversos roles del Estado.

Además, es necesario que se contemple un período de transición que permita la gradual adaptación de las organizaciones comunitarias y los órganos de la administración, a las nuevas condiciones.

VII. CONTENIDO

El presente proyecto aborda los siguientes aspectos:

1. Política nacional de servicios sanitarios rurales

El proyecto contiene la definición de una Política nacional de prestación de servicios sanitarios en el ámbito rural, que incorpora tanto la provisión y distribución de agua potable, como la posibilidad, en la medida que las circunstancias lo hagan necesario en cada caso particular, para incorporar soluciones de recolección, disposición o tratamiento de las aguas servidas. Dicha política nacional, deberá también considerar a los habitantes del área rural que residan más allá del área de servicio de los operadores de las localidades concentradas.

Esta política para la asistencia técnica y financiera, supervisión y promoción para la organización de los operadores de servicios sanitarios rurales, se funda, por una parte, en el reconocimiento de la función social y el rol integrador de las organizaciones comunitarias de APR y hace justicia al papel que han jugado durante los últimos 40 años; y, por otra parte, que este desarrollo del sector APR ha sido el fruto de una eficaz coordinación entre la acción de las organizaciones sociales y la del Estado.

Por estas razones, forma parte de este cuerpo de Política la creación de un Consejo Consultivo para la orientación de la política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales, con la participación de los entes públicos más directamente vinculados con el sector, y con representación de las organizaciones sociales de los servicios sanitarios rurales (9 representantes al Consejo).

2. La organización propuesta

Actualmente los comités de APR, que representan un 90% de las organizaciones de agua potable rural, son, institucionalmente, organizaciones vecinales, de carácter funcional. Sin embargo, su naturaleza es, además, económica, en el sentido que representa una forma de asociación para proveer un servicio de la mayor relevancia. De allí que sea imprescindible dotarlos de una institucionalidad tal que, respetando su carácter asociativo, les provea de instrumentos suficientes para actuar, con plena capacidad, en el ámbito económico. En la institucionalidad chilena la forma de organización de la actividad económica que se funda en el carácter participativo son las Cooperativas. En este sentido, cuando los niveles de exigencia lo hagan recomendable, se incentiva que los Comités se transformen en Cooperativas.

Al mismo tiempo, esta forma de organización debería ser capaz de adaptarse, con flexibilidad, a los requerimientos y necesidades de los distintos segmentos que coexisten al interior de los APR. Estos elementos se recogen en el proyecto que establece dos tipos de Operadores: los “Permisionarios” y las “Licenciatarias”.

Los “Permisionarios”, de naturaleza más simple y flexible, le dan un mayor orden y un marco jurídico a la realidad de muchos Comités actuales, y presumiblemente también, a futuro. Basta con estar organizado como Comité con personalidad Jurídica e inscribirse en el registro que llevará el MOP, para que puedan optar a un permiso que les habilita para operar por plazos de hasta 10 años, renovables.

En cambio, para el segmento de mayor tamaño, con mayor capacidad financiera y de mayor complejidad técnica en las soluciones y, por ende, con mayores niveles de exigencias, las “Licenciatarias”, deberán estar organizadas bajo la forma jurídica de Cooperativas, para lo que se contempla la aplicación de la legislación respectiva, gozarán de exclusividad en sus áreas de servicio por un lapso de hasta 30 años, lo que irá acompañado de la exigencia de un Plan de Inversión.

Estas dos figuras involucran diversas formas de reconocimiento y protección de sus derechos, en tanto estas organizaciones mantengan su carácter participativo y asociativo, y no pierdan de vista su objetivo primordial.

Es así como, por ejemplo, en caso de una Licenciataria que, por modificaciones de los planes reguladores, quedara con parte o toda su área de servicio incorporada en el área urbana, podrá seguir prestando el servicio, adaptando gradualmente sus niveles de exigencia a los de las áreas urbanas, para lo cual deberá modificar su Plan de Inversión.

El modelo organizacional además permite la agrupación de los actuales APR en organizaciones de mayor escala, así como también que éstas aborden la prestación de servicios “transversales” aprovechando escalas de operación, de administración, de gestión comercial, de asistencia técnica, etc.

3. Un estatuto de deberes y derechos

Este reconocimiento de su naturaleza económica, unida a la protección de sus derechos, lleva aparejado deberes en términos de provisión del servicio y obligaciones de transparencia en la gestión de las organizaciones, así como también de derechos de los usuarios. El proyecto establece la obligación de todos los “operadores” de proporcionar el servicio de agua potable y saneamiento a las comunidades rurales para uso doméstico: servicio sanitario rural “primario”. También podrán prestar un servicio “secundario”, en la medida que “garantice la cobertura del servicio sanitario rural primario”.

Al mismo tiempo, este reconocimiento de la naturaleza económica de la actividad requiere que los usuarios tengan un estatuto claro de derechos y deberes, entre los cuales se incluye, por ejemplo, la obligación de pago y, consiguientemente, el derecho a cortar el suministro a los morosos.

En el caso de las licenciatarias, a quienes se les garantiza exclusividad en sus territorios, de manera de cautelar el cumplimiento de las obligaciones y la adecuada prestación del servicio a sus usuarios, se les exigirá una garantía considerando el número de usuarios y sus condiciones socioeconómicas. Como una medida extrema de protección de los derechos de los usuarios, se contempla la figura del administrador temporal cuando se haya configurado una situación de tal gravedad que esté en riesgo la prestación del servicio de una Licenciataria. El objetivo de este administrador temporal, como su nombre lo indica, es “normalizar” la prestación del servicio y el funcionamiento de la Cooperativa, a la brevedad.

En lo que respecta al “gobierno corporativo”, en el caso de los Comités se fortalecen su órganos de dirección estableciéndose sus obligaciones, incompatibilidades y causales de cesación. Al mismo tiempo, y dadas las mayores exigencias que demandará el funcionamiento de los servicios sanitarios rurales, se faculta a la asamblea para que pueda remunerar a sus directores. Para las Licenciatarias, se les exige su organización bajo la forma jurídica de Cooperativas, precisamente por las exigencias que se establecen en este aspecto.

4. Las tarifas y la exigencia, diferenciada, de contribuir a la sustentabilidad financiera

No solo se debe preservar y fortalecer la capacidad de las organizaciones comunitarias para proveer de servicios de agua potable y saneamiento, sino que además se debe reflejar apropiadamente en sus tarifas la verdadera estructura de costos de producir esos servicios. Ello contribuye a introducir eficiencia económica tanto en el uso de los insumos necesarios para su producción -incluyendo los recursos hídricos-, como a incentivar conductas responsables de parte de los usuarios. Por ello se establece una obligación general: las tarifas “deberán permitir siempre recuperar sus costos indispensables de operación”.

Las tarifas serán determinadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y tendrán una vigencia de 5 años, y su conocimiento y aprobación será materia de la asamblea de socios. La asamblea podrá acordar una variación de hasta un 10% del nivel tarifario propuesto por ésta. De esta manera, se combinan exigencias de rigurosidad técnica en la determinación de las tarifas, con el respeto a los fundamentos participativos de las organizaciones de APR.

Asimismo, en la medida que los niveles de exigencia en términos de disciplina financiera en la determinación de costos y tarifas vayan siendo aplicados, será posible perfeccionar los actuales mecanismos administrativos de subsidio a la demanda, por un lado, focalizándose en los usuarios de mayor precariedad económica y social y por otro lado, privilegiando la utilización de procedimientos para su canalización mediante fondos consursables.

De esta forma, el régimen tarifario anteriormente descrito, unido a los procedimientos de canalización de los subsidios a la inversión, y a la formalización institucional que experimentará el sector, deberían facilitar crecientemente el acceso al financiamiento complementario por parte del sistema financiero para un segmento de operadores.

Complementario a lo anterior, y ligado a los mecanismos de asignación competitiva de fondos para la inversión, se contempla abrir la posibilidad de la competencia para la asistencia técnica, más allá de las actuales “unidades técnicas”, a otros oferentes de servicios para el sector sanitario rural.

5. Los roles del Estado

En la medida que la responsabilidad por la provisión del servicio recae en las organizaciones de la propia comunidad, es imprescindible que se establezcan con claridad los roles que el Estado debe desempeñar: asistencia, cooperación y promoción, por una parte; y, regulación y fiscalización, por la otra.

a. Asistencia, cooperación y promoción

Por los múltiples efectos en el ámbito rural que la actividad del sector del APR genera, el Ministro de Obras Públicas, con la información técnica que recabe de los ministerios de Salud, Vivienda y Urbanismo, Planificación y Cooperación y de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, además de la orientación del Consejo Consultivo, determinará la política para la asistencia técnica y financiera y la supervisión y promoción para la organización de los operadores de servicios sanitarios rurales.

Dicha política se ejecutará mediante proyectos acordados con los gobiernos regionales y deberá considerar, además, en su formulación y diseño, planes o programas destinados a favorecer a los habitantes de las localidades rurales desconcentradas, que residan fuera del área de servicio de los operadores.

El proyecto define que dicha política estará fundada en los siguientes principios: a) de protección de la ayuda mutua, para el caso de los derechos inherentes de los servicios sanitarios básicos rurales; b) de igualdad de participación y de decisión de los integrantes de los órganos administradores y ejecutores de los operadores de los servicios sanitarios básicos rurales, bajo la condición de que dichos integrantes den oportuno cumplimiento a sus obligaciones; c) de no discriminación respecto del servicio sanitario rural básico d) de eficiencia económica en la disposición y administración de los recursos, de modo que propenda a la autosustentabilidad económica del servicio; e) de transparencia en la gestión y administración del servicio, para con sus socios, usuarios y la comunidad en general; y, g) de promoción del uso sostenible del agua y de los demás componentes ambientales involucrados.

Como se ha dicho, las acciones de asistencia, cooperación y promoción del Estado deberán orientarse, a lo largo del tiempo, de manera preferente hacia los segmentos de menores niveles de desarrollo relativo, para incentivar su tránsito a niveles superiores y la asociación de los sistemas más precarios de forma tal de disminuir su vulnerabilidad, lo que permitirá focalizar los recursos públicos destinados a este sector.

Por ello, junto a la creación del Consejo, se institucionalizan las funciones del MOP, mediante la creación de la Subdirección Nacional de Servicios Sanitarios Rurales, como un órgano especializado en el sector que, entre otras funciones, es responsable de ejecutar la política de asistencia y promoción, para lo cual podrá implementar programas y proyectos dirigidos especialmente a los habitantes del área rural que residan fuera del área de servicio de los operadores; asesorar a los Operadores y contratar la inversión sectorial y actuar como unidad técnica para la contratación de la inversión de los gobiernos regionales u otras instituciones públicas en materias relacionadas con servicios sanitarios rurales; proponer al Ministro de Obras Públicas el aporte financiero del Estado a que se refieren los artículos 85 y 86, para cada segmento; asesorar a los Operadores, directamente o a través de terceros; formular proyectos de servicios sanitarios rurales y evaluarlos económica, técnica y socialmente; visar técnicamente de los Proyectos; revisar el Plan de Inversión de los “Licenciatarios”; aprobar la puesta en operación de las obras de cada Operador; pedir informes y auditar la contabilidad de los licenciatarios y permisionarios; así como solicitar el ejercicio de las facultades de supervisión o de fiscalización al Departamento de Cooperativas, a la Superintendencia y al Ministerio de Salud, cuando correspondiere.

También se le asignan, funciones de “ventanilla única” para canalizar todo programa de inversión cuyos fondos sean aplicables al servicio sanitario rural. Respecto de los demás programas de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales que el Estado promueva, cualquiera sea su naturaleza, deberán ser informados al Consejo Consultivo, para facilitar la coordinación y unidad de acción entre organismos del Estado.

A dicha Subdirección Nacional se le asigna también la responsabilidad de administrar un registro público de operadores de Servicios Sanitarios Rurales y de, clasificarlos en tres segmentos: alto, medio, y bajo. Para su clasificación se considerarán, además de la calidad de gestión técnica, administrativa y financiera del operador, diversas características del sistema servido tales como:(a) población abastecida; (b) cercanía al área urbana; (c) condiciones socioeconómicas de la población abastecida; (d) condiciones de aislamiento; (e) oferta hídrica y condiciones geográficas y topográficas; y, en los casos que corresponda, el carácter de comunidad indígena. La clasificación tendrá una vigencia de 5 años, pudiendo el Operador, la Superintendencia o el Departamento de Cooperativas, solicitar su reclasificación, por razones fundadas.

Así por ejemplo, para aquellos operadores que sean clasificados en los niveles altos o medios, se le podrán fijar exigencias adicionales en orden a contribuir con el financiamiento parcial de la reposición o de la reinversión, constituyendo un fondo de reposición y reinversión. Así se incentiva que aquellas organizaciones eficientemente gestionadas y con capacidad de generación de excedentes, se beneficien de su mejor desempeño.

La información contendida en estos registros, así como la proveniente de la contabilidad de los operadores y de las licitaciones de obras y contratos, permitirá aplicar estimaciones de eficiencia comparada tanto para propósitos de clasificación como tarifarios.

b. Regulación y fiscalización

En la medida que los incentivos estarán puestos para que cada organización comunitaria proveedora del servicio, en su ámbito de acción, actúe de la manera más eficiente, será necesario la acción reguladora para garantizar que los niveles de servicio comprometidos en cada caso y las exigencias de transparencia en el gobierno corporativo y los flujos de información se cumplan; y que, por otra parte, los derechos individuales de los usuarios se respeten.

Así entonces se definen las funciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en la fiscalización técnica y en la fijación de tarifas. Dicha fiscalización priorizará las oficinas que la Superintendencia tenga en Regiones y podrá considerar un trato diferente respecto de los distintos segmentos de Operadores.

Si bien cada operador es responsable de velar por la calidad del servicio suministrado, de acuerdo a las normas respectivas, el proyecto en esta materia no innova y mantienen las atribuciones del Ministerio de Salud.

Por su parte, el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, dentro del ámbito de sus competencias, dictará las normas que estime necesarias para facilitar la aplicación de la presente ley.

El proyecto también establece un catálogo especial de sanciones para los operadores que incurrieren en algunas de las infracciones que se describen en el Proyecto; todo ello, sin perjuicio de las demás sanciones que corresponda aplicar a la Superintendencia o a otros organismos públicos de conformidad a ésta u otras normas.

Los nuevos ámbitos de responsabilidad que se asignan a los órganos fiscalizadores, así como las funciones que se radican en la nueva Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas demandarán la contratación de funcionarios y la asignación de recursos para su operación y funcionamiento, materias que se abordan en los artículos transitorios.

6. La transición: gradualidad en las exigencias y en los derechos, protección a los que cumplen

La institucionalidad definitiva hacia la que transiten los APR deberá considerar un período de adaptación, que contemple la realidad actual de las organizaciones, e incentive su fortalecimiento.

Por ello, los ritmos y niveles de exigencia serán diferenciados, graduales y selectivos. El artículo segundo transitorio contempla que todos los comités y cooperativas que están operando, y que efectivamente estén prestando servicios - aunque no participen en el Programa de APR del MOP- pasen a la nueva situación que les corresponda, dándoseles un plazo de seis meses para que completen su formalización en el Registro de operadores que llevará el MOP; y de dos años contados desde la entrada de vigencia del Reglamento de la Ley, para la tramitación de su licencia o permiso definitivo.

Para el caso de las solicitudes de “Permiso”, y precisamente para otorgar mayor flexibilidad en los plazos para este segmento que representa a la gran mayoría de las organizaciones de APR, se agrega la posibilidad que, dentro de esos dos años, se solicite un permiso de servicio sanitario rural “provisorio”, el que tendrá una vigencia de 5 años y para el cual se reducen los requisitos que deban cumplirse, con relación a los que se establecen en el artículo 42. En la determinación de dichos plazos se ha tenido en cuenta, la necesidad de sanear la situación de los bienes del ex SENDOS que se destinaron al APR y cuya propiedad no les ha sido regularizada.

Además de lo anterior, y también como una medida complementaria para apoyar la gradualidad de la transición al nuevo marco, se establece un plazo también de cinco años, para la entrada en aplicación del nuevo procedimiento de cálculo de tarifas.

A su vez, para el segmento más preparado para asumir los nuevos desafíos, se les apoyará para que adopten la forma de organización Cooperativa y se constituyan en Licenciatarias. Se establece que tanto los Comités que se transformen en cooperativas, como las cooperativas ya existentes, que se adecuen al nuevo estatuto cooperativo del servicio sanitario rural, permanecerán responsables de todas las obligaciones y titulares de todos los derechos adquiridos durante su operación anterior, como una misma e idéntica persona jurídica. Además se contempla una rebaja, al 10%, en los aranceles notariales, del Conservador de Bienes Raíces correspondiente y de los costos de publicación en el Diario Oficial.

Del mismo modo, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales asistirá a los Comités en la valoración de los activos, para su transición a Cooperativas, implementará un programa de regularización de obras y derechos de agua para los Comités y Cooperativas, y de asistencia para la obtención de licencias y permisos. Del mismo modo asistirá a los Comités en el traspaso de los bienes y derechos que las empresas de servicio sanitario han comprometido transferirles, en el marco del mencionado proceso de saneamiento de los bienes del ex SENDOS que se destinaron al APR.

Para permitir que los servicios localizados, total o parcialmente, en áreas urbanas, completen su total regularización, se establece que durante el plazo de dos años contados desde la entrada en vigencia del Reglamento de la Ley, no podrán otorgarse concesiones de servicios sanitarios regulados por el DFL Nº 382 del año 1988 en las áreas que estén siendo servidas por Comités o Cooperativas al momento de entrada en vigencia de esta ley, lo que importa un reconocimiento de áreas de servicio “protegidas”.

Forma parte también de estas disposiciones transitorias una destinada a permitir que aquellas Cooperativas que por aplicación del artículo 6 del DFL MOP Nº 382/88, se transformaron en concesionarias de servicios sanitarios, puedan en un plazo de seis meses, renunciar a esta calidad, debiendo adecuarse a las normas establecidas en el presente proyecto de Ley solicitando su inscripción como Licenciatarias, de forma tal que, de aprobarse su solicitud, quedará clasificada en el segmento “alto” del registro de operadores del MOP.

Por su parte, los municipios que operen al momento de entrada en vigencia de esta ley, sistemas de agua potable rural o de saneamiento, podrán traspasarlos a algún comité o cooperativa, y en caso que estos les requieran el traspaso deberán pronunciarse sobre el requerimiento en un plazo de dos años.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente,

PROYECTO DE LEY:

“TITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1 º.-Ámbito de vigencia material. La presente ley regula la prestación del servicio sanitario en el ámbito rural.

El servicio sanitario rural podrá ser operado por un Comité o una Cooperativa, al que se ha otorgado un permiso o licencia por el Ministerio de Obras Públicas. Excepcionalmente, conforme se establezca en el Reglamento, el servicio podrá ser operado por otra persona natural o jurídica autorizada por el Ministerio de Obras Públicas, previo informe favorable de la Autoridad Sanitaria regional.

Artículo 2 º.-Definiciones. Para efectos de la aplicación de esta Ley, se entiende por:

a) «Área de servicio»: Aquélla cuyos límites geográficos constituyen la superficie territorial en que un operador presta servicios sanitarios rurales, como permisionario o licenciatario.

b) «Ámbito rural»: Toda área geográfica fuera del límite urbano.

c) «Comité de Servicio Sanitario Rural»: Organización comunitaria funcional, constituida y organizada conforme a lo dispuesto en la ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, a la que se le otorgue permiso para operar un servicio sanitario rural.

d) «Concesionarias de servicios sanitarios»: Aquéllas personas jurídicas titulares de concesiones otorgadas conforme al Decreto con Fuerza de Ley Nº 382 del Ministerio de Obras Públicas del año 1988.

e) «Cooperativa de Servicio Sanitario Rural»: Persona jurídica constituida y regida por la Ley General de Cooperativas, a la que se le otorgue licencia o permiso para operar un servicio sanitario rural.

f) «Departamento de Cooperativas»: El perteneciente al Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.

g) «Licencia de servicio sanitario rural»: La que se otorga por el Ministerio a las Cooperativas de Servicio Sanitario Rural, por un plazo máximo de 30 años, para la prestación y operación de un servicio sanitario rural en un área de servicio determinada.

h) «Licenciataria»: Cooperativa a la que se ha otorgado licencia para operar servicios sanitarios rurales.

i) «Ministerio»: El Ministerio de Obras Públicas.

j) «Operador»: La Cooperativa o Comité al que se ha otorgado, por el Ministerio, licencia o permiso para operar un servicio sanitario rural.

k) «Permisionario»: Es el titular del permiso otorgado en conformidad a esta ley.

l) «Permiso de servicio sanitario rural»: El que se otorga por el Ministerio a un Comité o Cooperativa, por un plazo máximo de 10 años, para la operación y prestación de un servicio sanitario rural, en un área de servicio determinada.

m) «Registro»: El Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales regulado en el artículo 77 de esta ley.

n) «Reglamento»: El que se dicte para la ejecución de las normas contenidas en esta ley, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3.

o) «Saneamiento»: Recolectar, tratar y disponer las aguas servidas.

p) «Soluciones Individuales de Saneamiento»: Son aquellas que, no estando conectadas con una red de alcantarillado primario, permiten la recolección, tratamiento y vertimiento o reutilización de sus aguas residuales.

q) «Subdirección»: La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas, que se crea por esta ley.

r) «Superintendencia»: La Superintendencia de Servicios Sanitarios.

s) «Usuario»: la persona que recibe algún servicio sanitario rural, pudiendo o no tener la calidad de socio del Operador.

Artículo 3 º.-Reglamento. Para la aplicación de esta Ley, se dictará un Reglamento elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, previa consulta a los organismos públicos integrantes del Consejo Consultivo regulado en el artículo 76 de esta ley.

TITULO II

DEL SERVICIO SANITARIO RURAL

Artículo 4 º.-Tipos de servicios sanitarios rurales. El servicio sanitario rural podrá ser primario o secundario.

Artículo 5 º.-Servicio sanitario rural primario. Corresponde a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento a las comunidades rurales para uso doméstico, y requiere el abastecimiento de agua de calidad, en cantidad y con continuidad; y en forma universal para todos aquellos usuarios que se ubiquen dentro del área de servicio.

Artículo 6 º.-Servicio sanitario rural secundario. Corresponde a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento que exceden del uso doméstico, y cuya prestación sólo procede cuando el operador garantiza la cobertura del servicio sanitario rural primario.

El usuario del servicio sanitario rural secundario podrá comprar agua potable o solicitar su disposición a un operador de producción rural de agua potable o de disposición rural de aguas servidas, o a un concesionario de servicios sanitarios. En este caso, el operador o concesionario que preste este servicio deberá compensar al operador de la red de distribución o recolección, según sea el caso, mediante el pago de una tarifa de peaje calculada por la Superintendencia, conforme a lo dispuesto en el Reglamento. En caso de existir diferencias entre las partes, será la Superintendencia quien resolverá a través de una resolución fundada.

Artículo 7 º.-Etapas de los servicios. Los servicios sanitarios rurales comprenden las siguientes etapas:

(a) producción rural de agua potable;

(b) distribución rural de agua potable;

(c) recolección rural de aguas servidas; y,

(d) tratamiento y disposición final rural de aguas servidas.

La etapa de producción rural de agua potable consiste en la captación y tratamiento de agua cruda, para su posterior distribución en las condiciones que establece la normativa legal y reglamentaria vigente.

La etapa de distribución rural de agua potable consiste en el almacenamiento en su caso, y la conducción del agua producida hasta su entrega en el inmueble del usuario.

La etapa de recolección rural de aguas servidas consiste en la conducción de dichas aguas desde el inmueble hasta la entrega para su tratamiento y disposición final. Alternativamente esta etapa podrá consistir en soluciones individuales de saneamiento para su posterior disposición.

La etapa de tratamiento y disposición rural de aguas servidas consiste en la evacuación de éstas en cuerpos receptores, en las condiciones que establece la normativa legal y reglamentaria vigente, o en sistemas de tratamiento.

Las etapas de los servicios sanitarios rurales, podrán solicitarse en licencia o permiso, conjuntamente o por separado. Sin embargo, la etapa de recolección rural de aguas servidas sólo podrá ser pedida por quien solicite u opere la etapa de distribución rural de agua potable.

TITULO III

LICENCIAS Y PERMISOS

Capítulo 1

Normas comunes

Artículo 8 º.-Área de servicio. El operador prestará el servicio dentro del territorio delimitado en el respectivo permiso o licencia.

Artículo 9 º.-Derecho a usar bienes nacionales de uso público e imponer servidumbres. Las licencias y permisos otorgan el derecho a usar a título gratuito bienes nacionales de uso público para construir o instalar infraestructura de servicios sanitarios rurales, siempre que no se altere, en forma permanente, la naturaleza y finalidad de éstos. El uso deberá sujetarse a las condiciones dispuestas por las respectivas municipalidades u otros órganos públicos encargados de su administración, cuando estas instalaciones pudieran afectar el normal uso del bien nacional de uso público. En todo caso, el uso temporal de cualquier bien nacional de uso público requerido para ejercer este derecho estará exento de cualquier tipo de cobro.

Asimismo, las licencias y permisos otorgan el derecho a imponer la constitución de servidumbres, en conformidad con lo establecido en el Código de Aguas.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable a los trabajos de exploración para la captación de aguas subterráneas y se considerarán también obras de infraestructura sanitaria rural, cuando ellos sean claramente identificables con una obra de aprovechamiento para el servicio sanitario rural.

En caso que la conexión de una instalación domiciliaria de alcantarillado a una red de recolección para permitir el desagüe gravitacional, obligue a atravesar el predio de otro propietario, se constituirá una servidumbre legal de alcantarillado domiciliario.

El largo y ancho de la faja de terreno sujeta a servidumbre, corresponderá a la factibilidad técnica del proyecto de conexión otorgada por la licenciataria o el permisionario, obligándose el interesado a indemnizar los perjuicios.

Artículo 10 .-Licencias o permisos vinculados. Para otorgar una licencia o permiso que requiera de otra para la prestación integral del servicio sanitario rural, la Superintendencia deberá exigir la existencia de la licencia o permiso que condiciona a la solicitada o su tramitación simultánea.

Artículo 11 .-Obligación de cobro conjunto. El Operador de distribución rural de agua potable estará obligado a cobrar y a recaudar de los usuarios, el valor de las prestaciones correspondientes a los servicios de producción rural de agua potable, de recolección rural de aguas servidas y de tratamiento y disposición rural de aguas servidas.

El incumplimiento de las obligaciones que se deriven de lo señalado en el inciso anterior no podrá afectar la prestación de los servicios a los usuarios.

Artículo 12 .-Bienes indispensables. Se entienden destinados a finalidades de utilidad y salubridad pública, los bienes indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales.

Los bienes se considerarán indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales, desde el otorgamiento de la licencia o permiso, desde su adquisición o regularización, o desde su puesta en operación, según corresponda.

Serán bienes indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales, entre otros, los siguientes:

a) arranques de agua potable

b) uniones domiciliarias de alcantarillado

c) redes de distribución

d) redes de recolección

e) derechos de agua

f) captaciones

g) sondajes

h) estanques de regulación

i) servidumbres de paso

En caso que los bienes indispensables aportados por el Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de esta ley, pierdan tal calidad, el Operador deberá contar con la autorización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para enajenarlos. No se requerirá dicha autorización cuando la enajenación sea resultado de un reemplazo o mejora.

Los bienes indispensables tendrán el carácter de inembargables, siéndole aplicable lo establecido en el número 17 del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 13 .-Licitación de nuevas licencias o permisos. El Ministerio de Obras Públicas podrá llamar a licitación pública para el otorgamiento de nuevas licencias o permisos, y no podrá denegarlos discrecionalmente.

Artículo 14 .-Transferencia. Los operadores podrán transferir a otros Comités o Cooperativas, sus permisos o licencias, debiendo informar de la transferencia al Registro.

En cualquier caso de transferencia de una licencia o permiso, el adquirente deberá cumplir con todas las condiciones que esta ley y su Reglamento fijen.

Si la licenciataria está operando en área urbana, podrá transferir total o parcialmente la licencia a una concesionaria de servicio sanitario, la que en todo caso deberá operar el área de servicio de conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988 y sus normas complementarias, entendiéndose ampliada su concesión sanitaria de pleno derecho, una vez que la transferencia haya sido autorizada por el Ministerio mediante Decreto Supremo, previo informe favorable de la Superintendencia.

Capítulo 2

De la licencia de servicio sanitario rural

Artículo 15 .-Objeto. La licencia tiene por objeto autorizar a una Cooperativa para el establecimiento, construcción y explotación de un servicio sanitario rural.

Otorgada la licencia, el Estado no podrá otorgar en parte alguna del área de servicio de la licenciataria, permisos de distribución rural de agua potable y de recolección rural de aguas servidas, ni concesiones de servicios sanitarios regulados por el decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988, salvo en caso que, publicado el llamado a licitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley, en al menos dos oportunidades, no se presente ningún interesado en la licencia dentro del plazo establecido en el artículo 24.

Artículo 16 .-Licenciatarias. Las licencias para establecer, construir y explotar servicios sanitarios rurales, solo serán otorgadas a Cooperativas, las que se regirán por las normas de la Ley General de Cooperativas, sin perjuicio de las normas que establece esta ley y las demás propias de su giro.

Artículo 17 .-Plazo. El plazo máximo de vigencia de la licencia será de 30 años. Durante este lapso, el Estado no podrá otorgar nuevas licencias de distribución rural de agua potable y de recolección rural de aguas servidas, en la misma área de servicio.

Artículo 18 .-Ampliaciones. La licenciataria podrá solicitar ampliaciones de su área de servicio conforme al procedimiento establecido en los artículos 20 y siguientes de esta ley.

En caso que el área de ampliación solicitada esté total o parcialmente ubicada dentro del límite urbano de un área en la cual no se haya otorgado ni solicitado una concesión sanitaria conforme al decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas del año 1988, circunstancia que deberá ser previamente certificada por la Superintendencia, se aplicará el procedimiento establecido en los artículos 20 y siguientes de esta ley.

Artículo 19 .-Licitación de la Licencia. La Superintendencia deberá llamar a licitación de la licencia y de sus bienes indispensables, un año antes del término del plazo de vigencia.

El llamado a licitación de la licencia pronta a extinguirse, se publicará por la Superintendencia por una vez en el Diario Oficial y, por medio de avisos repetidos por lo menos dos veces, en un diario de circulación en la región donde ésta se encuentre.

Las bases de licitación deberán señalar el nivel de subsidio a la inversión que se considerará para los efectos de evaluar las solicitudes de licencia que se presenten.

Las bases de licitación deberán contener una valorización actualizada de las inversiones necesarias para la prestación del servicio efectivamente realizadas por el anterior operador, sólo en la parte que hubieren sido financiadas con su patrimonio propio. En el evento que la licencia no le sea renovada, la nueva Licenciataria deberá pagar al anterior Operador dicho valor en la forma que lo hayan determinado las bases.

La avaluación actualizada de las inversiones que señala el inciso anterior, se efectuará de común acuerdo entre la Licenciataria y la Superintendencia y, en caso de desacuerdo, se hará por un perito tasador, que será nombrado conforme lo establezca el Reglamento.

Tanto la licencia como los bienes indispensables, se entenderán transferidos de pleno derecho desde la fecha del decreto de adjudicación.

En caso que la licitación no se resuelva antes del término del plazo de vigencia de la licencia, se entenderá esta prorrogada automáticamente hasta la fecha del decreto de adjudicación a la nueva licenciataria.

Artículo 20 .-Solicitud. La solicitud de licencia se presentará ante la Superintendencia, acompañando una garantía de seriedad de la presentación. La solicitud, cuyas características se determinarán en un reglamento, contendrá, a lo menos, lo siguiente:

1) La identificación de la Cooperativa peticionaria.

2) Un Certificado de vigencia de la Cooperativa, emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente.

3) La identificación de la etapa del servicio sanitario rural que se solicita, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7 de esta ley.

4) La identificación de las fuentes de agua y sus respectivos derechos, en el caso de la licencia de producción rural de agua potable.

La Licenciataria deberá tener la propiedad o el uso de estos derechos, circunstancia que deberá acreditarse en la forma y plazos que defina el Reglamento.

5) La identificación de las demás Licenciatarias, Concesionarias de servicios sanitarios o Permisionarios con las cuales se relacionará.

6) Los límites del área geográfica en que se prestarán los servicios sanitarios rurales.

7) Las características de las aguas servidas a tratar, del efluente y del cuerpo receptor, en el caso de la licencia de tratamiento y disposición rural de aguas servidas.

8) Un Inventario valorizado de bienes, derechos y obligaciones, y un estado de situación con una antigüedad no superior a 30 días a la fecha de su presentación, que deberá contener el análisis correspondiente a cada una de sus cuentas.

Artículo 21 .-Carácter del área de servicio. Presentada la solicitud de licencia, la Superintendencia la pondrá en conocimiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de las respectivas municipalidades, quienes deberán, en el plazo de cuarenta y cinco días, emitir un informe indicando si el área de servicio solicitada está fuera del límite urbano.

En caso que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o los Municipios consideren conveniente la ampliación del área de servicio, con el objeto de satisfacer demandas habitacionales no cubiertas, podrán señalarlo en su informe, a fin que la Superintendencia lo evalúe para efectos de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 22 .-Ampliaciones obligatorias. Presentada la solicitud de licencia, la Superintendencia podrá ampliar los límites del área de servicio, sólo con el objeto de incorporar áreas que desde el punto de vista técnico y económico, hagan conveniente la constitución de un sistema unitario, con incidencia en un menor costo para la provisión del servicio. En este caso, la solicitante podrá desistirse de su solicitud.

Artículo 23 .-Publicación. El solicitante deberá publicar, a su cargo, un extracto de la solicitud de licencia por una vez en un diario de circulación en la región en que se encuentre el área de servicio solicitada, y deberá ser difundido a través de un medio de comunicación radial, u otro medio idóneo, por dos veces a lo menos. El extracto contendrá las menciones que se establezcan en el Reglamento.

Artículo 24 .-Plazo para otras interesadas. Si hubiera otras cooperativas interesadas en la licencia, deberán presentar a la Superintendencia, dentro del plazo de cuarenta y cinco días contados desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el artículo anterior, una solicitud de licencia en los términos establecidos en el artículo 20, la que deberá ser acompañada de una garantía de seriedad, cuyas características se determinarán en el Reglamento.

Artículo 25 .-Plan de inversión. Todos los que hubieren presentado solicitud de licencia entregarán a la Superintendencia, dentro del plazo de 90 días contado desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el artículo 23, lo siguiente:

1.- Un Plan de Inversiones que deberá contener, a lo menos:

a) descripción técnica general y un cronograma de las obras proyectadas para un horizonte de cinco años;

b) estimaciones de beneficios, costos, valor actualizado neto; y

c) tarifas propuestas.

2.- Los demás antecedentes requeridos de conformidad al Reglamento.

Artículo 26 .-Criterios de recomendación para la adjudicación. La Superintendencia recomendará la adjudicación de la licencia a la solicitante que, cumpliendo las condiciones técnicas exigidas, ofrezca las condiciones económicas y sociales más ventajosas para la provisión del servicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento. Cuando el interés general lo haga necesario se considerará el plazo de puesta en explotación de los servicios, como criterio adicional de adjudicación.

En caso de igualdad en las condiciones ofrecidas por los interesados, se adjudicará la licencia al que tenga en ese momento la calidad de titular de la misma.

Con todo, la tarifa ofrecida por el solicitante al que se proponga adjudicar, no podrá ser superior a la determinada por la Superintendecia de conformidad al Título V de esta Ley.

Artículo 27 .-Informe. La Superintendencia, dentro de un plazo de 90 días contados desde el vencimiento del plazo de entrega de antecedentes a que se refiere el artículo 25, informará al Ministerio sobre las solicitudes presentadas.

El informe se pronunciará sobre el Plan de Inversiones y los demás antecedentes presentados por el solicitante, y propondrá la dictación del decreto de otorgamiento de la licencia, si se estima procedente.

El plazo a que se refiere este artículo se interrumpirá cuando el interesado esté en mora de cumplir con los antecedentes exigidos en el artículo 25 de esta ley, que le hubieren sido solicitados por carta certificada de la Superintendencia.

En todo caso, el plazo para evacuar el informe de la Superintendencia al Ministerio no podrá exceder de ciento ochenta días contados desde el vencimiento del plazo de entrega de antecedentes a que se refiere el artículo 24.

Artículo 28 .-Adjudicación. El Ministerio, considerando el informe de la Superintendencia, resolverá fundadamente acerca de la solicitud de licencia, en un plazo máximo de treinta días de recibido dicho informe, dictando el respectivo decreto expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República".

Artículo 29 .-Decreto de otorgamiento. El decreto de otorgamiento de la licencia considerará, entre otros, los siguientes aspectos:

1. La identificación de la Licenciataria.

2. Las etapas del servicio sanitario rural que se prestarán, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7 de esta ley.

3. Las condiciones de prestación de los servicios, aprobadas por la Superintendencia.

4. La normativa general aplicable a la licencia que se otorga.

5. El Plan de Inversiones de la licenciataria respecto del cual se ha pronunciado la Superintendencia.

6. La tarifa a cobrar a los usuarios

7. La garantía involucrada.

8. El plazo de vigencia de la licencia.

Artículo 30 .-Garantía. Al otorgarse la licencia, la Superintendencia exigirá a la licenciataria, en los términos que se establezcan en el Reglamento, una garantía que resguarde la adecuada prestación del servicio, cuyo monto se calculará considerando el número de usuarios y sus condiciones socioeconómicas.

Los instrumentos en virtud de los cuales se otorguen las garantías serán elegidos por la Licenciataria de entre aquellos que la Superintendencia defina para tal efecto. Las cláusulas del contrato respectivo deberán ser aprobadas por la Superintendencia.

Capítulo 3

Caducidad, continuidad de la prestación del servicio y quiebra de la licencia

Artículo 31 .-Caducidad. Las licencias caducarán, antes de entrar en operación, si no se ejecutaren las obras correspondientes al Plan de Inversión necesarias para poner en explotación el servicio, indicadas en el decreto de otorgamiento de la licencia.

La caducidad será declarada mediante un decreto dictado por el Ministro de Obras Pública bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Caducada una licencia, la Superintendencia podrá, mediante resolución fundada de carácter técnico, declarar que la falta de ella afecta la prestación integral del servicio en otra, que indicará. En dicho caso, el operador tendrá el plazo de treinta días para demostrar técnica y económicamente que puede mantener el servicio. De no poder hacerlo, la Superintendencia licitará la licencia de conformidad con las reglas del Capítulo anterior.

Artículo 32 .-Retiro de instalaciones. En los casos de caducidad previstos en el artículo anterior, la cooperativa podrá disponer de las instalaciones ejecutadas, salvo los bienes indispensables. Cuando estas instalaciones ocupen bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o de particulares, el retiro deberá hacerse dentro del plazo y en las condiciones que fije la Superintendencia.

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará, cuando corresponda, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones, exigencias y requisitos establecidos para ese evento, en la respectiva resolución de calificación ambiental.

Artículo 33 .-Declaratoria de riesgo en la prestación del servicio. Habiendo entrado en operación, el Ministro de Obras Públicas, en base a un informe técnico elaborado por la Superintendencia, y por la Autoridad Sanitaria cuando se incumplan o infrinjan disposiciones normativas de su competencia, podrá declarar en riesgo la prestación del servicio de una licenciataria, en los siguientes casos:

a) si las condiciones del servicio suministrado no corresponden a las exigencias establecidas en la ley o en sus reglamentos, o a las condiciones estipuladas en el decreto de otorgamiento de la licencia respectiva; y,

b) si la licenciataria no cumple el Plan de Inversiones.

Para la calificación de dichas causales, la Superintendencia y la Autoridad Sanitaria en su caso, deberán considerar la gravedad de sus consecuencias y la reiteración de su ocurrencia.

Artículo 34 .-Administrador temporal. Declarada por el Ministro de Obras Públicas la configuración de alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, cesarán en sus funciones el gerente y el consejo de administración de la Cooperativa, y el Ministerio designará un administrador temporal, por un plazo no superior a seis meses, prorrogables por una sola vez por igual período, cuyas funciones y requisitos serán las establecidas en esta Ley y su Reglamento.

El administrador temporal ejercerá las funciones del Consejo de Administración, y será considerado como consejero para todos los efectos de la Ley General de Cooperativas, sin perjuicio que en materias técnicas vinculadas al servicio sanitario rural, estará supeditado al Ministerio de Obras Públicas.

La declaración de riesgo en la prestación del servicio y la designación de un administrador temporal, no obsta a la aplicación de las sanciones que procedan de conformidad a la normativa legal y reglamentaria vigente.

Artículo 35 .-Cobro de garantía. En los casos regulados en los artículos 31 y 33, la Superintendencia procederá a hacer efectiva la garantía señalada en el artículo 30. La garantía podrá ser puesta a disposición del Administrador temporal que se designe conforme al artículo anterior, para el desempeño de sus funciones.

Artículo 36 .-Facultades del administrador temporal. El administrador temporal del servicio tendrá todas las facultades del giro de la Cooperativa, que la ley y su estatuto otorgan al Consejo de administración y gerente. Su función principal será promover la designación, de un nuevo gerente y consejo de administración, dentro del plazo establecido en el artículo 34.

El administrador temporal responderá hasta de culpa leve en el ejercicio de sus funciones.

En caso que, después de cumplida la prórroga del inciso primero del artículo 34 de esta Ley, no haya sido posible la designación de un nuevo gerente y consejo de administración, el Ministerio llamará a licitación de la licencia, conforme a las reglas del Capítulo anterior.

Artículo 37 .-Causal de inhabilidad. El gerente y los miembros del consejo de administración que cesen en sus cargos conforme al artículo 34, quedarán inhabilitados para ejercerlos, en cualquier Cooperativa, por un plazo de cinco años, contados desde la fecha del decreto respectivo.

Artículo 38 .-Quiebra de la Licenciataria. Pronunciada la declaración de quiebra, la fallida quedará inhibida, de pleno derecho, de la administración de la licencia y de sus bienes indispensables.

En el caso de quiebra de una Licenciataria cuya licencia esté en explotación, el síndico velará por la adecuada provisión del servicio hasta su licitación. Para tales efectos se aplicará respecto del síndico lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 34.

Los gastos en que se incurra con ocasión de la Quiebra quedarán incluidos dentro de los créditos señalados en el Nº 1 del artículo 2472 del Código Civil.

Artículo 39 .-Licitación por quiebra. El Ministerio dispondrá la licitación de la licencia y los bienes indispensables, dentro del plazo de un año contado desde que quede a firme la sentencia que declare la quiebra. El llamado a licitación se publicará en la forma establecida en el artículo 23, y los interesados deberán presentar sus ofertas en los plazos y con los antecedentes indicados en los artículos 24 y 25 de esta ley. Se aplicará además para la licitación lo dispuesto en los artículos 27, 28, 29 y 30 de esta ley.

La adjudicación de la licencia recaerá, cumpliendo las condiciones técnicas y la tarifa vigente, en la interesada que ofrezca el mayor valor por la licencia y por los bienes indispensables.

Capítulo 4

Del permiso de servicio sanitario rural

Artículo 40 .-Objeto. El permiso de servicio sanitario rural se otorga por el Ministerio a un Comité o Cooperativa, para establecer, construir y explotar Servicios Sanitarios Rurales, en un área de servicio determinada.

Artículo 41 .-Solicitud del permiso. Para solicitar un permiso, el interesado deberá presentar al Ministerio, a lo menos, lo siguiente:

1) La identificación del Comité o la Cooperativa peticionaria, y una breve descripción de las características más relevantes del servicio que se solicita prestar.

2) En caso que el solicitante sea Cooperativa, un certificado de vigencia emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente.

3) La identificación de las etapas del servicio sanitario rural que se solicitan, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7 de esta ley.

4) La identificación de las fuentes de agua que utilizará en calidad de propietario o a cualquier otro título.

5) El título en virtud del cual el solicitante utilizará las fuentes de agua identificadas conforme al numeral anterior, lo que deberá acreditarse en la forma que defina el Reglamento.

6) Los límites del área geográfica en que se prestarán los servicios sanitarios rurales.

7) Un Inventario valorizado de bienes, derechos y obligaciones. Si el peticionario fuere una Cooperativa, deberá acompañar además un estado de situación.

Artículo 42 .-Plazo del permiso. El plazo máximo por el que se otorgará el permiso será de 10 años.

Artículo 43 .-Decreto de otorgamiento. El Ministerio resolverá fundadamente acerca de la solicitud de permiso, en un plazo máximo de 30 días, dictando el respectivo decreto expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República".

El decreto de otorgamiento del permiso considerará, entre otros, los siguientes aspectos:

1. La identificación del permisionario.

2. Las etapas del servicio sanitario rural que se prestarán, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7 de esta ley.

3. Las condiciones de prestación de los servicios.

4. La normativa general aplicable al permiso que se otorga.

5. La tarifa a cobrar a los usuarios.

6. El Plazo de vigencia del permiso.

Artículo 44 .-Renovación y solicitud de licitación. El permisionario goza de derecho preferente para que se le renueve su permiso, para lo cual deberá solicitar su renovación con a lo menos seis meses de anticipación antes de la fecha de extinción. En su defecto, el Ministerio deberá llamar a licitación conforme al artículo 45 de esta ley.

En caso que el permisionario esté clasificado en el segmento alto conforme a lo dispuesto en el artículo 78, deberá presentar junto a su solicitud de renovación un Plan de Inversiones, respecto del que la Superintendencia deberá pronunciarse en un plazo de cuarenta y cinco días.

Cualquier interesado distinto del Permisionario podrá solicitar al Ministerio, dentro de los seis meses antes del término del plazo de vigencia del permiso, que llame a su licitación. Para estos efectos, deberá acompañar a su solicitud un proyecto técnica y económicamente viable para la prestación del servicio.

Artículo 45 .-Licitación del permiso. El llamado a licitación del permiso pronto a extinguirse y sus bienes indispensables, se publicará por el Ministerio en la forma establecida en el artículo 23 de esta ley.

Si hubiera otros interesados en el permiso, éstos deberán presentar al Ministerio, dentro del plazo de 30 días, contados desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el inciso primero, una solicitud de permiso en los términos establecidos en el artículo 41 de esta ley.

Vencido el término anterior, el Ministerio adjudicará, en un plazo máximo de 60 días, el permiso al solicitante que cumpliendo las condiciones técnicas exigidas, ofrezca las condiciones económicas y sociales más ventajosas para la provisión del servicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento. Se podrá considerar, entre otros, el plazo de puesta en explotación de los servicios ofrecidos, como criterio adicional de adjudicación.

En caso de igualdad en las condiciones ofrecidas por los interesados, se adjudicará el permiso al que tenga en ese momento la calidad de titular del mismo.

Se aplicará para la licitación del permiso, lo dispuesto en los cinco incisos finales del artículo 19 de esta ley.

TITULO IV

DE LOS OPERADORES

Capítulo 1

Derechos y obligaciones de los operadores y usuarios

Artículo 46 .-Obligaciones de los operadores. Los operadores de servicios sanitarios rurales tendrán las siguientes obligaciones:

a) Prestar los servicios sanitarios a los usuarios, en la medida que sea técnica y económicamente factible. Esta obligación comprende la certificación de la factibilidad de servicio. En caso que existan discrepancias entre el usuario y el operador, en cuanto a las condiciones de prestación del servicio, la Superintendencia resolverá las diferencias mediante una resolución fundada.

Los servicios sanitarios deberán prestarse a los Usuarios, en la cantidad que corresponda, y en la calidad exigible conforme a las normas respectivas, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio de Salud y de la Superintendencia.

b) Garantizar la continuidad del servicio entregado, en el sentido que éste sea prestado durante la cantidad de horas diarias que se determine por la Superintendecia, conforme a las características técnicas exigibles a cada segmento; salvo, las interrupciones que se produzcan por fuerza mayor o por necesidad indispensable para la prestación del servicio, debidamente programadas y comunicadas con anticipación a los usuarios, según lo establecido en el Reglamento.

c) Mantener el nivel de calidad en la atención de usuarios y prestación del servicio que defina el Reglamento.

d) Prestar y operar los servicios sanitarios rurales, dando estricto cumplimiento a las obligaciones, restricciones y prohibiciones establecidas en esta Ley y su Reglamento, en la normativa sanitaria y ambiental, y en las demás normas y disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes; así como a las instrucciones que impartan las autoridades competentes en el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 47 .-Obligación de conservación de instalaciones y equipos. Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior, los operadores deberán conservar en perfecto estado de funcionamiento las instalaciones y equipos que conforman la infraestructura del servicio, debiendo para estos efectos proceder a su reparación y mantención, y a la reposición en su caso.

Artículo 48 .-Fondo de reposición y reinversión. Los operadores que conforme a la clasificación del artículo 78 de esta Ley, pertenezcan a los segmentos medio y alto, deberán constituir e incrementar, con un porcentaje no inferior al 20% de sus remanentes, un fondo de reserva legal, destinado a la reposición y ampliación de largo plazo, según se defina en el reglamento.

Este fondo del inciso anterior no podrán ser destinados a fines distintos a la reposición y ampliación de la infraestructura, y deberá ser mantenido en instrumentos de inversión de emisores inscritos en el registro de valores, cuya clasificación de riesgo y tipo de instrumento serán definidos en el Reglamento.

Artículo 49 .-Responsabilidad por mantenimiento y reposición. Los costos de mantenimiento y reposición del arranque de agua potable y la unión domiciliaria, del sistema de agua potable y saneamiento rural respectivamente, serán de cargo del operador.

El mantenimiento y reposición de las instalaciones interiores domiciliarias de agua potable y de saneamiento serán de exclusiva responsabilidad y cargo del propietario del inmueble.

Artículo 50 .-Uso de instalaciones y equipos. Corresponderá siempre a los operadores el uso y goce exclusivo de los bienes indispensables regulados en el artículo 12 de esta ley; y sólo podrán destinar dichas instalaciones a la realización de las actividades indicadas en el artículo 46.

Artículo 51 .-Derechos de los usuarios. Las prestaciones en que se traduzca el cumplimiento de las obligaciones de los operadores establecidas en esta ley, serán sin perjuicio de los demás derechos establecidos en otras normas relacionadas con los servicios sanitarios rurales, todos los cuales constituyen el estatuto mínimo de los derechos que amparan a los usuarios.

Artículo 52 .-Derechos del operador. Son derechos del Operador:

a) Cobrar por las etapas del servicio sanitario rural prestadas, las tarifas a que se refiere el Título V de esta Ley. Para estos efectos, las boletas o facturas deberán permitir la fácil comprensión de cada cobro efectuado.

b) Cobrar reajustes e intereses corrientes, por las cuentas que no sean canceladas dentro de los plazos señalados en el Reglamento;

c) Cobrar los costos de cobranza extrajudicial en que haya incurrido el operador;

d) Suspender, previo aviso de 15 días, los servicios a Usuarios que adeuden el pago de una o más boletas o facturas y cobrar el costo de la suspensión y de la reposición correspondiente;

e) Suspender el servicio a los usuarios de servicio sanitario rural primario que destinen el agua a un fin distinto del establecido en el artículo 5 de esta Ley;

f) Suspender el servicio a los usuarios respecto de los cuales se compruebe que han causado daño a las instalaciones, equipos o bienes del Operador.

g) Cobrar el costo de las reparaciones de daños y desperfectos causados en los arranques de agua potable y uniones domiciliarias de alcantarillado, redes de distribución y redes de recolección, a causa del mal uso o destrucción de las mismas por el usuario.

h) Proponer y postular, cuando corresponda, en representación de los usuarios, a subsidios a la inversión en los sistemas rurales de agua potable, en particular al establecido en la Ley Nº 18.778 de 1989 y su reglamento.

i) Exigir al usuario de la propiedad servida la conexión a las instalaciones de agua potable y/o alcantarillado, según fuere el caso, cuando existan causas debidamente calificadas por la autoridad sanitaria.

Los derechos anteriormente señalados se ejercerán sin perjuicio de las atribuciones que el Código Sanitario le entrega al Ministerio de Salud.

Artículo 53 .-Mérito ejecutivo. Las boletas o facturas que se emitan por la prestación de los servicios sanitarios rurales o por los trabajos en los arranques de agua potable rural o uniones domiciliarias de alcantarillado rural, incluidos sus reajustes e intereses, tendrán mérito ejecutivo solo en cuanto al cobro de aquéllas prestaciones.

Artículo 54 .-Modificaciones de niveles de servicio. Se podrán modificar los niveles de servicio de los operadores, a proposición de la Superintendencia, mediante decreto supremo que deberá llevar la firma del Ministro de Obras Públicas. Dicho decreto supremo deberá ser fundado y basado en criterios de carácter objetivo. Los niveles de servicio podrán diferenciarse entre segmentos de operadores.

En caso que por modificaciones de los Planes Reguladores, el área de servicio de una Licenciataria quede total o parcialmente incorporada en el área urbana, el Ministerio podrá modificar los niveles de servicio de la licencia, a proposición de la Superintendencia. En este caso, la Licenciataria deberá modificar su Plan de Inversiones para incorporar las nuevas exigencias. La modificación de los niveles de servicio y la aprobación de las del Plan de Inversiones se harán conforme al procedimiento que establezca el Reglamento.

Artículo 55 .-Facultad de acceso del operador. El usuario deberá permitir el acceso al inmueble del personal del operador, identificado como tal, para el ejercicio de las funciones que dicen relación con la prestación de los servicios.

Artículo 56 .-Inmueble que recibe el servicio. En el inmueble que recibe el servicio de agua potable o de alcantarillado de aguas servidas, quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio sanitario rural, para con el operador.

Capítulo 2

Causales de incompatibilidad, de cesación en los cargos y censura de dirigentes de operadores

Artículo 57 .-Incompatibilidad. Serán incompatibles los cargos de Alcaldes, Concejales y Consejeros Regionales con los cargos directivos o pertenecientes a los órganos de administración o de fiscalización de los Comités y Cooperativas de servicios sanitarios rurales.

Las demás incompatibilidades y las causales de inhabilidad y cesación en el cargo, aplicables a la organización de las Cooperativas de servicios sanitarios rurales, se regirán por la Ley General de Cooperativas, y su legislación complementaria.

Artículo 58 .-Cesación en el cargo de los dirigentes de los Comités. Los dirigentes de los Comités de Servicio Sanitario Rural, cesarán en sus cargos:

a) Por el cumplimiento del período para el cual fueran elegidos.

Los estatutos del Comité podrán establecer períodos diferenciados de tiempo para cada cargo, a fin de permitir la renovación del directorio por parcialidades;

b) Por renuncia presentada por escrito al directorio, cesando en sus funciones y responsabilidades al momento en que éste tome conocimiento de aquélla;

c) Por inhabilidad sobreviniente, calificada en conformidad con los estatutos;

d) Por censura acordada por mayoría simple de los miembros presentes o representados en asamblea extraordinaria especialmente convocada al efecto. Para estos efectos la Asamblea extraordinaria deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros del Comité;

e) Por pérdida de la calidad de afiliado a la respectiva organización;

f) Por pérdida de la calidad de ciudadano;

g) Por condena por alguno de los crímenes o simples delitos contra la propiedad establecidos en el Código Penal.

Artículo 59 .-Censura de los dirigentes de los Comités. Será motivo de censura la trasgresión por los dirigentes de cualesquiera de sus deberes legales, o de algún derecho de un miembro de un Comité de Servicio Sanitario Rural.

Artículo 60 .-Censura al directorio del Comité. Los Comités de servicio sanitario rural deberán confeccionar anualmente un balance o una cuenta de resultados, según el sistema contable con que operen, y someterlos a la aprobación de la asamblea. El incumplimiento de esta obligación será causal de censura para todo el directorio de la organización. Asimismo, será causal de censura para el directorio, el rechazo del balance o cuenta de resultados anual, en dos oportunidades sucesivas por a lo menos dos tercios de la asamblea.

Capítulo 3

Remuneraciones de dirigentes de los comités

Artículo 61 .-.-Remuneraciones de dirigentes de Comités. La Asamblea General extraordinaria de un Comité de Servicio Sanitario Rural, podrá acordar por mayoría simple de los miembros presentes o representados en ella, las remuneraciones y asignaciones en dinero de sus dirigentes y su reajustabilidad, para que rija por los periodos anuales que ella determine.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, la Asamblea extraordinaria deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros del Comité.

TITULO V

DE LAS TARIFAS

Artículo 62 .-Reglas generales. Los servicios sanitarios rurales estarán sujetos a las normas sobre fijación de tarifas y demás cobros de agua potable y saneamiento que se establecen en la presente ley y su Reglamento.

Las tarifas a cobrar a los usuarios, de cada servicio sanitario rural específico serán fijadas mediante decreto supremo dictado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Artículo 63 .-Objetivos. Las tarifas de autofinanciamiento deberán permitir recuperar los costos indispensables de operación, mantenimiento, inversión y reposición. En el caso de los costos de inversión y de reposición, el procedimiento de tarifas podrá establecer distintos niveles de recuperación.

El procedimiento de determinación de las tarifas deberá ser fácilmente comprensible por los Usuarios, y el costo de dicho procedimiento deberá ser proporcional a la magnitud de los servicios sanitarios rurales a tarificar.

Artículo 64 .-Autoridad encargada del cálculo de las tarifas. Cada cinco años, y en el mismo período en que el Ministerio efectúe la clasificación conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de esta ley, la Superintendencia determinará las tarifas para los operadores.

Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso por primera vez, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda conforme al artículo siguiente, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.

Artículo 65 .-Procedimiento de Determinación tarifaria. Calculada la tarifa de autofinanciamiento y considerando el subsidio definido por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, la Superintendencia determinará para cada Región mediante resolución fundada, el nivel tarifario correspondiente a los sistemas tipo y a los sistemas de tarificación individual.

Una vez comunicado por la Superintendencia el nivel tarifario que le corresponde, el Operador lo pondrá en conocimiento de la Asamblea, la que en el plazo de treinta días podrá aceptarlo o acordar su variación hasta en un 5%. En estos casos el nivel tarifario aceptado o ajustado por la Asamblea corresponderá a la tarifa a cobrar a los usuarios por el operador.

En caso que la Asamblea acordare solicitar una variación superior al porcentaje indicado en el inciso precedente deberá presentar, a su costa, una contrapropuesta que será aceptada o rechazada por la Superintendencia en un plazo de treinta días contados desde su presentación completa. Los requisitos, procedimientos y plazos, para presentar la contrapuesta y para el pronunciamiento definitivo de la Superintendencia serán fijados en el Reglamento. El dictamen de la Superintendencia, en todo caso, será definitivo y obligatorio.

Vencido el plazo indicado en el inciso segundo de este artículo, sin un pronunciamiento de la Asamblea, la tarifa a cobrar a los usuarios corresponderá a la informada por la Superintendencia.

Artículo 66 .-Fórmula tarifaria. Los sistemas tipo a tarificar serán definidos por la Superintendencia para cada región, considerando el tamaño del servicio y otras variables de costo relevantes definidas en el reglamento.

La Superintendencia definirá además los casos en que la fijación tarifaria se hará individualmente en atención al tamaño del servicio o a singularidades técnicas, geográficas, o de otro tipo que lo justifique. Los procedimientos, requisitos y plazos para la fijación tarifaria individual se establecerán en el reglamento.

Para los sistemas tipo o de tarificación individual definidos, se determinará el costo total de largo plazo, entendiéndose como aquel valor anual constante requerido para cubrir tanto los costos de operación eficiente como los de inversión eficiente de un proyecto de inversión optimizado.

Dicho valor anual deberá ser consistente con un valor actualizado neto igual a cero, en un horizonte consistente con la vida útil económica de los activos. Para estos efectos, se deberá considerar la depreciación de los activos, la tasa de tributación vigente, la tasa de costo de capital y los aportes de terceros.

Para determinar las tarifas que establece este Título, se calcularán separadamente las correspondientes a las diversas etapas del servicio sanitario rural, cuando existan.

Artículo 67 .-Tasa de costo de capital. La tasa de costo de capital aplicable será única para todos los sistemas definidos y corresponderá a una tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central de Chile, más un premio por riesgo. La metodología para su determinación será definida en el Reglamento.

Artículo 68 .-Cargos tarifarios. Las fórmulas tarifarias a utilizar deberán incluir un cargo fijo mensual y cargos por metro cúbico. El procedimiento para la determinación de los cargos tarifarios y metros cúbicos a considerar, corresponderá al que se establezca en el Reglamento.

Artículo 69 .-Reajustabilidad de la tarifa. Las tarifas a cobrar a los usuarios, se reajustarán cada vez que se acumule una variación de, a lo menos, un 5%, del IPC informado por el Instituto Nacional de Estadísticas. El operador deberá informar del reajuste a los usuarios en la forma y oportunidad definida en el Reglamento.

Artículo 70 .-No discriminación de la tarifa. No existirá gratuidad o rebaja parcial del cobro por la prestación de los servicios o discriminación alguna, salvo las excepciones otorgadas por los operadores a usuarios, y a sus expensas. No obstante, los operadores no podrán establecer diferencias en sus tarifas, cargos o cualquier otro concepto, dentro de un mismo sistema, salvo en los casos que esta ley los autorice.

Artículo 71 .-Obligado al pago. La tarifa deberá ser pagada por el ocupante de la propiedad, ya sea usufructuario, arrendatario o mero tenedor, sin perjuicio que en el inmueble que recibe el servicio quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio para con el operador.

Artículo 72 .-Prestación regulada. Todas aquellas prestaciones de carácter sanitario efectuadas por el operador que no se encuentren reguladas en esta Ley y se presten con características monopólicas, serán tarificadas de conformidad con este Título.

TITULO VI

INSTITUCIONALIDAD

Capítulo 1

Política nacional de servicios sanitarios rurales

Artículo 73 .-Política de asistencia y promoción. El Ministerio de Obras Públicas, con la información técnica que recabe de los Ministerios de Salud, Vivienda y Urbanismo, Planificación y de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, determinará la política para la asistencia técnica y financiera, supervisión y promoción para la organización de los operadores de servicios sanitarios rurales. Dicha política se ejecutará mediante programas acordados con los gobiernos regionales.

La política de asistencia y promoción deberá considerar, además, a los habitantes del área rural que residan fuera del área de servicio de los operadores.

La política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales se definirá y ejecutará por el Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de las atribuciones y competencias que correspondan a otros organismos públicos.

Artículo 74 .-Reconocimiento. La política para la asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales, reconoce la función social y el rol integrador de los grupos intermedios que desarrollan sus actividades basados en los principios de participación comunitaria y de ayuda mutua, garantizando su ejercicio a toda persona sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Del mismo modo, cada uno de los miembros de las organizaciones comunitarias y de las fundadas en el principio de ayuda mutua a que esta ley atribuye el derecho a ser titulares de permisos y licencias, tienen derecho a elegir y a ser elegidos para la dirección, administración y control de la gestión de las respectivas organizaciones; sin perjuicio de los demás derechos que otras leyes les confieren para la protección de su calidad de usuarios o consumidores.

Artículo 75 .-Principios. La política sobre los servicios sanitarios rurales, estará fundada en los siguientes principios:

a) De protección de la ayuda mutua, para el caso de los derechos inherentes de los servicios sanitarios rurales;

b) De igualdad de participación y de decisión de los integrantes de los órganos administradores y ejecutores de los operadores de los servicios sanitarios rurales, bajo la condición de que dichos integrantes den oportuno cumplimiento a sus obligaciones;

c) De no discriminación respecto del servicio sanitario rural;

d) De eficiencia económica en la disposición y administración de los recursos, de modo que propenda a la autosustentabilidad económica del servicio;

e) De transparencia en la gestión y administración del servicio, para con sus socios, usuarios y la comunidad en general; y,

f) De promoción del uso sostenible del agua y de los demás componentes ambientales involucrados.

Artículo 76 .-Consejo consultivo. Para la orientación de la política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales, el Ministerio deberá oír a un Consejo Consultivo, el que estará compuesto por los siguientes integrantes:

a) un representante del Ministerio de Obras Públicas, quien lo presidirá;

b) un representante del Ministerio de Hacienda;

c) un representante del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción;

d) un representante del Ministerio de Salud;

e) un representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

f) un representante del Ministerio de Planificación ;

g) un representante de la Comisión Nacional del Medio Ambiente;

h) un representante de la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior;

i) tres representantes de los socios de las Cooperativas de Servicios Sanitarios Rurales;

j) tres representantes de los socios de los Comités; y,

k) tres representantes de federaciones o confederaciones de operadores de servicios sanitarios rurales, sean de carácter nacional, regional o provincial.

El Consejo sesionará, al menos, dos veces al año. El Reglamento determinará el procedimiento de funcionamiento del Consejo. Los integrantes del Consejo a que se refieren las letras i), j) y k) del inciso primero de este artículo, percibirán una asignación para gastos de traslado, alojamiento y alimentación por cada sesión a la que asistan, con cargo al presupuesto del Ministerio.

El mecanismo de elección de los integrantes del consejo consultivo establecidos en las letras i), j) y k) de este artículo, será fijado en el Reglamento. Para el caso de la elección de los representantes de las letras i) y j), dicho mecanismo deberá respetar la adecuada representación de los estratos, las regiones y los comités y cooperativas que no se encuentren afiliados a ninguna federación. Del mismo modo, dicho mecanismo asegurará la no discriminación de las personas representantes por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El Secretario Ejecutivo del Consejo será el Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas. Sus funciones serán citar a las sesiones, levantar acta de éstas, el seguimiento de los acuerdos adoptados y las demás que el Consejo o el Reglamento le encomienden

Capítulo 2

Del registro y clasificación de operadores

Artículo 77 .-Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales. El Ministerio tendrá a su cargo un registro público de los operadores de servicios sanitarios rurales, de los permisos y licencias otorgadas, y de los demás antecedentes que el Reglamento establezca.

Artículo 78 .-Clasificación de los operadores. Para los efectos de esta Ley, los operadores se clasificarán en tres segmentos: (a) alto, (b) medio, y (c) bajo.

El Reglamento definirá un procedimiento para la clasificación en los distintos segmentos.

Para la clasificación de los Operadores se considerarán, además de la calidad de la gestión técnica, administrativa y financiera del operador, las siguientes características del sistema servido:

(a) población abastecida;

(b) cercanía al área urbana;

(c) condiciones económicas y sociales de la población abastecida;

(d) condiciones de aislamiento;

(e) en caso que corresponda, el carácter de comunidad indígena conforme a la Ley 19.253 y sus disposiciones reglamentarias; y,

(f) la oferta hídrica y las condiciones geográficas y topográficas.

Artículo 79 .-Autoridad encargada de clasificar a los Operadores. El Ministro de Obras Públicas clasificará en distintos segmentos a los operadores, en conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior y en el Reglamento.

La clasificación tendrá una vigencia de 5 años, pudiendo el operador, la Superintendencia o el Departamento de Cooperativas, solicitar su reclasificación en cualquier momento, por razones fundadas.

La clasificación deberá constar en el Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales.

Capítulo 3

Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales

Artículo 80 .-Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Créase en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que estará a cargo de un funcionario que tendrá el título de Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales.

Artículo 81 .-Funciones. Serán funciones de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales:

a) Ejecutar la política de asistencia y promoción conforme lo instruido por el Ministro de Obras Públicas.

En el ejercicio de esta función podrá implementar programas y proyectos dirigidos especialmente a los habitantes del área rural que residan fuera del área de servicio de los Operadores;

b) Administrar el Registro de Operadores;

c) Proponer al Ministro de Obras Públicas la clasificación de los Operadores, y el aporte financiero del Estado a que se refieren los artículos 85 y 86, para cada segmento;

d) Asesorar a los Operadores, directamente o a través de terceros;

e) Formular proyectos de servicios sanitarios rurales y evaluarlos económica, técnica y socialmente.

f) Contratar la inversión sectorial y actuar como unidad técnica para la contratación de la inversión de los gobiernos regionales u otras instituciones públicas en materias relacionadas con servicios sanitarios rurales.

g) Revisar, previa consulta a la Superintendencia, el Plan de Inversión;

h) Pedir informes y auditar la contabilidad de las Licenciatarias y Permisionarios

Para estos efectos podrá encargar la revisión del funcionamiento administrativo, contable, y financiero a personas naturales o jurídicas inscritas en alguno de los Registros públicos que el Reglamento determine.

La Subdirección determinará las facultades con que estas entidades podrán actuar; fijará los requisitos técnicos que deban cumplir, con el fin de velar por la calidad, confiabilidad e idoneidad de sus funciones; dictará las normas relativas al cumplimiento de éstas, y a los sistemas y procedimientos de trabajo; y, fijará los requisitos que deban cumplir y las garantías que deban rendir para su correspondiente inscripción.

i) Aprobar, directamente o a través de terceros, la puesta en operación de las obras de cada Operador.

j) Solicitar el ejercicio de las facultades de supervisión o de fiscalización al Departamento de Cooperativas, a la Superintendencia, o al Ministerio de Salud, cuando correspondiere.

k) Visar técnicamente los proyectos.

l) Las demás que la ley le asigne.

Artículo 82 .-Facultad de acceso de los funcionarios de la Subdirección. Los funcionarios de la Subdirección tendrán libre acceso a las obras, a sus dependencias, y en general a todo inmueble o instalación de los operadores, destinadas a la prestación del servicio sanitario rural, a objeto de realizar las funciones que les son propias.

Artículo 83 .-Designación de Administradores temporales. El Ministro podrá designar como administrador temporal, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 de esta ley, a alguno de los profesionales que cumpliendo los requisitos que se establezcan en el Reglamento, esté inscrito en un Registro Especial que será administrado por la Subdirección. La Subdirección podrá eliminar del registro a estas personas o no renovar su inscripción, cuando no cumplan sus funciones y los requisitos establecidos.

El Reglamento determinará las facultades con que éstos profesionales podrán actuar; fijará los requisitos técnicos que deban cumplir, con el fin de velar por la calidad, confiabilidad e idoneidad de sus funciones; fijará las normas relativas al cumplimiento de éstas y a los sistemas y procedimientos de trabajo; y, fijará los requisitos que deban cumplir y las garantías que deban rendir para su correspondiente inscripción.

Artículo 84 .-Información. La Subdirección podrá requerir a los operadores la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Los operadores deberán informar a la Subdirección de cualquier hecho esencial relativo a la operación del servicio sanitario rural, inmediatamente después de ocurrido éste, o desde que se tomó conocimiento del mismo, o a más tardar dentro de los tres días siguientes, aun cuando no hubiere mediado requerimiento del citado organismo. En caso que se trate de hechos que afecten las condiciones sanitarias de la prestación del servicio, el operador deberá informar además a la Autoridad Sanitaria.

Para los efectos del inciso anterior, se entenderá como esencial todo hecho que pueda afectar gravemente la continuidad, calidad y seguridad del servicio sanitario rural, para un número de Usuarios igual o superior al porcentaje que indique el Reglamento.

Capítulo 4

Inversión pública y subsidios en los servicios sanitarios rurales

Artículo 85 .-Inversión en obras de servicios sanitarios rurales nuevos. La inversión en obras de servicios sanitarios rurales nuevos se definirá por el Ministerio mediante el sistema de concurso público establecido en los artículos 87, 88 y 89 de esta ley, pudiéndose considerar el aporte de los beneficiarios.

El Ministerio de Obras Públicas podrá decidir, por razones de emergencia, inversiones en ejecución de obras para servicios sanitarios rurales existentes o nuevos, sin sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior.

Artículo 86 .-Subsidio a la inversión. El subsidio a la inversión a que se refiere el artículo 10 de la ley Nº 18.778, podrá destinarse a cualquiera de las etapas de los servicios sanitarios rurales existentes.

El citado subsidio tendrá el carácter de reserva legal, y formará parte de los bienes indispensables establecidos en el artículo 12 de la presente ley, y se denominará Fondo de Reserva Subsidio Estatal.

La selección de los estudios, proyectos y obras subsidiables se hará mediante concurso público de conformidad a lo dispuesto en los tres artículos siguientes.

Artículo 87 .-Criterios de elegibilidad. El Ministerio, con consulta al Gobierno Regional respectivo, definirá para cada región, las características de los proyectos a financiar para el año siguiente y los criterios de elegibilidad. Entre los criterios de elegibilidad se podrán considerar requisitos diferenciados para cada segmento de operadores indicado en el artículo 78 de esta ley; sin embargo no se podrán establecer distinciones entre operadores de un mismo segmento.

Artículo 88 .-Concurso Público. Los operadores podrán presentar a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales solicitudes de financiamiento total o parcial de proyectos de servicios sanitarios rurales.

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, presentará cada año al Gobierno Regional, un listado de proyectos de servicios sanitarios rurales ya evaluados que cumplan los criterios de elegibilidad definidos conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

El Gobierno Regional respectivo seleccionará, fundadamente, los proyectos beneficiados con los recursos asignados a la Región, entre los proyectos incluidos en el listado que le entregue el Ministerio conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Los proyectos seleccionados por el Gobierno regional serán financiados hasta su plena ejecución aunque aquello comprometa presupuestos de ejercicios posteriores.

Los demás aspectos relacionados con la distribución del subsidio, con la elaboración del programa bianual y con el sistema de postulación, concursabilidad y de priorización de los estudios, proyectos u obras a ejecutar se establecerán en el Reglamento. En éste se podrán considerar además, para casos excepcionales, los requisitos y condiciones necesarios para la entrega del subsidio al operador previo a la ejecución completa de las obras.

En caso que otras entidades aporten recursos para el financiamiento de los estudios, proyectos u obras a que se refieren los artículos 85 y 86 de esta ley, sus aportes se aplicarán en las mismas condiciones establecidas en este artículo.

Artículo 89 .-Ventanilla Única. Todo programa de inversión cuyos fondos sean aplicables al servicio sanitario rural, deberá ser contratado a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, en las condiciones que fije el Reglamento, ya sea que se financie con recursos sectoriales o con recursos regionales, en cuyo caso actuará como unidad técnica. Los demás programas de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales que el Estado promueva, cualquiera sea su naturaleza, deberán ser informados al Consejo Consultivo, para facilitar la coordinación y unidad de acción entre organismos del Estado.

Artículo 90 .-Bienes aportados por el Estado. Por decreto supremo suscrito por el Ministro de Obras Públicas bajo la formula “por orden del Presidente de la República”, las obras o proyectos financiados o ejecutados por el Estado que integren un sistema sanitario rural, podrán ser cedidos o transferidos a cualquier título a los Operadores. Dichos bienes serán considerados para fines tarifarios como bienes aportados por terceros y, desde la fecha de su transferencia serán considerados indispensables, para los efectos del artículo 12 de esta Ley.

Capitulo 5

De la Regulación y Fiscalización

Artículo 91 .-Superintendencia de Servicios Sanitarios. La Superintendencia de Servicios Sanitarios podrá ejercer las atribuciones y facultades regulatorias y fiscalizadoras, respecto de todo operador de un servicio sanitario rural.

Para efectos de su fiscalización, la Superintendencia ejercerá respecto de las entidades fiscalizadas las mismas facultades que le confiere la ley Nº 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

La fiscalización se realizará directamente en forma prioritaria por las oficinas que la Superintendencia tenga destacadas en las distintas regiones del País o las que se creen en el futuro, según se consideren los recursos humanos y financieros necesarios.

Artículo 92 .-Condiciones Especiales de servicio. Las instrucciones y órdenes que dicte la Superintendencia en ejercicio de sus facultades normativas y de control, podrá considerar condiciones especiales de servicio respecto de operadores.

Artículo 93 .-Rol del Departamento de Cooperativas. El Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, dentro del ámbito de sus competencias, dictará las normas que estime necesarias para facilitar la aplicación de la presente ley.

Artículo 94 .-Mecanismos de autorregulación y transparencia. El Reglamento establecerá mecanismos de autorregulación y de transparencia de la gestión y resultados de los Comités y Cooperativas de Servicio Sanitario Rural; asimismo, incentivará la libre iniciativa de los Comités y Cooperativas para cumplir los objetivos de autorregulación y transparencia.

Artículo 95 .-Sanciones. Sin perjuicio de las demás sanciones que corresponda aplicar a la Superintendencia o a otros organismos públicos de conformidad a ésta u otras leyes, los operadores podrán ser objeto de la aplicación de multas a beneficio Fiscal por parte de la Superintendencia, en los siguientes casos:

a) De una a veinte unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones que importen deficiencias en la calidad, continuidad u obligatoriedad de los servicios, cobros indebidos, trato económico discriminatorio a los usuarios, deficiencias en la atención de los reclamos de los usuarios, daño a las redes u obras generales de los servicios, o incumplimiento de la obligación de entregar información requerida por la Superintendencia en conformidad a la ley.

b) De diez a cien unidades tributarias mensuales, cuando se trate de infracciones que pongan en peligro o afecten gravemente la salud de la población, o que afecten a la generalidad de los Usuarios de los servicios.

c) De una a veinte unidades tributarias mensuales, cuando se trate de infracciones cometidas por los Operadores, que importen el no acatamiento de las obligaciones y plazos establecidos en esta Ley, así como de las órdenes escritas y requerimientos, debidamente notificados, y plazos fijados por la Superintendencia, en ejercicio de las atribuciones que la ley le encomiende, en relación con materias de su competencia.

d) De cinco a cien unidades tributarias mensuales cuando se trate de infracciones relativas a la entrega de información falsa o manifiestamente errónea, a cualquiera de las autoridades que esta Ley faculta para requerirla.

e) De cinco a cien unidades tributarias mensuales cuando se trate del incumplimiento del Plan de Inversiones.

Artículo 96 .-Modificaciones Ley de Cooperativas. Modifícase el artículo 68 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 5, del año 2004, que fija el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, en el siguiente sentido:

1.- Reemplázanse en el inciso 2º del artículo 68, los términos “y de agua potable”, por los vocablos “, de servicios sanitarios rurales”.

2.- Reemplázase en el epígrafe del capítulo 2 del Título III, los términos “agua potable”, por los vocablos “y de las cooperativas de servicios sanitarios rurales”.

3.- Reemplázanse en el artículo 73, los términos “de abastecimiento y distribución de agua potable”, por los vocablos “de servicios sanitarios rurales”.

Artículo 97 .-Modificaciones Ley Subsidio Agua Potable. Derógase el inciso 3º del artículo 10 de la Ley Nº 18.778 la frase “entre sistemas rurales de agua potable específicos que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento”.

Artículo 98 .-Modificaciones a Planta. Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 143, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1991, incorporando en la planta de directivos el cargo denominado Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales, y asígnesele el grado número 2 de la Escala Única de remuneraciones.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO. El Reglamento de esta ley será dictado dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su entrada en vigencia.

ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento de esta ley, los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural existentes deberán solicitar su inscripción en el Registro de operadores de Servicios Sanitarios Rurales, para lo cual deberán acreditar la vigencia de su personalidad jurídica y la efectividad de estar prestando el servicio. Además, deberán especificar el área que sirven.

Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento de esta Ley, todo Comité o Cooperativa registrado conforme al inciso primero de este artículo, que acredite el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para obtener licencia o permiso de servicio sanitario rural, podrá solicitarla conforme a los establecido en los artículos 20 y 41 y por los plazos establecidos en los artículos 17 y 42, según corresponda. En estos casos, no se requerirá la presentación de la garantía de seriedad del artículo 20 de esta ley.

Dentro del plazo de dos años establecido en el inciso anterior, todo Comité o Cooperativa registrado conforme al inciso primero de este artículo, podrá solicitar el otorgamiento de un permiso de servicio sanitario rural provisorio. El permiso de servicio sanitario rural provisorio tendrá una vigencia de 5 años, y para su otorgamiento solo será necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 41 de esta ley.

Los decretos que dicte el Ministro de Obras Públicas para el otorgamiento de las licencias o permisos conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero precedentes, sólo se publicaran en la página web del Ministerio.

Dentro del plazo indicado en el inciso segundo de este artículo, no podrán otorgarse concesiones de servicios sanitarios regulados por el decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988 en las áreas que estén siendo servidas por Comités o Cooperativas al momento de entrada en vigencia de esta ley.

En caso de no darse cumplimiento oportuno a lo indicado en los incisos primero y segundo o tercero de este artículo, el Ministerio de Obras Públicas llamará a licitación del permiso o licencia.

ARTICULO TERCERO TRANSITORIO. Los Municipios que al momento de entrar en vigencia esta ley, operen servicios sanitarios rurales, podrán traspasarlos a un Comité o Cooperativa. En caso que un Comité o Cooperativa le requiera el traspaso del servicio sanitario rural, el Municipio respectivo deberá pronunciarse dentro de un plazo de 2 años contados desde el requerimiento.

ARTICULO CUARTO TRANSITORIO. Para aquellos operadores a los que se haya otorgado permiso o licencia conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo segundo transitorio, la primera fijación tarifaria deberá efectuarse, de conformidad al procedimiento establecido en esta ley y su reglamento, dentro del plazo de 5 años contados desde el otorgamiento.

Con todo, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, en tanto no entre en vigencia la primera fijación tarifaria referida, los precios que podrán cobrar los servicios de agua potable y saneamiento rural y demás cobros sujetos a fijación de precios, de acuerdo a lo señalado en esta ley, serán los vigentes a dicha fecha con sus respectivas indexaciones.

En todo caso, cada vez que se reajusten las tarifas, los prestadores deberán comunicar previamente los nuevos valores a la Superintendencia, e informarlos a los usuarios respectivos por algún medio idóneo que dicha Entidad autorice.

Para la primera fijación tarifaria, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, deberá entregar toda la información necesaria, sin perjuicio de aquella que se deba recabar directamente de los operadores rurales para tales fines, identificando claramente los bienes considerados como aportes de terceros.

ARTICULO QUINTO TRANSITORIO. Los Comités de Agua Potable Rural que se transformen a Cooperativas y las Cooperativas constituidas para la prestación de servicios sanitarios regulados en esta ley, cuando asuman o se adecuen al nuevo estatuto cooperativo del servicio sanitario rural, ante terceros, permanecerán responsables de todas las obligaciones y titulares de todos los derechos adquiridos durante su operación anterior, como una misma e idéntica persona jurídica. Sin que esta enumeración sea taxativa y sólo a vía enunciativa, entre tales obligaciones y derechos se comprenden los de carácter laboral, previsional, tributario, sanitario y medioambiental.

ARTICULO SEXTO TRANSITORIO. Los Comités de Agua Potable Rural que se conviertan a Cooperativas, las existentes y las nuevas que se constituyan para la prestación del servicio sanitario rural, que realicen la respectiva conversión, adecuación o constitución dentro del plazo de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia del Reglamento de esta ley, pagarán hasta el diez por ciento de los aranceles notariales, del Conservador de Bienes Raíces correspondiente y de los costos de publicación en el Diario Oficial.

ARTICULO SEPTIMO TRANSITORIO. En el mismo plazo indicado en el inciso segundo del artículo segundo transitorio, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales implementará un programa de regularización de obras y derechos de agua, de asistencia para la obtención de licencias o permisos, y de valoración técnica de los activos de los Comités y Cooperativas.

En el mismo plazo, la Subdirección podrá asistir a los Comités en el proceso de transferencia de los bienes y derechos que les traspasen las concesionarias de servicios sanitarios, en cumplimiento de los compromisos y acuerdos anteriores.

ARTICULO OCTAVO TRANSITORIO. Termínase la obligación para las Concesionarias de servicios sanitarios a que se refiere el artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.549.

Para los efectos del presente artículo, las Concesionarias deberán rendir cuenta de su gestión dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, en los términos que fije el Reglamento. Adicionalmente, y dentro del plazo de un mes contado desde la entrada en vigencia de esta ley, deberán entregar a los operadores, con copia al Ministerio, toda la información técnica, financiera, administrativa y contable del Comité o Cooperativa asistido, que obre en su poder.

ARTICULO NOVENO TRANSITORIO. Los bienes de propiedad de los Comités que se transformen en Cooperativas de Servicios Sanitarios Rurales, se considerarán como aporte inicial en carácter de reserva legal de conformidad con lo establecido en la Ley General de Cooperativas.

ARTICULO DECIMO TRANSITORIO. Las Cooperativas que se transformaron en concesionarias de servicios sanitarios por aplicación del artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, de 1988, podrán en el plazo de seis meses contados desde la entrada vigencia de esta Ley, renunciar a esta calidad, ante el Ministerio, renuncia que será sancionada por el decreto respectivo, debiendo en tal caso adecuarse a las normas establecidas en la presente ley.

Para los efectos del inciso anterior, junto con la renuncia, deberán presentar la solicitud de licencia en los términos establecidos en el artículo 20, conjuntamente con los antecedentes indicados en los numerales 1 y 2 del artículo 25 de esta Ley. En caso de aprobarse su solicitud de licencia, estas cooperativas quedarán clasificadas para los efectos del artículo 78, en el segmento alto.

ARTICULO UNDECIMO TRANSITORIO. Para la aplicación a servicios sanitarios rurales, de recursos provenientes del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, en virtud de convenios suscritos con el Estado de Chile , vigentes a la fecha de publicación de esta ley, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, ejercerá la función de visar técnicamente los proyectos.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO TRANSITORIO La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, iniciará sus funciones a partir de la entrada en vigencia del reglamento de esta ley.

ARTICULO DECIMO TERCERO TRANSITORIO. El Presidente de la República nombrará, transitoria y provisionalmente, conforme al artículo quincuagésimo noveno de la ley Nº 19.882, al Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Publicas quién asumirá de inmediato y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública.

ARTICULO DECIMO CUARTO TRANSITORIO. Créase el Consejo Consultivo para la Orientación de la Política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales integrada en la forma que se dispone e el artículo 76 de esta Ley. El Consejo sesionará por primera vez dentro del plazo de un año contado desde la vigencia de esta ley.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

SERGIO BITAR CHACRA

Ministro De Obras Públicas

EDMUNDO PÉREZ YOMA

Ministro del Interior

ANDRES VELASCO BRAÑES

Ministro de Hacienda

PATRICIA POBLETE BENNETT

Ministra de Vivienda y Urbanismo

ALVARO ERAZO LATORRE

Ministro de Salud

HUGO LAVADOS MONTES

Ministro de Economía,

Fomento y Reconstrucción

?INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula los servicios sanitarios rurales.

BOLETÍN Nº 6.252-09

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HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Obras Públicas tiene el honor de informaros el proyecto de ley de la referencia, en primer trámite constitucional, enunciado en el rubro, originado en un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República.

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Dejamos constancia que este proyecto de ley se discutió sólo en general, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 36, inciso sexto del Reglamento del Senado.

NORMAS DE QUORUM ESPECIAL

El artículo tercero transitorio de este proyecto de ley, es norma de ley orgánica constitucional de acuerdo con el artículo 118 de la Constitución Política, porque incide en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en cuanto a la organización y atribuciones de los municipios.

Además, las normas de los artículos 76 y décimo cuarto transitorio, son orgánicas constitucionales, por cuanto se crea un Consejo Consultivo al cual el Ministerio debe oír para ciertas materias, según lo establecido en la Ley Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado.

ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA PORQUE INCIDEN EN MATERIA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

Hacemos presente que deberán ser conocidos por la Comisión de Hacienda, aquellos artículos que digan relación con materias de su competencia, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y en conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 27 y quinto del artículo 36 del Reglamento del Senado.

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A una de las sesiones en que se consideró esta iniciativa legal asistió, además de los miembros titulares de vuestra Comisión, el Honorable Senador señor Hosain Sabag Castillo.

A la sesión en que vuestra Comisión analizó este proyecto de ley asistieron el Ministro de Obras Públicas, señor Sergio Bitar; el Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia; la Subsecretaria (S) de Obras Públicas, señora Sonia Tschorne; el Director Nacional de la Dirección de Obras Hidráulicas, señor Juan Antonio Arrese; el Jefe del Departamento de Programas Sanitarios de la Dirección de Obras Hidráulicas, señor Reinaldo Fuentealba; el Asesor del Ministro, señor Domingo Sánchez; la Asesora de la Subsecretaría de Obras Públicas, señora Paola Navarro; el Asesor del Subsecretario de Obras Públicas, señor Enrique Canales; el Jefe de la División Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, señor Raúl Arrieta.

Además, fueron especialmente invitadas, las siguientes entidades:

- Federación Nacional de Agua Potable Rural, concurrieron, su Presidente, señor Oscar Beltrán; su Vicepresidente, señor Javier Becerra; su Secretario, señor Miguel Pizarro; su Tesorero, señor Manuel Mundaca; su Director, señor José Rivera; su Directora, señora Juana Beltrán; su Directora, señora Gloria Alvarado; su Directora, señora María Angélica González y su Asesor Jurídico, señor Héctor Cifuentes.

- Asociación Gremial de Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural V Región, su Presidente, señor José Orellana y su Tesorero, señor Francisco Lillo.

- Comité Quilapilum Región Metropolitana, su Presidenta, señora Ana Luisa Morgado.

- Comité Batuco Santa Laura de la Región Metropolitana, su Presidente, señor Héctor Lazcano.

Quedó de enviar por escrito su opinión la Federación Provincial de Comités de Agua Potable Rural de Chiloé, su Presidenta, señora Marta Contreras y su Secretario, señor Juan Aedo.

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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Establecer el estatuto jurídico de los servicios sanitarios rurales, identificando los siguientes objetivos en relación al diseño de la institucionalidad futura:

a) fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias preservando su carácter participativo;

b) incentivar la eficiencia económica y la sustentabilidad financiera del sistema APR, que pasará a ser el sistema de Servicios Sanitarios Rurales;

c) incorporar el saneamiento rural;

d) definir con claridad los diversos roles del Estado, y

e) considerar un período de transición que permita la gradual adaptación de las organizaciones comunitarias y los órganos de la administración, a las nuevas condiciones.

FUNDAMENTOS DE ESTA INICIATIVA LEGAL

Con la finalidad de establecer el estatuto jurídico de los servicios sanitarios rurales, se dispone un conjunto de materias que conforman el marco jurídico e institucional de carácter público, que permita regular desde la organización y funcionamiento de las entidades a cargo de los sistemas, las condiciones de prestación y mantención del servicio, y los mecanismos de asesoría y fiscalización sanitaria.

El proyecto de ley dispone para la construcción de esta institucionalidad, una transición gradual que permita a las actuales organizaciones transitar a su institucionalidad definitiva conforme a sus capacidades y potencialidades de su realidad actual e incentiva su fortalecimiento. Ello mediante una gradualidad en las exigencias, derechos y procesos operativos como la definición del régimen tarifario.

Para cumplir con las funciones y atribuciones que de dicho objeto se derivan, el Ministerio de Obras Públicas las abordará a través de su actual unidad de Servicios de Agua Potable Rural, que pasará a constituirse en la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales que se crea, y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en lo que corresponda. Estas entidades deberán reforzar su dotación de personal y bienes que le permitan ejecutar las tareas que le encomiende la ley.

A esos efectos se estima que el total de gasto del nuevo régimen dispuesto, en su primer año de operación, no superaría un monto aproximado de $2.600.000 miles, para ambas entidades.

Se estima que parte de dicho gasto, y de aquellos necesarios para su operación y cumplimiento de sus fines podrá financiarse mediante los recursos contemplados en el Programa 12, Capítulo 02 de la Partida 12, y en el Programa 01 Capítulo 07 de la Partida 12 de la Ley de Presupuestos.

No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida Tesoro Público, podrá, adicionalmente, suplementar dicho presupuesto, en la parte del gasto que no pudiera financiarse con dichos recursos.

I. ANTECEDENTES JURÍDICOS.

La iniciativa de ley en estudio se relaciona con las siguientes normas legales:

1.- Ley Nº 19.418, que establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.

2.- Decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1989, Ley General de Servicios Sanitarios.

3.- Código de Procedimiento Civil, artículo 445.

4.- Código Civil, artículo 2472.

5.- Ley Nº 18.778, que establece subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas.

6.- Ley Nº 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

7.- Ley Nº 18.902, Crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

8.- Decreto con fuerza de ley Nº 5, de 2004. Fija texto refundido, concordado y sistematizado de la ley general de cooperativas

9.- Decreto con fuerza de ley Nº 143, de 1991. Fija planta y requisitos generales y específicos de ingreso y promoción del personal de la Dirección Nacional de Riego del Ministerio de Obras Públicas.

10.- Ley Nº 19.549, que modifica el régimen jurídico aplicable al sector de los servicios sanitarios, artículo 2º transitorio.

11.- Ley Nº 19.882, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica, artículo quincuagésimo noveno.

II. ANTECEDENTES DE HECHO.

El Mensaje que dio origen a este proyecto de ley señala que hacia 1964 se implementó la primera etapa del Programa de Agua Potable Rural, con créditos del Banco Interamericano del Desarrollo (BID). En esa fecha, solo un 6% de los habitantes de las localidades rurales de Chile contaban con cobertura de agua potable; hoy, ese porcentaje excede al 98%, de tal forma que los casi 1.500 Comités y Cooperativas de APR -con unos 300 mil arranques- abastecen a prácticamente un millón y medio de habitantes de zonas rurales concentradas.

Este desarrollo ha sido el fruto de una eficaz coordinación entre la acción de las organizaciones sociales y la del Estado. En este esfuerzo el Estado ha invertido más de US $ 400 millones, de los cuales US $ 305 millones (74%), corresponden a inversiones materializadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) entre los años 1994 a 2005; primero, por medio de la Dirección de Planeamiento y, luego, a partir del año 2001, a través del Departamento de Programas Sanitarios de la Dirección de Obras Hidráulicas.

Dicho programa se ha llevado adelante sobre la base de la voluntad política del Gobierno y de los parlamentarios de los distritos rurales, pues no existe ninguna Institución del Estado con competencia exclusiva en materia de Servicios Sanitarios en el sector rural, situación que, entre otras, aborda este proyecto.

Consciente de esta situación, a los pocos meses de iniciado el gobierno de la Presidenta Bachelet, el MOP estableció una mesa técnica y una agenda de trabajo con la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU), con el objetivo, precisamente, de generar una institucionalidad para el sector.

En el marco de ese proceso, en el mes de noviembre del año 2006, se organizó un seminario, en conjunto entre el MOP y la Comisión de Obras Públicas del Senado, con el apoyo técnico del BID, que permitió evidenciar los elevados niveles de consenso entre las organizaciones de APR, los legisladores y el Gobierno respecto de la importancia del sector y sus desafíos futuros.

El texto del presente proyecto de ley se basa en los resultados de más de un año de trabajo de la mesa constituida entre la FENAPRU y el MOP, con la colaboración del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, reflejándose además en él, los aportes de otros órganos de la administración pública que desarrollan programas en el sector, entre los que desatacan MINVU, MINSAL, MIDEPLAN, CONAMA y SUBDERE.

El desarrollo heterogéneo del sector APR

El éxito y maduración del APR plantea nuevos desafíos a la sustentabilidad del sistema, considerando la actual diversidad de situaciones que coexisten tanto en términos de tamaño, como de capacidad de gestión técnica, administrativa y financiera.

De acuerdo a las cifras de un diagnóstico que, en el año 2004, llevó adelante el Departamento de Programas Sanitarios, 2/3 de estos Comités y Cooperativas, poseían menos de 250 arranques y, en el otro extremo, solo un 10% posee más de 400 arranques. Por su parte, desde el punto de vista operacional, también coexistían importantes diferencias entre Comités y Cooperativas. En cuanto a la calidad, un 30% no satisfacía a plenitud los indicadores técnicos. En términos de capacidad de gestión administrativa, un 66% de los servicios no tenían plan anual de inversiones y un 56% no planificaba ni evaluaba su gestión. En el ámbito financiero, si bien un 75% de los servicios cubría sus gastos de operación, mantenimiento y reparaciones menores, tan solo un 22% estaban en condiciones además, de realizar inversiones mayores como ampliaciones de redes, adquisición de equipos de bombeo, instalación de estanques, etc.

En suma, conforme a ese diagnóstico de “competencias para la sustentabilidad”, entendidas estas última en su dimensiones de preservación del ecosistema y de garantía del recurso hídrico a las generaciones futuras; de estabilidad y continuidad en el tiempo y de viabilidad económica, sólo un 17% de los servicios de APR serían sustentables y estarían en condiciones de acometer desafíos superiores en términos de calidad de servicio a sus usuarios, fortalecimiento organizacional, capacidad de gestión y administración.

Para que otros puedan desarrollar aún más sus potencialidades, se requerirá -en mayor o menor grado- del apoyo del Estado.

El APR: una contribución a la calidad de vida y un activo social a mantener

Los principales objetivos establecidos para el programa de APR, a partir del año 2001, han sido: i) dotar de agua potable a la población rural beneficiaria, en condiciones de calidad y cantidad aceptables; ii) disminuir las tasa de mortalidad y morbilidad provocadas por enfermedades de origen hídrico; iii) lograr el mejoramiento de los hábitos y actitudes de la población rural con respecto al agua potable; y iv) promover el desarrollo económico y social de las comunidades atendidas, a través del mejoramiento de las condiciones sanitarias.

La cobertura alcanzada por los programas de APR entre la población rural concentrada, representa una contribución significativa al mejoramiento de la calidad de vida, no solo, un mejoramiento de las condiciones sanitarias, sino que, además de sus expectativas de desarrollo. En efecto, la provisión de agua potable en las localidades rurales posibilita también la conformación de un círculo virtuoso de desarrollo económico y social, pues su disponibilidad posibilita el emprendimiento económico en áreas productivas o de servicios, que a su vez, benefician a la propia población aumentando o diversificando las fuentes de ingreso familiar o su estabilidad.

Los actuales niveles de cobertura del servicio de agua potable en las zonas rurales son el producto de una capacidad de organización que permite que sea la propia comunidad quien, asistida por el Estado, asuma la responsabilidad por la provisión de dicho servicio.

Este carácter comunitario no se puede perder, pues representa un capital social acumulado por décadas, que ha demostrado ser eficaz en la resolución de este problema y, además, de acuerdo a estudios y experiencias internacionales, la participación activa de la comunidad involucrada es un requisito de sustentabilidad en el largo plazo.

El reconocimiento al rol de la Mujer

En el desarrollo de este acervo de participación comunitaria la mujer ha jugado un rol significativo. Así por ejemplo, a diciembre del 2006, las mujeres representaban el 36% (2.404) del estamento dirigencial a nivel nacional, y, dicha proporción se incrementa hasta un 39% (1.100) cuando se considera su participación entre las personas que trabajan en la operación de los APR. Esta última proporción resulta más significativa en términos de evidenciar una disminución de brechas e inequidades en el ámbito de la tradicional división sexual de roles en el trabajo.

Por su parte, entre los 143 servicios localizados en áreas “periurbanas”, que abastecen a más de medio millón de personas, es relevante resaltar la gran cantidad de mujeres que han asumido roles protagónicos en la dirección de estos sistemas y en donde los porcentajes de participación de mujeres en sus directivas asciende a un 41%, esto es un 5% más que el promedio nacional.

En unas décadas más, cuando otros observen la realidad del sector rural, los sistemas de APR se destaquen por su contribución a elevar la calidad de vida de la población rural, por hacer germinar y fructificar la semilla de la participación comunitaria así como un ejemplo de no discriminación y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, considerando, además que el programa de Gobierno de la Presidenta de la República establece explícitamente medidas orientadas a que la condición social o de género no sean una barrera que impida o entrabe la participación plena de la mujer en el quehacer democrático de la Nación y que se integre adecuadamente al 50.7 % de la población total de nuestro país que ellas representan.

Los desafíos del sector

Los nuevos desafíos que deberá enfrentar el APR deben hacerse cargo de la gran heterogeneidad al interior del sector, debiendo encontrar un adecuado balance entre preservar y potenciar aquellos elementos que permiten su desarrollo, con remover los obstáculos que impiden la expansión futura de los sistemas con mayor potencial y la subsistencia de aquellos más precarios.

El diseño de la institucionalidad futura debe, en primer lugar, proteger y preservar el carácter asociativo y participativo de esta forma comunitaria de provisión del servicio, generando formas de reconocimiento y protección preferente de sus derechos.

Un segundo desafío es ampliar el acceso al agua potable hacia aquellos habitantes que viven en localidades rurales desconcentradas y que, según estimaciones actualizadas, alcanzan a unos 400 mil compatriotas. Los costos de llegar a cada uno de esos habitantes con soluciones de agua potable, son significativamente mayores que en el caso de las localidades concentradas, de allí que sea necesario, por una parte, generar los incentivos para que los sistemas de APR de mayor capacidad financiera puedan acceder al financiamiento complementario por parte de los agentes financieros, liberando así recursos públicos para destinarlos al sector desconcentrado, y, por otra parte, mejorar la eficiencia y eficacia de la acción del Sector Público y la capacidad de coordinación de su accionar.

En tercer lugar, se encuentra el desarrollo de los servicios de saneamiento rural. Actualmente, algunas localidades rurales organizadas, que tienen resuelto su servicio de abastecimiento de agua potable y cuyo Comité o Cooperativa funciona adecuadamente, han avanzado, por iniciativas municipales y con el apoyo de la SUBDERE, en la disposición de las aguas servidas domésticas. Según estadísticas de los servicios de agua Potable Rural, 105 servicios disponen de soluciones de Alcantarillado de Aguas Servidas, con una población beneficiada de aproximadamente 180.000 habitantes. Para ellos, y otros en el futuro cercano, resolver el problema de la disposición de las aguas servidas representa un desafío que también se deberá abordar.

Dar respuesta a los temas de saneamiento y disposición rural requerirá de un esfuerzo sistemático y mancomunado del Estado y las comunidades rurales, con una visión de largo plazo, tal como el que ha permitido alcanzar coberturas cercanas al 100% de agua potable en localidades rurales concentradas.

Específicamente para el caso del saneamiento rural, dicho programa se deberá basar en un trabajo conjunto con cada comunidad, para escoger soluciones adecuadas a su problemática y medios; debiendo, por tanto contemplar distintas alternativas técnicas y financieras que, sobre la base de objetivos realistas y exigentes, permitan diseñar y poner en aplicación un programa que combine, de manera flexible y creativa, las capacidades de las organizaciones comunitarias y del Estado.

La implementación de esta política, requiere un cuidadoso diseño toda vez que comprometerá volúmenes de recursos significativos, bajo distintas formas de subsidios a la inversión en redes de recolección, casetas sanitarias y soluciones de disposición, individuales o colectivas. Con todo, el presente proyecto de ley, establece un marco flexible, que permite la existencia de soluciones para la disposición de las aguas servidas de carácter individual o colectivos, según sea el caso, y finalmente radica en una sola instancia de la administración pública la responsabilidad por la implementación de la política nacional de servicios sanitarios rurales.

Adicionalmente, se deberá ejecutar una acción fiscalizadora eficaz, de parte de los órganos competentes, en orden a garantizar los niveles de calidad de las aguas residuales que la solución adoptada por la comunidad haya comprometido en cada caso.

- CONTENIDO DEL PROYECTO.

El presente proyecto aborda los siguientes aspectos:

1. Política nacional de servicios sanitarios rurales

El proyecto contiene la definición de una Política nacional de prestación de servicios sanitarios en el ámbito rural, que incorpora tanto la provisión y distribución de agua potable, como la posibilidad, en la medida que las circunstancias lo hagan necesario en cada caso particular, para incorporar soluciones de recolección, disposición o tratamiento de las aguas servidas. Dicha política nacional, deberá también considerar a los habitantes del área rural que residan más allá del área de servicio de los operadores de las localidades concentradas.

Esta política para la asistencia técnica y financiera, supervisión y promoción para la organización de los operadores de servicios sanitarios rurales, se funda, por una parte, en el reconocimiento de la función social y el rol integrador de las organizaciones comunitarias de APR y hace justicia al papel que han jugado durante los últimos 40 años; y, por otra parte, que este desarrollo del sector APR ha sido el fruto de una eficaz coordinación entre la acción de las organizaciones sociales y la del Estado.

Por estas razones, forma parte de este cuerpo de Política la creación de un Consejo Consultivo para la orientación de la política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales, con la participación de los entes públicos más directamente vinculados con el sector, y con representación de las organizaciones sociales de los servicios sanitarios rurales (9 representantes al Consejo).

2. La organización propuesta

Actualmente los Comités de APR, que representan un 90% de las organizaciones de agua potable rural, son, institucionalmente, organizaciones vecinales, de carácter funcional. Sin embargo, su naturaleza es, además, económica, en el sentido que representa una forma de asociación para proveer un servicio de la mayor relevancia. De allí que sea imprescindible dotarlos de una institucionalidad tal que, respetando su carácter asociativo, les provea de instrumentos suficientes para actuar, con plena capacidad, en el ámbito económico. En la institucionalidad chilena la forma de organización de la actividad económica que se funda en el carácter participativo son las Cooperativas. En este sentido, cuando los niveles de exigencia lo hagan recomendable, se incentiva que los Comités se transformen en Cooperativas.

Al mismo tiempo, esta forma de organización debería ser capaz de adaptarse, con flexibilidad, a los requerimientos y necesidades de los distintos segmentos que coexisten al interior de los APR. Estos elementos se recogen en el proyecto que establece dos tipos de Operadores: los “Permisionarios” y las “Licenciatarias”.

Los “Permisionarios”, de naturaleza más simple y flexible, le dan un mayor orden y un marco jurídico a la realidad de muchos Comités actuales, y presumiblemente también, a futuro. Basta con estar organizado como Comité con personalidad Jurídica e inscribirse en el registro que llevará el MOP, para que puedan optar a un permiso que les habilita para operar por plazos de hasta 10 años, renovables.

En cambio, para el segmento de mayor tamaño, con mayor capacidad financiera y de mayor complejidad técnica en las soluciones y, por ende, con mayores niveles de exigencias, las “Licenciatarias”, deberán estar organizadas bajo la forma jurídica de Cooperativas, para lo que se contempla la aplicación de la legislación respectiva, gozarán de exclusividad en sus áreas de servicio por un lapso de hasta 30 años, lo que irá acompañado de la exigencia de un Plan de Inversión.

Estas dos figuras involucran diversas formas de reconocimiento y protección de sus derechos, en tanto estas organizaciones mantengan su carácter participativo y asociativo, y no pierdan de vista su objetivo primordial.

Es así como, por ejemplo, en caso de una Licenciataria que, por modificaciones de los planes reguladores, quedara con parte o toda su área de servicio incorporada en el área urbana, podrá seguir prestando el servicio, adaptando gradualmente sus niveles de exigencia a los de las áreas urbanas, para lo cual deberá modificar su Plan de Inversión.

El modelo organizacional además permite la agrupación de los actuales APR en organizaciones de mayor escala, así como también que éstas aborden la prestación de servicios “transversales” aprovechando escalas de operación, de administración, de gestión comercial, de asistencia técnica, etc.

3. Un estatuto de deberes y derechos

Este reconocimiento de su naturaleza económica, unida a la protección de sus derechos, lleva aparejado deberes en términos de provisión del servicio y obligaciones de transparencia en la gestión de las organizaciones, así como también de derechos de los usuarios. El proyecto establece la obligación de todos los “operadores” de proporcionar el servicio de agua potable y saneamiento a las comunidades rurales para uso doméstico: servicio sanitario rural “primario”. También podrán prestar un servicio “secundario”, en la medida que “garantice la cobertura del servicio sanitario rural primario”.

Al mismo tiempo, este reconocimiento de la naturaleza económica de la actividad requiere que los usuarios tengan un estatuto claro de derechos y deberes, entre los cuales se incluye, por ejemplo, la obligación de pago y, consiguientemente, el derecho a cortar el suministro a los morosos.

En el caso de las licenciatarias, a quienes se les garantiza exclusividad en sus territorios, de manera de cautelar el cumplimiento de las obligaciones y la adecuada prestación del servicio a sus usuarios, se les exigirá una garantía considerando el número de usuarios y sus condiciones socioeconómicas. Como una medida extrema de protección de los derechos de los usuarios, se contempla la figura del administrador temporal cuando se haya configurado una situación de tal gravedad que esté en riesgo la prestación del servicio de una Licenciataria. El objetivo de este administrador temporal, como su nombre lo indica, es “normalizar” la prestación del servicio y el funcionamiento de la Cooperativa, a la brevedad.

En lo que respecta al “gobierno corporativo”, en el caso de los Comités se fortalecen su órganos de dirección estableciéndose sus obligaciones, incompatibilidades y causales de cesación. Al mismo tiempo, y dadas las mayores exigencias que demandará el funcionamiento de los servicios sanitarios rurales, se faculta a la asamblea para que pueda remunerar a sus directores. Para las Licenciatarias, se les exige su organización bajo la forma jurídica de Cooperativas, precisamente por las exigencias que se establecen en este aspecto.

4. Las tarifas y la exigencia, diferenciada, de contribuir a la sustentabilidad financiera

No solo se debe preservar y fortalecer la capacidad de las organizaciones comunitarias para proveer de servicios de agua potable y saneamiento, sino que además se debe reflejar apropiadamente en sus tarifas la verdadera estructura de costos de producir esos servicios. Ello contribuye a introducir eficiencia económica tanto en el uso de los insumos necesarios para su producción -incluyendo los recursos hídricos-, como a incentivar conductas responsables de parte de los usuarios. Por ello se establece una obligación general: las tarifas “deberán permitir siempre recuperar sus costos indispensables de operación”.

Las tarifas serán determinadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y tendrán una vigencia de 5 años, y su conocimiento y aprobación será materia de la asamblea de socios. La asamblea podrá acordar una variación de hasta un 10% del nivel tarifario propuesto por ésta. De esta manera, se combinan exigencias de rigurosidad técnica en la determinación de las tarifas, con el respeto a los fundamentos participativos de las organizaciones de APR.

Asimismo, en la medida que los niveles de exigencia en términos de disciplina financiera en la determinación de costos y tarifas vayan siendo aplicados, será posible perfeccionar los actuales mecanismos administrativos de subsidio a la demanda, por un lado, focalizándose en los usuarios de mayor precariedad económica y social y por otro lado, privilegiando la utilización de procedimientos para su canalización mediante fondos consursables.

De esta forma, el régimen tarifario anteriormente descrito, unido a los procedimientos de canalización de los subsidios a la inversión, y a la formalización institucional que experimentará el sector, deberían facilitar crecientemente el acceso al financiamiento complementario por parte del sistema financiero para un segmento de operadores.

Complementario a lo anterior, y ligado a los mecanismos de asignación competitiva de fondos para la inversión, se contempla abrir la posibilidad de la competencia para la asistencia técnica, más allá de las actuales “unidades técnicas”, a otros oferentes de servicios para el sector sanitario rural.

5. Los roles del Estado

En la medida que la responsabilidad por la provisión del servicio recae en las organizaciones de la propia comunidad, es imprescindible que se establezcan con claridad los roles que el Estado debe desempeñar: asistencia, cooperación y promoción, por una parte; y, regulación y fiscalización, por la otra.

a. Asistencia, cooperación y promoción

Por los múltiples efectos en el ámbito rural que la actividad del sector del APR genera, el Ministro de Obras Públicas, con la información técnica que recabe de los ministerios de Salud, Vivienda y Urbanismo, Planificación y Cooperación y de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, además de la orientación del Consejo Consultivo, determinará la política para la asistencia técnica y financiera y la supervisión y promoción para la organización de los operadores de servicios sanitarios rurales.

Dicha política se ejecutará mediante proyectos acordados con los gobiernos regionales y deberá considerar, además, en su formulación y diseño, planes o programas destinados a favorecer a los habitantes de las localidades rurales desconcentradas, que residan fuera del área de servicio de los operadores.

El proyecto define que dicha política estará fundada en los siguientes principios: a) de protección de la ayuda mutua, para el caso de los derechos inherentes de los servicios sanitarios básicos rurales; b) de igualdad de participación y de decisión de los integrantes de los órganos administradores y ejecutores de los operadores de los servicios sanitarios básicos rurales, bajo la condición de que dichos integrantes den oportuno cumplimiento a sus obligaciones; c) de no discriminación respecto del servicio sanitario rural básico d) de eficiencia económica en la disposición y administración de los recursos, de modo que propenda a la autosustentabilidad económica del servicio; e) de transparencia en la gestión y administración del servicio, para con sus socios, usuarios y la comunidad en general; y, g) de promoción del uso sostenible del agua y de los demás componentes ambientales involucrados.

Como se ha dicho, las acciones de asistencia, cooperación y promoción del Estado deberán orientarse, a lo largo del tiempo, de manera preferente hacia los segmentos de menores niveles de desarrollo relativo, para incentivar su tránsito a niveles superiores y la asociación de los sistemas más precarios de forma tal de disminuir su vulnerabilidad, lo que permitirá focalizar los recursos públicos destinados a este sector.

Por ello, junto a la creación del Consejo, se institucionalizan las funciones del MOP, mediante la creación de la Subdirección Nacional de Servicios Sanitarios Rurales, como un órgano especializado en el sector que, entre otras funciones, es responsable de ejecutar la política de asistencia y promoción, para lo cual podrá implementar programas y proyectos dirigidos especialmente a los habitantes del área rural que residan fuera del área de servicio de los operadores; asesorar a los Operadores y contratar la inversión sectorial y actuar como unidad técnica para la contratación de la inversión de los gobiernos regionales u otras instituciones públicas en materias relacionadas con servicios sanitarios rurales; proponer al Ministro de Obras Públicas el aporte financiero del Estado a que se refieren los artículos 85 y 86, para cada segmento; asesorar a los Operadores, directamente o a través de terceros; formular proyectos de servicios sanitarios rurales y evaluarlos económica, técnica y socialmente; visar técnicamente de los Proyectos; revisar el Plan de Inversión de los “Licenciatarios”; aprobar la puesta en operación de las obras de cada Operador; pedir informes y auditar la contabilidad de los licenciatarios y permisionarios; así como solicitar el ejercicio de las facultades de supervisión o de fiscalización al Departamento de Cooperativas, a la Superintendencia y al Ministerio de Salud, cuando correspondiere.

También se le asignan, funciones de “ventanilla única” para canalizar todo programa de inversión cuyos fondos sean aplicables al servicio sanitario rural. Respecto de los demás programas de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales que el Estado promueva, cualquiera sea su naturaleza, deberán ser informados al Consejo Consultivo, para facilitar la coordinación y unidad de acción entre organismos del Estado.

A dicha Subdirección Nacional se le asigna también la responsabilidad de administrar un registro público de operadores de Servicios Sanitarios Rurales y de, clasificarlos en tres segmentos: alto, medio, y bajo. Para su clasificación se considerarán, además de la calidad de gestión técnica, administrativa y financiera del operador, diversas características del sistema servido tales como:(a) población abastecida; (b) cercanía al área urbana; (c) condiciones socioeconómicas de la población abastecida; (d) condiciones de aislamiento; (e) oferta hídrica y condiciones geográficas y topográficas; y, en los casos que corresponda, el carácter de comunidad indígena. La clasificación tendrá una vigencia de 5 años, pudiendo el Operador, la Superintendencia o el Departamento de Cooperativas, solicitar su reclasificación, por razones fundadas.

Así por ejemplo, para aquellos operadores que sean clasificados en los niveles altos o medios, se le podrán fijar exigencias adicionales en orden a contribuir con el financiamiento parcial de la reposición o de la reinversión, constituyendo un fondo de reposición y reinversión. Así se incentiva que aquellas organizaciones eficientemente gestionadas y con capacidad de generación de excedentes, se beneficien de su mejor desempeño.

La información contendida en estos registros, así como la proveniente de la contabilidad de los operadores y de las licitaciones de obras y contratos, permitirá aplicar estimaciones de eficiencia comparada tanto para propósitos de clasificación como tarifarios.

b. Regulación y fiscalización

En la medida que los incentivos estarán puestos para que cada organización comunitaria proveedora del servicio, en su ámbito de acción, actúe de la manera más eficiente, será necesario la acción reguladora para garantizar que los niveles de servicio comprometidos en cada caso y las exigencias de transparencia en el gobierno corporativo y los flujos de información se cumplan; y que, por otra parte, los derechos individuales de los usuarios se respeten.

Así entonces se definen las funciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en la fiscalización técnica y en la fijación de tarifas. Dicha fiscalización priorizará las oficinas que la Superintendencia tenga en Regiones y podrá considerar un trato diferente respecto de los distintos segmentos de Operadores.

Si bien cada operador es responsable de velar por la calidad del servicio suministrado, de acuerdo a las normas respectivas, el proyecto en esta materia no innova y mantienen las atribuciones del Ministerio de Salud.

Por su parte, el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, dentro del ámbito de sus competencias, dictará las normas que estime necesarias para facilitar la aplicación de la presente ley.

El proyecto también establece un catálogo especial de sanciones para los operadores que incurrieren en algunas de las infracciones que se describen en el Proyecto; todo ello, sin perjuicio de las demás sanciones que corresponda aplicar a la Superintendencia o a otros organismos públicos de conformidad a ésta u otras normas.

Los nuevos ámbitos de responsabilidad que se asignan a los órganos fiscalizadores, así como las funciones que se radican en la nueva Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas demandarán la contratación de funcionarios y la asignación de recursos para su operación y funcionamiento, materias que se abordan en los artículos transitorios.

6. La transición: gradualidad en las exigencias y en los derechos, protección a los que cumplen

La institucionalidad definitiva hacia la que transiten los APR deberá considerar un período de adaptación, que contemple la realidad actual de las organizaciones, e incentive su fortalecimiento.

Por ello, los ritmos y niveles de exigencia serán diferenciados, graduales y selectivos. El artículo segundo transitorio contempla que todos los Comités y Cooperativas que están operando, y que efectivamente estén prestando servicios - aunque no participen en el Programa de APR del MOP- pasen a la nueva situación que les corresponda, dándoseles un plazo de seis meses para que completen su formalización en el Registro de operadores que llevará el MOP; y de dos años contados desde la entrada de vigencia del Reglamento de la Ley, para la tramitación de su licencia o permiso definitivo.

Para el caso de las solicitudes de “Permiso”, y precisamente para otorgar mayor flexibilidad en los plazos para este segmento que representa a la gran mayoría de las organizaciones de APR, se agrega la posibilidad que, dentro de esos dos años, se solicite un permiso de servicio sanitario rural “provisorio”, el que tendrá una vigencia de 5 años y para el cual se reducen los requisitos que deban cumplirse, con relación a los que se establecen en el artículo 42. En la determinación de dichos plazos se ha tenido en cuenta, la necesidad de sanear la situación de los bienes del ex SENDOS que se destinaron al APR y cuya propiedad no les ha sido regularizada.

Además de lo anterior, y también como una medida complementaria para apoyar la gradualidad de la transición al nuevo marco, se establece un plazo también de cinco años, para la entrada en aplicación del nuevo procedimiento de cálculo de tarifas.

A su vez, para el segmento más preparado para asumir los nuevos desafíos, se les apoyará para que adopten la forma de organización Cooperativa y se constituyan en Licenciatarias. Se establece que tanto los Comités que se transformen en Cooperativas, como las Cooperativas ya existentes, que se adecuen al nuevo estatuto cooperativo del servicio sanitario rural, permanecerán responsables de todas las obligaciones y titulares de todos los derechos adquiridos durante su operación anterior, como una misma e idéntica persona jurídica. Además se contempla una rebaja, al 10%, en los aranceles notariales, del Conservador de Bienes Raíces correspondiente y de los costos de publicación en el Diario Oficial.

Del mismo modo, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales asistirá a los Comités en la valoración de los activos, para su transición a Cooperativas, implementará un programa de regularización de obras y derechos de agua para los Comités y Cooperativas, y de asistencia para la obtención de licencias y permisos. Del mismo modo asistirá a los Comités en el traspaso de los bienes y derechos que las empresas de servicio sanitario han comprometido transferirles, en el marco del mencionado proceso de saneamiento de los bienes del ex SENDOS que se destinaron al APR.

Para permitir que los servicios localizados, total o parcialmente, en áreas urbanas, completen su total regularización, se establece que durante el plazo de dos años contados desde la entrada en vigencia del Reglamento de la Ley, no podrán otorgarse concesiones de servicios sanitarios regulados por el DFL Nº 382 del año 1988 en las áreas que estén siendo servidas por Comités o Cooperativas al momento de entrada en vigencia de esta ley, lo que importa un reconocimiento de áreas de servicio “protegidas”.

Forma parte también de estas disposiciones transitorias una destinada a permitir que aquellas Cooperativas que por aplicación del artículo 6 del DFL MOP Nº 382/88, se transformaron en concesionarias de servicios sanitarios, puedan en un plazo de seis meses, renunciar a esta calidad, debiendo adecuarse a las normas establecidas en el presente proyecto de Ley solicitando su inscripción como Licenciatarias, de forma tal que, de aprobarse su solicitud, quedará clasificada en el segmento “alto” del registro de operadores del MOP.

Por su parte, los municipios que operen al momento de entrada en vigencia de esta ley, sistemas de agua potable rural o de saneamiento, podrán traspasarlos a algún Comité o Cooperativa, y en caso que estos les requieran el traspaso deberán pronunciarse sobre el requerimiento en un plazo de dos años.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El proyecto de ley en estudio se encuentra estructurado en VI Títulos, que contienen 98 artículos permanentes y 14 artículos transitorios.

El Titulo I, contempla las disposiciones preliminares, y comprende los siguientes artículos:

El artículo 1º, que señala el ámbito de vigencia material regulando la prestación del servicio sanitario en el ámbito rural.

El artículo 2º, define diversos términos, para los efectos de la aplicación de esta ley.

El artículo 3º, señala que para la aplicación de esta ley se dictará un Reglamento elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, previa consulta a los organismos públicos integrantes del Consejo Consultivo regulado en el artículo 76 de esta ley.

El Título II, “Del Servicio Sanitario Rural”, comprende los artículos 4º a 7º.

El artículo 4º, señala los tipos de servicios sanitarios rurales que podrán ser primario o secundario.

El artículo 5º, define el servicio sanitario rural primario.

El artículo 6º, define el servicio sanitario rural secundario.

El artículo 7º indica y define las etapas que comprenden los servicios sanitarios rurales: producción, distribución, recolección y tratamiento y disposición final rural de aguas servidas.

El Título III, “Licencias y Permisos”, se divide en cuatro Capítulos que abarcan desde el artículo 8º al 45.

El Capítulo 1, señala las normas comunes a las licencias y permisos y contiene los artículos 8º a 14.

El artículo 8º conceptualiza el área de servicio del operador quien lo hará en el territorio delimitado en el respectivo permiso o licencia.

El artículo 9º establece que las licencias y permisos otorgan el derecho a usar bienes nacionales de uso público e imponer servidumbres.

El artículo 10 se refiere a las licencias o permisos vinculados, indicando que para otorgar una licencia o permiso que requiera de otra para la prestación integral del servicio sanitario rural, la Superintendencia deberá exigir la existencia de la licencia o permiso que condiciona a la solicitad o su tramitación simultánea.

El artículo 11 establece el cobro conjunto del valor de las prestaciones correspondientes a los servicios de producción rural de agua potable, de recolección rural de aguas servidas y de tratamiento y disposición rural de éstas.

El artículo 12 indica que se entiende por bienes indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales, los destinados a finalidades de utilidad y salubridad pública, señalándolos e indicando que tienen el carácter de inembargables.

El artículo 13 dispone que el Ministerio de Obras Públicas podrá llamar a licitación pública para el otorgamiento de nuevas licencias o permisos y no podrá denegarlos discrecionalmente.

El artículo 14 se refiere a la transferencia de sus permisos o licencias que podrán realizar los operadores a otros Comités o Cooperativas, debiendo informar de ello al Registro.

El Capítulo 2, “De la licencia de servicio sanitario rural” abarca los artículos 15 a 30.

El artículo 15 señala el objetivo de la licencia, cual es, autorizar a una Cooperativa para el establecimiento, construcción y explotación de un servicio sanitario rural.

El artículo 16, dispone que la licenciatarias sólo serán otorgadas a Cooperativas, las que se regirán por las normas de la Ley General de Cooperativas, sin perjuicio de las normas de esta ley y las de su propio giro.

El artículo 17 establece que el plazo máximo de vigencia de la licencia será de 30 años.

El artículo 18 faculta a la licenciataria a solicitar ampliaciones de su área de servicio, conforme al procedimiento establecido en los artículos 20 y siguientes de esta ley.

El artículo 19, se refiere a la licitación de la licencia.

El artículo 20 indica el procedimiento a seguir para la presentación de la solicitud de licencia.

El artículo 21 indica que la Superintendencia pondrá en conocimiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de las respectivas municipalidades la solicitud de licencia, quienes en el plazo de 45 días deberán emitir un informe indicando si el área de servicio solicitada está fuera del límite urbano y en el caso que consideren conveniente la ampliación del área de servicio podrán señalarlo en su informe.

El artículo 22 faculta a la Superintendencia para ampliar los límites del área de servicio solicitada con la finalidad de incorporar áreas que técnica y económicamente hagan conveniente la constitución de un sistema unitario, pudiendo desistirse de su solicitud la solicitante.

El artículo 23 establece la obligación de publicar un extracto de la solicitud de licencia en la forma que se indica.

El artículo 24 señala un plazo de 45 días contados desde la publicación del extracto, para que otras Cooperativas interesadas en la licencia puedan presentar su solicitud.

El artículo 25 se refiere al contenido del Plan de Inversión que deberán presentar a la Superintendencia quienes hubieren solicitado una licencia, dentro del plazo de 90 días contados desde la publicación del extracto

El artículo 26 establece ciertos criterios de recomendación para la adjudicación de la licencia.

El artículo 27 se refiere al contenido del informe que emitirá la Superintendencia al Ministerio sobre las solicitudes presentadas.

El artículo 28 trata de la adjudicación que hará el Ministerio la que será fundada y considerará el informe de la Superintendencia.

El artículo 29 se refiere al contenido del decreto de otorgamiento de la licencia.

El artículo 30 trata de la garantía que exigirá la Superintendencia al otorgarse la licencia.

El Capítulo 3, “Caducidad, continuidad de la prestación del servicio y quiebra de la licencia”, contiene los artículos 31 a 39.

El artículo 31 trata de la caducidad de la licencia.

El artículo 32 se refiere al retiro de las instalaciones ejecutadas en los casos de caducidad previstos en esta ley.

El artículo 33 señala los casos en que procede la declaratoria de riesgo en la prestación del servicio de una licenciataria.

El artículo 34 indica las funciones del administrador temporal, una vez declarada por el Ministro de Obras Públicas la configuración de alguna de las causales señaladas en el artículo 33.

El artículo 35 trata del cobro de la garantía que podrá ser puesta a disposición del Administrador temporal que se designe para el desempeño de sus funciones.

El artículo 36 indica las facultades del administrador temporal.

El artículo 37 indica que el gerente y los miembros del consejo de administración que cesen en sus cargos quedarán inhabilitados para ejercerlos en cualquier Cooperativa, por un plazo de cinco años, contados desde la fecha del decreto respectivo.

El artículo 38 dispone que pronunciada la declaración de quiebra de la licenciataria, la fallida quedará inhibida, de pleno derecho, de la administración de la licencia y de sus bienes indispensables.

El artículo 39 regula la licitación de la licencia por quiebra en la forma que señala.

El Capítulo 4, “Del permiso de servicio sanitario rural”, comprende los artículos 40 al 45.

El artículo 40 señala el objetivo del permiso de servicio sanitario rural.

El artículo 41 indica los antecedentes que se deberán presentar al Ministerio, para solicitar un permiso de servicio sanitario.

El artículo 42 señala que el plazo máximo por el que se otorgará el permiso será de 10 años.

El artículo 43 indica que el decreto de otorgamiento del permiso será fundado y señala los aspectos que considerará.

El artículo 44 dispone que el permisionario goza de derecho preferente para que se le renueve su permiso, para lo cual deberá solicitar su renovación con a lo menos seis meses de anticipación antes de la fecha de extinción y en su defecto, el Ministerio deberá llamar a licitación conforme al artículo 45 de esta ley.

El artículo 45 regula el llamado a licitación del permiso pronto a extinguirse y su adjudicación.

El Título IV, “De los Operadores”, se encuentra dividido en tres Capítulos, que comprenden desde el artículo 46 al 61.

El Capítulo 1, “Derechos y obligaciones de los operadores y usuarios”, abarca desde el artículo 46 al artículo 56.

El artículo 46 señala las obligaciones que tendrán los operadores de servicios sanitarios rurales.

El artículo 47 indica que para el cumplimiento de sus obligaciones los operadores deberán conservar en perfecto estado de funcionamiento las instalaciones y equipos que conforman la infraestructura del servicio.

El artículo 48 dispone que los operadores que pertenezcan al segmento que indica deberán constituir un fondo de reserva legal destinado a reposición y reinversión.

El artículo 49 indica que la responsabilidad por mantenimiento y reposición del arranque de agua potable y la unión domiciliaria, del sistema de agua potable y saneamiento rural respectivamente, serán de cargo del operador y el mantenimiento y reposición de las instalaciones interiores domiciliarias serán de exclusiva responsabilidad y cargo del propietario del inmueble.

El artículo 50 dispone que corresponderá siempre a los operadores el uso y goce exclusivo de instalaciones y equipos.

El artículo 51 señala el estatuto mínimo de los derechos que amparan a los usuarios.

El artículo 52 establece los derechos del operador.

El artículo 53 prescribe que tendrán mérito ejecutivo, sólo en cuanto al cobro, las boletas o facturas que se emitan por la prestación de los servicios sanitarios rurales o por los trabajos en los arranques de agua potable rural o uniones domiciliarias de alcantarillado rural.

El artículo 54 ordena que se podrán modificar los niveles de servicio de los operadores, a proposición de la Superintendencia, mediante decreto supremo que deberá llevar la firma del Ministro de Obras Públicas.

El artículo 55 preceptúa que el usuario deberá permitir el acceso al inmueble del personal del operador para el ejercicio de las funciones que dicen relación con la prestación de los servicios.

El artículo 56 dispone que en el inmueble que recibe el servicio de agua potable o de alcantarillado de aguas servidas, quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio sanitario rural, para con el operador.

El Capítulo 2, “Causales de incompatibilidad, de cesación en los cargos y censura de dirigentes de operadores”, contiene los artículos 57 a 60.

El artículo 57 consagra la incompatibilidad entre los cargos de Alcaldes, Concejales y Consejeros Regionales con los cargos directivos o pertenecientes a los órganos de administración o de fiscalización de los Comités y Cooperativas de servicios sanitarios rurales.

El artículo 58 señala las causales de cesación en el cargo de los dirigentes de los Comités de Servicio Sanitario Rural.

El artículo 59 dispone que será motivo de censura la transgresión por los dirigentes de cualesquiera de sus deberes legales, o de algún derecho de un miembro de un Comité de Servicio Sanitario Rural.

El artículo 60 indica que el incumplimiento de la obligación de los Comités de servicio sanitario rural de confeccionar anualmente un balance o una cuenta de resultados, según el sistema contable con que operen y someterlos a la aprobación de la asamblea será causal de su censura, lo mismo para el Directorio si el balance es rechazado o la cuenta de resultados anual, en dos oportunidades sucesivas por a lo menos dos tercios de la asamblea.

El Capítulo 3, “Remuneraciones de dirigentes de los Comités”, contempla sólo el artículo 61

El artículo 61 trata de las remuneraciones de los dirigentes de Comités que será acordada por la Asamblea General extraordinaria de un Comité por mayoría simple de los miembros presentes o representados en ella y deberá constituirse con al menos el 50% de los miembros del Comité.

El Título V, “De las tarifas”, está estructurado en base a los artículos 62 a 72.

El artículo 62 preceptúa que los servicios sanitarios rurales estarán sujetos a las normas sobre fijación de tarifas y demás cobros de agua potable y saneamiento que se establecen en esta ley y su Reglamento.

El artículo 63 dispone que las tarifas de autofinanciamiento deberán permitir recuperar los costos indispensables de operación, mantenimiento, inversión y reposición.

El artículo 64 establece que la Superintendencia determinará las tarifas para los operadores.

El artículo 65 señala el procedimiento de determinación tarifaria.

El artículo 66 trata de la fórmula tarifaria que será definida por la Superintendencia para cada región, considerando el tamaño del servicio y otras variables de costo relevantes definidas en el reglamento.

El artículo 67 establece que la tasa de costo de capital aplicable será única para todos los sistemas definidos y corresponderá a una tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central de Chile, más un premio por riesgo. La metodología para su determinación será definida en el Reglamento.

El artículo 68 indica que el Reglamento establecerá el procedimiento para la determinación de los cargos tarifarios y metros cúbicos a considerar.

El artículo 69 dispone que las tarifas a cobrar a los usuarios, se reajustarán cada vez que se acumule una variación de a lo menos un 5% del IPC informado por el Instituto Nacional de Estadísticas.

El artículo 70 señala que no existirá gratuidad o rebaja parcial del cobro por la prestación de los servicios o discriminación alguna, salvo las excepciones otorgadas por los operadores a usuarios, y a sus expensas. No obstante los operadores no podrán establecer diferencias en sus tarifas, cargos o cualquier otro concepto, dentro de un mismo sistema, salvo en los casos que esta ley los autorice.

El artículo 71 preceptúa que la tarifa deberá ser pagada por el ocupante de la propiedad, ya sea usufructuario, arrendatario o mero tenedor, sin perjuicio que en el inmueble que recibe el servicio quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio para con el operador.

El artículo 72 indica que todas aquellas prestaciones de carácter sanitario efectuadas por el operador que no se encuentren reguladas en esta Ley y se presten con características monopólicas, serán tarificadas de conformidad con este Título.

El Título VI “Institucionalidad”, se encuentra estructurado en cinco Capítulos que contienen los artículos 73 a 98.

El Capítulo 1 “Política nacional de servicios sanitarios rurales”, comprende los artículos 73 a 76.

El artículo 73 señala que el Ministerio de Obras Públicas con la información técnica que recabe de los Ministerios que indica determinará la política para la asistencia técnica y financiera, supervisión y promoción para la organización de los operadores de servicios sanitarios rurales. Dicha política se ejecutará mediante programas acordados con los gobiernos regionales.

El artículo 74 dispone que la política para la asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales, reconoce la función social y el rol integrador de los grupos intermedios que desarrollan sus actividades basados en los principios de participación comunitaria y de ayuda mutua, garantizando su ejercicio a toda persona sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Del mismo modo, cada uno de los miembros de las organizaciones comunitarias y de las fundadas en el principio de ayuda mutua a que esta ley atribuye el derecho a ser titulares de permisos y licencias, tienen derecho a elegir y a ser elegidos para la dirección, administración y control de la gestión de las respectivas organizaciones; sin perjuicio de los demás derechos que otras leyes les confieren para la protección de su calidad de usuarios o consumidores.

El artículo 75 señala los principios en que estará fundada la política sobre los servicios sanitarios rurales.

El artículo 76 indica que para la orientación de la política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales, el Ministerio deberá oír a un Consejo Consultivo, el que estará compuesto por los integrantes que señala. Asimismo establece que el Reglamento determinará el procedimiento de funcionamiento del Consejo, las asignaciones que percibirán, el mecanismo de elección de los integrantes del consejo consultivo y dispone que el Secretario Ejecutivo del Consejo será el Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas y señala cuáles serán sus funciones.

El Capítulo 2, “Del registro y clasificación de operadores”, contiene los artículos 77 a 79.

El artículo 77 dispone que el Ministerio tendrá a su cargo un registro público de los operadores de servicios sanitarios rurales, de los permisos y licencias otorgadas, y de los demás antecedentes que el Reglamento establezca.

El artículo 78 clasifica a los operadores en la forma que indica.

El artículo 79 establece que la autoridad encargada de clasificar a los Operadores será el Ministro de Obras Públicas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior y en el Reglamento la que deberá constar en el Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales.

El Capítulo 3, “Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales”, contempla los artículos 80 a 84.

El artículo 80 crea en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que estará a cargo de un funcionario que tendrá el título de Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales.

El artículo 81 señala las funciones de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales:

El artículo 82 dispone que los funcionarios de la Subdirección tendrán libre acceso a las obras, a sus dependencias, y en general a todo inmueble o instalación de los operadores, destinadas a la prestación del servicio sanitario rural, a objeto de realizar las funciones que les son propias.

El artículo 83 trata de la designación del administrador temporal el que podrá ser designado por el Ministro, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 de esta ley, a alguno de los profesionales que cumpliendo los requisitos que se establezcan en el Reglamento, esté inscrito en un Registro Especial que será administrado por la Subdirección. La Subdirección podrá eliminar del registro a estas personas o no renovar su inscripción, cuando no cumplan sus funciones y los requisitos establecidos.

El Reglamento determinará las facultades con que éstos profesionales podrán actuar; fijará los requisitos técnicos que deban cumplir, con el fin de velar por la calidad, confiabilidad e idoneidad de sus funciones; fijará las normas relativas al cumplimiento de éstas y a los sistemas y procedimientos de trabajo; y, fijará los requisitos que deban cumplir y las garantías que deban rendir para su correspondiente inscripción.

El artículo 84 faculta a la Subdirección para requerir a los operadores la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones; obliga a los operadores a informar a la Subdirección de cualquier hecho esencial relativo a la operación del servicio sanitario rural, inmediatamente después de ocurrido éste, o desde que se tomó conocimiento del mismo, o a más tardar dentro de los tres días siguientes, aun cuando no hubiere mediado requerimiento del citado organismo. En caso que se trate de hechos que afecten las condiciones sanitarias de la prestación del servicio, el operador deberá informar además a la Autoridad Sanitaria.

Para los efectos del inciso anterior, se entenderá como esencial todo hecho que pueda afectar gravemente la continuidad, calidad y seguridad del servicio sanitario rural, para un número de Usuarios igual o superior al porcentaje que indique el Reglamento.

El Capítulo 4, “Inversión pública y subsidios en los servicios sanitarios rurales”, abarca los artículos 85 a 90.

El artículo 85 dispone que la inversión en obras de servicios sanitarios rurales nuevos se definirá por el Ministerio mediante el sistema de concurso público establecido en los artículos 87, 88 y 89 de esta ley, pudiéndose considerar el aporte de los beneficiarios.

El Ministerio de Obras Públicas podrá decidir, por razones de emergencia, inversiones en ejecución de obras para servicios sanitarios rurales existentes o nuevos, sin sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior.

El artículo 86 trata del subsidio a la inversión a que se refiere el artículo 10 de la ley Nº 18.778, el que podrá destinarse a cualquiera de las etapas de los servicios sanitarios rurales existentes.

El citado subsidio tendrá el carácter de reserva legal, y formará parte de los bienes indispensables establecidos en el artículo 12 de la presente ley, y se denominará Fondo de Reserva Subsidio Estatal.

La selección de los estudios, proyectos y obras subsidiables se hará mediante concurso público de conformidad a lo dispuesto en los tres artículos siguientes.

El artículo 87 establece que serán definidos por el Ministerio, con consulta al Gobierno Regional respectivo, para cada región, las características de los proyectos a financiar para el año siguiente y los criterios de elegibilidad.

El artículo 88 indica que los operadores podrán presentar a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales solicitudes de financiamiento total o parcial de proyectos de servicios sanitarios rurales.

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, presentará cada año al Gobierno Regional, un listado de proyectos de servicios sanitarios rurales ya evaluados que cumplan los criterios de elegibilidad definidos conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

El Gobierno Regional respectivo seleccionará, fundadamente, los proyectos beneficiados con los recursos asignados a la Región, entre los proyectos incluidos en el listado que le entregue el Ministerio conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Los proyectos seleccionados por el Gobierno regional serán financiados hasta su plena ejecución aunque aquello comprometa presupuestos de ejercicios posteriores.

Los demás aspectos relacionados con la distribución del subsidio, con la elaboración del programa bianual y con el sistema de postulación, concursabilidad y de priorización de los estudios, proyectos u obras a ejecutar se establecerán en el Reglamento. En éste se podrán considerar además, para casos excepcionales, los requisitos y condiciones necesarios para la entrega del subsidio al operador previo a la ejecución completa de las obras.

En caso que otras entidades aporten recursos para el financiamiento de los estudios, proyectos u obras a que se refieren los artículos 85 y 86 de esta ley, sus aportes se aplicarán en las mismas condiciones establecidas en este artículo.

El artículo 89 señala que todo programa de inversión cuyos fondos sean aplicables al servicio sanitario rural, deberá ser contratado a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, en las condiciones que fije el Reglamento, ya sea que se financie con recursos sectoriales o con recursos regionales, en cuyo caso actuará como unidad técnica. Los demás programas de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales que el Estado promueva, cualquiera sea su naturaleza, deberán ser informados al Consejo Consultivo, para facilitar la coordinación y unidad de acción entre organismos del Estado.

El artículo 90 indica que por decreto supremo suscrito por el Ministro de Obras Públicas bajo la formula “por orden del Presidente de la República”, las obras o proyectos financiados o ejecutados por el Estado que integren un sistema sanitario rural, podrán ser cedidos o transferidos a cualquier título a los Operadores. Dichos bienes serán considerados para fines tarifarios como bienes aportados por terceros y, desde la fecha de su transferencia serán considerados indispensables, para los efectos del artículo 12 de esta Ley.

El Capítulo 5, “De la Regulación y Fiscalización”, comprende los artículos 91 a 98.

El artículo 91 indica que la Superintendencia de Servicios Sanitarios podrá ejercer las atribuciones y facultades regulatorias y fiscalizadoras, respecto de todo operador de un servicio sanitario rural.

Para efectos de su fiscalización, la Superintendencia ejercerá respecto de las entidades fiscalizadas las mismas facultades que le confiere la ley Nº 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

El artículo 92 dispone que las instrucciones y órdenes que dicte la Superintendencia en ejercicio de sus facultades normativas y de control, podrá considerar condiciones especiales de servicio respecto de operadores.

El artículo 93 señala que el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, dentro del ámbito de sus competencias, dictará las normas que estime necesarias para facilitar la aplicación de la presente ley.

El artículo 94 establece que el Reglamento señalará los mecanismos de autorregulación y transparencia de la gestión y resultados de los Comités y Cooperativas de Servicio Sanitario Rural; asimismo, incentivará la libre iniciativa de los Comités y Cooperativas para cumplir los objetivos de autorregulación y transparencia.

El artículo 95 señala que sin perjuicio de las demás sanciones que corresponda aplicar a la Superintendencia o a otros organismos públicos de conformidad a ésta u otras leyes, los operadores podrán ser objeto de la aplicación de multas a beneficio Fiscal por parte de la Superintendencia, en los casos que indica.

El artículo 96 modifica la Ley de Cooperativas en la forma que indica.

El artículo 97 modifica la ley de subsidio de agua potable derogando en el inciso tercero del artículo 10 de la ley Nº 18.778 la frase que indica.

El artículo 98 modifica el decreto con fuerza de ley Nº 143, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1991, incorporando en la planta de directivos el cargo denominado Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales, y asígnesele el grado número 2 de la Escala Única de remuneraciones.

ARTICULOS TRANSITORIOS

El articulado del proyecto contempla 14 artículos transitorios.

El artículo 1º señala que el Reglamento de esta ley será dictado dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su entrada en vigencia.

El artículo 2º dispone que dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento de esta ley, los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural existentes deberán solicitar su inscripción en el Registro de operadores de Servicios Sanitarios Rurales, para lo cual deberán acreditar la vigencia de su personalidad jurídica y la efectividad de estar prestando el servicio. Además, deberán especificar el área que sirven.

Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento de esta Ley, todo Comité o Cooperativa registrado conforme al inciso primero de este artículo, que acredite el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para obtener licencia o permiso de servicio sanitario rural, podrá solicitarla conforme a los establecido en los artículos 20 y 41 y por los plazos establecidos en los artículos 17 y 42, según corresponda. En estos casos, no se requerirá la presentación de la garantía de seriedad del artículo 20 de esta ley.

Dentro del plazo de dos años establecido en el inciso anterior, todo Comité o Cooperativa registrado conforme al inciso primero de este artículo, podrá solicitar el otorgamiento de un permiso de servicio sanitario rural provisorio. El permiso de servicio sanitario rural provisorio tendrá una vigencia de 5 años, y para su otorgamiento solo será necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 41 de esta ley.

Los decretos que dicte el Ministro de Obras Públicas para el otorgamiento de las licencias o permisos conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero precedentes, sólo se publicaran en la página web del Ministerio.

Dentro del plazo indicado en el inciso segundo de este artículo, no podrán otorgarse concesiones de servicios sanitarios regulados por el decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988 en las áreas que estén siendo servidas por Comités o Cooperativas al momento de entrada en vigencia de esta ley.

En caso de no darse cumplimiento oportuno a lo indicado en los incisos primero y segundo o tercero de este artículo, el Ministerio de Obras Públicas llamará a licitación del permiso o licencia.

El artículo 3º señala que los Municipios que al momento de entrar en vigencia esta ley, operen servicios sanitarios rurales, podrán traspasarlos a un Comité o Cooperativa. En caso que un Comité o Cooperativa le requiera el traspaso del servicio sanitario rural, el Municipio respectivo deberá pronunciarse dentro de un plazo de 2 años contados desde el requerimiento.

El artículo 4º señala que para aquellos operadores a los que se haya otorgado permiso o licencia conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo segundo transitorio, la primera fijación tarifaria deberá efectuarse, de conformidad al procedimiento establecido en esta ley y su reglamento, dentro del plazo de 5 años contados desde el otorgamiento.

Con todo, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, en tanto no entre en vigencia la primera fijación tarifaria referida, los precios que podrán cobrar los servicios de agua potable y saneamiento rural y demás cobros sujetos a fijación de precios, de acuerdo a lo señalado en esta ley, serán los vigentes a dicha fecha con sus respectivas indexaciones.

En todo caso, cada vez que se reajusten las tarifas, los prestadores deberán comunicar previamente los nuevos valores a la Superintendencia, e informarlos a los usuarios respectivos por algún medio idóneo que dicha Entidad autorice.

Para la primera fijación tarifaria, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, deberá entregar toda la información necesaria, sin perjuicio de aquella que se deba recabar directamente de los operadores rurales para tales fines, identificando claramente los bienes considerados como aportes de terceros.

El artículo 5º señala que los Comités de Agua Potable Rural que se transformen a Cooperativas y las Cooperativas constituidas para la prestación de servicios sanitarios regulados en esta ley, cuando asuman o se adecuen al nuevo estatuto cooperativo del servicio sanitario rural, ante terceros, permanecerán responsables de todas las obligaciones y titulares de todos los derechos adquiridos durante su operación anterior, como una misma e idéntica persona jurídica. Sin que esta enumeración sea taxativa y sólo a vía enunciativa, entre tales obligaciones y derechos se comprenden los de carácter laboral, previsional, tributario, sanitario y medioambiental.

El artículo 6º indica que los Comités de Agua Potable Rural que se conviertan a Cooperativas, las existentes y las nuevas que se constituyan para la prestación del servicio sanitario rural, que realicen la respectiva conversión, adecuación o constitución dentro del plazo de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia del Reglamento de esta ley, pagarán hasta el diez por ciento de los aranceles notariales, del Conservador de Bienes Raíces correspondiente y de los costos de publicación en el Diario Oficial.

El artículo 7º señala que en el mismo plazo indicado en el inciso segundo del artículo segundo transitorio, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales implementará un programa de regularización de obras y derechos de agua, de asistencia para la obtención de licencias o permisos, y de valoración técnica de los activos de los Comités y Cooperativas.

En el mismo plazo, la Subdirección podrá asistir a los Comités en el proceso de transferencia de los bienes y derechos que les traspasen las concesionarias de servicios sanitarios, en cumplimiento de los compromisos y acuerdos anteriores.

El artículo 8º dispone que la terminación de la obligación para las Concesionarias de servicios sanitarios a que se refiere el artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.549.

Para los efectos del presente artículo, las Concesionarias deberán rendir cuenta de su gestión dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, en los términos que fije el Reglamento. Adicionalmente, y dentro del plazo de un mes contado desde la entrada en vigencia de esta ley, deberán entregar a los operadores, con copia al Ministerio, toda la información técnica, financiera, administrativa y contable del Comité o Cooperativa asistido, que obre en su poder.

El artículo 9º señala que los bienes de propiedad de los Comités que se transformen en Cooperativas de Servicios Sanitarios Rurales, se considerarán como aporte inicial en carácter de reserva legal de conformidad con lo establecido en la Ley General de Cooperativas.

El artículo 10 dispone que las Cooperativas que se transformaron en concesionarias de servicios sanitarios por aplicación del artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, de 1988, podrán en el plazo de seis meses contados desde la entrada vigencia de esta Ley, renunciar a esta calidad, ante el Ministerio, renuncia que será sancionada por el decreto respectivo, debiendo en tal caso adecuarse a las normas establecidas en la presente ley.

Para los efectos del inciso anterior, junto con la renuncia, deberán presentar la solicitud de licencia en los términos establecidos en el artículo 20, conjuntamente con los antecedentes indicados en los numerales 1 y 2 del artículo 25 de esta Ley. En caso de aprobarse su solicitud de licencia, estas Cooperativas quedarán clasificadas para los efectos del artículo 78, en el segmento alto.

El artículo 11 señala que para la aplicación a servicios sanitarios rurales, de recursos provenientes del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, en virtud de convenios suscritos con el Estado de Chile , vigentes a la fecha de publicación de esta ley, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, ejercerá la función de visar técnicamente los proyectos.

El artículo 12 establece que la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, iniciará sus funciones a partir de la entrada en vigencia del reglamento de esta ley.

El artículo 13 dispone que el Presidente de la República nombrará, transitoria y provisionalmente, conforme al artículo quincuagésimo noveno de la ley Nº 19.882, al Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Publicas quién asumirá de inmediato y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública.

El artículo 14 crea el Consejo Consultivo para la Orientación de la Política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales integrada en la forma que se dispone e el artículo 76 de esta Ley. El Consejo sesionará por primera vez dentro del plazo de un año contado desde la vigencia de esta ley.”.

DISCUSIÓN EN GENERAL

El Ministro de Obras Públicas, señor Sergio Bitar, inició su presentación señalando que dentro de los objetivos de perfeccionamiento de la política pública correspondiente a esa Cartera ministerial, una de las metas prioritarias consiste en la creación de un estatuto completo de resguardo, incentivo y sustentabilidad del sistema de agua potable y saneamiento rural.

Para el cumplimiento de este objetivo, S. E. la señora Presidenta de la República ha presentado a tramitación ante el Honorable Senado el Proyecto de ley que Regula los Servicios Sanitarios Rurales.

Actualmente, existen 1.500 Comités y Cooperativas de APR -con unos 300 mil arranques- que abastecen a prácticamente un millón y medio de habitantes de zonas rurales concentradas, lo que representa una cobertura que excede al 98% de dicha población.

Cabe recordar que la primera etapa del Programa de Agua Potable Rural se implementó en 1964, con créditos del Banco Interamericano del Desarrollo (BID); en esa época, sólo un 6% de los habitantes de las localidades rurales de Chile contaban con cobertura de agua potable.

Este desarrollo ha sido el fruto de una eficaz coordinación entre la acción de las organizaciones sociales y la del Estado. En este esfuerzo el Estado ha invertido más de U$ 460 millones de dólares, de los cuales U$ 369 millones de dólares corresponden a inversiones materializadas por el Ministerio de Obras Públicas, desde el año 1994 a la fecha.

Sin embargo, a pesar del significativo impacto social del Programa, y de la cuantía de los recursos públicos comprometidos, no existe una institucionalidad permanente, ni un marco regulatorio especial para el sector.

Dicha institucionalidad debe responder a las necesidades y características singulares de un sistema de provisión de servicios básicos, como agua potable y saneamiento, que recoge la virtuosa colaboración entre la comunidad rural organizada y el Estado, y que reúne un conjunto de servicios heterogéneos en términos de tamaño, capacidad de gestión técnica, administrativa y financiera, cuyo desarrollo y sustentabilidad requiere -en mayor o menor grado- el apoyo del Estado.

Las organizaciones de Agua Potable Rural (APR), además de su función de abastecer de agua potable y saneamiento en algunos casos, son eje de la vida social y cultural en sus respectivas comunidades. Así entonces, la existencia y subsistencia de estas organizaciones de APR, es un hecho esencial en la vida de la población rural de nuestro país.

Por otra parte, cabe destacar que en el desarrollo de este acervo de participación comunitaria la mujer ha jugado un rol significativo. Así, los sistemas de APR se destacan como un ejemplo de no discriminación y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

En este contexto y respondiendo al sentido anhelo de la comunidad rural y, consistente con el sello de protección social y el énfasis en la equidad que caracteriza a este Gobierno, el MOP estableció una Mesa Técnica y una Agenda de Trabajo con la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU), con el objetivo de generar una institucionalidad para el sector, que permita mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes del campo, su salud y sus oportunidades de progreso, acercándolas, lo más posible a las de sus compatriotas de la ciudad, preservando la sustentabilidad del medio ambiente y en particular de los recursos hídricos.

En este proceso, el Seminario organizado en el mes de noviembre del año 2006, en conjunto entre esta Comisión de Obras Públicas y el MOP, con el apoyo técnico del BID, constituyó un hito que permitió evidenciar los elevados niveles de consenso entre las organizaciones de Agua Potable Rural, los legisladores y el Gobierno, respecto de la importancia del sector y sus desafíos futuros.

Posteriormente, durante más de un año de trabajo, entre FENAPRU y el MOP, con la colaboración del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, junto con los aportes de otros órganos de la Administración Pública que desarrollan programas en el sector, entre los que destacan MINVU, MINSAL, MIDEPLAN, CONAMA y SUBDERE, se dio origen al texto de esta iniciativa legal.

Como parte del trabajo conjunto entre la FENAPRU y el MOP, se acordó efectuar durante el año 2008 un programa de difusión y de capacitación con los dirigentes de los Comités y Cooperativas de todo el país. Producto de este esfuerzo, conjunto, durante los meses de mayo de 2008 a la fecha, participaron activamente un total de 1.803 dirigentes representativos de 1.068 operadores de sistemas de APR de Vallenar a Castro.

Tal como da cuenta el itinerario recorrido para su elaboración, el proyecto de ley en estudio es fruto de un proceso participativo, en el que no sólo se ha escuchado y acogido a la comunidad, sino que además se ha alcanzado con sus dirigentes y con los demás organismos del Estado un alto grado de consenso.

El proyecto responde a los siguientes objetivos:

1.- Fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias preservando su carácter participativo.

Los operadores de los servicios sanitarios rurales serán los Comités o Cooperativas que, cumpliendo los requisitos correspondientes, obtengan un permiso o licencia de servicio sanitario rural. Como se ha dicho el sistema propuesto se hace cargo de la gran heterogeneidad al interior del sector, y de la necesidad de preservar y potenciar aquellos elementos que permiten su desarrollo, removiendo los obstáculos que impiden la expansión futura de los sistemas con mayor potencial y la subsistencia de aquellos más precarios.

2.- Incentivar la eficiencia económica y la sustentabilidad financiera del sistema de APR, que ahora se denominará Servicio Sanitario Rural (SSR).

Es necesario que las tarifas reflejen apropiadamente la estructura de costos para producir los servicios de agua potable y saneamiento en su caso. Esto introduce eficiencia económica en el uso de los insumos necesarios para su producción e incentiva conductas responsables de parte de los usuarios. Por ello, se establece un principio general: las tarifas “deberán permitir siempre recuperar sus costos indispensables de operación”.

3.- Definir con claridad los diversos roles del Estado.

Es imprescindible que se establezcan con claridad los roles que el Estado debe desempeñar, distinguiendo los de asistencia, cooperación y promoción, por una parte; y, regulación y fiscalización, por la otra.

En este sentido, se establece la definición de una Política Nacional de Promoción y Asistencia de SSR, de responsabilidad del MOP con apoyo de un Consejo Consultivo, integrado por representantes del sector público, y de las organizaciones sociales y sus socios. De esta forma se recoge en este órgano la experiencia de cooperación y coordinación entre el sector público y las organizaciones sociales.

Se crea la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales en el MOP, encargada, entre otras funciones, de la ejecución de la Política de Asistencia y Promoción, generando de esta manera una institucionalidad permanente y especializada.

Se establece, asimismo, que el MOP es ventanilla única para los proyectos de inversión en SSR.

4.- Incorporar al sector rural disperso.

Se establece que la Política Nacional de Asistencia y Promoción de SSR, debe también considerar a los habitantes del área rural dispersa que, de acuerdo a las cifras del último censo, alcanza a unas 400.000 personas.

5.- Incorporar el Saneamiento Rural combinando soluciones colectivas e individuales.

El proyecto incorpora tanto la provisión y distribución de agua potable, como la posibilidad, en la medida que las circunstancias lo hagan necesario en cada caso particular, para incorporar soluciones de recolección, disposición o tratamiento de las aguas servidas.

Actualmente, la cobertura de agua potable en sectores rurales concentrados es cercana a 98%, mientras que la de alcantarillado alcanza a 13%.

6.- Gradualidad en el período de transición.

Se considera un período de transición para permitir la gradual adaptación de las organizaciones comunitarias a las nuevas condiciones.

En seguida, el Ministro informó que esta iniciativa legal tiene diversas implicancias, entre ellas, un proyecto que se promovió en el Ministerio para el uso de las torres para instalar WI MAX, iluminar zonas rurales y proveerlas de banda ancha. Actualmente, funciona un caso piloto que se convino gratis para el Estado con la Empresa Motorola y Nomadex, en Lampa, con una antena de Global Crossing hasta donde llega una fibra óptica que transmite hacia una torre cercana a 3 colegios y 2 postas de salud, se retransmite con una antena de Wi MAX y se recoge la señal con provisión de banda ancha de 1 mega.

Asimismo, señaló que esta iniciativa legal se vincula con una acción muy importante que es la política frente al cambio climático y ofreció remitir los antecedentes de la exposición que realizó sobre esta materia ante la Honorable Cámara de Diputados, que recoge la política hídrica del Ministerio y que demuestra que de acuerdo a los estudios realizados por la CONAMA, basado en informes de las Naciones Unidas, que ante los posibles cambios climáticos por aumento de las temperaturas existirán problemas crecientes de sequías y de provisión de agua potable rural, por lo tanto, la anticipación de aquellos fenómenos climáticos en esta materia, como en las correntías por los ríos, la calidad de los puentes, la protección de riberas, constituye un factor que apoya la conveniencia de tener este sistema.

Sería positivo poder contar con el agua potable rural para la conectividad a Internet, materia que se está estudiando en conjunto con el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, para estudiar la posibilidad de realizar una acción conjunta, poniendo a disposición de las organizaciones la red del MOP.

El Honorable Senador señor Romero solicitó que durante la discusión de esta iniciativa legal se conozca la opinión del Instituto Libertad y del Instituto Libertad y Desarrollo.

En seguida, el señor Senador señaló que debería considerarse la posibilidad de ampliar la idea matriz de este proyecto de ley, en el sentido de que no sea sólo un proyecto que considere a los servicios sanitarios rurales sino que se pueda vincular con la tecnología WI FI y banda ancha rural, haciendo presente que el mayor problema de los sectores aislados es la desigualdad de oportunidades de sus habitantes en relación a los de otros sectores, que se manifiesta principalmente en abastecimiento de agua potable y en la desconexión de la realidad nacional e internacional, con lo cual estas personas están marginadas de los sectores urbanos lo que requiere de una acción subsidiaria del Estado.

En consecuencia, solicitó al señor Ministro que se pueda canalizar la posibilidad de que dentro del contexto de la ley se establezca la factibilidad de utilizar la infraestructura para el uso de la banda ancha en los sectores rurales, que será clave para lograr la igualdad de oportunidades con los habitantes de los sectores urbanos.

El Honorable Senador señor Kuschel consultó si la instalación de la banda ancha aprovechando las torres contribuirá a la mantención del sistema y si se será posible en el futuro implementar un sistema de mayor durabilidad.

A continuación, señaló que la X Región, que representa, durante el año 2007 registró un déficit de 20% de lluvias y durante el presente año (2008) el déficit alcanza a 12% y con temperaturas 2 grados más altas que los años anteriores, sin embargo, sólo se han implementado dos sistemas de agua potable rural, uno en la localidad de Paraguay Chico y en Colonia Ponce, en Muermos y Frutillar, por lo que será necesario retomar estas actividades con el sistema actual.

Asimismo, señaló que hay sistemas de agua potable rural que se están inhabilitando porque las napas se han deteriorado o es necesario profundizar los pozos o mejorar aquellos que están quedando fuera de operación. En la ciudad de Puerto Montt se está distribuyendo agua con camiones aljibes en 18 puntos y en Fresia, en 5 puntos.

El Ministro de Obras Públicas, señor Sergio Bitar, señaló que en la mantención de las estructuras metálicas, cambio de los estanques, estanques en altura, estanques enterrados se está avanzando en forma permanente utilizando tecnología nuevas para obtener mejores resultados. En esta labor el apoyo de las comunidades es fundamental, el sistema funciona adecuadamente en la medida en que la comunidad esté organizada y efectúan las mantenciones y los cobros para ello.

En esta materia, el Ministro precisó que es necesario resaltar la importancia de esta combinación entre el Estado y las organizaciones sociales. Se ha logrado un gran avance en este ámbito como consecuencia de la expansión presupuestaria del año 2008, motivada por la sequía, que implicó la obtención de recursos adicionales y para el año 2009 se consideran mayores recursos.

No obstante lo anterior, el problema se presenta en el acceso a las zonas semi concentradas, cuando se tienen más de 200 familias ello implica más de 200 arranques. En una superficie limitada el costo es más bajo, si sólo se cuenta con 50 familias en el doble de superficie los kilómetros para llegar a cada uno de esos arranques crece con lo cual aumenta el costo y la rentabilidad se complica.

Respecto del cambio climático, el Ministro señaló que se están presentando diversos fenómenos como el aumento de temperatura, baja generalizada en las napas del país, lo que significa que la política de acuíferos que se adopte, los derechos de agua, las prioridades en el uso del agua serán más importantes que lo que se ha hecho a la fecha.

En relación al uso de la banda ancha manifestó que se trata de una gran innovación puesto que en el Fondo para las Telecomunicaciones se consideran recursos por M$ 30.000 (treinta mil millones) que se destinarán a licitaciones para iluminación a nivel nacional mediante la conexión transversal con fibra óptica y luego la transmisión por microondas a puntos que enlazan con una distribución más limitada con WI FI o WI MAX en comunas determinadas o en servicios específicos. Esa política se está aplicando junto con la licitación de nuevas frecuencias de banda ancha, entre 1.500 y 1.700 megahertz, hay frecuencias disponibles en UHF, que representan la posibilidad de ofertar para aumentar la competencia y reducir los costos de conexión.

Cuando se llega a barrios alejados o zonas rurales dispersas no es rentable para las empresas por lo que sería importante determinar si le corresponderá al Estado actuar para que en esos casos aquellas torres provean de agua potable y banda ancha, con lo cual se podría lograr una interesante experiencia en que se podría capacitar a los habitantes de la comunidad a través de banda ancha, para que gestionen y mantengan las torres.

En la actualidad, se está estudiando la posibilidad de superponer la banda ancha en algunas de las 1.500 torres en que se concentran las mayores necesidades. Así, en forma complementaria se podría conseguir a un precio más bajo para la cobertura de banda ancha en todos los colegios del país.

Para el debido estudio de esta materia el Ministro propuso a la Comisión que se invite al Subsecretario de Telecomunicaciones para que ilustre sobre el Fondo de Telecomunicaciones y la posibilidad de concretar una iniciativa conjunta sobre esta materia.

Para aumentar la iluminación del país también se puede en la etapa de construcción de las carreteras trasladar los servicios para las orillas y aprovechar la oportunidad de instalar un cable de fibra óptica.

El Honorable Senador señor Kuschel señaló que, en general, la gestión de las APR es positiva, sin embargo, existen algunas excepciones que se pueden mejorar copiando las experiencias exitosas de gestión. Las fallas de gestión son pequeñas y fáciles de mejorar.

El Ministro de Obras Públicas, señor Sergio Bitar, concordó con el planteamiento anterior haciendo presente que cuando las comunidades instalan y cobran por el uso de la infraestructura cuidan en mayor medida las instalaciones.

A continuación, la Asesora de la Subsecretaría de Obras Públicas, doña Paola Navarro, informó que el principio básico que recoge esta iniciativa legal es que reconoce, valora y protege el capital social, constituido por organizaciones que nacen de la misma comunidad rural para facilitar su acceso a servicios básicos y vitales, como es el agua y el saneamiento.

Por el concepto de Servicios Sanitarios Rurales se deben comprender 4 etapas: distribución y producción de agua potable, recolección y disposición de aguas servidas. Estas etapas pueden ser solicitadas en forma independiente por los operadores. No existe obligación de simultaneidad y pueden ser solicitadas por distintos operadores, salvo la de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas que aún cuando no es necesario solicitarlas en forma conjunta debe hacerlo el mismo operador.

Dentro del servicio sanitario rural se distinguen dos tipos de servicios:

Servicio Sanitario Rural Primario, que está destinado al uso doméstico y que debe ser entregado por el operador a todos los habitantes de su área de servicio, y

Servicio Sanitario Rural Secundario, que no afecta al primario, excede el uso doméstico, se destina a fines sanitarios, comerciales, turísticos, industriales y que puede ser prestado por el operador en la medida que no afecte el uso doméstico, por ende, existe una protección al uso humano como necesidad básica.

Los sistemas de servicios sanitarios rurales, de agua potable y saneamiento sólo pueden ser operados por Comités o Cooperativas de Agua Potable Rural. Los Comités son las organizaciones comunitarias que están regidas por la Ley de Juntas de Vecinos y las Cooperativas por su Ley General de Cooperativas.

Para la operación de los servicios sanitarios rurales se les otorgará a los Comités y Cooperativas un permiso o licencia, que son autorizaciones que concede el Ministerio de Obras Públicas para la operación del agua potable y del saneamiento.

La diferencia entre los permisos y licencias radica en los requisitos y exigencias. Los permisos pueden ser otorgados tanto a Comités como a Cooperativas y los requisitos son más simples para su otorgamiento, tales como inventario valorizado, señalamiento de la etapa que se está solicitando, sea de agua potable o de saneamiento, señalamiento sobre servicio, entre otros requisitos generales.

El plazo de vigencia de los permisos es de 10 años renovables. La renovación es la regla general y los Comités o Cooperativas que estén operando deberán solicitarla 6 meses antes del término de vigencia del permiso.

La licitación del servicio sólo se producirá en caso que el operador no solicite su renovación o un operador distinto constituido bajo la forma de una Cooperativa solicite la licitación, en cuyo caso mantiene la preferencia el operador antiguo en la medida que haya igualdad de condiciones ofrecidas.

Las licencias también son autorizaciones que otorga el MOP sólo a las Cooperativas por un plazo de vigencia de 30 años renovable. Los requisitos para obtenerlas son más exigentes que los necesarios para obtener un permiso, como es la presentación de un plan de inversión.

Una de las características principales de la licencia es que otorga la exclusividad en su área de servicio, lo que significa una protección del área de servicio del operador ante eventuales modificaciones del límite urbano cercano. De esta forma, en caso que ocurra una modificación y a consecuencia de ello parte del área de servicio queda en el área urbana puede seguir operando el área sin perjuicio de que se le puedan exigir mayores niveles de servicio para asimilarlo con el servicio urbano.

El Honorable Senador señor Kuschel consultó si mediante esta iniciativa legal se pretende fomentar la creación de Cooperativas en vez de Comités.

Se respondió que no porque como consecuencia de la realidad hetereogénea de los Comités y cooperativas se ha estimado que la minoría requiere la protección ante el área urbana, con lo cual la necesidad de constituirse en Cooperativa no es para la mayoría de los Comités existentes sino que para un número menor que requiere de esta protección o por sus propias necesidades de organización que consideran más adecuada la constitución de una Cooperativa.

El Honorable Senador señor Romero señaló que esta situación podría constituir un tipo de discriminación, de desigualdad ante la ley entre un Comité y una Cooperativa.

El Honorable Senador señor Sabag consultó si estas Cooperativas tienen algún límite de clientes puesto que existen comunas que están a cargo de Cooperativas, como San Nicolás y existe temor que se realicen licitaciones y las empresas sanitarias obtengan las concesiones.

Se respondió que el estatuto de los Comités se basa en la organización comunitaria que tiene una estructura muy simple, en cambio, las Cooperativas están basadas en la Ley de Cooperativas, con lo cual existe un sistema de fiscalización estricta en materia legal y económica por parte del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía. De esta forma, obedecen a una estructura más compleja que tiene mayor número de asociados y de recursos.

En el caso de la iniciativa legal en estudio una de las mayores diferencias se presenta en cuanto a la existencia del plan de inversión que será fiscalizado.

Respecto de la magnitud se informó que las Cooperativas son organizaciones que admiten un mayor número de personas ubicadas cerca de sectores a los que se puede extender el sector urbano. La mayoría de los Comités están muy lejos de los sectores urbanos.

Algunas Cooperativas se sienten amenazadas por las concesionarias por la cercanía a los sectores urbanos. En algunas oportunidades esta expansión ocurre con cuestionamientos, como es el caso en que se afecta a terrenos agrícolas.

Respecto de la discriminación se señaló que existe una desigualdad de estatutos que facilita la constitución de los Comités en desmedro de las Cooperativas, sin embargo, a la vez esa mayor complejidad permite una garantía de estabilidad en cuanto a un plazo máximo de vigencia de la autorización por 30 años.

Las diferencias que existen entre ambos tipos de organización no son arbitrarias sino que tienen justificación y una institucionalidad que permite exigir a cada uno lo que corresponde de acuerdo a su capacidad.

El Honorable Senador señor Sabag manifestó que de acuerdo a la respuesta anterior no existiría una política de traspaso a las empresas sanitarias.

El Honorable Senador señor Kuschel señaló que sin perjuicio de la explicación anterior, en la realidad, todas las ciudades en expansión están chocando con los Comités y Cooperativas.

El Ministro de Obras Públicas, señor Sergio Bitar, aclaró que las Cooperativas están protegidas frente a la expansión del radio urbano puesto que se le entregan ventajas para que se mantengan en operación.

En lo que dice relación con el régimen de tarifa iniciativa legal establece un sistema que será de responsabilidad de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que estará a cargo de la fijación tarifaria para todos los Comités y Cooperativas obedeciendo a un principio general de recuperar los costos indispensables de operación.

Además, para aquellos que tengan una gestión de mayor calidad o características de mayor desarrollo se podrán establecer algunas exigencias adicionales, como puede ser la contribución al financiamiento parcial de la reposición o la reinversión, para lo cual los operadores deberán ser reclasificados en tres segmentos: alto, medio y bajo.

El procedimiento de fijación de tarifas se realizará cada 5 años, es regional y distingue sistemas tipo, que son la mayoría con características comunes y sistemas de tarificación individual. En este procedimiento participa la comunidad pudiendo variar la fijación tarifaria de la Superintendencia dentro de un margen acotado.

En seguida, señaló que uno de los objetivos de esta iniciativa legal es mejorar el saneamiento rural combinando con la posibilidad de establecer soluciones colectivas o individuales, dependiendo de las necesidades y de la factibilidad técnica y económica.

Estas soluciones deberán ser concordadas con la comunidad, atendiendo a las posibilidades que tienen de hacerse cargo de la solución.

Se establece la existencia de un solo operador y no es obligatoria la simultaneidad, pero una vez tomada la decisión, la etapa de recolección rural de aguas servidas sólo podrá ser pedida por quien solicite u opere la etapa de distribución rural de agua potable.

Asimismo, el proyecto de ley considera la inversión en redes de recolección, casetas sanitarias y soluciones de disposición, individuales o colectivas combinando, de manera flexible y creativa, las capacidades de las organizaciones comunitarias y del Estado.

Respecto del apoyo del Estado se informó que se considera la entrega de subsidios a la inversión, incluyendo fondos concursables, asistencia y asesoría técnica que corresponderá a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que se podrá entregar en forma directa o a través de terceros, terminando con la exclusividad de las Empresas de Servicios Sanitarios como unidades técnicas.

En cuanto al subsidio a la demanda, se explicó que esta iniciativa legal no considera ninguna modificación a la situación actual, se continuará aplicando el subsidio a la demanda respecto del pago de las tarifas de los usuarios de menores recursos.

En materia de fortalecimiento de las organizaciones se establecen normas explícitas mediante la creación de un catálogo de derechos y obligaciones de los operadores. Los derechos están asociados principalmente al cobro del servicio, con reajustes, intereses y costas de cobranza, costos de reposición cuando opere el corte del servicio que será por mal uso del agua y por provocar desperfectos a los bienes del operador.

De esta forma, se entregan herramientas efectivas a los dirigentes de los Comités y Cooperativas para la mejor prestación del servicio.

En cuanto a las obligaciones de los operadores se señaló que dicen relación con la cantidad, calidad, continuidad y universalidad del servicio como asimismo con el respeto a la normativa vigente especialmente sanitaria y ambiental.

Estas obligaciones son conocidas y cumplidas por los Comités y Cooperativas, no obstante, esta iniciativa legal las establece en forma explícita.

Además, se establecen algunas normas relativas al Estatuto del Dirigente de los Comités, como causales de censura, que dicen relación con el incumplimiento de sus deberes o la contravención de algún derecho de un socio o con la no presentación o rechazo del balance y estado de cuenta anual.

Se establece la incompatibilidad entre los cargos de dirigentes de Cooperativas con los de alcalde, concejal y consejero regional. También se considera la posibilidad de remunerar a los Comités por acuerdo de la asamblea, que podrá fijar remuneraciones u otras asignaciones en dinero y de renovación del directorio por parcialidades para que pueda conjugarse la experiencia de los dirigentes antiguos con los nuevos directores.

El Honorable Senador señor Romero consultó si se ha considerado alguna norma que regule la accesibilidad al Comité de agua potable rural o a la Cooperativa.

Se respondió que esa situación está considerada en la ley de organizaciones comunitarias y en la Ley de Cooperativas.

El señor Senador propuso reiterar esas normas en este texto legal, consignando de forma expresa el principio de universalidad, haciendo presente que ha tomado conocimiento de situaciones de exclusión.

Agregó que se han producido grandes problemas en que los grupos mayores ejercen presión sobre los demás convirtiéndose en una especie de grupo excluyente y se producen grandes contradicciones entre ellos por la falta de transparencia en el manejo de los recursos, para lo que se debe establecer claramente la normativa de transparencia y que se pueda analizar la forma en que se ha desarrollado ese trabajo.

Respecto de las remuneraciones señaló que deberían establecerse en la ley para evitar abusos que signifiquen que se fijen ingresos para estas personas que sean muy superiores a la capacidad financiera de la propia Cooperativa o Comité. Se debe buscar una alternativa para fijar las remuneraciones que podría ser mediante una escala por importancia del Comité o de la Cooperativa.

La mayor parte de los problemas de las Cooperativas y de los Comités radica en este tipo de situaciones.

Esta situación debe regularse de manera expresa estableciendo una supervisión en esta materia por parte de la Contraloría General de la República en que no sea necesario pedirla sino que se remitan en forma periódica los antecedentes respectivos.

Se informó que en relación a la remuneración de los dirigentes será la Asamblea la que la fijará con un quórum especial establecido en la ley.

Respecto del Consejo Consultivo señaló que es una instancia que recoge la experiencia de colaboración entre el Estado y las organizaciones comunitarias y orientará la política y facilitará la coordinación de los programas de asistencia y promoción que desarrollan los entes públicos. Estará integrado por 8 representantes de organismos públicos vinculados con el sector, el MOP, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, CONAMA, Subsecretaría de Desarrollo Regional y 9 representantes de socios de Cooperativas, que se dividen en 3 socios de Comités, 3 socios de federaciones y 3 socios de confederaciones.

Asimismo, se crea la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales como una Subdirección de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y se establece que se trata de un órgano especializado responsable de ejecutar la política de servicios sanitarios rurales. Es el encargado de ejecutar los programas de inversión en servicios sanitarios rurales, efectúa la visación técnica de los proyectos, presta asesoría a operadores directamente o a través de terceros y tiene a su cargo el Registro y Clasificación de Operadores.

Para la inversión en servicios sanitarios rurales se establece un procedimiento de concurso aplicable a sistemas nuevos y existentes, que consiste en que el MOP, con consulta al Gobierno Regional, define los criterios de elegibilidad y características de los proyectos a financiar para el año siguiente. Por su parte, los Operadores pueden presentar las solicitudes de financiamiento total o parcial y a partir de ellos el MOP presentará cada año al Gobierno Regional el listado de proyectos evaluados que cumplan con los criterios de elegibilidad que fueron definidos en conjunto.

A partir de ese listado el GORE selecciona los proyectos beneficiados y se compromete el financiamiento hasta su plena ejecución.

El proyecto contempla normas transitorias para permitir que los Comités y Cooperativas que existan y se encuentren operando se puedan incorporar gradualmente al momento de entrar en vigencia la ley. De esta forma, se establece un plazo de 6 meses para registrarse bastando para ello acreditar la personalidad jurídica vigente y la prestación de servicio. Se otorga un período de protección de exclusividad del área de servicio que están operando por 2 años, para permitir que aquellos que requieran mantener su área de servicio protegida de las ampliaciones del área urbana puedan transformarse en Cooperativas o tramitar su licencia en el caso que lo sean.

Se establece un primer período de tarificación de 5 años, a partir de la entrada en vigencia de la ley, durante el cual seguirán vigentes las tarifas con sus respectivas indexaciones. Asimismo, se considera el apoyo para la regularización de obras, de los derechos de agua, valorización técnica de los activos y obtención de licencias o permisas, es decir, existirá un apoyo directo del Estado a los Comités y Cooperativas para que se puedan incorporar al sistema.

El proyecto contempla para los permisionarios la posibilidad de solicitar un permiso definitivo por 10 años o provisorio por 5 años, contando con un plazo de 2 años para tramitarlo y para los licenciatarios un plazo de 2 años para tramitar la licencia definitiva.

También, se establecen algunas normas que facilitan la transformación de los Comités, que quieran pasar a constituirse en Cooperativas, para lo cual se considera una norma de continuidad legal de sus derechos y obligaciones, rebajas en los aranceles notariales, Conservador y gastos de publicación, apoyo de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales y se señala en forma expresa que los bienes aportados en la transformación constituyen reserva legal durante la vigencia de la Cooperativa.

El Honorable Senador señor Sabag señaló que en la actualidad todas las atribuciones están radicadas en el Ministerio de Salud que revisa incluso la parte técnica de la construcción de las torres y los materiales. En su opinión, las atribuciones de este Ministerio deberían limitarse a fiscalizar la calidad de las aguas y radicar estas facultades en la Dirección de Obras Hidráulicas.

El Honorable Senador señor Romero manifestó que es necesario definir con claridad la órbita de competencia entre estas instituciones para evitar problemas.

En seguida, el señor Senador consultó si existe otra alternativa distinta a las Cooperativas para desarrollar las obras, haciendo presente que no está en contra de las Cooperativas, sin embargo, pueden existir sociedades de agua potable rural con fines comerciales que podrían desarrollar esas obras. En su opinión, en consideración al principio de libertad económica, debe permitirse la creación de otras figuras jurídicas con los beneficios de las Cooperativas.

Debe buscarse una racionalidad en el manejo de la transparencia y claridad en el control de las actividades del agua potable rural. Reiteró que no está en contra de la existencia de las Cooperativas, no obstante, precisó que se trata de organizaciones que presentan algunos inconvenientes en la agilidad de la operación que la puede hacer no tan recomendable.

Los usuarios se deben dar una organización que sea controlable por una Superintendencia determinada, que sea transparente y ágil en sus operaciones.

Exposición del Secretario de la Federación Provincial de Comités de Agua Potable Rural de Chiloé.

El Secretario de la Federación Provincial de Comités de Agua Potable Rural de Chiloé, señor Juan Aedo, señaló que la entidad que representa está de acuerdo en términos generales con la iniciativa legal en estudio, no obstante, manifestó las siguientes observaciones:

Respecto de la definición contenida en el artículo 2º, letra b), relativa al área rural, señaló que la mayoría de los Comités de Agua Potable Rural de la Isla de Chiloé, principalmente en aquellos servicios que se encuentran cerca de los límites urbanos, poseen ambos ítem incorporados en sus sistemas, situación que debe considerarse cuando hay un cambio en el plano regulador de la ciudad.

En relación al artículo 3º, relativo a la dictación del Reglamento elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, señaló que no considera la participación de los operadores de los servicios de agua potable rural que debe ser a través de la Federación Nacional de Agua Potable y de los dirigentes provinciales, y en cuanto a los artículos 77 y 78, relativos al Registro y Clasificación de los Operadores, señaló que debería proponerse una modificación al Código de Aguas con la finalidad de establecer la restricción en la entrega de los derechos de agua, principalmente a los extranjeros y a empresas multinacionales. En Chiloé la mayoría de los derechos de agua pertenecen a empresas privadas y sólo una minoría se encuentra en poder de comunidades de servicio social y en los servicios de agua potable rural.

Presentación del Presidente de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU)

El Presidente de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, señor Oscar Beltrán, durante su intervención formuló las siguientes observaciones al proyecto de ley en estudio:

1.- Artículo 3º, que consigna que para la aplicación de esta iniciativa legal se dictará un Reglamento elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, previa consulta a los organismos públicos integrantes del Consejo Consultivo regulado por el artículo 76 de este proyecto de ley, señaló que en las Mesas de Trabajo, constituidas para el estudio de esta ley, el Ministerio de Obras Públicas se comprometió a que la FENAPRU tuviera participación en la elaboración de dicho reglamento.

2.- Artículo 12, que contiene la definición relativa a los denominados Bienes Indispensables, señaló que la entidad que representa comparte dicha definición aún cuando estima que aquellos bienes que son propiedad del sistema de Agua Potable Rural, tales como servidumbres y derechos de agua, tienen un carácter especial puesto que constituyen activos de capital.

3.- Artículo 13, relativo a la facultad del Ministerio de Obras Públicas para llamar a licitación pública para el otorgamiento de nuevas licencias o permisos y la imposibilidad de denegarlos discrecionalmente, precisó que ese llamado debe ser informado, en primer término, al APR operador del sistema relativo a la licitación de nuevas licencias o permisos.

4.- Artículo 14, que se refiere a la facultad de los operadores para transferir a otros Comités o Cooperativas, sus permisos o licencias, debiendo informar de la transferencia al Registro, manifestó que esa decisión debe ser autorizada con un quórum de 3/5 de la Asamblea General citada para tal efecto.

5.- Artículo 15, que se refiere al otorgamiento de la licencia de servicio sanitario rural, propuso que se considere, además de la publicación del llamado a licitación, la notificación del sistema de APR que opera la localidad, por carta certificada, puesto que en la mayoría de las localidades que se encuentran geográficamente aisladas los medios escritos no llegan a los interesados.

6.- Artículo 19, que regula la licitación de la licencia y de sus bienes indispensables, un año antes del término del plazo de vigencia, expresó su rechazo a la idea de que los licenciatarios tengan un tratamiento distinto a los permisionarios en el momento del término del plazo de vigencia de la operación. En su opinión la renovación de la licencia debe ser automática al igual que los permisos.

7.- Artículo 26, esta norma contiene los criterios de recomendación para la adjudicación. A juicio de FENAPRU ante el vencimiento de la licencia sólo corresponde el proceso de renovación de la misma en lugar de proceder a una licitación.

8.- Artículo 30, que establece el otorgamiento de una garantía que resguarde la adecuada prestación del servicio al momento de otorgarse la licencia. FENAPRU considera que la exitosa trayectoria de más de 40 años del sistema de agua potable rural constituye la mejor garantía de que se continuará prestando un servicio que garantice los principios de calidad, cantidad y continuidad.

9.- Artículo 31, que regula la caducidad de las licencias antes de entrar en operación, si no se ejecutaren las obras correspondientes al Plan de Inversión necesarias para poner en explotación el servicio. Asimismo, dicha norma establece un plazo de treinta días para que el operador demuestre técnica y económicamente que puede mantener el servicio. En este caso, FENAPRU estima que dicho plazo debería ampliarse a 90 días para permitir la presentación de una adecuada proposición.

10.- Artículo 63, dispone que las tarifas de autofinanciamiento deberán permitir recuperar los costos indispensables de operación, mantenimiento, inversión y reposición. De acuerdo a lo informado por el Presidente de FENAPRU esta norma debe modificarse puesto que de otro modo se terminaría el programa de agua potable rural.

11.- Artículo 76 indica la composición del Consejo Consultivo. A juicio de FENAPRU se debe eliminar la participación de los tres representantes de los socios de los Comités puesto que éstos, en muchas oportunidades, no tienen la capacidad ni los conocimientos para participar en este tipo de instancias, sólo debe considerarse la participación de representantes de carácter nacional, regional o provincial.

Finalmente, señaló que el artículo 95 que regula las multas que podrán aplicar a los operadores tanto la Superintendencia como otros organismos públicos debe incluir la amonestación en forma previa en lugar de establecer en forma automática la aplicación de la multa.

Presentación del Jefe de la División Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones

El Jefe de la División Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, señor Raúl Arrieta, informó que la Ley General de Telecomunicaciones considera el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones cuya misión es extender la cobertura de los servicios de telecomunicaciones hacia el mundo rural y urbano de bajos ingresos.

Para el año 2008 contó con recursos por M$ 35.000.000 (treinta y cinco mil millones de pesos) monto que es cofinanciado entre los Gobiernos Regionales y el nivel central, por medio de convenios de programación, habiéndose trabajado en la construcción de proyectos que buscarán dar oferta de servicios de telecomunicaciones de internet a 1.487 localidades del mundo rural ubicadas en las 15 regiones del país, beneficiando a más de 3.000.000 de personas, más de 850.000 hogares, con una oferta de servicio de Internet de 1 mega a una tarifa de $ 15.000, IVA incluido, lo que empieza a marcar algunas diferencias con lo que ocurre actualmente en el mercado, en el sentido de que uno de los grandes problemas del mercado es el empaquetamiento de servicios en que resulta que una persona sólo pueda contratar Internet, a menos que lo haga con las bandas anchas móviles con un costo de $ 25.000 a $ 35.000, mesuales.

Sin embargo, mediante el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones se ha subsidiado la construcción de redes de telecomunicaciones. Este Fondo es un subsidio a la oferta, mediante el cual se aportan recursos privados para desarrollar y construir infraestructura.

El costo de esta iniciativa es de M$ 75.000.000 (setenta y cinco mil millones de pesos) y el Estado aporta un subsidio de M$ 35.000.000 (treinta y cinco mil millones de pesos). De acuerdo a las informaciones proporcionadas por la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, se constató que la evaluación privada del proyecto otorga una rentabilidad negativa de menos M$ 44.000.000 (cuarenta y cuatro mil millones de pesos), es decir, a pesar del subsidio público la inversión no se justifica en forma privada, sin embargo, socialmente se justifica con creces, situación que es muy importante tener presente puesto que no se trata de un proyecto de operación de servicios de telecomunicaciones, sino que es un proyecto para llevar redes a los lugares en que no existe. Es para construir fibra óptica y para llevar conectividad a lugares alejados como Alhué en la Región Metropolitana, Trapa Trapa en la VIII Región, que es un lugar ubicado a más de 200 kilómetros del lugar por donde pasan las redes.

En consecuencia, esta iniciativa está estructurada para que el adjudicatario pueda comprar grandes volúmenes de capacidad a una empresa para después adoptar la decisión de revender, distribuir y en ese sentido es plenamente compatible con la actividad de los sistemas de agua potable rural.

La Ley General de Telecomunicaciones no tiene restricciones legales para que los APR se conviertan en concesionarios de telecomunicaciones, sin embargo, existen restricciones de carácter financiero, en el sentido de si los APR tienen la capacidad económica para aportar el monto de los recursos necesarios para optar al subsidio.

Si un Comité de Agua Potable Rural o una Cooperativa de Agua Potable Rural se adjudican un concurso del Fondo de las Telecomunicaciones se convierten por el solo ministerio de la ley en concesionarios del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y en consecuencia quedan sujetos a la Ley General de Telecomunicaciones, al régimen de sanciones, de obligaciones, de prestaciones, de calidad de servicio, establecido en la ley.

Como consecuencia de lo anterior, la Subsecretaría de Telecomunicaciones ha planteado a la FENAPRU que es positivo que se sumen a esta iniciativa, sea para convertirse en operadores de telecomunicaciones, o para desarrollar las actividades o simplemente para arrendar las torres para que la empresa que se adjudique el concurso instale las antenas y se le cobre una renta mensual, hasta modelos de Internet que pueden ser muy variados, como puede ser la instalación de antenas en las torres de Agua Potable y como contraprestación se instale un telecentro con un determinado número de computadores con una conexión y se preste un servicio gratuito para todos los asociados de la Cooperativa o del Comité respectivo.

El foco de este concurso por mandato legal es para los operadores de servicios de telecomunicaciones, existentes o para aquellos que adopten la decisión de convertirse en un operador de servicio de telecomunicación. Asimismo, se debe tener presente que los costos de instalación de un proyecto son más bajos que los costos de operación.

Finalmente, señaló que resulta interesante aprovechar la capacidad en el mundo rural de los APR hacia un cooperativismo tecnológico, pudiendo elaborar un plan piloto que agrupe a diversas Cooperativas y Comités, sin embargo, debe analizarse cuántos APR estarán en condiciones de soportar una boleta de garantía para el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones por un monto equivalente al 50% del subsidio o cuántos estarán en condiciones de responder ante una multa por un monto equivalente a 3 veces el subsidio estatal asignado en caso de incumplimiento.

El Honorable Senador señor Longueira solicitó a la Subsecretaría una simulación de postulación al Fondo de un APR de 500 arranques, para conocer la magnitud del proyecto y determinar si la Ley General de Telecomunicaciones puede ayudar a los APR a convertirse en operadores de telecomunicaciones, puesto que de la información entregada se concluye que la posibilidad es inviable.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Letelier, solicitó información en relación a la posibilidad de los APR para participar en la licitación del funcionamiento de este Fondo, haciendo presente que sin un subsidio del Estado es imposible la participación en este Fondo. Asimismo, consultó si existe servicio de Internet en las localidades en las cuales se pretende aplicar este Fondo.

El Honorable Senador señor Ruiz Esquide fue partidario de que los Comités y las Cooperativas de Agua Potable Rural se aboquen principalmente a la prestación del servicio sanitario, actividad que han realizado exitosamente durante 40 años. Asimismo, manifestó su opinión contraria a la participación de los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural en actividades propias de los concesionarios de telecomunicaciones, haciendo presente que se pueden presentar grandes dificultades para éstos por la capacidad financiera que se requiere para participar de un subsidio en esa materia y el eventual riesgo que podría implicar formar eventuales asociaciones o sociedades con empresas mayores especialistas en estos temas.

Votación en general.

Luego de escuchar las distintas exposiciones sobre este proyecto de ley y de efectuarse distintos planteamientos y observaciones, los Honorables señores Senadores votaron en general la idea de legislar sobre esta materia.

- Sometida a votación la idea de legislar, vuestra Comisión procedió a aprobarlo en general, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier y Longueira

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En consecuencia, vuestra Comisión de Obras Públicas, os recomienda que aprobéis, en general, el proyecto de ley en informe, cuyo tenor es el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“TITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1º.- Ámbito de vigencia material. La presente ley regula la prestación del servicio sanitario en el ámbito rural.

El servicio sanitario rural podrá ser operado por un Comité o una Cooperativa, al que se ha otorgado un permiso o licencia por el Ministerio de Obras Públicas. Excepcionalmente, conforme se establezca en el Reglamento, el servicio podrá ser operado por otra persona natural o jurídica autorizada por el Ministerio de Obras Públicas, previo informe favorable de la Autoridad Sanitaria regional.

Artículo 2º.- Definiciones. Para efectos de la aplicación de esta Ley, se entiende por:

a) «Área de servicio»: Aquélla cuyos límites geográficos constituyen la superficie territorial en que un operador presta servicios sanitarios rurales, como permisionario o licenciatario.

b) «Ámbito rural»: Toda área geográfica fuera del límite urbano.

c) «Comité de Servicio Sanitario Rural»: Organización comunitaria funcional, constituida y organizada conforme a lo dispuesto en la ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, a la que se le otorgue permiso para operar un servicio sanitario rural.

d) «Concesionarias de servicios sanitarios»: Aquéllas personas jurídicas titulares de concesiones otorgadas conforme al Decreto con Fuerza de Ley Nº 382 del Ministerio de Obras Públicas del año 1988.

e) «Cooperativa de Servicio Sanitario Rural»: Persona jurídica constituida y regida por la Ley General de Cooperativas, a la que se le otorgue licencia o permiso para operar un servicio sanitario rural.

f) «Departamento de Cooperativas»: El perteneciente al Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.

g) «Licencia de servicio sanitario rural»: La que se otorga por el Ministerio a las Cooperativas de Servicio Sanitario Rural, por un plazo máximo de 30 años, para la prestación y operación de un servicio sanitario rural en un área de servicio determinada.

h) «Licenciataria»: Cooperativa a la que se ha otorgado licencia para operar servicios sanitarios rurales.

i) «Ministerio»: El Ministerio de Obras Públicas.

j) «Operador»: La Cooperativa o Comité al que se ha otorgado, por el Ministerio, licencia o permiso para operar un servicio sanitario rural.

k) «Permisionario»: Es el titular del permiso otorgado en conformidad a esta ley.

l) «Permiso de servicio sanitario rural»: El que se otorga por el Ministerio a un Comité o Cooperativa, por un plazo máximo de 10 años, para la operación y prestación de un servicio sanitario rural, en un área de servicio determinada.

m) «Registro»: El Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales regulado en el artículo 77 de esta ley.

n) «Reglamento»: El que se dicte para la ejecución de las normas contenidas en esta ley, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3.

o) «Saneamiento»: Recolectar, tratar y disponer las aguas servidas.

p) «Soluciones Individuales de Saneamiento»: Son aquellas que, no estando conectadas con una red de alcantarillado primario, permiten la recolección, tratamiento y vertimiento o reutilización de sus aguas residuales.

q) «Subdirección»: La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas, que se crea por esta ley.

r) «Superintendencia»: La Superintendencia de Servicios Sanitarios.

s) «Usuario»: la persona que recibe algún servicio sanitario rural, pudiendo o no tener la calidad de socio del Operador.

Artículo 3º.- Reglamento. Para la aplicación de esta Ley, se dictará un Reglamento elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, previa consulta a los organismos públicos integrantes del Consejo Consultivo regulado en el artículo 76 de esta ley.

TITULO II

DEL SERVICIO SANITARIO RURAL

Artículo 4º.- Tipos de servicios sanitarios rurales. El servicio sanitario rural podrá ser primario o secundario.

Artículo 5º.- Servicio sanitario rural primario. Corresponde a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento a las comunidades rurales para uso doméstico, y requiere el abastecimiento de agua de calidad, en cantidad y con continuidad; y en forma universal para todos aquellos usuarios que se ubiquen dentro del área de servicio.

Artículo 6º.- Servicio sanitario rural secundario. Corresponde a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento que exceden del uso doméstico, y cuya prestación sólo procede cuando el operador garantiza la cobertura del servicio sanitario rural primario.

El usuario del servicio sanitario rural secundario podrá comprar agua potable o solicitar su disposición a un operador de producción rural de agua potable o de disposición rural de aguas servidas, o a un concesionario de servicios sanitarios. En este caso, el operador o concesionario que preste este servicio deberá compensar al operador de la red de distribución o recolección, según sea el caso, mediante el pago de una tarifa de peaje calculada por la Superintendencia, conforme a lo dispuesto en el Reglamento. En caso de existir diferencias entre las partes, será la Superintendencia quien resolverá a través de una resolución fundada.

Artículo 7º.- Etapas de los servicios. Los servicios sanitarios rurales comprenden las siguientes etapas:

(a) producción rural de agua potable;

(b) distribución rural de agua potable;

(c) recolección rural de aguas servidas; y,

(d) tratamiento y disposición final rural de aguas servidas.

La etapa de producción rural de agua potable consiste en la captación y tratamiento de agua cruda, para su posterior distribución en las condiciones que establece la normativa legal y reglamentaria vigente.

La etapa de distribución rural de agua potable consiste en el almacenamiento en su caso, y la conducción del agua producida hasta su entrega en el inmueble del usuario.

La etapa de recolección rural de aguas servidas consiste en la conducción de dichas aguas desde el inmueble hasta la entrega para su tratamiento y disposición final. Alternativamente esta etapa podrá consistir en soluciones individuales de saneamiento para su posterior disposición.

La etapa de tratamiento y disposición rural de aguas servidas consiste en la evacuación de éstas en cuerpos receptores, en las condiciones que establece la normativa legal y reglamentaria vigente, o en sistemas de tratamiento.

Las etapas de los servicios sanitarios rurales, podrán solicitarse en licencia o permiso, conjuntamente o por separado. Sin embargo, la etapa de recolección rural de aguas servidas sólo podrá ser pedida por quien solicite u opere la etapa de distribución rural de agua potable.

TITULO III

LICENCIAS Y PERMISOS

Capítulo 1

Normas comunes

Artículo 8º.- Área de servicio. El operador prestará el servicio dentro del territorio delimitado en el respectivo permiso o licencia.

Artículo 9º.- Derecho a usar bienes nacionales de uso público e imponer servidumbres. Las licencias y permisos otorgan el derecho a usar a título gratuito bienes nacionales de uso público para construir o instalar infraestructura de servicios sanitarios rurales, siempre que no se altere, en forma permanente, la naturaleza y finalidad de éstos. El uso deberá sujetarse a las condiciones dispuestas por las respectivas municipalidades u otros órganos públicos encargados de su administración, cuando estas instalaciones pudieran afectar el normal uso del bien nacional de uso público. En todo caso, el uso temporal de cualquier bien nacional de uso público requerido para ejercer este derecho estará exento de cualquier tipo de cobro.

Asimismo, las licencias y permisos otorgan el derecho a imponer la constitución de servidumbres, en conformidad con lo establecido en el Código de Aguas.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable a los trabajos de exploración para la captación de aguas subterráneas y se considerarán también obras de infraestructura sanitaria rural, cuando ellos sean claramente identificables con una obra de aprovechamiento para el servicio sanitario rural.

En caso que la conexión de una instalación domiciliaria de alcantarillado a una red de recolección para permitir el desagüe gravitacional, obligue a atravesar el predio de otro propietario, se constituirá una servidumbre legal de alcantarillado domiciliario.

El largo y ancho de la faja de terreno sujeta a servidumbre, corresponderá a la factibilidad técnica del proyecto de conexión otorgada por la licenciataria o el permisionario, obligándose el interesado a indemnizar los perjuicios.

Artículo 10.- Licencias o permisos vinculados. Para otorgar una licencia o permiso que requiera de otra para la prestación integral del servicio sanitario rural, la Superintendencia deberá exigir la existencia de la licencia o permiso que condiciona a la solicitada o su tramitación simultánea.

Artículo 11.- Obligación de cobro conjunto. El Operador de distribución rural de agua potable estará obligado a cobrar y a recaudar de los usuarios, el valor de las prestaciones correspondientes a los servicios de producción rural de agua potable, de recolección rural de aguas servidas y de tratamiento y disposición rural de aguas servidas.

El incumplimiento de las obligaciones que se deriven de lo señalado en el inciso anterior no podrá afectar la prestación de los servicios a los usuarios.

Artículo 12.- Bienes indispensables. Se entienden destinados a finalidades de utilidad y salubridad pública, los bienes indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales.

Los bienes se considerarán indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales, desde el otorgamiento de la licencia o permiso, desde su adquisición o regularización, o desde su puesta en operación, según corresponda.

Serán bienes indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales, entre otros, los siguientes:

a) arranques de agua potable

b) uniones domiciliarias de alcantarillado

c) redes de distribución

d) redes de recolección

e) derechos de agua

f) captaciones

g) sondajes

h) estanques de regulación

i) servidumbres de paso

En caso que los bienes indispensables aportados por el Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de esta ley, pierdan tal calidad, el Operador deberá contar con la autorización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para enajenarlos. No se requerirá dicha autorización cuando la enajenación sea resultado de un reemplazo o mejora.

Los bienes indispensables tendrán el carácter de inembargables, siéndole aplicable lo establecido en el número 17 del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 13.- Licitación de nuevas licencias o permisos. El Ministerio de Obras Públicas podrá llamar a licitación pública para el otorgamiento de nuevas licencias o permisos, y no podrá denegarlos discrecionalmente.

Artículo 14.- Transferencia. Los operadores podrán transferir a otros Comités o Cooperativas, sus permisos o licencias, debiendo informar de la transferencia al Registro.

En cualquier caso de transferencia de una licencia o permiso, el adquirente deberá cumplir con todas las condiciones que esta ley y su Reglamento fijen.

Si la licenciataria está operando en área urbana, podrá transferir total o parcialmente la licencia a una concesionaria de servicio sanitario, la que en todo caso deberá operar el área de servicio de conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988 y sus normas complementarias, entendiéndose ampliada su concesión sanitaria de pleno derecho, una vez que la transferencia haya sido autorizada por el Ministerio mediante Decreto Supremo, previo informe favorable de la Superintendencia.

Capítulo 2

De la licencia de servicio sanitario rural

Artículo 15.- Objeto. La licencia tiene por objeto autorizar a una Cooperativa para el establecimiento, construcción y explotación de un servicio sanitario rural.

Otorgada la licencia, el Estado no podrá otorgar en parte alguna del área de servicio de la licenciataria, permisos de distribución rural de agua potable y de recolección rural de aguas servidas, ni concesiones de servicios sanitarios regulados por el decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988, salvo en caso que, publicado el llamado a licitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley, en al menos dos oportunidades, no se presente ningún interesado en la licencia dentro del plazo establecido en el artículo 24.

Artículo 16.- Licenciatarias. Las licencias para establecer, construir y explotar servicios sanitarios rurales, solo serán otorgadas a Cooperativas, las que se regirán por las normas de la Ley General de Cooperativas, sin perjuicio de las normas que establece esta ley y las demás propias de su giro.

Artículo 17.- Plazo. El plazo máximo de vigencia de la licencia será de 30 años. Durante este lapso, el Estado no podrá otorgar nuevas licencias de distribución rural de agua potable y de recolección rural de aguas servidas, en la misma área de servicio.

Artículo 18.- Ampliaciones. La licenciataria podrá solicitar ampliaciones de su área de servicio conforme al procedimiento establecido en los artículos 20 y siguientes de esta ley.

En caso que el área de ampliación solicitada esté total o parcialmente ubicada dentro del límite urbano de un área en la cual no se haya otorgado ni solicitado una concesión sanitaria conforme al decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas del año 1988, circunstancia que deberá ser previamente certificada por la Superintendencia, se aplicará el procedimiento establecido en los artículos 20 y siguientes de esta ley.

Artículo 19.- Licitación de la Licencia. La Superintendencia deberá llamar a licitación de la licencia y de sus bienes indispensables, un año antes del término del plazo de vigencia.

El llamado a licitación de la licencia pronta a extinguirse, se publicará por la Superintendencia por una vez en el Diario Oficial y, por medio de avisos repetidos por lo menos dos veces, en un diario de circulación en la región donde ésta se encuentre.

Las bases de licitación deberán señalar el nivel de subsidio a la inversión que se considerará para los efectos de evaluar las solicitudes de licencia que se presenten.

Las bases de licitación deberán contener una valorización actualizada de las inversiones necesarias para la prestación del servicio efectivamente realizadas por el anterior operador, sólo en la parte que hubieren sido financiadas con su patrimonio propio. En el evento que la licencia no le sea renovada, la nueva Licenciataria deberá pagar al anterior Operador dicho valor en la forma que lo hayan determinado las bases.

La avaluación actualizada de las inversiones que señala el inciso anterior, se efectuará de común acuerdo entre la Licenciataria y la Superintendencia y, en caso de desacuerdo, se hará por un perito tasador, que será nombrado conforme lo establezca el Reglamento.

Tanto la licencia como los bienes indispensables, se entenderán transferidos de pleno derecho desde la fecha del decreto de adjudicación.

En caso que la licitación no se resuelva antes del término del plazo de vigencia de la licencia, se entenderá esta prorrogada automáticamente hasta la fecha del decreto de adjudicación a la nueva licenciataria.

Artículo 20.- Solicitud. La solicitud de licencia se presentará ante la Superintendencia, acompañando una garantía de seriedad de la presentación. La solicitud, cuyas características se determinarán en un reglamento, contendrá, a lo menos, lo siguiente:

1) La identificación de la Cooperativa peticionaria.

2) Un Certificado de vigencia de la Cooperativa, emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente.

3) La identificación de la etapa del servicio sanitario rural que se solicita, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7 de esta ley.

4) La identificación de las fuentes de agua y sus respectivos derechos, en el caso de la licencia de producción rural de agua potable.

La Licenciataria deberá tener la propiedad o el uso de estos derechos, circunstancia que deberá acreditarse en la forma y plazos que defina el Reglamento.

5) La identificación de las demás Licenciatarias, Concesionarias de servicios sanitarios o Permisionarios con las cuales se relacionará.

6) Los límites del área geográfica en que se prestarán los servicios sanitarios rurales.

7) Las características de las aguas servidas a tratar, del efluente y del cuerpo receptor, en el caso de la licencia de tratamiento y disposición rural de aguas servidas.

8) Un Inventario valorizado de bienes, derechos y obligaciones, y un estado de situación con una antigüedad no superior a 30 días a la fecha de su presentación, que deberá contener el análisis correspondiente a cada una de sus cuentas.

Artículo 21.- Carácter del área de servicio. Presentada la solicitud de licencia, la Superintendencia la pondrá en conocimiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de las respectivas municipalidades, quienes deberán, en el plazo de cuarenta y cinco días, emitir un informe indicando si el área de servicio solicitada está fuera del límite urbano.

En caso que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o los Municipios consideren conveniente la ampliación del área de servicio, con el objeto de satisfacer demandas habitacionales no cubiertas, podrán señalarlo en su informe, a fin que la Superintendencia lo evalúe para efectos de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 22.- Ampliaciones obligatorias. Presentada la solicitud de licencia, la Superintendencia podrá ampliar los límites del área de servicio, sólo con el objeto de incorporar áreas que desde el punto de vista técnico y económico, hagan conveniente la constitución de un sistema unitario, con incidencia en un menor costo para la provisión del servicio. En este caso, la solicitante podrá desistirse de su solicitud.

Artículo 23.- Publicación. El solicitante deberá publicar, a su cargo, un extracto de la solicitud de licencia por una vez en un diario de circulación en la región en que se encuentre el área de servicio solicitada, y deberá ser difundido a través de un medio de comunicación radial, u otro medio idóneo, por dos veces a lo menos. El extracto contendrá las menciones que se establezcan en el Reglamento.

Artículo 24.- Plazo para otras interesadas. Si hubiera otras Cooperativas interesadas en la licencia, deberán presentar a la Superintendencia, dentro del plazo de cuarenta y cinco días contados desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el artículo anterior, una solicitud de licencia en los términos establecidos en el artículo 20, la que deberá ser acompañada de una garantía de seriedad, cuyas características se determinarán en el Reglamento.

Artículo 25.- Plan de inversión. Todos los que hubieren presentado solicitud de licencia entregarán a la Superintendencia, dentro del plazo de 90 días contado desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el artículo 23, lo siguiente:

1.- Un Plan de Inversiones que deberá contener, a lo menos:

a) descripción técnica general y un cronograma de las obras proyectadas para un horizonte de cinco años;

b) estimaciones de beneficios, costos, valor actualizado neto; y

c) tarifas propuestas.

2.- Los demás antecedentes requeridos de conformidad al Reglamento.

Artículo 26.- Criterios de recomendación para la adjudicación. La Superintendencia recomendará la adjudicación de la licencia a la solicitante que, cumpliendo las condiciones técnicas exigidas, ofrezca las condiciones económicas y sociales más ventajosas para la provisión del servicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento. Cuando el interés general lo haga necesario se considerará el plazo de puesta en explotación de los servicios, como criterio adicional de adjudicación.

En caso de igualdad en las condiciones ofrecidas por los interesados, se adjudicará la licencia al que tenga en ese momento la calidad de titular de la misma.

Con todo, la tarifa ofrecida por el solicitante al que se proponga adjudicar, no podrá ser superior a la determinada por la Superintendecia de conformidad al Título V de esta Ley.

Artículo 27.- Informe. La Superintendencia, dentro de un plazo de 90 días contados desde el vencimiento del plazo de entrega de antecedentes a que se refiere el artículo 25, informará al Ministerio sobre las solicitudes presentadas.

El informe se pronunciará sobre el Plan de Inversiones y los demás antecedentes presentados por el solicitante, y propondrá la dictación del decreto de otorgamiento de la licencia, si se estima procedente.

El plazo a que se refiere este artículo se interrumpirá cuando el interesado esté en mora de cumplir con los antecedentes exigidos en el artículo 25 de esta ley, que le hubieren sido solicitados por carta certificada de la Superintendencia.

En todo caso, el plazo para evacuar el informe de la Superintendencia al Ministerio no podrá exceder de ciento ochenta días contados desde el vencimiento del plazo de entrega de antecedentes a que se refiere el artículo 24.

Artículo 28.- Adjudicación. El Ministerio, considerando el informe de la Superintendencia, resolverá fundadamente acerca de la solicitud de licencia, en un plazo máximo de treinta días de recibido dicho informe, dictando el respectivo decreto expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República".

Artículo 29.- Decreto de otorgamiento. El decreto de otorgamiento de la licencia considerará, entre otros, los siguientes aspectos:

1. La identificación de la Licenciataria.

2. Las etapas del servicio sanitario rural que se prestarán, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7 de esta ley.

3. Las condiciones de prestación de los servicios, aprobadas por la Superintendencia.

4. La normativa general aplicable a la licencia que se otorga.

5. El Plan de Inversiones de la licenciataria respecto del cual se ha pronunciado la Superintendencia.

6. La tarifa a cobrar a los usuarios

7. La garantía involucrada.

8. El plazo de vigencia de la licencia.

Artículo 30.- Garantía. Al otorgarse la licencia, la Superintendencia exigirá a la licenciataria, en los términos que se establezcan en el Reglamento, una garantía que resguarde la adecuada prestación del servicio, cuyo monto se calculará considerando el número de usuarios y sus condiciones socioeconómicas.

Los instrumentos en virtud de los cuales se otorguen las garantías serán elegidos por la Licenciataria de entre aquellos que la Superintendencia defina para tal efecto. Las cláusulas del contrato respectivo deberán ser aprobadas por la Superintendencia.

Capítulo 3

Caducidad, continuidad de la prestación del servicio y quiebra de la licencia

Artículo 31.- Caducidad. Las licencias caducarán, antes de entrar en operación, si no se ejecutaren las obras correspondientes al Plan de Inversión necesarias para poner en explotación el servicio, indicadas en el decreto de otorgamiento de la licencia.

La caducidad será declarada mediante un decreto dictado por el Ministro de Obras Pública bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Caducada una licencia, la Superintendencia podrá, mediante resolución fundada de carácter técnico, declarar que la falta de ella afecta la prestación integral del servicio en otra, que indicará. En dicho caso, el operador tendrá el plazo de treinta días para demostrar técnica y económicamente que puede mantener el servicio. De no poder hacerlo, la Superintendencia licitará la licencia de conformidad con las reglas del Capítulo anterior.

Artículo 32.- Retiro de instalaciones. En los casos de caducidad previstos en el artículo anterior, la Cooperativa podrá disponer de las instalaciones ejecutadas, salvo los bienes indispensables. Cuando estas instalaciones ocupen bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o de particulares, el retiro deberá hacerse dentro del plazo y en las condiciones que fije la Superintendencia.

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará, cuando corresponda, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones, exigencias y requisitos establecidos para ese evento, en la respectiva resolución de calificación ambiental.

Artículo 33.- Declaratoria de riesgo en la prestación del servicio. Habiendo entrado en operación, el Ministro de Obras Públicas, en base a un informe técnico elaborado por la Superintendencia, y por la Autoridad Sanitaria cuando se incumplan o infrinjan disposiciones normativas de su competencia, podrá declarar en riesgo la prestación del servicio de una licenciataria, en los siguientes casos:

a) si las condiciones del servicio suministrado no corresponden a las exigencias establecidas en la ley o en sus reglamentos, o a las condiciones estipuladas en el decreto de otorgamiento de la licencia respectiva; y,

b) si la licenciataria no cumple el Plan de Inversiones.

Para la calificación de dichas causales, la Superintendencia y la Autoridad Sanitaria en su caso, deberán considerar la gravedad de sus consecuencias y la reiteración de su ocurrencia.

Artículo 34.- Administrador temporal. Declarada por el Ministro de Obras Públicas la configuración de alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, cesarán en sus funciones el gerente y el consejo de administración de la Cooperativa, y el Ministerio designará un administrador temporal, por un plazo no superior a seis meses, prorrogables por una sola vez por igual período, cuyas funciones y requisitos serán las establecidas en esta Ley y su Reglamento.

El administrador temporal ejercerá las funciones del Consejo de Administración, y será considerado como consejero para todos los efectos de la Ley General de Cooperativas, sin perjuicio que en materias técnicas vinculadas al servicio sanitario rural, estará supeditado al Ministerio de Obras Públicas.

La declaración de riesgo en la prestación del servicio y la designación de un administrador temporal, no obsta a la aplicación de las sanciones que procedan de conformidad a la normativa legal y reglamentaria vigente.

Artículo 35.- Cobro de garantía. En los casos regulados en los artículos 31 y 33, la Superintendencia procederá a hacer efectiva la garantía señalada en el artículo 30. La garantía podrá ser puesta a disposición del Administrador temporal que se designe conforme al artículo anterior, para el desempeño de sus funciones.

Artículo 36.- Facultades del administrador temporal. El administrador temporal del servicio tendrá todas las facultades del giro de la Cooperativa, que la ley y su estatuto otorgan al Consejo de administración y gerente. Su función principal será promover la designación, de un nuevo gerente y consejo de administración, dentro del plazo establecido en el artículo 34.

El administrador temporal responderá hasta de culpa leve en el ejercicio de sus funciones.

En caso que, después de cumplida la prórroga del inciso primero del artículo 34 de esta Ley, no haya sido posible la designación de un nuevo gerente y consejo de administración, el Ministerio llamará a licitación de la licencia, conforme a las reglas del Capítulo anterior.

Artículo 37.- Causal de inhabilidad. El gerente y los miembros del consejo de administración que cesen en sus cargos conforme al artículo 34, quedarán inhabilitados para ejercerlos, en cualquier Cooperativa, por un plazo de cinco años, contados desde la fecha del decreto respectivo.

Artículo 38.- Quiebra de la Licenciataria. Pronunciada la declaración de quiebra, la fallida quedará inhibida, de pleno derecho, de la administración de la licencia y de sus bienes indispensables.

En el caso de quiebra de una Licenciataria cuya licencia esté en explotación, el síndico velará por la adecuada provisión del servicio hasta su licitación. Para tales efectos se aplicará respecto del síndico lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 34.

Los gastos en que se incurra con ocasión de la Quiebra quedarán incluidos dentro de los créditos señalados en el Nº 1 del artículo 2472 del Código Civil.

Artículo 39.- Licitación por quiebra. El Ministerio dispondrá la licitación de la licencia y los bienes indispensables, dentro del plazo de un año contado desde que quede a firme la sentencia que declare la quiebra. El llamado a licitación se publicará en la forma establecida en el artículo 23, y los interesados deberán presentar sus ofertas en los plazos y con los antecedentes indicados en los artículos 24 y 25 de esta ley. Se aplicará además para la licitación lo dispuesto en los artículos 27, 28, 29 y 30 de esta ley.

La adjudicación de la licencia recaerá, cumpliendo las condiciones técnicas y la tarifa vigente, en la interesada que ofrezca el mayor valor por la licencia y por los bienes indispensables.

Capítulo 4

Del permiso de servicio sanitario rural

Artículo 40.- Objeto. El permiso de servicio sanitario rural se otorga por el Ministerio a un Comité o Cooperativa, para establecer, construir y explotar Servicios Sanitarios Rurales, en un área de servicio determinada.

Artículo 41.- Solicitud del permiso. Para solicitar un permiso, el interesado deberá presentar al Ministerio, a lo menos, lo siguiente:

1) La identificación del Comité o la Cooperativa peticionaria, y una breve descripción de las características más relevantes del servicio que se solicita prestar.

2) En caso que el solicitante sea Cooperativa, un certificado de vigencia emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente.

3) La identificación de las etapas del servicio sanitario rural que se solicitan, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7 de esta ley.

4) La identificación de las fuentes de agua que utilizará en calidad de propietario o a cualquier otro título.

5) El título en virtud del cual el solicitante utilizará las fuentes de agua identificadas conforme al numeral anterior, lo que deberá acreditarse en la forma que defina el Reglamento.

6) Los límites del área geográfica en que se prestarán los servicios sanitarios rurales.

7) Un Inventario valorizado de bienes, derechos y obligaciones. Si el peticionario fuere una Cooperativa, deberá acompañar además un estado de situación.

Artículo 42.- Plazo del permiso. El plazo máximo por el que se otorgará el permiso será de 10 años.

Artículo 43.- Decreto de otorgamiento. El Ministerio resolverá fundadamente acerca de la solicitud de permiso, en un plazo máximo de 30 días, dictando el respectivo decreto expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República".

El decreto de otorgamiento del permiso considerará, entre otros, los siguientes aspectos:

1. La identificación del permisionario.

2. Las etapas del servicio sanitario rural que se prestarán, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7 de esta ley.

3. Las condiciones de prestación de los servicios.

4. La normativa general aplicable al permiso que se otorga.

5. La tarifa a cobrar a los usuarios.

6. El Plazo de vigencia del permiso.

Artículo 44.- Renovación y solicitud de licitación. El permisionario goza de derecho preferente para que se le renueve su permiso, para lo cual deberá solicitar su renovación con a lo menos seis meses de anticipación antes de la fecha de extinción. En su defecto, el Ministerio deberá llamar a licitación conforme al artículo 45 de esta ley.

En caso que el permisionario esté clasificado en el segmento alto conforme a lo dispuesto en el artículo 78, deberá presentar junto a su solicitud de renovación un Plan de Inversiones, respecto del que la Superintendencia deberá pronunciarse en un plazo de cuarenta y cinco días.

Cualquier interesado distinto del Permisionario podrá solicitar al Ministerio, dentro de los seis meses antes del término del plazo de vigencia del permiso, que llame a su licitación. Para estos efectos, deberá acompañar a su solicitud un proyecto técnica y económicamente viable para la prestación del servicio.

Artículo 45.- Licitación del permiso. El llamado a licitación del permiso pronto a extinguirse y sus bienes indispensables, se publicará por el Ministerio en la forma establecida en el artículo 23 de esta ley.

Si hubiera otros interesados en el permiso, éstos deberán presentar al Ministerio, dentro del plazo de 30 días, contados desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el inciso primero, una solicitud de permiso en los términos establecidos en el artículo 41 de esta ley.

Vencido el término anterior, el Ministerio adjudicará, en un plazo máximo de 60 días, el permiso al solicitante que cumpliendo las condiciones técnicas exigidas, ofrezca las condiciones económicas y sociales más ventajosas para la provisión del servicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento. Se podrá considerar, entre otros, el plazo de puesta en explotación de los servicios ofrecidos, como criterio adicional de adjudicación.

En caso de igualdad en las condiciones ofrecidas por los interesados, se adjudicará el permiso al que tenga en ese momento la calidad de titular del mismo.

Se aplicará para la licitación del permiso, lo dispuesto en los cinco incisos finales del artículo 19 de esta ley.

TITULO IV

DE LOS OPERADORES

Capítulo 1

Derechos y obligaciones de los operadores y usuarios

Artículo 46.- Obligaciones de los operadores. Los operadores de servicios sanitarios rurales tendrán las siguientes obligaciones:

a) Prestar los servicios sanitarios a los usuarios, en la medida que sea técnica y económicamente factible. Esta obligación comprende la certificación de la factibilidad de servicio. En caso que existan discrepancias entre el usuario y el operador, en cuanto a las condiciones de prestación del servicio, la Superintendencia resolverá las diferencias mediante una resolución fundada.

Los servicios sanitarios deberán prestarse a los Usuarios, en la cantidad que corresponda, y en la calidad exigible conforme a las normas respectivas, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio de Salud y de la Superintendencia.

b) Garantizar la continuidad del servicio entregado, en el sentido que éste sea prestado durante la cantidad de horas diarias que se determine por la Superintendecia, conforme a las características técnicas exigibles a cada segmento; salvo, las interrupciones que se produzcan por fuerza mayor o por necesidad indispensable para la prestación del servicio, debidamente programadas y comunicadas con anticipación a los usuarios, según lo establecido en el Reglamento.

c) Mantener el nivel de calidad en la atención de usuarios y prestación del servicio que defina el Reglamento.

d) Prestar y operar los servicios sanitarios rurales, dando estricto cumplimiento a las obligaciones, restricciones y prohibiciones establecidas en esta Ley y su Reglamento, en la normativa sanitaria y ambiental, y en las demás normas y disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes; así como a las instrucciones que impartan las autoridades competentes en el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 47.- Obligación de conservación de instalaciones y equipos. Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior, los operadores deberán conservar en perfecto estado de funcionamiento las instalaciones y equipos que conforman la infraestructura del servicio, debiendo para estos efectos proceder a su reparación y mantención, y a la reposición en su caso.

Artículo 48.- Fondo de reposición y reinversión. Los operadores que conforme a la clasificación del artículo 78 de esta Ley, pertenezcan a los segmentos medio y alto, deberán constituir e incrementar, con un porcentaje no inferior al 20% de sus remanentes, un fondo de reserva legal, destinado a la reposición y ampliación de largo plazo, según se defina en el reglamento.

Este fondo del inciso anterior no podrán ser destinados a fines distintos a la reposición y ampliación de la infraestructura, y deberá ser mantenido en instrumentos de inversión de emisores inscritos en el registro de valores, cuya clasificación de riesgo y tipo de instrumento serán definidos en el Reglamento.

Artículo 49.- Responsabilidad por mantenimiento y reposición. Los costos de mantenimiento y reposición del arranque de agua potable y la unión domiciliaria, del sistema de agua potable y saneamiento rural respectivamente, serán de cargo del operador.

El mantenimiento y reposición de las instalaciones interiores domiciliarias de agua potable y de saneamiento serán de exclusiva responsabilidad y cargo del propietario del inmueble.

Artículo 50.- Uso de instalaciones y equipos. Corresponderá siempre a los operadores el uso y goce exclusivo de los bienes indispensables regulados en el artículo 12 de esta ley; y sólo podrán destinar dichas instalaciones a la realización de las actividades indicadas en el artículo 46.

Artículo 51.- Derechos de los usuarios. Las prestaciones en que se traduzca el cumplimiento de las obligaciones de los operadores establecidas en esta ley, serán sin perjuicio de los demás derechos establecidos en otras normas relacionadas con los servicios sanitarios rurales, todos los cuales constituyen el estatuto mínimo de los derechos que amparan a los usuarios.

Artículo 52.- Derechos del operador. Son derechos del Operador:

a) Cobrar por las etapas del servicio sanitario rural prestadas, las tarifas a que se refiere el Título V de esta Ley. Para estos efectos, las boletas o facturas deberán permitir la fácil comprensión de cada cobro efectuado.

b) Cobrar reajustes e intereses corrientes, por las cuentas que no sean canceladas dentro de los plazos señalados en el Reglamento;

c) Cobrar los costos de cobranza extrajudicial en que haya incurrido el operador;

d) Suspender, previo aviso de 15 días, los servicios a Usuarios que adeuden el pago de una o más boletas o facturas y cobrar el costo de la suspensión y de la reposición correspondiente;

e) Suspender el servicio a los usuarios de servicio sanitario rural primario que destinen el agua a un fin distinto del establecido en el artículo 5 de esta Ley;

f) Suspender el servicio a los usuarios respecto de los cuales se compruebe que han causado daño a las instalaciones, equipos o bienes del Operador.

g) Cobrar el costo de las reparaciones de daños y desperfectos causados en los arranques de agua potable y uniones domiciliarias de alcantarillado, redes de distribución y redes de recolección, a causa del mal uso o destrucción de las mismas por el usuario.

h) Proponer y postular, cuando corresponda, en representación de los usuarios, a subsidios a la inversión en los sistemas rurales de agua potable, en particular al establecido en la Ley Nº 18.778 de 1989 y su reglamento.

i) Exigir al usuario de la propiedad servida la conexión a las instalaciones de agua potable y/o alcantarillado, según fuere el caso, cuando existan causas debidamente calificadas por la autoridad sanitaria.

Los derechos anteriormente señalados se ejercerán sin perjuicio de las atribuciones que el Código Sanitario le entrega al Ministerio de Salud.

Artículo 53.- Mérito ejecutivo. Las boletas o facturas que se emitan por la prestación de los servicios sanitarios rurales o por los trabajos en los arranques de agua potable rural o uniones domiciliarias de alcantarillado rural, incluidos sus reajustes e intereses, tendrán mérito ejecutivo solo en cuanto al cobro de aquéllas prestaciones.

Artículo 54.- Modificaciones de niveles de servicio. Se podrán modificar los niveles de servicio de los operadores, a proposición de la Superintendencia, mediante decreto supremo que deberá llevar la firma del Ministro de Obras Públicas. Dicho decreto supremo deberá ser fundado y basado en criterios de carácter objetivo. Los niveles de servicio podrán diferenciarse entre segmentos de operadores.

En caso que por modificaciones de los Planes Reguladores, el área de servicio de una Licenciataria quede total o parcialmente incorporada en el área urbana, el Ministerio podrá modificar los niveles de servicio de la licencia, a proposición de la Superintendencia. En este caso, la Licenciataria deberá modificar su Plan de Inversiones para incorporar las nuevas exigencias. La modificación de los niveles de servicio y la aprobación de las del Plan de Inversiones se harán conforme al procedimiento que establezca el Reglamento.

Artículo 55.- Facultad de acceso del operador. El usuario deberá permitir el acceso al inmueble del personal del operador, identificado como tal, para el ejercicio de las funciones que dicen relación con la prestación de los servicios.

Artículo 56.- Inmueble que recibe el servicio. En el inmueble que recibe el servicio de agua potable o de alcantarillado de aguas servidas, quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio sanitario rural, para con el operador.

Capítulo 2

Causales de incompatibilidad, de cesación en los cargos y censura de dirigentes de operadores

Artículo 57.- Incompatibilidad. Serán incompatibles los cargos de Alcaldes, Concejales y Consejeros Regionales con los cargos directivos o pertenecientes a los órganos de administración o de fiscalización de los Comités y Cooperativas de servicios sanitarios rurales.

Las demás incompatibilidades y las causales de inhabilidad y cesación en el cargo, aplicables a la organización de las Cooperativas de servicios sanitarios rurales, se regirán por la Ley General de Cooperativas, y su legislación complementaria.

Artículo 58.- Cesación en el cargo de los dirigentes de los Comités. Los dirigentes de los Comités de Servicio Sanitario Rural, cesarán en sus cargos:

a) Por el cumplimiento del período para el cual fueran elegidos.

Los estatutos del Comité podrán establecer períodos diferenciados de tiempo para cada cargo, a fin de permitir la renovación del directorio por parcialidades;

b) Por renuncia presentada por escrito al directorio, cesando en sus funciones y responsabilidades al momento en que éste tome conocimiento de aquélla;

c) Por inhabilidad sobreviniente, calificada en conformidad con los estatutos;

d) Por censura acordada por mayoría simple de los miembros presentes o representados en asamblea extraordinaria especialmente convocada al efecto. Para estos efectos la Asamblea extraordinaria deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros del Comité;

e) Por pérdida de la calidad de afiliado a la respectiva organización;

f) Por pérdida de la calidad de ciudadano;

g) Por condena por alguno de los crímenes o simples delitos contra la propiedad establecidos en el Código Penal.

Artículo 59.- Censura de los dirigentes de los Comités. Será motivo de censura la trasgresión por los dirigentes de cualesquiera de sus deberes legales, o de algún derecho de un miembro de un Comité de Servicio Sanitario Rural.

Artículo 60.- Censura al directorio del Comité. Los Comités de servicio sanitario rural deberán confeccionar anualmente un balance o una cuenta de resultados, según el sistema contable con que operen, y someterlos a la aprobación de la asamblea. El incumplimiento de esta obligación será causal de censura para todo el directorio de la organización. Asimismo, será causal de censura para el directorio, el rechazo del balance o cuenta de resultados anual, en dos oportunidades sucesivas por a lo menos dos tercios de la asamblea.

Capítulo 3

Remuneraciones de dirigentes de los Comités

Artículo 61.- Remuneraciones de dirigentes de Comités. La Asamblea General extraordinaria de un Comité de Servicio Sanitario Rural, podrá acordar por mayoría simple de los miembros presentes o representados en ella, las remuneraciones y asignaciones en dinero de sus dirigentes y su reajustabilidad, para que rija por los periodos anuales que ella determine.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, la Asamblea extraordinaria deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros del Comité.

TITULO V

DE LAS TARIFAS

Artículo 62.- Reglas generales. Los servicios sanitarios rurales estarán sujetos a las normas sobre fijación de tarifas y demás cobros de agua potable y saneamiento que se establecen en la presente ley y su Reglamento.

Las tarifas a cobrar a los usuarios, de cada servicio sanitario rural específico serán fijadas mediante decreto supremo dictado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Artículo 63.- Objetivos. Las tarifas de autofinanciamiento deberán permitir recuperar los costos indispensables de operación, mantenimiento, inversión y reposición. En el caso de los costos de inversión y de reposición, el procedimiento de tarifas podrá establecer distintos niveles de recuperación.

El procedimiento de determinación de las tarifas deberá ser fácilmente comprensible por los Usuarios, y el costo de dicho procedimiento deberá ser proporcional a la magnitud de los servicios sanitarios rurales a tarificar.

Artículo 64.- Autoridad encargada del cálculo de las tarifas. Cada cinco años, y en el mismo período en que el Ministerio efectúe la clasificación conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de esta ley, la Superintendencia determinará las tarifas para los operadores.

Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso por primera vez, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda conforme al artículo siguiente, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.

Artículo 65.- Procedimiento de Determinación tarifaria. Calculada la tarifa de autofinanciamiento y considerando el subsidio definido por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, la Superintendencia determinará para cada Región mediante resolución fundada, el nivel tarifario correspondiente a los sistemas tipo y a los sistemas de tarificación individual.

Una vez comunicado por la Superintendencia el nivel tarifario que le corresponde, el Operador lo pondrá en conocimiento de la Asamblea, la que en el plazo de treinta días podrá aceptarlo o acordar su variación hasta en un 5%. En estos casos el nivel tarifario aceptado o ajustado por la Asamblea corresponderá a la tarifa a cobrar a los usuarios por el operador.

En caso que la Asamblea acordare solicitar una variación superior al porcentaje indicado en el inciso precedente deberá presentar, a su costa, una contrapropuesta que será aceptada o rechazada por la Superintendencia en un plazo de treinta días contados desde su presentación completa. Los requisitos, procedimientos y plazos, para presentar la contrapuesta y para el pronunciamiento definitivo de la Superintendencia serán fijados en el Reglamento. El dictamen de la Superintendencia, en todo caso, será definitivo y obligatorio.

Vencido el plazo indicado en el inciso segundo de este artículo, sin un pronunciamiento de la Asamblea, la tarifa a cobrar a los usuarios corresponderá a la informada por la Superintendencia.

Artículo 66.- Fórmula tarifaria. Los sistemas tipo a tarificar serán definidos por la Superintendencia para cada región, considerando el tamaño del servicio y otras variables de costo relevantes definidas en el reglamento.

La Superintendencia definirá además los casos en que la fijación tarifaria se hará individualmente en atención al tamaño del servicio o a singularidades técnicas, geográficas, o de otro tipo que lo justifique. Los procedimientos, requisitos y plazos para la fijación tarifaria individual se establecerán en el reglamento.

Para los sistemas tipo o de tarificación individual definidos, se determinará el costo total de largo plazo, entendiéndose como aquel valor anual constante requerido para cubrir tanto los costos de operación eficiente como los de inversión eficiente de un proyecto de inversión optimizado.

Dicho valor anual deberá ser consistente con un valor actualizado neto igual a cero, en un horizonte consistente con la vida útil económica de los activos. Para estos efectos, se deberá considerar la depreciación de los activos, la tasa de tributación vigente, la tasa de costo de capital y los aportes de terceros.

Para determinar las tarifas que establece este Título, se calcularán separadamente las correspondientes a las diversas etapas del servicio sanitario rural, cuando existan.

Artículo 67.- Tasa de costo de capital. La tasa de costo de capital aplicable será única para todos los sistemas definidos y corresponderá a una tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central de Chile, más un premio por riesgo. La metodología para su determinación será definida en el Reglamento.

Artículo 68.- Cargos tarifarios. Las fórmulas tarifarias a utilizar deberán incluir un cargo fijo mensual y cargos por metro cúbico. El procedimiento para la determinación de los cargos tarifarios y metros cúbicos a considerar, corresponderá al que se establezca en el Reglamento.

Artículo 69.- Reajustabilidad de la tarifa. Las tarifas a cobrar a los usuarios, se reajustarán cada vez que se acumule una variación de, a lo menos, un 5%, del IPC informado por el Instituto Nacional de Estadísticas. El operador deberá informar del reajuste a los usuarios en la forma y oportunidad definida en el Reglamento.

Artículo 70.- No discriminación de la tarifa. No existirá gratuidad o rebaja parcial del cobro por la prestación de los servicios o discriminación alguna, salvo las excepciones otorgadas por los operadores a usuarios, y a sus expensas. No obstante, los operadores no podrán establecer diferencias en sus tarifas, cargos o cualquier otro concepto, dentro de un mismo sistema, salvo en los casos que esta ley los autorice.

Artículo 71.- Obligado al pago. La tarifa deberá ser pagada por el ocupante de la propiedad, ya sea usufructuario, arrendatario o mero tenedor, sin perjuicio que en el inmueble que recibe el servicio quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio para con el operador.

Artículo 72.- Prestación regulada. Todas aquellas prestaciones de carácter sanitario efectuadas por el operador que no se encuentren reguladas en esta Ley y se presten con características monopólicas, serán tarificadas de conformidad con este Título.

TITULO VI

INSTITUCIONALIDAD

Capítulo 1

Política nacional de servicios sanitarios rurales

Artículo 73.- Política de asistencia y promoción. El Ministerio de Obras Públicas, con la información técnica que recabe de los Ministerios de Salud, Vivienda y Urbanismo, Planificación y de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, determinará la política para la asistencia técnica y financiera, supervisión y promoción para la organización de los operadores de servicios sanitarios rurales. Dicha política se ejecutará mediante programas acordados con los gobiernos regionales.

La política de asistencia y promoción deberá considerar, además, a los habitantes del área rural que residan fuera del área de servicio de los operadores.

La política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales se definirá y ejecutará por el Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de las atribuciones y competencias que correspondan a otros organismos públicos.

Artículo 74.- Reconocimiento. La política para la asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales, reconoce la función social y el rol integrador de los grupos intermedios que desarrollan sus actividades basados en los principios de participación comunitaria y de ayuda mutua, garantizando su ejercicio a toda persona sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Del mismo modo, cada uno de los miembros de las organizaciones comunitarias y de las fundadas en el principio de ayuda mutua a que esta ley atribuye el derecho a ser titulares de permisos y licencias, tienen derecho a elegir y a ser elegidos para la dirección, administración y control de la gestión de las respectivas organizaciones; sin perjuicio de los demás derechos que otras leyes les confieren para la protección de su calidad de usuarios o consumidores.

Artículo 75.- Principios. La política sobre los servicios sanitarios rurales, estará fundada en los siguientes principios:

a) De protección de la ayuda mutua, para el caso de los derechos inherentes de los servicios sanitarios rurales;

b) De igualdad de participación y de decisión de los integrantes de los órganos administradores y ejecutores de los operadores de los servicios sanitarios rurales, bajo la condición de que dichos integrantes den oportuno cumplimiento a sus obligaciones;

c) De no discriminación respecto del servicio sanitario rural;

d) De eficiencia económica en la disposición y administración de los recursos, de modo que propenda a la autosustentabilidad económica del servicio;

e) De transparencia en la gestión y administración del servicio, para con sus socios, usuarios y la comunidad en general; y,

f) De promoción del uso sostenible del agua y de los demás componentes ambientales involucrados.

Artículo 76.- Consejo consultivo. Para la orientación de la política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales, el Ministerio deberá oír a un Consejo Consultivo, el que estará compuesto por los siguientes integrantes:

a) un representante del Ministerio de Obras Públicas, quien lo presidirá;

b) un representante del Ministerio de Hacienda;

c) un representante del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción;

d) un representante del Ministerio de Salud;

e) un representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

f) un representante del Ministerio de Planificación;

g) un representante de la Comisión Nacional del Medio Ambiente;

h) un representante de la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior;

i) tres representantes de los socios de las Cooperativas de Servicios Sanitarios Rurales;

j) tres representantes de los socios de los Comités; y,

k) tres representantes de federaciones o confederaciones de operadores de servicios sanitarios rurales, sean de carácter nacional, regional o provincial.

El Consejo sesionará, al menos, dos veces al año. El Reglamento determinará el procedimiento de funcionamiento del Consejo. Los integrantes del Consejo a que se refieren las letras i), j) y k) del inciso primero de este artículo, percibirán una asignación para gastos de traslado, alojamiento y alimentación por cada sesión a la que asistan, con cargo al presupuesto del Ministerio.

El mecanismo de elección de los integrantes del consejo consultivo establecidos en las letras i), j) y k) de este artículo, será fijado en el Reglamento. Para el caso de la elección de los representantes de las letras i) y j), dicho mecanismo deberá respetar la adecuada representación de los estratos, las regiones y los Comités y Cooperativas que no se encuentren afiliados a ninguna federación. Del mismo modo, dicho mecanismo asegurará la no discriminación de las personas representantes por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El Secretario Ejecutivo del Consejo será el Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas. Sus funciones serán citar a las sesiones, levantar acta de éstas, el seguimiento de los acuerdos adoptados y las demás que el Consejo o el Reglamento le encomienden.

Capítulo 2

Del registro y clasificación de operadores

Artículo 77.- Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales. El Ministerio tendrá a su cargo un registro público de los operadores de servicios sanitarios rurales, de los permisos y licencias otorgadas, y de los demás antecedentes que el Reglamento establezca.

Artículo 78.- Clasificación de los operadores. Para los efectos de esta Ley, los operadores se clasificarán en tres segmentos: (a) alto, (b) medio, y (c) bajo.

El Reglamento definirá un procedimiento para la clasificación en los distintos segmentos.

Para la clasificación de los Operadores se considerarán, además de la calidad de la gestión técnica, administrativa y financiera del operador, las siguientes características del sistema servido:

(a) población abastecida;

(b) cercanía al área urbana;

(c) condiciones económicas y sociales de la población abastecida;

(d) condiciones de aislamiento;

(e) en caso que corresponda, el carácter de comunidad indígena conforme a la Ley 19.253 y sus disposiciones reglamentarias; y,

(f) la oferta hídrica y las condiciones geográficas y topográficas.

Artículo 79.- Autoridad encargada de clasificar a los Operadores. El Ministro de Obras Públicas clasificará en distintos segmentos a los operadores, en conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior y en el Reglamento.

La clasificación tendrá una vigencia de 5 años, pudiendo el operador, la Superintendencia o el Departamento de Cooperativas, solicitar su reclasificación en cualquier momento, por razones fundadas.

La clasificación deberá constar en el Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales.

Capítulo 3

Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales

Artículo 80.- Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Créase en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que estará a cargo de un funcionario que tendrá el título de Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales.

Artículo 81.- Funciones. Serán funciones de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales:

a) Ejecutar la política de asistencia y promoción conforme lo instruido por el Ministro de Obras Públicas.

En el ejercicio de esta función podrá implementar programas y proyectos dirigidos especialmente a los habitantes del área rural que residan fuera del área de servicio de los Operadores;

b) Administrar el Registro de Operadores;

c) Proponer al Ministro de Obras Públicas la clasificación de los Operadores, y el aporte financiero del Estado a que se refieren los artículos 85 y 86, para cada segmento;

d) Asesorar a los Operadores, directamente o a través de terceros;

e) Formular proyectos de servicios sanitarios rurales y evaluarlos económica, técnica y socialmente.

f) Contratar la inversión sectorial y actuar como unidad técnica para la contratación de la inversión de los gobiernos regionales u otras instituciones públicas en materias relacionadas con servicios sanitarios rurales.

g) Revisar, previa consulta a la Superintendencia, el Plan de Inversión;

h) Pedir informes y auditar la contabilidad de las Licenciatarias y Permisionarios

Para estos efectos podrá encargar la revisión del funcionamiento administrativo, contable, y financiero a personas naturales o jurídicas inscritas en alguno de los Registros públicos que el Reglamento determine.

La Subdirección determinará las facultades con que estas entidades podrán actuar; fijará los requisitos técnicos que deban cumplir, con el fin de velar por la calidad, confiabilidad e idoneidad de sus funciones; dictará las normas relativas al cumplimiento de éstas, y a los sistemas y procedimientos de trabajo; y, fijará los requisitos que deban cumplir y las garantías que deban rendir para su correspondiente inscripción.

i) Aprobar, directamente o a través de terceros, la puesta en operación de las obras de cada Operador.

j) Solicitar el ejercicio de las facultades de supervisión o de fiscalización al Departamento de Cooperativas, a la Superintendencia, o al Ministerio de Salud, cuando correspondiere.

k) Visar técnicamente los proyectos.

l) Las demás que la ley le asigne.

Artículo 82.- Facultad de acceso de los funcionarios de la Subdirección. Los funcionarios de la Subdirección tendrán libre acceso a las obras, a sus dependencias, y en general a todo inmueble o instalación de los operadores, destinadas a la prestación del servicio sanitario rural, a objeto de realizar las funciones que les son propias.

Artículo 83.- Designación de Administradores temporales. El Ministro podrá designar como administrador temporal, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 de esta ley, a alguno de los profesionales que cumpliendo los requisitos que se establezcan en el Reglamento, esté inscrito en un Registro Especial que será administrado por la Subdirección. La Subdirección podrá eliminar del registro a estas personas o no renovar su inscripción, cuando no cumplan sus funciones y los requisitos establecidos.

El Reglamento determinará las facultades con que éstos profesionales podrán actuar; fijará los requisitos técnicos que deban cumplir, con el fin de velar por la calidad, confiabilidad e idoneidad de sus funciones; fijará las normas relativas al cumplimiento de éstas y a los sistemas y procedimientos de trabajo; y, fijará los requisitos que deban cumplir y las garantías que deban rendir para su correspondiente inscripción.

Artículo 84.- Información. La Subdirección podrá requerir a los operadores la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Los operadores deberán informar a la Subdirección de cualquier hecho esencial relativo a la operación del servicio sanitario rural, inmediatamente después de ocurrido éste, o desde que se tomó conocimiento del mismo, o a más tardar dentro de los tres días siguientes, aun cuando no hubiere mediado requerimiento del citado organismo. En caso que se trate de hechos que afecten las condiciones sanitarias de la prestación del servicio, el operador deberá informar además a la Autoridad Sanitaria.

Para los efectos del inciso anterior, se entenderá como esencial todo hecho que pueda afectar gravemente la continuidad, calidad y seguridad del servicio sanitario rural, para un número de Usuarios igual o superior al porcentaje que indique el Reglamento.

Capítulo 4

Inversión pública y subsidios en los servicios sanitarios rurales

Artículo 85.- Inversión en obras de servicios sanitarios rurales nuevos. La inversión en obras de servicios sanitarios rurales nuevos se definirá por el Ministerio mediante el sistema de concurso público establecido en los artículos 87, 88 y 89 de esta ley, pudiéndose considerar el aporte de los beneficiarios.

El Ministerio de Obras Públicas podrá decidir, por razones de emergencia, inversiones en ejecución de obras para servicios sanitarios rurales existentes o nuevos, sin sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior.

Artículo 86.- Subsidio a la inversión. El subsidio a la inversión a que se refiere el artículo 10 de la ley Nº 18.778, podrá destinarse a cualquiera de las etapas de los servicios sanitarios rurales existentes.

El citado subsidio tendrá el carácter de reserva legal, y formará parte de los bienes indispensables establecidos en el artículo 12 de la presente ley, y se denominará Fondo de Reserva Subsidio Estatal.

La selección de los estudios, proyectos y obras subsidiables se hará mediante concurso público de conformidad a lo dispuesto en los tres artículos siguientes.

Artículo 87.- Criterios de elegibilidad. El Ministerio, con consulta al Gobierno Regional respectivo, definirá para cada región, las características de los proyectos a financiar para el año siguiente y los criterios de elegibilidad. Entre los criterios de elegibilidad se podrán considerar requisitos diferenciados para cada segmento de operadores indicado en el artículo 78 de esta ley; sin embargo no se podrán establecer distinciones entre operadores de un mismo segmento.

Artículo 88.- Concurso Público. Los operadores podrán presentar a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales solicitudes de financiamiento total o parcial de proyectos de servicios sanitarios rurales.

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, presentará cada año al Gobierno Regional, un listado de proyectos de servicios sanitarios rurales ya evaluados que cumplan los criterios de elegibilidad definidos conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

El Gobierno Regional respectivo seleccionará, fundadamente, los proyectos beneficiados con los recursos asignados a la Región, entre los proyectos incluidos en el listado que le entregue el Ministerio conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Los proyectos seleccionados por el Gobierno regional serán financiados hasta su plena ejecución aunque aquello comprometa presupuestos de ejercicios posteriores.

Los demás aspectos relacionados con la distribución del subsidio, con la elaboración del programa bianual y con el sistema de postulación, concursabilidad y de priorización de los estudios, proyectos u obras a ejecutar se establecerán en el Reglamento. En éste se podrán considerar además, para casos excepcionales, los requisitos y condiciones necesarios para la entrega del subsidio al operador previo a la ejecución completa de las obras.

En caso que otras entidades aporten recursos para el financiamiento de los estudios, proyectos u obras a que se refieren los artículos 85 y 86 de esta ley, sus aportes se aplicarán en las mismas condiciones establecidas en este artículo.

Artículo 89.- Ventanilla Única. Todo programa de inversión cuyos fondos sean aplicables al servicio sanitario rural, deberá ser contratado a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, en las condiciones que fije el Reglamento, ya sea que se financie con recursos sectoriales o con recursos regionales, en cuyo caso actuará como unidad técnica. Los demás programas de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales que el Estado promueva, cualquiera sea su naturaleza, deberán ser informados al Consejo Consultivo, para facilitar la coordinación y unidad de acción entre organismos del Estado.

Artículo 90.- Bienes aportados por el Estado. Por decreto supremo suscrito por el Ministro de Obras Públicas bajo la formula “por orden del Presidente de la República”, las obras o proyectos financiados o ejecutados por el Estado que integren un sistema sanitario rural, podrán ser cedidos o transferidos a cualquier título a los Operadores. Dichos bienes serán considerados para fines tarifarios como bienes aportados por terceros y, desde la fecha de su transferencia serán considerados indispensables, para los efectos del artículo 12 de esta Ley.

Capitulo 5

De la Regulación y Fiscalización

Artículo 91.- Superintendencia de Servicios Sanitarios. La Superintendencia de Servicios Sanitarios podrá ejercer las atribuciones y facultades regulatorias y fiscalizadoras, respecto de todo operador de un servicio sanitario rural.

Para efectos de su fiscalización, la Superintendencia ejercerá respecto de las entidades fiscalizadas las mismas facultades que le confiere la ley Nº 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

La fiscalización se realizará directamente en forma prioritaria por las oficinas que la Superintendencia tenga destacadas en las distintas regiones del País o las que se creen en el futuro, según se consideren los recursos humanos y financieros necesarios.

Artículo 92.- Condiciones Especiales de servicio. Las instrucciones y órdenes que dicte la Superintendencia en ejercicio de sus facultades normativas y de control, podrá considerar condiciones especiales de servicio respecto de operadores.

Artículo 93.- Rol del Departamento de Cooperativas. El Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, dentro del ámbito de sus competencias, dictará las normas que estime necesarias para facilitar la aplicación de la presente ley.

Artículo 94.- Mecanismos de autorregulación y transparencia. El Reglamento establecerá mecanismos de autorregulación y de transparencia de la gestión y resultados de los Comités y Cooperativas de Servicio Sanitario Rural; asimismo, incentivará la libre iniciativa de los Comités y Cooperativas para cumplir los objetivos de autorregulación y transparencia.

Artículo 95.- Sanciones. Sin perjuicio de las demás sanciones que corresponda aplicar a la Superintendencia o a otros organismos públicos de conformidad a ésta u otras leyes, los operadores podrán ser objeto de la aplicación de multas a beneficio Fiscal por parte de la Superintendencia, en los siguientes casos:

a) De una a veinte unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones que importen deficiencias en la calidad, continuidad u obligatoriedad de los servicios, cobros indebidos, trato económico discriminatorio a los usuarios, deficiencias en la atención de los reclamos de los usuarios, daño a las redes u obras generales de los servicios, o incumplimiento de la obligación de entregar información requerida por la Superintendencia en conformidad a la ley.

b) De diez a cien unidades tributarias mensuales, cuando se trate de infracciones que pongan en peligro o afecten gravemente la salud de la población, o que afecten a la generalidad de los Usuarios de los servicios.

c) De una a veinte unidades tributarias mensuales, cuando se trate de infracciones cometidas por los Operadores, que importen el no acatamiento de las obligaciones y plazos establecidos en esta Ley, así como de las órdenes escritas y requerimientos, debidamente notificados, y plazos fijados por la Superintendencia, en ejercicio de las atribuciones que la ley le encomiende, en relación con materias de su competencia.

d) De cinco a cien unidades tributarias mensuales cuando se trate de infracciones relativas a la entrega de información falsa o manifiestamente errónea, a cualquiera de las autoridades que esta Ley faculta para requerirla.

e) De cinco a cien unidades tributarias mensuales cuando se trate del incumplimiento del Plan de Inversiones.

Artículo 96.- Modificaciones Ley de Cooperativas. Modifícase el artículo 68 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 5, del año 2004, que fija el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, en el siguiente sentido:

1.- Reemplázanse en el inciso 2º del artículo 68, los términos “y de agua potable”, por los vocablos “, de servicios sanitarios rurales”.

2.- Reemplázase en el epígrafe del capítulo 2 del Título III, los términos “agua potable”, por los vocablos “y de las cooperativas de servicios sanitarios rurales”.

3.- Reemplázanse en el artículo 73, los términos “de abastecimiento y distribución de agua potable”, por los vocablos “de servicios sanitarios rurales”.

Artículo 97.- Modificaciones Ley Subsidio Agua Potable. Derógase el inciso 3º del artículo 10 de la Ley Nº 18.778 la frase “entre sistemas rurales de agua potable específicos que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento”.

Artículo 98.- Modificaciones a Planta. Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 143, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1991, incorporando en la planta de directivos el cargo denominado Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales, y asígnesele el grado número 2 de la Escala Única de remuneraciones.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO. El Reglamento de esta ley será dictado dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su entrada en vigencia.

ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento de esta ley, los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural existentes deberán solicitar su inscripción en el Registro de operadores de Servicios Sanitarios Rurales, para lo cual deberán acreditar la vigencia de su personalidad jurídica y la efectividad de estar prestando el servicio. Además, deberán especificar el área que sirven.

Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento de esta Ley, todo Comité o Cooperativa registrado conforme al inciso primero de este artículo, que acredite el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para obtener licencia o permiso de servicio sanitario rural, podrá solicitarla conforme a los establecido en los artículos 20 y 41 y por los plazos establecidos en los artículos 17 y 42, según corresponda. En estos casos, no se requerirá la presentación de la garantía de seriedad del artículo 20 de esta ley.

Dentro del plazo de dos años establecido en el inciso anterior, todo Comité o Cooperativa registrado conforme al inciso primero de este artículo, podrá solicitar el otorgamiento de un permiso de servicio sanitario rural provisorio. El permiso de servicio sanitario rural provisorio tendrá una vigencia de 5 años, y para su otorgamiento solo será necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 41 de esta ley.

Los decretos que dicte el Ministro de Obras Públicas para el otorgamiento de las licencias o permisos conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero precedentes, sólo se publicaran en la página web del Ministerio.

Dentro del plazo indicado en el inciso segundo de este artículo, no podrán otorgarse concesiones de servicios sanitarios regulados por el decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988 en las áreas que estén siendo servidas por Comités o Cooperativas al momento de entrada en vigencia de esta ley.

En caso de no darse cumplimiento oportuno a lo indicado en los incisos primero y segundo o tercero de este artículo, el Ministerio de Obras Públicas llamará a licitación del permiso o licencia.

ARTICULO TERCERO TRANSITORIO. Los Municipios que al momento de entrar en vigencia esta ley, operen servicios sanitarios rurales, podrán traspasarlos a un Comité o Cooperativa. En caso que un Comité o Cooperativa le requiera el traspaso del servicio sanitario rural, el Municipio respectivo deberá pronunciarse dentro de un plazo de 2 años contados desde el requerimiento.

ARTICULO CUARTO TRANSITORIO. Para aquellos operadores a los que se haya otorgado permiso o licencia conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo segundo transitorio, la primera fijación tarifaria deberá efectuarse, de conformidad al procedimiento establecido en esta ley y su reglamento, dentro del plazo de 5 años contados desde el otorgamiento.

Con todo, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, en tanto no entre en vigencia la primera fijación tarifaria referida, los precios que podrán cobrar los servicios de agua potable y saneamiento rural y demás cobros sujetos a fijación de precios, de acuerdo a lo señalado en esta ley, serán los vigentes a dicha fecha con sus respectivas indexaciones.

En todo caso, cada vez que se reajusten las tarifas, los prestadores deberán comunicar previamente los nuevos valores a la Superintendencia, e informarlos a los usuarios respectivos por algún medio idóneo que dicha Entidad autorice.

Para la primera fijación tarifaria, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, deberá entregar toda la información necesaria, sin perjuicio de aquella que se deba recabar directamente de los operadores rurales para tales fines, identificando claramente los bienes considerados como aportes de terceros.

ARTICULO QUINTO TRANSITORIO. Los Comités de Agua Potable Rural que se transformen a Cooperativas y las Cooperativas constituidas para la prestación de servicios sanitarios regulados en esta ley, cuando asuman o se adecuen al nuevo estatuto cooperativo del servicio sanitario rural, ante terceros, permanecerán responsables de todas las obligaciones y titulares de todos los derechos adquiridos durante su operación anterior, como una misma e idéntica persona jurídica. Sin que esta enumeración sea taxativa y sólo a vía enunciativa, entre tales obligaciones y derechos se comprenden los de carácter laboral, previsional, tributario, sanitario y medioambiental.

ARTICULO SEXTO TRANSITORIO. Los Comités de Agua Potable Rural que se conviertan a Cooperativas, las existentes y las nuevas que se constituyan para la prestación del servicio sanitario rural, que realicen la respectiva conversión, adecuación o constitución dentro del plazo de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia del Reglamento de esta ley, pagarán hasta el diez por ciento de los aranceles notariales, del Conservador de Bienes Raíces correspondiente y de los costos de publicación en el Diario Oficial.

ARTICULO SEPTIMO TRANSITORIO. En el mismo plazo indicado en el inciso segundo del artículo segundo transitorio, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales implementará un programa de regularización de obras y derechos de agua, de asistencia para la obtención de licencias o permisos, y de valoración técnica de los activos de los Comités y Cooperativas.

En el mismo plazo, la Subdirección podrá asistir a los Comités en el proceso de transferencia de los bienes y derechos que les traspasen las concesionarias de servicios sanitarios, en cumplimiento de los compromisos y acuerdos anteriores.

ARTICULO OCTAVO TRANSITORIO. Termínase la obligación para las Concesionarias de servicios sanitarios a que se refiere el artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.549.

Para los efectos del presente artículo, las Concesionarias deberán rendir cuenta de su gestión dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, en los términos que fije el Reglamento. Adicionalmente, y dentro del plazo de un mes contado desde la entrada en vigencia de esta ley, deberán entregar a los operadores, con copia al Ministerio, toda la información técnica, financiera, administrativa y contable del Comité o Cooperativa asistido, que obre en su poder.

ARTICULO NOVENO TRANSITORIO. Los bienes de propiedad de los Comités que se transformen en Cooperativas de Servicios Sanitarios Rurales, se considerarán como aporte inicial en carácter de reserva legal de conformidad con lo establecido en la Ley General de Cooperativas.

ARTICULO DECIMO TRANSITORIO. Las Cooperativas que se transformaron en concesionarias de servicios sanitarios por aplicación del artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, de 1988, podrán en el plazo de seis meses contados desde la entrada vigencia de esta Ley, renunciar a esta calidad, ante el Ministerio, renuncia que será sancionada por el decreto respectivo, debiendo en tal caso adecuarse a las normas establecidas en la presente ley.

Para los efectos del inciso anterior, junto con la renuncia, deberán presentar la solicitud de licencia en los términos establecidos en el artículo 20, conjuntamente con los antecedentes indicados en los numerales 1 y 2 del artículo 25 de esta Ley. En caso de aprobarse su solicitud de licencia, estas cooperativas quedarán clasificadas para los efectos del artículo 78, en el segmento alto.

ARTICULO UNDECIMO TRANSITORIO. Para la aplicación a servicios sanitarios rurales, de recursos provenientes del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, en virtud de convenios suscritos con el Estado de Chile , vigentes a la fecha de publicación de esta ley, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, ejercerá la función de visar técnicamente los proyectos.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO TRANSITORIO La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, iniciará sus funciones a partir de la entrada en vigencia del reglamento de esta ley.

ARTICULO DECIMO TERCERO TRANSITORIO. El Presidente de la República nombrará, transitoria y provisionalmente, conforme al artículo quincuagésimo noveno de la ley Nº 19.882, al Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Publicas quién asumirá de inmediato y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública.

ARTICULO DECIMO CUARTO TRANSITORIO. Créase el Consejo Consultivo para la Orientación de la Política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales integrada en la forma que se dispone e el artículo 76 de esta Ley. El Consejo sesionará por primera vez dentro del plazo de un año contado desde la vigencia de esta ley.”.

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Acordado en sesiones celebradas los días 16 de diciembre de 2008; 6, 13 y 20 de enero de 2009, con asistencia de los Honorables Senadores señores Juan Pablo Letelier Morel (Presidente), Carlos Ignacio Kuschel Silva, Pablo Longueira Montes, Sergio Romero Pizarro y Mariano Ruiz-Esquide Jara (Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Hosain Sabag Castillo).

Sala de la Comisión, a 27 de enero de 2009.

ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA

Abogado Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula los servicios sanitarios rurales.

BOLETÍN Nº: 6.252-09

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: establecer el estatuto jurídico de los servicios sanitarios rurales, identificando los siguientes objetivos en relación al diseño de la institucionalidad futura:

a) fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias preservando su carácter participativo;

b) incentivar la eficiencia económica y la sustentabilidad financiera del sistema APR, que pasará a ser el sistema de Servicios Sanitarios Rurales;

c) incorporar el saneamiento rural;

d) definir con claridad los diversos roles del Estado, y

e) considerar un período de transición que permita la gradual adaptación de las organizaciones comunitarias y los órganos de la administración, a las nuevas condiciones.

II. ACUERDOS: aprobado en general (3x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: el proyecto de ley en estudio se encuentra estructurado en VI Títulos, que contienen 98 artículo permanentes y 14 artículos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: el artículo tercero transitorio de este proyecto de ley, es norma de ley orgánica constitucional de acuerdo con el artículo 118 de la Constitución Política, porque incide en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en cuanto a la organización y atribuciones de los municipios.

Además, las normas de los artículos 76 y décimo cuarto transitorio, son orgánicas constitucionales, por cuanto se crea un Consejo Consultivo al cual el Ministerio debe oír para ciertas materias, según lo establecido en la Ley Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado.

V. URGENCIA: No tiene.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. la Presidenta de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primer trámite.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: no hay.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: ingresó al Senado el 2 de diciembre de 2008, dándose Cuenta en la sesión 78ª, ordinaria, pasando a la Comisión de Obras Públicas y a la de Hacienda, en su caso.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: la iniciativa de ley en estudio se relaciona con las siguientes normas legales:

1.- Ley Nº 19.418, establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.

2.- Decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1989, Ley General de Servicios Sanitarios.

3.- Código de Procedimiento Civil, artículo 445.

4.- Código Civil, artículo 2472.

5.- Ley Nº 18.778, ley que establece subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas.

6.- Ley Nº 19.253, establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

7.- Ley Nº 18.902, Crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

8.- Decreto con fuerza de ley Nº 5, de 2004. Fija texto refundido, concordado y sistematizado de la ley general de cooperativas

9.- Decreto con fuerza de ley Nº 143, de 1991. Fija planta y requisitos generales y específicos de ingreso y promoción del personal de la Dirección Nacional de Riego del Ministerio de Obras Públicas.

10.- Ley Nº 19.549, modifica el régimen jurídico aplicable al sector de los servicios sanitarios, artículo 2º transitorio.

11.- Ley Nº 19.882, regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica, artículo quincuagésimo noveno.

Valparaíso, 27 de enero de 2009.

ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA

Abogado Secretario

REGULACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-

En conformidad a lo acordado por la Sala en virtud de la solicitud del Honorable señor Longueira, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional que regula los servicios sanitarios rurales, con informe de la Comisión de Obras Públicas y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (6252-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 78ª, en 10 de diciembre de 2008.

Informe de Comisión:

Obras Públicas, sesión 91ª, en 3 de marzo de 2009.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

El objetivo principal de la iniciativa es establecer el estatuto jurídico de los servicios sanitarios rurales, contemplando como lineamientos de la institucionalidad futura los siguientes aspectos: fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias; incentivar la eficiencia económica y la sustentabilidad financiera del sistema de servicios sanitarios rurales, e incorporar el saneamiento rural.

La Comisión de Obras Públicas discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Kuschel, Letelier y Longueira).

El texto pertinente se consigna en el informe que Sus Señorías tienen a la vista.

Esta iniciativa requiere para su aprobación los votos conformes de 21 señores Senadores. Y en la discusión particular deberá ser conocida también por la Comisión de Hacienda.

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-

En discusión general.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (30 votos favorables) y se fija como plazo para presentar indicaciones el lunes 13 de abril.

Votaron la señora Matthei y los señores Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, García, Gazmuri, Kusckel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.

BOLETÍN Nº 6.252-09

INDICACIONES

27.04.09

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY QUE REGULA LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Artículo 2°

1.Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir su letra q), por la siguiente:

“q) «Dirección»: La Dirección Nacional de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas, que se crea por esta ley.”.

Artículo 7°

2.Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir su inciso final por los siguientes:

“Para las etapas de producción y tratamiento y disposición final rural de aguas servidas, donde es necesario tener plantas de tratamiento los operadores contaran con unidades técnicas municipales que los supervisaran, asesoraran y capacitaran en el tratamiento de las aguas.

Las etapas de los servicios sanitarios rurales, podrán solicitarse en licencia o permiso, conjuntamente o por separado. La etapa de recolección rural de aguas servidas podrá ser solicitada por cualquier comité o cooperativa, sin embargo el comité o cooperativa que solicite u opere la etapa de distribución rural de agua potable tendrá prioridad en el otorgamiento de esta etapa.

Si otro comité o cooperativa solicita la etapa de recolección rural de aguas servidas deberá el ministerio notificar mediante carta certificada de esta solicitud al que ha solicitado u opera la etapa de distribución, este tendrá un plazo de sesenta días para contestar. De no hacerlo se otorgara en conformidad a esta ley.”.

Artículo 13

3.De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir la palabra “discrecionalmente” por “arbitrariamente”.

4.Del Honorable Senador señor Longueira, para incorporar el siguiente inciso final:

“Sin embargo, el Ministerio deberá informar al operador del sistema mediante carta certificada de la licitación de nuevas licencias o permisos en su área.”.

Artículo 14

5.Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 14 Transferencia. Los operadores podrán transferir a otros Comités o Cooperativas, sus permisos o licencias, debiendo informar de la transferencia al Registro. Sin perjuicio de que tales transferencias deben ser autorizadas por los tres quintos de la Asamblea General del comité o cooperativa, citada especialmente para tal efecto.”.

6.De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, al final de su inciso primero, la expresión “al Registro”, por el siguiente texto: “a la Subdirección, para que deje constancia en el Registro. La transferencia deberá ser acordada por al menos los dos tercios de los miembros o socios presentes o representados en Asamblea General extraordinaria o Junta General de Socios, especialmente convocada al efecto. Con este fin la Asamblea extraordinaria o la Junta General de Socios deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros o socios”.

Artículo 19

7.Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar sus incisos primero y segundo, por los siguientes:

“Artículo 19.-Licitación de la Licencia. La Licenciataria goza de derecho preferente para que se le renueve su licencia, para lo cual deberá solicitar su renovación con a lo menos seis meses de anticipación antes de la fecha de extinción. En su defecto, el Ministerio deberá llamar a licitación en conformidad a este artículo.

El llamado a licitación de la licencia y sus bienes indispensables, se publicará por la Superintendencia por una vez en el Diario Oficial, por medio de avisos repetidos por lo menos dos veces, en un diario de circulación en la región donde ésta se encuentre y a través de un medio de comunicación radial local de donde se encuentre la licenciataria, u otro medio idóneo, por dos veces a lo menos.”.

8.De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, en su inciso segundo, entre la palabra “encuentre” y el punto a parte (.) que le sigue, la siguiente frase “, y se notificará por medio de carta certificada a la respectiva licenciataria”.

Artículo 23

9.Del Honorable Senador señor Longueira, para intercalar, entre la expresión “comunicación radial” y “, u otro medio idóneo”, la palabra “local”.

Artículo 31

10.Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 31.- Caducidad. Caducada una licencia, la Superintendencia podrá, mediante resolución fundada de carácter técnico, declarar que la falta de ella afecta la prestación integral del servicio en otra, que indicará. En dicho caso, el operador tendrá el plazo de noventa días para demostrar técnica y económicamente que puede mantener el servicio. De no poder hacerlo, la Superintendencia licitará la licencia de conformidad con las reglas del capítulo anterior.”.

11.De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en su inciso tercero, el vocablo “treinta” por “noventa”.

Artículo 44

12.Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir, en su inciso segundo, la expresión “alto” por “operador grande”.

Artículo 48

13.Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar, en su inciso primero, la expresión “alto” por “grande”.

Artículo 50

14.De S.E. la Presidenta de la República, para agregarle el siguiente inciso segundo:

“Sin perjuicio de lo anterior, la Asamblea General o la Junta General, según corresponda, en sesión extraordinaria y por mayoría simple de los miembros presentes, podrá autorizar el uso y goce de los citados bienes para el desarrollo de otras actividades, siempre que no se limite, entorpezca o afecte de modo alguno la provisión de los servicios sanitarios rurales, y se cumpla con la normativa vigente. Para estos efectos, la Asamblea General o la Junta General deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de sus miembros.”.

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15.Del Honorable Senador señor Longueira, para intercalar, a continuación del artículo 56, el siguiente, artículo nuevo:

“Artículo 56 bis.- Subsidio especial. Establécese un subsidio especial y universal en favor de los operadores de servicios de agua potable rural en el caso de la ocurrencia de una catástrofe natural en el lugar donde operan. El valor del subsidio será fijado por el Presidente de la Republica para cada caso.

Los subsidios se pagarán con cargo al ítem respectivo considerado en la Partida Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público mediante uno o más decretos del Ministerio de Hacienda y con la firma del Ministro del Interior y bajo la fórmula "Por Orden del Presidente de la República.

Deberá dictarse dentro del plazo de noventa días desde la publicación de la presente ley un reglamento para la aplicación de este subsidio.”.

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16.Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar la denominación del Capítulo 3, del Título IV, que antecede al artículo 61, por la siguiente: “Viáticos para dirigentes de los Comités”.

Artículo 61

17.Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 61.- Viáticos para dirigentes de Comités. La Asamblea General extraordinaria de un Comité de Servicio Sanitario Rural, podrá acordar por mayoría simple de los miembros presentes o representados en ella, viáticos en dinero para sus dirigentes. Estos viáticos deberán ser rendidos a la Asamblea General y serán destinados en gastos propios del ejercicio del cargo y en capacitación.”.

Artículo 63

18.Del Honorable Senador señor Longueira, para intercalar, en su inciso primero, entre la palabra “recuperar” y la expresión “los costos”, la frase “a lo menos dos tercios de”.

Artículo 76

19.De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar en su inciso primero, la siguiente letra i), pasando las actuales letras i), j) y k) a ser letras j), k) y l) , respectivamente:

“i) Un representante de la Asociación de Municipalidades que reúna la mayor cantidad de municipios asociados a nivel nacional.”.

20.De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en su inciso segundo, la referencia a las letras “i), j) y k)”, por “j), k) y l)”, respectivamente.

21.De S.E. la Presidenta de la República, sustituir, en su inciso tercero, las referencias a las letras “i), j) y k)”, por “j), k) y l)”; y a las letras “i) y j)” por “j) y k)”, respectivamente.

22.Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar en su inciso final, la expresión “Subdirector” por “Director Nacional”.

Artículo 78

23.Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir, en su inciso primero, las expresiones: “(a) alto; (b) medio y (c) bajo”, por “(a) Operador Grande, (b) Operador medio, y (c) Operador bajo.”.

24.Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar en la denominación del Capítulo 3, que antecede al artículo 80, la expresión “Subdirección” por “Dirección”.

Artículo 80

25.Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 80.- Dirección de Servicios Sanitarios Rurales. Créase en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Servicios Sanitarios Rurales, que estará a cargo de un funcionario que tendrá el título de Director Nacional de Servicios Sanitarios Rurales.”

Artículo 81

26.Del Honorable Senador señor Longueira, para introducir las siguientes modificaciones:

uno) Reemplazar, en el encabezamiento del inciso primero, la expresión “Subdirección” por “Dirección Nacional”, y

dos) Sustituir, en el inciso párrafo tercero de la letra h), la palabra “Subdirección” por “Dirección”.

Artículo 82

27.Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar la voz “Subdirección” las dos veces que aparece, por “Dirección Nacional”, respectivamente.

Artículo 83

28.Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir, en su inciso primero, la voz “Subdirección” las dos veces que aparece, por “Dirección”, respectivamente.

Artículo 84

29.Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar, en sus incisos primero y segundo, el término "Subdirección” por “Dirección”, respectivamente.

Artículo 88

30.Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir, la expresión “Subdirección” por “Dirección Nacional”.

Artículo 89

31.Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar la expresión “Subdirección” por “Dirección Nacional”.

32.De S.E. la Presidenta de la República, para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La Subdirección podrá suscribir convenios con otros organismos públicos, para la contratación por parte de ellos de los programas de inversión aplicables al servicio sanitario rural. En todo caso la Subdirección, mantendrá la función de visar técnicamente los proyectos.”

Artículo 93

33.Del Honorable Senador señor Longueira, para intercalar entre la expresión ley y el punto a parte (.) que le sigue la siguiente frase “, previa consulta a los organismos públicos integrantes del Consejo Consultivo regulado en el artículo 76 de esta ley.”.

Artículo 95

34.De S.E. la Presidenta de la República, para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El afectado podrá reclamar de la aplicación de la multa, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N°18.902.”.

Artículo 98

35.Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir, la expresión “Subdirector” por “Director Nacional”.

ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO

36.De S.E. la Presidenta de la República, para introducirle las siguientes enmiendas:

uno) Suprimir, en su inciso primero, la frase “, dentro del plazo de 5 años contados desde el otorgamiento”, y

dos) Intercalar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos segundo, tercero y cuarto, a ser incisos cuarto, quinto y sexto, respectivamente:

“La primera fijación tarifaria será efectuada por la Superintendencia dentro del período de 5 años contados desde el término del plazo establecido en el inciso primero del artículo segundo transitorio. Para estos efectos la Superintendencia definirá mediante resolución dictada en el plazo indicado en el artículo primero transitorio de esta ley, un calendario regional de fijación tarifaria.

Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso en el período intermedio, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.”.

ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO

37.De S.E. la Presidenta de la República, para suprimir la siguiente frase: “dentro del plazo de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia del Reglamento de esta ley”.

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38.De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación del Artículo Séptimo Transitorio, el siguiente Artículo Octavo Transitorio, nuevo:

“ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO. Los bienes inmuebles y los derechos de aprovechamiento de aguas que estén siendo usados para la prestación de servicios sanitarios rurales, y que pertenezcan a alguna concesionaria de servicios sanitarios, podrán ser donados al Ministerio de Obras Públicas.

La escritura pública de donación, en la que se individualicen los bienes inmuebles y derechos de aprovechamiento de aguas donados, suscrita entre el donante y el Director General de Obras Públicas, bastará como título suficiente para su inscripción a favor del Ministerio de Obras Públicas, en el Registro de Propiedades y en el de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo, así como para su anotación en el Registro Público de derechos de aprovechamiento de aguas a que se refiere el artículo 122 del Código de Aguas.

Estas donaciones estarán exentas del trámite de insinuación y del pago de todo tipo de tributos. Para proceder a la inscripción de los inmuebles no será necesario que se acredite el pago del impuesto territorial.

No se requerirá respecto de estas donaciones la autorización del Ministerio de Hacienda a que se refiere el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 19.896.”.

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ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO

39.De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar las siguientes enmiendas:

uno) Añadir, a su inciso primero, la siguiente oración final: "En los casos que corresponda, según lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley, los bienes que conforman la citada reserva legal tendrán el carácter de bienes indispensables.”.

dos) Agregar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Los derechos en las cooperativas de servicios sanitarios rurales cuyo titular era el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, se traspasarán por el sólo efecto de esta ley a los demás socios de la cooperativa, a prorrata de sus aportes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, los bienes aportados o cedidos por el Servicio Nacional de Obras Sanitarias o sus antecesores a las cooperativas de servicios sanitario rurales, a cualquier título, que estén siendo usados para la prestación de servicios sanitarios rurales, conformarán una reserva técnica de bienes fiscales, y se les aplicará lo dispuesto en el artículo 90 de esta ley.”.

BOLETÍN Nº 6.252-09 (II)

CON NUEVAS INDICACIONES

27.07.09

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY QUE REGULA LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES

Artículo 1°

1A.-De S.E. la Presidenta de la República, para eliminar, en el inciso primero, la palabra “material”, que figura en su epígrafe, y la expresión “en el ámbito”.

Artículo 2°

Letra b)

1B.-De S.E. la Presidenta de la República, para suprimirla.

°°°°

1C.-De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar la siguiente letra, nueva:

“…) “Concesión Sanitaria”: La otorgada conforme al decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, de 1988.”.

°°°°

Letra g)

1D.-De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de la frase ““Licencia de servicio sanitario rural””, la expresión “o “Licencia””, y suprimir “y operación”.

Letra j)

1E.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar el verbo “operar” por “prestar”.

Letra l)

1F.-De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de ““Permiso de servicio sanitario rural””, la expresión “o “Permiso””, y suprimir los vocablos “operación y”.

°°°°

1G.-De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar la siguiente letra, nueva:

“…) “Servicio Sanitario Rural”: Provisión de agua potable y saneamiento, conforme a lo dispuesto en esta ley.”.

°°°°

Letra p)

1H.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazarla, por la siguiente:

“p) “Soluciones descentralizadas de Saneamiento”: Son aquellas que, no estando conectadas con una red de alcantarillado primario, permiten la recolección, tratamiento y vertimiento o reutilización de las aguas residuales de sistemas comunitarios, conjuntos residenciales y residencias individuales, según el caso.”.

Letra q)

1.-Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituirla, por la siguiente:

“q) «Dirección»: La Dirección Nacional de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas, que se crea por esta ley.”.

Artículo 5°

1I.-De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de “y saneamiento”, la frase “, en su caso,”.

°°°°

1J.-De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Se entenderá por uso doméstico el destinado al consumo familiar o a pequeñas actividades comerciales o artesanales, u otros que el reglamento determine, en atención a los volúmenes de consumo.”.

°°°°

Artículo 7°

1K.-De S.E. la Presidenta de la República, para eliminar, en las letras (a) a (d) del inciso primero y en los incisos segundo a quinto, la palabra “rural”.

1L.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso cuarto, la expresión “individuales” por “descentralizadas”.

1M.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso quinto, la frase “la evacuación” por “la remoción de los contaminantes presentes para la posterior evacuación”.

1N.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar el inciso sexto, por el siguiente:

“Solicitada la etapa de distribución, el Ministerio otorgará conjuntamente la de recolección.”.

2.-Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir su inciso sexto, por los siguientes:

“Para las etapas de producción y tratamiento y disposición final rural de aguas servidas, donde es necesario tener plantas de tratamiento los operadores contaran con unidades técnicas municipales que los supervisaran, asesoraran y capacitaran en el tratamiento de las aguas.

Las etapas de los servicios sanitarios rurales, podrán solicitarse en licencia o permiso, conjuntamente o por separado. La etapa de recolección rural de aguas servidas podrá ser solicitada por cualquier comité o cooperativa, sin embargo el comité o cooperativa que solicite u opere la etapa de distribución rural de agua potable tendrá prioridad en el otorgamiento de esta etapa.

Si otro comité o cooperativa solicita la etapa de recolección rural de aguas servidas deberá el ministerio notificar mediante carta certificada de esta solicitud al que ha solicitado u opera la etapa de distribución, este tendrá un plazo de sesenta días para contestar. De no hacerlo se otorgara en conformidad a esta ley.”.

°°°°

2A.-De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar los siguientes incisos séptimo y octavo, nuevos:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, la prestación de la etapa de recolección será exigible sólo una vez que esté aprobada la puesta en operación de las redes por la Subdirección.

La producción de agua potable y el tratamiento y disposición de aguas servidas, podrán ser contratados a terceros por el operador.”.

°°°°

Artículo 9°

2B.-Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el inciso primero, a continuación de “título gratuito”, la frase “conforme a la ley”.

Artículo 10

2C.-De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de la expresión “de otra”, la frase “licencia o permiso”.

Artículo 11

2D.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 11.- Obligación de cobro conjunto. El operador de distribución cobrará en una cuenta única y recaudará de los usuarios el valor de las prestaciones correspondientes a los servicios de producción, distribución, recolección y tratamiento y disposición.”.

Artículo 12

°°°°

2E.-De S.E. la Presidenta de la República, para agregar las siguientes letra j) y k), nuevas:

“j) plantas de producción de agua potable y plantas de tratamiento de agua servida.

k) inmuebles en que estén adheridos alguno de los bienes indicados en las letras f), g), h) y j) anteriores.”.

°°°°

2F.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso cuarto, la frase “de la Superintendencia de Servicios Sanitarios” por “de la Subdirección”.

2G.-Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el inciso cuarto, a continuación de la palabra “mejora”, las frases “, los que, en todo caso, deberán ser informados de manera documentada y previa a su realización a la Superintendencia de Servicios Sanitarios”.

Artículo 13

2H.-Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar la frase “y no podrá denegarlos” por “la que no podrá ser resuelta”.

3.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir la palabra “discrecionalmente” por “arbitrariamente”.

4.-Del Honorable Senador señor Longueira, para incorporar el siguiente inciso final:

“Sin embargo, el Ministerio deberá informar al operador del sistema mediante carta certificada de la licitación de nuevas licencias o permisos en su área.”.

Artículo 14

5.-Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 14.- Transferencia. Los operadores podrán transferir a otros Comités o Cooperativas, sus permisos o licencias, debiendo informar de la transferencia al Registro. Sin perjuicio de que tales transferencias deben ser autorizadas por los tres quintos de la Asamblea General del comité o cooperativa, citada especialmente para tal efecto.”.

5A.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 14.- Transferencia. Los operadores podrán transferir a otros Comités o Cooperativas sus permisos o licencias, debiendo:

a) Acordar la transferencia por al menos los dos tercios de los miembros o socios presentes o representados en Asamblea General extraordinaria o Junta General de Socios, especialmente convocada al efecto. Con este fin la Asamblea extraordinaria o la Junta General de Socios deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros o socios.

b) Solicitar autorización al Ministerio, el que tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse contados desde la presentación de la solicitud de autorización. En caso que no se pronuncie dentro del plazo señalado, se entenderá que aprueba la transferencia.”.

6.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, al final de su inciso primero, la expresión “al Registro”, por el siguiente texto: “a la Subdirección, para que deje constancia en el Registro. La transferencia deberá ser acordada por al menos los dos tercios de los miembros o socios presentes o representados en Asamblea General extraordinaria o Junta General de Socios, especialmente convocada al efecto. Con este fin la Asamblea extraordinaria o la Junta General de Socios deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros o socios”.

°°°°

6A.-De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Perfeccionada la transferencia, se deberá dejar constancia en el Registro.”

°°°°

6B.-Del Honorable Senador señor Horvath, para agregar el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“La decisión de transferencia deberá ser adoptada mediante acuerdo aprobado por tres quintos de los miembros de la respetiva cooperativa o comité, según corresponda.”.

°°°°

Artículo 15

6C.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituirlo, por el siguiente:

“Artículo 15.- Objeto. La licencia autoriza a una cooperativa para prestar un servicio sanitario rural.

Otorgada la licencia de distribución, el Estado no podrá otorgar en parte alguna del área de servicio de la licenciataria, permisos o licencias de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas, ni concesiones sanitarias.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán otorgarse concesiones sanitarias en dicha área, en caso que, publicado el llamado a licitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 23, en al menos dos oportunidades, no se presente ninguna cooperativa interesada en la licencia dentro del plazo establecido en el artículo 24.”.

Artículo 16

6D.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso primero, la frase “establecer, construir y explotar” por “prestar”.

Artículo 18

6E.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir el inciso segundo, por los siguientes:

“Si el área de ampliación solicitada está total o parcialmente ubicada dentro de un área urbana o de extensión urbana, la Superintendencia deberá informar si se ha solicitado u otorgado en dicha área una concesión sanitaria.

Si se hubiere solicitado u otorgado, la concesionaria de servicios sanitarios será notificada por la Superintendencia a fin que, en un plazo de 60 días, solicite la ampliación de su territorio operacional incorporando el área solicitada por la licenciataria. Si respondiere negativamente o no respondiere dentro de plazo, se tramitará la solicitud de ampliación de la licencia.

No habiéndose solicitado u otorgado una concesión sanitaria, se tramitará la solicitud de ampliación presentada por la licenciataria.”.

Artículo 19

7.-Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar sus incisos primero y segundo, por los siguientes:

“Artículo 19.- Licitación de la Licencia. La Licenciataria goza de derecho preferente para que se le renueve su licencia, para lo cual deberá solicitar su renovación con a lo menos seis meses de anticipación antes de la fecha de extinción. En su defecto, el Ministerio deberá llamar a licitación en conformidad a este artículo.

El llamado a licitación de la licencia y sus bienes indispensables, se publicará por la Superintendencia por una vez en el Diario Oficial, por medio de avisos repetidos por lo menos dos veces, en un diario de circulación en la región donde ésta se encuentre y a través de un medio de comunicación radial local de donde se encuentre la licenciataria, u otro medio idóneo, por dos veces a lo menos.”.

7A.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso segundo, la frase “medio de avisos repetidos por lo menos dos veces, en un diario de circulación en la región donde ésta se encuentre” por “dos veces en un diario de circulación en la provincia o en la comuna respectiva. Adicionalmente, se difundirá a través de un medio de radiodifusión sonora provincial o comunal y se notificará por medio de carta certificada a la respectiva licenciataria, y por otros medios idóneos que determine el reglamento”.

8.-De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, en su inciso segundo, entre la palabra “encuentre” y el punto aparte (.) que le sigue, la siguiente frase “, y se notificará por medio de carta certificada a la respectiva licenciataria”.

8A.-Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el inciso quinto, después de “perito tasador”, la palabra “independiente”.

Artículo 20

8B.-Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el encabezamiento, a continuación de la palabra “presentación”, la frase “, cuyo valor no podrá exceder al diez por ciento de la valoración de las inversiones necesarias para la prestación del servicio incluido en las bases, conforme lo dispuesto en el artículo anterior”.

Artículo 21

8C.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 21.- Incorporación de nuevas zonas al área de servicio. Presentada la solicitud de licencia, la Superintendencia podrá ampliar los límites del área de servicio sólo con el objeto de incorporar zonas que desde el punto de vista técnico, económico y social, hagan conveniente la constitución de un sistema único, con incidencia en un menor costo para la provisión del servicio.

Para estos efectos, la Superintendencia consultará al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a las respectivas municipalidades, para que en un plazo de 45 días informen si consideran suficiente el área de servicio solicitada para satisfacer demandas habitacionales no cubiertas.”.

Artículo 22

8D.-De S.E. la Presidenta de la República, para suprimirlo.

Artículo 23

8E.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar la frase “en la región en que se encuentre el área de servicio solicitada” por “provincial o comunal”.

9.-Del Honorable Senador señor Longueira, para intercalar, entre la expresión “comunicación radial” y “, u otro medio idóneo”, la palabra “local”.

9A.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir la expresión “comunicación radial” por “radiodifusión sonora provincial o comunal”.

Artículo 24

9B.-Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, a continuación de la palabra “Reglamento”, la frase “, y cuyo valor no podrá exceder al diez por ciento de la valoración de las inversiones necesarias para la prestación del servicio incluido en las respectivas bases”.

Artículo 26

9C.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso primero, la forma verbal “recomendará” por “propondrá al Ministerio”.

9D.-Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el inciso primero, a continuación de “condiciones económicas”, la expresión

“, ambientales”.

Artículo 30

9E.-De S.E. la Presidenta de la República, para agregar, en el inciso primero, la siguiente oración final: “Con todo, el monto de la garantía no podrá exceder del total de los costos de operación correspondientes a tres meses.”.

Artículo 31

10.-Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 31.- Caducidad. Caducada una licencia, la Superintendencia podrá, mediante resolución fundada de carácter técnico, declarar que la falta de ella afecta la prestación integral del servicio en otra, que indicará. En dicho caso, el operador tendrá el plazo de noventa días para demostrar técnica y económicamente que puede mantener el servicio. De no poder hacerlo, la Superintendencia licitará la licencia de conformidad con las reglas del capítulo anterior.”.

10A.-Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el inciso primero, a continuación de “se ejecutaren”, la frase “oportunamente y sin justificación razonable”.

10B.-Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir, en el inciso tercero, la expresión “treinta días” por “noventa días”.

11.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en su inciso tercero, el vocablo “treinta” por “noventa”.

°°°°

11A.-De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“Caducada la licencia, el monto de la garantía a que se refiere el artículo 30 quedará a beneficio fiscal.”.

°°°°

Artículo 33

11B.-De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, en el encabezamiento del inciso primero, a continuación de “operación”, las palabras “la licenciataria”, y sustituir la conjunción “y” por “o” y la frase “cuando se incumplan o infrinjan disposiciones normativas de su competencia” por “en el ámbito de sus respectivas competencias”.

11C.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el literal a) del inciso primero, las expresiones “sus reglamentos” por “la reglamentación vigente” y “de la licencia respectiva” por “respectivo”.

11D.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso segundo, la frase “en su caso” por “según corresponda”.

°°°°

11E.-De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Previo a declarar en riesgo la prestación del servicio, la licenciataria deberá ser oída en los plazos y de acuerdo al procedimiento que se determine en el reglamento.”.

°°°°

Artículo 35

11F.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo ….- Cobro de garantía. En el caso regulado en el artículo 33, la Superintendencia procederá a hacer efectiva la garantía del artículo 30, y su monto será puesto a disposición del Administrador temporal designado conforme al artículo anterior, para garantizar la continuidad del servicio.”.

Artículo 36

11G.-Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar, en el inciso segundo, la expresión “culpa leve” por “culpa levísima”.

Artículo 37

11H.-Del Honorable Senador señor Horvath, para eliminar la frase “, por un plazo de cinco años, contados desde la fecha del decreto respectivo”.

Artículo 40

11I.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso primero, la frase “establecer, construir y explotar” por “la prestación de”.

°°°°

11J.-De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar los siguientes incisos segundo a sexto, nuevos:

“Otorgado el Permiso de distribución, el Estado no podrá otorgar en parte alguna del área de servicio del permisionario, permisos o licencias de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas, ni concesiones sanitarias.

Habiendo entrado en operación el permisionario, el Ministerio podrá declarar en riesgo el servicio en caso que las condiciones del servicio suministrado no correspondan a las exigencias establecidas en la normativa legal o reglamentaria vigente, o a las condiciones estipuladas en el decreto de otorgamiento respectivo.

Declarado en riesgo el servicio, cesarán en sus funciones el directorio del comité o el gerente y el consejo de administración de la cooperativa, según el caso.

El Ministerio podrá adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio, mientras la asamblea o la junta general designan un nuevo directorio o consejo de administración, según el caso.

Previo a declarar en riesgo la prestación del servicio, el permisionario deberá ser oído en los plazos y de acuerdo al procedimiento que se determine en el reglamento.”.

°°°°

Artículo 44

12.-Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir, en su inciso segundo, la expresión “alto” por “operador grande”.

12A.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso segundo, el vocablo “alto” por “AAA”.

Artículo 45

12B.-Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el inciso tercero, a continuación de “condiciones económicas”, la expresión

“, ambientales”.

o o o o

12C.-De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación del artículo 46, el siguiente, nuevo:

“Artículo ….- Actualización del Plan de Inversiones. Las licenciatarias deberán actualizar su Plan de Inversiones cada cinco años. Asimismo, deberán actualizarlo en caso que el subsidio o inversión pública efectivamente recibida difiera del considerado al haberse determinado el nivel tarifario.

La actualización del Plan de Inversiones se hará conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento.”.

o o o o

Artículo 48

13.-Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar, en su inciso primero, la expresión “alto” por “grande”.

13A.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso primero, la expresión “medio y alto” por “AAA y AA”.

Artículo 50

14.-De S.E. la Presidenta de la República, para agregarle el siguiente inciso segundo:

“Sin perjuicio de lo anterior, la Asamblea General o la Junta General, según corresponda, en sesión extraordinaria y por mayoría simple de los miembros presentes, podrá autorizar el uso y goce de los citados bienes para el desarrollo de otras actividades, siempre que no se limite, entorpezca o afecte de modo alguno la provisión de los servicios sanitarios rurales, y se cumpla con la normativa vigente. Para estos efectos, la Asamblea General o la Junta General deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de sus miembros.”.

Artículo 52

14A.-Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar, en la letra d), la frase “una o más boletas o facturas” por “dos o más boletas o facturas”.

Artículo 53

14B.-Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 53.- Juicios de cobro. Las acciones que se hagan efectivas ante los tribunales de justicia para el cobro de obligaciones derivadas de la prestación de servicios sanitarios rurales, se someterán a las reglas del procedimiento sumario regulado en el Código de Procedimiento Civil. Asimismo, los recursos que se interpongan en contra de las sentencias dictadas en tales juicios tendrán preferencia para su vista y fallo.”.

Artículo 54

14C.-Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 54.- Modificaciones de niveles de servicio. A proposición de la Superintendencia, con consulta previa al afectado, y mediante decreto supremo que deberá llevar la firma del Ministro de Obras Públicas, se podrán modificar los niveles de servicio de los operadores. Para tal efecto, la propuesta de la Superintendencia deberá ser comunicada al operador afectado a fin de que dé su opinión fundada, dentro de un término de noventa días. Concluido dicho plazo, haya o no informado el afectado, el Ministro de Obras Públicas podrá rechazar la propuesta de la Superintendencia o dictar el referido decreto supremo de modificación, el cual deberá ser fundado y basado en criterios de carácter objetivo. Los niveles de servicio podrán diferenciarse entre segmentos de operadores.”.

14D.-Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el inciso segundo, a continuación de la palabra “Superintendecia”, la frase “, y habiendo consultado previamente la opinión del afectado”.

o o o o

15.-Del Honorable Senador señor Longueira, para intercalar, a continuación del artículo 56, el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo 56 bis.- Subsidio especial. Establécese un subsidio especial y universal en favor de los operadores de servicios de agua potable rural en el caso de la ocurrencia de una catástrofe natural en el lugar donde operan. El valor del subsidio será fijado por el Presidente de la Republica para cada caso.

Los subsidios se pagarán con cargo al ítem respectivo considerado en la Partida Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público mediante uno o más decretos del Ministerio de Hacienda y con la firma del Ministro del Interior y bajo la fórmula "Por Orden del Presidente de la República.

Deberá dictarse dentro del plazo de noventa días desde la publicación de la presente ley un reglamento para la aplicación de este subsidio.”.

o o o o

Artículo 57

15A.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso primero, la frase “Alcaldes, Concejales y Consejeros Regionales” por “alcalde y consejero regional”.

°°°°

15B.-De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Desde la inscripción de su candidatura, cesará en sus funciones cualquier dirigente de comité o cooperativa de los indicados en el inciso anterior que postule al cargo de alcalde.”.

°°°°

Artículo 58

15C.-Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar, en la letra g), la expresión “el Código Penal” por “la legislación penal vigente”.

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16.-Del Honorable Senador señor Longueira, y 16A.- de S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar el epígrafe del Capítulo 3 del Título IV, por el siguiente: “Viáticos para dirigentes de los Comités”.

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Artículo 61

16B.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 61.- Viáticos para dirigentes de Comités. La asamblea general extraordinaria de un comité de servicio sanitario rural, podrá acordar por mayoría simple de los miembros presentes o representados en ella, viáticos en dinero para sus dirigentes. Estos viáticos, debidamente respaldados, deberán ser rendidos a la asamblea general y serán destinados a gastos de traslado, alimentación, alojamiento y otros similares necesarios para el ejercicio del cargo y su capacitación como dirigentes.”.

17.-Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 61.- Viáticos para dirigentes de Comités. La Asamblea General extraordinaria de un Comité de Servicio Sanitario Rural, podrá acordar por mayoría simple de los miembros presentes o representados en ella, viáticos en dinero para sus dirigentes. Estos viáticos deberán ser rendidos a la Asamblea General y serán destinados en gastos propios del ejercicio del cargo y en capacitación.”.

Artículo 62

17A.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituirlo, por el siguiente:

“Artículo 62.- Reglas y principios generales. Los servicios sanitarios rurales estarán sujetos a las normas sobre fijación de tarifas y demás cobros de agua potable y saneamiento que se establecen en la presente ley y su reglamento.

Las tarifas siempre deberán permitir recuperar los costos indispensables de operación y mantenimiento. Adicionalmente, las tarifas podrán establecer distintos niveles de recuperación de los costos de inversión y reposición.

Se calcularán separadamente las tarifas correspondientes a las diversas etapas del servicio sanitario rural, cuando existan.

Las fórmulas tarifarias a utilizar deberán incluir un cargo fijo mensual y cargos por metro cúbico.

El procedimiento de determinación de las tarifas deberá ser fácilmente comprensible por los Usuarios, y el costo de dicho procedimiento deberá ser proporcional a la magnitud de los servicios sanitarios rurales a tarificar.

Las tarifas serán determinadas por la Superintendencia, conforme al procedimiento establecido en este Título.”.

Artículo 63

17B.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 63.- Determinación de la tarifa de autofinanciamiento. La tarifa de autofinanciamiento, compuesta por un cargo fijo mensual y cargos por metro cúbico, es aquella que permite recuperar la totalidad de los costos indispensables de operación, mantenimiento, inversión y reposición.

La tarifa de autofinanciamiento se calcula a partir del Costo Total de Largo Plazo, entendiéndose éste como aquel valor anual constante requerido para cubrir tanto los costos de operación y mantenimiento eficientes como los de reposición e inversión eficientes, de un proyecto de inversión optimizado.

Dicho valor anual deberá ser consistente con un valor actualizado neto igual a cero, en un horizonte congruente con la vida útil económica de los activos. Para estos efectos, se deberá considerar la depreciación de los activos, la tasa de tributación vigente, la tasa de costo de capital y los aportes de terceros.

La tasa de costo de capital aplicable será única para todos los sistemas definidos y corresponderá a una tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central de Chile, más un premio por riesgo. La metodología para su determinación será definida en el reglamento.

El procedimiento para la determinación de los cargos tarifarios y metros cúbicos a considerar, corresponderá al que se establezca en el reglamento.”.

17C.-Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el inciso primero, a continuación de la expresión “permitir recuperar”, la frase

“, en lo posible,”.

18.-Del Honorable Senador señor Longueira, para intercalar, en su inciso primero, entre la palabra “recuperar” y la expresión “los costos”, la frase “a lo menos dos tercios de”.

Artículo 64

18A.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 64.- Procedimiento de determinación del nivel tarifario. El nivel tarifario es aquel calculado por la Superintendencia rebajando de la tarifa de autofinanciamiento el subsidio o la inversión pública a que se refiere el Capítulo IV del Título VI.

La Superintendencia podrá agrupar distintos servicios, bajo la denominación de sistemas tipo, considerando su tamaño y otras variables de costo relevantes definidas en el reglamento.

Asimismo, definirá los casos en que la fijación tarifaria se hará individualmente en atención al tamaño del servicio o a singularidades técnicas, geográficas o de otra especie, que lo justifiquen.

La Superintendencia calculará mediante resolución fundada, el nivel tarifario correspondiente a los sistemas tipo y a los sistemas de tarificación individual.”.

Artículo 65

18B.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituirlo, por el siguiente:

“Artículo 65.- Procedimiento de determinación de la tarifa a cobrar al usuario. La tarifa a cobrar al usuario se determina para cada servicio sanitario rural, y es aquella que debe pagar efectivamente el usuario, sin perjuicio de los casos en que proceda la aplicación del subsidio establecido en la ley N° 18.778.

Una vez comunicado el nivel tarifario al operador, en la forma que determine el reglamento, éste lo pondrá en conocimiento de la asamblea, la que en el plazo de sesenta días podrá aceptarlo o acordar su variación hasta un 5%. En estos casos, el nivel tarifario aceptado o ajustado por la asamblea corresponderá a la tarifa a cobrar a los usuarios.

En caso que la asamblea acordare solicitar una variación superior al porcentaje indicado en el inciso precedente deberá presentar, a su costa, una contrapropuesta que será aceptada o rechazada por la Superintendencia en un plazo de sesenta días contados desde su presentación completa. Los requisitos, procedimientos y plazos, para presentar la contrapuesta y para el pronunciamiento definitivo de la Superintendencia serán fijados en el reglamento. El dictamen de la Superintendencia, en todo caso, será definitivo y obligatorio.

Vencido el plazo indicado en el inciso segundo sin un pronunciamiento de la asamblea, la tarifa a cobrar a los usuarios corresponderá a la informada por la Superintendencia.

Los procedimientos, requisitos y plazos para la fijación de la tarifa a cobrar al usuario de los sistemas de tarificación individual se establecerán en el reglamento.

Las tarifas a cobrar a los usuarios, serán fijadas mediante decreto supremo dictado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.”.

Artículo 66

18C.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 67.- Período tarifario. Las tarifas serán determinadas por la Superintendencia cada cinco años.

Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso por primera vez, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda conforme al artículo 64, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.”.

Artículo 67

18D.-De S.E. la Presidenta de la República, para suprimirlo.

Artículo 68

18E.-De S.E. la Presidenta de la República, para suprimirlo.

Artículo 69

18F.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 66.- Reajustabilidad de la tarifa. Las tarifas a cobrar a los usuarios, se reajustarán cada vez que se acumule una variación de, a lo menos, 5% del Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadísticas, o en caso que alguna de las variables de costos definidas como relevantes por el reglamento experimente un aumento de al menos 3%. El operador deberá informar del reajuste a los usuarios en la forma y oportunidad definida en el reglamento.”.

Artículo 71

18G.-Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar la frase “ya sea usufructuario” por “ya sea propietario, usufructuario”.

Artículo 73

18H.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso primero, la coma (,), que figura entre las palabras “Urbanismo” y “Planificación”, por la conjunción copulativa “y”; las palabras “para la”, que aparecen entre los vocablos “política” y “asistencia”, por “de inversión,”, y el punto seguido (.) por un punto aparte (.), pasando la oración que lo sucede a convertirse en inciso segundo.

18I.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso segundo, que pasa a ser tercero, la frase “del área rural” por “rurales”.

Artículo 76

19.-De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar en su inciso primero, la siguiente letra i), pasando las actuales letras i), j) y k) a ser letras j), k) y l) , respectivamente:

“i) Un representante de la Asociación de Municipalidades que reúna la mayor cantidad de municipios asociados a nivel nacional.”.

19A.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en los literales j) y k) del inciso primero, la expresión “socios” por “dirigentes”.

19B.-Del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar, en el inciso primero, una letra, nueva, del siguiente tenor:

“…) un representante del Ministerio de Agricultura.”.

20.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en su inciso segundo, la referencia a las letras “i), j) y k)”, por “j), k) y l)”, respectivamente.

21.-De S.E. la Presidenta de la República, sustituir, en su inciso tercero, las referencias a las letras “i), j) y k)”, por “j), k) y l)”; y a las letras “i) y j)” por “j) y k)”, respectivamente.

21A.-De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, en el inciso tercero, a continuación de “Reglamento”, la frase “, y deberá considerar la renovación periódica de los representantes”, y reemplazar las palabras “respetar la adecuada representación de los estratos, las regiones y los Comités y Cooperativas que no se encuentren afiliados a ninguna federación” por “asegurar que cada dirigente que se elija corresponda a una Región distinta, que se respete la adecuada representación de los segmentos, y que estén representados comités y cooperativas que no se encuentren afiliados a ninguna federación”.

22.-Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar en su inciso final, la expresión “Subdirector” por “Director Nacional”.

Artículo 77

°°°°

22A.-Del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El registro establecido en el inciso anterior deberá encontrarse actualizado y para su libre consulta en la pagina web del Ministerio.”.

Artículo 78

22B.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 76.- Clasificación de los operadores. Para los efectos de esta ley, los operadores se clasificarán en tres segmentos: (a) AAA; (b) AA, y (c) A.”.

23.-Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir, en su inciso primero, las expresiones: “(a) alto; (b) medio y (c) bajo”, por “(a) Operador Grande, (b) Operador medio, y (c) Operador bajo.”.

24.-Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar en la denominación del Capítulo 3, que antecede al artículo 80, la expresión “Subdirección” por “Dirección”.

Artículo 80

25.-Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 80.- Dirección de Servicios Sanitarios Rurales. Créase en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Servicios Sanitarios Rurales, que estará a cargo de un funcionario que tendrá el título de Director Nacional de Servicios Sanitarios Rurales.”

Artículo 81

26.-Del Honorable Senador señor Longueira, para introducir las siguientes modificaciones:

uno) Reemplazar, en el encabezamiento del inciso primero, la expresión “Subdirección” por “Dirección Nacional”, y

dos) Sustituir, en el inciso párrafo tercero de la letra h), la palabra “Subdirección” por “Dirección”.

Artículo 82

27.-Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar la voz “Subdirección” las dos veces que aparece, por “Dirección Nacional”, respectivamente.

Artículo 83

28.-Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir, en su inciso primero, la voz “Subdirección” las dos veces que aparece, por “Dirección”, respectivamente.

Artículo 84

29.-Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar, en sus incisos primero y segundo, el término "Subdirección” por “Dirección”, respectivamente.

Artículo 85

29A.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 85.- Inversión pública. La inversión para promover, formar e instalar servicios sanitarios rurales nuevos se definirá por el Ministerio conforme a lo establecido en los artículos 85, 86 y 87, pudiéndose considerar el aporte de los beneficiarios.”.

Artículo 86

29B.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso segundo, la frase “El citado subsidio” por “La infraestructura financiada total o parcialmente con el subsidio a la inversión”.

29C.-De S.E. la Presidenta de la República, para eliminar, en el inciso tercero, la expresión “mediante concurso público”.

Artículo 87

29D.-De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de “diferenciados para cada”, la frase “uno de los”; reemplazar la voz “segmento” por “segmentos”, la primera vez que figura, y suprimir el punto y coma y la frase que le sigue.

Artículo 88

29E.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar el epígrafe del inciso primero por “Procedimiento de selección de proyectos”.

30.-Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir, en el inciso primero, la expresión “Subdirección” por “Dirección Nacional”.

°°°°

30A.-De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Los recursos destinados a la financiación de estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño, como etapa previa a los proyectos definitivos, se distribuirán por el Ministerio a nivel regional conforme a criterios técnicos y al programa bianual. La resolución que dicte el Ministerio para dicho efecto deberá ser visada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.”.

°°°°

30B.-De S.E. la Presidenta de la República, para agregar, en el inciso segundo, la siguiente oración final: “Para la evaluación de los proyectos por parte del organismo público competente bastará que esté dictado el acto expropiatorio respectivo.”.

30C.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso quinto, la palabra “concursabilidad” por “de selección”.

Artículo 89

31.-Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar la expresión “Subdirección” por “Dirección Nacional”.

32.-De S.E. la Presidenta de la República, para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La Subdirección podrá suscribir convenios con otros organismos públicos, para la contratación por parte de ellos de los programas de inversión aplicables al servicio sanitario rural. En todo caso la Subdirección, mantendrá la función de visar técnicamente los proyectos.”.

Artículo 90

32A.-De S.E. la Presidenta de la República, para suprimir, en el inciso primero, la oración que comienza con las palabras “Dichos bienes”.

°°°°

32B.-De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar los siguientes incisos segundo a cuarto, nuevos:

“Serán transferidos a los operadores los derechos de aprovechamiento de aguas que, siendo de propiedad fiscal, sean necesarios para la prestación de servicios sanitarios rurales. Dichos derechos se mantendrán bajo el dominio de los operadores en tanto sean usados para la prestación del servicio sanitario rural, pasando de pleno derecho al dominio del Ministerio en cuanto cese dicha condición. Se entenderá que cesa la condición en caso de haberse declarado desierta la licitación del permiso o licencia. La transferencia a los operadores se hará mediante resolución de la autoridad correspondiente, debiendo ajustarse a lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Aguas.

En caso de cambio de operador, los derechos se transferirán gratuitamente y de pleno derecho a quien detente la calidad de tal, desde el otorgamiento de su licencia o permiso.

Los bienes a que se refiere este artículo serán considerados como aportados por terceros para fines tarifarios, e indispensables para los efectos del artículo 12.”.

°°°°

o o o o

32C.-De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación, los siguientes artículos, nuevos:

“Artículo ….- Expropiaciones y donaciones. Los bienes inmuebles necesarios para la prestación de los servicios sanitarios rurales se declaran de utilidad pública y su expropiación se efectuará por intermedio del Ministerio, conforme a lo dispuesto en el decreto ley N° 2.186, de 1978.

La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales podrá aceptar donaciones o erogaciones consistentes en dinero o en dación de cosas, sean éstas muebles o inmuebles, para la ejecución de obras o el financiamiento total o parcial de expropiaciones, destinadas a la prestación de los servicios sanitarios rurales. En caso de recibir donaciones o erogaciones para el financiamiento parcial de expropiaciones, el Estado financiará la diferencia con fondos sectoriales o regionales.

Una vez aceptada y materializada la entrega de las donaciones o erogaciones a que se refiere el inciso precedente, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales la aprobará por orden interna para los efectos de la contabilización correspondiente en la Dirección de Contabilidad y Finanzas de la Dirección General de Obras Públicas. Copia de esta orden se enviará a la Contraloría General de la República. Para estas donaciones no se requerirá el trámite de insinuación judicial.

Artículo ….- Regularización de bienes. En caso de que un operador solicite que se le reconozca la calidad de poseedor regular de bienes inmuebles necesarios para la prestación de su servicio sanitario rural, conforme al procedimiento establecido en el decreto ley N° 2.695, de 1978, servirá como plena prueba de su posesión material la existencia en el inmueble de alguno de los bienes indicados en las letras f), g), h), i) y j) del artículo 12, siempre que el bien haya estado en uso al menos durante los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de regularización.

Artículo ….- Vertimiento de aguas tratadas en canales de regadío. Los operadores de tratamiento y disposición podrán solicitar a la organización de usuarios respectiva, autorización para el vertimiento y evacuación de las aguas tratadas en un canal, conviniendo el precio y demás condiciones del acuerdo.

En caso que la organización de usuarios negare la autorización, o no se llegue a acuerdo respecto del precio u otras condiciones, el operador podrá recurrir al juzgado de letras en lo civil de la comuna correspondiente al punto de descarga propuesto, para que éste, conforme al procedimiento sumario establecido en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, lo autorice a verter y evacuar las aguas tratadas en el canal, estableciendo la compensación que deberá pagar periódicamente a la organización de usuarios por la recepción y evacuación de las aguas.

El juez sólo podrá autorizar al operador a verter y evacuar las aguas tratadas en un canal en caso que se trate de la solución de tratamiento y disposición más adecuada desde el punto de vista técnico y económico, que no se afecten actividades económicas que para su desarrollo utilicen las aguas del canal, que las aguas tratadas cumplan con las exigencias que establece la normativa vigente aplicable, y que el operador cuente con un sistema que le permita retener las aguas tratadas sin descargarlas al canal en los períodos en que éste, por razones de mantención o de cualquier tipo, esté fuera de servicio.”.

o o o o

Artículo 93

33.-Del Honorable Senador señor Longueira, para intercalar entre la expresión ley y el punto a parte (.) que le sigue la siguiente frase “, previa consulta a los organismos públicos integrantes del Consejo Consultivo regulado en el artículo 76 de esta ley.”.

Artículo 95

34.-De S.E. la Presidenta de la República, para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El afectado podrá reclamar de la aplicación de la multa, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 18.902.”.

34A.-De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Para la determinación del monto de las multas antes señaladas se debe considerar el segmento en que está clasificado, conforme al artículo 76, el operador sancionado.”.

Artículo 98

35.-Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir, la expresión “Subdirector” por “Director Nacional”.

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO

35A.-De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, en el inciso segundo, a continuación de la frase “del artículo 20 de esta ley”, lo siguiente: “, ni se aplicará lo dispuesto en los artículos 23, 24, 25 y 27”.

°°°°

35B.-De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente inciso tercero nuevo:

“La licenciataria deberá presentar su Plan de Inversiones en el plazo que el Ministerio determine en el decreto de otorgamiento, el que en todo caso no podrá ser inferior a noventa días.”.

°°°°

35C.-De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente inciso quinto, nuevo:

“Presentada la solicitud de permiso o licencia para la etapa de distribución de agua potable, el Ministerio otorgará conjuntamente la de recolección de aguas servidas. Sin perjuicio de lo anterior, la operación de la etapa de recolección será exigible sólo una vez que esté aprobada la puesta en operación de las redes por la Subdirección.”.

°°°°

35D.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir el actual inciso cuarto, por el siguiente:

“Los decretos que dicte el Ministro de Obras Públicas para el otorgamiento de las licencias o permisos conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto precedentes, sólo se publicaran en el sitio electrónico del Ministerio, y se notificará por carta certificada al operador.”.

35E.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el actual inciso sexto, la palabra “tercero” por “cuarto”.

°°°°

35F.-De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar el siguiente inciso final, nuevo:

“El reglamento fijará el procedimiento para el otorgamiento de permisos o licencias, para la aprobación y presentación del Plan de Inversiones, y para la inscripción de los operadores en el Registro.”.

°°°°

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO

35G.-De S.E. la Presidenta de la República, para remplazar “sanitarios rurales” por “de agua potable o saneamiento”, y “2 años” por “noventa días”.

ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO

35H.-De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir el inciso primero, por el siguiente:

“ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.- Para aquellos operadores a los que se haya otorgado permiso o licencia conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto del artículo segundo transitorio, la primera fijación tarifaria deberá efectuarse de conformidad al procedimiento establecido en esta ley y su reglamento. La primera fijación tarifaria será efectuada por la Superintendencia dentro del período de 5 años contados desde el término del plazo establecido en el inciso primero del artículo segundo transitorio. En todo caso, las tarifas de las licenciatarias deberán fijarse dentro de los primeros dos años de dicho período. Para efectos de lo indicado anteriormente, la Superintendencia definirá, mediante resolución dictada en el plazo indicado en el artículo primero transitorio, un calendario regional de fijación tarifaria.”.

36.-De S.E. la Presidenta de la República, para introducirle las siguientes enmiendas:

uno) Suprimir, en su inciso primero, la frase “, dentro del plazo de 5 años contados desde el otorgamiento”, y

dos) Intercalar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos segundo, tercero y cuarto, a ser incisos cuarto, quinto y sexto, respectivamente:

“La primera fijación tarifaria será efectuada por la Superintendencia dentro del período de 5 años contados desde el término del plazo establecido en el inciso primero del artículo segundo transitorio. Para estos efectos la Superintendencia definirá mediante resolución dictada en el plazo indicado en el artículo primero transitorio de esta ley, un calendario regional de fijación tarifaria.

Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso en el período intermedio, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.”.

ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO

37.-De S.E. la Presidenta de la República, para suprimir la siguiente frase: “dentro del plazo de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia del Reglamento de esta ley”.

o o o o

38.-De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación del Artículo Séptimo Transitorio, el siguiente Artículo Octavo Transitorio, nuevo:

“ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO.- Los derechos de aprovechamiento de aguas y los demás bienes, sean muebles o inmuebles, que estén siendo usados para la prestación de servicios sanitarios rurales, y que pertenezcan a alguna concesionaria de servicios sanitarios, podrán ser donados al Ministerio de Obras Públicas.

La escritura pública de donación, en la que se individualicen los bienes inmuebles y derechos de aprovechamiento de aguas donados, suscrita entre el donante y el Director General de Obras Públicas, el Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales o el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, en su caso, bastará como título suficiente para su inscripción a favor del Ministerio de Obras Públicas, en el Registro de Propiedades y en el de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo, así como para su anotación en el Registro Público de derechos de aprovechamiento de aguas a que se refiere el artículo 122 del Código de Aguas.

Estas donaciones estarán exentas del trámite de insinuación y del pago de todo tipo de tributos. Para proceder a la inscripción de los inmuebles no será necesario que se acredite el pago del impuesto territorial.

No se requerirá respecto de estas donaciones la autorización del Ministerio de Hacienda a que se refiere el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 19.896.”.

o o o o

ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO

9.-De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar las siguientes enmiendas:

uno) Añadir, a su inciso primero, la siguiente oración final: "En los casos que corresponda, según lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley, los bienes que conforman la citada reserva legal tendrán el carácter de bienes indispensables.”.

dos) Agregar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Los derechos en las cooperativas de servicios sanitarios rurales cuyo titular era el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, se traspasarán por el sólo efecto de esta ley a los demás socios de la cooperativa, a prorrata de sus aportes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, los bienes aportados o cedidos por el Servicio Nacional de Obras Sanitarias o sus antecesores a las cooperativas de servicios sanitario rurales, a cualquier título, que estén siendo usados para la prestación de servicios sanitarios rurales, conformarán una reserva técnica de bienes fiscales, y se les aplicará lo dispuesto en el artículo 90 de esta ley.”.

ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO

39A.-De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso segundo, la expresión “alto” por “AAA”.

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OFICIO Nº 164/OP/2009

VALPARAÍSO, 31 de julio de 2009.

La Comisión de Obras Públicas, en sesión realizada el día miércoles 28 del presente, aprobó por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Carlos Ignacio Kuschel, Juan Pablo Letelier, Pablo Longueira, Sergio Romero y Mariano Ruiz-Esquide, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula los servicios sanitarios rurales. (Boletín N° 6.252-09).

En dicha oportunidad, la Comisión en atención a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, acordó, recabar el pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema en relación a esta iniciativa legal, cuyo texto se adjunta, específicamente respecto del artículo 51 de esta iniciativa legal, que fue modificado durante el trámite reglamentario de su Segundo Informe.

Se adjunta el texto del proyecto de ley.

Dios guarde a V.E.

PABLO LONGUEIRA MONTES

Presidente

ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA

Abogada Secretaria

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA

EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DON URBANO MARÍN VALLEJO

PLAZA MONTT VARAS

SANTIAGO

“PROYECTO DE LEY:

“TITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

“Artículo 1º.- Ámbito de vigencia . La presente ley regula la prestación del servicio sanitario rural.

El servicio sanitario rural podrá ser operado por un Comité o una Cooperativa, al que se le haya otorgado un permiso o licencia por el Ministerio de Obras Públicas. Excepcionalmente, conforme se establezca en el Reglamento, el servicio podrá ser operado por otra persona natural o jurídica autorizada por el Ministerio de Obras Públicas, previo informe favorable de la Autoridad Sanitaria regional.

Artículo 2º.-

Definiciones. Para efectos de la aplicación de esta ley, se entiende por:

a) “Área de servicio”: Aquélla cuyos límites geográficos constituyen la superficie territorial en que un operador presta servicios sanitarios rurales, como permisionario o licenciatario.

b) “Comité de Servicio Sanitario Rural”: Organización comunitaria funcional, constituida y organizada conforme a lo dispuesto en la ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, a la que se le otorgue permiso para operar un servicio sanitario rural.

c) “Concesión sanitaria”: La otorgada conforme al decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988.

d) “Concesionarias de servicios sanitarios”: Aquellas personas jurídicas titulares de concesiones otorgadas conforme al Decreto con Fuerza de Ley Nº 382 del Ministerio de Obras Públicas del año 1988.

e) “Cooperativa de Servicio Sanitario Rural”: Persona jurídica constituida y regida por la Ley General de Cooperativas, a la que se le otorgue licencia o permiso para operar un servicio sanitario rural.

f) “Departamento de Cooperativas”: El perteneciente al Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.

g) “Licencia de servicio sanitario rural” o “Licencia”: La que se otorga por el Ministerio a las Cooperativas de Servicio Sanitario Rural, por un plazo máximo de 30 años, para la prestación de un servicio sanitario rural en un área de servicio determinada.

h) “Licenciataria”: Cooperativa a la que se ha otorgado licencia para operar servicios sanitarios rurales.

i) “Ministerio”: El Ministerio de Obras Públicas.

j) “Operador”: La Cooperativa o Comité al que se ha otorgado, por el Ministerio, licencia o permiso para prestar un servicio sanitario rural.

k) “Permisionario”: Es el titular del permiso otorgado en conformidad a esta ley.

l) “Permiso de servicio sanitario rural” o “Permiso”: El que se otorga por el Ministerio a un Comité o Cooperativa, por un plazo máximo de 10 años, para la prestación de un servicio sanitario rural, en un área de servicio determinada.

m) “Registro”: El Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales regulado en el artículo 76 de esta ley.

n) “Reglamento”: El que se dicte para la ejecución de las normas contenidas en esta ley, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3.

ñ) “Saneamiento”: Recolectar, tratar y disponer las aguas servidas.

o) “Servicio Sanitario Rural”: Provisión de agua potable y saneamiento, conforme a lo dispuesto en esta ley.

p) “Soluciones Descentralizadas de Saneamiento”: Son aquellas que, no estando conectadas con una red de alcantarillado primario, permiten la recolección, tratamiento y vertimiento o reutilización de las aguas residuales de sistemas comunitarios, conjuntos residenciales y residencias individuales, según el caso.

q) “Subdirección”: La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas, que se crea por esta ley.

r) “Superintendencia”: La Superintendencia de Servicios Sanitarios.

s) “Usuario”: la persona que recibe algún servicio sanitario rural, pudiendo o no tener la calidad de socio del Operador.

Artículo 3º.-

Reglamento. Para la aplicación de esta ley, se dictará un Reglamento elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, previa consulta a los organismos públicos integrantes del Consejo Consultivo regulado en el artículo 75 de esta ley.

TITULO II

DEL SERVICIO SANITARIO RURAL

Artículo 4º.-

Tipos de servicios sanitarios rurales. El servicio sanitario rural podrá ser primario o secundario.

Artículo 5º.-

Servicio sanitario rural primario. Corresponde a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, en su caso, a las comunidades rurales para uso doméstico, y requiere el abastecimiento de agua de calidad, en cantidad y con continuidad; y en forma universal para todos aquellos usuarios que se ubiquen dentro del área de servicio.

Se entenderá por uso doméstico el destinado al consumo familiar o a pequeñas actividades comerciales o artesanales, u otros que el reglamento determine, en atención a los volúmenes de consumo.

Artículo 6º.-

Servicio sanitario rural secundario. Corresponde a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento que exceden del uso doméstico, y cuya prestación sólo procede cuando el operador garantiza la cobertura del servicio sanitario rural primario.

El usuario del servicio sanitario rural secundario podrá comprar agua potable o solicitar su disposición a un operador de producción de agua potable o de disposición rural de aguas servidas, o a un concesionario de servicios sanitarios. En este caso, el operador o concesionario que preste este servicio deberá compensar al operador de la red de distribución o recolección, según sea el caso, mediante el pago de una tarifa de peaje calculada por la Superintendencia, conforme a lo dispuesto en el Reglamento. En caso de existir diferencias entre las partes, será la Superintendencia quien resolverá a través de una resolución fundada.

Artículo 7º.-

Etapas de los servicios. Los servicios sanitarios rurales comprenden las siguientes etapas:

(a) producción de agua potable;

(b) distribución de agua potable;

(c) recolección de aguas servidas; y,

(d) tratamiento y disposición final de aguas servidas.

La etapa de producción de agua potable consiste en la captación y tratamiento de agua cruda, para su posterior distribución en las condiciones que establece la normativa legal y reglamentaria vigente.

La etapa de distribución de agua potable consiste en el almacenamiento en su caso, y la conducción del agua producida hasta su entrega en el inmueble del usuario.

La etapa de recolección de aguas servidas consiste en la conducción de dichas aguas desde el inmueble hasta la entrega para su tratamiento y disposición final. Alternativamente esta etapa podrá consistir en soluciones descentralizadas de saneamiento para su posterior disposición.

La etapa de tratamiento y disposición de aguas servidas consiste en la remoción de los contaminantes presentes para la posterior evacuación de éstas en cuerpos receptores, en las condiciones que establece la normativa legal y reglamentaria vigente, o en sistemas de tratamiento.

Solicitada la etapa de distribución, el Ministerio otorgará conjuntamente la de recolección.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, la prestación de la etapa de recolección será exigible sólo una vez que esté aprobada la puesta en operación de las redes por la Subdirección.

La producción de agua potable y el tratamiento y disposición de aguas servidas, podrán ser contratados a terceros por el operador.

TITULO III

LICENCIAS Y PERMISOS

Capítulo 1

Normas comunes

Artículo 8º.-

Área de servicio. El operador prestará el servicio dentro del territorio delimitado en el respectivo permiso o licencia.

Artículo 9º.-

Derecho a usar bienes nacionales de uso público e imponer servidumbres. Las licencias y permisos otorgan el derecho a usar a título gratuito bienes nacionales de uso público para construir o instalar infraestructura de servicios sanitarios rurales, siempre que no se altere, en forma permanente, la naturaleza y finalidad de éstos. El uso deberá sujetarse a las condiciones dispuestas por las respectivas municipalidades u otros órganos públicos encargados de su administración, cuando estas instalaciones pudieran afectar el normal uso del bien nacional de uso público. En todo caso, el uso temporal de cualquier bien nacional de uso público requerido para ejercer este derecho estará exento de cualquier tipo de cobro.

Asimismo, las licencias y permisos otorgan el derecho a imponer la constitución de servidumbres, en conformidad con lo establecido en el Código de Aguas.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable a los trabajos de exploración para la captación de aguas subterráneas y se considerarán también obras de infraestructura sanitaria rural, cuando ellos sean claramente identificables con una obra de aprovechamiento para el servicio sanitario rural.

En caso que la conexión de una instalación domiciliaria de alcantarillado a una red de recolección para permitir el desagüe gravitacional, obligue a atravesar el predio de otro propietario, se constituirá una servidumbre legal de alcantarillado domiciliario.

El largo y ancho de la faja de terreno sujeta a servidumbre, corresponderá a la factibilidad técnica del proyecto de conexión otorgada por la licenciataria o el permisionario, obligándose el interesado a indemnizar los perjuicios.

Artículo 10.-

Licencias o permisos vinculados. Para otorgar una licencia o permiso que requiera de otra licencia o permiso para la prestación integral del servicio sanitario rural, la Superintendencia deberá exigir la existencia de la licencia o permiso que condiciona a la solicitada o su tramitación simultánea.

Artículo 11.-

Obligación de cobro conjunto. El operador de distribución cobrará en una cuenta única y recaudará de los usuarios el valor de las prestaciones correspondientes a los servicios de producción, distribución, recolección, y tratamiento y disposición.”.

El incumplimiento de las obligaciones que se deriven de lo señalado en el inciso anterior no podrá afectar la prestación de los servicios a los usuarios.

Artículo 12.-

Bienes indispensables. Se entienden destinados a finalidades de utilidad y salubridad pública, los bienes indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales.

Los bienes se considerarán indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales, desde el otorgamiento de la licencia o permiso, desde su adquisición o regularización, o desde su puesta en operación, según corresponda.

Serán bienes indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales, entre otros, los siguientes:

a) arranques de agua potable

b) uniones domiciliarias de alcantarillado

c) redes de distribución

d) redes de recolección

e) derechos de agua

f) captaciones

g) sondajes

h) estanques de regulación

i) servidumbres de paso

j) plantas de producción de agua potable y plantas de tratamiento de agua servida.

k) inmuebles en que estén adheridos alguno de los bienes indicados en las letras f), g), h) y j) anteriores.

En caso que los bienes indispensables aportados por el Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley, pierdan tal calidad, el Operador deberá contar con la autorización de la Subdirección para enajenarlos. No se requerirá dicha autorización cuando la enajenación sea resultado de un reemplazo o mejora, los que, en todo caso, deberán ser informados de manera documentada y previa a su realización a la Subdirección.

Los bienes indispensables tendrán el carácter de inembargables, siéndole aplicable lo establecido en el número 17 del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 13.-

Licitación de nuevas licencias o permisos. El Ministerio de Obras Públicas podrá llamar a licitación pública para el otorgamiento de nuevas licencias o permisos, y no podrá denegarlos arbitrariamente.

Artículo 14.-

Transferencia. Los operadores podrán transferir a otros Comités o Cooperativas, sus permisos o licencias, debiendo:

a) Acordar la transferencia por al menos los dos tercios de los miembros o socios presentes o representados en Asamblea General extraordinaria o Junta General de Socios, especialmente convocada al efecto. Con este fin la Asamblea extraordinaria o la Junta General de Socios deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros o socios.

b) Solicitar autorización al Ministerio, el que tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse contados desde la presentación de la solicitud de autorización. En caso que no se pronuncie dentro del plazo señalado, se entenderá que aprueba la transferencia.

En cualquier caso de transferencia de una licencia o permiso, el adquirente deberá cumplir con todas las condiciones que esta ley y que su Reglamento fijen.

Perfeccionada la transferencia, se deberá dejar constancia en el Registro.

Si la licenciataria está operando en área urbana, podrá transferir total o parcialmente la licencia a una concesionaria de servicio sanitario, la que en todo caso deberá operar el área de servicio de conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988 y sus normas complementarias, entendiéndose ampliada su concesión sanitaria de pleno derecho, una vez que la transferencia haya sido autorizada por el Ministerio mediante Decreto Supremo, previo informe favorable de la Superintendencia.

Capítulo 2

De la licencia de servicio sanitario rural

Artículo 15.-

Objeto. La licencia autoriza a una cooperativa para prestar un servicio sanitario rural.

Otorgada la licencia de distribución, el Estado no podrá otorgar en parte alguna del área de servicio de la licenciataria, permisos o licencias de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas, ni concesiones sanitarias.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán otorgarse concesiones sanitarias en dicha área, en caso que, publicado el llamado a licitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, en al menos dos oportunidades, no se presente ninguna cooperativa interesada en la licencia dentro del plazo establecido en el artículo 23.

Artículo 16.-

Licenciatarias. Las licencias para prestar servicios sanitarios rurales, sólo serán otorgadas a Cooperativas, las que se regirán por las normas de la Ley General de Cooperativas, sin perjuicio de las normas que establece esta ley y las demás propias de su giro.

Artículo 17.-

Plazo. El plazo máximo de vigencia de la licencia será de 30 años. Durante este lapso, el Estado no podrá otorgar nuevas licencias de distribución rural de agua potable y de recolección rural de aguas servidas, en la misma área de servicio.

Artículo 18.-

Ampliaciones. La licenciataria podrá solicitar ampliaciones de su área de servicio conforme al procedimiento establecido en los artículos 20 y siguientes de esta ley.

Si el área de ampliación solicitada está total o parcialmente ubicada dentro de un área urbana o de extensión urbana, la Superintendencia deberá informar si se ha solicitado u otorgado en dicha área una concesión sanitaria.

Si se hubiere solicitado u otorgado, la concesionaria de servicios sanitarios será notificada por la Superintendencia, a fin, de que en un plazo de 60 días, solicite la ampliación de su territorio operacional incorporando el área solicitada por la licenciataria. Si respondiere negativamente o no respondiere dentro de plazo, se tramitará la solicitud de ampliación de la licencia.

No habiéndose solicitado u otorgado una concesión sanitaria, se tramitará la solicitud de ampliación presentada por la licenciataria.

Artículo 19.-

Licitación de la Licencia. La Superintendencia deberá llamar a licitación de la licencia y de sus bienes indispensables, un año antes del término del plazo de vigencia.

El llamado a licitación de la licencia pronta a extinguirse, se publicará por la Superintendencia por una vez en el Diario Oficial y, por dos veces en un diario de circulación en la provincia o en la comuna respectiva. Adicionalmente, se difundirá a través de un medio de radiodifusión sonora provincial o comunal y se notificará por medio de carta certificada a la respectiva licenciataria, y por otros medios idóneos que determine el reglamento.

Las bases de licitación deberán señalar el nivel de subsidio a la inversión que se considerará para los efectos de evaluar las solicitudes de licencia que se presenten.

Las bases de licitación deberán contener una valorización actualizada de las inversiones necesarias para la prestación del servicio efectivamente realizadas por el anterior operador, sólo en la parte que hubieren sido financiadas con su patrimonio propio. En el evento que la licencia no le sea renovada, la nueva Licenciataria deberá pagar al anterior Operador dicho valor en la forma que lo hayan determinado las bases.

La avaluación actualizada de las inversiones que señala el inciso anterior, se efectuará de común acuerdo entre la Licenciataria y la Superintendencia y, en caso de desacuerdo, se hará por un perito tasador, que será nombrado conforme lo establezca el Reglamento.

Tanto la licencia como los bienes indispensables, se entenderán transferidos de pleno derecho desde la fecha del decreto de adjudicación.

En caso que la licitación no se resuelva antes del término del plazo de vigencia de la licencia, se entenderá ésta prorrogada automáticamente hasta la fecha del decreto de adjudicación a la nueva licenciataria.

Artículo 20.-

Solicitud. La solicitud de licencia se presentará ante la Superintendencia, acompañando una garantía de seriedad de la presentación, cuyo valor no podrá exceder de cien unidades tributarias mensuales, y cuyas características se determinarán en el reglamento. La solicitud, cuyas características se determinarán en un reglamento, contendrá, a lo menos, lo siguiente:

1) La identificación de la Cooperativa peticionaria.

2) Un Certificado de vigencia de la Cooperativa, emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente.

3) La identificación de la etapa del servicio sanitario rural que se solicita, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7º de esta ley.

4) La identificación de las fuentes de agua y sus respectivos derechos, en el caso de la licencia de producción rural de agua potable.

La Licenciataria deberá tener la propiedad o el uso de estos derechos, circunstancia que deberá acreditarse en la forma y plazos que defina el Reglamento.

5) La identificación de las demás Licenciatarias, Concesionarias de servicios sanitarios o Permisionarios con las cuales se relacionará.

6) Los límites del área geográfica en que se prestarán los servicios sanitarios rurales.

7) Las características de las aguas servidas a tratar, del efluente y del cuerpo receptor, en el caso de la licencia de tratamiento y disposición rural de aguas servidas.

8) Un Inventario valorizado de bienes, derechos y obligaciones, y un estado de situación con una antigüedad no superior a 30 días a la fecha de su presentación, que deberá contener el análisis correspondiente a cada una de sus cuentas.

Artículo 21.-

Incorporación de nuevas zonas al área de servicio. Presentada la solicitud de licencia, la Superintendencia podrá ampliar los límites del área de servicio sólo con el objeto de incorporar zonas que desde el punto de vista técnico, económico y social, hagan conveniente la constitución de un sistema único, con incidencia en un menor costo para la provisión del servicio.

Para estos efectos, la Superintendencia consultará al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a las respectivas municipalidades, para que en un plazo de 45 días informen si consideran suficiente el área de servicio solicitada para satisfacer demandas habitacionales no cubiertas.

Artículo 22.-

Publicación. El solicitante deberá publicar, a su cargo, un extracto de la solicitud de licencia por una vez en un diario de circulación provincial o comunal, y deberá difundirlo a través de un medio de radiodifusión sonora provincial o comunal, u otro medio idóneo, por dos veces a lo menos. El extracto contendrá las menciones que se establezcan en el Reglamento.

Artículo 23.-

Plazo para otras interesadas. Si hubiera otras Cooperativas interesadas en la licencia, deberán presentar a la Superintendencia, dentro del plazo de cuarenta y cinco días contados desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el artículo anterior, una solicitud de licencia en los términos establecidos en el artículo 20, la que deberá ser acompañada de una garantía de seriedad, cuyo valor no podrá exceder a cien unidades tributarias mensuales, y cuyas características se determinarán en el Reglamento.

Artículo 24.-

Plan de inversión. Todos los que hubieren presentado solicitud de licencia entregarán a la Superintendencia, dentro del plazo de 90 días contado desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el artículo 22, lo siguiente:

1.- Un Plan de Inversiones que deberá contener, a lo menos:

a) descripción técnica general y un cronograma de las obras proyectadas para un horizonte de cinco años;

b) estimaciones de beneficios, costos, valor actualizado neto; y

c) tarifas propuestas.

2.- Los demás antecedentes requeridos de conformidad al Reglamento.

Artículo 25.-

Criterios de recomendación para la adjudicación. La Superintendencia propondrá al Ministerio la adjudicación de la licencia a la solicitante que, cumpliendo las condiciones técnicas exigidas, ofrezca las condiciones económicas y sociales más ventajosas para la provisión del servicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento. Cuando el interés general lo haga necesario se considerará el plazo de puesta en explotación de los servicios, como criterio adicional de adjudicación.

En caso de igualdad en las condiciones ofrecidas por los interesados, se adjudicará la licencia al que tenga en ese momento la calidad de titular de la misma.

Con todo, la tarifa ofrecida por el solicitante al que se proponga adjudicar, no podrá ser superior a la determinada por la Superintendecia de conformidad al Título V de esta ley.

Artículo 26.-

Informe. La Superintendencia, dentro de un plazo de 90 días contados desde el vencimiento del plazo de entrega de antecedentes a que se refiere el artículo 24, informará al Ministerio sobre las solicitudes presentadas.

El informe se pronunciará sobre el Plan de Inversiones y los demás antecedentes presentados por el solicitante, y propondrá la dictación del decreto de otorgamiento de la licencia, si se estima procedente.

El plazo a que se refiere este artículo se interrumpirá cuando el interesado esté en mora de cumplir con los antecedentes exigidos en el artículo 24 de esta ley, que le hubieren sido solicitados por carta certificada de la Superintendencia.

En todo caso, el plazo para evacuar el informe de la Superintendencia al Ministerio no podrá exceder de ciento ochenta días contados desde el vencimiento del plazo de entrega de antecedentes a que se refiere el artículo 24.

Artículo 27.-

Adjudicación. El Ministerio, considerando el informe de la Superintendencia, resolverá fundadamente acerca de la solicitud de licencia, en un plazo máximo de treinta días de recibido dicho informe, dictando el respectivo decreto expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República".

Artículo 28.-

Decreto de otorgamiento. El decreto de otorgamiento de la licencia considerará, entre otros, los siguientes aspectos:

1. La identificación de la Licenciataria.

2. Las etapas del servicio sanitario rural que se prestarán, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7 de esta ley.

3. Las condiciones de prestación de los servicios, aprobadas por la Superintendencia.

4. La normativa general aplicable a la licencia que se otorga.

5. El Plan de Inversiones de la licenciataria respecto del cual se ha pronunciado la Superintendencia.

6. La tarifa a cobrar a los usuarios

7. La garantía involucrada.

8. El plazo de vigencia de la licencia.

Artículo 29.-

Garantía. Al otorgarse la licencia, la Superintendencia exigirá a la licenciataria, en los términos que se establezcan en el Reglamento, una garantía que resguarde la adecuada prestación del servicio, cuyo monto se calculará considerando el número de usuarios y sus condiciones socioeconómicas. Con todo, el monto de la garantía no podrá exceder del total de los costos de operación correspondientes a tres meses.

Los instrumentos en virtud de los cuales se otorguen las garantías serán elegidos por la Licenciataria de entre aquellos que la Superintendencia defina para tal efecto. Las cláusulas del contrato respectivo deberán ser aprobadas por la Superintendencia.

Capítulo 3

Caducidad, continuidad de la prestación del servicio y quiebra de la licencia

Artículo 30.-

Caducidad. Las licencias caducarán, antes de entrar en operación, si no se ejecutaren oportunamente las obras correspondientes al Plan de Inversión necesarias para poner en explotación el servicio, indicadas en el decreto de otorgamiento de la licencia.

La caducidad será declarada mediante un decreto dictado por el Ministro de Obras Pública bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Caducada una licencia, la Superintendencia podrá, mediante resolución fundada de carácter técnico, declarar que la falta de ella afecta la prestación integral del servicio en otra, que indicará. En dicho caso, el operador tendrá el plazo de noventa días para demostrar técnica y económicamente que puede mantener el servicio. De no poder hacerlo, la Superintendencia licitará la licencia de conformidad con las reglas del Capítulo anterior.

Caducada la licencia, el monto de la garantía a que se refiere el artículo 29 quedará a beneficio fiscal.

Artículo 31.-

Retiro de instalaciones. En el caso de caducidad previsto en el artículo anterior, la Cooperativa podrá disponer de las instalaciones ejecutadas, salvo los bienes indispensables. Cuando estas instalaciones ocupen bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o de particulares, el retiro deberá hacerse dentro del plazo y en las condiciones que fije la Superintendencia.

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará, cuando corresponda, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones, exigencias y requisitos establecidos para ese evento, en la respectiva resolución de calificación ambiental.

Artículo 32.-

Declaratoria de riesgo en la prestación del servicio. Habiendo entrado en operación la licenciataria, el Ministro de Obras Públicas, en base a un informe técnico elaborado por la Superintendencia o por la Autoridad Sanitaria, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá declarar en riesgo la prestación del servicio de una licenciataria, en los siguientes casos:

a) si las condiciones del servicio suministrado no corresponden a las exigencias establecidas en la ley o en la reglamentación vigente, o a las condiciones estipuladas en el decreto de otorgamiento respectivo, y

b) si la licenciataria no cumple el Plan de Inversiones.

Para la calificación de dichas causales, la Superintendencia y la Autoridad Sanitaria según corresponda, deberán considerar la gravedad de sus consecuencias y la reiteración de su ocurrencia.

Previo a declarar en riesgo la prestación del servicio, la licenciataria deberá ser oída en los plazos y de acuerdo al procedimiento que se determine en el reglamento.

Artículo 33.-

Administrador temporal. Declarada por el Ministro de Obras Públicas la configuración de alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, cesarán en sus funciones el gerente y el consejo de administración de la Cooperativa, y el Ministerio designará un administrador temporal, por un plazo no superior a seis meses, prorrogables por una sola vez por igual período, cuyas funciones y requisitos serán las establecidas en esta ley y su Reglamento.

El administrador temporal ejercerá las funciones del Consejo de Administración, y será considerado como consejero para todos los efectos de la Ley General de Cooperativas, sin perjuicio que en materias técnicas vinculadas al servicio sanitario rural, estará supeditado al Ministerio de Obras Públicas.

La declaración de riesgo en la prestación del servicio y la designación de un administrador temporal, no obsta a la aplicación de las sanciones que procedan de conformidad a la normativa legal y reglamentaria vigente.

Artículo 34.-

Cobro de garantía. En el caso regulado en el artículo 32, la Superintendencia procederá a hacer efectiva la garantía del artículo 29, y su monto será puesto a disposición del Administrador temporal designado conforme al artículo anterior, para garantizar la continuidad del servicio.

Artículo 35.-

Facultades del administrador temporal. El administrador temporal del servicio tendrá todas las facultades del giro de la Cooperativa, que la ley y su estatuto otorgan al Consejo de administración y gerente. Su función principal será promover la designación, de un nuevo gerente y consejo de administración, dentro del plazo establecido en el artículo 33.

El administrador temporal responderá hasta de culpa leve en el ejercicio de sus funciones.

En caso que, después de cumplida la prórroga del inciso primero del artículo 33 de esta ley, no haya sido posible la designación de un nuevo gerente y consejo de administración, el Ministerio llamará a licitación de la licencia, conforme a las reglas del Capítulo anterior.

Artículo 36.-

Causal de inhabilidad. El gerente y los miembros del consejo de administración que cesen en sus cargos conforme al artículo 33, quedarán inhabilitados para ejercerlos, en cualquier Cooperativa, por un plazo de cinco años, contados desde la fecha del decreto respectivo.

Artículo 37.-

Quiebra de la Licenciataria. Declarada la quiebra, la fallida quedará inhibida, de pleno derecho, de la administración de la licencia y de sus bienes indispensables.

En el caso de quiebra de una Licenciataria cuya licencia esté en explotación, el síndico velará por la adecuada provisión del servicio hasta su licitación. Para tales efectos se aplicará respecto del síndico lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 33.

Los gastos en que se incurra con ocasión de la Quiebra quedarán incluidos dentro de los créditos señalados en el Nº 1 del artículo 2472 del Código Civil.

Artículo 38.-

Licitación por quiebra. El Ministerio dispondrá la licitación de la licencia y los bienes indispensables, dentro del plazo de un año contado desde que quede a firme la sentencia que declare la quiebra. El llamado a licitación se publicará en la forma establecida en el artículo 19, y los interesados deberán presentar sus ofertas en los plazos y con los antecedentes indicados en los artículos 23 y 24 de esta ley. Se aplicará además para la licitación lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27 y 28 de esta ley.

La adjudicación de la licencia recaerá, cumpliendo las condiciones técnicas y la tarifa vigente, en la interesada que ofrezca el mayor valor por la licencia y por los bienes indispensables.

Capítulo 4

Del permiso de servicio sanitario rural

Artículo 39.-

Objeto. El permiso de servicio sanitario rural se otorga por el Ministerio a un Comité o Cooperativa, para la prestación de Servicios Sanitarios Rurales, en un área de servicio determinada.

Otorgado el Permiso de distribución, el Estado no podrá otorgar en parte alguna del área de servicio del permisionario, permisos o licencias de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas, ni concesiones sanitarias.

Habiendo entrado en operación el permisionario, el Ministerio podrá declarar en riesgo el servicio en caso que las condiciones del servicio suministrado no correspondan a las exigencias establecidas en la normativa legal o reglamentaria vigente, o a las condiciones estipuladas en el decreto de otorgamiento respectivo.

Declarado en riesgo el servicio, cesarán en sus funciones el directorio del comité o el gerente y el consejo de administración de la cooperativa, según el caso.

El Ministerio podrá adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio, mientras la asamblea o la junta general designan un nuevo directorio o consejo de administración, según el caso.

Previo a declarar en riesgo la prestación del servicio, el permisionario deberá ser oído en los plazos y de acuerdo al procedimiento que se determine en el reglamento.

Artículo 40.-

Solicitud del permiso. Para solicitar un permiso, el interesado deberá presentar al Ministerio, a lo menos, lo siguiente:

1) La identificación del Comité o la Cooperativa peticionaria, y una breve descripción de las características más relevantes del servicio que se solicita prestar.

2) En caso que el solicitante sea Cooperativa, un certificado de vigencia emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente.

3) La identificación de las etapas del servicio sanitario rural que se solicitan, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7 de esta ley.

4) La identificación de las fuentes de agua que utilizará en calidad de propietario o a cualquier otro título.

5) El título en virtud del cual el solicitante utilizará las fuentes de agua identificadas conforme al numeral anterior, lo que deberá acreditarse en la forma que defina el Reglamento.

6) Los límites del área geográfica en que se prestarán los servicios sanitarios rurales.

7) Un Inventario valorizado de bienes, derechos y obligaciones. Si el peticionario fuere una Cooperativa, deberá acompañar además un estado de situación.

Artículo 41.-

Plazo del permiso. El plazo máximo por el que se otorgará el permiso será de 10 años.

Artículo 42.-

Decreto de otorgamiento. El Ministerio resolverá fundadamente acerca de la solicitud de permiso, en un plazo máximo de 30 días, dictando el respectivo decreto expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República".

El decreto de otorgamiento del permiso considerará, entre otros, los siguientes aspectos:

1. La identificación del permisionario.

2. Las etapas del servicio sanitario rural que se prestarán, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7º de esta ley.

3. Las condiciones de prestación de los servicios.

4. La normativa general aplicable al permiso que se otorga.

5. La tarifa a cobrar a los usuarios.

6. El Plazo de vigencia del permiso.

Artículo 43.-

Renovación y solicitud de licitación. El permisionario goza de derecho preferente para que se le renueve su permiso, para lo cual deberá solicitar su renovación con a lo menos seis meses de anticipación antes de la fecha de extinción. En su defecto, el Ministerio deberá llamar a licitación conforme al artículo 44 de esta ley.

En caso que el permisionario esté clasificado en el segmento AAA conforme a lo dispuesto en el artículo 77, deberá presentar junto a su solicitud de renovación un Plan de Inversiones, respecto del que la Superintendencia deberá pronunciarse en un plazo de cuarenta y cinco días.

Cualquier interesado distinto del Permisionario podrá solicitar al Ministerio, dentro de los seis meses antes del término del plazo de vigencia del permiso, que llame a su licitación. Para estos efectos, deberá acompañar a su solicitud un proyecto técnica y económicamente viable para la prestación del servicio.

Artículo 44.-

Licitación del permiso. El llamado a licitación del permiso pronto a extinguirse y sus bienes indispensables, se publicará por el Ministerio en la forma establecida en el artículo 19 de esta ley.

Si hubiera otros interesados en el permiso, éstos deberán presentar al Ministerio, dentro del plazo de 30 días, contados desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el inciso primero, una solicitud de permiso en los términos establecidos en el artículo 40 de esta ley.

Vencido el término anterior, el Ministerio adjudicará, en un plazo máximo de 60 días, el permiso al solicitante que cumpliendo las condiciones técnicas exigidas, ofrezca las condiciones económicas y sociales más ventajosas para la provisión del servicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento. Se podrá considerar, entre otros, el plazo de puesta en explotación de los servicios ofrecidos, como criterio adicional de adjudicación.

En caso de igualdad en las condiciones ofrecidas por los interesados, se adjudicará el permiso al que tenga en ese momento la calidad de titular del mismo.

Se aplicará para la licitación del permiso, lo dispuesto en los cinco incisos finales del artículo 19 de esta ley.

TITULO IV

DE LOS OPERADORES

Capítulo 1

Derechos y obligaciones de los operadores y usuarios

Artículo 45.-

Obligaciones de los operadores. Los operadores de servicios sanitarios rurales tendrán las siguientes obligaciones:

a) Prestar los servicios sanitarios a los usuarios, en la medida que sea técnica y económicamente factible. Esta obligación comprende la certificación de la factibilidad de servicio. En caso que existan discrepancias entre el usuario y el operador, en cuanto a las condiciones de prestación del servicio, la Superintendencia resolverá las diferencias mediante una resolución fundada.

Los servicios sanitarios deberán prestarse a los Usuarios, en la calidad exigible conforme a las normas respectivas, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio de Salud y de la Superintendencia.

b) Garantizar la continuidad del servicio entregado, en el sentido que éste sea prestado durante la cantidad de horas diarias que se determine por la Superintendecia, conforme a las características técnicas exigibles a cada segmento; salvo, las interrupciones que se produzcan por fuerza mayor o por necesidad indispensable para la prestación del servicio, debidamente programadas y comunicadas con anticipación a los usuarios, según lo establecido en el Reglamento.

c) Mantener el nivel de calidad en la atención de usuarios y prestación del servicio que defina el Reglamento.

d) Prestar y operar los servicios sanitarios rurales, dando estricto cumplimiento a las obligaciones, restricciones y prohibiciones establecidas en esta ley y su Reglamento, en la normativa sanitaria y ambiental, y en las demás normas y disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes; así como a las instrucciones que impartan las autoridades competentes en el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 46.-

Actualización del Plan de Inversiones. Las licenciatarias deberán actualizar su Plan de Inversiones cada cinco años. Asimismo, deberán actualizarlo en caso que el subsidio o inversión pública efectivamente recibida difiera del considerado al haberse determinado el nivel tarifario.

La actualización del Plan de Inversiones se hará conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento.

Artículo 47.-

Obligación de conservación de instalaciones y equipos. Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior, los operadores deberán conservar en perfecto estado de funcionamiento las instalaciones y equipos que conforman la infraestructura del servicio, debiendo para estos efectos proceder a su reparación y mantención, y a la reposición en su caso.

Artículo 48.-

Fondo de reposición y reinversión. Los operadores que conforme a la clasificación del artículo 77 de esta ley, pertenezcan a los segmentos AA y AAA, deberán constituir e incrementar, con un porcentaje no inferior al 20% de sus remanentes, un fondo de reserva legal, destinado a la reposición y ampliación de largo plazo, según se defina en el reglamento.

Este fondo del inciso anterior no podrá ser destinado a fines distintos a la reposición y ampliación de la infraestructura, y deberá ser mantenido en instrumentos de inversión de emisores inscritos en el registro de valores, cuya clasificación de riesgo y tipo de instrumento serán definidos en el Reglamento.

Artículo 49.-

Responsabilidad por mantenimiento y reposición. Los costos de mantenimiento y reposición del arranque de agua potable y la unión domiciliaria, del sistema de agua potable y saneamiento rural respectivamente, serán de cargo del operador.

El mantenimiento y reposición de las instalaciones interiores domiciliarias de agua potable y de saneamiento serán de exclusiva responsabilidad y cargo del propietario del inmueble.

Artículo 50.-

Uso de instalaciones y equipos. Corresponderá siempre a los operadores el uso y goce exclusivo de los bienes indispensables regulados en el artículo 12 de esta ley; y sólo podrán destinar dichas instalaciones a la realización de las actividades indicadas en el artículo 45.

Sin perjuicio de lo anterior, la Asamblea General o la Junta General, según corresponda, en sesión extraordinaria y por mayoría simple de los miembros presentes, podrá autorizar el uso y goce de los citados bienes para el desarrollo de otras actividades, siempre que no se limite, entorpezca o afecte de modo alguno la provisión de los servicios sanitarios rurales, y se cumpla con la normativa vigente. Para estos efectos, la Asamblea General o la Junta General deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de sus miembros.

Artículo 51.-

Vertimiento de aguas tratadas en canales de regadío. Los operadores de tratamiento y disposición podrán solicitar a la organización de usuarios respectiva, autorización para el vertimiento de las aguas tratadas en un canal.

En caso que la organización de usuarios negare la autorización, o no se llegue a acuerdo, el operador podrá recurrir al juzgado de letras en lo civil de la comuna correspondiente al punto de descarga propuesto, para que éste, conforme al procedimiento sumario establecido en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, lo autorice a verter las aguas tratadas en el canal, estableciendo las contraprestaciones correspondientes.

El juez sólo podrá autorizar al operador a verter las aguas tratadas en un canal en caso que se trate de la solución de tratamiento y disposición más adecuada desde el punto de vista técnico y económico, que no se afecten actividades económicas que para su desarrollo utilicen las aguas del canal, que las aguas tratadas cumplan con las exigencias que establece la normativa vigente aplicable.

Artículo 52.-

Derechos de los usuarios. Las prestaciones en que se traduzca el cumplimiento de las obligaciones de los operadores establecidas en esta ley, serán sin perjuicio de los demás derechos establecidos en otras normas relacionadas con los servicios sanitarios rurales, todos los cuales constituyen el estatuto mínimo de los derechos que amparan a los usuarios.

Artículo 53.-

Derechos del operador. Son derechos del Operador:

a) Cobrar por las etapas del servicio sanitario rural prestadas, las tarifas a que se refiere el Título V de esta ley. Para estos efectos, las boletas o facturas deberán permitir la fácil comprensión de cada cobro efectuado.

b) Cobrar reajustes e intereses corrientes, por las cuentas que no sean canceladas dentro de los plazos señalados en el Reglamento;

c) Cobrar los costos de cobranza extrajudicial en que haya incurrido el operador;

d) Suspender, previo aviso de 30 días, los servicios a Usuarios que adeuden el pago de una o más boletas o facturas y cobrar el costo de la suspensión y de la reposición correspondiente;

e) Suspender el servicio a los usuarios de servicio sanitario rural primario que destinen el agua a un fin distinto del establecido en el artículo 5 de esta ley;

f) Suspender el servicio a los usuarios respecto de los cuales se compruebe que han causado daño a las instalaciones, equipos o bienes del Operador.

g) Cobrar el costo de las reparaciones de daños y desperfectos causados en los arranques de agua potable y uniones domiciliarias de alcantarillado, redes de distribución y redes de recolección, a causa del mal uso o destrucción de las mismas por el usuario.

h) Proponer y postular, cuando corresponda, en representación de los usuarios, a subsidios a la inversión en los sistemas rurales de agua potable, en particular al establecido en la ley Nº 18.778 de 1989 y su reglamento.

i) Exigir al usuario de la propiedad servida la conexión a las instalaciones de agua potable y/o alcantarillado, según fuere el caso, cuando existan causas debidamente calificadas por la autoridad sanitaria.

Los derechos anteriormente señalados se ejercerán sin perjuicio de las atribuciones que el Código Sanitario le entrega al Ministerio de Salud.

Artículo 54.-

Mérito ejecutivo. Las boletas o facturas que se emitan por la prestación de los servicios sanitarios rurales o por los trabajos en los arranques de agua potable rural o uniones domiciliarias de alcantarillado rural, incluidos sus reajustes e intereses, tendrán mérito ejecutivo sólo en cuanto al cobro de aquellas prestaciones.

Artículo 55.-

Modificaciones de niveles de servicio. Se podrán modificar los niveles de servicio de los operadores, a proposición de la Superintendencia, previo conocimiento de éstos, mediante decreto supremo que deberá llevar la firma del Ministro de Obras Públicas. Dicho decreto supremo deberá ser fundado y basado en criterios de carácter objetivo. Los niveles de servicio podrán diferenciarse entre segmentos de operadores.

En caso que por modificaciones de los Planes Reguladores, el área de servicio de una Licenciataria quede total o parcialmente incorporada en el área urbana, el Ministerio podrá modificar los niveles de servicio de la licencia, a proposición de la Superintendencia. En este caso, la Licenciataria deberá modificar su Plan de Inversiones para incorporar las nuevas exigencias. La modificación de los niveles de servicio y la aprobación de las del Plan de Inversiones se harán conforme al procedimiento que establezca el Reglamento.

Artículo 56.-

Facultad de acceso del operador. El usuario deberá permitir el acceso a su inmueble del personal del operador, identificado como tal, para el ejercicio de las funciones que dicen relación con la prestación de los servicios.

Artículo 57.-

Inmueble que recibe el servicio. En el inmueble que recibe el servicio de agua potable o de alcantarillado de aguas servidas, quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio sanitario rural, para con el operador.

Capítulo 2

Causales de incompatibilidad, de cesación en los cargos y censura de dirigentes de operadores

Artículo 58.-

Incompatibilidades e inhabilidades. Serán incompatibles los cargos de alcalde y consejero regional con los cargos directivos o pertenecientes a los órganos de administración o de fiscalización de los Comités y Cooperativas de servicios sanitarios rurales.

Desde la inscripción de su candidatura, cesará en sus funciones cualquier dirigente de comité o cooperativa de los indicados en el inciso anterior que postule al cargo de alcalde.

Las demás incompatibilidades y las causales de inhabilidad y cesación en el cargo, aplicables a la organización de las Cooperativas de servicios sanitarios rurales, se regirán por la Ley General de Cooperativas, y su legislación complementaria.

Artículo 59.-

Cesación en el cargo de los dirigentes de los Comités. Los dirigentes de los Comités de Servicio Sanitario Rural, cesarán en sus cargos:

a) Por el cumplimiento del período para el cual fueran elegidos.

Los estatutos del Comité podrán establecer períodos diferenciados de tiempo para cada cargo, a fin de permitir la renovación del directorio por parcialidades;

b) Por renuncia presentada por escrito al directorio, cesando en sus funciones y responsabilidades al momento en que éste tome conocimiento de aquélla;

c) Por inhabilidad sobreviniente, calificada en conformidad con los estatutos;

d) Por censura acordada por mayoría simple de los miembros presentes o representados en asamblea extraordinaria especialmente convocada al efecto. Para estos efectos la Asamblea extraordinaria deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros del Comité;

e) Por pérdida de la calidad de afiliado a la respectiva organización;

f) Por pérdida de la calidad de ciudadano;

g) Por delitos que merezcan pena aflictiva.

Artículo 60.-

Censura de los dirigentes de los Comités. Será motivo de censura la trasgresión por los dirigentes de cualesquiera de sus deberes legales, o de algún derecho de un miembro de un Comité de Servicio Sanitario Rural.

Artículo 61.-

Censura al directorio del Comité. Los Comités de servicio sanitario rural deberán confeccionar anualmente un balance o una cuenta de resultados, según el sistema contable con que operen, y someterlos a la aprobación de la asamblea. El incumplimiento de esta obligación será causal de censura para todo el directorio de la organización. Asimismo, será causal de censura para el directorio, el rechazo del balance o cuenta de resultados anual, en dos oportunidades sucesivas por a lo menos dos tercios de la asamblea.

Capítulo 3

Viáticos para dirigentes de los Comités

Artículo 62.-

Viáticos para dirigentes de Comités. La asamblea general extraordinaria de un comité de servicio sanitario rural, podrá acordar por mayoría simple de los miembros presentes o representados en ella, viáticos en dinero para sus dirigentes. Estos viáticos, con el debido respaldo, deberán ser rendidos a la asamblea general y serán destinados a gastos de traslado, alimentación, alojamiento y otros similares necesarios para el ejercicio del cargo y su capacitación como dirigentes.

TITULO V

DE LAS TARIFAS

Artículo 63.-

Reglas y principios generales. Los servicios sanitarios rurales estarán sujetos a las normas sobre fijación de tarifas y demás cobros de agua potable y saneamiento que se establecen en la presente ley y su reglamento.

Las tarifas siempre deberán permitir recuperar los costos indispensables de operación y mantenimiento. Adicionalmente, las tarifas podrán establecer distintos niveles de recuperación de los costos de inversión y reposición.

Se calcularán separadamente las tarifas correspondientes a las diversas etapas del servicio sanitario rural, cuando existan.

Las fórmulas tarifarias a utilizar deberán incluir un cargo fijo mensual y cargos por metro cúbico.

El procedimiento de determinación de las tarifas deberá ser fácilmente comprensible por los Usuarios, y el costo de dicho procedimiento deberá ser proporcional a la magnitud de los servicios sanitarios rurales a tarificar.

Las tarifas serán determinadas por la Superintendencia, conforme al procedimiento establecido en este Título.

Artículo 64.-

Determinación de la tarifa de autofinanciamiento. La tarifa de autofinanciamiento, compuesta por un cargo fijo mensual y cargos por metro cúbico, es aquella que permite recuperar la totalidad de los costos indispensables de operación, mantenimiento, inversión y reposición.

La tarifa de autofinanciamiento se calcula a partir del Costo Total de Largo Plazo, entendiéndose éste como aquel valor anual constante requerido para cubrir tanto los costos de operación y mantenimiento eficientes como los de reposición e inversión eficientes, de un proyecto de inversión optimizado.

Dicho valor anual deberá ser consistente con un valor actualizado neto igual a cero, en un horizonte congruente con la vida útil económica de los activos. Para estos efectos, se deberá considerar la depreciación de los activos, la tasa de tributación vigente, la tasa de costo de capital y los aportes de terceros.

La tasa de costo de capital aplicable será única para todos los sistemas definidos y corresponderá a una tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central de Chile, más un premio por riesgo. La metodología para su determinación será definida en el reglamento.

El procedimiento para la determinación de los cargos tarifarios y metros cúbicos a considerar, corresponderá al que se establezca en el reglamento.

Artículo 65.-

Procedimiento de determinación del nivel tarifario. El nivel tarifario es aquel calculado por la Superintendencia rebajando de la tarifa de autofinanciamiento el subsidio o la inversión pública a que se refiere el Capítulo IV del Título VI.

La Superintendencia podrá agrupar distintos servicios, bajo la denominación de sistemas tipo, considerando su tamaño y otras variables de costo relevantes definidas en el reglamento.

Asimismo, definirá los casos en que la fijación tarifaria se hará individualmente en atención al tamaño del servicio o a singularidades técnicas, geográficas o de otra especie, que lo justifiquen.

La Superintendencia calculará mediante resolución fundada, el nivel tarifario correspondiente a los sistemas tipo y a los sistemas de tarificación individual.

Artículo 66.-

Procedimiento de determinación de la tarifa a cobrar al usuario. La tarifa a cobrar al usuario se determina para cada servicio sanitario rural, y es aquella que debe pagar efectivamente el usuario, sin perjuicio de los casos en que proceda la aplicación del subsidio establecido en la ley N° 18.778.

Una vez comunicado el nivel tarifario al operador, en la forma que determine el reglamento, éste lo pondrá en conocimiento de la asamblea, la que en el plazo de sesenta días podrá aceptarlo o acordar su variación hasta un 5%. En estos casos, el nivel tarifario aceptado o ajustado por la asamblea corresponderá a la tarifa a cobrar a los usuarios.

En caso que la asamblea acordare solicitar una variación superior al porcentaje indicado en el inciso precedente deberá presentar, a su costa, una contrapropuesta que será aceptada o rechazada por la Superintendencia en un plazo de sesenta días contados desde su presentación completa. Los requisitos, procedimientos y plazos, para presentar la contrapuesta y para el pronunciamiento definitivo de la Superintendencia serán fijados en el reglamento. El dictamen de la Superintendencia, en todo caso, será definitivo y obligatorio.

Vencido el plazo indicado en el inciso segundo sin un pronunciamiento de la asamblea, la tarifa a cobrar a los usuarios corresponderá a la informada por la Superintendencia.

Los procedimientos, requisitos y plazos para la fijación de la tarifa a cobrar al usuario de los sistemas de tarificación individual se establecerán en el reglamento.

Las tarifas a cobrar a los usuarios, serán fijadas mediante decreto supremo dictado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República.

Artículo 67.-

Período tarifario. Las tarifas serán determinadas por la Superintendencia cada cinco años.

Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso por primera vez, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda conforme al artículo 65, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.

Artículo 68.-

Reajustabilidad de la tarifa. Las tarifas a cobrar a los usuarios, se reajustarán cada vez que se acumule una variación de, a lo menos, 5% del Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadísticas, o en caso que alguna de las variables de costos definidas como relevantes por el reglamento experimente un aumento de al menos 3%. El operador deberá informar del reajuste a los usuarios en la forma y oportunidad definida en el reglamento.

Artículo 69.-

No discriminación de la tarifa. No existirá gratuidad o rebaja parcial del cobro por la prestación de los servicios ni discriminación alguna, salvo las excepciones otorgadas por los operadores a usuarios, y a sus expensas. No obstante, los operadores no podrán establecer diferencias en sus tarifas, cargos o cualquier otro concepto, dentro de un mismo sistema, salvo entre el servicio sanitario rural primario y secundario, y en los demás casos que esta ley los autorice.

Artículo 70.-

Obligado al pago. La tarifa deberá ser pagada por el ocupante de la propiedad, a cualquier título, sin perjuicio que en el inmueble que recibe el servicio quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio para con el operador.

Artículo 71.-

Prestación regulada. Todas aquellas prestaciones de carácter sanitario efectuadas por el operador que no se encuentren reguladas en esta ley y se presten con características monopólicas, serán tarificadas de conformidad con este Título.

TITULO VI

INSTITUCIONALIDAD

Capítulo 1

Política nacional de servicios sanitarios rurales

Artículo 72.-

Política de asistencia y promoción. El Ministerio de Obras Públicas, con la información técnica que recabe de los Ministerios de Salud, Planificación, Vivienda y Urbanismo y de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, determinará la política de inversión, asistencia técnica y financiera, supervisión y promoción para la organización de los operadores de servicios sanitarios rurales.

Dicha política se ejecutará mediante programas acordados con los gobiernos regionales.

La política de asistencia y promoción deberá considerar, además, a los habitantes rurales que residan fuera del área de servicio de los operadores.

La política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales se definirá y ejecutará por el Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de las atribuciones y competencias que correspondan a otros organismos públicos.

Artículo 73.-

Reconocimiento. La política para la asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales, reconoce la función social y el rol integrador de los grupos intermedios que desarrollan sus actividades basados en los principios de participación comunitaria y de ayuda mutua, garantizando su ejercicio a toda persona sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Del mismo modo, cada uno de los miembros de las organizaciones comunitarias y de las fundadas en el principio de ayuda mutua a que esta ley atribuye el derecho a ser titulares de permisos y licencias, tienen derecho a elegir y a ser elegidos para la dirección, administración y control de la gestión de las respectivas organizaciones; sin perjuicio de los demás derechos que otras leyes les confieren para la protección de su calidad de usuarios o consumidores.

Artículo 74.-

Principios. La política sobre los servicios sanitarios rurales, estará fundada en los siguientes principios:

a) De protección de la ayuda mutua, para el caso de los derechos inherentes de los servicios sanitarios rurales;

b) De igualdad de participación y de decisión de los integrantes de los órganos administradores y ejecutores de los operadores de los servicios sanitarios rurales, bajo la condición de que dichos integrantes den oportuno cumplimiento a sus obligaciones;

c) De no discriminación respecto del servicio sanitario rural;

d) De eficiencia económica en la disposición y administración de los recursos, de modo que propenda a la autosustentabilidad económica del servicio;

e) De transparencia en la gestión y administración del servicio, para con sus socios, usuarios y la comunidad en general; y,

f) De promoción del uso sostenible del agua y de los demás componentes ambientales involucrados.

Artículo 75.-

Consejo consultivo. Para la orientación de la política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales, el Ministerio deberá oír a un Consejo Consultivo, el que estará compuesto por los siguientes integrantes:

a) un representante del Ministerio de Obras Públicas, quien lo presidirá;

b) un representante del Ministerio de Hacienda;

c) un representante del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción;

d) un representante del Ministerio de Salud;

e) un representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

f) un representante del Ministerio de Planificación;

g) un representante de la Comisión Nacional del Medio Ambiente;

h) un representante de la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior;

i) Un representante de la Asociación de Municipalidades que reúna la mayor cantidad de municipios asociados a nivel nacional.

j) tres representantes de los dirigentes de las Cooperativas de Servicios Sanitarios Rurales;

k) tres representantes de los dirigentes de los Comités; y,

l) tres representantes de federaciones o confederaciones de operadores de servicios sanitarios rurales, sean de carácter nacional, regional o provincial.

El Consejo sesionará, al menos, dos veces al año. El Reglamento determinará el procedimiento de funcionamiento del Consejo. Los integrantes del Consejo a que se refieren las letras j), k) y l) del inciso primero de este artículo, percibirán una asignación para gastos de traslado, alojamiento y alimentación por cada sesión a la que asistan, con cargo al presupuesto del Ministerio.

El mecanismo de elección de los integrantes del consejo consultivo establecidos en las letras j), k) y l) de este artículo, será fijado en el Reglamento y deberá considerar la renovación periódica de los representantes. Para el caso de la elección de los representantes de las letras j) y k), dicho mecanismo deberá asegurar que cada dirigente que se elija corresponda a una Región distinta, que se respete la adecuada representación de los segmentos, y que estén representados comités y cooperativas que no se encuentren afiliados a ninguna federación. Del mismo modo, dicho mecanismo asegurará la no discriminación de las personas representantes por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El Secretario Ejecutivo del Consejo será el Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas. Sus funciones serán citar a las sesiones, levantar acta de éstas, el seguimiento de los acuerdos adoptados y las demás que el Consejo o el Reglamento le encomienden.

Capítulo 2

Del registro y clasificación de operadores

Artículo 76.-

Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales. El Ministerio tendrá a su cargo un registro público de los operadores de servicios sanitarios rurales, de los permisos y licencias otorgadas, y de los demás antecedentes que el Reglamento establezca.

El registro establecido en el inciso anterior deberá encontrarse actualizado y para su libre consulta en el sitio electrónico del Ministerio.

Artículo 77.-

Clasificación de los operadores. Para los efectos de esta ley, los operadores se clasificarán en tres segmentos: (a) AAA; (b) AA, y (c) A.

El Reglamento definirá un procedimiento para la clasificación en los distintos segmentos.

Para la clasificación de los Operadores se considerarán, además de la calidad de la gestión técnica, administrativa y financiera del operador, las siguientes características del sistema servido:

(a) población abastecida;

(b) cercanía al área urbana;

(c) condiciones económicas y sociales de la población abastecida;

(d) condiciones de aislamiento;

(e) en caso que corresponda, el carácter de comunidad indígena conforme a la ley Nº 19.253 y sus disposiciones reglamentarias; y,

(f) la oferta hídrica y las condiciones geográficas y topográficas.

Artículo 78.-

Autoridad encargada de clasificar a los Operadores. El Ministro de Obras Públicas clasificará en distintos segmentos a los operadores, en conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior y en el Reglamento.

La clasificación tendrá una vigencia de 5 años, pudiendo el operador, la Superintendencia o el Departamento de Cooperativas, solicitar su reclasificación en cualquier momento, por razones fundadas.

La clasificación deberá constar en el Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales.

Capítulo 3

Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales

Artículo 79.-

Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Créase en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que estará a cargo de un funcionario que tendrá el título de Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales.

Artículo 80.-

Funciones. Serán funciones de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales:

a) Ejecutar la política de asistencia y promoción conforme lo instruido por el Ministro de Obras Públicas.

En el ejercicio de esta función podrá implementar programas y proyectos dirigidos especialmente a los habitantes del área rural que residan fuera del área de servicio de los Operadores;

b) Administrar el Registro de Operadores;

c) Proponer al Ministro de Obras Públicas la clasificación de los Operadores, y el aporte financiero del Estado a que se refieren los artículos 84 y 85, para cada segmento;

d) Asesorar a los Operadores, directamente o a través de terceros;

e) Formular proyectos de servicios sanitarios rurales y evaluarlos económica, técnica y socialmente.

f) Contratar la inversión sectorial y actuar como unidad técnica para la contratación de la inversión de los gobiernos regionales u otras instituciones públicas en materias relacionadas con servicios sanitarios rurales.

g) Revisar, previa consulta a la Superintendencia, el Plan de Inversión;

h) Pedir informes y auditar la contabilidad de las Licenciatarias y Permisionarios

Para estos efectos podrá encargar la revisión del funcionamiento administrativo, contable, y financiero a personas naturales o jurídicas inscritas en alguno de los Registros públicos que el Reglamento determine.

La Subdirección determinará las facultades con que estas entidades podrán actuar; fijará los requisitos técnicos que deban cumplir, con el fin de velar por la calidad, confiabilidad e idoneidad de sus funciones; dictará las normas relativas al cumplimiento de éstas, y a los sistemas y procedimientos de trabajo; y, fijará los requisitos que deban cumplir y las garantías que deban rendir para su correspondiente inscripción.

i) Aprobar, directamente o a través de terceros, la puesta en operación de las obras de cada Operador.

j) Solicitar el ejercicio de las facultades de supervisión o de fiscalización al Departamento de Cooperativas, a la Superintendencia, o al Ministerio de Salud, cuando correspondiere.

k) Visar técnicamente los proyectos.

l) Las demás que la ley le asigne.

Artículo 81.-

Facultad de acceso de los funcionarios de la Subdirección. Los funcionarios de la Subdirección tendrán libre acceso a las obras, a sus dependencias, y en general a todo inmueble o instalación de los operadores, destinadas a la prestación del servicio sanitario rural, a objeto de realizar las funciones que les son propias.

Artículo 82.-

Designación de Administradores temporales. El Ministro podrá designar como administrador temporal, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 33 de esta ley, a alguno de los profesionales que cumpliendo los requisitos que se establezcan en el Reglamento, esté inscrito en un Registro Especial que será administrado por la Subdirección. La Subdirección podrá eliminar del registro a estas personas o no renovar su inscripción, cuando no cumplan sus funciones y los requisitos establecidos.

El Reglamento determinará las facultades con que éstos profesionales podrán actuar; fijará los requisitos técnicos que deban cumplir, con el fin de velar por la calidad, confiabilidad e idoneidad de sus funciones; fijará las normas relativas al cumplimiento de éstas y a los sistemas y procedimientos de trabajo; y, fijará los requisitos que deban cumplir y las garantías que deban rendir para su correspondiente inscripción.

Artículo 83.-

Información. La Subdirección podrá requerir a los operadores la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Los operadores deberán informar a la Subdirección de cualquier hecho esencial relativo a la operación del servicio sanitario rural, inmediatamente después de ocurrido éste, o desde que se tomó conocimiento del mismo, o a más tardar dentro de los tres días siguientes, aun cuando no hubiere mediado requerimiento del citado organismo. En caso que se trate de hechos que afecten las condiciones sanitarias de la prestación del servicio, el operador deberá informar además a la Autoridad Sanitaria.

Para los efectos del inciso anterior, se entenderá como esencial todo hecho que pueda afectar gravemente la continuidad, calidad y seguridad del servicio sanitario rural, para un número de Usuarios igual o superior al porcentaje que indique el Reglamento.

Capítulo 4

Inversión pública y subsidios en los servicios sanitarios rurales

Artículo 84.-

Inversión pública. La inversión para promover, formar e instalar servicios sanitarios rurales nuevos se definirá por el Ministerio conforme a lo establecido en los artículos 85, 86 y 87, pudiéndose considerar el aporte de los beneficiarios.

El Ministerio de Obras Públicas podrá decidir, por razones de emergencia, inversiones en ejecución de obras para servicios sanitarios rurales existentes o nuevos, sin sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior.

Artículo 85.-

Subsidio a la inversión. El subsidio a la inversión a que se refiere el artículo 10 de la ley Nº 18.778, podrá destinarse a cualquiera de las etapas de los servicios sanitarios rurales existentes.

La infraestructura financiada total o parcialmente con el subsidio a la inversión tendrá el carácter de reserva legal, y formará parte de los bienes indispensables establecidos en el artículo 12 de la presente ley, y se denominará Fondo de Reserva Subsidio Estatal.

La selección de los estudios, proyectos y obras subsidiables se hará de conformidad a lo dispuesto en los tres artículos siguientes.

Artículo 86.-

Criterios de elegibilidad. El Ministerio, con consulta al Gobierno Regional respectivo, definirá para cada región, las características de los proyectos a financiar para el año siguiente y los criterios de elegibilidad. Entre los criterios de elegibilidad se podrán considerar requisitos diferenciados para cada uno de los segmentos de operadores indicado en el artículo 77 de esta ley.

Artículo 87.-

Procedimiento de selección de proyectos. Los operadores podrán presentar a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales solicitudes de financiamiento total o parcial de proyectos de servicios sanitarios rurales.

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, presentará cada año al Gobierno Regional, un listado de proyectos de servicios sanitarios rurales ya evaluados que cumplan los criterios de elegibilidad definidos conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Para la evaluación de los proyectos por parte del organismo público competente bastará que esté dictado el acto expropiatorio respectivo.

El Gobierno Regional respectivo seleccionará, fundadamente, los proyectos beneficiados con los recursos asignados a la Región, entre los proyectos incluidos en el listado que le entregue el Ministerio conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Los proyectos seleccionados por el Gobierno regional serán financiados hasta su plena ejecución aunque aquello comprometa presupuestos de ejercicios posteriores.

Los demás aspectos relacionados con la distribución del subsidio, con la elaboración del programa bianual y con el sistema de postulación, de selección y de priorización de los estudios, proyectos u obras a ejecutar se establecerán en el Reglamento. En éste se podrán considerar además, para casos excepcionales, los requisitos y condiciones necesarios para la entrega del subsidio al operador previo a la ejecución completa de las obras.

En caso que otras entidades aporten recursos para el financiamiento de los estudios, proyectos u obras a que se refieren los artículos 84 y 85 de esta ley, sus aportes se aplicarán en las mismas condiciones establecidas en este artículo.

Artículo 88.-

Ventanilla Única. Todo programa de inversión cuyos fondos sean aplicables al servicio sanitario rural, deberá ser contratado a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, en las condiciones que fije el Reglamento, ya sea que se financie con recursos sectoriales o con recursos regionales, en cuyo caso actuará como unidad técnica. Los demás programas de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales que el Estado promueva, cualquiera sea su naturaleza, deberán ser informados al Consejo Consultivo, para facilitar la coordinación y unidad de acción entre organismos del Estado.

La Subdirección podrá suscribir convenios con otros organismos públicos, para la contratación por parte de ellos de los programas de inversión aplicables al servicio sanitario rural. En todo caso la Subdirección, mantendrá la función de visar técnicamente los proyectos.

Artículo 89.-

Bienes aportados por el Estado. Por decreto supremo suscrito por el Ministro de Obras Públicas bajo la formula “por orden del Presidente de la República”, las obras o proyectos financiados o ejecutados por el Estado que integren un sistema sanitario rural, deberán ser cedidos o transferidos a cualquier título a los Operadores.

Serán transferidos a los operadores los derechos de aprovechamiento de aguas que, siendo de propiedad fiscal, sean necesarios para la prestación de servicios sanitarios rurales. Dichos derechos se mantendrán bajo el dominio de los operadores en tanto sean usados para la prestación del servicio sanitario rural, pasando de pleno derecho al dominio del Ministerio en cuanto cese dicha condición. Se entenderá que cesa la condición en caso de haberse declarado desierta la licitación del permiso o licencia. La transferencia a los operadores se hará mediante resolución de la autoridad correspondiente, debiendo ajustarse a lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Aguas.

En caso de cambio de operador, los derechos se transferirán gratuitamente y de pleno derecho a quien detente la calidad de tal, desde el otorgamiento de su licencia o permiso.

Los bienes a que se refiere este artículo serán considerados como aportados por terceros para fines tarifarios, e indispensables para los efectos del artículo 12.

Artículo 90.-

Expropiaciones y donaciones. Los bienes inmuebles necesarios para la prestación de los servicios sanitarios rurales se declaran de utilidad pública y su expropiación se efectuará por intermedio del Ministerio, conforme a lo dispuesto en el decreto ley N° 2.186, de 1978.

La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales podrá aceptar donaciones o erogaciones consistentes en dinero o en dación de cosas, sean éstas muebles o inmuebles, para la ejecución de obras o el financiamiento total o parcial de expropiaciones, destinadas a la prestación de los servicios sanitarios rurales. En caso de recibir donaciones o erogaciones para el financiamiento parcial de expropiaciones, el Estado financiará la diferencia con fondos sectoriales o regionales.

Una vez aceptada y materializada la entrega de las donaciones o erogaciones a que se refiere el inciso precedente, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales la aprobará por orden interna para los efectos de la contabilización correspondiente en la Dirección de Contabilidad y Finanzas de la Dirección General de Obras Públicas. Copia de esta orden se enviará a la Contraloría General de la República. Para estas donaciones no se requerirá el trámite de insinuación judicial.

Artículo 91.-

Regularización de bienes. En caso de que un operador solicite que se le reconozca la calidad de poseedor regular de bienes inmuebles necesarios para la prestación de su servicio sanitario rural, conforme al procedimiento establecido en el decreto ley N° 2.695, de 1979, servirá como plena prueba de su posesión material, la existencia en el inmueble de alguno de los bienes indicados en las letras f), g), h), i) y j) del artículo 12, siempre que el bien haya estado en uso al menos durante los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de regularización.

Capitulo 5

De la Regulación y Fiscalización

Artículo 92.-

Superintendencia de Servicios Sanitarios. La Superintendencia de Servicios Sanitarios podrá ejercer las atribuciones y facultades regulatorias y fiscalizadoras, respecto de todo operador de un servicio sanitario rural.

Para efectos de su fiscalización, la Superintendencia ejercerá respecto de las entidades fiscalizadas las mismas facultades que le confiere la ley Nº 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

La fiscalización se realizará directamente en forma prioritaria por las oficinas que la Superintendencia tenga destacadas en las distintas regiones del País o las que se creen en el futuro, según se consideren los recursos humanos y financieros necesarios.

Artículo 93.-

Condiciones Especiales de servicio. Las instrucciones y órdenes que dicte la Superintendencia en ejercicio de sus facultades normativas y de control, podrá considerar condiciones especiales de servicio respecto de operadores.

Artículo 94.-

Rol del Departamento de Cooperativas. El Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, dentro del ámbito de sus competencias, dictará las normas que estime necesarias para facilitar la aplicación de la presente ley.

Artículo 95.-

Mecanismos de autorregulación y transparencia. El Reglamento establecerá mecanismos de autorregulación y de transparencia de la gestión y resultados de los Comités y Cooperativas de Servicio Sanitario Rural; asimismo, incentivará la libre iniciativa de los Comités y Cooperativas para cumplir los objetivos de autorregulación y transparencia.

Artículo 96.-

Sanciones. Sin perjuicio de las demás sanciones que corresponda aplicar a la Superintendencia o a otros organismos públicos de conformidad a ésta u otras leyes, los operadores podrán ser objeto de la aplicación de multas a beneficio Fiscal por parte de la Superintendencia, en los siguientes casos:

a) De una a veinte unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones que importen deficiencias en la calidad, continuidad u obligatoriedad de los servicios, cobros indebidos, trato económico discriminatorio a los usuarios, deficiencias en la atención de los reclamos de los usuarios, daño a las redes u obras generales de los servicios, o incumplimiento de la obligación de entregar información requerida por la Superintendencia en conformidad a la ley.

b) De diez a cien unidades tributarias mensuales, cuando se trate de infracciones que pongan en peligro o afecten gravemente la salud de la población, o que afecten a la generalidad de los Usuarios de los servicios.

c) De una a veinte unidades tributarias mensuales, cuando se trate de infracciones cometidas por los Operadores, que importen el no acatamiento de las obligaciones y plazos establecidos en esta ley, así como de las órdenes escritas y requerimientos, debidamente notificados, y plazos fijados por la Superintendencia, en ejercicio de las atribuciones que la ley le encomiende, en relación con materias de su competencia.

d) De cinco a cien unidades tributarias mensuales cuando se trate de infracciones relativas a la entrega de información falsa o manifiestamente errónea, a cualquiera de las autoridades que esta ley faculta para requerirla.

e) De cinco a cien unidades tributarias mensuales cuando se trate del incumplimiento del Plan de Inversiones.

Para la determinación del monto de las multas antes señaladas se debe considerar el segmento en que está clasificado, conforme al artículo 77, el operador sancionado.

El afectado podrá reclamar de la aplicación de la multa, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 18.902.

Artículo 97.-

Modificaciones Ley de Cooperativas. Modifícase el artículo 68 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 5, del año 2004, que fija el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, en el siguiente sentido:

1.- Reemplázanse en el inciso segundo del artículo 68, los términos “y de agua potable”, por los vocablos “, de servicios sanitarios rurales”.

2.- Reemplázase en el epígrafe del capítulo 2 del Título III, los términos “agua potable”, por los vocablos “y de las cooperativas de servicios sanitarios rurales”.

3.- Reemplázanse en el artículo 73, los términos “de abastecimiento y distribución de agua potable”, por los vocablos “de servicios sanitarios rurales”.

Artículo 98.-

Modificaciones Ley Subsidio Agua Potable. Derógase en el inciso tercero del artículo 10 de la ley Nº 18.778 la frase “entre sistemas rurales de agua potable específicos que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento”.

Artículo 99.-

Modificaciones a Planta. Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 143, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1991, incorporando en la planta de directivos el cargo denominado Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales, y asígnesele el grado número 2 de la Escala Única de remuneraciones.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. El Reglamento de esta ley será dictado dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento de esta ley, los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural existentes deberán solicitar su inscripción en el Registro de operadores de Servicios Sanitarios Rurales, para lo cual deberán acreditar la vigencia de su personalidad jurídica y la efectividad de estar prestando el servicio. Además, deberán especificar el área que sirven.

Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento de esta ley, todo Comité o Cooperativa registrado conforme al inciso primero de este artículo, que acredite el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para obtener licencia o permiso de servicio sanitario rural, podrá solicitarla conforme a lo establecido en los artículos 20 y 40 y por los plazos establecidos en los artículos 17 y 41, según corresponda. En estos casos, no se requerirá la presentación de la garantía de seriedad del artículo 20 de esta ley, ni se aplicará lo dispuesto en los artículos 22, 23, 25, 26 y 27.

La licenciataria deberá presentar su Plan de Inversiones en el plazo que el Ministerio determine en el decreto de otorgamiento, el que en todo caso no podrá ser inferior a noventa días.

Dentro del plazo de dos años establecido en el inciso anterior, todo Comité o Cooperativa registrado conforme al inciso primero de este artículo, podrá solicitar el otorgamiento de un permiso de servicio sanitario rural provisorio. El permiso de servicio sanitario rural provisorio tendrá una vigencia de 5 años, y para su otorgamiento sólo será necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 40 de esta ley.

Los decretos que dicte el Ministro de Obras Públicas para el otorgamiento de las licencias o permisos conforme a lo dispuesto, en los incisos segundo y cuarto precedentes, sólo se publicarán en el sitio electrónico del Ministerio, y se notificará por carta certificada al operador.

Presentada la solicitud de permiso o licencia para la etapa de distribución de agua potable, el Ministerio otorgará conjuntamente la de recolección de aguas servidas. Sin perjuicio de lo anterior, la operación de la etapa de recolección será exigible sólo una vez que esté aprobada la puesta en operación de las redes por la Subdirección.

Dentro del plazo indicado en el inciso segundo de este artículo, no podrán otorgarse concesiones de servicios sanitarios regulados por el decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988 en las áreas que estén siendo servidas por Comités o Cooperativas al momento de entrada en vigencia de esta ley.

En caso de no darse cumplimiento oportuno a lo indicado en los incisos primero y segundo o cuarto de este artículo, el Ministerio de Obras Públicas llamará a licitación del permiso o licencia.

El reglamento fijará el procedimiento para el otorgamiento de permisos o licencias, para la aprobación y presentación del Plan de Inversiones, y para la inscripción de los operadores en el Registro.

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO. Los Municipios que al momento de entrar en vigencia esta ley, operen servicios de agua potable o saneamiento, podrán traspasarlos a un Comité o Cooperativa. En caso que un Comité o Cooperativa le requiera el traspaso del servicio sanitario rural, el Municipio respectivo deberá pronunciarse dentro de un plazo de noventa días contados desde el requerimiento.

ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO. Para aquellos operadores a los que se haya otorgado permiso o licencia conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto del artículo segundo transitorio, la primera fijación tarifaria deberá efectuarse de conformidad al procedimiento establecido en esta ley y su reglamento. La primera fijación tarifaria será efectuada por la Superintendencia dentro del período de 5 años contados desde el término del plazo establecido en el inciso primero del artículo segundo transitorio. En todo caso, las tarifas de las licenciatarias deberán fijarse dentro de los primeros dos años de dicho período. Para efectos de lo indicado anteriormente, la Superintendencia definirá, mediante resolución dictada en el plazo indicado en el artículo primero transitorio, un calendario regional de fijación tarifaria.

Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso en el período intermedio, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.

Con todo, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en tanto no entre en vigencia la primera fijación tarifaria referida, los precios que podrán cobrar los servicios de agua potable y saneamiento rural y demás cobros sujetos a fijación de precios, de acuerdo a lo señalado en esta ley, serán los vigentes a dicha fecha con sus respectivas indexaciones.

En todo caso, cada vez que se reajusten las tarifas, los prestadores deberán comunicar previamente los nuevos valores a la Superintendencia, e informarlos a los usuarios respectivos por algún medio idóneo que dicha Entidad autorice.

Para la primera fijación tarifaria, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, deberá entregar toda la información necesaria, sin perjuicio de aquella que se deba recabar directamente de los operadores rurales para tales fines, identificando claramente los bienes considerados como aportes de terceros.

ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO. Los Comités de Agua Potable Rural que se transformen a Cooperativas y las Cooperativas constituidas para la prestación de servicios sanitarios regulados en esta ley, cuando asuman o se adecuen al nuevo estatuto cooperativo del servicio sanitario rural, ante terceros, permanecerán responsables de todas las obligaciones y titulares de todos los derechos adquiridos durante su operación anterior, como una misma e idéntica persona jurídica. Sin que esta enumeración sea taxativa y sólo a vía enunciativa, entre tales obligaciones y derechos se comprenden los de carácter laboral, previsional, tributario, sanitario y medioambiental.

ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO. Los Comités de Agua Potable Rural que se conviertan a Cooperativas, las existentes y las nuevas que se constituyan para la prestación del servicio sanitario rural, que realicen la respectiva conversión, adecuación o constitución, pagarán hasta el diez por ciento de los aranceles notariales, del Conservador de Bienes Raíces correspondiente y de los costos de publicación en el Diario Oficial.

ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO. En el mismo plazo indicado en el inciso segundo del artículo segundo transitorio, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales implementará un programa de regularización de obras y derechos de agua, de asistencia para la obtención de licencias o permisos, y de valoración técnica de los activos de los Comités y Cooperativas.

En el mismo plazo, la Subdirección podrá asistir a los Comités en el proceso de transferencia de los bienes y derechos que les traspasen las concesionarias de servicios sanitarios, en cumplimiento de los compromisos y acuerdos anteriores.

ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO.- Los derechos de aprovechamiento de aguas y los demás bienes, sean muebles o inmuebles, que estén siendo usados para la prestación de servicios sanitarios rurales, y que pertenezcan a alguna concesionaria de servicios sanitarios, podrán ser donados al Ministerio de Obras Públicas.

La escritura pública de donación, en la que se individualicen los bienes inmuebles y derechos de aprovechamiento de aguas donados, suscrita entre el donante y el Director General de Obras Públicas, el Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales o el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, en su caso, bastará como título suficiente para su inscripción a favor del Ministerio de Obras Públicas, en el Registro de Propiedades y en el de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo, así como para su anotación en el Registro Público de derechos de aprovechamiento de aguas a que se refiere el artículo 122 del Código de Aguas.

Estas donaciones estarán exentas del trámite de insinuación y del pago de todo tipo de tributos. Para proceder a la inscripción de los inmuebles no será necesario que se acredite el pago del impuesto territorial.

No se requerirá respecto de estas donaciones la autorización del Ministerio de Hacienda a que se refiere el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 19.896.

ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO. Termínase la obligación para las Concesionarias de servicios sanitarios a que se refiere el artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.549.

Para los efectos del presente artículo, las Concesionarias deberán rendir cuenta de su gestión dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, en los términos que fije el Reglamento. Adicionalmente, y dentro del plazo de un mes contado desde la entrada en vigencia de esta ley, deberán entregar a los operadores, con copia al Ministerio, toda la información técnica, financiera, administrativa y contable del Comité o Cooperativa asistido, que obre en su poder.

ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO. Los bienes de propiedad de los Comités que se transformen en Cooperativas de Servicios Sanitarios Rurales, se considerarán como aporte inicial en carácter de reserva legal de conformidad con lo establecido en la Ley General de Cooperativas. En los casos que corresponda, según lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley, los bienes que conforman la citada reserva legal tendrán el carácter de bienes indispensables.

Los derechos en las cooperativas de servicios sanitarios rurales cuyo titular era el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, se traspasarán por el solo efecto de esta ley a los demás socios de la cooperativa, a prorrata de sus aportes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, los bienes aportados o cedidos por el Servicio Nacional de Obras Sanitarias o sus antecesores a las cooperativas de servicios sanitarios rurales, a cualquier título, que estén siendo usados para la prestación de servicios sanitarios rurales, conformarán una reserva técnica de bienes fiscales, y se les aplicará lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley.

ARTÍCULO UNDÉCIMO TRANSITORIO. Las Cooperativas que se transformaron en concesionarias de servicios sanitarios por aplicación del artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, de 1988, podrán en el plazo de seis meses contados desde la entrada en vigencia de esta ley, renunciar a esta calidad, ante el Ministerio, renuncia que será sancionada por el decreto respectivo, debiendo en tal caso adecuarse a las normas establecidas en la presente ley.

Para los efectos del inciso anterior, junto con la renuncia, deberán presentar la solicitud de licencia en los términos establecidos en el artículo 20, conjuntamente con los antecedentes indicados en los numerales 1 y 2 del artículo 24 de esta ley. En caso de aprobarse su solicitud de licencia, estas cooperativas quedarán clasificadas para los efectos del artículo 77, en el segmento AAA.

ARTÍCULO DUODÉCIMO TRANSITORIO. Para la aplicación a servicios sanitarios rurales, de recursos provenientes del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, en virtud de convenios suscritos con el Estado de Chile , vigentes a la fecha de publicación de esta ley, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, ejercerá la función de visar técnicamente los proyectos.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO. La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, iniciará sus funciones a partir de la entrada en vigencia del reglamento de esta ley.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO. El Presidente de la República nombrará, transitoria y provisionalmente, conforme al artículo quincuagésimo noveno de la ley Nº 19.882, al Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Publicas quién asumirá de inmediato y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO. Créase el Consejo Consultivo para la Orientación de la Política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales integrada en la forma que se dispone en el artículo 75 de esta ley. El Consejo sesionará por primera vez dentro del plazo de un año contado desde la vigencia de esta ley.”.

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?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula los servicios sanitarios rurales.

BOLETÍN Nº 6.252-09

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HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Obras Públicas tiene el honor de informaros, en trámite de segundo informe, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, enunciado en el rubro, originado en un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, con urgencia calificada de “simple” el 28 de julio de 2009.

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NORMAS DE QUORUM ESPECIAL

El artículo tercero transitorio de este proyecto de ley, es norma de ley orgánica constitucional de acuerdo con el artículo 118 de la Constitución Política, porque incide en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en cuanto a la organización y atribuciones de los municipios.

Además, las normas de los artículos 75 (76)y décimo quinto transitorio, son orgánicas constitucionales, por cuanto se crea un Consejo Consultivo al cual el Ministerio debe oír para ciertas materias, según lo establecido en la Ley Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado.

Asimismo, el artículo 51, es norma de ley orgánica constitucional de acuerdo con el artículo 77 de la Constitución Política del Estado, por cuanto dice relación con las normas sobre organización y atribuciones de los tribunales.

ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA PORQUE INCIDEN EN MATERIA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

Hacemos presente que deberán ser conocidos por la Comisión de Hacienda, el Título V “De las tarifas” (artículos 63 a 71); el Título VI “Institucionalidad”, principalmente el Capítulo 4, “Inversión Pública y subsidios en los servicios sanitarios”, (artículos 84 a 99), y aquellos artículos transitorios que tuvieron incidencia en materia tarifaria, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y en conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 27 y quinto del artículo 36 del Reglamento del Senado.

OPINIÓN DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

Dejamos constancia que vuestra Comisión dirigió oficio Nº 164/OP/2009, de 31 de julio de 2009, a la Excma. Corte Suprema, con la finalidad de consultar su opinión acerca del artículo 51, por ser norma de rango orgánico constitucional, por cuanto dice relación con el artículo 77 de la Constitución Política del Estado.

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Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

I.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: 4º, 6º, 8º, 17; 28, 29, 34, 41, 42 y 43 (Pasaron a ser artículos 27, 28, 33, 40, 41 y 42, respectivamente); 47 y 49; 51, 56, 59, 60, 72, 74, 75, 79, 91, 92 y 96 (Pasaron a ser artículos 52, 57, 60, 61, 71, 73, 74, 78, 92, 93 y 97, respectivamente); Primero Transitorio, Quinto Transitorio, Séptimo Transitorio, Undécimo Transitorio, Duodécimo Transitorio y Décimo Tercero Transitorio.

II.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G, 1 H, 1 I, 1 J, 1 K, 1 L, 1 M, 1 N, 2 A, 2 C, 2 E, 2 F, 3, 5 A, 6 A, 6 C, 6 D, 7 A, 8 C, 8 D, 8 E, 9 A, 9 C, 9 E, 11, 11 A, 11 B, 11 C, 11 D, 11 E, 11 F, 11 I, 11 J, 12 A, 12 C, 14, 15 B, 16, 16 A, 17 A, 17 B, 18 A, 18 B, 18 C, 18 D, 18 E, 18 F, 18 I, 19, 19 A, 20, 21, 21 A, 22 B, 29 A, 29 B, 29 C, 29 D, 29 E, 30 B, 30 C, 32, 32 A, 32 B, 34, 34 A, 35 A, 35 B, 35 C, 35 D, 35 E, 35 F, 35 G, 35 H, 37, 38, 39 y 39 A.

III.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: 2, 2 D, 2 G, 4, 5, 6 E, 7, 8 B, 9, 9 B, 10, 10 A, 10 B, 12, 13, 13 A, 14 A, 14 C, 14 D, 15 A, 15 C, 16 B, 17, 18 H, 22 A, 23, 32 C y 36.

IV.- Indicaciones rechazadas: 2 B, 2 H, 6 B, 8 A, 9 D, 11 G, 11 H, 12 B, 14 B, 17 C, 18 G, 19 B y 30 A.

V.- Indicaciones retiradas: 1, 6, 8, 15, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 y 35.

VI.- Indicaciones declaradas inadmisibles: No hay.

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Durante el estudio de este proyecto de ley vuestra Comisión contó con la participación y colaboración de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Patricia Poblete; del Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia; del Director de Presupuestos, señor Alberto Arenas; del Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, señor Enrique París; del Abogado de la Dirección de Presupuestos, señor Fuad Rumié; de la Asesora Legislativa de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Jeannette Tapia; del Jefe del Departamento de Programas Sanitarios de la Dirección de Obras Hidráulicas, señor Reinaldo Fuentealba; de la Asesora de la Subsecretaría de Obras Públicas, señora Paola Navarro; del Asesor de la Subsecretaría de Obras Públicas, señor Enrique Canales; del Asesor del Subsecretario de Obras Públicas, señor Flavio Tapia; del Asesor del Ministro de Obras Públicas, señor Domingo Sánchez; del Jefe del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, señor Julio Monreal; del Asesor del Ministerio de Salud, señor Eduardo Díaz y la del Representante del Departamento de Salud Ambiental, señora Cecilia Martínez.

Además, fueron especialmente invitadas las siguientes entidades:

- Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica, asistió su Presidente, señor José Vargas.

- Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS CHILE), concurrieron su Presidente, señor Alex Chechilnitzky; su Director, señor Oscar Ulloa y su Ex Presidente y Representante de la División de Agua Potable Rural, señor Felipe Guillermo Ruiz.

- Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU), asistieron su Presidente, señor Oscar Beltrán; su Vicepresidente, señor Javier Becerra; su Secretario, señor Miguel Pizarro; su Tesorero, señor Manuel Mundaca; su Presidenta Área Choapa, señora Rosa Godoy; su Presidenta Área Metropolitana, señora Teresa Sarmiento; su Directora, señora Gloria Alvarado y su Presidente VI Región, señor José Rivera.

- Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua, asistió su Alcaldesa, señora Virginia Troncoso y su Administrador, señor Carlos Astudillo.

- Municipalidad de Olivar, concurrió su Asesor Jurídico, señor Rodrigo Meléndez.

- Ingeniero Civil, señor Luis Valdés Rebolledo.

- Ingeniero Civil, señor Manuel Alberto Godoy Irarrázabal.

Envió por escrito su opinión el Alcalde de Chonchi.

Se excusaron los señores Alcaldes de Ancud; de Castro; de Chonchi; de Curaco de Vélez; de Dalcahue; de Queilén; de Quellón; de Quemchi; de Quinchao; de Puqueldón; de Placilla; de Chépica; de Pumanque; de Peralillo; de La Estrella; de Marchigüe; de Requínoa; de San Francisco de Mostazal; de Machalí; de Peumo y de Rengo.

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Exposiciones

Previo a la discusión en particular de esta iniciativa legal, vuestra Comisión de Obras Públicas acordó escuchar los planteamientos de las siguientes instituciones:

Exposición del jefe del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud.

El Jefe del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, señor Julio Monreal, inició su presentación señalando que el Ministerio considera que esta iniciativa legal llena un vacío importante en materia de saneamiento básico, que es fundamental para la salud de la población. La medida de mayor trascendencia en salud pública, tanto a nivel nacional como mundial, es el saneamiento, el hecho de entregar agua potable y contar con sistemas de eliminación de excretas ha generado un gran impacto en la salud de la población.

No obstante lo anterior, manifestó que es necesario efectuar algunas precisiones:

1.- Calidad del Agua. Debe establecerse de manera explícita que la calidad de agua, la cantidad mínima a suministrar y la continuidad de servicio debería regirse por la reglamentación sanitaria vigente que emana del Código Sanitario y que es la que establece el decreto supremo Nº 735, de 1969, del Ministerio de Salud, Reglamento de los Servicios de Agua para Consumo Humano. Esta norma rige desde hace varios años y se ha actualizado conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y ha permitido proteger la salud de la población del consumo de agua de mala calidad, tanto en lo que se refiere a los posibles riesgos inmediatos o agudos, como a los posibles efectos que pueda tener en términos crónicos un agua de mala calidad.

2.- Lodos. En relación a esta materia señaló que no queda explícito cuando el proyecto de ley se refiere al tratamiento de aguas servidas qué sucede con los lodos o qué se hace con ellos. Cuando se tratan las aguas servidas de las alcantarillas se retiran una serie de contaminantes, tales como materias orgánicas, y el problema más difícil de resolver es qué se hace con estos contaminantes, en la actualidad esto no está resuelto y se han presentado serios problemas en la regiones VIII y IX con pequeñas plantas de tratamiento que no tienen resuelto el tratamiento de los lodos.

3.- Sector Rural Disperso. El Ministerio de Salud considera que no está suficientemente abordado este sector en el proyecto de ley, en estudio, a pesar de que comprende a varios millones de personas y requiere de soluciones especiales donde el Ministerio de Salud ha desarrollado programas interesantes para definir la forma en que se pueden realizar los sistemas unifamiliares, tanto de agua potable como de eliminación de excretas en forma sanitaria, siendo necesario que se establezcan de manera precisa las competencias sectoriales, como Salud, puesto que este es el sector más desprotegido desde el punto de vista sanitario y las posibilidades de mejorar a través de sistemas unifamiliares conforme a la normativa vigente son sustanciales.

4.- Condominios. En la actualidad, existe un gran número de condominios que no están comprendidos dentro de la Ley de Concesiones de Servicios Sanitarios en que se aplica la normativa de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Se generan condominios en lugares donde las responsabilidades y los sistemas tarifarios no están resueltos y el Ministerio de Salud se enfrenta a serios problemas sanitarios porque los condominios no tienen cómo dar cuenta de la provisión de aguas y de la eliminación de excretas.

Cuando se trata de condominios de nivel socio económico medio- alto, los problemas se solucionan a través de acuerdos del propio condominio, sin embargo, cuando se trata de condominios de nivel socio económico de menores posibilidades o, de viviendas sociales, esta situación es complejo y presenta múltiples focos de insalubridad muy difíciles de resolver.

5.- Fuentes de Aguas Precarias. En algunas comunidades las fuentes de aguas son muy precarias o inexistentes, sea por sobre explotación de las napas subterráneas, o por pérdidas de fuentes superficiales, como ocurre en comunidades de las regiones III y IV del país, en que la única posibilidad de abastecimiento es a través de camiones aljibes, por lo que sería necesario estudiar la forma en que esta iniciativa legal permitirá la existencia de estos sistemas alternativos.

6.- Capacidad económica de la población. Este tema debe abordarse y determinar la forma cómo se puede subsidiar este sistema. En la actualidad, el Ministerio de Salud se ve enfrentado en los Programas de Agua Potable Rural al hecho de que hay sistemas que no tienen ninguna posibilidad de cumplir con normas de calidad, continuidad, o con los requisitos mínimos, como puede ser la cloración del agua, para que se desinfecte antes de ser suministrada a la población. En muchas ocasiones, algunas Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural sólo logran captar el agua sin posibilidad de suministrar agua de buena calidad y no es posible exigir que el agua esté desinfectada si la Cooperativa o el Comité respectivo no tienen ninguna capacidad de pago, con lo cual se corren riesgos mayores al hecho de no tener agua porque cuando se suministra un agua contaminada se puede enfermar a toda una población.

Finalmente, señaló que el Ministerio de Salud no revisa los planos de ingeniería, sin embargo, la preocupación del Ministerio es que el diseño permita dar cumplimiento a las normas de calidad del agua que son internacionales.

A modo de ejemplo, señaló que en la II Región existe una tasa de cáncer pulmonar 7 veces superior al resto del país por consumo de agua con arsénico. Cuando se exceden los nitratos existe el riesgo de que se mueran los lactantes que se alimentan con leche preparada.

Las normas sobre calidad del agua tienden a proteger la salud de la población, y cuando es posible se flexibilizan las exigencias, como es el caso del sulfato que no presenta un riesgo absoluto sino que más bien genera ciertas molestias gastrointestinales, en que la norma permite subir los contenidos de sulfato bajo ciertas condiciones, lo mismo sucede con los cloruros.

Respecto del asbesto señaló que es un potente cancerígeno de las vías respiratorias, sin embargo, no hay ningún efecto demostrado del carácter cancerígeno del asbesto en las vías gástricas, con lo cual las tuberías de asbestos cemento podrán tener las ventajas e inconvenientes conocidas, pero no representan ningún riesgo para la salud.

El Honorable Senador señor Sabag informó que en su calidad de representante de muchas zonas agrícolas no comprende la razón por la cual el Ministerio de Salud obstaculiza a las instituciones o servicios que llevan el Agua Potable Rural. En muchas comunas rurales, el pozo séptico se encuentra a 20 metros y la captación a una distancia muy corta, sin embargo, cuando se busca una solución mediante la construcción de una torre y se clora el agua el Ministerio de Salud entorpece el procedimiento. La gran dificultad en el Agua Potable Rural es el Ministerio de Salud porque ha excedido sus facultades legales y sólo debería preocuparse de la calidad del agua.

En opinión del señor Senador esta iniciativa legal representa una importante oportunidad para establecer los roles que corresponde a cada servicio público. Al Ministerio de Salud sólo le corresponde velar por la calidad del agua y qué es necesario adicionarle para convertirla en potable; en cambio, la Dirección de Obras Hidráulicas, es un organismo técnico que realiza los planos y analiza la calidad de los materiales.

Como consecuencia del entorpecimiento ejercido por el Ministerio de Salud no hay interés en construir viviendas sociales. En este sentido, recordó que hubo una demora de 15 años para llevar agua potable al sector del Casino de Quellón, lo inauguró la Presidenta de la República y en la actualidad no se puede construir ninguna vivienda social porque el Ministerio de Salud no recibe el servicio y no certifica que el procedimiento sea correcto.

Asociación Chilena de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS CHILE)

El ex Presidente de esta Asociación e integrante de la División de Agua Potable Rural de la Asociación, señor Felipe Guillermo Ruiz, inició su presentación haciendo una aclaración en el sentido de que el Agua Potable Rural no es un Agua Potable Urbana de menor tamaño, sino que es una institución típica, muy especial que no debe confundirse con el Agua Potable Urbana, son planos diferentes.

En seguida, compartió los planteamientos del Honorable Senador señor Sabag, en el sentido de que el Ministerio de Salud debe abocarse en forma exclusiva al aspecto sanitario del agua, vigilar su calidad bacteriológica y dejar a una institución adecuada el resto.

Señaló que el proyecto de ley en estudio contiene los siguientes aspectos positivos:

1.- Define una entidad responsable del sector sanitario rural (Subdirección), tanto en agua potable como en aguas servidas, no obstante, estimó necesario aumentar la jerarquía y el nivel que se dará a esta entidad, considerando la importancia social, sanitaria y económica del sector, pues representa el 12,5 % de la población del país. No puede considerarse como un apéndice del sector agua, sino como una entidad de gran importancia en el desarrollo de las comunidades rurales, lo cual incide con mucha fuerza en el desarrollo país.

Como consecuencia de lo anterior, se propone darle la categoría de Dirección o entidad tipo ex SENDOS, para que tenga la facultad de planificar, controlar, proyectar, estudiar, construir, reparar, operar, mejorar y financiar las obras sanitarias rurales.

2.- Concentra en la entidad responsable la ejecución presupuestaria asociada al sector sanitario rural. Este punto es fundamental, porque en la actualidad se ha producido una situación cercana a la anarquía debido al gran número de organismos que financian obras de agua potable y de aguas servidas, tales como Municipalidades, Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y Ministerio de Obras Públicas (MOP).

3.- Se establece la exigencia de contar con una planificación anticipada y coordinada de los proyectos a ejecutar de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 del proyecto de ley.

4.- Se valora y se reconoce el compromiso, el éxito y el actuar de un gran número de comunidades rurales en la operación y mantención de los servicios de agua potable rural y se da la oportunidad para que esto se mantenga si existe la voluntad de parte de las Cooperativas y Comités, y si la calidad de los sistemas de agua potable y la prestación del servicio es la adecuada.

5.- Se reconoce la capacidad de gestión de las Cooperativas y Comités asignándoles también los sistemas de alcantarillado, en aquellos casos en que existan y que se justifiquen.

6.- Se pretende un cierto autofinanciamiento para la operación y mantención de los sistemas de agua potable rural.

7.- El estudio de las tarifas se asigna a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es el organismo con experiencia en este tema. El nivel tarifario definitivo debería ser consensuado con la entidad responsable del sector sanitario rural y con la comunidad.

A continuación, señaló los siguientes aspectos negativos del proyecto de ley:

1.- En aquellos casos extremos en que no se hará cargo la propia comunidad, se abre la posibilidad, mediante licitaciones y transferencias, de que sea un ente distinto el que opere el Sistema Sanitario Rural pero se circunscribe a las Cooperativas o Comités de Servicios Sanitarios Rurales, y sólo excepcionalmente a otros interesados.

Esta norma no favorece la posibilidad de que exista competencia total para lograr la mejor alternativa técnico-económica de solución.

Podría darse la condición favorable de cercanía a servicios públicos o empresas sanitarias, con lo cual se puede tener una importante ventaja tarifaria gracias a las economías de escala.

Lo anterior es válido tanto para el caso de servicios en operación, como para nuevos servicios.

2.- La Subdirección de Servicios Sanitarios, que se crea mediante esta iniciativa legal, equivale prácticamente a un Departamento de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, con lo cual no puede dar un apoyo real a las Cooperativas y Comités, considerando que el control y asesoría a la gestión financiera es muy importante.

La elaboración de planes de desarrollo, de proyectos y estudios, la contratación de obras y asesorías quedaría en manos de las Cooperativas y Comités; que por lo general, no cuentan con recursos profesionales, ni financieros para asumirlo, o por el contrario, si cuentan con los recursos, no siempre se obtienen beneficios de estudios contratados por estas Organizaciones.

3.- El proyecto de ley otorga más importancia y reconocimiento a las Cooperativas que a los Comités, lo cual se contrapone con la realidad y la experiencia conocida de estas entidades. En la actualidad, hay aproximadamente 160 Cooperativas y 1.500 Comités y no se ha demostrado una mejor gestión de las Cooperativas frente a los Comités.

La diferencia, y que permite que la Cooperativa tenga un mayor reconocimiento, es la ley que las rige y que constituye un mejor mecanismo de control de la gestión de acuerdo a su giro. Sin embargo, igual hay un descontrol si el Departamento de Cooperativas no ejerce el control externo en forma eficiente.

Asimismo, hay un riesgo en el caso de las Cooperativas, por cuanto no tienen giro único; con lo cual se produce un desperfilamiento respecto del uso de los recursos que se generan por la vía de la prestación del servicio sanitario.

4.- El proyecto de ley contiene gran cantidad de detalles que son más propios de un Reglamento, como es el caso de las multas que además en consideración a su magnitud (1.000 U.T.M.) son incompatibles con la realidad de los servicios. Otro ejemplo, es el caso de las sanciones establecidas en el artículo 92 del proyecto de ley las cuales son inaplicables.

5.- Es necesario modificar las definiciones contenidas en el artículo 2º, letra o), por la siguiente: “o) Saneamiento Básico: Recolectar, transportar, tratar y disponer las aguas servidas”. Letras I y g. Otorgar licencia de servicio sanitario rural por 30 años a las Cooperativas y 10 años de permiso a los Comités no tiene explicación lógica. Se sugiere que la licencia o permiso sea indefinido, pero revocable por la Superintendencia de Servicios Sanitarios en casos especiales.

La división entre servicio sanitario rural primario o secundario es innecesaria pues se trata de un desarrollo natural de una instalación que tiene capacidad ociosa.

6.- No se debe permitir que un encargado de un Servicio Sanitario Rural se haga cargo de algunas etapas de un servicio y que las restantes sean de responsabilidad de otro interesado.

Ha quedado demostrado que en el sector urbano hay una conveniencia en que el mismo operador es el responsable de todas las etapas del servicio de agua potable y de aguas servidas, pudiendo hacerse los contratos de interconexión que se deseen.

7.- No se ve la conveniencia, ni la necesidad, de aplicar el procedimiento de Otorgamiento de Concesiones de Empresas Sanitarias urbanas contenido en el decreto con fuerza de ley del Ministerio de Obras Públicas N° 382/88 al sector rural.

Se propone en su reemplazo establecer que: "Cualquier Agrupación de Vecinos y Pobladores u Organización Comunitaria podrá operar, administrar y mantener los Servicios Sanitarios Rurales que los beneficia; debiendo aplicarse el procedimiento que se defina para ello en el Reglamento".

Tampoco se ve la necesidad de implementar un Registro como el de las concesiones, en el caso de los Servicios Sanitarios Rurales, para ello se propone mantener o mejorar lo aplicado en el Programa de Agua Potable Rural del MOP.

8.- En este mismo sentido, no se ve conveniente someter a las Cooperativas y Comités a tomar garantías para resguardar el cumplimiento de Planes de Desarrollo y de condiciones de prestación porque se aumentarán los costos de los servicios y no se ve claramente que se obtenga el beneficio previsto.

9.- Se debe revisar la conveniencia de limitar por un plazo determinado la responsabilidad y el derecho de operar un Servicio Sanitario Rural. Este puede ser indefinido y condicionarse al cumplimiento, por parte de la Cooperativa o Comité, de las obligaciones y al deseo de la propia Comunidad de mantener su responsabilidad. De no darse alguna de estas dos condiciones o ambas, se debe definir un reemplazante.

Ante la necesidad de contar con un operador, cuando no hay interés de la propia comunidad, o cuando el Servicio Sanitario Rural no cumple con los estándares establecidos, debiera ser el reemplazante cualquier interesado que cumpla con las exigencias y ofrezca las mejores condiciones.

10.- Respecto al Capítulo 2 del Título IV sobre derechos y obligaciones de los operadores y usuarios, sus disposiciones parecen más propias de un Reglamento y no de una ley. Asimismo, el Capítulo 3, artículos 60 a 63, sería mejor ubicarlos en los respectivos Estatutos de las Cooperativas o Comité.

11.- No corresponde que los servicios rurales se amplíen hacia zonas urbanas. El decreto con fuerza de ley del Ministerio de Obras Públicas N° 382/88 no permite ampliar las concesiones hacia zonas rurales. No es posible que coexistan servicios urbanos y rurales, ya que son niveles de servicios sanitarios incompatibles entre sí. En este caso, debe predominar el servicio urbano por tener un estándar de servicio más alto.

12.- No se ve la conveniencia de establecer remuneraciones y asignaciones para los dirigentes. Los funcionarios encargados de la operación y algunas labores administrativas si deben ser remunerados y deben acceder a estos cargos pasando por procesos de selección. Los servicios de agua potable rural han contado con la colaboración voluntaria durante toda la existencia del Programa; si esto no se mantiene así los Servicios Sanitarios Rurales pasan a ser "negocio".

En la práctica, ocurre que socios que no tienen otros ingresos, ya sea por falta de capacitación laboral o por otras razones, se apoderan de los cargos directivos indefinidamente. Si además reciben pago esta situación se agudizará.

13.- Las tarifas son un elemento fundamental y delicado en la operación y mantención del Servicio, se estima que no es adecuado tener disposiciones legales tan rígidas y extremas, como decir que el dictamen de la Superintendencia de Servicios Sanitarios será definitivo y obligatorio. Esto es desconocer la realidad de un gran número de Servicios de Agua Potable Rural. Se sugiere un sistema en el cual cada servicio proponga, cuando sea necesario, como máximo cada cinco años, la modificación de la tarifa que aplican actualmente, la cual una vez revisada, para ajustarla a las disposiciones legales o reglamentarias existentes, será aprobada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

14.- No se entiende la utilidad de un Consejo Consultivo tan heterogéneo, compuesto por 17 personas de muy distintos niveles y capacidades, que se reuniría cada seis meses y cuyas recomendaciones serán de cumplimiento voluntario.

Reunirse cada seis meses, significaría que muchas de sus decisiones serán extemporáneas y muy generales. Debe estudiarse una alternativa más ágil y con pocos integrantes.

15.- No se ve posible la aplicación práctica de sanciones y menos de multas a las Cooperativas y Comités. Se propone reforzar el compromiso y la responsabilidad en estas entidades, y proporcionarles los apoyos necesarios. Si con todo no hay un buen resultado, se propone condicionar la permanencia como operador a corregir los problemas en un plazo dado. Si la situación no es revertida, se define un operador que sustituya a la Cooperativa o Comité.

16.- No resulta adecuado terminar con la obligación que establece el artículo 2º de la ley Nº 19.549, por el contrario, se propone que la Superintendencia de Servicios Sanitarios fije los plazos para terminarla, ya que existen servicios que pueden necesitar disponer de esta asesoría por más tiempo.

Existe un convencimiento generalizado en relación a que lo más importante es ordenar la asignación de fondos y la aprobación técnica de los proyectos; ello se logra responsabilizando a un solo ente u organismo de jerarquía para hacerse cargo integralmente del Sector Sanitario Rural y de los Programas asociados a éste. Lo anterior es fundamental para evitar que se sigan gastando recursos en obras sanitarias, especialmente de aguas servidas, como alcantarillados rurales con plantas de tratamiento, que colapsan en el corto plazo. En esta situación hay innumerables casos a lo largo de todo el país.

El interés y espíritu de esta iniciativa legal debería ser cómo superar las debilidades que se observan en la práctica y que merman la capacidad de las actuales organizaciones, para llevar a cabo en forma eficiente su responsabilidad sobre los servicios de agua potable y de aguas servidas en el sector rural.

Los costos de entregar los servicios sanitarios a pequeñas comunidades son, por lo general, más altos que en sectores más grandes y densamente poblados. Por esto, un programa que contemple soluciones sanitarias para el sector rural es normalmente subvencionado por el Estado; por lo tanto, a fin de hacer la mejor gestión con los recursos estatales parece conveniente que en aquellos casos en que no se hará cargo la propia comunidad de sus servicios, se vean todas las alternativas de solución considerando el nivel tarifario, la calidad de servicio y la mejor focalización del subsidio estatal.

En esta situación no se puede perder de vista que una mejor solución puede requerir de una competencia real con todos los actores posibles.

El proyecto de ley recoge las inquietudes de los dirigentes de servicios de agua potable rural, sin embargo, falta la colaboración de las Unidades Técnicas que tienen otra mirada de esta problemática.

En el capítulo de antecedentes de la ley queda clara la aceptación de las soluciones individuales para el caso de las aguas servidas; no así respecto del agua potable. Ello se ratifica en el artículo 12, donde se indica que entre los bienes que son indispensables para la prestación del servicio sanitario rural están: arranques, uniones domiciliarias, redes de distribución y de recolección, derechos de agua, captaciones, sondajes y estanques de regulación.

De acuerdo a esto, no queda claro cómo se institucionaliza el servicio de provisión de agua en localidades rurales dispersas, en las que un sistema colectivo de agua potable no tiene viabilidad técnica y/o económica. Se presume que se deberán implementar soluciones individuales, por lo tanto, este proyecto de ley debiera dejar abierta esa alternativa. Se espera que, mediante esta ley, se le asegure a la población que reside en las localidades dispersas las soluciones sanitarias y el apoyo técnico posterior (funciones de control y monitoreo de la calidad de agua, limpieza de fosas, etc.)

El artículo 7º del proyecto de ley indica que la prestación del servicio sanitario, comprende desde la producción del agua hasta la disposición final de aguas servidas. Sin embargo, ello no es tan evidente en el punto referido a la Política Nacional de Servicios Sanitarios Rurales del capítulo de Antecedentes, donde se señala que la Política "incorpora tanto la provisión y distribución de agua potable, como la posibilidad, en la medida que las circunstancias lo hagan necesario en cada caso particular, para incorporar soluciones de recolección, disposición o tratamiento de aguas servidas"

No queda claro en el proyecto de ley, el futuro de los sistemas de agua potable y de aguas servidas que están, hoy, a cargo de Municipalidades.

Se estima que con las asignaciones de funciones a la Subdirección de Servicios Sanitarios y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios no es necesaria la existencia del Consejo Consultivo.

Exposición de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU)

El Presidente de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, señor Oscar Beltrán, expresó en relación al proceso de transformación de los Comités en Cooperativas que no es obligatorio, sino que la experiencia de quienes trabajan desde hace muchos años en agua potable rural ha demostrado la existencia de diversos problemas en la administración de estos sistemas. Los Comités de Agua Potable son vulnerables al estar enmarcados en la misma normativa que otras asociaciones, con lo cual las normas aplicables a la contabilidad, rendición de dinero y de recursos recaudados, no son rigurosas.

En la actualidad, hay Comités que, aún cuando, partieron como pequeños Sistemas de Agua Potable Rural, con 60 o 70 arranques hoy tienen 4.000 arranques, algunos con características urbanas, con grifos de incendio y con estanques de regulación. Así, por ejemplo en la VI Región existen alrededor de 50 servicios de agua potable con más de 600 arranques y atienden a más de 3.000 personas, con lo cual se han presentado diversos casos de malversación de los recursos, puesto que no tienen la obligación de rendir cuentas a su comunidad y tampoco existe un instrumento legal para hacer efectiva su responsabilidad por el mal uso de los recursos.

El proceso de transformación de Comités a Cooperativas debe ser cuando se ajuste a los intereses y necesidades de los Comités, por cuanto la ley no establece la obligatoriedad de esta transformación, sin embargo, debe considerar una etapa en formación y adaptación al nuevo modelo desarrollando una serie de jornadas de sensibilización con los socios, de capacitación y formación en materias contables de administración y gestión, tanto para dirigentes como para funcionarios, administrativos y operadores. El proceso de transición no debe ser inferior a un año.

Señaló que cuando entre en vigencia esta nueva ley, los derechos de agua deberían ser modificados para asegurarlos tanto a los Comités como a las Cooperativas, sin perjuicio de que se hayan regularizado ante la Dirección General de Aguas (DGA). Este derecho constitucional no se puede ver amenazado por el criterio de distribución de recursos hídricos que administra la DGA.

Para la aplicación de esta iniciativa legal se requiere una gradualidad con un plazo de 2 a 5 años.

Respecto del Plan de Inversiones señaló que la gran mayoría de los Sistemas de Agua Potable Rural no están en condiciones de financiarlo y ello provocaría de inmediato la extinción de la licencia, incluso antes de que entrará en operación, por lo tanto, el concurso por subsidio a la inversión, debe comenzar a operar una vez que las licencias y permisos hayan sido otorgados y aseguradas las inversiones a través de fondos tradicionales.

El proyecto de ley, en estudio, no resuelve el problema de acceso al crédito, tanto de las Cooperativas como de los Comités para el financiamiento de las obras, lo cual es esencial para el cumplimiento del Plan de Inversiones. El Estado debe crear instrumentos que respalden a los APR para tener acceso al sistema bancario.

En cuanto al saneamiento rural señaló que se deben estudiar con detenimiento los sistemas de saneamiento para proponer la instalación de sistemas de bajo costo de operación. La experiencia ha demostrado que muchas de las plantas de tratamiento que se han construido en las zonas rurales del país han fracasado por el alto costo de operación y mantención.

El saneamiento en las zonas rurales ha sido muy complejo y una de las razones para tener alcantarillado en estas localidades normalmente se debe a que los alcaldes quieren contar con calles pavimentadas y para ello requieren contar con una Planta de Tratamiento. En la mayoría de los casos, no se produce un proceso de sensibilización con la comunidad, la que debe entender que este nuevo sistema es necesario operarlo y traspasarle costos de operación y mantención y en algunos casos de reinversión lo que eleva la tarifa. Tampoco está asociada la capacitación para la operación de estos nuevos sistemas.

En relación a los subsidios de agua potable, tanto rural como urbano, solicitó que se adopte un procedimiento más igualitario dado que no hay distribución equitativa entre el sector rural y el sector urbano.

Respecto del pago de remuneraciones y asignaciones a los dirigentes de las Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural, manifestó que existen diversas opiniones, la mayoría es contraria a este pago puesto que se considera que atenta contra el espíritu del Programa de Agua Potable Rural, no obstante, algunos dirigentes lo consideran positivo. Dentro de este mismo ámbito señaló que existe consenso en la necesidad de contar con un seguro de vida para los dirigentes de las Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural, que como consecuencia de sus funciones deben viajar constantemente.

En relación a la fijación de tarifas que propone la iniciativa legal en estudio, manifestó su conformidad haciendo presente que debe discutirse por la Superintendencia de Servicio Sanitarios o por un organismo de esas características. En esta materia informó que existe un aprovechamiento, en algunos casos de carácter político de las tarifas, por cuanto los Directorios de los Comités están integrados por Alcaldes y Concejales, con lo cual es muy difícil aumentar una tarifa, a pesar de las grandes alzas en el precio de la electricidad.

Finalmente, informó que la fijación de la tarifa obedece a una decisión de la Asamblea de socios, lo que implica que no existe ningún elemento técnico ni económico que refleje los costos de operación y mantención.

Exposición de la Alcaldesa de San Vicente de Tagua Tagua

La Alcaldesa de San Vicente de Tagua Tagua, señora Virginia Troncoso, señaló que la realidad de la comuna que representa es la de muchas de la VI Región, la cual posee una población rural superior al 50%, encontrándose con una gran dispersión, agrupada en villorrios o localidades, compuestos por personas de esfuerzo, con ingresos en su mayoría como temporeros, dedicados a las faenas agrícolas.

Destacó que en estas localidades, mediante el esfuerzo de los vecinos, con una visión de desarrollo y de servicio, que se prolonga por más de 4 décadas, se ha podido satisfacer una necesidad básica, como es el suministro de agua potable, con un sistema eficiente y constante, que se debe a sus dirigentes que sin esperar una remuneración y sólo con el afán de ayudar a su comunidad, han podido llevar con éxito esta importante labor.

En la elaboración de esta iniciativa legal participó la Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable de la VI Región. A su vez, los dirigentes de los Sistemas de Agua Potable Rural han hecho ver la conformidad con este proyecto, destacando lo siguiente:

1.- Se establece con claridad en su artículo 12, la descripción de los bienes indispensables para la prestación del servicio, (pozos de captación, matrices, arranques, entre otros) los que son cautelados de su enajenación indiscriminada y posible embargo, protegiendo así el patrimonio de los Comités de Agua y más aun el normal suministro de los vecinos.

2.- Es posible apreciar una enorme proyección en la incorporación de forma literal en el artículo 7º, de entregar a las Cooperativas la recolección y tratamiento de aguas servidas, situación que permitirá aplicar con una mejor propiedad los proyectos de “Saneamiento Sanitario” de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, gestión que están dispuestas a asumir las Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural, en virtud de la mejora de sus asociados.

3.- El proyecto de ley permite a las actuales y futuras Cooperativas la renovación preferente del servicio, con lo cual se garantiza la continuidad de los actuales servicios, dejando la decisión de poner término a la concesión en las manos de las cooperativas.

4.- El Titulo VI del proyecto de ley, contiene los lineamientos de la creación de una política nacional de asistencia y promoción de los Servicios Sanitarios Rurales, que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y del Concejo Consultivo.

5.- Asimismo, se reconoce el origen de los Sistemas de Agua Potable Rural, que se funda en los principios de ayuda mutua; de igualdad y participación, de eficiencia económica y transparencia.

6.- Las normas contenidas en los artículos 85 y 86 del proyecto de ley, muestran con claridad los mecanismos de Inversión Pública y subsidios en los servicios sanitarios rurales, para la ejecución de nuevas áreas.

Señaló que ha podido constatar el gran esfuerzo que realizan sus dirigentes para obtener recursos para mantención, mejoramiento, o extensión de redes a nuevos sectores, esperando que esas políticas sean una real solución a sus inquietudes.

7.- Esta iniciativa legal permitirá a las Cooperativas la ampliación de sus servicios a zonas urbanas, donde no se haya otorgado ni solicitado una concesión, permitiendo entregar servicios a localidades que se encuentran en la periferia de los límites urbanos, donde no demuestran intereses las Empresas Sanitarias, por su baja rentabilidad o inexistencia de redes.

8.- El proyecto de ley protege el territorio de operación de las Cooperativas, situación que antes no estaba contemplada, permitiendo que dentro de su territorio, actuara una Empresa Sanitaria sin su consentimiento.

Concluyó expresando que esta iniciativa legal resguarda los intereses de las Cooperativas, puesto que protege su patrimonio, territorio y entrega la proyección de un Plan de Inversión para su desarrollo.

Exposición del Ingeniero Civil, señor Luis Valdés

El Ingeniero Civil, señor Luis Valdés, informó que a través de la Secretaría General de la Presidencia le correspondió participar en la elaboración de esta iniciativa legal y en su opinión no queda claro la forma en que se traspasará a título gratuito una inversión en infraestructura sanitaria del orden de US$ 400.000.000 (cuatrocientos millones de dólares).

Luego, en relación a la formación de las Cooperativas manifestó que en su opinión es más eficiente potenciar a las municipalidades y que éstas a través de las Corporaciones Municipales se hagan cargo de los Sistemas de Agua Potable Rural, puesto que cuenta con instrumentos administrativos que pueden traspasar hacia los Comités y acogerlos, en lugar de crear Cooperativas. La gran inversión asociada al sector representa una suma anual cercana a M$ 70.000.000.000 (setenta mil millones de pesos), de los cuales M$ 28.000.000 corresponden a inversión que realiza el Ministerio de Obras Públicas y el resto lo realiza la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a través de los Gobiernos Regionales con traspaso a las municipalidades y luego una inversión menor de cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La gran gestión, en cuanto a abastecimiento y mantenimiento se podría realizar a través de los municipios.

Finalizada la intervención anterior, la dirigenta del Sistema de Agua Potable Rural de la Región Metropolitana, señora Teresa Sarmiento, manifestó su total rechazo a la idea planteada por el Ingeniero Civil, señor Luis Valdés, respecto de la posibilidad de que las Municipalidades, a través de las Corporaciones Municipales, se hagan cargo de los Sistemas de Agua Potable Rural, haciendo presente que los Comités funcionan en forma adecuada desde el año 1964.

En su opinión, basta con observar la mala experiencia municipal en materia de educación y salud en las distintas comunas del país. Los municipios, en general, se preocupan muy poco de los APR del país.

La intervención de las municipalidades en este ámbito podría dar lugar a que los recursos que se recauden por este servicio se destinen a otros fines.

Durante el proceso de elaboración de este proyecto de ley recorrió el país para conocer la opinión de los dirigentes y se ha solicitado de manera reiterada el otorgamiento de un viático para los dirigentes puesto que algunos deben dejar sus trabajos para participar en estas reuniones y tienen que asumir los costos de trasladarse desde lugares muy alejados.

El Tesorero de FENAPRU, señor Manuel Mundaca, representante de la Provincia de Limarí, de la IV Región, señaló su preocupación por el rol excesivo que desempeña el Ministerio de Salud en los Sistemas de Agua Potable Rural, haciendo presente que muchos subsidios para la construcción de viviendas rurales se encuentran paralizados por exigencias de ese Ministerio, con lo cual no es posible cambiar la calidad de vida del mundo rural.

El Ministerio de Salud ha cursado diversas infracciones a los Comités de Agua Potable Rural por exceso de cloruro en el agua, sin embargo, la solución de esa situación no corresponde a los Comités sino que al Estado, que a través del Ministerio de Obras Públicas debe instalar una Planta de Osmosis Inversa para prestar un servicio adecuado.

Respecto de la intervención de los municipios en esta materia emitió su opinión contraria puesto que éstos carecen de los recursos para entregar en forma adecuada este servicio.

Como consecuencia de los planteamientos anteriores, el Ingeniero Civil señor Luis Valdés precisó que la participación de las municipalidades en el Sistema de Agua Potable Rural debe entenderse como complementario al trabajo que realizan las Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural y no como el traspaso de las funciones de éstos a las Corporaciones Municipales, sino que debe potenciarse el rol municipal para el apoyo técnico y financiero de las Cooperativas y Comités.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a través de los Gobiernos Regionales y posteriormente el Consejo Regional podrían distribuir los recursos y el financiamiento para cooperar con las Cooperativas y Comités.

El Ingeniero Civil señor Manuel Alberto Godoy hizo presente su preocupación por la dualidad de funciones que es posible apreciar en la tramitación de un proyecto de agua potable rural que, luego de ser revisado por la Dirección de Obras Hidráulicas, debe ser nuevamente revisado por el Ministerio de Salud con lo cual se pierde mucho tiempo en la realización de las inversiones.

En el año 2006 el Ministerio de Obras Públicas realizó una experiencia, a través del Programa Chile Barrio, con 400 soluciones dispersas en la VIII Región que hasta la fecha ha funcionado y sirvió para liberalizar el tema de los subsidios rurales dispersos.

Exposición de la Ministra de Vivienda y Urbanismo

La Ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Patricia Poblete, señaló que es muy importante escuchar los planteamientos de los operadores de las Plantas de Agua Potable Rural. Para el Ministerio de Vivienda el hecho de no contar con factibilidad sanitaria en los sectores rurales significa la imposibilidad de ejecución de los subsidios. Sin embargo, la situación más grave que sucede es que en algunos lugares en que hay disponibilidad de agua potable rural se construyen a costo de las pequeñas empresas las viviendas rurales, el MINVU agrega la cantidad equivalente a 70 unidades de fomento por cada vivienda para la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas y el Ministerio de Salud demora en forma excesiva el otorgamiento de la autorización respectiva con lo cual las pequeñas empresas constructoras quiebran.

Señaló que comprende la obligación del Ministerio de Salud por garantizar un agua de calidad, que cumpla con la normativa internacional, pero se debe buscar un sistema que agilice y flexiblice la autorización del Ministerio de Salud. Existen sectores en que desde hace muchas décadas los vecinos se han surtido de una vertiente y basta que un sólo componente de esa agua no cumpla con la norma para impedir la construcción de viviendas sociales, por lo tanto, es necesario analizar la forma en que esa agua se podrá clorar, en lugar de rechazar la construcción de viviendas en ese sector, porque está sucediendo que las personas siguen viviendo en sectores muy pobres, sin viviendas y con la misma agua.

La única excepción en esta materia son los villorrios indígenas, en que es posible construir viviendas sociales sin contar con agua potable rural, situación que además constituye una injusticia puesto que muchas veces se ubican en el mismo sector familias de origen indígenas y otras que no tienen ese origen y sólo es posible construir lindos villorrios, de casas de machis. Éstas se abastecen de agua de la vertiente que viene del cerro y al lado hay familias muy pobres que no tiene esa posibilidad, porque no se otorga la factibilidad sanitaria.

Para el MINVU está iniciativa legal es de gran trascendencia por cuanto dotar de una institucionalidad y mejorar la gestión de los Sistemas de Agua Potable Rural asegura la provisión de un servicio y la transparencia de la operación. En muchas oportunidades, no es posible implementar proyectos de viviendas sociales por rencillas históricas en un sector.

También, es importante definir la situación que se presenta con un conjunto habitacional que se ubica en parte en un sector rural y en un sector urbano puesto que es muy difícil que convivan ambos sistemas de agua potable que tienen características muy diferentes.

Respecto de la inversión en infraestructura sanitaria señaló que debe establecerse con precisión por cuanto cuando se rompe la planta de tratamiento de aguas servidas transcurre mucho tiempo para obtener por parte de la Cooperativa o del Comité respectivo los recursos para la reparación.

Existen convenios con las empresas constructoras y las empresas sanitarias para la mantención de estas plantas de tratamiento por un plazo de 5 años y después, por falta de recursos, cuando se produce un desperfecto quedan convertidas en cloacas.

El MINVU se encuentra con diversos problemas en el Agua Potable Rural que no están claramente abordados en esta iniciativa legal porque la realidad en los terrenos rurales es diferente. La incorporación del saneamiento rural es extraordinario, pero se debe incentivar la eficiencia económica de la sustentabilidad del Sistema de Agua Potable Rural y para ello son necesarias las inversiones que debe garantizar el Estado de Chile, en caso contrario, se va encarecer demasiado la operación de este sistema porque de otra forma serán los vecinos rurales los que se deberán hacerse cargo de esta situación.

Finalmente, expresó que la creación del sistema de licencias y permisos entrega la certeza absoluta respecto al territorio delimitado que permitirá evitar las disputas familiares y rencillas que en algunos casos, a pesar de haberse entregado los subsidios y construidas las viviendas sociales no es posible contar con la solución sanitaria que corresponde.

El Honorable Senador señor Kuschel manifestó su preocupación por el gran atraso que presenta Chiloé en materia de agua potable rural, como asimismo, la mantención y eventual reposición de antiguos sistemas. En su opinión, esta iniciativa legal debe contener un criterio o estímulo para la mantención y renovación apropiada de los sistemas de agua potable rural que datan de hace más de 40 años.

En seguida, solicitó que se establezca un procedimiento fluido para la renovación de los servicios sanitarios y se asegure una subvención a la inversión de reposición y para aquellos sectores donde hay más pobreza sin considerar el aporte de los beneficiarios.

El Honorable Senador señor Sabag destacó la importancia de las municipalidades en el proceso de reposición de los Sistemas de Agua Potable Rural puesto que a éstas les corresponde postularlos para la obtención de los recursos necesarios.

Para obras menores existe una disposición en la Ley de Presupuestos del Sector Público que contempla $ 33.000.000 (treinta y tres millones de pesos) para pintar las torres, mejorar las sedes sociales. Estos fondos deberían traspasarse a los Sistemas de Agua Potable Rural que le darían un gran rendimiento a estos recursos.

En seguida, señaló que es fundamental considerar la capacitación para los dirigentes de los Sistemas de Agua Potable Rural y el pago de un viático para ejercer en forma adecuada el cargo.

Exposición del Director de Presupuestos

El Director de Presupuestos, señor Alberto Arenas, fue invitado a fin de conocer las razones del Ejecutivo para no acceder a la solicitud unánime de esta Comisión de crear un Dirección Nacional de Servicios Sanitarios del Ministerio de Obras Públicas.

En la oportunidad, el Director de Presupuestos informó que en los inicios de la Administración de S.E. la Presidenta de la República, señora Bachelet, y en el Gobierno anterior, se debatió cómo dentro del marco de las materias de competencia del Ministerio de Obras Públicas se le podría otorgar fortalecimiento institucional a un tema tan sensible como es el Servicio Sanitario Rural y el Agua Potable Rural.

Para ello, se consideró la creación de un servicio público que se hiciera cargo del Agua Potable Rural, dentro del Ministerio de Obras Públicas, donde el principal diagnóstico era la dispersión institucional puesto que habían materias relativas al concepto de los Servicios Sanitarios Rurales que no sólo estaban en la DOH, sino que en la Dirección General de Aguas, en la Dirección General de Obras Públicas y en otros lugares fuera del Ministerio.

Como consecuencia de la situación anterior, se determinó concentrar todas las facultades en la DOH y adicionalmente evitar el debate respecto de la creación de un servicio público y fortalecer esta institucionalidad, colocarle un rango de Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales dentro de una División que existe como servicio público, propiamente tal, evitando el conflicto en relación a su naturaleza, en el sentido de que si es un servicio público, qué planta debería tener, qué grados, cuántos cargos, cuántos profesionales, si existirían asignaciones nuevas. De esta forma, mediante la creación de una Subdirección se estimó que se entraba al fondo del tema que era darle visibilidad al servicio sanitario rural dentro del MOP, establecer un responsable de esta materia y concentrar dentro de la DOH y en especial, en la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales el tratamiento de esta materia.

La creación de un nuevo servicio público, en cualquier Ministerio del Estado, habría generado un gran debate que podría haber demorado mucho la decisión relativa a la institucionalidad que se le pretendía otorgar al servicio sanitario rural.

Ante esta situación, la prioridad del Ejecutivo no fue realizar ese debate, sino que fortalecer la institucionalidad del servicio sanitario rural, que se concentre en algún lugar, con visibilidad, con presupuesto y con una institucionalidad como la que se contiene en el proyecto de ley en estudio. Puesto que lo que se pretende es contar con un sistema que concentre todas las facultades en una sola institución y no abrir un debate como sería la modificación de la ley orgánica del Ministerio de Obras Públicas, que data de hace 40 años

El hecho de otorgar rango de Dirección en lugar de Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales abre otras preguntas al interior del MOP, que no sólo dice relación con los Servicios Sanitarios Rurales, sino que el debate relativo al tamaño de las Direcciones, cómo se relacionan entre ellas y qué modalidades de funcionamiento se les otorga.

El Agua Potable Rural tiene en la actualidad un rango de Departamento, sin embargo, dentro del esquema de la DOH es prácticamente una Subdirección, no en la parte formal sino que en el trato.

La iniciativa legal en estudio sólo crea la Subdirección y en la Ley de Presupuestos de la Nación se le deberá otorgar la dotación y los recursos correspondientes. Al crear la Subdirección se asignan responsabilidades que en la actualidad no existen en el Estado, las acciones en materia de Agua Potable Rural se realizan a través de Planes Anuales comprendidos en la Ley de Presupuestos, como Programas, o se actúa mediante la Subsecretaría de Desarrollo Regional o en el Ministerio de Vivienda en proyectos tales como el Chile Barrio.

Esta nueva Subdirección pasa a ser el ente rector, único y exclusivo del sector del Agua Potable Rural, desde la perspectiva de la función de fomento y desarrollo del Estado y en la Superintendencia de Servicios Sanitarios se concentra la fiscalización del servicio en materia de Agua Potable Rural.

Una vez aprobado este proyecto de ley se considerarán los recursos dentro de la Ley de Presupuestos de la Nación para el año 2010 y se separarán los recursos para esta Subdirección. Así, se cumple con el objetivo de fortalecer esta institucionalidad.

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DISCUSIÓN EN PARTICULAR

La Comisión se abocó al estudio de las 141 indicaciones presentadas al texto del proyecto de ley, aprobado en general por el Honorable Senado, dejando constancia de las disposiciones en que ellas inciden y de los acuerdos adoptados sobre las mismas.

La iniciativa legal en estudio aprobada en general por el Honorable Senado consta de VI Títulos, que contienen 99 artículos permanentes y 15 artículos transitorios.

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“TITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTÍCULO 1º

El artículo 1º del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado señala el ámbito de vigencia material de esta ley indicando que ella regula la prestación del servicio sanitario en el ámbito rural.

El servicio sanitario rural podrá ser operado por un Comité o una Cooperativa, al que se ha otorgado un permiso o licencia por el Ministerio de Obras Públicas. Excepcionalmente, conforme se establezca en el Reglamento, el servicio podrá ser operado por otra persona natural o jurídica autorizada por el Ministerio de Obras Públicas, previo informe favorable de la Autoridad Sanitaria regional.

En discusión este artículo el Honorable Senador señor Romero propuso reemplazar la expresión “al que se ha otorgado un permiso” por “al que se le haya otorgado un permiso” porque debe ser previo a la operación del Comité que se lo haya otorgado.

La Comisión acordó aprobar la modificación propuesta al artículo 1º del proyecto de ley, en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento del Senado.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 1 A.

Indicación Nº 1 A

1 A.- De S.E. la Presidenta de la República, para eliminar, en el inciso primero, la palabra “material”, que figura en su epígrafe, y la expresión “en el ámbito”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz-Esquide.

ARTÍCULO 2º

El artículo 2º del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, define diversos conceptos, para efectos de la aplicación de esta ley, entre otros, los siguientes:

a) “Área de servicio”: Aquélla cuyos límites geográficos constituyen la superficie territorial en que un operador presta servicios sanitarios rurales, como permisionario o licenciatario.

b) “Ámbito rural”: Toda área geográfica fuera del límite urbano.

c) “Comité de Servicio Sanitario Rural”: Organización comunitaria funcional, constituida y organizada conforme a lo dispuesto en la ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, a la que se le otorgue permiso para operar un servicio sanitario rural.

d) “Concesionarias de servicios sanitarios”: Aquéllas personas jurídicas titulares de concesiones otorgadas conforme al Decreto con Fuerza de Ley Nº 382 del Ministerio de Obras Públicas del año 1988.

e) “Cooperativa de Servicio Sanitario Rural”: Persona jurídica constituida y regida por la Ley General de Cooperativas, a la que se le otorgue licencia o permiso para operar un servicio sanitario rural.

f) “Departamento de Cooperativas”: El perteneciente al Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.

g) “Licencia de servicio sanitario rural”: La que se otorga por el Ministerio a las Cooperativas de Servicio Sanitario Rural, por un plazo máximo de 30 años, para la prestación y operación de un servicio sanitario rural en un área de servicio determinada.

h) “Licenciataria”: Cooperativa a la que se ha otorgado licencia para operar servicios sanitarios rurales.

i) “Ministerio”: El Ministerio de Obras Públicas.

j) “Operador”: La Cooperativa o Comité al que se ha otorgado, por el Ministerio, licencia o permiso para operar un servicio sanitario rural.

k) “Permisionario”: Es el titular del permiso otorgado en conformidad a esta ley.

l) “Permiso de servicio sanitario rural”: El que se otorga por el Ministerio a un Comité o Cooperativa, por un plazo máximo de 10 años, para la operación y prestación de un servicio sanitario rural, en un área de servicio determinada.

m) “Registro”: El Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales regulado en el artículo 77 de esta ley.

n) “Reglamento”: El que se dicte para la ejecución de las normas contenidas en esta ley, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3.

o) “Saneamiento”: Recolectar, tratar y disponer las aguas servidas.

p) “Soluciones Individuales de Saneamiento”: Son aquellas que, no estando conectadas con una red de alcantarillado primario, permiten la recolección, tratamiento y vertimiento o reutilización de sus aguas residuales.

q) “Subdirección”: La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas, que se crea por esta ley.

r) “Superintendencia”: La Superintendencia de Servicios Sanitarios.

s) “Usuario”: la persona que recibe algún servicio sanitario rural, pudiendo o no tener la calidad de socio del Operador.

A este artículo se presentaron ocho indicaciones signadas con los Nos 1 B, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G, 1 H y 1.

Letra b)

b) “Ámbito rural”: Toda área geográfica fuera del límite urbano.

El Honorable Senador señor Letelier solicitó que se elimine la letra b) del artículo 2º que define el ámbito rural, por cuanto a su juicio, esa disposición esconde una intencionalidad, en el sentido de que las áreas concesionadas por las empresas sanitarias no siempre coinciden con los límites urbanos, menos en localidades rurales que se consideran urbanas y se permiten usos de suelos para fines habitacionales. En su opinión, esta norma sólo tiene como finalidad que los APR puedan funcionar exclusivamente fuera de los radios urbanos a lo cual anunció su oposición.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, aclaró que esta iniciativa legal establece que los servicios sanitarios rurales pueden estar en parte o en su totalidad en zonas urbanas. Los términos de la ley son muy claros, no obstante, se genera una confusión por el término “rural” puesto que un Comité de Agua Potable Rural puede atender a la totalidad de un área urbana.

El Honorable Senador señor Letelier hizo presente que el concepto de “rural” es diferente del fin para que se use. De esta forma, para algunos “rural” es todo aquel lugar donde vivan menos de 2.500 habitantes. En cambio, el Plano Regulador de la Comuna de Requínoa determinó que una localidad denominada “Abra” se considere urbana, aún cuando, la vocación es 100% rural, por lo que solicitó la eliminación de esta definición.

El Honorable Senador señor Sabag acotó que hay comunas grandes como San Nicolás, San Fabián de Alico, que son abastecidas por Agua Potable Rural y cuentan con alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, precisó que existe una confusión semántica, la ley es muy clara y establece que los servicios sanitarios rurales pueden estar en su totalidad en una zona urbana o en parte de ella. No obstante, agregó que la nominación puede ser confusa y si se pretende eliminar la definición del ámbito rural sería necesario cambiar el nombre de la ley.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, expresó que esta materia debe entenderse en el sentido de que la ley rige para el futuro haciéndose cargo de situaciones de hecho que existen en la actualidad. Así, la iniciativa legal pretende regular las inversiones, permisos, licencias y una de las situaciones existentes que esta iniciativa legal consolida es que existen operadores de agua potable rural que prestan servicios en zonas urbanas y la ley reconoce la situación del Comité o de la Cooperativa, otorgando la autorización sea por 10 o 30 años para continuar operando.

Asimismo, este proyecto de ley consolida la situación de un operador que nace en el ámbito rural y dentro de 15 años ese ámbito rural, por una modificación del Plan Regulador, pasa a ser urbano, estableciéndose que seguirá prestando el servicio el operador rural, sea licenciatario o concesionario. En este caso, se establece que progresivamente y dentro de un período de transición, las condiciones técnicas y las exigencias deberán adaptarse a las condiciones del ámbito urbano.

De esta forma, los artículos 1º y 2º del proyecto de ley contienen la idea de que no por un cambio del Plano Regulador aprobado por el Concejo Municipal, el permisionario o el licenciatario, pierdan su calidad de tal y por consiguiente tenga que transformarse en una empresa sanitaria o vender sus derechos a una empresa sanitaria.

El Honorable Senador señor Letelier solicitó dejar expresa constancia, para la historia de la ley, de las explicaciones otorgadas en relación a la definición del “ámbito rural”.

En seguida, el Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, precisó que el proyecto de ley dice relación con aquellas áreas en las cuales no hay servicio y la pregunta que surge es qué ámbito se debe acoger, el ámbito rural o el de las empresas sanitarias y se establece que fuera del límite urbano puede acogerse la operación de un sistema de agua potable rural.

Indicación Nº 1 B

1 B.- De S.E. la Presidenta de la República, para suprimir la letra b)

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz-Esquide.

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Indicación Nº 1 C

1 C.- De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar la siguiente letra, nueva:

“…) “Concesión Sanitaria”: La otorgada conforme al decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, de 1988.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

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Letra g)

Indicación Nº 1 D

1 D.- De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de la frase ““Licencia de servicio sanitario rural””, la expresión “o “Licencia””, y suprimir “y operación”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Letra j)

j) “Operador”: La Cooperativa o Comité al que se ha otorgado, por el Ministerio, licencia o permiso para operar un servicio sanitario rural.

Indicación Nº 1 E

1 E.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar el verbo “operar” por “prestar”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Letra l)

Indicación Nº 1 F

1 F.- De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de “Permiso de servicio sanitario rural”, la expresión “o “Permiso””, y suprimir los vocablos “operación y”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

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Indicación Nº 1 G

1 G.- De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar la siguiente letra, nueva:

“…) “Servicio Sanitario Rural”: Provisión de agua potable y saneamiento, conforme a lo dispuesto en esta ley.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

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Letra p)

El Honorable Senador señor Letelier solicitó modificar el orden de las letras contenidas en el artículo 2º del proyecto de ley, en debate, puesto que en su opinión no sigue un ordenamiento lógico.

En seguida, señaló que la definición contenida en la letra “p” no considera una situación intermedia que son las soluciones colectivas en que no existe el saneamiento.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, acotó que en la actualidad una solución colectiva no puede carecer de saneamiento en virtud de lo establecido en las normas ambientales. No obstante, consideró pertinente modificar la definición contenida en la letra p) puesto que el saneamiento individual está considerado desde la perspectiva de una solución que no está conectada a la red.

El Honorable Senador señor Sabag señaló que cuando existe un villorio, se hace un sistema de alcantarillado tradicional, sin embargo, cuando las casas están muy separadas se construye una fosa séptica y se presenta el problema que se colapsan y el servicio debe contar con camiones aljibes para la extracción de los sólidos y llevarlos a un botadero.

El Subsecretario de Obras Públicas señor Juan Eduardo Saldivia, acotó que la norma contenida en el artículo 1º de la iniciativa legal en estudio regula dicha situación.

Indicación Nº 1 H

1 H.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazarla, por la siguiente:

“p) “Soluciones descentralizadas de Saneamiento”: Son aquellas que, no estando conectadas con una red de alcantarillado primario, permiten la recolección, tratamiento y vertimiento o reutilización de las aguas residuales de sistemas comunitarios, conjuntos residenciales y residencias individuales, según el caso.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Letra q)

Indicación Nº 1

1.- Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituirla, por la siguiente:

“q) “Dirección”: La Dirección Nacional de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas, que se crea por esta ley.”.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, explicó que en la actualidad no existe un organismo público que regule o tenga bajo su tuición al Sistema de Agua Potable Rural (APR) y mediante esta iniciativa legal se pretende crear una Subdirección que dependerá de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y todas las instituciones recibidas en audiencia por esta Comisión fueron partidarios de contar con una Dirección Nacional de Servicios Sanitarios Rurales.

Agregó que comparte ese planteamiento porque el paso que se está dando a través de esta iniciativa legal es de gran importancia puesto que las exigencias de prestar el servicio sanitario, que comprende 4 etapas definidas en la ley, son muy complejas para los dirigentes de los Comités de Agua Potable Rural, en especial la de captación y saneamiento de aguas. El gran problema que se presenta es que nadie quiere hacerse cargo de las plantas de saneamiento de agua, para ello basta ver lo que ha ocurrido con dichas plantas en que no sólo se ha perdido inversión privada, sino que también financiamiento de instituciones internacionales que prestan recursos para este tipo de infraestructura. En muchas ocasiones, se han recibido poblaciones o villas y la empresa constructora está obligada a instalar una planta de tratamiento que después no es operada.

En el país, 1.500.000 de habitantes se atienden por estos servicios sanitarios rurales, que tienen que pasar a una etapa de complejidad, de administración de recursos, de inversiones, de mantenciones de obras, que hacen necesaria la existencia de una Dirección Nacional de Servicios Sanitarios Rurales. La experiencia de los Comités de Agua Potable Rural en inversiones mayores es desastrosa y la iniciativa legal en estudio permite que un Comité o Cooperativa solicite en forma conjunta, o separada, cualquiera de las 4 etapas del servicio de agua potable rural y va a ocurrir que ningún Comité o Cooperativa estará dispuesto a solicitar el saneamiento, sólo pedirán la producción y la distribución del agua.

Ningún Comité de Agua Potable Rural solicitará el saneamiento porque siempre se asocia a un mayor pago y requiere de grandes inversiones, por lo tanto, es preferible que el organismo del Estado que participe en esta nueva etapa tenga la categoría de una Dirección Nacional de Servicios Sanitarios Rurales, en vez de una Subdirección dependiente de la Dirección de Obras Hidráulicas.

El paso que se está dando en cuanto a exigencias de conducción y volúmenes de inversión en el Agua Potable Rural justifican la existencia de una Dirección Nacional de Servicios Sanitarios Rurales.

El Honorable Senador señor Sabag compartió la necesidad de contar con una Dirección Nacional de Servicios Sanitarios Rurales, en lugar de una Subdirección dependiente de la Dirección de Obras Hidráulicas. Agregó que el Servicio de Agua Potable Rural se ha complementado con el tratamiento de aguas servidas lo que representa una situación más compleja que requiere una mayor preocupación del Estado y considerarla dentro de una Dirección como es la DOH, que también debe preocuparse del riego y de otras funciones además del Agua Potable Rural, no parece apropiado por la relevancia de la materia.

Debe existir una Dirección Nacional que se preocupe fundamentalmente de los servicios que son necesarios para mejorar la calidad de vida y para el progreso del sector rural. Además, se debe considerar la complejidad de la mantención de una planta de tratamiento y se requiere que la Dirección Nacional de Agua Potable Rural preste la asesoría eliminando de esta forma el pago de grandes sumas a las Empresas Sanitarias para el apoyo a las Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural. Esos recursos alcanzarían para pagar un equipo permanente en cada una de las regiones del país destinado a asesorar, guiar y complementar el nuevo servicio de alcantarillado y el tratamiento de las aguas servidas.

La creación de una Dirección Nacional de Servicios Sanitarios Rurales permitirá unificar el tratamiento del tema sanitario del mundo rural.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que el Ministerio de Obras Públicas ha modificado en forma sustantiva su organigrama en los últimos años por lo que es importante saber cuál es el modelo que se pretende seguir. En su opinión, el tema del agua potable y de saneamiento no tiene ninguna relación con los efectos fluviales, con los cauces de los ríos del país, y con otras materias relacionadas con las aguas, por lo que se mostró partidario de contar con una Dirección que se ocupe del Agua Potable Rural.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, señaló que después de 40 años de la aplicación del Programa de Agua Potable Rural, que ha estado situado en distintas instancias, tales como en el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, en la Dirección de Planeamiento y en la actualidad en la Dirección de Obras Hidráulicas, presenta importantes falencias desde el punto de vista administrativo y de los recursos que se puedan destinar, dependiendo de la asignación presupuestaria anual.

Lo anterior conlleva una cierta estructura que significa que los Comités de Agua Potable Rural reciben la asesoría que el Programa les puede otorgar. A su vez, ha existido la decisión de que la asesoría técnica se licite y se contrate a través de las empresas sanitarias de la región correspondiente. No obstante, el proyecto de ley permite la contratación de otros entes, incluso con las mismas Cooperativas y Comités que se pueden organizar para aquello y generar asociaciones para prestar esa asesoría.

El Ejecutivo ha avanzado en la proposición de una Subdirección puesto que en consideración a la estructura del Ministerio de Obras Públicas las Direcciones Nacionales tienen competencias ampliadas, dentro de las cuales hay Subdirecciones que tienen a su cargo materias específicas, por lo que se consideró que la competencia ampliada de la Dirección de Obras Hidráulicas, en cuanto a la gestión de los recursos hídricos de responsabilidad del Estado y la asesoría en las materias correspondientes, sea de riego, defensas fluviales permite que una Subdirección asuma una competencia específica, lo que cuenta con dos ventajas:

La primera, es que habiendo una Dirección, la Subdirección no necesita duplicar una estructura administrativa, con lo cual la Subdirección utiliza la gestión de recursos humanos, de planificación, de administración y finanzas de la Dirección. En caso de que se cree una Dirección Nacional de Servicios Sanitarios Rurales será necesario dotarla de esas capacidades, con lo cual existe un tema de economía de escala al interior del Estado.

La segunda ventaja, dice relación con el hecho de que en la Subdirección todas las capacidades específicas y los recursos del Estado estarán puestos a disposición de la Subdirección. Por otra parte, cabe tener presente que el Subdirector será nombrado mediante el Sistema de Alta Dirección Pública y tendrá que reproducir sus capacidades a nivel nacional.

En consecuencia, desde el punto de vista del Ejecutivo el establecer una Subdirección fue para no duplicar una capacidad del Estado que se encuentra en la Dirección Nacional. Dentro del organigrama del Ministerio de Obras Públicas hay ámbitos de competencia genéricos que concentran a las Direcciones como es el caso de la DOH, Dirección de Vialidad, Dirección de Obras Portuarias, Dirección de Aeropuertos, Dirección de Arquitectura, Dirección General de Aguas, Dirección General de Obras Públicas y Coordinadora de Concesiones. El Ministerio distingue entre las Direcciones Operativas que son las 5 nombradas y las Direcciones de Staff.

Las Direcciones Operativas tienen ámbitos de competencia y dentro de esas hay ámbitos específicos que es el modelo que se pretende replicar en esta iniciativa legal, en el sentido de que la DOH que dice relación con la gestión de los recursos hídricos, sea para riego, agua potable rural, u obras de aguas lluvias o cauces. La gestión específica de una materia como es el agua potable rural se radicará en una Subdirección.

En opinión del Ejecutivo, no se requiere elevar la Subdirección a la categoría de Dirección con un ámbito específico, aun cuando sea de gran importancia, demandante de recursos y que necesita una gestión mayor que la actual, pero no amerita el rango de una Dirección dependiente del Ministro de Obras Públicas, por la duplicidad de recursos.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, acotó que la señal que da el Estado al establecer una Subdirección dependiente de la DOH, es que aun cuando disponga de la estructura administrativa necesaria para operar debe compartirse con otras funciones del Estado, por lo que es importante considerar que viene una etapa compleja que comprende el saneamiento de las aguas rurales lo que amerita contar con una institucionalidad estatal adecuada que pueda otorgar el apoyo que se requiere.

El Honorable Senador señor Letelier hizo presente que no existe una política nacional de aguas, por lo tanto, no es efectivo el argumento de que es necesario ordenar los recursos hídricos del país. El Ministerio de Obras Públicas no cuenta con una institucionalidad única para el tratamiento de esta materia.

La Comisión acordó por la unanimidad de sus miembros invitar al Director de Presupuestos para conocer su opinión en relación a los motivos del Ejecutivo para no elevar a la categoría de Dirección Nacional la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas, opinión que se encuentra consignada en las páginas Nos 21 y 22 de este informe.

Posteriormente, como consecuencia de la exposición del Director de Presupuestos, la Comisión estimó que el debate fue muy útil y comprendió, por las explicaciones entregadas por el Director de Presupuestos, que el mayor problema para la creación de una Dirección Nacional de Servicios Sanitarios Rurales radica en la organización del Ministerio de Obras Públicas que debe ser modificado en forma integral para establecer una nueva institucionalidad.

Por las explicaciones entregadas se concluyó que no es posible suspender el desarrollo del Servicio Sanitario Rural por un tema que se ha tratado que tenga la mayor importancia, pero es necesario ser realista y será la Subdirección de los Servicios Sanitarios la entidad que regulará esta materia.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

ARTÍCULO 5º

El artículo 5º del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado señala que el servicio sanitario rural primario corresponde a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento a las comunidades rurales para uso doméstico, y requiere el abastecimiento de agua de calidad, en cantidad y con continuidad; y en forma universal para todos aquellos usuarios que se ubiquen dentro del área de servicio.

Indicación Nº 1 I

1 I.- De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de “y saneamiento”, la frase “, en su caso,”.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que dentro del abastecimiento de agua para el uso doméstico se comprende, en algunos casos, el tratamiento de las aguas servidas, por lo que en su opinión, lo secundario dice relación con la capacidad de realizar convenios para otros fines. Además, es desconocer una realidad existente en que la gran mayoría de los lugares en que hay APR fueron asentamientos de la Reforma Agraria y en los cuales se ubican empresas.

Agregó que no es contrario al establecimiento de un criterio diferenciador para el tratamiento de las aguas servidas, pero lo primario es el uso doméstico y lo secundario es lo que establecen los convenios con terceros para otros fines.

En seguida, solicitó dejar constancia para la historia de la ley que de acuerdo al concepto de uso doméstico será posible la existencia de servicios sanitarios rurales primarios puesto que no existe ninguna localidad en el país en que habiendo agua no se instale algún negocio aunque sea pequeño. Añadió que entiende la intención de la definición, que es otorgar prioridad para el consumo doméstico por sobre las actividades empresariales.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, precisó que mediante esta iniciativa legal no se están regulando los derechos de aprovechamiento de agua, sino que se pretende regular la prestación de los servicios de agua cuando existe en más del 90% de los casos un subsidio estatal a la inversión, con lo cual se está entregando una señal a los Comités, para que en primer lugar, se otorgue el abastecimiento para el uso doméstico y si existen excedentes de producción se pueda abastecer el uso no doméstico o comercial.

El uso doméstico comprende algunas actividades comerciales pequeñas, sin embargo, el problema se presenta con el gran consumidor, por lo que anunció que se estudiará una redacción en ese sentido, señalando que una fábrica de mermelada podría considerarse como uso doméstico, lo mismo tratándose de una Posta de Atención de Salud en una localidad rural.

El Honorable Senador señor Romero propuso establecer que se entiende por uso doméstico el consumo que no sea superior al de una familia normal.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 1 J

1 J.- De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Se entenderá por uso doméstico el destinado al consumo familiar o a pequeñas actividades comerciales o artesanales, u otros que el reglamento determine, en atención a los volúmenes de consumo.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 7º

El artículo 7º del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, establece las etapas de los servicios. Los servicios sanitarios rurales comprenden las siguientes etapas:

(a) producción rural de agua potable;

(b) distribución rural de agua potable;

(c) recolección rural de aguas servidas; y,

(d) tratamiento y disposición final rural de aguas servidas.

La etapa de producción rural de agua potable consiste en la captación y tratamiento de agua cruda, para su posterior distribución en las condiciones que establece la normativa legal y reglamentaria vigente.

La etapa de distribución rural de agua potable consiste en el almacenamiento en su caso, y la conducción del agua producida hasta su entrega en el inmueble del usuario.

La etapa de recolección rural de aguas servidas consiste en la conducción de dichas aguas desde el inmueble hasta la entrega para su tratamiento y disposición final. Alternativamente esta etapa podrá consistir en soluciones individuales de saneamiento para su posterior disposición.

La etapa de tratamiento y disposición rural de aguas servidas consiste en la evacuación de éstas en cuerpos receptores, en las condiciones que establece la normativa legal y reglamentaria vigente, o en sistemas de tratamiento.

Las etapas de los servicios sanitarios rurales, podrán solicitarse en licencia o permiso, conjuntamente o por separado. Sin embargo, la etapa de recolección rural de aguas servidas sólo podrá ser pedida por quien solicite u opere la etapa de distribución rural de agua potable.

A este artículo se presentaron cinco indicaciones signadas con los Nos 1 K,1 L,1 M,1 N y 2.

Indicación Nº 1 K

1 K.- De S.E. la Presidenta de la República, para eliminar, en las letras (a) a (d) del inciso primero y en los incisos segundo a quinto, la palabra “rural”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 1 L

1 L.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso cuarto, la expresión “individuales” por “descentralizadas”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 1 M

1 M.- De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso quinto, la frase “la evacuación” por “la remoción de los contaminantes presentes para la posterior evacuación”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 1 N

1 N.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar el inciso sexto, por el siguiente:

“Solicitada la etapa de distribución, el Ministerio otorgará conjuntamente la de recolección.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 2

2. Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir su inciso final por los siguientes:

“Para las etapas de producción y tratamiento y disposición final rural de aguas servidas, donde es necesario tener plantas de tratamiento los operadores contaran con unidades técnicas municipales que los supervisaran, asesoraran y capacitaran en el tratamiento de las aguas.

Las etapas de los servicios sanitarios rurales, podrán solicitarse en licencia o permiso, conjuntamente o por separado. La etapa de recolección rural de aguas servidas podrá ser solicitada por cualquier comité o cooperativa, sin embargo el comité o cooperativa que solicite u opere la etapa de distribución rural de agua potable tendrá prioridad en el otorgamiento de esta etapa.

Si otro comité o cooperativa solicita la etapa de recolección rural de aguas servidas deberá el ministerio notificar mediante carta certificada de esta solicitud al que ha solicitado u opera la etapa de distribución, este tendrá un plazo de sesenta días para contestar. De no hacerlo se otorgara en conformidad a esta ley.”.

El Honorable Senador señor Letelier, señaló que se debería precisar a quién corresponde la responsabilidad de la recolección.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, aclaró que la etapa de recolección nace en un punto que es la unión domiciliaria y termina en la entrega al tratamiento y disposición final. La novedad de esta norma consiste en la incorporación explícita del tratamiento como la etapa de disposición.

Respecto de la indicación Nº 2, en debate, señaló que al parecer existe una confusión. El inciso primero de la indicación se refiere a las unidades técnicas y no se entiende si las municipalidades deberían contar con una unidad especial en cuyo caso la Subdirección de Saneamiento Rural estaría de más, puesto que esta unidad ministerial se quiere potenciar y entregarle todas las capacidades de asesoría. No obstante, es diferente si a esta unidad ministerial se pretende otorgar presencia comunal.

El Honorable Senador señor Kuschel señaló que los Comités de Agua Potable Rural, de la región que representa, aspiran a contar con un apoyo de las oficinas municipales en temas agrícolas para gestionar los nuevos sistemas de agua potable rural, lo que no significa que exista una oficina permanente. La municipalidad respectiva debe contribuir con los recursos actuales a gestionar los nuevos sistemas de agua potable rural.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, explicó que la idea del Ejecutivo es que se puedan solicitar y otorgar las licencias o permisos por separado, sin embargo, la etapa de distribución y de recolección debe ser conjunta. Por el contrario, la indicación del Honorable Senador señor Longueira propone que la recolección y distribución pueda ser separada, planteamiento que el Ejecutivo no comparte puesto que las economías de escala, al igual que en el sector urbano, hacen necesario que las etapas de distribución y de recolección sean conjuntas porque tener dos concesionarios haciendo hoyos cada uno para sus redes, es una mala señal, por lo que se considera apropiado que exista un solo operador de redes.

El Honorable Senador señor Letelier recordó que durante la discusión de la Ley de Presupuestos para el Sector Público del año 2009, se fijó una posición en el sentido de que se requiere financiar la asistencia técnica para el saneamiento de los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural, sin perjuicio de que lo realicen terceros privados o públicos.

La idea contenida en esta indicación se entiende recogida en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 2 A

2 A.- De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar los siguientes incisos séptimo y octavo, nuevos:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, la prestación de la etapa de recolección será exigible sólo una vez que esté aprobada la puesta en operación de las redes por la Subdirección.

La producción de agua potable y el tratamiento y disposición de aguas servidas, podrán ser contratados a terceros por el operador.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 9º

El artículo 9º del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, relativo al derecho a usar bienes nacionales de uso público e imponer servidumbres establece que las licencias y permisos otorgan el derecho a usar a título gratuito bienes nacionales de uso público para construir o instalar infraestructura de servicios sanitarios rurales, siempre que no se altere, en forma permanente, la naturaleza y finalidad de éstos. El uso deberá sujetarse a las condiciones dispuestas por las respectivas municipalidades u otros órganos públicos encargados de su administración, cuando estas instalaciones pudieran afectar el normal uso del bien nacional de uso público. En todo caso, el uso temporal de cualquier bien nacional de uso público requerido para ejercer este derecho estará exento de cualquier tipo de cobro.

Asimismo, las licencias y permisos otorgan el derecho a imponer la constitución de servidumbres, en conformidad con lo establecido en el Código de Aguas.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable a los trabajos de exploración para la captación de aguas subterráneas y se considerarán también obras de infraestructura sanitaria rural, cuando ellos sean claramente identificables con una obra de aprovechamiento para el servicio sanitario rural.

En caso que la conexión de una instalación domiciliaria de alcantarillado a una red de recolección para permitir el desagüe gravitacional, obligue a atravesar el predio de otro propietario, se constituirá una servidumbre legal de alcantarillado domiciliario.

El largo y ancho de la faja de terreno sujeta a servidumbre, corresponderá a la factibilidad técnica del proyecto de conexión otorgada por la licenciataria o el permisionario, obligándose el interesado a indemnizar los perjuicios.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 2 B.

Indicación Nº 2 B

2 B.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el inciso primero, a continuación de “título gratuito”, la frase “conforme a la ley”.

En discusión, se hizo presente que la frase propuesta es redundante, por lo que se acordó su rechazo.

- En votación esta indicación, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 10

El artículo 10 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, relativo a las licencias o permisos vinculados, establece que para otorgar una licencia o permiso que requiera de otra para la prestación integral del servicio sanitario rural, la Superintendencia deberá exigir la existencia de la licencia o permiso que condiciona a la solicitada o su tramitación simultánea.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 2 C.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, explicó que esta norma es similar a la anterior, no tiene sentido pedir una licencia de distribución sin acreditar que se tiene la producción o que algún Comité le venderá el agua. La idea es evitar que se obtengan licencias sin tener las que permiten prestar el servicio.

Esta norma es muy similar a la contenida en la Ley Sanitaria.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que en ninguna parte se señala que los permisos o licencias son para cada una de las etapas, por lo que propuso revisar las normas para que quede claro que se trata de un permiso para cada una de las etapas y agregar que se requiere de otra licencia para prestar otro servicio.

Indicación Nº 2 C

2 C.- De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de la expresión “de otra”, la frase “licencia o permiso”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 11

El artículo 11 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, relativo a la obligación de cobro conjunto indica que el Operador de distribución rural de agua potable estará obligado a cobrar y a recaudar de los usuarios, el valor de las prestaciones correspondientes a los servicios de producción rural de agua potable, de recolección rural de aguas servidas y de tratamiento y disposición rural de aguas servidas.

El incumplimiento de las obligaciones que se deriven de lo señalado en el inciso anterior no podrá afectar la prestación de los servicios a los usuarios.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 2 D.

El Honorable Senador señor Letelier manifestó que uno de los debates que existe es en relación a la facultad de los Comités o Cooperativas para cortar el suministro por falta de pago.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, explicó que el proyecto de ley resuelve esa situación en otras normas, estableciendo que es una facultad del Comité cobrar y cortar el suministro cuando no se paga el servicio.

La norma en debate es de operación y sólo regula la situación que se produce cuando el productor es distinto al distribuidor. En caso de no establecerse que el distribuidor está obligado a cobrar puede presentarse un problema en el sentido de que sólo cobra la facturación de distribución y no cobra la producción, suponiendo que son entes distintos, se puede producir un abuso.

Esta norma es para un adecuado procedimiento para que la recaudación de todos los servicios se haga en una sola boleta y el que produce y que no es distribuidor tenga la garantía de que recibirá su pago.

El Honorable Senador señor Letelier propuso eliminar el término “rural” en esta disposición cada vez que aparece por cuanto las aguas no son rurales.

El Honorable Senador señor Romero señaló que podría ser un impedimento para el operador cobrarle a algunos y no a otros. En su opinión, el operador debe estar obligado a unificar el cobro y la recaudación, porque en alguna oportunidad, la comunidad o los socios del Comité podrán determinar exceptuar del pago a una institución, como puede ser una posta rural, sin embargo, en virtud de este artículo no se puede hacer porque estará obligado a cobrar.

En caso que se obligue a cobrar no se podrá hacer ninguna excepción.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, informó que esta iniciativa legal recoge la idea de que no existe gratuidad o rebaja parcial del cobro por la prestación de los servicios, salvo las excepciones otorgadas por los operadores a los usuarios a sus expensas, es decir, se deja la facultad de que exista rebaja o gratuidad siempre a expensas del operador.

Agregó que mediante el artículo 70 del proyecto de ley se pretende resguardar el hecho de que existiendo un operador de producción, que es distinto al de distribución y si el cliente no paga el distribuidor le cortará el servicio, sin embargo, si existen cuentas separadas podría ocurrir que el cliente deja de pagar la distribución y no la producción y si el distribuidor no está obligado a cobrar la producción en la misma factura no tendrá el incentivo para cortar el servicio.

La idea de unificar es para que el usuario pague todas las cuentas en una sola factura y no pueda en forma arbitraria decidir cuál pagará.

El Honorable Senador señor Romero propuso la siguiente redacción: “El operador de distribución rural de agua potable estará obligado a unificar el cobro y la recaudación de los usuarios. A su vez, los usuarios deberán cancelar el total de la factura que comprende los servicios antes señalados”.

Indicación Nº 2 D

2 D.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 11.- Obligación de cobro conjunto. El operador de distribución cobrará en una cuenta única y recaudará de los usuarios el valor de las prestaciones correspondientes a los servicios de producción, distribución, recolección y tratamiento y disposición.”.

El Honorable Senador señor Romero propuso agregar una coma (,) a continuación, del término “recolección”.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 12

El artículo 12 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, relativo a los bienes indispensables, señala que se entienden destinados a finalidades de utilidad y salubridad pública, los bienes indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales.

Los bienes se considerarán indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales, desde el otorgamiento de la licencia o permiso, desde su adquisición o regularización, o desde su puesta en operación, según corresponda.

Serán bienes indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales, entre otros, los siguientes:

a) arranques de agua potable

b) uniones domiciliarias de alcantarillado

c) redes de distribución

d) redes de recolección

e) derechos de agua

f) captaciones

g) sondajes

h) estanques de regulación

i) servidumbres de paso

En caso que los bienes indispensables aportados por el Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de esta ley, pierdan tal calidad, el Operador deberá contar con la autorización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para enajenarlos. No se requerirá dicha autorización cuando la enajenación sea resultado de un reemplazo o mejora.

Los bienes indispensables tendrán el carácter de inembargables, siéndole aplicable lo establecido en el número 17 del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil.

A este artículo se presentaron tres indicaciones signadas con los Nos 2 E, 2 F y 2 G.

El Honorable Senador señor Letelier manifestó sus dudas en relación a la conveniencia de establecer en una misma norma los aportes que efectúan los ministerios y los gobiernos regionales puesto que la forma de contabilizarlos son diferentes, por lo que propuso establecer una norma transitoria que determine la situación de los bienes del Estado que han sido aportados.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, expresó que esta norma define los bienes que se consideran indispensables, que es lo mínimo para prestar el servicio. Luego, propuso dejar exentos de contribuciones de bienes raíces las propiedades en que se ubican estos bienes indispensables y regular la situación de los bienes de los APR, que están ubicados en propiedades comunes de la Reforma Agraria, por lo que sería interesante buscar un mecanismo de saneamiento de estas propiedades que presentan una gran complejidad.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que dentro de los bienes indispensables no se consideran las bombas, los paneles eléctricos. En seguida, manifestó que en esta iniciativa legal se debería establecer un mecanismo que permita expropiar por ley o facilitar los procedimientos puesto que hay muchos bienes comunes en que es imposible la regularización porque no existe un sistema expedito.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, compartió el planteamiento anterior, en el sentido de establecer un procedimiento especial para declarar de utilidad pública aquellos bienes ubicados en propiedades de la Reforma Agraria, con lo cual el Estado podrá expropiarlos, pagar su valor y regularizarlos.

El Honorable Senador señor Sabag estuvo de acuerdo con el planteamiento anterior, en el sentido de declarar esos bienes de utilidad pública, puesto que son indispensables para prestar el servicio.

A continuación, propuso reemplazar la autorización contenida en el inciso cuarto del artículo 12 que debe otorgar al operador la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por una que otorgue la Subdirección o Dirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas que se pretende crear, para que sea más expedito el trámite.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, señaló que este artículo pretende establecer una restricción respecto de determinados bienes indispensables para que no se puedan enajenar, embargar y estén fuera del derecho de prenda general de los acreedores.

Para el Ejecutivo el terreno en donde está ubicado el sondaje es inembargable, pero se puede precisar mediante la presentación de una indicación.

Respecto del proceso de regularización explicó que el proyecto de ley contiene un procedimiento para aquellas propiedades que figuran inscritas en el Conservador de Bienes Raíces, a favor de las empresas sanitarias, antiguo SENDOS, que es donde se concentran la mayoría de los problemas asociados a propiedades que utilizan los Comités y que no están inscritas a nombre de los Comités o Cooperativas, por lo que propuso avanzar en un procedimiento que permita regularizar situaciones similares a las de la Ley de Reforma Agraria.

La situación es más compleja cuando el conflicto dice relación con una propiedad cuyo titular en el Conservador de Bienes Raíces es una persona natural.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, propuso señalar en forma expresa que las propiedades en las cuales se ubican las torres, los estanques y el sondaje se pueden declarar de utilidad pública.

El Honorable Senador señor Sabag expresó que en muchos lugares se instaló una torre, un sondaje, porque una persona otorgó el permiso y después falleció, con lo cual la única forma de sanearlo es mediante una declaración de utilidad pública.

Indicación Nº 2 E

2 E.- De S.E. la Presidenta de la República, para agregar las siguientes letra j) y k), nuevas:

“j) plantas de producción de agua potable y plantas de tratamiento de agua servida.

k) inmuebles en que estén adheridos alguno de los bienes indicados en las letras f), g), h) y j) anteriores.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 2 F

2 F.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso cuarto, la frase “de la Superintendencia de Servicios Sanitarios” por “de la Subdirección”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 2 G

2 G.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el inciso cuarto, a continuación de la palabra “mejora”, las frases “, los que, en todo caso, deberán ser informados de manera documentada y previa a su realización a la Superintendencia de Servicios Sanitarios”.

El Honorable Senador señor Romero manifestó su conformidad con la indicación presentada puesto que se trata sólo de una información y no de una solicitud de autorización. No obstante, hizo presente que debe entenderse que la referencia es a la Subdirección de Servicios Sanitarios y no a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 13

El artículo 13 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, establece que el Ministerio de Obras Públicas podrá llamar a licitación pública para el otorgamiento de nuevas licencias o permisos, y no podrá denegarlos discrecionalmente.

A este artículo se presentaron tres indicaciones signadas con los Nos 2 H, 3 y 4.

Indicación Nº 2 H

2 H.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar la frase “y no podrá denegarlos” por “la que no podrá ser resuelta”.

- En votación esta indicación, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 3

De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir la palabra “discrecionalmente” por “arbitrariamente”.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, explicó que constitucionalmente la autoridad puede ser discrecional, pero no puede ser arbitraria.

La idea es que se pueda prestar el servicio en un lugar donde no hay servicio.

El Honorable Senador señor Romero agregó que la diferencia entre la discrecionalidad y la arbitrariedad dice relación con los fundamentos de la decisión. El hecho de no poder denegar una solicitud de manera arbitraria implica que tiene que dar un fundamento.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Longueira, Letelier, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 4

4.- Del Honorable Senador señor Longueira, para incorporar el siguiente inciso final:

“Sin embargo, el Ministerio deberá informar al operador del sistema mediante carta certificada de la licitación de nuevas licencias o permisos en su área.”.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, explicó que la indicación Nº 4 tiene por finalidad lograr que cuando los plazos venzan se informe mediante carta certificada.

Luego, señaló que en los servicios sanitarios hay cuatro etapas: producir agua, distribuirla, captación de aguas servidas y el saneamiento. Son cuatro licencias o permisos que se entregan a la Cooperativa o al Comité y de acuerdo al proyecto de ley se pueden solicitar en forma conjunta o separada. Asimismo, la ley prohíbe que en un área que está entregada para las dos primeras etapas se pueda solicitar por otro Comité o Cooperativa la captación de aguas servidas y el saneamiento.

En su opinión, en el artículo 2º debería definirse el concepto de Servicio Sanitario Rural y las etapas que comprende.

El Subsecretario de Obras Públicas, informó que este caso se presenta cuando el Estado decide licitar porque no hay un operador, no obstante, el proyecto de ley contiene normas para regular esta situación.

La idea contenida en esta indicación fue recogida en las normas relativas a las comunicaciones, en consecuencia se acordó aprobarla con modificaciones.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 14

El artículo 14 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, faculta a los operadores para transferir a otros Comités o Cooperativas, sus permisos o licencias, debiendo informar de la transferencia al Registro.

En cualquier caso de transferencia de una licencia o permiso, el adquirente deberá cumplir con todas las condiciones que esta ley y su Reglamento fijen.

Si la licenciataria está operando en un área urbana, podrá transferir total o parcialmente la licencia a una concesionaria de servicio sanitario, la que en todo caso deberá operar el área de servicio de conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N1 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988 y sus normas complementarias, entendiéndose ampliada su concesión sanitaria de pleno derecho, una vez que la transferencia haya sido autorizada por el Ministerio mediante decreto supremo, previo informe favorable de la Superintendencia.

A este artículo se presentaron cinco indicaciones signadas con los Nos 5, 5 A, 6, 6 A y 6B.

Indicación Nº 5

5. Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 14 Transferencia. Los operadores podrán transferir a otros Comités o Cooperativas, sus permisos o licencias, debiendo informar de la transferencia al Registro. Sin perjuicio de que tales transferencias deben ser autorizadas por los tres quintos de la Asamblea General del comité o cooperativa, citada especialmente para tal efecto.”.

La idea contenida en esta indicación está recogida en la Indicación presentada por el Ejecutivo, por lo que se aprueba con modificaciones.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 5 A

5 A.- De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 14.- Transferencia. Los operadores podrán transferir a otros Comités o Cooperativas sus permisos o licencias, debiendo:

a) Acordar la transferencia por al menos los dos tercios de los miembros o socios presentes o representados en Asamblea General extraordinaria o Junta General de Socios, especialmente convocada al efecto. Con este fin la Asamblea extraordinaria o la Junta General de Socios deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros o socios.

b) Solicitar autorización al Ministerio, el que tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse contados desde la presentación de la solicitud de autorización. En caso que no se pronuncie dentro del plazo señalado, se entenderá que aprueba la transferencia.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 6

6. De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, al final de su inciso primero, la expresión “al Registro”, por el siguiente texto: “a la Subdirección, para que deje constancia en el Registro. La transferencia deberá ser acordada por al menos los dos tercios de los miembros o socios presentes o representados en Asamblea General extraordinaria o Junta General de Socios, especialmente convocada al efecto. Con este fin la Asamblea extraordinaria o la Junta General de Socios deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros o socios”.

- Esta indicación fue retirada.

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Indicación Nº 6 A

6 A.- De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Perfeccionada la transferencia, se deberá dejar constancia en el Registro.”

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 6 B

6 B.- Del Honorable Senador señor Horvath, para agregar el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“La decisión de transferencia deberá ser adoptada mediante acuerdo aprobado por tres quintos de los miembros de la respetiva cooperativa o comité, según corresponda.”.

La Comisión acordó rechazar esta indicación porque es contradictoria con las normas aprobadas.

- En votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

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Capítulo 2

De la licencia de servicio sanitario rural

ARTICULO 15

El artículo 15 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, relativo a la finalidad de la licencia señala que tiene por objeto autorizar a una Cooperativa para el establecimiento, construcción y explotación de un servicio sanitario rural.

Otorgada la licencia, el Estado no podrá otorgar en parte alguna del área de servicio de la licenciataria, permisos de distribución rural de agua potable y de recolección rural de aguas servidas, ni concesiones de servicios sanitarios regulados por el decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988, salvo en caso que, publicado el llamado a licitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley, en al menos dos oportunidades, no se presente ningún interesado en la licencia dentro del plazo establecido en el artículo 24.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 6 C.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, explicó que la licencia que se otorga es para construir y explotar el Servicio Sanitario Rural y precave el hecho de que no hay un licenciatario interesado.

El Honorable Senador señor Romero propuso modificarlo en el sentido de establecer que la licencia tiene por objeto autorizar a una Cooperativa para operar un Servicio Sanitario Rural.

Indicación Nº 6 C

6 C.- De S.E. la Presidenta de la República, para sustituirlo, por el siguiente:

“Artículo 15.- Objeto. La licencia autoriza a una cooperativa para prestar un servicio sanitario rural.

Otorgada la licencia de distribución, el Estado no podrá otorgar en parte alguna del área de servicio de la licenciataria, permisos o licencias de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas, ni concesiones sanitarias.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán otorgarse concesiones sanitarias en dicha área, en caso que, publicado el llamado a licitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 23, en al menos dos oportunidades, no se presente ninguna cooperativa interesada en la licencia dentro del plazo establecido en el artículo 24.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longuiera, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 16

El proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, estipula que las licencias para establecer, construir y explotar servicios sanitarios rurales, solo serán otorgadas a Cooperativas, las que se regirán por las normas de la Ley General de Cooperativas, sin perjuicio de las normas que establece esta ley y las demás propias de su giro.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 6 D.

Indicación Nº 6 D

6 D.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso primero, la frase “establecer, construir y explotar” por “prestar”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 18

El artículo 18 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, relativo a las ampliaciones indica que la licenciataria podrá solicitar ampliaciones de su área de servicio conforme al procedimiento establecido en los artículos 20 y siguientes de esta ley.

En caso que el área de ampliación solicitada esté total o parcialmente ubicada dentro del límite urbano de un área en la cual no se haya otorgado ni solicitado una concesión sanitaria conforme al decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas del año 1988, circunstancia que deberá ser previamente certificada por la Superintendencia, se aplicará el procedimiento establecido en los artículos 20 y siguientes de esta ley.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 6 E.

Indicación Nº 6 E

6 E.- De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir el inciso segundo, por los siguientes:

“Si el área de ampliación solicitada está total o parcialmente ubicada dentro de un área urbana o de extensión urbana, la Superintendencia deberá informar si se ha solicitado u otorgado en dicha área una concesión sanitaria.

Si se hubiere solicitado u otorgado, la concesionaria de servicios sanitarios será notificada por la Superintendencia a fin que, en un plazo de 60 días, solicite la ampliación de su territorio operacional incorporando el área solicitada por la licenciataria. Si respondiere negativamente o no respondiere dentro de plazo, se tramitará la solicitud de ampliación de la licencia.

No habiéndose solicitado u otorgado una concesión sanitaria, se tramitará la solicitud de ampliación presentada por la licenciataria.”.

El Honorable Senador señor Romero señaló que el término “ a fin” debe estar entre comas (,) y se debe eliminar la coma (,) ubicada después del vocablo “que”.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 19

El artículo 19 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, relativo a la licitación de la Licencia señala que la Superintendencia deberá llamar a licitación de la licencia y de sus bienes indispensables, un año antes del término del plazo de vigencia.

El llamado a licitación de la licencia pronta a extinguirse, se publicará por la Superintendencia por una vez en el Diario Oficial y, por medio de avisos repetidos por lo menos dos veces, en un diario de circulación en la región donde ésta se encuentre.

Las bases de licitación deberán señalar el nivel de subsidio a la inversión que se considerará para los efectos de evaluar las solicitudes de licencia que se presenten.

Las bases de licitación deberán contener una valorización actualizada de las inversiones necesarias para la prestación del servicio efectivamente realizadas por el anterior operador, sólo en la parte que hubieren sido financiadas con su patrimonio propio. En el evento que la licencia no le sea renovada, la nueva Licenciataria deberá pagar al anterior Operador dicho valor en la forma que lo hayan determinado las bases.

La avaluación actualizada de las inversiones que señala el inciso anterior, se efectuará de común acuerdo entre la Licenciataria y la Superintendencia y, en caso de desacuerdo, se hará por un perito tasador, que será nombrado conforme lo establezca el Reglamento.

Tanto la licencia como los bienes indispensables, se entenderán transferidos de pleno derecho desde la fecha del decreto de adjudicación.

En caso que la licitación no se resuelva antes del término del plazo de vigencia de la licencia, se entenderá esta prorrogada automáticamente hasta la fecha del decreto de adjudicación a la nueva licenciataria.

A este artículo se presentaron cuatro indicaciones signadas con los Nos 7, 7 A, 8 y 8 A.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, propuso que además de los diarios regionales se emita un aviso por la radio local.

El Honorable Senador señor Romero señaló que además deberían instalarse tres carteles en lugares distintos y concurridos de la zona respectiva, como pueden ser la sede de la Cooperativa, la posta rural y en el estanque de agua, entre otros.

Indicación Nº 7

7.- Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar sus incisos primero y segundo, por los siguientes:

“Artículo 19.- Licitación de la Licencia. La Licencia goza de derecho preferente para que se le renueve su licencia, para lo cual deberá solicitar su renovación con a lo menos seis meses de anticipación antes de la fecha de extinción. En su defecto, el Ministerio deberá llamar a licitación en conformidad a este artículo.

El llamado a licitación de la licencia y sus bienes indispensables, se publicará por la Superintendencia por una vez en el Diario Oficial, por medio de avisos repetidos por lo menos dos veces, en un diario de circulación en la región donde ésta se encuentre y a través de un medio de comunicación radial local de donde se encuentre la licenciataria, u otro medio idóneo, por dos veces a lo menos.”.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, explicó que esta indicación tiene por finalidad otorgar preferencia a los que están prestando el servicio por cuanto debe existir un reconocimiento para los que han prestado el servicio en forma adecuada y es preferible que se posibilite una cierta continuidad.

Se debe buscar un mecanismo previo al llamado a licitación, que podría operar 6 meses antes del vencimiento de la licencia, para que se adjudique la licencia en caso que haya habido una buena prestación del servicio, es decir, que el Estado cuente con un instrumento que le permita en estos casos no llamar a licitación cuando la Cooperativa ha funcionado en forma adecuada, a menos que el Ejecutivo tenga la intención de que este Servicio de Agua Potable Rural lo realicen las empresas sanitarias.

Añadió que las Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural han manifestado su temor en el sentido de que sean desplazados en una licitación que se realizará dentro de 30 años, por lo que consideró conveniente establecer en esta iniciativa legal un período en que se pudiera por parte del Comité o Cooperativa de Agua Potable Rural solicitar la renovación del permiso o licencia.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, señaló que de acuerdo al proyecto de ley sólo las Cooperativas pueden ser licenciatarias, con lo cual no es posible que las empresas sanitarias puedan postular dentro de 30 años, a menos que se convirtieran en Cooperativas para poder postular a una futura licencia y privatizar de manera encubierta este servicio, intención que no está en el proyecto de ley, ni en el ánimo del Ejecutivo. No hay una intencionalidad secundaria encubierta del Ejecutivo para permitir la privatización de este servicio en el futuro.

En la actualidad, salvo algunas experiencias en las Regiones V y VII no existen grandes Cooperativas que sean buenos prestadores de servicios, sin embargo, dentro de 30 años la realidad debería ser distinta y existir más Cooperativas y con capacidades de gestión sustancialmente mejores y por consiguiente, podría ocurrir que a algunas de ellas les interese crecer.

El Ejecutivo considera que la mejor manera de medir quién ofrece un servicio más completo para los usuarios es a través de una licitación, por ello la evaluación que podría hacer el Estado del funcionamiento de la Cooperativa, que está operando no parece aconsejable porque puede significar la exclusión de otra Cooperativa que tiene una mayor gestión y ofrecer un mejor servicio.

Dentro de 30 años existirá una realidad distinta, esta iniciativa legal apunta a una mejora sustancial en la capacidad de los operadores en la prestación del servicio y podría suceder que otras Cooperativas ofrezcan un mejor servicio que el actual, pudiendo conjugarse las economías de escala y disminuir los costos de administración al tener más cliente, por lo que es preferible optar por una licitación, de manera que sea el mercado el que determine.

La idea contenida en esta indicación está recogida en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, por lo que se acordó aprobarla con modificaciones.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 7 A

7 A.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso segundo, la frase “medio de avisos repetidos por lo menos dos veces, en un diario de circulación en la región donde ésta se encuentre” por “dos veces en un diario de circulación en la provincia o en la comuna respectiva. Adicionalmente, se difundirá a través de un medio de radiodifusión sonora provincial o comunal y se notificará por medio de carta certificada a la respectiva licenciataria, y por otros medios idóneos que determine el reglamento”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 8

8.- De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, en su inciso segundo, entre la palabra “encuentre” y el punto aparte (.) que le sigue, la siguiente frase “, y se notificará por medio de carta certificada a la respectiva licenciataria”.

- Esta indicación fue retirada.

Indicación Nº 8 A

8 A.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el inciso quinto, después de “perito tasador”, la palabra “independiente”.

La Comisión acordó rechazar esta indicación puesto que el título de perito tasador es un concepto. Además, existe un procedimiento para el nombramiento de los peritos tasadores que protege la independencia del perito tasador, no existen funcionarios que sean peritos tasadores.

- En votación esta indicación, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 20

El artículo 20 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, relativo a la solicitud de licencia indica que se presentará ante la Superintendencia, acompañando una garantía de seriedad de la presentación. La solicitud, cuyas características se determinarán en un reglamento, contendrá, a lo menos, lo siguiente:

1) La identificación de la Cooperativa peticionaria.

2) Un Certificado de vigencia de la Cooperativa, emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente.

3) La identificación de la etapa del servicio sanitario rural que se solicita, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7 de esta ley.

4) La identificación de las fuentes de agua y sus respectivos derechos, en el caso de la licencia de producción rural de agua potable.

La Licenciataria deberá tener la propiedad o el uso de estos derechos, circunstancia que deberá acreditarse en la forma y plazos que defina el Reglamento.

5) La identificación de las demás Licenciatarias, Concesionarias de servicios sanitarios o Permisionarios con las cuales se relacionará.

6) Los límites del área geográfica en que se prestarán los servicios sanitarios rurales.

7) Las características de las aguas servidas a tratar, del efluente y del cuerpo receptor, en el caso de la licencia de tratamiento y disposición rural de aguas servidas.

8) Un Inventario valorizado de bienes, derechos y obligaciones, y un estado de situación con una antigüedad no superior a 30 días a la fecha de su presentación, que deberá contener el análisis correspondiente a cada una de sus cuentas.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 8 B.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, reiteró su preocupación por el hecho de que una Cooperativa no solicite la licencia de recolección de aguas servidas y no se pueda prestar ese servicio en esa área.

En su opinión, no se puede entregar a un Comité o Cooperativa en un área de concesión la distribución del agua y que no exista la obligación de ese Comité o Cooperativa de asumir la recolección, puesto que de lo contrario va a ocurrir que nadie solicitará la recolección y el mayor problema se presentará cuando se entregue un villa o una población con una planta de tratamiento porque no sabrán qué hacer, por lo que este servicio de obras sanitarias se debe asumir.

De acuerdo a los términos del proyecto de ley se pueden pedir las 4 etapas en forma separada o conjunta, con lo cual los Comités o Cooperativas sólo solicitaran la producción y la distribución del agua, por lo que señaló que se debe buscar una solución a este tema, distinto al que propone la iniciativa legal en estudio.

El Honorable Senador señor Letelier expresó que debe establecerse claramente cuál es el significado de “recolección” porque en una villa de 50 viviendas, que cuenta con una planta de tratamiento sin un estándar definido por los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Salud y los habitantes de esa villa aceptan la imposición de una planta de tratamiento que corresponde a un sistema de recolección y saneamiento que no está dentro de los dominios de la empresa concesionaria. Distinta es la situación que se produce cuando el Gobierno Regional con el Ministerio del Interior realiza la red del Programa del Mejoramiento de Barrios en que se cuenta con un sistema más completo, por lo que en su opinión deberían estar obligados a administrar la planta de tratamiento.

En seguida, consultó si en esta iniciativa legal se establecerán estándares relativos a las plantas de tratamiento y en qué casos tienen que asumir su operación los APR.

El Honorable Senador señor Kuschel expresó que existen alrededor de 1.500 sistemas de agua potable rural que producen y distribuyen agua, por lo que consultó cuántos recolectan las aguas servidas, cuántos las tratan y cuántos tienen disposición final. Algunos de estos sistemas operaran las 4 etapas y puede que algunos nunca van a llegar a las últimas etapas porque no será atractivo hacerlo por las características del sistema en un determinado lugar. Además, hay muchas comunidades que se están reduciendo.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, informó que el criterio del Ejecutivo está reflejado en el inciso final del artículo 7º del proyecto de ley y debe profundizarse en el sentido de que el operador que solicite la distribución deberá efectuar la recolección.

A su vez, el artículo 7º define qué se entiende por la etapa de recolección rural de aguas servidas y anunció que el Ejecutivo presentará una indicación para que se entienda que las soluciones individuales comprenden las soluciones colectivas que no sólo se realizan a través de sistemas de redes sino que son de conjunto.

La distribución es la actividad principal y la recolección debe hacerla el mismo Operador que efectúa la distribución, puesto que ése Operador es el que establece el carácter al sistema y por consiguiente, la recolección desde el inmueble hasta la disposición debe ir amarrada a la distribución.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, señaló que de acuerdo a la redacción actual de la norma puede ocurrir que un APR nunca pida la licencia para recolectar el agua y hacer el saneamiento con lo cual se está entregando el monopolio al distribuidor de agua. Resulta lógico que el distribuidor esté obligado a asumirlo.

Luego, consultó si en un área se desarrolla una villa y se instalan plantas de tratamiento, que no tienen ningún estándar definido, los Comités de acuerdo a los términos de este proyecto de ley deberán asumir su operación.

La respuesta fue afirmativa, en el sentido de que el Ejecutivo pretende que tengan que asumir su operación, sin perjuicio del Plan de Inversiones necesario para prestar el servicio. Una de las ideas centrales de este proyecto de ley es la creación de un solo organismo responsable de la tuición técnica de la provisión de los servicios sanitarios en el ámbito rural.

Se pretende que cuando se presente un nuevo proyecto de urbanización con planta de tratamiento y alcantarillado se apruebe ese proyecto por parte de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas para garantizar que se cumpla técnicamente con los requisitos.

Indicación Nº 8 B

8 B.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el encabezamiento, a continuación de la palabra “presentación”, la frase “, cuyo valor no podrá exceder al diez por ciento de la valoración de las inversiones necesarias para la prestación del servicio incluido en las bases, conforme lo dispuesto en el artículo anterior”.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, se mostró partidario de establecer un límite a la garantía de seriedad para evitar que no se transforme en una barrera de entrada a esta actividad.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, señaló que el Ejecutivo no es contrario al establecimiento de un límite bajo que se puede establecer mediante el Reglamento para evitar la participación gratis de especuladores en esta materia que puedan solicitar todas las licencias pendientes en el país.

La Comisión acordó establecer un límite de 100 UTM para esta garantía y encargar al Reglamento los detalles.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 21

El artículo 21 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, relativo al carácter del área de servicio preceptúa que presentada la solicitud de licencia, la Superintendencia la pondrá en conocimiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de las respectivas municipalidades, quienes deberán, en el plazo de cuarenta y cinco días, emitir un informe indicando si el área de servicio solicitada está fuera del límite urbano.

En caso que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o los Municipios consideren conveniente la ampliación del área de servicio, con el objeto de satisfacer demandas habitacionales no cubiertas, podrán señalarlo en su informe, a fin que la Superintendencia lo evalúe para efectos de lo dispuesto en el artículo siguiente.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 8 C.

Indicación Nº 8 C

8 C.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 21.- Incorporación de nuevas zonas al área de servicio. Presentada la solicitud de licencia, la Superintendencia podrá ampliar los límites del área de servicio sólo con el objeto de incorporar zonas que desde el punto de vista técnico, económico y social, hagan conveniente la constitución de un sistema único, con incidencia en un menor costo para la provisión del servicio.

Para estos efectos, la Superintendencia consultará al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a las respectivas municipalidades, para que en un plazo de 45 días informen si consideran suficiente el área de servicio solicitada para satisfacer demandas habitacionales no cubiertas.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 22

El proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, en su artículo 22, establece respecto de las ampliaciones obligatorias que presentada la solicitud de licencia, la Superintendencia podrá ampliar los límites del área de servicio, sólo con el objeto de incorporar áreas que desde el punto de vista técnico y económico, hagan conveniente la constitución de un sistema unitario, con incidencia en un menor costo para la provisión del servicio. En este caso, la solicitante podrá desistirse de su solicitud.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 8 D.

Indicación Nº 8 D

8 D.- De S.E. la Presidenta de la República, para suprimirlo.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 23

El artículo 23 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, señala que el solicitante deberá publicar, a su cargo, un extracto de la solicitud de la licencia por una vez en un diario de circulación en la región en que se encuentre el área de servicio solicitada, y deberá ser difundido a través de un medio de comunicación radial, u otro medio idóneo, por dos veces a lo menos. El extracto contendrá las menciones que se establezcan en el Reglamento.

A este artículo se presentaron tres indicaciones signadas con los Nos 8 E, 9 y 9 A.

Indicación Nº 8 E

8 E.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar la frase “en la región en que se encuentre el área de servicio solicitada” por “provincial o comunal”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 9

9. Del Honorable Senador señor Longueira, para intercalar, entre la expresión “comunicación radial” y “, u otro medio idóneo”, la palabra “local”.

La idea contenida en esta indicación se entiende recogida en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, por lo que se aprobará con modificaciones.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 9 A

9 A.- De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir la expresión “comunicación radial” por “radiodifusión sonora provincial o comunal”.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que hay concesiones de baja cobertura y de mayor cobertura, no existen las radios comunales ni provinciales sino que son concesiones de un espacio físico, por lo que la alusión a provincias o comunas no es técnicamente correcto.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, explicó que en el concepto de las concesiones del espectro radioeléctrico, hay concesiones comunales o de más amplia cobertura.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 24

El proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, en su artículo 24, señala un plazo de 45 días contado desde la publicación del extracto, para que otras Cooperativas interesadas puedan presentar una solicitud de licencia la que deberá ser acompañada de una garantía de seriedad, cuyas características se determinarán en el Reglamento.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 9 B.

Indicación Nº 9 B

9 B.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, a continuación de la palabra “Reglamento”, la frase “, y cuyo valor no podrá exceder al diez por ciento de la valoración de las inversiones necesarias para la prestación del servicio incluido en las respectivas bases”.

La Comisión acordó modificar esta indicación en el sentido de establecer el mismo monto de la garantía a que se refiere la Indicación Nº 8 B, no pudiendo exceder de 100 UTM y cuyas características se determinarán en el Reglamento.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 26

El proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, en su artículo 26, establece ciertos criterios de recomendación que deberá considerar la Superintendencia para la adjudicación de la licencia al solicitante que cumpliendo las condiciones técnicas exigidas ofrezca las condiciones económicas y sociales más ventajosas para la provisión del servicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento. Cuando el interés general lo haga necesario se considerará el plazo de puesta en explotación de los servicios, como criterio adicional de adjudicación.

En caso de igualdad en las condiciones ofrecidas por los interesados, se adjudicará la licencia al que tenga en ese momento la calidad de titular de la misma.

Por último, señala que la tarifa ofrecida por el solicitante al que se proponga adjudicar, no podrá ser superior a la determinada por la Superintendencia de conformidad al Título V de esta ley.

A este artículo se presentaron dos indicaciones signadas con los Nos 9 C y 9 D.

Indicación Nº 9 C

9 C.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso primero, la forma verbal “recomendará” por “propondrá al Ministerio”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 9 D

9 D.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el inciso primero, a continuación de “condiciones económicas”, la expresión “, ambientales”.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, señaló que las condiciones técnicas comprenden el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, por lo que esa exigencia es redundante.

- En votación esta indicación, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 30

El proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, en su artículo 30, establece que al otorgarse la licencia la Superintendencia exigirá a la licenciataria, de acuerdo al Reglamento, la presentación de una garantía que resguarde la adecuada prestación del servicio, cuyo monto se calculará considerando el número de usuarios y sus condiciones socioeconómicas.

Los instrumentos en virtud de los cuales se otorguen las garantías serán elegidos por la licenciataria de entre aquellos que la Superintendencia defina para tal efecto. Las cláusulas del contrato respectivo deberán ser aprobadas por la Superintendencia.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 9 E.

Indicación Nº 9 E

9 E.- De S.E. la Presidenta de la República, para agregar, en el inciso primero, la siguiente oración final: “Con todo, el monto de la garantía no podrá exceder del total de los costos de operación correspondientes a tres meses.”.

- - En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 31

El proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, en su artículo 31, señala que las licencias caducarán antes de entrar en operación, si no se ejecutaren las obras correspondientes al Plan de Inversión necesarias para poner en explotación el servicio indicadas en el decreto de otorgamiento de la licencia.

La caducidad será declarada mediante un decreto dictado por el Ministro de Obras Públicas bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Caducada una licencia, la Superintendencia podrá mediante resolución fundada de carácter técnico declarar que la falta de ella afectará la prestación integral del servicio en otra, que indicará. En dicho caso, el operador tendrá el plazo de treinta días para demostrar técnica y económicamente que puede mantener el servicio. De no poder hacerlo, la Superintendencia licitará la licencia de conformidad con las reglas del Capítulo anterior.

A este artículo se presentaron cinco indicaciones signadas con los Nos 10, 10 A, 10 B, 11 y 11 A.

Indicación Nº 10

10.- Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 31.- Caducidad. Caducada una licencia, la Superintendencia podrá, mediante resolución fundada de carácter técnico, declarar que la falta de ella afecta la prestación integral del servicio en otra, que indicará. En dicho caso, el operador tendrá el plazo de noventa días para demostrar técnica y económicamente que puede mantener el servicio. De no poder hacerlo, la Superintendencia licitará la licencia de conformidad con las reglas del capítulo anterior.”.

La idea contenida en esta indicación está recogida en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, por lo tanto, la Comisión acordó aprobarla con modificaciones.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 10 A

10 A.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el inciso primero, a continuación de “se ejecutaren”, la frase “oportunamente y sin justificación razonable”.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, señaló que el término “justificación razonable” es muy ambigüo, por lo que propuso eliminarlo. La aprobación de esta indicación va a judicializar el proceso de caducidad, porque la interpretación de “justificación razonable” será entregada por los tribunales de justicia, caso a caso, con lo cual cada vez que se pretenda caducar una licencia se terminará con un juicio ante la Corte Suprema porque siempre existirá una justificación para no efectuar la inversión.

Como consecuencia de lo anterior, se acordó eliminar el término “justificación razonable” y mantener la expresión “oportunamente”.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 10 B

10 B.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir, en el inciso tercero, la expresión “treinta días” por “noventa días”.

Esta indicación fue recogida en la discusión.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 11

11. De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en su inciso tercero, el vocablo “treinta” por “noventa”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

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Indicación Nº 11 A

11 A.- De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“Caducada la licencia, el monto de la garantía a que se refiere el artículo 30 quedará a beneficio fiscal.”.

El Honorable Senador señor Letelier planteó sus dudas en relación a este artículo haciendo presente que si la situación no depende del licenciatario, porque puede existir un Plan de Inversiones en que se señaló que se comprendería una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y si no depende del licenciatario, sino que del Gobierno Regional o de la Municipalidad, por lo que sería injusto que se le caducara la licencia.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, precisó que el Plan de Inversiones sólo comprende las obligaciones propias.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

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ARTÍCULO 32

El proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, en su artículo 32, establece que en los casos de caducidad previstos en el artículo anterior, la Cooperativa podrá disponer de las instalaciones ejecutadas, salvo los bienes indispensables. Cuando estas instalaciones ocupen bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o de particulares, el retiro deberá hacerse dentro del plazo y en las condiciones que fije la Superintendencia.

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará, cuando corresponda, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones, exigencias y requisitos establecidos para ese evento, en la respectiva resolución de calificación ambiental.

En discusión este artículo la Comisión acordó por la unanimidad de sus miembros, sustituir en el inciso primero, la frase inicial “En los casos de caducidad previstos” por “En el caso de caducidad previsto”.

Este acuerdo se adoptó en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento del Senado.

ARTÍCULO 33

El artículo 33 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, regula la Declaratoria de riesgo en la prestación del servicio, señalando que habiendo entrado en operación, el Ministro de Obras Públicas, en base a un informe técnico elaborado por la Superintendencia, y por la Autoridad Sanitaria cuando se incumplan o infrinjan disposiciones normativas de su competencia, podrá declarar en riesgo la prestación del servicio de una licenciataria, en los siguientes casos:

a) si las condiciones del servicio suministrado no corresponden a las exigencias establecidas en la ley o en sus reglamentos, o a las condiciones estipuladas en el decreto de otorgamiento de la licencia respectiva; y,

b) si la licenciataria no cumple el Plan de Inversiones.

Para la calificación de dichas causales, la Superintendencia y la Autoridad Sanitaria en su caso, deberán considerar la gravedad de sus consecuencias y la reiteración de su ocurrencia.

A este artículo se presentaron cuatro indicaciones signadas con los Nos 11 B, 11 C, 11 D y 11 E.

Indicación Nº 11 B

11 B.- De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, en el encabezamiento del inciso primero, a continuación de “operación”, las palabras “la licenciataria”, y sustituir la conjunción “y” por “o” y la frase “cuando se incumplan o infrinjan disposiciones normativas de su competencia” por “en el ámbito de sus respectivas competencias”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 11 C

11 C.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el literal a) del inciso primero, las expresiones “sus reglamentos” por “la reglamentación vigente” y “de la licencia respectiva” por “respectivo”.

En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 11 D

11 D.- De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso segundo, la frase “en su caso” por “según corresponda”.

En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

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Indicación Nº 11 E

11 E.- De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Previo a declarar en riesgo la prestación del servicio, la licenciataria deberá ser oída en los plazos y de acuerdo al procedimiento que se determine en el reglamento.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

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ARTÍCULO 35

El artículo 35 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado prescribe que el cobro de garantía en los casos regulados en los artículos 31 y 33, la Superintendencia procederá a hacer efectiva la garantía señalada en el artículo 30. La garantía podrá ser puesta a disposición del Administrador temporal que se designe conforme al artículo anterior, para el desempeño de sus funciones.

A este artículo se presentó una indicación signada con el número 11 F.

Indicación Nº 11 F

11 F.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo ….- Cobro de garantía. En el caso regulado en el artículo 33, la Superintendencia procederá a hacer efectiva la garantía del artículo 30, y su monto será puesto a disposición del Administrador temporal designado conforme al artículo anterior, para garantizar la continuidad del servicio.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 36

El proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, en su artículo 36, regula las facultades del administrador temporal del servicio disponiendo que tendrá todas las facultades del giro de la Cooperativa, que la ley y su estatuto otorgan al Consejo de administración y gerente. Su función principal será promover la designación, de un nuevo gerente y consejo de administración, dentro del plazo establecido en el artículo 34.

El administrador temporal responderá hasta de culpa leve en el ejercicio de sus funciones.

En caso que, después de cumplida la prórroga del inciso primero del artículo 34 de esta Ley, no haya sido posible la designación de un nuevo gerente y consejo de administración, el Ministerio llamará a licitación de la licencia, conforme a las reglas del Capítulo anterior.

A este artículo se presentó una indicación signada con el número 11 G.

Indicación Nº 11 G

11 G.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar, en el inciso segundo, la expresión “culpa leve” por “culpa levísima”.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, explicó que el concepto de “culpa leve” está establecido en el Código Civil, y es el grado de responsabilidad que se exige habitualmente. El hecho de reemplazarlo por “culpa levísima” es una carga mayor y que, en general, se asimila al dolo.

- En votación esta indicación, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 37

El artículo 37 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, establece que el gerente y los miembros del consejo de administración que cesen en sus cargos conforme al artículo 34, quedarán inhabilitados para ejercerlos, en cualquier Cooperativa, por un plazo de cinco años, contados desde la fecha del decreto respectivo.

A este artículo se presentó una indicación signada con el número 11 H.

Indicación Nº 11 H

11 H.- Del Honorable Senador señor Horvath, para eliminar la frase “, por un plazo de cinco años, contados desde la fecha del decreto respectivo”.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, señaló que las causales de cesación en el cargo están establecidas adecuadamente en la Ley de Cooperativas y dejar esta causal en forma indefinida es excesivo.

- En votación esta indicación, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 38

El artículo 38 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, indica que pronunciada la declaración de quiebra, la fallida quedará inhibida, de pleno derecho, de la administración de la licencia y de sus bienes indispensables.

En el caso de quiebra de una Licenciataria cuya licencia esté en explotación, el síndico velará por la adecuada provisión del servicio hasta su licitación. Para tales efectos se aplicará respecto del síndico lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 34.

Los gastos en que se incurra con ocasión de la Quiebra quedarán incluidos dentro de los créditos señalados en el Nº 1 del artículo 2472 del Código Civil.

En discusión este artículo la Comisión acordó por la unanimidad de sus miembros, reemplazar, en el inciso primero, la frase inicial “Pronunciada la declaración de quiebra” por “Declarada la quiebra,” y sustituir, en el inciso segundo, la referencia al “artículo 34” por “artículo 33”.

Este acuerdo se adoptó en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento del Senado.

ARTÍCULO 40

El proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, en su artículo 40, señala que el objeto del permiso de servicio sanitario rural se otorga por el Ministerio a un Comité o Cooperativa, para establecer, construir y explotar Servicios Sanitarios Rurales, en un área de servicio determinada.

A este artículo se presentaron dos indicaciones signadas con los números 11 I y 11 J.

Indicación Nº 11 I

11 I.- De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso primero, la frase “establecer, construir y explotar” por “la prestación de”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 11 J

11 J.- De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar los siguientes incisos segundo a sexto, nuevos:

“Otorgado el Permiso de distribución, el Estado no podrá otorgar en parte alguna del área de servicio del permisionario, permisos o licencias de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas, ni concesiones sanitarias.

Habiendo entrado en operación el permisionario, el Ministerio podrá declarar en riesgo el servicio en caso que las condiciones del servicio suministrado no correspondan a las exigencias establecidas en la normativa legal o reglamentaria vigente, o a las condiciones estipuladas en el decreto de otorgamiento respectivo.

Declarado en riesgo el servicio, cesarán en sus funciones el directorio del comité o el gerente y el consejo de administración de la cooperativa, según el caso.

El Ministerio podrá adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio, mientras la asamblea o la junta general designan un nuevo directorio o consejo de administración, según el caso.

Previo a declarar en riesgo la prestación del servicio, el permisionario deberá ser oído en los plazos y de acuerdo al procedimiento que se determine en el reglamento.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 44

El artículo 44 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, regula la renovación y solicitud de licitación. De esta forma, señala que el permisionario goza de derecho preferente para que se le renueve su permiso, para lo cual deberá solicitar su renovación con a lo menos seis meses de anticipación antes de la fecha de extinción. En su defecto, el Ministerio deberá llamar a licitación conforme al artículo 45 de esta ley.

En caso que el permisionario esté clasificado en el segmento alto conforme a lo dispuesto en el artículo 78, deberá presentar junto a su solicitud de renovación un Plan de Inversiones, respecto del que la Superintendencia deberá pronunciarse en un plazo de cuarenta y cinco días.

Cualquier interesado distinto del Permisionario podrá solicitar al Ministerio, dentro de los seis meses antes del término del plazo de vigencia del permiso, que llame a su licitación. Para estos efectos, deberá acompañar a su solicitud un proyecto técnica y económicamente viable para la prestación del servicio.

A este artículo se presentaron dos indicaciones signadas con los números 12 y 12 A.

Indicación Nº 12

12.- Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir, en su inciso segundo, la expresión “alto” por “operador grande”.

La idea contenida en esta indicación está recogida en la Indicación del Ejecutivo, por lo que se acordó aprobarla con modificaciones.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 12 A

12 A.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso segundo, el vocablo “alto” por “AAA”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 45

El artículo 45 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, contiene las normas relativas a la licitación del permiso, señalando que el llamado a licitación del permiso pronto a extinguirse y sus bienes indispensables, se publicará por el Ministerio en la forma establecida en el artículo 23 de esta ley.

Si hubiera otros interesados en el permiso, éstos deberán presentar al Ministerio, dentro del plazo de 30 días, contados desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el inciso primero, una solicitud de permiso en los términos establecidos en el artículo 41 de esta ley.

Vencido el término anterior, el Ministerio adjudicará, en un plazo máximo de 60 días, el permiso al solicitante que cumpliendo las condiciones técnicas exigidas, ofrezca las condiciones económicas y sociales más ventajosas para la provisión del servicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento. Se podrá considerar, entre otros, el plazo de puesta en explotación de los servicios ofrecidos, como criterio adicional de adjudicación.

En caso de igualdad en las condiciones ofrecidas por los interesados, se adjudicará el permiso al que tenga en ese momento la calidad de titular del mismo.

Se aplicará para la licitación del permiso, lo dispuesto en los cinco incisos finales del artículo 19 de esta ley.

A este artículo se presentó una indicación signada con el número 12 B.

Indicación Nº 12 B

12 B.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el inciso tercero, a continuación de “condiciones económicas”, la expresión “,ambientales”.

- En votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 46

El artículo 46 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, señala que los operadores de servicios sanitarios rurales tendrán las siguientes obligaciones:

a) Prestar los servicios sanitarios a los usuarios, en la medida que sea técnica y económicamente factible. Esta obligación comprende la certificación de la factibilidad de servicio. En caso que existan discrepancias entre el usuario y el operador, en cuanto a las condiciones de prestación del servicio, la Superintendencia resolverá las diferencias mediante una resolución fundada.

Los servicios sanitarios deberán prestarse a los Usuarios, en la cantidad que corresponda, y en la calidad exigible conforme a las normas respectivas, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio de Salud y de la Superintendencia.

b) Garantizar la continuidad del servicio entregado, en el sentido que éste sea prestado durante la cantidad de horas diarias que se determine por la Superintendecia, conforme a las características técnicas exigibles a cada segmento; salvo, las interrupciones que se produzcan por fuerza mayor o por necesidad indispensable para la prestación del servicio, debidamente programadas y comunicadas con anticipación a los usuarios, según lo establecido en el Reglamento.

c) Mantener el nivel de calidad en la atención de usuarios y prestación del servicio que defina el Reglamento.

d) Prestar y operar los servicios sanitarios rurales, dando estricto cumplimiento a las obligaciones, restricciones y prohibiciones establecidas en esta Ley y su Reglamento, en la normativa sanitaria y ambiental, y en las demás normas y disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes; así como a las instrucciones que impartan las autoridades competentes en el ejercicio de sus atribuciones.

En discusión este artículo la Comisión acordó por la unanimidad de sus miembros, suprimir en el párrafo segundo de la letra a) la frase “en la cantidad que corresponda y”.

Este acuerdo se adoptó en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento del Senado.

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ARTÍCULO NUEVO

Indicación Nº

12 C.- De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación del artículo 46, el siguiente, nuevo:

“Artículo ….- Actualización del Plan de Inversiones. Las licenciatarias deberán actualizar su Plan de Inversiones cada cinco años. Asimismo, deberán actualizarlo en caso que el subsidio o inversión pública efectivamente recibida difiera del considerado al haberse determinado el nivel tarifario.

La actualización del Plan de Inversiones se hará conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

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ARTÍCULO 48

El artículo 48 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, establece el Fondo de reposición y reinversión. Los operadores que conforme a la clasificación del artículo 78 de esta Ley, pertenezcan a los segmentos medio y alto, deberán constituir e incrementar, con un porcentaje no inferior al 20% de sus remanentes, un fondo de reserva legal, destinado a la reposición y ampliación de largo plazo, según se defina en el reglamento.

Este fondo del inciso anterior no podrán ser destinados a fines distintos a la reposición y ampliación de la infraestructura, y deberá ser mantenido en instrumentos de inversión de emisores inscritos en el registro de valores, cuya clasificación de riesgo y tipo de instrumento serán definidos en el Reglamento.

A este artículo se presentaron dos indicaciones signadas con los Nos 13 y 13 A.

Indicación Nº 13

13.- Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar, en su inciso primero, la expresión “alto” por “grande”.

Esta indicación está recogida en la Indicación presentada por el Ejecutivo.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 13 A

13 A.- De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso primero, la expresión “medio y alto” por “AAA y AA”.

El Honorable Senador señor Letelier solicitó modificar el orden de la nueva clasificación por el siguiente: “AA y AAA”.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 50

El artículo 50 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, señala que el uso de instalaciones y equipos corresponderá siempre a los operadores el uso y goce exclusivo de los bienes indispensables regulados en el artículo 12 de esta ley; y sólo podrán destinar dichas instalaciones a la realización de las actividades indicadas en el artículo 46.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 14.

Indicación Nº 14

14.- De S.E. la Presidenta de la República, para agregarle el siguiente inciso segundo:

“Sin perjuicio de lo anterior, la Asamblea General o la Junta General, según corresponda, en sesión extraordinaria y por mayoría simple de los miembros presentes, podrá autorizar el uso y goce de los citados bienes para el desarrollo de otras actividades, siempre que no se limite, entorpezca o afecte de modo alguno la provisión de los servicios sanitarios rurales, y se cumpla con la normativa vigente. Para estos efectos, la Asamblea General o la Junta General deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de sus miembros.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

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ARTÍCULO 51, NUEVO

Indicación Nº 32 C

32 C.- De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación, el siguiente artículo, nuevo:

Consultar, a continuación del artículo 50, el siguiente artículo 51, nuevo:

Artículo 51.- Vertimiento de aguas tratadas en canales de regadío. Los operadores de tratamiento y disposición podrán solicitar a la organización de usuarios respectiva, autorización para el vertimiento y evacuación de las aguas tratadas en un canal, conviniendo el precio y demás condiciones del acuerdo.

En caso que la organización de usuarios negare la autorización, o no se llegue a acuerdo respecto del precio u otras condiciones, el operador podrá recurrir al juzgado de letras en lo civil de la comuna correspondiente al punto de descarga propuesto, para que éste, conforme al procedimiento sumario establecido en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, lo autorice a verter y evacuar las aguas tratadas en el canal, estableciendo la compensación que deberá pagar periódicamente a la organización de usuarios por la recepción y evacuación de las aguas.

El juez sólo podrá autorizar al operador a verter y evacuar las aguas tratadas en un canal en caso que se trate de la solución de tratamiento y disposición más adecuada desde el punto de vista técnico y económico, que no se afecten actividades económicas que para su desarrollo utilicen las aguas del canal, que las aguas tratadas cumplan con las exigencias que establece la normativa vigente aplicable, y que el operador cuente con un sistema que le permita retener las aguas tratadas sin descargarlas al canal en los períodos en que éste, por razones de mantención o de cualquier tipo, esté fuera de servicio.”.

En discusión este artículo, nuevo, que se propone agregar como artículo 51 contenido en la indicación Nº 32 C, el Honorable Senador señor Letelier consultó la razón por la cual se deberá pagar por verter y evacuar las aguas en un canal de regadío. Agregó que se trata de aguas tratadas, no aguas servidas, y el hecho de no querer recibir las aguas implica un gasto para el Estado por la construcción de cañerías para tener que evacuar las aguas en otro cauce.

Señaló que es absurdo que los canalistas encarezcan los costos de los APR.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, señaló que se deberán constituir derechos para usar esas aguas, una vez que las aguas son abandonadas se tienen que constituir derechos para que las usen los canalistas, que en estos casos actúan como transportistas.

No se puede obligar a los canalistas a recibir aguas ajenas. Esta situación se ha presentado con las aguas lluvias que no se han podido verter en canales porque no se ha dado la autorización.

Los canales tienen un costo de operación y mantención que puede verse afectado por el vertimiento de aguas.

Como consecuencia del debate anterior, se acordó eliminar la referencia a convenir un precio y dejarlo entregado a la autonomía de la voluntad para llegar a un acuerdo.

Asimismo, se acordó en el inciso primero, eliminar los términos “conviniendo el precio y demás condiciones del acuerdo”.

En el inciso segundo, se propuso eliminar la expresión “evacuar” y reemplazar la frase “la compensación que deberá pagar periódicamente a la organización de usuarios por la recepción y evacuación de las aguas” por “las contraprestaciones correspondientes”.

En el inciso final se elimina la expresión “y evacuar” y la oración final “y que el operador cuente con un sistema que le permita retener las aguas tratadas sin descargarlas al canal en los períodos en que éste, por razones de mantención o de cualquier tipo, éste fuera de servicio.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

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ARTÍCULO 52

El artículo 52 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, establece que los derechos del operador son los siguientes:

a) Cobrar por las etapas del servicio sanitario rural prestadas, las tarifas a que se refiere el Título V de esta Ley. Para estos efectos, las boletas o facturas deberán permitir la fácil comprensión de cada cobro efectuado.

b) Cobrar reajustes e intereses corrientes, por las cuentas que no sean canceladas dentro de los plazos señalados en el Reglamento;

c) Cobrar los costos de cobranza extrajudicial en que haya incurrido el operador;

d) Suspender, previo aviso de 15 días, los servicios a Usuarios que adeuden el pago de una o más boletas o facturas y cobrar el costo de la suspensión y de la reposición correspondiente;

e) Suspender el servicio a los usuarios de servicio sanitario rural primario que destinen el agua a un fin distinto del establecido en el artículo 5 de esta Ley;

f) Suspender el servicio a los usuarios respecto de los cuales se compruebe que han causado daño a las instalaciones, equipos o bienes del Operador.

g) Cobrar el costo de las reparaciones de daños y desperfectos causados en los arranques de agua potable y uniones domiciliarias de alcantarillado, redes de distribución y redes de recolección, a causa del mal uso o destrucción de las mismas por el usuario.

h) Proponer y postular, cuando corresponda, en representación de los usuarios, a subsidios a la inversión en los sistemas rurales de agua potable, en particular al establecido en la Ley Nº 18.778 de 1989 y su reglamento.

i) Exigir al usuario de la propiedad servida la conexión a las instalaciones de agua potable y/o alcantarillado, según fuere el caso, cuando existan causas debidamente calificadas por la autoridad sanitaria.

Los derechos anteriormente señalados se ejercerán sin perjuicio de las atribuciones que el Código Sanitario le entrega al Ministerio de Salud.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 14 A.

Indicación Nº 14 A

14 A.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar, en la letra d), la frase “una o más boletas o facturas” por “dos o más boletas o facturas”.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, expresó que esta proposición va a significar que, en la práctica, la suspensión del suministro se va a producir cuando existan tres boletas impagas, con lo cual se puede acumular una deuda compleja para el usuario. En la actualidad, el corte del suministro se produce cuando existen dos boletas impagas.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, señaló que la aprobación de este tipo de normas implica un debilitamiento del pago.

El Honorable Senador señor Letelier se mostró partidario de aprobar esta indicación porque en las zonas rurales en los meses de invierno, cuando no hay trabajo, los recursos son muy distintos a las zonas urbanas.

El Honorable Senador señor Romero propuso mantener las dos boletas o facturas impagas pero aumentar el plazo del aviso previo a 30 días.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 53

El artículo 53 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, establece que las boletas o facturas que se emitan por la prestación de los servicios sanitarios rurales o por los trabajos en los arranques de agua potable rural o uniones domiciliarias de alcantarillado rural, incluidos sus reajustes e intereses, tendrán mérito ejecutivo solo en cuanto al cobro de aquéllas prestaciones.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 14 B.

Indicación Nº 14 B

14 B.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 53.- Juicios de cobro. Las acciones que se hagan efectivas ante los tribunales de justicia para el cobro de obligaciones derivadas de la prestación de servicios sanitarios rurales, se someterán a las reglas del procedimiento sumario regulado en el Código de Procedimiento Civil. Asimismo, los recursos que se interpongan en contra de las sentencias dictadas en tales juicios tendrán preferencia para su vista y fallo.”.

La Comisión estimó preferible mantener la norma vigente puesto que los juicios de cobro significarán la demora en el proceso de cobro de las deudas impagas.

En la actualidad, la boleta de cobro tiene mérito ejecutivo y habilita para iniciar el cobro ejecutivo, como sucede en el resto de los servicios.

- En votación esta indicación, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 54

El artículo 54 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, señala que se podrán modificar los niveles de servicio de los operadores, a proposición de la Superintendencia, mediante decreto supremo que deberá llevar la firma del Ministro de Obras Públicas. Dicho decreto supremo deberá ser fundado y basado en criterios de carácter objetivo. Los niveles de servicio podrán diferenciarse entre segmentos de operadores.

En caso que por modificaciones de los Planes Reguladores, el área de servicio de una Licenciataria quede total o parcialmente incorporada en el área urbana, el Ministerio podrá modificar los niveles de servicio de la licencia, a proposición de la Superintendencia. En este caso, la Licenciataria deberá modificar su Plan de Inversiones para incorporar las nuevas exigencias. La modificación de los niveles de servicio y la aprobación de las del Plan de Inversiones se harán conforme al procedimiento que establezca el Reglamento.

A este artículo se presentaron dos indicaciones signadas con los Nos 14 C y 14 D

Indicación Nº 14 C

14 C.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 54.- Modificaciones de niveles de servicio. A proposición de la Superintendencia, con consulta previa al afectado, y mediante decreto supremo que deberá llevar la firma del Ministro de Obras Públicas, se podrán modificar los niveles de servicio de los operadores. Para tal efecto, la propuesta de la Superintendencia deberá ser comunicada al operador afectado a fin de que dé su opinión fundada, dentro de un término de noventa días. Concluido dicho plazo, haya o no informado el afectado, el Ministro de Obras Públicas podrá rechazar la propuesta de la Superintendencia o dictar el referido decreto supremo de modificación, el cual deberá ser fundado y basado en criterios de carácter objetivo. Los niveles de servicio podrán diferenciarse entre segmentos de operadores.”.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, explicó que esta indicación pretende evitar que las modificaciones de los niveles de servicio sean perjudiciales para el operador y por consiguiente se requiere su aprobación. Sin embargo, la norma propuesta en el proyecto de ley, en estudio, regula el caso de un operador que no puede cumplir con las condiciones de la normativa general para lo cual la Superintendencia contará con las facultades para eximirlo.

El Honorable Senador señor Romero propuso modificar esta indicación en el sentido de agregar, en el inciso primero, a continuación de la palabra “Superintendencia” la frase “previo conocimiento de éstos”.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 14 D

14 D.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el inciso segundo, a continuación de la palabra “Superintendecia”, la frase “, y habiendo consultado previamente la opinión del afectado”.

La idea contenida en esta indicación está recogida en la anterior.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Letelier, Longueira, Kuschel, Romero y Ruiz Esquide.

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Indicación Nº 15

15.- Del Honorable Senador señor Longueira, para intercalar, a continuación del artículo 56, el siguiente, artículo nuevo:

“Artículo 56 bis.- Subsidio especial. Establécese un subsidio especial y universal en favor de los operadores de servicios de agua potable rural en el caso de la ocurrencia de una catástrofe natural en el lugar donde operan. El valor del subsidio será fijado por el Presidente de la Republica para cada caso.

Los subsidios se pagarán con cargo al ítem respectivo considerado en la Partida Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público mediante uno o más decretos del Ministerio de Hacienda y con la firma del Ministro del Interior y bajo la fórmula "Por Orden del Presidente de la República.

Deberá dictarse dentro del plazo de noventa días desde la publicación de la presente ley un reglamento para la aplicación de este subsidio.”.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

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ARTÍCULO 55

El artículo 55 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, establece que el usuario deberá permitir el acceso al inmueble del personal del operador, identificado como tal, para el ejercicio de las funciones que dicen relación con la prestación de los servicios.

En discusión este artículo la Comisión acordó por la unanimidad de sus miembros, reemplazar las palabras “al inmueble” por “a su inmueble”.

Este acuerdo se adoptó en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento del Senado.

ARTÍCULO 57

El artículo 57 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, prescribe que serán incompatibles los cargos de Alcaldes, Concejales y Consejeros Regionales con los cargos directivos o pertenecientes a los órganos de administración o de fiscalización de los Comités y Cooperativas de servicios sanitarios rurales.

Las demás incompatibilidades y las causales de inhabilidad y cesación en el cargo, aplicables a la organización de las Cooperativas de servicios sanitarios rurales, se regirán por la Ley General de Cooperativas, y su legislación complementaria.

A este artículo se presentaron dos indicaciones signadas con los Nos 15 A y 15 B.

Durante la discusión de este artículo El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, propuso establecer una norma que señale que la sola presentación de la candidatura al cargo de Alcalde signifique la caducidad del cargo de dirigente de un Comité. De este modo, el cargo queda vacante de inmediato, con lo cual se evita la conflictividad y politización al interior de los Comités.

Indicación Nº 15 A

15 A.- De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso primero, la frase “Alcaldes, Concejales y Consejeros Regionales” por “alcalde y consejero regional”.

El Honorable Senador señor Romero propuso modificar el título de este artículo por el siguiente: “Incompatibilidades e inhabilidades”.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 15 B

15 B.- De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Desde la inscripción de su candidatura, cesará en sus funciones cualquier dirigente de comité o cooperativa de los indicados en el inciso anterior que postule al cargo de alcalde.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 58

El artículo 58 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, indica las causales de cesación en el cargo de los dirigentes de los Comités:

a) Por el cumplimiento del período para el cual fueran elegidos.

Los estatutos del Comité podrán establecer períodos diferenciados de tiempo para cada cargo, a fin de permitir la renovación del directorio por parcialidades;

b) Por renuncia presentada por escrito al directorio, cesando en sus funciones y responsabilidades al momento en que éste tome conocimiento de aquélla;

c) Por inhabilidad sobreviniente, calificada en conformidad con los estatutos;

d) Por censura acordada por mayoría simple de los miembros presentes o representados en asamblea extraordinaria especialmente convocada al efecto. Para estos efectos la Asamblea extraordinaria deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros del Comité;

e) Por pérdida de la calidad de afiliado a la respectiva organización;

f) Por pérdida de la calidad de ciudadano;

g) Por condena por alguno de los crímenes o simples delitos contra la propiedad establecidos en el Código Penal.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 15 C.

Indicación Nº 15 C

15 C.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar, en la letra g), la expresión “el Código Penal” por “la legislación penal vigente”.

El Honorable Senador señor Letelier manifestó su disconformidad con la norma contenida en la letra g) del artículo 58 y propuso eliminarla porque es reiterativo con la letra anterior puesto que una persona que es condenada por un crimen pierde la calidad de ciudadano. No es lógico que una persona que es condenada por violencia intrafamiliar no cesa en el cargo de dirigente de un Comité porque no será condenado por delito que merezca pena aflictiva, aún cuando le haya causado lesiones a una persona, sin embargo, si una persona atropella a un ciclista perderá su condición de dirigente, por lo que no se entiende el sentido de esta letra g).

Se propuso agregar por delitos que merezca pena aflictiva.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

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Capítulo 3, “Remuneraciones de dirigentes de los Comités”

Indicaciones Nos 16 y 16 A

16. Del Honorable Senador señor Longueira, y 16 A.- de S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar el epígrafe del Capítulo 3, del Título IV, por el siguiente: “Viáticos para dirigentes de los Comités”.

- En votación estas indicaciones, fueron aprobadas sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

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ARTÍCULO 61

El artículo 61 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, señala que la Asamblea General extraordinaria de un Comité de Servicio Sanitario Rural, podrá acordar por mayoría simple de los miembros presentes o representados en ella, las remuneraciones y asignaciones en dinero de sus dirigentes y su reajustabilidad, para que rija por los periodos anuales que ella determine.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, la Asamblea extraordinaria deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros del Comité.

A este artículo se presentaron dos indicaciones signadas con los Nos 16 B y 17.

Indicación Nº 16 B

16 B.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 61.- Viáticos para dirigentes de Comités. La asamblea general extraordinaria de un comité de servicio sanitario rural, podrá acordar por mayoría simple de los miembros presentes o representados en ella, viáticos en dinero para sus dirigentes. Estos viáticos, debidamente respaldados, deberán ser rendidos a la asamblea general y serán destinados a gastos de traslado, alimentación, alojamiento y otros similares necesarios para el ejercicio del cargo y su capacitación como dirigentes.”.

El Honorable Senador señor Romero propuso reemplazar la expresión “debidamente respaldados” por “con el debido respaldo”.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 17

17.- Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 61.- Viáticos para dirigentes de Comités. La Asamblea General extraordinaria de un Comité de Servicio Sanitario Rural, podrá acordar por mayoría simple de los miembros presentes o representados en ella, viáticos en dinero para sus dirigentes. Estos viáticos deberán ser rendidos a la Asamblea General y serán destinados en gastos propios del ejercicio del cargo y en capacitación.”.

La Comisión estimó que la idea contenida en esta indicación está recogida en la Indicación presentada por el Ejecutivo, por lo que se acordó aprobarla con modificaciones.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

TÍTULO V

DE LAS TARIFAS

ARTÍCULO 62

El artículo 62 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, señala que los servicios sanitarios rurales estarán sujetos a las normas sobre fijación de tarifas y demás cobros de agua potable y saneamiento que se establecen en la presente ley y su Reglamento.

Las tarifas a cobrar a los usuarios, de cada servicio sanitario rural específico serán fijadas mediante decreto supremo dictado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

A este artículo se presentó una indicación signada con el No 17 A.

Indicación Nº 17 A

17 A.- De S.E. la Presidenta de la República, para sustituirlo, por el siguiente:

“Artículo 62.- Reglas y principios generales. Los servicios sanitarios rurales estarán sujetos a las normas sobre fijación de tarifas y demás cobros de agua potable y saneamiento que se establecen en la presente ley y su reglamento.

Las tarifas siempre deberán permitir recuperar los costos indispensables de operación y mantenimiento. Adicionalmente, las tarifas podrán establecer distintos niveles de recuperación de los costos de inversión y reposición.

Se calcularán separadamente las tarifas correspondientes a las diversas etapas del servicio sanitario rural, cuando existan.

Las fórmulas tarifarias a utilizar deberán incluir un cargo fijo mensual y cargos por metro cúbico.

El procedimiento de determinación de las tarifas deberá ser fácilmente comprensible por los Usuarios, y el costo de dicho procedimiento deberá ser proporcional a la magnitud de los servicios sanitarios rurales a tarificar.

Las tarifas serán determinadas por la Superintendencia, conforme al procedimiento establecido en este Título.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 63

El artículo 63 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, señala que las tarifas de autofinanciamiento deberán permitir recuperar los costos indispensables de operación, mantenimiento, inversión y reposición. En el caso de los costos de inversión y de reposición, el procedimiento de tarifas podrá establecer distintos niveles de recuperación.

El procedimiento de determinación de las tarifas deberá ser fácilmente comprensible por los Usuarios, y el costo de dicho procedimiento deberá ser proporcional a la magnitud de los servicios sanitarios rurales a tarificar.

A este artículo se presentaron tres indicaciones signadas con los Nos 17 B, 17 C y 18.

Indicación Nº 17 B

17 B.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 63.- Determinación de la tarifa de autofinanciamiento. La tarifa de autofinanciamiento, compuesta por un cargo fijo mensual y cargos por metro cúbico, es aquella que permite recuperar la totalidad de los costos indispensables de operación, mantenimiento, inversión y reposición.

La tarifa de autofinanciamiento se calcula a partir del Costo Total de Largo Plazo, entendiéndose éste como aquel valor anual constante requerido para cubrir tanto los costos de operación y mantenimiento eficientes como los de reposición e inversión eficientes, de un proyecto de inversión optimizado.

Dicho valor anual deberá ser consistente con un valor actualizado neto igual a cero, en un horizonte congruente con la vida útil económica de los activos. Para estos efectos, se deberá considerar la depreciación de los activos, la tasa de tributación vigente, la tasa de costo de capital y los aportes de terceros.

La tasa de costo de capital aplicable será única para todos los sistemas definidos y corresponderá a una tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central de Chile, más un premio por riesgo. La metodología para su determinación será definida en el reglamento.

El procedimiento para la determinación de los cargos tarifarios y metros cúbicos a considerar, corresponderá al que se establezca en el reglamento.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 17 C

17 C.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el inciso primero, a continuación de la expresión “permitir recuperar”, la frase “, en lo posible,”.

- En votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorable Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 18

18.- Del Honorable Senador señor Longueira, para intercalar, en su inciso primero, entre la palabra “recuperar” y la expresión “los costos”, la frase “a lo menos dos tercios de”.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

ARTÍCULO 64

El artículo 64 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, relativo a la autoridad encargada del cálculo de las tarifas, señala que cada cinco años, y en el mismo período en que el Ministerio efectúe la clasificación conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de esta ley, la Superintendencia determinará las tarifas para los operadores.

Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso por primera vez, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda conforme al artículo siguiente, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 18 A.

Indicación Nº 18 A

18 A.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 64.- Procedimiento de determinación del nivel tarifario. El nivel tarifario es aquel calculado por la Superintendencia rebajando de la tarifa de autofinanciamiento el subsidio o la inversión pública a que se refiere el Capítulo IV del Título VI.

La Superintendencia podrá agrupar distintos servicios, bajo la denominación de sistemas tipo, considerando su tamaño y otras variables de costo relevantes definidas en el reglamento.

Asimismo, definirá los casos en que la fijación tarifaria se hará individualmente en atención al tamaño del servicio o a singularidades técnicas, geográficas o de otra especie, que lo justifiquen.

La Superintendencia calculará mediante resolución fundada, el nivel tarifario correspondiente a los sistemas tipo y a los sistemas de tarificación individual.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 65

El artículo 65 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, establece el procedimiento de determinación tarifaria señalando que calculada la tarifa de autofinanciamiento y considerando el subsidio definido por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, la Superintendencia determinará para cada Región mediante resolución fundada, el nivel tarifario correspondiente a los sistemas tipo y a los sistemas de tarificación individual.

Una vez comunicado por la Superintendencia el nivel tarifario que le corresponde, el Operador lo pondrá en conocimiento de la Asamblea, la que en el plazo de treinta días podrá aceptarlo o acordar su variación hasta en un 5%. En estos casos el nivel tarifario aceptado o ajustado por la Asamblea corresponderá a la tarifa a cobrar a los usuarios por el operador.

En caso que la Asamblea acordare solicitar una variación superior al porcentaje indicado en el inciso precedente deberá presentar, a su costa, una contrapropuesta que será aceptada o rechazada por la Superintendencia en un plazo de treinta días contados desde su presentación completa. Los requisitos, procedimientos y plazos, para presentar la contrapuesta y para el pronunciamiento definitivo de la Superintendencia serán fijados en el Reglamento. El dictamen de la Superintendencia, en todo caso, será definitivo y obligatorio.

Vencido el plazo indicado en el inciso segundo de este artículo, sin un pronunciamiento de la Asamblea, la tarifa a cobrar a los usuarios corresponderá a la informada por la Superintendencia.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 18 B.

Indicación Nº 18 B

18 B.- De S.E. la Presidenta de la República, para sustituirlo, por el siguiente:

“Artículo 65.- Procedimiento de determinación de la tarifa a cobrar al usuario. La tarifa a cobrar al usuario se determina para cada servicio sanitario rural, y es aquella que debe pagar efectivamente el usuario, sin perjuicio de los casos en que proceda la aplicación del subsidio establecido en la ley N° 18.778.

Una vez comunicado el nivel tarifario al operador, en la forma que determine el reglamento, éste lo pondrá en conocimiento de la asamblea, la que en el plazo de sesenta días podrá aceptarlo o acordar su variación hasta un 5%. En estos casos, el nivel tarifario aceptado o ajustado por la asamblea corresponderá a la tarifa a cobrar a los usuarios.

En caso que la asamblea acordare solicitar una variación superior al porcentaje indicado en el inciso precedente deberá presentar, a su costa, una contrapropuesta que será aceptada o rechazada por la Superintendencia en un plazo de sesenta días contados desde su presentación completa. Los requisitos, procedimientos y plazos, para presentar la contrapuesta y para el pronunciamiento definitivo de la Superintendencia serán fijados en el reglamento. El dictamen de la Superintendencia, en todo caso, será definitivo y obligatorio.

Vencido el plazo indicado en el inciso segundo sin un pronunciamiento de la asamblea, la tarifa a cobrar a los usuarios corresponderá a la informada por la Superintendencia.

Los procedimientos, requisitos y plazos para la fijación de la tarifa a cobrar al usuario de los sistemas de tarificación individual se establecerán en el reglamento.

Las tarifas a cobrar a los usuarios, serán fijadas mediante decreto supremo dictado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 66

El artículo 66 del proyecto de ley aprobado en general por el Senado, consigna la fórmula tarifaria indicando que los sistemas tipo a tarificar serán definidos por la Superintendencia para cada región, considerando el tamaño del servicio y otras variables de costo relevantes definidas en el reglamento.

La Superintendencia definirá además los casos en que la fijación tarifaria se hará individualmente en atención al tamaño del servicio o a singularidades técnicas, geográficas, o de otro tipo que lo justifique. Los procedimientos, requisitos y plazos para la fijación tarifaria individual se establecerán en el reglamento.

Para los sistemas tipo o de tarificación individual definidos, se determinará el costo total de largo plazo, entendiéndose como aquel valor anual constante requerido para cubrir tanto los costos de operación eficiente como los de inversión eficiente de un proyecto de inversión optimizado.

Dicho valor anual deberá ser consistente con un valor actualizado neto igual a cero, en un horizonte consistente con la vida útil económica de los activos. Para estos efectos, se deberá considerar la depreciación de los activos, la tasa de tributación vigente, la tasa de costo de capital y los aportes de terceros.

Para determinar las tarifas que establece este Título, se calcularán separadamente las correspondientes a las diversas etapas del servicio sanitario rural, cuando existan.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 18 C.

Indicación Nº 18 C

18 C.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 67.- Período tarifario. Las tarifas serán determinadas por la Superintendencia cada cinco años.

Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso por primera vez, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda conforme al artículo 64, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 67

El artículo 67 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, señala que la tasa de costo de capital aplicable será única para todos los sistemas definidos y corresponderá a una tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central de Chile, más un premio por riesgo. La metodología para su determinación será definida en el Reglamento.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 18 D.

Indicación Nº 18 D

18 D.- De S.E. la Presidenta de la República, para suprimirlo.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 68

El artículo 68 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, relativo a los cargos tarifarios establece que las fórmulas tarifarias a utilizar deberán incluir un cargo fijo mensual y cargos por metro cúbico. El procedimiento para la determinación de los cargos tarifarios y metros cúbicos a considerar, corresponderá al que se establezca en el Reglamento.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 18 E.

Indicación Nº 18 E

18 E.- De S.E. la Presidenta de la República, para suprimirlo.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 69

El artículo 69 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, señala en relación a la reajustabilidad de la tarifa que las tarifas a cobrar a los usuarios, se reajustarán cada vez que se acumule una variación de, a lo menos, un 5%, del IPC informado por el Instituto Nacional de Estadísticas. El operador deberá informar del reajuste a los usuarios en la forma y oportunidad definida en el Reglamento.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 18 F.

Indicación Nº 18 F

18 F.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 66.- Reajustabilidad de la tarifa. Las tarifas a cobrar a los usuarios, se reajustarán cada vez que se acumule una variación de, a lo menos, 5% del Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadísticas, o en caso que alguna de las variables de costos definidas como relevantes por el reglamento experimente un aumento de al menos 3%. El operador deberá informar del reajuste a los usuarios en la forma y oportunidad definida en el reglamento.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 70

El artículo 70 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, relativo a la no discriminación de la tarifa, señala que no existirá gratuidad o rebaja parcial del cobro por la prestación de los servicios o discriminación alguna, salvo las excepciones otorgadas por los operadores a usuarios, y a sus expensas. No obstante, los operadores no podrán establecer diferencias en sus tarifas, cargos o cualquier otro concepto, dentro de un mismo sistema, salvo en los casos que esta ley los autorice.

En discusión este artículo la Comisión acordó por la unanimidad de sus miembros, agregar, a continuación de la palabra “salvo”, la siguiente frase: “entre el servicio sanitario rural primario y secundario y, en los demás”.

Este acuerdo se adoptó en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento del Senado.

ARTÍCULO 71

El artículo 71 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, señala que la tarifa deberá ser pagada por el ocupante de la propiedad, ya sea usufructuario, arrendatario o mero tenedor, sin perjuicio que en el inmueble que recibe el servicio quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio para con el operador

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 18 G.

Indicación Nº 18 G

18 G.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar la frase “ya sea usufructuario” por “ya sea propietario, usufructuario”.

La Comisión hizo presente que lo importante es que el ocupante de la propiedad, a cualquier título, esté obligado al pago de la tarifa, sin que sea necesario establecer una diferencia por la calidad del ocupante de la misma.

- En votación esta indicación, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

TÍTULO VI

INSTITUCIONALIDAD

Capítulo 1

Política de servicios sanitarios rurales

ARTÍCULO 73

El artículo 73 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, establece la política de asistencia y promoción, señalando que el Ministerio de Obras Públicas, con la información técnica que recabe de los Ministerios de Salud, Vivienda y Urbanismo, Planificación y de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, determinará la política para la asistencia técnica y financiera, supervisión y promoción para la organización de los operadores de servicios sanitarios rurales. Dicha política se ejecutará mediante programas acordados con los gobiernos regionales.

La política de asistencia y promoción deberá considerar, además, a los habitantes del área rural que residan fuera del área de servicio de los operadores.

La política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales se definirá y ejecutará por el Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de las atribuciones y competencias que correspondan a otros organismos públicos.

A este artículo se presentaron dos indicaciones signadas con los Nos 18 H y 18 I.

El Honorable Senador señor Letelier consultó la razón por la cual se incluye en este artículo la existencia de un programa y cuál es el alcance de la última oración del primer inciso.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, explicó que la idea contenida en esta norma es la existencia de una política explícita de promoción y de asistencia técnica. En la actualidad, existe el Programa de Agua Potable Rural, que desaparecerá con la aprobación de esta iniciativa legal, que implica la existencia de una institucionalidad que define una política que será aplicada por los organismos ejecutores y la definición de esta política se radicará en el Ministerio de Obras Públicas.

Agregó que la idea del cofinanciamiento es juntar fondos sectoriales y recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que manejan los Gobiernos Regionales.

El señor Senador recordó que durante la discusión de la Ley de Presupuestos de la Nación del año 2009, se aprobó que el financiamiento del Programa de Asistencia y Promoción sea financiado en forma exclusiva por el Gobierno Central, por lo que sería conveniente conocer en detalle cuál es el alcance de este cofinanciamiento. En la actualidad, hay regiones en que se desempeñan funcionarios de la Dirección de Obras Hidráulicas, en otros lugares no los hay y se realizan convenios con las empresas sanitarias para estos fines.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, explicó que actualmente existe un instrumento denominado “Convenio de Programación” que suscriben los Gobiernos Regionales con el Gobierno Central para la ejecución de las inversiones.

Como consecuencia de la explicación anterior, el Honorable Senador señor Letelier propuso modificar esta norma con la finalidad de que las políticas de inversión se ejecuten mediante programas acordados por los Gobiernos Regionales.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, propuso dividir el artículo haciendo presente que la intención del Ejecutivo es considerar tanto la política de promoción, la asistencia técnica y los programas acordados con los Gobiernos Regionales que se refieren a la inversión.

Indicación Nº 18 H

18 H.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso primero, la coma (,), que figura entre las palabras “Urbanismo” y “Planificación”, por la conjunción copulativa “y”; las palabras “para la”, que aparecen entre los vocablos “política” y “asistencia”, por “de inversión,”, y el punto seguido (.) por un punto aparte (.), pasando la oración que lo sucede a convertirse en inciso segundo.

El Honorable Senador señor Letelier propuso modificar el orden de los Ministerios, ubicando el Ministerio de Planificación a continuación del Ministerio de Salud.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 18 I

18 I.- De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso segundo, que pasa a ser tercero, la frase del “área rural” por “rurales”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 76

El artículo 76 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, señala que existirá un Consejo Consultivo para la orientación de la política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales, el Ministerio deberá oír a un Consejo Consultivo, el que estará compuesto por los siguientes integrantes:

a) un representante del Ministerio de Obras Públicas, quien lo presidirá;

b) un representante del Ministerio de Hacienda;

c) un representante del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción;

d) un representante del Ministerio de Salud;

e) un representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

f) un representante del Ministerio de Planificación;

g) un representante de la Comisión Nacional del Medio Ambiente;

h) un representante de la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior;

i) tres representantes de los socios de las Cooperativas de Servicios Sanitarios Rurales;

j) tres representantes de los socios de los Comités; y,

k) tres representantes de federaciones o confederaciones de operadores de servicios sanitarios rurales, sean de carácter nacional, regional o provincial.

El Consejo sesionará, al menos, dos veces al año. El Reglamento determinará el procedimiento de funcionamiento del Consejo. Los integrantes del Consejo a que se refieren las letras i), j) y k) del inciso primero de este artículo, percibirán una asignación para gastos de traslado, alojamiento y alimentación por cada sesión a la que asistan, con cargo al presupuesto del Ministerio.

El mecanismo de elección de los integrantes del consejo consultivo establecidos en las letras i), j) y k) de este artículo, será fijado en el Reglamento. Para el caso de la elección de los representantes de las letras i) y j), dicho mecanismo deberá respetar la adecuada representación de los estratos, las regiones y los Comités y Cooperativas que no se encuentren afiliados a ninguna federación. Del mismo modo, dicho mecanismo asegurará la no discriminación de las personas representantes por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El Secretario Ejecutivo del Consejo será el Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas. Sus funciones serán citar a las sesiones, levantar acta de éstas, el seguimiento de los acuerdos adoptados y las demás que el Consejo o el Reglamento le encomienden.

A este artículo se presentaron siete indicaciones signadas con los Nos 19, 19 A, 19 B, 20, 21, 21 A y 22.

Durante la discusión de este artículo el Honorable Senador señor Letelier se manifestó en contra de la participación de un representante de la Asociación de Municipalidades en el Consejo Consultivo haciendo presente que los municipios no participan en los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural, jamás han aportado recursos y no se entiende la lógica para que participen en este organismo.

El Honorable Senador señor Sabag señaló que, en general, los alcaldes están muy interesados en la solución del Programa de Agua Potable Rural, tienen conocimiento de lo que sucede en sus respectivas comunas, por lo que en su opinión, puede ser muy importante su participación en este Consejo.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, expresó que la idea de este Consejo es asesorar sobre la política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales. En la actualidad, se han adoptado decisiones que significan que las inversiones en el Sistema de Agua Potable Rural se realicen en zonas rurales concentradas, excepcionalmente en las zonas rurales desconcentradas.

Cuando el Ejecutivo se refiere a la promoción significa que son decisiones de políticas de avanzar a través de soluciones técnicas compatibles, las decisiones de política para invertir en alcantarillado, en tratamiento de las aguas servidas, el tiempo en que se realizarán, son trascendentes, y lo importante es que exista una institución en que se genere la coordinación y en lo posible se obtenga una sola opinión. De esta forma, los integrantes de este Consejo son entidades relacionadas con las políticas de este sector para los próximos 20 años.

Este Consejo sesionará sólo dos veces en el año para la orientación de la política, no es ejecutor, no autoriza, no otorga permisos.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, señaló que la participación de un representante de la Asociación de Municipalidades será un aporte para este Consejo, sin embargo, hizo presente que debe modificarse la expresión “socios” contenida en las letras i) y j), debiendo indicarse que serán dirigentes de las Cooperativas de Servicios Sanitarios Rurales y de los Comités, puesto que la participación en este Consejo supone que es para aportar en una política de promoción y no se entiende cuál podría ser el aporte de un socio.

En seguida, propuso agregar que estos representantes no sean de la misma región, para garantizar la representación de la experiencia en esta materia de las distintas regiones del país.

Indicación Nº 19

19. De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar en su inciso primero, la siguiente letra i), pasando las actuales letras i), j) y k) a ser letras j), k) y l) , respectivamente:

“i) Un representante de la Asociación de Municipalidades que reúna la mayor cantidad de municipios asociados a nivel nacional.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 19 A

19 A.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en los literales j) y k) del inciso primero, la expresión “socios” por “dirigentes”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 19 B

19 B.- Del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar, en el inciso primero, una letra nueva, del siguiente tenor:

“….) un representante del Ministerio de Agricultura.”.

La Comisión acordó rechazar esta indicación porque este proyecto de ley se refiere a las aguas y esa materia no es de competencia del Ministerio de Agricultura. Además, la integración de este Consejo es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

- En votación esta indicación, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 20

20. De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en su inciso segundo, la referencia a las letras “i), j) y k)”, por “j), k) y l)”, respectivamente.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 21

21. De S.E. la Presidenta de la República, sustituir, en su inciso tercero, las referencias a las letras “i), j) y k)”, por “j), k) y l)”; y a las letras “i) y j)” por “j) y k)”, respectivamente.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 21 A

21 A.- De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, en el inciso tercero, a continuación de “Reglamento”, la frase “, y deberá considerar la renovación periódica de los representantes”, y reemplazar las palabras “respetar la adecuada representación de los estratos, las regiones y los Comités y Cooperativas que no se encuentren afiliados a ninguna federación” por “asegurar que cada dirigente que se elija corresponda a una Región distinta, que se respete la adecuada representación de los segmentos, y que estén representados comités y cooperativas que no se encuentren afiliados a ninguna federación”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 22

22. Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar en su inciso final, la expresión “Subdirector” por “Director Nacional”.

Esta indicación fue retirada por su autor.

Capítulo 2

Del Registro y Clasificación de Operadores

ARTÍCULO 77

El artículo 77 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, señala que el Ministerio tendrá a su cargo un registro público de los operadores de servicios sanitarios rurales, de los permisos y licencias otorgadas, y de los demás antecedentes que el Reglamento establezca.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 22 A.

Indicación Nº 22 A

22 A.- Del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El registro establecido en el inciso anterior deberá encontrarse actualizado y para su libre consulta en la pagina web del Ministerio.”.

La Comisión precisó que de acuerdo a la Ley de Transparencia el Ministerio de Obras Públicas estará obligado a efectuar esta publicación en la página web.

Se sustituyó “página web” por “sitio electrónico del Ministerio”.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 78

El artículo 78 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, establece la clasificación de los operadores en tres segmentos: (a) alto, (b) medio, y (c) bajo.

El Reglamento definirá un procedimiento para la clasificación en los distintos segmentos.

Para la clasificación de los Operadores se considerarán, además de la calidad de la gestión técnica, administrativa y financiera del operador, las siguientes características del sistema servido:

(a) población abastecida;

(b) cercanía al área urbana;

(c) condiciones económicas y sociales de la población abastecida;

(d) condiciones de aislamiento;

(e) en caso que corresponda, el carácter de comunidad indígena conforme a la Ley 19.253 y sus disposiciones reglamentarias; y,

(f) la oferta hídrica y las condiciones geográficas y topográficas.

A este artículo se presentaron tres indicaciones signadas con los Nos 22 B, 23 y 24.

Indicación Nº 22 B

22 B.- De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 76.- Clasificación de los operadores. Para los efectos de esta ley, los operadores se clasificarán en tres segmentos: (a) AAA; (b) AA, y (c) A.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 23

23. Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir, en su inciso primero, las expresiones: “(a) alto; (b) medio y (c) bajo”, por “(a) Operador Grande, (b) Operador medio, y (c) Operador bajo.”.

La idea contenida en esta indicación se entiende recogida en la indicación formulada por el Ejecutivo.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 24

24. Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar en la denominación del Capítulo 3, que antecede al artículo 80, la expresión “Subdirección” por “Dirección”.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

Capítulo 3

Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales

ARTÍCULO 80

El artículo 80 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, crea en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que estará a cargo de un funcionario que tendrá el título de Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 25.

Indicación Nº 25

25.- Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 80.- Dirección de Servicios Sanitarios Rurales. Créase en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Servicios Sanitarios Rurales, que estará a cargo de un funcionario que tendrá el título de Director Nacional de Servicios Sanitarios Rurales.”

- Esta indicación fue retirada por su autor.

ARTÍCULO 81

El artículo 81 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, indica las funciones de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales:

a) Ejecutar la política de asistencia y promoción conforme lo instruido por el Ministro de Obras Públicas.

En el ejercicio de esta función podrá implementar programas y proyectos dirigidos especialmente a los habitantes del área rural que residan fuera del área de servicio de los Operadores;

b) Administrar el Registro de Operadores;

c) Proponer al Ministro de Obras Públicas la clasificación de los Operadores, y el aporte financiero del Estado a que se refieren los artículos 85 y 86, para cada segmento;

d) Asesorar a los Operadores, directamente o a través de terceros;

e) Formular proyectos de servicios sanitarios rurales y evaluarlos económica, técnica y socialmente.

f) Contratar la inversión sectorial y actuar como unidad técnica para la contratación de la inversión de los gobiernos regionales u otras instituciones públicas en materias relacionadas con servicios sanitarios rurales.

g) Revisar, previa consulta a la Superintendencia, el Plan de Inversión;

h) Pedir informes y auditar la contabilidad de las Licenciatarias y Permisionarios

Para estos efectos podrá encargar la revisión del funcionamiento administrativo, contable, y financiero a personas naturales o jurídicas inscritas en alguno de los Registros públicos que el Reglamento determine.

La Subdirección determinará las facultades con que estas entidades podrán actuar; fijará los requisitos técnicos que deban cumplir, con el fin de velar por la calidad, confiabilidad e idoneidad de sus funciones; dictará las normas relativas al cumplimiento de éstas, y a los sistemas y procedimientos de trabajo; y, fijará los requisitos que deban cumplir y las garantías que deban rendir para su correspondiente inscripción.

i) Aprobar, directamente o a través de terceros, la puesta en operación de las obras de cada Operador.

j) Solicitar el ejercicio de las facultades de supervisión o de fiscalización al Departamento de Cooperativas, a la Superintendencia, o al Ministerio de Salud, cuando correspondiere.

k) Visar técnicamente los proyectos.

l) Las demás que la ley le asigne.

A este artículo se presentó una indicación signada con el No 26.

Indicación Nº 26

26. Del Honorable Senador señor Longueira, para introducir las siguientes modificaciones:

uno) Reemplazar, en el encabezamiento del inciso primero, la expresión “Subdirección” por “Dirección Nacional”, y

dos) Sustituir, en el inciso párrafo tercero de la letra h), la palabra “Subdirección” por “Dirección”.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

ARTÍCULO 82

El artículo 82 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, señala que los funcionarios de la Subdirección tendrán libre acceso a las obras, a sus dependencias, y en general a todo inmueble o instalación de los operadores, destinadas a la prestación del servicio sanitario rural, a objeto de realizar las funciones que les son propias.

A este artículo se presentó una indicación signada con el No 27.

Indicación Nº 27

27. Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar la voz “Subdirección” las dos veces que aparece, por “Dirección Nacional”, respectivamente.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

ARTÍCULO 83

El artículo 83 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, regula la designación de los administradores temporales, estableciendo que el Ministro podrá designar como administrador temporal, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 de esta ley, a alguno de los profesionales que cumpliendo los requisitos que se establezcan en el Reglamento, esté inscrito en un Registro Especial que será administrado por la Subdirección. La Subdirección podrá eliminar del registro a estas personas o no renovar su inscripción, cuando no cumplan sus funciones y los requisitos establecidos.

El Reglamento determinará las facultades con que éstos profesionales podrán actuar; fijará los requisitos técnicos que deban cumplir, con el fin de velar por la calidad, confiabilidad e idoneidad de sus funciones; fijará las normas relativas al cumplimiento de éstas y a los sistemas y procedimientos de trabajo; y, fijará los requisitos que deban cumplir y las garantías que deban rendir para su correspondiente inscripción.

A este artículo se presentó una indicación signada con el No 28.

Indicación Nº 28

28. Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir, en su inciso primero, la voz “Subdirección” las dos veces que aparece, por “Dirección”, respectivamente.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

ARTÍCULO 84

El artículo 84 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, prescribe que la Subdirección podrá requerir a los operadores la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Los operadores deberán informar a la Subdirección de cualquier hecho esencial relativo a la operación del servicio sanitario rural, inmediatamente después de ocurrido éste, o desde que se tomó conocimiento del mismo, o a más tardar dentro de los tres días siguientes, aun cuando no hubiere mediado requerimiento del citado organismo. En caso que se trate de hechos que afecten las condiciones sanitarias de la prestación del servicio, el operador deberá informar además a la Autoridad Sanitaria.

Para los efectos del inciso anterior, se entenderá como esencial todo hecho que pueda afectar gravemente la continuidad, calidad y seguridad del servicio sanitario rural, para un número de Usuarios igual o superior al porcentaje que indique el Reglamento.

A este artículo se presentó una indicación signada con el No 29.

Indicación Nº 29

29. Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar, en sus incisos primero y segundo, el término "Subdirección” por “Dirección”, respectivamente.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

Capítulo 4

Inversión pública y subsidios en los servicios sanitarios rurales

ARTÍCULO 85

El artículo 85 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, señala que la inversión en obras de servicios sanitarios rurales nuevos se definirá por el Ministerio mediante el sistema de concurso público establecido en los artículos 87, 88 y 89 de esta ley, pudiéndose considerar el aporte de los beneficiarios.

El Ministerio de Obras Públicas podrá decidir, por razones de emergencia, inversiones en ejecución de obras para servicios sanitarios rurales existentes o nuevos, sin sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 29 A.

Durante el estudio de este artículo, el Honorable Senador señor Letelier solicitó eliminar el término “nuevo” puesto que se presta para confusiones, en el sentido de que se puede tratar de obras nuevas o de nuevos servicios, con lo cual se eliminaría la posibilidad de hacer inversiones en mejoramiento.

Si el subsidio se otorgara sólo a los proyectos nuevos se obligaría a autofinanciarse a todos los sistemas de agua potable rural.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, señaló que la expresión “nuevos” puede tener varias interpretaciones, por lo que no resulta muy adecuada.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, explicó que el término “nuevo” apunta a resolver un problema de subsidio contenido en la ley Nº 18.778, puesto que el subsidio regulado en el artículo 10 sólo se aplica a servicios sanitarios existentes, con lo cual no se puede aplicar a la inversión en un sistema nuevo, es decir, en una localidad que no tiene servicio de agua potable rural no se podría aplicar este subsidio, por lo que este artículo pretende crear un subsidio para el sistema nuevo.

El Honorable Senador señor Ruiz Esquide hizo presente que en la actualidad no existe el servicio sanitario rural, por cuanto sólo se aplica un Programa de Agua Potable Rural, por lo que no se justifica establecer el término “nuevo”.

En base a las explicaciones anteriores, la Comisión concluyó que es preferible modificar el artículo 10 de la ley Nº 18.778. El subsidio a la inversión que se aplica a los sistemas de agua potable rural y de alcantarillado, que estén en operación, no se aplica a los nuevos, de acuerdo a dicha ley. En ese escenario de servicio existente podrán competir por fondos, aportes, gestión y nivel social, que son parámetros importantes a considerar en una evaluación de asignación de recursos para sistemas que están en operación.

Se hace la distinción con los nuevos porque el artículo 87 del proyecto de ley establece que se podrán considerar requisitos diferenciados para cada segmento. Si se realiza un mejoramiento para los pequeños sistemas es muy difícil que puedan tener ingresos para poder concursar y a esos segmentos el artículo 87 les otorga la posibilidad de obtener un financiamiento diferenciado.

La interpretación que se ha otorgado al artículo 10 de la ley Nº 18.778 es que los sistemas de agua potable rural tienen que existir para que haya inversión, es por ello que se pretende corregir para que se pueda hacer inversión a través de un subsidio de ese artículo en un nuevo proyecto en una localidad en que no existe provisión de agua potable.

El Honorable Senador señor Kuschel propuso mantener el espíritu para que las comunidades que no tienen capacidad de gestión puedan obtener colaboración para obtener el servicio sanitario rural, algunas comunidades no saben cómo postular. Esta situación se presenta en muchas islas de la región que representa.

La Comisión solicitó mejorar estas redacciones incluyendo las diversas situaciones en un solo artículo.

Indicación Nº 29 A

29 A.- De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 85.- Inversión pública. La inversión para promover, formar e instalar servicios sanitarios rurales nuevos se definirá por el Ministerio conforme a lo establecido en los artículos 85, 86 y 87, pudiéndose considerar el aporte de los beneficiarios.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 86

El artículo 86 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, prescribe que el subsidio a la inversión a que se refiere el artículo 10 de la ley Nº 18.778, podrá destinarse a cualquiera de las etapas de los servicios sanitarios rurales existentes.

El citado subsidio tendrá el carácter de reserva legal, y formará parte de los bienes indispensables establecidos en el artículo 12 de la presente ley, y se denominará Fondo de Reserva Subsidio Estatal.

La selección de los estudios, proyectos y obras subsidiables se hará mediante concurso público de conformidad a lo dispuesto en los tres artículos siguientes.

A este artículo se presentaron dos indicaciones signadas con los Nos 29 B y 29 C.

Durante la discusión de este artículo, el Honorable Senador señor Sabag señaló que este artículo se refiere al subsidio que se puede otorgar a los Comités o Cooperativas que están funcionando. Respecto de los Comités y Cooperativas nuevas no se entiende la forma cómo podrían participar en un concurso puesto que es necesario instalarles el agua para que puedan funcionar.

Como se trata de un sistema nuevo debe existir una planificación, el Estado tiene la obligación de llegar con el agua potable rural hasta el lugar más apartado del país.

Indicación Nº 29 B

29 B.- De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso segundo, la frase “El citado subsidio” por “La infraestructura financiada total o parcialmente con el subsidio a la inversión”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 29 C

29 C.- De S.E. la Presidenta de la República, para eliminar, en el inciso tercero, la expresión “mediante concurso público”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 87

El artículo 87 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, dispone que el Ministerio, con consulta al Gobierno Regional respectivo, definirá para cada región, las características de los proyectos a financiar para el año siguiente y los criterios de elegibilidad. Entre los criterios de elegibilidad se podrán considerar requisitos diferenciados para cada segmento de operadores indicado en el artículo 78 de esta ley; sin embargo no se podrán establecer distinciones entre operadores de un mismo segmento.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 29 D.

Indicación Nº 29 D

29 D.- De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de “diferenciados para cada”, la frase “uno de los”; reemplazar la voz “segmento” por “segmentos”, la primera vez que figura, y suprimir el punto y coma y la frase que le sigue.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 88

El artículo 88 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, relativo al concurso público, señala que los operadores podrán presentar a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales solicitudes de financiamiento total o parcial de proyectos de servicios sanitarios rurales.

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, presentará cada año al Gobierno Regional, un listado de proyectos de servicios sanitarios rurales ya evaluados que cumplan los criterios de elegibilidad definidos conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

El Gobierno Regional respectivo seleccionará, fundadamente, los proyectos beneficiados con los recursos asignados a la Región, entre los proyectos incluidos en el listado que le entregue el Ministerio conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Los proyectos seleccionados por el Gobierno regional serán financiados hasta su plena ejecución aunque aquello comprometa presupuestos de ejercicios posteriores.

Los demás aspectos relacionados con la distribución del subsidio, con la elaboración del programa bianual y con el sistema de postulación, concursabilidad y de priorización de los estudios, proyectos u obras a ejecutar se establecerán en el Reglamento. En éste se podrán considerar además, para casos excepcionales, los requisitos y condiciones necesarios para la entrega del subsidio al operador previo a la ejecución completa de las obras.

En caso que otras entidades aporten recursos para el financiamiento de los estudios, proyectos u obras a que se refieren los artículos 85 y 86 de esta ley, sus aportes se aplicarán en las mismas condiciones establecidas en este artículo.

A este artículo se presentaron cinco indicaciones signadas con los Nos 29 E, 30, 30 A, 30 B y 30 C.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que no es partidario de la existencia de un concurso de proyectos, actualmente sólo existe una cartera de proyectos y los Secretarios Regionales Ministeriales elaboran la prioridad que se somete al Gobierno Regional respectivo, por lo que manifestó sus dudas respecto del sistema de puntajes.

Se explicó que la Subdirección Nacional futura contará con direcciones regionales, con un Director Regional y efectuará la proposición al Gobierno Regional, es decir, se trata de un filtro técnico ex ante. En la actualidad, los proyectos se presentan en las regiones y se ejecutan en las regiones y se seguirá con el mismo procedimiento.

El Honorable Senador señor Sabag señaló que los concursos podrían ser posibles cuando se trate de servicios que están funcionando y pretenden ampliarse, mejorar, sin embargo, cuando se trata de servicios nuevos estos requieren agua y antes existía una metodología para determinar la elegibilidad.

El Honorable Senador señor Letelier manifestó su inquietud por la ponderación que pueda efectuar Mideplan respecto de los proyectos por cuanto puede tener un determinado criterio en un concurso. En seguida, relató la experiencia de una extensión de red de agua potable en Pumanque que beneficiará a pocas personas, con lo cual de acuerdo a la tasa de retorno de Mideplan esas personas nunca tendrían agua.

Se explicó que la pobreza de un determinado grupo debería ser una variable a considerar en un concurso, a menor condición socio económica debe otorgarse un mayor puntaje y también la gestión debe mejorarse. En las comunidades nuevas se debe contar con algún mecanismo para asignar recursos porque es lógico invertir en los lugares de mayor pobreza.

El Honorable Senador señor Sabag señaló que debería ser una prioridad del Gobierno otorgar servicio a todas las personas porque el agua potable es elemental, por lo que no corresponde hacer concursar a las personas que carecen de este servicio.

El suministro de agua potable es un asunto social y se requiere contar en forma urgente con este servicio.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, expresó que es necesario hacerse cargo de un fenómeno en el sentido de que la ruralidad está cambiando, el país tiene una gran distribución de viviendas aisladas por los campos y no se puede pretender otorgarles el servicio de agua potable rural, esta situación debe considerarse. No obstante, señaló que existe una cobertura razonable en las zonas rurales concentradas, se avanzará en los semi concentrados y como los recursos no son ilimitados debe existir un mecanismo de postulación, de obtención de recursos.

Esta iniciativa legal representa un importante esfuerzo de expansión.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, informó que según las estimaciones 800.000 personas no cuentan con abastecimiento de agua potable a través de redes, un porcentaje ínfimo de 2% se encuentra en el sector rural concentrado, la mayoría está en la ruralidad desconcentrada, que es un criterio metodológico, en virtud del cual se considera a menos de 15 casas por kilómetro lineal, con lo cual la política debería apuntar a que exista un abastecimiento más eficiente a través de una red sanitaria y casos en que no se podrá construir una red, por lo que el Estado deberá buscar una solución de otra naturaleza.

El artículo 88 considera un proceso ordenado al cual se someten los proyectos para obtener el financiamiento, que se ha denominado concurso y se establecen las normas para que sea posible.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, solicitó que la antigüedad de un proyecto que postula debería considerarse dentro del puntaje para un concurso próximo.

Se deja constancia que el Ejecutivo recogerá en el Reglamento la consideración de la antigüedad de un proyecto para un concurso posterior.

Indicación Nº 29 E

29 E.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar el epígrafe del inciso primero por “Procedimiento de selección de proyectos”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 30

30. Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir, la expresión “Subdirección” por “Dirección Nacional”.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

Indicación Nº 30 A

30 A.- De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Los recursos destinados a la financiación de estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño, como etapa previa a los proyectos definitivos, se distribuirán por el Ministerio a nivel regional conforme a criterios técnicos y al programa bianual. La resolución que dicte el Ministerio para dicho efecto deberá ser visada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.”.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que esta norma es propia de la Ley de Presupuestos y no se entiende la razón por la cual se incluye en una ley permanente, por lo que propuso su rechazo.

Agregó que la Indicación 30 B permite que se trate de un acto expropiatorio o de un compromiso de compraventa, porque no todos serán expropiaciones, lo que se quiere es contar con un mecanismo que no entorpezca las inversiones.

La redacción propuesta no es la más adecuada, es restrictiva, por otra parte, debe indicarse que la evaluación la realiza Mideplan.

Debe pensarse en la aplicación que tendrá en el tiempo esta ley. La expropiación es una de las formas de obtener el título, pero también puede haber un compromiso de compraventa que es suficiente para evaluar el proyecto, por ello propone una redacción más amplia.

Se explicó que se ha reiterado en las últimas cuatro discusiones presupuestarias la lentitud para llegar con la resolución a las personas. El principal problema es la obtención de terrenos, antes se efectuaban donaciones, actualmente, los Comités tardan un año y medio en conseguir un terreno.

El acto expropiatorio implica aproximadamente un año y medio, por ello es necesario buscar un procedimiento más ágil. Por regla general, los Comités no tienen los recursos para comprar los terrenos y se debe recurrir a la expropiación, cuando se dificultan las compras los propietarios exceden los valores de mercado.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, señaló que la expropiación es para la situación actual, no se puede en el futuro expropiar algo que no tiene una infraestructura.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, aclaró que existe un problema administrativo para seleccionar proyectos para ser financiados porque se requiere que el Comité tenga el dominio del bien, sea un proyecto nuevo o una ampliación.

Con el artículo propuesto se pretende que para los efectos de ser seleccionado no sea necesario esperar el término del proceso de expropiación, sino que basta con el acto inicial del proceso administrativo.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, precisó que actualmente existen muchas de estas infraestructuras con dificultad de saneamiento y se ha considerado la necesidad de contar con la facultad para declarar bien de utilidad pública, expropiar y pagar de acuerdo al precio de mercado, posibilidad que no existe en la actualidad, sin embargo, en el futuro no se podrá expropiar una propiedad que no cuenta con infraestructura.

El Subsecretario de Obras Públicas señaló que el artículo propuesto se puede aplicar en ambos casos.

El Honorable Senador señor Letelier manifestó su inquietud en relación a este artículo en el sentido de que para el proceso de selección uno de los requisitos es que tienen que estar todos los títulos regularizados. En esta norma se propone una de las excepciones, en el sentido de que basta con un decreto de expropiación.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, propuso considerar una norma que permita al Estado aportar recursos para el saneamiento. Con esta indicación se busca solucionar la situación de los Comités que no pueden concursar porque no tienen saneamiento y el Estado tiene que expropiar y luego efectuar las donaciones.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, precisó que el Estado compra a través del proceso de expropiación. Agregó que el Ejecutivo entiende que la facultad de expropiar, de declarar de utilidad pública para la prestación del servicio no sólo dice relación con la infraestructura existente sino con la que el Comité pueda desarrollar en el futuro, como puede ser la construcción de una Planta de Agua Servida.

Por ley se faculta al Ministerio para declarar de utilidad pública y expropiar.

En seguida, propuso modificar la norma en el sentido de establecer que no será necesario acreditar el saneamiento de los títulos para la evaluación de los proyectos.

- En votación esta indicación, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 30 B

30 B.- De S.E. la Presidenta de la República, para agregar, en el inciso segundo, la siguiente oración final: “Para la evaluación de los proyectos por parte del organismo público competente bastará que esté dictado el acto expropiatorio respectivo.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 30 C

30 C.- De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso quinto, la palabra “concursabilidad” por “de selección”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 89

El artículo 89 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, establece que todo programa de inversión cuyos fondos sean aplicables al servicio sanitario rural, deberá ser contratado a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, en las condiciones que fije el Reglamento, ya sea que se financie con recursos sectoriales o con recursos regionales, en cuyo caso actuará como unidad técnica. Los demás programas de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales que el Estado promueva, cualquiera sea su naturaleza, deberán ser informados al Consejo Consultivo, para facilitar la coordinación y unidad de acción entre organismos del Estado.

A este artículo se presentaron dos indicaciones signadas con los Nos 31 y 32.

Durante la discusión de este artículo el Honorable Senador señor Letelier consultó si los Programas de Mejoramiento de Barrios y los proyectos de saneamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional se tramitarán de acuerdo a estas normas, que en su opinión son muy restrictivas. En la actualidad, los Gobiernos Regionales hacen las veces de ventanilla única y no se entiende la razón por la que tendrían que entrar también a este sistema, toda vez que se pretende entregarle mayores recursos, poderes de decisión y más autonomía a las regiones.

En seguida, manifestó su preocupación por el uso que se hace de las empresas sanitarias como unidades técnicas, por lo cual la DOH opera en algunas regiones con el monopolio de algunas empresas sanitarias que son muy caras y existiendo una ventanilla única los recursos de los Gobiernos Regionales se usarán para pagar a la DOH por la ejecución de los proyectos.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, explicó que esta norma tiene por objetivo la unidad de criterio para la ejecución y aprobación de los proyectos y que exista una validación técnica confiable de los proyectos que se ejecutarán con recursos públicos.

De esta forma, el organismo técnico del MOP, que será la Subdirección de Servicios Sanitarios contará con la habilitación por ley para contratar todos los proyectos que se ejecuten por el Estado, sin perjuicio de que provengan del Gobierno Regional, de la Subdere o del Ministerio de Vivienda.

El Ejecutivo considera preferible generar en una sola entidad pública las competencias en lugar de tenerlas diseminadas en diferentes que contraten directamente la construcción u operación. En la actualidad, las redes de alcantarillado y las plantas de tratamiento de aguas servidas pasan por unidades técnicas que no tienen las competencias, las municipalidades en la mayoría de los casos, carecen de la competencia para renovar o ejecutar técnicamente un proyecto de esta naturaleza.

En seguida, señaló que esta iniciativa legal establece una norma que permite contratar la asistencia técnica con otros Comités o Cooperativas para que cuando la DOH, en los casos que contrata la asistencia técnica no recurra sólo a las sanitarias.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, consideró positiva la existencia de una entidad pública que se encargue de la contratación de las obras, independientemente del origen de los recursos. De esta forma, existe más orden, se tiene una historia de los especialistas en ciertos tipos de obra, con lo cual se puede evitar que aquellos que han fracasado sean nuevamente contratados y sigan con las mismas prácticas.

Indicación Nº 31

31. Del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar la expresión “Subdirección” por “Dirección Nacional”.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

Indicación Nº 32

32. De S.E. la Presidenta de la República, para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La Subdirección podrá suscribir convenios con otros organismos públicos, para la contratación por parte de ellos de los programas de inversión aplicables al servicio sanitario rural. En todo caso la Subdirección, mantendrá la función de visar técnicamente los proyectos.”

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 90

El artículo 90 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, dispone que por decreto supremo suscrito por el Ministro de Obras Públicas bajo la formula “por orden del Presidente de la República”, las obras o proyectos financiados o ejecutados por el Estado que integren un sistema sanitario rural, podrán ser cedidos o transferidos a cualquier título a los Operadores. Dichos bienes serán considerados para fines tarifarios como bienes aportados por terceros y, desde la fecha de su transferencia serán considerados indispensables, para los efectos del artículo 12 de esta Ley.

A este artículo se presentaron dos indicaciones signadas con los Nos 32 A y 32 B.

El Honorable Senador señor Letelier solicitó modificar la expresión “podrán ser cedidos o transferidos” por “deberán ser cedidos o transferidos”.

Indicación Nº 32 A

32 A.- De S.E. la Presidenta de la República, para suprimir, en el inciso primero, la oración que comienza con las palabras “Dichos bienes”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 32 B

32 B.- De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar los siguientes incisos segundo a cuarto, nuevos:

“Serán transferidos a los operadores los derechos de aprovechamiento de aguas que, siendo de propiedad fiscal, sean necesarios para la prestación de servicios sanitarios rurales. Dichos derechos se mantendrán bajo el dominio de los operadores en tanto sean usados para la prestación del servicio sanitario rural, pasando de pleno derecho al dominio del Ministerio en cuanto cese dicha condición. Se entenderá que cesa la condición en caso de haberse declarado desierta la licitación del permiso o licencia. La transferencia a los operadores se hará mediante resolución de la autoridad correspondiente, debiendo ajustarse a lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Aguas.

En caso de cambio de operador, los derechos se transferirán gratuitamente y de pleno derecho a quien detente la calidad de tal, desde el otorgamiento de su licencia o permiso.

Los bienes a que se refiere este artículo serán considerados como aportados por terceros para fines tarifarios, e indispensables para los efectos del artículo 12.”.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que el Fisco es una persona jurídica específica y la CORFO es otra persona jurídica.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, expresó que en el caso de CORFO en parte es efectivo porque CORFO tiene personalidad jurídica propia con patrimonio propio, por lo tanto, puede tener inscritos bienes a su nombre. No obstante, agregó que la CORFO no debe tener muchos derechos de aprovechamiento de agua inscritos a su nombre, porque los que se recibieron fue como continuadora del SENDOS y no la CORFO, sino que las empresas sanitarias. La CORFO podrá tener derechos de agua porque en el Gobierno del ex Presidente Eduardo Frei Montalba se realizó una gran campaña de construcción de pozos para combatir la sequía del año 1968.

Por último, señaló que los derechos de aprovechamiento de agua de la CORFO no son derechos que están destinados a la captación de agua potable rural.

El Honorable Senador señor Letelier informó que es necesario establecer que se trata de todas las propiedades públicas. Hay un porcentaje de acciones que están en la CORFO y en el Fisco o MOP, por lo que solicitó que esta norma se establezca en términos amplios, en el sentido de comprender los derechos de propiedad pública o fiscal para que sean traspasados sólo para el servicio sanitario rural.

En seguida, expresó que las Cooperativas que tengan inscritos sus derechos de agua son de los actuales dueños de la Cooperativa y consultó si esos derechos fiscales no tendrán el mismo régimen jurídico que una Cooperativa pudiera tener, porque los actuales derechos de aprovechamiento en caso que cese la Cooperativa no pasan al MOP.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, respondió que en este caso particular existirán dos regímenes para los derechos de aprovechamiento. Los derechos de aprovechamiento que les transfirió el Fisco en forma gratuita, tienen que volver al Fisco, los demás derechos están regulados por el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

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Indicación Nº 32 C

32 C.- De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación, los siguientes artículos, nuevos, que se agregaron como artículos 90 y 91.

“Artículo 90.- Expropiaciones y donaciones. Los bienes inmuebles necesarios para la prestación de los servicios sanitarios rurales se declaran de utilidad pública y su expropiación se efectuará por intermedio del Ministerio, conforme a lo dispuesto en el decreto ley N° 2.186, de 1978.

La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales podrá aceptar donaciones o erogaciones consistentes en dinero o en dación de cosas, sean éstas muebles o inmuebles, para la ejecución de obras o el financiamiento total o parcial de expropiaciones, destinadas a la prestación de los servicios sanitarios rurales. En caso de recibir donaciones o erogaciones para el financiamiento parcial de expropiaciones, el Estado financiará la diferencia con fondos sectoriales o regionales.

Una vez aceptada y materializada la entrega de las donaciones o erogaciones a que se refiere el inciso precedente, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales la aprobará por orden interna para los efectos de la contabilización correspondiente en la Dirección de Contabilidad y Finanzas de la Dirección General de Obras Públicas. Copia de esta orden se enviará a la Contraloría General de la República. Para estas donaciones no se requerirá el trámite de insinuación judicial.

Artículo 91.- Regularización de bienes. En caso de que un operador solicite que se le reconozca la calidad de poseedor regular de bienes inmuebles necesarios para la prestación de su servicio sanitario rural, conforme al procedimiento establecido en el decreto ley N° 2.695, de 1978, servirá como plena prueba de su posesión material la existencia en el inmueble de alguno de los bienes indicados en las letras f), g), h), i) y j) del artículo 12, siempre que el bien haya estado en uso al menos durante los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de regularización.

Durante la discusión del artículo 91, nuevo, que se propone agregar contenido en esta indicación, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, solicitó dejar constancia, para la historia de la ley, que para el saneamiento de estas propiedades destinadas a prestar el servicio sanitario rural no es aplicable la limitación de que la propiedad no puede tener menos de media hectárea o 5.000 metros cuadrados.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, explicó que esa exigencia está excepcionada para las organizaciones comunitarias.

A su vez, el decreto ley Nº 2.695, de 1979 establece que las divisiones que deban efectuarse para las regularizaciones de la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ellas no se aplicará la limitante establecida en relación a la exigencia de media hectárea, es decir, se pueden regularizar retazos de terrenos más pequeños.

El Honorable Senador señor Letelier señaló que lo importante para este tema es el decreto ley Nº 2.695, de 1979, que establece dos requisitos y propuso consignar que para poder regularizar es necesario estar en posesión del inmueble y acreditar que no existe juicio pendiente en su contra en que se discuta el dominio o posesión del inmueble.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide, en los que dice relación con los artículos nuevos signados con los Nos 90 y 91 y respecto del artículo nuevo signado con el Nº 51, fue aprobado con modificaciones.

Capítulo 5

De la Regulación y Fiscalización

ARTÍCULO 93

El artículo 93 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, consigna que el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, dentro del ámbito de sus competencias, dictará las normas que estime necesarias para facilitar la aplicación de la presente ley.

A este artículo se presentó una indicación signada con el No 33.

Indicación Nº 33

33. Del Honorable Senador señor Longueira, para intercalar entre la expresión ley y el punto a parte (.) que le sigue la siguiente frase “, previa consulta a los organismos públicos integrantes del Consejo Consultivo regulado en el artículo 76 de esta ley.”.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

ARTÍCULO 95

El artículo 95 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, señala que sin perjuicio de las demás sanciones que corresponda aplicar a la Superintendencia o a otros organismos públicos de conformidad a ésta u otras leyes, los operadores podrán ser objeto de la aplicación de multas a beneficio Fiscal por parte de la Superintendencia, en los siguientes casos:

a) De una a veinte unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones que importen deficiencias en la calidad, continuidad u obligatoriedad de los servicios, cobros indebidos, trato económico discriminatorio a los usuarios, deficiencias en la atención de los reclamos de los usuarios, daño a las redes u obras generales de los servicios, o incumplimiento de la obligación de entregar información requerida por la Superintendencia en conformidad a la ley.

b) De diez a cien unidades tributarias mensuales, cuando se trate de infracciones que pongan en peligro o afecten gravemente la salud de la población, o que afecten a la generalidad de los Usuarios de los servicios.

c) De una a veinte unidades tributarias mensuales, cuando se trate de infracciones cometidas por los Operadores, que importen el no acatamiento de las obligaciones y plazos establecidos en esta Ley, así como de las órdenes escritas y requerimientos, debidamente notificados, y plazos fijados por la Superintendencia, en ejercicio de las atribuciones que la ley le encomiende, en relación con materias de su competencia.

d) De cinco a cien unidades tributarias mensuales cuando se trate de infracciones relativas a la entrega de información falsa o manifiestamente errónea, a cualquiera de las autoridades que esta Ley faculta para requerirla.

e) De cinco a cien unidades tributarias mensuales cuando se trate del incumplimiento del Plan de Inversiones.

A este artículo se presentaron dos indicaciones signadas con los Nos 34 y 34 A.

Durante el estudio de este artículo, el Honorable Senador señor Letelier manifestó sus dudas respecto de la conveniencia de establecer multas a beneficio fiscal cuando se trata de Comités y Cooperativas sin fines de lucro.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, hizo presente que es necesario considerar que estas entidades sin fines de lucro están prestando un servicio de utilidad pública.

En seguida, recordó que la FENAPRU solicitó que se estableciera una gradualidad en las sanciones, en consideración a las categorías de Comités o Cooperativas que prestan el servicio.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, informó que la Superintendencia de Servicios Sanitarios aplica las sanciones en función de ciertos criterios objetivos, tales como gravedad de la falta, tamaño de la entidad, capacidad de pago de la infractora y atenuantes de responsabilidad.

La Comisión solicitó establecer una referencia en el sentido de que para la determinación del monto de la multa, la Superintendencia de Servicios Sanitarios deberá tener en consideración el rango en el cual se encuentra el servicio sancionado.

Indicación Nº 34

34. De S.E. la Presidenta de la República, para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El afectado podrá reclamar de la aplicación de la multa, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N°18.902.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 34 A

34 A.- De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Para la determinación del monto de las multas antes señaladas se debe considerar el segmento en que está clasificado, conforme al artículo 76, el operador sancionado.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO 97

El artículo 97 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, relativo a las modificaciones Ley Subsidio Agua Potable, señala que deroga el inciso 3º del artículo 10 de la Ley Nº 18.778 la frase “entre sistemas rurales de agua potable específicos que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento”.

En discusión este artículo la Comisión acordó por la unanimidad de sus miembros, intercalar entre las palabras “Derógase” y “el”, la preposición “en”.

Este acuerdo se adoptó en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento del Senado.

ARTÍCULO 98

El artículo 98 del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, modifica el decreto con fuerza de ley Nº 143, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1991, incorporando en la planta de directivos el cargo denominado Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales, y asígnesele el grado número 2 de la Escala Única de remuneraciones.

A este artículo se presentó una indicación signada con el No 35.

Indicación Nº 35

35. Del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir, la expresión “Subdirector” por “Director Nacional”.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

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ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO

El artículo segundo transitorio del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, señala que dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento de esta ley, los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural existentes deberán solicitar su inscripción en el Registro de operadores de Servicios Sanitarios Rurales, para lo cual deberán acreditar la vigencia de su personalidad jurídica y la efectividad de estar prestando el servicio. Además, deberán especificar el área que sirven.

Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento de esta Ley, todo Comité o Cooperativa registrado conforme al inciso primero de este artículo, que acredite el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para obtener licencia o permiso de servicio sanitario rural, podrá solicitarla conforme a los establecido en los artículos 20 y 41 y por los plazos establecidos en los artículos 17 y 42, según corresponda. En estos casos, no se requerirá la presentación de la garantía de seriedad del artículo 20 de esta ley.

Dentro del plazo de dos años establecido en el inciso anterior, todo Comité o Cooperativa registrado conforme al inciso primero de este artículo, podrá solicitar el otorgamiento de un permiso de servicio sanitario rural provisorio. El permiso de servicio sanitario rural provisorio tendrá una vigencia de 5 años, y para su otorgamiento solo será necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 41 de esta ley.

Los decretos que dicte el Ministro de Obras Públicas para el otorgamiento de las licencias o permisos conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero precedentes, sólo se publicaran en la página web del Ministerio.

Dentro del plazo indicado en el inciso segundo de este artículo, no podrán otorgarse concesiones de servicios sanitarios regulados por el decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988 en las áreas que estén siendo servidas por Comités o Cooperativas al momento de entrada en vigencia de esta ley.

En caso de no darse cumplimiento oportuno a lo indicado en los incisos primero y segundo o tercero de este artículo, el Ministerio de Obras Públicas llamará a licitación del permiso o licencia.

A este artículo se presentaron seis indicaciones signadas con los Nos 35 A, 35 B, 35 C, 35 D, 35 E y 35 F.

Durante el estudio de esta disposición, el Honorable Senador señor Letelier, recordó que la FENAPRU manifestó su inquietud por la forma en que se notifican cuando se otorgan los permisos, en el sentido de que debe existir una constancia de la respuesta y además, solicitaron que antes de aplicar la norma contenida en el inciso final de este artículo se realice un informe previo.

La inquietud de la FENAPRE dice relación con el hecho de que no todos los Comités funcionan de la misma forma, en algunos, un grupo se apodera de la directiva y la comunidad no sabe la forma cómo se administra, por lo que sería importante generar un espacio para fundar la licitación y existiendo este informe dejar constancia de la situación.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Longueira, señaló que es muy fácil solicitar el permiso provisorio por lo que no sería necesario.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia, anunció que el Ejecutivo presentará una indicación para eliminar algunos de los requisitos indicados en el inciso primero de este artículo, manteniendo la idea de que en la inscripción participe un ministro de fe.

Indicación Nº 35 A

35 A.- De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, en el inciso segundo, a continuación de la frase “del artículo 20 de esta ley”, lo siguiente: “, ni se aplicará lo dispuesto en los artículos 23, 24, 25 y 27”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 35 B

35 B.- De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente inciso tercero nuevo:

“La licenciataria deberá presentar su Plan de Inversiones en el plazo que el Ministerio determine en el decreto de otorgamiento, el que en todo caso no podrá ser inferior a noventa días.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 35 C

35 C.- De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente inciso sexto, nuevo:

“Presentada la solicitud de permiso o licencia para la etapa de distribución de agua potable, el Ministerio otorgará conjuntamente la de recolección de aguas servidas. Sin perjuicio de lo anterior, la operación de la etapa de recolección será exigible sólo una vez que esté aprobada la puesta en operación de las redes por la Subdirección.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 35 D

35 D.- De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir el actual inciso cuarto, por el siguiente:

“Los decretos que dicte el Ministro de Obras Públicas para el otorgamiento de las licencias o permisos conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto precedentes, sólo se publicaran en el sitio electrónico del Ministerio, y se notificará por carta certificada al operador.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 35 E

35 E.- De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir, en el actual inciso sexto, la palabra “tercero” por “cuarto”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 35 F

35 F.- De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar el siguiente inciso final, nuevo:

“El reglamento fijará el procedimiento para el otorgamiento de permisos o licencias, para la aprobación y presentación del Plan de Inversiones, y para la inscripción de los operadores en el Registro.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO

El artículo tercero transitorio del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, dispone que los Municipios que al momento de entrar en vigencia esta ley, operen servicios sanitarios rurales, podrán traspasarlos a un Comité o Cooperativa. En caso que un Comité o Cooperativa le requiera el traspaso del servicio sanitario rural, el Municipio respectivo deberá pronunciarse dentro de un plazo de 2 años contados desde el requerimiento.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 35 G.

Durante el estudio de esta disposición se informó que esta situación se presenta sólo en 4 casos en el país, uno de ellos se ubica en la VIII Región.

El Honorable Senador señor Letelier consultó si actualmente un municipio que está operando un servicio sanitario rural deberá deshacerse para que lo opere un Comité o Cooperativa.

La respuesta fue afirmativa, el municipio tiene un plazo de dos años para pronunciarse desde el requerimiento. Transcurrido ese plazo deberá hacerse cargo de los costos operacionales que ello implica sin recuperarlos a través de cobro, tendrá que hacerlo a través de sus recursos.

La Comisión solicitó establecer esta situación en forma expresa en la ley, porque de otro modo, será letra muerta. Debe dejarse establecido claramente que esta norma se refiere a etapas y no a servicios.

Indicación Nº 35 G

35 G.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar “sanitarios rurales” por “de agua potable o saneamiento”, y “2 años” por “noventa días”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO

El artículo cuarto transitorio del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, señala que para aquellos operadores a los que se haya otorgado permiso o licencia conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo segundo transitorio, la primera fijación tarifaria deberá efectuarse, de conformidad al procedimiento establecido en esta ley y su reglamento, dentro del plazo de 5 años contados desde el otorgamiento.

Con todo, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, en tanto no entre en vigencia la primera fijación tarifaria referida, los precios que podrán cobrar los servicios de agua potable y saneamiento rural y demás cobros sujetos a fijación de precios, de acuerdo a lo señalado en esta ley, serán los vigentes a dicha fecha con sus respectivas indexaciones.

En todo caso, cada vez que se reajusten las tarifas, los prestadores deberán comunicar previamente los nuevos valores a la Superintendencia, e informarlos a los usuarios respectivos por algún medio idóneo que dicha Entidad autorice.

Para la primera fijación tarifaria, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, deberá entregar toda la información necesaria, sin perjuicio de aquella que se deba recabar directamente de los operadores rurales para tales fines, identificando claramente los bienes considerados como aportes de terceros.

A este artículo se presentaron dos indicaciones signadas con los Nos 35 H y 36.

Indicación Nº 35 H

35 H.- De S.E. la Presidenta de la República, para sustituir el inciso primero, por el siguiente:

“ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.- Para aquellos operadores a los que se haya otorgado permiso o licencia conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto del artículo segundo transitorio, la primera fijación tarifaria deberá efectuarse de conformidad al procedimiento establecido en esta ley y su reglamento. La primera fijación tarifaria será efectuada por la Superintendencia dentro del período de 5 años contados desde el término del plazo establecido en el inciso primero del artículo segundo transitorio. En todo caso, las tarifas de las licenciatarias deberán fijarse dentro de los primeros dos años de dicho período. Para efectos de lo indicado anteriormente, la Superintendencia definirá, mediante resolución dictada en el plazo indicado en el artículo primero transitorio, un calendario regional de fijación tarifaria.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

Indicación Nº 36

36. De S.E. la Presidenta de la República, para introducirle las siguientes enmiendas: 142

uno) Suprimir, en su inciso primero, la frase “, dentro del plazo de 5 años contados desde el otorgamiento”, y

dos) Intercalar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos segundo, tercero y cuarto, a ser incisos cuarto, quinto y sexto, respectivamente:

“La primera fijación tarifaria será efectuada por la Superintendencia dentro del período de 5 años contados desde el término del plazo establecido en el inciso primero del artículo segundo transitorio. Para estos efectos la Superintendencia definirá mediante resolución dictada en el plazo indicado en el artículo primero transitorio de esta ley, un calendario regional de fijación tarifaria.

Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso en el período intermedio, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO

El artículo sexto transitorio del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, señala que los Comités de Agua Potable Rural que se conviertan a Cooperativas, las existentes y las nuevas que se constituyan para la prestación del servicio sanitario rural, que realicen la respectiva conversión, adecuación o constitución dentro del plazo de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia del Reglamento de esta ley, pagarán hasta el diez por ciento de los aranceles notariales, del Conservador de Bienes Raíces correspondiente y de los costos de publicación en el Diario Oficial.

A este artículo se presentó una indicación signada con el No 37.

Indicación Nº 37

37. De S.E. la Presidenta de la República, para suprimir la siguiente frase: “dentro del plazo de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia del Reglamento de esta ley”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

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Indicación Nº 38

38. De S.E. la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación del Artículo Séptimo Transitorio, el siguiente Artículo Octavo Transitorio, nuevo:

ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO.- Los derechos de aprovechamiento de aguas y los demás bienes, sean muebles o inmuebles, que estén siendo usados para la prestación de servicios sanitarios rurales, y que pertenezcan a alguna concesionaria de servicios sanitarios, podrán ser donados al Ministerio de Obras Públicas.

La escritura pública de donación, en la que se individualicen los bienes inmuebles y derechos de aprovechamiento de aguas donados, suscrita entre el donante y el Director General de Obras Públicas, el Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales o el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, en su caso, bastará como título suficiente para su inscripción a favor del Ministerio de Obras Públicas, en el Registro de Propiedades y en el de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo, así como para su anotación en el Registro Público de derechos de aprovechamiento de aguas a que se refiere el artículo 122 del Código de Aguas.

Estas donaciones estarán exentas del trámite de insinuación y del pago de todo tipo de tributos. Para proceder a la inscripción de los inmuebles no será necesario que se acredite el pago del impuesto territorial.

No se requerirá respecto de estas donaciones la autorización del Ministerio de Hacienda a que se refiere el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 19.896.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

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ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO

El artículo noveno transitorio del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, establece que los bienes de propiedad de los Comités que se transformen en Cooperativas de Servicios Sanitarios Rurales, se considerarán como aporte inicial en carácter de reserva legal de conformidad con lo establecido en la Ley General de Cooperativas.

A este artículo se presentó una indicación signada con el No 39.

Indicación Nº 39

39. De S.E. la Presidenta de la República, para incorporar las siguientes enmiendas:

uno) Añadir, a su inciso primero, la siguiente oración final: "En los casos que corresponda, según lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley, los bienes que conforman la citada reserva legal tendrán el carácter de bienes indispensables.”.

dos) Agregar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Los derechos en las cooperativas de servicios sanitarios rurales cuyo titular era el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, se traspasarán por el sólo efecto de esta ley a los demás socios de la cooperativa, a prorrata de sus aportes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, los bienes aportados o cedidos por el Servicio Nacional de Obras Sanitarias o sus antecesores a las cooperativas de servicios sanitario rurales, a cualquier título, que estén siendo usados para la prestación de servicios sanitarios rurales, conformarán una reserva técnica de bienes fiscales, y se les aplicará lo dispuesto en el artículo 90 de esta ley.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO

El artículo décimo transitorio del proyecto aprobado en general por el Honorable Senado, prescribe que las Cooperativas que se transformaron en concesionarias de servicios sanitarios por aplicación del artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, de 1988, podrán en el plazo de seis meses contados desde la entrada vigencia de esta Ley, renunciar a esta calidad, ante el Ministerio, renuncia que será sancionada por el decreto respectivo, debiendo en tal caso adecuarse a las normas establecidas en la presente ley.

Para los efectos del inciso anterior, junto con la renuncia, deberán presentar la solicitud de licencia en los términos establecidos en el artículo 20, conjuntamente con los antecedentes indicados en los numerales 1 y 2 del artículo 25 de esta Ley. En caso de aprobarse su solicitud de licencia, estas cooperativas quedarán clasificadas para los efectos del artículo 78, en el segmento alto.

A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 39 A.

Indicación Nº 39 A

39 A.- De S.E. la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso segundo, la expresión “alto” por “AAA”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Kuschel, Letelier, Longueira, Romero y Ruiz Esquide.

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MODIFICACIONES

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Obras Públicas tiene el honor de proponeros las siguientes modificaciones al proyecto de ley, aprobado en general por el Honorable Senado, que consta en nuestro Primer Informe:

TITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1º

--- Eliminar, en el inciso primero, la palabra “material”, que figura en su epígrafe, y la expresión “en el ámbito”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 1 A)

--- Sustituir, en su inciso segundo la frase “al que se ha otorgado” por “al que se le haya otorgado”.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121, del Reglamento del Senado.)

Artículo 2°

Letra b)

--- Suprimirla.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 1 B)

Letra c)

--- Pasó a ser letra b), sin enmiendas.

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Letra c), nueva

Contemplar, como letra c), nueva, la siguiente:

“c) “Concesión sanitaria”: La otorgada conforme al decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, de 1988.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 1 C).

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Letra g)

--- Intercalar, a continuación de la frase “Licencia de servicio sanitario rural”, la expresión “o “Licencia””, y suprimir “y operación”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 1 D).

Letra j)

--- Reemplazar el verbo “operar” por “prestar”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 1 E).

Letra l)

--- Intercalar, a continuación de ““Permiso de servicio sanitario rural””, la expresión “o “Permiso””, y suprimir los vocablos “operación y”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 1 F)

Letra m)

--- Reemplazar la referencia al “artículo 77” por “artículo 76”.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121, del Reglamento del Senado.)

Letra o)

--- Pasó a ser letra ñ), sin enmiendas.

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Letra o), nueva

--- Contemplar, como letra o), nueva, la siguiente:

“o) “Servicio Sanitario Rural”: Provisión de agua potable y saneamiento, conforme a lo dispuesto en esta ley.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 1 G).

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Letra p)

--- Reemplazarla por la siguiente:

“p) “Soluciones Descentralizadas de Saneamiento”: Son aquellas que, no estando conectadas con una red de alcantarillado primario, permiten la recolección, tratamiento y vertimiento o reutilización de las aguas residuales de sistemas comunitarios, conjuntos residenciales y residencias individuales, según el caso.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 1 H)

Artículo 3º

--- Sustituir la referencia al “artículo 76” por “artículo 75”.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121, del Reglamento del Senado.)

Artículo 5°

--- Intercalar, a continuación de “y saneamiento”, la frase “, en su caso,”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 1 I)

--- Incorporar, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Se entenderá por uso doméstico el destinado al consumo familiar o a pequeñas actividades comerciales o artesanales, u otros que el reglamento determine, en atención a los volúmenes de consumo.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 1 J)

Artículo 7°

--- Eliminar, en las letras a), b), c) y d), del inciso primero y en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto, la palabra “rural”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 1 K y 2)

--- Reemplazar, en el inciso cuarto, la expresión “individuales” por “descentralizadas”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 1 L y 2)

--- Sustituir, en el inciso quinto, la frase “la evacuación” por “la remoción de los contaminantes presentes para la posterior evacuación”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 1 M y 2)

--- Reemplazar el inciso sexto, por el siguiente:

“Solicitada la etapa de distribución, el Ministerio otorgará conjuntamente la de recolección.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 1 N y 2)

--- Incorporar los siguientes incisos séptimo y octavo, nuevos:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, la prestación de la etapa de recolección será exigible sólo una vez que esté aprobada la puesta en operación de las redes por la Subdirección.

La producción de agua potable y el tratamiento y disposición de aguas servidas, podrán ser contratados a terceros por el operador.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 2 y 2 A)

Artículo 10

--- Intercalar, a continuación de la expresión “de otra”, la frase “licencia o permiso”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 2 C)

Artículo 11

--- Reemplazar el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 11.- Obligación de cobro conjunto. El operador de distribución cobrará en una cuenta única y recaudará de los usuarios el valor de las prestaciones correspondientes a los servicios de producción, distribución, recolección, y tratamiento y disposición.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 2 D)

Artículo 12

--- Agregar las siguientes letras j) y k), nuevas:

“j) plantas de producción de agua potable y plantas de tratamiento de agua servida.

k) inmuebles en que estén adheridos alguno de los bienes indicados en las letras f), g), h) y j) anteriores.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 2 E)

--- Sustituir en el inciso cuarto la referencia al “artículo 90” por “artículo 89”.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado.)

--- Reemplazar, en el inciso cuarto, la frase “de la Superintendencia de Servicios Sanitarios” por “de la Subdirección”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 2 F)

--- Intercalar, en el inciso cuarto, a continuación de la palabra “mejora”, la frase “, los que, en todo caso, deberán ser informados de manera documentada y previa a su realización a la Subdirección”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 2 G)

Artículo 13

--- Sustituir la palabra “discrecionalmente” por “arbitrariamente”.

(Unanimidad 5x0. Indicaciones Nos 3 y 4)

Artículo 14

--- Sustituir el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 14.- Transferencia. Los operadores podrán transferir a otros Comités o Cooperativas sus permisos o licencias, debiendo:

a) Acordar la transferencia por al menos los dos tercios de los miembros o socios presentes o representados en Asamblea General extraordinaria o Junta General de Socios, especialmente convocada al efecto. Con este fin la Asamblea extraordinaria o la Junta General de Socios deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros o socios.

b) Solicitar autorización al Ministerio, el que tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse contados desde la presentación de la solicitud de autorización. En caso que no se pronuncie dentro del plazo señalado, se entenderá que aprueba la transferencia.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 5 A y 5)

--- Intercalar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Perfeccionada la transferencia, se deberá dejar constancia en el Registro.”

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 6 A)

Artículo 15

--- Sustituirlo, por el siguiente:

“Artículo 15.- Objeto. La licencia autoriza a una cooperativa para prestar un servicio sanitario rural.

Otorgada la licencia de distribución, el Estado no podrá otorgar en parte alguna del área de servicio de la licenciataria, permisos o licencias de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas, ni concesiones sanitarias.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán otorgarse concesiones sanitarias en dicha área, en caso que, publicado el llamado a licitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, en al menos dos oportunidades, no se presente ninguna cooperativa interesada en la licencia dentro del plazo establecido en el artículo 23.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 6 C)

Artículo 16

--- Reemplazar, en el inciso primero, la frase “establecer, construir y explotar” por “prestar”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 6 D)

Artículo 18

--- Sustituir el inciso segundo, por los siguientes:

“Si el área de ampliación solicitada está total o parcialmente ubicada dentro de un área urbana o de extensión urbana, la Superintendencia deberá informar si se ha solicitado u otorgado en dicha área una concesión sanitaria.

Si se hubiere solicitado u otorgado, la concesionaria de servicios sanitarios será notificada por la Superintendencia, a fin, de que en un plazo de 60 días, solicite la ampliación de su territorio operacional incorporando el área solicitada por la licenciataria. Si respondiere negativamente o no respondiere dentro de plazo, se tramitará la solicitud de ampliación de la licencia.

No habiéndose solicitado u otorgado una concesión sanitaria, se tramitará la solicitud de ampliación presentada por la licenciataria.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 6 E)

Artículo 19

--- Reemplazar, en el inciso segundo, la frase “medio de avisos repetidos por lo menos dos veces, en un diario de circulación en la región donde ésta se encuentre” por “dos veces en un diario de circulación en la provincia o en la comuna respectiva. Adicionalmente, se difundirá a través de un medio de radiodifusión sonora provincial o comunal y se notificará por medio de carta certificada a la respectiva licenciataria, y por otros medios idóneos que determine el reglamento.”.

(Unanimidad 5x0. Indicaciones Nos 7 y 7 A)

Artículo 20

--- Intercalar, en el encabezamiento, a continuación de la palabra “presentación”, la frase “, cuyo valor no podrá exceder de cien unidades tributarias mensuales, y cuyas características se determinarán en el reglamento.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 8 B)

Artículo 21

--- Reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 21.- Incorporación de nuevas zonas al área de servicio. Presentada la solicitud de licencia, la Superintendencia podrá ampliar los límites del área de servicio sólo con el objeto de incorporar zonas que desde el punto de vista técnico, económico y social, hagan conveniente la constitución de un sistema único, con incidencia en un menor costo para la provisión del servicio.

Para estos efectos, la Superintendencia consultará al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a las respectivas municipalidades, para que en un plazo de 45 días informen si consideran suficiente el área de servicio solicitada para satisfacer demandas habitacionales no cubiertas.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 8 C)

Artículo 22

--- Suprimirlo.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 8 D)

Artículo 23

Pasó a ser artículo 22, con las siguientes enmiendas:

--- Remplazar la frase “en la región en que se encuentre el área de servicio solicitada” por “provincial o comunal”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 8 E)

--- Sustituir la expresión “comunicación radial” por “radiodifusión sonora provincial o comunal”.

(Unanimidad 5x0. Indicaciones Nos 9 y 9 A)

Artículo 24

--- Pasó a ser artículo 23, con la sola enmienda de intercalar a continuación de la palabra “seriedad,” la frase “cuyo valor no podrá exceder a cien unidades tributarias mensuales, y”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 9 B)

Artículo 25

--- Pasó a ser artículo 24, reemplazando la referencia al “artículo 23” por “artículo 22”.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 21 del Reglamento del Senado.)

Artículo 26

--- Pasó a ser artículo 25, con la sola modificación de reemplazar, en el inciso primero, la forma verbal “recomendará” por “propondrá al Ministerio”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 9 C)

Artículos 27

--- Pasó a ser artículo 26, con la sola enmienda de reemplazar la referencia al “artículo 25” por “artículo 24”, en sus incisos primero y tercero.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 21 del Reglamento del Senado.)

Artículos 28 y 29

--- Pasaron a ser 27 y 28, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 30

--- Pasó a ser artículo 29, con la sola enmienda de agregar, en el inciso primero, la siguiente oración final: “Con todo, el monto de la garantía no podrá exceder del total de los costos de operación correspondientes a tres meses.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 9 E)

Artículo 31

--- Pasó a ser artículo 30 con las siguientes enmiendas:

--- Intercalar, en el inciso primero, a continuación de “se ejecutaren”, la palabra “oportunamente”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 10 A)

--- Sustituir, en el inciso tercero, la expresión “treinta días” por “noventa días”.

(Unanimidad 5x0 Indicación Nº 10 B,10 y 11)

--- Incorporar el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“Caducada la licencia, el monto de la garantía a que se refiere el artículo 30 quedará a beneficio fiscal.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 11 A)

Artículo 32

--- Pasó a ser artículo 31, con la sola modificación de sustituir, en el inciso primero, la frase inicial “En los casos de caducidad previstos” por “En el caso de caducidad previsto”.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 21 del Reglamento del Senado.)

Artículo 33

--- Pasó a ser artículo 32, con las siguientes modificaciones:

--- Intercalar, en el encabezamiento del inciso primero, a continuación de “operación”, las palabras “la licenciataria”, y sustituir la conjunción “y” por “o” y la frase “cuando se incumplan o infrinjan disposiciones normativas de su competencia” por “en el ámbito de sus respectivas competencias”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 11 B)

--- Reemplazar, en el literal a) del inciso primero, las expresiones “sus reglamentos” por “la reglamentación vigente” y “de la licencia respectiva” por “respectivo”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 11 C)

--- Sustituir, en el inciso segundo, la frase “en su caso” por “según corresponda”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 11 D)

--- Incorporar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Previo a declarar en riesgo la prestación del servicio, la licenciataria deberá ser oída en los plazos y de acuerdo al procedimiento que se determine en el reglamento.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación 11 E)

Artículo 34

--- Pasó a ser artículo 33, sin enmiendas.

Artículo 35

--- Pasó a ser artículo 34, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 34.- Cobro de garantía. En el caso regulado en el artículo 32, la Superintendencia procederá a hacer efectiva la garantía del artículo 29, y su monto será puesto a disposición del Administrador temporal designado conforme al artículo anterior, para garantizar la continuidad del servicio.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 11 F)

Artículo 36

--- Pasó a ser artículo 35, con la siguiente enmienda:

--- Reemplazar en sus incisos primero y tercero, las referencias al “artículo 34” por “artículo 33”

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121, del Reglamento del Senado.)

Artículo 37

--- Pasó a ser artículo 36, con la sola enmienda de reemplazar la referencia al “artículo 34” por “artículo 33”.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121, del Reglamento del Senado.)

Artículo 38

--- Pasó a ser artículo 37.

--- Reemplazar, en el inciso primero, la frase inicial “Pronunciada la declaración de quiebra” por “Declarada la quiebra,”.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121, del Reglamento del Senado.)

--- Sustituir, en el inciso segundo, la referencia al “artículo 34” por “artículo 33”.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121, del Reglamento del Senado.)

Artículo 39

--- Pasó a ser artículo 38, reemplazando las referencias a los artículos 23, 24 y 25 y 27, 28, 29 y 30 por los artículos 19, 23 y 24 y 25, 26, 27 y 28, respectivamente.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121, del Reglamento del Senado.)

Artículo 40

--- Pasó a ser artículo 39, con las siguientes enmiendas:

--- Sustituir, en el inciso primero, la frase “establecer, construir y explotar” por “la prestación de”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 11 I)

--- Incorporar los siguientes incisos segundo a sexto, nuevos:

“Otorgado el Permiso de distribución, el Estado no podrá otorgar en parte alguna del área de servicio del permisionario, permisos o licencias de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas, ni concesiones sanitarias.

Habiendo entrado en operación el permisionario, el Ministerio podrá declarar en riesgo el servicio en caso que las condiciones del servicio suministrado no correspondan a las exigencias establecidas en la normativa legal o reglamentaria vigente, o a las condiciones estipuladas en el decreto de otorgamiento respectivo.

Declarado en riesgo el servicio, cesarán en sus funciones el directorio del comité o el gerente y el consejo de administración de la cooperativa, según el caso.

El Ministerio podrá adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio, mientras la asamblea o la junta general designan un nuevo directorio o consejo de administración, según el caso.

Previo a declarar en riesgo la prestación del servicio, el permisionario deberá ser oído en los plazos y de acuerdo al procedimiento que se determine en el reglamento.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 11 J)

Artículos 41, 42 y 43

--- Pasaron a ser artículos 40, 41 y 42, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 44

--- Pasó a ser artículo 43, con las siguientes enmiendas:

--- En su inciso primero reemplazar la referencia “artículo 45” por “artículo 44”.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado.)

--- En su inciso segundo sustituir el vocablo “alto” por “AAA”, y la referencia “artículo 78” por “artículo 77.

(Unanimidad 5x0. Indicaciones Nos 12 y 12 A)

Artículo 45

--- Pasó a ser artículo 44, sustituyéndose las referencias en su inciso primero “artículo 23” por “artículo 19” y en su inciso segundo “artículo 41” por “artículo 40”.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121, del Reglamento del Senado.)

Artículo 46

--- Pasó a ser artículo 45, con la sola enmienda de suprimir en el párrafo segundo de la letra a) la frase “en la cantidad que corresponda y”

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121, del Reglamento del Senado.)

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Consultar, a continuación del artículo 46, que pasó a ser artículo 45, el siguiente:

“Artículo 46.- Actualización del Plan de Inversiones. Las licenciatarias deberán actualizar su Plan de Inversiones cada cinco años. Asimismo, deberán actualizarlo en caso que el subsidio o inversión pública efectivamente recibida difiera del considerado al haberse determinado el nivel tarifario.

La actualización del Plan de Inversiones se hará conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 12 C)

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Artículo 48

--- Reemplazar, en su inciso primero, la expresión “medio y alto” por “AA y AAA” y sustituir la referencia al “artículo 78” por “artículo 77”.

(Unanimidad 5x0. Indicaciones Nos 13 y 13 A)

Artículo 50

--- En su inciso primero reemplazar la referencia al “artículo 46” por “artículo 45”.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121, del Reglamento del Senado.)

--- Agregar, como inciso segundo, el siguiente:

“Sin perjuicio de lo anterior, la Asamblea General o la Junta General, según corresponda, en sesión extraordinaria y por mayoría simple de los miembros presentes, podrá autorizar el uso y goce de los citados bienes para el desarrollo de otras actividades, siempre que no se limite, entorpezca o afecte de modo alguno la provisión de los servicios sanitarios rurales, y se cumpla con la normativa vigente. Para estos efectos, la Asamblea General o la Junta General deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de sus miembros.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 14)

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Consultar, a continuación del artículo 50, el siguiente artículo 51, nuevo:

“Artículo 51.- Vertimiento de aguas tratadas en canales de regadío. Los operadores de tratamiento y disposición podrán solicitar a la organización de usuarios respectiva, autorización para el vertimiento de las aguas tratadas en un canal.

En caso que la organización de usuarios negare la autorización, o no se llegue a acuerdo, el operador podrá recurrir al juzgado de letras en lo civil de la comuna correspondiente al punto de descarga propuesto, para que éste, conforme al procedimiento sumario establecido en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, lo autorice a verter las aguas tratadas en el canal, estableciendo las contraprestaciones correspondientes.

El juez sólo podrá autorizar al operador a verter las aguas tratadas en un canal en caso que se trate de la solución de tratamiento y disposición más adecuada desde el punto de vista técnico y económico, que no se afecten actividades económicas que para su desarrollo utilicen las aguas del canal, que las aguas tratadas cumplan con las exigencias que establece la normativa vigente aplicable.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 32 C)

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Artículo 51

--- Pasó a ser artículo 52, sin enmiendas.

Artículo 52

--- Pasó a ser artículo 53, sustituyendo en la letra d), la cifra “15” por “30”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 14 A)

Artículo 53

--- Pasó a ser artículo 54, sin enmiendas.

Artículo 54

--- Pasó a ser artículo 55, con la sola modificación de agregar, en su inciso primero, a continuación de la palabra “Superintendencia,”, la frase “previo conocimiento de éstos,”.

(Unanimidad 5x0. Indicaciones Nos 14 C y 14 D)

Artículo 55

--- Pasó a ser artículo 56, reemplazando las palabras “al inmueble” por “a su inmueble”.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121, del Reglamento del Senado.)

Artículo 56

--- Pasó a ser artículo 57, sin enmiendas.

Artículo 57

--- Pasó a ser artículo 58, con las siguientes modificaciones:

--- Reemplazar, en su inciso primero, el epígrafe “Incompatibilidad” por “Incompatibilidades e inhabilidades”.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121, del Reglamento del Senado.)

--- Sustituir, en el inciso primero, la frase “Alcaldes, Concejales y Consejeros Regionales” por “alcalde y consejero regional”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 15 A)

--- Intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando su inciso segundo a ser inciso tercero:

“Desde la inscripción de su candidatura, cesará en sus funciones cualquier dirigente de comité o cooperativa de los indicados en el inciso anterior que postule al cargo de alcalde.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 15 B)

Artículo 58

--- Pasó a ser artículo 59, reemplazando su letra g), por la siguiente:

“g) Por delitos que merezcan pena aflictiva.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 15 C)

Artículo 59 y 60

--- Pasaron a ser artículos 60 y 61, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 61

--- Pasó a ser artículo 62, con las siguientes enmiendas.

--- Reemplazar el epígrafe del Capítulo 3 del Título IV, por el siguiente: “Viáticos para dirigentes de los Comités”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nos 16 y16 A)

--- Sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 62.- Viáticos para dirigentes de Comités. La asamblea general extraordinaria de un comité de servicio sanitario rural, podrá acordar por mayoría simple de los miembros presentes o representados en ella, viáticos en dinero para sus dirigentes. Estos viáticos, debidamente respaldados, deberán ser rendidos a la asamblea general y serán destinados a gastos de traslado, alimentación, alojamiento y otros similares necesarios para el ejercicio del cargo y su capacitación como dirigentes.”.

(Unanimidad 5x0. Indicaciones Nos 16 B y 17)

Artículo 62

--- Pasó a ser artículo 63, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 63.- Reglas y principios generales. Los servicios sanitarios rurales estarán sujetos a las normas sobre fijación de tarifas y demás cobros de agua potable y saneamiento que se establecen en la presente ley y su reglamento.

Las tarifas siempre deberán permitir recuperar los costos indispensables de operación y mantenimiento. Adicionalmente, las tarifas podrán establecer distintos niveles de recuperación de los costos de inversión y reposición.

Se calcularán separadamente las tarifas correspondientes a las diversas etapas del servicio sanitario rural, cuando existan.

Las fórmulas tarifarias a utilizar deberán incluir un cargo fijo mensual y cargos por metro cúbico.

El procedimiento de determinación de las tarifas deberá ser fácilmente comprensible por los Usuarios, y el costo de dicho procedimiento deberá ser proporcional a la magnitud de los servicios sanitarios rurales a tarificar.

Las tarifas serán determinadas por la Superintendencia, conforme al procedimiento establecido en este Título.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 17 A)

Artículo 63

--- Pasó a ser artículo 64, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 64.- Determinación de la tarifa de autofinanciamiento. La tarifa de autofinanciamiento, compuesta por un cargo fijo mensual y cargos por metro cúbico, es aquella que permite recuperar la totalidad de los costos indispensables de operación, mantenimiento, inversión y reposición.

La tarifa de autofinanciamiento se calcula a partir del Costo Total de Largo Plazo, entendiéndose éste como aquel valor anual constante requerido para cubrir tanto los costos de operación y mantenimiento eficientes como los de reposición e inversión eficientes, de un proyecto de inversión optimizado.

22Dicho valor anual deberá ser consistente con un valor actualizado neto igual a cero, en un horizonte congruente con la vida útil económica de los activos. Para estos efectos, se deberá considerar la depreciación de los activos, la tasa de tributación vigente, la tasa de costo de capital y los aportes de terceros.

La tasa de costo de capital aplicable será única para todos los sistemas definidos y corresponderá a una tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central de Chile, más un premio por riesgo. La metodología para su determinación será definida en el reglamento.

El procedimiento para la determinación de los cargos tarifarios y metros cúbicos a considerar, corresponderá al que se establezca en el reglamento.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 17 B)

Artículo 64

--- Pasó a ser artículo 65, sustituido por el siguiente:

“Artículo 65.- Procedimiento de determinación del nivel tarifario. El nivel tarifario es aquel calculado por la Superintendencia rebajando de la tarifa de autofinanciamiento el subsidio o la inversión pública a que se refiere el Capítulo IV del Título VI.

La Superintendencia podrá agrupar distintos servicios, bajo la denominación de sistemas tipo, considerando su tamaño y otras variables de costo relevantes definidas en el reglamento.

Asimismo, definirá los casos en que la fijación tarifaria se hará individualmente en atención al tamaño del servicio o a singularidades técnicas, geográficas o de otra especie, que lo justifiquen.

La Superintendencia calculará mediante resolución fundada, el nivel tarifario correspondiente a los sistemas tipo y a los sistemas de tarificación individual.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 18 A)

Artículo 65

--- Pasó a ser artículo 66, sustituido por el siguiente:

“Artículo 66.- Procedimiento de determinación de la tarifa a cobrar al usuario. La tarifa a cobrar al usuario se determina para cada servicio sanitario rural, y es aquella que debe pagar efectivamente el usuario, sin perjuicio de los casos en que proceda la aplicación del subsidio establecido en la ley N° 18.778.

Una vez comunicado el nivel tarifario al operador, en la forma que determine el reglamento, éste lo pondrá en conocimiento de la asamblea, la que en el plazo de sesenta días podrá aceptarlo o acordar su variación hasta un 5%. En estos casos, el nivel tarifario aceptado o ajustado por la asamblea corresponderá a la tarifa a cobrar a los usuarios.

En caso que la asamblea acordare solicitar una variación superior al porcentaje indicado en el inciso precedente deberá presentar, a su costa, una contrapropuesta que será aceptada o rechazada por la Superintendencia en un plazo de sesenta días contados desde su presentación completa. Los requisitos, procedimientos y plazos, para presentar la contrapuesta y para el pronunciamiento definitivo de la Superintendencia serán fijados en el reglamento. El dictamen de la Superintendencia, en todo caso, será definitivo y obligatorio.

Vencido el plazo indicado en el inciso segundo sin un pronunciamiento de la asamblea, la tarifa a cobrar a los usuarios corresponderá a la informada por la Superintendencia.

Los procedimientos, requisitos y plazos para la fijación de la tarifa a cobrar al usuario de los sistemas de tarificación individual se establecerán en el reglamento.

Las tarifas a cobrar a los usuarios, serán fijadas mediante decreto supremo dictado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 18 B)

Artículo 66

--- Pasó a ser artículo 67, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 67.- Período tarifario. Las tarifas serán determinadas por la Superintendencia cada cinco años.

Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso por primera vez, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda conforme al artículo 65, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 18 C)

Artículo 67

--- Suprimirlo.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 18 D)

Artículo 68

--- Suprimirlo.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 18 E)

Artículo 69

--- Pasó a ser artículo 68, reemplazado por el siguiente:

“Artículo 68.- Reajustabilidad de la tarifa. Las tarifas a cobrar a los usuarios, se reajustarán cada vez que se acumule una variación de, a lo menos, 5% del Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadísticas, o en caso que alguna de las variables de costos definidas como relevantes por el reglamento experimente un aumento de al menos 3%. El operador deberá informar del reajuste a los usuarios en la forma y oportunidad definida en el reglamento.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 18 F)

Artículo 70

--- Pasó a ser artículo 69, agregando, a continuación de la palabra “salvo”, la siguiente frase: “entre el servicio sanitario rural primario y secundario y, en los demás”.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado.)

Artículos 71 y 72

--- Pasaron a ser artículos 70 y 71, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 73

--- Pasó a ser artículo 72, con las siguientes enmiendas:

--- Reemplazar, en el inciso primero, la frase “Ministerios de Salud, Vivienda y Urbanismo, Planificación” por “Ministerios de Salud, Planificación, Vivienda y Urbanismo”; las palabras “para la”, que aparecen entre los vocablos “política” y “asistencia”, por “de inversión,”, y el punto seguido (.) por un punto aparte (.), pasando la oración que lo sucede a convertirse en inciso segundo.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 18 H)

--- Sustituir, en el inciso segundo, que pasa a ser tercero, la frase “del área rural” por “rurales”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 18 I)

Artículo 74 y 75

--- Pasaron a ser artículos 73 y 74, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 76

--- Pasó a ser artículo 75, con las siguientes enmiendas:

--- Incorporar en su inciso primero, la siguiente letra i), pasando las actuales letras i), j) y k) a ser letras j), k) y l) , respectivamente:

“i) Un representante de la Asociación de Municipalidades que reúna la mayor cantidad de municipios asociados a nivel nacional.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 19)

--- Reemplazar, en los literales j) y k) del inciso primero, la expresión “socios” por “dirigentes”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 19 A)

--- Reemplazar, en su inciso segundo la referencia a las letras “i), j) y k)”, por “j), k) y l)”, respectivamente.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 20)

--- Sustituir, en su inciso tercero, las referencias a las letras “i), j) y k)” por “j), k) y l)”; y a las letras “i) y j) por “j) y k)”, respectivamente.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 21)

--- Intercalar, en el inciso tercero, a continuación de “Reglamento”, la frase “ y deberá considerar la renovación periódica de los representantes”; reemplazar las referencias a las letras “i) y j)” por “j) y k)” y sustituir las palabras “respetar la adecuada representación de los estratos, las regiones y los Comités y Cooperativas que no se encuentren afiliados a ninguna federación” por “asegurar que cada dirigente que se elija corresponda a una Región distinta, que se respete la adecuada representación de los segmentos, y que estén representados comités y cooperativas que no se encuentren afiliados a ninguna federación”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 21 A)

Artículo 77

--- Pasó a ser artículo 76, incorporándole el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El registro establecido en el inciso anterior deberá encontrarse actualizado y para su libre consulta en el sitio electrónico del Ministerio.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 22 A)

Artículo 78

--- Pasó a ser artículo 77, con la siguiente enmienda:

--- Sustituir el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 77.- Clasificación de los operadores. Para los efectos de esta ley, los operadores se clasificarán en tres segmentos: (a) AAA; (b) AA, y (c) A.”.

(Unanimidad 5x0. Indicaciones Nos 22 B y 23)

Artículos 79 y 80

--- Pasaron a ser artículo 78 y 79, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 81

--- Pasó a ser artículo 80, reemplazando, en la letra c), la referencia a los “artículos 85 y 86” por “artículos 84 y 85”.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121, del Reglamento del Senado.)

Artículos 82

--- Pasó a ser artículo 81, sin enmiendas.

Artículo 83

--- Pasó a ser artículo 82, reemplazándose la referencia al “artículo 34” por “artículos 33”

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121, del Reglamento del Senado.)

Artículo 84

--- Pasó a ser artículo 83, sin enmiendas.

Artículo 85

--- Pasó a ser artículo 84, sustituyendo su inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 84.- Inversión pública. La inversión para promover, formar e instalar servicios sanitarios rurales nuevos se definirá por el Ministerio conforme a lo establecido en los artículos 85, 86 y 87, pudiéndose considerar el aporte de los beneficiarios.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 29 A)

Artículo 86

--- Pasó a ser artículo 85, con las siguientes enmiendas:

--- Sustituir, en el inciso segundo, la frase “El citado subsidio” por “La infraestructura financiada total o parcialmente con el subsidio a la inversión”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 29 B)

--- Eliminar, en el inciso tercero, la expresión “mediante concurso público”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 29 C)

Artículo 87

--- Pasó a ser artículo 86, con las siguientes modificaciones:

--- Intercalar, a continuación de “diferenciados para cada”, la frase “uno de los”; reemplazar la voz “segmento” por “segmentos”, la primera vez que figura; reemplazar la referencia al “artículo 78” por “artículo 77” y suprimir el punto y coma y la frase que le sigue.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 29 D)

Artículo 88

--- Pasó a ser artículo 87, con las siguientes enmiendas:

--- Reemplazar el epígrafe del inciso primero por “Procedimiento de selección de proyectos”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 29 E)

--- Agregar, en el inciso segundo, la siguiente oración final: “Para la evaluación de los proyectos por parte del organismo público competente bastará que esté dictado el acto expropiatorio respectivo.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 30 B)

--- Sustituir, en el inciso quinto, la palabra “concursabilidad” por “de selección”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 30 C)

--- Reemplazar en el inciso sexto la referencia a los “artículos 85 y 86” por “artículos 84 y 85”.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121, del Reglamento del Senado.)

Artículo 89

--- Pasó a ser artículo 88, agregándole el siguiente inciso segundo, nuevo:

“La Subdirección podrá suscribir convenios con otros organismos públicos, para la contratación por parte de ellos de los programas de inversión aplicables al servicio sanitario rural. En todo caso la Subdirección, mantendrá la función de visar técnicamente los proyectos.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 32)

Artículo 90

--- Pasó a ser artículo 89, con las siguientes enmiendas:

--- Sustituir, en su inciso primero, la palabra “podrán” por “deberán”

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121, del Reglamento del Senado.)

--- Suprimir, en el inciso primero, la oración que comienza con las palabras “Dichos bienes”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 32 A)

--- Incorporar los siguientes incisos segundo a cuarto, nuevos:

“Serán transferidos a los operadores los derechos de aprovechamiento de aguas que, siendo de propiedad fiscal, sean necesarios para la prestación de servicios sanitarios rurales. Dichos derechos se mantendrán bajo el dominio de los operadores en tanto sean usados para la prestación del servicio sanitario rural, pasando de pleno derecho al dominio del Ministerio en cuanto cese dicha condición. Se entenderá que cesa la condición en caso de haberse declarado desierta la licitación del permiso o licencia. La transferencia a los operadores se hará mediante resolución de la autoridad correspondiente, debiendo ajustarse a lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Aguas.

En caso de cambio de operador, los derechos se transferirán gratuitamente y de pleno derecho a quien detente la calidad de tal, desde el otorgamiento de su licencia o permiso.

Los bienes a que se refiere este artículo serán considerados como aportados por terceros para fines tarifarios, e indispensables para los efectos del artículo 12.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 32 B)

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Consultar, a continuación del artículo 90, que pasó a ser artículo 89, como artículos 90 y 91, los siguientes, nuevos:

“Artículo 90.- Expropiaciones y donaciones. Los bienes inmuebles necesarios para la prestación de los servicios sanitarios rurales se declaran de utilidad pública y su expropiación se efectuará por intermedio del Ministerio, conforme a lo dispuesto en el decreto ley N° 2.186, de 1978.

La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales podrá aceptar donaciones o erogaciones consistentes en dinero o en dación de cosas, sean éstas muebles o inmuebles, para la ejecución de obras o el financiamiento total o parcial de expropiaciones, destinadas a la prestación de los servicios sanitarios rurales. En caso de recibir donaciones o erogaciones para el financiamiento parcial de expropiaciones, el Estado financiará la diferencia con fondos sectoriales o regionales.

Una vez aceptada y materializada la entrega de las donaciones o erogaciones a que se refiere el inciso precedente, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales la aprobará por orden interna para los efectos de la contabilización correspondiente en la Dirección de Contabilidad y Finanzas de la Dirección General de Obras Públicas. Copia de esta orden se enviará a la Contraloría General de la República. Para estas donaciones no se requerirá el trámite de insinuación judicial.

Artículo 91.- Regularización de bienes. En caso de que un operador solicite que se le reconozca la calidad de poseedor regular de bienes inmuebles necesarios para la prestación de su servicio sanitario rural, conforme al procedimiento establecido en el decreto ley N° 2.695, de 1979, servirá como plena prueba de su posesión material la existencia en el inmueble de alguno de los bienes indicados en las letras f), g), h), i) y j) del artículo 12, siempre que el bien haya estado en uso al menos durante los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de regularización.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 32 C)

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Artículos 91, 92, 93 y 94

--- Pasaron a ser artículos 92, 93, 94 y 95, sin enmiendas.

Artículo 95

--- Pasó a ser artículo 96, con las siguientes enmiendas:

--- Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Para la determinación del monto de las multas antes señaladas se debe considerar el segmento en que está clasificado, conforme al artículo 77, el operador sancionado.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 34 A)

--- Incorporar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“El afectado podrá reclamar de la aplicación de la multa, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 18.902.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 34)

Artículo 96

--- Pasó a ser artículo 97, sin enmiendas.

Artículo 97

--- Pasó a ser artículo 98, con la modificación de intercalar entre las palabras “Derógase” y “el”, la preposición “en”.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado.)

Artículo 98

--- Pasó a ser artículo 99, sin enmiendas.

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO

--- Intercalar, en el inciso segundo, a continuación de la frase “del artículo 20 de esta ley”, lo siguiente: “, ni se aplicará lo dispuesto en los artículos 22, 23, 25, 26 y 27.” y sustituir las referencias “artículos 20 y 41” y “artículos 17 y 42”, por “artículos 20 y 40” y “artículos 17 y 41”, respectivamente.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 35 A)

--- Intercalar el siguiente inciso tercero nuevo:

“La licenciataria deberá presentar su Plan de Inversiones en el plazo que el Ministerio determine en el decreto de otorgamiento, el que en todo caso no podrá ser inferior a noventa días.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 35 B)

--- Sustituir la referencia al “artículo 41”, en el inciso tercero que pasó a ser cuarto, por “artículo 40”.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121, del Reglamento del Senado.)

--- Sustituir el actual inciso cuarto, por el siguiente:

“Los decretos que dicte el Ministro de Obras Públicas para el otorgamiento de las licencias o permisos conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto precedentes, sólo se publicarán en el sitio electrónico del Ministerio, y se notificará por carta certificada al operador.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 35 D)

--- Intercalar el siguiente inciso sexto, nuevo:

“Presentada la solicitud de permiso o licencia para la etapa de distribución de agua potable, el Ministerio otorgará conjuntamente la de recolección de aguas servidas. Sin perjuicio de lo anterior, la operación de la etapa de recolección será exigible sólo una vez que esté aprobada la puesta en operación de las redes por la Subdirección.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 35 C)

--- Sustituir, en el actual inciso sexto, la palabra “tercero” por “cuarto”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 35 E)

--- Incorporar el siguiente inciso final, nuevo:

“El reglamento fijará el procedimiento para el otorgamiento de permisos o licencias, para la aprobación y presentación del Plan de Inversiones, y para la inscripción de los operadores en el Registro.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 35 F)

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO

--- Reemplazar “sanitarios rurales” por “de agua potable o saneamiento”, y “2 años” por “noventa días”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 35 G)

ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO

--- Sustituir el inciso primero, por el siguiente:

“ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.- Para aquellos operadores a los que se haya otorgado permiso o licencia conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto del artículo segundo transitorio, la primera fijación tarifaria deberá efectuarse de conformidad al procedimiento establecido en esta ley y su reglamento. La primera fijación tarifaria será efectuada por la Superintendencia dentro del período de 5 años contados desde el término del plazo establecido en el inciso primero del artículo segundo transitorio. En todo caso, las tarifas de las licenciatarias deberán fijarse dentro de los primeros dos años de dicho período. Para efectos de lo indicado anteriormente, la Superintendencia definirá, mediante resolución dictada en el plazo indicado en el artículo primero transitorio, un calendario regional de fijación tarifaria.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 35 H)

--- Intercalar el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando sus incisos segundo, tercero y cuarto a ser incisos tercero, cuarto y quinto, respectivamente, sin enmiendas.

“Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso en el período intermedio, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 36)

ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO

--- Suprimir la siguiente frase: “dentro del plazo de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia del Reglamento de esta ley”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 37)

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--- Intercalar, a continuación del Artículo Séptimo Transitorio, el siguiente Artículo Octavo Transitorio, nuevo:

“ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO.- Los derechos de aprovechamiento de aguas y los demás bienes, sean muebles o inmuebles, que estén siendo usados para la prestación de servicios sanitarios rurales, y que pertenezcan a alguna concesionaria de servicios sanitarios, podrán ser donados al Ministerio de Obras Públicas.

La escritura pública de donación, en la que se individualicen los bienes inmuebles y derechos de aprovechamiento de aguas donados, suscrita entre el donante y el Director General de Obras Públicas, el Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales o el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, en su caso, bastará como título suficiente para su inscripción a favor del Ministerio de Obras Públicas, en el Registro de Propiedades y en el de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo, así como para su anotación en el Registro Público de derechos de aprovechamiento de aguas a que se refiere el artículo 122 del Código de Aguas.

Estas donaciones estarán exentas del trámite de insinuación y del pago de todo tipo de tributos. Para proceder a la inscripción de los inmuebles no será necesario que se acredite el pago del impuesto territorial.

No se requerirá respecto de estas donaciones la autorización del Ministerio de Hacienda a que se refiere el inciso segundo del artículo 4º de la ley Nº 19.896.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 38)

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ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO

--- Pasó a ser Artículo Noveno Transitorio, sin enmiendas.

ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO

--- Pasó a ser Artículo Décimo Transitorio, con las siguientes enmiendas:

--- Añadir, a su inciso primero, la siguiente oración final: "En los casos que corresponda, según lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley, los bienes que conforman la citada reserva legal tendrán el carácter de bienes indispensables.”.

--- Agregar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Los derechos en las cooperativas de servicios sanitarios rurales cuyo titular era el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, se traspasarán por el solo efecto de esta ley a los demás socios de la cooperativa, a prorrata de sus aportes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, los bienes aportados o cedidos por el Servicio Nacional de Obras Sanitarias o sus antecesores a las cooperativas de servicios sanitarios rurales, a cualquier título, que estén siendo usados para la prestación de servicios sanitarios rurales, conformarán una reserva técnica de bienes fiscales, y se les aplicará lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley.”.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 39)

ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO

--- Pasó a ser Artículo Undécimo Transitorio, reemplazando en el inciso segundo, la expresión “alto” por “AAA” y las referencias al “artículo 25” y “artículo 78” por “artículo 24” y “artículo 77”, respectivamente.

(Unanimidad 5x0. Indicación Nº 39 A)

ARTÍCULOS UNDÉCIMO, DUODÉCIMO Y DÉCIMO TERCERO TRANSITORIOS

--- Pasaron a ser Artículos Duodécimo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto Transitorios, respectivamente, sin enmiendas.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO

--- Pasó a ser artículo Décimo Quinto Transitorio, sustituyendo la referencia al “artículo 76” por “artículo 75”.

(Unanimidad 5x0. Inciso final del artículo 121, del Reglamento del Senado.)

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Como consecuencia de las modificaciones anteriores, el texto del proyecto de ley que os propone aprobar vuestra Comisión de Obras Públicas queda como sigue:

“PROYECTO DE LEY:

“TITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

“Artículo 1º.- Ámbito de vigencia . La presente ley regula la prestación del servicio sanitario rural.

El servicio sanitario rural podrá ser operado por un Comité o una Cooperativa, al que se le haya otorgado un permiso o licencia por el Ministerio de Obras Públicas. Excepcionalmente, conforme se establezca en el Reglamento, el servicio podrá ser operado por otra persona natural o jurídica autorizada por el Ministerio de Obras Públicas, previo informe favorable de la Autoridad Sanitaria regional.

Artículo 2º.- Definiciones. Para efectos de la aplicación de esta ley, se entiende por:

a) “Área de servicio”: Aquélla cuyos límites geográficos constituyen la superficie territorial en que un operador presta servicios sanitarios rurales, como permisionario o licenciatario.

b) “Comité de Servicio Sanitario Rural”: Organización comunitaria funcional, constituida y organizada conforme a lo dispuesto en la ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, a la que se le otorgue permiso para operar un servicio sanitario rural.

c) “Concesión sanitaria”: La otorgada conforme al decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988.

d) “Concesionarias de servicios sanitarios”: Aquellas personas jurídicas titulares de concesiones otorgadas conforme al Decreto con Fuerza de Ley Nº 382 del Ministerio de Obras Públicas del año 1988.

e) “Cooperativa de Servicio Sanitario Rural”: Persona jurídica constituida y regida por la Ley General de Cooperativas, a la que se le otorgue licencia o permiso para operar un servicio sanitario rural.

f) “Departamento de Cooperativas”: El perteneciente al Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.

g) “Licencia de servicio sanitario rural” o “Licencia”: La que se otorga por el Ministerio a las Cooperativas de Servicio Sanitario Rural, por un plazo máximo de 30 años, para la prestación de un servicio sanitario rural en un área de servicio determinada.

h) “Licenciataria”: Cooperativa a la que se ha otorgado licencia para operar servicios sanitarios rurales.

i) “Ministerio”: El Ministerio de Obras Públicas.

j) “Operador”: La Cooperativa o Comité al que se ha otorgado, por el Ministerio, licencia o permiso para prestar un servicio sanitario rural.

k) “Permisionario”: Es el titular del permiso otorgado en conformidad a esta ley.

l) “Permiso de servicio sanitario rural” o “Permiso”: El que se otorga por el Ministerio a un Comité o Cooperativa, por un plazo máximo de 10 años, para la prestación de un servicio sanitario rural, en un área de servicio determinada.

m) “Registro”: El Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales regulado en el artículo 76 de esta ley.

n) “Reglamento”: El que se dicte para la ejecución de las normas contenidas en esta ley, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3.

ñ) “Saneamiento”: Recolectar, tratar y disponer las aguas servidas.

o) “Servicio Sanitario Rural”: Provisión de agua potable y saneamiento, conforme a lo dispuesto en esta ley.

p) “Soluciones Descentralizadas de Saneamiento”: Son aquellas que, no estando conectadas con una red de alcantarillado primario, permiten la recolección, tratamiento y vertimiento o reutilización de las aguas residuales de sistemas comunitarios, conjuntos residenciales y residencias individuales, según el caso.

q) “Subdirección”: La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas, que se crea por esta ley.

r) “Superintendencia”: La Superintendencia de Servicios Sanitarios.

s) “Usuario”: la persona que recibe algún servicio sanitario rural, pudiendo o no tener la calidad de socio del Operador.

Artículo 3º.- Reglamento. Para la aplicación de esta ley, se dictará un Reglamento elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, previa consulta a los organismos públicos integrantes del Consejo Consultivo regulado en el artículo 75 de esta ley.

TITULO II

DEL SERVICIO SANITARIO RURAL

Artículo 4º.- Tipos de servicios sanitarios rurales. El servicio sanitario rural podrá ser primario o secundario.

Artículo 5º.- Servicio sanitario rural primario. Corresponde a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, en su caso, a las comunidades rurales para uso doméstico, y requiere el abastecimiento de agua de calidad, en cantidad y con continuidad; y en forma universal para todos aquellos usuarios que se ubiquen dentro del área de servicio.

Se entenderá por uso doméstico el destinado al consumo familiar o a pequeñas actividades comerciales o artesanales, u otros que el reglamento determine, en atención a los volúmenes de consumo.

Artículo 6º.- Servicio sanitario rural secundario. Corresponde a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento que exceden del uso doméstico, y cuya prestación sólo procede cuando el operador garantiza la cobertura del servicio sanitario rural primario.

El usuario del servicio sanitario rural secundario podrá comprar agua potable o solicitar su disposición a un operador de producción de agua potable o de disposición rural de aguas servidas, o a un concesionario de servicios sanitarios. En este caso, el operador o concesionario que preste este servicio deberá compensar al operador de la red de distribución o recolección, según sea el caso, mediante el pago de una tarifa de peaje calculada por la Superintendencia, conforme a lo dispuesto en el Reglamento. En caso de existir diferencias entre las partes, será la Superintendencia quien resolverá a través de una resolución fundada.

Artículo 7º.- Etapas de los servicios. Los servicios sanitarios rurales comprenden las siguientes etapas:

(a) producción de agua potable;

(b) distribución de agua potable;

(c) recolección de aguas servidas; y,

(d) tratamiento y disposición final de aguas servidas.

La etapa de producción de agua potable consiste en la captación y tratamiento de agua cruda, para su posterior distribución en las condiciones que establece la normativa legal y reglamentaria vigente.

La etapa de distribución de agua potable consiste en el almacenamiento en su caso, y la conducción del agua producida hasta su entrega en el inmueble del usuario.

La etapa de recolección de aguas servidas consiste en la conducción de dichas aguas desde el inmueble hasta la entrega para su tratamiento y disposición final. Alternativamente esta etapa podrá consistir en soluciones descentralizadas de saneamiento para su posterior disposición.

La etapa de tratamiento y disposición de aguas servidas consiste en la remoción de los contaminantes presentes para la posterior evacuación de éstas en cuerpos receptores, en las condiciones que establece la normativa legal y reglamentaria vigente, o en sistemas de tratamiento.

Solicitada la etapa de distribución, el Ministerio otorgará conjuntamente la de recolección.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, la prestación de la etapa de recolección será exigible sólo una vez que esté aprobada la puesta en operación de las redes por la Subdirección.

La producción de agua potable y el tratamiento y disposición de aguas servidas, podrán ser contratados a terceros por el operador.

TITULO III

LICENCIAS Y PERMISOS

Capítulo 1

Normas comunes

Artículo 8º.- Área de servicio. El operador prestará el servicio dentro del territorio delimitado en el respectivo permiso o licencia.

Artículo 9º.- Derecho a usar bienes nacionales de uso público e imponer servidumbres. Las licencias y permisos otorgan el derecho a usar a título gratuito bienes nacionales de uso público para construir o instalar infraestructura de servicios sanitarios rurales, siempre que no se altere, en forma permanente, la naturaleza y finalidad de éstos. El uso deberá sujetarse a las condiciones dispuestas por las respectivas municipalidades u otros órganos públicos encargados de su administración, cuando estas instalaciones pudieran afectar el normal uso del bien nacional de uso público. En todo caso, el uso temporal de cualquier bien nacional de uso público requerido para ejercer este derecho estará exento de cualquier tipo de cobro.

Asimismo, las licencias y permisos otorgan el derecho a imponer la constitución de servidumbres, en conformidad con lo establecido en el Código de Aguas.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable a los trabajos de exploración para la captación de aguas subterráneas y se considerarán también obras de infraestructura sanitaria rural, cuando ellos sean claramente identificables con una obra de aprovechamiento para el servicio sanitario rural.

En caso que la conexión de una instalación domiciliaria de alcantarillado a una red de recolección para permitir el desagüe gravitacional, obligue a atravesar el predio de otro propietario, se constituirá una servidumbre legal de alcantarillado domiciliario.

El largo y ancho de la faja de terreno sujeta a servidumbre, corresponderá a la factibilidad técnica del proyecto de conexión otorgada por la licenciataria o el permisionario, obligándose el interesado a indemnizar los perjuicios.

Artículo 10.- Licencias o permisos vinculados. Para otorgar una licencia o permiso que requiera de otra licencia o permiso para la prestación integral del servicio sanitario rural, la Superintendencia deberá exigir la existencia de la licencia o permiso que condiciona a la solicitada o su tramitación simultánea.

Artículo 11.- Obligación de cobro conjunto. El operador de distribución cobrará en una cuenta única y recaudará de los usuarios el valor de las prestaciones correspondientes a los servicios de producción, distribución, recolección, y tratamiento y disposición.”.

El incumplimiento de las obligaciones que se deriven de lo señalado en el inciso anterior no podrá afectar la prestación de los servicios a los usuarios.

Artículo 12.- Bienes indispensables. Se entienden destinados a finalidades de utilidad y salubridad pública, los bienes indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales.

Los bienes se considerarán indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales, desde el otorgamiento de la licencia o permiso, desde su adquisición o regularización, o desde su puesta en operación, según corresponda.

Serán bienes indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales, entre otros, los siguientes:

a) arranques de agua potable

b) uniones domiciliarias de alcantarillado

c) redes de distribución

d) redes de recolección

e) derechos de agua

f) captaciones

g) sondajes

h) estanques de regulación

i) servidumbres de paso

j) plantas de producción de agua potable y plantas de tratamiento de agua servida.

k) inmuebles en que estén adheridos alguno de los bienes indicados en las letras f), g), h) y j) anteriores.

En caso que los bienes indispensables aportados por el Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley, pierdan tal calidad, el Operador deberá contar con la autorización de la Subdirección para enajenarlos. No se requerirá dicha autorización cuando la enajenación sea resultado de un reemplazo o mejora, los que, en todo caso, deberán ser informados de manera documentada y previa a su realización a la Subdirección.

Los bienes indispensables tendrán el carácter de inembargables, siéndole aplicable lo establecido en el número 17 del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 13.- Licitación de nuevas licencias o permisos. El Ministerio de Obras Públicas podrá llamar a licitación pública para el otorgamiento de nuevas licencias o permisos, y no podrá denegarlos arbitrariamente.

Artículo 14.- Transferencia. Los operadores podrán transferir a otros Comités o Cooperativas, sus permisos o licencias, debiendo:

a) Acordar la transferencia por al menos los dos tercios de los miembros o socios presentes o representados en Asamblea General extraordinaria o Junta General de Socios, especialmente convocada al efecto. Con este fin la Asamblea extraordinaria o la Junta General de Socios deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros o socios.

b) Solicitar autorización al Ministerio, el que tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse contados desde la presentación de la solicitud de autorización. En caso que no se pronuncie dentro del plazo señalado, se entenderá que aprueba la transferencia.

En cualquier caso de transferencia de una licencia o permiso, el adquirente deberá cumplir con todas las condiciones que esta ley y que su Reglamento fijen.

Perfeccionada la transferencia, se deberá dejar constancia en el Registro.

Si la licenciataria está operando en área urbana, podrá transferir total o parcialmente la licencia a una concesionaria de servicio sanitario, la que en todo caso deberá operar el área de servicio de conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988 y sus normas complementarias, entendiéndose ampliada su concesión sanitaria de pleno derecho, una vez que la transferencia haya sido autorizada por el Ministerio mediante Decreto Supremo, previo informe favorable de la Superintendencia.

Capítulo 2

De la licencia de servicio sanitario rural

Artículo 15.- Objeto. La licencia autoriza a una cooperativa para prestar un servicio sanitario rural.

Otorgada la licencia de distribución, el Estado no podrá otorgar en parte alguna del área de servicio de la licenciataria, permisos o licencias de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas, ni concesiones sanitarias.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán otorgarse concesiones sanitarias en dicha área, en caso que, publicado el llamado a licitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, en al menos dos oportunidades, no se presente ninguna cooperativa interesada en la licencia dentro del plazo establecido en el artículo 23.

Artículo 16.- Licenciatarias. Las licencias para prestar servicios sanitarios rurales, sólo serán otorgadas a Cooperativas, las que se regirán por las normas de la Ley General de Cooperativas, sin perjuicio de las normas que establece esta ley y las demás propias de su giro.

Artículo 17.- Plazo. El plazo máximo de vigencia de la licencia será de 30 años. Durante este lapso, el Estado no podrá otorgar nuevas licencias de distribución rural de agua potable y de recolección rural de aguas servidas, en la misma área de servicio.

Artículo 18.- Ampliaciones. La licenciataria podrá solicitar ampliaciones de su área de servicio conforme al procedimiento establecido en los artículos 20 y siguientes de esta ley.

Si el área de ampliación solicitada está total o parcialmente ubicada dentro de un área urbana o de extensión urbana, la Superintendencia deberá informar si se ha solicitado u otorgado en dicha área una concesión sanitaria.

Si se hubiere solicitado u otorgado, la concesionaria de servicios sanitarios será notificada por la Superintendencia, a fin, de que en un plazo de 60 días, solicite la ampliación de su territorio operacional incorporando el área solicitada por la licenciataria. Si respondiere negativamente o no respondiere dentro de plazo, se tramitará la solicitud de ampliación de la licencia.

No habiéndose solicitado u otorgado una concesión sanitaria, se tramitará la solicitud de ampliación presentada por la licenciataria.

Artículo 19.- Licitación de la Licencia. La Superintendencia deberá llamar a licitación de la licencia y de sus bienes indispensables, un año antes del término del plazo de vigencia.

El llamado a licitación de la licencia pronta a extinguirse, se publicará por la Superintendencia por una vez en el Diario Oficial y, por dos veces en un diario de circulación en la provincia o en la comuna respectiva. Adicionalmente, se difundirá a través de un medio de radiodifusión sonora provincial o comunal y se notificará por medio de carta certificada a la respectiva licenciataria, y por otros medios idóneos que determine el reglamento.

Las bases de licitación deberán señalar el nivel de subsidio a la inversión que se considerará para los efectos de evaluar las solicitudes de licencia que se presenten.

Las bases de licitación deberán contener una valorización actualizada de las inversiones necesarias para la prestación del servicio efectivamente realizadas por el anterior operador, sólo en la parte que hubieren sido financiadas con su patrimonio propio. En el evento que la licencia no le sea renovada, la nueva Licenciataria deberá pagar al anterior Operador dicho valor en la forma que lo hayan determinado las bases.

La avaluación actualizada de las inversiones que señala el inciso anterior, se efectuará de común acuerdo entre la Licenciataria y la Superintendencia y, en caso de desacuerdo, se hará por un perito tasador, que será nombrado conforme lo establezca el Reglamento.

Tanto la licencia como los bienes indispensables, se entenderán transferidos de pleno derecho desde la fecha del decreto de adjudicación.

En caso que la licitación no se resuelva antes del término del plazo de vigencia de la licencia, se entenderá ésta prorrogada automáticamente hasta la fecha del decreto de adjudicación a la nueva licenciataria.

Artículo 20.- Solicitud. La solicitud de licencia se presentará ante la Superintendencia, acompañando una garantía de seriedad de la presentación, cuyo valor no podrá exceder de cien unidades tributarias mensuales, y cuyas características se determinarán en el reglamento. La solicitud, cuyas características se determinarán en un reglamento, contendrá, a lo menos, lo siguiente:

1) La identificación de la Cooperativa peticionaria.

2) Un Certificado de vigencia de la Cooperativa, emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente.

3) La identificación de la etapa del servicio sanitario rural que se solicita, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7º de esta ley.

4) La identificación de las fuentes de agua y sus respectivos derechos, en el caso de la licencia de producción rural de agua potable.

La Licenciataria deberá tener la propiedad o el uso de estos derechos, circunstancia que deberá acreditarse en la forma y plazos que defina el Reglamento.

5) La identificación de las demás Licenciatarias, Concesionarias de servicios sanitarios o Permisionarios con las cuales se relacionará.

6) Los límites del área geográfica en que se prestarán los servicios sanitarios rurales.

7) Las características de las aguas servidas a tratar, del efluente y del cuerpo receptor, en el caso de la licencia de tratamiento y disposición rural de aguas servidas.

8) Un Inventario valorizado de bienes, derechos y obligaciones, y un estado de situación con una antigüedad no superior a 30 días a la fecha de su presentación, que deberá contener el análisis correspondiente a cada una de sus cuentas.

Artículo 21.- Incorporación de nuevas zonas al área de servicio. Presentada la solicitud de licencia, la Superintendencia podrá ampliar los límites del área de servicio sólo con el objeto de incorporar zonas que desde el punto de vista técnico, económico y social, hagan conveniente la constitución de un sistema único, con incidencia en un menor costo para la provisión del servicio.

Para estos efectos, la Superintendencia consultará al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a las respectivas municipalidades, para que en un plazo de 45 días informen si consideran suficiente el área de servicio solicitada para satisfacer demandas habitacionales no cubiertas.

Artículo 22.- Publicación. El solicitante deberá publicar, a su cargo, un extracto de la solicitud de licencia por una vez en un diario de circulación provincial o comunal, y deberá difundirlo a través de un medio de radiodifusión sonora provincial o comunal, u otro medio idóneo, por dos veces a lo menos. El extracto contendrá las menciones que se establezcan en el Reglamento.

Artículo 23.- Plazo para otras interesadas. Si hubiera otras Cooperativas interesadas en la licencia, deberán presentar a la Superintendencia, dentro del plazo de cuarenta y cinco días contados desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el artículo anterior, una solicitud de licencia en los términos establecidos en el artículo 20, la que deberá ser acompañada de una garantía de seriedad, cuyo valor no podrá exceder a cien unidades tributarias mensuales, y cuyas características se determinarán en el Reglamento.

Artículo 24.- Plan de inversión. Todos los que hubieren presentado solicitud de licencia entregarán a la Superintendencia, dentro del plazo de 90 días contado desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el artículo 22, lo siguiente:

1.- Un Plan de Inversiones que deberá contener, a lo menos:

a) descripción técnica general y un cronograma de las obras proyectadas para un horizonte de cinco años;

b) estimaciones de beneficios, costos, valor actualizado neto; y

c) tarifas propuestas.

2.- Los demás antecedentes requeridos de conformidad al Reglamento.

Artículo 25.- Criterios de recomendación para la adjudicación. La Superintendencia propondrá al Ministerio la adjudicación de la licencia a la solicitante que, cumpliendo las condiciones técnicas exigidas, ofrezca las condiciones económicas y sociales más ventajosas para la provisión del servicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento. Cuando el interés general lo haga necesario se considerará el plazo de puesta en explotación de los servicios, como criterio adicional de adjudicación.

En caso de igualdad en las condiciones ofrecidas por los interesados, se adjudicará la licencia al que tenga en ese momento la calidad de titular de la misma.

Con todo, la tarifa ofrecida por el solicitante al que se proponga adjudicar, no podrá ser superior a la determinada por la Superintendecia de conformidad al Título V de esta ley.

Artículo 26.- Informe. La Superintendencia, dentro de un plazo de 90 días contados desde el vencimiento del plazo de entrega de antecedentes a que se refiere el artículo 24, informará al Ministerio sobre las solicitudes presentadas.

El informe se pronunciará sobre el Plan de Inversiones y los demás antecedentes presentados por el solicitante, y propondrá la dictación del decreto de otorgamiento de la licencia, si se estima procedente.

El plazo a que se refiere este artículo se interrumpirá cuando el interesado esté en mora de cumplir con los antecedentes exigidos en el artículo 24 de esta ley, que le hubieren sido solicitados por carta certificada de la Superintendencia.

En todo caso, el plazo para evacuar el informe de la Superintendencia al Ministerio no podrá exceder de ciento ochenta días contados desde el vencimiento del plazo de entrega de antecedentes a que se refiere el artículo 24.

Artículo 27.- Adjudicación. El Ministerio, considerando el informe de la Superintendencia, resolverá fundadamente acerca de la solicitud de licencia, en un plazo máximo de treinta días de recibido dicho informe, dictando el respectivo decreto expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República".

Artículo 28.- Decreto de otorgamiento. El decreto de otorgamiento de la licencia considerará, entre otros, los siguientes aspectos:

1. La identificación de la Licenciataria.

2. Las etapas del servicio sanitario rural que se prestarán, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7 de esta ley.

3. Las condiciones de prestación de los servicios, aprobadas por la Superintendencia.

4. La normativa general aplicable a la licencia que se otorga.

5. El Plan de Inversiones de la licenciataria respecto del cual se ha pronunciado la Superintendencia.

6. La tarifa a cobrar a los usuarios

7. La garantía involucrada.

8. El plazo de vigencia de la licencia.

Artículo 29.- Garantía. Al otorgarse la licencia, la Superintendencia exigirá a la licenciataria, en los términos que se establezcan en el Reglamento, una garantía que resguarde la adecuada prestación del servicio, cuyo monto se calculará considerando el número de usuarios y sus condiciones socioeconómicas. Con todo, el monto de la garantía no podrá exceder del total de los costos de operación correspondientes a tres meses.

Los instrumentos en virtud de los cuales se otorguen las garantías serán elegidos por la Licenciataria de entre aquellos que la Superintendencia defina para tal efecto. Las cláusulas del contrato respectivo deberán ser aprobadas por la Superintendencia.

Capítulo 3

Caducidad, continuidad de la prestación del servicio y quiebra de la licencia

Artículo 30.- Caducidad. Las licencias caducarán, antes de entrar en operación, si no se ejecutaren oportunamente las obras correspondientes al Plan de Inversión necesarias para poner en explotación el servicio, indicadas en el decreto de otorgamiento de la licencia.

La caducidad será declarada mediante un decreto dictado por el Ministro de Obras Pública bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Caducada una licencia, la Superintendencia podrá, mediante resolución fundada de carácter técnico, declarar que la falta de ella afecta la prestación integral del servicio en otra, que indicará. En dicho caso, el operador tendrá el plazo de noventa días para demostrar técnica y económicamente que puede mantener el servicio. De no poder hacerlo, la Superintendencia licitará la licencia de conformidad con las reglas del Capítulo anterior.

Caducada la licencia, el monto de la garantía a que se refiere el artículo 29 quedará a beneficio fiscal.

Artículo 31.- Retiro de instalaciones. En el caso de caducidad previsto en el artículo anterior, la Cooperativa podrá disponer de las instalaciones ejecutadas, salvo los bienes indispensables. Cuando estas instalaciones ocupen bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o de particulares, el retiro deberá hacerse dentro del plazo y en las condiciones que fije la Superintendencia.

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará, cuando corresponda, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones, exigencias y requisitos establecidos para ese evento, en la respectiva resolución de calificación ambiental.

Artículo 32.- Declaratoria de riesgo en la prestación del servicio. Habiendo entrado en operación la licenciataria, el Ministro de Obras Públicas, en base a un informe técnico elaborado por la Superintendencia o por la Autoridad Sanitaria, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá declarar en riesgo la prestación del servicio de una licenciataria, en los siguientes casos:

a) si las condiciones del servicio suministrado no corresponden a las exigencias establecidas en la ley o en la reglamentación vigente, o a las condiciones estipuladas en el decreto de otorgamiento respectivo, y

b) si la licenciataria no cumple el Plan de Inversiones.

Para la calificación de dichas causales, la Superintendencia y la Autoridad Sanitaria según corresponda, deberán considerar la gravedad de sus consecuencias y la reiteración de su ocurrencia.

Previo a declarar en riesgo la prestación del servicio, la licenciataria deberá ser oída en los plazos y de acuerdo al procedimiento que se determine en el reglamento.

Artículo 33.- Administrador temporal. Declarada por el Ministro de Obras Públicas la configuración de alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, cesarán en sus funciones el gerente y el consejo de administración de la Cooperativa, y el Ministerio designará un administrador temporal, por un plazo no superior a seis meses, prorrogables por una sola vez por igual período, cuyas funciones y requisitos serán las establecidas en esta ley y su Reglamento.

El administrador temporal ejercerá las funciones del Consejo de Administración, y será considerado como consejero para todos los efectos de la Ley General de Cooperativas, sin perjuicio que en materias técnicas vinculadas al servicio sanitario rural, estará supeditado al Ministerio de Obras Públicas.

La declaración de riesgo en la prestación del servicio y la designación de un administrador temporal, no obsta a la aplicación de las sanciones que procedan de conformidad a la normativa legal y reglamentaria vigente.

Artículo 34.- Cobro de garantía. En el caso regulado en el artículo 32, la Superintendencia procederá a hacer efectiva la garantía del artículo 29, y su monto será puesto a disposición del Administrador temporal designado conforme al artículo anterior, para garantizar la continuidad del servicio.

Artículo 35.- Facultades del administrador temporal. El administrador temporal del servicio tendrá todas las facultades del giro de la Cooperativa, que la ley y su estatuto otorgan al Consejo de administración y gerente. Su función principal será promover la designación, de un nuevo gerente y consejo de administración, dentro del plazo establecido en el artículo 33.

El administrador temporal responderá hasta de culpa leve en el ejercicio de sus funciones.

En caso que, después de cumplida la prórroga del inciso primero del artículo 33 de esta ley, no haya sido posible la designación de un nuevo gerente y consejo de administración, el Ministerio llamará a licitación de la licencia, conforme a las reglas del Capítulo anterior.

Artículo 36.- Causal de inhabilidad. El gerente y los miembros del consejo de administración que cesen en sus cargos conforme al artículo 33, quedarán inhabilitados para ejercerlos, en cualquier Cooperativa, por un plazo de cinco años, contados desde la fecha del decreto respectivo.

Artículo 37.- Quiebra de la Licenciataria. Declarada la quiebra, la fallida quedará inhibida, de pleno derecho, de la administración de la licencia y de sus bienes indispensables.

En el caso de quiebra de una Licenciataria cuya licencia esté en explotación, el síndico velará por la adecuada provisión del servicio hasta su licitación. Para tales efectos se aplicará respecto del síndico lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 33.

Los gastos en que se incurra con ocasión de la Quiebra quedarán incluidos dentro de los créditos señalados en el Nº 1 del artículo 2472 del Código Civil.

Artículo 38.- Licitación por quiebra. El Ministerio dispondrá la licitación de la licencia y los bienes indispensables, dentro del plazo de un año contado desde que quede a firme la sentencia que declare la quiebra. El llamado a licitación se publicará en la forma establecida en el artículo 19, y los interesados deberán presentar sus ofertas en los plazos y con los antecedentes indicados en los artículos 23 y 24 de esta ley. Se aplicará además para la licitación lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27 y 28 de esta ley.

La adjudicación de la licencia recaerá, cumpliendo las condiciones técnicas y la tarifa vigente, en la interesada que ofrezca el mayor valor por la licencia y por los bienes indispensables.

Capítulo 4

Del permiso de servicio sanitario rural

Artículo 39.- Objeto. El permiso de servicio sanitario rural se otorga por el Ministerio a un Comité o Cooperativa, para la prestación de Servicios Sanitarios Rurales, en un área de servicio determinada.

Otorgado el Permiso de distribución, el Estado no podrá otorgar en parte alguna del área de servicio del permisionario, permisos o licencias de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas, ni concesiones sanitarias.

Habiendo entrado en operación el permisionario, el Ministerio podrá declarar en riesgo el servicio en caso que las condiciones del servicio suministrado no correspondan a las exigencias establecidas en la normativa legal o reglamentaria vigente, o a las condiciones estipuladas en el decreto de otorgamiento respectivo.

Declarado en riesgo el servicio, cesarán en sus funciones el directorio del comité o el gerente y el consejo de administración de la cooperativa, según el caso.

El Ministerio podrá adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio, mientras la asamblea o la junta general designan un nuevo directorio o consejo de administración, según el caso.

Previo a declarar en riesgo la prestación del servicio, el permisionario deberá ser oído en los plazos y de acuerdo al procedimiento que se determine en el reglamento.

Artículo 40.- Solicitud del permiso. Para solicitar un permiso, el interesado deberá presentar al Ministerio, a lo menos, lo siguiente:

1) La identificación del Comité o la Cooperativa peticionaria, y una breve descripción de las características más relevantes del servicio que se solicita prestar.

2) En caso que el solicitante sea Cooperativa, un certificado de vigencia emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente.

3) La identificación de las etapas del servicio sanitario rural que se solicitan, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7 de esta ley.

4) La identificación de las fuentes de agua que utilizará en calidad de propietario o a cualquier otro título.

5) El título en virtud del cual el solicitante utilizará las fuentes de agua identificadas conforme al numeral anterior, lo que deberá acreditarse en la forma que defina el Reglamento.

6) Los límites del área geográfica en que se prestarán los servicios sanitarios rurales.

7) Un Inventario valorizado de bienes, derechos y obligaciones. Si el peticionario fuere una Cooperativa, deberá acompañar además un estado de situación.

Artículo 41.- Plazo del permiso. El plazo máximo por el que se otorgará el permiso será de 10 años.

Artículo 42.- Decreto de otorgamiento. El Ministerio resolverá fundadamente acerca de la solicitud de permiso, en un plazo máximo de 30 días, dictando el respectivo decreto expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República".

El decreto de otorgamiento del permiso considerará, entre otros, los siguientes aspectos:

1. La identificación del permisionario.

2. Las etapas del servicio sanitario rural que se prestarán, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7º de esta ley.

3. Las condiciones de prestación de los servicios.

4. La normativa general aplicable al permiso que se otorga.

5. La tarifa a cobrar a los usuarios.

6. El Plazo de vigencia del permiso.

Artículo 43.- Renovación y solicitud de licitación. El permisionario goza de derecho preferente para que se le renueve su permiso, para lo cual deberá solicitar su renovación con a lo menos seis meses de anticipación antes de la fecha de extinción. En su defecto, el Ministerio deberá llamar a licitación conforme al artículo 44 de esta ley.

En caso que el permisionario esté clasificado en el segmento AAA conforme a lo dispuesto en el artículo 77, deberá presentar junto a su solicitud de renovación un Plan de Inversiones, respecto del que la Superintendencia deberá pronunciarse en un plazo de cuarenta y cinco días.

Cualquier interesado distinto del Permisionario podrá solicitar al Ministerio, dentro de los seis meses antes del término del plazo de vigencia del permiso, que llame a su licitación. Para estos efectos, deberá acompañar a su solicitud un proyecto técnica y económicamente viable para la prestación del servicio.

Artículo 44.- Licitación del permiso. El llamado a licitación del permiso pronto a extinguirse y sus bienes indispensables, se publicará por el Ministerio en la forma establecida en el artículo 19 de esta ley.

Si hubiera otros interesados en el permiso, éstos deberán presentar al Ministerio, dentro del plazo de 30 días, contados desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el inciso primero, una solicitud de permiso en los términos establecidos en el artículo 40 de esta ley.

Vencido el término anterior, el Ministerio adjudicará, en un plazo máximo de 60 días, el permiso al solicitante que cumpliendo las condiciones técnicas exigidas, ofrezca las condiciones económicas y sociales más ventajosas para la provisión del servicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento. Se podrá considerar, entre otros, el plazo de puesta en explotación de los servicios ofrecidos, como criterio adicional de adjudicación.

En caso de igualdad en las condiciones ofrecidas por los interesados, se adjudicará el permiso al que tenga en ese momento la calidad de titular del mismo.

Se aplicará para la licitación del permiso, lo dispuesto en los cinco incisos finales del artículo 19 de esta ley.

TITULO IV

DE LOS OPERADORES

Capítulo 1

Derechos y obligaciones de los operadores y usuarios

Artículo 45.- Obligaciones de los operadores. Los operadores de servicios sanitarios rurales tendrán las siguientes obligaciones:

a) Prestar los servicios sanitarios a los usuarios, en la medida que sea técnica y económicamente factible. Esta obligación comprende la certificación de la factibilidad de servicio. En caso que existan discrepancias entre el usuario y el operador, en cuanto a las condiciones de prestación del servicio, la Superintendencia resolverá las diferencias mediante una resolución fundada.

Los servicios sanitarios deberán prestarse a los Usuarios, en la calidad exigible conforme a las normas respectivas, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio de Salud y de la Superintendencia.

b) Garantizar la continuidad del servicio entregado, en el sentido que éste sea prestado durante la cantidad de horas diarias que se determine por la Superintendecia, conforme a las características técnicas exigibles a cada segmento; salvo, las interrupciones que se produzcan por fuerza mayor o por necesidad indispensable para la prestación del servicio, debidamente programadas y comunicadas con anticipación a los usuarios, según lo establecido en el Reglamento.

c) Mantener el nivel de calidad en la atención de usuarios y prestación del servicio que defina el Reglamento.

d) Prestar y operar los servicios sanitarios rurales, dando estricto cumplimiento a las obligaciones, restricciones y prohibiciones establecidas en esta ley y su Reglamento, en la normativa sanitaria y ambiental, y en las demás normas y disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes; así como a las instrucciones que impartan las autoridades competentes en el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 46.- Actualización del Plan de Inversiones. Las licenciatarias deberán actualizar su Plan de Inversiones cada cinco años. Asimismo, deberán actualizarlo en caso que el subsidio o inversión pública efectivamente recibida difiera del considerado al haberse determinado el nivel tarifario.

La actualización del Plan de Inversiones se hará conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento.

Artículo 47.- Obligación de conservación de instalaciones y equipos. Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior, los operadores deberán conservar en perfecto estado de funcionamiento las instalaciones y equipos que conforman la infraestructura del servicio, debiendo para estos efectos proceder a su reparación y mantención, y a la reposición en su caso.

Artículo 48.- Fondo de reposición y reinversión. Los operadores que conforme a la clasificación del artículo 77 de esta ley, pertenezcan a los segmentos AA y AAA, deberán constituir e incrementar, con un porcentaje no inferior al 20% de sus remanentes, un fondo de reserva legal, destinado a la reposición y ampliación de largo plazo, según se defina en el reglamento.

Este fondo del inciso anterior no podrá ser destinado a fines distintos a la reposición y ampliación de la infraestructura, y deberá ser mantenido en instrumentos de inversión de emisores inscritos en el registro de valores, cuya clasificación de riesgo y tipo de instrumento serán definidos en el Reglamento.

Artículo 49.- Responsabilidad por mantenimiento y reposición. Los costos de mantenimiento y reposición del arranque de agua potable y la unión domiciliaria, del sistema de agua potable y saneamiento rural respectivamente, serán de cargo del operador.

El mantenimiento y reposición de las instalaciones interiores domiciliarias de agua potable y de saneamiento serán de exclusiva responsabilidad y cargo del propietario del inmueble.

Artículo 50.- Uso de instalaciones y equipos. Corresponderá siempre a los operadores el uso y goce exclusivo de los bienes indispensables regulados en el artículo 12 de esta ley; y sólo podrán destinar dichas instalaciones a la realización de las actividades indicadas en el artículo 45.

Sin perjuicio de lo anterior, la Asamblea General o la Junta General, según corresponda, en sesión extraordinaria y por mayoría simple de los miembros presentes, podrá autorizar el uso y goce de los citados bienes para el desarrollo de otras actividades, siempre que no se limite, entorpezca o afecte de modo alguno la provisión de los servicios sanitarios rurales, y se cumpla con la normativa vigente. Para estos efectos, la Asamblea General o la Junta General deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de sus miembros.

Artículo 51.- Vertimiento de aguas tratadas en canales de regadío. Los operadores de tratamiento y disposición podrán solicitar a la organización de usuarios respectiva, autorización para el vertimiento de las aguas tratadas en un canal.

En caso que la organización de usuarios negare la autorización, o no se llegue a acuerdo, el operador podrá recurrir al juzgado de letras en lo civil de la comuna correspondiente al punto de descarga propuesto, para que éste, conforme al procedimiento sumario establecido en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, lo autorice a verter las aguas tratadas en el canal, estableciendo las contraprestaciones correspondientes.

El juez sólo podrá autorizar al operador a verter las aguas tratadas en un canal en caso que se trate de la solución de tratamiento y disposición más adecuada desde el punto de vista técnico y económico, que no se afecten actividades económicas que para su desarrollo utilicen las aguas del canal, que las aguas tratadas cumplan con las exigencias que establece la normativa vigente aplicable.

Artículo 52.- Derechos de los usuarios. Las prestaciones en que se traduzca el cumplimiento de las obligaciones de los operadores establecidas en esta ley, serán sin perjuicio de los demás derechos establecidos en otras normas relacionadas con los servicios sanitarios rurales, todos los cuales constituyen el estatuto mínimo de los derechos que amparan a los usuarios.

Artículo 53.- Derechos del operador. Son derechos del Operador:

a) Cobrar por las etapas del servicio sanitario rural prestadas, las tarifas a que se refiere el Título V de esta ley. Para estos efectos, las boletas o facturas deberán permitir la fácil comprensión de cada cobro efectuado.

b) Cobrar reajustes e intereses corrientes, por las cuentas que no sean canceladas dentro de los plazos señalados en el Reglamento;

c) Cobrar los costos de cobranza extrajudicial en que haya incurrido el operador;

d) Suspender, previo aviso de 30 días, los servicios a Usuarios que adeuden el pago de una o más boletas o facturas y cobrar el costo de la suspensión y de la reposición correspondiente;

e) Suspender el servicio a los usuarios de servicio sanitario rural primario que destinen el agua a un fin distinto del establecido en el artículo 5 de esta ley;

f) Suspender el servicio a los usuarios respecto de los cuales se compruebe que han causado daño a las instalaciones, equipos o bienes del Operador.

g) Cobrar el costo de las reparaciones de daños y desperfectos causados en los arranques de agua potable y uniones domiciliarias de alcantarillado, redes de distribución y redes de recolección, a causa del mal uso o destrucción de las mismas por el usuario.

h) Proponer y postular, cuando corresponda, en representación de los usuarios, a subsidios a la inversión en los sistemas rurales de agua potable, en particular al establecido en la ley Nº 18.778 de 1989 y su reglamento.

i) Exigir al usuario de la propiedad servida la conexión a las instalaciones de agua potable y/o alcantarillado, según fuere el caso, cuando existan causas debidamente calificadas por la autoridad sanitaria.

Los derechos anteriormente señalados se ejercerán sin perjuicio de las atribuciones que el Código Sanitario le entrega al Ministerio de Salud.

Artículo 54.- Mérito ejecutivo. Las boletas o facturas que se emitan por la prestación de los servicios sanitarios rurales o por los trabajos en los arranques de agua potable rural o uniones domiciliarias de alcantarillado rural, incluidos sus reajustes e intereses, tendrán mérito ejecutivo sólo en cuanto al cobro de aquellas prestaciones.

Artículo 55.- Modificaciones de niveles de servicio. Se podrán modificar los niveles de servicio de los operadores, a proposición de la Superintendencia, previo conocimiento de éstos, mediante decreto supremo que deberá llevar la firma del Ministro de Obras Públicas. Dicho decreto supremo deberá ser fundado y basado en criterios de carácter objetivo. Los niveles de servicio podrán diferenciarse entre segmentos de operadores.

En caso que por modificaciones de los Planes Reguladores, el área de servicio de una Licenciataria quede total o parcialmente incorporada en el área urbana, el Ministerio podrá modificar los niveles de servicio de la licencia, a proposición de la Superintendencia. En este caso, la Licenciataria deberá modificar su Plan de Inversiones para incorporar las nuevas exigencias. La modificación de los niveles de servicio y la aprobación de las del Plan de Inversiones se harán conforme al procedimiento que establezca el Reglamento.

Artículo 56.- Facultad de acceso del operador. El usuario deberá permitir el acceso a su inmueble del personal del operador, identificado como tal, para el ejercicio de las funciones que dicen relación con la prestación de los servicios.

Artículo 57.- Inmueble que recibe el servicio. En el inmueble que recibe el servicio de agua potable o de alcantarillado de aguas servidas, quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio sanitario rural, para con el operador.

Capítulo 2

Causales de incompatibilidad, de cesación en los cargos y censura de dirigentes de operadores

Artículo 58.- Incompatibilidades e inhabilidades. Serán incompatibles los cargos de alcalde y consejero regional con los cargos directivos o pertenecientes a los órganos de administración o de fiscalización de los Comités y Cooperativas de servicios sanitarios rurales.

Desde la inscripción de su candidatura, cesará en sus funciones cualquier dirigente de comité o cooperativa de los indicados en el inciso anterior que postule al cargo de alcalde.

Las demás incompatibilidades y las causales de inhabilidad y cesación en el cargo, aplicables a la organización de las Cooperativas de servicios sanitarios rurales, se regirán por la Ley General de Cooperativas, y su legislación complementaria.

Artículo 59.- Cesación en el cargo de los dirigentes de los Comités. Los dirigentes de los Comités de Servicio Sanitario Rural, cesarán en sus cargos:

a) Por el cumplimiento del período para el cual fueran elegidos.

Los estatutos del Comité podrán establecer períodos diferenciados de tiempo para cada cargo, a fin de permitir la renovación del directorio por parcialidades;

b) Por renuncia presentada por escrito al directorio, cesando en sus funciones y responsabilidades al momento en que éste tome conocimiento de aquélla;

c) Por inhabilidad sobreviniente, calificada en conformidad con los estatutos;

d) Por censura acordada por mayoría simple de los miembros presentes o representados en asamblea extraordinaria especialmente convocada al efecto. Para estos efectos la Asamblea extraordinaria deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros del Comité;

e) Por pérdida de la calidad de afiliado a la respectiva organización;

f) Por pérdida de la calidad de ciudadano;

g) Por delitos que merezcan pena aflictiva.

Artículo 60.- Censura de los dirigentes de los Comités. Será motivo de censura la trasgresión por los dirigentes de cualesquiera de sus deberes legales, o de algún derecho de un miembro de un Comité de Servicio Sanitario Rural.

Artículo 61.- Censura al directorio del Comité. Los Comités de servicio sanitario rural deberán confeccionar anualmente un balance o una cuenta de resultados, según el sistema contable con que operen, y someterlos a la aprobación de la asamblea. El incumplimiento de esta obligación será causal de censura para todo el directorio de la organización. Asimismo, será causal de censura para el directorio, el rechazo del balance o cuenta de resultados anual, en dos oportunidades sucesivas por a lo menos dos tercios de la asamblea.

Capítulo 3

Viáticos para dirigentes de los Comités

Artículo 62.- Viáticos para dirigentes de Comités. La asamblea general extraordinaria de un comité de servicio sanitario rural, podrá acordar por mayoría simple de los miembros presentes o representados en ella, viáticos en dinero para sus dirigentes. Estos viáticos, con el debido respaldo, deberán ser rendidos a la asamblea general y serán destinados a gastos de traslado, alimentación, alojamiento y otros similares necesarios para el ejercicio del cargo y su capacitación como dirigentes.

TITULO V

DE LAS TARIFAS

Artículo 63.- Reglas y principios generales. Los servicios sanitarios rurales estarán sujetos a las normas sobre fijación de tarifas y demás cobros de agua potable y saneamiento que se establecen en la presente ley y su reglamento.

Las tarifas siempre deberán permitir recuperar los costos indispensables de operación y mantenimiento. Adicionalmente, las tarifas podrán establecer distintos niveles de recuperación de los costos de inversión y reposición.

Se calcularán separadamente las tarifas correspondientes a las diversas etapas del servicio sanitario rural, cuando existan.

Las fórmulas tarifarias a utilizar deberán incluir un cargo fijo mensual y cargos por metro cúbico.

El procedimiento de determinación de las tarifas deberá ser fácilmente comprensible por los Usuarios, y el costo de dicho procedimiento deberá ser proporcional a la magnitud de los servicios sanitarios rurales a tarificar.

Las tarifas serán determinadas por la Superintendencia, conforme al procedimiento establecido en este Título.

Artículo 64.- Determinación de la tarifa de autofinanciamiento. La tarifa de autofinanciamiento, compuesta por un cargo fijo mensual y cargos por metro cúbico, es aquella que permite recuperar la totalidad de los costos indispensables de operación, mantenimiento, inversión y reposición.

La tarifa de autofinanciamiento se calcula a partir del Costo Total de Largo Plazo, entendiéndose éste como aquel valor anual constante requerido para cubrir tanto los costos de operación y mantenimiento eficientes como los de reposición e inversión eficientes, de un proyecto de inversión optimizado.

Dicho valor anual deberá ser consistente con un valor actualizado neto igual a cero, en un horizonte congruente con la vida útil económica de los activos. Para estos efectos, se deberá considerar la depreciación de los activos, la tasa de tributación vigente, la tasa de costo de capital y los aportes de terceros.

La tasa de costo de capital aplicable será única para todos los sistemas definidos y corresponderá a una tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central de Chile, más un premio por riesgo. La metodología para su determinación será definida en el reglamento.

El procedimiento para la determinación de los cargos tarifarios y metros cúbicos a considerar, corresponderá al que se establezca en el reglamento.

Artículo 65.- Procedimiento de determinación del nivel tarifario. El nivel tarifario es aquel calculado por la Superintendencia rebajando de la tarifa de autofinanciamiento el subsidio o la inversión pública a que se refiere el Capítulo IV del Título VI.

La Superintendencia podrá agrupar distintos servicios, bajo la denominación de sistemas tipo, considerando su tamaño y otras variables de costo relevantes definidas en el reglamento.

Asimismo, definirá los casos en que la fijación tarifaria se hará individualmente en atención al tamaño del servicio o a singularidades técnicas, geográficas o de otra especie, que lo justifiquen.

La Superintendencia calculará mediante resolución fundada, el nivel tarifario correspondiente a los sistemas tipo y a los sistemas de tarificación individual.

Artículo 66.- Procedimiento de determinación de la tarifa a cobrar al usuario. La tarifa a cobrar al usuario se determina para cada servicio sanitario rural, y es aquella que debe pagar efectivamente el usuario, sin perjuicio de los casos en que proceda la aplicación del subsidio establecido en la ley N° 18.778.

Una vez comunicado el nivel tarifario al operador, en la forma que determine el reglamento, éste lo pondrá en conocimiento de la asamblea, la que en el plazo de sesenta días podrá aceptarlo o acordar su variación hasta un 5%. En estos casos, el nivel tarifario aceptado o ajustado por la asamblea corresponderá a la tarifa a cobrar a los usuarios.

En caso que la asamblea acordare solicitar una variación superior al porcentaje indicado en el inciso precedente deberá presentar, a su costa, una contrapropuesta que será aceptada o rechazada por la Superintendencia en un plazo de sesenta días contados desde su presentación completa. Los requisitos, procedimientos y plazos, para presentar la contrapuesta y para el pronunciamiento definitivo de la Superintendencia serán fijados en el reglamento. El dictamen de la Superintendencia, en todo caso, será definitivo y obligatorio.

Vencido el plazo indicado en el inciso segundo sin un pronunciamiento de la asamblea, la tarifa a cobrar a los usuarios corresponderá a la informada por la Superintendencia.

Los procedimientos, requisitos y plazos para la fijación de la tarifa a cobrar al usuario de los sistemas de tarificación individual se establecerán en el reglamento.

Las tarifas a cobrar a los usuarios, serán fijadas mediante decreto supremo dictado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República.

Artículo 67.- Período tarifario. Las tarifas serán determinadas por la Superintendencia cada cinco años.

Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso por primera vez, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda conforme al artículo 65, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.

Artículo 68.- Reajustabilidad de la tarifa. Las tarifas a cobrar a los usuarios, se reajustarán cada vez que se acumule una variación de, a lo menos, 5% del Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadísticas, o en caso que alguna de las variables de costos definidas como relevantes por el reglamento experimente un aumento de al menos 3%. El operador deberá informar del reajuste a los usuarios en la forma y oportunidad definida en el reglamento.

Artículo 69.- No discriminación de la tarifa. No existirá gratuidad o rebaja parcial del cobro por la prestación de los servicios ni discriminación alguna, salvo las excepciones otorgadas por los operadores a usuarios, y a sus expensas. No obstante, los operadores no podrán establecer diferencias en sus tarifas, cargos o cualquier otro concepto, dentro de un mismo sistema, salvo entre el servicio sanitario rural primario y secundario, y en los demás casos que esta ley los autorice.

Artículo 70.- Obligado al pago. La tarifa deberá ser pagada por el ocupante de la propiedad, a cualquier título, sin perjuicio que en el inmueble que recibe el servicio quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio para con el operador.

Artículo 71.- Prestación regulada. Todas aquellas prestaciones de carácter sanitario efectuadas por el operador que no se encuentren reguladas en esta ley y se presten con características monopólicas, serán tarificadas de conformidad con este Título.

TITULO VI

INSTITUCIONALIDAD

Capítulo 1

Política nacional de servicios sanitarios rurales

Artículo 72.- Política de asistencia y promoción. El Ministerio de Obras Públicas, con la información técnica que recabe de los Ministerios de Salud, Planificación, Vivienda y Urbanismo y de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, determinará la política de inversión, asistencia técnica y financiera, supervisión y promoción para la organización de los operadores de servicios sanitarios rurales.

Dicha política se ejecutará mediante programas acordados con los gobiernos regionales.

La política de asistencia y promoción deberá considerar, además, a los habitantes rurales que residan fuera del área de servicio de los operadores.

La política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales se definirá y ejecutará por el Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de las atribuciones y competencias que correspondan a otros organismos públicos.

Artículo 73.- Reconocimiento. La política para la asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales, reconoce la función social y el rol integrador de los grupos intermedios que desarrollan sus actividades basados en los principios de participación comunitaria y de ayuda mutua, garantizando su ejercicio a toda persona sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Del mismo modo, cada uno de los miembros de las organizaciones comunitarias y de las fundadas en el principio de ayuda mutua a que esta ley atribuye el derecho a ser titulares de permisos y licencias, tienen derecho a elegir y a ser elegidos para la dirección, administración y control de la gestión de las respectivas organizaciones; sin perjuicio de los demás derechos que otras leyes les confieren para la protección de su calidad de usuarios o consumidores.

Artículo 74.- Principios. La política sobre los servicios sanitarios rurales, estará fundada en los siguientes principios:

a) De protección de la ayuda mutua, para el caso de los derechos inherentes de los servicios sanitarios rurales;

b) De igualdad de participación y de decisión de los integrantes de los órganos administradores y ejecutores de los operadores de los servicios sanitarios rurales, bajo la condición de que dichos integrantes den oportuno cumplimiento a sus obligaciones;

c) De no discriminación respecto del servicio sanitario rural;

d) De eficiencia económica en la disposición y administración de los recursos, de modo que propenda a la autosustentabilidad económica del servicio;

e) De transparencia en la gestión y administración del servicio, para con sus socios, usuarios y la comunidad en general; y,

f) De promoción del uso sostenible del agua y de los demás componentes ambientales involucrados.

Artículo 75.- Consejo consultivo. Para la orientación de la política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales, el Ministerio deberá oír a un Consejo Consultivo, el que estará compuesto por los siguientes integrantes:

a) un representante del Ministerio de Obras Públicas, quien lo presidirá;

b) un representante del Ministerio de Hacienda;

c) un representante del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción;

d) un representante del Ministerio de Salud;

e) un representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

f) un representante del Ministerio de Planificación;

g) un representante de la Comisión Nacional del Medio Ambiente;

h) un representante de la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior;

i) Un representante de la Asociación de Municipalidades que reúna la mayor cantidad de municipios asociados a nivel nacional.

j) tres representantes de los dirigentes de las Cooperativas de Servicios Sanitarios Rurales;

k) tres representantes de los dirigentes de los Comités; y,

l) tres representantes de federaciones o confederaciones de operadores de servicios sanitarios rurales, sean de carácter nacional, regional o provincial.

El Consejo sesionará, al menos, dos veces al año. El Reglamento determinará el procedimiento de funcionamiento del Consejo. Los integrantes del Consejo a que se refieren las letras j), k) y l) del inciso primero de este artículo, percibirán una asignación para gastos de traslado, alojamiento y alimentación por cada sesión a la que asistan, con cargo al presupuesto del Ministerio.

El mecanismo de elección de los integrantes del consejo consultivo establecidos en las letras j), k) y l) de este artículo, será fijado en el Reglamento y deberá considerar la renovación periódica de los representantes. Para el caso de la elección de los representantes de las letras j) y k), dicho mecanismo deberá asegurar que cada dirigente que se elija corresponda a una Región distinta, que se respete la adecuada representación de los segmentos, y que estén representados comités y cooperativas que no se encuentren afiliados a ninguna federación. Del mismo modo, dicho mecanismo asegurará la no discriminación de las personas representantes por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El Secretario Ejecutivo del Consejo será el Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas. Sus funciones serán citar a las sesiones, levantar acta de éstas, el seguimiento de los acuerdos adoptados y las demás que el Consejo o el Reglamento le encomienden.

Capítulo 2

Del registro y clasificación de operadores

Artículo 76.- Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales. El Ministerio tendrá a su cargo un registro público de los operadores de servicios sanitarios rurales, de los permisos y licencias otorgadas, y de los demás antecedentes que el Reglamento establezca.

El registro establecido en el inciso anterior deberá encontrarse actualizado y para su libre consulta en el sitio electrónico del Ministerio.

Artículo 77.- Clasificación de los operadores. Para los efectos de esta ley, los operadores se clasificarán en tres segmentos: (a) AAA; (b) AA, y (c) A.

El Reglamento definirá un procedimiento para la clasificación en los distintos segmentos.

Para la clasificación de los Operadores se considerarán, además de la calidad de la gestión técnica, administrativa y financiera del operador, las siguientes características del sistema servido:

(a) población abastecida;

(b) cercanía al área urbana;

(c) condiciones económicas y sociales de la población abastecida;

(d) condiciones de aislamiento;

(e) en caso que corresponda, el carácter de comunidad indígena conforme a la ley Nº 19.253 y sus disposiciones reglamentarias; y,

(f) la oferta hídrica y las condiciones geográficas y topográficas.

Artículo 78.- Autoridad encargada de clasificar a los Operadores. El Ministro de Obras Públicas clasificará en distintos segmentos a los operadores, en conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior y en el Reglamento.

La clasificación tendrá una vigencia de 5 años, pudiendo el operador, la Superintendencia o el Departamento de Cooperativas, solicitar su reclasificación en cualquier momento, por razones fundadas.

La clasificación deberá constar en el Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales.

Capítulo 3

Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales

Artículo 79.- Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Créase en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que estará a cargo de un funcionario que tendrá el título de Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales.

Artículo 80.- Funciones. Serán funciones de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales:

a) Ejecutar la política de asistencia y promoción conforme lo instruido por el Ministro de Obras Públicas.

En el ejercicio de esta función podrá implementar programas y proyectos dirigidos especialmente a los habitantes del área rural que residan fuera del área de servicio de los Operadores;

b) Administrar el Registro de Operadores;

c) Proponer al Ministro de Obras Públicas la clasificación de los Operadores, y el aporte financiero del Estado a que se refieren los artículos 84 y 85, para cada segmento;

d) Asesorar a los Operadores, directamente o a través de terceros;

e) Formular proyectos de servicios sanitarios rurales y evaluarlos económica, técnica y socialmente.

f) Contratar la inversión sectorial y actuar como unidad técnica para la contratación de la inversión de los gobiernos regionales u otras instituciones públicas en materias relacionadas con servicios sanitarios rurales.

g) Revisar, previa consulta a la Superintendencia, el Plan de Inversión;

h) Pedir informes y auditar la contabilidad de las Licenciatarias y Permisionarios

Para estos efectos podrá encargar la revisión del funcionamiento administrativo, contable, y financiero a personas naturales o jurídicas inscritas en alguno de los Registros públicos que el Reglamento determine.

La Subdirección determinará las facultades con que estas entidades podrán actuar; fijará los requisitos técnicos que deban cumplir, con el fin de velar por la calidad, confiabilidad e idoneidad de sus funciones; dictará las normas relativas al cumplimiento de éstas, y a los sistemas y procedimientos de trabajo; y, fijará los requisitos que deban cumplir y las garantías que deban rendir para su correspondiente inscripción.

i) Aprobar, directamente o a través de terceros, la puesta en operación de las obras de cada Operador.

j) Solicitar el ejercicio de las facultades de supervisión o de fiscalización al Departamento de Cooperativas, a la Superintendencia, o al Ministerio de Salud, cuando correspondiere.

k) Visar técnicamente los proyectos.

l) Las demás que la ley le asigne.

Artículo 81.- Facultad de acceso de los funcionarios de la Subdirección. Los funcionarios de la Subdirección tendrán libre acceso a las obras, a sus dependencias, y en general a todo inmueble o instalación de los operadores, destinadas a la prestación del servicio sanitario rural, a objeto de realizar las funciones que les son propias.

Artículo 82.- Designación de Administradores temporales. El Ministro podrá designar como administrador temporal, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 33 de esta ley, a alguno de los profesionales que cumpliendo los requisitos que se establezcan en el Reglamento, esté inscrito en un Registro Especial que será administrado por la Subdirección. La Subdirección podrá eliminar del registro a estas personas o no renovar su inscripción, cuando no cumplan sus funciones y los requisitos establecidos.

El Reglamento determinará las facultades con que éstos profesionales podrán actuar; fijará los requisitos técnicos que deban cumplir, con el fin de velar por la calidad, confiabilidad e idoneidad de sus funciones; fijará las normas relativas al cumplimiento de éstas y a los sistemas y procedimientos de trabajo; y, fijará los requisitos que deban cumplir y las garantías que deban rendir para su correspondiente inscripción.

Artículo 83.- Información. La Subdirección podrá requerir a los operadores la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Los operadores deberán informar a la Subdirección de cualquier hecho esencial relativo a la operación del servicio sanitario rural, inmediatamente después de ocurrido éste, o desde que se tomó conocimiento del mismo, o a más tardar dentro de los tres días siguientes, aun cuando no hubiere mediado requerimiento del citado organismo. En caso que se trate de hechos que afecten las condiciones sanitarias de la prestación del servicio, el operador deberá informar además a la Autoridad Sanitaria.

Para los efectos del inciso anterior, se entenderá como esencial todo hecho que pueda afectar gravemente la continuidad, calidad y seguridad del servicio sanitario rural, para un número de Usuarios igual o superior al porcentaje que indique el Reglamento.

Capítulo 4

Inversión pública y subsidios en los servicios sanitarios rurales

Artículo 84.- Inversión pública. La inversión para promover, formar e instalar servicios sanitarios rurales nuevos se definirá por el Ministerio conforme a lo establecido en los artículos 85, 86 y 87, pudiéndose considerar el aporte de los beneficiarios.

El Ministerio de Obras Públicas podrá decidir, por razones de emergencia, inversiones en ejecución de obras para servicios sanitarios rurales existentes o nuevos, sin sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior.

Artículo 85.- Subsidio a la inversión. El subsidio a la inversión a que se refiere el artículo 10 de la ley Nº 18.778, podrá destinarse a cualquiera de las etapas de los servicios sanitarios rurales existentes.

La infraestructura financiada total o parcialmente con el subsidio a la inversión tendrá el carácter de reserva legal, y formará parte de los bienes indispensables establecidos en el artículo 12 de la presente ley, y se denominará Fondo de Reserva Subsidio Estatal.

La selección de los estudios, proyectos y obras subsidiables se hará de conformidad a lo dispuesto en los tres artículos siguientes.

Artículo 86.- Criterios de elegibilidad. El Ministerio, con consulta al Gobierno Regional respectivo, definirá para cada región, las características de los proyectos a financiar para el año siguiente y los criterios de elegibilidad. Entre los criterios de elegibilidad se podrán considerar requisitos diferenciados para cada uno de los segmentos de operadores indicado en el artículo 77 de esta ley.

Artículo 87.- Procedimiento de selección de proyectos. Los operadores podrán presentar a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales solicitudes de financiamiento total o parcial de proyectos de servicios sanitarios rurales.

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, presentará cada año al Gobierno Regional, un listado de proyectos de servicios sanitarios rurales ya evaluados que cumplan los criterios de elegibilidad definidos conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Para la evaluación de los proyectos por parte del organismo público competente bastará que esté dictado el acto expropiatorio respectivo.

El Gobierno Regional respectivo seleccionará, fundadamente, los proyectos beneficiados con los recursos asignados a la Región, entre los proyectos incluidos en el listado que le entregue el Ministerio conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Los proyectos seleccionados por el Gobierno regional serán financiados hasta su plena ejecución aunque aquello comprometa presupuestos de ejercicios posteriores.

Los demás aspectos relacionados con la distribución del subsidio, con la elaboración del programa bianual y con el sistema de postulación, de selección y de priorización de los estudios, proyectos u obras a ejecutar se establecerán en el Reglamento. En éste se podrán considerar además, para casos excepcionales, los requisitos y condiciones necesarios para la entrega del subsidio al operador previo a la ejecución completa de las obras.

En caso que otras entidades aporten recursos para el financiamiento de los estudios, proyectos u obras a que se refieren los artículos 84 y 85 de esta ley, sus aportes se aplicarán en las mismas condiciones establecidas en este artículo.

Artículo 88.- Ventanilla Única. Todo programa de inversión cuyos fondos sean aplicables al servicio sanitario rural, deberá ser contratado a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, en las condiciones que fije el Reglamento, ya sea que se financie con recursos sectoriales o con recursos regionales, en cuyo caso actuará como unidad técnica. Los demás programas de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales que el Estado promueva, cualquiera sea su naturaleza, deberán ser informados al Consejo Consultivo, para facilitar la coordinación y unidad de acción entre organismos del Estado.

La Subdirección podrá suscribir convenios con otros organismos públicos, para la contratación por parte de ellos de los programas de inversión aplicables al servicio sanitario rural. En todo caso la Subdirección, mantendrá la función de visar técnicamente los proyectos.

Artículo 89.- Bienes aportados por el Estado. Por decreto supremo suscrito por el Ministro de Obras Públicas bajo la formula “por orden del Presidente de la República”, las obras o proyectos financiados o ejecutados por el Estado que integren un sistema sanitario rural, deberán ser cedidos o transferidos a cualquier título a los Operadores.

Serán transferidos a los operadores los derechos de aprovechamiento de aguas que, siendo de propiedad fiscal, sean necesarios para la prestación de servicios sanitarios rurales. Dichos derechos se mantendrán bajo el dominio de los operadores en tanto sean usados para la prestación del servicio sanitario rural, pasando de pleno derecho al dominio del Ministerio en cuanto cese dicha condición. Se entenderá que cesa la condición en caso de haberse declarado desierta la licitación del permiso o licencia. La transferencia a los operadores se hará mediante resolución de la autoridad correspondiente, debiendo ajustarse a lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Aguas.

En caso de cambio de operador, los derechos se transferirán gratuitamente y de pleno derecho a quien detente la calidad de tal, desde el otorgamiento de su licencia o permiso.

Los bienes a que se refiere este artículo serán considerados como aportados por terceros para fines tarifarios, e indispensables para los efectos del artículo 12.

Artículo 90.- Expropiaciones y donaciones. Los bienes inmuebles necesarios para la prestación de los servicios sanitarios rurales se declaran de utilidad pública y su expropiación se efectuará por intermedio del Ministerio, conforme a lo dispuesto en el decreto ley N° 2.186, de 1978.

La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales podrá aceptar donaciones o erogaciones consistentes en dinero o en dación de cosas, sean éstas muebles o inmuebles, para la ejecución de obras o el financiamiento total o parcial de expropiaciones, destinadas a la prestación de los servicios sanitarios rurales. En caso de recibir donaciones o erogaciones para el financiamiento parcial de expropiaciones, el Estado financiará la diferencia con fondos sectoriales o regionales.

Una vez aceptada y materializada la entrega de las donaciones o erogaciones a que se refiere el inciso precedente, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales la aprobará por orden interna para los efectos de la contabilización correspondiente en la Dirección de Contabilidad y Finanzas de la Dirección General de Obras Públicas. Copia de esta orden se enviará a la Contraloría General de la República. Para estas donaciones no se requerirá el trámite de insinuación judicial.

Artículo 91.- Regularización de bienes. En caso de que un operador solicite que se le reconozca la calidad de poseedor regular de bienes inmuebles necesarios para la prestación de su servicio sanitario rural, conforme al procedimiento establecido en el decreto ley N° 2.695, de 1979, servirá como plena prueba de su posesión material, la existencia en el inmueble de alguno de los bienes indicados en las letras f), g), h), i) y j) del artículo 12, siempre que el bien haya estado en uso al menos durante los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de regularización.

Capitulo 5

De la Regulación y Fiscalización

Artículo 92.- Superintendencia de Servicios Sanitarios. La Superintendencia de Servicios Sanitarios podrá ejercer las atribuciones y facultades regulatorias y fiscalizadoras, respecto de todo operador de un servicio sanitario rural.

Para efectos de su fiscalización, la Superintendencia ejercerá respecto de las entidades fiscalizadas las mismas facultades que le confiere la ley Nº 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

La fiscalización se realizará directamente en forma prioritaria por las oficinas que la Superintendencia tenga destacadas en las distintas regiones del País o las que se creen en el futuro, según se consideren los recursos humanos y financieros necesarios.

Artículo 93.- Condiciones Especiales de servicio. Las instrucciones y órdenes que dicte la Superintendencia en ejercicio de sus facultades normativas y de control, podrá considerar condiciones especiales de servicio respecto de operadores.

Artículo 94.- Rol del Departamento de Cooperativas. El Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, dentro del ámbito de sus competencias, dictará las normas que estime necesarias para facilitar la aplicación de la presente ley.

Artículo 95.- Mecanismos de autorregulación y transparencia. El Reglamento establecerá mecanismos de autorregulación y de transparencia de la gestión y resultados de los Comités y Cooperativas de Servicio Sanitario Rural; asimismo, incentivará la libre iniciativa de los Comités y Cooperativas para cumplir los objetivos de autorregulación y transparencia.

Artículo 96.- Sanciones. Sin perjuicio de las demás sanciones que corresponda aplicar a la Superintendencia o a otros organismos públicos de conformidad a ésta u otras leyes, los operadores podrán ser objeto de la aplicación de multas a beneficio Fiscal por parte de la Superintendencia, en los siguientes casos:

a) De una a veinte unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones que importen deficiencias en la calidad, continuidad u obligatoriedad de los servicios, cobros indebidos, trato económico discriminatorio a los usuarios, deficiencias en la atención de los reclamos de los usuarios, daño a las redes u obras generales de los servicios, o incumplimiento de la obligación de entregar información requerida por la Superintendencia en conformidad a la ley.

b) De diez a cien unidades tributarias mensuales, cuando se trate de infracciones que pongan en peligro o afecten gravemente la salud de la población, o que afecten a la generalidad de los Usuarios de los servicios.

c) De una a veinte unidades tributarias mensuales, cuando se trate de infracciones cometidas por los Operadores, que importen el no acatamiento de las obligaciones y plazos establecidos en esta ley, así como de las órdenes escritas y requerimientos, debidamente notificados, y plazos fijados por la Superintendencia, en ejercicio de las atribuciones que la ley le encomiende, en relación con materias de su competencia.

d) De cinco a cien unidades tributarias mensuales cuando se trate de infracciones relativas a la entrega de información falsa o manifiestamente errónea, a cualquiera de las autoridades que esta ley faculta para requerirla.

e) De cinco a cien unidades tributarias mensuales cuando se trate del incumplimiento del Plan de Inversiones.

Para la determinación del monto de las multas antes señaladas se debe considerar el segmento en que está clasificado, conforme al artículo 77, el operador sancionado.

El afectado podrá reclamar de la aplicación de la multa, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 18.902.

Artículo 97.- Modificaciones Ley de Cooperativas. Modifícase el artículo 68 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 5, del año 2004, que fija el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, en el siguiente sentido:

1.- Reemplázanse en el inciso segundo del artículo 68, los términos “y de agua potable”, por los vocablos “, de servicios sanitarios rurales”.

2.- Reemplázase en el epígrafe del capítulo 2 del Título III, los términos “agua potable”, por los vocablos “y de las cooperativas de servicios sanitarios rurales”.

3.- Reemplázanse en el artículo 73, los términos “de abastecimiento y distribución de agua potable”, por los vocablos “de servicios sanitarios rurales”.

Artículo 98.- Modificaciones Ley Subsidio Agua Potable. Derógase en el inciso tercero del artículo 10 de la ley Nº 18.778 la frase “entre sistemas rurales de agua potable específicos que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento”.

Artículo 99.- Modificaciones a Planta. Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 143, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1991, incorporando en la planta de directivos el cargo denominado Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales, y asígnesele el grado número 2 de la Escala Única de remuneraciones.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. El Reglamento de esta ley será dictado dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento de esta ley, los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural existentes deberán solicitar su inscripción en el Registro de operadores de Servicios Sanitarios Rurales, para lo cual deberán acreditar la vigencia de su personalidad jurídica y la efectividad de estar prestando el servicio. Además, deberán especificar el área que sirven.

Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento de esta ley, todo Comité o Cooperativa registrado conforme al inciso primero de este artículo, que acredite el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para obtener licencia o permiso de servicio sanitario rural, podrá solicitarla conforme a lo establecido en los artículos 20 y 40 y por los plazos establecidos en los artículos 17 y 41, según corresponda. En estos casos, no se requerirá la presentación de la garantía de seriedad del artículo 20 de esta ley, ni se aplicará lo dispuesto en los artículos 22, 23, 25, 26 y 27.

La licenciataria deberá presentar su Plan de Inversiones en el plazo que el Ministerio determine en el decreto de otorgamiento, el que en todo caso no podrá ser inferior a noventa días.

Dentro del plazo de dos años establecido en el inciso anterior, todo Comité o Cooperativa registrado conforme al inciso primero de este artículo, podrá solicitar el otorgamiento de un permiso de servicio sanitario rural provisorio. El permiso de servicio sanitario rural provisorio tendrá una vigencia de 5 años, y para su otorgamiento sólo será necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 40 de esta ley.

Los decretos que dicte el Ministro de Obras Públicas para el otorgamiento de las licencias o permisos conforme a lo dispuesto, en los incisos segundo y cuarto precedentes, sólo se publicarán en el sitio electrónico del Ministerio, y se notificará por carta certificada al operador.

Presentada la solicitud de permiso o licencia para la etapa de distribución de agua potable, el Ministerio otorgará conjuntamente la de recolección de aguas servidas. Sin perjuicio de lo anterior, la operación de la etapa de recolección será exigible sólo una vez que esté aprobada la puesta en operación de las redes por la Subdirección.

Dentro del plazo indicado en el inciso segundo de este artículo, no podrán otorgarse concesiones de servicios sanitarios regulados por el decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988 en las áreas que estén siendo servidas por Comités o Cooperativas al momento de entrada en vigencia de esta ley.

En caso de no darse cumplimiento oportuno a lo indicado en los incisos primero y segundo o cuarto de este artículo, el Ministerio de Obras Públicas llamará a licitación del permiso o licencia.

El reglamento fijará el procedimiento para el otorgamiento de permisos o licencias, para la aprobación y presentación del Plan de Inversiones, y para la inscripción de los operadores en el Registro.

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO. Los Municipios que al momento de entrar en vigencia esta ley, operen servicios de agua potable o saneamiento, podrán traspasarlos a un Comité o Cooperativa. En caso que un Comité o Cooperativa le requiera el traspaso del servicio sanitario rural, el Municipio respectivo deberá pronunciarse dentro de un plazo de noventa días contados desde el requerimiento.

ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO. Para aquellos operadores a los que se haya otorgado permiso o licencia conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto del artículo segundo transitorio, la primera fijación tarifaria deberá efectuarse de conformidad al procedimiento establecido en esta ley y su reglamento. La primera fijación tarifaria será efectuada por la Superintendencia dentro del período de 5 años contados desde el término del plazo establecido en el inciso primero del artículo segundo transitorio. En todo caso, las tarifas de las licenciatarias deberán fijarse dentro de los primeros dos años de dicho período. Para efectos de lo indicado anteriormente, la Superintendencia definirá, mediante resolución dictada en el plazo indicado en el artículo primero transitorio, un calendario regional de fijación tarifaria.

Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso en el período intermedio, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.

Con todo, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en tanto no entre en vigencia la primera fijación tarifaria referida, los precios que podrán cobrar los servicios de agua potable y saneamiento rural y demás cobros sujetos a fijación de precios, de acuerdo a lo señalado en esta ley, serán los vigentes a dicha fecha con sus respectivas indexaciones.

En todo caso, cada vez que se reajusten las tarifas, los prestadores deberán comunicar previamente los nuevos valores a la Superintendencia, e informarlos a los usuarios respectivos por algún medio idóneo que dicha Entidad autorice.

Para la primera fijación tarifaria, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, deberá entregar toda la información necesaria, sin perjuicio de aquella que se deba recabar directamente de los operadores rurales para tales fines, identificando claramente los bienes considerados como aportes de terceros.

ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO. Los Comités de Agua Potable Rural que se transformen a Cooperativas y las Cooperativas constituidas para la prestación de servicios sanitarios regulados en esta ley, cuando asuman o se adecuen al nuevo estatuto cooperativo del servicio sanitario rural, ante terceros, permanecerán responsables de todas las obligaciones y titulares de todos los derechos adquiridos durante su operación anterior, como una misma e idéntica persona jurídica. Sin que esta enumeración sea taxativa y sólo a vía enunciativa, entre tales obligaciones y derechos se comprenden los de carácter laboral, previsional, tributario, sanitario y medioambiental.

ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO. Los Comités de Agua Potable Rural que se conviertan a Cooperativas, las existentes y las nuevas que se constituyan para la prestación del servicio sanitario rural, que realicen la respectiva conversión, adecuación o constitución, pagarán hasta el diez por ciento de los aranceles notariales, del Conservador de Bienes Raíces correspondiente y de los costos de publicación en el Diario Oficial.

ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO. En el mismo plazo indicado en el inciso segundo del artículo segundo transitorio, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales implementará un programa de regularización de obras y derechos de agua, de asistencia para la obtención de licencias o permisos, y de valoración técnica de los activos de los Comités y Cooperativas.

En el mismo plazo, la Subdirección podrá asistir a los Comités en el proceso de transferencia de los bienes y derechos que les traspasen las concesionarias de servicios sanitarios, en cumplimiento de los compromisos y acuerdos anteriores.

ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO.- Los derechos de aprovechamiento de aguas y los demás bienes, sean muebles o inmuebles, que estén siendo usados para la prestación de servicios sanitarios rurales, y que pertenezcan a alguna concesionaria de servicios sanitarios, podrán ser donados al Ministerio de Obras Públicas.

La escritura pública de donación, en la que se individualicen los bienes inmuebles y derechos de aprovechamiento de aguas donados, suscrita entre el donante y el Director General de Obras Públicas, el Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales o el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, en su caso, bastará como título suficiente para su inscripción a favor del Ministerio de Obras Públicas, en el Registro de Propiedades y en el de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo, así como para su anotación en el Registro Público de derechos de aprovechamiento de aguas a que se refiere el artículo 122 del Código de Aguas.

Estas donaciones estarán exentas del trámite de insinuación y del pago de todo tipo de tributos. Para proceder a la inscripción de los inmuebles no será necesario que se acredite el pago del impuesto territorial.

No se requerirá respecto de estas donaciones la autorización del Ministerio de Hacienda a que se refiere el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 19.896.

ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO. Termínase la obligación para las Concesionarias de servicios sanitarios a que se refiere el artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.549.

Para los efectos del presente artículo, las Concesionarias deberán rendir cuenta de su gestión dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, en los términos que fije el Reglamento. Adicionalmente, y dentro del plazo de un mes contado desde la entrada en vigencia de esta ley, deberán entregar a los operadores, con copia al Ministerio, toda la información técnica, financiera, administrativa y contable del Comité o Cooperativa asistido, que obre en su poder.

ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO. Los bienes de propiedad de los Comités que se transformen en Cooperativas de Servicios Sanitarios Rurales, se considerarán como aporte inicial en carácter de reserva legal de conformidad con lo establecido en la Ley General de Cooperativas. En los casos que corresponda, según lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley, los bienes que conforman la citada reserva legal tendrán el carácter de bienes indispensables.

Los derechos en las cooperativas de servicios sanitarios rurales cuyo titular era el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, se traspasarán por el solo efecto de esta ley a los demás socios de la cooperativa, a prorrata de sus aportes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, los bienes aportados o cedidos por el Servicio Nacional de Obras Sanitarias o sus antecesores a las cooperativas de servicios sanitarios rurales, a cualquier título, que estén siendo usados para la prestación de servicios sanitarios rurales, conformarán una reserva técnica de bienes fiscales, y se les aplicará lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley.

ARTÍCULO UNDÉCIMO TRANSITORIO. Las Cooperativas que se transformaron en concesionarias de servicios sanitarios por aplicación del artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, de 1988, podrán en el plazo de seis meses contados desde la entrada en vigencia de esta ley, renunciar a esta calidad, ante el Ministerio, renuncia que será sancionada por el decreto respectivo, debiendo en tal caso adecuarse a las normas establecidas en la presente ley.

Para los efectos del inciso anterior, junto con la renuncia, deberán presentar la solicitud de licencia en los términos establecidos en el artículo 20, conjuntamente con los antecedentes indicados en los numerales 1 y 2 del artículo 24 de esta ley. En caso de aprobarse su solicitud de licencia, estas cooperativas quedarán clasificadas para los efectos del artículo 77, en el segmento AAA.

ARTÍCULO DUODÉCIMO TRANSITORIO. Para la aplicación a servicios sanitarios rurales, de recursos provenientes del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, en virtud de convenios suscritos con el Estado de Chile , vigentes a la fecha de publicación de esta ley, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, ejercerá la función de visar técnicamente los proyectos.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO. La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, iniciará sus funciones a partir de la entrada en vigencia del reglamento de esta ley.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO. El Presidente de la República nombrará, transitoria y provisionalmente, conforme al artículo quincuagésimo noveno de la ley Nº 19.882, al Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Publicas quién asumirá de inmediato y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO. Créase el Consejo Consultivo para la Orientación de la Política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales integrada en la forma que se dispone en el artículo 75 de esta ley. El Consejo sesionará por primera vez dentro del plazo de un año contado desde la vigencia de esta ley.”.

- - - - - - -

Acordado en sesiones celebradas los días 30 de marzo; 5, 11, 12 y 19 de mayo; 2 y 16 de junio; 7, 14 y 28 de julio de 2009, con asistencia de los Honorables Senadores señores Pablo Longueira Montes (Presidente), Carlos Ignacio Kuschel Silva, Juan Pablo Letelier Morel, Sergio Romero Pizarro y Mariano Ruiz-Esquide Jara (Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Hosain Sabag Castillo).

Sala de la Comisión, a 4 de agosto de 2009.

ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA

Abogado Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula los servicios sanitarios rurales.

BOLETÍN Nº: 6.252-09

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: establecer el estatuto jurídico de los servicios sanitarios rurales, identificando los siguientes objetivos en relación al diseño de la institucionalidad futura:

a) fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias preservando su carácter participativo;

b) incentivar la eficiencia económica y la sustentabilidad financiera del sistema APR, que pasará a ser el sistema de Servicios Sanitarios Rurales;

c) incorporar el saneamiento rural;

d) definir con claridad los diversos roles del Estado, y

e) considerar un período de transición que permita la gradual adaptación de las organizaciones comunitarias y los órganos de la administración, a las nuevas condiciones.

II. ACUERDOS:

Indicación Nº 1 A, aprobada (5X0)

Indicación Nº 1 B, aprobada (5X0)

Indicación Nº 1 C, aprobada (5X0)

Indicación Nº 1 D, aprobada (5X0)

Indicación Nº 1 E, aprobada (5X0)

Indicación Nº 1 F, aprobada (5X0)

Indicación Nº 1 G, aprobada (5X0)

Indicación Nº 1 H, aprobada (5X0)

Indicación Nº 1 I, aprobada (5X0)

Indicación Nº 1, retirada

Indicación Nº 1 J, aprobada (5X0)

Indicación Nº 1 K, aprobada (5X0)

Indicación Nº 1 L, aprobada (5X0)

Indicación Nº 1 M, aprobada (5X0)

Indicación Nº 1 N, aprobada (5X0)

Indicación Nº 2, aprobada con modificaciones (5 X0)

Indicación Nº 2 A, aprobada (5X0)

Indicación Nº 2 B, rechazada (5X0)

Indicación Nº 2 C, aprobada (5X0)

Indicación Nº 2 D, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 2 E, aprobada (5X0)

Indicación Nº 2 F, aprobada (5X0)

Indicación Nº 2 G, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 2 H, rechazada (5X0)

Indicación Nº 3, aprobada (5X0)

Indicación Nº 4, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 5, aprobada con modificaciones 5X0)

Indicación Nº 5 A, aprobada (5X0)

Indicación Nº 6, retirada

Indicación Nº 6 A, aprobada (5 X0)

Indicación Nº 6 B, rechazada (5X0)

Indicación Nº 6 C, aprobada (5X0)

Indicación Nº 6 D, aprobada (5X0)

Indicación Nº 6 E, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 7, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 7 A, aprobada (5X0)

Indicación Nº 8, retirada

Indicación Nº 8 A, rechazada (5X0)

Indicación Nº 8 B, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 8 C, aprobada (5X0)

Indicación Nº 8 D, aprobada (5X0)

Indicación Nº 8 E, aprobada (5X0)

Indicación Nº 9, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 9 A, aprobada (5X0)

Indicación Nº 9 B aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 9 C, aprobada (5X0)

Indicación Nº 9 D, rechazada (5X0)

Indicación Nº 9 E, aprobada (5X0)

Indicación Nº 10, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 10 A, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 10 B, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 11, aprobada (5X0)

Indicación Nº 11 A, aprobada (5X0)

Indicación Nº 11 B, aprobada (5X0)

Indicación Nº 11 C, aprobada (5X0)

Indicación Nº 11 D, aprobada (5X0)

Indicación Nº 11 E, aprobada (5X0)

Indicación Nº 11 F, aprobada (5X0)

Indicación Nº 11 G, rechazada (5X0)

Indicación Nº 11 H, rechazada (5X0)

Indicación Nº 11 I, aprobada (5X0)

Indicación Nº 11 J, aprobada (5X0)

Indicación Nº 12, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación N º 12 A, aprobada (5X0)

Indicación Nº 12 B, rechazada (5X0)

Indicación Nº 12 C, aprobada (5X0)

Indicación Nº 13, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 13 A aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 14, aprobada (5X0)

Indicación Nº 14 A, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 14 B, rechazada (5X0)

Indicación Nº 14 C, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 14 D, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 15, retirada

Indicación Nº 15 A, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 15 B, aprobada (5X0)

Indicación Nº 15 C, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 16, aprobada (5X0)

Indicación Nº 16 A, aprobada (5X0)

Indicación Nº 16 B, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 17, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 17 A, aprobada (5X0)

Indicación Nº 17 B, aprobada (5X0)

Indicación Nº 17 C, rechazada (5X0)

Indicación Nº 18, retirada

Indicación Nº 18 A, aprobada (5X0)

Indicación Nº 18 B, aprobada (5X0)

Indicación Nº 18 C, aprobada (5X0)

Indicación Nº 18 D, aprobada (5X0)

Indicación Nº 18 E, aprobada (5X0)

Indicación Nº 18 F, aprobada (5X0)

Indicación Nº 18 G, rechazada (5X0)

Indicación Nº 18 H, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 18 I, aprobada (5X0)

Indicación Nº 19, aprobada (5X0)

Indicación Nº 19 A, aprobada (5X0)

Indicación Nº 19 B, rechazada (5X0)

Indicación Nº 20, aprobada (5X0)

Indicación Nº 21, aprobada (5X0)

Indicación Nº 21 A, aprobada (5X0)

Indicación Nº 22, retirada

Indicación Nº 22 A, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 22 B, aprobada (5X0)

Indicación Nº 23, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 24, retirada

Indicación Nº 25, retirada

Indicación Nº 26, retirada

Indicación Nº 27, retirada

Indicación Nº 28, retirada

Indicación Nº 29, retirada

Indicación Nº 29 A, aprobada (5X0)

Indicación Nº 29 B, aprobada (5X0)

Indicación Nº 29 C, aprobada (5X0)

Indicación Nº 29 D, aprobada (5X0)

Indicación Nº 29 E, aprobada (5X0)

Indicación Nº 30, retirada

Indicación Nº 30 A, rechazada (5X0)

Indicación Nº 30 B, aprobada (5X0)

Indicación Nº 30 C, aprobada (5X0)

Indicación Nº 31, retirada

Indicación Nº 32, aprobada (5X0)

Indicación Nº 32 A, aprobada (5X0)

Indicación Nº 32 B, aprobada (5X0)

Indicación Nº 32 C, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 33, retirada

Indicación Nº 34, aprobada (5X0)

Indicación Nº 34 A, aprobada (5X0)

Indicación Nº 35, retirada

Indicación Nº 35 A, aprobada (5X0)

Indicación Nº 35 B, aprobada (5X0)

Indicación Nº 35 C, aprobada (5X0)

Indicación Nº 35 D, aprobada (5X0)

Indicación Nº 35 E, aprobada (5X0)

Indicación Nº 35 F, aprobada (5X0)

Indicación Nº 35 G, aprobada (5X0)

Indicación Nº 35 H, aprobada (5X0)

Indicación Nº 36, aprobada con modificaciones (5X0)

Indicación Nº 37, aprobada (5X0)

Indicación Nº 38, aprobada (5X0)

Indicación Nº 39, aprobada (5X0)

Indicación Nº 39 A, aprobada (5X0)

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: el proyecto de ley en estudio se encuentra estructurado en VI Títulos, que contienen 99 artículo permanentes y 15 artículos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: el artículo tercero transitorio de este proyecto de ley, es norma de ley orgánica constitucional de acuerdo con el artículo 118 de la Constitución Política, porque incide en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en cuanto a la organización y atribuciones de los municipios.

Además, las normas de los artículos 75 (76)y décimo quinto transitorio, son orgánicas constitucionales, por cuanto se crea un Consejo Consultivo al cual el Ministerio debe oír para ciertas materias, según lo establecido en la Ley Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado.

Asimismo, el artículo 51, es norma de ley orgánica constitucional de acuerdo con el artículo 77 de la Constitución Política del Estado, por cuanto dice relación con las normas sobre organización y atribuciones de los tribunales.

Además, las normas de los artículos 76 y décimo cuarto transitorio, son orgánicas constitucionales, por cuanto se crea un Consejo Consultivo al cual el Ministerio debe oír para ciertas materias, según lo establecido en la Ley Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado.

V. URGENCIA: “simple” el 28 de julio de 2009.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. la Presidenta de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primer trámite.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: no hay.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: ingresó al Senado el 2 de diciembre de 2008, dándose Cuenta en la sesión 78ª, ordinaria, pasando a la Comisión de Obras Públicas y a la de Hacienda, en su caso.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: la iniciativa de ley en estudio se relaciona con las siguientes normas legales:

1.- Ley Nº 19.418, establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.

2.- Decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1989, Ley General de Servicios Sanitarios.

3.- Código de Procedimiento Civil, artículo 445.

4.- Código Civil, artículo 2472.

5.- Ley Nº 18.778, ley que establece subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas.

6.- Ley Nº 19.253, establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

7.- Ley Nº 18.902, Crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

8.- Decreto con fuerza de ley Nº 5, de 2004. Fija texto refundido, concordado y sistematizado de la ley general de cooperativas

9.- Decreto con fuerza de ley Nº 143, de 1991. Fija planta y requisitos generales y específicos de ingreso y promoción del personal de la Dirección Nacional de Riego del Ministerio de Obras Públicas.

10.- Ley Nº 19.549, modifica el régimen jurídico aplicable al sector de los servicios sanitarios, artículo 2º transitorio.

11.- Ley Nº 19.882, regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica, artículo quincuagésimo noveno.

Valparaíso, 4 de agosto de 2009.

ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA

Abogado Secretario

Oficio N° 223

INFORME PROYECTO DE LEY 57-2009

Antecedente: Boletín Nº 6252-07

Santiago, 4 de Septiembre 2009.

Por Oficio N° 164/OP/2009 de 31 de julio de 2009, el Señor Presidente de la Comisión de Obras Públicas del H. Senado, requirió de esta Corte, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, informe sobre el proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales. (Boletín 6252-07)

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto, en sesión del día 28 de agosto del presente, presidida por el subrogante don Milton Juica Arancibia, y con la asistencia de los Ministros señores Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros Cárcamo, Sergio Muñoz Gajardo, señora Margarita Herreros Martínez, señores Hugo Dolmestch Urra, Patricio Valdés Aldunate, Pedro Pierry Arrau, señora Sonia Araneda Briones, señores Haroldo Brito Cruz y Guillermo Silva Gundelach, señora Rosa María Maggi Ducommun y el Ministro Suplente señor Julio Torres Allú, acordó informarlo favorablemente, formulando las siguientes observaciones:

AL SENADOR DON

PABLO LONGUEIRA MONTES

PRESIDENTE COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. SENADO

VALPARAISO

I. Antecedentes.

El proyecto se origina en mensaje presidencial y está orientado a implementar una política de asistencia, promoción y supervisión de los servicios y sistemas de agua potable rural.

II. Contenido del proyecto.

En la actualidad, los sistemas de agua potable que se prestan en zonas calificadas como rurales no cuentan con una regulación específica, ni están sujetos al régimen de concesiones sanitarias, sin perjuicio de cumplir las normas sobre calidad de los servicios, cuya fiscalización queda entregada a los Servicios de Salud del Ambiente, careciendo la Superintendencia de Servicios Sanitarios de competencia para intervenir en la constitución, administración y fiscalización de estos servicios.

Según lo dice, el mensaje, el proyecto “contiene la definición de una política nacional de prestación de servicios sanitarios en el ámbito rural, que incorpora tanto la provisión y distribución de agua potable, como la posibilidad, en la medida que las circunstancias lo hagan necesario en cada caso particular, para incorporar soluciones de recolección, disposición o tratamiento de las aguas servidas.”.

La política de asistencia técnica y financiera, supervisión y promoción de la organización de los operadores de servicios sanitarios rurales, incluye el establecimiento de un Consejo Consultivo, con la participación de entes públicos directamente vinculados con el sector, y con representación de las organizaciones sociales de los servicios sanitarios rurales. Se crea, además, en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, como organismo encargado de ejecutar esta política de asistencia y promoción, y se entrega a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, creada por la Ley N° 18.902, atribuciones y facultades regulatorias y fiscalizadoras respecto de todo operador de un servicio sanitario rural.

El artículo objeto de consulta es el 51:

“Artículo 51.- Vertimiento de aguas tratadas en canales de regadío. Los operadores de tratamiento y disposición podrán solicitar a la organización de usuarios respectiva, autorización para el vertimiento de las aguas tratadas en un canal.

En caso que la organización de usuarios negare la autorización, o no se llegue a acuerdo, el operador podrá recurrir al juzgado de letras en lo civil de la comuna correspondiente al punto de descarga propuesto, para que éste, conforme al procedimiento sumario establecido en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, lo autorice a verter las aguas tratadas en el canal, estableciendo las contraprestaciones correspondientes.

El juez sólo podrá autorizar al operador a verter las aguas tratadas en un canal en caso que se trate de la solución de tratamiento y disposición más adecuado desde el punto de vista técnico y económico, que no se afecten actividades económicas que para su desarrollo utilicen las aguas del canal, que las aguas tratadas cumplan con las exigencias que establece la normativa vigente aplicable”

III. Conclusiones.

El precepto transcrito dispone que el procedimiento de autorización debe ceñirse a las normas del juicio sumario contenidas en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, no prevé un plazo para solicitar la autorización judicial ni contempla notificación o requerimiento previo a la organización de usuarios que habría debido otorgar la autorización y en contra de la cual se dirigiría la demanda.

En cuanto a los elementos que el juez debe considerar para otorgar la autorización o denegarla, la norma señala que las aguas que se vierten deben cumplir con las exigencias que establece “la normativa vigente aplicable”, expresión que resulta vaga. En ese sentido y por el carácter técnico de la materia, debiera hacerse obligatoria la prueba pericial a costa del demandante o consultar un informe previo del organismo competente (Dirección de Aguas, Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente o la Superintendencia de Servicios Sanitarios), con el objeto de proporcionar al juez los antecedentes técnicos necesarios para determinar la calidad de las aguas, el nivel de concentración de elementos contaminantes y prevenir daños al medioambiente.

Al respecto, se deja constancia que siete señores Ministros fueron de opinión de no contemplar el citado informe previo del organismo competente.

Al margen de que no es objeto de consulta, cabe señalar que el inciso final del artículo 96 del proyecto, relativo a las sanciones, hace aplicable el procedimiento de reclamación contenido en el artículo 13 de la Ley 18.902 a las multas establecidas en dicho artículo 96.

El referido artículo 13 contempla un procedimiento contencioso administrativo, por lo que se hace necesario reiterar lo que este Tribunal ha venido manifestando en el sentido de que es imprescindible abordar la materia, creando al efecto tribunales especializados para conocer de estos asuntos.

En relación con lo anterior, debe señalarse que un señor Ministro manifestó no estar de acuerdo con dicha observación.

Por último, cabe hacer presente que la actuación que corresponderá a los Juzgados de Letras en lo civil en el procedimiento respectivo, importa un aumento de la carga jurisdiccional actual de éstos órganos, lo que debería ser suplementado en el respectivo presupuesto anual del Poder Judicial.

Lo anterior es todo cuanto puedo informar en relación con la presente iniciativa de ley.

Saluda atentamente a V.S.

Urbano Marín Vallejo

Presidente

Carola Herrera Brümmer

Secretaria Suplente

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula los servicios sanitarios rurales.

BOLETÍN Nº 6.252-09

____________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de informaros, el proyecto de ley de la referencia, en primer trámite constitucional, originado en un Mensaje de S. E. la Presidenta de la República, con urgencia calificada de “simple”.

A las sesiones en que la Comisión estudió esta iniciativa de ley asistieron, además de sus miembros, del Ministerio de Obras Públicas, el Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia; el Jefe del Departamento de Programas Sanitarios de la Dirección de Obras Hidráulicas, señor Reinaldo Fuentealba; la Asesora de la Subsecretaría de Obras Públicas, señora Paola Navarro; el Asesor de la Subsecretaría de Obras Públicas, señor Enrique Canales; el Asesor del Subsecretario de Obras Públicas, señor Flavio Tapia; el Asesor del Ministro de Obras Públicas, señor Domingo Sánchez; y el ingeniero asesor de la Dirección de Obras Hidráulicas, señor Eric Figueroa; del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, la Fiscal del Departamento de Cooperativas, señora Raquel Cerda; y el Coordinador de Fiscalización del mismo Departamento, señor Luciano Achurra; de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, el Abogado, señor Fuad Rumié.

Asimismo, concurrieron, especialmente invitados, de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU), el Presidente, señor Oscar Beltrán; el Presidente electo, señor Manuel Mundaca; la Vicepresidenta, señora Juana Beltrán; la Tesorera, señora Gloria Alvarado; el Secretario, señor Miguel Pizarro; y el Director, señor José Rivera.

- - -

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

En lo relativo a las normas de quórum especial, la Comisión de Hacienda se remite a lo consignado en el segundo informe de la Comisión de Obras Públicas.

- - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, dejamos constancia de las siguientes materias:

La Comisión aprobó las indicaciones números 2 G, 9 C, 13, 13 A, 15 C, 17 A, 18 A y 18 B, y los artículos 44, 45, 63 y 75 permanentes, y segundo y décimo quinto transitorios con modificaciones.

Se hace presente que esta constancia es complementaria del cuadro reglamentario contenido en el segundo informe de la Comisión de Obras Públicas.

- - -

De conformidad con su competencia, vuestra Comisión de Hacienda se pronunció acerca de los artículos 12, 25, 30, inciso cuarto, 44, 45, 48, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 75 encabezamiento e inciso segundo, 76, 79, 84, 85, 89, 90, 96, 98 y 99 permanentes, y los artículos segundo, cuarto, sexto, séptimo, octavo, décimo, duodécimo y décimo quinto transitorios de la iniciativa legal, en los términos en que fueron aprobados por la Comisión de Obras Públicas, como reglamentariamente corresponde.

- - -

OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

Establecer el estatuto jurídico de los servicios sanitarios rurales, identificando los siguientes objetivos en relación al diseño de la institucionalidad futura:

a) fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias preservando su carácter participativo;

b) incentivar la eficiencia económica y la sustentabilidad financiera del sistema APR, que pasará a ser el sistema de Servicios Sanitarios Rurales;

c) incorporar el saneamiento rural;

d) definir con claridad los diversos roles del Estado, y

e) considerar un período de transición que permita la gradual adaptación de las organizaciones comunitarias y los órganos de la administración, a las nuevas condiciones.

- - -

DISCUSIÓN

Previo al análisis específico de los artículos y de las indicaciones de competencia de la Comisión, el Subsecretario de Obras Públicas, señor Saldivia, efectuó una exposición en que comenzó señalando que el contexto del proyecto de institucionalidad de Servicios Sanitarios Rurales es el siguiente:

- 1.504 Comités de APR, 320 mil arranques, abastecen de agua potable a prácticamente 1.500.000 habitantes de zonas rurales concentradas. (Cobertura de AP, 98%; cobertura alcantarillado, 12%, aproximadamente 180.000 habitantes).

- Gran diversidad de situaciones que coexisten en términos de tamaño, capacidad de gestión técnica, administrativa y financiera.

• 75% de estos comités poseen menos de 260 arranques, un 13% (194) posee más de 400 arranques;

• Tan solo 23 servicios operan más de 1.000 arranques.

- Su éxito y maduración plantean nuevos desafíos de sustentabilidad, considerando la gran diversidad de situaciones que coexisten.

- Proceso participativo de elaboración del proyecto de ley: concurrieron, además de los representantes de organismos públicos, los propios dirigentes (FENAPRU y 1.800 dirigentes y dirigentas en jornadas de difusión).

A continuación, indicó que el proyecto de ley recoge, reconoce, valora y protege el capital social, constituido por organizaciones que nacen de la misma comunidad rural para facilitar su acceso a servicios básicos y vitales: agua y saneamiento.

Agregó que sus objetivos son institucionalizar el sector con el propósito de:

– Fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias preservando su carácter participativo.

– Incentivar la eficiencia económica y la sustentabilidad financiera del sistema APR.

– Incorporar el Saneamiento Rural.

– Abordar el tratamiento del sector rural disperso (aproximadamente 400 mil habitantes).

– Definir con claridad los diversos roles del Estado.

– Considerar gradualidad en el período de transición.

Explicó que los SSR específicamente permiten:

- Distribución de agua potable y recolección de aguas servidas. (Recolección será exigible una vez que esté aprobada la operación de las redes por la Subdirección).

- La existencia de soluciones para la disposición de las aguas servidas de carácter colectivo (Redes y PTAS) o descentralizadas (sistemas comunitarios, conjuntos residenciales y residencias individuales).

- La producción de agua potable y el tratamiento y disposición de aguas servidas, podrán ser contratados a terceros por el operador.

Expresó que sus tipos de servicio serán:

- Servicio sanitario rural primario (consumo familiar, pequeñas actividades comerciales o artesanales, u otros); y secundario (no puede afectar al primario).

Sistemas de APR sólo pueden ser operados por comités o cooperativas por medio de licencias o permisos:

- Permisos: Comité o Cooperativa, 10 años, renovables.

- Licencias: sólo Cooperativas; Plan de Inversión, garantías de prestación del servicio, 30 años, renovables.

Expuso que las herramientas para fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias e incentivar la eficiencia económica serán las siguientes:

• Catalogo de derechos y obligaciones de los operadores (cobro del servicio y facultad de cortar el servicio; y exigencias en cuanto a calidad y universalidad del servicio).

• Se establece catálogo de sanciones: aplicación debe considerar segmento del operador y establece procedimiento de reclamo.

• Se establece un estatuto básico de responsabilidades de los dirigentes de los Comités: causales de censura y de incompatibilidad (con cargos de alcalde, consejero regional), y posibilidad de viáticos.

• Tarifas fijadas cada 5 años, con intervención de la SISS y participación de la comunidad.

• Principales instrumentos de apoyo del Estado: subsidio a la inversión e inversión pública; asistencia y asesoría técnica a los operadores; subsidio a la demanda (ley N° 18.778).

Expresó que la institucionalidad del Estado está conformada por:

- Ministerio de Obras Públicas:

1) Determina Política Nacional.

Con información técnica de MINSAL, MINVU, MIDEPLAN, y CONAMA y orientación del Consejo Consultivo (integra entes públicos vinculados con el sector de dirigentes de Cooperativas, Comités, y Federaciones).

2) Ejecuta Política.

Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales: ejecutar programas de inversión; visación técnica de los proyectos y la puesta en operación de las obras; prestar asesoría a operadores; registro y clasificación de operadores.

- Superintendencia de Servicios Sanitarios: interviene entre otras materias, en la fiscalización técnica, y en la fijación de tarifas.

- Ministerio de Salud: actúa en su ámbito de competencia.

- CONAMA: actúa en su ámbito de competencia.

- DECOOP (Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción): actúa en relación a las Cooperativas.

Sobre la etapa de transición señaló que comprende normas comunes para todos los operadores y materias como:

- Asistencia Subdirección SSR.

- Protección de exclusividad durante período de 2 años.

- Seis meses para registrarse (acreditar personalidad jurídica vigente y prestación de servicio).

- Tarifas: 5 años para la primera tarificación. Para licenciatarias dos años.

- Pueden solicitar permiso definitivo por 10 años o provisorio por 5 años (2 años para tramitarlo).

- Licenciatarios: 2 años para tramitar Licencia Definitiva.

- Se facilita transformación de los Comités que quieran pasar a Cooperativas.

El Subsecretario, señor Saldivia, destacó que en la primera etapa del primer trámite constitucional del proyecto de ley, la Comisión de Obras Públicas aprobó por unanimidad, tanto en general como en particular, la iniciativa legal.

El Honorable Senador señor Sabag manifestó que se trata de un muy buen proyecto, que se preocupa del saneamiento de aguas rurales. Consultó qué parte del mundo rural abarca, considerando los porcentajes de cobertura concentrada y desconcentrada de dicha población.

El Jefe del Departamento de Programas Sanitarios de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), señor Fuentealba, informó que el sector denominado concentrado sobrepasa de 1.500.000 personas, lo que demuestra el gran avance que ha experimentado; el sector llamado desconcentrado alcanza aproximadamente a 400.000 personas, y existe un universo intermedio de población, definido como semiconcentrado, que se crea para ir focalizando las inversiones donde la rentabilidad socioeconómica de ellas sea mayor, cuyo parámetro de densidad es de un promedio de 80 habitantes y 8 viviendas por kilómetro cuadrado. Agregó que bajo el parámetro señalado anteriormente se considera un sector como desconcentrado, que hoy se aborda mediante un Programa y una glosa presupuestaria, y que con el proyecto pasa a ser una Subdirección la encargada del mismo.

El Honorable Senador señor Sabag planteó que se cubre el 98% del sector rural concentrado, debiendo focalizarse la inversión en el sector semiconcentrado y en el desconcentrado, y debe mejorarse la capacidad de gestión de los comités, porque muchos de ellos comenzaron con 30 beneficiarios, pero al crecer la población y aumentar los arranques y ampliaciones de los servicios se ha dificultado la administración.

Asimismo, propuso que, debido a lo costoso de las obras que se ejecutan, sean los propios entes los que puedan realizar las obras menores, traspasándoles directamente los recursos, dado que pueden lograr un gran ahorro para los usuarios y el Fisco, y se evita que los dineros no alcancen para la obra completa como ocurre actualmente.

Señaló que se trata de personas de escasos recursos, por lo que debe tenerse cuidado con la fijación de gastos y tarifas, y sería necesario escuchar a los representantes de los Comités.

Sostuvo que los Servicios de Salud deben encargarse de velar por la calidad del agua, pero no llegar al punto de revisar y visar la calidad de los materiales para construir, demorando varios meses la aprobación de los proyectos.

El Honorable Senador señor García expresó que las organizaciones de agua potable rural representan un sector muy grande de la población, por lo que hay experiencias muy buenas y otras malas, en que la inversión que se realiza por medio de los Gobiernos Regionales a veces se destina a sistemas de APR que nunca llegaron a funcionar, principalmente por fallas en la organización social que debe hacerse cargo de la administración del mismo.

Manifestó compartir lo expresado por el Honorable Senador señor Sabag en orden a invitar a los representantes de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU), quienes plantearon ante la Comisión de Obras Públicas cuestiones problemáticas como la fijación de tarifas en las asambleas, lo que hace que no se relacionen con los costos efectivos que se deben solventar; que la distribución de subsidios entre zonas urbanas y rurales es desproporcionada a favor del área urbana, por lo que debiera garantizarse un cierto nivel de subsidio.

Indicó que la situación es más grave debido al cambio climático, lo que ha llevado a que comunidades rurales e indígenas pasen de febrero a mayo sin acceso al agua por falta de lluvia. Reiteró que se trata de un tema sensible que afecta a muchísimas personas, y que es la falla de la organización comunitaria para gestionar la que provoca el que los sistemas muchas veces no funcionen.

El Subsecretario, señor Saldivia, expuso que el proyecto fue trabajado, discutido y acordado con las comunidades y sus dirigentes, y la iniciativa recoge los planteamientos de los representantes de FENAPRU, a excepción del que pedía la creación adicional de una Dirección en el MOP.

Observó que conocen la realidad del sector y se hacen cargo de sus deficiencias, algunas atribuibles al Estado como es la falta de una institucionalidad adecuada, cuestión que se aborda en el proyecto de ley, así como prácticamente todas las cuestiones problemáticas que afectan al sector, entre ellas, la fijación de tarifas que se regula en detalle en el Título V.

En la siguiente sesión, la Comisión recibió a los representantes de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU), cuyo Presidente electo, señor Mundaca, expresó su agradecimiento por la invitación de la Comisión, y señaló que el Presidente en ejercicio daría a conocer la opinión de la Federación.

El Presidente en ejercicio, señor Beltrán, indicó que la mesa de trabajo constituida para la elaboración del proyecto de ley comenzó en el año 2004, y la Federación participó desde esa época, por lo que se trata de una iniciativa elaborada en conjunto, donde contaron con todas las posibilidades de presentar observaciones y proponer cambios, los que fueron recogidos casi en su totalidad, dado lo cual esperan que se apruebe el proyecto cuanto antes.

El Presidente electo, señor Mundaca, manifestó que esperaban quedar exentos del pago por trámites antes los municipios como se dispone en el artículo 28 de la ley que regula las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.

El Subsecretario, señor Saldivia, planteó que la preocupación señalada precedentemente es válida, sin perjuicio de lo cual debe tenerse presente que el proyecto de ley establece que la única autoridad competente para otorgar permisos será la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales que se crea, la que no puede cobrar por los trámites.

La Tesorera de FENAPRU, señora Alvarado, destacó el trabajo que en forma gratuita realizan los comités de agua potable rural, y manifestó que resulta fundamental el lograr un marco legal que establezca la institucionalidad del sector.

La Vicepresidenta de FENAPRU, señora Beltrán, expresó su agradecimiento por el trabajo de la Comisión y de las autoridades, y solicitó que se legisle sobre la nacionalización del agua.

Posteriormente, el Subsecretario, señor Saldivia, realizó la siguiente exposición en formato power point, explicando los artículos del proyecto, a fin de que la Comisión tuviera un conocimiento general y completo de la iniciativa legal:

Título I. Disposiciones preliminares.

Artículo 1: Ámbito de vigencia.

Establece que la ley regulará la prestación del servicio sanitario rural.

- SSR será operado por Comités o Cooperativas a través de permisos o licencias otorgados por MOP.

- Excepcionalmente conforme al reglamento, servicio podrá ser operado por otra persona autorizada por el MOP previo informe favorable de la Autoridad Sanitaria Regional.

Artículo 2: Definiciones.

Incorpora definiciones relevantes para efectos de la aplicación de la ley.

Artículo 3: Reglamento.

Considera dictación del reglamento elaborado por el MOP previa consulta a organismos públicos que integran el Consejo Consultivo.

Título II. Del Servicio Sanitario Rural (SSR).

Artículo 4: Tipos de SSR.

Primario y secundario.

Artículo 5: SSR primario.

Aquel para uso doméstico (uso familiar, pequeñas actividades comerciales o artesanales, y otras que determine el reglamento).

Artículo 6: SSR secundario.

Aquella prestación de SSR que excede el uso doméstico; procede cuando está garantizada cobertura del SSR primario.

Artículo 7: Etapas de los servicios.

Define las cuatro etapas de los SSR: de producción rural de agua potable, de distribución, de recolección rural de aguas servidas y de tratamiento y disposición final.

Solicitada la distribución, el Ministerio la otorgará conjuntamente con la de recolección, la que será exigible una vez aprobada la puesta en operación de las redes por la Subdirección.

Título III. Licencias y Permisos.

Capítulo 1. Normas Comunes.

Artículo 8: Área de servicio.

El operador prestará el servicio dentro del territorio delimitado en el respectivo permiso o licencia.

Artículo 9: Derecho a usar bienes nacionales de uso público e imponer servidumbres.

Regula el derecho que otorga la licencia o permiso para usar a título gratuito bienes nacionales de uso público para construir o instalar infraestructura de SSR.

Regula derecho a imponer servidumbres conforme a lo establecido en el Código de Aguas.

Artículo 10: Licencias o permisos vinculados.

Para el otorgamiento de una licencia o permiso que requiera de otra para la prestación integral del servicio, la SISS deberá exigir su existencia o la tramitación simultánea de ambas.

Artículo 11: Obligación de cobro conjunto.

El operador de distribución debe cobrar y recaudar los valores correspondientes a producción, recolección y disposición.

Incumplimiento de estas obligaciones no puede afectar el servicio a los usuarios.

Artículo 12: Bienes indispensables.

Regula los bienes indispensables para la prestación de los SSR, los que se entienden destinados a finalidad de utilidad y salubridad pública.

Enumeración - ejemplar - de bienes indispensables:

a) arranques de agua potable; b) uniones domiciliarias de alcantarillado; c) redes de distribución; d) redes de recolección; e) derechos de agua; f) captaciones; g) sondajes; h) estanques de regulación; e i) servidumbres de paso.

Son inembargables.

Tienen esta calidad todos los bienes aportados por el Fisco.

La Honorable Senadora señora Matthei observó que se declaran ciertos bienes como indispensables, los que en caso de perder dicha calidad y haber sido aportados por el Estado, pueden ser vendidos contando con la autorización del referido aportante, pero no se establece genéricamente que no se pueden vender los bienes indispensables.

El Subsecretario, señor Saldivia, señaló que el artículo 50 dispone que el uso y goce de bienes indispensables sólo pueden recaer en un operador, además de ser inembargables.

La Honorable Senadora señora Matthei indicó que lo central es que los bienes indispensables no se puedan vender, por lo que debiera ser indiferente si fue aportado por el Estado o no.

El Honorable Senador señor Sabag sostuvo que es frecuente que un bien indispensable deje de serlo y se traspase a otro comité, como puede ocurrir con un estanque de 10.000 litros que es reemplazado por uno de 30.000 litros.

Artículo 13: Licitación de nuevas licencias o permisos.

MOP puede llamar a licitación pública para nuevas licencias o permisos, y no podrá denegarlos arbitrariamente.

Artículo 14: Transferencia.

Operadores podrán transferir a otros Comités o Cooperativas sus permisos o licencias, acordándolo por los 2/3 de la asamblea y debiendo solicitar autorización al MOP.

Si la licenciataria opera en área urbana, puede transferir a la Empresa de Servicios Sanitarios (ESS) con autorización del MOP e informe de SISS, entendiéndose ampliada la concesión sanitaria.

Capítulo 2. De la licencia de SSR.

Artículos 15 a 17: Licencias.

- La licencia autoriza a una cooperativa para prestar un SSR.

- La licencia de distribución impide otorgar en su área de servicio otros permisos, licencias, o concesiones sanitarias.

- Excepción: si al segundo llamado a licitación no se presentan cooperativas interesadas.

- Licencias sólo pueden ser otorgadas a cooperativas.

- Plazo de vigencia de licencias: 30 años.

Artículo 18: Ampliaciones de las licencias.

- Licenciataria puede solicitar ampliaciones de su área de servicio.

- Si el área de ampliación solicitada está ubicada dentro del área urbana, la SISS informará si existe concesión del decreto con fuerza de ley Nº 382 en dicha área.

- Si se ha otorgado o solicitado concesión sanitaria urbana, la concesionaria es notificada para ampliar su territorio operacional (plazo 60 días). Si no responde oportunamente o lo hace negativamente, se tramita solicitud de ampliación del licenciatario.

Artículos 19 a 28: Licitación de la licencia.

- SISS deberá llamar a licitación de la licencia un año antes del término de su vigencia. Llamado debe publicarse y difundirse.

- Bases deben contener valorización actualizada de inversiones necesarias efectivamente realizadas por operador anterior, financiadas con su patrimonio. Si no se renueva licencia, nuevo operador debe pagar al anterior.

- Solicitud de licencia se presenta a SISS acompañando garantía de seriedad (no podrá exceder de 100 UTM), y extracto se publica y difunde por medios de comunicación radial. Se establecen contenidos de la solicitud.

- Todos los solicitantes de licencia deben entregar un Plan de Inversiones a 5 años a la SISS, en plazo de 90 días desde publicación del extracto.

- SISS recomienda adjudicación de licencia a solicitante que cumpliendo condiciones técnicas ofrezca condiciones económicas y sociales más ventajosas.

- Plazo de puesta en explotación de servicios puede ser considerado como criterio adicional. En caso de igualdad de condiciones se adjudicará al licenciatario anterior.

- MOP resuelve por decreto previo informe de SISS.

Artículo 21: Incorporación de nuevas zonas al área de servicio.

- Solicitada la licencia, SISS puede ampliar límites de área de servicio para incorporar áreas que por razones técnicas, económicas y sociales hagan conveniente sistema unitario.

- MINVU y Municipio deben pronunciarse a solicitud de la SISS sobre suficiencia de la ampliación para satisfacer demandas habitacionales no cubiertas.

Artículo 29: Garantía.

- SISS exigirá a licenciataria una garantía que resguarde adecuada prestación del servicio.

- Monto se calculará considerando número de usuarios y sus condiciones socioeconómicas, y no podrá exceder el equivalente de 3 meses de costos de operación.

- Licenciataria elegirá instrumentos de garantía entre los definidos por la SISS.

Capítulo 3. Caducidad, continuidad de la prestación del servicio y quiebra de la licenciataria.

Artículo 30: Caducidad.

- Regula caducidad de licencias que aún no entran en operación, en caso que no ejecuten obras del Plan de Inversión.

- Caducidad se declara por el MOP.

- Caducada licencia SISS puede por resolución fundada declarar que falta de la licencia afecta prestación de servicio de otra. Operador tiene plazo de 90 días para demostrar que puede mantener el servicio.

- Caducada la licencia, monto de garantía de servicio queda a beneficio fiscal.

Artículo 31: Retiro instalaciones.

Caducada la licencia, la cooperativa puede retirar las instalaciones, salvo los bienes indispensables.

Artículos 32 a 36: Declaratoria de riesgo y administración temporal.

- Habiendo entrado en operación la licenciataria, el MOP puede declarar en riesgo la prestación en base a informe de la SISS o de la Autoridad Sanitaria, si:

1) Condiciones de servicio no corresponden a las establecidas en la ley, reglamentación o decreto de otorgamiento, o

2) Si no cumple con su plan de inversión.

- Declarada en riesgo, cesarán en sus funciones Gerente y Consejo de Administración, y MOP designará administrador temporal por un plazo no superior a 6 meses, prorrogable por una sola vez.

- Administrador tiene facultades del Consejo de Administración y del Gerente. Su función principal es promover designación nueva administración. Si cumplido plazo y su prórroga, no ha sido posible designación de nueva administración, MOP llamará a nueva licitación.

- Garantía de servicio es puesto a disposición del administrador temporal para garantizar continuidad del servicio.

- Gerente y Consejo “cesados”, quedan inhabilitados por 5 años para ejercer dichos cargos en cualquier cooperativa.

Artículos 37 y 38: Quiebra de la Licenciataria.

En caso de quiebra, el Síndico velará por la adecuada provisión del servicio hasta su licitación.

MOP licitará licencia y bienes indispensables, dentro del plazo de un año de declarada la quiebra.

La Honorable Senadora señora Matthei señaló que debiera estudiarse una solución en que el síndico se encargue de la liquidación y un administrador temporal vele por la provisión del servicio.

El Subsecretario, señor Saldivia, explicó que respecto de la provisión del servicio, el Ministerio licitará la licencia y los bienes indispensables dentro del plazo de un año de que quede firme la sentencia que declara la quiebra, y sólo durante ese lapso el síndico es el encargado de velar por la referida provisión.

La Honorable Senadora señora Matthei manifestó que sería preferible que tanto los bienes indispensables como la cartera de usuarios pasaran inmediatamente a un administrador temporal, sin que respecto de ellos intervenga un síndico.

El Subsecretario, señor Saldivia, en virtud a lo precedentemente planteado, se comprometió a presentar una indicación en el referido sentido en el trámite correspondiente ante la Honorable Cámara de Diputados, debido a que es una materia compleja, se requiere un debate más prolongado y nos encontramos finalizando la etapa del segundo informe de Comisión.

Capítulo 4. Del Permiso de SSR.

Artículos 39 y 41: Permisos.

- Permiso se otorga por el MOP a un Comité o Cooperativa para prestar un SSR.

- Otorgamiento de permiso de distribución impide otorgar en su área de servicio otros permisos, licencias, o concesiones sanitarias.

- MOP puede declarar en riesgo la prestación en caso que las condiciones de servicio no corresponden a las establecidas en la ley, reglamentación o decreto de otorgamiento.

- Declarado en riesgo, cesarán los órganos de dirección y administración.

- El MOP puede adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio, mientras la asamblea designe nuevos órganos de administración.

- Plazo del permiso: 10 años.

Artículos 40 a 44: Solicitud, renovación y licitación del permiso.

- Solicitud de permiso se presenta al MOP. Se establecen contenidos de la solicitud.

- MOP resuelve en 30 días mediante decreto.

- Derecho preferente de renovación para actual permisionario: debe pedir renovación al menos 6 meses antes de la fecha de extinción.

- Si no se solicita oportunamente la renovación, o un interesado solicita la licitación del permiso dentro del plazo ya indicado, el MOP debe llamar a licitación.

- Llamado a licitación debe publicarse por el MOP y difundirse en el Diario Oficial y en diarios y radios locales, y otros medios idóneos.

- Se establecen criterios de adjudicación (iguales a los de licitación de licencia). En caso de igualdad de condiciones se adjudicará al permisionario anterior.

Respecto del artículo 44, la Honorable Senadora señora Matthei consultó a qué se refieren las condiciones sociales más ventajosas mencionadas en el inciso tercero, porque le parece un concepto vago, que se presta para la utilización de criterios poco objetivos.

El Subsecretario, señor Saldivia, señaló que se hace dicha referencia para hacerlo concordante con la evaluación de calidad económica y social de MIDEPLAN a la que se someten la inversiones del MOP.

La Honorable Senadora señora Matthei planteó que debiera referirse a la rentabilidad social y no a condiciones sociales más ventajosas.

El Subsecretario, señor Saldivia, manifestó que estudiarían la posibilidad de proponer una nueva redacción para el texto discutido precedentemente.

Título IV. De los Operadores.

Capítulo 1. Derechos y Obligaciones de Operadores y Usuarios.

Artículo 45 a 49: Obligaciones de los operadores.

- Prestar servicios en la calidad y continuidad exigible (cantidad de horas diarias determinadas por la SISS).

- Deben mantener calidad en atención de usuarios.

- Son responsables de conservación de instalaciones y equipos.

- Operadores clasificados en AAA y AA deben destinar al menos 20% de su remanente al fondo de inversión o reposición. Se regulan instrumentos en los que debe ser mantenido el fondo.

- El operador es responsable del arranque de agua potable y la unión domiciliaria; las instalaciones interiores del propietario del inmueble.

- Plan de Inversiones se actualiza cada 5 años. Debe actualizarse además en el caso que el Subsidio o Inversión Pública efectivamente recibido difiera de lo solicitado.

La Honorable Senadora señora Matthei inquirió qué significa remanente para efectos del artículo 48.

El Subsecretario, señor Saldivia, expresó que remanente se refiere a los recursos distintos de aquellos que se requieren para operar.

La Honorable Senadora señora Matthei consultó a qué podría destinarse el 80% restante de remanentes, en el entendido que estamos ante una tarifa fijada por un organismo externo.

El Asesor del Subsecretario de Obras Públicas, señor Tapia, señaló que los remanentes se destinan a nuevos fondos de inversión, recursos que quedan una vez deducido lo que se utiliza en gasto y amortización de la inversión existente.

La Fiscal del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, señora Cerda, manifestó que las cooperativas ya no tienen que constituir un fondo de reserva legal, a excepción de dos casos, y en esta ley se incorpora la referida exigencia precisamente para la reposición de bienes necesarios. Agregó que en la ley de cooperativas el remanente es el saldo favorable del ejercicio económico, y esas utilidades, con la norma en discusión del proyecto, implicaría que el 20% se usaría para el fondo de reserva legal y el 80% restante podría utilizarse para constituir fondos de reserva voluntarios, para que el saldo que quede una vez verificados los pasos anteriores se entiendan como excedentes, que pueden repartirse o destinarse a otro giro, dado que no se trata de cooperativas de giro único.

La Honorable Senadora señora Matthei observó que lo anteriormente planteado tiene sentido cuando se trata de una cooperativa no monopólica en el rubro, pero que en el caso de los servicios sanitarios, con una tarifa fijada, debe analizarse bien la posibilidad de que existan excedentes y cómo se establece la tarifa con relación a la disposición que se discute. Asimismo, sostuvo que al tratarse de un servicio básico y regulado por la autoridad parece complicado que las cooperativas puedan tener fines de lucro y dedicarse a otros negocios.

El Subsecretario, señor Saldivia, planteó que en la próxima sesión se entregaría una propuesta de redacción que aclare el uso de los remanentes y otra sobre el giro único o no que tengan las cooperativas incluidas en el proyecto de ley.

El Honorable Senador señor García señaló que son distintos los conceptos de lucro y de excedentes, y probablemente sería deseable que las cooperativas generen excedentes o formen reservas. Agregó que debe precisarse si las cooperativas tendrán o no un giro único.

Asimismo, respecto de la letra a) del artículo 45 de la iniciativa, expuso que en la primera oración “Prestar los servicios sanitarios a los usuarios, en la medida que sea técnica y económicamente factible.” debería sacarse la parte que sigue a la coma (,), dado que si no es técnica y económicamente factible prestar el servicio no deberían ser operadores, y podrían ampararse en esta norma para no entregar el servicio.

El Subsecretario, señor Saldivia, manifestó que debe conciliarse la obligación de prestar el servicio con la necesidad de que exista agua y de que su explotación sea razonable desde el punto de vista económico. Agregó que podría hacerse referencia a la letra b) del artículo para especificar el contenido de la primera oración.

Artículo 50: Uso de instalaciones y equipos.

Corresponde al operador el uso y goce exclusivo de los bienes indispensables.

Artículo 51: Vertimiento de aguas tratadas en canales de regadío.

En caso de no haber acuerdo con la organización de usuarios respectiva, operador puede solicitar autorización judicial para verter aguas servidas tratadas, siempre que sea la solución técnica y económicamente más adecuada.

No se podrá afectar las actividades económicas que utilicen las aguas del canal.

Se hizo presente que, con fecha 4 de septiembre de 2009, la Excelentísima Corte Suprema respondió oficio del Presidente de la Comisión de Obras Públicas del Senado en que se consultaba su opinión sobre el artículo 51 del proyecto de ley.

Artículo 52: Derechos de los usuarios.

Obligaciones establecidas para los operadores constituyen el estatuto básico de los derechos de los usuarios.

Artículo 53: Derechos del Operador.

Entre otros:

- Cobrar por el servicio, reajustes, intereses y costos de cobranza, en su caso.

- Cobrar costos de reparaciones por daños.

- Suspender por no pago, previo aviso de 30 días, mal uso del servicio y daño a las instalaciones.

Artículo 54: Mérito ejecutivo.

Boletas o facturas tiene mérito ejecutivo.

Artículo 55: Modificaciones de niveles de servicio.

MOP puede modificar niveles de servicio fundadamente, a proposición de la SISS.

Si la licenciataria presta servicio en área urbana, MOP puede modificar niveles debiendo la licenciataria modificar su Plan de Inversión.

Artículo 56: Facultad de acceso del operador.

Usuario debe permitir acceso a su inmueble al personal del operador.

Artículo 57: Inmueble que recibe el servicio.

En dicho inmueble quedan radicadas obligaciones derivadas del SSR.

Capítulos 2 y 3.

Artículos 58 a 62: Normas sobre dirigentes.

- Establece incompatibilidad entre cargos de alcalde y consejero regional respecto de cargos directivos, de administración o fiscalización de los comités y cooperativas.

- Entre causales de cesación, incorpora condena por delito que merezca pena aflictiva.

- Permite que comité contemple renovación del Directorio por parcialidades.

- Establece como causal de censura de dirigentes, la trasgresión de cualquiera de sus deberes legales o de algún derecho de un miembro del comité.

- Establece como causal de censura del Directorio del comité la no presentación de la cuenta anual de resultados o balance y su rechazo en dos oportunidades sucesivas por al menos 2/3 de la asamblea.

- Contempla que asamblea puede acordar viáticos destinados a gastos necesarios para el ejercicio del cargo de dirigente y su capacitación.

Título V. De las Tarifas.

Artículo 63: Reglas y principios generales.

- Las tarifas deben permitir recuperar costos indispensables de operación y mantenimiento.

- Adicionalmente podrán establecer distintos niveles de recuperación de los costos de inversión y reposición.

- Tarifas incluyen cargo fijo y cargo por metro cúbico.

- Tarifas serán determinadas por la SISS.

La Honorable Senadora señora Matthei señaló que las tarifas son fijadas por la Superintendencia, la que no puede extenderse a ámbitos que no estén expresamente facultados por la ley, y en el inciso segundo del artículo 63 se autoriza exclusivamente a que se recuperen los costos de inversión y reposición, y no se dice nada sobre la posibilidad de generar excedentes.

Artículo 64: Determinación de la Tarifa de Autofinanciamiento.

Aquella que permite recuperar la totalidad de los costos de mantenimiento, inversión y reposición.

Se calcula a partir del costo total de largo plazo.

El Honorable Senador señor García consultó si actualmente las tarifas del agua potable rural pagan IVA, y que sucederá respecto del mismo tema con la nueva ley.

El Jefe del Departamento de Programas Sanitarios de la Dirección de Obras Hidráulicas, señor Fuentealba, indicó que los usuarios de los comités están exentos del IVA siempre que sean socios del mismo.

Artículo 65: Procedimiento de determinación de nivel tarifario.

- Es aquel calculado por la SISS rebajando de la Tarifa de Autofinanciamiento el subsidio o la inversión pública.

- SISS podrá agrupar sistemas tipo. Asimismo, en atención al tamaño o singularidades técnicas, geográficas o de otra especie, definirá sistemas de tarificación individual.

La Honorable Senadora señora Matthei observó que si el caso base respecto de las tarifas es la de autofinanciamiento del artículo 64, parece más lógico colocar las reglas de los incisos segundo y tercero dentro de las reglas y principios del artículo 63.

El Subsecretario, señor Saldivia, expresó que estudiarían la situación precedentemente planteada, porque la intención es evitar tener tantos procedimientos de fijación tarifarios como casos existan, por lo que debe quedar claro que se pueden agrupar los casos desde el comienzo del proceso.

Artículo 66: Procedimiento de determinación de la tarifa a cobrar al usuario.

- Se determina para cada SSR y es aquella que debe pagar efectivamente el usuario.

- Comunicado el nivel tarifario al operador, lo pone en conocimiento de la asamblea, quien en un plazo de 60 días, podrá aceptar o acordar su variación hasta en un 5%, siendo ésta la Tarifa a Cobrar al usuario.

- Si solicita variación superior, deberá presentar a su costa una contrapropuesta a la SISS, quien resuelve en plazo de 60 días.

- Si Asamblea no se pronunció o no contestó en plazo, tarifa a cobrar al usuario corresponderá a la informada por la SISS.

- Las tarifas serán fijadas mediante decreto del MINECON.

Artículo 67: Período tarifario.

Tarifas serán determinadas cada 5 años.

Artículo 68: Reajustabilidad de la tarifa.

Cada vez que IPC acumule variación del 5%, o que alguna variable de costo relevante aumente 3%.

Artículo 69: No discriminación.

No se podrán hacer distinciones para el cobro, salvo entre servicios sanitarios rurales primarios y secundarios.

Artículo 70: Obligado al pago.

El ocupante de la propiedad a cualquier título.

Artículo 71: Prestación regulada.

Prestaciones de carácter sanitario efectuadas por el operador bajo condiciones monopólicas serán tarificadas de conformidad con este título.

Título VI. Institucionalidad.

Capítulo 1. Política Nacional de SSR.

Artículo 72: Política de asistencia y promoción.

- MOP, con información técnica de MINSAL, MIDEPLAN, MINVU, CONAMA, determinará política de inversión, asistencia técnica y financiera, supervisión y promoción para los operadores de SSR.

- Deberá considerar habitantes rurales de zonas desconcentradas

- La política se definirá y ejecutará por el MOP.

Artículos 73 y 74: Reconocimiento y Principios.

Se reconoce la función social y rol integrador de las organizaciones sociales que conforman los SSR, y se establecen principios orientadores de la política.

Artículo 75: Consejo Consultivo.

- Orientará la política y facilitará coordinación de los programas de asistencia y promoción que desarrollan los entes públicos.

- Está integrado por los servicios públicos vinculados con el sector: MOP, MINHA, MINECOM, MINSAL, MINVU, MIDEPLAN, CONAMA, SUBDERE, la Asociación de Municipios (9) y dirigentes de Cooperativas, Comités, y Federaciones o Confederaciones (9).

- En el inciso segundo se establecen disposiciones para facilitar la participación y funcionamiento efectivo:

El Consejo sesionará al menos dos veces al año.

Los integrantes del Consejo que representen a las organizaciones (9) percibirán una asignación para gastos de traslado, alojamiento y alimentación, por cada sesión a la que asistan, con cargo al MOP.

Capítulo 2. Del registro y clasificación de los Operadores.

Artículo 76: Registro de los Operadores de SSR.

- MOP tendrá a su cargo el Registro Público de Operadores, de permisos y licencias otorgadas, y demás antecedentes que el reglamento establezca.

- El Registro debe estar actualizado y disponible para consulta en el sitio electrónico del MOP.

Artículos 77 y 78: Clasificación de los Operadores.

- Operadores se clasifican en tres segmentos: AAA, AA y A (MOP clasifica).

- Criterios de clasificación: calidad de la gestión técnica, administrativa y financiera y características del sistema servido. (Por ejemplo: población abastecida, condiciones socio económicas de la población, grado de aislamiento, entre otras).

- Vigencia clasificación: cinco años. Operador, SISS o DECOOP pueden solicitar reclasificación.

Capítulo 3. Subdirección de SSR.

Artículo 79: Subdirección de SSR.

Se crea en la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP la Subdirección de SSR, a cargo de un funcionario que tendrá el título de Subdirector.

Artículo 80: Funciones.

- Órgano especializado responsable de ejecutar la política de SSR.

- Formular y evaluar proyectos de SSR.

- Contratar la inversión sectorial y actuar como unidad técnica para la contratación de la inversión de los GORE u otras instituciones públicas en materias relacionadas con SSR.

- Le corresponde la visación técnica de los proyectos.

- Encargado de prestar asesoría a operadores, directamente o por medio de terceros.

- Revisar, previa consulta a la Superintendencia, el Plan de Inversión.

- Aprobar, directamente o por medio de terceros, la puesta en operación de las obras de cada operador.

- Pedir informes y auditar la contabilidad de operadores.

Artículo 81: Facultad de acceso de los funcionarios de la Subdirección.

Se regula el acceso por parte de los funcionarios a las instalaciones de los operadores.

Artículo 82: Designación de administrador temporal.

- MOP podrá designar administradores temporales, que integren un registro especial, administrado por la Subdirección.

- Reglamento establecerá requisitos para ingresar, permanecer o ser eliminados del registro.

Artículo 83: Información.

- Facultad de la Subdirección para requerir información a los operadores.

- Obligación del Operador de informar del hecho esencial a la Subdirección; y a la autoridad sanitaria si afecta las condiciones sanitarias.

Capítulo 4. Inversión pública y subsidios en los SSR.

Artículo 84: Inversión pública.

- La inversión para promover, formar e instalar SSR nuevos, la define el MOP conforme al proceso de selección.

- Se puede considerar el aporte de los beneficiarios.

- Por razones de emergencias MOP puede definir inversión sin sujeción al procedimiento de selección establecido en artículos siguientes.

Artículo 85: Subsidio a la inversión.

- Se amplía el subsidio a la inversión del artículo 10 de la ley N° 18.778 a la etapa de saneamiento.

- La infraestructura financiada tendrá carácter de reserva legal y bien indispensable y se denominará “Fondo de Reserva Subsidio Estatal”.

- La selección de los estudios, proyectos y obras se hará conforme al proceso de selección señalado.

Artículo 86: Criterios de elegibilidad.

MOP con consulta al GORE define criterios de elegibilidad y características de proyectos a financiar. Se podrán considerar requisitos diferenciados para cada uno de los segmentos de operadores.

Artículo 87: Procedimiento de selección de proyectos.

- Procedimiento de selección de proyectos aplicable a sistemas nuevos (inversión) y existentes (subsidio).

- Operadores presentan solicitudes de financiamiento total o parcial de proyectos a la Subdirección.

- MOP presenta a GORE listado de proyectos evaluados que cumplan criterios de elegibilidad. GORE selecciona proyectos beneficiados.

- Se compromete financiamiento hasta plena ejecución, aun cuando comprometa posteriores ejercicios presupuestarios

- Otras entidades que aportan recursos para el financiamiento de los estudios, proyectos u obras de SSR se rigen por este mismo procedimiento.

Artículo 88: Ventanilla única.

- Subdirección único encargado de ejecutar programas de inversión en SSR.

- Subdirección podrá suscribir convenios con otros organismos públicos para contratación de programas de inversión para SSR.

Artículo 89: Bienes aportados por el Estado.

- Estado transferirá a cualquier título a los operadores las obras o proyectos que integren un sistema sanitario rural construido con fondos públicos.

- Derechos de aprovechamiento de aguas fiscales se transferirán en tanto sean utilizados para la provisión de los servicios.

- Estos bienes tienen el carácter de indispensables, y se transfieren a título gratuito en caso de cambio de operador.

- Bienes se considerarán aportados por terceros para fines tarifarios.

Artículo 90: Expropiaciones y donaciones.

- Declaratoria de utilidad pública de inmuebles necesarios para la prestación de SSR.

- Se establece la facultad para el MOP de recibir donaciones para obras de SSR, incluyendo aportes parciales de los operadores para las expropiaciones.

Artículo 91: Regularización de bienes.

Se establece una presunción de posesión material a favor del operador de SSR.

Capítulo 5. De la regulación y fiscalización.

Artículo 92: Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Ejercerá las mismas facultades de la ley N° 18.902, que la crea, respecto de todo operador de un SSR.

Artículo 93: Condiciones especiales de servicio.

SISS podrá considerar, a través de instrucciones y órdenes, condiciones especiales de servicio a los operadores.

Artículo 94: Rol del DECOOP.

El DECOOP dentro del ámbito de sus funciones dictará normas necesarias para facilitar aplicación de la ley.

Artículo 95: Mecanismos de autorregulación y transparencia.

El reglamento establecerá mecanismos de autorregulación y transparencia de gestión y resultados de los operadores de SSR.

Artículo 96: Sanciones.

- Se establece catálogo de sanciones (multas a beneficio fiscal) para aplicar por la SISS a los operadores; sin perjuicio de otras sanciones que corresponda aplicar a ésta o a otros organismos por otras leyes.

- Para la determinación del monto de las multas, se deberá considerar el segmento en el cual esté clasificado el Operador.

- Se hace extensivo el procedimiento de reclamación ante SISS de la ley N° 18.092.

Artículo 97: Modificaciones Ley de Cooperativas.

Se reemplazan las Cooperativas de Agua Potable por las Cooperativas de Servicios Sanitarios Rurales.

Artículo 98: Modificación Ley del Subsidio de Agua Potable.

Subsidio establecido en artículo 10 se amplía a todas las etapas de la prestación de SSR.

Artículo 99: Modificaciones a planta.

Se crea el cargo de Subdirector de SSR.

Artículos transitorios.

Artículo 1°.

Reglamento será dictado dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia.

Artículo 2°.

- Se establece sistema de ingreso para operadores existentes.

- Seis meses para registrarse (acreditar personalidad jurídica vigente y prestación de servicio).

- Protección de exclusividad para operadores durante período de 2 años, dentro del cual deberá formalizar solicitud de licencia o permiso.

- Licenciatarios:

Deben tramitar licencia en plazo de 2 años;

No deben presentar garantía de seriedad;

No se aplica procedimiento licitatorio;

Presentan Plan de Inversión en plazo que fije decreto de otorgamiento.

- Permisionarios: pueden solicitar permiso definitivo por 10 años o provisorio por 5 años (menores requisitos).

Artículo 3°.

- Posibilidad para que municipios traspasen a los operadores Servicios de Agua Potable o Saneamiento.

- Plazo de 90 días para responder en caso que el traspaso sea requerido por un operador.

Artículo 4°.

- Plazo para la primera tarificación: 5 años.

- Para licenciatarias la primera tarificación debe realizarse en dos años.

- SISS establecerá calendario regional de fijación tarifaria.

- A los operadores que ingresen en el período intermedio, se les aplica el nivel tarifario correspondiente por lo que reste.

- Mientras no se fije la tarifa se extiende la aplicación de las tarifas vigentes con sus indexaciones.

Artículo 5°.

Continuidad legal de derechos y obligaciones en caso de transformación de Comité a Cooperativa.

Artículo 6°.

- Rebajas para Comités que se transforman en Cooperativas, y Cooperativas nuevas y existentes, en aranceles notariales, conservador y gastos de publicación en el Diario Oficial.

Artículo 7°.

Subdirección SSR asistirá en regularización de obras y derechos de aguas, en valoración técnica de los activos y en obtención de licencias o permisos. También asistirá en el proceso de transferencia de bienes y derechos desde las sanitarias.

Artículo 8°.

Facilita traspaso de bienes y derechos utilizados para la prestación de SSR, desde concesionarias de servicios sanitarios al MOP.

Artículo 9°.

Termina la obligación de las concesionarias de servicios sanitarios del artículo 2° transitorio de la ley N° 19.549 (actuar como unidad técnica). Establece plazo para rendir cuenta (1 año) y para entrega de información a operadores y MOP (1 mes).

Artículo 10

- Bienes aportados en la transformación de Comités a Cooperativa constituyen reserva legal durante vigencia de la Cooperativa. Además constituyen bienes indispensables si corresponde.

- Derechos en Cooperativas que eran del SENDOS se traspasan al resto de los socios, a prorrata.

- Bienes aportados por SENDOS o antecesores a Cooperativas de SSR, que estén siendo utilizados para la prestación de SSR, forman parte de la reserva técnica de bienes fiscales y son bienes indispensables.

Artículo 11

Derecho de retracto para las Cooperativas que se hayan transformado en concesionarias de servicios sanitarios (artículo 6 del decreto con fuerza de ley 382, de 1988).

Artículo 12

Establece que para la aplicación de fondos del Banco Mundial o del BID, vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley, la Subdirección SSR visará técnicamente los proyectos.

Artículo 13

La Subdirección inicia sus funciones a la fecha de entrada en vigencia del reglamento.

Artículo 14

El Presidente nombrará transitoria y provisionalmente al Subdirector SSR, en tanto se efectúa el proceso de selección por la Alta Dirección Pública.

Artículo 15

- Crea el Consejo Consultivo.

- Establece plazo de un año, contado desde la entrada en vigencia de la ley, para su primera sesión.

En la siguiente sesión, el Subsecretario, señor Saldivia, manifestó que respecto de las materias e inquietudes planteadas en la anterior sesión de la Comisión, el Ejecutivo prefería dejar lo relativo al giro único de las cooperativas y los comités para el segundo trámite constitucional, dado que requería un estudio más extenso de las posibles modificaciones al proyecto de ley.

La Honorable Senadora señora Matthei señaló que lo importante es que no se dediquen a otras actividades productivas y no se efectúe una transferencia de precios y recursos desde el servicio sanitario a las otras actividades que desarrolle la cooperativa.

El Honorable Senador señor García planteó que, de acuerdo al artículo 28 de la ley 19.418 que establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, dichos entes están exentos de todas las contribuciones, impuestos y derechos fiscales y municipales con la sola excepción del IVA, por lo que para que los usuarios de los servicios de comités y cooperativas queden exentos de dicho tributo es necesario que se diga expresamente en la ley.

El Subsecretario, señor Saldivia, indicó que el Servicio de Impuestos Internos ha interpretado hasta ahora que en la relación de los comités y cooperativas con sus socios no hay afectación al referido impuesto, pero el SII puede cambiar su interpretación y se requiere un trabajo conjunto con dicho Servicio a fin de excluir la posibilidad de que la relación quede gravada.

El Honorable Senador señor Sabag planteó que se requiere que quede establecido que los comités o cooperativas pueden transferir sus bienes que queden en desuso a otras comunidades que los necesiten.

El Subsecretario, señor Saldivia, expresó que los bienes financiados por el Fisco son transferidos al comité o cooperativa, y pasan a ser indispensables y a formar parte del fondo de reserva legal, por lo que para traspasarlos a cualquier título deben desafectarse con autorización del Fisco. Agregó que no está contemplado que el Fisco fije condiciones, como traspasar bienes a título gratuito, y el único bien que de desaparecer el comité o cooperativa debe regresar al Fisco son los derechos de agua.

La Honorable Senadora señora Matthei propuso a los representantes del Ejecutivo estudiar la posibilidad de que al transferir bienes del Estado a las organizaciones que prestan los servicios, se puedan poner condiciones respecto de su posterior transferencia a otros entes.

El Subsecretario, señor Saldivia, señaló que estudiarían lo anteriormente planteado.

- - -

Las disposiciones de competencia de la Comisión se reseñan de manera sumaria a continuación:

Artículo 12

Su texto es el siguiente:

“Artículo 12.- Bienes indispensables. Se entienden destinados a finalidades de utilidad y salubridad pública, los bienes indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales.

Los bienes se considerarán indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales, desde el otorgamiento de la licencia o permiso, desde su adquisición o regularización, o desde su puesta en operación, según corresponda.

Serán bienes indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales, entre otros, los siguientes:

a) arranques de agua potable

b) uniones domiciliarias de alcantarillado

c) redes de distribución

d) redes de recolección

e) derechos de agua

f) captaciones

g) sondajes

h) estanques de regulación

i) servidumbres de paso

En caso que los bienes indispensables aportados por el Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de esta ley, pierdan tal calidad, el Operador deberá contar con la autorización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para enajenarlos. No se requerirá dicha autorización cuando la enajenación sea resultado de un reemplazo o mejora.

Los bienes indispensables tendrán el carácter de inembargables, siéndole aplicable lo establecido en el número 17 del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil.”.

En este artículo recayeron las siguientes indicaciones números 2 E, 2 F y 2 G:

La indicación número 2 E de Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar las siguientes letra j) y k), nuevas:

“j) plantas de producción de agua potable y plantas de tratamiento de agua servida.

k) inmuebles en que estén adheridos alguno de los bienes indicados en las letras f), g), h) y j) anteriores.”.

La indicación número 2 F de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso cuarto, la frase “de la Superintendencia de Servicios Sanitarios” por “de la Subdirección”.

La indicación número 2 G del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el inciso cuarto, a continuación de la palabra “mejora”, las frases “, los que, en todo caso, deberán ser informados de manera documentada y previa a su realización a la Superintendencia de Servicios Sanitarios”.

- En votación, las indicaciones números 2 E y 2 F fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores García y Sabag.

- En votación, la indicación número 2 G fue aprobada, con enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores García y Sabag.

Artículo 25

(Artículo 26 del texto aprobado en general por el Senado)

Es del siguiente tenor:

“Artículo 26.- Criterios de recomendación para la adjudicación. La Superintendencia recomendará la adjudicación de la licencia a la solicitante que, cumpliendo las condiciones técnicas exigidas, ofrezca las condiciones económicas y sociales más ventajosas para la provisión del servicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento. Cuando el interés general lo haga necesario se considerará el plazo de puesta en explotación de los servicios, como criterio adicional de adjudicación.

En caso de igualdad en las condiciones ofrecidas por los interesados, se adjudicará la licencia al que tenga en ese momento la calidad de titular de la misma.

Con todo, la tarifa ofrecida por el solicitante al que se proponga adjudicar, no podrá ser superior a la determinada por la Superintendecia de conformidad al Título V de esta Ley.”.

En este artículo recayeron las siguientes indicaciones números 9 C y 9 D:

La indicación número 9 C de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso primero, la forma verbal “recomendará” por “propondrá al Ministerio”.

La indicación número 9 D del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el inciso primero, a continuación de “condiciones económicas”, la expresión “, ambientales”.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Saldivia, manifestó que de conformidad a lo discutido en la sesión anterior, el Ejecutivo consideraba pertinente modificar la referencia del inciso primero a las condiciones sociales más ventajosas por “una evaluación social más favorable”, y agregó que la misma enmienda debiera hacerse en el artículo 44.

- En votación, la indicación número 9 C fue aprobada, con enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores García y Sabag.

- En votación, la indicación número 9 D fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores García y Sabag.

Artículo 30, inciso cuarto

(Artículo 31 del texto aprobado en general por el Senado)

El artículo 30 establece la caducidad de la licencia otorgada para la prestación de servicios sanitarios, si antes de entrar en operación no se ejecutaren las obras correspondientes al Plan de Inversión necesarias para poner el servicio en explotación.

En este artículo recayó la indicación número 11 A de Su Excelencia la Presidenta de la República, para incorporar el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“Caducada la licencia, el monto de la garantía a que se refiere el artículo 30 quedará a beneficio fiscal.”.

La Honorable Senadora señora Matthei consultó cuál es el monto de la garantía.

El Subsecretario, señor Saldivia, expresó que el artículo regula la pérdida de la licencia antes de que entre en operaciones el servicio por no realizar las inversiones comprometidas dentro del plazo individual que se le otorgó.

El Honorable Senador señor Sabag inquirió a quién se le otorga la referida licencia.

El Subsecretario, señor Saldivia, señaló que las licencias sólo se pueden otorgar a cooperativas, y la caducidad se refiere sólo a nuevas licencias respecto de zonas en las que no existe servicio. Agregó que el Estado sigue cumpliendo su rol como hasta ahora, realizando las inversiones necesarias.

La Honorable Senadora señora Matthei preguntó cómo debía operarse respecto de una comunidad que no tiene ningún servicio y quiere acceder al agua potable.

El Honorable Senador señor García solicitó que se explicara lo mismo que se planteó precedentemente partiendo del agua como recurso necesario, dado que muchos proyectos fracasan cuando descubren que no hay agua o no es suficiente para las necesidades a satisfacer.

El Honorable Senador señor Escalona manifestó que de acuerdo a letra g) del artículo 2º, las licencias corresponden sólo a las cooperativas, por lo que consultó si es así o también los comités pueden acceder a las licencias.

El Subsecretario, señor Saldivia, explicó que efectivamente las licencias son sólo para las cooperativas, y que el transformarse en cooperativa por parte de un comité es una opción, no una obligación. La diferencia entre licencia y permiso es que el primero dura 30 años renovables y el segundo 10 años renovables.

El Honorable Senador señor Escalona consultó si existe una renovación automática de los permisos y licencias existentes cuando se apruebe la ley en trámite.

El Subsecretario, señor Saldivia, sostuvo que existe un período de transición de 2 años en el que se otorga una protección, dentro del cual las cooperativas y comités deben formalizar sus licencias y permisos de conformidad al artículo segundo transitorio, donde lo clave es la determinación del territorio dentro del cual prestan servicios.

Asimismo, observó que actualmente una comunidad en primer lugar tiene que constituirse como comité, luego debe optar a los fondos públicos, y si no existe agua asegurada, la DOH pide un estudio de prefactibilidad que determine si hay agua, y cuáles serían los costos de extracción y producción, una vez definida la prefactibilidad el comité debe postular a la factibilidad y diseño, y en caso que el Gobierno Regional apruebe los fondos necesarios se pasa a la construcción.

El Honorable Senador señor Sabag inquirió cuánto tiempo aproximado lleva cada etapa.

El Subsecretario, señor Saldivia, señaló que se requiere al menos un año.

La Honorable Senadora señora Matthei consultó cuál será el procedimiento desde el inicio una vez que entre en vigencia la ley que se propone.

El Subsecretario, señor Saldivia, expresó que el Estado tiene un rol de fomento y apoyo a las comunidades, y el comité que se constituye como tal, conforme a la normativa que regula a las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias funcionales, pide el permiso para prestar el servicio lo que lo habilita para postular a fondos públicos sin necesidad de tener un plan de inversión todavía. Observó que constituido un comité como tal, el Estado no puede denegar el permiso a menos que el territorio al que postula ya esté asignado a otro comité o cooperativa.

El Honorable Senador señor García indicó que en la Ley de Presupuestos el Programa de agua potable rural tiene asignado un total de 27.612 millones de pesos, y consultó si constituidos como comités la relación con el Estado para obtener financiamiento siempre será vía Gobierno Regional o no.

El Subsecretario, señor Saldivia, manifestó que actualmente la relación es así, vía Gobierno Regional, y en el último tiempo se han introducido modificaciones tendientes a que la asignación por regiones sea mediante organismos que aseguren una adecuada distribución entre las mismas según el número de proyectos que tenga cada una. Agregó que en el proyecto de ley el mecanismo de asignación no cambia en lo sustancial, sin perjuicio de que se introduce un mecanismo de concursabilidad de los fondos públicos.

La Honorable Senadora señora Matthei planteó que la norma en discusión discurre sobre la base de una licencia que ha sido otorgada, y las cooperativas se constituyen cuando existe un sistema organizado y con una cierta estructura, y consultó quién fiscalizará el correcto funcionamiento de los mencionados entes.

El Subsecretario, señor Saldivia, indicó que actualmente el 10% de los sistemas están abastecidos por cooperativas, y que unos años atrás se realizó una modificación a la ley que regula las cooperativas con el objetivo de mejorar la fiscalización y el proyecto de ley establece facultades y recursos adicionales para el Departamento de Cooperativas en la materia.

La Honorable Senadora señora Matthei señaló, respecto de la garantía, que el monto que pasa al Fisco ha sido aportado por todos los partícipes de la cooperativa, que además se quedan sin servicio.

El Honorable Senador señor Sabag inquirió por el monto de la garantía.

El Subsecretario, señor Saldivia, explicó que el monto es una estimación que no puede exceder al costo de tres meses de operación del sistema. Respecto de los recursos para constituir la garantía, señaló que se estimó que los usuarios no pueden sólo recibir protección del Estado sino que deben asumir alguna responsabilidad.

El Honorable Senador señor Escalona consultó si existen comités con unos 25 ó 30 años de antigüedad, que presten servicios a un número elevado de usuarios en localidades que no son pequeñas.

El Jefe del Departamento de Programas Sanitarios de la DOH, señor Fuentealba, expresó que existen algunos comités con las características referidas, y otros con más de 500 arranques, pero que son más nuevos, y puso como ejemplos los comités de San Pedro de Atacama y Entre Lagos.

El Subsecretario, señor Saldivia, sostuvo que no existe una regla, porque en 40 años de historia se encuentran con cooperativas más grandes que empresas de servicios sanitarios con concesiones reguladas por la ley general respectiva. Agregó que existe una cierta tendencia a que las cooperativas se conviertan en empresas sanitarias, lo que no ha resultado muy exitoso, por lo que en el proyecto se les otorga la posibilidad de retornar a la forma jurídica de cooperativa, y que los comités se transformen en cooperativas, cuestión que ha ofrecido mejores resultados, por lo que la iniciativa tiende a facilitar la referida conversión.

El Honorable Senador señor Sabag consultó si el constituirse en cooperativa tenía alguna otra ventaja aparte del plazo de la licencia.

El Subsecretario, señor Saldivia, expresó que desde el punto de vista estatal se tiende a que las exigencias sean mayores para las cooperativas, y por eso el beneficio del plazo de la licencia, además se considera que por su tamaño tienen más posibilidades de autofinanciar parte de los gastos, focalizando la inversión en los comités más pequeños.

- En votación, la indicación número 11 A fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores García y Sabag.

Artículo 44

(Artículo 45 del texto aprobado en general por el Senado)

Su texto es el siguiente:

“Artículo 45.- Licitación del permiso. El llamado a licitación del permiso pronto a extinguirse y sus bienes indispensables, se publicará por el Ministerio en la forma establecida en el artículo 23 de esta ley.

Si hubiera otros interesados en el permiso, éstos deberán presentar al Ministerio, dentro del plazo de 30 días, contados desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el inciso primero, una solicitud de permiso en los términos establecidos en el artículo 41 de esta ley.

Vencido el término anterior, el Ministerio adjudicará, en un plazo máximo de 60 días, el permiso al solicitante que cumpliendo las condiciones técnicas exigidas, ofrezca las condiciones económicas y sociales más ventajosas para la provisión del servicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento. Se podrá considerar, entre otros, el plazo de puesta en explotación de los servicios ofrecidos, como criterio adicional de adjudicación.

En caso de igualdad en las condiciones ofrecidas por los interesados, se adjudicará el permiso al que tenga en ese momento la calidad de titular del mismo.

Se aplicará para la licitación del permiso, lo dispuesto en los cinco incisos finales del artículo 19 de esta ley.”.

En este artículo recayó la indicación número 12 B del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el inciso tercero, a continuación de “condiciones económicas”, la expresión “,ambientales”.

- En votación, la indicación número 12 B fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores García y Sabag.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Saldivia, observó que en este artículo correspondía efectuar la misma enmienda realizada en el artículo 25 para cambiar la referencia a condiciones sociales más ventajosas por una evaluación social más favorable.

Puesto en votación el artículo fue aprobado, con modificaciones, según se consignará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores García y Sabag.

Artículo 45

(Artículo 46 del texto aprobado en general por el Senado)

Es del siguiente tenor:

“Artículo 46.- Obligaciones de los operadores. Los operadores de servicios sanitarios rurales tendrán las siguientes obligaciones:

a) Prestar los servicios sanitarios a los usuarios, en la medida que sea técnica y económicamente factible. Esta obligación comprende la certificación de la factibilidad de servicio. En caso que existan discrepancias entre el usuario y el operador, en cuanto a las condiciones de prestación del servicio, la Superintendencia resolverá las diferencias mediante una resolución fundada.

Los servicios sanitarios deberán prestarse a los Usuarios, en la cantidad que corresponda, y en la calidad exigible conforme a las normas respectivas, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio de Salud y de la Superintendencia.

b) Garantizar la continuidad del servicio entregado, en el sentido que éste sea prestado durante la cantidad de horas diarias que se determine por la Superintendecia, conforme a las características técnicas exigibles a cada segmento; salvo, las interrupciones que se produzcan por fuerza mayor o por necesidad indispensable para la prestación del servicio, debidamente programadas y comunicadas con anticipación a los usuarios, según lo establecido en el Reglamento.

c) Mantener el nivel de calidad en la atención de usuarios y prestación del servicio que defina el Reglamento.

d) Prestar y operar los servicios sanitarios rurales, dando estricto cumplimiento a las obligaciones, restricciones y prohibiciones establecidas en esta Ley y su Reglamento, en la normativa sanitaria y ambiental, y en las demás normas y disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes; así como a las instrucciones que impartan las autoridades competentes en el ejercicio de sus atribuciones.”.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Saldivia, expuso que de acuerdo a lo discutido en la sesión pasada, sería conveniente precisar en la letra a) del artículo, que la prestación de los servicios en la medida que sea técnica y económicamente factible tiene como parámetros y límites los establecidos en la letra b) de la misma norma.

Puesto en votación el artículo fue aprobado, con modificaciones, según se consignará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores García y Sabag.

Artículo 48

Establece el fondo de reposición y reinversión. Los operadores que conforme a la clasificación de esta ley, pertenezcan a los segmentos medio y alto, deberán constituir e incrementar, con un porcentaje no inferior al 20% de sus remanentes, un fondo de reserva legal, destinado a la reposición y ampliación de largo plazo, según se defina en el reglamento.

Este fondo no podrá ser destinado a fines distintos a la reposición y ampliación de la infraestructura, y deberá ser mantenido en instrumentos de inversión de emisores inscritos en el registro de valores, cuya clasificación de riesgo y tipo de instrumento serán definidos en el reglamento.

En este artículo recayeron las siguientes indicaciones números 13 y 13 A:

La indicación número 13 del Honorable Senador señor Longueira, para reemplazar, en su inciso primero, la expresión “alto” por “grande”.

La indicación número 13 A de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso primero, la expresión “medio y alto” por “AAA y AA”.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Saldivia, manifestó que en la sesión anterior no habían explicado correctamente el contenido de la norma, y que se relaciona con el hecho de que conforme a lo dispuesto por el Servicio de Impuestos Internos las cooperativas no tienen utilidades del ejercicio, pero sí pueden tener remanentes, y sugirió modificar la redacción del inciso primero para que sea más clara su interpretación.

La Honorable Senadora señora Matthei observó que lo anterior implica que efectivamente se está pensando en que las cooperativas tengan fines de lucro, lo que implicaría poder mezclar estos remanentes con los de otras actividades, otorgando un carácter de empresa a la organización, lo que implica tener un especial cuidado en lo relativo a la exclusión de los socios de la cooperativa, porque se presta para manejos tendientes a apoderarse de la administración y terminar con un número reducido de socios que se reparten los bienes al liquidar la cooperativa.

La Fiscal del Departamento de Cooperativas, señora Cerda, manifestó que en la actualidad existe la figura del fondo de reserva legal, que se mantiene en el actual proyecto, y que incluye los bienes indispensables que requerirán de la autorización del Ministerio para poder ser vendidos, además de las vías de defensa que tiene cada socio de la cooperativa.

El Subsecretario, señor Saldivia, reconoció que si es necesario se incorporarán normas que establezcan que ante una cooperativa que quiebra o que se transfiera, se deba considerar la situación de los socios que se hayan retirado con anterioridad respecto de lo que se obtenga con la venta de los bienes, cuestión que por ser compleja requiere de un tiempo mayor de estudio.

- En votación, las indicaciones números 13 y 13 A fueron aprobadas, con modificaciones, según se consignará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores García y Sabag.

Artículo 59

(Artículo 58 del texto aprobado en general por el Senado)

Dispone lo siguiente:

“Artículo 58.- Cesación en el cargo de los dirigentes de los Comités. Los dirigentes de los Comités de Servicio Sanitario Rural, cesarán en sus cargos:

a) Por el cumplimiento del período para el cual fueran elegidos.

Los estatutos del Comité podrán establecer períodos diferenciados de tiempo para cada cargo, a fin de permitir la renovación del directorio por parcialidades;

b) Por renuncia presentada por escrito al directorio, cesando en sus funciones y responsabilidades al momento en que éste tome conocimiento de aquélla;

c) Por inhabilidad sobreviniente, calificada en conformidad con los estatutos;

d) Por censura acordada por mayoría simple de los miembros presentes o representados en asamblea extraordinaria especialmente convocada al efecto. Para estos efectos la Asamblea extraordinaria deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros del Comité;

e) Por pérdida de la calidad de afiliado a la respectiva organización;

f) Por pérdida de la calidad de ciudadano;

g) Por condena por alguno de los crímenes o simples delitos contra la propiedad establecidos en el Código Penal.”.

En este artículo recayó la indicación número 15 C del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar, en la letra g), la expresión “el Código Penal” por “la legislación penal vigente”.

- En votación, la indicación número 15 C fue aprobada, con enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores García y Sabag.

Artículo 63

(Artículo 62 del texto aprobado en general por el Senado)

Su texto es el siguiente:

“Artículo 62.- Reglas generales. Los servicios sanitarios rurales estarán sujetos a las normas sobre fijación de tarifas y demás cobros de agua potable y saneamiento que se establecen en la presente ley y su Reglamento.

Las tarifas a cobrar a los usuarios, de cada servicio sanitario rural específico serán fijadas mediante decreto supremo dictado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República.”.

En este artículo recayó la indicación número 17 A de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo, por el siguiente:

“Artículo 62.- Reglas y principios generales. Los servicios sanitarios rurales estarán sujetos a las normas sobre fijación de tarifas y demás cobros de agua potable y saneamiento que se establecen en la presente ley y su reglamento.

Las tarifas siempre deberán permitir recuperar los costos indispensables de operación y mantenimiento. Adicionalmente, las tarifas podrán establecer distintos niveles de recuperación de los costos de inversión y reposición.

Se calcularán separadamente las tarifas correspondientes a las diversas etapas del servicio sanitario rural, cuando existan.

Las fórmulas tarifarias a utilizar deberán incluir un cargo fijo mensual y cargos por metro cúbico.

El procedimiento de determinación de las tarifas deberá ser fácilmente comprensible por los Usuarios, y el costo de dicho procedimiento deberá ser proporcional a la magnitud de los servicios sanitarios rurales a tarificar.

Las tarifas serán determinadas por la Superintendencia, conforme al procedimiento establecido en este Título.”.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Saldivia, señaló que de conformidad a lo discutido en sesiones anteriores, consideran que es mejor trasladar los incisos segundo y tercero del artículo 65 a esta disposición sobre reglas y principios generales como incisos séptimo y octavo, respectivamente.

El Honorable Senador señor Sabag indicó que se debe cuantificar y atender la situación de personas que no pueden pagar las tarifas, entendiendo que se trata de organizaciones sociales y no de verdaderas empresas.

El Subsecretario, señor Saldivia, sostuvo que el proyecto de ley se hace cargo de la heterogeneidad de las realidades de los distintos comités y usuarios, y en las normas tarifarias también se diferencia al disponer que pueden existir sistemas tipo y casos especiales por circunstancias que lo justifiquen. Asimismo, observó que con las normas de fijación tarifaria el Fisco podrá asignar los recursos que se requieran con mayor transparencia y eficacia, persistiendo en la consolidación del hecho que los usuarios deben pagar los costos de operación y mantenimiento.

La Honorable Senadora señora Matthei propuso que se especifique que los niveles de recuperación de los costos de inversión y reposición atenderán a los distintos tramos en que sean clasificados los operadores.

El Subsecretario, señor Saldivia, concordó con lo anteriormente señalado y planteó que podría utilizarse la clasificación de los operadores utilizada en el artículo 77 del proyecto de ley.

El Honorable Senador señor Sabag manifestó que comparte la idea de dejar en la ley la distinción precedentemente planteada.

El Honorable Senador señor Escalona consultó si la segunda parte del inciso segundo se refiere a cubrir la depreciación de los activos de las organizaciones.

El Subsecretario, señor Saldivia, indicó que efectivamente esa es la finalidad de la segunda parte del referido inciso.

- En votación, la indicación número 17 A fue aprobada, con enmiendas, según se consignará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

Puesto en votación el resto del artículo fue aprobado, con modificaciones, según se consignará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores García y Sabag.

Artículo 64

(Artículo 63 del texto aprobado en general por el Senado)

Es del siguiente tenor:

“Artículo 63.- Objetivos. Las tarifas de autofinanciamiento deberán permitir recuperar los costos indispensables de operación, mantenimiento, inversión y reposición. En el caso de los costos de inversión y de reposición, el procedimiento de tarifas podrá establecer distintos niveles de recuperación.

El procedimiento de determinación de las tarifas deberá ser fácilmente comprensible por los Usuarios, y el costo de dicho procedimiento deberá ser proporcional a la magnitud de los servicios sanitarios rurales a tarificar.”.

En este artículo recayeron las siguientes indicaciones números 17 B, 17 C y 18:

La indicación número 17 B de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 63.- Determinación de la tarifa de autofinanciamiento. La tarifa de autofinanciamiento, compuesta por un cargo fijo mensual y cargos por metro cúbico, es aquella que permite recuperar la totalidad de los costos indispensables de operación, mantenimiento, inversión y reposición.

La tarifa de autofinanciamiento se calcula a partir del Costo Total de Largo Plazo, entendiéndose éste como aquel valor anual constante requerido para cubrir tanto los costos de operación y mantenimiento eficientes como los de reposición e inversión eficientes, de un proyecto de inversión optimizado.

Dicho valor anual deberá ser consistente con un valor actualizado neto igual a cero, en un horizonte congruente con la vida útil económica de los activos. Para estos efectos, se deberá considerar la depreciación de los activos, la tasa de tributación vigente, la tasa de costo de capital y los aportes de terceros.

La tasa de costo de capital aplicable será única para todos los sistemas definidos y corresponderá a una tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central de Chile, más un premio por riesgo. La metodología para su determinación será definida en el reglamento.

El procedimiento para la determinación de los cargos tarifarios y metros cúbicos a considerar, corresponderá al que se establezca en el reglamento.”.

La indicación número 17 C del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar, en el inciso primero, a continuación de la expresión “permitir recuperar”, la frase “, en lo posible,”.

La indicación número 18 del Honorable Senador señor Longueira, para intercalar, en su inciso primero, entre la palabra “recuperar” y la expresión “los costos”, la frase “a lo menos dos tercios de”.

- En votación, la indicación número 17 B fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores García y Sabag.

- En votación, la indicación número 17 C fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores García y Sabag.

- La Comisión no se pronunció sobre la indicación número 18, por haber sido retirada por su autor en el trámite correspondiente ante la Comisión de Obras Públicas.

Artículo 65

(Artículo 64 del texto aprobado en general por el Senado)

Su texto es el siguiente:

“Artículo 64.- Autoridad encargada del cálculo de las tarifas. Cada cinco años, y en el mismo período en que el Ministerio efectúe la clasificación conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de esta ley, la Superintendencia determinará las tarifas para los operadores.

Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso por primera vez, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda conforme al artículo siguiente, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.”.

En este artículo recayó la indicación número 18 A de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 64.- Procedimiento de determinación del nivel tarifario. El nivel tarifario es aquel calculado por la Superintendencia rebajando de la tarifa de autofinanciamiento el subsidio o la inversión pública a que se refiere el Capítulo IV del Título VI.

La Superintendencia podrá agrupar distintos servicios, bajo la denominación de sistemas tipo, considerando su tamaño y otras variables de costo relevantes definidas en el reglamento.

Asimismo, definirá los casos en que la fijación tarifaria se hará individualmente en atención al tamaño del servicio o a singularidades técnicas, geográficas o de otra especie, que lo justifiquen.

La Superintendencia calculará mediante resolución fundada, el nivel tarifario correspondiente a los sistemas tipo y a los sistemas de tarificación individual.”.

- En votación, la indicación número 18 A fue aprobada, con enmiendas, según se consignará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores García y Sabag.

Artículo 66

(Artículo 65 del texto aprobado en general por el Senado)

Es del siguiente tenor:

“Artículo 65.- Procedimiento de Determinación tarifaria. Calculada la tarifa de autofinanciamiento y considerando el subsidio definido por la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, la Superintendencia determinará para cada Región mediante resolución fundada, el nivel tarifario correspondiente a los sistemas tipo y a los sistemas de tarificación individual.

Una vez comunicado por la Superintendencia el nivel tarifario que le corresponde, el Operador lo pondrá en conocimiento de la Asamblea, la que en el plazo de treinta días podrá aceptarlo o acordar su variación hasta en un 5%. En estos casos el nivel tarifario aceptado o ajustado por la Asamblea corresponderá a la tarifa a cobrar a los usuarios por el operador.

En caso que la Asamblea acordare solicitar una variación superior al porcentaje indicado en el inciso precedente deberá presentar, a su costa, una contrapropuesta que será aceptada o rechazada por la Superintendencia en un plazo de treinta días contados desde su presentación completa. Los requisitos, procedimientos y plazos, para presentar la contrapuesta y para el pronunciamiento definitivo de la Superintendencia serán fijados en el Reglamento. El dictamen de la Superintendencia, en todo caso, será definitivo y obligatorio.

Vencido el plazo indicado en el inciso segundo de este artículo, sin un pronunciamiento de la Asamblea, la tarifa a cobrar a los usuarios corresponderá a la informada por la Superintendencia.”.

En este artículo recayó la indicación número 18 B de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo, por el siguiente:

“Artículo 65.- Procedimiento de determinación de la tarifa a cobrar al usuario. La tarifa a cobrar al usuario se determina para cada servicio sanitario rural, y es aquella que debe pagar efectivamente el usuario, sin perjuicio de los casos en que proceda la aplicación del subsidio establecido en la ley N° 18.778.

Una vez comunicado el nivel tarifario al operador, en la forma que determine el reglamento, éste lo pondrá en conocimiento de la asamblea, la que en el plazo de sesenta días podrá aceptarlo o acordar su variación hasta un 5%. En estos casos, el nivel tarifario aceptado o ajustado por la asamblea corresponderá a la tarifa a cobrar a los usuarios.

En caso que la asamblea acordare solicitar una variación superior al porcentaje indicado en el inciso precedente deberá presentar, a su costa, una contrapropuesta que será aceptada o rechazada por la Superintendencia en un plazo de sesenta días contados desde su presentación completa. Los requisitos, procedimientos y plazos, para presentar la contrapuesta y para el pronunciamiento definitivo de la Superintendencia serán fijados en el reglamento. El dictamen de la Superintendencia, en todo caso, será definitivo y obligatorio.

Vencido el plazo indicado en el inciso segundo sin un pronunciamiento de la asamblea, la tarifa a cobrar a los usuarios corresponderá a la informada por la Superintendencia.

Los procedimientos, requisitos y plazos para la fijación de la tarifa a cobrar al usuario de los sistemas de tarificación individual se establecerán en el reglamento.

Las tarifas a cobrar a los usuarios, serán fijadas mediante decreto supremo dictado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.”.

El Honorable Senador señor García manifestó que debiera modificarse la redacción de los dos primeros incisos de forma que la parte referida al subsidio establecido en la ley Nº 18.778 vaya al final del inciso segundo, para que quede claro que el monto a cobrar traerá incluido el referido subsidio si es el caso, y que es independiente de la tarifa que se vaya a cobrar, por lo que el usuario pagará la tarifa determinada menos el subsidio que se le otorgue.

El Subsecretario, señor Saldivia, señaló que el inciso primero establece una especie de definición de la tarifa a cobrar, y en el inciso segundo dispone el procedimiento relativo a dicha tarifa. Agregó que lo que se pretende es explicitar que existirá un subsidio a la demanda, y es posible separar las oraciones del inciso primero para que quede claro cuál es la tarifa a cobrar al usuario.

- En votación, la indicación número 18 B fue aprobada, con enmiendas, según se consignará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

Artículo 67

(Artículo 66 del texto aprobado en general por el Senado)

Su texto es el siguiente:

“Artículo 66.- Fórmula tarifaria. Los sistemas tipo a tarificar serán definidos por la Superintendencia para cada región, considerando el tamaño del servicio y otras variables de costo relevantes definidas en el reglamento.

La Superintendencia definirá además los casos en que la fijación tarifaria se hará individualmente en atención al tamaño del servicio o a singularidades técnicas, geográficas, o de otro tipo que lo justifique. Los procedimientos, requisitos y plazos para la fijación tarifaria individual se establecerán en el reglamento.

Para los sistemas tipo o de tarificación individual definidos, se determinará el costo total de largo plazo, entendiéndose como aquel valor anual constante requerido para cubrir tanto los costos de operación eficiente como los de inversión eficiente de un proyecto de inversión optimizado.

Dicho valor anual deberá ser consistente con un valor actualizado neto igual a cero, en un horizonte consistente con la vida útil económica de los activos. Para estos efectos, se deberá considerar la depreciación de los activos, la tasa de tributación vigente, la tasa de costo de capital y los aportes de terceros.

Para determinar las tarifas que establece este Título, se calcularán separadamente las correspondientes a las diversas etapas del servicio sanitario rural, cuando existan.”.

En este artículo recayó la indicación número 18 C de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo, por el siguiente:

“Artículo 67.- Período tarifario. Las tarifas serán determinadas por la Superintendencia cada cinco años.

Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso por primera vez, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda conforme al artículo 64, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.”.

El Honorable Senador señor García consultó si los períodos serían de 5 años para todo el país al mismo tiempo, porque lo conveniente es que exista un proceso que se verifique por etapas en que no coincida todo el país en un mismo año.

El Subsecretario, señor Saldivia, expresó que en el artículo cuarto transitorio se establece que existirá un escalonamiento por medio de la fijación de un calendario regional.

- En votación, la indicación número 18 C fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

Artículo 68

(Artículo 69 del texto aprobado en general por el Senado)

Dispone que las tarifas a cobrar a los usuarios, se reajustarán cada vez que se acumule una variación de, a lo menos, un 5%, del IPC informado por el Instituto Nacional de Estadísticas, hecho que el operador deberá informar a los usuarios en la forma y oportunidad definida en el reglamento.

La Honorable Senadora señora Matthei inquirió quien se encarga de la reajustabilidad de las tarifas y quién se las comunica a los usuarios.

El Subsecretario, señor Saldivia, sostuvo que es la Superintendencia del ramo la que se encarga de la reajustabilidad de las tarifas y que son dicho organismo y el operador quienes deben comunicar a los usuarios el referido reajuste.

El Honorable Senador señor García manifestó que la norma en discusión o el reglamento debieran establecer que la Superintendencia deberá comunicar el reajuste de la tarifa.

El Subsecretario, señor Saldivia, señaló que lo anteriormente planteado se hará en el reglamento respectivo.

- En votación, la indicación número 18 F fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

Artículo 69

(Artículo 70 del texto aprobado en general por el Senado)

Establece que no existirá gratuidad o rebaja parcial del cobro por la prestación de los servicios o discriminación alguna, salvo las excepciones otorgadas por los operadores a usuarios, y a sus expensas, y no podrán establecer diferencias en sus tarifas, cargos o cualquier otro concepto, dentro de un mismo sistema, salvo en los casos que esta ley los autorice.

La Honorable Senadora señora Matthei señaló que no se entendía correctamente el contenido de la norma.

El Subsecretario, señor Saldivia, manifestó que se quería expresar que si los operadores quieren otorgar gratuidad o rebajas deben hacerlo a todos los usuarios que se encuentren en una misma situación sin efectuar discriminaciones.

El Jefe del Departamento de Programas Sanitarios de la Dirección de Obras Hidráulicas, señor Fuentealba, expuso que existen situaciones de vida que justifican la norma, como la muerte del dueño de casa o un incendio, y para controlar posibles abusos hay varios mecanismos de control como las auditorías.

Los representantes del Ejecutivo dejaron constancia del compromiso que en el reglamento de la ley se dispondrá que las excepciones otorgadas por los operadores a los usuarios, relativas a la gratuidad o rebaja en el cobro de la tarifa, requerirán de la aprobación del directorio de la cooperativa o comité.

Puesto en votación el artículo fue aprobado, en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Obras Públicas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

Artículo 72

(Artículo 73 del texto aprobado en general por el Senado)

Es del siguiente tenor:

“Artículo 73.- Política de asistencia y promoción. El Ministerio de Obras Públicas, con la información técnica que recabe de los Ministerios de Salud, Vivienda y Urbanismo, Planificación y de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, determinará la política para la asistencia técnica y financiera, supervisión y promoción para la organización de los operadores de servicios sanitarios rurales. Dicha política se ejecutará mediante programas acordados con los gobiernos regionales.

La política de asistencia y promoción deberá considerar, además, a los habitantes del área rural que residan fuera del área de servicio de los operadores.

La política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales se definirá y ejecutará por el Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de las atribuciones y competencias que correspondan a otros organismos públicos.”.

En este artículo recayeron las siguientes indicaciones números 18 H y 18 I:

La indicación número 18 H de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso primero, la coma (,), que figura entre las palabras “Urbanismo” y “Planificación”, por la conjunción copulativa “y”; las palabras “para la”, que aparecen entre los vocablos “política” y “asistencia”, por “de inversión,”, y el punto seguido (.) por un punto aparte (.), pasando la oración que lo sucede a convertirse en inciso segundo.

La indicación número 18 I de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso segundo, que pasa a ser tercero, la frase del “área rural” por “rurales”.

- En votación, la indicación número 18 H fue aprobada, en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Obras Públicas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

- En votación, la indicación número 18 I fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

Artículo 75, encabezamiento e inciso segundo

(Artículo 76 del texto aprobado en general por el Senado)

El artículo dispone que para la orientación de la política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios, el Ministerio deberá escuchar a un Consejo Consultivo integrado por 18 personas designadas de la forma que en la norma se indica y presidido por el representante del Ministerio de Obras Públicas.

El inciso segundo establece que el Consejo sesionará al menos dos veces al año y un reglamento determinará el procedimiento para su funcionamiento. Asimismo, prescribe que los consejeros que representen a los dirigentes de las Cooperativas de Servicios Sanitarios Rurales, a los dirigentes de los Comités y de las federaciones o confederaciones de los mismos servicios percibirán una asignación para gastos de traslado, alojamiento y alimentación por cada sesión a la que asistan, con cargo al presupuesto del Ministerio.

En el inciso segundo recayó la indicación número 20 de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar, en su inciso segundo, la referencia a las letras “i), j) y k)”, por “j), k) y l)”, respectivamente.

- En votación, la indicación número 20 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

De conformidad a lo acordado por la Comisión con motivo de la discusión del artículo décimo quinto transitorio, lo relativo a la creación del Consejo se incorpora en el encabezamiento del presente artículo.

Puesto en votación el encabezamiento del artículo 75, fue aprobado con enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

Artículo 76

(Artículo 77 del texto aprobado en general por el Senado)

Prescribe que el Ministerio tendrá a su cargo un registro público de los operadores de servicios sanitarios rurales, de los permisos y licencias otorgadas, y de los demás antecedentes que el Reglamento establezca.

Se hizo presente que en el artículo 82 de la iniciativa legal, sobre designación de administradores temporales, se hace referencia a un registro especial, y se consultó si es el mismo registro de este artículo o uno nuevo que debiera crearse.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Saldivia, expresó que se trata de un registro nuevo distinto al de esta norma, y que en el segundo trámite legislativo presentarán una indicación que no deje dudas sobre su creación y establecimiento.

En este artículo recayó la indicación número 22 A del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El registro establecido en el inciso anterior deberá encontrarse actualizado y para su libre consulta en la pagina web del Ministerio.”.

- En votación, la indicación número 22 A fue aprobada, en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Obras Públicas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

Artículo 79

(Artículo 80 del texto aprobado en general por el Senado)

Crea la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, que estará a cargo de un funcionario con el título de Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales.

En este artículo recayó la indicación número 25 del Honorable Senador señor Longueira, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 80.- Dirección de Servicios Sanitarios Rurales. Créase en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Servicios Sanitarios Rurales, que estará a cargo de un funcionario que tendrá el título de Director Nacional de Servicios Sanitarios Rurales.”.

- La Comisión no se pronunció sobre la indicación número 25, por haber sido retirada por su autor en el trámite correspondiente ante la Comisión de Obras Públicas.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

Artículo 84

(Artículo 85 del texto aprobado en general por el Senado)

Su texto es el siguiente:

“Artículo 85.- Inversión en obras de servicios sanitarios rurales nuevos. La inversión en obras de servicios sanitarios rurales nuevos se definirá por el Ministerio mediante el sistema de concurso público establecido en los artículos 87, 88 y 89 de esta ley, pudiéndose considerar el aporte de los beneficiarios.

El Ministerio de Obras Públicas podrá decidir, por razones de emergencia, inversiones en ejecución de obras para servicios sanitarios rurales existentes o nuevos, sin sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior.”.

La indicación número 29 A de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir el inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 85.- Inversión pública. La inversión para promover, formar e instalar servicios sanitarios rurales nuevos se definirá por el Ministerio conforme a lo establecido en los artículos 85, 86 y 87, pudiéndose considerar el aporte de los beneficiarios.”.

La Honorable Senadora señora Matthei inquirió a qué se refiere en el inciso primero que se propone, la frase “pudiéndose considerar el aporte de los beneficiarios”.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Saldivia, manifestó que el objetivo es que el Ministerio pueda focalizar los recursos en función de la existencia de un aporte de los beneficiarios, considerándolo como un criterio de elegibilidad conforme al artículo 86.

- En votación, la indicación número 29 A fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

Artículo 85

(Artículo 86 del texto aprobado en general por el Senado)

Prescribe lo siguiente:

“Artículo 86.- Subsidio a la inversión. El subsidio a la inversión a que se refiere el artículo 10 de la ley Nº 18.778, podrá destinarse a cualquiera de las etapas de los servicios sanitarios rurales existentes.

El citado subsidio tendrá el carácter de reserva legal, y formará parte de los bienes indispensables establecidos en el artículo 12 de la presente ley, y se denominará Fondo de Reserva Subsidio Estatal.

La selección de los estudios, proyectos y obras subsidiables se hará mediante concurso público de conformidad a lo dispuesto en los tres artículos siguientes.”.

En este artículo recayeron las siguientes indicaciones números 29 B y 29 C:

La indicación número 29 B de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir, en el inciso segundo, la frase “El citado subsidio” por “La infraestructura financiada total o parcialmente con el subsidio a la inversión”.

La indicación número 29 C de Su Excelencia la Presidenta de la República, para eliminar, en el inciso tercero, la expresión “mediante concurso público”.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Saldivia, señaló que el presente artículo es clave, dado que extiende el subsidio a la inversión en agua potable de la ley Nº 18.778 a cualquiera de las etapas de los servicios sanitarios rurales como el alcantarillado o el tratamiento de aguas servidas.

La Honorable Senadora señora Matthei consultó en qué consiste exactamente el Fondo de Reserva Subsidio Estatal que contempla esta norma.

La Fiscal del Departamento de Cooperativas, señora Cerda, señaló que el referido Fondo de Reserva implica que durante toda la vigencia del ente no se puede transferir ninguno de los bienes que lo integran.

La Honorable Senadora señora Matthei preguntó si en los casos que excepcionalmente la Superintendencia autoriza la transferencia de alguno de esos bienes, dicho órgano fiscalizador puede disponer que la transferencia se haga sólo a título gratuito y no oneroso.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Saldivia, indicó que lo anteriormente planteado requiere ser estudiado para decidir la factibilidad de su inclusión en la ley.

- En votación, la indicación número 29 B fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

- En votación, la indicación número 29 C fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

Artículo 89

(Artículo 90 del texto aprobado en general por el Senado)

Dispone que por decreto supremo las obras o proyectos financiados o ejecutados por el Estado que integren un sistema sanitario rural, podrán ser cedidos o transferidos a cualquier título a los Operadores. Dichos bienes serán considerados para fines tarifarios como bienes aportados por terceros y, desde la fecha de su transferencia serán considerados indispensables, para los efectos del artículo 12 de esta ley.

En este artículo recayeron las siguientes indicaciones números 32 A y 32 B:

La indicación número 32 A de Su Excelencia la Presidenta de la República, para suprimir, en el inciso primero, la oración que comienza con las palabras “Dichos bienes”.

La indicación número 32 B de Su Excelencia la Presidenta de la República, para incorporar los siguientes incisos segundo a cuarto, nuevos:

“Serán transferidos a los operadores los derechos de aprovechamiento de aguas que, siendo de propiedad fiscal, sean necesarios para la prestación de servicios sanitarios rurales. Dichos derechos se mantendrán bajo el dominio de los operadores en tanto sean usados para la prestación del servicio sanitario rural, pasando de pleno derecho al dominio del Ministerio en cuanto cese dicha condición. Se entenderá que cesa la condición en caso de haberse declarado desierta la licitación del permiso o licencia. La transferencia a los operadores se hará mediante resolución de la autoridad correspondiente, debiendo ajustarse a lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Aguas.

En caso de cambio de operador, los derechos se transferirán gratuitamente y de pleno derecho a quien detente la calidad de tal, desde el otorgamiento de su licencia o permiso.

Los bienes a que se refiere este artículo serán considerados como aportados por terceros para fines tarifarios, e indispensables para los efectos del artículo 12.”.

- En votación, las indicaciones números 32 A y 32 B fueron aprobadas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

Puesto en votación el resto del artículo, fue aprobado, en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Obras Públicas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

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Artículo 90

(Nuevo, introducido por la Comisión de Obras Públicas)

La indicación número 32 C de Su Excelencia la Presidenta de la República, es para intercalar los siguientes artículos, nuevos, que se agregan como artículos 90 y 91:

“Artículo 90.- Expropiaciones y donaciones. Los bienes inmuebles necesarios para la prestación de los servicios sanitarios rurales se declaran de utilidad pública y su expropiación se efectuará por intermedio del Ministerio, conforme a lo dispuesto en el decreto ley N° 2.186, de 1978.

La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales podrá aceptar donaciones o erogaciones consistentes en dinero o en dación de cosas, sean éstas muebles o inmuebles, para la ejecución de obras o el financiamiento total o parcial de expropiaciones, destinadas a la prestación de los servicios sanitarios rurales. En caso de recibir donaciones o erogaciones para el financiamiento parcial de expropiaciones, el Estado financiará la diferencia con fondos sectoriales o regionales.

Una vez aceptada y materializada la entrega de las donaciones o erogaciones a que se refiere el inciso precedente, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales la aprobará por orden interna para los efectos de la contabilización correspondiente en la Dirección de Contabilidad y Finanzas de la Dirección General de Obras Públicas. Copia de esta orden se enviará a la Contraloría General de la República. Para estas donaciones no se requerirá el trámite de insinuación judicial.

Artículo 91.- Regularización de bienes. En caso de que un operador solicite que se le reconozca la calidad de poseedor regular de bienes inmuebles necesarios para la prestación de su servicio sanitario rural, conforme al procedimiento establecido en el decreto ley N° 2.695, de 1978, servirá como plena prueba de su posesión material la existencia en el inmueble de alguno de los bienes indicados en las letras f), g), h), i) y j) del artículo 12, siempre que el bien haya estado en uso al menos durante los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de regularización.”.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Saldivia, manifestó que el Estado sólo puede expropiar para fines de utilidad pública, y se les da dicho carácter a los inmuebles necesarios para la prestación de los servicios.

- En votación, la indicación número 32 C, en la parte que se refiere al artículo 90, nuevo, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

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Artículo 96

(Artículo 95 del texto aprobado en general por el Senado)

Es del siguiente tenor:

“Artículo 95.- Sanciones. Sin perjuicio de las demás sanciones que corresponda aplicar a la Superintendencia o a otros organismos públicos de conformidad a ésta u otras leyes, los operadores podrán ser objeto de la aplicación de multas a beneficio Fiscal por parte de la Superintendencia, en los siguientes casos:

a) De una a veinte unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones que importen deficiencias en la calidad, continuidad u obligatoriedad de los servicios, cobros indebidos, trato económico discriminatorio a los usuarios, deficiencias en la atención de los reclamos de los usuarios, daño a las redes u obras generales de los servicios, o incumplimiento de la obligación de entregar información requerida por la Superintendencia en conformidad a la ley.

b) De diez a cien unidades tributarias mensuales, cuando se trate de infracciones que pongan en peligro o afecten gravemente la salud de la población, o que afecten a la generalidad de los Usuarios de los servicios.

c) De una a veinte unidades tributarias mensuales, cuando se trate de infracciones cometidas por los Operadores, que importen el no acatamiento de las obligaciones y plazos establecidos en esta Ley, así como de las órdenes escritas y requerimientos, debidamente notificados, y plazos fijados por la Superintendencia, en ejercicio de las atribuciones que la ley le encomiende, en relación con materias de su competencia.

d) De cinco a cien unidades tributarias mensuales cuando se trate de infracciones relativas a la entrega de información falsa o manifiestamente errónea, a cualquiera de las autoridades que esta Ley faculta para requerirla.

e) De cinco a cien unidades tributarias mensuales cuando se trate del incumplimiento del Plan de Inversiones.”.

En este artículo recayeron las siguientes indicaciones números 34 y 34 A:

La indicación número 34 de Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“El afectado podrá reclamar de la aplicación de la multa, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 18.902.”.

La indicación número 34 A de Su Excelencia la Presidenta de la República, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Para la determinación del monto de las multas antes señaladas se debe considerar el segmento en que está clasificado, conforme al artículo 76, el operador sancionado.”.

- En votación, la indicación número 34 fue aprobada, con enmiendas e igual texto con que lo hizo la Comisión de Obras Públicas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

- En votación, la indicación número 34 A fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

Artículo 98

(Artículo 97 del texto aprobado en general por el Senado)

Deroga en el inciso 3º del artículo 10 de la ley Nº 18.778, que establece subsidio al consumo de agua potable, la frase “entre sistemas rurales de agua potable específicos que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento”.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado, en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Obras Públicas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

Artículo 99

(Artículo 98 del texto aprobado en general por el Senado)

Modifica el decreto con fuerza de ley Nº 143, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, incorporando en la planta de directivos el cargo denominado Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales, asignándole el grado número 2 de la Escala Única de Remuneraciones.

En este artículo recayó la indicación número 35 del Honorable Senador señor Longueira, para sustituir, la expresión “Subdirector” por “Director Nacional”.

- La Comisión no se pronunció sobre la indicación número 35, por haber sido retirada por su autor en el trámite correspondiente ante la Comisión de Obras Públicas.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO

Su texto es el siguiente:

“ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento de esta ley, los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural existentes deberán solicitar su inscripción en el Registro de operadores de Servicios Sanitarios Rurales, para lo cual deberán acreditar la vigencia de su personalidad jurídica y la efectividad de estar prestando el servicio. Además, deberán especificar el área que sirven.

Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento de esta Ley, todo Comité o Cooperativa registrado conforme al inciso primero de este artículo, que acredite el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para obtener licencia o permiso de servicio sanitario rural, podrá solicitarla conforme a los establecido en los artículos 20 y 41 y por los plazos establecidos en los artículos 17 y 42, según corresponda. En estos casos, no se requerirá la presentación de la garantía de seriedad del artículo 20 de esta ley.

Dentro del plazo de dos años establecido en el inciso anterior, todo Comité o Cooperativa registrado conforme al inciso primero de este artículo, podrá solicitar el otorgamiento de un permiso de servicio sanitario rural provisorio. El permiso de servicio sanitario rural provisorio tendrá una vigencia de 5 años, y para su otorgamiento solo será necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 41 de esta ley.

Los decretos que dicte el Ministro de Obras Públicas para el otorgamiento de las licencias o permisos conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero precedentes, sólo se publicaran en la página web del Ministerio.

Dentro del plazo indicado en el inciso segundo de este artículo, no podrán otorgarse concesiones de servicios sanitarios regulados por el decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988 en las áreas que estén siendo servidas por Comités o Cooperativas al momento de entrada en vigencia de esta ley.

En caso de no darse cumplimiento oportuno a lo indicado en los incisos primero y segundo o tercero de este artículo, el Ministerio de Obras Públicas llamará a licitación del permiso o licencia.”.

En este artículo recayeron las siguientes indicaciones números 35 A, 35 B, 35 C, 35 D, 35 E y 35 F:

La indicación número 35 A de Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar, en el inciso segundo, a continuación de la frase “del artículo 20 de esta ley”, lo siguiente: “, ni se aplicará lo dispuesto en los artículos 23, 24, 25 y 27”.

La indicación número 35 B de Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente inciso tercero nuevo:

“La licenciataria deberá presentar su Plan de Inversiones en el plazo que el Ministerio determine en el decreto de otorgamiento, el que en todo caso no podrá ser inferior a noventa días.”.

La indicación número 35 C de Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar el siguiente inciso sexto, nuevo:

“Presentada la solicitud de permiso o licencia para la etapa de distribución de agua potable, el Ministerio otorgará conjuntamente la de recolección de aguas servidas. Sin perjuicio de lo anterior, la operación de la etapa de recolección será exigible sólo una vez que esté aprobada la puesta en operación de las redes por la Subdirección.”.

La indicación número 35 D de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir el actual inciso cuarto, por el siguiente:

“Los decretos que dicte el Ministro de Obras Públicas para el otorgamiento de las licencias o permisos conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto precedentes, sólo se publicaran en el sitio electrónico del Ministerio, y se notificará por carta certificada al operador.”.

La indicación número 35 E de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir, en el actual inciso sexto, la palabra “tercero” por “cuarto”.

La indicación número 35 F de Su Excelencia la Presidenta de la República, para incorporar el siguiente inciso final, nuevo:

“El reglamento fijará el procedimiento para el otorgamiento de permisos o licencias, para la aprobación y presentación del Plan de Inversiones, y para la inscripción de los operadores en el Registro.”.

La Honorable Senadora señora Matthei consultó qué implicancias tiene el permiso provisorio del inciso cuarto.

El Subsecretario de Obras Públicas, señor Saldivia, sostuvo que el referido permiso es el que se otorga en caso de faltar algún requisito exigido por la ley como no tener completamente tramitados los derechos de aguas o no tener regularizada una propiedad.

- En votación, la indicación número 35 A fue aprobada, con enmiendas e igual texto con que lo hizo la Comisión de Obras Públicas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

- En votación, las indicaciones números 35 B, 35 C, 35 D, 35 E y 35 F fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

Puesto en votación el resto del artículo, fue aprobado, con una enmienda, según se consignará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO

Es del siguiente tenor:

“ARTICULO CUARTO TRANSITORIO. Para aquellos operadores a los que se haya otorgado permiso o licencia conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo segundo transitorio, la primera fijación tarifaria deberá efectuarse, de conformidad al procedimiento establecido en esta ley y su reglamento, dentro del plazo de 5 años contados desde el otorgamiento.

Con todo, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, en tanto no entre en vigencia la primera fijación tarifaria referida, los precios que podrán cobrar los servicios de agua potable y saneamiento rural y demás cobros sujetos a fijación de precios, de acuerdo a lo señalado en esta ley, serán los vigentes a dicha fecha con sus respectivas indexaciones.

En todo caso, cada vez que se reajusten las tarifas, los prestadores deberán comunicar previamente los nuevos valores a la Superintendencia, e informarlos a los usuarios respectivos por algún medio idóneo que dicha Entidad autorice.

Para la primera fijación tarifaria, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, deberá entregar toda la información necesaria, sin perjuicio de aquella que se deba recabar directamente de los operadores rurales para tales fines, identificando claramente los bienes considerados como aportes de terceros.”.

En este artículo recayeron las siguientes indicaciones números 35 H y 36:

La indicación número 35 H, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir el inciso primero, por el siguiente:

“ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.- Para aquellos operadores a los que se haya otorgado permiso o licencia conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto del artículo segundo transitorio, la primera fijación tarifaria deberá efectuarse de conformidad al procedimiento establecido en esta ley y su reglamento. La primera fijación tarifaria será efectuada por la Superintendencia dentro del período de 5 años contados desde el término del plazo establecido en el inciso primero del artículo segundo transitorio. En todo caso, las tarifas de las licenciatarias deberán fijarse dentro de los primeros dos años de dicho período. Para efectos de lo indicado anteriormente, la Superintendencia definirá, mediante resolución dictada en el plazo indicado en el artículo primero transitorio, un calendario regional de fijación tarifaria.”.

La indicación número 36, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para introducirle las siguientes enmiendas:

uno) Suprimir, en su inciso primero, la frase “, dentro del plazo de 5 años contados desde el otorgamiento”, y

dos) Intercalar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos segundo, tercero y cuarto, a ser incisos cuarto, quinto y sexto, respectivamente:

“La primera fijación tarifaria será efectuada por la Superintendencia dentro del período de 5 años contados desde el término del plazo establecido en el inciso primero del artículo segundo transitorio. Para estos efectos la Superintendencia definirá mediante resolución dictada en el plazo indicado en el artículo primero transitorio de esta ley, un calendario regional de fijación tarifaria.

Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso en el período intermedio, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.”.

- En votación, la indicación número 35 H fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

- En votación, la indicación número 36 fue aprobada, en los mismos términos que lo hizo la Comisión de Obras Públicas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO

Establece que los Comités de Agua Potable Rural que se conviertan a Cooperativas, las existentes y las nuevas que se constituyan para la prestación del servicio sanitario rural, que realicen la respectiva conversión, adecuación o constitución dentro del plazo de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia del reglamento de esta ley, pagarán hasta el diez por ciento de los aranceles notariales, del Conservador de Bienes Raíces correspondiente y de los costos de publicación en el Diario Oficial.

En este artículo recayó la indicación número 37, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para suprimir la siguiente frase: “dentro del plazo de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia del Reglamento de esta ley”.

- En votación, la indicación número 37 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO

Dispone que en el mismo plazo indicado en el inciso segundo del artículo segundo transitorio, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales implementará un programa de regularización de obras y derechos de agua, de asistencia para la obtención de licencias o permisos, y de valoración técnica de los activos de los Comités y Cooperativas.

El inciso segundo establece que en el referido plazo precedentemente indicado, la Subdirección podrá asistir a los Comités en el proceso de transferencia de los bienes y derechos que les traspasen las concesionarias de servicios sanitarios, en cumplimiento de los compromisos y acuerdos anteriores.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

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ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO

(Nuevo, introducido por la Comisión de Obras Públicas)

La indicación número 38, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación del Artículo Séptimo Transitorio, el siguiente Artículo Octavo Transitorio, nuevo:

“ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO. Los derechos de aprovechamiento de aguas y los demás bienes, sean muebles o inmuebles, que estén siendo usados para la prestación de servicios sanitarios rurales, y que pertenezcan a alguna concesionaria de servicios sanitarios, podrán ser donados al Ministerio de Obras Públicas.

La escritura pública de donación, en la que se individualicen los bienes inmuebles y derechos de aprovechamiento de aguas donados, suscrita entre el donante y el Director General de Obras Públicas, el Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales o el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, en su caso, bastará como título suficiente para su inscripción a favor del Ministerio de Obras Públicas, en el Registro de Propiedades y en el de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo, así como para su anotación en el Registro Público de derechos de aprovechamiento de aguas a que se refiere el artículo 122 del Código de Aguas.

Estas donaciones estarán exentas del trámite de insinuación y del pago de todo tipo de tributos. Para proceder a la inscripción de los inmuebles no será necesario que se acredite el pago del impuesto territorial.

No se requerirá respecto de estas donaciones la autorización del Ministerio de Hacienda a que se refiere el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 19.896.”.

- En votación, la indicación número 38 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

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ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO

(ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO del texto aprobado en general por el Senado)

Prescribe que los bienes de propiedad de los Comités que se transformen en Cooperativas de Servicios Sanitarios Rurales, se considerarán como aporte inicial en carácter de reserva legal de conformidad a la ley que rige dichos entes.

En este artículo recayó la indicación número 39, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para incorporar las siguientes enmiendas:

uno) Añadir, a su inciso primero, la siguiente oración final: "En los casos que corresponda, según lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley, los bienes que conforman la citada reserva legal tendrán el carácter de bienes indispensables.”.

dos) Agregar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Los derechos en las cooperativas de servicios sanitarios rurales cuyo titular era el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, se traspasarán por el sólo efecto de esta ley a los demás socios de la cooperativa, a prorrata de sus aportes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, los bienes aportados o cedidos por el Servicio Nacional de Obras Sanitarias o sus antecesores a las cooperativas de servicios sanitario rurales, a cualquier título, que estén siendo usados para la prestación de servicios sanitarios rurales, conformarán una reserva técnica de bienes fiscales, y se les aplicará lo dispuesto en el artículo 90 de esta ley.”.

La Honorable Senadora señora Matthei requirió una explicación sobre los objetivos que persigue la norma.

El Subsecretario, señor Saldivia, explicó que todos los bienes de un comité que se transforme en cooperativa tendrán el carácter de reserva legal, y que los incisos segundo y tercero regularizan la situación de cooperativas que en sus estatutos todavía consideran al Servicio Nacional de Obras Sanitarias como socio.

- En votación, la indicación número 39 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

ARTÍCULO DUODÉCIMO TRANSITORIO

(ARTÍCULO UNDÉCIMO TRANSITORIO del texto aprobado en general por el Senado)

Establece que la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales ejercerá la función de visar técnicamente los proyectos, relativos a la aplicación a servicios sanitarios rurales de recursos provenientes del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, en virtud de convenios suscritos con el Estado de Chile, vigentes a la fecha de publicación de esta ley.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO

(ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO del texto aprobado en general por el Senado)

Crea el Consejo Consultivo para la Orientación de la Política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales integrada en la forma que se dispone en esta ley. El Consejo sesionará por primera vez dentro del plazo de un año contado desde la vigencia de la presente ley.

La Comisión estimó que la parte de esta disposición referida a la creación del Consejo correspondía colocarla en el artículo permanente que se refiere a la materia.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado, con enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag.

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INFORME FINANCIERO

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de fecha 9 de diciembre de 2008, señala lo siguiente:

“Esta iniciativa tiene por objeto establecer el estatuto jurídico de los servicios sanitarios rurales.

Con dicha finalidad, se dispone un conjunto de materias que conforman el marco jurídico e institucional de carácter público, que permita regular desde la organización y funcionamiento de las entidades a cargo de los sistemas, las condiciones de prestación y mantención del servicio, y los mecanismos de asesoría y fiscalización sanitaria.

El proyecto de Ley dispone para la construcción de esta institucionalidad, una transición gradual que permita a las actuales organizaciones transitar a su institucionalidad definitiva conforme a sus capacidades y potencialidades de su realidad actual e incentive su fortalecimiento. Ello mediante una gradualidad en las exigencias, derechos, y de procesos operativos como la definición de régimen tarifario.

Para cumplir con las funciones y atribuciones que de dicho objeto se derivan, el Ministerio de Obras Públicas las abordará a través de su actual unidad de Servicios de Agua Potable Rural, que pasará a constituirse en la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales que se crea, y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en lo que corresponda. Estas entidades deberán reforzar su dotación de personal y bienes que le permitan ejecutar las tareas que le encomiende la ley.

A esos efectos se estima que el total de gasto del nuevo régimen dispuesto, en su primer año de operación, no superaría un monto aproximado de $2.600.000 miles, para ambas entidades.

Se estima que parte de dicho gasto, y de aquellos necesarios para su operación y cumplimiento de sus fines podrá financiarse mediante los recursos contemplados en el Programa 12, Capítulo 02 de la Partida 12, y en el Programa 01 Capítulo 07 de la Partida 12 de la Ley de Presupuestos.

No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida Tesoro Público, podrá, adicionalmente, suplementar dicho presupuesto, en la parte del gasto que no pudiera financiarse con dichos recursos.”.

En consecuencia, las normas de la iniciativa legal en informe, no producirán desequilibrios macroeconómicos ni incidirán negativamente en la economía del país.

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MODIFICACIONES

En conformidad con los acuerdos adoptados, vuestra Comisión de Hacienda tiene a honra proponeros que aprobéis el texto consignado en el segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, con las siguientes modificaciones:

Artículo 12

Inciso cuarto

Eliminar la expresión “aportados por el Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley,”. (Unanimidad 3x0. Indicación número 2 G)

Artículo 25

Inciso primero

Eliminar la expresión “y sociales” e intercalar entre las expresiones “más ventajosas” y “para la provisión del servicio” la frase “y cuente con la evaluación social más favorable”. (Unanimidad 3x0. Indicación número 9 C)

Artículo 44

Inciso tercero

Eliminar la expresión “y sociales” e intercalar entre las expresiones “más ventajosas” y “para la provisión del servicio” la frase “y cuente con la evaluación social más favorable”. (Unanimidad 3x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado)

Artículo 45

Letra a)

Incorporar antes del primer punto seguido (.) la frase “conforme a lo establecido en la letra b) de este artículo”. (Unanimidad 3x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado)

Artículo 48

Inciso primero

Intercalar entre la palabra “remanentes” y la coma (,) que le sigue la frase “resultantes de cada ejercicio anual”. (Unanimidad 3x0. Indicaciones números 13 y 13 A)

Artículo 59

Letra g)

Sustituir la expresión “Por delitos” por la frase “Por condena por crimen o simple delito que merezca”. (Unanimidad 3x0. Indicación número 15 C)

Artículo 63

Inciso segundo

Intercalar entre la palabra “reposición” y el punto aparte (.) la oración “, según el segmento en que sea clasificado el operador conforme a lo dispuesto en el artículo 77”. (Unanimidad 4x0. Indicación número 17 A)

Incorporar los siguientes incisos séptimo y octavo, que corresponden a los incisos segundo y tercero del artículo 65:

“La Superintendencia podrá agrupar distintos servicios, bajo la denominación de sistemas tipo, considerando su tamaño y otras variables de costo relevantes definidas en el reglamento.

Asimismo, definirá los casos en que la fijación tarifaria se hará individualmente en atención al tamaño del servicio o a singularidades técnicas, geográficas o de otra especie, que lo justifiquen.”. (Unanimidad 4x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado)

Artículo 65

Incisos segundo y tercero

Trasladar los incisos segundo y tercero incorporándolos como incisos séptimo y octavo del artículo 63. (Unanimidad 3x0. Indicación número 18 A)

Artículo 66

Inciso primero

Eliminar la oración “, sin perjuicio de los casos en que proceda la aplicación del subsidio establecido en la ley N° 18.778”. (Unanimidad 4x0. Indicación número 18 B)

ººº

Inciso segundo, nuevo

Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, a ser incisos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, respectivamente:

“En los casos en que proceda la aplicación del subsidio establecido en la ley N° 18.778, el usuario pagará la parte de la tarifa a cobrar que no cubra dicho subsidio.”. (Unanimidad 4x0. Indicación número 18 B)

ººº

Artículo 75

Inciso primero

Sustituir en su encabezado la palabra “Para” por la frase “Créase el Consejo Consultivo para” y la frase “, el Ministerio deberá oír a un Consejo Consultivo, el que” por “. El Consejo Consultivo deberá ser oído por el Ministerio y”. (Unanimidad 4x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado)

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO

Inciso cuarto

Sustituir la expresión “inciso anterior” por “inciso segundo”. (Unanimidad 4x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado)

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO

Eliminar la frase “Créase el Consejo Consultivo para la Orientación de la Política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales integrada en la forma que se dispone en el artículo 75 de esta ley.”, e intercalar entre las palabras “Consejo” y “sesionará” la frase “Consultivo al que se refiere el artículo 75”. (Unanimidad 4x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado)

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TEXTO DEL PROYECTO

En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“TITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1º.- Ámbito de vigencia. La presente ley regula la prestación del servicio sanitario rural.

El servicio sanitario rural podrá ser operado por un Comité o una Cooperativa, al que se le haya otorgado un permiso o licencia por el Ministerio de Obras Públicas. Excepcionalmente, conforme se establezca en el Reglamento, el servicio podrá ser operado por otra persona natural o jurídica autorizada por el Ministerio de Obras Públicas, previo informe favorable de la Autoridad Sanitaria regional.

Artículo 2º.- Definiciones. Para efectos de la aplicación de esta ley, se entiende por:

a) “Área de servicio”: Aquélla cuyos límites geográficos constituyen la superficie territorial en que un operador presta servicios sanitarios rurales, como permisionario o licenciatario.

b) “Comité de Servicio Sanitario Rural”: Organización comunitaria funcional, constituida y organizada conforme a lo dispuesto en la ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, a la que se le otorgue permiso para operar un servicio sanitario rural.

c) “Concesión sanitaria”: La otorgada conforme al decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988.

d) “Concesionarias de servicios sanitarios”: Aquellas personas jurídicas titulares de concesiones otorgadas conforme al Decreto con Fuerza de Ley Nº 382 del Ministerio de Obras Públicas del año 1988.

e) “Cooperativa de Servicio Sanitario Rural”: Persona jurídica constituida y regida por la Ley General de Cooperativas, a la que se le otorgue licencia o permiso para operar un servicio sanitario rural.

f) “Departamento de Cooperativas”: El perteneciente al Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.

g) “Licencia de servicio sanitario rural” o “Licencia”: La que se otorga por el Ministerio a las Cooperativas de Servicio Sanitario Rural, por un plazo máximo de 30 años, para la prestación de un servicio sanitario rural en un área de servicio determinada.

h) “Licenciataria”: Cooperativa a la que se ha otorgado licencia para operar servicios sanitarios rurales.

i) “Ministerio”: El Ministerio de Obras Públicas.

j) “Operador”: La Cooperativa o Comité al que se ha otorgado, por el Ministerio, licencia o permiso para prestar un servicio sanitario rural.

k) “Permisionario”: Es el titular del permiso otorgado en conformidad a esta ley.

l) “Permiso de servicio sanitario rural” o “Permiso”: El que se otorga por el Ministerio a un Comité o Cooperativa, por un plazo máximo de 10 años, para la prestación de un servicio sanitario rural, en un área de servicio determinada.

m) “Registro”: El Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales regulado en el artículo 76 de esta ley.

n) “Reglamento”: El que se dicte para la ejecución de las normas contenidas en esta ley, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3.

ñ) “Saneamiento”: Recolectar, tratar y disponer las aguas servidas.

o) “Servicio Sanitario Rural”: Provisión de agua potable y saneamiento, conforme a lo dispuesto en esta ley.

p) “Soluciones Descentralizadas de Saneamiento”: Son aquellas que, no estando conectadas con una red de alcantarillado primario, permiten la recolección, tratamiento y vertimiento o reutilización de las aguas residuales de sistemas comunitarios, conjuntos residenciales y residencias individuales, según el caso.

q) “Subdirección”: La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas, que se crea por esta ley.

r) “Superintendencia”: La Superintendencia de Servicios Sanitarios.

s) “Usuario”: la persona que recibe algún servicio sanitario rural, pudiendo o no tener la calidad de socio del Operador.

Artículo 3º.- Reglamento. Para la aplicación de esta ley, se dictará un Reglamento elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, previa consulta a los organismos públicos integrantes del Consejo Consultivo regulado en el artículo 75 de esta ley.

TITULO II

DEL SERVICIO SANITARIO RURAL

Artículo 4º.- Tipos de servicios sanitarios rurales. El servicio sanitario rural podrá ser primario o secundario.

Artículo 5º.- Servicio sanitario rural primario. Corresponde a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, en su caso, a las comunidades rurales para uso doméstico, y requiere el abastecimiento de agua de calidad, en cantidad y con continuidad; y en forma universal para todos aquellos usuarios que se ubiquen dentro del área de servicio.

Se entenderá por uso doméstico el destinado al consumo familiar o a pequeñas actividades comerciales o artesanales, u otros que el reglamento determine, en atención a los volúmenes de consumo.

Artículo 6º.- Servicio sanitario rural secundario. Corresponde a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento que exceden del uso doméstico, y cuya prestación sólo procede cuando el operador garantiza la cobertura del servicio sanitario rural primario.

El usuario del servicio sanitario rural secundario podrá comprar agua potable o solicitar su disposición a un operador de producción de agua potable o de disposición rural de aguas servidas, o a un concesionario de servicios sanitarios. En este caso, el operador o concesionario que preste este servicio deberá compensar al operador de la red de distribución o recolección, según sea el caso, mediante el pago de una tarifa de peaje calculada por la Superintendencia, conforme a lo dispuesto en el Reglamento. En caso de existir diferencias entre las partes, será la Superintendencia quien resolverá a través de una resolución fundada.

Artículo 7º.- Etapas de los servicios. Los servicios sanitarios rurales comprenden las siguientes etapas:

(a) producción de agua potable;

(b) distribución de agua potable;

(c) recolección de aguas servidas; y,

(d) tratamiento y disposición final de aguas servidas.

La etapa de producción de agua potable consiste en la captación y tratamiento de agua cruda, para su posterior distribución en las condiciones que establece la normativa legal y reglamentaria vigente.

La etapa de distribución de agua potable consiste en el almacenamiento en su caso, y la conducción del agua producida hasta su entrega en el inmueble del usuario.

La etapa de recolección de aguas servidas consiste en la conducción de dichas aguas desde el inmueble hasta la entrega para su tratamiento y disposición final. Alternativamente esta etapa podrá consistir en soluciones descentralizadas de saneamiento para su posterior disposición.

La etapa de tratamiento y disposición de aguas servidas consiste en la remoción de los contaminantes presentes para la posterior evacuación de éstas en cuerpos receptores, en las condiciones que establece la normativa legal y reglamentaria vigente, o en sistemas de tratamiento.

Solicitada la etapa de distribución, el Ministerio otorgará conjuntamente la de recolección.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, la prestación de la etapa de recolección será exigible sólo una vez que esté aprobada la puesta en operación de las redes por la Subdirección.

La producción de agua potable y el tratamiento y disposición de aguas servidas, podrán ser contratados a terceros por el operador.

TITULO III

LICENCIAS Y PERMISOS

Capítulo 1

Normas comunes

Artículo 8º.- Área de servicio. El operador prestará el servicio dentro del territorio delimitado en el respectivo permiso o licencia.

Artículo 9º.- Derecho a usar bienes nacionales de uso público e imponer servidumbres. Las licencias y permisos otorgan el derecho a usar a título gratuito bienes nacionales de uso público para construir o instalar infraestructura de servicios sanitarios rurales, siempre que no se altere, en forma permanente, la naturaleza y finalidad de éstos. El uso deberá sujetarse a las condiciones dispuestas por las respectivas municipalidades u otros órganos públicos encargados de su administración, cuando estas instalaciones pudieran afectar el normal uso del bien nacional de uso público. En todo caso, el uso temporal de cualquier bien nacional de uso público requerido para ejercer este derecho estará exento de cualquier tipo de cobro.

Asimismo, las licencias y permisos otorgan el derecho a imponer la constitución de servidumbres, en conformidad con lo establecido en el Código de Aguas.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable a los trabajos de exploración para la captación de aguas subterráneas y se considerarán también obras de infraestructura sanitaria rural, cuando ellos sean claramente identificables con una obra de aprovechamiento para el servicio sanitario rural.

En caso que la conexión de una instalación domiciliaria de alcantarillado a una red de recolección para permitir el desagüe gravitacional, obligue a atravesar el predio de otro propietario, se constituirá una servidumbre legal de alcantarillado domiciliario.

El largo y ancho de la faja de terreno sujeta a servidumbre, corresponderá a la factibilidad técnica del proyecto de conexión otorgada por la licenciataria o el permisionario, obligándose el interesado a indemnizar los perjuicios.

Artículo 10.- Licencias o permisos vinculados. Para otorgar una licencia o permiso que requiera de otra licencia o permiso para la prestación integral del servicio sanitario rural, la Superintendencia deberá exigir la existencia de la licencia o permiso que condiciona a la solicitada o su tramitación simultánea.

Artículo 11.- Obligación de cobro conjunto. El operador de distribución cobrará en una cuenta única y recaudará de los usuarios el valor de las prestaciones correspondientes a los servicios de producción, distribución, recolección, y tratamiento y disposición.”.

El incumplimiento de las obligaciones que se deriven de lo señalado en el inciso anterior no podrá afectar la prestación de los servicios a los usuarios.

Artículo 12.- Bienes indispensables. Se entienden destinados a finalidades de utilidad y salubridad pública, los bienes indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales.

Los bienes se considerarán indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales, desde el otorgamiento de la licencia o permiso, desde su adquisición o regularización, o desde su puesta en operación, según corresponda.

Serán bienes indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales, entre otros, los siguientes:

a) arranques de agua potable;

b) uniones domiciliarias de alcantarillado;

c) redes de distribución;

d) redes de recolección;

e) derechos de agua;

f) captaciones;

g) sondajes;

h) estanques de regulación;

i) servidumbres de paso;

j) plantas de producción de agua potable y plantas de tratamiento de agua servida; y

k) inmuebles en que estén adheridos alguno de los bienes indicados en las letras f), g), h) y j) anteriores.

En caso que los bienes indispensables pierdan tal calidad, el Operador deberá contar con la autorización de la Subdirección para enajenarlos. No se requerirá dicha autorización cuando la enajenación sea resultado de un reemplazo o mejora, los que, en todo caso, deberán ser informados de manera documentada y previa a su realización a la Subdirección.

Los bienes indispensables tendrán el carácter de inembargables, siéndole aplicable lo establecido en el número 17 del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 13.- Licitación de nuevas licencias o permisos. El Ministerio de Obras Públicas podrá llamar a licitación pública para el otorgamiento de nuevas licencias o permisos, y no podrá denegarlos arbitrariamente.

Artículo 14.- Transferencia. Los operadores podrán transferir a otros Comités o Cooperativas, sus permisos o licencias, debiendo:

a) Acordar la transferencia por al menos los dos tercios de los miembros o socios presentes o representados en Asamblea General extraordinaria o Junta General de Socios, especialmente convocada al efecto. Con este fin la Asamblea extraordinaria o la Junta General de Socios deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros o socios.

b) Solicitar autorización al Ministerio, el que tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse contados desde la presentación de la solicitud de autorización. En caso que no se pronuncie dentro del plazo señalado, se entenderá que aprueba la transferencia.

En cualquier caso de transferencia de una licencia o permiso, el adquirente deberá cumplir con todas las condiciones que esta ley y que su Reglamento fijen.

Perfeccionada la transferencia, se deberá dejar constancia en el Registro.

Si la licenciataria está operando en área urbana, podrá transferir total o parcialmente la licencia a una concesionaria de servicio sanitario, la que en todo caso deberá operar el área de servicio de conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988 y sus normas complementarias, entendiéndose ampliada su concesión sanitaria de pleno derecho, una vez que la transferencia haya sido autorizada por el Ministerio mediante Decreto Supremo, previo informe favorable de la Superintendencia.

Capítulo 2

De la licencia de servicio sanitario rural

Artículo 15.- Objeto. La licencia autoriza a una cooperativa para prestar un servicio sanitario rural.

Otorgada la licencia de distribución, el Estado no podrá otorgar en parte alguna del área de servicio de la licenciataria, permisos o licencias de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas, ni concesiones sanitarias.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán otorgarse concesiones sanitarias en dicha área, en caso que, publicado el llamado a licitación, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, en al menos dos oportunidades, no se presente ninguna cooperativa interesada en la licencia dentro del plazo establecido en el artículo 23.

Artículo 16.- Licenciatarias. Las licencias para prestar servicios sanitarios rurales, sólo serán otorgadas a Cooperativas, las que se regirán por las normas de la Ley General de Cooperativas, sin perjuicio de las normas que establece esta ley y las demás propias de su giro.

Artículo 17.- Plazo. El plazo máximo de vigencia de la licencia será de 30 años. Durante este lapso, el Estado no podrá otorgar nuevas licencias de distribución rural de agua potable y de recolección rural de aguas servidas, en la misma área de servicio.

Artículo 18.- Ampliaciones. La licenciataria podrá solicitar ampliaciones de su área de servicio conforme al procedimiento establecido en los artículos 20 y siguientes de esta ley.

Si el área de ampliación solicitada está total o parcialmente ubicada dentro de un área urbana o de extensión urbana, la Superintendencia deberá informar si se ha solicitado u otorgado en dicha área una concesión sanitaria.

Si se hubiere solicitado u otorgado, la concesionaria de servicios sanitarios será notificada por la Superintendencia, a fin, de que en un plazo de 60 días, solicite la ampliación de su territorio operacional incorporando el área solicitada por la licenciataria. Si respondiere negativamente o no respondiere dentro de plazo, se tramitará la solicitud de ampliación de la licencia.

No habiéndose solicitado u otorgado una concesión sanitaria, se tramitará la solicitud de ampliación presentada por la licenciataria.

Artículo 19.- Licitación de la Licencia. La Superintendencia deberá llamar a licitación de la licencia y de sus bienes indispensables, un año antes del término del plazo de vigencia.

El llamado a licitación de la licencia pronta a extinguirse, se publicará por la Superintendencia por una vez en el Diario Oficial y, por dos veces en un diario de circulación en la provincia o en la comuna respectiva. Adicionalmente, se difundirá a través de un medio de radiodifusión sonora provincial o comunal y se notificará por medio de carta certificada a la respectiva licenciataria, y por otros medios idóneos que determine el reglamento.

Las bases de licitación deberán señalar el nivel de subsidio a la inversión que se considerará para los efectos de evaluar las solicitudes de licencia que se presenten.

Las bases de licitación deberán contener una valorización actualizada de las inversiones necesarias para la prestación del servicio efectivamente realizadas por el anterior operador, sólo en la parte que hubieren sido financiadas con su patrimonio propio. En el evento que la licencia no le sea renovada, la nueva Licenciataria deberá pagar al anterior Operador dicho valor en la forma que lo hayan determinado las bases.

La avaluación actualizada de las inversiones que señala el inciso anterior, se efectuará de común acuerdo entre la Licenciataria y la Superintendencia y, en caso de desacuerdo, se hará por un perito tasador, que será nombrado conforme lo establezca el Reglamento.

Tanto la licencia como los bienes indispensables, se entenderán transferidos de pleno derecho desde la fecha del decreto de adjudicación.

En caso que la licitación no se resuelva antes del término del plazo de vigencia de la licencia, se entenderá ésta prorrogada automáticamente hasta la fecha del decreto de adjudicación a la nueva licenciataria.

Artículo 20.- Solicitud. La solicitud de licencia se presentará ante la Superintendencia, acompañando una garantía de seriedad de la presentación, cuyo valor no podrá exceder de cien unidades tributarias mensuales, y cuyas características se determinarán en el reglamento. La solicitud, cuyas características se determinarán en un reglamento, contendrá, a lo menos, lo siguiente:

1) La identificación de la Cooperativa peticionaria.

2) Un Certificado de vigencia de la Cooperativa, emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente.

3) La identificación de la etapa del servicio sanitario rural que se solicita, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7º de esta ley.

4) La identificación de las fuentes de agua y sus respectivos derechos, en el caso de la licencia de producción rural de agua potable.

La Licenciataria deberá tener la propiedad o el uso de estos derechos, circunstancia que deberá acreditarse en la forma y plazos que defina el Reglamento.

5) La identificación de las demás Licenciatarias, Concesionarias de servicios sanitarios o Permisionarios con las cuales se relacionará.

6) Los límites del área geográfica en que se prestarán los servicios sanitarios rurales.

7) Las características de las aguas servidas a tratar, del efluente y del cuerpo receptor, en el caso de la licencia de tratamiento y disposición rural de aguas servidas.

8) Un Inventario valorizado de bienes, derechos y obligaciones, y un estado de situación con una antigüedad no superior a 30 días a la fecha de su presentación, que deberá contener el análisis correspondiente a cada una de sus cuentas.

Artículo 21.- Incorporación de nuevas zonas al área de servicio. Presentada la solicitud de licencia, la Superintendencia podrá ampliar los límites del área de servicio sólo con el objeto de incorporar zonas que desde el punto de vista técnico, económico y social, hagan conveniente la constitución de un sistema único, con incidencia en un menor costo para la provisión del servicio.

Para estos efectos, la Superintendencia consultará al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a las respectivas municipalidades, para que en un plazo de 45 días informen si consideran suficiente el área de servicio solicitada para satisfacer demandas habitacionales no cubiertas.

Artículo 22.- Publicación. El solicitante deberá publicar, a su cargo, un extracto de la solicitud de licencia por una vez en un diario de circulación provincial o comunal, y deberá difundirlo a través de un medio de radiodifusión sonora provincial o comunal, u otro medio idóneo, por dos veces a lo menos. El extracto contendrá las menciones que se establezcan en el Reglamento.

Artículo 23.- Plazo para otras interesadas. Si hubiera otras Cooperativas interesadas en la licencia, deberán presentar a la Superintendencia, dentro del plazo de cuarenta y cinco días contados desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el artículo anterior, una solicitud de licencia en los términos establecidos en el artículo 20, la que deberá ser acompañada de una garantía de seriedad, cuyo valor no podrá exceder a cien unidades tributarias mensuales, y cuyas características se determinarán en el Reglamento.

Artículo 24.- Plan de inversión. Todos los que hubieren presentado solicitud de licencia entregarán a la Superintendencia, dentro del plazo de 90 días contado desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el artículo 22, lo siguiente:

1.- Un Plan de Inversiones que deberá contener, a lo menos:

a) descripción técnica general y un cronograma de las obras proyectadas para un horizonte de cinco años;

b) estimaciones de beneficios, costos, valor actualizado neto; y

c) tarifas propuestas.

2.- Los demás antecedentes requeridos de conformidad al Reglamento.

Artículo 25.- Criterios de recomendación para la adjudicación. La Superintendencia propondrá al Ministerio la adjudicación de la licencia a la solicitante que, cumpliendo las condiciones técnicas exigidas, ofrezca las condiciones económicas más ventajosas y cuente con la evaluación social más favorable para la provisión del servicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento. Cuando el interés general lo haga necesario se considerará el plazo de puesta en explotación de los servicios, como criterio adicional de adjudicación.

En caso de igualdad en las condiciones ofrecidas por los interesados, se adjudicará la licencia al que tenga en ese momento la calidad de titular de la misma.

Con todo, la tarifa ofrecida por el solicitante al que se proponga adjudicar, no podrá ser superior a la determinada por la Superintendencia de conformidad al Título V de esta ley.

Artículo 26.- Informe. La Superintendencia, dentro de un plazo de 90 días contados desde el vencimiento del plazo de entrega de antecedentes a que se refiere el artículo 24, informará al Ministerio sobre las solicitudes presentadas.

El informe se pronunciará sobre el Plan de Inversiones y los demás antecedentes presentados por el solicitante, y propondrá la dictación del decreto de otorgamiento de la licencia, si se estima procedente.

El plazo a que se refiere este artículo se interrumpirá cuando el interesado esté en mora de cumplir con los antecedentes exigidos en el artículo 24 de esta ley, que le hubieren sido solicitados por carta certificada de la Superintendencia.

En todo caso, el plazo para evacuar el informe de la Superintendencia al Ministerio no podrá exceder de ciento ochenta días contados desde el vencimiento del plazo de entrega de antecedentes a que se refiere el artículo 24.

Artículo 27.- Adjudicación. El Ministerio, considerando el informe de la Superintendencia, resolverá fundadamente acerca de la solicitud de licencia, en un plazo máximo de treinta días de recibido dicho informe, dictando el respectivo decreto expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República".

Artículo 28.- Decreto de otorgamiento. El decreto de otorgamiento de la licencia considerará, entre otros, los siguientes aspectos:

1. La identificación de la Licenciataria.

2. Las etapas del servicio sanitario rural que se prestarán, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7 de esta ley.

3. Las condiciones de prestación de los servicios, aprobadas por la Superintendencia.

4. La normativa general aplicable a la licencia que se otorga.

5. El Plan de Inversiones de la licenciataria respecto del cual se ha pronunciado la Superintendencia.

6. La tarifa a cobrar a los usuarios

7. La garantía involucrada.

8. El plazo de vigencia de la licencia.

Artículo 29.- Garantía. Al otorgarse la licencia, la Superintendencia exigirá a la licenciataria, en los términos que se establezcan en el Reglamento, una garantía que resguarde la adecuada prestación del servicio, cuyo monto se calculará considerando el número de usuarios y sus condiciones socioeconómicas. Con todo, el monto de la garantía no podrá exceder del total de los costos de operación correspondientes a tres meses.

Los instrumentos en virtud de los cuales se otorguen las garantías serán elegidos por la Licenciataria de entre aquellos que la Superintendencia defina para tal efecto. Las cláusulas del contrato respectivo deberán ser aprobadas por la Superintendencia.

Capítulo 3

Caducidad, continuidad de la prestación del servicio y quiebra de la licencia

Artículo 30.- Caducidad. Las licencias caducarán, antes de entrar en operación, si no se ejecutaren oportunamente las obras correspondientes al Plan de Inversión necesarias para poner en explotación el servicio, indicadas en el decreto de otorgamiento de la licencia.

La caducidad será declarada mediante un decreto dictado por el Ministro de Obras Públicas bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Caducada una licencia, la Superintendencia podrá, mediante resolución fundada de carácter técnico, declarar que la falta de ella afecta la prestación integral del servicio en otra, que indicará. En dicho caso, el operador tendrá el plazo de noventa días para demostrar técnica y económicamente que puede mantener el servicio. De no poder hacerlo, la Superintendencia licitará la licencia de conformidad con las reglas del Capítulo anterior.

Caducada la licencia, el monto de la garantía a que se refiere el artículo 29 quedará a beneficio fiscal.

Artículo 31.- Retiro de instalaciones. En el caso de caducidad previsto en el artículo anterior, la Cooperativa podrá disponer de las instalaciones ejecutadas, salvo los bienes indispensables. Cuando estas instalaciones ocupen bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o de particulares, el retiro deberá hacerse dentro del plazo y en las condiciones que fije la Superintendencia.

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará, cuando corresponda, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones, exigencias y requisitos establecidos para ese evento, en la respectiva resolución de calificación ambiental.

Artículo 32.- Declaratoria de riesgo en la prestación del servicio. Habiendo entrado en operación la licenciataria, el Ministro de Obras Públicas, en base a un informe técnico elaborado por la Superintendencia o por la Autoridad Sanitaria, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá declarar en riesgo la prestación del servicio de una licenciataria, en los siguientes casos:

a) si las condiciones del servicio suministrado no corresponden a las exigencias establecidas en la ley o en la reglamentación vigente, o a las condiciones estipuladas en el decreto de otorgamiento respectivo, y

b) si la licenciataria no cumple el Plan de Inversiones.

Para la calificación de dichas causales, la Superintendencia y la Autoridad Sanitaria según corresponda, deberán considerar la gravedad de sus consecuencias y la reiteración de su ocurrencia.

Previo a declarar en riesgo la prestación del servicio, la licenciataria deberá ser oída en los plazos y de acuerdo al procedimiento que se determine en el reglamento.

Artículo 33.- Administrador temporal. Declarada por el Ministro de Obras Públicas la configuración de alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, cesarán en sus funciones el gerente y el consejo de administración de la Cooperativa, y el Ministerio designará un administrador temporal, por un plazo no superior a seis meses, prorrogables por una sola vez por igual período, cuyas funciones y requisitos serán las establecidas en esta ley y su Reglamento.

El administrador temporal ejercerá las funciones del Consejo de Administración, y será considerado como consejero para todos los efectos de la Ley General de Cooperativas, sin perjuicio que en materias técnicas vinculadas al servicio sanitario rural, estará supeditado al Ministerio de Obras Públicas.

La declaración de riesgo en la prestación del servicio y la designación de un administrador temporal, no obsta a la aplicación de las sanciones que procedan de conformidad a la normativa legal y reglamentaria vigente.

Artículo 34.- Cobro de garantía. En el caso regulado en el artículo 32, la Superintendencia procederá a hacer efectiva la garantía del artículo 29, y su monto será puesto a disposición del Administrador temporal designado conforme al artículo anterior, para garantizar la continuidad del servicio.

Artículo 35.- Facultades del administrador temporal. El administrador temporal del servicio tendrá todas las facultades del giro de la Cooperativa, que la ley y su estatuto otorgan al Consejo de administración y gerente. Su función principal será promover la designación, de un nuevo gerente y consejo de administración, dentro del plazo establecido en el artículo 33.

El administrador temporal responderá hasta de culpa leve en el ejercicio de sus funciones.

En caso que, después de cumplida la prórroga del inciso primero del artículo 33 de esta ley, no haya sido posible la designación de un nuevo gerente y consejo de administración, el Ministerio llamará a licitación de la licencia, conforme a las reglas del Capítulo anterior.

Artículo 36.- Causal de inhabilidad. El gerente y los miembros del consejo de administración que cesen en sus cargos conforme al artículo 33, quedarán inhabilitados para ejercerlos, en cualquier Cooperativa, por un plazo de cinco años, contados desde la fecha del decreto respectivo.

Artículo 37.- Quiebra de la Licenciataria. Declarada la quiebra, la fallida quedará inhibida, de pleno derecho, de la administración de la licencia y de sus bienes indispensables.

En el caso de quiebra de una Licenciataria cuya licencia esté en explotación, el síndico velará por la adecuada provisión del servicio hasta su licitación. Para tales efectos se aplicará respecto del síndico lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 33.

Los gastos en que se incurra con ocasión de la Quiebra quedarán incluidos dentro de los créditos señalados en el Nº 1 del artículo 2472 del Código Civil.

Artículo 38.- Licitación por quiebra. El Ministerio dispondrá la licitación de la licencia y los bienes indispensables, dentro del plazo de un año contado desde que quede a firme la sentencia que declare la quiebra. El llamado a licitación se publicará en la forma establecida en el artículo 19, y los interesados deberán presentar sus ofertas en los plazos y con los antecedentes indicados en los artículos 23 y 24 de esta ley. Se aplicará además para la licitación lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27 y 28 de esta ley.

La adjudicación de la licencia recaerá, cumpliendo las condiciones técnicas y la tarifa vigente, en la interesada que ofrezca el mayor valor por la licencia y por los bienes indispensables.

Capítulo 4

Del permiso de servicio sanitario rural

Artículo 39.- Objeto. El permiso de servicio sanitario rural se otorga por el Ministerio a un Comité o Cooperativa, para la prestación de Servicios Sanitarios Rurales, en un área de servicio determinada.

Otorgado el Permiso de distribución, el Estado no podrá otorgar en parte alguna del área de servicio del permisionario, permisos o licencias de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas, ni concesiones sanitarias.

Habiendo entrado en operación el permisionario, el Ministerio podrá declarar en riesgo el servicio en caso que las condiciones del servicio suministrado no correspondan a las exigencias establecidas en la normativa legal o reglamentaria vigente, o a las condiciones estipuladas en el decreto de otorgamiento respectivo.

Declarado en riesgo el servicio, cesarán en sus funciones el directorio del comité o el gerente y el consejo de administración de la cooperativa, según el caso.

El Ministerio podrá adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio, mientras la asamblea o la junta general designan un nuevo directorio o consejo de administración, según el caso.

Previo a declarar en riesgo la prestación del servicio, el permisionario deberá ser oído en los plazos y de acuerdo al procedimiento que se determine en el reglamento.

Artículo 40.- Solicitud del permiso. Para solicitar un permiso, el interesado deberá presentar al Ministerio, a lo menos, lo siguiente:

1) La identificación del Comité o la Cooperativa peticionaria, y una breve descripción de las características más relevantes del servicio que se solicita prestar.

2) En caso que el solicitante sea Cooperativa, un certificado de vigencia emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente.

3) La identificación de las etapas del servicio sanitario rural que se solicitan, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7 de esta ley.

4) La identificación de las fuentes de agua que utilizará en calidad de propietario o a cualquier otro título.

5) El título en virtud del cual el solicitante utilizará las fuentes de agua identificadas conforme al numeral anterior, lo que deberá acreditarse en la forma que defina el Reglamento.

6) Los límites del área geográfica en que se prestarán los servicios sanitarios rurales.

7) Un Inventario valorizado de bienes, derechos y obligaciones. Si el peticionario fuere una Cooperativa, deberá acompañar además un estado de situación.

Artículo 41.- Plazo del permiso. El plazo máximo por el que se otorgará el permiso será de 10 años.

Artículo 42.- Decreto de otorgamiento. El Ministerio resolverá fundadamente acerca de la solicitud de permiso, en un plazo máximo de 30 días, dictando el respectivo decreto expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República".

El decreto de otorgamiento del permiso considerará, entre otros, los siguientes aspectos:

1. La identificación del permisionario.

2. Las etapas del servicio sanitario rural que se prestarán, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7º de esta ley.

3. Las condiciones de prestación de los servicios.

4. La normativa general aplicable al permiso que se otorga.

5. La tarifa a cobrar a los usuarios.

6. El Plazo de vigencia del permiso.

Artículo 43.- Renovación y solicitud de licitación. El permisionario goza de derecho preferente para que se le renueve su permiso, para lo cual deberá solicitar su renovación con a lo menos seis meses de anticipación antes de la fecha de extinción. En su defecto, el Ministerio deberá llamar a licitación conforme al artículo 44 de esta ley.

En caso que el permisionario esté clasificado en el segmento AAA conforme a lo dispuesto en el artículo 77, deberá presentar junto a su solicitud de renovación un Plan de Inversiones, respecto del que la Superintendencia deberá pronunciarse en un plazo de cuarenta y cinco días.

Cualquier interesado distinto del Permisionario podrá solicitar al Ministerio, dentro de los seis meses antes del término del plazo de vigencia del permiso, que llame a su licitación. Para estos efectos, deberá acompañar a su solicitud un proyecto técnica y económicamente viable para la prestación del servicio.

Artículo 44.- Licitación del permiso. El llamado a licitación del permiso pronto a extinguirse y sus bienes indispensables, se publicará por el Ministerio en la forma establecida en el artículo 19 de esta ley.

Si hubiera otros interesados en el permiso, éstos deberán presentar al Ministerio, dentro del plazo de 30 días, contados desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el inciso primero, una solicitud de permiso en los términos establecidos en el artículo 40 de esta ley.

Vencido el término anterior, el Ministerio adjudicará, en un plazo máximo de 60 días, el permiso al solicitante que cumpliendo las condiciones técnicas exigidas, ofrezca las condiciones económicas más ventajosas y cuente con la evaluación social más favorable para la provisión del servicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento. Se podrá considerar, entre otros, el plazo de puesta en explotación de los servicios ofrecidos, como criterio adicional de adjudicación.

En caso de igualdad en las condiciones ofrecidas por los interesados, se adjudicará el permiso al que tenga en ese momento la calidad de titular del mismo.

Se aplicará para la licitación del permiso, lo dispuesto en los cinco incisos finales del artículo 19 de esta ley.

TITULO IV

DE LOS OPERADORES

Capítulo 1

Derechos y obligaciones de los operadores y usuarios

Artículo 45.- Obligaciones de los operadores. Los operadores de servicios sanitarios rurales tendrán las siguientes obligaciones:

a) Prestar los servicios sanitarios a los usuarios, en la medida que sea técnica y económicamente factible conforme a lo establecido en la letra b) de este artículo. Esta obligación comprende la certificación de la factibilidad de servicio. En caso que existan discrepancias entre el usuario y el operador, en cuanto a las condiciones de prestación del servicio, la Superintendencia resolverá las diferencias mediante una resolución fundada.

Los servicios sanitarios deberán prestarse a los Usuarios, en la calidad exigible conforme a las normas respectivas, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio de Salud y de la Superintendencia.

b) Garantizar la continuidad del servicio entregado, en el sentido que éste sea prestado durante la cantidad de horas diarias que se determine por la Superintendencia, conforme a las características técnicas exigibles a cada segmento; salvo, las interrupciones que se produzcan por fuerza mayor o por necesidad indispensable para la prestación del servicio, debidamente programadas y comunicadas con anticipación a los usuarios, según lo establecido en el Reglamento.

c) Mantener el nivel de calidad en la atención de usuarios y prestación del servicio que defina el Reglamento.

d) Prestar y operar los servicios sanitarios rurales, dando estricto cumplimiento a las obligaciones, restricciones y prohibiciones establecidas en esta ley y su Reglamento, en la normativa sanitaria y ambiental, y en las demás normas y disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes; así como a las instrucciones que impartan las autoridades competentes en el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 46.- Actualización del Plan de Inversiones. Las licenciatarias deberán actualizar su Plan de Inversiones cada cinco años. Asimismo, deberán actualizarlo en caso que el subsidio o inversión pública efectivamente recibida difiera del considerado al haberse determinado el nivel tarifario.

La actualización del Plan de Inversiones se hará conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento.

Artículo 47.- Obligación de conservación de instalaciones y equipos. Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior, los operadores deberán conservar en perfecto estado de funcionamiento las instalaciones y equipos que conforman la infraestructura del servicio, debiendo para estos efectos proceder a su reparación y mantención, y a la reposición en su caso.

Artículo 48.- Fondo de reposición y reinversión. Los operadores que conforme a la clasificación del artículo 77 de esta ley, pertenezcan a los segmentos AA y AAA, deberán constituir e incrementar, con un porcentaje no inferior al 20% de sus remanentes resultantes de cada ejercicio anual, un fondo de reserva legal, destinado a la reposición y ampliación de largo plazo, según se defina en el reglamento.

Este fondo del inciso anterior no podrá ser destinado a fines distintos a la reposición y ampliación de la infraestructura, y deberá ser mantenido en instrumentos de inversión de emisores inscritos en el registro de valores, cuya clasificación de riesgo y tipo de instrumento serán definidos en el Reglamento.

Artículo 49.- Responsabilidad por mantenimiento y reposición. Los costos de mantenimiento y reposición del arranque de agua potable y la unión domiciliaria, del sistema de agua potable y saneamiento rural respectivamente, serán de cargo del operador.

El mantenimiento y reposición de las instalaciones interiores domiciliarias de agua potable y de saneamiento serán de exclusiva responsabilidad y cargo del propietario del inmueble.

Artículo 50.- Uso de instalaciones y equipos. Corresponderá siempre a los operadores el uso y goce exclusivo de los bienes indispensables regulados en el artículo 12 de esta ley; y sólo podrán destinar dichas instalaciones a la realización de las actividades indicadas en el artículo 45.

Sin perjuicio de lo anterior, la Asamblea General o la Junta General, según corresponda, en sesión extraordinaria y por mayoría simple de los miembros presentes, podrá autorizar el uso y goce de los citados bienes para el desarrollo de otras actividades, siempre que no se limite, entorpezca o afecte de modo alguno la provisión de los servicios sanitarios rurales, y se cumpla con la normativa vigente. Para estos efectos, la Asamblea General o la Junta General deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de sus miembros.

Artículo 51.- Vertimiento de aguas tratadas en canales de regadío. Los operadores de tratamiento y disposición podrán solicitar a la organización de usuarios respectiva, autorización para el vertimiento de las aguas tratadas en un canal.

En caso que la organización de usuarios negare la autorización, o no se llegue a acuerdo, el operador podrá recurrir al juzgado de letras en lo civil de la comuna correspondiente al punto de descarga propuesto, para que éste, conforme al procedimiento sumario establecido en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, lo autorice a verter las aguas tratadas en el canal, estableciendo las contraprestaciones correspondientes.

El juez sólo podrá autorizar al operador a verter las aguas tratadas en un canal en caso que se trate de la solución de tratamiento y disposición más adecuada desde el punto de vista técnico y económico, que no se afecten actividades económicas que para su desarrollo utilicen las aguas del canal, que las aguas tratadas cumplan con las exigencias que establece la normativa vigente aplicable.

Artículo 52.- Derechos de los usuarios. Las prestaciones en que se traduzca el cumplimiento de las obligaciones de los operadores establecidas en esta ley, serán sin perjuicio de los demás derechos establecidos en otras normas relacionadas con los servicios sanitarios rurales, todos los cuales constituyen el estatuto mínimo de los derechos que amparan a los usuarios.

Artículo 53.- Derechos del operador. Son derechos del Operador:

a) Cobrar por las etapas del servicio sanitario rural prestadas, las tarifas a que se refiere el Título V de esta ley. Para estos efectos, las boletas o facturas deberán permitir la fácil comprensión de cada cobro efectuado.

b) Cobrar reajustes e intereses corrientes, por las cuentas que no sean canceladas dentro de los plazos señalados en el Reglamento;

c) Cobrar los costos de cobranza extrajudicial en que haya incurrido el operador;

d) Suspender, previo aviso de 30 días, los servicios a Usuarios que adeuden el pago de una o más boletas o facturas y cobrar el costo de la suspensión y de la reposición correspondiente;

e) Suspender el servicio a los usuarios de servicio sanitario rural primario que destinen el agua a un fin distinto del establecido en el artículo 5 de esta ley;

f) Suspender el servicio a los usuarios respecto de los cuales se compruebe que han causado daño a las instalaciones, equipos o bienes del Operador.

g) Cobrar el costo de las reparaciones de daños y desperfectos causados en los arranques de agua potable y uniones domiciliarias de alcantarillado, redes de distribución y redes de recolección, a causa del mal uso o destrucción de las mismas por el usuario.

h) Proponer y postular, cuando corresponda, en representación de los usuarios, a subsidios a la inversión en los sistemas rurales de agua potable, en particular al establecido en la ley Nº 18.778 de 1989 y su reglamento.

i) Exigir al usuario de la propiedad servida la conexión a las instalaciones de agua potable y/o alcantarillado, según fuere el caso, cuando existan causas debidamente calificadas por la autoridad sanitaria.

Los derechos anteriormente señalados se ejercerán sin perjuicio de las atribuciones que el Código Sanitario le entrega al Ministerio de Salud.

Artículo 54.- Mérito ejecutivo. Las boletas o facturas que se emitan por la prestación de los servicios sanitarios rurales o por los trabajos en los arranques de agua potable rural o uniones domiciliarias de alcantarillado rural, incluidos sus reajustes e intereses, tendrán mérito ejecutivo sólo en cuanto al cobro de aquellas prestaciones.

Artículo 55.- Modificaciones de niveles de servicio. Se podrán modificar los niveles de servicio de los operadores, a proposición de la Superintendencia, previo conocimiento de éstos, mediante decreto supremo que deberá llevar la firma del Ministro de Obras Públicas. Dicho decreto supremo deberá ser fundado y basado en criterios de carácter objetivo. Los niveles de servicio podrán diferenciarse entre segmentos de operadores.

En caso que por modificaciones de los Planes Reguladores, el área de servicio de una Licenciataria quede total o parcialmente incorporada en el área urbana, el Ministerio podrá modificar los niveles de servicio de la licencia, a proposición de la Superintendencia. En este caso, la Licenciataria deberá modificar su Plan de Inversiones para incorporar las nuevas exigencias. La modificación de los niveles de servicio y la aprobación de las del Plan de Inversiones se harán conforme al procedimiento que establezca el Reglamento.

Artículo 56.- Facultad de acceso del operador. El usuario deberá permitir el acceso a su inmueble del personal del operador, identificado como tal, para el ejercicio de las funciones que dicen relación con la prestación de los servicios.

Artículo 57.- Inmueble que recibe el servicio. En el inmueble que recibe el servicio de agua potable o de alcantarillado de aguas servidas, quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio sanitario rural, para con el operador.

Capítulo 2

Causales de incompatibilidad, de cesación en los cargos y censura de dirigentes de operadores

Artículo 58.- Incompatibilidades e inhabilidades. Serán incompatibles los cargos de alcalde y consejero regional con los cargos directivos o pertenecientes a los órganos de administración o de fiscalización de los Comités y Cooperativas de servicios sanitarios rurales.

Desde la inscripción de su candidatura, cesará en sus funciones cualquier dirigente de comité o cooperativa de los indicados en el inciso anterior que postule al cargo de alcalde.

Las demás incompatibilidades y las causales de inhabilidad y cesación en el cargo, aplicables a la organización de las Cooperativas de servicios sanitarios rurales, se regirán por la Ley General de Cooperativas, y su legislación complementaria.

Artículo 59.- Cesación en el cargo de los dirigentes de los Comités. Los dirigentes de los Comités de Servicio Sanitario Rural, cesarán en sus cargos:

a) Por el cumplimiento del período para el cual fueran elegidos.

Los estatutos del Comité podrán establecer períodos diferenciados de tiempo para cada cargo, a fin de permitir la renovación del directorio por parcialidades;

b) Por renuncia presentada por escrito al directorio, cesando en sus funciones y responsabilidades al momento en que éste tome conocimiento de aquélla;

c) Por inhabilidad sobreviniente, calificada en conformidad con los estatutos;

d) Por censura acordada por mayoría simple de los miembros presentes o representados en asamblea extraordinaria especialmente convocada al efecto. Para estos efectos la Asamblea extraordinaria deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros del Comité;

e) Por pérdida de la calidad de afiliado a la respectiva organización;

f) Por pérdida de la calidad de ciudadano;

g) Por condena por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva.

Artículo 60.- Censura de los dirigentes de los Comités. Será motivo de censura la trasgresión por los dirigentes de cualesquiera de sus deberes legales, o de algún derecho de un miembro de un Comité de Servicio Sanitario Rural.

Artículo 61.- Censura al directorio del Comité. Los Comités de servicio sanitario rural deberán confeccionar anualmente un balance o una cuenta de resultados, según el sistema contable con que operen, y someterlos a la aprobación de la asamblea. El incumplimiento de esta obligación será causal de censura para todo el directorio de la organización. Asimismo, será causal de censura para el directorio, el rechazo del balance o cuenta de resultados anual, en dos oportunidades sucesivas por a lo menos dos tercios de la asamblea.

Capítulo 3

Viáticos para dirigentes de los Comités

Artículo 62.- Viáticos para dirigentes de Comités. La asamblea general extraordinaria de un comité de servicio sanitario rural, podrá acordar por mayoría simple de los miembros presentes o representados en ella, viáticos en dinero para sus dirigentes. Estos viáticos, con el debido respaldo, deberán ser rendidos a la asamblea general y serán destinados a gastos de traslado, alimentación, alojamiento y otros similares necesarios para el ejercicio del cargo y su capacitación como dirigentes.

TITULO V

DE LAS TARIFAS

Artículo 63.- Reglas y principios generales. Los servicios sanitarios rurales estarán sujetos a las normas sobre fijación de tarifas y demás cobros de agua potable y saneamiento que se establecen en la presente ley y su reglamento.

Las tarifas siempre deberán permitir recuperar los costos indispensables de operación y mantenimiento. Adicionalmente, las tarifas podrán establecer distintos niveles de recuperación de los costos de inversión y reposición, según el segmento en que sea clasificado el operador conforme a lo dispuesto en el artículo 77.

Se calcularán separadamente las tarifas correspondientes a las diversas etapas del servicio sanitario rural, cuando existan.

Las fórmulas tarifarias a utilizar deberán incluir un cargo fijo mensual y cargos por metro cúbico.

El procedimiento de determinación de las tarifas deberá ser fácilmente comprensible por los Usuarios, y el costo de dicho procedimiento deberá ser proporcional a la magnitud de los servicios sanitarios rurales a tarificar.

Las tarifas serán determinadas por la Superintendencia, conforme al procedimiento establecido en este Título.

La Superintendencia podrá agrupar distintos servicios, bajo la denominación de sistemas tipo, considerando su tamaño y otras variables de costo relevantes definidas en el reglamento.

Asimismo, definirá los casos en que la fijación tarifaria se hará individualmente en atención al tamaño del servicio o a singularidades técnicas, geográficas o de otra especie, que lo justifiquen.

Artículo 64.- Determinación de la tarifa de autofinanciamiento. La tarifa de autofinanciamiento, compuesta por un cargo fijo mensual y cargos por metro cúbico, es aquella que permite recuperar la totalidad de los costos indispensables de operación, mantenimiento, inversión y reposición.

La tarifa de autofinanciamiento se calcula a partir del Costo Total de Largo Plazo, entendiéndose éste como aquel valor anual constante requerido para cubrir tanto los costos de operación y mantenimiento eficientes como los de reposición e inversión eficientes, de un proyecto de inversión optimizado.

Dicho valor anual deberá ser consistente con un valor actualizado neto igual a cero, en un horizonte congruente con la vida útil económica de los activos. Para estos efectos, se deberá considerar la depreciación de los activos, la tasa de tributación vigente, la tasa de costo de capital y los aportes de terceros.

La tasa de costo de capital aplicable será única para todos los sistemas definidos y corresponderá a una tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central de Chile, más un premio por riesgo. La metodología para su determinación será definida en el reglamento.

El procedimiento para la determinación de los cargos tarifarios y metros cúbicos a considerar, corresponderá al que se establezca en el reglamento.

Artículo 65.- Procedimiento de determinación del nivel tarifario. El nivel tarifario es aquel calculado por la Superintendencia rebajando de la tarifa de autofinanciamiento el subsidio o la inversión pública a que se refiere el Capítulo IV del Título VI.

La Superintendencia calculará mediante resolución fundada, el nivel tarifario correspondiente a los sistemas tipo y a los sistemas de tarificación individual.

Artículo 66.- Procedimiento de determinación de la tarifa a cobrar al usuario. La tarifa a cobrar al usuario se determina para cada servicio sanitario rural, y es aquella que debe pagar efectivamente el usuario.

En los casos en que proceda la aplicación del subsidio establecido en la ley N° 18.778, el usuario pagará la parte de la tarifa a cobrar que no cubra dicho subsidio.

Una vez comunicado el nivel tarifario al operador, en la forma que determine el reglamento, éste lo pondrá en conocimiento de la asamblea, la que en el plazo de sesenta días podrá aceptarlo o acordar su variación hasta un 5%. En estos casos, el nivel tarifario aceptado o ajustado por la asamblea corresponderá a la tarifa a cobrar a los usuarios.

En caso que la asamblea acordare solicitar una variación superior al porcentaje indicado en el inciso precedente deberá presentar, a su costa, una contrapropuesta que será aceptada o rechazada por la Superintendencia en un plazo de sesenta días contados desde su presentación completa. Los requisitos, procedimientos y plazos, para presentar la contrapuesta y para el pronunciamiento definitivo de la Superintendencia serán fijados en el reglamento. El dictamen de la Superintendencia, en todo caso, será definitivo y obligatorio.

Vencido el plazo indicado en el inciso segundo sin un pronunciamiento de la asamblea, la tarifa a cobrar a los usuarios corresponderá a la informada por la Superintendencia.

Los procedimientos, requisitos y plazos para la fijación de la tarifa a cobrar al usuario de los sistemas de tarificación individual se establecerán en el reglamento.

Las tarifas a cobrar a los usuarios, serán fijadas mediante decreto supremo dictado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Artículo 67.- Período tarifario. Las tarifas serán determinadas por la Superintendencia cada cinco años.

Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso por primera vez, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda conforme al artículo 65, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.

Artículo 68.- Reajustabilidad de la tarifa. Las tarifas a cobrar a los usuarios, se reajustarán cada vez que se acumule una variación de, a lo menos, 5% del Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadísticas, o en caso que alguna de las variables de costos definidas como relevantes por el reglamento experimente un aumento de al menos 3%. El operador deberá informar del reajuste a los usuarios en la forma y oportunidad definida en el reglamento.

Artículo 69.- No discriminación de la tarifa. No existirá gratuidad o rebaja parcial del cobro por la prestación de los servicios ni discriminación alguna, salvo las excepciones otorgadas por los operadores a usuarios, y a sus expensas. No obstante, los operadores no podrán establecer diferencias en sus tarifas, cargos o cualquier otro concepto, dentro de un mismo sistema, salvo entre el servicio sanitario rural primario y secundario, y en los demás casos que esta ley los autorice.

Artículo 70.- Obligado al pago. La tarifa deberá ser pagada por el ocupante de la propiedad, a cualquier título, sin perjuicio que en el inmueble que recibe el servicio quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio para con el operador.

Artículo 71.- Prestación regulada. Todas aquellas prestaciones de carácter sanitario efectuadas por el operador que no se encuentren reguladas en esta ley y se presten con características monopólicas, serán tarificadas de conformidad con este Título.

TITULO VI

INSTITUCIONALIDAD

Capítulo 1

Política nacional de servicios sanitarios rurales

Artículo 72.- Política de asistencia y promoción. El Ministerio de Obras Públicas, con la información técnica que recabe de los Ministerios de Salud, Planificación, Vivienda y Urbanismo y de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, determinará la política de inversión, asistencia técnica y financiera, supervisión y promoción para la organización de los operadores de servicios sanitarios rurales.

Dicha política se ejecutará mediante programas acordados con los gobiernos regionales.

La política de asistencia y promoción deberá considerar, además, a los habitantes rurales que residan fuera del área de servicio de los operadores.

La política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales se definirá y ejecutará por el Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de las atribuciones y competencias que correspondan a otros organismos públicos.

Artículo 73.- Reconocimiento. La política para la asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales, reconoce la función social y el rol integrador de los grupos intermedios que desarrollan sus actividades basados en los principios de participación comunitaria y de ayuda mutua, garantizando su ejercicio a toda persona sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Del mismo modo, cada uno de los miembros de las organizaciones comunitarias y de las fundadas en el principio de ayuda mutua a que esta ley atribuye el derecho a ser titulares de permisos y licencias, tienen derecho a elegir y a ser elegidos para la dirección, administración y control de la gestión de las respectivas organizaciones; sin perjuicio de los demás derechos que otras leyes les confieren para la protección de su calidad de usuarios o consumidores.

Artículo 74.- Principios. La política sobre los servicios sanitarios rurales, estará fundada en los siguientes principios:

a) De protección de la ayuda mutua, para el caso de los derechos inherentes de los servicios sanitarios rurales;

b) De igualdad de participación y de decisión de los integrantes de los órganos administradores y ejecutores de los operadores de los servicios sanitarios rurales, bajo la condición de que dichos integrantes den oportuno cumplimiento a sus obligaciones;

c) De no discriminación respecto del servicio sanitario rural;

d) De eficiencia económica en la disposición y administración de los recursos, de modo que propenda a la autosustentabilidad económica del servicio;

e) De transparencia en la gestión y administración del servicio, para con sus socios, usuarios y la comunidad en general; y,

f) De promoción del uso sostenible del agua y de los demás componentes ambientales involucrados.

Artículo 75.- Consejo consultivo. Créase el Consejo Consultivo para la orientación de la política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales. El Consejo Consultivo deberá ser oído por el Ministerio y estará compuesto por los siguientes integrantes:

a) un representante del Ministerio de Obras Públicas, quien lo presidirá;

b) un representante del Ministerio de Hacienda;

c) un representante del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción;

d) un representante del Ministerio de Salud;

e) un representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

f) un representante del Ministerio de Planificación;

g) un representante de la Comisión Nacional del Medio Ambiente;

h) un representante de la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior;

i) Un representante de la Asociación de Municipalidades que reúna la mayor cantidad de municipios asociados a nivel nacional.

j) tres representantes de los dirigentes de las Cooperativas de Servicios Sanitarios Rurales;

k) tres representantes de los dirigentes de los Comités; y,

l) tres representantes de federaciones o confederaciones de operadores de servicios sanitarios rurales, sean de carácter nacional, regional o provincial.

El Consejo sesionará, al menos, dos veces al año. El Reglamento determinará el procedimiento de funcionamiento del Consejo. Los integrantes del Consejo a que se refieren las letras j), k) y l) del inciso primero de este artículo, percibirán una asignación para gastos de traslado, alojamiento y alimentación por cada sesión a la que asistan, con cargo al presupuesto del Ministerio.

El mecanismo de elección de los integrantes del consejo consultivo establecidos en las letras j), k) y l) de este artículo, será fijado en el Reglamento y deberá considerar la renovación periódica de los representantes. Para el caso de la elección de los representantes de las letras j) y k), dicho mecanismo deberá asegurar que cada dirigente que se elija corresponda a una Región distinta, que se respete la adecuada representación de los segmentos, y que estén representados comités y cooperativas que no se encuentren afiliados a ninguna federación. Del mismo modo, dicho mecanismo asegurará la no discriminación de las personas representantes por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El Secretario Ejecutivo del Consejo será el Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas. Sus funciones serán citar a las sesiones, levantar acta de éstas, el seguimiento de los acuerdos adoptados y las demás que el Consejo o el Reglamento le encomienden.

Capítulo 2

Del registro y clasificación de operadores

Artículo 76.- Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales. El Ministerio tendrá a su cargo un registro público de los operadores de servicios sanitarios rurales, de los permisos y licencias otorgadas, y de los demás antecedentes que el Reglamento establezca.

El registro establecido en el inciso anterior deberá encontrarse actualizado y para su libre consulta en el sitio electrónico del Ministerio.

Artículo 77.- Clasificación de los operadores. Para los efectos de esta ley, los operadores se clasificarán en tres segmentos: (a) AAA; (b) AA, y (c) A.

El Reglamento definirá un procedimiento para la clasificación en los distintos segmentos.

Para la clasificación de los Operadores se considerarán, además de la calidad de la gestión técnica, administrativa y financiera del operador, las siguientes características del sistema servido:

(a) población abastecida;

(b) cercanía al área urbana;

(c) condiciones económicas y sociales de la población abastecida;

(d) condiciones de aislamiento;

(e) en caso que corresponda, el carácter de comunidad indígena conforme a la ley Nº 19.253 y sus disposiciones reglamentarias; y,

(f) la oferta hídrica y las condiciones geográficas y topográficas.

Artículo 78.- Autoridad encargada de clasificar a los Operadores. El Ministro de Obras Públicas clasificará en distintos segmentos a los operadores, en conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior y en el Reglamento.

La clasificación tendrá una vigencia de 5 años, pudiendo el operador, la Superintendencia o el Departamento de Cooperativas, solicitar su reclasificación en cualquier momento, por razones fundadas.

La clasificación deberá constar en el Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales.

Capítulo 3

Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales

Artículo 79.- Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Créase en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que estará a cargo de un funcionario que tendrá el título de Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales.

Artículo 80.- Funciones. Serán funciones de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales:

a) Ejecutar la política de asistencia y promoción conforme lo instruido por el Ministro de Obras Públicas.

En el ejercicio de esta función podrá implementar programas y proyectos dirigidos especialmente a los habitantes del área rural que residan fuera del área de servicio de los Operadores;

b) Administrar el Registro de Operadores;

c) Proponer al Ministro de Obras Públicas la clasificación de los Operadores, y el aporte financiero del Estado a que se refieren los artículos 84 y 85, para cada segmento;

d) Asesorar a los Operadores, directamente o a través de terceros;

e) Formular proyectos de servicios sanitarios rurales y evaluarlos económica, técnica y socialmente.

f) Contratar la inversión sectorial y actuar como unidad técnica para la contratación de la inversión de los gobiernos regionales u otras instituciones públicas en materias relacionadas con servicios sanitarios rurales.

g) Revisar, previa consulta a la Superintendencia, el Plan de Inversión;

h) Pedir informes y auditar la contabilidad de las Licenciatarias y Permisionarios

Para estos efectos podrá encargar la revisión del funcionamiento administrativo, contable, y financiero a personas naturales o jurídicas inscritas en alguno de los Registros públicos que el Reglamento determine.

La Subdirección determinará las facultades con que estas entidades podrán actuar; fijará los requisitos técnicos que deban cumplir, con el fin de velar por la calidad, confiabilidad e idoneidad de sus funciones; dictará las normas relativas al cumplimiento de éstas, y a los sistemas y procedimientos de trabajo; y, fijará los requisitos que deban cumplir y las garantías que deban rendir para su correspondiente inscripción.

i) Aprobar, directamente o a través de terceros, la puesta en operación de las obras de cada Operador.

j) Solicitar el ejercicio de las facultades de supervisión o de fiscalización al Departamento de Cooperativas, a la Superintendencia, o al Ministerio de Salud, cuando correspondiere.

k) Visar técnicamente los proyectos.

l) Las demás que la ley le asigne.

Artículo 81.- Facultad de acceso de los funcionarios de la Subdirección. Los funcionarios de la Subdirección tendrán libre acceso a las obras, a sus dependencias, y en general a todo inmueble o instalación de los operadores, destinadas a la prestación del servicio sanitario rural, a objeto de realizar las funciones que les son propias.

Artículo 82.- Designación de Administradores temporales. El Ministro podrá designar como administrador temporal, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 33 de esta ley, a alguno de los profesionales que cumpliendo los requisitos que se establezcan en el Reglamento, esté inscrito en un Registro Especial que será administrado por la Subdirección. La Subdirección podrá eliminar del registro a estas personas o no renovar su inscripción, cuando no cumplan sus funciones y los requisitos establecidos.

El Reglamento determinará las facultades con que éstos profesionales podrán actuar; fijará los requisitos técnicos que deban cumplir, con el fin de velar por la calidad, confiabilidad e idoneidad de sus funciones; fijará las normas relativas al cumplimiento de éstas y a los sistemas y procedimientos de trabajo; y, fijará los requisitos que deban cumplir y las garantías que deban rendir para su correspondiente inscripción.

Artículo 83.- Información. La Subdirección podrá requerir a los operadores la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Los operadores deberán informar a la Subdirección de cualquier hecho esencial relativo a la operación del servicio sanitario rural, inmediatamente después de ocurrido éste, o desde que se tomó conocimiento del mismo, o a más tardar dentro de los tres días siguientes, aun cuando no hubiere mediado requerimiento del citado organismo. En caso que se trate de hechos que afecten las condiciones sanitarias de la prestación del servicio, el operador deberá informar además a la Autoridad Sanitaria.

Para los efectos del inciso anterior, se entenderá como esencial todo hecho que pueda afectar gravemente la continuidad, calidad y seguridad del servicio sanitario rural, para un número de Usuarios igual o superior al porcentaje que indique el Reglamento.

Capítulo 4

Inversión pública y subsidios en los servicios sanitarios rurales

Artículo 84.- Inversión pública. La inversión para promover, formar e instalar servicios sanitarios rurales nuevos se definirá por el Ministerio conforme a lo establecido en los artículos 85, 86 y 87, pudiéndose considerar el aporte de los beneficiarios.

El Ministerio de Obras Públicas podrá decidir, por razones de emergencia, inversiones en ejecución de obras para servicios sanitarios rurales existentes o nuevos, sin sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior.

Artículo 85.- Subsidio a la inversión. El subsidio a la inversión a que se refiere el artículo 10 de la ley Nº 18.778, podrá destinarse a cualquiera de las etapas de los servicios sanitarios rurales existentes.

La infraestructura financiada total o parcialmente con el subsidio a la inversión tendrá el carácter de reserva legal, y formará parte de los bienes indispensables establecidos en el artículo 12 de la presente ley, y se denominará Fondo de Reserva Subsidio Estatal.

La selección de los estudios, proyectos y obras subsidiables se hará de conformidad a lo dispuesto en los tres artículos siguientes.

Artículo 86.- Criterios de elegibilidad. El Ministerio, con consulta al Gobierno Regional respectivo, definirá para cada región, las características de los proyectos a financiar para el año siguiente y los criterios de elegibilidad. Entre los criterios de elegibilidad se podrán considerar requisitos diferenciados para cada uno de los segmentos de operadores indicado en el artículo 77 de esta ley.

Artículo 87.- Procedimiento de selección de proyectos. Los operadores podrán presentar a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales solicitudes de financiamiento total o parcial de proyectos de servicios sanitarios rurales.

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, presentará cada año al Gobierno Regional, un listado de proyectos de servicios sanitarios rurales ya evaluados que cumplan los criterios de elegibilidad definidos conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Para la evaluación de los proyectos por parte del organismo público competente bastará que esté dictado el acto expropiatorio respectivo.

El Gobierno Regional respectivo seleccionará, fundadamente, los proyectos beneficiados con los recursos asignados a la Región, entre los proyectos incluidos en el listado que le entregue el Ministerio conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Los proyectos seleccionados por el Gobierno regional serán financiados hasta su plena ejecución aunque aquello comprometa presupuestos de ejercicios posteriores.

Los demás aspectos relacionados con la distribución del subsidio, con la elaboración del programa bianual y con el sistema de postulación, de selección y de priorización de los estudios, proyectos u obras a ejecutar se establecerán en el Reglamento. En éste se podrán considerar además, para casos excepcionales, los requisitos y condiciones necesarios para la entrega del subsidio al operador previo a la ejecución completa de las obras.

En caso que otras entidades aporten recursos para el financiamiento de los estudios, proyectos u obras a que se refieren los artículos 84 y 85 de esta ley, sus aportes se aplicarán en las mismas condiciones establecidas en este artículo.

Artículo 88.- Ventanilla Única. Todo programa de inversión cuyos fondos sean aplicables al servicio sanitario rural, deberá ser contratado a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, en las condiciones que fije el Reglamento, ya sea que se financie con recursos sectoriales o con recursos regionales, en cuyo caso actuará como unidad técnica. Los demás programas de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales que el Estado promueva, cualquiera sea su naturaleza, deberán ser informados al Consejo Consultivo, para facilitar la coordinación y unidad de acción entre organismos del Estado.

La Subdirección podrá suscribir convenios con otros organismos públicos, para la contratación por parte de ellos de los programas de inversión aplicables al servicio sanitario rural. En todo caso la Subdirección, mantendrá la función de visar técnicamente los proyectos.

Artículo 89.- Bienes aportados por el Estado. Por decreto supremo suscrito por el Ministro de Obras Públicas bajo la formula “por orden del Presidente de la República”, las obras o proyectos financiados o ejecutados por el Estado que integren un sistema sanitario rural, deberán ser cedidos o transferidos a cualquier título a los Operadores.

Serán transferidos a los operadores los derechos de aprovechamiento de aguas que, siendo de propiedad fiscal, sean necesarios para la prestación de servicios sanitarios rurales. Dichos derechos se mantendrán bajo el dominio de los operadores en tanto sean usados para la prestación del servicio sanitario rural, pasando de pleno derecho al dominio del Ministerio en cuanto cese dicha condición. Se entenderá que cesa la condición en caso de haberse declarado desierta la licitación del permiso o licencia. La transferencia a los operadores se hará mediante resolución de la autoridad correspondiente, debiendo ajustarse a lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Aguas.

En caso de cambio de operador, los derechos se transferirán gratuitamente y de pleno derecho a quien detente la calidad de tal, desde el otorgamiento de su licencia o permiso.

Los bienes a que se refiere este artículo serán considerados como aportados por terceros para fines tarifarios, e indispensables para los efectos del artículo 12.

Artículo 90.- Expropiaciones y donaciones. Los bienes inmuebles necesarios para la prestación de los servicios sanitarios rurales se declaran de utilidad pública y su expropiación se efectuará por intermedio del Ministerio, conforme a lo dispuesto en el decreto ley N° 2.186, de 1978.

La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales podrá aceptar donaciones o erogaciones consistentes en dinero o en dación de cosas, sean éstas muebles o inmuebles, para la ejecución de obras o el financiamiento total o parcial de expropiaciones, destinadas a la prestación de los servicios sanitarios rurales. En caso de recibir donaciones o erogaciones para el financiamiento parcial de expropiaciones, el Estado financiará la diferencia con fondos sectoriales o regionales.

Una vez aceptada y materializada la entrega de las donaciones o erogaciones a que se refiere el inciso precedente, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales la aprobará por orden interna para los efectos de la contabilización correspondiente en la Dirección de Contabilidad y Finanzas de la Dirección General de Obras Públicas. Copia de esta orden se enviará a la Contraloría General de la República. Para estas donaciones no se requerirá el trámite de insinuación judicial.

Artículo 91.- Regularización de bienes. En caso de que un operador solicite que se le reconozca la calidad de poseedor regular de bienes inmuebles necesarios para la prestación de su servicio sanitario rural, conforme al procedimiento establecido en el decreto ley N° 2.695, de 1979, servirá como plena prueba de su posesión material, la existencia en el inmueble de alguno de los bienes indicados en las letras f), g), h), i) y j) del artículo 12, siempre que el bien haya estado en uso al menos durante los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de regularización.

Capitulo 5

De la Regulación y Fiscalización

Artículo 92.- Superintendencia de Servicios Sanitarios. La Superintendencia de Servicios Sanitarios podrá ejercer las atribuciones y facultades regulatorias y fiscalizadoras, respecto de todo operador de un servicio sanitario rural.

Para efectos de su fiscalización, la Superintendencia ejercerá respecto de las entidades fiscalizadas las mismas facultades que le confiere la ley Nº 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

La fiscalización se realizará directamente en forma prioritaria por las oficinas que la Superintendencia tenga destacadas en las distintas regiones del País o las que se creen en el futuro, según se consideren los recursos humanos y financieros necesarios.

Artículo 93.- Condiciones Especiales de servicio. Las instrucciones y órdenes que dicte la Superintendencia en ejercicio de sus facultades normativas y de control, podrá considerar condiciones especiales de servicio respecto de operadores.

Artículo 94.- Rol del Departamento de Cooperativas. El Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, dentro del ámbito de sus competencias, dictará las normas que estime necesarias para facilitar la aplicación de la presente ley.

Artículo 95.- Mecanismos de autorregulación y transparencia. El Reglamento establecerá mecanismos de autorregulación y de transparencia de la gestión y resultados de los Comités y Cooperativas de Servicio Sanitario Rural; asimismo, incentivará la libre iniciativa de los Comités y Cooperativas para cumplir los objetivos de autorregulación y transparencia.

Artículo 96.- Sanciones. Sin perjuicio de las demás sanciones que corresponda aplicar a la Superintendencia o a otros organismos públicos de conformidad a ésta u otras leyes, los operadores podrán ser objeto de la aplicación de multas a beneficio fiscal por parte de la Superintendencia, en los siguientes casos:

a) De una a veinte unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones que importen deficiencias en la calidad, continuidad u obligatoriedad de los servicios, cobros indebidos, trato económico discriminatorio a los usuarios, deficiencias en la atención de los reclamos de los usuarios, daño a las redes u obras generales de los servicios, o incumplimiento de la obligación de entregar información requerida por la Superintendencia en conformidad a la ley.

b) De diez a cien unidades tributarias mensuales, cuando se trate de infracciones que pongan en peligro o afecten gravemente la salud de la población, o que afecten a la generalidad de los Usuarios de los servicios.

c) De una a veinte unidades tributarias mensuales, cuando se trate de infracciones cometidas por los Operadores, que importen el no acatamiento de las obligaciones y plazos establecidos en esta ley, así como de las órdenes escritas y requerimientos, debidamente notificados, y plazos fijados por la Superintendencia, en ejercicio de las atribuciones que la ley le encomiende, en relación con materias de su competencia.

d) De cinco a cien unidades tributarias mensuales cuando se trate de infracciones relativas a la entrega de información falsa o manifiestamente errónea, a cualquiera de las autoridades que esta ley faculta para requerirla.

e) De cinco a cien unidades tributarias mensuales cuando se trate del incumplimiento del Plan de Inversiones.

Para la determinación del monto de las multas antes señaladas se debe considerar el segmento en que está clasificado, conforme al artículo 77, el operador sancionado.

El afectado podrá reclamar de la aplicación de la multa, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 18.902.

Artículo 97.- Modificaciones Ley de Cooperativas. Modifícase el artículo 68 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 5, del año 2004, que fija el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, en el siguiente sentido:

1.- Reemplázanse en el inciso segundo del artículo 68, los términos “y de agua potable”, por los vocablos “, de servicios sanitarios rurales”.

2.- Reemplázase en el epígrafe del capítulo 2 del Título III, los términos “agua potable”, por los vocablos “y de las cooperativas de servicios sanitarios rurales”.

3.- Reemplázanse en el artículo 73, los términos “de abastecimiento y distribución de agua potable”, por los vocablos “de servicios sanitarios rurales”.

Artículo 98.- Modificaciones Ley Subsidio Agua Potable. Derógase en el inciso tercero del artículo 10 de la ley Nº 18.778 la frase “entre sistemas rurales de agua potable específicos que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento”.

Artículo 99.- Modificaciones a Planta. Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 143, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1991, incorporando en la planta de directivos el cargo denominado Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales, y asígnesele el grado número 2 de la Escala Única de Remuneraciones.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. El Reglamento de esta ley será dictado dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento de esta ley, los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural existentes deberán solicitar su inscripción en el Registro de operadores de Servicios Sanitarios Rurales, para lo cual deberán acreditar la vigencia de su personalidad jurídica y la efectividad de estar prestando el servicio. Además, deberán especificar el área que sirven.

Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento de esta ley, todo Comité o Cooperativa registrado conforme al inciso primero de este artículo, que acredite el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para obtener licencia o permiso de servicio sanitario rural, podrá solicitarla conforme a lo establecido en los artículos 20 y 40 y por los plazos establecidos en los artículos 17 y 41, según corresponda. En estos casos, no se requerirá la presentación de la garantía de seriedad del artículo 20 de esta ley, ni se aplicará lo dispuesto en los artículos 22, 23, 25, 26 y 27.

La licenciataria deberá presentar su Plan de Inversiones en el plazo que el Ministerio determine en el decreto de otorgamiento, el que en todo caso no podrá ser inferior a noventa días.

Dentro del plazo de dos años establecido en el inciso segundo, todo Comité o Cooperativa registrado conforme al inciso primero de este artículo, podrá solicitar el otorgamiento de un permiso de servicio sanitario rural provisorio. El permiso de servicio sanitario rural provisorio tendrá una vigencia de 5 años, y para su otorgamiento sólo será necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 40 de esta ley.

Los decretos que dicte el Ministro de Obras Públicas para el otorgamiento de las licencias o permisos conforme a lo dispuesto, en los incisos segundo y cuarto precedentes, sólo se publicarán en el sitio electrónico del Ministerio, y se notificará por carta certificada al operador.

Presentada la solicitud de permiso o licencia para la etapa de distribución de agua potable, el Ministerio otorgará conjuntamente la de recolección de aguas servidas. Sin perjuicio de lo anterior, la operación de la etapa de recolección será exigible sólo una vez que esté aprobada la puesta en operación de las redes por la Subdirección.

Dentro del plazo indicado en el inciso segundo de este artículo, no podrán otorgarse concesiones de servicios sanitarios regulados por el decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988, en las áreas que estén siendo servidas por Comités o Cooperativas al momento de entrada en vigencia de esta ley.

En caso de no darse cumplimiento oportuno a lo indicado en los incisos primero y segundo o cuarto de este artículo, el Ministerio de Obras Públicas llamará a licitación del permiso o licencia.

El reglamento fijará el procedimiento para el otorgamiento de permisos o licencias, para la aprobación y presentación del Plan de Inversiones, y para la inscripción de los operadores en el Registro.

ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO. Los Municipios que al momento de entrar en vigencia esta ley, operen servicios de agua potable o saneamiento, podrán traspasarlos a un Comité o Cooperativa. En caso que un Comité o Cooperativa le requiera el traspaso del servicio sanitario rural, el Municipio respectivo deberá pronunciarse dentro de un plazo de noventa días contados desde el requerimiento.

ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO. Para aquellos operadores a los que se haya otorgado permiso o licencia conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto del artículo segundo transitorio, la primera fijación tarifaria deberá efectuarse de conformidad al procedimiento establecido en esta ley y su reglamento. La primera fijación tarifaria será efectuada por la Superintendencia dentro del período de 5 años contados desde el término del plazo establecido en el inciso primero del artículo segundo transitorio. En todo caso, las tarifas de las licenciatarias deberán fijarse dentro de los primeros dos años de dicho período. Para efectos de lo indicado anteriormente, la Superintendencia definirá, mediante resolución dictada en el plazo indicado en el artículo primero transitorio, un calendario regional de fijación tarifaria.

Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso en el período intermedio, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.

Con todo, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en tanto no entre en vigencia la primera fijación tarifaria referida, los precios que podrán cobrar los servicios de agua potable y saneamiento rural y demás cobros sujetos a fijación de precios, de acuerdo a lo señalado en esta ley, serán los vigentes a dicha fecha con sus respectivas indexaciones.

En todo caso, cada vez que se reajusten las tarifas, los prestadores deberán comunicar previamente los nuevos valores a la Superintendencia, e informarlos a los usuarios respectivos por algún medio idóneo que dicha Entidad autorice.

Para la primera fijación tarifaria, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, deberá entregar toda la información necesaria, sin perjuicio de aquella que se deba recabar directamente de los operadores rurales para tales fines, identificando claramente los bienes considerados como aportes de terceros.

ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO. Los Comités de Agua Potable Rural que se transformen a Cooperativas y las Cooperativas constituidas para la prestación de servicios sanitarios regulados en esta ley, cuando asuman o se adecuen al nuevo estatuto cooperativo del servicio sanitario rural, ante terceros, permanecerán responsables de todas las obligaciones y titulares de todos los derechos adquiridos durante su operación anterior, como una misma e idéntica persona jurídica. Sin que esta enumeración sea taxativa y sólo a vía enunciativa, entre tales obligaciones y derechos se comprenden los de carácter laboral, previsional, tributario, sanitario y medioambiental.

ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO. Los Comités de Agua Potable Rural que se conviertan a Cooperativas, las existentes y las nuevas que se constituyan para la prestación del servicio sanitario rural, que realicen la respectiva conversión, adecuación o constitución, pagarán hasta el diez por ciento de los aranceles notariales, del Conservador de Bienes Raíces correspondiente y de los costos de publicación en el Diario Oficial.

ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO. En el mismo plazo indicado en el inciso segundo del artículo segundo transitorio, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales implementará un programa de regularización de obras y derechos de agua, de asistencia para la obtención de licencias o permisos, y de valoración técnica de los activos de los Comités y Cooperativas.

En el mismo plazo, la Subdirección podrá asistir a los Comités en el proceso de transferencia de los bienes y derechos que les traspasen las concesionarias de servicios sanitarios, en cumplimiento de los compromisos y acuerdos anteriores.

ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO. Los derechos de aprovechamiento de aguas y los demás bienes, sean muebles o inmuebles, que estén siendo usados para la prestación de servicios sanitarios rurales, y que pertenezcan a alguna concesionaria de servicios sanitarios, podrán ser donados al Ministerio de Obras Públicas.

La escritura pública de donación, en la que se individualicen los bienes inmuebles y derechos de aprovechamiento de aguas donados, suscrita entre el donante y el Director General de Obras Públicas, el Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales o el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, en su caso, bastará como título suficiente para su inscripción a favor del Ministerio de Obras Públicas, en el Registro de Propiedades y en el de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo, así como para su anotación en el Registro Público de derechos de aprovechamiento de aguas a que se refiere el artículo 122 del Código de Aguas.

Estas donaciones estarán exentas del trámite de insinuación y del pago de todo tipo de tributos. Para proceder a la inscripción de los inmuebles no será necesario que se acredite el pago del impuesto territorial.

No se requerirá respecto de estas donaciones la autorización del Ministerio de Hacienda a que se refiere el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 19.896.

ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO. Termínase la obligación para las Concesionarias de servicios sanitarios a que se refiere el artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.549.

Para los efectos del presente artículo, las Concesionarias deberán rendir cuenta de su gestión dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, en los términos que fije el Reglamento. Adicionalmente, y dentro del plazo de un mes contado desde la entrada en vigencia de esta ley, deberán entregar a los operadores, con copia al Ministerio, toda la información técnica, financiera, administrativa y contable del Comité o Cooperativa asistido, que obre en su poder.

ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO. Los bienes de propiedad de los Comités que se transformen en Cooperativas de Servicios Sanitarios Rurales, se considerarán como aporte inicial en carácter de reserva legal de conformidad con lo establecido en la Ley General de Cooperativas. En los casos que corresponda, según lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley, los bienes que conforman la citada reserva legal tendrán el carácter de bienes indispensables.

Los derechos en las cooperativas de servicios sanitarios rurales cuyo titular era el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, se traspasarán por el solo efecto de esta ley a los demás socios de la cooperativa, a prorrata de sus aportes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, los bienes aportados o cedidos por el Servicio Nacional de Obras Sanitarias o sus antecesores a las cooperativas de servicios sanitarios rurales, a cualquier título, que estén siendo usados para la prestación de servicios sanitarios rurales, conformarán una reserva técnica de bienes fiscales, y se les aplicará lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley.

ARTÍCULO UNDÉCIMO TRANSITORIO. Las Cooperativas que se transformaron en concesionarias de servicios sanitarios por aplicación del artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, de 1988, podrán en el plazo de seis meses contados desde la entrada en vigencia de esta ley, renunciar a esta calidad, ante el Ministerio, renuncia que será sancionada por el decreto respectivo, debiendo en tal caso adecuarse a las normas establecidas en la presente ley.

Para los efectos del inciso anterior, junto con la renuncia, deberán presentar la solicitud de licencia en los términos establecidos en el artículo 20, conjuntamente con los antecedentes indicados en los numerales 1 y 2 del artículo 24 de esta ley. En caso de aprobarse su solicitud de licencia, estas cooperativas quedarán clasificadas para los efectos del artículo 77, en el segmento AAA.

ARTÍCULO DUODÉCIMO TRANSITORIO. Para la aplicación a servicios sanitarios rurales, de recursos provenientes del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, en virtud de convenios suscritos con el Estado de Chile, vigentes a la fecha de publicación de esta ley, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, ejercerá la función de visar técnicamente los proyectos.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO. La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, iniciará sus funciones a partir de la entrada en vigencia del reglamento de esta ley.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO. El Presidente de la República nombrará, transitoria y provisionalmente, conforme al artículo quincuagésimo noveno de la ley Nº 19.882, al Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Publicas quién asumirá de inmediato y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO. El Consejo Consultivo al que se refiere el artículo 75 sesionará por primera vez dentro del plazo de un año contado desde la vigencia de esta ley.”.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 9, 14 y 16 de septiembre de 2009, con asistencia de los Honorables Senadores señora Evelyn Matthei Fornet (Presidenta) y señores Camilo Escalona Medina, José García Ruminot, Carlos Ominami Pascual y Hosaín Sabag Castillo.

Sala de la Comisión, a 29 de septiembre de 2009.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE REGULA LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES.

(BOLETÍN Nº 6.252-09)

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: establecer el estatuto jurídico de los servicios sanitarios rurales, identificando los siguientes objetivos en relación al diseño de la institucionalidad futura:

a) fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias preservando su carácter participativo;

b) incentivar la eficiencia económica y la sustentabilidad financiera del sistema APR, que pasará a ser el sistema de Servicios Sanitarios Rurales;

c) incorporar el saneamiento rural;

d) definir con claridad los diversos roles del Estado, y

e) considerar un período de transición que permita la gradual adaptación de las organizaciones comunitarias y los órganos de la administración, a las nuevas condiciones.

II. ACUERDOS: Indicaciones números:

2 E y 2 F. Aprobadas por unanimidad (3x0).

2 G. Aprobada con enmiendas por unanimidad (3x0).

9 C. Aprobada con enmiendas por unanimidad (3x0).

9 D. Rechazada por unanimidad (3x0).

11 A. Aprobada por unanimidad (3x0).

12 B. Rechazada por unanimidad (3x0).

13 y 13 A. Aprobadas con enmiendas por unanimidad (3x0).

15 C. Aprobada con enmiendas por unanimidad (3x0).

17 A. Aprobada con enmiendas por unanimidad (4x0).

17 B. Aprobada por unanimidad (3x0).

17 C. Rechazada por unanimidad (3x0).

18. Retirada.

18 A. Aprobada con enmiendas por unanimidad (3x0).

18 B. Aprobada con enmiendas por unanimidad (4x0).

18 C. Aprobada por unanimidad (4x0).

18 F. Aprobada por unanimidad (4x0).

18 H. Aprobada con enmiendas por unanimidad (4x0).

18 I. Aprobada por unanimidad (4x0).

20. Aprobada por unanimidad (4x0).

22 A. Aprobada con enmiendas por unanimidad (4x0).

25. Retirada.

29 A, 29 B y 29 C. Aprobadas por unanimidad (4x0).

32 A y 32 B. Aprobadas por unanimidad (4x0).

32 C, en la parte que se refiere al artículo 90, nuevo. Aprobada por unanimidad (4x0).

34. Aprobada con enmiendas por unanimidad (4x0).

34 A. Aprobada por unanimidad (4x0).

35. Retirada.

35 A. Aprobada con enmiendas por unanimidad (4x0).

35 B, 35 C, 35 D, 35 E y 35 F. Aprobadas por unanimidad (4x0).

35 H. Aprobada por unanimidad (4x0).

36. Aprobada con enmiendas por unanimidad (4x0).

37. Aprobada por unanimidad (4x0).

38. Aprobada por unanimidad (4x0).

39. Aprobada por unanimidad (4x0).

Artículo 44. Aprobado con enmiendas por unanimidad (3x0).

Artículo 45. Aprobado con enmiendas por unanimidad (3x0).

Artículo 63. Aprobado con enmiendas por unanimidad (4x0).

Artículo 69. Aprobado con enmiendas por unanimidad (4x0).

Artículo 75, su encabezamiento. Aprobado con enmiendas por unanimidad (4x0).

Artículo 79. Aprobado por unanimidad (4x0).

Artículo 89. Aprobado con enmiendas por unanimidad (4x0).

Artículo 98. Aprobado con enmiendas por unanimidad (4x0).

Artículo 99. Aprobado por unanimidad (4x0).

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO. Aprobado con enmiendas formales por unanimidad (4x0).

ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO. Aprobado por unanimidad (4x0).

ARTÍCULO DUODÉCIMO TRANSITORIO. Aprobado por unanimidad (4x0).

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO. Aprobado con enmiendas por unanimidad (4x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: el proyecto de ley se encuentra estructurado en VI Títulos, que contienen 99 artículos permanentes y 15 artículos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: el artículo tercero transitorio de este proyecto de ley, es norma de ley orgánica constitucional de acuerdo con el artículo 118 de la Constitución Política, porque incide en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en cuanto a la organización y atribuciones de los municipios.

Además, las normas de los artículos 75 (76) y décimo quinto transitorio, son orgánicas constitucionales, por cuanto se crea un Consejo Consultivo al cual el Ministerio debe oír para ciertas materias, según lo establecido en la Ley Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado.

Asimismo, el artículo 51, es norma de ley orgánica constitucional de acuerdo con el artículo 77 de la Constitución Política del Estado, por cuanto dice relación con las normas sobre organización y atribuciones de los tribunales.

V. URGENCIA: simple.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S. E. la Presidenta de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 2 de diciembre de 2008.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- Código de Procedimiento Civil, artículo 445.

- Código Civil, artículo 2472.

- La ley Nº 18.778, que establece subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas.

- La ley Nº 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

- La ley Nº 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

- La ley Nº 19.418, que establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.

- La ley Nº 19.549, que modifica el régimen jurídico aplicable al sector de los servicios sanitarios, artículo 2º transitorio.

- La ley Nº 19.882, regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica, artículo quincuagésimo noveno.

- El decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1989, Ley General de Servicios Sanitarios.

- El decreto con fuerza de ley Nº 143, de 1991, que fija planta y requisitos generales y específicos de ingreso y promoción del personal de la Dirección Nacional de Riego del Ministerio de Obras Públicas.

- El decreto con fuerza de ley Nº 5, de 2004, que fija texto refundido, concordado y sistematizado de la ley general de cooperativas.

Valparaíso, 29 de septiembre de 2009.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de la Comisión

REGULACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre regulación de los servicios sanitarios rurales, con segundo informe de la Comisión de Obras Públicas e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (6252-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 78ª, en 10 de diciembre de 2008.

Informes de Comisión:

Obras Públicas, sesión 91ª, en 3 de marzo de 2009.

Obras Públicas (segundo), sesión 53ª, en 30 de septiembre de 2009.

Hacienda, sesión 53ª, en 30 de septiembre de 2009.

Discusión:

Sesión 1ª, en 11 de marzo de 2009 (se aprueba en general).

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

La iniciativa fue aprobada en general en sesión del 11 de marzo del año en curso.

Para los efectos reglamentarios, ambas Comisiones dejan constancia en sus respectivos informes de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos permanentes 4°, 6°, 8°, 17, 27, 28, 33, 40, 41, 42, 47, 49, 52, 57, 60, 61, 71, 73, 74, 78, 92, 93 y 97 y los transitorios primero, quinto, séptimo, undécimo, duodécimo y décimo tercero, disposiciones que conservan el mismo texto aprobado en general.

--Se aprueban reglamentariamente.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

Tanto la Comisión de Obras Públicas como la de Hacienda efectuaron diversas modificaciones al proyecto aprobado en general, y todas ellas fueron aprobadas por unanimidad.

Al respecto, cabe recordar que según el Reglamento las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que se presenten indicaciones renovadas, que no es el caso.

Los artículos 51 y 75 y los artículos tercero y décimo quinto transitorios revisten carácter orgánico constitucional, por lo que para su aprobación requieren el voto conforme de 22 señores Senadores.

El boletín comparado consigna, respectivamente, las normas legales vigentes; el proyecto aprobado en general; las modificaciones propuestas por las Comisiones informantes, y la redacción final que resultaría de aprobarse dichas enmiendas.

El señor LONGUEIRA.-

Una consulta reglamentaria, señor Presidente.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra, señor Senador.

El señor LONGUEIRA.-

Dado que todas las modificaciones propuestas por las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda fueron resueltas por unanimidad, ¿correspondería pronunciarse sobre aquellos artículos donde esta última introdujo enmiendas? ¿Qué se va a someter a votación, señor Presidente?

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Todos los artículos que fueron objeto de modificaciones sea en la Comisión de Obras Públicas o en la de Hacienda, salvo que se pida votación separada de alguno de ellos.

El señor LONGUEIRA.-

Creo que para realizar un trámite más rápido, debiéramos hacer un debate en conjunto de las disposiciones.

Solicito votación separada del artículo 12 -el resto lo vamos a aprobar-, aunque no es tan relevante, a fin de rechazar lo propuesto por la Comisión de Hacienda.

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Señores Senadores, vamos a poner en votación todos los artículos, menos el 12. Porque, conforme a lo solicitado, procede pronunciarse sobre él.

--Así se acuerda.

El señor NOVOA (Presidente).-

Por supuesto, a los señores Senadores les asiste el derecho a fundamentar su voto.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente , el presente proyecto regula los servicios sanitarios rurales, y obedece a una antigua aspiración de muchos comités o cooperativas que, a lo largo y ancho del país, han hecho un esfuerzo y un sacrificio enormes a fin de facilitar a sus asociados, particularmente a los sectores rurales más apartados, las condiciones necesarias para contar con un servicio sanitario adecuado.

Hasta hoy, en este ámbito solo contábamos con un programa social del Ministerio de Obras Públicas y ahora quedaría establecida una institucionalidad que permite que no dependa de la voluntad o sensibilidad de cualquier autoridad el hecho de que se cuente con un servicio sanitario moderno. En efecto, se va a cumplir conforme a un compromiso con las personas.

Las prestaciones sanitarias rurales se enmarcan dentro del sistema de servicio privado sanitario; esto es, aquel en virtud del cual se atienden sectores no sometidos a exigencias de urbanización, y su tarifa se regula de acuerdo con las reglas que cada entidad establece. Por lo tanto, no están sujetos a regímenes sanitarios o de concesión ni a la supervigilancia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Es decir, la definición de "servicio sanitario privado" se configura en contraposición a lo que entendemos por "servicio sanitario público".

Para resolver lo anterior se discutió la posibilidad de una Dirección Nacional de Servicios Sanitarios. Sin embargo, por razones de Hacienda, debimos someternos solo a la creación de una Subdirección, que esperamos cumpla con el requerimiento de conformar la institucionalidad competente a la que aspirábamos.

Señor Presidente , con el fin de realizar el trabajo -ello me correspondió como Presidente de la Comisión de Obras Públicas en una primera instancia-, convocamos a un gran seminario, de nivel nacional e internacional, para conocer no solo las experiencias habidas a lo largo y ancho del mundo respecto de esta materia, sino también escuchar a quienes hoy día hacen del ámbito sanitario rural una expresión de servicio público muy trascendente.

Por eso, quiero destacar que esta iniciativa tiene una connotación de participación muy fundamental. Y, en este aspecto, debo decir que en el Senado le introdujimos observaciones. Alcanzamos los acuerdos pertinentes con el Ministerio de Obras Públicas que nos permiten afirmar que se establece una institucionalidad sanitaria rural a la altura de lo que se necesita.

También, nos encontramos ante situaciones que había que definir. En efecto, con la ley en análisis se podría inclinar la regulación de los servicios sanitarios rurales hacia una forma cooperativa o asociativa, como un comité. Al respecto, nosotros consideramos que había que ser imparcial y que cada organismo debía decidir, en el mérito de las circunstancias que vivan, si desean constituir un comité o una cooperativa.

En verdad, pienso que hemos entregado un aporte en la Comisión de Obras Públicas del Senado lo suficientemente eficaz e importante para poder afirmar que estamos haciendo una gran contribución al país rural con la regulación de los servicios sanitarios rurales.

Voto a favor.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente , me alegra mucho que tanto en la Comisión de Obras Públicas como en la de Hacienda se haya aprobado este importante proyecto por unanimidad. Y creo que en la Sala haremos lo mismo.

Sin duda alguna, se trata de una gran iniciativa, que busca el saneamiento rural, sector donde justamente falta el agua potable. En muchos lugares, sobre todo en algunos más concentrados, ya se ha establecido el tratamiento de las aguas servidas y la conexión al alcantarillado, con lo cual se entra a una solución sanitaria integral.

El proyecto es muy bueno, porque pretende dar institucionalidad definitiva al sistema de agua potable rural. Nosotros queríamos una Dirección, pero se optó por una Subdirección dependiente también de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH). Por lo menos ganamos espacio; hay una institucionalidad mayor.

Ello es muy importante, porque muchas veces la concreción de un servicio de agua potable rural demora regularmente seis años. En algunos casos, han transcurrido quince años, después de construirse el pozo, para que se pudiera materializar la obra en forma definitiva.

También se pretende agilizar y fijar la institucionalidad que supervise este servicio, porque cada cosa debe estar en su lugar. Actualmente, la responsabilidad en estas materias recae en la DOH del Ministerio de Obras Públicas. Ahora lo hará la Subdirección antes mencionada. Y ella debe elaborar los planos, definir dónde se establecen los servicios y decidir finalmente su instauración. Pero ¿qué pasa? Que el Servicio de Salud tiene en esto una preponderancia extraordinaria. Por ejemplo, todos los planos de los pozos, de la torre, del estanque, de la red y de la distribución del agua, elaborados por los ingenieros del Ministerio, deben ser enviados a dicho Servicio para su revisión en detalle. A veces este solo trámite tarda uno o dos años.

Nadie desea quitar facultad alguna a las Secretarías de Estado involucradas. Sin embargo, cabría entender que el Servicio Nacional de Salud es responsable de la calidad del agua, de analizar los exámenes físico-químicos y bacteriológicos y de dar el visto bueno sobre el particular, y no preocuparse de materias como la infraestructura, la calidad de la torre o la del estanque y del pozo, porque todo eso lo realizan técnicamente los ingenieros del Ministerio correspondiente.

Aquí no se le restan atribuciones a la Cartera de Salud, sino únicamente las relacionadas con la revisión de la calidad del agua y no de la infraestructura ya señalada.

Ello significa esperar solo seis, ocho y hasta doce meses como máximo, y no seis años para ejecutar uno de estos servicios tan indispensables.

Ahora bien, hay innumerables comités y cooperativas de agua potable en el país, y a muchos, por la magnitud de las personas y familias que atienden, ya se les han instalado plantas de tratamiento de aguas servidas y sistemas de saneamiento y de disposición de residuos sólidos. Ello reviste mayor complejidad y, por supuesto, los costos escapan a la capacidad de dichas cooperativas y comités.

Por consiguiente, resulta absolutamente indispensable que se les pueda prestar, a través de la Subdirección que se crea, los apoyos técnicos y financieros correspondientes para atender en buena forma todo el sistema.

Señor Presidente, me alegra que estemos aprobando el presente proyecto.

Además, quiero reconocer el trabajo especial llevado a cabo por la Comisión de Obras Públicas del Senado. En ella se realizó un análisis serio -yo diría con abnegación y dedicación- y se abordaron minuciosamente cada uno de los puntos pertinentes. Se escuchó a todas las organizaciones involucradas: como los comités de agua potable y las cooperativas, los cuales tuvieron gran participación.

Y vuelvo a mencionar el papel tan relevante de la Comisión de Obras Públicas, en especial de dos de sus Presidentes -los Senadores señores Romero y Longueira -, porque ellos prácticamente motivaron que esta normativa pudiera tratarse con la rapidez indispensable.

Asimismo, felicito al señor Ministro de Obras Públicas y a todas las otras Carteras que se preocuparon de la materia. Hace muchísimos años que anhelábamos la institucionalización de estos servicios. El agua potable rural reviste gran importancia para los agricultores. Ellos estaban quedando atrás.

Quiero recordar que en la Ley de Presupuestos de este año se asignaron 40 mil 700 millones de dólares. Sin embargo, nos enfrascamos horas y horas hablando solo del agua potable rural. ¿Y cuánta plata se considera, señor Ministro , en el del 2010? Se asignan 29 mil millones de pesos -cantidad ínfima, a mí entender- para cubrir las necesidades en este rubro.

Deseo llamar la atención sobre otro punto, en el cual tengo mucha experiencia.

¿Por qué son tan caras y lentas las instalaciones de agua potable?

Creo que hoy podemos activar un poco más lo relacionado con esta cuestión, para que los costos sean más bajos y, además, el servicio de agua llegue más pronto.

Yo he trabajado mucho en estas materias, y puedo señalar a mis Honorables colegas que insistí en que el Ministerio comprara dos maquinarias para construir pozos -la propuesta se abrió ayer- de 120 metros de profundidad en 24 horas. Con las antiguas eso tarda dos meses. Se alcanzaba una presión de muy buena calidad, pero con una demora injustificable.

Ahora, a petición del Senador que habla, para esas dos máquinas existen los recursos correspondientes a fin de llevar a todos los sectores rurales una solución rápida y efectiva. ¡El agua potable es vida! ¡Y en muchos sectores la están tomando sin ninguna condición potable!

Por eso, siempre ha habido tanto interés en el Parlamento por el agua potable rural y por su saneamiento.

Felicito a todos los colegas porque están aprobando algo muy importante. Los campesinos se lo van a agradecer.

También doy gracias al señor Ministro por su preocupación y a los integrantes de las Comisiones que han participado en el estudio del proyecto.

Con agrado, voto favorablemente.

El señor BIANCHI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente , mis primeras palabras son de agradecimiento a los operadores de los servicios de agua potable rural y a los dirigentes de los comités y las cooperativas, responsables de abastecer a cerca de 2 millones de chilenos todos los días. Entregan un servicio de calidad de manera gratuita. Tales dirigentes son voluntarios y están presentes a lo largo del país.

Muchos de ellos, provenientes de diferentes Regiones, nos acompañan hoy en las tribunas. Gracias a su empuje, sacamos adelante una normativa como la que en esta ocasión votamos.

Como bien recordó el Senador señor Romero , la Comisión de Obras Públicas organizó un seminario muy amplio y participativo, donde se recogieron las inquietudes del sector y se evitó algo que resultaba fundamental impedir: privatizar la administración del agua potable rural en Chile.

Una de las grandes conquistas de la iniciativa es no solo tener una institucionalidad dependiente de una Subdirección; no solo que se entregue la administración del agua a comités o cooperativas, mediante el otorgamiento del permiso o la licencia pertinente, por un plazo largo; no solo que se garantice a los actuales operadores la prioridad para continuar con esa labor durante los próximos 30 años, sino que habrá un marco legal que establece un proceso de fijación de tarifas muy importante, que asegurará que los comités y las cooperativas cuenten con una visión de mediano plazo, tanto en la producción y distribución de agua como en la recolección, el tratamiento y, en ocasiones, la reutilización de aguas servidas.

El proyecto no solo potenciará a esas organizaciones tan relevantes para el país -en la Región que represento funcionan más de 200 comités y cooperativas de agua potable rural, que garantizan el abastecimiento a cientos de comunidades rurales, a miles de chilenas y chilenos-, sino que, además, permitirá clasificar los servicios sanitarios rurales según su nivel de desarrollo y establecer por ley el financiamiento público permanente de los subsidios para que las inversiones correspondientes se realicen. Con ello, el país valora y asume que el poblamiento rural y la inversión en dichos servicios son de interés estratégico nacional.

En la normativa que vamos a aprobar, señor Presidente , se hace algo muy importante: se abre la ventana para regularizar, de una vez por todas, los bienes administrados para y por los comités y las cooperativas de agua potable rural. Se identifican los bienes indispensables para prestar el servicio y se fijan los mecanismos para declarar de utilidad pública algunos de ellos, lo cual permitirá sanear la tenencia de pozos y especificar la ubicación de las copas -cuando estén en bienes comunes-, de las sedes, en fin, de muchos de los bienes que resultan fundamentales para el funcionamiento de las entidades mencionadas.

El proyecto es muy importante, señor Presidente.

Por lo mismo, me sumo a la inquietud manifestada respecto de la modificación que se introdujo al artículo 12. Quienes la respaldan, en el fondo hacen una propuesta inconstitucional. Quizá no se detuvieron a analizarla para entender lo que ella dice.

La Comisión de Hacienda enmendó el inciso que decía que, cuando los bienes indispensables financiados con recursos públicos -es decir, solo los aportados por el Estado- sean dados de baja y pierdan tal calidad, se requerirá la autorización de la Subdirección para enajenarlos. Porque cuando se trata de bienes propios, los comités y las cooperativas no tienen por qué pedir permiso a nadie para vender.

Dicha Comisión ha confundido ese concepto. En la redacción del artículo ha cometido un error.

Llamo la atención de la Sala, porque, si bien las otras enmiendas introducidas por la Comisión son correctas, la mencionada es inconstitucional, por cuanto restringe la administración de la propiedad. Los comités y las cooperativas también hacen adquisiciones (motores, bombas y un conjunto de otros elementos) con fondos propios. Y si enajenan tales bienes, no necesitan pedir permiso, pues no contaron con financiamiento del Estado para comprarlos.

Hago esa salvedad, ya que considero que el cambio propuesto por el órgano técnico del Senado no es el más adecuado.

Señor Presidente, votaré a favor del resto de la iniciativa.

Pido votación separada respecto de la modificación señalada, la cual voy a rechazar.

Reitero mis agradecimientos a los dirigentes presentes, quienes llevan años peleando por este asunto.

Señor Presidente , solo para que quede constancia en la historia de la ley, recuerdo que en un momento hubo un borrador de un proyecto que apuntaba en otra dirección y permitía privatizar los servicios de agua potable rural y su administración. Gracias al esfuerzo de muchos de los dirigentes de las Regiones Quinta y Sexta -hoy nos acompañan algunos-, ello no se concretó.

El señor NARANJO.-

También de la Séptima Región.

El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-

Desgraciadamente, no podemos acoger la solicitud de votación separada formulada por el señor Senador, porque ya está abierta la votación.

Además, varios señores Senadores ya se pronunciaron y no están en la Sala.

La señora MATTHEI.-

Ya se pidió la votación separada, señor Presidente.

El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-

Sí, pero del artículo 12.

La señora MATTHEI.-

A ese se refirió el Senador señor Letelier.

El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-

Perdón. Pensé que se trataba de otro precepto. No hay problema, entonces.

Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente , está terminando la tramitación de un proyecto que ha sido perfeccionado en conjunto con el Ejecutivo.

El que las modificaciones introducidas por la Comisión de Obras Públicas y, adicionalmente, por la de Hacienda hayan sido aprobadas por unanimidad refleja un trabajo en equipo de los Senadores con el Ejecutivo, que ha permitido mejorar significativamente la iniciativa.

Hay que hacer un reconocimiento a los comités y las cooperativas de agua potable rural (APR), porque deben ser unas de las organizaciones sociales que mejor funcionan en Chile. Existen 1.500 comités -algunos se han transformado en cooperativas-, que dan agua potable a cerca de un millón y medio de personas a lo largo de todo el país. Con el proyecto, ellos dan un gran salto, pues por primera vez se institucionaliza en el Estado una Subdirección que dependerá de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH).

Como se dijo aquí, la única materia de consenso de la Comisión de Obras Públicas que no fue recogida por el Ejecutivo fue la creación de una Dirección Nacional de Servicios Sanitarios Rurales. Se optó por una Subdirección.

El Ejecutivo (Hacienda) planteó postergar la discusión de esa materia para cuando se trate el proyecto que moderniza el Ministerio de Obras Públicas, a fin de no demorar la tramitación del que nos ocupa. Finalmente, la Comisión dejó pendiente el asunto. Prefirió seguir la recomendación de estudiarlo cuando se debata la iniciativa mencionada, que se está redactando y que se enviaría al Congreso.

Me parece que esa fue la única materia que el Ejecutivo no acogió. Todas las demás fueron aceptadas.

En la Comisión hubo un análisis muy técnico y se incorporaron modificaciones de gran importancia. Me referiré a las más relevantes, porque fueron muchas las indicaciones formuladas.

La primera de ellas perfecciona el sistema de licencias y permisos que se entregan a los comités y a las cooperativas. Como Sus Señorías saben, a los APR que se van a constituir, a las cooperativas existentes y a los comités que se quieran transformar en cooperativas, se les entregarán licencias para prestar el servicio por 30 años.

El proyecto original les entregaba a las cooperativas un área exclusiva para operar mediante licencias, no así con permisos. Pero finalmente el Ejecutivo incorporó una norma que dispone que los permisos se otorgarán a los comités o a las cooperativas de agua potable rural que lo requieran por un plazo máximo de 10 años para prestar el servicio en un área también exclusiva. Por tanto, ninguna concesionaria podrá usar parte de ese territorio, que era el gran temor de muchos comités, especialmente de aquellos que funcionan en el límite de las zonas urbanas.

Creo que este es uno de los cambios más significativos, pues les da a los comités la tranquilidad de que podrán operar en un área de servicio determinada por el plazo de 10 años.

Asimismo, se precisó en el articulado lo que se entiende por "rural". No por tratarse de un proyecto relativo a los servicios sanitarios rurales se debe pensar que estos se prestarán necesariamente en el campo. Algunos quedarán funcionando en áreas urbanas. De hecho, por la extensión de los planos y sus modificaciones, las zonas donde operan muchos comités se superponen.

En consecuencia, no cabe entender la definición de dichos servicios -considerando lo que históricamente han sido los sistemas de APR- como el que se entrega solo en áreas rurales. También se otorgarán licencias y permisos a comités y cooperativas en sectores urbanos, para operar de modo exclusivo en los plazos que correspondan.

Por lo tanto, se efectuó un perfeccionamiento en dicha definición, a fin de evitar malentendidos. Con la redacción planteada podría haber superposición de áreas.

Así, se establecieron tres estructuras claras: las concesionarias, que son las empresas sanitarias -en otro cuerpo legal se define la forma de entregar las concesiones y sus límites territoriales-; las cooperativas, a las cuales se concederá licencia para la prestación del servicio por 30 años, y los comités, a los que se da permiso para funcionar por 10 años.

Por otra parte, se desechó la idea de incluir una remuneración para los dirigentes de las cooperativas y los comités. La Federación Nacional de Agua Potable Rural no fue partidaria de introducir ese concepto. Dichas personas recibirán un viático por ley, que es algo distinto. Se les mantendrá la calidad de dirigentes ad honórem aunque les llegue un dinero para paliar en parte los gastos que les significa el ejercicio de su cargo.

Señor Presidente, hay dos materias que considero muy importantes y que deseo explicar en el poco tiempo que me resta.

Se posibilita el saneamiento de todos los bienes raíces y se permite la expropiación de los inmuebles donde se ubiquen las instalaciones indispensables para el funcionamiento de las cooperativas y los comités. Y la autoridad podrá aceptar donaciones a tal efecto.

Hoy día gran parte de esas propiedades no se hallan saneadas, porque muchas de ellas fueron donadas, a través de un papel, 30 a 40 años atrás. En la iniciativa se contempla un sistema muy expedito para declarar de utilidad pública un inmueble, expropiarlo y traspasarlo a las organizaciones de APR.

De otro lado, se establece un mecanismo de regulación de títulos, mediante el cual se podrá acreditar que las propiedades de que se trate han estado sirviendo por cinco años a la comunidad. Con esa acreditación, en virtud de un método bastante expedito, será posible sanear dichos títulos.

Por último, señor Presidente , quiero manifestar que en la Comisión de Obras Públicas culminamos un proceso legislativo gracias al cual se perfeccionó el proyecto en diversos aspectos. Hubo una discusión técnica del más alto nivel, y el Ejecutivo acogió por completo los planteamientos que le hicimos.

Además, como se señaló, todas las modificaciones fueron acordadas en forma unánime.

Finalmente, hago presente que solicité votar separadamente el artículo 12, donde la Comisión de Hacienda introdujo un cambio que no comparto, aunque no es algo muy relevante. Pero, en verdad,...

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Señor Senador, cuando corresponda analizar ese precepto podrá formular la argumentación pertinente.

El señor LONGUEIRA.-

Muy bien.

En lo demás, me pronuncio favorablemente.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa, en su fase final, viene a llenar un vacío en lo tocante a las concesiones y privatizaciones con respecto al antiguo Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS).

Esa entidad atendía todo el sistema de agua potable rural en distintas partes del país; pero, al crearse el sistema de concesiones y entrar en operación las empresas que conocemos, quedaron prácticamente en el aire todas las zonas donde funciona el Servicio de Agua Potable Rural. Entonces empezaron a intermediar los Ministerios de Salud y de Obras Públicas, las municipalidades y los propios comités. Todo ello, al final, generó un área -por así decirlo- rara que la presente iniciativa de ley viene a regular.

Resulta más que claro que en la medida en que tengamos mayor cobertura de agua potable registraremos mejores indicadores de salud y de calidad de vida.

Representa un gran avance lo que se ha hecho en las últimas décadas en el país con relación a la cobertura de agua potable y al tratamiento de aguas servidas, lo cual también debe extenderse, por cierto, a las áreas rurales.

Un asunto no menor -no lo escuché en el informe- es el concerniente a los derechos de agua. Obviamente, todos esos sectores deben tener sus derechos de agua constituidos, al día, y además, con una previsión hacia el futuro. Creo que hay que seguir trabajando en esta materia.

Existe otra área rara en el sector del Ministerio de Obras Públicas: la de las defensas fluviales. Antes, tales necesidades estaban cubiertas en el país para cuidar la infraestructura pública de las ciudades. Hoy en día vemos que se están dañando predios productivos y ecosistemas naturales sin que, en la práctica, ninguna institución vele por ello.

Mediante riego y drenaje se pueden recuperar o habilitar nuevas áreas para la agricultura. Sin embargo, todo lo que rompen los ríos, en virtud de procesos erosivos que son muy fuertes dada la configuración del territorio -más el cambio climático, con el alza de la línea de nieve y con caudales que se comportan de modo distinto-, configura un problema, señor Ministro , que debemos asumir prontamente.

De hecho, cuando se tramitó el proyecto de Ley de Presupuestos para 2009 discutimos el punto y la Dirección de Obras Hidráulicas quedó de plantear la idea de contar con financiamiento para disponer de una capacidad mínima estatal en tal sentido y poder trabajar, desde luego, también con empresas a fin de llenar el vacío que aún tenemos en el área rara que mencioné, que es similar a la del agua potable rural, problema que se propone resolver mediante esta iniciativa.

Voto a favor.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente , se han emitido toda clase de elogios sobre el trabajo de la Comisión de Obras Públicas. Y los comparto. Lo mismo respecto a la forma en que se discutió el texto con el Ejecutivo. Todos sabemos que de repente no es fácil conciliar las dos visiones. A veces cuesta.

Voy a aprobar el proyecto.

Quiero, sí, aprovechar el debate de esta materia, que ha sido analizada con participación también de las organizaciones sociales, para abordar el asunto del cuidado del agua, que debe ser permanente.

Hoy, lo que pretendemos con la iniciativa es garantizar en alguna medida que el agua sea preservada y cuidada, aunque sea en una mínima parte, con visión de futuro.

Algunos Senadores hemos presentado una reforma constitucional a tal efecto -entiendo que el señor Ministro, como Gobierno, envió otra-, y espero que podamos legislar sobre la materia en el Senado. Habrá posiciones distintas; pero, en definitiva, se trata de un asunto atinente a lo que de alguna manera hoy estamos viendo en una escala menor. En el plano nacional, y pensando a futuro, este punto no puede quedar como se encuentra en la actualidad.

Menciono esa reforma porque deseamos que pronto se empiece a tratar en las Comisiones especializadas.

Por lo expuesto, señor Presidente, voto a favor, y estoy seguro de que prácticamente todos los Senadores democratacristianos se pronunciarán de igual modo.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente , creo que para el mundo rural esta legislación es de extraordinaria importancia, en particular porque el servicio de APR es uno de los pocos que siguen operando de manera comunitaria en ese sector del país, ya sea como cooperativa o en cuanto comité.

Por consiguiente, según muy bien se dijo, el hecho de que se cree la institucionalidad respectiva le dará mayor eficiencia a dicho ámbito.

Durante los últimos años, en la cabeza de los dirigentes de esas entidades comunitarias rondaban varias cuestiones que los tenían profundamente preocupados y alarmados.

Una de ellas -aquí se ha señalado y debe ser valorada como uno de los grandes logros de la propuesta legislativa en debate- dice relación al carácter de la propiedad, pues durante mucho tiempo se expandió el rumor de que se corría el riesgo de privatizar, como ocurrió en las zonas urbanas, el servicio de agua potable en el sector rural.

Por cierto, eso no solamente mantenía inquietos a los dirigentes, sino también a los usuarios, porque ya conocían lo que aconteció con dicho proceso en el sector urbano.

Ellos tenían muy presente que tal situación representaba un riesgo y una incertidumbre que era preciso despejar. Y con la decisión que hemos tomado a través de la presente propuesta legislativa estamos diciendo "No" a la privatización del agua en el sector rural, lo cual va a llevar una enorme tranquilidad a los comités y a los usuarios de ellos.

Un segundo aspecto que causaba preocupación a los dirigentes y usuarios de los comités o cooperativas de agua potable era el marco institucional, por cuanto hoy, producto de su esfuerzo, su sacrificio y su creatividad, han podido sacar a flote tales organizaciones. Sin embargo, faltaba un marco jurídico e institucional capaz de uniformizar el sistema, sin perder la autonomía y la libertad de cada comité.

El proyecto en debate viene a llenar un vacío legal, que resulta fundamental para que pueda operar eficientemente el sistema.

En tercer lugar, si bien es cierto que hemos instalado agua potable rural en la inmensa mayoría del país, en los dirigentes de los comités y cooperativas persistía la incógnita en cuanto a cómo se realizaría la extensión del servicio para otros usuarios que aspiran a formar parte de la red, en circunstancias de que las cooperativas y comités carecen de recursos propios para llevar adelante dicho propósito.

Por ello, con esta nueva institucionalidad estamos garantizando los recursos necesarios e inversiones subsidiadas para ampliar la red de agua potable en el sector rural.

Y el cuarto punto -que a mi entender se halla muy ligado al anterior- se refiere al sistema de mantención de los comités y de las cooperativas. Incluso el mecanismo de fijación de tarifas a veces es rechazado por los propios usuarios, pues no entienden del todo su funcionamiento.

Por lo tanto, el hecho de establecer por ley un sistema de reajustabilidad de la tarifa y la forma de calcularla constituye un elemento muy importante, no solo con el objeto de darle mayor prestancia y fuerza a los comités o cooperativas, sino de dejar en claro cuál es el criterio -que a veces difiere dependiendo del lugar de que se trata, inclusive dentro de una misma comuna- empleado por estos para reajustar la tarifa, por cuanto muchas veces genera serios problemas de mantención del sistema y crea dificultades en la gestión y en la operatividad de la red de agua potable.

Por eso, señor Presidente, la decisión que se ha tomado en torno a crear esta nueva institucionalidad y despejar diversas incertidumbres e inseguridades en relación con tales cooperativas es un elemento extraordinariamente tranquilizador para un mundo tan incierto como es el rural.

Por lo anteriormente expuesto, voto a favor de las modificaciones propuestas por la Comisión.

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , por cierto, me pronunciaré a favor de un proyecto de ley que resulta altamente positivo, por lo que he escuchado de parte de quienes han participado en su elaboración.

Solo tengo una pregunta para quienes intervinieron en el análisis de la iniciativa en debate: cuál es la acepción de "rural" que se halla inmersa en su contenido.

En general, e incluso en algunas definiciones del Instituto Nacional de Estadísticas, en Chile se entiende que lo rural está directamente ligado con las zonas agrícolas, las cuales normalmente son aledañas a centros urbanos. Y, por cierto, siempre debemos tener presente que esa circunstancia no es exclusiva de una determinada zona del país.

En otros términos, más bien ella existe solo en algunos puntos específicos de nuestro territorio, por cuanto hay otras realidades muy distintas a las agrícolas como son aquellas que surgen a partir de la Cuarta Región (de Coquimbo), donde lo rural debe entenderse también como aquello que forma parte de los entornos de las zonas urbanas, a los efectos de que no se perciba que la iniciativa en estudio beneficiará únicamente a aquellas agrupaciones o sectores que viven la ruralidad agrícola, lo cual es muy diferente a la ruralidad que se observa en otras regiones de Chile.

Por eso, junto con pronunciarme a favor de las proposiciones de la Comisión, quiero manifestar esa aprensión con la finalidad de que no se discrimine a ningún pueblo del país, ya sea que se ubique en zonas desérticas, semidesérticas o de alta pluviosidad.

Voto que sí.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente, quiero aprovechar la oportunidad de pronunciarme a favor de las modificaciones incorporadas al texto del proyecto fundamentalmente como un reconocimiento y un homenaje a la enorme cantidad de chilenos y chilenas que forman parte de los comités de agua potable rural, conocidos como los "APR".

En el caso de la Región que represento, la gran cobertura de agua potable existente en la ruralidad se debe al trabajo abnegado y a la organización de cientos de personas que se han dedicado a desarrollar estos proyectos.

Sus Señorías comprenderán que en una zona como la Cuarta Región, que sufre escasez de agua, con territorios de secano costero y que congrega a comunidades agrícolas y localidades muy aisladas, constituye un verdadero acto de heroísmo el ser capaces de solucionar los problemas del suministro de agua potable. Y si a ello agregamos la necesidad de un adecuado tratamiento del recurso y, en algunos casos, el desarrollo de alcantarillados, sin duda, debemos concluir que la realidad de nuestra ruralidad ha cambiado radicalmente durante los últimos años.

Asimismo, quiero resaltar que una parte importante de los recursos destinados por la División de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, para financiar, subsidiar y fortalecer los servicios de agua potable rural provienen de las concesiones de las empresas de agua potable que, como es en el caso de la Región que represento, la totalidad de ellos fue entregada directamente a los proyectos de agua potable rural.

De ahí se explica el fortalecimiento de todos los "APR" existentes en las zonas concentradas de población rural y en la mayoría de las desconcentradas.

Por último, quiero aprovechar la oportunidad de reconocer el esfuerzo que estas organizaciones han realizado, la iniciativa que tomaron hace varios años para conseguir una institucionalidad que les permitiera lograr la legalidad adecuada y superar los diversos problemas que se les presentaban en el ámbito de la propiedad de los terrenos donde se hallaban las fuentes de agua, incluso en cuanto a las sedes o instalaciones de los servicios de agua potable rural.

Por tal motivo, deseo hacer un reconocimiento a quienes han llevado adelante estas iniciativas, las cuales han permitido que muchos chilenos hoy día puedan contar con un servicio básico y fundamental para una mejor calidad de vida.

Voto a favor.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente , quiero expresar que aprobaré las modificaciones propuestas en el proyecto. Y, dado que algunos señores Senadores han puntualizado los progresos alcanzados en materia de agua potable rural en sus respectivas zonas, debo manifestar una vez más mi preocupación por el atraso del Plan Chiloé en la Región que represento en esta Corporación.

El Plan Chiloé era un programa de consuelo para recomponer una inversión que no se hizo y que radicaba en construir un puente sobre el canal de Chacao, llamado "Bicentenario".

Nosotros aún tenemos 22 islas sin agua potable rural ni electrificación.

Confiamos en que esta iniciativa legal permita agilizar, en lo posible antes del Bicentenario que ya está llegando, la cobertura, en primer lugar, de electricidad, y luego, la de agua potable rural, objetivo que franquea el presente proyecto.

Voto que sí.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor NOVOA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueban las modificaciones acogidas unánimemente por las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda (29 votos favorables), con excepción de la enmienda introducida por la Comisión de Hacienda para eliminar, en el inciso cuarto del artículo 12, la expresión "aportados por el Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley".

Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Flores, García, Gazmuri, Girardi, Horvath, Kuschel, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Novoa, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente , solicité votación separada respecto de la única modificación que introdujo la Comisión de Hacienda.

Creo que todas las otras enmiendas perfeccionaron la redacción. Ninguna es de fondo, sino que se trata de adecuaciones al texto.

La única que provoca un efecto que no comparto es la modificación al inciso cuarto del artículo 12 del texto aprobado en general.

En dicho precepto se establecen los bienes indispensables para prestar los servicios. Dentro de ellos se encuentran los arranques, las uniones domiciliarias, las redes de distribución, las de recolección, los derechos de agua, las captaciones, los sondajes, los estanques, etcétera. Obviamente, son bienes elementales, básicos e indispensables para el funcionamiento del servicio.

El texto aprobado en general señalaba: "En caso que los bienes indispensables aportados por el Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 90" -luego se sustituyó por el artículo 89- "de esta ley, pierdan tal calidad, el Operador deberá contar con la autorización de la Superintendencia...".

La Comisión de Hacienda elimina la expresión "aportados por el Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley".

La Comisión de Obras Públicas proponía que los comités tuvieran que solicitar permiso a la Subdirección solo respecto de los bienes indispensables que dejan de serlo y que fueron aportados por el Estado. Al suprimir dicho concepto, tal petición se extiende a todos los bienes.

Hay bienes que son de los "APR". Si al final pierden la calidad de indispensables -nos estamos refiriendo a esa situación-, nosotros estimamos que no tienen por qué pedir autorización a la Subdirección. Se trata de bienes que han pertenecido a ellos, son de ellos. Si ya no prestan utilidad, no veo por qué la Comisión -no sé si ese fue el objetivo- lo hizo extensivo a todos los bienes, pues eso ocurre al efectuar la supresión, porque el inciso cuarto propuesto dispone: "En caso que los bienes indispensables pierdan tal calidad, el Operador deberá contar con la autorización de la Subdirección para enajenarlos...".

No sé por qué una entidad privada -comités de agua potable, cooperativas- que desea vender algún bien que ya no es indispensable, y que no fue donado por el Estado, tenga que requerir tal permiso.

La materia no es muy relevante, pero me quedo con la redacción de la Comisión de Obras Públicas.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , uno puede preguntarse si la norma quedó bien redactada o no. Pero lo cierto es que no existe forma de declarar que un bien indispensable dejó de serlo. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Quién lo señala?

En el inciso cuarto del artículo 12 se dispone: "No se requerirá dicha autorización" -de la Subdirección- "cuando la enajenación sea resultado de un reemplazo o mejora". O sea, cuando un bien indispensable es reemplazado o mejorado por otro. En tal caso, obviamente deja de ser indispensable, y solo se requiere avisar.

Pero en los otros casos ¿quién decreta que un bien ha dejado de ser indispensable? Uno no puede llegar y vender un bien indispensable. Por algo son inembargables.

Recordemos que ni siquiera está claro si las cooperativas serán de fin exclusivo. No sé, por ejemplo, si Capel podrá además formar una cooperativa de agua potable. Eso no está claro. En ninguna parte del proyecto se señala que las cooperativas deben ser de fin exclusivo. Tampoco se menciona que las que persigan dos fines distintos tengan que llevar contabilidad separada. ¿Qué pasa si una cooperativa que desarrolla tres actividades distintas -entre ellas, el agua potable- decide, porque está con problemas en otro rubro, vender un bien indispensable?

Entonces, nosotros queríamos explicitar que si se quiere vender un bien indispensable alguien primero debe otorgar una autorización, es decir, que se declare efectivamente que ese bien ha dejado de ser indispensable. Eso es lo que buscábamos, y que no fuera solo respecto de los bienes aportados por el Estado, sino de todos.

Nos pareció bastante raro que esos bienes fueran inembargables y, sin embargo, pudieran ser vendibles con la sola voluntad del administrador.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor NARANJO.-

Abramos la votación, señor Presidente.

El señor BITAR ( Ministro de Obras Públicas ).-

Señor Presidente , solo quiero señalar que he consultado con el equipo del Ministerio de Obras Públicas este punto. Y, a nuestro juicio, dado que la Subdirección tendrá la tuición técnica, que habrá ahora un registro, que la Superintendencia garantizará la calidad (se trata de avances importantes de la ley en proyecto), nos parece mejor que dicha Subdirección pueda juzgar a través de un informe técnico si lo que se está enajenando es un bien esencial para el funcionamiento o no, más allá de quien lo haya adquirido (directamente por el privado o a través de recursos otorgados por el Estado).

Los técnicos me expresan que es conveniente mantener un grado de tuición superior respecto de las acciones que adopte un comité o una cooperativa, entendiendo por lo demás que esa relación será muy fluida, porque la responsabilidad del Estado ahora se concentra en esta nueva Subdirección para apoyar el desarrollo de estas actividades.

Por otra parte, como no quiero volver a hacer uso de la palabra en esta sesión...

La señora MATTHEI.-

¿Me permite una interrupción, señor Ministro?

El señor BITAR ( Ministro de Obras Públicas ).-

Se la concedo, con la venia de la Mesa, Su Señoría.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Muchas gracias.

Le encuentro razón al Senador señor Longueira en que la norma quedó redactada de una manera poco feliz. Lo que queremos decir es que alguien tiene que decretar que un bien indispensable ha dejado de serlo. Porque el texto señala: "En caso que los bienes indispensables pierdan tal calidad". Pero ¿quién decreta eso? Quedó mal redactado.

El señor LONGUEIRA.-

Así es.

La señora MATTHEI.-

No es que primero se decida que ya perdieron tal calidad y después deban solicitar permiso para venderlo. Es la Subdirección la que debe decretar que efectivamente un bien indispensable ha dejado de serlo y que por eso se puede enajenar.

El señor NOVOA (Presidente).-

Recupera la palabra el señor Ministro.

El señor BITAR ( Ministro de Obras Públicas ).-

Señor Presidente , se trata de una aclaración de toda prudencia y sabiduría, en la línea de lo que nos enseñó en esta Sala el maestro Boeninger: a pensar racionalmente.

Si se dispone en la redacción del texto que la Subdirección defina el carácter de prescindible o no, se puede proceder después sin otra consulta.

En otro orden de cosas, para no intervenir de nuevo, quiero destacar la aprobación prácticamente unánime del Senado respecto de una iniciativa que significará un tremendo salto, no solo en agua potable, sino también en saneamiento, donde estamos todavía bastante atrasados en las zonas rurales.

También deseo expresar no solo nuestro aprecio, sino también nuestro reconocimiento a la tremenda labor de las organizaciones de comités para que el proyecto presentado al Congreso fuera de esta calidad. En tal sentido, en esta materia hemos actuado con un criterio de Estado para alcanzar unanimidad en ambas Comisiones.

Gracias, señor Presidente.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor NARANJO.-

¿Vamos a votar, señor Presidente?

El señor PROKURICA.-

Abra la votación.

El señor SABAG.-

Señor Presidente , nos encontramos ante un gran proyecto, en que se han alcanzado importantes acuerdos. Y la materia en análisis es muy, muy secundaria. Cuando la Comisión de Hacienda introdujo la modificación lo hizo pensando en lo vivido en la práctica.

Muchos de los comités de agua potable que desarrollan una gran labor utilizan elementos que al poco tiempo quedan obsoletos. En efecto, un servicio con un estanque de 10 mil litros después necesita uno de 40 mil litros. Entonces, dicho equipo es ampliamente útil. Y lo lógico es que se traslade hacia otro comité de agua potable.

Puedo colocar un ejemplo.

Los Maitenes de Vilcún, localidad de la comuna de Ñiquén, tenía un estanque de 50 mil litros que abastecía solo a entre 300 y 400 familias. Pues bien, quedó uno de 100 mil litros en Lomas Coloradas, de Coronel. ¿Por qué? Porque llegó el agua potable a través del río. Entonces, iban a desguazar este estanque. Pedí la autorización correspondiente, y lo llevé a Los Maitenes de Virgüin, donde hoy 1.000 familias cuentan con servicio del vital elemento. ¿Y qué pasó con el estanque de 50 mil litros? Lo llevamos a la ribera del Ñuble, sector en que se disponía de un estanque de 10 mil litros que abastecía a únicamente 10 por ciento de la población. Así, gracias a los estanques que trasladamos de un lugar a otro, actualmente todos cuentan con agua potable.

Ese es el provecho que se saca a los estanques -en lugar de venderlos como chatarra o al kilo-, para que sigan cumpliendo su función. Y hemos actuado así en innumerables casos. He puesto dos, pero podría citar veinte, a los efectos de demostrar que hemos aprovechado estructuras que, tras cumplir su finalidad, quedaron chicas a raíz del crecimiento poblacional.

Tal es el objetivo que se persigue, señor Presidente. Porque el artículo 89 habla de un paso directo al comité. Empero, aquí se entra ya en algo distinto.

También quiero reconocer el accionar de los dirigentes, quienes, sin percibir sueldo, llevan a cabo una abnegada labor para sacar adelante los servicios en comento. Y fueron un gran aporte durante la discusión del proyecto que estamos aprobando en esta oportunidad.

He dicho.

El señor NOVOA (Presidente).-

En su segundo discurso, tiene la palabra el Honorable señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente , quiero hacer una proposición. Porque la Senadora señora Matthei tiene razón en cuanto a que la Comisión de Hacienda introdujo un perfeccionamiento; sin embargo, su redacción enredó más la situación,...

El señor NARANJO.-

La enredó más.

El señor LONGUEIRA.-

...por decirlo de alguna forma.

A mí me parece correcto que para que un bien de un comité o de una cooperativa deje de ser indispensable se requiera la autorización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, independiente de si es o no estatal. Pero el problema no se solucionó.

Entonces, propongo para el inciso cuarto del artículo 12 una redacción que diga: "Para que los bienes indispensables pierdan tal calidad, el operador deberá contar con la autorización de la Subdirección para enajenarlos.".

Creo que de ese modo se perfecciona la norma, independiente de si el bien fue aportado por el Estado o es del comité o la cooperativa. O sea, se necesita la autorización si deja de tener aquella calidad. Porque, según se dispone en el inciso siguiente, los bienes indispensables son inembargables.

Considero que con tal redacción se perfecciona el precepto, que ya fue mejorado por la Comisión de Hacienda, la cual, empero, no resolvió el problema por completo.

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Yo entiendo, señor Senador, que la redacción, como se propone en el informe, cumple el mismo propósito, porque lo único que importa es la posibilidad de vender o no. Si no se quiere enajenar los bienes, da lo mismo que sean indispensables o no.

En todo caso, planteo a la Sala que tenemos dos opciones. Una es dejar consignado en la historia fidedigna de la ley que lo importante es que cuando se declara que un bien deja de ser indispensable se requiere autorización de la Subdirección. Es decir, no solo bajo la fórmula de la enajenación, sino que, cada vez que por alguna razón se desee quitarle a un bien el carácter de indispensable, la autoridad competente para hacer la declaración sea la Subdirección.

¿Dejamos aquello en la historia del establecimiento de la ley?

Tiene la palabra el Senador señor Ávila.

El señor NARANJO.-

Votemos, señor Presidente.

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Antes le daré la palabra al Honorable señor Ávila.

El señor ÁVILA.-

Señor Presidente , ya que estamos aclarando conceptos, quiero puntualizar que el hecho de que un bien deje de ser indispensable no se autoriza: se constata. Porque ello no depende de una instancia determinada, sino que forma parte de la naturaleza del bien que no esté cumpliendo adecuadamente.

Por lo tanto, debemos hablar de "constatación", no de "autorización".

El señor NOVOA (Presidente).-

Perfecto.

La Honorable señora Matthei solicitó autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Obras Públicas.

Imagino que no hay problemas.

--Se accede.

El señor NOVOA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, si finalmente va a quedar aquella constancia en la historia de la ley, prefiero que aprobemos lo propuesto por la Comisión de Hacienda.

El señor NOVOA (Presidente).-

Muy bien.

El señor LONGUEIRA.-

Porque no tiene sentido restringir.

El señor NOVOA ( Presidente ).-

Si les parece a Sus Señorías, se procederá en la forma planteada, con la misma votación anterior.

--Se aprueba la redacción propuesta por la Comisión de Hacienda para el inciso cuarto del artículo 12 (29 votos favorables), con la constancia explicitada por el señor Presidente , y queda despachado el proyecto en este trámite.

--(Aplausos en tribunas).

Valparaíso, 6 de octubre de 2009.

Nº 882/SEC/09

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo del Mensaje, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“TITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1º.- Ámbito de vigencia. La presente ley regula la prestación del servicio sanitario rural.

El servicio sanitario rural podrá ser operado por un comité o una cooperativa a que los se les haya otorgado un permiso o licencia por el Ministerio de Obras Públicas. Excepcionalmente, conforme se establezca en el reglamento, el servicio podrá ser operado por otra persona natural o jurídica autorizada por el Ministerio de Obras Públicas, previo informe favorable de la autoridad sanitaria regional.

Artículo 2º.- Definiciones. Para efectos de la aplicación de esta ley, se entiende por:

a) “Área de servicio”: aquélla cuyos límites geográficos constituyen la superficie territorial en que un operador presta servicios sanitarios rurales, como permisionario o licenciatario.

b) “Comité de servicio sanitario rural”: organización comunitaria funcional, constituida y organizada conforme a lo dispuesto en la ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, a la que se le otorgue permiso para operar un servicio sanitario rural.

c) “Concesión sanitaria”: la otorgada conforme al decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1989.

d) “Concesionarias de servicios sanitarios”: aquellas personas jurídicas titulares de concesiones otorgadas conforme al decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1989.

e) “Cooperativa de servicio sanitario rural”: persona jurídica constituida y regida por la Ley General de Cooperativas, a la que se le otorgue licencia o permiso para operar un servicio sanitario rural.

f) “Departamento de Cooperativas”: el perteneciente al Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.

g) “Licencia de servicio sanitario rural” o “Licencia”: la que se otorga por el Ministerio a las Cooperativas de Servicio Sanitario Rural, por un plazo máximo de 30 años, para la prestación de un servicio sanitario rural en un área de servicio determinada.

h) “Licenciataria”: cooperativa a la que se ha otorgado licencia para operar servicios sanitarios rurales.

i) “Ministerio”: el Ministerio de Obras Públicas.

j) “Operador”: la cooperativa o comité al que se ha otorgado, por el Ministerio, licencia o permiso para prestar un servicio sanitario rural.

k) “Permisionario”: es el titular del permiso otorgado en conformidad a esta ley.

l) “Permiso de servicio sanitario rural” o “Permiso”: el que se otorga por el Ministerio a un comité o cooperativa, por un plazo máximo de 10 años, para la prestación de un servicio sanitario rural, en un área de servicio determinada.

m) “Registro”: el registro de operadores de servicios sanitarios rurales regulado en el artículo 76 de esta ley.

n) “Reglamento”: el que se dicte para la ejecución de las normas contenidas en esta ley, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3°.

ñ) “Saneamiento”: recolección, tratamiento y disposición de las aguas servidas.

o) “Servicio sanitario rural”: provisión de agua potable y saneamiento, conforme a lo dispuesto en esta ley.

p) “Soluciones descentralizadas de saneamiento”: aquellas que, no estando conectadas con una red de alcantarillado primario, permiten la recolección, tratamiento y vertimiento o reutilización de las aguas residuales de sistemas comunitarios, conjuntos residenciales y residencias individuales, según el caso.

q) “Subdirección”: la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas que se crea por esta ley.

r) “Superintendencia”: la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

s) “Usuario”: la persona que recibe algún servicio sanitario rural, pudiendo o no tener la calidad de socio del operador.

Artículo 3º.- Reglamento. Para la aplicación de esta ley se dictará un reglamento elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, previa consulta a los organismos públicos integrantes del Consejo Consultivo regulado en el artículo 75.

TITULO II

DEL SERVICIO SANITARIO RURAL

Artículo 4º.- Tipos de servicios sanitarios rurales. El servicio sanitario rural podrá ser primario o secundario.

Artículo 5º.- Servicio sanitario rural primario. Corresponde a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, en su caso, a las comunidades rurales para uso doméstico, y requiere el abastecimiento de agua de calidad, en cantidad y con continuidad, y en forma universal para todos aquellos usuarios que se ubiquen dentro del área de servicio.

Se entenderá por uso doméstico el destinado al consumo familiar o a pequeñas actividades comerciales o artesanales u otros que el reglamento determine, en atención a los volúmenes de consumo.

Artículo 6º.- Servicio sanitario rural secundario. Corresponde a la prestación de servicios de agua potable y saneamiento que exceden del uso doméstico, y cuya prestación sólo procede cuando el operador garantiza la cobertura del servicio sanitario rural primario.

El usuario del servicio sanitario rural secundario podrá comprar agua potable o solicitar su disposición a un operador de producción de agua potable o de disposición rural de aguas servidas, o a un concesionario de servicios sanitarios. En este caso, el operador o concesionario que preste este servicio deberá compensar al operador de la red de distribución o recolección, según sea el caso, mediante el pago de una tarifa de peaje calculada por la Superintendencia, conforme a lo dispuesto en el reglamento. En caso de existir diferencias entre las partes, será la Superintendencia quien resolverá por medio de una resolución fundada.

Artículo 7º.- Etapas de los servicios. Los servicios sanitarios rurales comprenden las siguientes etapas:

a) Producción de agua potable.

b) Distribución de agua potable.

c) Recolección de aguas servidas.

d) Tratamiento y disposición final de aguas servidas.

La etapa de producción de agua potable consiste en la captación y tratamiento de agua cruda, para su posterior distribución en las condiciones que establece la normativa legal y reglamentaria vigente.

La etapa de distribución de agua potable consiste en el almacenamiento, en su caso, y la conducción del agua producida hasta su entrega en el inmueble del usuario.

La etapa de recolección de aguas servidas consiste en la conducción de dichas aguas desde el inmueble hasta la entrega para su tratamiento y disposición final. Alternativamente, esta etapa podrá consistir en soluciones descentralizadas de saneamiento para su posterior disposición.

La etapa de tratamiento y disposición de aguas servidas consiste en la remoción de los contaminantes presentes para la posterior evacuación de éstas en cuerpos receptores, en las condiciones que establece la normativa legal y reglamentaria vigente, o en sistemas de tratamiento.

Solicitada la etapa de distribución, el Ministerio otorgará conjuntamente la de recolección.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, la prestación de la etapa de recolección será exigible sólo una vez que esté aprobada la puesta en operación de las redes por la Subdirección.

La producción de agua potable y el tratamiento y disposición de aguas servidas podrán ser contratados a terceros por el operador.

TITULO III

LICENCIAS Y PERMISOS

Capítulo 1

Normas comunes

Artículo 8º.- Área de servicio. El operador prestará el servicio dentro del territorio delimitado en el respectivo permiso o licencia.

Artículo 9º.- Derecho a usar bienes nacionales de uso público e imponer servidumbres. Las licencias y permisos otorgan el derecho a usar a título gratuito bienes nacionales de uso público para construir o instalar infraestructura de servicios sanitarios rurales, siempre que no se altere, en forma permanente, la naturaleza y finalidad de éstos. El uso deberá sujetarse a las condiciones dispuestas por las respectivas municipalidades u otros órganos públicos encargados de su administración, cuando estas instalaciones pudieran afectar el normal uso del bien nacional de uso público. En todo caso, el uso temporal de cualquier bien nacional de uso público requerido para ejercer este derecho estará exento de cualquier tipo de cobro.

Asimismo, las licencias y permisos otorgan el derecho a imponer la constitución de servidumbres, en conformidad con lo establecido en el Código de Aguas.

Lo dispuesto en el inciso primero será aplicable a los trabajos de exploración para la captación de aguas subterráneas y se considerarán también obras de infraestructura sanitaria rural, cuando ellos sean claramente identificables con una obra de aprovechamiento para el servicio sanitario rural.

En caso de que la conexión de una instalación domiciliaria de alcantarillado a una red de recolección para permitir el desagüe gravitacional obligue a atravesar el predio de otro propietario, se constituirá una servidumbre legal de alcantarillado domiciliario.

El largo y ancho de la faja de terreno sujeta a servidumbre corresponderá a la factibilidad técnica del proyecto de conexión otorgada por la licenciataria o el permisionario, obligándose el interesado a indemnizar los perjuicios.

Artículo 10.- Licencias o permisos vinculados. Para otorgar una licencia o permiso que requiera de otra licencia o permiso para la prestación integral del servicio sanitario rural, la Superintendencia deberá exigir la existencia de la licencia o permiso que condiciona a la solicitada o su tramitación simultánea.

Artículo 11.- Obligación de cobro conjunto. El operador de distribución cobrará en una cuenta única y recaudará de los usuarios el valor de las prestaciones correspondientes a los servicios de producción, distribución, recolección, y tratamiento y disposición.

El incumplimiento de las obligaciones que se deriven de lo señalado en el inciso anterior no podrá afectar la prestación de los servicios a los usuarios.

Artículo 12.- Bienes indispensables. Se entienden destinados a finalidades de utilidad y salubridad pública los bienes indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales.

Los bienes se considerarán indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales desde el otorgamiento de la licencia o permiso, desde su adquisición o regularización o desde su puesta en operación, según corresponda.

Serán bienes indispensables para la prestación de los servicios sanitarios rurales, entre otros, los siguientes:

a) Arranques de agua potable.

b) Uniones domiciliarias de alcantarillado.

c) Redes de distribución.

d) Redes de recolección.

e) Derechos de agua.

f) Captaciones.

g) Sondajes.

h) Estanques de regulación.

i) Servidumbres de paso.

j) Plantas de producción de agua potable y plantas de tratamiento de agua servida.

k) Inmuebles en que estén adheridos alguno de los bienes indicados en las letras f), g), h) y j) anteriores.

En caso de que los bienes indispensables pierdan tal calidad, el operador deberá contar con la autorización de la Subdirección para enajenarlos. No se requerirá dicha autorización cuando la enajenación sea resultado de un reemplazo o mejora, los que, en todo caso, deberán ser informados a la Subdirección de manera documentada, en forma previa a su realización.

Los bienes indispensables tendrán el carácter de inembargables, siéndoles aplicable lo establecido en el número 17 del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 13.- Licitación de nuevas licencias o permisos. El Ministerio de Obras Públicas podrá llamar a licitación pública para el otorgamiento de nuevas licencias o permisos, y no podrá denegarlos arbitrariamente.

Artículo 14.- Transferencia. Los operadores podrán transferir a otros comités o cooperativas sus permisos o licencias, para lo cual deberán:

a) Acordar la transferencia por al menos los dos tercios de los miembros o socios presentes o representados en asamblea general extraordinaria o junta general de socios, especialmente convocada al efecto. Con este fin, la asamblea extraordinaria o la junta general de socios deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros o socios.

b) Solicitar autorización al Ministerio, el que tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse, contados desde la presentación de la solicitud de autorización. En caso que no se pronuncie dentro del plazo señalado, se entenderá que aprueba la transferencia.

En cualquier caso de transferencia de una licencia o permiso, el adquirente deberá cumplir con todas las condiciones que esta ley y que su Reglamento fijen.

Perfeccionada la transferencia, se deberá dejar constancia en el Registro.

Si la licenciataria está operando en área urbana, podrá transferir total o parcialmente la licencia a una concesionaria de servicio sanitario, la que en todo caso deberá operar el área de servicio de conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1989 y sus normas complementarias, entendiéndose ampliada su concesión sanitaria de pleno derecho, una vez que la transferencia haya sido autorizada por el Ministerio mediante decreto supremo, previo informe favorable de la Superintendencia.

Capítulo 2

De la licencia de servicio sanitario rural

Artículo 15.- Objeto. La licencia autoriza a una cooperativa para prestar un servicio sanitario rural.

Otorgada la licencia de distribución, el Estado no podrá otorgar, en parte alguna del área de servicio de la licenciataria, permisos o licencias de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas, ni concesiones sanitarias.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán otorgarse concesiones sanitarias en dicha área en caso de que, publicado el llamado a licitación conforme a lo dispuesto en el artículo 22, en al menos dos oportunidades, no se presente ninguna cooperativa interesada en la licencia dentro del plazo establecido en el artículo 23.

Artículo 16.- Licenciatarias. Las licencias para prestar servicios sanitarios rurales sólo serán otorgadas a cooperativas, las que se regirán por las normas de la Ley General de Cooperativas, sin perjuicio de las normas que establece esta ley y las demás propias de su giro.

Artículo 17.- Plazo. El plazo máximo de vigencia de la licencia será de 30 años. Durante este lapso el Estado no podrá otorgar nuevas licencias de distribución rural de agua potable y de recolección rural de aguas servidas en la misma área de servicio.

Artículo 18.- Ampliaciones. La licenciataria podrá solicitar ampliaciones de su área de servicio conforme al procedimiento establecido en los artículos 20 y siguientes de esta ley.

Si el área de ampliación solicitada está total o parcialmente ubicada dentro de un área urbana o de extensión urbana, la Superintendencia deberá informar si se ha solicitado u otorgado en dicha área una concesión sanitaria.

Si se hubiere solicitado u otorgado, la concesionaria de servicios sanitarios será notificada por la Superintendencia, a fin de que en un plazo de 60 días solicite la ampliación de su territorio operacional, incorporando el área solicitada por la licenciataria. Si respondiere negativamente o no respondiere dentro de plazo, se tramitará la solicitud de ampliación de la licencia.

No habiéndose solicitado u otorgado una concesión sanitaria, se tramitará la solicitud de ampliación presentada por la licenciataria.

Artículo 19.- Licitación de la Licencia. La Superintendencia deberá llamar a licitación de la licencia y de sus bienes indispensables un año antes del término del plazo de vigencia.

El llamado a licitación de la licencia pronta a extinguirse se publicará por la Superintendencia, por una vez en el Diario Oficial, y por dos veces en un diario de circulación en la provincia o en la comuna respectiva. Adicionalmente, se difundirá por un medio de radiodifusión sonora provincial o comunal y se notificará por medio de carta certificada a la respectiva licenciataria, y por otros medios idóneos que determine el reglamento.

Las bases de licitación deberán señalar el nivel de subsidio a la inversión que se considerará para los efectos de evaluar las solicitudes de licencia que se presenten.

Asimismo, las bases de licitación deberán contener una valorización actualizada de las inversiones necesarias para la prestación del servicio efectivamente realizadas por el anterior operador, sólo en la parte que hubieren sido financiadas con su patrimonio propio. En el evento que la licencia no le sea renovada, la nueva licenciataria deberá pagar al anterior operador dicho valor, en la forma que lo hayan determinado las bases.

La avaluación actualizada de las inversiones a que se refiere el inciso anterior se efectuará de común acuerdo entre la licenciataria y la Superintendencia y, en caso de desacuerdo, se hará por un perito tasador, que será nombrado en la forma que establezca el reglamento.

Tanto la licencia como los bienes indispensables se entenderán transferidos de pleno derecho, desde la fecha del decreto de adjudicación.

En caso de que la licitación no se resuelva antes del término del plazo de vigencia de la licencia, ésta se entenderá prorrogada automáticamente hasta la fecha del decreto de adjudicación a la nueva licenciataria.

Artículo 20.- Solicitud. La solicitud de licencia se presentará ante la Superintendencia, acompañando una garantía de seriedad de la presentación, cuyo valor no podrá exceder de cien unidades tributarias mensuales, y cuyas características se determinarán en el reglamento. La solicitud contendrá, a lo menos, lo siguiente:

1) La identificación de la cooperativa peticionaria.

2) Un certificado de vigencia de la cooperativa, emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente.

3) La identificación de la etapa del servicio sanitario rural que se solicita, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7º de esta ley.

4) La identificación de las fuentes de agua y sus respectivos derechos, en el caso de la licencia de producción rural de agua potable.

La licenciataria deberá tener la propiedad o el uso de estos derechos, circunstancia que deberá acreditarse en la forma y plazos que defina el reglamento.

5) La identificación de las demás licenciatarias, concesionarias de servicios sanitarios o permisionarios con las cuales se relacionará.

6) Los límites del área geográfica en que se prestarán los servicios sanitarios rurales.

7) Las características de las aguas servidas a tratar, del efluente y del cuerpo receptor, en el caso de la licencia de tratamiento y disposición rural de aguas servidas.

8) Un inventario valorizado de bienes, derechos y obligaciones, y un estado de situación con una antigüedad no superior a 30 días a la fecha de su presentación, que deberá contener el análisis correspondiente a cada una de sus cuentas.

Artículo 21.- Incorporación de nuevas zonas al área de servicio. Presentada la solicitud de licencia, la Superintendencia podrá ampliar los límites del área de servicio sólo con el objeto de incorporar zonas que desde el punto de vista técnico, económico y social hagan conveniente la constitución de un sistema único, con incidencia en un menor costo para la provisión del servicio.

Para estos efectos, la Superintendencia consultará al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a las respectivas municipalidades, para que en un plazo de 45 días informen si consideran suficiente el área de servicio solicitada para satisfacer demandas habitacionales no cubiertas.

Artículo 22.- Publicación. El solicitante deberá publicar, a su cargo, por una vez, un extracto de la solicitud de licencia en un diario de circulación provincial o comunal, y deberá difundirlo por un medio de radiodifusión sonora provincial o comunal, u otro medio idóneo, por dos veces a lo menos. El extracto contendrá las menciones que se establezcan en el reglamento.

Artículo 23.- Plazo para otras interesadas. Si hubiera otras cooperativas interesadas en la licencia, deberán presentar a la Superintendencia, dentro del plazo de cuarenta y cinco días contados desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el artículo anterior, una solicitud de licencia en los términos establecidos en el artículo 20, la que deberá ser acompañada de una garantía de seriedad, cuyo valor no podrá exceder de cien unidades tributarias mensuales, y cuyas características se determinarán en el reglamento.

Artículo 24.- Plan de inversión. Todos los que hubieren presentado solicitud de licencia entregarán a la Superintendencia, dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el artículo 22, lo siguiente:

1.- Un Plan de inversiones que deberá contener, a lo menos:

a) Descripción técnica general y un cronograma de las obras proyectadas para un horizonte de cinco años.

b) Estimaciones de beneficios, costos y valor actualizado neto.

c) Tarifas propuestas.

2.- Los demás antecedentes requeridos de conformidad al reglamento.

Artículo 25.- Criterios de recomendación para la adjudicación. La Superintendencia propondrá al Ministerio la adjudicación de la licencia a la solicitante que, cumpliendo las condiciones técnicas exigidas, ofrezca las condiciones económicas más ventajosas y cuente con la evaluación social más favorable para la provisión del servicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el reglamento. Cuando el interés general lo haga necesario, se considerará el plazo de puesta en explotación de los servicios como criterio adicional de adjudicación.

En caso de igualdad en las condiciones ofrecidas por los interesados, se adjudicará la licencia al que tenga en ese momento la calidad de titular de la misma.

Con todo, la tarifa ofrecida por el solicitante al que se proponga adjudicar no podrá ser superior a la determinada por la Superintendencia de conformidad al Título V de esta ley.

Artículo 26.- Informe. La Superintendencia, dentro de un plazo de 90 días contados desde el vencimiento del plazo de entrega de antecedentes a que se refiere el artículo 24, informará al Ministerio sobre las solicitudes presentadas.

El informe se pronunciará sobre el plan de inversiones y los demás antecedentes presentados por el solicitante, y propondrá la dictación del decreto de otorgamiento de la licencia, si se estima procedente.

El plazo a que se refiere este artículo se interrumpirá cuando el interesado esté en mora de cumplir con los antecedentes exigidos en el artículo 24, que le hubieren sido solicitados por carta certificada de la Superintendencia.

En todo caso, el plazo para evacuar el informe de la Superintendencia al Ministerio no podrá exceder de ciento ochenta días contados desde el vencimiento del plazo de entrega de antecedentes a que se refiere el artículo 24.

Artículo 27.- Adjudicación. El Ministerio, considerando el informe de la Superintendencia, resolverá fundadamente acerca de la solicitud de licencia, en un plazo máximo de treinta días de recibido dicho informe, dictando el respectivo decreto expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República".

Artículo 28.- Decreto de otorgamiento. El decreto de otorgamiento de la licencia considerará, entre otros, los siguientes aspectos:

1. La identificación de la licenciataria.

2. Las etapas del servicio sanitario rural que se prestarán, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7° de esta ley.

3. Las condiciones de prestación de los servicios aprobadas por la Superintendencia.

4. La normativa general aplicable a la licencia que se otorga.

5. El plan de inversiones de la licenciataria respecto del cual se ha pronunciado la Superintendencia.

6. La tarifa a cobrar a los usuarios.

7. La garantía involucrada.

8. El plazo de vigencia de la licencia.

Artículo 29.- Garantía. Al otorgarse la licencia la Superintendencia exigirá a la licenciataria, en los términos que se establezcan en el reglamento, una garantía que resguarde la adecuada prestación del servicio, cuyo monto se calculará considerando el número de usuarios y sus condiciones socioeconómicas. Con todo, el monto de la garantía no podrá exceder del total de los costos de operación correspondientes a tres meses.

Los instrumentos en virtud de los cuales se otorguen las garantías serán elegidos por la licenciataria de entre aquellos que la Superintendencia defina para tal efecto. Las cláusulas del contrato respectivo deberán ser aprobadas por la Superintendencia.

Capítulo 3

Caducidad, continuidad de la prestación del servicio y quiebra de la licencia

Artículo 30.- Caducidad. Las licencias caducarán, antes de entrar en operación, si no se ejecutaren oportunamente las obras correspondientes al plan de inversión necesarias para poner en explotación el servicio, indicadas en el decreto de otorgamiento de la licencia.

La caducidad será declarada mediante un decreto dictado por el Ministro de Obras Públicas bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Caducada una licencia la Superintendencia podrá, mediante resolución fundada de carácter técnico, declarar que la falta de ella afecta la prestación integral del servicio en otra, que indicará. En dicho caso, el operador tendrá el plazo de noventa días para demostrar técnica y económicamente que puede mantener el servicio. De no poder hacerlo, la Superintendencia licitará la licencia de conformidad con las reglas del Capítulo anterior.

Caducada la licencia, el monto de la garantía a que se refiere el artículo 29 quedará a beneficio fiscal.

Artículo 31.- Retiro de instalaciones. En el caso de caducidad previsto en el artículo anterior, la cooperativa podrá disponer de las instalaciones ejecutadas, salvo los bienes indispensables. Cuando estas instalaciones ocupen bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o de particulares, el retiro deberá hacerse dentro del plazo y en las condiciones que fije la Superintendencia.

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará, cuando corresponda, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones, exigencias y requisitos establecidos para ese evento en la respectiva resolución de calificación ambiental.

Artículo 32.- Declaratoria de riesgo en la prestación del servicio. Habiendo entrado en operación la licenciataria, el Ministro de Obras Públicas, en base a un informe técnico elaborado por la Superintendencia o por la autoridad sanitaria, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá declarar en riesgo la prestación del servicio de una licenciataria, en los siguientes casos:

a) Si las condiciones del servicio suministrado no corresponden a las exigencias establecidas en la ley o en la reglamentación vigente, o a las condiciones estipuladas en el decreto de otorgamiento respectivo.

b) Si la licenciataria no cumple el plan de inversiones.

Para la calificación de dichas causales, la Superintendencia y la autoridad sanitaria, según corresponda, deberán considerar la gravedad de sus consecuencias y la reiteración de su ocurrencia.

Previo a declarar en riesgo la prestación del servicio la licenciataria deberá ser oída, en los plazos y de acuerdo al procedimiento que se determine en el reglamento.

Artículo 33.- Administrador temporal. Declarada por el Ministro de Obras Públicas la configuración de alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, cesarán en sus funciones el gerente y el consejo de administración de la cooperativa, y el Ministerio designará un administrador temporal, por un plazo no superior a seis meses, prorrogables por una sola vez por igual período, cuyas funciones y requisitos serán las establecidas en esta ley y su Reglamento.

El administrador temporal ejercerá las funciones del consejo de administración, y será considerado como consejero para todos los efectos de la Ley General de Cooperativas, sin perjuicio de que en materias técnicas vinculadas al servicio sanitario rural estará supeditado al Ministerio de Obras Públicas.

La declaración de riesgo en la prestación del servicio y la designación de un administrador temporal no obstan a la aplicación de las sanciones que procedan de conformidad a la normativa legal y reglamentaria vigente.

Artículo 34.- Cobro de garantía. En el caso regulado en el artículo 32, la Superintendencia procederá a hacer efectiva la garantía del artículo 29, y su monto será puesto a disposición del administrador temporal designado conforme al artículo anterior, para garantizar la continuidad del servicio.

Artículo 35.- Facultades del administrador temporal. El administrador temporal del servicio tendrá todas las facultades del giro de la cooperativa, que la ley y su estatuto otorgan al consejo de administración y gerente. Su función principal será promover la designación de un nuevo gerente y consejo de administración, dentro del plazo establecido en el artículo 33.

El administrador temporal responderá hasta de culpa leve en el ejercicio de sus funciones.

En caso que, después de cumplida la prórroga del inciso primero del artículo 33 de esta ley, no haya sido posible la designación de un nuevo gerente y consejo de administración, el Ministerio llamará a licitación de la licencia, conforme a las reglas del Capítulo anterior.

Artículo 36.- Causal de inhabilidad. El gerente y los miembros del consejo de administración que cesen en sus cargos conforme al artículo 33 quedarán inhabilitados para ejercerlos, en cualquier Cooperativa, por un plazo de cinco años, contados desde la fecha del decreto respectivo.

Artículo 37.- Quiebra de la licenciataria. Declarada la quiebra, la fallida quedará inhibida, de pleno derecho, de la administración de la licencia y de sus bienes indispensables.

En el caso de quiebra de una licenciataria cuya licencia esté en explotación, el síndico velará por la adecuada provisión del servicio hasta su licitación. Para tales efectos se aplicará, respecto del síndico, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 33.

Los gastos en que se incurra con ocasión de la quiebra quedarán incluidos dentro de los créditos señalados en el Nº 1 del artículo 2.472 del Código Civil.

Artículo 38.- Licitación por quiebra. El Ministerio dispondrá la licitación de la licencia y los bienes indispensables, dentro del plazo de un año contado desde que quede a firme la sentencia que declare la quiebra. El llamado a licitación se publicará en la forma establecida en el artículo 19, y los interesados deberán presentar sus ofertas en los plazos y con los antecedentes indicados en los artículos 23 y 24 de esta ley. Se aplicará además para la licitación lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27 y 28 de esta ley.

La adjudicación de la licencia recaerá, cumpliendo las condiciones técnicas y la tarifa vigente, en la interesada que ofrezca el mayor valor por la licencia y por los bienes indispensables.

Capítulo 4

Del permiso de servicio sanitario rural

Artículo 39.- Objeto. El permiso de servicio sanitario rural se otorga por el Ministerio a un comité o cooperativa, para la prestación de servicios sanitarios rurales, en un área de servicio determinada.

Otorgado el permiso de distribución, el Estado no podrá otorgar en parte alguna del área de servicio del permisionario, permisos o licencias de distribución de agua potable y recolección de aguas servidas, ni concesiones sanitarias.

Habiendo entrado en operación el permisionario, el Ministerio podrá declarar en riesgo el servicio en caso de que las condiciones del servicio suministrado no correspondan a las exigencias establecidas en la normativa legal o reglamentaria vigente o a las condiciones estipuladas en el decreto de otorgamiento respectivo.

Declarado en riesgo el servicio, cesarán en sus funciones el directorio del comité o el gerente y el consejo de administración de la cooperativa, según el caso.

El Ministerio podrá adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio mientras la asamblea o la junta general designan un nuevo directorio o consejo de administración, según el caso.

Previo a declarar en riesgo la prestación del servicio, el permisionario deberá ser oído en los plazos y de acuerdo al procedimiento que se determine en el reglamento.

Artículo 40.- Solicitud del permiso. Para solicitar un permiso el interesado deberá presentar al Ministerio, a lo menos, lo siguiente:

1) La identificación del comité o la cooperativa peticionaria y una breve descripción de las características más relevantes del servicio que se solicita prestar.

2) En caso de que el solicitante sea cooperativa, un certificado de vigencia emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente.

3) La identificación de las etapas del servicio sanitario rural que se solicitan, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7° de esta ley.

4) La identificación de las fuentes de agua que utilizará en calidad de propietario o a cualquier otro título.

5) El título en virtud del cual utilizará las fuentes de agua identificadas conforme al numeral anterior, lo que deberá acreditarse en la forma que defina el reglamento.

6) Los límites del área geográfica en que se prestarán los servicios sanitarios rurales.

7) Un inventario valorizado de bienes, derechos y obligaciones. Si el peticionario fuere una coperativa, deberá acompañar además un estado de situación.

Artículo 41.- Plazo del permiso. El plazo máximo por el que se otorgará el permiso será de 10 años.

Artículo 42.- Decreto de otorgamiento. El Ministerio resolverá fundadamente acerca de la solicitud de permiso, en un plazo máximo de 30 días, dictando el respectivo decreto expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República".

El decreto de otorgamiento del permiso considerará, entre otros, los siguientes aspectos:

1. La identificación del permisionario.

2. Las etapas del servicio sanitario rural que se prestarán, de acuerdo a la clasificación indicada en el artículo 7º de esta ley.

3. Las condiciones de prestación de los servicios.

4. La normativa general aplicable al permiso que se otorga.

5. La tarifa a cobrar a los usuarios.

6. El plazo de vigencia del permiso.

Artículo 43.- Renovación y solicitud de licitación. El permisionario goza de derecho preferente para que se le renueve su permiso, para lo cual deberá solicitar su renovación con a lo menos seis meses de anticipación a la fecha de extinción. En su defecto, el Ministerio deberá llamar a licitación conforme al artículo 44.

En caso de que el permisionario esté clasificado en el segmento AAA conforme a lo dispuesto en el artículo 77, deberá presentar junto a su solicitud de renovación un plan de inversiones, respecto del que la Superintendencia deberá pronunciarse en un plazo de cuarenta y cinco días.

Cualquier interesado distinto del permisionario podrá solicitar al Ministerio, dentro de los seis meses anteriores al término del plazo de vigencia del permiso, que llame a su licitación. Para estos efectos deberá acompañar a su solicitud un proyecto técnica y económicamente viable para la prestación del servicio.

Artículo 44.- Licitación del permiso. El llamado a licitación del permiso pronto a extinguirse y sus bienes indispensables se publicará por el Ministerio en la forma establecida en el artículo 19.

Si hubiera otros interesados en el permiso, deberán presentar al Ministerio, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de la publicación a que se refiere el inciso primero, una solicitud de permiso en los términos establecidos en el artículo 40.

Vencido el término anterior el Ministerio adjudicará el permiso, en un plazo máximo de 60 días, al solicitante que cumpliendo los requisitos técnicos exigidos ofrezca las condiciones económicas más ventajosas y cuente con la evaluación social más favorable para la provisión del servicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el reglamento. Se podrá considerar, entre otros, el plazo de puesta en explotación de los servicios ofrecidos, como criterio adicional de adjudicación.

En caso de igualdad en las condiciones ofrecidas por los interesados, se adjudicará el permiso al que tenga en ese momento la calidad de titular del mismo.

Se aplicará, para la licitación del permiso, lo dispuesto en los incisos tercero a séptimo del artículo 19.

TITULO IV

DE LOS OPERADORES

Capítulo 1

Derechos y obligaciones de los operadores y usuarios

Artículo 45.- Obligaciones de los operadores. Los operadores de servicios sanitarios rurales tendrán las siguientes obligaciones:

a) Prestar los servicios sanitarios a los usuarios, en la medida que sea técnica y económicamente factible conforme a lo establecido en la letra b) de este artículo. Esta obligación comprende la certificación de la factibilidad de servicio. En caso de que existan discrepancias entre el usuario y el operador, en cuanto a las condiciones de prestación del servicio, la Superintendencia resolverá las diferencias mediante una resolución fundada.

Los servicios sanitarios deberán prestarse a los usuarios en la calidad exigible conforme a las normas respectivas, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio de Salud y de la Superintendencia.

b) Garantizar la continuidad del servicio entregado, en el sentido de que éste sea prestado durante la cantidad de horas diarias que se determine por la Superintendencia, conforme a las características técnicas exigibles a cada segmento, salvo las interrupciones que se produzcan por fuerza mayor o por necesidad indispensable para la prestación del servicio, debidamente programadas y comunicadas con anticipación a los usuarios, según lo establecido en el reglamento.

c) Mantener el nivel de calidad en la atención de usuarios y prestación del servicio que defina el reglamento.

d) Prestar y operar los servicios sanitarios rurales, dando estricto cumplimiento a las obligaciones, restricciones y prohibiciones establecidas en esta ley y su reglamento, en la normativa sanitaria y ambiental, y en las demás normas y disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, así como a las instrucciones que impartan las autoridades competentes en el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 46.- Actualización del plan de inversiones. Las licenciatarias deberán actualizar su plan de inversiones cada cinco años. Asimismo, deberán actualizarlo en caso de que el subsidio o inversión pública efectivamente recibidos difiera del considerado al haberse determinado el nivel tarifario.

La actualización del plan de inversiones se hará conforme al procedimiento que se establezca en el reglamento.

Artículo 47.- Obligación de conservación de instalaciones y equipos. Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior los operadores deberán conservar en perfecto estado de funcionamiento las instalaciones y equipos que conforman la infraestructura del servicio, debiendo para estos efectos proceder a su reparación y mantención, y a la reposición, en su caso.

Artículo 48.- Fondo de reposición y reinversión. Los operadores que conforme a la clasificación del artículo 77 de esta ley pertenezcan a los segmentos AA y AAA deberán constituir e incrementar, con un porcentaje no inferior al 20% de sus remanentes resultantes de cada ejercicio anual, un fondo de reserva legal destinado a la reposición y ampliación de largo plazo, según se defina en el reglamento.

El fondo mencionado en el inciso anterior no podrá ser destinado a fines distintos a la reposición y ampliación de la infraestructura y deberá ser mantenido en instrumentos de inversión de emisores inscritos en el registro de valores, cuya clasificación de riesgo y tipo de instrumento serán definidos en el reglamento.

Artículo 49.- Responsabilidad por mantenimiento y reposición. Los costos de mantenimiento y reposición del arranque de agua potable y la unión domiciliaria, del sistema de agua potable y saneamiento rural, respectivamente, serán de cargo del operador.

El mantenimiento y reposición de las instalaciones interiores domiciliarias de agua potable y de saneamiento serán de exclusiva responsabilidad y cargo del propietario del inmueble.

Artículo 50.- Uso de instalaciones y equipos. Corresponderá siempre a los operadores el uso y goce exclusivo de los bienes indispensables regulados en el artículo 12 de esta ley, y sólo podrán destinar dichas instalaciones a la realización de las actividades indicadas en el artículo 45.

Sin perjuicio de lo anterior, la asamblea general o la junta general, según corresponda, en sesión extraordinaria y por mayoría simple de los miembros presentes, podrá autorizar el uso y goce de los citados bienes para el desarrollo de otras actividades, siempre que no se limite, entorpezca o afecte de modo alguno la provisión de los servicios sanitarios rurales, y se cumpla con la normativa vigente. Para estos efectos, la asamblea general o la junta general deberán constituirse con al menos el cincuenta por ciento de sus miembros.

Artículo 51.- Vertimiento de aguas tratadas en canales de regadío. Los operadores de tratamiento y disposición podrán solicitar, a la organización de usuarios respectiva, autorización para el vertimiento de las aguas tratadas en un canal.

En caso de que la organización de usuarios negare la autorización, o no se llegue a acuerdo, el operador podrá recurrir al juzgado de letras en lo civil de la comuna correspondiente al punto de descarga propuesto para que éste, conforme al procedimiento sumario establecido en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, lo autorice a verter las aguas tratadas en el canal, estableciendo las contraprestaciones correspondientes.

El juez sólo podrá autorizar al operador a verter las aguas tratadas en un canal en caso que se trate de la solución de tratamiento y disposición más adecuada desde el punto de vista técnico y económico, que no se afecten actividades económicas que para su desarrollo utilicen las aguas del canal, y que las aguas tratadas cumplan con las exigencias que establece la normativa vigente aplicable.

Artículo 52.- Derechos de los usuarios. Las prestaciones en que se traduzca el cumplimiento de las obligaciones de los operadores establecidas en esta ley serán sin perjuicio de los demás derechos establecidos en otras normas relacionadas con los servicios sanitarios rurales, todos los cuales constituyen el estatuto mínimo de los derechos que amparan a los usuarios.

Artículo 53.- Derechos del operador. Son derechos del operador:

a) Cobrar, por las etapas del servicio sanitario rural prestadas, las tarifas a que se refiere el Título V de esta ley. Para estos efectos, las boletas o facturas deberán permitir la fácil comprensión de cada cobro efectuado.

b) Cobrar reajustes e intereses corrientes por las cuentas que no sean canceladas dentro de los plazos señalados en el reglamento.

c) Cobrar los costos de cobranza extrajudicial en que haya incurrido el operador.

d) Suspender, previo aviso de 30 días, los servicios a usuarios que adeuden el pago de una o más boletas o facturas y cobrar el costo de la suspensión y de la reposición correspondiente.

e) Suspender el servicio a los usuarios de servicio sanitario rural primario que destinen el agua a un fin distinto del establecido en el artículo 5° de esta ley.

f) Suspender el servicio a los usuarios respecto de los cuales se compruebe que han causado daño a las instalaciones, equipos o bienes del operador.

g) Cobrar el costo de las reparaciones de daños y desperfectos causados en los arranques de agua potable y uniones domiciliarias de alcantarillado, redes de distribución y redes de recolección, a causa del mal uso o destrucción de las mismas por el usuario.

h) Proponer y postular, cuando corresponda, en representación de los usuarios, a subsidios a la inversión en los sistemas rurales de agua potable, en particular al establecido en la ley Nº 18.778 y su reglamento.

i) Exigir al usuario de la propiedad servida la conexión a las instalaciones de agua potable o alcantarillado, según fuere el caso, cuando existan causas debidamente calificadas por la autoridad sanitaria.

Los derechos anteriormente señalados se ejercerán sin perjuicio de las atribuciones que el Código Sanitario le entrega al Ministerio de Salud.

Artículo 54.- Mérito ejecutivo. Las boletas o facturas que se emitan por la prestación de los servicios sanitarios rurales o por los trabajos en los arranques de agua potable rural o uniones domiciliarias de alcantarillado rural, incluidos sus reajustes e intereses, tendrán mérito ejecutivo sólo en cuanto al cobro de aquellas prestaciones.

Artículo 55.- Modificaciones de niveles de servicio. Se podrán modificar los niveles de servicio de los operadores, a proposición de la Superintendencia, previo conocimiento de éstos, mediante decreto supremo que deberá llevar la firma del Ministro de Obras Públicas. Dicho decreto supremo deberá ser fundado y basado en criterios de carácter objetivo. Los niveles de servicio podrán diferenciarse entre segmentos de operadores.

En caso de que por modificaciones de los planes reguladores el área de servicio de una licenciataria quede total o parcialmente incorporada en el área urbana, el Ministerio podrá modificar los niveles de servicio de la licencia, a proposición de la Superintendencia. En este caso, la licenciataria deberá modificar su plan de inversiones para incorporar las nuevas exigencias. La modificación de los niveles de servicio y la aprobación de las del plan de inversiones se harán conforme al procedimiento que establezca el reglamento.

Artículo 56.- Facultad de acceso del operador. El usuario deberá permitir el acceso a su inmueble del personal del operador, identificado como tal, para el ejercicio de las funciones que dicen relación con la prestación de los servicios.

Artículo 57.- Inmueble que recibe el servicio. En el inmueble que recibe el servicio de agua potable o de alcantarillado de aguas servidas quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio sanitario rural para con el operador.

Capítulo 2

Causales de incompatibilidad, de cesación en los cargos y censura de dirigentes de operadores

Artículo 58.- Incompatibilidades e inhabilidades. Serán incompatibles los cargos de alcalde y consejero regional con los cargos directivos o pertenecientes a los órganos de administración o de fiscalización de los comités y cooperativas de servicios sanitarios rurales.

Desde la inscripción de su candidatura, cesará en sus funciones cualquier dirigente de comité o cooperativa de los indicados en el inciso anterior que postule al cargo de alcalde.

Las demás incompatibilidades y las causales de inhabilidad y cesación en el cargo aplicables a la organización de las cooperativas de servicios sanitarios rurales se regirán por la Ley General de Cooperativas y su legislación complementaria.

Artículo 59.- Cesación en el cargo de los dirigentes de los comités. Los dirigentes de los comités de servicio sanitario rural cesarán en sus cargos:

a) Por el cumplimiento del período para el cual fueran elegidos.

Los estatutos del comité podrán establecer períodos diferenciados de tiempo para cada cargo, a fin de permitir la renovación del directorio por parcialidades.

b) Por renuncia presentada por escrito al directorio, cesando en sus funciones y responsabilidades al momento en que éste tome conocimiento de aquélla.

c) Por inhabilidad sobreviniente, calificada en conformidad con los estatutos.

d) Por censura acordada por mayoría simple de los miembros presentes o representados en asamblea extraordinaria especialmente convocada al efecto. Para estos efectos, la asamblea extraordinaria deberá constituirse con al menos el cincuenta por ciento de los miembros del comité.

e) Por pérdida de la calidad de afiliado a la respectiva organización.

f) Por pérdida de la calidad de ciudadano.

g) Por condena por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva.

Artículo 60.- Censura de los dirigentes de los comités. Será motivo de censura la trasgresión por los dirigentes de cualesquiera de sus deberes legales, o de algún derecho de un miembro de un comité de servicio sanitario rural.

Artículo 61.- Censura al directorio del comité. Los comités de servicio sanitario rural deberán confeccionar anualmente un balance o una cuenta de resultados, según el sistema contable con que operen, y someterlos a la aprobación de la asamblea. El incumplimiento de esta obligación será causal de censura para todo el directorio de la organización. Asimismo, será causal de censura para el directorio, el rechazo del balance o cuenta de resultados anual, en dos oportunidades sucesivas por a lo menos dos tercios de la asamblea.

Capítulo 3

Viáticos para dirigentes de los comités

Artículo 62.- Viáticos para dirigentes de comités. La asamblea general extraordinaria de un comité de servicio sanitario rural podrá acordar, por mayoría simple de los miembros presentes o representados en ella, viáticos en dinero para sus dirigentes. Estos viáticos, con el debido respaldo, deberán ser rendidos a la asamblea general y serán destinados a gastos de traslado, alimentación, alojamiento y otros similares necesarios para el ejercicio del cargo y su capacitación como dirigentes.

TITULO V

DE LAS TARIFAS

Artículo 63.- Reglas y principios generales. Los servicios sanitarios rurales estarán sujetos a las normas sobre fijación de tarifas y demás cobros de agua potable y saneamiento que se establecen en la presente ley y su reglamento.

Las tarifas siempre deberán permitir recuperar los costos indispensables de operación y mantenimiento. Adicionalmente, las tarifas podrán establecer distintos niveles de recuperación de los costos de inversión y reposición, según el segmento en que sea clasificado el operador conforme a lo dispuesto en el artículo 77.

Se calcularán separadamente las tarifas correspondientes a las diversas etapas del servicio sanitario rural, cuando existan.

Las fórmulas tarifarias a utilizar deberán incluir un cargo fijo mensual y cargos por metro cúbico.

El procedimiento de determinación de las tarifas deberá ser fácilmente comprensible por los usuarios, y el costo de dicho procedimiento deberá ser proporcional a la magnitud de los servicios sanitarios rurales a tarificar.

Las tarifas serán determinadas por la Superintendencia, conforme al procedimiento establecido en este Título.

La Superintendencia podrá agrupar distintos servicios, bajo la denominación de sistemas tipo, considerando su tamaño y otras variables de costo relevantes definidas en el reglamento.

Asimismo, definirá los casos en que la fijación tarifaria se hará individualmente en atención al tamaño del servicio o a singularidades técnicas, geográficas o de otra especie, que lo justifiquen.

Artículo 64.- Determinación de la tarifa de autofinanciamiento. La tarifa de autofinanciamiento, compuesta por un cargo fijo mensual y cargos por metro cúbico, es aquella que permite recuperar la totalidad de los costos indispensables de operación, mantenimiento, inversión y reposición.

La tarifa de autofinanciamiento se calcula a partir del costo total de largo plazo, entendiéndose éste como aquel valor anual constante requerido para cubrir tanto los costos de operación y mantenimiento eficientes como los de reposición e inversión eficientes, de un proyecto de inversión optimizado.

Dicho valor anual deberá ser consistente con un valor actualizado neto igual a cero, en un horizonte congruente con la vida útil económica de los activos. Para estos efectos, se deberá considerar la depreciación de los activos, la tasa de tributación vigente, la tasa de costo de capital y los aportes de terceros.

La tasa de costo de capital aplicable será única para todos los sistemas definidos y corresponderá a una tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central de Chile, más un premio por riesgo. La metodología para su determinación será definida en el reglamento.

El procedimiento para la determinación de los cargos tarifarios y metros cúbicos a considerar corresponderá al que se establezca en el reglamento.

Artículo 65.- Procedimiento de determinación del nivel tarifario. El nivel tarifario es aquel calculado por la Superintendencia rebajando de la tarifa de autofinanciamiento el subsidio o la inversión pública a que se refiere el Capítulo 4 del Título VI.

La Superintendencia calculará, mediante resolución fundada, el nivel tarifario correspondiente a los sistemas tipo y a los sistemas de tarificación individual.

Artículo 66.- Procedimiento de determinación de la tarifa a cobrar al usuario. La tarifa a cobrar al usuario se determina para cada servicio sanitario rural, y es aquella que debe pagar efectivamente el usuario.

En los casos en que proceda la aplicación del subsidio establecido en la ley N° 18.778, el usuario pagará la parte de la tarifa a cobrar que no cubra dicho subsidio.

Una vez comunicado el nivel tarifario al operador, en la forma que determine el reglamento, éste lo pondrá en conocimiento de la asamblea, la que en el plazo de sesenta días podrá aceptarlo o acordar su variación hasta un 5%. En estos casos, el nivel tarifario aceptado o ajustado por la asamblea corresponderá a la tarifa a cobrar a los usuarios.

En caso de que la asamblea acordare solicitar una variación superior al porcentaje indicado en el inciso precedente deberá presentar, a su costa, una contrapropuesta que será aceptada o rechazada por la Superintendencia en un plazo de sesenta días contados desde su presentación completa. Los requisitos, procedimientos y plazos para presentar la contrapuesta y para el pronunciamiento definitivo de la Superintendencia serán fijados en el reglamento. El dictamen de la Superintendencia, en todo caso, será definitivo y obligatorio.

Vencido el plazo indicado en el inciso tercero sin un pronunciamiento de la asamblea, la tarifa a cobrar a los usuarios corresponderá a la informada por la Superintendencia.

Los procedimientos, requisitos y plazos para la fijación de la tarifa a cobrar al usuario de los sistemas de tarificación individual se establecerán en el reglamento.

Las tarifas a cobrar a los usuarios serán fijadas mediante decreto supremo dictado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Artículo 67.- Período tarifario. Las tarifas serán determinadas por la Superintendencia cada cinco años.

Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso por primera vez, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda conforme al artículo 65, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.

Artículo 68.- Reajustabilidad de la tarifa. Las tarifas a cobrar a los usuarios se reajustarán cada vez que se acumule una variación de, a lo menos, 5% del Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadísticas o en caso de que alguna de las variables de costos definidas como relevantes por el reglamento experimente un aumento de al menos 3%. El operador deberá informar del reajuste a los usuarios, en la forma y oportunidad definidas en el reglamento.

Artículo 69.- No discriminación de la tarifa. No existirá gratuidad o rebaja parcial del cobro por la prestación de los servicios ni discriminación alguna, salvo las excepciones otorgadas por los operadores a usuarios y a sus expensas. No obstante, los operadores no podrán establecer diferencias en sus tarifas, cargos o cualquier otro concepto, dentro de un mismo sistema, salvo entre el servicio sanitario rural primario y secundario y en los demás casos que esta ley los autorice.

Artículo 70.- Obligación de pago. La tarifa deberá ser pagada por el ocupante de la propiedad, a cualquier título, sin perjuicio de que en el inmueble que recibe el servicio quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio para con el operador.

Artículo 71.- Prestación regulada. Todas aquellas prestaciones de carácter sanitario efectuadas por el operador, que no se encuentren reguladas en esta ley y se presten con características monopólicas, serán tarificadas de conformidad con este Título.

TITULO VI

INSTITUCIONALIDAD

Capítulo 1

Política nacional de servicios sanitarios rurales

Artículo 72.- Política de asistencia y promoción. El Ministerio de Obras Públicas, con la información técnica que recabe de los Ministerios de Salud, de Planificación, de Vivienda y Urbanismo, y de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, determinará la política de inversión, asistencia técnica y financiera, supervisión y promoción para la organización de los operadores de servicios sanitarios rurales.

Dicha política se ejecutará mediante programas acordados con los gobiernos regionales.

La política de asistencia y promoción deberá considerar, además, a los habitantes rurales que residan fuera del área de servicio de los operadores.

La política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales se definirá y ejecutará por el Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de las atribuciones y competencias que correspondan a otros organismos públicos.

Artículo 73.- Reconocimiento. La política para la asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales reconoce la función social y el rol integrador de los grupos intermedios que desarrollan sus actividades basados en los principios de participación comunitaria y de ayuda mutua, garantizando su ejercicio a toda persona, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Del mismo modo, cada uno de los miembros de las organizaciones comunitarias y de las fundadas en el principio de ayuda mutua a que esta ley atribuye el derecho a ser titulares de permisos y licencias, tiene derecho a elegir y a ser elegido para la dirección, administración y control de la gestión de las respectivas organizaciones, sin perjuicio de los demás derechos que otras leyes le confieren para la protección de su calidad de usuarios o consumidores.

Artículo 74.- Principios. La política sobre los servicios sanitarios rurales estará fundada en los siguientes principios:

a) De protección de la ayuda mutua, para el caso de los derechos inherentes de los servicios sanitarios rurales.

b) De igualdad de participación y de decisión de los integrantes de los órganos administradores y ejecutores de los operadores de los servicios sanitarios rurales, bajo la condición de que dichos integrantes den oportuno cumplimiento a sus obligaciones.

c) De no discriminación respecto del servicio sanitario rural.

d) De eficiencia económica en la disposición y administración de los recursos, de modo que propenda a la autosustentabilidad económica del servicio.

e) De transparencia en la gestión y administración del servicio, para con sus socios, usuarios y la comunidad en general.

f) De promoción del uso sostenible del agua y de los demás componentes ambientales involucrados.

Artículo 75.- Consejo Consultivo. Créase el Consejo Consultivo para la orientación de la política de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales. El Consejo Consultivo deberá ser oído por el Ministerio y estará compuesto por los siguientes integrantes:

a) Un representante del Ministerio de Obras Públicas, quien lo presidirá.

b) Un representante del Ministerio de Hacienda.

c) Un representante del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

d) Un representante del Ministerio de Salud.

e) Un representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

f) Un representante del Ministerio de Planificación.

g) Un representante de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

h) Un representante de la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior.

i) Un representante de la Asociación de Municipalidades que reúna la mayor cantidad de municipios asociados a nivel nacional.

j) Tres representantes de los dirigentes de las cooperativas de servicios sanitarios rurales.

k) Tres representantes de los dirigentes de los comités.

l) Tres representantes de federaciones o confederaciones de operadores de servicios sanitarios rurales, sean de carácter nacional, regional o provincial.

El Consejo sesionará, al menos, dos veces al año. El Reglamento determinará el procedimiento de funcionamiento del Consejo. Los integrantes del Consejo a que se refieren las letras j), k) y l) del inciso primero percibirán una asignación para gastos de traslado, alojamiento y alimentación por cada sesión a la que asistan, con cargo al presupuesto del Ministerio.

El mecanismo de elección de los integrantes del consejo consultivo establecidos en las letras j), k) y l) será fijado en el reglamento y deberá considerar la renovación periódica de los representantes. Para el caso de la elección de los representantes de las letras j) y k), dicho mecanismo deberá asegurar que cada dirigente que se elija corresponda a una Región distinta, que se respete la adecuada representación de los segmentos, y que estén representados comités y cooperativas que no se encuentren afiliados a ninguna federación. Del mismo modo, dicho mecanismo asegurará la no discriminación de las personas representantes por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

El Secretario Ejecutivo del Consejo será el Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas. Sus funciones serán citar a las sesiones, levantar acta de éstas, el seguimiento de los acuerdos adoptados y las demás que el Consejo o el reglamento le encomienden.

Capítulo 2

Del registro y clasificación de operadores

Artículo 76.- Registro de operadores de servicios sanitarios rurales. El Ministerio tendrá a su cargo un registro público de los operadores de servicios sanitarios rurales, de los permisos y licencias otorgadas, y de los demás antecedentes que el Reglamento establezca.

El registro establecido en el inciso anterior deberá encontrarse actualizado y para su libre consulta en el sitio electrónico del Ministerio.

Artículo 77.- Clasificación de los operadores. Para los efectos de esta ley, los operadores se clasificarán en tres segmentos: a) AAA; b) AA, y c) A.

El reglamento definirá un procedimiento para la clasificación en los distintos segmentos.

Para la clasificación de los operadores se considerarán, además de la calidad de la gestión técnica, administrativa y financiera del operador, las siguientes características del sistema servido:

a) Población abastecida.

b) Cercanía al área urbana.

c) Condiciones económicas y sociales de la población abastecida.

d) Condiciones de aislamiento.

e) En caso de que corresponda, el carácter de comunidad indígena conforme a la ley Nº 19.253 y sus disposiciones reglamentarias.

f) La oferta hídrica y las condiciones geográficas y topográficas.

Artículo 78.- Autoridad encargada de clasificar a los operadores. El Ministro de Obras Públicas clasificará en distintos segmentos a los operadores, en conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior y en el reglamento.

La clasificación tendrá una vigencia de 5 años, pudiendo el operador, la Superintendencia o el Departamento de Cooperativas solicitar su reclasificación en cualquier momento, por razones fundadas.

La clasificación deberá constar en el Registro de operadores de servicios sanitarios rurales.

Capítulo 3

Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales

Artículo 79.- Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Créase, en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que estará a cargo de un funcionario que tendrá el título de Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales.

Artículo 80.- Funciones. Serán funciones de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales:

a) Ejecutar la política de asistencia y promoción conforme lo instruido por el Ministro de Obras Públicas.

En el ejercicio de esta función podrá implementar programas y proyectos dirigidos especialmente a los habitantes del área rural que residan fuera del área de servicio de los operadores.

b) Administrar el Registro de operadores.

c) Proponer al Ministro de Obras Públicas la clasificación de los operadores, y el aporte financiero del Estado a que se refieren los artículos 84 y 85, para cada segmento.

d) Asesorar a los operadores, directamente o a través de terceros.

e) Formular proyectos de servicios sanitarios rurales y evaluarlos económica, técnica y socialmente.

f) Contratar la inversión sectorial y actuar como unidad técnica para la contratación de la inversión de los gobiernos regionales u otras instituciones públicas en materias relacionadas con servicios sanitarios rurales.

g) Revisar, previa consulta a la Superintendencia, el plan de inversión.

h) Pedir informes y auditar la contabilidad de las licenciatarias y permisionarios.

Para estos efectos podrá encargar la revisión del funcionamiento administrativo, contable y financiero a personas naturales o jurídicas inscritas en alguno de los registros públicos que el reglamento determine.

La Subdirección determinará las facultades con que estas entidades podrán actuar; fijará los requisitos técnicos que deban cumplir con el fin de velar por la calidad, confiabilidad e idoneidad de sus funciones; dictará las normas relativas al cumplimiento de éstas y a los sistemas y procedimientos de trabajo, y fijará los requisitos que deban cumplir y las garantías que deban rendir para su correspondiente inscripción.

i) Aprobar, directamente o a través de terceros, la puesta en operación de las obras de cada operador.

j) Solicitar el ejercicio de las facultades de supervisión o de fiscalización al Departamento de Cooperativas, a la Superintendencia, o al Ministerio de Salud, cuando correspondiere.

k) Visar técnicamente los proyectos.

l) Las demás que la ley le asigne.

Artículo 81.- Facultad de acceso de los funcionarios de la Subdirección. Los funcionarios de la Subdirección tendrán libre acceso a las obras, a sus dependencias y, en general, a todo inmueble o instalación de los operadores destinados a la prestación del servicio sanitario rural, a objeto de realizar las funciones que les son propias.

Artículo 82.- Designación de administradores temporales. El Ministro podrá designar como administrador temporal, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 33, a alguno de los profesionales que cumpliendo los requisitos que se establezcan en el reglamento, esté inscrito en un registro especial que será administrado por la Subdirección. La Subdirección podrá eliminar del registro a estas personas o no renovar su inscripción, cuando no cumplan sus funciones y los requisitos establecidos.

El reglamento determinará las facultades con que éstos profesionales podrán actuar; fijará los requisitos técnicos que deban cumplir con el fin de velar por la calidad, confiabilidad e idoneidad de sus funciones; fijará las normas relativas al cumplimiento de éstas y a los sistemas y procedimientos de trabajo, y fijará los requisitos que deban cumplir y las garantías que deban rendir para su correspondiente inscripción.

Artículo 83.- Información. La Subdirección podrá requerir a los operadores la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Los operadores deberán informar a la Subdirección de cualquier hecho esencial relativo a la operación del servicio sanitario rural, inmediatamente después de ocurrido éste, o a más tardar dentro de los tres días siguientes desde que se tomó conocimiento del mismo, aun cuando no hubiere mediado requerimiento del citado organismo. En caso de que se trate de hechos que afecten las condiciones sanitarias de la prestación del servicio, el operador deberá informar además a la autoridad sanitaria.

Para los efectos del inciso anterior, se entenderá como esencial todo hecho que pueda afectar gravemente la continuidad, calidad y seguridad del servicio sanitario rural, para un número de usuarios igual o superior al porcentaje que indique el reglamento.

Capítulo 4

Inversión pública y subsidios en los servicios sanitarios rurales

Artículo 84.- Inversión pública. La inversión para promover, formar e instalar servicios sanitarios rurales nuevos se definirá por el Ministerio conforme a lo establecido en los artículos 85, 86 y 87, pudiéndose considerar el aporte de los beneficiarios.

El Ministerio de Obras Públicas podrá decidir, por razones de emergencia, inversiones en ejecución de obras para servicios sanitarios rurales existentes o nuevos, sin sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior.

Artículo 85.- Subsidio a la inversión. El subsidio a la inversión a que se refiere el artículo 10 de la ley Nº 18.778 podrá destinarse a cualquiera de las etapas de los servicios sanitarios rurales existentes.

La infraestructura financiada total o parcialmente con el subsidio a la inversión tendrá el carácter de reserva legal, formará parte de los bienes indispensables establecidos en el artículo 12 de la presente ley y se denominará Fondo de Reserva Subsidio Estatal.

La selección de los estudios, proyectos y obras subsidiables se hará de conformidad a lo dispuesto en los tres artículos siguientes.

Artículo 86.- Criterios de elegibilidad. El Ministerio, con consulta al gobierno regional respectivo, definirá para cada Región las características de los proyectos a financiar para el año siguiente y los criterios de elegibilidad. Entre los criterios de elegibilidad se podrán considerar requisitos diferenciados para cada uno de los segmentos de operadores indicado en el artículo 77.

Artículo 87.- Procedimiento de selección de proyectos. Los operadores podrán presentar a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales solicitudes de financiamiento total o parcial de proyectos de servicios sanitarios rurales.

El Ministerio de Obras Públicas, por medio de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, presentará cada año al gobierno regional un listado de proyectos de servicios sanitarios rurales ya evaluados que cumplan los criterios de elegibilidad definidos conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Para la evaluación de los proyectos por parte del organismo público competente bastará que esté dictado el acto expropiatorio respectivo.

El gobierno regional respectivo seleccionará, fundadamente, los proyectos beneficiados con los recursos asignados a la Región, entre los proyectos incluidos en el listado que le entregue el Ministerio conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Los proyectos seleccionados por el gobierno regional serán financiados hasta su plena ejecución, aunque aquello comprometa presupuestos de ejercicios posteriores.

Los demás aspectos relacionados con la distribución del subsidio, con la elaboración del programa bianual y con el sistema de postulación, de selección y de priorización de los estudios, proyectos u obras a ejecutar se establecerán en el reglamento. En éste se podrán considerar, además, para casos excepcionales, los requisitos y condiciones necesarios para la entrega del subsidio al operador, previo a la ejecución completa de las obras.

En caso de que otras entidades aporten recursos para el financiamiento de los estudios, proyectos u obras a que se refieren los artículos 84 y 85 de esta ley, sus aportes se aplicarán en las mismas condiciones establecidas en este artículo.

Artículo 88.- Ventanilla única. Todo programa de inversión cuyos fondos sean aplicables al servicio sanitario rural deberá ser contratado por medio de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, en las condiciones que fije el reglamento, ya sea que se financie con recursos sectoriales o con recursos regionales, en cuyo caso actuará como unidad técnica. Los demás programas de asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales que el Estado promueva, cualquiera sea su naturaleza, deberán ser informados al Consejo Consultivo, para facilitar la coordinación y unidad de acción entre organismos del Estado.

La Subdirección podrá suscribir convenios con otros organismos públicos, para la contratación por parte de ellos de los programas de inversión aplicables al servicio sanitario rural. En todo caso, la Subdirección mantendrá la función de visar técnicamente los proyectos.

Artículo 89.- Bienes aportados por el Estado. Por decreto supremo suscrito por el Ministro de Obras Públicas bajo la formula “por orden del Presidente de la República”, las obras o proyectos financiados o ejecutados por el Estado que integren un sistema sanitario rural deberán ser cedidos o transferidos a cualquier título a los operadores.

Serán transferidos a los operadores los derechos de aprovechamiento de aguas que, siendo de propiedad fiscal, sean necesarios para la prestación de servicios sanitarios rurales. Dichos derechos se mantendrán bajo el dominio de los operadores en tanto sean usados para la prestación del servicio sanitario rural, pasando de pleno derecho al dominio del Ministerio en cuanto cese dicha condición. Se entenderá que cesa la condición en caso de haberse declarado desierta la licitación del permiso o licencia. La transferencia a los operadores se hará mediante resolución de la autoridad correspondiente, debiendo ajustarse a lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Aguas.

En caso de cambio de operador, los derechos se transferirán gratuitamente y de pleno derecho a quien detente la calidad de tal, desde el otorgamiento de su licencia o permiso.

Los bienes a que se refiere este artículo serán considerados como aportados por terceros para fines tarifarios, e indispensables para los efectos del artículo 12.

Artículo 90.- Expropiaciones y donaciones. Los bienes inmuebles necesarios para la prestación de los servicios sanitarios rurales se declaran de utilidad pública y su expropiación se efectuará por intermedio del Ministerio, conforme a lo dispuesto en el decreto ley N° 2.186, de 1978.

La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales podrá aceptar donaciones o erogaciones consistentes en dinero o en dación de cosas, sean éstas muebles o inmuebles, para la ejecución de obras o el financiamiento total o parcial de expropiaciones, destinadas a la prestación de los servicios sanitarios rurales. En caso de recibir donaciones o erogaciones para el financiamiento parcial de expropiaciones, el Estado financiará la diferencia con fondos sectoriales o regionales.

Una vez aceptada y materializada la entrega de las donaciones o erogaciones a que se refiere el inciso precedente, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales la aprobará por orden interna para los efectos de la contabilización correspondiente en la Dirección de Contabilidad y Finanzas de la Dirección General de Obras Públicas. Copia de esta orden se enviará a la Contraloría General de la República. Para estas donaciones no se requerirá el trámite de insinuación judicial.

Artículo 91.- Regularización de bienes. En caso de que un operador solicite que se le reconozca la calidad de poseedor regular de bienes inmuebles necesarios para la prestación de su servicio sanitario rural, conforme al procedimiento establecido en el decreto ley N° 2.695, de 1979, servirá como plena prueba de su posesión material la existencia en el inmueble de alguno de los bienes indicados en las letras f), g), h), i) y j) del artículo 12, siempre que el bien haya estado en uso al menos durante los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de regularización.

Capitulo 5

De la Regulación y Fiscalización

Artículo 92.- Superintendencia de Servicios Sanitarios. La Superintendencia de Servicios Sanitarios podrá ejercer las atribuciones y facultades regulatorias y fiscalizadoras respecto de todo operador de un servicio sanitario rural.

Para efectos de su fiscalización, la Superintendencia ejercerá respecto de las entidades fiscalizadas las mismas facultades que le confiere la ley Nº 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

La fiscalización se realizará directamente por las oficinas que la Superintendencia tenga destacadas en las distintas regiones del país o por las que se creen en el futuro, según se consideren los recursos humanos y financieros necesarios.

Artículo 93.- Condiciones especiales de servicio. Las instrucciones y órdenes que dicte la Superintendencia en ejercicio de sus facultades normativas y de control podrán considerar condiciones especiales de servicio respecto de operadores.

Artículo 94.- Rol del Departamento de Cooperativas. El Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, dentro del ámbito de sus competencias, dictará las normas que estime necesarias para facilitar la aplicación de la presente ley.

Artículo 95.- Mecanismos de autorregulación y transparencia. El reglamento establecerá mecanismos de autorregulación y de transparencia de la gestión y resultados de los comités y cooperativas de servicio sanitario rural. Asimismo, incentivará la libre iniciativa de los comités y cooperativas para cumplir los objetivos de autorregulación y transparencia.

Artículo 96.- Sanciones. Sin perjuicio de las demás sanciones que corresponda aplicar a la Superintendencia o a otros organismos públicos de conformidad a ésta u otras leyes, los operadores podrán ser objeto de la aplicación de las siguientes multas a beneficio fiscal por parte de la Superintendencia:

a) De una a veinte unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones que importen deficiencias en la calidad, continuidad u obligatoriedad de los servicios, cobros indebidos, trato económico discriminatorio a los usuarios, deficiencias en la atención de los reclamos de los usuarios, daño a las redes u obras generales de los servicios, o incumplimiento de la obligación de entregar la información requerida por la Superintendencia en conformidad a la ley.

b) De una a veinte unidades tributarias mensuales, cuando se trate de infracciones cometidas por los operadores, que importen el no acatamiento de las obligaciones y plazos establecidos en esta ley, así como de las órdenes escritas y requerimientos, debidamente notificados, y plazos fijados por la Superintendencia, en ejercicio de las atribuciones que la ley le encomiende, en relación con materias de su competencia.

c) De cinco a cien unidades tributarias mensuales cuando se trate de infracciones relativas a la entrega de información falsa o manifiestamente errónea, a cualquiera de las autoridades que esta ley faculta para requerirla.

d) De cinco a cien unidades tributarias mensuales cuando se trate del incumplimiento del plan de inversiones.

e) De diez a cien unidades tributarias mensuales, cuando se trate de infracciones que pongan en peligro o afecten gravemente la salud de la población, o que afecten a la generalidad de los usuarios de los servicios.

Para la determinación del monto de las multas antes señaladas se debe considerar el segmento en que está clasificado, conforme al artículo 77, el operador sancionado.

El afectado podrá reclamar de la aplicación de la multa, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 18.902.

Artículo 97.- Modificaciones Ley de Cooperativas. Introdúcense, en el decreto con fuerza de ley Nº 5, del año 2004, que fija el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, las siguientes modificaciones:

1.- Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 68, la frase “y de agua potable”, por “, de servicios sanitarios rurales”.

2.- Sustitúyese, en el epígrafe del capítulo 2) del Título III, la expresión “Agua Potable”, por “y de Servicios Sanitarios Rurales”.

3.- Reemplázase, en el artículo 73, la frase “de abastecimiento y distribución de agua potable”, por “de servicios sanitarios rurales”.

Artículo 98.- Modificaciones Ley Subsidio Agua Potable. Suprímese, en el inciso tercero del artículo 10 de la ley Nº 18.778, la frase “entre sistemas rurales de agua potable específicos que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento”.

Artículo 99.- Modificaciones a Planta. Modifícase el decreto con fuerza de ley Nº 143, del Ministerio de Obras Públicas, de 1991, incorporando en la planta de directivos el cargo denominado Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales, y asígnasele el grado 2° de la Escala Única de Remuneraciones.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El reglamento de esta ley será dictado dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del reglamento de esta ley, los comités y cooperativas de agua potable rural existentes deberán solicitar su inscripción en el Registro de operadores de servicios sanitarios rurales, para lo cual deberán acreditar la vigencia de su personalidad jurídica y la efectividad de estar prestando el servicio. Además, deberán especificar el área que sirven.

Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia del reglamento de esta ley, todo comité o cooperativa registrado conforme al inciso primero de este artículo, que acredite el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para obtener licencia o permiso de servicio sanitario rural, podrá solicitarlos conforme a lo establecido en los artículos 20 y 40 y por los plazos establecidos en los artículos 17 y 41, según corresponda. En estos casos, no se requerirá la presentación de la garantía de seriedad señalada en el artículo 20 de esta ley, ni se aplicará lo dispuesto en los artículos 22, 23, 25, 26 y 27.

La licenciataria deberá presentar su plan de inversiones en el plazo que el Ministerio determine en el decreto de otorgamiento, el que en todo caso no podrá ser inferior a noventa días.

Dentro del plazo de dos años establecido en el inciso segundo, todo comité o cooperativa registrado conforme al inciso primero de este artículo podrá solicitar el otorgamiento de un permiso de servicio sanitario rural provisorio. El permiso de servicio sanitario rural provisorio tendrá una vigencia de 5 años, y para su otorgamiento sólo será necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 1), 2), 3), 4) y 6) del artículo 40 de esta ley.

Los decretos que dicte el Ministro de Obras Públicas para el otorgamiento de las licencias o permisos conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto precedentes sólo se publicarán en el sitio electrónico del Ministerio, y se notificarán por carta certificada al operador.

Presentada la solicitud de permiso o licencia para la etapa de distribución de agua potable, el Ministerio otorgará conjuntamente la de recolección de aguas servidas. Sin perjuicio de lo anterior, la operación de la etapa de recolección será exigible sólo una vez que esté aprobada la puesta en operación de las redes por la Subdirección.

Dentro del plazo indicado en el inciso segundo de este artículo no podrán otorgarse concesiones de servicios sanitarios regulados por el decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1989, en las áreas que estén siendo servidas por comités o cooperativas al momento de entrada en vigencia de esta ley.

En caso de no darse cumplimiento oportuno a lo indicado en los incisos primero, segundo o cuarto de este artículo, el Ministerio de Obras Públicas llamará a licitación del permiso o licencia.

El reglamento fijará el procedimiento para el otorgamiento de permisos o licencias, para la aprobación y presentación del plan de inversiones, y para la inscripción de los operadores en el Registro.

ARTÍCULO TERCERO.- Los municipios que al momento de entrar en vigencia esta ley operen servicios de agua potable o saneamiento, podrán traspasarlos a un comité o cooperativa. En caso de que un comité o cooperativa le requiera el traspaso del servicio sanitario rural, el municipio respectivo deberá pronunciarse dentro del plazo de noventa días, contados desde el requerimiento.

ARTÍCULO CUARTO.- Para aquellos operadores a los que se haya otorgado permiso o licencia conforme a lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto del artículo segundo transitorio, la primera fijación tarifaria deberá efectuarse de conformidad al procedimiento establecido en esta ley y su reglamento. La primera fijación tarifaria será efectuada por la Superintendencia dentro del período de 5 años contados desde el término del plazo establecido en el inciso primero del artículo segundo transitorio. En todo caso, las tarifas de las licenciatarias deberán fijarse dentro de los primeros dos años de dicho período. Para efectos de lo indicado anteriormente, la Superintendencia definirá, mediante resolución dictada en el plazo indicado en el artículo primero transitorio, un calendario regional de fijación tarifaria.

Respecto de los operadores que obtengan su licencia o permiso en el período intermedio, se aplicará el nivel tarifario que les corresponda, por el período que reste del ciclo tarifario que esté en curso.

Con todo, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en tanto no entre en vigencia la primera fijación tarifaria referida, los precios que podrán cobrar los servicios de agua potable y saneamiento rural y demás cobros sujetos a fijación de precios, de acuerdo a lo señalado en esta ley, serán los vigentes a dicha fecha con sus respectivas indexaciones.

En todo caso, cada vez que se reajusten las tarifas, los prestadores deberán comunicar previamente los nuevos valores a la Superintendencia, e informarlos a los usuarios respectivos por algún medio idóneo que dicha entidad autorice.

Para la primera fijación tarifaria la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales deberá entregar toda la información necesaria, sin perjuicio de aquella que se deba recabar directamente de los operadores rurales para tales fines, identificando claramente los bienes considerados como aportes de terceros.

ARTÍCULO QUINTO.- Los comités de agua potable rural que se transformen en cooperativas y las cooperativas constituidas para la prestación de servicios sanitarios regulados en esta ley, cuando asuman o se adecuen al nuevo estatuto cooperativo del servicio sanitario rural, ante terceros, permanecerán responsables de todas las obligaciones y titulares de todos los derechos adquiridos durante su operación anterior, como una misma e idéntica persona jurídica. Sin que esta enumeración sea taxativa, entre tales obligaciones y derechos se comprenden los de carácter laboral, previsional, tributario, sanitario y medioambiental.

ARTÍCULO SEXTO.- Los comités de agua potable rural que se conviertan en cooperativas, las existentes y las nuevas que se constituyan para la prestación del servicio sanitario rural, que realicen la respectiva conversión, adecuación o constitución, pagarán hasta el diez por ciento de los aranceles notariales del Conservador de Bienes Raíces correspondiente y de los costos de publicación en el Diario Oficial.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- En el mismo plazo indicado en el inciso segundo del artículo segundo transitorio, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales implementará un programa de regularización de obras y derechos de agua, de asistencia para la obtención de licencias o permisos, y de valoración técnica de los activos de los comités y cooperativas.

En igual plazo, la Subdirección podrá asistir a los comités en el proceso de transferencia de los bienes y derechos que les traspasen las concesionarias de servicios sanitarios, en cumplimiento de los compromisos y acuerdos anteriores.

ARTÍCULO OCTAVO.- Los derechos de aprovechamiento de aguas y los demás bienes, sean muebles o inmuebles, que estén siendo usados para la prestación de servicios sanitarios rurales y que pertenezcan a alguna concesionaria de servicios sanitarios, podrán ser donados al Ministerio de Obras Públicas.

La escritura pública de donación en la que se individualicen los bienes inmuebles y derechos de aprovechamiento de aguas donados, suscrita entre el donante y el Director General de Obras Públicas, el Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales o el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, en su caso, bastará como título suficiente para su inscripción a favor del Ministerio de Obras Públicas, en el Registro de Propiedades y en el de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces respectivo, así como para su anotación en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas a que se refiere el artículo 122 del Código de Aguas.

Estas donaciones estarán exentas del trámite de insinuación y del pago de todo tipo de tributos. Para proceder a la inscripción de los inmuebles no será necesario que se acredite el pago del impuesto territorial.

Respecto de estas donaciones no se requerirá la autorización del Ministerio de Hacienda a que se refiere el inciso segundo del artículo 4° de la ley N° 19.896.

ARTÍCULO NOVENO.- Termínase, para las concesionarias de servicios sanitarios, la obligación a que se refiere el artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.549.

Para los efectos del presente artículo, las concesionarias deberán rendir cuenta de su gestión dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de la presente ley, en los términos que fije el reglamento. Adicionalmente, y dentro del plazo de un mes contado desde la entrada en vigencia de esta ley, deberán entregar a los operadores, con copia al Ministerio, toda la información técnica, financiera, administrativa y contable del comité o cooperativa asistido, que obre en su poder.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Los bienes de propiedad de los comités que se transformen en cooperativas de servicios sanitarios rurales se considerarán como aporte inicial en carácter de reserva legal de conformidad con lo establecido en la Ley General de Cooperativas. En los casos que corresponda, según lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley, los bienes que conforman la citada reserva legal tendrán el carácter de bienes indispensables.

Los derechos en las cooperativas de servicios sanitarios rurales cuyo titular era el Servicio Nacional de Obras Sanitarias se traspasarán, por el sólo efecto de esta ley, a los demás socios de la cooperativa, a prorrata de sus aportes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, los bienes aportados o cedidos por el Servicio Nacional de Obras Sanitarias o sus antecesores a las cooperativas de servicios sanitarios rurales, a cualquier título, que estén siendo usados para la prestación de servicios sanitarios rurales, conformarán una reserva técnica de bienes fiscales, y se les aplicará lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley.

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- Las cooperativas que se transformaron en concesionarias de servicios sanitarios por aplicación del artículo 6° del decreto con fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, de 1989, podrán, en el plazo de seis meses contados desde la entrada en vigencia de esta ley, renunciar a esta calidad, ante el Ministerio, renuncia que será sancionada por el decreto respectivo, debiendo en tal caso adecuarse a las normas establecidas en la presente ley.

Para los efectos del inciso anterior, junto con la renuncia deberán presentar la solicitud de licencia en los términos establecidos en el artículo 20, conjuntamente con los antecedentes indicados en los numerales 1 y 2 del artículo 24 de esta ley. En caso de aprobarse su solicitud de licencia, estas cooperativas quedarán clasificadas, para los efectos del artículo 77, en el segmento AAA.

ARTÍCULO DUODÉCIMO.- Para la aplicación a servicios sanitarios rurales de recursos provenientes del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, en virtud de convenios suscritos con el Estado de Chile, vigentes a la fecha de publicación de esta ley, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales ejercerá la función de visar técnicamente los proyectos.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales iniciará sus funciones a partir de la entrada en vigencia del reglamento de esta ley.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- El Presidente de la República nombrará, transitoria y provisionalmente, conforme al artículo quincuagésimo noveno de la ley Nº 19.882, al Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Publicas, quién asumirá de inmediato y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- El Consejo Consultivo al que se refiere el artículo 75 sesionará por primera vez dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de esta ley.”.

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 30 señores Senadores, de un total de 37 en ejercicio.

En particular, los artículos 51 y 75, permanentes, y los artículos tercero y décimo quinto, transitorios, fueron aprobados con el voto favorable de 29 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JOVINO NOVOA VÁSQUEZ

Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS

Secretario General del Senado

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE REGULA LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES (BOLETÍN N° 6.252-09)

Santiago, 11 de mayo de 2015.-

Nº 316-363/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 1°

1) Para reemplazar en su inciso segundo la expresión “un permiso o” por la siguiente: “una”.

2) Para agregar los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Las cooperativas que presten los servicios que establece esta ley, serán sin fines de lucro.

La presente ley se aplicará a todas las organizaciones y personas señaladas en el inciso segundo de este artículo, existentes a su entrada en vigencia, que hayan recibido aportes del Estado y a todas aquellas que se incorporen al Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales con posterioridad, previa evaluación social del proyecto efectuado por la Subdirección, conforme a lo dispuesto en el Reglamento.”.

AL ARTÍCULO 2°

3) Para modificarlo en los siguientes términos:

a) Elíminase en su literal a) la expresión “, como permisionario o licenciatario”.

b) Reemplázase su literal b) por el siguiente:

“b)“Comité de Servicio Sanitario Rural”: organización comunitaria funcional, constituida y organizada conforme a las leyes respectivas, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, a la que se le otorgue una licencia de servicio sanitario rural.”.

c) Sustitúyese su literal e) por el siguiente:

“e) “Cooperativa de Servicio Sanitario Rural”: persona jurídica constituida y regida por la Ley General de Cooperativas, titular de una licencia de servicio sanitario rural. Estas cooperativas no tendrán fines de lucro.”.

d) Sustitúyese su literal g) por el siguiente:

“g) “Licencia de servicio sanitario rural” o “Licencia”: la que se otorga por el Ministerio a los Comités y/o Cooperativas de Servicio Sanitario Rural y excepcionalmente a las personas naturales o jurídicas, para la prestación de un servicio sanitario rural en un área de servicio determinada.”.

e) Sustitúyese su literal h) por el siguiente:

“h) “Licenciataria”: Comité o Cooperativa y excepcionalmente la persona natural o jurídica, a la que se ha otorgado licencia para operar servicios sanitarios rurales.”.

f) Sustitúyese su literal j) por el siguiente:

“j) “Operador”: Licenciataria que opera un servicio sanitario rural.”.

g) Elimínanse sus literales k) y l), adecuando la ordenación de los demás literales.

h) Reemplázase en el actual literal m), que pasó a ser k), el guarismo “76” por “69”.

i) Intercálase en el actual literal ñ), que pasó a ser m), entre la palabra “servidas” y el punto (.), la siguiente expresión: “y manejo de sus lodos”.

j) Reemplázase en el actual literal o), que pasó a ser n), la frase “provisión de agua potable y” por la siguiente frase: “aquel que consiste en la provisión de agua potable y/o”.

k) Reemplázase en el actual literal p), que pasó a ser ñ), la frase “no estando” por la siguiente: “encontrándose dentro del área de servicio, no estén”.

l) Elimínase en su actual literal s), que pasó a ser q), la expresión “, pudiendo o no tener la calidad de socio del operador”.

AL ARTÍCULO 3°

4) Para reemplazar el guarismo “75” por “68”.

AL ARTÍCULO 6°

5) Para eliminar su inciso segundo.

AL ARTÍCULO 7°

6) Para intercalar en su inciso quinto, entre la frase “cuerpos receptores” y la coma (,), la expresión “, y en el manejo de los lodos generados”.

7) Para reemplazar su inciso octavo por el siguiente:

“La producción de agua potable, el tratamiento y disposición de aguas servidas, y el manejo de los lodos, podrán ser contratados a terceros por el operador.”.

AL TÍTULO III

8) Para eliminar de su epígrafe la expresión “Y PERMISOS”.

AL ARTÍCULO 8°

9) Para reemplazar la expresión “permiso o” por “decreto que otorgue la”.

AL ARTÍCULO 9°

10) Para eliminar en sus incisos primero y segundo la expresión “y permisos”.

11) Para eliminar en su inciso quinto la expresión “o el permisionario”.

AL ARTÍCULO 10

12) Para sustituir la expresión “Licencias o permisos vinculados.” por “Licencias vinculadas.”

13) Para eliminar la expresión “o permiso” las tres veces que aparece.

14) Para reemplazar la palabra “Superintendencia” por “Subdirección”.

AL ARTÍCULO 12

15) Para eliminar en su inciso segundo la expresión “o permiso”.

16) Para intercalar un nuevo literal l) en el inciso tercero, del siguiente tenor:

“l) Los demás que determine la Subdirección.”.

AL ARTÍCULO 13

17) Para reemplazarlo por el siguiente texto:

“Artículo 13.- Licencias. La licencia se otorgará a todos los sistemas que estén conformados como comités o cooperativas, con personalidad jurídica vigente, inscritos en el registro de operadores que llevará la Subdirección, que lo soliciten y den cumplimiento a las exigencias de esta ley.

En aquellos lugares en que no exista un operador de servicios sanitarios rurales o, existiendo, no esté en condiciones de prestar el servicio conforme a los términos de esta ley, o no existan interesados en operarlo, el Ministerio podrá llamar a licitación pública para el otorgamiento de nuevas licencias, siempre y cuando sea indispensable su provisión.”.

AL ARTÍCULO 14

18) Para eliminar en su inciso primero la expresión “permisos o”.

19) Para reemplazar en el literal a) la palabra “cincuenta” por “setenta y cinco”.

20) Para eliminar en su inciso segundo la expresión “o permiso”.

21) Para reemplazar en su inciso final la frase “por el Ministerio mediante decreto supremo” por la siguiente: “mediante decreto supremo del Ministerio expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.”.

AL ARTÍCULO 15

22) Para reemplazar su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 15.- Objeto. La licencia autoriza a su titular para prestar un servicio sanitario rural.”.

23) Para eliminar en su inciso segundo la expresión “permisos o”.

24) Para eliminar su inciso tercero.

AL ARTÍCULO 16

25) Para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 16.- Temporalidad. Las licencias para prestar servicios sanitarios rurales serán de carácter indefinido.”.

AL ARTÍCULO 17

26) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 17.- Evaluación. No obstante el carácter de indefinidas de las licencias, cada cinco años las licenciatarias deberán acreditar ante la Subdirección el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Calidad del agua, conforme al decreto supremo N° 735, de 1969, dictado por el Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento de los Servicios de Agua destinados al Consumo Humano, o las normas que lo reemplacen.

b) Cantidad.

c) Continuidad del servicio.

d) La existencia de un fondo de reserva para garantía del servicio.

e) La existencia de un plan de inversiones aprobado por la Subdirección, cuando corresponda.

Se exceptuarán de cumplir la exigencia del plan de inversiones aquellos sistemas que en su estructura tarifaria sólo contemplen operación y mantención de instalación e infraestructura.

f) Acreditar la existencia de algún título para el uso o dominio de derechos de aprovechamiento de aguas.

g) La aprobación de los estados financieros por la Subdirección.

Las licenciatarias clasificadas como operadores mayores, deberán mantener a disposición de la Subdirección los estados financieros auditados del año respectivo.

h) Gestión administrativa informada favorablemente por la Subdirección.

i) Cálculo tarifario aprobado.

j) Nivel tarifario.

La Subdirección podrá exceptuar del cumplimiento de alguno de los requisitos antes señalados, por resolución fundada, a los siguientes operadores:

a) Los que operen en zonas extremas.

b) Los que operen con menos de 100 arranques.

c)Los que sean calificados fundadamente por la Subdirección como exceptuados.

El Reglamento determinará las condiciones necesarias de operación para la mantención de la licencia.”.

AL ARTÍCULO 18

27) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 18.- Quienes no cumplan con los requisitos exigidos en el artículo anterior, tendrán un plazo adicional de 5 años para hacerlo. En dicho caso deberán proponer a la Subdirección un plan de acción, el que deberá ser aprobado por ésta. Corresponderá al Reglamento determinar las condiciones y requisitos que deberá contener el plan de acción.

Si, vencido el plazo adicional señalado en el inciso anterior, no se ha dado cumplimiento al plan de acción y a los requisitos, la licencia se transformará en provisoria.”.

AL ARTÍCULO 19

28) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 19.- Ampliaciones. La licenciataria podrá solicitar ampliaciones de su área de servicio conforme al procedimiento establecido en los artículos 20 y siguientes de esta ley.

Si el área de ampliación solicitada estuviere total o parcialmente ubicada dentro de un área urbana o de extensión urbana, la Subdirección solicitará informe a la Superintendencia sobre si se ha solicitado u otorgado en dicha área una concesión sanitaria.

Si existiere en trámite alguna solicitud de concesión de servicio público sanitario o de ampliación del territorio operacional de una concesión sanitaria ya otorgada que comprenda total o parcialmente el área solicitada por una licenciataria, la concesionaria de servicio sanitario respectiva será notificada por la Superintendencia, a solicitud de la Subdirección, con la finalidad de que en un plazo de 60 días manifieste su voluntad de perseverar en su solicitud y, de hacerlo, prevalecerá su solicitud sobre el área solicitada por la licenciataria.

Si respondiere negativamente o no respondiere dentro de plazo, se tramitará la solicitud de ampliación de la licencia.

No encontrándose pendiente de resolución una solicitud de concesión de servicio público sanitario o de ampliación del territorio operacional de una concesión sanitaria ya otorgada, se tramitará, sin más, la solicitud de ampliación presentada por la licenciataria.”.

AL ARTÍCULO 20

29) Para reemplazar su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 20.- Solicitud. La solicitud de licencia se presentará ante la Subdirección. La solicitud, cuyas características se determinarán en el Reglamento, contendrá, a lo menos, lo siguiente:”.

30) Para sustituir el numeral 1) por el siguiente:

“1) La identificación del comité o cooperativa peticionaria.”.

31) Para sustituir el numeral 2) por el siguiente:

“2) Un certificado de vigencia de la organización, emitido por la autoridad competente.”.

32) Para intercalar el siguiente numeral 5), nuevo, ajustando la numeración de los restantes numerales:

“5) Análisis de calidad del agua cruda de la fuente.”.

33) Para reemplazar en el numeral 5), que pasó a ser 6), la frase “, concesionarias de servicios sanitarios o permisionarios” por la siguiente: “o concesionarias de servicio público sanitario”.

AL ARTÍCULO 21

34) Para sustituir en sus incisos primero y segundo la palabra “Superintendencia” por “Subdirección”.

AL ARTÍCULO 22

35) Para intercalar entre la frase “a lo menos” y el punto seguido (.) la siguiente expresión: “dentro del plazo de 30 días contado desde que haya ingresado la solicitud”.

AL ARTÍCULO 23

36) Para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 23.- El Ministerio, previo informe favorable de la Subdirección, y una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, otorgará la licencia indefinida en los términos establecidos en el artículo 17 de la presente ley, mediante decreto expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

En el evento en que hubiere otros comités o cooperativas interesadas en la licencia dentro de un mismo territorio operacional, deberán presentar a la Subdirección, dentro del plazo de 45 días contados desde la fecha de publicación del extracto a que se refiere el artículo anterior, una solicitud de licencia en los términos establecidos en el artículo 20.”.

AL ARTÍCULO 24

37) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 24.- Criterios para el otorgamiento de una licencia. El Ministerio previo informe de la Subdirección, otorgará la licencia al solicitante que, cumpliendo las condiciones técnicas exigidas, ofrezca las condiciones económicas más ventajosas y cuente con la evaluación social más favorable para la provisión del servicio, de acuerdo a lo señalado en esta ley y el Reglamento. Cuando el interés general lo haga necesario, se considerará el plazo de puesta en explotación de los servicios como criterio adicional de otorgamiento.

En caso de igualdad en las condiciones ofrecidas por los interesados, se otorgará la licencia al que tenga en ese momento la calidad de titular del servicio sanitario rural más cercano.

Con todo, la tarifa ofrecida por el solicitante al que se proponga adjudicar, no podrá ser superior a la determinada de conformidad al Título V de esta ley y al Reglamento.”.

AL ARTÍCULO 25

38) Para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 25.- Otros antecedentes de la solicitud. Además, de los antecedentes que deban acompañarse conjuntamente con la solicitud, señalados en el artículo 20 de esta ley, las solicitantes deberán acompañar dentro del plazo de 45 días de su presentación, los siguientes antecedentes técnicos:

1) Una descripción técnica general y un cronograma de las obras proyectadas para un horizonte de cinco años, con su respectivo plan de inversiones si correspondiere.

2) Propuesta tarifaria.

3) Los demás antecedentes requeridos de conformidad al Reglamento.”.

AL ARTÍCULO 26

39) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 26.- Corresponderá al Reglamento determinar las especificidades y condiciones accesorias de la licencia, conforme a los términos de esta ley.”.

AL ARTÍCULO 27

40) Para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 27.- Adjudicación. El Ministerio resolverá fundadamente acerca de la solicitud de licencia, en un plazo máximo de treinta días después de recibido el informe de la Subdirección, para lo cual dictará el respectivo decreto expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República”.”.

AL ARTÍCULO 28

41) Para reemplazar en el numeral 3. la palabra “Superintendencia” por “Subdirección”.

42) Para sustituir en el numeral 5. la palabra “Superintendencia” por “Subdirección, si correspondiere”.

43) Para intercalar en el numeral 6. entre la palabra “usuarios” y el punto seguido (.), la siguiente frase: “, conforme al Título V de esta ley”.

44) Para reemplazar el numeral 7. por el siguiente:

“7. La determinación del Fondo de Reserva de Garantía a exigir.”.

45) Para eliminar el numeral 8.

46) Para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Además de su publicación, que será de cargo del Ministerio, el decreto deberá ser remitido a la respectiva Municipalidad.”.

AL ARTÍCULO 29

47) Para reemplazar su enunciado “Garantía” por “Fondo de Reserva de Garantía”.

48) Para modificar su inciso primero del siguiente modo:

a) Reemplázase la expresión “Superintendencia” por “Subdirección”.

b) Sustitúyese la frase “una garantía” por “un fondo de reserva de garantía”.

49) Para eliminar su inciso segundo.

AL CAPÍTULO 3

50) Para reemplazar el epígrafe por el siguiente: “Capítulo 3 Caducidad, continuidad de la prestación del servicio, procedimiento concursal de liquidación y de reorganización de la licenciataria”.

AL ARTÍCULO 30

51) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 30.- Caducidad. Se caducará la licencia si no se diere cumplimiento, de conformidad a lo señalado en el artículo 18 de esta ley, a las exigencias establecidas en su artículo 17 y/o al decreto de otorgamiento, en la forma y condiciones que determinará el Reglamento.

Por su parte, las licencias caducarán si no se ejecutaren oportunamente las obras contempladas en el Plan de Inversión indicadas en el decreto de otorgamiento de la licencia si correspondiere, o no se llevase a cabo el plan de acción a que se refiere el artículo 18 de esta ley.

Del mismo modo, en caso de incumplimiento de la reglamentación sanitaria vigente, la autoridad sanitaria podrá solicitar al Ministro la declaración de caducidad.

La caducidad será declarada mediante un decreto dictado por el Ministro de Obras Públicas bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Caducada una licencia, la Superintendencia podrá, mediante resolución fundada de carácter técnico, declarar que la falta de ella afecta la prestación integral del servicio. En este caso, se notificará al operador del servicio que se encuentra en esta circunstancia, para que, en un plazo de noventa días, aporte antecedentes que demuestren, técnica y económicamente, que puede mantener el servicio sin la licencia que fue caducada.

Transcurrido este plazo, la Superintendencia tendrá 45 días para informar al operador y a la Subdirección si acepta o no la mantención de la licencia respectiva.

De aceptar la solicitud del operador de mantener el servicio, no procederá la caducidad integral de la operación. Por el contrario, de estimar que los nuevos antecedentes no han sido suficientes, la Subdirección solicitará al Ministro de Obras Públicas la dictación de un nuevo decreto de caducidad para toda la operación.

Dictado el decreto, la Subdirección licitará la licencia, de conformidad con las reglas del Capítulo anterior, en el más breve plazo.

Caducada la licencia, el monto de la reserva a que se refiere el artículo 29 quedará a beneficio fiscal.”.

AL ARTÍCULO 31

52) Para sustituir en su inciso primero la expresión “la” a continuación de la primera coma (,), por la siguiente frase: “el comité o”.

AL ARTÍCULO 32

53) Para modificar su inciso primero del siguiente modo:

a) Elimínase la palabra “técnico”.

b) Reemplázase la expresión “Superintendencia” por la siguiente: “Subdirección”.

54) Para intercalar en el literal b), entre las palabras “cumple” y “el”, la siguiente expresión: “, cuando corresponda,”.

55) Para modificar el inciso segundo del siguiente modo:

a) Reemplázase la primera “y” por una coma (,).

b) Intercálase entre la expresión “autoridad sanitaria” y la coma (,), la siguiente frase: “o la Subdirección”.

56) Para agregar los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“Declarado en riesgo el servicio, cesarán en sus funciones el directorio del comité o el gerente y el consejo de administración de la cooperativa, según sea el caso. Además, se procederá a designar un administrador temporal en los términos del siguiente artículo.

No obstante lo dispuesto en el artículo 33 de esta ley, el Ministerio podrá adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio, mientras la asamblea o la junta general designan un nuevo directorio o consejo de administración, según sea el caso.

Antes de la declaratoria de riesgo, la Subdirección, por razones fundadas, podrá formular un programa de asesoría y capacitación al operador para su normalización en los términos establecidos en el Reglamento. En el evento de no darse cumplimiento al programa por el operador, la Subdirección procederá en los términos del artículo siguiente.”.

AL ARTÍCULO 33

57) Para reemplazar en su inciso primero, la expresión “, y el” por la frase: “y el administrador y/o directorio en el caso del comité. El”.

58) Para modificar su inciso segundo del siguiente modo:

a) Intercálase entre las expresiones “ejercerá” y “las funciones”, la palabra “todas”.

b) Reemplázase la frase “, y será considerado como consejero para todos los efectos de la Ley General de Cooperativas,” por la siguiente: “o administrador y representante legal de la misma, para todos los efectos de las normas legales que regulan la institución respectiva,”.

AL ARTÍCULO 34

59) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 34.- Para los efectos del artículo anterior, las funciones de los administradores y/o directorios y gerente o Consejo de Administración, quedarán cesadas.”.

AL ARTÍCULO 35

60) Para modificar su inciso primero del siguiente modo:

a) Sustitúyese la expresión “de la” por la siguiente: “del comité o”.

b) Reemplázase la palabra “otorgan” por “otorga”.

c) Intercálase entre la frase “y gerente” y el punto seguido (.), la siguiente frase: “, así como su representación legal para todos los efectos”.

AL ARTÍCULO 36

61) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 36.– Causal de inhabilidad. El gerente y los miembros del consejo de administración, así como los administradores o directorios, que cesen en sus cargos conforme al artículo 33, quedarán inhabilitados para ejercerlos, en cualquier Cooperativa o Comité respectivamente, por un plazo de cinco años, contado desde la fecha del decreto respectivo.”.

AL ARTÍCULO 37

62) Para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 37.- Concurso de acreedores de la licenciataria. Dictada la resolución que admite la liquidación y determinadas las facultades del liquidador, se declarará la continuación de las actividades económicas de la licenciataria y/o persona jurídica, quedando ésta, en todo caso, inhibida de pleno derecho de la administración de la licencia y de sus bienes indispensables.

Dictada la resolución de liquidación de una licenciataria, el tribunal competente deberá notificársela de inmediato a la Subdirección, a fin que el Ministerio designe un administrador temporal. Una vez designado el administrador temporal, éste procederá a la realización de un inventario de los bienes de la licenciataria con el objeto de identificar los bienes indispensables para la prestación del servicio sanitario rural objeto de la respectiva licencia.

El administrador temporal velará por la adecuada provisión del servicio hasta su licitación y tendrá todas y cada una de las facultades de administración establecidas en el artículo 35 de la presente ley, respecto de los bienes indispensables de la licencia.

Únicamente los bienes que no tengan el carácter de indispensables, de conformidad al inventario confeccionado por el administrador temporal, serán administrados y vendidos por el liquidador, con el objeto de pagar a los acreedores que existan. Para tales efectos, prevalecerán las normas de esta ley por sobre la ley N° 20.720, de Insolvencia y Reemprendimiento, o la que la reemplace.

La existencia de conflictos o contiendas de competencia entre el administrador temporal y el liquidador deberá ser resuelta por el tribunal que conozca del procedimiento concursal de liquidación, oyendo previamente a la Subdirección, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios y a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, según corresponda.

Los gastos en que se incurra con ocasión del procedimiento concursal de liquidación de licencia quedarán incluidos dentro de los créditos señalados en el Nº 4 del artículo 2472 del Código Civil.

Los titulares de una licencia de servicios sanitarios rurales no podrán someterse al procedimiento concursal de reorganización establecido en la Ley N° 20.720, de Insolvencia y Reemprendimiento.”.

AL ARTÍCULO 38

63) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 38.- Licitación por la liquidación de una licenciataria. El Ministerio dispondrá la licitación de la licencia y los bienes indispensables dentro del plazo de un año contado desde que se haya notificado a la Subdirección la resolución de liquidación de la licenciataria. La publicación del llamado a licitación, de cargo del Ministerio, se realizará en la forma establecida en el artículo 22, y los interesados deberán presentar sus ofertas en los plazos y con los antecedentes indicados en los artículos 20 y 25 de esta ley. Para la licitación se estará a lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27 y 28 de esta ley.

La adjudicación de la licencia recaerá en la interesada que, cumpliendo las mejores condiciones técnicas en operación, mantención, administración y de tarifa vigente, ofrezca el mayor valor por la licencia y por los bienes indispensables. En caso de igualdad de oferentes, se preferirá al servicio sanitario rural más cercano.

La liquidación de los bienes de la licenciataria o persona jurídica, exceptuando la licencia y los bienes indispensables, deberá realizarse en un plazo no superior a cuatro meses contado desde que se haya dictado la resolución que declara admisible la solicitud de liquidación de la licenciataria.”.

AL CAPÍTULO 4

64) Para eliminar el epígrafe “Capítulo 4 Del permiso de servicio sanitario rural”.

AL ARTÍCULO 39

65) Para reemplazarlo por el siguiente texto:

“Artículo 39.- La Subdirección deberá verificar como condición para el otorgamiento y operación de las licencias, la realización de elecciones periódicas y la vigencia de las directivas y de la organización, tanto para Comités como Cooperativas, la exigencia de los informes financieros anuales, tales como balance general, declaración de renta, estado de resultados e inventario, excepcionalmente contabilidad simplificada y demás antecedentes legales o financieros que acrediten el cumplimiento de las exigencias de esta ley.”.

A LOS ARTÍCULOS 40 A 44

66) Para eliminarlos del texto del proyecto de ley, adecuando la numeración de los restantes artículos.

AL ACTUAL ARTÍCULO 45, QUE PASA A SER 40

67) Para intercalar en el literal a), entre las palabras “Superintendencia” y “resolverá”, la siguiente expresión: “, previa consulta a la Subdirección,”.

68) Para reemplazar en el literal b) la expresión “por la Superintendencia” por “en el respectivo decreto”.

69) Para agregar el siguiente literal e), nuevo:

“e) Permitir el acceso a las instalaciones del personal del Ministerio, de la Dirección General de Aguas, Subdirección, Superintendencia y autoridad sanitaria, para el ejercicio de sus atribuciones, con la finalidad de velar por el correcto funcionamiento de éstas y adoptar las medidas necesarias.”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 46, QUE PASA A SER 41

70) Para eliminarlo, adecuando la numeración de los restantes artículos.

AL ACTUAL ARTÍCULO 48, QUE PASA A SER 42

71) Para modificar su inciso primero en el siguiente sentido:

a) Reemplázase el guarismo “77” por “70”.

b) Reemplázase la expresión “AA y AAA” por “Medio y Mayor”.

72) Para sustituir su inciso segundo por el siguiente:

“El fondo mencionado en el inciso anterior no podrá ser destinado a fines distintos a la reposición y ampliación de la infraestructura, y deberá ser mantenido en instrumentos de inversión calificados por el Reglamento.”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 50, QUE PASA A SER 44

73) Para reemplazar en su inciso primero la expresión “el artículo 45” por “esta ley y su Reglamento”.

74) Para sustituir en su inciso segundo la expresión “de sus miembros” por la siguiente: “más uno de sus miembros y previo informe a la Subdirección”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 51, QUE PASA A SER 45

75) Para intercalar en su inciso segundo a continuación de la expresión “lo autorice”, la siguiente frase: “mientras no signifiquen riesgo para la salud de la población,”.

76) Para intercalar en su inciso tercero, entre la expresión “del canal,” e “y que las aguas”, la siguiente expresión: “que no signifique riesgo para la salud de la población”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 52, QUE PASA A SER 46

77) Para reemplazar su encabezado “Derechos de los usuarios.” por “Derechos y deberes de los usuarios.”.

78) Para agregar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Los usuarios que se vieren afectados en sus derechos como consecuencia del desempeño de un operador podrán recurrir ante la Superintendencia solicitando la aplicación de las facultades establecidas en los artículos 85 y 89 de esta ley.

Todo inmueble ubicado dentro del área de servicio de un servicio sanitario rural, que cuente con factibilidad técnica positiva de conexión al sistema centralizado, declarada así por el operador del servicio, deberá conectarse a las redes de dicho servicio sanitario rural. Para aquellos inmuebles que no cuenten con factibilidad técnica positiva de conexión, se deberán construir las respectivas soluciones descentralizadas de agua potable y aguas servidas, las que igualmente se considerarán parte del Servicio Sanitario Rural.”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 55, QUE PASA A SER 49

79) Para modificar su inciso primero del siguiente modo:

a) Reemplázase la frase “que deberá llevar la firma del Ministro de Obras Públicas.”, por la siguiente: “del Ministerio de Obras Públicas expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.”.

b) Agrégase a continuación del punto y aparte (.) que pasa a ser seguido, la siguiente frase: “En todo caso, tales modificaciones en ninguna forma incidirán en los requisitos sanitarios que les sean aplicables conforme a la normativa y reglamentación vigente.”

80) Para intercalar en su inciso segundo, entre la palabra “Superintendencia” y el punto (.), la siguiente frase: “, previo informe de la Subdirección”.

81) Para agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Para el caso que las modificaciones del nivel de servicio requieran inversiones mayores a las que puedan financiar los operadores, podrá considerarse un subsidio preferente del Estado, para dar continuidad al servicio.”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 58, QUE PASA A SER 52

82) Para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 52.- Incompatibilidades e inhabilidades. Serán incompatibles los cargos de alcalde, concejal y directivos de las municipalidades, y consejero regional con los cargos directivos o pertenecientes a los órganos de administración o de fiscalización de los Comités y Cooperativas de servicios sanitarios rurales. Además quedarán afectos a las inhabilidades e incompatibilidades señaladas precedentemente, las personas que tengan una relación de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado y afinidad hasta el segundo grado inclusive.

Cesará automáticamente en sus funciones quien se desempeñe en algún cargo directivo o perteneciente a los órganos de administración o de fiscalización de un Comité o Cooperativa de servicios sanitarios rurales, cuando se configure alguna de las incompatibilidades señaladas en el inciso anterior. En el caso de los cargos de alcalde, concejal y consejero regional, la incompatibilidad se entenderá verificada desde la declaración de sus candidaturas al cargo respectivo.

Serán incompatibles los cargos de directivo de la organización con el de trabajador remunerado de la misma.

Las demás incompatibilidades y causales de inhabilidad y cesación en el cargo, aplicables a la organización de las Cooperativas de servicios sanitarios rurales y Comités, se regirán por sus respectivas normativas especiales y su legislación complementaria.”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 59, QUE PASA A SER 53

83) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 53.- Cesación en el cargo de los dirigentes de los Comités. Los dirigentes de los Comités de Servicio Sanitario Rural cesarán en sus cargos conforme a lo establecido en el artículo 24 de la ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el Decreto Supremo N° 58, de 1997, del Ministerio del Interior, y sus modificaciones.”.

A LOS ACTUALES ARTÍCULOS 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, y 70, QUE PASAN A SER 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64

84) Para sustituirlos por el siguiente texto:

“Artículo 57.- Reglas y principios generales. Los servicios sanitarios rurales estarán sujetos a las normas sobre fijación de tarifas y demás cobros de agua potable y saneamiento que se establecen en la presente ley y su Reglamento.

Las tarifas deberán ser calculadas tomando como base la situación específica del servicio sanitario rural objeto de la licencia, con sus características, supuestos, entorno y condiciones, que permitan su funcionamiento regular y eficiente, y propicie un desarrollo óptimo de éstos.

Las tarifas siempre deberán permitir recuperar, a lo menos, los costos indispensables de operación. Adicionalmente, las tarifas podrán incluir los costos de mantención y distintos niveles de recuperación de la inversión y reposición determinados por la Subdirección, según el segmento en que sea clasificado el operador conforme a lo dispuesto en el artículo 70 y su Reglamento.

Se calcularán las tarifas correspondientes a las diversas etapas del servicio sanitario rural, que comprenden las siguientes: (a) producción de agua potable; (b) distribución de agua potable; (c) recolección de aguas servidas; y (d) tratamiento y disposición final de aguas servidas, cuando existan.

Las fórmulas tarifarias a utilizar deberán incluir un cargo fijo mensual y cargos por volumen consumido, que podrán considerar tramos de consumo, según se defina en el Reglamento.

El procedimiento de determinación de las tarifas deberá ser fácilmente comprensible por los usuarios y los operadores.

Las tarifas serán calculadas por la Superintendencia, conforme al procedimiento establecido en este Título.

La fijación tarifaria se hará individualmente en atención al tamaño del servicio o a singularidades técnicas, geográficas o de otra especie. No obstante lo anterior, la Subdirección, con el informe favorable de la Superintendencia, podrá agrupar servicios para tales fines, considerando condiciones similares, tamaño, razones de eficiencia o conveniencia económica u otras variables de costo relevantes que lo justifiquen, según se defina en el Reglamento. Esta tarificación grupal también podrá ser solicitada a la Subdirección por los operadores interesados bajo las mismas consideraciones referidas.

Artículo 58.-

Antecedentes para la determinación de la tarifa. La Subdirección deberá aportar todos los antecedentes de los sistemas de agua potable rural necesarios para realizar el cálculo tarifario, entre los cuales, a lo menos, se consideran los siguientes:

1) Ingresos y facturaciones.

2) Gastos de operación desglosados: productos químicos, energía, remuneraciones, administración, toma de lecturas, mantención u otros gastos desglosados que se consideren pertinentes.

3)Inversiones propias, según fuere procedente.

4)Fondo de reserva, si existiere.

5)Población abastecida, actual y proyectada.

6)Infraestructura de agua potable: tipo de captación y sus características, planta de tratamiento de agua potable, número de arranques, longitud de red de agua potable, diámetros, plantas elevadoras, materiales, estanques.

7)Infraestructura de aguas servidas, si corresponde: número de uniones domiciliarias, longitud de la red de aguas servidas, diámetros, plantas elevadoras, planta de tratamiento aguas servidas.

8)Otros antecedentes que la Subdirección estime pertinentes.

Asimismo, la Superintendencia podrá requerir de la Subdirección los antecedentes adicionales que considere necesarios para poder realizar los cálculos tarifarios, conforme a lo que se defina en el Reglamento.

Igualmente, para los efectos del presente artículo, la Subdirección deberá mantener actualizada una base de datos técnicos y de infraestructura de los sistemas de agua potable rural, que incluya los parámetros básicos necesarios para estimar los costos de cada sistema. Para los efectos de fijación tarifaria, los operadores de los servicios sanitarios rurales estarán obligados a proporcionar toda la información que les sea requerida por la Subdirección o la Superintendencia.

Artículo 59.-

Procedimiento de determinación de la tarifa a cobrar al usuario. La tarifa a cobrar al usuario se determina para cada servicio sanitario rural, y es aquella que debe pagar efectivamente el usuario.

En los casos en que proceda la aplicación del subsidio establecido en la Ley N° 18.778, el usuario pagará la parte de la tarifa a cobrar que no cubra dicho subsidio. Para estos efectos, el subsidio deberá aplicarse permitiendo definir diversos niveles de intensidad en función de la tarifa determinada, según el Reglamento.

Una vez comunicado el nivel tarifario al operador, en la forma que determine el Reglamento, éste lo pondrá en conocimiento de la asamblea, la que en el plazo de sesenta días podrá aceptarlo o acordar su variación hasta un 10%. En estos casos, el nivel tarifario aceptado o ajustado por la asamblea corresponderá a la tarifa a cobrar a los usuarios.

En caso que el operador solicite una variación superior al porcentaje indicado en el inciso precedente deberá presentar una contrapropuesta que será aceptada o rechazada por la Superintendencia en un plazo de sesenta días contado desde su presentación completa. Los requisitos, procedimientos y plazos para presentar la contrapuesta y para el pronunciamiento definitivo de la Superintendencia serán fijados en el Reglamento. El dictamen de la Superinten-dencia, en todo caso, será definitivo y obligatorio.

Vencido el plazo indicado en el inciso tercero sin un pronunciamiento de operador, la tarifa a cobrar a los usuarios corresponderá a la informada por la Superintendencia.

Los procedimientos, requisitos y plazos para la fijación de la tarifa a cobrar al usuario de los sistemas se establecerán en el Reglamento.

Las tarifas a cobrar a los usuarios, serán fijadas mediante decreto supremo dictado por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

Artículo 60.-

Período tarifario. Las tarifas serán determinadas cada 10 años.

Excepcionalmente, y de común acuerdo, podrán modificarse las tarifas antes del término del período de su vigencia, cuando existan razones fundadas y demostrables de cambios importantes en los supuestos bajo los cuales éstas se han fijado. Las tarifas resultantes de dicha modificación tendrán, a su vez, una duración de 10 años.

Artículo 61.-

Reajustabilidad de la tarifa. Las tarifas a cobrar a los usuarios se reajustarán una vez al año de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el sistema de reajustabilidad que lo sustituya. No obstante lo anterior, cada vez que se acumule una variación de un 5%, a lo menos, del referido índice, dicho reajuste operará de forma inmediata. El operador deberá informar del reajuste a los usuarios en la forma y oportunidad definida en el Reglamento.

Artículo 62.-

No discriminación de la tarifa. No existirá gratuidad o rebaja parcial del cobro por la prestación de los servicios ni discriminación alguna, salvo excepciones autorizadas por la Subdirección. No obstante, los operadores no podrán establecer diferencias en sus tarifas, cargos o cualquier otro concepto.

Artículo 63.-

Obligado al pago. La tarifa deberá ser pagada por el ocupante de la propiedad, a cualquier título, sin perjuicio que en el inmueble que recibe el servicio quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio para con el operador.

Artículo 64.-

Prestación regulada. Todas aquellas prestaciones de carácter sanitario efectuadas por el operador que no se encuentren reguladas en esta ley y se presten con características monopólicas, serán tarificadas de conformidad con este Título y al Reglamento.”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 71

85) Para eliminarlo, adecuando la numeración de los restantes artículos.

AL ACTUAL ARTÍCULO 72, QUE PASA A SER 65

86) Para modificar su inciso primero en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la palabra “Planificación” por “Desarrollo Social”.

b) Elimínese la expresión “de la Comisión Nacional”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 73, QUE PASA A SER 66

87) Para agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“El Consejo Consultivo, al que se refiere el artículo 68, deberá aprobar anualmente el programa de capacitación para dirigentes y trabajadores del sector de servicios rurales propuesto por la Subdirección, con la finalidad de velar por el buen funcionamiento de los servicios.”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 75, QUE PASA A SER 68

88) Para sustituir en el literal c) la palabra “Reconstrucción” por “Turismo”.

89) Para reemplazar en el literal f) la palabra “Planificación” por “Desarrollo Social”.

90) Para sustituir en el literal g) la expresión “de la Comisión Nacional del Medio Ambiente” por “del Ministerio del Medio Ambiente”.

91) Para agregar los siguientes incisos quinto, sexto y séptimo, nuevos:

“En cada región existirá un Consejo Consultivo Regional, el que tendrá por función asesorar al Consejo Consultivo Nacional, en las mismas funciones que le señala esta ley.

Los Consejos Consultivos Regionales estarán compuestos por un representante de las Secretarías Regionales Ministeriales de cada uno de los ministerios que se mencionan en los literales a) al h) del inciso primero. Además, lo integrará un representante de las municipalidades, un representante de los Comités y un representante de las Cooperativas de la Región, los que serán designados en la forma que determine el Reglamento.

El Secretario Ejecutivo del Consejo Consultivo Regional será el Subdirector Regional de Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de Obras Públicas. Sus funciones serán citar a las sesiones, levantar acta de éstas, informar de los acuerdos adoptados y las demás que el Consejo o el Reglamento le encomienden.”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 76, QUE PASA A SER 69

92) Para reemplazar en su inciso primero la expresión “de los permisos y” por la siguiente: “de las”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 77, QUE PASA A SER 70

93) Para reemplazar en su inciso primero la frase “a) AAA; b) AA, y c) A” por la siguiente: “a) Mayor; b) Mediano; y, c) Menor”.

94) Para agregar en el inciso tercero un literal g), nuevo:

“g) La calidad de comunidades agrícolas, definidas en el artículo 1 del decreto con fuerza de ley N° 5, de 1968, del Ministerio de Bienes Nacionales, y de pequeños productores agrícolas o campesinos, definidos en el artículo 13 de la ley N° 18.910, según corresponda, se considerará para efectos de esta clasificación.”.

95) Para agregar un inciso cuarto, nuevo:

“Esta clasificación se considerará para determinar las tarifas aplicables y niveles de subsidios asociados a la inversión.”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 78, QUE PASA A SER 71

96) Para sustituir en su inciso primero la expresión “El Ministro de Obras Públicas” por “La Subdirección”.

97) Para modificar su inciso segundo del siguiente modo:

a) Reemplázase la segunda coma (,) por la vocal “o”.

b) Elimínase la frase “o el Departamento de Cooperativas”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 79, QUE PASA A SER 72

98) Para agregar los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“A esta Subdirección le corresponderá efectuar estudios, gestión comunitaria, inversiones de agua potable, inversiones de saneamiento, proyectos de agua potable, proyectos de saneamiento y llevar el registro de los operadores.

En cada región existirá un Subdirector Regional de Servicios Sanitarios Rurales a cargo de la Subdirección, quien tendrá por funciones la ejecución de las políticas y programas que entregará el Subdirector, conforme a esta ley.”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 80, QUE PASA A SER 73

99) Para reemplazar el literal c) por el siguiente:

“c) Elaborar la clasificación de los Operadores, y proponer el aporte financiero del Estado a que se refieren los artículos 82 y 83, para cada segmento.”.

100) Para intercalar en el literal d), entre la palabra “terceros” y el punto y aparte (.), la siguiente frase: “, conforme al Registro que será determinado en el Reglamento”.

101) Para intercalar en el literal g), entre la palabra “inversión” y el punto (.), la siguiente frase: “cuando correspondiere”.

102) Para reemplazar en el literal h) la expresión “y permisionarios” por la siguiente: “, cuando corresponda”.

103) Para intercalar en el literal i), entre la palabra “operador” y el punto (.), la siguiente frase: “, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad sanitaria”.

104) Para intercalar en el literal k), entre la palabra “proyectos” y el punto (.), la siguiente frase: “respecto de las etapas del servicio sanitario rural, sus ampliaciones y modificaciones, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad sanitaria”.

105) Para intercalar los siguientes literales l), m), n) y ñ), nuevos, pasando el actual literal l) a ser o):

“l) Apoyar, asistir y asesorar a los servicios sanitarios en la gestión comunitaria.

m) Designar a los Subdirectores Regionales y establecer sus atribuciones y funcionamiento.

n) Estudiar, aprobar e informar al Ministerio las solicitudes de expropiaciones de bienes inmuebles y derechos de aguas requeridos para la prestación de los servicios sanitarios rurales.

ñ) Comprar o adquirir bienes inmuebles y derechos de aguas, ya sea con fondos del Estado o con aportes de los operadores o beneficiados, para la prestación de los servicios sanitarios rurales.”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 81, QUE PASA A SER 74

106) Para intercalar entre la palabra “Subdirección” y el punto seguido (.), la siguiente expresión”: “y de la Superintendencia”.

107) Para intercalar entre las frases “de la Subdirección” y “tendrán libre acceso”, la siguiente frase: “, de la Superintendencia y de terceros debidamente mandatados”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 82, QUE PASA A SER 75

108) Para sustituir en su inciso segundo la frase “para su correspondiente inscripción” por la siguiente: “en el ejercicio de su cargo”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 83, QUE PASA A SER 76

109) Para intercalar en su inciso segundo, entre la frase “autoridad sanitaria” y el punto y aparte (.), la siguiente frase: “inmediatamente ocurrido el hecho y, de no ser ello posible, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su conocimiento”.

110) Para intercalar en su inciso tercero, entre las frases “calidad y seguridad” y “del servicio sanitario rural”, la siguiente frase: “, y en general las condiciones sanitarias”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 84, QUE PASA A SER 77

111) Para reemplazar en su inciso primero la frase “85, 86 y 87” por “78, 79 y 80”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 86, QUE PASA A SER 79

112) Para reemplazar el guarismo “77” por “70”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 87, QUE PASA A SER 80

113) Para intercalar en su inciso segundo, entre las frases “público competente” y “bastará que esté”, la siguiente frase: “se considerarán los criterios establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y”.

114) Para eliminar en su inciso quinto la palabra “bianual”.

115) Para sustituir en su inciso sexto la frase “84 y 85” por “77 y 78”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 89, QUE PASA A SER 82

116) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 82.- Bienes aportados por el Estado. Por decreto supremo suscrito por el Ministro de Obras Públicas bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, las obras o proyectos financiados o ejecutados por el Estado que integren un sistema sanitario rural, podrán ser cedidos o transferidos a cualquier título a los operadores, con los gravámenes, condiciones y limitaciones que establece la presente ley.

Los derechos de aprovechamiento de aguas que, siendo de propiedad fiscal, sean necesarios para la prestación de servicios sanitarios rurales, serán cedidos condicionalmente a los operadores, siendo vinculados a la licencia de servicio sanitario rural. Dichos derechos de aprovechamiento se mantendrán en uso de los operadores en tanto sean destinados para la prestación del servicio sanitario rural, pasando de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley, al Ministerio en cuanto cese la licencia y en caso de extinción del operador. Esta cesión a los operadores se hará mediante resolución de la autoridad correspondiente, debiendo ajustarse a lo dispuesto en el Código de Aguas, señalando expresamente el carácter de temporal y su condicionalidad.

En caso de cambio de operador, los derechos se cederán gratuitamente y de pleno derecho al nuevo operador, desde el otorgamiento de su licencia, y en las mismas condiciones señaladas en el párrafo precedente.

Los bienes a que se refiere este artículo serán considerados como aportados por terceros para fines tarifarios, e indispensables en los términos del artículo 12.

Las inversiones respecto de estos bienes serán efectuadas por el Estado conforme a la presente ley y su Reglamento.”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 90, QUE PASA A SER 83

117) Para intercalar en su inciso primero, entre el guarismo “1978” y el punto y aparte (.), la siguiente frase: “, o la normativa que regule dicha materia”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 92, QUE PASA A SER 85

118) Para intercalar en su inciso primero, entre la frase “sanitario rural” y el punto y aparte (.), la siguiente frase: “, sin perjuicio de las atribuciones y facultades regulatorias y fiscalizadoras de la autoridad sanitaria en los ámbitos de su competencia”.

119) Para intercalar en su inciso segundo, entre la frase “Servicios Sanitarios” y el punto y aparte (.), la siguiente frase: “, en cuanto fuere pertinente”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 93, QUE PASA A SER 86

120) Para reemplazarlo por el siguiente texto:

“Artículo 86.- Las instrucciones y órdenes que dicte la Superintendencia en ejercicio de sus facultades normativas y de control, podrán considerar condiciones especiales de servicio que determine el Reglamento respecto de los operadores que corresponda, siempre que no se afecte la calidad del agua potable ni la salud de la población.”.

AL ACTUAL ARTÍCULO 95, QUE PASA A SER 88

121) Para sustituir las palabras “establecerá” e “incentivará” por las siguientes frases: “podrá establecer” y “podrá incentivar”, respectivamente.

AL ACTUAL ARTÍCULO 96, QUE PASA A SER 89

122) Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 89.- Sanciones. Sin perjuicio de las demás sanciones que corresponda aplicar a la Superintendencia o a otros organismos públicos de conformidad a ésta u otras leyes, los operadores podrán ser objeto de la aplicación de las siguientes multas a beneficio fiscal por parte de la Superintendencia:

a) De una a veinte unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones que importen deficiencias en la calidad, continuidad u obligatoriedad de los servicios, cobros indebidos, trato económico discriminatorio a los usuarios, deficiencias en la atención de los reclamos de los usuarios, daño a las redes u obras generales de los servicios, o incumplimiento de la obligación de entregar información requerida por la Superintendencia en conformidad a la ley.

b) De una a veinte unidades tributarias mensuales, cuando se trate de infracciones cometidas por los operadores que importen el no acatamiento de las obligaciones y plazos establecidos en esta ley, así como de las órdenes escritas y requerimientos de la Superintendencia, debidamente notificados, y de los plazos fijados por la Superintendencia en ejercicio de las atribuciones que la ley le encomiende en relación con materias de su competencia.

c) De cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales cuando se trate de infracciones relativas a la entrega de información falsa o manifiestamente errónea, a cualquiera de las autoridades que esta ley faculta para requerirla.

d) De cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales cuando se trate de incumplimiento del Plan de Inversiones.

e) De cinco a cien unidades tributarias, cuando se trate de infracciones que afecten a la generalidad de los usuarios del servicio.

Cuando se trate de infracciones que pongan en peligro o afecten la salud de la población, la Superintendencia, remitirá los antecedentes a la autoridad sanitaria, quien podrá, si lo estima pertinente, iniciar un proceso sancionatorio, conforme al Código Sanitario.

Para la determinación del monto de las multas antes señaladas se debe considerar el segmento en que está clasificado el operador sancionado, conforme al artículo 69.

El afectado podrá reclamar de la aplicación de la multa conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 18.902.

Los operadores que hayan sido sancionados conforme a este artículo podrán solicitar una rebaja o condonación de la multa, siempre y cuando, dentro del plazo de 30 días, soliciten y se sometan al programa de asesoría que aplicará la Subdirección para tales efectos. Una vez realizado el programa de asesoría que aplicará la Subdirección, la Superintendencia verificará la implementación de las medidas destinadas a evitar nuevas infracciones. El procedimiento de verificación será fijado en el Reglamento de la presente ley.

En ningún caso se podrá condonar el total de la multa cuando se trate de reincidencia por los mismos hechos.”.

AL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO

123) Para sustituirlo por el siguiente:

“ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural que se encuentren prestando servicios a la entrada en vigencia de esta ley, por el solo ministerio de la ley se entenderán titulares de sus respectivas licencias. Sin embargo, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento de esta ley, los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural existentes deberán solicitar su inscripción en el Registro de operadores de Servicios Sanitarios Rurales, para lo cual deberán acreditar la vigencia de su personalidad jurídica y la efectividad de estar prestando el servicio. Además, deberán especificar el área que sirven.

En caso de que los Comités o Cooperativas que se encuentren operando a la fecha de entrada en vigencia de esta ley no ingresen al Registro de Operadores de Servicios Sanitarios Rurales en el plazo señalado en el inciso precedente, los efectos de sus licencias quedarán suspendidos, hasta que se haga efectivo su registro.

Los Comités y Cooperativas registrados conforme a los incisos anteriores deberán, dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia del Reglamento de esta ley, acreditar el cumplimiento de los demás requisitos legales y reglamentarios necesarios para obtener una licencia.

Requerida la inscripción en el Registro, el Ministerio formalizará conjuntamente la licencia de distribución de agua potable y la de recolección de aguas servidas. Sin perjuicio de lo anterior, la operación de la etapa de recolección será exigible sólo una vez que esté aprobada la puesta en operación de las redes por la Subdirección.

El Ministro de Obras Públicas otorgará el reconocimiento de las licencias conforme a lo dispuesto en los incisos precedentes, mediante Decreto del Ministerio de Obras Públicas expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, el que se publicará en el sitio electrónico del Ministerio y se notificará por carta certificada al operador.

Dentro del plazo indicado en el inciso primero de este artículo, no podrán otorgarse concesiones de servicios sanitarios regulados por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del año 1988, en las áreas que estén siendo servidas por Comités o Cooperativas al momento de entrada en vigencia de esta ley.

En caso de no darse cumplimiento oportuno a lo indicado en los incisos primero y segundo de este artículo, el Ministerio de Obras Públicas llamará a licitación de licencia.”.

AL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO

124) Para modificar su inciso primero del siguiente modo:

a) Elimínase la expresión “permiso o”.

b) Reemplázase la frase “los incisos segundo y cuarto” por “el inciso segundo”.

c) Elimínase la frase “En todo caso, las tarifas de las licenciatarias deberán fijarse dentro de los primeros dos años de dicho período.”.

125) Para eliminar en su inciso segundo la frase “o permiso”.

126) Para sustituir en su inciso cuarto la palabra “prestadores” por “operadores”.

AL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO

127) Para eliminar en su inciso primero las frases “inciso segundo del” y “o permisos”.

AL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO

128) Para sustituir en su inciso tercero el guarismo “89” por “82”.

AL ARTÍCULO UNDÉCIMO TRANSITORIO

129) Para modificar su inciso segundo del siguiente modo:

a) Reemplázase el guarismo “24” por “25”.

b) Reemplázase el guarismo “77” por “70”.

c) Reemplázase el vocablo “AAA” por “Mayor”.

AL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO

130) Para intercalar el siguiente artículo décimo tercero transitorio, nuevo, adecuando la numeración de los restantes artículos transitorios:

“ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Los actuales operadores que adquieran las licencias indefinidas, por el solo ministerio de la ley asumirán la calidad de titulares de las respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental y permisos sectoriales ambientales que correspondan.”.

AL ACTUAL ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO, QUE PASA A SER ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO

131) Para reemplazar el guarismo “75” por “68”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

JORGE BURGOS VARELA

Ministro del Interior

y Seguridad Pública

RODRIGO VALDÉS PULIDO

Ministro de Hacienda

LUIS FELIPE CÉSPEDES CIFUENTES

Ministro de Economía,

Fomento y Turismo

ALBERTO UNDURRAGA VICUÑA

Ministro de Obras Públicas

CARMEN CASTILLO TAUCHER

Ministra de Salud

PAULINA SABALL ASTABURUAGA

Ministra de Vivienda y Urbanismo

?INFORME DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y DESERTIFICACIÓN QUE REGULA LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES

BOLETÍN Nº 6252-09 (S)

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación pasa a informar el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, de origen en mensaje, que cumple su segundo trámite constitucional.

Con fecha 6 de enero de 2016, el Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto, calificándola de “suma”.

Con motivo de la discusión del proyecto de ley, la Comisión recibió a las siguientes autoridades, representantes de organizaciones y particulares: Del ministerio de Obras Públicas: el director de Obras Hidráulicas (DOH), señor Reinaldo Fuentealba; los asesores jurídicos, señores Pablo Aranda, Mauricio Lillo y Zarko Luksic; el subdirector de Agua Potable Rural, señor Nicolás Gálvez; el jefe del Departamento de Gestión Comunitaria de APR, señor Miguel Pantoja; el delegado presidencial del agua, señor Reinaldo Ruiz; De la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU): la Presidenta de la entidad, señora Gloria Alvarado; los dirigentes señora Gabriela Muñoz y señor Manuel Mundaca (región de Coquimbo), señor José Rivera (región de O’Higgins), señor José Orellana (región de Valparaíso), señora Juana Beltrán (región de La Araucanía), señora Teresa Sarmiento (región Metropolitana); Del Consejo Regional de Coquimbo, consejeros señores Denis Cortés y Agapito Santander; el Gobernador de la provincia de Petorca (región de Valparaíso), señor Mario Fuentes; el representante de la Ecozona Matilla de Iquique, Región de Tarapacá, señora Catalina Cortés; la coordinadora de Agua Potable Rural de la Región Metropolitana (APRIN), señora Cecilia González; el dirigente de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche, señor Abel Painefilo; la consejera regional de la Región Metropolitana por la provincia de Melipilla, señora Paula Zúñiga; y el director nacional de la CONADI, señor Alberto Pizarro.

I. CONSTANCIAS PREVIAS.

De acuerdo a lo prescrito en el artículo 289 del reglamento de la Corporación, cabe consignar lo siguiente:

1.- IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO.

La idea matriz del proyecto en informe es establecer el estatuto jurídico de los servicios sanitarios rurales, pudiendo identificarse cuatro objetivos específicos:

a) Fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias en materia de agua potable rural, preservando su carácter participativo.

b) Incentivar la eficiencia económica y la sustentabilidad financiera del sistema de Agua Potable Rural (APR), que pasará a ser el Sistema de Servicios Sanitarios Rurales.

c) Incorporar el saneamiento rural.

d) Definir con claridad los diversos roles del Estado en la materia.

2.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

En el primer trámite constitucional, el H. Senado determinó que las siguientes normas del proyecto despachado por esa Corporación son de rango orgánico constitucional:

-El artículo 51 permanente (que pasa a ser 45), según el artículo 77 de la Constitución Política.

-Los artículos 75 permanente (que pasa a ser 68) y décimo quinto transitorio, de conformidad con el artículo 38 de la Carta Fundamental.

-El artículo tercero transitorio, al tenor del artículo 118 de la Constitución Política.

La Comisión compartió parcialmente la calificación dada por el H. Senado a las mencionadas normas, estimando que de ellas los artículos 51 permanente (que pasa a ser 45) y tercero transitorio revisten el carácter de orgánico constitucionales, en virtud de las normas citadas.

Respecto al artículo 75 permanente, que pasa a ser 68, se estima que es orgánico constitucional luego de incorporarse un inciso final en el artículo 73, que pasa a ser 66, que le entrega facultades resolutivas al Consejo Consultivo que se crea. Por lo tanto, ambas normas deben ser aprobadas con el quórum mencionado. En cambio, el artículo décimo quinto transitorio, que según la Cámara de Origen también requiere quórum especial para su aprobación, por referirse al Consejo Consultivo, es de quórum simple, porque solo se refiere a la fecha en que debe celebrar su primera sesión el Consejo.

Por otra parte, también debe ser aprobado con el quórum antedicho el artículo 96 (que pasa a ser 89), según el artículo 77 de la Carta Fundamental.

3.- TRÁMITE ANTE LA CORTE SUPREMA

Durante el primer trámite constitucional, el H. Senado envió el proyecto para el conocimiento de la Excma. Corte Suprema, conforme al artículo 77 de la Constitución Política. En el presente trámite no se le incorporaron modificaciones al proyecto que incidan en la LOC sobre organización y atribuciones de los tribunales de justicia.

4.- TRÁMITES ANTE OTRAS COMISIONES

-En virtud de un acuerdo adoptado por la Sala en sesión del 10 de septiembre de 2015, el proyecto y sus antecedentes deben pasar a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, luego de ser despachado por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación.

-Por otra parte, los artículos 68, 72, 89 y 92 deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

5.- VOTACIÓN GENERAL.

El proyecto fue aprobado, en general, por asentimiento unánime. Participaron en la votación las diputadas señoras Andrea Molina y Yasna Provoste, y los diputados señores Pedro Álvarez-Salamanca, Sergio Gahona, Luis Lemus, Jorge Rathgeb y Raúl Saldívar.

6.- DIPUTADO INFORMANTE

Se designó DIPUTADO INFORMANTE a la señora LORETO CARVAJAL.

II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.

En atención a que el proyecto de ley fue informado previamente por el H. Senado, que hace una relación detallada de sus fundamentos, se ofrece a continuación una síntesis de los antecedentes que constan en el mensaje.

Hacia 1964 se implementó la primera etapa del Programa de Agua Potable Rural, con créditos del Banco Interamericano del Desarrollo (BID). En esa época se estima que sólo el 6% de los habitantes de las localidades rurales de Chile contaban con cobertura de agua potable, porcentaje que hoy excede el 98%. En la actualidad existen aproximadamente 1.500 comités y cooperativas de APR, que abastecen a un millón y medio de habitantes de zonas rurales concentradas.

Este significativo desarrollo ha sido el fruto de una eficaz coordinación entre las organizaciones sociales y el Estado. Este úlrtimo ha invertido más de US$ 400 millones, de los cuales US$ 305 millones (74%), corresponden a recursos aportados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) entre los años 1994 y 2005.

Agrega el mensaje que este proyecto de ley se basa en los resultados que arrojó el trabajo realizado por la mesa constituida por la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU) y el MOP, con la colaboración del ministerio de Economía y la superintendencia de Servicios Sanitarios, sin perjuicio del aporte de otros organismos públicos.

No obstante el éxito alcanzado por el sistema de APR, se plantean nuevos desafíos para la sustentabilidad del mismo, considerando la diversidad de situaciones que coexisten, tanto en términos de tamaño como de capacidad de gestión técnica, administrativa y financiera.