Historia de la Ley

Historia de la Ley

Nº 19.585

MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL Y OTROS CUERPOS LEGALES EN MATERIA DE FILIACIÓN.

Téngase presente

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje

Fecha 22 de julio, 1993. Mensaje en Sesión 25. Legislatura 326.

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CODIGO CIVIL Y OTROS CUERPOS LEGALES EN MATERIA DE FILIACION.

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SANTIAGO, julio 22 de 1993

MENSAJE Nº 198-326/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

El proyecto de ley que sometemos a vuestra consideración tiene como objetivo fundamental sustituir el régimen de filiación actualmente vigente por otro, que termina con las diferencias entre hijos legítimos e ilegítimos y que establece un trato igualitario para todos los hijos, cualquiera sea la situación legal entre sus padres al momento de la concepción.

Como es de vuestro conocimiento, el régimen de filiación actual es profundamente discriminatorio, en la medida que clasifica a los hijos en legítimos e ilegítimos, según si han nacido dentro o fuera del matrimonio, estableciendo marcadas diferencias de trato para una categoría y otra. Lo anterior transgrede abiertamente el principio constitucional que reconoce y asegura la plena igualdad de todas las personas ante la ley y viola el mandato contenido en la carta fundamental, que expresa que en Chile no se podrán hacer diferencias arbitrarias, ni por ley ni por autoridad alguna.

Las discriminaciones que nuestra actual legislación contiene en materia de filiación, además, son contrarias a los principios contenidos en las diversas convenciones internacionales sobre derechos humanos de las que Chile es parte y respecto de las cuales, de acuerdo con el actual artículo 5º de la Constitución Política, los órganos del Estado han contraído el compromiso de hacer respetar y promover. En efecto, numerosos son los instrumentos en materia de derechos humanos que recogen el principio de la dignidad de las personas, que impide toda suerte de discriminación en función de hechos no imputables a los sujetos, como resulta ser la circunstancia de haber sido concebidos dentro o fuera del matrimonio de sus padres.

La reforma que proponemos intenta, pues, acoger el imperativo constitucional antes mencionado y corregir una situación errónea e injusta, como lo es aquella que castiga a las personas por actos no voluntarios. La actual legislación atribuye consecuencias negativas para los hijos naturales y simplemente ilegítimos, en razón de las circunstancias de su concepción, cuestión que ciertamente no les es reprochable, puesto que se basa en el comportamiento y la moral sexual de sus padres. Por otra parte, esta discriminación jurídica también ha generado efectos negativos en el ámbito social, cultural y económico, restando oportunidades y beneficios a esta clase de hijos, lo que crea, al fin, una doble marginalidad, que la normativa propuesta debiera tender a hacer desaparecer.

Si se revisa el derecho comparado, se podrá constatar que la mayoría de los países europeos y latinoamericanos han modificado su legislación en esta materia, estableciendo un estatuto igualitario para toda clase de hijos. Algunos países, incluso, dan a este tema rango constitucional. En el caso chileno, el mandato constitucional que hemos mencionado es suficientemente amplio y obliga, ciertamente, a adecuar toda norma que establezca diferencias en razón del origen de la filiación de una persona.

No podemos, por eso, sino mirar con satisfacción las numerosas iniciativas legales que se han presentado en el Congreso en el último tiempo, que tienden a corregir las deficiencias del actual régimen de filiación. En efecto, a la iniciativa de la hoy fallecida diputada, doña Laura Rodríguez, conjuntamente con los diputados Víctor Barrueto, Vladislav Kuzmicic, Octavio Jara y Adriana Muñoz, se han venido sumando varias otras, como son las de los diputados Sergio Aguiló y Jaime Naranjo, la de los diputados Hernán Bosselin y Carlos Bombal, y, más recientemente, la de la senadora doña Laura Soto. Mientras en algunas de estas iniciativas lo que se promueve, fundamentalmente, es la ampliación de la investigación de la paternidad (proyecto diputados Bosselin y Bombal) , o incluso la incorporación de la prueba del ADN, en carácter de obligatoria (proyecto diputados Aguiló y Naranjo), en otras se propone la modificación del estatuto de los hijos, a fin de establecer un trato igualitario para todos ellos, cualquiera sea el origen de su filiación (proyecto diputada Rodríguez y en el mismo sentido proyecto senadora Soto).

Apreciando debidamente la relevancia de estas iniciativas, que reflejan honda preocupación por el estado actual de la legislación, en nuestra opinión se hace necesaria un reforma integral que aborde el problema en toda su complejidad, adoptando una solución que abarque el conjunto de aspectos que se encuentran involucrados y que permita articular un sistema legal coherente con aquella igualdad ante la ley que la Constitución asegura a todas las personas.

El Servicio Nacional de la Mujer a través de su Comisión de Derecho Civil, compuesta principalmente por profesores de las Facultades de Derecho de las Universidades de Chile, de Valparaíso, Diego Portales y Andrés Bello, se ha abocado a esta tarea utilizando como base un anteproyecto elaborado por las Profesoras Sras. Andrea Muñoz y Leonor Etcheberry. Después de largos estudios y numerosas sesiones de discusión y análisis, en las que participaron representantes del Ministerio de Justicia y de la Secretaría General de la Presidencia, ha concluido con una propuesta, que además de recoger las mociones parlamentarias precedentemente señaladas, posee caracteres de completitud y coherencia.

Las principales características de este proyecto de ley, son las que a continuación expongo:

1. La propuesta -sobre la cual se articulan prácticamente todas las reformas que contiene el proyecto- es la idea de igualdad. En consecuencia, lo que se ha hecho es eliminar la diferenciación entre los hijos que han nacido dentro o fuera del matrimonio estableciendo un estatuto igualitario para todos ellos, cualquiera sea el origen de su filiación.

Así, que se han debido adecuar numerosas instituciones que recogían la antigua diferenciación entre hijos legítimos, naturales y simplemente ilegítimos y derogar muchas otras que pierden sentido a la luz del nuevo criterio de no distinción. Entre estas últimas, desaparece la institución de la legitimación, por cuanto el matrimonio que los padres contraigan con posterioridad a la concepción del hijo, no le otorga mejores derechos.

La única distinción que se hace en el Proyecto, es la que necesariamente resulta de la determinación de la filiación, ya que para el establecimiento de ésta no puede ignorarse que el matrimonio otorga un principio de certeza, que permite presumir la paternidad del marido. Este hecho ha de influir -como es fácil observar- en el régimen jurídico a que se sometan las acciones de reclamación de una filiación matrimonial, el que, por cierto, habrá de diferenciarse de aquel establecido para el caso de que se reclame una filiación extramatrimonial. Podrá advertirse, sin embargo, que en beneficio de los hijos de padres casados, se contempla una norma que tiende a facilitar la investigación de la paternidad, según la cual la convivencia de la madre con el presunto padre, durante la época de la concepción, constituirá una base de presunción de paternidad.

En base a lo anterior, el Proyecto admite que la filiación por naturaleza puede ser matrimonial o extramatrimonial, entendiendo por la primera, aquella que existe cuando los padres están unidos en matrimonio al tiempo del nacimiento o de la concepción del hijo y, por la segunda, en cambio, cuando la concepción y el nacimiento se han producido fuera del matrimonio, sin que lo anterior dé lugar a ninguna otra diferenciación que no sea la que aquí se ha dicho, esto es, el régimen de determinación de la filiación.

2. Se consagra, asimismo, el principio de la libre investigación de la paternidad y de la maternidad.

En este sentido, al estatuirlo, el Proyecto, más que otorgar derechos, sienta un principio general, que viene a revertir aquel establecido por el Código de Napoleón que prohibía expresamente dicha investigación y que inspiró a la ley chilena.

Recordemos que si bien en el año 1952 la ley 10.271 modificó el sistema, permitiendo la investigación de la paternidad, lo hizo en forma extremadamente restringida. En efecto, dicha ley autorizo la investigación bajo ciertas y determinadas causales, muy difíciles de aplicar en la práctica y que dependen, en el fondo, de la voluntad discrecional del padre, ya que en la medida que esta no se manifieste, en los términos exigidos por la ley, el hijo sólo podrá acceder a los alimentos contemplados en el artículo 280 del Código Civil.

Es así como el proyecto, al abrir la posibilidad al hijo de ejercer la acción de reclamación del estado filiativo en términos amplios, en contra de quien corresponda y apoyado por toda la gama de pruebas que admite la ley, abre las puertas, definitivamente, a la búsqueda de la verdad real por sobre la verdad formal, que es la única que admite la actual legislación.

3. El desafío que la libre investigación de la paternidad ofrece, por regla general, es lograr equilibrar dos criterios fundamentales que suelen aparecer como contradictorios. A saber, el derecho a la búsqueda de la verdad por una parte y por otra, la preservación de la paz y la armonía familiar que, por cierto, podría verse violentada como consecuencia de procesos en que se formulen falsas imputaciones de paternidad.

El Proyecto visualiza ese peligro y recoge al respecto, la idea de un control preliminar de viabilidad de la demanda, similar al que consagra el derecho español.

Este control de viabilidad constituye otro de los grandes principios que acoge la presente propuesta. Se trata de exigir un fundamento razonable a la demanda, en el sentido que el juez no admitirá aquella en que se ejercite una acción de filiación, si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en que se funda.

4. Otro principio consagrado en el proyecto, lo constituye la posibilidad de utilizar toda clase de pruebas, incluidas las biológicas para determinar la paternidad y maternidad.

La admisión de las pruebas biológicas implica introducir un cambio muy notable en nuestro ordenamiento jurídico, en cuanto significa abordar el problema desde una perspectiva totalmente diferente a la existente hasta la fecha y que se vincula con la búsqueda de la verdad a la que antes se hacía referencia. En efecto, detrás de la reforma propuesta subyace la idea que la filiación deja de ser producto de un "acto gracioso" del padre o madre que reconoce a un hijo como suyo y pasa a ser un hecho que se le impone a un sujeto, por modo heterónomo, como resultado de un proceso de búsqueda de la verdad, inserto en un juicio de investigación de la paternidad o maternidad.

En este sentido la norma que incorpora el Proyecto es suficientemente amplia, lo que lleva a hacer viables, en el futuro, las pruebas científicas que se lleguen a establecer.

El tema de las pruebas biológicas plantea, entre otros, el problema de la resistencia a someterse a ellas. Si bien se trata de un tema complejo, la solución que a su respecto establece el proyecto nos parece la más adecuada, al señalar que la negativa injustificada a someterse a pruebas biológicas, configura una presunción que, unida a otras presunciones o a otros medios probatorios, hará que el juez declare una determinada filiación.

5. Por otra parte se introducen importantes reformas en lo que se refiere a la Patria Potestad. El espíritu que las ha animado, no es otro que el de extender el principio de igualdad hacia una institución que es consecuencia de la filiación, y al mismo tiempo, establecer una regulación más coherente con lo que son, en la actualidad, las relaciones paterno-filiales.

Dentro de este marco, interesa destacar las siguientes modificaciones:

5.1 En primer lugar, la patria potestad deja de tener la connotación puramente patrimonial que siempre se le ha dado en nuestra legislación nacional (a pesar de lo que sucede en la legislación comparada), pasando a considerarse dentro de ella, también, el aspecto personal, que involucra el deber de los padres de velar por sus hijos, cuidarlos, alimentarlos y educarlos, así como el conjunto de derechos y obligaciones que existen en una relación filial.5.2 Coherente con la igualdad antes mencionada, la madre deja de tener un rol subsidiario, pasando a ejercer la patria potestad conjuntamente con el padre. En este orden de ideas se establece una serie de interesantes mecanismos que tienden a hacer funcional un sistema de esta naturaleza, con las exigencias de la vida moderna.5.3 La patria potestad se ejerce respecto de todo hijo menor no emancipado, sea que la filiación tenga o no, su origen en el matrimonio. Lo anterior no es sino una expresión más del estatuto igualitario que se ha querido establecer para todos los hijos; sin embargo, reviste importancia, porque recoge una antigua aspiración de la doctrina nacional, que no comprendía la razón para hacer diferencias en esta materia entre hijos legítimos y naturales, sobre todo, considerando lo engorroso y artificial que resulta actualmente, gestionar la designación del padre, como tutor o curador de su hijo natural.5.4 Se deja establecida una cuestión que, por evidente, a veces se olvida, cual es que la patria potestad no se ejerce en interés de los padres, sino en beneficio de los hijos, a quienes en más de una ocasión el juez tendrá que oír, si el menor posee suficiente discernimiento.5.5 En relación a la tuición de los hijos de padres que viven separados -sea por ruptura del matrimonio o porque éste no existe- se ha mantenido la norma que le entrega el cuidado de los hijos menores a la madre, pero se ha establecido que el juez podrá decidir de otro modo, por motivos calificados. Con ello se ha pretendido corregir las evidentes distorsiones que ha venido generando la normativa actual, según la cual para que la madre pierda la tuición, debe ser acreditada su depravación y consiguiente perversión de los hijos menores. Nadie puede ignorar, en el mundo actual, que existen muchas otras causas que ameritan el cambio de la regla general y que, por cierto, no son indicativas de tal inhabilidad moral. La inadecuación de dicha norma genera graves conflictos que repercuten negativamente en los hijos. Se ha preferido consignar, pues, una expresión que, dando cuenta de una situación especial -"motivos calificados"- carece de una connotación negativa.6. La reforma ha debido abordar -como era de esperar- los aspectos sucesorios, que se derivan del nuevo régimen de filiación. La tónica, en esta materia como en las anteriormente revisadas, ha sido la de dar a los hijos un mismo estatuto y, en consecuencia, lo que se ha hecho, fundamentalmente, es adecuar los órdenes de sucesión y las instituciones en que el concepto de legitimidad era determinante (representación, cuarta de mejoras, desheredamiento entre otras). De lo anterior resulta, que el proyecto no reconoce diferencia alguna entre los derechos hereditarios que correspondan a los hijos nacidos dentro del matrimonio y los que hubieren nacido fuera de éste. Se concluye, de esta forma una larga e interesante evolución habida en el derecho sucesorio chileno, en virtud de la cual los hijos concebidos fuera del matrimonio han accedido a posiciones más equitativas, aunque aún discriminatorias.

En lo que respecta a los órdenes de sucesión, el Proyecto introduce, además de los ajustes ya mencionados, una modificación que tiende a mejorar la situación del cónyuge sobreviviente. En efecto, el segundo orden de sucesión intestada -en que actualmente son cabeza de orden los ascendientes legítimos de grado más próximo, con quienes concurren el cónyuge sobreviviente y los hijos naturales- se ha dejado para los ascendientes y el cónyuge sobreviviente, quienes se distribuirán la herencia en partes iguales. A falta de aquéllos o de éstos, pertenecerá toda la herencia al cónyuge o a los ascendientes. Sólo si el causante no hubiere dejado descendientes, ascendientes ni cónyuge, entran a sucederle los hermanos.

7. También, se han hecho los ajustes necesarios en materia de alimentos, estado civil, guardas y algunos contratos en que incide el estado filiativo de las personas. Fue necesario, asimismo, introducir reformas en numerosas leyes especiales y se incorpora una norma de clausura, mediante la cual, cada vez que alguna norma del ordenamiento jurídico haga diferencias entre hijos legítimos y naturales, debe ser interpretada sin tomar en cuenta dicha distinción.

Finalmente, quisiéramos reiteraros que la virtud esencial del proyecto que os presentamos es la de pretender armonizar nuestro sistema legal, con el derecho a la plena igualdad ante la ley, que nuestra carta fundamental reconoce y asegura a todas las personas, así como con los principios contenidos en los instrumentos internacionales relativos a los derechos esenciales de la persona, que los órganos del Estado se han comprometido no sólo a proteger, sino a promover.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura Ordinaria de sesiones del Congreso Nacional, el siguiente:

PROYECTO DE LEY

"Artículo 1º.-Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Civil:

1)Sustitúyese el artículo 28, por el siguiente:

"ART. 28.Parentesco por consanguinidad es aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra o de un mismo progenitor.";

2)Deróganse los artículos 29 y 30;

3)En el artículo 31:

a)En su inciso primero, elimínanse las palabras "legítima" y "legítimos".

b)En su inciso segundo, elimínanse las palabras "legítima", las cuatro veces que aparece en el texto, y la palabra "legítimos".

4)En el artículo 32:

a)Intercálase entre las palabras "En" y "afinidad" la palabra "también"; y elimínanse: la palabra "ilegítima", la expresión "legítimos o ilegítimos" y la palabra "ilegítimos".

b)Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

"En estos casos se califican las líneas y grados de la misma manera que en el artículo anterior."

5)Sustitúyese el artículo 33, por el siguiente:

"ART. 33. Tienen el estado civil de hijos los que hubieren acreditado su filiación en conformidad a las reglas previstas por el Título VII del Libro I de este Código. La ley presta igual respeto y consideración a todos los hijos.

6)Derógase los artículos 35 y 36;

7)Derógase el artículo 40;

8)Derógase el inciso final del artículo 41;

9)Sustitúyase el inciso primero del artículo 42, por el siguiente:

"ART. 42. En los casos en que la ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderán comprendidos en esa denominación el cónyuge de ésta y sus consanguíneos de uno y otro sexo, mayores de edad. A falta de consanguíneos en suficiente número serán oídos los afines.";

10)Elimínase en el artículo 43, la palabra "legítimos";

11)Sustitúyese el artículo 107, por el siguiente:

"ART. 107. Los que no hubieren cumplido dieciocho años no podrán casarse sin el consentimiento expreso de sus padres, o a falta de éstos, el del ascendiente o ascendientes de grado más próximo.

En el caso de los ascendientes, en igualdad de votos preferirá el desfavorable al matrimonio.";

12)Derógase el artículo 108;

13)Derógase el inciso final del artículo 111;

14)Reemplázase en el número 5 del artículo 113, el guarismo "267, Nº 7º" por "252, Nº 3º";

15)En el inciso segundo del artículo 122, reemplázase la palabra "legitimidad" por "filiación" y agrégase después de la palabra "concebidos" la expresión "o nacidos";

16)Sustitúyense en el artículo 128, las palabras "doscientos setenta" por "trescientos";

17)Introdúcese el siguiente artículo 130, nuevo:

"ART. 130. Cuando por haber pasado la madre a otras nupcias se dudare a cuál de los dos matrimonios pertenece un hijo, y se invocare una decisión judicial, el juez decidirá, tomando en consideración las circunstancias, y oyendo además el dictamen de facultativos, si lo creyere conveniente.

Serán obligados solidariamente a la indemnización de todos los perjuicios y costas ocasionados a terceros por la incertidumbre de la paternidad, la mujer que antes del tiempo debido hubiere pasado a otras nupcias, y su nuevo marido.";

18)Sustitúyese el artículo 174, por el siguiente:

"ART. 174. Entre los cónyuges divorciados a perpetuidad subsiste la obligación de alimentos, según las reglas generales.

Sin embargo, cuando el cónyuge que haya dado causa al divorcio por su culpa reclame alimentos, el juez reglará la contribución teniendo en especial consideración la conducta que haya observado el alimentario antes del divorcio.";

19)Derógase el artículo 175;

20)Sustitúyese el artículo 177, por el siguiente:

"ART. 177. Si la culpabilidad del cónyuge contra quien se ha obtenido el divorcio fuere atenuada por circunstancias graves en la conducta del cónyuge que lo solicitó, podrá el juez moderar el rigor de las disposiciones precedentes.";

21)Sustitúyense los Títulos VII a XV del Libro I, ambos inclusive, por los siguientes:

"TITULO VII

DE LA FILIACION

1. Reglas Generales.

ART. 179. La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La filiación por naturaleza, puede ser matrimonial y extramatrimonial.

La filiación matrimonial y la extramatrimonial, así como la adopción plena, surten los mismos efectos conforme a las disposiciones de este Código.

ART. 180. La filiación es matrimonial cuando los padres están unidos en matrimonio al tiempo del nacimiento o de la concepción del hijo y es extramatrimonial, en cambio, cuando la concepción y el nacimiento se han producido fuera del matrimonio.

ART. 181. La filiación produce sus efectos desde que tiene lugar. Su determinación legal tiene efectos retroactivos, siempre que la retroactividad sea compatible con la naturaleza de aquéllos y la ley no dispusiere lo contrario.

En todo caso, conservarán su validez los actos otorgados, en nombre del hijo menor o incapaz, por su representante legal, antes que la filiación hubiere sido determinada.

ART. 182. La filiación se acredita por la inscripción en el Registro Civil, por el reconocimiento voluntario del padre o madre o por sentencia judicial firme.

2. DE LA DETERMINACION DE LA MATERNIDAD.

ART. 183.La maternidad quedará establecida, aun sin mediar reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido.

3. DE LA DETERMINACION DE LA FILIACION MATRIMONIAL.

ART. 184. La filiación matrimonial materna y paterna queda determinada legalmente:

1.Por la inscripción del nacimiento en el Registro Civil y por la prueba del matrimonio de los padres, de conformidad a las disposiciones legales respectivas.

2.Por sentencia firme en juicio de filiación.

4. DE LA DETERMINACION DE LA PATERNIDAD MATRIMONIAL.

ART. 185. Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución, divorcio o a la separación de hecho de los cónyuges.

ART. 186. Aun faltando la presunción de paternidad del marido, el nacido será inscrito como hijo de los cónyuges si concurre el consentimiento de ambos.

5. DE LA DETERMINACION DE LA PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL.

ART. 187. La paternidad extramatrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento del padre o por sentencia firme en juicio de filiación.

ART. 188. El reconocimiento del hijo se realizará mediante una declaración formulada con ese determinado objeto:

1.Ante el Oficial del Registro Civil, al momento de verificarse la inscripción de nacimiento del hijo o con posterioridad;

2.En una escritura pública;

3.En acto testamentario.

Lo prescrito en el presente artículo es aplicable a la madre cuando no hubiera tenido lugar la inscripción prevista en el artículo 183.

ART. 189. El hecho de consignarse el nombre del padre o madre, a petición de ellos, al momento de realizarse la inscripción del nacimiento, es suficiente reconocimiento de filiación.

ART. 190. El reconocimiento es irrevocable, no puede sujetarse a modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni requiere aceptación del hijo.

Cuando el reconocimiento se efectúe por acto entre vivos, podrá realizarse por medio de mandatario constituido por escritura pública y especialmente facultado con este objeto.

ART. 191. No se inscribirán reconocimientos que contradigan una filiación anteriormente establecida. Quien pretenda reconocer al hijo, deberá previamente, ejercer la acción de impugnación de la filiación existente.

TITULO VIII

DE LAS ACCIONES DE FILIACION

1. REGLAS GENERALES.

ART. 192. El derecho de reclamar la filiación o de impugnarla es imprescriptible e irrenunciable, salvo las excepciones legales. Sin embargo, los efectos patrimoniales quedan sometidos a las reglas generales de prescripción.

ART. 193. En los juicios sobre filiación será admisible la investigación de la maternidad y la paternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas, las que podrán ser decretadas de oficio o a petición de parte.

La negativa injustificada a someterse a las pruebas biológicas, configura una presunción que, unida a otras presunciones o a otros medios probatorios, hará que el juez declare una determinada filiación.

ART. 194. La citación judicial a confesar paternidad o maternidad bajo juramento no podrá ejercerse más de una vez con relación a la misma persona.

ART. 195. El juez no admitirá la demanda si con ella no se presenta una prueba que haga plausible los hechos en que se funda.

ART. 196. Mientras dure el procedimiento en que se discute la filiación, el juez podrá adoptar las medidas de protección oportunas sobre la persona y bienes del sometido a la potestad del que aparece como padre o madre.

ART. 197. El acto de reconocimiento podrá ser impugnado por vicios del consentimiento conforme a las reglas generales. Esta acción corresponderá al autor del reconocimiento o a sus herederos y durará un año desde la cesación del vicio.

2. DE LAS ACCIONES DE RECLAMACION.

ART. 198. La acción de reclamación de la filiación matrimonial corresponde al hijo, o al padre y a la madre conjuntamente, si ella no resultare de las inscripciones en el Registro Civil e Identificación.

En el caso de los hijos, la acción deberá entablarse conjuntamente contra el padre y la madre.

ART. 199. La acción de reclamación de la filiación extramatrimonial corresponde al hijo contra quien considere su padre o su madre.

El ejercicio de la acción, en interés del hijo que sea menor o incapaz, corresponde, asimismo, a la madre que ejerza la patria potestad o al representante legal del menor o incapaz.

ART. 200. En caso de haber fallecido alguno de los padres, la acción se dirigirá en contra de sus herederos, dentro del plazo de dos años, contados desde el fallecimiento o desde el conocimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda.

ART. 201. Si hubiere fallecido el hijo, sus herederos podrán continuar la acción iniciada por él, o entablarla, si hubiese muerto en la menor edad o siendo incapaz.

Si el hijo falleciere antes de transcurrir los dos años desde que alcanzase la mayor edad o la plena capacidad, o durante el segundo año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda, la acción corresponde a sus herederos por todo el tiempo que faltare para completar dichos plazos. A los herederos menores empieza a correr el plazo o su residuo desde que hubieren llegado a la mayor edad.

ART. 202. El ejercicio de la acción de reclamación conforme a los artículos anteriores por el hijo o los padres, supone ejercer las acciones de impugnación de la filiación contradictoria.

No podrá reclamarse una filiación que contradiga otra determinada en virtud de una sentencia firme.

ART. 203. La convivencia de la madre con el presunto padre, durante la época de la concepción constituirá una base de presunción de paternidad.

ART. 204. Podrá declararse la filiación que resulte de la posesión notoria de la calidad de hijo respecto de determinada persona, siempre que hubiere sido debidamente acreditada en juicio y no se hubiere desvirtuado por prueba en contrario sobre el nexo biológico.

ART. 205. En todos los casos en que un menor aparezca inscrito como hijo de padre o madre desconocido, el Registro Civil deberá comunicarlo al Servicio Nacional de Menores, quien podrá procurar, en los casos en que el menor se encuentre bajo su cuidado y protección, la determinación de la paternidad o maternidad y obtener el reconocimiento del hijo.

3. DE LAS ACCIONES DE IMPUGNACION.

ART. 206. El marido podrá ejercitar la acción de impugnación de la paternidad en el plazo de un año contado desde la inscripción del nacimiento en el Registro Civil, salvo que pruebe que no tuvo conocimiento del parto, en cuyo caso el plazo se contará desde el día que lo supo.

Si el marido falleciere antes de transcurrir el plazo señalado en el inciso anterior, la acción corresponderá a los herederos, y en general a toda persona a quien la pretendida paternidad del hijo irrogare perjuicio actual, por el tiempo que faltare para completarlo.

Fallecido el marido sin conocer el parto, el año se contará desde que éste sea conocido.

Cesará este derecho, si el padre hubiere reconocido al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento público.

ART. 207. La paternidad también podrá ser impugnada por el hijo durante el año siguiente a la inscripción del nacimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 209.

ART. 208. El reconocimiento que de los hijos extramatrimoniales hagan los padres podrá ser impugnado por los propios hijos o por quien tenga interés en ello, dentro del plazo de un año contado desde que conocieron el acto de reconocimiento.

ART. 209. En el caso de los dos artículos anteriores, si el hijo fuere menor o incapaz, el plazo se contará desde que alcance la mayoría de edad o la plena capacidad.

El ejercicio de la acción en interés del hijo que sea menor o incapaz corresponde, asimismo, a la madre que ejerza la patria potestad o al representante legal del menor incapaz, en el plazo de un año contado desde que conozca el acto de reconocimiento.

ART. 210. La acción de impugnación de la maternidad corresponderá a la madre, al marido, o al hijo, pudiendo ejercerse dentro del año siguiente a la fecha del nacimiento.

Se concederá también esta acción a toda otra persona a quien la aparente maternidad perjudique actualmente en sus derechos y deberá ejercerse dentro del plazo de un año contado desde el fallecimiento de los supuestos padre o madre.

TITULO IX

DE LA PATRIA POTESTAD

1. DISPOSICIONES GENERALES.

ART. 211. La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden al padre y a la madre en relación a la persona y sobre los bienes de los hijos, desde la concepción de éstos, y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado.

ART. 212. La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos y comprende los siguientes deberes y facultades:

1. Velar por ellos, cuidarlos, alimentarlos y educarlos.

2. El derecho legal de goce sobre sus bienes.

3. Administrar sus bienes.

4. Representarlos judicial y extrajudicialmente.

Si los hijos tuvieren suficiente juicio y discernimiento deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten.

El padre y la madre, aunque no ejerzan la patria potestad, conservan los deberes y facultades comprendidos en el número 1º.

ART. 213. Quedará excluido de la patria potestad y de todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confieran respecto del hijo o de sus descendientes o en sus derechos hereditarios, el padre o madre cuando la filiación haya sido judicialmente determinada contra su oposición.

Dejarán de producir efecto estas restricciones por determinación del representante legal del hijo aprobada judicialmente o por voluntad del propio hijo una vez alcanzada la plena capacidad.

Quedarán siempre a salvo las obligaciones de velar por los hijos y prestarles alimentos.

ART. 214. La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre. Se presumirá que los actos realizados por uno de ellos cuentan con el consentimiento del otro, salvo para aquellos casos que requieran también la autorización judicial, en que es necesario consentimiento expreso del otro, o cuando mediare expresa oposición, manifestada antes del perfeccionamiento del acto.

En caso de desacuerdo, cualquiera de los padres podrá acudir al juez competente, quien resolverá, breve y sumariamente, lo más conveniente para el interés del hijo, previa audiencia de los padres. El juez podrá, aun de oficio, requerir toda la información que considere necesaria y oír al menor, si éste tuviere suficiente juicio y discernimiento.

Si los desacuerdos fueren reiterados, o concurriere cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, el juez podrá atribuirlo total o parcialmente a uno de los padres, o distribuir entre ellos sus funciones, por el plazo que fije, el que no podrá exceder de dos años.

En caso de muerte de uno de los padres o suspensión de la patria potestad, ésta corresponderá exclusivamente al otro.

ART. 215. Si los padres viven separados, la patria potestad corresponderá a aquel que ejerza legalmente la tuición. Sin embargo, podrá el juez, a solicitud fundada del otro, y en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad, para que la ejerza conjuntamente con quien la tenga, o distribuir entre el padre y la madre las funciones inherentes a su ejercicio.

ART. 216. En caso que ambos padres se encuentren en la situación prevista en el artículo 213, ejercerá la patria potestad un tutor o curador designado al efecto.

ART. 217. El padre y la madre, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen derecho a relacionarse con sus hijos menores, a tener una adecuada comunicación y a supervisar su educación.

En caso de desacuerdo, el juez determinará lo más conveniente para el interés del hijo.

ART. 218. En caso que ambos padres sean menores de edad, sus hijos quedarán sujetos a tutela. Si los padres viven separados, serán llamados a la tutela los ascendientes de aquel de los padres que tenga a los hijos a su cuidado.

2. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE

LOS PADRES Y LOS HIJOS.

ART. 219. Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres.

ART. 220. Aunque la emancipación dé al hijo el derecho de obrar independientemente, queda siempre obligado a cuidar de los padres en su ancianidad, en el estado de demencia, y en todas las circunstancias de la vida en que necesitaren sus auxilios. Los demás ascendientes tienen derecho a los mismos cuidados y auxilios.

ART. 221. Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos.

ART. 222. Si los padres viven separados, y a falta de acuerdo, corresponde a la madre el cuidado personal de los hijos menores; salvo que por motivos calificados el juez decidiere de otro modo.

ART. 223. Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes.

En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos.

ART. 224. El juez procederá para todas estas resoluciones breve y sumariamente, oyendo a los parientes.

ART. 225. Los gastos de crianza y educación de los hijos pertenecen a la sociedad conyugal, según las reglas que tratando de ellas se dirán. En caso que ésta no existiere, corresponderán dichos gastos a ambos padres, en proporción a las fuerzas de su patrimonio.

Pero si un hijo tuviere bienes propios, dichos gastos podrán sacarse de ellos, conservándose íntegros los capitales en cuanto sea posible.

ART. 226. Muerto uno de los padres, los gastos de crianza y educación, tocarán al sobreviviente, en los términos del inciso final del precedente artículo.

ART. 227. La obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes, pasa, por la falta o insuficiencia de los padres, a los abuelos por una y otra línea, conjuntamente.

ART. 228. En caso de desacuerdo en cuanto a la forma de contribuir a los gastos mencionados en los artículos precedentes, el juez reglará la contribución, tomadas en consideración las facultades de los contribuyentes y podrá modificarla según las circunstancias que sobrevengan.

ART. 229. Los padres tendrán la facultad de corregir a sus hijos. El poder de corrección deberá ejercerse moderadamente, debiendo quedar excluidos los malos tratos, castigos, o actos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores.

Los jueces deberán resguardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres, disponiendo su cesación y las sanciones que correspondieren.

ART. 230. Los derechos concedidos a los padres en los artículos precedentes no podrán reclamarse sobre el hijo que haya sido abandonado.

ART. 231. El padre o madre que incurra en alguna causal de inhabilidad física o moral, quedarán privados de los derechos concedidos en los artículos precedentes.

ART. 232. Si el hijo abandonado por sus padres hubiere sido alimentado y criado por otra persona, y quisieren los padres sacarle del poder de ella, deberán ser autorizados por el juez para hacerlo, y previamente deberán pagarle los costos de su crianza y educación, tasados por el juez.

El juez sólo concederá la autorización a que se refiere el inciso anterior si estima que por razones graves conviene darla.

3. DEL DERECHO LEGAL DE GOCE SOBRE LOS

BIENES DE LOS HIJOS Y DE SU ADMINISTRACION.

ART. 233. La patria potestad confiere el derecho legal de goce sobre todos los bienes del hijo, exceptuados los siguientes:

1. Los bienes adquiridos por el hijo en el ejercicio de todo empleo, de toda profesión liberal, de toda industria y de todo oficio mecánico.

2. Los bienes adquiridos por el hijo a título de donación, herencia o legado cuando el donante o tasador ha impuesto la condición que quien ejerza la patria potestad no tenga este derecho, o se haga bajo la condición de obtener la emancipación o se haya dispuesto expresamente que este goce quede radicado en el hijo.

3. Las herencias o legados que hayan pasado al hijo por incapacidad o indignidad del padre o madre, o por haber sido éstos desheredados.

ART. 234. El hijo se mirará como mayor de edad para la administración y goce de los bienes comprendidos en el número 1 del artículo precedente, sin perjuicio de las limitaciones legales.

ART. 235. El que ejerza el derecho legal de goce sobre los bienes del hijo tendrá su administración, y el que se encuentre privado de ésta quedará también privado de aquél.

En caso que el padre o madre se encuentre privado del derecho legal de goce, éste corresponderá al otro; en caso que ambos se encontraren privados de este derecho, la propiedad plena pertenecerá al hijo y se le dará un curador para la administración.

ART. 236. Cuando ambos padres estén ejerciendo la patria potestad podrán designar, de común acuerdo, administrador de los bienes del hijo a uno de ellos, quien necesitará el consentimiento expreso del otro para todos los actos que requieren también autorización judicial.

ART. 237. No se podrán enajenar ni gravar en caso alguno los bienes raíces del hijo, ni aun aquéllos que éste administre libremente, sin autorización del juez, con conocimiento de causa.

ART. 238. No se podrá hacer donación de ninguna parte de los bienes del hijo, ni darlos en arriendo por largo tiempo, ni aceptar o repudiar una herencia deferida al hijo, sino en la forma y con las limitaciones impuestas a los tutores y curadores.

ART. 239. El padre o madre es responsable, en la administración de los bienes del hijo, hasta de la culpa leve.

La responsabilidad se limita a la propiedad de los bienes del hijo.

ART. 240. Habrá derecho para quitar al padre o madre, o a ambos, la administración de los bienes del hijo, cuando se hayan hecho culpables de dolo, o de grave negligencia habitual y en todos los casos en que se suspenda la patria potestad.

ART. 241. Removido uno de los padres de la administración de los bienes, ésta corresponderá al otro; si ambos fueren removidos, la propiedad plena de dichos bienes pertenecerá al hijo y se le dará un curador para la administración.

ART. 242. Al término de la patria potestad podrán los hijos exigir a los padres la rendición de cuentas de la administración que ejercieron sobre sus bienes hasta entonces.

4. DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS HIJOS.

ART. 243. Los actos y contratos que el padre o madre celebre en representación del hijo, o los que éste celebre y que el padre o madre autorice o ratifique por escrito, obligan directamente al padre o madre en conformidad a lo previsto en el Título XXII del Libro IV y subsidiariamente al hijo, hasta concurrencia del beneficio que éste hubiere reportado de dichos actos o contratos.

Si entre los padres no hubiere sociedad conyugal y no pudiere presumirse la autorización conjunta, la responsabilidad a que alude el inciso precedente sólo recaerá sobre el patrimonio de aquel que hubiere autorizado al hijo. En los demás casos será solidaria.

ART. 244. El menor adulto no necesita autorización de sus padres para testar, ni para reconocer hijos.

ART. 245. Los actos y contratos del hijo no autorizados por el padre, la madre o el curador, sólo obligan los bienes que éste administra libremente.

ART. 246. Siempre que el hijo tenga que demandar a su padre o madre, deberá obtener autorización del juez y éste, al otorgarla, le dará un curador para la litis.

ART. 247. El hijo no precisará la autorización de sus padres para parecer en juicio cuando se proceda criminalmente en su contra.

Cuando, necesitando autorización, el padre o madre no pudieren o no quisieren prestarla, podrá el juez suplirla y al hacerlo dará al hijo un curador para la litis.

5. DE LA SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD.

ART. 248. El ejercicio de la patria potestad se suspende cuando el padre o madre incurrieren en alguna de las siguientes causales:

1. Prolongada demencia;

2. Menor de edad;

3. Estar en entredicho de administrar sus propios bienes; y

4. Larga ausencia de la cual se siga perjuicio grave a los intereses del hijo.

En caso que la causal afecte sólo a uno de los padres que ejerce la patria potestad, ésta corresponderá exclusivamente al otro; en caso que afecte a ambos, los hijos quedarán sujetos a la guarda que corresponda.

El juez podrá, en beneficio e interés del hijo, acordar la recuperación de la patria potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la suspensión.

ART. 249. La suspensión de la patria potestad deberá ser decretada por el juez con conocimiento de causa, y después de oídos sobre ello los parientes del hijo y el defensor de menores; salvo que se trate de la menor edad del padre o de la madre, en cuyo caso la suspensión se producirá de pleno derecho.

6. DE LA EMANCIPACION.

ART. 250. La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad del padre, madre, o de ambos, según sea el caso. Puede ser legal o judicial.

ART. 251. La emancipación legal se efectúa:

1. Por la muerte real o presunta de los padres;

2. Por el matrimonio del hijo; y

3. Por haber cumplido el hijo 21 años.

ART. 252. La emancipación judicial se efectúa:

1. Cuando los padres maltratan habitualmente al hijo;

2. Cuando los padres han abandonado al hijo;

3. Cuando por sentencia ejecutoriada los padres hayan sido declarados culpables de un delito a que se aplique una pena aflictiva, a menos que atendida la naturaleza del delito, el juez estime que no existe riesgo para el interés del hijo.

La emancipación tendrá efecto sin embargo de cualquier indulto que recaiga sobre la pena; y

4. En caso de inhabilidad física o moral de los padres.

ART. 253. Toda emancipación, una vez efectuada, es irrevocable.

ART. 254. Cuando la emancipación se produzca respecto de un hijo menor, éste quedará sujeto a la guarda que corresponda.

22) Deróganse los artículos 255 al 296, ambos inclusive;

23) Sustitúyese el artículo 305, por el siguiente:

"ART. 305. El estado civil de casado o viudo, y de padre o hijo, podrá probarse por las respectivas partidas de matrimonio, de nacimiento o bautismo, y de muerte.

La edad y la muerte podrán probarse por las respectivas partidas de nacimiento o bautismo, y de muerte.";

24) Elimínase en el artículo 311 la palabra "legítimo" las dos veces que aparece en el texto;

25) En el artículo 312, reemplázase la palabra "diez" por "cinco";

26) Reemplázase en el inciso primero del artículo 315 la palabra "legitimidad" por "paternidad" las dos veces que aparece en el texto;

27) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 317 por el siguiente:

"Son también "legítimos contradictores", los herederos del padre o madre fallecidos en contra de quienes el hijo podrá dirigir o continuar la acción y también los herederos del hijo fallecido cuando éstos se hagan cargo de la acción iniciada por aquel o decidan entablarla.";

28) Derógase el artículo 318;

29) Elimínase el inciso segundo del artículo 320;

30) Sustitúyese el inciso primero del artículo 321, por el siguiente:

"ART. 321. Se deben alimentos:

1º. Al cónyuge;

2º. A los descendientes;

3º. A los ascendientes;

4º. A los hermanos, y

5º. Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada.";

31) Sustitúyese el artículo 323, por el siguiente:

"ART. 323. La obligación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación y asistencia médica del alimentario, de un modo correspondiente a su posición social.";

32) Sustitúyese el artículo 324, por el siguiente:

"ART. 324. En el caso de injuria atroz cesará enteramente la obligación de prestar alimentos.";

33) Sustitúyese el inciso primero del artículo 326, por el siguiente:

"ART. 326. El que para pedir alimentos reúna varios títulos de los enumerados en el artículo 321, sólo podrá hacer uso de uno de ellos, en el siguiente orden:

1º El que tenga según el número 5º.

2º El que tenga según el número 1º.

3º El que tenga según el número 2º.

4º El que tenga según el número 3º.

5º El del número 4º no tendrá lugar sino a falta de todos los otros.";

34) Sustitúyese el artículo 330, por el siguiente:

"ART. 330. Los alimentos no se deben sino en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social.";

35) Elimínase el inciso segundo del artículo 332;

36) Sustitúyense en el inciso primero del artículo 348, el guarismo "262" por "248"; y en su inciso segundo el guarismo "251" por "240";

37) Reemplázanse en el artículo 354, la palabra "legítimo" por la expresión "o madre", y la palabra "puede" por pueden";

38) Reemplázase en el artículo 355, la palabra "puede" por "pueden";

39) Reemplázase en el artículo 356, la palabra "puede" por "pueden";

40) En el artículo 357, intercálese la expresión "o madre" entre las palabras "padre" y "que", y reemplázase el guarismo "267" por "252";

41) Derógase el artículo 358;

42) Derógase el artículo 359;

43) Sustitúyese el inciso primero del artículo 360, por el siguiente:

"ART. 360. No obstante lo dispuesto en el artículo 357, el padre o madre y cualquier otra persona, podrán nombrar un tutor o curador, por testamento o por acto entre vivos, con tal que donen o dejen al pupilo alguna parte de sus bienes, que no se les deba a título de legítima.";

44) Derógase el inciso final del artículo 367.

45) Sustitúyese el artículo 368, por el siguiente:

"ART. 368. En el caso del artículo 215, la guarda será dativa.";

46) Elimínase en el número 1º del artículo 375, la palabra "legítimos";

47) Elimínanse en el artículo 404, las palabras "legítimo o natural";

48) En el artículo 412:

a)Sustitúyese su inciso primero, por el siguiente:

"ART. 412. Por regla general, ningún acto o contrato, en que directa o indirectamente tenga interés el tutor o curador, o su cónyuge, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de sus hermanos, o de sus consanguíneos o afines hasta el cuarto grado inclusive, o de alguno de sus socios de comercio, podrá ejecutarse o celebrarse sino con autorización de los otros tutores o curadores generales, que no estén implicados de la misma manera, o por el juez en subsidio.";

b) Elimínanse en su inciso segundo, las palabras "legítimos o naturales";

49) Derógase el inciso final del artículo 428.

50) Elimínase en el inciso segundo del artículo 430, la frase "legítimos, ni los padres naturales";

51) Elimínase en el artículo 434, la palabra "congrua".

52) Sustitúyese el artículo 439, por el siguiente:

"ART. 439. El menor que está bajo curaduría tendrá las mismas facultades administrativas que el hijo sujeto a patria potestad, respecto de los bienes adquiridos por él en el ejercicio de una profesión o industria.

Lo dispuesto en el artículo 245, se aplica al menor y al curador.";

53) Elimínanse en el artículo 443, las palabras "legítimos" y "naturales";

54) Sustitúyese el inciso primero del artículo 448, por el siguiente:

"ART. 448. Se deferirá la curaduría:

1º A los ascendientes;

2º A los hermanos y otros colaterales hasta el cuarto grado.";

55) En el artículo 449:

a) Sustitúyese su inciso primero, por el siguiente:

"ART. 449. El curador del marido disipador administrará la sociedad conyugal en cuanto ésta subsista y ejercerá, además, la guarda de los hijos en caso que la madre, por cualquier razón, no ejerza la patria potestad.";

b) Agrégase en su inciso segundo la frase final antes del punto aparte (.) "cuando ésta, no le correspondiera al padre";

56) Sustitúyese el artículo 450, por el siguiente:

"ART. 450. Ningún cónyuge podrá ser curador del otro declarado disipador.";

57) Elimínanse en el artículo 451, las palabras "legítimos o naturales";

58) Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 462, por los siguientes:

"ART. 462. Se deferirá la curaduría del demente:

1º A su cónyuge no divorciado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 503;

2º A sus descendientes;

3º A sus ascendientes;

4º A sus colaterales hasta en el cuarto grado.

El juez elegirá en cada clase de las designadas en los números 2º, 3º y 4º, la persona o personas que más idóneas le parecieren.";

59) Elimínase en el inciso primero del artículo 463, la frase ",y ejercerá de pleno derecho la guarda de sus hijos menores";

60) Sustitúyese el artículo 485, por el siguiente:

"ART. 485. Los bienes que han de corresponder al hijo póstumo, si nace vivo, y en el tiempo debido, estarán a cargo del curador que haya sido designado a este efecto por el testamento del padre, siempre que no corresponda a la madre en el ejercicio de la patria potestad.";

61) En el artículo 486:

a) Agrégase en su inciso primero la siguiente frase final, antes del punto aparte (.): ", salvo que, como lo establece el artículo precedente, corresponda a la madre la patria potestad",

b) Derógase su inciso segundo;

62) En el artículo 497:

a) Reemplázase en su número 9º, la referencia al "al artículo 267, número 7º" por "al artículo 252, número 3º.";

b) Elimínase en su número 10, la frase "en conformidad a lo dispuesto en los artículos 223 y 224",

c) Reemplázase en su número 11, el guarismo "267" por "252";

63) Elimínanse en el inciso segundo del artículo 500, la expresión "legítimo o natural";

64) En el artículo 514:

a) Sustitúyese el número 5º, por el siguiente:

"5º El padre o madre que tenga a su cargo el cuidado cotidiano del hogar;",

b) Elimínanse en sus números 8º y 9º la palabra "legítimos";

65) Elimínanse en el artículo 515, las expresiones "legítimos o naturales," y "legítimo o natural";

66) Elimínase en el artículo 516, la expresión "legítimo o natural";

67) Elimínase en el artículo 518, la frase final "legítimo, ni un padre o hijo natural";

68) Elimínase en el número 1º del artículo 766, la frase ",como el padre de familia, sobre ciertos bienes del hijo";

69) Reemplázase en el artículo 810, la frase inicial "El usufructo legal del padre o madre de familia" por "El derecho legal de goce de los padres";

70) Elimínase en el inciso tercero del artículo 815, la expresión "legítimos y naturales";

71) Elimínase en el número 5 del inciso primero del artículo 959 la palabra "legítimos";

72) Elimínase en el número 2º del inciso primero del artículo 968 la palabra "legítimos";

73) Sustitúyese el inciso primero del artículo 983, por el siguiente:

"ART. 983. Son llamados a la sucesión intestada los descendientes del difunto, sus ascendientes, el cónyuge sobreviviente, sus colaterales, el adoptado en su caso y el Fisco.";

74) Sustitúyese el inciso primero del artículo 986, por el siguiente:

"ART. 986. Hay siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos.";

75) Sustitúyese el artículo 988, por el siguiente:

"ART. 988. Los hijos excluyen a todos los otros herederos, sin perjuicio de la porción conyugal que corresponda al cónyuge sobreviviente.";

76) Sustitúyese el artículo 989, por el siguiente:

"ART. 989. Si el difunto no ha dejado posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo y el cónyuge sobreviviente por partes iguales. A falta de aquéllos o de éstos, pertenecerá toda la herencia al cónyuge o a los ascendientes.";

77) Sustitúyese el artículo 990, por el siguiente:

"ART. 990. Si el difunto no hubiere dejado descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, le sucederán sus hermanos.

Entre los hermanos de que habla este artículo se comprenderán aun los que solamente lo sean por parte de padre o de madre; pero la porción del hermano paterno o materno será la mitad de la porción del hermano carnal.";

78) Derógase el artículo 991.

79) Sustitúyese el artículo 992, por el siguiente:

"ART. 992. A falta de descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos, sucederán al difunto los colaterales de grado más próximo, sean de simple o doble conjunción, hasta el sexto grado inclusive.";

80) Derógase el artículo 993.

81) Elimínase en el inciso primero del artículo 1.016 la expresión "o legitimados";

82) Elimínase en el artículo 1.107 la palabra "legítimo";

83) Elimínase en el artículo 1.162 las palabras "legítimo" y "legítimos";

84) Elimínase en el artículo 1.167, la frase final "en la sucesión de los descendientes legítimos, de los hijos naturales y de los descendientes legítimos de estos últimos.";

85) Elimínanse en el artículo 1.178 las palabras "legítimos" y "legítimo", ésta última las dos veces que aparece en el texto.

86) Sustitúyese el artículo 1.182, por el siguiente:

"ART. 1.182. Son legitimarios:

1º Los hijos, personalmente o representados por su descendencia;

2º Los ascendientes.";

87) Sustitúyense los incisos segundo y tercero del artículo 1.184, por los siguientes:

"No habiendo descendientes con derecho a suceder, ni cónyuge sobreviviente, la mitad restante es la porción de bienes de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio.

Habiendo tales descendientes o cónyuge, la masa de bienes, previas las referidas deducciones y agregaciones, se dividirá en cuatro partes. dos de ellas, o sea la mitad del acervo, para las legítimas rigorosas; otra cuarta, para las mejoras con que el difunto haya querido favorecer a su cónyuge o a uno o más de sus descendientes, sean o no legitimarios, y otra cuarta, de que ha podido disponer a su arbitrio.";

88) Sustitúyese el artículo 1.195, por el siguiente:

"ART. 1.195. De la cuarta de mejoras puede hacer el donante o testador la distribución que quiera entre sus descendientes y su cónyuge; podrá pues asignar a uno de ellos toda la dicha cuarta con exclusión de los otros.

Los gravámenes impuestos a los partícipes de la cuarta de mejoras serán siempre en favor del cónyuge, o de uno o más de sus descendientes.";

89) Sustitúyese el inciso tercero del artículo 1.200, por el siguiente:

"Si el donatario ha llegado a faltar de cualquiera de esos modos, las donaciones imputables a su legítima se imputarán a la de sus descendientes.":

90) Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 1.201, por el siguiente:

"ART. 1.201. Se resolverá la donación revocable o irrevocable que se hiciere a título de mejora a una persona que se creía descendiente del donante y no lo era.

Lo mismo sucederá si el donatario, o alguno de sus descendientes, ha llegado a faltar por incapacidad, indignidad, desheredación o repudiación.";

91) Reemplázase en el inciso primero del artículo 1.203 la frase "hijo legítimo o natural o descendiente legítimo de alguno de ellos" por la palabra "descendiente";

92) Reemplázase en el inciso primero del artículo 1.204 la frase "hijo legítimo o natural o a alguno de los descendientes legítimos de éstos", por la palabra "descendiente";

93) En el inciso primero del artículo 1.208, elimínase en su número 1º, la palabra "legítimos" y, reemplázase en su Nº 5, la referencia al "artículo 267, número 7º" por la referencia "al artículo 252, número 3º";

94) Reemplázase en el artículo 1.220 la frase "hijos legítimos o naturales o descendientes legítimos de aquellos o de éstos" por la palabra "descendientes".

95) Elimínase en el artículo 1.424, la palabra "legítimos";

96) Elimínase en el artículo 1.431, la palabra "legítimos".

97) Reemplázase en el artículo 1.437, la frase "y los hijos de familia" por "y los hijos sujetos a patria potestad";

98) Reemplázase en el artículo 1.579, la frase "los padres o madres de familia" por la frase "los padres o madres que ejerzan la patria potestad";

99) Reemplázase en el artículo 1.796, las palabras "de familia" por la frase "sujeto a su patria potestad";

100) Elimínanse en el artículo 1.969, las palabras "de familia";

101) En el artículo 2.045, elimínanse: en su número 1º, la palabra "legítima"; en el número 2º, la palabra "legítima" las dos veces que aparece; en el número 3º, la palabra "legítima" las dos veces que aparece; y en el número 4º, la palabra "legítima";

102) Derógase el artículo 2.049;

103) Derógase el artículo 2.050;

104) Sustitúyese el inciso final del artículo 2.466, por el siguiente:

"Sin embargo, no será embargable el derecho legal de goce del marido sobre los bienes de la mujer, ni el derecho legal de goce de los padres sobre los bienes del hijo, ni los derechos reales de uso o de habitación.";

105) Reemplázanse en el número 4º del artículo 2.481, las palabras "de familia" por la frase "sujetos a patria potestad";

106) En el artículo 2.483:

a) Sustitúyese en su inciso primero, la frase "a los respectivos hijos de familia" por "a los hijos respecto de los cuales se ejerza la patria potestad";

b) Elimínanse en su inciso segundo, las palabras "de familia" por la frase "sujetos a patria potestad":

107) Reemplázase en el artículo 2.485, la frase "del padre o madre de familia" por "los padres que ejerzan la patria potestad";

Artículo 2º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Sobre Efecto Retroactivo de las Leyes:

1) Sustitúyese el artículo 4º, por el siguiente:

"ART. 4º. El derecho legal de goce y de administración que el padre de familia tuviere en los bienes del hijo, y que hubieren sido adquiridos bajo una ley anterior, se sujetarán, en cuanto a su ejercicio y duración, a las reglas dictadas por una ley posterior.";

2) Derógase el artículo 5º;

3) Elimínase en el artículo 6º la palabra "ilegítimo";

4) Derógase el inciso segundo del artículo 7º;

Artículo 3º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 4.808 Sobre Registro Civil:

1) Sustitúyase el artículo 6º, por el siguiente:

"ART. 6º.La sentencia en que se declare la filiación de un hijo, así como aquella que decrete la emancipación judicial, se inscribirán en el registro de la comuna en que se hubiere inscrito el nacimiento.";

2) Sustitúyese el inciso tercero del artículo 17, por el siguiente:

"Asimismo, el Director podrá ordenar de oficio la rectificación de una inscripción en que aparezca el reconocimiento de un hijo, con el solo objeto de asignar al inscrito el o los apellidos que le correspondan y los nombres y apellidos de sus padres, o el del padre o madre que le haya reconocido.";

3) Elimínase del inciso final del artículo 18, las palabras "legitimaciones o";

4) Derógase el inciso final del artículo 20;

5) En el artículo 29, agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

"Esta inscripción deberá ser notificada a la madre, salvo su reconocimiento expreso, o que quien hubiese denunciado el nacimiento fuese el marido;

6) Elimínase en el artículo 30, la palabra "legítimo";

7) Sustitúyese el número 4º del 31, por el siguiente:

"Nº 4. Los nombres, apellidos, nacionalidad, profesión u oficio y domicilio de los padres. Si el hijo hubiere nacido fuera del matrimonio, los del padre o madre que le reconozca o haya reconocido.";

8) Reemplázase en el artículo 32, la expresión "al número 1º del artículo 271" por "número 1º del artículo 188 y al artículo 189,";

9) Deróganse los artículos 37 y 38;

10) Derógase el número 10 del artículo 39;

11) En el artículo 86, elimínase en su inciso primero, las palabras "o de legitimación", y en su inciso final, las palabras "y legitimación";

Artículo 4º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 17.344 que Autoriza Cambio de Nombre y Apellidos:

1) Sustitúyese la letra c) del artículo 1º, por la siguiente:

"c) En los casos que la naturaleza de la filiación fuera extramatrimonial, para agregar un apellido cuando la persona hubiera sido inscrita con uno solo o para cambiar uno de los que se hubieren impuesto al nacido, cuando fueren iguales.";

2) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 4º, por el siguiente:

"El cambio de apellido, no podrá hacerse extensivo a los padres del solicitante, y no alterará la filiación, pero alcanzará a sus descendientes sujetos a patria potestad.".

Artículo 5º.-Derógase la Ley Nº 17.999.

Artículo 6º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 7.613 que Establece Disposiciones Sobre la Adopción:

1) Elimínanse en el inciso primero del artículo 2º las palabras "legítima" y "legítimos", ambas dos veces mencionadas en el texto;

2) Elimínase en su inciso primero del artículo 12, la palabra "legítimos", las dos veces mencionadas en el texto.

3) Elimínase en el inciso final del artículo 14, la palabra "legítimos";

4) Elimínase en el artículo 23, la palabra "legítimos";

5) Sustitúyese el artículo 24, por el siguiente:

"ART 24. En la sucesión intestada del adoptante, el adoptado concurrirá en el primer orden de sucesión, junto a los hijos del causante y recibirá la mitad de lo que le corresponde a cada hijo. Si hubiere más de un adoptado, las porciones de éstos, en concurrencia con los hijos, no podrán exceder en conjunto, de una cuarta parte de la herencia o de una cuarta parte de la mitad legitimaria en su caso; lo cual se entenderá sin perjuicio del acrecimiento previsto en el artículo 1.191 y de las demás asignaciones que el testador pueda hacerles con arreglo a la ley.

En el caso contemplado en el 989, el adoptado concurrirá con los ascendientes y el cónyuge sobreviviente, y la herencia se dividirá en tres partes iguales.

Igualmente, en el caso del artículo 990, llevará tres cuartas partes de la herencia el adoptado y la otra cuarta los hermanos del causante. No habiendo hermanos, llevará toda la herencia el adoptado.

Lo dicho en este artículo no conferirá en ningún caso al adoptado la calidad de legitimario.";

6) Elimínase en el artículo 26 la palabra "legítimos".

7) En el artículo 29:

a) Elimínase la expresión "legítimos o naturales", en sus incisos primero, segundo y tercero.

b) Elimínase la palabra "legítimo" en su inciso final;

8) Elimínase en el artículo 31, la palabra "legítimo".

Artículo 7º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 18.703 sobre "Adopción de Menores":

1) Elimínase en el inciso tercero del artículo 1º la palabra "legítimo";

2) Reemplázase en el artículo 16, la palabra "legítimos", por la expresión "por naturaleza";

3) Elimínase en el número 2 del artículo 32, la palabra "legítimo".

Artículo 8º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 16.618, "Ley de Menores":

1) En el artículo 26:

a) Sustitúyese su número 1, por el siguiente:

"1) Determinar a quién corresponde la tuición de los menores, conocer de las cuestiones que se susciten en relación al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad y autorizar la emancipación;";

b) Sustitúyese su número 7, por el siguiente:

"7) Resolver sobre la vida futura del menor cuando los padres así lo requirieren, por el tiempo que estime más conveniente, el cual no podrá exceder del plazo que le falte para cumplir 18 años de edad, y cuando éste se encontrare en peligro moral o material;";

c) Agréganse los siguientes números, nuevos, reemplazándose el punto final (.) que los antecede por un punto y coma (;):

"12) Determinar el monto de la contribución que corresponda al padre o madre, para subvenir los gastos de crianza, educación y alimentación de sus hijos menores, cuando éstos no hubieren logrado acuerdo;

13) Disponer las medidas necesarias para resguardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres y decretar las sanciones que por dichas acciones correspondan.";

2) Sustitúyese el inciso primero del artículo 46, por el siguiente:

"ART 46. Se entienden comprendidos en los artículos 222 y 223 del Código Civil, los casos de nulidad de matrimonio, separación de hecho o convencional de los cónyuges y en aquellos en que los padres no estén unidos en matrimonio, sea que ambos o ninguno hayan reconocido a los hijos, en cuanto esas disposiciones sean aplicables a estas situaciones.";

3) Reemplázase, en el artículo 47, el guarismo "239", por "232".

4) Elimínase en el inciso segundo del artículo 48, la palabra "legítimos";

5) En el artículo 49:

a) En su inciso primero, elimínase la palabra "legítimo" y agrégase la siguiente frase final: ", o de aquel que lo hubiere reconocido voluntariamente en su caso";

b) En su inciso segundo elimínase la palabra "legítimo";

c) Derógase su inciso cuarto.

Artículo 9º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 14.908 sobre "Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias":

1) En su artículo 3º:

a) Derógase su inciso cuarto.

b) Elimínase en su inciso final la frase "legítimo, natural, ilegítimo o adoptivo";

2) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 4, por el siguiente:

"En caso de tratarse de una filiación extramatrimonial, la madre deberá ejercer previamente la acción de reclamación correspondiente.";

3) Elimínase en el artículo 5, la palabra "ilegítimos";

4) Sustitúyese el inciso primero del artículo 15, por el siguiente:

"ART. 15. Si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria, en favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante no hubiere cumplido su obligación en la forma ordenada o hubiere dejado de efectuar el pago de una o más cuotas, el tribunal que dictó la resolución o el juez competente según el artículo 3º, deberá, a petición de parte o de oficio y sin forma de juicio, apremiar al deudor del modo establecido en el inciso primero del artículo 543 del Código de Procedimiento Civil, pudiendo el juez en este caso ampliar el arresto hasta por treinta días y en caso de nuevo apremio le impondrá un arresto que sea precisamente de treinta días.".

Artículo 10º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones:

1) Sustitúyese el inciso décimo del artículo 2º, por el siguiente:

"Las asignaciones por causa de muerte que correspondan al cónyuge y a cada ascendiente, o adoptante, o a cada hijo, o adoptado, o a la descendencia de ellos, estarán exentas de este impuesto en la parte que no exceda de cincuenta unidades tributarias anuales. Las donaciones que se efectúen a las personas señaladas estarán exentas de este impuesto en la parte que no exceda de cincuenta unidades tributarias anuales. En consecuencia, la escala a que se refiere el inciso primero de este artículo, se aplicará desde su primer tramo a las cantidades que excedan de los mínimos exentos.";

2) Elimínanse en el inciso primero del artículo 26, las palabras "legítimos o naturales".

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo Primero.- Todos los que posean la calidad de hijo natural a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, tendrán los derechos que ésta establece para todos los hijos cualquiera sea el origen de su filiación. Con todo, los derechos necesarios se regirán por la ley vigente al tiempo de fallecer la persona cuya sucesión se trata.

Artículo Segundo.- Las sentencias ejecutoriadas no impiden el ejercicio de las acciones de reclamación o impugnación de la filiación que se funden en pruebas nuevas previstas por la presente ley.

Artículo Tercero.- Toda vez que el ordenamiento jurídico utilice las expresiones "hijo legítimo, ilegítimo, natural o simplemente ilegítimo", debe entenderse referida al estado civil de hijo que regula la presente ley.

También se denominarán "hijos", a quienes no hayan acreditado su filiación en conformidad con la presente ley, y que actualmente son llamados con expresiones tales como hijo ilegítimo, simplemente ilegítimo o hijo ilegítimo con derecho de alimentos y no tienen más derechos que aquellos que las leyes les confieren.".

Dios guarde a V.E.,

PATRICIO AYLWIN AZOCAR

Presidente de la República

FRANCISCO CUMPLIDO CERECEDA

Ministro de Justicia

MARIA SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA

Ministro Directora Servicio Nacional de la Mujer

1.2. Primer Informe de Comisión de Constitución

Cámara de Diputados. Fecha 09 de agosto, 1994. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 33. Legislatura 329.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL Y OTROS CUERPOS LEGALES EN MATERIA DE FILIACIÓN.

BOLETÍN N° 1060-07-1.

_________________________________

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros sobre el proyecto individualizado en el epígrafe, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, e ingresado a esta Corporación, como Cámara de origen, con fecha 10 de agosto de 1993. [1]

Durante el estudio de esta iniciativa, vuestra Comisión contó con la asistencia y colaboración de la señora Ministra de Justicia, doña Soledad Alvear Valenzuela; de la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), doña Josefina Bilbao; de la Subdirectora y de las asesoras legales del mismo Servicio, señoras Paulina Veloso, Leonor Etcheberry y Andrea Muñoz; de los encargados de asuntos legislativos del SERNAM, señores Luis Alberto Soto y Sebastián Hamel; de los abogados señores Carlos Peña, profesor de Derecho Civil en la Universidad Diego Portales; Leslie Tomasello, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Valparaíso; Enrique Barros Burie, profesor de Derecho Privado en la Universidad de Chile; Ramón Dominguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Concepción; Inés Pardo de Carvallo, profesora de Derecho Civil en la Universidad Católica de Valparaíso, y Raúl Lecaros, profesor de Derecho Civil en la Universidad Católica de Chile; del Secretario General de la Universidad Mariscal Sucre, don Humberto Lagos; del Consejo de Pastores de Iglesias Evangélicas de Valpaíso, representado por su Presidente, don Alvaro Yañez y los pastores Rodrigo Yañez, Lino Hormaechea, Antolín Flores, Leonel Villarroel y Raúl Alvarado; de la Asociación de Madres Solteras por sus Hijos, representada por su Presidenta, por doña Marta Cevallos; de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Chile, representada para estos efectos por el padre Tony Midsuf s.j.; del Director del Instituto Médico Legal, doctor Alfondo Claps, y del bioquímico del mismo Instituto, doctor Hugo Jorquera.

Fundamentos.

El proyecto persigue como objetivo dar concreción legal a los principios constitucionales que reconocen y aseguran la plena igualdad de todas las personas ante la ley y prohíben, consecuencialmente, el establecimiento de diferencias arbitrarias, ni por la ley ni por autoridad alguna.

En ese orden de consideraciones, le parece al Gobierno que el régimen de filiación actual[2] es profundamente discriminatorio, en la medida que clasifica a los hijos en legítimos e ilegítimos, según si han nacido dentro o fuera del matrimonio, estableciendo marcadas diferencias de trato para una categoría y otra.

Tales discriminaciones serían, además, contrarias a los principios contenidos en las diversas Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos de las que Chile es parte, que regulan los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, respecto de los cuales existe el deber de los órganos del Estado de respetar y promover, de acuerdo con el actual artículo 5º de la Constitución Política.

Una de esas Convenciones, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece, perentoriamente, en su artículo 26, que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de ésta, la que prohibirá (la ley) toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como "Pacto San José de Costa Rica", dispone, en su artículo 24, que todas las personas son iguales ante la ley y que, en consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. En su artículo 11 reconoce expresamente que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Al dar protección a la familia en su artículo 17, como elemento natural y fundamental de la sociedad, previene que junto con ser protegida por la sociedad y el Estado, los Estados Partes "deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos". Por último, en este mismo artículo se señala expresamente que "La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo".

Los Estados Partes de esta Convención han asumido el compromiso de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en esta Convención.

Según se expresa en el Mensaje, la reforma que se propone intenta acoger los imperativos constitucionales y de derecho internacional antes mencionados, para corregir una situación que se califica de errónea e injusta, como lo es aquella que castiga a las personas por actos no voluntarios. La actual legislación atribuye consecuencias negativas para los hijos naturales y simplemente ilegítimos en razón de las circunstancias de su concepción, cuestión que ciertamente no les es reprochable, puesto que se basa en el comportamiento y la moral sexual de sus padres.

Esta discriminación jurídica también ha generado efectos negativos en el ámbito social, cultural y económico, restando oportunidades y beneficios a esta clase de hijos, lo que crea, al fin, una marginalidad que debe desaparecer, para lo cual se hace necesaria una reforma integral que aborde el problema en toda su complejidad, adoptando soluciones que abarquen el conjunto de aspectos que se encuentran involucrados y que permitan articular un sistema legal coherente con aquella igualdad que la Constitución asegura.

Ideas matrices y fundamentales.

Las ideas matrices o fundamentales, esto es, las materias, situaciones o problemas que aborda esta iniciativa legal son las siguientes:

1) Dar concreción legal a los principios constitucionales que reconocen y aseguran la plena igualdad de todas las personas ante la ley y prohíben, consecuencialmente, el establecimiento de diferencias arbitrarias, ni por la ley ni por autoridad alguna.

2) Sustituir el régimen de filiación vigente por otro que termina con las diferencias entre hijos legítimos e ilegítimos y establece un estatuto igualitario para toda clase de hijos, cualquiera sea la situación jurídica entre sus padres al momento de la concepción o del nacimiento.

3) Consagrar el principio de la libre investigación de la paternidad y de la maternidad, permitiendo al hijo el ejercicio de la acción de reclamación del estado filiativo en términos amplios, apoyada por toda la gama de pruebas que admite la ley, incluidas las biológicas.

4) Extender la patria potestad a todos los hijos no emancipados,[3] sea que la filiación tenga o no su origen en el matrimonio y entregar su ejercicio, en interés del hijo, al padre y a la madre, conjuntamente.[4]

5) Adecuar, en concordancia con las nuevas normas sobre filiación, el Código Civil y su legislación complementaria, mediante las respectivas reformas legales, en materias tales como estado civil, alimentos, guardas, donaciones, adopción, cambio de nombres, herencias, órdenes sucesorios, asignaciones forzosas, derechos sucesorios del cónyuge sobreviviente, que se mejoran, etc.[5]

Contenido del proyecto.

Para materializar las ideas u objetivos anteriores, se propone un proyecto de ley estructurado sobre la base de nueve artículos permanentes y tres transitorios.

El artículo 1º, dividido en 107 numerales, contiene diversas enmiendas al Código Civil en materia de parentesco, de definiciones de ciertas palabras de uso frecuente en las leyes relacionadas con el mismo, y el estado civil (Nos. 1 al 9); representación legal (Nº 10); matrimonio (Nos. 11 al 15); segundas nupcias (Nos. 16 y 17); excepciones relativas a los derechos y obligaciones entre los cónyuges en caso de divorcio perpetuo (Nos. 18 al 20); filiación, determinación de la maternidad, determinación de la filiación matrimonial, determinación de la paternidad matrimonial, determinación de la paternidad extramatrimonial, acciones de filiación, patria potestad (incluye reglas generales, deberes y obligaciones entre padres e hijos, derecho legal de goce sobre los bienes de los hijos y su administración, representación legal de los hijos, suspensión de la patria potestad y emancipación) (Nº 21, que sustituye los títulos VII al XV del Libro I del Código Civil); las pruebas del estado civil (Nos. 23 al 29); los alimentos que se deben por ley a ciertas personas (Nos. 30 al 35); tutelas o curadurías (Nos. 36 al 67); el derecho de usufructo (Nos. 68 y 69); los derechos de uso y habitación (Nº 70); sucesión por causa de muerte y donaciones (Nos. 71 al 96); de las obligaciones en general y de los contratos (Nos.97 al 103); de la prelación de créditos (Nos. 104 al 107).

El artículo 2º contiene las enmiendas a la Ley del Registro Civil.

El artículo 3º, las relativas a la ley que autoriza el cambio de nombres y apellidos.

El artículo 4º deroga la ley Nº 17.999, que confiere el mérito de instrumento público o de escritura pública a las actas extendidas ante cualquier Oficial del Registro Civil, para los efectos de la legitimación de un hijo o del reconocimiento de un hijo natural.

El artículo 5º modifica la Ley sobre Adopción.

El artículo 6º modifica la Ley sobre Adopción de Menores.

El artículo 7º modifica la Ley de Menores.

El artículo 8º modifica la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.

El artículo 9º modifica la Ley sobre Impuesto de las Herencias, Asignaciones y Donaciones.

Las normas consignadas en los artículos 2º y siguientes son, en general, modificaciones de mera concordancia, destinadas a hacer factibles los principios rectores que informan el proyecto, contenidos, básicamente, en su artículo 1º.

El artículo 1º transitorio confiere a los hijos naturales los derechos que esta ley confiere a todos los hijos, sin distinción sobre el origen de su filiación, regulando los derechos hereditarios por la ley vigente al fallecimiento del causante.

El propósito último de esta disposición, que no aparece claramente expresado en el texto, es que cada vez que alguna norma del ordenamiento jurídico haga diferencias entre hijos legítimos y naturales, ésta deba ser interpretada sin tomar en cuenta dicha distinción (Mensaje, pág. 8, Nº 7).

El artículo 2º transitorio dispone que las sentencias definitivas ejecutoriadas dictadas al amparo de las normas que se modifican o derogan, no impiden el ejercicio de las acciones de filiación previstas en esta ley, fundadas en las nuevas pruebas que ella consagra, particularmente las biológicas.

El artículo 3º transitorio confiere una facultad delegada al Presidente de la República para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil y su legislación complementaria, acorde con las nuevas normas que en el proyecto se formulan.

El proyecto, en cuanto consagra normas de carácter general y obligatorias que estatuyen las bases esenciales de un ordenamiento jurídico como el de la filiación; modifica o precisa facultades de organismos del Estado; regula algunos procedimientos administrativos, afecta preceptos que son objeto de codificación y modifica la competencia de los tribunales de menores, incide en materias que son propias de ley, al tenor de los artículos 60, en sus numerales 3, 18 y 20; 62, inciso cuarto, Nº 2, y 74, inciso final, de la Constitución Política del Estado.

Una aclaración. Por la extensión del proyecto, no ha parecido conveniente en esta parte del informe hacer una reseña pormenorizada del articulado, lo que se hará en el capítulo relativo a la discusión en particular, oportunidad en la cual se hará un parangón entre la legislación vigente, agrupada por materias, y las proposiciones que en esta iniciativa se proponen, para consignar, a continuación, los acuerdos adoptados por la Comisión.

Respecto de cada una de esta materias, además, se hará mención expresa a los comentarios contenidos en el Mensaje.

De esta forma, se evitan repeticiones innecesarias que no hacen otra cosa que confundir y abultar el contenido del informe, permitiéndose, además, que en un mismo capítulo se pueda encontrar toda la información que se requiere para conocer el proyecto y para resolver, con propiedad y adecuado conocimiento, sobre cada una de las materias en que incide.

Discusión y votación en general del proyecto.

Vuestra Comisión, por unanimidad y sin debate alguno, prestó aprobación, por unanimidad, al proyecto, acordando que, antes de proceder a su votación en particular, se oirían exposiciones de los representantes del Gobierno y de las personas e instituciones que, en su oportunidad, se resolviere invitar.

Síntesis de las exposiciones formuladas en el seno de la Comisión.

No obstante el hecho de que existen actas de las diferentes intervenciones habidas ante la Comisión, con anterioridad al estudio en particular del proyecto, ha parecido razonable consignar, en esta parte del informe, en una apretada síntesis, las principales argumentaciones, de carácter general, en favor o en contra de éste, para una mejor ilustración del debate en la Sala, que en este primer trámite reglamentario habrá de tener el mismo carácter.

Las observaciones que formularan al articulado, que también constan en actas, no se reproducen, dejándose constancia, en todo caso, que ellas fueron tenidas en vista al estudiar en particular las disposiciones en que incidían.

La señora Josefina Bilbao expresó que con el proyecto se busca el reconocimiento de la plena igualdad de todas las personas ante la ley.

Por esa razón, el proyecto busca sustituir el régimen de filiación actualmente vigente por otro, que termine con las diferencias entre los hijos, estableciendo un trato igualitario entre todos.

Después de resaltar lo discriminatorio que resulta el régimen de filiación actual, al clasificar a los hijos en diversas categorías, lo que de por sí constituiría una discriminación arbitraria e inconstitucional, puso especial énfasis en los efectos que ha producido la actual legislación, que atribuye consecuencias negativas para los hijos naturales y simplemente ilegítimos en razón de las circunstancias de su concepción, cuestión que no les es reprochable, puesto que se basa en el compartamiento y la moral sexual de sus padres. En suma, los castiga por hechos o actos que no les son imputables. Esos efectos, que calificó de negativos en el ámbito social, cultural y económico, les han restado oportunidades y beneficios a estos hijos, creando una marginalidad social perjudicial para ellos y para el país.

Acto continuo, procedió a destacar, como principales características del proyecto, las siguientes:

-- La sustitución del actual régimen de filiación por un estatuto igualitario para todos los hijos, cualquiera que sea el origen de su filiación;

-- La distinción, para el sólo efecto de su determinación, entre la filiación matrimonial y la extramatrimonial, basada únicamente en la certeza que otorga el matrimonio para permitir presumir la paternidad del marido, lo que tiene importancia para el ejercicio de las acciones de filiación;

-- La libre investigación de la paternidad y de la maternidad, apoyada por toda la gama de pruebas que admite la ley, incluidas las biológicas, pero con resguardos que impidan el escándalo y el mal aprovechamiento de la acción, razón por la cual se exige un fundamento razonable a la demanda que la haga viable, inserto todo ello en un proceso de búsqueda de la verdad;

-- La consideración, en la institución de la patria potestad, no sólo de los aspectos patrimoniales, sino también de los aspectos personales derivados de las relaciones de padres e hijos, que involucra el deber fundamental de los primeros de cuidarlos, alimentarlos y educarlos, al margen de otros que emanan de la relación filial, connotando, de un modo especial, su extensión respecto de toda clase de hijos (y no sólo de los legítimos como es ahora), y su ejercicio conjunto, por el padre y la madre, en interés de los hijos.

-- La tuición de los hijos que viven separados, que si bien sigue en manos de la madre, puede ser entregada al padre por decisión del juez, fundada en motivos calificados, sin especificar causales específicas, como la depravación de la madre.

-- La igualación, para efectos sucesorios, de todos los hijos, hayan nacido o no dentro del matrimonio.

-- El mejoramiento, desde el punto de vista del derecho sucesorio, del cónyuge sobreviviente.

-- Los ajustes que se hacen en materia de alimentos, estado civil, guardas y algunos contratos en que incide el estado filiativo de las personas.

Consultada sobre el concepto de familia, aclaró que en las Actas de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución no quedó claro que ella deba basarse en el matrimonio.

La Comisión Nacional de la Familia, en la cual participó el SERNAM, concluyó que familia es aquel grupo humano ligado por vínculos de parentesco, de matrimonio o por uniones estables durante un período de tiempo, concepto con el cual está de acuerdo.

Después de la intervención de la señora Bilbao se produjo un amplio intercambio de ideas sobre el rol de la familia; sobre el tema de los derechos sucesorios, especialmente respecto del cónyuge sobreviviente, que si bien se ve favorecido, no lo es en el grado adecuado; sobre las implicancias sociales del matrimonio y de los efectos que se producirán en esta institución; sobre su incidencia en el rol del Estado de promover a la familia; sobre una eventual desincentivación del matrimonio en pro de relaciones de convivencia o de pareja, etc.

Hubo también opiniones favorables al proyecto, las más, en cuanto viene a dar respuesta a una realidad social que requiere de una solución legal adecuada[6]; otorga el derecho al nombre; incorpora nuevas técnicas para determinar la paternidad; simplifica la denominación de los hijos y busca establecer una paternidad y maternidad responsables.

La señora Inés Pardo de Carvallo, que hizo entrega de un informe escrito sobre el proyecto, destacó que tenía, como objetivo fundamental, igualar a todos los hijos a fin de terminar con las actuales diferencias.

Desde un punto de vista biológico, humano y ético, no hay, atendiendo a su origen, tipos de hijos, pero la filiación si puede ser clasificada, desde una perspectiva jurídica, en legítima, ilegítima, o como el proyecto la denomina, matrimonial o extramatrimonial.

¿Por qué esta diferencia en materia jurídica?

Por cuanto en la determinación de la filiación jurídica existe un problema de carácter técnico, el de la prueba de la relación.

La posibilidad de aplicar presunciones, como ocurre en la filiación matrimonial, en que a partir de un hecho conocido y acreditado, como el matrimonio, puede inferirse la paternidad, no puede utilizarse en la filiación extramatrimonial, en la que el único hecho conocido es la procreación.

Por lo mismo, considera que es un problema de prueba el que separa jurídicamente ambos tipos de filiación. Citó, en apoyo de este aserto, los artículos 180, 183 y 185 propuestos en el proyecto para el Código Civil.

Fue enfática al expresar que la diferencia en el establecimiento de la filiación subsistirá, pese a todos los esfuerzos que se hagan para eliminarla.

Al referirse en particular a la filiación extramatrimonial, destacó que ella generaba dos grandes interrogantes respecto de su estatuto jurídico y sobre la investigación para su establecimiento, campos que el proyecto aborda.

En cuanto al estatuto jurídico, el proyecto pretendería conferir iguales derechos -tanto personales como patrimoniales- a los hijos, sean matrimoniales o extramatrimoniales, igualdad que hoy existe sin diferencias en lo relativo a la tuición.

En cuanto a los derechos personales, se conectan las nociones de patria potestad con tuición, en el caso de que los padres vivan separados.

En lo que respecta con los derechos patrimoniales, destacó el otorgamiento del derecho de goce sobre los bienes del hijo extramatrimonial en favor de sus padres, como consecuencia de ampliar a esta categoría de hijos el campo de la patria potestad.

En este último aspecto, lo que más se modifica es el derecho sucesorio, materia en la cual discrepa, pues no se puede conferir la calidad de legitimarios a los descendientes extramatrimoniales porque los abuelos no son responsables de la conducta moral de sus hijos.

Por la razón indicada, fue partidaria de que se replanteara el estatuto de las legítimas en la sucesión intestada, los órdenes sucesorios y el derecho de representación.

Opinó que no era del caso realizar una modificación de la filiación, pues se van a introducir distorsiones en la armonía del Código Civil.

Más bien, debería elaborarse un Código de la Familia que no sólo consignara esta materia, sino la totalidad de las disposiciones relativas a la relación familiar, algunas de las cuales se encuentran regladas en leyes especiales.

El proyecto, en su opinión, no propugnaría el fortalecimiento de la familia, elemento fundamental de la sociedad; más bien la destruye, porque, al no existir diferencias entre los hijos, la sustentación ideal de la familia, que es el matrimonio, deja de producir uno de sus efectos particulares, la filiación legítima.

El señor Ramón Domínguez, manifestó que Chile debe ser uno de los pocos países del mundo que sigue manteniendo diferencias de derechos civiles entre los hijos según su filiación.

Destacó que el proyecto, en el fondo, lo que hace es copiar la ley española de 1981 y algunas disposiciones de la ley argentina de 1985.[7]

Después de formular algunas críticas de carácter formal, por el empleo de términos y de un lenguaje jurídico desconocido en el país, indicó que, en un afán de igualdad, se complicaba extremadamente la comprensión del proyecto, incurriéndose en diversas impropiedades, que destacó por vía ejemplar, como consta en las actas.

A su juicio, en este proyecto se cae en la tentación de pensar que, porque se eliminan los calificativos "legítimos", "ilegítimos" y "naturales", por ese solo hecho los hijos van a ser todos iguales.

El problema que plantea la Constitución Política del Estado no es que se llame a todas las personas iguales, sino que se las trate jurídicamente del mismo modo. Aun cuando a todos los hijos se les trate igual, sin adjetivos, de todas maneras van a haber diferencias, porque para que un hijo no matrimonial tenga derechos, lo primero que va a tener que hacer es establecer su filiación respecto de su padre o de su madre. Mientras no lo haga, no se sabrá de quién es hijo ni contra quién podrá ejercer sus derechos.

Destacó que así se hizo en Francia, donde, si bien se mantuvieron las diferencias entre hijos legítimos y naturales, se otorgó a estos últimos, en general, los mismos derechos y los mismos deberes que el hijo legítimo en sus relaciones con su padre y su madre.

Lo lógico, a su juicio, habría sido revisar el Código Civil y ver las disposiciones que consagran derechos diferentes para modificarlas en aras de la igualdad de los mismos.

Abogó por un proyecto más completo, que abarcara temas como la filiación adoptiva o la procreación asistida; que eliminara cuestiones antiguas, como el derecho de goce de los padres sobre los bienes del hijo; que mantuviera la distinción entre la autoridad paterna y la patria potestad, dividiendo en dos instituciones los problemas derivados de la relación personal entre el padre y sus hijos o de la madre y sus hijos, y los atinentes a las relaciones económicas entre ellos; que mejorara, aún más, los derechos sucesorios del cónyuge sobreviviente para que mantuviera, al menos, el goce de los mismos bienes que existían a la muerte del otro.

El señor Raúl Lecaros[8], estimó del caso reproducir algunas preguntas de Santo Tomás de Aquino sobre los hijos ilegítimos, que figuran en el anexo de la Summa Teológica: ¿Habrá culpa en los hijos ilegítimos por ser tales? ¿Habrá injusticia al distinguir entre los hijos habidos en matrimonio o llamados legítimos y los habidos fuera del matrimonio? ¿Habrá injusticia en otorgarles beneficios a los hijos que sean ilegítimos?

Ante estas preguntas, reprodujo, en forma resumida, las respuestas de Santo Tomás: 1º No hay culpa ninguna en los hijos ilegítimos por ser tales, obviamente la culpa está en los padres. 2º No hay injusticia ninguna en tratarlos distintos, porque no se puede dar lo que no se tiene; quien no se ha casado no puede dar los beneficios que da el matrimonio, partiendo por lo más sencillo, como vivir en el hogar, ser cuidado por ambos padres y gozar de la fortuna de los padres. 3º No hay injusticia alguna en otorgarles beneficios, siempre que no lo sea a costa de otro que no ha consentido en ello.

Esto lo lleva a concluir que en el trasfondo de todo esto está desarticular a la familia legítima. En la medida que se obtienen los mismos efectos del matrimonio, sin casarse, no hay para qué casarse.

Por diversas consideraciones, opina que la familia de que habla la Constitución es la familia legítima, por lo que cualquier proyecto que ataque su concepto y discurra hacia otro, sería inconstitucional.

Igual juicio habría recogido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dispone en su artículo 16 que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia y a disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en el caso de disolución del mismo, para terminar reconociendo que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad.

Instó por formar una comisión especial para modificar el Código Civil en materia de derecho de familia, analizando todas las diversas iniciativas presentadas.

Haciéndose eco de las opiniones vertidas por los profesores invitados, se indicó por algunos señores Diputados, que discrepaban de sus ideas, que el fundamento jurídico del proyecto debía buscarse en el artículo 1º de la Constitución, en cuanto señala que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Al reconocer el mismo artículo que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, no dice en parte alguna que la familia nuclear originada por matrimonio monogámico sea ese núcleo.

Al legislar, como se propone, no se quiere destruir el derecho de familia, sino reformarlo, adecuando la legislación a la realidad social.

El señor Carlos Peña González hizo una exposición basada en argumentos que pueden ser esgrimidos en favor de un estatuto igualitario para los hijos en el ordenamiento jurídico chileno, de la cual existe versión in extenso.

En su opinión, un estatuto filiativo puede ser caracterizado a la luz de tres criterios: los tipos de filiación que establece, su grado de diferenciación y sus sistema de acceso. El más conservador de ellos -pero el menos frecuente- es aquél que establece varios tipos de filiación, una alta diferenciación entre ellos y, además, un difícil acceso. El más liberal, en cambio, es aquél que establece nada más que un tipo de filiación igualitario y con amplias vías de acceso e investigación, incluso biológica, que es el que se recoge en el proyecto.

El estatuto filiativo en Chile trasgredería la Constitución en un sentido fuerte puesto que el Estado, al mantener ese estatuto, hace algo que no debe y omite hacer lo que jurídicamente debe realizar.

En cuanto a la primera parte de la afirmación, basada en el artículo 19, Nº 2, de la Constitución, que consagra el principio de igualdad ante la ley, se trasgrede este derecho respecto de la distribución de derechos, la igualdad fáctica en la distribución de bienes primarios y en la igualdad en el respeto y la consideración.

En lo que respecta a la segunda parte de la afirmación, no se cumple con el inciso segundo del artículo 5º de la Constitución ni con el Pacto de San José de Costa Rica, a los cuales ya se ha hecho referencia.

En su concepto, no existe ninguna razón histórica, conceptual o de derecho comparado o internacional, para pretender que el precepto del inciso segundo del artículo 1º de la Constitución aluda a la familia legítima, única forma de esgrimirlo en contra de un estatuto filiativo igualitario y no restrictivo.

El señor Humberto Lagos se declaró partidario del proyecto, estimando que el régimen actual de filiación es altamente discriminatorio y arbitrario.

Le pareció también necesario e ineludible establecer una mayor flexibilidad para el proceso de investigación de la paternidad, materia en la cual el proyecto cautela adecuadamente la seriedad en la búsqueda de la verdad real y de la responsabilidad básica, mediante la "viabilidad de la demanda", que tiene que ver con la existencia de fundamentos serios para poder interponer una acción procesal de este tipo.

En cuanto se refiere a la patria potestad, concordó con la normativa propuesta, que reconoce una responsabilidad compartida de los cónyuges para una su ejercicio.

El señor Enrique Barros expresó que tenía la impresión de que se está ante una materia en que lo técnico cede frente a decisiones públicas importantes referentes al tratamiento de los hijos ilegítimos y el estatuto de la familia.

Si se lee el Mensaje del Código Civil, es posible percatarse de la intención del legislador de la época, de poner por encima del interés o derechos de los hijos, la institución de la familia, tal como la concebía el Derecho Canónico y el Derecho Civil, en concordancia con aquél. Por eso es que lo que hoy existe es un estatuto protector de una institución, la familia, con lo cual se discrimina en contra del individuo.

El constitucionalismo moderno, en cambio, se caracteriza por tomar el punto de vista de la persona. La propia Constitución señala que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

En lo que respecta al tema específico de la filiación, le pareció prudente establecer una relación entre derecho y sociedad. Es una opción ingenua estimar que el derecho puede presionar, mediante sanciones o normas drásticas, para que se constituya la familia en términos institucionales. Desde esta perspectiva, que no comparte, el régimen de filiación se transformaría en una política pública para obtener determinados resultados. Si así fuera, sería una política altamente ineficaz, como ha quedado demostrado con las estadísticas sobre hijos ilegítimos o de parejas no matrimoniales.

Si el mundo civil desarrolla ciertos hábitos de vida que están fuera de la ley, lo que el derecho debe hacer es perseguir esas formas sociales nuevas, o darles forma, resolviendo los conflictos que surgen a raíz de ellas.

Desde el punto de vista de dar incentivos para que cada uno asuma sus roles en las relaciones de pareja, cree que la legislación civil no las otorga, pues establece todos los cargos y riesgos para la mujer en su relación informal de pareja. Establecer normas más imperativas al padre de hijos ilegítimos, puede cambiar los hábitos imperantes.

Por esas razones, de carácter general, se inclinó por legislar sobre esta materia, aunque técnicamente el proyecto sea mejorable.

El señor Leslie Tomasello, después de aclarar que participó en la elaboración del proyecto, estando de acuerdo, por lo mismo, con sus preceptos, se refirió a las normas constitucionales y de derecho internacional que sirven de fundamento a esta iniciativa, las mismas ya reseñadas, para esgrimir, acto continuo, algunas consideraciones éticas para abogar en favor del proyecto, ya que no es posible discriminar desde el nacimiento a más de un tercio de los que nacen en el país; y si se agregan los hijos de madres adolescentes que se inscriben a nombre de los abuelos -de los padres de la madre- esa proporción se eleva fácilmente al 40%.

En su opinión, no tiene ningún sentido jurídico que existan hijos ilegítimos. Lo que hay son padres ilegítimos. El problema está en que el estado civil es indivisible. Con todo, por ser esa una consideración técnica, si hubiera algún juicio de reproche que formular, habría de referirse a los padres y no a los hijos.

Si se está de acuerdo con el principio de la igualdad de todos los hijos, cualquiera que sea su filiación, esa igualdad debe proyectarse a todas las instituciones a que se refiere el proyecto, incluidos los derechos hereditarios.

Respecto de estos últimos, se hizo cargo de una crítica formulada en el sentido de que los hijos extramatrimoniales heredarían bienes que han sido formados por el esfuerzo común de una familia de la cual ellos no forman parte. No es así, a su juicio, en la medida que este hijo sólo va a heredar a su progenitor biológico. En cuanto al perjuicio de los hijos matrimoniales, tampoco existe, o no debería existir, pues el padre puede efectuar las correcciones que estime pertinentes por la vía de la asignación de la cuarta de mejoras y de la de libre disposición. Hay mecanismos para mejorar a los hijos matrimoniales (o a cualquier hijo).

Los representantes de las Iglesias Evangélicas de Valparaíso, después de reconocer que Dios establece la igualdad respecto de todos los seres nacidos, expresaron su preocupación por la situación de ilegitimidad en que se encuentran los hijos nacidos en Chile, así como por la forma como se pretende terminar con ello.

En su opinión, al tratar el tema se deben analizar las consecuencias que produce el traer personas ajenas al matrimonio y a la familia, pues se pueden generar quiebres y rompimientos en su interior. Hay que tener cuidado al momento de abrir "puertas" que pueden traer la liberalización de las costumbres y del sistema familiar, pues se falta el respeto al matrimonio y a la familia. No desean que se abra esa puerta, pues se permitiría llevar una vida licenciosa tanto al hombre como a la mujer, fuera del matrimonio, lo que es más grave en el caso de la mujer, que es la que da la vida.

Expresaron no ser partidarios de dar mayores facilidades hacia una apertura extrafamiliar; por el contrario, están por establecer mayores sanciones.

La Asociación de Madres Solteras por sus Hijos, concordó plenamente con la idea de legislar en esta materia, sugiriendo algunas modificaciones concretas al articulado para asegurar en mejor forma los derechos que defienden, las que la Comisión acordó tener presente en la discusión particular.

El padre Tony Mifsud s.j., quien concurrió en representación de la Conferencia Episcopal de Chile, después de referirse al contenido principal de la modificación, a los valores básicos que fundamentan las modificaciones, a las posturas que existen frente al proyecto (una que considera que debilita la institución de la familia y otra que es favorable a la supresión de las diferencias entre los hijos), emitió, a título personal, una opinión en el sentido siguiente.

Sin desconocer el efecto secundario, indirecto y no deseado, de equiparar la procreación dentro y fuera de la institución matrimonial, que a la vez puede debilitarla, no es menos cierto que la supresión de la diferencia es éticamente superior.

El fin no puede justificar cualquier medio. En este caso, el fin de proteger la familia mediante la institución del matrimonio no puede lesionar los derechos y dañar el buen nombre (la dignidad) del hijo inocente.

En la necesaria jerarquización de valores, el reconocimiento de la dignidad del hijo y sus correspondientes derechos es axiológicamente superior a la defensa de una institución mediante la negación de una verdad (la responsabilidad inalienable del padre biológico).

La afirmación sobre la igual dignidad (la condición de persona humana) pero la desigualdad social (haber nacido fuera o dentro del matrimonio) es éticamente incomprensible porque las dos realidades no tienen la misma jerarquía valórica; es decir, lo primero (la dignidad) es axiológicamente superior y, por lo tanto, condiciona a lo segundo (lo jurídico). Consecuentemente, plantear la igualdad en términos de la dignidad humana sin una consecuente y coherente equiparación jurídica resulta, por lo menos, contradictorio.

En la ética cristiana se privilegia la perspectiva del débil en cuanto la ética asume la voz que tiene pero que no puede emplear a causa de su marginación. En este caso, la ética cristiana defiende la perspectiva del hijo inocente, que no tiene por que sufrir las consecuencias de un acto en el cual no participó ni menos comenzar la vida con una desventaja. Por otra parte, el hombre, ya que en este caso es sólo el hombre, no puede desconocer su responsabilidad y desentenderse frente a la mujer.

En la pastoral bautismal de la Iglesia Católica sólo se diferencia entre el hijo (apellido) y el hijo de (nombre de la madre), sin ninguna referencia a expresiones de legitimidad o naturalidad.

Es cierto que el derecho canónico mantiene la distinción entre los hijos legítimos e ilegítimos, pero establece la igualdad de derechos salvo que se indique lo contrario.

Todo hijo tiene el derecho de saber quién es su padre; por lo tanto, promover la libre investigación constituye un deber, pero en la legislación habría que reducir al máximo la posibilidad de abuso.

Con respecto al patrimonio, habría que tener cuidado en no lesionar los derechos de la esposa y de los hijos inocentes. Sin desconocer la complejidad del problema humano, que también incluye el foco de tensión que genera en muchas familias legítimas la repartición de la herencia, piensa que lo propuesto en el proyecto es correcto por dos razones:

a) El patrimonio consiste en bienes que pertenecen al padre y en cuanto tal se reparte a los hijos; por lo tanto, es de los hijos en cuanto es del padre. Ahora bien, la responsabilidad del padre es hacia todos sus hijos. Con todo, habría que asegurar que la mitad pase a la esposa.

b) La convicción de que los hijos extramatrimoniales se encuentran en una significativa desventaja social y económica.

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Discusión y votación en particular del proyecto.

Vuestra Comisión llevó a efecto la discusión y votación en particular del proyecto por artículos, tal como lo exige el Reglamento.

Por razones prácticas, derivadas de una mejor exposición de las diferentes disposiciones que contiene el proyecto, se han agrupado éstas por materias o temas, indicándose, en cada caso, la legislación o doctrina vigente, las proposiciones contenidas en el Mensaje y las resoluciones o acuerdos adoptados por la Comisión.

-- Forma de la votación.

Debe hacerse presente, al respecto, que la mayoría de las disposiciones del proyecto fueron aprobadas, en particular, por simple mayoría de votos, razón por la cual sólo se indicarán los casos en que hubo unanimidad de pareceres.

En todos aquellos casos en que no se especifique la votación, deberá entenderse que la aprobación de los respectivos preceptos fue por simple mayoría.

-- Modificaciones de mera concordancia.

Existen, por lo demás, en el artículo 1º, muchas modificaciones al Código Civil, de mera concordancia, que no son otra cosa que adecuaciones derivadas de la supresión de la clásica distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, las que no fueron objeto de debate alguno, procediéndose simplemente a su votación, por lo que no serán objeto de análisis especial en este informe, que sólo se limitará a consignar la forma en que fueron aprobadas, salvo que alguna de ellas haya producido efectos especiales en alguna institución vigente que sean dignos de destacar.

En esa situación se encuentran las enmiendas contenidas en los siguientes numerales del artículo 1º, indicándose, entre paréntesis () el número correlativo correspondiente al texto aprobado por la Comisión, que figura al final de este informe:

Aprobadas por unanimidad, las enmiendas de:

Los números 26 (24), 36 (34), 39 (37), 44 (42), 46 (44), 47 (45), 50 (48), 53 (51), 57 (55), 63 (61), 65 (63), 66 (64), 67 (65), 70 (68), 72 (70), 73 (71), 78 (76), 80 (78), (79 nuevo), 81 (80), 82 (81), 83 (82),

Aprobadas por simple mayoría, las enmiendas de:

Los números 3, 7, 8, 10, 12, 13, 95 (96), 96 (97), 97 (98), 98 (99), 99 (100), 100 (101), 101 (102), 102 (103), 105 (106), 106 (107) y 107 (1o8).

Artículo 1º

Contiene las modificaciones al Código Civil.

En el artículo 1º, en 107 numerales, se introducen diversas modificaciones al Código Civil, en las siguientes materias.

Parentesco y estado civil.

El parentesco, que es la relación de familia que existe entre dos personas, se divide en natural, legal y de adopción.

El parentesco natural o de consanguinidad es la relación de sangre que hay entre dos personas que descienden las unas de las otras o de un tronco o progenitor común.

Parentesco legal o de afinidad es la relación que existe entre una persona que ha conocido carnalmente a otra y los consanguíneos de ésta.

Parentesco de adopción es el que resulta del contrato de adopción, estableciendo relaciones jurídicas entre adoptante y adoptado.

La adopción plena a que se refiere la ley N° 18.703, concede al adoptado el estado civil de hijo legítimo de los adoptantes.

En el parentesco por consanguinidad hay que distinguir la línea y el grado.

La línea es la serie de parientes que descienden los unos de los otros o de un tronco común. Puede ser recta, que es la que forman las personas que descienden unas de otras, o colateral, que es la que fundan las personas que sin descender unas de otras, tienen un progenitor común (hermanos, tíos, sobrinos, primos).

El grado es el número de generaciones que separan a los parientes. Se cuentan por el número de generaciones.

El parentesco de consanguinidad se divide en legítimo e ilegítimo.

Legítimo, según el artículo 28 del Código Civil, es aquel en que todas las generaciones de que resulta han sido autorizadas por la ley; como el que existe entre dos primos hermanos, hijos legítimos de dos hermanos, que han sido también hijos legítimos del abuelo común.

Ilegítimo, según el artículo 29, es aquel en que una o más generaciones de que resulta, no han sido autorizadas por la ley; como entre dos primos hermanos, hijos legítimos de dos hermanos, uno de los cuales ha sido ilegítimo del abuelo común.

El parentesco de afinidad también se divide en legítimo e ilegítimo.

Afinidad legítima, según el artículo 31, es la que existe entre una persona que está o ha estado casada, y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer.

Afinidad ilegítima, según el artículo 32, es la que existe entre una de dos personas que no han contraído matrimonio y se han conocido carnalmente, y los consanguíneos legítimos o ilegítimos de la otra, o entre una de dos personas que están o han estado casadas y los consanguíneos ilegítimos de la otra.

La afinidad, en nuestro derecho, resulta tanto del matrimonio como de las relaciones ilícitas.

En consonancia con los principios anteriores, el Código Civil, en sus artículos 35 y 36 emplea las denominaciones de hijos legítimos, legitimados, ilegítimos y naturales, las que se aplican correlativamente a sus padres, según lo prescribe el artículo 40.

El estado civil es la situación permanente de un individuo dentro de la sociedad, que deriva de sus relaciones de familia en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones.

El estado civil es un atributo de la personalidad y, por lo tanto, cada persona debe tener uno.

Se refieren al parentesco y el estado civil los numerales 1 al 6 del artículo 1º.

Como con el proyecto se eliminan las diferencias entre los hijos que han nacido dentro o fuera del matrimonio, estableciendo un estatuto igualitario para todos ellos, cualquiera sea el origen de la filiación, se suprimen las divisiones entre parentesco de consanguinidad y por afinidad legítimos e ilegítimos.

En el futuro habrá solo parentesco por consanguinidad y por afinidad y un único estado civil de hijo, que lo poseerán todos los que hubieren acreditado legalmente su filiación.

Con ese fin, se modifican los siguientes preceptos del Código Civil:

Artículo 28

Relativo al parentesco legítimo de consanguinidad, para sustituirlo con el fin de redefinirlo como aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra o de un mismo progenitor.

Progenitor es el pariente en la línea recta ascendente de una persona, con lo cual la norma cubriría todas las posibles hipótesis de parentesco colateral.

Vuestra Comisión ha aprobado esta disposición, con modificaciones, con el fin de hacer referencia al grado y para colocar algunos ejemplos esclarecedores.

Artículos 29 y 30

Para derogarlos por haber perdido su oportunidad, como consecuencia de no existir sino un tipo de parentesco por consanguinidad.

El primero se refiere a la consanguinidad ilegítima y el segundo, a la legitimación de los hijos por matrimonio posterior de los padres. Con las nuevas disposiciones, la celebración de éste, con posterioridad a la concepción del hijo, no le otorga mejores derechos.

Vuestra Comisión ha aprobado esta disposición en los términos propuestos.

Artículo 31

Relativo a la afinidad legítima, para suprimir en él las palabras legítima y legítimos, todas las veces en que aparece.

Vuestra Comisión ha aprobado esta disposición, con modificaciones formales.

Artículo 32

Define la afinidad ilegítima, expresión que se elimina, conjuntamente con las palabras legítimos e ilegítimos. Junto con lo anterior, se aclara que, en estos casos, se califican las líneas y grados de la misma manera que en el caso anterior.

Vuestra Comisión ha aprobado esta disposición con un cambio respecto de la definición de afinidad, que ha quedado redactada en estos términos: "Es también afinidad la que existe entre una de dos personas que no han contraído matrimonio y que se han conocido carnalmente, y los consanguíneos de la otra".

Artículo 33

Relativo a la afinidad ilegítima, que se deroga, agregándose en su reemplazo un artículo nuevo, con la misma numeración, que indica que tienen el estado civil de hijos quienes hubieren acreditado su filiación, dejándose constancia que, con todo, la ley presta igual respeto y consideración a todos los hijos, hayan o no acreditado su filiación.

Vuestra Comisión ha prestado aprobación a este artículo, con modificaciones, tendientes a precisar su alcance, atendido el hecho de que el estado civil de hijo se tiene respecto de una persona determinada.

En lo que respecta a la situación de aquellos que no han acreditado su filiación, optó por una fórmula más concisa, que indica que, con todo, la ley considera iguales a todos los hijos, hayan o no acreditado su filiación.

Artículos 35 y 36

Se derogan, por haber perdido su oportunidad. Se refieren a las denominaciones de hijos legítimos, legitimados, ilegítimos y naturales.

Vuestra Comisión prestó aprobación a esta derogación.

Artículo 40

También se deroga. Hace extensivas las denominaciones de hijos legítimos, ilegítimos y naturales a sus padres.

Artículo 41

Se deroga su inciso segundo, atendida la supresión del parentesco natural o ilegítimo.

Señala ese inciso que son entre sí hermanos naturales los hijos naturales de un mismo padre o madre y tendrán igual relación los hijos legítimos con los naturales del mismo padre o madre.

Vuestra Comisión prestó aprobación a esta derogación.

Artículo 42

Trata de la audiencia de parientes, como requisito previo para la resolución de algunas materias establecidas en la ley.

Se sustituye su inciso primero, para incluir en esa denominación al cónyuge, sus consanguíneos mayores de edad y a los afines, a falta de los anteriores.

Representación legal

La voluntad, condición de existencia de todo acto jurídico, puede manifestarse personalmente o por medio de otra persona, llamada representante.

La representación puede tener su origen en la ley o en la voluntad del representado, como se desprende del artículo 1448 del Código Civil, cuando dice: "Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla...".

La representación puede ser legal o forzada, que es la que establece la ley; o voluntaria, que emana de la voluntad de las partes.

Artículo 43

Dispone que son representantes legales de una persona el padre o la madre legítimos, el adoptante y su tutor y curador. Hoy en día, los padres naturales, para tener la representación del hijo, deben pedir que se les defiera la tutela o curatela.

La enmienda a este artículo importa extender la representación legal del padre o madre a los hijos ilegítimos y naturales, los que hoy en día estaban sujetos a tutela o curaduría, según su edad.

Es una consecuencia del propósito de esta iniciativa de extender la patria potestad a todos los hijos. Por ello, siendo la representación un atributo de esa potestad, se ejercería respecto de un hijo no emancipado, sea matrimonial o no matrimonial.

Esta disposición debe entenderse en consonancia con el nuevo artículo 213, que establece que cuando la filiación haya sido determinada contra la oposición del padre o de la madre, quedan excluidos de la patria potestad y de los derechos que confiere.

Vuestra Comisión aprobó esta modificación en los términos propuestos.

Matrimonio

Es capaz de contraer matrimonio toda persona a quien la ley no declare incapaz.

Los impedimentos para contraer matrimonio pueden ser dirimentes e impedientes. Los primeros obstan a la celebración del matrimonio y su sanción es la nulidad del vínculo. Los segundos son obstáculos impuestos por el legislador, que impiden la celebración del matrimonio, pero su sanción no es la nulidad, sino la que respecto de cada uno señala la ley.

Uno de estos impedimentos impedientes o prohibiciones es el consentimiento de ciertas personas para contraer matrimonio, materia a que se refieren los artículos 105 al 115 del Código Civil.

El proyecto, en sus números 11, 12, 13 y 14, propone enmiendas a los artículos 107, 108, 111 y 113.

Artículo 107

De acuerdo con él, los que no hubieren cumplido dieciocho años no pueden casarse sin el consentimiento expreso de su padre legítimo, o a falta de padre legítimo, el de la madre legítima, o a falta de ambos, el del ascendiente o ascendientes legítimos de grado más próximo.

En igualdad de votos contrarios preferirá el favorable al matrimonio.

Es sustituido por otro que establece que los que no hubieren cumplido dieciocho años no podrán casarse sin el consentimiento expreso de sus padres, o a falta de éstos, el del ascendiente o ascendientes de grado más próximo. En el caso de los ascendientes, en igualdad de votos preferirá el desfavorable al matrimonio.

La nueva disposición comprende a toda clase de hijos, confiriendo el derecho a dar el asenso a ambos padres.

Vuestra Comisión ha aprobado esta enmienda con modificaciones.

En el inciso primero ha reemplazado la expresión "casarse" por "contraer matrimonio"

Respecto del inciso segundo, ha preferido mantener la norma actual, que señala que "En igualdad de votos contrarios preferirá el favorable al matrimonio".

Artículo 108

Este artículo se refiere al hijo natural que no ha cumplido los dieciocho años, el cual necesita el consentimiento de su padre o madre natural que lo hayan reconocido voluntariamente y, si ambos viven, de su padre. Si el reconocimiento no fuere voluntario, requiere del consentimiento de su curador general, con arreglo al artículo 111.

A falta de los padres y del curador general, el asenso lo da el oficial del Registro Civil que deba intervenir en la celebración del matrimonio, conforme con el inciso segundo del artículo 111.

Es derogado, como consecuencia del cambio propuesto al artículo 107.

Artículo 111

Dispone, en lo pertinente, que en el caso del menor simplemente ilegítimo, el consentimiento lo da el curador general y, en caso de faltar, el Oficial del Registro Civil.

Se deroga su inciso final.

Artículo 113

Señala las razones que justifican el disenso, sea del curador general o del oficial del Registro Civil, quienes están obligados a expresar causa.

Es objeto de una simple adecuación en cuanto a la cita que se contiene en su número 5.

Vuestra Comisión aprobó estas tres enmiendas en los términos propuestos.

Artículo 122

Se refiere al matrimonio nulo.

Como es sabido, el matrimonio debe celebrarse ante el oficial del Registro Civil del domicilio o residencia de cualquiera de los contrayentes, so pena de nulidad.

El matrimonio nulo, celebrado ante oficial del Registro Civil, produce los mismos efectos civiles que el válido respecto del cónyuge que, de buena fe y con justa causa de error, lo contrajo.

Con todo, la nulidad declarada por incompetencia del funcionario, por no haberse celebrado el matrimonio ante el número de testigos requeridos por la ley o por inhabilidad de éstos, no afecta la legitimidad de los hijos concebidos durante el matrimonio, aunque no haya habido buena fe ni justa causa de error.

Las enmiendas son dos. La primera, para cambiar la palabra "legitimidad" por "filiación", en razón de la expresión reemplazada alude a una especie de filiación que la iniciativa suprime. La segunda, para agregar después de "concebidos" la expresión "o nacidos", con lo cual se amplia el campo de aplicación de este artículo.

Segundas nupcias

Como ya se dijera, existen ciertos impedimentos impedientes o prohibiciones para contraer matrimonio, entre los cuales se ha señalado la menor edad, por guardas o por segundas nupcias.

Esta última está consagrada en los artículos 124 al 129 del Código Civil. De esta normativa sólo se modifican los artículos 128 y 130, por los numerales 16 y 17.

Artículo 128

Regula el impedimento de segundas nupcias de la mujer, en caso de disolución o nulidad del matrimonio. En estos casos, la mujer embarazada no puede pasar a segundas nupcias antes del parto o, no habiendo señales de preñez, antes de cumplirse los 270 días subsiguientes a la disolución o declaración de nulidad.

El plazo anterior puede ser rebajado por el juez por los días que les hayan precedido y en los cuales haya sido absolutamente imposible el acceso del marido a la mujer.

El proyecto amplía el plazo de los 270 días a 300, haciéndolo coincidir con el establecido en la presunción relativa al momento de la concepción, modificación que no ha parecido razonable ni fundada a vuestra Comisión, por lo que ha procedido a rechazarla.

Artículo 130

Corresponde, con algunas variables, a los actuales artículos 200 y 201. Tiene por finalidad resolver a qué matrimonio pertenece un hijo cuando, por el hecho de haber pasado la madre a otras nupcias, se dudare a cuál de los dos corresponde.

En tal caso, la decisión le corresponde al juez, quien resolverá tomando en cuenta las circunstancias y oyendo la opinión de facultativos.

En forma complementaria, se impone a la mujer que ha pasado a segundas nupcias antes de tiempo y a su nuevo marido, la obligación de responder, solidariamente, por los perjuicios y costas ocasionados a terceros por la incertidumbre de la paternidad.

Vuestra Comisión le ha prestado aprobación, con modificaciones formales.

Excepciones relativas a los derechos y obligaciones de los cónyuges en caso de divorcio perpetuo.

El divorcio en Chile, que no es vincular, puede ser temporal o perpetuo, siendo su efecto más importante suspender la vida en común entre los cónyuges, por un plazo no superior a cinco años, en el primer caso, o en forma indefinida, en el segundo.

De un modo en particular, el Código Civil regula el otorgamiento de alimentos entre los cónyuges divorciados, distinguiendo si han dado causa o no al divorcio, materia regulada en los artículos 174, 175 y 177, a que se refieren los numerales 18, 19 y 20, que han pasado a ser 17, 18 y 19.

Artículo 174

El cónyuge inocente tiene derecho a que el otro lo provea para su congrua sustentación, según las reglas generales, esto es, de lo que lo habilite para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social.

Se propone un nuevo artículo, que establece que entre los cónyuges divorciados subsiste la obligación de alimentos de acuerdo con las reglas generales, consagradas en el artículo 323.

Si el que ha dado lugar la divorcio por su culpa reclama alimentos, el juez regula la contribución, tomando en consideración su conducta antes del divorcio.

Artículo 175

El cónyuge culpable tiene derecho a que el otro lo provea de lo que necesite para su modesta sustentación (alimentos necesarios), contribución que reglará el juez tomando en consideración su conducta, antes y después del divorcio.

Este artículo es derogado, pues ha perdido vigencia.

Artículo 177

Es sustituido por otro, más simplificado en su redacción, destinado a moderar el rigor de las disposiciones anteriores, cuando la culpabilidad del cónyuge fuere atenuada por circunstancias graves en la conducta del cónyuge que solicitó el divorcio.

Como luego se verá, con el proyecto desaparece la clásica distinción entre alimentos congruos y necesarios, señalándose, en el artículo 323, que la obligación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación .y asistencia médica del alimentario, de un modo correspondiente a su posición social.

Vuestra Comisión prestó aprobación a estas tres enmiendas, en los términos propuestos.

De la filiación

Bajo esta denominación, se consulta en el número 21, que ha pasado a ser 20, un título VII, que reemplaza los actuales títulos VII al XV del Libro I del Código Civil, que se refieren a los hijos legítimos concebidos en matrimonio; a los hijos legitimados por matrimonio posterior a la concepción; a los derechos entre los padres y los hijos legítimos, a la patria potestad, a la emancipación, a los hijos naturales, a las obligaciones y derechos entre los padres y los hijos naturales, a los hijos ilegítimos no reconocidos solemnemente y de la maternidad disputada.

En reemplazo de esos títulos, se proponen otros que se refieren a la filiación, a las acciones de filiación y a la patria potestad.

La filiación [9] es la relación de descendencia que existe entre dos personas, una de las cuales es padre o madre de la otra.

El Código Civil de Bello contemplaba diversas clases de hijos. Los legítimos; los naturales que habían obtenido el reconocimiento como tales en forma voluntaria; los simplemente ilegítimos, reconocidos para el solo efecto del derecho de alimentos; los simplemente ilegítimos no reconocidos, y los de "dañado ayuntamiento", que comprendía a los adulterinos, los incestuosos y los sacrílegos.

Ese Código no admitía la investigación de la paternidad.

Con la dictación de la ley N° 5.750, se suprimieron los hijos de dañado ayuntamiento, que desde entonces pudieron ser objeto de legitimación y de reconocimiento como tales.

Esa ley incorporó en el artículo 280 del Código Civil algunos casos de investigación de la paternidad, para los efectos de pedir alimentos a los padres ilegítimos.

La ley N° 10.271 introdujo grandes modificaciones al régimen de la filiación, particularmente en relación con los hijos naturales. Permitió adquirir esa calidad a través del reconocimiento forzado, y ampliando sus derechos en materia sucesoria.

En la actualidad, atendiendo a los hechos o actos que originan la filiación, esta puede ser legítima, ilegítima, natural y adoptiva. En los títulos VII, VIII, XII y XIV se trata separadamente de las tres primeras.

La filiación legítima supone el hecho de la procreación durante el matrimonio válido de los padres, o en el matrimonio putativo o simplemente nulo por incompetencia del Oficial del Registro Civil.

Da origen a los derechos y obligaciones recíprocas entre padres e hijos, genera la patria potestad y trae consigo importantes derechos hereditarios. Crea, también, una relación de familia entre el hijo y los consanguíneos del padre o madre.

El artículo 179 del Código Civil dispone que "El hijo concebido durante el matrimonio de sus padres es hijo legítimo. Lo es también el concebido en matrimonio nulo en los casos señalados en el artículo 122".

Los elementos de la legitimidad, o sea los requisitos para que un hijo tenga el carácter de legítimo son, la maternidad, el matrimonio, la concepción durante el matrimonio y la paternidad.

De los hechos relativos a la maternidad, al matrimonio y a la concepción dentro de él, la ley deduce la paternidad, esto es, que el marido de la mujer es el padre del hijo.

La presunción de paternidad está consagrada en el artículo 180 del Código Civil, en los siguientes términos: "El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, se reputa concebido en él y tiene por padre al marido".

Una categoría especial la constituyen los hijos legitimados por subsiguiente matrimonio de los padres, que pasan a tener los mismos derechos que si fueren legítimos. Dice el artículo 206 del Código Civil que "el matrimonio posterior legitima ipso jure a los hijos concebidos antes y nacidos en él". Agrega el artículo 207, que "el matrimonio de los padres legitima también ipso jure a los hijos que tuvieren la calidad de naturales de ambos a la fecha del matrimonio".

Fuera de estos dos casos, señala el artículo 208, el matrimonio posterior no produce ipso jure la legitimación de los hijos. "Para que ella se produzca, es necesario que los padres designen por instrumento público los hijos a quienes confieren este beneficio, ya estén vivos o muertos. El instrumento público deberá otorgarse a la fecha de celebración del matrimonio o dentro del año siguiente a ella".

La filiación ilegítima supone el hecho material de la procreación, más no el acto jurídico del matrimonio de los padres. Comprende a los hijos que no han sido reconocidos ni han obtenido el reconocimiento de la filiación natural.

El único efecto de la filiación ilegítima es dar nacimiento al derecho de alimentos respecto del padre o madre cuyo reconocimiento se ha obtenido.

La filiación natural supone el hecho material de la procreación, más no el acto jurídico del matrimonio de los padres. Comprende a los hijos ilegítimos a los cuales la ley atribuye el estado civil de hijos naturales respecto del padre o madre que los haya reconocido, o cuya paternidad o maternidad se haya establecido legalmente.

Da origen a derechos y obligaciones recíprocas entre el hijo y el padre o madre cuya paternidad o maternidad se haya establecido y genera derechos hereditarios en favor del padre o madre natural y de los hijos naturales y su descendencia legítima. Crea un vínculo individual entre padre o madre e hijo. De ahí el aforismo según el cual el hijo natural no tiene abuelos.

La filiación adoptiva difiere fundamentalmente de las anteriores; no supone ni la procreación ni el matrimonio; es el producto de una convención o acto jurídico que se celebra entre adoptante y adoptado.

Acorde con los distintos tipos de filiación, existen diferentes clases de hijos. Legítimos e ilegítimos y dentro de éstos últimos, los naturales, los simplemente ilegítimos reconocidos y los ilegítimos que no han sido objeto de reconocimiento alguno. Las denominaciones de legítimos, ilegítimos y naturales que se dan a los hijos, se aplican correlativamente a los padres.

-- Efectos de la filiación legítima.

Los efectos de la filiación legítima, esto es, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de hijo legítimo, pueden reducirse a tres.

Da origen a derechos y obligaciones recíprocos entre padres e hijos, hace nacer la patria potestad y trae consigo importantes derechos sucesorios. Crea, también, una relación de familia entre el hijo y los consanguíneos del padre o madre.

Los derechos y obligaciones entre los padres e hijos con respecto a sus personas constituyen la autoridad paterna.

Los hijos legítimos deben respeto y obediencia a su padre y su madre; pero están especialmente sometidos a su padre (artículo 219). Aún cuando se emancipen, quedan obligados a cuidar de sus padres en la ancianidad, en el estado de demencia y en todas las circunstancias de la vida en que necesitaren sus auxilios (art. 220). El mismo socorro deben prestar a los demás ascendientes, en caso de inexistencia o de insuficiencia de los inmediatos descendientes (art. 221).

Este deber de socorro se traduce, en la práctica, en el derecho de alimentos que los padres y ascendientes pueden solicitar a sus descendientes.

En caso de incumplimiento de estos deberes, el hijo puede ser desheredado (art. 1208), o hacerse indigno de suceder al ascendiente (art. 968, N° 3).

Toca a los padres, de consuno, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos legítimos (art. 222).

Sobre los padres pesa el deber de socorro con respecto a los hijos. En consecuencia, son de cargo de aquéllos los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos legítimos.

En caso de divorcio, toca a la madre el cuidado personal de los hijos menores, salvo cuando por su depravación sea de temer que se perviertan o que se halle inhabilitada por otra causa, en que le corresponde al padre (art. 223).

Entre los derechos de los padres están castigar y corregir moderadamente a los hijos (art. 233); elegir el estado o profesión futura del hijo y de dirigir su educación del modo que crean más conveniente para él (art. 223), e imponerse de su correspondencia, sin incurrir en delito por ello (art. 146 del Código Penal).

La madre del hijo que está por nacer puede pedir alimentos por ese hijo, conforme con el artículo 4° de la ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.

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El proyecto, en materia de filiación, elimina la diferenciación entre los hijos que han nacido dentro o fuera del matrimonio, estableciendo un estatuto igualitario para todos ellos, cualquiera que sea el origen de su filiación, muy similar al que hoy existe respecto de los hijos legítimos.

Por tal razón, se han debido adecuar numerosas instituciones que recogían la clásica diferenciación entre hijos legítimos, naturales y simplemente ilegítimos y derogar muchas otras que pierden sentido a la luz del nuevo criterio de no distinción. Entre estas últimas, desaparece la institución de la legitimación, por cuanto el matrimonio que los padres contraigan con posterioridad a la concepción del hijo no le otorga mejores derechos.

La única distinción que se hace en el proyecto es la que necesariamente resulta de la determinación de la filiación, ya que para el establecimiento de ésta no puede ignorarse que el matrimonio otorga un principio de certeza que permite presumir la paternidad del marido. Este hecho ha de influir en el régimen jurídico a que se someten las acciones de reclamación de una filiación matrimonial, que habrá de diferenciarse de aquél establecido para el caso de que se reclame una filiación extramatrimonial.

En beneficio de los hijos de padres casados, se contempla una norma que tiende a facilitar la investigación de la paternidad, según la cual la convivencia de la madre con el presunto padre durante la época de la concepción, constituirá una base de presunción de paternidad.

El proyecto admite que la filiación por naturaleza puede ser matrimonial o extramatrimonial, entendiendo por la primera la que existe cuando los padres están unidos en matrimonio al tiempo del nacimiento o de la concepción del hijo y, por la segunda, aquella en la cual la concepción y el nacimiento se han producido fuera del matrimonio, sin que lo anterior dé lugar a ninguna otra diferenciación que no sea la indicada, esto es, sobre el régimen de filiación.

Se refiere a la filiación el número 21 del artículo 1º, que ha pasado a ser número 20, conteniendo desde el artículo 179 al 254 del Código Civil, los que se analizarán agrupados por materias.

Reglas generales sobre la filiación

Artículo 179

La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La por naturaleza puede ser matrimonial y extramatrimonial. Ambas, así como la adopción plena, producen los mismos efectos con arreglo a las prescripciones del Código.

Vuestra Comisión ha prestado aprobación a esta enmienda, con modificaciones, pues ha preferido distinguir entre la filiación matrimonial y la no matrimonial, que tiene lugar entre personas no unidas en matrimonio entre sí.

Esta denominación es la que se utilizará en todo el articulado, en reemplazo de la expresión extramatrimonial.

En cuanto a los efectos, ha preferido conferirles los mismos, sea en virtud de normas contenidas o no en el Código del ramo.

Artículo 180

Clarifica lo que se entiende por filiación matrimonial o extramatrimonial.

La primera, cuando los padres han estado unidos en matrimonio al tiempo del nacimiento o de la concepción. La segunda, cuando uno y otro evento se ha producido fuera del matrimonio.

Vuestra Comisión ha prestado aprobación a este precepto, con modificaciones, aclarando que la filiación matrimonial tiene lugar cuando los padres han estado unidos en matrimonio "entre sí", al tiempo del nacimiento o de la concepción, pues lo que interesa, para los efectos de la distinción, es la existencia del vínculo matrimonial entre la pareja que ha participado en la gestación del hijo. Es posible que, aun cuando el padre o la madre estén casados, la gestación provenga de una relación no matrimonial, como sucedería en el caso de que la madre, casada, engendrara un hijo de quien no es su marido, o viceversa.

Artículo 181

Determina desde qué momentos la filiación produce sus efectos.

Se propone que lo sea desde que tiene lugar, esto es, desde el hecho que la produce, la concepción.

La Comisión ha estimado pertinente modificar esta disposición, para señalar que la filiación tiene lugar y produce sus efectos desde que se determina, la que tiene efectos retroactivos, siempre que la retroactividad sea compatible con la naturaleza de sus efectos y la ley no dispusiere lo contrario.

Artículo 182

Señala los títulos que sirven para acreditar la filiación: la inscripción en el Registro Civil, el reconocimiento voluntario del padre o madre, o sentencia judicial.

Vuestra Comisión ha prestado aprobación a esta enmienda, aclarando que el reconocimiento debe efectuarse "en conformidad con la ley".

Artículo 183

Se refiere al establecimiento de la maternidad, la que queda establecida, aun sin mediar reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido.

La maternidad es un hecho material que se descompone a su vez en dos: en el hecho del parto, esto es, que una mujer dio a luz un hijo; y en la identidad del parto, es decir, que el hijo que pasa por hijo de tal mujer sea realmente el producto del parto.

Se aprobó, por unanimidad, en los términos propuestos.

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A continuación del artículo 182, el proyecto contempla cuatro párrafos, relacionados con la determinación de la maternidad, con la determinación de la filiación matrimonial, con la determinación de la paternidad matrimonial y con la determinación de la paternidad extramatrimonial.

Vuestra Comisión ha aprobado sustituir esos párrafos por tres, que figuran a continuación del artículo 183, relativos a la determinación de la filiación matrimonial, a la determinación de la paternidad matrimonial y a la determinación de la paternidad y maternidad no matrimonial.

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De la determinación de la filiación matrimonial

Artículo 184

Legisla sobre la determinación de la filiación matrimonial materna y paterna, que se acredita por la inscripción del nacimiento en el Registro Civil y por la prueba del matrimonio de los padres, o por sentencia firme en juicio de filiación.

Se aprobó en los términos propuestos.

De la determinación de la paternidad matrimonial

Artículo 185

Establece una presunción de paternidad: Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución, divorcio o a la separación de hecho de los cónyuges.

La presunción de paternidad ("pater is est") descansa sobre dos hechos que supone el legislador: la cohabitación que ha seguido entre los cónyuges después del matrimonio y la fidelidad de la mujer al marido.

En la actualidad, esa presunción está establecida en el artículo 180, en los siguientes términos: El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio se reputa concebido en él y tiene por padre al marido.

En la norma vigente la presunción de paternidad se aplica solamente a los hijos concebidos en el matrimonio. El proyecto la amplía a los hijos nacidos en éste.

Esto concuerda con la eliminación de la legitimación ipso jure por matrimonio posterior de los padres.

Artículo 186

Permite que, aun faltando la presunción de paternidad, el nacido sea inscrito como hijo de los cónyuges si concurre el consentimiento de ambos.

De la determinación de la paternidad y maternidad no matrimonial

Artículo 187

Declara que la maternidad extramatrimonial queda determinada por el reconocimiento del padre o madre, o por sentencia firme en juicio de filiación.

Vuestra Comisión ha aprobado esta disposición, haciéndola extensiva tanto a la maternidad como a la paternidad no matrimonial.

Artículo 188

El artículo 271, Nº 1º, del Código Civil, previene que son hijos naturales los que el padre, la madre o ambos hubieren reconocido como hijo suyo mediante una declaración formulada con ese determinado objeto en escritura pública, en la inscripción de nacimiento del hijo o en acto testamentario.

La disposición anterior debe entenderse complementada por el artículo 1º de la ley Nº 17.999, que en el proyecto se deroga, que establece que las declaraciones que, en cualquier época, se efectúen con el objeto de legitimar a un hijo o de reconocer a un hijo natural, y que consten en un acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil e Identificación, tendrán el mérito de instrumento público o de escritura pública, según el caso, para los efectos de los artículos 208 y 271, Nº 1º, del Código Civil.

Este artículo consulta los casos de reconocimiento voluntario de un hijo habido fuera del matrimonio de forma similar a la actualmente existente, incorporando la normativa contenida en la ley 17.999.

La declaración con este fin puede realizarse ante el oficial del Registro Civil, al momento de verificarse la inscripción del nacimiento del hijo o el matrimonio de los padres, o con posterioridad, por escritura pública, o por acto testamentario.

Lo previsto en este artículo es aplicable a la madre cuando no se hubiera practicado la inscripción del hijo en el Registro Civil.

Esta disposición comprende el reconocimiento voluntario de la filiación no matrimonial.

Vuestra Comisión prestó aprobación a este artículo en los términos propuestos, con algunas modificaciones formales.

Artículo 189

El párrafo segundo del Nº 1º del artículo 271 del Código Civil contempla el reconocimiento tácito de la filiación natural, el que tiene lugar por el hecho de consignarse el nombre del padre o de la madre, a petición de ellos, en la inscripción del nacimiento.

El Nº 5º contempla el reconocimiento voluntario provocado de la filiación natural, que se produce cuando, citado el padre por el hijo a presencia judicial, confesare la paternidad bajo juramento, derecho que no puede ejercerse más de una vez con relación a la misma persona.

En este artículo se contemplan ambos tipos de reconocimiento de la filiación no matrimonial, en similares términos.

Como inciso final, se ha incorporado el artículo 194, que dispone que la citación judicial a confesar paternidad o maternidad no puede ejercerse más de una vez con relación a la misma persona.

Vuestra Comisión prestó aprobación a esta disposición, en los términos propuestos.

Artículo 190

Precisa que el reconocimiento de la paternidad o maternidad no matrimonial es irrevocable, no puede sujetarse a modalidades ni requiere aceptación del hijo, pudiendo practicarse mediante mandatario, como es ahora.

Es importante destacar que, en la actualidad, el hijo natural puede repudiar el reconocimiento voluntario, al tenor de lo preceptuado en el artículo 273.

En el proyecto no se consulta la posibilidad de la repudiación de la maternidad o paternidad no matrimonial.

Vuestra Comisión aprobó esta disposición en los términos propuestos.

Artículo 191

Impide la inscripción de reconocimientos de hijos que contradigan una filiación preexistente. Para proceder en tal sentido, es preciso que previamente se impugne la filiación existente.

Vuestra Comisión prestó aprobación a esta disposición en los términos propuestos.

De las acciones de filiación

Reglas generales

En la actualidad, se puede impugnar la paternidad legítima cuando el hijo está amparado por la presunción "pater is est", o desconocerla, cuando el hijo no está amparado por ella. También puede impugnarse la maternidad, legítima o natural.

Es posible, también, que un hijo legítimo que no está en posesión de su estado, es decir, de su calidad de tal, reclame su verdadero estado civil.

En el caso de los hijos legitimados por matrimonio posterior a la concepción, la legitimación puede ser repudiada por el legitimado, con arreglo al artículo 209 del Código Civil. Es admisible, también, impugnar la legitimación del hijo concebido antes del matrimonio y nacido en él, o del concebido y nacido fuera de él, con arreglo a los artículos 206, 216 y 217 del Código Civil.

En el caso particular del hijo natural, al margen de la repudiación del reconocimiento voluntario, a que alude el artículo 273 del Código Civil, también puede impugnarse dicho reconocimiento por toda persona que pruebe interés en ello, según el artículo 275 del mismo Código.

Como comentario de carácter general, debe expresarse que el proyecto, en esta materia, consagra el principio de la libre investigación de la paternidad y de la maternidad.

En este sentido sienta un principio general que viene a revertir aquel establecido por el Código de Napoleón que prohibía expresamente dicha investigación y que inspiró a la ley chilena.

Debe tenerse presente que, si bien en el año 1952 la Ley Nº 10.271 modificó el sistema, permitiendo la investigación de la paternidad, lo hizo en forma extremadamente restringida. En efecto, dicha ley autorizó la investigación bajo ciertas y determinadas causales, muy difíciles de aplicar en la práctica y que dependían, en el fondo, de la voluntad discrecional del padre, ya que en la medida que ésta no se manifestaba, en los términos exigidos por la ley, el hijo sólo podía acceder a los alimentos contemplados en el artículo 280 del Código Civil.

De acuerdo con el Mensaje, al posibilitarse al hijo el ejercicio de la acción de reclamación del estado filiativo en términos amplios, en contra de quien corresponda y apoyado por toda la gama de pruebas que admite la ley, se abren las puertas, definitivamente, a la búsqueda de la verdad real por sobre la verdad formal, que es la única que admite la actual legislación.

Se agrega en él que el desafío que la libre investigación de la paternidad ofrece, por regla general, es lograr equilibrar dos criterios fundamentales que suelen aparecer como contradictorios. A saber, el derecho a la búsqueda de la verdad por una parte y, por otra, la preservación de la paz y la armonía familiar que, por cierto, podría verse violentada como consecuencia de procesos en que se formulen falsas imputaciones de paternidad.

El proyecto visualiza ese peligro y recoge, al respecto, la idea de un control preliminar de viabilidad de la demanda, similar al que consagra el derecho español.

Este control de viabilidad constituye otro de los grandes principios que acoge la presente propuesta. Se trata de exigir un fundamento razonable a la demanda, en el sentido que el juez no admitirá aquella en que se ejercite una acción de filiación, si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en que se funda.

Veamos, a continuación, la forma en que se plasman estos principios en el proyecto.

Artículo 192

En reemplazo de esa normativa, este artículo consagra el derecho de reclamar o de impugnar la filiación, con carácter de imprescriptible e irrenunciable, salvo los efectos patrimoniales derivados del estatuto materno o paterno filial, que prescriben conforme con las reglas generales.

Desaparece, como puede observarse, el derecho del hijo a repudiar el reconocimiento de que es objeto.

Vuestra Comisión prestó aprobación a esta disposición en los términos propuestos.

Artículo 193

Establece la admisibilidad de la investigación de la maternidad y la paternidad en los juicios de filiación, mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas, las que no se especifican [10], pudiendo ser decretadas de oficio o a petición de parte.

La negativa injustificada a someterse a las pruebas biológicas configura una presunción, que unida a otras presunciones o a otros medios probatorios, hará que el juez declare una determinada filiación.

La admisión de las pruebas biológicas, en opinión del Gobierno, implica introducir un cambio muy notable en nuestro ordenamiento jurídico, en cuanto significa abordar el problema desde una perspectiva totalmente diferente a la existente hasta la fecha y que se vincula con la búsqueda de la verdad a la que antes se hacía referencia. En efecto, detrás de la reforma propuesta subyace la idea que la filiación deja de ser producto de un "acto gracioso" del padre o madre que reconoce a un hijo como suyo y pasa a ser un hecho que se le impone a un sujeto, como resultado de un proceso de búsqueda de la verdad, inserto en un juicio de investigación de la paternidad o maternidad.

En este sentido la norma que incorpora el proyecto es suficientemente amplia, lo que lleva a hacer viables, en el futuro, las pruebas científicas que se lleguen a establecer.

El tema de las pruebas biológicas plantea, entre otros, el problema de la resistencia a someterse a ellas. Si bien se trata de un tema complejo, la solución que a su respecto establece el texto propuesto le parece la más adecuada, al señalar que la negativa injustificada a someterse a pruebas biológicas, configura una presunción.

La disposición consultada en este artículo fue objetada, pues por los términos en que está redactada pareciera conminar al magistrado a aceptar el resultado que arroje la prueba biológica, en circunstancias que se está ante una prueba de peritos que debe apreciarse como tal.

En cuanto a la negativa a someterse a dichas pruebas, no pareció atendible que pudiera haber una causa, motivo o razón que la justificara, máxime si se considera que la prueba del ADN puede hacerse por exámenes distintos a los de sangre.

Por todas esas razones, vuestra Comisión aprobó, por unanimidad, sendas indicaciones.

La primera, destinada a precisar que las pruebas biológicas se practicarán por el Servicio Médico Legal o por instituciones médicas autorizadas para tales efectos por el Ministerio de Salud. Su valor probatorio se apreciará en conformidad con las reglas de la sana crítica, como todo dictamen de peritos.

La segunda, que sustituye el actual inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, para señalar que la negativa a someterse a las pruebas biológicas configura una presunción, la que no bastará por sí sola para acreditar una determinada filiación.

Artículo 194

Ha pasado a ser inciso final del artículo 189, como ya se explicara.

Se refiere al reconocimiento voluntario. Si se niega la filiación por el citado en esta oportunidad, el interesado puede entablar demanda para iniciar un juicio de filiación.

Artículo 195

De acuerdo con él, el juez no admitirá la demanda si con ella no se presenta una prueba que haga plausible los hechos en que se funda.

Consagra este artículo un control preliminar de viabilidad de la demanda [11]

Se discutió, durante el análisis de este precepto, el concepto de "prueba", como requisito para entablar la demanda, por existir temor de que los jueces fueran muy exigentes al momento de admitirla a tramitación.

Se indicó, además, que la admisión de la demanda se hace en la sentencia. Aquí, en cambio, lo que se hace es darle curso, admitirla a tramitación.

Vuestra Comisión, por unanimidad, acordó acoger una indicación para sustituir este artículo, que ha pasado a ser 194, con el fin de precisar que el juez no dará curso a la demanda, si con ella no se presenta un principio de prueba o antecedentes suficientes que hagan plausibles los hechos en que se funda.

Artículo 196

Dispone que mientras dure el juicio en que se discute la filiación, el juez podrá adoptar las medidas de protección oportunas sobre la persona y bienes del sometido a la potestad del que aparece como padre o madre.

Vuestra Comisión acordó trasladar este artículo al final del título relativo a la filiación, pasando a ser artículo 208, con las siguientes enmiendas.

En el inciso primero ha reemplazado la expresión "Mientras dure el procedimiento" por "Mientras dure el juicio", por ser más exacta.

Ha incorporado, como inciso nuevo, uno que permite al juez acordar alimentos provisionales de cargo del demandado, en caso de que se reclame la filiación, sin perjuicio de la adopción de las medidas de protección que estime del caso.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 197

Permite que el acto de reconocimiento pueda ser impugnado por vicios del consentimiento por el autor del reconocimiento o por sus herederos, acción que dura un año desde la cesación del vicio.

Vuestra Comisión le prestó aprobación por unanimidad, precisando que el acto de reconocimiento a que se refiere es el voluntario.

Ha pasado a ser artículo 195.

& 2 De las acciones de reclamación.

En este párrafo, artículos 198 al 205, se trata de la reclamación de la filiación matrimonial y no matrimonial, de los titulares de las acciones respectivas, de las personas en contra de las cuales deben dirigirse, de las presunciones de paternidad, de la posesión notoria de la calidad de hijo respecto de determinada persona y de las obligaciones del Servicio Nacional de Menores respecto de menores que se encuentren bajo su cuidado y protección.

Artículo 198

Establece que la acción de reclamación de la filiación matrimonial corresponde al hijo, que debe entablarla conjuntamente contra el padre y la madre; o al padre y madre, si no resultare de las inscripciones pertinentes.

Vuestra Comisión le prestó aprobación, por unanimidad, en los términos propuestos.

Ha pasado a ser artículo 196.

Artículo 199

Se refiere a la acción de reclamación de la filiación no matrimonial.

En la actualidad, la acción de reclamación del estado de hijo natural corresponde al hijo o a su representante legal; los herederos del hijo sólo pueden continuar el ejercicio de la acción que éste hubiere intentado antes de morir y cuya tramitación esté pendiente.

La acción misma debe dirigirse en contra del supuesto padre o madre o de ambos conjuntamente, debiendo la demanda ser notificada en vida de el o de los demandados.

No puede establecerse la filiación natural, ni siquiera intentarse la acción, si el supuesto madre o madre fuese casado, salvo que esté divorciado a perpetuidad o que el demandante se pretenda hijo natural de ambos cónyuges y los demande conjuntamente.

Sólo existen tres causales que autorizan la investigación de la paternidad natural. La existencia de un escrito del supuesto padre o madre en que confiesen su paternidad o maternidad; la posesión notoria del estado de hijo natural por el lapso de 10 años, y, en el caso de la maternidad, la circunstancia de encontrarse establecidos por testimonios fidedignos el hecho del parto y la identidad del hijo.

Así se desprende de la lectura de los artículos 271 al 275 del Código Civil.

En la norma que se propone, esta acción de reclamación la puede ejercer el hijo en contra de quien considere su padre o madre. Si es incapaz, la acción la puede ejercer, en su interés, la madre que ejerza la patria potestad o el representante legal del menor o incapaz.

Vuestra Comisión ha prestado aprobación a esta disposición, por unanimidad, sin otra enmienda que aquella que incluye al padre entre las personas que pueden ejercer la acción en interés del menor incapaz.

Ha pasado a ser artículo 197.

Artículo 200

Regula la situación que se produce en caso de fallecimiento de alguno de los padres, circunstancia en la cual la acción se dirige en contra de sus herederos, para lo cual existe un plazo de dos años contados desde el fallecimiento o desde el conocimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda.

Ha pasado a ser artículo 198.

Artículo 201

Señala que la acción de reclamación es transmisible a los herederos, en tanto el hijo haya iniciado la acción o haya muerto siendo menor de edad o incapaz.

Se pone la disposición en el caso de que el hijo falleciere antes de transcurrir los dos años desde que alcanzase la mayor edad o su plena capacidad, o durante el segundo año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que habría de haber fundamentado su demanda.

En ese evento, la acción corresponde a sus herederos por el tiempo que falte, corriendo el plazo a los herederos menores desde que hubieren llegado a la mayor edad, esto es, el plazo se suspende en su favor.

Vuestra Comisión prestó aprobación a esta disposición en los términos propuestos.

Ha pasado a ser artículo 199.

Artículo 202

Precisa que el ejercicio de la acción de reclamación de la filiación supone el ejercicio de las acciones de impugnación de la filiación contradictoria.

Este artículo está en estrecha relación con la norma del artículo 191 del proyecto.

Vuestra Comisión le ha prestado aprobación, por unanimidad, en los términos propuestos.

Ha pasado a ser artículo 200.

Artículo 203

Dispone que la convivencia de la madre con el presunto padre, durante la época de la concepción, constituirá una base de presunción de la paternidad.

Vuestra Comisión le ha prestado aprobación en los términos propuestos.

Ha pasado a ser artículo 201.

Artículo 204

Permite dar por acreditada la filiación que resulte de la posesión notoria de la calidad de hijo respecto de cada persona, siempre que no se hubiere desvirtuado por prueba en contrario sobre el nexo biológico.

La norma actual, relativa a los hijos naturales, contenida en el artículo 271, N° 3°, del Código Civil, exige diez años consecutivos de posesión de ese estado, a lo menos y señala en qué consiste y como debe probarse[12].

Vuestra Comisión le ha prestado aprobación en los términos propuestos, por unanimidad.

Ha pasado a ser artículo 202.

Artículo 205

Regula el caso de los menores que aparezcan inscritos como hijo de padre o madre desconocido. En tal caso, el Registro Civil debe comunicar esta circunstancia al Servicio Nacional de Menores, "quien podrá procurar", en los casos en que el menor se encuentre bajo su cuidado y protección, la determinación de la maternidad o paternidad y obtener el reconocimiento del hijo.

A vuestra Comisión le ha parecido impropio incorporar esta norma en el Código Civil y ha preferido, atendido su contenido, consultarla en la Ley sobre Registro Civil, como inciso del artículo 33, pero consignando la obligación del SENAME con carácter imperativo.

Se aprobó por unanimidad.

& 3. De las acciones de impugnación.

En la legislación vigente se puede impugnar la maternidad (arts. 293 y siguientes del Código Civil); la legitimidad del hijo (arts. 206, 216 y 217), y el reconocimiento voluntario de un hijo natural (art. 275).

En este párrafo se trata de las acciones de impugnación de la paternidad y de la maternidad, en los artículos 206 al 210, inclusives.

Artículos 206 al 210

La normativa propuesta, aprobada por vuestra Comisión por unanimidad, consagra el siguiente régimen en la materia, naturalmente más simplificado que el vigente, al no distinguirse entre los diversos tipos de hijos hoy existentes.

El primero establece la acción de impugnación de la paternidad interpuesta por el marido de la madre, para lo cual tiene el plazo de un año contado desde la inscripción del nacimiento, o desde que supo del parto, si prueba que no tuvo conocimiento de él.

La acción anterior es transmisible en caso de fallecimiento del padre, pudiendo ser interpuesta, además, por toda persona a quien la pretendida paternidad irrogue perjuicio, en ambos casos, por lo que reste del plazo.

Si el marido fallece sin conocer del parto, el año se cuenta desde que éste sea conocido, pero cesa este derecho si el primero reconoce al hijo como suyo en su testamento u otro instrumento público.

El segundo concede la acción de impugnación al hijo matrimonial.

El tercero concede acción de impugnación a los hijos no matrimoniales y a las personas que tengan interés, dentro del plazo de un año contado desde que conocieron el acto de reconocimiento.

En lo que respecta al ejercicio de la acción de impugnación por terceros, en el proyecto se distingue si el hijo es o no matrimonial. En el primer caso, los terceros pueden accionar en caso de fallecimiento del padre, circunstancia que no es exigida en el segundo, pues basta que tengan interés en ello, que puede ser pecuniario, moral u otro, en la medida que no se precisa.

El cuarto señala la forma de contar el plazo y la intervención del representante legal si el hijo es menor o incapaz.

Como en el caso del artículo 199, vuestra Comisión ha estimado pertinente dar la acción, en interés del hijo, también al padre que ejerce la patria potestad, con lo cual se produce la correspondiente armonía y correspondencia entre las acciones de reclamación y de impugnación.

El quinto se refiere a la acción de impugnación de la maternidad, la que corresponde a la madre, al marido o al hijo, pudiendo ejercerse dentro del año siguiente a la fecha del nacimiento.

Esta misma acción puede ser ejercida por toda otra persona a la cual la aparente maternidad perjudique en sus derechos, pero en este caso, ella debe ejercerse dentro del plazo de un año contado desde el fallecimiento de los supuestos padre o madre.

Han pasado a ser artículos 203 al 207.

Artículo 208

Vuestra Comisión, por unanimidad, ha incorporado como artículo 208 el artículo 196 del proyecto, en los términos ya reseñados.

Título IX

DE LA PATRIA POTESTAD

Es definida en el artículo 240 del Código Civil, como "El conjunto de derechos que la ley da al padre o madre legítimos sobre los bienes de sus hijos no emancipados".

Se ejerce también respecto de los derechos eventuales del hijo que está en el vientre y que, si naciere vivo, se presumiría legítimo.

En defecto del padre, estos derechos pertenecen a la madre, a menos que esté privada del cuidado personal del hijo por su mala conducta.

Cuando la tuición de los hijos haya sido confiada por el juez a la madre, ésta puede pedir que se le otorgue, también la patria potestad.

Es, en la actualidad, un efecto propio de la filiación legítima, de carácter patrimonial. Lo anterior, por cuanto nuestro ordenamiento jurídico distingue entre la autoridad paterna, que se refiere a la persona del hijo, y la patria potestad, que la circunscribe a los bienes.

En Chile sólo están sometidos a patria potestad los hijos legítimos y los hijos legitimados. También los adoptados.

Los hijos naturales no están sujetos a patria potestad, por lo que si son menores de edad requieren de un tutor o curador que los represente.

En cuanto a los atributos que consagra, pueden mencionarse tres: otorga derechos de usufructo sobre los bienes del hijo; confiere el derecho de administrar estos bienes, y faculta al padre o a la madre para representar al hijo en los actos judiciales y extrajudiciales, o de darle la autorización para estos actos.

En materia de patria potestad, el proyecto introduce importantes reformas, con el espíritu de extender el principio de igualdad a una institución que es consecuencia de la filiación, y al mismo tiempo, establecer una regulación más coherente con lo que son, en la actualidad, las relaciones paterno-filiales.

Dentro de este marco, se destacan en el Mensaje las principales innovaciones que presenta el proyecto respecto de la legislación vigente, las cuales se ha estimado pertinente reproducir en esta parte del informe, pues permiten conocer, en una apretada síntesis, cuáles serán los principios rectores que informarán esta institución en el futuro.

En primer lugar, la patria potestad deja de tener la connotación puramente patrimonial que siempre se le ha dado en nuestra legislación nacional (a pesar de lo que sucede en la legislación comparada), pasando a considerarse dentro de ella, también, el aspecto personal, que involucra el deber de los padres de velar por sus hijos, cuidarlos, alimentarlos y educarlos, así como el conjunto de derechos y obligaciones que existen en una relación filial.

Coherente con la igualdad antes mencionada, la madre deja de tener un rol subsidiario, pasando a ejercer la patria potestad conjuntamente con el padre. En este orden de ideas se establece una serie de interesantes mecanismos que tienden a hacer funcional un sistema de esta naturaleza, con las exigencias de la vida moderna.

La patria potestad se ejerce respecto de todo hijo menor no emancipado, sea que la filiación tenga o no su origen en el matrimonio. Lo anterior no es sino una expresión más del estatuto igualitario que se ha querido establecer para todos los hijos, lo que reviste importancia, desde un punto de vista práctico, al evitar tener que hacer diferencias en esta materia entre hijos legítimos y naturales, sobre todo, considerando lo engorroso y artificial que resulta actualmente gestionar la designación del padre, como tutor o curador de su hijo natural.

Se deja establecida una cuestión que, por evidente, a veces se olvida, cual es que la patria potestad no se ejerce en interés de los padres, sino en beneficio de los hijos.[13]

Artículo 211

Define la patria potestad como el conjunto de deberes y de derechos que corresponden al padre y a la madre en relación a la persona y sobre los bienes de los hijos, desde la concepción de éstos, y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado.

Vuestra Comisión la ha reemplazado por otra que dispone que la patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden al padre y a la madre en relación con la persona del hijo y sobre sus bienes, mientras sea menor de edad y no se haya emancipado, para agregar que se ejercerá también respecto de los derechos eventuales del hijo que está en el vientre materno.

Ha pasado a ser artículo 209.

Artículo 212

Señala que la patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos.

En cuanto a los deberes y facultades que comprende respecto de los hijos, son cuatro. Velar por ellos, cuidarlos, alimentarlos y educarlos; el derecho legal de goce sobre sus bienes; administrar sus bienes, y representarlos judicial y extrajudicialmente.

Si los hijos tuvieren suficiente juicio y discernimiento, deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten.

Dispone, por último, que si el padre o la madre no ejercen la patria potestad, conservarán siempre los deberes y facultades de velar por ellos, cuidarlos, alimentarlos y educarlos.

Vuestra Comisión ha prestado aprobación a este artículo, con modificaciones.

En primer lugar, ha suprimido el deber y facultad de velar por los hijos.

En segundo lugar, ha colocado primero el derecho y facultad de administrar sus bienes.

En tercer lugar, ha suprimido la obligación de oír a los hijos antes de adoptar decisiones que les afecten, por no expresarse en qué consiste ese juicio, quien lo aprecia, como se deja constancia de esta circunstancia y que pasa si no se les escucha.

Ha pasado a ser artículo 210.

Artículo 213

En los casos particulares en que la filiación sea determinada judicialmente contra la oposición del padre o madre, estos quedan excluidos de la patria potestad y de los derechos que confiere, así como los derechos hereditarios sobre los bienes del hijo.

Estas restricciones dejan de producir efectos por determinación del representante legal del hijo o por voluntad de éste. En el primer caso se requiere de aprobación judicial.

Con todo, siempre quedan a salvo las obligaciones de velar por los hijos y de prestarles alimentos.

Vuestra Comisión ha prestado aprobación a esta disposición, por unanimidad, con el cambio de la expresión "velar" por "cuidar".[14]

Ha pasado a ser artículo 211.

Artículo 214

Este artículo entrega el ejercicio de la patria potestad al padre y a la madre, conjuntamente, creándose la figura del consentimiento presunto respecto de los actos ejecutados por uno de ellos, salvo aquellos que requieran de autorización judicial, en que se requiere del consentimiento expreso del otro.

En caso de desacuerdo, resuelve el juez. Si estos fueren reiterados o concurriere alguna causa que entorpezca su ejercicio, el juez puede atribuirlo a uno de los padres o dividirlo entre ellos, por un plazo que no podrá exceder de dos años.

Si deviene la muerte de uno de los padres o se suspende el ejercicio de la patria potestad, le corresponde exclusivamente al otro.

Vuestra Comisión ha prestado aprobación a esta disposición, por unanimidad, con algunas enmiendas formales en su inciso final.

Ha pasado a ser artículo 212.

Artículo 215

Regula la situación de separación de los padres del menor. En tal caso, el ejercicio de la patria potestad corresponde a aquel de los padres que ejerza legalmente su tuición.

Lo anterior, salvo que se solicite al juez la patria potestad, en que podrá ejercerse conjuntamente con el otro padre, o dividirse entre ellos su ejercicio.

Vuestra Comisión prestó aprobación a esta disposición, en los términos propuestos.

Ha pasado a ser artículo 213.

Artículo 216

Dispone que en caso de que ambos padres estén excluidos del ejercicio de la patria potestad y de los derechos que confiere, la ejercerá un tutor o curador.

Vuestra Comisión ha reemplazado este artículo con el fin de obviar algunas impropiedades jurídicas que se han deslizado en su texto, pues nunca el tutor o curador ejerce la patria potestad.

La nueva disposición, aprobada por unanimidad, señala que en caso de que ambos padres se encuentren en la situación prevista en el artículo 211 -la ya mencionada- corresponderá designar un tutor o curador al efecto.

Ha pasado a ser artículo 214.

Artículo 217

Confiere al padre y a la madre, aunque no ejerzan la patria potestad, los derechos a relacionarse con sus hijos menores, a tener una adecuada comunicación con ellos y a supervisar su educación. En caso de desacuerdo, el juez determinará lo más conveniente para el hijo.

Vuestra Comisión le ha prestado aprobación a este artículo, por unanimidad, pero le ha cambiado de ubicación, pasando a ser artículo 216, después del actual artículo 218, que ha pasado a ser artículo 215.

Artículo 218

Regula la situación de los padres menores de edad.

En tal caso, sus hijos quedarán sujetos a tutela. Si viven separados, son llamados a la tutela los ascendientes de aquel padre que tenga a sus hijos a su cuidado [15].

& 2. De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos.

Entre los efectos de la filiación legítima, se ha mencionado la autoridad paterna o deberes y obligaciones entre los padres y los hijos legítimos, materia a la cual se refieren los artículos 219 y siguientes del Código Civil.

Artículo 219

De acuerdo con el artículo 219 del Código Civil, los hijos legítimos deben respeto y obediencia a su padre y madre, pero están especialmente sometidos a su padre.

El nuevo artículo 219 dispone que los hijos deben respeto y obediencia a sus padres, eliminando lo que se ha conocido como "autoridad paterna".

Vuestra Comisión le ha prestado aprobación, en los términos propuestos.

Ha pasado a ser artículo 217.

Artículo 220

Aunque la emancipación le dé al hijo el derecho de obrar independientemente, reza el artículo 220 del Código Civil, queda siempre obligado a cuidar de los padres en su ancianidad, en el estado de demencia y en todas las circunstancias de la vida en que necesitaren de sus auxilios.

El artículo 221, por su parte, confiere el mismo derecho a socorro a todos los demás ascendientes legítimos, "en caso de inexistencia o de insuficiencia de los inmediatos descendientes".

La norma propuesta refunde ambos artículos, diferenciándose con la legislación vigente en cuanto confiere iguales derechos a los demás descendientes sin limitación alguna.

Vuestra Comisión ha prestado aprobación a este artículo, por unanimidad, en los términos propuestos.

Ha pasado a ser artículo 218.

Artículo 221

El artículo 222 del Código Civil señala que toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos legítimos.

Este artículo lo reproduce, con la sola eliminación de la palabra "legítimos".

Vuestra Comisión le ha prestado aprobación, por unanimidad, con el solo cambio de la preposición "de", que figura después de la palabra personal, por la conjunción "y".

Ha pasado a ser artículo 219.

Artículo 222

De acuerdo con el artículo 223 del Código Civil, a la madre divorciada toca el cuidar personalmente a los hijos menores, salvo que por su depravación sea de temer que se perviertan. En estos casos, o en el de hallarse inhabilitada por otra causa, se confía el cuidado personal al padre.

La circunstancia de haber sido el adulterio de la madre lo que dado lugar al divorcio, debe ser considerado como un antecedente de importancia para resolver sobre su inhabilidad. Lo mismo se aplica al padre.

En relación con esta normativa, la de tuición de los hijos de padres que viven separados -sea por ruptura del matrimonio o porque éste no existe- se ha mantenido en el artículo 222 la norma que le entrega el cuidado de los hijos menores a la madre, pero se ha establecido que el juez podrá decidir de otro modo, por motivos calificados. Con ello se ha pretendido corregir las evidentes distorsiones que ha venido generando la normativa actual, según la cual, para que la madre pierda la tuición, debe ser acreditada su depravación y consiguiente perversión de los hijos menores. Nadie puede ignorar, en el mundo actual, que existen muchas otras causas que ameritan el cambio de la regla general y que, por cierto, no son indicativas de tal inhabilidad moral. La inadecuación de dicha norma genera graves conflictos que repercuten negativamente en los hijos. Se ha preferido consignar, pues, una expresión que, dando cuenta de una situación especial -"motivos calificados"- carece de una connotación negativa.

Vuestra Comisión ha prestado aprobación a esta disposición, por unanimidad, con algunas adecuaciones formales.

Ha pasado a ser artículo 220.

Artículo 223

En el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, el artículo 225 faculta al juez para confiar el cuidado personal de estos a otra u otra personas competentes, prefiriéndose a los consanguíneos más próximos y, sobre todo, a los ascendientes legítimos, normativa que se hace aplicable a los casos de nulidad de matrimonio.

El nuevo artículo 223 se limita a reproducir la norma vigente, entregando la preferencia a los consanguíneos más próximos, sin hacer mención alguna a los ascendientes.

Vuestra Comisión ha prestado aprobación a esta disposición, por unanimidad, en los términos propuestos.

Ha pasado a ser artículo 221.

Artículo 224

Establece que el juez procederá para todas estas resoluciones breve y sumariamente, oyendo a los parientes, reproduciendo, en iguales términos, el artículo 226 del Código Civil.

Vuestra Comisión ha aprobado esta disposición, por unanimidad, en los términos propuestos.

Ha pasado a ser artículo 222.

Artículo 225

Se refiere a los gastos de crianza y educación de los hijos.

El artículo 228 del Código Civil dispone que esos gastos, así como los de establecimiento de los hijos legítimos, pertenecen a la sociedad conyugal. Si la mujer estuviera separada de bienes, correrán por cuenta del marido, contribuyendo la mujer en la proporción que el juez determine.

Si el hijo tuviere bienes propios, los gastos de su establecimiento y, en caso necesario, los de su crianza y educación, podrán sacarse de ellos, conservándose íntegros los capitales en cuanto sea posible.

El artículo que se propone se refiere sólo a los gastos de crianza y educación, los cuales también pertenecen a la sociedad conyugal. De no existir, corresponden dichos gastos a ambos padres, en proporción a las fuerzas de sus patrimonios.

Si un hijo tuviere bienes propios, dichos gastos pueden sacarse de ellos, conservándose íntegros los capitales en cuanto sea posible.

Vuestra Comisión, por unanimidad, ha acordado dividir este artículo en dos, pasando su inciso segundo a ser artículo 224.

Junto con lo anterior, ha estimado pertinente incluir en este artículo, como inciso segundo, el artículo 226 del proyecto, con algunas adecuaciones formales. Establece que, muerto uno de los padres, los gastos de educación y de crianza tocarán al sobreviviente.

Ha pasado a ser artículo 223.

Artículo 226

Ha pasado a ser inciso segundo del artículo 223.

Artículo 227

Reproduce, en similares términos, el inciso primero del artículo 231 del Código Civil, en cuanto establece que la obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes, pasa, por falta o insuficiencia de los padres, a los abuelos legítimos por una u otra línea, conjuntamente.

Vuestra Comisión le ha prestado aprobación, por unanimidad, en los términos propuestos.

Ha pasado a ser artículo 225.

Artículo 228

Se pone en el caso de que exista desacuerdo en cuanto a la forma de contribuir a todos estos gastos, evento en el cual el juez reglará la contribución.

Reproduce, con un mayor grado de generalidad, el actual inciso segundo del artículo 231 del Código Civil.

Vuestra Comisión le ha prestado aprobación, por unanimidad, en los términos propuestos.

Artículo 229

El artículo 233 del Código Civil confiere a los padres la facultad de corregir y castigar moderadamente a los hijos.

En reemplazo de dicha disposición, se les confiere la facultad de corregir a sus hijos, poder que debe ejercerse moderadamente, debiendo quedar excluidos los malos tratos, castigos o actos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores.

Junto con lo anterior, se encomienda a los jueces resguardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres, disponiendo su cesación y las sanciones que correspondieren.

Vuestra Comisión, por unanimidad, ha prestado aprobación a este artículo, con modificaciones formales.

Ha pasado a ser artículo 227.

Artículo 230

Impide que los derechos concedidos a los padres puedan reclamarse sobre el hijo que ha sido abandonado, reproduciéndose, en forma más simplificada, la norma consultada en el artículo 237 del Código Civil.

Artículo 231

Priva al padre o madre inhabilitado moralmente de los derechos que le confieren los artículos anteriores.

Como la inhabilitación no puede provenir de un hecho voluntario, vuestra Comisión ha prestado aprobación a esta disposición reemplazando la palabra "inhabilita" por "encuentre inhabilitado".

Ha pasado a ser artículo 229.

Artículo 232

Reproduce, en iguales términos, el artículo 239 del Código Civil.

Si el hijo abandonado ha sido alimentado y criado por otra persona y los padres quisieren sacarle de su poder, deben ser autorizados por el juez para hacerlo y pagarle los costos de su crianza y educación, tasados por el juez, el que la otorgará si estima que hay razones graves para darla.

Vuestra Comisión le ha prestado aprobación a esta disposición, por unanimidad.

Ha pasado a ser artículo 230.

& 3. Del derecho legal de goce sobre los bienes de los hijos y de su administración.

Debe dejarse constancia que todas las disposiciones que conforman este párrafo han sido aprobadas por vuestra Comisión por unanimidad, en los términos que se indican en el texto final.

Artículo 233

En la actualidad, de acuerdo con el artículo 243 del Código Civil, el padre goza del usufructo de todos los bienes del hijo de familia, esto es, del hijo legítimo no emancipado, con la salvedad de aquellos que la ley exceptúa.

Se llama usufructo legal del padre de familia el que le concede la ley.

Según el artículo 244, el padre no goza del usufructo legal sino hasta la emancipación del hijo.

El artículo 248 previene que el padre o madre a quien el donante o testador haya impuesto la condición de no administrar, queda privado del usufructo, y a su vez, si se le ha privado de la condición de no usufructuar, queda privado de la administración.

Si esta condición afecta al padre o madre, la propiedad plena pertenece al hijo y se le da un curador para su administración. Lo anterior, en concordancia con el artículo 252 del mismo Código.

El artículo que se propone es una compilación de los artículos 243 y 248.

Las únicas enmiendas dignas de destacar son dos.

El cambio de la expresión usufructo por la de "derecho legal de goce", término en el cual la doctrina nacional está conteste por avenirse mejor con la naturaleza jurídica de la institución. El usufructo legal del padre de familia presenta ciertas características especiales que lo hacen diferir del usufructo. Por ejemplo, el padre no goza del derecho de persecución; es un derecho personalísimo, por lo que no puede enajenarse, renunciarse, transmitirse, hipotecarse ni embargarse; el padre no está obligado a rendir la fianza y caución que deben dar los usufructuarios, y dura sólo hasta la emancipación del hijo.

La extensión de este derecho a todos los hijos y no sólo a los legítimos como es hoy en día.

Ha pasado a ser artículo 231.

Artículo 234

Reproduce, con algunos cambios en la redacción, el actual artículo 246.

En virtud de este artículo, el hijo se mira como mayor de edad para la administración y goce de los bienes que adquiere en el ejercicio de todo empleo, oficio, profesión o industria, sin perjuicio de las limitaciones legales.

Artículo 235

El artículo 247 del Código Civil dispone que aquél de los padres a quien la ley da el usufructo de los bienes del hijo, tendrá su administración.

Se propone que el que ejerza el derecho legal de goce tiene su administración, y que el que se encuentre privado de la administración, quedará privado del derecho legal de goce.

Luego la disposición se pone en el caso de que alguno de los padres estén privados del goce, el que pasa al otro; y si ambos lo están, corresponde la propiedad plena al hijo y se le da un curador para la administración, tal como lo dispone hoy el artículo 252.

En cuanto a la administración de los bienes del hijo, el proyecto no presenta mayores innovaciones, conservando la normativa vigente.

Ha pasado a ser artículo 233.

Artículo 236

Se trata de una disposición nueva, concordante con la idea del proyecto de entregar el ejercicio de la patria potestad a ambos padres, conjuntamente, salvo excepciones.

Se les confiere el derecho de designar, de común acuerdo, administrador de los bienes del hijo a uno de ellos, el que necesitará del consentimiento expreso del otro respecto de aquellos actos que requieran de autorización judicial.

Ha pasado a ser artículo 234.

Artículo 237

Reproduce, con algunas variantes en su redacción, el artículo 255 del Código Civil.

Impide enajenar ni gravar, en caso alguno, los bienes raíces del hijo, ni aun aquéllos que administre libremente, sin autorización del juez, con conocimiento de causa.

Ha pasado a ser artículo 235.

Artículo 238

Reproduce, con las alteraciones del caso, el artículo 256 del Código Civil.

La donación de los bienes del hijo o su arriendo por largo tiempo, o la aceptación o repudiación de una herencia deferida al hijo, sólo puede hacerse en la forma y con las limitaciones impuestas a los tutores y curadores. En suma, previo cumplimiento de ciertas exigencias o formalidades, consagradas en los artículos 402, 407 y 397 del Código Civil, respectivamente.

Ha pasado a ser artículo 236.

Artículo 239

Corresponde, con algunas variables, al artículo 250.

Hace responsable al padre o madre hasta la culpa leve en la administración de los bienes del hijo, responsabilidad que se limita a la propiedad de los bienes del hijo.

Artículo 240

Corresponde al artículo 251 del Código Civil, con algunas variantes en su redacción.

Habrá derecho a quitar al padre o madre, o a ambos, la administración, cuando se hayan hecho culpables de dolo o de grave negligencia o se haya suspendido la patria potestad.

Ha pasado a ser artículo 238.

Artículo 241

Reproduce el artículo 252 del Código Civil.

Removido uno de los padres de la administración, ésta corresponde al otro. Si ambos son removidos, la propiedad plena pertenece al hijo y se le da un curador para la administración.

Ha pasado a ser artículo 239.

Artículo 242

Otorga a los hijos el derecho de exigir rendición de cuentas a sus padres de la administración que hicieron de sus bienes, el que pueden hacer efectivo al término de la patria potestad.

Ha pasado a ser artículo 240.

& 4. De la representación legal de los hijos.

De acuerdo con lo visto al tratar de la patria potestad, ella comprende, entre otros deberes y facultades, la de representar judicial y extrajudicialmente a los hijos, sin distingo alguno en cuanto a su filiación.

El proyecto, en este párrafo, se encarga de desarrollar esa representación.

Todos los artículos que lo componen, desde el 243 al 247, que han pasado a ser artículos 241 al 245, han sido aprobados por unanimidad.

Artículo 243

Corresponde al actual artículo 254.

Los actos y contratos que el padre o madre celebren en representación del hijo, así como los que éste celebre y que aquéllos autoricen o ratifiquen por escrito, obligan directamente al padre o madre, de acuerdo con las reglas relativas a la sociedad conyugal, y subsidiariamente al hijo por el beneficio que le han reportado.

Si no hubiere sociedad conyugal y no pudiere presumirse la autorización conjunta con arreglo al artículo 212, la responsabilidad recae en el patrimonio de aquel de los padres que hubiere autorizado al hijo. En todos los demás casos la responsabilidad será solidaria.

Artículo 244

Recoge, en parte, el actual artículo 261 del Código Civil.

El menor adulto, esto es, el que ha dejado de ser impúber por haber cumplido el varón catorce años y la mujer doce, no necesita autorización de sus padres para testar.

Tampoco la requiere para reconocer hijos. A este respecto, debe tenerse presente que la incapacidad del hijo no alcanza a los actos de familia.

Artículo 245

Reproduce, de una forma más simplificada, la disposición del artículo 254 del Código Civil.

Los actos y contratos del hijo no autorizados por el padre, la madre o el curador, sólo obligan los bienes que éste administra libremente.

Artículo 246

Regula, de manera similar, la materia consultada en el artículo 257 del Código Civil.

Siempre que el hijo tenga que demandar a su padre o madre, debe obtener autorización del juez, el cual, al otorgarla, le dará un curador para la litis.

Artículo 247

Recoge la normativa establecida en los artículos 259 y 260 del Código Civil.

El hijo no necesita autorización de sus padres para parecer en juicio cuando se proceda criminalmente en su contra.

Si necesitando autorización, no se puede o no se quiere prestarla, la suple el juez y, al hacerlo, le da un curador para la litis.

& 5. De la suspensión de la patria potestad.

Se mantienen, en general, las mismas causales para decretarla, así como el procedimiento, de acuerdo con lo previsto en los artículos 262 y 263 del Código Civil.

Artículo 248

La patria potestad se suspende por la prolongada demencia del padre o madre, por su menor edad, por estar en entredicho de administrar sus bienes o por larga ausencia de la cual se siga perjuicio grave a los intereses del hijo.

La novedad está en que el juez puede, en interés del hijo, acordar la recuperación de la patria potestad si ha cesado la causa que motivó su suspensión.

Artículo 249

La suspensión de la patria potestad debe ser decretada por el juez, con conocimiento de causa y con audiencia de los parientes, después de oído el defensor de menores, salvo que se fundamente en la minoría de edad, en que procederá de pleno derecho.

& 6. De la emancipación.

Se refieren a esta materia los artículos 250 al 254, que han pasado a ser artículos 248 a 252, todos los cuales han sido aprobados por unanimidad por la Comisión.

En la actualidad, la emancipación es tratada en los artículos 264 a 269 del Código Civil, normativa que, en general se reproduce, con algunas variables que se indicarán en cada caso.

Artículo 250

La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad. Por eso, hablar de hijos emancipados es igual que referirse a hijos no sujetos a patria potestad.

Pone fin a la patria potestad del padre, de la madre o de ambos.

En la actualidad puede ser de tres tipos: legal, judicial y voluntaria.

Este artículo reconoce sólo los dos primeros.

El último desaparece como consecuencia de haberse suprimido el trámite de habilitación de edad, que era un privilegio concedido a los menores de 25 y mayores de 21 para ejecutar los actos de que eran capaces los mayores de edad, para lo cual se requería que el hijo no estuviera bajo patria potestad.

Rebajada la mayoría de edad 21 años y ahora a 18, esta forma de emancipación ha dejado de tener aplicación, pues siempre el hijo emancipado va a ser incapaz y debería actuar por intermedio de un guardador.

Artículo 251

Regula la emancipación legal, que es la que se produce por el ministerio de la ley en los casos que taxativamente se contemplan, que son, en general, los mismos actualmente vigentes, con algunas enmiendas derivadas del hecho de haberse entregado el ejercicio de la patria potestad al padre y a la madre conjuntamente: muerte real o presunta de los padres, matrimonio del hijo y por haber cumplido éste 18 años.

Artículo 252

Regula la emancipación judicial, que es la que se produce por sentencia judicial por las causales taxativamente enumeradas en la ley.

En esta parte, el proyecto reduce las causales de siete a cuatro, más amplias, con un mayor poder de decisión por parte del juez para decretarla. Procede cuando los padres maltratan habitualmente al hijo; cuando lo han abandonado; por la comisión de un delito que merezca pena aflictiva, caso en el cual surtirá efectos aun cuando posteriormente recaiga indulto sobre la pena, y por inhabilidad física o moral de los padres.

Se ha aprobado con algunas modificaciones de forma.

Artículo 253

Como hoy en día, la emancipación, una vez efectuada, es irrevocable, pues se supone que ha existido el hecho que la produjo.

Artículo 254

Dispone que cuando la emancipación se produzca respecto de un hijo menor, éste queda sujeto a la guarda que corresponda.

Vuestra Comisión ha complementado esta disposición expresando que ello es con excepción de la situación prevista en el N° 2 del artículo 249, esto es, por el matrimonio del hijo, con el fin de hacer aplicable, en esta parte, el artículo 148 del Código, que señala que es el marido menor de edad el que necesita de curador para la administración de la sociedad conyugal.

A continuación, se contienen en el proyecto diversas enmiendas para hacer los ajustes necesarios en materias tales como pruebas del estado civil, alimentos y guardas.

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Por el número 22 del artículo 1°, de derogaban los artículos 255 al 296 del Código Civil.

Vuestra Comisión, por unanimidad, ha rechazado esta enmienda, por ser innecesaria, en la medida que el número 21 ha sustituido en su integridad los títulos VII a XV del Libro I del Código Civil, en los cuales están comprendidos estos artículos.

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De las pruebas del estado civil

De acuerdo con el artículo 304, el estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto lo habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles.

En esta materia puede decirse, como premisa general, que el proyecto mantiene el régimen existente para los hijos legítimos, el que se hace extensivo a todos.

Se refieren a esta materia los números 23 al 29, que han pasado a ser 21 al 27.

Todas estas enmiendas fueron aprobadas por unanimidad, salvo la relativa al artículo 320, que lo fue por simple mayoría.

Artículo 305

Se refiere a la acreditación del estado civil mediante las partidas del registro civil, como medio principal de prueba.

El estado civil de casado o viudo, y de padre e hijo, se prueban por las respectivas partidas de matrimonio, de nacimiento o bautismo, y de muerte.

Se ha aprobado con algunas enmiendas formales, con el fin de que exista una mejor correspondencia y armonía hacia el interior del precepto.

Artículo 311

Regula la posesión notoria del estado de hijo legítimo. Al eliminarse esta última expresión, se hace extensiva la disposición a toda clase de hijos.

Artículo 312

Para que la posesión notoria del estado civil se reciba como prueba del estado civil, debe haber durado diez años continuos, a lo menos.

El proyecto reduce ese plazo a cinco años.

Artículo 315

Se refiere a los efectos que produce el fallo judicial que declara verdadera o falsa la legitimidad del hijo, reglas que también se hace extensiva al fallo que declara verdadera o falsa una maternidad que se impugna.

La enmienda tiene por finalidad cambiar la expresión "legitimidad" por "paternidad", en las dos veces que se emplea.

Los efectos del fallo mismo no son afectados: lo que en él se resuelva vale respecto de todos y no sólo en relación de las personas que han intervenido en el juicio.

Artículo 317

Señala quienes son legítimos contradictores en los juicios relativos a la cuestión de paternidad y de maternidad.

La disposición confiere esa misma calidad a los herederos del padre o madre fallecidos, o a los herederos del hijo fallecido, en concordancia con las nuevas normas establecidas en materia de impugnación o reclamación de la filiación.

Artículo 318

Se deroga, como consecuencia de la enmienda que se introduce al artículo 317.

Este artículo dispone que los herederos representan al contradictor legítimo que ha fallecido antes de la sentencia.

Artículo 320

Se deroga, en atención a que la materia que en él se regula está contenida en el nuevo artículo 192, que dispone que el derecho de reclamar la filiación o de impugnarla es imprescriptible.

Según este artículo, ni prescripción ni fallo alguno podrá oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le desconoce.

De los alimentos que se deben por ley a ciertas personas.

Se refieren a esta materia los números 30 al 35, que han pasado a ser 28 a 33, por los cuales se modifican los artículos 321, 323, 324, 326, 330 y 332 del Código Civil.

Todas estas enmiendas fueron aprobadas por unanimidad, en los términos propuestos.

Uno de los derechos más importantes que emanan de las relaciones de familia es el derecho de alimentos. Se deben entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes legítimos, entre padres e hijos naturales, entre adoptante y adoptado y aun respecto de los hijos ilegítimos y de la madre ilegítima.

En el fondo, los alimentos son las subsistencias que se dan a ciertas personas para su mantenimiento.

Se pueden clasificar en legales o forzados y en voluntarios.

Los primeros son aquellos que se deben por el solo ministerio de la ley, en favor de las personas que en ésta se indica.

Los segundos se originan en un acuerdo de las partes o emanan de la voluntad unilateral del alimentante.

La normativa que se propone se refiere a los alimentos legales o forzados, que se subdividen en congruos y necesarios.

Los alimentos congruos, según el artículo 323, son aquellos que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social.

Los alimentos necesarios, al tenor del mismo artículo son los que le dan lo que basta para sustentar la vida.

Unos y otros comprenden la obligación de proporcionar al alimentario, menor de veintiún años, la enseñanza primaria y la de alguna profesión u oficio.

En el proyecto se simplifica la normativa existente, como consecuencia de la igualdad de todos los hijos y la no distinción entre parentesco legítimo, ilegítimo y natural, y se suprime la clásica distinción entre alimentos congruos y necesarios.

Las enmiendas particulares que se proponen son las siguientes.

Artículo 321

Se sustituye su inciso primero, con el objeto de indicar las personas a las cuales se deberán, en el futuro, alimentos forzados: al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes, a los hermanos y al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiera sido rescindida o revocada.

Artículo 323

Clasifica los alimentos en congruos y necesarios, distinción que se suprime.

En reemplazo de la norma vigente se propone una que establece que la obligación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación y asistencia médica del alimentario (esto es, del que recibe los alimentos), de un modo correspondiente a su posición social.

Artículo 324

Señala a quien se deben alimentos congruos o necesarios, precisando que en el caso de injuria atroz cesa enteramente la obligación de prestar alimentos.

La nueva disposición se limita a señalar está causal de cesación de la obligación alimentaria.

No ha dicho el legislador lo que se entiende por injuria atroz.

El artículo 979 del Código Civil se limita a señalar que la incapacidad o indignidad no priva al heredero o legatario excluido, de los alimentos que la ley le señale; pero en los casos del artículo 968, que señala las indignidades para suceder al difunto como heredero o legatario, estos no tendrán ningún derecho a alimentos. De lo anterior, sería dable entender que para el legislador, las causales que señala ese artículo (homicidio en la persona del difunto, atentado grave contra su vida, honor o bienes, etc) importan injuria atroz.

Artículo 326

Resuelve la situación que se produce cuando existe una pluralidad de títulos para demandar alimentos, estableciendo un orden de precedencia legal, con lo cual la persona sólo puede hacer uso de uno de ellos a la vez, con las preferencias del caso.

El orden propuesto es el siguiente: el de donante, el de cónyuge, el de descendiente, el de ascendiente, el de hermano.

Artículo 330

La persona que demanda alimentos, congruos o necesarios, ha de encontrarse en estado de necesidad, carente de recursos, impedida de procurarse por sí misma los medios de subsistencia.

Estos principios los consagra la disposición que se propone al establecer que los alimentos no se deben sino en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para subistir de un modo correspondiente a su posición social.

Artículo 332

La regla general es que los alimentos se entiendan concedidos por toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda.

Sin embargo, ningún varón de aquellos a los que se deben alimentos necesarios, puede pedirlos cuando haya cumplido 21 años, salvo que por un impedimento corporal o mental se halle inhabilitado para subsistir con su trabajo; pero, si posteriormente se inhabilitare, revive esta obligación.

La modificación propuesta tiene por finalidad suprimir esta disposición, con lo cual la regla del inciso primero pasa a ser absoluta.

Las tutelas y curadurías

Se refieren a esta materia los numerales 36 al 67 del proyecto, que han pasado a ser 34 al 65, todos los cuales han sido aprobados por vuestra Comisión, por unanimidad.

Existen, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, personas incapaces que no pueden valerse por si mismas, a los cuales se les designa un representante legal para que vele por sus intereses.

Según el artículo 43 del Código Civil, son representantes legales de una persona el padre o madre, el adoptante y su tutor o curador.

Con arreglo al artículo 338, las tutelas y las curadurías, o curatelas, son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios, y que no se hallan bajo potestad de padre o madre que pueda darles la protección debida.

Acorde con el artículo 341 están sujetos a tutela los impúberes, estos es, los menores que no han cumplido catorce años, si son varones, o doce, si son mujeres. Es una sola y no admite clasificación.

En cambio, existen varias clases de curadurías: las curadurías generales a que se refiere el artículo 342, a que están sujetos los menores adultos, los pródigos, los dementes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito; las curadurías de bienes del artículo 343, que se dan a los bienes del ausente, a la herencia yacente y a los derechos eventuales del que está por nacer; las curadurías adjuntas del artículo 344, que se dan en ciertos casos a las personas que están bajo potestad de padre o madre, o bajo tutela o curaduría general, para que ejerzan una administración separada; y las curadurías especiales, que se dan para un negocio particular.

De acuerdo con su origen, las tutelas y curadurías pueden ser testamentarias, legítimas y dativas. Las primeras se constituyen por acto testamentario; las segundas son las que la ley confiere a los parientes o cónyuge del pupilo, y las terceras, las que confiere el magistrado.

Entre ellas existe una escala de precedencia, lo que significa que primero se aplica la testamentaria, luego la legítima y, al final, la dativa.

En esta materia, el proyecto, en la mayoría de sus disposiciones, se limita a efectuar algunas correcciones de mera referencia y a cambiar las normas que establecen diferencias según la filiación o el parentesco. Así, por vía ejemplar, se suprimen las expresiones "legítimo", "legítimos", "natural", "naturales", "padre e hijo natural" y "padres naturales".

Artículos 348, 354, 355, 356 y 357

Son objeto de meras adecuaciones para adaptarlos a los principios que informan el proyecto.

Se refieren, en general, a la tutela o curaduría general o adjunta del hijo que está bajo patria potestad, que sólo proceden en caso de suspensión o de privación de la administración de los bienes del hijo, y a las tutelas y curadurías testamentarias.

Artículos 358 y 359

Se derogan ambos, como consecuencia de haberse incluido a la madre, con iguales derechos que el padre, para los efectos del otorgamiento de tutores o curadores testamentarios, en el primer caso, y por haberse suprimido la calidad de padre o madre natural, el segundo.

La normativa propuesta, en esta materia, rige para el padre o la madre, sin distinción alguna.

Artículo 360

Faculta a cualquier persona que haga al incapaz una liberalidad mediante una donación o dejación de bienes, incluidos los padres "legítimos o naturales", para nombrar un tutor o curador por testamento o por acto entre vivos.

Se modifica para los efectos de hacer una referencia genérica a los padres.

Vuestra Comisión ha circunscrito esta disposición al nombramiento de curadores.

Artículo 367

Indica el orden en que son llamados a la guarda legítima las personas que en él se mencionan.

La modificación suprime su inciso final, que señala que los parentescos designados en este artículo se entienden legítimos.

Artículo 368

Indica el llamado a la guarda legítima del hijo natural.

Se propone en su reemplazo una disposición que se limita a señalar que en el caso del artículo 215, esto es, cuando los padres viven separados, la guarda será dativa.

Artículos 375 y 404

Se refieren a la obligación de los tutores y curadores de rendir fianza y a la forma en que el pupilo puede ser obligado a prestarla.

En ambos artículos se suprimen las expresiones "legítimo" y la palabras "o natural", en el último.

Artículo 412

Se refiere a los actos y contratos que no pueden celebrar los tutores y curadores, por tener interés en ellos, como también sus cónyuges y parientes legítimos y naturales.

Se adapta la disposición a la nueva terminología, ampliando así el número de parientes con quienes el guardador no puede contratar.

Artículo 428

Ubicado en el título relativo a las reglas especiales relativas a la tutela, señala que en lo tocante a la crianza y educación del pupilo, el tutor es obligado a conformarse con la voluntad de las personas encargadas de ellas, exigencia que no rige, según el inciso final, respecto del padre o madre que la ejerce.

En el proyecto se suprime el inciso final, en atención a que el artículo 219 entrega precisamente a los padres el cuidado y la crianza de los hijos, por corresponderle a ellos, conjuntamente, el ejercicio de la patria potestad, sin importar en el futuro la calidad del hijo.

Artículo 439

El menor que está bajo curaduría tiene las mismas facultades administrativas que el hijo de familia respecto de los bienes adquiridos por él en ejercicio de una profesión o industria.

La nueva disposición hace referencia al hijo sujeto a potestad.

Vuestra Comisión ha incluido los bienes adquiridos en ejercicio de un oficio o comercio.

Artículo 443

Ubicado en el párrafo relativo a la curaduría del disipador, dispone que el juicio de interdicción puede ser promovido, entre otros, por sus consanguíneos legítimos o por sus padres, hijos y hermanos naturales.

Se suprimen las expresiones "legítimos" y "naturales".

Artículos 448 y 450

Señala a quienes se deferirá la curaduría del disipador, correspondiendo, en primer lugar, al marido no divorciado, si la mujer no estuviera totalmente separada de bienes, siguiendo luego ciertos parientes legítimos.

La mujer, en cambio, no puede ser curadora de su marido disipador.

Se innova en esta materia en cuanto se establece que ningún cónyuge puede ser curador del otro declarado disipador (art. 250), lo que conlleva, necesariamente, la supresión del número 1° del artículo 448, artículo que fue objeto de algunas enmiendas formales por parte de vuestra Comisión.

La curaduría corresponderá a los ascendientes y en defecto de ellos, a los hermanos y otros colaterales hasta el cuarto grado.

Artículo 449

Dispone que el curador del disipador administra extraordinariamente la sociedad conyugal y ejerce de pleno derecho la tutela y curatela de los hijos que se encuentren bajo la patria potestad del disipador.

En este caso, la mujer mayor de edad tiene derecho a pedir separación de bienes, facultad que le confiere el actual artículo 450, no así el nuevo que se ha propuesto y aprobado.

Se propone que el curador ejerza la guarda de los hijos sólo en caso de que la madre no ejerza la patria potestad.

En este mismo artículo, cuando la disipadora es la mujer, se encarga al curador la tutela o curatela de los hijos que se encuentran bajo su patria potestad, clarificándose que ello será siempre que ésta no le correspondiere al padre.

Artículo 451

Consagra el derecho de los padres, legítimos o naturales, que ejerzan la curaduría del hijo disipador, de nombrar por testamento la persona que haya de sucederles en el cargo.

Se suprimen en este artículo las expresiones "legítimos o naturales"

Artículo 462

Ubicado en las reglas relativas a la curaduría del demente, indica a quienes se deferirá.

Las enmiendas tienen por objeto eliminar las menciones a los parientes legítimos o naturales.

Artículo 463

Se refiere a la mujer curadora de su marido demente.

Se elimina la frase "y ejercerá de pleno derecho la guarda de sus hijos menores", por improcedente, pues lo que le corresponde es el ejercicio de la patria potestad.

Artículo 485

Ubicado en las curadurías de bienes, se refiere a la persona a cargo de la cual están los bienes que han de corresponder al hijo póstumo.

Se adecua la disposición, indicando que estarán a cargo del curador designado por el padre, "siempre que no corresponda a la madre el ejercicio de la patria potestad".

Artículo 486

Dispone que la persona designada por el testamento del padre para la tutela del hijo, se presume designada para la curaduría de los derechos eventuales del hijo, si mientras él está en el vientre materno, fallece el padre, salvo que corresponda a la madre la patria potestad.

Es objeto de adecuaciones formales, sin alterar su fondo.

Artículo 497

Se refiere a las incapacidades para ser tutor o curador por defectos físicos o morales.

Es objeto de adecuaciones formales, para concordarlo con las modificaciones propuestas en el proyecto.

Artículo 500

Establece, como principio general, que no pueden ser tutores o curadores los que no hayan cumplido 21 años. Si ha recaído en un ascendiente o descendiente, legítimo o natural, menor de esa edad, se aguardará que la cumpla para deferirle el cargo.

Se suprime en la disposición la expresión "legítimo o natural".

Artículo 514

Indica qué personas pueden excusarse de la tutela y curaduría, entre ellas, según el N° 5°, las mujeres.

Se reemplaza ese numeral, para señalar que pueden hacerlo el padre o madre que tenga a su cargo el cuidado cotidiano del hogar.

Además de la enmienda anterior, se introducen otras para eliminar la expresión "legítimos".

Artículos 515, 516 y 518

Establecen reglas de detalle respecto de ciertas excusas.

Las enmiendas de que son objetos tienen por finalidad eliminar expresiones tales como "legítimos o naturales", "legítimo o natural", y "legítimo, ni un padre o hijo natural".

Derecho de Usufructo.

Artículo 766

Señala, entre otras cosas, que el usufructo se puede constituir de varios modos, entre ellos, por la ley, "como el del padre de familia sobre ciertos bienes del hijo".

El padre de familia, con el proyecto, ejerce un derecho real de goce sobre los bienes del hijo, no un usufructo sobre los mismos, razón por la cual se suprime la frase transcrita entre comillas (").

Artículo 810

Se refiere al "usufructo legal del padre o madre de familia" sobre ciertos bienes del hijo.

Por razones de concordancia, se cambia esa expresión por "El derecho legal de goce de los padres".

Derechos de uso y habitación.

Artículo 815

Dispone que en las necesidades personales del usuario o del habitador se comprenden las de su familia, la que comprende al cónyuge y los hijos legítimos y naturales...

La enmienda tiene por finalidad suprimir las expresiones "legítimos y naturales".

De la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos.

La expresión sucesión, en sentido estricto, evoca la idea de muerte y tiene un triple sentido. Designa la transmisión de todo o parte del patrimonio de una persona fallecida a una o más personas vivas, señaladas por el difunto o por la ley; sirve también para designar el patrimonio que se transmite, y señala, frecuentemente, el conjunto de los sucesores de una persona.

La sucesión por causa de muerte es uno de los modos de adquirir el dominio, según el artículo 588 del Código Civil.

El título de ella es el testamento o la ley.

Según el artículo 951, el título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos.

El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos.

Acorde con el artículo 952, si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria, y si es en virtud de la ley, intestada o abintestato. La sucesión de una persona puede ser parte testada y parte intestada.

La ley reglamenta dos clases de sucesión intestada: una regular, aplicable cuando el causante es hijo legítimo, y otra irregular, cuando el causante es hijo natural.

Los herederos abintestado concurren y son excluidos a través de los llamados órdenes de sucesión, formados por un grupo de parientes que excluyen a otro conjunto de parientes de la sucesión, pero que, a su vez, puede también ser excluido.

En la sucesión regular los órdenes son seis: el de los descendientes legítimos, el de los ascendientes legítimos, el de los hijos naturales, el del cónyuge sobreviviente, el de los colaterales legítimos y el del Fisco.

En la sucesión irregular, los órdenes son el de los descendientes legítimos, el de los hijos naturales, el de los padres naturales, el del adoptado, el de los hermanos, el del cónyuge y el del Fisco.

Se puede suceder a una persona a título universal o a título singular.

Según el artículo 953, se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley, o el testamento de una persona difunta, para suceder en sus bienes.

Con la palabra asignaciones se significan las asignaciones por causa de muerte. Asignatario es la persona a quien se hace la asignación.

Las asignaciones a título universal reciben el nombre de herencias y las asignaciones a título singular, legados. El asignatario de herencia se llama heredero, y el asignatario de legado, legatario.

El Código consagra un sistema de libertad restringida para testar.

Puede disponer libremente de sus bienes la persona que carece de asignatarios forzosos. El que los tiene, en cambio, sólo puede disponer libremente de una parte sus bienes, variable según haya dejado o no descendientes legítimos.

Existen, en la materia, las denominadas asignaciones forzosas, que define el artículo 1167 como las que el testador es obligado a hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas.

Son asignaciones forzosas los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, la porción conyugal, las legítimas y la cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes legítimos, de los hijos naturales y de los descendientes legítimos de estos últimos.

La porción conyugal, en conformidad con el artículo 1172, es aquella parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente.

La legítima, según el artículo 1181, es aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas personas llamadas legitimarios. Estos son, por consiguiente, herederos.

La cuarta de mejoras es una asignación forzosa que tiene lugar en la sucesión de los descendientes legítimos, de los hijos naturales y de los descendientes legítimos de estos últimos. Pueden ser asignatarios de ella, según el artículo 1184, el cónyuge o uno o más de sus descendientes legítimos, sean o no legitimarios, o sus hijos naturales o los descendientes legítimos de éstos.

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Según lo prescrito en el Mensaje, la reforma ha debido abordar -como era de esperar- los aspectos sucesorios, que se derivan del nuevo régimen de filiación. La tónica en esta materia, como en las anteriormente revisadas, ha sido la de dar a los hijos un mismo estatuto y, en consecuencia, lo que se ha hecho, fundamentalmente, es adecuar los órdenes de sucesión y las instituciones en que el concepto de legitimidad era determinante (representación, cuarta de mejoras, desheredamiento, entre otras). De lo anterior resulta que el proyecto no reconoce diferencia alguna entre los derechos hereditarios que correspondan a los hijos nacidos dentro del matrimonio y los que hubieren nacido fuera de éste. Se concluye, de esta forma una larga e interesante evolución habida en el derecho sucesorio chileno, en virtud de la cual los hijos concebidos fuera del matrimonio han ido accediendo a posiciones más equitativas, aunque aún discriminatorias.

En lo que respecta a los órdenes de sucesión, el proyecto introduce, además de los ajustes ya mencionados, una modificación que tiende a mejorar la situación del cónyuge sobreviviente. En efecto, el segundo orden de sucesión intestada -en que actualmente son cabeza de orden los ascendientes legítimos de grado más próximo, con quienes concurren el cónyuge sobreviviente y los hijos naturales- se ha dejado para los ascendientes y el cónyuge sobreviviente, quienes se distribuirán la herencia en partes iguales. A falta de aquéllos o de éste, pertenecerá toda la herencia a los ascendientes o al cónyuge. Sólo si el causante no hubiere dejado descendientes, ascendientes ni cónyuge, entran a sucederle los hermanos.

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Durante el estudio de esta materia en la Comisión se formularon diversas interrogantes sobre las proposiciones planteadas en el Mensaje, especialmente en cuanto al propósito de favorecer al cónyuge sobreviviente, estimándose que la normativa sugerida era insuficiente para lograr esa meta.

Por tal razón, se optó en definitiva por sustituir, por la vía de la indicación, toda la normativa relativa a sucesiones.

La que se analizará a continuación corresponde a la propuesta en esa indicación y no la del Mensaje.

Comprende desde los numerales 70 al 108.

Se indicará, en cada caso, el número del artículo pertinente del Código Civil.

Artículo 959

Indica cuáles son las deducciones que es menester practicar para determinar los bienes de que dispone el causante, entre ellas, la porción conyugal a que hubiere lugar, en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes "legítimos".

Se suprime el numeral 5°, relativo a la porción conyugal, como consecuencia, como luego se verá, de la supresión de esta asignación forzosa.

Artículo 968

Para suceder es necesario que concurran dos requisitos generales, capacidad y dignidad.

La indignidad es la falta de mérito para suceder o, dicho de otra forma, es una sanción que consiste en excluir de la sucesión a un asignatario, como consecuencia de haber cometido actos que importan un grave atentado contra el difunto o un olvido de sus deberes para con éste.

Entre estas causales de indignidad está la que afecta al que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes "legítimos", con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada.

Se suprime la expresión "legítimos".

Artículo 983

Señala quienes son llamados a la sucesión intestada del difunto: sus descendientes, sus ascendientes, el cónyuge sobreviviente, sus colaterales, el adoptado, en su caso, y el Fisco.

Se elimina, en consecuencia, la mención a los parientes legítimos y a los padres, hijos y hermanos naturales.

Artículo 986

De acuerdo con el artículo 984, se puede suceder abintestato, ya por derecho personal, ya por derecho de representación.

Suceder por derecho personal significa hacerlo a nombre propio, directamente.

Suceder por representación significa suceder en lugar de otra persona, ocupando su sitio, sustituyéndolo en los casos que autoriza la ley.

La representación, según el artículo citado, es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder.

Se puede representar a un padre o madre que, si hubiese querido o podido suceder, habría sucedido por derecho de representación.

El artículo que se modifica señala que hay siempre lugar a la representación en la descendencia "legítima" del difunto, en la descendencia "legítima" de sus hermanos "legítimos", y en la descendencia "legítima" de sus hijos y hermanos naturales.

Fuera de esas descendencias no ha lugar a la representación.

Este artículo es sustituido con el fin de señalar que hay siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos.

Artículo 988

Establece el primer orden de la sucesión regular, el de los descendientes legítimos.

En su reemplazo, se propone un nuevo artículo que dispone que los hijos excluyen a todos los otros herederos, a menos que hubiere cónyuge sobreviviente, caso en el cual, éste concurrirá con aquéllos, distribuyéndose la herencia por partes iguales entre todos ellos.

En la actualidad, la disposición vigente señala que los hijos legítimos excluyen a todos los otros herederos, a menos que hubiere hijos naturales, caso en el cual éstos concurrirán con aquéllos, sin perjuicio de la porción conyugal que corresponda al cónyuge sobreviviente.

Artículo 989

Regula el segundo orden de la sucesión regular, el de los ascendientes legítimos.

Si el difunto no ha dejado posteridad legítima, le sucederán sus ascendientes legítimos de grado más próximo, su cónyuge y sus hijos naturales. La herencia se dividirá en tres partes, una para los ascendientes legítimos, una para el cónyuge y otra para los hijos naturales.

No habiendo cónyuge sobreviviente, o no habiendo hijos naturales, la herencia se divide por mitades, una para los ascendientes y otra para los hijos naturales o para el cónyuge.

No habiendo cónyuge ni hijos naturales, pertenece toda la herencia a los ascendientes legítimos.

Habiendo un solo ascendiente en el grado más próximo, sucederá éste en todos los bienes, o en toda la porción hereditaria de los ascendientes.

En reemplazo de esa disposición, vuestra Comisión ha acogido una indicación, formulada con el propósito de beneficiar al cónyuge sobreviviente, por la cual se distribuye la herencia de la forma siguiente:

Si el difunto no ha dejado posteridad, le sucederán el cónyuge sobreviviente y sus ascendientes de grado más próximos. La porción de los ascendientes será la mitad de lo que corresponde al cónyuge sobreviviente. A falta de aquél o de éstos, pertenecerá toda la herencia al cónyuge o a los ascendientes.

Artículo 990

Se refiere al tercer orden de sucesión regular, el de los hijos naturales.

En su reemplazo, se propone un artículo que indica que si el difunto no hubiere dejado descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, le sucederán sus hermanos, comprendiendo a los que lo sean por parte de padre o por parte de madre, pero la porción del hermano paterno o materno será la mitad de la porción del hermano carnal, esto es, hermano de padre y madre.

Artículo 991

Se deroga, por haber perdido vigencia, de acuerdo con los nuevos órdenes sucesorios.

Contemplaba el cuarto orden de la sucesión regular, el del cónyuge y de los hermanos legítimos.

Artículo 992

Contempla el quinto orden de sucesión regular o de los colaterales legítimos.

Rige a falta de descendientes, ascendientes y hermanos legítimos, de cónyuge sobreviviente y de hijos naturales.

Se propone que a falta de descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos, sucedan al difunto los otros colaterales de grado más próximo, sean de simple o doble conjunción, hasta el sexto grado inclusive, esto es, hasta los llamados "primos en segundo grado".

Artículo 993

Se deroga, por haber perdido vigencia.

Se refiere a los órdenes de sucesión irregular del hijo natural, la que desaparece, razón por la cual no se comenta en detalle.

Artículo 998

Dispone que en la sucesión abintestato de un extranjero fallecido dentro o fuera del territorio nacional, los chilenos tendrán, a título de herencia, "de porción conyugal" o de alimentos, los mismos derechos que según las leyes chilenas les corresponderían en la sucesión intestada de un chileno.

Se suprime la expresión "de porción conyugal", en atención a la supresión de esta asignación forzosa.

Artículo 1016

Se refiere a las menciones que debe contener el testamento, entre ellas, la referente a los habidos "o legitimados" en cada matrimonio.

Se suprime la expresión "o legitimados", por haber desaparecido esta figura jurídica.

Artículo 1107

Se refiere a las asignaciones a título singular o legados, específicamente, al legado de especie que no es del testador o del asignatario a quien se impone la obligación.

La regla general es que este legado es nulo, salvo, entre otros casos, que se haga a un descendiente o ascendiente "legítimo" del testador o de su cónyuge.

Se suprime la expresión "legítimo".

Artículo 1162

Esta ubicado en el párrafo relativo a las sustituciones, que es el llamamiento que hace el testador para el caso de que falte el asignatario directo o para el caso de cumplirse una condición.

La sustitución debe ser expresa. Es por ello que este artículo previene que si el asignatario fuere descendiente "legítimo" del testador, los descendientes "legítimos" del asignatario no por eso se entenderán sustituidos a éste; salvo que el testador haya expresado voluntad contraria.

Se suprimen las expresiones "legítimo" y "legítimos".

Artículo 1167

Se refiere a las asignaciones forzosas que son, como ya se ha dicho, los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, la porción conyugal, las legítimas y la cuarta de mejoras.

Es objeto de dos modificaciones.

La primera, para suprimir la mención a la porción conyugal (numeral 2°).

La segunda, para sustituir el numeral 4°, que pasa a ser 3°, relativo a la cuarta de mejoras "en la sucesión de los descendientes legítimos, de los hijos naturales y de los descendientes legítimos de estos últimos".

Se le reemplaza por otro que hace mención, pura y simplemente, a la cuarta de mejoras.

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A continuación, vuestra Comisión ha aprobado, como numeral 84, uno que suprime el párrafo 2 del título V del Libro III, relativo a la porción conyugal, con lo cual desaparecen los artículos 1172 al 1180.

La supresión de esta asignación forzosa es una consecuencia de los nuevos derechos que se confieren al cónyuge sobreviviente.[16]

Artículo 1178

Señala en qué consiste la porción conyugal.

Es, por lo general, la cuarta parte de los bienes de la persona difunta, en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes legítimos.

Si los hay, el cónyuge es contado entre los hijos y recibe como porción conyugal el doble de lo que por legítima efectiva o rigorosa corresponde a cada hijo legítimo, Si hubiere uno, la porción conyugal será igual a la legítima efectiva o rigorosa de ese hijo.

Se propone eliminar en él las palabras "legítimos" y "legítimo".

Vuestra Comisión ha procedido a rechazar esta modificación, contenida en el numeral 85, atendido el hecho de que en el numeral anterior se ha suprimido todo el párrafo que regula la porción conyugal, entre ellos, el artículo que se modifica.

Artículo 1182

Indica quienes son legitimarios, esto es, quienes son las personas a las cuales la ley asigna aquella parte de los bienes de un difunto llamada "legítimas".

Tienen ese carácter los hijos legítimos, personalmente o representados; los ascendientes legítimos; los hijos naturales personalmente o representados por su descendencia legítima y los padres naturales que hayan reconocido voluntariamente al hijo.

En reemplazo de esa disposición, se propone otra que considera legitimarios a los hijos, personalmente o representados; a los ascendientes y al cónyuge sobreviviente.

Artículo 1184

Se refiere a la legítima, que es la mitad de los bienes del causante, previas las deduccciones y agregaciones pertinentes, la que se divide por cabeza o por estirpe entre los legitimarios, de acuerdo con las reglas de la sucesión intestada.

No habiendo descendientes legítimos con derecho a suceder, la mitad restante es la porción de bienes de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio.

Si los hay, la masa de bienes se divide en cuatro partes: dos para las legítimas rigorosas; otra para las mejoras y, otra, de la cual puede disponer el causante a su arbitrio.

La legítima efectiva es la porción que corresponde a un legitimario en la mitad legitimaria, aumentada proporcionalmente con los bienes de que el testador pudo disponer a título de mejoras o con entera libertad, y no dispuso o no tuvo efecto la disposición, como lo establece el artículo 1191.

Atendida la calidad de legitimario que se ha dado al cónyuge, se propone sustituir los incisos segundo y tercero de este artículo, con el fin de establecer que, no habiendo descendientes con derecho a suceder, ni cónyuge sobreviviente, la mitad restante es la porción de bienes de que el difunto ha podido disponer.

Habiendo tales descendientes y cónyuge, la masa de bienes se divide en cuatro partes, como es ahora.

La cuarta de mejoras puede servir para favorecer al cónyuge o a uno o más de sus descendientes, sean o no legitimarios.

Artículo 1185

Dispone que para calcular las cuartas ya reseñadas, se acumulan imaginariamente al acervo líquido todas las donaciones revocables o irrevocables, hechas en razón de legítimas y de mejoras, según el valor que hayan tenido las cosas donadas al tiempo de la entrega, y las deduccciones que se hagan a la sociedad conyugal.

Se ha propuesto eliminar en este artículo la frase final del inciso primero, que dice: "y las deducciones que, según el artículo 1176, se hagan a la porción conyugal", como consecuencia de la supresión de esta asignación.

Vuestra Comisión ha optado por sustituir en su integridad el inciso primero de este artículo, con el fin de considerar esa modificación y otra, contenida en la moción presentada por los Diputados señores Aníbal Pérez, Sergio Elgueta, Rubén Gajardo, Pedro Muñoz, Teodoro Ribera, Carlos Valcarce, y señora Martita Wörner (BOL. 1128-07), que modifica el artículo 1185 del Código Civil, con el objeto de establecer la reajustabilidad de las donaciones revocables e irrevocables que se acumulan imaginariamente al acervo líquido.

La nueva disposición establece que para computar las cuartas de que habla el artículo anterior, se acumularán imaginariamente al acervo líquido todas las donaciones revocables e irrevocables, hechas en razón de legítimas o de mejoras, "según el valor que hayan tenido las cosas donadas a la época de la muerte del causante".

Artículo 1190

Regula el incremento de la legítima rigorosa por falta de otros legitimarios, sea por incapacidad, indignidad o desheredamiento, o por haber sido repudiada, caso en el cual la mitad legitimaria se distribuye entre los otros legitimarios con prescindencia de aquéllos.

La enmienda tiene por finalidad eliminar la referencia a la porción conyugal.

De esta forma, el todo o parte que no han llevado estos legitimarios contribuye a formar las legítimas rigorosas de los otros.

Artículo 1195

Se refiere a la cuarta de mejoras.

En la actualidad, el donante o testador puede distribuirla como quiera entre sus hijos legítimos y naturales, los descendientes legítimos de uno y otro, y su cónyuge.

Los gravámenes que se impongan a los partícipes de ella pueden caer en cualquiera de los mencionados.

Se propone sustituir este artículo, con el fin de establecer que de la cuarta de mejoras puede hacer el donante o testador la distribución que quiera entre sus descendientes y su cónyuge, pudiendo imponerse gravámenes en favor de cualquiera de los asignatarios.

Artículo 1200

Se refiere a las donaciones que se hagan a título de legítimas.

En el caso del donatario descendiente legítimo o hijo natural que ha llegado a faltar por no haber adquirido la calidad de legitimario o por haberla perdido, estas donaciones se imputarán a la de sus descendientes legítimos.

Se propone reemplazar esa disposición, contenida en el inciso tercero, con el fin de señalar que si el donatario ha llegado a faltar, las donaciones imputables a su legítima se imputarán a la de sus descendientes.

Artículo 1201

Se refiere a la resolución de las donaciones a título de mejoras a una persona, que se creía hijo legítimo o natural del donante o de un descendiente legítimo y no lo era, o en caso de faltar el donatario.

Se propone que la resolución de estas donaciones tenga lugar cuando se hicieren a una persona que se creía descendiente del donante y no lo era, o cuando falte el donatario o alguno de sus descendientes.

Artículo 1203

Se refiere a los desembolsos hechos para el pago de las deudas de un legitimario, que sea "hijo legítimo o natural o descendiente legítimo de alguno de ellos", los que se imputarán a su legítima, en cuanto hayan sido útiles para el pago de esas deudas.

Se sustituye la frase entre comillas (") por la palabra "descendiente".

Artículo 1204

Se refiere a la promesa hecha por el difunto, mediante escritura pública entre vivos, a un hijo legítimo o natural o a alguno de los descendientes legítimos de éstos, que a la sazón era legitimario, de no disponer de la cuarta de mejoras.

Se modifica este artículo, con el fin de hacer referencia al cónyuge o a uno de los ascendientes del difunto, como destinatarios de la promesa en cuestión.

Artículo 1208

Se refiere a las causales de desheredamiento.

El desheredamiento, según el artículo 1207, es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado de todo o parte de su legítima.

Para que proceda, se requiere de una cláusula testamentaria, de una causa legal, de la especificación de la causal y de la prueba de la misma.

Las enmiendas no tienen otro propósito que eliminar la palabra "legítimos" y rectificar algunas referencias, para que concuerden con el nuevo articulado aprobado.

Artículo 1220

Ubicado en el párrafo relativo a la reforma del testamento, dispone que si el que tiene hijos "legítimos o naturales" o descendientes "legítimos" de aquéllos o de éstos, dispusiere de cualquier parte de la cuarta de mejoras en favor de otras personas, los legitimarios tienen derecho a que se reforme el testamento y se les adjudique dicha parte.

Se modifica la disposición con el fin de hacer mención, únicamente, al cónyuge y a los descendientes,

Artículo 1221

Se deroga, como consecuencia de la supresión de la porción conyugal y por haber quedado comprendido, en parte, en el artículo anterior.

Dispone que el cónyuge sobreviviente tendrá acción de reforma para la integración de su porción conyugal y de la cuarta de mejoras, en su caso.

Artículo 1337

Ubicado en el título relativo a la partición de bienes regula la forma en que el partidor de la herencia liquidará lo que a cada uno de los coasignatarios corresponde.

Se propone agregar un numeral nuevo y final, destinado a salvaguardar los derechos del cónyuge sobreviviente e impedir que se vea privado de su hogar, quien tendrá derecho a que su cuota hereditaria o la de gananciales, o una u otra, se enteren o solucionen, atribuyéndole el usufructo del patrimonio familiar, aunque éste no haya sido determinado judicialmente, incluso, en el caso de que sus derechos hereditarios sean inferiores a su valor.

Artículo 1424

Ubicado en el título relativo a las donaciones entre vivos, dispone que estas no son resolubles porque después de ella le haya nacido al donante uno o más hijos legítimos, a menos que esta condición resolutoria se haya expresado en la escritura pública de donación.

La enmienda no tiene otra finalidad que eliminar la palabra "legítimos".

Artículo 1431

Se refiere a la imposibilidad del donante para revocar una donación por ingratitud, caso en el cual la acción pueden ejercerla, a su nombre, mientras viva y dentro del plazo legal, no sólo su guardador, sino cualquiera de sus descendientes o ascendientes legítimos, o su cónyuge[17]

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En el proyecto se han hecho, además, algunos ajustes en aquellos materias relacionadas con obligaciones y contratos en que incide el estado filiativo de las personas.

Se refieren a esta materia los numerales 101 al 111.

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De las obligaciones en general y de los contratos

Artículo 1437

Indica la forma en que nacen las obligaciones, entre ellas, por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia.

La modificación tiene por objeto reemplazar la expresión "hijos de familia" por "los hijos sujetos a patria potestad".

Se aprobó en los términos propuestos por unanimidad.

Artículo 1579

Ubicado en el párrafo relativo a quien debe hacerse el pago, establece quienes lo reciben legítimamente, entre ellos, "los padres o madres de familia por sus hijos".

Esa expresión se sustituye por "los padres o madres que ejerzan la patria potestad".

Se aprobó por unanimidad, en los términos propuestos.

De la compraventa

Artículo 1796

Establece que es nulo el contrato celebrado entre cónyuges no divorciados perpetuamente y entre el padre o madre y el hijo "de familia".

Se reemplaza esta última expresión, por la de "sujeto a patria potestad".

Se aprobó por unanimidad, en los términos propuestos.

Del contrato de arrendamiento

Artículo 1969

Establece las normas a que se sujetarán los contratos de arrendamiento hechos por determinadas personas, entre ellas, por el padre o madre "de familia" como administradores de los bienes del hijo.

Se suprime la expresión transcrita entre comillas (").

Se aprobó por unanimidad, en los términos propuestos.

De la constitución del censo

Se contrae un censo cuando una persona toma la obligación de pagar a otra un rédito anual, reconociendo el capital correspondiente, y gravando una finca suya con la responsabilidad del rédito y del capital.

De todo censo que pertenezca a una persona natural o jurídica, sin cargo de restitución o transmisión, y sin otro gravamen alguno, podrá disponer el censualista (el acreedor) entre vivos o por testamento, o lo transmitirá abintestato, según las reglas generales.

En los casos de transmisión forzosa en que haya de sucederse perpetuamente o hasta un límite designado, el orden de sucesión será el establecido por el acto constitutivo del censo o de la antigua vinculación que se haya convertido en él y, en lo no previsto, se observará el orden regular de sucesión que describe el artículo 2045, que se modifica, con el único propósito de suprimir en él la palabra "legítima", todas las veces que se emplea para referirse a la descendencia.

Se aprobó en los términos propuestos, por unanimidad.

Artículos 2049 y 2050

Se derogan, por referirse a los hijos legítimos, legitimados, naturales e ilegítimos, diferenciación que ha desaparecido con el proyecto.

De la prelación de créditos

Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes del deudor, salvo los no embargables. Es lo que se conoce con el nombre de derecho general de prenda.

Artículo 2466

Establece, entre otras cosas, que no será embargable el "usufructo" del marido sobre los bienes de la mujer, ni el del padre o madre "de familia" sobre los bienes del hijo, ni los derechos reales de uso y habitación.

Se sustituye este inciso, con el fin de hacer mención expresa al derecho legal de goce, en vez de usufructo, y para eliminar la expresión hijo de familia, haciéndose una mención genérica al hijo.

Vuestra Comisión, en concordancia con otras modificaciones de similar contenido, ha preferido emplear la expresión "hijo sujeto a patria potestad".

Se aprobó por unanimidad, en los términos propuestos.

Artículo 2481

Las causas de preferencia que tienen los acreedores para hacer efectivos sus créditos son el privilegio y la hipoteca. Gozan de privilegio los créditos de primera, segunda y cuarta clase.

En su número 4º contempla los de los "hijos de familia" por los bienes de su propiedad que fueren administrados por el padre o madre, sobre los bienes de éstos".

La enmienda tiene por finalidad sustituir la expresión "de familia" por "sujetos a patria potestad".

Se aprobó por unanimidad en los términos propuestos.

Artículo 2483

Establece que determinadas preferencias, entre ellas, las establecidas en favor de los hijos de familia, se entienden constituidas a favor de los bienes raíces o de derechos reales en ellos que pertenezcan a los respectivos hijos de familia.

En lo que respecta a la preferencia de cuarta clase, esta se extiende a los derechos y acciones de los hijos de familia contra sus padres, por culpa o dolo en la administración de los respectivos bienes.

En vez de la referencia a los hijos de familia, se hace otra a los hijos sujetos a patria potestad.

Se aprobó en los términos propuestos.

Artículo 2485

Dispone que la confesión del marido, del padre o madre de familia o del tutor o curador fallidos, no hace prueba por sí sola contra los acreedores.

Se cambia la expresión del padre o madre de familia por "los padres que ejerzan la patria potestad".

Se aprobó en los términos propuestos.

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En el proyecto ha sido necesario, también, introducir reformas en numerosas leyes especiales e incorporar una norma de clausura, mediante la cual, cada vez que alguna norma del ordenamiento jurídico haga diferencias entre hijos legítimos y naturales, debe ser interpretada sin tomar en cuenta dicha distinción.

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Artículo 2º del proyecto

Contiene las modificaciones a la Ley del Registro Civil.

Artículo 6º

Establece qué documentos deben inscribirse en el registro de la comuna en que se hubiere inscrito el nacimiento: la escritura pública de legitimación, la escritura pública de repudiación, la escritura pública o el testamento en que se reconoce a un hijo natural; la escritura pública de repudiación de este reconocimiento, la escritura pública de emancipación voluntaria de un hijo legítimo, la sentencia en que se declare o altere el estado civil de hijo legítimo o natural, así como la sentencia que decrete la emancipación judicial.

Como consecuencia de las modificaciones previstas en el artículo 1º del proyecto, se le sustituye, para hacer mención sólo a aquellos instrumentos en que se declare o conste la filiación de un hijo, debiendo subinscribirse al margen las que declaren la emancipación.

Artículo 17

Establece, como regla general, que las inscripciones no pueden ser alteradas ni modificadas sino en virtud de una sentencia judicial.

En caso de errores u omisiones manifiestas, acepta su modificación por la vía administrativa.

Se propone facultar al Director para ordenar, de oficio, la rectificación de una inscripción en que aparezca el reconocimiento de un hijo, con el objeto de asignar al inscrito el o los apellidos que le correspondan, los nombres y apellidos de sus padres, o el del padre o madre que le haya reconocido.

Artículo 18

Regula las rectificaciones de una inscripción por la vía judicial, después de oír al Registro Civil antes de dictar sentencia, salvo que la rectificación se funde en "legitimaciones o" reconocimientos de hijos.

La modificación sólo elimina las expresiones transcritas entre comillas, ya que ese trámite ha sido suprimido.

Artículo 20

Se suprime la disposición que permite otorgar copias de las inscripciones relativas a partidas de nacimiento de hijos legitimados o reconocidos como naturales, sin dejar constancia de las subinscripciones correspondientes que las acrediten, por haber desaparecido ambos actos, el de legitimación y el de reconocimiento de un hijo como natural.

Artículo 29

Indica quienes están obligados a requerir la inscripción de los nacimientos.

Se agrega un inciso, con el fin de exigir que ella sea notificada a la madre, salvo en el caso de su reconocimiento expreso o si quien ha denunciado el nacimiento fuere el marido.

Se ha aprobado cambiando la expresión notificada por comunicada.

Artículo 30

Indica quienes pueden requerir la inscripción de un hijo "legítimo".

La enmienda suprime la expresión "legítimo".

Artículo 31

Señala las menciones que debe contener una inscripción, entre ellas, los nombres, apellidos, nacionalidad, profesión u oficio y domicilio de los padres, si el recién nacido fuese hijo "legítimo", y si fuese "ilegítimo", los del padre o madre que le reconozca o haya reconocido.

Se reemplaza esta mención por otra que hace referencia a los padres, o a los datos que permitan individualizar al padre o madre que haya reconocido al hijo nacido fuera del matrimonio.

Artículo 32

Se refiere al reconocimiento de un hijo en el momento de la inscripción del matrimonio.

Es objeto de un cambio en cuanto a la cita legal que contiene.

Artículo 33

Se ha incorporado, como inciso de este artículo, la situación prevista en el artículo 205 del Código Civil, para resolver los casos en que un menor aparezca inscrito como hijo de padre o madre desconocidos. En tal caso, el Registro Civil debe comunicarlo al Servicio Nacional de Menores para que procure, en los casos en que el menor se encuentre bajo su cuidado o protección, la determinación de la paternidad o maternidad y su reconocimiento.

Artículos 37 y 38

Se derogan, por referirse al trámite de la legitimación de un hijo, el que ha sido suprimido.

Vuestra Comisión ha aceptado derogar el primero, no así el segundo, que lo ha modificado, para sustituir sus dos incisos por el siguiente:

"Artículo 38.- En el acto del matrimonio podrán los contrayentes pactar separación de bienes o participación en los gananciales".

Lo anterior, con el fin de adecuarlo a las enmiendas que sufriera en la ley que modificó el Código Civil en materia de régimen patrimonial de matrimonio.

Artículo 39

Se refiere a las menciones de las inscripciones de matrimonio.

Se propone suprimir su numeral 10, que indica que ella debe contener el nombre de los hijos legítimos que hayan reconocido los contrayentes en el acto del matrimonio.

Vuestra Comisión lo ha dejado vigente, con la sola supresión de la expresión "legítimos".

Artículo 86

Impone a los oficiales del Registro Civil la obligación de llevar libros para autorizar...escrituras públicas de reconocimiento "o de legitimación" de hijos.

La modificación tiende a suprimir la expresión destacada entre comillas ("), por haber perdido vigencia.

Todas estas enmiendas fueron aprobadas por unanimidad.

Artículo 3º del proyecto

Contiene modificaciones a la ley que autoriza el cambio de nombres y apellidos, en los casos que ella señala.

Artículo 1º

Menciona, entre los casos que hacen procedente el cambio, el que tiene lugar cuando se trate de filiación natural o de hijos ilegítimos, calidades que con el proyecto desaparecen.

Se propone, en reemplazo de esta causal, que ella opere en los casos en que la naturaleza de la filiación fuera no matrimonial, para los efectos de agregar o cambiar un apellido.

Artículo 4º

Dispone que el cambio de apellido no puede hacerse extensivo a los padres del solicitante ni alterará la filiación, pero alcanzará a los descendientes legítimos del solicitante sujetos a patria potestad y a los demás ascendientes que consientan en ello.

Se reemplaza el inciso, para dejar establecido que el cambio de apellido no se hace extensivo a los padres ni altera la filiación, pero alcanza a los descendientes sujetos a patria potestad.

Todas estas modificaciones fueron aprobadas por unanimidad.

Artículo 4º del proyecto.

Deroga la ley Nº 17.999, que declara que las declaraciones que se efectúen para legitimar un hijo o para reconocer a un hijo natural, tienen el mérito de instrumento público o escritura pública.

La supresión obedece al hecho de haber incorporado esta normativa, en lo pertinente, en el nuevo artículo 184 del Código Civil.

Se aprobó por unanimidad, en los términos propuestos.

Artículo 5º del proyecto.

Modifica la Ley de Adopción, con el fin de suprimir en ella las expresiones "legítima", en su artículo 2º; "legítimos", en sus artículos 2º, 12, 14, 23 y 26; "legítimos o naturales" en su artículo 29; y "legítimo" en sus artículos 29 y 31.

Al margen de lo anterior, sustituye su artículo 24, con el objeto de precisar los derechos del adoptado en la sucesión intestada del adoptante, en concordancia con las nuevas normas que se han propuesto en materia de sucesión.

En la actualidad, el adoptado era tenido como hijo natural para estos efectos.

A futuro, será tenido como hijo, pero recibirá sólo la mitad de lo que corresponda a un hijo, sin que en conjunto puedan llevar más de la cuarta parte de la herencia.

En el caso del artículo 989, no habiendo hijos, concurre con los ascendientes y el cónyuge sobreviviente. La herencia se divide en seis partes; tres para los ascendientes, dos para el cónyuge y una para el adoptado.

No habiendo ascendientes o no habiendo cónyuge sobreviviente, se divide la herencia por mitades.

En el caso del artículo 990, concurre con los hermanos, correspondiendo tres cuartas partes al adoptado y el otro cuarto a los hermanos. No habiendo hermanos, lleva toda la herencia.

Lo dicho antes no otorga al adoptado el carácter de legitimario.[18]

Se aprobaron estas enmiendas por unanimidad.

Artículo 6º del proyecto

Modifica la Ley sobre Adopción de Menores, para eliminar de ella las palabras "legítimo", y para sustituir la expresión "padres legítimos" por "padres de origen".

Se aprobaron estas enmiendas por unanimidad.

Artículo 7º del proyecto

Modifica la Ley de Menores.

Artículo 26

Señala la competencia de los jueces de letras de menores.

Las enmiendas tienen por objeto modificar y ampliar su competencia.

Su Nº 1) les faculta para determinar a quien corresponde la tuición de los menores, "declarar la suspensión o pérdida de la patria potestad", y autorizar la emancipación.

Se les amplía su competencia, para que puedan conocer "de las cuestiones que se susciten en relación con el ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad".

En cuanto a la atribución que tienen para resolver sobre la vida futura del menor, cuando éste se encontrare en peligro material o moral, se le sustituye por otra que les permite resolver sobre esta misma materia, cuando los padres así lo requirieren, por los mismos motivos, por el tiempo que estime más conveniente, el que no podrá exceder del que le falte para cumplir 18 años.

Por último, se agregan dos nuevas atribuciones:

-- Determinar la contribución de los padres para subvenir a los gastos de crianza, educación y alimentación de los hijos menores, a falta de acuerdo entre ellos, y

-- Disponer las medidas necesarias para resguardar a los menores de las correcciones excesivas de sus padres y decretar las sanciones pertinentes.

Artículo 46

Hace extensivas las reglas sobre cuidado personal de los hijos, establecidas para el evento de separación de los padres o de inhabilidad física o moral, a los casos de nulidad de matrimonio, separación de hecho o convencional y a aquéllos en que los padres no estén unidos en matrimonio.

Artículo 47

No considera abandono del menor el hecho de colocarlo en casa de terceros.

Es objeto de una simple modificación de cambio de referencia legal.

Artículo 48

Regula el régimen de visitas al menor, para el caso de que se le confiare a alguno de sus padres o a un tercero, el que se hace extensivo a los ascendientes y descendientes legítimos.

La enmienda suprime la palabra "legítimos".

Artículo 49

Regula la salida de menores al extranjero.

En el caso de que la tuición del hijo "legítimo" no haya sido confiada por el juez a alguno de sus padres o a un tercero, no puede salir sin la autorización de ambos padres.

Se elimina la palabra "legítimo", exigiéndose, en cuanto corresponda, la autorización de aquel que lo hubiere reconocido voluntariamente.

Su inciso cuarto, que se refiere a la salida del país de un hijo natural, se deroga, por haber perdido vigencia.

Se aprobaron las enmiendas indicadas por unanimidad.

Artículo 8º del proyecto

Contiene las modificaciones a la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.

Artículo 3º

Se modifica, en cuanto otorga competencia para conocer de la gestión de reconocimiento forzado de hijo natural, al juez que sea competente para conocer de la demanda de alimentos.

La enmienda es una consecuencia de la supresión de la calidad de hijo natural.

En este mismo artículo se señala que para decretar los alimentos cuando un menor los solicite de su padre o madre "legítimo, natural o ilegítimo o adoptivo", se presumirá que el alimentante tiene los medios para otorgar los alimentos necesarios.

Se suprime en este inciso la frase transcrita entre comillas (").

En este mismo inciso, vuestra Comisión ha acordado suprimir la palabra "necesarios", dado el hecho de que ha desaparecido la clásica distinción entre alimentos congruos y necesarios.

Artículo 4º

Reconoce el derecho a alimentos a la madre del hijo que está por nacer.

En el caso de los hijos ilegítimos, este derecho sólo procederá en aquellos casos en que es posible establecer la paternidad o maternidad conforme con el artículo 280 del Código Civil.

Se suprime este inciso, acorde con las nuevas normas sobre filiación.

Artículo 15

Regula los apremios que pueden decretarse en contra del alimentante que no cumpla su obligación en la forma ordenada o hubiere dejado de efectuar el pago de las pensiones decretadas.

Este apremio procede en el caso de alimentos decretados en favor del cónyuge, de los padres o hijos legítimos o naturales, o del adoptado, de la madre ilegítima o de los hijos ilegítimos reconocidos para los efectos de alimentos.

Se sustituye su inciso primero, con el objeto de efectuar una mención genérica a los hijos y suprimir la relativa a la madre ilegítima e hijos ilegítimos.

Se aprobaron por unanimidad, en la forma indicada.

Artículo 9º

Modifica la Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.

Artículo 2º

Establece la escala progresiva sobre la base de la cual se aplicará el impuesto que afecte a cada asignación o donación.

En el caso particular de las asignaciones que correspondan al cónyuge y a cada ascendiente "legítimo, o padre o madre natural, o adoptante, o a cada hijo legítimo o natural, o adoptado, o a la descendencia legítima de ellos", están exentas de este impuesto en la parte que no exceda de cincuenta unidades tributarias anuales. Si se trata de una donación, la exención sube a cien unidades tributarias anuales.

La enmienda sólo tiene por finalidad adecuar la terminología empleada.

Vuestra Comisión ha precisado que ella incide en el inciso segundo de este artículo y no en el décimo, como se indica.

Artículo 26

La regla general es que el heredero no pueda disponer de los bienes de la herencia sin haber inscrito antes la resolución que da la posesión efectiva de la misma.

Lo anterior no rige, entre otros casos, respecto de los hijos legítimos o naturales cuando deban percibir de las Cajas de Previsión o de los empleadores o patrones sumas no superiores a cinco unidades tributarias anuales.

Se aprobaron por unanimidad, en los términos indicados.

Disposiciones transitorias

Artículo 1º

Acorde con los principios que informan esta iniciativa legal en materia de filiación, se dispone, perentoriamente, que todos los que posean la calidad de hijo natural a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, tendrán los derechos que esta confiere para todos los hijos, cualquiera que sea el origen de su filiación, con la salvedad de los derechos hereditarios, que se regirán por la ley vigente al fallecimiento del causante.

Se aprobó en los términos propuestos.

Artículo 2°

Contempla dos órdenes de materias, ambas aprobadas en los términos propuestos.

La dictación de sentencias ejecutoriadas dictadas al amparo de las normas que esta ley deroga, no impiden el ejercicio de las acciones relativas a la filiación, en cuanto se funden en las nuevas pruebas que se consagran, ni aun cuando exista identidad legal de personas.

La disposición es genérica y se aplica a todo tipo de hijos.

Por vía ejemplar y para el caso particular de los hijos ilegítimos que hayan ejercido los derechos pertinentes para obtener su reconocimiento con fines alimentarios, se indica que cualquiera que fuere el resultado obtenido, podrán, pues, invocando las nuevas pruebas, acceder al estado civil de hijo.

Artículo 3°

Es un artículo nuevo, destinado a complementar las normas de clausura que se consultan en el proyecto.

Elimina las expresiones legítimos, naturales e ilegítimos relativas a parientes, padre, madre e hijos, de todas las disposiciones legales que las contemplen.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 4°

Corresponde el artículo 3° del proyecto.

Faculta al Presidente de la República para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil y sus leyes complementarias contenidas en su apéndice.

Esta disposición fue aprobada por unanimidad, con las siguientes enmiendas.

Se extiende la facultad presidencial para fijar el texto refundido de las leyes complementarias al Código Civil, sin limitarla a las que figuren en su anexo.

Se agregan, además, aquellas normas legales que contemplen los parentescos y categorías de padres, madres e hijos legítimos, naturales e ilegítimos.

Los términos en que se otorga esta facultad son los usuales, pero en ningún caso puede importar su ejercicio la alteración del verdadero sentido y alcance de las disposiciones legales vigentes.

Constancias reglamentarias.

Para los efectos previstos en el artículo 287 del Reglamento, se hace constar que:

-- El artículo 7°, N° 1), que modifica el artículo 26 de la Ley N° 16.618, Ley de Menores, en materia de competencia, tiene el carácter de norma orgánica constitucional.

-- No hay en el proyecto normas de quórum calificado.

-- No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda, pues ninguna de las disposiciones del proyecto irroga gastos al Erario Nacional o tiene incidencia financiera o presupuestaria.

-- El proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad.

-- No hay artículos rechazados.

Texto del proyecto de ley.

En mérito de las consideraciones expuestas y por las que os dará a conocer en su oportunidad el señor Diputado Informante, vuestra Comisión os recomienda que prestéis aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY

"Artículo 1º.-Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Civil:

1) Sustitúyese el artículo 28, por el siguiente:

'Artículo 28.- Parentesco por consanguinidad es aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra en cualquiera de sus grados o de un mismo progenitor, como el que existe entre dos primos hermanos, hijos de dos hermanos, que han sido también hijos del abuelo común.';

2) Deróganse los artículos 29 y 30;

3) Modifícase el artículo 31, en la siguiente forma:

a) En su inciso primero, elimínanse las palabras 'legítima' y 'legítimos', y

b) En su inciso segundo, elimínanse las palabras 'legítima', las cuatro veces que aparece en el texto, y la palabra 'legítimos';

4) Modifícase el artículo 32, en la siguiente forma:

a) Sustitúyese su inciso primero, por el siguiente:

'Artículo 32.- Es también afinidad la que existe entre una de dos personas que no han contraído matrimonio y que se han conocido carnalmente, y los consanguíneos de la otra.', y

b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

'En estos casos se califican las líneas y grados de la misma manera que en el artículo anterior.';

5) Derógase el artículo 33 y agrégase, con la misma numeración, el siguiente artículo nuevo:

'Artículo 33.- Tienen el estado civil de hijos respecto de una persona quienes hubieren acreditado su filiación en conformidad a las reglas previstas por el Título VII del Libro I de este Código. Con todo, la ley considera iguales a todos los hijos, hayan o no acreditado su filiación.';

6) Derógase los artículos 35 y 36;

7) Derógase el artículo 40;

8) Derógase el inciso final del artículo 41;

9) Sustitúyese el inciso primero del artículo 42, por el siguiente:

'Artículo 42.- En los casos en que la ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderán comprendidos en esa denominación el cónyuge de ésta y sus consanguíneos de uno y otro sexo, mayores de edad. A falta de consanguíneos en suficiente número serán oídos los afines.';

10) Elimínase en el artículo 43, la palabra 'legítimos';

11) Sustitúyese el artículo 107, por el siguiente:

'Artículo 107.- Los que no hubieren cumplido dieciocho años no podrán contraer matrimonio sin el consentimiento expreso de sus padres, o a falta de éstos, el del ascendiente o ascendientes de grado más próximo.

'En el caso de los ascendientes, en igualdad de votos contrarios preferirá el favorable al matrimonio.';

12) Derógase el artículo 108;

13) Derógase el inciso final del artículo 111;

14) Reemplázase en el número 5 del artículo 113, la expresión '267, Nº 7º' por '252, Nº 3º';

15) En el inciso segundo del artículo 122, reemplázase la palabra 'legitimidad' por 'filiación matrimonial', y agrégase después de la palabra 'concebidos' la expresión 'o nacidos';

16) Introdúcese el siguiente artículo 130, nuevo:

'Artículo 130.- Cuando por haber pasado la madre a otras nupcias se dudare a cuál de los dos matrimonios pertenece un hijo, el juez decidirá, tomando en consideración las circunstancias y oyendo, además, el dictamen de facultativos, si lo creyere conveniente.

'Serán obligados solidariamente a la indemnización de todos los perjuicios y costas ocasionados a terceros por la incertidumbre de la paternidad, la mujer que antes del tiempo debido hubiere pasado a otras nupcias, y su nuevo marido.';

17) Sustitúyese el artículo 174, por el siguiente:

'Artículo 174.- Entre los cónyuges divorciados a perpetuidad subsiste la obligación de alimentos, según las reglas generales.

'Sin embargo, cuando el cónyuge que haya dado causa al divorcio por su culpa reclamare alimentos, el juez reglará la contribución teniendo en especial consideración la conducta que haya observado el alimentario antes del divorcio.';

18) Derógase el artículo 175;

19) Sustitúyese el artículo 177, por el siguiente:

'Artículo 177.- Si la culpabilidad del cónyuge contra quien se ha obtenido el divorcio fuere atenuada por circunstancias graves en la conducta del cónyuge que lo solicitó, podrá el juez moderar el rigor de las disposiciones precedentes.;

20) Sustitúyense los Títulos VII a XV del Libro I, ambos inclusive, por los siguientes:

'Título VII

DE LA FILIACION

& 1. Reglas Generales.

Artículo 179.- La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La filiación por naturaleza, puede ser matrimonial y no matrimonial.

La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adopción plena, surten los mismos efectos.

Artículo 180.- La filiación es matrimonial cuando los padres están unidos entre sí en matrimonio al tiempo del nacimiento o de la concepción del hijo.

La filiación es no matrimonial cuando la concepción y el nacimiento se han producido fuera del matrimonio.

Artículo 181.- La filiación tiene lugar y produce sus efectos desde que se determine. Su determinación legal tiene efectos retroactivos, siempre que la retroactividad sea compatible con la naturaleza de aquéllos y la ley no dispusiere lo contrario.

En todo caso, conservarán su validez los actos otorgados, en nombre del hijo menor o incapaz por su representante legal, antes que la filiación hubiere sido determinada.

Artículo 182.- La filiación se acredita por la inscripción en el Registro Civil, por el reconocimiento voluntario del padre o madre, en conformidad con la ley o por sentencia judicial firme.

Artículo 183.-La maternidad quedará establecida, aun sin mediar reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido.

& 2. De la determinación de la filiación matrimonial.

Artículo 184.- La filiación matrimonial materna y paterna queda determinada legalmente:

1. Por la inscripción del nacimiento en el Registro Civil y por la prueba del matrimonio de los padres, en conformidad con las disposiciones legales respectivas, o

2. Por sentencia firme en juicio de filiación.

& 3. De la determinación de la paternidad matrimonial.

Artículo 185.- Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución, divorcio o a la separación de hecho de los cónyuges.

Artículo 186.- Aun faltando la presunción de paternidad del marido, el nacido será inscrito como hijo de los cónyuges si concurre el consentimiento de ambos.

& 4. De la determinación de la paternidad y maternidad no matrimonial.

Artículo 187.- La paternidad o maternidad no matrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento del padre o madre, o por sentencia firme en juicio de filiación.

Artículo 188.- El reconocimiento del hijo se realizará mediante una declaración formulada con ese determinado objeto:

1. Ante el Oficial del Registro Civil, al momento de verificarse la inscripción de nacimiento del hijo o del matrimonio de los padres, o con posterioridad;

2. En una escritura pública, o

3. En acto testamentario.

Lo prescrito en este artículo es aplicable a la madre cuando no hubiere tenido lugar lo previsto en el artículo 183.

Artículo 189.- El hecho de consignarse el nombre del padre o madre, a petición de ellos, al momento de realizarse la inscripción del nacimiento, es suficiente reconocimiento de filiación.

Lo mismo será si el supuesto padre o madre, citado por el hijo a la presencia judicial, confesare la paternidad o maternidad bajo juramento.

La citación judicial a confesar paternidad o maternidad bajo juramento no podrá ejercerse más de una vez con relación a la misma persona.

Artículo 190.- El reconocimiento es irrevocable, no puede sujetarse a modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni requiere aceptación del hijo.

Cuando el reconocimiento se efectúe por acto entre vivos, podrá realizarse por medio de mandatario constituido por escritura pública y especialmente facultado con este objeto.

Artículo 191.- No se inscribirán reconocimientos que contradigan una filiación anteriormente establecida. Quien pretenda reconocer al hijo deberá, previamente, ejercer la acción de impugnación de la filiación existente.

Título VIII

DE LAS ACCIONES DE FILIACION

& 1. Reglas generales.

Artículo 192.- El derecho de reclamar la filiación o de impugnarla es imprescriptible e irrenunciable, salvo las excepciones legales. Sin embargo, los efectos patrimoniales quedan sometidos a las reglas generales de prescripción.

Artículo 193.- En los juicios sobre filiación será admisible la investigación de la maternidad y la paternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas, las que podrán ser decretadas de oficio o a petición de parte.

Las pruebas biológicas se practicarán por el Servicio Médico Legal o por instituciones médicas autorizadas para tales efectos por el Ministerio de Salud. Su fuerza probatoria se apreciará en la forma que establece el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil.

La negativa a someterse a las pruebas biológicas, configura una presunción, la que no bastará por sí sola para acreditar una determinada filiación.

Artículo 194.- El juez no dará curso a la demanda si con ella no se presenta un principio de prueba o antecedentes suficientes que hagan plausibles los hechos en que se funda.

Artículo 195.- El acto de reconocimiento voluntario podrá ser impugnado por vicios del consentimiento conforme con las reglas generales. Esta acción corresponderá al autor del reconocimiento o a sus herederos y durará un año desde la cesación del vicio.

& 2. De las acciones de reclamación.

Artículo 196.- La acción de reclamación de la filiación matrimonial corresponde al hijo, o al padre y a la madre conjuntamente, si ella no resultare de las inscripciones en el Registro Civil e Identificación.

En el caso de los hijos, la acción deberá entablarse conjuntamente contra el padre y la madre.

Artículo 197.- La acción de reclamación de la filiación no matrimonial corresponde al hijo contra quien considere su padre o su madre.

El ejercicio de la acción, en interés del hijo que sea menor o incapaz, corresponde, asimismo, al padre o a la madre que ejerza la patria potestad o al representante legal del menor o incapaz.

Artículo 198.- En caso de haber fallecido alguno de los padres, la acción se dirigirá en contra de sus herederos, dentro del plazo de dos años, contado desde el fallecimiento o desde el conocimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda.

Artículo 199.- Si hubiere fallecido el hijo, sus herederos podrán continuar la acción iniciada por él, o entablarla, si hubiese muerto en la menor edad o siendo incapaz.

Si el hijo falleciere antes de transcurrir los dos años desde que alcanzase la mayor edad o la plena capacidad, o durante el segundo año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda, la acción corresponderá a sus herederos por todo el tiempo que faltare para completar dichos plazos. A los herederos menores empieza a correr el plazo o su residuo desde que hubieren llegado a la mayor edad.

Artículo 200.- El ejercicio de la acción de reclamación conforme a los artículos anteriores por el hijo o los padres, supone ejercer las acciones de impugnación de la filiación contradictoria.

Artículo 201.- La convivencia de la madre con el presunto padre, durante la época de la concepción, constituirá una base de presunción de paternidad.

Artículo 202.- Podrá declararse la filiación que resulte de la posesión notoria de la calidad de hijo respecto de determinada persona, siempre que ésta hubiere sido debidamente acreditada en juicio y no se hubiere desvirtuado por prueba en contrario sobre el nexo biológico.

& 3.De las acciones de impugnación.

Artículo 203.- El marido podrá ejercitar la acción de impugnación de la paternidad en el plazo de un año, contado desde la inscripción del nacimiento en el Registro Civil, salvo que pruebe que no tuvo conocimiento del parto, en cuyo caso el plazo se contará desde el día que lo supo.

Si el marido falleciere antes de transcurrir el plazo señalado en el inciso anterior, la acción corresponderá a los herederos, y en general, a toda persona a quien la pretendida paternidad del hijo irrogare perjuicio actual, por el tiempo que faltare para completarlo.

Fallecido el marido sin conocer el parto, el año se contará desde que éste sea conocido.

Cesará este derecho si el padre hubiere reconocido al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento público.

Artículo 204.- La paternidad también podrá ser impugnada por el hijo durante el año siguiente a la inscripción del nacimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 207.

Artículo 205.- El reconocimiento que de los hijos no matrimoniales hagan los padres podrá ser impugnado por los propios hijos o por quien tenga interés en ello dentro del plazo de un año, contado desde que conocieron el acto de reconocimiento.

Artículo 206.- La acción de impugnación de la maternidad corresponderá a la madre, al marido, o al hijo, pudiendo ejercerse dentro del año siguiente a la fecha del nacimiento.

Se concederá también esta acción a toda otra persona a quien la aparente maternidad perjudique actualmente en sus derechos y deberá ejercerse dentro del plazo de un año, contado desde el fallecimiento de los supuestos padre o madre.

Artículo 207.- En el caso de los artículos anteriores, si el hijo fuere menor o incapaz, el plazo se contará desde que alcance la mayoría de edad o la plena capacidad.

El ejercicio de la acción en interés del hijo que sea menor o incapaz corresponde, asimismo, al padre o a la madre que ejerza la patria potestad o al representante legal del menor incapaz, en el plazo de un año contado desde que conozca el acto de reconocimiento.

Artículo 208.- Mientras dure el juicio en que se impugne la filiación, el juez podrá adoptar las medidas de protección oportunas sobre la persona y bienes del sometido a la potestad del que aparece como padre o madre.

Reclamada judicialmente la filiación, el juez podrá acordar alimentos provisionales de cargo del demandado y, en su caso, adoptar las medidas de protección a que se refiere el párrafo anterior.

Título IX

DE LA PATRIA POTESTAD

& 1. Reglas generales.

Artículo 209.- La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden al padre y a la madre en relación con la persona del hijo y sobre sus bienes, mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.

La patria potestad se ejercerá también respecto de los derechos eventuales del hijo que está en el vientre materno.

Artículo 210.- La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos y comprende los siguientes deberes y facultades:

1. Cuidarlos, alimentarlos y educarlos.

2. Administrar sus bienes.

3. El derecho legal de goce sobre sus bienes.

4. Representarlos judicial y extrajudicialmente.

El padre y la madre, aunque no ejerzan la patria potestad, conservan los deberes y facultades comprendidos en el número 1º.

Artículo 211.- Quedará excluido de la patria potestad y de todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confieran respecto del hijo o de sus descendientes o en sus derechos hereditarios, el padre o madre cuando la filiación haya sido judicialmente determinada contra su oposición.

Dejarán de producir efecto estas restricciones por determinación del representante legal del hijo aprobada judicialmente o por voluntad del propio hijo una vez alcanzada la plena capacidad.

Quedarán siempre a salvo las obligaciones de cuidar de los hijos y prestarles alimentos.

Artículo 212.- La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre. Se presumirá que los actos realizados por uno de ellos cuentan con el consentimiento del otro, salvo para aquellos casos que requieran también la autorización judicial, en que será necesario consentimiento expreso del otro, o cuando mediare expresa oposición, manifestada antes del perfeccionamiento del acto.

En caso de desacuerdo, cualquiera de los padres podrá acudir al juez competente, quien resolverá, breve y sumariamente, lo más conveniente para el interés del hijo, previa audiencia de los padres. El juez podrá, aun de oficio, requerir toda la información que considere necesaria y oír al menor, si éste tuviere suficiente juicio y discernimiento.

Si los desacuerdos fueren reiterados, o concurriere cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, el juez podrá atribuirlo, total o parcialmente, a uno de los padres, o distribuir entre ellos sus funciones, por el plazo que fije, el que no podrá exceder de dos años.

En caso de muerte de uno de los padres o de suspensión, la patria potestad corresponderá exclusivamente al otro.

Artículo 213.- Si los padres viven separados, la patria potestad corresponderá a aquel que ejerza legalmente la tuición. Sin embargo, podrá el juez, a solicitud fundada del otro y en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad, para que la ejerza conjuntamente con quien la tenga, o distribuir entre el padre y la madre las funciones inherentes a su ejercicio.

Artículo 214.- En caso que ambos padres se encuentren en la situación prevista en el artículo 211, corresponderá designar un tutor o curador al efecto.

Artículo 215.- En caso que ambos padres sean menores de edad, sus hijos quedarán sujetos a tutela. Si los padres viven separados, serán llamados a la tutela los ascendientes de aquel de los padres que tenga a los hijos a su cuidado.

Artículo 216.- El padre y la madre, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen derecho a relacionarse con sus hijos menores, a tener con ellos una adecuada comunicación y a supervisar su educación.

En caso de desacuerdo, el juez determinará lo más conveniente para el interés del hijo.

& 2. De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos.

Artículo 217.- Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres.

Artículo 218.- Aunque la emancipación dé al hijo el derecho de obrar independientemente, quedará siempre obligado a cuidar de sus padres en su ancianidad, en el estado de demencia y en todas las circunstancias de la vida en que necesitaren sus auxilios. Los demás ascendientes tienen derecho a los mismos cuidados y auxilios.

Artículo 219.- Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal y la crianza y educación de sus hijos.

Artículo 220.- Si los padres viven separados, a falta de acuerdo, corresponde a la madre el cuidado personal de los hijos menores, salvo que el juez, por motivos calificados, decidiere de otro modo.

Artículo 221.- Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes.

En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos.

Artículo 222.- El juez procederá para todas estas resoluciones breve y sumariamente, oyendo a los hijos y demás parientes.

Artículo 223.- Los gastos de crianza y educación de los hijos pertenecen a la sociedad conyugal, según las reglas que, tratando de ella se dirán. En caso que ésta no existiere, corresponderán dichos gastos a ambos padres, en proporción a las fuerzas de sus respectivos patrimonios.

Muerto uno de los padres, los gastos de crianza y educación tocarán al sobreviviente.

Artículo 224.- Si un hijo tuviere bienes propios, dichos gastos podrán sacarse de ellos, conservándose íntegros los capitales, en cuanto sea posible.

Artículo 225.- La obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes, pasa, por la falta o insuficiencia de los padres, a los abuelos, por una y otra línea, conjuntamente.

Artículo 226.- En caso de desacuerdo en cuanto a la forma de contribuir a los gastos mencionados en los artículos anteriores, el juez reglará la contribución, tomadas en consideración las facultades de los contribuyentes, y podrá modificarla según las circunstancias que sobrevengan.

Artículo 227.- Los padres tendrán la facultad de corregir a sus hijos, quedando excluidos los malos tratos, castigos o actos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores.

Los jueces deberán resguardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres, disponiendo su cesación y las sanciones que correspondieren, si fuere del caso.

Artículo 228.- Los derechos concedidos a los padres en los artículos anteriores no podrán reclamarse sobre el hijo que haya sido abandonado.

Artículo 229.- El padre o madre que se encuentre inhabilitado moralmente, quedará privado de los derechos concedidos en los artículos anteriores.

Artículo 230.- Si el hijo abandonado por sus padres hubiere sido alimentado y criado por otra persona, y quisieren sus padres sacarle del poder de ella, deberán ser autorizados por el juez para hacerlo, y previamente deberán pagarle los costos de su crianza y educación, tasados por el juez.

El juez sólo concederá la autorización si estima que, por razones graves, conviene darla.

& 3.Del derecho legal de goce sobre los bienes de los hijos y de su administración.

Artículo 231.- La patria potestad confiere el derecho legal de goce sobre todos los bienes del hijo, exceptuados los siguientes:

1. Los bienes adquiridos por el hijo en el ejercicio de todo empleo, oficio, profesión o industria.

2. Los bienes adquiridos por el hijo a título de donación, herencia o legado cuando el donante o testador hubiere impuesto la condición que quien ejerza la patria potestad no tenga este derecho, o se haga bajo la condición de obtener la emancipación o se haya dispuesto expresamente que este goce quede radicado en el hijo.

3. Las herencias o legados que hayan pasado al hijo por incapacidad o indignidad del padre o madre, o por haber sido éstos desheredados.

Artículo 232.- El hijo se mirará como mayor de edad para la administración y goce de los bienes comprendidos en el número 1 del artículo anterior, sin perjuicio de las limitaciones legales.

Artículo 233.- El que ejerza el derecho legal de goce sobre los bienes del hijo tendrá su administración, y el que se encuentre privado de ésta quedará también privado de aquél.

En caso que el padre o madre se encuentre privado del derecho legal de goce, éste corresponderá al otro; en caso que ambos se encontraren privados de este derecho, la propiedad plena pertenecerá al hijo y se le dará un curador para la administración.

Artículo 234.- Cuando ambos padres estén ejerciendo la patria potestad podrán designar, de común acuerdo, administrador de los bienes del hijo a uno de ellos, quien necesitará el consentimiento expreso del otro para todos los actos que requieren también autorización judicial.

Artículo 235.- No se podrán enajenar ni gravar, en caso alguno, los bienes raíces del hijo, ni aun aquéllos que éste administre libremente, sin autorización del juez, con conocimiento de causa.

Artículo 236.- No se podrá hacer donación de ninguna parte de los bienes del hijo, ni darlos en arriendo por largo tiempo, ni aceptar o repudiar una herencia deferida al hijo, sino en la forma y con las limitaciones impuestas a los tutores y curadores.

Artículo 237.- El padre o madre es responsable, en la administración de los bienes del hijo, hasta de la culpa leve.

La responsabilidad se limita a la propiedad de los bienes del hijo.

Artículo 238.- Habrá derecho para quitar al padre o madre, o a ambos, la administración de los bienes del hijo, cuando se hayan hecho culpables de dolo, o de grave negligencia habitual y en todos los casos en que se suspenda la patria potestad.

Artículo 239.- Removido uno de los padres de la administración de los bienes, ésta corresponderá al otro; si ambos fueren removidos, la propiedad plena de dichos bienes pertenecerá al hijo y se le dará un curador para su administración.

Artículo 240.- Al término de la patria potestad podrán los hijos exigir a los padres rendición de cuentas de la administración que ejercieron sobre sus bienes hasta entonces.

& 4. De la representación legal de los hijos.

Artículo 241.- Los actos y contratos que el padre o madre celebre en representación del hijo, o los que éste celebre y que el padre o madre autorice o ratifique por escrito, obligan directamente al padre o madre en conformidad a lo previsto en el Título XXII del Libro IV, y subsidiariamente al hijo, hasta concurrencia del beneficio que éste hubiere reportado de dichos actos o contratos.

Si entre los padres no hubiere sociedad conyugal y no pudiere presumirse la autorización conjunta, esta responsabilidad sólo recaerá sobre el patrimonio de aquél que hubiere autorizado al hijo. En los demás casos será solidaria.

Artículo 242.- El menor adulto no necesita autorización de sus padres para testar, ni para reconocer hijos.

Artículo 243.- Los actos y contratos del hijo no autorizados por el padre, la madre o el curador, sólo obligan los bienes que éste administra libremente.

Artículo 244.- Siempre que el hijo tenga que demandar a su padre o madre, deberá obtener autorización del juez y éste, al otorgarla, le dará un curador para la litis.

Artículo 245.- El hijo no precisará la autorización de sus padres para parecer en juicio cuando se proceda criminalmente en su contra.

Cuando, necesitando autorización, el padre o madre no pudieren o no quisieren prestarla, podrá el juez suplirla y, al hacerlo, dará al hijo un curador para la litis.

& 5. De la suspensión de la patria potestad.

Artículo 246.- El ejercicio de la patria potestad se suspende cuando el padre o madre incurrieren en alguna de las siguientes causales:

1.Demencia;

2. Minoría de edad;

3. Estar en entredicho de administrar sus propios bienes, y

4. Larga ausencia de la cual se siga perjuicio grave a los intereses del hijo.

En caso que la causal afecte sólo a uno de los padres que ejerce la patria potestad, ésta corresponderá exclusivamente al otro; en caso que afecte a ambos, los hijos quedarán sujetos a la guarda que corresponda.

El juez podrá, en beneficio e interés del hijo, acordar la recuperación de la patria potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la suspensión.

Artículo 247.- La suspensión de la patria potestad deberá ser decretada por el juez con conocimiento de causa, y después de oídos sobre ello los parientes del hijo y el defensor de menores; salvo que se trate de la menor edad del padre o de la madre, en cuyo caso la suspensión se producirá de pleno derecho.

& 6. De la emancipación.

Artículo 248.- La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad del padre, madre, o de ambos, según sea el caso. Puede ser legal o judicial.

Artículo 249.- La emancipación legal se efectúa:

1. Por la muerte real o presunta de los padres;

2. Por el matrimonio del hijo; y

3. Por haber cumplido el hijo 18 años.

Artículo 250.- La emancipación judicial se efectúa por decreto de juez:

1. Cuando los padres maltratan habitualmente al hijo;

2. Cuando los padres han abandonado al hijo;

3. Cuando por sentencia ejecutoriada los padres hayan sido declarados culpables de un delito a que se aplique una pena aflictiva, a menos que, atendida la naturaleza del delito, el juez estime que no existe riesgo para el interés del hijo.

La emancipación tendrá efecto aun cuando posteriormente recaiga indulto sobre la pena, y

4. En caso de inhabilidad física o moral de los padres.

Artículo 251.- Toda emancipación, una vez efectuada, es irrevocable.

Artículo 252. Cuando la emancipación se produzca respecto de un hijo menor, éste quedará sujeto a la guarda que corresponda, con excepción de la situación prevista en el N° 2 del artículo 249.";

21) Sustitúyese el artículo 305, por el siguiente:

'Artículo 305.- El estado civil de casado o viudo, y de padre o hijo, podrá probarse por las respectivas partidas de matrimonio, de muerte, y de nacimiento o bautismo.

'La edad y la muerte podrán probarse por las respectivas partidas de nacimiento o bautismo, y de muerte.';

22) Elimínase en el artículo 311 la palabra 'legítimo' las dos veces que aparece en el texto;

23) En el artículo 312, reemplázase la palabra 'diez' por 'cinco';

24) Reemplázase en el inciso primero del artículo 315 la palabra 'legitimidad' por 'paternidad' las dos veces que aparece en el texto;

25) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 317 por el siguiente:

'Son también 'legítimos contradictores', los herederos del padre o madre fallecidos en contra de quienes el hijo podrá dirigir o continuar la acción y, también, los herederos del hijo fallecido cuando éstos se hagan cargo de la acción iniciada por aquel o decidan entablarla.';

26) Derógase el artículo 318;

27) Derógase el artículo 320;

28) Sustitúyese el inciso primero del artículo 321, por el siguiente:

'Artículo 321.- Se deben alimentos:

1º. Al cónyuge;

2º. A los descendientes;

3º. A los ascendientes;

4º. A los hermanos, y

5º. Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada.';

29) Sustitúyese el artículo 323, por el siguiente:

'Artículo 323.- La obligación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación y asistencia médica del alimentario, de un modo correspondiente a su posición social.';

30) Sustitúyese el artículo 324, por el siguiente:

'Artículo 324.- En el caso de injuria atroz cesará enteramente la obligación de prestar alimentos.';

31) En el artículo 326, sustitúyense sus incisos primero a quinto, por el siguiente:

'Artículo 326.- El que para pedir alimentos reúna varios títulos de los enumerados en el artículo 321, sólo podrá hacer uso de uno de ellos, en el siguiente orden:

1º El que tenga según el número 5º.

2º El que tenga según el número 1º.

3º El que tenga según el número 2º.

4º El que tenga según el número 3º.

5º El del número 4º no tendrá lugar sino a falta de todos los otros.';

32) Sustitúyese el artículo 330, por el siguiente:

'Artículo 330.- Los alimentos no se deben sino en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social.';

33) Elimínase el inciso segundo del artículo 332;

34) Sustitúyense en el inciso primero del artículo 348, el guarismo '262' por '246'; y en su inciso segundo el guarismo '251' por '238';

35) Reemplázanse en el artículo 354, la palabra 'legítimo' por la expresión 'o madre', y la palabra 'puede' por 'pueden';

36) Reemplázase en el artículo 355, la palabra 'puede' por 'pueden';

37) Reemplázase en el artículo 356, la palabra 'puede' por 'pueden';

38) En el artículo 357, intercálese la expresión 'madre' entre las palabras 'padre' y 'que', y reemplázase el guarismo '267' por '250';

39) Derógase el artículo 358;

40) Derógase el artículo 359;

41) Sustitúyese el inciso primero del artículo 360, por el siguiente:

'Artículo 360.- No obstante lo dispuesto en el artículo 357, el padre o madre y cualquier otra persona, podrán nombrar un curador, por testamento o por acto entre vivos, con tal que donen o dejen al pupilo alguna parte de sus bienes, que no se les deba a título de legítima.";

42) Derógase el inciso final del artículo 367.

43) Sustitúyese el artículo 368, por el siguiente:

'Artículo 368.- En el caso del artículo 215, la guarda será dativa.';

44) Elimínase en el número 1º del artículo 375, la palabra 'legítimos';

45) Elimínanse en el artículo 404, las palabras 'legítimo o natural';

46) Modifícase el artículo 412, en la siguiente forma:

a) Sustitúyese su inciso primero, por el siguiente:

'Artículo 412.- Por regla general, ningún acto o contrato, en que directa o indirectamente tenga interés el tutor o curador, o su cónyuge, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o sus hermanos, o sus consanguíneos o afines hasta el cuarto grado inclusive, o alguno de sus socios de comercio, podrá ejecutarse o celebrarse sino con autorización de los otros tutores o curadores generales, que no estén implicados de la misma manera, o por el juez en subsidio.', y

b) Elimínanse en su inciso segundo, las palabras 'legítimos o naturales';

47) Derógase el inciso final del artículo 428.

48) Elimínase en el inciso segundo del artículo 430, la frase 'legítimos, ni los padres naturales';

49) Elimínase en el artículo 434, la palabra 'congrua';

50) Sustitúyese el artículo 439, por el siguiente:

'Artículo 439.- El menor que está bajo curaduría tendrá las mismas facultades administrativas que el hijo sujeto a patria potestad, respecto de los bienes adquiridos por él en el ejercicio de una profesión, oficio, comercio o industria.

Lo dispuesto en el artículo 243 se aplica al menor y al curador.';

51) Elimínanse en el artículo 443, las palabras 'legítimos' y 'naturales';

52) Modificase el artículo 448, en la forma siguiente:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

'Artículo 448.- Se deferirá la curaduría:

1º A los ascendientes, y

2º A los hermanos y otros colaterales hasta el cuarto grado.';

b) Sustitúyese en su inciso segundo los ordinales '2° y 3°' por '1° y 2°', respectivamente.

53) Modifícase el artículo 449, en la siguiente forma:

a) Sustitúyese su inciso primero, por el siguiente:

'Artículo 449.- El curador del marido disipador administrará la sociedad conyugal en cuanto ésta subsista y ejercerá, además, la guarda de los hijos en caso que la madre, por cualquier razón, no ejerza la patria potestad.', y

b) Agrégase en su inciso segundo, la siguiente frase final antes del punto aparte (.) 'cuando ésta, no le correspondiera al padre';

54) Sustitúyese el artículo 450, por el siguiente:

'Artículo 450.- Ningún cónyuge podrá ser curador del otro declarado disipador.';

55) Elimínanse en el artículo 451, las palabras 'legítimos o naturales';

56) Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 462, por los siguientes:

'Artículo 462.- Se deferirá la curaduría del demente:

1º A su cónyuge no divorciado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 503;

2º A sus descendientes;

3º A sus ascendientes;

4º A sus colaterales hasta en el cuarto grado.

El juez elegirá en cada clase de las designadas en los números 2º, 3º y 4º, la persona o personas que más idóneas le parecieren.';

57) Elimínase en el inciso primero del artículo 463, la frase ',y ejercerá de pleno derecho la guarda de sus hijos menores';

58) Sustitúyese el artículo 485, por el siguiente:

'Artículo 485.- Los bienes que han de corresponder al hijo póstumo, si nace vivo, y en el tiempo debido, estarán a cargo del curador que haya sido designado a este efecto por el testamento del padre, siempre que no corresponda a la madre el ejercicio de la patria potestad.';

59) Modifícase el artículo 486, en la siguiente forma:

a) Agrégase en su inciso primero la siguiente frase final, antes del punto aparte (.): ',salvo que corresponda a la madre el ejercicio de la patria potestad', y

b) Derógase su inciso segundo;

60) En el artículo 497:

a) Reemplázase en su número 9º, la referencia 'al artículo 267, número 7º' por 'al artículo 250, número 3º.',

b) Elimínase en su número 10, la frase 'en conformidad a lo dispuesto en los artículos 223 y 224',

c) Reemplázase en su número 11, el guarismo '267"'por '250';

61) Elimínanse en el inciso segundo del artículo 500, la expresión 'legítimo o natural';

62) Modifícase el artículo 514, en la siguiente forma:

a) Sustitúyese el número 5º, por el siguiente:

'5º El padre o madre que tenga a su cargo el cuidado cotidiano del hogar;', y

b) Elimínanse en sus números 8º y 9º la palabra 'legítimos';

63) Elimínanse en el artículo 515, las expresiones 'legítimos o naturales,' y 'legítimo o natural';

64) Elimínase en el artículo 516, la expresión 'legítimo o natural';

65) Elimínase en el artículo 518, la frase final 'legítimo, ni un padre o hijo natural';

66) Elimínase en el número 1º del artículo 766, la frase ',como el padre de familia, sobre ciertos bienes del hijo';

67) Reemplázase en el artículo 810, la frase inicial 'El usufructo legal del padre o madre de familia' por 'El derecho legal de goce de los padres';

68) Elimínase en el inciso tercero del artículo 815, la expresión 'legítimos y naturales';

69) Elimínase el número 5° del inciso primero del artículo 959;

70) Elimínase en el número 2º del inciso primero del artículo 968 la palabra 'legítimos';

71) Sustitúyese el inciso primero del artículo 983, por el siguiente:

'Artículo 983.- Son llamados a la sucesión intestada los descendientes del difunto, sus ascendientes, el cónyuge sobreviviente, sus colaterales, el adoptado, en su caso, y el Fisco.';

72) Sustitúyese el artículo 986, por el siguiente:

'Artículo 986.- Hay siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos.';

73) Sustitúyese el artículo 988, por el siguiente:

'Artículo 988.- Los hijos excluyen a todos los otros herederos, a menos que hubiere cónyuge sobreviviente, caso en el cual, éste concurrirá con aquéllos, distribuyéndose la herencia por partes iguales entre todos ellos.';

74) Sustitúyese el artículo 989, por el siguiente:

'Artículo 989.- Si el difunto no ha dejado posteridad, le sucederán el cónyuge sobreviviente y sus ascendientes de grado más próximo. La porción de los ascendientes será la mitad de lo que corresponde al cónyuge sobreviviente. A falta de aquél o de éstos, pertenecerá toda la herencia al cónyuge o a los ascendientes.';

75) Sustitúyese el artículo 990, por el siguiente:

'Artículo 990.- Si el difunto no hubiere dejado descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, le sucederán sus hermanos.

'Entre los hermanos de que habla este artículo se comprenderán aun los que solamente lo sean por parte de padre o de madre; pero la porción del hermano paterno o materno será la mitad de la porción del hermano carnal.';

76) Derógase el artículo 991.

77) Sustitúyese el artículo 992, por el siguiente:

'Artículo 992.- A falta de descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos, sucederán al difunto los otros colaterales de grado más próximo, sean de simple o doble conjunción, hasta el sexto grado inclusive.

'Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son parientes del difunto por parte de padre o por parte de madre, gozan de los mismos derechos que los colaterales de doble conjunción, esto es, los que a la vez son parientes del difunto por parte de padre y por parte de madre.';

78) Derógase el artículo 993.

79) Elimínanse del artículo 998 las palabras ''de porción conyugal', contenidas en el inciso primero;

80) Elimínase en el inciso primero del artículo 1.016 la expresión 'o legitimados';

81) Elimínase en el artículo 1.107 la palabra 'legítimo';

82) Elimínanse en el artículo 1.162 las palabras 'legítimo' y 'legítimos';

83) Modifícase el artículo 1.167, en la forma siguiente:

a) Suprímese el numero 2°, pasando los actuales números 3° y 4° a ser 2° y 3°, respectivamente.

b) Sustitúyese el número 3°, por el siguiente:

'3° La cuarta de mejoras.';

84) Suprímese el párrafo 2 'De la porción conyugal', del título V del Libro III, pasando los párrafos 3 y 4 a ser 2 y 3, respectivamente;

85) Sustitúyese el artículo 1.182, por el siguiente:

'Artículo 1.182.- Son legitimarios:

1º Los hijos, personalmente o representados por su descendencia;

2º Los ascendientes., y

3° El cónyuge sobreviviente.';

86) Sustitúyense los incisos segundo y tercero del artículo 1.184, por los siguientes:

'No habiendo descendientes con derecho a suceder, ni cónyuge sobreviviente, la mitad restante es la porción de bienes de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio.

'Habiendo tales descendientes o cónyuge, la masa de bienes, previas las referidas deducciones y agregaciones, se dividirá en cuatro partes. dos de ellas, o sea la mitad del acervo, para las legítimas rigorosas; otra cuarta, para las mejoras con que el difunto haya querido favorecer a su cónyuge o a uno o más de sus descendientes, sean o no legitimarios, y otra cuarta, de que ha podido disponer a su arbitrio.';

87) Sustitúyese el inciso primero del artículo 1.185, por el siguiente:

'Artículo 1185.- Para computar las cuartas de que habla el artículo anterior, se acumularán imaginariamente al acervo líquido todas las donaciones revocables e irrevocables, hechas en razón de legítimas o de mejoras, según el valor que hayan tenido las cosas donadas a la época de la muerte del causante.';

88) Sustitúyese el artículo 1.190 por el que sigue:

'Artículo 1190.- Si un legitimario no lleva el todo o parte de su legítima por incapacidad, indignidad o desheredamiento, o porque la ha repudiado, y no tiene descendencia con derecho a representarle, dicho todo o parte se agregará a la mitad legitimaria y contribuirá a formar las legítimas rigorosas de los otros.';

89) Sustitúyese el artículo 1.195, por el siguiente:

'Artículo 1.195. De la cuarta de mejoras puede hacer el donante o testador la distribución que quiera entre sus descendientes y su cónyuge; podrá pues asignar a uno de ellos toda la dicha cuarta con exclusión de los otros.

'Los gravámenes impuestos a los partícipes de la cuarta de mejoras serán siempre en favor del cónyuge, o de uno o más de sus descendientes.";

90) Sustitúyese el inciso tercero del artículo 1.200, por el siguiente:

'Si el donatario ha llegado a faltar de cualquiera de esos modos, las donaciones imputables a su legítima se imputarán a la de sus descendientes.':

91) Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 1.201, por el siguiente:

'Artículo 1.201.- Se resolverá la donación revocable o irrevocable que se hiciere a título de mejora a una persona que se creía descendiente del donante y no lo era.

'Lo mismo sucederá si el donatario, o alguno de sus descendientes, ha llegado a faltar por incapacidad, indignidad, desheredación o repudiación.';

92) Reemplázase en el inciso primero del artículo 1.203 la frase 'hijo legítimo o natural o descendiente legítimo de alguno de ellos' por la palabra 'descendiente';

93) Reemplázase el inciso primero del artículo 1.204 por el que sigue:

'Artículo 1204.- Si el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos a su cónyuge o a uno de sus descendientes, que a la sazón era legitimario, no donar, ni asignar por testamento parte alguna de la cuarta de mejoras, y después contraviniere a su promesa, el favorecido con ésta tendrá derecho a que los asignatarios de esa cuarta le enteren lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa, a prorrata de lo que su infracción les aprovechare.'

94) En el inciso primero del artículo 1.208, elimínase en su número 1º, la palabra 'legítimos', y reemplázase en su Nº 5 la referencia al 'artículo 267, número 7º' por la referencia 'al artículo 250, número 3º';

95) Reemplázase en el artículo 1.220 la frase 'hijos legítimos o naturales o descendientes legítimos de aquellos o de éstos' por la palabra 'descendientes'.

96) Agrégase en el artículo 1337,la siguiente regla:

'11a. Con todo, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a que su cuota hereditaria o la de gananciales, o una u otra, se enteren o solucionen, con preferencia, atribuyéndole el usufructo del patrimonio familiar aunque no haya sido determinado judicialmente, conforme con el artículo 147, incluso, en el caso de que sus derechos hereditarios sean inferiores a su valor.';

97) Elimínase en el artículo 1.424, la palabra 'legítimos';

98) Elimínase en el artículo 1.431, la palabra 'legítimos'.

99) Reemplázase en el artículo 1.437, la frase 'y los hijos de familia' por 'y los hijos sujetos a patria potestad';

100) Reemplázase en el artículo 1.579, la frase 'los padres o madres de familia' por la frase 'los padres o madres que ejerzan la patria potestad';

101) Reemplázase en el artículo 1.796, las palabras 'de familia' por la frase 'sujeto a su patria potestad';

102) Elimínanse en el artículo 1.969, las palabras 'de familia';

103) En el artículo 2.045, elimínanse: en su número 1º, la palabra "legítima"; en el número 2º, la palabra "legítima" las dos veces que aparece; en el número 3º, la palabra "legítima" las dos veces que aparece; y en el número 4º, la palabra "legítima";

104) Derógase el artículo 2.049;

105) Derógase el artículo 2.050;

106) Sustitúyese el inciso final del artículo 2.466, por el siguiente:

"Sin embargo, no será embargable el derecho legal de goce del marido sobre los bienes de la mujer, ni el derecho legal de goce de los padres sobre los bienes del hijo sujeto a patria potestad, ni los derechos reales de uso o de habitación.";

107) Reemplázanse en el número 4º del artículo 2.481, las palabras "de familia" por la frase "sujetos a patria potestad";

108) Modifícase el artículo 2.483, en la siguiente forma:

a) Sustitúyese en su inciso primero, la frase "a los respectivos hijos de familia" por "a los hijos respecto de los cuales se ejerza la patria potestad", y

b) Elimínanse en su inciso segundo, las palabras "de familia" por la frase "sujetos a patria potestad":

109) Reemplázase en el artículo 2.485, la frase "del padre o madre de familia" por "los padres que ejerzan la patria potestad".

Artículo 2º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 4.808 Sobre Registro Civil:

1) Sustitúyese el artículo 6º, por el siguiente:

"Artículo 6º.-Los instrumentos en que se declare o conste la filiación de un hijo, se inscribirán en el Registro de Nacimientos de la comuna en que se hubiere inscrito el nacimiento. A su vez, al margen de la inscripción de nacimiento, se subinscribirán aquellos que declaren la emancipación.";

2) Sustitúyese el inciso tercero del artículo 17, por el siguiente:

"Asimismo, el Director podrá ordenar de oficio la rectificación de una inscripción en que aparezca el reconocimiento de un hijo, con el solo objeto de asignar al inscrito el o los apellidos que le correspondan y los nombres y apellidos de sus padres, o el del padre o madre que le haya reconocido.";

3) Elimínase en el inciso final del artículo 18, las palabras "legitimaciones o";

4) Derógase el inciso final del artículo 20;

5) En el artículo 29, agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

"Esta inscripción deberá ser comunicada a la madre, salvo su reconocimiento expreso o si quien hubiese denunciado el nacimiento fuese el marido.";

6) Elimínase en el artículo 30, la palabra "legítimo";

7) Sustitúyese el número 4º del artículo 31, por el siguiente:

"Nº 4. Los nombres, apellidos, nacionalidad, profesión u oficio y domicilio de los padres. Si el hijo hubiere nacido fuera del matrimonio, los del padre o madre que le reconozca o haya reconocido.";

8) Reemplázase en el artículo 32, la expresión "al número 1º del artículo 271" por "número 1º del artículo 188 y al artículo 189,";

9) Incorpórase el siguiente inciso en el artículo 33:

"En todos los casos en que un menor aparezca inscrito como hijo de padre o madre desconocido, el Registro Civil deberá comunicarlo al Servicio Nacional de Menores, el cual procurará, en los casos en que el menor se encuentre bajo su cuidado y protección, obtener la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo."

10) Derógase el artículo 37;

11) Sustitúyese el artículo 38, por el siguiente:

"Artículo 38.- En el acto del matrimonio podrán los contrayentes pactar separación de bienes o participación en los gananciales."

12) Suprímese en el número 10 del artículo 39 la palabra "ilegítimos";

13) En el artículo 86, elimínanse en su inciso primero, las palabras "o de legitimación", y en su inciso final, las palabras "y legitimación".

Artículo 3º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 17.344 que autoriza cambio de nombres y apellidos:

1) Sustitúyese la letra c) del artículo 1º, por la siguiente:

"c) En los casos que la naturaleza de la filiación fuera no matrimonial, para agregar un apellido cuando la persona hubiera sido inscrita con uno solo o para cambiar uno de los que se hubieren impuesto al nacido, cuando fueren iguales.";

2) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 4º, por el siguiente:

"El cambio de apellido no podrá hacerse extensivo a los padres del solicitante, y no alterará la filiación, pero alcanzará a sus descendientes sujetos a patria potestad.".

Artículo 4º.-Derógase la Ley Nº 17.999.

Artículo 5º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 7.613 que establece disposiciones sobre la adopción:

1) Elimínanse en el inciso primero del artículo 2º las palabras "legítima" y "legítimos", las dos veces en que aparecen mencionadas en el texto;

2) Elimínase en su inciso primero del artículo 12, la palabra "legítimos", las dos veces mencionadas en el texto.

3) Elimínase en el inciso final del artículo 14, la palabra "legítimos";

4) Elimínase en el artículo 23, la palabra "legítimos";

5) Sustitúyese el artículo 24, por el siguiente:

"Artículo 24.- En la sucesión intestada del adoptante, el adoptado será tenido, para este sólo efecto, como hijo. La porción del adoptado será la mitad de la que corresponda a los hijos, pero las porciones de los adoptados, en concurrencia con los hijos, no podrán exceder en conjunto de una cuarta parte de la herencia, sin perjuicio de las asignaciones que el testador pueda hacerles con arreglo a la Ley.

En el caso contemplado en el artículo 989 del Código Civil, el adoptado concurrirá con los ascendientes y el cónyuge sobreviviente. La herencia se dividirá en seis partes, tres para los ascendientes, dos para el cónyuge y una para el adoptado. No habiendo ascendientes, o no habiendo cónyuge sobreviviente, se dividirá la herencia por mitades, una para los adoptados y otra para los ascendientes o cónyuge sobreviviente.

Igualmente, en el caso contemplado en el artículo 990 del Código Civil, el adoptado concurrirá con los hermanos, correspondiendo tres cuartas partes de la herencia al adoptado y el otro cuarto a los hermanos del causante, no habiendo hermanos llevará toda la herencia el adoptado.

Lo dicho en este artículo no conferirá en ningún caso al adoptado la calidad de legitimario.";

6) Elimínase en el artículo 26 la palabra "legítimos".

7) En el artículo 29:

a) Elimínase la expresión "legítimos o naturales", en sus incisos primero, segundo y tercero.

b) Elimínase la palabra "legítimo" en su inciso final;

8) Elimínase en el artículo 31, la palabra "legítimo".

Artículo 6º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 18.703 sobre Adopción de Menores:

1) Elimínase en el inciso tercero del artículo 1º la palabra "legítimo";

2) Reemplázase en el artículo 16, la palabra "legítimos", por la expresión "de origen";

3) Elimínase en el número 2 del artículo 32, la palabra "legítimo".

Artículo 7º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 16.618, Ley de Menores:

1) En el artículo 26:

a) Sustitúyese su número 1, por el siguiente:

"1) Determinar a quién corresponde la tuición de los menores, conocer de las cuestiones que se susciten en relación al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad, y autorizar la emancipación;";

b) Sustitúyese su número 7, por el siguiente:

"7) Resolver sobre la vida futura del menor cuando los padres así lo requirieren, por el tiempo que estime más conveniente, el cual no podrá exceder del plazo que le falte para cumplir 18 años de edad, y cuando éste se encontrare en peligro moral o material;";

c) Agréganse los siguientes números, nuevos, reemplazándose el punto final (.) que los antecede por un punto y coma (;):

"12) Determinar el monto de la contribución que corresponda al padre o madre, para subvenir los gastos de crianza, educación y alimentación de sus hijos menores, cuando éstos no hubieren logrado acuerdo;

13) Disponer las medidas necesarias para resguardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres y decretar las sanciones que por dichas acciones correspondan.";

2) Sustitúyese el inciso primero del artículo 46, por el siguiente:

"Artículo 46.- Se entienden comprendidos en los artículos 220 y 221 del Código Civil, los casos de nulidad de matrimonio, separación de hecho o convencional de los cónyuges y en aquellos en que los padres no estén unidos en matrimonio, sea que ambos o ninguno hayan reconocido a los hijos, en cuanto esas disposiciones sean aplicables a estas situaciones.";

3) Reemplázase, en el artículo 47, el guarismo "239", por "230".

4) Elimínase en el inciso segundo del artículo 48, la palabra "legítimos";

5) En el artículo 49:

a) En su inciso primero, elimínase la palabra "legítimo" y agrégase la siguiente frase final: ", o de aquel que lo hubiere reconocido voluntariamente en su caso";

b) En su inciso segundo elimínase la palabra "legítimo";

c) Derógase su inciso cuarto.

Artículo 8º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias:

1) En su artículo 3º:

a) Derógase su inciso cuarto;

b) Elimínanse en su inciso final la frase "legítimo, natural, ilegítimo o adoptivo", y la palabra "necesarios".

2) Elimínase el inciso segundo del artículo 4º;

3) Elimínase en el artículo 5, la palabra "ilegítimos";

4) Sustitúyese el inciso primero del artículo 15, por el siguiente:

"Artículo 15.- Si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria, en favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante no hubiere cumplido su obligación en la forma ordenada o hubiere dejado de efectuar el pago de una o más cuotas, el tribunal que dictó la resolución o el juez competente según el artículo 3º, deberá, a petición de parte o de oficio y sin forma de juicio, apremiar al deudor del modo establecido en el inciso primero del artículo 543 del Código de Procedimiento Civil, pudiendo el juez en este caso ampliar el arresto hasta por treinta días y en caso de nuevo apremio le impondrá un arresto que sea precisamente de treinta días.".

Artículo 9º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones:

1) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 2º, por el siguiente:

"Las asignaciones por causa de muerte que correspondan al cónyuge y a cada ascendiente, o adoptante, o a cada hijo, o adoptado, o a la descendencia de ellos, estarán exentas de este impuesto en la parte que no exceda de cincuenta unidades tributarias anuales. Las donaciones que se efectúen a las personas señaladas estarán exentas de este impuesto en la parte que no exceda de cincuenta unidades tributarias anuales. En consecuencia, la escala a que se refiere el inciso primero de este artículo, se aplicará desde su primer tramo a las cantidades que excedan de los mínimos exentos.";

2) Elimínanse en el inciso primero del artículo 26, las palabras "legítimos o naturales".

Disposiciones transitorias.

Artículo 1°.- Todos los que posean la calidad de hijo natural a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, tendrán los derechos que ésta establece para todos los hijos cualquiera sea el origen de su filiación. Con todo, los derechos hereditarios se regirán por la ley vigente al tiempo de fallecer la persona de cuya sucesión se trata.

Artículo 2°.- Las sentencias ejecutoriadas que hubieren sido dictadas al amparo de las normas que por esta ley se derogan, no impedirán el ejercicio de las acciones relativas a la filiación que se funden en pruebas nuevas previstas por esta ley, aunque entre la antigua acción y la nueva, exista identidad legal de personas.

Quienes hayan ejercitado las acciones concedidas por el artículo 280 del Código Civil, sea cual fuere el resultado de ese ejercicio, podrán pues, invocando las pruebas nuevas previstas por esta ley, acceder al estado civil de hijo.

Artículo 3°.- Elimínanse las expresiones legítimos, naturales e ilegítimos relativas a parientes, padre, madre e hijos, de todas las disposiciones legales que las contemplen.

Artículo 4°.- Facúltase al Presidente de la República, por el plazo de un año, para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil y de sus leyes complementarias como, asimismo, respecto de todas aquellas normas legales que contemplen los parentescos y categorías de padres, madres e hijos legítimos, naturales e ilegítimos, para lo cual podrá incorporar las modificaciones y derogaciones de que hayan sido objeto tanto expresa como tácitamente; reunir en un mismo texto disposiciones directa y sustancialmente relacionadas entre sí que se encuentren dispersas; introducir cambios formales, sea en cuanto a redacción, para mantener la correlación lógica y gramatical de las frases, a titulación, a ubicación de preceptos y otros de similar naturaleza, pero sólo en la medida que sean indispensables para su coordinación y sistematización.

El ejercicio de estas facultades no podrá importar en caso alguno, la alteración del verdadero sentido y alcance de las disposiciones legales vigentes.".

Se designó Diputado Informante al señor Ignacio Walker Prieto.

Sala de la Comisión, a 9 de agosto de 1994.

Acordado en sesiones de fechas 2 de noviembre de 1993; 4, 11 y 18 de mayo; 1°, 15 y 21 de junio; 6, 13, 19 y 20 de julio, y 3 y 9 de agosto de 1994, con asistencia de los señores Elgueta (Presidente), Allamand, Aylwin, Bombal, Cardemil, Cornejo, Chadwick, Espina, Longton, Luksic, Pérez Lobos, Martínez Ocamica, Ribera, Urrutia, Viera-Gallo, Walker y señora Wörner.

Adrián Alvarez Alvarez

Secretario Jefe de Comisiones

[1] Sobre las materias que se abordan en el proyecto, existen en tramitación en la Comisión, las siguientes mociones: Bol.154-07. Modifica las normas del Código Civil sobre investigación de la maternidad y paternidad; Bol. 374-07. Establece normas relativas a filiación; 481-07, 493-07, 901-07, que modifican la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias; Bol. 585-07, que permite inscribir a los recién nacidos en el domicilio de la madre; 742-07. Modifica el Código Civil y la Ley de Menores, en lo relativo al reconocimiento de hijos ilegítimos.

[2] La filiación es la relación de descendencia que existe entre dos personas, una de las cuales es padre o madre de la otra.

[3] La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad, con arreglo a los artículos 248 y siguientes.

[4] En la actualidad, la patria potestad es el conjunto de derechos que la ley da al padre o madre legítimos sobre los bienes de sus hijos no emancipados (art. 240 del Código Civil).

En el proyecto aprobado, pasa a ser el conjunto de deberes y derechos que corresponden al padre y a la madre en relación con la persona del hijo y sobre sus bienes, mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Se ejerce también sobre los derechos eventuales del que está por nacer (artículo 209).

[5] El proyecto no reconoce diferencia alguna entre los derechos hereditarios que correspondan a los hijos nacidos dentro del matrimonio y a los que hubieren nacido fuera de éste y cuya filiación haya sido determinada con arreglo a sus normas.

[6] La tasa de nacimientos ilegítimos ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, pasando de un 15,9% en 1960, a un 18,5% en 1970, para alcanzar al 34,3% de los nacidos vivos en 1990, según antecedentes estadísticos entregados a la Comisión.

Sobre el particular. de acuerdo con el dossier sobre estadísticas demográficas sobre legitimidad e ilegitimidad de hijos en Chile, proporcionado por la Biblioteca del Congreso Nacional, Unidad de Estudios y Publicaciones, a requerimiento de la Secretaría de la Comisión, no existen datos estadísticos ni series disponibles sobre la cantidad total de hijos legítimos e ilegítimos en el país en un año determinado. Las únicas estadísticas que existen se refieren a la natalidad y, en particular, al total anual de nacimientos legítimos e ilegítimos, sin distinguirse entre los hijos naturales e hijos simplemente ilegítimos.

Con la premisa anterior, puede señalarse, de acuerdo con el Anuario de Demografía de 1990, que ese año nacieron 292.146 niños, de los cuales 192.008 fueron legítimos y 100.138 ilegítimos. Según el Anuario de 1992 (el último publicado), ese año nacieron 279.098 niños, de los cuales 176.359 fueron legítimos y 102.739 ilegítimos.

De acuerdo con la edad de la madre, puede señalarse que del total de nacimientos habidos en 1990, 126 legítimos y 616 ilegítimos correspondieron a madres menores de 15 años; 15.589 legítimos y 23.954 ilegítimos a madres entre 15 a 19 años; 53.523 legítimos y 31.769 ilegítimos, a madres entre 20 a 24 años.

En 1992, 113 legítimos y 678 ilegítimos correspondieron a madres menores de 15 años; 12.521 legítimos y 25.171 ilegítimos a madres entre 15 a 19 años; 44.796 legítimos y 31.597 ilegítimos, a madres entre 20 a 24 años.

Según el Demographic Yearbook, de 1986, el número total de hijos nacidos vivos, legítimos e ilegítimos, y el porcentaje de estos últimos, es el siguiente:

Para mayores antecedentes, véase La ilegitimidad en Chile: ¿Hacia un cambio en la conformación de la familia?, de Ignacio Irarrázabal y Juan Pablo Valenzuela. Estudios Públicos, Santiago, N° 52, primavera, 1993, pp. 145-190, que figura en el dossier.

[7] Aserto que se comprueba con el análisis comparativo del proyecto y de las referidas leyes, que se han tenido a la vista y que forman parte de los antecedentes del proyecto: Ley N° 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio. Ley N° 23.264, de 23 de octubre de 1985, que modifica, entre otros textos, el Código Civil en materia de filiación, patria potestad, tutela legal y derechos sucesorios.

[8] El señor Lecaros hizo entrega de un informe escrito que la Facultad de Derecho de esa Universidad, emitiera a requerimiento de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, sobre un proyecto de reforma del régimen de filiación presentado por la ex Senadora doña Laura Soto, al cual se hace mención en el Mensaje, que buscaba la igualación de los hijos legítimos e ilegítimos, regular la indagación y establecimiento de la paternidad y suprimía la autoridad del padre como jefe de la familia.

En dicho informe, se desaprobó el proyecto en todas sus partes, como contrario al Derecho Natural y a la Constitución Política del Estado, al importar las reformas que en él se proponen, un gravísimo atentado contra los cimientos de la institución familiar.

[9] En esta materia y en las que siguen, se ha tenido en consideración, en forma libre, la exposición que de ellas se hace en los libros de don Arturo Alessandri Rodríguez, don Manuel Somarriva Undurruga, don Antonio Vodanovic H, de don Ramón Meza Barros y de don Julio Justiniano Ramírez

[10] En Chile existen en la actualidad tres métodos biológicos de investigación de la paternidad: análisis de grupos y subgrupos sanguíneos, análisis de antígenos HLA serológicos y analisis de ADN o DNA.

Mediante el análisis de los grupos y subgrupos sanguíneos se pueden analizar 16 características genéticas. Viene siendo la primera etapa en la investigación. Si se requiere de una mayor certeza, se recurre a métodos más precisos. La probabilidad de exclusión de la paternidad tiene un valor de un 100%. La inclusión, en cambio, es variable, con un grado de certeza entre un 60 a un 70%.

En el análisis de antígenos de histocompatibilidad (HLA), que corresponden a proteínas presentes en todas las células, encargadas de regular las interacciones celulares de la respuesta inmune, participando en el reconocimiento de tejidos propios y ajenos. Estos antígenos se heredan en bloques de 3 a 5 carácteres los que conforman un "haplotipo" El valor de exclusión de la paternidad es de un 100%. El valor de inclusión es sobre el 90 al 99%.

El examen de paternidad por medio del estudio del DNA (ácido desoxirribonucleico) es de mayor certeza para la determinación de la paternidad/maternidad. Este examen estudia ciertos carácteres denominados "alelos" que son heredados por los hijos desde sus progenitores, de manera que el "genotipo" o la constitución de alelos de un individuo debe corresponder exactamente con alguno de los alelos presentes en el padre y la madre de quienes los heredó. La información requerida está presente en toda célula nucleada. En el caso de exclusión, entrega una certeza del 100%. El valor de inclusión oscila entre el 98,36% al 99,99%.En Chile sólo se ejecuta en el Instituto Médico Legal.

Para mayores antecedentes, Hugo Jorquera González, Jefe de Laboratorio de Biología Molecular y Genética del Servicio Médico Legal: "Investigación de la paternidad mediante pruebas biológicas", anexo entre los antecedentes del proyecto.

[11] El inciso segundo del artículo 127 del Código Civil de España, dispone que "El juez no admitirá la demanda si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en que se funde".

[12] Según el art. citado, la posesión de dicha calidad consiste en que su padre o madre le haya tratado como hijo, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente y presentándolo en ese carácter a sus deudos y amigos, y que éstos y el vecindario de su domicilio, en general, le hayan reputado y reconocido como tal.

La posesión notoria debe probarse por un conjunto de testimonios fidedignos, que la establezcan de un modo irrefragable. La prueba de testigos no bastará por sí sola para acreditarla.

[13] El artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño señala: "En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño".

[14] Algunos piensan que esta disposición debería establecerse como excepción del artículo 179, ya que su aplicación excede los límites de la patria potestad, en cuanto afecta a las asignaciones por causa de muerte, a las guardas, al asenso para contraer matrimonio, etc.

[15] Algunos consideran inconveniente privar a los padres menores de edad del cuidado personal de sus hijos, para lo cual no están inhabilitados puesto que la ley les permite contraer matrimonio, existiendo, por lo mismo, una confusión entre los aspectos personales y patrimoniales de la patria potestad.

[16] En la actualidad, el cónyuge sobreviviente no es legitimario. La porción conyugal posee un carácter alimenticio, que es dependiente del régimen de bienes existente entre los cónyuges.

En el proyecto aprobado, pasa a ser legitimario, heredero forzoso, poseedor de una cuota legitimaria obligatoria sin carácter alimentario y con prescindencia del régimen de bienes que entre sobreviviente y causante haya existido. Así, el sobreviviente puede llevar, a la vez, gananciales y legítima. Además, pasa a ser heredero para todos los efectos.

Para mayores antecedentes, véase "Fundamentos a las reformas a la situación sucesoral del cónyuge sobreviviente", del profesor Carlos Peña, anexo a los antecedentes del proyecto.

[17] La acción revocatoria termina en cuatro años contados desde que el donante tuvo conocimiento del hecho ofensivo y se extingue por su muerte, a menos que haya sido intentada judicialmente durante su vida, o que el hecho ofensivo haya producido la muerte del donante, o ejecutádose después de ella, casos en los cuales se transmite a los herederos.

[18] Este artículo no guarda concordancia y armonía con el propósito expresado por la Comisión y reflejado en el articulado del Código Civil, de favorecer al cónyuge sobreviviente, por lo que habrá de ser reestudiado en el segundo trámite reglamentario.

1.3. Informe de Comisión de Familia

Cámara de Diputados. Fecha 12 de septiembre, 1994. Informe de Comisión de Familia en Sesión 39. Legislatura 329.

?INFORME DE LA COMISION DE FAMILIA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CODIGO CIVIL Y OTROS CUERPOS LEGALES EN MATERIA DE FILIACION.

BOLETIN Nº 1060-07

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Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Familia pasa a informar el proyecto de ley de la referencia, originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

Se deja constancia que la Corporación, por acuerdo adoptado en la sesión 19ª; celebrada el 12 de julio de 1994, accedió a lo solicitado por esta Comisión en orden a que la iniciativa en comento pasara a su conocimiento una vez que fuera evacuado el informe que, como Comisión técnica específica, correspondía a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Es así como, en la sesión 33ª, de fecha 30 de agosto recién pasado, oportunidad en que se dio cuenta del referido informe, la H. Cámara dispuso remitir el proyecto de ley a este órgano legislativo.

Cabe hacer presente que vuestra Comisión entiende que, para el cumplimiento de este cometido, la Corporación no desea que se realice en su seno, como lo hiciera la Comisión técnica señalada, un nuevo, pormenorizado e integral estudio sobre el contenido de la iniciativa; esto es, acerca del tema de la filiación y sus implicancias y consecuencias sobre otras instituciones jurídicas tratadas tanto en el Código Civil (representación legal, matrimonio, patria potestad, alimentos, sucesión por causa de muerte, donaciones, etc.) como en otros cuerpos legales (adopción, abandono de familia, pago de pensiones alimenticias, impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones, etc.), que deban modificarse o derogarse a causa de la sustitución del actual régimen sobre la materia por otro que consagra la plena igualdad del estado filiativo, poniendo término a la clásica diferenciación entre hijos legítimos, naturales o simplemente ilegítimos.

En consideración a lo anterior, vuestra Comisión, al inicio del análisis de esta iniciativa y con el propósito de no demorar su tramitación con audiencias públicas u oyendo a muchas y variadas autoridades y especialistas sobre la materia, acordó invitar sólo, en representación del Gobierno, a las señoras Josefina Bilbao, Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), y Paulina Veloso, Subdirectora de dicho Servicio, a fin de que expusieran la opinión que el Ejecutivo tiene acerca de las ideas centrales del proyecto y de sus fundamentos.

Asimismo, la Comisión contó con la asistencia y la colaboración del Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Diputado señor Sergio Elgueta Barrientos, quien, en términos generales, explicó las modificaciones que la Comisión que preside introdujo en el proyecto.

DISCUSION Y VOTACION EN GENERAL.

Entrando en el análisis del proyecto, la Ministra Bilbao enfatizó que el actual régimen de filiación que se propone sustituir es profundamente discriminatorio, en la medida que clasifica a los hijos en legítimos o ilegítimos según si han nacido dentro o fuera del matrimonio, estableciendo marcadas diferencias de trato para una y otra categorías.

Lo anterior, a su juicio, transgrede abiertamente los principios contenidos en la Carta Fundamental que aseguran la plena igualdad de todas las personas ante la ley y prohíben en Chile el establecimiento de diferencias arbitrarias, ya sea por la ley o por cualquiera autoridad.

Por ello, la reforma que se propone intenta acoger en la legislación chilena dicho imperativo constitucional, corrigiendo esta situación errónea e injusta, que castiga a las personas (hijos naturales e ilegítimos) por actos no reprochables a ellos, puesto que se basan en el comportamiento y moral sexual de sus padres, lo cual ha generado, además, efectos negativos en el ámbito social, cultural y económico, restando oportunidades y beneficios a esta clase de hijos, lo que crea, al fin, una doble marginalidad que la normativa propuesta pretende hacer desaparecer.

Luego de enunciar el principio inspirador del proyecto, consistente en la plena igualdad jurídica, la señora Bilbao destacó, como aspectos principales del mismo, los siguientes:

- Se sustituye el actual régimen de filiación por un estatuto igualitario para todos los hijos, cualquiera sea el origen de su filiación.

Así, se han adecuado numerosas instituciones que recogían la antigua diferenciación entre hijos y se derogan muchas otras que pierden sentido a la luz de este nuevo criterio de la no distinción. Sin embargo, el proyecto hace una única distinción y es la que necesariamente resulta de la determinación de la filiación, ya que para el establecimiento de ésta no puede ignorarse que el matrimonio otorga un principio de certeza que permite presumir la paternidad del marido. Este hecho ha de influir en el régimen jurídico a que se someten las acciones de reclamación de una filiación matrimonial, el que por cierto habrá de diferenciarse de aquél establecido para el caso de que se reclame una filiación extramatrimonial. En el primer caso, cuando los padres están unidos en matrimonio al tiempo del nacimiento o de la concepción del hijo y, en el segundo, cuando la concepción y el nacimiento se han producido fuera del matrimonio.

- Se admite la libre investigación de la paternidad y de la maternidad.

El actual régimen establece sólo ciertas causales en base a las cuales se puede reclamar el reconocimiento de la maternidad o paternidad y, además, en forma muy condicionada. La investigación, que sólo procede bajo ciertas y determinadas causales, es muy difícil de aplicar en la práctica, ya que dependen de la voluntad discrecional del padre y, en la medida que ésta no se manifieste en los términos exigidos por la ley, el hijo sólo podrá acceder a los alimentos.

En el proyecto, se amplían estas causales, pero con resguardos que impidan el escándalo y el mal aprovechamiento de la acción. Se trata de exigir un fundamento razonable a la demanda, en el sentido que el juez no admita aquélla en que se ejercite una acción de filiación si no es acompañada de un principio de prueba de los hechos en que se funda.

Al posibilitar al hijo el ejercicio de la acción de reclamación del estado filiativo apoyada en una amplia gama de pruebas que permite la ley en proyecto, se abre la puerta definitivamente a la búsqueda de la verdad real por sobre la verdad formal, que es la única que admite la actual legislación.

- Otro principio consagrado en el proyecto lo constituye la admisibilidad de utilizar toda clase de pruebas, incluidas las biológicas, para determinar la paternidad y maternidad.

- Se introducen, igualmente, muchas otras modificaciones que dan coherencia al proyecto en su conjunto, en diversas materias. Entre éstas destacan las siguientes:

1. La patria potestad deja de tener la connotación puramente patrimonial que siempre se le ha dado en la legislación nacional, pasando a considerarse dentro de ella también el aspecto personal, que involucra el deber de los padres de velar por sus hijos, cuidarlos, alimentarlos y educarlos, así como el conjunto de derechos y obligaciones que existen en una relación filial.

Coherente con la igualdad antes mencionada, la madre deja de tener un rol subsidiario, pasando a ejercer la patria potestad conjuntamente con el padre. En este orden de ideas, se establece una serie de mecanismos que tienden a hacer funcionar un sistema de esta naturaleza con las exigencias de la vida moderna.

La patria potestad se ejerce respecto de todo hijo menor no emancipado, sea que la filiación tenga o no su origen en el matrimonio. Lo anterior es una expresión más del estatuto igualitario que se establece para todos los hijos.

Se establece, también, que la patria potestad no se ejerce en interés de los padres, sino que en beneficio de los hijos.

En relación a la tuición de los hijos de padres que viven separados, sea por ruptura del matrimonio o porque éste no existe, se mantiene la norma que entrega el cuidado de los hijos menores a la madre, pero se establece que el juez podrá decidir de otro modo, por motivos calificados. Esto evita la situación actual, en que el padre debe probar, en un juicio escandaloso, que la madre es inmoral, depravada o corrupta para obtener un fallo a su favor.

2. Los aspectos sucesorios que se derivan del nuevo régimen de filiación del proyecto no reconocen diferencia alguna entre los derechos hereditarios que corresponden a los hijos nacidos dentro del matrimonio y los que hubieren nacido fuera de él.

En la actualidad, los hijos legítimos están fuertemente protegidos por la ley. Los hijos naturales también tienen derechos sucesorales, pues unos y otros son asignatarios forzosos y de cuarta de mejoras, pero éstos últimos, en el primer orden sucesorio, heredan la mitad de lo que corresponde a los hijos legítimos y en ningún caso pueden llevar más de la cuarta parte de la herencia, en conjunto.

Esta institución, que se estima lesiva y que ha movido a muchos autores a considerar que el Código Civil tiene ciertas características de inconstitucionalidad por la discriminación que establece, viene a ser modificada en la forma señalada.

3. También se hacen ajustes en materia de alimentos, estado civil, guardas y algunos contratos en que incide el estado filiativo de las personas.

Por su parte, la Subdirectora del SERNAM señaló que, si bien este proyecto no perjudicaba la situación del cónyuge sobreviviente en materia sucesoria, producto de cierta preocupación al respecto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se presentó una indicación para introducir algunas modificaciones con el objeto de mejorar la situación de estas personas, que se encuentran bastante desprotegidas, incluso, en comparación con los hijos naturales.

Dicha modificación que se propone introducir establece que el cónyuge sobreviviente debe ser considerado como legitimario (en la actualidad, no lo es) y, por lo tanto, como heredero forzoso, en una situación similar a la de los hijos.

Se establece, asimismo, la posibilidad de que a este cónyuge sobreviviente se le pague su legítima preferentemente con el patrimonio familiar, si existe. Esto es, el inmueble habitado por la pareja y sus hijos, y los bienes muebles que lo guarnecen.

Además, esta modificación establece que, en el caso de que no haya descendientes, el cónyuge sobreviviente tiene derecho a los dos tercios de la masa hereditaria del causante, en lugar de un tercio como es en la actualidad.

Hizo presente que la situación actual se explica porque, al redactarse el Código Civil, se tuvo en cuenta que las personas morían a una edad temprana, dejando hijos pequeños. En consecuencia, el legislador trató en su oportunidad de beneficiar a estos menores.

Sin embargo, hoy en día, los padres mueren generalmente cerca de los 70 años, cuando los hijos ya son adultos y tienen una situación formada, y suceden al causante en comunidad con un cónyuge sobreviviente muchas veces anciano, que se encuentra en desventaja desde el punto de vista laboral como para procurarse su sustento.

Además, agregó, debe considerarse que, en la actualidad, los hijos llevan en la herencia la cuota que les corresponde por legítima tengan o no tengan bienes; en cambio, el cónyuge sólo lleva bienes si se encuentra en condición de pobreza (cuando sus bienes propios son inferiores a los que le corresponderían por porción conyugal).

En otro orden de materias, la Subdirectora señora Veloso dio a conocer un estudio realizado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, el cual revela que el porcentaje de hijos ilegítimos en Chile aumenta progresivamente cada año. Así, por ejemplo, del total de 302 mil 959 inscritos en 1993, 119 mil 171, esto es un 39,34%, fueron concebidos fuera del matrimonio, mientras que 183 mil 788, esto es un 60,66%, correspondió a hijos legítimos. Dentro del 39,34% de ilegítimos, 80 mil 988 fueron reconocidos por ambos padres, esto es aproximadamente un 68%, mientras que 35 mil 392, casi un 30%, lo fueron sólo por la madre y el resto, 729 personas, que representan un 2%, sólo por el padre.

* * * * *

Luego de escuchar las exposiciones de las representantes del Ejecutivo acerca de los antecedentes, contenido y fundamentos de la iniciativa, y las explicaciones de carácter general dadas por el Diputado señor Elgueta en relación a las principales enmiendas que le introdujo la Comisión técnica, vuestra Comisión debatió brevemente la idea de legislar, aglutinándose las opiniones de sus miembros en torno a las siguientes dos posiciones:

Una, de mayoría, que estuvo clara y resueltamente a favor de dicha idea de legislar, por estimar que el proyecto constituye una respuesta del legislador que permitirá una justa solución jurídica para la superación de los problemas reales de discriminación, arbitrariedad e injusticia que se da en un segmento cuantitativa y crecientemente importante de la sociedad (hijos ilegítimos), según lo demuestran las cifras estadísticas entregadas por el Servicio de Registro Civil, siguiendo Chile, de este modo, la tendencia de los países más desarrollados en esta materia, respecto de los cuales presenta un retraso de más de veinte años.

Quienes así opinaron, destacaron, además, que el nuevo régimen de filiación refuerza el concepto de paternidad responsable, lo que, indudablemente, contribuirá a fortalecer al matrimonio y a la familia.

La otra posición, de minoría, se mostró contraria al proyecto por cuanto el establecimiento del nuevo estatuto igualitario que se propone, que otorga los mismos derechos a los hijos sin distinguir si han nacido dentro o fuera del matrimonio, debilita a la familia legítima, esto es la que se forma en torno al matrimonio, perdiendo, en consecuencia, su razón de ser esta institución. Además, expresaron temer que el proyecto en informe constituya un primer avance hacia una futura legislación sobre divorcio y, también, sobre aborto.

Sometido a votación en general el proyecto, fue aprobado por 4 votos a favor y 2 votos en contra.

DISCUSION Y VOTACION EN PARTICULAR.

En lo referente a la discusión y votación en particular del proyecto, vuestra Comisión acordó, en forma unánime, pronunciarse sólo respecto de aquellas disposiciones del texto propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que fueren objeto de indicaciones, caso en el cual se abriría el debate correspondiente.

En consideración a lo expuesto, la Comisión trató en particular sólo las siguientes disposiciones del mencionado texto:

En el artículo 1º, Nº 20, la Comisión abrió debate en relación al nuevo texto que, para el artículo 183 del Código Civil, propuso la Comisión de Constitución.

Esta disposición, que está contenida en el párrafo "Reglas Generales" del nuevo Título VII, sobre Filiación, prescribe que "la maternidad quedará establecida, aun sin mediar reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido.".

El Diputado señor Paya formuló una indicación para reemplazar la frase "por la prueba del nacimiento", por la siguiente: "por la prueba del hecho del parto".

Puesta en votación esta indicación, fue rechazada por 2 votos a favor y 4 votos en contra, toda vez que se tuvo presente que el vocablo "nacimiento", empleado en el texto propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en conformidad al artículo 74 del Código Civil, supone que la criatura que estuvo en el vientre materno haya sobrevivido un momento siquiera al separarse completamente de la madre, es decir, supone necesariamente vida; no así el otro concepto.

Igualmente, abrió debate en este Nº 20 del artículo 1º del proyecto, en relación al nuevo artículo 193 del Código Civil.

Esta disposición establece, respecto de los juicios sobre filiación, la admisibilidad de la investigación de la maternidad y la paternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas. Estas últimas las practicarán el Servicio Médico Legal o instituciones médicas autorizadas por el Ministerio de Salud, y su valor probatorio se apreciará en conformidad a las reglas de la sana crítica, como todo dictamen de peritos. La negativa al sometimiento de estas pruebas biológicas configura una presunción, la que, sin embargo, no bastará por sí sola para acreditar una determinada filiación.

El Diputado señor Paya formuló una indicación para agregar el siguiente inciso cuarto:

"Las actuaciones a que dé lugar lo dispuesto en este artículo serán secretas.".

Fundamentó su proposición en la necesidad de proteger la privacidad de las personas que eventualmente pudieran verse involucradas en un juicio de filiación.

Puesta en votación la indicación precedente, fue rechazada por 1 voto a favor y 5 votos en contra, por estimarse que ello podría dar lugar a acciones indebidas a consecuencia de dádivas, promesas u otras formas de corrupción en beneficio de quienes deban custodiar el secreto de las actuaciones judiciales.

En el artículo 1º, Nº 74, se abrió debate para conocer el nuevo texto que se propone para el artículo 989 del Código Civil.

Esta disposición reglamenta la forma como debe ser distribuida la herencia en caso de que el causante no haya dejado posteridad, pero sí cónyuge sobreviviente y ascendientes. Al efecto, dispone que la porción de los ascendientes (de grado más próximo) será la mitad de lo que corresponda al cónyuge y, a falta de éste o de aquéllos, pertenecerá toda la herencia al cónyuge o a los ascendientes.

El Diputado señor Paya formuló una indicación para intercalar, entre las palabras "ascendientes" (la segunda vez que aparece) y "será", la frase "en su conjunto", con el propósito de explicitar, sin lugar a dudas, que la porción que en relación a la del cónyuge sobreviviente corresponde a los ascendientes de grado más próximo, involucra a todos éstos conjuntamente.

Puesta en votación la indicación, fue rechazada por 1 voto a favor y 4 votos en contra, por estimarse innecesaria la aclaración. También, se tuvo en consideración la existencia de muchas otras disposiciones en el Código, las que, de aceptarse la innovación, deberían ser igualmente modificadas para uniformar el criterio propuesto.

En el artículo 5º, Nº 5, en relación al nuevo texto que sustituye el artículo 24 de la ley Nº 7.613, sobre Adopción.

Esta norma establece los derechos hereditarios del adoptado en la sucesión intestada del adoptante. Su inciso segundo dispone que, en el caso contemplado en el artículo 989 del Código Civil -precedentemente explicado-, el adoptado concurrirá con los ascendientes y el cónyuge sobreviviente y que la herencia se dividirá en seis partes, tres para los ascendientes, dos para el cónyuge y una para el adoptado. No habiendo ascendientes o no habiendo cónyuge sobreviviente, se dividirá la herencia por mitades, una para los adoptados y otra para los ascendientes o para el cónyuge.

El Diputado señor Paya formuló indicación para reemplazar, en dicho inciso segundo, las palabras "tres" y "dos" por las expresiones "dos" y "tres", respectivamente, con el propósito de mejorar, aun más de lo propuesto, los derechos del cónyuge sobreviviente.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por 4 votos a favor y 2 abstenciones, aprobándose en seguida, por igual votación, el inciso segundo enmendado.

En consecuencia, vuestra Comisión sugiere el siguiente texto para el inciso segundo del artículo 24 de la ley Nº 7.613, cuya sustitución propone el artículo 5º, Nº 5, del proyecto:

"En el caso contemplado en el artículo 989 del Código Civil, el adoptado concurrirá con los ascendientes y el cónyuge sobreviviente. La herencia se dividirá en seis partes, dos para los ascendientes, tres para el cónyuge y una para el adoptado. No habiendo ascendientes, o no habiendo cónyuge sobreviviente, se dividirá la herencia por mitades, una para los adoptados y otra para los ascendientes o cónyuge sobreviviente.".

SALA DE LA COMISION, a 12 de septiembre de 1994.

Acordado en sesiones de fechas 31 de agosto y 7 de septiembre, de 1994, con la asistencia de las Diputadas señoras Allende, doña Isabel (Presidenta Accidental); Aylwin, doña Mariana; Cristi, doña María Angélica (Martínez, don Rosauro), y Prochelle, doña Marina; y de los Diputados señores Elgueta, don Sergio (Cornejo, don Aldo); Gutiérrez, don Homero; Leay, don Cristián; Paya, don Darío; Silva, don Exequiel y Urrutia, don Raúl.

Se designó Diputado Informante al señor ELGUETA, DON SERGIO.

ANDRES LASO CRICHTON

Secretario de la Comisión

1.4. Discusión en Sala

Fecha 13 de septiembre, 1994. Diario de Sesión en Sesión 39. Legislatura 329. Discusión General. Pendiente.

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Y OTROS CUERPOS LEGALES EN MATERIA DE FILIACIÓN. Primer trámite constitucional.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Walker, y de la de Familia, el señor Elgueta.

Antecedentes:

Mensaje del Ejecutivo, boletín N° 1060-07, sesión 25a, en 10 de agosto de 1993. Documentos de la Cuenta N° 3.

Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 33a, en 30 de agosto de 1994. Documentos de la Cuenta N° 19.

Informe de la Comisión de Familia. Documentos de la Cuenta N° 12, de esta sesión.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Diputado informante de la Comisión de Constitución, quien dispone de hasta 20 minutos para emitir su informe.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, este es uno de los proyectos más complejos y significativos, por cuanto propone una de las reformas más profunda que ha experimentado el Código Civil desde su dictación, en 1855.

Por tratarse de la discusión en general, procuraré hacer un resumen muy sintético acerca de los fundamentos, ideas matrices y cuestiones fundamentales del proyecto.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informar el proyecto de filiación, iniciado en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, de 10 de agosto de 1993.

Se escuchó a autoridades de Gobierno, a profesores de Derecho Civil, a organizaciones civiles y religiosas, que nos entregaron su opinión para la mejor ilustración de la Comisión.

Como sabemos, la filiación es la relación de descendencia que existe entre dos personas, una de las cuales es padre o madre de la otra.

En nuestra legislación, el régimen de filiación existente distingue entre hijos legítimos e ilegítimos, según hayan nacido dentro o fuera del matrimonio.

Desde el punto de vista de la realidad social, uno de cada tres niños nacidos vivos en Chile es ilegítimo, un poco más de cien mil niños al año, en circunstancias de que hace treinta años era uno de cada seis; es decir, ha habido un aumento significativo de los hijos ilegítimos.

¿Cuál es el fundamento del proyecto, en pocas palabras? Básicamente, su objetivo es la plena aplicación legal de los principios constitucionales que nos rigen y de los tratados internacionales suscritos por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada también “Pacto San José de Costa Rica”, que en su artículo 17 señala: “La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo”. Todo esto, dentro del principio de igualdad ante la ley recogido por los tratados internacionales. Más claro todavía es el artículo 1° de nuestra Constitución, que preceptúa: “Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos.”

En ese contexto, se estima que el actual régimen de filiación chileno es injusto y discriminatorio, y atenta contra estos principios y preceptos de nuestro derecho constitucional y de los tratados internacionales suscritos por Chile.

¿Cuáles son las cinco ideas matrices del proyecto?

En primer lugar, dar concreción legal como dije a los principios constitucionales que reconocen y aseguran la plena igualdad de todas las personas ante la ley y prohíben diferencias arbitrarias, en conformidad con el artículo 19 de la Carta Fundamental.

En segundo lugar, y ésta es la idea central del proyecto, sustituir el régimen de filiación vigente por otro que termine con las diferencias entre hijos legítimos e ilegítimos, y establecer un estatuto igualitario para toda clase de hijos, cualquiera que sea la situación jurídica entre sus padres al momento de la concepción o del nacimiento, porque se estima que no se puede hacer responsables a los hijos de la moral sexual de sus padres. No obstante, mantiene a este respecto una distinción, como veremos, entre filiación matrimonial y no matrimonial, considerando muy en especial el principio de certeza que otorga el matrimonio para los efectos de presumir la paternidad.

En tercer lugar, consagrar el principio de la libre investigación de la paternidad y de la maternidad, permitiendo al hijo el ejercicio de la acción de reclamación del estado filiativo en términos amplios como veremos apoyada por una gama de pruebas, incluidas las biológicas. Por cierto, se toman algunos resguardos; por ejemplo, se exige un principio de prueba que haga plausibles los hechos que se invocan, con el fin de evitar el abuso de esta acción.

En cuarto lugar, extender la patria potestad a todos los hijos no emancipados y entregar su ejercicio, en interés del hijo, en forma conjunta al padre y a la madre, además de otras diferencias que veremos en su momento.

En quinto lugar, adecuar el Código Civil y la legislación complementaria en diversas materias relacionadas con la filiación.

¿Cuál es el contenido del proyecto? Éste contiene nueve artículos permanentes y tres transitorios. El artículo 1°, dividido en 197 numerales, contiene las modificaciones más sustantivas al Código Civil. Los artículos 2° al 9° son de mera concordancia en materia de leyes sobre Registro Civil, cambio de nombres y apellidos, adopción, adopción de menores, etcétera. Los artículos transitorios se refieren a diversas normas que señalaremos en su oportunidad.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por la unanimidad de sus miembros, aprobó el proyecto en general; sin perjuicio de ello, en la discusión en particular hubo opiniones de mayoría y de minoría.

Encontrarán en el informe una síntesis de la discusión en general, con las exposiciones de los invitados a esta Comisión: la Ministra del Sernam, señora Josefina Bilbao; profesores de Derecho Civil; representantes de las Iglesias Católica y Evangélicas, Asociación de Madres Solteras, etcétera.

Básicamente, quiero referirme al artículo 1°, que contiene lo más sustancial del proyecto, como quiera que se refiere a las modificaciones al Código Civil en materias tan importantes como el parentesco y el estado civil.

Como sabemos, el parentesco es la relación de familia que existe entre dos personas, y se divide en natural, legal y adopción.

Hay diversas modificaciones a ese respecto y también referidas al estado civil, que es la situación permanente de un individuo dentro de la sociedad, la que deriva de sus relaciones de familia en cuanto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones.

Como el proyecto elimina las diferencias entre los hijos que han nacido dentro o fuera del matrimonio, ya que establece un estatuto igualitario para todos ellos, cualquiera que sea el origen de la filiación, se suprimen las divisiones entre parentesco de consanguinidad y por afinidad legítimos o ilegítimos.

En el futuro habrá sólo parentesco por consanguinidad y por afinidad, y un único estado civil de hijo, que lo poseerán todos los que hubieren acreditado legalmente su filiación.

Es así como se modifican normas sobre representación legal, matrimonio, segundas nupcias, derechos y obligaciones entre los cónyuges en caso de divorcio perpetuo, estableciendo diversas normas al respecto, según consta en el informe.

Detengámonos en el tema básico y fundamental de la filiación.

Bajo la denominación “De la filiación”, se consulta un título VII en el proyecto, que reemplaza los actuales títulos VII al XV del Libro I del Código Civil, para lo cual se proponen otros que se refieren a la filiación, a las acciones de filiación y a la patria potestad.

En el informe se hace un resumen de la evolución de las diversas modificaciones que ha sufrido el Código Civil desde su dictación, en 1855, hasta nuestros días.

El proyecto, en materia de filiación, elimina la diferenciación entre los hijos que han nacido dentro o fuera del matrimonio, estableciendo como señalé un estatuto igualitario para todos ellos, cualquiera que sea el origen de su filiación, muy similar al que hoy existe respecto de los hijos legítimos.

La filiación como los señores Diputados saben puede ser por naturaleza o por adopción.

En el caso de la filiación por naturaleza, la Comisión ha estimado pertinente mantener la distinción entre filiación matrimonial y filiación no matrimonial, es decir, no entre hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales, porque esa distinción desaparece del todo; pero se ha mantenido esta clasificación, por el principio de certeza que otorga el matrimonio para los efectos de presumir la paternidad.

La filiación matrimonial tiene lugar cuando los padres han estado unidos en matrimonio “entre sí ’ al tiempo del nacimiento o de la concepción, y no matrimonial, cuando uno y otro evento se han producido fuera del matrimonio.

El proyecto contiene diversas modificaciones en materia de determinación de la filiación matrimonial, de determinación de la paternidad matrimonial y de determinación de la paternidad y maternidad no matrimonial. El aspecto más interesante sobre esta materia es, tal vez, el que contempla la libre investigación de la paternidad.

Al respecto, el proyecto consagra y sienta un principio general, que viene a revertir el establecido por el Código de Napoleón, que prohibía expresamente dicha investigación, y que inspiró a la ley chilena, la que, no obstante, especialmente en 1952, fue sufriendo diversas modificaciones.

Esto posibilita al hijo ejercer la acción de reclamación del estado filiativo en términos amplios, encaminada a la búsqueda de la verdad real en materia de paternidad y maternidad, procurando equilibrar dos criterios fundamentales: primero, búsqueda de la verdad, y segundo, preservación de la paz y la armonía familiar.

Para evitar un abuso de esta acción, se dispone un control preliminar de viabilidad de la demanda, que exige un principio de prueba para que no se preste a abusos; es decir, que exista un fundamento razonable que acredite la viabilidad de la acción de filiación.

El aspecto más interesante al respecto que, en el fondo, dice relación con el derecho del hijo de saber quién es su padre es que junto con este examen previo de admisibilidad, se admite toda clase de pruebas, incluidas las biológicas, las cuales se pueden decretar de oficio o a petición de parte. Por ejemplo, la prueba biológica del ADN tiene un ciento por ciento de certeza en el caso de exclusión; y en el caso de inclusión, es decir, para determinar quién es efectivamente el padre, su certeza fluctúa entre el 98,36 y 99,99 por ciento.

Detrás de esta reforma subyace la idea de que la filiación deja de ser un acto o concesión gracioso, como lo es actualmente en la práctica en Chile, y pasa a ser un derecho efectivo, tras la búsqueda de la verdad real. Incluso, la negativa injustificada a someterse a estas pruebas, configura una presunción en contra.

La Comisión incluyó dos indicaciones al respecto.

La primera, para precisar que las pruebas biológicas las practicarán el Servicio Médico Legal u otras instituciones médicas autorizadas por el Ministerio de Salud, y que su valor probatorio se apreciará según las reglas de la sana crítica, como todo dictamen de peritos.

La segunda, para señalar que la negativa a someterse a ellas constituye una presunción, la que, no obstante, no bastará por sí sola para acreditar una determinada filiación.

Esta es una de las innovaciones fundamentales que contiene el proyecto en materia de libre investigación de la paternidad.

Otro aspecto fundamental radica en los cambios que se introducen en la patria potestad. El artículo 240 del Código Civil consagra actualmente que la patria potestad es el conjunto de derechos que la ley da al padre o, en subsidio de éste, a la madre, sobre los bienes de los hijos no emancipados. Esto se modifica fundamentalmente, ya que, por un lado, el padre y la madre ejercerán conjuntamente la patria potestad y no uno en subsidio del otro como ocurre en la actualidad, y por otro, se referirá no sólo a los bienes de los hijos, sino también a la persona de los hijos, estableciendo, por ejemplo, el deber de cuidado, de alimentación, de educación, extendiéndolo no sólo a los hijos legítimos, denominación que desaparece, como saben los señores parlamentarios.

Por lo tanto, la patria potestad deja de tener una connotación puramente patrimonial, ya que se refiere a la persona de los hijos, y la madre deja de tener un rol subsidiario, pues se ejercerá en conjunto con el padre.

En consecuencia, la patria potestad, se define, por tanto, como “el conjunto de deberes y derechos que corresponden al padre y a la madre en relación con la persona del hijo y sobre sus bienes, mientras sea menor de edad y no se haya emancipado”. Agrega que “se ejercerá también respecto de los derechos eventuales del hijo que está en el vientre materno”.

No haré mayor referencia a las normas que regulan la patria potestad, los derechos y obligaciones de los padres y los hijos. Se mantiene la idea de que el cuidado se otorga a la madre, pero el juez puede decidir de otro modo por motivos calificados, y no como existe en la actualidad, pues se concede, por ejemplo, por depravación de la madre.

Por razones de tiempo, no me referiré al derecho legal de goce y administración sobre los bienes, representación legal, suspensión de la patria potestad y emancipación.

Más adelante se contemplan diversas normas y modificaciones sobre estado civil, alimentos, tutelas, curadurías, usufructos, uso y habitación, sucesión y donaciones, obligaciones y contratos, compraventas, arrendamientos, censos, prelación de créditos.

Me detendré sólo en dos aspectos que pueden ser importantes:

Uno, el de los alimentos. Desaparece la distinción actual del Código Civil entre alimentos necesarios y congruos. Los primeros, para la subsistencia de la persona, y los segundos, los correspondientes con su status social y económico. Se suprime esta distinción, proponiéndose en su reemplazo una disposición que establece la obligación de alimentos, que comprende, en términos amplios, todo lo indispensable para el sustento, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación y asistencia médica. Este es, por cierto, un aspecto fundamental del proyecto.

El otro aspecto de gran importancia se refiere a los derechos hereditarios. Se establece que todos los hijos, hayan nacido o sido concebidos dentro o fuera del matrimonio, tendrán los mismos derechos hereditarios, desapareciendo la distinción actual que discrimina respecto de los hijos ilegítimos.

Pero, tal vez, tanto o más importante que esto es la forma en que se mejoran los derechos del cónyuge sobreviviente. La tónica en esta materia ya me referí a ello ha sido dar a los hijos un mismo estatuto: no reconocer diferencia alguna según hayan nacido dentro o fuera del matrimonio y mejorar la situación del cónyuge sobreviviente, al menos para hacer breve la descripción en tres sentidos.

En primer lugar, se elimina la porción conyugal que tendía a ser injusta y discriminatoria con el cónyuge sobreviviente, afectando especialmente a la mujer, desde el momento en que, por ejemplo, se descontaban sus propios bienes para asignar la porción conyugal. Como en virtud de la iniciativa se otorga al cónyuge sobreviviente la calidad de legitimario, es decir, de heredero forzoso, mejora su posición, muy disminuida en la actual legislación.

En segundo término, el cónyuge sobreviviente, concurre con los ascendientes, en el segundo orden de sucesión, por partes iguales, y en ausencia de ascendientes, recibe toda la herencia. Esta segunda modificación es fundamental.

En tercer lugar, el cónyuge sobreviviente tiene preferencia para el pago de lo que le corresponde por gananciales o su legítima en los bienes familiares.

El señor MELERO (Presidente accidental).-

¿Me permite, señor Diputado?

Hago presente a Su Señoría que le resta un minuto. Por lo tanto, le ruego redondear las ideas.

El señor WALKER.-

Con todo gusto, señor Presidente.

He querido que mi informe contenga los principios fundamentales, porque más adelante el proyecto podrá analizarse en detalle en la discusión particular.

En las páginas 118 a 131, se encuentran las modificaciones de concordancia en materia de Registro Civil, cambios de nombres y apellidos, modificación de la ley N° 17.999, adopción, adopción de menores, menores, abandono de familia y pensión alimentaria.

Quiero detenerme brevemente en las disposiciones transitorias que son en el siguiente sentido:

El artículo 1° transitorio señala: “Todos los que posean la calidad de hijo natural, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, tendrán los derechos que ésta establece para todos los hijos, cualquiera sea el origen de su filiación. Con todo, los derechos hereditarios se regirán por la ley vigente al tiempo de fallecer la persona de cuya sucesión se trata”. Es decir, en este sentido tendrá un efecto retroactivo y podrá aplicarse a todas las situaciones actuales que no se rigen por la nueva normativa.

El artículo 2° transitorio dispone que la dictación de sentencias ejecutoriadas dictadas “al amparo de las normas que por esta ley se derogan, no impedirán el ejercicio de las acciones relativas a la filiación que se funden en nuevas pruebas que le den viabilidad a esa acción.”

El artículo 3° transitorio expresa: “Elimínase las expresiones legítimos, naturales e ilegítimos relativas a parientes, padre, madre e hijos, de todas las disposiciones legales que las contemplen.”

Por último, el artículo 4° transitorio faculta al Presidente de la República “para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil y de sus leyes complementarias...”.

Sin perjuicio de las constancias reglamentarias, sólo el artículo 7°, número 1), es norma de la ley orgánica constitucional.

El proyecto no contiene normas de quorum calificado, ni artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda, y fue aprobado en general por unanimidad.

Por lo tanto, solicito a la honorable Cámara que tenga a bien dar su aprobación, en general, a esta iniciativa sobre filiación, originada en mensaje de 10 de agosto de 1993.

De esta manera, he cumplido exactamente con el tiempo asignado.

He dicho.

El señor MELERO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Familia, señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, paso a rendir el informe de la Comisión de Familia, relativo al proyecto de ley que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales, en materia de filiación.

Dado que el Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ya explicó lo sustancial de la iniciativa, sólo quiero señalar lo siguiente.

En primer lugar, ella unifica el estatuto jurídico de los hijos naturales e ilegítimos bajo la denominación de “extramatrimoniales”.

En segundo lugar, establece una regla de indagación amplia de la paternidad.

En tercer lugar, unifica las instituciones de la patria potestad y de la potestad paterna y extiende su aplicación por igual a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales.

En cuarto lugar, iguala los derechos de todos los hijos en materias de alimentos y sucesorias.

Por último, modifica la regla que establece la tuición de la madre en caso de separación de los padres.

La Comisión estimó necesario discutir sólo los lineamientos generales del proyecto, sin entrar a analizar artículo por artículo. La discusión se centró en si el proyecto tiende verdaderamente a fortalecer la familia o, como sostuvieron algunos, a diseminarla, destruirla o, por lo menos, debilitarla.

Por 4 votos contra 2, la Comisión aprobó la idea de legislar sobre la materia.

De conformidad con lo preceptuado en el Reglamento, daré a conocer algunos de los argumentos esgrimidos por la mayoría de los miembros, en el sentido de que la iniciativa no debilita ni destruye la familia.

En primer lugar, cabe preguntarse si nuestra Carta Fundamental estableció algún tipo de familia. Todos los autores están contestes en que ella no instituyó la familia sobre la base del matrimonio monogámico; por lo tanto, no obstante señalar que es el núcleo fundamental de la sociedad, no adoptó ninguna definición al respecto.

Por otro lado, las definiciones que encontramos en el campo del derecho por ejemplo, la de Planiol y Ripert tienden a señalar que familia son las personas cobijadas por un mismo techo, bajo la dirección y con los recursos del jefe de la casa, que se hallan unidas por el matrimonio, por la filiación o por la adopción.

Nuestro Código Civil tampoco define la familia. Sin embargo, en el inciso tercero del artículo 815, que trata del uso y la habitación, don Andrés Bello estableció lo siguiente: “La familia comprende al cónyuge y los hijos legítimos y naturales; tanto los que existen al momento de la constitución, como los que sobrevienen después, y esto aun cuando el usuario o el habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución.”

“Comprende asimismo el número de sirvientes necesarios para la familia.”

En consecuencia, si algún concepto de familia existe en nuestro ordenamiento legal, es uno muy extensivo que no emana necesariamente del matrimonio monogámico.

Otra disposición importante de tener en cuenta es el artículo 411 del Código Penal, que señala: “Para los efectos del artículo anterior que se refiere a los casos de homicidio o lesiones y a que el ofensor queda obligado a suministrar alimentos a la familia del occiso se entiende por familia todas las personas que tienen derecho a pedir alimentos al ofendido.”

Por otra parte, nuestro Código Civil, en su artículo 321, precisa quiénes tienen derecho a pedir alimentos: no sólo la cónyuge o los parientes legítimos, sino también se deben al cónyuge, a los descendientes legítimos, a los ascendientes legítimos, a los hijos naturales y a su posterioridad legítima, a los padres naturales, a los hijos ilegítimos, a la madre ilegítima, a los hermanos legítimos y al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada.”

En consecuencia, la familia es un conjunto de personas unidas por el vínculo del matrimonio, por la filiación es decir, que tienen un progenitor común y por la adopción, cuando ingresa un extraño a ella.

Desde ese punto de vista, la mayoría de la Comisión sostuvo que el proyecto no destruye el concepto de familia, porque está inserta dentro de una realidad social, en la cual la ilegitimidad alcanza hoy según informaciones del Registro Civil prácticamente al 39 por ciento.

Por otro lado, al intervenir en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el sacerdote jesuita Tony Midsuf manifestó que el proyecto no debilita a la familia.

“En primer lugar, cada persona dice tiene derecho a hacerse responsable de sus actos, que es un principio ético fundamental.”

“Por tanto, el argumento de defender a una institución que deje inmune a los responsables los padres a costa de personas inocentes los hijos, contradice la ética, la justicia y el derecho. La legitimidad o ilegitimidad sólo dice relación respecto de los padres, pero no respecto de los hijos. Es decir, existen padres ilegítimos, pero jamás hijos ilegítimos. La legislación vigente continúa el sacerdote sanciona al hijo por la conducta de sus padres biológicos.”

Por lo demás, así está establecido en el derecho internacional, especialmente en la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como “Pacto San José Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969 y ratificada en Chile el 21 de agosto de 1991, expresa que “la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.”

En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia también expuso la profesora de Derecho Civil, doña InésPardo de Carvallo, quien manifestó: “Desde un punto de vista biológico, humano y ético, no hay, atendiendo a su origen, tipos de hijos; pero la filiación sí puede ser clasificada, desde una perspectiva jurídica, en legítima, ilegítima o como el proyecto la denomina, matrimonial o extramatrimonial.”

Pregunta: “¿Por qué esta diferencia en materia jurídica?” Y responde: “Por cuanto en la determinación de la filiación jurídica existe un problema de carácter técnico, el de la prueba de la relación.

“La posibilidad de aplicar presunciones, como ocurre en la filiación matrimonial, en que a partir de un hecho conocido y acreditado, como el matrimonio, puede inferirse la paternidad, no puede utilizarse en la filiación extramatrimonial, en la que el único hecho conocido es la procreación.

“Por lo mismo concluye, es un problema de prueba el que separa jurídicamente ambos tipos de filiación.”

Entonces, respondiendo la pregunta de la mayoría de la Comisión, de si este proyecto implica debilitar la familia, puedo decir que, por el contrario, no la debilita, sino que reconoce y regula un hecho social que conoce nuestra realidad.

Por otro lado, esto concuerda con el informe de la Comisión de Familia, que señala, en un análisis crítico de la legislación en materia de filiación, que la situación actual vulnera manifiestamente la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19, número 2°, de la Constitución, toda vez que no puede dejar de considerarse arbitraria la diferencia establecida entre los derechos de los hijos por circunstancias que no son imputables a éstos. Más específicamente, la Convención de Derechos del Niño impide “toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres...” artículo 2°, N° 2, de la Convención, conceptos en los cuales, si bien no en forma expresa, inequívocamente se encuadran las discriminaciones establecidas por la ley chilena. Y agrega: “Ante la argumentación en orden a que la indiferenciación entre los hijos haría que el matrimonio perdiera efectos prácticos en materia de filiación, debe señalarse que el matrimonio debe tener efectos fundamentales per se y no del hecho de discriminar gravemente a los hijos ilegítimos.”

Por otra parte, la considerable magnitud del problema impide ignorarlos desde los puntos de vista político y ético. Así, en 1991, del total de nacimientos en el país, los hijos legítimos representaron un 62,5 por ciento y en toda la última década nunca han superado el 65 por ciento del total de niños nacidos cada año. Resulta inadmisible que la situación desmedrada de más de un tercio de los niños nacidos en Chile no sea tenida en cuenta a la hora de evaluar los supuestos en la legislación civil sobre filiación.

En consecuencia, respondiendo de nuevo a la pregunta que se planteó en la Comisión, en cuanto a si se debilita o no la familia, la mayoría estimó que la respuesta era negativa; que, por el contrario, se mantiene el único hecho que diferencia a la filiación matrimonial y extramatrimonial, cual es, precisamente, la prueba de la paternidad cuando existe la institución del matrimonio, y en ese caso se presume dicha paternidad, salvo los casos de excepción que la misma ley señala.

Ahora bien, como se manifestó, este proyecto también establece la libre investigación de la paternidad. Lejos estamos nosotros de aquel tiempo en que García Goyena autor del Código español y que inspirara a Andrés Bello en el siglo pasado sostenía que los juicios de investigación de la paternidad natural debían prohibirse por ser escandalosos y por prestarse a abusos por parte de las mujeres que se pretenden seducidas, pero que sólo piensan en las reparaciones pecuniarias a que puede ser condenado el seductor y agrega, “porque es muy notable que jamás se dejan seducir por un pobre.”

Ha pasado mucho tiempo desde esa época, y hoy, en este proyecto, se arbitran las medidas para que se investigue libremente la paternidad, incluyendo las pruebas biológicas, como señaló el Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Pero para que esas demandas revistan caracteres de seriedad, es necesario tener cierto principio de certeza, y para ello se exige un principio de prueba y antecedentes que hagan verosímiles los hechos en que se funda la demanda.

En consecuencia, aquí no pueden darse aquellos casos de demandas escandalosas como sostenía este insigne autor del Código español en el siglo pasado, porque si no se presentan esos antecedentes, simplemente el juez no va a admitir la demanda a tramitación.

En cuanto al derecho sucesorio, se estableció como idea matriz, además de eliminarse la clasificación de hijos legítimos, naturales e ilegítimos, una mayor protección al cónyuge sobreviviente. En primer lugar, en la sucesión intestada comparte con los hijos y pasa a ser heredero. En segundo lugar, respecto de la sucesión testada, al suprimirse la porción conyugal, pasa a ser lo que se entiende por legitimario.

No obstante, desde mi punto de vista, pienso que ese derecho no es infinito y hay que limitarlo en algunas situaciones de hecho.

En el curso del debate se presentaron varias indicaciones.

La primera de ellas, para cambiar la frase “la prueba del nacimiento” por “la prueba del parto.” Esta indicación fue rechazada, puesto que se supone que la criatura que estuvo en el vientre materno ha sobrevivido un momento siquiera al separarse completamente de la madre; es decir, supone necesariamente la vida, no así el mero hecho del parto.

La segunda indicación, recaída en el nuevo artículo 193 del Código Civil, disponía, en materia de investigación de la maternidad y la paternidad, que “las actuaciones a que dé lugar lo dispuesto en este artículo serán secretas.” Fue rechazada en atención a que el secreto de mayor oportunidad para los rumores, para el uso indebido de lo que ocurra durante el proceso, para la compraventa de las actuaciones confidenciales que se desarrollan en el juicio, todo lo cual, en definitiva, se transforma en un elemento mucho peor que si son públicas, como es el proceso civil.

La tercera indicación tenía por objeto mejorar al cónyuge sobreviviente, agregando en el artículo 989 del Código Civil la frase “en su conjunto.” Se rechazó por cuanto en el Código Civil existe un lenguaje característico y habría que cambiar varias disposiciones, porque, de lo contrario, la indicación se podría entender en un sentido restringido.

La cuarta indicación modificaba el artículo 24 de la ley N° 7.613, sobre adopción. Esta norma establece los derechos hereditarios del adoptado en la sucesión intestada del adoptante. Su inciso segundo dispone que, en el caso contemplado en el artículo 989 del Código Civil, el adoptado concurrirá con los ascendientes y el cónyuge sobreviviente y que la herencia se dividirá en seis partes: tres para los ascendientes, dos para el cónyuge y una para el adoptado. No habiendo ascendientes o no habiendo cónyuge sobreviviente, se dividirá la herencia por mitades: una para los adoptados y otra para los ascendientes o para el cónyuge. Se propuso reemplazar las expresiones “tres” y “dos” por “dos” y “tres”, respectivamente, con el propósito de mejorar aún más lo propuesto respecto del cónyuge sobreviviente.

El señor MELERO (Presidente accidental).-

Señor Diputado, como le resta menos de un minuto para concluir su informe, le pido que redondee su idea.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, la Comisión aprobó en general el proyecto por 4 votos a favor y 2 en contra, y solicita a la honorable Cámara que le dé su aprobación en los mismos términos.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

honorable Cámara, podríamos iniciar ahora la discusión del proyecto, pero a las 13 termina el Orden del Día, y a esa hora no concluirá el debate. De manera que, a fin de hacerlo coherente, sugiero efectuarlo en el primer lugar del Orden del Día de la sesión del jueves próximo, y proceder a votar a su término.

El señor BOMBAL.-

Tenemos que estudiar los autos.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

El ideal, para dar un curso progresivo a los autos, es procurar terminar la discusión sin recurrir al expediente de la petición de clausura del debate, porque tendremos todo el tiempo del Orden del Día de esa sesión para ese objeto.

¿Habría acuerdo?

Acordado,

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, entiendo el acuerdo para discutir el proyecto el jueves, pero no para votarlo ese mismo día.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Así lo entiendo, señor Diputado.

El señor BOMBAL.-

Gracias, señor Presidente.

El señor PÉREZ (don Aníbal).-

También para votarlo el jueves.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

El tema lo plantearemos en la reunión de Comités del jueves por la mañana, porque el Diputado señor Bombal no ha dado la unanimidad para votar el proyecto al término del Orden del Día indicado.

Se puede pedir cierre del debate, y hay expedientes reglamentarios para conseguir el mismo propósito.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, mi ánimo no es oponerme a que se vote el proyecto, sino que su debate se prolongue todo lo necesario, y si ha de seguir en la sesión siguiente, que siga, porque la materia es de mucha importancia como para que, desde ya, sin que conozcamos el debate, pongamos la meta de despacharlo el próximo jueves.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Señor Diputado, aun cuando es un proyecto de gran importancia, no lo podemos discutir “ad aeternum”. En algún momento hay que votarlo. Pero eso lo veremos en la reunión de Comités pertinente.

Tiene la palabra el Diputado señor Leay.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, en todo caso, quedaría a firme el criterio de que no hay cierre del debate.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

No hay ningún acuerdo en ese sentido. Lo único que está claro es que el proyecto se tratará en el primer lugar del Orden del Día de la sesión del próximo jueves. Luego, se aplicará el Reglamento, salvo que los Comités acuerden otro procedimiento en contrario.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, inicialmente entendí que se acordó tratar el proyecto en el tiempo del Orden del Día del jueves, y que con ese criterio no se pediría cierre del debate.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Señor Diputado, eso no requiere acuerdo de la Sala. Lo que intenté hacer es concordar que se vote el proyecto al término del Orden del Día del jueves, pero no hubo unanimidad. Si algún señor Diputado o Comité desea pedir el cierre del debate, cuando corresponda reglamentariamente, está en su derecho. En todo caso, los Comités en cualquier momento pueden ver el modo de tramitar la iniciativa.

El señor PÉREZ (don Aníbal).-

Señor Presidente, solicito que para el próximo jueves se respete el orden de inscripción.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Señor Diputado, de acuerdo con el Reglamento, no hay Diputados inscritos anticipadamente. Se ofrece la palabra y cuando más de algún señor Diputado la pide, se da en el orden en que ha sido solicitada. No hay preinscripción. En todo caso, Su Señoría tendrá derecho a hacer uso de la palabra.

Queda pendiente la discusión.

Se suspende la sesión por cinco minutos.

1.5. Discusión en Sala

Fecha 15 de septiembre, 1994. Diario de Sesión en Sesión 41. Legislatura 329. Discusión General. Se aprueba en general.

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Y DE OTROS CUERPOS LEGALES EN MATERIA DE FILIACIÓN. Primer trámite constitucional. (Continuación).

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

En el Orden del Día corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Walker, y de la Familia, el señor Elgueta.

Tiene la palabra el Diputado señor Aníbal Pérez.

El señor PÉREZ (don Aníbal).-

Señor Presidente, como lo señalaron los señores Diputados informantes en la sesión pasada, este proyecto es, sin duda, una de las reformas más importantes al derecho de familia desde la vigencia de nuestro Código Civil. No sólo afecta a situaciones tangenciales, sino también a los principios rectores en que está fundado nuestro régimen jurídico de filiación.

El proyecto concuerda con lo preceptuado en el artículo 1° de la Constitución: “Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos.” Y en el N° 2 del artículo 19 de la misma: “En Chile no hay persona ni grupo privilegiados.” Estas frases textuales de nuestra Carta Fundamental exigen revisar una legislación pasada de moda y que se contradice abiertamente con los preceptos señalados y con los tratados internacionales a los cuales nuestro país está adscrito.

La filiación, entendida como relación de descendencia entre dos personas, una de las cuales es el padre o la madre de la otra, tiene un aspecto biológico y otro jurídico; pero la actual legislación aplica a un mismo hecho biológico distinta calificación jurídica, dependiendo de la relación de los padres; es decir, que los hijos se sujetan a determinado status jurídico no por un hecho propio, sino de sus padres, lo que confirma una injusta y abierta discriminación, contraria como ya dijimos a la Constitución y a tratados internacionales que rigen en nuestro país.

Tras este proyecto se encuentra la profunda necesidad social de eliminar la marginalidad y discriminación a la que se ve enfrentado alrededor de 30 por ciento de los nacidos anualmente; una discriminación y marginalidad que los marca de por vida, especialmente en su condición social y económica.

Atendido lo anterior, el proyecto en discusión procede, en primer término, a eliminar las diferencias jurídicas entre los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, haciendo desaparecer la odiosa calificación entre hijos legítimos, ilegítimos y naturales.

La filiación podrá ser de dos fuentes: natural o por adopción. La natural puede ser matrimonial o no matrimonial, y todas surten los mismos efectos jurídicos; es decir, se consagra plenamente la igualdad jurídica.

Otro elemento importante del proyecto consiste en la modernización de nuestra legislación familiar.

Concordante con ello es el establecimiento de la libre investigación de la paternidad y de la maternidad, consagrando un principio distinto del vigente, de investigación restringida, y haciendo expresa mención de que se efectuarán las pruebas biológicas, sin especificar cuáles de ellas, con lo que deja un campo abierto a la ciencia y al desarrollo tecnológico. La negativa de someterse a estas pruebas se considerará una presunción que, unida a otras, permitirá al juez determinar una filiación.

Para apreciar lo ventajoso de esta reforma, los abogados que hemos ejercido la profesión sabemos lo engorroso del actual procedimiento para reclamar paternidad, lo cual lo convierte casi en un imposible, a pesar de haber sido reformado en el pasado.

En este caso, el legislador y la Comisión han tenido el debido cuidado también en que esto no afecte la convivencia familiar y han velado por la reputación de las personas. Para ello, han establecido un trámite previo de admisibilidad de la reclamación de paternidad, en el cual el juez puede rechazar la acción si no es acompañada de antecedentes que la hagan plausible. Se busca de esta manera encontrar el justo equilibrio entre el derecho de una persona para reconocer quién es su padre o madre y el respeto a la honra de las personas, la cual puede verse afectada por acciones irresponsables.

En tomo al tema de las pruebas biológicas, me parece necesario realizar un análisis de la factibilidad de que este sistema pueda establecerse en todas las regiones del país, con lo cual será imperioso dotar al Instituto Médico Legal de los recursos y la preparación técnica y ética de su personal para la correcta realización de estas pruebas en todo el país. Esta es la única forma en que una reforma, que se fundamenta en la mejor de las intenciones, no se convierta en letra muerta por falta de recursos.

La eliminación de diferencias jurídicas entre los hijos matrimoniales y no matrimoniales tiene entre sus principales efectos la educación de las normas sucesorias. Se verán afectados tanto el orden sucesorio como las normas sobre asignaciones forzosas de legítima y cuarta de mejora. Todos los hijos tendrán iguales derechos y obligaciones, y también se ve sustancialmente beneficiada la cónyuge sobreviviente.

Otra consecuencia es la eliminación de la diferencia entre alimentos congruos y necesarios. La normativa propuesta establece una sola categoría de alimentos exigibles, que comprende todo lo indispensable para el sustento, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación y asistencia médica, que correspondan a su condición social, y junto con disponer esta única categoría, el proyecto procede a especificar el contenido de la obligación, entregando así un importante elemento de interpretación y de apreciación para el juez que sustenta la causa.

Complementando el principio de igualdad ante la ley, el proyecto también aborda el tema de la patria potestad. Actualmente la ejerce sólo el marido y, a falta de éste, es subsidio, la mujer. El proyecto en discusión establece un ejercicio común: comparte la patria potestad entre marido y mujer. Además, se deja de lado el tradicional concepto de patria potestad, que sólo atendía a lo patrimonial, asumiendo que es un conjunto de derechos y deberes del padre y de la madre sobre la persona y los bienes del hijo, ampliándose así el cuidado y atención de los hijos bajo patria potestad.

En resumen, el actual proyecto recoge en su integridad este importante tema. Además, se ha tenido especial cuidado legislativo para que una reforma tan profunda como ésta no genere las incongruencias y dificultades interpretativas producidas por reformas del Código Civil.

Estamos en presencia de un importante avance y modernización de nuestra legislación, que se ha hecho eco de una necesidad de equidad social, estableciendo bases para tener un país cada día mas integrado y socialmente más justo.

Por estos motivos, nuestra bancada, obviamente, apoyará este importante proyecto de ley.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra la señora Paulina Veloso, Ministra subrogante del Sernam.

La señora VELOSO (Ministra Directora subrogante del Servicio Nacional de la Mujer).-

Señor Presidente, el proyecto en estudio es de gran envergadura y, sin duda, constituye la modificación más importante del derecho de familia en materia de filiación desde la dictación del Código Civil.

Este proyecto viene a sustituir el actual régimen filiativo, que atribuye consecuencias negativas para los hijos en razón de su concepción fuera del matrimonio, ya que discrimina en función de una circunstancia adscrita, no voluntaria, relativa a la conducta o moral sexual de sus padres, y lo reemplaza por otro estatuto presidido por las ideas de igualdad y dignidad de todo ser humano.

Como ya se ha precisado el proyecto en cuestión cumple el mandato constitucional que reconoce el principio de igualdad jurídica de todas las personas y, al mismo tiempo, el mandato, también de rango constitucional, contenido en los diversos tratados internacionales que el país ha suscrito y que consagran este mismo principio. Chile se coloca así junto a las grandes naciones del mundo civilizado que han dejado atrás sistemas oprobiosos como el que actualmente nos rige en esta materia.

Este principio de igualdad se traduce en rechazar la terminología de “hijo ilegítimo” que constituye por sí, una carga injusta para el hijo. A éste no se le puede imputar un estatuto jurídico que, a la vista de la orientación actual del derecho, resulta impropio y discriminatorio.

Sin duda, el aspecto más trascendental del proyecto está referido al mismo trato e igualdad de derechos para todos los hijos. No es lícito, ni moral ni jurídicamente, hacer diferencia de trato jurídico en atención al origen del nacimiento de los hijos. Por ello, se los iguala jurídicamente en todos los aspectos.

Es este sentido, y por su trascendencia, recalcamos la igualación que se produce en el ámbito sucesorio.

En la actualidad, sean legítimos o naturales, los hijos son herederos intestados, asignatarios forzosos, legitimarios y asignatarios de cuarta de mejora; pero la cuantía de la legítima es diferente, pues en el caso de los hijos naturales asciende a la mitad o a menos de lo que corresponda a un hijo legítimo. Con las ideas propuestas se igualan los derechos hereditarios de los hijos frente a sus respectivos padres.

Otra de las formas graves de discriminación legal directa contra los nacidos fuera del matrimonio se genera cuando la ley les niega la posibilidad de que se determine la filiación. De allí que el proyecto consagra el principio de la libre investigación de la paternidad y de la maternidad, con acceso a todo tipo de pruebas, incluidas las biológicas. Con ello se consagra el principio de la primacía de la verdad biológica, esto es, de la verdad real por sobre la formal, que existe actualmente en nuestro sistema.

Sin embargo, como se ha señalado y previendo eventuales acciones de mala fe, se establece un control de viabilidad de la demanda, equilibrando así los principios de búsqueda de la verdad y de la armonía familiar.

Se destacan también las modificaciones relativas a la institución de la patria potestad en diversos aspectos, a las que no me referiré por haber sido reseñadas por los Diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.

En otro orden, un aspecto de gran trascendencia que me parece importante señalar son las indicaciones presentadas en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia respecto de los derechos sucesorios del cónyuge sobreviviente. Las ideas fundamentales aceptadas por la Comisión dicen relación con el término de la porción conyugal, con el hecho de que el cónyuge pasa a ser heredero legitimario y no dependerá del régimen de bienes si obtiene o no legítima.

Más allá de otros aspectos puntuales y de interés sobre los cuales han expuesto los señores Diputados que me han precedido en el uso de la palabra, quiero referirme a algunos argumentos esgrimidos para oponerse al proyecto o manifestar dudas respecto del mismo.

Se ha dicho que sus disposiciones debilitan a la institución del matrimonio y, por lo tanto, a la familia legítima. Por cierto, el Ejecutivo comparte la importancia del matrimonio como institución primordial, sobre todo porque da estabilidad a la familia. Sin embargo, no compartimos esa aprensión, en primer lugar, porque no hay apoyo empírico de ninguna naturaleza que avale tal aserto y, en segundo término, porque haciendo un análisis muy lineal, puede señalarse incluso que la libre investigación, sobre todo de la paternidad, constituye más bien un desincentivo al adulterio y, consecuentemente, fortalece el matrimonio.

Pero lo más grave y cuestionable es que con esa argumentación se pretende sancionar a los hijos nacidos fuera del matrimonio, castigarlos por un acto de sus padres, no propio, y darles menos derechos que los nacidos dentro del matrimonio, discriminación que se justificaría por el propósito de fortalecerlo. En ese mismo sentido, intervino en la Comisión el padre Tony Midsuf, quien concurrió en representación de la Conferencia Episcopal de Chile.

Por último, en esta etapa de evolución del derecho y del reconocimiento de la inviolabilidad y dignidad del ser humano, no se puede aceptar que sea precisamente la persona humana esto es los hijos el medio para lograr un fin institucional: la protección de la institución del matrimonio. Desde muy antiguo y en todos los ámbitos, el derecho ha considerado responsables a los seres humanos por actos voluntarios; sólo su voluntad puede generar consecuencias jurídicas que los afecten, sean civiles o penales.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, antes de referirme al proyecto en discusión, quiero señalar que el informe consigna que fue aprobado por unanimidad; sin embargo, en la Comisión se aplicó el procedimiento de aprobarlo en general, para luego recibir a las personas que concurrieron a prestar testimonio, en circunstancias de que debió haber sido al revés. Por lo tanto, la unanimidad que consigna el informe tuvo, al menos, el voto en contra del Diputado que habla.

Gran parte del proyecto es copia íntegra del Código Español, al punto que uno de los invitados a la Comisión observó que en su texto se empleaban palabras que no se entendían en nuestro medio.

El proyecto que hoy nos ocupa tiene, a mi modo de ver, implicancias de la mayor envergadura para el futuro desenvolvimiento de nuestra sociedad en el próximo tiempo. Ciertamente, con la presentación de esta iniciativa del Ejecutivo, estamos ante un cambio radical de lo que hasta ahora caracteriza y define a la familia.

Se nos propone establecer igualdad legal total entre los hijos nacidos fuera del matrimonio de sus padres respecto de los que nacen de la unión matrimonial de sus progenitores; todo ello, invocando una pretendida discriminación que sufrirían los primeros respecto de los segundos en nuestro ordenamiento legal. Al reconocerse los diferentes tipos de hijos que nuestra legislación consagra, se invoca que tal mención estaría reñida con lo que dispone nuestra igualdad ante la ley, pero no se dice que ese principio no ordena otorgar igual tratamiento jurídico a realidades diferentes en sí mismas. Digamos derechamente que la Constitución no prohíbe las diferencias, sino sólo aquéllas consideradas injustas, arbitrarias, contrarias a la naturaleza de las cosas. En consecuencia, están perfectamente autorizadas las diferencias que otorgan idéntico trato legal a situaciones que presentan diferencias valóricas, desde un punto de vista jurídico, sí vulnera el principio de igualdad.

¿Es arbitrario el tratamiento legal de los hijos ilegítimos respecto de los legítimos? Si la ley permitiera diferencias entre hijos legítimos e ilegítimos en cuanto a su condición de personas o de ciudadanos, ¿qué duda cabría que estaríamos en presencia de una discriminación abiertamente arbitraria e infundada? Como personas, ambos tipos de hijos gozan de iguales derechos; pero el tema no es ése. No se trata de los derechos que les corresponden a los hijos como individuos, sino en consideración a la relación que tienen con la institución que la propia Constitución reconoce como fundamental en nuestra sociedad, es decir la familia, entendida no podría ser de otra manera como aquélla que nace de la unión conyugal de los esposos. La diferencia establecida entre filiación legítima e ilegítima no puede calificarse de arbitraria o contraria a la naturaleza de las cosas, pues ella encuentra su fundamento real en la unión matrimonial que antecede a la procreación de los hijos, reconocida como la comunidad establece que garantiza la adecuada protección y el amparo de éstos y de sus derechos. El diferente tratamiento de los hijos, en cuanto a su posición familiar, procede, precisamente, del precepto que nuestra propia Constitución consagra en su artículo 1°, al reconocer que “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad,” agregando a renglón seguido, que es deber del Estado darle protección y propender a su fortalecimiento.

No tengo duda alguna de que al borrarse arbitrariamente toda diferencia en materia de filiación, estaremos debilitando para siempre la institución del matrimonio, naturalmente llamada, por antonomasia, a ser el cauce ético y legal más propio para constituir una familia.

Un distinguido académico de nuestro medio ha dicho con meridiana claridad que la familia corresponde al lugar donde se guarda viva la memoria de la humanidad, desde sus orígenes hasta ahora. A través de ella se transmite la experiencia de verdadera humanidad que da sentido a la presencia del hombre en el mundo. Y agrega ese distinguido académico que la humanidad se constituye a partir de la familia y de las relaciones de parentesco.

No es exagerado afirmar que en los tiempos que corren la familia está siendo fuertemente cuestionada por la sociedad; signos hay muchos, demasiado evidentes algunos, y muy burdos otros. Da la impresión de que nos vamos alejando de la certeza de que la familia, nacida de la unión conyugal, de la unión matrimonial, es fundamentalmente la morada de la persona, aquel lugar insustituible donde acontece la mejor experiencia humana que identifica a la persona y la relaciona con las demás. Nos encaminamos a considerar a la familia desde una óptica puramente funcional, que no ve otra cosa que la utilidad social que pueda prestar como institución, olvidando su verdadera dimensión ontológica y moral que arranca de su naturaleza inconfundible e inmutable.

Digo lo anterior, porque a partir de la iniciativa que hoy nos ocupa el concepto de familia está adquiriendo una dimensión completamente distinta de la que hasta ahora reconocemos.

Así, a modo de ejemplo, lo señala textualmente el mensaje: “La única distinción que se hace en el proyecto, es la que necesariamente resulta de la determinación de la filiación, ya que para el establecimiento de ésta no puede ignorarse que el matrimonio otorga un principio de certeza, que permite presumir la paternidad del marido.”. Es decir, desde un punto de vista funcional, se reconoce la certeza que otorga el matrimonio a la hora de establecer la presunción de paternidad; pero se afirma que para ese solo efecto importa su reconocimiento. El mensaje es claro en esta materia.

De acuerdo con la lógica del proyecto, cabe preguntarse: ¿acaso este reconocimiento, de suyo, no importa una abierta discriminación entre ambas calidades de hijos llegada la hora de establecer la filiación? Los autores del proyecto no pudieron obviar esta diferenciación manifiesta que nos habla de lo diferentes que, naturalmente, son ambas calidades de hijos.

Se elude mencionar otros elementos diferenciadores, porque hacerlo supondría reconocer lo que, por naturaleza, origina diferencias insalvables para los fines de la iniciativa.

Me atrevo a afirmar con toda certeza que la familia es una institución natural, porque su origen, su causa eficiente, es decir el matrimonio, también lo es. Es él el que genera estrechos vínculos de parentesco extensivos a abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hacia arriba, e hijos, hijos de los hijos y demás descendientes, hacia abajo.

Es en la familia, surgida del matrimonio, en la cual reconocemos tradiciones propias, aptitudes, identidades, modos de ser, de respetarse y de tener sentimientos de fidelidad y de amor. Reconocemos en ella verdaderas raíces que la hacen ser auténticamente morada de la persona.

Ahora bien, desde el punto de vista de los derechos patrimoniales, debemos reconocer que es al interior de la familia donde se va construyendo un patrimonio que ha de servir para el sustento familiar a lo largo de la vida, con todo lo que ella involucre en las relaciones de la misma.

Con este proyecto habremos incorporado al núcleo familiar a terceras personas de un modo completamente diferente de aquel que hasta ahora conocía nuestro ordenamiento jurídico, el que, en todo caso, a nuestro juicio, salvaguarda de manera más armónica la integridad de los afectos y del patrimonio familiar.

La ilegitimidad involucra en la formación de una familia donde el padre está ausente, realidad que presenta una vulnerabilidad socioeconómica para la madre y para los hijos durante toda su vida, así como para la formación de modelos de conducta que posibilita sucesivamente la repetición de esas situaciones.

Baste señalar que, según estudios realizados por importantes institutos del país, la tasa de mortalidad infantil y el bajo peso al nacer inciden más fuertemente en los nacimientos fuera del matrimonio. Los mismos dan cuenta de que las dos principales causas de ilegitimidad en Chile serían el aumento de la conducta sexual activa de los jóvenes en una etapa prematrimonial, provocando paternidad no deseada, y el comportamiento del progenitor, que elude las obligaciones asociadas a la constitución y mantenimiento de una familia.

Lo más grave de la ilegitimidad, al menos en nuestro país, es que ella se da principalmente en adolescentes, y todos los estudios nos demuestran que aparejada a este fenómeno va la pobreza en que quedan sumidas las jóvenes y sus hijos, cuyas expectativas poco o nada mejoraremos con esta iniciativa, porque, de todas formas, aun cuando se pretende igualarlos, para ellos seguirá estando ausente el calor de la familia y todo lo asociado a esa institución.

Desgraciadamente, con el proyecto abriremos un espacio mayor a la ilegitimidad, ahora llamada de un modo distinto, puesto que lejos de alentar la necesaria formación de uniones estables surgidas de matrimonios, le indicaremos a tantos jóvenes y adolescentes que la institución familiar ha perdido valor.

Por otra parte, además de alterar el todo armónico del Código Civil, la iniciativa presenta algunas incongruencias dignas de ser mencionadas, que, en atención al tiempo, reservaré para la discusión particular.

En cambio, nos parece positivo que ello recoja los avances de la ciencia para contribuir al establecimiento de la filiación, pues incorpora las llamadas pruebas biológicas, las cuales, sin duda, contribuirán a que un hijo conozca la verdad sobre su padre, todo lo cual nos parece adecuado. Sin embargo, subyacen ciertas incongruencias que son del todo subsanables, pero que no pueden corregirse en este proyecto porque son materia de otro, ya que su idea matriz, a nuestro juicio equivocada, no le permite.

El proyecto viola abiertamente la Constitución.

En efecto, en el artículo Io de la Carta Política se consagra que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que es deber del Estado darle protección y propender a su fortalecimiento.

Una correcta exégesis de nuestra Carta Fundamental permite distinguir de manera clara y precisa que el concepto de familia, al que nuestro constituyente alude, no es otro que aquel que resulta de la unión monogámica, indisoluble entre un hombre y una mujer, previo consentimiento libre y espontáneo dado en el acto del matrimonio.

A ello llegamos luego de un examen sistémico y finalístico de nuestro orden institucional. Nadie puede negar que éste se funda sobre la base de la persona humana y que a ella le reconoce en su primer instante de vida, como atributo ontológico, la libertad y la igualdad en dignidad y derecho.

Además, el proyecto en examen violenta el artículo 5° de la Carta Fundamental. Éste impone, como límite al ejercicio de la soberanía, “el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” y obliga a que los órganos del Estado deben “respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”

A este respecto resulta de mucha importancia recordar lo que dispone el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento jurídico ratificado por Chile y vigente, que señala cito textualmente: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.”

Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia, si tienen edad para ello.

El artículo 1° del proyecto en análisis elimina de nuestra legislación la distinción entre filiación legítima e ilegítima. Con ello surge un nuevo estado civil de hijos. Esta sola circunstancia modifica substancialmente nuestro derecho de familia, que queda, en el hecho, sustituido por un régimen legal que regula los derechos y obligaciones de padres y madres biológicos desconociendo abiertamente a la familia, la que, como dijera, nace de la unión matrimonial y es amparada, promovida y protegida por nuestra Carta Fundamental, como asimismo por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El Ejecutivo en el mensaje que acompaña al proyecto, comienza con una premisa equivocada al invocar el principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución, como un antecedente necesario para calificar el actual régimen de filiación como profundamente discriminatorio.

En efecto, la Constitución Política asegura a todas las personas la igualdad ante la ley; pero tal garantía supone que los sujetos destinatarios de tales derechos se encuentren bajo el mismo supuesto normativo; es decir, que el hecho condicionante que resulta de la norma debe ser el mismo.

El caso de los hijos legítimos y de aquellos que no lo son, se encuentran bajo supuestos normativos distintos, ya que los primeros han sido concebidos durante el matrimonio válido de sus padres y los segundos no.

En consecuencia, entre uno y otro existe una diferencia que se basa en un hecho racional que resulta ser el matrimonio válido de sus padres, acto jurídico que la sociedad occidental asegura a todas las personas y que impone al Estado el deber de proteger y promover, ya que resulta ser la circunstancia que origina la familia.

A este último respecto debe recordarse como lo decía al comienzo que lo que nuestra Carta Política prohíbe es que existan diferencias arbitrarias, decir, diferencias que se basen en simples antojos carentes de toda racionalidad.

Por otra parte, el mensaje del Ejecutivo pretende hacemos pensar que nuestro actual sistema de filiación vigente compromete la responsabilidad internacional del Estado, ya que el actual artículo 5o de nuestra Carta Política recoge como límite hacia el ejercicio de la soberanía, el respeto a los derechos garantizados por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Sobre este particular quisiera detenerme brevemente a analizar estos textos.

El Pacto San José de Costa Rica, en su artículo 17, luego de reconocer a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad, consagra el derecho de fundarla y dispone: “La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los hijos nacidos dentro del mismo”. Pues bien, es aquí donde el proyecto confunde dos cosas elementales: por una parte, la filiación legítima y la que no lo es dan origen a un estado civil diferente, lo cual resulta ser adecuado, ya que el estado civil es aquella situación permanente que ocupa un individuo en la sociedad y que deriva principalmente de sus relaciones de familia en cuanto lo habilita para ejercer ciertos derechos o contraer obligaciones civiles.

Los derechos y las obligaciones que derivan de él, pueden ser de naturaleza patrimonial y extrapatrimonial. Eso todos lo sabemos.

La igualdad a que el Pacto San José de Costa Rica obliga es aquélla tendiente a no permitir diferencias en razón de la legitimidad, tratándose de los derechos patrimoniales, como lo son, por ejemplo, el derecho de alimento o los derechos sucesorios, y en este sentido el proyecto parece bien encaminado, no obstante los ajustes que habría que hacer.

Creo que no existe inconveniente alguno en legislar otorgando más beneficios a los hijos no legítimos; pero, en ningún caso, se los puede equiparar con los que lo son, y ello por una razón muy importante: no existe injusticia alguna en tratarlos de manera diferente, ya que su distinción no radica en sus entidades ontológicas de personas, sino en razón de un hecho de naturaleza, cual es el no haber sido concebidos dentro del matrimonio válido de sus padres, hecho que, obviamente, no les es imputable a los menores engendrados en tales circunstancias, pero tampoco se les puede imponer a los hijos legítimos. Aquello sí significaría una arbitrariedad, ya que se les exigiría una carga adicional no soportada por el resto y por un hecho que no les es atribuible.

Por esto resulta inaceptable pretender una igualdad que signifique identidad, ya que significaría desconocer del todo a la institución matrimonial y, con ello, afectar gravemente a la familia como el núcleo fundamental de toda sociedad.

En otras palabras, el proyecto de ley en discusión consagra un sistema que, a la luz de nuestra normativa constitucional, resulta insalvablemente nulo pues transgrede la Carta Fundamental tanto en su espíritu como en su letra, ya que desconoce el concepto de familia matrimonial, sobre el cual se funda nuestra sociedad.

Esta reflexión me hace reafirmar mi voto de rechazo al proyecto porque como dijera, parte de supuestos falsos que impiden rescatar lo salvable de él. En efecto, bien hace nuestra actual legislación en hablar del “padre y madre de familia” que, en la mayoría de los casos, será coincidente con los conceptos de madre y padre biológicos, pero que no necesariamente deben concurrir ya que lo que verdaderamente lo sustenta es la relación de amor que los une, que justifica la relación primera y natural del hombre por el matrimonio que funda la familia.

Quiero terminar recordando las expresiones consignadas por Tocqueville, en su libro “La democracia en América”: “Por encima de esa masa se alza un poder inmenso y tutelar que se encarga en exclusiva de garantizar los goces de todos y controlar sus destinos. En absoluto, detallado, regular, previsor y suave. Se parecería a la autoridad paterna si, como ésta, tuviese por objeto preparar a los hombres para la edad adulta, pero en realidad lo que hace es mantenerlos irrevocablemente en la niñez. Le gusta que los ciudadanos lo pasen bien con tal de que no piensen en otra cosa. Se interesa de buen grado en su bienestar con tal de ser el único agente y árbitro del mismo. Mira por su seguridad, garantiza y cubre sus necesidades, facilita sus placeres, dirige sus principales asuntos, impulsa su industria, regula sus sucesiones, divide sus herencias y, si pudiera, les quitaría por completo la molestia de pensar y de vivir.”

Ese es el rol que le daremos al Estado como ente omnipotente, regulador y controlador de todo.

Ayer luchamos hasta imponer las ideas de un mundo libre en materia económica; hoy, la amenaza es mayor: se nos pretende declarar interdictos en nuestras propias vidas, anulando nuestra libertad interna y afectando con ello la sociedad básica y fundamental, aquélla en que se transmite la conciencia de la humanidad de generación en generación, y donde el hombre, verdaderamente, aprende a ser hombre.

En atención a todo lo señalado, ruego a la Sala tener por promovida en la discusión del proyecto la cuestión de Constitucionalidad antes señalada, especialmente, por lo preceptuado en el artículo 82, N° 2° de la Constitución Política y en el artículo 39 de la Ley N° 17.997, Orgánica del Tribunal Constitucional.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra la honorable Diputada señora Mariana Aylwin.

La señora AYLWIN (doña Mariana).-

Señor Presidente, a mi juicio, este proyecto se hace cargo de un problema largamente postergado, como es la discriminación arbitraria que sufren los hijos nacidos fuera del matrimonio, que en nuestro país son considerables. En efecto, uno de cada tres niños que nacen, está en esa situación, y en el caso de nacimientos de hijos de mujeres menores de veinte años, esa cifra aumenta a más del doble: seis de cada diez.

Nuestra legislación, en este aspecto, no sólo se ha situado al margen de los convenios internacionales, sino que está a la zaga de todas las naciones latinoamericanas.

En Bolivia, por ejemplo, el establecimiento de la igualdad de todos los hijos data de una declaración constitucional de 1938. En Argentina, en 1954, se suprimió la distinción entre hijos legítimos, adulterinos, incestuosos, sacrílegos y naturales. Hoy sólo existe el concepto de hijos, que pueden ser matrimoniales o extramatrimoniales, y gozan de idénticos derechos. En Costa Rica, en 1973 se promulgó el Código de la Familia, que consagra la igualdad de todos los hijos. Lo mismo pasa con el reconocimiento de la paternidad y la patria potestad.

Esta misma Cámara, en 1973 estaba discutiendo un proyecto para igualar los hijos ante la ley, patrocinado por el gobierno, del ex Presidente Allende, el cual, obviamente, quedó pendiente luego del quiebre de nuestra democracia.

Durante el gobierno militar el Grupo de Estudios Constitucionales, de los 24, recogió el tema dentro de sus propuestas en el área de la familia, y tuvieron que pasar 20 años antes de que el Servicio Nacional de la Mujer planteara nuevamente la iniciativa.

Los chilenos han manifestado mayoritariamente estar de acuerdo con dictar una ley como ésta. De hecho, la encuesta realizada por la Comisión Nacional de la Familia revela que el 84 por ciento de los encuestados piensa que no deben existir diferencias legales entre hijos legítimos e ilegítimos. Solo un 8,5 por ciento piensa que ésta debe mantenerse.

Sorprende esta demora. Y más sorprende que ella se fundamente en la argumentación de la defensa de la familia y el matrimonio. Paradójicamente, lo que hemos hecho en Chile en nombre de la protección de la familia, ha sido negamos a enfrentar muchos de sus problemas. Para defender la familia basada en el matrimonio, hemos cometido la injusticia de discriminar a los hijos ante sus propios padres ¡Cómo no va a ser discriminación arbitraria!, con grave daño para miles de familias no constituidas legalmente, como las de las mujeres solas o las uniones de hecho. ¿Quién puede decir que una madre sola con sus hijos no es una familia?

Creo firmemente, como la inmensa mayoría de los chilenos, que el ideal es que la familia se funde en el matrimonio y que ella es posible. De hecho, la mayoría lo vive así, pero resulta una ceguera y una injusticia dejar en la indefensión a quienes viven otra realidad. Hacerlo equivale a aceptar que el fin justifica los medios.

Por otra parte, conviene preguntarse: ¿Es moralmente lícito que por defender el valor de una institución se desproteja a personas de carne y hueso que además conllevan el dolor de una situación que no eligieron?

De allí que estemos enfrentados ante dos desafíos: uno, fomentar, cuidar y proteger la familia en su concepto ideal, es decir, el valor que consideramos un bien; el otro, cómo asumimos también sus problemas, que están allí más allá de nuestra voluntad. Lo primero no puede implicar la política del avestruz ni menos consagrar situaciones de injusticia y discriminación, como las que hemos permitido hasta ahora.

Por lo demás, creo sinceramente que es equivocada la percepción de que el proyecto daría un signo equívoco respecto de la familia. Al contrario, no sólo no la deteriora, sino que tiende a fortalecerla en su mayor debilidad, porque si bien en nuestra cultura existe una amplia valoración de la familia, ella convive con una precaria responsabilidad paterna. Ese es el punto más débil en tal aspecto. El fenómeno del padre ausente o, mejor dicho, de la mujer sola a cargo de sus hijos, está en nuestra tradición desde nuestros orígenes como nación. Se vio en la mujer indígena, con la cual el intercambio sexual, sobre todo en las zonas fronterizas, fue frecuentísimo. Con violencia o sin ella, los soldados solían mantener varias concubinas.

Como señala el cronista Marino de Lobera, en un día, en un campamento parían 60 indígenas.

También se vio en la mujer española, tanto en la que quedaba sola en la ciudad por causas de la guerra, como en la cautiva. En la destrucción de las ciudades del sur, se supone que alrededor de la mitad de las mujeres fueron cautivas alrededor de 400 a fines del siglo XVI. De este modo, la formación del mestizaje nuestra nación es esencialmente mestiza estuvo basada en el esquema del padre ausente. El mestizo es un huacho, producto de una unión inestable entre el conquistador europeo y la mujer india.

Este fenómeno ha permanecido en la sociedad chilena a través de distintas expresiones. Se dio en la cultura campesina, especialmente en la figura del peón y, sobre todo, con los fenómenos migratorios: emigraba el hombre en busca de un mejor destino, y la mujer quedaba sola con sus hijos. En la cultura minera se repitió igual cosa. El hombre vivía en campamentos y tenía hijos en uno y en otro lugar. De allí deriva el doble sentido que en nuestro país tiene la palabra “minero”.

A lo largo de siglos, sigue manifestándose esta realidad de diversas maneras. Los fenómenos actuales, de altos índices de hijos ilegítimos o naturales y de mujeres jefas de hogar, encuentran allí sus antecedentes.

En nuestra cultura hay una precaria responsabilidad del hombre en su rol de paternidad. El proyecto contribuye, justamente, a fortalecer la responsabilidad paterna, que es, como ya dije, el punto más débil en la realidad de la familia chilena. Fortalece esa responsabilidad al eliminar la discriminación entre los hijos, porque éstos tendrán derechos frente a su padre que no los tienen hoy, incluidos los derechos sucesorios; fortalece la responsabilidad paterna, al mejorar el sistema de investigación de la paternidad, la que dejará de ser una concesión graciosa del padre, como, en la práctica, lo es hoy día; fortalecerá la responsabilidad paterna al establecer el ejercicio conjunto de la patria potestad por padre y madre, reuniendo patria potestad y autoridad paterna en un solo concepto, que deriva en una vocación y una responsabilidad común en lo que se refiere a la crianza y educación de los hijos.

Por todos estos motivos, no sólo apruebo el proyecto, sino que espero que tenga mejor suerte que los que lo precedieron.

He dicho.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la Diputada señora Worner.

La señora WORNER.-

Señor Presidente, después de la brillante y fundamentada exposición de la Diputada señora Mariana Aylwin, queda poco por agregar.

Como la intención es que hoy terminemos el debate en general y votemos, quiero recoger algunas cuestiones que, en lo personal, me preocupa destacar, y que, creo, son compartidas por algunos miembros de esta Corporación. En efecto, al dictar esta legislación, estamos modernizando nuestro Código Civil y avanzando en dar coherencia a los preceptos más importantes y fundamentales de nuestra Constitución Política.

Recojo el planteamiento inicial del Diputado señor Bombal, cuando señala que nuestra Carta Fundamental establece la igualdad ante la ley, pero que esta igualdad debe darse cuando se ha producido una discriminación.

Pregunto: ¿Puede haber algo más arbitrario, que discrimine más, que una conducta que si imputa a los hijos nacidos fuera del matrimonio, que no han elegido, y que corresponde a una decisión de sus progenitores en un momento determinado? ¿Qué puede haber más discriminatorio y arbitrario que llevar por toda la vida el peso de una situación en la que no tuvo ni siquiera posibilidad de manifestar una opinión?

Eso no dice relación sólo con aspectos patrimoniales, que podrían llegar a ser un detalle, sino que va mucho más allá, porque en los albores del siglo XXI en nuestro país todavía mantenemos una legislación que distingue entre hijos legítimos e ilegítimos.

Considero fundamental la apreciación de la Diputada señora Aylwin en tomo a que, verdaderamente, estamos apuntando a fortalecer el debilitamiento que actualmente tiene la paternidad en nuestra legislación, pues al no existir responsabilidad frente a esto, al haber una cultura en donde la figura del padre ausente es la que ronda en cientos y miles de hogares chilenos, y mientras no exista un sistema expedito y moderno por el cual se pueda determinar la paternidad, hay una relativización moral en aquellas personas que, atentando contra la familia, procrean sin ninguna responsabilidad hacia el futuro y dejan sujeto a su solo arbitrio y conciencia el responder más tarde y por toda la vida de la situación de ese hijo que nació fuera del matrimonio.

Concuerdo plenamente en que hacia allá apunta el proyecto en estudio y, al contrario de lo que aquí se ha sostenido que estamos debilitando la institución de la familia con el conjunto de normas que ahora estamos aprobando y de otras iniciativas legales que también se encuentran en tramitación en el Parlamento, estamos procurando fortalecerla y tener una legislación moderna que termine con estos anacronismos e injusticias.

Por lo anterior, anuncio nuestro voto favorable a este importante proyecto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Darío Paya.

El señor PAYA.-

Señor Presidente, como es evidente para todos los que han participado en la redacción del proyecto cosa que no siempre se manifiesta así en la presentación pública del mismo, la dificultad más grande que enfrenta un niño ilegítimo o natural no está en la condición o el nombre que la ley le adjudica, sino en la realidad de no haber nacido en el seno de una familia bien constituida. Por lo demás, cuando es necesario acudir a las leyes, es porque los padres biológicos de ese niño no cumplieron con la obligación de hacerse responsables de él. Estas situaciones no las va a solucionar a cabalidad ninguna ley dictada por algún congreso en el planeta. Lo que sí debemos hacer siempre al legislar en esta materia es dejar abierto el camino, abrir las puertas y facilitar la posibilidad de que esa situación, esa realidad, se allane a lo que todos consideramos natural: que los padres se hagan responsables de sus hijos.

Hay muchas cosas del proyecto que no me gustan. Sin embargo, la discusión central del mismo la situación de desigualdad de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, prefiero plantearla al revés. El objetivo de estas normas no es necesariamente la igualdad de los niños nacidos dentro y fuera del matrimonio, sino que resulta mucho más imperativo, como exigencia, que los padres sean igual y plenamente responsables de todos sus hijos. Lo que no quiero es que subsista en la legislación chilena una situación en que se da al padre irresponsable la posibilidad de ser menos responsable respecto de los niños nacidos fuera del matrimonio. Si lo que se desea es proteger a la familia y evitar que los niños nazcan fuera del seno de una familia, hay que sancionar la conducta que origina el problema; es decir, la conducta del padre irresponsable, porque según la legislación actual, éste, a mayor abundamiento, sale ganando, ya que tiene menos responsabilidad respecto de los hijos nacidos fuera del matrimonio. ¡Feliz el irresponsable! En ese punto estoy plenamente de acuerdo con el proyecto, pues si lo que se quiere es castigar dicha conducta, la sanción no la puede pagar un niño que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad. Además, resulta del todo inútil que una legislación señale tal cosa.

Como aquí se han dado argumentos en profundidad respecto del proyecto en general, quiero ir directamente a un punto específico que, a mi juicio, está mal resuelto. Desde ya anuncio que, de no ser modificado, no podría aprobarlo y que he presentado una indicación para eliminar las enmiendas que se introducen en materia de patria potestad. Voy a explicar por qué: Lo normal es que padre y madre intervengan en las decisiones que afectan la vida y la educación del hijo. Eso es lo normal, es lo que pasa en cualquier familia que funciona bien. ¿Qué sucede cuando se produce un problema? Cuando la familia no funciona bien, debemos mirar el Código. Es ahí cuando necesitamos que la ley diga algo y resuelva el asunto; pero esta reforma adopta la peor de las soluciones: no resolver el problema. Ahí necesitaríamos que dijese: “el padre o la madre”, determinado de cualquier forma, de mutuo acuerdo o por el juez. Pero lo que dispone el proyecto es equivalente a nada, pues dice: “los dos.” Y ocurre que lo que dio origen a revisar el Código, es justamente que los dos no se pusieron de acuerdo. Por lo tanto, la norma es completamente inútil.

En la práctica, me preocupa que al expresar “los dos,” se está diciendo “el juez”, miembro de un Poder Judicial que en el país no funciona bien y al cual la gente humilde tiene tremendas dificultades para acceder. Entonces, me parece que el proyecto está “chuteando” el problema para la galería, no lo soluciona, sino que crea uno adicional, en particular para la gente humilde, al prolongar el período durante el cual el niño que es quien nos preocupa va a estar en una situación de incertidumbre.

Votaré a favor de la idea de legislar, porque el proyecto tiene efectos positivos en lo que se refiere a la expansión del fenómeno de tener hijos fuera del matrimonio, al eliminar el área de irresponsabilidad favorecida por la actual ley.

En cuanto al resto del proyecto, tengo tremendas discrepancias, que espero se corrijan en el segundo trámite de la iniciativa, de manera que, ojalá, podamos aprobar un todo coherente y positivo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado don Luis Valentín Ferrada.

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, frente a una materia tan grave y delicada como ésta, no cabe presumir que cada uno de los señores parlamentarios estuviese de acuerdo en un mismo sentido y menos que dicho acuerdo pudiera provenir de bancadas o de posiciones políticas.

Respeto enormemente la posición y las convicciones morales de los Diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, y comprendo y asumo como muy respetable la intervención de nuestro honorable colega don Carlos Bombal.

No obstante ello, y sin presumir representar a nadie, quiero entregar mi propia opinión y defender la tesis de que éste es un proyecto esencialmente correcto y justo.

Creo que buscar el igual trato de la ley chilena para todos los nacionales es un imperativo de justicia, de equidad, y, como voy a explicar también, un imperativo constitucional al cual estamos todos obligados.

No resiste ningún análisis lógico el que la Constitución Política del Estado disponga la igualdad de los chilenos frente a la ley y que, conforme a ese principio de supremacía constitucional, las leyes civiles no recojan en la práctica lo que se deriva de tal principio.

Si hemos aceptado una Constitución que nos manda, nos ordena dar igual trato a todos los chilenos frente a la ley, eso debe tener una traducción en cada una de las leyes que dictemos y que estén vigentes en Chile.

Aquí hay una discriminación que no sólo es injusta, sino muy odiosa, muy dolorosa. Cuando entregue algunos argumentos históricos, me voy a permitir traer al recuerdo de la Sala algunos casos de la historia de Chile que debieran iluminamos de manera ejemplar.

No resiste análisis lógico, en consecuencia, como primer punto, el que nuestra Constitución nos ordene dar igual trato a todos los nacionales frente a la ley y que mantengamos disposiciones del Código Civil que establezcan discriminaciones que son injustas, crueles y odiosas.

Se han dado aquí los argumentos básicos de justicia y de equidad.

¿Qué culpa tienen los niños que nacen para acarrear digámoslo con franqueza una cruz social de por vida? Si los culpables son los padres, ¿por qué los hijos deberían llevar esa cruz a través de toda su existencia?

No hay vulneración constitucional propiamente tal respecto del exordio, de la exaltación que nuestra Constitución hace de la institución de la familia y de que no se discrimine respecto de los hijos.

Conforme a la doctrina, que muchos compartimos y en la que fuimos formados, el punto esencial es que los derechos de las personas son siempre anteriores y superiores a los de la sociedad y del Estado. Nuestra Constitución está redactada sobre esa piedra angular jurídico-moral: los derechos de las personas son anteriores a los de la sociedad y del Estado.

La familia es una institución social importantísima, pero su naturaleza es esa: es una institución social. En cambio, los derechos de la igualdad ante la ley ni siquiera son derechos personales. Más aún, son derechos que desde siempre se les llamó personalísimos; son los que tocan a la intimidad más profunda de la persona. En consecuencia, cuando nuestra Constitución hace una exaltación de la familia, de modo alguno está estableciendo o no podría jamás colegirse de esa exaltación el principio de que la institución social hubiese que afirmarla con cargo a los derechos de las personas ni menos de los derechos personalísimos. Quienes creemos que esos derechos de las personas son anteriores a la sociedad, nunca podremos redactar una ley en que, por fortalecer una institución social, se aherrojen esos derechos que hemos declarado superiores y anteriores a la sociedad y el Estado.

También hay argumentos históricos que vienen en favor de la tesis.

¿Por qué ocultamos que nuestro Padre de la Patria enfrentó la situación del hijo bastardo?

¿Por qué negamos que en esta Sala, al menos desde un punto de vista histórico, en los años de 1830, por la unanimidad de los Diputados, a modo de rendirle un homenaje a don Diego Portales, se dictó una ley que legitimó específicamente a la familia ilegítima que él había formado, y se le quiso honrar, tras su muerte aquí, en el cerro El Barón, a pocos metros de distancia de esta Sala, de esa forma? Y lo hicimos los Diputados, en esta tradición histórica constitucional chilena.

Hay una evolución en nuestro propio Código. Lo recordaba la Diputada señora Aylwin hace poco rato. Hasta no hace mucho no sólo se distinguía entre hijos legítimos, naturales, o simplemente ilegítimos. Era más cruel la ley antigua, porque establecía distintas categorías que apuntaban a situaciones en que ya no sólo había cruz, sino que yo diría cruz y calvario: hijos adulterinos, hijos de dañado ayuntamiento, hijos sacrílegos, hijos incestuosos. Durante toda su existencia llevaban rotulada en el alma la categorización con que la sociedad los condenaba. Los legisladores de este siglo suprimieron estas categorías.

Creo que hoy, al avanzar hacia la igualdad de trato, estamos dando un paso histórico inevitable, un paso que representa un avance de cultura y de civilización social.

Por último, quiero añadir argumentos de autoridad.

Si se revisa la opinión del informe que precede al proyecto, si se revisa la mayor parte de las opiniones de autoridades de nuestro medio e internacionales, todas coinciden en el paso de la igualdad de los niños como una expresión. Y esto es muy curioso y muy hermoso, ya no sólo del derecho personalísimo de las personas, entonces ¿por qué no agregar a los que somos padres de tantos niños, los derechos personalísimos del niño? También hay una expresión en boga con esto de los derechos del niño, a lo cual, en lo personal, le doy mucha importancia.

En fin, por todo este conjunto de argumentos, defiendo la tesis de que este es un proyecto justo y que va a avenir más nuestra realidad con los principios constitucionales. Es cierto; no nos neguemos, señora Ministra de la Familia: de alguna forma directa o indirecta, esta iniciativa va a contribuir, si mal se le entiende, a debilitar, en parte, a la institución del matrimonio. Es un riesgo. No hay que ocultarlo, porque está presente. El punto es que, en doctrina, hay que fortalecer el matrimonio y a la familia por otros medios los más posibles, pero no a través del sacrificio de los niños.

Señor Presidente, frente a este tema no haré exaltación alguna. Me he limitado a exponer mis propias humildes razones para sostener la tesis que he sostenido esta mañana. No puedo evitar ni contradecir a nadie a votar de una forma u otra. Pero, cumpliendo con la doctrina que siempre compartí, en un principio de justicia que estimo de profunda equidad, votaré que sí.

He dicho.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, junto con sumarme y destacar la exposición tan elocuente de la Diputada señora Mariana Aylwin y las opiniones que valoro mucho del Diputado señor Ferrada, me detendrá en un aspecto que es importante subrayar; por lo menos, vale la pena fijar posiciones en tomo de algunos temas.

Por cierto, soy firme partidario de apoyar el proyecto; soy partidario de resaltar dos derechos de la infancia y de los niños creo que es sobre todo en este contexto donde se enmarca el proyecto; soy partidario de que se termine con una discriminación arbitraria e injusta, y, sin duda, soy firme partidario de que se incorpore en nuestra legislación una iniciativa que tuvo su origen en una propuesta parlamentaria presentada en esta Corporación, inicialmente, por el Diputado señor Naranjo y otros, respecto de la paternidad responsable.

Quiero detenerme, eso sí espero no ofender a nadie, en una mitología: la familia.

Algunos hablan de la familia y matrimonio como si fueran sinónimos. Por lo menos para mí, no lo son. Cuando aquí se nos dice que uno de cada tres niños nace fuera del matrimonio y que seis de cada diez niños de madres menores de 20 años también nacen en esa condición, uno puede concluir, en forma alternativa, que la familia está en crisis o de lo cual soy partidario que la conceptualización de la familia, dominante durante largo tiempo en nuestro país, no corresponde a la realidad.

Lo que ocurre, y es el gran valor del informe de la Comisión de la Familia, encabezada en su tiempo por la actual Ministra señora Josefina Bilbao, es que expuso ante nosotros un hecho que, como Corporación y país, debemos asumir: no existe “la” familia, sino diversos tipos de familias. Como reflejo de esa realidad, nuestra legislación tiene que saber cómo proteger los derechos de todos los ciudadanos e integrantes de las diversas familias.

Se podrá decir que es un sacrilegio o un atentado a la estabilidad social decir que no existe “la” familia, y el Diputado señor Ferrada fue muy elocuente al traemos recuerdos históricos de que nuestro país no tiene por qué desconocer que el Padre de la Patria nació fuera del matrimonio, que era un bastardo, según el lenguaje de la burguesía dominante de aquella época, que es para algunos tan terrible asumirlo, aún en el día de hoy.

Es importante asumir que nuestra familia chilena no es monolítica, no está condicionada necesariamente por el matrimonio y que eso no va a cambiar con una ley más o una ley menos.

Muchas veces me pregunto si la mayoría de los chilenos sufrimos de esquizofrenia o si somos hipócritas de siete suelas, porque todos sabemos que la familia popular, no por una falta de moral ni de ética ni de creencias religiosas, vive realidades distintas e incluso que éstas no están limitadas a los sectores populares, sino que cruzan todos los sectores de nuestra sociedad.

Pido, señor Presidente, que al aprobar esta iniciativa tan importante que, sin duda, es parte del conjunto de otras que quieren abordar la realidad contemporánea de la familia chilena, lo hagamos dejando de lado cierta hipocresía.

El país desea que hablemos con la verdad de frente al pueblo ¿A cuántos colegas les ha sucedido lo que a mí: que una mujer se acerque en nuestro distrito y nos pregunte: “¿cuándo se va a aprobar la ley de la filiación, porque mi niño tiene derecho a recibir una pensión y el hombre, el padre de mi hijo, no quiere reconocerlo?”. Esta situación, según las estadísticas entregadas por el informe, se repite en 113 mil niños al año. Es un fenómeno social bastante voluminoso. Antes de leer el informe, pensaba que su magnitud era de 500 mil niños ilegítimos en nuestro país, pero ante esta estadística, la cifra de 500 mil niños ilegítimos, naturales o como se les quiera llamar, queda bastante corta y distante de la realidad.

Termino señalando que soy partidario de esta norma, que esta iniciativa es parte de un conjunto y que no debemos usar un doble lenguaje: uno en la Sala y otro en las conversaciones entre hombres, muy típico de cómo se habla de estos temas en la cultura masculina, cuando es en el “Club de Toby” y distintos a cómo se habla frente a las cámaras. Entender que esta iniciativa tiene que ser acompañada de otras, que a algunos asusta y otros le temen, como una ley de divorcio, que tiene que ver también con la regulación de la familia chilena, la familia real y no aquélla que nos muestran algunas revistas o programas de televisión.

Al terminar, concedo una interrupción al Diputado señor Naranjo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, en nombre del Partido Socialista, quiero expresar que vamos a respaldar esta iniciativa, porque en el fondo responde a una de las tantas necesidades y anhelos de nuestra población, como es poner fin a una situación de injusticia que se arrastra por muchos años ya que ha provocado un enorme daño social en nuestro país que, como bien lo recordaban algunos señores Diputados, arranca desde las propias raíces de nuestra historia.

Ponerle fin a esta odiosa situación de calificar a los hijos como legítimos o ilegítimos si han nacido dentro o fuera del matrimonio, es un paso muy importante, que nos pone a la par con las legislaciones más modernas del mundo. Además, al aprobar el proyecto y con ello poner fin a esta discriminación, hacemos concordante nuestra legislación con los diversos convenios internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito y el Parlamento ha ratificado, como el caso del Pacto de San José de Costa Rica por poner sólo un ejemplo, bastante claro sobre la materia, ya que el N° 5 del artículo 17 establece que la ley debe reconocer iguales derechos tanto para los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.

Para mi bancada, este avance legislativo nos lleva a poner fin al castigo que reciben muchas personas por actos no voluntarios. Los hijos no pueden pagar por los errores de sus padres.

La actual legislación establece un sinnúmero de efectos negativos en el ámbito social y cultural, incluso en el económico de nuestra sociedad, que restan oportunidades y beneficios a los denominados “hijos naturales” o simplemente “ilegítimos”.

Además, al superar esta discriminación jurídica, hacemos coherente la legislación con lo establecido en la Constitución.

Las cifras estadísticas disponibles en nuestro país expresan, por sí solas, la importancia de legislar sobre la materia.

En efecto, según datos entregados por el Registro Civil e Identificación, la tasa de nacimientos ilegítimos ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. De un 16 por ciento en 1960, se ha elevado a casi un 40 por ciento en 1993.

Por otra parte, no basta que a todos los hijos se les llame igual, sino que es fundamental que se les trate jurídicamente del mismo modo. En este sentido, el proyecto da pasos significativos al establecer iguales derechos en diversas materias sociales y económicas.

Sobre este proyecto se han levantado voces que han insinuado que esta solución jurídica debilita el concepto de la familia y del matrimonio, y, por consiguiente, puede poner fin a la razón de ser de esta institución. Muy por el contrario, y lo digo con mucha convicción, este nuevo régimen de filiación refuerza el concepto de la paternidad responsable, lo que indudablemente contribuirá a fortalecer el matrimonio y la familia, lo que los debilita y daña son las conductas irresponsables, la doble vida, la vida hipócrita. Por eso, no comparto la opinión de quienes dicen que esto podría desembocar en un debilitamiento de la familia.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, me haré cargo del planteamiento del Diputado señor Bombal en el sentido de recurrir al Tribunal Constitucional para que determine, en definitiva, si este proyecto atenta contra la Constitución.

Al leer la Carta Fundamental la recuerdo, como bien lo hacía el Diputado señor Ferrada con la historia, me parece que toda la argumentación del Diputado señor Bombal se remite a aquella conversación que Richelieu sostuvo como confesor con la reina de Francia, en la cual, con singular hipocresía y maquiavelismo, cuando Su Majestad le decía que el rey le era infiel y le preguntaba qué podía suceder, le manifestaba: “No os preocupéis, Majestad, porque el delfín de Francia sólo podrá nacer de vos.” Es decir, el confesor de la reina le expresaba que, no obstante todos los hijos que tuviera por fuera el rey, sólo el hijo de la reina podía ser el sucesor del trono.

Eso, en ese tiempo, durante la historia y ahora ha sido una mentira.

La Comisión recibió a los pastores evangélicos, incluso a otra persona que también vino en su representación, pero no era pastor. Esta última creo que nos ofendió a muchos el sentimiento religioso, porque partió diciendo en esa oportunidad el Diputado señor Ferrada expresó su objeción, yo la recuerdo con el mayor respeto, porque también me sentí herido que si Cristo estuviera presente en este momento, el Niño Jesús también tendría serios problemas de filiación.

En consecuencia, los que creemos en un ser superior, pensamos que los hijos vienen de Dios; más allá de lo que esté escrito en nuestras leyes y más allá de las costumbres, tal como el Niño Jesús. Llegamos al mundo porque el Gran Hacedor dibujó criaturas en el vientre de la mujer para la perpetuación del ser humano.

Desde ese punto de vista, aquí no pueden haber diferencias. Si trasladamos todo esto a otros contratos, podemos decir que siempre existieron compras y ventas, pero alguien tradujo su regulación en norma jurídica. La unión del hombre con la mujer produce el fruto, el hijo, inspiración, mano de Dios. Y después, los pueblos trasladaron este hecho a norma jurídica, lo reglamentaron. Pero eso no hace la diferencia, porque si fuera así, uno tendría que decir como lo dijimos cuando informamos este proyecto que, en verdad, no existen hijos ilegítimos. Los padres son ilegítimos, no los hijos.

Aplausos.

El señor ELGUETA.-

Y eso es muy claro para todos quienes tenemos inspiración cristiana. Cuando hablamos de los derechos humanos siempre recordamos a San Pablo, quien decía que el que destruye a un hombre destruye a Dios, porque el hombre es su templo. En consecuencia, no puede haber distintos templos de Dios. Ese templo es uno solo; por lo tanto, no puede haber diferencias ni tratos desiguales. Todo lo cual se ha traducido en normas jurídicas, en convenios, en tratados internacionales.

Podría pensarse que estoy en contra de la Constitución de 1980; pero no hay duda de que compartimos la mayoría de los principios que informan las bases de la institucionalidad, y nuestros constituyentes jamás pensaron hacer una discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos o naturales. ¡Jamás! Esa diferencia ha sido el producto del trato y de las costumbres.

Quiero recordar, por ejemplo, lo que afirmaba Andrés Bello, cuando suponía que existía una especie de delito, porque la paternidad ilegítima suponía una seducción, un acto pernicioso a la sociedad, y aparentemente reprobado por la moral cristiana: En este delito, el padre ha sido el instigador y el autor, y la madre una víctima de cuya miseria participa más o menos el hijo. La mujer tiene que expiar su flaqueza con el deshonor, con una verdadera y dolorosa degradación, mientras el principal delincuente ni se cree con menos derecho a la consideración de sus iguales, ni de hecho es menos respetado y estimado que antes.

Cuando informé el proyecto, expresé que si bien en nuestro Código Civil no se define a la familia, varias de sus disposiciones indican quiénes la comprendían. Y no sólo se incluían a los parientes legítimos, sino que también, incluso, hasta a los sirvientes. El artículo 411 del Código Penal establece que en el caso de indemnización por lesión o muerte, los familiares de la víctima tenían derecho a una indemnización, y define que se entiende por familia todas las personas que tienen derecho a pedir alimento al ofendido. Si uno recorre el Código Civil, tienen derecho a pedir alimentos una cantidad de personas que, en definitiva, comprenden la familia.

Don Andrés Bello, con todas las limitaciones del siglo pasado, con otras costumbres y hábitos, parecía comprender mucho mejor la situación que algunos de los hombres contemporáneos, que nos quieren hacer creer que la Carta Fundamental de 1980, cuando habla de familia, sólo se refiere a la que se estructura sobre el matrimonio monogámico. Eso no es así. Los propios constituyentes de esa época, no obstante ser católicos observantes y que por ello podrían ser muy restringidos, no definieron la familia, ni siquiera sentaron el principio de que ella se construye básicamente sobre el matrimonio; sino que, por el contrario, este aspecto lo dejaron abierto, porque reconocían que la pareja humana podía constituirse bajo otras modalidades, y que todos los chilenos que nacían en esas condiciones también se integraban a una familia.

A la familia no se la defiende por medio de la mentira, todo lo contrario, de esa manera se comete una injusticia. La legislación vigente, al sostener la impunidad de los padres de familias legítimas que procrean fuera del matrimonio, estimula conductas irresponsables.

Termino hay otros señores Diputados que quieren hablar diciendo que aun cuando estas actas se lleven al Tribunal Constitucional, considero que ese alto órgano del Estado estimará constitucional este proyecto, que constituye una verdadera revolución, como ha sucedido en todos los países latinoamericanos, europeos y del mundo donde esta distinción, tan odiosa entre los chilenos, se ha suprimido.

He dicho.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Informo a la Sala que el Orden del Día termina en cinco minutos más.

Si le parece a la Sala, se prorrogará hasta las 13 para votar el proyecto, lo que permitirá intervenir a los señores Diputados inscritos.

No hay acuerdo.

El señor ESTÉVEZ.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, estoy de acuerdo en prorrogar el Orden del Día, pero como la Comisión de Hacienda está citada a esta hora solicito que Su Señoría pida el acuerdo de la Sala para que pueda sesionar simultáneamente con la Sala. De lo contrario, fracasará la reunión de nuestra Comisión, cuya hora de funcionamiento la fijamos precisamente para cuando terminara el Orden del Día, es decir, en cinco minutos más.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, el proyecto al que estamos abocados me parece de la mayor trascendencia y profundidad, no sólo por los derechos que pretende cautelar, sino por las consecuencias que pueda tener para la sociedad.

Cuando el Ejecutivo presentó en 1993 este mensaje a trámite legislativo en la Cámara, lo hizo luego de un largo y profundo análisis de la realidad chilena, lo cual ameritaba, sin lugar a dudas, modificaciones al Código Civil y a otros cuerpos legales en materia de filiación, debido a que nuestro actual régimen de filiación es profundamente discriminatorio, al separar y clasificar a los hijos en legítimos e ilegítimos, según hayan nacido dentro o fuera del matrimonio.

Ello conlleva marcadas diferencias de trato para una categoría y otra, lo que produce una situación de discriminación jurídica que incide directamente en los ámbitos social, cultural y económico, pues se castiga a personas por actos no voluntarios, ya que, en definitiva, el nacimiento de los hijos naturales o ilegítimos se basa en el comportamiento y la moral sexual de los padres.

En este contexto, quiero señalar que la institución del matrimonio debe proteger y velar por el desarrollo integral de los hijos. Sin embargo, es innegable también que quienes han nacido fuera de éste tienen igual valor e iguales derechos. Por lo demás, no me parece que el reconocimiento de los derechos de los hijos naturales vaya a socavar los cimientos del matrimonio. Por el contrario, la permisividad en que actualmente se amparan los padres irresponsables se verá frenada, ya que, al estar cautelados por ley los derechos de estos hijos, se evitará la proliferación de criaturas sin la protección de sus progenitores, a los que ahora, legalmente, se les otorgan mayores responsabilidades.

El proyecto busca concretar legalmente los principios constitucionales que reconocen y aseguran la plena igualdad de todas las personas ante la ley, estableciendo un estatuto igualitario para toda clase de hijos, cualesquiera que sea la situación jurídica entre sus padres al momento de su concepción o nacimiento.

Se consagra también la libre investigación de la paternidad y de la maternidad, apoyada por todas las pruebas que admite la ley, y adecúa el Código Civil en materias tales como estado civil, alimentos, guardas, donaciones, adopciones, cambio de nombres, herencias, órdenes, sucesorios, asignaciones forzosas, derechos sucesorios del cónyuge sobreviviente y un sinnúmero de otras disposiciones ligadas a la filiación.

En definitiva, se corrige una serie de discriminaciones que han acompañado a nuestra sociedad por siglos y que no tienen asidero, ni justificación legal ni moral para su mantención.

Además, no hay que olvidar que nuestro país ha adherido a la Declaración Mundial de los Derechos del Niño, que es expresamente clara en todas estas materias y que señala que la eventual culpabilidad de los progenitores en ningún caso puede ser heredada por los hijos.

Finalmente, quiero señalar que dentro de un contexto ético y de fe, no conozco religión alguna que ante Dios haga diferencia entre los seres humanos. Entonces, ¿bajo qué fundamento moral pueden seguir amparándose estas injusticias, si ni siquiera las confesiones religiosas hacen excepciones de este tipo?

Por todas estas razones, votaré favorablemente el proyecto, porque estoy convencido, más allá de todos los fundamentos legales, de que Dios expresa su esperanza en la humanidad cada vez que nace un niño.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Se ha solicitado la clausura del debate.

Si le parece a la Sala, así se procederá.

Varios señores DIPUTADOS.-

No, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Urrutia.

El señor URRUTIA (don Raúl).-

Señor Presidente, nosotros estábamos inscritos mucho antes que varios Diputados a quienes usted ha concedido el uso de la palabra, por lo que consideramos absolutamente discriminatorio el procedimiento que ha utilizado. Por tanto, pido que sigamos con la discusión del proyecto hasta más tarde.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Honorable señor Diputado, eso es lo que solicité: el asentimiento unánime de la Sala para continuar con el debate hasta las 13 horas.

Están inscritos para hacer uso de la palabra los Diputados señores Urrutia, Leay, Jara y Huenchumilla.

El señor ORTIZ.-

Dada la importancia del debate, nosotros....

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ESTÉVEZ.-

Pido la palabra.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, sólo pido que se me aclare cuáles son los efectos, porque la idea es que el proyecto se vote hoy. Una cosa es dar el acuerdo para prorrogar la discusión hasta las 13 horas, siempre que se vote hoy. En caso de no votarse ahora, no tiene sentido prorrogar en este momento, pues lo veremos en otra ocasión.

Desde esa perspectiva, pienso que el acuerdo para prorrogar el debate sólo corresponde si se vota hoy el proyecto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Así es. Esa es la propuesta presentada.

Si le parece a la Sala, así se hará.

No hay acuerdo.

Por lo tanto, debemos votar la clausura del debate.

El señor BOMBAL.-

Pido la palabra sobre un asunto de Reglamento.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, el Orden del Día termina reglamentariamente ahora. Si no se clausura el debate y se continúa, no tiene sentido, puesto que ya terminó.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Le puedo aclarar la situación.

Si se aprueba la clausura del debate, se vota el proyecto; si no se aprueba la clausura, sigue el debate en la sesión del próximo martes.

El señor BOMBAL.-

Permítame que le aclare.?

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, no hay acuerdo de Comités para votar hoy el proyecto. De manera que no se puede asociar a la clausura del debate la inminencia de la votación.

Quiero ser bien preciso al señalar que ya ha concluido el Orden del Día, por lo que no produce ningún efecto la prolongación del debate.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

El honorable señor Bombal está equivocado en esta materia desde el punto de vista reglamentario.

Aprobada la clausura del debate, corresponde prorrogar el Orden del Día para votar el proyecto; eso señala el Reglamento. Si no hay clausura del debate, se vota el martes. Es tan simple como eso.

Tiene la palabra el Diputado señor Urrutia.

El señor URRUTIA (don Raúl).-

Señor Presidente, el problema que señala el Diputado señor Bombal es que el Orden del Día ya terminó.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Es que cuando se pide la clausura del debate antes de que termina el Orden del Día, eso va unido al problema de la votación. Ese es el punto.

En votación la clausura del debate.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 23 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Aprobada la clausura del debate.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), De la Maza, Elgueta, Elizalde, Estévez, Gajardo, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Makluf, Montes, Naranjo, Navarro, Ortiz, Pérez (don Aníbal), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Sota, Tohá, Turna, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker, Worner (doña Martita) y Zambrano.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Allamand, Bombal, Cantero, Correa, Chadwick, Errázuriz, Ferrada, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), Jara, Leay, Letelier (don Felipe), Melero, Moreira, Orpis, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Rodríguez, Taladriz, Ulloa, Urrutia (don Raúl) y Vargas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento, se inserta la siguiente intervención no efectuada en la Sala:

El señor URRUTIA (don Raúl).-

Señor Presidente, quiero manifestar, con mucha sinceridad, en esta honorable Sala, que durante el transcurso de la tramitación de este proyecto, hemos ido tomando en consideración una serie de factores que nos llevan a votar positivamente la idea de legislar, a pesar de la complejidad de este proyecto.

En efecto, toda modificación que se le haga al Código Civil implica necesariamente un profundo estudio de él, para armonizar todas sus disposiciones, y que no quede trunco, sobre todo en materias tan sensibles como la familia, por lo que implica para la estabilidad de esta institución, pilar básico de la sociedad.

No cabe duda alguna, y aquí me voy a referir expresamente a una serie de interpretaciones que se han hecho sobre nuestra Constitución Política, en relación a la institución de la Familia. Se ha sostenido en esta Sala que el constituyente no ha definido a la familia, y eso es efectivo; pero no es menos cierto, que no se está refiriendo a cualquier familiar.

El constituyente de 1980, al establecer de que es deber del Estado dar protección a la familia y propender a su fortalecimiento, está expresamente hablando de la familia tradicional chilena, vale decir, la constituida por el padre, la madre y los hijos y por lo tanto, del matrimonio monogámico, y no de un sinnúmero de personas como se pretende establecer al interpretar de otra manera lo que la Constitución ha querido decir.

Queremos hacer esta precisión para evitar que interpretaciones como las que se han dado esta mañana en la tramitación de este proyecto, puedan constituirse en un elemento base para otras discusiones en el futuro.

Volviendo al proyecto de ley que nos ocupa, creemos necesario manifestar nuestra preocupación a que ésta pueda afectar a la familia, especialmente al matrimonio, porque puede considerarse que éste no tiene ya la importancia que el propio Código Civil le da en el artículo 102 pudiendo ser fuente de mayores nacimientos de hijos concebidos fuera del matrimonio, ya que éstos van a tener los mismos derechos que los concebidos dentro del matrimonio.

Pero es necesario señalar que nuestra legislación no puede mantener la odiosa diferenciación entre hijos legítimos e ilegítimos, ya que todos los hijos son iguales porque son obras de Dios y quiénes son los responsables, vale decir, los padres, son los que en definitiva deben cargar la cruz de sus actos sin tener porqué sentirse despreciados en la sociedad, porque aquellos no han tenido la posibilidad, ni la oportunidad de decidir.

Razón tiene la profesora señora Inés Pardo Gutiérrez de Carvallo, al señalar ante la Comisión de Constitución de esta Cámara: “Que desde un punto de vista biológico, humano y ético, no hay, atendiendo a su origen, tipos de hijos”, pero sí la pueden haber desde un punto de vista jurídico, porque esta diferenciación va a continuar, ya que ahora van a haber hijos matrimoniales o extramatrimoniales.

Razón tiene también, la señora Inés Pardo, por cuanto siempre va haber un problema, el de determinar la prueba de la relación, el que va a separar a los hijos. Pero a pesar de ello, este proyecto avanza enormemente e impide que se siga con esta discriminación, y estamos dando un paso importante al adecuar nuestra legislación a la Constitución Política de 1980.

En efecto, al igualar en derechos a todos los hijos, estamos cumpliendo con un mandato constitucional que nos entrega el artículo primero, inciso tercero, de la Carta Fundamental, que establece que el Estado está al servicio de la persona humana y que debemos concordar con la inspiración que tuvo el constituyente al redactar este cuerpo constitucional y que nos recordaba en forma tan sabia el honorable señor Ferrada, don Luis Valentín, quien nos indicaba que la persona tiene derechos anteriores y superiores al Estado, pudiendo nosotros agregar, que estos derechos son garantizados por el Estado, y uno de ellos es la igualdad ante la ley.

No es posible que se siga manteniendo esta diferenciación que lesiona los derechos y además produce un daño en una persona inocente, por ello es tan importante que hoy los legisladores seamos capaces de producir esta igualdad y que en lo posible no produzca daño en el matrimonio.

Ojalá esta legislación permita proteger a la familia y en especial al matrimonio, y que permita tomar conciencia de una paternidad y maternidad responsable y seria y que ésta se produzca como resultado del amor de una pareja que ha contraído matrimonio.

Por otra parte este proyecto incorpora innovaciones importantes en materia de reconocimiento de la Paternidad adecuándola a los avances científicos que se han producido en los últimos años, que dan certeza a este reconocimiento, porque toda persona tiene derecho a saber quién es su padre y madre y con las disposiciones que están establecidas en el proyecto de ley que estamos tramitando, se va a poder dar un paso importante en el reconocimiento, ya que al solicitarse el examen de ADN, y elevarlo a rango de prueba legal, se podrá saber con certeza, casi plena de quien es el padre, y también en forma excepcionalísima quien es la madre si no se puede probar el hecho del nacimiento.

En materia de patria potestad los derechos del padre y de la madre, una sentida aspiración que iguala a ambos padres.

En materia sucesoria, se le otorgan mayores derechos al cónyuge sobreviviente, haciéndolos concurrir en partes iguales entre todos ellos, habiendo descendencia.

Sobre este punto quisiera señalar a la honorable Cámara que, a mi juicio, se producen una serie de inconvenientes, por cuanto al texto del artículo 988 del Código Civil, en la forma redactada en el proyecto, desmejora a los hijos cuya filiación es matrimonial, en relación al cónyuge sobreviviente y a los hijos no matrimoniales.

Este desmérito de los hijos matrimoniales se compensa por haberse elevado a una mayor concurrencia del cónyuge sobreviviente, pero es absolutamente injusto en relación a los hijos no matrimoniales. Ésta es a mi juicio la gran observación que se le debe hacer a este proyecto, por cuanto son los hijos de familia, vale decir concebidos dentro del matrimonio, los que deberían tener mayor derechos hereditarios, toda vez que la masa hereditaria se ha ido conformando en el transcurso de los años con esfuerzo y sacrificio de todo ese núcleo de personas.

En cuanto a igualar derechos del cónyuge sobreviviente, creo que es justo, toda vez que se pueden repetir los mismos argumentos anteriores, en el sentido de que ambos cónyuges han tenido que realizar los esfuerzos para conformar la masa de bienes sobre todo cuando este matrimonio se ha contraído bajo el régimen de sociedad conyugal, y actualmente recibe porción conyugal sólo si es pobre.

En mérito a lo señalado, con el temor que producen estas innovaciones a nuestro Código Civil, vamos a dar nuestro voto favorable a la idea de legislar sobre esta materia, esperando que se fortalezca la institución del matrimonio, para bien de nuestra sociedad y nuestra Patria.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Corresponde votar la idea de legislar, que requiere quorum simple, que es todo el proyecto. Después se votará la norma que requiere quorum especial, que se refiere a un solo artículo.

En votación la idea de legislar.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 49 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Aprobada

Aplausos.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Allamand, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, De la Maza, Elgueta, Elizalde, Errázuriz, Estévez, Ferrada, Gajardo, Galilea, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Martínez, Montes, Naranjo, Navarro, Ortiz, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rodríguez, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Sota, Taladriz, Tohá, Turna, Urrutia (don Raúl), Valcarce, Vargas, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker, Worner (doña Martita) y Zambrano.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Bombal, Correa, Chadwick, Leay, Melero, Orpis y Pérez (don Víctor).

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: García (don René Manuel), García (don José), Moreira y Ulloa.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Corresponde poner en votación la norma del N° 1 del artículo 7°, que se refiere a las facultades de los juzgados de menores, cuya aprobación requiere quorum especial de 62 votos a favor.

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz, para plantear un asunto de Reglamento.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, ¿por qué no procede a llamar a los señores Diputados por cinco minutos?

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, sólo quiero señalar que Su Señoría podría solicitar la unanimidad de la Sala la que, a mi juicio, existe para que esto salga de inmediato sin inconveniente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Si el honorable Diputado señor Ulloa interpreta a la Sala en este punto, así se procederá.

En votación al artículo N° 1 del artículo 7°.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad de los más de 65 señores Diputados presentes, de un total de 108 en ejercicio.

Aprobado.

Se formularon las siguientes indicaciones:

Artículo 1°

N° 20) 1. Del señor Paya2. De los señores Aguiló y Naranjo3. De la señora Cristi

Artículo 5°N° 5)4.De la señora Cristi5.De la Comisión de Familia para sustituir en el inciso segundo del artículo 24, las palabras “tres” y “dos” por las expresiones “dos” y “tres”, respectivamente.

1.6. Segundo Informe de Comisión de Constitución

Cámara de Diputados. Fecha 11 de octubre, 1994. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 7. Legislatura 330.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL Y OTROS CUERPOS LEGALES EN MATERIA DE FILIACIÓN.

BOLETÍN N° 1060-07-2.

_______________________________

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros en primer trámite constitucional y segundo trámite reglamentario sobre el proyecto individualizado en el epígrafe, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

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Durante el estudio de esta iniciativa, vuestra Comisión contó con la asistencia y colaboración de la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), doña Josefina Bilbao; de la subdirectora, de la asesora legal y del encargado de asuntos legislativos del mismo Servicio, señoras Paulina Veloso y Leonor Etcheberry y señor Sebastián Hamel[1]

Conforme lo dispone el artículo 130 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por esta Cámara, en sesión 41a. ordinaria, de fecha 15 de septiembre del año en curso; sobre las indicaciones presentadas en la Sala y admitidas a tramitación, que figuran en la respectiva "hoja de tramitación" elaborada por la Secretaría de la Corporación, y sobre las indicaciones que se presentaron en el curso de la discusión particular en la Comisión.

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De acuerdo con lo establecido en el artículo 288 del Reglamento, en este segundo informe reglamentario cabe referirse a las siguientes materias:

1°. De los artículos que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones o indicaciones en el segundo informe.

En esta situación se encuentran los siguientes artículos o disposiciones del proyecto que figura al final de este informe:

-- El artículo 1°, en sus 110 numerales, con excepción de los signados con los números 1), 15), 16), 20), 28), 70) y 96), que han sido modificados o han sido objeto de indicaciones, en los términos que más adelante se indicarán.

En el número 20 del mismo artículo 1°, que sustituye los títulos VII al XV del Libro I del Código Civil e incorpora a él los artículos 179 a 252, todos los artículos mencionados, con excepción de los signados con los números 185, 193, 194, 206, 208, 209, 210, 212, 215, 219, 226, 230, 245, 246, 321, 368 y 1337, que han sido modificados u objeto de indicaciones, como luego se señalará.

-- El artículo 2°, con excepción de su número 11), que se modifica.

-- El artículo 3°.

-- El artículo 4°.

-- El artículo 5°, con excepción de su número 5), que se modifica.

-- El artículo 6°.

-- El artículo 7°, con excepción de su número 1).

-- El artículo 8°.

-- El artículo 9°.

-- Los artículos 1°, 2° y 4° transitorios.

2°. Mención de los artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

El artículo 7°, N° 1), que modifica el artículo 26 de la Ley N° 16.618, Ley de Menores, en materia de competencia de los jueces de letras de menores, tiene el carácter de norma orgánica constitucional, la que ha sido consultada a la Excma. Corte Suprema por la Comisión, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

No hay en el proyecto normas de quórum calificado.

3°. De los artículos suprimidos.

En el artículo 1°, N° 20, se ha suprimido el artículo 215, que se incorporaba al Código Civil.

Regulaba este artículo la situación de los padres casados menores de edad. En tal caso, sus hijos quedaban sujetos a tutela. Si vivían separados, eran llamados a la tutela los ascendientes de aquel padre que tenía a sus hijos a su cuidado.

Se ha suprimido también el artículo 3° transitorio, que tiene por finalidad complementar las normas de clausura que se consultan en el proyecto.

Eliminaba las expresiones legítimos, naturales o ilegítimos relativas a parientes, padre, madre e hijos, de todas las disposiciones legales que las contemplen.

La supresión de este artículo obedece al hecho de que existen en vigencia muchas disposiciones legales, especialmente en materia de seguridad social, que confieren derechos a los hijos naturales y simplemente ilegítimos, las que se verían afectadas de mantenerse este artículo.

4°. De los artículos nuevos introducidos.

En el artículo 1°, N° 20, se ha incorporado un número 96), nuevo, destinado a suprimir el artículo 1221 del Código Civil, que otorga al cónyuge sobreviviente acción de reforma para la integración de su porción conyugal y de la cuarta de mejoras, en su caso.

Es una consecuencia de la supresión de la porción conyugal y de la inclusión del cónyuge sobreviviente entre los legitimarios, acorde con lo preceptuado en los números 84 y 85 del artículo 1° del proyecto.

5°. De los artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda, pues ninguna de las disposiciones del proyecto irroga gastos al Erario Nacional o tiene incidencia financiera o presupuestaria.

6°. De los artículos modificados.

En este segundo trámite reglamentario se han modificado los siguientes artículos o disposiciones:

Artículo 1° del proyecto.

Contiene las modificaciones al Código Civil.

N° 1)

Sustituye el artículo 28, relativo al parentesco legítimo de consanguinidad, con el fin de redefinir el parentesco como aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra en cualquiera de sus grados o de un mismo progenitor, como el que existe entre dos primos hermanos, hijos de dos hermanos, que han sido también hijos del abuelo común.

Este artículo fue objeto de una indicación, destinada a suprimir el ejemplo que en él se contiene que, en el fondo, no hace otra cosa que repetir el que está en el texto vigente, con algunas adecuaciones de forma.

Estimó vuestra Comisión que dicho ejemplo no era correcto, pues estaba dado para una situación diferente a la actual, en la cual se ha sustituido el régimen de filiación vigente por otro que establece un estatuto igualitario entre todos los hijos.

Se acogió la indicación presentada por unanimidad.

N° 15)

Modifica el artículo 122, que se refiere al matrimonio nulo.

Como es sabido, el matrimonio debe celebrarse ante el oficial del Registro Civil del domicilio o residencia de cualquiera de los contrayentes, so pena de nulidad.

El matrimonio nulo, celebrado ante oficial del Registro Civil, produce los mismos efectos civiles que el válido respecto del cónyuge que, de buena fe y con justa causa de error, lo contrajo.

Con todo, la nulidad declarada por incompetencia del funcionario, por no haberse celebrado el matrimonio ante el número de testigos requeridos por la ley o por inhabilidad de éstos, no afecta la legitimidad de los hijos concebidos durante el matrimonio, aunque no haya habido buena fe ni justa causa de error.

En el primer trámite reglamentario este artículo fue objeto de dos enmiendas. La primera, para cambiar la palabra "legitimidad" por "filiación matrimonial", en razón de que la expresión reemplazada alude a una especie de filiación que la iniciativa suprime. La segunda, para agregar después de "concebidos" la expresión "o nacidos", con lo cual se amplia el campo de aplicación de este artículo.

La indicación, aprobada por unanimidad, tiene por finalidad suprimir la palabra "matrimonial", con lo cual la expresión "legitimidad" se cambia por "filiación".

N° 16)

Agrega un artículo 130 nuevo, que corresponde, con algunas variables, a los actuales artículos 200 y 201. Tiene por finalidad resolver a qué matrimonio pertenece un hijo cuando, por haber pasado la madre a otras nupcias "se dudare a cuál de los dos matrimonios pertenece el hijo".

En tal caso, la decisión le corresponde al juez, quien resolverá tomando en cuenta las circunstancias y oyendo la opinión de facultativos.

En forma complementaria, se impone a la mujer que ha pasado a segundas nupcias antes de tiempo y a su nuevo marido, la obligación de responder, solidariamente, por los perjuicios y costas ocasionados a terceros por la incertidumbre de la paternidad.

La indicación, aprobada por unanimidad, tiene por objeto agregar en el inciso primero de este artículo, inmediatamente después de la palabra "hijo", la frase "y se invocare una decisión judicial", que es el requisito habilitante para que el juez pueda decidir sobre el particular.

N° 20)

En este número, que sustituye los títulos VII al XV del Libro I del Código Civil, comprendiendo los artículos 179 al 252, se han modificado los siguientes artículos:

Artículo 185

Establece una presunción de paternidad: Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución, divorcio o a la separación de hecho de los cónyuges.

La presunción de paternidad ("pater is est") descansa sobre dos hechos que supone el legislador: la cohabitación que ha seguido entre los cónyuges después del matrimonio y la fidelidad de la mujer al marido.

En la actualidad, esa presunción está establecida en el artículo 180, en los siguientes términos: El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio se reputa concebido en él y tiene por padre al marido.

En la norma vigente la presunción de paternidad se aplica solamente a los hijos concebidos en el matrimonio. El proyecto la amplía a los hijos nacidos en éste.

Esto concuerda con la eliminación de la legitimación ipso jure por matrimonio posterior de los padres.

La indicación tiene por finalidad sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 185.- Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o divorcio.

"La paternidad así establecida podrá ser impugnada de acuerdo con las reglas generales de los artículos 204 y siguientes."

En el texto aprobado en el primer informe, la mera separación de hecho de los cónyuges provocaba el cese de la presunción legal, lo cual, en la práctica, conduce a la ineficacia de ella y la debilita.

Algo distinto a debilitar la presunción es permitir que ella pueda ser desvirtuada en un juicio de impugnación, donde la separación de hecho podrá ser considerada por el juez como antecedente para negarle eficacia en el caso concreto.

Por tal razón, se suprime la mención a la separación de hecho de los cónyuges.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 193

Establece la admisibilidad de la investigación de la maternidad y la paternidad en los juicios de filiación, mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas, pudiendo ser decretadas de oficio o a petición de parte.

Las pruebas biológicas se practicarán por el Servicio Médico Legal o por instituciones médicas autorizadas para tales efectos por el Ministerio de Salud. Su valor probatorio se apreciará en conformidad con las reglas de la sana crítica, como todo dictamen de peritos.

La negativa a someterse a las pruebas biológicas, de acuerdo con el inciso final de este artículo, configura una presunción, la que no basta por sí sola para acreditar una determinada filiación.

Este artículo ha sido objeto de dos indicaciones, sustitutivas del inciso final.

La primera, con el fin de establecer que "La negativa a someterse a las pruebas biológicas configura una presunción, que no es suficiente por si sola para declarar una determinada filiación".

La segunda, para señalar que "La negativa a someterse a las pruebas biológicas por tercera vez consecutiva, configura una presunción, la que no bastará por si sola para acreditar una determinada filiación".

Ambas indicaciones fueron rechazadas por unanimidad, acordándose, de igual forma, reemplazar en el inciso final la palabra "acreditar" por "declarar", ya que eso es lo que hace el juez en su sentencia: declarar una determinada filiación.

Artículo 194

De acuerdo con él, el juez no admitirá la demanda en que se ejerza alguna acción de filiación si con ella no se presenta una prueba que haga plausible los hechos en que se funda.

La indicación tiene por objeto agregar un inciso del siguiente tenor:

"Presentada la demanda, el juez adoptará de oficio las providencias necesarias para que el proceso se tramite en la más estricta reserva, incluyendo la prohibición de informar."

Se rechazó por unanimidad, por considerar la Comisión que se trata de una regla de procedimiento y no sustantiva, por lo que no debe considerarse en una reforma al Código Civil.

Artículo 206 (205)

Forma parte de la normativa propuesta sobre las acciones de impugnación.

Establece que el reconocimiento que de los hijos no matrimoniales hagan los padres podrá ser impugnado por los propios hijos o por quien tenga interés en ello, dentro del plazo de un año contado desde que conocieron el acto de reconocimiento.

La indicación, que da una mayor generalidad al precepto, sustituye este artículo por el siguiente:

"Artículo 206.- El reconocimiento que hagan los padres podrá ser impugnado por los propios hijos, o por quien tenga interés en ello, dentro del plazo de un año, contado desde que conocieron el acto de reconocimiento".

Se aprobó por unanimidad en los términos propuestos. Correspondía al artículo 205 del primer informe.

Artículo 208 (196)

Corresponde al artículo 196 del proyecto original, con modificaciones.

Dispone que mientras dure el juicio en que se discute la filiación, el juez podrá adoptar las medidas de protección oportunas sobre la persona y bienes del sometido a la potestad del que aparece como padre o madre.

Este mismo artículo permite al juez acordar alimentos provisionales de cargo del demandado, en caso de que se reclame la filiación, sin perjuicio de la adopción de las medidas de protección que estime del caso.

La indicación tiene por finalidad cambiar la numeración de este artículo a la originariamente prevista, es decir, considerarlo como artículo 196, entre las disposiciones generales relativas a las acciones de filiación.

Se aprobó en los términos propuestos, procediéndose, consecuencialmente, al cambio de la numeración de los artículos 196 al 207.

Artículo 209

Define la patria potestad como el conjunto de deberes y derechos que corresponden al padre y a la madre en relación con la persona del hijo y sobre sus bienes, mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.

Previene, también, que la patria potestad se ejercerá también respecto de los derechos eventuales del hijo que está en el vientre materno.

La indicación sustituye este artículo por el siguiente:

"Artículo 209.- La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre y a la madre en relación a la persona y sobre los bienes del hijo mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.

"La patria potestad se ejercerá también sobre los derechos eventuales del hijo que está en el vientre materno, si naciere vivo."

Se aprobó por unanimidad en los términos propuestos.

Artículo 210

Señala que la patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, consignando los deberes y facultades que comprende.

La indicación, de carácter aditiva, agrega un inciso del siguiente tenor:

"Si los hijos tuvieren suficiente juicio y discernimiento deberán ser oídos, siempre, antes de adoptar decisiones que les afecten."

Se aprobó por unanimidad en los términos propuestos.

Artículo 212

Este artículo entrega el ejercicio de la patria potestad al padre y a la madre, conjuntamente, creándose la figura del consentimiento presunto respecto de los actos ejecutados por uno de ellos, "salvo para aquellos casos que requieran también la autorización judicial, en que será necesario consentimiento expreso del otro, o cuando mediare expresa oposición..."

Este artículo ha sido objeto de dos indicaciones.

La primera sustituye la palabra "será" por "es", ya que la disposición lo que hace es establecer las excepciones a la figura del consentimiento presunto.

Vuestra Comisión ha preferido emplear la expresión "sea" en vez de "es", con el objeto de lograr una mejor concordancia entre las formas verbales que se emplean: "requieren", "sea" y "medie".

La segunda incide en el inciso final, que establece que "En caso de muerte de uno de los padres o de suspensión, la patria potestad corresponderá exclusivamente al otro".

La indicación señala que "En caso de muerte de uno de los padres o de suspensión de la patria potestad ésta corresponderá exclusivamente al otro".

Se trata de una enmienda formal que vuestra Comisión ha acogido en los términos propuestos, por unanimidad.

Artículo 215

Regula la situación de los padres menores de edad. En tal caso, sus hijos quedan sujetos a tutela. Si viven separados, son llamados a la tutela los ascendientes de aquel padre que tenga a sus hijos a su cuidado.

La indicación, acogida por unanimidad, tiene por finalidad eliminar este artículo, como consecuencia de la supresión, en el artículo 245, de la causal de suspensión de la patria potestad por minoría de edad del padre o madre.

Artículo 219 (220)

De acuerdo con el artículo 223 del Código Civil, a la madre divorciada toca el cuidar personalmente a los hijos menores, salvo que por su depravación sea de temer que se perviertan. En estos casos, o en el de hallarse inhabilitada por otra causa, se confía el cuidado personal al padre.

La circunstancia de haber sido el adulterio de la madre lo que dado lugar al divorcio, debe ser considerado como un antecedente de importancia para resolver sobre su inhabilidad. Lo mismo se aplica al padre.

En relación con esta normativa, la de tuición de los hijos de padres que viven separados -sea por ruptura del matrimonio o porque éste no existe- se ha mantenido en el artículo 220 la norma que le entrega el cuidado de los hijos menores a la madre, pero se ha establecido que el juez podrá decidir de otro modo, por motivos calificados. Con ello se ha pretendido corregir las evidentes distorsiones que ha venido generando la normativa actual, según la cual, para que la madre pierda la tuición, debe acreditarse su depravación y el consiguiente peligro de perversión de los hijos menores. Nadie puede ignorar, en el mundo actual, que existen muchas otras causas que ameritan el cambio de la regla general y que, por cierto, no son indicativas de tal inhabilidad moral. La inadecuación de dicha norma genera graves conflictos que repercuten negativamente en los hijos. Se ha preferido consignar, pues, una expresión que, dando cuenta de una situación especial -"motivos calificados"- carece de una connotación negativa.

La indicación, aprobada por unanimidad, tiene por objeto reemplazar la expresión "calificados" por "convenientes para ellos", con el propósito de resaltar, una vez más, que las resoluciones que el juez adopte en estas materias deben tener en consideración el interés de los hijos.

Artículo 226 (227)

El artículo 233 del Código Civil confiere a los padres la facultad de corregir y castigar moderadamente a los hijos.

En reemplazo de dicha disposición, se les confiere la facultad de corregir a sus hijos, quedando excluidos los malos tratos, castigos o actos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores.

Junto con lo anterior, se encomienda a los jueces resguardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres, disponiendo su cesación y las sanciones que correspondieren.

Este artículo ha sido objeto de tres indicaciones, aprobadas todas por unanimidad.

La primera, para intercalar, como inciso tercero, el siguiente: "Cuando lo estimaren necesario, podrán recurrir al tribunal de menores, a fin de que éste determine sobre la vida futura del menor por el tiempo que estime más conveniente, el cual no podrá exceder del plazo que le falte para cumplir dieciocho años de edad."

De esta forma, al conferir este derecho sustantivo a los padres, que hoy se contiene en el artículo 233 del Código Civil, el precepto guarda armonía con la norma procesal contemplada en el artículo 7° del proyecto, en su numeral 1), que faculta al juez de menores para resolver sobre esta materia.

La segunda, para suprimir en el inciso final la frase "si fuere del caso" y la coma (,) que la precede.

La tercera, para incorporar el siguiente inciso final nuevo:

"Las resoluciones del juez de menores no podrán ser modificadas por la sola voluntad de los padres.", precepto que también se contempla en el artículo 233 vigente.

Artículo 230 (231)

Establece que la patria potestad confiere el derecho legal de goce sobre todos los bienes del hijo, con excepción de los que en este mismo artículo se indican, entre ellos "Los bienes adquiridos por el hijo en el ejercicio de todo empleo, oficio, profesión o industria".

La indicación, aprobada por unanimidad, tiene por objeto agregar después de la palabra "industria" la expresión "o comercio".

Artículo 246 (247)

El ejercicio de la patria potestad puede suspenderse por las causales que señala el artículo 245 del Código Civil.

La suspensión, de acuerdo con el artículo 246, debe ser decretada por el juez con conocimiento de causa, después de oídos los parientes del hijo y el defensor de menores, "salvo que se trate de la menor edad del padre o de la madre, en cuyo caso la suspensión se producirá de pleno derecho".

La indicación tiene por objeto suprimir la frase transcrita entre comillas ("), como consecuencia de la eliminación de la causal de suspensión de la patria potestad por la minoría de edad del padre o madre, del artículo 245, que se ha suprimido.

N° 28)

Sustituye el inciso primero del artículo 321, con el objeto de indicar las personas a las cuales se deberán, en el futuro, alimentos forzados: al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes, a los hermanos y al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiera sido rescindida o revocada.

Ha sido objeto de una indicación aditiva, destinada a incorporar el siguiente inciso final:

"Asimismo, se deben alimentos a los hijos cuya paternidad no haya sido legalmente establecida, siempre que de las pruebas producidas en el juicio se desprenda, inequívocamente, que el presunto padre tuvo acceso carnal a la madre durante la época en que se produjo la concepción."

Fue rechazada por mayoría de votos, quedando el artículo en los mismos términos.

Artículo 368

Indica el llamado a la guarda legítima del hijo natural.

En el primer informe se propuso su reemplazo por una disposición que se limita a señalar que, en el caso del artículo 215, esto es, cuando los padres viven separados, la guarda será dativa.

Atendida la supresión del artículo 215, se ha presentado indicación para derogar este artículo 368.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 994

Dispone que el cónyuge divorciado no tendrá parte alguna en la herencia abintestato de su mujer o marido, si hubiere dado motivo al divorcio por su culpa.

Se ha formulado indicación para agregar el siguiente inciso:

"Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará también al cónyuge que hubiere abandonado el hogar conyugal sin justa causa, por más de cinco años.".

Se rechazó por mayoría de votos.

Artículo 1337

Ubicado en el título relativo a la partición de bienes, regula la forma en que el partidor de la herencia liquidará lo que a cada uno de los coasignatarios corresponde.

En el primer informe se propuso agregar un numeral nuevo y final, destinado a salvaguardar los derechos del cónyuge sobreviviente e impedir que se vea privado de su hogar, para lo cual tendrá derecho a que su cuota hereditaria o la de gananciales, o una u otra, se enteren o solucionen, atribuyéndole el usufructo del patrimonio familiar, aunque éste no se haya determinado judicialmente, incluso, en el caso de que sus derechos hereditarios sean inferiores a su valor.

Se ha acogido, por unanimidad, una indicación sustitutiva del siguiente tenor:

"11a. Con todo, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a que su cuota hereditaria o la de gananciales, o la una y la otra, se enteren o solucionen, con preferencia, atribuyéndole la propiedad u otro derecho real sobre el inmueble que es o fue residencia principal de la familia y sobre los bienes que lo guarnecen.

'Si el valor de dichos bienes excede el valor de los derechos a los que se imputa, el cónyuge sobreviviente dispondrá de un usufructo gratuito y vitalicio por el saldo, mientras permanezca en estado de viudez."

Artículo 2° del proyecto.

Contiene las modificaciones a la Ley sobre Registro Civil.

Por su número 11 se ha sustituido el artículo 38 de dicha ley, que se refiere al trámite de la legitimación del hijo, que se ha suprimido y a los pactos que los cónyuges pueden celebrar en el acto del matrimonio con el fin de sustituir el régimen de la sociedad conyugal por el de separación de bienes o de participación en los gananciales.

Con motivo de las enmiendas que se introdujeran a este artículo en virtud de la ley N° 19.335, de 23 de septiembre de 1994, posterior al despacho de este proyecto de ley en su primer trámite constitucional, se ha acogido una indicación sustitutiva que reemplaza este número 11) por otro, que cambia no ya el artículo en su integridad, sino tan solo sus incisos primero y segundo, por el siguiente:

"Artículo 38.- En el acto del matrimonio podrán los contrayentes pactar separación de bienes o participación en los gananciales".

Artículo 5º del proyecto.

Modifica la Ley de Adopción.

Entre las modificaciones propuestas, está la sustitución del artículo 24, con el objeto de precisar los derechos del adoptado en la sucesión intestada del adoptante, en concordancia con las nuevas normas que se han propuesto en materia de sucesión.

En la actualidad, el adoptado era tenido como hijo natural para estos efectos.

A futuro, será tenido como hijo, pero recibirá sólo la mitad de lo que corresponda a un hijo, sin que en conjunto puedan llevar más de la cuarta parte de la herencia.

De acuerdo con su inciso segundo, en el caso del artículo 989 del Código Civil, esto es, no habiendo hijos, concurre con los ascendientes y el cónyuge sobreviviente. La herencia se divide en seis partes; tres para los ascendientes, dos para el cónyuge y una para el adoptado.

No habiendo ascendientes o no habiendo cónyuge sobreviviente, se divide la herencia por mitades.

En el caso del artículo 990, previene su inciso tercero, concurre con los hermanos, correspondiendo tres cuartas partes al adoptado y el otro cuarto a los hermanos. No habiendo hermanos, lleva toda la herencia.

Lo dicho antes no otorga al adoptado el carácter de legitimario.

Este artículo ha sido objeto de dos indicaciones, ambas al inciso segundo, destinadas a mejorar la situación del cónyuge sobreviviente.

La primera, lo sustituye por el siguiente:

"En el caso contemplado en el artículo 989 del Código Civil, el adoptado concurrirá con los ascendientes y el cónyuge sobreviviente. La herencia se dividirá en seis partes, dos para los ascendientes, tres para el cónyuge sobreviviente y una para el adoptado. No habiendo ascendientes, se dividirá la herencia en cuatro partes, tres para el cónyuge sobreviviente y una para el adoptado. No habiendo cónyuge sobreviviente, se dividirá la herencia por mitades, una para los ascendientes y otra para los adoptados.".

La otra, consignada en el informe de la Comisión de Familia, sustituye las palabras "tres" y "dos" por las expresiones "dos" y "tres", respectivamente, con la finalidad de aumentar también la cuota del cónyuge sobreviviente de dos a tres, en desmedro de la que corresponde a los ascendientes, que de tres baja a dos partes.

Se aprobaron ambas indicaciones, recogiéndose en el texto que figura al final de este informe la redacción propuesta en la primera.

Artículo 7° del proyecto.

Contiene las modificaciones a la Ley de Menores.

En el N° 1) se contemplan las modificaciones a la normas sobre competencia de los juzgados de letras de menores.

Ha sido objeto de una indicación sustitutiva, que presenta las siguientes características fundamentales:

Se modifica el número 1), que faculta al juez para "Determinar a quién corresponde la tuición de los menores, declarar la suspensión o pérdida de la patria potestad y autorizar la emancipación"

La enmienda tiene por finalidad sustituir la expresión "declarar la suspensión o pérdida de la patria potestad" por "conocer de las cuestiones que se susciten en relación al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad".

Se sustituye su número 7), que permite al juez de menores "Resolver sobre la vida futura del menor cuando los padres así lo requirieren, por el tiempo que estime más conveniente, el cual no podrá exceder del plazo que le falte para cumplir dieciocho años de edad, y cuando éste se encontrare en peligro moral o material".

En su reemplazo, se propone una disposición que le permite: "7) Resolver sobre la vida futura del menor en el caso del inciso tercero del artículo 226 del Código Civil, y cuando éste se encontrare en peligro material o moral;"

A continuación, se propone intercalar como números 8 y 9 y, los siguientes, pasando los números 8), 9), 10) y 11) a ser 10), 11), 12) y 13), respectivamente, sin modificaciones:

"8) Determinar, en caso de desacuerdo, la forma de contribuir a los gastos de crianza y educación de los hijos menores, tomadas en consideración las facultades de los contribuyentes;

"9) Resguardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres, disponer las medidas necesarias para su cesación y decretar las sanciones que por dichas acciones correspondan."

Se aprobaron en los términos propuestos.

7°. De las indicaciones rechazadas por la Comisión.

Se han rechazado las siguientes indicaciones:

1.- Del señor Paya, para reemplazar en el número 20) del artículo 1°, la expresión "Títulos VII a XV" por "Títulos VII, VIII, XII, XIII, XIV y XV".

2.- De los señores Aguiló y Naranjo, para sustituir el inciso tercero del artículo 193 del Código Civil, por el siguiente:

"La negativa a someterse a las pruebas biológicas, por tercera vez consecutiva, configura una presunción, la que bastará por sí sola para acreditar una determinada filiación."

3.- Del señor Elgueta, para sustituir el inciso final del artículo 193 del Código Civil, por el siguiente:

"La negativa a someterse a las pruebas biológicas configura una presunción, que no es suficiente por si sola para declarar una determinada filiación."

4.- Del señor Elgueta, para sustituir en el artículo 194 del Código Civil la palabra "suficientes" por "graves".

5.- De la señora Cristi, para consultar el siguiente inciso segundo en el artículo 194 del Código Civil:

"Presentada la demanda, el juez adoptará de oficio las providencias necesarias para que el proceso se tramite en la más estricta reserva, incluyendo la prohibición de informar."

6.- Del señor Elgueta, para agregar en el artículo 321 del Código Civil el siguiente inciso:

"Asimismo, se deben alimentos a los hijos cuya paternidad no haya sido legalmente establecida, siempre que de las pruebas producidas en el juicio se desprenda, inequívocamente, que el presunto padre tuvo acceso carnal a la madre durante la época en que se produjo la concepción."

6.- Del señor Elgueta, para consultar el siguiente inciso en el artículo 994 del Código Civil:

"Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará también al cónyuge que hubiere abandonado el hogar conyugal sin justa causa, por más de cinco años.".

Texto del proyecto de ley.

En mérito de las consideraciones expuestas y por las que os dará a conocer en su oportunidad el señor Diputado Informante, vuestra Comisión os recomienda que prestéis aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY

"Artículo 1º.-Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Civil:

1) Sustitúyese el artículo 28, por el siguiente:

'Artículo 28.- Parentesco por consanguinidad es aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra o de un mismo progenitor, en cualquiera de sus grados.';

2) Deróganse los artículos 29 y 30;

3) Modifícase el artículo 31, en la siguiente forma:

a) En su inciso primero, elimínanse las palabras 'legítima' y 'legítimos', y

b) En su inciso segundo, elimínanse las palabras 'legítima', las cuatro veces que aparece en el texto, y la palabra 'legítimos';

4) Modifícase el artículo 32, en la siguiente forma:

a) Sustitúyese su inciso primero, por el siguiente:

'Artículo 32.- Es también afinidad la que existe entre una de dos personas que no han contraído matrimonio y que se han conocido carnalmente, y los consanguíneos de la otra.', y

b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

'En estos casos se califican las líneas y grados de la misma manera que en el artículo anterior.';

5) Derógase el artículo 33 y agrégase, con la misma numeración, el siguiente artículo nuevo:

'Artículo 33.- Tienen el estado civil de hijos respecto de una persona quienes hubieren acreditado su filiación en conformidad a las reglas previstas por el Título VII del Libro I de este Código. Con todo, la ley considera iguales a todos los hijos, hayan o no acreditado su filiación.';

6) Derógase los artículos 35 y 36;

7) Derógase el artículo 40;

8) Derógase el inciso final del artículo 41;

9) Sustitúyese el inciso primero del artículo 42, por el siguiente:

'Artículo 42.- En los casos en que la ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderán comprendidos en esa denominación el cónyuge de ésta y sus consanguíneos de uno y otro sexo, mayores de edad. A falta de consanguíneos en suficiente número serán oídos los afines.';

10) Elimínase en el artículo 43, la palabra 'legítimos';

11) Sustitúyese el artículo 107, por el siguiente:

'Artículo 107.- Los que no hubieren cumplido dieciocho años no podrán contraer matrimonio sin el consentimiento expreso de sus padres, o a falta de éstos, el del ascendiente o ascendientes de grado más próximo.

'En el caso de los ascendientes, en igualdad de votos contrarios preferirá el favorable al matrimonio.';

12) Derógase el artículo 108;

13) Derógase el inciso final del artículo 111;

14) Reemplázase en el número 5 del artículo 113, la expresión '267, Nº 7º' por '249, Nº 3º';

15) En el inciso segundo del artículo 122, reemplázase la palabra 'legitimidad' por 'filiación', y agrégase después de la palabra 'concebidos' la expresión 'o nacidos';

16) Introdúcese el siguiente artículo 130, nuevo:

'Artículo 130.- Cuando por haber pasado la madre a otras nupcias se dudare a cuál de los dos matrimonios pertenece un hijo y se invocare una decisión judicial, el juez decidirá, tomando en consideración las circunstancias y oyendo, además, el dictamen de facultativos, si lo creyere conveniente.

'Serán obligados solidariamente a la indemnización de todos los perjuicios y costas ocasionados a terceros por la incertidumbre de la paternidad, la mujer que antes del tiempo debido hubiere pasado a otras nupcias, y su nuevo marido.';

17) Sustitúyese el artículo 174, por el siguiente:

'Artículo 174.- Entre los cónyuges divorciados a perpetuidad subsiste la obligación de alimentos, según las reglas generales.

'Sin embargo, cuando el cónyuge que haya dado causa al divorcio por su culpa reclamare alimentos, el juez reglará la contribución teniendo en especial consideración la conducta que haya observado el alimentario antes del divorcio.';

18) Derógase el artículo 175;

19) Sustitúyese el artículo 177, por el siguiente:

'Artículo 177.- Si la culpabilidad del cónyuge contra quien se ha obtenido el divorcio fuere atenuada por circunstancias graves en la conducta del cónyuge que lo solicitó, podrá el juez moderar el rigor de las disposiciones precedentes.;

20) Sustitúyense los Títulos VII a XV del Libro I, ambos inclusive, por los siguientes:

'Título VII

DE LA FILIACION

& 1. Reglas Generales.

Artículo 179.- La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La filiación por naturaleza, puede ser matrimonial y no matrimonial.

La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adopción plena, surten los mismos efectos.

Artículo 180.- La filiación es matrimonial cuando los padres están unidos entre sí en matrimonio al tiempo del nacimiento o de la concepción del hijo.

La filiación es no matrimonial cuando la concepción y el nacimiento se han producido fuera del matrimonio.

Artículo 181.- La filiación tiene lugar y produce sus efectos desde que se determine. Su determinación legal tiene efectos retroactivos, siempre que la retroactividad sea compatible con la naturaleza de aquéllos y la ley no dispusiere lo contrario.

En todo caso, conservarán su validez los actos otorgados, en nombre del hijo menor o incapaz por su representante legal, antes que la filiación hubiere sido determinada.

Artículo 182.- La filiación se acredita por la inscripción en el Registro Civil, por el reconocimiento voluntario del padre o madre, en conformidad con la ley o por sentencia judicial firme.

Artículo 183.-La maternidad quedará establecida, aun sin mediar reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido.

& 2. De la determinación de la filiación matrimonial.

Artículo 184.- La filiación matrimonial materna y paterna queda determinada legalmente:

1. Por la inscripción del nacimiento en el Registro Civil y por la prueba del matrimonio de los padres, en conformidad con las disposiciones legales respectivas, o

2. Por sentencia firme en juicio de filiación.

& 3. De la determinación de la paternidad matrimonial.

"Artículo 185.- Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o divorcio.

"La paternidad así establecida podrá ser impugnada de acuerdo con las reglas generales de los artículos 204 y siguientes."

Artículo 186.- Aun faltando la presunción de paternidad del marido, el nacido será inscrito como hijo de los cónyuges si concurre el consentimiento de ambos.

& 4. De la determinación de la paternidad y maternidad no matrimonial.

Artículo 187.- La paternidad o maternidad no matrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento del padre o madre, o por sentencia firme en juicio de filiación.

Artículo 188.- El reconocimiento del hijo se realizará mediante una declaración formulada con ese determinado objeto:

1. Ante el Oficial del Registro Civil, al momento de verificarse la inscripción de nacimiento del hijo o del matrimonio de los padres, o con posterioridad;

2. En una escritura pública, o

3. En acto testamentario.

Lo prescrito en este artículo es aplicable a la madre cuando no hubiere tenido lugar lo previsto en el artículo 183.

Artículo 189.- El hecho de consignarse el nombre del padre o madre, a petición de ellos, al momento de realizarse la inscripción del nacimiento, es suficiente reconocimiento de filiación.

Lo mismo será si el supuesto padre o madre, citado por el hijo a la presencia judicial, confesare la paternidad o maternidad bajo juramento.

La citación judicial a confesar paternidad o maternidad bajo juramento no podrá ejercerse más de una vez con relación a la misma persona.

Artículo 190.- El reconocimiento es irrevocable, no puede sujetarse a modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni requiere aceptación del hijo.

Cuando el reconocimiento se efectúe por acto entre vivos, podrá realizarse por medio de mandatario constituido por escritura pública y especialmente facultado con este objeto.

Artículo 191.- No se inscribirán reconocimientos que contradigan una filiación anteriormente establecida. Quien pretenda reconocer al hijo deberá, previamente, ejercer la acción de impugnación de la filiación existente.

Título VIII

DE LAS ACCIONES DE FILIACION

& 1. Reglas generales.

Artículo 192.- El derecho de reclamar la filiación o de impugnarla es imprescriptible e irrenunciable, salvo las excepciones legales. Sin embargo, los efectos patrimoniales quedan sometidos a las reglas generales de prescripción.

Artículo 193.- En los juicios sobre filiación será admisible la investigación de la maternidad y la paternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas, las que podrán ser decretadas de oficio o a petición de parte.

Las pruebas biológicas se practicarán por el Servicio Médico Legal o por instituciones médicas autorizadas para tales efectos por el Ministerio de Salud. Su fuerza probatoria se apreciará en la forma que establece el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil.

La negativa a someterse a las pruebas biológicas, configura una presunción, la que no bastará por sí sola para declarar una determinada filiación.

Artículo 194.- El juez no dará curso a la demanda si con ella no se presenta un principio de prueba o antecedentes suficientes que hagan plausibles los hechos en que se funda.

Artículo 195.- El acto de reconocimiento voluntario podrá ser impugnado por vicios del consentimiento conforme con las reglas generales. Esta acción corresponderá al autor del reconocimiento o a sus herederos y durará un año desde la cesación del vicio.

Artículo 196.- Mientras dure el juicio en que se impugne la filiación, el juez podrá adoptar las medidas de protección oportunas sobre la persona y bienes del sometido a la potestad del que aparece como padre o madre.

Reclamada judicialmente la filiación, el juez podrá acordar alimentos provisionales de cargo del demandado y, en su caso, adoptar las medidas de protección a que se refiere el párrafo anterior.

& 2. De las acciones de reclamación.

Artículo 197.- La acción de reclamación de la filiación matrimonial corresponde al hijo, o al padre y a la madre conjuntamente, si ella no resultare de las inscripciones en el Registro Civil e Identificación.

En el caso de los hijos, la acción deberá entablarse conjuntamente contra el padre y la madre.

Artículo 198.- La acción de reclamación de la filiación no matrimonial corresponde al hijo contra quien considere su padre o su madre.

El ejercicio de la acción, en interés del hijo que sea menor o incapaz, corresponde, asimismo, al padre o a la madre que ejerza la patria potestad o al representante legal del menor o incapaz.

Artículo 199.- En caso de haber fallecido alguno de los padres, la acción se dirigirá en contra de sus herederos, dentro del plazo de dos años, contado desde el fallecimiento o desde el conocimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda.

Artículo 200.- Si hubiere fallecido el hijo, sus herederos podrán continuar la acción iniciada por él, o entablarla, si hubiese muerto en la menor edad o siendo incapaz.

Si el hijo falleciere antes de transcurrir los dos años desde que alcanzase la mayor edad o la plena capacidad, o durante el segundo año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda, la acción corresponderá a sus herederos por todo el tiempo que faltare para completar dichos plazos. A los herederos menores empieza a correr el plazo o su residuo desde que hubieren llegado a la mayor edad.

Artículo 201.- El ejercicio de la acción de reclamación conforme a los artículos anteriores por el hijo o los padres, supone ejercer las acciones de impugnación de la filiación contradictoria.

Artículo 202.- La convivencia de la madre con el presunto padre, durante la época de la concepción, constituirá una base de presunción de paternidad.

Artículo 203.- Podrá declararse la filiación que resulte de la posesión notoria de la calidad de hijo respecto de determinada persona, siempre que ésta hubiere sido debidamente acreditada en juicio y no se hubiere desvirtuado por prueba en contrario sobre el nexo biológico.

& 3. De las acciones de impugnación.

Artículo 204.- El marido podrá ejercitar la acción de impugnación de la paternidad en el plazo de un año, contado desde la inscripción del nacimiento en el Registro Civil, salvo que pruebe que no tuvo conocimiento del parto, en cuyo caso el plazo se contará desde el día que lo supo.

Si el marido falleciere antes de transcurrir el plazo señalado en el inciso anterior, la acción corresponderá a los herederos, y en general, a toda persona a quien la pretendida paternidad del hijo irrogare perjuicio actual, por el tiempo que faltare para completarlo.

Fallecido el marido sin conocer el parto, el año se contará desde que éste sea conocido.

Cesará este derecho si el padre hubiere reconocido al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento público.

Artículo 205.- La paternidad también podrá ser impugnada por el hijo durante el año siguiente a la inscripción del nacimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 208.

Artículo 206.- El reconocimiento que hagan los padres podrá ser impugnado por los propios hijos o por quien tenga interés en ello, dentro del plazo de un año, contado desde que conocieron el acto de reconocimiento.

Artículo 207.- La acción de impugnación de la maternidad corresponderá a la madre, al marido, o al hijo, pudiendo ejercerse dentro del año siguiente a la fecha del nacimiento.

Se concederá también esta acción a toda otra persona a quien la aparente maternidad perjudique actualmente en sus derechos y deberá ejercerse dentro del plazo de un año, contado desde el fallecimiento de los supuestos padre o madre.

Artículo 208.- En el caso de los artículos anteriores, si el hijo fuere menor o incapaz, el plazo se contará desde que alcance la mayoría de edad o la plena capacidad.

El ejercicio de la acción en interés del hijo que sea menor o incapaz corresponde, asimismo, al padre o a la madre que ejerza la patria potestad o al representante legal del menor incapaz, en el plazo de un año contado desde que conozca el acto de reconocimiento.

Título IX

DE LA PATRIA POTESTAD

& 1. Reglas generales.

Artículo 209.- La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre y a la madre en relación con la persona y sobre los bienes del hijo mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.

La patria potestad se ejercerá también sobre los derechos eventuales del hijo que está en el vientre materno, si naciere vivo.

Artículo 210.- La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos y comprende los siguientes deberes y facultades:

1. Cuidarlos, alimentarlos y educarlos.

2. Administrar sus bienes.

3. El derecho legal de goce sobre sus bienes.

4. Representarlos judicial y extrajudicialmente.

El padre y la madre, aunque no ejerzan la patria potestad, conservan los deberes y facultades comprendidos en el número 1º.

Si los hijos tuvieren suficiente juicio y discernimiento deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que los afecten.

Artículo 211.- Quedará excluido de la patria potestad y de todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confieran respecto del hijo o de sus descendientes o en sus derechos hereditarios, el padre o madre cuando la filiación haya sido judicialmente determinada contra su oposición.

Dejarán de producir efecto estas restricciones por determinación del representante legal del hijo aprobada judicialmente o por voluntad del propio hijo una vez alcanzada la plena capacidad.

Quedarán siempre a salvo las obligaciones de cuidar de los hijos y prestarles alimentos.

Artículo 212.- La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre. Se presumirá que los actos realizados por uno de ellos cuentan con el consentimiento del otro, salvo para aquellos casos que requieran también la autorización judicial, o en que sea necesario consentimiento expreso del otro, o cuando medie expresa oposición, manifestada antes del perfeccionamiento del acto.

En caso de desacuerdo, cualquiera de los padres podrá acudir al juez competente, quien resolverá, breve y sumariamente, lo más conveniente para el interés del hijo, previa audiencia de los padres. El juez podrá, aun de oficio, requerir toda la información que considere necesaria y oír al menor, si éste tuviere suficiente juicio y discernimiento.

Si los desacuerdos fueren reiterados, o concurriere cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, el juez podrá atribuirlo, total o parcialmente, a uno de los padres, o distribuir entre ellos sus funciones, por el plazo que fije, el que no podrá exceder de dos años.

En caso de muerte de uno de los padres o de suspensión de la patria potestad ésta corresponderá exclusivamente al otro.

Artículo 213.- Si los padres viven separados, la patria potestad corresponderá a aquel que ejerza legalmente la tuición. Sin embargo, podrá el juez, a solicitud fundada del otro y en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad, para que la ejerza conjuntamente con quien la tenga, o distribuir entre el padre y la madre las funciones inherentes a su ejercicio.

Artículo 214.- En caso que ambos padres se encuentren en la situación prevista en el artículo 211, corresponderá designar un tutor o curador al efecto.

Artículo 215.- El padre y la madre, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen derecho a relacionarse con sus hijos menores, a tener con ellos una adecuada comunicación y a supervisar su educación.

En caso de desacuerdo, el juez determinará lo más conveniente para el interés del hijo.

& 2. De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos.

Artículo 216.- Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres.

Artículo 217.- Aunque la emancipación dé al hijo el derecho de obrar independientemente, quedará siempre obligado a cuidar de sus padres en su ancianidad, en el estado de demencia y en todas las circunstancias de la vida en que necesitaren sus auxilios. Los demás ascendientes tienen derecho a los mismos cuidados y auxilios.

Artículo 218.- Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal y la crianza y educación de sus hijos.

Artículo 219.- Si los padres viven separados, a falta de acuerdo, corresponde a la madre el cuidado personal de los hijos menores, salvo que el juez, por motivos convenientes para ellos, decidiere de otro modo.

Artículo 220.- Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes.

En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos.

Artículo 221.- El juez procederá para todas estas resoluciones breve y sumariamente, oyendo a los hijos y demás parientes.

Artículo 222.- Los gastos de crianza y educación de los hijos pertenecen a la sociedad conyugal, según las reglas que, tratando de ella se dirán. En caso que ésta no existiere, corresponderán dichos gastos a ambos padres, en proporción a las fuerzas de sus respectivos patrimonios.

Muerto uno de los padres, los gastos de crianza y educación tocarán al sobreviviente.

Artículo 223.- Si un hijo tuviere bienes propios, dichos gastos podrán sacarse de ellos, conservándose íntegros los capitales, en cuanto sea posible.

Artículo 224.- La obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes, pasa, por la falta o insuficiencia de los padres, a los abuelos, por una y otra línea, conjuntamente.

Artículo 225.- En caso de desacuerdo en cuanto a la forma de contribuir a los gastos mencionados en los artículos anteriores, el juez reglará la contribución, tomadas en consideración las facultades de los contribuyentes, y podrá modificarla según las circunstancias que sobrevengan.

Artículo 226.- Los padres tendrán la facultad de corregir a sus hijos, quedando excluidos los malos tratos, castigos o actos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores.

Los jueces deberán resguardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres, disponiendo su cesación y las sanciones que correspondieren.

Cuando lo estimaren necesario, podrán recurrir al tribunal de menores, a fin de que éste determine sobre la vida futura del menor por el tiempo que estime más conveniente, el cual no podrá exceder del plazo que le falte para cumplir dieciocho años de edad.

Las resoluciones del juez de menores no podrán ser modificadas por la sola voluntad de los padres.

Artículo 227.- Los derechos concedidos a los padres en los artículos anteriores no podrán reclamarse sobre el hijo que haya sido abandonado.

Artículo 228.- El padre o madre que se encuentre inhabilitado moralmente, quedará privado de los derechos concedidos en los artículos anteriores.

Artículo 229.- Si el hijo abandonado por sus padres hubiere sido alimentado y criado por otra persona, y quisieren sus padres sacarle del poder de ella, deberán ser autorizados por el juez para hacerlo, y previamente deberán pagarle los costos de su crianza y educación, tasados por el juez.

El juez sólo concederá la autorización si estima que, por razones graves, conviene darla.

& 3. Del derecho legal de goce sobre los bienes de los hijos y de su administración.

Artículo 230.- La patria potestad confiere el derecho legal de goce sobre todos los bienes del hijo, exceptuados los siguientes:

1. Los bienes adquiridos por el hijo en el ejercicio de todo empleo, oficio, profesión, industria o comercio.

2. Los bienes adquiridos por el hijo a título de donación, herencia o legado cuando el donante o testador hubiere impuesto la condición que quien ejerza la patria potestad no tenga este derecho, o se haga bajo la condición de obtener la emancipación o se haya dispuesto expresamente que este goce quede radicado en el hijo.

3. Las herencias o legados que hayan pasado al hijo por incapacidad o indignidad del padre o madre, o por haber sido éstos desheredados.

Artículo 231.- El hijo se mirará como mayor de edad para la administración y goce de los bienes comprendidos en el número 1 del artículo anterior, sin perjuicio de las limitaciones legales.

Artículo 232.- El que ejerza el derecho legal de goce sobre los bienes del hijo tendrá su administración, y el que se encuentre privado de ésta quedará también privado de aquél.

En caso que el padre o madre se encuentre privado del derecho legal de goce, éste corresponderá al otro; en caso que ambos se encontraren privados de este derecho, la propiedad plena pertenecerá al hijo y se le dará un curador para la administración.

Artículo 233.- Cuando ambos padres estén ejerciendo la patria potestad podrán designar, de común acuerdo, administrador de los bienes del hijo a uno de ellos, quien necesitará el consentimiento expreso del otro para todos los actos que requieren también autorización judicial.

Artículo 234.- No se podrán enajenar ni gravar, en caso alguno, los bienes raíces del hijo, ni aun aquéllos que éste administre libremente, sin autorización del juez, con conocimiento de causa.

Artículo 235.- No se podrá hacer donación de ninguna parte de los bienes del hijo, ni darlos en arriendo por largo tiempo, ni aceptar o repudiar una herencia deferida al hijo, sino en la forma y con las limitaciones impuestas a los tutores y curadores.

Artículo 236.- El padre o madre es responsable, en la administración de los bienes del hijo, hasta de la culpa leve.

La responsabilidad se limita a la propiedad de los bienes del hijo.

Artículo 237.- Habrá derecho para quitar al padre o madre, o a ambos, la administración de los bienes del hijo, cuando se hayan hecho culpables de dolo, o de grave negligencia habitual y en todos los casos en que se suspenda la patria potestad.

Artículo 238.- Removido uno de los padres de la administración de los bienes, ésta corresponderá al otro; si ambos fueren removidos, la propiedad plena de dichos bienes pertenecerá al hijo y se le dará un curador para su administración.

Artículo 239.- Al término de la patria potestad podrán los hijos exigir a los padres rendición de cuentas de la administración que ejercieron sobre sus bienes hasta entonces.

& 4. De la representación legal de los hijos.

Artículo 240.- Los actos y contratos que el padre o madre celebre en representación del hijo, o los que éste celebre y que el padre o madre autorice o ratifique por escrito, obligan directamente al padre o madre en conformidad a lo previsto en el Título XXII del Libro IV y, subsidiariamente, al hijo, hasta concurrencia del beneficio que éste hubiere reportado de dichos actos o contratos.

Si entre los padres no hubiere sociedad conyugal y no pudiere presumirse la autorización conjunta, esta responsabilidad sólo recaerá sobre el patrimonio de aquél que hubiere autorizado al hijo. En los demás casos será solidaria.

Artículo 241.- El menor adulto no necesita autorización de sus padres para testar, ni para reconocer hijos.

Artículo 242.- Los actos y contratos del hijo no autorizados por el padre, la madre o el curador, sólo obligan los bienes que éste administra libremente.

Artículo 243.- Siempre que el hijo tenga que demandar a su padre o madre, deberá obtener autorización del juez y éste, al otorgarla, le dará un curador para la litis.

Artículo 244.- El hijo no precisará la autorización de sus padres para parecer en juicio cuando se proceda criminalmente en su contra.

Cuando, necesitando autorización, el padre o madre no pudieren o no quisieren prestarla, podrá el juez suplirla y, al hacerlo, dará al hijo un curador para la litis.

& 5. De la suspensión de la patria potestad.

Artículo 245.- El ejercicio de la patria potestad se suspende cuando el padre o madre incurrieren en alguna de las siguientes causales:

1. Demencia;

2. Estar en entredicho de administrar sus propios bienes, y

3. Larga ausencia de la cual se siga perjuicio grave a los intereses del hijo.

En caso que la causal afecte sólo a uno de los padres que ejerce la patria potestad, ésta corresponderá exclusivamente al otro; en caso que afecte a ambos, los hijos quedarán sujetos a la guarda que corresponda.

El juez podrá, en beneficio e interés del hijo, acordar la recuperación de la patria potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la suspensión.

Artículo 246.- La suspensión de la patria potestad deberá ser decretada por el juez con conocimiento de causa, y después de oídos sobre ello los parientes del hijo y el defensor de menores.

& 6. De la emancipación.

Artículo 247.- La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad del padre, madre, o de ambos, según sea el caso. Puede ser legal o judicial.

Artículo 248.- La emancipación legal se efectúa:

1. Por la muerte real o presunta de los padres;

2. Por el matrimonio del hijo; y

3. Por haber cumplido el hijo 18 años.

Artículo 249.- La emancipación judicial se efectúa por decreto de juez:

1. Cuando los padres maltratan habitualmente al hijo;

2. Cuando los padres han abandonado al hijo;

3. Cuando por sentencia ejecutoriada los padres hayan sido declarados culpables de un delito a que se aplique una pena aflictiva, a menos que, atendida la naturaleza del delito, el juez estime que no existe riesgo para el interés del hijo.

La emancipación tendrá efecto aun cuando posteriormente recaiga indulto sobre la pena, y

4. En caso de inhabilidad física o moral de los padres.

Artículo 250.- Toda emancipación, una vez efectuada, es irrevocable.

Artículo 251. Cuando la emancipación se produzca respecto de un hijo menor, éste quedará sujeto a la guarda que corresponda, con excepción de la situación prevista en el N° 2 del artículo 248.";

21) Sustitúyese el artículo 305, por el siguiente:

'Artículo 305.- El estado civil de casado o viudo, y de padre o hijo, podrá probarse por las respectivas partidas de matrimonio, de muerte, y de nacimiento o bautismo.

'La edad y la muerte podrán probarse por las respectivas partidas de nacimiento o bautismo, y de muerte.';

22) Elimínase en el artículo 311 la palabra 'legítimo' las dos veces que aparece en el texto;

23) En el artículo 312, reemplázase la palabra 'diez' por 'cinco';

24) Reemplázase en el inciso primero del artículo 315 la palabra 'legitimidad' por 'paternidad' las dos veces que aparece en el texto;

25) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 317 por el siguiente:

'Son también 'legítimos contradictores', los herederos del padre o madre fallecidos en contra de quienes el hijo podrá dirigir o continuar la acción y, también, los herederos del hijo fallecido cuando éstos se hagan cargo de la acción iniciada por aquel o decidan entablarla.';

26) Derógase el artículo 318;

27) Derógase el artículo 320;

28) Sustitúyese el inciso primero del artículo 321, por el siguiente:

'Artículo 321.- Se deben alimentos:

1º. Al cónyuge;

2º. A los descendientes;

3º. A los ascendientes;

4º. A los hermanos, y

5º. Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada.';

29) Sustitúyese el artículo 323, por el siguiente:

'Artículo 323.- La obligación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación y asistencia médica del alimentario, de un modo correspondiente a su posición social.';

30) Sustitúyese el artículo 324, por el siguiente:

'Artículo 324.- En el caso de injuria atroz cesará enteramente la obligación de prestar alimentos.';

31) En el artículo 326, sustitúyense sus incisos primero al quinto, por el siguiente:

'Artículo 326.- El que para pedir alimentos reúna varios títulos de los enumerados en el artículo 321, sólo podrá hacer uso de uno de ellos, en el siguiente orden:

1º El que tenga según el número 5º.

2º El que tenga según el número 1º.

3º El que tenga según el número 2º.

4º El que tenga según el número 3º.

5º El del número 4º no tendrá lugar sino a falta de todos los otros.';

32) Sustitúyese el artículo 330, por el siguiente:

'Artículo 330.- Los alimentos no se deben sino en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social.';

33) Elimínase el inciso segundo del artículo 332;

34) Sustitúyense en el inciso primero del artículo 348, el guarismo '262' por '245'; y en su inciso segundo el guarismo '251' por '237';

35) Reemplázanse en el artículo 354, la palabra 'legítimo' por la expresión 'o madre', y la palabra 'puede' por 'pueden';

36) Reemplázase en el artículo 355, la palabra 'puede' por 'pueden';

37) Reemplázase en el artículo 356, la palabra 'puede' por 'pueden';

38) En el artículo 357, intercálese la expresión 'madre' entre las palabras 'padre' y 'que', y reemplázase el guarismo '267' por '249';

39) Derógase el artículo 358;

40) Derógase el artículo 359;

41) Sustitúyese el inciso primero del artículo 360, por el siguiente:

'Artículo 360.- No obstante lo dispuesto en el artículo 357, el padre o madre y cualquier otra persona, podrán nombrar un curador, por testamento o por acto entre vivos, con tal que donen o dejen al pupilo alguna parte de sus bienes, que no se les deba a título de legítima.";

42) Derógase el inciso final del artículo 367;

43) Derógase el artículo 368;

44) Elimínase en el número 1º del artículo 375, la palabra 'legítimos';

45) Elimínanse en el artículo 404, las palabras 'legítimo o natural';

46) Modifícase el artículo 412, en la siguiente forma:

a) Sustitúyese su inciso primero, por el siguiente:

'Artículo 412.- Por regla general, ningún acto o contrato, en que directa o indirectamente tenga interés el tutor o curador, o su cónyuge, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o sus hermanos, o sus consanguíneos o afines hasta el cuarto grado inclusive, o alguno de sus socios de comercio, podrá ejecutarse o celebrarse sino con autorización de los otros tutores o curadores generales, que no estén implicados de la misma manera, o por el juez en subsidio.', y

b) Elimínanse en su inciso segundo, las palabras 'legítimos o naturales';

47) Derógase el inciso final del artículo 428.

48) Elimínase en el inciso segundo del artículo 430, la frase 'legítimos, ni los padres naturales';

49) Elimínase en el artículo 434, la palabra 'congrua';

50) Sustitúyese el artículo 439, por el siguiente:

'Artículo 439.- El menor que está bajo curaduría tendrá las mismas facultades administrativas que el hijo sujeto a patria potestad, respecto de los bienes adquiridos por él en el ejercicio de una profesión, oficio, comercio o industria.

Lo dispuesto en el artículo 242 se aplica al menor y al curador.';

51) Elimínanse en el artículo 443, las palabras 'legítimos' y 'naturales';

52) Modificase el artículo 448, en la forma siguiente:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

'Artículo 448.- Se deferirá la curaduría:

1º A los ascendientes, y

2º A los hermanos y otros colaterales hasta el cuarto grado.';

b) Sustitúyese en su inciso segundo los ordinales '2° y 3°' por '1° y 2°', respectivamente.

53) Modifícase el artículo 449, en la siguiente forma:

a) Sustitúyese su inciso primero, por el siguiente:

'Artículo 449.- El curador del marido disipador administrará la sociedad conyugal en cuanto ésta subsista y ejercerá, además, la guarda de los hijos en caso que la madre, por cualquier razón, no ejerza la patria potestad.', y

b) Agrégase en su inciso segundo, la siguiente frase final antes del punto aparte (.) 'cuando ésta, no le correspondiera al padre';

54) Sustitúyese el artículo 450, por el siguiente:

'Artículo 450.- Ningún cónyuge podrá ser curador del otro declarado disipador.';

55) Elimínanse en el artículo 451, las palabras 'legítimos o naturales';

56) Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 462, por los siguientes:

'Artículo 462.- Se deferirá la curaduría del demente:

1º A su cónyuge no divorciado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 503;

2º A sus descendientes;

3º A sus ascendientes;

4º A sus colaterales hasta en el cuarto grado.

El juez elegirá en cada clase de las designadas en los números 2º, 3º y 4º, la persona o personas que más idóneas le parecieren.';

57) Elimínase en el inciso primero del artículo 463, la frase ',y ejercerá de pleno derecho la guarda de sus hijos menores';

58) Sustitúyese el artículo 485, por el siguiente:

'Artículo 485.- Los bienes que han de corresponder al hijo póstumo, si nace vivo, y en el tiempo debido, estarán a cargo del curador que haya sido designado a este efecto por el testamento del padre, siempre que no corresponda a la madre el ejercicio de la patria potestad.';

59) Modifícase el artículo 486, en la siguiente forma:

a) Agrégase en su inciso primero la siguiente frase final, antes del punto aparte (.): ',salvo que corresponda a la madre el ejercicio de la patria potestad', y

b) Derógase su inciso segundo;

60) En el artículo 497:

a) Reemplázase en su número 9º, la referencia 'al artículo 267, número 7º' por 'al artículo 249, número 3º.',

b) Elimínase en su número 10, la frase 'en conformidad a lo dispuesto en los artículos 223 y 224';

c) Reemplázase en su número 11, el guarismo '267"'por '249';

61) Elimínanse en el inciso segundo del artículo 500, la expresión 'legítimo o natural';

62) Modifícase el artículo 514, en la siguiente forma:

a) Sustitúyese el número 5º, por el siguiente:

'5º El padre o madre que tenga a su cargo el cuidado cotidiano del hogar;', y

b) Elimínanse en sus números 8º y 9º la palabra 'legítimos';

63) Elimínanse en el artículo 515, las expresiones 'legítimos o naturales,' y 'legítimo o natural';

64) Elimínase en el artículo 516, la expresión 'legítimo o natural';

65) Elimínase en el artículo 518, la frase final 'legítimo, ni un padre o hijo natural';

66) Elimínase en el número 1º del artículo 766, la frase ',como el padre de familia, sobre ciertos bienes del hijo';

67) Reemplázase en el artículo 810, la frase inicial 'El usufructo legal del padre o madre de familia' por 'El derecho legal de goce de los padres';

68) Elimínase en el inciso tercero del artículo 815, la expresión 'legítimos y naturales';

69) Elimínase el número 5° del inciso primero del artículo 959;

70) Elimínase en el número 2º del inciso primero del artículo 968 la palabra 'legítimos';

71) Sustitúyese el inciso primero del artículo 983, por el siguiente:

'Artículo 983.- Son llamados a la sucesión intestada los descendientes del difunto, sus ascendientes, el cónyuge sobreviviente, sus colaterales, el adoptado, en su caso, y el Fisco.';

72) Sustitúyese el artículo 986, por el siguiente:

'Artículo 986.- Hay siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos.';

73) Sustitúyese el artículo 988, por el siguiente:

'Artículo 988.- Los hijos excluyen a todos los otros herederos, a menos que hubiere cónyuge sobreviviente, caso en el cual, éste concurrirá con aquéllos, distribuyéndose la herencia por partes iguales entre todos ellos.';

74) Sustitúyese el artículo 989, por el siguiente:

'Artículo 989.- Si el difunto no ha dejado posteridad, le sucederán el cónyuge sobreviviente y sus ascendientes de grado más próximo. La porción de los ascendientes será la mitad de lo que corresponde al cónyuge sobreviviente. A falta de aquél o de éstos, pertenecerá toda la herencia al cónyuge o a los ascendientes.';

75) Sustitúyese el artículo 990, por el siguiente:

'Artículo 990.- Si el difunto no hubiere dejado descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, le sucederán sus hermanos.

'Entre los hermanos de que habla este artículo se comprenderán aun los que solamente lo sean por parte de padre o de madre; pero la porción del hermano paterno o materno será la mitad de la porción del hermano carnal.';

76) Derógase el artículo 991.

77) Sustitúyese el artículo 992, por el siguiente:

'Artículo 992.- A falta de descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos, sucederán al difunto los otros colaterales de grado más próximo, sean de simple o doble conjunción, hasta el sexto grado inclusive.

'Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son parientes del difunto por parte de padre o por parte de madre, gozan de los mismos derechos que los colaterales de doble conjunción, esto es, los que a la vez son parientes del difunto por parte de padre y por parte de madre.';

78) Derógase el artículo 993.

79) Elimínanse del artículo 998 las palabras ''de porción conyugal', contenidas en el inciso primero;

80) Elimínase en el inciso primero del artículo 1.016 la expresión 'o legitimados';

81) Elimínase en el artículo 1.107 la palabra 'legítimo';

82) Elimínanse en el artículo 1.162 las palabras 'legítimo' y 'legítimos';

83) Modifícase el artículo 1.167, en la forma siguiente:

a) Suprímese el numero 2°, pasando los actuales números 3° y 4° a ser 2° y 3°, respectivamente.

b) Sustitúyese el número 3°, por el siguiente:

'3° La cuarta de mejoras.';

84) Suprímese el párrafo 2 'De la porción conyugal', del título V del Libro III, pasando los párrafos 3 y 4 a ser 2 y 3, respectivamente;

85) Sustitúyese el artículo 1.182, por el siguiente:

'Artículo 1.182.- Son legitimarios:

1º Los hijos, personalmente o representados por su descendencia;

2º Los ascendientes, y

3° El cónyuge sobreviviente.';

86) Sustitúyense los incisos segundo y tercero del artículo 1.184, por los siguientes:

'No habiendo descendientes con derecho a suceder, ni cónyuge sobreviviente, la mitad restante es la porción de bienes de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio.

'Habiendo tales descendientes o cónyuge, la masa de bienes, previas las referidas deducciones y agregaciones, se dividirá en cuatro partes. dos de ellas, o sea la mitad del acervo, para las legítimas rigorosas; otra cuarta, para las mejoras con que el difunto haya querido favorecer a su cónyuge o a uno o más de sus descendientes, sean o no legitimarios, y otra cuarta, de que ha podido disponer a su arbitrio.';

87) Sustitúyese el inciso primero del artículo 1.185, por el siguiente:

'Artículo 1185.- Para computar las cuartas de que habla el artículo anterior, se acumularán imaginariamente al acervo líquido todas las donaciones revocables e irrevocables, hechas en razón de legítimas o de mejoras, según el valor que hayan tenido las cosas donadas a la época de la muerte del causante.';

88) Sustitúyese el artículo 1.190 por el que sigue:

'Artículo 1190.- Si un legitimario no lleva el todo o parte de su legítima por incapacidad, indignidad o desheredamiento, o porque la ha repudiado, y no tiene descendencia con derecho a representarle, dicho todo o parte se agregará a la mitad legitimaria y contribuirá a formar las legítimas rigorosas de los otros.';

89) Sustitúyese el artículo 1.195, por el siguiente:

'Artículo 1.195. De la cuarta de mejoras puede hacer el donante o testador la distribución que quiera entre sus descendientes y su cónyuge; podrá pues asignar a uno de ellos toda la dicha cuarta con exclusión de los otros.

'Los gravámenes impuestos a los partícipes de la cuarta de mejoras serán siempre en favor del cónyuge, o de uno o más de sus descendientes.";

90) Sustitúyese el inciso tercero del artículo 1.200, por el siguiente:

'Si el donatario ha llegado a faltar de cualquiera de esos modos, las donaciones imputables a su legítima se imputarán a la de sus descendientes.';

91) Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 1.201, por el siguiente:

'Artículo 1.201.- Se resolverá la donación revocable o irrevocable que se hiciere a título de mejora a una persona que se creía descendiente del donante y no lo era.

'Lo mismo sucederá si el donatario, o alguno de sus descendientes, ha llegado a faltar por incapacidad, indignidad, desheredación o repudiación.';

92) Reemplázase en el inciso primero del artículo 1.203 la frase 'hijo legítimo o natural o descendiente legítimo de alguno de ellos' por la palabra 'descendiente';

93) Reemplázase el inciso primero del artículo 1.204 por el que sigue:

'Artículo 1204.- Si el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos a su cónyuge o a uno de sus descendientes, que a la sazón era legitimario, no donar, ni asignar por testamento parte alguna de la cuarta de mejoras, y después contraviniere a su promesa, el favorecido con ésta tendrá derecho a que los asignatarios de esa cuarta le enteren lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa, a prorrata de lo que su infracción les aprovechare.'

94) En el inciso primero del artículo 1.208, elimínase en su número 1º, la palabra 'legítimos', y reemplázase en su Nº 5 la referencia al 'artículo 267, número 7º' por la referencia 'al artículo 249, número 3º';

95) Reemplázase en el artículo 1.220 la frase 'hijos legítimos o naturales o descendientes legítimos de aquellos o de éstos' por la palabra 'descendientes'.

96) Derógase el artículo 1221;

97) Agrégase en el artículo 1337, la siguiente regla:

'11a. Con todo, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a que su cuota hereditaria o la de gananciales, o la una y la otra, se enteren o solucionen, con preferencia, atribuyéndole la propiedad u otro derecho real sobre el inmueble que es o fue residencia principal de la familia y sobre los bienes que lo guarnecen.

'Si el valor de dichos bienes excede el valor de los derechos a los que se imputa, el cónyuge sobreviviente dispondrá de un usufructo gratuito y vitalicio por el saldo, mientras permanezca en estado de viudez.'

98) Elimínase en el artículo 1.424, la palabra 'legítimos';

99) Elimínase en el artículo 1.431, la palabra 'legítimos'.

100) Reemplázase en el artículo 1.437, la frase 'y los hijos de familia' por 'y los hijos sujetos a patria potestad';

101) Reemplázase en el artículo 1.579, la frase 'los padres o madres de familia' por la frase 'los padres o madres que ejerzan la patria potestad';

102) Reemplázase en el artículo 1.796, las palabras 'de familia' por la frase 'sujeto a su patria potestad';

103) Elimínanse en el artículo 1.969, las palabras 'de familia';

104) En el artículo 2.045, elimínanse: en su número 1º, la palabra 'legítima'; en el número 2º, la palabra 'legítima' las dos veces que aparece; en el número 3º, la palabra 'legítima' las dos veces que aparece; y en el número 4º, la palabra 'legítima';

105) Derógase el artículo 2.049;

106) Derógase el artículo 2.050;

107) Sustitúyese el inciso final del artículo 2.466, por el siguiente:

'Sin embargo, no será embargable el derecho legal de goce del marido sobre los bienes de la mujer, ni el derecho legal de goce de los padres sobre los bienes del hijo sujeto a patria potestad, ni los derechos reales de uso o de habitación.';

108) Reemplázanse en el número 4º del artículo 2.481, las palabras 'de familia' por la frase 'sujetos a patria potestad';

109) Modifícase el artículo 2.483, en la siguiente forma:

a) Sustitúyese en su inciso primero, la frase 'a los respectivos hijos de familia' por 'a los hijos respecto de los cuales se ejerza la patria potestad', y

b) Elimínanse en su inciso segundo, las palabras 'de familia' por la frase 'sujetos a patria potestad':

110) Reemplázase en el artículo 2.485, la frase 'del padre o madre de familia' por 'los padres que ejerzan la patria potestad'.

Artículo 2º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 4.808 Sobre Registro Civil:

1) Sustitúyese el artículo 6º, por el siguiente:

'Artículo 6º.-Los instrumentos en que se declare o conste la filiación de un hijo, se inscribirán en el Registro de Nacimientos de la comuna en que se hubiere inscrito el nacimiento. A su vez, al margen de la inscripción de nacimiento, se subinscribirán aquellos que declaren la emancipación.';

2) Sustitúyese el inciso tercero del artículo 17, por el siguiente:

'Asimismo, el Director podrá ordenar de oficio la rectificación de una inscripción en que aparezca el reconocimiento de un hijo, con el solo objeto de asignar al inscrito el o los apellidos que le correspondan y los nombres y apellidos de sus padres, o el del padre o madre que le haya reconocido.';

3) Elimínase en el inciso final del artículo 18, las palabras 'legitimaciones o';

4) Derógase el inciso final del artículo 20;

5) En el artículo 29, agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

'Esta inscripción deberá ser comunicada a la madre, salvo su reconocimiento expreso o si quien hubiese denunciado el nacimiento fuese el marido.';

6) Elimínase en el artículo 30, la palabra 'legítimo';

7) Sustitúyese el número 4º del artículo 31, por el siguiente:

'Nº 4. Los nombres, apellidos, nacionalidad, profesión u oficio y domicilio de los padres. Si el hijo hubiere nacido fuera del matrimonio, los del padre o madre que le reconozca o haya reconocido.';

8) Reemplázase en el artículo 32, la expresión 'al número 1º del artículo 271' por 'número 1º del artículo 188 y al artículo 189,';

9) Incorpórase el siguiente inciso en el artículo 33:

"En todos los casos en que un menor aparezca inscrito como hijo de padre o madre desconocido, el Registro Civil deberá comunicarlo al Servicio Nacional de Menores, el cual procurará, en los casos en que el menor se encuentre bajo su cuidado y protección, obtener la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo."

10) Derógase el artículo 37;

11) Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 38, por el siguiente:

'Artículo 38.- En el acto del matrimonio podrán los contrayentes pactar separación de bienes o participación en los gananciales.'

12) Suprímese en el número 10 del artículo 39 la palabra 'ilegítimos';

13) En el artículo 86, elimínanse en su inciso primero, las palabras 'o de legitimación', y en su inciso final, las palabras 'y legitimación'.

Artículo 3º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 17.344 que autoriza cambio de nombres y apellidos:

1) Sustitúyese la letra c) del artículo 1º, por la siguiente:

'c) En los casos que la naturaleza de la filiación fuera no matrimonial, para agregar un apellido cuando la persona hubiera sido inscrita con uno solo o para cambiar uno de los que se hubieren impuesto al nacido, cuando fueren iguales.';

2) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 4º, por el siguiente:

'El cambio de apellido no podrá hacerse extensivo a los padres del solicitante, y no alterará la filiación, pero alcanzará a sus descendientes sujetos a patria potestad.'.

Artículo 4º.-Derógase la Ley Nº 17.999.

Artículo 5º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 7.613 que establece disposiciones sobre la adopción:

1) Elimínanse en el inciso primero del artículo 2º las palabras 'legítima' y 'legítimos', las dos veces en que aparecen mencionadas en el texto;

2) Elimínase en su inciso primero del artículo 12, la palabra 'legítimos', las dos veces mencionadas en el texto.

3) Elimínase en el inciso final del artículo 14, la palabra 'legítimos';

4) Elimínase en el artículo 23, la palabra 'legítimos';

5) Sustitúyese el artículo 24, por el siguiente:

'Artículo 24.- En la sucesión intestada del adoptante, el adoptado será tenido, para este sólo efecto, como hijo. La porción del adoptado será la mitad de la que corresponda a los hijos, pero las porciones de los adoptados, en concurrencia con los hijos, no podrán exceder en conjunto de una cuarta parte de la herencia, sin perjuicio de las asignaciones que el testador pueda hacerles con arreglo a la ley.

'En el caso contemplado en el artículo 989 del Código Civil, el adoptado concurrirá con los ascendientes y el cónyuge sobreviviente. La herencia se dividirá en seis partes, dos para los ascendientes, tres para el cónyuge sobreviviente y una para el adoptado. No habiendo ascendientes, se dividirá la herencia en cuatro partes, tres para el cónyuge sobreviviente y una para el adoptado. No habiendo cónyuge sobreviviente, se dividirá la herencia por mitades, una para los ascendientes y otra para los adoptados.

'Igualmente, en el caso contemplado en el artículo 990 del Código Civil, el adoptado concurrirá con los hermanos, correspondiendo tres cuartas partes de la herencia al adoptado y el otro cuarto a los hermanos del causante, no habiendo hermanos llevará toda la herencia el adoptado.

'Lo dicho en este artículo no conferirá en ningún caso al adoptado la calidad de legitimario.';

6) Elimínase en el artículo 26 la palabra 'legítimos'.

7) En el artículo 29:

a) Elimínase la expresión 'legítimos o naturales', en sus incisos primero, segundo y tercero.

b) Elimínase la palabra 'legítimo' en su inciso final;

8) Elimínase en el artículo 31, la palabra 'legítimo'.

Artículo 6º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 18.703 sobre Adopción de Menores:

1) Elimínase en el inciso tercero del artículo 1º la palabra 'legítimo';

2) Reemplázase en el artículo 16, la palabra 'legítimos', por la expresión 'de origen';

3) Elimínase en el número 2 del artículo 32, la palabra 'legítimo'.

Artículo 7º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 16.618, Ley de Menores:

1) En el artículo 26:

a) En su número 1), reemplázase la expresión 'declarar la suspensión o pérdida de la patria potestad' por 'conocer de las cuestiones que se susciten en relación al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad'.

b) Sustitúyese su número 7) por el siguiente:

'7) Resolver sobre la vida futura del menor en el caso del inciso tercero del artículo 226 del Código Civil, y cuando éste se encontrare en peligro material o moral;'

c) Intercálase, como números 8) y 9), los siguientes, pasando los números 8), 9), 10) y 11) a ser 10), 11), 12) y 13), respectivamente, sin modificaciones:

'8) Determinar, en caso de desacuerdo, la forma de contribuir a los gastos de crianza y educación de los hijos menores, tomadas en consideración las facultades de los contribuyentes;

'9) Resguardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres, disponer las medidas necesarias para su cesación y decretar las sanciones que por dichas acciones correspondan.'

2) Sustitúyese el inciso primero del artículo 46, por el siguiente:

'Artículo 46.- Se entienden comprendidos en los artículos 219 y 220 del Código Civil, los casos de nulidad de matrimonio, separación de hecho o convencional de los cónyuges y en aquellos en que los padres no estén unidos en matrimonio, sea que ambos o ninguno hayan reconocido a los hijos, en cuanto esas disposiciones sean aplicables a estas situaciones.';

3) Reemplázase, en el artículo 47, el guarismo '239', por '229'.

4) Elimínase en el inciso segundo del artículo 48, la palabra 'legítimos';

5) En el artículo 49:

a) En su inciso primero, elimínase la palabra 'legítimo' y agrégase la siguiente frase final: ', o de aquel que lo hubiere reconocido voluntariamente en su caso';

b) En su inciso segundo elimínase la palabra 'legítimo';

c) Derógase su inciso cuarto.

Artículo 8º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias:

1) En su artículo 3º:

a) Derógase su inciso cuarto;

b) Elimínanse en su inciso final la frase 'legítimo, natural, ilegítimo o adoptivo', y la palabra 'necesarios'.

2) Elimínase el inciso segundo del artículo 4º;

3) Elimínase en el artículo 5, la palabra 'ilegítimos';

4) Sustitúyese el inciso primero del artículo 15, por el siguiente:

'Artículo 15.- Si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria, en favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante no hubiere cumplido su obligación en la forma ordenada o hubiere dejado de efectuar el pago de una o más cuotas, el tribunal que dictó la resolución o el juez competente según el artículo 3º, deberá, a petición de parte o de oficio y sin forma de juicio, apremiar al deudor del modo establecido en el inciso primero del artículo 543 del Código de Procedimiento Civil, pudiendo el juez en este caso ampliar el arresto hasta por treinta días y en caso de nuevo apremio le impondrá un arresto que sea precisamente de treinta días.'.

Artículo 9º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones:

1) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 2º, por el siguiente:

'Las asignaciones por causa de muerte que correspondan al cónyuge y a cada ascendiente, o adoptante, o a cada hijo, o adoptado, o a la descendencia de ellos, estarán exentas de este impuesto en la parte que no exceda de cincuenta unidades tributarias anuales. Las donaciones que se efectúen a las personas señaladas estarán exentas de este impuesto en la parte que no exceda de cincuenta unidades tributarias anuales. En consecuencia, la escala a que se refiere el inciso primero de este artículo, se aplicará desde su primer tramo a las cantidades que excedan de los mínimos exentos.';

2) Elimínanse en el inciso primero del artículo 26, las palabras 'legítimos o naturales'.

Disposiciones transitorias.

Artículo 1°.- Todos los que posean la calidad de hijo natural a la fecha de entrada en vigencia de esta ley tendrán los derechos que ésta establece para todos los hijos, cualquiera que sea el origen de su filiación. Con todo, los derechos hereditarios se regirán por la ley vigente al tiempo de fallecer la persona de cuya sucesión se trata.

Artículo 2°.- Las sentencias ejecutoriadas que hubieren sido dictadas al amparo de las normas que por esta ley se derogan, no impedirán el ejercicio de las acciones relativas a la filiación que se funden en pruebas nuevas previstas por esta ley, aunque entre la antigua acción y la nueva, exista identidad legal de personas.

Quienes hayan ejercitado las acciones concedidas por el artículo 280 del Código Civil, sea cual fuere el resultado de ese ejercicio, podrán pues, invocando las pruebas nuevas previstas por esta ley, acceder al estado civil de hijo.

Artículo 3°.- Facúltase al Presidente de la República, por el plazo de un año, para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil y de sus leyes complementarias como, asimismo, respecto de todas aquellas normas legales que contemplen los parentescos y categorías de padres, madres e hijos legítimos, naturales e ilegítimos, para lo cual podrá incorporar las modificaciones y derogaciones de que hayan sido objeto tanto expresa como tácitamente; reunir en un mismo texto disposiciones directa y sustancialmente relacionadas entre sí que se encuentren dispersas; introducir cambios formales, sea en cuanto a redacción, para mantener la correlación lógica y gramatical de las frases, a titulación, a ubicación de preceptos y otros de similar naturaleza, pero sólo en la medida que sean indispensables para su coordinación y sistematización.

El ejercicio de estas facultades no podrá importar en caso alguno, la alteración del verdadero sentido y alcance de las disposiciones legales vigentes.".

Continúa de Diputado Informante el señor Ignacio Walker Prieto.

Sala de la Comisión, a 11 de octubre de 1994.

Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Elgueta (Presidente), Cardemil, Chadwick, Pérez Lobos, Martínez Ocamica, Ribera, Viera-Gallo y Walker.

Adrián Alvarez Alvarez

Secretario de la Comisión

[1] Como se indicara en el primer informe las ideas matrices o fundamentales esto es las materias situaciones o problemas que aborda esta iniciativa legal y a cuya solución tiende son las siguientes: 1) Dar concreción legal a los principios constitucionales que reconocen y aseguran la plena igualdad de todas las personas ante la ley y prohíben consecuencialmente el establecimiento de diferencias arbitrarias ni por la ley ni por autoridad alguna. 2) Sustituir el régimen de filiación vigente por otro que termina con las diferencias entre hijos legítimos e ilegítimos y establece un estatuto igualitario para toda clase de hijos cualquiera sea la situación jurídica entre sus padres al momento de la concepción o del nacimiento. 3) Consagrar el principio de la libre investigación de la paternidad y de la maternidad permitiendo al hijo el ejercicio de la acción de reclamación del estado filiativo en términos amplios apoyada por toda la gama de pruebas que admite la ley incluidas las biológicas. 4) Extender la patria potestad a todos los hijos no emancipados sea que la filiación tenga o no su origen en el matrimonio y entregar su ejercicio en interés del hijo al padre y a la madre conjuntamente. 5) Adecuar en concordancia con las nuevas normas sobre filiación el Código Civil y su legislación complementaria mediante las respectivas reformas legales en materias tales como estado civil alimentos guardas donaciones adopción cambio de nombres herencias órdenes sucesorios asignaciones forzosas derechos sucesorios del cónyuge sobreviviente que se mejoran etc.

1.7. Oficio de Comisión a la Corte Suprema

Oficio de Comisión a la Corte Suprema. Fecha 13 de octubre, 1994. Oficio

Valparaíso, 13 de octubre de 1994.

Of. N° 21/94/1060-07

AL EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA

En conformidad con lo establecido en los artículos 74 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, adjunto remito a V.E. proyecto de ley aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación (BOL. 1060-07), en cuyo artículo 7°, N° 1) se contienen normas que inciden en las atribuciones de los tribunales de menores.

Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V.E., en conformidad con las disposiciones legales citadas.

Dios guarde a V.E.

Sergio Elgueta Barrientos

Presidente de la Comisión

Adrián Alvarez Alvarez

Secretario de la Comisión

1.8. Discusión en Sala

Fecha 03 de noviembre, 1994. Diario de Sesión en Sesión 10. Legislatura 330. Discusión Particular. Pendiente.

MODIFICACION DE NORMAS SOBRE FILIACION. Primer trámite constitucional.

El señor LATORRE (Vicepresidentes).-

Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación, Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Ignacio Walker.

Antecedentes:

Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, boletín N° 1060-07, sesión 7, en 18 de octubre de 1994.

Documentos de la Cuenta N° 2.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Diputado informante.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, solicito a la Mesa que recabe la autorización de los señores Diputados para que pueda ingresar a la Sala la señora Paulina Veloso, Subdirectora del Sernam, quien acompaña a la señora Ministra.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Solicito el acuerdo unánime de la Sala para ese efecto.

Acordado.

Puede continuar, señor Diputado.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, paso a informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que modifica la normativa sobre filiación, enviado por el Ejecutivo a trámite legislativo en agosto del año pasado es decir, ha transcurrido poco más de un año desde su ingreso y que esta Honorable Cámara tuvo a bien aprobar en general, por abrumadora mayoría, en una sesión anterior. Por lo tanto, de acuerdo con lo dispuesto por los Comités, corresponde ahora discutirlo y votarlo en particular.

Cabe resaltar que esta iniciativa es, tal vez, una de las más importantes de esta legislatura, por tratarse de las modificaciones más profundas al Código Civil desde su dictación, en 1855.

Antes de exponer en particular los aspectos que interesa conocer a la Honorable Cámara, deseo recordar, muy brevemente, sus ideas matrices.

Básicamente, este proyecto aspira a dar plena aplicación legal en nuestro país a los principios constitucionales y tratados internacionales que rigen la materia. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto San José de Costa Rica, dispone en su artículo 17: "La ley debe reconocer iguales derechos, tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.";. y fundamentalmente el inciso primero del artículo 1° de nuestra Constitución Política, que señala: "Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos."

El Gobierno y la Honorable Cámara, con la aprobación en general del proyecto, estiman que nuestro actual régimen de filiación es injusto, discriminatorio y atenta contra los principios y preceptos de la Constitución y tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.

Las ideas matrices o fundamentales son:

En primer lugar, dar concreción o plena aplicación legal a los principios constitucionales.

En segundo lugar, sustituir el régimen de filiación vigente por otro que termine con las diferencias odiosas y arbitrarias entre hijos legítimos e ilegítimos, estableciendo un trato o estatuto igualitario para todos los hijos, cualquiera sea la situación jurídica entre sus padres al momento de la concepción o del nacimiento. No obstante, se mantiene la distinción entre filiación matrimonial y no matrimonial, sólo en virtud y considerando muy especialmente el principio de certeza que otorga el matrimonio para los efectos de presumir la paternidad.

En tercer lugar, consagrar el principio de la libre investigación de paternidad y maternidad, para hacer efectivo el derecho de los hijos a saber, quién es su padre o su madre, considerando especialmente que según el actual sistema y de acuerdo con nuestra legislación, ésta es, en la práctica, una concesión graciosa del padre o de la madre, que si quieren los reconocen, o si no quieren no los reconocen. Para ello se contempla una acción de reclamación del estado filiativo, permitiéndose la más vasta investigación en cuanto a les medios de prueba a considerar, especialmente las biológicas incluida la del ADN, las cuales, en virtud de los avances de la ciencia y de la técnica, permiten el establecimiento de la paternidad con casi total precisión.

Este punto del proyecto fue acogido unánimemente por la Comisión y por la Sala, en la discusión en general.

En cuarto lugar, extender la patria potestad a todos los hijos no emancipados y entregar su ejercicio, en interés del hijo, al padre y a la madre, conjuntamente, y no como en nuestra legislación vigente, en que la madre ejerce la patria potestad sólo en subsidio del padre.

Asimismo, se extiende la patria potestad no sólo a los bienes, sino también a la persona de los hijos, estableciendo, entre otros, el deber de cuidado, de educación, etcétera.

En quinto lugar, adecuar el Código Civil y su legislación complementaria en materias tan importantes como el estado civil, alimentos, guardas, adopción, donación, etcétera.

Deseo resaltar la importancia fundamental que reviste el proyecto en cuanto a mejorar significativamente los derechos del cónyuge sobreviviente, ya que elimina la porción conyugal, que es una suerte de derecho a alimento que existe en nuestra legislación, y establece que el cónyuge sobreviviente es heredero o legitimario.

Repito que las ideas matrices o fundamentales del proyecto fueron aprobadas en general por abrumadora mayoría de la Cámara. Ahora corresponde su aprobación en particular.

El informe que paso a detallar a continuación sobre el cual, dada la complejidad de las materias, seré lo más sintético posible, procurando agrupar las normas a fin de simplificar su discusión posterior, recae en el proyecto aprobado en general por esta Cámara y las indicaciones presentadas tanto en la Sala como en la Comisión.

¿Sobre qué materias cabe pronunciarse en este segundo trámite reglamentario?

En primer término, respecto de aquellos artículos del proyecto que no fueron objeto de indicaciones en la Sala ni en la Comisión, y que constituyen la mayoría. Tal es el caso de los 110 numerales del artículo 1° y del N° 20 del mismo artículo, con las excepciones que se señalan y a las cuales me referiré brevemente y en forma pormenorizada.

Fueron aprobados sin modificaciones los artículos 3°, 4°, 6°, 8°, 9° y los artículos transitorios 1 °, 2° y 4°, y con una sola excepción los artículos 2°, 5° y 7°, todo lo cual, obviamente, facilitará la votación del proyecto en la próxima sesión.

En segundo término, la norma del artículo 7°, N° 1), es de rango orgánico constitucional y, de acuerdo con las disposiciones .reglamentarias y legales, se hicieron las consultas del caso a la Excelentísima Corte Suprema.

El proyecto no contiene disposiciones de quorum calificado.

En tercer término, en el artículo 1°, N° 20), se ha suprimido el artículo 215 que se incorporaba al Código Civil, por considerar que no se justifica mantener dicho precepto en los términos originales del proyecto del Ejecutivo.

Asimismo, se ha suprimido el artículo 3° transitorio, cuya finalidad es complementar las normas de clausura que se consultan en el proyecto. Si bien este precepto se justifica si se considera la abundancia de disposiciones legales vigentes en materias social, previsional, etcétera, se optó por eliminarlo por cuanto afectaría a dichos preceptos.

En cuarto término, se han introducido artículos nuevos. Fundamentalmente, en el artículo 1°, N° 20), se ha incorporado un número 96), nuevo, destinado a suprimir el artículo 1221 del Código Civil, como consecuencia de la supresión de la porción conyugal y la inclusión del cónyuge sobreviviente entre los legitimarios.

No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

En seguida, pasaré a considerar los artículos que fueron modificados durante esta discusión en particular en la Comisión, y que se encuentran entre las páginas 5 y 17 del informe. Desde la página 22 figura el texto del proyecto aprobado por la Comisión.

Dejo constancia de que la gran mayoría de los artículos que modifican normas originarias del proyecto del Ejecutivo fue aprobada por unanimidad, lo cual estoy seguro va a facilitar la discusión y votación del proyecto en particular en la sesión del próximo martes. En las páginas 15 y 16 encontrarán los dos artículos que fueron aprobados con fallo dividido, es decir, con voto de mayoría. A excepción de ellos, casi todos los demás fueron aprobados por unanimidad.

Básicamente, las modificaciones se refieren al artículo 1° del proyecto.

En el N° 1) norma fundamental que define el parentesco y el artículo 28, se ha suprimido el ejemplo que contemplaba la parte final del inciso primero del proyecto, y se deja sólo la definición. Fue aprobada por unanimidad.

El N° 15) modifica el artículo 122 sobre el matrimonio putativo. Este artículo fue objeto de dos enmiendas.

Primero, se sustituye la palabra "legitimidad" por "filiación". Al respecto, debo advertir que hay un error en la página 6 del informe, puesto que debe decir "filiación" y no "filiación matrimonial".

Segundo, se agrega, después de "concebidos", la expresión "o nacidos". Es decir, "concebidos o nacidos" dentro del caso que señala el artículo 122, relativo al matrimonio putativo.

En el N° 16), se agrega un artículo 130, nuevo, que tiene por finalidad resolver a qué matrimonio pertenece un hijo cuando, por haber pasado la madre a otras nupcias "se dudare a cuál de los dos matrimonios pertenece el hijo".

Se presentó una indicación para agregar, inmediatamente después de la palabra "hijo", la frase "y se invocare una decisión judicial", que es el requisito habilitante para que el juez pueda decidir sobre el particular. Fue aprobada por unanimidad.

En el N° 20), que sustituye los títulos VII al XV, se modifican los siguientes artículos:

En el artículo 185, que establece una presunción de paternidad, se formuló indicación para suprimir la referencia a la separación de hecho. Sólo se mantiene la referencia a la disolución del matrimonio o divorcio, por considerar que el concepto de separación de hecho es muy relativo, de difícil prueba y que existe una mejor certeza en el acto jurídico del matrimonio para los efectos de determinar la presunción de paternidad, que tal vez sea una de las normas más importantes en materia de filiación. Por lo tanto, se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o divorcio, eliminando la referencia a la separación de hecho. Esta indicación fue aprobada por unanimidad.

En el artículo 193, que establece la admisibilidad de la investigación de la maternidad y de la paternidad en los juicios de filiación, mediante toda clase de pruebas, se presentaron dos indicaciones, que fueron

rechazadas básicamente por problemas de redacción.

La primera establecía que "La negativa a someterse a las pruebas biológicas configura una presunción, que no es suficiente por sí sola para declarar una determinada filiación". Se mantuvo la expresión primitiva de que "no bastará por sí sola para declarar una determinada filiación."

La segunda disponía que "La negativa a someterse a las pruebas biológicas por tercera vez consecutiva, configura una presunción, la que no bastará por sí sola para acreditar una determinada filiación". Se conservó el concepto de declarar una determinada filiación.

En el artículo 194, la Diputada señora Cristi formuló indicación para agregar el siguiente inciso: "Presentada la demanda, el juez adoptará de oficio las providencias necesarias para que el proceso se tramite en la más estricta reserva, incluyendo la prohibición de informar." Dicha indicación se rechazó por unanimidad. En primer lugar, porque es una norma de procedimiento y, por lo tanto, no cabe incluirla en el Código Civil, sino más bien en el de Procedimiento Civil; y en segundo lugar, porque podría verse afectado el principio de publicidad, que incluso rige en juicios de derechos de familia.

En el artículo 206, se aprobó por unanimidad una indicación que sustituye los términos en que estaba contemplado el precepto original, que se refería a hijos no matrimoniales, en circunstancias de que, a lo más, hablamos de filiación no matrimonial, pero no de hijos no matrimoniales, porque desaparece del todo la distinción entre hijos de una u otra naturaleza. Sólo se mantiene la filiación matrimonial o no matrimonial insisto para los efectos del principio de certeza que otorga el patrimonio y la determinación de la paternidad. Por lo tanto, dicho artículo quedó redactado de la siguiente manera: "El reconocimiento que hagan los padres podrá ser impugnado por los propios hijos, o por quien tenga interés en ello, dentro del plazo de un año, contado desde que conocieron el acto de reconocimiento".

La indicación al artículo 208 es formal, pues tiene por finalidad cambiar su numeración a la originalmente prevista, es decir, considerarlo como 196.

En el artículo 209, que define la patria potestad recordemos que se modificó fundamentalmente el concepto vigente en el Código Civil, se presentó una indicación para sustituir su inciso segundo por el siguiente: "La patria potestad se ejercerá también sobre los derechos eventuales del hijo que está en el vientre materno, si naciere vivo".

La patria potestad que contempla nuestra legislación se ejerce respecto de las personas, es decir, desde su nacimiento, sin perjuicio de que también se protejan los derechos eventuales del hijo que está en el vientre materno, garantizados en la Constitución. Se agregó, por lo tanto, la expresión "si naciere vivo".

Se aprobó por unanimidad.

En el artículo 210 se presentó una indicación aditiva, para agregar el siguiente inciso: "Si los hijos tuvieren suficiente juicio y discernimiento deberán ser oídos, siempre, antes de adoptar decisiones que les afecten". Si tienen juicio y discernimiento es lógico que el juez escuche su parecer.

Se aprobó por unanimidad.

El artículo 212 fue objeto de dos indicaciones, aprobadas por unanimidad. La primera, meramente formal, para reemplazar la palabra "será" por "sea", quedando redactada la parte pertinente de la siguiente manera: "en que sea necesario consentimiento expreso del otro...". La segunda, aclara el inciso final: "En caso de muerte de uno de los padres o de suspensión de la patria potestad, ésta corresponderá exclusivamente al otro".

En el artículo 215 se formuló indicación, aprobada por unanimidad, que lo elimina, como consecuencia de la supresión, en el artículo 245, de la causal de suspensión de la patria potestad por minoría de edad del padre o madre. Aquí adquiere emancipación y, por lo tanto, no se justificaba mantener esa norma del proyecto primitivo.

El artículo 219 contiene un tema muy importante. El artículo 223 del Código Civil establece que a la madre divorciada corresponde "cuidar personalmente de los hijos menores", salvo que "por su depravación sea de temer que se perviertan".

El proyecto del Gobierno cambiaba esa expresión, bastante aberrante, por "motivos calificados"; es decir, permitía que la madre no ejerciera la tuición del menor por motivos calificados.

Por eso, se aprobó por unanimidad la indicación de reemplazar la expresión "calificados" por "convenientes para ellos", precisamente porque el sentido de esta norma sobre tuición es vela r por el mejor interés de los hijos.

Respecto del artículo 226, el artículo 233 del Código Civil confiere a los padres la facultad de corregir y castigar moderadamente a los hijos. En cambio, el proyecto del Gobierno reemplaza dicha disposición al excluir "los malos tratos, castigos o actos que lesionen o menoscaben física o síquicamente a los menores". A propósito, quiero hacer referencia a un interesante estudio reciente de Soledad Larraín que establece cómo, en forma alarmante, los menores son víctimas de violencia. En él dice que uno de cada tres niños es víctima de lo que esa investigación llama "golpiza", es decir, un tipo de violencia mayor.

Se presentaron tres indicaciones, aprobadas por unanimidad, al artículo. Dos ya estaban consideradas en la norma original del Código Civil, actual artículo 233, que el proyecto había trasladado a la Ley de Menores.

La primera intercala un inciso tercero, para armonizarlo con las normas procesales establecidas en el artículo 7° del proyecto.

La segunda elimina, por redundante, en el inciso final, la expresión "si fuere del caso", y la coma que la precede, referido también a la norma del artículo 226 del Código Civil que se modificaba en el proyecto original.

La tercera incorpora un inciso final, nuevo.

El artículo 230 es muy breve. Al final se refiere a "todo empleo, oficio, profesión o industria". Se presentó indicación para agregar, después de la palabra "industria", la expresión "o comercio", para hacerlo más afín con la realidad económica de nuestro país.

El artículo 246 se refiere a que el ejercicio de la patria potestad puede suspenderse por las causales que señala el artículo 245 del Código Civil. Se formuló para suprimir la frase "salvo que se trate de la menor edad del padre o de la madre, en cuyo caso la suspensión se producirá de pleno derecho", por las razones que ya mencioné.

El N° 28) muy importante y objeto de ardua discusión en la Comisión sustituye el inciso primero del artículo 321.

El Diputado señor Elgueta formuló una indicación aditiva, rechazada por mayoría de votos las demás lo fueron por unanimidad, para agregar el siguiente inciso final:

"Asimismo, se deben alimentos a los hijos cuya paternidad no haya sido legalmente establecida, siempre que de las pruebas producidas en el juicio se desprenda, inequívocamente, que el presunto padre tuvo acceso carnal a la madre durante la época en que se produjo la concepción."

Fue rechazada por estimarse que desvirtuaba el reconocimiento de paternidad que se quería provocar en las nuevas normas a través de la libre investigación y las pruebas, y tentaba al juez para que, en el caso de no haber logrado establecer la paternidad, por lo menos asegurara la alimentación. Obviamente, no sólo se trata de asegurar los alimentos, sino, reitero, de inducir al juez a lograr el establecimiento de la paternidad.

El artículo 368 indica el llamado a la guarda legítima del hijo natural. Atendida la supresión del artículo 215, se presentó una indicación para derogarlo, la cual fue aprobada por unanimidad.

El artículo 994 del Código Civil dispone: "El cónyuge divorciado no tendrá parte alguna en la herencia abintestato de su mujer o marido, si hubiere dado motivo al divorcio por su culpa."

Se formuló indicación para agregar el siguiente inciso:

"Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará también al cónyuge que hubiere abandonado el hogar conyugal sin justa causa, por más de cinco años."

Se rechazó por mayoría de votos, por estimarse que debilitaba los derechos del cónyuge sobreviviente, llevándolo a casos en que realmente no se justificaba una excepción a esta norma.

El artículo 1337 está ubicado en el titulo relativo a la partición de bienes. En el primer informe se propuso agregar un numeral, nuevo y final, destinado a salvaguardar los derechos del cónyuge sobreviviente e impedir que se vea privado de su hogar.

Se aprobó, por unanimidad, una indicación sustitutiva, que, básicamente, tiene por objeto beneficiar al cónyuge sobreviviente, otorgándole un derecho preferente para que entere su cuota hereditaria.

Quiero llamar la atención de la Honorable Cámara, en el sentido de que este punto fue introducido por la Comisión de Constitución, por estimar que esta materia no estaba suficientemente resuelta en el proyecto del Gobierno. Una de las grandes debilidades de nuestra legislación es la forma en que desprotege al cónyuge sobreviviente, al establecer una mera porción conyugal. Hemos querido velar por los derechos de dicho cónyuge, mejorando su condición mediante la eliminación de dicha porción y estableciendo su calidad de heredero, de legitimario.

Estas son todas las indicaciones y modificaciones presentadas al artículo 1° del Código, en el proyecto enviado por el Gobierno y aprobado en general. Insisto en que la mayoría de ellas fueron aprobadas por unanimidad, y sólo algunas, como resultado de una gran discusión, por mayoría.

Terminaré haciendo algunas breves precisiones sobre normas muy específicas de las restantes disposiciones.

El artículo 2° contiene una modificación de mera adecuación de las normas sobre Registro Civil. Fue aprobado con una excepción, porque en el entretanto no estaba ni podía estar contemplado en el primitivo proyecto del Gobierno se aprobó la ley N° 19.335, de 23 de septiembre del presente año, y la iniciativa ingresó un mes antes, es decir, en agosto. Por lo tanto, para hacerlo coherente con esa norma, se acoge la indicación sustitutiva, que dice: "Artículo 38.- En el acto del matrimonio podrán los contrayentes pactar separación de bienes o participación en los gananciales". Insisto: es para el solo efecto de adecuarla a la modificación introducida por una ley aprobada con posterioridad al envío del proyecto.

En el artículo 5°, se aborda un tema muy importante, que se refiere a la ley de adopción en lo relativo a las reglas de sucesión abintestato, cuando no existe testamento en relación con el adoptado.

Entre las modificaciones propuestas está la del artículo 24, con el objeto de precisar los derechos del adoptado en el caso de la sucesión intestada del adoptante, a través de una serie de reglas. La norma ha sido objeto de dos indicaciones destinadas a mejorar la situación del cónyuge sobreviviente, lo que constituye la tónica permanente del proyecto.

La primera señala: "En el caso contemplado en el artículo 989 del Código Civil, el adoptado concurrirá con los ascendientes y el cónyuge sobreviviente". La segunda, consignada en el informe de la Comisión de Familia durante su discusión en general, sustituye las palabras "tres" y "dos" por "dos" y "tres", respectivamente, con la finalidad de aumentar también la cuota del cónyuge sobreviviente de dos a tres, en desmedro de la que corresponde a los ascendientes, siempre con la idea de mejorar la situación del cónyuge, armonizándola, por cierto, con los derechos del adoptado para el caso de la sucesión intestada.

La indicación sustitutiva que se propone en el artículo 7° del proyecto, relativo a las modificaciones de la Ley de Menores, apunta a un mero reordenamiento formal en que se enmienda el número 1), que faculta al juez para determinar a quién corresponde la tuición de los menores, declarar la suspensión o pérdida de la patria potestad y autorizar la emancipación. La modificación tiene por finalidad sustituir la expresión "declarar la suspensión o pérdida de la patria potestad" por "conocer de las cuestiones que se susciten en relación al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad"; es decir, el precepto queda en términos más amplios de los que contemplaba el proyecto. Asimismo, se sustituye el número 7), que permite al juez resolver sobre la vida futura del menor cuando los padres así lo requieran. Básicamente, se trata insisto de un reordenamiento formal. Las modificaciones se aprobaron en los términos propuestos.

Por último, hubo una serie de indicaciones rechazadas, sobre las cuales no voy a explayarme, porque ya me referí a cada una de ellas, presentadas por los Diputados señores Paya, Aguiló, Naranjo, Elgueta y la Diputada señora Cristi.

Es todo cuanto puedo informar a la Cámara en el segundo trámite reglamentario y primer trámite constitucional.

Solicito, por supuesto, que en la votación en particular tenga a bien aprobar el proyecto en los términos indicados, con el objeto de que pueda pasar al Senado.

Junto con agradecer la presencia permanente de la señora Ministra, de la señora Subdirectora y del equipo que nos acompañó en la discusión, reitero que el proyecto, a pesar de su enorme complejidad e importancia, ha sido despachado por la Comisión en el plazo de un año, lo que es más que razonable.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO.-

¿Me permite formular una precisión, señor Presidente?

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, una de las indicaciones al artículo 193, que aparece en la página 8, está mal transcrita en la página 9. Su verdadera versión está en la página 20.

Por su intermedio, quiero preguntar al Diputado informante las razones que tuvo la Comisión para rechazar esa indicación que las bancadas del PPD y del Partido Socialista han renovado para que sea votada en la discusión particular.

Ella establece, como se lee en la página 20: "La negativa a someterse a las pruebas biológicas, por tercera vez consecutiva, configura una presunción, la que bastará por sí sola para acreditar una determinada filiación."

Como el Diputado informante se refirió a la redacción que figura en la página 9, la cual no corresponde porque es otra, quiero preguntarle el motivo por el que la Comisión la rechazó.

He dicho.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado informante.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, básica mente aquí estamos hablando del tipo de sanción aplicable a la persona que, citada a reconocer paternidad, rehúsa someterse a las pruebas biológicas que allí se indican.

El parecer unánime de la Comisión fue que la sanción contemplada en el proyecto es suficientemente fuerte, en el sentido de que la negativa a someterse a las pruebas biológicas configura una presunción, la que no bastará por sí sola para declarar una determinada filiación, porque en nuestro sistema jurídico, desde el punto de vista de los sistemas probatorios, obviamente el de la presunción es de los más débiles.

La Comisión estimó excesivo que, por el hecho de negarse por tres veces consecutivas, como señala la indicación, se configure una presunción que baste por sí sola para acreditar una determinada filiación. Como este hecho es demasiado importante, se consideró que, si bien es cierto que la negativa tiene una sanción, como es la presunción en contra de quien se negare a concurrir a someterse a las pruebas biológicas, no lo es menos que debe ser interpretada en concordancia con otros medios probatorios que pudieran surgir en el juicio. Recordemos que este juicio puede dar lugar a la acción de reclamación del estado de filiación; o sea, no es un hecho definitivo. Esa es la razón que tuvimos para rechazar, por unanimidad, la indicación.

He dicho.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Muy completo su informe, señor Diputado.

De acuerdo con la resolución de los Comités, el proyecto de ley iniciará su discusión en particular, artículo por artículo, en la sesión del próximo martes en la tarde.

El señor BOMBAL.-

Pido la palabra.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, le rogaría que reiterara la aclaración que de no concluirse el martes en la tarde, la discusión del proyecto continuará el jueves próximo.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Concluirá el próximo jueves, como bien lo precisa el Diputado señor Bombal.

Pasa a presidir, en forma accidental, el Diputado señor Viera-Gallo.

1.9. Discusión en Sala

Fecha 22 de noviembre, 1994. Diario de Sesión en Sesión 18. Legislatura 330. Discusión Particular. Pendiente.

MODIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE FILIACIÓN. Primer trámite constitucional (continuación).

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

en el Orden del Día, corresponde seguir ocupándose del segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre el proyecto de ley que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación.

El Diputado informante, señor Walker, ya rindió su informe. En consecuencia, esa parte se obviaría para iniciar de inmediato la discusión.

El señor WALKER.-

Pido la palabra.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, solicito que recabe el asentamiento unánime de la Sala para que pueda ingresar a ella doña Paulina Veloso, Subdirectora del Sernam, quien acompaña a la señora Ministra en su calidad de experta jurídica en la materia.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Solicito el acuerdo unánime para que pueda ingresar a la Sala la abogada Paulina Veloso, quien ha asesorado a la señora Ministra en este tema.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Se declaran aprobados, por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, los numerales del artículo 1°, con excepción de los signados con los números 1), 15), 16), 20), 28), 43), 96) y 97); los artículos contenidos en el número 20), con excepción de los signados con los números 185, 193, 194, 206, 208, 209, 210, 212, 215, 219, 226, 230, 245 y 246; el artículo 2°, con excepción de su número 11); los artículos 3° y 4°; el artículo 5°, con excepción de su número 5); el artículo 6°; el artículo 7°, con excepción de su número 1); los artículos 8° y 9°, y los artículos 1°, 2° y 4° transitorios.

En consecuencia, los restantes deben discutirse y votarse.

En discusión el número 1) del artículo 1°.

El señor BOMBAL.-

Pido la palabra.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, este artículo tiene mucha incidencia en los demás. En general, el proyecto tendría lógica y sentido si separáramos los conceptos de filiación y de familia. Es así de simple y de complejo.

Hablar de hijos como una realidad biológica pura, independientemente del vínculo que hayan tenido sus padres al engendrarlos, es una forma de apreciar la dimensión de la vida, que yo respeto. Hablar de hijos como una realidad que brota de la donación mutua y generosa de ambos padres, en la cual se combinan la alianza conyugal, la filiación y la consanguinidad, es hablar de vínculos de pertenencia que, sin duda, no son de carácter sólo funcional.

Se trata de uno de esos proyectos que, buscando arreglar situaciones de hecho reconocemos que existen han desarticulado poderosas instituciones naturales que, como la familia y el matrimonio, han dado vida, forma y contenido a nuestra sociedad.

Cuando rechazamos la idea de legislar, jamás pretendimos menoscabar a personas o hijos que, obviamente, no tienen responsabilidad por la conducta sexual de sus padres. Tan sólo hemos reafirmado nuestra férrea convicción de que no hay injusticia alguna en reconocer como distinto aquello que no es igual, más allá de los esfuerzos que realicemos por atenuar las naturales diferencias que se producen entre aquellos hijos que nacen en el seno de una familia respecto de los que carecen de la misma.

En ese sentido, quiero citar creo que es ilustrativo en esta parte del debate lo que señala el distinguido académico...

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Perdón señor Diputado, el Diputado señor Viera-Gallo le solicita una interrupción.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, si es urgente la interrupción, con su venía se la concedo, con cargo al tiempo del colega.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, es muy interesante lo que señala el Diputado señor Bombal; pero como estamos en la discusión particular y en este artículo sólo se suprimieron los ejemplos, no corresponde en este momento. Si de cada artículo se va a repetir la discusión general, nunca terminaremos de discutirlo.

Lo único que se ha hecho aquí es suprimir el ejemplo que ya aprobó la Cámara.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Hago presente a la Sala que respecto de la discusión particular, cada señor Diputado dispone de cinco minutos para su primer discurso y de cinco adicionales para el segundo. En consecuencia, cualquiera sea el contenido de las intervenciones, el acuerdo es aplicar estrictamente la disposición reglamentaria para la discusión del proyecto.

Vale el punto en el sentido de ceñirse al tema en discusión.

Puede continuar con su intervención el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, agradezco su aclaración reglamentaria, pero no es tan simple la eliminación del ejemplo porque en el artículo 1°, número 1), claramente, y a pretexto de eliminarlo, se altera sustantivamente la concepción del derecho de familia que hasta ahora hemos conocido, puesto que estamos hablando, nada más y nada menos, que hay un cambio sustantivo en la consanguinidad legítima respecto de la ilegítima, señalada claramente en el artículo que nos ocupa. Ahí está la médula de todo este tema.

Tal como lo afirma el profesor don Pedro Morandé, cada vez que ocurre una transformación social de las relaciones de parentesco, la sociedad se ve afectada como un todo, puesto que se pone en juego no sólo su dimensión orgánica que puede reducirse a algunos grupos o subgrupos de la población, sino también el sentido funcional de la experiencia cultural que busca construir una morada humana acorde con la dignidad de la existencia.

En la discusión en general, sostuvimos claramente que en este proyecto se ven alteradas las relaciones de familia y el concepto de lo que hasta hoy como lo consagra la Constitución es el sentido de la familia y del matrimonio.

Por eso, el artículo es concordante con la idea del proyecto y nadie lo discute; sólo que ahí radica nuestra oposición. Naturalmente, se busca eliminar, por una parte, el parentesco por consanguinidad legítima e ilegítima, sustituyéndose el artículo 28 del Código Civil y derogándose sus artículos 29 y 30. De paso, se eliminan los casos ejemplos que éstos consagraban para ejemplificar uno y otro parentesco. Ejemplos que en realidad, están dentro de la armonía del mensaje de don Andrés Bello en el Código Civil y que, por lo demás, están en perfecta coherencia con ese espíritu.

A nuestro juicio, y, a partir de esto, el proyecto se constituye en un sistema que modifica de tal manera nuestro derecho de familia que, en el hecho, queda sustituido por un régimen legal que regula los derechos y obligaciones de padres y madres biológicos, desconociendo abiertamente a la familia, y como lo manifesté en el discurso del debate general, por ello nos opusimos a la idea de legislar, ya que ese concepto nace de la unión matrimonial.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Señor Diputado, ha terminado al tiempo de su primer discurso.

El señor BOMBAL.-

Lo anterior se refleja especialmente en la derogación del artículo 30 del Código Civil, que consagra la institución de la legitimación con el matrimonio posterior de los padres. Es decir, la filiación legítima surge de la institución del matrimonio.

A mayor abundamiento, las modificaciones de los artículos 31 y 32 del Código Civil, que consagran el parentesco por afinidad legítima e ilegítima, nos llevan a un absurdo que puede tener importantes consecuencias, ya que debemos relacionar esta modificación con lo que se preceptúa en el número 9) del artículo 1° del proyecto que, a su vez, sustituye el inciso primero del artículo 42 del Código Civil, estableciendo que “En los casos que la ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderán comprendidos en esa denominación”, entre otros, “los afines”, sin distinguir. Nuestra legislación vigente sólo llama a los afines legítimos. A partir de hoy, el juez podrá verse obligado a escuchar a todos quienes, en alguna ocasión, hubieren conocido carnalmente al padre, a la madre o a un abuelo.

La pregunta es: aquéllos afines que han tenido conocimiento carnal de uno de estos mencionados, ¿se deben entender integrantes o partes de la familia? Sin lugar a dudas, esto es inconciliable con el concepto de familia que tenemos hasta ahora.

En consecuencia, por las razones dadas, votaremos en contra.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en verdad el Diputado señor Bombal se ha extendido en consideraciones generales acerca del proyecto, no obstante que en la modificación del artículo 28 del Código Civil resulta esencial la transformación que sugiere la iniciativa.

Esto no es una novedad en el mundo moderno. Un autor, al que nadie puede tachar de revolucionario, ni de permisivo, ni de que pretendía desmembrar la familia, escribió un artículo en la Revista Chilena de Derecho, de la Universidad Católica, de enero-abril de 1973, donde señala cómo, después de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo occidental se abre paso una fuerte tendencia legislativa en el Derecho de Familia, que, entre otros aspectos, propicia derogar la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos.

Así es como cita que en los preceptos de las Cartas Fundamentales ya no en una ley particular o en el Código Civil, sino que en las propias Constituciones, como en la de Alemania, de Bonn, de 1949; en la italiana de 1947; en la portuguesa, de 1976, y en la española, de 1978 se abrió campo a esta reforma trascendental. Lo mismo ha ocurrido entre los Códigos latinoamericanos, como el boliviano, el venezolano, el peruano y el argentino.

En consecuencia, a nadie debe extrañar que hoy se esté discutiendo un proyecto de esta naturaleza. En nuestro país, en 1972, el Presidente de la época, don Salvador Allende, presentó un proyecto de este carácter y por los sucesos de todos conocidos, el Congreso no alcanzó a discutirlo, y mucho menos esa original institución de cuatro congresales que existió durante 17 años.

El artículo 28 señala un hecho real y verdadero, porque es pariente, como lo define el proyecto, como lo define el proyecto, aquella persona que desciende una de la otra: el abuelo, el padre, el nieto, descienden uno de otro. No hay duda y nadie puede negar que son parientes, exista o no exista de por medio la institución legal, contractual y religiosa del matrimonio.

Además, nadie podría negar que es pariente aquella persona que desciende de un mismo progenitor. En consecuencia, en el ejemplo que traía el proyecto, como el de dos primos hermanos, hijos de dos hermanos que han sido también hijos del abuelo común, nadie podría decir que no son parientes.

A través del proyecto, se ha preservado lo que se llama la filiación matrimonial y la no matrimonial, que indica, precisamente, el origen y que, en cierta manera, mantiene este criterio que más bien es de tipo social, de acuerdo a una época determinada, y, asimismo, se establecen otros preceptos, como por ejemplo, la mantención del pater is est quem nupcia demostrant, en que el marido se presume padre de los hijos concebidos y nacidos durante el matrimonio, hasta 360 días después de la separación o del divorcio. Eso se mantiene como rasgo fundamental y peculiar del matrimonio. Además favorece mucho más que la ley actual, al cónyuge sobreviviente en materia de sucesión, incorporándolo entre los hijos, situación que realmente no existe, y responde, como veremos cuando analicemos esta disposición y la votemos, que este parentesco que hoy se cambia, es el verdadero y real, y no el de ficción, con que se quiere ocultar el auténtico origen de la filiación.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar, señor Diputado.

El señor ELGUETA.-

Por esa razón, votaremos a favor de esta modificación, y el hecho de que se le haya suprimido el ejemplo no tiene ninguna relevancia porque en el articulado se ha precisado quiénes son parientes.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor René García.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, creo que por muchas leyes que hagamos, nadie está desconociendo lo que es el parentesco y los lazos de consanguinidad. Esta iniciativa pretende dar igualdad a los hijos nacidos dentro del matrimonio y fuera de él.

Quiero aprovechar la oportunidad de centrarme no tanto en la ley, sino en una injusticia a la que me he referido muchas veces en la Cámara y que, desgraciadamente, no he tenido el eco ni la acogida que esperaba.

Se trata de que los padres puedan dejar a sus hijos algunos bienes para mantener a la familia. Creo que es el momento preciso para preguntar a la señora Ministra por intermedio de la Mesa, ¿qué pasa con esas viudas que no se casan para no perder el sustento que pueden dejar a su familia? Creo que sería una buena oportunidad para permitir que esas personas se puedan casar, y que la herencia dejada por el padre, fruto de una vida de trabajo, también se traspase a los hijos. Es de justicia que si queremos dejar algo a nuestros hijos lo incluyamos aquí, porque se ha cometido una tremenda injusticia, y ahí sí que hay un problema, que la señora ministra conoce perfectamente. Hay muchos hijos que nacen fuera del matrimonio, que no son reconocidos a pesar que han sido engendrados con amor por los padres, pero no se les permite tener un vínculo como la ley manda o como Dios quisiera, justamente por miedo de la madre a perder esa pensión, que es el sustento de muchos hogares modestos del país. Creo que éste es el momento de legislar, pues no podríamos dejar afuera a esa gente; hay miles de personas que están clamando para que se haga justicia en ese sentido.

Digo a la señora Ministra que muchos pensarán que eso no tiene nada que ver con el punto en análisis. Estimo que sí tiene que ver con la filiación, porque se engendran hijos fuera del matrimonio, pero también con amor, los cuales no tienen ninguna protección legal. Todo lo contrario, va en desmedro de todos los otros hijos, porque pierden lo único que su padre les puede dejar como herencia: una pensión de por vida.

Quizás le parezca rara mi intervención a la señora Ministra, pero creo que es una petición justa, que favorecería a miles y miles de chilenos.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora BILBAO (Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer).-

Señor Presidente, concuerdo con la preocupación del Diputado señor René García. Precisamente, una de las finalidades del proyecto es terminar con la odiosa desigualdad entre hijos naturales, legítimos e ilegítimos.

También estoy de acuerdo con el tema de la viudez que él planteó; pero considero que es más bien de origen previsional, por lo que debería ser analizado por el Ministro del Trabajo.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Como un Comité ha solicitado el cierre del debate y ya se han hecho tres intervenciones, una de las cuales fue a favor; otra, en contra, y la última, neutra, procede tomar votación respecto del N° 1 del artículo 1°.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 43 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Cornejo, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Estévez, Ferrada, Gajardo, Galilea, González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Jara, Latorre, León, Luksic, Makluf, Morales, Moreira, Muñoz, Navarro, Ojeda, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pizarro, Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Rebolledo (doña Romy), Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker, Silva y Tohá

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Alvarado, Coloma, Bartolucci, Bombal, Cardemil, Chadwick, Hurtado, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Orpis, Pérez (don Víctor) y Taladriz

Se abstuvieron los Diputados señores: Fantuzzi, García (don René Manuel) y Prokurica

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

En discusión el N° 15) del artículo 1°.

El señor VIERA-GALLO.-

Pido la palabra.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, lo único que hace este artículo es concordar en el proyecto los efectos de la nulidad, al cambiar el concepto de “legitimidad” por “filiación” y, por lo tanto, es completamente coherente con lo que se ha aprobado. Además para que la frase “los hijos concebidos durante el matrimonio” no suscite ninguna duda, se añade la expresión “o nacidos” dentro del matrimonio, porque pueden haber sido concebidos antes de que sus padres contrajeran matrimonio.

Creo que este artículo es de fácil despacho.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Diputado Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, quiero indicar cual va a ser, en general, nuestra votación respecto de este complejo proyecto. Es una iniciativa importante, que constituye un todo orgánico y, por lo tanto, ha sido extraordinariamente difícil introducirle modificaciones por la vía de la indicación.

Este proyecto confronta dos bienes: uno, la necesidad, para nosotros, de fortalecer el matrimonio; el otro obviamente, la necesidad de hacer justicia respecto de personas que por cuestiones que no les atañen o que no son de su responsabilidad, están en situación desmendrada ante la ley.

El partido Renovación Nacional ha declarado libertad de acción sobre este tema. Cada Diputado va a actuar según su leal saber y entender, porque algunos esgrimen razones legítimas en el sentido de que esto no afecta al matrimonio; en cambio, otros creemos que sí lo afecta.

Personalmente, estimo que hay tres órdenes de materia; los artículos relacionados con la pretendida igualdad de los hijos ante la ley; es decir, los que señalan que las diferencias establecidas en el actual Código serían arbitrarias.

Al respecto, voy a votar en contra, porque creemos que no existe arbitrariedad, ya que se entiende por aquello sin razón, caprichoso, irreflexivo y sin justificación. Estimo que las diferencias que establece el Derecho Civil entre los hijos de la familia y los que no lo son no es arbitrario. Por lo demás, así lo reconoce el propio proyecto en el artículo 170, al establecer la categoría de hijos de familia distinta de la de aquellos que no lo son.

En relación con el segundo orden de materias, que es la extensión de la patria potestad y reclamación del estado filiativo, en general vamos a votar a favor. Creemos que es importante introducir las pruebas de paternidad de acuerdo con el avance de la ciencia, aún cuando tenemos serias dudas respecto de que el acto filiativo deja de tener toda expresión de voluntad, como ha sido hasta ahora en el derecho occidental. No sabemos que pasará con esto, y abrimos un signo de interrogación acerca de las consecuencias prácticas. Pero, en general, votaremos afirmativamente.

En cuanto al establecimiento del carácter de asignatarios forzosos de todos los hijos por el solo hecho de la paternidad, esto abre en la práctica un cúmulo de juicios, Aquí no estamos atendiendo a las madres que enfrentan el problema ni a la cantidad de hijos que no tienen la posibilidad de ser reconocidos, sino que, sencillamente, vamos a llenar los tribunales con juicios relativos a cuestiones sucesorias entre los hijos de familia, los legítimos, y los que pretendan ser reconocidos.

Por lo tanto, en este orden de materias, en general votaremos negativamente.

Le concedo una interrupción al Diputado señor Valentín Ferrada.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Con cargo al resto del tiempo del Diputado señor Cardemil, tiene la palabra el Diputado señor Ferrada.

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, como ha indicado el señor DiputadoCardemil, en nuestro partido hay dos posiciones respecto del proyecto. De la misma manera como él, con muy justa causa, ha expresado que forma parte de una de las corrientes que se inclinará a votar en contra de parte del proyecto, deseo también usar del derecho para explicar en forma breve por qué otros, y particularmente quien habla, votarán favorablemente el proyecto, aun cuando comprendo que repetiré las razones que ya se expresaron cuando se discutió la idea de legislar.

El punto central de nuestra concepción es el siguiente. Aquí hay dos valores o dos bienes jurídicos que están en aparente contradicción: la necesidad de proteger el matrimonio y, por otra parte, la de establecer los derechos de los hijos en su justa dimensión.

Los que creemos que el proyecto debe ser votado favorablemente lo hacemos bajo el siguiente razonamiento filosófico: La Constitución establece que los derechos de las personas son anteriores al Estado y a la sociedad, y nosotros creemos que el matrimonio, como institución, con toda la enorme importancia que reviste, es, sin duda, una institución de carácter social. En consecuencia, no corresponde, por favorecer y fortalecer la institución social del matrimonio, hacerlo limitando, a veces en forma grave, los derechos personales, a los cuales don Andrés Bello llamó incluso “personalísimos”.

Cuando creemos que, a través de la ley, debemos fortalecer y reconocer los derechos del hijo, no estamos queriendo con ello debilitar el matrimonio. Al revés, las normas que se verán a continuación sobre paternidad responsable, respecto de las cuales el Diputado señor Cardemil ha dicho con toda razón que apoyará, y también...

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Terminó el tiempo de la interrupción.

El señor FERRADA.-

Concluyo en un segundo, señor Presidente.

...y también las normas relativas a las asignaciones forzosas de los hijos que hayan nacido fuera del matrimonio, que si bien se aprecian como preceptos que fortalecerán indirectamente, pero de manera muy decisiva, el matrimonio, van a ser las más eficientes del mismo, de la familia bien constituida, y reitero de la paternidad responsable. No lo digo en forma liviana, sino en forma realista. Cuando se promulgue esta ley será muy difícil ser padre de manera irresponsable.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO.-

¿me permite, señor Presidente?

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su señoría.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, pedimos la clausura del debate. Ya hablaron tres señores parlamentarios.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

No; han hablado sólo dos. El Diputado señor Ferrada lo hizo por la vía de la interrupción.

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, esta modificación elimina de nuestra legislación la institución del matrimonio putativo, que otorgaba a los hijos nacidos dentro del matrimonio nulo de sus padres, la calidad de legítimos, no obstante el vicio que lo invalidaba y la declaración judicial de nulidad.

El matrimonio putativo es una institución que, como muchas, proviene de la legislación canónica y que pasó a la civil. A nuestro juicio, es una manera clara de que la legitimidad de los hijos se produce por haber sido concebidos dentro del matrimonio de sus padres; es decir, la causa eficiente de la legitimidad la da el matrimonio que genera la familia.

Aquí se ha hablado mucho de la igualdad, de la discriminación, y de que se pretendería borrar esta última. Cuando hablamos de familia y de matrimonio, debemos tener claro que, con esta legislación que se está proponiendo, los hijos concebidos fuera del matrimonio de sus padres no podrán acceder al hogar de aquéllos con la igualdad que se está pretendiendo. Cuando hablamos de igualdad, reconozcamos derechamente que ella no les da derecho para que accedan al hogar de sus padres con la plenitud de los derechos de los hijos concebidos y nacidos dentro del matrimonio.

Entonces, ¿cuidado, no nos movamos a engaños!. Aquí implícitamente estamos reconociendo algo que es un elemento de la naturaleza y que no podemos igualar: el que sean concebidos dentro de la unión estable de los padres o fuera de aquella unión estable. Es un hecho que va a permanecer siempre. No nos movamos a engaños al respecto, pensando que con esta igualdad que se pretende establecer que puede tener muchas razones, y compartimos el criterio de que se deben eliminar las diferencias odiosas, salvamos el punto. En verdad, estamos ante el hecho cierto de que siempre va a subsistir el concepto de filiación matrimonial, aun cuando no se diga; de hecho se menciona en la ley para el solo efecto de establecer la paternidad.

El señor CARDEMIL.-

Sí lo dice.

El señor BOMBAL.-

¡Ahí está la médula del tema!. Siempre va a subsistir el concepto, porque es un elemento de la naturaleza. Si me dijeran que estamos eliminando toda discriminación respecto de los hijos, entonces permitamos a los hijos nacidos fuera del matrimonio acceder libremente a vivir y a tener todos los derechos de los hijos concebidos dentro del matrimonio de sus padres, lo que no sucede con esta legislación.

Entonces, ¡cuidado cuando hablamos de igualar y de eliminar diferencias!.

Reitero: en la práctica, un hijo nacido fuera del matrimonio no puede acceder al hogar de sus padres. Si quisiéramos establecer la igualdad, debiéramos permitir que un hijo nacido fuera del matrimonio de sus padres acceda con toda libertad y con todo derecho al hogar de los padres. Eso no se da.

Hay otro conjunto de hechos respecto de los cuales no hablaré, pues no constituyen el tema en discusión. Sólo deseo señalar que en el número 15) se elimina claramente la institución del matrimonio putativo, que, en el fondo, estaba reconociendo la legitimidad del matrimonio como elemento vinculante.

En consecuencia, voy a votar que no.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, quisiera que el debate sea todo lo serio que se necesita y que los señores Diputados se remitan a los artículos en discusión. Lo que ha dicho el Diputado señor Bombal que puede ser muy interesante no tiene nada que ver con el artículo que discutimos.

Está bien que los Diputados señores Cardemil y Ferrada fijen la posición de su partido, pero la discusión particular de un proyecto de ley, como bien lo sabe la Mesa, se refiere a artículos.

Le pediría a la Mesa que llame al orden a los señores Diputados que no se refieran al tema.

El señor SOTA (Presidente).-

No los voy a llamar al orden, porque creo que quienes han escuchado su sugerencia, la van a acoger.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, ¿me permite una consideración?.

El señor SOTA (Presidente).-

Sí, señor Diputado.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, cuando presidía el Diputado señor Latorre, la mesa hizo una precisión reglamentaria muy correcta al señalar que teníamos derecho en nuestro discurso a referimos a las materias que estimábamos debían tratarse. Desde el momento en que analizamos cada uno de los artículos del proyecto, que afecta a un conjunto de instituciones, tenemos legítimo derecho a referimos a materias de que se trata.

El Diputado señor Viera-Gallo está muy apurado, por lo que trata de impedir expresarnos. Ojalá pueda moderar su conducta, en términos de permitimos debatir ampliamente, como corresponde.

El señor SOTA (Presidente).-

Muy bien.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 1 abstención.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobado el numeral 15.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Cornejo, Dupré, Elgueta, Estévez, Ferrada, Gajardo, Galilea, González, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Latorre, León, Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Makluf, Morales, Moreira, Muñoz, Navarro, Ojeda, Palma (don Andrés), Pizarro, Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Seguel, Silva, Sota, Tohá, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta y Walker.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Bartolucci, Bombal, Cardemil, Coloma, Chadwick, Hurtado, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Melero, Orpis, Pérez (don Víctor), Prokurica y Taladriz

Se abstuvo el Diputado señor García (don René)

El señor SOTA (Presidente).-

En discusión el número 16.

El señor WALKER.-

Pido la palabra.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra su señoría.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, para facilitar la votación, quiero explicar que el numeral sólo tiene por objeto trasladar los actuales artículos 200 y 201 a un nuevo precepto, creando el artículo 130, derogado en la reforma de 1989, a fin de dejar esas normas comprendidas en el título de las segundas nupcias.

Es el único cambio que estamos por votar en este momento.

Muchas gracias.

El señor SOTA (Presidente).-

En consecuencia, ¿Su señoría propone que votemos inmediatamente?.

El señor WALKER.-

Sí, señor Presidente.

El señor SOTA (Presidente).-

¿Habría acuerdo de la Sala para votar inmediatamente?.

Varios señores DIPUTADOS.-

Sí, señor Presidente.

El señor SOTA (Presidente).-

En votación el numeral 16.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa 2 votos. Hubo 1 abstención.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobado el numeral 16.

Votaron afirmativamente los siguientes señores Diputados: Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Bartolucci, Bombal, Cardemil, Coloma, Cornejo, Chadwick, Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Ferrada, Gajardo, Galilea, García (don René), González, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Latorre, León, Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Makluf, Melero, Morales, Moreira, Muñoz, Navarro, Ojeda, Orpis, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Víctor), Pizarro, Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Rebolledo (doña Romy), Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Sota, Vega, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta y Walker.

Votaron por la negativa los señores Diputados Hurtado y Taladriz.

Se abstuvo el Diputado señor Prokurica

El señor SOTA (Presidente).-

En discusión el numeral 20.

Ofrezco la palabra.

El señor GAJARDO.-

Pido la palabra.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, el numeral 20 constituye la esencia de este proyecto, porque en él están señaladas las normas que se proponen para uniformar el régimen de filiación, que permiten la investigación de la paternidad y la maternidad y aquellas que consagran nuevas disposiciones en materia de patria potestad. No hay duda de que todas estas materias constituyen un progreso evidente en nuestra legislación civil.

No voy a redundar en mayores razones, porque en la discusión general se explícito suficientemente la importancia de eliminar la discriminación arbitraria que contiene hoy nuestra legislación civil en cuanto a la calidad de los hijos.

Tampoco voy a redundar en la conveniencia de establecer un mecanismo serio, de investigación de la paternidad y de la maternidad, que permita que entre las pruebas que se utilicen en este procedimiento, se recurra a todos los avances que la ciencia hoy dispone.

En lo que respecta a la patria potestad compartida es decir, cuando se establece que la patria potestad corresponde a ambos padres la modificación esta en la dirección correcta el señalar la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.

Quiero plantear ciertas dudas respecto del análisis del articulado, con el objeto de que el Diputado informante me las pueda contestar.

En el artículo 251...

El señor WALKER.-

Estamos en el 185.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, ¿al poner en discusión el numeral 20) se pueden abordar cualesquiera de las materias comprendidas en los títulos que se sustituyen?

El señor SOTA (Presidente).-

No. Nos estamos refiriendo al artículo 185.

El señor GAJARDO.-

Conforme. Entonces, más adelante formularé la consulta.

El señor SOTA (Presidente).-

Muy bien.

Tiene la palabra el Diputado señor Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, como estamos en el numeral 20).

El señor SOTA (Presidente).-

El numeral 20) modifica varios artículos, iniciándose la discusión por el primero de ellos, que corresponde al 185.

El señor LONGTON.-

Entonces voy a reservar mi intervención para el artículo siguiente.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, punto de reglamento.

Señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor BOMBAL.-

De acuerdo con el informe, en el numeral 20) sólo correspondería tratar los artículos 193, 194, 206, 208, porque el resto está aprobado. Señor Presidente, le pediría precisar el punto.

El señor SOTA (Presidente).-

Señor Diputado, el numeral no está aprobado. Tenemos que discutirlo y estamos comenzando por el artículo 185.

El señor BOMBAL.-

En el informe se señala que el artículo 185 está aprobado por unanimidad.

El señor SOTA (Presidente).-

Está aprobada la modificación, pero no el artículo.

Continúa la discusión.

Tiene la palabra el Diputado señor Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, me quiero referir a algunas observaciones formuladas al articulado. La prueba del ADN permite...

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Ese es otro tema!.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longton y yo hago respetar su derecho.

El señor WALKER.-

Señor Diputado, ¿me permite una interrupción?.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, acabo de pronunciar dos palabras, entre ellas, al ADN, y me dicen que no corresponden al artículo que está en discusión. Por lo tanto, para una aclaración, quiero dar una interrupción, por su intermedio, al Diputado don Ignacio Walker.

El señor SOTA (Presidente).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Walker.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, junto con agradecer la interrupción que me ha concedido el Diputado señor Longton, quiero insistir en que estamos tratando exclusivamente el artículo 185 del N° 20), por lo tanto, insisto en la moción del Diputado señor Viera-Gallo, de que en la discusión nos atengamos al artículo en debate.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, usaré la palabra más adelante.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en el artículo 185 del primer informe se establecía que se presumían hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución, divorcio o separación de hecho de los cónyuges. Dicho texto, extraído del artículo 116 del Código de España, fue objeto de una indicación del Diputado que habla, aprobada en la Comisión, con el objeto de eliminar la expresión “o a la separación de hecho de los cónyuges”.

La presunción de paternidad en la filiación matrimonial, con arreglo al principio del pater is est quem nupcia demostrant, es de muy antigua data y viene del Derecho Romano. Se estableció en nuestro Código Civil de una manera un poco diferente, no aceptándose la presunción en los casos en que hubiera una separación de hecho de los cónyuges, porque en esa situación la presunción se invierte y, en consecuencia, el marido declara que no es padre del hijo y son el hijo y la madre quienes tienen que probar que el verdadero y auténtico padre es el marido.

Haber colocado la expresión “separación de hecho de los cónyuges”, en la práctica implica un atentado muy grave al concepto de institución matrimonial, porque si hay una norma que diferencia a la filiación matrimonial y no matrimonial es precisamente ésta, la cual se ha mantenido a través de los siglos. Ha pasado por el Derecho Canónico, por el Código Civil y, en consecuencia, no se puede destruir la presunción de paternidad por la simple separación de hecho de los cónyuges, porque ella no está normada en nuestra institucionalidad. Es un hecho incierto, difícil de probar. A veces es una situación relativa, en la que incluso los cónyuges se reconcilian. Entonces, es muy difícil determinar cuándo existe la separación de hecho. Por eso se eliminó la frase, porque de esa manera se traslada esta situación a la llamada acción de impugnación de la paternidad.

Mediante las reglas generales de impugnación de la paternidad, puede el hijo, la madre o el marido impugnar esta presunta paternidad, y no cabe la menor duda, de que en ese juicio la separación de hecho va a adquirir una relevancia fundamental, porque será la verdadera prueba que durante esa época el marido tuvo imposibilidad de acceder a la mujer.

En consecuencia, nos parece que la disposición que presenta el proyecto es correcta, atendible, corresponde a nuestra tradición, establece una marcada separación de hecho entre aquellas circunstancias que podrán servir de base para impugnar la paternidad en un momento determinado.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ferrada.

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, entiendo los argumentos entregados por el Diputado señor Elgueta respecto a este punto, y tiendo a compartirlos. Sin embargo, lo que extraña no es una supresión de la frase que él ha invocado, si no la del actual inciso segundo del artículo 185, que establecía de alguna manera, indirecta, la situación que se produce con las separaciones de hecho al disponer una regla expresa para el marido que estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la mujer desde antes de la disolución del matrimonio, lo que ciertamente corresponde a un hecho que se produce por la separación de hecho, es un reconocimiento a ella.

En consecuencia, mi consulta al señor Diputado informante es cuál fue la razón que se tuvo, en definitiva, para suprimir el inciso segundo actual del artículo 185 que, en mi concepto, habría dado una regla indirecta pero precisa para la separación de hecho y, en consecuencia, para que trabajara mejor la presunción legal, en la eventualidad que se puso el mismo señor Elgueta.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Walker para contestar la consulta.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, en el artículo 204 y siguientes se establecen las acciones de impugnación. Lo que discutimos ahora, a raíz de la indicación introducida al artículo 185, es la eliminación del concepto de “separación de hecho”. En eso consiste la indicación. No se ha eliminado otra cosa, básicamente por considerar que esto debilita la presunción, porque exigiría que no sólo exista matrimonio, sino que, además, vivan juntos, y siempre queda a salvo la acción de impugnación.

La separación de hecho es un concepto mucho más relativo que la disolución o el divorcio; es de difícil prueba. Por lo tanto, hay mayor certeza en el acto jurídico del matrimonio y en la disolución o divorcio en relación con el concepto, más relativo, más ambiguo y de difícil prueba, que es la separación de hecho.

Esa es la única cuestión que se modifica por esta indicación.

El señor SOTA (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Ferrada.

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, el punto central de la consulta es que independiente de la separación de hecho, el aspecto que se regula en el inciso segundo es desde cuándo se cuenta el plazo de la presunción, si el padre no ha podido tener acceso físico a la mujer, situación que, por supuesto, se deduce de una separación de hecho. Esto es lo que regula el inciso segundo del artículo 185. La pregunta concreta es por qué se suprimió un inciso que, desde mi punto de vista, de reponerse, vendría a complementar de mejor forma y sin contradicción con lo que se dispone en la reforma, de contabilizar la presunción exactamente desde que el marido perdió el acceso físico a la mujer.

El señor SOTA (Presidente).-

Se ha pedido la clausura del debate.

El señor FERRADA.-

Pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, comprendo el derecho de los Comités a pedir la clausura del debate, pero ¿cómo no va a ser posible, en un proyecto tan importante como éste, que preguntas precisas, de fondo jurídico, no puedan ser respondidas por el Diputado informante?.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Diputado Walker.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, considero muy legítima e importante la inquietud del Diputado señor Ferrada. Por lo tanto, amerita su discusión.

El actual inciso segundo del artículo 185 consagra una situación muy específica y limitada: que el marido haya estado en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la mujer en tal periodo. En cambio, la cuestión está mejor resuelta en los artículos 204, 205, 206, 207 y 208, porque establecen una serie de situaciones mucho más amplias. Por lo tanto, el título “las acciones de impugnación”, concebido en los artículo 204 y siguientes, es más amplio que el actual inciso segundo, que es bastante restringido y referido a una situación particular.

Creemos que la situación está mejorada a este respecto, e insistimos en que se trata de un punto muy importante.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Corresponde votar la clausura del debate, a menos que el Diputado señor Ferrada esté satisfecho con las explicaciones.

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, por su intermedio, le concedo una interrupción al Diputado señor Navarro.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, antes del cierre del debate me surgió una duda que espero pueda ser aclarada por el señor Diputado informante.

Se refiere al numeral 16 que recién aprobamos, articulo 130, cuyo inciso segundo establece el concepto “del tiempo debido” para las obligaciones que pudiera tener la mujer que hubiere pasado a otras nupcias, y su nuevo marido, al señalar que serán obligados solidariamente a la indemnización de todos los perjuicios y costas ocasionados a terceros por la incertidumbre de paternidad.

Según el artículo 128 del Código Civil, el concepto de tiempo debido sería de 270 días.

En cambio, el artículo 180 que estamos discutiendo establece que se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los 300 días siguientes a su disolución o divorcio.

Deseo que se aclare, no me parece procedente que si la mujer puede casarse después de 270 días, aún a los 30 días subsiguientes, o sea, a los 300 días, todavía pueda impugnar la paternidad al marido anterior, por cuanto el artículo 185 es claro al establecer 300 días. Si así fuera, me parece una inconsistencia.

Por lo tanto, solicito al Diputado informante que aclare el alcance del plazo de 300 días, lo que se contrapone a los 270 días que establece el artículo 128 del Código Civil.

El señor SOTA (Presidente).-

Con la venia del Diputado señor Ferrada, tiene la palabra el Diputado informante para absolver la consulta.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, en primer lugar, desde el punto de vista formal, este artículo ya lo votamos.

En todo caso, quiero señalar que el proyecto del ejecutivo consagra 300 días en ambos casos, es decir, era más concordante. No obstante, la Comisión consideró necesario establecer 270 días, que corresponden al período de 9 meses. Es importante señalar que un parto ocurrido con posterioridad a 270 días no corresponde a un período normal.

Esa fue la razón, pero el proyecto original del Gobierno contempla 300 días para hacerlo concordante.

El señor SOTA (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Ferrada.

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, respecto de los 300 días, quiero recordar que ese plazo lo establece actualmente el Código Civil y viene de los tiempos de Andrés Bello.

En todo caso, creo que la Comisión no sé si por la vía de la indicación debiera consultar la mantención del actual inciso segundo del artículo 185 que, desde mi punto de vista, resuelve de manera más precisa y determinada la materia a la cual se refirió el Diputado señor Elgueta y que originó mi intervención.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Dupré, y luego pondré en votación el cierre del debate.

El señor DUPRÉ.-

Señor Presidente, también quiero referirme al plazo de 300 días, porque uno recibe muchísimas consultas, en particular de la gente más modesta, relacionadas con problemas similares a los que se trata de resolver en este artículo.

Es cierto que existe la posibilidad y el derecho de la impugnación será efectiva en la medida en que la gente pueda hacerla, lo que supone gastos.

A la gente modesta que cuestiona la situación de paternidad le supone, muchas veces, contratar un profesional o iniciar un trámite que le resulta extraordinariamente difícil o largo por la vía de la Corporación de Asistencia Judicial. Entonces, este problema gravita en muchos sectores, y al establecerse 300 días, que es un plazo muy amplio, continuará generándose una cantidad importante de situaciones difíciles, particularmente en la gente más moderna.

Me parece vital que la Comisión hubiera hecho una indicación para reducir el plazo.

El señor SOTA (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobará el cierre del debate.

El señor NAVARRO.-

¿Me permite, señor Presidente?.

El señor SOTA (Presidente).-

Ya escuchamos su planteamiento, señor Diputado.

El señor NAVARRO.-

No me quedo aclarada la duda, señor Presidente.

La explicación del Diputado informante no la he logrado comprender, o por lo agitado del debate, ella no ha sido clara.

El señor SOTA (Presidente).-

Quiero entender que Su Señoría votará en contra.

El señor NAVARRO.-

Deseo que el Diputado informante lo aclare una vez más.

Es todo.

El señor SOTA (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobará el cierre del debate.

No hay acuerdo.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 20 votos. Hubo 3 abstenciones. 

Un señor DIPUTADO.-

Agregue mi voto, señor Presidente.

El señor SOTA (Presidente).-

Clausurado el debate.

El señor SOTA (Presidente).-

En votación el artículo 185.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 14 votos. No hubo abstención.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobado el artículo 185.

Votaron afirmativamente los siguientes señores Diputados: Ascencio, Avila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Cornejo, Elgueta, Estévez, Gajardo, González, Hernández, León, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Moreira, Muñoz, Ojeda, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pizarro, Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Silva, Soria, Vega, Venegas, Viera-Gallo, Villegas y Walker.

Votaron por la negativa los Diputados señores: Arancibia, Bombal, Cardemil, Coloma, Dupré, Errázuriz, Ferrada, Galilea, García (don René), Hurtado, Jürgensen, Karelovic, Leay, Longton, Melero, Navarro, Prokurica, Solís, Taladriz y Vilches.

Se abstuvieron los Diputados señores Jara, Rebolledo (doña Romy) y Seguel.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobado el artículo 185.

El señor SOTA (Presidente).-

En discusión el artículo 193 del mismo numeral 20).

La señora POLLAROLO.-

Pido la palabra.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora POLLAROLO.-

Señor Presidente, hoy la ciencia hace posible, a través de las pruebas biológicas, acceder a la verdad respecto a la paternidad, verdad de tanta trascendencia para los seres humanos, para mujeres ofendidas en su dignidad y para hijos negados por sus padres.

Estas situaciones humanas son de enorme profundidad, porque lo que está detrás de la negativa a asumir las pruebas biológicas problema que discutiremos es una de las expresiones quizás la más vergonzosa del abuso, de la irresponsabilidad, y diría, del patriarcado que permite al hombre, a través de una particularidad biológica, negar lo que nunca puede negar la mujer: su responsabilidad en la concepción.

Todos sabemos cómo se mal utiliza esta condición biológica, cómo se usa para mentir, ocultar y evadir responsabilidades. Eso es lo que debemos impedir que se mantenga. ¿Qué otra razón sino ocultar la paternidad puede haber para negarse reiteradamente a someterse a las pruebas biológicas?. Al haber una negativa reiterada, se está mostrando una voluntad de ocultar, de negar, de evadir responsabilidades.

Por eso, llamo a los señores Diputados a aprobar la indicación para que la negativa en tres oportunidades de una persona a someterse a la prueba del ADN, quede establecida como un elemento probatorio suficiente de paternidad y no configure sólo una presunción.

Llamo, entonces, a que no quede una puerta abierta al engaño y a la irresponsabilidad que hoy, desgraciadamente, es conducta frecuente de los hombres.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Señora Diputada, haciéndonos eco de su sugerencia, el señor secretario dará lectura a la indicación renovada.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación es de las honorables Diputadas señorita María Antonieta Saa y señora Martita Worner, y de los honorables Diputados señores Viera-Gallo, Aguiló y Naranjo “La negativa a someterse a las pruebas biológicas por terceras vez consecutiva configura una presunción, la que bastará por sí sola para acreditar una determinada filiación”.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, la prueba del ADN o ácido desoxirribonucleico, permite en breve tiempo, desenmascarar a muchos padres furtivos. Pese a que este revolucionario procedimiento fue descubierto en Inglaterra en 1985, en Chile aún no se aplica en forma obligatoria, bastando que uno de los progenitores niegue su paternidad ante la ley para que su palabra sea aceptada. Por lo mismo, la cifra de hijos ilegítimos aumenta cada año.

De acuerdo con los datos entregados por el Centro de Estudios públicos, en la actualidad uno de cada tres niños que nacen en Chile es hijo ilegítimo. En la últimas tres décadas, la ilegitimidad se duplicó en un 15.9 por ciento, en 1960, a 34.3 por ciento en 1990. A nivel de madres adolescentes, dos de cada tres hijos son ilegítimos, es decir, el 60 por ciento.

A la luz de las cifras es posible concluir que nuestra legislación no entrega los incentivos para que cada uno asuma sus roles en las relaciones de pareja, puesto que en una relación informal, establece todos los cargos y riesgos para la mujer. Disponer normas más imperativas al padre de hijos ilegítimos, puede cambiar los hábitos imperantes.

El derecho no puede presionar con éxito, mediante sanciones o normas drásticas, para que la familia se constituya en términos institucionales, ya que se transformaría en una política pública. Si así fuera, sería altamente ineficaz, como ha quedado demostrado a través de las estadísticas.

Si el mundo civil desarrolla ciertos hábitos de vida al margen de la ley, el derecho debe perseguir esas formas sociales nuevas o darles forma para resolver los conflictos que surgen a raíz de ella.

En el Código Civil, siempre en forma expresa o tácita, en mayor o menor grado, juega la voluntad del progenitor para el establecimiento de la paternidad. Prohibir la libre y amplia investigación de la paternidad no sólo repugna por la situación de injusticia que se produce respecto de un ser inocente, al que no le cupo responsabilidad alguna en el comportamiento de sus progenitores, sino que logra todo lo contrario de aquello que se quiere evitar con la implantación de tal prohibición.

Las uniones ilícitas proliferan cuando el padre irresponsable queda en la impunidad, protegido por legislaciones de esta naturaleza.

Por eso, votaré a favor del artículo 193.

Me parece adecuada la indicación y me quedo con el inciso tercero del texto original presentado por el Ejecutivo.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señorita María Antonieta Saa.

La señorita SAA.-

Señor Presidente, hace poco concluyó la celebración del año de la familia, y todos estamos conscientes de su significado. Este proyecto constituye un gran progreso que valoriza las relaciones paternales. Si no avanzamos hacia la paternidad responsable, faltamos a la formación de nuestra juventud y al establecimiento de núcleos familiares sólidos y claros.

Por ello, conjuntamente con otros Diputados, renovamos la indicación para que la prueba biológica del ADN sea contundente en la demostración de la paternidad.

Uno de los grandes problemas en el transcurso de la humanidad es que la paternidad sea una función asumida de manera responsable y clara por los padres. Cuando hay una prueba biológica de un 99.9 por ciento de certeza, nada amerita negarse a su sometimiento. Y es de la más estricta justicia que cuando un padre se niega por tres veces a hacerse la prueba, que tiene una certeza segura, signifique la presunción de paternidad.

Este proyecto desea hacer justicia y quiere formar los valores de la paternidad. Por ello, renovamos la indicación. Códigos de otros países la aceptan y constituiría un gran avance en la legislación chilena su aprobación.

Señor Presidente, con su venia le concedo una interrupción al Diputado Señor González.

El Señor SOTA (Presidente).-

Se puede inscribir, porque como se trata de un asunto tan importante, todavía no se va a cerrar el debate.

Además, están inscritos los Diputados señores Elgueta, Bombal, Pérez (don Aníbal); la Diputada señoraMariana Aylwin y los Diputados señores Coloma y Cardemil.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SOTA (Presidente).-

Oportunamente seguiremos con la inscripción, pues sabemos que después de tres oradores se pide el cierra del debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, votaré favorablemente el artículo 193, en su forma original. En consecuencia, rechazaré la indicación renovada, en la que se afirma que la negativa a someterse a las pruebas biológicas por tercera vez consecutiva, configura la presunción, la que bastará por sí sola para acreditar una determinada filiación.

En general, en el derecho, la renuencia, la contumacia, o el silencio, no producen efecto jurídico alguno. Por lo tanto, es voluntad del legislador que en determinadas circunstancias excepcionales se dé este silencio, a esta resistencia o a esta contumacia un determinado efecto jurídico.

Generalmente, cuando se acepta, se hace en forma doble, mediante aparecimiento, en el que si la persona se niega o no concurre, produce una determinada consecuencia jurídica, generalmente de tipo probatorio. Así sucede, por ejemplo, con la alcoholemia, la que también constituye una presunción, que es uno de los medios de prueba que establece nuestro derecho. El Código Civil señala que es el hecho que deduce el juez dadas determinadas circunstancias.

En consecuencia, estamos en la presencia de una prueba. Generalmente, en el derecho como afirmé esta negativa o resistencia a someterse a las pruebas biológicas se acepta hasta dos por veces, pero en este caso si existe una tercera negativa sería la primera vez en nuestra legislación que tendríamos que aceptar esta triple intimación a la persona demandada se supone que queda acreditada una determinada filiación respecto del supuesto padre.

Esto se contradice, incluso, con el caso hipotético de que verdaderamente se hagan la prueba del ADN al padre y al hijo. Y ni siquiera en ese caso hay un ciento por ciento de certeza. Hay casi una certeza completa, pero no total. Por lo tanto, si el supuesto padre se niega, aunque sean dos, tres, cuatro o diez veces, nunca se podrá obtener de esa sola negativa reiterada una prueba completa acerca de un hecho tan delicado, complejo y serio, como es acreditar, probar o precisar una determinada filiación.

Por ejemplo, el artículo 127 del código español que trata esta materia, ni siquiera se pone en el caso de la resistencia. Sólo por la vía jurisprudencial se estima que la negativa a someterse a las pruebas biológicas y así han fallado los tribunales en España solamente constituye un indicio, y que, si bien la negativa a someterse a ésta no implica ni supone, desde luego, una ficta confeso, sí supone un valioso indicio, puesto en relación con los demás medios probatorios.

Por consiguiente, en un problema tan delicado, no sería serio, lógico ni acertado que si una persona se somete al examen de ADN y ni aún así se llega a una prueba completa, mucho menos podría llegarse si se niega a hacerse dicho examen, cualquiera que sea el número de veces en que haya sido intimado para que acepte tal prueba.

Por esas razones, estimo que el proyecto, que en este punto se debatió bastante en la Comisión, es mucho más acertado, por cuanto establece una presunción, que unida a otras pruebas en el juicio, llegan a establecer con absoluta certeza, en un ciento por ciento de seguridad, de que el demandado, es en definitiva, el verdadero, autentico y real padre.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, sin duda, éste es uno de los aspectos medulares del proyecto. Quiero traer a colación lo que planteo el Ejecutivo, originalmente. Dice, en el inciso respectivo, que la negativa injustificada a someterse a las pruebas biológicas configura una presunción que, unida a otras presunciones o a otros medios probatorios, hará que el juez declare una determinada filiación.

A su vez, en la Comisión, dados todos los antecedentes que se entregaron en relación con la prueba del ADN, se estimo que podía haber riesgo en el hecho de dejar esa sola prueba como un elemento decisivo de la declaración de filiación. Tiendo a compartir con el Diputado señor Elgueta lo complejo de este tema en cuanto a que solo a esta prueba le estemos dando la categoría especial y no la entendemos dentro del contexto de los otros testimonios o medios probatorios que el juez tendrá en consideración.

Qué duda cabe existiendo la certeza de que la prueba del ADN es concluyente en muchos casos, no sólo para establecer filiación, sino para determinar otro tipo de relaciones o vínculos que hayan existido entre personas de que la negativa de hoy ADN de por medio de que para el juez será un elemento bastante más concluyente que la simple negativa de decir “No es mi hijo”. Al aceptarse las pruebas biológicas, qué duda cabe de que la negativa de ellas reitero va a ser un elemento muy decisivo para el juez.

Es más, hay que tener en consideración el artículo 2o transitorio y sus efectos, puesto que se altera virtualmente la “cosa juzgada” en esta materia. Es decir, se podrán revisar situaciones anteriores a la dictación de esta ley. También quiero traer a consideración ese aspecto, que es bastante determinante por los efectos que producirá.

Estoy muy de acuerdo en que, si se trata de establecer filiación, paternidad responsable, qué duda cabe de que hay que hacer la indagación con toda la profundidad requerida. Pero estamos en presencia de un artículo cuyos efectos son bastante complejos, porque no sólo regirá esto a partir de ahora, sino que, incluso, se tendrá la posibilidad de revisar situaciones anteriores a la dictación de esta ley. Entonces, estamos frente a una situación que también es compleja, por cuanto no tenemos el ciento por ciento de certeza existe' un 98 ó 99 por ciento y hay un margen que es extraordinariamente complejo y que puede dar origen a situaciones muy delicadas.

Si bien la exclusión es ciento por ciento, la inclusión según nos dijeron los propios especialistas del Servicio Médico Legal no es ciento por ciento. En consecuencia, desde el momento de que es casi ciento por ciento, creo que no podemos dejar sólo este medio probatorio como un elemento concluyente, y. hay que entenderlo dentro del contexto de los otros medios probatorios en que, naturalmente, las pruebas biológicas, van a ser muy decisivas para los jueces, como de hecho son en la actualidad.

Hago presente que en la actualidad se están realizando este tipo de pruebas biológicas en muchos juicios, incluso, a solicitud voluntaria por así llamarlo; ni siquiera decretada por un juez de las partes que comparecen para establecer o aclarar una determinada filiación. De. manera que hoy ya se está por incorporar este concepto en nuestra legislación; sólo que acá viene un reconocimiento más explícito.

Quiero agregar que esta prueba, al no ser un ciento por ciento de inclusión, no podemos dejarla excluyendo al resto de los medios probatorios. Estaría por la idea de incorporarla cuando se llegue a determinar dicho ciento por ciento; pero es muy delicado mientras exista un margen de duda, por los abusos que puedan cometerse en la materia, que pueden ser extraordinariamente grave para la honra y reputación de las personas.

En consecuencia, estoy de acuerdo en que se le dé el valor de plena prueba en la forma que se establece, pero con la reserva de que se incorpore dentro de otros medios probatorios. En ese sentido, me parece bastante interesante si pudiéramos volver sobre el inciso segundo del Ejecutivo.

A su vez, quiero llamar la atención en el sentido de que sobre la materia analizaremos la prueba testimonial y, si hay disposición en la Sala, presentaría una indicación que, agregada al artículo, señale “Con todo, la prueba de testigos por sí sola nunca constituirá plena prueba de la filiación”.

Someto a la consideración de la Honorable Sala este elemento, porque, así como me parece que la prueba de ADN no puede ser única, también la prueba de testigos, por sí sola, nunca puede constituir plena prueba de filiación.

Por lo tanto, votaremos favorablemente el proyecto.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Señores Diputados, como está próximo a expirar el tiempo del Orden del Día, anuncio que para la sesión de la tarde, quedan inscritos, desde ya, los Diputados señores Aníbal Pérez, Cardemil, Colonia y Chadwick.

El señor PIZARRO.-

¿Por qué no pide prórroga del Orden del Día?.

El señor SOTA (Presidente).-

Llegado el momento, señor Diputado, con mucho gusto.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente, formalmente le pido prorrogar el Orden del Día.

El señor SOTA (Presidente).-

Sé que no hay acuerdo. Me lo han venido a decir varios señores Diputados.

Tiene la palabra la Diputada señora Mariana Aylwin.

La señora AYLWIN (doña Mariana).-

Señor Presidente, creo que hay bastante acuerdo con el espíritu del artículo. Pero, planteo a consideración de la Sala la búsqueda a lo mejor de una redacción distinta que recoja de alguna manera el hecho de que la negativa de someterse a las pruebas biológicas configura una presunción grave; pero que no bastará por sí sola para acreditar una determinada filiación.

No sé si será posible hacer un planteamiento. Tal vez suspender la sesión por dos minutos a fin de ver si podemos llegar a acuerdo con una redacción común que dijera algo así, por ejemplo: “La negativa de someterse a las pruebas biológicas configura una presunción grave que el juez apreciará de acuerdo a las reglas generales”.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Señora Diputada, como de todas maneras la votación del artículo quedará pendiente para la sesión de la tarde, le ruego que mientras tanto, prepare la indicación correspondiente sin necesidad de que se suspenda ahora la sesión.

La señora AYLWIN (doña Mariana).-

Gracias, señor Presidente.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Pérez, don Aníbal.

Le quedan tres minutos.

El señor PÉREZ (don Aníbal).-

Señor Presidente, votaré favorablemente el artículo de la Comisión, por cuanto este delicado tema se ha tratado en forma adecuada y con precisión.

Sin embargo, me referiré a la indicación que han presentados mis distinguidas colegas señoras Pollarolo y Saa, puesto que, si bien están bien inspiradas, chocan con la realidad. Porque, ¿qué pasaría en el caso de una persona que por motivos religiosos se negara a que se le extraiga una muestra de sangre, como es el caso de los testigos de Jehová? Estaríamos dando por acreditada una paternidad en una situación que, a lo mejor, sería injusto. En consecuencia, creo que no sería procedente una situación de esa naturaleza.

Además, como lo han dicho algunos colegas nunca una presunción por sí sola puede constituir plena prueba.

Por lo tanto, me quedo con la redacción de la Comisión.

Señor Presidente, con su venia, le concedo una interrupción al Diputado señor González.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor González; pero advierto que está próximo el término del Orden del Día.

El señor GONZÁLEZ.-

Señor Presidente, en forma breve, me limitaré a hacer algunas precisiones de orden técnico.

En primer lugar, para realizar una prueba del ADN no es necesaria una muestra de sangre. Ella puede ser hecha, incluso, mediante un raspado de cualquiera de las mucosas corporales, lo que no significa extracción de sangre.

En segundo lugar, en lo que se refiere a la validez de la prueba de ADN, el porcentaje de 99.9 por ciento como se dice es para salvar un aspecto científico. Ningún fenómeno biológico se considera ciento por ciento válido; esto es más bien de orden teórico.

Si estuviera aquí un genetista y le preguntáramos, nos diría que es posible que una vez en 10 millones coincidan dos patrones de

ADN. Pero esto no sucede en la práctica. Nunca se ha visto que tal cosa suceda. Pero, así como pudiera existir la posibilidad de que coincidieran dos juegos de huellas digitales, lo mismo podría ocurrir con la prueba de ADN; pero, prácticamente, esto no es real, porque en todos los fenómenos científicos nunca se habla de ciento por ciento, sino de 99.9 ó 99.99 por ciento.

Aquí estamos discutiendo dos cosas distintas: una la validez de la prueba ya se ha dicho que una prueba puede ser considerada presunción, como en el caso de la alcoholemia y muchas sustancias distintas del alcohol pueden aumentar su graduación en la sangre con más frecuencia que en la del ADN; y la otra, la decisión de un juez frente a la negativa injustificada o, reiterada de hacérsela. En la medida en que el conocimiento científico vaya siendo aceptado cada vez más como prueba judicial, en el futuro nos veremos enfrentados continuamente a estas situaciones.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Ha terminado el Orden del Día.

1.10. Discusión en Sala

Fecha 22 de noviembre, 1994. Diario de Sesión en Sesión 19. Legislatura 330. Discusión Particular. Pendiente.

MODIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE FILIACIÓN, Primer trámite constitucional (Continuación).

El señor SOTA (Presidente).-

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, retomando la discusión del artículo 193, quiero señalar que estamos en favor de la redacción propuesta en el proyecto, que establece la admisibilidad de la investigación de la maternidad y de la paternidad en los juicios de filiación mediante toda clase de pruebas. Esta disposición recoge la posibilidad de beneficiarse con los adelantos científicos. Nos parece excesiva la indicación renovada que plantea una probanza medida o presunción respecto de las personas que se nieguen en tres oportunidades a realizarse la prueba del ADN.

Toda la filosofía del proyecto es dejarle al juez que conoce el mérito del proceso el análisis de la aceptación o negación de una persona demandada.

Pero para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, quiero señalar al alcance de la disposición que estamos por aprobar. Cambia todo el sistema de derecho civil conocido para eliminar el requisito esencial en cuanto al estado civil: la aceptación del padre y la del hijo. (Hay que tener en cuenta que nuestro Código Civil requiere la aceptación del hijo para ser reconocido como tal, porque es perfectamente posible que un hijo no quiera ser reconocido por un padre. Muy comúnmente se dan esos casos). Eso se reemplaza por el sistema forzoso de reconocimiento de la paternidad, la que de aquí en adelante podrá ser impuesta sin que siquiera exista atisbo alguno de aceptación de la filiación extramatrimonial como ocurre hasta ahora.

En la actualidad, para que un hijo sea reconocido como natural, contra la voluntad de sus padres, por sentencia judicial, es necesario que la respectiva acción se funde en un documento público o privado emanado del supuesto padre o madre del que se desprenda una confesión manifiesta de paternidad o de maternidad; o que el hijo haya poseído notoriamente, a lo menos durante 10 años, la calidad de tal respecto de determinada persona. En lo sucesivo estas restricciones desaparecerán, y el reconocimiento será absolutamente forzoso. Para el establecimiento de la filiación, podrá recurrirse a todos los medios de prueba.

Como también vamos a legislar sobre aspectos patrimoniales como herencias que esta filiación forzosa presupone, la normativa que aprobaremos, casi con seguridad, en materia de indagación de la filiación, traerá consigo un renovado empeño por los causantes, de eludir las asignaciones forzosas en favor de las personas que han obtenido su reconocimiento contra la voluntad e intención de los padres.

Aquí no estamos legislando “per se” en favor de las madres o de los hijos con el problema. Sencillamente les estamos dando una acción ante los tribunales de justicia.

Se multiplicarán los juicios entre los hijos de filiación matrimonial y los que van a impetrar al beneficio de su reconocimiento; aumentarán los fraudes, las simulaciones y los recursos ilícitos para evitar lo que, por justo que nos parezca, no responde a una manifestación auténtica de la realidad.

Hago esta prevención, porque este tema se seguirá discutiendo en las Comisiones del Senado y en las Comisiones Mixtas que correspondan.

He dicho.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, las razones por las cuales aprobaremos el artículo original ya han sido explicadas suficiente y adecuadamente por el Diputado señor Bombal.

Ahora, quiero hacerme cargo de la indicación que se votará, de las Diputadas señoras Pollarolo y Saa. Entiendo que su objetivo es mejorar la disposición en su sano espíritu de darle más convicción y asegurar, de alguna manera, la obligatoriedad de lo que se deduzca. Pero tal como está formulada, a los menos observo tres problemas que ameritan su rechazo.

En primer lugar, el concepto de “certidumbre”. No cabe duda de que el mérito de este tipo de prueba es generar la certidumbre. Se discutirá si es en un 99,99 por ciento o más; pero al establecer la presunción por la vía de la incertidumbre se produce el efecto de la certidumbre, o sea, este efecto se logra a través de un medio no diseñado para ello y después le da efectos patrimoniales de gran relevancia jurídica.

En segundo lugar, y el Diputado señor Pérez lo expresó bien, podrían mediar razones religiosas para cuestionar la prueba. No cabe duda de que debemos ser respetuosos de lo que las distintas comentes espirituales puedan señalar.

Por último, los eventuales fraudes que se puedan cometer. Este punto es relativamente nuevo. No siempre hay que colocarse en el caso de aquella persona que, siendo padre verdadero, no quiere reconocer a su hijo. También puede ocurrir el caso inverso y se ha dado en la práctica, de que quienes no siendo los padres, desean serlo, y por la vía de la presunción, podría legitimarse este procedimiento. Esto es un efecto indeseado de la indicación. Todas estas consecuencias que podría generar, a mi juicio, ameritan el rechazo.

Por lo tanto, somos partidarios de mantener la disposición en los términos originales, poniendo énfasis en la obligatoriedad de este análisis, a menos que exista una razón justificada, tal como lo plantea el artículo. Pero la aprobación de esta indicación producirá efectos no buscados por sus autoras.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Valenzuela.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, en la sesión de la mañana la Diputada señorita María Antonieta Saa afirmó que es necesario apoyar la paternidad responsable, en lo cual creo que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, no concordamos en que, en busca de tan noble objetivo, se deterioren algunos principios básicos del Derecho, ya mencionados por muchos colegas. A lo mejor, también cometo ese error, pero quiero señalar que la Constitución establece el derecho a que las personas sean sometidas al debido proceso, lo que significa no vulnerar normas procesales fundamentales. Las orientaciones jurídicas están dirigidas a evitar que una prueba absoluta afecte a todo el procedimiento judicial e impida, incluso, que los tribunales ejerzan plenamente su labor.

Incluso, en materia penal a lo mejor ya fue recordado; no lo sé, porque me acabo de incorporar a la sesión el medio probatorio llamado confesión, no produce ningún efecto si no va acompañado de otra prueba. Por ejemplo, si digo: “Maté a tal persona”, para que esa afirmación constituya plena prueba, debe existir otra probanza. Es decir, hasta en el evento de la confesión que, a mi juicio, es la prueba más importante, los tribunales y la jurisprudencia mundial van en otro sentido.

Por estas razones ya expuestas, estando de acuerdo en el noble objetivo de alentar la paternidad responsable, no podemos aceptar que se desvirtúen los principios generales del Derecho.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero rectificar a algunos Diputados que ha hecho uso de la palabra, en el sentido de que esta normativa se refiere tanto a la paternidad, como a la maternidad, no sólo a la paternidad, como queda claro en el inciso primero del artículo.

En segundo lugar, en esta materia, que ha sido largamente debatida en la Sala, quiero que tengamos presente lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil respecto de la ponderación de la prueba.

En cuanto al valor probatorio que debería tener el examen del ADN, la sugerencia formulada por la Diputada señora Mariana Aylwin es, quizás, el punto de equilibrio más adecuado. El del artículo 426 del Código de procedimiento Civil, inciso segundo, señala: “Una sola presunción puede constituir plena prueba cuando, a juicio del tribunal, tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar su convencimiento”. Todos han señalado en la Sala el carácter preciso de esta prueba. La redacción propuesta por la Diputada señora Mariana Aylwin , dice que ésta sería una presunción grave. Ojalá nos orientáramos en esa dirección y quedara claro que se aplica ese artículo del Código de Procedimiento Civil y no el 425, como creo que equivocadamente señala el inciso segundo de esta disposición, que se refiere a la sana crítica, y da al juez un grado de discrecionalidad mucho mayor. Con ello el punto quedaría resuelto, porque lo que han planteado las Diputadas que han renovado la indicación, con el acuerdo de los Comités del PPD y del Partido Socialista es que la certeza del examen médico sea equivalente a la certeza jurídica.

Como ello se puede obviar de la manera indicada por la Diputada señora Mariana Aylwin , solicito que usted pida la unanimidad de la Sala para que la indicación que ella redactó pueda conocerse, eliminando sí la frase del inciso segundo: “Su fuerza probatoria se apreciará en la forma que establece el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil”. En mi opinión, concitaría un consenso suficientemente amplio en la Sala.

Si lo que propongo representara una cierta dificultad, pido a Su Señoría que suspenda la sesión por cinco minutos. Nos juntamos algunos parlamentarios y, quizás, logremos el acuerdo.

He dicho.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, sobre lo mismo, ¿me permite un alcance?

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, junto con la observación que planteó en la mañana la Diputada señora Aylwin, señalé la posibilidad de agregar: “Con todo, la prueba de testigos por sí sola nunca constituirá plena prueba en materia de filiación.” Dentro de esa misma línea adhiriéndose a lo planteado por el Diputado señor Viera-Gallo en relación con la indicación de la Diputada señora Aylwin, también solicito que recabe el asentimiento unánime de la Sala para incorporar lo que se ha señalado. En ese sentido, si fuera complejo, apoyo la petición de suspensión de la sesión por algunos minutos para hacer una cosa coherente.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, quiero formular una consulta al Diputado informante, que está escuchando atentamente. No tengo claro por qué es necesario alterar el valor probatorio establecido en nuestro Código, en términos de restarle más o menos mérito a la prueba de testigos. Para acreditar un hecho, la prueba de testigos nunca puede constituir plena prueba en la legislación chilena. Así lo establecen las reglas reguladoras de la prueba. El atestado de dos testigos contestes en los hechos y las circunstancias constituye una presunción legal que requiere de otro medio probatorio para que sea plena prueba.

En lo que respecta a la presunción, el hecho de elevarle la categoría a presunción grave es suficiente para los efectos de que el juez la estime como un hecho calificado, que lo comparará con los otros medios probatorios.

Al Diputado señor Viera-Gallo quiero precisarle que la presunción puede constituir plena prueba cuando es grave. Se entiende que es grave cuando tiene el carácter de precisa y concordante con los demás medios probatorios y no contradicha con otro medio probatorio. Si es concordante con los demás medios probatorios o hay medios que la desvirtúan o la contradice, el juez va a ponderarla de acuerdo al mérito probatorio.

Por lo tanto, la salida razonable es elevarle el rango a la presunción, darle la categoría de presunción grave. Si es presunción grave, el juez entrará a juzgar con todo el resto de los medios probatorios; pero no me parece que la alteración del resto de las normas reguladoras de la prueba vaya a contribuir a hacer más expedita la resolución del juez.

En cuanto a lo que señaló el Diputado señor Bombal en orden es decir que la declaración de dos testigos no puede constituir plena prueba respecto de un hecho, dependerá si es contradicho o no por otros testigos respecto de las circunstancias o por la propia versión del afectado. Porque en nuestro ordenamiento jurídico la sola declaración de dos testigos, aun cuando no sean contradichos, como ya he expresado, no constituye plena prueba, porque los testigos no se cuentan: se pesan, en materia legal y el juez les va a dar el mérito legal según la calidad o veracidad que le otorgue al testimonio valga la redundancia le haya dado.

Por lo tanto, mi sugerencia concreta es que se eleve la categoría a presunción grave, por lo demás, lo hemos hecho en otros proyectos de ley, y que el resto del valor probatorio se deje entregado a las reglas reguladoras de la prueba, que son bastantes claras en esa materia.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, al eliminar la frase queremos decir que las pruebas biológicas no se aprecian conforme a la sana crítica, sino que conforme a las reglas generales.

Además, quiero aclarar que la referencia es al 426 del Código de Procedimiento Civil y no al artículo 427.

El señor SOTA (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde continuar con la discusión del proyecto que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación.

Estaba en discusión el artículo 193.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.

El señor SOTA (Presidente).

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor WALKER.

Señor Presidente, sólo para solicitar el ingreso a la Sala de la señora Paulina Veloso.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Diputado informante.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, concordando en lo esencial con lo que ha dicho el Diputado señor Espina, quiero aclarar que en el proyecto no se alteran las normas generales de apreciación de la prueba testimonial, es decir, rigen las normas generales en esta materia. Lo que hicimos en la Comisión por la unanimidad de los miembros es rechazar esta indicación, porque consideramos que el inciso tercero del artículo 193 recoge las dos cuestiones básicas que queremos salvaguardar, que aquella persona que se resista a someterse a una prueba biológica no quede en la impunidad; y que evitemos dar a la presunción que pueda surgir una precisión excesiva, más allá de las normas generales sobre la apreciación de la prueba testimonial y, por esa razón, se rechaza la indicación. Además, si hubiese acuerdo en la Sala, como se ha propuesto por los Diputados señores Espina, Viera-Gallo y otros, para incluir el concepto de presunción grave, creo que no habría problema, porque recoge el espíritu del argumento de la Comisión.

En cuanto a la norma del Código de Procedimiento Civil que leyó el Diputado señor Viera Gallo, justamente, se deja a la apreciación del juez la consideración de una presunción como grave.

Por lo tanto, insisto: no se están alterando las reglas generales, y creo que si hubiese acuerdo en la Sala para acoger la idea de la presunción grave, no habría inconveniente porque está dentro del espíritu que tuvimos en la Comisión para desechar esa indicación, salvaguardando las dos cuestiones básicas que he señalado.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

El señor Secretario va a dar la lectura a la indicación presentada a la Mesa.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Es de las honorables Diputadas señoras Aylwin, doña Mariana, y Saa, doña María Antonieta, y de los honorables Diputados señores Pizarro, don Jorge; Viera-Gallo, Bombal y Elgueta.

Su primera parte tiene la finalidad suprimir la frase final del inciso segundo del artículo 193 que propone la Comisión, es decir, eliminar “Su fuerza probatoria se apreciará en la forma que establece el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil.”

En seguida, se propone reemplazar el inciso final por el siguiente: “La negativa a someterse a las pruebas biológicas, configura una presunción grave que el juez apreciará de acuerdo con el artículo 427 del Código de Procedimiento Civil. Con todo, la prueba de testigos por sí sola, nunca constituirá plena prueba de filiación.”

El señor SOTA (Presidente).-

Después de haber escuchado a nueve oradores, creo que es el momento de acoger por unanimidad, si le parece a la Sala, la sugerencia en orden a que se dé lectura a la indicación de la Diputada señora Aylwin.

¿Habría unanimidad para hacerlo?

Acordado.

Hay una petición de suspensión de un minuto para intentar agregar una frase a la indicación de la Diputada señor Bombal.

Les rogaría ponerse de acuerdo en un minuto sobre la materia.

Se suspende la sesión por un minuto.

Transcurrido el tiempo de suspensión.

El señor SOTA (Presidente).-

Se ha pedido la clausura del debate.

El señor WALKER.

Pido la palabra.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría, siempre que no iniciemos debate.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, entiendo que sólo se sustituye el inciso tercero del artículo 193. Creo que no dice relación con la terminación de la segunda frase del inciso segundo. Se trata solo de la sustitución del inciso tercero. Así entendí lo que acabamos de hacer.

El señor SOTA (Presidente).-

Lo propuesto es distinto, señor Diputado.

El señor VIERA-GALLO.-

¿Me permite, señor Presidente, para explicarle?

El señor SOTA (Presidente).-

Se hará la corrección, señor Diputado.

Se ha pedido la clausura del debate.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobada.

En votación la indicación a que dio lectura el señor Secretario.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Cornejo, Chadwick, Elgueta, Encina, Errázuriz, Estévez, Ferrada, García (René Manuel), González, Gutiérrez, Hernández, Hurtado, Jara, Jeame Barrueto, Karelovic, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Longueira, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don Víctor), Pizarra, Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Rebolledo (doña Romy), Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Silva, Taladriz, Viera-Gallo, Tohá y Walker.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Cardemil, Elizalde.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, Galilea, Martínez (don Rosauro) y Prokurica.

El señor SOTA (Presidente).-

Si le parece a la Sala, con la misma votación se aprobaría el resto del artículo.

El señor CARDEMIL.

No, Señor Presidente, porque voy a cambiar mi voto a favor.

El señor FERRADA.-

No señor Presidente.

El señor SOTA (Presidente).-

No hay acuerdo.

En votación el inciso primero y parte del inciso segundo del artículo 193, hasta “Su fuerza probatoria se apreciará...” etcétera.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Caminondo, Cardemil, Elgueta, Elizalde, Encina, Errázuriz, Estévez, Ferrada, Gajardo, Galilea, García (René Manuel), González, Gutiérrez, Hernández, Hurtado, Jara, Jeame Barrueto, Karelovic, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Salas, Seguel, Silva, Urrutia (don Salvador), Valenzuela (don Felipe), Vargas, Viera-Gallo, Tohá y Walker.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados Álvarez-Salamanca y Taladriz.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Longueira y Vega.

El señor SOTA (Presidente).-

En discusión el artículo 194.

Ofrezco la palabra.

El señor VIERA-GALLO.-

Pido la palabra para referirme a un problema de carácter reglamentario.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, ese artículo sólo hay que votarlo, no discutirlo.

El señor SOTA (Presidente).-

Efectivamente.

En votación el artículo 194.

¿Habría acuerdo para aprobarlo sin votación?

No hay acuerdo.

En votación.

El señor PÉREZ (don Aníbal).-

Hay una indicación en ese artículo, señor Presidente.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.

EL señor SOTA (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin, (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Caminondo, Chadwick, Elgueta, Elizalde, Encina, Espina, Errázuriz, Estévez, Ferrada, Gajardo, Galilea, García (René Manuel), González, Gutiérrez, Hernández, Hurtado, Jara, Karelovic, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Martínez (don Rosauro), Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Silva, Vargas, Vega, Viera-Gallo, Tohá y Walker.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados Balbontín y Cornejo.

Se abstuvo el señor Diputado señor Álvarez-Salamanca.

El señor SOTA (Presidente).-

En discusión el artículo 196.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, pido que se tome unos segundos más antes de dar por cerrado el debate, porque es necesario que los Diputados leamos con cierta calma el artículo que se somete a votación.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene toda la razón, señor Diputado.

El señor CARDEMIL.-

Pido la palabra.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, queremos formamos una visión clara sobre lo que vamos a votar. En el informe aparece después del artículo 194 que acaba de ser votado, el 206. Aquí hay un problema con los documentos.

El señor SOTA (Presidente).-

En el informe dice “Artículo 208 (196)”.

En votación el artículo 196.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, no se tomó la votación.

El señor SOTA (Presidente).-

Se va a repetir la votación.

Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).

Aprobado el artículo 196.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bombal, Caminondo, Elgueta, Elizalde, Encina, Errázuriz, Estévez, Ferrada, Gajardo, González, Gutiérrez, Hernández, Jara, Jeame Barrueto, Karelovic, Latorre, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Makluf, Martínez (don Rosauro), Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Rebolledo (doña Romy), Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Solís, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Viera-Gallo, Tohá y Walker.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, García (don René Manuel) y Leay.

Se abstuvo el señor Diputado Palma (don Joaquín).

El señor SOTA (Presidente).-

En discusión el artículo 206.

Ofrezco la palabra.

El señor VIERA-GALLO.-

Pido la palabra.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, este artículo de mayor amplitud a la acción de impugnación de reconocimiento de la filiación. Como fue aprobado por unanimidad en la Comisión, sugiero a Su Señoría que recabe la unanimidad de la Sala para aprobarlo.

Muchas Gracias.

El señor SOTA (Presidente).-

Se ha pedido votación.

El señor ELIZALDE.

Pido la palabra.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente solicito al Diputado informante me aclare lo siguiente. Como este es un proyecto que tiende a conseguir el reconocimiento de los hijos, inclusive se llega a las pruebas de ADN, etcétera, si un padre reconoce a un hijo, esta impugnación ¿qué sentido tiene?, ¿qué otros hijos eventualmente pueden impugnar? ¿Es solamente por motivos de herencia?

Quiero que se aclare esto, porque hemos estado tratando de conseguir que los padres asuman la responsabilidad de criar a sus hijos, y aquí se está diciendo que un padre reconoce a un hijo, pero, por el contrario, otros hijos pueden decir que no lo es. Me parece una contradicción.

Por eso, solicito que el Diputado informante me aclare esta situación.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Walker.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, el punto que estamos es muy sencillo.

Por error se hablaba de hijos no matrimoniales, tal como dice la explicación en la página 9. No hay hijos no matrimoniales, lo que hay es filiación matrimonial o no matrimonial, según hayan nacido dentro o fuera del matrimonio, solamente por el principio de certeza que otorga esto.

Por lo tanto, sólo se trata de corregir ese error y aprobar este artículo que fue aprobado por unanimidad en la Comisión. Esa es la explicación verdadera.

El señor ESPINA.-

Pido la palabra.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, quiero que el Diputado informante me responda a la siguiente consulta a propósito de lo señalado por el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra. La acción de impugnación que se permita realizar en el plazo de un año, contado desde que se tuvieron noticias del acto de reconocimiento, se refiere a que el propio hijo reconocido puede impugnar esta paternidad.

Esa es la consulta. Después, dependiendo de la respuesta, deseo hacer una precisión sobre el punto.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Walker.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, tal como lo dice el artículo 206, la impugnación puede tener lugar por los propios hijos o por quien tenga interés en ello, en uno u otro caso. Ese es el sentido de la indicación.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, la explicación es la siguiente:

En ese sentido, la norma es correcta, y la ley debe ponerse en las situaciones de conflicto; no en las de normalidad. Tiene que tratar de regular las situaciones de conflicto; por algo son normas de convivencia.

Entonces, la ley se pone en el escenario de que un padre reconozca a un hijo con el propósito de perjudicar los derechos de otros hijos con quienes pueda tener un conflicto, y aun cuando no sea verdaderamente hijo. Y el o los hijos afectados por el reconocimiento de paternidad que ha hecho su padre, perfectamente puede impugnar un acto fraudulento, doloso, a través del cual se ha pretendido afectar sus derechos hereditarios. Por lo tanto, la ley les franquea la posibilidad de probar que ha existido un acto nulo, porque ha sido hecho en concomitancia con el favorecido en y contra del espíritu de la ley, y lo faculta para ejercer la acción de impugnación. De manera que es legítimo que quienes se siente afectados por la concomitancia o la colusión se ha producido entre el padre y el hijo reconocido, la ejerzan.

En consecuencia, me parece que desde esa perspectiva, la norma es razonable y se ajusta a derecho.

El señor SOTA (Presidente).-

Perfecto; muchas gracias.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Pido la palabra.

El señor SOTA (Presidente).

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, no sé en qué medida este artículo es un retroceso con respecto a la legislación vigente porque da la sensación de que la impugnación se fundamentará en el hecho de que una persona determinada no es hijo de otro que lo ha reconocido como tal y, por consiguiente, podrá recurrir a pruebas biológicas para acreditar que no es su hijo. Esta situación viene a contradecir una realidad que hoy existe en la práctica, en nuestras costumbres y también en nuestra ley. Sí pensamos en la legitimación y en los actuales reconocimientos de hijos, no es posible impugnarlos alegando que no se es hijo carnalmente. De manera que tengo temor, y me gustaría saber la opinión del Diputado informante, de que esta norma, en alguna medida, sea perjudicial para aquellas personas que se les ha reconocido la calidad de hijos que es bueno que se les dé, pero en realidad no ,1o son camal mente, y se va a establecer la posibilidad de efectuar pruebas biológicas. Pienso que esto creará un extrema inestabilidad a muchos que actualmente son hijos legítimos según la ley actual o naturales, pero de acuerdo con esta norma, esa calidad podría ser impugnada.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra Diputado señor Walker.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, obviamente la inquietud del Diputado señor Aylwin , al igual que muchas que se han planteado, son absolutamente legítimas. Aquí hay una opción. En todo este proyecto, especialmente en el tema del reconocimiento de la paternidad, de las acciones de filiación y de impugnación, hay la opción de privilegiar la verdad real y material respecto de la formal. Es obvio que si el hijo se siente perjudicado, u otra persona que tuviere interés en ello, debe dársele la posibilidad de impugnar esta paternidad que respecto de él se ha establecido, por lo tanto, toda la filosofía del proyecto, en éste y otros aspectos, es privilegiar esa verdad material y real respecto de la formal.

En ese sentido del artículo.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, quiero complementar la argumentación dada por el Diputado señor Walker. En la legislación actual existe, por ejemplo, el reconocimiento voluntario del hijo natural. Sin embargo, el artículo 273 del Código Civil le permite a éste repudiar ese reconocimiento. Lo mismo sucede con la legitimación de un hijo no concebido durante el matrimonio, pero nacido dentro de él. En la actualidad, a pesar de existir el vínculo matrimonial, ese hijo puede repudiar esa legitimación; y lo que hace el proyecto es suprimir este acto jurídico de repudiación y todo lo transforma en impugnación. En consecuencia, dentro de las acciones de impugnación se encuentra este acto que el hijo podía ejecutar contra el supuesto padre que lo había reconocido y que se llamaba repudiación.

Eso es lo que hace esta norma.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Aylwin.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, insisto en mi posición. Creo que hay una realidad social que no podemos desconocer. Actualmente hay muchos matrimonios que no tienen hijos, y Su Señoría conoce de muchas situaciones tan bien como yo. En ese caso habitualmente, los matrimonios en Chile buscan un hijo. Conocen un niño, lo ubican y lo reconocen como si fuera hijo de ellos. ¿Qué sucede respecto de este niño esta es la pregunta que me formuló si después ese matrimonio tiene hijos propios? ¿Va a ser posible que los nuevos hijos reales y camales impugnen la paternidad de quien, en un momento determinado, su padre y madre quisieron reconocer como hijo real del matrimonio? Creo es un hecho sumamente grave. Si la norma llega hasta eso, por lo menos habría que establecer alguna excepción para ciertos algunos casos calificados.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Ha sido retirada, señor Diputado.

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, sobre el problema que plantea el Diputado señor Aylwin , quiero hacer el siguiente comentario. En primer lugar, esta ley no tiene efecto retroactivo; o sea, no afecta las situaciones existentes. En segundo lugar, la situación planteada por él se daba en la sociedad por dos motivos: uno, porque la ley de adopción era extremadamente restringida y dificultosa; además, porque había un cierto pudor para confesar que se adoptaba un niño, por lo que se hacía pasar por propios niños que no lo eran, sin recurrir abiertamente a la adopción.

En la voluntad del Gobierno y de la mayoría del Parlamento también se contempla la modificación de la ley de adopción, de manera que sea una institución plenamente legítima, para que un matrimonio que no tiene hijos adopte uno sin ningún pudor o vergüenza, y que ese hijo adoptado no sienta ninguna discriminación en el seno de la sociedad, sino que, al contrario, se sienta con tanto derechos y dignidad como cualquier otro hijo.

Por eso, lo que el Diputado señor Aylwin plantea, a mi juicio corresponde a una situación que hoy existe, pero que esperamos no exista en el futuro.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, respecto de lo señalado por el Diputado señor Viera-Gallo, deseo manifestar que no es efectivo que la ley no tenga efecto retroactivo en un aspecto esencial. Como lo dice el artículo 1° transitorio “Con todo, los derechos hereditarios es decir todo lo que tiene que ver con las sucesiones se regirán por la ley vigente al tiempo de fallecer la persona de cuya sucesión se trata.” Ese decir, en el caso que nos ha puesto el Diputado señor Aylwin, si se produce el deceso durante la vigencia de esta ley, los problemas que él anota, efectivamente se presentarán.

En relación con lo señalado por el colega señor Elgueta , es efectivo que actualmente un hijo puede objetar el reconocimiento de otro hijo; pero se debe a que en el actual sistema, el acto filiativo no emana sólo de la naturaleza, sino de la voluntad de las partes: de la voluntad del padre y de la del hijo, que es muy importante, como lo expresara don Andrés Bello en el mensaje del Código Civil y lo concretara en sus disposiciones.

Por lo tanto, lo que plantea el Diputado señor Aylwin es un punto absolutamente medular, dado que estamos extendiendo la paternidad a todos los hijos procreados por naturaleza, y estamos asimilando el estado civil y la sociedad civil al estado de naturaleza. Efectivamente, los problemas que anota el Diputado señor Aylwin son reales, y esta Cámara tiene que atenderlos.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, quiero rebatir lo expresado por el Diputado señor Cardemil. Es efectivo que los derechos sucesorios tienen el efecto que señaló y serán regidos por esta ley; pero, a mi juicio, eso no es efectivo, salvo que la señora Ministra o el Diputado informante estimen lo contrario, respecto al estado civil ya consagrado legalmente. En ese sentido, para que se produjese lo que dice el Diputado señor Cardemil , la retroactividad de la ley tendría que referirse a la posibilidad de impugnar, recurriendo a esta legislación, un estado civil establecido, de conformidad con una legislación precedente, y eso creo que el proyecto de ley no lo faculta.

He dicho.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, al tenor de los artículos 1° y 2° transitorios, la verdad es que sólo los derechos hereditarios se rigen por la ley vigente al tiempo de fallecer la persona de cuya sucesión se trata. Pero esta ley, conforme a las reglas generales sobre efecto retroactivo, rige in actum, lo que significa dos cosas: una, la señalada en el artículo 1° transitorio, que las personas que posean la calidad de hijo natural a la fecha de entrada en vigencia de esta ley tendrán los derechos que ésta establece para todos los hijos, cualquiera que sea el origen de su filiación. La otra, señalada en el artículo 2o, que es muy claro, que “Las sentencias ejecutoriadas que hubieren sido dictadas al amparo de las normas que por esta ley se derogan, no impedirán el ejercicio de las acciones relativas a la filiación que se funden en pruebas nuevas previstas por esta ley.

Esas son las normas transitorias en relación con la vigencia de esta ley que recogen las normas generales.

Insisto, la única norma excepcional, por así decirlo, se refiere al derecho de herencia, en que se entiende vigente la ley al momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, sobre este punto es muy importante lo que señala el artículo 2° transitorio, porque efectivamente deja la posibilidad de que, de surgir nuevas pruebas como las que ya hemos admitido, las pruebas biológicas, puede darse perfectamente el caso de tener que establecer una nueva filiación.

Aquí estamos trabajando sobre un supuesto de que se alteren las reglas de la cosa juzgada. El artículo 2° transitorio habla muy claro de “Las sentencias ejecutorias”; es decir, alguien que ha obtenido una filiación o alguien que no la ha obtenido, y que reclama la acción de filiación en los plazos establecidos, se va a hacer titular de derecho. Es más, se puede dar perfectamente el caso, de que habiendo fallecido un padre, algún hijo quiera reclamar la filiación, y obtenga del tribunal la autorización para exhumar su cadáver; después de exhumado éste y debidamente analizado por las pruebas del ADN, si está dentro de los plazos, ese hijo podría acreditar una filiación.

Se puede dar el caso de que mientras un hijo busca o reclama su filiación, la muerte sorprende al supuesto padre, lo que no obstará a que las acciones deberán prolongarse incluso después de su existencia.

Por eso, más allá de la preocupación del Diputado señor Aylwin , la cual comparto, tiendo a concordar con que aquí se debe reconocer que en este proyecto de ley estamos, de alguna forma, abriendo una suerte de incertidumbre, con cargo a la natural certeza de la paternidad que se busca, respecto de la vida de los hogares ya constituidos o donde se desconoce el hecho de la existencia de algún hijo.

Es bueno señalarlo, no como una advertencia temeraria o peligrosa, sino como un reconocimiento real de una situación que se va a producir, incluso llevada al extremo de que puede darse perfectamente en el ejemplo que señalo, que por indagar paternidad se tenga inclusive que exhumar un cadáver, de acuerdo con las nuevas pruebas que hemos introducido y dentro de los nuevos plazos que el proyecto contempla.

La irretroactividad, que se dice que no es tal, en el fondo lo es, si uno analiza las disposiciones transitorias de esta ley.

Solamente deseo consignar ese punto con los elementos que considera.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, aunque no lo ha dicho en esos términos, el caso que ha puesto el Diputado señor Aylwin es extremo, y se conoce como el delito de suposición de parto, en que una pareja finge ser los padres carnales de un niño que a veces es su nieto o bien el hijo de una familia extraña. En consecuencia, es una situación que nace de un delito. En este momento hay en el Senado un proyecto de amnistía sobre esta materia.

Haciendo historia, este delito tenía una penalidad muy alta. Posteriormente se la rebajó. Es una figura que mucha gente usa para obviar todos los trámites de la adopción, en cualquiera de sus formas, sea plena o normal.

Por lo tanto, frente a esto, que nació como hecho delictivo, no hay duda de que se justifica la posibilidad de impugnar este reconocimiento hecho por los supuestos padres. La situación social de esos niños va a depender de cada caso.

El Diputado don Andrés Aylwin con quien estuve conversando esta materia estima que, para seguir adelante, sería preferible que, si hay alguna duda al respecto, se estudie y se plantee en los trámites posteriores de este proyecto; pero no podemos seguir pegados en este artículo, porque la situación es la que he planteado.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Walker.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, desde el punto de vista formal, no estamos discutiendo si hay efecto retroactivo o no, sino, específicamente, el artículo 206. Insisto en ese punto.

Sobre la cuestión de fondo, quiero recordar que en materia del Código Civil y de prueba del estado civil, excepcionalmente, instituciones como la prescripción y la cosa juzgada tienen una fuerza bastante débil, porque se trata justamente de privilegiar esta posibilidad de acción. Tanto es así que el actual artículo 320 del Código Civil dice que “Ni prescripción ni fallo alguno, entre cualesquiera otras personas que se haya pronunciado,...” es decir, afecta el concepto general de cosa juzgada “... podrá oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre a madre que le desconoce.” O sea, el legislador y esto está en las pruebas del estado civil ha privilegiado desde siempre esta posibilidad, esta verdad material, y ni siquiera la prescripción o fallo alguno, es decir, cosa juzgada, puede oponerse en este sentido.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, siguiendo con lo dicho por el Diputado señor Walker , quiero señalar a los Diputados señores Bombal y Andrés Aylwin que el artículo 2° transitorio se refiere básicamente a la impugnación. Voy a decirlo más: Cuando una persona pide ser reconocido por un padre o madre y obtiene sentencia negativa, según esta ley, con el ADN podría lograrlo; pero no se refiere a la impugnación de un estado civil ya adquirido, sino al artículo 280 del Código Civil, que es justamente la impetración de su reconocimiento por parte de los hijos ilegítimos. Pero, insisto, a mi juicio, esta ley no tiene efecto retroactivo respecto de la impugnación de un estado civil ya adquirido.

He dicho.

La señorita SAA.-

Señor Presidente, quiero hacer notar el histórico avance que significa reconocer la patria potestad compartida entre padre y madre. Creo que hoy estamos votando por un reconocimiento clarísimo de la situación de igualdad de los padres, tremendo avance que deseo dejar en evidencia.

He dicho.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, por su intermedio, deseo preguntar al Diputado informante si, aparte del inciso primero, que establece la patria potestad al padre y a la madre, existe otro cambio en las normas en esta institución o si se limita a la posibilidad de que ella sea ejercida indistintamente por ambos padres.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, en realidad, no es el único cambio. Además, el ejercicio conjunto de la patria potestad por el padre y la madre cuestión que se modifica respecto de la situación anterior, en que la madre lo hacía en subsidio del padre se extiende no sólo a los bienes sino a la persona de todos los hijos, estableciendo, por ejemplo, el deber de cuidado, de educación, etcétera.

Finalmente, en el artículo 209, que es muy breve, se agrega, mediante indicación, la frase “si naciere vivo”, para hacerlo concordante con el concepto de persona contenido en los artículos 55 y 74 del Código Civil

Esos son los aspectos más fundamentales. Muchos cambios son formales o de redacción, como el del artículo 212; otros son más de fondo, como la necesidad de escuchar a los hijos cuando tuvieren suficiente juicio y discernimiento. Por lo tanto, se trata más bien de adecuaciones de las normas generales que, en todo caso, tratan de resguardar de mejor forma los intereses de los hijos.

No sé si hay otra pregunta, pero esos son algunos de los cambios fundamentales.

He dicho.

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, la Diputada señorita María Antonieta Saa se felicitaba por la incorporación de una nueva forma en el ejercicio de la patria potestad, conjuntamente por padre y la madre.

Por mi parte, quiero destacar el aporte al nuevo articulado propuesto, consistente en una relación más participativa entre padres e hijos, porque se introduce un factor más acorde con las actuales circunstancias de las familias modernas, y el autoritarismo que provenía de los viejos sistemas de educación y que el Código Civil recogió el siglo pasado, ahora se traslada a un escenario nuevo, más promisorio para la vida interior de la familia, en que los hijos, a pesar de ser menores de edad, también ocupan, como personas, un rol de participación que sin duda enriquecerá dicha vida interior. Desde ese punto de vista, también es un aporte que cabe valorar.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, en primer lugar, también quiero destacar el avance que significa la existencia de una patria potestad compartida hecho histórico en nuestra legislación, y, en segundo término, lo que ha dicho el Diputado señor Valentín Ferrada sobre el cuidado de los hijos.

En esta materia, me parece muy importante el artículo 226, que dice: “Los padres tendrán la facultad de corregir a sus hijos, quedando excluidos los malos tratos, castigos o actos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores.”, porque está en perfecta armonía con la legislación sobre violencia intrafamiliar y con la normativa sobre malos tratos infantiles.

Desgraciadamente, a mi juicio, el inciso tercero del artículo 226 ha quedado redactado de tal forma que no se entiende muy bien quién tendría la capacidad para recurrir al tribunal. Tal vez, el Diputado informante podría sugerir alguna corrección de la redacción.

Sin embargo, se mantiene una norma tradicional de nuestro derecho y de nuestras costumbres largamente discutida en la Comisión, contenida en el artículo 219, que dice: “Si los padres viven separados, a falta de acuerdo, corresponde a la madre el cuidado personal de los hijos menores, salvo que el juez, por motivos convenientes para ellos, decidiere de otro modo.”

En realidad, dada la igualdad entre hombre y mujer y entre padre y madre para ejercer la autoridad en la familia, no habría ninguna razón profunda para que, en caso de separación, el cuidado de los hijos fuera atribuido privilegiadamente a la madre. Discutimos este aspecto en forma muy profunda, pero, quizás por ser fieles a costumbres muy tradicionales y ancestrales de nuestra sociedad, o tal vez porque no hemos encontrado una solución mejor, se mantuvo el criterio de don Andrés Bello, en el sentido de que, cuando haya separación, la mujer tenga un privilegio en cuanto al cuidado de los hijos, los cuales prioritariamente quedarán en primera instancia a su cuidado, pero el juez podrá determinar lo contrario si hubiere algún motivo de fondo.

Tal vez en el futuro, con la evolución de la sociedad y de la legislación, cambie la norma, pero en este momento no era conveniente innovar sobre la materia.

He dicho.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, sólo para consignar que la patria potestad así concebida es concordante con toda la estructura del proyecto.

La patria potestad, al decir de la actual norma del Código Civil, es el conjunto de derechos que la ley da al padre o madre legítimos sobre los bienes de sus hijos no emancipados. Después establece la relación entre padre y madre de familia respecto de los bienes de sus hijos.

La figura del proyecto es coincidente porque, desde el momento en que desaparece la unión matrimonial como el vínculo que establece la filiación de los hijos, se incorpora aquello que sí tenían los hijos de familia: los derechos y obligaciones entre padres e hijos, que ahora se incluyen en la misma categoría de los bienes.

Es concordante que derechos y deberes funciones, como se denominan en el Código, la obediencia de los hijos, el respeto entre padres e hijos, etcétera se incorporen en el concepto de patria potestad. Hay que decir, a ciencia cierta, que eso no está dentro del concepto de patria potestad en la actual legislación, porque se entiende que no forman parte de los bienes, que sí se regulan hoy en esa institución.

Es coherente la proposición del Ejecutivo, porque desde el momento en que desaparece el vínculo de familia como elemento generador de filiación, ha trasladado los deberes a la patria potestad, mezclando el cuidado de los hijos con la administración de sus bienes. Entonces queda en evidencia que desaparece el concepto de familia, e incluso ya no se habla de “hijo de familia”. Es natural, aunque no estoy de acuerdo, en la forma cómo se plantea.

Sin lugar a dudas, esta legislación constituye un momento en que se incorpora la mujer a la patria potestad, lo que perfectamente pudo haberse hecho dentro del concepto de legitimidad y de la familia, que ahora tiende a desaparecer.

Por eso, al encontrar coherente lo que se ha hecho en la estructura del proyecto, es una confirmación más de que desaparece el elemento “familia” y la unión matrimonial como vinculante de familia.

Por lo mismo, anuncio mi abstención respecto de estos artículos.

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, en relación con la última intervención del Diputado señor Bombal , quiero advertir que en esta materia el proyecto recoge uno de los principios más conservadores a que uno pudiera recurrir en el derecho occidental. El concepto de patria potestad, concebido como el ejercicio de derecho tanto sobre los bienes como en la persona de los hijos, arranca originalmente del Derecho Romano.

Si el profesor Maximiano Errázuriz , nuestro distinguido colega y maestro en la materia no me desmiente, se vuelve al viejo concepto de la patria potestad; es decir, a la potestad del padre de familia que no sólo se ejerce como lo propuso el Código Francés napoleónico respecto de los bienes de los hijos, sino que del hijo en su integridad. Por esta vía se está corrigiendo de manera conservadora, pero muy bien hacia el futuro, el verdadero concepto de patria potestad.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, quiero preguntar al Diputado informante dónde se incorpora el actual artículo 219 y siguientes del Código Civil que se refiere a los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos legítimos, y si estos preceptos son afectados o no. En realidad, al introducir en la norma de la patria potestad lo relativo al hijo, y no sólo a sus bienes, en la práctica se está incorporando la autoridad paterna al concepto de patria potestad. El Código la tiene entregada a la autoridad paterna, pero regula en forma separada los bienes y el cuidado del hijo.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Walker.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, el artículo 219 y siguientes, mencionados por el Diputado señor Espina, están comprendidos en el nuevo título IX “De la patria potestad”. Los derechos y obligaciones entre padres e hijos se establecen en el artículo 216 y siguientes del proyecto en estudio.

En cuanto a la pregunta del Diputado señor Viera-Gallo , sobre el inciso tercero del artículo 226, debo señalar que los titulares de la acción son los padres. Dice: “Cuando lo estimaren necesario, podrán recurrir al tribunal de menores,...”. Obviamente, se refiere a los padres, lo cual es concordante con lo dispuesto en el inciso segundo del actual artículo 233.

Si la Sala estuviera de acuerdo, y con el objeto de aclarar la disposición, podríamos decir: “Cuando el padre o la madre lo estimaren necesario, podrán recurrir...”, lo cual subsanaría la duda planteada por el Diputado señor Viera-Gallo.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Su Señoría tendría que redactar la indicación correspondiente y presentarla. Luego, la Mesa recabará la unanimidad de la Sala para leerla y discutirla.

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, hecha la aclaración por el Diputado informante, en verdad el título IX refunde dos derechos establecidos hoy en el Código Civil. Uno de ellos se refiere a la patria potestad, que en términos generales decía relación con la administración de los bienes del hijo; el otro, con la autoridad paterna, que es el derecho que tienen los padres sobre sus hijos, el cual, en síntesis, establece la obligación del padre a proceder a la educación de sus hijos.

Ambos derechos, establecidos en las normas que regulan la relaciones de familia, de padres e hijos, se refunden dándoles un ordenamiento que me parece correcto. Considero adecuado que no exista distinción entre la patria potestad y la autoridad paterna. Desde el punto de vista práctico, es razonable que haya una denominación común para el ejercicio de derechos estrechamente vinculados. Por lo demás, quien administre los bienes del hijo debe tener, junto con este derecho, la autoridad paterna.

Por otra parte, concuerdo en que la patria potestad y la autoridad paterna sean ejercidas por el padre y la madre. No hay razón alguna para que sea entregada arbitrariamente al padre, ya que, en la práctica, esto se ha prestado para múltiples dificultades. Por ejemplo, por mera extorsión o problemas entre los padres, se negaba a la madre la autorización para sacar a su hijo del país, generándole un conjunto de dificultades simplemente porque el padre se oponía al viaje, aun cuando el hijo vivía con la madre.

Quiero hacer una precisión respecto de lo que ha dicho el Diputado señor Viera-Gallo. No tengo claro que sea un privilegio para la madre lo dispuesto en el artículo 219, que dice: “Si los padres viven separados, a falta de acuerdo, corresponde a la madre el cuidado personal de los hijos menores, salvo que el juez, por motivos convenientes para ellos, decidiere de otro modo.” A mi juicio, no es un privilegio tener a su cargo el cuidado de los hijos, sino una tremenda responsabilidad y una obligación bien difícil de llevar.

El legislador, a veces, hace un presente griego con este tipo de norma, sin que quiera con ello afectar el aprecio y el cariño que los padres sienten por sus hijos. A mi modo de ver, estimula algún grado de irresponsabilidad de los padres, cuando se separan, sobre el cuidado de los hijos. Si el padre nada dice y se ha producido la separación de hecho, la ley entrega el cuidado de los hijos a la madre. Si la madre quisiera entregárselo al padre y éste no dijera nada, el juez no tendría por qué alterar la norma. Por lo tanto, de igual forma quedaría al cuidado de su madre.

Lo que quiero hacer notar, con el espíritu de reivindicar una situación que de hecho se produce, que no constituye un privilegio para una madre separada tener el cuidado de sus hijos. Pienso que la norma discrimina en perjuicio de la madre al momento en que se produce la separación. En mi opinión, no existe razón alguna para que la ley establezca per se el cuidado de los hijos para ella, liberando al padre de esta obligación, salvo que lo pida. De modo que, producida la ruptura del matrimonio, el padre se desliga de la responsabilidad. No estoy hablando del aporte económico, sino de la tuición, que es la responsabilidad de la mantención, el cuidado y vivir con los hijos. Esto se le entrega a la madre, y el padre se libera de la responsabilidad. Para usar una expresión popular, creo que se “cargan los dados” a la mujer, en circunstancias de que se debiera resolver de una manera más equitativa, no entregándole toda la responsabilidad a la mujer y liberando de ella al hombre, por mandato de la ley.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Balbontín.

El señor BALBONTÍN.-

Señor Presidente, se ha señalado que hay una retracción en el planteamiento del artículo, el cual tiende a un cierto conservantismo. A mi juicio, esto deriva de una visión demasiado restringida. Si una lo mira desde el punto de vista de la evolución social, el hecho de que se esté compartiendo no sólo la potestad sobre los hijos por el padre o la madre, y que haya una distribución de funciones en términos igualitarios, obliga, por ejemplo, a que algunas responsabilidades que no son asumidas, en especial por los representantes del género masculino, en lo que se refiere a la evolución de la afectividad de los niños, a la madurez y a la formación, ahora sean compartidas en igualdad de condiciones.

Celebro mucho la forma en que está estableciendo en el artículo la igualación de responsabilidades, no sólo respecto de los bienes materiales, sino de las responsabilidades educacionales y de formación y, por lo tanto, de los contenidos relacionados con la evolución de una vida.

Por otra parte, supongo que en virtud de un artículo que figura más adelante, relativo a la aplicación de la ley sobre violencia intrafamiliar, esta normativa requerirá de algunas correcciones para darle vigencia efectiva. Me refiero concretamente a que no existen hoy los servicios de carácter público, en términos de salud mental, que permitan que los casos, representados en razón de esta ley, que son muy numerosos llegan a 800 por lo menos en una zona de Santiago sean resueltos en la forma debida.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, quiero formular algunas observaciones en relación con el tema de la emancipación.

El artículo 251 se refiere a cuando la emancipación se produzca respecto de un hijo menor, y se señalan ciertos efectos.

En primer lugar, la emancipación siempre será de un hijo menor. No tiene sentido una distinta, porque entonces se producen los efectos de pleno derecho, según el número 3 del artículo 248.

En segundo término, se dispone que el menor quedará sujeto a la guarda que corresponda; es decir, se distingue claramente. Lo que hace la legislación actual es confirmar, simplemente, que son cosas distintas la patria potestad y la representación legal. El hecho de estar emancipado no significa que adquiere plena capacidad, salvo la situación que menciona el mismo artículo 251, es decir, la prevista en el número 2 del artículo 248: el matrimonio del hijo.

En ese caso particular, esto es, cuando el fundamento sea el matrimonio del hijo, se produce la emancipación con el efecto de que no se necesita la guarda. En consecuencia, es plenamente capaz. De ser así, habría que derogar el artículo 349 del Código Civil, por cuanto establece que se dará curador a los cónyuges en los mismos casos en que, si fueren solteros, necesitarían de curador para la administración de sus bienes.

Advierto esta situación con el objeto de ver la posibilidad de corregirla.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Valenzuela.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, quiero hacer un comentario respecto del artículo 219, sobre la tuición o cuidado personal de los hijos.

Se ha destacado la importancia de la modificación de la patria potestad, pero no se ha hecho lo mismo, en cuanto a la filiación o cuidado personal de los hijos, la cual tiene más importancia que la representación o la patria potestad de los padres, porque el cuidado personal está vinculado con la formación que se le da a los niños.

Concuerdo con lo planteado sobre este punto por el Diputado señor Espina. Pero aquí no sólo se trata de ver quién asume la carga de la formación espiritual o social, del joven el padre o la madre, sino que la disposición debe estar dirigida a resolver dicho problema no desde el punto de vista de los padres, sino del menor. Es decir, las atribuciones deben estar entregadas a los jueces de menores para que ellos, con la acuciosidad con que actúan, desligados de quién soporte la carga, digan a quién es más conveniente entregarle la tuición o cuidado personal de los hijos.

En mi concepto, la modificación implica aumentar la responsabilidad de la madre, porque la norma antigua señalaba que el cuidado o tuición correspondía a la madre, en cualquier edad; pero respecto de los varones, limitaba la edad de éstos a los 14 años. Ahora la tuición se entrega a la madre, tanto de las niñas como de los niños, hasta los 18 años.

No quiero defender el argumento de que debe darse mayor responsabilidad a la madre. Creo que debe ser igual para ambos, porque si hablamos del respeto de los derechos de la mujer, tenemos que pensar que ellas se defienden diciendo que valen por su virtud, no por su sexo. Considero que el artículo 219 debe modificarse, para que no se le entregue a la madre la responsabilidad, en forma acentuada, como ha sido tradicional en el Código, sino al juez, a fin de que en el debido proceso, tramitado con todas las instancias que corresponden, se determine a quién beneficia más la tuición. La prueba siempre afecta al padre. Por lo general, éstos tienen dificultades para llevar el proceso y deben hacerse representar, porque son quienes normalmente asumen la actividad laboral. Mi experiencia en esta materia, tanto en la universidad como en el ejercicio de la profesión de abogado, me indica que son muy lamentables las consecuencias, y ahora se verán aumentadas, si se entrega a la mujer la tuición o cuidado personal de los hijos hasta los 18 años.

Hace dos semanas, en Antofagasta en la Convención Nacional de Jueces de Menores, tuve la oportunidad de reunirme con algunos de ellos, incluso con la magistrada de menores de Antofagasta. Ellos me señalaron, en términos no formales, que han pedido reiteradamente que se les entreguen mayores facultades para resolver sobre lo que significa la tuición de los menores. Hoy me parece que se está aumentando la responsabilidad de las mujeres al quitarle a los jueces atribuciones que deben tener legítimamente, ya que, a mi juicio, son los más idóneos en la materia dentro de la judicatura, porque pueden optar al cargo con el solo requisito del título. En cambio, a los jueces de menores se les exige un curso especial de psicología o de materia educacional.

Por tanto, solicito que se elimine del artículo 219 “a quien corresponde la tuición o cuidado personal” y, simplemente, se entregue al juez la decisión, de acuerdo con su convicción, respecto del beneficio que represente para los menores.

He dicho.

El señor BOMBAL.-

¿A qué hora termina el Orden del Día?

El señor SOTA (Presidente).-

A las 21 horas. Faltan 10 minutos.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Aylwin, doña Mariana.

La señora AYLWIN (doña Mariana).-

Señor Presidente, el artículo 219 fue de larga discusión en la Comisión. A mi modo de ver, la intención de la propuesta contenida en el proyecto es, justamente, buscar lo más conveniente para los hijos.

En realidad, las mujeres quedan al cuidado de los hijos menores. Me parece que el juez, en este caso, cuenta con mayores atribuciones, para revertir la situación, cuando sea más conveniente para los hijos, aspecto que se desea resguardar con más amplitud que antes, porque, según el actual artículo 223 del Código Civil, la madre tiene el cuidado de los hijos, salvo que se compruebe que su depravación pueda pervertir a los hijos. Esa es una situación realmente extrema, que puede prestarse para situaciones inconvenientes.

En ese sentido, el interés que se quiere resguardar es el bienestar de los hijos. Y al existir la patria potestad compartida, con un concepto que incluye los bienes y el cuidado de la persona de los hijos, los padres no quedan eximidos de esa responsabilidad por el hecho de que los hijos vivan con la madre mientras son menores.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

En atención a que se aproxima el término del Orden del Día y a que se ha pedido la clausura del debate, ruego a los señores Diputados ser breves en el uso de la palabra.

Tiene la palabra el Diputado señor Ferrada; a continuación, el Diputado señor Espina.

El señor FERRADA.

Sólo deseo hacerle una consulta al Diputado informante.

Ya que se reunieron en el solo concepto de patria potestad los derechos sobre los bienes y las personas de los hijos, ¿no habría sido posible, tal vez, introducir la idea de que el padre que no concurre con sus obligaciones de cuidado personal de los hijos no pueda ejercer la otra cara de la medalla, los derechos sobre los bienes? Lo pregunto porque la preocupación manifestada por la Diputada señora Aylwin y por los Diputados señores Espina y Valenzuela pudo haberse resuelto con el sencillo expediente de facultar al juez para suspender los derechos sobre los bienes de los hijos, de aquellos padres que, al mismo tiempo, no concurrieran con igual rigor a la protección o al ejercicio de los derechos relativos al cuidado de la persona. ¿No estuvo eso en la idea de la legislación?

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Walker.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, justamente, en los artículos 211 y 220 se establece esa posibilidad frente a la obligación de cuidado de los padres respecto de los hijos. El tema de discutió y en esos artículos está considerada la situación que señala el Diputado señor Ferrada.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, ¿es posible que se someta a votación una indicación sobre el artículo 219? Quiero insistir en este punto, porque no me parece correcto que el legislador establezca a priori la obligación de la madre de tener el cuidado personal de sus hijos. Lo hago sin el ánimo de menoscabar el derecho de la madre a educar a sus hijos, sino sólo porque no me parece que el precepto se condice con el espíritu de la legislación que se está modificando.

Por lo tanto, con la venia de Su Señoría y en el evento de que existiera la unanimidad, mi indicación apunta a establecer una sustitución del artículo 219, señalando: “Si los padres viven separados, el juez determinará a cuál de ellos corresponderá el cuidado personal de los hijos, considerando lo más conveniente para éstos”. Es decir, el juez determinará a quién corresponderá el cuidado de los hijos vuelvo a insistir, porque me parece que no hay posición más cómoda para el hombre que le digan, por anticipado, que la mujer tendrá el cuidado de los hijos, pues él delegará toda su responsabilidad.

Señor Presidente, con la venia de Su Señoría, concedo una interrupción al Diputado señor Walker.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, si bien entiendo la motivación, eso tiene el inconveniente de que siempre deberá someterse esta situación a la decisión del juez. Por lo tanto, considero conveniente privilegiar el acuerdo lo que no está en la indicación que se sugiere y mantener el texto actual, que por las razones expresadas es claramente una mejoría sustantiva, porque, de hecho, estamos ampliando la esfera de actuación del juez. Antes sólo podía negar la tuición de la mujer sobre los hijos cuando había depravación; hoy, en cambio, velando en el sentido amplio por el interés de los niños, puede tomar otra decisión. Creo preferible rehuir la posibilidad de llevar siempre esta decisión al juez.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, ese problema es fácil de obviar. Basta agregar “salvo acuerdo” o “a falta de acuerdo de los padres”.

El señor WALKER.-

Eso no lo dice la indicación.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, no tengo dudas en ese sentido, y por eso lo estoy agregando. La diferencia de mi indicación, en castellano simple, consiste en lo siguiente: Si no existe acuerdo, la ley establece que el cuidado de los hijos le corresponde a la madre; si hay acuerdo, obviamente no interviene en el juez. Pero si no lo hubiera, no me parece correcto que toda la responsabilidad del cuidado personal recaiga en la madre. En esa hipótesis, habría que señalar que ambos deberán asumir la responsabilidad, y que el juez dirimirá a quién le corresponda, sobre la base de los antecedentes. Porque insisto la norma otorga hoy al hombre el papel más cómodo, es decir, separarse de su mujer y decir: “Los hijos quedan al cuidado de ella”, y negarse el marido a asumir su responsabilidad.

Entonces, sugiero en la indicación que el legislador sea neutro frente a ese punto y, en caso de que no haya acuerdo dado que en esta materia se ha estimado que hay igual responsabilidad del hombre y de la mujer, sea él el que determine a quién le corresponderá el cuidado de los hijos. Por lo tanto, si los padres viven separados, a falta de acuerdo, el juez determinará a quien corresponderá el cuidado personal de los hijos, considerando lo más conveniente para ellos. Así, el hombre y la mujer asumen su responsabilidad ante sus hijos, y no se carga la mano en forma indebida a la mujer, dándole una ventaja indebida e ilícita al marido en relación con el vínculo con sus hijos.

Esa indicación solicito que sea sometida a votación en la Comisión.

He dicho.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, respeto la argumentación del Diputado señor Espina, pero creo que esta disposición no hay que mirarla sólo en términos de la responsabilidad del padre, sino también del interés de los hijos.

La filosofía del proyecto es velar por lo más conveniente para los hijos. Primero, está el acuerdo entre los padres. Si no lo hay, la madre, por derecho propio, puede prestar mejor atención a los hijos por una relación de carácter natural. Si eso no es posible, el juez determinará lo más conveniente para los hijos. Creo que ésa es la óptica para mirar esta disposición, más que la responsabilidad del padre. Como siempre queda preservado que lo más conveniente lo determinará el juez, se salva lo que el Diputado señor Espina quiere obtener como objetivo.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Se ha pedido la clausura del debate.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, el punto que plantea el Diputado señor Aylwin es bastante medular. Por lo tanto, le ruego que continuemos con el debate y, si fuera posible, con la venia de quienes la solicitaron, que se retire la petición de clausura.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, no hay duda de que el punto es sumamente dudoso, que legislamos sobre un tema social extraordinariamente importante y que lo estamos haciendo bastante a ciegas.

El señor SOTA (Presidente).-

Se ha pedido la clausura del debate.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 20 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobada la clausura del debate.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Agüiló, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Caminondo, Elgueta, Gajardo, González, Gutiérrez, Hamuy, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Martínez (don Gutenberg), Morales, Navarro, Ojeda, Ortiz, Pérez ( don Aníbal), Saa (doña María Antonieta), Salas, Silva, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Viera-Gallo, Villegas y Walker.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Alvarado, Álvarez-Salamanca, Bartolucci, Bombal, Cardemil, Errázuriz, Ferrada, Galilea, García-Huidobro, Hurtado, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Longueira, Martínez (don Rosauro), Palma (don Andrés), Pérez (don Víctor), Taladriz y Vega.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados Rebolledo (doña Romy) y Seguel.

El señor SOTA (Presidente).-

En votación el artículo 206.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 11 abstenciones.

El señor SOTA (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Agüiló, Aylwin (doña Mariana), Bartolucci, Caminondo, Elgueta, Espina, Errázuriz, Gajardo, González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Jürgensen, Karelovic, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Luksic, Makluf, Morales, Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Urrutia (don Salvador), Tohá, Valenzuela, Vega, Viera-Gallo, Villegas y Walker.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Cardemil, Ferrada, Hurtado, Kuschel y Silva.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bombal, Cornejo, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Martínez (don Rosauro) y Martínez (don Gutenberg).

El señor SOTA (Presidente).-

Corresponde discutir y votar el Título IX, de la patria potestad, en sus artículos 209, 210, 212, 215, 219, 226, 230, 245 y 246.

Teniendo en cuenta la unanimidad que ha habido en la Comisión al considerar este título, propongo a la Sala que haya una discusión única y una sola votación en los artículos mencionados.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra la Diputada señorita Saa.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Walker.

Señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ferrada.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Walker.

El señor SOTA (Presidente).-

Antes de dar la palabra al Diputado señor Bombal, y probablemente al señor Chadwick, debo observar que en dos minutos más termina el tiempo del Orden del Día.

Hay varias indicaciones que leer y votar. No va a haber tiempo para hacerlo. En consecuencia, lo lógico sería postergar la votación hasta el inicio de la sesión del próximo jueves.

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal, a quien le resta un minuto.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, por su intermedio, le concedo la palabra al Diputado señor Chadwick.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick.

El señor SOTA (Presidente).-

Si le parece a la Sala, este proyecto se votaría al comienzo de la próxima sesión ordinaria.

Acordado.

Ha terminado el Orden del Día.

1.11. Discusión en Sala

Fecha 24 de noviembre, 1994. Diario de Sesión en Sesión 21. Legislatura 330. Discusión Particular. Se aprueba en particular.

NORMAS SOBRE FILIACIÓN. Primer trámite constitucional. (Continuación).

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

A continuación, corresponde continuar con la discusión particular del proyecto de ley que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación. Estaban en discusión los artículos referentes a la patria potestad.

Tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Walker.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, quiero recordar que en la sesión anterior ya se efectuó la discusión particular de los artículos 209, 210, 212, 215, 219, 226, 230 y 246, relativos al título sobre patria potestad.

Por lo tanto, en atención a esa circunstancia, sugiero que los votemos de inmediato.

He dicho.

Varios señores DIPUTADOS.-

Votemos.

El señor BOMBAL.-

Estamos de acuerdo, señor Presidente.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, pido la palabra para hacer una petición reglamentaria.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, por su intermedio solicito el acuerdo para que ingrese a la Sala la señora Paulina Veloso.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para acceder a la petición del Diputado señor Walker?

Acordado.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

El mismo Diputado solicita que se cierre el debate respecto de los artículos que mencionó, los cuales se pondrían en votación de inmediato.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

En votación.

Durante la votación:

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, solicito que se vote por separado el artículo 219, porque hay dos indicaciones similares sobre la tuición del cuidado personal de los hijos.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Señor Diputado, se requiere unanimidad para acoger una indicación.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, le pido que recabe la unanimidad de la Sala.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Lamentablemente, se me indica que no existe unanimidad, señor Diputado.

Para que todos lo señores Diputados sepan con exactitud los artículos que se votarán y el señor Secretario tomo nota de ellos, la Mesa solicita al Diputado señor Walker que los enumere de nuevo.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, se votan los siguientes artículos: 209, 210, 212, 215, del primer informe, 219, 226, 230, 245, 246, es decir, todos las disposiciones relativas al título de la patria potestad.

Insisto en que la sesión anterior ya se hizo una extensa discusión sobre cada uno de ellos.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Señor Diputado, el señor Secretario me señala que el artículo 215 fue rechazado por la Comisión en el primer informe, y por lo tanto, no estaría en votación.

El señor WALKER.-

Efectivamente, se eliminó en la votación.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Entonces, no se vota.

El señor WALKER.-

Lo que se vota es la indicación que elimina el artículo como consecuencia de la supresión del artículo 245.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Señor Diputado, se vota el segundo informe. Por lo tanto, cuando hay una indicación que suprime el artículo éste ya está eliminado.

El señor WALKER.-

Eso es lo importante, que esté eliminado.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Aprobada la indicación.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bayo, Ceroni, Cornejo, Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Ferrada, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Jara, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Morales, Navarro, Ortiz, Palma (don Andrés), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rebolledo, Reyes, Sabag, Seguel, Solís, Tohá, Urrutia (don Salvador), Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados Bombal y Leay.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Bartolucci, Errázuriz, Melero y Orpis.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Corresponde votar el número 28 el artículo 321, sin discusión, por no haberse renovado la indicación.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, ¿se vota la indicación?

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

No, señor Diputado; el texto que propone la comisión, no la indicación, y no se discute porque la indicación no fue renovada.

En votación el número 28, que se refiere al artículo 321 del Código Civil.

Durante la votación.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, ¿me permite?

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Si es por un asunto reglamentario, tiene la palabra Su Señoría.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, ¿me puede precisar qué votamos? El primer inciso que aparece en el N° 28 o la indicación aditiva? Muchos parlamentarios no tienen claro qué se vota.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, se le podría aclarar al Diputado señor Bayo que lo que se votará es el artículo 321, número 28, relativos a quienes se deben alimentos.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Pido a los señores Diputados que tengan la debida comprensión, ya que este proyecto es bastante complejo.

También solicito al Diputado informante que esté atento para responder las consultas que le haga algún señor Diputado sobre la materia que tratamos.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 5 votos. No hubo abstenciones.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bayo, Ceroni, Cornejo, Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Ferrada, Gajardo, Gutiérrez, Jara, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Morales, Naranjo, Navarro, Ortiz, Palma (don Andrés), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Sabag, Seguel, Solís, Silva, Tohá, Urrutia (don Salvador), Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Bombal, Coloma, Leay, Melero y Orpis.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

En discusión el N° 43, que deroga el artículo 368.

Tiene la palabra el Diputado señor Walker.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, este artículo es una concordancia con la derogación del artículo 215.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación el N° 43.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 5 votos. No hubo abstenciones.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Cornejo, Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Ferrada, Gajardo, Gutiérrez, Jara, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Makluf, Morales, Naranjo, Ortiz, Palma (don Andrés), Rebolledo (doña Romy), Saa (doña María Antonieta), Sabag, Seguel, Silva, Tohá, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Bartolucci, Bombal, Leay, Melero y Orpis.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo para plantear un asunto reglamentario.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, como existe un amplio consenso respecto de las disposiciones que quedan del proyecto, ¿por qué no las somete a votación en conjunto?

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, estoy de acuerdo con la proposición del Diputado señor Viera-Gallo, pero el artículo 7°, que introduce modificaciones a la ley N° 16.618, Ley de Menores, requiere quorum de ley orgánica constitucional para su aprobación.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, dado que buena parte de los artículos que restan son de concordancia, sugiero que los someta a votación sin discusión. En todo caso, le ruego que me confirme si los que faltan y deben someterse a votación son los artículos 994, 1337 del artículo 1° y el 2°, 5° y 7° del proyecto.

De ser así, como son concordancias de leyes y lo grueso ya se discutió, adhiero a la sugerencia del Diputado señor Viera-Gallo y propongo que se voten uno a uno, sin discusión.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para proceder como lo ha sugerido el Diputado señor Bombal?

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Balbontín.

El señor BALBONTÍN.-

Señor Presidente, por razones prácticas, le pido que una vez que votemos los artículos que no requieren quorum de ley orgánica constitucional para su aprobación, haga sonar los timbres para que los Diputados que están fuera de la Sala, vuelvan y contemos con el quorum necesario.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Se hará como lo solicita Su Señoría.

Corresponde votar el N° 96, que deroga el artículo 1221.

El Diputado informante entregará su explicación.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, este artículo se deroga, para dejar sin efecto la porción conyugal y transformar al cónyuge sobreviviente en heredero, en legitimario. Ese es el sentido de la norma, que también constituye una concordancia con el contenido fundamental del proyecto.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 39 votos; por la negativa, 6 votos. No hubo abstenciones.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Aprobado el N° 96 del artículo 1°.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Ascencio, Avila, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bayo, Cornejo, Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Ferrada, Gajardo, Gutiérrez, Jara, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Morales, Naranjo, Navarro, Ortiz, Palma (don Andrés), Prochelle (doña Marina), Prologa, Rebolledo (doña Romy), Saa (doña María Antonieta), Sabag, Silva, Solís, Urrutia (don Salvador), Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Bartolucci, Bombal, Coloma, Leay, Melero y Orpis.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

A continuación se votará el N° 97, que se refiere al artículo 1337 del Código Civil.

Tiene la palabra el Diputado informante.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, este artículo tiene por objeto, en consonancia con lo que dije anteriormente, beneficiar al cónyuge sobreviviente. Se le otorga un derecho preferente para que entere su cuota hereditaria.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Aprobado el N° 97.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Bayo, Coloma, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Errázuriz, Ferrada, Gajardo, Jara, Jeame Barrueto, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Makluf, Melero, Morales, Naranjo, Navarro, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rebolledo.(doña Romy), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Seguel, Silva, Solís, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Corresponde votar el N° 11 del artículo 2° del proyecto.

Tiene la palabra el Diputado informante.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, con posterioridad a que el Gobierno enviara este proyecto, se aprobó la ley N° 19.335, publicada el 23 de septiembre de este año. Por lo tanto, la finalidad de este es adecuar la norma a la nueva ley, que dispone que en el acto del matrimonio los contrayentes podrán pactar separación de bienes o participación en los gananciales, que es la institución que introduce la ley N° 19.335.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Aprobado el N° 11.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bayo, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Dupré, Elgueta, Elizalde, Errázuriz, Estévez, Ferrada, Gajardo, Gutiérrez, Jara, Jeame Barrueto, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Makluf, Melero, Morales, Naranjo, Navarro, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Prochelle (doña Marina), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Seguel, Solís, Tohá, Urrutia (don Salvador), Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Bombal, Coloma y Leay.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados Bartolucci y Valcarce.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Corresponde votar el artículo 5°.

Tiene la palabra el Diputado informante.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, el sentido del artículo 5°, en lo referente a la ley de adopción, es adecuar el mejoramiento que se ha producido respecto del cónyuge sobreviviente en las reglas de la sucesión ab intestado. Eso es lo que estamos votando.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Si algún señor Diputado quiere hacer una consulta al Diputado informante, la puede hacer a través de la Mesa.

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, de la lectura del artículo me da la impresión de que se refería al hijo adoptado, más que el cónyuge.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Se trata del numeral 5) del artículo 5° del proyecto.

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, efectivamente se refiere al adoptado, en aquellos casos del artículo 989 del Código Civil en que no hay posteridad legítima. En consecuencia, si no hay hijos, se acepta una repartición de la herencia en la forma que señala el artículo, donde se favorece al cónyuge sobreviviente respecto del adoptado y de los ascendientes. En el informe se reseña que de seis partes, la mitad corresponde al cónyuge sobreviviente, dos a los ascendientes y una al adoptado. Se prefiere la situación del cónyuge sobreviviente. Es una adaptación de lo que se hizo ya en el Código Civil.

He dicho.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Walker.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, la norma del artículo 989 del Código Civil que rige esta materia señala que la herencia se divide en seis partes: tres para los ascendientes, dos para el cónyuge y una para el adoptado. En el proyecto se propone que las seis partes se dividan en dos para los ascendientes, tres para el cónyuge sobreviviente y uno para el adoptado; es decir, mejora la situación del cónyuge sobreviviente.

He dicho.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Dupré, no Para controvertir la opinión, sino para aportar algún antecedente que esclarezca los hechos. No hay debate.

El señor DUPRÉ.-

Señor Presidente, la redacción del artículo, en el que estoy de acuerdo, no hace extensivos los beneficios que tuvo en cuenta el Ejecutivo respecto de los hijos adoptados.

Hay un informe de la Contraloría, que pido a la señora Ministra que considere en el segundo trámite constitucional, que diferencia los mecanismos y los procedimientos para que el INP cancele los beneficios a los hijos adoptados de padres fallecidos. Se produce una discriminación, lamentablemente, por vacío de las disposiciones legales y no se cubren los derechos o las correcciones que se establecen en este artículo!

El pronunciamiento de la Contraloría hace imposible que los beneficios del INP puedan hacerse extensivos a los hijos adoptados en el procedimiento normal, y sería bueno que la señora Ministra lo tuviera presente para corregir la situación en el segundo trámite constitucional.

He dicho.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Cinco señores Diputados han pedido la palabra, y la unanimidad de la Sala adoptó el acuerdo de votar de inmediato. No podemos romperlo, salvo que existiera unanimidad y abriéramos debate.

No hay unanimidad.

El señor VIERA-GALLO.-

Pido la palabra sobre un asunto reglamentario.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, es muy importante que la Sala sepa qué va a votar.

Pediría que solicitara la autorización para que la Subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Paulina Veloso, que siguió el estudio del proyecto en detalle en la Comisión, pudiera explicar de qué se trata, porque creo que los parlamentarios han entendido que se refiere a todos los tipos de adopción, cuando se refiere sólo al contrato de adopción. Entonces, es importante que sepan que una cosa es la legitimación adoptiva, y otra, el contrato de adopción. Ella lo podría explicar mejor que yo.

He dicho.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

¿Habría unanimidad para que la señora Subdirectora pudiese explicar el contenido del artículo?

Acordado.

Tiene la palabra la señora Subdirectora.

La señora VELOSO (Subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer).-

Señor Presidente, el artículo se refiere al contrato de adopción, no a los adoptados, que tiene la calidad de hijos legítimos y sus mismos derechos. Por lo tanto, se entiende que están comprendidos ahí. Aquí se habla del contrato que puede celebrar una persona, incluso soltera, situación que está considerada en la Ley N° 7.613, que es la que se está modificando.

La ley actual los considera como hijos naturales. En el proyecto se les sigue considerando con menos derechos que los hijos legítimos; por eso, aparecen en la Ley de Adopción.

Esta es la explicación.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Gracias, señora Subdirectora.

En votación el numeral 5), del proyecto artículo 5°.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Aylwin (don Andrés), Balbontín, Cornejo, Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Ferrada, Gajardo, Gutiérrez, Jara, Jeame Barrueto, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Makluf, Melero, Morales, Moreira, Navarro, Ortiz, Palma (don Andrés), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Seguel, Solís, Silva, Tohá, Urrutia (don Salvador), Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Álvarez-Salamanca, Bombal, Errázuriz, Leay, Orpis y Valcarce.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, solicito que el próximo artículo quede para el final, porque tiene rango de Ley Orgánica Constitucional.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para aprobar ese artículo, dejando constancia de.que se reunió el quorum correspondiente.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, me parece que no puede aprobarse un artículo si no existe quórum. Si es así, establezcamos que....

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

No, señor Diputado, pregunto si habría unanimidad para aprobar ese artículo. Si no, está en su derecho.

El señor BOMBAL.-

Si están los votos, no hay ningún inconveniente.

El señor BALBONTÍN.-

Señor Presidente, si no hay unanimidad, por favor suspenda la sesión por dos minutos, como se lo había pedido.

El señor BOMBAL.-

¿Me permite?

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, no quisiera que quedara una situación confusa respecto de la materia, le ruego que precise cuál fue la consulta.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Ya hay otros señores Diputados que han señalado que no.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, a lo mejor entendí mal la consulta. No se trata de que se haya querido simular un quorum; ese es claro. ¿O se pretendió simular un quorum?

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

¡Cómo va a querer la Mesa simular un quorum!

El señor BOMBAL.-

Por eso, solicito la precisión.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Cuando la Mesa señala si hay unanimidad, es para los efectos de determinar si alcanza el quorum o no. Por lo tanto, puede someter a votación el artículo y no suspender la sesión.

A petición del Comité Demócrata Cristiano, como se ha hecho tradicional y habitualmente en la materia, se suspende la sesión por dos minutos.

Transcurrido el tiempo de suspensión.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Se reanuda la sesión.

En votación el número 1) del artículo 7°.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

No se alcanzó el quorum constitucional para aprobarlo,

Despachado el proyecto.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bayo, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Dupré, Elgueta, Elizalde, Errázuriz, Estévez, Ferrada, Gajardo, Gutiérrez, Jara, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Makluf, Morales, Moreira, Navarro, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Ramón), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Seguel, Silva, Solís, Tohá, Urrutia (don Salvador), Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker, Worner (doña Martita) y Zambrano.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados Leay y Orpis.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Bombal, Coloma y Melero.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora BILBAO (Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer).-

Señor Presidente, al terminar esta etapa del trabajo, quiero agradecer a cada uno de los Diputados por su paciencia y preocupación y porque finalmente hemos podido llevar a buen término el proyecto.

Se trata de una iniciativa de extraordinaria importancia que producirá grandes modificaciones en nuestra sociedad, sobre todo en términos de responsabilidad de la paternidad y de la maternidad.

Agradezco también a los Diputados que participaron en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, quienes hicieron aportes que permitieron perfeccionarlo en varios aspectos.

Muchas Gracias.

1.12. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 24 de noviembre, 1994. Oficio en Sesión 23. Legislatura 330.

VALPARAISO, 24 de noviembre de 1994

Oficio Nº 400

A S. E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del Mensaje, Informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1º.-Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Civil:

1. Sustitúyese el artículo 28, por el siguiente:

“Artículo 28.- Parentesco por consanguinidad es aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra o de un mismo progenitor, en cualquiera de sus grados.”.

2. Deróganse los artículos 29 y 30.

3. Modifícase el artículo 31, en la siguiente forma:

a. En su inciso primero, elimínanse las palabras “legítima” y “legítimos”, y

b. En su inciso segundo, elimínase la palabra “legítima”, las cuatro veces que aparece en el texto, y la palabra “legítimos”.

4. Modifícase el artículo 32, en la siguiente forma:

a. Sustitúyese su inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 32.- Es también afinidad la que existe entre una de dos personas que no han contraído matrimonio y que se han conocido carnalmente, y los consanguíneos de la otra.”, y

b. Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En estos casos se califican las líneas y grados de la misma manera que en el artículo anterior.”.

5. Derógase el artículo 33 y agrégase, con la misma numeración, el siguiente artículo nuevo:

“Artículo 33.- Tienen el estado civil de hijos respecto de una persona quienes hubieren acreditado su filiación en conformidad a las reglas previstas por el Título VII del Libro I de este Código. Con todo, la ley considera iguales a todos los hijos, hayan o no acreditado su filiación.”.

6. Deróganse los artículos 35 y 36.

7. Derógase el artículo 40.

8. Derógase el inciso final del artículo 41.

9. Sustitúyese el inciso primero del artículo 42, por el siguiente:

“Artículo 42.- En los casos en que la ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se entenderán comprendidos en esa denominación el cónyuge de ésta y sus consanguíneos de uno y otro sexo, mayores de edad. A falta de consanguíneos en suficiente número serán oídos los afines.”.

10. Elimínase en el artículo 43, la palabra “legítimos”.

11. Sustitúyese el artículo 107, por el siguiente:

“Artículo 107.- Los que no hubieren cumplido dieciocho años no podrán contraer matrimonio sin el consentimiento expreso de sus padres, o a falta de éstos, el del ascendiente o ascendientes de grado más próximo.

En el caso de los ascendientes, en igualdad de votos contrarios preferirá el favorable al matrimonio.”.

12. Derógase el artículo 108.

13. Derógase el inciso final del artículo 111.

14. Reemplázase en el número 5 del artículo 113, la expresión “267, Nº 7º” por “249, Nº 3º”.

15. En el inciso segundo del artículo 122, reemplázase la palabra “legitimidad” por “filiación”, y agrégase después de la palabra “concebidos” la expresión “o nacidos”.

16. Introdúcese el siguiente artículo 130, nuevo:

“Artículo 130.- Cuando por haber pasado la madre a otras nupcias se dudare a cuál de los dos matrimonios pertenece un hijo y se invocare una decisión judicial, el juez decidirá, tomando en consideración las circunstancias y oyendo, además, el dictamen de facultativos, si lo creyere conveniente.

Serán obligados solidariamente a la indemnización de todos los perjuicios y costas ocasionados a terceros por la incertidumbre de la paternidad, la mujer que antes del tiempo debido hubiere pasado a otras nupcias, y su nuevo marido.”.

17. Sustitúyese el artículo 174, por el siguiente:

“Artículo 174.- Entre los cónyuges divorciados a perpetuidad subsiste la obligación de alimentos, según las reglas generales.

Sin embargo, cuando el cónyuge que haya dado causa al divorcio por su culpa reclamare alimentos, el juez reglará la contribución teniendo en especial consideración la conducta que haya observado el alimentario antes del divorcio.”.

18. Derógase el artículo 175.

19. Sustitúyese el artículo 177, por el siguiente:

“Artículo 177.- Si la culpabilidad del cónyuge contra quien se ha obtenido el divorcio fuere atenuada por circunstancias graves en la conducta del cónyuge que lo solicitó, podrá el juez moderar el rigor de las disposiciones precedentes.”.

20. Sustitúyense los Títulos VII a XV del Libro I, ambos inclusive, por los siguientes:

“Título VII

DE LA FILIACION

& 1. Reglas Generales.

Artículo 179.- La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La filiación por naturaleza, puede ser matrimonial y no matrimonial.

La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adopción plena, surten los mismos efectos.

Artículo 180.- La filiación es matrimonial cuando los padres están unidos entre sí en matrimonio al tiempo del nacimiento o de la concepción del hijo.

La filiación es no matrimonial cuando la concepción y el nacimiento se han producido fuera del matrimonio.

Artículo 181.- La filiación tiene lugar y produce sus efectos desde que se determine. Su determinación legal tiene efectos retroactivos, siempre que la retroactividad sea compatible con la naturaleza de aquéllos y la ley no dispusiere lo contrario.

En todo caso, conservarán su validez los actos otorgados, en nombre del hijo menor o incapaz por su representante legal, antes que la filiación hubiere sido determinada.

Artículo 182.- La filiación se acredita por la inscripción en el Registro Civil, por el reconocimiento voluntario del padre o madre, en conformidad con la ley o por sentencia judicial firme.

Artículo 183.-La maternidad quedará establecida, aun sin mediar reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido.

& 2. De la determinación de la filiación matrimonial.

Artículo 184.- La filiación matrimonial materna y paterna queda determinada legalmente:

1. Por la inscripción del nacimiento en el Registro Civil y por la prueba del matrimonio de los padres, en conformidad con las disposiciones legales respectivas, o

2. Por sentencia firme en juicio de filiación.

& 3. De la determinación de la paternidad matrimonial.

Artículo 185.- Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o divorcio.

La paternidad así establecida podrá ser impugnada de acuerdo con las reglas generales de los artículos 204 y siguientes.

Artículo 186.- Aun faltando la presunción de paternidad del marido, el nacido será inscrito como hijo de los cónyuges si concurre el consentimiento de ambos.

& 4. De la determinación de la paternidad y maternidad no matrimonial.

Artículo 187.- La paternidad o maternidad no matrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento del padre o madre, o por sentencia firme en juicio de filiación.

Artículo 188.- El reconocimiento del hijo se realizará mediante una declaración formulada con ese determinado objeto:

1. Ante el Oficial del Registro Civil, al momento de verificarse la inscripción de nacimiento del hijo o del matrimonio de los padres, o con posterioridad;

2. En una escritura pública, o

3. En acto testamentario.

Lo prescrito en este artículo es aplicable a la madre cuando no hubiere tenido lugar lo previsto en el artículo 183.

Artículo 189.- El hecho de consignarse el nombre del padre o madre, a petición de ellos, al momento de realizarse la inscripción del nacimiento, es suficiente reconocimiento de filiación.

Lo mismo será si el supuesto padre o madre, citado por el hijo a la presencia judicial, confesare la paternidad o maternidad bajo juramento.

La citación judicial a confesar paternidad o maternidad bajo juramento no podrá ejercerse más de una vez con relación a la misma persona.

Artículo 190.- El reconocimiento es irrevocable, no puede sujetarse a modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni requiere aceptación del hijo.

Cuando el reconocimiento se efectúe por acto entre vivos, podrá realizarse por medio de mandatario constituido por escritura pública y especialmente facultado con este objeto.

Artículo 191.- No se inscribirán reconocimientos que contradigan una filiación anteriormente establecida. Quien pretenda reconocer al hijo deberá, previamente, ejercer la acción de impugnación de la filiación existente.

Título VIII

DE LAS ACCIONES DE FILIACION

& 1. Reglas generales.

Artículo 192.- El derecho de reclamar la filiación o de impugnarla es imprescriptible e irrenunciable, salvo las excepciones legales. Sin embargo, los efectos patrimoniales quedan sometidos a las reglas generales de prescripción.

Artículo 193.- En los juicios sobre filiación será admisible la investigación de la maternidad y la paternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas, las que podrán ser decretadas de oficio o a petición de parte.

Las pruebas biológicas se practicarán por el Servicio Médico Legal o por instituciones médicas autorizadas para tales efectos por el Ministerio de Salud.

La negativa a someterse a las pruebas biológicas, configura una presunción grave que el juez apreciará de acuerdo al artículo 426 del Código de Procedimiento Civil.

Con todo, la prueba de testigos por sí sola, nunca constituirá plena prueba de filiación.

Artículo 194.- El juez no dará curso a la demanda si con ella no se presenta un principio de prueba o antecedentes suficientes que hagan plausibles los hechos en que se funda.

Artículo 195.- El acto de reconocimiento voluntario podrá ser impugnado por vicios del consentimiento conforme con las reglas generales. Esta acción corresponderá al autor del reconocimiento o a sus herederos y durará un año desde la cesación del vicio.

Artículo 196.- Mientras dure el juicio en que se impugne la filiación, el juez podrá adoptar las medidas de protección oportunas sobre la persona y bienes del sometido a la potestad del que aparece como padre o madre.

Reclamada judicialmente la filiación, el juez podrá acordar alimentos provisionales de cargo del demandado y, en su caso, adoptar las medidas de protección a que se refiere el párrafo anterior.

& 2. De las acciones de reclamación.

Artículo 197.- La acción de reclamación de la filiación matrimonial corresponde al hijo, o al padre y a la madre conjuntamente, si ella no resultare de las inscripciones en el Registro Civil e Identificación.

En el caso de los hijos, la acción deberá entablarse conjuntamente contra el padre y la madre.

Artículo 198.- La acción de reclamación de la filiación no matrimonial corresponde al hijo contra quien considere su padre o su madre.

El ejercicio de la acción, en interés del hijo que sea menor o incapaz, corresponde, asimismo, al padre o a la madre que ejerza la patria potestad o al representante legal del menor o incapaz.

Artículo 199.- En caso de haber fallecido alguno de los padres, la acción se dirigirá en contra de sus herederos, dentro del plazo de dos años, contado desde el fallecimiento o desde el conocimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda.

Artículo 200.- Si hubiere fallecido el hijo, sus herederos podrán continuar la acción iniciada por él, o entablarla, si hubiese muerto en la menor edad o siendo incapaz.

Si el hijo falleciere antes de transcurrir los dos años desde que alcanzase la mayor edad o la plena capacidad, o durante el segundo año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda, la acción corresponderá a sus herederos por todo el tiempo que faltare para completar dichos plazos. A los herederos menores empieza a correr el plazo o su residuo desde que hubieren llegado a la mayor edad.

Artículo 201.- El ejercicio de la acción de reclamación conforme a los artículos anteriores por el hijo o los padres, supone ejercer las acciones de impugnación de la filiación contradictoria.

Artículo 202.- La convivencia de la madre con el presunto padre, durante la época de la concepción, constituirá una base de presunción de paternidad.

Artículo 203.- Podrá declararse la filiación que resulte de la posesión notoria de la calidad de hijo respecto de determinada persona, siempre que ésta hubiere sido debidamente acreditada en juicio y no se hubiere desvirtuado por prueba en contrario sobre el nexo biológico.

& 3. De las acciones de impugnación.

Artículo 204.- El marido podrá ejercitar la acción de impugnación de la paternidad en el plazo de un año, contado desde la inscripción del nacimiento en el Registro Civil, salvo que pruebe que no tuvo conocimiento del parto, en cuyo caso el plazo se contará desde el día que lo supo.

Si el marido falleciere antes de transcurrir el plazo señalado en el inciso anterior, la acción corresponderá a los herederos, y en general, a toda persona a quien la pretendida paternidad del hijo irrogare perjuicio actual, por el tiempo que faltare para completarlo.

Fallecido el marido sin conocer el parto, el año se contará desde que éste sea conocido.

Cesará este derecho si el padre hubiere reconocido al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento público.

Artículo 205.- La paternidad también podrá ser impugnada por el hijo durante el año siguiente a la inscripción del nacimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 208.

Artículo 206.- El reconocimiento que hagan los padres podrá ser impugnado por los propios hijos o por quien tenga interés en ello, dentro del plazo de un año, contado desde que conocieron el acto de reconocimiento.

Artículo 207.- La acción de impugnación de la maternidad corresponderá a la madre, al marido, o al hijo, pudiendo ejercerse dentro del año siguiente a la fecha del nacimiento.

Se concederá también esta acción a toda otra persona a quien la aparente maternidad perjudique actualmente en sus derechos y deberá ejercerse dentro del plazo de un año, contado desde el fallecimiento de los supuestos padre o madre.

Artículo 208.- En el caso de los artículos anteriores, si el hijo fuere menor o incapaz, el plazo se contará desde que alcance la mayoría de edad o la plena capacidad.

El ejercicio de la acción en interés del hijo que sea menor o incapaz corresponde, asimismo, al padre o a la madre que ejerza la patria potestad o al representante legal del menor incapaz, en el plazo de un año contado desde que conozca el acto de reconocimiento.

Título IX

DE LA PATRIA POTESTAD

& 1. Reglas generales.

Artículo 209.- La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre y a la madre en relación con la persona y sobre los bienes del hijo mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.

La patria potestad se ejercerá también sobre los derechos eventuales del hijo que está en el vientre materno, si naciere vivo.

Artículo 210.- La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos y comprende los siguientes deberes y facultades:

1. Cuidarlos, alimentarlos y educarlos.

2. Administrar sus bienes.

3. El derecho legal de goce sobre sus bienes.

4. Representarlos judicial y extrajudicialmente.

El padre y la madre, aunque no ejerzan la patria potestad, conservan los deberes y facultades comprendidos en el número 1º.

Si los hijos tuvieren suficiente juicio y discernimiento deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que los afecten.

Artículo 211.- Quedará excluido de la patria potestad y de todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confieran respecto del hijo o de sus descendientes o en sus derechos hereditarios, el padre o madre cuando la filiación haya sido judicialmente determinada contra su oposición.

Dejarán de producir efecto estas restricciones por determinación del representante legal del hijo aprobada judicialmente o por voluntad del propio hijo una vez alcanzada la plena capacidad.

Quedarán siempre a salvo las obligaciones de cuidar de los hijos y prestarles alimentos.

Artículo 212.- La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre. Se presumirá que los actos realizados por uno de ellos cuentan con el consentimiento del otro, salvo para aquellos casos que requieran también la autorización judicial, o en que sea necesario consentimiento expreso del otro, o cuando medie expresa oposición, manifestada antes del perfeccionamiento del acto.

En caso de desacuerdo, cualquiera de los padres podrá acudir al juez competente, quien resolverá, breve y sumariamente, lo más conveniente para el interés del hijo, previa audiencia de los padres. El juez podrá, aun de oficio, requerir toda la información que considere necesaria y oír al menor, si éste tuviere suficiente juicio y discernimiento.

Si los desacuerdos fueren reiterados, o concurriere cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, el juez podrá atribuirlo, total o parcialmente, a uno de los padres, o distribuir entre ellos sus funciones, por el plazo que fije, el que no podrá exceder de dos años.

En caso de muerte de uno de los padres o de suspensión de la patria potestad ésta corresponderá exclusivamente al otro.

Artículo 213.- Si los padres viven separados, la patria potestad corresponderá a aquel que ejerza legalmente la tuición. Sin embargo, podrá el juez, a solicitud fundada del otro y en interés del hijo, atribuir al solicitante la patria potestad, para que la ejerza conjuntamente con quien la tenga, o distribuir entre el padre y la madre las funciones inherentes a su ejercicio.

Artículo 214.- En caso que ambos padres se encuentren en la situación prevista en el artículo 211, corresponderá designar un tutor o curador al efecto.

Artículo 215.- El padre y la madre, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen derecho a relacionarse con sus hijos menores, a tener con ellos una adecuada comunicación y a supervisar su educación.

En caso de desacuerdo, el juez determinará lo más conveniente para el interés del hijo.

& 2. De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos.

Artículo 216.- Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres.

Artículo 217.- Aunque la emancipación dé al hijo el derecho de obrar independientemente, quedará siempre obligado a cuidar de sus padres en su ancianidad, en el estado de demencia y en todas las circunstancias de la vida en que necesitaren sus auxilios. Los demás ascendientes tienen derecho a los mismos cuidados y auxilios.

Artículo 218.- Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal y la crianza y educación de sus hijos.

Artículo 219.- Si los padres viven separados, a falta de acuerdo, corresponde a la madre el cuidado personal de los hijos menores, salvo que el juez, por motivos convenientes para ellos, decidiere de otro modo.

Artículo 220.- Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes.

En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos.

Artículo 221.- El juez procederá para todas estas resoluciones breve y sumariamente, oyendo a los hijos y demás parientes.

Artículo 222.- Los gastos de crianza y educación de los hijos pertenecen a la sociedad conyugal, según las reglas que, tratando de ella se dirán. En caso que ésta no existiere, corresponderán dichos gastos a ambos padres, en proporción a las fuerzas de sus respectivos patrimonios.

Muerto uno de los padres, los gastos de crianza y educación tocarán al sobreviviente.

Artículo 223.- Si un hijo tuviere bienes propios, dichos gastos podrán sacarse de ellos, conservándose íntegros los capitales, en cuanto sea posible.

Artículo 224.- La obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes, pasa, por la falta o insuficiencia de los padres, a los abuelos, por una y otra línea, conjuntamente.

Artículo 225.- En caso de desacuerdo en cuanto a la forma de contribuir a los gastos mencionados en los artículos anteriores, el juez reglará la contribución, tomadas en consideración las facultades de los contribuyentes, y podrá modificarla según las circunstancias que sobrevengan.

Artículo 226.- Los padres tendrán la facultad de corregir a sus hijos, quedando excluidos los malos tratos, castigos o actos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores.

Los jueces deberán resguardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres, disponiendo su cesación y las sanciones que correspondieren.

Cuando lo estimaren necesario, podrán recurrir al tribunal de menores, a fin de que éste determine sobre la vida futura del menor por el tiempo que estime más conveniente, el cual no podrá exceder del plazo que le falte para cumplir dieciocho años de edad.

Las resoluciones del juez de menores no podrán ser modificadas por la sola voluntad de los padres.

Artículo 227.- Los derechos concedidos a los padres en los artículos anteriores no podrán reclamarse sobre el hijo que haya sido abandonado.

Artículo 228.- El padre o madre que se encuentre inhabilitado moralmente, quedará privado de los derechos concedidos en los artículos anteriores.

Artículo 229.- Si el hijo abandonado por sus padres hubiere sido alimentado y criado por otra persona, y quisieren sus padres sacarle del poder de ella, deberán ser autorizados por el juez para hacerlo, y previamente deberán pagarle los costos de su crianza y educación, tasados por el juez.

El juez sólo concederá la autorización si estima que, por razones graves, conviene darla.

& 3. Del derecho legal de goce sobre los bienes de los hijos y de su administración.

Artículo 230.- La patria potestad confiere el derecho legal de goce sobre todos los bienes del hijo, exceptuados los siguientes:

1. Los bienes adquiridos por el hijo en el ejercicio de todo empleo, oficio, profesión, industria o comercio.

2. Los bienes adquiridos por el hijo a título de donación, herencia o legado cuando el donante o testador hubiere impuesto la condición que quien ejerza la patria potestad no tenga este derecho, o se haga bajo la condición de obtener la emancipación o se haya dispuesto expresamente que este goce quede radicado en el hijo.

3. Las herencias o legados que hayan pasado al hijo por incapacidad o indignidad del padre o madre, o por haber sido éstos desheredados.

Artículo 231.- El hijo se mirará como mayor de edad para la administración y goce de los bienes comprendidos en el número 1 del artículo anterior, sin perjuicio de las limitaciones legales.

Artículo 232.- El que ejerza el derecho legal de goce sobre los bienes del hijo tendrá su administración, y el que se encuentre privado de ésta quedará también privado de aquél.

En caso que el padre o madre se encuentre privado del derecho legal de goce, éste corresponderá al otro; en caso que ambos se encontraren privados de este derecho, la propiedad plena pertenecerá al hijo y se le dará un curador para la administración.

Artículo 233.- Cuando ambos padres estén ejerciendo la patria potestad podrán designar, de común acuerdo, administrador de los bienes del hijo a uno de ellos, quien necesitará el consentimiento expreso del otro para todos los actos que requieren también autorización judicial.

Artículo 234.- No se podrán enajenar ni gravar, en caso alguno, los bienes raíces del hijo, ni aun aquéllos que éste administre libremente, sin autorización del juez, con conocimiento de causa.

Artículo 235.- No se podrá hacer donación de ninguna parte de los bienes del hijo, ni darlos en arriendo por largo tiempo, ni aceptar o repudiar una herencia deferida al hijo, sino en la forma y con las limitaciones impuestas a los tutores y curadores.

Artículo 236.- El padre o madre es responsable, en la administración de los bienes del hijo, hasta de la culpa leve.

La responsabilidad se limita a la propiedad de los bienes del hijo.

Artículo 237.- Habrá derecho para quitar al padre o madre, o a ambos, la administración de los bienes del hijo, cuando se hayan hecho culpables de dolo, o de grave negligencia habitual y en todos los casos en que se suspenda la patria potestad.

Artículo 238.- Removido uno de los padres de la administración de los bienes, ésta corresponderá al otro; si ambos fueren removidos, la propiedad plena de dichos bienes pertenecerá al hijo y se le dará un curador para su administración.

Artículo 239.- Al término de la patria potestad podrán los hijos exigir a los padres rendición de cuentas de la administración que ejercieron sobre sus bienes hasta entonces.

& 4. De la representación legal de los hijos.

Artículo 240.- Los actos y contratos que el padre o madre celebre en representación del hijo, o los que éste celebre y que el padre o madre autorice o ratifique por escrito, obligan directamente al padre o madre en conformidad a lo previsto en el Título XXII del Libro IV y, subsidiariamente, al hijo, hasta concurrencia del beneficio que éste hubiere reportado de dichos actos o contratos.

Si entre los padres no hubiere sociedad conyugal y no pudiere presumirse la autorización conjunta, esta responsabilidad sólo recaerá sobre el patrimonio de aquél que hubiere autorizado al hijo. En los demás casos será solidaria.

Artículo 241.- El menor adulto no necesita autorización de sus padres para testar, ni para reconocer hijos.

Artículo 242.- Los actos y contratos del hijo no autorizados por el padre, la madre o el curador, sólo obligan los bienes que éste administra libremente.

Artículo 243.- Siempre que el hijo tenga que demandar a su padre o madre, deberá obtener autorización del juez y éste, al otorgarla, le dará un curador para la litis.

Artículo 244.- El hijo no precisará la autorización de sus padres para parecer en juicio cuando se proceda criminalmente en su contra.

Cuando, necesitando autorización, el padre o madre no pudieren o no quisieren prestarla, podrá el juez suplirla y, al hacerlo, dará al hijo un curador para la litis.

& 5. De la suspensión de la patria potestad.

Artículo 245.- El ejercicio de la patria potestad se suspende cuando el padre o madre incurrieren en alguna de las siguientes causales:

1.Demencia;

2.Estar en entredicho de administrar sus propios bienes, y

3. Larga ausencia de la cual se siga perjuicio grave a los intereses del hijo.

En caso que la causal afecte sólo a uno de los padres que ejerce la patria potestad, ésta corresponderá exclusivamente al otro; en caso que afecte a ambos, los hijos quedarán sujetos a la guarda que corresponda.

El juez podrá, en beneficio e interés del hijo, acordar la recuperación de la patria potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la suspensión.

Artículo 246.- La suspensión de la patria potestad deberá ser decretada por el juez con conocimiento de causa, y después de oídos sobre ello los parientes del hijo y el defensor de menores.

& 6. De la emancipación.

Artículo 247.- La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad del padre, madre, o de ambos, según sea el caso. Puede ser legal o judicial.

Artículo 248.- La emancipación legal se efectúa:

1. Por la muerte real o presunta de los padres;

2. Por el matrimonio del hijo; y

3. Por haber cumplido el hijo 18 años.

Artículo 249.- La emancipación judicial se efectúa por decreto de juez:

1. Cuando los padres maltratan habitualmente al hijo;

2. Cuando los padres han abandonado al hijo;

3. Cuando por sentencia ejecutoriada los padres hayan sido declarados culpables de un delito a que se aplique una pena aflictiva, a menos que, atendida la naturaleza del delito, el juez estime que no existe riesgo para el interés del hijo.

La emancipación tendrá efecto aun cuando posteriormente recaiga indulto sobre la pena, y

4. En caso de inhabilidad física o moral de los padres.

Artículo 250.- Toda emancipación, una vez efectuada, es irrevocable.

Artículo 251. Cuando la emancipación se produzca respecto de un hijo menor, éste quedará sujeto a la guarda que corresponda, con excepción de la situación prevista en el N° 2 del artículo 248.".

21. Sustitúyese el artículo 305, por el siguiente:

“Artículo 305.- El estado civil de casado o viudo, y de padre o hijo, podrá probarse por las respectivas partidas de matrimonio, de muerte, y de nacimiento o bautismo.

La edad y la muerte podrán probarse por las respectivas partidas de nacimiento o bautismo, y de muerte.”.

22. Elimínase en el artículo 311 la palabra “legítimo” las dos veces que aparece en el texto.

23. En el artículo 312, reemplázase la palabra “diez” por “cinco”.

24. Reemplázase en el inciso primero del artículo 315 la palabra “legitimidad” por “paternidad” las dos veces que aparece en el texto.

25. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 317 por el siguiente:

“Son también “legítimos contradictores”, los herederos del padre o madre fallecidos en contra de quienes el hijo podrá dirigir o continuar la acción y, también, los herederos del hijo fallecido cuando éstos se hagan cargo de la acción iniciada por aquel o decidan entablarla.”.

26. Derógase el artículo 318.

27. Derógase el artículo 320.

28. Sustitúyese el inciso primero del artículo 321, por el siguiente:

“Artículo 321.- Se deben alimentos:

1º. Al cónyuge;

2º. A los descendientes;

3º. A los ascendientes;

4º. A los hermanos, y

5º. Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada.”.

29. Sustitúyese el artículo 323, por el siguiente:

“Artículo 323.- La obligación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación y asistencia médica del alimentario, de un modo correspondiente a su posición social.”.

30. Sustitúyese el artículo 324, por el siguiente:

“Artículo 324.- En el caso de injuria atroz cesará enteramente la obligación de prestar alimentos.”.

31. En el artículo 326, sustitúyense sus incisos primero al quinto, por el siguiente:

“Artículo 326.- El que para pedir alimentos reúna varios títulos de los enumerados en el artículo 321, sólo podrá hacer uso de uno de ellos, en el siguiente orden:

1º El que tenga según el número 5º.

2º El que tenga según el número 1º.

3º El que tenga según el número 2º.

4º El que tenga según el número 3º.

5º El del número 4º no tendrá lugar sino a falta de todos los otros.”.

32. Sustitúyese el artículo 330, por el siguiente:

“Artículo 330.- Los alimentos no se deben sino en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social.”.

33. Elimínase el inciso segundo del artículo 332.

34. Sustitúyense en el inciso primero del artículo 348, el guarismo “262” por “245”; y en su inciso segundo el guarismo “251” por “237”.

35. Reemplázanse en el artículo 354, la palabra “legítimo” por la expresión “o madre”, y la palabra “puede” por “pueden”.

36. Reemplázase en el artículo 355, la palabra “puede” por “pueden”.

37. Reemplázase en el artículo 356, la palabra “puede” por “pueden”.

38. En el artículo 357, intercálase la expresión “madre” entre las palabras “padre” y “que”, y reemplázase el guarismo “267” por “249”.

39. Derógase el artículo 358.

40. Derógase el artículo 359.

41. Sustitúyese el inciso primero del artículo 360, por el siguiente:

“Artículo 360.- No obstante lo dispuesto en el artículo 357, el padre o madre y cualquier otra persona, podrán nombrar un curador, por testamento o por acto entre vivos, con tal que donen o dejen al pupilo alguna parte de sus bienes, que no se les deba a título de legítima.".

42. Derógase el inciso final del artículo 367.

43. Derógase el artículo 368.

44. Elimínase en el número 1º del artículo 375, la palabra “legítimos”.

45. Elimínanse en el artículo 404, las palabras “legítimo o natural”.

46. Modifícase el artículo 412, en la siguiente forma:

a. Sustitúyese su inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 412.- Por regla general, ningún acto o contrato, en que directa o indirectamente tenga interés el tutor o curador, o su cónyuge, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o sus hermanos, o sus consanguíneos o afines hasta el cuarto grado inclusive, o alguno de sus socios de comercio, podrá ejecutarse o celebrarse sino con autorización de los otros tutores o curadores generales, que no estén implicados de la misma manera, o por el juez en subsidio.”, y

b. Elimínanse en su inciso segundo, las palabras “legítimos o naturales”.

47. Derógase el inciso final del artículo 428.

48. Elimínase en el inciso segundo del artículo 430, la frase “legítimos, ni los padres naturales”.

49. Elimínase en el artículo 434, la palabra “congrua”.

50. Sustitúyese el artículo 439, por el siguiente:

“Artículo 439.- El menor que está bajo curaduría tendrá las mismas facultades administrativas que el hijo sujeto a patria potestad, respecto de los bienes adquiridos por él en el ejercicio de una profesión, oficio, comercio o industria.

Lo dispuesto en el artículo 242 se aplica al menor y al curador.”.

51. Elimínanse en el artículo 443, las palabras “legítimos” y “naturales”.

52. Modifícase el artículo 448, en la forma siguiente:

a. Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 448.- Se deferirá la curaduría:

1º A los ascendientes, y

2º A los hermanos y otros colaterales hasta el cuarto grado.”;

b. Sustitúyense en su inciso segundo los ordinales “2° y 3°” por “1° y 2°”, respectivamente.

53. Modifícase el artículo 449, en la siguiente forma:

a. Sustitúyese su inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 449.- El curador del marido disipador administrará la sociedad conyugal en cuanto ésta subsista y ejercerá, además, la guarda de los hijos en caso que la madre, por cualquier razón, no ejerza la patria potestad.”, y

b. Agrégase en su inciso segundo, la siguiente frase final antes del punto aparte (.) “cuando ésta, no le correspondiera al padre”.

54. Sustitúyese el artículo 450, por el siguiente:

“Artículo 450.- Ningún cónyuge podrá ser curador del otro declarado disipador.”.

55. Elimínanse en el artículo 451, las palabras “legítimos o naturales”.

56. Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 462, por los siguientes:

“Artículo 462.- Se deferirá la curaduría del demente:

1º A su cónyuge no divorciado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 503;

2º A sus descendientes;

3º A sus ascendientes;

4º A sus colaterales hasta en el cuarto grado.

El juez elegirá en cada clase de las designadas en los números 2º, 3º y 4º, la persona o personas que más idóneas le parecieren.”.

57. Elimínase en el inciso primero del artículo 463, la frase “,y ejercerá de pleno derecho la guarda de sus hijos menores”.

58. Sustitúyese el artículo 485, por el siguiente:

“Artículo 485.- Los bienes que han de corresponder al hijo póstumo, si nace vivo, y en el tiempo debido, estarán a cargo del curador que haya sido designado a este efecto por el testamento del padre, siempre que no corresponda a la madre el ejercicio de la patria potestad.”.

59. Modifícase el artículo 486, en la siguiente forma:

a. Agrégase en su inciso primero la siguiente frase final, antes del punto aparte (.): “,salvo que corresponda a la madre el ejercicio de la patria potestad”, y

b. Derógase su inciso segundo.

60. En el artículo 497:

a. Reemplázase en su número 9º, la referencia “al artículo 267, número 7º” por “al artículo 249, número 3º.”;

b. Elimínase en su número 10, la frase “en conformidad a lo dispuesto en los artículos 223 y 224”, y

c. Reemplázase en su número 11, el guarismo “267"“por “249”.

61. Elimínanse en el inciso segundo del artículo 500, la expresión “legítimo o natural”.

62. Modifícase el artículo 514, en la siguiente forma:

a. Sustitúyese el número 5º, por el siguiente:

“5º El padre o madre que tenga a su cargo el cuidado cotidiano del hogar;”, y

b. Elimínanse en sus números 8º y 9º la palabra “legítimos”.

63. Elimínanse en el artículo 515, las expresiones “legítimos o naturales,” y “legítimo o natural”.

64. Elimínase en el artículo 516, la expresión “legítimo o natural”.

65. Elimínase en el artículo 518, la frase final “legítimo, ni un padre o hijo natural”.

66. Elimínase en el número 1º del artículo 766, la frase “,como el padre de familia, sobre ciertos bienes del hijo”.

67. Reemplázase en el artículo 810, la frase inicial “El usufructo legal del padre o madre de familia” por “El derecho legal de goce de los padres”.

68. Elimínase en el inciso tercero del artículo 815, la expresión “legítimos y naturales”.

69. Elimínase el número 5° del inciso primero del artículo 959.

70. Elimínase en el número 2º del inciso primero del artículo 968 la palabra “legítimos”.

71. Sustitúyese el inciso primero del artículo 983, por el siguiente:

“Artículo 983.- Son llamados a la sucesión intestada los descendientes del difunto, sus ascendientes, el cónyuge sobreviviente, sus colaterales, el adoptado, en su caso, y el Fisco.”.

72. Sustitúyese el artículo 986, por el siguiente:

“Artículo 986.- Hay siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos.”.

73. Sustitúyese el artículo 988, por el siguiente:

“Artículo 988.- Los hijos excluyen a todos los otros herederos, a menos que hubiere cónyuge sobreviviente, caso en el cual, éste concurrirá con aquéllos, distribuyéndose la herencia por partes iguales entre todos ellos.”.

74. Sustitúyese el artículo 989, por el siguiente:

“Artículo 989.- Si el difunto no ha dejado posteridad, le sucederán el cónyuge sobreviviente y sus ascendientes de grado más próximo. La porción de los ascendientes será la mitad de lo que corresponde al cónyuge sobreviviente. A falta de aquél o de éstos, pertenecerá toda la herencia al cónyuge o a los ascendientes.”.

75. Sustitúyese el artículo 990, por el siguiente:

“Artículo 990.- Si el difunto no hubiere dejado descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, le sucederán sus hermanos.

Entre los hermanos de que habla este artículo se comprenderán aun los que solamente lo sean por parte de padre o de madre; pero la porción del hermano paterno o materno será la mitad de la porción del hermano carnal.”.

76. Derógase el artículo 991.

77. Sustitúyese el artículo 992, por el siguiente:

“Artículo 992.- A falta de descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos, sucederán al difunto los otros colaterales de grado más próximo, sean de simple o doble conjunción, hasta el sexto grado inclusive.

Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son parientes del difunto por parte de padre o por parte de madre, gozan de los mismos derechos que los colaterales de doble conjunción, esto es, los que a la vez son parientes del difunto por parte de padre y por parte de madre.”.

78. Derógase el artículo 993.

79. Elimínanse del artículo 998 las palabras “de porción conyugal”, contenidas en el inciso primero.

80. Elimínase en el inciso primero del artículo 1.016 la expresión “o legitimados”.

81. Elimínase en el artículo 1.107 la palabra “legítimo”.

82. Elimínanse en el artículo 1.162 las palabras “legítimo” y “legítimos”.

83. Modifícase el artículo 1.167, en la forma siguiente:

a. Suprímese el número 2°, pasando los actuales números 3° y 4° a ser 2° y 3°, respectivamente.

b. Sustitúyese el número 3°, por el siguiente:

“3° La cuarta de mejoras.”.

84. Suprímese el párrafo 2 “De la porción conyugal”, del título V del Libro III, pasando los párrafos 3 y 4 a ser 2 y 3, respectivamente.

85. Sustitúyese el artículo 1.182, por el siguiente:

“Artículo 1.182.- Son legitimarios:

1º Los hijos, personalmente o representados por su descendencia;

2º Los ascendientes, y

3° El cónyuge sobreviviente.”.

86. Sustitúyense los incisos segundo y tercero del artículo 1.184, por los siguientes:

“No habiendo descendientes con derecho a suceder, ni cónyuge sobreviviente, la mitad restante es la porción de bienes de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio.

Habiendo tales descendientes o cónyuge, la masa de bienes, previas las referidas deducciones y agregaciones, se dividirá en cuatro partes: dos de ellas, o sea la mitad del acervo, para las legítimas rigorosas; otra cuarta, para las mejoras con que el difunto haya querido favorecer a su cónyuge o a uno o más de sus descendientes, sean o no legitimarios, y otra cuarta, de que ha podido disponer a su arbitrio.”.

87. Sustitúyese el inciso primero del artículo 1.185, por el siguiente:

“Artículo 1185.- Para computar las cuartas de que habla el artículo anterior, se acumularán imaginariamente al acervo líquido todas las donaciones revocables e irrevocables, hechas en razón de legítimas o de mejoras, según el valor que hayan tenido las cosas donadas a la época de la muerte del causante.”.

88. Sustitúyese el artículo 1.190 por el que sigue:

“Artículo 1190.- Si un legitimario no lleva el todo o parte de su legítima por incapacidad, indignidad o desheredamiento, o porque la ha repudiado, y no tiene descendencia con derecho a representarle, dicho todo o parte se agregará a la mitad legitimaria y contribuirá a formar las legítimas rigorosas de los otros.”.

89. Sustitúyese el artículo 1.195, por el siguiente:

“Artículo 1195.- De la cuarta de mejoras puede hacer el donante o testador la distribución que quiera entre sus descendientes y su cónyuge; podrá pues asignar a uno de ellos toda la dicha cuarta con exclusión de los otros.

Los gravámenes impuestos a los partícipes de la cuarta de mejoras serán siempre en favor del cónyuge, o de uno o más de sus descendientes.".

90. Sustitúyese el inciso tercero del artículo 1.200, por el siguiente:

“Si el donatario ha llegado a faltar de cualquiera de esos modos, las donaciones imputables a su legítima se imputarán a la de sus descendientes.”.

91. Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 1.201, por los siguientes:

“Artículo 1.201.- Se resolverá la donación revocable o irrevocable que se hiciere a título de mejora a una persona que se creía descendiente del donante y no lo era.

Lo mismo sucederá si el donatario, o alguno de sus descendientes, ha llegado a faltar por incapacidad, indignidad, desheredación o repudiación.”.

92. Reemplázase en el inciso primero del artículo 1.203 la frase “hijo legítimo o natural o descendiente legítimo de alguno de ellos” por la palabra “descendiente”.

93. Reemplázase el inciso primero del artículo 1.204 por el que sigue:

“Artículo 1204.- Si el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos a su cónyuge o a uno de sus descendientes, que a la sazón era legitimario, no donar, ni asignar por testamento parte alguna de la cuarta de mejoras, y después contraviniere a su promesa, el favorecido con ésta tendrá derecho a que los asignatarios de esa cuarta le enteren lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa, a prorrata de lo que su infracción les aprovechare.”.

94. En el inciso primero del artículo 1.208, elimínase en su número 1º, la palabra “legítimos”, y reemplázase en su Nº 5 la referencia al “artículo 267, número 7º” por la referencia “al artículo 249, número 3º”.

95. Reemplázase en el artículo 1.220 la frase “hijos legítimos o naturales o descendientes legítimos de aquellos o de éstos” por la palabra “descendientes”.

96. Derógase el artículo 1221.

97. Agrégase en el artículo 1337, la siguiente regla:

“11a. Con todo, el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a que su cuota hereditaria o la de gananciales, o la una y la otra, se enteren o solucionen, con preferencia, atribuyéndole la propiedad u otro derecho real sobre el inmueble que es o fue residencia principal de la familia y sobre los bienes que lo guarnecen.

Si el valor de dichos bienes excede el valor de los derechos a los que se imputa, el cónyuge sobreviviente dispondrá de un usufructo gratuito y vitalicio por el saldo, mientras permanezca en estado de viudez.”.

98. Elimínase en el artículo 1.424, la palabra “legítimos”.

99. Elimínase en el artículo 1.431, la palabra “legítimos”.

100. Reemplázase en el artículo 1.437, la frase “y los hijos de familia” por “y los hijos sujetos a patria potestad”.

101. Reemplázase en el artículo 1.579, la frase “los padres o madres de familia” por la frase “los padres o madres que ejerzan la patria potestad”.

102. Reemplázase en el artículo 1.796, las palabras “de familia” por la frase “sujeto a su patria potestad”.

103. Elimínanse en el artículo 1.969, las palabras “de familia”.

104. En el artículo 2.045, elimínanse: en su número 1º, la palabra “legítima”; en el número 2º, la palabra “legítima” las dos veces que aparece; en el número 3º, la palabra “legítima” las dos veces que aparece; y en el número 4º, la palabra “legítima”.

105. Derógase el artículo 2.049.

106. Derógase el artículo 2.050.

107. Sustitúyese el inciso final del artículo 2.466, por el siguiente:

“Sin embargo, no será embargable el derecho legal de goce del marido sobre los bienes de la mujer, ni el derecho legal de goce de los padres sobre los bienes del hijo sujeto a patria potestad, ni los derechos reales de uso o de habitación.”.

108. Reemplázanse en el número 4º del artículo 2.481, las palabras “de familia” por la frase “sujetos a patria potestad”.

109. Modifícase el artículo 2.483, en la siguiente forma:

a. Sustitúyese en su inciso primero, la frase “a los respectivos hijos de familia” por “a los hijos respecto de los cuales se ejerza la patria potestad”, y

b. Elimínanse en su inciso segundo, las palabras “de familia” por la frase “sujetos a patria potestad”.

110. Reemplázase en el artículo 2.485, la frase “del padre o madre de familia” por “los padres que ejerzan la patria potestad”.

Artículo 2º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 4.808, Sobre Registro Civil:

1. Sustitúyese el artículo 6º, por el siguiente:

“Artículo 6º.-Los instrumentos en que se declare o conste la filiación de un hijo, se inscribirán en el Registro de Nacimientos de la comuna en que se hubiere inscrito el nacimiento. A su vez, al margen de la inscripción de nacimiento, se subinscribirán aquellos que declaren la emancipación.”.

2. Sustitúyese el inciso tercero del artículo 17, por el siguiente:

“Asimismo, el Director podrá ordenar de oficio la rectificación de una inscripción en que aparezca el reconocimiento de un hijo, con el solo objeto de asignar al inscrito el o los apellidos que le correspondan y los nombres y apellidos de sus padres, o el del padre o madre que le haya reconocido.”.

3. Elimínase en el inciso final del artículo 18, las palabras “legitimaciones o”.

4. Derógase el inciso final del artículo 20.

5. En el artículo 29, agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Esta inscripción deberá ser comunicada a la madre, salvo su reconocimiento expreso o si quien hubiese denunciado el nacimiento fuese el marido.”.

6. Elimínase en el artículo 30, la palabra “legítimo”.

7. Sustitúyese el número 4º del artículo 31, por el siguiente:

“Nº 4. Los nombres, apellidos, nacionalidad, profesión u oficio y domicilio de los padres. Si el hijo hubiere nacido fuera del matrimonio, los del padre o madre que le reconozca o haya reconocido.”.

8. Reemplázase en el artículo 32, la expresión “al número 1º del artículo 271” por “número 1º del artículo 188 y al artículo 189,”.

9. Incorpórase el siguiente inciso en el artículo 33:

"En todos los casos en que un menor aparezca inscrito como hijo de padre o madre desconocido, el Registro Civil deberá comunicarlo al Servicio Nacional de Menores, el cual procurará, en los casos en que el menor se encuentre bajo su cuidado y protección, obtener la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo.".

10. Derógase el artículo 37.

11. Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 38, por el siguiente:

“Artículo 38.- En el acto del matrimonio podrán los contrayentes pactar separación de bienes o participación en los gananciales.”.

12. Suprímese en el número 10 del artículo 39 la palabra “ilegítimos”.

13. En el artículo 86, elimínanse en su inciso primero, las palabras “o de legitimación”, y en su inciso final, las palabras “y legitimación”.

Artículo 3º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos:

1. Sustitúyese la letra c) del artículo 1º, por la siguiente:

“c) En los casos que la naturaleza de la filiación fuera no matrimonial, para agregar un apellido cuando la persona hubiera sido inscrita con uno solo o para cambiar uno de los que se hubieren impuesto al nacido, cuando fueren iguales.”.

2. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 4º, por el siguiente:

“El cambio de apellido no podrá hacerse extensivo a los padres del solicitante, y no alterará la filiación, pero alcanzará a sus descendientes sujetos a patria potestad.”.

Artículo 4º.-Derógase la ley Nº 17.999.

Artículo 5º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 7.613, que establece disposiciones sobre la adopción:

1. Elimínanse en el inciso primero del artículo 2º las palabras “legítima” y “legítimos”, las dos veces en que aparecen mencionadas en el texto.

2. Elimínase en su inciso primero del artículo 12, la palabra “legítimos”, las dos veces mencionada en el texto.

3. Elimínase en el inciso final del artículo 14, la palabra “legítimos”.

4. Elimínase en el artículo 23, la palabra “legítimos”.

5. Sustitúyese el artículo 24, por el siguiente:

“Artículo 24.- En la sucesión intestada del adoptante, el adoptado será tenido, para este sólo efecto, como hijo. La porción del adoptado será la mitad de la que corresponda a los hijos, pero las porciones de los adoptados, en concurrencia con los hijos, no podrán exceder en conjunto de una cuarta parte de la herencia, sin perjuicio de las asignaciones que el testador pueda hacerles con arreglo a la ley.

En el caso contemplado en el artículo 989 del Código Civil, el adoptado concurrirá con los ascendientes y el cónyuge sobreviviente. La herencia se dividirá en seis partes, dos para los ascendientes, tres para el cónyuge sobreviviente y una para el adoptado. No habiendo ascendientes, se dividirá la herencia en cuatro partes, tres para el cónyuge sobreviviente y una para el adoptado. No habiendo cónyuge sobreviviente, se dividirá la herencia por mitades, una para los ascendientes y otra para los adoptados.

Igualmente, en el caso contemplado en el artículo 990 del Código Civil, el adoptado concurrirá con los hermanos, correspondiendo tres cuartas partes de la herencia al adoptado y el otro cuarto a los hermanos del causante. No habiendo hermanos, llevará toda la herencia el adoptado.

Lo dicho en este artículo no conferirá en ningún caso al adoptado la calidad de legitimario.”.

6. Elimínase en el artículo 26 la palabra “legítimos”.

7. En el artículo 29:

a. Elimínase la expresión “legítimos o naturales”, en sus incisos primero, segundo y tercero.

b. Elimínase la palabra “legítimo” en su inciso final.

8. Elimínase en el artículo 31, la palabra “legítimo”.

Artículo 6º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 18.703, sobre Adopción de Menores:

1. Elimínase en el inciso tercero del artículo 1º la palabra “legítimo”;

2. Reemplázase en el artículo 16, la palabra “legítimos”, por la expresión “de origen”;

3. Elimínase en el número 2 del artículo 32, la palabra “legítimo”.

Artículo 7º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 16.618, Ley de Menores:

1. Sustitúyese el inciso primero del artículo 46, por el siguiente:

“Artículo 46.- Se entienden comprendidos en los artículos 219 y 220 del Código Civil, los casos de nulidad de matrimonio, separación de hecho o convencional de los cónyuges y en aquellos en que los padres no estén unidos en matrimonio, sea que ambos o ninguno hayan reconocido a los hijos, en cuanto esas disposiciones sean aplicables a estas situaciones.”.

2. Reemplázase, en el artículo 47, el guarismo “239”, por “229”.

3. Elimínase en el inciso segundo del artículo 48, la palabra “legítimos”.

4. En el artículo 49:

a. En su inciso primero, elimínase la palabra “legítimo” y agrégase la siguiente frase final: “, o de aquel que lo hubiere reconocido voluntariamente en su caso”.

b. En su inciso segundo elimínase la palabra “legítimo”.

c. Derógase su inciso cuarto.

Artículo 8º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias:

1. En su artículo 3º:

a. Derógase su inciso cuarto;

b. Elimínanse en su inciso final la frase “legítimo, natural, ilegítimo o adoptivo”, y la palabra “necesarios”.

2. Elimínase el inciso segundo del artículo 4º.

3. Elimínase en el artículo 5º, la palabra “ilegítimos”.

4. Sustitúyese el inciso primero del artículo 15, por el siguiente:

“Artículo 15.- Si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria, en favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante no hubiere cumplido su obligación en la forma ordenada o hubiere dejado de efectuar el pago de una o más cuotas, el tribunal que dictó la resolución o el juez competente según el artículo 3º, deberá, a petición de parte o de oficio y sin forma de juicio, apremiar al deudor del modo establecido en el inciso primero del artículo 543 del Código de Procedimiento Civil, pudiendo el juez en este caso ampliar el arresto hasta por treinta días y en caso de nuevo apremio le impondrá un arresto que sea precisamente de treinta días.”.

Artículo 9º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones:

1. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 2º, por el siguiente:

“Las asignaciones por causa de muerte que correspondan al cónyuge y a cada ascendiente, o adoptante, o a cada hijo, o adoptado, o a la descendencia de ellos, estarán exentas de este impuesto en la parte que no exceda de cincuenta unidades tributarias anuales. Las donaciones que se efectúen a las personas señaladas estarán exentas de este impuesto en la parte que no exceda de cincuenta unidades tributarias anuales. En consecuencia, la escala a que se refiere el inciso primero de este artículo, se aplicará desde su primer tramo a las cantidades que excedan de los mínimos exentos.”;

2. Elimínanse en el inciso primero del artículo 26, las palabras “legítimos o naturales”.

Disposiciones transitorias.

Artículo 1°.- Todos los que posean la calidad de hijo natural a la fecha de entrada en vigencia de esta ley tendrán los derechos que ésta establece para todos los hijos, cualquiera que sea el origen de su filiación. Con todo, los derechos hereditarios se regirán por la ley vigente al tiempo de fallecer la persona de cuya sucesión se trata.

Artículo 2°.- Las sentencias ejecutoriadas que hubieren sido dictadas al amparo de las normas que por esta ley se derogan, no impedirán el ejercicio de las acciones relativas a la filiación que se funden en pruebas nuevas previstas por esta ley, aunque entre la antigua acción y la nueva, exista identidad legal de personas.

Quienes hayan ejercitado las acciones concedidas por el artículo 280 del Código Civil, sea cual fuere el resultado de ese ejercicio, podrán pues, invocando las pruebas nuevas previstas por esta ley, acceder al estado civil de hijo.

Artículo 3°.- Facúltase al Presidente de la República, por el plazo de un año, para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil y de sus leyes complementarias como, asimismo, respecto de todas aquellas normas legales que contemplen los parentescos y categorías de padres, madres e hijos legítimos, naturales e ilegítimos, para lo cual podrá incorporar las modificaciones y derogaciones de que hayan sido objeto tanto expresa como tácitamente; reunir en un mismo texto disposiciones directa y sustancialmente relacionadas entre sí que se encuentren dispersas; introducir cambios formales, sea en cuanto a redacción, para mantener la correlación lógica y gramatical de las frases, a titulación, a ubicación de preceptos y otros de similar naturaleza, pero sólo en la medida que sean indispensables para su coordinación y sistematización.

El ejercicio de estas facultades no podrá importar en caso alguno, la alteración del verdadero sentido y alcance de las disposiciones legales vigentes.".

Dios guarde a V.E.

VICENTE SOTA BARROS

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario de la Cámara de Diputados

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Oficio de la Corte Suprema a Comisión. Fecha 12 de abril, 1995. Oficio

Se deja constancia que el oficio de consulta fue emitido por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional

Oficio N° 000195

Ant. ML-10.287.-

Santiago, 12 de Abril de 1995.-

AL SEÑOR PRESIDENTE H. COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION Y JUSTICIA H. CAMARA DE DIPUTADOS

VALPARAISO

Por Oficio N° 21/84/1060-07 de 13 de octubre último la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados se ha servido remitir a esta Corte un proyecto de ley que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación a fin de que este Tribunal emita su opinión, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 74 de la Constitución Política y 16 de la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, respecto de ciertas normas que inciden en las atribuciones de los tribunales de menores.-

Impuesta esta Corte de la materia en consulta, en reunión de Pleno del 07 de Abril en curso, con la asistencia del Presidente Subrogante señor Jordán y de los Ministros señores Zurita, Faúndez, Dávila, Beraud, Toro, Valenzuela, Alvarez, Bañados, Carrasco, Correa, Garrido, Navas, Libedinsky y Ortíz, acordó informar lo siguiente:

El artículo 7° N° 1 del proyecto en informe introduce modificaciones al artículo 26 de la Ley 16.618, Ley de menores, que determina asuntos de competencia de dichos tribunales, y que son del siguiente tenor:

El N° 1 del citado artículo 26 establece que corresponde a los jueces de menores: "1) Determinar a quién corresponde la tuición de los menores, declarar la suspensión o pérdida de la patria potestad y autorizar la emancipación".-

El proyecto reemplaza la expresión "declarar la suspensión o pérdida de la patria potestad" por "conocer de las cuestiones que se susciten en relación al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad". Esta enunciación es más amplia que la que se propone sustituir y a esta Corte no le merece reparos.-

El N° 7 del mencionado artículo 26 de la Ley de Menores señala que corresponde a los jueces de menores: "7) Resolver sobre la vida futura del menor en el caso del inciso segundo del artículo 233 del Código Civil y cuando éste se encontrare en peligro material o moral".-

La modificación, en este aspecto, se limita a cambiar la referencia al "inciso segundo del artículo 233 del Código Civil" por el "inciso tercero del artículo 227 del Código Civil", pero cabe observar que esta última es notoriamente errónea, y debe entenderse dirigida al "inciso tercero del artículo226 del Código Civil" que, de acuerdo con el mismo proyecto, regla las materias contenidas en el actual artículo 233 del citado Código.-

Por otra parte el proyecto en informe agrega dos nuevos números al artículo 26 de la Ley de Menores.- El primero de estos preceptos, signado con el N° 8, expresa que es facultad de los jueces de menores "determinar en caso de desacuerdo, la forma de contribuir a los gastos de crianza y educación de los hijos menores, tomando en consideración las facultades de los contribuyentes". Esta disposición se relaciona con el artículo 225 del mismo proyecto, modificatorio del Código Civil, que señala que en caso de desacuerdo en cuanto a la forma de contribuir a los gastos mencionados en los artículos anteriores -alude a los gastos de crianza y educación de los hijos- el juez reglará la contribución, tomando en consideración las facultades de los contribuyentes, y podrá modificarla según las circunstancias que sobrevengan.-

El agregado anteriormente referido no merece reparos a esta Corte.-

Finalmente, el otro número agregado al artículo 26 de la Ley de menores, que lleva el N° 9, señala que corresponde a los jueces de ese ramo, "resguardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres, disponer las medidas necesarias para su cesación y decretar las sanciones que por dichas acciones correspondan".-

El precepto que se proyecta incluir guarda estrecha vinculación con el inciso primero del artículo 226 del mismo proyecto modificatorio del Código Civil, que otorga a los padres la facultad de corregir a sus hijos, pero añadiendo que quedan "excluídos los malos tratos, castigos o actos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores".-

A su vez en el inciso segundo de este proyectado artículo 226 del Código Civil se establece la obligación de resguardo de los jueces en los mismos términos que se contemplan en el ya señalado N° 9 que se pretende agregar al artículo 26 de la Ley de Menores.-

El otorgamiento de facultades a los jueces de menores para reprimir estos malos tratos aparece así, a primera vista conveniente, pero cabe recordar que el artículo 1° de la Ley 19.325, relativa a actos de violencia intrafamiliar, contiene un concepto de esos actos, también constituidos por malos tratos, y el artículo segundo de esa misma ley entrega al conocimiento del juez letrado de turno en lo civil, la decisión de los conflictos a que de origen la comisión de actos de violencia intrafamiliar, actos que muchas veces pueden ser cometidos en perjuicio de menores de edad.-

Por lo dicho precedentemente, en concepto de este Tribunal, sería conveniente fijar con precisión el ámbito de competencia de los jueces de menores o de los jueces civiles en los casos de malos tratos ocasionados a menores de edad.-

Es cuanto cabe informar a esta Corte Suprema.-

Saluda atentamente a V.S.

SERVANDO JORDAN LOPEZ

PRESIDENTE SUBROGANTE

M. ALEJANDRA ROJAS CONTRERAS

SECRETARIA SUBROGANTE

2.2. Primer Informe de Comisión de Constitución

Senado. Fecha 20 de noviembre, 1996. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 12. Legislatura 334.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL Y OTROS CUERPOS LEGALES EN MATERIA DE FILIACIÓN.

BOLETÍN Nº1.060-07

_________________________________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros, en segundo trámite constitucional, acerca del proyecto de ley de la referencia, que tuvo su origen en un Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.

La Comisión deja constancia de su reconocimiento por la permanente colaboración que recibió, en representación del Servicio Nacional de la Mujer, de su señora Ministra Directora, doña Josefina Bilbao Mendezona, su Subdirectora doña Paulina Veloso Valenzuela, y los asesores de esta entidad señoras Andrea Muñoz Sánchez, Leonor Etcheverry Court, Claudia Iriarte Rivas y don Sebastián Hamel Rivas; así como, por otra parte, de la profesora de Derecho Civil de la Universidad Católica de Valparaíso, doña Inés Pardo de Carvallo.

Agradece, asimismo, el valioso aporte que le efectuaron el señor Obispo de Valparaíso de la época, Monseñor Jorge Medina Estévez; los representantes del señor Presidente de la Conferencia Episcopal de entonces Monseñor Fernando Ariztía Ruiz, Padre don Tony Mifsud s.j.; del Ministerio de Justicia, abogado señora Amira Esquivel Utreras; de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el Director del Departamento de Derecho Privado y Profesor de Derecho Civil don Francisco Merino Scheihing; de la Gran Logia de Chile, los Profesores de Derecho señores Enrique Testa Arueste y Sergio Dunlop Rudolffi; y del Servicio Médico Legal, el Jefe del Laboratorio de Biología Molecular, don Hugo Jorquera González.

Expresa también su reconocimiento por sus ilustradas opiniones, a los distinguidos profesores de Derecho Civil de la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Diego Portales y Universidad de Los Andes, señores Enrique Barros Bourie, Hernán Corral Talciani, José María Eyzaguirre García de la Huerta, Hernán Larraín Ríos, Carlos Peña González y José Joaquín Ugarte Godoy.

Las minutas que hicieron llegar a la Comisión se tuvieron en vista durante toda la discusión de esta iniciativa de ley y se han agregado a sus antecedentes, donde se encuentran a disposición de los HH. señores Senadores que deseen consultarlos.

Concurrió también a algunas sesiones de la Comisión el profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo señor Jorge Precht Pizarro.

Cabe destacar que el texto que proponemos fue revisado, desde el punto de vista técnico, por los profesores de Derecho Civil de la Universidad de Chile, señora Paulina Veloso, y de la Universidad Diego Portales, señora Andrea Muñoz, Subdirectora y asesora del Servicio Nacional de la Mujer, como ya se ha indicado, y de la Universidad de Los Andes, don Hernán Corral, teniendo en vista diversas sugerencias formuladas por este último profesor, el profesor señor Enrique Barros y el Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción.

El minucioso informe de la Universidad de Concepción fue elaborado por los profesores de Derecho Civil señores Hernán Troncoso Larronde, René Ramos Pazos, Daniel Peñailillo Arévalo, Ramón Domínguez Avila, Carmen Domínguez Hidalgo, Carlos Alvarez Cid, Eduardo Salas Carrasco, Francisco Segura Riveiro y José M. Flores Acuña.

- - -

Dejamos constancia que actuará como informante de este proyecto de ley el H. Senador señor Anselmo Sule Candia.

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DISCUSIÓN GENERAL

La señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, doña Josefina Bilbao Mendezona, señaló que la iniciativa está destinada a producir trascendentales reformas en nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto tiene como objetivo fundamental sustituir el régimen de filiación vigente en Chile por otro, que termina con las diferencias de trato entre hijos legítimos e ilegítimos y establece un estatuto igualitario para todos ellos, cualquiera sea el origen de su filiación.

Estimó que, a pesar de las reformas legales promovidas durante este siglo para mejorar el sistema filiativo, el régimen actual sigue siendo profundamente discriminatorio y restrictivo. Lo primero, por cuanto clasifica a los hijos en diferentes categorías, según si han nacido dentro o fuera del matrimonio de sus padres, estableciendo marcadas diferencias entre unos y otros. Lo segundo, ya que, si bien admite la investigación de la paternidad o maternidad, el sistema que consagra para hacerlo es limitado y difícil de aplicar en la práctica, razón por la cual las posibilidades reales quedan reducidas al reconocimiento voluntario y a la confesión de paternidad.

Afirmó que el Gobierno que representa considera que este sistema atenta gravemente contra la dignidad de la persona humana, lo que resulta inaceptable tanto desde el punto ético o moral, como desde el punto de vista del ordenamiento jurídico chileno.

En lo que atañe a este último, recordó que, en las bases de la institucionalidad consagradas en la Constitución Política del Estado, se establece que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y se asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. En este orden de ideas -manifestó-, la diferenciación existente entre hijos legítimos e ilegítimos no resulta aceptable, en la medida en que las circunstancias en que éstos fueron concebidos no es justificación suficiente para establecer categorías y privilegios entre ellos.

En efecto -sostuvo-, que un hijo haya sido concebido fuera del matrimonio no es una cuestión que le pueda ser imputable, ya que depende, simplemente, de la opción hecha por sus padres. No es posible, pues, atribuir consecuencias negativas a quien no es responsable de su condición.

Continuó diciendo que la diferenciación entre los hijos tampoco es aceptable desde un punto de vista ético, porque el fundamento sobre el cual parece haberse establecido -proteger la familia legítima- implica subordinar la dignidad de la persona humana -reconocida, por lo demás, en la Constitución Política- al logro de ese fin. Por valioso que pueda parecer un fin, no es posible utilizar a las personas como meros instrumentos que se pueden sacrificar en pos de ese ideal. Cuando hay un conflicto de valores, es necesario jerarquizar, y en este caso la dignidad de la persona humana es superior al valor de una institución, aunque ésta sea la familia.

Hizo presente que la clave de la propuesta -sobre la cual se articulan prácticamente todas las reformas que contiene- es la idea de igualdad, de equiparar en derechos y oportunidades a todos los hijos, nacidos dentro o fuera del matrimonio, estén o no sus padres casados entre sí. Esto significa, como primera cosa, que se acaba con la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos y se establece un estatuto igualitario para todos los hijos.

El proyecto admite que la filiación por naturaleza puede ser matrimonial o extramatrimonial, lo cual se establece sin el menor afán de discriminar, sino sólo en función del régimen de determinación de la filiación, ya que no se puede desconocer que en algunos aspectos el ejercicio de las acciones de filiación -de reclamación y de impugnación de un estado filiativo-, presenta diferencias que están dadas, fundamentalmente, por el hecho del matrimonio, que constituye un elemento de certeza que permite presumir la paternidad del marido.

Aparte de esta necesaria distinción -que, reiteró, se refiere únicamente al régimen de determinación de la filiación- no existe ninguna diferencia entre los hijos, correspondiéndole a todos ellos los mismos derechos y las mismas obligaciones, cualquiera sea el origen de su filiación.

En seguida -añadió-, la propuesta del Ejecutivo consagra el principio de la libre investigación de la paternidad y de la maternidad. Con ello entierra, definitivamente, la prohibición de investigar que, consagrada por el Código de Napoleón, influyó no sólo en Bello, sino que en todos los derechos codificados de la época.

Aun cuando la ley Nº10.271, del año 1952, modificó el sistema originariamente consagrado en el Código Civil chileno, introduciendo la posibilidad de investigar la paternidad, la verdad es que lo hizo de una manera restrictiva -sólo por determinadas causales- y de una forma que depende, al fin, de la propia voluntad del padre. En efecto, las hipótesis de reconocimiento forzado del artículo 271 del Código Civil se reducen, fundamentalmente, a la confesión de paternidad contenida en instrumento público o privado, o al reconocimiento tácito que significa el que el padre le dé el trato, nombre y fama de hijo al demandante.

El actual sistema contempla, por otra parte, graves limitaciones al ejercicio de la acción de reclamación del estado filiativo, lo que hace muy difícil su aplicación práctica. Le pareció suficiente recordar que esta acción sólo puede ejercerla el hijo; que en determinados casos no cabe dirigirla en contra de personas casadas; que la demanda debe haber sido notificada en vida del supuesto padre y, desde luego, que no existe amplitud respecto de los medios probatorios.

Aclaró que estudios recientes demuestran, de manera elocuente, lo que viene sosteniendo. En efecto, de acuerdo a una investigación empírica encargada por el Servicio Nacional de la Mujer y efectuada en los 30 juzgados civiles de Santiago, se pudo constatar que, entre 1980 y 1992, ingresaron sólo 22 causas de indagación de paternidad, de las cuales un número ínfimo alcanzó éxito. Lo anterior se encuentra corroborado por la información registrada en los anuarios judiciales, según la cual, entre 1980 y 1989, el volumen de causas de este tipo representó un 0,002% del ingreso total de causas civiles contenciosas.

Es por eso que abrir la posibilidad de ejercer la acción de reclamación del estado filiativo en términos amplios en contra de quien corresponda y utilizando todos los medios de prueba, como lo propone el proyecto de ley, constituye un cambio significativo que abre las puertas a la búsqueda de la verdad real por sobre la verdad formal que prima actualmente.

Observó que, en todo caso, el principio de la libre investigación de la paternidad supone tomar los resguardos necesarios para evitar acciones temerarias -falsas imputaciones de paternidad- que pudieren lesionar la paz o armonía familiar de otros hogares. Previendo este peligro y tratando de compatibilizar ambos intereses -búsqueda de la verdad y preservación de la armonía familiar- el proyecto de ley establece un mecanismo de control preliminar de viabilidad de la demanda, que consiste en que el juez podrá darle curso en la medida que se presente una prueba que haga plausible los hechos en que se funda. No es más que la exigencia de un fundamento razonable para echar a andar el procedimiento de reclamación de paternidad o maternidad.

Consideró que el principio de la libre investigación de la paternidad se ve fortalecido por la incorporación de otro elemento fundamental, cual es la admisión de todo tipo de pruebas, incluidas las llamadas pruebas biológicas.

Estas pruebas son, básicamente, la prueba de grupos y subgrupos sanguíneos, el análisis del ADN (ácido desoxirribonucleico) y otras pruebas de contenido científico, que permiten, por ahora, descartar la paternidad con una certeza de un 100%, sin que puedan sacarse aún conclusiones absolutas de afirmación de paternidad. En todo caso, el valor de inclusión, a través del estudio de ADN (que es el que da mayor certeza para la determinación de la paternidad o maternidad), oscila entre el 98,36% y el 99,9%.

Por esta razón, parece prudente la forma amplia en que el proyecto de ley se refiere a este tipo de pruebas biológicas, ya que hace viables aquellas que en el futuro se puedan llegar a establecer.

Concluyó explicando que, consecuente con la idea de igualdad que se ha reconocido como la clave de esta propuesta, el proyecto introduce otras importantes modificaciones, particularmente en cuanto a los efectos jurídicos de la filiación, esto es, en materia sucesoria, derecho de alimentos y patria potestad.

La asesora del Ministerio de Justicia, doña Amira Esquivel Utreras, resaltó la necesidad de que se efectúe la reforma que se propone en esta iniciativa legal, ya que, a juicio de esa Secretaría de Estado, el actual sistema de filiación es profundamente injusto y discriminatorio, por cuanto establece tres categorías distintas de hijos, unos con mayores derechos que otros, fundadas pura y simplemente en su distinto origen. Es decir -añadió-, reprocha a las personas por las circunstancias especiales de su concepción y las castiga por la conducta moral sexual de sus padres.

El sistema es, también, incoherente e inconsistente, porque transgrede abiertamente el principio de igualdad consagrado en nuestro texto constitucional y en diversos instrumentos internacionales -como el artículo 25, párrafo 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el artículo 2º de la Convención sobre los Derechos del Niño-, que es una igualdad en el trato que el Estado y el ordenamiento jurídico están obligados a prestar a las personas cualquiera que sea su origen.

Prosiguió señalando que el sistema es ineficiente, ya que, si lo que perseguía era evitar el nacimiento de hijos ilegítimos, es evidente que no lo ha conseguido, puesto que el porcentaje de nacimientos de hijos ilegítimos se ha duplicado en las últimas tres décadas. Si en el año 1960 el porcentaje de los niños nacidos fuera de matrimonio era del 15,9%, el año 1989 alcanzó a un 33,6%, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas.

Sostuvo que, además, es ineficaz, toda vez que no otorga al hijo extramatrimonial los medios y posibilidades reales para adquirir la calidad de hijo respecto de determinada persona, sino que mantiene un criterio restrictivo por la vía de impedir una genuina investigación de la paternidad. De esta manera fomenta la irresponsabilidad paterna, y conlleva una doble discriminación: contra la mujer, en su condición de madre que debe afrontar sola la mantención y educación de sus hijos, y contra estos últimos, al dificultarles la posibilidad de hacer efectivos los deberes de sus padres.

Adujo que el sistema, por último, es anacrónico, porque no corresponde al criterio que la gran mayoría de la población tiene con respecto a la igualdad de derechos de los hijos. Citó, al respecto, la encuesta realizada por la Comisión Nacional de la Familia en enero de 1993, conforme a la cual el 84,8% de los encuestados estimó que no debieran existir diferencias legales entre los hijos legítimos e ilegítimos.

Resaltó que las bases fundamentales del proyecto descansan, por una parte, en la consagración legal del principio de igualdad ante la ley y el cumplimiento de las convenciones internacionales sobre derechos humanos, y, en segundo lugar, en el establecimiento del principio de admisibilidad de la libre investigación de la paternidad y maternidad.

Terminó señalando que, esta forma, se resolverán las situaciones de discriminación, injusticia, incoherencia e inconsistencia descritas; se facilitará el aprendizaje de la responsabilidad por los actos personales y, lo más importante, se fortalecerán los principios de igualdad y de la dignidad humana, que deben guiar el ordenamiento jurídico en un sistema político democrático.

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Después de escuchar a la señora Ministro Directora del Servicio Nacional de la Mujer y a la representante de la señora Ministro de Justicia, la Comisión destinó dos sesiones a oír los planteamientos de los distintos invitados.

A continuación, tomó nota de los comentarios que algunas de dichas intervenciones le merecieron a la señora Ministro Directora del Servicio Nacional de la Mujer.

La señora Ministro consideró equivocada la opinión de que la igualdad ante la ley ha de tener un tratamiento especial en materia de derecho de familia, ámbito en el cual se debiera considerar un cierto "favor legal" hacia el matrimonio y la familia legítima, que justificaría las desigualdades existentes entre hijos legítimos e ilegítimos.

A su juicio, pretender que estamos en presencia de personas que no son iguales es un argumento falaz, porque una persona que nace dentro del matrimonio de sus padres nada tiene de diferente, en cuanto persona humana, a una que nace fuera del matrimonio. Ambos son ontológicamente iguales; las diferencias las hace la ley. Si los hijos ilegítimos son distintos a los legítimos, no es porque en la realidad lo sean, sino porque hubo una norma que los estigmatizó.

Agregó que, desde un punto de vista ético o moral, nada justifica la diferencia de trato entre los hijos. La dignidad de toda persona humana está antes de cualquier institución, por valiosa que ésta sea. Lo que hace este proyecto no es más que aplicar un principio elemental de justicia para con sujetos que están siendo sancionados por conductas que no le son imputables. Las circunstancias en que una persona fue concebida está lejos de ser una elección de la que pueda hacérsele responsable.

En un estado de derecho, moderno y democrático, se hace insostenible la mantención de normas que asignan efectos negativos a circunstancias adscritas o no voluntarias.

Sostuvo que el proyecto no genera un debilitamiento de la familia legítima, porque la unidad de la familia no puede descansar en que se haga "vista gorda" con los "deslices" que haya tenido uno de sus miembros. Eso no es sino favorecer la impunidad y el ejercicio de conductas irresponsables que, a la postre, minan mucho más la unidad de la familia.

Llamó la atención sobre el hecho de que este tema va mucho más allá de los hijos concebidos en adulterio, porque, como demuestran algunos estudios, en nuestro país existe otra gran gama de hijos nacidos fuera del matrimonio que se verían beneficiados con esta ley. Precisó que se refería, concretamente, a los hijos que provienen de uniones de hecho y a los hijos de madres adolecentes. Ambos son fenómenos bastante extendidos en la sociedad chilena actual y obedecen, por cierto, a causas diferentes. Su impresión es que el primero de ellos no es absolutamente voluntario, sino que tiene que ver con la inexistencia del divorcio vincular en nuestro país, en tanto que el segundo tiene, en parte, sus raíces en la ignorancia o desconocimiento de los jóvenes de su propia sexualidad, cuestión, por lo demás, que el Estado debe prevenir a través de la educación.

En seguida, refiriéndose a algunos aspectos puntuales creyó que la sugerencia de mantener una categoría menor de hijos alimentistas -similar a lo que hoy son los hijos ilegítimos del artículo 280 del Código Civil-, para no cometer injusticias con aquellos que no obtengan declaración de filiación, sería una medida innecesaria y, por el contrario, riesgosa. Es innecesaria si se piensa que se está admitiendo la libre investigación de la paternidad y el ejercicio de todo tipo de pruebas, lo que obviamente hará disminuir en forma sustancial el número de casos en que no sea posible alcanzar la verdad. Y es riesgosa, por cuanto es fácil imaginar que nuestros tribunales tenderán a quedarse con relativa facilidad en este primer escalón o nivel, sin ahondar la investigación hasta obtener la declaración de la filiación. Se crearía, en fin, otra nueva categoría igualmente discriminatoria que la que ahora se propone eliminar.

Por otro lado, se alegró que las reformas a la porción conyugal hayan despertado reacciones tan favorables entre los profesores invitados, pero hizo saber su inquietud porque pueda sostenerse que bastaría con cambiar la denominación formal de los hijos ilegítimos, sin tener que entrar a tocar el tema de los derechos hereditarios de éstos. En su opinión, el argumento de la protección del patrimonio familiar es engañoso, puesto que el patrimonio al cual eventualmente accederían los hijos del causante es un acervo líquido, al cual ya se le han hecho las deducciones que correspondan por concepto de gananciales o crédito de participación. Si a eso se agregan las modificaciones introducidas para mejorar el estatuto del cónyuge sobreviviente, no habría razón válida para oponerse a esta reforma.

Concordó, finalmente, en que es necesario producir un mayor equilibrio entre el origen biológico, como antecedente de una determinada filiación, y la posesión notoria de la calidad de hijo. Se declaró partidaria de reforzar el valor de la posesión notoria del estado civil, toda vez que los lazos afectivos y sociales, que pudieron llegar a establecer una determinada filiación, son, en ciertas circunstancias, tanto o más valiosos que el origen biológico.

A la luz de todos los antecedentes recibidos, y luego de un intercambio de opiniones entre los señores integrantes de la Comisión, se sometió a votación en general el proyecto de ley.

- Resultó aprobado por cuatro votos a favor y uno en contra. Votaron favorablemente los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule, y en contra lo hizo el H. Senador señor Larraín.

Los HH. señores Senadores fundamentaron sus votos de la siguiente forma:

El H. Senador señor Fernández señaló que el proyecto de ley trata diversas materias, puesto que no sólo persigue establecer la igualdad entre los hijos, sino que también abre la posibilidad amplia de la investigación de la paternidad, introduce modificaciones en cuanto a la autoridad paterna y a la patria potestad, e innova en lo relativo a los derechos sucesorios, sustituyendo los órdenes de sucesión y eliminando la porción conyugal, institución que ha sido tan criticada por los tratadistas.

Agregó que, en conjunto, se introduce un cambio fundamental a nuestra legislación civil en lo que dice relación con el derecho de familia; cambio que, sin embargo, no es ajeno a lo que ha sido nuestra historia legislativa, por cuanto desde la dictación del Código Civil se han introducido variaciones importantes, fundamentalmente en lo que respecta a la filiación, que han ido permitiendo que las primitivas normas que contemplaba nuestro Código registren avances de acuerdo al correr de los tiempos.

Hizo presente que, no obstante, el proyecto contiene numerosas normas que no comparte, y otras que deben ser estudiadas con detención. Tampoco coincide con la fundamentación constitucional que se ha hecho por el Ejecutivo para esta iniciativa, con respecto a la interpretación que pretende establecer para el artículo 5º de la Constitución Política, en el sentido de que pueda modificar nuestra legislación cualquier norma contenida en los tratados internacionales, puesto que dicho precepto constitucional debe entenderse en relación con aquellos tratados a los que específicamente la propia Constitución se refiere.

Hecha esta salvedad, indicó que votaba favorablemente en general el proyecto de ley -aunque se reservaba la facultad de plantear indicaciones durante el curso de su tramitación-, porque comparte su objetivo básico en cuanto a que las personas que demuestren su filiación de acuerdo a las normas que establezca la ley tengan iguales derechos. Apuntó que, con todo, no es exacto decir que este proyecto termina con las desigualdades entre los hijos, por cuanto siempre habrá diferencias respecto de aquellas personas que no han logrado determinar su filiación, es decir, siempre habrá quienes no tengan un padre o ambos padres, y, si bien podrá reducirse el número de personas que se encuentren en esa situación, no le es posible al legislador corregirla enteramente.

El H. Senador señor Hamilton expresó que en algunas personas hay temor de que la aprobación de este proyecto de ley produzca el debilitamiento de la familia. Sin embargo -destacó-, para llegar a tal conclusión es indispensable considerar la realidad actual, y ésta, por el contrario, revela que las normas vigentes sobre filiación no están produciendo el efecto que se pudo tener en vista cuando fueron promulgadas.

Aseveró que no deseaba insistir en la solidez de los fundamentos jurídicos de esta iniciativa, que se analiza en detalle y desde diversos aspectos en los numerosos informes recibidos, sino en el aspecto ético que la inspira. Desde este punto de vista moral, recordó que el sacerdote jesuita Padre Tony Mifsud manifestó ante la Comisión que el argumento de mantener la actual legislación para defender a la familia resulta éticamente contradictorio, porque el fin no puede justificar cualquier medio: "no se defiende la familia por medio de la mentira (no reconociendo al hijo como hijo sin adjetivos) y la injusticia (no otorgar a este hijo sus derechos correspondientes) sino mediante la fidelidad (teniendo al hijo dentro del matrimonio). En el fondo, el fin de proteger la familia mediante la institución del matrimonio no puede lesionar los derechos y dañar el buen nombre del hijo inocente". Terminaba preguntándose el Padre Mifsud: "¿Cómo es posible proteger a la familia (fin) a costa de hijos inocentes (medio)? ".

El H. Senador señor Otero dio a conocer que, hace algunos años, le correspondió presidir al interior del Partido que representa, una comisión que se abocó al estudio de diversos problemas relacionados con la familia, entre los cuales se encontraba la situación en que están los hijos ilegítimos frente a la legislación. En dicha ocasión se hicieron públicas las conclusiones a que se llegó, particularmente la de que es imprescindible solucionar ciertas diferencias que no tienen justificación. De modo que salvar discriminaciones que hoy día resultan arbitrarias y lesivas a la dignidad de personas inocentes, le parece absolutamente justo.

Sin embargo, apuntó, este proyecto responde a varias ideas matrices, aunque a nivel de opinión pública se está conociendo sólo por la de igualación de derechos de los hijos. También trata aspectos como parentesco, determinación de la filiación, reglas sucesorias, patria potestad, y varios otros que están ligados con el primero pero son temas distintos, con los cuales está de acuerdo en algunos puntos, pero hay otros que no comparte, porque pueden provocar situaciones terriblemente graves para los propios hijos y para la familia constituida, como ocurre cuando se pone en entredicho la posesión notoria del estado civil. Es conflictivo asimismo el tema de la igualdad, porque a su juicio lo justo es lo igual para los iguales y lo desigual para los desiguales. La igualdad absoluta es imposible, porque hay una serie de elementos que no puede otorgar la ley: un hogar, una familia, sólo se se logran con cambios culturales, que consoliden la paternidad responsable.

Citó la carta enviada por el señor Obispo de Valparaíso, Monseñor Jorge Medina, quien considera que el que ha engendrado un hijo tiene el deber moral de proveer a su sustento y educación, y también el deber de reconocerlo. Pero razona que "la igualdad de los derechos requiere distinciones. Es obvio que el hijo nacido fuera de legítimo matrimonio tiene todos los derechos y deberes inherentes a cualquier ser humano. Me parece pacífico que un hijo nacido de legítimo matrimonio y el que no lo es, tienen derechos equivalentes en materia de alimentos, en el sentido jurídico del término. Pero tengo serias dudas acerca de si un hijo nacido fuera de matrimonio debe ser equiparado con los que nacieron dentro del matrimonio en materia de herencia. Puede darse el caso de que el nacido fuera del matrimonio sea de tierna edad al momento de morir el padre. En este caso se plantearía una especie de derecho de alimentos post mortem. Pero fuera de este caso, no me parece aceptable que el hijo de una aventura adulterina tenga derechos iguales a los hijos legítimos en materia de herencia. El patrimonio de una familia resulta de la colaboración y cooperación de todos los que la componen, y no parece justo que el fruto de un acto delictual (el adulterio), venga a sustraer una parte igual a la de los hijos legítimos. En este punto (que tiene muchas variantes) dudo mucho que la total equiparación exprese la justicia. Pienso que una total equiparación sería un elemento debilitante del matrimonio y de la familia".

Añade la carta -continuó diciendo el H. Senador señor Otero- que "el respeto a la dignidad de las personas no exige, necesariamente, eliminar diferencias reales ni menos hacer tabla rasa de los derechos de otras personas", y que se llevaría un poco lejos la igualdad ante la ley, si se pretendiera la total equiparación en los derechos hereditarios.

De esta lectura concluyó que, si bien las opiniones son divergentes en ciertos temas, la mayoría de las personas que la Comisión ha escuchado coinciden en que hay situaciones de injusticia que deben ser rectificadas. Por ello, concurre con su voto a la aprobación general, con el objeto de abrir un amplio debate que permita buscar equilibrios entre los intereses en juego e introducir, durante la discusión particular, rectificaciones en algunas normas que, a su juicio, han sido llevadas al extremo.

El H. Senador señor Sule sostuvo que el proyecto de ley es muy completo, y permitirá que nuestro ordenamiento jurídico supere una situación de manifiesta injusticia. Se trata de la iniciativa más importante en la materia desde que en 1.952 se aprobara la Ley Nº 10.271, que fuera preparada durante más de un quinquenio por el Instituto Chileno de Estudios Legislativos, creado bajo los auspicios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y del Consejo General del Colegio de Abogados, presidido a la sazón por el ilustre jurista que fuera don Arturo Alessandri Rodríguez.

Sostuvo que el ordenamiento jurídico nacional presenta un notable retraso con respecto a otras legislaciones, que provoca serias repercusiones, todas muy negativas, en nuestra sociedad, como el alto índice de natalidad de hijos nacidos fuera del matrimonio, la odisea que implican las limitaciones a la investigación de la paternidad extramatrimonial, la discriminación jurídica y social entre los hijos, y el abandono material, moral o psicológico de los hijos por sus padres.

Lo cierto es -continuó-, que no existe razón alguna para mantener el extremadamente diversificado estatuto jurídico de la filiación en nuestro Derecho de Familia, que ha permitido, en la categoría de hijos simplemente ilegítimos, que haya quienes carezcan de todo derecho, puesto que la ley no se preocupa de estos hijos cuyos padres no han sido determinados por los medios de prueba que ella establece. En virtud del proyecto de ley, debería disminuir sensiblemente -ojalá desaparecer- el número de personas que se encuentran en esta desmedrada situación.

Terminó señalando que le asistía la convicción de que el principal redactor de las últimas importantes modificaciones legales sobre este tema, don Arturo Alessandri Rodríguez, cuando señalaba en las conferencias que dio sobre las modificaciones introducidas por la Ley Nº 10.271, de 1.952, que en ellas no se había podido adelantar más, atendidas las circunstancias de la época, nunca imaginó que tendría que esperarse más de medio siglo para reemprender esta tarea.

El H. Senador señor Larraín fundamentó su negativa manifestando que la iniciativa le merece al menos cuatro reparos de carácter general.

En primer término, subrayó que el propósito de este proyecto de ley consiste en procurar la igualdad en la consideración, en el trato, de los hijos, sea que ellos nazcan dentro o fuera del matrimonio de sus padres.

En este sentido, los conceptos que lo inspiran difieren de manera importante del núcleo de nuestra legislación en esta materia que, si bien es cierto, es de antigua data, aborda en forma armónica las instituciones del matrimonio y de la familia subsecuente, toda vez que constituyen la base de un orden social que permite la preservación de la sociedad. El concepto de familia que postula guarda relación con el orden natural, con lo que son las personas, con la naturaleza propia del hombre y de la mujer, y con la institucionalidad que se genera a partir de la unidad de ambos seres.

Destacó que nuestra legislación no sostiene la desigualdad entre las personas, ya que los hijos que nacen dentro o fuera del matrimonio son iguales en su naturaleza, lo que se traducirá para muchos efectos en una igualdad absoluta y plena, como, por ejemplo, en lo que se refiere al ejercicio de los derechos políticos, laborales u otros. La diferencia se plantea en aquellos aspectos en que la naturaleza de su condición requiere un trato diferente en cuanto a derechos y obligaciones, lo que no altera la naturaleza de la persona.

Subrayó que la igualdad natural entre las personas no es obstáculo para que, respecto de determinadas materias, tengan un trato diferenciado o distinto, como ocurre en las relaciones de familia. En su opinión, no responde a un criterio realista intentar que la ley iguale aspectos de la relación humana que la naturaleza ha hecho diferente.

Hizo ver que la igualación de las filiaciones desalienta y hace aparecer como innecesaria la constitución legal de la familia. Afirmó que distinguidos profesores de Derecho Civil han advertido que colocar a los hijos naturales en la misma categoría de los hijos legítimos sería arruinar la institución fundamental del matrimonio, puesto que las mismas ventajas familiares que éste ofrece se obtendrían sin él, por medio de uniones irregulares. Y, entonces, no habría motivos para constreñirse a reglas y formalidades enojosas, si se puede obtener el mismo resultado prescindiendo de ellas.

El matrimonio -afirmó- tiene una explicación sustancial en relación con los hijos, tiene sentido para darles un hogar en el cual la procreación, la educación y el desarrollo personal se desenvuelve dentro de aquello que la naturaleza humana persigue, y, en esa medida, es insustituible para la formación integral de los hijos.

El importante número de nacimientos de hijos ilegítimos no desvirtúa, sino que refuerza esta conclusión. El porcentaje de nacimientos de hijos ilegítimos, del total de nacidos vivos, que existe en nuestro país, ha aumentado desde un 15,9% en 1960 a un 34,3% en 1990. O sea, con una legislación restrictiva uno de cada tres hijos nace hoy fuera del matrimonio. No es difícil suponer que esta proporción puede experimentar un aumento considerable si la actual legislación es reemplazada por una que no distinga entre una situación y la otra, y que haga irrelevante el matrimonio para estos efectos.

Opinó que es evidente que existen otros aspectos, de valor social, que influyen notoriamente en el aumento de nacimientos de hijos ilegítimos, a saber, el inicio de la vida sexual, el concepto que se tenga del matrimonio, que dan cuenta de ciertas características de un proceso cultural. Pero la solución, recalcó, no radica en un cambio legislativo que se limite a consagrar este hecho, sino en la creación de una nueva conciencia cultural acerca del tema.

En tercer lugar, por las razones ya expresadas, la iniciativa crea y fomenta instancias que no garantizan la mejor educación ni el mejor desarrollo de los hijos. Estos objetivos no se consiguen desnaturalizando la institución familiar, o dando facilidades para que aumenten las uniones de hecho, porque ello sólo provoca un desorden social difícil de manejar, como lo reflejan sociedades supuestamente más avanzadas.

Por último, sostuvo que la iniciativa se prestaría para generar importantes divisiones al interior de la vida familiar, porque distorsionará las relaciones familiares estables. Si se sustenta la tesis de la igualdad, debería aceptarse que, puesto que los hijos tienen el derecho a vivir con sus padres, también les asiste a aquellos que han nacido fuera del matrimonio esta facultad para participar en la vida familiar que tenga uno de sus padres, aunque éste se encuentre casado con otra persona.

Se declaró partidario de buscar una manera efectiva de que los hijos no asuman el peso de los errores o de la falta de responsabilidad de sus padres, pero, del mismo modo, deben solucionarse los inconvenientes que se producen cuando se efectúa una aplicación lineal de este concepto, como el que acaba de anotar.

Estos fundamentos, concluyó, justifican la inconveniencia de eliminar la diferencia entre los hijos que nacen fuera del matrimonio de sus padres y aquellos que nacen en él, lo que no implica, sin embargo, abandonar el estudio de una regulación adecuada que mejore a estos últimos el ejercicio de sus derechos.

Hizo hincapié en que la familia ha sido objeto de su preocupación, como lo demuestran varias iniciativas legales que ha elaborado, tales como la que aumenta la edad mínima para contraer matrimonio, la relativa al régimen de separación de hecho de los cónyuges, y otros anteproyectos, uno de los cuales se refiere precisamente al mejoramiento real de la situación de los hijos nacidos fuera del matrimonio -que no ha presentado porque está pendiente el proyecto en informe-, en el que plantea cinco medidas concretas encaminadas hacia esa finalidad.

En razón de estas consideraciones, reiteró su opinión contraria a la aprobación en general de esta iniciativa de ley.

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DISCUSIÓN PARTICULAR

Artículo 1º

Ordena introducir diversas modificaciones al Código Civil, contenidas en ciento diez numerandos.

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En relación con los cuatro primeros números, que versan sobre el parentesco, y que modifican los artículos 28 a 32 del Código Civil, la señora Ministro Directora del Servicio Nacional de la Mujer hizo notar que el proyecto de ley no crea ningún tipo de parentesco que no se encuentre ya reconocido.

En efecto, aseveró, el Código Civil distingue entre el parentesco consanguíneo en los artículos 28 y 29 -diferenciando entre legítimo e ilegítimo-, y el parentesco por afinidad en los artículos 31 y 32, también diferenciando entre el legítimo e ilegítimo.

El proyecto suprime las diferencias entre los hijos legítimos e ilegítimos y, por lo tanto, para ser coherente, reconoce el parentesco por consanguinidad y por afinidad sin calificación alguna, lo que lleva a proponer que se refundan los artículos 28 y 29 en uno solo, el actual 28, y se modifiquen los artículos 31 y 32. Pareciera, debido a lo anterior, que en el proyecto el parentesco fuera más amplio, es decir, que una persona tuviera más parientes que los que tiene actualmente, pero ello no es efectivo.

Puso de relieve que el parentesco por afinidad ilegítima en nuestra actual legislación es sumamente amplio, ya que de su solo tenor puede inferirse que bastaría, por ejemplo, que una persona casada mantenga relaciones sexuales al margen del matrimonio para que pase a ser pariente de todos los consanguíneos legítimos o ilegítimos de la persona con quien tiene dichas relaciones, esto es, sería pariente tanto del padre de ella como de su hijo natural.

Por tal motivo, creyó equivocado pretender que sea un problema de parentesco los derechos que se le otorguen a esas personas. Será materia de derecho de alimentos, de derechos sucesorios, pero no de parentesco, toda vez que el que una persona sea pariente de otra no significa, en nuestra legislación actual ni en el proyecto, que por ese solo hecho tenga derechos hereditarios ni derechos alimenticios.

Aseguró que, aunque no es materia de parentesco, es recurrente la pregunta sobre la razón de que, conforme al proyecto, sea heredero un nieto proveniente de una relación no matrimonial -la que siempre se formula bajo el supuesto implícito de no aprobarse dicha relación-, en circunstancias que la respuesta es muy sencilla: por el mismo hecho de que es heredero un nieto proveniente de una relación matrimonial. El hijo o la hija no piden la aprobación a su padre o madre para transformarlos en abuelos. Aunque éstos no aprueben al marido o a la mujer de sus hijos, no pueden hoy en día, bajo nuestra legislación, dejarlos sin herencia si no concurren causales de desheredamiento. Puso énfasis en que, por lo tanto, no es válido oponerse a que hereden los nietos provenientes de relaciones no matrimoniales, simplemente porque el abuelo no apruebe esa relación.

La Comisión debatió intensamente la supresión que se propone de la actual diferencia, de acuerdo a su legitimidad o ilegitimidad -esto es, al hecho de mediar o no vínculo matrimonial- que existe en los parentescos por consanguinidad y por afinidad.

Es útil recordar que el parentesco de consanguinidad es legítimo si todas las generaciones de que resulta han sido autorizadas por la ley, y es ilegítimo si una o más de las generaciones de que resulta no han sido autorizadas por la ley. A su vez, existe afinidad legítima entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer, e ilegítima entre una de dos personas que no han contraído matrimonio y se han conocido carnalmente, y los consanguíneos legítimos o ilegítimos de la otra, o entre una de dos personas que están o han estado casadas y los consanguíneos ilegítimos de la otra.

Se estimó por algunos HH. señores Senadores que el parentesco por afinidad ilegítima, en los términos en que lo concibe el Código Civil, es demasiado extenso, particularmente en cuanto vincula a una persona que conoce carnalmente a otra sin contraer matrimonio, con los consanguíneos de esta última.

Al respecto, la señora Subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer insistió en que no se quiere innovar en cuanto al parentesco por afinidad, sino que solamente eliminar las diferencias entre afinidad legítima e ilegítima. Agregó que, con todo, si se estima que la afinidad ilegítima puede crear situaciones absurdas -aunque parece claro que el legislador pensó en la convivencia y no en relaciones sexuales ocasionales- sería posible incluso suprimir el parentesco por afinidad, que es de escasa relevancia, y considerar parientes solamente a los consanguíneos. Para los efectos civiles, la afinidad debería mantenerse únicamente como impedimento para contraer matrimonio entre ascendientes y descendientes, conforme lo establece el artículo 5º, Nº 1º, de la Ley de Matrimonio Civil. En los otros casos, como los artículos 42, 412, 1061 y demás, las disposiciones podrían referirse exclusivamente a los consanguíneos, e incluso, algunas de ellas comprenden sólo a los afines legítimos y no a los ilegítimos.

Consideraron algunos señores integrantes de la Comisión que no era conveniente la supresión del parentesco por afinidad, ni la eliminación pura y simple de las categorías de legítimo e ilegítimo de ambos tipos de parentesco, por la complejidad que involucran tales cambios, que obligaría a revisar todas las disposiciones del Código Civil que pudieran verse afectadas. Sin ir más lejos, en los mismos artículos 412 y 1061 que se han invocado parece de conveniencia, para cautelar en mejor medida los intereses del pupilo o del testador, mantener las restricciones o prohibiciones que pesan sobre el tutor o curador, o escribano en su caso, respecto de sus parientes por afinidad.

Agregaron que el problema tiene importancia más allá del Código Civil, en la medida que se afectaría también a todos los otros cuerpos legales en los que el parentesco genera consecuencias jurídicas, sea a título de beneficios, como en la legislación de seguridad social; de incompatibilidades, como en el Estatuto Administrativo y el Código Orgánico de Tribunales; de elemento de tipos penales o de circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, como en el Código Penal, y de diversa otra naturaleza, que deberían estudiarse en forma particular.

Estas dificultades son una consecuencia del cambio de fondo que supone eliminar la diferencia entre parientes legítimos e ilegítimos. Sin perjuicio de ello, se declararon de acuerdo en cambiar la denominación, que aparece como peyorativa al usar el concepto de "legitimidad", por otra que no tenga una carga valorativa, sino que refleje con exactitud el origen del parentesco, y propusieron al efecto hablar de parentesco "matrimonial" y "no matrimonial". Señalaron también que es importante destacar que el parentesco por afinidad ilegítima -que pasaría a llamarse afinidad no matrimonial-, se genera solamente como producto de una unión duradera y estable, con apariencia de matrimonio.

Otro grupo de señores Senadores, por su parte, fue de parecer de que es irrelevante la denominación que se dé al parentesco, frente al aspecto sustantivo que es la discriminación actual entre los hijos. En todo caso, se manifestaron a favor del criterio aprobado en el primer trámite constitucional, en cuanto a suprimir lisa y llanamente la diferencia entre el parentesco legítimo y el ilegítimo.

- Sometida a votación la supresión de ambas clases de parentesco propuesta en el proyecto de ley, resultó rechazada por tres votos contra dos. Votaron en contra los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero, y a favor los HH. Senadores señores Hamilton y Sule.

- Puesta en votación la proposición de cambiar la denominación de legítimo e ilegítimo a matrimonial y no matrimonial, quedó aprobada al recibir, en forma inversa, los mismos votos.

Los señores miembros de la Comisión fundamentaron su voto de la siguiente forma:

El H. Senador señor Fernández creyó apropiado, en esta materia, el esquema seguido por el Código Civil, con el reemplazo de la noción de parentesco legítimo por la de parentesco matrimonial.

El H. Senador señor Hamilton estimó que el cambio semántico tiene una virtud relativa, pero no apunta hacia el objetivo de fondo que persigue el proyecto. Cuando se votó favorablemente en general esta iniciativa se aprobó su idea central, que es buscar la igualdad, y no hacer meras adecuaciones a la legislación actual. A su juicio, se debe efectuar un cambio sustantivo, que permita igualar a todos los hijos.

El H. Senador señor Larraín señaló que votaba por la propuesta alternativa, en el entendido de que juzgaba razonable rectificar una situación que aparece como discriminatoria, pero advirtió que las discriminaciones no se solucionan con un cambio estructural, sino que mediante el análisis de los distintos aspectos puntuales en que la ley efectivamente pueda mejorar los derechos de los hijos.

El H. Senador señor Otero apoyó el cambio de nomenclatura y la mantención en lo demás de la estructura actual en materia de parentesco, destacando que ello no significa que no aceptará consagrar la igualdad en otras disposiciones que contempla el proyecto, sino que únicamente pretende mejorar el sistema sin cambiarlo en forma drástica, por las múltiples e insospechadas consecuencias que ello produciría.

Finalmente, el H. Senador señor Sule sostuvo que lo importante no es el uso de expresiones que sean más o menos oprobiosas, porque, pese a que sean sustituidas, los efectos -especialmente los derechos- seguirán siendo desiguales, y continuarán produciendo daños irreparables en muchas personas que no son responsables de su situación.

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Nº 1

Sustituye el artículo 28, a fin de definir el parentesco por consanguinidad sin hacer referencia a la legitimidad.

- La mayoría de la Comisión, integrada por los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero, acordó reemplazar este número por otro, que conserva el texto vigente con el solo cambio de los conceptos de "legítimo" y "legítimos" por los de "matrimonial" y "matrimoniales". Votaron en contra los HH. Senadores señores Hamilton y Sule.

Nº2

Deroga los artículos 29 y 30, que versan sobre el parentesco por consanguinidad ilegítima y la legitimación, respectivamente.

La supresión de ambos artículos fue debatida en forma separada por la Comisión.

- La derogación del artículo 29 fue sustituida por la modificación de ese precepto, con el reemplazo de los términos "ilegítima", "legítimos" e "ilegítimo" por los vocablos "no matrimonial", "matrimoniales" y "no matrimonial", respectivamente, con la misma votación anterior.

En cuanto a la derogación propuesta para el artículo 30, tuvo presente la Comisión que la supresión de la legitimación que implica obedece a la falta de distingo que hace el proyecto de ley entre los hijos. Sin embargo, el mismo proyecto diferencia entre la filiación matrimonial y la no matrimonial, lo que suscita dudas acerca de aquella que corresponde cuando el hijo nace fuera del matrimonio, pero sus padres posteriormente se casan.

Por ello, en un principio, la Comisión fue partidaria de establecer que el matrimonio de los padres, celebrado después del nacimiento de los hijos, produce los mismos efectos civiles respecto de la filiación que el efectuado con anterioridad.

- Con posterioridad, a la luz de los acuerdos adoptados por la Comisión sobre el artículo 35, que define los hijos matrimoniales, incluyendo el caso de los nacidos antes del matrimonio de los padres, y el artículo 180, que repite la misma idea, a propósito de la filiación matrimonial, se estimó innecesaria una norma en el sentido indicado y se acogió la derogación en forma unánime.

Los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero fundaron su parecer favorable en que el carácter de matrimoniales de los hijos nacidos antes del matrimonio de sus padres ya estaba contenido en los artículos 35 y 180, en tanto que los HH. Senadores señores Hamilton y Sule justificaron su voto, también positivo, en la procedencia de eliminar el instituto de la legitimación.

Nº3

Modifica el artículo 31, relativo al parentesco por afinidad legítima, suprimiendo las diversas referencias que hace a la legitimidad.

- Se rechazó, por mayoría de tres votos contra dos, la eliminación de tales menciones. Votaron favorablemente los HH. Senadores señores Hamilton y Sule y en contra los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero. En su lugar, con la votación inversa, se acordó cambiarlas por otras referidas al carácter "matrimonial" del parentesco o de los parientes, en su caso.

Nº4

Introduce dos modificaciones al artículo 32, que define la afinidad ilegítima.

La letra a) declara que es también afinidad la que existe entre una de dos personas que no han contraído matrimonio y que se han conocido carnalmente, y los consanguíneos de la otra.

La letra b) dispone que, en estos casos, se califican las líneas y grados de la misma manera que en el artículo anterior.

En relación con la letra a), la Comisión estimó absurda la eventual conclusión a que podría llevar de considerar parentesco el que derive de una relación sexual ocasional entre dos personas de distinto sexo, y coincidió en que a lo menos, debe existir una convivencia estable entre ellas, esto es, que hagan vida marital con apariencia de matrimonio, lo que corresponde al "concubinato", expresión que tiene un significado jurídico ya decantado y ha sido utilizada en Chile después de la ley Nº 10.271.

No es necesario, a juicio de la Comisión, que el concubinato sea notorio, ya que pudiera no estar en conocimiento del círculo social de los interesados, pero no ser por ello menos duradero.

Este hecho, sin embargo, podría prestarse para innumerables contiendas judiciales acerca de si hubo o no concubinato que generó parentesco, por lo que se prefirió no incorporarlo en el concepto de que se trata, sino que mantener la noción vigente de conocimiento carnal.

Al efecto, se propuso por algunos señores Senadores reemplazar el artículo 32, para cambiar la definición de la afinidad ilegítima por la de afinidad no matrimonial, sustituyendo las alusiones a la ilegitimidad por otras al carácter no matrimonial de la afinidad.

- Esa indicación resultó aprobada por unanimidad, con los votos de los HH. Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule, salvo en lo que dice relación con la expresión "no matrimonial", la que fue aprobada por tres votos contra dos. Favorablemente votaron los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero, y en contra lo hicieron los HH. Senadores señores Hamilton y Sule.

La letra b) del artículo se limita a reproducir el artículo 33 vigente, con las solas adecuaciones derivadas de eliminar la referencia a la afinidad ilegítima y a la afinidad legítima. Consecuentemente, el Nº 5 de este mismo artículo 1º del proyecto deroga el referido artículo 33.

- Sobre el particular, la mayoría de la Comisión por tres votos contra dos, rechazó la letra b). Votaron favorablemente los HH. Senadores señores Hamilton y Sule y en contra los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero.

Nº5

Deroga el artículo 33 y agrega otro con la misma numeración, el cual expresa que tienen el estado civil de hijos de una persona quienes hubieren acreditado su filiación en conformidad a las reglas que el mismo proyecto propone para el Título VII del Libro I, y declara la igualdad de todos los hijos ante la ley, hayan o no acreditado su filiación.

Algunos señores Senadores plantearon sus dudas acerca de la procedencia de exigir prueba de la filiación a quienes tienen una calidad determinada por el solo ministerio de la ley, cumplidos que sean los presupuestos de hecho respectivos, como ocurre en el caso de la filiación matrimonial. Como, normalmente, la forma de acreditarla es mediante el correspondiente certificado del Registro Civil sobre la partida de nacimiento, podría entenderse que, mientras no se inscriba el nacimiento, el hijo matrimonial no tendría calidad de tal, lo que importa confundir la filiación con la prueba de la misma.

Después de evaluar detenidamente el artículo propuesto, la Comisión estimó que no es necesario, y que, por el contrario, produciría confusiones que entorpecerían la inteligencia de la ley.

Juzgó que, por ejemplo, un hijo nacido dentro del matrimonio de sus padres tiene la calidad de hijo matrimonial aunque todavía no se haya inscrito su nacimiento, y similar cosa ocurre con un hijo no matrimonial, reconocido por sus padres mediante acto entre vivos o testamento que aún no se subinscribe al margen de la inscripción de nacimiento.

Por otro lado, en lo que respecta a la segunda parte de esta disposición, tuvo en cuenta que la igualdad de todas las personas ante la ley ya está establecida en la Constitución Política, por lo que es innecesario reiterarla. Además, señalar que la ley considera iguales a todos los hijos pese a que no esté acreditada su filiación equivale a decir que todas las personas son hijos de alguien, lo cual es redundante, porque todo ser humano tiene padres biológicos, aunque sean desconocidos.

- Sometido a votación, la mayoría de la Comisión, integrada por los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero, acordó reemplazar las expresiones "ilegítima" y "legítima" consignadas en el artículo 33 por "no matrimonial" y "matrimonial", respectivamente. Votaron en contra los HH. Senadores señores Hamilton y Sule.

Nº6

Deroga los artículos 35 y 36, que contienen las definiciones de hijos legítimos e ilegítimos, y clasifican estos últimos en naturales y simplemente ilegítimos.

La mayoría de la Comisión tuvo presente que el nuevo artículo 180 del Código Civil que se propone en el proyecto define la filiación matrimonial y no matrimonial, y comprende dentro de la primera a quienes son concebidos fuera del matrimonio pero nacen una vez casados sus padres, esto es, los legitimados ipso iure a que se refiere el artículo 206 vigente. Sin embargo, no incluye a aquellos hijos legitimados por el matrimonio de los padres posterior a su nacimiento, y que por lo tanto eran hijos naturales de ambos a la fecha del matrimonio, los cuales también son legitimados ipso iure por el artículo 207 vigente.

De acuerdo al proyecto, ello carece de importancia práctica, porque todos los hijos son iguales una vez establecida su filiación, pero adquiere relevancia en el contexto de lo ya aprobado por la Comisión en el sentido de mantener la distinción del parentesco según se funde o no en el matrimonio. Lo anterior, en el entendido que esto no constituye un pronunciamiento anticipado sobre los derechos y obligaciones que se generen.

Esa consideración del vínculo matrimonial a propósito del parentesco es plenamente aplicable en el caso de los hijos. Por tales motivos, la mayoría de la Comisión estuvo por mantener los citados artículos, a fin de definir en el artículo 35 los hijos matrimoniales. Entendió por tales no sólo los concebidos durante el matrimonio verdadero de sus padres o el putativo en el caso del artículo 122, sino que también los hijos concebidos antes pero nacidos durante el matrimonio y a aquellos concebidos y nacidos antes del matrimonio de sus padres, siempre que hayan estado reconocidos por éstos o lo reconozcan en el acto del matrimonio o durante su vigencia.

Para mantener la armonía del Código, se prefirió hacer remisión en este precepto al artículo 180, donde se contemplan estas distintas hipótesis de adquisición de la filiación matrimonial por el matrimonio posterior de los padres o, en forma aún más tardía, una vez casados, por el reconocimiento del hijo que haga el último de ellos.

A la vez, la aludida mayoría de Comisión se declaró partidaria de indicar, en el artículo 36, que las personas que no se encuentren en alguno de los casos anteriores pero han determinado su filiación, son hijos no matrimoniales.

Habrá, por último, hijos que no hayan determinado su filiación respecto de su padre, de su madre o de ambos, que corresponden a los denominados hoy día simplemente ilegítimos. Luego de evaluar la conveniencia de reconocer en forma expresa esta situación, se optó por incorporarla en el nuevo artículo 37.

Apuntaron, por último, los señores Senadores que conformaron la mayoría de la Comisión, que la consideración del matrimonio de los padres y, en general, de la determinación legal de la filiación de los hijos, da cuenta de la ocurrencia o ausencia de hechos objetivos, lo que descarta completamente la posibilidad de sostener que la diferente nomenclatura que se establece para los hijos sea arbitraria.

Los señores Senadores integrantes de la minoría hicieron saber su plena coincidencia con la importancia que debe reconocerse al matrimonio, pero estimaron que es mejor evitar definiciones que pueden crear una discriminación, aunque sea de carácter semántico, la cual no se justificaría si se acepta que los efectos, vale decir, los derechos y obligaciones a que de lugar la filiación, fuesen los mismos, como propone la iniciativa.

- Sometida a votación la sustitución de este número por otro que, en vez de la derogación propuesta para los artículos 35 y 36, los reemplace en la forma indicada, y la incorporación de un nuevo número que agregue un artículo 37 al Código Civil, resultaron aprobadas por tres votos contra dos. Votaron a favor los HH. Senadores señores Fernández, Larraín y Otero, y en contra lo hicieron los HH. Senadores señores Hamilton y Sule.

Nº7

Deroga el artículo 40, que hace aplicable a los padr