?MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE CANADÁ Y SUS ANEXOS; EL ACUERDO DE COOPERACION AMBIENTAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE CANADÁ; Y EL ACUERDO DE COOPERACION LABORAL ENTRE EL GOBIERNO DE LAS REPUBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE CANADÁ.

BOLETÍN N° 2009-10

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SANTIAGO, marzo 31 de 1997.

MENSAJE Nº 300-334/

Honorable Cámara de Diputados:

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el Acuerdo Chile - Canadá integrado por los siguientes tres Tratados: de Libre Comercio -suscrito en Santiago de Chile el 5 de diciembre de 1996- de Cooperación Ambiental, y de Cooperación Laboral, suscritos, el 6 de febrero de 1997, en Ottawa, Canadá.

Cabe destacar que el Acuerdo si bien comprende tres cuerpos normativos, constituye un todo indivisible, ya que el compromiso adquirido con Canadá supone su aprobación en conjunto; sólo así se permitirá equilibrar armónicamente los intereses de cada país.

Asimismo, es importante señalar que las Partes se comprometieron explícitamente en el Acuerdo, a que su entrada en vigor fuera a contar del día 2 de junio de 1997.

I. PLANTEAMIENTO

Este Acuerdo constituye un importante factor para la expansión del intercambio comercial, de las inversiones extranjeras y de los servicios transfronterizos con Canadá, mediante el establecimiento de una zona de libre comercio entre ambas partes. Asimismo, en él se ratifica el compromiso de las Partes de contar con legislaciones en materia laboral y medioambiental que sean compatibles con un desarrollo sustentable, manteniendo Chile su autonomía para determinar los estándares a exigir en nuestro ordenamiento jurídico.

En el mundo contemporáneo las sociedades han tomado conciencia de que dependen unas de otras para lograr incrementar el nivel de desarrollo y disminuir la pobreza. Ello, junto con un acelerado proceso de desarrollo tecnológico, está llevando a una globalización de las economías cada vez mayor. Este proceso se manifiesta tanto a nivel político, como social y económico.

Chile se enfrenta a este escenario mundial en un marco de estabilidad política y con un modelo de desarrollo económico que le ha permitido crecer en promedio a tasas superiores al 7% en la última década. Las exportaciones han cumplido un rol fundamental en el desempeño económico. En efecto, desde 1990 a la fecha, las exportaciones totales han crecido en aproximadamente un 15% anual ; existe cada vez una mayor diversidad de bienes y servicios para exportar; se da un clima adecuado para el desarrollo de la inversión productiva con el consecuente efecto en el empleo y su estabilidad; y se ha iniciado un proceso creciente de inversiones de capitales chilenos en el exterior.

A pesar de lo anterior, subsisten una serie de limitaciones al intercambio y la interrelación entre los países, las que, en su mayoría, son impuestas unilateralmente por los gobiernos y que se mantienen con el fin de proteger algunos sectores en particular. Se debe reconocer también la existencia de diferencias de orden natural, como lo es el tamaño de cada país y su ubicación geográfica que, de un modo u otro, marcan el desarrollo de los pueblos. Las limitaciones mencionadas constituyen restricciones importantes al desarrollo de países como Chile, que han optado por un modelo de economía abierta, pero encuentran trabas al ingreso de sus exportaciones de bienes y servicios a otros mercados y enfrentan inseguridades en las reglas del juego en los mercados externos que disminuyen la rentabilidad de invertir en ellos.

Un importante ejemplo lo constituye el llamado escalonamiento arancelario existente en los grandes mercados, que se traduce en que los productos chilenos con mayor grado de elaboración que ingresan a dichos mercados enfrentan aranceles sustancialmente más elevados. Este fenómeno ha afectado el desarrollo del sector exportador con mayor valor agregado en nuestro país. Existen, asimismo, en algunos casos exigencias de requisitos de nacionalidad para que chilenos presten servicios en el exterior. Los inversionistas chilenos que invierten en el exterior no siempre tienen asegurado el acceso a los mercados locales, y a veces no cuentan con una adecuada ley de protección frente a casos de expropiación. Menos aún, pueden recurrir a un tribunal internacional independiente de los gobiernos en caso de una disputa entre el inversionista y el gobierno del país en que invierte.

Con el fin de superar las anteriores limitaciones, el Gobierno ha iniciado una estrategia basada en la negociación de tratados internacionales. Se trata, así, de constituir un mecanismo complementario y compatible con la apertura unilateral y la liberalización a escala multilateral, que permita generar desarrollo a los distintos ámbitos de nuestra economía. Nuestro país en la actualidad requiere de mayores oportunidades que lo hagan más competitivo, ya que enfrenta requerimientos de calidad y productividad crecientemente exigentes en el mercado mundial. Ello es fundamental para seguir caminando en la senda hacia el desarrollo y generar mejores condiciones de vida para todos los chilenos.

II. FUNDAMENTO

El acuerdo de libre comercio entre Chile y Canadá se enmarca en una política de internacionalización con el resto de los países del continente americano, por lo que la estrategia de negociación se diseñó teniendo en cuenta dicha proyección. Dado que no todos los países americanos están preparados hoy para negociar la supresión de barreras, se inició la negociación con aquellas economías que sí pueden enfrentar dicho desafío en el presente, con el objeto de adelantar, al menos en parte, los beneficios de la integración. Así, se negoció el Acuerdo Bilateral con Canadá que, si bien puede ser fácilmente integrable a tratados regionales en futuras negociaciones con países de América, tiene valor jurídico y económico por sí mismo.

Canadá constituye una de las naciones de mayor grado de desarrollo económico de América, es miembro del grupo de los 7, tiene un ingreso per cápita de cerca de US$ 20.000 anuales e importa anualmente alrededor de US$ 155 mil millones. La integración de Chile con dicha economía marca, sin duda, un hito importante en nuestro camino hacia el desarrollo económico.

En los últimos seis años, nuestras exportaciones a Canadá se han incrementado en más del 70%, lo que indica la existencia de un importante mercado emergente.

Chile y Canadá comparten una visión común acerca del camino a seguir en materia de integración de las Américas. Por ello, Canadá no sólo constituye un mercado importante para la exportación de nuestros bienes y servicios, sino también, aparece como un socio estratégico para Chile en el proceso de integración de las Américas así como con el de Asia Pacífico.

El Acuerdo negociado usó como base el texto del Acuerdo de libre Comercio de América del Norte (NAFTA), el que fue objeto de importantes modificaciones con el fin de mejorarlo y adaptarlo a la realidad de la relación Chile-Canadá. El presente Acuerdo permite que cada parte mantenga su identidad en aquellos puntos que se consideran esenciales. Ejemplos de ello lo constituyen el que Chile se reserva el derecho de mantener los mecanismos de bandas de precios a los que se acogen un grupo de productos agrícolas y, el que el Banco Central de Chile mantiene la facultad de aplicar medidas cambiarias con el objeto de mantener la estabilidad de la moneda.

En algunos aspectos, este Acuerdo profundiza el grado de apertura alcanzado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Tal es el caso de las reglas de origen de un grupo importante de productos y al compromiso de no imponer derechos antidumping entre Chile y Canadá, a fin de evitar que éstos sean utilizados con fines proteccionistas.

Los derechos antidumping se han constituido en un nuevo mecanismo de protección, ya que muchos países los utilizan sin que exista un real caso de competencia desleal. Dichos derechos, por estar bajo el alero de la Organización Mundial del Comercio (OMC), son difícilmente penalizados. Ello afecta más a las economías de menor tamaño relativo, por cuanto la imposición de un derecho antidumping por parte de un mercado de gran tamaño a un producto de exportación de un país pequeño, puede provocar daño económico de envergadura en éste. Lo anterior constituye una preocupación, particularmente de la zona sur del país, ante amenazas de imposición de derechos por parte de las grandes economías. Debemos tener presente que el derecho antidumping es un instrumento que Canadá ha empleado con frecuencia.

Al mismo tiempo, a partir del año 2003, ambos países se comprometen a no imponer subsidios a las exportaciones agrícolas en el comercio bilateral, lo que supera el compromiso de Canadá frente a la OMC en esta materia.

Alternativamente, se mantiene la posibilidad de utilizar los derechos compensatorios y las salvaguardias. Los primeros permiten actuar en caso de existencia de subvenciones, y por sus características son menos susceptibles de ser utilizados con fines proteccionistas. Las salvaguardias, o medidas de emergencia, pueden aplicarse durante un período de ajuste en casos de incrementos importantes e inesperados de importaciones de un producto en particular que provoque daño a la industria local.

III. HITO REFERENCIAL

Este Acuerdo marca un hito por su nivel de profundidad y la amplitud de temas que abarca. No sólo se profundiza en materia de reducción arancelaria, al eliminarse en forma inmediata más del 80% de los aranceles que afectan al comercio bilateral y la mayoría de los partidas que contempla el arancel aduanero, sino también se agregan nuevos compromisos que reducen importantes barreras no arancelarias, como subsidios, procedimientos aduaneros engorrosos y otros mecanismos discrecionales. Se incluye un trato no discriminatorio a la exportación de los servicios -aspecto en el que Chile promete tener importantes ventajas comparativas-, y una adecuada protección a la inversión extranjera tanto en Chile como de chilenos en el exterior. Por otra parte, se establece la obligación de adoptar medidas que prohíban prácticas monopólicas, mantiene un ambiente de sana competencia en el mercado interno y elimina gradualmente la posibilidad de utilizar derechos antidumping con fines netamente proteccionistas. Se agregan sistemas de solución de disputas que permiten disminuir las diferencias de poder entre los países. También se incluyen Tratados en materia laboral y medioambiental, que mantienen la soberanía para determinar la propia legislación e imponen al Gobierno la tarea de una adecuada fiscalización de ésta. Sin embargo, cabe precisar que estos tratados no establecen vínculos entre el nivel arancelario y los estándares laborales y medioambientales. Si el gobierno no cumple con su obligación legal de fiscalización, será éste quién deberá destinar recursos para mejorar dicha falencia. En consecuencia, se establecen mecanismos de fortalecimiento de la fiscalización de la normativa legal, lo que irá en directo beneficio de los trabajadores y del medio ambiente, sin constituirse en una barrera al comercio. Este es entonces un importante precedente para la evolución futura de las negociaciones al respecto a nivel internacional.

IV. GRADUALIDAD

Este Acuerdo, si bien se basa en grandes principios de liberalización de las barreras al comercio de bienes y servicios y la inversión, reconoce asimismo, la necesidad de una gradualidad importante en el proceso de apertura de ciertos sectores sensibles. Así, entre otros, Chile establece largos plazos de desgravación para algunos productos agrícolas, mantiene las bandas de precios, se reserva el derecho de exigir la nacionalidad para ejercer como abogado en nuestro país y en materia de cabotaje, éste queda reservado a empresas chilenas. Asimismo, aspectos estratégicos, como la seguridad nacional, quedan excluidos.

Se debe destacar que la negociación en materia de acceso a provisión de servicios e inversión en los diferentes sectores económicos no significará para Chile cambio alguno respecto de su legislación actual. Se trata entonces de un proceso de consolidación de nuestro nivel de apertura, en la mayoría de los sectores. Canadá, por su parte, otorga a Chile el mismo nivel de apertura que otorga a Estados Unidos.

Un aspecto esencial a destacar es que en estos tratados se clarifica y resta discrecionalidad a la institucionalidad para el intercambio bilateral. En la ausencia de estos tratados, esa institucionalidad queda frecuentemente determinada por los actos y decisiones de las economías de mayor tamaño. Para países como Chile, con clara vocación por participar de manera transparente en la economía internacional, estos tratados que clarifican las reglas del juego y reducen la discrecionalidad de nuestros socios comerciales, sólo representan beneficios.

V. LOS TRATADOS EN PARTICULAR

A continuación se describen los tratados mencionados en forma más detallada:

1. Tratado De Libre Comercio Chile - Canadá

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá establece una zona de libre comercio que se ampara en lo dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el Artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, los que son parte del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los objetivos del Tratado, tal como se recogen en el Artículo A-02 del mismo, son los siguientes: eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de la Partes; promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; y establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de Tratado.

El Tratado consta de dieciséis capítulos, distribuidos en cinco Partes, en los que se establecen los principios generales del Tratado. Los Capítulos han sido individualizados por letras en orden alfabético. Asimismo, cada capítulo tiene una numeración correlativa independiente de los otros.

Las excepciones a los principios generales del Tratado que aparecen en los capítulos, se establecen en anexos, los que forman parte integrante del Tratado. El Tratado contiene cuatro Anexos Generales que se relacionan con los Capítulos G (Inversiones) y H (Servicios Transfronterizos). Además, cuando ha sido necesario especificar alguna obligación o derecho específico de una o ambas Partes, se ha recurrido a la elaboración de anexos particulares de determinados artículos o párrafos de los mismos.

El Tratado consta de la siguiente estructura:

-Preámbulo, que contiene los propósitos que animan a las Partes para suscribir este Tratado.

-La Primera Parte -Aspectos Generales-, comprende el Capítulo A, que describe los Objetivos del Tratado, y el Capítulo B, de Definiciones Generales utilizadas en todo el articulado, sin perjuicio de que algunos Capítulos contengan definiciones especiales.

-La Segunda Parte, que se refiere al Comercio de Bienes, incluye el Capítulo C sobre trato nacional y acceso de bienes al mercado; el Capítulo D, que establece las reglas de origen; el Capítulo E, relativo a procedimientos auaneros y el capítulo F, que regula la aplicación de medidas de emergencia.

-La Tercera Parte incluye el Capítulo G, Inversión; el Capítulo H, Comercio Transfronterizo de Servicios; el Capítulo I, Telecomunicaciones; el Capítulo J, Política en Materia de Competencia, Monopolios y Empresas del Estado y el Capítulo K, Entrada Temporal de Personas de Negocios.

-La Cuarta Parte, titulada Disposiciones Administrativas Institucionales trata de las siguientes materias : Capítulo L, Publicación, Notificación y Administración de Leyes ; Capítulo M, Derechos Antidumping y Compensatorio y Capítulo N, Disposiciones Institucionales y Procedimientos para la solución de controversias.

-La Quinta Parte denominada Otras Disposiciones, trata de las Excepciones en el Capítulo O y las Disposiciones finales en el Capítulo P.

En materia de Desgravación Arancelaria la negociación se basó en los siguientes principios. En primer lugar, lograr un área de libre comercio lo antes posible, para lo que se buscó maximizar el número de productos que se desgravarían en forma inmediata. En segundo lugar, se consideró la necesidad de dejar plazos más largos de desgravación para productos sensibles. Por último, y consistente con lo anterior, la negociación no se planteó en términos recíprocos, para evitar que un producto cuyo calendario de desgravación fuese más largo por considerarse sensible en una parte, no quedase en desgravación inmediata en la otra parte sólo por efecto de reciprocidad.

Así, se convino una desgravación arancelaria sobre el comercio de bienes, que contempla la liberalización del comercio en un plazo no superior a 6 años, con la excepción de algunos productos sensibles que sólo para efectos de ingresar a Chile, se les aplica un calendario de desgravación similar al acordado con el Mercosur, con plazos sustancialmente superiores a los seis años, y que finalizan a más tardar el año 2014.

Es así como más del 92% de las exportaciones chilenas destinadas a Canadá, se verán favorecidas por el libre acceso arancelario, en forma inmediata, una vez entrado en vigencia el Tratado. Es decir, de las 8.368 líneas arancelarias existentes en el arancel aduanero canadiense, 7.649 se desgravan en forma inmediata para productos chilenos que ingresan a ese país. El resto de los productos, lograrán estar exentos de arancel para ingresar a Canadá, en un horizonte de tiempo de entre dos años y seis años. Cabe destacar que del total exportado actualmente a Canadá cerca del 64% corresponde a bienes agrícolas y el resto a bienes industriales. El 91% de los productos agrícolas que Chile exporta hoy a Canadá podrán ingresar sin pago de arancel a ese país en la fecha de entrada en vigencia de éste Tratado. Chile, en cambio, desgravó en forma inmediata el 45% de las exportaciones actuales de Canadá a Chile.

La rapidez del proceso de desgravación, así como la rebaja arancelaria de productos con mayor valor agregado que presentaban aranceles bastante superiores a los niveles existentes en Chile (15 -25%), y que a más tardar en el año 2003 no pagarán arancel, son indicios de que el beneficio para Chile, por este proceso de liberalización, pueden ser muy importantes. Las ramas agroindustriales, calzado y textiles, entre otras, pueden verse beneficiadas de modo importante con ello.

En cuanto a la entrada de bienes canadienses a nuestro país, la mayor parte de los productos que Chile libera en forma inmediata a Canadá constituyen insumos y maquinaria para la industria y el sector agrícola chileno. La adquisición de insumos de alta calidad y de menor precio por la desgravación arancelaria, generará un ahorro en los costos de producción de nuestros empresarios. Simultáneamente, el acceso a tecnología de punta generará una mayor eficiencia en los procesos productivos en los distintos sectores de nuestra economía.

Chile desgravará en forma inmediata cerca del 70% de las importaciones actuales provenientes de Canadá. De las 5.881 líneas arancelarias existentes en nuestro país, se desgravarán en forma inmediata 4.340. El resto de los aranceles de productos que ingresen de Canadá a Chile se desgravarán en un período de tiempo de entre 2 y 18 años. Cerca del 81% de estas importaciones son productos industriales, siendo el resto productos agrícolas. Entre estos últimos se encuentran sectores de alta sensibilidad, aplicándose la misma desgravación acordada con Mercosur, de manera de que se pudiesen ajustar a las futuras exigencias del mercado internacional.

Si bien el compromiso arancelario exceptúa de la desgravación algunos productos (huevos, lácteos y aves), Canadá otorga a Chile la posibilidad de exportar dichos productos sin arancel dentro de una cuota que supera la actual capacidad exportadora de nuestros productos y a la que el resto del mundo accede con arancel positivo. Chile mantiene su arancel NMF.

En el sector automotriz (vehículos y partes y piezas automotrices), se estipuló la rebaja completa del arancel desde la entrada en vigencia del Tratado. Asimismo, se acuerda una importante flexibilización de la reglas de origen en relación al patrón NAFTA, de modo tal que la exigencia de contenido regional, se reduce a 20% para los automóviles y 30% para las partes y piezas de los mismos, utilizando el método del costo neto. Asimismo, se mantiene vigente el estatuto automotriz, incluyendo la prohibición de importar autos usados.

En el caso de los computadores, las Partes se comprometen a no aplicar arancel para al ingreso de estos productos sin importar el origen de los mismos, lo que favorecerá principalmente la modernización tecnológica de la producción nacional y ayudará en el proceso de reforma a la educación que esta llevando a cabo nuestro país.

El Tratado incluye una serie de compromisos respecto de las llamadas disciplinas comerciales que conforman una serie de normas que otorgan transparencia a la manera de proceder de Chile y Canadá, eliminando barreras no arancelarias al comercio de bienes.

Ambos países se comprometen en el artículo G-01 a otorgar a las exportaciones provenientes de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgan a los bienes nacionales, principio conocido con el nombre de Trato Nacional. Chile exceptuó de esta obligación la legislación que prohibe la importación de vehículos usados. Por su parte, Canadá mantuvo controles sobre las exportaciones de troncos de todas las especies y sobre la exportación de pescado no procesado.

No se aplicarán exenciones de aranceles aduaneros u otros beneficios de este tipo a ningún sector. Chile reservó el derecho a mantener el actual Estatuto Automotriz, sin adelantar los compromisos de desmonte establecidos bajo la OMC. Los sistemas de drawback (Ley 18.708 y decreto 224) y el pago diferido de aranceles para los bienes de capital (Ley 18.634) seguirán vigentes.

Chile se reservó en el artículo C-17 el derecho a mantener el sistema de bandas de precios establecido en la Ley Nº 18.525. Las reducciones arancelarias no se aplicarán sobre el derecho específico establecido por la banda de precio, sino sólo sobre el 11% de arancel y de acuerdo al calendario de desgravación pactado.

En materia de subsidios a la exportación en el sector agrícola, en el artículo C-14, las Partes acordaron no implementar nuevas medidas de este tipo, con excepción de las ya existentes, observando en todo momento las normas de la OMC que regulan esta materia. Adicionalmente, las Partes comparten el objetivo común de la eliminación multilateral de los subsidios sobre bienes agrícolas y se comprometen a eliminarlos a más tardar el año 2003. Si alguna de las Partes reintroduce un subsidio, la otra podrá incrementar la tasa arancelaria de ese producto a la tasa NMF.

La anterior disposición representa un logro para Chile, por cuanto nuestro país ya ha comprometido frente a la OMC el no tener ningún tipo de subsidio a la exportación, excepto el reintegro simplificado; hasta el año 2003. Canadá, por su parte, aún mantiene ante la OMC la posibilidad de implementar cierto tipo de subsidios al sector agrícola. Este Tratado permite profundizar el compromiso canadiense en esta materia respecto de OMC. Por otro lado, ambos países ya han comprometido en la OMC la eliminación total de los subsidios a la exportación en los sectores no agrícolas. Este Tratado no acelera los plazos ahí comprometidos, lo que favorece a Chile, ya que permite mantener el reintegro simplificado hasta el año 2003.

El Tratado en el artículo C-12 establece el compromiso de no adoptar o mantener impuestos a la exportación, a menos que dicho impuesto se aplique a bienes destinados al consumo interno. Se establece que las restricciones a la exportación por razones, como escasez o conservación de recursos, justificadas bajo el GATT 1994, son aplicables sólo si cumplen una serie de requisitos que especificados en el Tratado.

En razón de que un importante producto de exportación chileno a Canadá son los vinos y licores, se establecen, en el artículo C-10 y su anexo, algunos compromisos explícitos al respecto, como que Canadá se compromete a no discriminar en la distribución de vinos y licores en su territorio, lo que favorece al exportador chileno de vinos dada la existencia de un monopolio estatal en la distribución de vinos en dicho país. Adicionalmente, no se podrán mezclar los licores para su embotellamiento, aspecto que actualmente afecta a nuestro sector exportador, perjudicando la imagen del vino chileno. Por último, se reconocen como indicaciones geográficas las marcas "whisky canadiense" y "pisco chileno". Este reconocimiento consiste en que Canadá no permitirá la importación o venta de "pisco chileno" que no haya sido fabricado en Chile y el mismo trato Chile le dará al "whisky canadiense".

El Tratado en el artículo C-08 compromete la no aplicación de restricciones, tanto a las importaciones como a las exportaciones. Chile ha reservado por dos años, las disposiciones de la Ley Nº 16.624, que obligan a los productores de este mineral a vender determinadas cantidades en el mercado interno. Además, se eliminarán todo tipo de cargas que no sean aranceles y que se conviertan en una traba al comercio. También, Chile no aplicará a los productos originarios de Canadá la tasa aeronáutica y la tasa de despacho. Ambas Partes concuerdan con el objetivo de facilitar el comercio, es decir eliminar todo tipo de trabas a operaciones menores y que permiten el inicio de negocios.

Se establece en el artículo C-15 un Comité de Bienes y Reglas de Origen, el cual permitirá que Canadá y Chile discutan cualquier materia relacionada con estos temas que pueda surgir.

Las reglas de origen, acordadas en el capítulo D permiten evitar la triangulación de comercio que pueda producirse por efecto de diferencias en las tasas arancelarias con terceros países. El Tratado establece reglas de origen que, si bien se basan en las normas Nafta, han sido flexibilizadas con el fin de que la oferta exportable obtenga acceso real al mercado canadiense.

Las reglas de origen contemplan el salto arancelario y el valor de contenido regional, conceptos similares, pero no idénticos a los definidos en las reglas tipo ALADI. En el caso del valor de contenido regional, la norma negociada en muchos casos contempla porcentajes exigidos de entre 20% a 35%. Esto favorece a Chile por cuanto existen estudios técnicos de calculan que el promedio del valor agregado de la industria nacional es sustancialmente inferior al 50% generalmente utilizado.

El valor de contenido regional se calcula, en la mayoría de los casos, en base al llamado valor de transacción, basado en el Código de Valoración Aduanera. Sólo en los casos en que se consideró que los precios de transacción podrían no estar reflejando el verdadero valor, como es el caso en que existen empresas relacionadas, se utiliza el llamado método del costo neto, que se calcula usando los costos de producción. En este caso son válidos como base de cálculo los costos registrados de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados de cada país. Es decir, no se requiere adoptar una contabilidad diferente.

Asimismo, existen en el Tratado disposiciones generales que otorgan cierta flexibilidad al cumplimiento de las reglas. Tal es el caso de las normas sobre Acumulación (artículo D-04 y De Minimis (artículo D-05)

Estas reglas, además de una serie de principios generales, se presentan en una lista donde se especifica la que cada producto debe seguir para ser considerado originario y acceder a las preferencias del Tratado. Según dispone el artículo E-11, se establecerá una reglamentación anexa, Reglamentación Uniforme, que determinará en detalle los procedimientos a seguir para realizar los cálculos, cuando estos son necesarios. Lo anterior implica que las normas establecidas en este Tratado no dejan espacio a una doble interpretación de éstas, evitándose así futuras diferencias.

Para determinar si un producto puede acceder a la preferencia, el exportador requerirá de conocer la regla específica del producto que desea exportar, sin necesidad de entender el capítulo completo de reglas de origen.

El Tratado establece en el capítulo E reglas respecto de los Procedimientos Aduaneros, con el objeto, por una parte, de impedir que éstos se utilicen como barreras no arancelarias al comercio, y, por la otra, de reglamentar la aplicación y fiscalización del cumplimiento de las normas de origen. Estos procedimientos representan para Chile la introducción de nuevas formas de proceder: la certificación del origen; la determinación de las obligaciones del importador y del exportador; la factibilidad de que el sector privado requiera pronunciamientos en forma previa al despacho de las mercancías respecto al cumplimiento de origen; mecanismos de revisiones e impugnaciones de las actuaciones de la administración; y un adecuado y efectivo sistema de sanciones.

La certificación de origen corresponderá a los principales responsables de la observancia de las reglas de origen: los exportadores y productores. No existen, por lo tanto, las entidades certificadoras como ocurre con la aplicación de los acuerdos comerciales firmado en el contexto de ALADI.

Entre los nuevos tipos de compromisos adquiridos en este Tratado comercial, están los que se refieren a los Derechos Antidumping y Compensatorios en el capítulo M. En esta materia se acordó la obligación de no aplicar medidas antidumping a los bienes en que el arancel de ambas partes sea eliminado o el 1 de enero del 2003, cualquiera ocurra primero. En el intertanto se permite la aplicación de dichas materias, con la salvedad que, si se produce algún reclamo, éste será resuelto de acuerdo a un tribunal internacional. Dicho tribunal se basa en reglas OMC con algunas características adicionales que mejoran su efectividad, principalmente agilización de los plazos para el establecimiento de los paneles y devolución de los derechos cobrados en exceso, con intereses. Este mismo sistema de solución de disputas se aplicará en caso de reclamos por derechos compensatorios. En este caso no existe compromiso de exención de derecho entre Chile y Canadá, por lo que el sistema de solución de disputas anterior se aplicará aún después de finalizado el período de transición para efectos de dichos derechos.

El Tratado comercial según se decía, tiene por objeto aumentar el comercio entre las partes a través de la constitución de una zona de libre comercio, es decir, una zona donde las importaciones no están sujetas a pago de derechos. Los derechos antidumping son medidas frecuentemente utilizadas por los grandes socios comerciales con el propósito de proteger su industria local, más que como una herramienta para combatir la competencia desleal. Es difícil que una empresa realice dumping propiamente tal, es decir, reduzca sus precios bajo el costo produciendo pérdidas a la empresa, sólo con el objeto de eliminar la competencia, ya que ello generalmente no es rentable. Sin embargo, los mecanismos permitidos por la OMC para calcular la existencia de dumping e imponer un derecho, aún dejan un cierto espacio para que los países puedan abusar del instrumento del derecho antidumping, utilizándolo con fines proteccionistas.

El acuerdo logrado en esta materia entre Chile y Canadá marca un importante precedente a nivel internacional, y tiene por objeto seguir fomentando esta política para evitar que las grandes economías afecten a nuestro sector exportador, utilizando la supuesta existencia de dumping como excusa.

Complementariamente al anterior compromiso, se estableció en el capítulo F un sistema de Salvaguardias, también llamadas medidas de emergencia, cuyo objeto es evitar un daño que puede ocasionarse, por un aumento excesivo e imprevisto en la importación de un producto originario de la otra Parte, a causa de la desgravación arancelaria al implementarse el Tratado. Las medidas bilaterales sólo se podrán utilizar durante el período de transición -6 años-, excepto respecto de aquellos productos cuyo período de desgravación sea superior, en cuyo caso se mantendrá mientras dure dicho proceso.

No obstante, se acordó también un sistema de compensaciones que beneficia a la Parte afectada por la salvaguardia, lo que conlleva un equilibrio en los beneficios, con el objeto de cercenar prácticas de tipo proteccionistas.

En el largo plazo, se conserva la posibilidad de imponer salvaguardias no discriminatorias bajo el alero del artículo XIX del GATT de 1994, más allá del período de transición antes mencionado, ya que ambos países son miembros de la OMC.

En el Capítulo G, se regula el régimen de Inversiones entre ambos países. Este Tratado mejorará considerablemente el régimen jurídico general que se aplica a los inversionistas canadienses en Chile y a los chilenos en Canadá, ya que se han otorgado beneficios y garantías sobre trato no discriminatorio.

Similar al caso de los productos, se garantiza que los inversionistas de la otra Parte reciban un trato similar a los inversionistas nacionales. Ello respeta el principio de la no discriminación arbitraria establecido en la Constitución de Chile. Asimismo, los inversionistas de la otra Parte deben recibir beneficios equivalentes a los que la Parte otorgue a inversionistas de terceros países.

El Tratado regula cuidadosamente las condiciones para la expropiación y garantiza a los inversionistas de la otra Parte compensación justa y adecuada en caso que ocurriese una expropiación, no obstante que la actual legislación chilena otorga estas garantías al inversionista extranjero.

Se consagra la no existencia de requisitos especiales para invertir en un determinado sector, -Requisitos de Desempeño-, tales como la exigencia de que se exporte una parte de la producción.

El Tratado reconoce la existencia de ciertas restricciones que impiden cumplir con los principios generales establecidos en el articulado, permitiendo a las Partes incluir reservas, las cuales se encuentran acotadas en anexos al Tratado.

Ninguna Parte podrá exigir que una empresa que sea una inversión del otro Estado, designe a individuos de alguna nacionalidad, en particular para ocupar puestos de alta dirección.

El artículo G-09 del Tratado establece que las partes se comprometen a que las transferencias relacionadas con la inversión de la otra Parte, pueda realizarse libremente y sin demora, en una divisa de libre uso y al tipo de cambio vigente en el mercado. Sin embargo, la aplicación irrestricta de esa norma iría en detrimento de las atribuciones que la Ley Orgánica Constitucional confiere al Banco Central. Por ello, Chile ha incluido una reserva a dicho artículo, lo que permitiría la aplicación de ciertas medidas con el propósito de mantener la estabilidad de la moneda.

De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, las medidas adoptadas no pueden discriminar entre inversionistas para operaciones de la misma naturaleza. Así, la reserva negociada con Canadá establece un marco dentro del cual el Consejo del Banco Central podrá mantener o adoptar acuerdos para efectos de asegurar la estabilidad de la moneda. Dicho marco permite que el Banco Central mantenga las medidas actualmente en aplicación, con algunas holguras.

Dentro de las medidas reservadas se incluyen:

a) La exigencia de permanecer un año a los capitales provenientes de una inversión, de acuerdo a como se aplica en la actualidad. En el caso de programas especiales de inversión, que establecen beneficios y requisitos adicionales, es posible que la restricción de repatriación de capitales se eleve hasta 5 años. Tal es el caso actual de los Fondos de Inversión de Capital Extranjera (FICE), programa especial que entrega beneficios adicionales con la condición de una mayor permanencia de los capitales en Chile.

b) La Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile establece que el encaje a las inversiones o créditos que llegan a Chile es 40% y no impone límites a los años de aplicación. El tratado limita esta atribución al establecer la posibilidad de exigir un encaje a todo tipo de inversiones y créditos que ingresan a Chile, exceptuando el encaje a los aportes de capital en inversiones productivas. Este encaje no podrá ser superior al 30% y sólo será aplicable como máximo durante los dos primeros años que los capitales permanecen en Chile.

c) La posibilidad de imponer medidas que permitan evitar que se eludan las medidas reservadas antes señaladas.

El Tratado establece un sistema especial de solución de controversias relacionado con inversiones y regulado en el Capítulo G.

Un inversionista (como se define en el Tratado) puede reclamar por sí o por cuenta de una empresa bajo su control, contra una medida de una Parte que viole las normas que rigen las inversiones (Sección 1 del Capítulo G) y otras normas referidas a empresas del Estado (artículos J-02 y J-03). Ello siempre que no hayan transcurrido más de tres años de la transgregsión.

Si no prospera una solución vía consulta o negociación, el inversionista puede someter el asunto a arbitraje siempre que hayan transcurrido seis meses desde que tuvieron lugar los hechos. El inversionista puede escoger el procedimiento arbitral entre, por una parte, las reglas del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI) o las Reglas de Mecanismo Complementario del CIADI, si tanto la Parte contendiente como la Parte del inversionista del CIADI no son ambas miembros del Convenio del CIADI; y, por otra parte, las Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Chile ha ratificado las Convenciones del CIADI y del CNUDMI; Canadá sólo la Convención del CNUDMI. Si un inversionista elige someter una reclamación conforme al procedimiento establecido en el Capítulo G, debe renunciar a iniciar o continuar un procedimiento ante tribunales locales, salvo medidas precautorias suspensivas. Si un inversionista de Canadá elige alegar la violación de las normas sobre inversión ante un tribunal chileno, no podrá recurrir subsecuentemente al sistema de solución de controversias establecido en el Capítulo G.

El tribunal arbitral estará integrado por tres árbitros, salvo acuerdo en contrario. Cada una de las partes podrá nombrar un árbitro; el tercer árbitro y presidente del tribunal se designarán de común acuerdo o, en su defecto, por el Secretario General del CIADI, de una lista que establecerán las Partes y a condición que no sea nacional de la Parte contendiente o de la Parte del inversionista contendiente.

Salvo que las Partes contendientes acuerden otra cosa, la sede del tribunal será escogida según las Reglas del CIADI o del CNUDMI, dependiendo de cuáles reglas rigen.

Las controversias se resolverán de conformidad con el Tratado y las reglas aplicables del derecho internacional. La interpretación que formule la Comisión sobre una disposición del Tratado será obligatoria para el tribunal arbitral. El fallo arbitral sólo puede reconocer daños pecuniarios más intereses o la restitución de la propiedad. El inversionista contendiente podrá recurrir a la ejecución de un laudo arbitral conforme al Convenio del CIADI, a la Convención de Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958) o la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Panamá, 1975). Cada Parte dispondrá la debida ejecución de un laudo en su territorio.

Adicionalmente, el Tratado contempla una cláusula general que permite exceptuarse de algunos compromisos del mismo en caso de problemas de balanza de pagos.

El Tratado incluye una garantía adicional de liberalización en el campo de los Servicios Transfronterizos en su Capítulo H. Esta es la primera vez que Chile negocia el tema de servicios más allá de los compromisos establecidos en la OMC, que afecta sólo a algunos sectores. El compromiso en el Tratado es más amplio, en el sentido de abarcar la casi totalidad de los sectores de servicios, y más profundo, en el sentido de comprometer más aspectos en cada sector.

El Tratado abarca el comercio transfronterizo incluyendo medidas respecto de la producción, distribución, comercialización y venta de los servicios; la compra y el pago, el acceso y uso de las cadenas de distribución y los sistemas de transporte relacionados con los servicios; la presencia en el territorio de un proveedor de servicio de la otra parte y la provisión de un valor financiero como condición para la prestación de un servicio.

El Tratado, en materia de servicios, incluye los principios de Trato Nacional, y Nación más Favorecida de modo similar al caso de inversiones. Se agrega la no exigencia de presencia local a los proveedores de la otra Parte para prestar un servicio, el compromiso de transparencia de información respecto de restricciones cuantitativas no discriminatorias, criterios objetivos y de transparencia de información para la obtención de licencias y certificados. En materia de telecomunicaciones se incluye: seguridad de acceso a las redes públicas de telecomunicaciones; condiciones para la provisión de servicios de valor agregado y requisitos de transparencia de la información.

Las Partes, al igual que en el caso de los inversionistas, han establecido excepciones a los principios antes señalados, basadas en medidas existentes, a través de reservas al Tratado que se establecen en el Anexo I. Sin embargo, se conviene que dichas medidas no podrán modificarse en el sentido de tornarlas menos conformes con los principios antes mencionados. Más aún, si las partes modifican las medidas en el sentido de liberalizarlas, es decir, haciéndolas menos disconformes con el Tratado, esa Parte no podrá modificar nuevamente la legislación para volver a la medida reservada inicialmente. En otras palabras, se congelan también las futuras liberalizaciones.

Adicionalmente, cada Parte ha mantenido la posibilidad de adoptar medidas disconformes con los principios del Tratado en algunos sectores, para los que se establecen reservas en el Anexo II.

Asimismo, el Tratado no abarca el comercio transfronterizo de algunos servicios que se han exceptuado en el mismo capítulo: los servicios financieros, los servicios de transporte aéreo, las compras de gobierno o de empresas del Estado y los subsidios o donaciones del Gobierno o de una empresa del Estado.

Cabe también mencionar que el acuerdo establece una excepción general en materia de industrias culturales. Es entonces posible establecer medidas discriminatorias en los industrias de radio, televisión, diarios, entre otros.

El Tratado contempla el capítulo K sobre Entrada Temporal de Personas de Negocios, que otorga garantías para un ingreso más expedito de los inversionistas de ambos países, los visitantes de negocios, las transferencias de personal dentro de una compañía y otros profesionales.

El Capítulo L del Tratado se refiere a la publicación, notificación y administración de normas del tratado. Las Partes se obligan a publicar las normas legales y las resoluciones administrativas de aplicación general. En lo posible, la publicación debe hacerse por adelantado, dando la oportunidad a los interesados de formular observaciones.

Dicho capítulo establece también que cada Parte deberá notificar a la otra cualquier medida que pueda afectar sustancialmente el funcionamiento del Tratado o los intereses de la otra Parte.

En cuanto a procedimientos administrativos, el Capítulo L señala que cada Parte debe asegurar que las personas afectadas reciban aviso del inicio del procedimiento y, cuando sea factible, puedan presentar argumentaciones a sus pretensiones. Asimismo, se dispone que deben establecerse tribunales imparciales para la corrección de acciones administrativas relacionadas con el Tratado, dando oportunidad a que las Partes puedan defender su posición y se dicten resoluciones fundadas en las pruebas rendidas.

El Capítulo J se refiere a Políticas sobre competencia, monopolios y Empresas del Estado, las que son plenamente consistentes con la legislación actualmente vigente en Chile en la materia. Se establece la obligación general de las Partes de adoptar o mantener medidas que prohíban prácticas contrarias a la libre competencia, debiendo las Partes efectuar consultas sobre la eficacia de las medidas que cada una adopte.

El mismo capítulo permite a las Partes establecer monopolios. Si el monopolio lo ejerce un ente privado, cada Parte debe asegurarse que dicho ente actúe de manera que no sea incompatible con las obligaciones del Tratado, tomando sus decisiones solamente bajo consideraciones comerciales y otorgando un trato no discriminatorio en sus adquisiciones y ventas. El Capítulo J permite también establecer o mantener empresas del Estado.

El Capítulo N establece primeramente las instituciones que administrarán el Tratado.

En primer lugar, se crea la Comisión de Libre Comercio integrada por Ministros de Estado o las personas que éstos designen. La Comisión tendrá como misión supervisar la aplicación del Tratado y la labor de los comités y grupos de trabajo; también debe resolver las controversias que surjan respecto de la interpretación o aplicación del Tratado. Sus decisiones se tomarán de común acuerdo, quedando facultada la Comisión para establecer sus reglas de procedimiento. En todo caso, debe reunirse en forma ordinaria por lo menos una vez al año.

En segundo lugar, se establece un secretariado, integrado por secciones nacionales.

Para tal efecto, cada parte deberá designar un secretario de su sección y asumir los costos de ella. El Secretariado deberá proporcionar asistencia a la Comisión y a los paneles que se formen de acuerdo al Capítulo N.

El Capítulo N establece también el Sistema de Solución de Disputas del Tratado. Se reglamenta la forma de solucionar divergencias entre las Partes relativas al Tratado o a medidas incompatibles con éste o que puedan causar anulación o menoscabo a ciertos beneficios en él establecidos. No se aplicará este procedimiento a discrepancias que surjan en relación con medidas de emergencia propuestas (Capítulo F) o a materias exceptuadas del Tratado bajo el Capítulo O - (seguridad nacional, tributación, balanza de pagos, industrias culturales).

El Tratado abre primeramente una opción para que la Parte reclamante recurra, a su elección, al procedimiento establecido bajo la Organización Mundial del Comercio o el Tratado. Si la Parte opta por el Tratado, el procedimiento es el que se resume a continuación.

En primer lugar, el Tratado establece un sistema de consulta entre las Partes y si éste no prosperase, cualquiera de las Partes puede recurrir a la Comisión del Tratado, la cual debe iniciar una fase de conciliación o mediación.

Si la Comisión no logra poner de acuerdo a las Partes dentro de cierto plazo, deberá establecer un panel arbitral de cinco miembros, siguiendo las Reglas de Procedimiento que establecerán las Partes. Los panelistas se escogen, por lo general, de una lista confeccionada por las Partes de personas con conocimiento y experiencia internacional. Cada Parte selecciona dos panelistas, ciudadanos de la otra Parte; el presidente se designa de común acuerdo, y si no lo hubiere, una Parte elegida por sorteo debe designar al presidente de entre la lista, pero siempre que no sea ciudadano de ninguna de las Partes. Una Parte puede escoger un panelista que no esté en la lista pero puede ser recusado por la otra Parte.

El panel, dentro de ciertos plazos y recibida la información que estime pertinente, emite un informe preliminar que contiene conclusiones de hecho, una determinación si existe incompatibilidad entre el Tratado y la medida de la Parte y una recomendación. Cumplido cierto plazo para observaciones de las Partes, el panel emite un informe final que se comunica a las Partes y a la Comisión y luego se publica, salvo acuerdo en contrario de la Comisión.

Las Partes deben convenir en la solución de la controversia con sujeción, por lo general, a las determinaciones del panel. La solución debe consistir en la derogación de la medida disconforme y, si ello no es posible, puede otorgarse una compensación. Si las Partes no llegan a acuerdo sobre una solución satisfactoria para ambas, la Parte reclamante puede suspender la aplicación de beneficios de efecto equivalente a la Parte demandada, en lo posible dentro del sector afectado por la medida. Si la Parte demandada considera que la medida de la Parte reclamante es excesiva, puede solicitar un nuevo panel.

El Tratado contempla Excepciones Generales que se establecen en el Capítulo O. Dicho capítulo, en primer lugar, incorpora al Tratado las excepciones generales contenidas en el Artículo XX del GATT 1994. Dispone, también, que la normativa sobre comercio de bienes y servicios del Tratado no impide que una Parte adopte medidas para asegurar el cumplimiento de sus leyes que no sean incompatibles con las del mismo, aún aquellas que se refieren a la salud, seguridad y protección del consumidor.

En segundo lugar, el Capítulo O dispone, en relación con seguridad nacional, que las Partes no tienen obligación de proporcionar información y que pueden adoptar las medidas necesarias para proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad, en especial relativas al comercio de armamentos y las operaciones sobre bienes, servicios y tecnología, con el fin de proporcionar suministros a un establecimiento de defensa.

En tercer lugar el Capítulo O exceptúa en general las medidas tributarias de orden interno, disponiendo que no se afectarán los derechos que se deriven de convenios tributarios, debiendo prevalecer éstos en caso de incompatibilidad. Las Partes asimismo, acuerdan celebrar un tratado de doble tributación en el futuro.

En cuarto lugar, en relación con balanza de pagos, el Tratado permite adoptar medidas que restrinjan las transferencias en caso de dificultades serias en su balanza de pago o amenaza de las mismas. La Parte deberá someter a revisión del Fondo Monetario Internacional las medidas que aplique debiendo evitar daños innecesarios y debiendo ser éstas temporales.

Por último, el Capítulo O exceptúa de las normas del Tratado las industrias culturales, salvo en lo que se refiere a acceso al mercado y eliminación de tarifas arancelarias.

2. Tratado de Cooperación Ambiental

La esencia de esta normativa es la de entregar un marco ambiental que sea compatible con las condiciones necesarias para el desarrollo económico y el progreso de cada país. En esta perspectiva, hay que destacar que el Tratado respeta la autonomía de cada una de las Partes, al no consultar ninguna imposición unilateral de una respecto de la otra, como tampoco obliga a armonizar estándares medioambientales entre ambos países.

La única obligación contraída es la de respetar las propias leyes. En caso de no hacerlo, el país cuestionado podría tener que destinar recursos para una mayor fiscalización del cumplimiento de su propia legislación, luego de un proceso que incluye consultas, informes técnicos y un sistema de solución de controversias. Cabe tener presente que el Tratado contiene una definición muy precisa de lo que se considera "legislación ambiental", concepto que no incluye la extracción de recursos naturales.

Finalmente, y como consecuencia de lo anterior, hay que destacar que no existe vínculo entre las barreras comerciales y el Tratado medioambiental.

Los objetivos principales de este Tratado son los siguientes:

a) Alentar la protección del medio ambiente en el territorio de las Partes involucradas.

b) Promover el desarrollo sustentable a partir de la cooperación y el apoyo mutuo en políticas ambientales y económicas.

c) Mejorar la observancia y aplicación de las normas ambientales. Para estos efectos se establece una institucionalidad consistente en un Consejo formado por un integrante de cada una de las Partes a nivel de Ministro o su equivalente, un Comité Consultivo Público Conjunto y un Comité Revisor Conjunto, secretarías nacionales, que revisará denuncias de incumplimiento de las leyes ambientales.

d) Promover la transparencia y participación de la ciudadanía en este ámbito. Esto constituye una novedad en materia ambiental chilena, por cuanto permite que cualquier persona o institución pueda pedir al Comité Revisor que examine los casos donde supuestamente una de las Partes esté incurriendo en omisiones o infracciones respecto del cumplimiento de sus leyes ambientales.

Por último, hay que anotar que en Chile existen disposiciones legales y reglamentarias con problemas de superposición, fiscalización e incluso de vigencia de las mismas. Dado lo anterior, nuestro país negoció y obtuvo un plazo de dos años de moratoria en la aplicación de parte de la legislación ambiental, a contar de la fecha de entrada en vigencia del mismo. Durante este período Chile deberá revisar su legislación con el objeto de aclarar y modificar su normativa ambiental en lo que crea pertinente.

3. Tratado de Cooperación Laboral

El tema laboral y su vinculación con el comercio internacional ha adquirido notoria presencia en el actual contexto económico internacional. El Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá, Estados Unidos y México, acordado en forma paralela al NAFTA, fue el primer instrumento internacional que aborda estos temas. Otra nueva experiencia la constituye este Tratado de Cooperación Laboral entre Chile y Canadá.

Para Chile el Tratado resulta positivo, porque los principios laborales que recoge son congruentes con los principios y políticas laborales del gobierno y de los actores sociales chilenos. Su normativa se caracteriza por promover la cooperación entre las Partes, privilegiar el cumplimiento de las leyes laborales propias, no imponer leyes comunes ni su homologación, no penalización de particulares por eventuales incumplimientos, como tampoco imposición de sanciones comerciales.

En su contenido destacan los siguientes aspectos:

a) El Tratado persigue alcanzar una mayor cooperación y entendimiento entre las partes respecto de varios aspectos laborales. Tiene como metas fomentar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de los países y proteger, aumentar y asegurar los derechos básicos de los trabajadores.

b) Establece la obligación de cada una de las partes de garantizar la aplicación de sus leyes laborales nacionales. Este compromiso se aplica a los principios laborales básicos que abarcan cuestiones relativas a las relaciones industriales, normas de empleo y las normas de seguridad y salud ocupacional. Ambas naciones tendrán acceso a un instrumento internacional para el planteamiento de sus preocupaciones sobre el cumplimiento de la legislación laboral.

c) Provee mecanismos de cooperación y consulta para la solución de problemas, a la vez que crea un nuevo vínculo institucional entre Canadá y Chile con el establecimiento de la Comisión para la Cooperación Laboral. Dicha Comisión estará integrada por un Consejo Ministerial y contará con la colaboración del Secretariado Nacional de cada Parte.

VI.SISTEMAS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Finalmente, cabe destacar el establecimiento de sistemas de solución de controversias en los Tratados de Cooperación Ambiental y Cooperación Laboral, para aquellos casos en que una Parte considera que la Otra ha incurrido en una pauta persistente de omisiones en la fiscalización efectiva de sus normas.

Para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria, se podrá recurrir a diversos mecanismos de consulta, tales como, mediación y/o a paneles arbitrales, los que pueden incluir la convocación de asesores técnicos, recurrir a los buenos oficios, la conciliación o formular recomendaciones.

En dichos mecanismos, en caso que los correspondientes Consejos no logran resolver una controversia sobre su aplicación dentro de cierto plazo, los Consejos convocarán a un panel arbitral de cinco miembros siguiendo las Reglas de Procedimiento que acordarán las Partes.

El panel elaborará un informe preliminar al cual las Partes podrán hacer observaciones y luego emitirá un informe final que presentarán al Consejo, el que deberá ser publicado.

Si el panel establece que ha habido violación del Tratado, las Partes deberán acordar un plan de acción el cual, por lo regular, se ajustará a las determinaciones del panel. Si no se llega a acuerdo entre las Partes, el Consejo convocará nuevamente al panel, el cual deberá aprobar un plan de acción y podrá imponer el pago de una contribución monetaria de cargo del Estado sancionado, la que se depositará en un fondo cuyo objetivo será mejorar o fortalecer la aplicación de la legislación de la Parte demandada.

El procedimiento interno en Chile de aplicación y cobro de la resolución de un panel, se hará mediante una presentación ante la Corte Suprema, la cual emitirá una resolución ordenando la ejecución de la determinación del panel a la autoridad administrativa competente.

En mérito de lo expuesto, vengo en someter a la consideración de la H. Cámara de Diputados, para ser tratado en la actual legislatura extraordinaria de sesiones del H. Congreso Nacional, con urgencia, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado- la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”, el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

"ARTICULO UNICO.-Apruébanse el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, sus anexos, suscrito en Santiago de Chile el 5 de diciembre de 1996; el Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, sus anexos; y el Acuerdo de Cooperación Laboral, sus anexos, entre el Gobierno de la República de Chile y El Gobierno de Canadá, ambos suscritos en Ottawa Canadá, el 6 de febrero de 1997.”.

Dios guarde a V.E.,

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE

Presidente de la República

JOSE MIGUEL INSULZA SALINAS

Ministro de Relaciones Exteriores

JORGE ARRATE MAC NIVEN

Ministro del Trabajo y Previsión Social

EDUARDO ANINAT URETA

Ministro de Hacienda

CARLOS MLADINIC ALONSO

Ministro de Agricultura

JUAN VILLARZU ROHDE

Ministro Secretario General de la Presidencia

ALVARO GARCIA HURTADO

Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción

?INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN AMBIENTAL Y LABORAL, SUSCRITOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE CANADÁ. (boletín Nº 2009-10)

"Honorable Cámara:

Vuestra Comisión especial de estudio del proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado de Libre Comercio y de los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral suscritos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, en Santiago, el 5 de diciembre de 1996, y en Ottawa, el 6 de febrero de 1997, respectivamente, pasa a informaros sobre esta iniciativa, sometida a la consideración de la honorable Corporación en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de "simple".

El mensaje destaca que estos tres cuerpos normativos constituyen un todo indivisible, debido a que el compromiso adquirido con Canadá supone su aprobación en conjunto, como una forma de equilibrar armónicamente los intereses de cada país. Asimismo, señala que ambos Gobiernos convinieron en que entren en vigor a contar del 2 de junio de 1997, como lo disponen los artículos P 03 del Tratado de Libre Comercio y 46 de los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral.

Informaciones recientes dadas por el Embajador de Canadá en Chile, Excmo. señor Marc Lortie, señalan que el Parlamento de Canadá aprobó estos instrumentos el 25 de abril recién pasado.

Por la extensión de este informe, se os proporciona una visión general de su contenido.

En el capítulo I, se os informa de la composición y trabajo de la Comisión y de las audiencias que celebró con personeros de los sectores público y privado.

En seguida, se os reseña lo sustancial de la exposición de motivos que hace S.E. el Presidente de la República en su mensaje respecto del alcance del Tratado de Libre Comercio y de los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral suscritos con Canadá (capítulo II); del contenido normativo de dichos instrumentos internacionales, con indicación de los antecedentes económicos y jurídicos que permiten una mejor comprensión de su alcance (capítulo III), y de las opiniones que los personeros de los sectores público y privado formularon a vuestra Comisión (capítulo IV).

Finalmente, se os informa de las decisiones que adoptó la Comisión al concluir el estudio de esta iniciativa, con lo sustancial de las consultas específicas y planteamientos generales formulados en su seno, previamente a la resolución de aprobar el proyecto de acuerdo sometido a vuestra consideración (capítulo V).

I. ANTECEDENTES GENERALES.

A. Integración y trabajo de la Comisión.

Vuestra Comisión, establecida por acuerdo de la Sala adoptado en su sesión del día 1° de abril del año en curso, estuvo integrada por los señores Diputados:

-Jaime Estévez Valencia;

-Renán Fuentealba Vildósola;

-Tomás Jocelyn-Holt Letelier;

-Harry Jürgensen Caesar;

-Juan Pablo Letelier Morel;

-Arturo Longton Guerrero;

-Zarko Luksic Sandoval;

-Patricio Melero Abaroa;

-Eugenio Munizaga Rodríguez;

-Jaime Orpis Bouchon;

-Edmundo Salas de la Fuente;

-Jorge Schaulsohn Brodsky, y

-Eugenio Tuma Zedan.

En su sesión constitutiva, presidida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 232 del Reglamento de la honorable Corporación por el honorable Diputado Jaime Estévez Valencia, la Comisión eligió a su presidente, nominación que recayó en el honorable Diputado Jorge Schaulsohn Brodsky.

En la sesión celebrada por la Comisión el día 6 de mayo en curso, el honorable Diputado Felipe Valenzuela Herrera reemplazó al honorable Diputado Jaime Estévez Valencia.

Además de sus integrantes, asistieron a sus sesiones los honorable Diputados señores Sergio Correa de la Cerda, Carlos Dupré Silva, Carlos Ignacio Kuschel Silva y Jorge Pizarro Soto.

Participaron en los trabajos de la Comisión las personas siguientes:

B. PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

1. Del sector público.

-Los Ministros de Relaciones Exteriores; de Hacienda; de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Agricultura, y del Trabajo y Previsión Social, señores José Miguel Insulza Salinas; Eduardo Aninat Ureta; Álvaro García Hurtado; Carlos Mladinic Alonso, y Jorge Arrate Mac Niven, respectivamente.

-La Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), señora Vivianne Blanlot Souza.

-Del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Director General de Relaciones Económicas Internacionales, Embajador Juan Gabriel Valdés Soublette, y el Director Asia-Pacífico, Embajador José Tomás Letelier.

-El Gerente de la División Internacional del Banco Central, señor Guillermo Le Fort.

-La Secretaria Técnica de la Comisión de Distorsiones de Precios del Banco Central de Chile, señora Gloria Peña Tapia.

-Los asesores del equipo negociador señoras Catalina Bau, Liselotte Kana y María Eugenia Wagner y señores Jaime Irarrázabal; Andrés Jana; Jorge Kaufmann; Ricardo A. Lagos; Carlos Piña; Francisco Prieto; Sergio Ramos; Leonel Sierralta y Jaime Undurraga.

-El asesor del Ministro de Hacienda, señor Andreas Bauer Stampfli, y los asesores del Ministro de Agricultura señores Juan Carlos Collarte y Cristián Palma.

-El Jefe de Gabinete del Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Guillermo Campero.

-El Jefe de Gabinete del Director General de Relaciones Económicas Internacionales, señor Patricio Balmaceda, y

-El Jefe del Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Roberto Paiva Reinero.

2. Del sector privado.

-El Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, señor Walter Riesco Salvo.

-El Gerente de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Cámara Nacional de Comercio de Chile, señor Christián Novión, y el Gerente de la Asociación Nacional de Importadores, señor José Antonio Oyarzún.

-El Director de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), señor Juan Carlos Urquidi.

-El Gerente General de la Cámara Chilena de la Construcción A.G., señor Blas Bellolio Rodríguez.

-El Secretario General de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), señor Andrés Concha.

-El Gerente del Área de Comercio Exterior de la Sofofa, señor Hugo Baierlein.

-El Subgerente de Comercio Exterior de la Sofofa, señor Pedro Reuss.

-El Relacionador Público de la Sofofa, señor Juan Videla.

-El Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (Sna), señor Ricardo Ariztía de Castro.

-El Secretario General de la SNA, señor Raúl García Astaburuaga; su Gerente Técnico, señor Gustavo Rojas Le-Bert, y el Jefe del Departamento de Estudio, señor Williams Díaz.

-El Director del Programa Económico del Instituto Libertad y Desarrollo, señor Tomás Flores Jaña.

-El Director del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo, señor Pablo Kangiser.

-El Director del Instituto Libertad, señor Pedro Daza Valenzuela.

-El Vicepresidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), señor Juan Eduardo Correa Bulnes.

-El. Presidente del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (Mucech), señor Santiago Carvajal Alvarado.

-El Director del Mucech, Encargado de la Capacitación, señor Pedro Minay.

-El Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (Cut), señor Roberto Alarcón.

-El Consejero Nacional de la CUT, señor Luis Bunney Tunnaca.

-El Gerente de Estudios de la Asociación de Exportadores de Productos Manufacturados No Tradicionales (Asexma), señor Marcelo Ábrigo.

-La Jefa de Negociaciones Internacionales de Asexma, señora Claudia Zúñiga.

-El Presidente de la Asociación de Productores Avícolas (APA), señor Juan Miguel Ovalle Garcés.

-La Presidenta de la Red Nacional de Acción Ecológica (Renace), señora Sara Larraín Ruiz-Tagle.

-El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Automóviles de Chile (Cavem), señor Omar Oyarce Caviedes.

-El Vicepresidente de Cavem, señor Alberto Lanas Bunster.

-El Director Secretario de Cavem, señor Carlos Tumay Perlwitz.

-El Director Tesorero de Cavem, señor Raúl Del Oro Crespo.

-El Gerente General de Cavem, señor Augusto Contreras.

-El Presidente de la Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. (Anac), señor Iván Silva Carmona.

-El Gerente General de Anac, señor Jesús Martin.

-El asesor del Centro de Estudios Públicos (CEP), señor Ricardo Katz.

-El Gerente General de Agroinversiones S.A., señor Juan Koyakovic.

-El Gerente General de Malterías Unidas S.A., señor Guillermo Parr.

-El Gerente General de la Compañía Minera Quebrada Blanca S.A., señor James S. Drake.

-El Gerente General de la Compañía Minera Carmen de Andacollo, señor David Brace.

-El Gerente General de Falconbridge Chile S.A., señor Enrique Lithgow.

-El Abogado de Placer Dome Latin America Ltd., señor Ignacio Quiñones Sotomayor.

II. LO SUSTANCIAL DEL MENSAJE ACERCA DEL ALCANCE DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y DE LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN AMBIENTAL Y LABORAL.

A. Consideraciones generales.

Entre diversas consideraciones generales sobre la importancia de estos instrumentos, el mensaje os señala que ellos constituyen un importante factor para la expansión del intercambio comercial, de las inversiones extranjeras y de los servicios transfronterizos con Canadá, mediante el establecimiento de una zona de libre comercio entre ambos países, y ratifican el compromiso de las Partes de contar con legislaciones en materia laboral y medioambiental compatibles con un desarrollo sustentable, manteniendo Chile su autonomía para determinar los estándares por exigir en nuestro ordenamiento jurídico.

Sostiene que, mediante la celebración de tratados de este tipo, el Gobierno desea superar las limitaciones del intercambio y de la interrelación entre los países, impuestas unilateralmente por los Gobiernos con el fin de proteger algunos sectores en particular; constituyéndose en restricciones importantes del desarrollo de países como Chile, que han optado por un modelo de economía abierta, pero que encuentran trabas al ingreso de sus exportaciones de bienes y servicios a otros mercados y enfrentan inseguridades en las reglas del juego en los mercados externos que disminuyen la rentabilidad de invertir en ellos.

Un aspecto esencial, según el mensaje, es que en estos tratados se clarifica y resta discrecionalidad a la institucionalidad para el intercambio. En la ausencia de estos tratados, esa institucionalidad queda frecuentemente determinada por los actos y decisiones de las economías de mayor tamaño, por lo que su celebración sólo representa beneficios para países como Chile, que pueden por su intermedio clarificar las reglas del juego y reducir la discrecionalidad de sus socios comerciales.

B. Principales consideraciones del mensaje sobre el alcanCe del Tratado de Libre Comercio.

Específicamente, este instrumento se enmarca, según lo señala el mensaje, en una política de internacionalización con el resto de los países de América, respondiendo al propósito de negociar con una economía, como la canadiense, que puede enfrentar la supresión de barreras comerciales, y afirma que este tratado bilateral, no obstante el valor jurídico y económico que por sí mismo tiene, puede ser fácilmente integrable a futuras negociaciones con otros países de la región.

Él permite a nuestro país integrarse con la economía canadiense, una de las de mayor grado de desarrollo económico de América y del Grupo de los 7, que tiene un ingreso per cápita de cerca de US$ 20.000 anuales y registra importaciones anuales que alcanzan a los US$ 155 mil millones, aproximadamente. Hace notar que, precisamente, las exportaciones chilenas a esa economía se han incrementado en más del 70% en los últimos seis años, lo que indica, a juicio del mensaje, la existencia de un importante mercado emergente.

Al final de este informe, se agregan cuadros estadísticos sobre la estructura del comercio con Canadá, en 1995 (anexo 1), y acerca de la inversión de Canadá en Chile, conforme al decreto ley Nº 600, de 1974, materializada entre los años 1974 y 1996 (anexo 2).

Anota que en su negociación se usó como base el texto del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, en su sigla inglesa), el que fue objeto de importantes modificaciones con el fin de mejorarlo y adaptarlo a la realidad de la relación Chile-Canadá. Así, se permite que cada Parte mantenga su identidad en aquellos puntos que se consideran esenciales, como ocurrirá con nuestro país a propósito de las bandas de precio o de las facultades del Banco Central para aplicar medidas cambiarias con objeto de mantener la estabilidad de la moneda (artículos C-17 y G-09, en relación con anexo G-09.1, respectivamente).

Al comentario del mensaje se os agrega la cita, entre paréntesis, de las correspondientes disposiciones del Tratado, sin perjuicio de reseñaros su contenido más adelante.

Precisa, por otra parte, que este Acuerdo profundiza el grado de apertura alcanzado por el Nafta. Tal es el caso de las reglas de origen de un grupo importante de productos y el compromiso de no imponer derechos "antidumping" entre Chile y Canadá, a fin de evitar que sean utilizados con fines proteccionistas (capítulo D, complementado por los anexos D-1;

D-02.10, D-03.1, y D-03.2, y capítulo M).

Luego, indica que a partir del año 2003 ambos países se comprometen a no imponer subsidios a las exportaciones agrícolas en el comercio bilateral (artículo C-14), lo que supera, según el mensaje, el compromiso de Canadá frente a la OMC.

Alternativamente, se mantiene la posibilidad de utilizar los derechos compensatorios (reacción a las subvenciones) y las salvaguardias (medidas de ajuste temporal).

Agrega que este Tratado marca un hito por su nivel de profundidad y por la amplitud de temas que abarca. No sólo se profundiza en materia de reducción arancelaria, sino que también se agregan nuevos compromisos que reducen importantes barreras no arancelarias, se incluye un trato no discriminatorio a la exportación de los servicios y una adecuada protección a la inversión extranjera tanto en Chile como de chilenos en el exterior (sección II de capítulo C y capítulos H y G, respectivamente.)

Entre otros efectos importantes del Acuerdo, el mensaje destaca los siguientes.

Elimina, en forma inmediata, más del 80% de los aranceles que afectan al comercio bilateral y la mayoría de las partidas del Arancel Aduanero. En esta materia, el mensaje señala que se convino una desgravación arancelaria sobre el comercio de bienes, que contempla la liberalización del comercio en un plazo no superior a seis años, con la excepción de algunos productos sensibles, a los que sólo para efectos de ingresar a Chile se les aplica un calendario de desgravación similar al acordado con el Mercosur, con plazos sustancialmente superiores a los seis años, y que finalizan a más tardar el año 2014 (artículo C-02, anexo C-02.2 y Listas de Desgravación Arancelaria de Chile y de Canadá).

El mensaje precisa que más del 92% de las exportaciones chilenas destinadas a Canadá se verán favorecidas por el libre acceso arancelario, en forma inmediata, una vez que entre en vigencia el Tratado. Los restantes productos lograrán estar exentos de arancel entre dos y seis años.

También destaca que, del total exportado a Canadá, cerca del 64% corresponde a bienes agrícolas y el resto a bienes industriales; y que el 91% de estos productos podrá ingresar sin pago de arancel.

En cambio, Chile desgravó en forma inmediata cerca del 70% de las importaciones actuales provenientes de Canadá a nuestro país. Entre estos productos, la mayor parte la constituyen insumos y maquinaria para la industria y el sector agrícola chileno. El resto de los productos canadienses que ingresen al país se desgravarán en un período de tiempo de entre dos y dieciocho años. Entre éstos, se encuentran sectores de alta sensibilidad, a los que se les aplicará la misma desgravación acordada con Mercosur.

Chile establece largos plazos de desgravación para algunos productos agrícolas, mantiene las bandas de precios, se reserva el derecho a exigir la nacionalidad para ejercer como abogado en nuestro país y en materia de cabotaje, éste queda reservado a empresas chilenas, y aspectos estratégicos, como la seguridad nacional, quedan excluidos (artículo C-17 y anexo C-17.1; reservas de Chile a artículo H-02 y capítulo O, artículo O-02).

En beneficio de las exportaciones de la otra Parte se establece el principio del trato nacional. Chile exceptúa de esta obligación la legislación que prohíbe la importación de vehículos usados, y Canadá mantiene controles sobre las exportaciones de troncos de todas las especies y sobre la exportación de pescado no procesado (artículo C-01 y anexo C-01.3).

Nuestro país se reserva el derecho a mantener el actual estatuto automotor; los sistemas de "drawback"; el pago diferido de aranceles para los bienes de capital y las bandas de precios (artículos C-3.4 y C-17, en relación con leyes Nºs. 18.708, 18.634 y 18.525, respectivamente).

Finalmente, el mensaje destaca, como aspecto esencial, que para países como Chile, que tienen una clara vocación por participar de manera transparente en la economía internacional, estos tratados sólo representan beneficios, ya que clarifican y restan discrecionalidad a la institucionalidad para el intercambio bilateral, determinada, en su ausencia, por los actos y decisiones de las economías de mayor tamaño.

C. Principales consideraciones del mensaje sobre el AcuerDo de Cooperación Ambiental.

Destaca el mensaje que este tratado respeta la autonomía de las Partes, al no consignar ninguna imposición unilateral de Una respecto de la Otra, así como tampoco obliga a armonizar estándares medioambientales entre ambos países (artículos 3, 37 y 38).

Señala que la única obligación contraída es la de respetar las propias leyes y que no se establece vínculo entre las barreras comerciales y el tratado medioambiental. Chile obtuvo una moratoria de dos años en la aplicación de aquella parte de su legislación ambiental que concuerda con la definición del Acuerdo. En este período, el país podrá revisarla con objeto de aclararla y modificarla en lo que crea pertinente (artículos 1 (e), 5.1. y anexo 44.2).

Los objetivos principales de este tratado son:

1) Alentar la protección del medio ambiente;

2) Promover el desarrollo sustentable a partir de la cooperación y el apoyo mutuo en políticas ambientales y económicas;

3) Mejorar la observancia y aplicación de las normas ambientales;

4) Promover la transparencia y participación de la ciudadanía en este ámbito (artículo 1).

D. Principales consideraciones del mensaje sobre el Acuerdo de Cooperación Laboral.

Para Chile, este tratado resulta positivo, a juicio del mensaje, porque los principios laborales que recoge son congruentes con los principios y políticas laborales del Gobierno y de los actores sociales chilenos (artículo 1 y anexo 1).

Su normativa se caracteriza por promover la cooperación entre las Partes, privilegiar el cumplimiento de las leyes laborales propias, no imponer leyes comunes ni su homologación, no penalización de particulares por eventuales incumplimientos, como tampoco imposición de sanciones comerciales (artículos 1 (c) y (d), 11 y 18).

Sus metas son fomentar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y proteger, aumentar y asegurar sus derechos básicos (artículo 1). Con miras a lograr estos propósitos, las Partes se comprometen a garantizar la aplicación de sus leyes laborales nacionales, particularmente los principios laborales básicos en las relaciones industriales y las normas de empleo, de seguridad y salud ocupacional (artículo 2).

III. RESEÑA DEL CONTENIDO NORMATIVO DE LOS INSTRUMENTOS EN TRAMITACIÓN.

A. Reseña general.

Estos instrumentos son, en conjunto, muy voluminosos. Su texto asciende, aproximadamente, a mil páginas. Por ello, se estima útil daros una visión general de su estructura.

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá, consta de cinco partes, dieciséis capítulos y 181 artículos.

La primera parte, referida a "Aspectos Generales", se ocupa de los "Objetivos" (capítulo A), y de las "Definiciones Generales" (capítulo B).

La segunda parte, relativa al "Comercio de Bienes", regula el "Trato nacional y acceso de bienes al mercado" (capítulo C); las "Reglas de origen" (capítulo D); los "Procedimientos aduaneros" (capítulo E), y las "Medidas de emergencia" (capítulo F).

La tercera parte, sobre "Inversión, servicios y asuntos relacionados", contiene normas sobre "Inversión" (capítulo G); "Comercio transfronterizo de servicios" (capítulo H); "Telecomunicaciones" (capítulo I); "Política en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado" (capítulo J), y "Entrada temporal de personas de negocios" (capítulo K).

La cuarta parte, trata de las "Disposiciones Administrativas Institucionales" siguientes: "Publicación, notificación y administración de leyes" (capítulo L); "Derechos antidumping y compensatorios" (capítulo M); "Disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias" (capítulo N); y

La quinta parte, relativa a "Otras disposiciones", contempla normas acerca de "Excepciones" (capítulo O) y las "Disposiciones finales" (capítulo P).

Complementan el articulado del Tratado diversos anexos y notas, de un extenso contenido altamente técnico, que para los fines de este informe no se estima necesario comentar detalladamente, sin perjuicio de hacerlo con aquellos que precisan el alcance de las normas fundamentales del Tratado. En especial, cabe destacar los anexos I y II, que contienen las reservas en relación con medidas existentes y futuras que sean disconformes con los compromisos de liberalización de los capítulos G y H, y el anexo III, que contempla las excepciones en que las Partes no conferirán al inversionista de la otra Parte el tratamiento de la nación más favorecida, previsto como regla general en el artículo G-03.

Los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral celebrados entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá tienen una misma estructura. Constan de 50 artículos, agrupados en siete partes, que se refieren a las materias siguientes: objetivos (primera); obligaciones (segunda); mecanismos institucionales (tercera); consultas para la cooperación y evaluaciones (cuarta); solución de controversias (quinta); disposiciones generales (sexta) y disposiciones finales (séptima).

Mediante indicación de S.E. el Presidente de la República, se han agregado las notas Nºs. 1.880, 2.250, y EA 32, intercambiadas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y la Embajada de Canadá en nuestro país, de fechas 24 de marzo, 9 y 10 de abril, de 1997, respectivamente, mediante las cuales se corrigen, conforme al procedimiento previsto en el artículo 79 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, diversos errores formales en el texto del articulado, capítulos, notas y anexos del Tratado de Libre Comercio.

B. Reseña del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá.

Los 181 artículos de este instrumento internacional, agrupados en partes y capítulos, regulan las materias fundamentales siguientes.

1. Objetivos del Tratado (Primera parte: capítulo A, artículos A-01 a A-05).

El objetivo fundamental es establecer una zona de libre comercio, de conformidad con las normas pertinentes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT-1994) y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), ambos partes integrantes del Acuerdo de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estos Acuerdos, de los cuales nuestro país es parte, rigen como ley de la República en virtud de su ratificación, promulgación y publicación, según lo dispuesto por el decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 16, de 1995, publicado en el Diario Oficial el 17 de mayo del mismo año.

Los objetivos de este Tratado, desarrollados de manera más específica a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes.

a) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las Partes.

b) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.

c) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes.

d) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias, y

e) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.

2. Principales compromisos en favor del comercio de bienes (Segunda parte: capítulos C, D, E y F; artículos C-00 a F-05).

Éstos se refieren al comercio de bienes de las Partes, incluidos los automóviles y los bienes textiles y del vestido, entendiéndose por tales bienes los productos de Chile o Canadá que cumplan los requisitos de origen establecidos en el capítulo D.

En beneficio de la liberalización del comercio bilateral, los Gobiernos contraen los compromisos principales siguientes.

a) El de otorgar el trato nacional al bien del otro país (artículo C-01 y anexo C-01.3).

El tratamiento nacional a los bienes del otro país se otorgará de conformidad con las disposiciones del artículo III del GATT 1994, el que para estos efectos se entiende que pasa a formar parte del Tratado.

Canadá excluye de este tratamiento, principalmente, los controles que aplica a la exportación de troncos de todas las especies y de pescado no procesado. En tanto, Chile, se reserva el derecho a mantener las prohibiciones a la importación de vehículos usados que establece la ley Nº 18.483 ("Estatuto Automotor"), las que se describen en sesenta y dos clasificaciones arancelarias que se señalan expresamente (anexo C-01.3).

b) El de eliminar progresivamente los aranceles aduaneros que gravan el ingreso al mercado nacional de bienes del otro país (artículo C-2 y anexo C-02.2).

En segundo término, convienen en que ninguna Parte podrá aumentar ningún arancel existente o adoptar uno nuevo para un bien de la otra Parte, así como en la eliminación progresiva de aranceles para determinados bienes, en concordancia con la Lista de Desgravación Arancelaria que cada país anexa al Tratado.

Adicionalmente, se comprometen a realizar consultas con el fin de acelerar la eliminación de aranceles aduaneros. El acuerdo a que lleguen, aprobado por las Partes en conformidad con sus respectivos procedimientos legales, prevalecerá sobre los aranceles aduaneros existentes o el período de desgravación señalado en las Listas para el bien respectivo.

Por otra parte, se deja establecido que las Partes podrán adoptar medidas sobre las importaciones con el fin de asignar el cupo de importaciones realizadas según el arancel cuota establecido en el anexo C-02.2, siempre y cuando tales medidas no tengan efectos comerciales restrictivos sobre las importaciones adicionales a los derivados de la imposición del arancel cuota. Para revisar la administración de estas medidas, se contempla el mecanismo de consultas.

b.1) Los principios orientadores de la desgravación arancelaria y su alcance.

El mensaje os indica que, en materia de desgravación arancelaria, la negociación se basó en los siguientes principios. En primer lugar, que el objetivo es crear una área de libre comercio lo antes posible, maximizando el número de productos que se desgravan de inmediato. En segundo lugar, se negociaron plazos más largos de desgravación para productos o grupos de productos sensibles. Por último, y consistentemente con lo anterior, la negociación no se planteó en términos recíprocos, para evitar que un producto cuyo calendario de desgravación fuese más largo, por considerarse sensible en una Parte, no quedase en desgravación inmediata en la otra Parte sólo por efecto de reciprocidad.

De este modo, se convino una desgravación arancelaria sobre el comercio de bienes, que contempla la liberalización del comercio en un plazo no superior a seis años, con la excepción de algunos productos sensibles a los que sólo para efectos de ingresar a Chile se les aplica un calendario de desgravación similar al acordado con el Mercosur, con plazos sustancialmente superiores a los seis años, y que finalizan a más tardar el año 2014.

Así es como el 92% del monto exportado por Chile a Canadá, en 1995, se verá favorecido por el libre acceso arancelario, en forma inmediata, una vez que entre en vigencia este Tratado. El resto de los productos lograrán quedar exentos de arancel para ingresar a Canadá en plazos entre dos y seis años.

En cuanto a la entrada de bienes canadienses a nuestro país, la mayor parte de los productos que Chile libera en forma inmediata constituyen insumos y maquinaria para la industria y el sector agrícola. Nuestro país desgravará en forma inmediata cerca del 76% del monto importado en 1995 desde Canadá. El resto de los productos se desgravarán en un período que va de los dos a los diecisiete años. Cerca del 81% de estas importaciones son productos industriales; los restantes son productos agrícolas.

b.2) La lista de desgravación arancelaria de Chile.

La Lista de nuestro país empieza por disponer, como regla general, el tratamiento libre de arancel para los bienes originarios de Canadá desde la fecha en que entre en vigencia este Tratado, salvo lo que se establezca en las categorías de desgravación arancelaria que comprende la Lista, en todas las cuales la desgravación progresiva de bienes canadienses empieza en la fecha señalada, según un calendario que fija las etapas y porcentajes de desgravación para cada una de ellas.

Antecedentes proporcionados por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (Direcon), distinguen tres etapas en el programa de desgravación de Chile.

En forma inmediata a la vigencia del Tratado, queda con cero arancel el 74% de los productos originarios de Canadá que ingresan al país (lista A), comprendidos los siguientes.

Del sector agropecuario y agroindustrial: la mayor parte de las hortalizas, frutas frescas, semillas, centeno, avena, cebada, malta, jugos de frutas, salsas, cerveza, vinos y licores, tortas oleaginosas, trigo duro (o candeal) desde el 15 de abril al 15 de noviembre, cuotas para carnes de bovinos y porcinos, y aceites de canola.

Todo el sector pesca, la mayor parte del sector minero y una cuota para el cloruro de potasio, la mayor parte de los sectores químico y forestal, materias primas textiles: seda, lana, pelo, algodón, lino, cáñamo, yute, la mayor parte de la industria básica del hierro y del acero y del sector metalmecánico, todo el sector automotor y la mayor parte del sector de manufacturas diversas.

A mediano plazo, entre dos y siete años, el 24% de los productos canadienses queda liberado de arancel; esto es, a partir del 1 de enero de 1999 o el 1 de enero de 2004, según los casos (Listas A*, A+, AB, E, B+, B, B-, F y BC), y

A largo plazo, entre diez y diecisiete años, el 2% de los productos canadienses queda liberado de arancel, a partir del 1º de enero de 2006 o el 1 de enero de 2014, según los casos (Listas C*, C, C-, C-15, C-16 y C-18).

En este tratamiento a largo plazo, se contemplan productos sensibles para Chile, como el trigo harinero y la harina de trigo, que se liberan de arancel a diecisiete años; el azúcar, a dieciséis años; las carnes rojas, a quince años, y la carne de cerdo, aceites, arvejas, maíz y derivados, embutidos de bovino, entre otros, a diez años.

Un caso especial lo presenta para Chile su lista de exclusiones (Lista "Y"), que incluye a productos lácteos, avícolas y huevos, que Canadá libera a Chile en forma inmediata a cero arancel para una cuota global y sobre esta cuota mantiene sus aranceles superiores al 100%. Como contrapartida, nuestro país no da cuota alguna y los excluye de la desgravación.

El contenido y el calendario de desgravación para los productos originarios de Canadá que no se liberan de arancel en forma inmediata, según las diversas categorías que contempla la Lista de Chile, en términos generales, es el siguiente.

-Lista A+: incluye, entre otros bienes, los extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate; los aceites blancos, aislantes para uso eléctrico; ciertos productos del petróleo, de curtiembre; látex; papeles de seguridad, y ciertos productos de hierro y de aluminio. En esta lista, los aranceles se eliminan en tres etapas, en las que los respectivos porcentajes de desgravación, a partir de las fechas que en cada caso se indican, son los siguientes: entrada en vigencia del Tratado: 7,0%; 1 de enero de 1998: 3,5%, y 1 de enero de 1999: 0,0%.

-Lista A*: incluye el clorato de sodio y ciertos productos textiles hilados y tejidos de lana y pelo. En esta lista, los aranceles se eliminan en tres etapas, en las que los respectivos porcentajes de desgravación, a partir de las fechas que en cada caso se indican, son los siguientes: entrada en vigencia del Tratado: 8,0%; 1 de enero de 1998: 4%, y 1 de enero de 1999: 0,0%.

-Lista AB: los bienes de esta categoría, papeles de prensa, para escribir y de seguridad y algunos cartones quedan libres de arancel a partir del 1 de enero del año 2000, según el calendario de eliminación siguiente: entrada en vigencia: 8,0%; 1 de enero de 1998: 8,0%; 1 de enero de 1999: 4,0%, y 1 de enero de 2000: 0,0%.

-Lista E: en esta categoría se incluyen, entre otros, el algodón y productos hilados derivados; filamentos sintéticos o artificiales; fibras sintéticas o artificiales discontinuas; alfombras y demás revestimientos para el suelo de material sintético y tejidos de punto, para los cuales los aranceles se eliminan en 5 etapas, según el calendario siguiente: entrada en vigencia: 5,5%; 1 de enero de 1998: 5,0%;1 de enero de 1999: 4,0%; 1 de enero de 2000: 3,0%, y 1 de enero de 2001: 0,0%.

-Lista B-: en esta categoría, que comprende las espinacas, mezclas de espinacas y legumbres; cebollas conservadas provisionalmente, vidrios sin armar y la hulla bituminosa térmica, la desgravación arancelaria se producirá en 6 etapas, quedando los bienes libres de arancel a partir del 1 de enero del año 2002, según el calendario siguiente: entrada en vigencia: 5,5%; 1 de enero de 1998: 4,4%; 1 de enero de 1999: 3,3%, 1 de enero de 2000: 2,2%; 1 de enero de 2001: 1,1%, y 1 de enero de 2002: 0,0%.

-Lista B: en esta categoría, que comprende a los asnos, mulos y burdéganos vivos; la carne de caprino; hígados de porcino congelado y otras especies porcinas; hortalizas de vaina; aceitunas; trigo duro (o candeal) desde el 16 de noviembre al 14 de abril, harina de arroz, centeno, granos de avena, maíz y cebada; cacahuetes; jamones y trozos de jamón de cerdo; artículos de confitería sin cacao; pastas alimenticias (tallarines, ñoquis, ravioles), cigarros puros, tabaco y sucedáneos del tabaco; muebles, mobiliario médico, quirúrgico, artículos de cámara, aparatos eléctricos, cloruro de potasio fuera de la cuota, petróleo crudo y algunas manufacturas de hierro, la desgravación se producirá en seis etapas, quedando los bienes libres de arancel a partir del 1 de enero de 2002, según el siguiente calendario: entrada en vigencia: 8,0%; 1 de enero de 1998: 6,5%; 1 de enero de 1999: 5,0%; 1 de enero de 2000: 3,5%; 1 de enero de 2001: 2,0%, y 1 de enero de 2002: 0,0%.

-Lista B+: en esta categoría, que comprende, entre otros, el arroz, grasas y aceites, animales o vegetales, margarinas, chocolates, pan crujiente, de especias y tostado; plásticos y manufacturas; prendas y complementos de vestir, de punto, los aranceles se eliminan en 6 etapas, quedando los bienes libres de arancel a partir del 1 de enero de 2002, según el siguiente calendario: entrada en vigencia: 8,0%; 1 de enero de 1998: 8,0%; 1 de enero de 1999: 6,0%; 1 de enero de 2000: 4,0%; 1 de enero de 2001: 2,0%, y 1 de enero de 2002: 0,0%.

-Lista F: que incluye los calzados, polainas y artículos análogos, la eliminación arancelaria se producirá en siete años, quedando los bienes libres de arancel a partir del 1 de enero de 2003, según el calendario siguiente: entrada en vigencia: 10,0%; 1 de enero de 1998: 9,0%; 1 de enero de 1999: 7,0%; 1 de enero de 2000: 5,0%; 1 de enero de 2001: 4,0%; 1 de enero de 2002: 2,0%, y 1 de enero de 2003: 0,0%.

-Lista BC: en la que se incluyen semillas de girasol, nabo o de colza, cártago, incluso quebrantadas, la desgravación se hará en 8 etapas, quedando los bienes libres de arancel a partir del 1 de enero de 2004, según el calendario siguiente: entrada en vigencia: 6,0%; 1 de enero de 1998: 5,0%; 1 de enero de 1999: 4,0%; 1 de enero de 2000: 3,5%; 1 de enero de 2001: 2,5%; 1 de enero de 2002: 2,0%; 1 de enero de 2003: 1,0%, y 1 de enero de 2004: 0,0%.

-Lista C-: en esta categoría, que incluye aceite de nabina; polvos para fabricación de budines, cremas, gelatinas, excepto las que contengan 50% de un lácteo o preparaciones a base de huevos; gasolina, kerosene, fuel oil, aceites y grasas lubricantes, carnes de porcinos fuera de la cuota y maíz, la eliminación arancelaria se producirá en 11 etapas, quedando los bienes libres de arancel a partir del 1 de enero de 2007, según el calendario siguiente: entrada en vigencia: 8,0%; 1 de enero de 1998: 8,0%; 1 de enero de 1999: 8,0%; 1 de enero de 2000: 7,0%; 1 de enero de 2001: 6,0%; 1 de enero de 2002: 5,0%; 1 de enero de 2003: 4,0%; 1 de enero de 2004: 3,0%; 1 de enero de 2005: 2,0%; 1 de enero de 2006: 1,0%, y 1 de enero de 2007: 0,0%.

-Lista C: en esta categoría, que incluye grasas y aceites animales o vegetales y grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal; aceites de soya, de cacahuete, de oliva, de palma, de girasol, de coco y de nabo, papas, arvejas y almidón de maíz, se eliminan los aranceles en 11 etapas, quedando los bienes libres de arancel a partir del 1 de enero de 2007, según el calendario siguiente: entrada en vigencia: 10,0%; 1 de enero de 1998: 9,0%; 1 de enero de 1999: 8,0%; 1 de enero de 2000: 7,0%; 1 de enero de 2001: 6,0%; 1 de enero de 2002: 5,0%; 1 de enero de 2003: 4,0%; 1 de enero de 2004: 3,0%; 1 de enero de 2005: 2,0%; 1 de enero de 2006: 1,0%, y 1 de enero de 2007: 0,0%.

-Lista C*: en esta categoría, que incluye azúcares de lactosa, glucosa y fructuosa, maltosa, químicamente puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizantes o colorante, y sucedáneos de la miel, la eliminación arancelaria se dispone en 11 etapas, quedando los bienes libres de arancel a partir a del 1 de enero de 2007, según el calendario siguiente: entrada en vigencia: 11,0%; 1 de enero de 1998: 11,0%; 1 de enero de 1999: 11,0%; 1 de enero de 2000: 11,0%; 1 de enero de 2001: 10,0%; 1 de enero de 2002: 10,0%; 1 de enero de 2003: 8,0%; 1 de enero de 2004: 6,0%; 1 de enero de 2005: 4,0%; 1 de enero de 2006: 2,0%, y 1 de enero de 2007: 0,0%.

-Lista C-15: en esta categoría, que incluye la carne de animales de la especie bovina fuera de la cuota, fresca o refrigerada, los aranceles se eliminan en 16 etapas, quedando liberados a partir del 1 de enero de 2012, según el calendario siguiente: de la entrada en vigencia y hasta el 1 de enero de 2006: 11,0%; después, el 1 de enero de 2007: 10,0%: 1 de enero de 2008: 8,0%; 1 de enero de 2009: 6,0%; 1 de enero de 2010: 4,0%; 1 de enero de 2011: 2,0%, y 1 de enero de 2012: 0,0%.

-Lista C-16: en esta categoría, que incluye el azúcar de caña y de remolacha, los aranceles se eliminan en 17 etapas anuales, quedando los bienes liberados a partir del 1 de enero de 2013, según el calendario siguiente: desde la entrada en vigencia y hasta el 1 de enero de 2007: 11,0%; después: 1 de enero de 2008: 10,0%; 1 de enero de 2009: 8,0%; 1 de enero de 2010: 6,0%; 1 de enero de 2011: 4,0%; 1 de enero de 2012: 2,0%, y 1 de enero de 2017: 0,0%.

-Lista C-18: trigo harinero y harina de trigo, incluida en esta lista, quedarán libres de arancel a partir del 1 de enero de 2014. Antes del 1 de enero de 2004, se revisará la trayectoria que tendrá el arancel aduanero.

-Lista Y: excluye de la eliminación arancelaria a la leche, productos lácteos (mantequilla, quesos), huevos de ave, comestibles de origen animal y los embutidos de carne de gallo, gallina o pavo.

Las cuotas anuales otorgadas por Chile, con un 0% de arancel, son las siguientes:

Carnes de bovinos: 4.000 toneladas para 1998; 6.000 toneladas para 1999; 8.000 para el 2000, y 10.000 toneladas anuales a partir del 2001.

Carne de porcinos: 3.000 toneladas para 1997 y 4.000 toneladas a partir de 1998.

Aceite de canola: 3.000 toneladas para 1997 y 5.000 toneladas a partir de 1998.

Cloruro de potasio: 34.000 toneladas a partir de 1997.

Si la entrada en vigencia del Tratado corresponde a una fecha posterior al 1 de enero de 1997 y anterior al 31 de diciembre del mismo año, las cuotas cuantitativas serán prorrateadas en base proporcional para el resto del año calendario (anexo C-02.2).

b.3) La lista de desgravación arancelaria de Canadá.

Del mismo modo que la Lista de nuestro país, la Lista de Canadá empieza por disponer, como regla general, el tratamiento libre de arancel para los bienes originarios de Chile desde la fecha en que entre en vigencia este Tratado, con las excepciones que se establecen en las categorías de desgravación arancelaria que comprende la Lista.

Antecedentes también proporcionados por Direcon distinguen en el programa de desgravación de Canadá dos etapas.

En forma inmediata a la vigencia del Tratado, queda con cero arancel el 91% de los productos originarios de Chile que ingresan a Canadá (categoría A), comprendidos los siguientes:

Del sector agropecuario y agroindustrial: productos lácteos, avícolas y huevos, dentro de la cuota global, cebollas y frutillas dentro de la cuota, animales vivos (excepto avícolas), carnes (excepto avícolas), semillas de oleaginosas y aceites, azúcar, los principales vinos, tabaco y manufacturas.

Todos los sectores pesquero, minero, forestal, metalmecánico, automotor y de manufacturas diversas; la mayor parte del sector químico; materias primas textiles: seda, lana, pelo, algodón, lino, cáñamo, yute y toda la industria básica del hierro y del acero.

A mediano plazo, entre dos y seis años, el 8% de los productos originarios de Chile quedan liberados de arancel a partir del 1 de enero de 1999 o el 1 de enero de 2003, según los casos (categorías Bq1, Bq2, Bn1, Bn8, Bl, B, Ba, B-, B-* y A-).

También a mediano plazo y sujetos al término del sistema de reintegro simplificado y a más tardar el 1 de enero de 2003, quedan liberados los bienes originarios chilenos de las categorías X1, X2 y X3.

El contenido y el calendario de desgravación para los productos originarios de Chile que no se liberan de arancel en forma inmediata, según las diversas categorías y subcategorías que contempla la Lista de Canadá, en términos generales son los siguientes.

-Categoría A-: reduce los aranceles aduaneros para el pentaerythritol, los hilos (lana y pelo de animal) y fibras de nailon en tres etapas: a la entrada en vigencia: 33,3%; el 1 de enero de 1998: 66,7%, y el 1 de enero de 1999: 100%.

-Categoría B-: incluye los hilos de algodón, los tejidos de pelo largo y de punto, tejidos con bucles, gasas y telas para cerner. Los aranceles, en esta categoría, se eliminarán en cinco etapas, en la forma siguiente: a la entrada en vigencia: 14,3%; al 1 de enero de 1998: 28,6%; al 1 de enero de 1999: 42,9%; al 1 de enero de 2000: 57,1%, y al 1 de enero de 2001: 100%.

-Categoría B-*: comprende manufacturas de fibras de nailon, poliester, poliamide y algodón procesado, entre otros, los que se desgravarán en etapas sucesivas, de la manera siguiente: a la entrada en vigencia: 20%; al 1 de enero de 1998: 40%; al 1 de enero de 1999: 60%; al 1 de enero de 2000: 80%, y al 1 de enero de 2001: 100%.

-Categoría Ba: referida a plásticos y manufacturas, entre ellos, tubos flexibles plásticos; polietileno; plásticos y productos celulares de poliuretano, reduce los aranceles en la forma siguiente, a la entrada en vigencia: 16,7%; al 1 de enero de 1998: 33,3%; al 1 de enero de 1999: 50%; al 1 de enero de 2000: 66,7%; al 1 de enero de 2001: 83,3%, y al 1 de enero de 2002: 100%.

-Categoría B: incluye tomates frescos, cebollas fuera de la cuota; callampas secas, peras, duraznos, frutillas, cereales, pastas, conservas de tomates, de callampas y de espárragos, jugos de tomate y de uva, ciertos vinos y "ketchup", entre otros. Los aranceles se reducen en la forma siguiente: a la entrada en vigencia: 14,3%; al 1 de enero de 1998: 28,6%; al 1 de enero de 1999: 42,9%; al 1 de enero de 2000: 57,1%; al 1 de enero de 2001: 71,4%; al 1 de enero de 2002: 85,7%, y al 1 de enero de 2003: 100%.

-Categoría BL: comprende calzados de suela de caucho y calzados que cubren el tobillo. Los aranceles se reducen en la forma siguiente, a la entrada en vigencia: la tasa menos 2 puntos porcentuales; al 1 de enero de 1998: la tasa menos 4 puntos porcentuales; al 1 de enero de 1999: la tasa menos 6 puntos porcentuales; al 1 de enero de 2000: la tasa vigente al 1 de enero de 1999 menos el 25%; al 1 de enero de 2001: la tasa vigente al 1 de enero de 1999 menos el 50%; al 1 de enero de 2002: la tasa vigente al 1 de enero de 1999 menos el 75%, y al 1 de enero de 2003: la tasa vigente al 1 de enero de 1999, menos el 100%.

-Categoría Bn: los aranceles aduaneros de los bienes comprendidos en las fracciones arancelarias de esta categoría, se determinarán en todas las subcategorías de esta manera: a la entrada en vigencia: la tasa menos 2 puntos porcentuales, y al 1 de enero de 1998: la tasa menos 4 puntos porcentuales. En los años siguientes, será la que en cada caso se indica:

Subcategoría Bn1: que incluye los calzados con puntera metálica de protección. Al 1 de enero de 1999: 8%; al 1 de enero de 2000: 6%; al 1 de enero de 2001: 4%; al 1 de enero de 2002: 2%, y al 1 de enero de 2003: 0%.

Subcategoría Bn2: que incluye algunos calzados con puntera metálica de protección, que cubran el tobillo pero no la rodilla. Al 1 de enero de 1999: 2,6%; al 1 de enero de 2000: 1,9%; al 1 de enero de 2001: 1,3%; al 1 de enero de 2002: 0,6%, y al 1 de enero de 2003: 0%.

Subcategoría Bn3: que incluye calzado de esquí y calzado para la nieve. Al 1 de enero de 1999: 9,1%; al 1 de enero de 2000: 6,8%; al 1 de enero de 2001: 4,5%; al 1 de enero de 2002: 2,2%, y al 1 de enero de 2003: 0%.

Subcategoría Bn4: que incluye algunos calzados de esquí para "snowboard". Al 1 de enero de 1999: 8,9%; al 1 de enero de 2000: 6,7%; al 1 de enero de 2001: 4,4%; al 1 de enero de 2002: 2,2%, y al 1 de enero de 2003: 0%.

Subcategoría Bn4*: que incluye algunos calzados de deporte. Al 1 de enero de 1999: 0%.

Subcategoría Bn5: que incluye otros calzados con puntera metálica. Al 1 de enero de 1999: 8,8%; al 1 de enero de 2000: 6,6%; al 1 de enero de 2001: 4,4%; al 1 de enero de 2002: 2,2%, y al 1 de enero de 2003: 0%.

Subcategoría Bn6: que incluye otros calzados con suela de cuero natural. Al 1 de enero de 1999: 9,1%; al 1 de enero de 2000: 6,6% y al 1 de enero de 2001: 0%.

Subcategoría Bn7: que incluye algunos calzados de deportes. Al 1 de enero de 1999: 5,2%; al 1 de enero de 2000: 3,9%; al 1 de enero de 2001: 2,6%; al 1 de enero de 2002: 1,3%, y al 1 de enero de 2003: 0%.

Subcategoría Bn8: que incluye polainas. Al 1 de enero de 1999: 4,2%; al 1 de enero de 2000: 3,1%; al 1 de enero de 2001: 2,1%; al 1 de enero de 2002: 1,0%, y al 1 de enero de 2003: 0%.

-Categoría Bq: los aranceles aduaneros de los bienes comprendidos en las fracciones arancelarias de esta categoría se determinarán en todas las subcategorías de esta manera: a la entrada en vigencia: la tasa menos 2 puntos porcentuales; al 1 de enero de 1998: la tasa menos 4 puntos porcentuales, y al 1 de enero de 1999: la tasa menos 6 puntos porcentuales. En los años siguientes, será la que en cada caso se indica:

Subcategoría Bq1: que comprende algunos calzados de deportes relacionados con esquí. Al 1 de enero de 2000: 6,7%; al 1 de enero de 2001: 4,4%; al 1 de enero de 2002: 2,2%, y al 1 de enero de 2003: 0%.

Subcategoría Bq2: que comprende partes superiores de calzados y sus partes, con más del 50% textil. Al 1 de enero de 2000: 7,5%; al 1 de enero de 2001: 5,0%; al 1 de enero de 2002: 2,5%, y al 1 de enero de 2003: 0%.

Los bienes comprendidos en las fracciones arancelarias marcadas Y (en general productos lácteos, avícolas y huevos, fuera de la cuota) quedarán excluidos de la eliminación arancelaria.

-Categoría X1: comprende, entre otros, los espárragos, callampas, papas deshidratadas, guindas, frambuesas y jugos de ciruelas. La tasa se reducirá a 0,0%, a condición de que tal bien haya sido removido de la lista de bienes elegibles para beneficiarse con el sistema de reintegro simplificado. La tasa de 0,0% entrará en vigencia a más tardar ciento veinte días desde que el Gobierno de Chile confirme al Gobierno de Canadá que el bien no estará incluido, en lo sucesivo, en la lista de bienes elegibles para beneficiarse con dicho sistema, y a más tardar el 1 de enero de 2003.

-Categoría X2: comprende, entre otros, algunas hortalizas congeladas, conservas de guindas, bizcochos dulces, cocoa y algunos chocolates. El proceso de desgravación gradual previsto para esta categoría estará relacionado directamente con la eliminación del bien del sistema de reintegro simplificado. El calendario de desgravación será el que sigue: a la entrada en vigencia: 16,7%; al 1 de enero de 1998: 33,3%; al 1 de enero de 1999: 50%; al 1 de enero de 2000: 66,7%; al 1 de enero de 2001: 83,3%, y al 1 de enero de 2002: 100%.

-Categoría X3: incluye flores, manzanas deshidratadas, conservas de tomates en trozos, jaleas y mermeladas, entre otros. En esta categoría, la tasa se eliminará gradualmente en etapas anuales iguales, sobre la base de que la tasa se dividirá por el número de años entre el año en que el bien sea retirado del sistema de reintegro simplificado (incluyendo este año) y estará libre de aranceles el 1 de enero de 2003.

Las cuotas anuales otorgadas por Canadá, con 0% de arancel, a partir de 1997, son las siguientes:

Cebollas frescas o refrigeradas: 1.000 toneladas.

Frutillas frescas: 100 toneladas.

Si la entrada en vigencia del tratado corresponde a una fecha posterior al 1 de enero de 1997 y anterior al 31 de diciembre del mismo año, las cuotas cuantitativas serán prorrateadas en base proporcional para el resto del año calendario (anexo C-02.2).

c) El de no adoptar nuevas exenciones arancelarias ni ampliar las existentes (artículo C-03 y anexo C-03.2).

Ninguno de los dos países podrá adoptar una nueva exención de aranceles aduaneros, ni ampliar la existente respecto de los beneficiarios actuales o a nuevos beneficiarios, cuando la exención se condicione, de manera explícita o implícita, al cumplimiento de un requisito de desempeño. Tampoco podrán condicionar, de la misma manera, la continuación de cualquier exención de aranceles aduaneros existentes al cumplimiento de tal requisito.

En el anexo C-03.2, se establecen las reservas a esta disposición, es decir se detallan las medidas que los países podrán mantener. Así podrá hacerlo Chile, hasta el 31 de diciembre de 1999, con las medidas de exención de aranceles que establece el artículo 3º de la ley

Nº 18.483, sobre Estatuto de la Industria Automotriz, y hasta el 31 de diciembre de 1998, con las medidas de crédito fiscal contempladas en los artículos 9 y 10 de la citada ley, del mismo modo que con las medidas de crédito fiscal, para exportación de componentes domésticos señaladas en los artículos 11, 11 bis, 12 y 12 bis de la misma ley, siempre que los beneficios de estas medidas estén disponibles sólo para la manufacturas automotrices definidas en el referido texto legal.

Antecedentes proporcionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, señalan que Chile ya se había comprometido bajo el "Acuerdo sobre Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio", amparado en el Acuerdo de Marrakech que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), antes de la negociación con Canadá, a desmontar estas medidas antes del 1 de enero del 2000.

Cabe señalaros que las limitaciones al derecho de establecer exenciones de aranceles aduaneros no se aplica al "drawback" ni a los programas de diferimiento de aranceles, lo que permitirá a nuestro país, según lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mantener hasta el año 2003 el sistema de reintegro simplificado de impuestos establecido por la ley Nº 18.480, fecha en la que éste caducará por efecto de los compromisos adquiridos en la OMC. El sistema de reintegro general chileno, regulado por la ley Nº 18.708, y los sistemas de pago diferido de aranceles y de almacén particular de exportación del decreto ley Nº 224, de 1974, podrán seguir siendo utilizados indefinidamente por los exportadores chilenos, gozando de la plenitud de las franquicias establecidas en el Tratado.

d) El de permitir la admisión temporal de bienes con fines profesionales, de publicidad o deportivos (artículo C-04 y anexo C-04.1).

Los Gobiernos se comprometen a permitir la admisión temporal, libre de arancel aduanero, del equipo profesional necesario para el ejercicio de la actividad, oficio o profesión de personas de negocios; del equipo de prensa o para la transmisión al aire de señales de radio o televisión y equipo cinematográfico; de bienes importados para propósitos deportivos o destinados a exhibición o demostración, y muestras comerciales y películas publicitarias. Se incluye en esta liberación la tasa establecida en el artículo 139 de la Ordenanza de Aduanas chilena, contenida en el decreto con fuerza de ley Nº 30, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial del 13 de abril de 1983.

e) El de permitir la importación libre de arancel aduanero para muestras comerciales y materiales de publicidad impresos y de bienes reparados o alterados (artículos C-05 y C-06).

Cada Parte autorizará la importación libre de arancel aduanero a muestras comerciales de valor insignificante y a materiales de publicidad impresos, siempre que éstos se importen para efectos pedidos de agencias y no formen parte de una remesa mayor.

Respecto de los bienes reparados o alterados en el territorio de la otra Parte, ninguna de las Partes podrá aplicar un arancel aduanero a su reingreso, independientemente de su origen, sin importar si las reparaciones o alteraciones pudieron efectuarse en su territorio.

f) El de eliminar el arancel de nación más favorecida a determinados bienes (artículo C-07 y anexo C-07).

Las Partes deberán eliminar, a más tardar el 1 de enero de 1999, su arancel de nación más favorecida aplicado a las máquinas de procesamiento automático de datos, las partes de computadores, las fuentes de poder para computadores, los varistores de óxido de metal, los diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares, fotosensibles; diodos emisores de luz; cristales montados piezoeléctricos; circuitos electrónicos integrados y microensamblajes. Nuestro país se compromete a eliminar este arancel a la entrada en vigencia del Tratado en los casos en que dichos productos tengan clasificación en su Lista Arancelaria.

El mensaje señala que la no aplicación de arancel para el ingreso de estos productos, sin importar su origen, favorecerá principalmente la modernización tecnológica de la producción nacional y ayudará en el proceso de reforma de la educación que está llevando a cabo nuestro país.

g) El de no establecer restricciones a la importación y a la exportación de bienes de la otra Parte (artículo C-08 y anexo C-08).

Las Partes no podrán adoptar o mantener ninguna prohibición ni restricción a la importación de cualquier bien de la otra Parte o a la exportación o venta para exportación de cualquier bien destinado al territorio de la otra Parte, excepto lo previsto en el artículo XI del GATT 1994, incluidas sus notas interpretativas, el que se incorpora a este Tratado y se declara formar parte del mismo.

Chile se reserva el derecho a mantener las disposiciones de los artículos 7, 8 y 9 de la ley Nº 16.624, respecto a las ventas que deben realizar a la industria nacional las empresas de la Gran Minería del Cobre. No obstante, se compromete a eliminar esta medida, en un plazo no mayor a dos años, dado que es contraria a los principios establecidos por la OMC. La eliminación de esta medida requerirá de legislar al respecto, lo que se hace en proyecto de ley en trámite en estos momentos en la honorable Cámara.

Canadá, por su parte, se reserva el derecho a mantener los controles impuestos a la importación de troncos de todas las especies y de pescado no procesado, entre otras medidas que afectan a las exportaciones de licor, al consumo de alcohol puro para usos industriales y al comercio costero de Canadá.

h) El de no establecer derechos aduaneros sobre bienes originarios (artículo C-09 y anexo C-09).

A contar de la entrada en vigor de este Tratado, ninguna Parte podrá establecer derechos aduaneros sobre bienes originarios del tipo de los establecidos por nuestro país en el artículo 190 de la ley Nº 16.464 o en el artículo 62 del decreto supremo Nº 172 (Aviación), Reglamento de Tasas Aeronáuticas e Impuestos, publicado en el Diario Oficial del 10 de abril de 1974.

i) El de no adoptar medidas discriminatorias respecto de vinos y licores destilados (artículo C-10 y anexo C-10.2).

Ninguna Parte podrá adoptar ni mantener medida alguna que requiera que los licores destilados que se importen del territorio de la otra Parte, para su embotellamiento, se mezclen con licores destilados de la Parte.

Además, toda medida relacionada con el listado de vinos y licores destilados de la otra Parte deberá cumplir, principalmente, las condiciones siguientes:

-Ajustarse al principio del trato nacional;

-Ser transparente, no discriminatoria y proveer a la pronta decisión en cualquier solicitud de enlistado, una pronta notificación por escrito de dicha resolución al solicitante y, en caso de ser desfavorable, a un informe que indique la razón negativa;

-Establecer procedimientos de impugnación administrativa;

-Fundamentarse en consideraciones comerciales normales;

-No crear obstáculos encubiertos al comercio, y

-Ser publicada y puesta a disposición de las personas de la otra Parte.

No obstante, en el listado de Columbia Británica se permite mantener medidas que no contemplen el trato nacional cuando ellas se apliquen únicamente a fincas vinícolas establecidas que produzcan menos de 30.000 galones de vino anualmente y que cumplan con la regla de contenido regional existente.

El mensaje destaca que este compromiso favorece al exportador chileno de vinos, dada la existencia de un monopolio estatal en la distribución de vinos en dicho país.

Por otro lado, antecedentes proporcionados por asesores del equipo negociador de estos instrumentos señalan que estas disposiciones proporcionan reglas claras, transparentes y permanentes para la comercialización de vinos chilenos en el mercado de Canadá.

j) El de proteger las indicaciones geográficas "Pisco Chileno" y "Whisky Canadiense" (artículo C-11 y anexo C-11).

Nuestro país se compromete a proteger la indicación geográfica "Whisky Canadiense" ("Canadian Whisky") tan pronto obtenga en Canadá protección para la indicación geográfica "Pisco Chileno" y, en consecuencia, no permitirá la importación o la venta de ningún producto como "Whisky Canadiense" ("Canadian Whisky"), a menos que haya sido fabricado en Canadá de acuerdo con las leyes y reglamento de Canadá, que regulan su fabricación para el consumo en Canadá.

Además, se establece que, hasta que implemente por completo sus obligaciones bajo el Acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Adpic o Trips, según su sigla española o inglesa), Chile prohibirá la importación de cualquier producto rotulado "Whisky Canadiense" (Canadian Whisky"), a menos que ese producto sea acompañado de una certificación de la autoridad competente canadiense que indique que cumple con los requisitos exigidos para su consumo en Canadá.

k) El de no establecer impuestos u otras medidas a la exportación (artículos C-12 y C-13).

Ninguna de las Partes podrá adoptar ni mantener impuestos, gravámenes o cargo alguno sobre la exportación de bienes a territorio de la otra Parte, a menos que éste se adopte o mantenga sobre dicho bien cuando esté destinado al consumo interno.

Entre otras medidas sobre la exportación, se limita la posibilidad de adoptar restricciones a la exportación entre las Partes solamente a las permitidas de acuerdo al GATT 1994 y con la única excepción temporal de la ley Nº 16.624, antes referida.

l) El de la eliminación de los subsidios a la exportación de bienes agrícolas (artículo C-14).

Las Partes declaran compartir el objetivo de la eliminación multilateral de tales subsidios y se comprometen a cooperar en un esfuerzo para alcanzarlo.

Mientras tanto, disponen que, a partir del 1 de enero de 2003, ninguna de ellas introducirá o mantendrá subsidios a la exportación sobre bienes agrícolas originarios de, o embarcados desde su territorio y que sean exportados directa o indirectamente al territorio de la otra Parte.

Si antes de la fecha señalada, una Parte introduce o reintroduce un subsidio a las exportaciones de un bien agrícola, la otra Parte podrá incrementar la tasa del arancel en dichas exportaciones hasta el arancel de nación más favorecida efectivamente aplicado en ese momento.

Como se os ha señalado entre los antecedentes, el mensaje destaca que con estas disposiciones se supera el compromiso contraído por Canadá con la OMC.

m) El de aplicar el Código de Valoración Aduanera (artículo G-16).

Ambas Partes se comprometen a aplicar en su comercio recíproco el Código de Valoración Aduanera, adoptado en el marco de la OMC como Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del GATT-1994.

El referido Código tiene por finalidad impedir que las Administraciones Aduaneras utilicen valores arbitrarios o ficticios al determinar el valor en aduana de un bien, como medidas para combatir el "dumping".

Para tal efecto, dispone como regla general, que el valor de aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el realmente pagado o por pagar cuando éstos se venden para su exportación al país de importación. De ese modo se prohíbe la aplicación de Valores Aduaneros Mínimos (VAM) que la ley 18.525 permite previa recomendación de la Comisión de Distorsión de Precios.

n) Los compromisos que permiten a Chile mantener su Sistema de Bandas de Precios (artículo C-17 y anexo C-17.1).

Chile ha reservado su derecho a mantener su Sistema de Bandas de Precios, establecido en el artículo 12 y 14 de la ley Nº 18.525, respecto del trigo y harina de trigo, los aceites vegetales comestibles y el azúcar, pero contrae el compromiso de no incorporar a él nuevos productos ni a modificar el método por el cual es calculado y aplicado, del tal modo que resulte más restrictivo que al 13 de noviembre de 1996.

Por último, se dispone que las reducciones arancelarias de la Lista de Chile para los productos cubiertos por el Sistema se aplicarán solamente sobre el componente de arancel advalórem (11%) y no sobre impuestos específicos o rebajas que pudieran resultar de la aplicación de la ley Nº 18.525.

Los productos contemplados en dicha ley se indican de acuerdo a la clasificación arancelaria chilena (C-17.1).

ñ) El de integrar el Comité de Comercio de Bienes y Reglas de Origen (artículo C-15).

Para asegurar la efectiva ejecución y administración de las normas relativas al comercio de bienes, de las reglas de origen, de los procedimientos aduaneros y las reglamentaciones uniformes, se establece el Comité de Comercio de Bienes y Reglas de Origen, el cual permitirá que Canadá y Chile discutan cualquier materia relacionada con dichos temas.

Destaca en el funcionamiento de este Comité, el Subcomité de Agricultura, que permitirá a las Partes disponer de un foro de consulta en asuntos relacionados con el acceso de mercado para productos agrícolas, incluyendo vino y bebidas alcohólicas.

3. Las Reglas de Origen (Segunda parte: capítulos D, E y F, artículos D-01 a F-05).

a) Bienes originarios (artículos D-01 y D-16, en relación con anexo D-01).

Salvo disposición en contrario, se entenderá, en primer término, que un bien es originario del territorio de una Parte cuando sea obtenido en su totalidad o producido enteramente en el territorio de una o ambas Partes, tales como minerales, productos vegetales, animales vivos, bienes obtenidos de la caza o pesca, extraídos, cosechados o producidos, según el caso, en su territorio terrestre o marítimo o en el espacio extraterrestre.

En segundo término, se consideran bienes originarios aquellos en que cada uno de los materiales no originarios que se utilicen en su producción sufran uno de los cambios de clasificación arancelaria contemplados entre las reglas de origen para cada producto especificadas en el anexo D-01, como resultado de que la producción se haya llevado a cabo enteramente en el territorio de una o ambas Partes, o de que el bien cumpla con los requisitos exigidos cuando no se requiera un cambio en la clasificación arancelaria (anexo D-01, documento de 185 páginas que contiene la Nota General Interpretativa y las Reglas de Origen Específicas para 97 capítulos del Sistema Armonizado).

En tercer término, se considera bien originario el que se produzca enteramente en territorio de una o ambas Partes, a partir exclusivamente de materiales originarios.

Finalmente, se definen como originarios los bienes producidos enteramente en el territorio de una o ambas Partes, cuando uno o más de los materiales no originarios utilizados en su producción no sufran un cambio de clasificación arancelaria debido a que el bien se ha importado al territorio de una Parte sin ensamblar o desensamblado, pero se ha clasificado como un bien ensamblado; o cuando la partida para el bien sea la misma tanto para el bien como para sus partes, siempre que el valor del contenido regional no sea inferior al 35%, cuando se utilice el método de valor de transacción, ni al 25%, cuando se emplee el método de costo neto, y el bien satisfaga los requisitos exigidos en el marco de este Tratado. De esta definición quedan excluidos determinados bienes textiles, tales como prendas, complementos de vestir y demás textiles confeccionados, conjuntos o vestidos, prendería y trapos (capítulos 61 a 63 del sistema armonizado).

El Tratado contempla las normas que permitirán calcular el valor de contenido regional de los bienes en general; de los bienes de la industria automotriz; de los bienes y materiales fungibles; de los accesorios, repuestos y herramientas; de los envases y materiales, y de los contenedores y materiales de empaque para embarque. Hay dos formas de calcular dicho valor: ya sea por el valor de transacción o por el costo neto del bien.

Las Partes dejan constancia de que, a partir de la accesión de Chile al Nafta o TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), estas reglas de origen serán reemplazadas por las que sean negociadas como parte de los términos de la accesión de Chile a dicho Tratado.

Cabe hacer notar que el mensaje señala, respecto de estas Reglas de Origen, que ellas permiten evitar la triangulación de comercio que pueda producirse por efecto de diferencias en las tasas arancelarias con terceros países. Agrega que ellas se basan en las normas del Nafta, pero flexibilizadas con el fin de que la oferta exportable obtenga acceso real al mercado canadiense. Precisa, además, que los porcentajes de contenido regional fijados favorecen a Chile, por cuanto existen estudios técnicos que calculan que el promedio del valor agregado de la industria nacional es sustancialmente inferior al 50% generalmente utilizado.

b) Los procedimientos aduaneros (Segunda parte: capítulo E).

Estos procedimientos determinan la forma en que se certificará el origen de los bienes que gozarán de la desgravación arancelaria. Dicha certificación puede ser hecha por el propio productor o exportador y los controles de dicha certificación. Las Partes quedan obligadas a guardar la confidencialidad de la información comercial obtenida en tales controles; con la revisión e impugnación de las resoluciones anticipadas y la determinación de origen; con la cooperación que las Partes se prestarán en este ámbito, y, por último, con el establecimiento de un Subcomité de Aduanas que reunirá, a lo menos una vez al año, a las autoridades aduaneras de las Partes con miras a la interpretación, aplicación y administración uniforme de las Reglas de Origen, entre otras materias de común interés.

c) La certificación de origen (artículo E-01).

Las Partes se comprometen a establecer un certificado de origen que servirá al exportador o al productor para certificar la calidad de originario del bien que exporte del territorio de una Parte al territorio de la otra Parte.

d) Las obligaciones respecto a las importaciones (artículo E-02).

En estas operaciones, cada Parte podrá exigir al importador en su territorio que solicite trato arancelario preferencial para un bien importado a su territorio proveniente del territorio de la otra Parte, que declare por escrito, con base en un certificado de origen válido, que el bien se califica como originario, junto con la entrega de otros documentos probatorios. Se faculta a las Partes para que en casos de incumplimiento, puedan negar el trato arancelario preferencial solicitado.

No será exigible la certificación de origen en las importaciones, comerciales o no comerciales, por valores que no excedan la cantidad de mil dólares estadounidenses o su equivalente en la moneda de la Parte, a una cantidad mayor que ésta establezca, a condición de que la importación no forme parte de una serie de importaciones que se puedan considerar razonablemente como efectuadas o planeadas con el propósito de evadir los requisitos de certificación.

e) Obligaciones respecto a las exportaciones (artículo E-04).

Cada Parte exigirá a cada exportador o productor que entregue a su autoridad aduanera copia del certificado de origen y dispondrá que la certificación falsa tenga las mismas consecuencias jurídicas que aquellas que se aplicarían al importador en su territorio que haga declaraciones o manifestaciones falsas en contravención de sus leyes y reglamentaciones aduaneras.

f) Las medidas de emergencia (Segunda parte: capítulo F).

Se trata de las medidas bilaterales o globales que las Partes pueden adoptar para proteger su producción nacional de un daño serio derivado de aumentos imprevistos de las importaciones que el proceso de liberalización comercial puede provocar.

f.1) Las medidas bilaterales (artículo F-01).

En la situación descrita, la Parte afectada puede, durante el período de transición y en la medida necesaria para remediar o prevenir el daño, suspender la reducción futura de cualquier tasa arancelaria establecida en este Tratado en favor de la importación del bien respectivo, o aumentar la tasa arancelaria a un nivel que no exceda el menor de la tasa arancelaria aplicada a la nación más favorecida en el momento en que se adopte la medida, lo mismo que la tasa arancelaria aplicada a la nación más favorecida el día inmediatamente anterior a la entrada en vigor de este Tratado.

Ninguna de estas medidas se puede aplicar más de una vez y mantener por más de tres años, o con posterioridad a la terminación del período de transición, salvo que se cuente con el consentimiento de la Parte contra cuyo bien se haya adoptado.

Por último, la Parte que adopte este tipo de medidas deberá otorgar a la otra una compensación mutuamente acordada de liberalización comercial, bajo la forma de concesiones que tengan efectos comerciales sustancialmente equivalentes o que sean equivalentes al valor de los aranceles adicionales que se espera que resulten de la medida.

f.2) Las medidas globales (artículo F-02).

Éstas son las medidas de emergencia que las Partes pueden adoptar conforme al GATT 1994 y al Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC. En el caso de este Tratado, ellas se autorizan sólo si Chile o Canadá están entre uno de los cinco principales abastecedores y las importaciones representan una participación sustancial en las importaciones totales o cuando ellas contribuyen de manera importante al daño o amenaza para la industria nacional.

Las Partes contraen el compromiso de aplicar de manera uniforme, imparcial y razonable sus leyes, reglamentos, resoluciones y determinaciones que rijan la totalidad de los procedimientos para la adopción de medidas de emergencia. Las controversias que se susciten en estas materias serán resueltas mediante la integración de un panel arbitral, conforme al procedimiento de aplicación general regulado en las normas relativas a las "Disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias" (capítulo N).

En cada país existirá una autoridad investigadora del daño o amenaza del daño a la producción nacional. En el caso de Canadá, será el Tribunal Canadiense de Comercio Internacional ("Canadian International Trade Tribunal"), o su sucesor, y en Chile será competente la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas, o su sucesora (anexo F-05, en relación con artículos F-03.2 y F-05).

Antecedentes proporcionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores indican que las definiciones que se utilizan en el Tratado son similares a las de la OMC y que nuestro país dispondrá de un plazo fijo (seis años a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado) para aliviar el proceso de ajuste de la industria doméstica a la apertura y, por otra parte, sus exportaciones, generalmente, serán excluidas de manera permanente de la aplicación de medidas de salvaguardias globales de la OMC por parte de Canadá.

4. Las normas sobre inversión, servicios y asuntos relacionados (Tercera parte: capítulos G, H, I, J y K).

En esta parte del Tratado, se establecen normas generales para promover y proteger las inversiones y resolver las controversias que se susciten entre una Parte y un inversionista de la otra Parte (G), y se convienen las relativas al comercio transfronterizo de servicios (H); a los servicios de telecomunicaciones (I); a política en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado (J), y las que regulan la entrada temporal de personas de negocios (K).

a) Lo principal sobre la promoción y protección de las inversiones (Capítulo G, artículos G-01 a G-15, anexos G-01.3(b), G-04.2, G.09.1, I y II).

Estas normas se aplican a las inversiones de inversionistas de la otra Parte realizadas en el territorio de la Parte (de canadienses en Chile y viceversa), pero no así a los inversionistas de la otra Parte e inversiones de tales inversionistas en instituciones financieras en el territorio de la Parte, a menos que éstas hayan sido autorizadas.

En esta materia, las Partes convienen en buscar una mayor liberalización si, dentro de los quince meses siguientes a la entrada en vigor de este Tratado, no se hubieren iniciado las negociaciones para la accesión de Chile al Nafta o TLCAN, dando comienzo a las negociaciones sobre la base del capítulo XIV sobre Servicios Financieros del Nafta, a más tardar el 30 de abril de 1999 ((artículo G-01.3 (b), en relación con anexo de la misma numeración).

Los principios que orientan estas normas de promoción y protección de inversiones son comunes en los tratados bilaterales de este tipo, de los cuales nuestro país ha celebrado ya una treintena, la gran mayoría de los cuales ya han sido aprobados por el Congreso Nacional.

Entre dichos principios, se encuentran los siguientes.

El del trato nacional (artículo G-02) compromete a las Partes a otorgar a los inversionistas de la otra Parte y a sus inversiones un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de las inversiones.

Para mayor certeza, ninguna Parte podrá imponer a un inversionista de la otra Parte el requisito de que un nivel mínimo de participación accionaria en una empresa establecida en su territorio esté en manos de sus nacionales o exigirle que, por razón de su nacionalidad, venda o disponga de cualquier otra manera de una inversión en el territorio.

Respecto del trato nacional, nuestro país ha formulado tres reservas (en anexo I, que contiene las reservas de las Partes en relación con medidas existentes y compromisos de liberalización contemplados en los capítulos G y H).

La primera tiene por objeto dejar establecido que la propiedad o cualquier otro tipo de derecho sobre tierras del Estado sólo podrá ser obtenida por personas naturales o jurídicas chilenas y define que tierras del Estado para estos propósitos comprende las tierras del Estado hasta una distancia de 10 kilómetros de la línea de la frontera y hasta una distancia de 5 kilómetros desde la costa.

Se agrega que los bienes inmuebles situados en la frontera y declarados "zona fronteriza" en virtud del decreto con fuerza de ley Nº 4, de 1967, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, no pueden ser adquiridos en dominio u otro título por personas naturales con nacionalidad de países fronterizos o personas jurídicas con su principal asiento en un país fronterizo o con 40 por ciento o más de su capital perteneciente a tales personas naturales o cuyo control efectivo sea ejercido por tales personas naturales.

En virtud de la segunda, Chile, al vender o disponer de participación en el capital o activos de una empresa del Estado existente o entidad gubernamental existente, se reserva el derecho de prohibir o imponer limitaciones sobre la propiedad de tal participación o activo y sobre la habilidad de los dueños de tal participación o activo de controlar cualquier empresa resultante, por inversionistas de Canadá o de un Estado no-Parte o sus inversiones.

Mediante la tercera, se declara que, como mínimo, el 85 por ciento de los trabajadores de un mismo empleador deben ser personas naturales chilenas, haciendo exigible esta regla a empleadores con más de 25 trabajadores con contrato de trabajo y excluyendo de ella al personal técnico experto que no pueda ser reemplazado por personal nacional.

Cabe haceros notar que Canadá también ha formulado reservas que limitan el ámbito de las inversiones en razón de la nacionalidad del inversionista o de su calidad de "no residente", como ocurre con la que señala que éste no podrá tener más de un porcentaje específico de las acciones con derecho a voto de una sociedad anónima a la que se aplique esta restricción, específicamente en los casos siguientes:

-Air Canada: 25%;

-Petro-Canada Inc.: 25%;

-Canadian Arsenal Limited: 25%;

-Eldorado Nuclear Limited: 5%;

-Nordion Limited: 25%, y

-Theratronics Limited: 49%.

Las reservas canadienses también restringen el derecho de los extranjeros a adquirir bienes inmuebles en determinadas partes de su territorio, como ocurre en Alberta, donde los no canadienses o no residentes permanentes, un gobierno extranjero o uno de sus organismos, o una sociedad constituida en otro lugar que no sea Canadá sólo podrá tener participación en tierra controlada que no consista de más de dos parcelas de una extensión, en conjunto, no mayor de 20 acres. Se excluyen de esta restricción las minas o minerales, entre otros bienes (páginas I-C-11, I-C-12 e I-C-13 del anexo I, antes señalado).

El segundo principio general aplicable a las inversiones es el del trato de la nación más favorecida (artículo G-03). Él obliga a las Partes a otorgar a los inversionistas y sus inversiones un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas de cualquier país que no sea Parte en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de inversiones.

Canadá y Chile excluyen del tratamiento de la nación más favorecida convenido en este Tratado a todos los acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales en vigor o firmados antes de la fecha de entrada en vigor de este instrumento (anexo III: excepciones al trato de nación más favorecida -capítulo G).

Respecto de aquellos acuerdos internacionales en vigor o firmados después de dicha fecha, ambos países exceptúan aquellos acuerdos en materia de aviación, pesca, asuntos marítimos, incluyendo salvamento, o redes de telecomunicaciones y servicios de telecomunicaciones (anexo III, en relación con artículo G-03).

Para mayor certeza, declaran que el tratamiento de la nación más favorecida no se aplica a ningún programa presente o futuro de cooperación internacional para promover el desarrollo económico, incluyendo prácticas de créditos de exportación de conformidad con las disposiciones sobre tasas de interés del Acuerdo de Créditos de Exportación de la OCDE.

El tercero, relativo al nivel de trato, obliga a las Partes a otorgar a los inversionistas y a sus inversiones el mejor de los tratos entre el trato nacional y el de la nación más favorecida (artículo G-04).

Chile se ha comprometido a otorgar a un inversionista de Canadá o a una inversión de tal inversionista que sea parte de un contrato de inversión celebrado de acuerdo al decreto ley Nº 600. de 1974, el mejor trato entre el exigido por este Tratado o el otorgado por el contrato, de acuerdo a dicho decreto ley, y permitirá al inversionista modificar el contrato de inversión a fin de reflejar los derechos y obligaciones de este Tratado (anexo G-04.2).

El cuarto, se refiere al nivel mínimo de trato, que obliga a las Partes a otorgar a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte un trato acorde con el derecho internacional, incluido trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas (artículo G-05).

Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte se obliga a otorgar a los inversionistas de la otra Parte, cuyas inversiones sufran pérdidas en su territorio debidas a conflictos armados o contiendas civiles, un trato no discriminatorio respecto de cualquiera medida que adopte o mantenga en relación con esas pérdidas.

Las Partes se obligan también a no establecer requisitos de desempeño que enumeran, como exportar un determinado porcentaje de bienes o servicios o utilizar un grado de contenido nacional y a no exigir nacionalidad o residencia en cargos ejecutivos o directorios (artículos G-06 y G-07, respectivamente).

El de la libre transferencia de los capitales y productos de la inversión (artículo G-09). Sin perjuicio de las reservas que las Partes han formulado en la materia, cada una de ellas se ha comprometido, en términos generales, a permitir que todas las transferencias relacionadas con una inversión de un inversionista de la otra Parte en el territorio de la Parte se hagan libremente y sin demora, comprendidos en ello las utilidades, dividendos, intereses, ganancias de capital, pagos por regalías, gastos por administración, asistencia técnica, ganancias derivadas de la venta o liquidación, total o parcial de la inversión, entre otros productos de la inversión.

No obstante, las Partes podrán impedir las transferencias, por medio de la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de sus leyes relativas a quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los acreedores; emisión, comercio y operaciones de valores; infracciones penales; informes de transferencias de divisas u otros instrumentos monetarios, o garantía del cumplimiento de fallos en procedimientos contenciosos.

Respecto de estas normas, Chile formuló cuatro reservas que tienen por objeto preservar la estabilidad de su moneda (anexo G-09.1).

En primer lugar, nuestro país se reservó el derecho a mantener los requisitos de que las transferencias desde Chile del producto de la venta de todo o parte de una inversión de un inversionista de Canadá o de la liquidación de la inversión no podrán realizarse hasta que haya transcurrido un plazo que no exceda de cinco años, en el caso de una inversión hecha conforme a la ley Nº 18.657, sobre Fondo de Inversión de Capitales Extranjeros; o de un año, en los demás casos, en ambas situaciones desde la fecha de la transferencia a Chile.

En virtud de la segunda reserva, Chile mantiene su derecho a exigir encaje, de conformidad con el artículo 49, Nº 2, de la ley Nº 18.849, orgánica del Banco Central de Chile, a una inversión de un inversionista de Canadá que no sea inversión extranjera directa y a créditos extranjeros relacionados con una inversión, siempre que tal exigencia de encaje no exceda del 30 por ciento del monto de la inversión o del crédito, según sea el caso, y por un período no superior a dos años, desde la transferencia a Chile.

Adicionalmente y en relación con las dos reservas anteriores, Chile puede adoptar medidas necesarias para implementarlas o evitar su elusión.

La tercera reserva permitirá a nuestro país, en programas especiales de inversión, de carácter voluntario, aplicar las medidas anteriores con la excepción de las medidas que restrinjan la transferencia desde Chile del producto de la venta de todo o parte de la inversión de un inversionista de Canadá o de la liquidación de la inversión por un período que no exceda de cinco años, a partir de la fecha de la transferencia a Chile.

La cuarta reserva permitirá a Chile aplicar, de conformidad con la ley Nº 18.840, medidas con respecto a transferencias relativas a la inversión de un inversionista de Canadá que requieran que las operaciones de cambios internacionales para dichas transferencias se realicen en el mercado cambiario formal o requieran autorización para adquirir monedas extranjeras, al tipo de cambio acordado por las Partes involucradas en la operación, o que las monedas extranjeras sean convertidas a pesos chilenos.

En dicha reserva, se declara que estas normas se aplican a la ley Nº 18.840, al decreto ley Nº 600, de 1974, a la ley Nº 18.657 y a cualquier otra ley que establezca en el futuro un programa especial de inversión, con carácter voluntario, y a la reforma de tales leyes, en la medida en que tal reforma no disminuya la conformidad entre la ley reformada y las normas de este Tratado sobre la libre transferencia del capital y sus productos (artículo G-09.1), tal como existía inmediatamente antes de la reforma (Nº 4 del anexo G-09.1).

Cabe señalaros que las reservas de las letras (b) y (c) (i) del anexo G-09.1, ya comentadas, producen efectos modificatorios de alcances relativos en los artículos 49, Nº 2, y 50 de la ley Nº 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile, ya que, por una parte, fijan en 30% el monto máximo del encaje exigible respecto de las inversiones canadienses, en circunstancias que el primer artículo citado permite al instituto emisor elevarlo hasta el 40%; y, por otra parte, permiten que dicho encaje se mantenga sólo por dos años.

Por tal razón, en el momento de someter a votación el Tratado en informe, éste deberá ser aprobado con el quórum correspondiente.

El de la regularidad de la expropiación o nacionalización de la inversión y de su indemnización (artículo G-10). Conforme a este principio, ninguna Parte podrá nacionalizar ni expropiar, directa o indirectamente, una inversión de un inversionista de la otra Parte en su territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión, salvo que sea por causa de utilidad pública; sobre bases no discriminatorias; con apego a los principios del debido proceso y del derecho internacional, y mediante indemnización equivalente al valor justo de mercado, pagada sin demora en moneda del Grupo de los Siete (República Federal de Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), y libremente transferible.

Cabe señalaros que la causal de interés nacional que la Constitución Política establece para admitir la expropiación, en el marco del Tratado que se os informa se entiende implícita en la medida de nacionalización que las Partes podrían adoptar durante su vigencia.

Las Partes están autorizadas para denegar los beneficios arriba mencionados si el inversionista es propietario o controlado por nacionales de un país con el cual no se tienen relaciones diplomáticas o si el inversionista no tiene actividades comerciales sustanciales en el territorio de la Parte donde esté organizado (artículo G-13).

Las Partes convienen en que nada de lo dispuesto en materia de inversiones se podrá interpretar como impedimento para que una Parte adopte, mantenga o haga cumplir cualquier medida que considere apropiada para asegurar que las actividades de inversión en su territorio se efectúen tomando en cuenta inquietudes en materia ambiental (artículo G-14).

b) Lo principal de los mecanismos de solución de controversias entre una Parte y un inversionista (artículos G-16 a G-39 y anexos G-21.1, G-21.1 (b) y G-38.2).

El objeto de los mecanismos especiales que se establecen para la solución de las controversias en materia de inversiones es asegurar tanto un trato igual entre inversionistas de las Partes de acuerdo con el principio de reciprocidad internacional, como el debido proceso legal ante un tribunal imparcial (artículo G-16).

De acuerdo con estas disposiciones, un inversionista de una de las Partes podrá, por cuenta propia o en representación de una empresa, someter a arbitraje una reclamación fundado en que la otra Parte o una de las empresas del Estado respectivo ha violado una obligación establecida en el régimen de protección de las inversiones o cuando una actividad productiva o servicio monopolizado actúa de manera incompatible con las normas de dicho régimen y el inversionista o la empresa han sufrido pérdidas o daños en virtud de esa violación o a consecuencia de ella (artículos G-17 y 18).

No obstante, se conviene en que las partes contendientes intentarán, previamente al arbitraje, dirimir la controversia por vía de consulta o negociación (artículo G-19).

Será facultativo para el inversionista elegir entre los mecanismos de arbitraje establecidos en el marco del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) o en la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil (CNUDMI). El Convenio del Ciadi ha sido promulgado por el decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 1.304, de 1992, y las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI han sido aprobadas por la resolución 31/98 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fechada el 15 de diciembre de 1976, en la que la ONU recomienda a sus Estados Miembros el uso de dichas Reglas mediante las referencias correspondientes.

El tribunal arbitral estará integrado por tres árbitros. Cada Parte nombrará un árbitro y el tercero será designado de común acuerdo o por el Secretario General del Ciadi,

El consentimiento en someter a arbitraje deberá otorgarse por escrito, conforme lo dispuesto en el Convenio del Ciadi y su mecanismo complementario; en la Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, celebrada en Nueva York, el 10 de junio de 1958, y en la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, adoptada en Panamá el 30 de enero de 1975. Las convenciones citadas rigen como ley de la República en virtud de su promulgación como tales por los decretos supremos del Ministerio de Relaciones exteriores Nºs. 664, de 1975, y 364, de 1976, publicados en el Diario Oficial de los días 30 de octubre de 1975 y 12 de julio de 1976, respectivamente.

Chile formuló una reserva a fin de precisar que cuando el inversionista plantee su reclamación ante un tribunal judicial o administrativo chileno, su decisión será definitiva y no podrá, subsecuentemente, recurrir al arbitraje internacional (anexo G-21.1).

En esta forma, los mecanismos de solución de controversias previstos en estas disposiciones del Tratado son, en lo sustancial, análogos a los ordinariamente establecidos en los convenios bilaterales sobre promoción y protección recíproca de inversiones que nuestro país ha celebrado con una treintena de países, como ya se os ha señalado, y son concordantes con los instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito en la materia.

Además, armonizan con los artículos 5º, Nº 7; 222 y 227, Nº 5º, del Código Orgánico de Tribunales, que permiten a las partes nombrar a los jueces árbitros que resolverán el asunto litigioso y a éstos resolver en los asuntos que determinen las leyes. Entre éstas, cabe incluir, como leyes especiales, a los tratados internacionales, por la fuerza legal que se les reconoce una vez incorporados al orden jurídico interno.

c) El comercio transfronterizo de servicios (Capítulo H, artículos H-01 a H-12 y anexos H-10.5, I, II, III, IV y V).

Estas normas se refieren a las medidas que una Parte adopte o mantenga sobre el comercio transfronterizo de servicios que realicen los prestadores de servicio de la otra Parte, incluidas las relativas a la producción, distribución, comercialización, venta y prestación de un servicio; la compra, o uso o el pago de un servicio; el acceso a sistemas de distribución y su uso, y al transporte relacionado con la prestación de un servicio de la otra Parte, y el otorgamiento de una fianza u otra forma de garantía financiera, como condición para la prestación de un servicio (artículo H-01.1).

No se aplican al comercio transfronterizo de servicios financieros; los servicios aéreos, incluidos los de transporte aéreo nacional e internacional, regulares y no regulares, así como las actividades auxiliares de apoyo a los servicios aéreos; las compras gubernamentales hechas por una parte o empresa del Estado, ni a los subsidios o donaciones otorgados por una Parte a una empresa del Estado, incluidos los préstamos, garantías y seguros apoyados por el Gobierno (artículo H-01.2).

Para la realización de este comercio, las Partes se comprometen a otorgarse los tratos nacional y de nación más favorecida y, entre éstos, el mejor (artículos H-02, H-03 y H-04).

Además, se obligan a no exigir a un prestador de servicios de la otra Parte que establezca o mantenga una oficina de representación ni ningún tipo de empresa, o que sea residente en su territorio como condición para la prestación transfronteriza de un servicio (artículo H-05).

En este ámbito, ambos países formulan diversas reservas.

Respecto de las medidas existentes y los compromisos de liberalización (anexo I), Chile se reserva, principalmente, los derechos siguientes:

El de prohibir o imponer limitaciones sobre la participación en el capital o activos de una empresa del Estado existente o entidad gubernamental existente por parte de inversionistas de Canadá o de un Estado no-Parte o sus inversiones.

El de exigir que las personas naturales o jurídicas extranjeras que deseen efectuar excavaciones, prospecciones, sondeos y/o recolecciones antropológicas, arqueológicas y paleontológicas soliciten permiso al Consejo de Monumentos Nacionales.

El de exigir que los auditores externos de las instituciones financieras estén inscritos en el Registro de Auditores Externos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y en la Superintendencia de Valores y Seguros.

El de exigir que los ingenieros y técnicos graduados en el extranjero, y especialmente contratados para ejercer una función en Chile, obtengan una autorización del respectivo colegio profesional.

El de reservar sólo a los chilenos el ejercicio de la profesión de abogado.

El de autorizar sólo a personas naturales chilenas para prestar servicios de agentes y despachadores de aduanas y en los servicios de guardias privados armados.

El de exigir a las personas que tengan armas, explosivos o sustancias análogas, que procedan a su inscripción en la Dirección General de Movilización Nacional del Ministerio de Defensa Nacional.

El de autorizar sólo a las personas naturales o jurídicas chilenas para registrar en Chile una aeronave o nave.

El de reservar el cabotaje a las naves chilenas y el exigir nacionalidad chilena al capitán y al patrón de la nave.

Respecto de las medidas futuras (anexo II), Chile se reserva los derechos siguientes:

El de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a la radiocomunicación, los cables submarinos y la prestación de redes de telecomunicaciones y servicios de telecomunicaciones.

El de adoptar o mantener cualquier medida relativa a la imposición de requisitos para que la producción y la distribución de agua potable y la recolección y disposición de aguas servidas, servicios sanitarios tales como alcantarillado, disposición de desechos y tratamiento de aguas servidas sólo pueda ser prestado por personas jurídicas chilenas.

El de controlar las actividades pesqueras de extranjeros y el uso de playas, terrenos de playa, porciones de agua y fondos marinos para el otorgamiento de concesiones marítimas.

El de imponer requisitos de residencia, registros y/o cualquier otra forma de presencia local o de establecer garantías financieras como condición para prestar servicios de construcción en Chile.

El de adoptar o mantener medidas respecto de personas que presten servicios de educación y otros servicios sociales.

El de adoptar o mantener medidas equivalentes respecto de proveedores canadienses de servicios profesionales, técnicos y especializados.

El de adoptar o mantener cualquier medida respecto a la adquisición, venta u otra forma de disposición, por parte de nacionales de Canadá, de bonos, valores de tesorería u otro tipo de instrumento de deuda emitidos por el Banco Central o por el Gobierno de Chile.

Se contemplan normas especiales para el otorgamiento de licencias y certificados que aseguren el intercambio de servicios profesionales, especialmente en el caso de los consultores jurídicos extranjeros y los ingenieros (anexo H-10.5).

d) Las normas sobre los servicios de telecomunicaciones (Capítulo I, artículos I-01 a I-10 y anexos I-04.8 e I-10).

Mediante estas normas, las Partes se comprometen, principalmente, a garantizar a personas de la otra Parte el acceso a redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y su uso, comprendidos los derechos a comprar o arrendar y conectar equipos con la red pública; a interconectar circuitos privados con las redes públicas, a realizar funciones de conmutación, señalización y procesamiento, y a utilizar protocolos de operación (artículo I-02.1 y 2).

Además, se deberá garantizar que la fijación de precios para los servicios públicos de transporte de telecomunicaciones refleje los costos económicos directamente relacionados con la prestación de los servicios; y que los circuitos privados arrendados estén disponibles a un precio calculado sobre la base de una tasa fija (artículo I-02.3).

También se contemplan normas sobre la prestación de servicios mejorados o de valor agregado (artículo I-03); medidas relativas a la normalización (artículo I-04); a los monopolios que las Partes pueden establecer en este tipo de servicios y las conductas que deben ser observadas para evitar prácticas contrarias a la libre competencia (artículo I-05); a la transparencia en las medidas de acceso a los servicios (artículo I-06) y acerca de la cooperación técnica para el desarrollo de la infraestructura de servicios de transporte de telecomunicaciones interoperables y otras consultas para determinar la posibilidad de liberalizar aún más el comercio de todos los servicios de telecomunicaciones (artículo I-09).

e) Las normas sobre competencia, monopolios y empresas del Estado (Capítulo J, artículos J-01 a J-04 y anexo J-04).

En esta materia, las Partes se comprometen a adoptar o mantener medidas que prohíban prácticas de negocios contrarias a la competencia y a emprender acciones que procedan al respecto, reconociendo que estas medidas coadyuvarán a lograr los objetivos de este Tratado (artículo J-01).

Deberán, además, asegurar que cualquier monopolio de propiedad privada que la Parte designe, o gubernamental que ella mantenga, actúe de manera que no sea incompatible con las obligaciones de la Parte en este Tratado, en relación con el bien o servicio monopolizado, en el otorgamiento de permisos de importación o exportación, en la aprobación de operaciones comerciales o en la imposición de cuotas, derechos u otros cargos (artículo J-02.3).

Tratándose de empresas del Estado, cada Parte se asegurará de que ellas actúen de manera compatible con las obligaciones de la Parte en materia de inversiones, especialmente cuando la Parte les haya delegado facultades para expropiar, otorgar licencias, aprobar operaciones comerciales o imponer cuotas, derechos u otros cargos, evitando un trato discriminatorio en contra de las inversiones de inversionistas de la otra Parte (artículo J-03).

f) Las normas sobre entrada temporal de personas de negocios (Capítulo K, artículos K-01 a K-08 y anexos K-03, K-03.1 y apéndices K-03.I.1; K-03.1.3; K-03.IV.1 y K-03.IV.4)

Los Gobiernos de Chile y de Canadá han coincidido en estimar que, para lograr los objetivos de liberalización comercial, es conveniente facilitar la entrada temporal de personas de negocios conforme al principio de reciprocidad, sin perjuicio de garantizar la seguridad de sus fronteras y de proteger la fuerza de trabajo nacional y el empleo permanente en sus respectivos territorios (artículo K-01).

Con tal propósito, se establecen normas especiales que permiten el ingreso de visitantes de negocios, de comerciantes e inversionistas y de profesionales, sin exigirles pruebas de certificación laboral y sin imponerles ninguna restricción numérica a la entrada, sin perjuicio de requerirles la obtención previa de una visa o documento equivalente y el cumplimiento de las medidas relativas a la salud y seguridad públicas y a la seguridad nacional ( artículo K-03.1 y anexos K-03, K-03.1 y apéndices K-03.I.1 y K-03.IV.1).

Las Partes podrán, sin embargo, negar la expedición de un documento migratorio que autorice el empleo de una persona de negocios cuando su entrada temporal afecte desfavorablemente la solución de cualquier conflicto laboral en curso o el empleo de cualquier persona que intervenga en ese conflicto (artículo K-03.2).

Las controversias que se susciten entre las Partes como consecuencia de una negativa de autorización de entrada temporal podrán ser resueltas por la Comisión de Libre Comercio que se establece en este Tratado (capítulo N) o mediante los buenos oficios, la conciliación o la mediación, a condición que la negativa corresponda a una práctica recurrente y la persona de negocios afectada haya agotado los recursos administrativos a su alcance.

5. Las disposiciones administrativas institucionales (Cuarta parte: capítulos L, M y N; artículos L-01 a N-20 y anexos N-01.2, N-02.2 y N-04).

a) Las normas sobre publicación, notificación y administración de leyes (capítulo L, artículos L-01 a L-06).

Como se desprende del epígrafe, estas normas tienen por objeto que las Partes adopten diversas medidas de publicidad sobre la normativa y procedimientos administrativos internos aplicables a cualquier asunto comprendido en este Tratado.

Con tal objeto, cada una de ellas designará un punto de enlace que facilite la comunicación entre ellas y establecerá y mantendrá tribunales o procedimientos judiciales, cuasijudiciales o administrativos para efectos de la pronta revisión o corrección de las acciones relacionadas con dichos asuntos.

b) Las normas sobre derechos "antidumping" y compensatorios (Capítulo M, artículos M-01 a M-08).

El propósito de estas normas es la eliminación recíproca y gradual de la posibilidad de aplicar medidas "antidumping" en el comercio bilateral, así como la agilización del procedimiento de solución de controversias de la OMC si hay disputas respecto a la aplicación de derechos compensatorios.

Se estima que para Chile es positivo adoptar medidas como las enunciadas, porque asegura el acceso libre al mercado canadiense para las exportaciones chilenas. Ellas no implican ningún costo real, ya que nunca se ha aplicado derecho "antidumping" en el comercio bilateral, por lo que se consolida una realidad comercial.

Por su parte, el sistema de solución de controversias convenido acorta los plazos de la OMC y, además, permite algo muy importante para el sector privado, como es la obligación de Canadá de devolver con intereses los derechos cobrados en exceso, cuando la recomendación de un panel así lo determine.

b.1) La exención recíproca de la aplicación de las leyes sobre derechos "antidumping" (artículo M-01).

Desde la fecha de entrada en vigor de este Tratado, las Partes se comprometen a no aplicar su legislación interna "antidumping" que afecte a bienes de la otra Parte. Además, ninguna de ellas iniciará investigaciones "antidumping" o revisiones "antidumping" en relación con dichos bienes, y pondrá término a las que se encuentren en curso. También se comprometen a no imponerles nuevos derechos "antidumping" y a revocar los existentes (artículo M-01).

Estas reglas se aplican sólo respecto de los bienes que la autoridad investigadora competente de la Parte importadora determine que son bienes de la otra Parte. Dicha autoridad será, en el caso de Canadá, el Tribunal Canadiense de Comercio Internacional ("Canadian International Trade Tribunal") o el Viceministro de Recaudación Nacional de Aduanas y Gravámenes (Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise); y, en el caso de Chile será la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas (artículo M-08).

b.2) Los mecanismos de solución de controversias en materia de derechos "antidumping" y derechos compensatorios (artículo M-07).

Las controversias que se susciten en la materia serán resueltas mediante los mecanismos de consulta que se establecen en el Tratado o los mecanismos establecidos en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias o en el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del GATT 1994, ambos instrumentos anexos al Acuerdo de Marrakech, constitutivo de la OMC, vigentes en el país como ley de la República en virtud de su promulgación por decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 16, de 1995, publicado en el Diario Oficial el 17 de mayo del mismo año.

Acerca de estos mecanismos, el mensaje os señala que en este Tratado se agilizan los plazos para el establecimiento de los paneles y la devolución de los derechos cobrados en exceso, con intereses. Añade que este mismo sistema de solución de disputas se aplicará en caso de reclamos por derechos compensatorios, respecto de los cuales no hay compromiso de exención entre Chile y Canadá, por lo que el sistema de solución de disputas anterior se aplicará aun después de finalizado el período de transición para efectos de dichos derechos.

Por otra parte, el mensaje os hace notar que "el acuerdo logrado en esta materia entre Chile y Canadá marca un importante precedente a nivel internacional", y tiene por objeto seguir fomentando las políticas de liberalización del comercio internacional "para evitar que las grandes economías afecten a nuestro sector exportador, utilizando la supuesta existencia de dumping como excusa".

c) Las disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias (Capítulos N, artículos N-01 a N-20 anexos N-01.2; N-02.2 y N-04).

c.1) La Comisión de Libre Comercio y su Secretariado (artículos N-01 y N-02).

La Comisión de Libre Comercio, integrada por representantes de las Partes a nivel de Secretarios de Estado, o por quienes ellos designen, es el órgano principal que se establece para supervisar la puesta en práctica del Tratado; vigilar su ulterior desarrollo; resolver las controversias que pudiesen surgir respecto a su interpretación o aplicación y supervisar la labor de todos los diversos órganos creados para la administración de este Tratado. Entre éstos, están el Comité de Comercio de Bienes y Reglas de Comercio y los Subcomités de Agricultura y de Aduanas; el Comité de Normas de Telecomunicaciones; el Comité sobre Medidas de Antidumping y Compensatorias; el Comité Consultivo de Controversias Comerciales Privadas y el Grupo de Trabajo de Entrada Temporal (artículo N-01 y anexo N-01.2).

La Comisión establecerá un Secretariado que estará integrado por secciones nacionales, correspondiendo a cada una de las Partes establecer la oficina permanente de su sección; encargarse de la operación y asumir los costos correspondientes, inclusive la remuneración y gastos que deban pagarse a los panelistas y miembros de los comités y designar al Secretario de su sección (artículo N-02).

c.2) Las normas sobre la solución de controversias (artículos N-03 a N-18 y anexos N-02.2 y N-04)).

El principio general es que las Partes procurarán, en todo momento, llegar a un acuerdo sobre la interpretación y la aplicación de este Tratado y, mediante la cooperación y consultas, se esforzarán siempre por alcanzar una solución mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que pudiese afectar su funcionamiento (artículos N-03 y N-06).

En controversias relacionadas con materias del Tratado y del Acuerdo de la OMC, la Parte reclamante puede resolver en qué foro debe resolverse la disputa.

Según el Tratado, si no se llega a un acuerdo mediante las consultas, cualquiera de las Partes podrá llevar el asunto al conocimiento de la Comisión de Libre Comercio, la que podrá convocar asesores técnicos o crear grupos de trabajo o de expertos; recurrir a los buenos oficios, la conciliación, la mediación o a otros procedimientos de solución de controversias, o formular recomendaciones (artículo N-07).

Si la Comisión no resuelve el asunto dentro de plazo, las Partes pueden solicitar la constitución de un panel arbitral. Cada Parte selecciona dos panelistas ciudadanos de la otra Parte y el presidente se designa de común acuerdo y, si no lo hay, por un sistema de sorteo.

Para estos efectos, a más tardar el 1 de enero de 1998, integrarán una lista de veinte individuos que cuenten con las aptitudes y las disposiciones necesarias para ser panelistas, cuatro de los cuales no podrán ser ciudadanos de ninguna de las Partes. Los miembros de la lista deberán tener, principalmente, conocimientos especializados o experiencia en derecho y comercio internacional, y deberán ser elegidos estrictamente en función de su objetividad, confiabilidad y buen juicio. En el cumplimiento de sus funciones, deberán ser independientes, no estar vinculados con cualquiera de las Partes, y no recibir instrucciones de las mismas (artículos N-08 y N-09).

Corresponderá a la Comisión fijar los montos de la remuneración y los gastos que deban pagarse a los panelistas, miembros de los comités y a los integrantes de los comités de revisión científica (anexo N-02.2).

A instancia de una Parte o por resolución del panel, se podrá solicitar un informe escrito a un comité de revisión científica sobre cualquiera cuestión de hecho relativa a aspectos relacionados con el medio ambiente, la salud, la seguridad u otros asuntos científicos planteados por una Parte en el proceso (artículo N-14).

Una vez que las Partes reciban el informe final del panel, deberán convenir en la solución de la controversia, la cual, por lo regular, se ajustará a las determinaciones y recomendaciones del panel. Siempre que sea posible, la resolución consistirá en la no ejecución o en la derogación de la medida disconforme con el Tratado. Si las Partes no llegan a un acuerdo sobre una solución satisfactoria, la Parte reclamante puede suspender la aplicación de beneficios de efecto equivalente a la Parte demandada (artículos N-17 y N-18 y anexo N-04).

6. Otras disposiciones (Quinta parte: capítulos O y P, artículos O-01 a P-06).

a) Las excepciones generales al Tratado (Capítulo O, artículos O-01 a O-07 y anexos O-03.1, O-03.6 y O-06).

Para los efectos de regular el comercio bilateral de bienes, se incorporan a este Tratado las excepciones del artículo XX del GATT 1994 y se dispone que la normativa sobre comercio de bienes y servicios no impide que una Parte adopte medidas para asegurar el cumplimiento de sus leyes que no sean incompatibles con el Tratado, aun aquellas que se refieren a la salud, seguridad y protección del consumidor (artículo O-01).

En relación con la seguridad nacional, se establece que ninguna de las disposiciones de este Tratado se interpretará en el sentido de obligar a una de las Partes a proporcionar ni dar acceso a información cuya divulgación considere contraria a sus intereses esenciales en materia de seguridad o en el de impedirle adoptar medidas para protegerlos, en especial en materias relativas al comercio de armamentos; de medidas adoptadas en tiempo de guerra o de otras emergencias en las relaciones internacionales o a la aplicación de políticas nacionales o de acuerdos internacionales referidos a no proliferación de armas nucleares o de otros dispositivos explosivos nucleares (artículo O-02).

Acerca de las medidas de tributación interna, se declara que el Tratado no afectará los derechos y obligaciones de las Partes que se deriven de cualquier convenio tributario y que, en caso de incompatibilidad, prevalecerá dicho convenio. Las Partes acuerdan celebrar un tratado bilateral de doble tributación e intercambiar cartas que establezcan la relación entre ese Tratado y éste sobre el que se os informa (artículo O-03 y anexo O-03.1).

En relación con balanza de pagos, el Tratado permite adoptar medidas que restrinjan las transferencias en caso de dificultades serias de balanza de pago o amenaza de las mismas. La parte deberá someter a revisión del Fondo Monetario Internacional las medidas que aplique, debiendo evitar daños innecesarios y debiendo ser éstas temporales (artículo O-07).

Se exceptúan del régimen del Tratado las industrias culturales, salvo en lo que se refiere a acceso al mercado y eliminación de tarifas arancelarias, entendiéndose por tales las relacionadas con publicaciones, grabaciones de películas, video o música, radiocomunicación y actividades relacionadas con la radio, televisión y transmisión por cable y los servicios de programación de satélites y redes de transmisión (artículos O-06 y O-07 y anexo O-06).

b) Las disposiciones finales (Capítulo P, artículos P-01 a P-06).

Estas disposiciones regulan, sustancialmente, la integridad del Tratado, su enmienda, entrada en vigor, la accesión de Chile al TLCAN (NAFTA), la duración y término de este Tratado y los textos auténticos de éste.

b.1) Integridad del Tratado.

Al respecto, se dispone que los anexos, apéndices y notas de este Tratado constituyen parte integral del mismo (artículo P-01).

b.2) Las enmiendas del Tratado.

Las Partes podrán convenirlas y las que se aprueben, según los procedimientos jurídicos correspondientes de cada Parte, constituirán parte integral del Tratado (artículo P-02).

b.3) Vigencia del Tratado.

Este Tratado regirá a partir del 2 de junio de 1997, una vez que se intercambien las notificaciones escritas que certifiquen que las Partes han concluido las formalidades jurídicas internas necesarias (artículo P-03).

b.4) Accesión de Chile al TLCAN.

Las Partes, esto es, los Gobiernos de Chile y de Canadá, se comprometen a trabajar por la pronta accesión de Chile al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o Nafta, según la sigla que se use) (artículo P-04).

b.5) Duración y término del Tratado.

Este Tratado regirá indefinidamente, salvo que una Parte le ponga término por aviso previo a la otra Parte, dado con seis meses de anticipación (artículo P-05).

b.6) Textos auténticos.

Los textos del Tratado, suscrito en español, francés e inglés, se declaran igualmente auténticos (artículo P-06).

C. RESEÑA DE LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN AMBIENTAL Y LABORAL.

Como ya os lo hemos anticipado, estos Acuerdos son de una estructura normativa análoga, ya que con las diferencias propias de sus respectivas materias de fondo, coinciden en regular sus objetivos, las obligaciones que contraen las Partes, a la organización y atribuciones de la Comisión para la Cooperación Ambiental o Laboral, según el caso; la cooperación y suministro de información, las consultas y solución de controversias y sus disposiciones generales y finales.

1. Sus Objetivos (Primera Parte).

a) Los principales objetivos del Acuerdo de Cooperación Ambiental (artículo 1).

Ellos son:

-Alentar la protección y mejoramiento del medio ambiente.

-Promover el desarrollo sustentable a partir de la cooperación y el apoyo mutuo en políticas ambientales y económicas.

-Evitar la creación de distorsiones o de nuevas barreras en el comercio.

-Mejorar la observancia y aplicación de las normas ambientales.

-Promover la transparencia y participación de la sociedad en la elaboración de las normas y políticas ambientales.

-Promover políticas y prácticas para prevenir la contaminación (artículo 1).

b) Los principales objetivos del Acuerdo de Cooperación Laboral (artículo 1).

Ellos son:

-Mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida en el territorio de cada Parte.

-Promover al máximo los principios laborales de la libertad de asociación y protección del derecho de organización; el derecho a la negociación colectiva; el derecho de huelga; la prohibición del trabajo forzado; la protección en el trabajo para los niños y los menores; las condiciones laborales mínimas; la eliminación de la discriminación laboral; la igual remuneración para hombres y mujeres; la prevención e indemnización de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y la protección de los trabajadores migratorios.

-Estimular la cooperación para promover la innovación, así como niveles de productividad y calidad creciente.

-Desarrollar actividades de cooperación laboral, sobre la base del beneficio mutuo.

-Promover la observancia y la aplicación efectiva de la legislación laboral de cada Parte, y

-Fomentar la transparencia en la administración de la legislación laboral.

2. Las obligaciones que contraen las Partes (Segunda Parte).

a) Las obligaciones en el Acuerdo de Cooperación Ambiental (artículos 2 a 7).

Entre las diversas obligaciones que las Partes contraen en relación con su territorio, se obligan a elaborar y a poner a disposición del público informes sobre el estado del medio ambiente; a promover la educación y la investigación científica y el desarrollo tecnológico en materias ambientales y a evaluar los impactos ambientales.

Además, se comprometen a examinar la posibilidad de prohibir la exportación al territorio de la otra Parte de pesticidas o de sustancias tóxicas cuyo uso esté prohibido en su propio territorio, y a garantizar que sus leyes y reglamentos prevean altos niveles de protección ambiental, esforzándose por mejorar sus disposiciones.

Para lograr los altos niveles de protección ambiental, se obligan a adoptar medidas con objeto de dar efectiva aplicación a su normativa ambiental interna, entre las que se contemplan el nombramiento y capacitación de inspectores; la vigilancia del cumplimiento de tal normativa y la investigación de las presuntas violaciones, mediante incluso visitas de inspección in situ; la utilización de licencias, permisos y autorizaciones y el inicio oportuno de procedimientos judiciales, cuasijudiciales o administrativos para procurar las sanciones y reparaciones adecuadas en caso de violación.

Los particulares deberán ser autorizados a presentar solicitudes de investigación de las violaciones de la normativa ambiental mediante procedimientos justos, abiertos y equitativos.

b) Las obligaciones en el Acuerdo de Cooperación Laboral (artículos 2 a 7).

En virtud del compromiso general que las Partes contraen, cada una de ellas se obliga a asegurar que sus leyes y reglamentos laborales prevean altas normas y reglamentos laborales, congruentes con centros de trabajo de alta calidad y productividad y a continuar esforzándose por mejorar dichas normas y reglamentos.

Del mismo modo que en el Acuerdo de Cooperación Ambiental, en este caso las Partes se obligan a adoptar medidas gubernamentales de fiscalización para vigilar, garantizar y alentar el cumplimiento de las leyes e investigar y sancionar su incumplimiento.

De manera análoga a como se establece en el Acuerdo de Cooperación Ambiental, en el de Cooperación Laboral deberá reconocerse a los particulares el derecho a presentar solicitudes para hacer efectivos los derechos laborales establecidos en la ley o en los convenios colectivos del trabajo, para lo cual deberán otorgarse las garantías procesales pertinentes.

3. Las Comisiones para la Cooperación Ambiental y Laboral (Tercera Parte).

a) La Comisión para la Cooperación Ambiental (artículos 8 a 19).

Esta Comisión estará integrada por un Consejo, un Comité Conjunto Revisor de Peticiones y un Comité Consultivo Público Conjunto y será asistida por un Secretariado Nacional de cada Parte.

El Consejo, constituido a nivel de Ministro de Estado, será el órgano rector de la Comisión y, entre las diversas funciones que se le encomiendan, le corresponderá servir de foro para la discusión de los asuntos ambientales y supervisar la aplicación del Acuerdo (artículos 9 y 10).

Los Secretariados Nacionales brindarán apoyo técnico, administrativo y operativo al Consejo y a los comités y grupos establecidos por él mismo, así como de cualquier otra clase que disponga el Consejo (Nº 3 del artículo 11).

Las solicitudes que particulares formulen en relación con la efectiva aplicación de la legislación ambiental deberán ser presentadas a los Secretariados Nacionales, los que las remitirán al conocimiento del Comité Conjunto Revisor de Peticiones cuando ellas cumplan los requisitos formales y de fondo exigidos.

Este Comité deberá abstenerse de entrar en su estudio si es notificado por una Parte de que el asunto está pendiente en sus tribunales judiciales o administrativos o está siendo considerado en la Comisión para la Cooperación Ambiental constituida en el seno del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (artículo 14).

b) La Comisión para la Cooperación Laboral (artículos 8 a 17).

Esta Comisión estará integrada por un Consejo Ministerial, integrado por los Ministros del Trabajo de las Partes, que contará con la colaboración del Secretariado Nacional de cada Parte.

La principal función del Consejo será supervisar la aplicación del Acuerdo y elaborar recomendaciones sobre su desarrollo futuro y tratar las cuestiones y controversias que se susciten entre las Partes sobre la interpretación o la aplicación del Acuerdo.

Además, promoverá actividades de cooperación en diversas áreas que tienen relación con los principios laborales, que constituyen uno de los objetivos del Acuerdo.

4. Normas sobre cooperación y suministro de información ambiental y de cooperación y evaluación laboral (Cuarta Parte).

a) La cooperación e información en el Acuerdo de Cooperación Ambiental (artículos 20 y 21).

En virtud de estas normas, las Partes se comprometen, principalmente, a procurar, en todo momento, lograr el consenso sobre la interpretación y aplicación de este Acuerdo y harán el mayor esfuerzo por resolver, mediante cooperación y consultas, cualquier asunto que pudiera afectar su funcionamiento (artículo 20).

En cuanto al suministro de información, cada Parte se obliga, sustancialmente, a poner a disposición del órgano del Acuerdo que lo solicite cualquier información en su poder, solicitada para elaborar un informe o un expediente de hechos, incluso la información sobre su cumplimiento y aplicación (artículo 21).

b) La cooperación y evaluación en el Acuerdo de Cooperación Laboral (artículos 18 a 24).

En esta materia, ambos Acuerdos son análogos. El consenso, la cooperación y las consultas son los mecanismos que las Partes observarán en el cumplimiento de este Acuerdo, para los cual los Secretariados Nacionales servirán de instancias administrativas permanentes al servicio de las Partes y de los órganos del Acuerdo, entre ellos, el Comité de Evaluación de Expertos, que examinará, a la luz de los objetivos de este instrumento y en forma no contenciosa, las pautas de conducta de las Partes en la aplicación de las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo y de otras normas técnicas laborales, a menos que se trate de un asunto no relacionado con el comercio o no amparado por leyes laborales reconocidas mutuamente, casos éstos en los que dicho Comité no podrá ser convocado.

5. La solución de controversias en los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral (Quinta Parte).

Los mecanismos en ambos Acuerdos son sustancialmente los mismos.

En los dos instrumentos, el primer recurso para solucionar diferencias es la consulta. En el Acuerdo Ambiental, la consulta podrá tener lugar respecto a la existencia de persistentes omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental de la otra Parte, entendiendo por tal la que se define en el Acuerdo, que excluye la explotación de recursos naturales. En el Acuerdo Laboral, procederá cuando existan persistentes omisiones respecto a la aplicación de las normas técnicas laborales de una Parte en materia de seguridad e higiene en el trabajo, trabajo infantil o salarios mínimos (artículos 22 en el Acuerdo Ambiental y 25 en el Acuerdo Laboral).

Si el asunto no es resuelto por la vía de las consultas, se podrá recurrir a un panel arbitral. En el Acuerdo de Cooperación Ambiental, se podrá hacerlo cuando se alegue una omisión persistente de la Parte demandada en la aplicación efectiva de su legislación ambiental relativa a lugares de trabajo, las empresas, las compañías o los sectores que produzcan bienes o proporcionen servicios que sean objeto de comercio entre los territorios de las Partes, o que compitan en territorio de la Parte demandada con bienes o servicios proporcionados por personas de la otra Parte (artículo 24). En el Acuerdo de Cooperación Laboral, se podrá hacerlo cuando la omisión persistente que incide en la aplicación de las normas técnicas laborales antes señaladas esté relacionada con el comercio y se encuentre amparada por leyes laborales reconocidas mutuamente (artículo 26).

Los Acuerdos regulan el establecimiento de una lista de panelistas, fijan los requisitos que deben cumplir quienes la integren, determinan los procedimientos para su elección, señalan los procedimientos que deben observar los panelistas en el ejercicio de sus funciones, autorizan los informes preliminar y final que podrán presentar a las Partes y señalan los procedimientos que podrán seguir las Partes para obtener el cumplimiento del informe final y la revisión de su cumplimiento, inclusive los procedimientos internos de aplicación y cobro de las contribuciones monetarias que puede ordenar el panel (artículos 25 a 35 y anexo 33, en el Acuerdo de Cooperación Ambiental, y artículos 27 a 37 y anexo 35, en el Acuerdo de Cooperación Laboral).

En los anexos recién citados, se dispone que la contribución monetaria no será mayor de 10 millones de dólares estadounidenses o su equivalente en la moneda nacional de la Parte demandada.

Estos procedimientos internos de aplicación y cobro de las determinaciones del panel arbitral son iguales.

En Chile, corresponderá que el Secretariado Nacional de Canadá del Acuerdo en cuyo marco se produjo la controversia presente ante un tribunal competente una copia certificada de la determinación de un panel sólo si nuestro país no está cumpliendo con la determinación que le ordena pagar una contribución monetaria por la omisión persistente de que ha sido acusado. El tribunal competente será la Corte Suprema, ante la cual el Secretariado Nacional de Canadá certificará que la determinación del panel es definitiva y no está sujeta a impugnación. La Corte Suprema emitirá una resolución para ordenar la ejecución de la determinación del panel en el plazo de diez días, desde que se presentó el requerimiento. Esta resolución será dirigida a la autoridad administrativa competente, para su pronto cumplimiento (artículos 35, en el Acuerdo de Cooperación Ambiental, y 37, en el Acuerdo de Cooperación Laboral).

Se trata de un procedimiento especial que no modifica la competencia actual de la Corte Suprema para autorizar la ejecución de resoluciones dictadas por jueces árbitros, al tenor de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que determinan la forma de cumplir en Chile las resoluciones de tribunales extranjeros, incluidas entre ellas las dictadas por jueces árbitros (artículos 242 a 247).

En virtud de las disposiciones citadas, estas resoluciones tendrán la fuerza que les concedan los tratados internacionales y en su ejecución se seguirán los procedimientos que establezca la ley chilena, en cuanto no aparezcan modificados por dichos tratados.

De este modo, se os informa que los procedimientos regulados por los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral no importan una modificación de la ley orgánica constitucional que rige los Tribunales de la República y, en consecuencia, no procede la consulta señalada en el respecto la opinión de la Corte Suprema, como lo ordena el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución Política.

6. Disposiciones Generales en los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral (Sexta Parte).

Ambos Acuerdos contienen disposiciones generales casi del mismo tenor, como se os reseña en seguida:

En primer término, en los dos instrumentos se declara, como principio para la aplicación de la legislación ambiental o laboral, que ninguna de sus disposiciones se podrá interpretar en el sentido de otorgar derecho a las autoridades de una de las Partes para llevar a cabo actividades de aplicación de su legislación ambiental o laboral en el territorio de la otra Parte (artículos 37, en el Acuerdo de Cooperación Ambiental, y 39, en el de Cooperación Laboral).

En lo que respecta a los derechos de particulares, se dispone que ninguna de las Partes podrá otorgar derecho de acción en su legislación contra la otra Parte, con fundamento en que una medida de ella es incompatible con estos Acuerdos (artículos 38 y 40 de los Acuerdos Ambiental y Laboral, respectivamente).

En resguardo de la seguridad nacional, se establece que ninguna disposición del Acuerdo de Cooperación Ambiental podrá ser interpretada en el sentido de obligar a las Partes a proporcionar o dar acceso a información cuya divulgación considere contraria a sus intereses esenciales en materia de seguridad o de impedir que se adopten medidas para protegerlos, si se refieren a armamento, municiones y pertrechos de guerra, o a la aplicación de políticas nacionales o de acuerdos internacionales en materia de no proliferación de armas nucleares o de otros dispositivos explosivos nucleares (artículo 42).

7. Disposiciones finales de los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral (Séptima Parte).

Al tenor de estas disposiciones, los dos Acuerdos entrarán en vigor el 2 de junio de 1997, inmediatamente después de la vigencia del Tratado de Libre Comercio, una vez que se intercambien los instrumentos correspondientes (artículo 46 en ambos Acuerdos).

También en ambos se comprometen las Partes a trabajar por la pronta accesión de Chile a los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral de América del Norte, suscritos en el marco del Nafta (artículos 48, en ambos Acuerdos).

8. Instrumentos Anexos a los acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral.

a) Los anexos del Acuerdo de Cooperación Ambiental.

Este Acuerdo consta de los instrumentos anexos siguientes:

1. Anexo 33: contribuciones monetarias. Fija el monto máximo de la contribución monetaria que podrá ordenar el panel arbitral en una omisión persistente en la aplicación efectiva de su legislación ambiental (US$ 10.000.000).

2. Anexo 41: extensión de las obligaciones. Establece las oportunidades en que Canadá podrá presentar la lista de las provincias por las cuales estará sujeto respecto a los asuntos comprendidos en la jurisdicción interna de dichas provincias.

3. Anexo 44.1: definiciones específicas por país. Ambos países definen los conceptos de ciudadano y de territorio.

4. Anexo 44.2: definición de legislación ambiental para Chile. Ella queda sujeta a los apéndices 44B.1, 44B.2 y 44B.3 hasta el 2 de junio de 1999. Estos documentos contienen una larga lista de disposiciones legales y reglamentarias nacionales, que nuestro país declara comprendida en su "legislación ambiental" para los efectos del Acuerdo.

b) Los anexos del Acuerdo de Cooperación Laboral.

Este Acuerdo consta de los instrumentos anexos siguientes:

1. Anexo 1: principios laborales. Determina los principios que las Partes se comprometen a promover conforme a las condiciones que establezca su legislación interna, sin que constituyan normas comunes mínimas para dicha legislación. A ellos ya se os ha hecho referencia al comentaros los objetivos del Acuerdo.

2. Anexo 21: resolución interpretativa. Indica la función que le corresponderá cumplir al experto seleccionado para que integre el Comité de Evaluación de Expertos (CEE).

3. Anexo 35: contribuciones monetarias. Determina el monto máximo de la contribución monetaria que podrá determinar el panel arbitral respecto de la Parte acusada de no cumplir su legislación laboral (US$ 10.000.000).

4. Anexo 43: extensión de las obligaciones. Determina las oportunidades en que Canadá deberá presentar la lista de provincias por las cuales está sujeto respecto a los asuntos comprendidos en la jurisdicción interna de dichas provincias.

5. Anexo 44: definiciones específicas por país. En este documento ambos países definen los alcances de los términos ciudadano y territorio.

Al tenor de los artículos 45 de ambos Acuerdos, estos Anexos constituyen parte integral de ellos. Por tal motivo, el Presidente de la República ha solicitado que sean aprobados conjuntamente con los Acuerdos.

IV. LO SUSTANCIAL DE LAS OPINIONES RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.

A. Lo sustancial de las opiniones dadas por los Ministros de Estado, Director General de Relaciones Económicas Internacionales, Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente Y BANCO CENTRAL DE CHILE.

1. Del Ministro de Relaciones Exteriores.

El Ministro de Relaciones Exteriores, señor José Miguel Insulza Salinas, entre diversas consideraciones generales, hizo hincapié en que tanto el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá, como otros que se han enviado a la Cámara, se insertan en las prioridades de la política exterior fijada por el Presidente Frei, entre las cuales se destacan la internacionalización de la economía chilena y el desarrollo de una política de acercamiento regional, en el marco del regionalismo abierto.

Aseveró que la política de internacionalización se funda, en primer lugar, en la creciente apertura del país hacia el exterior, como parte de su proceso de desarrollo, dentro del cual es un factor muy dinámico, por cuanto mientras la economía del país ha crecido a un ritmo superior al 7 por ciento anual en los últimos siete años, el sector externo de la economía ha crecido al menos en dos puntos más en promedio anual, entendiendo que el promedio es de 9,4 por ciento, lo cual demuestra que los sectores exportador y externo son elementos que dinamizan el desarrollo del país.

En segundo lugar, señaló las fortalezas y debilidades del perfil de inserción internacional, lo que se aprecia claramente en el plano de las exportaciones. Recordó que Chile tiene vinculaciones con un conjunto de mercados, que lo hacen no dependiente de una sola región, ya que está inserto en el Asia Pacífico; en Europa, en particular en la Occidental; en América del Norte y del Sur; y que, además, ha conseguido diversificar de manera importante el perfil de sus exportaciones en la relación con el mundo, multiplicando el número de los productos y las áreas en las cuales ellas se realizan. Agregó que, asimismo, han adquirido creciente importancia las exportaciones con mayor valor agregado y que las exportaciones de servicio alcanzaron el año pasado más de 3.500 millones de dólares.

Después, se refirió a las debilidades, que también son conocidas. Dijo que Chile es un país que exporta con poco valor agregado; que llega a megamercados regionales, pero que las exportaciones a nueve países del mundo dan cuenta de más de las tres cuartas partes de las exportaciones y que, por lo tanto, el país necesita consolidar mercados y desarrollarlos en aquellas áreas respecto de los productos y perfiles que mejor ayuden al proceso de su desarrollo.

En tercer lugar, añade que están las consideraciones respecto del proceso de globalización. Indica que es conocido el dato de que en el período de apertura del país al exterior, del crecimiento del proceso exportador chileno, el porcentaje de participación en el comercio mundial no ha crecido en forma sustantiva; que se discute que sea entre dos y cuatro centésimas, lo cual demuestra que el proceso de apertura de la economía chilena no es único, aunque en Sudamérica vaya muy adelante, sino que acompaña al proceso de globalización de la economía mundial, frente al cual es necesario mantenerse siempre en movimiento, buscando consolidar mercados.

Puntualizó que, para el Gobierno, la prioridad en materia de política de internacionalización es la multilateral. Dice que el Ejecutivo es partidario de la existencia, extensión y perfeccionamiento de un sistema multilateral de comercio global y transparente; y que esa política queda demostrada en los hechos en que el país ha participado en los últimos años: la aprobación unánime de la Ronda Uruguay del GATT en el Congreso Nacional; la reciente participación en la reunión de Singapur, en la cual se hizo hincapié en la necesidad de tener un programa de trabajo que cumpla los objetivos de la Ronda Uruguay de aquí al 2000 y donde los chilenos fueron los únicos latinoamericanos que apoyaron una nueva ronda de negociaciones, a partir del nuevo milenio.

Sin embargo, consideró que, dentro de ese marco, se debe incluir la necesidad de buscar acuerdos estables con las regiones del mundo con las que Chile tiene vinculaciones comerciales, económicas, de inversión o financieras más estrechas, lo que ha dado origen a la política múltiple de negociar acuerdos de cooperación y de complementación económica y de libre comercio con todos los países de América Latina. Añadió que ya los tiene suscritos con México, Venezuela, Colombia, Ecuador y el Mercosur, y que se está negociando con Perú, Panamá y Centroamérica. Es, en este marco de acuerdos estables y regionales, donde se inserta el acuerdo suscrito con Canadá.

Refiriéndose concretamente a su relación con Canadá, expresó que Chile tiene con este país un conjunto de vínculos económicos e institucionales que aconsejan la aprobación de este acuerdo. Expresó que es claro que se está hablando de un país miembro del Grupo de los Siete, de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, que tiene una población cercana a los 30 millones de habitantes, un producto per cápita superior a los 20 mil dólares y que es considerado uno de los países de mayor desarrollo económico del mundo, representando para Chile un mercado creciente de gran potencial.

Hizo presente que, en el último período, Canadá ha mantenido una política de acercamiento con la región latinoamericana, en la cual se ha coincidido en forma sustantiva. Está planteando una activa política de inversiones y, al mismo tiempo, comparte con los países latinoamericanos el interés por buscar un acuerdo de libre comercio de las Américas, que los englobe en conjunto, de manera de asegurar un mejor acceso de sus mercados a los países de mayor desarrollo. También consideró importante recordar que Canadá fue el país más activo de América del Norte en la promoción de la incorporación de Chile al Mercado Común de América del Norte. Además, con miras a la Cumbre de las Américas, que se desarrollará en Chile el próximo año, Chile comparte con Canadá la noción de que en ese evento se lance la negociación para un acuerdo de libre comercio en toda la región.

Finalmente, expresó su esperanza de que el Congreso Nacional considere en forma favorable el acuerdo de libre comercio con Canadá y lo apruebe, con lo que se permitirá al Ejecutivo seguir adelante con su política de desarrollo y de internacionalización de la economía del país, una de las primeras prioridades del Gobierno.

2. Del Ministro de Hacienda.

El Ministro de Hacienda, señor Eduardo Aninat Ureta, inició su intervención señalando que ésta es una ocasión muy especial, por cuanto es la primera vez que nuestro país negocia un acuerdo comercial bilateral con un país desarrollado. Canadá es miembro de la OCDE y parte del Grupo de los 7; cuenta con un ingreso per cápita de cerca de US$ 20.000 e importa anualmente más de US$ 160 mil millones, con una población cercana a 30 millones de personas. La integración de Chile con dicha economía marca, sin duda, un hito importante en nuestro camino hacia el desarrollo económico, acercando a nuestro país al camino de las grandes naciones.

Indicó que Chile y Canadá comparten una visión común acerca del camino por seguir en materia de integración comercial. Por ello, Canadá no sólo constituye un mercado importante para la exportación de nuestros bienes y servicios, y la inversión, sino que también aparece como un socio estratégico para Chile en el proceso de integración de las Américas, así como con Asia Pacífico (APEC).

Recordó que, en diciembre de 1994, nuestro país fue invitado por los Presidentes de los países actualmente miembros del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (Nafta) a negociar el acceso de Chile a dicho gran pacto comercial. Sin embargo, la situación política interna en los Estados Unidos de América no ha permitido que el Gobierno de ese país pueda negociar nuevos acuerdos comerciales, al no estar legislado el "fast-track" por el Congreso estadounidense. Es, entonces, en este contexto, donde Chile y Canadá deciden tomar la iniciativa en dicho proceso, iniciando la negociación de un Acuerdo bilateral con objeto de concretar lo antes posible, al menos, parte de los beneficios que implicará el proceso de integración con las Américas,. Este Acuerdo es, por ende, un importante precedente para futuras negociaciones en el contexto de un proceso de integración de las Américas, ya mencionado. Así, en diciembre de 1995, se reunieron en la ciudad de Toronto, Canadá, el Ministro de Hacienda de Chile con el responsable de la negociación de Canadá, para dar por iniciada formalmente la negociación entre ambas naciones y se fijaron el marco y los alcances de la mesa de negociación bilateral.

Hizo ver que en esa reunión se acordó, además, que Chile y Canadá debían buscar un acuerdo que, si bien podía obviar algunos de los temas negociados en Nafta, debía basarse en su texto, y constituirse en un pilar importante que facilite el proceso de integración antes mencionado, así como el de un eventual ingreso de Chile al Nafta. El texto del Nafta fue objeto de modificaciones y adaptaciones, con el fin de mejorarlo y adaptarlo a la realidad de la relación Chile-Canadá. Sobre lo mismo, enfatizó que el Acuerdo permite que cada Parte mantenga su identidad en aquellos puntos que se consideran esenciales y que cada una establezca las reservas y resguardos que la negociación permite.

Sostuvo que el Tratado de Libre Comercio se caracteriza por abordar aspectos que ya se han regulado en otros acuerdos, como la desgravación arancelaria y otras disciplinas que facilitan el acceso a los mercados de bienes, pero, adicionalmente, se agregan a la negociación nuevos temas: el comercio transfronterizo de servicios, la inversión, la competencia desleal, la entrada temporal de personas de negocios, medidas de emergencia, aspectos laborales y medioambientales, así como mecanismos que permiten fortalecer el Tratado, entre los que se encuentran los sistemas de solución de disputas.

Agregó que el Gobierno ha considerado que uno de los principales objetivos que se debe perseguir en el diseño de nuestra política económica es el de lograr cada vez mayor estabilidad en las reglas del juego que enfrentan nuestros productores, inversionistas y proveedores de servicios. Ello permitirá que éstos puedan planificar sus actividades con un horizonte de plazo mayor, con las demostradas consecuencias que ello tiene sobre la inversión productiva, el empleo y el desarrollo regional.

Sostuvo que el país ha seguido un modelo económico que busca eliminar las barreras internas al comercio de bienes y servicios y fomentar la inversión. La política de aranceles parejos y bajos, la eliminación de las barreras no arancelarias al comercio, la modernización de la Aduana, y la modernización del Estado en general, constituyen elementos indispensables de la política de apertura unilateral que ya se ha implementado y en la que se sigue trabajando. Sin embargo, la política de apertura unilateral, si bien permite indudables mejoras en la competitividad interna, no es suficiente, ya que no otorga garantía acerca de las reglas del juego en los mercados externos, los que constituyen un pilar fundamental para nuestro crecimiento y estabilidad. Por ello, adicionalmente a lo anterior, el país ha iniciado negociaciones internacionales a nivel multilateral, regional y bilateral con objeto de eliminar las barreras al comercio que enfrentan nuestros productores de bienes y servicios, y nuestros inversionistas en el exterior. Esta política constituye una política complementaria, ya que apunta en el mismo sentido: mejorar la productividad, la rentabilidad y lograr un crecimiento sostenido en el largo plazo, que se traduzca en beneficios para todos los chilenos.

3. Del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.

El Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Álvaro García Hurtado, expresó que el Tratado de Libre Comercio con Canadá generará más oportunidades para los chilenos, por el impacto que tendrá sobre el empleo y los consumidores. Agregó que en Chile la tasa de crecimiento de las exportaciones en los últimos años ha duplicado la de crecimiento del producto. En la actualidad, implica prácticamente el 40 por ciento del producto nacional, lo que lleva a concluir que casi la totalidad del empleo en el país proviene, directa o indirectamente, del dinamismo exportador.

Hizo presente que el Tratado promueve el crecimiento de las exportaciones y que beneficiará a los consumidores, al desgravar los impuestos que afectan al consumo, como la supresión inmediata de los que gravan a los artículos eléctricos, computadoras y vehículos desde el momento en que entre en vigencia. Además, el empleo y los consumidores se beneficiarán por el impacto que el Tratado tendrá sobre la reducción de costos para las empresas, ya que Canadá es un importante proveedor de insumos para las nuestras. Aseguró que el 25 por ciento del total de las importaciones desde Canadá está constituido por bienes de capital, que ingresarán con arancel cero, lo que beneficiará a nuestro sector metal-mecánico, que concentra el 97 por ciento del total de importaciones de bienes de capital que provienen de Canadá. Por su parte, las empresas se beneficiarán con una reducción en los costos de los bienes intermedios, por cuanto el 70 por ciento de las importaciones desde Canadá corresponde a tales bienes.

Destacó, asimismo, el aumento del potencial exportador del país, especialmente en áreas con mayor valor agregado. El arancel promedio que enfrenta Chile para las exportaciones hacia Canadá alcanza al 2 por ciento, afectando negativamente a sectores de gran importancia para nuestro país.

Señaló que se abre una gran potencialidad exportadora, porque Canadá liberará integralmente de aranceles a buena parte del sector industrial. Se ha comprometido a reducir, de manera lineal, hasta llegar a cero en seis años, 46 de los 76 capítulos arancelarios en el sector de nuestras exportaciones de textiles y calzados, que hoy enfrentan aranceles significativamente superiores al promedio.

Indicó que el Tratado fomentará el crecimiento del sector de los servicios, lo que implicará un gran desarrollo para nuestra economía, porque constituye el 65 por ciento del producto nacional y explica el 22 por ciento de las exportaciones totales.

Finalmente, puso de relieve que este instrumento es coherente con el conjunto de estrategias de relaciones económicas internacionales de Chile y que es un estímulo para ellas. En este plano, destacó la importancia que para nuestro país tiene el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, puesto que concentra el 40 por ciento de nuestro comercio.

4. Del Ministro del Trabajo y Previsión Social.

El Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Jorge Arrate Mac Niven, señaló que hoy en el mundo se debate a nivel de las principales organizaciones internacionales sobre las relaciones de las extraordinarias expansiones comerciales y sus posibilidades futuras, y sobre cuestiones de carácter social, en especial laboral y medioambiental.

Estimó que el Tratado en discusión logra la ecuación más adecuada posible, tomando en consideración las condiciones del país, a fin de conciliar una materia objeto de debate internacional, muchas veces con posiciones polarizadas. Desde el punto de vista laboral, existen diversos mecanismos que obligan a Chile en lo internacional e instancias en las cuales participa, donde está presente esta dimensión. La primera es la Organización Internacional del Trabajo, organismo multilateral donde participan más de 170 países y que ha aprobado, a través de su historia, aproximadamente 170 convenios internacionales, de los cuales Chile ha ratificado 48.

Hizo presente que el mecanismo establecido en la OIT es voluntario; es decir, los convenios aprobados por la Conferencia deben ser ratificados por los países. De no hacerlo, el país no puede ser fiscalizado por incumplimiento del convenio. Sólo se le aplicará una sanción moral al país infractor, a través de la exposición internacional.

Destacó que hay otras experiencias, distintas de las nuestras y de las de este tratado, como es el caso de las Cartas Sociales, de las cuales la más ejemplar es la establecida en la Unión Europea, donde ha habido un proceso de homogeneización de mínimos, donde hoy existe libre circulación de personas y la posibilidad de los súbditos de trabajar en cualquiera de los miembros de la Unión.

Puso de relieve que existen compromisos contraídos por el país a nivel del Mercosur y de la Apec. En el caso del primero, el tratado no incorpora una dimensión de carácter laboral. No obstante, funciona el G10, Grupo de Trabajo 10, que trata los temas laborales y, por la vía de la recomendación, ha establecido algunos criterios sobre lo que sería lo óptimo respecto de los convenios internacionales que debieran ser ratificados por los países miembros. En el caso preciso de Apec, no hay preocupación específica por esta dimensión, pero sí se ha desarrollado una atención sistemática respecto de los recursos humanos en cuanto a formación y capacitación.

Informó que este tema es de permanente discusión en la OMC y en la OIT, donde hay posiciones en favor de una estrecha relación entre las posibilidades de comerciar y el cumplimiento de ciertos estándares laborales, especialmente en los países de mayor desarrollo. Los de menor desarrollo, como algunos países asiáticos, rechazan el establecimiento de esta vinculación, porque temen que pueda encubrirse una intención proteccionista que impida su expansión comercial y, por ende, salir de su atraso.

Afirmó que el acuerdo de cooperación laboral entre Chile y Canadá permite establecer ciertos compromisos mínimos en materia laboral, evitando el surgimiento de brotes de carácter proteccionista y sin obligaciones para los países en materia de decidir sobre sus leyes laborales. La aprobación del Tratado no exige ni implica cambios en la legislación chilena.

Hizo presente que la clave del acuerdo está contenida en su artículo 2, referido al compromiso general que ratifica el pleno respeto a la Constitución de cada parte y reconoce el derecho de cada una de establecer, en lo interno, sus propias normas laborales y de adoptar o modificar, en consecuencia, sus leyes y reglamentos laborales.

5. Del Ministro de Agricultura.

El Ministro de Agricultura, señor Carlos Mladinic Alonso, señaló que, con respecto a la producción del sector agrícola, se busca mayor espacio para los productos chilenos de exportación del sector agroindustrial. Aproximadamente, dos tercios de los productos exportados a Canadá son de dicho sector. Uno de los grandes beneficios que se logran con este Tratado es dejar absolutamente superado el sistema general de preferencias, establecido en el sistema mundial de comercio, lo cual es tremendamente importante. Sobre esta materia, afirmó que Estados Unidos ha eliminado la mitad de los beneficios de dicho sistema a la República Argentina, por considerar que su ley de patentes perjudica a los productos norteamericanos. Señala que, para Chile, todos los beneficios del sistema generalizado de preferencia (SGP) son permanentes, lo que favorecerá en mucho a las exportaciones.

Sostuvo enfáticamente que el acuerdo beneficia a los productos agrícolas y agroindustriales, poniendo como ejemplo el arancel de las manzanas, duraznos y vinos, que partirían con uno de cero por ciento. También señaló como muy significativo que Canadá haya tomado muy en cuenta el hecho de estar negociando con un país de extraordinario menor desarrollo real.

Entre otros aspectos positivos, señaló que Canadá es un importante productor de maquinaria agrícola y de agroquímicos, que también ingresarán con cero arancel desde el momento de regir el Tratado. Destacó el hecho de que se considere que el sistema de bandas de precios no constituye una barrera paraarancelaria.

Se refirió, además, a que los vinos y licores quedaron liberados, lo cual es importante, dada su creciente exportación a Canadá y la apertura del mercado canadiense a gran cantidad de productos tanto agrícolas primarios como agroindustriales, que se veían perjudicados con el empadronamiento arancelario.

Terminó su intervención sosteniendo que el Tratado mantiene lo que ha sido la tradición en los demás acuerdos negociados por Chile: proteger a los sectores más sensibles mediante un plazo prudente, para que se modernicen y entren a competir en un tiempo avisado.

6. Del Director General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Director General de Direcon, embajador señor Juan Gabriel Valdés, jefe del equipo negociador, hizo una presentación de la estructura del Tratado y sus principales contenidos, detallando algunas materias de la desgravación arancelaria, inversiones y servicios y tratando de manera más general los aspectos referidos a los dos Acuerdos de Cooperación laboral y medioambiental, que acompañan al Tratado comercial.

Informó que el Tratado de Libre Comercio consta de 16 capítulos, distribuidos en cinco partes, que establecen los principios fundamentales en que se basa: el principio del trato nacional, el trato de nación más favorecida, la transparencia de información, la estabilidad en las reglas del juego y un tipo de regulaciones que eviten una doble interpretación de los compromisos, junto con los cuales el Tratado reconoce las particularidades de las Partes, permitiendo que cada una establezca excepciones a los principios generales de este instrumento, que se expresan en anexos.

A continuación, describió el acceso al mercado e indicó que consta de cinco capítulos, en los que se establecen las disciplinas relacionadas con el comercio de bienes, incluyendo la reducción de aranceles, las reglas de origen, el esclarecimiento de los procedimientos aduaneros, posibilidades de imponer salvaguardias o medidas de emergencia y compromiso de las Partes en materia de derechos "antidumping" y compensatorios. Agregó que el sector de los servicios constituye el 65 por ciento del producto nacional e implica el 22 por ciento de las exportaciones totales y, en consecuencia, incrementar las posibilidades de desarrollo del sector constituye un gran impacto para el desarrollo de la economía.

En particular, se refirió a las normas relativas a los sectores forestal; agrícola; metalúrgico y metal-mecánico; automotor; textil, de confecciones, y cuero y calzado.

Informó que los Acuerdos de Cooperación Laboral y Ambiental están basados en textos paralelos al Nafta, pero que simplifican su institucionalidad y no establecen sanciones comerciales. A este respecto, indicó que esa situación ha sido uno de los puntos cruciales y principales del acuerdo entre Estados Unidos y México, y se ha constituido en la principal materia de controversia entre estos países. Agregó que el acuerdo mantiene la soberanía de cada país para determinar la propia legislación y compromete al Gobierno de cada Parte a realizar una adecuada fiscalización de su ley interna que rige las materias laboral y ambiental. En estos tratados, el compromiso se circunscribe a los Gobiernos y no se establecen multas o pagos para el sector privado.

Por otro lado, indicó que el acuerdo es coherente con el conjunto de la estrategia de relaciones económicas internacionales que sigue Chile y constituye un estímulo. Destacó la importancia del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que concentra el 40 por ciento del comercio chileno, como también del creciente esfuerzo desplegado para que el país se integre a la economía vinculada al Apec. Asimismo, comentó que con Canadá se comparte la membresía en ambas instancias, por lo cual la disposición de avanzar en este Tratado constituye un estímulo para que ambas organizaciones avancen en la consecución de las metas de liberalizar el comercio en el año 2005 para el TLCAN, y en el 2010 para Apec.

Señaló que este acuerdo abre una gran oportunidad para muchos sectores sensibles del país, por la implicancia de la apertura. Es el caso del sector textil, en que la totalidad de los capítulos de importación vigentes con Canadá se desgravan a cero casi de inmediato, y el resto, con el calendario señalado. Recuerda lo expresado por el Ministro de Hacienda en relación con el sector automotor, en tanto que el sector forestal debería beneficiarse, porque Chile es proveedor de materias primas e, incluso, importa productos procesados, pero no los exporta, debido al escalonamiento arancelario que el acuerdo evitará.

Puntualizó que la negociación del acuerdo, que duró nueve meses, requirió un gran esfuerzo para cubrir las materias y disciplinas detalladas anteriormente y tratadas a fondo por un importante número de expertos. Además, observó que la suscripción del acuerdo por parte de Chile establece en forma clara su compromiso de mantener la actual política de apertura, de consolidar su actual desarrollo del sector exportador y de negociar estos acuerdos comerciales según las actuales exigencias del sistema internacional comercial.

7. Del Banco Central de Chile.

El Gerente de la División Internacional del Banco Central, señor Guillermo Le Fort, señaló que éste es el primer acuerdo comercial que Chile firma y que involucra de manera más global y profunda temas relativos a las inversiones y a los servicios. Sin embargo, Chile no modifica su actual legislación en esta materia y sólo consolida el grado de apertura de ella.

Precisó que, en su acuerdo con Canadá, Chile mantiene la autonomía de su política arancelaria con respecto a terceros países, para continuar profundizando la apertura comercial y financiera, lo que es coherente con los objetivos del Banco Central, en especial en lo que se refiere a la búsqueda de la estabilidad de la moneda.

Se refirió especialmente a la reserva sobre libre transferencia de inversiones. Al respecto, indicó que, aunque el Acuerdo con Canadá dejó fuera de la negociación los servicios financieros, incluyó explícitamente un punto sobre la libertad de efectuar transferencias en el ámbito de las inversiones. Este principio de libre transferencia implica imponer limitaciones a las políticas monetaria y cambiaria vigentes, al forzar la eliminación de algunas regulaciones a la cuenta de capitales que limitan el arbitraje internacional de tasas de interés entre Chile y el mundo desarrollado. Este arbitraje consiste en aprovechar la diferencia entre las tasas de interés generando como consecuencias entradas de capitales de corto plazo que ponen presión a la baja en el tipo de cambio y generan inestabilidad macroeconómica.

Expresó que el Banco Central apoyó el proceso de negociación, precisamente con el fin de negociar esta reserva, que permitiera preservar las facultades de que dispone y usa el Banco Central en materia de regulaciones cambiarias y cuenta de capitales.

Explicó que en esta reserva se acepta acotar las facultades del Banco Central en los siguientes términos: la tasa de encaje se restringió a un máximo de 30% (la ley Orgánica autoriza hasta un 40%) y el plazo del depósito respectivo hasta un máximo de dos años, el doble del actualmente vigente. El período mínimo de permanencia del capital productivo ingresado se limitó al actual de un año y se exceptuó explícitamente de la obligación de encaje al capital productivo ingresado.

Por todo lo expuesto, indicó que el acuerdo con Canadá, en lo que se refiere al régimen de transferencias para inversiones y la reserva respectiva, constituye un marco normativo acorde con las actuales regulaciones a la cuenta de capitales y con las políticas macroeconómicas vigentes, como también incluye la flexibilidad necesaria para hacer frente a situaciones excepcionales.

8. De la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama).

La Directora Ejecutiva de Conama, Sra. Vivianne Blanlot Souza, resaltó el hecho de que el Acuerdo de Cooperación Ambiental con Canadá constituye un instrumento único, ya que

-con la sola excepción del Nafta- nunca antes un tratado de libre comercio había sido acompañado de un acuerdo de esta especie, el cual promueve el cuidado del medio ambiente, monitorea el cumplimiento de la legislación ambiental y estimula y garantiza la participación ciudadana, entre otros novedosos aspectos.

Destacó, entre los objetivos del Acuerdo, el fortalecimiento de la cooperación ambiental y la ejecución eficaz de las leyes y regulaciones ambientales de cada uno de los países; el fomento de un desarrollo sostenible, la cooperación en la conservación, protección y mejora del medio ambiente, y la aplicación eficaz de la legislación ambiental interna.

Señaló, por otra parte, que el Acuerdo reafirma el derecho de cada país de establecer su propio nivel de protección ambiental, sus políticas y prioridades. Agregó que el Acuerdo no faculta a las autoridades de una Parte a emprender actividades de ejecución de leyes ambientales dentro del territorio de la otra Parte, pero sí permite que los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales de cualquiera de los dos países presenten peticiones respecto de lo que ellos creen que es el no cumplimiento de la legislación ambiental de una de las Partes.

Haciéndose cargo de algunas críticas formuladas al Acuerdo, enfatizó que éste no supone compromisos que el país no pueda satisfacer, puesto que la exigencia básica es cumplir con la propia legislación ambiental, y en ningún caso adaptarnos a nuevas normas, estándares o procedimientos de otros países. Los únicos cambios legales que se harán son aquellos que la Parte chilena solicitó en las negociaciones.

Los aportes que este Acuerdo representa desde el punto de vista ambiental, los resumió en los siguientes puntos:

-Permitirá y será un estímulo a la modernización de nuestra legislación ambiental y, en consecuencia, de la gestión ambiental.

-Garantizará a los ciudadanos y sus organizaciones mecanismos de participación, reclamación y acceso a la información.

-Las Partes se obligan a proteger el medio ambiente y a mejorar constantemente su legislación ambiental.

-Inhibe a las Partes a usar la desprotección del medio ambiente como "ventaja comparativa".

-Otorga posibilidades de cooperación y asistencia técnica.

B. Lo sustancial de las opiniones dadas por las entidades gremiales.

1. De la Confederación de la Producción y del Comercio.

El presidente de la Confederación, señor Walter Riesco, sostuvo que el comercio de Chile es y debe seguir siendo equilibrado geográficamente, porque la diversificación es un activo que defiende al país de las eventuales debilidades que sufra algún mercado en particular. Le parece que el Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá es plenamente compatible con la estrategia comercial antes señalada. Además, permite tratar temas nuevos, como la apertura en el sector de los servicios y constituye un primer paso con miras al ingreso al Nafta. Al efecto, recordó que este Tratado surge ante la imposibilidad del Gobierno de Estados Unidos de obtener una aprobación de "fast-track", lo que llevó a Canadá a ofrecer a nuestro país la oportunidad de firmar un acuerdo "interino" hasta que Chile se incorpore al Nafta, dado su interés en aumentar su presencia en América Latina, comenzando por la economía chilena, que es la más estable de la región.

Resumió su intervención señalando que, a juicio de la entidad que representa, el acuerdo Chile-Canadá es beneficioso para el país en su conjunto, para los exportadores chilenos, para los consumidores nacionales, y para los trabajadores, que podrán contar con mayores y mejores empleos si efectivamente se estimula la inversión extranjera en nuestro país. Pero, a la vez, como una forma de evitar una desviación del comercio, insistió en la importancia de implementar una rebaja unilateral de los aranceles y realizar la apertura financiera que se ha planteado por mucho tiempo.

Señaló que lo atractivo de este Tratado se deriva, fundamentalmente, del tamaño del mercado y de la estabilidad macroeconómica de Canadá, cuyo PIB es superior a la suma del PIB de México y Argentina. Las exportaciones chilenas a Canadá alcanzaron en 1996 a casi 140 millones de dólares, pero las exportaciones totales de ese país alcanzan a alrededor de 140.000 millones de dólares, lo que demuestra el potencial existente en este mercado.

Destacó los principales beneficios de este acuerdo, que, en general, representa una profundización de la estrategia de apertura de Chile y refleja un compromiso con el libre comercio, lo que llevará a un mejoramiento de la imagen del país en el concierto internacional y hemisférico, lo cual incentivará la llegada de capitales foráneos a nuestro país e implicará una diversificación de las inversiones. A lo anterior deben agregarse una serie de beneficios comerciales, entre los cuales menciona la posibilidad real de incrementar el monto y el valor agregado de las exportaciones chilenas al mercado canadiense; los consumidores chilenos podrán contar con una disponibilidad de productos importados de alta calidad, a precios más bajos; al inicio del acuerdo, más del 90% de las exportaciones de Chile a Canadá gozarán de liberación inmediata de aranceles y alrededor del 75% de las importaciones chilenas desde Canadá quedarán libres de arancel; será especialmente beneficioso para sectores como la agroindustria, calzado, confección, textiles y otros, que enfrentan aranceles altos en la actualidad, y permitirá exportar bienes de mayor valor agregado.

Puntualizó que, en general, la Confederación de la Producción y del Comercio, considera que los acuerdos de libre comercio no debieran incorporar cláusulas sociales y medioambientales, ya que su inclusión podría servir de excusa para que surjan presiones proteccionistas en países industrializados, o para que se evolucione hacia la imposición de normas extranjeras sobre estas materias.

2. De la Cámara Nacional de Comercio de Chile.

El Gerente de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Cámara Nacional de Comercio, señor Christián Novión, adhirió plenamente a lo expresado por el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. No obstante, agregó que la Cámara está en la búsqueda de dilucidar con exactitud los efectos comerciales del Tratado y los de los Acuerdos ambientales y laborales.

Reconoció que en todo tratado de libre comercio puede haber sectores afectados, como sucede en este caso con el agrícola, el del calzado y el textil, mientras que otros productos son favorecidos en exceso, como el petróleo. Sin embargo, considera que el tratado favorecerá el comercio exterior chileno y que se producirá un importante efecto neto sobre el comercio.

Añadió que, para la Cámara de Comercio, es muy importante que se haya incorporado al sector de los servicios en este tratado internacional, porque puede ayudar a liberalizarlo y tendrá efectos positivos en su apertura a nivel internacional.

Hizo presente que, a juicio de la Cámara Nacional de Comercio, en el tratado de libre comercio no se ha dimensionado el efecto de "club" o de socios, pues considera que la asociación con Canadá -país miembro del Grupo de los Siete- tendrá un efecto importante para la promoción de inversiones chilenas a nivel internacional y para la imagen del país, lo cual valora.

Al finalizar, reiteró la relevancia que tiene el Tratado, debido su importancia para el desarrollo del comercio exterior chileno.

3. De la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

El Director de la Sociedad Nacional de Minería, señor Juan Carlos Urquidi, luego de adherir a lo expresado por el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio respecto de la conveniencia del acuerdo bilateral, formuló algunas precisiones en materias medioambientales.

En primer término, efectuó un reconocimiento público sobre lo complejo que ha resultado llegar a tener la legislación que hoy rige en esta materia. Sin embargo, estimó que los plazos acordados en el tratado para sistematizar, refundir y derogar la legislación ambiental son bastante ambiciosos y, a juicio de su representada, dos años serían un plazo más razonable que el tiempo que tomó contar con el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental.

Recordó que el artículo 1º de la ley Nº 19.300 dejó vigentes todas las disposiciones legales preexistentes al 9 de marzo, fecha de la dictación de la normativa legal, la cual estableció un universo de normas que la Conama estimó en más de mil, cuya aplicación es responsabilidad de todo el país, pero en especial del Ejecutivo.

Como segundo comentario respecto de los contenidos medioambientales del Tratado añadió, que hay una mezcla o interacción entre lo laboral y lo ambiental.

En cuanto a la participación de la ciudadanía, señaló que basta la presentación de los estatutos de un sindicato en la inspección del trabajo para que éste adquiera personalidad jurídica, lo cual le permite contar con los elementos para intervenir y participar en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Puntualizó que esta situación, en un escenario de conflicto de intereses, podría provocar situaciones difíciles para el país, las cuales pueden llevar a una alta politización del tema ambiental.

Hizo notar, en tercer lugar, el problema del impacto de los plazos ambientales sobre otros cuerpos legales, como el Código de Aguas y las actividades de exploración establecidas en el Código de Minería.

Puntualizó, finalmente, que, debido a la confusión que emana de la norma transitoria que existe en el reglamento de evaluación de impacto ambiental, en cuanto a los proyectos que hoy están en ese trámite, de si deben volver al punto de partida o seguir legalmente su tramitación en el estado en que se encontraban anteriormente pactados, no se sabe cuál es el estatuto jurídico que los rige, lo cual los expone a nulidades de derecho público y a otros recursos legales. Hizo notar que, sin perjuicio de la existencia del Tratado, todas estas incertidumbres legales desalientan la inversión.

4. De la Cámara Chilena de la Construcción A.G.

El señor Hernán Doren Lois, Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, antes de referirse al tema mismo del Tratado, hizo presente una serie de inquietudes generales referidas a la necesidad de conocer anticipadamente el calendario de las negociaciones comerciales en materia de servicios que llevará a cabo el Gobierno, de manera de poder participar activamente en ellas. Específicamente, se refirió a la necesidad de contar con un seguro, con respaldo estatal, que permita competir en forma equitativa con las empresas de países desarrollados en la exportación de servicios de ingeniería y construcción; suscribir convenios sobre doble tributación; estudiar el financiamiento interno y externo para las actividades de internacionalización de las empresas del sector, y buscar la reciprocidad en el comercio internacional de servicios.

En el área propia de los servicios, sostuvo que este acuerdo constituye un precedente, "al ser la primera vez que Chile va más allá de los compromisos contraídos en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, puesto que pretende profundizar la apertura de los mercados para el comercio de bienes y servicios".

Frente a esta nueva realidad, la Cámara Chilena de la Construcción tiene las siguientes interrogantes y preocupaciones:

1. La diferente organización administrativa de ambos países, lo que significa que Canadá está estructurado en provincias que tienen regulaciones internas distintas unas de otras.

2. Las dificultades que se presentarán para la acreditación y calificación de títulos profesionales, y la inexistencia de equivalencia de carreras y homologación de títulos profesionales entre ambos países.

Finalmente, puntualizó que constituiría un avance en beneficio del sector de la construcción que se intensificara la transferencia tecnológica desde Canadá hacia Chile, mediante proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, con participación de profesionales chilenos.

5. De la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

El señor Andrés Concha, Secretario General de la Sociedad de Fomento Fabril, inició su exposición adhiriendo a lo expresado por el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio.

A continuación, abordó los puntos que son más preocupantes para el sector industrial.

En primer lugar, se refirió al acuerdo laboral que obliga a las partes a cumplir con las leyes internas. Al respecto, expresó el respaldo de su organización, no obstante estimar que algunas disposiciones podrían generar conflictos internos en el futuro, como es el caso de las medidas gubernamentales de fiscalización contempladas en el artículo 3º. Señaló que, a su juicio, el Acuerdo laboral sólo establece responsabilidades derivadas del cumplimiento de la ley interna y no obligaciones de modificarla para que se implementen otras.

En segundo lugar, aludió a las obligaciones establecidas en el convenio medioambiental, las que se aplicarán cuando el convenio entre en vigencia, aunque algunas disposiciones comenzarán a regir en plazos distintos.

Sobre esta materia, cree que gran cantidad de disposiciones medioambientales deberían haberse derogado cuando se dictó la ley Nº 19.300. A su entender, esa responsabilidad debe ser asumida por todos, en especial por el Gobierno y el Parlamento, destacando que la Sociedad que representa está interesada en colaborar en la tarea de derogar disposiciones ambientales.

Como tercer aspecto, abordó las normas de origen negociadas en el convenio. Reconoció que el equipo negociador hizo un gran esfuerzo en flexibilizar las normas de origen del Nafta, que son bastante rigurosas. Sin embargo, para el sector del calzado y textil, las disposiciones son difíciles de alcanzar, por lo cual instó a que la Comisión encargada de supervisar el cumplimiento de normas y administrar el Acuerdo busque la fórmula para flexibilizar tales normas para los sectores indicados.

Luego, se refirió a la situación arancelaria de algunos productos, afectados en forma diferenciada o inmediata. Aseveró que si la rebaja es acelerada para los productos terminados y lenta para los insumos, el productor nacional queda en una situación desmejorada frente a la competencia. Al respecto, puso como ejemplo el caso del petróleo, donde se repite lo ocurrido en el Mercosur, en que el petróleo crudo se desgrava en forma acelerada, mientras que sus subproductos, en forma lenta, a cinco y diez años, lo que es muy conveniente para la ENAP, que importa petróleo crudo y produce productos refinados, pero perjudica a importantes industrias nacionales que consumen productos limpios, los cuales tienen el carácter de insumos.

6. De la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

Su presidente, señor Ricardo Ariztía de Castro, manifestó que la SNA ha señalado permanentemente su preocupación por la firma de acuerdos de libre comercio que han desvirtuado el arancel parejo para todos los sectores de la economía y porque la gran mayoría de los países con los cuales se han suscrito tiene una estructura exportadora altamente constituida por productos agropecuarios, que compiten con la producción doméstica. Además, la rebaja del arancel aduanero deja a la agricultura nacional mayormente expuesta a los perjuicios que le provoca la existencia de mercados agrícolas internacionales significativamente distorsionados por los subsidios y medidas proteccionistas.

Sostuvo que el acuerdo con Canadá afectará rubros importantes de la actividad, como son las oleaginosas, el trigo, la avena y la cebada, entre otros, que constituyen alternativas de explotación en vastas zonas agrícolas, particularmente de la zona sur de Chile.

Por otra parte, estimó que el desgravamiento de Canadá en favor de los productos agrícolas chilenos de exportación no significará mayor beneficio, porque la fruta chilena ya ingresa al mercado de ese país prácticamente con arancel cero, y las importaciones de maquinarias e insumos agrícolas canadienses son insignificantes.

Finalmente, consideró que los anexos laborales y medioambientales "implican una enajenación de la soberanía nacional", son "altamente inconvenientes" y pueden ser en el futuro próximo causa de múltiples y graves dificultades con la Contraparte de este acuerdo.

Posteriormente, la Comisión tuvo conocimiento de una comunicación del Presidente de la SNA, dirigida al Presidente de la honorable Cámara, Diputado señor Gutenberg Martínez Ocamica, en la que se refiere a la controversia que se ha suscitado entre esta organización gremial y el Gobierno acerca de los logros que Chile habría alcanzado en virtud de este Tratado, respecto de sus exportaciones de frutas frescas a Canadá.

Al respecto, la SNA sostiene, en lo sustancial, que los presuntos beneficios obtenidos por productos como las peras, duraznos y cebollas no son tales, pues los frutos frescos ingresan ya hoy día a Canadá, esto es, antes de la entrada en vigencia del Tratado, casi en su totalidad libres de arancel.

Funda su presentación en diversos antecedentes emanados oficialmente del Ministerio de Hacienda, que para la SNA dejan de manifiesto que el Acuerdo con Canadá no reporta prácticamente ningún beneficio en materia de tarifas arancelarias para nuestras exportaciones de frutas frescas a ese país, pues ellas, en su inmensa mayoría, ya están libres de gravámenes.

Sostiene, por otra parte, que la SNA no desconoce los beneficios que este Tratado pueda generar para otros sectores de la economía, pero que ellos no mitigan las consecuencias negativas que provocará en los productos aludidos. En ese contexto y dado el origen gratuito de las mismas, reclama una reconsideración de los términos del Convenio en esos precisos aspectos o, en su defecto, las correspondientes reparaciones.

7. De la Corporación Chilena de la Madera (Corma).

Su Vicepresidente, señor Juan Eduardo Correa, observó que en materia de acuerdos comerciales, siempre ha sido aperturista. Sin embargo, en el caso concreto de Canadá, dada su marcada superioridad competitiva y desarrollo forestal, incrementada por ventajas de costo, producto de su economía de escala y nivel tecnológico, Corma solicitó no incluir los productos forestales en la lista inmediata.

Respecto de los tableros aglomerados, se solicitó incluirlos en la lista de sensibles, en razón de que los empresarios nacionales han realizado fuertes inversiones en los últimos años, generando un incremento de la oferta que requiere un plazo de readecuación para enfrentar una eventual liberalización del comercio con Canadá, que tiene una fuerte competitividad en esta área. En cambio, para la pulpa de madera, papeles y productos de papel, pidió incorporarlos en la lista de desgravación general, al objeto de que la industria local cuente con un período prudente de adecuación a la nueva competencia.

Especial preocupación para la Corporación es lo que respecta a la venta de madera en pie de Canadá, porque existe un subsidio encubierto por parte del Estado para las industrias regionales, con lo cual se produce una competencia desleal. Igual preocupación manifestó por el problema fitosanitario que se genera con la internación de maderas extranjeras, que pueden traer pestes y plagas inexistentes en Chile, lo que pondría en riesgo el patrimonio forestal del país.

Por último, señaló que su representada no comparte la idea de que en un tratado de alcance comercial se incorporen acuerdos de cooperación ambiental y laboral, porque ello significa introducir elementos ajenos, cuyo objetivo concreto es establecer nuevas formas de proteccionismo por parte de países desarrollados hacia uno como el nuestro, que no lo es. Además, este proteccionismo se constituye en verdaderas barreras paraarancelarias que tienden a disminuir el comercio y las inversiones.

8. Del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (Mucech).

A juicio de los señores Santiago Carvajal y Pedro Minay, Presidente y Encargado de Capacitación, respectivamente, este Acuerdo representa un beneficio global para la economía y el desarrollo del país.

Así, reconocen como un aspecto positivo la mantención del mecanismo de bandas de precios; el establecimiento de derechos "antidumping" para los productos agrícolas y forestales; la existencia de derechos compensatorios a partir del año 2003, que permitirá viabilizar la agricultura chilena, y la gradualidad de la aplicación del Acuerdo.

Como aspectos negativos o insuficientes del Acuerdo, señalaron las medidas sobre medio ambiente, que se reducen a respetar la normativa interna de cada país, en vez de contemplar la homogeneización del tratamiento medioambiental a nivel mundial.

Es, precisamente, en materia laboral, donde estiman que el tratado es aún más insuficiente, pues si bien ambas Partes se comprometen a respetar su propia legislación, la cooperación que como concepto supone una ayuda u homogeneización de ambas legislaciones laborales no es tal. Desearían que, igual que en el tratado ambiental, se considerara la incorporación de la ciudadanía, representada por las organizaciones de trabajadores.

Por último, insistieron en que Chile debe perfeccionar las distorsiones que impiden gravemente el ejercicio del derecho pleno de los trabajadores para establecer sus condiciones económicas y sociales.

9. De la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Su Presidente y el Consejero Nacional, señores Roberto Alarcón y Luis Bunney, respectivamente, plantearon su desacuerdo con la decisión de integrarse al Tratado de Libre Comercio, porque estiman preferible un tratado bilateral que se negocie desde sus inicios y que permita un diálogo participativo entre los distintos sectores de la ciudadanía de ambos países, en función de proteger los derechos laborales, los recursos naturales y el medio ambiente. Especialmente, con respecto a los derechos de los trabajadores, consideran que el acuerdo es insuficiente.

Claramente señalaron que son partidarios de incluir una Carta Social en el texto principal del tratado, lo que permitiría un mayor equilibrio en las relaciones laborales, evitando así que los sectores económicos más débiles compitan comercialmente en base a un "dumping" social. A juicio de los trabajadores, los intereses empresariales y financieros utilizan la globalización de los productos como instrumento de presión para restringir los derechos de los trabajadores y debilitar las normas que rigen los centros de trabajo, suscitando la competencia entre ellos mismos.

La citada Carta Social, a juicio de la CUT, debería contemplar las siguientes materias: modalidad de contratación; transformación, extinción y movilidad de empresas; reconversión laboral; salarios; jornada de trabajo; edad de admisión al trabajo; igualdad de trato y libre circulación de trabajadores; extinción de la relación laboral; seguridad e higiene; seguridad social, y derechos colectivos o sindicales.

Afirmaron que el acuerdo suscrito con Canadá refuerza esta tendencia con amplias protecciones que tienen poder coercitivo, en beneficio de los intereses empresariales y del capital financiero, relegando al mismo tiempo los derechos labores y el medio ambiente a "acuerdos paralelos" de muy débil carácter e imposibles de hacer cumplir.

10. De la Asociación de Exportadores de Manufacturas No Tradicionales (Asexma).

Su Gerente de Estudios, señor Marcelo Ábrigo, hizo presente que su representada ha apoyado la totalidad de los acuerdos que se han suscrito y que ésta no es la excepción. No obstante, manifestó que algunos sectores esperaban una mayor desgravación de sus productos, como en el caso del calzado, que en el último tiempo encontraron un muy buen mercado en Canadá, pero que debido a la alta competitividad vieron disminuidas sus exportaciones.

El señor Ábrigo consideró que, en lo que respecta a su sector, existe una desproporción en la fijación arancelaria, por cuanto el sector manufacturero debe trabajar sobre un arancel del 21%, en circunstancias que el porcentaje arancelario básico es del 11%, lo cual deja en desventaja a la industria nacional respecto de la canadiense.

Estimó que, en términos generales, el acuerdo con Canadá abre múltiples perspectivas para el sector manufacturero, en especial a la industria vitivinícola y a la agroindustria, sobre todo si se considera que en el lapso de seis años se aspira a fijar un arancel cero. Asimismo, destacó que el acuerdo mejora las posibilidades para muchos productos manufacturados que no se exportan a Canadá; establece un marco de acción que mejora una posible negociación con Estados Unidos; mejora la imagen-país, por asociarse a uno de los Estados más desarrollados del mundo; inicia el camino de las negociaciones de temas fundamentales, más allá de lo comercial, y se consolidan las preferencias en el marco del SGP canadiense.

Finalmente, a pesar de reconocer que el Tratado exigía actuar con premura, expresó que hubiera deseado constatar mayor participación del sector privado en la negociación, no obstante lo cual su sector apoya irrestrictamente el Tratado.

11. De la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA).

Su Presidente, señor Juan Miguel Ovalle Garcés, indicó que para este sector el acuerdo tiene una importancia relativa, ya que aves y huevos están exceptuados, en virtud de que estos productos están excluidos del Acuerdo Nafta de Estados Unidos con Canadá. Si bien es cierto que Canadá otorgó cuotas para el ingreso de productos avícolas chilenos, estas cuotas no son exclusivas para Chile, sino que forman parte de una cuota general, las cuales compiten con las ofertas de otros países en un sistema poco claro de asignaciones.

En cuanto al sector porcino, representado también por la Asociación, quedó en una condición de sensible a diez años.

Reconoció que el Tratado otorga a Chile un avance importante en materia arancelaria para la importación de material genético, que quedó en desgravación inmediata. Igualmente, ha tenido efectos positivos en el inicio de negocios que representan un gran apoyo tecnológico para el sector porcino. Básicamente, se está estudiando el desarrollo de proyectos conjuntos para la producción de material genético en Chile, con miras a la exportación a los países del Mercosur.

En conclusión, señaló ser partidario del acuerdo suscrito en lo que representa para los sectores avícolas y porcinos, con las salvedades anotadas.

12. De la Red Nacional de Acción Ecológica (Renace).

Su Presidenta, señora Sara Larraín, expresó que el organismo que representa ha seguido de cerca los acuerdos, desde la firma del tratado Nafta, sobre la base de que Chile sería país invitado.

En primer lugar, señaló que el Acuerdo de Cooperación Ambiental Chile-Canadá, igual que en el caso del Nafta, no tiene vinculaciones legales con el Tratado mismo, lo cual no se ha clarificado durante las negociaciones.

Destacó que los objetivos y las obligaciones del Acuerdo ambiental son positivos en términos generales, aunque no representan grandes desafíos.

Como primer problema fundamental del Acuerdo para el organismo que representa, indica la no inclusión de la legislación relativa a recursos naturales, considerándolo bastante problemático para Chile, dada la composición de sus exportaciones. Concluye que un tratado que no cubre este aspecto, malamente será un aporte para mejorar la situación, al menos en el uso de tales recursos.

Señaló como otra preocupación lo que dice relación a la fiscalización y los estándares. Un acuerdo bilateral de cooperación ambiental no implica necesariamente un mejoramiento de los estándares chilenos, aunque ya se escuchan los reclamos de algunos sectores empresariales. Sin embargo, algunos sectores mineros han aceptado regulaciones mayores que los estándares nacionales, como es el caso de algunas compañías canadienses. Reitera que su gran preocupación es la nula fiscalización que sobre estas materias se efectúa en Chile.

Puntualizó que, en el contexto de una intensificación de las inversiones en recursos naturales a través de este Tratado, las tendencias son a un aumento importante en las inversiones mineras, que es donde se aprecia el mayor crecimiento. Ello redundará en diseminar el impacto ambiental en términos medianos en todo el país, pero en términos graves en la II y III Regiones.

Agregó que estudios y seminarios regionales realizados por Renace indican que los principales impactos ambientales se producen debido a la sobreexplotación de recursos, los aumentos de contaminación, el crecimiento de la demanda energética y el deterioro de los recursos hídricos, independientemente de los impactos ambientales producidos por las exportaciones.

Hizo ver la necesidad de reformas legales para prohibir la exploración en áreas silvestres protegidas, ya que en la actualidad hay varios proyectos mineros en ejecución en dichas áreas.

Por último, dejó constancia de que se refirió especialmente al sector minero, porque es el más relevante en términos de las inversiones canadienses actuales y proyectadas para el período 1997-2000.

13. De la Cámara Nacional de Comercio Automotriz de Chile A.G. (Cavem).

Los directivos de Cavem, señores Alberto Lamas Bunster, Carlos Tumay Perlwitz, Raúl del Oro Crespo y Augusto Contreras, formularon idéntica preocupación que la Asociación Nacional Automotriz de Chile, respecto de la definición que contiene el acuerdo sobre "vehículo usado", por cuanto pueden darse interpretaciones equívocas, en el sentido de que éstos podrían ser modelos del año actual o del año anterior, los cuales podrían ingresar al país, como vehículos usados de segunda mano con más de diecisiete meses de uso y con un importante recorrido.

Pidieron a la Comisión que solicitara un pronunciamiento oficial de la Dirección General de Aduanas respecto de su interpretación del artículo 21 de la ley 18.443, de 1985, que prohíbe la internación de vehículos usados al territorio nacional. De la misma forma, pidieron conocer las políticas que sobre esta materia tiene el Gobierno de Canadá, de manera que se deje expresa constancia de que, al menos respecto de Chile, subsistiría la prohibición de internar vehículos usados, guardando concordancia con la reserva que Chile hizo en el Tratado.

Finalmente, propusieron un texto alternativo al consignado en el anexo C 18 del Tratado: "Vehículo usado: corresponde a modelos anteriores al año de aceptación a trámite de declaración de importación ante el Servicio Nacional de Aduanas chileno, excepto aquél cuya declaración haya sido aceptada a trámite antes del 30 de abril del año en curso y corresponda al modelo inmediatamente anterior, siempre que el vehículo no registre más kilometraje que el originado como consecuencia de su traslado".

14. De la Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G.

Su Presidente y su Gerente General, señores Iván Silva Carmona y Jesús Martín, respectivamente, plantearon su especial preocupación por la actual redacción del Tratado en lo que respecta al tema automotor, específicamente en relación a la prohibición de importar "vehículos sin uso", contemplada en el artículo 21 de la ley 18.483.

Se ha entendido que "vehículo sin uso" es un "vehículo que no ha sido usado". También la letra ñ) del artículo 1º de la citada ley, entiende que son sin uso aquellos que, a la fecha de aceptación a trámite de la respectiva declaración de importación ante el Servicio de Aduanas, correspondan a modelos del mismo año o del siguiente al de la fecha mencionada. Asimismo, se consideran sin uso aquellos vehículos del modelo del año inmediatamente anterior al de aceptación a trámite de la respectiva declaración de importación ante el Servicio de Aduanas, siempre que la fecha de aceptación a trámite no sea posterior al 30 de abril del año siguiente a ese modelo.

Sin embargo, en el convenio, se dice que "vehículo usado es un vehículo que corresponde a modelos de años anteriores al año de aceptación a trámite de la declaración de importación ante el Servicio de Aduanas chileno, excepto aquellos cuya declaración haya sido aceptada a trámite antes del 30 de abril del año en curso y correspondan al modelo del año inmediatamente anterior, independientemente del kilometraje recorrido".

A juicio de la Asociación, al definir vehículo usado en vez de vehículo sin uso, incluyendo la palabra excepto y el agregado "independientemente del kilometraje recorrido", podría interpretarse como una autorización para internar vehículos usados, lo que iría en contra de las políticas de transportes, seguridad del tránsito y contaminación ambiental.

Finalmente, puntualizaron que en diversas entrevistas sostenidas con personeros de Gobierno se ha concordado en lo negativo que sería para el país permitir el ingreso de vehículos usados, y más aun, hacerlo bajo el privilegio de que dicha internación se efectúe libre de pago de aranceles. Así, el propio Director de Relaciones Económicas Internacionales les habría ratificado que no estuvo ni está en el espíritu de la negociación permitir el ingreso a nuestro país de vehículos usados o de segunda mano.

15. Del Centro de Estudios Públicos (CEP).

El asesor del CEP señor Ricardo Katz señaló, en primer término, que el Acuerdo de Cooperación Ambiental da un plazo al Gobierno de Chile para racionalizar la legislación ambiental sectorial, lo que, en opinión del Centro, debería haberlo hecho sin necesidad de la firma de un tratado. Afirmó que la legislación ambiental del país está muy resumida en las tres listas que especifica el tratado y que el universo global que Canadá asume como legislación ambiental, que son los repertorios de legislación ambiental -cerca de 1.250 regulaciones específicas- no está en uso. En consecuencia, indicó que el Gobierno debe hacer un esfuerzo para sistematizar, coordinar, derogar o reforzar la legislación que no se usa o que está siendo mal usada.

Por último, después de analizar las discrecionalidades administrativas que existen en el tema ambiental, consideró de extraordinaria utilidad contar con una instancia en la que se puedan manifestar pautas persistentes de no cumplimiento, de fiscalización e implementación de legislación. Añadió que cuando se analiza la manera como se han aplicado estas normas en Canadá y Estados Unidos, se advierte un extraordinario apoyo a la gestión ambiental privada, porque permite acotar las discrecionalidades administrativas de los servicios públicos.

16. De la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G.

Su Gerente General, señor Alejandro Alarcón, hizo llegar a la Comisión un informe que resume la posición de esta entidad frente a los diversos tratados y acuerdos económicos internacionales que se encuentra negociando Chile.

Plantea que, frente al sostenido crecimiento que ha experimentado Chile en los últimos años, los cambios estructurales que se han realizado en el pasado necesitan ser profundizados, entre ellos la puesta en marcha de reformas que tiendan a apoyar una mayor inserción internacional de la economía de nuestro país.

En opinión de esta Asociación, el grado de internacionalización de la economía chilena ha tenido una clara expresión en el comercio de bienes y servicios, en forma tal que, a fines de este año, el monto de las transacciones con el exterior alcanzará aproximadamente el 50% del PIB de Chile. Sin embargo, aún persisten en nuestro país una importante cantidad de controles cambiarios y financieros.

Estima que la internacionalización del sector financiero chileno es fundamental para el desarrollo del país, para lo cual deben existir bases de competencia uniformes para todos los agentes. Los mayores obstáculos que presenta la globalización del sistema financiero chileno son -a su juicio- sus propias legislaciones y normativas. Sostiene que, en este contexto, la legislación chilena deberá terminar con las barreras discrecionales que actualmente tiene y reemplazarlas por criterios objetivos respecto de los patrimonios y profesionalismo administrativo de las instituciones.

Señala, además, que los acuerdos económicos con países desarrollados ofrecen oportunidades por medio de posibles alianzas estratégicas con instituciones de esos países. Por otro lado, estos acuerdos podrían implicar una modernización del sistema nacional y fortalecerlo, otorgándole mayor estabilidad a las reglas de juego, aumentando la productividad como resultado de la mayor competencia interna y externa, y mejorando la imagen del país y, por ende, disminuyendo la percepción del riesgo en aquellos países.

Sin embargo, sostiene que esta apertura del sistema financiero chileno acarreará los beneficios descritos anteriormente sólo si se lleva a cabo en forma gradual y supervisada. Una apertura brusca podría implicar un debilitamiento del mercado local.

17. De la Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta).

Fedefruta hizo llegar su opinión por escrito, sosteniendo que este tratado tiene un efecto neutro en el sector exportador de fruta fresca a Canadá, dado que casi la totalidad de sus productos ingresan con 0% de arancel. No obstante, el comercio con ese país fue más bien restringido en frutas frescas y hortalizas durante la temporada pasada como derivación de los siguientes factores:

1. La infraestructura canadiense de la costa oeste está muy orientada a embarque de granos, por lo cual se dificulta el manejo de postcosecha de los productos frescos.

2. Falta desarrollo de cadenas de comercialización de estos bienes a partir de esas zonas de desembarque portuario.

3. Buena parte de la demanda de frutas y vegetales frescos y procesados es cubierta por distribuidores norteamericanos que transportan por tierra productos exportados desde Chile, dado que los puertos del este están congelados.

4. Los principales mercados, por densidad de población, están ubicados en la costa este de Canadá.

18. De la Asociación de Exportadores y Embotelladores de Vinos A.G.

En una presentación escrita, su Presidente, señor Rafael Guilisasti Gana, sostuvo que el tratado en estudio no altera substancialmente la situación de esa industria en lo que respecta a Canadá.

Estima importante el hecho de que se incorpore un mecanismo para superar las controversias, dado que hoy no existe un órgano jurisdiccional eficaz ante quien dilucidar las eventuales dificultades.

La Asociación lamenta -aun cuando comprende- que la negociación de este tratado no haya sido la instancia para la obtención de cambios equitativos en el tratamiento que Canadá otorga a la comercialización de vinos. En efecto, actualmente las provincias canadienses tienen el estanco estatal en la venta de vinos embotellados extranjeros, práctica que constituye un contrasentido con el ánimo liberatorio que el acuerdo desea alcanzar en el ámbito del comercio.

Señalaron que, en el mismo sentido, constituye una discriminación la diferencia que la ley canadiense hace entre vinos embotellados nacionales y los provenientes del exterior. Los primeros pueden ser vendidos libremente, mientras que los extranjeros, entre los cuales están los vinos chilenos, sólo pueden ser vendidos por los canales provinciales antes indicados.

C. Lo sustancial de las opiniones entregadas por los Institutos de Asesoría Parlamentaria.

1. Del Instituto Libertad y Desarrollo.

El Director del Programa Económico y el Director del Programa Legislativo, señores Tomás Flores Jaña y Pablo Kangiser, sostuvieron que, dadas las realidades del mundo actual -creación de bloques comerciales, uniones aduaneras como el Mercosur y el Nafta, que habrían significado un desvío de comercio negativo para Chile, la lentitud del avance multilateral de la Organización Mundial de Comercio y las políticas de reducción unilateral del arancel de países que compiten con nuestros productos-, resulta conveniente y favorable para el país profundizar la apertura de su economía. Por ello, estimaron que el Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá es un instrumento adecuado, cuya aprobación por el Congreso Nacional recomiendan.

Sin embargo, hicieron presente que no se debe olvidar que uno de los grandes activos del país es su comercio diversificado, el que se arriesga con la firma de este acuerdo, traduciéndose en problemas de desviación de comercio, represalia de otros bloques comerciales e inestabilidad macroeconómica. A juicio de los personeros del Instituto, existe un solo instrumento para eliminar esos costos: reducir el arancel externo común desde 11% a 5%. Para ello proponen, junto con aprobar el Acuerdo con Canadá, legislar simultáneamente, modificando la ley de aranceles, iniciando un proceso gradual de rebajas para alcanzar la meta señalada. Se trata de que, a partir de la entrada en vigencia del acuerdo, Chile no sólo inicie un proceso de mayor integración con Canadá, sino que también lo haga con el resto del mundo. Así, los costos de desvío de comercio se reducirían al mínimo y se potenciarían los beneficios de un mayor comercio y bienestar para los consumidores.

En relación con los sectores afectados, estimaron que no corresponden medidas de "compensación"; pero sí corresponde, en el caso de la agricultura, aplicar una política integral que facilite la competitividad del sector. Ello supone mejorar substancialmente los aspectos relacionados, tales como educación, capacitación, inversión en infraestructura rural, programas eficientes para afrontar la pobreza, incentivos a la productividad y otros.

Finalmente, plantearon la procedencia de aplicar a los acuerdos aprobatorios internacionales los quórum especiales que prevé el artículo 63 de la Constitución Política, según la materia de que se trate. En este sentido, sostuvieron que aquellas disposiciones que tengan carácter orgánico constitucional, requieren de un quórum de 4/7 de diputados y senadores en ejercicio; y si contienen normas que fueren de quórum calificado, requerirán para su aprobación de la mayoría en ejercicio de cada Cámara.

2. Del Instituto Libertad.

Su Director, señor Pedro Daza, manifestó que el Tratado de Libre Comercio con Canadá es uno de los instrumentos más completos suscritos en esta materia y sienta un precedente muy importante para el futuro. Pone de relieve que el convenio sigue los lineamientos del Nafta, y representa una experiencia negociadora y técnica importante para futuros pasos, en especial en el evento de que Chile ingrese a ese tratado.

Señaló que la parte central del tratado es crear una zona de libre comercio de bienes, servicios e inversiones, aspectos que no se con templan ni en el Nafta ni el Mercosur.

Hizo ver que ciertos bienes tienen en este acuerdo con Canadá un tratamiento más favorable que el otorgado en el Mercosur, el que, a su juicio, debería extenderse a este último.

Más adelante, se refirió a los requisitos de origen de los productos, la eliminación de las restricciones no arancelarias en el proceso de desgravación, así como la eliminación en el año 2003 de los subsidios a las exportaciones agrícolas, todo lo cual favorecerá mayormente a nuestro país.

En el capítulo de las inversiones, se refirió a la excepción que hizo Chile a las restricciones de la ley Nº 18.657 y a la reserva del mantenimiento de su encaje. Asimismo, opinó que éste es el primer compromiso internacional que Chile ha celebrado en materia de servicios y en el esquema de prestaciones mutuas.

Respecto del mecanismo de controversias, señaló que representa un avance respecto a lo acordado con el Mercosur, que en esta materia muestra debilidades.

Destacó que el Acuerdo de cooperación ambiental presenta dos aspectos positivos: en primer lugar, que la entidad institucional que se crea no impone una política ambiental supranacional y, en consecuencia, el país se compromete a respetar su propia legislación ambiental, y, en segundo lugar, que si un país no cumple con las normas internas, ello no afectará las corrientes comerciales, pues existe un procedimiento al margen de esas vinculaciones.

En lo referido a la legislación laboral, destacó que rige la propia de cada país, sujeta a fiscalización, que tampoco existe imposición de leyes laborales y que, en este ámbito, tal práctica es más tenue que en el caso de la legislación ambiental.

Por último, insistió en la necesidad urgente de considerar la desgravación unilateral.

3. Del Programa de Asesoría Parlamentaria (PAL).

A través del señor Claudio Huepe, el Programa de Asesoría Parlamentaria excusó su inasistencia a la Comisión y presentó un extenso documento en que hace un análisis completo de todo el Acuerdo.

Refiriéndose a las ventajas de este instrumento, el documento señala que éste es el primer Acuerdo de Chile con una país miembro del Grupo G/7, que incluye a las naciones más industrializadas del mundo; miembro de la OECD; uno de los 18 integrantes del Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico, Apec; socio del Nafta, segundo inversionista extranjero en nuestro país y primero en el área minera.

A juicio del PAL, la firma de acuerdos incentiva el ingreso de capitales foráneos a Chile y diversifica las inversiones. Se accede desde Chile, libre de gravámenes, a un mercado de más de 400 millones de personas (Chile, Mercosur, México, Colombia, Venezuela, Ecuador); de US$ 2.000 millones de PIB y de más de US$ 350 billones de importaciones. Por su parte, Canadá posee proyectos de inversión por más de ocho mil millones de dólares en Chile

(US$ 8.390,9 millones autorizados y US$ 3.148,3 millones materializados a diciembre de 1996). Existen, además, cerca de cincuenta "joint-ventures" suscritos entre ambos países en los sectores forestal, minero y de construcción de maquinaria industrial, entre otros.

En lo que respecta a las exportaciones chilenas al mercado canadiense, el documento indica que el Acuerdo genera amplias posibilidades de incrementarlas. El arancel de Canadá no es uniforme como el chileno, sino escalonado, gravando con tasas más altas a los productos con mayor valor agregado. Por ejemplo, la lana peinada tiene arancel 0% en Canadá, pero las prendas de vestir enfrentan un arancel superior al 24%. A la fecha, los productos chilenos están afectos a un arancel promedio de aproximadamente 2%, lo que se debe a que la mayor parte de la canasta exportadora se concentra en productos agrícolas y minerales, y metales básicos. En consecuencia, el PAL estima que la liberalización del comercio con Canadá se verá reflejada en importantes crecimientos de las exportaciones chilenas, tanto en monto como en valor agregado.

Con respecto al Acuerdo de Cooperación Laboral y Medioambiental, señala que el tema de los estándares laborales y ambientales en los procesos de integración económica ha ido adquiriendo creciente fuerza e importancia. El punto de fondo es que la existencia de estándares o regulaciones diferentes entre los países afecta la competitividad de éstos. En otras palabras, una mayor regulación aumenta los costos de los productos locales, los que no pueden competir con los productos de países donde esas regulaciones no existen, son menores o su aplicación es más laxa. Desde la perspectiva de los países industrializados, el punto ha servido de pretexto para mantener posiciones proteccionistas, imponiendo barreras técnicas o arancelarias a las importaciones provenientes de países menos desarrollados.

En el caso de los tratados de libre comercio, donde el objetivo es reducir hasta eliminar las barreras técnicas y arancelarias para la libre circulación de bienes entre los países signatarios, la norma era, hasta el Nafta, que los temas laborales y medioambientales no formaran parte de la negociación. El Nafta estableció, por primera vez en un tratado, acuerdos de este tipo.

En lo referente al tema medioambiental mismo, el documento relacionado precisa que el que Chile asuma este Acuerdo implica un compromiso de desarrollo tanto de su institucionalidad como de sus políticas ambientales, al objeto de hacerlas más simétricas con su socio comercial y político, que tiene en esta materia los estándares de un país desarrollado. Además, se asume que el tema ambiental adquiere una categoría especial en la agenda política, como un principio ordenador de políticas públicas, lo que implica un compromiso de dotarse de instituciones, instrumentos y recursos para una gestión ambiental sustentable.

D. Lo sustancial de las opiniones de REPRESENTANTES DE EMPRESAS PRIVADAS.

1. De Agroinversiones S.A.

Su Gerente General, señor Juan Koyakovic, centró su intervención en la producción y comercialización de la cebada.

Al respecto, señaló que se trata de un cultivo tradicional que involucra a cerca de 1000 productores agrícolas chilenos, con un producción anual que fluctúa entre 100.000 y 120.000 toneladas, valorizadas en US$ 20 millones. Agregó que Canadá, por su parte, es uno de los principales productores y exportadores mundiales de cebada y malta, y su producción es de 16 millones de toneladas, de las cuales exporta cerca de 2 millones, principalmente a Asia, Norte y Sudamérica.

Enfatizó que las cifras anteriores demuestran la enorme desproporción que existe en la producción de ambos países, a lo que se suma el hecho de que la industria maltera canadiense ha aumentado considerablemente sus ventas en los últimos años en Latinoamérica.

Refiriéndose concretamente a las implicancias en la industria nacional, señaló las siguientes:

a) La mayor importación de malta canadiense provocará un deterioro de los precios internos, afectando a más del 50% de la industria maltera nacional.

b) La disminución de los precios a los productores nacionales traerá, como consecuencia, una baja en el hectaraje sembrado y un aumento en las importaciones.

c) Canalización de la importación de cebada hacia Canadá, restando competitividad a otros orígenes.

d) Problemas para países miembros del Mercosur, como Brasil y Paraguay, que no podrán importar malta chilena con las ventajas arancelarias actuales.

e) Efecto neutro en las exportaciones de malta a terceros países no partícipes del Mercosur.

2. De Malterías Unidas S.A.

Su Gerente General, señor Guillermo Parr, expresó, básicamente, que la industria de la cerveza está dividida en una parte agrícola, dedicada a producir cebada; otra maltera, que transforma la cebada en malteada , y la industria cervecera. Desde este punto de vista, señaló que el Tratado impactará en forma distinta a estos sectores de la industria.

Sostuvo que el sector agrícola deberá rebajar todos sus precios y, por ende, su nivel de rentabilidad; el sector maltero, no será afectado en sus exportaciones pero sufrirá un impacto negativo en su comercialización a nivel nacional, y el sector industrial, se verá afectado en todas sus áreas, pero ignora cómo serán abordadas.

3. De Barrick Gold Corporation.

Su Presidente, señor John W. Lill, expresó que su empresa, en su calidad de inversionista canadiense, valora altamente los esfuerzos realizados por ambos Estados para alcanzar tan significativos acuerdos de complementación económica, así como cualquier iniciativa que favorezca el intercambio e integración entre las naciones.

4. De la Compañía Minera Quebrada Blanca S.A.

Su Gerente General, señor James S. Drake, sostuvo que es un tratado que beneficia a ambos países.

Específicamente, en cuanto a la empresa Quebrada Blanca, indicó que es un ejemplo de colaboración bilateral, que combina los esfuerzos del sector privado y estatal chileno con el sector privado canadiense. Informa que este proyecto significó una inversión de casi US$ 400 millones y empleó en su primera fase de construcción a cerca de 2.000 trabajadores y ocupa en su etapa actual de producción a 500, además de contratistas.

Destacó que, en 1991, la empresa hizo voluntariamente un estudio de impacto ambiental y cumple con los estándares medioambientales más altos a nivel internacional. Añadió que, después de un año de operaciones, se volvió a contratar una auditoría medioambiental para comprobar no sólo el cumplimiento de las disposiciones legales, sino también la "mejor gestión ambiental", considerando la tecnología disponible.

Estimó que el Tratado traerá como resultado mayor confianza en la inversión canadiense en Quebrada Blanca, proyecto que es de muy largo plazo, y significará mayor seguridad para los socios.

Además, en su calidad de Presidente de la Cámara de Comercio Chile-Canadá, opinó que el Tratado es un instrumento para fomentar el comercio entre ambos países, que se concretará, en parte, por reducciones de las tarifas de importación.

En relación con los convenios de cooperación en materia laboral y medioambiental, sostuvo que éstos garantizan a ambos países una relación digna en cuanto a las relaciones comerciales. A su juicio, esto es muy importante para los inversionistas, porque en Canadá hay cierto nivel de crítica injustificada en el sentido de que la inversión canadiense en Chile y en otros países está basada en abusos al medio ambiente y a los derechos laborales. Los anexos, entonces, reflejan el compromiso de trabajar juntos y permite que las relaciones comerciales sean dignas.

5. De Methanex Chile Limited.

Su Gerente General, señor Rodolfo Krause, hizo llegar un documento escrito a la Comisión, en el cual señaló que su empresa representa una gran presencia canadiense, en un compromiso de largo plazo, en la XII Región de Chile, en la cual posee tres plantas productoras de metanol grado químico, con una inversión que asciende a 1.000 millones de dólares.

En cuanto al Tratado mismo, indicó que con la liberación arancelaria acordada se podrán disminuir eventualmente los costos de mantención, mediante la importación de repuestos, partes y materiales desde Canadá.

Asimismo, asume que los acuerdos de cooperación ambiental y laboral son de gran importancia, por cuanto la empresa que representa está suscrita al Compromiso de la Cámara de la Industria Química de Canadá, CCPA, cuyos principios constituyen una ética de trabajo que exige una conducta de gran responsabilidad en el tratamiento del medio ambiente, en la seguridad de las personas e higiene en el trabajo.

Por último, sostuvo que el Tratado de Libre Comercio y los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral fortalecen la percepción positiva de Chile y constituyen un símbolo de confianza y de seguridad para los inversionistas canadienses, especialmente para aquellos interesados en un compromiso de largo plazo con el país.

6. De Placer Dome Latin America Ltd.

En representación de esta empresa, concurrió el abogado señor Ignacio Quiñones Sotomayor, quien expresó, en documento que entregó a la Comisión, que Placer Dome es una compañía minera canadiense dedicada principalmente a la exploración y explotación de yacimientos de oro, ubicándose entre los tres más grandes productores del mundo. Informó que en Chile la empresa tiene dos operaciones en sociedad con otras compañías mineras, que representan una inversión superior a 800 millones de dólares: La Coipa, en Copiapó, productora de oro, y Zaldívar, el mineral más grande de plata en el mundo.

Sostuvo que la activa presencia de las empresas canadienses y del propio Gobierno de Canadá, no sólo en actividades mineras, sino también en la educación superior, le permite concluir que un Tratado de Libre Comercio entre ambos países constituye un paso natural para formalizar la rica interacción de comercio, inversiones y cultura. Además, a su juicio, el Tratado permitirá otorgar un régimen de seguridad a las inversiones recíprocas, constituyendo una sólida señal de confianza en Chile, vigorizando aun más la creciente y sólida imagen que tiene en el mundo.

Finalmente, sostuvo que este Tratado constituye, ciertamente, la puerta de entrada de Chile para el siguiente paso natural: el Nafta.

7. De la Compañía Minera Carmen de Andacollo.

Su Gerente General, señor David Brace, señaló que la Minera Carmen de Andacollo es otro ejemplo perfecto de la cooperación entre empresarios canadienses y el Gobierno de Chile, en la cual los accionistas son Aur Resources de Canadá con 64%, CMP, subsidiaria de CAP con 27%, y ENAMI con el restante 10%. Actualmente, la producción anual alcanza a 20.000 toneladas de cátodos de cobre, que se exporta a Asia y Latinoamérica. Más importante aun es el hecho de que más del 70% de sus trabajadores son andacollinos.

Aseguró que este Tratado representa ventajas muy obvias para la empresa, porque en el futuro bajará el costo de las maquinarias y de los materiales importados de Canadá. Pero, a su juicio, lo más importante, es que este Tratado respalda los negocios actuales y es una señal de la seguridad que los Gobiernos de ambos países tienen en las relaciones comerciales, máxime si se tienen presentes las proyecciones de largo plazo de la industria minera y porque facilitará la reinversión de las utilidades dentro de Chile.

8. De Falconbridge Chile S.A.

Su Gerente General, señor Enrique Lithgow, se refirió, en primer término, a la empresa que representa, indicando que es una compañía internacional de origen canadiense, dedicada a la exploración, desarrollo, explotación, procesamiento y comercialización de metales bases, siendo el segundo productor de níquel y el tercero de cobalto a nivel mundial. En Chile ha mantenido una presencia importante a partir de 1975, con una inversión total de 1.760 millones de dólares, de un total de 3.000 millones de dólares autorizados por el Comité de Inversiones Extranjeras.

Desde su punto de vista, como inversionista extranjero, señaló que la ratificación y puesta en marcha de este Tratado presenta las siguientes condiciones favorables:

1. Permite a los exportadores canadienses de bienes y servicios un acceso más competitivo al mercado chileno.

2. Implica un mejoramiento significativo del régimen aplicable a los inversionistas canadienses, proveyéndoles de un conjunto de beneficios y garantías adicionales que no tienen precedentes fuera del acuerdo Nafta.

3. Limita cuidadosamente las condiciones de expropiación y garantiza a los inversionistas canadienses una compensación justa y adecuada en caso de que se realice.

4. Garantiza el mantenimiento de las regulaciones actuales relativas al control de capital de inversión y los requerimientos de reserva sobre créditos foráneos.

Por otra parte, sostuvo que los acuerdos complementarios de cooperación laboral y ambiental fomentan y garantizan mayor cooperación en estos aspectos. Destacó que su empresa recibe con beneplácito estos acuerdos complementarios, porque contribuyen en gran medida a una mayor transparencia y confianza para el desarrollo de sus actividades en Chile.

9. De Nova Corp International S.A.

Su Gerente General, señor Frank Wong, estimó que, para la empresa que representa, dedicada a servicios globales de gas natural y fabricación de productos petroquímicos, con fuerte presencia en América Latina, este Tratado de Libre Comercio claramente ratifica la decisión de NOVA de invertir en Chile, y se traducirá en futuras inversiones, puesto que, desde el punto de vista de los inversionistas, se está estableciendo un compromiso sólido que será beneficioso para las Partes involucradas.

Desde el punto de vista de importador de bienes y servicios, sostuvo que este Tratado mejorará la competitividad de su empresa, puesto que la tecnología, los equipos y experiencia canadienses estarán plenamente disponibles para los mercados, los industriales y los consumidores chilenos. Esto significará que se podrán obtener artículos canadienses a menores precios en Chile, debido a la reducción de los derechos aduaneros. Por otra parte, un acuerdo tributario adecuado sería ventajoso para que las empresas canadienses se establezcan en este país y elaboren artículos para el mercado latinoamericano.

Destacó que, para los productores canadienses, este Tratado trae beneficios, puesto que contarán con un nuevo mercado en Chile.

En lo que se refiere a los acuerdos de cooperación laboral y ambiental, sostiene que algunos dicen que este tipo de acuerdos laterales habitualmente se incluyen para asegurar que la competitividad de un país no se desarrolle a expensas de los trabajadores o del medio ambiente. Otros observan que este acuerdo en particular proporciona oportunidades a los proveedores de equipo y servicios ambientales.

Desde su personal punto de vista, asumió que la inclusión de estos acuerdos laterales envía un mensaje individual y colectivo a los canadienses, a los políticos y al público en general. A su juicio, el mensaje dice que Chile es similar a Canadá, que ambos países pueden competir en el mismo campo de juego y que lo más importante, es que las compañías canadienses están desarrollando negocios e invirtiendo en Chile no debido a la falta de reglamentación laboral y ambiental, sino porque precisamente existe ese tipo de normas.

V. DECISIONES DE LA COMISIÓN.

A. CONSULTAS ESPECÍFICAS Y PLANTEAMIENTOS GENERALES FORMULADOS EN EL SENO DE LA COMISIÓN.

Concluidas las audiencias públicas, en el seno de la Comisión se formularon diversas consultas sobre temas específicos y se hicieron planteamientos generales que permiten ilustrar sobre la posición de la Comisión acerca de estos instrumentos.

El Diputado señor Melero consultó acerca de la estructura de comercio que habrá con Canadá, ya que los antecedentes del Banco Central muestran que en 1995 las exportaciones hortofrutícolas a dicho país fueron sólo del orden de los 5,5 millones de dólares, en circunstancias que se sabe que superan los 90 millones de dólares. Esto lo llevó a preguntarse sobre cuál es el contexto real de las exportaciones que se hacen directamente y cuál es el monto de las que se efectúan vía los Estados Unidos de América.

El señor Collarte, integrante del Equipo Negociador, respondió que durante cinco meses del año estas exportaciones deben efectuarse vía el puerto de Filadelfia debido a que los puertos de la costa este de Canadá están congelados, desde donde se transportan en camión al setenta por ciento de los centros de consumo ubicados en Montreal, Ottawa y Quebec. Indicó que ésa es la razón por la que no coinciden las cifras que registra el Banco Central. Puntualizó que las cifras del Ministerio de Hacienda de Canadá señalan que las exportaciones agrícolas chilenas a ese país son de 54 millones de dólares americanos.

El Diputado señor Jürgensen consultó acerca del efecto que este Tratado tendrá sobre las inversiones, a la luz del decreto ley Nº 600, de 1974.

El señor Jara (Director de Asuntos Multilaterales de Direcon) respondió que en materia de inversión extranjera el Tratado fue elaborado sobre la base de dar acceso sin restricciones al inversionista canadiense, el cual tiene derecho de acceder al mercado chileno en cualquier sector y actividad, pero ciñéndose a la ley chilena, salvo en aquellos sectores en los cuales haya alguna reserva en los anexos I y II, que reflejan las restricciones que Chile aplica en la actualidad a la inversión extranjera o que podría aplicar en el futuro.

Agregó que el régimen general para hacer la transferencia de fondos es la que contempla el capítulo 14 del compendio de normas del Banco Central. Precisó que aunque ella es libre, Chile formuló reserva para preservar las medidas necesarias para mantener la estabilidad de la moneda, en lo que concierne al encaje y a el impedimento de repatriar el capital antes de un año.

Señaló que el inversionista podrá también podrá optar por efectuar su inversión conforme a las reglas del decreto ley Nº 600, de 1974, caso en el cual deberá celebrar un contrato con el Estado de Chile.

El Diputado señor Jürgensen consultó sobre las posibilidades que tendría nuestro país de modificar su legislación ambiental sin atentar contra el Tratado.

El señor Undurraga respondió que Chile podrá, incluso, derogar su legislación, especialmente las disposiciones actualmente obsoletas u oscuras en determinados sectores. Citó como ejemplo lo que tendrá que hacer con las normas de agua para riego, que fueron literalmente copiadas de la EPA y que actualmente han debido ser revisadas por Estados Unidos y Canadá como consecuencia del mayor conocimiento que se tiene en este ámbito.

El Diputado señor Jürgensen consultó acerca del por qué los productos lácteos quedaron en lista de excepción, en circunstancias que en el Mercosur quedaron en desgravación y, además, sobre los subsidios que Canadá.

El señor Kaufmann (asesor del Ministerio de Hacienda) respondió que en el mercado de huevos, aves y lácteos dicho país mantiene subsidios y medidas de protección que ni siquiera Estados Unidos de América ha podido remover en el marco del Nafta, pero que en el marco de la Ronda Uruguay se logró un mayor grado de apertura mediante la arancelarización de las restricciones cuantitativas que tenía Canadá.

Indicó que en el caso chileno los aranceles para las cuotas globales -que para el resto del mundo son de alrededor del 11%- se establecieron en 0% en forma inmediata, lo cual significa una ganancia para el país si se comparan con los de terceros países. Más adelante agregó que los subsidios canadienses a la producción láctea tendrán que ser derogados a más tardar el 1 de enero de 2003, ya que en esa fecha ninguno de los dos países podrá introducir o mantener subsidios a la exportación agrícola. Dijo que si Canadá, antes de tal fecha, impone algún subsidio a la exportación, estará permitiendo que Chile aumente los aranceles a los productos agrícolas, de cualquier índole, a los niveles de arancel de "nación más favorecida".

El Diputado señor Fuentealba destacó que este Tratado es el primero que nuestro país celebra con una de las siete naciones más industrializadas del mundo. Dejó constancia de la excelente labor que a su juicio ha cumplido el Equipo Negociador, gracias a la cual nuestro país tendrá mayores opciones comerciales.

Recordó que toda negociación beneficia a algunos sectores y perjudica a otros, y que este Tratado favorece al sector manufacturero, pues da la posibilidad de que productos chilenos manufacturados entren con arancel 0, o mínimo, a un mercado como el canadiense, que tiene una población más grande que la de Chile, lo que abre expectativas comerciales de indudable beneficio para el sector.

Reconoció que puede haber sectores afectados, como el subsector agrícola, y se preguntó si debido a ello debería impedirse que el país negocie a futuro acuerdos comerciales de esta envergadura, no obstante la posibilidad de beneficiar a otros sectores exportadores. Consideró que el Gobierno y el país no pueden aceptar esta opción.

Hizo presente que el Gobierno ha defendido la agricultura en lo que ha sido posible, como lo prueba el trato acordado para los productos agrícolas sensibles y considera que esta negociación ha sido similar a la efectuada con el Mercosur, lo que constituye un patrimonio que el país está resguardando y que servirá de precedente para futuras negociaciones, como las que se deberán llevar a cabo con la Unión Europea y los Estados Unidos de América.

Destacó que entre los numerosos organismos invitados a la Comisión, con excepción de la SNA, no hubo persona ni gremio que se opusiera al Tratado y que la Comisión recibió el 99% de los sectores económicos del país.

Estimó que para quienes no son especialistas en el sector agrícola resulta paradójico que se solicite una rebaja unilateral de aranceles sin obtener nada a cambio, y que se objete y critique que en el caso de este Tratado la rebaja con compensaciones y beneficios para otros sectores de la economía sea un punto en el cual se basen algunos para rechazarlo.

Concluyó anunciando su voto favorable.

El Diputado señor Melero consultó acerca de si la rebaja arancelaria obtenida por Chile para la fruta influyó en la cuantificación global de las preferencias que se obtuvieron de Canadá en otros rubros, como por ejemplo en el caso de la cebada, el trigo candeal y la avena.

El Embajador Valdés (Director General de Direcon y Jefe del Equipo Negociador) respondió que la negociación con Canadá comprende diecinueve capítulos del Nafta e incorpora variados temas por lo que fue mucho más amplia que la del acceso al mercado y que, sin estar centrada en el tema agrícola, él fue un problema principal para los negociadores porque la mantención de las bandas de precios y el trato al trigo y la carne fueron cuestiones esenciales en la discusión.

Consideró fundamental haber mantenido los plazos del Mercosur y señala que no es efectivo que se haya concedido rebaja de arancel para el trigo candeal y otros granos a cambio de arancel 0 para productos frutícolas. Agregó que el 90% del trigo canadiense quedó en un plazo de diecisiete años y que la carne se mantuvo en dieciséis años, lo mismo que el azúcar.

Afirmó que no hubo cambio de fruta por trigo y que el punto principal radicó en que no era posible mantener bloqueadas todas las exportaciones agrícolas de Canadá a Chile y, al mismo tiempo, conseguir que los productos agroindustriales chilenos ingresaran a Canadá en un plazo menor de seis años.

El Diputado señor Melero preguntó si la cuantificación global de las preferencias se ve afectada por rebajas de aranceles que no son tales en el caso de la fruta que ya ingresaba al mercado canadiense con arancel 0.

El Embajador Valdés explicó que desde el punto de vista de Chile una negociación con un país industrializado de la magnitud de Canadá no está orientada sólo a los productos que ya están en proceso de exportación, sino que el propósito preferencial es abrir espacios a aquellos productos en los cuales nuestro país puede llegar a ser competitivo. Señaló que cuando se habla que la fruta chilena entra a Canadá con arancel 0 hay que considerar que lo hace porque, en la mayoría de los casos, ingresa en un período estacional que es definido por decisión administrativa canadiense y que si por esta vía se procediera a cambiar la época en que es admitida con arancel 0, debería pagarlo. Indicó que esos aranceles fueron eliminados, lo mismo que los del Sistema Generalizado de Preferencias de Canadá.

El señor Aninat (Ministro de Hacienda) destacó que el acuerdo con Canadá tiene más cobertura temática y más rango que otros tratados de este tipo ya aprobados por el Congreso Nacional, representando una oportunidad concreta para que dos naciones que ya comercian entre sí aprovechen su enorme potencial, su margen de comercio y el intercambio de bienes, de servicios y de inversiones. Precisó que ése es el propósito del Tratado, más allá de los capítulos, complejidades y otros aspectos del mismo.

Admitió que ambas Partes ceden algunas cosas, pero que se debe considerar que ganan muchas otras: apertura de mercado, umbral y acceso de mercado y -en forma destacada- seguridad de mercado en el tiempo. Resaltó esto último, pues estimó que no se puede omitir que antes del Tratado Chile y Canadá negociaban en el marco de la OMC, pero que no había nada firmado entre ambos países, lo que podría permitir que se cambiara unilateralmente las estructura de aranceles, de cuotas, de estándares no arancelarios, de restricciones y otros.

Agregó que para Chile esta negociación se orienta por el principio de la apertura del comercio que ha seguido sostenidamente y en el cual no claudicará porque es un activo desarrollado a través de muchos años, y, además, bajo el principio del regionalismo abierto.

Hizo presente que en los temas ambiental y laboral se está haciendo un reconocimiento explícito del interés de Chile, como nación independiente y soberana, de que su legislación se respete, se ejecute. Que su concepción del desarrollo y crecimiento económico sustentables no se logre a costa del medio ambiente ni de la depredación de sus recursos naturales. Precisó que para esto no se está conviniendo en una legislación especial para el acuerdo con Canadá, ya que nuestro país mantiene su propia legislación en la materia.

Puntualizó que los principios laborales que guían el Tratado comprometen a las Partes a promoverlos conforme a su respectiva ley doméstica, sin establecer estándares comunes mínimos. En éstos, enfatizó, hay respeto a la soberanía nacional y una promoción de los aspectos que interesan al país y al mundo entero.

Concluyó sosteniendo que esta negociación debería ser evaluada y ponderada en su mérito si se llegara a negociar con Estados Unidos de América el ingreso al Nafta, una vez autorizado el "fast-track" y dadas las condiciones para hacerlo.

El Diputado señor Jocelyn-Holt expresó que la mayoría de los participantes en la Comisión han manifestado su interés en que este Tratado sea aprobado debido a que es producto de una estrategia global seguida desde hace muchos años y sería negativa una decisión contraria.

Recordó que los Parlamentarios son electos por distritos o por circunscripciones y no por gremios, de manera que el Parlamento no debe actuar como una instancia corporativa. Consideró legítimo que cada sector manifieste las ventajas o desventajas de un determinado acuerdo, frente a lo cual los Parlamentarios deben sopesarlas con el objetivo de buscar un balance adecuado para el país. Destacó que en este caso ha habido sectores que han manifestado su acuerdo, en circunstancias de que frente al Mercosur expresaron lo contrario, como ha sido el caso del Instituto Libertad.

Consideró que en el Tratado con Canadá la SNA ha adoptado una posición que se ha ido conformando con el tiempo, ya que en un primer momento el mayor énfasis lo pusieron en algunas desgravaciones específicas, pero que, posteriormente, han hecho críticas que van más allá de las explicaciones acerca de lo que se obtuvo o no en la fruta fresca. Señaló no comprender cuál es la petición que formula la SNA, si se trata de que no se baje el trigo y la cebada en razón de que no son insumos y porque el país no se autoabastece de otros subproductos. Estimó que no tiene una posición sólida y global respecto de los impactos de desarrollo que el Acuerdo puede representar y recordó que este tipo de Tratados no se puede negociar producto por producto como si se tratara de un trueque.

Por otro lado, hizo presente que los consumidores son también un sector que los Parlamentarios deben representar.

Sostuvo que este tema puede politizarse del mismo modo como tiende a ocurrir con el Código de Aguas o las Sanitarias e invitó a analizar este Tratado desde una posición más global.

Finalmente, recordó que el Acuerdo Laboral y Ambiental no tendrán consecuencias comerciales y que no comprometen la capacidad del país para darse la ley que estime necesaria en estos ámbitos.

El Diputado señor Luksic se sumó a las bondades que se han señalado sobre este Tratado, sin perjuicio de circunscribir sus consultas al Acuerdo de Cooperación Ambiental.

En primer término, consultó acerca de la similitud que este Acuerdo tendría con el acuerdo ambiental del Nafta, donde México ha mostrado incumplimiento de sus compromisos, creando una verdadera competencia entre productores e inversionistas a un lado y otro de la frontera con los Estados Unidos de América y dando lugar a un verdadero "dumping" ambiental.

En seguida manifestó preocupación por la carencia de los mecanismos institucionales de fiscalización del cumplimiento de la legislación ambiental y preguntó si el Acuerdo significará un mejoramiento en este aspecto.

También le interesó el tema de los pesticidas, el único que, a su parecer, el Acuerdo trata expresamente. Respecto de los niveles de protección ambiental consultó si habrá homologación de normas o un criterio común que pueda ser el de la EPA u otro.

Por último, consultó quién determinará el monto de las multas por incumplimiento de las normas ambientales y cuáles serán los criterios con que se harán estas determinaciones.

El Diputado señor Letelier, don Juan Pablo, expresó su acuerdo con la estrategia de apertura de nuestra economía, que permite complementar las vinculaciones con Europa, Norteamérica y los países de Asia-Pacífico. Consideró que desde este punto de vista el Tratado tiene importancia política trascendental, por cuanto Canadá es uno de los principales países desarrollados que ha invertido en Chile, en especial en la minería, generando oportunidades de empleo.

No obstante, consideró que hay razones para plantear que el comercio debiera ser objeto de mayor proteccionismo, a fin de defender el mundo del trabajo y a ciertos sectores de la economía que han tenido dificultades para desarrollarse en un modelo abierto al mercado internacional. Sostuvo que Chile ha reconocido la importancia histórica del nuevo modelo así como la importancia del Estado como ente rector.

Afirmó que el Tratado beneficia a un sector muy importante del país, logra potenciar la apertura de la agroindustria y abre una nueva etapa de desarrollo para la fruta fresca en el país.

Reconoció que el Tratado con Canadá mantiene las mismas condiciones obtenidas en el Mercosur para los sectores tradicionales de la agricultura y consideró de la mayor importancia haber mantenido los períodos de desgravación para el trigo.

Estimó que la posición de la SNA no se condice con declaraciones anteriores en relación con la rebaja unilateral de aranceles.

Agregó que en la fiscalización de las leyes ambientales y laborales hay un gran déficit y que hay que reforzar la fiscalización en los sectores forestal y agrícola de exportaciones, dado que los trabajadores tienen una visión distinta de los empresarios acerca de cómo se cumplen las leyes. Así ocurre, a su parecer, en la aplicación de agrotóxicos y pesticidas, donde el SAG no tiene capacidad de fiscalizar el cumplimiento de las normas.

Terminó anunciando su voto favorable a la aprobación de estos instrumentos.

El Diputado señor Orpis resaltó el principio del libre comercio, el cual a su parecer se desarrolla básicamente en torno a una apertura unilateral o a acuerdos bilaterales o multilaterales. Añadió que, en general, los tratados deberían referirse a materias relacionadas con el libre comercio. Por lo mismo, advirtió que en este tratado con Canadá no sólo se plantean materias relativas al libre comercio, sino también anexos como los temas ambientales y laborales. Precisó que ello significa un cambio en la política exterior chilena, lo cual sienta un precedente de cómo se enfrentarán futuros tratados, especialmente en el Nafta y con la Unión Europea. Arguyó que dichos temas no están en los tratados celebrados con países latinoamericanos. Esto lo consideró delicado por cuanto sostiene que estos temas han sido una barrera proteccionista que se ha puesto a los países en desarrollo, para impedir que sus productos, que son absolutamente competitivos, ingresen a mercados más desarrollados. Agregó que no hay seguridad de que estos temas no afecten a Chile. Afirmó que no se sabe qué ocurrirá cuando haya una denuncia por no cumplimiento de una ley determinada, respecto de un productor específico ni qué efecto tendrá respecto de su exportación a un tercer país. Consideró que se debe lograr un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo del país.

Por disentir de los dos temas anexos al tratado, que considera delicados para futuras negociaciones, anunció que se abstendrá en la votación del proyecto de acuerdo.

El Diputado señor Jürgensen se preguntó qué gana un productor de trigo, de carne, de leche, de cebada, etcétera, con este Tratado y afirmó que no encuentra el beneficio. Consideró no comparables las condiciones naturales de Canadá y Argentina para producir trigo, por ejemplo, comparado con las nuestras, donde se necesitan grandes cantidades de fertilizantes. Sostuvo que en esto se está en absoluta desventaja respecto de ellos. Le preocupa el futuro de las economías de las Regiones IX, X y XI, que viven de la carne, de la leche, del trigo, de la cebada o del raps. Dijo que para abrir la economía deben tenerse presente las ventajas comparativas, como ocurre con Nueva Zelanda que las tiene para la producción láctea, después de haberse preparado durante más de 30 años para enfrentar al mundo. Esto, dijo, es lo que se ha reclamado con ocasión del Mercosur y añadió que el programa de 500 millones de dólares de ayuda al sector no es para un solo producto ni para un año, lo que diluye sus efectos.

Respecto de los insumos, recordó que de Canadá no se trae ni el 2% y que el resto viene de otros países. Afirmó que la agricultura canadiense es gigantesca, sin pequeños agricultores, ya que las propiedades son de miles de hectáreas, no de 15, 20 ó 30 hectáreas como acá. Por ello, defiende la economía de Regiones que viven de la madre de las actividades económicas: la agricultura. Le preocupa también que no esté claro qué pasará en el futuro con la desgravación del trigo, por ejemplo, el que a la larga quedará con arancel 0, pero no se sabe cómo evolucionará la desgravación gradual.

Declaró que está en una posición negativa frente a este Tratado porque se están celebrando estos instrumentos con verdaderos colosos de la agricultura tradicional, incluida Argentina entre ellos, en circunstancias de que en nuestro país tal agricultura es inconvertible prácticamente. Sostuvo que puede aceptar este Tratado pero, a lo menos, con compensaciones adecuadas para dichas Regiones.

El Diputado señor Munizaga valoró los esfuerzos que se hacen para incrementar el comercio con otros países, como en este caso con un país industrializado. Estimó que estos acuerdos favorecen a los países más chicos, porque los grandes tienen la fuerza suficiente para poder cambiar las situaciones que les incomode.

Una de las aprensiones que tiene, sin embargo, es sobre el destino de nuestra agricultura, la que no le surge sólo frente a este acuerdo con Canadá sino con acuerdos ya firmados con Mercosur. Agregó que la agricultura es una actividad de difícil sustentación por cuanto el medio no es lo suficientemente generoso como lo es Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Afirmó que nuestros agricultores están menos preparados para enfrentar la apertura comercial, como los europeos o los mismos canadienses, en cuyos países es frecuente el subsidio a la producción, lo que aquí en Chile no se tiene. Sólo existe el sistema de bandas de precios.

Acerca de la controversia suscitada por la desgravación de la fruta, señaló que en un principio estuvo de acuerdo con la opinión de la SNA, pero consideró que con las explicaciones que se han dado al respecto se han disipado dudas que surgieron por el grado de desinformación que se tuvo al comienzo.

Otra de sus aprensiones dice relación con los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral, ya que no le quedó claro el respeto de las normas laborales y ambientales chilenas. En cuanto al medio ambiente, observó que el país contrae compromisos para protegerlo, de promover un desarrollo sustentable, de apoyar políticas ambientales y de mejorar la observancia y aplicación de las normas ambientales, con una moratoria de dos años para que el Gobierno pueda adaptar su legislación. Teme que estos compromisos puedan llevar a acelerar un proceso por presiones foráneas que posterguen el desarrollo del país y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

De allí, entonces que, no obstante los puntos positivos del Tratado, como ser el reconocimiento de origen del pisco, que constituye un patrimonio no sólo para las Regiones de Atacama y Coquimbo, que permite el desarrollo de la producción vitivinícola del resto del país, anunció que su voto será de abstención.

El Diputado señor Valenzuela sostuvo que la abstención es rechazar el Tratado y recordó que en la Sala se requiere quórum orgánico-constitucional.

Sostuvo que en la II Región también se sienten perjudicados, ya que en ella se produce, aproximadamente, el 30% de los ingresos del país y sin embargo sólo se recibe el 3%. De manera que estimó que no es adecuado argumentar en contra del Tratado por el perjuicio que reciben algunas Regiones, ni siquiera para abstenerse en la votación.

Desde otro punto de vista, estimó que el rechazo del Tratado significaría un retroceso en los esfuerzos de integración y perjudicaría las negociaciones con el Nafta y con la Unión Europea.

Anunció que votará favorablemente.

El señor Aninat (Ministro de Hacienda) insistió en que al momento de votar deben evaluarse estos instrumentos en sí mismos, por sus beneficios, costos y efectos dinámicos y estáticos de corto, mediano y largo plazo.

Respecto de los recursos para mejorar la fiscalización en el cumplimiento de las normas ambientales y laborales, afirmó que no puede comprometer recursos porque no es éste el ámbito adecuado ni es lo que está en discusión.

El Embajador Valdés explicó que el Nafta comprende dos tratados distintos en materia medioambiental y laboral. Uno, el de Estados Unidos y México y otro entre Estados Unidos y Canadá. Indicó que la diferencia fundamental entre ellos está en que sólo el primero contempla sanciones comerciales. Agregó que tanto Chile como Canadá se oponen a la inclusión de tales sanciones en materia ambiental o laboral.

Sobre el tema de las multas, señaló que ellas son dispuestas por un tribunal arbitral, con un tope de 10 millones de dólares.

Precisó que los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral permitirán recoger las experiencias de otros países y desarrollar proyectos que mejoren la propia legislación. Anotó que en el Nafta las relaciones en estas materias han sido de cooperación, sin confrontación ni imposición.

El Diputado señor Salas planteó que en Chile hay una legislación laboral que el Tratado contempla y que se cumpliría aun cuando el Tratado no lo señalara, ya que se trata de normas elaboradas en el seno de la Organización Internacional del Trabajo que nuestro país está cumpliendo.

Anunció que votará favorable la aprobación de estos instrumentos.

El Diputado señor Melero dio por superada la controversia suscitada en torno a la desgravación de la fruta y manifestó no dudar de la buena intención y profesionalismo con que las negociaciones se han llevado adelante, en la búsqueda del bienestar y el progreso de Chile.

Anunció que votará en contra del Tratado porque está convencido de que la política bilateral, respecto de la multilateral, conduce hacia una inequidad compleja e irreversible de las reglas del juego en políticas de exportación, produciendo situaciones complejas de articular con el resto de la comunidad mundial. Estimó que este Tratado no es un acuerdo de libre comercio en su estricta dimensión y compartió la opinión de que la incorporación de los temas ambiental y laboral crean un factor distorsionador del comercio.

El Diputado señor Longton anunció que se abstendría, sin perjuicio de lo cual se declaró absolutamente partidario de la integración de Chile con el resto del mundo y dijo creer en una sociedad libre, en la economía social de mercado y en la competencia exterior e interior. Sostuvo que la calidad y bondad de los exportadores y agricultores es necesario probarla cuando se compite con el resto del mundo y que no basta con hacerlo al interior del país.

B. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO Y TEXTO SUSTITUTIVO DE SU ARTÍCULO ÚNICO.

Cerrado el debate y practicada la votación del artículo único del proyecto en forma económica, conjuntamente con la indicación presentada por S.E. el Presidente de la República que introduce enmiendas y correcciones formales en el texto del Tratado de Libre Comercio, arrojó el siguiente resultado: 8 votos a favor; 1 en contra, y 4 abstenciones.

La indicación de S.E. el Presidente de la República permite aprobar las notas Nº 1.888, Nº 2.250 y EA 32, intercambiadas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y la Embajada de Canadá, para introducir correcciones formales en diversos artículos del Tratado de Libre Comercio suscrito en español.

Al tenor de dichas Notas, los artículos que se corrigen son los siguientes:

-Artículo N-17, segundo párrafo. En la expresión "A falta tal resolución," se intercala la preposición "de" entre los términos "falta" y "tal".

-En el artículo N-21, tercer párrafo, en la expresión "Se considerará que una Parte con lo dispuesto en el párrafo 2," se intercala la forma verbal "cumple" entre los términos "Parte" y "con".

-En el Nº 16 de las Notas al anexo D-01, Nº 16, en la expresión "Si el es usado en un vehículo automotor," se intercala la palabra "bien" entre el artículo "el" y la forma verbal "es".

-En la nota de pie de página Nº 12, del anexo D-01, en la expresión "se aplicar las disposiciones del Artículo D-03.", se intercala la forma verbal "podrán" entre "se" y "aplicar.

-En la Nota de pie de página Nº 16, del anexo D-01, en la expresión "Si el es usado en un vehículo automotor," se intercala el término "bien" entre el artículo "el" y la forma verbal "es".

-En el capítulo 62, Nota 2, literal d), del anexo D-01, donde dice "con un peso no a 340 gramos por metro cuadrado," se intercala, entre la negación "no" y la preposición "a", el término "superior".

-En el anexo I, Nº 3, literal (c), segunda frase que expresa "el elemento Medidas prevalecerá sobre todos los elementos," debe intercalarse el término "demás" entre el artículo "los" y el sustantivo "elementos".

-En el anexo I de Canadá, ficha 34, en la descripción, a la frase "o con los aranceles debidamente cubiertos," se le intercala, entre "aranceles" y "debidamente", el término "aduaneros".

Mediante oficio Segpres (OJ) (O) Nº 588, de 6 de mayo de 1997, la Comisión recibió formalmente el texto de los anexos de los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral, no acompañados con el mensaje.

Por su parte, el texto sustitutivo del artículo único aprobado por la Comisión introduce modificaciones formales en el texto propuesto por el mensaje, con el objeto principal de hacer referencia expresa, en primer lugar, a los "apéndices y notas" del Tratado de Libre Comercio, ya que estos instrumentos, junto con los anexos, forman parte integral del mismo, conforme lo dispuesto por su artículo P-01.

Con las enmiendas anteriores, el texto del artículo único que os propone vuestra Comisión, es el siguiente:

"Artículo único.- Apruébanse el "Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá", y sus anexos, apéndices y notas, suscrito en Santiago de Chile el 5 de diciembre de 1996, con las enmiendas y correcciones de que dan cuenta las notas Nº 1.880, Nº 2.250, y EA 32, intercambiadas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y la Embajada de Canadá, respectivamente, de fechas 24 de marzo, 9 de abril y 10 de abril, todas de 1997; el "Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá" y sus anexos; y el "Acuerdo de Cooperación Laboral entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá" y sus anexos, ambos suscritos en Ottawa, Canadá, el 6 de febrero de 1997."

C. DESIGNACIÓN DE DIPUTADO INFORMANTE.

Esta nominación recayó, por unanimidad, en el honorable Diputado Renán Fuentealba Vildósola.

D. MENCIONES REGLAMENTARIAS (Nºs. 2 y 4 del artículo 287 del Reglamento de la honorable Cámara).

1. Normas orgánico-constitucionales.

El artículo G-10 del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá y su anexo G-09.1 requieren quórum orgánico constitucional para su aprobación, en razón de las modificaciones de las atribuciones del Banco Central que se desprenden de sus disposiciones, afectando, en consecuencia, los alcances actuales de la ley Nº 18.840, orgánica constitucional de dicha Institución Bancaria, y respecto de las cuales es aplicable el Nº 2 del artículo 82 de la Constitución Política.

2. Normas que deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

Conforme al Reglamento, procede que la Comisión de Hacienda tome conocimiento del Tratado de Libre Comercio y de los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral en razón de los compromisos financieros para el Estado que ellos involucran, especialmente en las normas siguientes:

-Secciones I, II y III, relativas a trato nacional, aranceles y medidas no arancelarias, de capítulo C.

-Sección IV, artículo C-17, Sistema de Bandas de Precios, establecido en ley Nº 18.525, y anexo C-02.2, capítulo C.

-Listas de desgravaciones de Chile y de Canadá, adjuntas en anexo V. Compromisos diversos.

-Anexo C-03.2: sobre continuación de medidas de exención de aranceles aduaneros.

-Anexo C-08: medidas sobre las importaciones y exportaciones de Chile.

-Anexo C-09: derechos aduaneros existentes en Chile que se acuerda que no sean impuestos.

-Sección 3 del Anexo C-00-B, relativo a Bienes Textiles y del Vestido, sobre medidas de emergencia bilaterales (salvaguardias arancelarias).

-Anexo N-02.2. Remuneración y pago de gastos del Secretariado Nacional del Tratado de Libre Comercio.

-Artículo O-03 y anexo O-03.1, sobre tributación y doble tributación.

-Artículos 36 y 43 del Acuerdo de Cooperación ambiental, y artículo 38 del Acuerdo de Cooperación Laboral, relativos al financiamiento de los Paneles Arbitrales.

-Anexos 33 y 35, del Acuerdo de Cooperación Ambiental y del Acuerdo de Cooperación Laboral, respectivamente, que determinan el monto máximo de la contribución monetaria que puede ser obligada a pagar la Parte demandada por omisiones persistentes en el cumplimiento de sus legislaciones ambiental o laboral, según el caso.

Para tales efectos, el Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda ha hecho llegar un informe financiero acerca de la menor recaudación fiscal que se producirá hasta el año 2014, como efecto de las rebajas de aranceles dispuesta por el Tratado de Libre Comercio.

El texto de este informe financiero se adjunta como anexo 3, al final de este informe.

-o-

Acordado en sesiones de los días 9, 16, 17 y 30 de abril, y 6 de mayo, de 1997, con asistencia de los Diputados señores Schaulsohn, don Jorge (Presidente de la Comisión); Estévez, don Jaime; Fuentealba, don Renán; Jocelyn-Holt, don Tomás; Jürgensen, don Harry; Letelier, don Juan Pablo; Longton, don Arturo; Luksic, don Zarko; Melero, don Patricio; Munizaga, don Eugenio; Orpis, don Jaime; Salas, don Edmundo; Tuma, don Eugenio, y Valenzuela, don Felipe.

Sala de la comisión, a 6 de mayo de 1997.

(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Secretario de la Comisión."

ACUERDO CHILE-CANADÁ

Anexo 1

Canadá es el segundo mayor inversionista extranjero en Chile, con más de US$ 7 mil millones de inversión autorizada, especialmente en los rubros de minería, telecomunicaciones, energía y electricidad. La inversión canadiense persigue objetivos de largo plazo, acompañada de políticas de desarrollo sustentable cuando se trata de recursos naturales. El sector servicios, en particular, aparece como una de sus prioridades futuras estratégicas.

Estructura del Comercio con Canadá en 1995

ESPECIFICACIÓN Exportaciones Importaciones Balanza

ECONÓMICA chilenas desde Comercial

a Canadá Canadá

Pecuario 59 2.745 -2.686

Hortofrutícola 5.497 6.379 -882

Cultivos 1.033 46.575 -45.542

Agroindustria 27.411 2.782 24.629

Automotriz 2.223 28.564 -26.341

Pesca 13.160 191 12.969

Minería 33.804 39.973 -6.169

Calzado, cueros y otros prod. de cueros 1.750 174 1.576

Industria textil 981 5.671 -4.690

Forestales 5.621 20.012 -14.391

Químicos petróleo y sus derivados 1.048 23.586 -22.538

Prod. de barro, loza, vidrio,

y min. no met. 2 720 -718

Productos met., maq., equipos,

mat. elect. 1.183 128.226 -127.043

Ind. Básica del hierro, Acero

y Met. no Ferr. 395 6.148 -5.753

Otras industrias manufactureras 105 2.392 -2.287

TOTAL 94.272 314.138 -219.866

Fuente: Banco Central de Chile

Anexo 2

Inversión de Canadá en Chile

D.L. 600 Materializada

(Millones de US$)

AÑOS MILLONES DE US$

1974-1989 494

1990 253

1991 92

1992 224

1993 478

1994 756

1995 531

1996 321

Anexo 3

INFORME FINANCIERO

PROYECTO DE ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CHILE-CANADÁ

La aplicación del acuerdo considera un plan de desgravación arancelaria desde la situación actual con 11% de arancel ad-valorem, hasta su conclusión con arancel de 0% el 1º de enero del año 2014, con reducciones programadas.

La recaudación fiscal se verá afectada en sus ingresos tributarios en los conceptos de "Tasa General de Importaciones" (IVA) y de los "Impuestos al Comercio Exterior".

Los ingresos que se dejan de percibir por concepto de rebaja de aranceles, se estiman en los siguientes montos:

AÑOS (Millones de dólares)

-aproximados-

1997 20,0

2014 172,2

La estimación para 1997 corresponde al inicio de la vigencia del Acuerdo desde junio del presente año.

Joaquín Vial Ruiz-Tagle

Director de Presupuestos

ANEXO TÉCNICO

PROYECTO DE ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CHILE-CANADÁ:

ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA DE INGRESOS FISCALES

I. METODOLOGÍA DE CÁLCULO

1.1. Ingresos totales.

La disminución de los ingresos fiscales que se generan producto del Acuerdo se generan de dos componentes:

a) Los menores ingresos por concepto de aranceles a la importación que se recaudarán;

b) La reducción de los ingresos de IVA calculados sobre la base del valor de las importaciones más los aranceles.

1.2. Ingresos arancelarios.

1.2.1. Principales alcances:

-El Acuerdo contempla reducciones programadas de aranceles -de acuerdo al Anexo Listas de Desgravación de Chile-, que concluyen el 1º de enero de 2014.

-La estimación de los menores ingresos fiscales por este concepto se desarrolló mediante la estimación 1997-2014 de los ingresos arancelarios bajo dos escenarios:

a) Aquel de referencia o de "statu quo", consistente en el cálculo de la recaudación arancelaria que se habría obtenido si no se hubiese suscrito el Acuerdo; y

b) El nuevo escenario, que refleja la evolución de recaudación arancelaria como resultado de los flujos asociados a la existencia del Acuerdo.

-La primera de estas series de flujos asume una tasa uniforme de aranceles de 11% y una trayectoria de crecimiento de las importaciones similar a su tendencia histórica reciente, ajustada por las proyecciones de crecimiento global de la demanda por importaciones de nuestro país para los próximos 17 años.

-La segunda serie de flujos de recaudación arancelaria 1997-2014 -bajo la vigencia del Acuerdo- cuantifica las respectivas trayectorias de desgravación arancelaria para cada una de las listas chilenas y las multiplica por las diferenciadas estimaciones de crecimiento de sus correspondientes importaciones.

1.2.2. Algunos aspectos metodológicos:

a) Las estimaciones de crecimiento de las importaciones bajo ambos escenarios incorporaron dos efectos: uno ingreso y otro sustitución. El primero considera elasticidades, ingreso por cada categoría de productos y una estimación del crecimiento del PIB y el segundo elasticidad precio por cada categoría de productos y las respectivas disminuciones de precios.

b) Los valores de las elasticidades incorporan las características de las diferentes categorías de producto fundamentalmente: el tipo de bien considerado, la lista de desgravación de éste y el escenario considerado.

c) Junto a los valores de las elasticidades estimadas, se trabajó con proyecciones del crecimiento del PIB de una tasa media anual del orden del 6%.

d) Dadas estas características metodológicas, es posible -en una primera aproximación- contemplar el orden de magnitud de los efectos creación y desviación de comercio, sobre las importaciones provenientes de Canadá, producto del Acuerdo. La creación de comercio si bien supera a la desviación, desde el punto de vista fiscal solamente reduce las pérdidas de recaudación.

1.3. Ingresos por concepto de IVA.

De las series de mermas de ingresos arancelarios se ha aplicado el factor 0,18 (tasa de IVA de 18%) para estimar los respectivos valores.

II. RESULTADOS.

De acuerdo a la metodología presentada en la sección precedente, los parámetros utilizados, los valores predeterminados y aquellos asumidos para las variables exógenas del modelo de proyección, se obtienen los siguientes resultados:

2.1. Proyección de las Importaciones.

2.1.1. Evolución en los años recientes.

Las importaciones procedentes de Canadá, que en 1988 ascendieron a US$ 111 millones, llegaron a US$ 203 millones en 1993, a US$ 265 millones en 1994, a US$ 314 millones en 1995 y a US$ 408 millones en 1996.

2.1.2. Escenario de referencia ("sin Acuerdo").

Bajo esta alternativa las importaciones llegan a US$ 463 millones en 1997 y creciendo a una tasa media anual de 6,4%, alcanzan a los US$ 1.328 millones el año 2014.

2.1.3. Escenario "con Acuerdo".

Bajo esta alternativa las importaciones se elevan a US$ 567 millones en 1997 y aumentando a una tasa media anual de 7,1%, llegan a US$ 1.809 millones el año 2014.

Las series completas que se obtuvieron en el ejercicio de, proyección se muestran en el Cuadro Nº 1.

2.2. Proyección de los ingresos arancelarios.

2.2.1. Escenario de referencia ("sin Acuerdo").

Bajo esta alternativa estos ingresos ascienden a US$ 57,0 millones en 1998 y a US$ 146,0 millones el año 2014.

2.2.2. Escenario "con Acuerdo".

Bajo esta alternativa los ingresos arancelarios alcanzan a US$ 23,6 millones en 1998 y a US$ 0,1 millón el año 2014.

La evolución de estos ingresos se presentan en el Cuadro Nº 2.

2.3. Proyección de la pérdida de Ingresos Fiscales.

En el Cuadro Nº 3 se presenta la recaudación total (aranceles + IVA) obtenida de los dos escenarios diseñados ("con" y "sin" Acuerdo) y la diferencia entre ambos, que da la pérdida estimada de recaudación arancelaria, producto del Acuerdo.

Se observa que desde una pérdida de un valor de US$ 20,0 millones para los últimos siete meses de 1997 -primer año de vigencia del Acuerdo-, se pasa a una merma ascendente de US$ 39,4 millones en 1998 y que concluye en US$ 172,2 millones el año 2014, período en que el Acuerdo entra en régimen, con pérdidas que siguen una tendencia constante como proporción de los valores importados.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN AMBIENTAL Y LABORAL SUSCRITOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE CANADÁ. (BOLETÍN Nº 2009-10)

"Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Hacienda pasa a informaros el proyecto de Acuerdo mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, calificada de "simple" urgencia para su tramitación legislativa.

Asistieron a la Comisión durante el análisis del proyecto los señores Eduardo Aninat, Ministro de Hacienda; Juan Gabriel Valdés, Director General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y los demás integrantes del equipo negociador del Tratado.

El propósito de la iniciativa consiste en la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá y sus Anexos, suscrito en Santiago de Chile, el 5 de diciembre de 1996, y de los Acuerdo de Cooperación Ambiental y de Cooperación Laboral, y sus Anexos, suscritos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, en Ottawa, Canadá, el 6 de febrero de 1997.

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá establece una zona de libre comercio en conformidad con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (artículo XXIV) y con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (artículo V); ambos partes integrantes del denominado Acuerdo de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Para efectos explicativos cabe señalar que este instrumento internacional consta de dieciséis Capítulos, distribuidos en cinco Partes. Los Capítulos han sido individualizados por letras en orden alfabético. Además, cada Capítulo tiene una numeración correlativa independiente de los otros. Las excepciones a los principios generales del Tratado que aparecen en los Capítulos, se establecen en Anexos, los que forman parte integrante del Tratado.

El Tratado contiene cinco Anexos Generales que se relacionan con los Capítulos G (inversiones) y H (comercio transfronterizo de servicios). Además, existen Anexos Particulares de determinados artículos o párrafos de los mismos para especificar alguna obligación o derecho específico de una o ambas Partes.

Las distintas Partes del Tratado se estructuran conforme al siguiente esquema:

Un Preámbulo, que contiene los propósitos que animan a las Partes Contratantes.

La Primera Parte relativa a los aspectos generales, comprende el Capítulo A, que describe los objetivos del Tratado, y el Capítulo B, que contiene las definiciones generales utilizadas en él.

La Segunda Parte, que se refiere al comercio de bienes, incluye el Capítulo C sobre trato nacional y acceso de bienes al mercado; el Capítulo D, que establece las reglas de origen; el Capítulo E, relativo a procedimientos aduaneros y el Capítulo F, que regula la aplicación de medidas de emergencia.

La Tercera Parte incluye el Capítulo G, sobre inversión; el Capítulo H, relativo al comercio transfronterizo de servicios; el Capítulo I, sobre telecomunicaciones; el Capítulo J, relativo a política en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado, y el Capítulo K, sobre entrada temporal de personas de negocios.

La Cuarta Parte, titulada disposiciones administrativas institucionales trata los siguientes aspectos: Capítulo L, sobre la publicación, notificación y administración de leyes; Capítulo M, sobre los derechos "antidumping" y compensatorio, y el Capítulo N, sobre disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias.

La Quinta Parte denominada otras disposiciones, se divide en el Capítulo O, que trata de las excepciones y el Capítulo P, relativo a las disposiciones finales.

Los principales objetivos del Tratado de Libre Comercio son los siguientes:

-Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las Partes Contratantes.

En materia de desgravación arancelaria sobre el comercio de bienes el Tratado comprende a su entrada en vigor, la liberalización de aproximadamente el 80% del comercio recíproco, efectuándose la liberación del resto de los derechos aduaneros por parte de Canadá, en un plazo no superior a 6 años, incluyendo productos textiles, confección, calzado y productos de la agro industria. En el caso de Chile, se establece una desgravación más paulatina del resto de los derechos aduaneros que va desde los 2 a los 18 años para productos como trigo harinero, carnes rojas, azúcar y a 10 años para otros productos sensibles como carne de cerdo y aceites; calendario de desgravación similar al acordado con el Mercosur y que finalizará de implementarse a más tardar el año 2014.

En el campo de los servicios transfronterizos contemplados en el Tratado se abarca la casi totalidad de los sectores de servicios. Se incluyen medidas respecto de la producción, distribución, comercialización, venta, compra, uso, pago y prestación de un servicio; el acceso y uso de las cadenas de distribución y los sistemas de transporte relacionados con la prestación de un servicio, y el otorgamiento de una fianza u otra forma de garantía financiera, como condición para la prestación de un servicio. Se incluyen los principios de trato nacional y de la nación más favorecida de manera similar al tratamiento previsto en el caso de inversiones. Se agrega la no exigencia de presencia local a los proveedores de la otra Parte para prestar un servicio, el compromiso de transparencia de información respecto de restricciones cuantitativas no discriminatorias, criterios objetivos y de transparencia de información para la obtención de licencias y certificados. En materia de telecomunicaciones se incluyen los siguientes temas: seguridad de acceso a las redes públicas de telecomunicaciones; condiciones para la provisión de servicios de valor agregado y requisitos de transparencia en la información.

Cada Parte mantiene la facultad de adoptar medidas diferentes a los principios del Tratado en algunos sectores, para los que se establecen reservas en el Anexo II.

En el Tratado no se regula el comercio transfronterizo de algunos servicios que se han exceptuado expresamente en el mismo Capítulo, como es el caso de los servicios financieros, los servicios de transporte aéreo, las compras de Gobierno o de empresas del Estado y los subsidios o donaciones del Gobierno o de una empresa del Estado.

Cabe también mencionar que el Acuerdo establece una excepción general en materia de industrias culturales, salvo en lo que se refiere a acceso al mercado y eliminación de tarifas arancelarias, entendiéndose por tales las relacionadas con publicaciones, grabaciones de películas, video o música, radiocomunicaciones, actividades relacionadas con la radio, televisión y transmisión por cable y los servicios de programación de satélites y redes de transmisión.

-Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.

Se incluyen en el Tratado una serie de compromisos respecto de las llamadas disciplinas comerciales que conforman normas que otorgan transparencia a la manera de proceder de Chile y Canadá, eliminando barreras no arancelarias al comercio de bienes. Así es como ambos países se comprometen a otorgar a las exportaciones provenientes de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgan a los bienes nacionales, principio conocido con el nombre de "trato nacional", conforme a las disposiciones del artículo III del GATT 1994, siempre que tales bienes cumplan los requisitos de origen establecidos en el Capítulo D. Chile exceptúa de esta obligación la legislación que prohíbe la importación de vehículos usados. Por su parte, Canadá mantiene controles sobre las exportaciones de troncos de todas las especies y sobre la exportación de pescado no procesado.

Chile se reserva el derecho a mantener el actual Estatuto Automotriz, sin adelantar los compromisos de desmonte establecidos bajo la OMC. Asimismo, los sistemas de "drawback" establecidos en la ley Nº 18.708 y los sistemas de pago diferido de aranceles para los bienes de capital (ley Nº 18.634) y de almacenes particulares del decreto Nº 224, de 1986, del Ministerio de Hacienda, seguirán vigentes.

Además, Chile se reserva el derecho a mantener el sistema de bandas de precios establecido en la ley Nº 18.525, respecto del trigo, harina de trigo, los aceites vegetales comestibles y el azúcar, pero no podrá incorporar a él nuevos productos ni modificar el método de cálculo aplicado. Las reducciones arancelarias no se aplicarán sobre el derecho específico establecido por la banda de precio, sino sólo sobre el 11% de arancel y de acuerdo al calendario de desgravación pactado.

En materia de subsidios a las exportaciones en el sector agrícola, las Partes Contratantes acordaron no implementar nuevas medidas de este tipo, observando en todo momento las normas de la OMC que regulan esta materia. Adicionalmente, las Partes comparten el objetivo común de la eliminación multilateral de los subsidios sobre bienes agrícolas y se comprometen a eliminarlos a más tardar el año 2003. Se establece que si alguna de las Partes reintroduce un subsidio, la otra podrá incrementar la tasa arancelaria de ese producto a la tasa equivalente a la nación más favorecida.

Se establece el compromiso de no adoptar o mantener impuestos, gravámenes o cargo alguno a la exportación, a menos que dicho impuesto se aplique a bienes destinados al consumo interno. Se dispone que las restricciones a la exportación por razones como escasez o conservación de recursos, justificadas bajo el GATT 1994, son aplicables sólo si cumplen una serie de requisitos que son especificados en el propio Tratado.

Las Partes Contratantes se comprometen a no aplicar restricciones, tanto a las importaciones como a las exportaciones. Chile mantiene, por dos años, las disposiciones de la ley

Nº 16.624, que obligan a los productores de la Gran Minería del Cobre a vender determinadas cantidades de este mineral en el mercado interno. Además, se eliminan todo tipo de cargas que no sean aranceles y que se conviertan en una traba al comercio. También, Chile no aplicará a los productos originarios de Canadá la tasa aeronáutica y la tasa de despacho.

Las reglas de origen, acordadas en el capítulo D permiten evitar la triangulación de comercio que pueda producirse por efecto de diferencias en las tasas arancelarias con terceros países. Se establecen reglas de origen que, si bien se basan en las normas Nafta, han sido flexibilizadas con el fin de que la oferta exportable obtenga acceso real al mercado canadiense. Las reglas de origen contemplan el concepto de salto arancelario y de valor de contenido regional; similares, pero no idénticos a los definidos en las reglas Aladi. En el caso del valor de contenido regional, la norma negociada en el Tratado contempla porcentajes no inferiores a 35% para cuando se utilice el método de valor de transacción ni al 25%, cuando se emplee el método de costo neto.

Asimismo, existen en el Tratado disposiciones generales que otorgan cierta flexibilidad al cumplimiento de las reglas de origen. Tal es el caso de las normas sobre Acumulación (artículo D-04) y De Minimis (artículo D-05). Por otra parte, se establece que una reglamentación anexa, de carácter uniforme, determinará en detalle los procedimientos a seguir para realizar los cálculos, cuando estos sean necesarios.

Entre los compromisos adquiridos en este Tratado, están aquéllos que se refieren a los derechos "antidumping" y derechos compensatorios. En esta materia se establece la obligación de no aplicar medidas "antidumping" a los bienes de la otra Parte. Si se produce algún reclamo en esta materia, éste será resuelto por un tribunal internacional que se base en reglas OMC con algunas características adicionales que mejoran su efectividad, principalmente, en cuanto agilicen los plazos para el establecimiento de los paneles y contemplen la devolución de los derechos cobrados en exceso, con intereses. Este mismo sistema de solución de disputas se aplicará en caso de reclamos por derechos compensatorios.

-Aumentar las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes.

Se regula el régimen de inversiones entre ambos países, otorgándose beneficios y garantías sobre trato no discriminatorio.

Se garantiza que los inversionistas de la otra Parte reciban un trato similar a los inversionistas nacionales. Ello respeta el principio de la no discriminación arbitraria establecido en la Constitución Política de Chile. Asimismo, los inversionistas de la otra Parte deben recibir beneficios equivalentes a los que la Parte otorgue a inversionistas de terceros países.

Se regulan las condiciones en que podrá tener lugar una expropiación y se garantiza a los inversionistas de la otra Parte una compensación justa y adecuada en caso que ello ocurriese, no obstante que la actual legislación chilena otorga estas garantías al inversionista extranjero.

Se consagra la no existencia de requisitos especiales para invertir en un determinado sector, -requisitos de desempeño-, tales como la exigencia de que se exporte una parte de la producción.

Ninguna Parte podrá exigir que una empresa inversionista proveniente del otro Estado, designe a individuos de alguna nacionalidad determinada, en particular para ocupar cargos superiores.

Se establece el compromiso de las Partes a que las transferencias relacionadas con la inversión de la otra Parte, pueda realizarse libremente y sin demora, en una divisa de libre uso y al tipo de cambio vigente en el mercado. Sin embargo, como la aplicación irrestricta de esa norma iría en detrimento de las atribuciones que la Ley Orgánica Constitucional confiere al Banco Central se ha incluido una reserva a dicho artículo, lo que permitiría la aplicación de ciertas medidas con el propósito de mantener la estabilidad de la moneda.

Estas dicen relación con:

a) La exigencia que afecta a los capitales provenientes de una inversión en la otra Parte de permanecer un año en ésta como plazo mínimo. En el caso de programas especiales de inversión, que establecen beneficios y requisitos adicionales, es posible que la restricción de repatriación de capitales se eleve hasta cinco años. Tal es el caso de los Fondos de Inversión de Capital Extranjera (FICE), programa especial que entrega beneficios adicionales con la condición de una mayor permanencia de los capitales en Chile.

b) La Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile establece que el encaje a las inversiones o créditos que llegan a Chile es de 40% y no impone límites a los años de aplicación. El Tratado limita esta atribución al establecer la posibilidad de exigir un encaje a todo tipo de inversiones y créditos que ingresan a Chile, exceptuando el encaje a los aportes de capital en inversiones productivas. Este encaje no podrá ser superior al 30% y sólo será aplicable como máximo durante los dos primeros años que los capitales permanecen en Chile.

-Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias.

Se establecen con tal objeto reglas respecto a los procedimientos aduaneros, destinadas a impedir que éstos se utilicen como barreras no arancelarias al comercio, y, para reglamentar la aplicación y fiscalización del cumplimiento de las normas de origen. Cabe mencionar la certificación del origen; la determinación de las obligaciones del importador y del exportador; la factibilidad de que el sector privado requiera pronunciamientos en forma previa al despacho de las mercancías respecto al cumplimiento de origen; mecanismos de revisiones e impugnaciones de las actuaciones de la administración, y un sistema de sanciones por el incumplimiento de ellas.

Según dicha normativa la certificación de origen corresponderá a los exportadores y productores. No existirán, por lo tanto, las entidades certificadoras como ocurre con la aplicación de los acuerdos comerciales firmado en el contexto de Aladi.

Se establece un sistema especial de solución de controversias relacionado con inversiones con el objeto de asegurar un trato igual entre inversionistas de las Partes de acuerdo con los principios de reciprocidad internacional y del debido proceso ante un tribunal imparcial. Un inversionista puede reclamar por sí o por cuenta de una empresa bajo su control, contra una medida de una Parte que viole las normas que rigen las inversiones y otras normas referidas a empresas del Estado, siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la transgresión.

Primeramente, si no prospera una solución vía consulta o negociación, el inversionista podrá someter el asunto a arbitraje, siempre que hayan transcurrido seis meses desde que tuvieron lugar los hechos. El inversionista podrá escoger el procedimiento arbitral entre, por una parte, las reglas del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Ciadi) o las Reglas de Mecanismo Complementario del Ciadi, si tanto la Parte contendiente como la Parte del inversionista del Ciadi no son ambas miembros del Convenio del Ciadi; y, por otra parte, las Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Si un inversionista elige someter una reclamación conforme al procedimiento establecido en el Capítulo G, deberá renunciar a iniciar o continuar un procedimiento ante tribunales locales, salvo medidas precautorias suspensivas. Si un inversionista de Canadá elige alegar la violación de las normas sobre inversión ante un tribunal chileno, no podrá recurrir subsecuentemente al sistema de solución de controversias establecido en el Capítulo G.

El tribunal arbitral estará integrado por tres árbitros, salvo acuerdo en contrario. Cada una de las partes podrá nombrar un árbitro; el tercer árbitro y presidente del tribunal se designará de común acuerdo o, en su defecto, por el Secretario General del Ciadi, de una lista que establecerán las Partes y siempre que no sea nacional de la Parte contendiente o de la Parte del inversionista contendiente.

Salvo que las Partes contendientes acuerden otra cosa, la sede del tribunal será escogida según las Reglas del Ciadi o del Cnudmi, dependiendo de cuáles reglas rigen.

Las controversias se resolverán de conformidad con el Tratado y las reglas aplicables del derecho internacional. La interpretación que formule la Comisión sobre una disposición del Tratado será obligatoria para el tribunal arbitral. El fallo arbitral sólo puede reconocer daños pecuniarios más intereses o la restitución de la propiedad.

El inversionista contendiente podrá recurrir a la ejecución de un laudo arbitral conforme al Convenio del Ciadi, a la Convención de Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958) o a la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Panamá, 1975). Cada Parte dispondrá la debida ejecución de un laudo en su territorio.

Adicionalmente, el Tratado contempla una cláusula general que permite exceptuarse de algunos compromisos del mismo en caso de problemas de balanza de pagos, en materia de seguridad nacional y de carácter tributario.

-Establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de Tratado.

Por su parte, el Tratado de Cooperación Ambiental establece un marco ambiental que procura ser compatible con las condiciones necesarias para el desarrollo económico y progreso de ambos países.

Asimismo, en el Tratado de Cooperación Laboral se recogen los principios y políticas laborales vigentes y se fomenta la cooperación entre las Partes.

El informe financiero remitido por la Dirección de Presupuestos plantea que la aplicación del Acuerdo considera un plan de desgravación arancelaria desde la situación actual con 11% de arancel ad-valorem, hasta su conclusión con un arancel de 0%, el 1º de enero del año 2014, con reducciones programadas.

Afirma que la recaudación fiscal se verá afectada en sus ingresos tributarios en los conceptos de "Tasa General de Importaciones" (IVA) y de los "Impuestos al Comercio Exterior".

Precisa que los ingresos que se dejan de percibir por concepto de rebaja de aranceles, se estiman en los siguientes montos:

AÑOS (Millones de US$)

aproximados

1997 20,0

2014 172,2

Nota: La estimación para 1997 corresponde al inicio de la vigencia del Acuerdo desde junio del presente año.

La presentación general del proyecto en la Comisión la efectuó el señor Eduardo Aninat, Ministro de Hacienda, quien en su exposición argumentó acerca de la relevancia del Acuerdo Chile-Canadá, dentro del contexto actual de la economía internacional en que Chile se encuentra inserto. Destacó el hecho que el país tenga en la actualidad una economía abierta con niveles arancelarios promedios de 8% a 9% ad-valorem, con un compromiso con el libre comercio que nadie podría poner en duda, lo cual ha significado contar con un constante aumento de las exportaciones, por más de 20 años, constituyéndose dicho proceso en motor de la economía, lográndose tasas de crecimiento superiores al 6% anual, en promedio, y cuyo escenario, hoy en día, es absolutamente diferente al que existía cuando Chile inició la rebaja unilateral de aranceles hace ya más de dos décadas.

El señor Ministro puso hincapié en que dentro del escenario antes descrito, las negociaciones multilaterales y bilaterales en que ha incursionado nuestro país en materia de comercio estos últimos años han ido creando con países relevantes una relación que significarán nuevas oportunidades de variada índole para los distintos sectores que se involucren y tomen decisiones acertadas en materia de inversiones, comercio y transferencia de tecnología, lo cual redundará en beneficio de los países signatarios en su conjunto. En este plano, el Acuerdo en discusión lo consideró relevante y consistente "per se", tanto por la institucionalidad que se crea, la calidad del socio escogido y la garantía que dan sus normas frente a eventuales expresiones proteccionistas que pudieran gestarse en países de mayor desarrollo económico.

Destacó que Canadá constituye una de las naciones de mayor grado de desarrollo económico de América, es miembro del Grupo de los 7, tiene un ingreso per cápita de cerca de US $ 20.000 anuales e importa anualmente alrededor de US $ 170 mil millones. Estima que la integración de Chile con dicha economía representa un hito importante en el proceso de internacionalización de nuestro país con los demás países de América.

Puso de relieve que, un aspecto esencial de los tratados como el sometido a la aprobación del Congreso es que restan discrecionalidad a la institucionalidad en el intercambio bilateral, puesto que en ausencia de ellos esa institucionalidad queda frecuentemente determinada por los actos y decisiones de las economías de mayor tamaño.

En suma, sostuvo que debería ponderarse también como factores positivos el efecto inversión derivado del Tratado, el concepto riesgo país que se vería mejorado con su implementación y la base jurídico-institucional que significará dicha normativa para la negociación de futuros tratados de integración multilateral, regional y bilateral.

En lo relativo a los Tratados de Cooperación Laboral y Ambiental, el Ministro Aninat planteó que el primero recoge principios y políticas laborales congruentes con la legislación nacional y su normativa se caracteriza por promover la cooperación entre las Partes, privilegiar el cumplimiento de las leyes laborales propias de cada país, no imponer leyes comunes ni su homologación y evitar la penalización de particulares o la imposición de sanciones comerciales, mientras que el segundo, tiene por finalidad entregar un marco ambiental compatible con las condiciones necesarias para el desarrollo económico y el progreso del país, siendo ambos instrumentos respetuosos de la soberanía nacional y haber sido aprobados bajo ningún tipo de presión.

El debate en la Comisión de Hacienda respondió a satisfacer las consultas e inquietudes manifestadas por diversos señores Diputados, en torno a los siguientes temas: ¿cómo se vería afectado el sector agrícola con la vigencia del Acuerdo en informe?, ¿cuál sería el impacto en la economía nacional de la aplicación de las medidas relacionadas con el comercio de servicios y de bienes que se proponen?, ¿cómo se ha evaluado el impacto del tratado de libre comercio en los distintos sectores y regiones del país?, ¿cuál sería el efecto de la rebaja de aranceles dispuesta en el Tratado en los ingresos fiscales futuros?, ¿cuáles serían los beneficios comerciales efectivos para Chile derivados de la rebaja de aranceles prevista por el Tratado?, ¿cómo se vería afectada la legislación interna de Chile con la aplicación de las cláusulas medio ambientales y laborales de los respectivos Acuerdos?

En materia agrícola los representantes del Ejecutivo hicieron presente que el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Canadá es un tratado en que se negoció acerca de un sin número de materias, siendo el agrícola sólo uno de los temas principales. Se afirmó que, en general, no existió un esquema de reciprocidad pareja para negociar los niveles de desgravación, ya que la base arancelaria es distinta en ambos países y, a su vez, se respetaron sensibilidades en ciertos productos. Así es como, algunos productos agrícolas chilenos van a entrar en 6 años con arancel 0 al mercado canadiense mientras que, por otro lado, se mantendrán para los productos canadienses las bandas de precios y los plazos de desgravación serán superiores a los aplicables en Canadá para productos de origen chileno.

En este contexto, entonces, les ha parecido extraño el rechazo de la Sociedad Nacional de Agricultura a algunas disposiciones del Tratado cuando, sostienen, se ha conseguido el reconocimiento de las bandas de precios en la estructura conceptual del Nafta con bastantes dificultades, se han consagrado cuotas con arancel 0 desde su vigencia para productos como cebollas, frutillas y productos lácteos y avícolas, lográndose otras desgravaciones en el sector agropecuario y agro-industrial y consolidar un arancel 0 para productos que recibían el trato de arancel 0 de manera graciosa y discrecional. Por otra parte, se va a hacer efectiva una rebaja de los aranceles chilenos que gravan la maquinaria agrícola canadiense, en directo beneficio del sector agrícola nacional. También, se manifestó por dichos personeros que existirían beneficios respecto a la comercialización del vino en Canadá y del trigo candeal.

En relación con los efectos en la economía nacional de la aplicación de las medidas relativas al comercio de bienes y servicios, se sostuvo que, en lo primero, habrán sectores que tendrán beneficios, como es el caso, en general, de algunos exportadores y de los consumidores, no obstante que la mayor competencia como consecuencia de la desgravación podría afectar a ciertos productores y el Fisco tendría una reducción de ingresos, lo cual se cuantifica en el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos. Sin embargo, existirían oportunidades para aumentar las exportaciones con mayor valor agregado en sectores industriales vinculados a la industria textil y del calzado, y a la agro-industria.

En cuanto a la industria de los servicios, se obtendría mediante el Tratado bajar las barreras existentes en Canadá, permitiendo que las personas naturales chilenas o empresas chilenas puedan prestar servicios sin limitaciones en el ámbito del turismo y servicios profesionales, excluyéndose los servicios de transporte aéreo y los servicios financieros. Respecto a estos últimos, se afirmó que no entraron en la negociación por la necesidad de tener en esta industria más resguardos y antecedentes suficientes.

En lo que respecta al efecto fiscal de las rebajas arancelarias, se reiteraron las cifras del informe financiero, estimándose que los menores ingresos de 20,0 millones de dólares en 1997 y de 172,2 millones de dólares el 2014 representan valores poco significativos en el contexto de los ingresos presupuestarios por concepto de aranceles a las importaciones.

Diversos argumentos fueron dados por algunos miembros de la Comisión que pusieron en duda la factibilidad de que a través del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Canadá se logre mejorar la balanza comercial hoy día deficitaria para nuestro país.

La Comisión Especial Encargada de Estudiar el Acuerdo dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de la siguiente normativa:

-Secciones I, II y III, relativas a trato nacional, aranceles y medidas no arancelarias, del Capítulo C.

-Sección IV, artículo C-17, sobre el sistema de bandas de precios, establecido en la ley

Nº 18.525, y anexo C-02.2, del Capítulo C.

-Listas de desgravaciones de Chile y de Canadá.

-Anexo C-03.2 sobre continuación de medidas de exención de aranceles aduaneros.

-Anexo C-08 sobre medidas a las importaciones y exportaciones de Chile.

-Anexo C-09 sobre derechos aduaneros existentes en Chile.

-Sección 3 del Anexo C-00-B, relativo a bienes textiles y del vestido, sobre medidas de emergencia bilaterales (salvaguardias arancelarias).

-Anexo N-02.2 sobre remuneraciones y pago de gastos de la Secretaría Nacional del Tratado de Libre Comercio.

-Artículo O-03 y Anexo O-03.1, sobre tributación y doble tributación.

-Artículos 36 y 43 del Acuerdo de Cooperación Ambiental y artículo 38 del Acuerdo de Cooperación Laboral, relativos al financiamiento de los Paneles Arbitrales, y

-Anexos 33 y 35 del Acuerdo de Cooperación Ambiental y del Acuerdo de Cooperación Laboral, respectivamente, que determinan el monto máximo de la contribución monetaria que puede ser obligada a pagar la Parte demandada por omisiones persistentes en el incumplimiento de sus legislaciones ambiental o laboral, según el caso.

Teniendo presente los antecedentes de la iniciativa y las consideraciones expuestas en la Comisión, fue sometido a votación el artículo único del proyecto de Acuerdo aprobado por la Comisión Especial en relación con las normas que debió conocer esta Comisión antes enunciadas, siendo aprobado por 7 votos a favor, 4 votos en contra y una abstención.

Sala de la comisión, a 9 de mayo de 1997.

Acordado en sesión de fecha 7 de mayo de 1997, con la asistencia de los Diputados señores Montes, don Carlos (Presidente); Galilea, don José Antonio; García, don José; Jocelyn-Holt, don Tomás; Jürgensen, don Harry; Longueira, don Pablo (Melero, don Patricio)(Orpis, don Jaime); Makluf, don José; Matthei, señora Evelyn; Ortiz, don José Miguel; Palma, don Andrés; Rebolledo, señora Romy; Schaulsohn, don Jorge; Valenzuela, don Felipe (Encina, don Francisco).

Se designó Diputado Informante al señor GARCÍA, don JOSÉ.

(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Secretario de la Comisión."

TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN AMBIENTAL Y LABORAL ENTRE CHILE Y CANADÁ. Primer trámite constitucional.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado de libre comercio y de los acuerdos de cooperación ambiental y laboral, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Canadá.

Diputado informante de la Comisión Especial es el señor Fuentealba, y de la Comisión de Hacienda, el señor José García.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín Nº 2009-10, sesión 56ª, en 2 de abril de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 1.

-Informes de la Comisión Especial, y de la Comisión de Hacienda, sesión 71ª, en 15 de mayo de 1997. Documentos de la Cuenta Nºs. 2 y 3, respectivamente.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Solicito autorización para que puedan ingresar a la Sala la señora María Eugenia Wagner y los señores Juan Gabriel Valdés, Alejandro Jara, Jaime Irrarázabal y Juan Carlos Collarte, asesores que han colaborado en el tratamiento de este proyecto.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Cito a reunión de Comités en la Sala de Lectura.

Tiene la palabra el señor Fuentealba, Diputado informante de la Comisión especial.

El señor FUENTEALBA .-

Señor Presidente , vuestra Comisión especial de estudio del proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado de Libre Comercio y de los Acuerdos de cooperación ambiental y laboral suscritos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, en Santiago, el 5 de diciembre de 1996, y en Ottawa, el 6 de febrero de 1997, respectivamente, pasa a informaros sobre esta iniciativa, en primer trámite constitucional, sometida a la consideración de la honorable Corporación y con urgencia calificada de “simple”.

Vuestra Comisión, establecida por acuerdo de la Sala adoptado en su sesión del 1º de abril del año en curso, estuvo integrada por los Diputados señores Jaime Estévez , Renán Fuentealba, Tomás Jocelyn-Holt , Harry Jürgensen, Juan Pablo Letelier , Arturo Longton , Zarko Luksic , Patricio Melero , Eugenio Munizaga , Jaime Orpis , Edmundo Salas , Jorge Schaulsohn y Eugenio Tuma .

En su sesión constitutiva, presidida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 232 del Reglamento de la honorable Corporación, la Comisión eligió a su presidente , nominación que recayó en el honorable Diputado señor Jorge Schaulsohn .

En la sesión celebrada por la Comisión el 6 de mayo en curso, el honorable Diputado señor Felipe Valenzuela Herrera reemplazó al Diputado señor Jaime Estévez Valencia .

Además de sus integrantes, asistieron a sus sesiones los honorables Diputados señores Correa de la Cerda , Dupré Silva , Kuschel Silva y Pizarro Soto .

En las páginas 3, 4, 5 y 6 del informe que tienen a su disposición los señores diputados, se mencionan las personas que fueron escuchadas por la Comisión y que, fundamentalmente, pertenecen a los ámbitos público, privado y gremial.

A continuación, paso a resumir los aspectos sustantivos del mensaje y los alcances del Tratado de Libre Comercio y de los Acuerdos de cooperación ambiental y laboral.

El mensaje sostiene que, mediante la celebración de tratados de este tipo, el Gobierno desea superar las limitaciones del intercambio y de la interrelación entre los países, impuestas unilateralmente por los gobiernos, con el fin de proteger algunos sectores en particular, constituyéndose en restricciones importantes del desarrollo de países como Chile, que han optado por un modelo de economía abierta, pero que encuentran trabas al ingreso de sus exportaciones de bienes y servicios a otros mercados y enfrentan inseguridades en la reglas del juego en los mercados externos que disminuyen la rentabilidad de invertir en ellos.

Un aspecto esencial, según el mensaje, es que en estos tratados se clarifica y resta discrecionalidad a la institucionalidad para el intercambio. En ausencia de estos tratados, esa institucionalidad queda frecuentemente determinada por los actos y decisiones de las economías de mayor tamaño, por lo que su celebración sólo representa beneficios para países como Chile, que pueden, por su intermedio, clarificar las reglas del juego y reducir la discrecionalidad de sus socios comerciales.

¿Cuáles son las principales consideraciones del mensaje respecto al alcance del Tratado de Libre Comercio?

Específicamente, este instrumento se enmarca, según lo señala el mensaje, en una política de internacionalización con el resto de los países de América, respondiendo al propósito de negociar con una economía como la canadiense, que puede enfrentar la supresión de barreras comerciales, y afirma que este tratado bilateral, no obstante el valor jurídico y económico que por sí mismo tiene, puede ser fácilmente integrable a futuras negociaciones con otros países de la región.

Anota que en su negociación se usó como base el texto del actual Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el que fue objeto de importantes modificaciones con el fin de mejorarlo y adaptarlo a la realidad de la relación Chile-Canadá. Así, se permite que cada parte mantenga su identidad en aquellos puntos que se consideran esenciales, como ocurrirá con nuestro país a propósito de las bandas de precio o de las facultades del Banco Central para aplicar medidas cambiarias, con el objeto de mantener la estabilidad de la moneda.

Precisa, por otra parte, que este Acuerdo profundiza el grado de apertura alcanzado por el Nafta. Tal es el caso de las reglas de origen de un grupo importante de productos y el compromiso de no imponer derechos antidumping entre Chile y Canadá, a fin de evitar que sean utilizados con fines proteccionistas.

Luego, indica que a partir del año 2003 ambos países se comprometen a no imponer subsidios a las exportaciones agrícolas en el comercio bilateral, lo que supera, según el mensaje, el compromiso de Canadá frente a la OMC.

Asimismo, el mensaje destaca que el Acuerdo elimina, en forma inmediata, más del 80 por ciento de los aranceles que afectan al comercio bilateral y la mayoría de las partidas del Arancel Aduanero. En esta materia, el mensaje señala que se convino una desgravación arancelaria sobre el comercio de bienes, que contempla la liberalización del comercio en un plazo no superior a seis años, con la excepción de algunos productos sensibles, a los que sólo para efectos de ingresar a Chile se les aplica un calendario de desgravación similar al acordado con el Mercosur, con plazos sustancialmente superiores a los seis años y que finalizan, a más tardar, el año 2014.

El mensaje precisa que más del 92 por ciento de las exportaciones chilenas destinadas a Canadá se verán favorecidas por el libre acceso arancelario, en forma inmediata, una vez que entre en vigencia el tratado. Los restantes productos lograrán estar exentos de arancel entre dos y seis años.

Chile desgravó en forma inmediata cerca del 70 por ciento de las exportaciones actuales provenientes de Canadá. Entre estos productos, la mayor parte la constituyen insumos y maquinaria para la industria y el sector agrícola chileno. El resto de los productos canadienses que ingresen al país se desgravarán en un período de tiempo de entre dos y dieciocho años. Entre éstos se encuentran sectores de alta sensibilidad, a los que se les aplicará la misma desgravación acordada con Mercosur.

Chile establece largos plazos de desgravación para algunos productos agrícolas, mantiene la banda de precio, se reserva el derecho a exigir la nacionalidad para ejercer como abogado en nuestro país, y en materia de cabotaje, éste queda reservado a empresas chilenas, y ciertos aspectos estratégicos, como la seguridad nacional, quedan excluidos.

Nuestro país se reserva el derecho a mantener el actual estatuto automotor, los sistemas de “drawback”, el pago diferido de aranceles para los bienes de capital y las bandas de precios.

Finalmente, el mensaje destaca como aspecto esencial que para países como Chile, que tienen una clara vocación por participar de manera transparente en la economía internacional, estos tratados sólo representan beneficios, ya que clarifican y restan discrecionalidad a la institucionalidad para el intercambio bilateral, determinada, en su ausencia por los actos y decisiones de las economías de mayor tamaño.

¿Cuáles son las principales consideraciones del mensaje sobre el Acuerdo de cooperación ambiental?

El mensaje destaca que este tratado respeta la autonomía de las partes, al no consignar ninguna imposición unilateral de una respecto de la otra, así como tampoco obliga a armonizar estándares medioambientales entre ambos países.

Señala que la única obligación contraída es la de respetar las propias leyes y que no se establece vínculo entre las barreras comerciales y el tratado medioambiental. Chile obtuvo una moratoria de dos años en la aplicación de aquella parte de su legislación ambiental que concuerda con la definición del Acuerdo. En este período, el país podrá revisarla con el objeto de aclararla y modificarla en lo que crea pertinente.

Los objetivos principales de este tratado, en lo que respecta al medio ambiente, son:

1º Alentar la protección del medio ambiente.

2º Promover el desarrollo sustentable a partir de la cooperación y el apoyo mutuo en políticas ambientales y económicas.

3º Mejorar la observancia de aplicación de las normas ambientales, y

4º Promover la transparencia y participación de la ciudadanía en este ámbito.

A continuación, me referiré a las principales consideraciones del mensaje sobre el Acuerdo de cooperación laboral.

Para Chile, este tratado resulta positivo, a juicio del mensaje, porque los principios laborales que recoge son congruentes con los principios y políticas laborales del Gobierno y de los actores sociales chilenos.

Su normativa se caracteriza por promover la cooperación entre las partes, privilegiar el cumplimiento de las leyes laborales propias, no imponer leyes comunes ni su homologación, no imponer penalización de particulares por eventuales incumplimientos, como tampoco imposición de sanciones comerciales.

Sus metas son fomentar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, y proteger, aumentar y asegurar sus derechos básicos. Con miras a lograr estos propósitos, las Partes se comprometen a garantizar la aplicación de sus leyes laborales nacionales, particularmente los principios laborales basados en las relaciones industriales y las normas de empleo, de seguridad y salud ocupacional.

¿Cuál es el contenido normativo de los instrumentos en tramitación?

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá consta de cinco partes, 16 capítulos y 181 artículos.

La primera parte está referida a aspectos generales y se ocupa de los objetivos.

La segunda parte, relativa al comercio de bienes, regula el trato nacional de acceso de bienes al mercado, establece las reglas de origen, procedimientos aduaneros y las medidas de emergencia.

La tercera parte norma las versiones, servicios y asuntos relacionados. Contiene regulaciones sobre inversión, comercio transfronterizo de servicios, telecomunicaciones, políticas en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado y, por último, la entrada temporal de personas de negocios.

La cuarta parte, trata de las disposiciones administrativas institucionales siguientes: publicación, notificación y administración de leyes; derechos antidumping y compensatorios; disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias.

Por último, la quinta parte, relativa a otras disposiciones, contempla normas acerca de excepciones y las disposiciones finales del tratado.

Los Acuerdos de cooperación ambiental y laboral celebrados entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá tienen una misma estructura. Constan de 50 artículos, agrupados en siete partes, que se refieren a las siguientes materias: objetivos, obligaciones, mecanismos institucionales, consultas para la cooperación y evaluaciones, solución de controversias, disposiciones generales y disposiciones finales.

Mediante indicación de su Excelencia el Presidente de la República , se han agregado las notas Nºs. 1.880, 2.250 y E-A 32, intercambiadas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y la Embajada de Canadá en nuestro país, mediante las cuales se corrigen, conforme con el procedimiento previsto en el artículo 79 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, diversos errores formales con el texto del articulado, capítulos, notas y anexos del Tratado de Libre Comercio.

El objetivo fundamental del tratado es establecer una zona de libre comercio, de conformidad con las normas pertinentes del Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio y el Acuerdo general sobre el comercio de servicios, ambos partes integrantes del Acuerdo de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial del Comercio. Estos acuerdos, de los cuales nuestro país es parte, rigen como ley de la República en virtud de su ratificación, promulgación y publicación, según lo dispuesto por el decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 16, de 1995, publicado en el Diario Oficial de 17 de marzo del mismo año.

Los objetivos de este tratado, desarrollados de manera más específica a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes:

a) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las partes.

b) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.

c) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes.

d) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias.

e) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado.

En beneficio de la liberalización del comercio bilateral, los gobiernos contraen los compromisos principales siguientes:

a) El de otorgar el trato nacional al bien del otro país.

b) El de eliminar progresivamente los aranceles aduaneros que gravan el ingreso al mercado nacional de bienes del otro país.

c) El de no adoptar nuevas exenciones arancelarias ni ampliar las existentes.

d) El de permitir la admisión temporal de bienes con fines profesionales de publicidad o deportivos.

e) El de permitir la importación libre de arancel aduanero para muestras comerciales y materiales de publicidad impresos y de bienes reparados o alterados.

f) El de eliminar el arancel de nación más favorecida a determinados bienes.

g) El de no establecer restricciones a la importación y a la exportación de bienes de la otra parte.

h) El de no establecer derechos aduaneros sobre bienes originarios.

i) El de no adoptar medidas discriminatorias respecto de vinos y licores destilados.

j) El de proteger las indicaciones geográficas “Pisco Chileno” y “Whisky Canadiense”.

k) El de no establecer impuestos u otras medidas a la exportación.

l) El de la eliminación de los subsidios a la exportación de bienes agrícolas.

m) El de aplicar el Código de Valoración Aduanera.

n) Los compromisos que permiten a Chile mantener su sistema de bandas de precios.

ñ) El de integrar el Comité de Comercio de Bienes y Reglas de Origen.

En lo que respecta a las reglas de origen, los países se comprometen a lo siguiente:

En materia de bienes originarios, se contemplan diversas disposiciones que los definen.

En cuanto a procedimientos aduaneros, se determina la forma en que se certificará el origen de los bienes que gozarán de la desgravación arancelaria.

En lo relativo a la certificación de origen, las Partes se comprometen a establecer un certificado de origen que servirá al exportador o al productor para certificar la calidad de originario del bien que exporte del territorio de una parte al de la otra.

Se establecen las obligaciones respecto de las importaciones, de las exportaciones, y las medidas de emergencia. Estas últimas corresponden a medidas bilaterales o globales que las Partes pueden adoptar para proteger su producción nacional de un daño serio derivado de aumentos imprevistos de las importaciones que el proceso de liberalización comercial puede provocar. Se consagran tanto las medidas bilaterales como las globales.

En materia de inversión, servicios y asuntos relacionados se establecen normas generales para promover y proteger las inversiones y resolver las controversias que se susciten entre una Parte y un inversionista de la otra, y se convienen las relativas al comercio transfronterizo de servicios a los de telecomunicaciones, a la política en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado y las que regulan la entrada temporal de personas de negocios.

Lo principal sobre la promoción y protección de las inversiones.

Estas normas se aplican a las inversiones de inversionistas de la otra Parte realizadas en el territorio de la Parte contraria, pero no así a los inversionistas de la otra Parte e inversiones de tales inversionistas en instituciones financieras en el territorio de la Parte, a menos que éstas hayan sido autorizadas.

Los principios que orientan estas normas de promoción y protección de inversiones son comunes en los tratados bilaterales de este tipo, de los cuales nuestro país ya ha celebrado casi una treintena, la gran mayoría de los cuales han sido aprobados por el Congreso Nacional.

Respecto de estas normas, Chile formuló cuatro reservas que tienen por objeto preservar la estabilidad de su moneda.

En primer lugar, se reservó el derecho a mantener los requisitos de que las transferencias desde Chile del producto de la venta de todo o parte de una inversión de un inversionista de Canadá o de la liquidación de la inversión no podrán realizarse hasta que haya transcurrido un plazo que no exceda de cinco años, en el caso de una inversión hecha conforme a la ley Nº 18.657, sobre fondo de inversión de capitales extranjeros, o de un año, en los demás casos. En ambas situaciones desde la fecha de la transferencia a Chile.

En virtud de la segunda reserva, Chile mantiene su derecho a exigir encaje, de conformidad con el Nº 2 del artículo 49 de la ley Nº 18.849, orgánica del Banco Central de Chile, a una inversión de un inversionista de Canadá que no sea inversión extranjera directa y a créditos extranjeros relacionados con una inversión, siempre que tal exigencia de encaje no exceda del 30 por ciento del monto de la inversión o del crédito, según sea el caso, y por un período no superior a dos años desde la transferencia a Chile.

La tercera reserva permitirá a nuestro país aplicar las medidas anteriores con la excepción de las que restrinjan la transferencia desde Chile del producto de la venta de todo o parte de la inversión de un inversionista de Canadá o de la liquidación de la inversión por un período que no exceda de cinco años, a partir de la fecha de la transferencia a Chile.

Por último, la cuarta reserva permitirá a Chile aplicar, de conformidad con la ley Nº 18.840, medidas con respecto a transferencias relativas a la inversión de un inversionista de Canadá que requieran que las operaciones de cambios internacionales para dichas transferencias se realicen en el mercado cambiario formal o requieran autorización para adquirir monedas extranjeras al tipo de cambio acordado por las partes involucradas en la operación o que las monedas extranjeras sean convertidas a pesos chilenos.

Las reservas señaladas anteriormente producen efectos modificatorios de alcances relativos en los artículos 49, Nº 2, y 50 de la ley Nº 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile, ya que, por una parte, fijan en 30 por ciento el monto máximo del encaje exigible respecto de las inversiones canadienses, en circunstancias de que el primer artículo citado permite al instituto emisor elevarlo hasta el 40 por ciento y, por otra, que dicho encaje se mantenga sólo por dos años.

Por tal razón, al momento de someter a votación el Tratado en informe, éste deberá ser aprobado con el quórum correspondiente.

A este respecto, cabe mencionar que, de conformidad con el número 2º, del artículo 82 de la Constitución Política de la República no corresponde, por haberse declarado la constitucionalidad de las normas precedentes, recurrir de consulta al Tribunal Constitucional, pues ello ocurre solamente cuando se trata de resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso, cuestión que no se ha suscitado en esta materia.

En cuanto a las normas sobre inversión, también se establecen mecanismos de solución de controversias entre una Parte y un inversionista, los cuales tienden a asegurar un trato igual entre inversionistas de las Partes, de acuerdo con el principio de reciprocidad internacional, como el debido proceso legal ante un tribunal imparcial.

De acuerdo con estas disposiciones, un inversionista de una de las Partes podrá, por cuenta propia o en representación de una empresa, someter a arbitraje una reclamación fundado en que la otra Parte o una de las empresas del Estado respectivo ha violado una obligación establecida en el régimen de protección de las inversiones o cuando una actividad productiva o servicio monopolizado actúa de manera incompatible con las normas de dicho régimen y el inversionista o la empresa han sufrido pérdidas o daños en virtud de esa violación o a consecuencia de ella. No obstante, se conviene que las Partes contendientes intentarán, previamente al arbitraje, dirimir la controversia por vía de consulta o negociación.

Será facultativo para el inversionista elegir entre los mecanismos del arbitraje establecidos en el marco del Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones, Ciadi, o en la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil, ambos ratificados y promulgados por decretos respectivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, los que, por consiguiente, son ley de la República.

El tribunal arbitral estará integrado por tres árbitros. Cada Parte nombrará a uno y el tercero será designado de común acuerdo o, en su defecto, por el secretario general del Ciadi.

Chile formuló una reserva a fin de precisar que cuando el inversionista plantee su reclamación ante un tribunal judicial o administrativo chileno, su decisión será definitiva y no podrá recurrir al arbitraje internacional.

Asimismo, se establecen normas sobre el comercio transfronterizo de servicios.

Respecto de esta materia, ambos países formularon diversas reservas que se detallan en las páginas 40, 41 y 42 del informe que los señores diputados tienen a su disposición.

En materia de normas sobre entrada temporal de personas de negocios, los gobiernos de Chile y de Canadá han coincidido en estimar que, para lograr los objetivos de liberalización comercial, es conveniente facilitar la entrada temporal de personas de negocios, conforme al principio de reciprocidad, sin perjuicio de garantizar la seguridad de sus fronteras y de proteger la fuerza de trabajo nacional y el empleo permanente en sus respectivos territorios.

En lo relativo a las disposiciones administrativas institucionales, se establecen normas sobre publicación, notificación y administración de leyes, y sobre derechos antidumping y compensatorios.

El propósito, en este caso, es la eliminación recíproca y gradual de la posibilidad de aplicar medidas antidumping en el comercio bilateral, así como la agilización del procedimiento de solución de controversias de la OMC, si hay disputas respecto de la aplicación de derechos compensatorios.

Se estima que para Chile es positivo adoptar medidas como las enunciadas, porque asegura el acceso libre al mercado canadiense para las exportaciones chilenas.

Desde la fecha de entrada en vigor de este tratado, las Partes se comprometen a no aplicar su legislación interna antidumping que afecte a bienes de la otra parte. Además, ninguna de ellas iniciará investigaciones o revisiones antidumping en relación con dichos bienes, y pondrá término a las que se encuentren en curso. También se comprometen a no imponerles nuevos derechos antidumping y a revocar los existentes.

En relación con los mecanismos de solución de controversias en materia de derechos antidumping y derechos compensatorios, se establecen las disposiciones institucionales y se definen los procedimientos para la solución de dichas controversias, como todo lo relacionado con la Comisión de Libre Comercio, su secretariado y las normas sobre solución de controversias más específicas.

Por último, en la quinta parte del tratado, se establecen las excepciones generales, las disposiciones finales relativas a la integridad del tratado, las enmiendas al mismo, su vigencia, el acceso de Chile al Tratado de Libre Comercio de América del Norte , la duración y término del tratado y los textos auténticos.

Reseña de los Acuerdos de cooperación ambiental y laboral.

Los principales objetivos del Acuerdo de cooperación ambiental son: alentar la protección y mejoramiento del medio ambiente; promover el desarrollo sustentable, a partir de la cooperación y el apoyo mutuo, en las políticas ambientales y económicas; evitar la creación de distorsiones o de nuevas barreras en el comercio; mejorar la observancia y aplicación de las normas ambientales; promover la transparencia y participación de la sociedad en la elaboración de las normas y políticas ambientales, y promover políticas y prácticas para prevenir la contaminación.

Los principales objetivos del Acuerdo de cooperación laboral son: mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida en el territorio de cada Parte. Promover al máximo los principios laborales de la libertad de asociación y protección del derecho de organización, el derecho a la negociación colectiva, el derecho de huelga, la prohibición del trabajo forzado, la protección en el trabajo para los niños y los menores, las condiciones laborales mínimas, la eliminación de la discriminación laboral, la igual remuneración para hombres y mujeres, la prevención e indemnización de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y la protección de los trabajadores migratorios. Estimular la cooperación para promover la innovación, así como niveles de productividad y calidad crecientes; desarrollar actividades de cooperación laboral sobre la base del beneficio mutuo; promover la observancia y aplicación efectiva de la legislación laboral de cada parte, y fomentar la transparencia en la administración de la legislación laboral.

El informe define cuáles son las obligaciones que contraen las Partes en lo referente a los acuerdos de cooperación ambiental y laboral.

Luego, da cuenta de las normas que se refieren a las comisiones para la cooperación ambiental y laboral; cooperación y suministro de información ambiental y de cooperación y evaluación laboral; la solución de controversias en los acuerdos de cooperación ambiental y laboral; las disposiciones generales, las disposiciones finales y los instrumentos anexos a los Acuerdos de cooperación ambiental y laboral.

También el informe consigna las opiniones, algunas hechas llegar por escrito a la Comisión, de distintos personeros representantes de las asociaciones gremiales, empresariales y personalidades del sector público, como de los ministros de Estado , director general de Relaciones Económicas Internacionales y directora ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Están a disposición de los señores diputados, y sobre ellas no entraré en mayores detalles.

Con respecto a las principales opiniones emitidas en la Comisión por entidades gremiales y empresariales privadas, me referiré, sin perjuicio de que se encuentran todas ellas en el informe ya anotado, en especial a algunas que son más relevantes y que conviene que la honorable Corporación esté al tanto de las mismas.

El representante de la Confederación de la Producción y del Comercio, don Walter Riesco , destacó, primero, que el acuerdo es beneficioso para el país, para los exportadores, para los consumidores nacionales y para los trabajadores; segundo, que representa una profundización de la estrategia de apertura de Chile; tercero, que es un fiel reflejo del compromiso de Chile con el libre comercio, y cuarto, que con el objeto de evitar una desviación de comercio, debe insistirse en la rebaja unilateral de aranceles.

Adhirieron a lo planteado por el señor Riesco , salvo matices propios de sus respectivas organizaciones, la Cámara de Comercio de Chile, la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad de Fomento Fabril, la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Exportadores de Manufacturas No Tradicionales y la Asociación de Productores Avícolas.

La Sociedad Nacional de Agricultura, representada por don Ricardo Ariztía , sostuvo que la rebaja de los aranceles aduaneros deja a la agricultura nacional expuesta a los perjuicios que provoca la existencia de mercados agrícolas internacionales significativamente distorsionados por subsidios y medidas proteccionistas. Consideró que los anexos laborales y medioambientales “implican una enajenación de la soberanía nacional”, son “altamente inconvenientes” y pueden ser, en el futuro próximo, causa de múltiples y graves dificultades con Canadá.

Para el Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile, Mucech, el acuerdo representa un beneficio global para la economía y el desarrollo del país, no obstante señalar como insuficientes las medidas sobre medio ambiente y las relativas a materias laborales.

Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores abogó por la inclusión de una carta social que apunte a un mayor equilibrio en las relaciones laborales.

Tanto la Cámara Nacional de Comercio Automotriz de Chile como la Asociación Nacional Automotriz de Chile, expresaron su especial preocupación por la redacción que se dio a la definición de “vehículo usado”, proponiendo que dicha materia sea clarificada por la Dirección General de Aduanas o, derechamente, cambiarla por un texto más específico y menos controversial.

Por otro lado, el Instituto Libertad y Desarrollo propone aprobar el acuerdo, pero, al mismo tiempo, legislar simultáneamente para reducir el arancel externo actual del 11 por ciento al 5 por ciento.

Por otra parte, el Instituto Libertad manifestó que el Tratado es uno de los instrumentos más completos suscritos en esta materia y sienta un precedente muy importante para el futuro. Asimismo, se mostró también partidario de una desgravación arancelaria unilateral.

El Programa de Asistencia Legislativa, PAL, estima que este acuerdo incentiva el ingreso de capitales extranjeros, diversifica las inversiones y genera amplias posibilidades de incrementar las exportaciones tanto en volumen y monto como en valor agregado de los bienes objeto de la transacción comercial.

Paso ahora a referirme a algunas de las principales interrogantes planteadas en el seno de la Comisión.

¿Qué significa el acuerdo Chile-Canadá para el sector agrícola? Al igual que el resto de los sectores, se beneficia de las disposiciones generales del Tratado, entre las cuales es posible destacar:

Primero, se contempla una definición de las reglas del juego claras y estables para el comercio con Canadá.

Segundo, se establece un mecanismo de solución de controversias de especial importancia en las relaciones comerciales entre un país pequeño y una economía que pertenece a las de mayor desarrollo. Este sistema de solución de disputas se compone de expertos independientes de los gobiernos.

Tercero, se forma una Comisión Administradora en la que se pueden plantear eventuales problemas.

Cuarto, además, y sólo para los temas agrícolas, se crea una instancia especial, que es el Subcomité de Agricultura para examinar en conjunto los temas relativos al comercio agropecuario.

Quinto, en un plazo de seis años, todos los productos chilenos podrán ingresar a Canadá sin pago de arancel. El 64 por ciento de los productos actualmente exportados por Chile a Canadá corresponde a bienes agrícolas; porque las exportaciones agrícolas canadienses a Chile serán desgravadas en un plazo mayor, hasta el caso extremo del trigo harinero, que no será desgravado hasta el año 2014. Esto significa que cerca de dos tercios de las exportaciones agrícolas canadienses a nuestro país no se desgravarán por un largo período de tiempo.

Sexto, Chile podrá mantener en forma permanente el sistema de bandas de precios, que otorga protección suplementaria a los productores agrícolas bajo la forma de estabilidad en los precios que ellos reciben por sus productos.

Séptimo, Chile logra consolidar la apertura actual para algunos productos en Canadá. Esto incluye los aranceles de nación más favorecida y las preferencias transitorias otorgadas unilateralmente vía sistema generalizado de preferencias. Gracias a este acuerdo, esos aranceles no podrán ser aumentados por Canadá.

Hay un antecedente reciente sobre esta materia que pone en evidencia la vulnerabilidad e inestabilidad de los beneficios unilaterales del tipo del sistema generalizado de preferencias: Estados Unidos acaba de eliminar la preferencia otorgada a Argentina por no estar satisfecho con la legislación en materia de patentes de ese país. Con este acuerdo, evitamos que Canadá pueda tomar este tipo de medidas.

Octavo, el sector agrícola se beneficia de rebajas arancelarias que cubren una parte significativa de la oferta exportable chilena, actual y potencial.

El 25 por ciento de las actuales exportaciones agrícolas a Canadá están afectas a aranceles positivos. En el caso de las hortalizas, ese porcentaje alcanza al 37 por ciento; 21 por ciento para la agroindustria, frutas y hortalizas procesadas, y sólo 2 por ciento para la fruta fresca.

Noveno, la oferta exportable chilena en legumbres, hortalizas, vinos y frutas naturales, y, sobre todo, procesadas, enfrentan aranceles positivos en Canadá, los que serán desgravados a más tardar en seis años. Tal es el caso, por ejemplo, de purés y jugos de tomates, con un 13,3 por ciento de arancel; ciruelas, 11 por ciento; néctar y jugo de manzanas, 9,5 por ciento; duraznos en conserva, 11,4 por ciento; jugos de uva, incluido el mosto, 13,2 por ciento; manzanas secas, 8,8 por ciento; cerezas en conserva, 14,3 por ciento; cebollas, 14,3 por ciento; setas, 19 por ciento; compotas de durazno, 14,3 por ciento; cerezas sulfitadas, 11,9 por ciento; frambuesas congeladas, 8,8 por ciento, etcétera.

Décimo, se garantiza que no podrá imponerse aranceles a futuro a los productos que, mediante el Acuerdo, ya ingresaban sin pago de arancel a Canadá, entre los cuales destacan las uvas, manzanas, kiwis, duraznos, nueces, almendras y otros.

Por último, Chile desgrava de inmediato insumos y maquinarias provenientes de Canadá, con lo que se mejora la competitividad de los productores nacionales. Las importaciones de estos productos alcanzaron 11,5 millones de dólares en 1996, mostrando una fuerte progresión en relación con los últimos años.

¿Qué ganaron los exportadores chilenos de vino con el Acuerdo Chile-Canadá? Se desgravarán inmediatamente a cero por ciento tanto los vinos con denominación de origen como los demás vinos y mostos embotellados, los que tenían aranceles de 4,18 y 10,45 por ciento por litro, respectivamente, y en un plazo de seis años, el mosto de uva fermentado para la fabricación de vino no embotellado, que hoy tiene un arancel de 3,87 por ciento por litro. De esta manera, el vino embotellado chileno entrará al mercado canadiense en iguales condiciones impositivas que el proveniente de California, Estados Unidos.

¿Cuáles son los resguardos que se adoptan ante potenciales prácticas discriminatorias en la comercialización del vino chileno en Canadá? La distribución y venta de vino y licores en ese país es regulada a lo largo de su territorio a través de diferentes prácticas, que establecen monopolios provinciales en su distribución y comercialización. La principal de ellas señala que en determinadas provincias sólo podrán expenderse los vinos y licores que aparecen en los respectivos listados. En esta materia, Chile consiguió igual trato que México, logrando que en la elaboración de estos listados, respecto del vino chileno, Canadá asegure, primero, reglas transparentes y no discriminatorias; segundo, pronta respuesta a las solicitudes de incorporación; tercero, procedimientos de impugnación, con determinaciones prontas, justas y objetivas; cuarto, su publicación y puesta a disposición de las personas interesadas en Chile, y quinto, evitar que el sistema se convierta en un obstáculo al comercio.

¿Qué ganó la agricultura chilena en relación con los compromisos de eliminación de los subsidios a las exportaciones agrícolas en el Acuerdo Chile-Canadá? En el comercio bilateral, ambos países eliminarán todo subsidio a la exportación agrícola a más tardar el 1 de enero del 2003. Canadá se comprometió en la Ronda de Uruguay a reducir, entre los años 1996 y 2001, en un 30 por ciento los subsidios a las exportaciones agrícolas; sin embargo, razones presupuestarias internas han obligado a ese país a recortar masivamente los subsidios los cuales hoy sólo se aplican a la mantequilla y a la leche desnatada. Estos niveles recortados se consolidan como valores máximos para Chile, a diferencia del resto del mundo, que tiene como techo los valores comprometidos por Canadá ante la OMC, 30 por ciento inferiores a la base inicial. De esta forma, si Canadá extiende los subsidios de las exportaciones agrícolas a algún producto sometido al programa de desgravación que se exporte a Chile, nuestro país tiene el derecho, como lo señala la normativa del Acuerdo, a incrementar el arancel de ese producto al nivel que se le cobra a terceros.

Ninguno de los productos que mantienen subsidios a las exportaciones, como la mantequilla y la leche desnatada, ya aludidas, se ha exportado jamás a Chile, y el Acuerdo establece que nuestro país los exceptuará de desgravación arancelaria, quedando en nuestra lista de exclusiones. Sin embargo, si llegaran a presentarse exportaciones subsidiadas de estos productos, nuestro país cuenta con la legislación apropiada para combatirlos, mediante derechos compensatorios.

¿Por qué se desgravó a cinco años el trigo candeal con Canadá, si con Mercosur se hizo a 15 años?

El trigo es la principal exportación de Canadá a Chile. El Banco Central registra importaciones procedentes de Canadá por este concepto ascendentes a 174,8 millones de dólares en 1996, de las cuales el 88,4 por ciento es harinero y el 11,6 por ciento es candeal.

El trigo harinero, dada su especial sensibilidad, tuvo igual desgravación que con Mercosur, es decir, se establece como meta la eliminación del arancel ad valorem el año 2014, y se definirá su modalidad de desgravación, para cumplir dicha meta, a partir del 1 de enero del año 2004.

La situación de sensibilidad del trigo candeal es sustancialmente diferente. La variedad candeal corresponde al 10 por ciento de la producción nacional; su producción, 90 por ciento de su total, se desarrolla en las regiones Metropolitana y Sexta. Se importa el 54 por ciento de nuestras necesidades y, prácticamente, el ciento por ciento desde Canadá. El trigo candeal es el insumo principal para la fabricación de pastas de calidad, con exportaciones chilenas crecientes. Adicionalmente, el trigo candeal canadiense no es sustituto del nacional, ya que por su mayor contenido proteico debe ser incorporado en la mezcla en una proporción que oscila entre el 30 y el 40 por ciento, dependiendo de las condiciones de calidad y de mercado.

La desgravación arancelaria otorga competitividad a las exportaciones de pasta, las cuales van a mercados como Perú, Colombia, Centroamérica y Estados Unidos, los que utilizan en su producción local candeal canadiense o estadounidense.

Las reglas de origen pactadas con Mercosur para las pastas también permite incursionar exitosamente en dicho mercado, gozando de la desgravación arancelaria que contempla el Acuerdo.

Debe destacarse que, contrariamente a lo que algunos puedan suponer, Argentina no es un país oferente de trigo candeal. En efecto, Chile no registra importaciones desde ese origen, al menos en los últimos dos años; por el contrario, Argentina es un mercado atractivo para las pastas alimenticias.

Contar con cero arancel para las importaciones de candeal es un elemento que potencia nuestra competitividad, ya que se debe recordar que con Mercosur, a diferencia de la negociación con Canadá, no se permitirá, de aquí a cuatro años, el uso de mecanismos de “drawback” para las exportaciones beneficiadas con las rebajas arancelarias.

¿Por qué se eliminaron en forma inmediata los aranceles para la malta y la cebada con Canadá, si con Mercosur la desgravación es a ocho y diez años, respectivamente?

En primer lugar, debe recordarse que los largos plazos de desgravación para estos productos responden a sensibilidades del Mercosur y no de Chile, pero quedaron de esta forma por la base de lista recíproca que contempla dicho acuerdo.

El plazo de ocho años para la lista de desgravación general contradijo el interés chileno de tener este tipo de listas a un horizonte similar a los restantes acuerdos de libre comercio que se han firmado, es decir, a cuatro años.

En segundo lugar, en la negociación con Mercosur, lamentablemente se distorsionó en forma parcial el mercado de la malta al desgravarse ésta en un plazo menor que la cebada, su materia prima, en un período que va de ocho a diez años. Esta desprotección efectiva se vio agravada por el hecho de que las rebajas iniciales del arancel también fueron disímiles: 40 por ciento para la malta y 30 para la cebada.

Debe destacarse que tal como la cebada es insumo para la malta, esta última lo es para la cerveza, por lo cual lo óptimo, en términos de asignación de recursos y para evitar estas desprotecciones efectivas, es que estos tres productos queden alineados, es decir, se desgraven a igual plazo. En el Acuerdo de Libre Comercio de Chile con Canadá, la cebada, la malta y la cerveza se desgravan en forma inmediata a cero por ciento.

Se estima que la industria cervecera ha tenido una alta expansión en los últimos años. Es una industria competitiva que puede potenciarse aún más. Las exportaciones han crecido un 42 por ciento entre 1994 y 1996; por lo tanto, es compatible un aumento en la producción chilena de cebada y malta, conjuntamente con una disponibilidad de menor costo desde Canadá.

¿Por qué se eliminaron en forma inmediata los aranceles para la avena con Canadá, si con el Mercosur la desgravación es a 10 años plazo? Cabe precisar algunos antecedentes:

La desgravación con el Mercosur fue a diez años, partiendo con un margen de preferencia de 30 por ciento; sin embargo, con México este producto ya está con arancel cero.

Durante la negociación no se dieron a conocer especiales sensibilidades agrícolas al respecto. La avena es un insumo para otras actividades agrícolas. En efecto, es un importante alimento para la dieta bovina, tanto de ganado para la producción de carne, como de leche. Hay algunas importaciones de este producto, pero no se registran desde el Mercosur. A continuación, daré a conocer algunos datos que complementan lo anterior:

En 1966, la producción nacional fue de 200 mil toneladas. Ese mismo año, las importaciones llegaron sólo a 13 mil toneladas; 7 mil desde Australia y 6 mil desde Canadá. No se registran importaciones desde el Mercosur.

¿Por qué se negociaron cuotas para los huevos, aves y lácteos? ¿Cuáles son y cómo se informará a los potenciales exportadores?

Canadá mantiene medidas de protección en estos mercados que ni siquiera Estados Unidos pudo remover con el Nafta. Sin embargo, en la Ronda de Uruguay, de la OMC, se logró un grado mayor de apertura mediante la arancelarización de las restricciones cuantitativas a niveles de 250 por ciento y la implementación de cuotas globales con un arancel promedio de aproximadamente 15 por ciento.

Chile consiguió profundizar su apertura a nivel de estas cuotas globales. En efecto, obtuvo un acceso preferencial a cero por ciento en ellas. Estas cuotas globales superan ampliamente la actual capacidad exportadora chilena al mundo. En el caso de las aves sin trocear, refrigeradas, la cuota global canadiense es de 4.500 toneladas y las exportaciones chilenas al mundo alcanzan sólo a 500 toneladas.

En el caso de la leche concentrada azucarada, con materia grasa, la cuota global canadiense es de 64.500 toneladas y las exportaciones chilenas al mundo llegan a tres toneladas.

Por último, la información arancelaria respecto a las cuotas globales es pública, será elaborada por el Ministerio de Hacienda de Canadá y estará a disposición de cualquier interesado. A este respecto, Pro Chile puede representar un canal de información muy expedito para los exportadores chilenos.

Aprobación del proyecto de acuerdo y texto sustitutivo de su artículo único.

Cerrado el debate y practicada la votación del artículo único del proyecto en forma económica, conjuntamente con la indicación presentada por su Excelencia el Presidente de la República que introduce enmiendas y correcciones formales en el texto del Tratado de Libre Comercio, arrojó el siguiente resultado: 8 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

La indicación de su Excelencia el Presidente de la República permite aprobar las notas Nos. 1.888, 2.250 y EA 32, intercambiadas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y la Embajada de Canadá, para introducir correcciones formales en diversos artículos del Tratado de Libre Comercio suscrito en español.

La Comisión detalla esas correcciones, las cuales obviaré para no hacer más extenso este informe.

Menciones reglamentarias.

1. Normas orgánico constitucionales.

El artículo G-10 del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá y su anexo G-09.1 requieren quórum orgánico constitucional para su aprobación, en razón de las modificaciones de las atribuciones del Banco Central que se desprenden de sus disposiciones, afectando, en consecuencia, los alcances actuales de la ley Nº 18.840, orgánica constitucional de dicha institución bancaria, y respecto de las cuales es aplicable el Nº 2 del artículo 82 de la Constitución Política de la República, a que hice referencia anteriormente.

A continuación, el informe de la Comisión establece las normas que debían ser conocidas por la Comisión de Hacienda con bastante detalle.

Por todo lo expuesto, la Comisión Especial, que estudió el Tratado de Libre Comercio y los acuerdos de cooperación ambiental y laboral, suscritos entre los gobiernos de Chile y Canadá, recomienda a esta honorable Corporación la aprobación de su texto y de sus anexos.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor José García, informante de la Comisión de Hacienda .

El señor GARCÍA (don José) .-

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Libre Comercio y los acuerdos de cooperación ambiental y laboral suscritos por los gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Canadá, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional.

La iniciativa tiene su origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , calificada de “simple” urgencia para su tramitación legislativa.

Asistieron a la Comisión durante el análisis del proyecto, los señores Eduardo Aninat , Ministro de Hacienda ; Juan Gabriel Valdés , Director General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores , y los demás integrantes del equipo negociador del Tratado.

El propósito de la iniciativa consiste en la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el gobierno de la República de Chile y el gobierno de Canadá, y sus anexos, suscrito en Santiago de Chile el 5 de diciembre de 1996, y de los acuerdos de cooperación ambiental y de cooperación laboral, y sus anexos, suscritos entre los gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Canadá, en Ottawa, Canadá , el 6 de febrero de 1997.

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá establece una zona de libre comercio en conformidad con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de 1994, y con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, ambos partes integrantes del denominado Acuerdo de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial del Comercio.

Los principales objetivos del Tratado de Libre Comercio son los siguientes:

-Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las Partes contratantes.

-Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.

-Aumentar las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes.

-Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias.

-Establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del Tratado.

Por otra parte, el Tratado de Cooperación Ambiental establece un marco ambiental que procura ser compatible con las condiciones necesarias para el desarrollo económico y progreso de ambos países.

Asimismo, en el Tratado de Cooperación Laboral se recogen los principios y políticas laborales vigentes y se fomenta la cooperación entre las Partes.

El informe financiero, remitido por la Dirección de Presupuestos, plantea que la aplicación del Acuerdo considera un plan de desgravación arancelaria desde la situación actual, con 11 por ciento de arancel ad valorem, hasta su conclusión, con un arancel de 0 por ciento, el 1 de enero de 2014, con reducciones programadas.

Afirma que la recaudación fiscal se verá afectada en sus ingresos tributarios en los conceptos de “Tasa General de Importaciones”, IVA y de los “Impuestos al Comercio Exterior”.

Precisa que los ingresos que se dejan de percibir, por concepto de rebaja de aranceles, se estiman en los siguientes montos:

Para el presente año, si se considera que el Acuerdo regiría a partir del próximo 2 de junio, una disminución de 20 millones de dólares en los ingresos fiscales, y el 2014, año en que el Acuerdo regiría íntegramente, dicha disminución alcanzaría a 172,2 millones de dólares.

Teniendo presente los antecedentes de la iniciativa y las consideraciones expuestas en la Comisión de Hacienda, se sometió a votación el artículo único del proyecto de acuerdo aprobado por la Comisión Especial, el que fue aprobado por 7 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

Es todo cuanto tengo que informar.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el señor José Miguel Insulza, Ministro de Relaciones Exteriores .

El señor INSULZA ( Ministro de Relaciones Exteriores ).-

Señor Presidente , esta Sala ha escuchado dos completos informes de los diputados informantes de la Comisión Especial y de la Comisión de Hacienda. Al mismo tiempo, ha tenido oportunidad de conocer todos los informes que los negociadores del Tratado con Canadá han presentado respecto de sus ventajas. Por lo tanto, me voy a permitir hacer, tanto en mi nombre como en el de los señores ministros presentes, una intervención muy breve sólo para situar este Tratado dentro del marco de la política de negociaciones comerciales del Gobierno y poder participar enseguida del debate junto con los señores diputados que quieran formular preguntas u observaciones.

Creo que es importante recordar la relevancia que el Gobierno de la República ha dado en los últimos años a la inserción económica internacional del país y a los distintos instrumentos que para ese fin se han diseñado.

También es importante reiterar nuestra adhesión general al principio del libre comercio y nuestra consideración inicial en el sentido de que un sistema multilateral de comercio libre y transparente es seguramente la primera prioridad o el primer interés de nuestro país.

Desde ese punto de vista, participamos intensamente en los debates de la Organización Mundial del Comercio; nos hemos esforzado por cumplir los acuerdos de la OMC en la Ronda de Uruguay que el honorable Congreso aprobó por unanimidad; hemos participado de manera significativa en las últimas reuniones de revisión de los acuerdos comerciales y hemos sido el primer país de América Latina que ha apoyado la idea lanzada por otros países, en el sentido de iniciar una nueva ronda de negociaciones en el año 2000. Estamos convencidos y seguiremos perseverando en la necesidad de liberalización del comercio internacional entre todos los países del mundo.

Como segundo instrumento, hemos optado también por la negociación de acuerdos económicos internacionales con aquellas áreas del mundo que son más relevantes para nuestra inserción internacional.

Desde ese punto de vista -como es sabido por esta honorable Corporación-, simultáneamente hemos llevado adelante nuestra inserción en la cooperación económica del Asia Pacífico, nuestra negociación con los países de América Latina, tanto en el Mercosur como en otros acuerdos bilaterales, nuestra negociación con la Unión Europea y con los países de América del Norte.

A nuestro juicio, hemos obtenido progresos importantes en la materia al aprobar este Congreso el Tratado con el Mercosur, que se unió a los acuerdos con México, Venezuela, Colombia y Ecuador. Estamos desarrollando en este momento la negociación para alcanzar un acuerdo de libre comercio con Perú y también estamos trabajando con Centroamérica y Panamá en la misma dirección. Con la Unión Europea hemos llegado a un acuerdo marco que se suscribió en presencia del Presidente de la República el año pasado, y hace pocos días, en la reunión que tuvimos con la Unión Europea en Holanda, hemos acordado un calendario de negociación que nos debería llevar, de acuerdo con lo propuesto por la misma Unión Europea, a suscribir en 1999 un nuevo acuerdo de asociación económica y comercial para la liberalización del comercio.

Somos el primer país que somete voluntariamente su política de liberalización unilateral a la revisión de la Cooperación Económica del Asia Pacífico, Apec, ante la cual hemos planteado con mucha fuerza la necesidad de ampliar los acuerdos y vincularlos a través de tratados de libre comercio entre las naciones que la integran. En ese marco se inserta el acuerdo con Canadá.

Esta exitosa política ha tenido como respaldo dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la solidez de nuestra economía. Creo innecesario referirme a ella, pues los señores parlamentarios también conocen cómo se valora y se ve la economía chilena desde el exterior. No cabe duda de que desarrollar acuerdos comerciales con Chile en la actualidad es visto por otros países como conveniente desde todo punto de vista, no porque seamos un gran país ni porque tengamos una gran economía, sino porque damos una imagen de mayor seriedad, responsabilidad y de consistencia en nuestras políticas.

Asimismo, se ha hecho siempre atractivo para los distintos socios comerciales negociar acuerdos con Chile, porque perciben que en nuestro país existe un consenso básico respecto de los grandes temas de la apertura comercial y de la adhesión al libre comercio, el cual abarca al conjunto de sus fuerzas políticas.

El Gobierno nunca ha pretendido atribuirse para sí el éxito de la inserción económica internacional, sino que considera que un fundamento muy sustantivo de ella está constituido en nuestra posibilidad de proyectar consenso y demostrar que en esta política de liberalización económica y de avance en los acuerdos multilaterales, regionales o bilaterales del comercio internacional, están involucrados todos los sectores políticos del país.

Nuestra fortaleza para plantear el acuerdo con la Unión Europea en paralelo con el Mercosur, para ser uno de los dos países de América Latina incluidos en la Apec, para negociar el acuerdo con el Mercosur y para ser considerados como primera prioridad para una negociación con los países de América del Norte se fundamenta, precisamente, en ese consenso y en esa imagen de país que proyectamos.

El Canciller que habla y el Gobierno no son muy proclives a usar la palabra “liderazgo”, pero no cabe duda de que en materia de políticas de inserción internacional ejercemos, como se ha demostrado recientemente en la reunión para el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, una posición de vanguardia, en la medida en que se nos ve completamente comprometidos con el libre comercio y con sus políticas.

A nuestro juicio, en este marco conceptual se sitúa el debate acerca del Acuerdo de Libre Comercio con Canadá, el cual no puede ser aislado del conjunto de nuestra política exterior y de nuestra inserción económica internacional. Por ejemplo, ayer recibimos al Secretario de Comercio de Estados Unidos y a trescientos empresarios de ese país, quienes manifestaron su determinación de proseguir las políticas económicas y comerciales con Chile como se han desarrollado hasta ahora. Varios de los señores diputados presentes en la Sala estuvieron anoche en el aniversario del Instituto Libertad y Desarrollo, cuando el presidente de la Heritage Foundation señalaba cómo su sector -que denominaba de liberalismo clásico en los Estados Unidos- se encontraba plenamente comprometido con la accesión de Chile al Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte , y reconocía en Chile a un socio confiable, con políticas estables y claras en materia comercial.

Por lo tanto, valoramos el acuerdo con Canadá no sólo por los méritos concretos que tiene para nuestro país: más del 80 por ciento del comercio recíproco quedará libre de derechos de aduana, se liberalizarán productos, especialmente sensibles para Chile, hacia mercados externos, en plazos mucho más breves que los de otros acuerdos alcanzados.

Recuerdo que cuando discutíamos el Tratado del Mercosur, varios señores diputados plantearon con mucha fuerza en esta Sala temas de importancia como los relacionados con las industrias del calzado y de la textil, cuyos productos obtienen liberalizaciones en un plazo de seis años, mucho menor del que hemos conseguido en otras áreas.

Pero este tratado reviste importancia sustantiva no sólo por las grandes ventajas bilaterales que obtenemos, sino también por la señal que estamos enviando, desde el punto de vista de la consistencia y del consenso en nuestra política económica internacional.

En definitiva, quiero decir que al examinar el tratado, es necesario verlo, en primer lugar, como el primer acuerdo que Chile firma con un país desarrollado, el primero que incluye temas como el libre comercio de los servicios, el libre acceso para las inversiones extranjeras, exención recíproca en la aplicación de derechos antidumping, facilidad para la entrada temporal de personas y negocios y -tema que también fue planteado con mucho énfasis por muchos señores parlamentarios con ocasión de la discusión del tratado del Mercosur- como un mecanismo de solución de controversias, claro, definitivo, transparente y obligatorio.

Por lo tanto, este tratado, además de ser importante en sí, es el preludio de otras importantes negociaciones que el país deberá emprender en los próximos meses. Sin una aprobación importante del mismo, no podríamos presentarnos a las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que queremos proponer el próximo año en la Cumbre Interamericana de Santiago de Chile. Si enviamos la señal equivocada, no podríamos seguir exigiendo, como lo hacemos, la negociación que buscamos con socios comerciales de la envergadura de Estados Unidos o de la Unión Europea.

Por todas estas razones, pedimos a la Cámara, tal como lo ha asumido hasta ahora, siendo consecuente con su aprobación unánime y abrumadora de los Acuerdos de la Ronda Uruguay y del Tratado del Mercosur, y con las muchas declaraciones de todos sus miembros en favor de la política que el Gobierno ha estado siguiendo en el plano internacional, que considere en forma adecuada el Tratado con Canadá y le dé su aprobación. De no hacerlo así, se detendría en forma grave nuestra política de negociaciones comerciales, se restarían al país los méritos de este tratado bilateral y se pondría en cuestionamiento el consenso empresarial, político y social en el cual se ha basado el país para desarrollar una exitosa política de inserción internacional.

Muchas gracias.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Informo a la Sala que, reunidos nuevamente los Comités para los efectos de analizar sus acuerdos anteriores sobre la forma de tratar el proyecto sobre comercio bilateral entre los Gobiernos de Chile y de Canadá, adoptaron los siguientes acuerdos:

1º El proyecto será debatido durante cuatro horas, contadas desde el término de las intervenciones de los diputados informantes y de la exposición introductoria del Ministro de Relaciones Exteriores .

2º Dicho tiempo será usado por los Comités en proporción con la hora de Incidentes.

3º Se suspende el tiempo asignado a proyectos de acuerdo y se mantiene la hora de Incidentes.

4º El proyecto se votará no antes de las 16.45 horas.

5º Las Comisiones no están autorizadas para sesionar en forma simultánea con la Sala. Sin embargo, en forma excepcional, lo harán las que están comprometidas para transmitir su sesión en forma televisiva.

Continuando con la discusión del proyecto, tiene la palabra, por quince minutos, el Diputado señor Jocelyn-Holt.

El señor JOCELYN-HOLT .-

Señor Presidente , si tuviéramos que sintetizar los argumentos dados por distintos personeros de la Oposición contra el acuerdo con Canadá, podríamos agruparlos en tres tipos de razonamientos: los que se oponen al tratado porque critican que en el Gobierno haya una especie de contradicción entre una estrategia comercial de carácter bilateral y la renuncia a una rebaja unilateral de aranceles; los que se oponen al tratado por la existencia de anexos laborales y medioambientales que consideran perjudiciales para la marcha de la economía del país, y los que se oponen al tratado por el tema de siempre: la agricultura. Quiero enfrentar estos tres argumentos para precisar por qué hay que aprobar este acuerdo comercial.

Partamos por la agricultura. Desde hace varios días, desde que ingresó este acuerdo comercial a la Cámara, la Sociedad Nacional de Agricultura ha sostenido que hemos cedido mucho a cambio de muy poco; sobre todo, que se negoció mal y que se cometió un error respecto de las bases sobre las cuales se calcularon las franquicias, sin considerar los beneficios estipulados en el acuerdo. Señalan que se ha cedido mucho por tres productos: el trigo candeal, la cebada y la avena, que no representan más que el 1,2 por ciento de la producción agrícola total, y no el 8 por ciento del producto interno bruto, que corresponde a la producción agrícola del país. Son tres productos de los cuales Chile ni siquiera se autoabastece, y que son un importante insumo para otro tipo de productos agroindustriales que desea desarrollar o exportar, como pastas, cervezas y la producción de carne y leche.

Afirman que se ha obtenido muy poco porque la fruta fresca ya entra a Canadá con arancel cero, en las estaciones en que nos corresponde exportar. Todos sus argumentos sobre las desventajas del acuerdo, incluso los errores de la negociación, se han basado en esta premisa.

¿Qué más querían? ¿Que hubiésemos protegido a estos tres productos cuando había razones más que suficientes para desgravarlos?

El Diputado señor Melero por lo menos reconoció con hidalguía al interior de la Comisión que daba por superada la discusión y reconocía que no se podía comprometer o cuestionar la orientación patriótica de los negociadores respecto de cómo habían operado en este caso.

Pero, curiosamente, la Sociedad Nacional de Agricultura ha insistido, dando la impresión de que ese error se cometió, lo cual ha sido el gancho sobre el cual viene todo el petitorio que posteriormente han hecho. Para ello, argumentan que cedemos mucho, que obtenemos poco y que los negociadores se equivocaron.

El Diputado señor Jürgensen preguntó en la Comisión qué gana la agricultura tradicional con el acuerdo con Canadá. En el fondo, gana mucho cuando va al supermercado, como consumidora, y gana como exportadora. Además, tiene estabilidad respecto de mercados cuyo nivel de proteccionismo no podemos predecir ni tampoco impedir, dado nuestro tamaño relativo.

Por lo menos, debieran reconocer que en la negociación con Canadá no se ha cedido más que en el Mercosur en lo que respecta a nuestros productos sensibles. Mantenemos nuestras bandas de precios y la desgravación del trigo harinero a 18 años. Incluso, los productos lácteos, aun cuando aquí, a diferencia del Mercosur, están en lista de excepción, se encuentran afectos a cuotas, a las cuales pueden acceder terceros países, que equivalen a más de lo que es nuestra exportación total de esos productos. En la práctica, nos beneficiamos de cero arancel al interior de esas cuotas, a diferencia de otros países, que tienen condiciones muy distintas.

Cuando la Sociedad Nacional de Agricultura nos pide una desgravación unilateral de los insumos agrícolas, por lo menos debiera reconocer que este acuerdo, una vez entrado en vigencia, permitirá contar con arancel cero para adquirir insumos y maquinaria desde Canadá.

Los costos reales de este acuerdo son ínfimos al lado de sus beneficios, especialmente para nuestras exportaciones agrícolas, que representan el 64 por ciento de lo que exportamos a Canadá, sea que actualmente se paguen o no aranceles en ese país. En seis años más entrarán a Canadá con arancel cero.

En la práctica, dos tercios de los productos agrícolas que importamos de Canadá van a demorar hasta el 2014, con el objeto de desgravarse en las mismas condiciones. Para nosotros, conservas, vinos, piscos, licores, hortalizas y legumbres; el régimen de solución de disputas y las soluciones a prácticas discriminatorias para la comercialización de nuestros productos, como el vino. Se consolidan la cláusula de nación más favorecida y preferencias unilaterales que se hayan otorgado por vía del sistema general de preferencia.

La fruta fresca podrá actualmente tener, en las estaciones en que se exporta, arancel cero en Canadá. Pero nadie puede garantizar que no se le va a imponer nuevos aranceles en el futuro, ni siquiera que eventualmente no se pueda echar mano a medidas administrativas que están en la legislación canadiense.

El señor Pedro Daza , después de haber sido muy crítico respecto del tratado con el Mercosur, manifestó en la Comisión que en este caso concreto estábamos en presencia de un acuerdo integral, con los elementos adecuados para aprobarlo: la introducción de los servicios, el régimen de solución de disputas. Incluso, celebró la actuación del equipo negociador y la forma como se había conducido.

Sin embargo, hoy, para votar a favor, la Sociedad Nacional de Agricultura pide a cambio una compensación constituida por subsidios o créditos blandos para los agricultores. En el fondo, subsidios a la producción. No pide educación rural, electrificación rural, sino subsidios a la producción -¡la típica cosa!-, con el objeto de producir exactamente lo mismo y no hacer nada muy relevante dentro del sector. Además, en el diario de hoy nos piden una cuenta por los 500 millones de dólares que se ofrecieron en el Senado con motivo del tratado con el Mercosur. ¡Hasta cuándo!

En este caso, ni siquiera pueden cuantificar los daños que se exige reparar.

Discrepé de esa promesa hecha en el Senado cuando se discutió el tratado con el Mercosur. Sinceramente, espero que no se vuelva a repetir. Si se quiere discutir sobre el agro, hagámoslo con motivo de la ley presupuestaria, pero no como un chantaje a importantes acuerdos comerciales que van en beneficio nacional. Sorprende cómo ciertos sectores pueden hacer libremente determinado tipo de afirmaciones sin que nadie reaccione.

La Sociedad Nacional de Agricultura hoy hace algo distinto de lo que ayer hizo con Mercosur. En Mercosur dieron una visión más dramática; se sentían amenazados y trajeron asociaciones de productores de tres o cuatro regiones para demostrarnos cómo la desgravación, la integración física e incluso la cláusula democrática, podían de alguna manera generar una amenaza brutal a toda la estructura productiva de vastas zonas del país. ¿Por qué no han hecho lo mismo en este caso? ¿Dónde tienen cuantificado el daño real que produce al país la reserva que ellos tienen al acuerdo comercial con Canadá?

Espero que el Gobierno no cometa el error de ceder ante esta presión. Si se quieren oponer al acuerdo, que lo hagan, dejen la huella dactilar respecto de lo que quieren hacer y le digan a la gente si van a optar por un sector, por el país, por tres productos agrícolas o por los beneficios agroindustriales que existen a través de este acuerdo. En la práctica, esos tres productos no representan más allá de un intercambio comercial de 24 millones de dólares. El trigo candeal, básicamente, no es producido en Chile.

Esa opción la tomarán a cambio de sacrificar un intercambio comercial que, en el último año, alcanza a cerca de 500 millones de dólares. Si quieren decir no, expliquen también por qué motivo van a generar una señal negativa en lo que, eventualmente, se refiere a una futura negociación con el Nafta, porque ella causará impacto.

En segundo lugar, la rebaja unilateral versus estos acuerdos comerciales es la crítica más liberal que uno escucha, y debo decir, con toda sinceridad, que es la más consistente y sólida en la medida en que no se mezcle con protecciones al trigo, cebada, malta y avena, porque expresa una supuesta inequidad en nuestra política exportadora.

Pero nadie renuncia, en este caso, a rebajar nuestro arancel en forma pareja. Las concesiones otorgadas se hacen sobre la base de un arancel que está en el 11 por ciento, en términos legales internos, e incluso, por debajo de los compromisos ante la OMC de un arancel consolidado del 25 por ciento.

Chile ya no quiere un arancel aduanero escalonado, distinto, producto por producto, que normalmente es negociado según criterios de orden interno y a través de procedimientos y presiones que dejan muchas dudas acerca de las decisiones que se toman y del sistema de asignación de recursos. Hoy estamos frente a un acuerdo que rebaja aranceles. No es fruto de una negociación interna, sino a cambio de la seguridad de acceso a mercados en los cuales somos vulnerables, donde estamos expuestos al escalonamiento arancelario que perjudica nuestros productos de mayor valor, y a rebajas que hacemos en función de intereses comerciales concretos a partir del desempeño, necesidad y demanda de nuestra estructura productiva. Estos acuerdos potencian nuestra producción hacia el exterior y no generan condiciones de una mayor protección efectiva hacia la producción doméstica. Fomentan la competitividad de un modo que estoy seguro, en una negociación producto por producto en este Congreso Nacional jamás se podría lograr.

Incluso, los acuerdos con Canadá son una señal adecuada hacia el Mercosur y otros bloques. Con México estamos discutiendo sobre servicios. La Sociedad Nacional de Agricultura nos pide hoy que no compensemos al Mercosur por los beneficios que obtenemos con Canadá. Tal vez, al Mercosur no le convenga darnos esas condiciones, pero ¿qué pasaría si nos diera la desgravación inmediata para la fruta, conserva o textiles en seis años? ¿Por qué no generan las condiciones para llegar a ofrecer condiciones para algún tipo de aceleramiento con Mercosur? Estos acuerdos son plenamente compatibles con una rebaja unilateral. Por lo demás, generan una presión para futuras rebajas y no para nuevas alzas. Son plenamente consistentes con el compromiso de liberalizar por completo nuestro comercio exterior al 2010. Además, son un seguro para cumplir la meta en los plazos previstos y sin grandes traumas. De otro modo, nadie podría tener garantía de que estaremos libres de presiones para votar cuando se cumplan esos plazos.

En las regiones Tercera y Cuarta, 13 mil productores de pisco se oponen a la disminución del impuesto específico al whisky, lo cual, en la práctica, pone en peligro compromisos que hemos asumido con la OMC y generan el riesgo de una eventual reclamación internacional contra nuestro país. Cuando uno ve eso, tiene serias dudas sobre qué podría ocurrir si no avanzáramos en la dirección correcta en lo que debemos hacer de aquí hasta los plazos a que nos hemos comprometido.

El Congreso Nacional, en junio de 1991, despachó por ambas Cámaras una rebaja del 15 al 11 por ciento. Creo que ese ambiente político no se producirá nuevamente, por lo que deberemos generar los estímulos adecuados para lograrlo.

En tercer lugar, los anexos laborales y medioambientales son previsibles y, además, deseables. En la práctica, uno hubiera podido prever la introducción de variables con carácter de sanciones comerciales por contravenciones a eventuales estándares laborales o ambientales que se hubieren acordado. Podríamos haber tenido esa amenaza, pero el equipo negociador logró que mantuviéramos nuestra soberanía y autonomía y, al mismo tiempo, generó una estructura de reclamación que no tenía ningún impacto comercial. Eso hay que celebrarlo y reconocerlo.

¿Con quién queremos compararnos? ¿Con países con bajos salarios, escasa preocupación por el medio ambiente y que convierte eso en una ventaja comparativa para obtener una ventaja fácil? Agreguemos que muchas veces esos países tienen una política fiscal, monetaria y cambiaria que sólo se puede predecir con una bola de cristal, con presiones, inestabilidad social y una élite política extraordinariamente errática, en la que normalmente, el único factor decisorio es un presidente que llega al gobierno después de una elección donde ha hecho un gran ofertón, para después aplicar un programa de ajuste muy distinto de su oferta primitiva. ¿Qué queremos hacer? ¿Compa-rarnos con esos países? ¿O comprender que la ventaja está en una fuerza laboral con un enfoque más estructural de mediano y largo plazo, con mayor capacitación, mejor educación y aumento en los salarios reales que permitan compartir entre todos los frutos del crecimiento? Todo ello en un entorno ambiental con estándares comunes con los países con los cuales queremos comerciar y con la tecnología adecuada a fin de que ese crecimiento, de alguna manera, nos permita respirar, circular y vivir dignamente en un ambiente en que podamos sentirnos cómodos; es decir, un país más sofisticado, con entorno social estable, confiable, que atraiga capitales, con políticas públicas serias y responsables y con una fuerza laboral cada vez más productiva. En verdad, ése es un círculo virtuoso que ayudará a encaminar en la dirección correcta a países que no tienen ningún tipo de estándares ambientales. Por eso, debemos generar estímulos para que los tengan, con el objeto de que cualquier acuerdo futuro de esos países o con otros bloques no esté exento de este tipo de temas: Argentina, Brasil, Perú -para qué decir-, Colombia y tantos otros dentro de nuestra propia región.

Estos acuerdos van en la dirección correcta y son reafirmaciones de lo que deseamos hacer. No comprometen nuestra soberanía y, en la práctica -lo digo con toda sinceridad-, tampoco nuestros flujos comerciales. Resultaría absurdo que alguien viera en estos acuerdos una mala señal para generar una economía más sofisticada, con más y mejores empleos, con mayores estándares de vida y un seguro de que el crecimiento económico del país será para todos.

Tengo dudas de si la Conama cumplirá la meta de los plazos para sistematizar la legislación que debe hacer al amparo de este acuerdo. Hay mucho en nuestra institucionalidad ambiental que funciona mal. Los tribunales, en el caso Trillium; la Corte Suprema, la Contraloría y la misma Conama , en su reglamento, están dando lugar a un esquema que, de alguna manera, no está funcionando bien si genera arbitrariedades, no se conocen de antemano los parámetros, los criterios y los objetivos que se quieren satisfacer y se presta para sorpresas. En la práctica, tendremos que hincarle el diente a este tema. No es una crítica al equipo negociador ni tampoco al hecho de que es conveniente tener un acuerdo de esta especie, sino a nuestra legislación interna, y debemos enfrentarla adecuadamente.

Estoy convencido de que este acuerdo puede ser un estímulo para reformar la ley, especialmente en los plazos, para generar las condiciones para tener un diagnóstico común acerca de qué hay que hacer y en qué dirección ir.

Todo el mundo opera como si el tratado será aprobado. Nadie entendería su demora o un rechazo, lo cual sería una excentricidad de esta Cámara, porque algunos están pensando -estoy seguro de que no se opondrán ni votarán en contra- en abstenerse. Por el sistema de quórum, como lo dijo el Diputado señor Valenzuela en la Comisión, abstenerse es votar en contra.

Hoy está internalizada la aprobación del acuerdo; todo el mundo lo espera. La editorial de “El Mercurio” del domingo pasado, de una manera asertiva, mucho más de lo que es normal en la línea de ese medio, lo dice. Carlos Cáceres expresa hoy que no se entendería una postergación del tema en la Sala. Quisiera una votación nominal, pero entiendo que la electrónica nos la va a dar. Aquí cada cual debe asumir su responsabilidad.

Ustedes no se han detenido a aquilatar la importancia política y estratégica de un acuerdo de esta especie, y de que la firma de tratados con varios países de América Latina y el Mercosur, Canadá y virtualmente con los europeos y el Nafta son, de alguna manera, algo que genera un entorno mucho más importante que un flujo comercial. Es una herramienta indispensable para que el país sea el principal inversionista latino en toda la región; una plaza financiera para hacer negocios, pues nos da visibilidad con socios de primer nivel y nos ayuda a proyectar confianza en una región que muchos desconocen o incluso temen. Es uno de los factores que nos permite diversificar nuestra relación comercial, al punto de darnos libertad frente a caprichos de terceros y estabilidad respecto de las reglas del juego en el plano interno. En el fondo, es la herramienta que permitió al Presidente Frei decir ante el Congreso de Estados Unidos de América, muy elocuentemente: “No venimos a pedir nada”, con un aplomo que no sólo sacó aplausos en ese hemiciclo, sino que, a mi modo de ver, llenó de admiración, respeto y orgullo de todos quienes lo vimos por televisión; aplomo por saber quiénes somos, qué queremos, qué somos capaces de ofrecer, cómo superar las confusiones, no perderse ni vacilar, algo tremendamente importante para un país que quiere surgir y algo que me parece de toda lógica pedir a la hora de aprobar un acuerdo que va en claro beneficio de la Nación.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Harry Jürgensen.

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente , nuestro país mantuvo hasta hace pocos años una estrategia de desarrollo económico y de apertura con el mundo entero, sin producir discriminaciones con determinados países o sectores económicos, lo que se consiguió mediante la desgravación arancelaria en forma unilateral, sin asumir compromisos ni tampoco negociar posibles ventajas comerciales.

Esta política económica, basada en el estímulo a las exportaciones, con un tipo de cambio alto y un costo financiero razonablemente bajo, con reintegro a la exportación y bajos volúmenes de producción, permitió el crecimiento sostenido y constante de nuestra economía, la creación de más de un millón de empleos y la reducción gradual de los niveles de pobreza, ya que en el período 1986-1994 más del 15 por ciento de la población salió de esa condición, lo que significa que aproximadamente dos millones de personas dejaron la extrema pobreza. Esto, gracias al crecimiento económico y armónico del país. Diversos estudios determinan que, de continuar con un ritmo de crecimiento de al menos un 6 por ciento anual, para el año 2000 otro millón de chilenos podrá abandonar esa lamentable condición de pobreza.

Sin embargo, a pesar de estos buenos resultados, se abandona el sistema de apertura unilateral y se introduce un cambio en la política económica, ya que se adopta la apertura bilateral, lo que en la práctica significa que la autoridad gubernamental decide a qué sectores, a qué regiones y a qué países beneficiar, dependiendo de la negociación de cada uno de los acuerdos comerciales. Ya no se abren por igual las posibilidades de desarrollo de todos los sectores económicos y de la totalidad de las regiones del país, sino que se decide privilegiar a algún sector económico o región en especial, en perjuicio de otras.

Así ocurre con los acuerdos bilaterales con México, Venezuela y el Mercosur, produciéndose además en todos ellos un aumento considerable de los déficit comerciales. En 1996, con México se llegó a un déficit por sobre los 780 millones de dólares; con Venezuela, de 172 millones; y con el Mercosur el déficit comercial crece de 1.045, en 1995, a 1.740 millones en 1996.

El Tratado de Libre Comercio con Canadá tampoco será la excepción, pues según los antecedentes oficiales este acuerdo aumentará las exportaciones chilenas en sólo 85 millones de dólares para el año 2003, mientras que las importaciones crecerán en más de 450 millones, incrementando el actual déficit comercial de 210 millones a más de 630 millones de dólares.

La discriminación positiva hacia los otros países firmantes de los acuerdos ha producido una importante desviación de comercio, aumentando las exportaciones de esos países. Hay que tener presente que con estos acuerdos se discrimina negativamente con todo el resto del mundo, por lo que nuestro intercambio disminuye. No puede afirmarse, entonces, que este tipo de acuerdos correspondan a un proceso de integración al mundo.

Pero, además, se produce una discriminación interna. En el tratado de libre comercio con Canadá se favorece, por ejemplo, al sector minero, a cierto sector industrial, a los productos del mar y, naturalmente, a todo el comercio importador. Sin embargo, otros sectores, como el de la agricultura, no percibirán efectos positivos. Desde hace seis años la agricultura más avanzada ya colocaba en Canadá sus productos libres de aranceles. Se nos dijo que el resultado positivo de esta parte de la negociación es que gracias a este acuerdo comercial Canadá no podrá subir sus aranceles en el futuro. En verdad, llama la atención tal afirmación, porque ese país ya había consolidado el arancel cero para las frutas, en 1995, en la Organización Mundial del Comercio, lo que significa que estaba impedido para subirlo posteriormente en forma unilateral. Es decir, aquí nada se ha ganado para ese sector.

El otro gran éxito que se le atribuye es la mantención de las bandas de precios y la desgravación lenta de los productos agrícolas más sensibles, como el trigo y la carne. Pero lo cierto es que con estos procedimientos no se está ofreciendo una solución ni una alternativa a la agricultura, sino sólo que el efecto negativo se extienda en el tiempo, porque estas exportaciones deben ir desapareciendo en ese mismo lapso, puesto que no hay ventajas relativas.

Los defensores de los acuerdos bilaterales dicen que gracias a la discriminación positiva hacia ciertos países se logran abrir nuevos mercados y nuevas posibilidades para algunos productos de nuestro país. ¿Cuáles son esas nuevas posibilidades para la agricultura aparte de la salsa de tomates? ¿Por qué no se considera en la negociación de los tratados la realidad económica de las regiones del sur? Desde la Séptima a la Undécima regiones, que basan su desarrollo en la agricultura, ya no tendrán ventajas relativas en el cultivo del trigo, del arroz, del raps, de la maravilla, de la remolacha y de la carne. ¿Dónde están las ventajas relativas de esas regiones? En la zona central, en la producción de maíz; en el sur, en la producción de leche. Pero, ¿qué pasa? Los productos lácteos, las aves y los huevos quedan en lista de excepción. Francamente, no se amplía el mercado para Chile, con excepción de las 39 mil toneladas en que participan alrededor de 40 países. Es decir, Chile podría, eventualmente, exportar a Canadá cerca del 1 por ciento de su producción de carne de ave. En los productos lácteos se mantiene el arancel del 250 por ciento, y se entrega una cuota mínima para algunos productos lácteos.

El sur ha vivido una revolución blanca en los últimos años. Allí se ha duplicado la producción de leche, casi con el mismo número de vacas. Es probable que este año la producción nacional cubra perfectamente todo el consumo del país, y a partir del próximo será necesario exportar los excedentes. ¿A dónde los exportaremos? A Canadá no se puede, porque ese país mantiene un 250 por ciento de arancel. A Brasil es difícil, porque allí el arancel es del 12 por ciento. Por su parte, Argentina, Uruguay y Paraguay ya están vendiendo sus productos lácteos sin aranceles.

La información de Internet sobre la producción láctea de Canadá termina con la siguiente frase: “La producción de leche no son sólo dólares; es una forma de vivir, lo que obliga a su protección permanente y total”.

Nuestros campesinos y pequeños agricultores del sur viven de la leche, que constituye su ingreso mensual durante toda la primavera y el verano y, en el invierno, son los terneros los que producen el resto de sus ingresos para mantención.

¿Por qué no abrimos, entonces, en forma amplia los mercados para los productos lácteos? ¿No se han dado cuenta de que las regiones del sur están perdiendo, día a día y año a año, las posibilidades de desarrollo? Si los negociadores hubieran tenido más consideración con la realidad económica de las regiones del sur, habrían exigido una cuota importante y libre de aranceles en Canadá para todos los productos lácteos, y no sólo para un reducido número de productos.

Hoy, la agricultura está concentrando sus inversiones en la producción láctea. El sector lechero está incorporando cada vez más tecnología; está importando genética, a través de semen y embriones, que se trae de Canadá, de Estados Unidos y de Nueva Zelanda. Sin embargo, para vender un kilo de queso en Canadá, que en Chile vale mil pesos, ese país lo grava con otros 2.500 pesos de arancel. Es decir, estaría llegando con un costo mínimo de 3.500 pesos. De esa forma, no se abren posibilidades de mercado a la única alternativa que tienen las regiones del sur: la producción láctea.

Estos acuerdos bilaterales no producen un crecimiento ni un desarrollo armónico en todo el país, sino sólo cierto crecimiento en algunas regiones, en perjuicio de otras.

Por esa razón, voy a votar en contra del proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado de Libre Comercio.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

En nombre de la Corporación quiero dar la bienvenida a la colega señora Isabel Allende, que estuvo aquejada de una enfermedad.

-Aplausos.

-La Diputada señora Allende recibe un ramo de flores en nombre de la Mesa.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , agradezco su gesto en nombre de la Mesa, y estamos muy satisfechos de que, luego de varias operaciones, la Diputada señora Isabel Allende , ya plenamente restablecida, nos acompañe esta mañana.

La Cámara de Diputados debe pronunciarse sobre el Tratado de Libre Comercio con Canadá, posiblemente el más importante sometido a nuestra consideración, por la magnitud económica del país de que se trata.

Lo primero que deseo hacer resaltar para claridad de la Sala y de la opinión pública, es que aquí existen solamente dos opciones: votar que sí o rechazarlo votando que no. Todos los parlamentarios sabemos que, de acuerdo con los quórum establecidos en la Constitución, la aprobación de un tratado de este tipo requiere un número determinado de votos positivos: los cuatro séptimos de los diputados en ejercicio. Por ende, no existe la opción de abstenerse o de retirarse de la Sala, que es lo mismo que votar que no, solamente que de un modo hipócrita, poco claro.

Por lo tanto, insto a cada uno de los diputados a que adopten una posición clara y expresa y a que no confundan a la opinión pública, porque la confusión o ambigüedad es, precisamente, lo que contribuye al descrédito de la política y a la pérdida de fe y de confianza en las actuaciones de los políticos frente al país, y a que se pronuncien a favor o en contra.

Todas las personas que alguna vez han participado en un acuerdo, negociación o tratado, saben que cada una de las partes finalmente hace un conjunto de concesiones, valorando el paquete, la globalidad. Es imposible alcanzar un acuerdo, negociación o tratado -cualquiera que sea, desde la constitución de una junta de vecinos hasta cualquiera situación en un barrio o en el ámbito deportivo, político o comercial- si una de las partes pretende obtener un resultado ciento por ciento positivo. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, cuando un sindicato maneje un acuerdo salarial, diciendo que no puede hacer ninguna concesión a la otra parte.

Por ende, aquí se trata de hacer un análisis global para entender si este tratado, que es fruto de una negociación, favorece o desfavorece al país. Me parece que ese juicio de conjunto es categórico, claro, indesmentible y positivo, y nadie en esta Sala puede sostener lo contrario. Tal vez hay personas que quisieran que sólo hubiera puntos favorables, sin hacer ninguna concesión. Sin embargo, eso revela un irrealismo absoluto sobre la vida y las negociaciones.

Lo que está en juego es un concepto: economía de mercado abierta al exterior. Eso es lo que hoy debemos ratificar o no con nuestra votación. Las exportaciones han sido el motor -la locomotora habría dicho un Senador que nos visitaba y que, al parecer se ha retirado de la Sala- de nuestro crecimiento y desarrollo.

Hay quienes han defendido -me refiero a parlamentarios de Oposición, entre otros, el Senador Piñera-, la conveniencia de una apertura unilateral de Chile, argumentando que son tantas las ventajas del comercio exterior, que a nuestro país le conviene abrir su economía, rebajar sus aranceles, recibir los productos del resto del mundo, sin necesidad de demandar, como paso previo, que los otros se abran a nuestros productos. Ésa ha sido la tesis tradicional sostenida hasta el día de hoy por la Derecha, pero, al parecer, la que se impone es la tesis opuesta. Debemos reconocer que la historia reciente de nuestra economía aporta argumentos relevantes en favor de dicha concepción y que efectivamente, al abrirse en forma unilateral durante todos estos años al mundo, nuestro país obtuvo ventajas económicas importantes.

Hace algunos meses discutíamos el tratado de asociación con el Mercosur, oportunidad en que dábamos cifras relevantes. El Mercosur, como conjunto de países, tiene una clara desproporción en cuanto a población, toda vez que la de Chile está en relación de 1 a 20 respecto de la del Mercosur. En cuanto a la producción, la del Mercosur está en relación de 12 a 1; sin embargo, las exportaciones y el comercio representan una proporción de 1 a 3. Esto demuestra el peso que tiene en nuestras exportaciones e importaciones -según los distintos aspectos que se consideren- la apertura al comercio con ese mercado: el 50 por ciento de nuestros productos a precios corrientes, y si se toma en cuenta el volumen, casi el 80 por ciento.

Sin embargo, la apertura unilateral ha conducido a que seamos grandes vendedores de productos primarios, porque en eso tenemos ventajas competitivas, pese al cierre de los otros mercados. Entonces, vendemos fruta y productos agrícolas, porque la agricultura es el sector que ha demostrado más potencia para competir en el mundo, contradiciendo lo que sostienen quienes creen que debe protegerse con cheques, subsidios y postergaciones que la condenan a la ineficiencia histórica, teniendo en consideración, sin duda, que los procesos de transición y transformación requieren apoyo del Estado hacia aquellos sectores que no los pueden llevar a cabo por sí mismos. Pero la agricultura chilena ha demostrado que es capaz de competir, al igual como lo han hecho los productores de salmones y de productos primarios. La pregunta es si Chile continuará siendo exportador de fruta, de salmones, de pescado hecho harina o de madera hecha astillas, o será capaz de producir productos complejos más elaborados.

¿Quiénes son los grandes sacrificados con la apertura unilateral? El sector textil, por cierto, que es complejo, requiere mano de obra, y ha entrado en crisis debido a esta apertura unilateral; el sector del calzado e importantes sectores del empleo industrial y urbano de Chile. También está el sector del vestuario -como bien lo acota el Diputado señor Seguel -, que también ha sido afectado. Por último, los productos agrícolas elaborados, porque los países industrializados se defienden aceptando con arancel cero o muy bajo los productos no elaborados y con aranceles elevados los manufacturados; pero como el arancel se aplica sobre el valor total del producto -que tiene el 80 ó 90 por ciento del producto primario-, resulta que éste no es del 20 por ciento, sino que termina siendo, para los efectos económicos, del 80 ó 90 por ciento por concepto de castigo de la parte elaborada, lo cual hace imposible que el país venda productos elaborados y nos condena a ser productor de materias primas. Por esta razón económica básica apelamos al Tratado del Mercosur , porque -como lo sostuvimos- nos ofrece una oportunidad que no nos da el resto del mundo: vender productos más complejos, más elaborados.

En esa ocasión, se nos dijo que esto generaba un problema técnico, denominado desviación de comercio. En la medida en que se le da preferencia sólo a un mercado, se produce un problema respecto del resto del mundo. Por ende, se deben rebajar unilateralmente los aranceles con el resto del mundo, es decir, abrirse unilateralmente, que fue lo propuesto por el Senador Piñera y otros de la Oposición. Al respecto, el Gobierno plantea la rebaja de los aranceles en el segundo semestre del año.

Evidentemente, el Tratado de Libre Comercio con Canadá soluciona de manera muy importante ese eventual problema, pero lo hace de un modo más positivo que la apertura unilateral, la cual no descarto. Sin embargo, es mejor la apertura negociada, que permite que el otro país también se abra, porque Canadá representa una de las siete grandes potencias económicas del mundo; es una economía plenamente desarrollada y nos permite abrirnos a un comercio de un volumen y magnitud suficiente para tener un período importante de expansión de nuestra economía.

Falta bastante tiempo para que seamos capaces de sentir que ya hemos saturado dicho mercado y abrirnos a otros. Por eso, me parece oportuna y positiva la estrategia de tener una negociación de aperturas mutuas. Creo que el balance de la negociación con Canadá es extraordinariamente positiva, en especial si este tratado se analiza desde el punto de vista de la complejidad de la economía chilena, de la posibilidad de dejar de ser productores primarios y convertirnos en un país de productos elaborados -en particular en lo que se refiere a la agricultura, gran beneficiada con esta posibilidad de integrar un desarrollo agroindustrial, como también para la industria textil, del calzado y los sectores que han pagado un mayor costo en el pasado- es muy positivo para Chile.

Quizás debamos lamentar que, por razones de negociación interna, han debido postergarse los beneficios para las masas consumidoras más pobres del país, porque los automóviles, televisores, hornos microondas, refrigeradores y computadores -bienvenidos sean- ingresarán con arancel cero desde el día en que se apruebe el tratado. Pero lo que consume la gente modesta es principalmente pan, harina, tallarines, leche, carnes, y resulta que, de un modo sistemático, es a ese sector al que, finalmente, se le niegan las posibilidades de desarrollo. Esta vez, por cierto, tiene una contraparte positiva, porque un trabajador textil, del cuero y calzado o de otras ramas industriales, tendrá posibilidades de mejores empleos, de vestuario y condiciones de vida, pero en cuanto a consumidor de productos básicos seguirá pagando más caro por un producto más deficiente, porque no está abierto a la competencia internacional.

Naturalmente, como contrapartida, está la protección a ese productor agrícola que, a lo mejor, hoy no tiene otra alternativa. Entonces, uno hace un balance, y dice: “Bueno, el productor agrícola de Puerto Varas posiblemente no tiene otra opción ante el Mercosur”, y frente a esta situación está el habitante de La Pintana, de La Pincoya o de Cerro Navia. ¿Requiere más ayuda el empresario agrícola de Puerto Varas o de Puerto Montt, o el habitante de La Pincoya? No se puede hacer de esto un dilema simple, porque el país requiere a todos sus hijos y provincias. Por lo tanto, es correcto hacer un balance, pero con equilibrio, entendiendo que cuando se protege a uno se desfavorece a otro que, quizás, es más modesto. Lo que era válido en el tratado del Mercosur, no lo es para este caso, porque acá no hay ninguno de esos sectores empobrecidos que esté sufriendo un costo. Eventual y muy marginalmente, los productores de trigo candeal de la Región Metropolitana, a los que no nos estamos refiriendo.

Por eso, nos encontramos ante un tratado que, teniendo una extraordinaria posibilidad económica para Chile, tiene un modesto aspecto de una competencia que, por lo demás, es bien discutible, incluso, que sea negativo, por cuanto de lo que se trata es de que Chile exporte no, quizás, trigo, pero sí pastas, tallarines, lasañas, productos elaborados con nuestras harinas, al mercado canadiense, y naturalmente, entremedio, incorporar no sólo a aquellos que los producen, sino también a los que se dedican a la fabricación de productos elaborados, por ejemplo, en Nos. Ello puede significar mejores trabajos y calidad de vida para mucha gente.

No me parece, ni es aceptable, que cada tratado o negociación para Chile sea visto como una oportunidad corporativa a fin de obtener un chequecito o un subsidio para un pequeño sector sobre la base de una estrategia de subnegociación. Frente al país estamos llamados a tomar una opción sobre el tipo de desarrollo y de país que queremos. Y rechazo del modo más terminante, la actitud corporativa que una vez más ha demostrado el gran empresariado de Chile.

Cuando se trata de viajar en avión con el Presidente de la República y conseguir tratados para abrir mercados, excelente; pero basta que un pequeño subsector diga: “Mire, yo tengo un pequeño costo”, para que todos se queden callados, desaparezcan, dejen de hablar y subordinen los intereses del país a los parciales y, además, creo, malentendidos, de un sector que no se ha dado cuenta de que nuestra agricultura tiene más potencia, más capacidad de trabajo y de competir que la que ellos ven, porque, sin duda, nuestros vinos, nuestra fruta y nuestros productos pueden llegar a Japón y a muchos otros países, porque tenemos capacidad de hacerlo. Encuentro lamentable la estrechez de miras y los intereses muy parciales que se anteponen al interés nacional.

Por lo tanto, invito a la Sala a ratificar el tratado. Insto a todos los parlamentarios a ser claros y a decir al país si respaldamos o no una economía abierta de exportación, pero, ahora, no primaria, sino además, con valor agregado, con mejores empleos y con mejor calidad de productos, que es lo que este convenio nos ofrece.

Seamos claros y no busquemos subterfugios para salir de la Sala o abstenernos tratando de lograr, como resultado de la negociación, cheques o pequeños subsidios que, en este momento, no corresponden a una visión de país, y de irnos por la vía del engaño a la gente. Seamos claros, repito, aquí en la Cámara de Diputados: se vota “sí” o “no”, en forma transparente.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis, hasta por once minutos.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente , por segunda vez, en pocos meses, nos vemos abocados a la discusión de un nuevo tratado en materia comercial, en esta oportunidad, con Canadá.

Independiente de las particularidades que presente cada uno de los tratados, ésta es una ocasión propicia para analizar la política exterior chilena y temas de más largo aliento, como es el del libre comercio.

Igual como lo hice al iniciar mi intervención, con motivo del acuerdo con el Mercosur, digo que estamos en presencia de una materia vinculada al libre comercio, sistema al cual adhirió nuestro país hace muchos años como base de su estrategia de desarrollo.

Tal como lo señalé en aquella oportunidad, existen, de manera genérica, dos formas de abrirse al libre comercio, que no son incompatibles entre sí, sino, por el contrario, a raíz de lo que está ocurriendo en el mundo, ambas estrategias deben complementarse en la celebración de tratados bilaterales o multilaterales, y la apertura unilateral.

Al margen de estas dos visiones genéricas, desde mi perspectiva, el libre comercio debe enmarcarse dentro de un principio fundamental: abordar materias de carácter comercial.

En esta oportunidad, y con motivo de la discusión del presente tratado, quiero ahondar en esta reflexión que no es menor y es oportuno hacerla.

Hace dos años se realizó la Ronda de Uruguay que, en síntesis, busca de manera casi universal, una liberalización del comercio mundial en un lapso determinado. Visto de una manera relativamente simple, la única razón que justificaría la suscripción de tratados bilaterales o multilaterales sería que nuestro país acelere este proceso de desgravación, asegure mercados o rebaje el arancel promedio que establece la Ronda de Uruguay.

Sin embargo, el problema es más complejo, y es aquí donde, a mi juicio, desde ya debe existir una definición como política de Estado.

Tal como lo señalé, la Ronda de Uruguay significa liberalizar el comercio mundial, lo que implica la libre transacción de bienes y servicios entre países.

La pregunta que surge, a partir de esta realidad, es si tanto los países en desarrollo como los desarrollados van a estar dispuestos a liberalizar el comercio mundial. Mi respuesta es categóricamente negativa, por los distintos grados de desarrollo de los países, por lo tanto, distintos grados de bienestar, los cuales también significan costos.

En la actualidad, la incorporación de los países en desarrollo y los desarrollados -tal como lo señalaba el Diputado señor Estévez- ha sido básicamente en torno a aranceles bajos respecto de materias primas, pero en la medida en que los países en desarrollo van incluyendo valor agregado, los aranceles van subiendo.

Hasta ahora, la manera que en general se han enfrentado estos dos mundos es tal como la señalaba, se ha concretado a través de instrumentos como, por ejemplo, las barreras paraarancelarias, las cuotas de ingresos de productos y los temas arancelarios.

En torno a este nuevo escenario de la liberalización del comercio mundial, ¿cómo los países desarrollados van a proteger sus niveles de bienestar? La respuesta -por eso no ha sido un punto menor que he planteado en el curso de la discusión del Tratado de Libre Comercio- está comenzando en el Tratado con Canadá.

Como los señores parlamentarios pueden advertir, este acuerdo aborda no sólo materias comerciales, sino que, por primera vez, se incorporan los temas medioambiental y laboral. Por lo tanto, es por esta senda donde debemos empezar a visualizar cómo enfrentaremos en el futuro el proteccionismo de los países desarrollados. Esto no es menor, porque estamos tratando de incorporarnos al Nafta y a la Unión Europea, y no me cabe la menor duda de que en las negociaciones respectivas van a ser temas capitales. Por lo tanto, no es indiferente a esta altura, en el debate de hoy, conocer la postura que va a tener el país frente a esos dos tratados.

En el acuerdo con Canadá se respeta la legislación interna en materias medioambiental y laboral.

En segundo lugar, también se establece un principio muy importante, y es que en caso de no respetarse esa legislación interna, no existen sanciones de tipo comercial, y tiene un tercer principio que también es importante: la no aplicación de estándares internacionales por parte de esos países respecto de la legislación interna.

La inquietud que me surge -y es la reflexión que hago y también la definición que, al menos, en términos personales adoptaré- es si la definición que se adopta hoy es el piso o el techo.

Si como principio sostengo que en materias comerciales debe regir el libre comercio y, por lo tanto, deben regular materias comerciales, estos tratados anexos deben enmarcarse, al menos, dentro de esa línea gruesa.

Quiero ser categórico. Tal como el Diputado señor Estévez exigía definiciones, también hoy quiero definirme, al menos, en términos personales. En la negociación con el Nafta o con la Unión Europea no estaré dispuesto a aceptar un tratado que implique barreras comerciales cuando se “vulnera”, de acuerdo con estos países, la legislación medioambiental o la laboral. Es el primer principio que quiero definir.

Hay un segundo principio que quiero definir: es el relativo a la legislación interna en esas dos materias.

En tercer lugar, en materia de principios al respecto, no estaré dispuesto a aceptar que se impongan estándares internacionales en ninguna de estas dos negociaciones. Si tales tratados incorporan estos temas bajo dicho ámbito, desde ya, y adelantándome a futuras discusiones, mi votación será absolutamente negativa, por cuanto considero que el interés de estos países no es proteger el medio ambiente ni los temas laborales, sino, simplemente, colocar una barrera proteccionista a los países en desarrollo ante la liberalización que se está produciendo en el comercio mundial.

Por eso, por intermedio del señor Presidente , deseo preguntar a los Ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores -no a título personal ni como ministros, en particular- cuál va a ser la posición de Chile ante estos temas en la negociación con el Nafta o con la Unión Europea y si ellos, tal como ocurre con los principios que se resguardan en el tratado con Canadá, constituirán el techo o el piso de esas negociaciones.

Votaré favorablemente el tratado con Canadá en el cual esos principios se encuentran consagrados, aun cuando no lo considero el ideal, pero reconozco que Chile no tiene un peso relativo para imponer sus condiciones en el comercio mundial. Sin embargo, ésta no es una definición menor, sino de Estado, anterior a la negociación. No vaya a ser que nos encontremos con sorpresas cuando estos temas se presenten ante el Congreso, sobre todo en relación con principios que, desde mi punto de vista, se estarían vulnerando. Por eso, considero que esta materia debe ser definida hoy y no cuando negociemos con el Nafta o con la Unión Europea.

Por lo tanto -reitero-, por intermedio de su Señoría, deseo consultar a los Ministros presentes cuál será la postura de Chile en la negociación de esos tratados.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Ministro de Hacienda.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , ante la pregunta formulada por el Diputado señor Orpis, quiero reiterar lo que hemos explicado y comentado tantas veces. Junto al Ministro Secretario General de la Presidencia , señor Villarzú -que se encuentra presente en la Sala-, tuvimos la ocasión de explicar a su Señoría y a otros parlamentarios el alcance, ámbito, intención y delimitación de los acuerdos laborales y medioambientales.

Existe una absoluta certeza -las señoras y señores diputados así lo han visto- de que no se imponen estándares de terceros países, sino nacionales, de acuerdo con las leyes que soberanamente cada uno de los países establece, vota y acuerda. Como efectivamente señaló en su intervención el Diputado señor Orpis, en el caso de los acuerdos entre Chile y Canadá se ha optado por evitar expresamente las sanciones comerciales, es decir, se está buscando no entremezclar las disposiciones del comercio relativas a la importación y exportación con las normas medioambientales y laborales de cada uno de los países. Por el contrario, se establece un sistema de paneles, resguardos, consultas, cooperación y, eventualmente, de multas, que son administradas por los países y se reinvierten a fin de mejorar la fiscalización y aplicación de las normas soberanas de cada cual.

Como Gobierno, hemos sido absolutamente claros en todos los foros -por ejemplo, puedo atestiguar la votación del Ministro Jorge Arrate en la reunión de Nueva Delhi, con ocasión de tratarse el tema laboral- en no mezclar ni aceptar la imposición de estándares medioambientales y laborales, porque en algunas ocasiones ello puede traducirse en un proteccionismo disfrazado.

Los temas laboral y medioambiental son importantes para el Gobierno del Presidente Frei, para la Concertación y para muchos sectores de la opinión pública, y frente a ellos, sin que se entremezclen o actúen como condicionantes del libre comercio y de un intercambio fluido, debemos procurar aplicarlos, de acuerdo con nuestras normas y estándares. Puedo darle la seguridad al Diputado señor Orpis, y por su intermedio, a los señores diputados a quienes les interese el tema, que el Gobierno seguirá actuando con el mismo patrón en las eventuales negociaciones que tengamos a futuro.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra por diez minutos el Diputado señor Zarko Luksic.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente , se encuentra en plena discusión en el Parlamento la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá, y de los Acuerdos de cooperación ambiental y laboral. En esta ocasión, quiero referirme en forma especial al acuerdo de cooperación ambiental.

La primera pregunta que surge es: ¿Por qué Chile decide incorporar la temática ambiental en un tratado de libre comercio, qué beneficios le aporta y qué precedentes puede sentar?

El tema ambiental está cada vez más presente en la realidad del comercio internacional. Existe gran cantidad de convenciones, tratados y acuerdos internacionales sobre la materia, lo que demuestra su creciente presencia en las discusiones del mundo actual. Pero esta tendencia, que es una realidad inescapable del comercio exterior, aún no está suficientemente regulada, y es posible observar cómo en algunos casos el tema ambiental se utiliza para crear barreras adicionales al comercio.

El acuerdo de cooperación ambiental entre Chile y Canadá busca regular esa realidad y sentar precedentes en la materia, de acuerdo con las características de cada país.

¿Cuáles son los precedentes que conlleva el acuerdo complementario en materia ambiental?

En primer lugar, es necesario señalar que éste es el primer acuerdo en materia ambiental que firma Chile con uno de los “top ten” de las economías más desarrolladas del mundo.

Ahora, es legítima la preocupación sobre potenciales efectos negativos en materia ambiental, pero en este caso es necesario señalar que los precedentes son claramente positivos para Chile, teniendo presente futuras negociaciones comerciales que debe enfrentar el país.

¿A qué obliga el acuerdo complementario? A que cada país signatario cumpla efectivamente con sus propias leyes ambientales. Me pregunto, ¿qué tiene de raro que la instancia encargada de crear la norma jurídica, como el Parlamento, ponga énfasis en el cumplimiento efectivo de la norma por las distintas entidades fiscalizadoras de nuestro ordenamiento? Me parece lo más obvio, mínimo y lógico.

Por otra parte, queda claramente establecida la soberanía de las partes para darse sus normas ambientales de acuerdo con las características propias de cada país. En este sentido, tal como lo señaló el Diputado señor Orpis , vamos a resolver sobre normas ambientales propias de nuestro país, que nos hemos dado en virtud de las circunstancias de nuestro desarrollo. Ninguna de las partes puede imponer a la otra estándares ambientales distintos de aquellos que legítimamente establece su ordenamiento jurídico e institucional.

Por otra parte, se privilegia que la cooperación entre las partes será la herramienta principal para superar las deficiencias ambientales que se presenten. En este sentido, es necesario destacar que el esquema de gestión ambiental que utiliza Canadá se adapta mejor a la realidad chilena, ya que, al igual que nuestro país, basa parte importante de su economía en un manejo sustentable de sus recursos naturales.

La pregunta que debe formularse un diputado preocupado por la temática ambiental y de alentar un desarrollo sustentable, reflejados en la Ley de bases del medio ambiente, promulgada hace dos años, es si este tratado es o no una oportunidad para fortalecer y mejorar nuestra institucionalidad ambiental. Me atrevo a decir, en forma convincente que la existencia de una mirada fiscalizadora externa, además de las instancias normales establecidas en nuestro estado de derecho para velar por el cumplimiento de las normas ambientales, que en forma legítima se da en nuestro país, es positiva.

Chile se está abriendo a pasos agigantados para tener presencia en el mercado internacional, y su permanencia implica ciertas obligaciones y deberes, porque debemos medirnos con países medianamente desarrollados. Nuestro desafío -y ya lo dijo aquí un señor diputado - no es medirnos en materia de salarios bajos, ni tampoco con países que contaminan su hábitat y biodiversidad, sino que nuestras perspectivas y proyecciones son, precisamente, entrar digna y limpiamente en esos mercados internacionales.

Esta realidad es indesmentible, y los empresarios responsables -que son una gran mayoría- la entienden, porque saben que sus productos, que en su desarrollo cumplen con la normativa ambiental, son competitivos y aceptados comercialmente. Por eso fue tan decisiva la cooperación de entidades como la Sofofa o la Corporación de la Producción en el tratamiento de la Ley de bases del medio ambiente. Efectivamente, ésta es una gran oportunidad para fortalecer nuestra institucionalidad medioambiental y para mejorar el sistema de reclamación en caso de incumplimiento o de denuncias. En este sentido, este tratado, y concretamente su acuerdo complementario en materia medioambiental, no establece sanciones comerciales, pero sí sistemas para castigar o sancionar a aquellos países signatarios que no cumplen con lo establecido.

Concretamente, el ámbito que deben cumplir los países signatarios en materia ambiental incluye la no contaminación y la protección de la flora y fauna silvestres. Esto significa que nuestros empresarios deberán cumplir con las normas de calidad ambiental preestablecidas en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, los planes de descontaminación no sólo serán obligatorios, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico chileno, sino también fiscalizados y controlados por medio de este acuerdo complementario.

En temas tan importantes como el cumplimiento de la norma ambiental, Riles -residuos industriales líquidos-...

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Señor diputado , le queda un minuto de su intervención.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente , resumiré mi intervención en un minuto.

Basta transitar entre Santiago y Valparaíso y pasar por el sector del Noviciado, que lo cruza el río Mapocho, para comprender que los órganos encargados de fiscalizar la norma Riles deben velar por que los industriales la cumplan efectivamente.

En materia de suelos, es necesario considerar en los proyectos inmobiliarios estudios de impacto ambiental acorde con las normas establecidas en la ley general de Urbanismo y Construcciones. Así, hay una serie de otras normativas que consagra nuestro ordenamiento jurídico y que apuntan específicamente a la filosofía de este tratado comercial entre Chile y Canadá, la cual nos compele a votarlo a favor, a fin de que haya equilibrio entre el libre comercio de los productos, el respeto y protección del medio ambiente y el fomento y mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Eugenio Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , el acuerdo con Canadá es el tratado comercial más importante e integral que haya suscrito nuestro país, puesto que establece acuerdos en bienes y servicios, en protección de las inversiones, incorpora mecanismos de resolución de las controversias, elimina cualquier tipo de discriminación a las inversiones y contempla el compromiso de no imponer derechos antidumping, que es el mecanismo más recurrente que utilizan los países para aplicar medidas proteccionistas.

El análisis de estas materias requiere de una perspectiva de país.

La Oposición no puede continuar con el doble discurso de promover un modelo de economía abierta y, al mismo tiempo, entrampar las negociaciones de los tratados de libre comercio que, justamente, permiten consolidar nuestro desarrollo económico.

Es verdad que toda negociación requiere adaptar las condiciones de producción de algunos sectores, en particular de los más vulnerables. Por ello, se incorporan listas de excepción y plazos para la implementación de la rebaja arancelaria.

Seamos honestos. Parlamentarios de Oposición han sucumbido a la tentación de manipular la preocupación legítima de algunos productores y de vincular, inclusive, los problemas de comercialización y precios de algunos productos como la papa, que por razones fitosanitarias no tienen ingreso al país, salvo en algunas pequeñas partidas semielaboradas, con tratados que nada tienen que ver con la ley de oferta y demanda que va regulando el precio interno.

De hecho, en regiones han formulado un discurso fundado en un verdadero terrorismo o apocalipsis económico. Ello, a sabiendas de que aunque obtuvieren pequeñas ventajas electorales fundadas en proclamas populistas, en nada contribuyen a colaborar con el proceso de modernización, diversificación y transferencia que requieren especialmente los pequeños productores para incorporarse a los beneficios del modelo económico que dicen defender.

Por otra parte, los tratados de libre comercio, en particular para las economías pequeñas como la chilena, no pueden ser evaluados solamente por las incidencias en algunas áreas de la actual estructura de producción.

Los acuerdos comerciales representan una oportunidad para conquistar nuevos mercados, desconcentrar la economía interna, diversificarla, potenciar y estimular los procesos productivos con mayor valor agregado y modernizar los mercados.

Las aprensiones respecto de los acuerdos en materia laboral y ambiental son muy preocupantes, pues no es comprensible que importantes sectores de la economía y políticos hagan reparos a compromisos que permiten garantizar condiciones laborales y ambientales justas y sustentables.

No se puede pretender hacer de las falencias que presenta nuestra sociedad en estas áreas una ventaja comparativa de las exportaciones.

Negarnos a regular estas materias no sólo afectaría nuestra credibilidad frente a nuestros socios, lesionando gravemente nuestras oportunidades de negociación con el Nafta y la Comunidad Europea, sino que también comprometería el desarrollo sostenido y perdurable de nuestro modelo exportador.

Seamos francos: la discusión de fondo es sobre el modelo económico que deseamos impulsar en el país, y parte de la Derecha, conforme a su tradición, prefiere hacer suyas las demandas populistas, desconociendo los beneficios y avances que la mayoría de las organizaciones empresariales, de productores y exportadores, han reconocido vastamente a este tratado.

Ningún sector del país tiene derecho a abortar la oportunidad de desarrollo y crecimiento que representa para nuestra sociedad un acuerdo como el que discutimos. Incluso, si fuera efectivo que nuestra diferencia en la balanza comercial aumentaría en forma negativa, este hecho debemos analizarlo a la luz de las potencialidades del nuevo escenario en la totalidad del mercado mundial.

En el caso específico de la importación de trigo candeal -que, dicho sea de paso, su producción interna es insuficiente para satisfacer la actual demanda de la industria nacional- la rebaja de aranceles permitirá, sin duda, disminuir los costos de producción de la industria de pastas, la que ha experimentado un explosivo crecimiento en los últimos años, estimulando notablemente las exportaciones de estos productos.

Por lo tanto, a la hora del balance final lo que cuenta es cómo el tratado incide en el desarrollo de nuestra producción y, en particular, en la exportación.

Si analizamos con racionalidad el acuerdo, debemos concluir que la importación de materias primas en una economía de expansión, con marcado énfasis en la comercialización internacional, reporta un gran beneficio, en especial al estimular nuevas inversiones en productos con mayor valor agregado.

Ésa es una de las virtudes del acuerdo que, con claridad y sin ideologismos, han recogido importantes sectores, como el textil, el del calzado o el agrofrutícola, que en algunos rubros han representado dificultades para incrementar los niveles de exportación.

Si pretendemos extender los beneficios de nuestra economía a todo el país, debemos estimular el desarrollo de nuevas áreas de producción, sobre todo de las pequeñas unidades productivas.

No alcanzaremos los niveles deseados de desarrollo si focalizamos nuestros esfuerzos productivos sólo en las ya tradicionales áreas de exportación. Este tratado abre nuevas oportunidades, en particular a los productos con mayor valor agregado. Como país, nos sitúa en una relación preferencial con un socio tan importante como Canadá.

El desafío es diversificar nuestras exportaciones y, en este sentido, Canadá -¡qué duda cabe!- representa una gran oportunidad para Chile.

Ese país importa más de 155 mil millones de dólares anuales y Chile sólo participa del 0,1 por ciento de esa demanda.

El tratado es un aliciente para la modernización en áreas fundamentales para la economía, como las condiciones laborales y medioambientales. Si se tiene presente que ellas contribuyen a obtener un mayor nivel de desarrollo en el país, la bancada del Partido Por la Democracia concurrirá unánimemente a aprobarlo, porque es beneficioso para el desarrollo económico de Chile y el bienestar de su población.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente , soy un decidido partidario de la economía social de mercado, sistema que ha permitido a nuestro país y a muchos en el mundo ofrecer mejores expectativas de vida a su población. En consecuencia, valoro los esfuerzos del Gobierno por intensificar el intercambio comercial con las naciones amigas.

Sin embargo, frente a la suscripción de tres acuerdos con Canadá -comercial, laboral y medioambiental-, me surgen algunas aprensiones que me hacen pensar que acuerdos como los que se presentan hoy para su aprobación por el Congreso Nacional, no son todo lo beneficiosos que deseamos para el país.

Es sabido que la firma de convenios internacionales tiene costos y beneficios para los países firmantes y que, en nuestro caso, los costos de cada uno de ellos los ha asumido la agricultura. Ése es el primer problema que me preocupa.

Chile está negociando con países que tienen condiciones naturales muy superiores a las nuestras para el desarrollo de la agricultura, como los del Mercosur, o con países desarrollados que durante muchos años han protegido su agricultura y que, en consecuencia, en la actualidad cuentan con sistemas de protección totalmente consolidados, lo que les permite competir con claras ventajas frente a una agricultura absolutamente desprotegida como la nuestra. En el pasado, estos países entregaron una serie de subsidios directos e indirectos a la producción y a las exportaciones, de los cuales muchos se conservan en la actualidad -incluso, algunos aceptados por la OMC- y otros son camuflados y escondidos, de modo que resulta imposible exigir su eliminación.

Para Chile, con una cultura agrícola que constituye uno de los pilares de la nacionalidad, con un territorio muy especial, con una de las fronteras más difíciles, es la agricultura la actividad que permite que la población esté esparcida de norte a sur y de mar a cordillera, haciendo soberanía en los diferentes rincones de su intrincada geografía.

Todas las naciones del mundo, después de las dolorosas experiencias que nos enseña la historia, cuidan de conservar, aun a costos muy elevados, la producción nacional de alimentos y su agricultura, para asegurar el sustento de su población en momentos difíciles, mientras que nosotros, al parecer, no hemos aprendido la lección.

La preocupación ante la firma de nuevos convenios surge porque cada uno de los anteriores ha lesionado algún sector de la agricultura chilena. Ayer fueron las oleaginosas, la carne de vacuno, los granos e, incluso, la producción de pisco se encuentra amenazada por la competencia desleal, amparada en los acuerdos internacionales, sin que el Gobierno sepa cómo salir en su defensa. El convenio con Canadá afecta en lo inmediato a la cebada, y a mediano plazo a la avena y al trigo candeal, cultivos que, según las explicaciones del Gobierno, cubren sólo una pequeña parte de la producción agrícola nacional. Eso es cierto, pero si sumamos uno a uno los sectores amagados por los distintos convenios, al final de las negociaciones podrían resultar afectados todos los rubros agrícolas nacionales. Lo grave es que cada uno de los convenios toca un sector de la producción agrícola, de modo que cuando Chile termine de firmarlos es posible que deba poner una lápida a la agricultura nacional.

Frente a la polémica de si lo mejor para nuestro país es la adopción de medidas unilaterales o bilaterales, me parece que en la etapa actual de desarrollo económico es válido intentar el camino bilateral, porque permite adoptar algunos acuerdos que impidan daños mayores a nuestra economía. Lo importante es que en las negociaciones bilaterales los resguardos que se adopten sean de verdadera significación.

En el convenio en estudio se incluyen algunas materias de interés para nuestros sectores productivos, como el reconocimiento que hace Canadá a la denominación de origen “pisco”, que favorece la comercialización de este tradicional producto chileno en ese país del norte y que, a la vez, es un elemento positivo para su comercialización en el resto del mundo. Conviene destacar que esta denominación de origen, reconocida por la Organización Internacional de la Viña y el Vino, Oivv, constituye un patrimonio nacional, como lo son hoy las denominaciones de origen reconocidas para Francia, España u otros países.

En todo caso, a raíz del efecto que cada uno de estos acuerdos tiene para la agricultura y el país, creo que antes de firmar nuevos tratados se deben hacer dos cosas.

Primero, un balance de los efectos positivos y negativos que han tenido para el país los acuerdos comerciales, y una vez que se conozca dicho balance resolver si seguiremos firmando nuevos acuerdos.

Segundo, definir claramente los resguardos que se deben exigir a la firma de cada convenio, para que nuestro sector productivo agrícola o agroindustrial no quede en desventaja por efectos de las protecciones de que gozan sus similares, en especial en las naciones desarrolladas.

Otra de las aprensiones que suscita el tratado con Canadá es la firma de un acuerdo laboral. El Gobierno explica que se trata sólo del compromiso de que cada uno de los firmantes cumpla con su propia legislación y que representa un avance para la firma del acuerdo con el Nafta. Sin embargo, se establecen objetivos que parecen ir más allá de una simple promesa de cumplir con las propias leyes y se dispone de una serie de mecanismos para la concreción del acuerdo, todo lo que deja muy en claro que el alcance del convenio va mucho más allá del simple cumplimiento de las disposiciones internas.

Otro motivo de aprensión es la firma del convenio medioambiental que, como el anterior, se explica que es prácticamente una formalidad, pero que, sin embargo, contiene obligaciones concretas que podrían emplearse en el futuro como armas de presión en contra de los intereses nacionales.

Basta analizar los objetivos del acuerdo para darse cuenta de que éste implica mucho más que una mera formalidad. Veamos los objetivos. En primer lugar, alentar la protección del medio ambiente en el territorio de las partes involucradas.

Segundo, promover el desarrollo sustentable, a partir de la cooperación y apoyo mutuo en políticas ambientales y económicas.

Tercero, mejorar la observancia y aplicación de las normas ambientales. Para estos efectos, se establece una “institucionalidad” consistente en un Consejo formado por un integrante de cada una de las partes a nivel de ministerio o su equivalente, un Comité Consultivo Público Conjunto y un Comité Revisor Conjunto, secretarías nacionales que revisan denuncias de incumplimiento de sus leyes ambientales, etcétera.

Esto está demostrando que no estamos frente a un convenio simple. Aquí hay toda una institucionalidad para fiscalizar el avance y cumplimiento del convenio.

Cuarto, promover la transparencia y participación de la ciudadanía en este ámbito. Esto constituye una novedad en materia ambiental chilena, por cuanto permite que cualquier persona o institución pueda pedir al Comité Revisor que examine los casos en que, supuestamente, una de las partes esté incurriendo en omisiones o infracciones respecto del cumplimiento de sus leyes ambientales.

Esto implica para Chile finalizar el diseño de la política ambiental y asumir derechamente la obligación de perfeccionar los sistemas de fiscalización y control, la formación y capacitación de los funcionarios públicos y la asignación de recursos económicos y de infraestructura.

En cuanto a los compromisos generales, las partes se comprometen a establecer sistemas que informen sobre el estado del medio ambiente, diseñar sistemas de evaluación, etcétera.

En estos temas, Chile verifica un considerable atraso. Todo el instrumental, ya sea preventivo o participativo, se encuentra en sus inicios y su primer paso ha sido la denominada Ley de bases del medio ambiente.

Se hace especial mención sobre los pesticidas, al establecer que cada parte examinará la posibilidad de prohibir la exportación al territorio de la otra parte de pesticidas o sustancias tóxicas cuyo uso esté también prohibido en su país de origen.

En este tema, vamos más adelante que el proyecto que se está tratando en el Congreso en relación con el uso de los pesticidas.

En general, las exigencias formuladas en este Convenio Ambiental conlleva para Chile obligaciones claras y concretas. Entre ellas, completar y modernizar la legislación ambiental en temas como bosques, aire, residuos sólidos y líquidos peligrosos.

Muchos de estos aspectos son ampliamente deficitarios en el país, y tenemos la responsabilidad de mejorar la legislación respectiva, pero no es bueno que este trabajo se haga bajo la presión de extranjeros.

Toda la mecánica establecida para hacer cumplir el convenio como los compromisos que asume nuestro país, podrían significar a futuro un medio de presión que distorsione el acuerdo comercial y que nos lleve a establecer legislaciones medioambientales diferentes a la que los propios chilenos estimamos adecuadas.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Señor diputado , ha terminado su tiempo.

El señor MUNIZAGA.-

Concluyo enseguida, señor Presidente.

En virtud de todo lo anterior, y ante la propuesta del Gobierno de someter a consideración del Congreso Nacional el Tratado de Libre Comercio y los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral con Canadá, anuncio mi abstención.

Frente a la intervención del Diputado señor Estévez, que trató de poner en blanco y negro la votación del proyecto, debo señalar que cuando hay una buena iniciativa ésta puede verse limitada por un acuerdo que no establece los resguardos indispensables para la producción nacional. Por consiguiente, en esta ocasión es conveniente dejar constancia de las aprensiones y de la idea de que, en general, el convenio en cuestión no sería todo lo ventajoso y beneficioso para Chile como todos esperamos.

He dicho.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, cuando se discute un convenio comercial como el que se está tratando, hay un elemento que se nos debe exigir a todos: dar nuestras opiniones con franqueza. Por eso, en algunas materias las cosas son blanco o negro. Abstenerse en este proyecto es lo mismo que votar en contra; el resto son puras falsedades.

Aquí estamos frente a la posibilidad de culminar un proceso de negociación con un país desarrollado, miembro del “Grupo de los Siete”, con una economía altamente productiva, con un desarrollo tecnológico espectacular, uno de los mayores inversionistas extranjeros en nuestro país, con más de 5.800 millones de dólares aprobados y más de 3.000 millones de dólares materializados de inversión extranjera. En definitiva, es un socio estratégico para cualquier propósito de integración mundial, no sólo por su calidad de país desarrollado, sino también por ser parte de ciertas agrupaciones subregionales de gran importancia, como son el Nafta y la Apec.

En consecuencia, no estamos hablando de otro acuerdo comercial, como quieren señalar algunos colegas. Éste es un paso estratégico y extraordinario, el cual nos abre la posibilidad -a pesar de ser un país pequeño, de 14 millones de habitantes, con ingreso per cápita bastante restringido aún- de acceder, en igualdad de condiciones, a una mesa de negociación con un país más grande, protegidos por el derecho internacional. Esto se da en el marco de lo que está pasando a nivel planetario, materializado en los acuerdos del Gatt, que fijan la tendencia de lo que serán los acuerdos comerciales a nivel mundial y en los cuales nuestro país ha planteado una estrategia de regionalismo abierto, es decir, empujar las estrategias multilaterales para avanzar en aquellos espacios que convienen a Chile y a las grandes mayorías del país.

Por ello, la diversidad o amplitud del acuerdo tiene que ver con la estrategia en la cual estamos involucrados. Sin duda, deberíamos ver como un paso positivo y ventajoso para el país, que este acuerdo incorpore no sólo el comercio de bienes, sino también varios otros capítulos que incluyen acuerdos en materias ambientales y laborales, en áreas de servicios, en mecanismos de solución de conflictos, es decir, en una serie de elementos propios de los tratados del mundo globalizado en que vivimos.

Quiero detenerme un momento para tratar de entender a los colegas de la Oposición, en particular a aquellos que levantan las banderas de la defensa de la agricultura. Quiero hacerles un llamado a que valoren el tratado con Canadá por sus méritos, que conversemos sobre él y no que discutamos, con ocasión del mismo, los problemas de la agricultura nacional. Lo señalo porque, a veces, aquí no se habla al país con franqueza. La SNA, en su campaña publicitaria, no ha hecho más que engañar a la opinión pública, al decir que los negociadores mintieron al Congreso y que negociaron mal, lo cual es falso. Se ha demostrado que la SNA tenía otros propósitos con su pliego de peticiones de seis puntos, que en ninguna parte habla del tratado con Canadá. Alude al problema del desarrollo agrícola de Chile, que es válido sin duda, pero distinto al del tratado con Canadá.

Como Presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara , reconozco que muchos temas del desarrollo del sector agrícola inquietan a todos; pero cuando nos referimos a este capítulo, creo que es útil desmenuzar los temas. ¿Qué es más complicado para la agricultura? ¿La tasa arancelaria del 10 por ciento o lo que les ocurre a los productores de leche que se enfrentan con mafias y monopolios comercializadores del producto? ¿Qué es más complejo para el pequeño productor de trigo: El precio que se les paga in situ por su quintal de trigo y que no tiene nada que ver con el valor de la harina, ni mucho menos con el precio del pan, o la posibilidad de que se exporte trigo candeal, que se produce en zonas de bajo riego en el país? ¿Qué es más complicado para la agricultura, para el fruticultor que exporta, que son de los sectores de punta, con más tecnología: Un arancel de 3, 4 ó 0 por ciento, o su relación con la exportadora que los deja endeudados, con sobreprecios o con falsa información?

Sin duda, necesitamos salvar la agricultura de este país, definir qué agricultura necesitamos y queremos. Pero los mayores problemas de la agricultura nacional no tienen que ver con el acuerdo comercial, sino con las distorsiones del mercado interno, con el éxito del modelo exportador y con el precio de nuestra moneda; no de la divisa, sino de nuestra moneda.

Por ende, si queremos ese debate, que es útil; si buscamos concordar, en un consenso que hay que promover, en la conveniencia de reducir unilateralmente los aranceles para los insumos agrícolas -y, por cierto, me parece que es una demanda y una discusión que el Ministro de Hacienda debe escuchar-, ello no corresponde hacerlo en el marco del tratado con Canadá, porque es otro tópico. Hay que demostrar madurez para debatir cada cosa en su oportunidad.

Por otra parte, deseo señalar tres temas sobre el tratado.

El proyecto de desarrollo agrícola debe desarrollarse tomando en cuenta los márgenes de utilidades, cada vez más reducidos de ciertos sectores y la necesidad de agregar valor a todo el proceso extractivo de recursos naturales existente en Chile, de los cuales depende nuestro modelo de desarrollo. Sin duda, el tratado es ventajoso en este aspecto, porque elimina los aranceles de aquellos rubros hacia donde debemos expandirnos. En particular, para la agricultura es sumamente ventajoso que se adelante el proceso de desgravación de la agroindustria, de vinos, de jugos de uva, de salsas de tomate, es decir, para el desarrollo agrícola de un país como Chile, que no goza de ventajas comparativas, ya que su superficie cultivable es pequeña y debe aprovechar las ventajas comparativas en los nichos que corresponden al mercado internacional. Lo contrario es no hacerse cargo de los desafíos transformadores que tenemos que enfrentar, es seguir mintiendo a ciertos sectores y terminar perjudicando a quienes viven de un salario en Chile.

En segundo lugar, respecto de los tratados complementarios, incluidos el de medio ambiente y el laboral, quiero señalar que, de momento, los encuentro insuficientes para el interés nacional, a diferencia de algunos colegas que los consideran excesivos, pues desean que esto sea un techo.

También me llama la atención que algunos colegas cuestionen el tema de los pesticidas y tengan dudas de que sea un criterio incorporado en una política planetaria, porque lo que destruimos es nuestro medio ambiente y envenenamos el agua que consumen los chilenos. Represento a una región que tiene las tasas de malformación congénita más altas del país, y no tengo dudas de que esto tiene mucho que ver con la aplicación de paquetes tecnológicos de pesticidas excesivos y nocivos.

Me gustaría que sobre materias ambientales, tal como existen estas normas para los sectores forestales, Chile asuma compromisos más serios para evitar la extracción y exportación de materias silvícolas, de rollizos.

En todo caso, lo más importante de estos acuerdos complementarios se relacionan con la necesidad de que se fiscalice el cumplimiento de las leyes ambientales y laborales, en particular en el sector agrícola. Me encantaría escuchar a los colegas de la Oposición, que dicen que van a abstenerse o votar en contra, que al final del año van a estar pidiendo el voto a los trabajadores agrícolas y temporeros, que expliquen si están preocupados de que se les respeten sus derechos, de que se les autorice a sindicalizarse, a organizarse, sin la amenaza constante de que los despidan, de la falta de recursos en el país -porque el Congreso no los aprueba- para garantizar programas de fiscalización de respeto a las leyes laborales y previsionales especialmente en relación con los trabajadores agrícolas, a quienes se les descuentan por planilla las cotizaciones, que no hacen más que enriquecer los bolsillos de los gerentes de las AFP, porque a esos trabajadores no les sirven de nada. Me gustaría escuchar a los colegas que dicen que quieren defender el desarrollo agrícola o que cuestionan estos convenios laborales, si en algún momento levantaron su voz para defender a la gente, al ciudadano común, de norte a sur, que vive de la agricultura y que necesita que estos tratados, en particular el laboral, garantice una fiscalización efectiva, porque en este plano es muy bonito y declarativo, pero absolutamente insuficiente, motivo por el cual pido que el señor Ministro de Hacienda tome nota de lo planteado y se incluyan en el Presupuesto de 1998 recursos adicionales para fiscalizar el cumplimiento de las leyes laborales y ambientales.

Asimismo, en la OIT se ha abordado el tema del trabajo infantil, de cómo marginar el trabajo de los niños de toda actividad económica y regular la situación de los menores entre 16 y 18 años.

En las zonas agrícolas es donde más niños trabajan y donde más se viola la ley. Por lo tanto, se necesita fiscalizar en ese sector, para no faltar a nuestros convenios internacionales. Por ello pido a aquellos que rasgan vestiduras por la agricultura, que dicen que este Tratado con Canadá la va a desmantelar -lo que es mentira, porque, la verdad sea dicha, la agricultura, en promedio, se beneficiará profundamente con él, al abrirse un potencial de desarrollo o crecimiento de la agroindustria, de las exportaciones hortícolas, silvícolas, etcétera-, que dicen que será un desastre para Chile -a sabiendas de que no es cierto-, que sean consecuentes y cuando hablen de la agricultura se refieran a toda la agricultura, al trabajador y al productor agrícola y no sólo a aquellos agricultores que son más bien empresarios dedicados a este rubro, que viven en Santiago y no en los campos y que tienen administradores que les hacen el trabajo, porque la agricultura, como lo ha demostrado el mundo entero, es una actividad económica difícil que requiere de mucho compromiso. En Chile tenemos agricultura para rato, pero para personas que se dedican a trabajar la tierra; no para las que viven en Santiago, que cambian camioneta cada año, con descuentos tributarios, y que viajan a Europa. Esa agricultura no existe en ningún país del mundo; sólo en los subdesarrollados como el nuestro que permite que cierta oligarquía agrícola se aproveche de una indebida explotación de sus trabajadores o de algunas ventajas en el momento de la comercialización, ganando utilidades que no corresponden a la actividad real en ninguna parte del mundo.

Por eso, cuando hablemos y votemos este Tratado, tenemos que hacerlo en su mérito. Para Chile representa un muy buen Tratado y sin duda será útil en otro contexto discutir sobre cuánta agricultura queremos; pero, a lo único que conduce el hecho de mezclar el agua con el aceite es a engañar a la gente.

Por último, pido a los colegas de Oposición que, evidentemente han querido abordar este debate con otros intereses, sean consistentes con lo que dicen los suyos, quienes los apoyan -a quienes dicen representar en el Congreso y, muchas veces, les hacen caso-, y piensen en cuál es el interés superior del país, porque, si piensan así, no cabe la menor duda de que si esta votación se hace cara a cara a la gente sencilla, tendrían que votar a favor.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Melero.

El señor MELERO .-

Señor Presidente , el debate sobre el acuerdo con Canadá, que hoy nos congrega, dada sus características, es muy distinto, en su dimensión y en su impacto sobre la economía nacional, como también en su contenido, respecto de otros convenios que nos ha tocado discutir en esta Corporación.

Básicamente, quiero evaluar este Acuerdo sobre la base de los siguientes puntos:

En primer lugar, de la estructura de aranceles bajos y parejos que hoy forma parte de nuestra política exterior, con un arancel promedio ponderado de 8 por ciento, respecto de una política de acuerdos bilaterales que se ha ido generando en forma paralela a dicha política arancelaria común.

En segundo lugar, enfrentar el tema de las compensaciones que, especialmente, el Mercosur está solicitando a Chile en virtud de su acuerdo con Canadá.

En tercer lugar, hacer una breve síntesis respecto de algunos efectos de los acuerdos laborales y, especialmente, del acuerdo medioambiental.

En cuarto lugar, efectuar algunas precisiones en cuanto a los efectos del acuerdo sobre un vasto sector de la agricultura nacional y dada la injerencia mayoritaria de las exportaciones chilenas a Canadá, que representan el 42 por ciento del total exportado.

A mi juicio, es importante señalar que el Gobierno de las Fuerzas Armadas estableció en su política exterior a partir de la segunda mitad de la década del 70, como uno de sus instrumentos más eficaces, un arancel aduanero bajo y parejo que progresivamente ha ido disminuyendo hasta llegar hoy al 11 por ciento y, en forma ponderada, al 8 por ciento.

Con esa política se perseguía acentuar nuestro intercambio comercial con el resto del mundo, situación que, sin lugar a dudas, se logró y que hoy nos tiene en muy buen pie para enfrentar estas nuevas negociaciones; que nos ha hecho famosos en el mundo entero, puesto que se nos escoge como país privilegiado para formar parte de estos acuerdos bilaterales, primero, con el Nafta, que fracasó, básicamente por los problemas en el Congreso norteamericano, posteriormente con México, con otros países latinoamericanos y con el Mercosur, el más reciente. A su vez, con esta política arancelaria común, fija y pareja se consiguió consolidar una institucionalidad arancelaria que permitiera el acceso igualitario de todos los sectores y que hiciera posible una más eficiente asignación de los factores productivos del país.

Desde esta perspectiva y de los logros que esta política ha significado por más de 20 años en el país, cabe entonces preguntarse, ¿cuál ha sido el resultado de una política distinta implementada desde hace seis años a la fecha a través de los acuerdos bilaterales? A mi juicio, se ha ido desvirtuando uno de los principales beneficios: el tratamiento igualitario para todos los sectores, privilegiando a unos y perjudicando a otros. Hoy, el arancel promedio del 8 por ciento ha permitido que ciertos sectores crezcan y otros se depriman o, sencillamente, lo que es más grave, que algunos hayan ido desapareciendo de nuestra economía.

¿Qué hacemos frente a esta realidad? Surgen políticas especiales, compensaciones como la que el Gobierno se vio obligado en el Senado a dar al sector agrícola el año recién pasado, destinando 500 millones de dólares para ese efecto, y se va generando -lo que he denominado- un verdadero puzzle de inequidades con los países con los cuales vamos estableciendo acuerdos bilaterales, factores de desviación de comercio y situaciones que cada vez hacen más dificultoso establecer una política arancelaria común que hoy nos ha llevado, claramente, a un arancel muy diferenciado y difícil de enfrentar adecuadamente por el sector exportador y la economía nacional.

Aclarado ese primer punto, quiero entonces sentar la hipótesis de que, a mi juicio, hasta hoy no están claramente demostrados los beneficios que esta política de bilateralidad está reportando al país. Sólo el transcurso del tiempo podrá ir demostrando las bondades y perjuicios del sistema; pero no establezcamos en este debate, como verdad consagrada o hecho cierto, que la política de la bilateralidad es mejor que la de aranceles comunes, multilaterales, abiertos y parejos para todo el mundo. Eso no se ha demostrado, no es un hecho cierto y, por consiguiente, cabe la duda respecto de sus beneficios y perjuicios.

El segundo aspecto dice relación con los efectos que esto genera sobre otros acuerdos que ya hemos alcanzado. Así, en el caso de Mercosur se establece expresamente que si una de las partes o país miembro concede beneficios arancelarios o comerciales a un tercer mercado, debe realizar compensaciones equivalentes. Brasil, al menos, lo està planteando. Si no es así, ruego al señor Canciller que me lo explique, pero el Primer Secretario Económico de la Embajada de Brasil en Santiago, don Rodrigo Bamarral , precisó que los cuatro países integrantes del bloque aduanero están analizando detenidamente algunas concesiones que hizo Chile a Canadá sobre varios productos agrícolas. Sería importante que nos señalara si existe o no ese derecho.

A modo de ejemplo, a Canadá se le concedió un arancel cero, automático, para la importación de cebada, duraznos, ciruelas, kiwis, peras, cebollas, tomates, ajos, porotos, manzanas y uvas. La situación en el Mercosur respecto de esos productos es muy diferente, pues ellos ingresarán libremente a Chile recién en el año 2004. Además, para otros productos la situación es, aparentemente, aún más contradictoria. Las importaciones de cebada y cebollas, que entrarán libremente desde la nación norteamericana del Canadá apenas entre en operación el convenio bilateral, llegarán a arancel cero con el Mercosur recién en los años 2006 y 2011, respectivamente.

La avena y el trigo duro también tienen un trato diferente respecto del que se otorgó en el Mercosur. Para el caso de Canadá, ambos productos ingresarán a Chile sin pagar impuestos en el año 2002. Sin embargo, sus importaciones desde el Mercosur llegarán a arancel cero sólo en los años 2006 y 2010, respectivamente.

Esta situación puede significar la introducción de un elemento complejo en nuestra política exterior, cual es, desandar lo andado, borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Lo que en un momento dado se entendió como sólidamente establecido con el Mercosur, respecto de lo cual autoridades de gobierno señalaron que era lo máximo que se iba a entregar, hoy, como consecuencia de lo que estamos negociando con otra nación como Canadá, empezamos a desarmar lo que se logró con el Mercosur. Ello generará una espiral compleja, un efecto cascada, eslabón, cadena, que irá desarmando todo el andamiaje que se estableció en materia de política exterior, y generando una inequidad compleja respecto de nuestra relación con otros países. Si no es así, me gustaría que las autoridades de gobierno lo aclararan. Mi percepción y comprensión de los efectos del Mercosur con Canadá son los que he señalado.

Se nos ha señalado, en repetidas ocasiones, que sobre los temas medioambiental y laboral, lo que hay acá son más bien grandes beneficios, puesto que el único compromiso que el gobierno chileno asume en esas materias es la observancia de las respectivas regulaciones internas y el principio de soberanía de cada país para mantener su legislación propiamente tal.

El Diputado señor Orpis profundizó, a mi juicio muy acertadamente, estos conceptos; pero, permítanme formular una sola pregunta: Si no afectan nuestra soberanía y si sólo son beneficios y no implican regulaciones en el sentido de que los países se entrometan en nuestras legislaciones laboral y medioambiental, y eso queda establecido en el acuerdo, ¿qué sentido tiene destinar decenas de sus páginas a establecer ese solo principio? La verdad es que no es así. Se abren mecanismos regulatorios, se crean comisiones que ven esos aspectos, y se establece el derecho de reclamo de instituciones y de personas en materias medioambientales. Se llega a una política de acuerdos medioambientales que mañana puede terminar por vulnerar la política comercial y establecer medidas paraarancelarias que dificulten nuestro comercio.

Sin acuerdos, ya tenemos varios proyectos internacionales importantes paralizados por grupos ambientalistas que, no pocas veces, con elementos contundentes, han venido a reclamar frente a las inversiones que representan en Chile.

Se abre un abanico complejo y peligroso que desincentiva la inversión. No entiendo su verdadera magnitud si no es la de hipotecar el derecho a la libertad de Chile para generar su propia legislación, que ahora va a quedar condicionada a estos acuerdos incorporados.

No los deseo. No son buenos. Me habría gustado tener por separado estrictamente lo comercial de lo medioambiental y laboral.

El señor Ministro ha planteado una interrogante. Entendemos que esto es el techo y no el piso de negociaciones futuras. Ojalá así sea.

En cuarto lugar, me quiero referir al tema agrícola. No es mi ánimo “agriculturizar” la discusión sobre un convenio de esta magnitud. He señalado otras aprensiones, complejas y difíciles, más allá del tema agrícola.

Se nos ha dicho que es una gran oportunidad para Chile, que no podemos sólo tomar una foto de lo que hoy ocurre, porque con Canadá estamos ganando una gran oportunidad, con un mercado muy pequeño e insignificante, para el grueso de nuestras exportaciones.

Pero, partamos por la foto. Se podrá ir revelando en forma distinta en el futuro. Pero, digámoslo claramente, este es, básicamente, en un 42 por ciento, un acuerdo agropecuario, porque el 42 por ciento de nuestras exportaciones son agropecuarias. Por consiguiente, la influencia que tiene este acuerdo sobre ese sector de la producción nacional es muy gravitante. No se trata de algunos productos ni de que -como se argumentó- hay que ver las cosas en su globalidad. No estamos hablando de exportaciones de tuercas, de pernos ni de bolsas plásticas, sino de más de cien millones de dólares de exportaciones agropecuarias, donde solamente el rubro uva de mesa representa 52 millones de dólares.

Una vez más aparece claro y nítido que el sector agrícola se verá perjudicado, especialmente -como ya lo han señalado otros interlocutores- en los cultivos de avena, cebada y trigo candeal.

En resumen, los logros para nuestras exportaciones frutícolas son mínimos. Ya había arancel cero y seguirán estando en arancel cero.

Las exportaciones agroindustriales son solamente el tres por ciento. Algo similar ocurre con los insumos. Nada se libera en materia de insumos y muy poco gravitantes son las exportaciones que vienen de ese país.

En las carnes de ave, Chile lo único que obtuvo es la posibilidad de postular a cuotas de 39.800 toneladas que otorga Canadá al mundo entero, no solamente a Chile.

¡Para qué decir las desgravaciones arancelarias para la cebada, el trigo candeal y la avena, que van a repercutir sobre 40 mil hectáreas del país y que significan un monto muy importante en millones de dólares!

Por todas estas razones, por lo que representa el cambio de las políticas exteriores, de la bilateralidad respecto de la multilateralidad, por los acuerdos medioambientales y laborales que generan incertidumbre, por los efectos de las compensaciones con otros mercados que se nos están solicitando y que desarman lo armado y por el impacto negativo para la agricultura, no queda otro camino que votar en contra.

He dicho.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado .

Tiene la palabra el Ministro de Relaciones Exteriores .

El señor INSULZA (Ministro de Relaciones Exteriores).-

Señor Presidente, creo importante efectuar algunas clarificaciones, a pesar del anuncio final del Diputado señor Melero. Me consta que se trata de una persona que estudia muy acuciosamente estos temas.

Respecto de las compensaciones, considero importante recordar el texto del artículo 51 del tratado de Chile con Mercosur. Dice: “La parte contratante que otorgue ventajas a favor en franquicias e inmunidad o privilegie productos originarios o destinados a cualquier otro país, miembro o no miembro de Aladi, por decisión o por acuerdo que no esté previsto en el Tratado de Montevideo de 1980, deberá:

“a) Informar a la otra parte dentro de un plazo de 15 días de suscrito el acuerdo acompañando el texto del mismo y sus instrumentos complementarios...”

Esto lo hemos hecho. Nosotros ya informamos al Mercosur. Por lo tanto, cuando el funcionario a que él alude, obviamente de rango menor, de la embajada de Brasil, hace una declaración en los diarios, está verificando que nosotros le entregamos a Mercosur el texto de este acuerdo. Mercosur lo está estudiando, como es su derecho.

“b) Anunciar en la misma oportunidad la disposición a negociar en un plazo de 90 días concesiones equivalentes a las otorgadas y recibidas de manera global.”

O sea, la primera opción que tiene Mercosur es decir: “Mire, me gusta el acuerdo global a que ustedes han llegado con Canadá. Queremos una cosa similar.”

Naturalmente, si se piensa que con Canadá nosotros negociamos mejores condiciones de acceso en el sector automotor, informático, metal-mecánico y en muchos otros, e incluso plazos menores para sectores muy sensibles, es difícil pensar que Mercosur vaya a querer sustituir su acuerdo por el tratado con Canadá. En caso de que así lo hiciera, incluiríamos a la industria textil, al calzado y a la minería a seis años plazo en el tratado del Mercosur, porque quedaron en condiciones bastante menos favorables.

“c) En caso de no llegarse a una solución mutuamente satisfactoria en las negociaciones previstas en la letra b) -es decir, no asumir Mercosur el conjunto de la negociación con Canadá-, las partes negociarán compensaciones equivalentes en un plazo de 90 días. Si no se lograra un acuerdo en las negociaciones bilaterales, la parte afectada podrá recurrir al procedimiento de solución de controversia vigente en el presente acuerdo.”

Quiero recordar que una de las críticas que se hizo al acuerdo con Mercosur era, precisamente, la no obligatoriedad del procedimiento de solución de controversia. Por lo tanto, en el acuerdo con Mercosur no existe ninguna norma que nos obligue a otorgar las compensaciones a las cuales se ha referido el Diputado señor Melero.

De más está decir que el artículo 51 del acuerdo del Mercosur se desarrolla a partir del protocolo interpretativo del artículo 44 de la Aladi, y que según la experiencia, por ejemplo, de México, que tuvo sus negociaciones fuera del marco de la Aladi con Estados Unidos y Canadá -que están plenamente vigentes en el Nafta-, no ha habido nunca que hacer compensación a los países del Mercosur ni a ningún otro de América Latina en virtud del Tratado del Nafta .

Por lo tanto, la aprensión con respecto al Mercosur es completamente equivocada, por no existir ninguna obligatoriedad y porque el mismo Mercosur está examinando el tema y hasta ahora ha planteado, de manera general, que es muy difícil evaluar el efecto que les está produciendo esto.

Entonces, para que exista algún tipo de compensación voluntaria -porque el mecanismo de solución de controversia no es obligatorio-, tendría que haber daño en la exportación y para los productos que ha mencionado el Diputado señor Melero, aparte de los que se han señalado en declaraciones públicas, tales como cebada, duraznos, ciruelas, kiwis, peras, cebollas, tomates, ajos, porotos, manzanas, etcétera. De hecho, no han existido flujos suficientes de comercio -tanto del Mercosur como de Canadá- que hagan posible demostrar en el corto plazo un daño que obligue a una compensación. Esto con respecto al acuerdo con Mercosur.

Por otra parte, he mencionado varios veces el acuerdo de Aladi, subregional de libre comercio, negociado y firmado durante el gobierno militar, en 1980.

Nada me gustaría más que avalar lo que dice el Diputado señor Melero y decir que hubo un cambio radical de política. Lamento para la Concertación no poder hacerlo, porque el gobierno militar negociaba acuerdos comerciales, los que había en esa época, naturalmente. La tendencia a negociar este tipo de acuerdos bilaterales o regionales, como lo hemos dicho muchas veces, es más bien de los años 90; pero negoció, suscribió y se atuvo al acuerdo de la Aladi, que otorgaba ventajas a distintos países de América Latina en relación con el comercio que se realizaba con el resto del mundo. Bien lo supimos cuando discutimos el acuerdo con Mercosur y muchas cosas eran traspasadas de las ventajas de que ya gozaban los países con ocasión del acuerdo de Aladi.

En tercer lugar, es importante hacer una precisión en cuanto a cómo calcular beneficios y no beneficios. Uno siempre puede tomar las cifras como quiera. Podría decir que en todos los acuerdos comerciales hemos aumentado nuestro comercio y nuestras exportaciones agrícolas. Pero sería francamente simplista agregar que se debió sólo a los acuerdos.

Por ejemplo, tomemos el acuerdo con México. En el primer año de su vigencia, las exportaciones agrícolas a ese país aumentaron en un 386 por ciento. Podría lucirme diciendo que esto produjo un impacto gigantesco. En los años siguientes, debido a dificultades económicas en México, disminuyó ese porcentaje.

Un estudio respecto de las ventajas y beneficios debe hacerse de manera global. Basta apreciar el conjunto del comercio exterior de Chile en la década de los noventa para ver que hubo un triplicamiento de las exportaciones, lo que no se ha producido sólo por acuerdos comerciales, aunque son importantes.

Respecto del tema ambiental, quiero ser bien claro. La tendencia a imponer normas medioambientales y laborales se va haciendo cada vez más fuerte en los países desarrollados. Hace algunos años, antes de firmar cualquier acuerdo, tuvimos que asumir una serie de normas impuestas por la Unión Europea, especialmente por Alemania, respecto de la forma de empacar los productos y otras, que hacían incurrir en mayores costos a los exportadores chilenos.

Hace poco tiempo hemos negociado un acuerdo bien complicado con la Unión Europea, a fin de impedir la aplicación de un conjunto de normas medioambientales en materia de harina de pescado.

Entonces, la disyuntiva es triple y bien clara.

Primero, esperamos que nos impongan normas medioambientales desde fuera, en los principales países receptores de nuestros productos; segundo, aceptamos una negociación al estilo de algunos países que imponen sanciones comerciales si no se aplican dichas normas, y tercero, sentamos un precedente -a nuestro juicio, lo mejor-, en el sentido de no aceptar sanciones comerciales, pero sí incluir normas de autorregulación en materias medioambientales y laborales.

El Nafta tiene acuerdos medioambientales con Estados Unidos y con Canadá, que reproducen el que nosotros estamos tomando. Hay un acuerdo entre Estados Unidos y México que incide claramente en los temas de comercio. Nosotros estamos optando por la tendencia más adecuada y que mejor defiende nuestros intereses en una materia y en una política que con los años, como dijo el Ministro señor Aninat, se va a tornar cada vez más sensible y difícil de manejar.

Muchas gracias.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier.

El señor LETELIER (don Felipe).-

Señor Presidente , el acuerdo de libre comercio entre Chile y Canadá aborda diferentes temas. Entre ellos, cabe mencionar el acceso a los mercados, servicios, inversiones, sistemas de soluciones de disputas y excepciones generales. Además, contempla dos acuerdos complementarios: de cooperación en materia ambiental y de cooperación laboral.

Es el primer acuerdo de Chile con un país del “Grupo de los Siete”, formado por las naciones más industrializadas del mundo. Canadá es el segundo inversionista extranjero en nuestro país y ocupa el lugar más destacado en el área de la minería.

El acuerdo pone a disposición de Chile un mercado de 400 millones de personas -Chile, Canadá , Mercosur, México , Colombia , Venezuela, Ecuador -, de 2 mil millones de dólares de producto interno bruto y de más de 300 millones en importaciones.

El acuerdo representa amplias condiciones de aumento a las exportaciones chilenas al mercado canadiense. De este modo, la liberalización del comercio con Canadá se reflejará en importante crecimiento de las exportaciones chilenas, tanto en monto como en valor agregado.

Sin duda, el acuerdo es de trascendental importancia para nuestro país. Sin embargo, también nos coloca exigencias productivas, laborales y medioambientales que el país deberá considerar, de modo que sus implicancias se reflejen adecuadamente en mejores condiciones de vida para los ciudadanos.

Aprovecho la presencia de tres Ministros de Estado en la Sala para manifestar que junto con mis colegas estamos contestes en la globalización económica, y como parlamentario representante de zonas rurales, con economías agrícolas tradicionales, campesinas y subdesarrolladas, pienso que debemos ser honestos. Los acuerdos bilaterales son buenos, pero, señor Ministro de Hacienda , hay sectores que quedan al margen de ellos. Lo que corresponde aquí, por supuesto, cuando vamos a aprobar este acuerdo bilateral con Canadá, es que nuestro Gobierno, de una vez por todas, apoye a estos sectores más rezagados, como son los campesinos y la agricultura tradicional, para que puedan participar con posterioridad en este tratado.

Me preocupa, señor Ministro de Hacienda, la juventud rural de mi distrito. No sé si la recomendación para los sectores que no se suben hoy a este carro es que emigren, con lo cual seguiremos acrecentando los bolsones de miseria en las ciudades medianas de la zona central.

También debemos resolver el problema pendiente, abordado en el decreto ley Nº 208, de dirigentes campesinos que entre 1973 y 1974 fueron marginados de sus parcelas. No sé si por razones burocráticas, hasta ahora apenas se ha avanzado en la solución del 10 por ciento de los casos. Éstos son datos de hace una semana.

En segundo lugar, este sector necesita que se invierta en organización y capacitación. Desde luego, uno valoriza los cambios a nivel de transferencia tecnológica que se han ido experimentando en el tema agrícola, de capacitación y de orientación a los campesinos.

Voy a votar a favor de este acuerdo, pero, sinceramente, quiero plantear que estos sectores no son capaces de subirse en el carro de este acuerdo, por lo cual el Estado debe prepararlos para los futuros desafíos. Éste es uno de los tantos acuerdos bilaterales o multilaterales, y me preocupa que este sector siga siendo marginado o no alcance a participar o a agarrarse de ninguno de los engranajes de estas políticas.

Estoy de acuerdo en que este tratado es beneficioso para el país. Por lo tanto, como bancada, lo vamos a respaldar.

He dicho.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Luis Valentín Ferrada .

El señor FERRADA .-

Señor Presidente , en forma breve -agradezco al Diputado señor Fuentealba el haberme cedido parte de su tiempo- y aprovechando la presencia de los señores Ministros de Hacienda , de Agricultura y de Relaciones Exteriores, quiero hacer una reflexión que pudiera llevarnos a otro estadio de decisiones. Este debate carece de toda lógica. Es más, nunca debió existir si de verdad estuviéramos trabajando bien, con una concepción de Estado superior.

El señor Canciller -a quien aprecio mucho no sólo en cuanto a su persona, lo que es bien sabido, sino por la extraordinaria labor que ha cumplido desde su cargo- describía las líneas maestras de lo que ha sido la política exterior de Chile en los últimos años, por lo demás, durante tres Gobiernos y de la cual él ha sido un artífice extraordinariamente importante. Es difícil concebir en la historia de la Cancillería chilena un liderazgo, un protagonismo, un motor que deba ser mejor calificado que el que representan el actual Ministro y su equipo.

Él señalaba esta mañana, al iniciar su intervención, que el tratado en debate y cuya aprobación se esperaba, estaba dentro del marco de la política de relaciones exteriores que este Gobierno ha ido impulsando, el cual no puede sino compartirse y, aún más -no temo decirlo con franqueza- aplaudirse. Sin embargo, la pregunta central es: ¿por qué tenemos hoy este debate si no cabe sino reconocer, desde el punto de vista de una concepción de Estado, que estamos frente a una gran política de relaciones exteriores, cuyas líneas matrices compartimos y a pesar de existir discrepancias sobre algún matiz o aspecto, algunos de nosotros aplaudimos públicamente y sin reservas? ¿Por qué tenemos hoy nuevamente este debate en la Sala, exactamente en los mismos términos que cuando se abordó el Mercosur? Porque no hemos sido capaces, como Gobierno, como Oposición y como país, de llevar adelante y definir claramente una política agraria. Éste es un vacío, una ausencia que en privado casi siempre reconocemos y una tarea pendiente que no se ha asumido.

Se critica a la Oposición por dejar de manifiesto esta situación, pero puedo decir, en presencia de Ministros de Estado , que ésta no es una oposición destructiva y que muchos de nosotros nunca hemos estado en esa posición. Por ejemplo, cuando su Excelencia el Presidente de la República asumió que el país no tenía una política cultural, nos abocamos lealmente a definir una; cuando la Ministra de Justicia nos señala que se debe llevar adelante una profunda reforma y establecer una nueva política judicial, nos colocamos lealmente, con una visión de Estado constructiva, a trabajar para desarrollar las bases de una nueva política judicial; cuando el Ministro de Defensa , don Edmundo Pérez Yoma , nos dice que debemos impulsar en el país, porque no existe y hace falta, una nueva política de defensa nacional, muchos de nosotros, sin visión partidista y con concepción de Estado, estamos ayudándolo para que lleve adelante esa nueva política.

Frente a la evidente ausencia de una política agraria, ¿por qué hasta ahora no hemos sido capaces como país, como Estado, como nación, de llevar adelante una política agraria? El Ministro de Agricultura podrá mencionar que se han destinado 500 millones de dólares; pero él sabe y podrá sostener que es un parche grande, no mucho mayor que el que hace pocos días se ha entregado a los mineros de Lota, pues las cifras son bien parecidas, pero es un parche al fin. Definir una política no consiste en entregar aisladamente recursos dispersos, sino en fijar un objetivo, un itinerario, reglas y lo que el país quiere hacer con determinado sector. Y la política agraria no es un tema sencillo ni fácil de resolver, porque, dada su territorialidad, sabemos que nuestro país enfrenta un desarrollo muy desequilibrado. Todo hombre de Estado sabe que Chile no tiene hoy el mismo desarrollo en la Región Metropolitana que en Concepción, Valparaíso , Linares o Curicó . Es más, no hay ninguno de ellos que no sepa que mientras en Santiago, con fondos públicos, el Estado invierte diariamente 120 pesos por cada ciudadano, en provincias, en regiones, se invierten 8 pesos. Las estadísticas oficiales lo demuestran, y resulta que la política agraria, de hecho, es la política económica de las regiones.

Las regiones del norte y sur de Santiago, desgraciadamente, por su condición de desarrollo mínimo, presentan un cuadro de economía agraria. Y cuando la agricultura va mal, el Ministro de Agricultura se convierte de inmediato en ministro de transportes , de comercio y de servicios locales, porque va mal la agricultura en Linares, en Curicó, en Talca, en la Décima Región y en todas partes.

Entonces, en este debate quisiera consultar, ¿por qué no superamos ese problema y no nos aproximamos, al igual que en tantas otras tareas, como en Defensa, Cultura y Relaciones Exteriores, a una política de Estado que dé una solución en materia de agricultura? Mucho temo que este espectáculo nos comience a resultar episódico, y mientras el señor Canciller nos anuncia nuevos tratados con Europa, con Apec, de libre comercio, de apertura de fronteras, a raíz de esta cuestión no abordada, resulte que cada vez, como si fuera un episodio fatídico, tengamos que repetir el triste espectáculo que estamos dando hoy, no como Cámara, sino como hombres de Estado.

Cuando se sabe que un problema es real y acuciante, que tiene consecuencias sociológicas, culturales, nacionales, que de verdad deben considerarse, ¿qué sentido tiene que nos dividamos? ¿Qué sentido tiene que desde las bancadas socialista o de la Democracia Cristiana acusen a la UDI y a Renovación Nacional, y que de éstas repliquemos y gastemos la energía, la vocación, la voluntad, en echarnos las culpas unos a otros, mostrándonos incapaces, de hecho, de construir soluciones? Eso quiere el país ahora y no más discusiones.

Por eso el tema de la agricultura, no con motivo del tratado, sino por su misma especificidad y naturaleza, debe ser resuelto de una vez por todas. En consecuencia, aunque soy de aquellos que no pueden sino compartir la política en la cual el tratado hoy en debate se inserta, y de aplaudir, con cariño, con altura de miras, una gestión muy importante que está realizando nuestro Canciller , los tristes hechos de no abordar lo evidente me colocan en el disparadero de decir no, suspendan, no empujemos lo que es bueno para Chile, tan sólo por el olvido imperdonable de la situación agrícola en éste como en muchos otros gobiernos.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Renán Fuentealba.

El señor FUENTEALBA .-

Señor Presidente , acabo de aprender una cosa: que tres minutos son equivalentes a diez. Es un defecto que tienen algunos colegas, pero con mucho gusto le cedí algo de mi intervención al Diputado señor Ferrada .

Muy brevemente, en primer lugar, quiero dejar constancia de la labor realizada por el equipo negociador, encabezado por el Embajador don Juan Gabriel Valdés , que fue acompañado por las señoras María Eugenia Wagner , Catalina Bau , Lisselotte Kana , los señores Alejandro Jara , Jorge Kauffmann, Ricardo Lagos , Jaime Irarrázabal , Jaime Undurraga , Guillermo Campero y Juan Carlos Collarte . Lo hago, fundamentalmente, porque durante el estudio del acuerdo hubo un momento en que la capacidad profesional, técnica y de negociación del equipo fue cuestionada por la Sociedad Nacional de Agricultura, lo que -entiendo- ha quedado absolutamente dilucidado.

Es indudable que la suscripción de este tratado traerá beneficios para el país, y que los veamos en el corto, mediano o largo plazo no hace mella al hecho de que debe ser aprobado por el Congreso.

El acuerdo significará un gran flujo de cooperación científica y tecnológica entre Canadá -uno de los siete países más industrializados del mundo- y Chile, lo que permitirá una reconversión de conocimientos en los ámbitos empresarial y productivo-manufacturero. Asimismo, traerá apertura de mercados para nuevos productos de Chile, que ojalá tengan mayor valor agregado que los que exportamos en la actualidad, y nos asegurará, en forma indefinida el mercado que los productos que exportamos a Canadá ya tienen; es decir, luego de la firma del acuerdo, Canadá no podrá cerrar de manera unilateral mercados a los productos chilenos que ya se están exportando a ese país.

También se establece una institucionalidad -cuestión que reclamaron los colegas de la Oposición cuando discutimos nuestra asociación con el Mercosur- que hará más expedito y transparente el comercio entre ambos países, y regulado por normas comúnmente conocidas por las partes contratantes; en definitiva, que no existan sorpresas, gracias a la improvisación por la carencia de tales normas, en las relaciones entre Canadá y Chile.

Por último, el acuerdo abarca áreas temáticas importantes en la actual agenda de discusión de los países de todo el mundo: los temas ambiental y laboral. En lo laboral, el nuestro ha suscrito muchas de las recomendaciones que ha hecho al respecto la Organización Internacional del Trabajo: de alrededor de 151 proyectos recomendados por ella, Chile ha adoptado más de 50, ratificados y aprobados por el Congreso.

Por consiguiente, no estamos haciendo nada nuevo, sino reiterando nuestra posición tradicional en materia laboral y reflejando lo que creemos que deben ser las legítimas aspiraciones de una economía pequeña, emergente y competitiva como la chilena, pero que también sabe defenderse.

Por otra parte, el acuerdo no responde a otra cosa que a la coherencia sistemática del Gobierno de la Concertación, tanto durante la administración del ex Presidente Aylwin como del Presidente Frei en materia de negociaciones internacionales, que han estado orientadas, precisamente, a abrir oportunidades comerciales con otros países mediante rebajas arancelarias, a hacer más transparentes las transacciones comerciales y el intercambio de bienes y servicios, a establecer los mecanismos de solución de diferencias que nos permitan regular las controversias que puedan suscitarse entre las partes contratantes, a tener reglas claras y equitativas entre los países, para que su comercio fluya en la forma y en los marcos que corresponden.

Además, indudablemente es más ventajoso que la rebaja unilateral de aranceles, que es un acto solitario del país, mediante el cual el arancel externo común se disminuye frente a ninguna posible compensación, como ocurre mediante la negociación.

Este acuerdo es un excelente precedente para las futuras negociaciones que tendremos próximamente con la Comunidad Económica Europea y, si se produce lo que tanto esperamos respecto del fast track americano, con el Nafta.

En consecuencia, hemos avanzado muchísimo en materia de negociaciones comerciales al establecer cuál será la posición de nuestro país, cuáles serán los pisos y los techos que estamos dispuestos a negociar. En definitiva, hemos fijado lo que estamos dispuestos y no estamos dispuestos a ceder. Un claro ejemplo de ello es el caso ambiental, al cual se refirió el Ministro de Hacienda , al contestar una consulta del Diputado señor Melero . Sin embargo, como toda negociación y todo acuerdo, implica ventajas y desventajas para las partes contratantes. Me pregunto, ¿podemos dejar de negociar y comerciar con otros países porque algunos sectores pueden sufrir pérdidas?

El Diputado señor Ferrada acaba de reclamar una política agraria del Gobierno. Creo que no hay que mezclar la situaciones. Hoy, discutimos un tratado de libre comercio con Canadá, y a eso debemos referirnos. La política agraria es una cuestión de gran importancia, que indudablemente tiene incidencia fundamental en el desarrollo económico de nuestro país y sobre todo en algunos sectores sociales, que podemos discutir en otra oportunidad; pero no traigamos a colación este tema como para subordinar la aprobación del tratado a su consideración.

¿Es procedente que ante cada negociación actual o futura tengamos la amenaza de que se rechace por los potenciales efectos negativos que ese futuro acuerdo puede tener sobre el sector agrícola? ¿Podemos darnos el lujo de no incluirnos en la globalización de la economía, de no buscar nuevos mercados, de no abrir oportunidades comerciales para los productos chilenos porque ciertos subsectores agrícolas -no es todo el sector agrícola- se verán afectados?

Si bien es legítima la preocupación que manifiestan algunos colegas de Oposición al respecto, también es muy legítimo sostener que no se pueden detener el avance, el desarrollo y la creación de oportunidades para el país porque algunos subsectores agrícolas podrían verse afectados en forma negativa.

¿Qué hay, en este sentido, sobre la rebaja unilateral? ¿Qué diferencias existen entre esa rebaja y lo que estamos haciendo? ¿No se trata, a veces, de encubrir cierto velado proteccionismo en desmedro de una apertura como la que estamos buscando?

Resulta curioso -y ello demuestra que el mundo cambia y que nosotros cambiamos- que hoy seamos los partidos de la coalición de Gobierno: la Democracia Cristiana, el Partido Por la Democracia y el Partido Socialista, los que estemos defendiendo el libre mercado y en favor de una economía abierta, en circunstancias de que hace algunos años eran nuestros colegas de la Oposición quienes lo hacían.

Veamos el caso de Inglaterra. ¿Quién se ha opuesto tan terminantemente a la integración de Gran Bretaña a la Comunidad Económica Europea? El Partido Conservador, y así le fue en las elecciones: ¡malazo!

¿Quién asume los costos de un rechazo? Es una pregunta que formulo con todo respeto a mis colegas de Oposición. ¿Con qué cara nos presentaremos a la cumbre hemisférica que se desarrollará en nuestro país en marzo de 1998, después de haber rechazado un tratado con Canadá, uno de los países del “Grupo de los Siete”, una de las naciones más industrializadas del mundo?

Hay que ser responsable cuando se amenaza o cuando se deja subliminalmente en la mesa o se da a entender de que aquí, debido a que no se minimizan los efectos negativos para un determinado subsector, estamos dispuestos a tirar todo por la borda, rechazando este proyecto.

Quiero terminar citando un editorial del diario “El Mercurio”, del domingo 18 de mayo último, que dice relación con el acuerdo con Canadá. Dice lo siguiente: “La aprobación del tratado de libre comercio con Canadá implica decidir entre continuar promoviendo la internacionalización del país y el desarrollo sostenido que se está exhibiendo, o bien, favorecer el proteccionismo, el aislamiento y las presiones sectoriales. El rechazo, o incluso la demora en el despacho por el Congreso de este acuerdo, es una señal inconveniente a la comunidad internacional y una pérdida de oportunidades para la población.”

Eso es, lo que, con todo respeto, debería preguntarse el Diputado señor Melero.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Karelovic.

El señor KARELOVIC .-

Señor Presidente , el acuerdo Chile-Canadá consta de tres tratados: el de libre comercio, suscrito el 5 de diciembre de 1996, en Santiago, y los de cooperación ambiental y cooperación laboral, suscritos el 6 de febrero de 1997, en Ottawa.

Chile y Canadá asumieron el compromiso de tramitar estos tratados como un todo, a fin de que entren en vigor a contar del 2 de junio del presente año. Todos ellos conducen a intensificar la apertura comercial para bienes y servicios nacionales en el exterior, considerando que Canadá es una de las naciones de mayor grado de desarrollo económico de América y miembro del “Grupo de los Siete”, que reúne a los países de mayor desarrollo a nivel mundial.

En los últimos años, nuestras exportaciones a Canadá se han incrementado en más del 70 por ciento, lo que indica la existencia de un importante mercado emergente.

También es relevante considerar que Canadá es el segundo mayor inversionista extranjero en Chile, con más de 7 mil millones de dólares de inversión autorizada, especialmente en los rubros de minería, telecomunicaciones, energía y electricidad.

La inversión canadiense persigue objetivos de largo plazo, acompañada de políticas de desarrollo sustentable en el tiempo en lo que se refiere a la explotación de recursos naturales. El sector servicios aparece como una de sus prioridades estratégicas futuras.

Este acuerdo es favorable para ambos países, ya que reduce los aranceles de ambas partes, elimina barreras no arancelarias como subsidios y procedimientos aduaneros engorrosos, y prohíbe prácticas monopólicas. Además, incorpora tratados en materia laboral y ambiental, que permiten mantener la soberanía para determinar la propia legislación.

En lo que respecta a mi región de Magallanes, la inversión canadiense es de suma importancia, ya que cuando entre a funcionar el tercer tren de la empresa Methanex , la inversión alcanzará a 1.000 millones de dólares.

Por las razones expuestas, votaré favorablemente el acuerdo Chile-Canadá e insto a mis estimados colegas a imitarme.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ .-

Señor Presidente , quiero iniciar mi intervención valorando la posibilidad que tuve de participar en la Comisión Especial que analizó el ingreso de nuestro país al Mercosur. Y lo valoro -reitero- porque me permitió conocer más profundamente y en detalle la política exterior de Chile en relación, fundamentalmente, con su inserción en el mundo económico.

En esa oportunidad, mi principal preocupación fue comprobar el tratamiento de que estaba siendo objeto el sector agrícola -que represento en el Parlamento- para el cual ese acuerdo era de vital importancia. En esa ocasión se discutió el tema en profundidad, se adoptaron acuerdos tendientes a permitir que ese sector, fundamentalmente el agrícola tradicional, tuviera realmente posibilidades de insertarse en un modelo que le presentaba inmensos desafíos.

Me parece irresponsable evaluar lo que significó el compromiso del Gobierno de permitir a la agricultura tradicional enfrentar este desafío, cuando aún no tenemos siquiera un año de funcionamiento real del Mercosur. Asimismo, me parece, al menos, fuera de lugar, plantear nuevamente como fundamental el tema agrícola cuando estamos discutiendo otro tratado de libre comercio.

Reconozco y comparto plenamente lo dicho por el Diputado señor Ferrada , y estimado señor Ministro de Agricultura , creo que hay una urgencia inmensa de enfrentar el tema agrícola como una política de Estado. Hay una falencia al respecto, que afecta especialmente a los agricultores y campesinos. En ese sentido, creo que es menor el efecto que el Convenio tiene sobre la agricultura, pero sí aquí no se ha dicho algo muy importante, lo cual también ocurrió en la discusión del Mercosur: hablamos de sectores agrícolas que hoy, con o sin tratados de libre comercio, no están insertos en el círculo productivo y de comercialización. Aquí se ha puesto el ejemplo de agricultores que no tienen acceso al mercado; fundamentalmente quienes desarrollan una agricultura de sobrevivencia, y, desde mi punto de vista, ese tipo de agricultura requiere un tratamiento diferente que no tiene ninguna relación con los mercados en que se habla de competitividad, de mayor productividad y de mejoramiento tecnológico.

Por eso considero que el Tratado de Libre Comercio con Canadá, de vital importancia para nuestro país, requiere de la aprobación de todos los sectores políticos.

Los Diputados señores Jocelyn-Holt y Estévez se han referido al tema agrícola, y debo decir con mucha franqueza que es primera vez que comparto sus puntos de vista, en circunstancias de que, generalmente, ha habido una postura muy diferente entre los parlamentarios que representan a zonas urbanas y los que representamos a zonas rurales. Me parece muy importante escuchar sus planteamientos, y quienes pertenecemos a sectores agrícolas podemos arrogarnos que a través de estos debates hemos logrado poner en el tapete de la discusión el tema de la agricultura, que para nosotros reviste gran importancia.

Hay otro aspecto que me parece relevante. Es cierto que los países desarrollados ofrecen todas las garantías para que exportemos productos primarios; eso no se puede discutir. Al respecto, tiene gran importancia que en este Tratado se considere el tema ambiental, porque en nuestro país no podemos seguir cometiendo la torpeza de agotar nuestros recursos naturales para ganar plata fácil y en el corto plazo. En ese sentido, es fundamental que el Estado y el país asuman una política que propicie y desarrolle el área agrícola, en términos de que cada día sea más el valor agregado que entreguemos a sus productos.

Trataré de resumir dos aspectos reiterados, pero que, desde mi punto de vista, me parece de vital importancia volver a plantear.

Aprovechando esta discusión quiero decir que es absolutamente necesario que el Gobierno impulse una política de Estado en relación con el tema agrícola. No podemos seguir entregando soluciones de parche, por muy grandes que sean, a una actividad que es de vital importancia para grandes sectores del país.

Sobre el mismo punto, creo absolutamente necesario hacer la diferenciación entre quienes hoy tienen una agricultura productiva, que se pueden insertar en el mercado, y aquellos que desarrollan una agricultura de sobrevivencia. Muchas veces escuchamos en nuestras regiones a los minifundistas, campesinos, parceleros y mapuches hacerse cargo de las críticas que en algunas ocasiones oímos aquí respecto de los problemas que implica para ellos el que Chile se asocie con Canadá, al igual como ocurrió en el pasado con el Mercosur, cuando, en verdad, para ellos no tiene ninguna importancia, porque están fuera del círculo de la actividad económica, productiva, y están muy lejos de acceder, incluso, a los mercados nacionales.

Con todas las inquietudes de una zona con características muy especiales, porque su trabajo se fundamenta en la actividad agrícola primaria, minifundista, de campesinos pobres y muchos de ellos endeudados, aprobar este tratado de libre comercio puede tener un costo político, más aún cuando a fines de año hay elecciones parlamentarias. Sin embargo, creo que estamos aquí no sólo para representar a nuestras regiones y sectores, sino fundamentalmente para desarrollar las grandes políticas del país. En ese sentido, con todas las aprensiones que puedan existir desde mi punto de vista, creo que sería una irresponsabilidad no votar favorablemente este tratado, que significará indudables beneficios para Chile.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la señora Saa.

La señora SAA .-

Señor Presidente , quiero expresar mi opinión sobre un aspecto puntual del tratado, adhiriendo a su aprobación por considerarlo beneficioso para el país, relacionado con los acuerdos de cooperación ambiental y laboral.

Dichos convenios, a pesar de que se caracterizan por respetar la soberanía de ambos países -como lo han expresado algunos colegas-, establecen acuerdos de cooperación en estos dos planos, lo cual significará importantes consecuencias positivas para nuestro país.

Es muy relevante que la opinión pública y la ciudadanía en general -que no se manejan en el tema empresarial y no están interiorizadas del significado del tratado- sepan y tomen conciencia de lo que representan estos acuerdos para la vida de las personas en temas tan vitales como el ambiental.

El acuerdo de cooperación ambiental, cuyos objetivos principales son alentar la protección y mejoramiento del medio ambiente, promover el desarrollo sustentable a partir de la cooperación y apoyo mutuo en políticas ambientales y económicas, mejorar la observancia y aplicación de las normas ambientales, promover la transparencia y participación de la sociedad en la elaboración de las normas y políticas ambientales, y promover políticas y prácticas para prevenir la contaminación, puede significar un beneficio muy grande para el país, que no pone en peligro las transacciones comerciales, pero, sin embargo, alienta la cooperación entre ambos países, sobre todo porque Canadá es una nación muy adelantada en la materia.

Es importante que la ciudadanía tome nota de que el tratado no significa sólo acuerdos comerciales entre empresarios, lo que redundará en bienestar para el país, sino que también contempla estos acuerdos de cooperación, que pueden representar avances para todos los chilenos.

Por otro lado, estimo de la más alta importancia el acuerdo de cooperación laboral. No puede ser que en los tratados internacionales de comercio, nuestras ventajas comparativas sean las malas condiciones laborales de la gente que produce. Es muy importante avanzar en nuestra legislación laboral, y por ello considero muy relevantes los objetivos planteados, como mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida en el territorio de cada parte, promover al máximo los principios laborales de la libertad de asociación y protección del derecho de organización, el derecho a la negociación colectiva, el derecho de huelga, la prohibición del trabajo forzado, la protección de los menores en materia laboral. Sobre este punto, al grupo de parlamentarios por los derechos de los niños y las niñas, que ha tenido reuniones con parlamentarios de países miembros del Mercosur, nos pareció muy importante -lo conversamos con nuestros propios gobiernos-, en ese tratado, avanzar en un acuerdo mutuo en términos del trabajo infantil, que es un flagelo que no puede ser permitido en nuestros países, ni ser considerado como una ventaja comparativa, por ser mano de obra barata, en un tratado como éste.

Sigo enumerando: las condiciones laborales mínimas, la eliminación de la discriminación laboral, la igualdad de remuneración para hombres y mujeres -tocamos este tema cuando discutíamos la reforma a la Constitución; pero es necesario implementarlo-, la prevención e indemnización de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y la protección de los trabajadores migratorios.

Echamos de menos, pues nos parece de la más alta importancia -me lo recordó el Diputado señor Ferrada -, que estos tratados de comercio también vayan aunados a temas culturales, aunque sé que éste no es el momento de plantear el punto. Hago presente a la Sala que cuatro diputados integramos la Comisión que el Presidente de la República formó para diseñar políticas institucionales acerca de la cultura y el arte. En todo caso, la cooperación entre los países en lo artístico y cultural no sólo es de intercambio, pues lo cultural también es una industria, lo que significa que hay puntos que deben aclararse. Por ejemplo, en el caso de los libros, puede ocurrir que una nación los grave con impuestos que no existen en Chile, o viceversa.

En todo caso, destaco el tratado como algo ventajoso y que da muchas esperanzas a la ciudadanía en general. Con estos instrumentos podemos mejorar nuestra legislación para que los beneficios que de ellos se desprendan, puedan ser realmente gozados por toda la ciudadanía.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.

El señor DUPRÉ .-

Señor Presidente , voy a manifestar, breve y sumariamente, una opinión política respecto de la aprobación del tratado de libre comercio con Canadá.

Obviamente, soy partidario de su aprobación, tanto por su alcance técnico como por su importancia política. Como se ha dicho -por eso no quiero repetir sino algunos conceptos-, es el primer tratado de libre comercio con un país del primer mundo, que forma parte del “Grupo de los Siete” y una de las principales naciones del mundo desarrollado. Es un acuerdo al que aspiramos con la Unión Europea, para lo cual hemos tenido que ir dando pasos sostenidos, a fin de avanzar hacia el libre comercio, que es una meta que Chile se ha fijado con los países europeos del primer mundo.

Es un acuerdo político que anticipa una eventual posibilidad de negociación con Estados Unidos para el libre comercio, de lo cual se deriva, además, la posibilidad que tienen las naciones latinoamericanas en este mismo sentido. Como sabe la Cámara, fuimos invitados por el gobernante norteamericano, en el marco de una reunión cumbre de los presidentes de América, para estudiar la posibilidad de integrar un acuerdo de libre comercio.

Chile también pertenece a los acuerdos multilaterales del Asia-Pacífico, y estas naciones han planteado y aprobado llegar, multilateralmente, al acuerdo de libre comercio después del 2000.

A nuestro juicio, tenemos un gran desafío: dar el paso definitivo con el fin de expresarles a las principales naciones del mundo que nuestra voluntad política es asumir la coyuntura económica nacional y mundial, y afianzar nuestra estrategia del comercio exterior buscando el desarrollo sobre la base de diversificar nuestras exportaciones, y los mercados. Además, como aquí también se ha indicado, estos acuerdos permitirían mejorar la calidad de nuestros productos exportables. Si eventualmente no aprobáramos o no ratificáramos este tratado y sus acuerdos correspondientes, tendríamos graves y nefastas consecuencias políticas y económicas en el ámbito del comercio exterior y de las relaciones con varias naciones del mundo, particularmente con aquellas del primer mundo, de los países desarrollados.

Desde luego, creo que se congelarían las posibilidades de avanzar más allá de los acuerdos contraídos con los países de la Unión Europea, con los que ingresarán próximamente y con otras naciones de Europa para las que la decisión de Chile les resultaría francamente inexplicable. Si así ocurriera, deberíamos olvidarnos de mayores cuotas, de rebajas arancelarias, de acceso a créditos, de acuerdos de inversiones adecuadas con los países de la Unión Europea, como con la del resto de Europa.

¿Cómo podríamos explicar que nuestras exigencias de apertura hoy se traducen en decisiones de proteccionismo, que ellos suponían superadas de nuestra parte? No aprobar el tratado significa indicarles a los países del Asia Pacífico que hemos cambiado de posición económica, puesto que nuestra opinión para buscar acortar el período de desgravación arancelaria o de acuerdos de libre comercio, ha sido modificado, porque hemos retornado a políticas generales de protección.

Más notablemente contradictoria resultaría nuestra posición ante el ofrecimiento para iniciar negociaciones con el Nafta, Estados Unidos, Canadá y México . Primero, sería inexplicable un rechazo del Tratado de Libre Comercio ante los países latinoamericanos, que ven en Chile la posibilidad de alcanzar oportunidades tanto en Estados Unidos como en Canadá para ingresar con sus productos a esos mercados. Recordemos las tremendas expectativas que se vieron frustradas recientemente en la reunión que tuvieron los Presidentes centroamericanos con el Presidente Clinton , con motivo de la visita que éste hiciera a Centroamérica.

Además, resultaría absolutamente contradictorio ante el mundo que, habiendo suscrito un tratado con México y teniendo la voluntad de Canadá y la decisión de toda su institucionalidad política de abrirse a un acuerdo de libre comercio, frustráramos la posibilidad de que este tratado se tradujera en un acuerdo multilateral en el que la opción de América Latina y de muchas naciones del mundo, estuviera representada en un país pequeño, que ha dado una muestra de apertura y de éxito en su crecimiento por la vía de su estrategia de comercio exterior.

Por eso, me parece absolutamente importante, desde los puntos de vista político y técnico, aprobar este tratado.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor José García.

El señor GARCÍA (don José) .-

Señor Presidente , Chile ha firmado 36 acuerdos bilaterales con el propósito de aumentar el comercio de bienes y de profundizar el proceso de internacionalización de la economía.

El Gobierno ha señalado que la política de suscribir acuerdos bilaterales tiene la ventaja, sobre la rebaja unilateral de aranceles, de disminuir las barreras arancelarias y paraarancelarias para el ingreso de nuestra producción nacional en los países con los cuales se han firmado dichos acuerdos.

Por eso, es conveniente preguntarse cuáles han sido los efectos que estos acuerdos han tenido en nuestro comercio internacional.

Tengo aquí una información extraída del boletín de comercio exterior del Banco Central que muestra que estos acuerdos comerciales han sido muy favorables para los países con los cuales los hemos firmado, ya que han logrado incrementar fuertemente sus exportaciones hacia Chile. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo respecto de nuestras exportaciones a esos países, las que crecen a un ritmo muy inferior.

Pruebas al canto. Una comparación de balanza comercial entre los años 1995 y 1996 nos revela un serio retroceso para nuestro país. Por ejemplo, con México, en 1995 teníamos una balanza comercial negativa de 468,3 millones de dólares, la que en 1996 se incrementó a 780,5 millones de dólares; con Venezuela teníamos una balanza comercial negativa de 91,5 millones de dólares, que en 1996 subió a 172 millones de dólares; con Colombia teníamos una balanza comercial positiva de 39,1 millones de dólares, que en 1996 pasó a una negativa de 27,6 millones; con Ecuador, en 1995, existía una balanza comercial negativa de 84,8 millones de dólares, que en 1996 se redujo a 80,7 millones de dólares.

¿Qué ha ocurrido con los países del Mercosur? Con Argentina, en 1995, había una balanza comercial negativa de 799 millones de dólares, la que en 1996 llegó a 933 millones de dólares; con Brasil, en 1995 teníamos una balanza comercial negativa de 138 millones de dólares; en 1996, llegó a 131 millones de dólares; con Paraguay, en 1995, la balanza comercial positiva de 18 millones de dólares se transformó en una negativa de 2,9 millones; con Uruguay, la balanza comercial positiva de 16,3 millones de dólares disminuyó a 12,9 millones de dólares; con Bolivia, país con el cual también se ha firmado un acuerdo bilateral, la situación se ha mantenido exactamente igual, y con el Perú, nuestra balanza comercial positiva de 290 millones de dólares ha disminuido a sólo 203 millones de dólares.

Si globalizamos estas cifras, llegamos a que en 1995 teníamos con estos países una balanza comercial negativa de 1.045 millones de dólares, la que en 1996 subió a 1.739 millones de dólares, es decir, la variación negativa se incrementó en 66 por ciento.

Se puede decir que éstos son resultados parciales, que debemos medir la globalidad de las cifras y todo el efecto de nuestro comercio internacional. Eso es cierto, pero todos sabemos que nuestra balanza comercial es negativa, que ha venido incrementándose y que, si bien es cierto que para 1997 se espera una disminución de ella de aproximadamente 800 a 900 millones de dólares, ello se debe fundamentalmente a un mejoramiento en los precios del cobre, de la celulosa y de la harina de pescado, y no, precisamente, a que estemos comercializando más con aquellos países con los que hemos firmado acuerdos bilaterales.

La pregunta es qué ocurrirá con Canadá. De acuerdo con las propias proyecciones del Gobierno, nuestra actual balanza comercial negativa de 160 millones de dólares en 1996, aumentará a 600 millones de dólares en el año 2003, es decir, dentro de los próximos cinco años.

Hemos escuchado intervenciones de algunos colegas, principalmente de los Diputados señores Jocelyn-Holt y Jaime Estévez , acerca de la posición que tenemos los parlamentarios que representamos mayoritariamente zonas agrícolas. En verdad, considero que ellas fueron poco felices.

El punto es definirse sobre la estrategia de desarrollo que el país ha elegido, la que, según creo, todos estamos de acuerdo en que debe ser de apertura al comercio internacional. Aquí se ha dicho tantas veces que el desarrollo nacional debe ser equilibrado y equitativo. Incluso, el Presidente Aylwin empleó reiteradamente durante su mandato la frase: “Crecimiento con equidad”. Pero esa equidad debe darse mediante una mejor distribución de los ingresos no sólo entre los distintos estamentos del país, sino también respecto de las diferentes regiones. Todos reconocemos que las regiones que basan su economía en la agricultura, en cada tratado pagan el precio de la integración y se les quita la posibilidad, de las pocas que existen, de diversificar su producción. ¿Cómo podemos pretender, entonces, tener un país con un desarrollo regional equilibrado, si sistemáticamente estamos condenando, en especial a las regiones del sur, a una situación desmedrada respecto de su principal actividad productiva, la agricultura?

Le quiero decir al Diputado don Jaime Estévez que los agricultores también son consumidores, pero necesitan tener ingresos. ¿Cómo podrían hacerlo y elevar sus condiciones de vida si a través de los acuerdos bilaterales les estamos disminuyendo sus ingresos?

El Diputado señor Hernández expresó hace un rato que él pedía esta misma política agrícola para los marginados, para quienes ni siquiera acceden a los mercados. El problema es más complejo que eso, porque cuando baja el precio del ganado, no sólo afecta a los grandes ganaderos sino, principalmente, a los más pequeños; el precio del trigo no sólo baja para los grandes productores, sino también para el pequeño y el mediano. Entonces, si queremos un país integrado y un desarrollo nacional equilibrado, no podemos abandonar a los sectores que quedan postergados cada vez que se firma un acuerdo comercial, los cuales, muchas veces, están en la dirección correcta. El ejemplo más claro lo hemos tenido en días recientes, cuando el Presidente Frei y sus ministros tomaron la dolorosa decisión de cerrar las minas de carbón, pero sin dejar abandonados a su suerte a los trabajadores. Había un paquete de medidas sociales –jubilaciones, bonos escolares y habitacionales, etcétera-, precisamente para ir en su ayuda. Además, el Presidente de la República ha dicho con fuerza que no dejará abandonada a la zona del carbón. Nosotros reclamamos esa misma fuerza, ese mismo compromiso, esa misma voluntad política para que no se abandone a la agricultura, que es la que, en definitiva, paga estos acuerdos comerciales.

Mientras no veamos esa voluntad en el Gobierno, no podemos votar favorablemente estos acuerdos comerciales.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Ministro de Relaciones Exteriores.

El señor INSULZA ( Ministro de Relaciones Exteriores ).-

Señor Presidente , sólo quiero referirme a un punto específico de la exposición del señor diputado .

Comparar la balanza comercial de l995 con la de 1996, tal como él lo ha hecho, tiene un par de graves defectos. En 1995, las exportaciones chilenas crecieron cerca de un 40 por ciento respecto de 1994, en virtud del muy alto precio de algunos commodities y, fundamentalmente, del cobre. Era completamente imposible esperar que el año 96, con una caída de los precios, tuvieran el mismo crecimiento del 40 por ciento que había experimentado el año anterior. Por lo tanto, en términos generales, la comparación sobre el aumento de las exportaciones y de la balanza de pagos habría que hacerla con un número mayor de años, para evitar que se produzca una distorsión muy favorable a Chile, como sucedió en 1995.

Respecto del tratado con el Mercosur, deseo recordar que el Congreso Nacional lo aprobó sólo en septiembre del año pasado. Entonces, no comparemos el año 95 con el 96, porque todavía debemos esperar un par de años para saber cuáles son las cifras reales en materia de exportaciones que produce el Mercosur.

Por último, es importante recordar el caso de México. Como lo señalé hace poco, hay dos factores que influyeron poderosamente en su situación: la crisis económica mexicana y la caída del peso, que probablemente habrían producido los mismos efectos con o sin Tratado de Libre Comercio. Además, hay que considerar la importancia que tiene en las importaciones desde México todo el sector automotor y metalmecánico, pues antes Chile importaba de otras partes. Al traerlos de México, los precios de los automóviles han caído sustantivamente porque el arancel con ese país pasó a ser cero en materia de automóviles.

Respecto de Argentina, hay un factor importante de distorsión: el petróleo. Por eso, sería bueno compararlo en un período mayor de años. Todos sabemos que desde la construcción del gasoducto que llega a la Octava Región estamos importando más del 50 por ciento de nuestro petróleo de Argentina, en circunstancias de que antes casi no traíamos petróleo desde allá. Es evidente que eso incidirá en la balanza de pagos con Argentina, pero nos favorecerá sustantivamente en las balanzas con otras regiones y países. La dificultad de hacer comparaciones parciales es que no se toman en cuenta el conjunto de los antecedentes ni se pone la situación en una perspectiva más global. En los últimos ocho años, las exportaciones de este país se han triplicado. Ése es un hecho indesmentible. Mirado en el curso del tiempo, creo que el cuadro se ve mucho mejor.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Evelyn Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , la apertura de un país al comercio con el resto del mundo genera importantísimos beneficios en cuanto a estabilidad, crecimiento, creación de empleos, aumento de salarios e, incluso, respecto de una distribución más equitativa del ingreso entre trabajo y capital.

Los estudios que analizan las trayectorias de desarrollo de los distintos países del mundo, en particular los realizados por el Banco Mundial y la especialista Anne Kruger, demuestran, sin lugar a dudas, los efectos benéficos del comercio.

A diferencia de la apertura de un país al comercio con el resto del mundo, que es siempre benéfico, los convenios bilaterales generan tanto costos como beneficios. Los beneficios están relacionados con la creación de comercio y los costos con la desviación de comercio. Para maximizar los beneficios y minimizar los costos de este tipo de convenios bilaterales debe procurarse que los países o las regiones con los cuales se celebran tengan las siguientes características: que sean estables, complementarios en su dotación de factores, competitivos, abiertos y, ojalá, grandes.

El tema de la estabilidad es obvio. No es conveniente que el origen de las importaciones y el destino de las exportaciones de un país estén concentrados en países económica o políticamente inestables, porque una recesión fuerte, procesos de inflación descontrolados, políticas contractivas, etcétera, claramente afectan en forma muy directa a sus socios comerciales.

En este sentido, la estabilidad de Canadá es un gran punto a favor de este tratado, sobre todo si se compara, por ejemplo, con la de los países del Mercosur.

En segundo lugar, la complementariedad de los factores de producción es muy importante. Mientras más diferente sea la dotación relativa de trabajo, capital y recursos naturales, mayores son los beneficios del comercio y también sus efectos favorables en la distribución de ingresos. Asimismo, este factor juega a favor de un convenio entre Chile y Canadá, puesto que su dotación relativa de factores es muy distinta de la que tiene Chile y es complementaria.

En tercer lugar, el tema de la competitividad. ¿Por qué es deseable que el país con el que celebremos acuerdos bilaterales sea competitivo? Porque si vamos a importar de Canadá, por ejemplo, bienes de capital, insumos y tecnología, queremos que sean de mayor calidad y a los mejores precios. En este sentido, no hay duda acerca de la competitividad de las empresas canadienses. La larga frontera que tiene Canadá con Estados Unidos y su amplio comercio con ese país, aseguran que las empresas que han logrado mantenerse y desarrollarse en Canadá han podido sortear con mucho éxito esa competencia.

¿Por qué queremos que ojalá sean mercados abiertos y grandes? Porque esa característica de apertura ayuda a asegurar la creación de comercio, la competitividad y la estabilidad.

En resumen, diría que en todos estos factores Canadá califica en forma excelente. En realidad, es un honor para Chile tener como socio a un país del desarrollo y trayectoria de Canadá. Incluso, en lo que se refiere al tamaño -podría decirse que no es un país tan grande-, igualmente es atractivo. Según cifras del Banco Mundial, de 1994, el producto de Canadá es casi 10 veces mayor que el de nuestro país. Por lo tanto, su mercado es muy atractivo.

Entonces, si todo es tan positivo, ¿por qué votamos en contra del proyecto? Básicamente, por los acuerdos de cooperación ambiental y laboral. Es cada vez más evidente que los países que temen al comercio han empezado a exigir cláusulas laborales y medioambientalistas como barreras al comercio. Pero cuando los países que hoy son desarrollados estaban en proceso de alcanzar ese desarrollo, no tenían los mismos estándares actuales en cuanto a las exigencias de medio ambiente, remuneraciones y condiciones laborales que ahora pretenden imponer a los países menos desarrollados. Es obvio que nuestro país debe avanzar en materias de medio ambiente y laboral. Nadie estaría dispuesto a negar eso, pero también es cierto que para nuestro país es absolutamente imposible cumplir hoy día con los estándares de los países desarrollados sin comprometer seriamente su desarrollo. Por ejemplo, en materia de aguas, específicamente en el tratamiento de aguas servidas, la situación en Chile es muy mala, pero invertir muy fuerte en ello significaría restar recursos a vivienda, a educación, a salud o a pensiones. Tampoco tengo claro si en la actualidad los usuarios podrían pagar el alza de tarifas que eso implicaría.

El Diputado señor Orpis se refirió a los efectos que el acuerdo puede tener con las negociaciones del Nafta o con la Unión Europea en cuanto a si estos convenios serían un piso o un techo, y también el Ministro señor Aninat ha ratificado la posición del Gobierno, razón por la cual no abordaré ese aspecto. Sí quiero dejar en claro que a la UDI le interesa que la lucha por un medio ambiente más libre de contaminación sea eficaz y eficiente. Por ejemplo, está comprobado que la contaminación del aire en Santiago bajaría más de un 30 por ciento si se pavimentasen y lavasen las calles de la capital. ¿No debiera concentrarse ahí nuestro esfuerzo? Se están exigiendo inversiones millonarias a empresas instaladas en Santiago para disminuir la contaminación, en circunstancias de que ese mismo dinero podría provocar un cambio dramático en la calidad del aire y también en la calidad de vida de los habitantes si las calles se pavimentaran, en lugar de comprar tecnología tan cara para que esas empresas puedan mejorar los procesos productivos.

Este afán de procurar un adecuado avance en los temas medioambientales nos ha llevado a tomar contacto y a reunirnos con los Ministros señores Aninat y Villarzú . Hemos comprobado que existen coincidencias e, incluso, la posibilidad de una cooperación real y eficaz. Para ello, la UDI está conformando un equipo especializado que pueda colaborar con trabajo, sugerencias y también críticas en el análisis de estos temas de medio ambiente.

Entendemos que los Ministros Aninat y Villarzú tienen buena disposición para escuchar nuestros planteamientos, dado que el tema del medio ambiente debe ser materia de política de Estado.

Las consideraciones anteriores nos llevan a nueve o diez diputados de la UDI a apoyar la iniciativa, porque estamos firmemente convencidos de que los beneficios del libre comercio con Canadá superan con largueza los costos que se pudieran generar.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Alberto Cardemil.

El señor CARDEMIL .-

Señor Presidente , quiero fijar en forma precisa y muy sobria la posición de nuestra bancada respecto del tratado bilateral de comercio con Canadá.

Renovación Nacional es partidaria de la integración comercial de Chile con el mundo y considera que los acuerdos bilaterales son instrumentos adecuados para lograr ese objetivo, sobre todo si se negocian bien. Sin embargo, para que alcance pleno éxito tal estrategia debe ser necesariamente complementada por dos políticas públicas adicionales y una condición que el Gobierno siempre debe cumplir. La primera, como lo hemos dicho una y mil veces sin resultados concretos, es una política orientada a respaldar el desarrollo agrícola nacional, dado que tal actividad es fundamental para el progreso equilibrado y armónico de nuestro país. La segunda, debe orientarse a disminuir en forma gradual los aranceles para aminorar los efectos negativos de las desviaciones de comercio que traen consigo los acuerdos bilaterales, aumentar la competitividad de los sectores afectados y, en general, del productor chileno.

La condición a que aludimos es muy simple: las autoridades siempre deben cumplir su palabra, honrar sus acuerdos y tener actuaciones confiables hacia sus interlocutores políticos, concretamente respecto de la Oposición que debe votar en la Cámara y en el Senado.

Al momento de votarse en la Cámara de Diputados el tratado bilateral con Canadá, hacemos notar que el gobierno de la Concertación se encuentra a una distancia sideral de haber configurado una política pública hacia la agricultura, que merezca el nombre de tal. Ni siquiera ha dado cabal y efectivo cumplimiento a los acuerdos contraídos en este ámbito al aprobarse el tratado con el Mercosur en el Senado.

De igual forma, a pesar de haber transcurrido más de ocho meses desde que se aprobó dicho acuerdo, el Gobierno no ha dado señal alguna en cuanto a la forma en que dará cumplimiento a su compromiso de rebaja arancelaria de 11 a 8 por ciento durante el actual mandato presidencial e, incluso, ha insinuado su voluntad de compensar en su totalidad tal disminución arancelaria a través del alza de impuestos, lo que se aparta absolutamente del espíritu de dicho acuerdo.

Las autoridades del Ministerio de Hacienda, ante una eventual votación adversa al tratado en discusión, estos últimos días han estado dispuestas a acoger los argumentos que he mencionado, y a resolver los problemas planteados. Sin embargo, podemos señalar, firme y claramente, que tal ánimo se ha esfumado al asegurarse una eventual aprobación del tratado por esta Sala, con votos favorables de parlamentarios de Oposición, tras conversaciones o acuerdos cuyos términos y alcances ignoramos.

En razón de lo anterior, Renovación Nacional emitirá esta tarde una señal política clara hacia el Gobierno, en el sentido de que en el Senado será indispensable definir las políticas agrícolas y arancelarias antes reseñadas, que constituyen un complemento necesario a todo acuerdo bilateral y, particularmente, a éste con Canadá.

Por lo tanto, la directiva del Partido y la bancada de Diputados de Renovación Nacional, por acuerdo adoptado hace una horas, favorecerá la abstención de sus diputados en esta Sala al momento en que deban pronunciarse, sin perjuicio del voto en contra de varios de ellos, del que han hecho reserva.

Queremos dejar en claro este punto en la discusión.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Mladinic.

El señor MLADINIC ( Ministro de Agricultura ).-

Señor Presidente , hoy estamos en presencia de un gran tratado de comercio internacional. Prácticamente no existe, no sólo en la historia de Chile, sino de América Latina, un tratado de las características del que hoy sus Señorías tienen la opción de aprobar o rechazar. Solamente alcanzan estándares parecidos el acuerdo que México firmó con Estados Unidos, a través del conocido Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, tal vez, aun cuando tiene un nivel menor, el acuerdo denominado G-3, entre Colombia, México y Venezuela.

Estamos, pues, frente a un gran esfuerzo de Chile para alcanzar estándares que, como decía la Diputada señora Matthei, corresponden a los de un país muy desarrollado.

Resulta extraño, por decir lo menos, que buena parte de las intervenciones de hoy en la Cámara de Diputados se hayan centrado en críticas al tema agrícola, sobre todo si se considera que con Canadá tenemos un comercio bilateral relativamente reducido. Mientras nuestro comercio agrícola con el mundo supera los 5 mil millones de dólares, con Canadá sobrepasa levemente los 150 millones de dólares. Estamos hablando de una parte decididamente menor del comercio agrícola de este país.

Por lo tanto, este tratado no va a cambiar la faz de la agricultura nacional, ni siquiera se acerca a otros acuerdos que anteriormente tuvo que tratar este Parlamento, que producían una tensión bastante mayor por estar negociados con países vecinos o miembros de la región, con los cuales tenemos mucho más comercio.

En el acuerdo con Canadá, buena parte de nuestros productos de exportación no están gravados o tienen aranceles muy bajos, como sucede, dicho sea de paso, con casi todas nuestras exportaciones de productos frescos a países desarrollados.

Sin embargo, también hemos escuchado a los productores agrícolas que sería conveniente negociar con la Unión Europea, con la cual también tenemos aranceles muy bajos. ¿Por qué nuestros productores agrícolas piensan de esa manera con respecto a la Unión Europea? Porque es sabido que los países desarrollados tienen escalonamiento arancelario, es decir, a medida que vamos avanzando en valor agregado, los productos enfrentan mayor arancel. Ésta no es la excepción en el caso de Canadá. Los productos más manufacturados, aunque se originen en la agricultura, enfrentan aranceles bastante más altos que hoy. Con este acuerdo se consolidan en cero por ciento en un plazo de seis años.

Canadá ha reconocido en su acuerdo y en este tratado que hoy sus Señorías tienen en sus manos, la diferencia de grado de desarrollo de Chile, país que terminará de liberar su comercio en 17 años más, mientras que Canadá lo hará en sólo seis años más.

Si tomamos la producción agrícola, ¿qué cosas importamos de Canadá? Vemos que el año pasado importamos alrededor de 130 millones de dólares, de los cuales 94 millones de dólares corresponden a trigo harinero blanco, el cual está excluido de esta negociación hasta 17 años después. O sea, queda al margen una gran parte de lo que se libera en el acuerdo comercial con Canadá.

Si se analiza lo que ha sucedido con nuestra producción de trigo blanco en Chile, se concluirá que viene disminuyendo desde comienzo de la década del 70 hasta el año pasado. Las hectáreas sembradas han disminuido desde 700 mil o más, antes de la década del 70, hasta poco más de 400 mil en la última temporada. ¿Qué pasó con estas hectáreas? ¿Desaparecieron de la faz de Chile? Lo que ha sucedido es que en esta actividad, como en cualquiera otra, se han utilizado para otros fines, ya sean agrícolas o silvícolas. El uso del suelo tiene muchas posibilidades y son los empresarios privados quienes han ido optando por una u otra actividad, de acuerdo con sus propias rentabilidades y deseos. No es que haya desaparecido un pedazo de nuestro territorio nacional, sino que ha sido usado para otros fines que, a juicio de esos empresarios privados, les resultan más rentables.

En este esquema, se ha comentado mucho sobre tres productos, que representan una porción bastante menor de nuestra agricultura nacional, equivalente a alrededor del 1 por ciento de la superficie sembrada. Me refiero al trigo candeal, a la cebada y a la avena. Dos de esos productos, el trigo candeal y la cebada, forman parte de una cadena productiva; son insumos para productos que Chile exporta en forma interesante y creciente.

Las exportaciones de pastas alimenticias se han incrementado en forma impresionante en los últimos cinco años, pues de poco más de 2 millones de dólares a comienzos de la década, se elevaron a más de 25 millones de dólares el año pasado, lo cual quiere decir que existe potencialidad. El 95 por ciento del trigo candeal que se consume en Chile es utilizado por los fabricantes de pastas alimenticias, quienes, por lo demás, ocupan en su producción el trigo candeal chileno y el canadiense, pues no es posible que usen uno solo. De manera que una mayor producción de pastas llevaría a un mayor consumo de ambos tipos de trigo.

Respecto de la avena, quiero recordar a los señores parlamentarios que ya en el acuerdo comercial con México, negociado por Chile a comienzos de la década del 90, el producto tenía arancel cero. Por lo tanto, era difícil fijar un arancel distinto con Canadá, sobre todo si se considera que ese país es socio de México en el Nafta y que Chile ha estado dispuesto a negociar ese tratado con Estados Unidos y con Canadá. En todo caso, estamos hablando de importaciones del orden de los 2 millones de dólares.

En consecuencia, este acuerdo no amenaza ningún aspecto de la agricultura nacional; por el contrario, considero que se consignan importantes avances que, si bien es cierto no se relacionan específicamente con lo comercial -insisto y soy franco en decirlo, pues hablamos de un comercio reducido-, sí se vinculan con otros puntos del acuerdo, que estimo importante destacar. Me parece un avance interesante que un país de las características de Canadá reconozca la denominación de origen “pisco” para un producto chileno; más aún, es importante para las negociaciones que el país deberá enfrentar a futuro. Asimismo, es un precedente importantísimo que Canadá reconozca y acepte el mecanismo de bandas de precios de Chile. El hecho de que un miembro del G-7 haya aceptado este mecanismo que Chile tiene para estabilizar -no para proteger- los precios en el país, servirá de antecedente básico el día que nuestro país negocie con otras naciones desarrolladas.

Reitero, el acuerdo no representa, ni con mucho, una amenaza para la agricultura nacional; por el contrario, estamos frente a un acuerdo que, por sus características, es muy importante para el país.

Se ha mencionado, creo que erróneamente, que este acuerdo no ha desgravado los insumos agrícolas ni los bienes de capital. En este tratado, como en todos los acuerdos bilaterales que el país ha suscrito, los insumos agrícolas y los bienes de capital han sido desgravados un ciento por ciento; es decir, ingresan con arancel cero al país.

Hay quienes han señalado, específicamente la Sociedad Nacional de Agricultura, que sería conveniente que los insumos agrícolas, los fertilizantes y otros, y los bienes de capital tuvieran arancel cero con todo el mundo. Para decir las cosas claras, eso significa en la práctica que el país abandone su política de arancel uniforme y parejo y aplique aranceles diferenciados, de acuerdo con los distintos productos. Eso, que sin duda constituye un debate académicamente válido, no creo que sea el punto de discusión en el acuerdo bilateral con Canadá. En este tratado, como en los demás acuerdos que ha suscrito el país, y como lo anunciara el Presidente Frei en su mensaje al Parlamento el año pasado, se busca lograr aranceles cero para estos productos, lo que se ha cumplido perfectamente.

En el acuerdo también se consignan avances importantes para productos agroindustriales, cuyos aranceles, como dije, empiezan a subir en el escalonamiento arancelario, como sucede con el caso de los vinos, los licores y varias conservas.

Por lo demás, el tratado tiene algo que fue muy solicitado en el acuerdo con el Mercosur: un régimen de solución de controversias obligatorio para las partes.

En definitiva, no parece haber un punto que pudiere hacer dudar a alguien sobre el acuerdo.

El punto en discusión lo planteó de manera brillante el Diputado señor Ferrada, a quien debo decir que creo objetivamente que el país cuenta con una política agrícola. Sin embargo, la diferencia respecto de lo que mencionó acerca de otras políticas, como defensa, relaciones exteriores, cultura, es que hablamos de un sector productivo, y el país ha optado por una política macroeconómica y económica que no dicta desde el Estado lo que deben elegir los privados. El Estado no escoge a los ganadores; son los propios empresarios quienes, con su empuje y esfuerzo, deben buscar las ganancias, en lugar de hacerlo a través de una planificación estatal.

La política agrícola ha sido expuesta por el Gobierno en diversas oportunidades. Me tocó explicarla personalmente al inaugurarse la Feria Internacional de Talca . Ahí mencionamos, para entrar derechamente al punto, algunos principios orientadores de esta política y algunas líneas de acción. Como principal principio orientador, dijimos que queremos que cualquier política para el sector sea coherente con la política macroeconómica mayoritariamente aceptada por el país. Por lo tanto, una política sectorial debe encuadrarse en ese marco.

También manifestamos que debe ser una política que reconozca que hay un espacio para el Estado, pero, sobre todo, para el sector privado. Que al Estado le compete mejorar y apoyar todo lo relacionado con la competitividad transversal del sector, pero, en definitiva, le corresponden al sector privado temas tan importantes como qué producir, cuánto producir, cómo producir y cuándo producir. Ésa es una decisión de los privados, no del Estado.

Asimismo, expresamos que debe ser una política que reconozca las deficiencias de la pequeña y mediana empresa agrícola para acceder a los mercados, al igual que en el sector urbano e industrial urbano, por lo que ahí deberíamos centrar nuestro apoyo.

También señalamos otra importante orientación de toda política: que debe ser sustentable. Estamos trabajando con recursos naturales que se agotan; en consecuencia, las decisiones que se tomen deben estar imbuidas de un carácter intergeneracional. No se trata de que la actual generación sobreexplote todos nuestros recursos naturales para obtener ingresos, que, por cierto, los necesita, sino que debe hacerlo con respeto por las generaciones que vendrán.

Sobre esta base trabajamos, no sólo en el Ministerio, sino activamente en la Comisión Mixta del Congreso cuando se discutió en el Presupuesto de la Nación, las líneas de acción para la agricultura chilena, con financiamiento.

Déjenme decirles que debe haber pocos sectores en la economía chilena, tal vez ninguno, que presente incrementos realmente espectaculares en la productividad como el sector agrícola, a pesar de la caída en el tipo de cambio real, y de los esfuerzos y la tensión que significa una apertura para el sector.

Los aumentos en los rendimientos de trigo, maíz y frutícola son sólo explicables por la innovación tecnológica y por el esfuerzo de los empresarios del sector, quienes muchas veces son equivocadamente criticados de que no hacen la reforma ni la modernización, ya que, si esto fuera efectivo, no se explicaría el tremendo aumento de productividad que han logrado. Sin embargo, la productividad debe seguir aumentando si queremos competir con éxito en el mundo.

Con los parlamentarios elaboramos líneas de acción y de financiamiento para el sector; además, nos comprometimos a aumentar en 500 millones de dólares los recursos en los próximos cinco años respecto de 1996. El año pasado, en la ley de Presupuestos -por lo tanto, esto está aprobado por el Parlamento y registrado en dicha Ley-, establecimos, como línea de acción, apoyar la internacionalización del sector, fundamentalmente, promoviendo las exportaciones y los negocios hacia afuera, pero también atrayendo inversiones. Destinamos a ello más de 5.600 millones de pesos, con un incremento superior a 2 mil millones de pesos respecto del año anterior. Destinamos alrededor de 1.500 millones de pesos al desarrollo de mercados. Sabemos que una de las dificultades de ese sector son también las deficiencias en los mercados internos y que hay que hacer estudios, entregar y mejorar la información al productor para que pueda tomar mejores decisiones.

Dijimos que era tremendamente importante, como otra línea de acción, el cuidado y la preservación de los recursos naturales y del patrimonio fitosanitario del país. Sin duda, la apertura lo pone en riesgo y por lo tanto, debe invertirse en su cuidado. A ello destinamos más de 50 mil millones de pesos, con un incremento de 15 mil millones de pesos respecto del año anterior.

¿Por qué el apoyo a los recursos naturales? Durante mucho tiempo, en este país se trató a la agricultura casi como a la minería, en que al recurso suelo se le extraía pero no se le aportaba. Hoy son miles las hectáreas del país que están en estado de degradación, porque el suelo no se alimentó. En la Comisión del Parlamento acordamos dar apoyo para recuperar nuestros suelos. En este sentido, dicho apoyo, claramente, dice relación con aquellos que se pueden dar al sector, de acuerdo con lo que el país suscribió y este Parlamento aprobó por unanimidad, en los acuerdos de Marrakech, porque estamos protegiendo un recurso natural: nuestro suelo.

Acordamos también incrementar los recursos para el recurso hídrico y mejorar su destino. Al respecto, es bueno que en la Cámara se haya aprobado el nuevo Código de Aguas. Si queremos agricultura, este recurso es fundamental. Es obvio que existe agricultura con un dólar aún más depreciado, con situaciones de mercado aún más difíciles, pero no existe en el mundo una agricultura sin agua. Por ello, hemos querido aumentar los aportes destinados básicamente a los recursos hídricos, y este año estamos destinando más de 7 mil millones de pesos adicionales a los contemplados para 1996.

Además, si queremos aumentar aún más la productividad, debemos introducir mayor modernización tecnológica. Para ello hemos entregado recursos al sector privado para que innoven tecnológicamente y también a los institutos públicos que se dedican a tales fines. Se destinan más de 40 mil millones de pesos este año para ese efecto y más de 6 mil millones respecto al incremento del año anterior.

Debemos modernizar la gestión empresarial en el campo. Un gran empresario, de distintas áreas de la economía del país, me dijo una vez que quizás no se había dado cuenta de que el área de sus actividades que más requería función empresarial era la agrícola, a la que le había dedicado menos tiempo en su vida.

Tenemos que apoyar y mejorar la gestión empresarial en el campo y con ese fin estamos desarrollando una serie de proyectos y programas. También existen recursos comprometidos en este Parlamento.

Debemos mejorar el acceso al crédito, fundamentalmente, de los pequeños productores, porque presentan las mismas deficiencias de los pequeños industriales en ese sentido, y se han destinado líneas del Banco del Estado y del Indap, Instituto de Desarrollo Agropecuario, para apoyar a ese sector.

Finalmente, también se mejoraron y aumentaron, aun cuando fue extremadamente poco y hubo que suplementarlos durante el resto del año, los recursos para la emergencia agrícola. En el Presupuesto se consideraron alrededor de 800 millones de pesos para emergencias agrícolas; sin embargo, por la situación ya conocida, de acuerdo con la reestructuración presupuestaria, hemos destinado más de 5 mil millones de pesos para dichas emergencias en lo que va corrido del año.

Hay, por lo tanto, orientaciones de política, líneas de acción conversadas constantemente con las Comisiones de Agricultura de la Cámara y del Senado. En forma permanente estamos en reuniones con los dirigentes empresariales y con los de las pequeñas empresas agrícolas del sector. Por cierto, siempre estamos dispuestos a escuchar las opiniones de los parlamentarios y de las Comisiones de Agricultura de la Cámara y del Senado, que quieran sugerir cómo podemos utilizar mejor los recursos y mejorar los fondos. Desde ya está plenamente vigente el compromiso que asumimos este año, cuando negociamos la Ley de Presupuestos, respecto de seguir incrementando los recursos para el sector agrícola, de manera de completar, al cabo de cinco años, una mayor inversión en él, ascendente a 500 millones de dólares.

Es bueno recordar esto, aun cuando siento que no existe una relación íntima con el tratado con Canadá, porque, insisto, en lo que respecta al comercio agrícola, es bastante menor su incidencia.

Creo que los señores parlamentarios tienen la opción de aprobar o rechazar un tratado que, a mi juicio, es de los mejores que el país tiene la posibilidad de firmar.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn .

El señor SCHAULSOHN .-

Señor Presidente , quiero recordar algunos elementos que pueden ser importantes para la toma de decisión de los parlamentarios, sobre todo a la luz de lo que fue el trabajo en la Comisión que estudió el Tratado, por encargo de la Cámara de Diputados, y también de las intervenciones que hemos escuchado durante todo el día.

En primer lugar, quiero recalcar algo que ya se ha dicho, pero que no es malo insistir en ello.

Durante las sesiones de la Comisión Especial que estudió el Tratado, que fueron bastantes y duraron muchísimas horas, no hubo absolutamente ninguna opinión crítica ni desfavorable al Tratado de Libre Comercio que estamos estudiando. ¡Absolutamente ninguna! De lo que estoy afirmando puede dar fe el señor Vallejos , quien actuó como secretario y ministro de fe de la Comisión , y los parlamentarios que participaron activamente en los debates, algunos de los cuales han hecho uso de la palabra para manifestar aprensiones respecto del Tratado, a las cuales también deseo referirme.

Todas las asociaciones empresariales que comparecieron ante la Comisión -vinieron todas, incluso la Sociedad Nacional de Agricultura que tuvo el privilegio de asistir dos veces y figura en las actas que la primera vez que compareció tampoco tuvo una visión excesivamente crítica sobre el Tratado, aunque sí pudo haber manifestado algunas aprensiones- tanto del sector público como del privado, todos los empresarios sin excepción, chilenos y extranjeros, expresaron una opinión altamente favorable al Tratado. Incluso, al momento de finalizar los trabajos de la Comisión, hubo expresiones explícitas de felicitación de los parlamentarios de Oposición hacia el equipo chileno por el excelente Tratado y por la forma como se había negociado.

La única discusión que se produjo en la Comisión, respecto de los méritos del Tratado, fue durante la segunda comparecencia de algunos dirigentes de la Sociedad Nacional de Agricultura en relación con los aranceles que afectan en la actualidad a ciertos productos de exportación frutícolas chilenos que están ingresando a Canadá. Según ellos, se había afirmado, en el transcurso de la discusión, que a partir de la aprobación del Tratado, ciertos productos frutícolas ingresarían al Canadá con arancel cero, en circunstancias de que eso ya era así. Pero, no se adujo en ningún momento que el Tratado podría acarrear algún perjuicio para los intereses agrícolas nacionales, salvo algunas personas que plantearon inquietudes en relación con tres productos: el trigo candeal, que ha sido latamente discutido, la avena y la cebada. El trigo candeal representa un 0,44 por ciento; la avena, un 0,46 por ciento, y la cebada, un 0,23 por ciento del valor bruto de producción del sector silvoagropecuario para 1995. Los demás productos representan el 98,87 por ciento.

Repito que en la Comisión hubo sólo opiniones favorables.

¿Qué ha ocurrido hoy en la Sala? No he escuchado -he estado oyendo atentamente aquí y en mi oficina las intervenciones de todos los honorables diputados y diputadas- un solo argumento que amerite, por ejemplo, la conclusión a la que llegó el Diputado señor Cardemil , cuando intervino en nombre de Renovación Nacional.

Recordemos la intervención del Diputado señor Jürgensen que anunció su voto en contra en la Sala, no así en la Comisión. ¿Qué reclama? Un problema que afecta, según él, a los productores de leche. Pero este Tratado no desmejora en nada su situación, y el Diputado señor Jürgensen no puede afirmar en la Sala -por lo demás, no lo hizo- que el Tratado la desmejora. A lo mejor, alguien podría decir -habría que estudiarlo, porque respecto de este punto hay opiniones- que no la mejora. Pero, pregunto si uno puede considerar que es una actitud coherente, seria y responsable para un partido político, que dice creer en la apertura económica, ser partidario de la economía de libre mercado, oponerse o abstenerse, lo cual, como bien dijo el honorable Diputado señor Estévez , para estos efectos es lo mismo, porque, a lo mejor vamos a aprobar el Tratado en la Cámara, porque hay votos suficientes, a pesar de la abstención de Renovación Nacional. El acto de irresponsabilidad política, del cual nos ha informado el Diputado señor Cardemil , es igualmente serio en mi opinión, si alguien vota en contra o pone en peligro la aprobación de un tratado de esta envergadura por el solo hecho de que no mejora la situación de los productores de leche. Hoy, algunos parlamentarios de la Derecha o de Oposición -da lo mismo, porque creo que no tiene sentido politizar el debate en esos términos- no han sido capaces de esgrimir un solo argumento fuera de los tres productos señalados -respecto de los cuales, en particular en el caso de la cebada, hubo opiniones divididas en la Comisión-, que amerite el rechazo del Tratado.

¿Cuál es la otra crítica que se ha formulado? Que hay productos frutícolas que, a pesar de lo que los negociadores dijeron en la Comisión, ya están ingresando con arancel cero y, por lo tanto, el Tratado no habría significado una ventaja para ellos. Sin embargo, los Ministros han sido muy claros en señalar aquí que, a partir de la suscripción de este Tratado, esas ventajas arancelarias se transforman en permanentes y no pueden ser modificadas.

Reitero que, fuera de esas dos objeciones: la del señor Jürgensen , sobre la cual está claramente probado que no tiene nada que ver con el Tratado, y la de los exportadores frutícolas, que dicen que ya están ingresando con arancel cero ciertos productos -a lo cual se ha respondido que, si es así, gracias a este Tratado van a poder seguir ingresando con arancel cero por siempre-, no hay ninguna otra que amerite el rechazo del Tratado. No hemos escuchado un solo argumento.

Entonces, uno tiene derecho a preguntarse por qué ciertos parlamentarios de Oposición han ido construyendo, de manera absolutamente artificial, una tesis para no votar a favor del Tratado, por lo menos en este momento en la Cámara de Diputados.

Francamente, creo que algunos diputados de Oposición quieren impedir que el Gobierno emerja ante la opinión pública como negociador de un excelente tratado; en el fondo, de impedir que los frutos de una buena negociación y de un tratado beneficioso para el país se traduzcan en dividendos políticos incuestionables para el Gobierno. En un año electoral, tiene cierta lógica que algunos sectores de Oposición no quieran que el Gobierno se saque un siete en esta materia. En consecuencia, dicen “Estamos de acuerdo con el libre comercio, nos gusta el tratado, pero yo lo habría hecho mejor”. “No está bien negociado”, señaló el Diputado señor Cardemil , y me concentro en él no sólo porque es un altísimo dirigente de Renovación Nacional, sino, además, porque habló en nombre de su partido.

¿Dónde está lo malo del tratado? Si ellos lo hubieran hecho mejor, ¿por qué no lo han dicho en esta Sala? Hemos tenido horas de debate y no se ha escuchado ninguna argumentación seria de alguien que dijera cómo se debió haber negociado.

En consecuencia, en pocos minutos más presenciaremos un espectáculo bastante lamentable: un grupo de parlamentarios, motivados por razones exclusivamente político-electorales -que creo que no darán los frutos que esperan-, van a abstenerse o a votar en contra del excelente tratado de libre comercio con Canadá, a pesar de que en su fuero interno saben que merece ser aprobado en forma unánime -como ocurrió en Canadá-, tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado.

Aprovecho de extender mis felicitaciones al equipo negociador por este excelente tratado, y dejo de manifiesto el hecho de que sus “opositores aparentes” -que es la denominación con la cual debemos trabajar- sólo tienen razones políticas y no han sido capaces de esgrimir un solo argumento serio que amerite el rechazo o la abstención. Por el contrario, hemos escuchado únicamente evaluaciones positivas de los parlamentarios y respuestas claras de los ministros en relación con los méritos del acuerdo, el cual debe ser aprobado.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Hago presente a los asistentes a las tribunas que están prohibidas las manifestaciones.

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés) .-

Señor Presidente , después de escuchar la magnífica intervención del Presidente de la Comisión especial que estudió el tratado, uno tendría poco que agregar. Sin embargo, quiero expresar mi preocupación por las palabras del Diputado señor Cardemil , vicepresidente de Renovación Nacional , quien anunció, en nombre de su partido, que con la abstención, salvo algunos de sus miembros que se opondrían, se iba a dar una señal hacia el Senado. Harían esto no porque consideran que el tratado es malo, sino porque significa una dificultad para el país y debe ser rechazado por la Corporación. Entonces, ¿de qué hablamos en la Cámara?

¿Cómo explicar a gente sencilla la suscripción de un tratado de esta naturaleza entre Chile y Canadá?

Recuerdo un spot publicitario en el cual el padre Renato Poblete , director ejecutivo del Hogar de Cristo , invita a jugar un partido de tenis al “chino” Ríos. A mi juicio, suscribir un tratado de libre comercio con Canadá es como si yo fuera a jugar un partido de dobles con el “chino” Ríos, el 7º mejor tenista del mundo. Es obvio que él tendría que hacer un gran esfuerzo para que yo pudiera jugar. Sin embargo, ganaría muchísimo jugando tenis con el “chino” Ríos, y podríamos derrotar a muchos de los parlamentarios que se ufanan de jugar tenis, pero que, en este caso, se abstendrán, para dar una señal al Senado.

Chile está suscribiendo un tratado de libre comercio en materia de bienes y de servicios no financieros, con una de las siete economías más importantes del mundo, y -como se ha reiterado innumerables veces en la Sala, pero, al parecer, aún no lo entienden los parlamentarios de Renovación Nacional-, por este acuerdo no sólo podremos negociar con Canadá en mejores condiciones, sino que, además, fijaremos los requisitos de la relación con ese país de manera permanente para los productores chilenos.

Eso, ¿es bueno o no es bueno? ¿Es razón para abstenerse o decir que, en realidad, da lo mismo si firmamos o no el tratado? O, lo que es peor -como lo acaba de decir el Diputado señor Schaulsohn y antes lo manifestó el Diputado señor Estévez -, porque el tratado requiere quórum especial, ya que establece normas que fijan una relación que va más allá de cualquier otro, ¿la abstención significa rechazo? Si no se atreven a decir que lo rechazarán y se abstienen, es como lavarse las manos frente al tratado y al país.

Si algunos diputados de Renovación Nacional supieran que sin sus votos por la afirmativa se rechazará el tratado en la Cámara, no se abstendrían. Es obvio que saben que el país gana -no han podido decir lo contrario-, pero están haciendo politiquería. Quien aspira a la presidencia de la República , porque mi estimado colega Andrés Allamand ha sido proclamado varias veces por Renovación Nacional como candidato y él quiere ser Presidente de la República , debe hacer una política de Estado, pero aquí se abstendrá.

Él dice: “Como sé que los votos de Renovación Nacional no inciden en el resultado de la Cámara de Diputados, no me inclino ni a favor ni en contra.” Creo que Andrés Allamand debe tener una actitud mejor que ésa.

A mi juicio, esto es parte del debate interno de Renovación Nacional, que no lo ha resuelto tan bien como lo hicimos los democratacristianos el fin de semana pasado, porque en esa colectividad todavía no se sabe quien ganó.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PALMA (don Andrés) .-

Y están en una situación que los obliga a tomar una actitud contradictoria en esta sesión.

En el diario “Financiero” he leído muy buenos argumentos de lo que hará con su voto mi colega Carlos Ignacio Kuschel . Él dijo que votará a favor del tratado, pese a que considera que en relación con el Mercosur el Gobierno todavía no ha hecho todo lo que se comprometió -por lo que realiza fuertes críticas- y pese a que considera que la agricultura chilena está en crisis y que un pequeño sector agrícola será afectado con él. Votará a favor, va a poner su votito -según dice el artículo-, porque esto va en la línea correcta de lo que necesita el país: abrir la economía y establecer mejores condiciones de competitividad para los productores chilenos.

Eso lo entiende un diputado brillante de Renovación Nacional . Sin embargo, el Diputado señor Cardemil señala que Renovación Nacional se abstendrá, por dar una señal hacia el Senado. Todos sabemos qué quiere decir “dar una señal hacia el Senado”. Quieren, aprovechando que el Senado no es plenamente democrático, negociar ciertas condiciones. En un debate tan importante, un planteamiento así lo entiendo como una pequeña amenaza. En definitiva, se está diciendo: “Las políticas de Estado importan menos que determinados intereses”, o “El avance del conjunto del país hacia las políticas de libre comercio y un posicionamiento internacional destacado, importa menos que unos pequeños intereses”, lo cual es lamentable en un partido que aspira -con decisiones como ésta seguirá aspirando por más tiempo aún- a llegar al gobierno algún día.

Quiero terminar mi intervención solicitando a los representantes del Ejecutivo , a los ministros de Hacienda , de Relaciones Exteriores y de Agricultura, que nos acompañan en este momento, que clarifiquen su reacción frente a la señal que Renovación Nacional ha anunciado que dará hacia el Senado.

Sabemos que en la Cámara hay una mayoría más consistente -integrada por la mayoría de los diputados de la Unión Demócrata Independiente y, entiendo, la totalidad de los diputados de la Concertación-, como quedará en evidencia en la votación, que está por hacer avanzar al país en el camino de la libertad de comercio, hacia su mejor posicionamiento como Estado, como nación y como sujeto de respeto internacional.

Ojalá que estas amenazas de señales -que pueden parecerse a los ejercicios de enlace de algún momento; por eso gustan tanto a algunos parlamentarios-, sean respondidas por las autoridades de Gobierno, a fin de que quede claro, antes de que voten, cuál será la respuesta. Estoy seguro de que dicha señal será totalmente inútil, por dos motivos. Primero, porque el tratado de libre comercio con Canadá, que aprobaremos en la Cámara y que dentro de poco aprobará el Senado -estoy seguro de que lo hará-, es un gran avance para la política económica, comercial e internacional del país. Una asociación comercial con un país del Grupo de los Siete no sólo es una señal económica, sino también una señal política de primera magnitud; es creer en Chile. Con esta asociación no sólo los chilenos vamos a creer más en Chile, sino también los ciudadanos e inversionistas de otros países, lo cual contará con nuestro respaldo.

En segundo lugar, porque aplicar la politiquería de las señales en el Senado, sería un muy mal precedente para cualquier proyecto o intento de hacer políticas nacionales. Si nos ponemos de acuerdo ahora, podremos hacerlo también en el Senado. Pero pensar que una abstención aquí puede significar una presión indebida en el Senado, de una u otra manera es...

El señor SOTA .-

¡Un chantaje!

El señor PALMA (don Andrés) .-

...-lo ha dicho muy bien el Diputado señor Sota- claramente un chantaje, e intentar que el país retroceda todo lo avanzado en el entendimiento y perfeccionamiento de nuestras instituciones.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente , el Diputado señor Schaulsohn señalaba que en este hemiciclo no se han dado las razones que justifiquen una abstención o una posición negativa frente al acuerdo que hoy se discute.

Lamentablemente, parece que el Diputado señor Schaulsohn no ha estado presente en el transcurso de la sesión, porque he escuchado claramente las posiciones de colegas de diferentes partidos, quienes han manifestado su aprensión por el convenio laboral que se firma junto al tratado comercial, por el convenio medioambiental y por el propio tratado comercial.

Se ha dado a conocer aquí que no se cree conveniente firmar un convenio medioambiental respecto del cual el Gobierno señala que sólo se tendría presente como una forma de cumplir las leyes internas, cuando en sí establece todo un mecanismo para que Chile adecue su legislación interna y haga cumplir las disposiciones del convenio.

¿Cuál es la duda? Si bien es cierto, que deseamos perfeccionar nuestra legislación laboral y medioambiental, queremos hacerlo a la chilena y no sentirnos forzados por ninguna potencia extranjera, por amiga que sea; no queremos que se nos diga desde afuera cómo debemos arreglar nuestras cosas. Por eso, en forma clara y seria aquí se han planteado críticas al convenio que hoy representa para nosotros un compromiso comercial, laboral y medioambiental.

En cuanto al tema comercial, se ha hecho presente, una y otra vez, que somos partidarios del libre mercado, que nos parece bien realizar esfuerzos para abrir nuestro comercio con los países amigos del resto del mundo. A la vez, creemos que el convenio con Canadá repite lo establecido en los anteriores; o sea, el sector agrícola deberá pagar los costos. Se ha dicho que tiene costos y beneficios. Hoy la avena, la cebada y el trigo sufrirán los costos en forma más inmediata; la cebada desde ya; la avena y el trigo candeal, a mediano plazo. Éste es otro sector de la agricultura que será dañado.

Esta situación, Diputado Schaulsohn , se debe a que estamos haciendo competir una agricultura tremendamente débil y sin protección como la chilena, con otra totalmente protegida y consolidada como son las de los países desarrollados.

De ahí que estemos conscientes de la conveniencia de avanzar en la firma de convenios que abran nuestro comercio al exterior, pero siempre que exista el resguardo necesario para que la producción nacional no se vea afectada por la competencia desleal que viene del extranjero, a través de productos que han recibido subsidios y protecciones de sus gobiernos.

Nosotros hemos planteado una posición absolutamente clara. Somos partidarios -y lo hemos demostrado con hechos- del libre mercado, pero, a su vez, nos merecen reparos los distintos convenios bilaterales que se han suscrito. Por eso hemos adoptado la decisión de abstenernos, para plantearle al Gobierno que, cada vez que se firme un convenio internacional, no se olvide de los productores chilenos, de la producción nacional, que necesitamos competir de igual a igual y no con productos que vienen subsidiados del exterior.

Señor Presidente , por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Cardemil .

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Cardemil .

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, ante varias alusiones que se me han hecho en esta Sala, en nombre de la bancada que represento quiero hacer presente sólo tres puntos.

1º Estamos discutiendo el tratado de libre comercio con Canadá, pero también la suerte de los chilenos y chilenas que viven a lo largo y ancho del territorio nacional. De manera que nos estamos pronunciando sobre el todo y las partes.

2º Una cuestión de principios, de doctrina. El bien común no es el bien de la minoría, pero tampoco el de la mayoría. Es el bien de todos y de las partes; es el bien de cada uno, que se obtiene de la comunidad de todos los chilenos. Por lo tanto, planteamos que, junto con estos tratados bilaterales de comercio, Chile necesita adoptar una política agraria que salve y respalde la producción nacional y una política arancelaria que mantenga, respalde y favorezca la productividad chilena.

3º No es una cuestión peyorativa que los ministros y las autoridades de Gobierno cumplan cabal y formalmente aquello a lo cual se han comprometido.

Al no existir ninguna de estas tres condiciones, reitero que nuestra bancada votará en contra en una gran proporción de sus diputados, y recomendará favorecer la abstención, para dar una señal clara de lo que esperan en materia económica los chilenos que representamos.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Recupera la palabra el Diputado señor Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente , por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Taladriz.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Taladriz.

El señor TALADRIZ.-

Señor Presidente , no voy a aceptar la insolencia de algunos diputados, como la de los señores Schaulsohn y Andrés Palma . No sé si alguna vez ellos se habrán mojado las botas y metido en el barro, como lo hacen los chilenos en el sur, o habrán sabido cómo es la vida de los hombres, mujeres y los niños de esas tierras. El Ministro señor Aninat la conoce, porque sus tierras son vecinas a las mías.

En mi zona, en los pueblos del sur, la gente no entiende estos tratados, pero sí sabe que sus productos no valen nada. Hemos celebrado 36 tratados y antes no teníamos ninguno. Nos odiaban en el extranjero, pero todos vivíamos mejor.

Es una mentira grande la que aquí se dice en cuanto a que estamos haciendo el uno por ciento de los negocios. ¡No, señor! Ahora es un tratado. Quizás no importa, ya que los agricultores no serán más ricos ni más pobres de lo que están. Antes fueron cuatro, después serán seis, y morirá la agricultura. Y no sólo muere el negocio agrícola, sino que los pueblos y ciudades, y la gente emigra. Eso es más caro para Chile. No transformemos el campo chileno en una nueva Lota. Paguemos antes, porque después saldrá mucho más caro.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.

El señor ELIZALDE .-

Señor Presidente , quiero plantear un tema que hasta ahora no ha sido tratado y vincularlo con lo que significó el Mercosur en su momento.

Un sector importante de la actividad agrícola y rural obtuvo condiciones importantes que permitieron, en el tiempo, un desgravamiento de los productos agrícolas y, a su vez, el reacondicionamiento de nuestra agricultura.

Una cláusula del Mercosur establece que cualquier otro acuerdo que podamos tomar como país, en este caso con Canadá, hace posible que los países miembros del Mercosur soliciten igualdad de condiciones. Si eso llegara a ocurrir, todo cuanto se consiguió en un momento determinado para garantizar la modernización de la agricultura chilena podría afectar a las condiciones actuales. Ésa es la interrogante que me planteo. En consecuencia, me gustaría que se nos dieran garantías de que eso no ocurrirá.

Se ha dicho que es muy difícil que los países integrantes del Mercosur, por las franquicias obtenidas, pidan que las normas de este tratado se les hagan aplicables a sus componentes. Ésta es una materia en la que debemos tener seguridad y certeza.

Quiero recoger también un tema que abordó el Diputado señor Cardemil y que, desde mi punto de vista, es sustantivo. Es cierto que este tratado favorece a la mayoría de los sectores productivos del país. Todos saben que con la externalización de la economía estamos consiguiendo nuevos espacios que nos permiten crecer y desarrollarnos. En consecuencia, éste es el bien común del país del cual todos nos alegramos. Sin embargo, no es menos cierto que hoy se atenta contra un sector minoritario de la población. En este sentido, la responsabilidad-país en la búsqueda del bien común debería significar que quienes ahora son beneficiados entreguen la cantidad suficiente de recursos para que los sectores que en definitiva pagan el costo de estos tratados puedan tener mejores condiciones.

Si bien es cierto que al 80 ó 90 por ciento de los sectores productivos del país se les abre una gran puerta y expectativas, no es menos efectivo que el sector deteriorado debería recibir mayor solidaridad de parte del Estado.

El Ministro de Agricultura nos dijo que en el debate de la Ley de Presupuestos, en el Parlamento, se avanzó en cuanto a la cantidad de recursos que hoy el Estado entrega a la agricultura y que se nos dará a conocer cómo se utilizan, pero no habló de que en nuestra economía los empresarios deben buscar donde generar sus utilidades. Eso es efectivo sólo para los que tienen la capacidad económica y conocimientos para adaptarse a los cambios que se van produciendo. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la gran mayoría de la gente que vive en el mundo rural, quienes, a pesar de los esfuerzos que hace el Estado, están al margen del crédito, de la capacitación y de la transferencia de tecnología.

En consecuencia, si queremos velar por que este tratado beneficie al país, debemos hacerlo de manera que favorezca a todos los sectores.

Espero que el sector agrícola obtenga mayores recursos del Gobierno y que el Ministro de Agricultura consiga que la gente modesta del campo tenga mayores posibilidades de salir adelante. En ese sentido, planteo mis aprensiones.

Por lo tanto, entendiendo que este Tratado favorece a la mayoría del país, lo votaré favorablemente.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Ministro de Hacienda, don Eduardo Aninat.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , me parece que lo que los señores diputados deben examinar, analizar y votar es un proyecto que aprueba el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá. Ése es el tema de la discusión: los beneficios, costos, ventajas y oportunidades que ofrece este acuerdo que el Poder Ejecutivo ha sometido a la consideración del Parlamento, en esta ocasión, de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, ello no desmerece en absoluto los temas y tópicos agregados a la discusión. Pero queremos ser muy claros. Lo que los diputados y diputadas tienen que votar es si en este proceso de apertura y de evolución hacia la integración, en este camino hacia la equidad y la modernidad, este Tratado ofrece oportunidades reales al país. Eso es lo que está en discusión, no otras materias.

Me llama la atención que a pesar de todos los antecedentes proporcionados latamente en la Comisión Especial y en la de Hacienda -entregados aquí por los diputados informantes-, la discusión se haya centrado en el tema agrícola. Quiero recordar lo que hemos estado analizando y discutiendo durante prácticamente un mes. Aquí se han negociado aspectos positivos para los sectores pesquero, minero, forestal y para una serie de ramas y subsectores del sector industrial manufacturero, con clarísimos beneficios para el país; para el sector servicios, con la sola excepción del financiero; para el sector de inversiones, además de una vasta gama de materias en temas de institucionalidad y seguridad para nuestro comercio exterior y para nuestra política de inserción internacional. Es decir, hemos presentado al Parlamento un acuerdo que va mucho más allá de lo exclusivamente arancelario y comercial y que no obstante ser importante el sector agrícola, dicho acuerdo lo rebasa muchas veces.

El Ministro de Agricultura ha sido claro y preciso al detallar las oportunidades, efectos, ventajas e impulsos que este acuerdo ofrece en esas materias. Quiero recordar -a riesgo de ser repetitivo- que en el tema agropecuario, al contrario de lo que han dicho algunos señores parlamentarios -lo digo con mucho respeto-, a diferencia de lo que Canadá nos otorgó: períodos rápidos -por qué no decir violentos- de desgravación, que vamos a aprovechar, el equipo negociador tuvo que considerar diez listas espaciadas, graduadas y distintas, precisamente para proteger y adaptar la situación de los sectores agrícolas vulnerables. Quiero repetir que esto se analizó largamente en la Comisión para salir al paso de algunas afirmaciones un tanto gratuitas.

Si se me permite decirlo, aquí hemos ocupado mucho tiempo, minutos y horas, para analizar la situación de tres productos específicos. Señor Presidente , con su venia, quiero pedir que se reparta un cuadro que indica el porcentaje de esos tres sectores respecto del total de la producción del sector agropecuario: menos del 1 por ciento. Me gustaría que esto se entregara a los señores diputados.

Quiero reiterar lo que aquí se ha especificado en cuanto a los aspectos medioambiental y laboral que contiene el tratado. Hemos reiterado que dichos temas están para quedarse en el mundo que culmina el siglo XX. También, con la misma claridad, hemos reiterado que jamás aceptaremos imposiciones de estándares que sean diferentes de lo que el país soberanamente decida hacer en estas materias; por el contrario -como han señalado mis colegas ministros-, vemos en esto una oportunidad para sentar bases modernas con resguardos claros al respecto. Creo que se han aclarado hasta la saciedad las dudas que algunos parlamentarios tenían sobre el particular.

En resumen, la disyuntiva real que está en juego en este proyecto -no en proyectos teóricos ni en temas que hoy no están sometidos a la consideración de la Sala- es la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué desea Chile? ¿Congelar?, ¿quedarse ahí?, ¿amarrarse a los acuerdos bilaterales que ya tiene negociados -incluyendo, por supuesto, el Mercosur-?, ¿o avanzar en otro sentido para reimpulsar nuestra reinserción internacional moderna en todos los sectores, en las materias que se han tratado y con la larga agenda que se ha descrito? Creo que ésa es la verdadera disyuntiva: avanzar o retroceder, atreverse o congelar, modernizarse o anquilosarse. Creo que ésa es la alternativa de fondo y cada parlamentario tendrá que juzgar en conciencia los beneficios, oportunidades y costos de este tratado.

Por último, quiero recordar que por razones de quórum constitucional, en el tema relativo a las inversiones y al Banco Central, este tratado necesita los votos de los cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio para ser ratificado. Por lo tanto, quiero ser claro -lo digo con respeto- en señalar que un voto de abstención, en la práctica, significa un voto de rechazo.

En consecuencia, considerando los aspectos que aquí se han analizado largamente, los antecedentes entregados por los Diputados informantes y la discusión que se ha prolongado por largas horas, hago un llamado a los diputados de todos los sectores de la Oposición a que se sumen a avanzar, a seguir progresando y no a enyesarse y retroceder hacia el pasado.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra, por tres minutos y medio, el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA .-

Señor Presidente , antes que todo, anuncio mi voto favorable al acuerdo.

Como todos saben, represento a una zona agrícola: Paine, Buin, Calera de Tango y San Bernardo , y creo que ciertos parlamentarios se han equivocado al explicar por qué se han dado vuelta algunos votos en esta sesión. Quiero señalar que, desde que comenzó a tramitarse este proyecto de acuerdo, en la bancada de la UDI ha habido parlamentarios a favor y en contra. Por lo tanto, lo más probable es que el acuerdo se apruebe con los votos de la Concertación y de la UDI, lo que será reproducido en las zonas agrícolas del país. De manera que la UDI, en una votación seria y consecuente, tal vez permita con sus votos que este Tratado, vital para que el país continúe por su senda de crecimiento, progreso, apertura, mayor riqueza y desarrollo, siga adelante.

Por eso, siendo decisivo nuestro voto, lo entregamos con el mayor agrado, porque si estamos en política es para ser consecuentes y no para cambiar los votos, a fin de sacar dividendos políticos.

Lo más probable es que el ser consecuentes y serios en política no nos signifique muchos votos; pero muchos de nosotros consideramos que votaciones como ésta tienen un profundo sentido. Varios diputados de la UDI votarán en contra y siempre lo han planteado así; pero lo que hoy nos sorprende es leer, por ejemplo, en “El Mercurio” la forma en que se votaría. Entonces, como los votos para aprobar el tratado estaban asegurados, sería mucho mejor abstenernos, rechazar, para que no sea la UDI la que pague el costo político en el mundo agrícola.

Repito que estamos gustosos de hacerlo, y como representante de una zona agrícola del país, creo que en política es muy importante ser consecuente, más aún cuando estamos votando un Tratado de tanta trascendencia. Si durante el gobierno militar fuimos nosotros los que iniciamos la apertura al mundo, porque creemos en este modelo económico, y si somos consecuentes, obviamente debemos respaldar una iniciativa de esta naturaleza.

Por lo tanto, anuncio gustoso mi voto favorable.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Ministro de Agricultura , señor Carlos Mladinic.

El señor MLADINIC ( Ministro de Agricultura ).-

Señor Presidente , el Diputado señor Munizaga se refirió a los subsidios.

De acuerdo con los estudios realizados, en Canadá no existen subsidios a las exportaciones. Sin embargo, el acuerdo establece que en el 2003 ambos países deberán eliminar absolutamente cualquier tipo de subsidio a las exportaciones. Es más, establece que si Canadá aplicara alguno a las exportaciones, la contraparte, es decir Chile, tiene derecho a suspender las preferencias otorgadas.

Respecto de los subsidios de producción, están congelados por Canadá en la Organización Mundial del Comercio y tienen un plazo para su eliminación; pero si algún productor nacional sintiera vulnerados sus intereses por dichos subsidios, tiene todo el derecho de solicitar la aplicación de medidas compensatorias. Por lo tanto, el tema de los subsidios está completamente cubierto por el acuerdo.

Además, es importante mencionar que si algún beneficio agrícola notorio se puede apreciar en este acuerdo, él está radicado claramente en la Cuarta Región, puesto que es la primera vez que en un acuerdo regional se logra la denominación de origen “pisco”, lo que es importante específicamente para esa región, si alguien quiere hablar de beneficios regionales.

Creo que hemos discutido muchas veces respecto de los impactos que tiene la apertura sobre la agricultura. Por otra parte, desde hace muchos años hemos estado luchando para que se abran las economías agrícolas del mundo. En el mundo hay quienes creen que la apertura internacional es un problema para la agricultura. En Chile y en otros países creemos que la apertura internacional no es una parte del problema de la agricultura, sino que la apertura global es una parte de la solución del tema agrícola.

No seríamos consistentes si, por una parte, pedimos apertura al mundo y, por otra, queremos proteger nuestra economía. Debemos ser consistentes en nuestros argumentos ante el mundo. Y menos consistente aún es pensar que la apertura, por el hecho de ser negociada bilateralmente con un país, tensiona nuestra agricultura, lo que no sucede con la apertura acordada unilateralmente. El productor nacional no distingue cuando los aranceles bajan por una u otra razón. Lo que estamos diciendo aquí es que queremos seguir abriendo nuestra economía, porque ello es beneficioso para la agricultura y para todo el país.

En definitiva, estamos convencidos de que esta apertura será una parte de la solución de los problemas agrícolas y no un acrecentamiento de ellos.

Gracias, señor Presidente.

-Aplausos.

-En virtud del artículo 85 del Reglamento, se inserta el siguiente discurso no pronunciado en la Sala.

El señor SABAG.-

Señor Presidente , honorables colegas:

El proyecto de acuerdo Chile-Canadá, el cual consta de tres tratados, Libre Comercio, Cooperación Ambiental y Cooperación Laboral, suscritos entre diciembre de 1996 y febrero de 1997, y que debiera entrar en vigor en junio del presente año, se enmarca dentro de la estrategia comercial asumida por Chile de intensificar la apertura comercial y la expansión del intercambio mediante el establecimiento de una zona de libre comercio, facilitándose también el intercambio tecnológico y la inversión extranjera. Además de los temas comerciales, se ratifica el compromiso de contar con legislaciones en materia laboral y medioambiental compatibles con un desarrollo sustentable común.

Chile y Canadá comparten una visión del camino a seguir en la integración de las Américas. Canadá es hoy un socio estratégico de gran importancia para el proceso de integración hemisférica, así como también con el Asia-Pacífico. El Acuerdo Chile-Canadá, si bien utilizó como base el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta), realizó una serie de modificaciones con el fin de mejorarlo y adaptarlo a la realidad de las relaciones entre nuestro país y Canadá. No podemos olvidar que la nación del Norte es una de las naciones de mayor desarrollo en América y miembro del grupo que reúne a los siete países de mayor desarrollo a nivel mundial.

En los últimos seis años, nuestras exportaciones a Canadá han aumentado en más de un 70%, lo que indica la existencia de un importante mercado emergente para nuestra economía. Además, Canadá es el segundo mayor inversionista extranjero en Chile, con más de 7 mil millones de dólares de inversión autorizada, especialmente en rubros como la minería, las telecomunicaciones, energía y electricidad, caracterizándose por ser inversión que persigue objetivos a largo plazo.

El acuerdo marca un importante hito por la profundidad y amplitud de los temas que abarca. Entre las materias más relevantes podemos señalar:

La reducción de los aranceles por ambas partes, eliminándose más del 80% de los gravámenes que afectan al comercio bilateral.

Nuevos compromisos que reducen importantes barreras no arancelarias como subsidios, procedimientos aduaneros engorrosos y otros mecanismos discrecionales.

Inclusión de un trato no discriminatorio a la exportación de servicios y una adecuada protección a la inversión extranjera tanto en Chile como de los chilenos en el exterior.

Establecimiento de la obligación de adoptar medidas que prohíban las prácticas monopólicas.

Mantenimiento de un ambiente de sana competencia en el mercado interno y se elimina gradualmente la posibilidad de utilizar derechos antidumping con fines claramente proteccionistas.

Establecimiento de sistemas de solución de disputas que permitan disminuir las diferencias de poder entre los países, e

Incorporación de tratados en materia laboral y medioambiental que mantienen la soberanía para determinar la propia legislación e imponen al Gobierno la tarea de una adecuada fiscalización.

Todos estos aspectos están estructurados en base a capítulos, en los que se establecen principios generales que reflejan compromisos adoptados por las partes. Además, en anexos se describen las excepciones a estos principios y particularidades en el tratamiento a ciertos temas o sectores.

Un tema que siempre preocupa son los aranceles. En este aspecto, debo señalar que la estructura arancelaria canadiense, al contrario de la chilena, contempla aranceles diferenciados, que en términos generales son muy bajos para materias primas y productos de poco grado de elaboración, y altos para productos manufacturados. Con la entrada en vigencia del Acuerdo, más del 92 por ciento de las exportaciones chilenas a Canadá ingresarán con arancel cero desde el primer día. Tal es el caso de las cerámicas, artículos de cobre, harina de pescado, salmones y otros productos del sector pesquero. Lo mismo acontecerá con frutas, vinos, puertas de madera, etc. En todo caso, todos los productos chilenos estarán exentos de arancel en Canadá a más tardar en seis años, es decir, el año 2003.

Es interesante destacar que pese a que existen algunos productos exceptuados del Acuerdo -aves, huevos y lácteos- Canadá ha otorgado a Chile una cuota para dichos productos a cero arancel que supera con creces lo que nuestro país es capaz de exportar. En otras palabras, ello implica no tener excepciones.

En cuanto a los productos canadienses, la gran mayoría que ingresa a Chile lo hará también con arancel cero una vez que comience a regir el Acuerdo, bajando así los precios hacia el consumidor. Chile desgravará en forma inmediata aproximadamente un 70 por ciento de las importaciones actuales. El resto de los productos importados se desgravarán en un lapso que va de los 2 a los 18 años. Entre los productos que tendrán desgravación inmediata se encuentran las maquinarias, equipos, insumos y computadores, entre otros. También existen algunos productos agrícolas y manufacturados sensibles para nuestro país, los que se desgravarán en plazos de entre 6 a 7 años. Un número limitado de productos agrícolas y derivados del petróleo se desgravarán en períodos de 10 o más años, en plazos similares a los negociados con Mercosur.

Finalmente, deseo resaltar que para países como el nuestro, que tiene una clara vocación para participar de manera transparente en la economía internacional, estos tratados sólo representan beneficios, ya que en ausencia de ellos, normalmente el comercio bilateral se rige por actos y decisiones de las economías de mayor tamaño.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Cerrado el debate.

En votación el proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado de libre comercio y acuerdos de cooperación ambiental y laboral, suscrito entre los gobiernos de las Repúblicas de Chile y Canadá.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 21 votos. hubo 10 abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Aprobado el acuerdo del Tratado de libre comercio y acuerdos de cooperación ambiental y laboral, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Canadá.

-Aplausos.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Allende ( doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Ceroni, Cornejo, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Estévez, Fuentealba, Gajardo, Girardi, González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Karelovic, Kuschel, Latorre, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Luksic, Makluf, Martínez ( don Gutenberg), Matthei (doña Evelyn), Montes, Morales, Moreira, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Paya, Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Schaulsohn, Seguel, Silva, Soria, Sota, Tohá, Tuma, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker, Wörner (doña Martita) y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Bayo, Caminondo, Coloma, Correa, Chadwick, Errázuriz, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Hurtado, Jürgensen, Martínez ( don Rosauro), Masferrer, Melero, Pérez (don Víctor), Ribera, Taladriz y Vega.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Allamand, Cardemil, Cristi (doña María Angélica), Fantuzzi, Munizaga, Prochelle (doña Marina), Prokuriça, Rodríguez, Solís y Vilches.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Ministro de Hacienda.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , junto con agradecer la calidad del debate, en nombre del Ejecutivo y de los colegas Ministros, agradezco también muy sinceramente a todos los diputados que nos han apoyado en la aprobación de este trascendental acuerdo entre Chile y Canadá.

Muchas gracias.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Se suspende la sesión por dos minutos.

?VALPARAISO, 20 de mayo de 1997

Oficio Nº 1470

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del Mensaje, Informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

"Artículo único.- Apruébanse el "Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá", y sus anexos, apéndices y notas, suscrito en Santiago de Chile el 5 de diciembre de 1996, con las enmiendas y correcciones de que dan cuenta las notas Nº 1.880, Nº 2.250, y EA 32, intercambiadas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y la Embajada de Canadá, respectivamente, de fechas 24 de marzo, 9 de abril y 10 de abril, todas de 1997; el "Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá" y sus anexos; y el "Acuerdo de Cooperación Laboral entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá" y sus anexos, ambos suscritos en Ottawa, Canadá, el 6 de febrero de 1997.".

***

Hago presente a V.E. que el proyecto fue aprobado con el voto conforme de 78 señores Diputados, de 119 en ejercicio.

Dios guarde a V.E.

GUTENBERG MARTINEZ OCAMICA

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario de la Cámara de Diputados

?INFORME DE LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES, DE ECONOMIA Y DE AGRICULTURA, UNIDAS, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE APROBACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, Y DE LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN AMBIENTAL Y DE COOPERACIÓN LABORAL, SUSCRITOS ENTRE LOS GOBIERNOS DE CHILE Y DE CANADÁ.

BOLETIN Nº 2009-10.

_______________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestras Comisiones de Relaciones Exteriores, de Economía y de Agricultura, unidas, tienen el honor de informaros respecto del proyecto de acuerdo -en segundo trámite constitucional, e iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República- individualizado en el rubro.

A las sesiones en que vuestras Comisiones estudiaron los instrumentos internacionales objeto de este informe, asistieron, además de sus miembros, los HH. Senadores señores Sergio Díez, Sergio Fernández, Julio Lagos, Jorge Lavandero, Miguel Otero, Sergio Páez, Sebastián Piñera y José Ruiz De Giorgio; el H. Diputado señor Jaime Estévez; el señor Ministro de Relaciones Exteriores, don José Miguel Insulza; el señor Ministro de Hacienda, don Eduardo Aninat; el señor Ministro de Agricultura, don Carlos Mladinic; el Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, don Walter Riesco; el Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, don Ricardo Ariztía y el Secretario General de la misma entidad, don Raúl García; el Presidente de la Asociación de Productores Avícolas y Gerente General de la Asociación de Productores de Cerdos de Chile S.A., don Juan Miguel Ovalle y el Gerente de Estudios de la primera entidad, don Mauricio Serrano; el Vicepresidente de la Corporación Nacional de Exportadores de Chile y Secretario General de la Sociedad de Fomento Fabril, don Andrés Concha; el Presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Campesinas, don Manuel Peñailillo; el Gerente General de Empresas Luchetti, don Santiago Vásquez; el Director de la Asociación de Exportadores de Manufacturas de Chile, don Mario Marcel; el Coordinador Diplomático del Congreso Nacional, Embajador don Mariano Fontecilla y los representantes del Ejecutivo señores Juan Gabriel Valdés, Carlos Portales, Alejandro Jara, Patricio Balmaceda, José Tomás Letelier, Jaime Irarrázabal, Jaime Undurraga, José Manuel Lira, Andrés Jana, Juan Carlos Collarte, Igor Garafulic, María Eugenia Wagner, Liselotte Kana, Gloria Peña, Catalina Bau, Roy Rogers, Cristián Palma, Rafael Bertini, Carlos Piña, Daniel Rey, Guillermo Campero, Héctor Repetto, Ricardo Lagos y Fernando García.

Cabe señalar que el Primer Mandatario ha hecho presente la urgencia para el despacho de esta iniciativa, con calificación de "simple", en todos sus trámites.

Asimismo, es menester precisar que el artículo G-09 del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá y su anexo G-09.1 deben ser aprobados por las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política, en relación con lo establecido en el artículo 97 de la Carta Fundamental.

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ANTECEDENTES

1.- El Mensaje de S.E. el Presidente de la República, con que se inició el proyecto de acuerdo en informe.

a) Cuestiones Generales.

El Mensaje señala, en primer término, que si bien el Acuerdo comprende tres cuerpos normativos, constituye un todo indivisible, ya que el compromiso adquirido con Canadá supone su aprobación en conjunto, como una forma de equilibrar armónicamente los intereses de cada país.

Agrega que este Acuerdo constituye un importante factor para la expansión del intercambio comercial, de las inversiones extranjeras y de los servicios transfronterizos con Canadá, mediante el establecimiento de una zona de libre comercio entre ambas partes. Asimismo, en él se ratifica el compromiso de las Partes de contar con legislaciones en materia laboral y medioambiental que sean compatibles con un desarrollo sustentable, manteniendo Chile su autonomía para determinar los estándares a exigir en nuestro ordenamiento jurídico.

Añade que en el mundo contemporáneo las sociedades han tomado conciencia de que dependen unas de otras para lograr incrementar el nivel de desarrollo y disminuir la pobreza. Ello, junto con un acelerado proceso de desarrollo tecnológico, está llevando a una globalización de las economías cada vez mayor. Este proceso se manifiesta tanto a nivel político, como social y económico.

No obstante, subsisten una serie de limitaciones al intercambio y la interrelación entre los países, las que, en su mayoría, son impuestas unilateralmente por los gobiernos y se mantienen con el fin de proteger algunos sectores en particular. Se debe reconocer también la existencia de diferencias de orden natural, como lo es el tamaño de cada país y su ubicación geográfica que, de un modo u otro, marcan el desarrollo de los pueblos.

Las limitaciones mencionadas constituyen restricciones importantes al desarrollo de países como Chile, que han optado por un modelo de economía abierta, pero encuentran trabas al ingreso de sus exportaciones de bienes y servicios a otros mercados y enfrentan inseguridades en las reglas del juego en los mercados externos que disminuyen la rentabilidad de invertir en ellos.

Finalmente, el Mensaje puntualiza que para superar las anteriores limitaciones, el Gobierno ha iniciado una estrategia basada en la negociación de tratados internacionales. Se trata así de constituir un mecanismo complementario y compatible con la apertura unilateral y la liberalización a escala multilateral, que permita generar desarrollo a los distintos ámbitos de nuestra economía.

b) Tratado de Libre Comercio.

Este instrumento, según el Mensaje, se enmarca en una política de internacionalización con el resto de los países del continente americano, por lo que la estrategia de negociación se diseñó teniendo en cuenta dicha proyección. Dado que no todos los países americanos están preparados hoy para negociar la supresión de barreras, se inició la negociación con aquellas economías que sí pueden enfrentar dicho desafío en el presente, con el objeto de adelantar, al menos en parte, los beneficios de la integración. Así se negoció el Acuerdo Bilateral con Canadá que, si bien puede ser fácilmente integrable a tratados regionales en futuras negociaciones con países de América, tiene valor jurídico y económico por sí mismo.

En seguida, se señala que Canadá es una de las naciones de mayor desarrollo económico de América, es miembro del Grupo de los 7, tiene un ingreso per cápita de cerca de US$ 20.000 anuales e importa anualmente alrededor de US$ 155 mil millones. En los últimos seis años -agrega-, nuestras exportaciones a Canadá se han incrementado en más del 70%, lo que indica la existencia de un importante mercado emergente.

A continuación, el Mensaje afirma que el Acuerdo negociado usó como base el texto del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), el que fue objeto de importantes modificaciones con el fin de mejorarlo y adaptarlo a la realidad de la relación Chile-Canadá. Así, se permite que cada Parte mantenga su identidad en aquellos puntos que se consideran esenciales. Ejemplos de ello lo constituyen el que Chile se reserva el derecho de mantener los mecanismos de bandas de precios a los que se acogen un grupo de productos agrícolas y, el que el Banco Central de Chile conserva la facultad de aplicar medidas cambiarias con el objeto de mantener la estabilidad de la moneda.

Luego, precisa que este Acuerdo profundiza el grado de apertura alcanzado por el NAFTA. Tal es el caso de las reglas de origen de un grupo importante de productos y el compromiso de no imponer derechos "antidumping" entre Chile y Canadá, a fin de evitar que éstos sean utilizados con fines proteccionistas.

A partir del año 2003 -añade-, ambos países se comprometen a no imponer subsidios a las exportaciones agrícolas en el comercio bilateral, lo que supera el compromiso de Canadá frente a la OMC en esta materia. Alternativamente, se mantiene la posibilidad de utilizar los derechos compensatorios y las salvaguardias.

El Mensaje agrega que este Acuerdo marca un hito por su nivel de profundidad y la amplitud de temas que abarca. No sólo se profundiza en materia de reducción arancelaria, al eliminarse en forma inmediata más del 80% de los aranceles que afectan al comercio bilateral y la mayoría de las partidas que contempla el arancel aduanero, sino también se agregan nuevos compromisos que reducen importantes barreras no arancelarias, como subsidios, procedimientos aduaneros engorrosos y otros mecanismos discrecionales. Se incluye un trato no discriminatorio a la exportación de los servicios y una adecuada protección a la inversión extranjera tanto en Chile como de chilenos en el exterior.

A continuación, se explica que en materia de desgravación arancelaria la negociación persiguió lograr un área de libre comercio lo antes posible, para lo que se buscó maximizar el número de productos que se desgravarían en forma inmediata. Luego, se consideró la necesidad de dejar plazos más largos de desgravación para productos sensibles y, por último, la negociación no se planteó en términos recíprocos, para evitar que un producto cuyo calendario de desgravación fuese más largo por considerarse sensible en una parte, no quedase en desgravación inmediata en la otra parte sólo por efecto de reciprocidad.

De esta manera, se convino una desgravación arancelaria sobre el comercio de bienes, que contempla la liberalización del comercio en un plazo no superior a seis años, con la excepción de algunos productos sensibles que sólo para efectos de ingresar a Chile, se les aplica un calendario de desgravación similar al acordado con el Mercosur, con plazos sustancialmente superiores a los seis años, y que finalizan a más tardar el año 2014.

El Mensaje señala que más del 92% de las exportaciones chilenas destinadas a Canadá se verán favorecidas por el libre acceso arancelario, en forma inmediata, una vez entrado en vigencia el Tratado. El resto de los productos lograrán estar exentos de arancel entre dos y seis años.

Asimismo, destaca que del total exportado actualmente a Canadá, cerca del 64% corresponde a bienes agrícolas y el resto a bienes industriales, y que el 91% de los productos agrícolas que Chile exporta hoy a Canadá podrán ingresar sin pago de arancel a ese país en la fecha de entrada en vigencia de este Tratado. Chile, en cambio, desgravó en forma inmediata el 45% de las exportaciones actuales de Canadá a Chile.

En cuanto a la entrada de bienes canadienses a nuestro país, se precisa que la mayor parte de los productos que Chile libera en forma inmediata a Canadá constituyen insumos y maquinaria para la industria y el sector agrícola chileno.

Agrega el Mensaje que Chile desgravará en forma inmediata cerca del 70% de las importaciones actuales provenientes de Canadá. El resto de los aranceles de productos que ingresen de Canadá a Chile se desgravarán en un período de tiempo de entre dos y dieciocho años. Cerca del 81% de estas importaciones son productos industriales, siendo el resto productos agrícolas.

Por otra parte, ambos países se comprometen a otorgar a las exportaciones provenientes de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgan a los bienes nacionales, principio conocido con el nombre de Trato Nacional. Chile exceptuó de esta obligación la legislación que prohíbe la importación de vehículos usados y Canadá mantuvo controles sobre las exportaciones de troncos de todas las especies y sobre la exportación de pescado no procesado.

Asimismo, Chile se reserva el derecho a mantener el actual Estatuto Automotriz, los sistemas de "drawback", el pago diferido de aranceles para los bienes de capital y las bandas de precios.

c) Tratado de Cooperación Ambiental.

El Mensaje señala que la esencia de esta normativa es la de entregar un marco ambiental que sea compatible con las condiciones necesarias para el desarrollo económico y el progreso de cada país. En esta perspectiva, destaca que el Tratado respeta la autonomía de cada una de las Partes, al no consultar ninguna imposición unilateral de una respecto de la otra, como tampoco obliga a armonizar estándares medioambientales entre ambos países.

Añade que la única obligación contraída es la de respetar las propias leyes y que no existe vínculo entre las barreras comerciales y el Tratado medioambiental.

Los principales objetivos de este Tratado son los siguientes:

- Alentar la protección del medio ambiente.

- Promover el desarrollo sustentable a partir de la cooperación y el apoyo mutuo en políticas ambientales y económicas.

- Mejorar la observancia y aplicación de las normas ambientales, y

- Promover la transparencia y participación de la ciudadanía en este ámbito.

d) Tratado de Cooperación Laboral.

El Mensaje prescribe que este Tratado resulta positivo para nuestro país, porque los principios laborales que recoge son congruentes con los principios y políticas laborales del gobierno y de los actores sociales chilenos.

Agrega que su normativa se caracteriza por promover la cooperación entre las Partes, privilegiar el cumplimiento de las leyes laborales propias, no imponer leyes comunes ni su homologación, no penalización de particulares por eventuales incumplimientos, como tampoco imposición de sanciones comerciales.

Finalmente, destaca los siguientes aspectos de este instrumento internacional:

- Persigue alcanzar una mayor cooperación y entendimiento entre las Partes respecto de varios aspectos laborales. Tiene como metas fomentar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de los países y proteger, aumentar y asegurar los derechos básicos de los trabajadores.

- Establece la obligación de cada una de las Partes de garantizar la aplicación de sus leyes laborales nacionales. Este compromiso se aplica a los principios laborales básicos que abarcan cuestiones relativas a las relaciones industriales, normas de empleo y las normas de seguridad y salud ocupacional.

- Provee mecanismos de cooperación y consulta para la solución de problemas, a la vez que crea un nuevo vínculo institucional entre Canadá y Chile con el establecimiento de la Comisión para la Cooperación Laboral.

2.- La Constitución Política de la República.

Su artículo 50, Nº 1, entrega al Congreso Nacional como atribución exclusiva, el aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación.

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CONTENIDO FUNDAMENTAL DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

TRATADO DE LIBRE COMERCIO

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá consta de un Preámbulo y de dieciséis Capítulos, distribuidos en cinco Partes, el contenido fundamental de todos los cuales os reseñaremos brevemente a continuación.

Este Tratado se complementa, además, con diversos Anexos y Notas, de un extenso contenido técnico, que para los fines de este informe no se estima necesario describir en forma detallada, sin perjuicio de hacerlo con aquellos que precisan el alcance de las normas principales del Tratado. Fundamentalmente, es conveniente destacar los Anexos I y II, que contienen las reservas en relación con medidas existentes y futuras que sean disconformes con los compromisos de liberalización de los Capítulos G, y H, y el Anexo III, que contempla las excepciones en que las Partes no conferirán al inversionista de la otra Parte el tratamiento de la nación más favorecida, previsto como regla general en el artículo G-03.

Por último, es menester señalar que en el primer trámite constitucional, mediante indicación de S.E. el Presidente de la República, se agregaron al proyecto de acuerdo en informe las Notas Nºs. 1880, 2.250, y EA 32, intercambiadas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y la Embajada de Canadá, respectivamente, de fechas 24 de marzo, 9 de abril y 10 de abril, todas de 1997, mediante las cuales se corrigen, conforme al procedimiento previsto en el artículo 79 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, diversos errores formales en el texto del articulado, capítulos, notas y anexos del Tratado de Libre Comercio.

A.- Preámbulo.

Contiene los propósitos que animan a las Partes para suscribir el Tratado en informe.

B.- PRIMERA PARTE. Aspectos Generales.

Esta Parte, "Aspectos Generales", comprende el Capítulo A, que describe los Objetivos del Tratado, y el Capítulo B, de Definiciones Generales utilizadas en todo el articulado, sin perjuicio de que algunos Capítulos contengan definiciones especiales.

Así, el objetivo fundamental del Tratado es establecer una zona de libre comercio, de conformidad con las normas pertinentes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT-1994) y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), que son parte del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC). Es menester tener presente que estos Acuerdos rigen en Chile como ley de la República, de conformidad con lo dispuesto por el decreto supremo N° 16, de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ahora bien, los objetivos del presente Tratado, desarrollados de manera más específica a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes:

a) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las Partes;

b) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio;

c) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes;

d) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias, y

e) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral, regional y multilateral, encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.

C.- SEGUNDA PARTE. Comercio de Bienes.

Esta Parte, que se refiere al Comercio de Bienes, incluye el Capítulo C, sobre trato nacional y acceso a bienes del mercado; el Capítulo D, que establece las reglas de origen; el Capítulo E, relativo a procedimientos aduaneros, y el Capítulo F, que regula la aplicación de medidas de emergencia.

I.- Capítulo C. Trato nacional y acceso de bienes al mercado.

1.- Ámbito de aplicación. (Artículo C-00).

Este Capítulo se aplica al comercio de bienes de una Parte, incluyendo los bienes comprendidos en el Anexo C-00-A (Comercio e inversión en el sector automotriz) y los bienes comprendidos en el Anexo C-00-B (Bienes textiles y del vestido), salvo lo previsto en tales Anexos.

2.- Trato Nacional. (Artículo C-01 y Anexo C-01.3).

El tratamiento nacional a los bienes de la otra Parte se otorgará de conformidad con el artículo III del GATT 1994, el que para estos efectos se entiende que pasa a ser parte integrante del Tratado.

Por el Anexo C-01.3, Canadá excluye de este tratamiento especialmente a los controles impuestos por ese país a la exportación de troncos de todas las especies y de pescado no procesado. Chile, a su turno, se reserva el derecho a mantener prohibiciones a la importación de los vehículos usados descritos en las clasificaciones arancelarias que se especifican.

3.- Eliminación arancelaria. (Artículo C-2 y Anexo C-02.2).

Salvo que se disponga de otra manera en este Tratado, ninguna Parte puede aumentar ningún arancel existente, o adoptar ningún arancel nuevo, para un bien determinado. Asimismo, se conviene que cada Parte deberá eliminar progresivamente sus aranceles para bienes, en concordancia con su Lista de Desgravación anexada al Tratado.

Además, las Partes realizarán consultas para examinar la posibilidad de acelerar la eliminación de aranceles aduaneros prevista en sus listas de desgravación.

Cuando conforme con sus procedimientos legales aplicables las Partes aprueben un acuerdo sobre la eliminación acelerada del arancel aduanero sobre un bien, dicho acuerdo prevalecerá sobre cualquier arancel aduanero o período de desgravación señalado de conformidad con sus listas para ese bien.

Cualquiera de las Partes podrá adoptar o mantener medidas sobre las importaciones a fin de asignar el cupo de importaciones realizadas según el arancel cuota establecido en el Anexo C-02.2, siempre que tales medidas no tengan efectos comerciales restrictivos sobre las importaciones, adicionales a los derivados de la imposición del arancel cuota. La revisión de tales medidas se efectuará mediante consultas.

4.- Exención de Aranceles Aduaneros. (Artículo C-03 y Anexo C-03.2).

Ninguna Parte podrá adoptar una nueva exención de aranceles aduaneros, ni ampliar una exención existente respecto de los beneficiarios actuales, ni extenderla a nuevos beneficiarios, cuando la exención se condicione, de manera explícita o implícita, al cumplimiento de un requisito de desempeño. Salvo lo dispuesto en el Anexo C-03.2, ninguna de las Partes podrá condicionar, de la misma manera, la continuación de cualquier exención de aranceles aduaneros existentes al cumplimiento de tal requisito.

Este artículo C-03 no se aplicará al "drawback" y a programas de diferimiento de aranceles.

El Anexo C-03.2 se refiere a la continuación de medidas de exención existentes de aranceles aduaneros. De este modo, para los efectos del artículo C-03.2, Chile podrá mantener hasta el 31 de diciembre de 1999 las medidas de exención de aranceles que consulta el artículo 3 de la ley Nº 18.483, sobre Estatuto de la Industria Automotriz, y hasta el 31 de diciembre de 1998, las medidas de crédito fiscal establecidas en los artículos 9 y 10 de la referida ley, y las medidas de crédito fiscal para exportación de componentes domésticos señaladas en los artículos 11, 11 bis, 12 y 12 bis de la misma ley, siempre que los beneficios de estas medidas estén disponibles sólo para las manufacturas automotrices definidas en dicho cuerpo legal.

5.- Admisión temporal de bienes. (Artículo C-04 y Anexo C-04.1).

Cada Parte autorizará la admisión temporal libre de arancel aduanero, incluyendo la exención de la tasa establecida en el artículo 139 de la Ordenanza de Aduanas chilena, contenida en el decreto con fuerza de ley Nº 30, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de fecha 13 de abril de 1983, del equipo profesional necesario para el ejercicio de la actividad, oficio o profesión de la persona de negocios; del equipo de prensa o para la transmisión al aire de señales de radio o televisión y equipo cinematográfico; de bienes importados para propósitos deportivos o destinados a exhibición o demostración, y de muestras comerciales y películas publicitarias.

6.- Importación libre de arancel aduanero para algunas muestras comerciales y materiales de publicidad impresos. (Artículo C-05).

Cada Parte autorizará la importación libre de arancel aduanero a muestras comerciales de valor insignificante y a materiales de publicidad impresos, sea cual fuere su origen, si se importan desde el territorio de la otra Parte, pero podrá requerir que tales muestras comerciales se importen sólo para efectos de agenciar pedidos de bienes o servicios desde el territorio de la otra Parte o desde un país que no sea Parte, o que tales materiales de publicidad impresos se importen en paquetes que no contengan más de un ejemplar de cada impreso y que ni los materiales ni los paquetes formen parte de una remesa mayor.

7.- Bienes reingresados después de haber sido reparados o alterados. (Artículo C-06).

Ninguna Parte podrá aplicar un arancel aduanero a un bien, independientemente de su origen, que sea reingresado a su territorio después de haber sido exportado a territorio de la otra Parte para ser reparado o alterado, sin importar si dichas reparaciones o alteraciones pudieron efectuarse en su territorio.

8.- Tasas arancelarias de nación más favorecida para determinados bienes. (Artículo C-07 y Anexo C-07).

Cada Parte deberá eliminar, a más tardar el 1 de enero de 1999, su arancel de nación más favorecida aplicado a las máquinas de procesamiento automático de datos; partes de computadores; fuentes de poder para computadores; varistores de óxido de metal; diodos, transistores y dispositivos, semiconductores similares; dispositivos semiconductores fotosensibles; diodos emisores de luz; cristales montados piezoeléctricos; circuitos electrónicos integrados y microensamblajes.

9.- Restricciones a la importación y a la exportación. (Artículo C-08 y Anexo C-08).

Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna Parte podrá adoptar o mantener ninguna prohibición ni restricción a la importación de cualquier bien de la otra, o a la exportación o venta para exportación de cualquier bien destinado al territorio de la otra Parte, excepto lo previsto en el artículo XI del GATT 1994, incluidas sus notas interpretativas, los que se incorporan a este Tratado y se declaran ser parte integrante del mismo.

Chile se reserva el derecho de no aplicar esta norma al cobre y otras reservas para la industria nacional y entidades autorizadas, de acuerdo a las disposiciones de los artículos 7, 8 y 9 de la ley Nº 16.624.

10.- Derechos aduaneros. (Artículo C-09 y Anexo C-09).

A contar de la entrada en vigencia de este Tratado, ninguna Parte podrá establecer derechos aduaneros sobre bienes originarios del tipo de los establecidos por nuestro país en el artículo 190 de la ley Nº 16.464, o en el artículo 62 del decreto supremo Nº 172, de la Subsecretaría de Aviación, publicado en el Diario Oficial de 10 de abril de 1974, Reglamento de Tasas Aeronáuticas e Impuestos.

11.- Vinos y licores destilados. (Artículo C-10 y Anexo C-10.2).

Ninguna Parte adoptará ni mantendrá medida alguna que requiera que los licores destilados que se importen del territorio de la otra Parte, para su embotellamiento, se mezclen con licores destilados de la Parte.

Por su parte, en el Anexo C-10.2, se dispone que toda medida relacionada con el listado de vinos y licores destilados de la otra Parte deberá ajustarse al principio del trato nacional; ser transparente, no discriminatoria y proveer a la pronta decisión en cualquier solicitud de enlistado, una pronta notificación por escrito de dicha resolución al solicitante y, en caso de ser desfavorable, a un informe que indique la razón negativa; establecer procedimientos para la impugnación administrativa de las resoluciones sobre el listado; fundamentarse en consideraciones comerciales normales; no crear obstáculos encubiertos al comercio, y ser publicada y puesta a disposición de las personas de la otra Parte.

No obstante lo anterior, y siempre que las medidas de listado de Columbia Británica estén en lo demás conformes con ello, las medidas automáticas de listado en la referida Columbia Británica podrán mantenerse siempre que se apliquen únicamente a fincas vinícolas establecidas que produzcan menos de 30.000 galones de vino anualmente y que cumplan con la regla de contenido regional existente.

12.- Indicaciones geográficas. (Artículo C-11 y Anexo C-11).

Tan pronto como se obtenga en Canadá protección para la indicación geográfica "Pisco Chileno", bajo la Ley de Marcas Comerciales, Chile protegerá la indicación geográfica "Whisky Canadiense" y no permitirá la importación o la venta de ningún producto como "Whisky Canadiense", a menos que haya sido fabricado en Canadá de acuerdo con las leyes y reglamentos de ese país, que regulan la fabricación de "Whisky Canadiense" para el consumo en Canadá.

Hasta que Chile implemente por completo sus obligaciones bajo el Acuerdo ADPIC, nuestro país prohibirá la importación de cualquier producto rotulado "Whisky Canadiense", a menos que ese producto sea acompañado de una certificación de la autoridad competente canadiense indicando que el producto cumple con los requisitos exigidos para su consumo en Canadá.

13.- Impuestos a la exportación. (Artículo C-12).

Ninguna de las Partes adoptará ni mantendrá impuestos, gravamen o cargo alguno, sobre la exportación de bienes al territorio de la otra Parte, a menos que éste se adopte o mantenga sobre dicho bien, cuando esté destinado al consumo interno.

14.- Subsidios a la exportación de bienes agrícolas. (Artículo C-14).

Las Partes declaran compartir el objetivo de la eliminación multilateral de subsidios a la exportación de bienes agrícolas y señalan que cooperarán en un esfuerzo para alcanzarlo.

A partir del 1 de enero del año 2003, ninguna de ellas introducirá o mantendrá ningún subsidio a la exportación sobre ningún bien agrícola originario en, o embarcado desde, su territorio, que sea exportado directa o indirectamente al territorio de la otra Parte.

Si una Parte introduce o reintroduce un subsidio a las exportaciones de un bien agrícola -hasta el 1 de enero del año 2003-, la otra podrá incrementar la tasa del arancel en dichas exportaciones hasta el arancel de nación más favorecida efectivamente aplicado en ese momento.

15.- Consultas y el Comité de Comercio de Bienes y Reglas de Origen. (Artículo C-15).

Las Partes establecen el citado Comité, que se reunirá a lo menos una vez al año, para asegurar la efectiva ejecución y administración de este Capítulo, de los Capítulos D y E y las Reglamentaciones Uniformes.

16.- Código de Valoración Aduanera. (Artículo C-16).

Se establece que este Código, adoptado en el marco de la OMC, regirá las reglas de valoración de aduana aplicadas por las Partes a su comercio recíproco. Asimismo, las Partes acuerdan que no harán uso en éste de las opciones y reservas permitidas en el Artículo XX y Párrafos 2, 3 y 4 del Anexo III del referido Código.

17.- Sistema de Bandas de Precios. (Artículo C-17 y Anexo C-17.1).

Chile podrá mantener su Sistema de Bandas de Precios establecido en el artículo 12 de la ley Nº 18.525 respecto del trigo y harina de trigo; de los aceites vegetales comestibles, y del azúcar, pero no incorporará nuevos productos en dicho Sistema ni modificará el método por el cual es calculado y aplicado de tal modo que resulte más restrictivo que al 13 de noviembre de 1996.

Las reducciones arancelarias del Listado de Chile del Anexo C-02.2 para los productos cubiertos por la ley Nº 18.525, se aplicarán solamente sobre el componente de arancel ad-valorem y no sobre impuestos específicos o rebajas que pudieran resultar de la aplicación de dicha ley.

II.- Capítulo D.- Reglas de origen.

1.- Bienes originarios. (Artículo D-01).

Salvo que se disponga otra cosa en este Capítulo, un bien será originario del territorio de una Parte cuando:

a) el bien sea obtenido en su totalidad o producido enteramente en el territorio de una o ambas Partes, según la definición del Artículo D-16;

b) cada uno de los materiales no originarios que se utilicen en la producción del bien sufra uno de los cambios de clasificación arancelaria dispuesto en el Anexo D-01, como resultado de que la producción se haya llevado a cabo enteramente en el territorio de una o ambas Partes, o que el bien cumpla con los requisitos correspondientes de ese Anexo cuando no se requiera un cambio en la clasificación arancelaria, y el bien cumpla con los demás requisitos aplicables de este Capítulo;

c) el bien se produzca enteramente en territorio de una o ambas Partes, a partir exclusivamente de materiales originarios, y

d) el bien sea producido enteramente en el territorio de una o ambas Partes, pero uno o más de los materiales no originarios utilizados en la producción del bien, no sufra un cambio de clasificación arancelaria debido a que el bien se ha importado al territorio de una Parte sin ensamblar o desensamblado, pero se ha clasificado como un bien ensamblado; o cuando la partida para el bien sea la misma tanto para el bien como para sus partes, siempre que el valor del contenido regional no sea inferior al 35%, cuando se utilice el método de valor de transacción, ni al 25%, cuando se emplee el método de costo neto, y el bien satisfaga los demás requisitos aplicables de este capítulo. De esta definición quedan excluidos ciertos bienes textiles comprendidos en los capítulos 61 a 63 del sistema armonizado.

2.- Valor de contenido regional. (Artículos D-02 y siguientes).

Dichos artículos establecen la normativa que permitirá calcular el valor de contenido regional de los bienes en general; de los bienes de la industria automotriz; de los bienes y materiales fungibles; de los accesorios, repuestos y herramientas; de los envases y materiales de empaque para venta al menudeo, y de los contenedores y materiales de empaque para embarque.

3.- Accesión al TLCAN. (Artículo D-15).

A partir de la accesión de Chile al TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), las reglas de origen de este Capítulo serán reemplazadas por las que sean negociadas como parte de los términos de la accesión de Chile a dicho Tratado.

III.- Capítulo E. Procedimientos aduaneros.

1.- Certificado de origen. (Artículo E-01).

Las Partes se comprometen a establecer un certificado de origen, que servirá para certificar que un bien que se exporte del territorio de una Parte al territorio de la otra Parte, califica como originario.

2.- Obligaciones respecto a las importaciones. (Artículo E-02).

Cada Parte exigirá al importador en su territorio que solicite trato preferencial para un bien importado a su territorio proveniente del territorio de la otra Parte, que declare por escrito, con base en un certificado de origen válido, que el bien califica como originario; tenga el certificado en su poder al momento de hacer dicha declaración; proporcione una copia del certificado cuando lo solicite su autoridad aduanera, y presente sin demora una declaración corregida y pague los aranceles correspondientes, cuando el importador tenga motivos para creer que el certificado en que se sustenta su declaración contiene información incorrecta. Se faculta a las Partes para que en casos de incumplimiento, puedan negar el trato arancelario preferencial solicitado.

3.- Excepciones. (Artículo E-03).

No será exigible la certificación de origen en las importaciones comerciales o no comerciales, por valores que no excedan la cantidad de mil dólares estadounidenses o su equivalente en la moneda de la Parte o una cantidad mayor que ésta establezca, a condición de que la importación no forme parte de una serie de importaciones que se puedan considerar razonablemente como efectuadas o planeadas con el propósito de evadir los requisitos de certificación.

4.- Subcomité de Aduanas. (Artículo E-13).

Las Partes establecen un Subcomité de Aduanas, que se reunirá a lo menos una vez al año, para procurar que se llegue a acuerdos sobre las materias que se indican.

IV.- Capítulo F. Medidas de emergencia.

1.- Medidas bilaterales. (Artículo F-01).

Durante el período de transición, si como resultado de la reducción o eliminación de un arancel, un bien originario del territorio de una Parte se importa al territorio de la otra Parte en cantidades tan elevadas, en términos absolutos y bajo condiciones tales que las importaciones de ese bien de esa Parte por sí solas constituyan una causa sustancial de daño serio, o una amenaza del mismo a una industria nacional que produzca un bien similar o directamente competidor, la Parte hacia cuyo territorio se esté importando el bien podrá, en la medida mínima necesaria para remediar o prevenir el daño:

a) suspender la reducción futura de cualquier tasa arancelaria establecida en este Tratado para el bien.

b) aumentar la tasa arancelaria para el bien a un nivel que no exceda el menor de:

-la tasa arancelaria aplicada a la nación más favorecida en el momento que se adopte la medida, y

-la tasa arancelaria aplicada a la nación más favorecida el día anterior a la entrada en vigor de este Tratado.

c) en el caso de un arancel aplicado a un bien sobre una base estacional, aumentar la tasa arancelaria a un nivel que no exceda el de la tasa arancelaria de nación más favorecida aplicada al bien en la estación correspondiente inmediatamente anterior a la entrada en vigor del Tratado.

Ninguna de estas medidas se podrá mantener por más de tres años o con posterioridad a la terminación del período de transición, salvo que se cuente con el consentimiento de la Parte contra cuyo bien se haya adoptado la medida.

La Parte que aplique una medida de conformidad con este artículo proporcionará a la otra Parte una compensación mutuamente acordada de liberalización comercial, bajo la forma de concesiones que tengan efectos comerciales sustancialmente equivalentes o que sean equivalentes al valor de los aranceles adicionales que se espera resulten de la medida.

2.- Medidas globales. (Artículo F-02).

Cada Parte conserva sus derechos y obligaciones conforme al Artículo XIX del GATT 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias del Acuerdo OMC, excepto los referentes a compensación o represalia y exclusión de una medida en cuanto dichos derechos y obligaciones sean incompatibles con las disposiciones de este artículo. Cualquier Parte que aplique una medida de emergencia global excluirá de la medida las importaciones de bienes desde la otra Parte, a menos que las importaciones desde la otra Parte representen una participación sustancial (dentro de los cinco proveedores principales) en las importaciones totales y contribuyan de manera importante al daño serio o amenaza del mismo causado por dichas importaciones.

3.- Administración de los procedimientos relativos a medidas de emergencia. (Artículo F-03).

Cada Parte se asegurará de la aplicación uniforme, imparcial y razonable de sus leyes, reglamentaciones, resoluciones y determinaciones que rijan la totalidad de los procedimientos para la adopción de medidas de emergencia.

4.- Solución de controversias en materia de medidas de emergencia. (Artículo F-04).

Ninguna de las Partes podrá solicitar el establecimiento de un panel arbitral de conformidad con lo dispuesto en el artículo N-08 (Solicitud de integración de un panel arbitral), cuando se trate de medidas de emergencia que hayan sido meramente propuestas.

D.- TERCERA PARTE. Inversión, Servicios y Asuntos Relacionados.

Esta Parte del Tratado, "Inversión, Servicios y Asuntos Relacionados", comprende el Capítulo G, que contiene normas sobre Inversión; el Capítulo H, sobre Comercio transfronterizo de servicios; el Capítulo I, sobre Telecomunicaciones; el Capítulo J, sobre Política en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado, y el Capítulo K, sobre entrada temporal de personas de negocios.

I.- Capítulo G.- Inversión.

1.- Ámbito de aplicación. (Artículo G-01),

Este capítulo se aplica a las medidas que adopte o mantenga una Parte relativas a los inversionistas de la otra Parte; las inversiones de inversionistas de la otra Parte realizadas en territorio de la Parte, y en lo relativo a los artículos G-06 y G-14, todas las inversiones en el territorio de la Parte.

Ahora bien, este Capítulo no se aplica a las medidas que adopte o mantenga una Parte en relación a inversionistas de la otra Parte e inversiones de tales inversionistas en instituciones financieras en el territorio de la Parte.

2.- Trato nacional. (Artículo G-02).

Cada Parte otorgará a los inversionistas de la otra Parte y a sus inversiones un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de las inversiones.

Para mayor certeza, ninguna Parte podrá imponer a un inversionista de la otra Parte el requisito de que un nivel mínimo de participación accionaria en una empresa establecida en su territorio, esté en manos de sus nacionales, salvo que se trate de acciones exigidas nominalmente para directivos o miembros fundadores de sociedades; o requerir que un inversionista de la otra Parte, por razón de su nacionalidad, venda o disponga de cualquier otra manera de una inversión en el territorio de una Parte.

En lo que respecta a este principio del trato nacional, debe tenerse presente que Chile ha formulado algunas reservas, las cuales se encuentran contenidas en el Anexo I, sobre reservas en relación con medidas existentes y compromisos de liberalización, contemplados en los capítulos G y H.

Así, se establece en primer término, que la propiedad o cualquier otro tipo de derecho sobre tierras del Estado sólo podrá ser obtenida por personas naturales o jurídicas chilenas. Tierras del Estado para estos propósitos comprende las tierras del Estado hasta una distancia de 10 kilómetros de la línea de la frontera y hasta una distancia de 5 kilómetros desde la costa.

En seguida, se añade que bienes inmuebles situados en la frontera y declarados "zona fronteriza" en virtud del decreto con fuerza de ley N° 4, de 1967, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, no pueden ser adquiridos en dominio u otro título por personas naturales con nacionalidad de países fronterizos o personas jurídicas con su principal asiento en un país fronterizo o con 40% o más de su capital perteneciente a tales personas naturales o cuyo control efectivo es ejercido por tales personas naturales.

Por la segunda reserva, Chile, al vender o disponer de participación en el capital o activos de una empresa del Estado existente o entidad gubernamental existente, se reserva el derecho de prohibir o imponer limitaciones sobre la propiedad de tal participación o activo y sobre la habilidad de los dueños de tal participación o activo de controlar cualquier empresa resultante, por inversionistas de Canadá o de un Estado no-Parte o sus inversiones. En relación a tal venta u otra forma de disposición, Chile puede adoptar o mantener cualquier medida relativa a la nacionalidad de ejecutivos de alta dirección o miembros del directorio.

Por último, se establece que como mínimo, el 85% de los trabajadores de un mismo empleador deben ser personas naturales chilenas. Esta regla se aplica a empleadores con más de 25 trabajadores con contrato de trabajo. El personal técnico experto, que no pueda ser reemplazado por personal nacional, no estará sujeto a esta disposición, según lo determine la Dirección General del Trabajo.

3.- Trato de nación más favorecida. (Artículo G-03).

Cada Parte otorgará a los inversionistas de la otra Parte y a sus inversiones, un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas de cualquier país que no sea Parte, en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de inversiones.

Al respecto, debe tenerse presente que en virtud del Anexo III, que contiene las excepciones al trato de nación más favorecida (Capítulo G), tanto Chile como Canadá exceptúan la aplicación del Artículo G-03 al tratamiento otorgado bajo todos los acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales en vigor o firmados antes de la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

Respecto de aquellos acuerdos internacionales en vigor o firmados después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, los dos países exceptúan la aplicación del artículo G-03 al tratamiento otorgado bajo aquellos acuerdos en materia de aviación; pesca; asuntos marítimos, incluyendo salvamento, o redes de telecomunicaciones y servicios de telecomunicaciones.

Para mayor certeza, se agrega que el Artículo G-03 no se aplica a ningún programa presente o futuro de cooperación internacional para promover el desarrollo económico, incluyendo prácticas de créditos de exportación de conformidad con las disposiciones sobre tasas de interés del Acuerdo de Créditos de Exportación de la OCDE.

4.- Nivel de trato. (Artículo G-04).

Cada Parte otorgará a los inversionistas de la otra Parte y a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte el mejor de los tratos entre el trato nacional y el de la nación más favorecida.

El Anexo G-04.2 establece que Chile otorgará a un inversionista de Canadá o a una inversión de tal inversionista que sea parte de un contrato de inversión celebrado de acuerdo al decreto ley N° 600, de 1974, el mejor trato entre el exigido por este Tratado o el otorgado por el contrato, de acuerdo a ese decreto ley; y permitirá al inversionista o su inversión modificar el contrato de inversión a fin de reflejar los derechos y obligaciones de este Tratado.

5.- Nivel mínimo de trato. (Artículo G-05).

Cada Parte otorgará a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte, trato acorde con el derecho internacional, incluido trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas.

No obstante lo anterior, cada Parte otorgará a los inversionistas de la otra Parte y a las inversiones de inversionistas de la otra Parte, cuyas inversiones sufran pérdidas en su territorio debidas a conflictos armados o contiendas civiles, trato no discriminatorio respecto de cualquier medida que adopte o mantenga en relación con esas pérdidas.

6.- Altos ejecutivos y directorios. (Artículo G-07).

Ninguna Parte podrá exigir que una empresa de esa Parte, que sea una inversión de un inversionista de la otra Parte, designe a individuos de alguna nacionalidad en particular para ocupar puestos de alta dirección.

7.- Transferencias. (Artículo G-09).

Salvo lo previsto en el Anexo G-09.1, cada parte permitirá que todas las transferencias relacionadas con una inversión de un inversionista de la otra Parte en el territorio de la Parte, se hagan libremente y sin demora. Dichas transferencias incluyen utilidades, dividendos, intereses, ganancias de capital, pagos por regalías, gastos por administración, asistencia técnica y otros cargos, ganancias en especie, ganancias derivadas de la venta o liquidación, total o parcial, de la inversión, etcétera.

En lo referente a las transacciones al contado ("spot") de la divisa que vaya a transferirse, cada Parte permitirá que las transferencias se realicen en divisa de libre uso al tipo de cambio vigente en el mercado a la fecha de la transferencia.

No obstante lo anterior, una Parte podrá impedir la realización de una transferencia, por medio de la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de sus leyes relativas a quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los acreedores; emisión, comercio y operaciones de valores; infracciones penales; informes de transferencias de divisas u otros instrumentos monetarios, o garantía del cumplimiento de fallos en procedimientos contenciosos.

En lo que dice relación con estas normas, nuestro país formuló algunas reservas, con el propósito de preservar la estabilidad de su moneda. Estas reservas, que se encuentran contenidas en el Anexo G-09.1, son las siguientes:

a) El derecho a mantener los requisitos existentes de que las transferencias desde del producto de la venta de todo o parte de una inversión de un inversionista de Canadá o de la liquidación parcial o total de la inversión no podrán realizarse hasta que haya transcurrido un plazo que no exceda de cinco años, en el caso de una inversión hecha conforme a la ley N° 18.657, sobre Fondo de Inversión de Capitales Extranjeros; o de un año, en los demás casos, contado en ambas situaciones desde la fecha de transferencia a Chile.

b) El derecho de aplicar la exigencia de mantener un encaje, de conformidad con el artículo 49 , N° 2, de la ley N° 18.840, Ley Orgánica del Banco Central de Chile, a una inversión de un inversionista de Canadá que no sea inversión extranjera directa y a créditos extranjeros relacionados con una inversión, siempre que tal exigencia de mantener un encaje no exceda el 30% del monto de la inversión o el crédito, según sea el caso.

c) El derecho de adoptar:

i- medidas que impongan una exigencia de mantener un encaje a que se refiere la letra b), por un período que no exceda de dos años desde la fecha de la transferencia a Chile;

ii- cualquier medida razonable necesaria para implementar o evitar la elusión de las medidas tomadas de acuerdo a las letras a) y b), y

iii- medidas que establezcan en el futuro programas especiales de inversión, de carácter voluntario, adicionales al régimen general para la inversión extranjera en Chile, con la excepción de que cualquiera de dichas medidas podrá restringir la transferencia desde Chile del producto de la venta de todo o parte de la inversión de un inversionista de Canadá o de la liquidación total o parcial de la inversión por un período que no exceda de cinco años a partir de la fecha de transferencia a Chile.

d) El derecho de aplicar, de conformidad con la ley N° 18.840, medidas con respecto a transferencias relativas a la inversión de un inversionista de Canadá que requieran que las operaciones de cambios internacionales para dichas transferencias se realicen en el mercado cambiario formal o requieran autorización para acceder al referido mercado para adquirir monedas extranjeras, al tipo de cambio acordado por las partes involucradas en la operación, o que las monedas extranjeras sean convertidas a pesos chilenos.

A continuación, en el párrafo 4 del Anexo G-09.1, se consigna que este Anexo se aplica a la ley N° 18.840; al decreto ley N° 600, de 1974; a la ley N° 18.657 y a cualquier otra ley que establezca en el futuro un programa especial de inversión, con carácter voluntario, y a la reforma de tales leyes, en la medida que tal reforma no disminuya la conformidad entre la ley reformada y el artículo G-09(1), tal como existía inmediatamente antes de la reforma.

Finalmente, debe tenerse presente que las reservas a que se refieren las letras b) y c)(i) del Anexo G-09.1 producen efectos modificatorios de alcances relativos en los artículos 49, N° 2, y 50, de la ley N° 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, ya que, por una parte, fijan en un 30% el monto máximo del encaje exigible respecto de las inversiones canadienses, en circunstancias que el primero de dichos artículos permite al Banco Central elevarlo hasta el 40% y, por otra, permiten que dicho encaje se mantenga sólo por dos años. Por dichas razones, el Tratado en informe debe ser aprobado con el quórum constitucional correspondiente.

8.- Expropiación e indemnización. (Artículo G-10).

Su párrafo 1 establece que ninguna Parte podrá nacionalizar ni expropiar, directa o indirectamente, una inversión de un inversionista de la otra Parte en su territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión, salvo que sea por causa de utilidad pública; sobre bases no discriminatorias; con apego al principio del debido proceso y al artículo G-05(1), y mediante indemnización conforme a los párrafos 2 a 6.

9.- Denegación de beneficios. (Artículo G-13).

Una Parte podrá denegar los beneficios de este capítulo a un inversionista de la otra Parte que sea empresa de esa Parte y a las inversiones de dicho inversionista, si dicha empresa es propiedad de o está controlada por inversionistas de un país que no es Parte, y la Parte que deniegue los beneficios no mantiene relaciones diplomáticas con el país que no es Parte; o la Parte que deniegue los beneficios adopta o mantiene medidas en relación con el país que no es Parte, que prohíben transacciones con esa empresa o que serían violadas o eludidas si los beneficios de este capítulo se otorgan a esa empresa o a sus inversiones.

10.- Medidas relativas a medio ambiente. (Artículo G-14).

Nada de lo dispuesto en materia de inversiones se interpretará como impedimento para que una Parte adopte, mantenga o haga cumplir cualquier medida que considere apropiada para asegurar que las actividades de inversión en su territorio se efectúen tomando en cuenta inquietudes en materia ambiental.

11.- Solución de controversias entre una Parte y un inversionista de la otra Parte. (Artículos G-16 a G-39 y Anexos correspondientes).

El objetivo de los mecanismos que se establecen para la solución de controversias en materia de inversión es asegurar, tanto un trato igual entre inversionistas de las Partes de acuerdo con el principio de reciprocidad internacional, como un debido proceso legal ante un tribunal imparcial. (Artículo G-16).

Un inversionista de una Parte podrá, por cuenta propia o en representación de una empresa, someter a arbitraje una reclamación fundado en que la otra Parte o una de las empresas del Estado respectivo ha violado una obligación establecida en el régimen de protección de las inversiones o cuando una actividad productiva o servicio monopolizado actúa de manera incompatible con las normas de dicho régimen y el inversionista o la empresa han sufrido pérdidas o daños en virtud de esa violación o a consecuencia de ella. (Artículos G-17 y G-18).

No obstante, se dispone que las partes contendientes intentarán primero dirimir la controversia por vía de consulta o negociación.

Ahora bien, salvo lo dispuesto en el Anexo G-21.1 y siempre que hayan transcurrido seis meses desde que tuvieron lugar los hechos que motivan la reclamación, un inversionista contendiente podrá someter la reclamación a arbitraje de acuerdo con:

a) el Convenio del CIADI, siempre que tanto la Parte contendiente como la Parte del inversionista, sean Estados Parte del mismo;

b) las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, cuando la Parte contendiente o la Parte del inversionista, pero no ambas, sea Parte del Convenio del CIADI, o

c) las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil (CNUDMI).

II.- Capítulo H. Comercio transfronterizo de servicios.

1.- Ámbito de aplicación. (Artículo H-01).

Este capítulo se refiere a las medidas que una Parte adopte o mantenga sobre el comercio transfronterizo de servicios que realicen los prestadores de servicio de la otra Parte, incluidas las relativas a la producción, distribución, comercialización, venta y prestación de un servicio; la compra o uso o el pago de un servicio; el acceso y el uso de sistemas de distribución y transporte relacionados con la prestación de un servicio; la presencia en su territorio de un prestador de servicios de la otra Parte, y el otorgamiento de una fianza u otra forma de garantía financiera, como condición para la prestación de un servicio.

Este capítulo no se refiere a el comercio transfronterizo de servicios financieros; los servicios aéreos, incluidos los de transporte aéreo nacional e internacional, regulares y no regulares, así como las actividades auxiliares de apoyo a los servicios aéreos; las compras gubernamentales hechas por una Parte o empresa del Estado, ni a los subsidios o donaciones otorgados por una Parte o una empresa del Estado, incluidos los préstamos, garantías, y seguros apoyados por el Gobierno.

2.- Trato nacional. (Artículo H-02).

Cada Parte otorgará a los prestadores de servicios de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios prestadores de servicios.

3.- Trato de nación más favorecida. (Artículo H-03).

Cada Parte otorgará a los prestadores de servicios de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a prestadores de servicios de cualquier país que no sea Parte.

4.- Nivel de trato. (Artículo H-04).

Cada Parte otorgará a los prestadores de servicios de la otra Parte el mejor de los tratos requeridos por los artículos H-02 y H-03.

5.- Presencia local. (Artículo H-05).

Ninguna Parte exigirá a un prestador de servicios de la otra Parte que establezca o mantenga una oficina de representación ni ningún tipo de empresa, o que sea residente en su territorio como condición para la prestación transfronteriza de un servicio.

6.- Reservas.

Cabe hacer presente que, en este ámbito, ambos países formulan distintas reservas.

Así, respecto de las medidas existentes y compromisos de liberalización (Anexo I), Chile se reserva, entre otros, los siguientes derechos:

- El de exigir que las personas naturales o jurídicas extranjeras que deseen efectuar excavaciones, prospecciones, sondeos y/o recolecciones antropológicas, arqueológicas y paleontológicas, soliciten permiso al Consejo de Monumentos Nacionales;

- El de exigir que los auditores de las instituciones financieras estén inscritos en el Registro de Auditores Externos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y en la Superintendencia de Valores y Seguros.

- El de exigir que los ingenieros y técnicos graduados en el extranjero y especialmente contratados para ejercer una función determinada en Chile, obtengan una autorización del respectivo colegio profesional.

- El de reservar sólo a los chilenos el ejercicio de la profesión de abogado.

Por otra parte, en lo que respecta a las medidas futuras (Anexo II), Chile se reserva, entre otros, los derechos siguientes:

- El de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a la radiocomunicación, los cables submarinos y la prestación de redes de telecomunicaciones y servicios de telecomunicaciones.

- El de controlar las actividades pesqueras de extranjeros, incluyendo desembarque, el primer desembarque de pesca procesada en el mar y acceso a puertos chilenos (privilegio de puerto).

- El de controlar el uso de playas, terrenos de playa, porciones de agua y fondos marinos para el otorgamiento de concesiones marinas.

III.- Capítulo I. Telecomunicaciones.

1.- Acceso a redes y servicios públicos de transporte de telecomunicación y su uso. (Artículo I-02).

Cada Parte garantizará que personas de la otra Parte tengan acceso a, y puedan hacer uso de cualquier red o servicio público de transporte de telecomunicaciones ofrecidos en su territorio o de manera transfronteriza, inclusive los circuitos privados arrendados, en términos y condiciones razonables y no discriminatorias, para la conducción de sus negocios.

Además, cada Parte garantizará que a las personas de la otra Parte se les permita comprar o arrendar, y conectar equipo terminal u otro equipo que haga interfaz con la red pública de transporte de telecomunicaciones; interconectar circuitos privados, arrendados o propios, con las redes públicas; realizar funciones de conmutación, señalización y procesamiento, y utilizar los protocolos de operación que ellos elijan.

Asimismo, cada Parte garantizará que la fijación de precios para los servicios públicos de transporte de telecomunicaciones refleje los costos económicos directamente relacionados con la prestación de servicios y que los circuitos estén disponibles a un precio calculado sobre la base de una tasa fija.

2.- Otras normas. (Artículos I-03 y siguientes).

En este Capítulo se consultan, además, normas sobre condiciones para la prestación de servicios mejorados o de valor agregado; medidas relativas a la normalización; monopolios; transparencia; relación con Organizaciones y tratados internacionales, y cooperación técnica y otras consultas.

IV.- Capítulo J. Política en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado.

1.- Derecho en materia de competencia. (Artículo J-01).

Cada Parte adoptará o mantendrá medidas que prohíban prácticas de negocios contrarias a la competencia y emprenderá las acciones que procedan al respecto, reconociendo que estas medidas coadyuvarán a lograr los objetivos de este Tratado

2.- Monopolios y empresas del Estado. (Artículo J-02).

Cada Parte se asegurará, mediante el control reglamentario, la supervisión administrativa o la aplicación de otras medidas, de que cualquier monopolio de propiedad privada que la Parte designe, o gubernamental que mantenga o designe, actúe de manera que no sea incompatible con las obligaciones de la Parte en este Tratado, cuando ese monopolio ejerza facultades reglamentarias, administrativas u otras funciones gubernamentales que la Parte le haya delegado con relación al bien o servicio monopolizado, tales como la facultad para otorgar permisos de importación o exportación, aprobar operaciones comerciales o imponer cuotas, derechos u otros cargos.

3.- Empresas del Estado. (Artículo J-03).

Cada Parte se asegurará, mediante el control reglamentario, la supervisión administrativa o la aplicación de otras medidas, de que toda empresa del Estado que la misma mantenga o establezca actúe de manera que no sea incompatible con las obligaciones de la Parte de conformidad con el Capítulo G (Inversión), cuando dichas empresas ejerzan facultades reglamentarias, administrativas u otras funciones gubernamentales que la Parte les haya delegado, como la facultad para expropiar, otorgar licencias, aprobar operaciones comerciales o imponer cuotas, derechos u otros cargos.

Asimismo, cada Parte se asegurará de que cualquier empresa del Estado, que la misma mantenga o establezca, otorgue trato no discriminatorio a las inversiones de inversionistas de la otra Parte en su territorio, en lo referente a la venta de sus bienes y servicios.

V.- Capítulo K. Entrada temporal de personas de negocios.

1.- Principios generales. (Artículo K-01).

Este capítulo refleja la relación comercial preferente que existe entre las Partes, y la conveniencia de facilitar la entrada temporal conforme al principio de reciprocidad y de establecer criterios y procedimientos transparentes para tal efecto. Asimismo, refleja la necesidad de garantizar la seguridad de las fronteras y de proteger la fuerza de trabajo nacional y el empleo permanente en sus respectivos territorios.

2.- Autorización de entrada temporal. (Artículo K-03).

De acuerdo con las disposiciones de este capítulo, incluso las contenidas en los Anexos K-03 y K-03.1, cada Parte autorizará la entrada temporal a personas de negocios que cumplan con las demás medidas aplicables, relativas a la salud y seguridad públicas, así como las referidas a la seguridad nacional.

No obstante, una Parte podrá negar la expedición de un documento migratorio que autorice el empleo a una persona de negocios cuando su entrada temporal afecte desfavorablemente la solución de cualquier conflicto laboral en curso en el lugar donde esté empleada o vaya a emplearse o el empleo de cualquier persona que intervenga en el conflicto.

3.- Solución de controversias. (Artículo K-06).

Una Parte no podrá dar inicio a los procedimientos previstos en el Artículo N-07 (La Comisión-buenos oficios, conciliación y mediación) respecto a una negativa de autorización de entrada temporal conforme a este capítulo, salvo que el asunto se refiera a una práctica recurrente y la persona de negocios afectada haya agotado los recursos administrativos a su alcance respecto a ese asunto en particular.

E.- CUARTA PARTE. Disposiciones Administrativas Institucionales.

Esta Parte del Tratado comprende el Capítulo L, sobre Publicación, notificación y administración de leyes; el Capítulo M, sobre Derechos antidumping y compensatorios, y el Capítulo N, sobre Disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias.

I.- Capítulo L. Publicación, notificación y administración de leyes.

1.- Puntos de enlace. (Artículo L-01).

Cada Parte designará un punto de enlace para facilitar la comunicación entre ellas sobre cualquier asunto comprendido en este Tratado.

2.- Publicación. (Artículo L-02).

Cada Parte se asegurará de que sus leyes, reglamentos, procedimientos y resoluciones administrativas de aplicación general que se refieran a cualquier asunto comprendido en este Tratado se publiquen a la brevedad o de manera tal de permitir su conocimiento por las personas interesadas y la otra Parte.

3.- Revisión e impugnación. (Artículo L-05).

Cada Parte establecerá y mantendrá tribunales o procedimientos judiciales, cuasijudiciales o de naturaleza administrativa, para efectos de la pronta revisión y, cuando se justifique, la corrección de las acciones administrativas definitivas relacionadas con los asuntos comprendidos en este Tratado.

II. Capítulo M. Derechos anti-dumping y compensatorios.

1.- Exención recíproca de la aplicación de las leyes sobre derechos anti-dumping. (Artículo M-01).

Desde la fecha de entrada en vigor de este Tratado, cada Parte se obliga a no aplicar su legislación interna relativa a anti-dumping a bienes de la otra Parte. En particular, ninguna Parte iniciará investigaciones de anti-dumping o revisiones de anti-dumping en relación a bienes de la otra Parte; cada Parte pondrá término a cualquier investigación o indagación de anti-dumping en curso; ninguna Parte impondrá nuevos derechos de anti-dumping u otras medidas en relación a tales bienes, y cada Parte revocará toda medida existente que imponga derechos de anti-dumping en relación a tales bienes.

2.- Reglas de origen. (Artículo M-02).

El artículo M-01, recién descrito, se aplica únicamente a bienes que la autoridad investigadora competente de la Parte importadora, aplicando la legislación de anti-dumping de esa Parte, a los hechos de un caso determinado, determine que son bienes de la otra Parte.

III.- Capítulo N. Disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias.

1.- La Comisión de Libre Comercio. (Artículo N-01).

Las Partes establecen la Comisión de Libre Comercio, integrada por representantes de las Partes a nivel de Secretaría de Estado, o por las personas a quienes éstos designen.

Con relación a este Tratado, la Comisión deberá supervisar su puesta en práctica; vigilar su ulterior desarrollo; resolver las controversias que pudiesen surgir respecto a su interpretación o aplicación; supervisar la labor de todos los comités y grupos de trabajo establecidos conforme a este Tratado, incluidos en el Anexo N-01.2, y conocer de cualquier otro asunto que pudiese afectar el funcionamiento del Tratado. Los comités y grupos que señala el referido Anexo son: el Comité de Comercio de Bienes y Reglas de Origen y los Subcomités de Agricultura y de Aduanas; el Comité de Normas de Telecomunicaciones; el Comité sobre Medidas de Anti-dumping y Compensatorias; el Comité Consultivo de Controversias Comerciales Privadas, y el Grupo de Trabajo para la Entrada Temporal.

2.- El Secretariado. (Artículo N-02).

La Comisión establecerá un Secretariado que estará integrado por secciones nacionales, y lo supervisará.

Cada una de las Partes deberá establecer la oficina permanente de su sección; encargarse de la operación y asumir los costos de su sección, y de la remuneración y los gastos que deban pagarse a los panelistas y miembros de los comités; y designar al Secretario de su sección, quien será el funcionario responsable de su administración y gestión.

3.- Solución de controversias. (Artículos N-03 a N-18 y Anexos N-02.2 y N-04).

a) Cooperación. (Artículo N-03).

Las Partes procurarán, en todo momento, llegar a un acuerdo sobre la interpretación y la aplicación de este Tratado y, mediante la cooperación y consultas, se esforzarán siempre por alcanzar una solución mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que pudiese afectar su funcionamiento.

b) Solución de controversias conforme a la OMC. (Artículo N-05).

Las controversias que surjan con relación a lo dispuesto en el presente Tratado y en el Acuerdo OMC, en los convenios negociados de conformidad con ésta, o en cualquier otro acuerdo que le suceda, podrán resolverse en uno u otro foro, a elección de la Parte reclamante.

c) La Comisión-buenos oficios, conciliación y mediación. (Artículo N-07).

Si no se llega a acuerdo mediante las Consultas, cualquiera de las Partes podrá llevar el asunto al conocimiento de la Comisión de Libre Comercio, la que podrá convocar asesores técnicos o crear los grupos de trabajo o de expertos que considere necesarios; recurrir a los buenos oficios, la conciliación, la mediación o a otros procedimientos de solución de controversias; o formular recomendaciones.

d) Solicitud de integración de un panel arbitral. (Artículo N-08).

Si la Comisión no resuelve el asunto dentro de plazo, cualquiera de las Partes podrá solicitar el establecimiento de un panel arbitral.

e) Lista de panelistas. (Artículo N-09).

Las Partes integrarán a más tardar el 1 de enero de 1998, y conservarán una lista de hasta veinte individuos que cuenten con las aptitudes y la disposición necesarias para ser panelistas, cuatro de los cuales no podrán ser ciudadanos de ninguna de las Partes.

Los miembros de la lista deberán tener conocimientos especializados o experiencia en derecho, comercio internacional, otros asuntos de este Tratado, o en la solución de controversias derivadas de acuerdos comerciales internacionales, y deberán ser elegidos estrictamente en función de su objetividad, confiabilidad y buen juicio. Además, deberán ser independientes, no estar vinculados con cualquiera de las Partes, no recibir instrucciones de las mismas, y cumplir el código de conducta que establezca la Comisión.

f) Comités de revisión científica. (Artículo N-14).

A instancia de una Parte o, a menos que ambas Partes lo desaprueben, el panel podrá por su propia iniciativa, solicitar un informe escrito a un comité de revisión científica sobre cualquier cuestión de hecho relativa a aspectos relacionados con el medio ambiente, la salud, la seguridad u otros asuntos científicos planteados por una Parte en el proceso, conforme a los términos y condiciones que estas convengan.

g) Cumplimiento del informe final. (Artículo N-17).

Una vez recibido el informe final del panel, las Partes convendrán en la solución de la controversia, la cual, por lo regular, se ajustará a las determinaciones y recomendaciones de dicho panel, y notificarán a sus secciones del Secretariado toda resolución que hayan acordado respecto de cualquier controversia.

Siempre que sea posible, la resolución consistirá en la no ejecución o en la derogación de la medida disconforme con este Tratado o que sea causa de anulación o menoscabo en el sentido del Anexo N-04. A falta de tal resolución, podrá otorgarse una compensación.

h) Incumplimiento-suspensión de beneficios. (Artículo N-18).

Si en su informe final un panel ha resuelto que una medida es incompatible con las obligaciones de este Tratado o es causa de anulación o menoscabo en el sentido del Anexo N-04 y la Parte demandada no ha llegado a un acuerdo con la Parte reclamante sobre una solución mutuamente satisfactoria, de conformidad con el artículo N-17 dentro de los 30 días siguientes a la recepción del informe final, la Parte reclamante podrá suspender la aplicación de beneficios de efecto equivalente a la Parte demandada, hasta el momento en que alcancen un acuerdo sobre la resolución de la controversia.

F.- QUINTA PARTE. Otras Disposiciones.

Esta Parte del Tratado comprende el Capítulo O, sobre Excepciones, y el Capítulo P, sobre Disposiciones finales.

I.- Capítulo O. Excepciones.

1.- Excepciones generales. (Artículo O.01).

Para los efectos de la Segunda Parte (Comercio de bienes), salvo en la medida en que alguna de sus disposiciones se aplique a servicios o a inversión, se incorporan a este Tratado y forman parte integrante del mismo las excepciones del artículo XX del GATT 1994 y sus notas interpretativas.

2.- Seguridad nacional. (Artículo O-02).

Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de obligar a una de las Partes a proporcionar ni dar acceso a información cuya divulgación considere contraria a sus intereses esenciales en materia de seguridad o en el de impedirle adoptar medidas para protegerlos, en especial en materias relativas al comercio de armamentos, municiones y pertrechos de guerra; de medidas adoptadas en tiempo de guerra o de otras emergencias en las relaciones internacionales, o referentes a la aplicación de políticas nacionales o de acuerdos internacionales en materia de no proliferación de armas nucleares o de otros dispositivos explosivos nucleares.

3.- Tributación. (Artículo O-03 y Anexo O-03.1).

Nada de lo dispuesto en este Tratado afectará los derechos y las obligaciones de cualquiera de las Partes que se deriven de cualquier convenio tributario. En caso de incompatibilidad entre este Tratado y cualquiera de estos convenios, el convenio prevalecerá en la medida de la incompatibilidad.

En el Anexo O-03.1 las Partes acuerdan celebrar un tratado bilateral de doble tributación dentro de un plazo razonable después de la entrada en vigor de este Tratado, e intercambiar cartas en que se establezca la relación entre el tratado de doble tributación y el artículo O-03 de este Tratado.

4.- Balanza de pagos. (Artículo O-04).

Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de impedir que una Parte adopte ni mantenga medidas que restrinjan las transferencias cuando la Parte afronte dificultades serias en su balanza de pagos, o amenaza de las mismas, siempre que las restricciones sean compatibles con este artículo. Tan pronto sea factible después de que una Parte aplique una medida conforme a este artículo, la Parte deberá someter a revisión del Fondo Monetario Internacional todas las restricciones a las operaciones de cuenta corriente.

II.- Capítulo P. Disposiciones finales.

1.- Anexos, Apéndices y Notas. (Artículo P-01).

Los Anexos, Apéndices y Notas de este Tratado constituyen parte integral del mismo.

2.- Enmiendas. (Artículo P-02).

Las Partes podrán convenir cualquier modificación o adición a este Tratado, y las que se acuerden y aprueben según los procedimientos jurídicos correspondientes de cada Parte, constituirán parte integral de este Tratado.

3.- Entrada en vigor. (Artículo P-03).

Dicho artículo dispone que el Tratado entrará en vigor el 2 de junio de 1997, una vez que se intercambien las notificaciones escritas que certifiquen que las formalidades jurídicas necesarias han concluido.

4.- Accesión de Chile al TLCAN. (Artículo P-04).

Las Partes trabajarán por la pronta accesión de Chile al TLCAN.

5.- Duración y Término. (Artículo P-05).

Este Tratado permanecerá en vigor, salvo que cualquiera de las Partes le ponga término por aviso previo a la otra Parte, con seis meses de anticipación.

6.- Textos auténticos. (Artículo P-06).

Los textos en español e inglés de este Tratado son igualmente auténticos.

ACUERDO DE COOPERACION AMBIENTAL

Este Acuerdo consta de un Preámbulo y de 50 artículos, agrupados en siete Partes, el contenido fundamental de los cuales os reseñaremos brevemente a continuación.

A.- Preámbulo.

Contiene los propósitos que animan a las Partes para suscribir el Tratado en informe.

B.- PRIMERA PARTE. Objetivos. (Artículo 1).

Los objetivos de este Acuerdo son los siguientes:

a) Alentar la protección y el mejoramiento del medio ambiente en los territorios de las Partes, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras;

b) Promover el desarrollo sustentable a partir de la cooperación y el apoyo mutuo en políticas ambientales y económicas;

c) Incrementar la cooperación entre las Partes encaminada a conservar, proteger y mejorar aún más el medio ambiente, incluidas la flora y la fauna silvestres;

d) Apoyar las metas y los objetivos ambientales del TLCCC;

e) Evitar la creación de distorsiones o de nuevas barreras en el comercio;

f) Fortalecer la cooperación para elaborar y mejorar las leyes, reglamentos, procedimientos, políticas y prácticas ambientales;

g) Mejorar la observancia y la aplicación de las leyes y reglamentos ambientales;

h) Promover la transparencia y la participación de la sociedad en la elaboración de leyes, reglamentos y políticas ambientales;

i) Promover medidas ambientales efectivas y económicamente eficientes, y

j) Promover políticas y prácticas para prevenir la contaminación.

C.- SEGUNDA PARTE. Obligaciones. (Artículos 2 a 7).

Con relación a su territorio, cada Parte asumirá como compromisos generales los de elaborar periódicamente informes sobre el estado del medioambiente; elaborar y revisar medidas para enfrentar contingencias ambientales; promover la educación en asuntos ambientales, incluida la legislación ambiental; fomentar la investigación científica y el desarrollo de la tecnología en materia ambiental; evaluar los impactos ambientales, cuando proceda, y promover el uso de instrumentos económicos para la eficiente consecución de las metas ambientales.

Además, las Partes se comprometen a examinar la posibilidad de prohibir la exportación al territorio de la otra Parte de pesticidas o de sustancias tóxicas cuyo uso esté prohibido en su propio territorio.

Asimismo, reconociendo el derecho de cada Parte de establecer, en lo interno, sus propios niveles de protección ambiental, y de políticas y prioridades de desarrollo ambiental, así como el de adoptar y modificar, en consecuencia, sus leyes y reglamentos ambientales, cada Parte garantizará que sus leyes y reglamentos prevean altos niveles de protección ambiental y se esforzará por mejorar dichas disposiciones.

Por último, con el objeto de lograr altos niveles de protección del ambiente y de cumplimiento con sus leyes y reglamentos ambientales, cada Parte aplicará de manera efectiva su normativa sobre la materia a través de medidas gubernamentales adecuadas, tales como nombrar y capacitar inspectores; vigilar el cumplimiento de tal normativa e investigar las presuntas violaciones, inclusive mediante visitas de inspección in situ; promover auditorías ambientales; requerir registros e informes; utilizar licencias, permisos y autorizaciones; iniciar de manera oportuna, procedimientos judiciales, cuasijudiciales o administrativos para procurar las sanciones o las soluciones adecuadas en caso de violación de sus leyes y reglamentos ambientales, etcétera.

D.- TERCERA PARTE. Comisión para la Cooperación Ambiental entre Canadá y Chile. (Artículos 8 a 19).

Se establece una Comisión para la Cooperación Ambiental entre Canadá y Chile, la que estará integrada por un Consejo, un Comité Conjunto Revisor de Peticiones y un Comité Consultivo Público Conjunto. La Comisión será asistida por un Secretariado Nacional de cada Parte.

Además, se consultan normas sobre la estructura y procedimientos del Consejo; las funciones del mismo; los Secretariados Nacionales; el Comité Conjunto Revisor de Peticiones; el informe anual de la Comisión; las peticiones relativas a la aplicación de la legislación ambiental; el expediente de hechos, y los Comités Consultivos.

E. CUARTA PARTE. Cooperación y Suministro de Información. (Artículos 20 y 21).

Las Partes procurarán, en todo momento, lograr el consenso sobre la interpretación y la aplicación de este Acuerdo y harán su mayor esfuerzo por resolver, mediante cooperación y consultas, cualquier asunto que pudiera afectar su funcionamiento.

En cuanto al suministro de información, cada Parte se obliga a poner a disposición del órgano del Acuerdo que lo solicite, cualquier información en su poder que se le haya pedido para la elaboración de un informe o expediente de hechos, incluso la información sobre cumplimiento y aplicación.

F.- QUINTA PARTE. Consultas y Solución de Controversias. (Artículos 22 a 36).

Cualquiera de las Partes podrá solicitar por escrito consultas con la otra Parte respecto a la existencia de un pauta persistente de omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental de la otra Parte.

Cuando las Partes no logren resolver el asunto por la vía de las consultas, cualquiera de ellas podrá solicitar por escrito una sesión extraordinaria del Consejo, el que se reunirá dentro de los 20 días siguientes y se abocará sin demora a resolver la controversia, para lo cual podrá convocar a los asesores técnicos o crear los grupos de trabajo o de expertos que considere necesarios; recurrir a los buenos oficios, la conciliación, la mediación o a otros procedimientos de solución de controversias, y formular recomendaciones, para ayudar a las Partes a alcanzar una solución satisfactoria de la controversia.

Si el asunto no se resuelve en un plazo de 60 días posteriores a la reunión del Consejo, a solicitud escrita de cualquiera de las Partes, el Consejo convocará un panel arbitral para examinar el asunto, cuando se alegue la existencia de una pauta persistente de omisiones de la Parte demandada en la aplicación efectiva de su legislación ambiental relativa a los lugares de trabajo, las empresas, las compañías, o los sectores que produzcan bienes o proporcionen servicios que sean objeto de comercio entre los territorios de las Partes, o que compitan en territorio de la Parte demandada con bienes producidos o con servicios proporcionados por personas de la otra Parte.

Finalmente, se consultan normas sobre lista de panelistas; requisitos para ser panelista; selección del panel; reglas de procedimiento; función de los expertos; informe preliminar; informe final; cumplimiento del informe final; revisión del cumplimiento; procedimientos adicionales; procedimiento de aplicación interna y cobro, y financiamiento de los paneles.

G.- SEXTA PARTE. Disposiciones generales. (Artículos 37 a 44).

1.- Principios para la aplicación de la legislación ambiental.

Ninguna disposición de este Acuerdo se interpretará en el sentido de otorgar derecho a las autoridades de una de las Partes a llevar a cabo actividades de aplicación de su legislación ambiental en el territorio de la otra Parte.

2.- Derechos de los particulares.

Ninguna de las Partes podrá otorgar derecho de acción en su legislación contra la otra Parte, con fundamento en que una medida de la otra Parte es incompatible con este Acuerdo.

3.- Relación con otros tratados ambientales.

Ninguna disposición de este Acuerdo se interpretará en el sentido de afectar los derechos y las obligaciones de cualquiera de las Partes conforme a otros acuerdos internacionales ambientales, incluso acuerdos de conservación, del que tal Parte sea parte.

4.- Seguridad nacional.

Ninguna disposición de este Acuerdo se interpretará en el sentido de obligar a ninguna de las Partes a proporcionar ni dar acceso a información cuya divulgación considere contraria a sus intereses esenciales en materia de seguridad, o de impedir que se adopten medidas para protegerlos, referentes al armamento, municiones y pertrechos de guerra o a la aplicación de políticas nacionales o de acuerdos internacionales en materia de no proliferación de armas nucleares o de otros dispositivos explosivos nucleares.

5.- Definición de "legislación ambiental".

Para los efectos de este Acuerdo se define como tal cualquier ley o reglamento de una Parte, o sus disposiciones, cuyo propósito principal sea la protección del medio ambiente, o la prevención de un peligro contra la vida o la salud humana, a través de la prevención, la reducción o el control de una fuga, descarga, o emisión de contaminantes ambientales; el control de sustancias o productos químicos, otras sustancias, materiales o desechos peligrosos o tóxicos, y la diseminación de información relacionada con ello; o la protección de la flora y fauna silvestres, incluso especies en peligro de extinción, su hábitat, y las áreas naturales bajo protección especial en el territorio de la Parte. No incluye disposiciones relacionadas con la seguridad e higiene en el trabajo.

H. SEPTIMA PARTE. Disposiciones finales. (Artículos 46 a 50).

Se consultan normas sobre los Anexos de este Acuerdo; la entrada en vigor del mismo; enmiendas; accesión de Chile al Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte; denuncia del Acuerdo, y textos auténticos.

Instrumentos Anexos.

Finalmente, es menester tener presente que el Acuerdo de Cooperación Ambiental consta de los siguientes Anexos:

1.- Anexo 33, sobre contribuciones monetarias.

2.- Anexo 41, sobre extensión de las obligaciones.

3.- Anexo 41.1, sobre definiciones específicas por país, y

4.- Anexo 44.2, sobre definición de legislación ambiental para Chile. Ella queda sujeta a los apéndices 44B.1, 44B.2 y 44B.3 hasta el 2 de junio de 1999. Estos documentos contienen una larga lista de disposiciones legales y reglamentarias, que nuestro país declara comprendida en su "legislación ambiental" para los efectos del Acuerdo.

ACUERDO DE COOPERACION LABORAL

Este Acuerdo consta de un Preámbulo y de 50 artículos, agrupados en siete Partes, el contenido fundamental de los cuales os reseñaremos brevemente a continuación.

A.- Preámbulo.

Contiene los propósitos que animan a las Partes para suscribir el Tratado en informe.

B.- PRIMERA PARTE. Objetivos. (Artículo 1).

Los objetivos de este Acuerdo son los siguientes:

a) Mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida en el territorio de cada Parte;

b) Promover al máximo los principios laborales establecidos en el Anexo 1;

c) Estimular la cooperación para promover la innovación, así como niveles de productividad y calidad crecientes;

d) Alentar la publicación y el intercambio de información, el desarrollo y la coordinación de estadísticas, así como estudios conjuntos para promover la comprensión, en beneficio mutuo, de las leyes e instituciones que rigen la materia laboral en el territorio de cada Parte;

e) Desarrollar actividades de cooperación laboral, sobre la base del beneficio mutuo;

f) Promover la observancia y la aplicación efectiva de la legislación laboral de cada Parte, y

g) Fomentar la transparencia en la administración de la legislación laboral.

C.- SEGUNDA PARTE. Obligaciones. (Artículos 2 a 7).

Ratificando el pleno respeto a la constitución de cada Parte y reconociendo el derecho de cada una de establecer, en lo interno, sus propias normas laborales y de adoptar o modificar, en consecuencia, sus leyes y reglamentos laborales, cada Parte asegurará que sus leyes y reglamentos prevean altas normas y reglamentos laborales, congruentes con centros de trabajo de alta calidad y productividad, procurando mejorar la legislación en tal sentido.

Cada Parte promoverá la observancia de su legislación laboral y la aplicará efectivamente a través de medidas gubernamentales adecuadas, como nombrar y capacitar inspectores; vigilar el cumplimiento de las leyes e investigar las presuntas violaciones, inclusive mediante visitas de inspección in situ; obtener garantías de observancia voluntaria; exigir que se lleven registros y se presenten informes; establecer comisiones de empleadores y trabajadores para abordar la reglamentación laboral en el centro de trabajo; proveer y alentar el uso de servicios de mediación, conciliación y arbitraje; y procurar sanciones o soluciones adecuadas.

Las Partes garantizarán que las personas con interés jurídicamente reconocido conforme a su derecho interno, en algún asunto en particular, tengan acceso adecuado a tribunales administrativos, cuasijudiciales, judiciales o del trabajo para la aplicación de la legislación laboral de la Partes. Asimismo, garantizarán que los procedimientos ante ellos sean justos, equitativos y transparentes.

Por último, cada Parte se asegurará de que sus leyes, reglamentos, procedimientos y resoluciones administrativas de aplicación general, que se refieran a cualquier asunto comprendido en este Acuerdo, se publiquen a la brevedad o se pongan a disposición de las personas interesadas y de la otra Parte para su conocimiento.

D.- TERCERA PARTE. Mecanismos Institucionales. (Artículos 8 a 17).

Se establece la Comisión para la Cooperación Laboral entre Canadá y Chile, la que estará integrada por un Consejo Ministerial y contará con la colaboración del Secretariado Nacional de cada Parte.

El Consejo estará integrado por los Ministros del Trabajo de las Partes o por las personas que éstos designen; establecerá sus propias reglas y procedimientos, y se reunirá en sesiones ordinarias por lo menos una vez al año o en sesiones extraordinarias a petición de cualquiera de las Partes.

El Consejo promoverá actividades de cooperación entre las Partes, en las áreas de seguridad e higiene en el trabajo; trabajo infantil; trabajadores migratorios; desarrollo de recursos humanos; estadísticas laborales; prestaciones laborales; programas sociales para los trabajadores y sus familias; programas, metodologías, y experiencias relativas al incremento de la productividad; relaciones entre empleadores y trabajadores y procedimientos de negociación colectiva; normas sobre condiciones laborales y su aplicación; indemnización en caso de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales; legislación relativa a la formación y funcionamiento de los sindicatos, la negociación colectiva y la resolución de conflictos laborales, así como su aplicación; igualdad entre mujeres y hombres en el centro de trabajo; formas de cooperación entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno; asistencia técnica para el desarrollo de las normas laborales; y otros asuntos que acuerden las Partes.

Por otra parte, cabe destacar que el Consejo estará facultado para contratar periódicamente a expertos independientes de reconocida experiencia, con el fin de que preparen informes de antecedentes sobre legislación laboral y procedimientos administrativos pertinentes; tendencias y estrategias administrativas relacionadas con la puesta en práctica y la aplicación de la legislación laboral; condiciones del mercado laboral, tales como tasas de empleo, salarios promedio y productividad laboral; y asuntos relativos al desarrollo de recursos humanos, tales como programas de capacitación y ajuste.

Finalmente, se consultan normas sobre Secretariados Nacionales, Comités Nacionales e Idiomas oficiales.

E.- CUARTA PARTE. Consultas para la Cooperación y Evaluaciones. (Artículos 18 a 24).

Las Partes procurarán en todo momento lograr el consenso sobre la interpretación y la aplicación de este Acuerdo y se esforzarán al máximo por resolver, mediante la cooperación y consultas, cualquier asunto que pudiera afectar su funcionamiento.

Un Secretariado Nacional podrá solicitar que se efectúen consultas con el otro Secretariado Nacional en relación con la legislación laboral de la otra Parte, su administración o las condiciones del mercado laboral en su territorio.

Asimismo, cualquiera de las Partes podrá solicitar, por escrito, consultas con la otra Parte a nivel ministerial, en relación con cualquier asunto incluido en el ámbito de este Acuerdo.

Ahora, si un asunto no se ha resuelto después de las consultas ministeriales, cualesquiera de las Partes podrá solicitar, por escrito, el establecimiento de un Comité de Evaluación de Expertos (CEE), el que examinará las pautas de conducta de ambas Partes en la aplicación de las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo y de otras normas técnicas laborales. Este Comité, de acuerdo a un procedimiento establecido en el Acuerdo, deberá presentar un proyecto de informe para la consideración del Consejo.

El CEE presentará un informe final al Consejo dentro de los 60 días posteriores a la presentación de su proyecto de informe, a menos que el Consejo decida otra cosa. Las Partes deberán proporcionarse mutuamente respuestas por escrito a las recomendaciones señaladas en el informe del CEE dentro de los 90 días posteriores a su publicación. El informe final y dichas respuestas por escrito serán sometidas a la consideración del Consejo y éste podrá mantener el asunto en análisis.

F. QUINTA PARTE. Solución de controversias. (Artículos 25 a 38).

Con posterioridad a la presentación al Consejo, del informe final de un CEE relativo a la aplicación de las normas técnicas laborales de una Parte en materia de seguridad e higiene en el trabajo, trabajo infantil o salarios mínimos, cualesquiera de las Partes podrá solicitar, por escrito, consultas con la otra Parte en una sesión especial del Consejo respecto de una pauta persistente de omisiones de la otra Parte en cuanto a la aplicación efectiva de dichas normas en relación con el asunto general tratado en el informe.

A menos que se acuerde otra cosa, el Consejo se reunirá dentro de los 60 días posteriores a la entrega de la solicitud y se abocará sin demora a resolver la controversia.

Si un asunto no ha sido resuelto en los 60 días posteriores a la reunión del Consejo, éste convocará a un panel arbitral para examinar el asunto en el que una pauta persistente de omisiones de la Parte demandada en la aplicación efectiva de sus normas técnicas en materia de seguridad e higiene en el trabajo, trabajo infantil o salario mínimo esté relacionada con el comercio, y se encuentre amparada por leyes laborales reconocidas mutuamente.

A continuación, se consultan normas sobre lista de panelistas; requisitos para ser panelista; selección del panel; reglas de procedimiento; función de los expertos; informe preliminar; informe final; cumplimiento del informe final; revisión del cumplimiento; procedimientos adicionales; procedimiento interno de aplicación y cobro, y financiamiento de los procedimientos del panel.

G. SEXTA PARTE. Disposiciones Generales. (Artículos 39 a 44).

1.- Principios para la aplicación de la legislación laboral.

Ninguna disposición en este Acuerdo se interpretará en el sentido de otorgar derecho a las autoridades de una de las Partes a llevar a cabo actividades de aplicación de su legislación laboral en el territorio de la otra Parte.

2.- Derechos de particulares.

Ninguna de las Partes tendrá derecho de acción en su legislación interna en contra de la otra Parte, con fundamento en que una medida de la otra Parte es incompatible con este Acuerdo.

3.- Cooperación con la OIT.

Las Partes procurarán establecer acuerdos de cooperación con la OIT para permitir que el Consejo y las Partes aprovechen los conocimientos y la experiencia de la OIT para los efectos de poner en práctica el artículo 22(1).

4.- Definición de "legislación laboral".

Para los efectos de este Acuerdo se define como tal las leyes y reglamentos o las disposiciones de los mismos que estén relacionados directamente con la libertad de asociación y la protección del derecho de organización; el derecho a la negociación colectiva; el derecho a la huelga; la prohibición del trabajo forzado; la protección en el trabajo para los niños y los menores; condiciones mínimas de trabajo, tales como el pago de salarios mínimos y de horas extra, que comprenden a los asalariados e incluye a los que no están cubiertos por contratos colectivos; la eliminación de la discriminación laboral por motivos raciales, religiosos, de edad, sexo u otras razones según establezcan las leyes internas de cada Parte; igual remuneración para hombres y mujeres; la prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; la indemnización en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, o la protección de los trabajadores migratorios.

H. SEPTIMA PARTE. Disposiciones finales. (Artículos 45 a 50).

Se consultan normas sobre los Anexos de este Acuerdo; la entrada en vigor del mismo; enmiendas; accesión de Chile al Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte; denuncia del Acuerdo, y textos auténticos.

Instrumentos Anexos.

Finalmente, es menester tener presente que el Acuerdo de Cooperación Laboral consta de los siguientes Anexos:

1.- Anexo 1, sobre principios laborales.

2.- Anexo 21, sobre resolución interpretativa.

3.- Anexo 35, sobre contribuciones monetarias.

4.- Anexo 43, sobre extensión de las obligaciones.

5.- Anexo 44, sobre definiciones específicas por país.

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DISCUSION

Opiniones de los señores Ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda y Agricultura y de representantes de diversos organismos privados.

a) Señor Ministro de Relaciones Exteriores.

El señor Ministro de Relaciones Exteriores, don José Miguel Insulza, entregó su opinión respecto del Tratado y destacó que Chile suscribió tres instrumentos internacionales con Canadá, a saber, el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Cooperación Laboral y el Tratado de Cooperación Ambiental, los que son jurídica y conceptualmente distintos y autosuficientes. Sin embargo, agregó, forman parte de un paquete político, razón por la cual el Ejecutivo ha solicitado su aprobación mediante un solo acto del Congreso Nacional.

Señaló que el Tratado forma parte de la estrategia de apertura comercial seguida por el país, que se caracteriza por combinar diversas modalidades de integración comercial con el resto del mundo. La apertura unilateral así como la liberalización multilateral, añadió, se complementan con acuerdos bilaterales de libre comercio, los que abren más nuestra economía y las de cada contraparte, en forma recíproca con plazos y condiciones estables. Se gana así, afirmó, con rapidez y eficacia, nuevos mercados y oportunidades de comercio para las exportaciones chilenas de bienes y servicios, así como los flujos de inversiones. El Acuerdo con Canadá es, por lo tanto, un eslabón más en la política de lograr una mayor inserción de la economía chilena con las distintas regiones del mundo.

Luego, subrayó que este Tratado de Libre Comercio es el acuerdo comercial más profundo y amplio suscrito hasta el momento. En efecto, se consagra el libre comercio de bienes y servicios (excepto los servicios financieros y de transporte aéreo), el libre flujo de las inversiones, telecomunicaciones, competencia desleal, solución de controversias y entrada temporal de personas de negocios, entre otros capítulos.

El señor Ministro, afirmó que el Convenio se enmarca en la Organización Mundial de Comercio, cuyas disposiciones ya fueron aprobadas por este Congreso, pues responde a los requerimientos que se imponen a los acuerdos de integración económica, tanto para bienes como servicios. De esta manera, se avanza más rápido en el plano bilateral sin aumentar las barreras respecto de terceros países. Asimismo, por tratarse de un acuerdo de libre comercio, Chile preserva plena libertad para continuar el proceso de apertura unilateral, multilateral y bilateral. En síntesis, indicó, el Tratado es plenamente congruente con el principio del regionalismo abierto.

Agregó que las negociaciones con Canadá se iniciaron cuando Chile suspendió las conversaciones relativas al NAFTA, pues los Estados Unidos no habían logrado consensuar los objetivos de negociación que son la base del procedimiento de aprobación expedita (fast track) de acuerdos comerciales en dicho país. El Tratado es, en consecuencia, una proyección de esa situación, y aunque se sustenta por sí mismo, está vinculado con la invitación que hicieran a Chile los Presidentes de Estados Unidos y México y el Primer Ministro de Canadá de adherir al NAFTA.

Además, prosiguió, este Tratado, tanto por el valor del comercio e inversiones, como por la calidad y profundidad de sus disciplinas, es un aporte muy importante en dos ámbitos trascendentales de la política exterior de Chile. Por una parte, el Hemisferio se moviliza para iniciar negociaciones para el establecimiento del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA); el otro ámbito de gran proyección para nuestra economía es el Asia-Pacífico. Tan sólo el Asia absorbe más de una tercera parte de nuestras exportaciones, pero sigue siendo fundamentalmente un mercado de materias primas y aún relativamente desconocido. El APEC, añadió, ha permitido al país movilizarse hacia esa región y comenzar a explotar ámbitos nuevos de cooperación internacional. En este contexto, el Gobierno asigna especial prioridad a los compromisos asumidos en Bogor, Indonesia, en 1994, para conseguir la liberalización del comercio y de las inversiones hacia el año 2010. Señaló que este Tratado con Canadá, así como las negociaciones en curso para ampliar y profundizar el actual acuerdo de libre comercio con México, son expresiones concretas del aporte del país para cumplir con los compromisos asumidos con las demás economías del APEC. Como se aprecia, indicó, Canadá es un socio estratégico en los movimientos de liberalización en las Américas y el Asia Pacífico, además de compartir similares intereses en el contexto del futuro de la Organización Mundial de Comercio.

El señor Ministro subrayó que para esta negociación se empleó como base el texto del NAFTA, si bien existen diferencias importantes. Por una parte, se excluyeron los siguientes capítulos del NAFTA: Propiedad Intelectual, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que, a juicio de ambos gobiernos, están adecuadamente cubiertas por la O.M.C. Otras áreas como capítulos especiales para la energía y las compras gubernamentales no fueron estimadas necesarias. También fue excluido el capítulo sobre servicios financieros, tanto por razones de estrategia como porque estaba pendiente una negociación del sector en la O.M.C y también la modernización de nuestras leyes bancarias.

Asimismo, destacó, se obtuvieron resultados que constituyen una mejora sustancial respecto del NAFTA y de otros acuerdos comerciales. En primer término, resaltó la exención recíproca de medidas antidumping, lo que se materializa una vez que un producto tiene arancel cero en ambos mercados. Con ello, se elimina la posibilidad de que se emplee un instrumento que ha pasado a ser una de las formas más perniciosas de proteccionismo y que Canadá ha usado con mucha frecuencia para obstaculizar importaciones más baratas. Otro resultado notable, remarcó, lo constituye la eliminación de los subsidios a la exportación de productos agrícolas. Bajo la O.M.C., informó, se han congelado los niveles de subsidios que se pueden emplear en la agricultura. En otras palabras, se tiene la garantía de que no se pueden aumentar los niveles de las subvenciones por sobre lo que se ha comprometido en la citada Organización.

El señor Ministro subrayó que se está ante un proceso de integración con un país de primera calidad, ya que Canadá es una de las naciones de mayor grado de desarrollo económico sustentable en el mundo, es miembro del Grupo de los Siete y cuenta con una excelente calidad de vida. Su nivel y distribución de ingreso así como la estabilidad política y social nos asegura un socio de primera categoría. Canadá, agregó, tiene una población de casi 30 millones de habitantes. Nuestras exportaciones a Canadá alcanzan alrededor del 1% del total de 16 mil millones de dólares que el país embarca al mundo, lo que revela el gran potencial del mercado que se nos abre. Además, prosiguió, cabe destacar que Canadá es uno de los principales inversionistas en Chile, lo que debiera aumentar y diversificarse en virtud del Tratado y del mercado ampliado que nuestra nación tiene gracias a los acuerdos de libre comercio suscritos con países de la región.

El señor Ministro señaló que durante el debate se ha puesto en evidencia que una buena proporción de nuestras exportaciones ingresan al mercado canadiense libres de arancel. Esto sucede porque Canadá ha consolidado a cero en la O.M.C. el arancel para algunos productos, generalmente primarios y materias primas. Pero para otros productos, el libre comercio deriva del Sistema General de Preferencias que Canadá mantiene para los países en desarrollo. Este Sistema, subrayó, es un beneficio unilateral, que puede ser revocado unilateralmente en cualquier instante sin consulta ni expresión de causa. El Tratado consolida el libre comercio para esos productos en un contrato solemne y dotado de la mejor protección jurídica. Pero más importante, a juicio del Secretario de Estado, es que se eliminan los aranceles para los productos de mayor valor agregado que no gozan de arancel cero bajo la O.M.C. o el S.G.P. Se logran, en consecuencia, buenas e importantes perspectivas de comercio para productos de sectores como el textil, la confección, el calzado y la agroindustria, que quedarán con arancel cero en seis años, desde la entrada en vigencia del Tratado.

En cuanto a las medidas no arancelarias, expresó, la O.M.C. fue un gran avance que nos protege adecuadamente. Sin embargo, gracias al Tratado se mejoran las garantías de acceso y no discriminación en sectores de gran interés para Chile. Por ejemplo, ilustró, las provincias canadienses mantienen monopolios sobre la venta y distribución de vinos y licores. Este Convenio asegura que esos monopolios actúen sobre la base de consideraciones comerciales y nos otorga las mismas garantías de que disfrutan los productos de México y los Estados Unidos. Un segundo ejemplo, consiste en la consagración que se otorgaría al pisco chileno como denominación geográfica, por primera vez en nuestra historia.

En cuanto a los Tratados de Cooperación Laboral y Ambiental, manifestó que Chile no acepta que el cumplimiento de los estándares y leyes laborales o ambientales sea cautelado mediante la aplicación de sanciones comerciales. Tampoco se estima que este tipo de acuerdos sea el vehículo apropiado para convenir estándares distintos a los nacionales. A juicio del Gobierno existe un amplio espacio para promover la cooperación internacional en ambas esferas que nos colaborarán para un desarrollo sustentable, socialmente justo y equilibrado. Estos son precisamente los factores que ambos Tratados refuerzan. La ausencia de sanciones comerciales, la obligación de fiscalizar el cumplimiento de nuestras propias leyes y las amplias posibilidades de cooperación, indicó, contribuyen a sentar un importante precedente.

Si bien existen presiones muy fuertes para vincular lo laboral y ambiental con lo comercial, estos Tratados de cooperación con Canadá nos ponen al abrigo de tales presiones, evitan proteccionismo disfrazado de medioambiental y constituyen el techo para cualquier futura negociación, concluyó.

b) Señor Ministro de Hacienda.

Por su parte, el señor Ministro de Hacienda, don Eduardo Aninat, al referirse a los instrumentos internacionales en estudio sostuvo que la integración de Chile con la economía canadiense marca un hito importante en nuestro avance hacia el desarrollo económico, acercando a nuestro país al camino de las grandes naciones.

Ambos países, agregó, comparten una visión común acerca del rumbo a seguir en materia de integración comercial y, por ello, Canadá no sólo constituye un mercado importante para la exportación de nuestros bienes y servicios, y la inversión, sino, también, aparece como un socio estratégico en el proceso de integración de las Américas y con el Asia Pacífico.

El señor Ministro señaló que la conveniencia para un país pequeño y abierto como Chile, de lograr asociarse en un pacto de Libre Comercio con Canadá, reside en tres fuentes principales: a) lograr un "efecto de escala" para su base productiva y sus alcances de exportación; b) tomar un "seguro" para que en un mundo que a veces se tienta con políticas proteccionistas se pueda asegurar un acceso cierto a sus actuales y potenciales corrientes de exportación y, c) avanzar hacia un "efecto de competitividad" de sus sectores productivos, incentivando una mayor asignación de recursos y una especialización adecuada de su producción.

Añadió que durante los últimos años Chile ha implementado una estrategia específica con el fin de iniciar un camino de integración económica con los países de América.

Nuestra economía, afirmó, se ha desenvuelto en un marco de estabilidad política y ha mostrado un impactante desempeño en la última década, exhibiendo tasas de crecimiento, en promedio, superiores al 7% real por año. Las exportaciones han cumplido un rol fundamental, creciendo cerca de un 14% y con una cada vez mayor diversidad de bienes y servicios para exportar. Existe, pues, un adecuado clima para el desarrollo de la inversión productiva con el consecuente efecto en el empleo y su estabilidad. Asimismo, se ha iniciado un proceso creciente de inversiones de capitales chilenos en el exterior, siendo Chile reconocido dentro de América como un país que está preparado para asumir compromisos más audaces en materia de integración comercial.

Por ello nuestro país fue invitado a negociar su acceso al NAFTA, como una muestra concreta de integración en el contexto del Area de Libre Comercio de las Américas.

Sin embargo, la situación política interna en los Estados Unidos no ha permitido que el Gobierno de ese país pueda aún negociar nuevos acuerdos comerciales.

En ese contexto, indicó el Secretario de Estado, con el objeto de concretar lo antes posible, al menos parte de los beneficios que implicará el proceso de integración con las Américas, Chile y Canadá tomaron la iniciativa comenzando la negociación de un Acuerdo bilateral. Este Acuerdo, es por ende, un importante precedente para futuras negociaciones en el contexto de un proceso de integración de las Américas.

Ambas naciones establecieron como base que, si bien se podían obviar algunos de los temas negociados en NAFTA, debía basarse esta negociación en su texto, y constituirse en un pilar importante que facilite el proceso de integración, así como el de un eventual ingreso de Chile al NAFTA.

Al mismo tiempo, y por sobre todo, se determinó que debía buscarse un acuerdo que tuviese valor jurídico y económico por sí mismo y que otorgara importantes y concretos beneficios tanto para Chile como para Canadá.

Así, prosiguió, el Acuerdo negociado usó como base el texto del NAFTA, el cual fue objeto de modificaciones y adaptaciones con el fin de mejorarlo y adaptarlo a la realidad de la relación Chile-Canadá.

Señaló que el Acuerdo se caracteriza por abordar aspectos que ya se han tratado en otros Convenios, como la desgravación arancelaria y otras disciplinas que facilitan el acceso a los mercados de bienes. Adicionalmente, se agregan nuevos temas: el comercio transfronterizo de servicios, la inversión, la competencia desleal, la entrada temporal de personas de negocios, medidas de emergencia, aspectos laborales y medioambientales, así como, mecanismos que permiten fortalecer el Acuerdo, entre los que se encuentran los sistemas de solución de disputas.

El Gobierno, expresó, ha considerado que uno de los principales objetivos que se debe perseguir en el diseño de nuestra política económica es lograr cada vez mayor estabilidad en las reglas del juego que enfrentan nuestros productores, inversionistas y proveedores de servicios. Ello, a su juicio, permitirá que éstos puedan planificar sus actividades con un horizonte de plazo mayor, con las demostradas consecuencias que ello tiene sobre la inversión productiva, el empleo y el desarrollo regional.

En lo relativo al comercio de bienes, destacó que se adoptan compromisos más avanzados, tanto por la velocidad del calendario de desgravación como por el hecho de que entre las disciplinas relacionadas con el comercio de bienes se incluyen aspectos como procedimientos de aduana que, por un lado, permitirán implementar la fiscalización de las reglas de origen y, por otro, impedirán que dichos procedimientos sean utilizados como barreras al comercio. Asimismo, las reglas de origen establecidas en el Acuerdo se determinan en forma precisa para cada producto, eliminando así la posibilidad de una doble interpretación.

En materia de desgravación arancelaria, añadió, se buscó maximizar el número de productos a desgravar en forma inmediata, con el objeto de alcanzar el aérea de libre comercio en el menor plazo posible. El Acuerdo libera del pago de arancel al momento de su entrada en vigencia a cerca del 80% del comercio bilateral actual. Sin embargo, se consideró también la necesidad de dejar plazos más largos de desgravación para productos sensibles, que por lo general no superan los 6 años. Sólo productos agrícolas de extrema sensibilidad que ingresan a Chile, agregó, estarán afectos a un calendario de desgravación, con plazos sustancialmente superiores a los seis años, y que finalizan a más tardar el año 2014, similar a lo acordado entre Chile y el Mercosur.

Así, continuó, más del 92% de las exportaciones chilenas destinadas a Canadá se verán favorecidas por el libre acceso arancelario, en forma inmediata, una vez entrado en vigencia el Tratado. El resto de los productos, lograrán estar exentos de arancel para ingresar a Canadá en un horizonte de tiempo de entre dos y seis años. Chile, a su turno, desgravará en forma inmediata cerca del 76% de las importaciones actuales provenientes de Canadá.

La rapidez del proceso de desgravación, así como la rebaja arancelaria de productos con mayor valor agregado son indicios de que el beneficio para Chile por este proceso de liberalización será importante. Las ramas agroindustriales, del calzado y textiles, entre otras, se verán beneficiadas con ello.

Asimismo, recordó, Canadá había otorgado algunas preferencias en forma unilateral a Chile a través del llamado Sistema Generalizado de Preferencias. Este Acuerdo permite consolidar estas preferencias, otorgando estabilidad al sector exportador chileno.

En cuanto a la exportación de bienes canadienses a nuestro país, la gran parte de los productos que Chile libera en forma inmediata a Canadá constituyen insumos y maquinaria. La adquisición de insumos de alta calidad y de menor precio por la desgravación arancelaria generará, a su juicio, un ahorro en los costos de producción de nuestros empresarios. Simultáneamente, el acceso a tecnología de punta generará una mayor eficiencia en los procesos productivos de los distintos sectores de nuestra economía.

Afirmó que con respecto al sector agrícola el balance es favorable. Del total exportado actualmente a Canadá cerca del 64% corresponde a bienes agrícolas y el resto, a bienes industriales. El 91% de los productos agrícolas que Chile exporta hoy a Canadá podrán ingresar sin pago de arancel a ese país en la fecha de entrada en vigencia del Tratado. Chile, en cambio, desgravó en forma inmediata sólo el 45% de las actuales exportaciones agrícolas provenientes de Canadá.

La eliminación del escalonamiento arancelario actual aplicado a los productos agroindustriales dentro de un plazo no superior a los seis años, añadió, apoyará un proceso de aumento del valor agregado de los productos del sector de carácter exportables.

Beneficios directos de acceso al mercado canadiense tendrán, también, un conjunto de productos frutícolas y agroindustriales.

Destacó que el bajo nivel relativo de los aranceles en Chile, así como la existencia de otros acuerdos comerciales y la perspectiva de futuros tratados, reducen bastante el efecto de desviación de comercio que puede ocasionar un acuerdo comercial. Además, recordó que el Gobierno ha reiterado su compromiso de enviar próximamente un proyecto de ley de rebaja unilateral de aranceles, de alrededor de 3 puntos porcentuales, que profundice nuestra apertura comercial y contribuya a minimizar las desviaciones de comercio de los acuerdos bilaterales.

Agregó que, luego de finalizado el período de transición, las Partes se comprometen a no imponer derechos antidumping en el comercio bilateral. El Acuerdo contempla otros mecanismos, como los derechos compensatorios y las salvaguardias, que por sus características son menos susceptibles de constituirse en un instrumento proteccionista que afecte negativamente a nuestros productores.

El Acuerdo logrado en esta materia entre Chile y Canadá, subrayó, marca un importante precedente a nivel internacional, y tiene por objeto seguir fomentando esta política para evitar que las grandes economías afecten a nuestro sector exportador utilizando la supuesta existencia de dumping como excusa.

Asimismo, agregó el señor Ministro, el Acuerdo contempla espacio para que las Partes puedan defender mecanismos necesarios debido a características particulares del país. Ejemplo de ello lo constituye la mantención de bandas de precios que permiten disminuir las fluctuaciones en los precios, fundamental en un país pequeño.

Por otra parte, añadió, Chile está preparado para asumir compromisos más profundos en materia de trato a la inversión extranjera, y, más aún, requiere conseguir estándares de protección a las inversiones de capitales chilenos en el exterior.

Por esta razón, señaló, en este Acuerdo el país da un paso más en lo que a inversión extranjera se refiere, fortaleciendo y profundizando los compromisos, y estableciendo reglas del juego más claras.

El capítulo de inversiones, indicó, contempla un artículo que establece la libre entrada y salida de las transferencias relacionadas con la inversión. Chile ha incluido en este Acuerdo, remarcó, una reserva que le permitirá mantener las actuales medidas con una cierta holgura, sólo con el propósito de asegurar la estabilidad de la moneda evitando posibles fluctuaciones por efectos del masivo ingreso de capitales especulativos.

Por otra parte, prosiguió el titular de la Cartera de Hacienda, el comercio de servicios ha mostrado un desempeño creciente y promete ser una importante fuente de crecimiento en un futuro no muy lejano. Hace algunos años era impensable que un profesional extranjero prestase servicios en el país, o al revés, un chileno viajara a otorgar una asesoría a un país extranjero. Hoy no sólo es una realidad, sino que se ha convertido en un nuevo modo de vida para muchos profesionales chilenos.

Por esta razón, en materia de comercio transfronterizo de servicios, se adoptan una serie de compromisos que son sustancialmente más profundos que los establecidos por Chile en la O.M.C.

El Acuerdo, informó, establece sistemas de solución de disputas, tanto para efectos de controversias entre las Partes, como para disputas entre el inversionista y el Gobierno de la Parte donde éste invierte.

Agregó que, en forma paralela al Tratado Comercial, se negociaron los Tratados Laboral y Medioambiental, en los cuales ambas Partes adquieren el compromiso de contar con la necesaria legislación ambiental y laboral, y realizar una efectiva fiscalización de ésta. Cada país mantiene la soberanía de determinar la propia legislación, no existiendo obligación alguna de adoptar estándares externos.

A su juicio, estos compromisos permiten fortalecer la legislación laboral y medioambiental por medio del acuerdo internacional de fiscalización de ésta que adquieren los gobiernos. En caso de una falta persistente en la fiscalización de las propias leyes, el caso, luego de un proceso de consultas y realización de estudios, podría ser llevado a un sistema de solución de disputas, el que, a su vez, podría determinar que el gobierno no ha cumplido en forma adecuada su labor de fiscalización. En tal situación, el panel puede definir una cantidad de recursos que el gobierno inculpado deberá destinar a mejorar la fiscalización de la ley en que se ha cometido falta. Ello, afirmó, se hace sin establecer vínculos directos entre las barreras al comercio y los estándares laborales y medioambientales.

Asimismo, resaltó que, el país ha seguido un modelo económico que busca eliminar las barreras internas al comercio de bienes y servicios y fomentar la inversión. La política de aranceles parejos y bajos, la eliminación de las barreras no arancelarias al comercio, la modernización de la Aduana y del Estado en general, constituyen elementos indispensables de la política de apertura unilateral que se ha implementado.

El Acuerdo de Chile-Canadá, agregó, representa una oportunidad para que el país refuerce su potencial de crecimiento, reduciendo el riesgo-país y mejorando nuestro rating internacional. Ello tendría impactos favorables sobre la inversión doméstica y la inversión extranjera. A su vez, añadió, se generaría un efecto de mayor atractivo y rentabilidad sobre el sector de bienes transables, lo que a su vez generará mejoras económicas.

c) Señor Ministro de Agricultura.

Luego, el señor Ministro de Agricultura, don Carlos Mladinic, se refirió al impacto del Tratado sobre dicho sector, destacando, entre otras materias, que en esencia estima que es neutro para el rubro en general, si bien no todos los subsectores se comportarán de igual forma frente a él. Hay sectores beneficiados y otros que enfrentarán desafíos para permanecer competitivos.

El Secretario de Estado sostuvo que el Gobierno ha negociado con Canadá de manera de preservar en las mejores condiciones posibles las políticas agrarias que apoyan la modernización de la agricultura, el mejoramiento de su competitividad y generan por la vía de cuotas y plazos un espacio para la readecuación de las actividades agrícolas más tradicionales.

Expresó que mucho se ha hablado de la desgravación rápida de tres productos: el trigo, la cebada y la avena.

Respecto del trigo se ha mencionado que este Tratado tendrá un impacto negativo sobre 400.000 hectáreas de trigo blanco y que estos efectos serían aún más graves para el trigo candeal, pero primeramente debe recordarse que la superficie total con trigo en el país ha caído en aproximadamente 40% en los últimos 25 años. Es obvio, señaló, que esos suelos no han dejado de producir, sino que han sido redestinados a varios usos alternativos más rentables, como ganadería de leche, reforestación, etc., de modo que la declinación del cultivo del trigo en Chile precede por los menos en dos decenios a la firma del Tratado con Canadá.

A su juicio, queda claramente demostrado que no son los tratados la causa última de la declinación de la producción triguera, sino su reemplazo por otros rubros más productivos y rentables.

Un tema aparte, indicó, es el del trigo candeal, que ha representado aproximadamente entre un 3% y un 6% de la producción total de trigo, siendo el promedio del área cultivada en los últimos 5 años de unas 14.700 hectáreas. La producción promedio para ese mismo período ha sido de unas 69.000 toneladas y las importaciones promedio del orden de las 100.000 toneladas.

Es decir, añadió, también el país ha necesitado importar candeal para poder abastecer su creciente industria exportadora de pastas y no sólo por falta del candeal chileno, sino también por un tema de la calidad de los trigos requeridos para una óptima calidad de masas, tallarines, etc.

Esta mezcla de producto nacional con el importado de Canadá ha resultado en un aumento de la oferta interna y en una fuerte expansión de las exportaciones de pastas.

De modo que estos antecedentes, subrayó, demuestran que a partir de 1993 la producción local de trigo candeal ha ido aumentando significativamente a medida que aumentan las exportaciones de pastas.

En resumen, estima que el 92% del trigo (el trigo blanco) ha sido protegido a plazos extremadamente largos y que el 8% restante correspondiente al trigo candeal, (que es insumo indispensable de nuestra capacidad exportadora de pastas) ha crecido y probablemente seguirá creciendo como resultado de la rápida expansión de las exportaciones.

Le llama, por lo tanto, poderosamente la atención, que no se haga mención por parte de los detractores del Tratado, de los indudables beneficios que para los agricultores trigueros de Chile tiene la desgravación ultra lenta del trigo blanco y la protección de las Bandas de Precios.

Luego, manifestó que algo similar acontece con la cebada y avena que, en lo grueso, son materias primas para malta, cerveza y alimentos balanceados para la ganadería, respectivamente.

Por otra parte, el señor Ministro expresó que con respecto a nuestras exportaciones agrícolas debe mencionarse que el T.L.C. afirma de manera inequívoca y definitiva los aranceles que bajo el Sistema Generalizado de Preferencias y el de Nación Más Favorecida, permiten la entrada de productos agrícolas y agroindustriales chilenos a Canadá con bajos aranceles, ingreso que hasta ahora correspondía a una concesión que podía ser revocada unilateralmente por Canadá.

Se han abierto además, cuotas con arancel cero para lácteos, cebollas y frutillas, para derivados lácteos y aves trozadas, cuotas que son importantes en términos de nuestra actual capacidad exportadora, agregó.

En otro orden de cosas, se refirió a los beneficios que el Tratado conlleva para el sector, siendo lo más relevante la sustancial asimetría de las desgravaciones recíprocas. Mientras Chile alcanzará arancel cero para todos los productos chilenos exportados en 6 años, Canadá sólo alcanzará arancel cero en un plazo que varía entre 10 y 17 años para los productos agrícolas sensibles. Este es el espacio de tiempo estimado necesario para ganar en productividad y, por ende, en competitividad para aquellos sectores sustituidores de exportaciones de modo de permitirles competir adecuadamente.

Esta considerable ventaja para la agricultura tradicional, afirmó, no se habría obtenido con una rebaja unilateral de aranceles.

Adicionalmente, se negoció arancel cero de inmediato para los insumos agrícolas, lo que es relevante en el caso de maquinarias agrícolas y agroquímicos.

En cuanto a las bandas de precios se obtuvo el reconocimiento explícito en el T.L.C. de la mantención de los mecanismos de estabilización de precios para trigo harinero y harina, aceite y azúcar. Este precedente es particularmente significativo si se piensa que el proceso de apertura internacional considera la posibilidad de negociaciones con la Unión Europea y NAFTA en un futuro próximo.

En lo relativo a vinos y licores se obtuvo, además, un trato no menos favorable que el obtenido por México en el marco del NAFTA para nuestros vinos, logro no despreciable si se piensa que las exportaciones de vinos chilenos a Canadá sobrepasan los US$ 20 millones anualmente.

En este mismo tema, hay que agregar la protección al "Pisco Chileno" en el mercado canadiense, bajo la legislación de propiedad intelectual, (Ley de Marcas), precondición necesaria para la introducción y marketing del pisco en ese mercado. Recalcó que es la primera vez que se obtiene un reconocimiento de esta naturaleza en un Tratado de esta envergadura.

Con respecto a la solución de controversias, señaló que el sector agrícola dispone, además, de un Subcomité específicamente diseñado para resolver cualquier posible problema en el comercio sectorial antes de recurrir al sistema de "pannels".

La creación ex-ante de este mecanismo permite prevenir la aparición de conflictos o, si no fuese posible, crea una instancia para resolver en forma rápida posibles controversias.

En resumen, expresó el Secretario de Estado, los efectos del T.L.C. entre Canadá y Chile para la agricultura son moderadamente favorables, aunque conllevan desafíos y beneficios interesantes. En todo caso, a su juicio, este Acuerdo no es demasiado determinante para el agro chileno y sus impactos favorables y desfavorables son modestos.

En lo grueso, concluyó, este T.L.C. es consistente con las políticas desarrolladas por su Ministerio en lo que se refiere a modernización, competitividad y desarrollo de la agricultura en los próximos decenios y con el proceso de apertura de la economía en que el país está empeñado desde hace más de un decenio.

d) Confederación de la Producción y del Comercio.

A su turno, el Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, don Walter Riesco, expresó que el comercio exterior de Chile es y debe seguir siendo equilibrado geográficamente. En este sentido, agregó, la diversificación es un activo, ya que defiende al país de las eventuales debilidades que sufra algún mercado en particular.

El acuerdo Chile-Canadá, expresó, no es excluyente para el comercio de Chile con el resto del mundo y es plenamente compatible con nuestra estrategia comercial antes señalada. Además, permite tratar temas nuevos, como la apertura en el sector de los servicios, y constituye un primer paso con miras a un ingreso al NAFTA.

Sostuvo que en términos de tamaño de mercado y de estabilidad macroeconómica, Canadá es muy atractivo para Chile. Su P.I.B. es superior a la suma del P.I.B. de México y Argentina, representando alrededor del 8% del NAFTA. A su vez, de acuerdo a estadísticas del Banco Central de Chile, en 1996, las exportaciones chilenas a Canadá alcanzaron casi 140 millones de dólares, lo que representó un aumento de 45% con respecto a 1995 (mientras las exportaciones totales de nuestro país cayeron en un 6%). Sin embargo, las importaciones totales canadienses alcanzan alrededor de 140.000 millones de dólares, lo que demuestra el potencial existente en este mercado.

Subrayó que el acuerdo Chile-Canadá no sólo considera una desgravación arancelaria (en un plazo particularmente corto), sino también la apertura del comercio de servicios. Asimismo, contempla disciplinas comerciales, salvaguardias, mecanismos de solución de disputas, y normas relativas a inversiones y al ejercicio de profesionales de ambas naciones en los dos territorios.

En su concepto, el Acuerdo contiene una serie de beneficios para nuestro país, entre otros, representa una profundización de la estrategia de apertura de Chile y refleja un compromiso con el libre comercio. Asimismo, esta liberalización resguarda nuestra legislación comercial vigente.

Además, éste es el primer acuerdo que Chile suscribe con un miembro del Grupo de los Siete, que incluye a las naciones más desarrolladas del mundo. Así, la firma del Acuerdo llevará a un mejoramiento de la imagen del país en el concierto internacional y hemisférico, lo cual incentivará la llegada de capitales foráneos a nuestra nación e implicará una diversificación de las inversiones. Esto se verá reforzado por el hecho de que Chile, por su red de acuerdos bilaterales, puede ser un país-plataforma, y porque el Acuerdo otorga mayores garantías recíprocas para la inversión extranjera a través de un capítulo exclusivo dedicado a este tema.

La suscripción del Tratado con Canadá, agregó, sumado al convenio que Chile tiene con México, representa una base importante para la futura incorporación de Chile al NAFTA.

Por otra parte, añadió, la negociación de servicios, por la que las Partes se comprometieron al libre comercio transfronterizo de ellos, es un importante precedente en un área en la cual nuestro país posee ventajas comparativas. Para Chile, significa consolidar su situación de apertura actual y obtener de Canadá la misma apertura que otorgó a Estados Unidos.

El máximo dirigente de la C.P.C. agregó que existen posibilidades reales de incrementar el monto y el valor agregado de las exportaciones chilenas al mercado canadiense, al reducirse el escalonamiento arancelario existente en Canadá.

Además, se producirán importantes beneficios para los consumidores chilenos al contar con una disponibilidad de productos importados de alta calidad a precios más bajos.

Asimismo, y dado que parte significativa de las importaciones desde Canadá, representada por materias primas y bienes de capital para el sector transable se desgravarán en forma inmediata, se espera una importante mejoría de la competitividad de los productos chilenos tanto en el mercado de Canadá, como en el resto del mundo.

Indicó que, además, y como resultado del Acuerdo, más del 90% de las exportaciones de Chile a Canadá gozarán de liberación inmediata de aranceles a su entrada en vigor.

El Convenio, prosiguió, debiera ser especialmente beneficioso para sectores que enfrentan aranceles altos en Canadá, como la agroindustria, calzado, confección, textiles y otros.

El Acuerdo, en su concepto, contempla un buen mecanismo de solución de controversias, lo que estima de suma importancia. Asimismo, se otorga estabilidad a las reglas del juego, especialmente en términos de gravámenes y otras barreras no arancelarias.

Ahora, si bien advierte una serie de beneficios en el Tratado, considera que los acuerdos de libre comercio no debieran incorporar cláusulas sociales y medioambientales, ya que su inclusión podría servir de excusa para que surjan presiones proteccionistas en países industrializados, o para que se evolucione hacia la imposición de normas extranjeras sobre estas materias.

Además existen diversos sectores de la agricultura nacional que se verán perjudicados. Asimismo, a su juicio, existen errores en la negociación, principalmente en la no detección de los subsidios que Canadá entregaría a su sector agrícola, los que se deben reconocer. En este sentido, cree que el Gobierno debiera implementar las medidas de apoyo al sector agrícola a las que se comprometió con motivo de la discusión parlamentaria del Tratado con el Mercosur.

Concluyó señalando que, en definitiva, la C.P.C. considera que el Acuerdo Chile-Canadá es beneficioso para el país en su conjunto, para los exportadores chilenos, para los consumidores nacionales y para los trabajadores que podrán contar con mayores y mejores empleos si efectivamente se estimula la inversión extranjera a nuestro país, pero instan al Gobierno a implementar las medidas necesarias en favor de aquellos sectores, especialmente el agrícola, que se verán, en parte, afectados por el mismo.

No obstante, añadió, estima que luego de la suscripción de este Acuerdo ha llegado el momento de evaluar, seriamente, los costos y beneficios que la estrategia de inserción a través de acuerdos de libre comercio ha traído a nuestro país. Asimismo, para evitar una desviación de comercio y avanzar en una mejora de competitividad para todos los sectores sería, a su juicio, importante implementar una rebaja unilateral de los aranceles.

e) Sociedad Nacional de Agricultura.

Acto seguido, dio a conocer la opinión de la Sociedad Nacional de Agricultura, su Presidente, don Ricardo Ariztía, quien, entre otras cosas, señaló que siempre han apoyado el libre mercado y la apertura, luego, obviamente, quieren que se abran nuevos mercados para el sector exportador.

La agricultura chilena es capaz de competir y pueden utilizar sus ventajas comparativas en muy buena forma, pero se encuentran con el inconveniente del proteccionismo y su dudoso desmantelamiento, especialmente, en los países desarrollados.

Ahora bien, sostuvo que casi ninguno de los tratados suscritos en este tipo de materias hasta ahora, ha sido beneficioso para el sector agrícola, perjudicando su competitividad, dado que ninguno de ellos va dirigido a favorecer la compra o importación de insumos con aranceles rebajados.

Los acuerdos sólo han beneficiado, a su juicio, la importación de productos hacia Chile.

Además, continuó, el sistema de cuotas, tanto de importación como de exportación que establecen la mayoría de este tipo de tratados, hacen a su entidad oponerse al procedimiento de suscripción de los mismos.

Revisó, luego, los beneficios y costos que para su sector implica el T.L.C. entre Chile y Canadá.

El primer beneficio sería la posibilidad de exportar fruta fresca con arancel cero, pero la verdad es que hace más de seis años que lo hacen hacia Canadá. Agregó que al respecto la Comisión Negociadora ha señalado que ahora quedaría consolidado dicho arancel en forma bilateral. Pero, indicó, ya en la O.M.C. Canadá había consolidado la situación en 1995. Por tanto, estiman que hubo un error de negociación que dejó en una posición desventajosa, en definitiva, al trigo candeal, la avena y la cebada.

Luego, resumió, no existen beneficios para su sector respecto de la fruta.

Otro supuesto beneficio se daría en relación a los insumos, pero la verdad es que ellos casi no se importan desde Canadá (sólo se importa alrededor de un 3% desde ese país y son destinados al sector forestal, principalmente). Es decir, aquí tampoco existen ventajas.

En el sector agroindustrial, tampoco hay ventajas relevantes.

Finalmente, habría beneficios en el cupo de exportación de aves hacia Canadá. La verdad, señaló, es que Chile tiene muy poco acceso a la posibilidad de exportar aves hacia dicho país.

En resumen, acotó, las ventajas las valoran en una cifra muy reducida.

Luego, el máximo dirigente de la S.N.A. se refirió a los costos del Tratado para su sector.

En primer término, señaló que se desprenden de 42.000 hectáreas de cultivos como trigo candeal, avena y cebada. Se dice que no sería relevante al ser el 1% del P.I.B. agrícola. Posiblemente, afirmó, desde esa perspectiva no sea importante, pero sí lo es en el efecto que tiene sobre la agricultura en general.

Antes sucedió algo parecido con las oleaginosas, luego con las carnes rojas y ahora con los citados productos. Todo esto tiene un efecto comercial, pero más aún, sicológico, que es muy grave para la agricultura.

Ahondó, luego, en los motivos por lo que se oponen al T.L.C. Al efecto, expresó que Canadá tiene un sistema de subsidios a su agricultura estratégico e inteligente que beneficia a todo el rubro.

El sector agrícola canadiense, añadió, tiene un P.I.B. de 19.000 millones de dólares de los que el 23% se devuelve a los agricultores a través de 62 diferentes mecanismos de subsidios, con lo que 4.600 millones retornan a la agricultura. No más de 800 millones -de los 4.600- pueden objetarse ante la O.M.C. y respecto del resto de los subsidios, nuestro país no puede reclamar ante dicho organismo, lo que es altamente perjudicial para el sector agrícola chileno.

Luego de profundizar en conceptos relacionados con el tema de los subsidios, expresó que sólo hay costos para la agricultura, siendo el Tratado muy perjudicial para ellos. Además, dijo, este Acuerdo marcará pautas para futuros tratados que, en consecuencia, también serán dañinos para su sector.

Expresó que entienden que el Convenio puede beneficiar a otros sectores del país, pero también solicitan un espacio para la agricultura afectada. Este, destacó, es el punto central de su presentación.

Sostuvo que hay otro problema, a saber, la relación entre este Tratado y el Acuerdo con el Mercosur.

En primer lugar, aseveró, el Gobierno al firmar el Convenio con el Mercosur manifestó que no se suscribirían con posterioridad tratados en condiciones menos ventajosas. Sin embargo, agregó, esto no sucede con el arroz, con la cebada y otros productos en el T.L.C. con Canadá.

Por último, señaló que se presenta, además, la duda en orden a si los países del Mercosur pueden pedir compensaciones recurriendo a la cláusula de nación más favorecida.

f) Empresas Luchetti.

Por su parte, el Gerente General de Empresas Luchetti, don Santiago Vásquez, señaló que siendo el trigo candeal su principal materia prima, resultaba de gran interés pronunciarse en relación al Tratado.

Al respecto, manifestó que la industria de pastas en Chile requiere, cualquiera sea el caso, agregar un porcentaje de trigo durum importado a la mezcla para la elaboración de fideos. Ello obedece a razones técnicas de calidad, que hace que ambos -el trigo candeal nacional y el trigo durum canadiense o americano- sean complementarios. Fundamentalmente, añadió, el canadiense aporta proteína.

Lo anterior significa que la mantención del arancel castiga o encarece una materia prima que de todas formas tiene que importarse, por razones técnicas asociadas a la calidad y competitividad del producto final.

Manifestó que la capacidad instalada de la industria de pasta en Chile es superior al consumo nacional, por tanto, siempre hay necesidad (por razones de costos y rentabilidad) de exportar pastas. Agregó que el conjunto de empresas de fideos exporta casi el 50% de la producción nacional.

La desgravación arancelaria materia de este Acuerdo, continuó, otorga competitividad a estas exportaciones, lo que resulta particularmente necesario si se tiene en cuenta que ellas van principalmente a mercados como Perú, Colombia, Centroamérica y Estados Unidos, todos los cuales utilizan en su totalidad (por carecer de producción local) trigo durum canadiense o americano.

La pasta, prosiguió, es actualmente un alimento importante para el consumidor chileno (consumo de 9 kilos por habitante al año). Siendo así y dado que, cualquiera sea el caso, siempre será necesario utilizar un porcentaje de trigo durum importado, esta desgravación arancelaria contribuye a disminuir eventuales presiones en el precio doméstico de este alimento ante alzas de precios en los mercados externos y, consecuencialmente, a atenuar su impacto en el I.P.C., lo cual es relevante para la economía.

En cuanto a la producción nacional, añadió que ha sido la propia industria de pastas la que ha propendido y contribuido a mejorar la productividad del trigo candeal en nuestro país, mediante el apoyo a la investigación y acciones de transferencias tecnológicas. Esto ha contribuido a llevar los rendimientos desde niveles de 55 a 60 quintales por hectárea a los actuales 70 a 80 quintales por hectárea, lo que explica en buena medida la alta producción nacional en las últimas temporadas.

Se demuestra, pues, en su concepto, el interés de la industria por mantener una demanda y una producción de trigo candeal nacional. Las razones de calidad antedichas y razones de precio, hacen que a la industria le interese ahora y después, con desgravación, la mantención de una importante producción nacional y, a su juicio, no existiría razón fundada para temer por la demanda del trigo candeal nacional como consecuencia del Tratado de Libre Comercio con Canadá.

Agregó que por razones técnicas la demanda de trigo candeal nacional por la industria de pastas resulta inferior en un 30% a 40% respecto de la capacidad instalada de aquélla. Esto es, explicó, la demanda es necesariamente limitada, lo que hace indispensable prever situaciones de sobreproducción que puedan generar excedentes más allá de la demanda local. La generación de excedentes de trigo candeal generaría una situación muy delicada para los agricultores involucrados, que no podrían vender su producción. Debe tenerse en cuenta, añadió, que la exportación de trigo candeal nacional no es viable. Chile no cuenta con facilidades portuarias para exportar grano sino, al contrario, los fletes naturales de barcos graneleros son hacia nuestro país y hacerlo a la inversa resulta más difícil y más caro. Además, el trigo candeal nacional no tiene una clasificación y estandarización que facilite su transacción en los mercados externos.

El trigo candeal, aseveró, ha registrado un sobreprecio respecto del trigo pan, cuyo nivel se ha explicado por los rendimientos por hectárea que anteriormente eran inferiores en el trigo candeal. Actualmente, los rendimientos de éste son iguales o superiores al trigo pan. Sin embargo, agregó, igualmente la industria considera la aplicación de un sobreprecio para el trigo candeal, en parte para compensar los eventuales castigos por calidad, a los cuales dicho trigo está más sensible, y para incentivar su contratación y siembra por los agricultores locales, los que, de no existir este sobreprecio, sembrarían trigo pan.

Así, dijo, la industria tiene interés en mantener una producción de trigo candeal nacional, requiriendo pagar un sobreprecio respecto del trigo pan y el precio interno del candeal está más bien sustentado por el precio del trigo pan en el mercado local, al margen de la desgravación arancelaria para el trigo durum importado desde Canadá.

Subrayó que los agricultores se verán beneficiados con la baja de arancel, ya que sus productos serán más competitivos y podrá exportarse más fideos.

g) Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. y Asociación de Productores de Cerdos de Chile S.A.

Luego, el Presidente de la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G., y Gerente General de la Asociación de Productores de Cerdos de Chile S.A., don Juan Miguel Ovalle, recalcó que la Asociación de Productores Avícolas representa a la totalidad de los productores del sector avícola (pollos, pavos y huevos) y a los productores de cerdos. Aves y cerdos, agregó, representan el 60% del total de carne que se produce en Chile y, en conjunto, los tres sectores tuvieron ventas durante 1996 por 903 millones de dólares.

Los sectores representados, señaló, consideran que el Acuerdo, en general, es beneficioso para el país en su conjunto, al igual que para los exportadores y consumidores nacionales. El gran atractivo de este Acuerdo deriva en el tamaño del mercado y de la estabilidad de Canadá como país. Además, el Convenio es particularmente interesante para los sectores representados, por el alto nivel tecnológico, especialmente en el campo agropecuario, lo que abre nuevas posibilidades de intercambio y desarrollo en esta área. Insistió, sin embargo, en la necesidad de profundizar el proceso de apertura global de nuestra economía e implementar una rebaja unilateral de aranceles a objeto de evitar las desviaciones de comercio que, de hecho, ya se están produciendo.

Para los sectores avícolas y porcinos, añadió, si bien el Acuerdo representa un enorme desafío al tener que competir con un país de gran desarrollo agropecuario, representa también una oportunidad de intercambio comercial -especialmente para el sector avícola- y de desarrollo tecnológico -particularmente para el sector porcino-.

En cuanto a la importancia del Acuerdo para el rubro aves y porcinos, subrayó que para el sector avícola, efectivamente es interesante, aún cuando no se logró una desgravación arancelaria específica para Chile, por cuanto aves y huevos fueron exceptuados del Acuerdo en virtud de que estos productos están excluidos en el Convenio de Estados Unidos con Canadá por encontrarse en la condición de productos de producción controlada.

Sin embargo, Canadá otorgó a Chile la posibilidad de acceder a su sistema general de cuotas con cero arancel, en conjunto con otros países. Estas cuotas, informó, no son exclusivas para Chile, ya que forman parte de un sistema general de cuotas para importaciones agrícolas que se otorgan a los importadores canadienses, pero a los cuales nuestro país podrá acceder a partir de la firma del Acuerdo.

Con relación a las importaciones chilenas desde Canadá, indicó, el Tratado otorga a Chile un avance importante en materia arancelaria para la importación de material genético. De hecho, Chile es un importador de líneas puras de reproducción de pavos, lo cual quedó en desgravación inmediata.

En cuanto al sector porcino, expresó que quedaría en una condición de sensibilidad a 10 años y con cuotas con arancel cero otorgadas por Chile a Canadá de 3.000 toneladas para el primer año y 4.000 para los siguientes. Estas cuotas, sin embargo, le merecen las siguientes consideraciones: a) se debe reconocer que la solicitud de Canadá hasta las etapas finales del Acuerdo eran de una cuota de 10.000 toneladas anuales, libre de arancel, lo cual finalmente se negoció en los niveles indicados; b) estas cuotas, si bien aparecen como bajas frente a una producción nacional de 185.000 toneladas anuales, tienen un impacto de un 4% sobre el nivel general de precios del cerdo nacional, por cuanto constituyen las unidades marginales que, en definitiva, son determinantes en la fijación de precios, ya que se concentran básicamente en cortes de bajísimo costo de uso industrial; c) Chile está compitiendo con cuotas con arancel cero frente a Canadá que es el cuarto país en importancia mundial en producción porcina y el segundo en el mundo en exportaciones porcinas. El sector porcino canadiense es la actividad agrícola más importante de ese país, ya que han sido capaces de transformar gran parte de su producción de granos no exportables, en carne exportable, y d) existe, a su juicio, una gran inconsistencia en otorgar cuotas de carne de cerdo sin arancel, frente a la no existencia de cuotas de materias primas en iguales condiciones. De hecho, agregó, el maíz quedó con desgravación a 10 años sin cuotas y el trigo, a 17 años.

Por último, sostuvo que el Acuerdo ha tenido efectos positivos en el inicio de negocios que representan un gran apoyo tecnológico para el sector porcino. Básicamente, se está estudiando el desarrollo de proyectos conjuntos para la producción de material genético en Chile, con miras a la exportación a los países del Mercosur. Por otro lado, como efecto paralelo, las autoridades nacionales han visualizado la importancia de apoyar el programa de erradicación de Peste Porcina Clásica, el cual en Chile está en una etapa avanzada de erradicación, abriendo así posibilidades de exportación a importantes mercados como Japón.

h) Sociedad de Fomento Fabril y Corporación Nacional de Exportadores de Chile.

Posteriormente, el Secretario General de la Sociedad de Fomento Fabril y Vicepresidente de la Corporación Nacional de Exportadores de Chile, don Andrés Concha, manifestó que la posición de la Sofofa respecto del Convenio Chile-Canadá es positiva y, en consecuencia, respalda su aprobación.

Sostuvo que el potencial de crecimiento de la industria nacional, en el marco de una economía pequeña como la chilena, está condicionado por su capacidad para competir internacionalmente y, a su juicio, tres son las principales condiciones que deben darse a fin de alcanzar este objetivo: 1) la estabilidad macroeconómica, el nivel de apertura de la economía y las políticas sectoriales que regulan la microeconomía deben ser tales que permitan el desarrollo competitivo de las empresas nacionales; 2) la gestión empresarial deber ser óptima a fin de maximizar las ganancias en productividad, y 3) la política de comercio internacional debe contribuir a reducir o eliminar los aranceles que gravan en los mercados externos a los productos de exportación, que para el caso de los productos industriales normalmente son altos y diferenciados. Esta política debe, además, contribuir a remover las trabas no arancelarias.

Estima que los acuerdos de libre comercio pueden ser un instrumento eficaz para el cumplimiento de esta última exigencia, en la medida que el socio con el cual Chile pretenda suscribir un acuerdo de esta naturaleza posea, entre otras características, estabilidad institucional, una economía estable y abierta al comercio internacional, políticas internas coherentes, una vinculación comercial o financiera de significación con Chile, un nivel de importaciones atractivo y que sea respetuoso de las disciplinas comerciales de la O.M.C.

En su concepto, todas las características las cumple Canadá. Destaca el hecho de ser miembro del grupo de países desarrollados G-7, lo que avala su naturaleza de país estable y que aplica políticas de mercado coherentes, poseyendo un nivel de importaciones equivalente a más de diez veces el nivel de las exportaciones totales de Chile al mundo y de más de dos veces el nivel de importaciones del Mercosur, siendo, además, el segundo mayor inversionista extranjero en nuestro país.

Sostuvo que el Tratado ofrece ventajas para la industria chilena.

En efecto, agregó, representa un paso más hacia el NAFTA. De llegar a materializarse una negociación que permita a Chile acceder a ese Convenio, se facilita el acceso de los exportadores industriales chilenos a uno de sus mercados más importantes.

También representa un elemento importante frente a la negociación de Chile con la Unión Europea, conglomerado que ofrece muy buenas perspectivas para las exportaciones industriales, en la medida que se pueda suscribir un acuerdo de libre comercio con ellos. Estimó que un rechazo del T.L.C. de Chile con Canadá por parte del Congreso, afectaría seriamente las perspectivas de poder avanzar a un ritmo razonable en la negociación destinada a suscribir un convenio similar con la Unión Europea.

Asimismo, agregó, ofrece buenas oportunidades comerciales para diversos sub- sectores de la industria; es más completo y mejor definido que el de Chile y el Mercosur; establece una limitación respecto de la facultad del Banco Central para restringir el acceso de los créditos externos, lo que la Sofofa considera positivo, y, además, incorpora un Tratado Medio Ambiental que excluye la posibilidad de aplicar sanciones comerciales por eventuales incumplimientos reiterados de la legislación interna chilena y viceversa. Asimismo, indicó, obliga al Gobierno chileno a realizar un esfuerzo destinado a derogar múltiples normas medioambientales, que siguieron vigentes aún después de la dictación de la ley Nº 19.300, sobre Bases del Medioambiente.

Ahora bien, respecto al Tratado Laboral, la Sofofa no lo considera restrictivo en la medida que se entienda que su suscripción no representa ningún compromiso que limite la autonomía nacional para legislar en materias laborales.

El expositor, señaló que la entidad que representa lamenta que, al igual que en el caso de la negociación de Chile con el Mercosur, se haya establecido un plazo de desgravación muy largo para los productos derivados del petróleo, lo que significa postergar ganancias de competitividad para la industria nacional.

Por último, y en consideración de todo lo anterior, la Sociedad de Fomento Fabril reiteró su total apoyo a la aprobación por parte del Senado de los instrumentos internacionales en comento.

i) Confederación Nacional de Cooperativas Campesinas.

En seguida, el Presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Campesinas, don Manuel Peñailillo, indicó que su entidad, con ocasión de la negociación de Chile con el Mercosur, estimó que la política de suscribir tratados de libre comercio era beneficiosa para la comunidad en su conjunto y por eso no se opusieron a su aprobación. Agregó que, si bien no son contrarios a estos acuerdos, sí quieren insertarse en esta nueva modalidad y para eso han demandado del Gobierno instrumentos para dicha inserción. Así, han ido perfeccionándose y han empezado a entrar con sus productos en mercados de otros países, por ejemplo, con las hierbas medicinales, lo que obviamente ha implicado dar más trabajo por el aumento del requerimiento de mano de obra en Chile.

Informó que están mandando productos hortícolas a los países del Mercosur y están haciendo también otros contactos de comercialización. Por tanto, no temen enfrentar mercados más grandes en los que también podrán comercializar sus productos. Incluso, añadió, están analizando los requerimientos del mercado para perfeccionarse en el sentido correcto.

Por último, señaló que están en condiciones de competir, pero, reiteró, necesitan que el Estado les otorgue los instrumentos necesarios.

j) Asociación de Exportadores de Manufacturas de Chile.

Posteriormente, se refirió al Tratado, don Mario Marcel, Director de la Asociación de Exportadores de Manufacturas de Chile, quien expresó que apoyan el Convenio, si bien tienen algunas observaciones a su respecto, especialmente en lo relativo al Acuerdo Medioambiental. Sobre el particular, ven con cierto temor lo que puede significar la aplicación de las normas medioambientales puesto que, si bien se establece que regirá nuestra normativa actual, es sabido que ésta no se está aplicando en forma clara.

Indicó que el sector de la gran empresa, especialmente las multinacionales y el sector minero, en lo relativo al medioambiente cumplen sin problema las normas ambientales vigentes, lo que les permite entrar a muchos mercados, pero en el caso del sector que representa -el manufacturero- en que hay gran cantidad de empresas pequeñas y medianas se hace muy difícil hacer las inversiones para poder cumplir con las citadas normas ambientales.

Se preguntó qué pasaría si Canadá exigiera en un momento la aplicación de todas las normas vigentes al respecto que, a su juicio, son muchas, diferentes y poco claras. Significaría la muerte de la pequeña y mediana empresa, toda vez que la implementación de las medidas necesarias para cumplir con dicha normativa significaría un costo adicional muy alto que les haría perder toda competitividad a nivel internacional e, incluso, nacional.

Si bien hoy pueden subsidiarse los estudios, consultoría y proyectos medioambientales, lo que la pequeña y mediana empresa no tiene son los recursos para hacer la implementación tecnológica del caso.

Estima, pues, que debe buscarse un sistema de subsidio directo para enfrentar lo anterior. En caso contrario, no podrán cumplirse, por parte de la pequeña y mediana empresa, las citadas normas medioambientales.

Agregó que en este punto existe el riesgo de que al no poder cumplirse dicha normativa Canadá dé por incumplidos, en el caso concreto, los preceptos respectivos del Tratado.

k) Instituto Libertad y Desarrollo.

Por su parte, el señor Cristián Larroulet, Director Ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo, hizo llegar una síntesis escrita con la opinión de su entidad en torno al Tratado, destacando que la apertura del comercio internacional es positiva para el país y el Acuerdo Comercial con Canadá es un caso concreto de dicha apertura, que si bien no es significativa por el relativo escaso volumen de intercambio comercial con esa nación, constituye una señal positiva y un antecedente digno de considerar en la perspectiva de continuar trabajando por la integración de Chile al Tratado de Libre Comercio con México, Canadá y Estados Unidos (NAFTA). Como se sabe, agrega, tanto el Acuerdo Comercial como los relativos a los aspectos ambientales y laborales del Tratado con Canadá, guardan estrecha relación con los contenidos en sus homólogos del citado NAFTA.

El documento señala que cualquier tratado que establezca rebajas arancelarias entre dos o varios países puede generar desviación de comercio, en la medida que terceros países, interesados en comerciar con uno de los que pactaron apertura económica entre ellos, desarrollen estrategias para ingresar a un país, a través de un socio comercial. La forma normal de combatir la posible desviación de comercio es, en concepto del Instituto, mediante una rebaja unilateral de aranceles. En tal sentido, son positivos los anuncios recientes sobre una rebaja arancelaria unilateral. Consideran que ésta debe hacerse inmediatamente y, además, debería procederse a una rebaja gradual para que el arancel externo no supere el 5%.

Se señala, además, que los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral no parecen ser complementos propios de un acuerdo comercial; pero, afirman, por diversas razones, se observa una tendencia naciente a celebrar estos acuerdos como un solo todo; ello ocurre también en el NAFTA. Sin embargo, a su juicio, es importante destacar que en esos acuerdos de cooperación los Estados no se obligan más que a cumplir con su propia normativa ambiental y laboral, lo cual no debería constituir una presión política para legislar rigidizando o aumentando las respectivas regulaciones. Además, el incumplimiento de los acuerdos complementarios, si bien genera sanciones, no tiene relación con la parte comercial, pues desde este punto de vista son cuerpos normativos independientes.

El documento agrega que el Convenio afectará la facultad del Banco Central para establecer el encaje por la internación de capital extranjero. En efecto, la ley orgánica constitucional de ese organismo lo faculta para establecer el encaje hasta en un 40%, porcentaje que el Acuerdo rebaja al 30%. Ello, a juicio de la entidad de estudios, es positivo, desde un punto de vista económico, pues el encaje debería reducirse o eliminarse en términos generales.

l) Intervención final del señor Ministro de Agricultura.

Cabe destacar que finalmente y en consideración a los planteamientos formulados por los diversos señores Senadores e invitados, el señor Ministro de Agricultura estimó oportuno realizar una nueva intervención de la cual, a continuación, se presenta una reseña que contiene sus alcances más relevantes.

Al efecto, el referido Secretario de Estado expresó que resultaba atingente analizar si Chile tiene realmente una política agraria.

Al hablar de Política Agraria, señaló, tanto en nuestro país como en el resto de los países americanos, se tiende a asociar imágenes y conceptos muy variados. Es así, que algunos asocian dicha definición a estrategias e instrumentos propios de un enfoque de desarrollo rural integrado, otros, visualizan, más bien, iniciativas relacionadas con amplios programas de estabilización de precios de insumos y productos, un número no menor, por su parte, relaciona este término a un complejo sistema de planes y programas orientados a guiar a los productores en su toma de decisiones y a reducir sus riesgos, asegurando, de esta manera, mayores niveles de producción, por la vía de aumentar los rendimientos y finalmente la oferta productiva.

En la década de los sesenta, al especificar las medidas propias de una Política Agraria de ese entonces, se mencionaban, entre otros, los siguientes componentes: a) Políticas de Precios: para aumentar los precios agrícolas por sobre el aumento de los precios en los otros sectores; b) Políticas Crediticias: con altos niveles de subsidio en las tasas; c) Políticas de Abastecimiento de Insumos: destinada a abaratar los precios de fertilizantes, pesticidas y maquinarias, y d) Políticas de Tenencia de la Tierra: Reforma Agraria.

Además, continuó, la Política Sectorial consideraba la ejecución de numerosos programas de desarrollo silvoagropecuarios, por ejemplo, Programa Nacional de Desarrollo Frutícola; Programa Nacional de Desarrollo Vitivinícola; Plan Nacional de Mecanización Agrícola, etc.

Señaló que sin desconocer el aporte que dichos esfuerzos pueden haber significado entonces, en su concepto, no es así como puede ser entendida una Política Agraria en la actualidad. No es posible hoy, agregó, basar nuestra estrategia modernizadora en iniciativas que, si bien pueden haber cumplido un papel importante en otro contexto, en la actualidad sólo conseguirían retrasar las dinámicas de cambio en el sector.

Son demasiados los agricultores que, conscientes de la necesidad de cambio, requieren de políticas claras y estables en el tiempo y no de distorsiones e incentivos erróneos, que ampliarían la brecha que los separa de una estructura de producción y gestión moderna, rentable y competitiva.

Subrayó que es en este punto de inflexión donde nos encontramos, y nuestras opciones son: ceder a las presiones de aquellos que temen al cambio y creen en un desarrollo de suma cero o, por el contrario, avanzar en el sentido correcto, prestando apoyo a los que quieren enfrentar el cambio permanente, sin buscar en el Estado un garante de su destino.

Al hablar de Política Sectorial, añadió, debemos estar conscientes que ésta debe ser coherente con una estrategia-país. La política económica de una nación, recalcó, no puede ser la sola suma de sus políticas sectoriales. Es necesario, primero, ponerse de acuerdo en una meta y definición general de nivel nacional, luego, compatibilizar todas las iniciativas sectoriales en este marco, dando cuenta de las debilidades y fortalezas de cada sector. Es ésta la razón por la cual la agricultura siempre ha gozado de un trato especial, no sólo en Chile sino que en todo el mundo, de acuerdo a sus propios tiempos y grados relativos de desarrollo.

El señor Ministro expresó que al hablar de agricultura, nos referimos a muchas cosas: una cultura, un modo de vida, etc., pero también se trata de un sector productivo, y el país ha optado por una política macroeconómica y económica en que el Estado no impone lo que deben hacer los agentes privados, siendo los propios empresarios quienes, gracias a su empuje, deben buscar las ganancias, en vez de hacerlo a través de una planificación estatal. Al Estado, agregó, le compete, más bien, apoyar todo lo relacionado con la competitividad transversal del sector.

Afirmó que la decisión del Gobierno de facilitar el proceso de modernización obedece a que cree que la agricultura chilena tiene horizontes, ya que el sector siempre ha sido un pilar prioritario del crecimiento nacional y los agricultores son capaces de definir e influir en su propio futuro.

Señaló que se ha hablado sistemáticamente de la crisis en la agricultura, pero, contrariamente a lo que se cree, esta "crisis" acarrea un conjunto de oportunidades y, ante esto, afirmó, ciertos actores prefieren mantener sus garantías transitorias. Pero Chile no puede dudar, ya que los sectores más postergados no entenderían una discriminación permanente hacia aquellos que pueden avanzar por sí solos.

Expresó, luego, su especial reconocimiento para aquellos pequeños productores, que no teniendo los recursos ni la capacitación adecuada, son capaces de avanzar con decisión y optimismo en este proceso de modernización. Ellos, si bien cuestionan muchos de los actuales instrumentos, han manifestado que no pretenden obtener compensaciones por lo que no son capaces de ganar gracias a sus propios esfuerzos. Lo que buscan es que el Estado corrija aquellas imperfecciones que les impiden un igualitario acceso a los mercados, imperfecciones que afectan, por lo general, a las empresas de menor tamaño y que es necesario corregir.

Lo que conocemos como "agricultores", agregó, son empresarios, pequeños, medianos o grandes y, en cuanto empresarios, el riesgo es algo inherente a su actividad.

Si lo que los agricultores necesitan son facilidades para el cambio, el señor Ministro afirmó que el Gobierno está dispuesto a apoyarlos, pero en base a hechos concretos. Si el precio de la tierra no ha bajado, e incluso presenta alzas en algunos lugares, es porque más allá de cualquier consideración hay quienes esperan hacer un buen negocio con ella. Si los salarios agrícolas aumentan, añadió, es porque se reconoce la mayor productividad. Por cierto, expresó, hay sectores que enfrentan situaciones muy difíciles, pero tal vez se debiera centrar la discusión en la forma de entender e implementar la gestión agrícola y, eso, afirmó, no se soluciona cambiando los estímulos, sino que se supera con apoyo para mejorar las capacidades y los activos de los agricultores.

Manifestó que si la preocupación por el sector, planteada por muchos, fuera más profunda, se centraría en temas como las tendencias de los mercados de trabajo, el desempeño del mercado de la tierra y la disponibilidad de agua para riego, entre otros. Dichas variables, expresó, mucho antes de que se cumplan los plazos brindados por las negociaciones internacionales, serán más relevantes en las decisiones de qué y cómo producir, que los posibles impactos de acuerdos en los que el tema agrícola es definitivamente menor.

Reiteró que estamos frente a un importante proceso de cambio, el cual es bueno para el sector en el largo plazo y también para el país.

Ahora bien, continuó, debe analizarse qué sucede con los que quedan rezagados, con aquellos que no tienen todos los instrumentos para el cambio. En primer lugar, estima que no se les ayudaría si se les da falsas señales para que se endeuden más, para que se sientan confiados en el escenario futuro y se resten del proceso de innovación. Por el contrario, se les facilita el camino si focalizamos en ellos nuestros esfuerzos de fomento productivo, particularmente, en los interesados en ajustarse a las nuevas condiciones de rentabilidad y competencia. Para ellos, informó, el Gobierno ha diseñado y se encuentra ejecutando una amplia "Política Agroalimentaria y Silvícola", orientada tanto a mejorar y dar más transparencia al marco en el que operan los agentes económicos, como así, también, a mejorar las capacidades y los activos de los empresarios, sean éstos del tamaño que sean.

Respecto a los lineamientos de la Política Agraria, reiteró algunos principios orientadores y diversas líneas de acción.

Como principal principio orientador, señaló que el Gobierno busca que cualquier política para el sector sea coherente con la política macroeconómica mayoritariamente aceptada por el país. Por lo tanto, una política sectorial debe encuadrarse en ese marco.

También debe tratarse de una política que reconozca que hay un espacio para el Estado, pero, sobre todo, para el sector privado; que al Estado le compete mejorar y apoyar todo lo relacionado con la competitividad transversal del sector, pero, en definitiva, le corresponden al sector privado temas tan importantes como qué, cuánto, cómo y cuándo producir. Esa, subrayó, es una decisión de los privados y no del Estado.

Asimismo, debe ser una política que reconozca las deficiencias de la pequeña y mediana empresa agrícola para acceder a los mercados, al igual que en el sector urbano e industrial urbano.

Esta política debe, además, ser sustentable. Estamos trabajando con recursos naturales que se agotan; en consecuencia, las decisiones que se tomen deben estar imbuidas de un carácter intergeneracional.

Destacó que, a su juicio, debe haber pocos sectores en la economía chilena que presenten incrementos en la productividad como el sector agrícola, a pesar de la caída en el tipo de cambio real y de los esfuerzos y la tensión que significa una apertura para el sector.

Los aumentos en los rendimientos de trigo, maíz y en el sector frutícola, agregó, son sólo explicables por la innovación tecnológica y por el esfuerzo de los empresarios del sector. Sin embargo, la productividad debe seguir aumentando si queremos competir con éxito en el mundo.

Recordó que hace un tiempo se elaboraron líneas de acción y de financiamiento para el sector y, además, el Gobierno se comprometió a aumentar en 500 millones de dólares los recursos en los próximos cinco años, respecto de 1996.

Se acordó, en su momento, como línea de acción, apoyar la internacionalización del sector, fundamentalmente, promoviendo las exportaciones y los negocios hacia afuera, pero también atrayendo inversiones. Se destinó a ello más de 5.600 millones de pesos, con un incremento superior a 2 mil millones de pesos respecto del año anterior.

Agregó que se invirtieron 1.000 millones de pesos al desarrollo de mercados.

Recordó que es tremendamente importante, como otra línea de acción, el cuidado y la preservación de los recursos naturales y del patrimonio fitosanitario del país. Sin duda, afirmó, la apertura los pone en riesgo y, por lo tanto, debe invertirse en su cuidado. A ello se destinaron más de 52 mil millones de pesos, con un incremento de 15 mil millones de pesos respecto del año anterior.

También, oportunamente, se acordó incrementar los fondos para el recurso hídrico y mejorar su destino, ya que si queremos agricultura, este recurso es fundamental. Es obvio, señaló, que existe agricultura con un dólar más depreciado, con situaciones de mercado aún más difíciles, incluso, se hace agricultura sin tierra, pero no existe en el mundo una agricultura sin agua. Por ello, informó, se han aumentado los aportes destinados básicamente a los recursos hídricos y este año se están destinando más de 7 mil millones de pesos adicionales a los contemplados para 1996.

Por otra parte, manifestó que si se quiere aumentar aún más la productividad, se debe introducir mayor modernización tecnológica y para ello se han entregado recursos al sector privado y también a los institutos públicos que se dedican a tales fines. Se han destinado más de 40 mil millones de pesos este año para ese efecto.

El Secretario de Estado sostuvo que debe modernizarse la gestión empresarial en el campo y con ese fin se está desarrollando una serie de proyectos y programas. También, informó, existen recursos comprometidos por más de 3 mil millones de pesos.

Estima necesario, además, mejorar el acceso al crédito, fundamentalmente, de los pequeños productores, porque presentan las mismas deficiencias de los pequeños industriales en ese sentido y, por eso, se han destinado líneas del Banco del Estado y del Instituto de Desarrollo Agropecuario, para apoyar al sector.

El señor Ministro expresó que existen, por lo tanto, orientaciones de política y líneas de acción, analizadas constantemente con las Comisiones de Agricultura de la Cámara de Diputados y del Senado. En forma permanente el Gobierno se reúne con los dirigentes empresariales y con los de las pequeñas empresas agrícolas del sector. Por cierto, acotó, el Gobierno siempre estará dispuesto a recibir opiniones de quienes quieran sugerir cómo utilizar mejor los recursos u optimizar la asignación de ellos. Reiteró que está plenamente vigente el compromiso de seguir incrementando los recursos para el sector agrícola, de manera de completar, al cabo de cinco años, una mayor inversión en él, ascendente a 500 millones de dólares.

Insistió que, a su juicio, la apertura internacional no es un problema para la agricultura, sino que contribuirá en la solución del tema agrícola.

Nadie discute, afirmó, que existen subsidios al sector agrícola en los principales países desarrollados, pero son países con recursos muy superiores a los nuestros. Si alguien estima que para competir con esos subsidios, nosotros deberíamos implementar subsidios de igual magnitud, esa política, aseguró, estaría destinada al fracaso, por una razón simple: ellos son muy ricos y nosotros luchamos aún por superar la pobreza. Por ello, nuestra pelea en todos los foros internacionales se dirigirá al desmantelamiento de dichos subsidios y la liberalización del comercio agrícola.

Por último, el señor Ministro señaló que no seríamos consistentes si, por una parte, pedimos apertura al mundo y, por otra, queremos proteger nuestra economía. Debemos ser consecuentes en nuestros argumentos. Pero, agregó, debe resaltarse que en este proceso de globalización, de apertura y de desafíos, los agricultores chilenos no están solos, ya que el Gobierno los va a acompañar. A este sector, agregó, lo diferencian en todas partes del mundo, en todas las negociaciones. Por ello, señaló, se debe acompañar al sector agrícola en este proceso y seguir bregando por un mundo al que nuestros productores puedan acceder, ofreciendo cada vez más y mejores productos. Sostuvo que en esta tarea cuentan con el compromiso del Gobierno, si bien ello no basta. Es necesaria, concluyó, la comprensión y el apoyo de la sociedad chilena en su conjunto.

Otras intervenciones.

Cabe señalar que una vez finalizadas las intervenciones iniciales de los señores Ministros de Estado invitados, éstos y sus asesores respondieron diversas inquietudes formuladas por distintos señores Senadores. Así, por ejemplo, contestaron, entre otras, consultas efectuadas por los HH. Senadores señora Feliú y señores Alessandri, Díez, Errázuriz, Larre y Prat, relativas a materias tales como mecanismos de solución de controversias en materia medioambiental, legislación nacional incumplida en dicho ámbito, adjudicación de cuotas de importación por parte de Canadá y sistema de subsidios existente en dicho país.

Luego, el H. Senador señor Romero, primeramente, señaló que respecto de la estrategia de comercio exterior que se ha trazado el actual Gobierno en orden a suscribir una serie de tratados, tanto bilaterales como multilaterales, le surgía la inquietud de que producto de ello se han ido creando aranceles diferenciados y una frondosa burocracia en materia internacional.

Añadió que desde un punto de vista formal, debía reconocerse que este Tratado es superior a otros celebrados con anterioridad, especialmente en lo que dice relación con el mecanismo de solución de controversias que se establece.

No obstante lo anterior, estima importante revisar la incidencia del Convenio en materia agrícola, toda vez que los mismos productores afectados con ocasión de la suscripción del Tratado con el Mercosur, son los que, una vez más, van a tener que enfrentar un nuevo escenario.

Igualmente, le preocupa la situación de hecho a que el país podría verse enfrentado respecto de los miembros del Mercosur, quienes, eventualmente, en virtud de la cláusula de la nación más favorecida, podrían solicitar que se les hagan extensivas las condiciones pactadas con Canadá, así como también, agregó, le inquieta el tema de los subsidios.

A continuación, el H. Senador señor Romero, subrayó la trascendencia de una buena negociación con Canadá, toda vez que el tratado que se apruebe servirá de base para un futuro acuerdo con el NAFTA o bien, uno bilateral con Estados Unidos.

Agregó, finalmente, que el estudio del Convenio con Canadá, debe realizarse en el contexto de los distintos acuerdos bilaterales y multilaterales que Chile ha venido celebrando últimamente, ya que por sus incidencias en importantes sectores nacionales, no puede analizarse individualmente.

A su turno, el H. Senador señor Piñera, inició su intervención recordando que al Congreso sólo corresponde aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación, no pudiendo, en consecuencia, modificar sus términos o clausulas. Lo que sí cabe es considerar la adopción de medidas internas que se estimen justas para resguardar los intereses de quienes puedan verse afectados por la aprobación de los mismos.

En seguida, manifestó que los tratados, como el que se analiza, no pueden abordarse en forma sectorial y, a su juicio, el Acuerdo en informe es, en su globalidad, favorable para el país. Ello, fundamentalmente, por las razones que se indican a continuación.

Primero, porque apunta en una dirección que es positiva para un país pequeño y distante como el nuestro, cual es abrir los espacios del comercio internacional, profundizando y facilitando su integración con el mundo.

Segundo, por ser el primer tratado que se celebra con un país desarrollado, que pertenece al grupo de las naciones más industrializadas del mundo.

Tercero, porque sin duda este instrumento constituye un paso importante hacia un acuerdo con el NAFTA, lo que se enmarca en la estrategia de Chile de integrarse con todos los grandes bloques de comercio.

Sin embargo, el señor Senador sostuvo que era conveniente buscar la forma de corregir aquellos problemas, no menores, que surgen a partir de la aprobación de este Convenio y que afectan a importantes sectores de la nación.

Así, por ejemplo, una rebaja de aranceles en este momento sería especialmente importante porque, además de abrir las puertas al mundo, reduciría los problemas de desviación de comercio y los factores de discrecionalidad que este tipo de tratados llevan implícitos.

Luego, recordó que con ocasión de la aprobación del Tratado con el Mercosur, y teniendo especialmente en consideración la situación de sectores afectados por el mismo, el Gobierno asumió el compromiso formal y solemne de promover una desgravación arancelaria significativa durante el transcurso del primer semestre de 1997, cuestión que a la fecha no se ha cumplido.

Asimismo, recalcó, se adquirió el compromiso de fomentar la reconversión del sector agrícola, para permitir su modernización, subsistencia y desarrollo en el nuevo escenario del libre comercio. Para ello, se acordó incrementar los recursos públicos destinados a dicho sector en una suma de 500 millones de dólares en el plazo de cinco años. Al efecto, se contempló la creación de una mesa de diálogo técnica y participativa, para evaluar los programas y la mejor forma de canalizar dichos recursos, instancia que, según entiende, no se ha formalizado.

Finalmente, y respecto de lo anterior, hizo un llamado a cumplir cabalmente los acuerdos antes aludidos, con la finalidad de fortalecer la necesaria confianza que debe existir entre gobierno y oposición, imprescindible para lograr la aprobación de tratados como el que se discute.

Por su parte, el H. Senador señor Gazmuri, señaló que el Acuerdo en estudio constituye un buen instrumento internacional, que ha sido producto de una correcta negociación. No obstante, reconoce que siempre habrá quienes objeten el camino seguido en orden a avanzar en la liberalización del comercio por la vía de los convenios bilaterales o acuerdos parciales de integración.

Respecto del tema agrícola, afirmó que existe en el país una agricultura dual, a saber, una de exportación, que se ve favorecida con estos tratados, y otra más tradicional, fundamentalmente cerealera, que se siente afectada por los mismos.

Señaló que era conveniente tener presente que contamos, especialmente, con dos elementos de defensa agrícola: las bandas de precio y el arancel del 11%. Al respecto, añadió que tanto en este Tratado como en el suscrito con el Mercosur se han mantenido las bandas de precio y se ha logrado diferir la rebaja arancelaria respecto de los productos más críticos.

Luego, agregó que, a su juicio, cualquier rebaja general de aranceles que se haga debe excluir los productos de períodos largos agrícolas.

Finalmente, manifestó que entiende que el compromiso del Gobierno de incrementar los recursos para el agro se ha cumplido adecuadamente, sin perjuicio de que pueda revisarse su implementación. Ahora bien, agregó, no considera procedente el establecimiento de una especie de cogobierno en materias de política agrícola, a través de Comisiones que por la vía de la fiscalización técnica, pretendan administrar el presupuesto del Ministerio de Agricultura.

Por último, el señor Ministro de Hacienda, don Eduardo Aninat, expresó su interés en informar que las negociaciones de este Tratado se prolongaron más allá de lo previsto inicialmente, debido a que se intentó hasta el último momento obtener las mejores condiciones posibles para el sector agrícola.

En lo relativo a rebajas unilaterales de aranceles, manifestó compartir las aprensiones formuladas por el H. Senador señor Piñera, en cuanto a que debe evitarse las discrecionalidades cuando éstas entran en terrenos antojadizos y peligrosos.

En cuanto a materializar las anunciadas rebajas arancelarias, señaló que ha promovido derechamente tal medida a través de un proyecto de ley independiente, pues ello complementa adecuadamente lo que ya se ha hecho en materia comercial.

Respecto de lo anterior, subrayó que, en todo caso, nunca se han establecido porcentajes precisos ni ecuaciones determinadas en relación con el financiamiento de tal medida.

Cree, por último, que no hay diferencias sustanciales en cuanto a la necesidad de la rebaja arancelaria, ni en relación a sus porcentajes. En cambio, donde sí advierte divergencias es en la concepción sobre el rol y tamaño del Estado, debate que, en su concepto, debe realizarse a propósito de la discusión del anunciado proyecto de ley, y no ahora, durante el estudio del Acuerdo con Canadá, que considera ampliamente favorable para Chile.

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VOTACION DEL PROYECTO DE ACUERDO

Puesto en votación el proyecto de acuerdo en informe, fue aprobado en general y en particular por diez votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

Votaron por su aprobación los HH. Senadores señora Feliú y señores Alessandri, Bitar (como miembro de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Economía), Gazmuri, Hamilton, Matta, Mc Intyre, Pérez Walker y Valdés; por su rechazo, los HH. Senadores señores Cooper, Larraín, Larre y Prat, y se abstuvo, el H. Senador señor Errázuriz.

El H. Senador señor Pérez Walker, señaló que estamos ante un Tratado bueno para el país, coherente con una economía libre y abierta. Están medianamente bien resguardados los distintos sectores productivos, si bien no se puede beneficiar absolutamente a todos ellos. Se inserta, a su juicio, en una política de aranceles parejos y declinantes en el tiempo, lo que permite una correcta asignación de los recursos. Por otra parte, los Acuerdos Laboral y Medioambiental, añadió, son una buena carta de presentación para Chile respecto de futuros tratados bilaterales o multilaterales e, incluso, para el actual comercio que tiene el país.

Finalmente, destacó que, así como lo dijo el Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, todos los gremios que integran dicha organización, a excepción de la Sociedad Nacional de Agricultura, son partidarios del Tratado, además, los gremios de la mediana empresa y los exportadores se manifestaron también conformes, así como los representantes de los pequeños empresarios campesinos afirmando, estos últimos, que la suscripción del Acuerdo con el Mercosur les había abierto nuevos horizontes para exportar distintos bienes agrícolas.

Por todas esas razones, el señor Senador votó a favor de la aprobación del Tratado con Canadá.

Posteriormente, el H. Senador señor Alessandri compartió las ideas del H. Senador señor Pérez Walker y afirmó que, a pesar de los eventuales problemas que podría enfrentar cierto sector de la agricultura, en general, el Convenio es beneficioso para Chile, es una señal de que somos un país serio y maduro económicamente que puede tratar de igual a igual con uno del Grupo de los Siete. Eso da un sello de garantía a Chile, lo que es muy importante para futuros convenios como, por ejemplo, con la Unión Europea, uno de los grandes socios comerciales del país.

Recordó el señor Senador que el señor Ministro de Agricultura hizo una exposición muy acabada de la forma en que el Gobierno enfrentará los problemas de los sectores de la agricultura que puedan verse perjudicados, lo que constituye un hecho relevante.

Señaló, por otra parte, en su fundamento de voto, que las dudas que tenía sobre los Acuerdos Laboral y Medioambiental le fueron aclaradas. Entonces, no ve peligro de alguna concertación en contra de Chile por infracción de leyes laborales o medioambientales, de manera que tampoco constituirían, a su juicio, un problema para nuestra soberanía ni para nuestra legislación interna.

Por todas las razones expuestas, el H. Senador señor Alessandri votó a favor de la aprobación del Acuerdo.

A su turno, el H. Senador señor Mc Intyre, manifestó que si bien iba a votar favorablemente el Tratado, quería expresar su simpatía por el sector agrícola que, sin perjuicio de haber enfrentado múltiples inconvenientes provocados por la inclemencia de la naturaleza o por otros factores, siempre ha salido adelante.

Señaló que la exposición del señor Ministro de Agricultura, especialmente en lo relativo a la materialización de la asignación de recursos a dicho sector por 500 millones de dólares, permite pensar que los problemas agrícolas serán enfrentados seriamente por la autoridad, sin perjuicio de lo cual, debe mantenerse un permanente interés en la revisión del cumplimiento de los compromisos adquiridos en favor de los sectores afectados por la suscripción de este tipo de tratados.

En seguida, el señor Senador reiteró su voto a favor del Convenio.

Luego, el H. Senador señor Bitar, señaló que este Tratado es un paso sustantivo en la dirección que ha tomado el país para una inserción internacional más potente y equilibrada.

Estima que en éste y en otros tratados se ha logrado combinar la apertura con mecanismos de protección de nuestra soberanía y de nuestro manejo económico.

Este Tratado, por ejemplo, permite la mantención de mecanismos como el encaje y otras fórmulas que nos facilitan un manejo equilibrado de nuestra economía, junto con avanzar hacia la globalización.

Estos mecanismos, añadió, han sido reconocidos internacionalmente y han marcado una diferencia entre el manejo de Chile ante crisis financieras versus el manejo de otros países de Latinoamérica.

Expresó que le habían surgido ciertas dudas respecto de la aplicación del decreto ley 600 y la preservación de todas las normas que en él se contemplan como un mecanismo de atracción de inversiones y de regulación de las mismas.

Al votar que sí, subrayó, lo hacía en el entendido de que sobre esta última materia existe una clara interpretación por parte de nuestro Gobierno -tal como lo manifestó el señor Ministro de Relaciones Exteriores ante estas Comisiones- en cuanto a que las normas sobre acceso para las inversiones dejan intactas las prerrogativas y atribuciones del Comité de Inversiones Extranjeras, mientras el acceso también está garantizado bajo las normas del Capítulo XIV del Compendio de Cambios Internacionales del Banco Central. Es decir, agregó, si, por ejemplo, alguien conviene en operar una inversión canadiense a través del decreto ley 600, lo puede hacer, según las expresiones aquí vertidas por el señor Canciller -que el señor Senador las toma como explicativas de la situación y le aclaran sus dudas en torno a la materia- y, en ese sentido, manifestó que votaba favorablemente el Acuerdo.

A continuación, la H. Senadora señora Feliú, en relación con el Tratado, sostuvo que deben ejecutarse efectivamente, en forma priorizada, las políticas de protección del agro. Estas políticas, a su juicio, deben manifestarse en normas legales. Esta materia, expresó, que se relaciona con grandes recursos monetarios, no puede depender de decisiones de carácter administrativo y, en esa perspectiva, podrán existir normas más flexibles que otras, pero en todo caso normas que requieren una evaluación, respecto de cada uno de los rubros en que se invierten los mayores recursos destinados a la protección de la agricultura, tanto los necesarios en relación con este Tratado como aquellos que derivan de la aplicación del Mercosur.

Señaló que la información que existe sobre la materia es que no hay una utilización 100% eficiente en estos aspectos.

A su juicio, además, debe ponerse en práctica, a través de un proyecto de ley, la rebaja de aranceles, materia discutida a propósito del Mercosur y en relación a la cual había un amplio acuerdo, ya que actualmente son altos comparados con el promedio mundial.

En relación a los Acuerdos Laboral y Medioambiental expresó que, especialmente, en cuanto al Acuerdo Medioambiental quería hacer presente que, tal como lo señaló en su oportunidad la Comisión de Medio Ambiente del Senado al discutir la ley Nº 19.300, las normas medioambientales en Chile serían 718. Agregó que no hay normas de derogación en la citada ley. De estos preceptos, añadió, hay algunas que han sido derogadas por efecto de la derogación tácita a que se refiere el artículo 52 del Código Civil, pero, ciertamente, la mayoría sigue vigente.

Le parece, pues, indispensable que dentro de los dos años de plazo que da el Acuerdo, se estudien las disposiciones medioambientales vigentes para que exista un orden en la materia, de manera que dichos preceptos puedan aplicarse efectivamente cuando corresponda.

En lo relativo a la aplicación de las normas laborales, manifestó que nuestra legislación laboral vigente no tiene problemas para ser conciliable con una política moderna que favorece al trabajador, pero nuestras expresiones políticas, agregó, muchas veces van más allá y pueden poner en riesgo la mantención del Tratado, sobre la base de las disposiciones de estos Acuerdos Complementarios.

En todo caso, pese a las reservas expresadas, sostuvo que votaba a favor de la aprobación del Tratado.

Seguidamente, el H. Senador señor Prat manifestó que no está en contra de los acuerdos bilaterales de comercio como tales, ni tampoco contra el que se analiza; sin embargo, la forma en que están planteándose rompe una política general de apertura que había tenido el país, de positivos resultados.

Este Convenio le parece bien y conveniente en términos generales. Identifica elementos, eso sí, que pueden provocar eventuales conflictos como, por ejemplo, normas contenidas en los Acuerdos Laboral y Medioambiental en que hay ciertos equívocos que pueden acarrear inconvenientes.

Señaló que hay otros elementos más peligrosos, tales como diferencias en las secuencias de desgravación, lo que es altamente probable que genere problemas en relación con el Mercosur.

Es previsible que surjan, en este último Mercado, acciones en términos de invocar la cláusula de nación más favorecida para exigir que se les aplique también a sus miembros las desgravaciones que se están concediendo a Canadá.

Agregó que un proyecto como el actual debe analizarse no sólo en cuanto al contexto general de su conveniencia o inconveniencia para el país, sino que, también, debe ser motivo de un análisis sectorial, porque el bien común, a su juicio, pasa por el bien de cada una de las partes.

Por tanto, al agravarse con el Convenio la situación ya difícil del sector agrícola, el señor Senador manifestó que no puede quedar indiferente y basarse sólo en que el Acuerdo es generalmente favorable para el país. Por eso, apeló a que se establezcan medidas complementarias de apoyo al sector agrícola con motivo de la firma del Tratado.

En primer lugar, a su juicio, debe revisarse, con voluntad de encontrar soluciones, la forma en que se está materializando la ayuda de 500 millones de dólares acordados al aprobar el Convenio con el Mercosur.

Debe, asimismo, cumplirse cabalmente el compromiso de rebajar unilateralmente los aranceles, como también se acordó en dicha oportunidad, en un calendario que consideraba dar en este momento un paso sustantivo. Además, deben estudiarse fórmulas para que este nuevo Acuerdo sea motivo de medidas que complementen las ayudas al sector agrícola para atenuar sus problemas.

Expresó que los organismos gremiales del agro están proponiendo medidas concretas. Por ejemplo, establecer un seguro de precios -que incluso Canadá lo tendría-, lo que no sería contrario a lo convenido con la Organización Mundial de Comercio. Se plantea, también, proceder a una desgravación anticipada para los insumos agrícolas a objeto de nivelarse con otros países.

Algunos, agregó, dicen que medidas como la desgravación anticipada de los insumos agrícolas son económicamente irrelevantes respecto de lo que significan los 500 millones de dólares comprometidos para el agro. El señor Senador sostuvo que no son irrelevantes, puesto que la desgravación arancelaria considerada en un plazo de 5 años, ya no es insignificante en términos de recursos. Además, los 500 millones de dólares tienen una desviación considerable hacia la burocracia y llega muy poco de esos recursos a los productores en forma efectiva.

El sector agrícola, añadió, plantea medidas que no atentan contra la libertad de comercio ni van en contra de los acuerdos asumidos con la O.M.C. ni son, tampoco, tremendamente significativas en cuanto a monto y tienen, además, un elemento importante, a saber, dan un apoyo anímico de peso para permitirle a la agricultura su inserción en una economía competitiva, apoyo que es sustancial.

Por eso, llamó a dar pasos ahora, previo a la aprobación de este Acuerdo y señaló que el agro no está sólo y, para avanzar en la dirección que él estima fundamental, votaba en contra del Acuerdo, si bien esto no significaba adelantar su posición definitiva al discutir el Tratado en la Sala del Senado.

Con posterioridad, el H. Senador señor Cooper manifestó que quería puntualizar algunos aspectos de interés. En primer lugar, recordó que cuando se votó la asociación de Chile al Mercosur su intervención fue crítica, porque tenía una serie de reservas y preocupaciones, por ejemplo, respecto de cómo operaría la fórmula de resolución de controversias.

Su votación, en definitiva, fue favorable, en virtud del compromiso del Gobierno de ir en apoyo de la agricultura y de rebajar los aranceles, para no perjudicar los logros obtenidos por dicho sector a través de los años en esta diversificación del comercio exterior.

A su juicio, no está completamente claro que dichas medidas estén realmente orientándose a la agricultura; incluso, agregó, hay una serie de acciones gubernamentales contenidas en programas normales y no especiales, como sería de esperar. Luego, estima fundamental que el Gobierno elabore una política definida con proyectos específicos destinados a superar los problemas derivados de la pérdida de competitividad del agro como resultado de la firma de estos convenios bilaterales.

Asimismo, cree que existen aspectos que no han sido convenientemente aclarados, por ejemplo, qué ocurre con la aplicación de la norma de nación más favorecida que podría invocarse por los miembros del Mercosur.

Señaló, también, que la rebaja de aranceles que no se ha verificado aún, es la mejor medida para que el sector agrícola pueda compensar la pérdida de competitividad. Mas aún, estima que cualquier votación y compromiso debe ir acompañado de una discusión conjunta de estas medidas de defensa de dicha competitividad.

La incertidumbre del efecto de los aranceles, agregó, es particularmente grande al tener Canadá aranceles diferenciados.

Recalcó, resumiendo, que no es que se oponga a la suscripción de un Tratado de Libre Comercio con Canadá, sino que la cuestión es cuándo y cómo se hace, cuáles son los plazos y cómo se protege a nuestra agricultura, especialmente a los trabajadores agrícolas, que serán los más afectados.

Por todo lo anterior, manifestó que votaba en contra de la aprobación del Tratado, con la esperanza de que los problemas que advierte sean resueltos para poder cambiar su votación en la Sala del Senado.

En seguida, el H. Senador señor Errázuriz, al fundamentar su voto, expresó que celebra que los Protocolos anexos al Tratado resguarden nuestra soberanía sin interferir en nuestros asuntos internos. Asimismo, celebra los esfuerzos por lograr acuerdos con un país tan querido como Canadá.

También expresó que celebra que se consoliden y fortalezcan los aranceles ya negociados por Chile dentro del Sistema Generalizado de Preferencias, así como los avances hacia una economía chilena más abierta y globalizada en la cual nuestro país pueda mostrar sus ventajas comparativas para competir con éxito en el mundo.

Pero, agregó, este Tratado es claramente discriminatorio en contra de los productores chilenos y, en especial, en contra de importantes sectores de la agricultura nacional.

Primero, expresó, mantiene aranceles altos para los insumos requeridos por los chilenos para producir y, a la vez, acepta que iguales insumos ocupados por productores canadienses, conserven arancel igual a cero.

Segundo, en el caso del petróleo, hay clara discriminación en contra del sector privado nacional, mientras se entrega protección a empresas estatales.

Recordó que el petróleo y sus derivados son un insumo importantísimo en la producción del agro y, sin embargo, se mantienen con aranceles altos.

Además, a su juicio, el Tratado contradice los acuerdos respecto a plazos y desgravaciones ya acordadas por Chile con el Mercosur. Por lo tanto, abre para los países de dicho Mercado la posibilidad de reclamar respecto de las ventajas que Chile otorga al sector agrícola canadiense, creyéndose equivocadamente que el Mercosur sólo puede invocar sus derechos respecto de la globalidad del Acuerdo con Canadá y no respecto de preferencias sectoriales. Esta situación, en su concepto, abre un campo de conflicto innecesario.

El H. Senador señor Errázuriz manifestó que teniendo en cuenta, además, su condición de Presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, debía expresar que había constatado que el Gobierno no desea rebajar los aranceles de los insumos agrícolas a igual nivel del que mantienen nuestros competidores. Pareciera no preocupar que los productores chilenos queden en inferioridad de condiciones en la competencia, situación que el señor Senador denuncia haciendo presente su protesta.

Ha podido observar, además, que el Gobierno ha privilegiado gastos en burocracia, en lugar de otorgar la ayuda a la reconversión agrícola que por 500 millones de dólares en este Senado se convino, con ocasión del Acuerdo con el Mercosur.

También ha constatado perplejo la caída del 3% que en el último trimestre ha mostrado el sector agrícola -único sector del país que muestra tal deterioro, además del energético, por razones de sequía- y le sorprende la inoperancia o indolencia del Gobierno respecto de la asignación de los recursos necesarios para la reconversión del sector agrícola, donde, lamentablemente, las ayudas no llegan realmente a nivel de los usuarios.

Señaló que era su deber no aceptar calladamente políticas de gobierno que parecen creer que los agricultores pueden seguir perdiendo competitividad, para beneficiar, en cambio, a ciertos sectores industriales que transforman las mismas producciones agrícolas. A estos sectores, agregó, se les otorga arancel cero para sus insumos, pero se les niega este arancel a los agricultores para los suyos.

Finalmente, expresó que habiendo constatado que los esfuerzos realizados para lograr equidad para la libre competencia de los sectores productores nacionales frente a un mundo globalizado, no han dado los frutos esperados, consideraba consecuente abstenerse en esta votación.

A su turno, el H. Senador señor Gazmuri, anunció que votaba favorablemente el Tratado, por cuanto comparte la política que está detrás del Acuerdo, tendiente a combinar la apertura unilateral que ha seguido el país con tratados particulares de libre comercio, lo que es coherente con el estado actual de la economía mundial, sobre todo en un país como Chile en que el sector exportador es y seguirá siendo el sector más dinámico de la economía.

El Tratado, en sí mismo, le parece conveniente. Celebra, el señor Senador, particularmente, que se haya resguardado la capacidad del Banco Central de establecer políticas que eviten crisis financieras como las vividas por otros países latinoamericanos. Este, a su juicio, es un punto muy importante del Acuerdo y, además, constituye un antecedente fundamental para futuras negociaciones, tales como el NAFTA.

Expresó que el debate se ha centrado, con razón, en el tema agrícola. El Acuerdo acentúa la evidencia de que existe, pues, un sector vulnerable, especialmente, nuestras agriculturas cerealeras y la ganadería de carnes rojas.

Más que intentar bloquear el avance hacia la liberalización del comercio, apertura en la que Chile está comprometido, estima que lo central es discernir cuáles son las políticas agrícolas que deben complementarse, asunto, por lo demás, que con o sin Tratado habría que abordar, ya que la crisis agrícola viene de muchos años y, en ese sentido, a partir de las exposiciones del señor Ministro de Agricultura, piensa que el Gobierno ha ido afinando una política agrícola cada vez más completa y más global.

Señaló compartir con el Secretario de Estado dos ideas centrales: Primero, que deben aplicarse políticas públicas que acompañen el proceso de transformación que nuestra agricultura sufrirá en los próximos años y, en segundo lugar, que dichas políticas deben discriminar a aquellos sectores agrícolas que por sí solos no son capaces de involucrarse en el proceso de modernización.

Cree, además, que si esas políticas no se aplican con mucha fuerza, en los próximos años tendremos una concentración creciente en la actividad agropecuaria y el desplazamiento de categorías completas de productores. Se están produciendo, ya, procesos de concentración en la industria y en la exportación y, asimismo, se está dando una integración en el sector productivo -tanto en la agricultura como en el sector forestal-. Por lo tanto, insistió, si no hay políticas públicas que apunten a la modernización de pequeños y medianos productores, más que crisis productiva agrícola tendremos fenómenos sociales de desplazamiento de categorías enteras de productores con el costo social que eso implica.

En definitiva, se mostró satisfecho de la forma en que el Gobierno está reaccionando frente al tema de la agricultura, si bien podrá discutirse respecto de los instrumentos utilizados, los avances, etc. Subrayó, eso sí, que queda una discusión pendiente relativa a cómo se enfrentará el tema de los productos excepcionados de estos Acuerdos ante eventuales rebajas arancelarias unilaterales por parte del país. Espera que, al respecto, se pueda llegar a entendimientos para garantizar la protección del sector más vulnerable de la agricultura chilena.

En consecuencia, reiteró su voto a favor de la aprobación del Tratado con Canadá.

Por su parte, el H. Senador señor Larraín sostuvo que, en lo fundamental, le despierta reservas la forma en se está desarrollando la apertura hacia el comercio exterior. El objetivo -que haya apertura y que se llegue a arancel cero en todo nuestro intercambio comercial- es compartido por todos, sin embargo, este camino de la apertura bilateral, le parece complejo, por cuanto va definiendo en cada tratado bilateral diferentes tipos de relación con cada país, puesto que los problemas con cada nación son distintos, lo que a la larga produce un cuadro muy complejo de comercio exterior y no un sistema de política simplificada. En ese sentido, estima, por ejemplo, que la política unilateral de rebaja de aranceles es más ordenada y sana.

Los resultados obtenidos hasta el momento, desde la perspectiva de la balanza comercial, afirmó, no parecen ser los más positivos. El incremento negativo de dicha balanza, a propósito de diversos tratados bilaterales, es un hecho claro, demostrando que nuestra capacidad exportadora ha ido perdiendo dinamismo, siendo, en consecuencia, el elemento central del modelo económico de los últimos quince años el que se ve afectado por esta forma de desarrollar nuestra apertura.

Pero, manifestó que lo anterior no era el planteamiento central que lo lleva a tener una actitud negativa ante este Tratado. Señaló que desde ciertas perspectivas, no cabe duda que el Acuerdo representa beneficios para el país. Sin embargo, al tener que decir sí o no ante el Convenio, debe pensarse no sólo en aquello que le acomoda a la mayoría, sino a todos los sectores, y éste es un problema que se está presentando con anterioridad a este Tratado.

Agregó que se está afectando a un sector minoritario, pero muy relevante del país, ya que involucra al 16% de la fuerza de trabajo, a cientos de miles de personas que dependen de la actividad agrícola; en definitiva, a uno de cada cuatro chilenos, o sea, al 25% del país.

Señaló que cuando eso ocurre en un sector que vive una situación compleja, como la agricultura, uno se pregunta hasta cuándo sucederá lo mismo. Cada paso que se da provoca perjuicios a este sector, sin que haya medidas que permitan evitarlos o adecuar al agro a la nueva situación que el país ha de vivir.

La realidad del sector agrícola, más allá de los tratados de libre comercio, a su juicio, es mala, lo que tiene que ver con muchos factores. Pero si a eso se agrega la suscripción de tratados como el del Mercosur o el con Canadá, la situación empeora. Por ello, señaló, este Tratado no puede analizarse aisladamente de las decisiones que el país está tomando en relación a estas materias.

No estamos, agregó, ante un problema de una política agrícola de hoy, sino que el problema es de la política aplicada por años, donde la constante es que un número importantísimo de productores agrícolas y campesinos sufren las consecuencias negativas sin que puedan tener un esquema de políticas claras que les permita sumarse a este proceso de modernización del país y entrar, en condiciones adecuadas, a esa competencia que vendrá inevitablemente.

Si bien la mayoría tiene como objetivo común alcanzar la competencia absoluta con todo el mundo de aquí a 20 años, aseveró el señor Senador, las diferencias radican en la forma de enfrentar dicho proceso y es ahí, señaló, donde él no ve sensibilidad para con los sectores afectados. Al contrario, cree que estamos ante un sector que aunque minoritario es importante y que está siendo discriminado.

Expresó que no se está solicitando solamente un paquete de medidas para, por ejemplo, los productores de trigo candeal, a propósito del Tratado Libre Comercio con Canadá, sino que se busca un planteamiento global respecto de cómo se va a modernizar la agricultura para enfrentar los desafíos, así como la adopción de otro tipo de medidas, ya que la modernización del agro implicará que habrá gente que no podrá seguir en este sector, respecto de la cual debe también existir preocupación de la autoridad.

El señor Senador señaló que ha planteado una política de descentralización de la actividad del sector público y privado, que pueda generar actividades productivas que, a su vez, signifiquen nuevos empleos y que den, en definitiva, soluciones para el futuro, especialmente para las regiones agrícolas. Pero, indicó, no ve respuestas en la dirección propuesta.

Por todo lo anterior, manifestó que el Tratado no puede analizarse aisladamente del contexto en el que se da. Se ve, pues, en la obligación de entregar su visión global de la materia y, por ello, no puede apoyar la suscripción del Acuerdo, por lo que votó en contra de la aprobación del Convenio.

A su turno, el H. Senador señor Larre, manifestó que todos coinciden en que el Tratado es bueno para el país y malo para la agricultura. En Chile, señaló, uno de cada seis chilenos es parte del mundo rural y los parlamentarios de esas zonas, a su juicio, deben tener una preocupación preferente por ellos.

Expresó que una situación similar se presentó al votar el Tratado con el Mercosur e incluso el Gobierno se comprometió a destinar 500 millones de dólares en cinco años, solicitándosele que se invirtieran en cuatro programas específicos, a saber, subsidio al riego, a la forestación, a la fertilización y al crédito.

Hoy, agregó, el Ministerio de Agricultura da un estado de avance que muestra que estos cuatro programas se han transformado en ocho, con once proyectos.

Es necesario, pues, materializar el compromiso de la destinación de esos recursos en un proyecto de ley, alternativa que sólo tiene el Ejecutivo.

Agregó, por otra parte, que distintos sectores han opinado en torno a los efectos del Tratado de Libre Comercio con Canadá y, el agrícola ha dicho que, entre otras cosas, ve perjudicada la producción de trigo candeal. Algo similar ocurre con la cebada y otras producciones.

Esto, subrayó, provocará el colapso de sistemas de producción rural ante la conveniencia de la importación de productos, con las obvias consecuencias negativas para el sector.

Los representantes del rubro del agro, en consecuencia, se ven obligados a transmitir la desesperación de decenas de miles de pequeños propietarios agrícolas y este problema que los afecta, según el señor Senador, se traducirá en falta de trabajo, emigración rural, problemas urbanos de vivienda, educación, alcantarillado, etc.

Recordó que el mismo señor Ministro de Agricultura expresó en sus exposiciones que ningún país deja de proteger al agro y, por ello, señaló el señor Senador, no se está pidiendo donativos para el sector, sino garantías de que pueda mantenerse en actividad.

Expresó que el proceso de apertura e integración comercial con el mundo es apoyado unánimemente, pero los sectores que conscientemente están siendo perjudicados, deben ser escuchados.

Todavía cree, el señor Senador, que hay tiempo para enmendar rumbo y, en el plano de plantear una demanda justa, manifestó que, a diferencia de lo que hizo respecto del Tratado con el Mercosur en que confió que los problemas serían resueltos, ahora se veía obligado a votar en contra de la aprobación del Acuerdo entre Chile y Canadá.

A continuación, el H. Senador señor Matta señaló que estamos en presencia de un acuerdo global importante con un país de primer orden, integrante del NAFTA y el Grupo de los Siete. El intercambio comercial entre Chile y Canadá, agregó, se ha incrementado notablemente en los últimos años. Estamos ante un mercado económico claramente emergente y favorable para las pretensiones chilenas.

Expresó que lo anterior decía relación con una mirada global del Acuerdo.

Indudablemente, agregó, que, una vez más, las áreas más sensibles ante este tipo de negociaciones son las relacionadas con la agricultura nacional, la cual debe protegerse, salvaguardarse y ser respetada, no sólo porque represente un importante segmento de la población, sino, también, porque constituye una expresión del alma nacional.

Al fundamentar su voto favorable a la aprobación del Tratado señaló que resultaba oportuno remarcar las siguientes ideas:

Primero, solicitar al Gobierno que profundice las estrategias conducentes a elevar la competitividad y rentabilidad de las actividades agrícolas y velar para que nuestros productores encuentren opciones de producción y rentabilidad que impidan su abatimiento.

Segundo, que se cumplan y amplíen los compromisos destinados a entregar a los agricultores más modestos y afectados, los recursos acordados con ocasión de la aprobación del Tratado con el Mercosur. En ese sentido, agregó, se advierte una clara insuficiencia entre lo propuesto y lo efectivamente desembolsado, por ejemplo, a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario y otras entidades de apoyo de la agricultura, especialmente, campesina. Estima, asimismo, insignificante el incremento de 5 millones de dólares asignados a dicho Instituto.

En tercer lugar, sugirió un fuerte respaldo a las zonas con mayores limitaciones, como son el secano interior y costero y el centro-sur.

Es muy preocupante, añadió, en esta materia, el debilitamiento sufrido en los últimos meses por los institutos de investigaciones agrícolas y forestales.

En cuarto lugar, expresó que es indispensable una conducción más activa, comprometida y coherente del sector público para que, en acuerdo con el sector campesino y otros estamentos de la agricultura nacional, pueda realizar una estrategia de cambio en los cortos períodos de tiempo que los tratados establecen.

Debe considerarse, además, que los incrementos de la productividad y los procesos de diversificación en el agro pueden tomar largos períodos y exigir cuantiosos recursos.

Estima, finalmente, que el Gobierno ha sido absolutamente sensible a los problemas de la agricultura, fundamentalmente de la pequeña y de la familiar-campesina.

En consecuencia, y atendido lo anterior, manifestó que votaba favorablemente la aprobación del Acuerdo con Canadá.

Por último, el H. Senador señor Valdés, consideró que el Tratado es beneficioso para Chile, se celebra con un país de gran significación y nos abre las puertas para ingresar asociados al mundo de los países desarrollados.

Es un Convenio amplio que aborda nuevos temas y que le da a nuestra nación la posibilidad de ir más allá de los aspectos netamente comerciales.

Desde un punto de vista político, agregó, lo considera extremadamente importante. Es una llave de garantía política en un mundo, especialmente el latinoamericano, sujeto a fluctuaciones y dificultades imprevisibles.

Señaló que veía ventajas evidentes en la aprobación del Tratado. Por ejemplo, se definen en forma clara y estable las reglas para el comercio, lo que es fundamental en un momento en que por diversas razones el mundo desarrollado tiene que esforzarse para mejorar su economía y, a veces, para protegerse castiga a los países en desarrollo.

El Acuerdo, reiteró, fija reglas claras en la relación con un país importante, lo que nos pone al abrigo de situaciones como el dumping y, además, da una fórmula de solución de los conflictos, que cada vez son más y, en consecuencia, deben ser bien encausados. La solución de disputas está, pues, bien consagrada.

Es un marco beneficioso y nos da un modelo seguro, proyectándose hacia lo que, eventualmente, será un futuro acuerdo con el NAFTA.

También el señor Senador observa ventajas desde el punto de vista de los servicios, así como en relación al respeto de normas del Banco Central -sujetas siempre a crítica por no responder a la política de apertura financiera total, pero que son garantía de estabilidad en casos de emergencia-.

Ve, asimismo, ventajas respecto de ciertos productos agrícolas importantes que implican valor agregado a nuestra producción.

Todo ello, manifestó, es ventajoso y lo lleva a sostener que el Convenio no puede ser rechazado.

Ahora bien, señaló suscribir las aprensiones formuladas en lo relativo a la agricultura por los Senadores señores Larre y Larraín, ya que cree que efectivamente hay problemas serios respecto de esa materia y, evidentemente, el Convenio tiene algunos efectos negativos, pero no está de acuerdo con el planteamiento de votar en contra, porque rechazar el Acuerdo no mejora la situación de la agricultura que, de paso, no ha sido causada por este Tratado.

Aún más, agregó, votar en contra tendría profundos y negativos efectos en la política exterior de Chile y, ciertamente, eliminaría la posibilidad de un acceso a Estados Unidos y tendría, además, profundas repercusiones en las negociaciones recién iniciadas con la Unión Europea, de vital importancia para nuestro país.

Señaló que era necesario, eso sí, expresar los anhelos y dificultades de la gente afectada, ya que estos Convenios pueden producir algunos daños, los cuales debe buscarse la manera de solucionar.

Ahora bien, el señor Senador sostuvo que no es posible que el Gobierno reaccione sólo ante la posibilidad de que se rechace un acuerdo de libre comercio y, entonces, se comprometa a estudiar soluciones para los sectores afectados. Esa, agregó, no es la política adecuada.

En su concepto, desde hace mucho tiempo a la agricultura tradicional no se le ha considerado y, como consecuencia, hay emigración del campo con los problemas asociados.

Por otra parte, señaló no estar convencido de que exista el instrumental ni el procedimiento adecuado para gastar los 500 millones de dólares comprometidos con ocasión del Acuerdo con el Mercosur, ni otros recursos.

Por ello, cree que hay que hacer un esfuerzo mayor -ojalá antes de la votación del Acuerdo en la Sala de la Corporación- para que no se produzca una ruptura del país entre distintos sectores, los beneficiados y los perjudicados, ya que eso conllevaría un problema político serio.

Si bien el señor Senador apoya el Tratado, está cierto de que el Gobierno debe tomar real conciencia de las consecuencias de la adopción del Convenio.

El bien común, como se ha dicho, agregó, comprende el bien de cada uno de los sectores y aunque reiteró que votaba por la aprobación del Acuerdo, expresó que quedaba, no obstante, con una sensación de amargura y dolor, ya que no ve que la agricultura chilena tenga el lugar que le corresponde y eso es fundamental. No ve articuladas las instituciones agrícolas del Estado con las Asociaciones de Agricultores, y tampoco advierte un buen sistema de comercialización. En otras palabras, concluyó, no aprecia la existencia de una política agraria coordinada, cuestión que debe ser abordada.

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En consecuencia, vuestras Comisiones de Relaciones Exteriores, de Economía y de Agricultura, unidas, tienen el honor de proponeros, que aprobéis el proyecto de acuerdo en informe en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.

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Acordado en sesiones de fechas 10, 11 y 17 de junio de 1997, con asistencia de los Honorables Senadores señor Gabriel Valdés (Presidente), señora Olga Feliú y señores Arturo Alessandri, Sergio Bitar, Francisco Javier Errázuriz, Jaime Gazmuri, Juan Hamilton (Nicolás Díaz), Hernán Larraín, Enrique Larre, Manuel Antonio Matta, Ronald Mc Intyre, Ignacio Pérez Walker, Francisco Prat y Sergio Romero (Alberto Cooper).

Sala de las Comisiones, a 25 de junio de 1997.

SERGIO SEPULVEDA GUMUCIO

Secretario

INDICE

Página

- Cuestiones de orden general... 1

- Antecedentes... 3

- Contenido fundamental de los instrumentos internacionales objeto el proyecto de acuerdo:

a) Tratado de Libre Comercio... 12

b) Acuerdo de Cooperación Ambiental... 61

c) Acuerdo de Cooperación Laboral... 70

- Discusión

a) Opiniones de los señores Ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda y Agricultura y de representantes de diversos organismos privados... 80

b) Otras intervenciones... 135

- Votación del proyecto de acuerdo... 142

- Proposición de las Comisiones Unidas... 168

- Asistencia... 169

- Reseña... 171

RESEÑA

I. BOLETIN Nº: 2009-10.

II. MATERIA: Proyecto de acuerdo sobre aprobación del Tratado de Libre Comercio, y de los Acuerdos de Cooperación Ambiental y de Cooperación Laboral, suscritos entre los Gobiernos de Chile y de Canadá.

III. ORIGEN: Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

IV. TRAMITE CONSTITUCIONAL: Segundo.

V. APROBACION POR LA CAMARA DE DIPUTADOS: 78 votos a favor; 21 en contra y 10 abstenciones.

VI. INICIO TRAMITACION EN EL SENADO: 3 de junio de 1997.

VII. TRAMITE REGLAMENTARIO: Primer informe.

VIII. URGENCIA: Simple.

IX. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: ---------

X. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LAS COMISIONES: Consta de un artículo único por el cual se propone la aprobación del "Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá", y sus anexos, apéndices y notas, suscrito en Santiago de Chile el 5 de diciembre de 1996, con las enmiendas y correcciones de que dan cuenta las notas Nº 1.880, Nº 2.250, y EA 32, intercambiadas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y la Embajada de Canadá, respectivamente, de fechas 24 de marzo, 9 de abril y 10 de abril, todas de 1997; el "Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá" y sus anexos; y el "Acuerdo de Cooperación Laboral entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá" y sus anexos, ambos suscritos en Ottawa, Canadá, el 6 de febrero de 1997.

XI. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LAS COMISIONES: Establecer una Zona de Libre Comercio con Canadá, que constituirá un importante factor para la expansión del intercambio comercial, de las inversiones extranjeras y de los servicios transfronterizos, dentro de un marco de proyección a la integración con el resto de los países del continente americano, comprometiéndose, además, a contar con legislaciones laborales y medioambientales compatibles con un desarrollo sustentable, sin que se establezcan vínculos entre el nivel arancelario y los estándares laborales y medioambientales.

XII. NORMAS DE QUORUM ESPECIAL: El artículo G-09 del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá y su anexo G-09.1 deben ser aprobados por las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política, en relación con lo establecido en el artículo 97 de la Carta Fundamental.

XIII. ACUERDOS: Proyecto de acuerdo aprobado por diez votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

Votaron por su aprobación los HH. Senadores señora Feliú y señores Alessandri, Bitar (como miembro de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Economía), Gazmuri, Hamilton, Matta, Mc Intyre, Pérez Walker y Valdés; por su rechazo, los HH. Senadores señores Cooper, Larraín, Larre y Prat, y se abstuvo, el H. Senador señor Errázuriz.

Valparaíso, 25 de junio de 1997.

SERGIO SEPULVEDA GUMUCIO

Secretario

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE APRUEBA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, Y LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN AMBIENTAL Y DE COOPERACIÓN LABORAL CON CANADÁ.

Boletín Nº 2009-10

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de informaros el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del Tratado de Libre Comercio, y de los Acuerdos de Cooperación Ambiental y de Cooperación Laboral, suscritos entre los Gobiernos de Chile y Canadá, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

Para el despacho de esta iniciativa legal, S.E. el Presidente de la República hizo presente la urgencia constitucional calificándola de “simple”.

A la sesión en que vuestra Comisión estudió este proyecto, asistieron, especialmente invitados el Ministro de Hacienda señor Eduardo Aninat, acompañado de los Asesores del Ministerio, señoras Catalina Bau y María Eugenia Wagner y señores Jaime Undurraga y Raúl Bertini; el Subsecretario de Relaciones Exteriores, señor Mariano Fernández, acompañado del Jefe de Gabinete de la Dirección de Economía del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Patricio Balmaceda, del Abogado Jefe del Grupo Negociador del Tratado Chile- Canadá y de los representantes del mismo Ministerio, señora Liselotte Kana, señor Ricardo Lagos, señor Alejandro Jara; la representante del Banco Central de Chile, señora Gloria Peña, y el Asesor del Ministerio de Agricultura, señor Juan Carlos Collarte.

Concurrieron, además de sus miembros, el Vicepresidente del Senado, H. Senador señor Eugenio Cantuarias, el H. Senador señor Sergio Díez y el II. Diputado señor Eugenio Tuma.

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El proyecto de acuerdo en estudio fue analizado previamente por las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores, Agricultura y Economía de esta Corporación, las cuales lo aprobaron en los mismos términos en que fuera despachado por la H. Cámara de Diputados.

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EXPOSICIONES

-El señor Ministro de Hacienda señaló que el Tratado con Canadá busca complementar la estrategia de apertura externa del país con un socio de primer nivel, intentándose, en primer lugar, obtener un impulso adicional al comercio exterior chileno mediante su efecto de escala o de crecimiento de las exportaciones o importaciones con un país que tiene poder adquisitivo destacadísimo, cuyo nivel de importaciones anuales asciende a US$160 mil millones y su distribución del ingreso permite que ello se convierta en poder de compra.

En segundo lugar, añadió, se pretende lograr un seguro para el acceso a mercados destacados para la oferta exportadora chilena, esto es, aclaró, que si el día de mañana el mundo aumenta el proteccionismo, nuestro país contará con un acuerdo permanente con Canadá que representa una base compradora importante.

Un tercer aspecto de interés por Chile, puntualizó, es haber agregado una serie de materias como inversiones, servicios no financieros y el encaje bancario, que fijan una plataforma para el país en asuntos de derechos antidumping, arbitrajes y mediación.

Prosiguió explicando que desde el punto de vista de Canadá, a contar del día primero de vigencia del Tratado, el 92% del comercio chileno actual quedará con cero arancel, indicando que existen 4 listas que en seis años dejan al 100% de nuestras exportaciones gravadas con el mismo arancel.

En cuanto a la entrada de productos canadienses a Chile, precisó que se establece una lista de glosas que se desgravan inmediatamente; otra especial con desgravamen a dos, tres, cuatro, seis, ocho, diez, quince, dieciséis y dieciocho años, y una lista de exclusión.

Esto significa, aseguró, un sistema gradual, con plazos sumamente holgados, para, de esta manera, defender aquellos productos sensibles fundamentalmente del sector agrícola tradicional.

Respecto a las cifras de inversión canadiense en nuestro país, informó que ascendían a US$ 8 mil millones de dólares repartidos en el área minera, en la agroindustria, en la banca, en algunos servicios y en el ámbito forestal.

En materia de inversiones, el Ministro explicó que el acuerdo implica otorgar acceso al inversionista extranjero para invertir en aquellos sectores definidos en el artículo G-01, que establece el ámbito de aplicación de Acuerdo, y en los que no existen reservas explícitamente establecidas en los anexos. En los anexos Chile se reservó las restricciones actualmente existentes y algunas adicionales en las que nuestro país se reserva el dere-cho de imponer medidas a futuro, como, por ejemplo, concesiones pesqueras. Por lo tanto, este acuerdo no implica cambios legislativos inmediatos en esta materia.

La seguridad de acceso concedida se otorga principalmente con las siguientes garantías: trato nacional, trato de nación más favorecida, nivel de trato, nivel mínimo de trato, no exigencia de un número limitado de requisitos de desempeño, no exigencia de un número limitado de requisitos para desempeñarse en cargos ejecutivos o de directores, libertad de las transferencias relacionadas con la inversión, garantías para el caso de expropiación, y sistemas de solución de disputas internacional.

Así, de acuerdo al Capítulo G del Tratado, el inversionista canadiense que ingresa su inversión vía el Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales de Banco Central, tiene derecho de acceso para invertir en Chile, salvo en el área financiera y de acuerdo a lo establecido en las reservas chilenas incluidas en los Anexos del Capítulo G del Tratado.

Programas especiales de inversión extranjera que ofrezcan beneficios adicionales y contengan restricciones adicionales, coexisten con este Acuerdo, en la medida que estos programas sean optativos, y que existe una vía general que cumpla con las garantías establecidas en el Tratado.

El decreto ley N° 600 es, en este caso, un programa especial de inversión. El Comité de Inversiones extranjeras mantiene la facultad de recha-zar a un inversionista canadiense que desee un contrato de acuerdo al decreto ley N° 600. En otras palabras, el tratado no consagra el derecho de acceso de los inversionistas canadienses que procuran acceder vía decreto ley N° 600, es decir, el Estado chileno no está obligado a celebrar un contrato con el inversionista.

Asimismo, el Comité mantiene las facultades de determinar las condiciones que se establecen en el contrato según el decreto ley N° 600. Los inversionistas canadienses que han suscrito un contrato de inversión bajo el decreto ley N° 600 pueden beneficiarse del trato establecido en el Tratado, pero cualquier cambio de lo establecido en el contrato, con el Gobierno de Chile requiere de la autorización previa del Comité de Inversiones Extranjeras. Esta entidad conserva las facultades de rechazar el cambio o imponer condiciones de acuerdo a la Ley.

En materia de transferencias de capitales, Chile establece una reserva que permite que el país pueda tomar ciertas medidas para asegurar la estabilidad de la moneda, entre éstas, la exigencia de un encaje de hasta un 30% a los capitales no productivos, y la permanencia de los capitales de la inversión por un período mínimo de un año antes de ser repatriados (Anexo G-09.1).

Finalizada la intervención del Ministro, el H. Senador señor Sebastián Piñera expresó que la ley vigente permite, en nuestro país, hasta un 40% de encaje, y que después de ratificado el Tratado, el Banco Central podrá permitir hasta un 30% de encaje y por un plazo de dos años. Agregó que se estarían restringiendo las facultades del Banco Central con el Convenio internacional en comento.

A continuación, el H. Senador señor Francisco Javier Errázuriz solicitó al señor Ministro de Hacienda que hiciera un comentario acerca de las reservas efectuadas por Canadá respecto de productos chilenos.

El Ministro expresó que Canadá tiene un sistema de cuotas máximas de exportación para Chile, referido a tres productos cuales son los huevos, la leche y los pollos, con un carácter indefinido.

El asesor del Ministro de Agricultura, señor Juan Carlos Collarte, acotó que en Canadá se subsidia fuertemente la leche, las aves y los huevos, regulando la oferta mediante el establecimiento de cuotas basadas en los registros de importación del año inmediatamente anterior.

Dichas cuotas, añadió, están abiertas al mundo, pero dentro de ellas, a veces, se asignan porciones específicas a determinados países por convenios bilaterales porciones.

Precisó que el arancel, fuera de la cuota, está prohibido y se extiende desde 230% hasta 369%.

Otros países, continuó diciendo, pagan entre el 12 y el 25% con excepción de Estados Unidos que paga entre el 1 y el 5%, esto último por el desgravamen derivado del NAFTA que realizan dentro de la cuota.

Chile, señaló, dentro de la cuota, recibió acceso con arancel cero para la leche, los huevos y las aves, por lo que teóricamente nuestro país tiene una posibilidad de competir y, según lo dice el sector privado, las opciones para ello se centrarían en los quesos y en algunas partes de pollos.

El señor Ministro de Hacienda, retomando ha palabra, expresó que en la reserva se contiene una cuota universal que Canadá tiene configurada en la OMC, en términos de arancel y a Chile se le ha dado en esa cuota universal el arancel cero. La cuota se otorga al importador canadiense y éste compra a quien estime aconsejable en nuestro país.

Chile, por su parte, agregó, tiene cuotas para distribuirlas a importadores chilenos en carnes de cerdo, textiles y aceites, asignándolas al primero que las solicite.

Luego, opinó que el mejor camino para hacer más competitivo a nuestro país es adoptar las rebajas generales y parejas, combinándolas con los acuerdos bilaterales, profundizando en las rebajas unilaterales, porque si así no se obrare, advirtió, se produciría un cambio en la protección verdadera de la cadena productiva de una magnitud insospechada.

Seguidamente, el señor Ministro hizo mención del Acuerdo de Cooperación Ambiental con Canadá, destacando las definiciones en el capítulo medioambiental y en los anexos, puesto que claramente el ámbito de aplicación del Acuerdo destaca y privilegia las leyes soberanas de cada país.

Representó, además, que nuestro país escogió, en esta materia, una adaptación del mismo camino que Canadá tiene con Estados Unidos, esto es, no existiría una sanción comercial ni cierre de fronteras sino que se exigiría una mayor fiscalización por cada Gobierno.

El asesor del Ministerio de Hacienda, don Jaime Undurraga, explicó, en torno al tema medioambiental, que la única obligación contenida en el Tratado es el cumplimiento efectivo por cada Parte de su propia legislación. Es así, continuó, que se consignan precedentes como el establecer la soberanía absoluta de los contratantes para fijar su legislación, esto es, ni la una ni la otra pueden imponerse estándares ambientales.

También se estipula, dijo, la separación de los temas comercial y ambiental en cuanto no existen sanciones comerciales para el incumplimiento de normas referidas al ambiente.

Destacó que el acuerdo ambiental define específicamente lo que es una ley ambiental de manera mucho más acotada que la contenida en la Ley de Bases del Medio Ambiente chilena.

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, don Mariano Fernández, señaló que el Tratado con Canadá puede ser visto de dos maneras, una, que Chile es el único país negociando con cuatro bloques comerciales distintos y que se dirige a la liberalización comercial, la que, afirmó, no se terminaría con rebaja de aranceles sino con legislaciones laborales, medio ambientales y otras dirigidas por consideraciones políticas.

La otra manera, añadió, sería la expresada por las abstenciones en la votación de este proyecto de acuerdo, las cuales, opinó, no constituirían una buena señal para otros negociadores como Estados Unidos.

Luego, el H. Senador señor Francisco Javier Errázuriz llamó la atención en lo referente a la no consideración por el Tratado y otros celebrados anteriormente, del tema de la migración, puesto que, en su opinión, una de las posibilidades de Chile es ir a trabajar y desarrollar actividades en países grandes y poderosos, donde, seguramente, afirmó, se van a ir creando dificultades para los trabajadores.

El Subsecretario de Relaciones Exteriores reconoció que esta materia no ha sido analizada en el Tratado, informando que se estaba trabajando en ello en la Cancillería.

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De conformidad a su competencia, la Comisión de Hacienda tomó conocimiento de las siguientes materias, a saber:

- Secciones I, II y III, relativas a trato nacional, aranceles y medidas no arancelarias, del Capítulo C.

- Sección IV, artículo C-17, sobre el sistema de bandas de precios, establecido en la ley N° 18.525, y anexo C-02.2, del Capítulo C.

- Listas de desgravaciones de Chile y Canadá adjuntas en anexo V.

- Anexo C-03.2 sobre continuación de medidas de exención de aranceles aduaneros.

- Anexo C-08 sobre medidas a las importaciones y exportaciones de Chile.

- Anexo C-09 sobre derechos aduaneros existentes en Chile.

- Sección 3 del Anexo C-00-B, relativo a bienes textiles y del Vestido, sobre medidas de emergencia bilaterales (salvaguardias arancelarias).

- Anexo Nº 02.2 sobre remuneraciones y pago de gastos de la Secretaría Nacional del Tratado de Libre Comercio.

- Artículo 0.03 y Anexo 0-03.1, sobre tributación y doble tributación.

- Artículos 36 y 43 del Acuerdo de Cooperación Ambiental y artículo 38 del Acuerdo de Cooperación Laboral, relativos al financiamiento de los Paneles Arbitrales, y

- Anexos 33 y 35 del Acuerdo de Cooperación Ambiental y del Acuerdo de Cooperación Laboral, relativos al financiamiento de los Paneles Arbitrales, y

- Anexos 33 y 35 del Acuerdo de Cooperación Ambiental y del Acuerdo de Cooperación Laboral, respectivamente, que determinan el monto máximo de la contribución monetaria que puede ser obligada a pagar la Parte demandada por omisiones persistentes en el incumplimiento de sus legislaciones ambiental o laboral, según el caso.

FUNDAMENTOS DE VOTOS

El H. Senador señor Francisco Javier Errázuriz expresó que Chile debe modernizarse, por lo que solicité al Ministro de Hacienda que el Ejecutivo estudie has legislaciones ajenas para asimilarlas y poder competir logrando una verdadera integración.

Asimismo, hizo un llamado a las entidades de Gobierno para que analizaran los aranceles igual a cero en los productos de los países con los que se está negociando y en el futuro, determinar las desgravaciones susceptibles de acelerarlas en su tasa.

Añadió, que otro punto necesario de revisar es el subsidio de has importaciones en Chile.

En consideración a lo anterior, el señor Senador declaró que se abstenía en la votación del proyecto de acuerdo en estudio, representando que su decisión se basa en querer para los agricultores y para la industria nacional un sistema equitativo en la competencia comercial.

Por su parte, el H. Senador señor Sebastián Piñera manifestó que el Tratado en análisis es un buen instrumento internacional, agregando que, sin embargo, la política de los Tratados no debía entenderse como independiente del resto de la política comercial.

Opinó que si la política de los acuerdos bilaterales se configuraba a costa de las rebajas unilaterales de aranceles, resultaría más adecuado el camino de las rebajas unilaterales porque la puerta de integración de Chile con el mundo son los aranceles externos comunes y la ventana la forman los tratados bilaterales que aceleran el proceso.

Recalcó que el grueso del comercio chileno se produce a través del arancel externo común y no mediante los acuerdos bilaterales, recordando que al discutirse la asociación de Chile al MERCOSUR se planteó el tema de ha política comercial en general, llegándose a un acuerdo de rebaja de aranceles durante el primer semestre del año en curso en combinación con los tratados bilaterales más el asunto de los US$ 500 millones para el sector agrícola, compromiso; dijo, que a la fecha no se había concretado, razón por la que anunció que votará en contra del proyecto de acuerdo en estudio.

Luego, el H. Senador señor Andrés Zaldívar dejó constancia de la importancia de votar favorablemente el Tratado con Canadá, puesto que un asunto tan positivo para el país no puede ponerse en riesgo, anunciando su voto favorable al mismo.

A continuación, felicitó a los negociadores por lo obtenido, puesto que, en concepto del señor Senador, su normativa es mucho más favorable que la de anteriores instrumentos suscritos por Chile.

Agregó que la política de comercio exterior de nuestro país ha sido acertada desde el año 1990 en adelante, debiendo persistirse en su ejecución, sin perjuicio de continuar avanzando prudentemente en el tema de la desgravación arancelaria por decisión unilateral.

Resaltó lo beneficioso del Tratado para nuestro país, opinando que sus efectos serán muy importantes, inclusive en la negociación con Estados Unidos para un futuro ingreso al NAFTA.

Finalmente añadió, que de aprobarse el Tratado con Canadá, Chile quedará en una excelente posición para pactar, posteriormente, con la Comunidad Europea.

-Puesto en votación el proyecto de acuerdo fue aprobado con los votos de los HH. Senadores señores Jorge Lavandero, Carlos Ominami y Andrés Zaldívar, con la abstención del H. Senador señor Francisco Javier Errázuriz con el voto en contra del H. Senador señor Sebastián Piñera.

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FINANCIAMIENTO

Según antecedentes emanados de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, la aplicación del Acuerdo considera un plan de desgravación arancelaria desde la situación actual con 11% de arancel ad valorem hasta su conclusión con arancel de 0% el 1º de enero del año 2014, con reducción programadas.

La recaudación fiscal se verá afectada en sus ingresos tributarios en los conceptos se verá afectada en sus ingresos tributarios en los conceptos de “Tasa General de Importaciones“(IVA) y de los “Impuestos al Comercio Exterior”.

Los ingresos que se dejan de percibir por concepto de rebaja de aranceles, se estiman en los siguientes montos:

La estimación para 1997 corresponde al inicio de la vigencia de Acuerdo desde junio del presente año.

En consecuencia, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto de acuerdo en informe en los mismos términos en que fuera despachado por has Comisiones unidas de Relaciones Exteriores, de Economía y de Agricultura.

El texto del proyecto de acuerdo aprobado es del tenor siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO:

“Artículo único.- Apruébanse el “Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá”, y sus anexos, N° 2.250, y EA 32, intercambiadas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y la Embajada de Canadá, respectivamente, de fechas 24 de marzo, 9 de abril y 10 de abril, todas de 1997; el “Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá” y sus anexos; y el “Acuerdo de Cooperación Laboral entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá” y sus anexos, ambos suscritos en Ottawa, Canadá, el 6 de febrero de 1997.”.

Acordado en sesión realizada con fecha 18 de junio de 1997, con asistencia de los HH. Senadores señores Jorge Lavandero (Presidente), Francisco Javier Errázuriz, Carlos Ominani, Sebastián Piñera y Andrés Zaldívar Sala de la Comisión, a 27 de junio de 1997.

(Fdo.): César Berguño Benavente, Secretario de la Comisión.

?Se deja constancia de que el Informe de Comisión Oral tuvo lugar en fecha 2 de julio de 1997.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y CANADÁ

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje y con urgencia calificada de "simple", sobre aprobación del Tratado de Libre Comercio y de los Acuerdos de Cooperación Ambiental y de Cooperación Laboral, suscritos entre los Gobiernos de Chile y de Canadá, con informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Economía y de Agricultura, unidas, y de Hacienda.

2009-10

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En segundo trámite, sesión 1ª, en 3 de junio de 1997.

Informes de Comisión:

Relaciones Exteriores, Economía y Agricultura, unidas, sesión 10ª, en 1º de julio de 1997.

Hacienda, sesión 10ª, en 1º de julio de 1997.

El señor LAGOS ( Secretario ).-

En el informe de las Comisiones unidas se deja constancia de que a sus reuniones asistieron los señores Ministros de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Agricultura , así como los presidentes de la Confederación de la Producción y del Comercio, de la Sociedad Nacional de Agricultura y otros invitados.

Asimismo, en el informe se señala, sobre la base del mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , que los principales objetivos del Proyecto de Acuerdo propuesto por estas Comisiones son establecer una Zona de Libre Comercio con Canadá, que contribuirá a la expansión del intercambio comercial de las inversiones extranjeras y de los servicios transfronterizos, dentro de un marco de proyección a la integración con el resto de los países del continente americano, comprometiéndose, además, a contar con legislaciones laborales y medioambientales compatibles con un desarrollo sustentable, sin que se establezcan vínculos entre el nivel arancelario y los estándares laborales y medioambientales.

También se hace presente que el proyecto de acuerdo requiere para su aprobación de quórum de ley orgánica constitucional, es decir, de los cuatro séptimos de los señores Senadores en ejercicio (26 votos), porque hay dos normas, una en el Tratado de Libre Comercio y otra en su Anexo G-09.1, que así lo requieren, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución en relación con el artículo 97 de la misma, referido al Banco Central.

En el informe se exponen los instrumentos internacionales cuya aprobación se solicita.

Igualmente se deja constancia de las opiniones vertidas por los señores Ministros de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Agricultura y por representantes de diversos organismos privados.

Puesto en votación, el proyecto de cuerdo fue aprobado en general y en particular por 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Votaron por la aprobación la Honorable señora Feliú y los Senadores señores Alessandri, Bitar (como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y también de la de Economía), Gazmuri, Hamilton, Matta, Mc-Intyre, Pérez y Valdés; por el rechazo, los Senadores señores Cooper, Larraín, Larre y Prat, y se abstuvo el Honorable señor Errázuriz.

Los fundamentos de la votación figuran en las páginas 142 a 148 del informe.

En consecuencia, las Comisiones unidas, en mérito de los antecedentes contenidos en el informe, recomiendan aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.

Por su parte, el informe de la Comisión de Hacienda deja constancia de las materias sobre las cuales tomó conocimiento, de acuerdo con su competencia.

En el acápite sobre financiamiento dice: "Según antecedentes emanados de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, la aplicación del Acuerdo considera un plan de desgravación arancelaria desde la situación actual, con 11% de arancel ad valorem hasta su conclusión con arancel de 0% el 1º de enero del año 2014, con reducciones programadas.

"La recaudación fiscal se verá afectada en sus ingresos tributarios en los conceptos de "Tasa General de Importaciones" (IVA) y de los "Impuestos al Comercio Exterior".

"Los ingresos que se dejan de percibir por concepto de rebaja de aranceles, se estiman en los siguientes montos:" para 1997, 20 millones de dólares; para el 2014, 172 millones de dólares.

"La estimación para 1997 corresponde al inicio de la vigencia del Acuerdo desde junio del presente año.".

Puesto en votación, el proyecto de acuerdo fue aprobado en la Comisión con los votos favorables de los Honorables señores Lavandero, Ominami y Andrés Zaldívar, con la abstención del Senador señor Errázuriz y el voto en contra del Honorable señor Piñera. Las fundamentaciones de voto constan en el informe.

En la parte resolutiva, la Comisión de Hacienda propone aprobar el proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo despacharon las Comisiones unidas, y su texto se transcribe al final del informe.

En seguida, corresponde dar al Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales un informe verbal.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor ROMERO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , para un buen despacho del proyecto, propongo iniciar la votación a las 18:30 ó a las 19. Así, los señores Senadores, cuando se haya producido una parte importante del debate, podrían dejar sus votos en la Mesa.

El señor PÉREZ.-

A las 18, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

O a las 18, como señala Su Señoría; pero que sea una hora fija.

Se trata de un proyecto que requiere quórum especial. Por eso propongo concretamente las 18:30 para comenzar a votar.

El señor ROMERO ( Presidente ).-

La Sala ha escuchado la proposición del Comité Demócrata Cristiano.

El señor RÍOS.-

Doy acuerdo siempre que haya alcanzado a hablar. De lo contrario, no.

El señor DÍEZ.-

Señor Presidente, aclaremos qué pasará con el debate previo a la votación.

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Se planteó que, como hay mucho interés en intervenir, el tiempo de cada exposición, incluida la fundamentación del voto, debería reducirse a 10 minutos. Ésa es la única manera en que la mayor cantidad de Senadores pueda participar en el debate.

¿Habría acuerdo para aceptar esta proposición y la que planteó el Honorable señor Andrés Zaldívar?

El señor PRAT.-

Me opongo.

El señor ROMERO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PRAT.-

Señor Presidente, el tema en debate es de suyo serio para impedir que los señores Senadores dispongan del tiempo que establece el Reglamento.

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Está bien. Pero estoy haciendo una proposición seria. No me parece adecuado que Su Señoría adjetive en términos de que su fundamentación puede ser más o menos seria si la hace en 15 o en 10 minutos.

El señor PRAT.-

Señor Presidente, estoy adjetivando el tema que estamos tratando, no su decisión.

El señor PÉREZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor ROMERO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PÉREZ.-

Comparto la proposición del señor Presidente, y pienso que a quienes les asisten dudas y desean esperar hasta que se agote el debate pueden votar al final. Los que ya tienen su voto decidido pueden hacerlo a partir de las 18:30. Por lo tanto, no hay incompatibilidad entre lo planteado por el Honorable señor Prat, que quiere esperar hasta el término del debate para votar, y lo que ha sugerido el señor Presidente.

En consecuencia, apoyo que la votación comience a las 18:30.

El señor ROMERO (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.-

Señor Presidente, lo que invoco es el derecho de los Senadores a usar el máximo del tiempo que el Reglamento les permite, dada la trascendencia de la materia en debate.

El señor ROMERO (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, creo que las dos ideas no son incompatibles. Extender un poco más cada intervención no significa que la votación no pueda iniciarse antes. Yo iba a proponer que ésta comenzara a las 18, porque está citada la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias producidas en el proyecto que modifica la Ley General de Bancos. Por consiguiente, no puedo suspender o atrasar el inicio de esa sesión, porque se halla involucrada la otra rama del Congreso. De manera que para nosotros es indispensable votar antes. Y si ello no ocurre, podríamos hacerlo a las 18:30, a fin de seguir trabajando en la Comisión Mixta.

Por eso, solicito a la Sala que nos permita pronunciarnos a esa hora, sin perjuicio de que el debate continúe.

El señor ROMERO (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, entiendo que la sugerencia de empezar a votar a las 18:30 no impide que quienes deseen hacer uso de la palabra en la discusión, antes de que ésta se cierre, puedan hacerlo por el tiempo reglamentario.

En ese sentido daría mi acuerdo a lo propuesto.

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Se sugiere fijar la hora de inicio de la votación a las 18:30 horas, y como hay algunos señores Senadores que desean extenderse...

El señor LARRAÍN.-

¡Se propone que se permita votar!

El señor ROMERO (Presidente).-

Exacto. Se trata de permitir que se vote...

El señor LARRAÍN.-

El debate sigue hasta que se agote, y...

El señor ROMERO (Presidente).-

Por supuesto, la discusión continúa.

El señor LARRAÍN.-

...una vez que ello ocurra, se toma la votación de los restantes.

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Así lo entiendo yo también.

El señor PÉREZ.-

Y aquellos que no hagan uso de la palabra pueden dejar el voto en la Mesa.

El señor ROMERO (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Díez.

El señor DÍEZ.-

Señor Presidente, para que las cosas queden claras es necesario precisar lo siguiente. Estamos acordando que el debate se rige por el Reglamento en forma ordinaria, pero que los Senadores que deben asistir a otras Comisiones puedan dejar su voto a contar de las 18:30.

El señor ROMERO (Presidente).-

Exactamente. Eso es lo que hemos dicho.

Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.

El señor VALDÉS.-

Señor Presidente , ¿qué impediría que al final de sus intervenciones los Senadores expresen su voto?

El señor ROMERO (Presidente).-

Reglamentariamente, para ello debe estar en votación el proyecto.

Si le parece a la Sala, la votación se iniciará 18:30.

Acordado.

Solicito el asentimiento del Senado para limitar a 10 minutos las intervenciones.

Hay dos oposiciones. Entonces, esta materia se regirá por el Reglamento.

En consecuencia, a las 18:30 daremos comienzo a la votación, sin perjuicio de que los Senadores puedan votar luego de haber intervenido o cuando lo estimen conveniente después de esa hora.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente , solicito a la Mesa que pida el asentimiento del Senado para que ingresen a la Sala los asesores señora María Eugenia Wagner y señores Juan Gabriel Valdés y Alejandro Jara Puga

--Se accede a lo solicitado.

El señor ROMERO (Presidente).-

En discusión el proyecto de acuerdo.

En conformidad a lo acordado el día de ayer, tiene la palabra el Honorable señor Horvath, para que entregue un informe verbal de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , sin perjuicio de esa resolución de los Comités, hubo un acuerdo previo de la Sala en el sentido de que el Tratado de Libre Comercio con Canadá se analizara, debatiera y votara en las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores, Agricultura y Economía, y también que, cuando correspondiera tratar los Acuerdos de Cooperación Ambiental y de Cooperación Laboral, se citaría formalmente a las Comisiones competentes, que son las de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Trabajo. Desgraciadamente, ello no ocurrió.

Sin embargo, la Comisión que presido, de manera informal, tomó contacto con los representantes del Ministerio de Hacienda encargados de estas materias -algunos se hallan en la Sala y otros, en las tribunas-, quienes fueron entregándonos los antecedentes respectivos para despejar algunas dudas.

Finalmente, ayer en la tarde la Comisión se reunió aproximadamente entre las 19:30 y 22, para debatir los informes recibidos con los representantes del Ejecutivo -en particular, de la Cancillería- y sus asesores y, además, con los miembros de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

En este sentido, las líneas generales de los antecedentes proporcionados cumplen los objetivos en tres grandes puntos.

Primero, el Acuerdo relativo al medio ambiente del Tratado de Libre Comercio con Canadá es de cooperación ambiental, y Chile aparece beneficiado por todos los trabajos, investigaciones y acuerdos comprometidos en él.

Segundo, evita -y esto lo detallaremos tal vez con ejemplos- que el medio ambiente se transforme en una barrera paraarancelaria, cuestión que está ocurriendo en demasía con el país vecino de Canadá, que es Estados Unidos.

Y, tercero, compromete un acuerdo político de las partes no sólo para realizar manejo ambiental, sino con el objeto de adecuar la legislación (las normas, los reglamentos vigentes) y, además, la estructuración que el Estado necesita en esta materia.

En el Acuerdo existe un listado de todas las normas vigentes en el país en este aspecto, y se establece un plazo gradual de dos años para poner en regla la legislación. Se reconoce, entonces, algo que el sector ambiental en Chile sabe, esto es, que la estructura del Estado se halla bastante dispersa en cuestión ambiental y la coordinación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente evidentemente no resulta suficiente. Cuando estas materias se encuentran radicadas en nueve Ministerios, veintiocho servicios públicos, con distintas funciones y atribuciones, en la práctica se van anulando unos con otros. Algo parecido sucede con la legislación y normativa vigentes, por cuanto se superponen y también se produce una suerte de autoanulación, y no una sinergia como debiera esperarse. Y esto obliga a nuestro país a poner al día tales aspectos, lo cual -y esto es muy importante respecto a algunas de las críticas que ha recibido el Acuerdo por parte de distintas organizaciones- no constituye una camisa de fuerza. La verdad es que obliga al país a avanzar en esta línea, y no a ceder espacios en el tema del medio ambiente.

Lo que sí es muy importante es que el Acuerdo se refiere sustancialmente a aspectos relativos a contaminación, y no de sustentabilidad, elemento del que señalaremos algunas cuestiones adicionales que debieran comprometer a nuestro país, porque al no ser considerados en el Tratado de Libre Comercio no existe una suerte de reciprocidad ni una exigencia por parte de la otra nación hacia la nuestra. En ese sentido hay muchas críticas.

Algo marginal, que seguramente tendrá que analizarse en los otros informes, dice relación al grado con que se compromete el Acuerdo con Canadá, puesto que ese país tiene legislaciones provinciales, y, de hecho, el propio NAFTA no ha sido ratificado más que por tres de sus siete provincias. Tampoco compromete a cumplir estándares internacionales ni los de Canadá. Chile se compromete exclusivamente a aplicar sus leyes, y se establece un mecanismo para avisar de sus modificaciones. Por lo tanto -insisto-, no es un pie forzado.

Se presentó un proyecto de acuerdo al Senado para aclarar algunas dudas acerca del listado de la legislación a la cual se compromete nuestro país. Y esas dudas se fueron aclarando en la reunión de trabajo.

En primer lugar, lo tocante a que el decreto supremo Nº 185 no sería del Ministerio de Salud, sino que del de Minería. Se aclara que dicho decreto supremo fue firmado por cuatro Ministerios, esto es, además de los nombrados, está el de Agricultura y el de Economía.

Luego, hay una serie de resoluciones de la Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Nacional, de 1994: las Nºs 12.600/322, 12.600/323, 12.600/324 y 12.300/325, que no se encuentran vigentes por cuanto fueron suspendidas, ya que al mismo tiempo se dictó la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Y corresponde a la Comisión Nacional del Medio Ambiente establecer las normas relativas a las materias contenidas en las resoluciones de la DIRECTEMAR. Por lo tanto, tampoco existe ahí contradicción.

Asimismo, también se agregó a estos antecedentes el decreto Nº 278 -que aparece en el listado-, de 1983, del Ministerio de Economía, referido al reglamento de seguridad para el almacenamiento, refinación, transporte y expendio al público de combustibles líquidos derivados del petróleo, el cual fue derogado en fecha posterior por el decreto Nº 90, del mismo Ministerio. Pero aquí se aclara que ese decreto se dictó después de las negociaciones con Canadá. Por consiguiente, también tiene sentido lo ocurrido ahí.

Otro punto muy importante dice relación a qué sucederá entre los dos países respecto a la mayor actividad posible en materias económicas, sociales y culturales, derivadas, por añadidura, de un Tratado de esta naturaleza. La mayor parte de las críticas apunta en el sentido de que, de alguna manera -y de hecho así ha ocurrido hasta la fecha, y con mayor razón debiera suceder a futuro-, habrá una intensificación de la inversión en nuestros recursos naturales. Para nadie es un misterio que más del 80 por ciento de las exportaciones chilenas están vinculadas a recursos naturales sin mayor valor agregado. Con el Tratado existe una alta probabilidad de que esto vaya a intensificarse. De modo que habría que establecer un compromiso unilateral, por cuanto no hay reciprocidad en esta materia.

En tal sentido, la Comisión del Medio Ambiente hace un llamado al Gobierno para comprometer una agenda legislativa relativa a los vacíos o perfeccionamientos de la legislación vinculada a los recursos naturales del país. Me refiero a la iniciativa sobre recuperación del bosque nativo, que está en tratamiento, pero debe dársele la urgencia respectiva; a la modificación al Código de Aguas, con el manejo integrado de cuencas, la fijación de caudales ecológicos, entre otras cosas; al proyecto sobre suelos, que se encuentra pendiente y sólo anunciado en la Ley de Bases del Medio Ambiente; a la iniciativa relativa al ordenamiento territorial, para evitar las confusiones y la pérdida del escaso suelo agrícola que tenemos en nuestro país, producto de una hegemonía en la Ley General de Urbanismo y Construcciones; a aquélla sobre posicionamiento satelital, que debemos despachar de una vez por todas, para evitar el daño al recurso pesquero en Chile; al conocimiento y debate de las cuentas ambientales, e incorporarlas a nuestra legislación; y, finalmente -haciendo un rápido resumen-, a las iniciativas que corresponden al sello de origen o sello verde que, evidentemente, tienen mayor valor en un proceso de globalización.

Otro punto que destaca la Comisión es que se corrige lo tocante a las acusaciones de "dumping", puesto que a través del mecanismo de cooperación, en un plazo prácticamente de seis años, no habrá tales acusaciones entre los países, porque esto se evita mediante el sistema propuesto en el Acuerdo que nos ocupa.

Otro elemento muy importante al cual accede Chile -y esto hay que reconocerlo en los negociadores- es que el modelo de integración adoptado es el suscrito por Estados Unidos con Canadá -y no así con México-, donde al detectarse alguna falta o incumplimiento de una de las partes (en este caso, con mayor probabilidad de nuestro país) se castiga al Gobierno, debiendo éste comprometer mayores fondos y energías para corregir el problema, y no subiendo el arancel, lo cual significaría volver atrás en algo en que ya se ha avanzado.

Eso -repito- también hay que reconocerlo.

Marginalmente vimos algunos puntos relacionados con el aspecto laboral, porque lo relativo al ambiente -como lo pretende muchas veces la Comisión de Hacienda- en nuestro caso es tocado aún más, y todo. Y en tal sentido, se respeta la legislación existente al interior de nuestro país, e incluso respeta más allá legislaciones especiales como, por ejemplo, del mundo cultural, de la educación, aspectos de seguridad social, o beneficios para determinadas etnias, que no son extensibles a los canadienses. De modo que igualmente creemos que aquí se ha logrado un avance importante.

Finalmente, la Comisión de Medio Ambiente también analizó aspectos que están pendientes. Ellos se refieren -creo que debieran ser, en algún grado, motivo de análisis y debate en el Senado- a los acuerdos alcanzados entre el Congreso y el Gobierno, particularmente con los Ministerios de Agricultura y de Hacienda, para ir en apoyo del sector rural productivo, esto es, el agrícola y ganadero, en el momento de la asociación con el MERCOSUR. Evidentemente, si bien la afectación que trae aparejada el Tratado de Libre Comercio con Canadá es menor, por así decirlo -y está bien sintetizado en la discusión habida en las Comisiones unidas-, no podemos dejar de señalar que hay un compromiso pendiente, no desde el punto de vista presupuestario o del anuncio de los programas, sino de la eficiencia y del conocimiento por parte de los afectados para poder acogerse a los beneficios de que se trata. Si uno recorre el país a lo largo y a lo ancho, observará que la comunidad rural no dispone de estos antecedentes ni está participando de las ventajas que ello supone. Lo grave sería que éstas quedaran a medio camino y no llegaran donde realmente corresponden.

Asimismo, deseo destacar que la asociación con Canadá constituye un vínculo importante para Chile. Estados Unidos mantiene un comportamiento muy distinto, con un doble estándar -lo digo con el debido respeto-, porque cuando se afectan sus intereses utiliza todas las artimañas que le permiten las distintas negociaciones o acuerdos internacionales a los cuales estamos sometidos. En el caso de Canadá, se observa una conducta totalmente distinta hacia Chile. De hecho, es una nación de un nivel cultural muy elevado, con una afinidad probada con nosotros a través de una serie de proyectos de cooperación. Y creemos que en este sentido nuestra nación, considerada como conjunto y en cada una de sus Regiones, evidentemente, va a ganar con un tratado de esta naturaleza.

Quiero finalizar este informe de la Comisión de Medio Ambiente señalando que esperamos que, en el curso del debate, el Gobierno aclare los compromisos adquiridos de ayuda al sector rural -1 mil 500 millones de dólares en 5 años, en infraestructura, educación y capacitación, y 500 millones de la misma moneda en materia de reconversión-, que significarán para dicho sector una mejoría sustancial a fin de asumir los desafíos que le impondrán estos procesos de globalización.

Además, hago hincapié en la necesidad de contar con una agenda legislativa destinada a llenar los vacíos que presenta nuestra normativa ambiental. Y, en materia de acuerdos, también se ha debatido la rebaja arancelaria, especialmente en lo relativo a los insumos del sector agrícola.

He dicho.

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores , Honorable señor Valdés.

El señor VALDÉS .-

Señor Presidente, tuve el honor de presidir las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Economía y de Agricultura, unidas, que estudiaron este tratado en diversas reuniones, y escucharon las opiniones de prácticamente todos los gremios, asociaciones de productores y exportadores del país, que conforman una lista que no detallaré, pues se encuentra consignada en el informe. También participaron en ellas los señores Ministros de Hacienda , de Relaciones Exteriores y de Agricultura, aquí presentes.

El convenio en estudio abarca aspectos específicos que ya mencionó el Senador señor Horvath , que me precedió en el uso de la palabra, los cuales no vale la pena repetir, pues Su Señoría señaló lo necesario para que el Senado cuente con información oficial de la Comisión que preside.

El tratado en análisis establece, al momento de su entrada en vigor, arancel cero para alrededor de 83 por ciento del comercio bilateral de ambos países. No es necesario recalcar la importancia que reviste un acuerdo de la naturaleza y profundidad como el suscrito con uno de los siete países más importantes, ricos y de sólida estabilidad económica y democrática en el mundo, como es Canadá. Ciertamente, en el caso chileno, los productos manufacturados serán los más beneficiados, ya que aquella nación posee una estructura arancelaria muy similar a la de los demás países desarrollados, por cuanto contempla una escala diferenciada: muy baja para las materias primas, y progresivamente alta para los productos de mayor valor agregado. En todo caso, los nuestros estarán exentos del impuesto aduanero en Canadá, a más tardar, el año 2003.

En muchas oportunidades, se analizan estos tratados como si fueran fotografías, es decir, desde el punto de vista del comercio actual. Pero no se proyecta el mercado que se induce al abrirse aranceles y rebajas en naciones de extraordinaria capacidad económica, con ingresos superiores a los 20 mil dólares per cápita, que tienen una dimensión creciente, sobre todo en virtud del acuerdo que Canadá suscribió con Estados Unidos, que ha significado para aquélla un considerable aumento de su comercio exterior.

El convenio en comento tiene la ventaja de abrir una nueva ventana a nuestros productos en el extranjero; da la oportunidad de exportar bienes manufacturados con arancel cero, lo que aún no se puede hacer con Europa ni con Estados Unidos; crea mayor competitividad; consolida la legislación comercial vigente en Chile -ello reviste mucha importancia en cuanto a las normas del Banco Central-, proceso que, según entiendo, no fue fácil de obtener, y que afianza, frente a futuros acuerdos, una posición chilena bastante original, necesaria para mantener la seguridad de nuestra moneda; constituye una señal positiva de apertura a todo el hemisferio, y reconoce algunas características de nuestra realidad, particularmente el sistema de bandas de precios chileno, que es una forma de defensa con que cuenta el país.

Respecto de las mejoras, ofrece arancel cero para 92 por ciento de la oferta exportable, desde el primer día de vigencia del tratado -no mencionaré todos los rubros favorecidos, pero es el caso de las cerámicas, artículos de cobre, harina de pescado, salmones y otros productos pesqueros, vinos, frutas, etcétera-, y se eliminan los aranceles el año 2003, como ya señalé.

Además, se aumentan las cuotas de importación para productos que no figuran en el acuerdo, tales como los lácteos y avícolas, y se ofrecen preferencias arancelarias para los textiles.

Por otra parte, hay rubros sensibles, pues 70 por ciento de los productos canadienses que ingresen a Chile lo harán con arancel cero en forma inmediata, una vez que entre en vigencia el acuerdo. Existen otros, también considerados sensibles para nuestro país, como algunos agrícolas manufacturados, que se desgravarán en el plazo de seis o siete años, y un número limitado de productos del campo y derivados del petróleo lo serán dentro de diez años o más, en forma similar a los plazos negociados con el MERCOSUR. Recalco esto último, porque se ha informado que habría una variación respecto de los términos acordados con el MERCOSUR, lo que no es efectivo. Tal es la estructura básica del convenio.

Vale la pena dejar constancia, asimismo, de que el Tratado que se suscribe con un país de la dimensión y de la importancia internacional del Canadá también tiene significado político, en el sentido más estricto de la palabra, porque no cabe duda de que una asociación de esta envergadura con dicha nación ofrece ventajas, fuera de los términos comerciales y económicos, de indiscutida relevancia. Y se negoció teniendo como base el texto del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, conocido como NAFTA, el que fue objeto de importantes modificaciones a fin de mejorarlo y adaptarlo a la realidad de la relación Chile-Canadá. Es así como en el instrumento en análisis se modifica el NAFTA para adaptarlo a la identidad que Chile necesita para mantener su personalidad económica y jurídica. Ejemplo de ello lo constituyen, como señalé, las bandas de precios y las normas que el Banco Central dispone para aplicar medidas cambiarias, con el objeto de mantener la estabilidad de la moneda.

Igualmente, precisa la regla de origen de un grupo considerable de productos, y establece un principio de fundamental y de muy contemporánea importancia, como es la obligación de no imponer derechos "antidumping" entre Chile y Canadá, para que ellos no sean usados con fines proteccionistas.

Es del caso destacar la significación que reviste el hecho de que un país de esa importancia renuncie al uso de medidas "antidumping", cuando Chile se encuentra amenazado de sufrir ese tipo de medidas por parte de Estados Unidos, nación con la que tenemos una notable relación comercial y de todo orden. Sobre el particular, se ha presentado un proyecto de acuerdo, suscrito por un elevado número de señores Senadores -ojalá sea aprobado esta tarde por consentimiento unánime de la Sala-, mediante el cual se protesta por las acciones iniciadas en contra de la exportación de salmones, las que no tienen justificación alguna. La única interpretación que se deduce de ellas apunta al interés de impedir el ingreso legítimo de productos chilenos a ese mercado, que, sin subsidio alguno, compiten en mejores condiciones que los de Estados Unidos.

Lo mismo sucede con la madera, que también está siendo objeto de un trato discriminatorio, sobre la base de consideraciones medioambientalistas que no corresponden, dados la naturaleza de los productos que se exportan y el hecho de que francamente -como se ha dicho- Estados Unidos no es el país cuyo Gobierno, en la última Conferencia Internacional de Naciones Unidas celebrada hace una semana, haya demostrado la voluntad de adoptar políticas adecuadas para defender el medioambiente en el orbe. En esto se advierten incoherencias muy claras.

A mi juicio, ese punto resulta capital en el convenio en debate, porque en el mundo contemporáneo, cuando aún está ausente una legislación internacional, y a pesar de la Organización Mundial del Comercio, cuya gestión es a largo plazo y tiene muchas rendijas por donde se pueden introducir subsidios o hacerse maniobras comerciales, no hay normativas de carácter universal que respeten a los países pequeños, garanticen el libre comercio y eviten el abuso de las grandes naciones, que ha sido la tradición histórica del mundo. Pero, en este caso, se establece una regulación a través de un tratado, lo que tiene una significación especial que, en mi opinión, justifica plenamente su suscripción.

Aún más, señor Presidente , se contempla un sistema adecuado para solucionar las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de aquél y del comercio que se genere entre los dos países. Este tema es fundamental; y se echó de menos en el acuerdo con el MERCOSUR, porque las naciones que integran éste todavía no están preparadas para contar con un sistema de solución de controversias. Pero Canadá constituye el primer precedente al cual Chile se puede sujetar hacia el futuro en orden a disponer de un engranaje que permita que la acción de un país sea sometida al juicio de árbitros nombrados de común acuerdo, con un procedimiento establecido. La falta de tal mecanismo nos hizo perder hace algunos años, con riesgo de que ello sea definitivo, más de 300 millones de dólares, por el proceder incalificable de Estados Unidos en lo referente a la uva chilena. Si hubiéramos contado con esta disposición, eso no se habría producido.

Por lo tanto, es un éxito la negociación que hemos logrado con Canadá, por cuanto este país, en su relación con Chile, deberá someterse a una norma de control jurídico, como se contempla en el presente convenio.

En cuanto al comercio de bienes, se comprende su liberalización en un plazo no superior a seis años, con la excepción -como dije- de algunos productos sensibles, a los cuales, en el caso de Chile, se les aplicará un calendario de desgravación similar al acordado con el MERCOSUR.

Cabe hacer notar que el 64 por ciento del total exportado a Canadá corresponde a productos agrícolas y el resto a bienes industriales, y que el 91 por ciento de aquéllos, y que Chile exporta hoy hacia dicho país, podrán ingresar sin pago de arancel a la fecha de entrada en vigencia del presente tratado. En cambio, nuestro país desgravó sólo el 45 por ciento de las exportaciones.

Se ha sostenido que hoy día algunos productos ingresan a Canadá libre de aranceles; y que, por lo tanto, no sería un éxito en este convenio el que se argumente en tal sentido. Si se analiza el tratado en lo referente al arancel de las mercancías que llegan a ese país, en verdad, se llega a la conclusión de que si bien algunos productos chilenos ingresan a Canadá libres de arancel, la eliminación de éste es arbitraria, porque puede ser modificada en cualquier momento por las autoridades administrativas o políticas de esa nación.

Por otra parte, se observa que Chile obtendrá liberación de insumos y de maquinaria proveniente de la industria canadiense. Sobre el particular, se ha argumentado que es muy escasa la importación de productos, manufacturas o maquinaria canadienses. Es que los aranceles eran altos, y la costumbre chilena es como la de otros países. Pero nadie puede desconocer -cualquiera que haya viajado a ese país lo puede acreditar- que Canadá fabrica lo mismo que Estados Unidos, con igual calidad y similar categoría. De manera que la importación desde esa nación de equipos e insumos con arancel cero significa una rebaja para el productor chileno de bastante importancia.

Además, Chile se reserva el derecho de mantener el Estatuto Automotriz, los sistemas de "drawback" y el pago diferido de aranceles para los bienes de capital y las bandas de precios.

Ésas son, fundamentalmente, las razones que se consideran al afecto, además de los convenios de cooperación en el orden ambiental y las normas laborales que fijan también un criterio de no intervención de un país en otro, todo lo cual hace aconsejable la aprobación del tratado con Canadá.

Todas las organizaciones consultadas por las Comisiones unidas estuvieron de acuerdo en que el presente convenio es muy favorable para Chile. Me refiero a las de industriales y a las de productoras y exportadoras de cerdos y de aves, que tienen gran significación, porque hoy día el 60 por ciento del consumo de carne del país proviene de porcinos, aves y pavos. De manera que hay una creciente capacidad de producción y de relación genética, que para los productores es de suma importancia.

Durante la discusión del tratado, el único organismo que estableció serios reparos a la negociación fue la Sociedad Nacional de Agricultura, en lo referente al impacto que se podría ocasionar en la llamada "agricultura tradicional" o "agricultura de grano".

El señor ROMERO .-

¿Me permite, Su Señoría?

Como se ha cumplido el tiempo del Senador informante , solicito el asentimiento de la Sala para prorrogarlo por los minutos que sean necesarios.

Acordado.

El señor VALDÉS.-

Gracias, señor Presidente.

El tratado, por cierto, abre una posibilidad de competencia para Chile en lo relativo a trigo candeal, cebada y avena. Esto es indiscutible. Sobre el particular -como dije-, la Sociedad Nacional de Agricultura informó de su posición a las Comisiones unidas, donde se aclararon algunas dudas en cuanto a la importancia que reviste la importación de trigo candeal para la exportación de pastas, que está alcanzando en forma progresiva un nivel equivalente a muchos millones de dólares, en especial las destinadas a Italia, Estados Unidos y a países latinoamericanos. Por su parte, la cebada también tiene un destino propio, vinculado a la fabricación de malta y a su subproducto la cerveza.

Tal realidad tiene su contrapartida, lo cual, evidentemente, obliga a realizar un esfuerzo para mejorar la calidad de los productos, y también apoyar la actividad agrícola afectada.

El impacto que tendrá el tratado en la agricultura ha sido considerado muy nefasto por ese organismo y por diversas sociedades afiliadas del sur, las cuales han formulado declaraciones en términos bastante duros, sin considerar algunos aspectos o deformando otros.

Pero, al final, creo que la situación ha sido aclarada por el señor Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura , quien expresó, conforme a lo publicado ayer en un matutino de importancia nacional, que el impacto del Tratado de Libre Comercio con Canadá es marginal para el sector agrícola. Con ello, la autoridad de la entidad gremial más relevante en ese ámbito le quita dramatismo -no cabe duda- a algo que, de acuerdo con lo que se había sostenido, parecía ser extremadamente grave y de consecuencias catastróficas.

Y, por lo significativa que es la opinión de ese organismo, deseo que quede constancia en la Versión Oficial de que su Presidente , señor Ricardo Ariztía , "no quiere pagar los platos rotos por la tozudez de sus antecesores", según el diario "La Tercera" de 1º de julio.

Consigno el antecedente porque realmente deja las cosas en su lugar y tranquiliza a quienes conocen la realidad agrícola, que es muy mala en el sur. Y ello no obedece al MERCOSUR, sino a la carencia -y lo digo así, francamente, delante de los señores Ministros- de una política económica adecuada para sostener la agricultura de esa zona.

Repito que el tratado reviste, según el señor Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura , una importancia marginal. En cambio, existen enormes ventajas en otros aspectos. Y el efecto marginal puede y debe ser corregido , a mi juicio, con otras medidas, pero no con el rechazo de un instrumento de la magnitud y trascendencia política y económica del que nos ocupa.

De esta manera, señor Presidente, creo haber dado cuenta de lo que se trató y acordó en las Comisiones unidas, que tuve el honor de presidir.

El señor ROMERO (Presidente).-

Tiene la palabra el Ministro de Hacienda, señor Eduardo Aninat.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , me gustaría, en nombre del Gobierno, reseñar brevemente sólo tres aspectos.

En primer lugar, los Ministros presentes, sus asesores y los negociadores nos hemos encontrado disponibles, ya por una buena cantidad de meses, para exposiciones fundamentadas -que estimamos lo más completas posibles- en las diversas Comisiones que estableció primero la Cámara y luego el Senado, en los sectores productivos, y en visitas y exposiciones en paneles regionales, a fin de explicar, fundamentar y detallar la naturaleza del tratado de libre comercio entre Chile y Canadá. Para nosotros, ha sido satisfactorio ir sumando antecedentes y consideraciones sobre un texto que juzgamos gravitante para el progreso nacional.

En segundo término, como lo han expresado los Senadores señores Horvath y Valdés , se trata de una normativa compleja. Es, probablemente, el convenio más complejo celebrado por nuestro país en los últimos tiempos. Y, efectivamente, el tema sobrepasa la discusión arancelaria propiamente tal, pues incluye, como se sabe, lo relativo a servicios no financieros, inversiones, cuestiones medioambientales, laborales y, sobre todo, una institucionalidad que ayuda a dar mayor transparencia a las relaciones comerciales.

Pienso que el instrumento en análisis agrega una oportunidad muy completa para que Chile pueda cambiar de umbral en la profundización de vínculos diplomáticos, económicos, comerciales, y otorgar más seguridad y oportunidades a los trabajadores, a los exportadores, a las empresas productivas y a los distintos sectores. Y creemos, como se explicó, que en el transcurso del tiempo, cuando vayan madurando y progresando los efectos de estas disposiciones, ha de producirse un apreciable crecimiento económico de largo plazo.

En aras del tiempo, quisiera, sencillamente, entregar a la Sala tal antecedente adicional sobre los efectos de crecimiento que este tratado va a tener si es aprobado por el Senado.

En esta ocasión, además, deseo referirme a los compromisos asumidos por el Gobierno el 9 de septiembre del año pasado, en relación con el debate en torno del tratado del MERCOSUR, ya que se ha suscitado alguna discusión al respecto.

En cuanto a aquellos concernientes al sector agropecuario, el Ministro señor Mladinic ha sido claro en expresar de qué manera se cumplen y se seguirán cumpliendo. Por lo tanto, no me extenderé sobre el particular.

Respecto del compromiso relativo a la rebaja unilateral de aranceles, reitero que para el Gobierno del Presidente Frei el tema de la inserción internacional presenta dos mecanismos, entre otros. Primero, el que se encuentra en discusión, respecto de negociaciones internacionales en materia comercial, de inversiones y de servicios, sobre el cual se ha progresado notablemente. Pero ello, como se dijo, no hipoteca la estrategia de regionalismo abierto, de no anclarse a un determinado proyecto, bloque, subregión o pacto, sino que se debe seguir profundizando la inserción internacional, a través, también, de la vía, entre otras, de la rebaja unilateral en el plano arancelario.

Como titular de la Cartera de Hacienda, debo reconocer que el Gobierno habría incurrido hasta hoy, 2 de julio, en un leve incumplimiento. En efecto, el Ministro que habla se dedicó durante el primer semestre de este año a promover, diseñar y analizar lo relacionado con la rebaja arancelaria unilateral, pero todavía no llega al Congreso un proyecto de ley en ese sentido. Sin embargo, al mismo tiempo, como se trata de una cuestión de largo plazo y como las rebajas se determinan sopesando distintos elementos y en un escenario de mediano y largo plazo, me parece que un incumplimiento de algunas semanas no resulta grave, y menos en el fondo y el espíritu.

Deseo consignar que el diseño técnico de dicha iniciativa se halla prácticamente concluido, que se revisan algunos de sus aspectos jurídicos, que la próxima semana se entrará a una acelerada redacción final y que, formalmente, se presentará un proyecto de rebaja unilateral de aranceles en torno de unos tres puntos porcentuales, como se había comprometido y anunciado. Pero lo anterior debe ser analizado considerándose la trascendencia y celeridad que merece el tema, por cuanto el Gobierno procederá incluso en un marco de más significación que lo que constituye el aporte fiscal al desarrollo.

Justamente, el lunes recién pasado por la noche el Presidente Frei dio a conocer el llamado "Plan Invierno", de carácter extraordinario, que apunta a la reconstrucción por los daños del temporal. Se ha expuesto un compromiso de acción por unos 80 mil millones de pesos, lo que importa casi 200 millones de dólares. El Gobierno debe enfrentar ese gasto con el Presupuesto de la Nación, lo que aconseja extrema cautela en el manejo de las finanzas públicas.

No se presentará una iniciativa de rebaja arancelaria que hipoteque la inversión social y el esfuerzo que se lleva a cabo por la gente. Jamás se caerá en ese escenario. Lo que se hará es enviar un proyecto balanceado, donde se establezcan algunos recargos prudentes y moderados en ciertos tributos indirectos, con un carácter progresivo, que proteja a los sectores más vulnerables a ese paquete y en tal forma se equilibre, de manera gruesa, la compensación arancelaria buscada. Y, al mismo tiempo, para financiar las medidas en ciento por ciento, se agregará una campaña especial del Servicio de Impuestos Internos, con fiscalización y ejercicio de sus atribuciones, para disminuir los porcentajes todavía altos de evasión en el Impuesto al Valor Agregado.

De ese modo, pensamos que se puede cumplir realista y prudentemente con el compromiso de seguir avanzando en la inserción internacional de Chile; que ello se puede realizar con una compensación en lo grueso, pero sumando, también, un esfuerzo claro del Gobierno en el combate a la evasión, que sabemos que castiga a los buenos contribuyentes y representa una erosión a los recursos fiscales.

De esta manera, señor Presidente, luego de dar excusas por las "semanas de incumplimiento", el Gobierno reitera los compromisos asumidos en la anterior discusión.

Muchas gracias.

El señor ROMERO (Presidente).-

A continuación, tiene la palabra el Senador señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente, instrumentos como los tratados de libre comercio, los acuerdos internacionales u otro tipo de convenios, son sólo herramientas -y no objetivos en sí- que propician y fomentan el desarrollo económico, promueven el crecimiento de la economía e incentivan la creación de comercio, no su desvío. Algunos tratados suscritos anteriormente han sido criticados en la actualidad, porque han significado, antes que la creación de comercio, un importante desvío de éste. No he escuchado, por ejemplo, las opiniones calificadas de las autoridades respecto de las acusaciones de desvío de comercio registradas con ocasión del tratado con Méjico.

Empero, no deseo apartarme del tema en discusión. Estos instrumentos, herramientas o mecanismos tienen significado internacional, son sociales, nos vinculan, pero no son en sí el objetivo.

A veces, por la naturaleza de las argumentaciones esgrimidas y por el fundamentalismo que rodea a algunas de ellas, parece que en su esencia, los tratados son el objetivo de una política internacional o de inserción, como se señala.

Voy a partir de una afirmación que nadie ha hecho. Y lamento que no haya sido parte de lo comunicado por el señor Ministro de Hacienda.

Nadie ha hecho una estimación, ni ha dicho -por lo menos, no he escuchado nada al respecto-, de cuánto es lo esperado como fruto de este Tratado de Libre Comercio que estamos suscribiendo con Canadá; nadie ha explicado cuánto crecerá el producto o cuál será el efecto de ello. A pesar de eso -ya que mi crítica no apunta en ese sentido-, asumo y supongo que en esta oportunidad, frente a un instrumento posible, positivo, accesible, etcétera, el Tratado debe ser suscrito por nuestro país.

Sin embargo, no se ha dicho -lo que es muy grave, a mi juicio- que el hecho de que al país le convenga un tratado como éste, no significa que el beneficio sea igual para cada una de sus actividades o cada una de sus regiones.

En consecuencia, lamento que no prosperara una propuesta que hicimos en la Sala hace más o menos cinco años -arreciaba el ímpetu e interés por acelerar las negociaciones respecto del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, más conocido como NAFTA-, ocasión en que oficiamos a las autoridades pidiéndoles que, a fin de aproximarnos debidamente a estas negociaciones, se hiciesen cuentas no sólo por actividades, sino también por regiones. Ahí están las asociaciones gremiales de empresarios, productores, etcétera, que pueden realizarlas si no lo hacen las autoridades. Porque nada asegura que llegue a cada una de las regiones el eventual beneficio previsto, pero no dimensionado, para el conjunto del país. Me parece que si el Tratado es bueno para el conjunto de la nación, sería razonable que, hechas esas cuentas, pusiéramos en práctica instrumentos o planes que compensaran, reconvirtieran o, en definitiva, dieran oportunidad a aquellas regiones donde los efectos del Tratado pudieran no ser positivos o ser francamente negativos.

En esa oportunidad oficiamos, incluso a través del Ministerio del Interior, a cada uno de los intendentes -en particular al de la Región del Bío-Bío, que tengo el privilegio de representar en el Senado-, para pedir que las regiones también realizaran cuentas. Lamento tener que decir esta tarde que ello no ha ocurrido.

Por lo tanto, nos aventuramos en un instrumento al que podemos colocar los adjetivos que deseemos y que seguramente -hacemos fe- es positivo, conveniente y satisfactorio para Chile, pero del cual desconocemos los efectos para nuestra Región. Ello es inconveniente, grave e, incluso, un poco superficial si se considera la manera cómo debería aprobarse un tratado como éste.

No me remito sólo a la actividad agrícola, que resulta muy afectada en un par de provincias de mi Región en que la agrupación gremial pertinente, la Sociedad Nacional de Agricultura, ha dado a conocer en forma bastante expresiva sus puntos de vista y las desventajas que ve en estos instrumentos. Si bien sus planteamientos merecen respuestas precisas y concretas, también estoy refiriéndome a otras actividades, que pueden sufrir estímulos, retrasos o incentivos negativos en nuestras regiones.

Lamento sinceramente que en nuestro país no se hagan esas cuentas regionales y se continúen aprobando estos instrumentos de inserción internacional, que deberían estar al servicio de nuestro desarrollo y crecimiento económico, impidiendo el desvío de comercio.

Por otra parte, deseo referirme al Acuerdo de Cooperación Ambiental entre Chile y Canadá, relacionado con el Tratado de Libre Comercio.

Comienzo por señalar algo que no deja de ser preocupante, sobre todo al vincularnos con un país grande y serio, según todos reconocemos, como es Canadá. Quizás el beneficio más expreso y evidente sea suscribir un tratado de esta naturaleza con una nación de tales características, que no tienen que ver ni con su nivel de riqueza ni otras consideraciones, sino con su comportamiento. La fórmula que se emplea en este Acuerdo de Cooperación no incorpora norma ambiental alguna, sino que simplemente obliga a los respectivos países a cumplir su propia legislación ambiental. Y respecto del nuestro, divide las disposiciones sobre la materia en tres grupos: unas de vigencia inmediata; otras con vigencia en seis meses más, y otras cuya vigencia dependerá del calendario que se establecerá dentro de los seis meses siguientes a la suscripción y ratificación del Tratado.

Tal escalonamiento deja en evidencia algo reconocido en nuestra legislación ambiental, cual es que estamos acostumbrados a no cumplirla. Reconocemos el hecho de que postergar la vigencia de algunas disposiciones significa que no regirán. Pero dentro de las de vigencia inmediata hay dos o tres que me preocupan, porque en algunos casos se trata de normas mal acotadas o inexistentes en nuestro país. La primera de ellas consta en la página 55 de este Acuerdo. Es la Resolución Nº 12.600/322, VRS/94 de DIRECTEMAR, que regula las descargas de residuos líquidos a los cuerpos de agua bajo la jurisdicción de este organismo. Cabe tener presente que esta normativa de emisiones no ha sido publicada y, por ende, no está en vigor. Tengo la certificación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente -organismo que se preocupa de estas materias y que por ley tiene la responsabilidad de sancionar y elaborar el procedimiento que la ley establece para fijar normas de emisión-, donde se señala que dicha resolución no es obligatoria. Y, más aún, la hace parte de sus prioridades para ser promulgada en el futuro próximo.

En definitiva, en el primer lugar de las resoluciones relativas al recurso natural "agua", se incluye una que no ha sido publicada, por lo cual no será aplicada. Esto nos pone en un pie singular respecto del significado que tiene hacia el interior del país la suscripción de tratados internacionales. Porque la Constitución Política, en el artículo 50 (relativo a las atribuciones exclusivas del Congreso), al establecer que la aprobación de los tratados "se someterá a los trámites de una ley", los asimila a las leyes. De manera que habrá la posibilidad de un alegato, o de un eventual juicio, respecto de una normativa a la que nos estamos obligando, con vigencia inmediata, en el Tratado de Libre Comercio con Canadá, una vez que se convierta en ley. Porque este Tratado podrá ser ratificado, pero esa parte del Acuerdo de Cooperación Ambiental no regirá en Chile por no haberse cumplido los pasos relativos a las normas de emisión contempladas en nuestros propios cuerpos legales.

Se podrá argüir que tenemos potestad para eliminar esa mención en cualquier momento. Pero ello nos deja en el papel absurdo de que lo primero que hayamos de hacer luego de suscribir el Tratado sea suprimir una norma por no corresponder a las disposiciones en vigor.

En síntesis, nos estamos obligando a cumplir una norma que no está vigente, lo cual -por decir lo menos- no es serio.

En cuanto al recurso natural "aire", se menciona, también con vigencia inmediata, el decreto supremo Nº 185, de 1991, citado como del Ministerio de Salud, que fija normas de calidad ambiental primarias y secundarias, para anhídrido sulfuroso y material particulado y establece procedimientos de medición.

El decreto supremo Nº l85 no es del Ministerio de Salud, sino del de Minería. Podrá sostenerse que el asunto es menor. Pero cuando aquí en el Congreso uno pide el decreto supremo Nº l85, de l991, del Ministerio de Salud, le contestan que no existe, y que sí hay otro del Ministerio de Minería, con el mismo número, referente a la materia.

Si alguien cree que Chile da un buen examen y queda como nación seria cuando el propio país incorpora en un tratado un cuerpo legal de vigencia inmediata que está mal referenciado, permítanme decirle que no es así. Este tipo de errores debería ser corregido. Es cierto que es factible hacerlo posteriormente cuando queramos. Sin embargo, no me parece adecuado partir de esta manera.

Por último, en la página 60 del Acuerdo se alude al decreto supremo Nº 278, de 1982, del Ministerio de Economía, que aprueba el reglamento de seguridad para el almacenamiento, refinación, transporte y expendio de combustibles líquidos derivados del petróleo. Este decreto fue publicado en febrero de 1983, y así se indica. ¿Qué pasó? Que el 5 de agosto de 1996 se publicó otro decreto: el DS Nº 90, del mismo Ministerio, que en el artículo 4º prescribe: "Deróganse los decretos supremos Nºs. 278, de 1982, y 63, de 1983, ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.". Por lo tanto, hemos incluido en el Acuerdo de Cooperación Ambiental un cuerpo legal ya derogado. Seguramente se me contestará que no importa, que eso no influirá y que regirá uno nuevo.

Éste es el examen que estamos dando como país. Y ésa es la razón por la cual nosotros pedíamos que la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales analizara estos aspectos y procediera a corregirlos. Yo descubrí tres referencias mal hechas, sin haber efectuado un análisis exhaustivo del Acuerdo (no pertenezco a ninguna de las Comisiones a las que se encomendó emitir informe sobre la materia). Ignoro si son solamente esas tres, o si hay más. Quizás tuve la suerte de prestar atención sólo a aquellas que tenían ese problema.

Indudablemente, el país no se va a detener por la circunstancia de haber incorporado las tres normativas mencionadas. Empero, lo menos que nos ocurrirá es que habremos retrocedido algunos peldaños en la consideración de seriedad con que nos estamos vinculando en un Tratado de Libre Comercio con un país reconocido como grande, desarrollado y serio.

Señor Presidente , anuncio mi mejor disposición para aprobar todos los instrumentos de crecimiento y desarrollo económico que sean necesarios, entendiendo que éstos nos permitirán resolver graves problemas sociales. Tal es mi propósito, y siempre he estado en idéntica posición. No obstante, expreso mi protesta por el hecho de que los documentos pertinentes contengan estos pequeños grandes errores, que no hablan bien de la seriedad con que debemos suscribirlos, ni -por supuesto- de la forma como aprobamos los tratados internacionales en el Congreso.

He dicho.

El señor ROMERO (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ .-

Como Presidente de la Comisión de Agricultura y Senador por una Región agrícola, pero, muy especialmente, en mi calidad de ingeniero agrónomo, de economista agrario, de profesor universitario durante muchos años, y, más aún, como agricultor nacido y criado en el campo, debo expresar mi honda preocupación por la completa falta de sensibilidad que demuestra el Gobierno, y particularmente el señor Ministro de Hacienda , respecto del sector agropecuario nacional.

El Tratado de Libre Comercio con Canadá, en opinión del Senador que habla, tiene muchos aspectos positivos y otros definitivamente errados.

Son positivos los esfuerzos por lograr acuerdos con un país tan querido para Chile como es Canadá.

Son positivos los Protocolos que acompañan al Tratado, que resguardan la soberanía nacional sin interferir en nuestras propias decisiones internas.

Es positivo que se consoliden y fortalezcan los aranceles ya negociados por Chile dentro del Sistema Generalizado de Preferencias, lo que permite al país mantener y acrecentar sus exportaciones a Canadá.

Es positivo el reconocimiento de que las bandas de precios nunca han sido fórmulas de protección, sino instrumentos necesarios para estabilizar las producciones internas.

Son positivos los avances hacia una economía chilena más abierta y globalizada, en la cual el país pueda mostrar sus ventajas comparativas para competir con éxito en el mundo.

Lamentablemente, como contrapartida, observamos lo siguiente:

-Se mantienen aranceles altos para los insumos requeridos por los chilenos para producir, y, a la vez, se acepta que iguales insumos ocupados por productores canadienses conserven arancel igual a cero. Con ello se crea una arbitraria discriminación en contra de los productores nacionales.

-Se establece que el petróleo y sus derivados tendrán una desgravación paulatina, lo que constituye una clara discriminación en contra del sector privado, al consagrar una injusta protección para una empresa estatal como la ENAP. Tampoco se considera que los combustibles son un insumo fundamental en la producción. Sin embargo, en el Tratado el Gobierno protege estos insumos, mientras desprotege los productos que con ellos se generan.

El Tratado de Libre Comercio con Canadá contradice los acuerdos respecto a plazos y desgravaciones ya convenidos por Chile con el MERCOSUR. Por lo tanto, se abre para los países que lo integran la posibilidad de reclamar respecto de las ventajas que nuestro país otorga al sector agrícola canadiense (previamente negadas al de los miembros del Mercado Común del Sur), creyéndose -a mi juicio, equivocadamente- que el MERCOSUR sólo puede invocar sus derechos respecto de la globalidad del Tratado con Canadá, y no con relación a las cláusulas de preferencias sectoriales otorgadas por Chile a favor de terceros países.

Dicha situación crea un campo de conflicto que podría llegar a significar que debamos entregar a las producciones agrícolas del MERCOSUR, las mismas ventajas que estamos contemplando para determinados productos agrícolas canadienses.

Todos somos partidarios de un Tratado con Canadá que abra nuevos caminos para la "agricultura potencial" chilena en la globalización de nuestra economía. Todos deseamos acceder a mercados más ricos y mayores que los nuestros. Pero no logramos entender cómo será posible triunfar en tal competencia, si Chile debe aceptar que nuestros competidores mantengan aranceles iguales a cero para los insumos requeridos para producir y, al mismo tiempo, conservar gravámenes para los mismos insumos ocupados en nuestro país, fijando aranceles altos y positivos.

¿0 no nos hemos dado cuenta aún -le pregunto al señor Ministro - de que los países con los cuales estamos suscribiendo acuerdos bilaterales tienen aranceles diferenciados y tributos iguales a cero para sus propios insumos productivos?

La sola consideración de lo que señalo debiera bastar para crear un gran consenso nacional respecto a la necesidad de terminar con la política de aranceles parejos, sobre todo si se tiene en cuenta que los aranceles de hecho son ahora disparejos en Chile, después de múltiples acuerdos y convenios bilaterales suscritos por el Gobierno.

Si los aranceles parejos e iguales para todas nuestras importaciones fueron una medida adecuada en el pasado para asignar recursos a sectores en los cuales Chile tenía mejores ventajas comparativas, hoy constituyen un estorbo para que esos mismos sectores puedan competir con las producciones externas.

Algunos afirman que cuando las rebajas paulatinas de aranceles nos lleven a un nivel igualitario de alrededor de 5 por ciento, el problema dejará de tener importancia. ¡Cuán parecida es la situación, si se compara con lo ocurrido con la UF! No cabe duda de que, en tal evento, el perjuicio se reducirá del 11 por ciento actual, a sólo el 5 por ciento; pero el costo que habrá pagado nuestra economía durante ese periodo será enorme e irreparable.

Lo mismo sucedió en el caso de la UF. Dicha única y monopólica cláusula de reajustabilidad, que no existe en ningún otro país de economía libre en el mundo -al igual que los aranceles parejos-, permitió, durante un periodo de coyuntura, incentivar el ahorro de largo plazo. Pero hace ya mucho tiempo que debió haberse eliminado la UF, pues ésta repite en el mes que viene la inflación del mes que pasó. Si así hubiese ocurrido, la inflación hoy sería cercana a cero.

Así ha sido públicamente reconocido por las autoridades especializadas en la materia. Sin embargo, recién ahora se inicia el proceso de desindexación de nuestra economía, habiendo anunciado hace poco el Presidente del Banco Central que ya no se reajustarán en UF los instrumentos de corto plazo.

Pero la demora en la toma de decisiones ha significado enormes pérdidas patrimoniales para quienes han debido endeudarse en UF y producir en dólares. El propio Banco Central ha perdido el total de su capital de más de US $ 3.000 millones, registrando hoy un patrimonio negativo cercano a los US $ 500 millones, que el Estado deberá reponer al Instituto Emisor.

La demora en cambiar nuestra política de aranceles parejos, en lugar de establecer aranceles cero para los insumos -iguales a los de los países con los cuales celebramos tratados bilaterales-, significará también -al igual que la UF- enormes costos para Chile y su agricultura.

Si los economistas siguen amarrados a sus fetiches teóricos y dogmáticos -manifestados ayer a través de la UF y hoy a través de aranceles iguales-, nuestra agricultura nunca podrá competir en igualdad de condiciones.

El Tratado de Libre Comercio con Canadá una vez más ha dejado de manifiesto los errores del Gobierno, que insiste en mantener supuestos principios dogmáticos, como han sido ayer los de la UF y hoy los de aranceles parejos. En la medida en que se globaliza nuestra economía, estas contradicciones se irán haciendo cada vez más patentes.

Un sólo ejemplo basta para dejar en claro lo que señalo. Con Canadá hemos acordado un arancel igual a cero para la cebada, que es insumo para la producción de cerveza. Es decir, las industrias chilenas podrán importar sus insumos pagando arancel cero. Sin embargo, este producto también se cultiva en Chile y los agricultores deberán pagar, para todos sus insumos, aranceles parejos del 11, 8 ó 7 por ciento. Tendrán que cancelar aranceles, mientras que los agricultores canadienses que produzcan cebada mantienen un arancel cero para sus insumos.

Opino que no debemos confundir los errores de política económica interna con nuestro deber de abrirnos al resto del mundo, ni mucho menos inferir un agravio al pueblo amigo de Canadá, cuyo Parlamento ya aprobó este Tratado.

Por eso, pido al Gobierno:

Primero. Que nos precise si rebajará o no los aranceles de los insumos agrícolas a igual nivel del que mantienen nuestros competidores.

Segundo. Que defina de una vez su posición en cuanto a si el compromiso asumido ante el Senado de otorgar los 500 millones de dólares para la reconversión agrícola, el 9 de septiembre del año pasado, en vista al Acuerdo del MERCOSUR, será respetado, creando la comisión administrativa de esos recursos entre Senadores y Gobierno.

Tercero. Que nos indique si la caída de 3 por ciento mostrada el último trimestre por el sector agrícola -único sector del país que muestra tal deterioro, en un proceso creciente de decaimiento-, se debe o no en su opinión a la falta de oportunas medidas o, tal vez, a su indolencia para hacer respetar la igualdad de condiciones que requiere nuestra agricultura para poder competir.

Cuarto. Que no olvide que, de acuerdo a las cifras oficiales de la Organización Mundial del Comercio, Canadá subsidia su agricultura en 800 millones de dólares anuales. Además, que ha quedado claro que sólo en el último año, con ocasión del término de los subsidios entregados para la producción de granos -especialmente en transporte-, ese país pagó más de mil millones de dólares a los afectados.

De no reconocer el Gobierno estas realidades, los agricultores no podrán competir, beneficiándose en cambio con este Tratado a ciertos sectores industriales, que transformarán las mismas producciones agrícolas, las cuales ahora serán importadas, a las que se fijará arancel cero para los insumos -se trata de insumos para producciones industriales-, el mismo arancel cero que injusta y arbitrariamente, en opinión de este Senador, se niega a los productores chilenos.

He dicho.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente , durante ya más de 20 años, Chile ha venido aplicando con éxito un modelo de desarrollo basado en una economía de mercado resueltamente abierta y apoyada en las exportaciones.

Gracias a esta profunda modernización emprendida por el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, mantenida por los Gobiernos de la Concertación, nuestro país disfruta hoy de un grado de dinamismo económico y de progreso que no parecían imaginables hace un cuarto de siglo.

La experiencia chilena, que hoy es un modelo indiscutido para Latinoamérica, coincide con la experiencia mundial en cuanto a que es determinante para el progreso y bienestar de los países el hecho de que las exportaciones lideren el proceso de crecimiento.

Dicha experiencia enseña también que la apertura económica conlleva una disminución en los costos para los exportadores. Y eso es, precisamente, lo que Chile necesita en estos momentos para resolver con eficiencia los problemas sociales que aún debe enfrentar.

De allí que en materia de apertura económica sea necesario avanzar mucho más acelerada y globalmente que cuanto se ha venido haciendo en los últimos años. Es un hecho que nuestro arancel externo de 11 por ciento resulta hoy comparativamente elevado en el nivel internacional.

Celebro, pues, que el señor Ministro de Hacienda plantee rebajar dicho arancel en tres puntos. Es un paso muy acertado en la dirección correcta.

En realidad, lo deseable sería un programa conocido que continuara reduciendo los aranceles hasta alrededor de 5 por ciento. Eso contrarrestaría, además, eventuales indeseables efectos de desviación del comercio.

Sin perjuicio de esto último, en lo inmediato, creo positivo que se firme el Tratado de Libre Comercio con Canadá. No ignoro las distorsiones que puede provocar una proliferación de tratados comerciales bilaterales, sujetos a las eventuales negociaciones más o menos acertadas, y en los que ambas partes contratantes están expuestas a múltiples posibilidades de presión interna.

Sin embargo, este específico Tratado con Canadá tiene rasgos diferentes. Desde luego -y lo más importante-, en comparación con los demás acuerdos que el Gobierno ha negociado o negocia, es el que más claramente promueve la libertad de comercio. Siendo así, el no firmarlo sería una contradicción con el compromiso de la política chilena en cuanto a una economía de mercado abierta.

Luego, constituye el primer tratado de esta naturaleza que Chile celebraría con un país plenamente desarrollado. Canadá es miembro del Grupo de los Siete; con un producto interno bruto cercano a 2 por ciento de todo el producto mundial -superior a la suma del PIB de Argentina y México-, que representa por sí solo alrededor del 8 por ciento del NAFTA; sus importaciones duplican las del MERCOSUR, y tiene una población de casi 30 millones de personas, con un poder de compra en importaciones de aproximadamente 155 mil millones de dólares anuales.

Ese mercado es el que se abriría por entero a nuestro país mediante este Acuerdo internacional.

Además, por la relación de Canadá con otros mercados comunes, la suscripción de este Tratado puede representar para Chile mejores condiciones de acceso a los mismos. Tal podría ser el caso de la Unión Europea y, ciertamente, del NAFTA. En modo alguno es excluyente del comercio con el resto del mundo. Por el contrario, constituye un paso que ahonda en la estrategia de apertura.

En tercer término, esas nuevas posibilidades de mercado a las cuales accederán los productores, trabajadores y consumidores chilenos, quedarán enmarcadas por un instrumento internacional preciso y estable, al resguardo de tentaciones o presiones proteccionistas de un grupo u otro.

En esa misma medida, son reglas de juego claras y permanentes, que no pueden modificarse al arbitrio de intereses parciales y circunstanciales.

En cuarto lugar, cabe tener presente que esos nuevos mercados no constituyen, en general, situaciones desventajosas para productores chilenos, salvo respecto de algunos productos agrícolas tradicionales. Nuestro país importa de Canadá principalmente bienes de capital y productos primarios, que en conjunto representan alrededor de 80 por ciento de las importaciones desde dicha nación. Así, pues, con pocas excepciones, Chile y Canadá son economías eminentemente complementarias.

En cualquier caso, no existe medida alguna de comercio exterior que de hecho pueda producir beneficios sólo para todos, sino que, desafortunadamente, siempre trae consigo perjuicios para algunos.

Además, el Tratado, en cierto modo, sólo consagra una tendencia que ya existe: recuérdese que las exportaciones chilenas a Canadá durante 1966 subieron en 45 por ciento respecto del año anterior, alcanzando 140 millones de dólares, en tanto que las exportaciones totales de nuestro país disminuyeron en 6 por ciento. No debe olvidarse, igualmente, que Canadá es hoy el segundo inversionista externo en Chile, con importante presencia en diversos sectores, particularmente en la minería y, especialmente, en metanol en Magallanes. Sus inversiones autorizadas superan ya los 7 mil millones de dólares.

Asimismo, será un Acuerdo ampliamente favorable para los consumidores chilenos, que accederán a productos canadienses de alta calidad y más baratos.

Por cierto, lo anterior no excluye la responsabilidad nacional en cuanto a ir en apoyo de productores agrícolas que se vean afectados. Es de justicia respaldarlos resueltamente, mediante los aportes directos que procedan, para la adecuada mantención de sus actividades productivas. Esa necesaria ayuda es una acción que corresponde al ámbito interno chileno y es responsabilidad de todos.

Por otra parte, las posibilidades de crecimiento de todos los sectores, con toda probabilidad, se verán favorecidas por la predecible mayor inversión extranjera directa en Chile. Es de recordar que la opción de celebrar este Tratado surgió del interés canadiense por aumentar su presencia en América Latina, ante la imposibilidad del Gobierno norteamericano de obtener una aprobación de "fast track" para la incorporación chilena al NAFTA, del que Canadá es parte.

La invitación a Chile obedece a que es la economía más estable de la región, pero tiene en vista, además, la entrada, por su intermedio, al MERCOSUR y demás países del área. Chile avanza hacia la calidad de "país-plataforma", que tanto ha beneficiado a otros que han sabido erigirse en tales.

El conjunto de estas nuevas condiciones representará, sin duda, para todos los productores chilenos, oportunidades muy superiores a las que se tendrían en caso de no aprobarse este Tratado.

Esto último se confirma, además, por el hecho de que las partes se comprometen al libre comercio transfronterizo de servicios, un área en la que nuestro país posee ventajas comparativas.

Cabe mencionar los anexos del Tratado relativos a cooperación laboral y medioambiental, respectivamente. Asigno especial importancia a la explicitación de que ambos Gobiernos sólo se comprometen a cumplir con sus respectivas legislaciones internas en cada caso. Habrá de atenerse, sin embargo, a que no surjan, a pretexto de ellas, nuevas formas de proteccionismo, que invoquen estos anexos para anular el acuerdo sustancial, el cual es beneficioso.

Las razones antes sintetizadas constituyen mérito más que suficiente, a mi juicio, para inclinarse por la aprobación de este Tratado.

He dicho.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Matta.

El señor MATTA.-

Señor Presidente, debatimos en esta Sala el Tratado de Libre Comercio y los Acuerdos de Cooperación Ambiental y de Cooperación Laboral, suscritos entre los Gobiernos de Chile y de Canadá.

Es importante destacar que el Tratado de Libre Comercio, en términos generales, representa un avance en la política de internalización de nuestra economía respecto de un país del primer mundo, integrante del Grupo de los Siete y del NAFTA, junto con Estados Unidos y México .

Sabemos que nuestras sociedades, como lo señala el mensaje presidencial en el proyecto de acuerdo, son dependientes unas de otras para incrementar sus respectivos niveles de desarrollo y así lograr la superación de la pobreza.

El desarrollo tecnológico nos lleva a la globalización de las economías.

Nuestro país presenta un cuadro de estabilidad política -muchas veces señalado- y de crecimiento sostenido de su producto en porcentajes superiores a 7 por ciento, y desde 1990 las exportaciones generales han crecido en 15 por ciento anual, en una diversidad cada vez mayor de bienes y servicios.

Canadá tiene un mayor desarrollo económico; posee casi 30 millones de habitantes y produce para una población prácticamente siete veces superior; cuenta con un ingreso per cápita de 20 mil dólares, y sus importaciones superan largamente los 150 mil millones de dólares.

Por otra parte, es interesante destacar que, en seis años, nuestras exportaciones a Canadá se han incrementado en más de 70 por ciento y que de nuestras exportaciones totales en el plano silvoagropecuario -del orden de los 5 mil 400 millones de dólares-, las referentes a dicho país suman aproximadamente 140 millones de dólares, con balanza favorable a Chile.

En suma, estamos ante un mercado económico claramente emergente y favorable para las pretensiones chilenas. Obviamente, nuestro país accede a un mercado de altos ingresos, con rebajas arancelarias y con un flujo de inversiones acordadas por parte de Canadá en nuestro país del orden de 8 mil millones de dólares, los que deberían aumentar en virtud del Tratado suscrito.

Subrayamos que el Acuerdo fija reglas claras con relación a situaciones como el "dumping", además de establecer fórmulas de solución de los conflictos de intereses comerciales.

Indudablemente, frente a este Acuerdo internacional expresamos nuestra inquietud respecto de los efectos contradictorios que podría tener sobre las actividades agrícolas en nuestro país. Es razonable esperar que nuestras exportaciones de frutas, hortalizas y vinos a Canadá continúen la expansión mostrada en los últimos años. Sin embargo, las producciones nacionales de granos -como la cebada, el trigo duro para pastas y galletas y la avena- al ser desgravadas, casi inmediatamente experimentarán una seria competencia con los productos canadienses, que, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, estarían recibiendo un apoyo promedio (subsidios incluidos) del orden de 29 por ciento.

Otros productos canadienses como granos de leguminosas secas, frescas o refrigeradas -que también reciben importantes apoyos del Estado- experimentarán una rápida desgravación que conducirá a que paguen sólo 3,5 por ciento de arancel en el tercer año; 2 por ciento, en el cuarto; y cero por ciento, en el quinto. En estos cultivos -frejoles, garbanzos, lentejas y arvejas- la contribución de nuestros modestos agricultores, campesinos chilenos, es muy significativa. Por ejemplo, 90 por ciento de la producción de arvejas la generan pequeños productores así como el 77 por ciento de la oferta interna de frejoles; asimismo, alrededor de 25 mil productores de leguminosas que cultivan unas 110 mil hectáreas a lo largo del país, podrían verse afectados, sobre todo los que se ubican en el secano costero y en la zona centro-sur del país.

Queremos afirmar de manera categórica que nuestra agricultura nacional debe ser claramente respetada.

Consideramos indispensable que se realicen profundas y detalladas evaluaciones de los efectos que éste y los demás acuerdos firmados por Chile provocarán en los productores y en la producción agrícola, en especial en las zonas más vulnerables y en los agricultores más débiles. Sin estas evaluaciones, agregar un tratado sobre otros puede convertir las inquietudes de los productores en realidades difíciles. No olvidemos que nuestra población rural supera los 2 millones 200 mil habitantes, representando casi el 17 por ciento de la población de nuestro país, y que ocupa el 60 por ciento de la fuerza de trabajo.

La ruralidad es una relación activa directa entre una sociedad humana y la naturaleza, donde conviven culturas distintas, etnias diversas, formas de organización social irremplazables. La vida rural es una forma de vida culturalmente aceptada y que no debe morir por un proceso migratorio acelerado. De ahí que la sociedad en su conjunto debe pagar el precio que tiene la modernización y la transformación del mundo rural.

Quiero señalar, a propósito de este debate, las graves situaciones por las cuales atraviesa la vida rural: 140 mil familias campesinas no tienen vivienda; sobre 45 por ciento de los hogares rurales no tienen luz; más de 60 por ciento de los hogares rurales carecen de agua potable; más de 80 por ciento de los caminos rurales se encuentran en mal estado; más de 8 mil localidades campesinas no tienen teléfono; más de 50 por ciento de la población rural se atiende en el sistema público de salud como indigente; 84 de las 100 comunas más pobres son rurales.

Podríamos dar más cifras y antecedentes, pero, simplemente, queremos que la autoridad fije su atención con más fuerza en lo que señalamos.

En consideración a lo anterior, solicitamos al Gobierno profundizar las estrategias conducentes a elevar la competitividad y la rentabilidad de las actividades agrícolas, y velar intensamente para que nuestros productores agrícolas encuentren opciones de producción y rentabilidad que impidan su abatimiento.

Es así como planteamos, en primer lugar, que se cumplan y se amplíen los compromisos destinados a entregar a los agricultores más modestos y más afectados los recursos presupuestarios anunciados con ocasión del Tratado con el MERCOSUR.

Queremos conocer el desglose por Regiones de los 83,5 millones de dólares acordados para 1997, en una primera etapa de 5 años y que a través de 39 programas apuntan a la internalización del sector agrícola, al desarrollo de mercados, al mejoramiento y protección de los recursos naturales y del patrimonio fito y zoosanitario, a la gestión en recursos hídricos y desarrollo del riesgo, y a medidas conducentes a la modernización de la vida rural. En este sentido, se advierte una marcada insuficiencia -como lo señalamos al fundamentar nuestro voto en las Comisiones unidas- entre lo propuesto y lo efectivamente desembolsado a través del INDAP y de otras entidades para el apoyo de la agricultura campesina. Consideramos insignificante el incremento de los 5 millones de dólares asignados a dicho Instituto.

En segundo lugar, solicitamos un fuerte respaldo a los mecanismos que estimulan la innovación y la elevación de la productividad. Es conveniente abrir nuevas alternativas productivas en todas las regiones del país, particularmente en las zonas con mayores limitaciones, como son las de secano y del centro-sur. Es muy preocupante el debilitamiento sufrido en los últimos meses por los institutos de investigación agrícolas y forestales.

Tercero, es indispensable una conducción más activa, comprometida y coherente con el sector público, para que, en acuerdo con el sector campesino y otros estamentos de la agricultura nacional, pueda realizar una estrategia de cambios en los cortos períodos de tiempo que los tratados establecen. Hay que considerar que los incrementos de la productividad y los procesos de diversificación en el agro pueden tomar largos períodos y exigir cuantiosos recursos.

Señalamos que no podemos rechazar este Tratado, ya que ello tendría efectos muy profundos, negativos y graves para la política exterior y comercial de nuestro país, y al hacerlo tampoco estaríamos contribuyendo a mejorar la situación de nuestra agricultura.

Votaremos favorablemente el proyecto de acuerdo, a pesar de las dificultades que someramente hemos reseñado para nuestra agricultura nacional, en la seguridad de que nos encontramos frente a un Gobierno sensible a los problemas de la agricultura familiar campesina.

He dicho.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, una vez más abordamos un tema complejo como es un Tratado de Libre Comercio con un país importante -en este caso, Canadá - que, junto con producir un nuevo avance en el escenario de la apertura al comercio exterior del país, acarrea también distintas consecuencias a diferentes sectores productivos nacionales. Por lo tanto, el Tratado no puede ser analizado en forma independiente de lo que ocurre al interior de los sectores productivos. Por eso mismo, deseo centralizar mi exposición, más que en muchos aspectos quizás positivos y de interés, en aquel que aborda negativamente una de las actividades más importantes del país: la agricultura. Lamentablemente, por distintas consideraciones que examinaremos, ésta atraviesa por una crisis extraordinariamente grave que, si bien muchos la reconocen, al final, quizás por falta de verdadero compromiso, no pasa de eso: un mero reconocimiento respecto del cual no se adoptan medidas concretas para superar las dificultades.

En efecto, la agricultura vive problemas que se traducen en algo quizás muy simple: una pérdida casi total de rentabilidad. En un estudio que hice hace algún tiempo, pude advertir que los precios agrícolas entre 1990 y 1997 -específicamente de once productos centrales en los cultivos tradicionales- habían disminuido, nominalmente, en 23 por ciento, lo cual significa en términos reales un porcentaje varias veces mayor. Mientras tanto, los costos de estos mismos productos se han incrementado a consecuencia del alza de los sueldos y salarios, de la unidad de fomento, de las tasas de interés bancarias o incluso de sectores financieros de la agricultura como es INDAP, etcétera. Lo anterior muestra un desbalance que, a mi juicio, ninguna actividad productiva en Chile puede resistir sin sufrir un grave deterioro. Los resultados concretos no sólo se traducen en cifras; se trata de gente, de personas que viven en el campo y que han perdido sus empleos o están subcontratadas o que sufren penurias económicas, puesto que este deterioro de la agricultura en las Regiones donde constituye una actividad central genera crecientemente un incremento de la pobreza en nuestro país. Sólo dos Regiones en Chile han aumentado su pobreza en los últimos años: la Sexta y la Séptima. Y ello se debe precisamente a este grave menoscabo de la agricultura nacional.

Frente a esta situación, no hay una respuesta global y ello se explica quizás por muchas razones.

Sin embargo, este Tratado de Libre Comercio contiene factores que obviamente deben ser analizados, puesto que inciden negativamente en el cuadro a que me he referido.

No podemos dejar de pensar que la caída en los precios se vincula directamente con la llegada de productos agrícolas fuertemente subsidiados, porque sabemos -y todo el mundo lo constata; aquí se han dado cifras- que los países desarrollados utilizan más de 180 ó 190 mil millones de dólares para subsidiar sus agriculturas. Y ello genera una actividad que en sí misma está intervenida y, por lo mismo, enfrentarla de la misma manera como se hace con otros sectores productivos es, francamente, una ingenuidad pasmosa.

Otra distorsión, por ejemplo, es el arancel cero -como se ha dicho- para los insumos y las maquinarias aplicado en ciertos países, con los cuales hemos celebrado o estamos por celebrar tratados de libre comercio. Indudablemente, ésa es una ventaja adicional que Chile y nuestros productores no tienen, lo cual -otra vez- los hace competir en inferioridad de condiciones.

Otras distorsiones provienen del tipo de cambio. Quizás la importancia de nuestra apertura al comercio exterior está dada por el valor de nuestra moneda con relación a las divisas más que por las barreras arancelarias. No sacamos nada con bajar los aranceles si el tipo de cambio se va al suelo. Porque ello al final lo único que permite es obtener una balanza comercial negativa, puesto que el modelo exportador chileno, que ha sido el que ha sacado adelante al país, se ve fuertemente afectado por esa situación. Sin embargo, eso es lo que ha estado ocurriendo en Chile. Obviamente, este cuadro genera como resultado una competencia desleal para el sector, o una tremenda dificultad del mismo para enfrentar los productos fuertemente subsidiados de otros países, impidiéndoles competir en igualdad de condiciones.

Nuevos tratados de libre comercio, con negociaciones que resultan a veces discutibles y de algunas de las cuales nos enteramos por la prensa, por enmarcarse dentro de otros regímenes, como la ALADI, sólo contribuyen a agravar la situación y, en general, hasta ahora, han dado resultados negativos desde el punto de vista de la balanza comercial.

En el caso del MERCOSUR, costó convencer a nuestras autoridades de que se ocasionarían daños y finalmente se ofreció un programa de compensaciones que después se ha diluido en una infinidad de programas que no sirven para contrarrestar las dificultades que se provocan, ni mejoran la capacidad competitiva y ni alcanzan lo que todos queremos: un arancel cero, sin dificultades, en los distintos sectores productivos.

Por lo demás, el ambiente de libre comercio se ve empañado con situaciones como las que están viviendo hoy el sector maderero, el salmonero e incluso, hasta hace poco, el exportador de frambuesas. Países como Estados Unidos, que se proclaman campeones en materia de apertura al comercio exterior y de libertad económica, están incrementando su proteccionismo sobre la base de falsas barreras fitosanitarias o de medidas ambientales. Y se ha dañado la actividad exportadora nacional, lo cual genera un marco de desconfianza y obliga a tomar medidas especiales, que no siempre se tienen en consideración, pero que, en todo caso, debilitan la situación e impiden avanzar con mayor rapidez, particularmente en áreas como la agrícola, que son extraordinariamente sensibles a estos daños. No podemos olvidar el caso de las uvas en 1989, que luego se demostró absolutamente falso. Sin embargo, se causó un detrimento no sólo directo, sino también un lucro cesante para la imagen de Chile, que ha costado mucho recuperar, sin que por cierto el país responsable se haya hecho cargo de acciones que significaron un claro perjuicio económico para nuestra economía y los productores agrícolas.

Ante esta situación, uno se pregunta ¿qué se debe hacer? Por cierto -y sin ánimo proteccionista ni, mucho menos, de pedir la aplicación de medidas subsidiadoras-, estamos planteando la necesidad de definir una política que permita a la agricultura competir de igual a igual en el tiempo frente al resto del contexto internacional. Y para ello se requieren medidas muy importantes, que no siempre son recogidas por la autoridad.

Por eso, nuestra votación -ayer en el MERCOSUR, hoy en este Tratado y mañana en otros semejantes- está directamente relacionada con la respuesta que dé la autoridad frente a esta materia.

Volveré a enumerar al menos seis medidas concretas que me parece necesario adoptar. Y en consonancia con la respuesta que hoy se entregue, así será nuestra posición.

En primer lugar, considero indispensable fortalecer la Comisión Antidistorsiones. No parece responsable seguir dándole vueltas al asunto y haciendo anuncios si al final no hay reales cambios de composición, de atribuciones, de transparencia, de simpleza en los procedimientos, de iniciativa, para poder realmente afrontar las distorsiones que provienen del extranjero.

En segundo término, es necesario aplicar desde ya arancel cero para los insumos y maquinarias agrícolas. Mucho se ha dicho sobre esta materia, de manera que no entraré a fundamentarla, pero, en todo caso, es un paso esencial para asegurar la competitividad del sector en el corto plazo.

Tercero, el señor Ministro ha anunciado que en los próximos días propondrá una rebaja arancelaria. Sobre este tema, reitero lo que ya manifesté en la Comisión: me parece de la esencia de esta situación que, si se produce dicha disminución arancelaria, los productos agrícolas con un calendario de desgravamen distinto deben mantener el nivel logrado en los tratados de libre comercio. Si se reducen los aranceles en forma pareja, olvidando lo que se ha obtenido con estas negociaciones, que aun cuando puedan ser insuficientes algo representan, se borrará con el codo lo que se ha hecho con la mano y, simplemente, se ocasionará un daño a la actividad agrícola. Por lo tanto, la rebaja arancelaria, a nuestro juicio, debe respetar los gravámenes sin afectar los calendarios establecidos por los tratados de libre comercio.

Cuarto, interesa conocer la respuesta de la autoridad al planteamiento del gremio agrícola acerca de la creación de un fondo de estabilización de ingresos que, ante las fluctuaciones de precios y cambios climáticos, dé seguridad a los agricultores que pongan su cuota en esta materia, evitándoles el daño que estas situaciones provocan y permitiéndoles afrontar el futuro con mayor certidumbre. Este mecanismo existe en los Estados Unidos y en Canadá. Por lo tanto, no sería nada de extraño adoptarlo.

Quinto, queremos insistir en que las medidas compensatorias para el MERCOSUR vuelvan a los programas centrales, sobre los cuales estuvimos conversando, y no se diluyan en decenas de programas que al final no contribuyen a lograr el objetivo.

Por último, estamos conscientes de que el proceso agrícola es difícil. Por la misma razón, las Regiones -particularmente las agrícolas- fuertemente dedicadas a este quehacer requieren generar alternativas diferentes de desarrollo productivo, materia sobre la cual la autoridad tiene la iniciativa. Hemos conversado con los Ministros del Interior y de Economía acerca de la materia y entendemos que existe buena disposición. Pero ya es tiempo de que se formulen propuestas concretas que permitan potenciar esas Regiones, fomentar el desarrollo productivo y, en cierto sentido, también descentralizar la actividad económica nacional. Todo ello requiere la voluntad política del Gobierno y no sólo del señor Ministro de Agricultura , sino también de otros, particularmente el de Hacienda, de quien dependen muchas de las medidas, puesto que en la mayoría de los casos tienen carácter tributario.

En consecuencia, uno debe preguntarse: ¿cómo se enfrenta este proceso? Nuestra voluntad es permitir que Tratados de esta naturaleza puedan aprobarse, pero ciertamente no lo haremos si acaso, al ir avanzando, vamos dejando de lado ciertos sectores productivos que representan a millones de personas. Prácticamente uno de cada cuatro chilenos vive directa o indirectamente de la agricultura. Y si no hay respuesta para ellos, yo me pregunto si, en nombre de la mayoría, se puede prescindir de la minoría.

Pienso, tal como lo señalaba en la Comisión, que un padre que enfrenta dificultades económicas para mantener a sus hijos no puede, por así decirlo, alimentar a tres y olvidarse del cuarto. Un buen padre de familia es aquel que se preocupa de todos sus hijos. Sin embargo, observo que, no obstante reconocerse estos problemas en discursos o en pasillos, lamentablemente, cuando llega la hora de tomar decisiones, no se adoptan las que se requieren para resolverlos. En nombre del bien común, no puede aceptarse que se den estos pasos si no se adoptan medidas como las que he propuesto y respecto de las cuales espero respuesta. Si ello no ocurre, por cierto no daremos nuestros votos favorables.

Estamos conscientes de que este Tratado específico no produce un grave daño a la agricultura, pero sí ocasiona perjuicios, y éstos se suman al que produjo el anterior y, también, adicionalmente, a la grave situación que está viviendo la agricultura desde hace varios años, por las razones antes mencionadas. Por eso, cada vez es más necesario demostrar voluntad para superar las dificultades de la agricultura, compensándola debidamente.

En estos momentos, el país necesita una señal. Y ésta es una oportunidad muy propicia para que la autoridad lo haga.

En estos días, hemos conocido la opinión de la Confederación de la Producción y del Comercio, cuyo Comité Ejecutivo, en carta del 27 de junio, se dirigió al Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura . En una de sus partes señala que dicho Comité "acordó, en su sesión del 24 de Junio pasado, reiterar la preocupación de todos los sectores productivos por la situación del agro nacional y transmitir esta inquietud a las autoridades económicas y sectoriales competentes, en orden a que se implementen las medidas necesarias y convenientes para superar estos problemas.".

"En particular," -agrega- "nos preocupa el proteccionismo existente en materia de comercio de productos agrícolas en las principales economías internacionales, caracterizado por la presencia de cuantiosos subsidios otorgados en favor de sus respectivas agriculturas.".

Y, por eso, señala: "Coincidimos con esa Sociedad en que esta situación genera una competencia desleal que no debe aceptarse pasivamente.".

Ésta es la opinión de los distintos sectores productivos del país representados en la Confederación de la Producción y del Comercio.

Muchos señores Senadores, de diversos sectores políticos, han planteado AQUÍ la misma inquietud y solicitan medidas. Lo que falta, sin embargo, es que el Gobierno asuma la responsabilidad que en esta materia le corresponde.

Lamentablemente, debo centrar tal responsabilidad en el Gobierno, porque las medidas que deben adoptarse en ese sentido -en cuanto a las de carácter legal- son de la iniciativa exclusiva de la autoridad. Y, por lo tanto, no podemos reemplazar esa determinación. En consecuencia, esperamos -una vez más- una respuesta del Ejecutivo. Por cierto, si ella no existe o es vaga o dilatoria, no nos quedará más que lamentar tal situación y dar nosotros la señal al país de que, para proteger a este sector agrícola tan importante, no estamos dispuestos a dar nuestros votos favorables al Tratado.

He dicho.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.

El señor MLADINIC (Ministro de Agricultura).-

Señor Presidente, señores Senadores:

Resulta innegable que el proceso de apertura que se viene produciendo en Chile durante ya casi un cuarto de siglo, ha provocado importantes cambios en el sector silvoagropecuario. Por lo demás, igual cosa ha sucedido en todos los países donde este proceso de apertura ha tenido lugar. Sin embargo, dicha apreciación debe balancearse con el extremo cuidado que los equipos negociadores han tenido en las difíciles negociaciones con México, Colombia , Venezuela, Ecuador y el MERCOSUR, donde los productos que quedaron excluidos de las rebajas arancelarias o con plazos de ajuste largos fueron mayoritariamente agrícolas. Y esto también es cierto si se revisa el acuerdo entre Chile y Canadá, que se discute hoy en la Sala.

Entonces, es evidente que en estos acuerdos la agricultura ha tenido un tratamiento de excepción en relación al resto de los sectores, lo que todavía es más notorio si se contempla, tanto en el caso de Canadá como en el de los demás acuerdos comerciales firmados por el país, una rebaja inmediata para los bienes de capital asociados al sector y para los insumos agrícolas.

Mal puede decirse, entonces, que no ha existido una preocupación preferente por la agricultura chilena.

Esa preocupación preferente del Gobierno del Presidente Frei por la agricultura se enmarca dentro de una política agraria. Y pienso que esta tribuna constituye una excelente oportunidad para debatirla con altura de miras, puesto que los agricultores requieren hoy, más que nunca, de políticas claras y estables en el tiempo, y no de distorsiones o seudoincentivos que no tienden a otra cosa que a ensanchar la brecha que les impide lograr una estructura de producción y de gestión moderna, rentable y competitiva.

Señores Senadores, hoy, en la práctica, nuestras opciones son: ceder ante las presiones de aquellos que temen a los cambios, o, por el contrario, avanzar prestando apoyo a quienes tienen el coraje para enfrentar dichos cambios.

Todo esto acontece en un mundo que evoluciona aceleradamente y donde el Gobierno ha definido con claridad sus políticas. No es posible, por lo tanto, formular una política sectorial que no sea coherente con la estrategia que Chile se ha dado y que es apoyada por una gran mayoría nacional. Además, hay que agregar que la política económica de un país no puede concebirse como la mera suma de sus políticas sectoriales.

Así entendida, la política agraria debe cumplir al menos dos condiciones: ser compatible con la estrategia-país, y velar por la modernización productiva y el desarrollo del sector. Esto no es imposible, como lo demuestran los muchos miles de agricultores exitosos; pero requiere de cambios inteligentes, perseverancia y cooperación permanente entre el sector privado y el Gobierno.

También precisa de un manejo delicado y cuidadoso, porque cuando hablamos de agricultura abarcamos muchas cosas: una cultura, un modo de vida, lo rural, la ocupación del espacio, la soberanía, etcétera. Pero también nos referimos a un sector productivo. Y el país ha optado por una política económica según la cual no se dicta desde el Estado lo que deben hacer los agentes privados. El Estado no escoge a los ganadores. Son los propios empresarios quienes, gracias a su empuje y esfuerzo, deben buscar las ganancias, inyectando significativas dosis de eficiencia económica al sistema, en vez de hacerlo a través de una planificación estatal. Lo que en este escenario le compete al Estado es proveer el entorno más adecuado para que se desarrolle la competitividad, promover la competencia y el mayor desarrollo de los mercados, tanto de bienes como de factores.

Nuestra firme decisión de facilitar el proceso de modernización obedece a que creemos que la agricultura chilena tiene futuro. Estamos convencidos de que el sector es y ha sido un pilar prioritario del crecimiento nacional. También estamos convencidos de que nuestra agricultura y nuestros agricultores son capaces de definir su propio futuro.

Muchas veces se han destacado las dificultades que enfrentamos para competir en determinados rubros y las ventajas que tendrían algunos de nuestros potenciales competidores. Pero seamos claros y francos. Si hubiera igualdad de condiciones entre todos los países y entre todos los rubros, si producir en Chile fuera igual que hacerlo en cualquier parte del mundo, no existirían los flujos de comercio internacional. Son las diferencias relativas las que permiten que los países se especialicen y aprovechen sus ventajas respecto de otras naciones. ¿No es ésta la razón de nuestras ventajas en frutas, vinos y otros rubros?

Por eso no compartimos el concepto de "crisis generalizada", que algunos dicen percibir. Lo que a nuestra manera de ver existe hoy es un proceso rápido de cambios y modernización, generado por la integración de Chile a la economía internacional, cambios que se producen con igual velocidad en todos los subsectores de la agricultura.

El escenario para aquellos que se identifican como "empresarios" nunca ha sido fácil. Está en el principio mismo de ser "emprendedor". Los que conocemos como "agricultores" son empresarios, pequeños, medianos o grandes. Pero en cuanto empresarios, el riesgo es algo inherente a su actividad. Desde épocas inmemoriales se utiliza el ejemplo de "tiempo de vacas gordas" y "tiempo de vacas flacas", para graficar los cambios económicos que esta actividad y otras traen consigo.

Si lo que los agricultores necesitan es que se facilite el cambio, estamos y hemos estado dispuestos a apoyarlos. Estamos y hemos estado dispuestos a escucharlos y a conversar con ellos. Pero hagámoslo con altura de miras y partiendo de hechos concretos.

Si el precio de la tierra no ha bajado, e incluso muestra alzas en algunos lugares, es porque, más allá de cualquier otra consideración, hay quienes esperan hacer un buen negocio con ella.

Si los salarios agrícolas suben, es porque se reconoce que ha habido un aumento de productividad.

Nos parece profundamente equivocada la imagen que en este sector algunos -no sin cierto desprecio, por lo demás- proyectan: como un segmento que no se ha modernizado, que no ha innovado. Honestamente, creo que pocos sectores debe tener la economía chilena -tal vez ningún otro- que presenten incrementos tan espectaculares en la productividad como el sector agrícola, a pesar de la caída del tipo de cambio real que aquí se mencionó, a pesar del aumento de los costos y de los salarios, y a pesar de los esfuerzos y tensiones que la apertura le significa. para el sector.

Los aumentos en los rendimientos de trigo, maíz y frutas son sólo explicables por la innovación tecnológica y por el esfuerzo de los empresarios. Si esto fuera efectivo, no se explicaría el gran incremento de productividad que han logrado. Sin embargo, ésta debe seguir aumentando si queremos competir con éxito en un mundo que, por su parte, continúa evolucionando y mostrando cambios.

También es importante destacar en forma especial a todos aquellos pequeños y medianos productores que, no teniendo todos los recursos ni toda la capacitación adecuada, son capaces de avanzar con decisión y optimismo en un proceso de modernización. Ellos cuestionan muchas veces con vehemencia los actuales instrumentos en apoyo del sector, los que, por cierto, estamos dispuestos a perfeccionar. Pero en esta misma Sala manifestaron que no pretenden obtener compensaciones por lo que no son capaces de ganar gracias a sus propios esfuerzos. Lo que buscan es que el Estado corrija las imperfecciones que afectan a los productores no organizados y a las empresas de menor tamaño, que, por lo demás, están presentes también en otros sectores de la economía.

Tampoco desconocemos que hay sectores que encaran situaciones difíciles. Pero ello nos obliga a centrar la discusión en la forma de entender y enfrentar la gestión agrícola, la modernización de los procesos productivos y comerciales y la exploración de nichos de mercados, nacionales e internacionales.

Es más, estoy convencido de que la preocupación por el sector debe centrarse en temas como las tendencias del mercado; las tendencias en el mercado de bienes, en el mercado del trabajo; el desempeño del mercado de la tierra; la disponibilidad de agua para riego; los cambios de escenario en la agricultura mundial; qué sucederá con los países que producían en la órbita de la ex Unión Soviética: ¿seguirán siendo demandadores netos de alimentos? ¿Pasarán a ser exportadores? ¿Cuánto afectará eso el precio de los alimentos? Dichas variables, mucho antes de que se cumplan los plazos brindados por las negociaciones internacionales, serán más relevantes en las decisiones acerca de qué producir y cómo producir, que los posibles impactos arancelarios de acuerdos en los que el tema agrícola es definitivamente menor, sobre todo ante la próxima discusión de una rebaja unilateral de aranceles que la propia Sociedad Nacional de Agricultura, en esta misma Sala, ha apoyado.

Señores Senadores, estamos frente a un importante proceso de cambio, inevitable y, además, bueno para el sector en el largo plazo. Y, por lo tanto, es también bueno para el país. Este proceso, por lo demás, ha abierto valiosas oportunidades al agro chileno. No es conveniente ni justo que quede la impresión de que los acuerdos internacionales sólo han traído perjuicios para el sector, pues no son pocos los beneficios. Ello ha sido percibido no sólo por los agricultores chilenos que exportan (fruta, vino, productos agroindustriales), sino por los representantes de otros países que, por razones similares a las nuestras, pretenden suscribir nuevos tratados internacionales.

A este respecto, me gustaría citar textualmente las palabras de la Embajadora señora Charlene Barshefky , representante de comercio de la primera potencia exportadora del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, quien, ante el Comité de Agricultura del Senado de ese país, hace sólo un par de semanas (el 18 de junio) manifestó su creciente preocupación porque: "Todos nuestros principales competidores -la Unión Europea, Canadá , Australia, Brasil y Argentina- han estado agresivamente desarrollando mercados a través de Tratados de Libre Comercio que nos excluyen. Los Estados Unidos se arriesga, por tanto, a ser marginado del comercio agrícola internacional a medida que nuestros competidores aseguran para ellos esos mercados. Así, crecientemente las reglas del juego están siendo escritas sin nosotros. Y en ninguna parte esta urgencia para expandir los Tratados de Libre Comercio afecta a la agricultura norteamericana con más fuerza que en Latinoamérica.

"Las consecuencias" -continúa- "para la agricultura norteamericana de estos y otros cambios que están ocurriendo en Latinoamérica son reales y no teóricas:

"Para una cantidad importante de productos agrícolas de exportación norteamericana, nuestros productores deben enfrentar aranceles de entre 8 y 20 por ciento si venden al MERCOSUR, mientras los miembros de ese conglomerado" -o los que han firmado acuerdos con ellos- "comercian entre sí con arancel cero.

"Cuando Chile termine de implementar sus Tratados de Libre Comercio, los exportadores agrícolas enfrentarán además de las Bandas de Precios para trigo, harina, azúcar y aceites vegetales, un 11 % de arancel versus una situación de arancel cero o casi cero para los exportadores desde el MERCOSUR y de varios otros países del hemisferio incluido Canadá .

"La Comisión de Manzanas del Estado de Washington y la Comisión para Peras de Washington, Oregon y California han identificado a Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador como mercados con buen potencial de crecimiento para sus productos. Pero esos mismos países han colocado aranceles de entre 15 y 25 % a las peras y manzanas norteamericanas, mientras que las peras y manzanas provenientes de Chile prácticamente no pagan arancel.

"Asimismo, el acuerdo bilateral Chile-Ecuador ha puesto el vino norteamericano en una situación considerablemente desventajosa. En efecto, el vino proveniente de Estados Unidos paga hoy un arancel de 25 % versus arancel cero para el vino chileno.

"En el caso de Venezuela como miembro del Pacto Andino y también como consecuencia de sus acuerdos bilaterales con Argentina y Chile han creado desventajas para varios productos de Estados Unidos, entre ellos fruta fresca y vino, respectivamente.".

Por lo tanto, el principal exportador mundial está reconociendo que, debido a los acuerdos comerciales que Chile ha suscrito con otros países del mundo, los productos chilenos están ganando ventajas y están desplazando a los productos norteamericanos. ¿Es o no ésta una ventaja para los productos chilenos, obtenida en acuerdos comerciales? Tenemos que entender que, nos guste o no, la agricultura chilena es dual, pues también existe una agricultura chilena exportadora, y no podemos desarrollar una política que obvie ese asunto. Debemos ser capaces de entender a la agricultura chilena que sustituye importaciones, pero también debemos comprender a aquella que promueve exportaciones.

¿Y qué pasa con los que quedan rezagados, con aquellos que no tienen todos los instrumentos para el cambio? Quisiera que llegáramos a un acuerdo acerca de cómo ayudarlos. Y no los ayudaremos si les damos falsas señales para que se endeuden más, para que se sientan confiados en que las cosas no cambiarán, y, por lo tanto, se resten del proceso de innovación.

Por el contrario, les facilitaremos el camino si focalizamos en ellos nuestros esfuerzos de fomento productivo, particularmente para quienes perciben, en las nuevas condiciones de rentabilidad y competencia, atributos y exigencias que están aquí, y para quedarse, y, por consiguiente, desafíos y oportunidades permanentes que deben enfrentar de todas maneras.

Para ellos el Gobierno ha diseñado una amplia Política Agroalimentaria y Silvícola , orientada tanto a mejorar y dar más transparencia al marco en el que operan los agentes económicos, como también a mejorar las capacidades y los activos de los empresarios, sean éstos del tamaño que fueren.

Quiero, una vez más, explicitar estos lineamientos.

Como principio orientador básico -lo señalamos-, hemos de crear una política agrícola coherente con el resto de la política económica.

También debemos comprender que ha de ser una política que reconozca que hay un espacio para el Estado, donde, entre otros temas tan importantes, están: respetar el entorno en que se desenvuelve la actividad; garantizar la libre competencia y actuar ante la presencia de distorsiones; proveer de una moneda estable y de los demás equilibrios macroeconómicos básicos; velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales; proteger nuestro patrimonio fitosanitario y sanitario; fomentar la innovación y el cambio tecnológico; proteger y preservar nuestros recursos naturales, desarrollar la infraestructura pública, incluidas las obras de regadío, etcétera. Pero también debemos entender que hay un tremendo rol para la empresa privada, para aquellos que se definen como empresarios agrícolas: ellos, y sólo ellos, tienen que decidir qué producir, cómo producir, cuándo producir y cuánto producir.

Asimismo, expresamos que debe ser una política que reconozca las deficiencias de la pequeña y mediana empresa agrícola para acceder a los mercados, porque ahí deberíamos centrar buena parte de nuestro apoyo.

Igualmente, hemos de ser capaces de entender que ésta tiene que ser una política sustentable. Estamos hablando de recursos naturales, y su explotación debe ser sustentable. No se trata de que de la explotación se beneficie sólo la generación presente, sino que debemos ser capaces de desarrollar una política que igualmente permita que haya agricultura para las generaciones futuras.

Sobre estas bases trabajamos en el diseño de instrumentos. Lo hicimos con la Quinta Subcomisión de Presupuestos, y se acordaron algunos programas e instrumentos. Y no fueron cuatro, como se mencionó en la Sala del Senado, sino diez. Tengo a mano el informe de la referida Subcomisión donde consta que son los siguientes: promoción de exportaciones; decreto ley 701; programas de riego y drenaje; instrumentos CORFO, enmiendas y fertilización fosfatada de suelos; agricultura campesina; protección de recursos naturales; programas de investigación e innovación tecnológica; emergencias agrícolas, y programas especiales. Para cada uno de ellos se determinó un incremento del presupuesto para este año, con una suma total de 83,5 millones de dólares.

En seguida, en el mismo informe, se señala lo siguiente: "La proposición del señor Ministro precedentemente consignada, para el año 1997, fue acogida favorablemente por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión...".

Por lo tanto, después de tratar estos temas, creemos posible discutir -lo mencionó, si mal no recuerdo, el Senador señor Larraín - una mejor focalización de los fondos. Está vigente el compromiso de destinar, en los próximos cinco años, incluido el actual, 500 millones de dólares adicionales de presupuesto. Y estimamos que las Comisiones de Agricultura de la Cámara y del Senado son los mejores interlocutores para ello.

No consideramos conveniente crear -ni corresponde hacerlo, como alguien lo mencionó- una comisión administrativa. ¡Por favor, Honorables Senadores, entendamos que la facultad de administrar es privativa del Ejecutivo! Y a nosotros se nos va a juzgar por ello. Pero estamos dispuestos a conversar, a compartir ideas con las Comisiones de Agricultura de ambas ramas del Parlamento, y a recibir propuestas acerca de cómo utilizar mejor los recursos y mejorar el uso de los instrumentos, tal cual lo hicimos en la propuesta precedente, aprobada por unanimidad, y seguir avanzando en la próxima discusión presupuestaria.

No creo necesario insistir en la evolución de los gastos, pues se entregó a cada uno de los miembros de las Comisiones de Agricultura, tanto de la Cámara como del Senado, copia del informe en que se explica cómo se han gastado esos fondos. Y estamos dispuestos -insisto- a mejorar la asignación de los mismos.

Se han mencionado también otros temas, como el de los subsidios. Hemos dicho que -queremos reiterarlo, por si queda alguna duda-: si algún productor o empresario chileno tiene antecedentes para demostrar el ingreso al país de un producto subsidiado desde el exterior y que ello daña a la agricultura nacional, y ese perjuicio se prueba, corresponde aplicar medidas y derechos compensatorios. Ello está establecido muy claramente en este acuerdo entre Chile y Canadá.

Pues bien, se dice que en el mundo algunos subsidios distorsionan la actividad agrícola. Por cierto que los hay, y Chile ha participado activamente en tratar de eliminarlos. No obstante, se sostiene que aún subsisten; pero Sus Señorías deben de recordar que cuando se aprobaron en forma unánime los compromisos de la Ronda Uruguay, también se acogió el de reducir en 36 por ciento, en promedio, los subsidios a las exportaciones agrícolas, y que, a lo menos, todo código arancelario debería disminuir en no menos de 15 por ciento. Cuando se aprobaron los Acuerdos de Marrakech, también se determinó que, en promedio, los subsidios a las producciones agrícolas debían bajar en los próximos años en 22 por ciento.

Como puede apreciarse, en el mundo existe la decidida intención de disminuir progresivamente los subsidios agrícolas, que son muchos. Sin embargo, cabe preguntar si los miles de millones de dólares gastados en lo que aquí se menciona, lograron los objetivos para los cuales se destinaron.

Permítanme, Sus Señorías, recordar un solo ejemplo: la política agrícola común, el mayor programa de subsidios del mundo, se estableció para evitar que siguieran disminuyendo los productores agrícolas. ¿Qué ha sucedido desde que está en aplicación dicha política? En Italia, había 4 mil productores agrícolas; ahora, apenas 2 mil. En Alemania, de los 2.200, restan sólo 1.200. En Francia, existían 3.400, de los cuales subsisten 1.900. O sea, después de gastar miles de millones de dólares para tratar de disminuir el número de productores agrícolas, los resultados han sido esos.

Por lo demás, el asunto se discute permanentemente en la Unión Europea, porque la referida política, efectivamente, está cargando la mano a los contribuyentes de los países miembros, con objetivos bastante poco claros.

Eso no es lo que queremos para nuestros agricultores; ni tampoco subsidios que, junto con desaparecer, arrastren a esa actividad, la cual se mantiene en forma artificial.

Asimismo, se ha mencionado que debemos ser más ágiles para corregir tales distorsiones. Hemos convenido con la Sociedad Nacional de Agricultura encargar al Departamento de Economía Agraria de la Universidad Católica un estudio sobre las modificaciones que es posible introducir al proyecto acerca de las distorsiones producidas en el precio de mercancías importadas. Y, de paso, aprovecho la oportunidad para instar a Sus Señorías a que agilicen el trámite de dicha iniciativa, radicada en esta Corporación, que no pretende sino compatibilizar la normativa vigente con los Acuerdos de Marrakech. No es posible adoptar medidas compensatorias al voleo, sin una investigación previa. Tampoco es factible, al tenor de dichos acuerdos, aprobados unánimemente en esta Sala, aplicarlas antes de 60 días de iniciada la investigación, lo que consta en los instrumentos respectivos. Por lo tanto, debemos adecuar nuestras políticas y legislación, siempre y cuando nos mantengamos en el marco de un acuerdo internacional que fue ratificado por el Senado y que tiene un rango superior a aquélla.

Hemos sido muy claros en cuanto a que no seríamos consistentes si, por una parte, se pide apertura al mundo, y, por la otra, se desea mantener altos niveles de protección para nuestra economía. Ése es nuestro argumento ante el mundo y constituye una clara señal para el sector privado. Debemos luchar, como lo pedía él mismo, para abrir las economías agrícolas existentes; pero ello obliga a una clara apertura de nuestra parte.

Quiero resaltar, una vez más, que el proceso de globalización implica desafíos. Y deseo que tanto el país como los sectores productivos comprendan por qué estamos dispuestos a dar a la agricultura un trato especial. Se señaló en esta Sala que no lo hay. Se puso como ejemplo el problema que surge entre padres e hijos. ¡No existe en Chile una banda de precios para los televisores, lavadoras ni producto industrial alguno, pero sí para los agrícolas! ¡No existe en Chile un programa de fomento para ningún producto industrial, pero sí para las plantaciones y para proteger nuestros suelos que se están degradando! ¡No existe un plan de protección, como es el programa de mejoramiento de suelos, equivalente al de cualquier otra actividad! ¡No existen programas de promoción para pequeñas empresas de la magnitud del Programa de Agricultura Campesina, del INDAP! ¡No existen para el sector industrial programas de transferencia tecnológica de la magnitud del Programa de Transferencia Campesina!

Como puede apreciarse, hay un trato especial para la agricultura; y creemos que él se justifica, porque todos los países del mundo lo tienen. La Ronda Uruguay se discutió durante ocho años, y no porque se hablara de lavadoras o televisores, sino porque se sostuvo que esta vez la agricultura no quedaría fuera del acuerdo. Y como se trató el tema comercial, las negociaciones duraron ocho años. Muchos países están realmente decididos a reiniciar las conversaciones, tal cual lo acordamos en Marrakech, a fines de 1999, para comenzar a negociar el año 2000, e insistir en los avances que se requieren en todo el mundo frente a los cambios que necesariamente van a ocurrir.

Estamos, por cierto, ante un programa claro: mejorar la capacidad de los agricultores y sus activos; pero no podemos intervenir los mercados y fijar precios, porque no nos corresponde. Los precios son una variable tanto para los agricultores como para el Gobierno. Y, por lo tanto, debemos trabajar con ellos en cuanto a cómo aumentar su eficiencia, disminuir sus costos, mejorar sus potencialidades, capacidades y activos. A eso apuntan nuestros programas. Y estamos dispuestos a seguir conversando con las Comisiones de Agricultura de la Cámara y del Senado para perfeccionarlos. Incluso, respecto de un programa de seguros, hemos hablado con la institución que planteó la idea, la Sociedad Nacional de Agricultura. Queremos estudiar el sistema que ella propone, que no lo conocemos y que es nuevo y muy diferente a lo que se conoció en el pasado. Pero estamos dispuestos a analizarlo, para ver si es o no es pertinente su aplicación en la economía chilena.

Por lo tanto, debemos entender que nos encontramos en presencia de un sector diferente, el cual en todas partes tiene un trato distinto, y que requiere enfrentar los cambios. Hemos dicho -y lo reiteramos en esta oportunidad- que para ese desafío podrá contar con el apoyo del Ministro que habla y del Gobierno.

¡Muchas gracias!

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Señor Ministro, le agradezco mucho su intervención.

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Como lo sostuve en la Comisión, a mi juicio, éste es un buen tratado de libre comercio, por muchas razones que, a estas alturas, sólo vale la pena enunciar.

En primer lugar, es el primer convenio que se firma con un país desarrollado, lo cual es muy importante para Chile, porque la principal complementariedad económica de una nación subdesarrollada, como sigue siendo la nuestra, debe ser con el mundo desarrollado.

En segundo término, el tratado con Canadá, sumado al suscrito con México, permite dar un paso hacia adelante en la integración con el NAFTA.

Por otro lado, el presente acuerdo incorpora diversos elementos que no fueron incorporados en convenios anteriores. Por ejemplo, el que establezca el libre comercio no sólo de bienes, sino también de servicios; el que contemple resguardos para las inversiones; el que consagre mecanismos de protección frente a medidas "antidumping", y el que determine un sistema de solución de controversias. Desde este punto de vista, adicionalmente, el presente instrumento avanza en definir reglas de origen más claro que las logradas en el caso del MERCOSUR, pues consigna cláusulas que nos salvaguardan frente a situaciones excepcionales de crisis en la balanza de pagos, lo que al país le permitirá cierta flexibilidad en el comercio exterior.

Como se dijo, cuando entre en vigencia el tratado, más del 80 por ciento del comercio recíproco entre Chile y Canadá quedará libre de aranceles; y para el caso de este último país, al poco tiempo -en seis años- la liberación será total.

Pienso que además el convenio nos permitirá evitar que en el futuro se repitan situaciones de proteccionismo injustificadas; por ejemplo, las que estamos conociendo hoy día con respecto al salmón y la madera. Cuando los países no están adscritos a acuerdos, son fáciles víctimas de aquéllas; pero, cuando sí lo están, se encuentran protegidos frente a situaciones arbitrarias, como las que afectan y pueden seguir afectando a Chile en el mañana.

Desde otro ángulo, se ha escuchado al titular de Hacienda hacer un reconocimiento explícito del acuerdo a que se llegó en materia de aranceles el 9 de septiembre de 1996. Me alegro de ello, porque, como se señaló anteriormente, los acuerdos que surjan entre el Gobierno y la Oposición, y todos los demás, deben cumplirse. Por lo tanto, me felicito por las palabras del mencionado Secretario de Estado ; sin embargo, él ha reconocido un atraso de algunas semanas en el envío del proyecto respectivo. Espero que no tengamos discrepancias respecto del significado de la expresión "algunas semanas". Para mí, éstas se cuentan con los dedos de una mano, y ojalá que para el señor Ministro también se contabilicen de la misma manera.

En consecuencia, me parece que en esta materia tenemos un complemento necesario. Los acuerdos de libre comercio constituyen un atajo para la integración con el mundo, pero no la puerta principal, ya que ésta es la rebaja de aranceles.

Sobre el particular, recojo las palabras del Senador señor Errázuriz . Indudablemente, un país con aranceles para sus insumos y que compite en un escenario de libre comercio con los productos finales de otra nación que no los tiene, ciertamente, estará en situación de desventaja. Por consiguiente, mientras mucho antes bajemos nuestros aranceles, menor será la distorsión. Algunos han planteado reducirlos en forma diferenciada. Es un camino que, aparentemente, resulta atractivo y favorable; pero, si lo analizamos más a fondo -como cuando se discutió in extenso el asunto-, aquél, a mi juicio, revela dificultades insuperables.

También el señor Ministro se refirió a una rebaja de 3 por ciento. Sin embargo, pensamos que él debería ser más generoso en esta materia. Le pedimos menos generosidad en lo relativo a las semanas, pero más en cuanto a los puntos de rebaja del arancel. Tal vez, una disminución algo mayor podría aliviar los problemas de desviación de comercio y de competencia desigual mencionados durante el debate.

El costo de ese 3 por ciento es del orden de los 400 millones de dólares. Y aspiramos a que él sea financiado responsablemente en forma compartida y -como lo dijo el señor Ministro de Hacienda - con el esfuerzo de todos. Espero que el Estado no se excluya de "todos", porque la sociedad chilena la representan los sectores público y privado.

En lo referente a incrementos tributarios, ojalá que se busquen actividades con externalidades negativas, porque de esa manera lograríamos un doble propósito: recaudar recursos para compensar las rebajas de aranceles y, al mismo tiempo, corregir las distorsiones que afectan negativamente al país.

Por otra parte, el Ministro también anunció una campaña tendiente a evitar o reducir la evasión del IVA. Sin duda, estamos abiertamente a favor de esa idea, no solamente por lo que ello significa en la recaudación tributaria, sino además por lo que representa desde el punto de vista de equidad horizontal y del cumplimiento de las reglas del juego. Sin embargo, deseo agregar que, en materia de financiamiento de tal rebaja arancelaria, el Estado no puede ser como el padre Gatica , porque éste es un esfuerzo que debe ser compartido por toda la sociedad.

Aprovecho la ocasión para referirme a un asunto que, en mi opinión, resulta muy importante cuando se alude al tema de impuestos: el establecimiento de tribunales tributarios. Ellos son necesarios para terminar con el hecho de que el Servicios de Impuestos Internos sea juez y parte. Después de estudiar a fondo la materia, se comprueba que tal situación es casi única en el mundo.

También quiero aludir no a compromisos, pero sí a las peticiones recogidas por el señor Ministro de Relaciones Exteriores a propósito del análisis del MERCOSUR, las cuales consistían en avanzar, con la mayor rapidez posible, hacia un sistema de solución de controversias en lo que dice relación a tal tratado. Mientras antes contemos con él, sin duda, evitaremos conflictos cuya solución puede ser difícil. Además, se planteó la idea de extender esa posibilidad no sólo a los bienes, sino también a los servicios, lo que no ocurrió en el caso del MERCOSUR.

En cuanto a la agricultura, debo manifestar que en Chile, al hacerse la rebaja arancelaria en 1975, hubo muchas industrias que desaparecieron -por ejemplo, las desarmadurías de Arica-, ya que sin una protección importante, simplemente, ellas no podían existir. Y ésa solución no es válida para la agricultura chilena, pues ésta no puede desaparecer.

Por lo tanto, sobre la materia hay una realidad especial, un compromiso de la sociedad frente a un sector que indudablemente será afectado negativamente por una rebaja arancelaria de la naturaleza que tiene la que hoy día estamos discutiendo en el contexto de un acuerdo bilateral.

Señor Presidente , el presupuesto público actual para la agricultura es del orden de los 570 millones de dólares al año. Y existe un compromiso tendiente a asignarle 500 millones de dólares adicionales en un período de cinco años. Pero creo que nadie se encuentra contento por la forma en que se anticipa dicho gasto. Sabemos de los programas contemplados para 1997. Por eso, me parece que realizar un esfuerzo participativo, con criterios técnicos -como se acordó a propósito del MERCOSUR-, tendiente a buscar la mejor utilización de esos 500 millones de dólares, constituye un camino extraordinariamente fecundo para que ese dinero no sólo signifique gasto.

Aprovecho esta oportunidad para decir que los Ministros no cumplen su tarea gastando, porque el gasto es un medio; el fin, es resolver problemas. Lo señalo por cuanto en muchas ocasiones hemos oído en esta Sala a Secretarios de Estado que se felicitan por el solo hecho de aumentar el gasto, sin preguntarse para nada qué está pasando con los resultados. A mi juicio, ésa es una conducta muy poco productiva y fecunda.

En materia agrícola, se acordó en su momento establecer áreas, programas y campos en lo que dice relación, por ejemplo, al desarrollo de nuevos mercados, de tecnología; protección de praderas y suelos, de recursos hídricos y de recursos naturales; aspectos sanitarios; agricultura campesina. Pero ésos son conceptos agregados. La forma en que se gasten los 500 millones de dólares será determinante para apreciar si de verdad se contribuirá a que la agricultura chilena pueda competir en el nuevo escenario, inevitable, de un mundo más abierto, con mayor libre comercio.

Finalmente, señor Presidente , quisiera felicitar a los negociadores del Tratado, porque creo, realmente, que éste marca nuevas pautas y avances en materias no comprendidas antes en los convenios de libre comercio. Estimo, igualmente, que constituye un progreso muy significativo para el que se deberá discutir en relación con el NAFTA o con Estados Unidos, que me parece que constituirá la próxima etapa.

Sin embargo, quisiera asimismo enfatizar que, cuando un país se abre al mundo y gana como tal, como conjunto, y existen sectores que pierden, es perfectamente legítimo que la sociedad entera haga un esfuerzo para compensar a estos últimos, si, desde un punto de vista social, lo merecen. Y considero que la agricultura campesina y la pobreza rural definitivamente se encuentran en ese caso.

Y, también, cabe la asistencia para la reconversión y modernización de actividades que tienen que competir en un escenario distinto.

Por lo tanto, ligar el asunto agrícola con los temas internacionales de la integración es correcto en la medida en que no se pretenda evitar la integración con el mundo, sino compensar los daños que se causan a áreas que, desde un punto de vista social, merecen esa ayuda pública. Y gran parte de la pobreza de nuestro país está y va a seguir estando en las zonas rurales. De manera que el punto se relaciona con compensación o programas de naturaleza social.

Pero, además -insisto-, es perfectamente legítimo que sectores que pierden con estos tratados de integración puedan recibir por un tiempo un apoyo del Estado que les permita competir en condiciones más favorables.

Por todas estas razones, señor Presidente , y dejando muy en claro que esperamos el anuncio concreto, en un plazo muy corto, de un proyecto de ley tendiente a la rebaja de aranceles, como lo ha planteado aquí el señor Ministro de Hacienda , y que los atrasos se justifican una vez, pero no dos, voto a favor del proyecto de acuerdo sobre aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá .

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Se halla inscrito a continuación el Senador señor Prat, quien tiene la palabra.

El señor PRAT.-

Señor Presidente, estamos resolviendo lo atinente a la aprobación de la firma, por parte del Ejecutivo, de un acuerdo de libre comercio con Canadá. Sin duda, el objeto de ese texto es de amplio beneficio para el país, puesto que el profundizar una relación comercial constituye, sin duda, una fuente evidente de progreso. Son los vínculos de esta índole los que dan espacio al desarrollo de las actividades de los pueblos, los que, en la medida en que se integran, aumentan sus posibilidades de crecimiento material y humano.

Es cierto que el mejor acuerdo de comercio es el que se aborda con todo el mundo, a través de una relación igualitaria, por la vía de aranceles parejos, bajos, para todos los países. Con esa fórmula, no se producen distorsiones como la desviación de comercio, como los gastos en burocracia que importan estos acuerdos bilaterales y los reacuerdos y revisiones a que de continuo se debe proceder en torno de ellos, y tampoco las fuentes de conflicto que siempre surgen en ese tipo de actos. Pero, en esencia, en cuanto avanzan en profundizar una relación comercial, ellos son convenientes.

El instrumento que nos ocupa, en particular, aparece como bastante bien elaborado, bastante corregido, en relación con el concerniente al MERCOSUR. Se celebra, además, con un país al que todos apreciamos mucho, como Canadá. Y ello, por una amistad permanente, que se mantiene desde nuestros orígenes como nación; por la estabilidad y seriedad que ese Estado ha mostrado siempre en sus relaciones políticas y económicas; por el grado de progreso que se percibe en su economía. Por lo tanto, resulta muy grato trabar un vínculo de comercio como el propuesto.

No obstante, el tema en estudio revive una discusión que ya lleva un par de años en el Congreso y en la política nacional, en lo referente a cómo estas medidas, si bien benefician en conjunto a la economía, dejan áreas afectadas. Es el caso claro de nuestra agricultura, que se encuentra en un estado de postración realmente grave. Y, más allá de discursos, vale la pena que las autoridades tomen conciencia inmediata y urgente al respecto, porque la situación no resiste más. Son las palabras que literalmente procede emplear.

Hay sectores que se alarman por la posibilidad de que esta Corporación rechace el acuerdo. Pero también hay otros que lamentarían profundamente que se aprobara. El papel del Senado, en el asunto en debate, es la búsqueda del bien común, el atender a que la comunidad en su conjunto se beneficie con el Tratado. Y, por la forma como podemos legislar y analizar las materias, de un modo más profundo y tranquilo, a veces, que el propio Ejecutivo , pues no nos hallamos en el trajín del día a día a que obligadamente es sometido, nos es posible mirar el bien común en su conjunto. Y, sin duda, éste pasa por el bien de cada una de las partes. Es sabio -y corresponde- que el Senado se preocupe por los sectores que aparecen fuertemente afectados, particularmente el agrícola.

Los países, cuando firman este tipo de convenios, establecen medidas compensatorias. De hecho, se puede revisar la legislación existente en el propio Estados Unidos con motivo de haber aprobado el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México . Y se puede observar una batería de disposiciones -muchas de ellas funcionan y otras no; unas son adecuadas y otras, seguramente, no- que apuntan a compensar a los sectores de su sociedad que han resultado afectados.

Por lo tanto, es absolutamente legítimo -se halla en la línea de propender al bien común- el pedir que los sectores afectados sean compensados con medidas específicas. Es, justamente, lo que hicimos al concurrir con nuestro voto a aprobar la asociación de Chile al acuerdo relacionado con el MERCOSUR. En la Cámara de Diputados, se habían manifestado en contra las bancadas que, por nuestra parte, representamos acá, pero en el Senado se abrió una instancia de negociación que permitió concordar un conjunto de medidas -se ha señalado cuáles fueron-, un paquete de ayudas específicas, del orden de 500 millones de dólares en un plazo de cinco años, para propender a la modernización de la agricultura nacional, a la superación de condiciones estructurales que la hacen desmejorada en sus posibilidades de competir. Se acordó, también, proceder a una rebaja arancelaria en 1997, para que el sector y la economía en su conjunto pudieran desarrollarse superando la desviación de comercio que iba a traer el convenio relativo al MERCOSUR. Y, en consecuencia, desde el punto de vista de que se obtuvieron medidas concretas, pareció procedente apoyar el instrumento presentado en esa oportunidad.

Hoy nos encontramos ante el acuerdo con Canadá. Y, desgraciadamente, hemos visto en titulares de prensa de hace unos días, cuando se iniciaba la discusión del Tratado en la Cámara de Diputados, lamentables declaraciones del señor Ministro de Hacienda -aquí presente- que señalaban en forma taxativa que no habrá compensaciones para la agricultura. Ello, expresado en ese tono y con ese tamaño de letras de molde, constituye un balde de agua fría que afecta al Tratado y a la tramitación del proyecto de acuerdo, en conjunto.

Habríamos deseado que en el transcurso de los días dichas declaraciones se modificaran y que se hubiera abierto un espacio para recibir propuestas destinadas a recoger la situación de ese sector nacional perjudicado. Ha habido sugerencias en torno a ello: se ha hablado de bajar los aranceles de los insumos agrícolas, tales como maquinarias, fertilizantes, pesticidas y, en general, agroquímicos. Pero se ha argumentado que no se puede romper la política de aranceles parejos. Sin embargo, el propio Gobierno lo ha hecho en este acuerdo, pues se establece una desgravación diferente para el petróleo, la materia prima y el producto terminado. Tanto es así que en virtud del Tratado, al año 3, el petróleo crudo proveniente de Canadá tendrá un arancel de 5 por ciento, y los combustibles, uno de 7 por ciento. Y, al año 6, el petróleo crudo tendrá un arancel de 0 por ciento, y los combustibles, uno de 4 por ciento. Es decir, la política de aranceles parejos y la no diferenciación entre producto final e insumo es desbaratada por el propio Gobierno con la firma del acuerdo.

Entonces, no se diga que en la agricultura, que no es empresa estatal y que produce cientos de miles de fuentes de empleo, no es posible aplicar una política de desgravación anticipada, en un marco en que el país está avanzando hacia un arancel parejo y único que, de aquí a seis años, no debería superar el 3 por ciento. Atender a que se adelante la secuencia en el tiempo de los insumos de ese sector, debe ser considerado por el Gobierno tan legítimo como en el caso del petróleo en el Tratado suscrito con Canadá.

Pero, en fin, han predominado las declaraciones del señor Ministro de Hacienda -publicadas en la prensa- en cuanto a que no habrá compensaciones para la agricultura con motivo del acuerdo.

Sin duda, el Gobierno debe contar con los votos necesarios para aprobar el Tratado. Sin embargo, debe considerarse su bondad para el país, pero también sus desastrosos efectos en la agricultura. Se ha dicho que "el efecto en" este sector es marginal. Cuidado: la economía opera fundamentalmente por estados de ánimo, y la influencia de éstos es esencial en el comportamiento de los ciudadanos en el ámbito económico. Así, el estado de ánimo de los cientos de miles de actores de nuestra agricultura no da más, y esto, que podría considerarse sólo como una gota de agua, es lo que rebalsa el vaso.

Señor Presidente , votaré en contra del proyecto de acuerdo. Lo lamento por la amistad profunda que tengo con Canadá, pero siempre habrá tiempo para firmar un convenio con dicho país. Además, tengo la seguridad de que Canadá entiende esta posición, porque privilegia y protege su agricultura, pues comprende que la existencia de una proporción de la población dedicada a la vida agrícola es parte de su ser e idiosincrasia y, por lo tanto, lo reconoce en su legislación y esquema económico. Por ejemplo: en este Tratado no se incluyó la leche, por estimarse que su industria lechera es parte esencial de su agricultura, la cual -reitero- es parte esencial de su ser.

Por las consideraciones anteriores, y en el entendido de que mis amigos de Canadá comprenderán que estoy por los agricultores de Chile, voto en contra.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente, quisiera precisar algunos dichos del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra.

En primer término, respecto del daño que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte habría producido concretamente a ciertos sectores de Estados Unidos y Canadá, el comercio entre ambos países, antes de dicho acuerdo, era de 178 mil millones de dólares al año. Actualmente, el intercambio comercial entre ellos, a pocos años de la suscripción, es del orden de los 400 mil millones de dólares, es decir, un promedio mayor a mil millones de dólares diarios.

No cabe duda de que cualquier perjuicio que el NAFTA pudo producir a algunos sectores en términos puntuales, es mínimo en comparación con los gigantescos beneficios que ese Tratado de Libre Comercio ha significado para dichos países norteamericanos.

En segundo lugar, aunque no soy el llamado a interpretar las palabras de las autoridades de Gobierno, tengo el recorte con las declaraciones del señor Ministro de Hacienda cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá en la Cámara de Diputados. Lo que el señor Ministro dijo, era que, con la firma del Tratado, no habrá "nuevas" compensaciones para el sector agrícola.

A pesar de ello, hoy ha anunciado que se enviará -con algunas semanas de demora- un proyecto de ley de rebaja de aranceles. También en el Presupuesto de 1997 están contemplados 84 millones de dólares como primera cuota de los 500 millones de dólares que el Gobierno se comprometió a dar para la reestructuración del sector agrícola.

Señor Presidente , si cada tratado de libre comercio significará un desembolso de 500 millones de dólares para la agricultura, quizás deberíamos cuestionar más estos acuerdos.

Otros gremios agrícolas, distintos a la Sociedad Nacional de Agricultura -me refiero a cooperativas que reúnen a más de 25 mil parceleros-, asistieron a las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores, Economía y Agricultura, y se manifestaron a favor del Tratado en discusión. Por lo tanto, como el Presidente de las Comisiones unidas señaló que el sector agrícola se vería afectado, aclaro que, en realidad, sólo parte de él sufrirá las consecuencias, ya que la unanimidad de los gremios que asistieron a las Comisiones unidas formularon una propuesta positiva a la aceptación del Tratado. Y dentro de esos gremios, aquellos mayoritariamente representados también se manifestaron partidarios de este convenio.

Señor Presidente , es importante mantener una política de aranceles parejos para asignar bien los recursos, a fin de que no existan distorsiones de comercio. En todo caso, también se debe reconocer que en el período que media a la desgravación arancelaria total, asistimos a una suerte de "jungla de distorsiones" en el comercio, debido -como han expresado muchos señores Senadores- a la rebaja discrecional o arbitraria de determinados aranceles en el tiempo.

Pero también es cierto que la meta final es de apertura, de mayor libertad económica, y corresponde, a la larga, a lo que requieren la inteligencia y la coherencia de la política económica aplicada en Chile en los últimos 20 años.

Quisiera puntualizar respecto de uno de los tres productos desgravados arancelariamente desde un principio: el trigo candeal.

En este caso, la desgravación arancelaria producida por este Tratado es altamente beneficiosa para los productores de trigo candeal chileno, porque éste es un insumo para la producción de pastas, y mientras más se importa el trigo candeal "durum" -como se llama el de Canadá-, mayor producción de trigo candeal hay en Chile, ya que la composición de las pastas requiere un tercio de trigo candeal importado, el cual no se produce en Chile por sus características proteicas. Y mientras más se importe, más se va a producir en el país, porque la mezcla es necesaria.

Señor Presidente , en honor al tiempo no leeré lo que traía preparado -diversos señores Senadores se han referido ya al tema- sobre la importancia que este Tratado reviste para Chile. Simplemente, señalaré las características del nuevo socio que estamos teniendo en el marco de este instrumento internacional.

Como se ha dicho, Canadá es una de las naciones con mayor grado de desarrollo económico de América y es miembro del Grupo de los Siete, que reúne a las naciones más desarrolladas a nivel mundial. Tiene un Producto Interno Bruto de 560 mil millones de dólares (en cifras del año 1995), con un ingreso per cápita cercano a los 20 mil dólares, e importa anualmente alrededor de 155 mil millones de dólares.

Es un importante productor mundial de bienes y servicios de alto componente tecnológico, y sus procesos productivos se interrelacionan fuertemente con los de Estados Unidos, país con el cual -repito- mantiene el comercio bilateral más grande del mundo.

En los últimos seis años, nuestras exportaciones a Canadá se han incrementado en más del 70 por ciento, lo que indica la existencia de un significativo mercado emergente.

Canadá es el segundo mayor inversionista extranjero en Chile, con más de 7 mil millones de dólares de inversión autorizada, especialmente en los rubros de minería, telecomunicaciones, energía y electricidad. Tales inversiones persiguen objetivos de largo plazo, acompañados de políticas de desarrollo sustentable cuando se trata de recursos naturales.

Finalmente, señor Presidente , debo manifestar que nuestras exportaciones agrícolas a Canadá representan el 0,3 por ciento de las exportaciones totales de Chile. Cabe señalar que gozamos del privilegio de arancel cero para la exportación de fruta a ese país. Y esta medida no depende de convenios multilaterales, sino que puede ser revocada unilateralmente por Canadá. No es frecuente que esto ocurra; pero, ciertamente, representa un riesgo, en la eventualidad de rechazarse el Tratado.

Como estamos en votación, me pronuncio a favor.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Estamos procediendo en conformidad al acuerdo adoptado por la Sala, en virtud del cual los señores Senadores que lo estimen conveniente, emitirán su voto en el tiempo reglamentario de 15 minutos en que les corresponda intervenir, según el orden en que se hayan inscrito.

El señor PÉREZ.-

También se autorizó hacerlo en la Mesa, dejando el voto con el señor Secretario .

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Así es. Gracias, señor Senador.

Tiene la palabra el Senador señor Bitar.

El señor ALESSANDRI.-

¿Me permite formular una pregunta, Honorable colega?

El señor BITAR.-

Con la venia de la Mesa, con mucho gusto.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, ¿a qué hora podremos votar los que no estamos inscritos y no deseamos entregar nuestro voto en la Mesa?

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Una vez que termine la lista de oradores comenzará la votación. Y, como es por orden alfabético, Su Señoría lo hará en lugar preferente.

El señor ALESSANDRI.-

Muchas gracias.

El señor DÍAZ.-

¿Cuántos Senadores inscritos restan?

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Están inscritos a continuación los Senadores señores Bitar, Muñoz Barra, Siebert, Zaldívar (don Andrés), Otero, Gazmuri y Larre.

Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.-

Señor Presidente, antes de votar el Tratado haré una consideración muy específica, que me parece importante para la interpretación que pueda hacerse más adelante, en caso de presentarse algún conflicto entre futuros inversionistas canadienses y la legislación chilena en materia de inversiones extranjeras.

Previo a ello, quiero sumarme a los argumentos del Gobierno y expresar que el Tratado es un avance sustantivo en la estrategia chilena de una apertura regulada e inteligente; contribuye a crear un sistema económico que incentive un desarrollo competitivo, y genera más espacio para nuestras exportaciones no tradicionales, que son la base del futuro desarrollo del país. Sin embargo, me sorprende que sectores de la Derecha, que siempre se han dicho partidarios de liberalizar en este aspecto, hoy se pongan tan proteccionistas.

Pienso que los partidos de la Concertación han llegado a una buena convergencia. Los sectores progresistas del país van asumiendo un sentido más moderno en materia de apertura, aunque regulando, naturalmente, para que Chile se defienda de sus vulnerabilidades externas. En mi concepto, esta estrategia hacia Canadá tiene una ventaja adicional: frente a las dificultades de avanzar con Estados Unidos en el NAFTA, ese problema queda relativamente aislado, pues un Acuerdo con México y ahora el Tratado con Canadá, articulan una base de relación con América del Norte que nos da más autonomía.

Asimismo, pienso que nuestra presencia en el MERCOSUR y hoy este paso de Chile hacia el norte de América, permiten a avanzar en lo que creo debe ser la estrategia más inteligente del país: que Chile contribuya a liderar un Acuerdo de Libre Comercio americano, desde y con el MERCOSUR, con los países de Norteamérica.

Hecha esa observación de carácter estratégico, quiero destacar, también, que una de las ventajas del Tratado es que nos protege frente a las medidas restriccionistas que siempre acompañan la política de los países desarrollados. En estos días hemos presenciado algunas señales de esa índole -algunos señores Senadores ya se han referido a ellas-, como es el caso de los salmoneros y el de la madera en rollizos. Pero, además, podemos tener cuestionamientos a nuestros subsidios, cuestionamientos laborales, medioambientales, sociales y sanitarios, los que sólo será posible eludir en la medida en que suscribamos tratados como este con Canadá, el cual nos proporciona ventajas para enfrentar -entre otras- normas antidumping.

Mi tercera observación, señor Presidente , se refiere más específicamente al tema de las condiciones para protegernos y al decreto ley Nº 600 (Estatuto de la Inversión Extranjera).

Para el éxito de un país pequeño que se embarca en la globalización, deben darse dos condiciones: la flexibilidad productiva y los mecanismos de protección a la vulnerabilidad externa. Respecto de esto último, considero clave que Chile mantenga las normas del Banco Central relativas a encaje y otras, y el decreto ley Nº 600.

Expreso lo anterior, porque en algunas interpretaciones legales se ha advertido sobre el riesgo de que uno de los anexos del Tratado con Canadá, en un eventual conflicto de intereses con un inversionista canadiense, permita a éste argumentar que no se le aplican las normas del decreto ley Nº 600. Algunos señalan que se podría aprobar un nuevo proyecto y luego cambiarse el giro para entrar, por ejemplo, al mercado financiero sin solicitar autorización; que se podrían modificar los porcentajes de capital y de crédito; que se podrían modificar las normas de repatriación de capital y de utilidades, y que, incluso, se podrían evitar las normas de aprobación a proyectos de inversión.

A mi entender -y sobre esta base lo apoyo-, el Tratado consolida la actual legislación en materia de inversión. El Comité de Inversiones Extranjeras conserva la facultad de no suscribir un contrato con el inversionista extranjero y de negarle acceso a los beneficios del Estatuto de la Inversión Extranjera, respetando la no discriminación. Dicho Comité y el Banco Central de Chile conservan las atribuciones de mantener la restricción al plazo de repatriación de los capitales y a adoptar cualquier medida razonable necesaria para implementar o evitar la elusión de las restricciones a estos plazos de repatriación de los capitales y de la exigencia del encaje. Estas facultades del Comité se aplican, igualmente, cuando se trata de cambio de giro o expansión de una inversión acogida al decreto ley Nº 600.

Deseo precisar esta lógica en mi argumentación para votar, sustentándome también en las observaciones del señor Ministro de Relaciones Exteriores , quien en esta misma Sala expresó: "Las normas sobre acceso para las inversiones dejan intactas las prerrogativas y atribuciones del Comité de Inversiones Extranjeras, mientras que el acceso está garantizado bajo las normas del Capítulo XIV del Compendio de Cambios Internacionales del Banco Central. A propósito de esta entidad" -dice el Canciller- ",uno de los puntos más controvertidos de la negociación fue la reserva que Chile elaboró para mantener en aplicación las medidas de restricción a los flujos de capitales, que actualmente están configuradas por el plazo de un año antes de poder repatriar los capitales y por el encaje de 30% que se aplica a las inversiones que no entran a través del DL 600.".

En suma, el punto de vista expresado por el Gobierno chileno, y que yo asumo para fundar mi voto, es que el Tratado no consagra el derecho de acceso de los inversionistas extranjeros a través del decreto ley Nº 600 (contemplado en el Capítulo G del Tratado). Es decir, el Estado chileno no está obligado a suscribir contratos bajo el régimen jurídico del Capítulo XIV; el Comité de Inversiones Extranjeras sí se encuentra forzado a ello, pero no está obligado a actuar igual respecto del decreto ley 600. Dicho Comité conserva la facultades de mantener la restricción al plazo de repatriación de los capitales y a adoptar cualquier medida razonable necesaria para implementar o evitar la elusión de las restricciones a estos plazos de repatriación de los capitales y de la exigencia del encaje (Anexo G-09.1). Estas facultades del Comité se aplican igualmente cuando se trata del cambio de giro o expansión de una inversión acogida al decreto ley 600.

Hago presente estas observaciones al fundar mi voto, porque establecen con nitidez que el referido decreto mantiene su completa vigencia, y , sobre esa base, el Tratado resguarda -a mi juicio- elementos importantes para reducir la vulnerabilidad de un país pequeño que se globaliza (política que ha demostrado tener éxito). Por lo tanto, teniendo esa seguridad, voto a favor del Tratado.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, no puedo esta tarde dejar de intervenir, aunque sea brevemente, por cuanto represento a una región donde la agricultura constituye uno de sus principales motores económicos. Debo señalar que en la Región de la Araucanía una parte importante de su población gira en torno a esta actividad económica, y, por supuesto, toda iniciativa referida a ella nos tiene que preocupar a quienes representamos a esos sectores en el Senado.

Los agricultores con los que he conversado no están en una posición dogmática o negativa respecto de una realidad experimentada por el mundo: la globalización para enfrentar los problemas de la sociedad. Y en este sentido, el aspecto económico tiene una relevancia fundamental, porque bajo el concepto de globalización emergente en esta década -veremos sus resultados en el futuro-, la solución de los problemas económicos ya no son propios de cada pueblo, sino que se relacionan con otras naciones y continentes. Por ello, han surgido múltiples tratados de libre comercio, los cuales nos preocupan, por cuanto evidentemente deben reflejar las distintas realidades que vive el país.

La Región de la Araucanía, que represento, tiene características imposibles de soslayar en el plano agrícola, igual que todo el sur de Chile. Climas difíciles que sólo permiten actividades forestales y fundamentalmente cultivos tradicionales, donde el trigo y los granos, en general, ocupan un lugar absolutamente preferente.

Los agricultores de mi zona han enfrentado su realidad natural, invirtiendo no solamente sus recursos económicos, sino que el quehacer de varias generaciones; las tierras se han ido traspasando de abuelos a nietos, lo que, incluso, ha ocurrido no solamente en el sector de medianos y grandes agricultores, sino que en cerca de 58 mil familias de la pequeña agricultura.

Quiero señalar, señor Presidente , que nuestros agricultores no tienen miedo a esta nueva realidad de las globalizaciones a nivel mundial. Y es bueno reconocer que han puesto todas sus capacidades para sacar provecho de las ventajas comparativas que puedan tener. Pero les asiste plena razón cuando sostienen que no pueden competir, si las otras agriculturas cuentan con proteccionismos, situación que se torna remarcadamente más difícil si proviene de países desarrollados, como es el caso de Canadá.

No hay por qué ocultar que hay quienes sostienen -no es la generalidad, por supuesto- que hasta este instante hay confusión en cuanto a que los tratados suscritos hayan sido beneficiosos para todos los rubros de nuestra agricultura. En el fondo, muchos de los que trabajan la tierra en mi zona consideran que dichos acuerdos han beneficiado más las importaciones de productos hacia Chile que nuestras exportaciones. A ello hay que agregar el sistema de cuotas, tanto en la importación como en la exportación, que se señala en casi todos los tratados que hemos analizado en el Senado.

Por tal motivo, manifiesto que esta preocupación es válida en los sectores de la productividad de mi Región.

Entre las fundamentaciones que se dan para que apoyemos el Tratado está la de que uno de los grandes beneficios será la exportación de fruta fresca con arancel cero. Pero los dirigentes del rubro han expresado que tal medida se ha estado aplicando con Canadá desde hace más de seis años; de tal manera que el Tratado no innova en este sentido.

Otro argumento para la aceptación del Tratado es el que dice relación con los insumos. Pero aquí hay una realidad que debemos tener presente. La importación de insumos desde esa nación no pasa de 3 por ciento, la que va derivada fundamentalmente al sector forestal. Con ello, estoy señalando, con antecedentes muy concretos, que la agricultura de mi zona no tendrá beneficios por este concepto.

Otro antecedente que se proporciona en el fundamento del Tratado de Libre Comercio se refiere al cupo de exportación de aves hacia Canadá. Sin embargo, la práctica indica que nuestro país tiene muy poco acceso a este tipo de exportaciones.

Me llama la atención lo señalado por el señor Ministro de Agricultura en el informe, cuando dice, respecto del trigo, que este Tratado tendrá un impacto negativo sobre 400.000 hectáreas de trigo blanco y que estos efectos serán aún más graves para el trigo candeal. Evidentemente que esto me tiene que preocupar. Y se señala que no sería relevante esta cantidad, porque ...

El señor HORMAZÁBAL .-

¿Me permite una interrupción, estimado colega, con la venia de la Mesa?

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal .

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente, estoy siguiendo atentamente la exposición del señor Senador, y como ha utilizado varias veces la expresión "se señala", me gustaría saber quién lo señala. Porque no es una opinión emitida por Su Señoría, sino la formulada -según entiendo- por alguien.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Es la dada por el señor Ministro de Agricultura , señor Senador. He dicho que en la página 97...

El señor HORMAZÁBAL .-

No, me refiero a sus cálculos sobre el 3 por ciento de los insumos y todo lo demás. Me gustaría que el Honorable colega indicara quién lo dice, pues estoy confundido. Porque eso es lo que sostiene la Sociedad Nacional de Agricultura en el informe pertinente. Por lo tanto, deseo saber si hay un documento adicional que coincide con ese planteamiento o si el señor Senador está citando a dicha entidad.

El señor MUÑOZ BARRA.-

¿Y por qué no podría citar a un organismo que está entregando un antecedente técnico válido?

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

¡Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos!

El señor HORMAZÁBAL .-

No creo que sea pecaminoso...

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

¡Ha concluido la interrupción, señores Senadores!

El señor ERRÁZURIZ .-

Su Señoría demuestra no tener complejo alguno. Si cree que el 3 por ciento está bien, me parece muy lógico.

El señor HORMAZÁBAL .-

Absolutamente.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Las fuentes de información son las que yo libremente puedo buscar y citar, al igual como Su Señoría lo hace en sus intervenciones. Ahora si usted está dogmatizando en cuanto a que algunas tienen validez y otras no, no es mi punto de vista...

El señor HORMAZÁBAL .-

¡Por favor, Honorable colega! Su Señoría sabe que yo lo respeto y aprecio. Pero, desde el punto de vista de los antecedentes, me gustaría saber a quién se refiere Su Señoría cuando utiliza la expresión "se señala". Cuando el Honorable señor Muñoz Barra dice "señalo", entonces hago fe de sus palabras...

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

¡Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos!

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, para no crear problemas al Honorable señor Hormazábal, voy a tratar de precisar la fuente de información.

El señor HORMAZÁBAL .-

Se lo agradecería mucho, Honorable colega.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Canadá cuenta con un sistema de subsidios a su agricultura que beneficia a todos sus rubros. En ese sector, hay un PIB de 19 mil millones de dólares, de los cuales 23 por ciento se devuelve a los agricultores a través de 62 diferentes mecanismos de subsidios. Por lo tanto, puedo señalar que 4 mil 600 millones retornan a la agricultura.

Hago presente lo anterior, simplemente, para subrayar el proteccionismo que se aplica en Canadá respecto de algunos rubros de nuestra producción agrícola.

Estoy absolutamente claro que otras actividades económicas se ven favorecidas con el Tratado entre Chile y Canadá. Sin embargo, en mi opinión, no debería ser a costa o en perjuicio de otros sectores productivos, en este caso de la agricultura denominada "tradicional", a la cual debe abrírsele un espacio.

Mi intervención tiene por objeto -tal vez tomando la representación de los agricultores pequeños, medianos y (por qué no decirlo también) de importancia- que el Gobierno fije una estrategia, una política agrícola, que efectivamente reconozca a esos sectores de la producción el derecho a ser entes válidos en nuestra economía.

Como tengo la responsabilidad de entender que éste es un Tratado que va a beneficiar a otros sectores de la producción, incluso de la propia agricultura -porque aquí no hay una crisis de la agricultura en general-, lo votaré favorablemente.

El señor MLADINIC ( Ministro de Agricultura ).-

¿Me permite hacer una aclaración, en forma muy breve, señor Presidente?

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor MLADINIC ( Ministro de Agricultura ).-

Señor Presidente , en cuanto a la intervención del Senador señor Muñoz Barra , efectivamente en la página 97 del informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Economía y de Agricultura, unidas, se reproduce mi exposición ante dicho organismo técnico, la que señala: "Respecto del trigo se ha mencionado que este Tratado tendrá un impacto negativo sobre 400.000 hectáreas de trigo blanco y que estos efectos serían aún más graves para el trigo candeal, pero". Y, en seguida, hago todo un descargo respecto de esa afirmación, que no es mía, sino de otros. Yo la recojo y después la desmiento en el resto de la intervención.

El señor ERRÁZURIZ .-

¿Me permite una interrupción, señor Ministro ?

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

El señor Ministro terminó su intervención. Corresponde hacer uso de la palabra al Honorable señor Siebert , a quien Su Señoría puede solicitar una interrupción.

El señor ERRÁZURIZ .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor SIEBERT.-

Se la concedo, con la venia del señor Presidente.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Su Señoría puede hacer uso de ella, con cargo al tiempo del Honorable señor Siebert .

El señor ERRÁZURIZ .-

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Agricultura , acabo de sostener una conversación privada -pero, en el fondo, pública- con el señor Ministro , quien me señaló la disposición del Gobierno para trabajar juntos en la Comisión de Agricultura del Senado en el seguimiento de los 500 millones de dólares, para los efectos de su inversión y mejor forma de administrarlos, a fin de lograr los propósitos convenidos aquí hace algún tiempo.

Deseo que ello fuese confirmado públicamente por el señor Ministro , por cuanto varios señores Senadores me han solicitado que, ojalá, él pudiera señalarlo en términos muy claros y no como ocurrió con aquella otra frase del señor Ministro , en cuanto a que "la gran disyuntiva es modernizar o ceder ante los que no tienen coraje", la cual, a mi juicio, fue muy desafortunada y generó una distorsión en el pensamiento de muchos Senadores.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Siebert.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente, estamos frente a un Acuerdo de especial trascendencia para Chile, que lamentablemente en mí genera sentimientos encontrados, pues lo que en apariencia es bueno para Chile, es perjudicial para la agricultura del país. Aquí se ha señalado que hay un impacto marginal. Lo reconozco: es marginal, pero es un impacto más. Y si es perjudicial para la agricultura -y me refiero a la tradicional- lo es también para la Región que represento en el Senado.

Por ello, conviene hacer algunas reflexiones sobre el particular y sacar las conclusiones que de ello se desprenden.

Recién iniciado el primer Gobierno de la Concertación se llegó a un acuerdo con la República de Bolivia, que aparentemente era bueno para el país y favorable al comercio internacional con nuestros vecinos del noreste. Seguramente nos dejamos convencer por el socorrido argumento al que siempre ellos echan mano: el de su enclaustramiento geográfico, pero también por la conveniencia que ellos tenían de buscar la protección de una actividad que les era vital para la mantención de su agricultura, como era la protección de la producción y exportación de sus productos oleaginosos. Esa decisión fue uno de los primeros golpes para nuestra agricultura, ya que se acabó en Chile el cultivo de la maravilla y del raps, perjudicando a miles de personas relacionadas con su cultivo, entre empresarios y trabajadores.

El año pasado se firmó y se aprobó en el Senado el Acuerdo de Asociación con el MERCOSUR, lo que aparentemente era bueno para Chile, a pesar de todas las reservas que expusimos quienes nos opusimos a su aprobación. Evidentemente, era otro golpe artero a la agricultura tradicional, especialmente la dedicada a los rubros de trigo y carne, afectando también a nuestras ya vapuleadas Regiones agrícolas, entre ellas la Décima.

Ahora le toca a la avena, a la cebada y al trigo candeal, que también forman parte de la producción de nuestro sur de Chile y que sencillamente se sacrifica en beneficio de las mayorías urbanas.

Hay varias autoridades gubernamentales y también del sector productivo nacional que reconocen esto: el Acuerdo es perjudicial para la agricultura, pero beneficia al resto de las actividades y por eso conviene aprobar su ratificación.

¿Y qué pasa, señor Presidente , señores Senadores, con la agricultura tradicional de nuestro país, de la cual viven directa o indirectamente millones de chilenos? ¿Acaso no se sabe o no se supone que mientras más se restringen sus posibilidades más se irá acentuando el éxodo del campo a las ciudades, con los problemas consiguientes? ¿O se desea efectivamente terminar con esta actividad, que es vital para el país y especialmente para determinadas Regiones?

Todos los países desarrollados han entendido que es preciso mantener la agricultura, y es impresionante cómo algunos de ellos la protegen y la apoyan. Países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, la misma Suiza, la apoyan con sobre el 50 por ciento de sus costos, y en Japón se llega al 72 por ciento. Miles de millones de dólares se canalizan en beneficio de ella para su mantención, porque la consideran vital en el contexto general de la vida del país.

Canadá mismo estimula la producción y exportación de su producto agrícola con 4 mil 700 millones de dólares. Eso es lo que hace un país desarrollado que tiene conciencia de la importancia de su agricultura. Buscando antecedentes de la producción láctea del Canadá, en Internet me encontré con una frase que refleja lo anterior y que dice: "ésta no es solamente una actividad productiva nacional sino una forma de vida para una gran cantidad de canadienses, que es necesario apoyar en forma permanente y total".

Voy a nombrar sólo un ejemplo: el queso, que es uno de los principales productos lácteos, tiene en Canadá un arancel establecido de 250 por ciento; vale decir, nuestro queso, que se produce a razón de mil pesos por kilo, entraría a competir en ese país con un valor de 2 mil 500 pesos.

Lamentablemente, estas consideraciones no se toman en cuenta al negociar, en especial si se atiende a la eficiencia de los productores de leche chilenos. Y aquí quiero contestar al señor Ministro : efectivamente, los agricultores chilenos son eficientes y han aumentado su productividad en los recursos tradicionales, a pesar de todas las dificultades existentes. El próximo año alcanzaremos la autosuficiencia en leche, y tenemos que pensar que ya en la primera década del segundo milenio Chile contará con un superávit de miles de millones de litros de leche, que desde ya, y en toda negociación, debemos considerar para colocar nuestros productos exportados.

Tenemos importantes negociaciones en el futuro inmediato: NAFTA, Comunidad Europea, Comunidad Asia-Pacífico, y debemos visualizar qué productos y cuántos vamos a exportar y hacia dónde. Si nuestros negociadores no tienen conciencia de lo anterior, el campo chileno carecerá de expectativas futuras, su transformación sólo se irá aumentando en parcelas de agrado y, de acuerdo con una frase que se hizo famosa, muchos agricultores "tendrán que comerse las vacas".

El señor HORMAZÁBAL .-

Perdón. ¿Quién señaló eso, estimado colega?

El señor SIEBERT.-

Se dijo en el Gobierno anterior. Pero hubo un Gobierno con la visión...

El señor HORMAZÁBAL .-

En el Gobierno anterior, no.

El señor SIEBERT.- ...

suficiente como para evitar que se comieran las vacas.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente, quisiera dejar constancia de que no fue durante el Gobierno del señor Aylwin, sino bajo el Régimen del General Pinochet, para los efectos de la Versión Taquigráfica.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Quedará registrada la aclaración, señor Senador.

Yo invito al Honorable señor Siebert a que continúe haciendo uso de la palabra, y a los demás señores Senadores, a que soliciten las interrupciones y sólo intervengan después de que la Mesa las haya autorizado.

Puede continuar, Su Señoría.

El señor SIEBERT.-

Efectivamente, señor Presidente, con visión futurista el Gobierno militar impidió que los agricultores tuvieran que comerse las vacas.

Lamentablemente, no hemos visto en el Gobierno de la Concertación la voluntad de imitar lo que otros países desarrollados hacen: avanzar en la privatización de los medios de producción, ya que el Estado siempre será más ineficiente que los particulares, y apoyar actividades como la agricultura, por la influencia que tienen en su modo de vida, tradicional y beneficioso, no sólo para quienes se desempeñan en ellas, sino también para el resto del país.

En tal sentido, este Tratado representa, a mi entender, una negociación apresurada. A pesar de que aparentemente es positivo para muchas actividades productivas de Chile, es evidentemente negativo para nuestra agricultura tradicional, para las Regiones del sur y para los chilenos que viven de ella.

El Estado debe promover el bien común nacional, como lo ordena el artículo 1º de la Constitución Política de la República cuando expresa que éste es el bien de todos y de cada uno de los chilenos, y no sólo el beneficio de la mayoría, sacrificando a los demás.

Si el Gobierno estima que este Tratado es provechoso para el país en su conjunto, tiene la obligación constitucional, política y moral de adoptar las medidas conducentes a evitar el daño que produce a una parte de él, esto es, la actividad agrícola, las Regiones y a quienes laboran en ellas.

Por ello, me sumo a la petición del Senador señor Larraín en cuanto a dar cumplimiento a las medidas prometidas con motivo del acuerdo con el MERCOSUR. En consecuencia, dado que éstas no se han adoptado -el señor Ministro de Hacienda reconoció un incumplimiento en este aspecto; pequeño, pero incumplimiento al fin- y para evitar el perjuicio a la agricultura y a la Región que represento en el Senado, no puedo dar mi aprobación al Tratado.

Por estas razones, voto en contra.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Ministro, nos gustaría mucho oír su respuesta.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor MLADINIC ( Ministro de Agricultura ).-

Señor Presidente, quiero ratificar lo que señalé en mi intervención -además he entregado una copia escrita a la Secretaría- en cuanto a mi absoluta colaboración y disposición para que, juntos, trabajemos en cómo gastar mejor los recursos, tanto en la eficacia (cómo podemos lograr los objetivos que queremos) cuanto en la eficiencia, es decir, en hacer las cosas correctas.

Estoy dispuesto a escuchar, corregir, perfeccionar e idear nuevos instrumentos y cambiarlos si es necesario, o aumentar recursos en unos en desmedro de otros si es lo conveniente. Me parece adecuado trabajar en la Comisión de Agricultura con todos aquellos que se quieran incorporar.

Adicionalmente, si se me permite, agregaré muy brevemente dos cosas.

Cuando aludí -y pido disculpas si alguien se molestó- a que nuestra opción en agricultura es o ceder ante las presiones de aquellos que temen los cambios o, por el contrario, avanzar prestando apoyo a quienes tienen coraje para enfrentarlos, obviamente me estoy refiriendo -y reitero mis disculpas si alguien entendió mal- a los agricultores. He visto cientos y miles de ellos que entienden que el mundo está cambiando. Y a los que quieren cambiar debemos prestarles todo nuestro apoyo. Y debemos acompañarlos en ese proceso de cambio, porque así ocurre, por lo demás, en todo el mundo.

Respecto de un punto específico que se mencionó, debo señalar que en Canadá efectivamente existen fuertes subsidios al sector lechero, porque es bastante ineficiente. Y como no nos interesa llenarnos de productos subsidiados, ellos han quedado absolutamente excluidos de beneficios para su ingreso a Chile después de ratificado este Tratado. Canadá también se halla en un proceso de adecuación de este sector. Sus altos aranceles son una protección. Sin embargo, como se reiteró en muchas oportunidades en la Sala y en las distintas Comisiones, para Chile se abrió una cuota especial con arancel cero para productos lácteos en las cantidades que se discutieron y se determinaron, y que son bastante atractivas para comenzar a hacer exportaciones hacia ese país.

He dicho.

El señor ERRÁZURIZ.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Andrés Zaldívar.

El señor ERRÁZURIZ.-

Pido la palabra para los efectos de votar, señor Presidente , pues debo ir a la sesión de la Comisión Mixta.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Puedo concederle la interrupción, pero sin que Su Señoría fundamente el voto, pues también debo presentarme a la misma Comisión.

El señor ERRÁZURIZ.-

Exactamente, tenemos que irnos juntos.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Si es para votar, le doy una interrupción. Pero si es para votar y fundar el voto, entonces no.

El señor ERRÁZURIZ.-

No voy a fundar el voto, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Con la venia de la Mesa, concedo la interrupción, señor Presidente .

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ .-

Muchas gracias, señor Senador.

Señor Presidente , voto favorablemente el proyecto después de lo que ha dicho el señor Ministro de Agricultura , pues estimo que los errores que puedan existir por parte del Gobierno de Chile en lo que respecta a su agricultura, no pueden afectar nuestras relaciones con Canadá, país con el cual también tenemos ventajas. Sobre todo, después de que el señor Ministro de Hacienda me ha dicho que, si bien no toma el compromiso, está abierto a estudiar la posibilidad de buscar formas de no discriminación en contra de los productores nacionales, con relación a los aranceles que afectan a sus productos en el mercado interno.

Por eso, voto favorablemente.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , creo que el debate ha sido bastante profundo y que ya todos los antecedentes han sido entregados. Sin embargo, no me gustaría guardar silencio frente a una iniciativa de tanta trascendencia como es el Tratado de Libre Comercio que hemos celebrado con Canadá.

Tal como ya se ha dicho en la Sala, pienso que Chile debe tener conciencia de que, dentro del diseño de su política económica, la suscripción de tratados bilaterales es uno de los caminos que debe seguir para profundizar su proceso de globalización en la economía. Sin perjuicio de ello, el otro camino que no puede abandonar -y me alegro de los anuncios hechos aquí por el señor Ministro - es el proceso de desgravación unilateral en materia arancelaria que deberá efectuar.

Si revisamos los tratados bilaterales de libre comercio celebrados desde 1991 hasta esta fecha -a lo mejor, son de menor trascendencia que el que estamos celebrando con Canadá, salvo el caso del MERCOSUR-, las cifras me llevan al convencimiento de que lo obrado en la materia ha sido bien hecho.

En relación con el monto de las exportaciones con los países con los cuales mantenemos estos instrumentos -incluidos Argentina, Bolivia , Brasil , Colombia , Ecuador , México , Paraguay , Perú, Uruguay y Venezuela-, en 1991, Chile exportaba a esas naciones mil 238 millones de dólares. Y, cinco años después, las sumas por este mismo concepto aumentaron a 2 mil 915 millones de dólares. Es decir, en cinco años, nuestro país, con su política de tratados bilaterales, ha incrementado sus exportaciones a esas naciones en más de ciento por ciento.

Por otra parte, debemos visualizar qué representa Canadá . Es un país que pertenece al llamado "Grupo de los Siete", o sea, es uno de los de mayor desarrollo del mundo. Tiene un producto del orden de 560 mil millones de dólares, es decir, casi diez veces más que el nuestro. Posee un ingreso per cápita de alrededor de 20 mil dólares, o sea, cuatro veces más que nuestro país. Y cuenta con un comercio de importación de aproximadamente 155 mil millones de dólares, esto es, diez veces más que Chile. Ése es el socio con el cual vamos a trabajar juntos en el próximo tiempo.

Tal como ya se expresó, Canadá , antes de celebrar el tratado bilateral con los Estados Unidos, tenía un comercio del orden de los 150 mil millones de dólares anuales. Hoy, sobrepasa los 400 mil millones de dólares. Es decir, el comercio entre los Estados Unidos y Canadá asciende a mil millones de dólares diarios.

¿Y qué ha pasado con este Tratado? Creo que lo relativo al trigo candeal, la avena y la cebada, efectivamente, puede constituir un problema para el país. Pero resulta que en todo tratado de comercio hay que sacrificar alguna cosa para acceder a otra. Lo importante es el resultado, el balance.

En definitiva, estimo que tampoco nuestro país se encuentra perjudicado en relación con la agricultura, en su conjunto. Porque si observamos las cifras del comercio exterior de Chile con Canadá, veremos que, de lo que nuestro país exporta a esa nación, el 64 por ciento corresponde a bienes del sector agrícola.

En otras palabras, si analizamos el tratamiento que se da a todo este comercio -rebaja de aranceles a cero, supresión de todas las barreras paraarancelarias; eliminación de protecciones "antidumping"; reconocimiento de nuestras bandas de precios, que siempre han sido un hecho objetado en las relaciones bilaterales de negociaciones con otros países, y además, el compromiso entre Chile y Canadá, a partir del año 2003, de no imponer subsidios a las exportaciones agrícolas en el comercio bilateral, compromiso más gravoso para Canadá que el que aceptó en la Ronda de Uruguay, en la Organización Mundial de Comercio-, creo que el Tratado, a lo mejor, puede provocar alguna alteración en pequeños sectores, que son muy menores dentro de la producción agrícola chilena, y, además, se ha proyectado tal posibilidad en plazos que van de los 15 y 16 años hasta los 17.

Si en Europa se hubiera planteado el tema agrícola para buscar soluciones, dicho Continente jamás hubiera llegado a la integración. Hubo de asumir el problema de la agricultura como un asunto de permanente negociación, a fin de ir avanzando en la integración.

En el caso chileno, debemos reconocer que con motivo de este Tratado el sector agrícola se verá afectado respecto de productos muy determinados y de muy poca incidencia en la economía. Habrá que estudiar de qué manera se pueden implementar políticas de apoyo y ayuda, de reconversión o de búsqueda de soluciones de aquí a un plazo de 18 años, pero partiendo hoy.

Por lo demás -quiero decirlo con toda franqueza-, el problema del agro y de la agricultura tradicional chilena no surge sólo a raíz de los tratados de libre comercio que hemos celebrado con otros países. Las dificultades de nuestra agricultura tienen raíces muy profundas, y sus causas deben buscarse en otra parte. Hay que revisar y ver cómo se puede ayudar al agro chileno para que pueda salir adelante. Porque la agricultura chilena -y menos la tradicional, sector que, a lo mejor, no es muy importante dentro de la economía- no puede pretender paralizar lo que debe constituir el desarrollo del país, en un sentido positivo, a través de su integración con el mundo.

Por otro lado, quiero destacar que, si uno compara cuál es el tratamiento dado en la negociación a los productos chilenos, con relación a los canadienses, en cuanto a cómo se ven afectados por las rebajas arancelarias, realmente debo felicitar al grupo negociador, porque nuestra capacidad de negociación permitió que Canadá aceptara mucho más concesiones que las que Chile aceptó.

Según los antecedentes de que dispongo, el 92 por ciento de las exportaciones que Chile efectuará a Canadá ingresarán, desde el primer día, con arancel cero. En el caso de Canadá, sucede que nuestro país desgravará en forma inmediata sólo alrededor del 70 por ciento de las importaciones actuales. O sea, contra un 92 por ciento del total de los productos exportados a Canadá, Chile sólo asume compromisos por el 70 por ciento.

Asimismo, los canadienses, en el resto de los productos no sensibles, salvo en aquellos excluidos, aceptan una desgravación en un plazo que va de 2 a 6 años. En tanto que Chile, en los productos que considera sensibles y no excluidos, logra una desgravación que va desde los 2 hasta los 18 años. Es decir, es indiscutible que la negociación fue un hecho positivo para el país. Más aún considerando que el resultado podría haber sido al revés, porque la nación con una presencia económica mayor posee más capacidad de presión y más fuerza. Indiscutiblemente, por las cifras que hemos señalado en ese sentido, Chile tiene mucho menor valor económico que Canadá. Sin embargo, éste ha hecho concesiones mayores que nuestro país para lograr el Tratado.

Por todas esas consideraciones, y teniendo en cuenta que Canadá es además un socio necesario para que Chile aumente sus expectativas de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, este paso -como el que se dio antes con México- nos deja en posición de alcanzar, tal vez, un buen acuerdo con aquél en el próximo tiempo. Con ello se evitaría lo que hoy sucede en Estados Unidos, donde está latente la posibilidad de que se interfiera en nuestro comercio, como ha sucedido en el caso de los salmones y la madera. Si tuviéramos un Tratado de Libre Comercio, ese país no podría utilizar tales subterfugios tendientes a impedir el ingreso de las exportaciones que legítimamente Chile realiza hacia él. En consecuencia, reitero que, a mi juicio, el Tratado suscrito con Canadá es un paso positivo, pues nos abre la posibilidad de celebrar uno con Estados Unidos en el próximo tiempo.

Por otra parte, la negociación realizada y la aprobación del instrumento que nos ocupa por parte del Parlamento chileno, nos abrirá mejores posibilidades para negociar con la Unión Europea condiciones favorables en el comercio exterior entre Chile y la Comunidad Económica Europea.

Por consiguiente, el Tratado con Canadá es positivo en todo sentido. Más aún -con esto quiero terminar-, se trata de una nación con la cual mantenemos un intercambio de inversiones. Porque, además, el acuerdo se refiere no sólo al tema de los productos, sino también a las inversiones y a los servicios. Es la primera vez que en un tratado de libre comercio Chile logra negociar sobre una materia tan importante como los servicios. Asimismo, debemos saber que hoy día, en el mundo, el comercio de éstos es mayor en cantidad de recursos que el de petróleo y el de alimentos. O sea, que los servicios, por sí mismos, constituyen actualmente uno de los elementos más determinantes en el crecimiento del comercio exterior.

Por esa razón, estimo que el Tratado con Canadá fue suscrito aun en mejores condiciones que los celebrados con otros países y que han sido aprobados por el Parlamento chileno.

Por último, cabe destacar que es bueno y conveniente un acuerdo de esta naturaleza -que sinceramente pienso que beneficiará a nuestro país- con una nación que ya ha realizado inversiones en Chile por más de 7 mil millones de dólares, las que indiscutiblemente podrán incrementarse. Además, se abre la posibilidad de que ampliemos nuestras inversiones en Canadá.

Por todas las razones antes señaladas, voto a favor del Tratado.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Larre.

El señor LARRAÍN.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor LARRE.-

Con mucho gusto, con la venia de la Mesa.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LARRAÍN.-

Gracias, señor Senador.

Muy brevemente, señor Presidente , para referirme a las expresiones vertidas por el señor Ministro , en respuesta a ciertas inquietudes formuladas en la Sala y que motivaron la aceptación de un señor Senador.

Reconociendo la buena intención expresada por el señor Ministro de Agricultura tocante a algunas inquietudes que he planteado, admito que sus palabras son precisamente eso: buenas intenciones. Para poder avanzar necesito todavía hechos concretos.

Y como adicionalmente el señor Ministro de Hacienda ha hecho presente que no modificará su posición respecto, por ejemplo, del tema de los aranceles, en cuanto a que no habrá arancel cero para los insumos y las maquinarias, y que, si hay rebaja de aranceles, no existirá un reconocimiento para mantener aquellos que tienen un desgravamen distinto, producto de los calendarios ya convenidos en diversos tratados de libre comercio, no puedo darme por satisfecho con las explicaciones entregadas. Por el contrario, estimo que seguimos exactamente igual respecto de la situación de la agricultura.

Por ese motivo, y sin que ello corresponda a mala voluntad o refleje algo parecido respecto del Gobierno de Canadá, a cuyo pueblo todos queremos, no puedo dar mi aprobación al Tratado que nos ocupa. La actitud anteriormente señalada, que refleja una falta de consideración hacia un sector y, por lo tanto, hacia el bien común, me hace votar negativamente este Tratado de Libre Comercio.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Recupera el uso de la palabra el Senador señor Larre.

El señor LARRE.-

Señor Presidente, deseo reiterar lo que expresé en las Comisiones unidas en el sentido de que todos coinciden en que el Tratado de Libre Comercio con Canadá es bueno para el país y malo para sectores de nuestra agricultura. En Chile, uno de cada seis chilenos es parte del mundo rural, y los Parlamentarios de esas zonas, a mi juicio, deben tener una preocupación preferente por ellos, particularmente por el campesinado, mientras no se adopten las medidas que eviten el daño que la aplicación de éste u otros tratados les ocasionaría.

Una situación similar se presentó al votar el Acuerdo con el MERCOSUR, donde incluso el Gobierno se comprometió a destinar 500 millones de dólares en cinco años, solicitándosele que se invirtieran en cuatro programas específicos: subsidios al riego, a la forestación, a la fertilización y al crédito. En las Comisiones unidas, el señor Ministro de Agricultura entregó un estado de avance que muestra que estos cuatro programas se transformaron ahora en ocho, con once proyectos.

En ese aspecto, señor Presidente , quiero dejar en claro en la Sala que las recientes palabras del señor Secretario de Estado no interpretan la reglamentación legislativa vigente en materia de inversión o gastos en el Presupuesto, porque sobre el particular solamente tiene iniciativa el Presidente de la República . Por eso, en la Subcomisión Mixta de Presupuestos encargada de materias agrícolas hubo que aprobar la proposición del Gobierno, y no el compromiso inicial de éste.

Resulta necesario, entonces, materializar el compromiso de destinación de estos recursos en un proyecto de ley, el que, como consta a varios en la Sala, se asumió en el momento de votar muchos de nosotros a favor del Acuerdo con el MERCOSUR. Y el envío de tal iniciativa corresponde solamente al Ejecutivo.

Por consiguiente, espero que oportunamente, dentro de la buena disposición que el señor Ministro ha demostrado hacia los sectores agrícolas de todo el país, podamos contar con el proyecto pertinente, ya que en esa ocasión quedó en claro que la última destinación de recursos quedaría, inclusive, fuera del actual mandato presidencial. De modo que, a nuestro juicio, es indispensable establecer una normativa que permita proyectar el compromiso entonces acordado, y espero que el Ministro señor Mladinic ayude a que todos lo materialicemos.

Por otra parte, distintos sectores han opinado en torno de los efectos del Tratado con Canadá, y el agrícola ha sostenido que, entre otras cosas, ve perjudicada la producción de trigo candeal, y algo similar ocurre con la cebada y la avena.

Pero eso no es todo en dicho sector. Ha quedado pendiente la respuesta del señor Ministro de Hacienda a los efectos que tendría la no incorporación en el compromiso de los derivados de la harina de trigo. Además, en los últimos años han experimentado un notable incremento en las importaciones al país productos tales como pasas congeladas, o bien, preparados para la confección de galletas y otros bienes.

La respuesta comprometida en las Comisiones unidas, hasta hoy día no ha llegado, al menos, a mi poder. Esto contribuirá al colapso de sistemas de producción rural ante la conveniencia de la importación de productos, con las obvias consecuencias negativas para el sector.

Los representantes del agro se han visto obligados a transmitir la desesperación de decenas de miles de pequeños propietarios agrícolas; y este problema que los afecta se traducirá en falta de trabajo, emigración rural, problemas urbanos de vivienda, educación, servicios sanitarios, etcétera.

El señor Ministro de Agricultura expresó en la Comisión, y ahora también en la Sala, que ningún país del mundo deja de proteger al agro y que, por lo tanto, no se están pidiendo donativos para el sector, sino garantías para que pueda mantenerse en actividad.

La Sociedad Nacional de Agricultura ha propuesto habilitar a la actividad que representa incorporando tres ideas matrices.

-Creación de un fondo de sustentación de precios, en que el Estado aportaría dos partes, y el sector privado interesado, una.

-Arancel cero para la importación de tres rubros de insumos que resultan fundamentales en la producción del sector, como los fertilizantes; los agroquímicos, considerando insecticidas, pesticidas y otros, y maquinaria motorizada o altamente especializada.

-Y, finalmente, focalización del apoyo que presta el Estado a la fertilización y enmienda de nuestros terrenos agrícolas.

Estas medidas permitirían superar los efectos distorsionadores que provocan los subsidios aplicados directa o indirectamente a la agricultura de los países con los cuales estamos pactando, y mientras aquéllos perduren.

Señor Presidente, ninguno de quienes estamos en la Sala puede desconocer los esfuerzos que han hecho las tesorerías de los países con que estamos tratando para habilitar la permanencia y capacidad productiva de su agricultura.

Basta visualizar la penetración con caminos pavimentados hasta los lugares más recónditos de sus territorios nacionales; el abastecimiento de energía eléctrica en todas partes; la disponibilidad de comunicaciones telefónicas; el establecimiento de sistemas de riego altamente tecnificado con diques, canales revestidos, conductos metálicos y sistemas por aspersión o goteo en el riego, por mencionar sólo algunos elementos determinantes en el éxito o fracaso de esta actividad. ¿Por qué estamos dando esa oportunidad ahora a los productores extranjeros y no somos capaces de aceptar habilitar la competencia en los nuestros? Aunque tardíamente, debemos ofrecerles iguales posibilidades.

El proceso de apertura e integración comercial con el mundo es apoyado unánimemente, pero los sectores que conscientemente están siendo perjudicados deben ser escuchados y atendidos.

Todavía creo que hay tiempo para enmendar rumbo y. en el plano de plantear una demanda justa, que sólo aspira a que se respete el bien común de todos y de cada uno, creo que no es posible aprobar este acuerdo mientras no se adopten las medidas necesarias para evitar que la agricultura pague, con su propia ruina, los beneficios que éste u otro tratado aportará a la gran mayoría de las demás actividades.

Por ello, a diferencia de lo que ocurrió respecto del MERCOSUR, cuando confié en que se intentaría resueltamente que los problemas fueran superados, cosa que no se ha cumplido fielmente hasta la fecha, ahora me veo imposibilitado de dar mi aprobación al acuerdo entre Chile y Canadá, mientras no se restablezca la justicia en el trato, en cumplimiento de la obligación del Gobierno de velar por el bien común de todos los chilenos y de cada una de las actividades productivas nacionales.

Voto en contra.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente , quiero fundamentar en forma muy breve mi voto, pues en las Comisiones unidas intervine latamente.

En primer lugar, comparto la política que estamos siguiendo en materia de apertura internacional. Creo que éste es un aspecto central para enfrentar la discusión, que significa un esfuerzo realizado por el país para abrir su economía y hacer del exportador el sector más dinámico de la economía nacional y, al mismo tiempo, de complementar tal política, a través de tratados de libre comercio, con las principales áreas comerciales del mundo.

Digo esto, porque ha habido bastante observaciones críticas a esta política, y se ha insistido en que Chile debería seguir sólo una política de apertura unilateral. Dado el actual cuadro del mundo, me parecería completamente contradictorio con los objetivos del país, toda vez que, sin perjuicio de que se avanza en la liberalización de los mercados, también se mantienen operando en el mundo bloques económicos. Y, por tanto, creo que la multilateralidad de nuestra política en materia comercial respecto del exterior es algo bueno.

No comparto para nada la observación de que estos tratados tendrían un efecto negativo, al provocar desviación de comercio. Creo que la experiencia es distinta. En general tales convenios han redundado en crecimiento del comercio. Entonces, en mi opinión, se trata de un argumento de pizarrón, extraordinariamente teórico. Cuando se desvía comercio es porque existe alguna ventaja en ello, la que puede ser de corto plazo, pero que, en todo caso, constituye un beneficio para el país. En consecuencia, la observación formulada a veces con mucha solemnidad y pomposidad, la considero como estrictamente teórica, en el mal sentido de las malas teorías o de aquéllas que no tienen en cuenta el estado actual de los mercados internacionales, que no son perfectos como los descritos por los clásicos.

Estoy de acuerdo con las particularidades de este tratado con respecto a otros, en cuanto a que es más amplio, más perfeccionado e incluye más materias, como las relativas a servicios, inversiones, mecanismos de solución de controversias, etcétera, todo lo cual contribuye a estabilizar nuestros mercados. Si hubiésemos contado antes con un tratado como éste, no nos encontraríamos en la complicada situación que hoy tenemos con Estados Unidos con relación a varias de nuestras exportaciones. Estaríamos apelando al mecanismo de solución de controversias, y no ejerciendo presión política mediante el envío de algunos Senadores a hacer "lobby" al Senado norteamericano. Un acuerdo como el que nos ocupa, desde el punto de vista de la estabilización de mercados importantes, sin duda constituye una contribución, toda vez que es el primero -se ha repetido aquí hasta la saciedad- que firmamos con un país desarrollado, miembro del club de las naciones más desarrolladas del mundo.

Quiero destacar también desde la perspectiva de la negociación -lo he hecho antes-, que existen aspectos particularmente importantes que los negociadores y el Gobierno han logrado. La defensa hecha -que quedó establecida- respecto de la capacidad del Banco Central para establecer políticas que nos impidan enfrentar crisis financieras como las que tuvieron que sobrellevar otras economías de América Latina, me parece que fue un asunto difícil, que por fortuna tuvo un éxito feliz.

Lo mismo debo señalar en materia agrícola. Haber logrado -por así decirlo- defender las bandas de precios, que son objetadas en muchas partes del mundo, constituye una cuestión muy importante en relación con algunos productos agrícolas particularmente sensibles. Las bandas de precios se mantienen después del tratado como políticas no objetadas por este nuevo socio que es Canadá.

Resulta inevitable en un debate general de este tipo efectuar algunas referencias a la cuestión agrícola, las que haré en forma breve, porque sobre esta materia he intervenido muchas veces en la Sala.

Primero, creo que si existe un efecto negativo con este tratado -que lo hay-, en particular sobre la agricultura chilena, es muy marginal, y afectará principalmente a dos productos, cebada y avena, que no son de gran significación en nuestra agricultura, sin perjuicio de que puedan tenerla en algunas regiones. Además, son productos relativamente sustituibles dentro de nuestro desarrollo agrícola.

Respecto al trigo candeal, que es el otro producto que se desgrava con la firma del acuerdo, hago fe en la opinión que hemos escuchado de la industria, en el sentido de que no lo va a afectar, sino que, por el contrario, hay una demanda creciente de la industria por el trigo candeal chileno. Espero que las afirmaciones hechas en las Comisiones correspondan a la evolución del sector. Y, sin duda, este tratado representa ventajas para todo nuestro sector agroexportador.

Por lo tanto, tengo la impresión de que el debate agrícola -a mi juicio, es fundamental realizarlo en el país- no debe desarrollarse en particular a propósito de este proyecto de acuerdo. Inclusive, ha habido una cierta rectificación, que me llama la atención. Y me alegra que el Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura haya señalado el día de ayer lo mismo que estoy afirmando: que los efectos negativos del tratado para la agricultura son marginales. Sin embargo, no dice -debiera hacerlo, como agroexportador que es- que tendrá efectos positivos para nuestra agricultura de exportación.

Deseo reiterar el concepto de que el sector agrario atraviesa por una coyuntura muy complicada; no se trata de la agricultura como un todo, sino de un conjunto de economías campesinas y medias que por sí solas no están en condiciones de incorporarse al proceso modernizador. Tengo la impresión de que es considerable el esfuerzo desplegado por medio de las políticas públicas orientadas a permitir la innovación, organización y acceso a los mercados de las agriculturas campesinas y medias en el país.

Como representante de una región eminentemente agrícola, estoy estupefacto por la precariedad en que hoy día se desarrollan vastas categorías de campesinos y por los niveles de pobreza existentes en las comunas rurales, producto de la fragilidad en el empleo y de los todavía muy bajos salarios. Ello no tiene que ver con el tratado en análisis; son procesos que se alargan desde hace bastante tiempo. Y la ausencia de políticas públicas de fomento durante muchos años ha dejado a una gran categoría de productores al margen de la capacidad de incorporarse al futuro tipo de agricultura que tendrá Chile. Aquéllos son los que están en crisis, no la agricultura como un todo. Por lo tanto, el debate sobre la crisis general esconde la realidad de la agricultura, que es muy dual. Hay sectores altamente competitivos, modernos y en crecimiento; pero también grupos de productores -fundamentalmente pequeños y parte de los medianos- que por sí solos simplemente no podrán incorporarse al proceso modernizador.

Celebro que se haya reiterado, una vez más, por parte del Gobierno, particularmente, y por el señor Ministro de Agricultura, el compromiso con ese sector de productores agrícolas.

Finalmente, y a riesgo de ser majadero, debo reiterar una opinión que ya di respecto de los temas arancelarios vinculados al debate, sobre todo cuando el Gobierno, al discutirse la asociación de Chile al MERCOSUR, anunció el compromiso de que, junto con aprobarse este tratado, se procedería a una rebaja unilateral de aranceles. Debo decir que, en general, comparto dicha política, pero debieran excluirse, a mi juicio, aquellos productos agrícolas sensibles, respecto de los cuales, en dos negociaciones, como una defensa mínima para la transformación de esos sectores, se han establecido desgravaciones largas, excepcionales, a más de diez años. Si unilateralmente disminuimos los aranceles de 11 por ciento, vamos a provocar, sin duda, un daño a los sectores más sensibles del agro nacional. Esto en el trigo tiene máxima importancia, pues se trata de miles de hectáreas y de miles de pequeños productores.

Me sorprende -lo señalo una vez más- la poca acogida que este planteamiento ha tenido en quienes dicen defender a ultranza al sector agrícola -particularmente, la Sociedad Nacional de Agricultura-, y que el señor Ariztía sostenga que está de acuerdo con la rebaja unilateral de aranceles del 11 al 8 por ciento este año, sin excluir estos productos. En verdad, se han exceptuado esos bienes sensibles en dos negociaciones complicadas, lo que significa un deterioro y cierto incumplimiento del compromiso adoptado, en cuanto a que se organizaría una estrategia de apertura que haría que la desgravación de aquéllos fuera excepcional respecto del conjunto de bienes que el país exporta o importa.

Por lo tanto, creo que este tema, en el cual,...

El señor MC-INTYRE .-

¿Me concede una interrupción, Honorable colega, con la venia de la Mesa?

El señor GAZMURI .-

Con mucho gusto.

El señor MC-INTYRE.-

Entiendo que la Sociedad Nacional de Agricultura es partidaria del arancel cero.

El señor GAZMURI .-

Ésa es otra discusión, señor Senador. Ocurre que ha habido dos negociaciones en las cuales se ha convenido que el trigo -que el país importa- y otros tres productos se exceptúen del proceso de desgravación general, que en estos acuerdos es de uno a diez años. De manera que son cuatro los productos que se desgravan en un lapso de 10 a 18 años, lo que, sumado a la banda de precios, da un horizonte para la reconversión de bienes efectivamente sensibles. Y lo son, porque es muy difícil que Chile compita en el campo de los cereales frente a Argentina, Canadá o Estados Unidos, así como también en carnes rojas y arroz respecto de Uruguay, Brasil y Argentina.

Por lo tanto, como esas producciones afectan a áreas enteras de la agricultura nacional y a miles de productores -fundamentalmente, a los que no son capaces de incorporarse a los procesos de modernización-, lo que se ha hecho es dejar fuera del programa general de desgravación arancelaria a estos cuatro productos, protegiéndolos con una más lenta, para dar tiempo a que operen los procesos de reconversión. En el caso del trigo y de la remolacha, se ha mantenido, además, la banda de precios como elemento protector. Tal protección u otra, a lo menos equivalente, la considero indispensable para permitir la reconversión del sector agrícola.

Por otro lado, se ha armado un gran lío con la avena, que, efectivamente, constituye un problema marginal, como señaló el señor Ariztía . Pero los productores de trigo son más de 150 mil, y se siembra un área superior a las 350 mil hectáreas. Entonces, ya no se trata de un asunto de detalle, sino de economías campesinas o de medianos productores tradicionales, pues los que no tienen tal carácter están en el rubro del kiwi, las cepas finas o en el sector dinámico. Por ello, considero inconcebible por parte de quienes hacen la defensa del sector agrícola que en su alegato olviden este "pequeño detalle".

Entiendo que para el Gobierno no es fácil romper una política que en Chile lleva varios años de aplicación, en cuanto a que la rebaja de aranceles sea en forma pareja. Comprendo el argumento esgrimido por el Ministro señor Aninat , lo que no quiere decir que lo comparta, pues creo que, de hecho, hemos roto la política de aranceles parejos, precisamente con estos acuerdos comerciales, porque tenemos aranceles completamente diferenciados, según sea el país de origen de los productos que importamos.

Otro argumento al que se recurre es que se producirá una avalancha de peticiones por excepciones. Yo creo que ella ya se produjo y se dirigió hacia el Gobierno y los que negociaron la asociación de Chile al MERCOSUR, lográndose finalmente el acuerdo de exceptuar cuatro productos. Y si hubo consenso en el Congreso en aquella negociación, seguramente también lo habrá para aprobar este tratado.

Por lo tanto, respecto de los productos señalados, hay acuerdo nacional suficiente como para plantear la excepción. No es un tema para analizar en esta oportunidad, por lo que debemos dejarlo pendiente y tratarlo cuando se presente al Parlamento el proyecto de rebaja general de aranceles.

Reitero mi opinión, que la considero sólida y posible de defender, pues resulta perfectamente coherente con el modelo de política que estamos desarrollando. Y si lo hago es porque en esta misma Sala se ha reiterado el compromiso de proceder a una rebaja general de aranceles en un plazo breve.

Por todas esas razones, y habiendo concluido mi tiempo, voto a favor del proyecto de acuerdo.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , cuando uno vota en el Senado, tiene perfecto derecho a expresar sus puntos de vista y pronunciarse como le parezca. En tal virtud, simplemente me permito discrepar del enfoque que escuché a distinguidos Honorables colegas de la Derecha, quienes señalaron que su voto en contra está basado en el bien común del país.

Como objetivamente no comparto la definición que el Honorable señor Siebert dio a ese concepto -no observé que el Senador señor Prat lo difiniera; otros lo mencionaron en general-, y como no pretendo dar lecciones a nadie, porque no tengo título para ello, sólo diré que "Gaudium et Spes" -documento emanado del Concilio Vaticano II- define el bien común como el conjunto de aquellas condiciones de la vida social conforme a las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección.

En el Catecismo de la Iglesia Católica se expresa que el bien común requiere de tres requisitos: en primer lugar, el respecto a la persona en cuanto a tal; en segundo término -y esto lo citaré en forma más extensa-, el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. El documento citado expresa: "El desarrollo es el resumen de todos los deberes sociales. Ciertamente corresponde a la autoridad decidir, en nombre del bien común, entre los diversos intereses particulares; pero debe facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana: alimento, vestido, salud, trabajo, educación y cultura, información adecuada, derecho de fundar una familia, etc.".

El bien común no puede, por su naturaleza, representar el bien de cada uno de los integrantes de la sociedad, porque existen intereses contradictorios. Por lo tanto, corresponde a la autoridad decidir y ponderar al respecto, a través de un órgano especializado del cuerpo político, llamado Estado, cuyo objetivo básico es el bien común.

En el Tratado en discusión, ¿se preserva o no el bien común de los chilenos? Éste es el punto, a mi juicio. Si no se produce ese efecto básico que guía mi accionar político, no estoy dispuesto a concurrir a su aprobación.

Examinemos algunos aspectos que se mencionan en el informe de las Comisiones unidas. Ciertamente, son miembros de la sociedad chilena los integrantes de la Confederación de la Producción y del Comercio, que es un destacado sector. Lo señalo, porque su representante, don Walter Riesco , en la Comisión sostuvo que, a su juicio, el presente acuerdo con Canadá tiene un gran significado para Chile y consagra una serie de beneficios para nuestro país, pues profundiza la estrategia de apertura de Chile, refleja un compromiso con el libre comercio y resguarda nuestra legislación comercial. Agregó que, además, llevará a un mejoramiento de la imagen del país en el concierto internacional y hemisférico, con lo cual vendrán más capitales y Chile se podrá desarrollar en mejor forma.

También expresó algo que está relativamente olvidado en el alegato de muchos de los Honorables colegas en lo que respecta a la definición del bien común. Dijo: "Además, se producirán importantes beneficios para los consumidores chilenos al contar con una disponibilidad de productos importados de alta calidad a precios más bajos.".

Los consumidores chilenos ¿están o no incorporados en el bien común? Según el Presidente de esa Confederación , así es.

Por su parte, el distinguido Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura ha venido, por supuesto, a defender sus intereses, lo que es legítimo. Es un hombre inteligente. Señaló que "la agricultura chilena es capaz de competir". Y, coincidiendo con la Confederación de la Producción y del Comercio, agregó que los acuerdos han beneficiado, a su juicio, la importación de productos hacia Chile. Si esto es efectivo, los consumidores han sido favorecidos, pues han logrado acceder a productos de mejor calidad y a un precio más reducido.

El señor Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura , como es un hombre capaz, no puede negar el hecho de que el sector que él considera afectado, con 42 mil hectáreas de cultivo (trigo candeal, avena y cebada) representa el 1 por ciento del producto interno bruto agrícola; o sea, el 1 por ciento del 7 por ciento, porque la agricultura chilena es el 7 por ciento del producto general del país.

En consecuencia, ¿es posible sostener que el 1 por ciento constituye un elemento que nos tiene sin cuidado? ¡No! Porque no seríamos coherentes con la definición que cité del Catecismo de la Iglesia Católica, en el sentido de que el bien común, junto con optar entre los diversos intereses particulares, debe facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente humana.

¿Es factible, por ejemplo, facilitar a otros sectores una vida humana? El Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura ha dicho que el convenio con Canadá traería beneficios en el cupo de exportación de aves hacia Canadá, pero que Chile tiene muy pocas posibilidades de acceder a ese tipo de exportación. En tal virtud, veamos lo que expresó en las Comisiones unidas el representante máximo de los productores de aves y porcinos. Dijo que el convenio ha tenido ya efectos positivos en el inicio de negocios que significan un gran apoyo tecnológico para el sector porcino, y que en estos momentos ellos están estudiando el desarrollo de proyectos conjuntos para la producción de material genético en Chile, con miras a la exportación a los países del MERCOSUR. O sea, nuevamente, un representante de un sector de compatriotas que forma parte de esta comunidad ha señalado que el Tratado tiene un efecto importante.

Por su parte, el Secretario General de la Sociedad de Fomento Fabril y Vicepresidente de la Corporación Nacional de Exportadores de Chile, don Andrés Concha , manifestó que el convenio es positivo; que respalda su aprobación, y que, en su opinión, estos acuerdos de libre comercio implican un conjunto de desafíos importantes. El representante de la SOFOFA señaló incluso -y esto es en beneficio de los negociadores- que este Tratado es mejor que el negociado con el MERCOSUR. Por lo tanto, es justo que los negociadores, los cuales han aprendido y han procedido con honestidad y talento, reciban el beneficio que merecen por la buena fe, talento y capacidad con que han enfrentado este tipo de tareas.

No se citó a los consumidores, pero se invitó al Presidente de las Cooperativas Agrícolas , como lo recordó muy bien el Senador señor Pérez . ¿Y qué manifestó el representante de los pequeños campesinos? Abordó el asunto en términos positivos y dijo: "Echémosle para adelante; nosotros apoyamos el MERCOSUR y este Tratado, porque creemos que será bueno para el país". Ellos confían -y tienen razón- en que los Gobiernos democráticos les darán el respaldo que necesitan.

Entonces, ¿está en juego en este Tratado el bien común? ¡Sí!

El bien común de los chilenos, expresado en esta forma tan amplia, indica que es conveniente aprobar el Tratado. Sin embargo, la legítima defensa de los intereses de los agricultores requiere que haya buenos defensores de esas ponencias, pero no en nombre del bien común, sino en el de los agricultores, que se sienten afectados por esta política.

Por otra parte, como cada uno representa a regiones, deseo manifestar mi especial afecto y reconocimiento al Gobierno por haber negociado, entre otras, una materia vinculada al pisco chileno, por cuanto se encuentran en tramitación en el respectivo registro de marcas de Canadá las normas que permiten el reconocimiento de la denominación de origen del producto. Ésta es una de las cuestiones más sentidas por los agricultores de mi Región, respecto a colocar en el tapete que el pisco chileno, que ha ganado su prestigio por la importancia que reviste en la sociedad de esa zona, por su calidad y por los esfuerzos desarrollados, pueda tener un espacio de crecimiento. Al respecto, conviene agregar que los niveles de consumo de alcohol en el país son más que suficientes; por tanto, Chile necesita exportar el producto de una zona -de sus habitantes-, que tiene sabiduría y talento.

En consecuencia, desde el punto de vista del bien común y de los intereses de una Región particular, el Tratado, a mi juicio, recoge de manera certera y fundada los intereses del país.

Por último, no quiero dejar pasar un detalle. Escuché al Honorable señor Cantuarias referirse a lo que él denominó "una cierta falta de acuciosidad", porque se hizo erróneamente mención a un decreto del Ministerio de Salud, lo que podría afectar el reconocimiento de la legislación que se cita.

Obsérvese que pedí a un oficial de Sala del Senado que me trajera el decreto Nº 185 de dicho Ministerio. A lo pocos minutos se acercó el funcionario y me dijo "Aquí está, señor Senador. Por si acaso, el decreto estaba registrado en Minería, pero llegó". Entonces, ¿cuál es el obstáculo? El decreto está firmado por cuatro Ministros. Por lo tanto, si un oficial de Sala, agudo, capaz y leal, pudo resolver el asunto en un par de minutos, no cabe duda de que los acuciosos negociadores y tratadistas que estudian estos proyectos no tendrán dificultad alguna en tal sentido.

Hubo otro aspecto formal que se destacó, y dice relación a que no se tuvo la diligencia suficiente para imponerse de la materia de un reglamento que estaba derogado. Ciertamente, puede haber buena fe de ambas partes. Hice la consulta, y ocurre que el decreto supremo Nº 278, de 1983, del Ministerio de Economía, que se refiere al almacenamiento de combustibles, fue derogado por el decreto Nº 90, de 5 de agosto de 1996. Ello es efectivo. Pero, ¿cuándo se cerró la lista con que los negociadores del Gobierno establecieron las pautas? En julio de 1996. Es decir, a la fecha en que tal cosa ocurrió, ese último texto no había sido dictado.

Lo anterior, por lo tanto, demuestra acuciosidad en el equipo negociador, al igual que en el Senador señor Cantuarias, quien efectúa un aporte que por lo menos permite ver que tampoco a aquél se le puede pasar la cuenta en ese asunto.

En seguida, señor Presidente , he escuchado aquí expresiones que considero parte de la democracia y del trabajo parlamentario: "Voto a favor del Tratado si me rebajan tal cosa"; "Voto a favor del Tratado a cambio de esto otro". En lo personal, creo que esta Corporación no es un supermercado. Y, desde ese ángulo, me parece que cada cual tiene derecho a hacer presente su posición y a señalar qué estima positivo para el país o no, pero ¡cuidado con convertir al Senado en una bolsa de valores, en donde se levanta la mano para saber cómo va el precio de determinado producto...! ¡No, señor! En el Tratado se halla involucrado el interés de Chile.

Es bueno, naturalmente, que un Gobierno democrático cuente con la capacidad de recoger las observaciones legítimas que se formulan en el trabajo de Comisión o de Sala. Y felicito al Gobierno por la flexibilidad que muestra para ello.

Por mi parte, discrepo formalmente de señores Senadores como mi Honorable colega Prat , quien, en lo más profundo de su alma, es un autoritario en lo político y un liberal en lo económico. Pero es un hombre de buena fe y defiende con fundamentos su posición. Sin embargo, ¡cuidado con intercambiar una visión en que la política puede ser menospreciada!

Por último, creo que el señor Ministro de Agricultura ha expresado en la oportunidad debida todo lo que se realizará para otorgar apoyo en el sector. Porque, aunque se trate de quienes representan sólo uno por ciento del producto interno bruto de la agricultura misma, son chilenos que merecen el respaldo de su país.

Y, por ello, se debe destacar, además, el que los negociadores hayan logrado legitimar, en vías del NAFTA, el tema de las bandas de precio. Porque ciertos especialistas -he asistido a algunas reuniones con expertos norteamericanos y canadienses- hicieron presente que algunas de las dificultades en el tratamiento de ese acuerdo radicarán en la mantención de esas bandas en el sector de la agricultura tradicional. Constituye un éxito de los negociadores chilenos el que uno de los socios más importantes del NAFTA haya aceptado la legitimidad de la conservación de dicha medida, sin colocarle, hasta donde sé, un plazo de término, como sí ocurre con elementos derivados del "drawback" comprometidos en este tipo de materias.

Juzgo de extraordinaria significación, asimismo, que el señor Ministro haya manifestado aquí -aunque no les haya parecido conveniente a algunos- la disposición a trabajar en conjunto respecto de la asignación de los 500 millones de dólares determinados para apoyar a la agricultura.

Y, quizás, conviene agregar una reflexión sobre el tema, señor Presidente . Un señor Senador recordó, citando un documento de la Sociedad Nacional de Agricultura, que los canadienses disponen de aproximadamente 62 subsidios para favorecer su actividad agrícola y que las sumas involucradas son impresionantes. Se mencionaron 4 mil 200 millones de dólares. Pero quisiera invitar a mis Honorables colegas a revisar el informe de las Comisiones unidas, donde consta que el señor Ariztía expresó que, de esa cantidad que retorna a la agricultura canadiense, sólo 800 millones de dólares pueden ser objetados ante la Organización Mundial de Comercio. En lo demás, señala, no es posible plantear reclamo alguno.

Naturalmente, un país como el nuestro, con un producto geográfico bruto inferior a la décima parte del de Canadá y aún en vías de desarrollo, con una pobreza terrible, no podrá llegar a dar a sus agricultores lo que se les otorga en otras partes. De acuerdo con los antecedentes que me han entregado los equipos técnicos del Gobierno y con la metodología de la OECD para medir contribuciones, apoyos o subsidios de los Gobiernos a las respectivas agriculturas, lo que incluye inversión en infraestructura, sostén de precios internos, etcétera, las medidas canadienses de esa índole equivalen a 24 por ciento del producto agrícola. Si se utiliza el mismo método para el caso de Chile, se llega a alrededor de 17 por ciento del producto del sector. No cabe duda de que es insuficiente, pero constituye un buen camino.

Y, entonces, señor Presidente , por tratarse de un buen camino para el bien común, de acuerdo con la forma como define a este último la Iglesia católica y no algunos señores Senadores de Derecha que han votado en contra; por proporcionar beneficios a la abrumadora mayoría de los chilenos, si bien con sacrificios para una parte de los agricultores del país y, además, para trabajadores textiles, del sector automotor y otros, que tienen que esperar las rebajas arancelarias -para que se pudiera negociar en los plazos de la agricultura-, y por recoger, asimismo, una aspiración histórica de la Región de Coquimbo, en cuanto al pisco, con orgullo, satisfacción y alegría voto a favor del proyecto de acuerdo, que aprueba el Tratado de Libre Comercio.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , he escuchado con la máxima atención el debate sobre un tema de tan particular relevancia como el que nos ocupa y lo cierto es que, al menos desde mi punto de vista, surgen dos apreciaciones.

Una de ellas se refiere a que esta Corporación se ha convertido, cuando se discute este tipo de materias, en una suerte de Senado de regiones y en donde, al mismo tiempo, se expresan intereses. Respecto de lo primero, siempre ocultamos el hecho de ser representantes de regiones. Y, en relación con lo segundo, siempre somos muy explícitos en defender intereses, porque todos son muy legítimos. Creo que lo anterior resulta muy importante, por decir relación a la naturaleza del Senado.

Aquí han hablado, básicamente, Honorables colegas muy profundamente vinculados con una de las actividades fundamentales del país, que es la agrícola. Y eso me hace recordar algo que, socarronamente, parece que se dijo por ahí por los años 20, en el sentido de que Chile exhibe una paradoja -imposible de resolver todavía, cuando culmina el siglo-: es un país minero, dirigido por agricultores.

Y se trata de una paradoja que no somos capaces de sortear, en verdad. Porque el Tratado de Libre Comercio con Canadá ha estado reducido, básicamente, a las dimensiones agrícolas, que respeto mucho por ser muy importantes. Y sé perfectamente que no tengo ninguna autoridad ni conocimiento profesional ni científico en ese ámbito. Algún conocimiento tengo, sí, en minería.

Últimamente, he tratado de meterme lo más que he podido en el tema minero, para horadar en la parte más sustantiva de la estructura del producto nacional, que continúa constituido por el rubro recién mencionado. Y he intentado ver, también, cómo impactará en esa área el instrumento internacional en estudio, siguiendo un poco la misma línea expuesta por el Senador señor Hormazábal , en cuanto a cómo el bien común también se expresa para los chilenos ligados con dicha actividad.

Existen algunos antecedentes que me impresionan. Canadá registra en el país, en general, una inversión del orden de 3 mil 150 millones de dólares. Entiendo que tiene autorizados alrededor de 8 mil millones de dólares.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Exactamente.

El señor NÚÑEZ.-

De esa cantidad enorme de recursos de origen canadiense, un porcentaje mayoritario está vinculado con la minería. Y va a seguir estándolo. Y muchos de los megaproyectos que han interesado a los capitales aludidos se encuentran ya en producción o en las primeras fases de instalación de faenas. Ello implicará que con el capital canadiense se incrementarán todavía mucho más nuestras exportaciones cupreras y que en 2002 llegaremos a 4 millones de toneladas de cobre fino anuales.

Pero deseo destacar algunos datos que me impactan. Por lo menos, pienso que es bueno tenerlos en consideración. En la gran minería del cobre, donde participan capitales canadienses, en 1987 estaban empleados 41 mil 508 trabajadores chilenos; en 1996, la cantidad disminuyó a 19 mil 598. Obviamente, hubo un impacto negativo que no puedo dejar de mencionar, ya que es un hecho real que existen 19 mil 598 empleados en la gran minería del cobre, incluyendo a los trabajadores de CODELCO. Hemos tenido la gran virtud -particularmente, gracias al Ministro Villarzú y a Marcos Lima- de aumentar notablemente la productividad de esta empresa y disminuir significativamente la participación de los trabajadores en la actividad de la gran minería estatal.

Comprendo que las inversiones en la minería son de alta intensidad en cuanto al capital y a la tecnología; entiendo perfectamente que forma parte de la naturaleza del tipo de inversiones que se están realizando en este sector y que, básicamente, estos capitales buscan aumentar sensiblemente la productividad, puesto que este mercado es especialmente competitivo. En consecuencia, tenemos que hacer un gran esfuerzo de competitividad en este sector

Sin embargo, debemos tener claro que existe una dimensión social negativa. El Gobierno -el Estado de Chile, para ser más exacto- debe hacerse cargo de esa realidad. Efectivamente, en Chile tenemos una situación singularmente negativa en cuanto al impacto social que implican estas grandes inversiones, las cuales, a propósito del Tratado de Libre Comercio con Canadá, entiendo que se deberían intensificar. Por lo tanto, es básico que podamos tomar prevenciones, al menos desde el punto de vista del impacto social.

Hace algún tiempo presenté una moción para que las inversiones en nuestras regiones no sólo requieran de un informe de impacto ambiental, sino que además los gobiernos regionales emitan informes de carácter social, vinculados fundamentalmente con el empleo.

Es muy importante lo avanzado en este Tratado respecto al tema laboral y medioambiental. Sin embargo, aunque me parecen estupendas las declaraciones planteadas en los dos anexos, solamente quedan a nivel de meras declaraciones, no por culpa de Canadá, sino esencialmente por la responsabilidad de nuestro país.

Continuando con la minería, en cuanto al tema medioambiental, en Chile no estamos haciendo absolutamente nada (a lo mejor exagero un poco, ya que me queda algo de maximalista). Para ser más preciso, no se está haciendo lo suficiente para investigar acuciosamente, con todos los medios científicos a nuestro alcance, el notable impacto ambiental que se está produciendo en nuestras regiones mineras, fruto de las altas inversiones que se están realizando en este sector, en especial, en la minería del cobre y del oro.

Por ejemplo, todas las inversiones canadienses en minas de oro de la Tercera Región recurren principalmente a la cianuración para obtener el preciado metal. En Chile, no existe investigación a este respecto. Por ello, me alegro mucho de que en esta materia se incentive la cooperación entre ambos países. Supongo que en Canadá está prohibida -o muy limitada- la cianuración del oro, pues, todos sabemos lo que significa el cianuro y no conocemos exactamente -en nuestro país no se sabe con certeza y las empresas canadienses tampoco entregan siempre la información requerida- los impactos que éste puede provocar en las napas subterráneas del desierto (porque en nuestro desierto hay agua). En consecuencia, no estamos cabalmente al tanto de lo que esto implica.

Ciertamente, espero que, a propósito de este magnífico tratado que naturalmente apoyaré, podamos realizar junto con Canadá los estudios necesarios para evitar una catástrofe ecológica de gran magnitud, similar a la que está viviendo la Segunda Región, a propósito de la extraña contaminación -por así decirlo- producida en el río Loa, de la cual nadie se hace responsable. No deseo que en alguna de nuestras regiones mineras, donde están invertidos la mayor parte de los capitales canadienses de nuestro país, ocurra una situación similar.

En materia laboral, saludo con el máximo entusiasmo lo establecido en el acuerdo. Hay cosas que comparto plenamente, las cuales son un avance significativo que debemos valorar, en particular lo que representan los Objetivos fijados en aquél. Por ejemplo, su letra (a): "mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida en el territorio de cada Parte" es especialmente importante, porque si los capitales canadienses desean ser consecuentes con lo que ello significa deben mejorar en forma esencial las condiciones laborales de las actividades mineras del Norte vinculadas a aquéllos. ¿Se conoce, acaso, que un porcentaje enorme de chilenos no pudieron ser rescatados luego del último temporal, porque estaban trabajando a 4 mil metros de altura, en condiciones extraordinariamente penosas desde el punto de vista laboral? Reitero: estimo importante decir esto acá, y -ojalá- ello empesgue a los empresarios mineros canadienses.

Otro objetivo es "promover la observancia y la aplicación efectiva de la legislación laboral de cada Parte.". Lo saludo con entusiasmo, pero deseo que se sepa que hay empresarios canadienses que se esfuerzan para que no se constituyan sindicatos en nuestras regiones, y para "comprar" -digo la palabra exacta y medida- aquéllos que se formen. Afirmo, con conocimiento de causa, que cuando surge un dirigente sindical que no cuenta con la simpatía de los gerentes, se le despide, como se hizo con un dirigente sindical de "La Candelaria" -cuyos principales capitales son canadienses-, a pesar de que tenía fuero sindical. Ello todavía está viéndose en la Dirección Provincial del Trabajo.

Supongo que el bien común de que hablaba el Senador señor Hormazábal también debe llegar a los trabajadores chilenos. Pero, francamente, los trabajadores chilenos de empresas canadienses no reciben los mismos beneficios que los trabajadores del Canadá en su país, porque en éste se respeta al movimiento sindical y la negociación colectiva, y es posible mejorar las condiciones laborales, todo lo cual -¡ojo!- no se hace en nuestras empresas mineras.

Por lo tanto -lo he conversado con algunos negociadores del Gobierno-, me parece básico que si vamos a trabajar en función del bien común de Chile y Canadá -lo cual es perfectamente posible-, debemos ser extraordinariamente consecuentes y el Ejecutivo tiene que adoptar todas las medidas para que los tratados se apliquen, por lo menos en los dos ámbitos que pretendemos sacar efectivamente del nivel muy limitado y casi primitivo en que se encuentran en nuestro país: relaciones laborales y medio ambiente. Ello no es responsabilidad de Canadá, pero lo cierto es que en el Congreso se están tramitando cuatro proyectos laborales que no han podido avanzar, debido, principalmente, a la oposición de la Derecha. Este sector debe darse cuenta, de una vez por todas, de que si se pretende modernizar las relaciones laborales, siquiera a la mitad del Canadá, tienen que aprobarse dichas iniciativas, y de que la legislación ambiental en nuestro país es claramente insuficiente, al menos en lo relacionado con la minería, donde los capitales de origen canadiense poseen mayor interés en promover sus inversiones.

Sin embargo, a propósito del tratado, quedan tres grandes temas pendientes -no son responsabilidad del Canadá-, que tenemos la obligación de hacer nuestros, como parte importante de la tarea de elaborar una gran política de bien común para los chilenos. Algún día deberemos darnos cuenta de que con esas enormes inversiones que se están produciendo en el sector de la Gran Minería del cobre, estamos corriendo el riesgo de la sobreproducción de este metal. Ante la eventualidad de ese riesgo, quisiera saber si en el Tratado se establece alguna posibilidad de que, en función del interés nacional; vale decir, del interés común, del bien común, en algún momento podamos limitar esas inversiones, no con ánimo expropiatorio -¡ojo! (por lo demás, este mismo instrumento internacional se precave tanto de las expropiaciones que prácticamente será imposible efectuarlas), no estoy en ese sesgo-, sino con el propósito de aclarar el punto. Chile lleva mucho tiempo produciendo cobre y creo que es factible seguir haciéndolo. Pero, en un momento dado, en alguna línea puede originarse una sobreproducción, con serio daño para el futuro económico del país.

Canadá sigue interesado en nuestro cobre. Me parece muy bien. Lo importante es contar con políticas de Estado para los efectos de precaver, al menos, los enormes perjuicios que generaría a nuestra economía la sobreproducción de cobre que pudiéramos tener en determinado instante.

Por otro lado, como dije al comienzo, éste es un Senado de Regiones. Cada vez más -y me parece muy bien- somos Senadores de Regiones, salvo, naturalmente, los Senadores institucionales. En el Tratado no veo mecanismos de regionalización. ¿Por qué? Porque -hay que decirlo francamente- invertir en el sector servicios o en el sector manufacturero, es muy distinto que invertir en rubros donde la riqueza no es renovable.

Eso no se encuentra establecido en forma clara. Ciertamente, no es un problema del Tratado. Es un problema nuestro. Porque el decreto ley Nº 600, que ha permitido la incorporación de tantos capitales extranjeros en el país, cuando se aplica a los sectores de la minería no renovable crea una situación extraordinariamente delicada para esos lugares, por cuyo motivo se requiere una visión regional de los tratados. Ello supone abocarse a estudiar y reestudiar algo que manifestó el Senador señor Bitar , a quien escuché con enorme atención: la naturaleza, alcances y perspectivas del decreto ley Nº 600, que sigue rigiendo en nuestro país.

Voto favorablemente.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, me alegro de que el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra haya mencionado a la minería, porque en toda esta discusión no se había hecho referencia a ella. Asimismo, concuerdo con el Honorable colega en que somos Senadores de Regiones . Porque, a pesar del título, no somos "Senadores de la República", y los miembros de la Cámara Baja no son "Diputados de la República". Ellos son Diputados por tal Distrito, y nosotros, Senadores por tal Región, salvo los Senadores institucionales.

Como Senador por la Segunda Región, sostengo que allí la minería es fundamental, más aún que en la Tercera Región, porque ésta además produce fruta y desarrolla también otras actividades. La Segunda Región es esencialmente minera, por lo cual sólo se puede beneficiar de los aportes extranjeros en la minería.

En general, después de escuchar este largo debate, que ha sido muy ilustrativo porque es bueno analizar estas materias y que la opinión pública conozca las razones que se tuvieron para aprobar o rechazar el Tratado, no cabe duda de que para Chile, un país grande con una economía pequeña, es beneficioso unirse con Canadá, que es un país grande con una economía enorme.

En seguida, quiero destacar algo que tampoco se ha mencionado hasta ahora: la valentía del sector privado chileno al aceptar competir en igualdad de condiciones con un gigante como Canadá. Chile es un David; Canadá es un Goliat. Yo no soy empresario ni agricultor, sino un simple abogado que integra el Senado. Admiro al empresariado chileno -en lo que atañe a la agricultura, no me refiero al de la parte agrícola sensible del Tratado, sino al de ese gran sector de la agricultura no tradicional, más bien sofisticada, incorporada en él- por atreverse a apoyar un convenio que lo obligará a realizar un gran esfuerzo para poder competir, porque Canadá es un monstruo económico y Chile tiene una economía pequeña.

Por lo tanto, conviene no olvidar al sector privado, que muchas veces es tan vilipendiado, pero que, por sobre todo, es el motor que mueve el país, proporciona trabajo y lo hace progresar día a día. Quiero dejar constancia, en esta oportunidad, de la valiente actitud adoptada por el sector privado, que, actuando de común acuerdo con el Gobierno, ha dado su respaldo al Tratado.

Este Tratado le da a Chile una especie de sello de garantía, por el hecho de que un país como Canadá lo reconoce como par, como igual. Y coincido con lo manifestado por el Senador señor Hormazábal , en el sentido de que este instrumento favorece el bien común de todo el país. En el caso particular de la Segunda Región, las mayores inversiones significarán más trabajo, aunque es cierto que la minería no contrata mucha mano de obra, pero hay gran actividad indirecta. Basta apreciar lo que ha significado para Antofagasta el funcionamiento de la mina "La Escondida", que ha permitido reconstruir prácticamente toda la ciudad.

El bien común indica que el Tratado debe ser aprobado. Y éste será el broche de oro de la gestión del Embajador de Canadá , señor Marc Lortie -presente en las tribunas-, quien nos abandonará dentro de poco, pero que se llevará la satisfacción de que este Tratado tan importante haya sido aprobado por el Congreso Nacional de Chile.

Voto a favor.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , en primer término, deseo refutar la afirmación de que el estudio del Tratado habría sido poco acucioso. Para ello, basta observar el voluminoso libro que tengo en mis manos, elaborado por la Presidencia de la República y titulado: "Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá. ¡He aquí una demostración de lo poco acucioso que fue el análisis! Esto me ahorra muchas palabras.

En segundo lugar, voy a citar una fábula contada en una conferencia por el Ministro de Agricultura , señor Mladinic , a raíz de la asociación de Chile al MERCOSUR. Relató que se habían encontrado una gallina con un cerdo, y la gallina le propuso al cerdo un negocio, diciéndole: "¿Qué te parece si instalamos un negocio de venta de sándwiches de pernil con huevo? Yo pongo los huevos, tú pones el pernil". Creo que el Ministro fue bastante gráfico. Lo escuché con especial atención, porque después, en una exposición extraordinaria, expresó que no hay ningún convenio o tratado donde se establezcan puros beneficios para una parte, y sólo perjuicios para la otra.

Señor Presidente, ya se han expuesto todos los argumentos y entregado la totalidad de las cifras. Quedan sólo los colgajos, y sobre ellos voy a hablar.

Mi estimado amigo y Honorable colega señor Larre (nos vamos juntos del Senado en marzo próximo), manifestó que le preocupaba la situación de quienes viven de la agricultura, que son uno de cada seis chilenos.

Me parece bien interesarse por ese sector de compatriotas. Sin embargo, también es necesario preocuparse de cinco de cada seis. A mi juicio, este Tratado apunta, básicamente -lo digo, no en forma tan apostólica y misionera como lo hizo el Senador señor Hormazábal , sino de manera más sencilla-, al bien común. Lo expresado por este Honorable correligionario fue casi una encíclica; lo mío es una simple cifra.

En tercer término, deseo recordar un hecho que analizamos con el mismo Senador señor Larre durante meses, que parece no tener mayor relevancia, pero que es importante e inquieta al Gobierno. Cuando se fijó la banda de precios para la harina, estuvimos discutiendo dos o tres meses. ¿Por qué? Porque afectaba a 150 mil pequeños, medianos y grandes productores de trigo -¡ciento cincuenta mil!-; a más o menos 3 mil panificadores (atención: la mayoría españoles); a alrededor de 300 molineros; a varios miles de trabajadores de la industria panificadora, y, sobre todo, a 14 millones de chilenos que comen pan. Y ahí está el problema: ¿cómo compatibilizar estos factores? El Gobierno se ha preocupado de todos ellos, pero indiscutiblemente el interés común lo representan los 14 millones de chilenos que tienen que comer pan. Y el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, dice el Padre Nuestro . Y los que somos bíblicos queremos comer el pan de cada día barato, si es posible.

Continúo refiriéndome a otros "colgajos".

El Honorable señor Larraín planteó que habría que buscar una fórmula para compensar los daños causados, etcétera. Yo, que nací en Coinco y viví en el campo, entre alamedas y esteros, me doy cuenta de que algunas tierras son favorables para ciertos productos, pero no para todos. Ahí el álamo crece estupendo y las viñas, para qué decir. Sin embargo, otras cosas no se dan. Sabemos que la pampa húmeda argentina es propicia para el trigo, la carne, la cebada, etcétera. En eso, con nuestro territorio, no podemos competir. Pero Argentina no cuenta con las manzanas de nuestro valle central: reciben las horas de frío y calor necesarias para hacerlas madurar de modo óptimo. Y si apareciera Eva de nuevo, seguramente tentaría a Adán con estas manzanas. Lo que natura no da, Salamanca no lo presta. Chile carece de determinadas condiciones para algunos productos y, por tanto, no podría competir ni con el trigo canadiense ni con la carne argentina ni con la soja uruguaya.

Por otra parte, el Senador sewelino don Ricardo Núñez dijo que se había hecho muy poco. Quiero que mi estimado amigo cambie su opinión, porque en nuestra Región se está haciendo mucho en el aspecto ambiental. Por primera vez en la historia, se están construyendo dos plantas para transformar los anhídridos sulfurosos en ácido sulfúrico, las que van a producir 800 mil toneladas de dicho ácido al año, que se empleará justamente en las minas del norte en el proceso de lixiviación. Esta medida es útil, ya que descontamina y quita el arsénico, y el ácido sulfúrico generado se utiliza en el norte.

Por lo demás, pido a mis ilustres colegas que no tengan miedo de que se produzca cobre en exceso. Un profeta chileno, camarada y amigo mío, Radomiro Tomic , dijo que Chile tenía mineral suficiente para satisfacer el hambre de cobre que va a tener el mundo en el futuro. Estamos hablando de China, de África, de todos los países que algún día serán industrializados. El problema es que el cobre hay que producirlo relativamente barato y, para ello -ya que está el Ministro aquí-, es bueno señalar que no debemos cambiar un tipo de contaminación por otra. Hagamos un camino desde Caletones hasta la costa. Cuesta menos de la décima parte de lo que produce El Teniente en un año, mina que -perdonen que me salga un poco del tema-, según informe oficial, arrojó 304 millones de dólares de utilidades en 1996. Menos del 10 por ciento de dicha cifra cuesta hacer un camino para que los 107 camiones que van a llevar ácido sulfúrico no pasen por la ciudad de Rancagua, Machalí u otras. Le doy a conocer esta petición al Ministro de Hacienda , presente en la Sala, para que la considere.

La Honorable señora María Elena Carrera y el Honorable señor Ricardo Núñez -que vivió allá- conocen el tema tan bien como yo.

Chile va a generar -y aquí está el punto- el 38 por ciento de la producción mundial de cobre en el próximo milenio; es decir, cerca de 4 millones de toneladas de un total de 10 millones. Y el mundo tiene y seguirá teniendo hambre de cobre, a menos que los costos se disparen, cosa que está controlando muy bien CODELCO-Chile.

A propósito del medio ambiente, quiero...

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Terminó su tiempo, señor Senador.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente, como dicen en los colegios, "último día, nadie se enoja"; así que le solicitaría medio minuto más para leer parte de un texto de don Jaime Undurraga , negociador del Acuerdo Ambiental Chile - Canadá, que me parece pertinente.

En el punto 5) de dicho documento, señala: "Finalmente, si Chile se hubiera negado a firmar un acuerdo de cooperación como el que comentamos -cuya única obligación es cumplir con sus propias leyes ambientales- habríamos dado una señal muy peligrosa al resto del mundo. Nuestra credibilidad como nación seria en el concierto mundial sufriría un importante retroceso. Estaríamos generando un precedente para múltiples acusaciones de "dumping" ambiental, avalado por el explícita intención de no cumplir con nuestras leyes en la materia.".

No lo leeré todo, pero ése es el sentido fundamental de lo que se persigue en materia ambiental.

Aun cuando tenía bastante más que decir, ya se me acabó el tiempo que generosamente me concedió la Mesa.

Voto a favor del Tratado.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente, el Senado ha sido testigo de un debate de mucha importancia, que debe enorgullecernos por su amplitud, profundidad y seriedad.

A esta altura de la sesión, ya todos sabemos que el Tratado se aprobará, de manera que quizás se tiene más libertad que al comienzo para expresar ciertas cosas.

No hay duda de que el Gobierno de Chile tiene razón en abrir sus puertas hacia el mundo exterior y liberalizar su comercio. El socio que ha elegido en esta oportunidad nos parece bien; todos -tal como se ha escuchado en el debate- le tienen especial afecto. Pero abrir a Chile hacia los mercados internacionales representa sólo una parte de la obligación del Estado de velar por el bien común; la otra, es tratar de que en nuestro país no haya sectores permanentemente perjudicados, aunque -tal como aquí se expresó- los daños sean menores en este caso.

Por lo tanto, a mi juicio, la acción del Gobierno en esta materia me parece incompleta, más que equivocada. Porque esta Administración, y también las anteriores, han sido deficitarias en visualizar la situación de la agricultura chilena, que cada vez, por motivos distintos, en épocas y en circunstancias diversas, debe pagar el precio por el progreso del país, el cual, en estos momentos, algunos sectores agrícolas no son capaces de pagar.

Por esa razón, me he referido al tema del bien común.

Yo me alegro que el concepto de bien común, que desde la Constitución de 1980 se establece como una finalidad del Estado -en las Cartas anteriores no figuraba-, haya sido comprendido y considerado como la meta de nuestro debate. El bien común no es el bien estadístico, es el bien de la sociedad y, al mismo tiempo, de todos los componentes de ella. La acción protectora del Estado hacia los débiles se desprende precisamente de este concepto especial del bien común, que abarca a todos los que se encuentran en peores circunstancias.

Yo represento una Región que tiene más de 50 mil pequeños propietarios agrícolas, muchos de los cuales están en este momento experimentando una situación desesperada. En ciertos aspectos, su pobreza no es conocida ni en su profundidad ni en su desesperanza. En varias ocasiones, junto a mi amigo y colega -también representante de esta Región-, Senador señor Lavandero , hemos dado a conocer los índices de ingresos de algunas zonas de la provincia de Cautín, sobre todo del secano costero, que demuestran hasta qué punto alcanza la pobreza: ya no sólo es miseria, sino miseria sin remedio, sin que haya forma de responder a ella. Hablamos de la miseria de un padre y de una madre de familia que no sabe cómo atender las necesidades de su grupo familiar. Se trata de personas vinculadas a la agricultura y que no han sido objeto de atención suficiente.

Por eso, en esta tarde me alegro de que hayan quedado algunas cosas claras: que Canadá es un buen socio, que el bien común es la finalidad del Estado y que la agricultura es el sector nacional que más cuidado requiere.

No se trata de uno de cada seis pequeños propietarios agrícolas; puede ser uno de cada mil que se encuentre en situación desmejorada y, sobre todo, desesperanzada, y por eso nuestra obligación es procurar solucionar su problema.

Me abstendré de votar el Tratado, sobre la base del juicio que me merece la actitud del Gobierno: por una parte, es inteligente y moderna, y por otra, demuestra tener una especie de alergia hacia la agricultura y de incomprensión para ver la profundidad y la duración del fenómeno de su decadencia, que afecta a cientos de miles de chilenos.

Me abstengo, señor Presidente .

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, en verdad, en el debate del Tratado de Libre Comercio con Canadá se han mezclado gran cantidad de antecedentes que, desgraciadamente, en alguna medida balancean en contra la buena discusión y la concreción de los beneficios que significa. Definitivamente, esos antecedentes demuestran que Chile no está del todo preparado para un proceso de globalización. Si bien gana el conjunto, la brecha al interior de éste aumenta.

Por otra parte -lo aclaró el señor Ministro de Agricultura ; tal vez fue un poco vehemente en su primera exposición-, no pueden desconocerse los compromisos pendientes y la crisis en el sector rural (no digo solamente agrícola, sino rural); el sobreendeudamiento y morosidad previsibles -porque, evidentemente, se sabía con anticipación los efectos que estos procesos estaban acarreando-; el desplazamiento francamente extraordinario de la gente de campo, con un alto costo social y, además, ambiental; el aislamiento crónico, por falta de caminos, comunicaciones; la desinformación, que uno capta con mucha facilidad en el campo chileno, en los sectores rurales abandonados; y la falta de capacitación real.

Esos compromisos no sólo atañen al Ministerio de Agricultura, sino también al de Obras Públicas, que no puede resolver esta materia por la vía de las concesiones; al de Transportes y Telecomunicaciones, etcétera.

En lo que dice relación a aspectos legislativos del medio ambiente -en el detalle muy escueto entregado por la Comisión-, estos tratados (en particular, el que debatimos lo reafirma un poco más) dejan muy en claro que nuestros recursos naturales no sólo no se hallan bien defendidos, sino que ni siquiera hay claridad en cuanto a garantizar un buen manejo. Me refiero a los recursos mineros y pesqueros, al bosque nativo, al uso del suelo y de nuestras aguas. En esta materia debe existir un compromiso para avanzar en nuestra legislación; no basta cumplir con la que ya tenemos aprobada. Es un asunto unilateral. No lo está exigiendo Canadá , pero constituye una obligación que nosotros debemos imponernos.

Además, en la Comisión se aclararon las dudas que, en un momento dado, motivaron un proyecto de acuerdo. Ellas, a mi juicio, quedaron bien esclarecidas.

En mi opinión, los antecedentes generales más bien nos comprometen a nosotros, pero, por ningún motivo, deben vulnerar o disminuir un Acuerdo con un país como Canadá, al cual, además, le tenemos especial afecto; lo conocemos, y creemos que será un muy buen socio, en el sentido más amplio de la palabra. Y los errores y compromisos nuestros deberemos asumirlos internamente.

Por esas razones, voto a favor.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , el marco general desde el cual habría que abordar este Tratado se halla en las relaciones internacionales que mantenemos con Canadá, las cuales -me consta desde hace tiempo- han experimentado un avance notable.

En primer lugar, Canadá ha puesto toda su fe y confianza en nuestras empresas, en nuestra minería. He podido comprobar también nuestros contactos y trabajos conjuntos en la industria naval, en la construcción de buques. Así se ha concretado una relación muy importante.

Ayer, 1º de julio, se celebró su aniversario patrio, por lo que aprovecho la oportunidad de enviar un saludo cordial a un pueblo con el cual ahora estamos firmando un Tratado comercial muy importante.

Desgraciadamente, desde el punto de vista nacional, nos hemos concentrado mucho en el sector agrícola, por cuanto es uno de los factores débiles. Sin embargo, debemos felicitar y estar muy de acuerdo con la forma en que el Gobierno, especialmente la Comisión Negociadora, ha llevado adelante la negociación respecto del ámbito empresarial, y todo el país se ha dado cuenta de que ha sido muy positiva. Naturalmente, la agricultura constituye un tema delicado, dado que, por segunda vez, tanto en la asociación con el MERCOSUR como en la del Tratado que nos ocupa, su debate alcanza una forma traumática: 90 por ciento del tiempo se ha ocupado en plantearlo. Ello significa que constituye una materia delicada; no es coincidencia.

Esa reacción respecto del sector agrícola hay que entenderla desde el punto de vista nacional. Tanto los grandes empresarios y grupos económicos como los agricultores, del más grande al más pequeño, son importantes para el desarrollo económico del país. Sin embargo, mientras el inversionista puede cambiar el destino de sus recursos de acuerdo con la fluctuación de los mercados, el agricultor no: está ligado totalmente a la tierra, y el éxito o fracaso de sus actividades depende tanto de los imponderables de la naturaleza como de la aceptación de sus productos en los mercados internacionales. Hay casos muy vigentes en este momento -han sido mencionados en varias ocasiones-, como los de la madera y de las frambuesas.

En los últimos acuerdos comerciales suscritos por Chile, tanto con el MERCOSUR como ahora con Canadá, surgen los mismos argumentos, y estamos repitiéndolos. Por eso -reitero-, en forma traumática tratamos algunos puntos, en los cuales no hemos llegado a acuerdo. Hay incomprensión.

Y se emplean términos nuevos -los he consultado con varios señores Senadores-, como "recurrible" y "no recurrible". Estamos conociendo un área respecto de la cual no hemos tenido gran contacto o comprensión. Y en este sentido, dentro de esa incomprensión que habría entre el sector agrícola y la economía nacional, debemos buscar una posición común para enfrentar problemas como el de los subsidios. He escuchado a personalidades de Gobierno y varias veces a representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura, y las cifras y porcentajes no concuerdan. Sin embargo, los argumentos por ambos lados son muy interesantes y todos positivos. Se utilizan términos como los que ya he mencionado y deduzco que los 500 millones de dólares pasan a ser no recurribles. En lo que respecta a los 4 mil 200 millones de dólares, comparados con los 800 millones de dólares recurribles, existe una enorme diferencia. Si es así, conforme a dicho lenguaje, tal vez los 500 millones de dólares, que fueron motivo de una negociación interna muy difícil, no son muchos si se compara con lo que en esta materia hacen con su agricultura otros países, como Canadá.

Asimismo, en cuanto a los aranceles -fue muy claro el señor Ministro de Hacienda -, se habla de una rebaja de 3 por ciento. Sin embargo, aún nos queda una enorme duda, porque se insiste mucho -y estoy de acuerdo- en bajarlos. Por ejemplo, cuando el Honorable señor Gazmuri aludió al Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura , señor Ariztía , dijo que no se preocupaba respecto de la rebaja de los aranceles. Yo le escuché dos veces hablar de arancel cero -con motivo del MERCOSUR y ahora- y no de una rebaja arancelaria de dos o tres puntos. Hay que pensar lo que ello significa para todos los insumos, los combustibles, equipos, fertilizantes, etcétera. En esas condiciones, con un arancel cero para todos los productos, ellos dicen que es mucho más compatible. Por eso, pienso que en materia de aranceles aún existen algunas discrepancias.

Por ejemplo, se habla todavía del arancel de 9 por ciento de los combustibles. Habrá una rebaja de 3 por ciento. ¿Y qué pasa con los combustibles? Estamos comparando la agricultura nacional con la canadiense. Allá tienen arancel cero para toda su maquinaria, todos sus fertilizantes. Nosotros no contamos con arancel cero, y de ahí las tremendas diferencias.

Asimismo, creo que necesitamos un estudio del sistema de cobertura de riesgos, de la fertilización de suelos, en fin.

Escuché decir al señor Ministro de Agricultura que ellos verían con mucho agrado continuar con las comisiones de Parlamentarios viendo la distribución o asignación de los recursos provenientes de los 500 millones de dólares. Varias veces nosotros hemos oído a la SNA expresar que igualmente le gustaría participar en alguna forma en la distribución. Y creo que tiene toda la razón. No sólo debe haber comisiones de Parlamentarios, sino que ellos también deben ser escuchados.

Me parecieron muy interesantes las observaciones del Senador señor Hormazábal con respecto al bien común. Los dos somos católicos

-creo que estamos bastante orgullosos de serlo-, y la que dio es una muy buena definición. Sin embargo, Su Señoría expresó que los Senadores que votaban en contra a lo mejor no tenían un concepto claro del bien común. Como Senador, considero que el tema es bastante interesante. Aquí, podemos aprobar un proyecto por 23 votos contra 22 -por un solo voto de diferencia- y aun así actuar dentro de la función democrática, todos buscando el bien común. El bien común no significa que todas las decisiones deben ser unánimes.

Los Senadores que han rechazado el Tratado lo han hecho, creo yo, por la misma definición de bien común, que dice: "El conjunto de condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección". Aquí, se trata de Senadores que representan lugares de más de 400 mil hectáreas, donde están los eriales. ¡Cómo no van a tener derecho a preocuparse del bienestar y el bien común del grupo al cual representan, aunque sea más pequeño! En un proyecto sobre minería, por ejemplo, un Senador puede votar perfectamente bien conforme a lo que considera más conveniente para el grupo que representa y no tiene por qué estar preocupado del bien común nacional, que es responsabilidad, por ejemplo, de los Senadores institucionales, que no representamos a ninguna Región. Nosotros, cuando se trata del bien nacional, nos preocupamos del país, y no de nuestra Región.

Voto que sí.

El señor SINCLAIR.-

Señor Presidente , el Acuerdo que hoy despacha favorablemente el Senado se enmarca en una política de internalización con el resto de los países americanos. En lo que dice relación al comercio bilateral, se establece el libre comercio, por regla general con arancel cero, exceptuados ciertos productos considerados más críticos, para los cuales se fijan calendarios de desgravación.

A pesar de que este Convenio puede tener -como se ha dicho-aspectos discutibles, su aprobación en lo comercial se traducirá, sin duda, en más ventajas que desventajas.

El principal costo y riesgo, tantas veces repetido durante esta discusión, se sitúa en el diferencial existente entre un arancel cero y otro de 8 por ciento anunciado por el señor Ministro , lo que indudablemente podría provocar desvío de comercio. No obstante, con la esperada reducción futura del arancel externo se eliminarían estos costos y se optimizarían los beneficios del Tratado, lo que permitiría, a su vez, optimizar la utilización de nuestros recursos, reducir el costo de los insumos e incrementar la competencia, mejorando los costos de producción.

Considerando los argumentos que se han señalado en la Sala, sería interesante que, junto con la ratificación legal del Convenio entre Chile y Canadá, se lograra una modificación al cuerpo legal relativo a aranceles hasta alcanzar, en una gradualidad de tiempo razonable, una rebaja estimada en 5 por ciento del arancel externo. De esta manera se contribuiría, además, a contrarrestar la pérdida de competitividad producida por la apreciación del peso.

Sabemos que nuestros economistas y quienes dirigen las finanzas públicas podrán controlar perfectamente el impacto macroeconómico de esta medida.

Señor Presidente , con la entrada en vigencia de este acuerdo, Chile iniciará con Canadá un proceso comercial altamente interesante y, al mismo tiempo, potenciará su comercio dentro del concierto internacional, reduciendo al mínimo los costos de desvío de él y obteniendo los beneficios de mejores expectativas para los consumidores.

Respecto de la agricultura, pienso que existe consenso en cuanto a que es de la mayor urgencia mejorar sustancialmente los incentivos a su productividad, y aquellos aspectos que dicen relación a la educación, inversión en infraestructura rural y programas eficientes para superar la pobreza que hoy subsiste en nuestros campos.

Termino afirmando que el acuerdo Chile-Canadá constituye un instrumento muy valioso para nuestro país y de gran beneficio para su economía, y, con gran optimismo y fe, desde esta Tribuna insto a mis conciudadanos de todos los sectores a avanzar resueltamente en demanda de este gran desafío.

Voto a favor.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , he estimado siempre que el libre comercio es la herramienta más importante con que cuenta la humanidad para elevar el nivel de vida de las personas. Y, una vez que se logre la gran meta de que exista en todas partes, es indudable que los beneficios serán apreciados por todos los países de la tierra sin excepción.

Para llegar a esto hay diversos caminos: los acuerdos generales dentro del marco del antiguo GATT, de la Organización Mundial de Comercio, que son parte de lo suscrito en Marrakech, los acuerdos bilaterales o multilaterales, y también otras medidas o avances unilaterales.

En un comienzo, Chile debió seguir esta última alternativa, porque era tal el cúmulo de amarras que pesaban sobre nuestro comercio, que no había posibilidad de llegar a una economía efectiva de mercado -ojalá una social de mercado- sin tomar la iniciativa de bajar las barreras de toda índole que afectaban a nuestro comercio. Y en eso ha habido un éxito evidente.

Sin embargo, es indudable que cada vez puede ser más importante la realización de acuerdos multilaterales o incluso bilaterales, porque ellos permiten superar un problema que aquí se ha puesto de manifiesto. Siempre se dice que Chile exporta sólo materias primas o productos primarios con poco valor agregado. Pero no se destaca que ello es así no porque quiera hacerse, sino por cuanto todos los países del mundo, de alguna manera, han defendido determinados productos con un efectivo valor agregado. En consecuencia, no ha sido igualmente fácil para Chile vender cobre que alambres de cobre con un proceso un poco más avanzado.

Indudablemente, estos tratados nos entregan herramientas para abrir las barreras a nuestros productos, lo cual es ventajoso. Eso mismo también se está traduciendo -y es bueno decirlo- en que nuestro arancel parejo, como norma absoluta, en la práctica hoy no es tal, Y, en el hecho, como consecuencia de estos tratados, los aranceles son distintos, y por ello no debiéramos ser, a veces, tan inflexibles en esta materia.

Ahora, en lo concerniente al acuerdo con Canadá, se han destacado sus ventajas específicas. No hay duda de que éste contiene perfeccionamientos respecto de los anteriores, al margen de la inmensa ventaja que significa ligarse a un país de la importancia y seriedad de Canadá.

Entre otras, el Tratado nos va a permitir un mayor equilibrio frente a los Estados Unidos. Hoy, por múltiples razones, muchos productos los estamos adquiriendo en éste, en cicunstancias de que los podríamos importar de Canadá. El gran poderío económico del primero permite actos como los sucedidos en estos días -y otros muchos ocurridos en el pasado-, que específicamente hemos estado criticando en el Senado.

Es innegable que el llegar a un Tratado de Libre Comercio con un país con el nivel de desarrollo de Canadá y el grado de vinculación con los Estados Unidos, constituye una gran ventaja para Chile en las relaciones con ese país y con el mundo. Y debiera serlo también para el desarrollo de nuestra economía.

Ahora bien, se ha puesto aquí de manifiesto -y estamos todos de acuerdo- que estos Tratados, que envuelven ventajas, a veces ofrecen inconvenientes para cierto tipo de actividades. Y, con razón, se han señalado algunos problemas que afectan a la agricultura. Aunque debiéramos ser bien francos y decir que este Tratado, tal vez más que otros, más que perjudicar a la agricultura, pone en evidencia ciertos problemas que afectan al agro, y que debemos corregir de todas maneras.

Por eso, como un acto de justicia, adhiero a las peticiones aquí formuladas en cuanto a que haya una franca política de ayuda integral a la agricultura, que no debe consistir en subsidios, sino en mejorar tantos aspectos que van desde la educación, la capacitación de su gente, la vivienda, los caminos y la infraestructura, hasta el facilitar la comercialización de sus productos.

En mi opinión, a este respecto debe existir el propósito del Gobierno de una ayuda real. Y, más que mostrar o exhibir las cifras que se gastan o se piensan gastar, se debe analizar qué medidas pueden resultar más efectivas para lograr la reconversión agrícola y facilitar, dentro de lo posible, esa dolorosa transición que parte de ella tiene.

Creo, y lo hemos dicho, que en general no debemos tener miedo a competir. Hay muchas actividades en Chile que así lo han demostrado. Pero para ello debemos procurar que siempre se pueda competir en igualdad de condiciones.

Considero que todos los chilenos -sus empresarios, sus trabajadores- hemos demostrado que somos capaces de competir cuando las circunstancias lo permiten. Sobre el particular, no puedo dejar de mencionar la actividad naviera, que ha competido en el mundo en cancha libre y ostenta un lugar importante en el concierto mundial.

Por ello, y dentro de lo que representa este concepto, apruebo el Tratado de Libre Comercio con Canadá, y formulo votos para que se transforme en un instrumento de desarrollo para Chile, y de estímulo en la aplicación de medidas adecuadas e inteligentes para facilitar la reconversión agrícola y elevar el nivel de nuestra gente de campo.

El señor LAGOS ( Secretario ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Terminada la votación.

El señor LAGOS (Secretario).-

Resultado de la votación: (34 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones).

Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Bitar, Calderón, Carrera, Díaz, Errázuriz, Feliú, Fernández, Frei ( doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Horvath, Huerta, Lagos, Lavandero, Martin, Matta, Mc-Intyre, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Pérez, Piñera, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sinclair, Sule, Thayer, Urenda, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la negativa los señores Larraín, Larre, Prat, Ríos, Romero y Siebert.

Se abstuvieron los señores Cantuarias, Cooper y Díez.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

En consecuencia, quedan aprobados el Tratado de Libre Comercio y los Acuerdos de Cooperación Ambiental y de Cooperación Laboral suscritos entre los Gobiernos de Chile y de Canadá.

Tiene la palabra el señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante.

El señor FERNÁNDEZ ( Ministro de Relaciones Exteriores subrogante ).-

Señor Presidente , en nombre del Gobierno, deseo agradecer muy sinceramente al Senado la votación que se acaba de efectuar, de importancia histórica para Chile, y que conducirá a un nuevo capítulo en las relaciones económicas internacionales, la expansión del comercio y el desarrollo del país.

Agradezco muy sinceramente a quienes han apoyado esta tarde la propuesta de Gobierno, y también a quienes se han opuesto, porque una reflexión crítica siempre contribuye a preocuparse de aquellos temas que pueden ser débiles.

He seguido la votación y las argumentaciones que se han dado.

Para finalizar, deseo hacer dos o tres breves consideraciones políticas, que me parece que no pueden dejarse de lado, sin perjuicio de que haya sido lo propio discutir el mérito del Tratado.

La primera de ellas, que ya se mencionó de alguna manera por distintos señores Senadores, es que se trata del primer Acuerdo de Libre Comercio que suscribe un país miembro del Grupo de las Siete Naciones Industrializadas con una nación que aún pertenece al tercer mundo, o a los países emergentes o en vías de desarrollo.

Creo que esto constituye un hecho de extraordinaria importancia histórica, no sólo por las consecuencias propias derivadas del Tratado, sino también por las consecuencias políticas que implica para la imagen de nuestro país y para el desarrollo de la integración regional de América Latina.

Quiero decir que la imagen de Chile -y esto me parece relevante para todos nosotros- da un impulso en esta materia. Porque, junto con la aprobación que el Senado ha dado hoy al Tratado de Libre Comercio con Canadá, el país se encuentra en este momento negociando la profundización del Acuerdo de Libre Comercio con México; negociando también, o disponiéndose a negociar lo mismo con Venezuela y con Colombia; finalizando las negociaciones con Perú y con Bolivia; participando con plena actividad en el MERCOSUR; realizando un activa participación en el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, cuyas negociaciones se iniciarán en marzo de 1998, con ocasión de la Cumbre de las Américas en Santiago, y, finalmente, en otro capítulo extraordinariamente trascendente, logrando la iniciación de una negociación para un Acuerdo de Libre Comercio y de Asociación Política y Económica con la Unión Europea.

El hecho de que nuestro país se encuentre en estos cuatro frentes, en estos cuatro megamercados, como se usa decir hoy, es una situación prácticamente única. Hay pocas naciones en el mundo que estén contribuyendo a la liberalización del comercio y al regionalismo abierto de manera tan activa como lo está haciendo Chile. Sin olvidar que, además, somos activos participantes de la Organización Mundial del Comercio y miembros de la Organización de Cooperación Política y Económica del Asia Pacífico (APEC).

Adicionalmente, debo señalar que en el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá hay un tema extraordinariamente interesante, que contribuye precisamente a este proceso de desarrollo en que nos encontramos, que es la fijación de una previsibilidad de trabajo para los agentes económicos, sean ellos productores, comerciantes o exportadores. Esto es una contribución indiscutida de los acuerdos de libre comercio.

El libre comercio se logra por varias vías -ya se ha dicho en el día de hoy y no voy a volver sobre ello-, pero esto también es una contribución al proceso de cambios. Porque en la economía mundial se desarrolla un proceso de cambios extraordinariamente acelerado, lleno de complejidades, y estos acuerdos dan una estabilidad dinámica al trabajo de los países.

También, y ésta es la experiencia chilena, al menos, para las exportaciones de nuestros bienes y servicios, todos los acuerdos de complementación económica que hemos firmado han permitido, en los últimos cinco años, un crecimiento en las exportaciones a una tasa de 19 por ciento al año, en tanto que el crecimiento de exportaciones con los otros países ha sido sólo de 11 por ciento. Y ello, marcando netamente una expansión comercial, porque las inflexiones que ha experimentado el comercio exterior de Chile han sido básicamente en los años 1995 y 1996, derivadas casi matemáticamente de un cambio negativo en los términos de intercambio en las principales materias primas que nosotros exportamos.

Quiero recordar -porque se ha tocado a la pasada el tema- que estamos viviendo hoy un capítulo que se refiere a la demanda "antidumping" de salmones en los Estados Unidos y a otras medidas que están tocando en este momento embarques madereros de Chile. Si tuviéramos con los Estados Unidos, o con otros países, el Acuerdo que acabamos de aprobar hoy y que entrará en vigor mañana en Chile, no sería posible que se tomaran estas medidas. De manera que, al hablar de comercio internacional, los acuerdos tienden no sólo a facilitar tal actividad, sino también, mediante la aplicación de ciertos mecanismos e instrumentos, contribuyen a la previsión y a una debida regulación del trabajo internacional de los agentes.

Por último, deseo también manifestar -doy excusas por hacerlo en este escenario- que hoy día nuestro país tiene un equipo negociador, no sé si denominarlo envidiable, pero que, en todo caso, quienes lo componen, han desplegado una labor de alta calificación política, técnica y con sentido de especialidad que le permite a Chile no sólo abordar seis, siete u ocho negociaciones en forma simultánea, sino que además lo hace como una contribución al desarrollo nacional. Cuando Sus Señorías conozcan en detalle el convenio recién aprobado, se impondrán que, además del capítulo introductorio general, se entra en él en profundidades, disciplinas y especialidades que requieren de una alta capacidad profesional.

El Gobierno agradece muy profundamente a todos quienes han contribuido a llevar a buen término la negociación, no solamente por su capacidad negociadora, sino por el profesionalismo demostrado, ya que no sólo fueron capaces de sentarse a la mesa de negociaciones de igual a igual con representantes de Canadá, sino también frente a los de otros países en las instancias internacionales requeridas. En mi opinión, ésta es una gran contribución a la nueva fase de desarrollo en que se encuentra Chile.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Terminado el Orden del Día.

?"Valparaíso, 2 de julio de 1997.

Oficio Nº 11.203

A S.E. El Presidente de la H. Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de Libre Comercio, y de los Acuerdos de Cooperación Ambiental y de Cooperación Laboral, suscritos entre los Gobiernos de Chile y Canadá.

Hago presente a V.E. que el proyecto ha sido aprobado en el carácter de orgánico constitucional, con el voto afirmativo, en votación general y particular, de 34 señores Senadores de un total de 45 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en los incisos primero del Nº 1) del artículo 50 y segundo del artículo 63 de la Constitución Política de la República.

Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 1470, de 20 de mayo de 1997.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): EUGENIO CANTUARIAS, Presidente del Senado Subrogante; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, Secretario del Senado."

?VALPARAISO, 3 de julio de 1997

Oficio Nº 1522

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Congreso Nacional ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

"Artículo único.- Apruébanse el "Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá", y sus anexos, apéndices y notas, suscrito en Santiago de Chile el 5 de diciembre de 1996, con las enmiendas y correcciones de que dan cuenta las notas Nº 1.880, Nº 2.250, y EA 32, intercambiadas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y la Embajada de Canadá, respectivamente, de fechas 24 de marzo, 9 de abril y 10 de abril, todas de 1997; el "Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá" y sus anexos; y el "Acuerdo de Cooperación Laboral entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá" y sus anexos, ambos suscritos en Ottawa, Canadá, el 6 de febrero de 1997.".

Dios guarde a V.E.

ARMANDO ARANCIBIA CALDERON

Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario de la Cámara de Diputados