Historia de la Ley

Historia de la Ley

Nº 19.696

Establece un nuevo Código de Procedimiento Penal.

Téngase presente

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje

Fecha 09 de junio, 1995. Mensaje en Sesión 8. Legislatura 331.

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.

___________________________________

SANTIAGO, junio 9 de 1995.-

MENSAJE Nº 110-331/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

La modernización del sistema de administración de justicia, constituye un esfuerzo de crecimiento institucional que, cercano ya el fin de siglo, es ineludible, para el desarrollo y consolidación de nuestro sistema constitucional y democrático. Existe en el país un amplio consenso sobre la falta de adecuación del sistema vigente a los requerimientos de los tiempos actuales, siendo ésta percibida como un obstáculo a las metas de desarrollo que el país se ha trazado para los años venideros.

La modernización del sector justicia en Chile ha sido definida, por el Gobierno que tengo el honor de presidir, como una política que tiende a adecuar el conjunto de las instituciones que participan de la administración de justicia a los procesos de desarrollo político y económico que ha experimentado Chile en las dos últimas décadas. Mientras el sistema de administración de justicia en Chile fue diseñado y constituido, en lo fundamental, hacia mediados del siglo XIX, permaneciendo desde entonces sin cambio alguno, la sociedad chilena se ha transformado en un sentido económico y político.

En materia económica el cambio fundamental ha consistido en la privatización de la actividad productiva, donde el Estado ha adquirido un rol regulador tendiendo, mediante la privatización, a abandonar su rol productivo inmediato. El padrón estatal del desarrollo ha quedado atrás. De una economía proteccionista, fundada en la sustitución de importaciones, la sociedad chilena ha transitado hacia un modelo de economía de mercado, abierta a la internacionalización y centrada en el fomento a las exportaciones. De un sistema productivo cuyo principal agente era el Estado, la sociedad chilena ha dado paso a un modelo que supone un Estado descentralizado que enfatiza y fomenta el esfuerzo y la iniciativa privada.

El cambio político más importante en Chile ha sido, a su turno, la consolidación del modelo democrático, el que a su vez exige el respeto a los derechos humanos como un principio fundamental de legitimidad.

Ambos fenómenos plantean crecientes exigencias al sistema de administración de justicia, que hacen necesaria su modernización, sobre lo cual se ha decantado un importante consenso en el país.

En efecto, el desarrollo económico ha supuesto y supondrá en el futuro un creciente número y variedad de los litigios, que exigen, a la vez, rapidez y eficiencia en su resolución. En contraste con ello las características que presenta el gasto público en justicia y la evolución del trabajo de los tribunales muestra, de otra parte, que en justicia el gasto público es regresivo. Los costos de litigar se subsidian y, de esa manera, quienes acceden al sistema son subsidiados por los que resultan excluidos, es decir, los más pobres. Las deficiencias del sistema de justicia criminal, a su turno, constituyen una de las fuentes más características de la marginalidad en Chile. Al afectar de un modo discriminatorio a los sectores sociales más vulnerables y no consultar formas eficientes de reinserción, el sistema de justicia penal en Chile produce marginalidad. Así, pues, desde un punto de vista económico se requiere hacer más redistributivo el gasto en justicia, se necesita evitar que el sistema penal produzca marginalidad y, en fin, se requiere maximizar la imparcialidad y la eficiencia del sistema legal en su conjunto, bases indispensables para los títulos de propiedad y el crédito.

Los cambios políticos, a su turno, exigen una justicia accesible, imparcial, igualitaria y que maximice las garantías. La necesidad de prevenir la corrupción, supone, a la vez, una activa participación de los ciudadanos en el control del poder y ello aumenta la necesidad de contar con un poder judicial eficiente e independiente.

En suma, se hace necesario modernizar el poder judicial para garantizar la gobernabilidad de parte del sistema político, la integración social y la viabilidad del modelo de desarrollo económico.

Mediante la modernización de la administración de justicia, se busca favorecer la consolidación del estado de derecho democrático y del modelo de desarrollo económico. Queda descontado que, desde el punto de vista de la política pública que se ha definido para el sector, ambos objetivos globales del proceso no resultan necesariamente contrapuestos, sino más bien que enlazados el uno al otro, poseyendo, en todo caso, primacía el primero por sobre el segundo.

El objetivo global de modernización de la justicia -definido como la maximización de las garantías y la imparcialidad del estado democrático y el incremento del bienestar- se encuentran a lo menos tres diversas áreas en las que es necesario efectuar reformas, a saber, el área de acceso a la justicia; el área del derecho de menores; y el área del sistema penal.

La reforma al sistema penal constituye una labor que se extiende más allá de la reforma al proceso penal. Supone modificar nuestros criterios de criminalización primaria, introduciendo principios como los de lesividad y última ratio; supone, además, supervigilar la ejecución de las penas para evitar así castigos excesivos y favorecer la reinserción; exige modificar la relación entre el estado y la policía, para favorecer la oportunidad y la selectividad en el uso de la fuerza; y supone, por sobre todo, de un modo urgente y prioritario, modificar el proceso penal para transformarlo en un juicio genuino, con igualdad de armas entre el estado y el inculpado y con plena vigencia de la oralidad, la oportunidad y la inmediación.

Este proyecto de Código de Procedimiento Penal que se somete a la consideración del H. Congreso Nacional constituye, por eso, la pieza central de esa reforma procesal y debe erigirse, además, como el primer y decisivo paso hacia una reforma del sistema penal en su conjunto.

El proyecto de Código constituye el núcleo básico de un nuevo modelo procesal penal que, a su vez, aspira a producir una importante transformación en el conjunto del sistema de justicia criminal. Se busca cambiar fundamentalmente el modo en que los tribunales desarrollan el procedimiento penal, proyectando ese cambio hacia el trabajo de los organismos policiales, hacia el funcionamiento del sistema penitenciario y, en general, respecto del conjunto de las actividades estatales que constituyen la respuesta represiva a la criminalidad.

La proyección de la reforma hacia el conjunto del sistema penal debe producirse a través de dos mecanismos principales: el primero de ellos es la creación de un Ministerio Público. Este organismo debe, además de cumplir su rol específico como órgano acusador en el procedimiento penal, asumir la función de ordenar la utilización de los recursos represivos del sistema conforme a criterios generales, conocidos y legitimados por medio de la discusión pública y frente a órganos representativos de la comunidad. El segundo consiste en devolver a las decisiones judiciales, y en especial a la sentencia judicial, su plena centralidad como forma de control y legitimación de la utilización de dichos métodos represivos. Se busca entonces reordenar las oportunidades y los supuestos de las actuaciones de los diversos órganos, con miras a enfatizar el carácter principal de las decisiones judiciales.

En consecuencia, éste proyecto establece las bases procedimentales de un nuevo sistema procesal penal que pretende abandonar el modelo inquisitivo y avanzar hacia otro con una orientación de carácter acusatorio. Es en esta perspectiva que este proyecto debe ser analizado, comprendido y criticado. Las instituciones que propone han sido diseñadas con estas orientaciones, y debieran ser evaluadas a partir de su idoneidad para darles cumplimiento.

Rentabilidad de la Reforma Procesal Penal

Desde el punto de vista político y constitucional, el mayor defecto del sistema penal en Chile es que carece de un genuino juicio contradictorio que satisfaga las exigencias del debido proceso. El sistema penal en Chile, en su fase procesal, contradice así una de las garantías inherentes al sistema político. Según lo acreditan diversos estudios, y la observación histórica lo pone de manifiesto, el proceso penal en Chile posee una estructura inquisitiva, absolutista y secreta, que despersonaliza al inculpado y que no se corresponde con la noción de ciudadanía propia de un Estado Democrático. La consolidación de la democracia exige la reforma al proceso penal de modo que satisfaga las exigencias de un juicio público y contradictorio. La reforma al proceso penal que proponemos constituye, entonces, una profundización de las instituciones democráticas que conforman al Estado chileno.

Pero no se trata sólo de satisfacer las exigencias del debido proceso, llevando así a término el desarrollo del Estado Constitucional. Todavía esa reforma resulta exigida por la idea y el principio de los derechos humanos que fundan al sistema político y que constituyen, como es sabido, uno de los compromisos más delicados del Estado ante la comunidad internacional. Se ha dicho, con razón, que los sistemas de enjuiciamiento criminal son los más elocuentes indicadores del grado de respeto por los derechos de las personas que existe en un ordenamiento estatal o, dicho de otro modo, que el autoritarismo se revela en la forma en que los poderes públicos encaran el reproche a las conductas desviadas o a las formas de comportamiento anómico.

En las sociedades que, como la nuestra, han instalado a la democracia como forma de convivencia y como método para la adopción de las decisiones públicas, y donde, por lo mismo, las violaciones masivas a los derechos humanos suelen estar clausuradas, es el sistema procesal penal el sector del Estado en el cual las formas más abusivas hacia las que tiende el poder suelen manifestarse. Las víctimas de esas infracciones cotidianas a los derechos de las personas suelen ser los sectores que los procesos de modernización excluyen, haciéndolos extremadamente vulnerables. Algo de eso ocurre hoy en Chile. Estudios empíricos recientes ponen de manifiesto cómo el número de detenciones practicadas por los organismos policiales es superior al número de causas ingresadas ante el órgano jurisdiccional, resultando, así, que existen formas de control social penal al margen de la supervigilancia de los jueces y personas que son sometidas al rigor del sistema penal en su conjunto, sin que, nunca, se les formule cargo alguno.

En los cinco años transcurridos desde el año 1987 hasta 1991 -un período que cubre gobiernos distintos- el promedio de causas ingresadas a los tribunales del crimen en relación a las detenciones efectuadas es de un 60.6 por ciento, de manera que el cuarenta por ciento del total de quienes son detenidos en Chile -una media anual de 750.000 personas- son privados de libertad, aunque sea por breve lapso, sin ingresar al sistema jurisdiccional. Ocuparse de la reforma procesal penal para, a través de ella, fortalecer las garantías, constituye, así, una tarea exigida por los principios en materia de derechos fundamentales. La reforma al proceso penal importará, por lo mismo, un mayor goce cotidiano de los derechos humanos.

No se agotan ahí, sin embargo, los efectos y las ventajas políticas de la reforma al proceso penal. Si modernizar el Estado significa someter la gestión de sus diversos órganos a criterios de eficiencia en la gestión y en el diseño, entonces, la modernización del Estado exige la reforma al proceso penal. En la situación actual, se trata no sólo de un procedimiento que confiere pocas garantías, sino que, además, se trata de un procedimiento carente de eficiencia y, lo que es peor, displicente con las víctimas y los usuarios que a él acceden. Algunos estudios empíricos de carácter exploratorio, por otra parte, atribuyen al procedimiento penal vigente en Chile, funciones latentes de penalización informal, dada la alta incidencia de la prisión preventiva y el bajo número de sentencias condenatorias (En lo que atinge nada más a las causas que ingresan al sistema jurisdiccional, las fuentes primarias muestran que, para el año 1990, si se excluyen las faltas y los cuasidelitos, el promedio de causas finalizadas mediante sentencia definitiva a nivel nacional alcanza apenas a un 17 por ciento y los sobreseimientos a un 69 por ciento. Un análisis más fino de esas cifras -que excluya juzgamientos por leyes especiales- indicaría todavía que la tasa de sentencias definitivas alcanza apenas a un seis por ciento.

En fin, las fuentes primarias disponibles y diversas fuentes de carácter secundario, indican que la mayor parte de quienes están recluidos en las prisiones del país son personas que se encuentran detenidas o procesadas y sólo la menor parte condenadas. A lo largo de la década del ochenta y en lo que va del noventa, la población condenada nunca supera el cuarenta y nueve por ciento de la población privada de libertad.). Se trata, pues, de un sistema que posee formas deficitarias de división del trabajo, obsoleto y deficiente en su gestión. La reforma al proceso penal debe traducirse, entonces, en una mejora en la gestión jurisdiccional del Estado.

A ese conjunto de efectos políticos de una reforma procesal penal, debe agregarse, todavía, la relevancia económica de la reforma. Esta se traducirá en una mejor utilización del gasto público en justicia, por una parte, y en una mayor integración social, por otra, contribuyendo así a acentuar la función de equidad que compete al Estado.

Como ocurre en todos los sectores del Estado, los recursos para la persecución penal son inevitablemente escasos y, por ese motivo, no toda forma de conducta desviada puede ser reprimida. El cambio en las pautas de movilidad social y las asimetrías inherentes a los procesos de modernización, permiten prever que esa brecha entre conductas a reprimir y recursos disponibles se acentuará en el futuro inmediato. En los hechos todo sistema penal es inevitablemente selectivo. Existe una zona de la criminalidad que queda, también, inevitablemente fuera del sistema. En el caso del proceso penal chileno esa selectividad es discriminatoria, puesto que no hace más que reproducir los sistemas de estratificación social, afectando sólo a los sectores sociales más vulnerables. Las fuentes primarias muestran que buena parte de la represión penal se traduce en la persecución de la criminalidad de bagatela cuando es cometida por esos sectores. Este fenómeno no sólo es grave por lo inicuo de la discriminación que supone, sino que, además, importa un uso gravemente ineficiente del gasto público, puesto que, como lo muestra la baja tasa de sentencias definitivas que logra -nada más un seis por ciento del total, excluidas las dictadas por leyes especiales, según ya se anotó- el actual sistema es ineficiente en la criminalidad común e inexistente con respecto a la criminalidad socialmente menos vulnerable y de más alta lesividad.

Es, pues, necesario, instituir un órgano -el Ministerio Público- que en base a criterios político criminales explícitos y sometido a estrictos controles de responsabilidad, conduzca la selectividad del sistema penal hacia la criminalidad más lesiva. La reforma procesal penal supondrá, así, una persecución más eficiente y una selectividad en base a criterios político criminales explícitos. El gasto público en el sector deberá optimizarse en base a criterios que permitan su control.

De otra parte, como ya se dijo, el sistema procesal penal chileno con su recurso casi exclusivo a la privación de libertad, suele segregar a los inculpados de sus grupos de pertenencia, lo cual, tratándose de jóvenes, se traduce en un ingreso a formas permanentes de marginalidad que, luego, inducen a esos mismos sujeto a nuevas y más graves formas de criminalidad. En otros términos, el diseño del actual proceso penal produce marginalidad y, por esa vía, acentúa las posibilidades de la conducta desviada. Un Estado atento a corregir, en base a criterios de equidad, los resultados espontáneos de los procesos sociales y económicos, debe ocuparse del proceso penal puesto que, con ello, produce integración al proceso de crecimiento económico y evita una fuente permanente de marginalidad productiva.

Como es obvio, cada sujeto que se incorpora al sistema penal y que padece el ingreso al circuito de la marginalidad, es una pérdida inmensa de inversión social y de esfuerzo público. La reforma procesal penal deberá corregir ese camino de marginalidad, permitiendo, mediante la intervención del ministerio público, favorecer la reincorporación social y económica de quien ingresa al sistema.

En fin, y ahora desde un punto de vista social, la reforma que se propone se traduce en una ganancia social para quienes son víctimas de la conducta delictual. En Chile, por motivos diversos, existe una gran inseguridad subjetiva, un fuerte temor a la criminalidad. Una de las fuentes de esa inseguridad subjetiva, es la indefensión que provoca el deficiente diseño del proceso penal. En los hechos, el proceso penal pone de cargo de las víctimas la iniciativa de la persecución penal, puesto que la actividad de los organismos de persecución penal pública es ineficiente y, según ya se vio, no logra focalizarse sobre la criminalidad más grave sino sólo sobre los sectores sociales más vulnerables. La extrema dilación y la estructura de los procedimientos, por otra parte, distancian a la infracción del castigo, privando a este último de sus funciones simbólicas y protectoras. La reforma procesal penal, en la medida que instituye un órgano específico encargado de la persecución penal pública sometido a la conformidad de la víctima y, al mismo tiempo, en la medida que abrevia la distancia temporal entre la infracción y el castigo, contribuye a disminuir los factores que acentúan la inseguridad subjetiva en Chile. El ministerio público será un órgano estatal especializado en la persecución penal, en la protección de la víctima y en una represión imparcial y rápida de la delincuencia.

Las precedentes consideraciones ponen de manifiesto cómo emprender el proyecto de reforma procesal penal importa, una vez logrado, una ganancia social neta. Al emprender este proyecto de reforma invertiremos en legitimidad, en derechos humanos y en seguridad.

Elaboración del proyecto

A partir de estos puntos de vista el Gobierno que presido, por intermedio del Ministerio de Justicia, ha formulado el presente proyecto de nuevo Código de Procedimiento Penal que se somete a la aprobación del H. Congreso Nacional, y por su intermedio a la comunidad nacional. Se trata de una propuesta destinada a ser analizada ampliamente por la comunidad jurídica, política y por la población en general, con al expectativa de que su conocimiento y análisis pueda suscitar amplios consensos así como permitir su perfeccionamiento.

El proyecto ha sido elaborado durante el año 1994 en el contexto de un acuerdo de colaboración técnica en que el Ministerio de Justicia ha contado con la directa colaboración de La Fundación Paz Ciudadana y La Corporación de Promoción Universitaria. El trabajo se ha estructurado a partir de un Foro de discusión en cuyo seno se han diseñado los lineamientos básicos de la reforma, el que se integra con un conjunto de académicos, abogados y magistrados convocados con el criterio de buscar la más amplia representatividad entre los diversas roles al interior del sistema jurídico y las diversas sensibilidades políticas, culturales e ideológicas.

La siguiente es la lista de personas que fueron invitadas a participar en el Foro:

-Alberto Balbontin Retamal

-Alberto Chaigneau del Campo

-Alejandro Solís Muñoz

-Carlos Kunsemüller L.

-Carlos Pecchi Crocce

-Clara Szcazranski

-Claudio Díaz Uribe

-Claudio Osorio

-Consuelo Gazmuri Riveros

-Cristian Maturana

-Cristian Riego Ramirez

-Cristina Villarreal H.

-Davor Harasic Yaksic

-Eduardo Novoa Aldunate

-Eleodoro Ortíz Sepúlveda

-Enrique Montero Marx

-Enrique Tapia Witting

-Enrique Zurita Camps

-Felipe de la Fuente

-Felipe González Morales

-Francisco Cumplido Cereceda

-Gastón Gómez Bernales

-Germán Hermosilla Arriagada

-Gonzalo Alvarado

-Gillermo Navas Bustamante

-Haroldo Brito Cruz

-Hernán Alvarez García

-Hugo Fruhling Ihrlich

-Jorge Bofill Genzsch

-Jorge Correa Sutil

-Jorge Ferdman Niedman

-José Luis Cea Egaña

-Juan Agustín Figueroa

-Juan Bustos Ramírez

-Juan Enrique Vargas Viancos

-Juan Guzmán Tapia

-Julio Salas Vivaldi

-Luis Bates Hidalgo

-Luis Correa Bulo

-Luis Ortiz Quiroga

-Manuel Guzmán Vial

-Marcos Libedinsky Tschorne

-Marcos Vasquez Espina

-María Inés Horvitz

-María Pia Guzmán Mena

-Mario Garrido Montt

-Mario Verdugo Marinkovic

-Mauricio Duce Julio

-Miguel Soto Piñeiro

-Milton Juica Arancibia

-Mirtha Ulloa González

-Nelson Contador

-Orlando Poblete

-Raúl Tavolari Oliveros

-Ricardo Galvez Blanco

-Ricardo Rivadeneira M.

-Roberto Dávila Díaz

-Sergio Yáñez Pérez

-Tito Solari Peralta

-Waldo Ortúzar Latapiat

-Zarco Luksic Sandoval

También han tenido participación en el Foro a través de calificados representantes las siguientes organizaciones de la comunidad jurídica e instituciones académicas y de asesoría en materias legislativas: El Colegio de Abogados de Chile, la Asociación Nacional de Magistrados, el Instituto Chileno de Derecho Procesal, el Instituto de Ciencias Penales, el Instituto Libertad y Desarrollo, el Centro de Estudios y Asesoría Legislativa (CEAL), el Instituto Libertad, el Programa de Asistencia Legislativa (PAL) y el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).

A partir de los consensos y lineamientos entregados por el Foro, se ha procedido a la redacción del proyecto por parte de una comisión dirigida por el señor Cristian Riego, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, e integrada por el señor Jorge Bofill, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, la señora María Inés Horvitz, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el señor Raúl Tavolari, profesor de las Facultades de Derecho de las Universidades de Chile y Valparaíso, y el señor Mauricio Duce, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, quien ha actuado como secretario.

Cabe señalar que el proyecto representa el eje central respecto de un conjunto de otros proyectos legislativos y trabajos complementarios que deberán necesariamente formar parte del proceso de reforma del sistema procesal penal chileno. Este conjunto de proyectos y trabajos es actualmente objeto de una segunda etapa del proyecto de colaboración técnica que el Ministerio de Justicia lleva adelante con la Fundación Paz Ciudadana y la Corporación de Promoción Universitaria.

Fuentes

Los documentos que otorgan los parámetros básicos usados para el diseño del proyecto han sido la Constitución Política de la República y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos que obligan al país, habiéndose tenido en cuenta especialmente entre estos últimos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

También ha sido fuente principal del proyecto la legislación procesal vigente, en especial el Código de Procedimiento Penal, del cual se han mantenido todas aquellas normas que no resultan contradictorias con el nuevo sistema y que constituyen parámetros conocidos para jueces y abogados, existiendo muchas veces a su respecto un caudal de interpretaciones y jurisprudencia suficientemente asentadas. El Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil han sido considerados para efectos de buscar mantener coherencia con sus normas y, en general, se han conservado las remisiones a materias que en esos cuerpos resultan adecuadamente reguladas. Cabe hacer presente que entre los proyectos que deben acompañar al de Código de Procedimiento Penal, se encuentra una modificación importante del Código Orgánico de Tribunales destinada a organizar los tribunales necesarios para el sistema propuesto.

También han sido fuentes directas para el trabajo realizado diversos textos de legislación extranjera, tanto de nivel legal como constitucional, así como opiniones doctrinales o jurisprudencia relativas a ellos. Entre los códigos extranjeros de más frecuente utilización estuvieron el Código Procesal Penal Italiano de 1988, la Ordenanza Procesal Penal Alemana de 1877, la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española de 1882, El Código Procesal Penal de la Nación Argentina de 1992, el Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba de 1992 y el Código Procesal Penal Peruano de 1991.

Pero además de estos textos legales, han sido de extraordinaria utilidad para el trabajo del Foro y de la Comisión Técnica el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica desarrollado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Asimismo, se ha utilizado su antecedente más directo que es el Proyecto de Código Procesal Penal de la Nación Argentina de 1986 y otros proyectos posteriores vinculados directamente con el Modelo como son el Proyecto de Código Procesal Penal de Guatemala de 1991 y el Proyecto de Código Procesal Penal de el Salvador de 1993.

Asimismo se ha utilizado el método de titular cada uno de los artículos con una referencia a su contenido, siguiendo el sistema de las legislaciones más modernas.

CONTENIDO DEL PROYECTO

1)Breve explicación de los órganos del sistema propuesto y del procedimiento ordinario

El procedimiento de aplicación general propuesto en el proyecto contempla la participación de diversos órganos en una instancia única. La primera de las etapas del procedimiento es la de instrucción; ella está a cargo de los fiscales del ministerio público, quienes deberán investigar los delitos y preparar la acusación. También en esta fase se contempla la participación de un tribunal unipersonal llamado juez de control de la instrucción, encargado de resolver todos los conflictos que puedan presentarse entre la actividad de investigación del fiscal y los derechos e intereses del imputado y los demás intervinientes.

En los casos en que el fiscal formule acusación se dará lugar a una audiencia, llamada intermedia, ante el mismo juez de control de la instrucción, destinada básicamente a preparar el juicio.

El juicio se celebrará en forma pública ante un tribunal colegiado de tres miembros, frente al cual deberá formularse la acusación, plantearse la defensa y producirse las pruebas, en una o varias audiencias orales que se deberán desarrollar en forma continuada y con la presencia permanente del fiscal y del imputado y su defensor.

Al término del juicio el tribunal dictará su sentencia la que sólo será objeto de limitadas posibilidades de impugnación ante los tribunales superiores.

No serán objeto de explicación detenida muchas regulaciones del proyecto que dicen relación con los mecanismos procedimentales específicos destinados a hacer operativas las instituciones propuestas. En algunas de ellas no se han introducido innovaciones fundamentales, como por ejemplo en las normas sobre costas del párrafo 6º del Título III del Libro I, o en las relativas a plazos del párrafo 1º del mismo Título y libro. En otras se ha buscado simplificar mecanismos, aligerando cargas y demoras, como es el caso de las normas sobre comunicaciones entre autoridades o las relativas a notificaciones y citaciones, de los párrafos 2º y 3º del Título III del Libro I, respectivamente. Finalmente, algunas de estas reglamentaciones son completamente nuevas, por cuanto se refieren a actividades vinculadas a instituciones procesales que no existían o que han cambiado fundamentalmente, cual es el caso de las normas sobre registro de las actuaciones de la instrucción y de la audiencia intermedia del párrafo 5º del Título III del Libro I, o de las relativas al acta del juicio oral del párrafo 5º del titulo III del libro II.

2)Principios básicos

Ha parecido necesario comenzar el texto del proyecto con una explicitación de los principios básicos que deben regir el enjuiciamiento criminal en nuestro sistema jurídico. Se trata de la especificación de contenidos de la Constitución Política de la República y de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que constituyen las bases a partir de las cuales se procede al diseño del nuevo sistema.

El eje del procedimiento propuesto está constituido por la garantía del juicio previo, es decir, el derecho de todo ciudadano a quien se le imputa un delito a exigir la realización de un juicio público ante un tribunal imparcial que resuelva por medio de una sentencia si concurren o no los presupuestos de aplicación de una pena o medida de seguridad. Como elemento integrante de esta garantía básica se consagra el sistema oral, a partir de la constatación de que este método sencillo y directo de comunicación es el único que permite asegurar que el conjunto de actos que constituyen el juicio se realicen de manera pública, concentrada, con la presencia permanente de todos los intervinientes y sin admitir la posibilidad de mediaciones o delegaciones, como las que tantos problemas y distorsiones han causado en el sistema vigente.

Se pretende entonces cambiar fundamentalmente el modo en que los jueces conocen los casos para su resolución, pasando del sistema de la lectura de expedientes a uno en que la percepción tanto de las pruebas como del debate de las partes se realice de forma directa, en el juicio.

Pero además de constituir una garantía, el juicio público y su realización por el método oral, constituyen un mecanismo indispensable para que la administración de justicia cumpla con las demás funciones que la sociedad le encomienda. Una de ellas es la de resolver los conflictos, en este caso penales, de un modo que sea percibido como legítimo por la comunidad, con miras a reforzar la confianza de la ciudadanía en el sistema jurídico. Esta función difícilmente puede ser cumplida si los actos constitutivos del proceso no son accesibles o no resultan comprensibles al conjunto de la comunidad. En el mismo sentido el juicio público constituye un componente antiquísimo de la cultura universal, que ha demostrado tener la capacidad de permitir una adecuada socialización del trabajo del sistema judicial y de mejorar su percepción por parte del común de la gente. En este mismo sentido, el establecimiento del juicio como núcleo del sistema busca resaltar la figura del juez como actor del sistema institucional.

También el proceso penal esta llamado a desempeñar un importante efecto preventivo general, que normalmente se atribuye a la etapa de ejecución de la pena. El enjuiciamiento público de los delitos permite socializar más directamente el mensaje de que existe una respuesta estatal rigurosa a los actos que la sociedad considera inaceptables, inhibiendo con ello a quienes pudieren pretender llevarlos a cabo en el futuro y reafirmando ante el conjunto de la comunidad la vigencia de los valores del sistema jurídico. También el juicio oral favorecerá la producción de este efecto que parece tan necesario en el tiempo actual.

Directamente vinculado con la exigencia del juicio previo se encuentra el principio que obliga a tratar al imputado como inocente mientras no haya sido dictada en su contra una sentencia condenatoria, el que éste proyecto recoge explícitamente. Como consecuencia directa de este principio surge la necesidad de rediseñar el régimen de medidas cautelares aplicables a quienes se encuentran en calidad de imputados, a partir del reconocimiento de su excepcionalidad. Esta tarea se encara en los Títulos VI y VII del Libro primero.

En lo fundamental, este rediseño de las medidas cautelares se basa en la afirmación de la excepcionalidad de las mismas y en su completa subordinación a los objetivos del procedimiento. En cuanto a lo primero, el proyecto propone dar plena aplicación a la presunción de inocencia, afirmando que quien es objeto de un procedimiento criminal en calidad de imputado no debe sufrir, en principio, ningún detrimento respecto del goce y ejercicio de todos sus derechos individuales en tanto éstos no se vean afectados por la imposición de un pena.

No obstante, a partir del reconocimiento de la necesidad de proteger los objetivos del procedimiento respecto de actuaciones del imputado que pudieren afectarlos, se autoriza al juez para adoptar un conjunto de medidas específicas y debidamente fundadas que restringen los derechos del imputado, cuando ello parezca indispensable para garantizar su comparecencia futura a los actos del procedimiento o al cumplimiento de la pena, para proteger el desarrollo de la investigación, para proteger a las víctimas o para asegurar los resultados pecuniarios del juicio. Excepcionalmente, se autoriza a otras autoridades de la persecución penal para anticipar la adopción de alguna de estas medidas pero siempre sujeta su decisión al control posterior del juez.

Además, es necesario establecer un conjunto de controles específicos respecto de la medidas cautelares que implican formas de privación de libertad, buscando racionalizar y limitar al máximo su utilización. Para estos efectos se ha diseñado un sistema de control judicial de la prisión preventiva por medio de audiencias orales, con presencia del imputado y su defensor. Estas audiencias orales pueden ser provocadas cada dos meses por el imputado o su defensor y deben convocarse de oficio por el juez cada cuatro meses.

Con el mismo objetivo, se disponen límites a la utilización de la prisión preventiva destinados a mantener un criterio de proporcionalidad en relación con la pena posible. En orden a ello se han ampliado las situaciones en que la privación de libertad debe ser excluida como medida cautelar, en especial en aquellos casos en que se pueda esperar la aplicación de alguna de las medidas alternativas contempladas en la ley 18.216 al momento de la sentencia. Este último constituye un aspecto esencialmente sensible. En efecto, si el legislador ha previsto la posibilidad de que un condenado cumpla su condena en un régimen de libertad asistida, con el objeto de favorecer la resocialización, representa un contrasentido el que aún antes de emitirse tal condena, es decir, en una etapa en la cual es imputado es presuntamente inocente, deba permanecer privado de libertad. También se ha fijado un límite máximo a su duración atendiendo al mismo criterio; en este sentido la prisión preventiva deberá cesar siempre que se cumpla la mitad del tiempo de privación de libertad correspondiente a la pena esperada; y, un límite temporal absoluto de 18 meses, entendiendo que el Estado no puede disponer ilimitadamente de la libertad de una persona presuntamente inocente.

Finalmente, se establece un conjunto de medidas cautelares personales menos intensas que la prisión preventiva y que el juez debe utilizar con preferencia a ésta cuando resulten adecuadas para asegurar los objetivos del procedimiento. Entre las que debieran tener un mayor efecto práctico está el arresto domiciliario, que fue introducido con buenos resultados para un conjunto específico de casos por la Ley Nº 19.164, la sujeción a la vigilancia de una persona o autoridad, la prohibición de salir del país o del ámbito territorial que fije el juez, y otras restricciones al libre desplazamiento, destinadas a proteger a las víctimas o los resultados de la investigación. El establecimiento de estas medidas deberá ser acompañado de un programa destinado a su adecuada implementación, el que resultará socialmente muy conveniente en cuanto permita disminuir la utilización de la privación de libertad sin detrimento de los objetivos del procedimiento.

Parece necesario destacar también la introducción a nivel de los principios básicos del sistema el de la promoción de los intereses concretos de las víctimas de los delitos. En virtud de éste se impone a los fiscales la obligación de velar por sus intereses y, a los jueces, la de garantizar sus derechos durante el procedimiento. Estas declaraciones generales dan lugar a diversas normas desarrolladas a lo largo del proyecto, por medio de las cuales se busca darles efectividad. Entre las más importantes están aquellas que le otorgan a la víctima el carácter de sujeto procesal aún en el caso de que no intervenga como querellante, reconociéndole un conjunto de derechos que buscan romper su actual situación de marginación. Entre otros, se encuentran el derecho a ser informada de los resultados del procedimiento, a solicitar medidas de protección ante eventuales futuros atentados y a recurrir contra el sobreseimiento definitivo o la sentencia absolutoria.

Con la misma orientación de relevar la posición de la víctima en el procedimiento criminal se plantea la mantención de la posibilidad de la querella como modo de intervención formal en el procedimiento, considerándose adicionalmente la posibilidad de que el querellante pueda incluso forzar una acusación, contra la opinión del fiscal, cuando a juicio del juez de control de la instrucción exista mérito suficiente para ello.

Se mantiene la posibilidad de la demanda civil en el procedimiento criminal con algunas innovaciones destinadas a favorecer la posición de los afectados por los resultados del delito. La primera de ellas consiste en la obligación de los fiscales de demandar civilmente en favor de la víctima, cuando ésta no cuente con abogado particular; la segunda, en la obligación del tribunal del fallo de pronunciarse sobre la demanda civil aún en el caso de absolver al imputado.

Otro de los principios generales del sistema propuesto consiste en la aplicación directa de las normas constitucionales e internacionales de derechos humanos relevantes en cuanto a la regulación del procedimiento penal. Esta disposición obedece a la necesidad de reforzar la noción de que el procedimiento penal se organiza a partir del desarrollo de los principios generales del ordenamiento jurídico que regulan la relación entre el Estado y los ciudadanos y que se encuentran recogidos en esos cuerpos normativos. En este sentido, se trata de resaltar la importancia de estos principios por sobre los mecanismos procesales específicos consagrados en la ley. Los jueces deberán trabajar integrando las normas procedimentales con las de carácter constitucional e internacional, interpretando y aplicando las primeras de modo que den cumplimiento a las exigencias contenidas en las dos últimas.

3)Instrucción

Gran parte de las críticas al procedimiento vigente se dirigen en contra del sistema de instrucción consagrado en el actual Código, caracterizable como el sistema del sumario criminal. El núcleo central de las críticas dirigidas en su contra dice relación con lo inadecuado de entregar la tareas de investigación y administración de la persecución a un órgano judicial.

La labor judicial aparece estrechamente vinculada a algunas características que parecen propias de su naturaleza y que se justifican en ciertos valores que debe cautelar. Por ejemplo, el rol judicial se distingue por una cierta pasividad, por la disposición de los jueces a la resolución de conflictos promovidos por las partes, frente a las cuales mantienen una actitud imparcial. Asimismo, el rol judicial se caracteriza por una cierta rigidez en cuanto a la posición de sus integrantes en el sistema. Características como la inamovilidad en los cargos, la formalidad en los nombramientos, así como reglas bastante rígidas en cuanto a la competencia de cada tribunal, se justifican en orden a garantizar la independencia de cada juez, así como la preexistencia del tribunal y de reglas objetivas para su integración.

Estas particularidades, no obstante, resultan contradictorias con la necesidad de una organización racional de la persecución penal. Esta última es una tarea fundamentalmente activa, que requiere un compromiso de la organización con la promoción de intereses estatales concretos, como son la investigación de los delitos, su sanción y la satisfacción de las necesidades de las víctimas. Pero además, un eficiente manejo la persecución penal requiere de un modo de organización flexible, que permita la permanente adaptación de métodos de trabajo, la agrupación de casos similares, la constitución de equipos especializados de acción, la posibilidad de la incorporación de personal auxiliar en situaciones especiales, la movilidad territorial de los recursos humanos, etcétera. Asimismo, el valor de la independencia debe ceder lugar al favorecimiento de una actuación colectiva nacional o regional con miras a ejercitar de un modo uniforme los mecanismos represivos y a operar en el ámbito territorial que resulte adecuado a las características del delito de que se trate.

La realidad del modelo vigente parece clara expresión de la contradicción entre ambos roles. Por una parte, se obliga a los jueces a asumir un compromiso en la actividad persecutoria, con lo que se compromete su imparcialidad, pero a la vez, esta actividad no es ni puede ser desempeñada de un modo eficiente. Cada juez, en cuanto investigador y acusador, opera como unidad aislada sin conexiones con las otras unidades que cumplen funciones similares, debiendo hacerse cargo cada uno de ellos de la variedad más amplia de casos, sin contar con la adecuada asesoría técnica, la que, por otra, parte resultaría muy difícil de organizar para una forma de funcionamiento tan dispersa. Piénsese en la situación de cualquiera de los jueces del crimen de nuestras ciudades, que además de fallar los casos, deben perseguir las formas más disímiles de criminalidad desde robos con violencia a delitos bancarios, o desde tráfico de estupefacientes hasta delitos de los funcionarios públicos, pasando por atentados sexuales, homicidios de diverso tipo, incontables faltas e infracciones menores, delitos culposos, etcétera.

Agréguese a lo anterior las enormes dificultades organizacionales y administrativas que al sistema judicial le significa el gestionar la persecución penal. La mayor parte de la enorme carga administrativa y de las dificultades de su manejo en los tribunales del crimen deriva de la actividad destinada a llevar adelante los sumarios criminales. Este problema es de tal magnitud que en la práctica impide al juez concentrarse debidamente en la resolución de los casos de que debe conocer. Piénsese también en las enormes posibilidades de mejoramiento en términos de la racionalidad general del sistema y en el tratamiento particular de cada caso si, como propone el proyecto, se libera a los jueces de esta carga, reservando su tiempo al conocimiento y resolución de los casos en sus diversas etapas, en tanto el rol persecutorio se encarga a un organismo especializado. Los efectos organizacionales y administrativo del cambio propuesto están siendo objeto de estudios particulares que oportunamente serán acompañados a este proyecto.

El sistema propuesto concibe a la instrucción como una etapa de preparación del juicio, en que una de las partes, el fiscal, con el auxilio de la policía y otros organismos especializados, debe investigar el hecho denunciado y recolectar los medios de prueba que, en el momento oportuno, utilizará para respaldar su acusación frente al tribunal que deba dictar el fallo.

Se abandona, en consecuencia, el modelo de instrucción formal en que el juez incorpora al expediente actuaciones de prueba que podrán servir directamente como fundamento a la sentencia. El rol del juez pasa a ser aquí otro completamente diferente. El tribunal que interviene en esta etapa, al que se propone llamar juez de control de la instrucción, está encargado fundamentalmente de resolver los conflictos que la actividad persecutoria del fiscal y de la policía en su auxilio pueden generar en relación con los derechos de un imputado que debe ser tenido como inocente.

Excepcionalmente, el juez podrá realizar actos que constituyan anticipación de prueba, en aquellos casos en que pueda resultar imposible su producción durante el juicio y siempre con plena participación de las partes que tuvieren derecho a intervenir en él. También corresponderá al juez la resolución de otros conflictos que puedan producirse durante la instrucción, como aquellos relativos a la intervención de querellantes u otros interesados y los que digan relación con formas de terminación anticipada del procedimiento.

La actividad del fiscal durante la instrucción se caracteriza por su informalidad, se lo faculta para desarrollar las diligencias que resulten técnicamente apropiadas para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades, debiendo llevar un registro sencillo de sus actuaciones. Se propone una regulación muy precisa de la forma en que los organismos policiales deberán prestar auxilio al ministerio público en el desarrollo de estas tareas.

Especialmente relevante resultan en esta etapa las facultades que se otorgan al ministerio público para organizar su trabajo de modo eficaz. Los criterios de asignación, agrupación, control y evaluación de casos no son regulados por la ley procesal, sino que su definición corresponderá a las autoridades del ministerio público, de acuerdo con lo que se disponga en la correspondiente ley orgánica. Con ello se espera dar lugar a una verdadera racionalización de la persecución penal a partir de criterios generales, emanados de un órgano con competencia técnica y con una visión de conjunto respecto de todo el sistema.

Se propone también facultar al ministerio público para archivar provisionalmente todas aquellas denuncias que no parezcan susceptibles de una investigación exitosa. El uso de esta facultad, bajo el control de las víctimas y limitada a delitos de ocurrencia común pero de poca gravedad, debiera ahorrar muchos recursos al sistema, evitando su desgaste en casos respecto de los cuales no existe expectativa razonable de exito.

El proyecto ha seguido la tendencia de los sistemas más modernos como el Alemán y el Italiano, otorgando a los fiscales la facultad de no iniciar o de abandonar la persecución penal en casos de mínima gravedad, cuando resulte conveniente por no estar comprometido el interés público.

Tal como ocurre en los sistemas mencionados, se ha procurado delimitar de modo preciso el ámbito de aplicación de esta facultad y se la ha sujetado a estrictos controles tanto por parte de juez como del propio ministerio público. Este a su vez deberá responder de su utilización frente a las autoridades representativas de la voluntad popular, de acuerdo con lo que disponga la respectiva ley orgánica. Asimismo, se propone que cuando la víctima se interese en la persecución su voluntad se imponga de modo absoluto.

Se ha estimado indispensable introducir este principio a lo menos en la medida necesaria para manejar un conjunto importante de situaciones de mínima o nula gravedad que hoy día llegan a conocimiento del sistema, en que la persecución penal parece claramente contraria no sólo a la conveniencia social concreta, sino a las concepciones generalmente aceptadas sobre la convivencia en una sociedad democrática, y cuya correspondencia con tipos penales se explica únicamente por la antigüedad de los mismos.

En el diseño planteado por el proyecto, las amplias facultades del ministerio público durante la instrucción tienen como límite los derechos individuales de las personas. En los casos en que su actividad afecte o pueda afectar esos derechos, procederá siempre la intervención judicial, en general previa, por medio de audiencias orales, en las que el juez deberá calificar la legalidad de la actuación y cautelar por el respeto a los derechos de quienes puedan resultar afectados por ella. Entre las medidas que requieren esta intervención judicial estarán siempre las medidas cautelares dirigidas en contra del imputado y también algunas actividades de investigación que puedan afectar sus derechos o los de cualquier otra persona. Al efecto, el proyecto enumera un conjunto de medidas específicas que requieren este control, pero a la vez consagra la posibilidad de que el afectado requiera al juez reclamando de cualquier otra actividad persecutoria que pueda implicar afectación de sus derechos.

Para aquellos casos en que sea necesario requerir la intervención judicial por primera vez en relación con una medida determinada o cuando se pretenda formalizar la persecución para eventuales futuras medidas, se propone el establecimiento de la formulación de cargos por parte del fiscal ante el juez. Se trata de una institución procesal que obliga a formalizar y judicializar la instrucción, con el fin de otorgar garantías al imputado en cuanto al conocimiento de la existencia y contenido de la persecución penal que se dirige en su contra, a permitir su declaración judicial como medio de defensa frente a esa imputación y a dar lugar a la intervención del juez para el control de la actividad investigativa y las eventuales medidas cautelares.

La formulación de cargos debiera constituirse en un adecuado sustituto del sometimiento a proceso, manteniendo de éste el contenido de garantía, en cuanto permite al afectado conocer la imputación y facilita su defensa y en cuanto limita el ámbito de la persecución y de la eventual acusación a los cargos formalmente planteados, impidiendo que se sorprenda al imputado; pero, mitigando todos los elementos negativos del sistema vigente. El sistema propuesto evitará el prejuzgamiento que implica una resolución judicial basada en presunciones fundadas de participación e impedirá los efectos de interdicción del imputado que hoy surgen del sometimiento a proceso, como son el arraigo de pleno derecho, su conexión directa con la prisión preventiva y la libertad provisional, las anotaciones en el prontuario y demás efectos restrictivos de derechos.

Se propone también el establecimiento de un plazo máximo de dos años para la instrucción a partir de la formulación de cargos, en la convicción de que una vez dirigida formalmente la investigación en contra de una persona, ella representa una carga que no puede ser prolongada indefinidamente en el tiempo.

4)Salidas alternativas y procedimientos abreviados

El examen de los problemas del sistema vigente, así como la experiencia comparada muestran que uno de los mayores obstáculos al éxito de la justicia criminal lo constituye el manejo de volúmenes muy grandes de casos, cuyos requerimientos suelen exceder con mucho las posibilidades de respuesta de los órganos del sistema con sus siempre limitados recursos.

Por otra parte, los avances de las disciplinas penales muestran como las respuestas tradicionales del sistema, fundamentalmente las penas privativas de libertad en el caso chileno, resultan socialmente inconvenientes para una multiplicidad de casos, sea porque los problemas asociados a ellas resultan mayores que sus eventuales beneficios, o porque la rigidez en su aplicación desplaza soluciones alternativas socialmente más productivas y más satisfactorias para los directamente involucrados en el caso, especialmente las víctimas o los civilmente afectados por el delito.

Es a partir de estos dos planteamientos que se ha considerado necesario incorporar en el proyecto dos tipos de innovaciones. En primer lugar, se propone avanzar hacia la creación de un sistema de justicia criminal que otorgue diversas posibilidades de solución a los conflictos de que conoce, abriéndose, todavía limitadamente, a la posibilidad de soluciones distintas a las tradicionales en aquellos casos en que los diversos actores del sistema -jueces, fiscales y demás partes- estén de acuerdo en su conveniencia. En segundo lugar, se propone la creación de algunos procedimientos simplificados en que por la vía de acuerdos entre todos los intervinientes o de algunos de ellos, se supriman etapas del curso ordinario del procedimiento de modo que se permita alcanzar una solución rápida del caso por medio de una sentencia definitiva, siempre que ello resulte posible sin vulnerar los valores que el sistema busca proteger.

La salidas alternativas se regulan en el párrafo 8º del Título I del libro II y son la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios. La primera de estas posibilidades consiste fundamentalmente en una anticipación del tipo de solución que la sentencia otorgará al caso cuando probablemente resulte aplicable alguna de las medidas alternativas de la ley 18.216. Con acuerdo del fiscal y el imputado, el juez podrá suspender el procedimiento sujetando a este último a ciertas formas de control de baja intensidad, por un período no superior a tres años. Una de las ventajas de esta solución dice relación con la oportunidad de la medida, pues su decisión temprana evita los efectos estigmatizantes del procedimiento y la eventual prisión preventiva para quien, finalmente, se hará acreedor a una medida no privativa de libertad destinada a su reinsersión social. La otra ventaja es que su aplicación no requiere de aceptación de culpabilidad ni de su declaración por parte del juez. En consecuencia, de cumplir adecuadamente con las condiciones en el plazo estipulado, el imputado se reincorporara plenamente a la vida social, sin que pese sobre su futuro el antecedente de una condena penal.

En el caso de revocarse la suspensión condicional, por no cumplimiento de las condiciones o por la comisión de un nuevo delito, será necesario reiniciar el procedimiento hasta la dictación de la sentencia, incluyendo, en el segundo caso, el nuevo delito en la acusación.

El establecimiento de los acuerdos reparatorios como forma de terminación de los procedimientos busca reconocer el interés preponderante de la víctima, en aquellos delitos que afectan bienes que el sistema jurídico reconoce como disponibles.

El sistema vigente consagra, salvo escasas excepciones, el principio de que una vez que los órganos del sistema han tomado conocimiento del hecho, la víctima queda totalmente desplazada de la posibilidad de obtener que se abandone la persecución, aun en pro de obtener otra forma de reparación al daño sufrido. Este sistema hace ponderar un interés estatal abstracto en la afirmación de la vigencia de la norma por sobre el interés concreto del afectado. Además, implica una pretensión irrealista. En la práctica, cuando las partes están de acuerdo en la posibilidad de una reparación satisfactoria, ella se produce fuera del control del tribunal. En estos casos la víctima evita la continuación del procedimiento a cambio de la compensación recibida, por ejemplo, negando su colaboración en la producción de las pruebas o incluso distorsionando las mismas en favor del imputado.

El efecto concreto de esta indisponibilidad de la persecución penal es, en ocasiones, evitar la posibilidad de soluciones satisfactorias para los involucrados, pero también eventualmente, para el resto de la comunidad. Pero además, hace que los acuerdos a los que de hecho se llega sean poco transparentes, resultando imposible para el sistema controlar la libertad del consentimiento de las partes y evitar la utilización de presiones, engaños u otras prácticas indebidas para su obtención.

El ámbito dentro del cual se propone aceptar estos acuerdos queda delimitado de modo bastante general y deberá ser precisado en lo sucesivo tanto por la ley penal y su interpretación, como por la jurisprudencia. Se establece de modo preciso el deber del juez de verificar que quienes han concurrido al acuerdo lo han hecho libre e informadamente.

Entre las posibilidades de simplificación de los procedimientos que se proponen, la principal es el llamado procedimiento abreviado regulado en el Título II del Libro IV. Se trata fundamentalmente de la posibilidad de que el imputado renuncie a su derecho al juicio oral cuando manifieste su acuerdo en los hechos contenidos en la acusación y en los antecedentes de la instrucción que la fundan.

Por medio de este procedimiento se busca dar una salida expedita a aquellos casos en que no exista una controversia sobre los resultados de la investigación realizada por el fiscal. Se ha preferido esta formula a aquella en que se exige una aceptación explícita de culpabilidad para permitir al juez un control más intenso sobre los antecedentes del caso. El proyecto faculta al juez incluso para absolver en el caso que, a pesar del reconocimiento de hechos realizado por el acusado, éstos no sean constitutivos de delito o el conjunto de los antecedentes de la instrucción lo llevaren a adoptar esa decisión.

Dada la trascendencia de la renuncia del acusado al juicio oral, que según ya se ha dicho constituye el núcleo central de garantías del sistema propuesto, se impide su aplicación a casos en que se arriesguen penas privativas de larga duración o la de muerte. Asimismo, se otorgan al juez amplias facultades para controlar que el consentimiento del imputado haya sido libre e informado, pudiendo incluso rechazar el acuerdo y dar paso al juicio oral si no lo estimare así. Se proponen otras dos formas de simplificación del procedimiento que son menos formales por no implicar renuncia a derechos esenciales por parte del imputado, pero que pueden tener una gran importancia práctica en cuanto permiten acortar el período de instrucción, cuya prolongación excesiva suele ser una de las dificultades mas importantes en los diversos sistemas.

La primera de estas posibilidades consiste en que la audiencia de formulación de cargos de paso directamente al juicio oral, realizándose en ella misma las actuaciones que correspondan a la audiencia intermedia y dictándose a su termino el auto de apertura al juicio. Este procedimiento ha sido concebido para ser aplicado fundamentalmente a casos en que el fiscal haya podido obtener la prueba necesaria en un momento muy cercano a la ocurrencia de los hechos, por ejemplo, cuando la policía ha detenido al imputado en delito flagrante y ha logrado identificar inmediatamente a los testigos y demás medios de prueba. Se ha buscado en todo caso cautelar el derecho a defensa permitiendo al juez otorgar un plazo adicional para que el imputado ofrezca sus pruebas.

La segunda posibilidad se refiere a la facultad que se otorga al juez para acortar el plazo legal de la instrucción durante la audiencia de formulación de cargos. Se pretende que cuando no se trate investigaciones complejas, el juez obligue al fiscal a limitar la duración de la instrucción y sus cargas sobre el imputado al tiempo mínimo posible, forzándolo a acusar o cerrar el caso en un plazo breve.

5)Etapa intermedia

Se propone mantener el sobreseimiento temporal y definitivo como formas de término anticipado de aquellos procedimientos en que se haya imputado formalmente a alguien por medio de la formulación de cargos. En el caso del sobreseimiento temporal, que en el sistema actual constituye la forma de término ampliamente mayoritaria, se ha pretendido limitar fuertemente su aplicación por cuanto se trata de una salida bastante insatisfactoria. Desde los puntos de vista de la víctima y de la sociedad, constituye un fracaso de la investigación que no se reconoce formalmente. Desde el punto de vista del sistema, implica mantener un número amplísimo de casos abiertos con todos los problemas de manejo administrativo que ello acarrea. Respecto del imputado, se mantiene indefinidamente la posibilidad de la persecución en su contra con la incertidumbre que ello implica. Este último sólo podrá liberarse de esta carga en cuanto se capaz de probar positivamente su inocencia -con lo cual se produce una distorsión de uno de los componentes básicos de la presunción de inocencia como es el que la carga de la prueba recae sobre el acusador- o cuando transcurran los plazos de prescripción.

El proyecto propone restringir la utilización del sobreseimiento temporal por falta de antecedentes para continuar la investigación a aquellas situaciones en que exista la expectativa razonable de que ellos aparezcan en el futuro, fijándose además un plazo de un año al cabo del cual el sobreseimiento temporal se transforma en definitivo si los antecedentes esperados no se presentan.

Los sobreseimientos han de ser propuestos por el fiscal y pronunciados por el juez. Este deberá apreciar el contenido de la instrucción y podrá cambiar la causal o el tipo de sobreseimiento solicitado. Se propone otorgar además al juez la posibilidad de representar a las autoridades del ministerio público aquellas solicitudes de sobreseimiento que en su opinión no se ajusten al mérito de los antecedentes reunidos. No obstante, deberá acoger la opinión institucional del Ministerio Público si insiste en el sobreseimiento. Se ha buscado esta fórmula con el fin de controlar severamente la posibilidad de que algún fiscal pueda utilizar los sobreseimientos como forma de término de casos que podrían ser llevados a juicio, excediendo con ello las específicas facultades que se le otorgan para promover salidas alternativas al procedimiento. Se ha procurado a la vez cautelar la imparcialidad de los jueces evitando que se transformen en actores de la persecución penal, llevándola incluso más allá de la voluntad del ministerio público.

El único caso en que se ha estimado necesario llevar adelante la acusación en contra de la opinión del fiscal, es aquél en que tanto el querellante como el juez coinciden en que la instrucción arroja antecedentes suficientes para la apertura del juicio. En este caso ha parecido que la voluntad de una víctima u otro interesado habilitado, con la disposición a asumir la carga de la acusación, más la opinión favorable del juez, deben imponerse sobre la opinión del fiscal. La solución contraria podría generar una sensación muy fuerte de frustración respecto del sistema y constituir un exceso de poder en manos del ministerio público.

La formulación de la acusación por parte del fiscal dará lugar a la citación a una audiencia intermedia que estará llamada a cumplir diversas funciones. Las mas importantes son: dar pie a la formalización de la defensa frente a la acusación, permitir el control judicial de la misma, y, en su caso, preparar la realización del juicio fijando su contenido y los medios de prueba que serán admitidos al mismo.

Asimismo, la audiencia intermedia constituye la última oportunidad para dar lugar a la suspensión condicional del procedimiento y a un acuerdo reparatorio. También, puede transformarse en la etapa final del procedimiento si se acuerda la aplicación del procedimiento abreviado.

Se ha buscado garantizar el ejercicio de la defensa frente a la acusación otorgando la posibilidad de que ésta se presente anticipadamente por escrito o en forma oral en la propia audiencia. En cualquier caso la presencia del acusado y su defensor constituyen requisitos de validez de la audiencia.

En cuanto al control judicial de la acusación, éste se limita a la facultad del juez para ordenar la corrección de vicios formales y a la posibilidad de rechazar la acusación decretando el sobreseimiento definitivo cuando se aleguen causales que se enumeran en forma taxativa, y siempre que su demostración no requiera la realización de actividades probatorias. Para esta última forma de control, se utiliza la terminología tradicional de excepciones de previo y especial pronunciamiento. Las razones para proponer esta forma limitada de control de la acusación, que se aleja de la mayoría de los modelos extranjeros, dicen relación con, por una parte, evitar la anticipación del juicio admitiendo prueba sobre el fondo del debate, y, con cautelar la independencia judicial, por la otra, reafirmando el principio de que la promoción de la persecución penal corresponde a los fiscales y no a los jueces. El entregar a los jueces amplias facultades para rechazar la acusación por insuficiencia de pruebas u otros motivos similares con fines de garantía para el acusado, importaría una aprobación de aquellas acusaciones que pasen a la etapa del juicio, produciéndose con ello una intromisión judicial en la función acusatoria.

En consecuencia, como regla general el juez deberá proceder a la preparación del juicio fijando el tribunal competente, su objeto, las personas que deban intervenir en él y determinando las pruebas que deban producirse sobre la base de los ofrecimientos formulados por las partes, todo por medio de una resolución a la que el proyecto denomina auto de apertura del juicio oral.

En cuanto al control de la admisibilidad de las pruebas, también se ha optado por entregar al juez facultades limitadas de control en sentido negativo, es decir, sólo puede rechazar pruebas por causales específicas, destinadas en general a cautelar la adecuada realización del juicio. También en este caso se ha querido enfatizar el rol de las partes en cuanto al impulso probatorio, resguardando así la imparcialidad de la función judicial.

6)Juicio oral

Como ya se ha dicho, el sistema propuesto se basa en la consagración del juicio como elemento rector del conjunto del procedimiento. Esta centralidad se traduce directamente en la concentración de las actividades más importantes del procedimiento en la audiencia principal. En todos los casos en que una acusación deba ser objeto de una tramitación ordinaria hasta su término por sentencia definitiva, el juicio deberá constituir la oportunidad para la formulación de la acusación, el ejercicio de la defensa, la presentación de la prueba, el debate sobre la misma y la dictación de la sentencia.

No obstante, cuando por decisión de uno de los intervinientes o acuerdo de varios de ellos, el caso pueda ser objeto de alguna otra forma de salida del sistema, el juicio deberá ser también un elemento central, en cuanto permita equilibrar las opciones a partir de las cuales se resuelve o no una forma distinta de término del procedimiento. Tanto el fiscal como el imputado considerarán las posibilidades de una suspensión condicional del procedimiento o de proceder en forma abreviada, por ejemplo, a partir de sus expectativas respecto del juicio, pero además, cualquiera de ellos puede siempre optar por el juicio si tiene dudas sobre los beneficios de la alternativa que se le presenta.

La regulación de la organización del juicio y su desarrollo se encuentran contenidas fundamentalmente en el Título III del Libro II del proyecto. No obstante, la mayor parte de las normas que regulan la rendición de la prueba en el juicio se regulan en el Título IX del Libro I.

Se propone una explicitación de los principios que deben regir el desarrollo del juicio con miras a su cabal comprensión por parte de una comunidad jurídica para la cual éste constituye una novedad. Se pretende sobre todo evitar que interpretaciones inadecuadas puedan dar lugar a una distorsión del nuevo sistema por medio de la mantención de prácticas incompatibles con el, tales como serían, por ejemplo, una preeminencia de la lectura de documentos, la posibilidad de la discontinuidad de las audiencias o el desarrollo de la audiencia sin la presencia de todos los intervinientes, fenómenos que han ocurrido en diversas ocasiones en el contexto latinoamericano.

Se regula detalladamente el orden y la forma en que debe producirse la prueba, poniéndose énfasis en la percepción directa de la misma. Se reconoce sólo un número muy limitado de excepciones en las cuales un medio de prueba puede ser reemplazado por la lectura de una acta en la que conste su producción con anterioridad.

Tanto con el fin de preservar la continuidad del juicio como de garantizar que la sentencia se dicte sobre la base de lo acontecido en él, se dispone que la resolución sobre la absolución o condena sea comunicada a las partes en la misma audiencia en que ha concluido el debate, luego de la deliberación producida entre los jueces. La resolución de los demás contenidos de la sentencia, así como la redacción de la misma pueden ser postergados por un máximo de 30 días.

Una de las innovaciones fundamentales que el proyecto propone dice relación con el abandono del sistema de prueba legal originalmente consagrado en el Código así como del sistema de la apreciación de la prueba en conciencia establecido con posterioridad para algunos casos.

Se propone la adopción del sistema de la libertad probatoria en cuanto a la introducción de los medios al juicio, haciéndose expresa mención a la posibilidad de que se utilicen como medios de prueba todos aquellos mecanismos modernos por medio de los cuales resulta posible hacer constar hechos de manera confiable. En cuanto a la apreciación de la prueba, se propone la adopción del sistema de libre valoración de la prueba, único compatible con el reconocimiento de la autonomía de cada juez para adquirir la convicción sobre los hechos del caso. Se mantiene la exigencia de convicción del tribunal como estándar necesario para la condena.

Paralelamente al reconocimiento de la libertad del juez para la valoración de la prueba, se enfatiza la necesidad de la explicitación de los razonamientos utilizados para el establecimiento de los hechos a partir de los diversos medios. Esta fundamentación debe constituirse en una de las exigencias más rigurosas para los jueces como único modo de garantizar el posterior control de sus decisiones, tanto por parte de los tribunales que conozcan de los recursos en contra de la sentencia como por parte del conjunto de la sociedad.

Se propone también explicitar los límites negativos de la libertad de valoración con que cuentan los jueces, indicándose que ella no puede contradecir las reglas de la lógica, los conocimientos científicamente afianzados ni las máximas de experiencia.

7)Recursos

La concepción básica que inspira el régimen de recursos que el proyecto propone implica un radical cambio en el sistema de controles de la actividad de los jueces penales. El modelo vigente funciona sobre la base de un muy intenso sistema de controles verticales. Prácticamente todas las decisiones de relevancia que un juez del crimen adopta son objeto de revisión, incluso sin reclamación de parte, por sus superiores jerárquicos. Este sistema, que se explica históricamente por la necesidad de controlar a un órgano único en primera instancia, con exceso de atribuciones, ha contribuido fuertemente a la irracionalidad administrativa del sistema, a la desvalorización de las decisiones del juez individual y a las ya mencionadas burocratización y pérdida de individualidad de la función judicial y su proyección pública.

Como se ha expuesto largamente en las explicaciones anteriores, el sistema propuesto plantea un conjunto mucho mas complejo de órganos y de relaciones entre ellos en el nivel de la instancia general. A partir de ese diseño, el sistema de controles de la actuación de cada uno de los funcionarios públicos que intervienen esta dado por la intervención de los otros en las distintas etapas del procedimiento. Estas han sido diseñadas precisamente con el objetivo de evitar la concentración de facultades y lograr que cada una de las decisiones de relevancia sea objeto de consideración por más de uno de los órganos del sistema, así como de un debate previo con la mayor transparencia posible.

Los cambios más importantes que el proyecto propone se refieren a la apelación y a la consulta. Estos mecanismos de control no resultan en general compatibles con el nuevo sistema. La primera razón para ello dice relación con la contradicción entre la forma de tramitación de esos recursos y la centralidad del juicio oral en el procedimiento propuesto. La vigencia de un sistema oral requiere que el fundamento fáctico de la sentencia provenga de la apreciación directa de las pruebas que los jueces obtienen en el juicio. En consecuencia, su revisión por parte de jueces que no han asistido al juicio y que toman conocimiento de él por medio de actas, lo priva de su centralidad confiriéndosela, en cambio, a la tramitación del recurso de apelación.

Precisamente, con el fin de mantener el principio de la centralidad del juicio oral se propone que éste sea conocido por un tribunal colegiado de tres miembros. Con ello, se obtiene que como regla general la sentencia sea objeto de una decisión colectiva, minimizándose la posibilidad de errores.

En cuanto a la apelación de las resoluciones que se dicten durante la instrucción, éstas tampoco podrán en general ser objeto de un mecanismo de revisión ante un tribunal superior. En la medida en que la instrucción pasa a ser una etapa preparatoria del juicio todo lo que en ella se resuelva tiene un carácter provisional y queda sujeto a la decisión definitiva que realizara el tribunal colegiado. Permitir la apelación significaría además de alargar y entrabar el trámite del procedimiento, otorgar excesiva relevancia a decisiones que sólo tienen sentido en cuanto permiten avanzar hacia el juicio.

No obstante, hay algunas situaciones en las que la apelación no ha podido ser evitada. En primer lugar, están aquellos casos en que el tribunal de control de la instrucción dicta resoluciones que no siendo sentencias definitivas ponen término al procedimiento, como son los sobreseimientos. En segundo lugar, están aquellas resoluciones que, aun siendo provisionales, afectan de modo irreparable los derechos de algunos de los intervinientes, como la que ordena la prisión preventiva respecto del imputado o en general aquellas que se refieren a medidas cautelares. En ambas situaciones ha parecido imprescindible que las resoluciones de un tribunal unipersonal sean revisadas por un tribunal con mayor número de integrantes, como es una sala de la Corte de Apelaciones.

El recurso fundamental que propone el proyecto es el de casación, como medio de impugnación de aplicación general en contra de las sentencias definitivas. Como norma general este será procedente ante la Corte Suprema, pero corresponderá ante la Corte de Apelaciones en los casos en que la sentencia definitiva sea dictada por un tribunal unipersonal como en los casos en que se falla en un procedimiento por faltas o en uno tramitado de manera abreviada.

La interposición del recurso de casación otorga a la Corte Suprema una competencia limitada para revisar la sentencia. Ella sólo puede ser ejercida en cuanto la propia sentencia o el procedimiento en el que se funda adolezcan de vicios originados en la violación de disposiciones legales o constitucionales. Con ello se cautela la intangibilidad de los hechos establecidos por el tribunal del juicio a partir de su percepción directa de la prueba.

En la regulación del recurso se ha buscado limitar la excesiva formalidad del mismo, restringiendo severamente la posibilidad de su rechazo por inadmisibilidad con base en defectos de ese tipo. Asimismo, se han mantenido algunas facultades del tribunal para casar de oficio la sentencia.

Se espera que por medio de la resolución de los recursos de casación la Corte Suprema pueda desarrollar un proceso de estandarización en la aplicación de la ley por parte de los tribunales inferiores. Este desarrollo deberá abarcar no sólo la aplicación de la ley penal, sino también los parámetros de interpretación de la ley procesal para la determinación precisa de los estándares a los cuales debe apegarse el procedimiento.

Se ha incorporado expresamente la posibilidad de que por medio del recurso de casación pueda revisarse la infracción de las normas constitucionales. Esa propuesta es coherente con la intención antes indicada de una incorporación creciente de las normas de la carta fundamental al desarrollo jurisprudencial en materia de procedimiento penal.

8)Procedimientos especiales y ejecución

El libro IV del proyecto trata de los procedimientos especiales y de la ejecución de las sentencias penales, entre los primeros ya ha sido abordado el procedimiento abreviado, respecto de los demás cabe señalar que el proyecto ha recogido en general los contenidos del Código de Procedimiento Penal vigente adaptándolos a los principios y mecanismos propios del nuevo sistema.

Entre las innovaciones que vale la pena resaltar se encuentra la incorporación de garantías básicas en el procedimiento aplicable a los inimputables por enajenación mental. Entre estas garantías se encuentran las de limitar las posibilidades de aplicación de una medida de seguridad a aquellos casos en que se acredite judicialmente la existencia de un hecho típico y antijurídico, el reconocimiento del derecho a defensa del afectado, la limitación de la duración de la medida aplicable al tiempo correspondiente a la pena mínima asignada al delito de que se trate y el establecimiento del control judicial de las medidas de seguridad.

En cuanto a la ejecución de las sentencias, la innovación más importante se refiere al establecimiento del control judicial de la ejecución de las penas y medidas. Se otorga competencia al tribunal que dictó la sentencia para ejercer este control y para conocer de todas las solicitudes o reclamaciones que los afectados formulen con fundamento en normas de carácter penal o penitenciario.

Esta última norma viene a despejar cualquier duda existente sobre las facultades de los jueces para controlar la ejecución penal, abriendo amplias posibilidades de desarrollo para una actividad jurisprudencial destinada a fijar parámetros mínimos a las condiciones de vida intramuros así como para controlar los aspectos mas importantes de las decisiones que en el ámbito penitenciario se adoptan comúnmente.

La Reforma Procesal Penal

El Proyecto de Ley que mediante el presente mensaje se somete a la consideración del H. Congreso Nacional, es el inicio de una reforma integral al sistema procesal penal, tal como lo señaláramos al iniciar esta exposición de motivos.

Dicha reforma estará constituida además por otros cuatro Proyectos de Ley. El primero de ellos es el que crea el Ministerio Público como un órgano autónomo, por lo que contiene también algunas modificaciones al Ordenamiento Constitucional vigente.

En segundo término, enviaremos al Congreso Nacional un Proyecto de Ley que contendrá las modificaciones orgánicas que es necesario introducir a la actual estructura del Poder Judicial, para la cabal aplicación de la reforma procesal penal. En este proyecto se incluirá además el régimen de transición del sistema vigente al que se contiene en este Proyecto y que se aplicará una vez aprobado. Cabe señalar sobre este punto, que la experiencia comparada nos enseña que uno de los aspectos más complejos de la reforma procesal penal es el que se relaciona con la entrada en vigencia de las modificaciones que en su oportunidad serán aprobadas por el H. Congreso Nacional. Es por esto que incluiremos en este Proyecto la regulación necesaria. En todo caso, cabe señalar que el principio que regirá esta entrada en vigencia es la progresividad, la que no afectará los procesos iniciados con anterioridad a la aprobación del Proyecto, los que continuarán regidos por el Código vigente, hasta su culminación.

En tercer lugar propondremos sustantivas modificaciones al actual sistema de defensa pública en materia penal, con el propósito de hacer realidad el principio de igual ante la ley, que constituye uno de los principios fundamentales que orienta este Proyecto.

Finalmente, presentaremos un Proyecto de Ley destinado a provocar las necesarias derogaciones a que debe dar lugar la aprobación del conjunto de Proyectos que configuran la reforma procesal penal.

Todas las iniciativas señaladas se sumarán a la tarea de desarrollar y consolidar nuestro sistema constitucional y democrático, que se inicia con el presente Proyecto de Ley que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la H. Cámara de Diputados, para ser tratado en la actual Legislatura Ordinaria de Sesiones, el siguiente

PROYECTO DE LEY

LIBRO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I

PRINCIPIOS BASICOS

Artículo 1º.

Juicio previo y única persecución. Ninguna persona podrá ser condenada, penada o sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial, previo juicio oral y público, desarrollado en conformidad a las normas de este Código.

El condenado, absuelto o sobreseido definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometido a un nuevo procedimiento por el mismo hecho.

Artículo 2º.

Juez natural. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta.

Artículo 3º.

Tratamiento del imputado como inocente e interpretación restrictiva. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal durante el procedimiento, en tanto no sea condenada por medio de una sentencia firme.

Las disposiciones de este Código que autorizan la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán interpretadas restrictivamente. En consecuencia tampoco se las podrá aplicar analógicamente.

Artículo 4º.

Víctima. La protección y reparación de la víctima del delito constituirán objetivos del procedimiento penal. Los fiscales del ministerio público estarán obligados a velar por sus intereses en todas las etapas del mismo. Por su parte, los jueces garantizarán la vigencia de sus derechos durante el procedimiento.

Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de afectado, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que deba intervenir.

Artículo 5º.

Defensa. Salvo las excepciones expresamente previstas en este Código, el imputado y su defensor tendrán derecho a intervenir en todos las actuaciones del procedimiento que puedan servir a la incorporación de elementos de prueba o que puedan dar lugar a restricciones en sus derechos, así como a formular los planteamientos y alegaciones que consideren oportunos.

El imputado tendrá derecho a designar un defensor letrado de su confianza, desde la primera actuación del procedimiento hasta el término de la ejecución de la sentencia. Si no lo hiciere, el tribunal le designará de oficio un defensor gratuito antes de que se produzca su primera declaración judicial.

Si el imputado prefiriere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará sólo cuando ello no perjudique la eficacia de la defensa; en caso contrario, designará de oficio un defensor letrado, sin perjuicio del derecho del imputado a formular planteamientos y alegaciones por sí mismo, según lo dispuesto en el inciso primero de este artículo.

Artículo 6º.

Calidad de imputado. Las facultades y garantías que la Constitución Política de la República, este Código y otras leyes reconocen al imputado, podrán hacerse valer por la persona a quien se atribuyere participación en un hecho punible, desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra hasta la finalización del mismo.

Se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o partícipe en él, formulada por o ante alguna de las autoridades de persecución penal que este Código establece.

Artículo 7º.

Aplicación temporal ley procesal penal. Las leyes que se refieran a las facultades o garantías previstas en la Constitución, en los tratados internacionales vigentes en Chile o en el presente Código, no serán aplicables retroactivamente a los procedimientos ya iniciados, cuando la ley anterior contuviere disposiciones más favorables al imputado.

Artículo 8º.

Aplicación de normas constitucionales y de tratados internacionales. Serán directamente aplicables al procedimiento penal las normas constitucionales que fijen las bases generales del ordenamiento jurídico y las que establecieren los derechos y garantías individuales. También lo serán las normas contenidas en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile. Asimismo, serán aplicables, en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Código, las normas comunes a todo procedimiento contenidas en el Libro I del Código de Procedimiento Civil.

TITULO II

JURISDICCION Y COMPETENCIA EN MATERIA PENAL

Artículo 9º.

Jurisdicción. Los tribunales de la República ejercen jurisdicción sobre los chilenos y sobre los extranjeros para efectos de juzgar los delitos que se cometan en su territorio, salvo los casos exceptuados por leyes especiales, tratados o convenciones internacionales en las que Chile es parte o por las reglas generalmente reconocidas del Derecho Internacional.

Artículo 10.

Efecto en Chile de las sentencias penales de tribunales extranjeros. La sentencia absolutoria pronunciada por un tribunal en el extranjero tendrá valor en Chile para todos los efectos legales, a menos que recaiga sobre algún delito cometido en el territorio nacional o en los demás lugares sometidos a la jurisdicción chilena, o sobre alguno cometido en el extranjero que debiere juzgarse en Chile.

Las sentencias condenatorias de tribunales extranjeros jamás se ejecutarán en Chile, en cuanto impusieren penas.

Sin embargo, si la sentencia penal extranjera recayere sobre crímenes o simples delitos cometidos fuera del territorio de la República que queden sometidos a la jurisdicción chilena, la pena o parte de ella que el condenado hubiese cumplido en razón de tal sentencia, se computará en la que se le impusiere de acuerdo con la ley nacional, si ambas fueren de similar naturaleza. En caso contrario, se considerará cumplida la pena o se la rebajará prudencialmente, según corresponda.

Artículo 11.

Ejecución sentencias criminales. La ejecución de las sentencias criminales se efectuará de acuerdo con las normas de este Código, las establecidas por el Código Penal y demás leyes especiales.

Mientras no se establezcan tribunales especializados, la ejecución de las condenas criminales será supervisada por los tribunales que hubieren dictado la condena respectiva. A ellos corresponderá conocer de las solicitudes y presentaciones que se pudieren plantear respecto de la forma en que dicha ejecución se realizare.

Artículo 12.

Cuestiones prejudiciales civiles. Siempre que para el juzgamiento criminal se requiriere la resolución previa de una cuestión civil de que deba conocer otro tribunal, se suspenderá el proceso hasta que dicha cuestión se resuelva por sentencia firme. En todo caso, la suspensión del proceso no impedirá el cumplimiento de las actuaciones urgentes.

Cuando se tratare de un delito de acción pública, el ministerio público deberá intervenir en la causa civil previa hasta su término, solicitando su iniciación cuando corresponda.

Artículo 13.

Improrrogabilidad competencia. La competencia criminal no podrá, en caso alguno, ser prorrogada por la simple voluntad de las partes.

Artículo 14.

Diligencias urgentes. En caso de ser necesaria la realización de diligencias de investigación u otras actuaciones de la instrucción que requirieren urgencia y que debieren practicarse fuera del territorio jurisdiccional del juez de control de la instrucción competente para conocer del asunto, los fiscales del ministerio público podrán solicitar directamente las autorizaciones correspondientes o la realización de las diligencias al tribunal del lugar donde debieren efectuarse.

TITULO III

ACTIVIDAD PROCESAL

Párrafo 1º PLAZOS

Artículo 15.

Días y horas hábiles. No habrán días ni horas inhábiles para las actuaciones del procedimiento penal, ni se suspenderán los términos por la interposición de días feriados.

No obstante, cuando un plazo de días concedido a los intervinientes venciere en día feriado, se considerará ampliado hasta las doce de la noche del día siguiente hábil.

Artículo 16.

Cómputo plazos de horas. Los plazos de horas establecidos en este Código comenzarán a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fije su iniciación, sin interrupción.

Artículo 17.

Plazos fatales. Los plazos establecidos en este código serán fatales, a menos que se indique expresamente un régimen diferente.

Artículo 18.

Improrrogabilidad de plazos. Los plazos establecidos en este Código son improrrogables a menos que la ley previere lo contrario.

Artículo 19.

Nuevo plazo. Quien sin su culpa, por defecto en la notificación, por fuerza mayor o por un acontecimiento fortuito insuperable, se hubiere visto impedido de ejercitar un derecho o desarrollar una actividad dentro del plazo establecido por la ley, podrá solicitar un nuevo plazo al tribunal, el que le podrá ser otorgado por un período igual o superior al plazo original. Dichas solicitudes deberán formularse dentro de los cinco días siguientes a aquél en que hubiere cesado el impedimento.

Artículo 20.

Renuncia de plazos. El ministerio público, el imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán renunciar total o parcialmente a los plazos establecidos en su favor, por manifestación expresa.

Si el plazo fuere común para varios intervinientes, la abreviación o renuncia requerirá el consentimiento de todos ellos y del tribunal.

Párrafo 2º

Comunicaciones entre Autoridades

Artículo 21.

Solicitudes de información, contenido y formalidades. Los fiscales del ministerio público y los tribunales con competencia criminal estarán facultados para solicitar a cualquier autoridad u organismo público la realización de diligencias o la entrega de información relacionadas con el procedimiento. Para ello bastará con la comunicación de la solicitud por medio de un oficio en el que se indicarán los antecedentes necesarios para su cumplimiento y el señalamiento del plazo en que debieren tener lugar. Además se deberá identificar el tribunal o autoridad requirente, como asimismo la fecha y el lugar de expedición de la solicitud.

Todas las autoridades y organismos públicos estarán obligados a cumplir sin demora los requerimientos de los órganos señalados.

Artículo 22.

Solicitudes entre tribunales. Cuando un tribunal deba requerir de otro la realización de una diligencia dentro de su territorio jurisdiccional, le dirigirá directamente la solicitud por medio de un oficio, sin más formalidades que la indicación de los antecedentes necesarios para la cabal comprensión de la solicitud y las demás indicadas en el inciso primero del artículo anterior.

En el caso de que el tribunal requerido rechazare o demorare excesivamente el trámite de la solicitud, el tribunal requirente podrá dirigirse directamente al superior jerárquico del primero, a fin de que este último ordene, agilice o gestione directamente la petición.

Artículo 23.

Urgencia. En casos de urgencia, las comunicaciones señaladas en los artículos precedentes podrán adelantarse por medio de telegrama, fax o aún telefónicamente, sin perjuicio del posterior envío del oficio firmado, por los medios ordinarios.

Párrafo 3º

Notificaciones y Citaciones

Artículo 24.

Funcionarios autorizados. Las notificaciones de las resoluciones judiciales se realizarán por los funcionarios judiciales especialmente habilitados al efecto. También podrá ordenarse por los tribunales la práctica de notificaciones por parte de los funcionarios de la policía.

Artículo 25.

Notificación del ministerio público y de los defensores. Los fiscales y defensores serán notificados en sus oficinas, para lo cual deberán indicar su domicilio dentro de los límites urbanos de la ciudad en que funcione el tribunal, e informar a éste de cualquier cambio del mismo.

Artículo 26.

Notificación intervinientes. Cuando un interviniente en el procedimiento cuente con defensor o mandatario, las notificaciones deberán ser hechas solamente a éstos, salvo que la ley dispusiere otra cosa o que por la naturaleza de la actuación el tribunal resolviere que también se notifique directamente al interviniente.

Artículo 27.

Notificaciones audiencias judiciales. Las resoluciones dictadas durante las audiencias judiciales y aquellas que lo sean inmediatamente después de los debates se entenderán notificadas a los intervinientes en el procedimiento que hubieren asistido o debido asistir, mediante la lectura de la resolución.

Los interesados podrán pedir copias de los registros en que consten estas resoluciones, las que se expedirán sin demora.

Artículo 28.

Primera notificación. La primera notificación que en el procedimiento se practicare a quien no hubiere comparecido a ninguna actuación anterior, deberá realizarse personalmente en la secretaría del tribunal, en su morada, residencia, domicilio, en el lugar en que ejerza habitualmente sus labores o en el lugar en que se encontrare.

Si quien debiere ser notificado es buscado por dos veces, en días distintos, en su morada, residencia, domicilio o en el lugar en que ejerza habitualmente sus labores y no es habido, se practicará la notificación, sin más trámite, entregándose copia de la solicitud y de su proveído a una persona adulta, de preferencia pariente del notificado, en cualquiera de los lugares señalados.

El funcionario que practicare la notificación deberá certificar el hecho de las búsquedas, el haberse efectuado la entrega en alguno de los lugares señalados en el inciso anterior y la identidad de quien recibió las copias respectivas.

Si efectuadas las búsquedas a que se refiere el inciso segundo no es habido quien debiere ser notificado ni persona adulta, el funcionario que debiere practicar la notificación certificará esta circunstancia y el hecho de corresponder el lugar a la morada, residencia, domicilio o el lugar en que ejerza habitualmente sus labores, y con el mérito de esta certificación el juez ordenará practicar la notificación por cédula, debiendo el funcionario que practique la notificación dar aviso de ella, al sujeto notificado, el mismo día en que se efectúe o a más tardar el día hábil siguiente, dirigiéndole carta certificada. Del envío se dejará testimonio en la certificación, pero su omisión no invalidará la notificación y sólo hará responsable al infractor de los perjuicios que se originen.

En todo caso, el funcionario que practique la notificación deberá certificar lo obrado, indicando la fecha, hora y lugar de la notificación y la circunstancia de haberla practicado personalmente, en su caso.

Artículo 29.

Señalamiento de domicilio de los intervinientes en el procedimiento. En su primera intervención en el procedimiento los intervinientes en éste deberán ser conminados por el juez, por los fiscales del ministerio público, por los funcionarios de la policía o el funcionario judicial que practique la primera notificación, a indicar un domicilio dentro de los límites urbanos de la ciudad en que funcione el tribunal respectivo en el que puedan practicárseles las notificaciones posteriores. Asimismo, deberán comunicar cualquier cambio de su domicilio. En caso de omisión del señalamiento del domicilio o de la comunicación de los cambios del mismo, de cualquier inexactitud o de la inexistencia del domicilio indicado, las resoluciones que se dicten se notificarán en la forma prevista en el artículo 34. Para dicho efecto, los intervinientes en el procedimiento deberán ser advertidos, dejándose constancia de ello en el acta que se levante.

El mismo apercibimiento se formulará al imputado que fuere puesto en libertad, salvo que se tratare de un sobreseimiento definitivo o una sentencia absolutoria ejecutoriados.

Artículo 30.

Notificaciones por cédula. La notificación de las resoluciones que la ley ordene practicar por cédula, se efectuarán en el domicilio indicado de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 25 y 29 según sea el caso, haciendo entrega del contenido de la notificación a la persona que allí se encontrare o fijando su contenido en la puerta, en el caso de no encontrarse a persona mayor de edad.

Artículo 31.

Notificaciones al imputado privado de libertad. Las notificaciones que debieren realizarse al imputado privado de libertad se practicarán en el lugar de detención o en la secretaría del tribunal.

Artículo 32.

Otras formas de notificación. Cualquier interviniente en el procedimiento podrá proponer al tribunal otras formas de notificación, que este último podrá aceptar si en su opinión resultaren suficientemente eficaces y no pudieren generar indefensión.

Artículo 33.

Contenido. La notificación deberá incluir una copia de la resolución de que se trate, con la identificación del proceso sobre el que recayere, a menos que la ley expresamente ordene agregar otros antecedentes, o que el juez lo estimare necesario para la debida información del notificado o para el adecuado ejercicio de los derechos.

También se podrá notificar un extracto de la resolución, en los casos en que la ley lo autorice.

Artículo 34.

Notificación por estado diario. Las resoluciones para las cuales la ley no establezca una forma especial de notificación, se incluirán en un estado diario de la manera que señala el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 35.

Notificaciones y comunicaciones del Ministerio Público. En los casos en que el ministerio público estuviere obligado a notificar formalmente alguna actuación a los demás intervinientes en el procedimiento, deberá hacerlo siempre por medio del tribunal.

Cuando necesite comunicarse con los intervinientes en el procedimiento y a menos que la ley establezca requisitos o formalidades especiales, podrá hacerlo por cualquier medio que resulte eficaz.

Artículo 36.

Citaciones judiciales. Cuando fuere necesaria la comparecencia de alguna persona para llevar a cabo una actuación ante el tribunal, se la citará notificándole la resolución que ordene su comparecencia de acuerdo al artículo 30, a menos que sea la primera notifación que se le practique, caso en el cual se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 28.

Se hará saber a los citados el tribunal ante el cual deban comparecer, su domicilio, la fecha y hora de la audiencia, la identificación del procedimiento de que se tratare y el motivo de su comparecencia. Al mismo tiempo se les advertirá que la no comparecencia injustificada provocará su conducción por medio de la fuerza pública, que quedarán obligados al pago de las costas que causaren y sobre las sanciones que puedan imponérseles. También se le deberá indicar que en caso de impedimento, deberán comunicarlo y justificarlo ante tribunal, con anterioridad a la fecha de la audiencia.

La no comparecencia injustificada provocará de inmediato la ejecución del apercibimiento. Cuando se tratare de un imputado que se encontrare en libertad, éste podrá ser mantenido en prisión preventiva hasta la realización de la actuación respectiva. En el caso de los testigos, peritos y otras personas cuya presencia se requiriera, podrán ser detenidos hasta la realización de la actuación por un máximo de doce horas y además se les podrá imponer una multa de hasta 15 Unidades Tributarias Mensuales.

La sanción pecuniaria señalada en el inciso anterior se impondrá a los abogados defensores y fiscales que no comparecieren injustificadamente a actuaciones que no pudieren desarrollarse sin su presencia.

Artículo 37.

Citación ministerio público. Cuando el ministerio público requiriere la comparecencia de una persona en el desarrollo de su actividad de instrucción, podrá citarla por cualquier medio idóneo. En el caso de falta de comparecencia, podrá hacer uso de sus facultades de detención en los supuestos en que ésta proceda. En los demás casos, deberá recurrir ante el juez de control de la instrucción para que lo autorice a conducir compulsivamente a la persona a su presencia.

Párrafo 4º

Resoluciones y otras actuaciones judiciales

Artículo 38.

Poder coercitivo. En el ejercicio de sus funciones, el tribunal podrá ordenar directamente la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas necesarias para el seguro y regular cumplimiento de las actuaciones que ordenare y de las resoluciones que dictare.

Artículo 39.

Nulidad de las actuaciones delegadas. La delegación de funciones en empleados subalternos para realizar actuaciones en que las leyes requieran la intervención del juez producirá la nulidad de las mismas.

Artículo 40.

Fundamentación. Será obligación del tribunal fundamentar las resoluciones que dicte, con excepción de aquellas que se pronuncien sobre cuestiones de mero trámite. La fundamentación expresará con precisión los motivos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones tomadas.

La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los medios de prueba o solicitudes de los intervinientes no sustituirán en ningún caso a la fundamentación.

Artículo 41.

Firma de las resoluciones. Las resoluciones judiciales serán suscritas por el juez o por todos los miembros del tribunal que las dictaren.

Artículo 42.

Plazo para dictar la sentencia definitiva. La sentencia definitiva se deberá dictar sin solución de continuidad en la audiencia respectiva, debiendo comunicarse la decisión relativa a la absolución o condena en el juicio.

El incumplimiento de lo previsto en el inciso anterior producirá la nulidad del juicio.

Al pronunciarse sobre la absolución o condena el tribunal podrá diferir la redacción del fallo y la determinación de la pena por un plazo no superior a los treinta días contados desde esa misma fecha. Transcurrido el plazo establecido en este inciso sin que se hubiere emitido el fallo se producirá la nulidad del juicio, a menos que la decisión a que se refiere el inciso primero hubiere sido de absolución.

Artículo 43.

Plazos para dictar las resoluciones que ponen término al proceso. Las normas del artículo anterior, referidas a los plazos para dictar la sentencia definitiva, serán aplicables a los demás supuestos en que por resolución judicial se pusiere término al proceso.

Artículo 44.

Resolución firme. Las resoluciones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas, sin necesidad de declaración alguna, en cuanto no fueren oportunamente recurridas.

Sentencia firme es aquella contra la cual no cabe recurso alguno, excepto el de revisión.

Artículo 45.

Copias. El tribunal conservará copia auténtica de las sentencias, de las demás resoluciones y de otras actuaciones que considere relevantes.

Artículo 46.

Reconstitución. Cuando por cualquier causa se destruyere, extraviare o substrayere el original de las resoluciones o de otras actuaciones procesales, la copia auténtica tendrá el valor de aquél.

Si el tribunal no dispusiere de copia auténtica ordenará que quien la tuviere en su poder la entregue, sin perjuicio de su derecho de obtener otra gratuitamente.

Artículo 47.

Dictación de resoluciones y repetición de actuaciones. Si no existiere copia auténtica de las resoluciones, éstas se dictarán nuevamente, para lo cual el tribunal reunirá los antecedentes que le permitan fundamentar su preexistencia y contenido.

Cuando no fuere posible proceder de acuerdo al inciso anterior las actuaciones deberán repetirse con las formalidades previstas para cada caso.

Artículo 48.

Copias de informes y certificaciones. El tribunal ordenará la expedición de copias, informes o certificaciones cuando sean requeridas por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos, a menos que lo impidiere el estado del procedimiento, que ello pudiere perturbar su normal substanciación o afectar el principio de inocencia.

Párrafo 5º

Registro de las actuaciones de la instrucción y de la audiencia intermedia

Artículo 49.

Regla general. De las actuaciones realizadas por o ante el tribunal se levantará un registro en la forma señalada en este párrafo. La elaboración de los registros corresponderá a funcionarios judiciales habilitados al efecto.

Si alguna de las personas fuere ciega o analfabeta, el registro deberá ser leído y suscrito por una persona de su confianza, dejando aquélla, en todo caso, la impresión digital.

Artículo 50.

Contenido. El registro contendrá una relación resumida de la actuación, el tribunal velará porque éste refleje de manera fiel la parte esencial de lo actuado, con la descripción de las circunstancias en las cuales se hubiere realizado la actuación, si éstas pudieren servir para valorar la credibilidad de los antecedentes obtenidos.

Artículo 51.

Acceso y copias. Las partes siempre tendrán acceso al contenido de los registros y podrán obtener copias auténticas de ellos.

Artículo 52.

Actuaciones del ministerio público. Las actuaciones realizadas por los fiscales del ministerio público se registrarán en forma resumida y contendrán la indicación de la fecha, hora y lugar de realización de la respectiva actuación, como asimismo de los funcionarios que hubieren tomado parte en ella y, finalmente, una breve relación de los resultados obtenidos.

Párrafo 6º

Costas

Artículo 53.

Resolución necesaria. Toda resolución que ponga término a la causa o a un incidente, deberá resolver de manera fundada sobre el pago de las costas del procedimiento.

Artículo 54.

Contenido. Las costas del procedimiento penal comprenderán tanto las costas procesales como las personales de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 139 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 55.

Condena. Las costas serán de cargo del condenado, pero el tribunal podrá eximirlo total o parcialmente, cuando considerare que ello resulta adecuado en conformidad al desarrollo del procedimiento.

Si fuere admitida la pretensión civil en la sentencia, el imputado y el tercero civilmente demandado soportarán solidariamente las costas; si se rechazare la pretensión, las soportará el actor civil. Todo ello sin perjuicio de la facultad concedida al tribunal en el inciso primero de este artículo.

Artículo 56.

Absolución y sobreseimiento definitivo. Cuando el imputado fuere absuelto o sobreseído definitivamente, el querellante será condenado en costas, a menos que hubiere tenido motivo plausible para litigar.

Artículo 57.

Sobreseimiento temporal. Dispuesto el sobreseimiento temporal de la causa, cada interviniente y el ministerio público soportarán sus propias costas.

Artículo 58.

Distribución de costas. Cuando fueren varios los condenados al pago de las costas, el tribunal fijará la parte o proporción que corresponda a cada uno.

Artículo 59.

Personas exentas. Los funcionarios del ministerio público, los abogados y los mandatarios de los intervinientes en el procedimiento, no podrán ser condenados personalmente al pago de las costas, salvo los casos de notorio desconocimiento del derecho o de grave negligencia en el desempeño de sus funciones, en los cuales se les podrá imponer por resolución fundada el pago total o parcial de las costas.

Artículo 60.

Anticipación de gastos. Cuando fuere necesario efectuar un gasto cuyo pago correspondiere a los intervinientes, el tribunal estimará su monto y dispondrá su consignación anticipada.

En todo caso, el Estado soportará los gastos del imputado y de los demás intervinientes que gozaren del privilegio de pobreza.

TITULO IV

ACCION PENAL

Párrafo 1º

Clases de acciones

Artículo 61.

Clasificación de la acción penal. La acción penal es pública o privada. La primera, deberá ser ejercida de oficio por los órganos de persecución penal; la segunda, sólo podrá ejercerse por la persona directamente ofendida por el delito.

Todos los delitos son de acción pública, a menos que la ley señale expresamente algo diferente.

Artículo 62.

Delitos de acción pública previa instancia particular. No podrán ser perseguidos de oficio sin que la víctima hubiere denunciado el hecho a la justicia o solicitado la persecución de cualquier otro modo, los siguientes delitos:

a) La violación;

b) Los abusos deshonestos;

c) El rapto;

d) La bigamia;

e) Las lesiones previstas en los artículos 399 y 494 número 5º del Código Penal;

f) La violación de domicilio;

g) La violación de secretos prevista en los artículos 231 y 247 inciso 2 del Código Penal;

h) Los contenidos en el párrafo 8 del título IX del Libro II del Código Penal, con excepción del delito previsto en el artículo 472 del mismo;

i) Las amenazas previstas en los artículos 296 y 297 del Código Penal;

j) Los previstos en la ley 19.039; y,

k) Los demás que otras leyes señalen en forma expresa.

En caso de incapacidad temporal o permanente de la víctima, la denuncia podrá ser formulada por su representante legal, su guardador o sus parientes, en el orden establecido en el artículo 136 letra b.

Cuando la víctima fuere menor de edad o se encontrare imposibilitada de realizar libremente la denuncia o, cuando quienes pudieren formularla por ella se encontraren imposibilitados de hacerlo o implicados en el hecho, el ministerio público podrá proceder de oficio. Lo previsto en este inciso se aplicará, asimismo, cuando el delito afecte bienes pertenecientes al patrimonio estatal.

Iniciado el procedimiento, éste se tramitará de acuerdo con las normas generales relativas a los delitos de acción pública.

Artículo 63.

Delitos de acción privada. No podrán ser ejercidas por otra persona que la víctima, las acciones que nacen de los siguientes delitos:

a) La calumnia y la injuria. Estos delitos podrán ser además perseguidos por el cónyuge, el conviviente, los hijos, nietos, padres, abuelos y hermanos del ofendido que se encontrare moral o físicamente imposibilitado. Si hubiere muerto el ofendido, las mismas personas, y además los herederos, podrán deducir las acciones correspondientes. No se dará curso a las querellas por estos delitos cuando hubieren transcurrido cinco años desde que se hubieren cometido;

b) El estupro, que podrá ser también perseguido por los padres o abuelos de la persona ofendida, aun cuando no la representen legalmente;

c) La falta descrita en el Número 11 del artículo 496 del Código Penal;

d) La provocación al duelo y el denuesto o descrédito público por no haberlo aceptado;

e) El giro fraudulento de cheque previsto en el decreto con fuerza de ley 707 de 1982;

f) La comunicación fraudulenta de secretos de la fábrica en que el imputado ha estado o está empleado; y,

g) El matrimonio del menor llevado a efecto sin el consentimiento de las personas designadas por la ley y celebrado de acuerdo con el funcionario llamado a autorizarlo; acción que se entenderá renunciada si la querella no se entablare dentro del término de dos meses después de tenerse noticia de la celebración del matrimonio.

Artículo 64.

Irrenunciabilidad de acciones penales. La acción penal pública no se extingue por la renuncia de la persona ofendida.

Pero se extinguen por esa renuncia la acción penal privada y la civil derivada de cualquier clase de delitos.

Si el delito es de aquellos que no pueden ser perseguidos sin previa instancia particular, cualquiera que no sea el ministerio público podrá renunciar el derecho a realizar la denuncia y, en tal caso, también se extinguirá la respectiva acción penal.

Artículo 65.

Efectos relativos de la renuncia. La renuncia de una acción penal renunciable sólo afectará al renunciante y a sus sucesores, y no a otras personas a que también correspondiere la acción.

Artículo 66.

Responsabilidad penal de personas naturales. La acción penal, sea pública o privada, no puede entablarse sino contra los personalmente responsables del delito.

La responsabilidad penal sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas responden los que hayan intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que afecte a la corporación en cuyo nombre hubieren obrado.

Párrafo 2º

Acciones civiles

Artículo 67.

Principio general. Durante la tramitación del procedimiento penal podrán deducirse, con arreglo a las prescripciones de este Código, las acciones encaminadas a reparar las consecuencias civiles del hecho punible, como son, entre otras, las que persigan la restitución de la cosa o su valor, o la indemnización de los perjuicios ocasionados.

En consecuencia, podrán intentarse ante el tribunal que conociere el procedimiento penal las acciones civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí mismas hubieren causado o que pudieren atribuírseles como consecuencias próximas o directas, de modo que el fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del procedimiento penal.

Artículo 68.

Preclusión en el procedimiento penal. La demanda civil o las medidas destinadas a prepararla sólo podrán ser ejercidas en el procedimiento penal mientras se encuentre pendiente la persecución penal.

Si se hubiere presentado demanda civil o solicitado alguna medida para su preparación en el procedimiento penal y éste se suspendiere o terminare anticipadamente por cualquier causa sin decisión acerca de la cuestión civil, el actor civil podrá ocurrir ante el tribunal civil competente.

Artículo 69.

Ejercicio alternativo de acciones. Podrán deducirse separadamente ante el tribunal civil correspondiente las acciones que persigan las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible, salvo la que tuviere por objeto únicamente la restitución de una cosa, que deberá interponerse siempre ante el juez que conozca del respectivo procedimiento penal. Se observará, cuando corresponda, lo dispuesto en el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil.

La acción planteada por la vía del procedimiento civil no podrá ser ejercida nuevamente durante el curso del procedimiento penal.

Por su parte, admitida a tramitación la demanda civil en el procedimiento penal, no se podrá deducir nuevamente ante un tribunal civil, salvo la excepción contemplada en el inciso segundo del artículo anterior.

Artículo 70.

Efectos recíprocos de la sentencia. Cuando el imputado hubiere sido condenado en el juicio criminal como responsable del delito, no podrá ponerse en duda, en el juicio civil, la existencia del hecho que constituyere el delito, ni sostenerse la inculpabilidad del condenado.

La sentencia firme absolutoria dictada en pleito promovido para el ejercicio de la acción civil no será obstáculo para el ejercicio de la acción penal correspondiente, cuando se tratare de delitos de acción pública.

Artículo 71.

Demanda civil por el ministerio público. Cuando la víctima del delito no contare con una defensa jurídica en el procedimiento penal, le corresponderá al ministerio público deducir la demanda civil en su nombre y realizar todos los actos de preparación que considere necesarios para ello, a menos que la víctima expresamente hubiere renunciado al ejercicio de la acción, la hubiere ejercido ante tribunal civil, hubiere manifestado su voluntad de ejercerla por esa vía o no colaborare con el ministerio público para el debido ejercicio de aquella.

En estos casos, el ministerio público contará con las mismas facultades que este Código le concede al actor civil.

Artículo 72.

Personas contra quienes puede entablarse. La acción civil puede dirigirse contra quienes aparecieren responsables del hecho punible, contra los terceros civilmente responsables y contra los herederos de unos y otros.

Artículo 73.

Desistimiento y abandono. El actor civil podrá desistirse de su acción en cualquier estado del procedimiento.

Se considerará abandonada la acción civil cuando el actor civil no compareciere a la audiencia intermedia o al juicio, se alejare de ellos sin justo motivo o no expusiere sus conclusiones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 391.

Artículo 74.

Efectos del desistimiento y abandono. El desistimiento o el abandono de la demanda civil importan una renuncia a la pretensión reparatoria y, en consecuencia, impiden el ejercicio del derecho alternativo que concede el artículo 69.

La renuncia de la acción civil sólo afectará al renunciante y a sus sucesores, y no a las demás personas a quienes también pudiere corresponder dicha acción.

El desistimiento y el abandono obligarán al actor civil a responder por las costas que su intervención en el procedimiento hubiere ocasionado.

Artículo 75.

Efectos extinción acción civil. Extinguida la acción civil no se entiende extinguida por el mismo hecho la acción penal para la persecución del hecho punible.

Artículo 76.

Ejercicio único acción civil. Cuando sólo se ejercite la acción civil respecto de un hecho punible de acción privada o cuya persecución dependiere de instancia particular, se considerará extinguida por esa circunstancia la acción penal.

Artículo 77.

Preparación de la demanda civil durante la instrucción. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente, el actor civil podrá preparar la demanda civil durante la etapa de instrucción, con posterioridad a la formulación de cargos, solicitando la práctica de diligencias que considere necesarias para esclarecer los hechos que serán objeto de su demanda. Regirán, correspondientemente, los artículos 279 y 280.

Asimismo, se podrá preparar la demanda civil solicitando alguna de las medidas previstas en el artículo 190.

Cuando el actor civil pretendiere dirigir su demanda en contra del tercero civilmente responsable, podrá prepararla en la forma señalada en los incisos precedentes o anunciando su intención de interponerla en la oportunidad procesal correspondiente. El juez de control de la instrucción deberá disponer, en tales casos, la notificación al tercero civilmente responsable, de conformidad al artículo 28.

La preparación de la demanda civil interrumpe la prescripción. No obstante, si no se dedujere demanda en conformidad a lo prescrito en el párrafo 3º de este Título, continuará corriendo la prescripción como si no se hubiere interrumpido.

Párrafo 3º

Demanda civil

Artículo 78.

Oportunidad. Durante el procedimiento intermedio, y en el plazo previsto en el artículo 349, el actor civil podrá interponer, por escrito, su demanda, la que deberá cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. La demanda civil del querellante deberá deducirse conjuntamente con su escrito de adhesión o acusación.

La demanda civil deberá contener, además, el señalamiento de los medios de prueba de que piensa valerse en el juicio, en los mismos términos expresados en el inciso segundo del artículo 347.

Artículo 79.

Demanda contra tercero civilmente responsable. Cuando el actor civil no hubiere anunciado la interposición de su demanda durante la instrucción y la dedujere contra un tercero civilmente responsable en la oportunidad señalada en el artículo precedente, deberá practicar su notificación en conformidad a lo dispuesto en el artículo 28 con anterioridad a la oportunidad a que se refiere el artículo 350.

Si la notificación de la demanda en contra del tercero civilmente responsable no se practicare en la oportunidad prevista en el inciso anterior o dicha notificación fuere nula, éste será excluido del procedimiento penal, sin perjuicio del derecho del demandante de perseguir su responsabilidad ante el tribunal civil competente.

Artículo 80.

Inadmisibilidad demanda. El juez de control de la instrucción podrá no dar curso a la demanda que no contenga las indicaciones ordenadas en los tres primeros números del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, expresando el defecto de que adolece. La declaración anterior no obstará el ejercicio de la acción civil ante el tribunal civil competente, entendiéndose suspendida la prescripción en favor del demandante civil desde que hubiere interpuesto la demanda o, en su caso, desde que se hubiere constituido en actor civil.

Artículo 81. Actuación demandados. El imputado y el tercero civilmente responsable tendrán el plazo señalado en el artículo 351 para contestar la demanda civil interpuesta en su contra, o para oponer las excepciones que correspondan. Podrán, asimismo, señalar los vicios formales de que adoleciere la demanda civil, requiriendo su corrección, siempre que no se tratare de alguno de los defectos señalados en el artículo precedente.

En su contestación, deberán indicar cuáles serán los medios probatorios de que se valdrán, del modo previsto en el inciso segundo del artículo 347.

Artículo 82.

Facultades del tercero civilmente demandado. El tercero civilmente demandado gozará, desde su intervención en el procedimiento, de todas las facultades concedidas al imputado para su defensa, pero sólo en lo concerniente a sus intereses civiles.

Artículo 83.

Incidentes relacionados con la demanda y su contestación. Todos los incidentes y excepciones planteados por las partes civiles con ocasión de la interposición o contestación de las respectivas demandas deberán resolverse durante la audiencia intermedia y sin retardar el curso del procedimiento penal.

TITULO V

SUJETOS PROCESALES

Párrafo 1º

El Tribunal

Artículo 84.

Estructura y competencia tribunales del crimen. La estructura y competencia de los tribunales del crimen estará regida por las disposiciones contenidas en el Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 85.

Juez de Control de la Instrucción. Corresponderá a los jueces de control de la instrucción:

a) Garantizar los derechos del imputado y demás intervinientes del procedimiento y resolver todas aquellas cuestiones que la ley someta a su decisión durante la instrucción;

b) Dirigir el debate en la audiencia intermedia y dictar las resoluciones que correspondan;

c) Dictar sentencia en el procedimiento abreviado, cuando corresponda; y,

d) Resolver todos los incidentes que se promuevan durante la etapa de instrucción y la audiencia intermedia.

Artículo 86.

Tribunales colegiados de juicio oral. Corresponderá a los tribunales colegiados de instancia el conocimiento y fallo del juicio oral.

La preparación de la audiencia principal siempre corresponderá al presidente del tribunal.

Artículo 87.

Facultades durante conflicto de competencia. Si se suscitare un conflicto de competencia entre varios jueces de control de la instrucción para conocer o no de una misma causa criminal, mientras no se dirima dicha competencia, cada uno de ellos estará facultado para practicar las diligencias urgentes y otorgar las autorizaciones que con el mismo carácter les soliciten los fiscales del ministerio público, siempre que la diligencia de que se tratare o la actuación que se autorizare deba realizarse dentro del territorio jurisdiccional del respectivo tribunal.

De los jueces entre quienes se hubiere suscitado la contienda, aquél en cuyo territorio jurisdiccional se encontraren quienes estuvieren privados de libertad en la causa resolverá acerca de su puesta en libertad.

Artículo 88.

Efectos de la resolución. Dirimida la competencia, serán puestos inmediatamente a disposición del juez competente las personas que se encontraren privadas de libertad, así como los antecedentes que obraren en poder de los demás jueces que hubieren intervenido.

Todas las actuaciones practicadas ante los jueces que resultaren incompetentes serán válidas, sin necesidad de ratificación ante el juez que hubiere sido declarado competente.

Artículo 89.

Preclusión de las cuestiones de competencia. Transcurridos tres días desde la notificación de la resolución que fije fecha para la realización de la audiencia principal, la incompetencia del tribunal del juicio oral no podrá ser declarada de oficio, ni podrán las partes promover incidentes relativos a ella.

Si la cuestión de competencia se planteare durante la audiencia intermedia, no se suspenderá la tramitación de la misma, pero sí las decisiones finales.

Artículo 90.

Implicancia de los jueces penales. Los jueces con competencia en lo penal estarán sometidos, además de las normas generales sobre implicancias y recusaciones del Código Orgánico de Tribunales, a las siguientes causales de implicancia:

a) Haber intervenido el juez en la causa como fiscal o como juez en etapas anteriores del procedimiento.

b) Haber formulado el juez acusación como fiscal en una o más causas anteriores contra el mismo imputado.

Artículo 91.

Inhabilitación del juez de control de la instrucción. Planteada la inhabilitación del juez de control de la instrucción, quien deba subrogarlo conforme a la ley continuará conociendo en todos los trámites anteriores a la audiencia intermedia, la que no se realizará hasta la resolución de si ha o no lugar a la inhabilitación.

Artículo 92.

Inhabilitación de los jueces de juicio oral. Las solicitudes de inhabilitación de los jueces de juicio oral deberán plantearse a más tardar dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución que fije fecha para el juicio, debiendo tramitarse y resolverse de acuerdo a las normas del Código Orgánico de Tribunales.

Cuando los hechos que constituyeren la causal de implicancia o recusación llegaren a conocimiento de la parte con posterioridad al vencimiento del plazo previsto en el inciso anterior y antes del inicio del juicio oral, el incidente respectivo deberá ser promovido al iniciarse la audiencia principal.

Con posterioridad al inicio de la audiencia principal no podrán deducirse incidentes relativos a la inhabilitación de los jueces que compongan el tribunal. Con todo, si cualquiera de los jueces advirtiere un hecho nuevo constitutivo de causal de inhabilidad, el tribunal podrá declararla de oficio, en cuyo caso se anulará todo lo obrado en el juicio oral.

Párrafo 2º

El Ministerio Público

Artículo 93.

Función. Los fiscales del ministerio público ejercerán y sustentarán la acción penal pública en la forma prevista por la ley. Con ese propósito practicarán la investigación fiscal preparatoria y dirigirán la actuación de la policía.

Artículo 94.

Objetividad. En el ejercicio de su función, los fiscales del ministerio público adecuarán sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley. De acuerdo con ese criterio deberán investigar con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o la atenúen.

Artículo 95.

Derechos de las víctimas. Será deber de los fiscales del ministerio público velar por los intereses de las víctimas de los delitos durante todo el procedimiento, procurando facilitar su intervención en el mismo y evitando o disminuyendo al máximo cualquier perturbación que el afectado deba soportar con ocasión de los trámites en que deba intervenir.

El ministerio público estará, en todo caso, obligado a realizar las siguientes actividades en favor de las víctimas:

a) Entregarle información acerca del curso y resultado del procedimiento, de sus derechos y de las actividades que deba realizar para ejercerlos.

b) Ordenar por sí mismo o solicitar al tribunal, en su caso, las medidas destinadas a la protección de la víctima y su familia frente a probables futuros atentados.

c) Promover la acción civil en favor de la víctima de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71.

d) Escuchar a la víctima antes de solicitar o resolver la suspensión del procedimiento o su terminación por cualquier causa.

Artículo 96.

Facultades. En el ejercicio de sus funciones el ministerio público llevará adelante todas las actuaciones conducentes al éxito de la investigación. Sin perjuicio de ello, cuando éstas afecten o puedan afectar derechos individuales, sólo podrá proceder autónomamente en los casos en que la ley lo autorice en forma expresa, debiendo en todos los demás requerir autorización judicial previa.

Artículo 97.

Implicancias y recusaciones. Los fiscales del ministerio público se considerarán implicados y podrán ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los jueces. Con todo, no les serán aplicables las causales previstas en los artículos 90 b) de este Código, 195 nº8 y 196 nº10 del Código Orgánico de Tribunales.

La implicancia de oficio o la solicitud de implicancia o recusación serán resueltas por las autoridades del ministerio público conforme a la ley orgánica respectiva.

Artículo 98.

Fundamentación de requerimientos y resoluciones del ministerio público. Los requerimientos y decisiones del ministerio público deberán ser fundados. El ministerio público procederá oralmente en los debates y por escrito en los demás casos.

Párrafo 3º

La Policía

Artículo 99.

Función de la policía en el procedimiento penal. Los agentes de la Policía de Investigaciones de Chile serán auxiliares del ministerio público para llevar a cabo las diligencias de la instrucción y deberán, por iniciativa propia o por orden del ministerio público, investigar los hechos punibles de acción pública y aquellos que dependen de instancia privada cuando corresponda, individualizar a los sospechosos y reunir los antecedentes útiles que habrán de servir de base a la acusación o para determinar el sobreseimiento. Asimismo, les corresponderá ejecutar las medidas de coerción que el ministerio público decrete.

La misma función deberá ser cumplida por Carabineros de Chile en los lugares en que no exista Policía de Investigaciones y, aun existiendo, cuando el fiscal a cargo del caso así lo resuelva.

Si el delito es de acción privada, los funcionarios de la policía no practicarán diligencias de investigación, salvo orden judicial previa.

Artículo 100.

Superintendencia del ministerio público. Los funcionarios policiales que cumplan funciones previstas en este Código ejecutarán sus tareas bajo la superintendencia directa del ministerio público y deberán ejecutar sus órdenes, sin perjuicio de su respectiva dependencia de las autoridades de la institución a que pertenecieren.

También deberán cumplir las órdenes que para la tramitación del procedimiento les dirijan los jueces con competencia en lo criminal.

El ministerio público supervisará el correcto cumplimiento de la función judicial de la policía. El Fiscal Nacional podrá impartir instrucciones generales en lo relativo a dichas funciones, cuidando de respetar su organización administrativa.

Artículo 101.

Deberes de la policía. Los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile, deberán realizar las siguientes actuaciones sin requerir orden previa:

a) Recibir las denuncias del público.

b) Poner en conocimiento del ministerio público todos los delitos de que tuvieren noticia.

c) Prestar auxilio a la víctima.

d) Practicar la detención en los casos de flagrancia, conforme a la ley.

e) Conservar los rastros o vestigios del delito y recoger los antecedentes que corran el riesgo de perderse.

f) En los casos en que se practique una detención deberán informar de sus derechos al detenido, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 110 y 165.

En el cumplimiento de estos deberes la policía deberá ajustar su proceder a las instrucciones que el Fiscal Nacional le impartiere en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo anterior.

Artículo 102.

Obligación de informar al ministerio público. Los oficiales y agentes de la policía informarán inmediatamente al ministerio público de cualquier investigación a la que dieren inicio.

Una vez informado, el fiscal instruirá a la policía acerca de la forma de proceder y podrá delegar en ella alguna de sus funciones.

La policía no podrá interrogar autónomamente al imputado. Sólo podrá dirigirle preguntas para constatar su identidad, con todas las advertencias que se establecen en el artículo 120. En caso de que el imputado manifieste su deseo de declarar, deberá conducirlo para su declaración inmediata ante el ministerio público, a menos que éste hubiere delegado la facultad de recibir dicha declaración. Si el imputado exigiere ser conducido ante el juez para prestar su declaración, deberá facilitársele la posibilidad de tomar notas para no perjudicar su memoria actual, notas que utilizará libremente el imputado durante su declaración y que en caso alguno podrán ser valoradas como prueba en el juicio oral.

Artículo 103.

Solicitud de actuaciones y plazo. El fiscal que dirija la investigación o el Fiscal Nacional podrán requerir en cualquier momento las actuaciones de la policía o señalarle plazos para su conclusión.

Artículo 104.

Imposibilidad de cumplimiento. El funcionario de la policía que por cualquier causa se encontrare impedido de cumplir la orden que hubiere recibido del ministerio público o de la autoridad judicial, lo pondrá inmediatamente en conocimiento de quien la hubiere emitido. Este último podrá sugerir o disponer las modificaciones que estime convenientes para su debido cumplimiento.

Artículo 105.

Prohibición de informar. Se prohíbe a todos los funcionarios de la policía dar informaciones acerca de las diligencias que practicaren, sus resultados y de las órdenes que debieren cumplir, de conformidad a lo previsto en este Código.

Los funcionarios policiales no podrán informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de detenidos, imputados, víctimas, testigos ni otras personas que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a un procedimiento penal.

La infracción a las disposiciones de este artículo será sancionada con reclusión o presidio menor en su grado mínimo a medio, a menos que los hechos constituyan otro delito sancionado con igual o mayor pena.

Artículo 106.

Poder disciplinario. El Fiscal Nacional del ministerio público tendrá la supervigilancia del cumplimiento de las actuaciones ordenadas por este organismo y podrá, en tal carácter, por sí o por medio de los fiscales del ministerio público, recabar informes, hacer inspecciones, prescribir órdenes para que las actuaciones pendientes sean legal y oportunamente realizadas, practicar indagaciones y recibir declaraciones sin juramento con el objeto de hacer efectiva la responsabilidad funcionaria o penal de los infractores.

Los funcionarios de la policía que infringieren disposiciones relativas al desempeño de las funciones previstas en este Código, que omitieren o retardaren la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplieren negligentemente, podrán ser amonestados por el fiscal del ministerio público respectivo. Además, a solicitud del funcionario responsable o del superior jerárquico del ministerio público, se podrá recomendar a las autoridades administrativas correspondientes la aplicación de una sanción disciplinaria, sin perjuicio de iniciar la persecución de su responsabilidad penal, cuando correspondiere.

Artículo 107.

Registro. Para documentar sus investigaciones, la policía levantará un registro en el que se dejará constancia de las diligencias practicadas, con expresión del día, hora y lugar en que se hubieren realizado y de cualquier circunstancia que pudiere resultar de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el registro de las instrucciones recibidas de los fiscales y jueces.

El registro será firmado por el funcionario a cargo de la investigación y, en lo posible, por las personas que hubieren intervenido en los actos o proporcionado alguna información.

En todo caso, estos registros no tendrán valor probatorio alguno.

Párrafo 4º

El imputado

I. DERECHOS DEL IMPUTADO

Artículo 108.

Derechos del imputado. El imputado tendrá los siguientes derechos:

a) A que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan;

b) A ser asistido desde los actos iniciales de la investigación por un defensor que designe él o sus parientes y, en su defecto, por un defensor público;

c) A solicitar al ministerio público la práctica de diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen;

d) A presentarse directamente ante el juez, con o sin su abogado defensor, con el fin de prestar declaración;

e) A solicitar que se active la investigación y a conocer su contenido, salvo en los casos en que alguna parte de ella hubiere sido declarada secreta y sólo por el tiempo que esa declaración se prolongare;

f) A solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa y a recurrir contra la resolución que lo rechazare;

g) Si no hubiese sido sometido a prisión preventiva, a solicitar que se declare anticipadamente su improcedencia;

h) A no ser obligado a declarar y, aún en caso de consentir a prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento;

i) A no ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; y,

j) A no ser juzgado en ausencia.

Artículo 109.

Imputado privado de libertad. En el caso que el imputado fuere sometido a detención o prisión preventiva tendrá, además, los siguientes derechos:

a) A que se le exprese específica y claramente el motivo de su privación de libertad, y a que se le exhiba la orden que la fundamenta, en su caso;

b) A que se informe inmediatamente a su familia, a su defensor o a la persona a quien indique, el hecho de su detención o prisión;

c) A conferenciar privadamente y en cualquier momento con su defensor por hasta el período total de una hora por cada veinticuatro que se prolongue la privación de libertad;

d) A ser conducido sin demora ante el fiscal o el juez competente o que hubieren decretado la detención o prisión; y,

e) A solicitar al juez que se ponga término a la detención y a que califique la legalidad de la misma, si no hubiere sido decretada por él.

Artículo 110.

Obligación de cumplimiento e información. Los fiscales, los jueces y funcionarios policiales estarán obligados al estricto cumplimiento de lo prescrito en los dos artículos anteriores y deberán dejar constancia de ello en las actas que corresponda.

Asimismo, deberán informar al imputado en forma expresa y clara los derechos señalados en la letra h) del artículo 108 y las letras b) y c) del artículo 109.

II. IMPUTADO REBELDE

Artículo 111.

Rebeldía. Será considerado como ausente el imputado cuyo paradero fuere desconocido, o que residiere en el extranjero sin que sea posible u oportuno obtener su extradición para que comparezca ante las autoridades de persecución penal que corresponda.

Artículo 112.

Causales. El imputado será declarado rebelde:

a) Cuando decretada judicialmente su detención o prisión preventiva, no fuere habido y se ignorare su paradero;

b) Cuando, puesto en libertad, no compareciere a las actuaciones del procedimiento en que se requiera su presencia, o no obedeciere al llamado del tribunal; y, mandado aprehender, no fuere habido y se ignorare su paradero;

c) Cuando se fugare del establecimiento en que se halle detenido o preso, y hubieren resultado infructuosas las diligencias practicadas para su aprehensión; y

d) Cuando se supiere que el individuo respecto del cual se han formulado cargos se encontrare en país extranjero y no fuere posible u oportuno obtener su extradición.

Artículo 113.

Declaración de rebeldía. La declaración de rebeldía será pronunciada por el juez de control de la instrucción o el tribunal ante el que debiere comparecer, previa constatación de la no comparecencia, fuga o ausencia del imputado.

Con anterioridad a la declaración de la rebeldía, el tribunal deberá expedir las órdenes correspondientes para citar o aprehender al imputado y dirigirá requisitoria a los tribunales de los lugares en que se sospeche que aquél hubiere podido albergarse. Las órdenes o requisitorias indicarán la identificación del sujeto, el delito por el cual se le persigue, el motivo que la fundamentare y la fecha en la cual debe comparecer el imputado, bajo el apercibimiento de ser declarado rebelde.

Artículo 114.

Efectos de la rebeldía. Una vez declarada la rebeldía, las resoluciones que se dicten en el procedimiento se tendrán por notificadas personalmente al rebelde en la misma fecha en que se pronunciaren.

Las investigaciones a que hubiere lugar durante la etapa de instrucción no se suspenderán por la declaración de rebeldía. La instrucción deberá seguir adelante hasta la realización de la audiencia intermedia, en la cual se podrá sobreseer definitiva o temporalmente la causa de acuerdo al mérito de lo obrado. Si la declaración de rebeldía se produjere durante la etapa de juicio, éste se suspenderá hasta que el imputado compareciere o fuere habido.

El procedimiento se paralizará sólo con respecto al rebelde, reservándose las actuaciones, objetos y documentos que fuere indispensable conservar, y continuará para los otros imputados presentes.

Siempre que el imputado fuere habido, pagará las costas causadas con su rebeldía.

Artículo 115.

Justificación. Si el imputado se presentare con posterioridad a la declaración de rebeldía y justificare su ausencia por un grave y legítimo impedimento, el tribunal podrá revocarla y no dar lugar a los efectos previstos en el artículo anterior.

Artículo 116.

Domicilio falso. Para los efectos de la declaración de rebeldía, la inexactitud del domicilio que señalare el imputado será considerada como un indicio de fuga.

Lo establecido en el inciso anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3º del Título III del Libro I de este Código.

III.- DECLARACION JUDICIAL DEL IMPUTADO

Artículo 117.

Prohibición de juramento. La declaración del imputado no podrá recibirse bajo juramento. El juez o el presidente del tribunal, en su caso, se limitará a exhortarlo a que diga la verdad y a que responda con claridad y precisión a las preguntas que se le dirigieren.

Artículo 118.

Primera declaración del imputado. En su primera declaración judicial, el imputado deberá ser interrogado acerca de su identificación y no podrá negarse a responder a las preguntas que a este respecto se le hicieren. Se le preguntará acerca de sus nombres y apellidos, apodos si los tuviere, su edad, lugar de nacimiento y de residencia actual, estado civil, profesión u oficio, si sabe leer y escribir, si con anterioridad hubiere sido objeto de una condena y, en tal caso, por qué causa, ante qué tribunal, qué pena se le impuso, si la cumplió y si conoce el motivo de su comparecencia. Se le interrogará, asimismo, sobre su lugar de trabajo y se dejará constancia de la forma más expedita para comunicarse con él y de los datos que arrojare su cédula de identidad, la que deberá exhibir.

Artículo 119.

Advertencias preliminares. Antes de comenzar la declaración se comunicará detalladamente al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión, en la medida conocida, incluyendo aquellas que fueren de importancia para la calificación jurídica, las disposiciones legales que resultaren aplicables y los antecedentes que la investigación arrojare en su contra.

Se le informará, asimismo, de su derecho a consultar a un defensor antes de comenzar la declaración.

Se le instruirá también de su derecho a explicar todo cuanto sirviere a desvirtuar las sospechas que sobre él se hicieren recaer y de solicitar la práctica de diligencias que considerare convenientes para este fin. El tribunal podrá recomendar al ministerio público la práctica de alguna de las diligencias solicitadas por el imputado, cuando lo considere necesario para el ejercicio de la defensa y el respeto del principio de objetividad.

Artículo 120.

Objeto de la declaración. A continuación el imputado podrá declarar cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le atribuye. Las respuestas del imputado serán dadas verbalmente.

Tanto el Ministerio Público cuanto el defensor podrán dirigir al imputado las preguntas que estimaren convenientes, con la venia del juez.

Artículo 121.

Negativa o fingimiento del imputado. Si el imputado rehusare contestar, o se fingiere loco, sordo o mudo y el juez llegare, en estos últimos casos, a suponer con fundamento la simulación, se limitará a hacer notar al imputado que su actitud no impedirá la prosecución del procedimiento y que ella le priva de un medio de defensa.

Artículo 122.

Registro de la declaración. La declaración prestada deberá constar en el registro a que se refiere el artículo 49.

Se hará constar en el registro la negativa del imputado a responder una o más preguntas.

La declaración del imputado podrá ser también filmada o grabada. En este caso, la cinta o videograbación se guardará en la custodia del tribunal.

Artículo 123.

Métodos prohibidos. Es absolutamente prohibido todo método que menoscabe la libertad de decisión y capacidad de dirección de los actos del imputado. En consecuencia, no podrá ser sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa. Sólo se admitirá la promesa de una ventaja que estuviere expresamente prevista en la ley penal o procesal penal. No podrán dirigírsele preguntas capciosas o sugestivas, como sería aquélla que tendiera a dar por reconocido un hecho que el imputado no hubiere verdaderamente reconocido, ni se usarán medios para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos tendentes a obtener su confesión.

Se encuentra, asimismo, prohibido todo método que afecte la memoria o capacidad de comprensión y dirección de los actos del imputado, en especial cualquier forma de maltrato, amenaza, violencia corporal o psíquica, tortura, engaño, la administración de psicofármacos y la hipnosis.

Las prohibiciones previstas en este artículo rigen aún para el evento que el imputado consintiere en la utilización de alguno de los métodos vedados. Las declaraciones prestadas con infracción de estas prohibiciones no podrán ser objeto de valoración en el juicio, aún cuando el imputado consintiere en ella.

La negligencia del juez en la debida protección del imputado será considerada como infracción a sus deberes, de conformidad con el artículo 342 del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 124.

Prolongación excesiva de la declaración. Si el examen del imputado se prolongare por mucho tiempo, o si se le hubiere dirigido un número de preguntas tan considerable que provocare su agotamiento, se concederá el descanso prudente y necesario para su recuperación.

Se hará constar en el registro el tiempo invertido en el interrogatorio.

Artículo 125.

Derecho a declarar durante la instrucción. Durante la instrucción el imputado podrá declarar cuantas veces quisiere y el juez le recibirá inmediatamente la declaración, si tuviere relación con la causa.

Artículo 126.

Imputado que no sabe idioma castellano, sordo, mudo o sordomudo. Si el imputado no supiere la lengua castellana o si es sordo, o mudo, o sordomudo, se procederá a tomarle declaración en conformidad a los artículos 221 y 373 incisos segundo y tercero.

Artículo 127.

Varios imputados. Si fueren varios los imputados, sus declaraciones serán tomadas una en pos de la otra, sin permitirles que se comuniquen entre sí hasta la terminación de estas diligencias.

Artículo 128.

Asistencia a la declaración del imputado durante la instrucción. A la audiencia respectiva podrán concurrir los intervinientes en el procedimiento, pero no será necesaria su notificación o citación.

Esta audiencia se llevará a efecto sin la presencia de público.

Párrafo 5º

La defensa

Artículo 129.

Derecho a designar libremente a un defensor. Durante todo el procedimiento, y en cualquiera de sus etapas, el imputado tendrá derecho a designar libremente a un defensor de su confianza o a ser asistido por un defensor público.

Artículo 130.

Efectos de la ausencia del defensor. La ausencia del defensor en cualquier actuación en que la ley exijiere expresamente su participación acarreará la nulidad de la misma.

Artículo 131.

Derechos y facultades del defensor. El defensor podrá ejercer todos los derechos y facultades que la ley reconoce al imputado, a menos que expresamente se reserve su ejercicio a este último en forma personal.

Artículo 132.

Imputado privado de libertad. Si el imputado se encontrare privado de libertad, cualquier persona podrá concurrir ante el juez de control de la instrucción competente para conocer de la causa o ante aquél correspondiente al lugar en que el imputado se encontrare, con el fin de proponerle un defensor o solicitar que el juez le designe un defensor público.

De considerarlo necesario, el juez podrá disponer la comparecencia del imputado a su presencia, a objeto de que acepte la designación del defensor.

Artículo 133.

Designación por el fiscal o el tribunal. Si el imputado no hubiere designado un defensor, el fiscal o el tribunal deberán designarle un defensor público antes de proceder a tomar la primera declaración que preste en la causa.

Artículo 134.

Incompatibilidad de defensa de varios imputados en un mismo proceso. La defensa de varios imputados podrá ser asumida por un defensor común, en cuanto las diversas posiciones no sean incompatibles entre sí.

Si el tribunal constatare una situación de incompatibilidad, la indicará, señalará sus motivos, podrá fijar un plazo para resolverla y, en todo caso, estará facultado para designar defensor público a uno o más de los imputados.

Artículo 135.

Renuncia y abandono de la defensa. La renuncia formal del defensor no le liberará de su deber de realizar todos los actos inmediatos y urgentes que fueren necesarios para impedir la indefensión del imputado.

En el caso de renuncia del defensor o en cualquier otra situación de abandono de hecho de la defensa, el tribunal deberá de oficio designar a un defensor público que la asuma.

Artículo 136.

Designación posterior. La designación de un defensor público no afectará el derecho del imputado a elegir posteriormente otro de su confianza; pero la sustitución no producirá efectos hasta que el defensor designado acepte el mandato y fije domicilio.

Párrafo 6º

La víctima

Artículo 137.

Concepto. Para efectos de este Código se considerará víctima:

a) Al directamente ofendido por el delito;

b) En los delitos cuyo resultado fuere la muerte del ofendido:

i) al cónyuge y a los hijos,

ii) a los ascendientes legítimos,

iii) al conviviente,

iv) a los demás parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad inclusive,

v) al adoptado o adoptante, y,

vi) al heredero testamentario.

Para los efectos de su intervención en el procedimiento, la enumeración precedente constituye un orden de prelación, de manera que la intervención de una o más personas pertenecientes a una categoría excluye a las comprendidas en las categorías siguientes.

Artículo 138.

Responsabilidades civiles. Lo dispuesto en el artículo anterior no afectará el derecho de otras personas no comprendidas en él de perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho.

Artículo 139.

Derechos de la víctima. Quien de acuerdo a las disposiciones de este Código fuere considerado víctima, podrá ejercer en el procedimiento penal los siguientes derechos:

a) A intervenir en el procedimiento penal conforme a lo establecido en este Código;

b) A ser informada de los resultados del procedimiento, aún cuando no hubiere intervenido en él;

c) A solicitar medidas de protección frente a probables atentados futuros en contra suya o de su familia;

d) A adherir a la acusación fiscal o a formular una acusación particular contra el imputado;

e) A ejercer las acciones civiles con el objeto de perseguir las responsabilidades civiles provenientes del hecho punible;

f) A ser oída por el fiscal antes de que éste solicite o resuelva la suspensión del procedimiento o su terminación anticipada;

g) A ser oída por el tribunal antes de pronunciarse acerca del sobreseimiento definitivo u otra resolución que ponga término a la causa, siempre que lo solicite; y,

h) A impugnar el sobreseimiento definitivo o la sentencia absolutoria, aún cuando no hubiere intervenido en el procedimiento.

Los derechos precedentemente señalados no podrán ser ejercidos por quien fuere imputado del delito respectivo.

Párrafo 7º

EL QUERELLANTE

Artículo 140.

Querellante. La querella podrá ser deducida por la víctima, su representante legal o guardador.

En los casos de incapacidad temporal o permanente del ofendido por el delito, la querella podrá ser deducida por sus parientes, en el orden establecido en el artículo 137 letra b de este Código.

Cuando la víctima sea el directamente ofendido por el delito, podrá conferir mandato a una asociación sin fines de lucro para que ejerza, en su representación, los derechos y facultades que le corresponden, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º del Código de Procedimiento Civil.

También se podrá querellar todo ciudadano que estuviere en ejercicio de sus derechos políticos, o cualquier asociación de ciudadanos, cuando se tratare de delitos cometidos por funcionarios públicos que implicaren una violación a los derechos humanos fundamentales, o cuando se tratare de delitos que afecten intereses difusos o de la colectividad en su conjunto.

Si varias personas no exceptuadas pretendieren ejercer la acción penal pública con respecto a un mismo delito, deberán hacerlo por medio de un mandatario común, salvo en el caso de defensas incompatibles.

Artículo 141.

Oportunidad. La querella podrá presentarse hasta antes que el fiscal declare cerrada la investigación. Admitida a tramitación, el juez la remitirá al ministerio público.

Artículo 142.

Requisitos de la querella. Toda querella criminal deberá presentarse por escrito ante el juez de control de la instrucción y deberá contener:

a) La designación del tribunal ante quien se entable;

b) El nombre, apellido, profesión u oficio y domicilio del querellante;

c) El nombre, apellido, profesión u oficio y residencia del querellado, o una designación clara de su persona, si el querellante ignorare aquellas circunstancias. Si se ignoraren dichas determinaciones, siempre se podrá deducir querella para que se proceda a la investigación del delito y al castigo de el o los culpables;

d) La relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se hubiere ejecutado, si se supieren;

e) La expresión de las diligencias cuya práctica se solicite al ministerio público; y,

f) La firma del querellante o la de otra persona a su ruego, si no supiere o no pudiere firmar.

Artículo 143.

Inadmisibilidad de la querella. La querella no será admitida a tramitación por el juez de control de la instrucción:

a) Cuando fuere presentada extemporáneamente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 141 de este Código;

b) Cuando, habiéndose otorgado por el juez de control de la instrucción un plazo de tres días para subsanar los defectos que presentare por falta de alguno de los requisitos señalados en el artículo 142, el querellante no realizare las modificaciones pertinentes dentro de dicho plazo;

c) Cuando los hechos expuestos en ella no fueren constitutivos de delito;

d) Cuando de los antecedentes contenidos en ella apareciere de manifiesto que la responsabilidad penal del imputado se encuentra extinguida. En estos casos la declaración de inadmisibilidad se realizará previa citación del ministerio público.

Artículo 144.

Apelación de la resolución. La resolución que declare inadmisible la querella será apelable, pero la interposición de la apelación no suspenderá el procedimiento.

La resolución que admita a tramitación la querella será inapelable.

Artículo 145.

Prohibición de querella. No podrán presentar entre sí querella, sea por delitos de acción pública o privada:

a) Los cónyuges; a no ser por delito que uno hubiere cometido contra el otro o contra sus hijos, o por el delito de bigamia;

b) Los consanguíneos legítimos o naturales en toda la línea recta, los colaterales hasta el cuarto grado ni los afines hasta el segundo; a no ser por delitos cometidos por unos contra los otros, o contra su cónyuge o hijos.

Artículo 146.

Querella rechazada. Cuando no se diere curso a una querella, por defectos en su interposición, el juez la pondrá en conocimiento del ministerio público para ser tenida como denuncia, siempre que no le constare que la persecución penal hubiere sido iniciada de otro modo.

Artículo 147.

Límite a la intervención del querellante. El querellante no podrá intervenir durante la etapa de ejecución de la pena.

Artículo 148.

Desistimiento. El querellante podrá desistirse de su querella en cualquier momento del procedimiento. En ese caso, tomará a su cargo las costas propias y quedará sujeto a la decisión general sobre costas que dicte el tribunal al finalizar el procedimiento.

Artículo 149.

Derechos del querellado frente al desistimiento. El desistimiento de la querella dejará a salvo el derecho del querellado para ejercitar, a su vez, la acción penal o civil a que dieren lugar la querella o acusación calumniosa, y a demandar los perjuicios que le hubiere causado en su persona o bienes.

Se exceptúa el caso en que el querellado hubiere aceptado expresamente el desistimiento del querellante.

Artículo 150.

Abandono de la querella. El juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, declarará abandonada la querella por quien la hubiere interpuesto:

a) Cuando citado a prestar declaración testimonial no concurriere sin causa debidamente justificada;

b) Cuando no adhiriere a la acusación fiscal o no acusare particularmente en la oportunidad que correspondiere;

c) Cuando no asistiere a la audiencia intermedia sin causa debidamente justificada;

d) Cuando no concurriere a la audiencia principal o se ausentare de ella sin autorización del tribunal.

La resolución que declare el abandono de la querella será apelable, pero la interposición del recurso de apelación no suspenderá el procedimiento. La resolución que niegue lugar al abandono será inapelable.

Artículo 151. Efectos del abandono. La declaración del abandono de la querella impedirá al querellante toda posterior participación en la persecución materia del procedimiento.

TITULO VI

MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES

Párrafo 1º

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 152.

Legalidad. No se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de libertad a ningún habitante de la República, sino en los casos y en la forma señalados por la Constitución y las leyes.

Artículo 153.

Finalidad y alcance. Las medidas cautelares personales sólo serán impuestas cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación.

Estas medidas serán siempre decretadas por medio de resolución judicial fundada.

En los casos en que la ley autorice a algún otro funcionario o a cualquier persona a practicar autónomamente alguna medida coercitiva, ésta siempre deberá ser puesta de inmediato en conocimiento del juez, con sus fundamentos, a objeto que se pronuncie sobre su legalidad y, en su caso, la deje sin efecto. Los plazos que se otorguen para la etapa prejudicial de la medida se entenderán siempre como plazos máximos y no eximirán al funcionario de la obligación de provocar, lo antes posible, la intervención judicial.

Párrafo 2º

Citación

Artículo 154.

Oportunidad. Cuando sea necesaria en el procedimiento la presencia del imputado, el juez dispondrá su citación de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.

Artículo 155.

Exclusión de otras medidas. Cuando la imputación se refiera sólo a faltas, a delitos que la ley no sancione con penas privativas ni restrictivas de libertad o bien cuando éstas no excedan las de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, no se podrán ordenar medidas coercitivas que recaigan sobre la libertad del imputado, salvo la citación y, en su caso, el arresto por incomparecencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36.

Párrafo 3º

Detención

Artículo 156.

Procedencia. Ningún habitante de la República podrá ser detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después que dicha orden le fuere intimada en forma legal, a menos que fuere sorprendido en delito flagrante, y, en este caso, para el único objeto de ser conducido ante la autoridad que corresponda.

Artículo 157.

Presentación espontánea del imputado. El imputado contra quien se hubiere emitido orden de detención por cualquier autoridad competente podrá ocurrir siempre ante el tribunal que corresponda a prestar declaración y solicitar un pronunciamiento sobre la procedencia o improcedencia de cualquier medida cautelar.

Artículo 158.

Detención judicial. Salvo en los casos contemplados en el artículo 155, el juez, a solicitud del ministerio público, podrá ordenar la detención del imputado para ser traído a su presencia, sin previa citación, cuando de otra manera la comparecencia pueda verse demorada o dificultada.

Artículo 159.

Detención por cualquier tribunal. Todo tribunal, aunque no ejerza jurisdicción en lo criminal, podrá dictar órdenes de detención contra las personas que, dentro de la sala de su despacho, cometieren algún crimen o simple delito, conformándose a las disposiciones del presente título.

Cualquier juez de control de la instrucción podrá dictar órdenes de detención en los casos previstos en los artículos 14 y 269.

Artículo 160.

Detención civil. Cualquier persona podrá detener a quien sorprendiere en delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, al ministerio público o a la autoridad judicial más próxima.

Artículo 161.

Detención policial. Los agentes policiales estarán obligados a detener a quienes sorprendieren in fraganti en la comisión de un delito.

Se entenderá que se encuentran en situación de flagrancia:

a) El que actualmente se encontrare cometiendo el delito.

b) El que acabare de cometerlo.

c) El que huyere del lugar de comisión del delito y fuere designado por el ofendido como autor o cómplice.

d) El que, en un tiempo inmediato a la perpetración del delito, fuere encontrado con objetos procedentes del delito o con señales en sí mismo o en sus vestidos que indujeren a sospechar su participación en él o con las armas o instrumentos que hubieren empleado para cometerlo.

e) El que las personas asaltadas, heridas o víctimas de un robo o hurto que reclamaren auxilio, señalaren como autor o cómplice de un delito que acabare de cometerse.

Deberán, asimismo, detener al sentenciado a penas privativas de libertad que hubiere quebrantado su condena y al que se fugare estando detenido o en prisión preventiva.

Artículo 162.

Plazos de la detención. El agente policial que practicare la detención en conformidad a los artículos 158, 159, 161 y 166 así como el que recibiere al detenido en los casos del artículo 163, conducirá al imputado directa e inmediatamente ante el ministerio público o bien ante el juez, cuando éste hubiere emitido la orden. Si ello no resultare posible por no ser hora de despacho, podrá conducirlo a la unidad policial, donde permanecerá hasta la hora de funcionamiento del ministerio público, período que en ningún caso podrá exceder de doce horas.

La policía no podrá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior por medio de la entrega del detenido a una unidad penitenciaria. Los encargados de los recintos penitenciarios no podrán aceptar el ingreso de personas sino en virtud de órdenes judiciales o del ministerio público.

Artículo 163.

Citación en casos de flagrancia. Quien fuere sorprendido por la policía in fraganti cometiendo un delito de los señalados en el artículo 155, será citado a la presencia del ministerio público, previa comprobación de su domicilio.

El procedimiento indicado en el inciso anterior podrá ser utilizado cuando, tratándose de un simple delito, y no siendo posible conducir al imputado inmediatamente ante el ministerio público, el oficial a cargo del recinto policial considere que existen suficientes garantías de su oportuna comparecencia.

Artículo 164.

Aprehensión en el lugar de los hechos. Cuando inmediatamente después de la llegada de la policía al lugar en que se hubiere cometido un delito no fuere posible individualizar a los imputados y a los testigos, y se debiere proceder con urgencia para no perjudicar la investigación, el agente a cargo podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre sí, que no se modifique el estado de las cosas ni de los lugares y también podrá conducir a todos los presentes ante el ministerio público en forma inmediata.

Artículo 165.

Información de derechos. El funcionario que practicare la detención deberá informar al imputado acerca del motivo de la misma y, en su caso, señalarle la autoridad que la hubiere ordenado. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 110.

En todas las casas o recintos de detención policial existirá un cartel informativo en el cual se indicarán claramente los derechos del detenido o aprehendido. Dicho cartel deberá estar a la vista de todo aquél que ingrese al recinto en esa calidad.

Artículo 166.

Facultades de detención del ministerio público. Salvo en los casos previstos en el artículo 155, el ministerio público podrá ordenar la detención del imputado cuando ello sea necesario para asegurar su comparecencia ante el tribunal y con el objeto de realizar actuaciones del procedimiento.

Una vez realizadas las diligencias el imputado deberá ser puesto en libertad, salvo en los casos previstos en el artículo siguiente.

Artículo 167.

Prolongación de la detención. La detención del imputado en los casos previstos en el artículo anterior podrá prolongarse hasta por un máximo de cuarenta y ocho horas, cuando el ministerio público estime que pueden verificarse los presupuestos que justifican la prisión preventiva.

En los casos previstos en el inciso anterior, el fiscal deberá solicitar al juez de control de la instrucción la citación a una audiencia para decidir sobre la prisión preventiva y, en caso de ser necesario, la prolongación de la detención hasta la fecha de la audiencia. La detención no podrá exceder de cinco días desde el momento en que se hubiere practicado y de diez en los casos en que se investigaren hechos que la ley califica como conductas terroristas.

Cuando no se hubieren formulado cargos previamente, el ministerio público deberá anunciarlo junto con la solicitud de la audiencia y proceder de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 327.

El ministerio público no podrá ordenar la detención del imputado respecto del cual se hubiere rechazado una solicitud de prisión preventiva.

Artículo 168.

Incomunicación. El ministerio público podrá solicitar al juez de control de la instrucción la incomunicación del imputado detenido o sujeto a prisión preventiva, por un máximo de cinco días, cuando existieren motivos graves para temer que éste obstaculizará la investigación. No obstante, esta restricción no impedirá que el detenido se comunique con su defensor con anterioridad a su declaración judicial indagatoria.

El ministerio público podrá disponer la incomunicación durante el período necesario para obtener la autorización del juez, el cual no podrá exceder de cuarenta y ocho horas.

Ordenada la incomunicación, el derecho consagrado en la letra c) del artículo 109 deberá ejercerse en presencia del fiscal y la comunicación sólo podrá referirse al estado de salud del detenido, a las condiciones de su detención y a las posibilidades de hacer cesar la incomunicación. El fiscal no podrá negar el ejercicio del derecho en cuestión.

El incomunicado podrá tener los libros, medios para escribir y demás efectos que él mismo se proporcione. No obstante, no podrá entregar ni recibir carta ni comunicación alguna sin la aprobación del fiscal, quien se informará de su contenido.

En ningún caso el fiscal podrá impedir o dificultar comunicaciones que el detenido dirigiere al juez o a las autoridades superiores del ministerio público.

La incomunicación no podrá impedir que el funcionario encargado del establecimiento en que se encontrare el detenido lo visite y, en caso de ser necesario, que ordene su examen por un médico. Este funcionario estará obligado, siempre que el detenido o preso lo solicitare, a transmitir al juez competente la copia del decreto de detención o prisión que hubiere dado al detenido o preso, o a dar él mismo un certificado de hallarse detenido o preso aquel individuo.

Artículo 169.

Detención en caso de legítima defensa. La detención del que se encontrare en los casos previstos en el párrafo segundo del número 6º del artículo 10 del Código Penal se hará efectiva en su residencia. Si el detenido tuviere su residencia fuera de la ciudad donde funciona el tribunal competente, la detención se hará efectiva en la residencia que aquél señalare dentro de la ciudad en que se encontrare el tribunal.

Párrafo 4º

Prisión preventiva

Artículo 170.

Regla general. La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares fueren insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento.

Articulo 171.

Requisitos. El juez podrá ordenar la prisión preventiva del imputado, a solicitud del fiscal o del querellante, con posterioridad a la declaración judicial indagatoria y a la formulación de cargos, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que existan antecedentes que justifiquen la existencia del delito que se investiga.

b) Que de las diligencias de investigación realizadas aparezcan presunciones fundadas para estimar que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor.

c) Que basándose en antecedentes calificados, el juez considere la prisión preventiva como estrictamente indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación o cuando la libertad del imputado sea peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido.

Se entenderá que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de las investigaciones, cuando existiere sospecha grave y fundada de que el imputado pudiere obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba, o mediante la inducción para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Asimismo, cuando el imputado indujere a terceros a realizar los comportamientos precedentemente descritos.

Se entenderá que la seguridad del ofendido se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existieren antecedentes calificados que permitan presumir que éste realizará atentados graves en contra del primero.

La prisión preventiva procederá, asimismo, respecto del imputado que no compareciere a la audiencia principal.

Artículo 172.

Improcedencia de la prisión preventiva. No se podrá ordenar la prisión preventiva cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.

En caso alguno procederá la prisión preventiva:

a) Cuando el delito imputado no mereciere pena aflictiva.

b) Cuando la pena mínima asignada al delito no excediere de presidio o reclusión menores en su grado mínimo.

c) Cuando el juez considere que, en caso de que fuere condenado, el imputado pudiere ser objeto de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad contempladas en la ley 18.216.

d) Cuando se tratare de un delito de acción privada.

No obstante lo anterior, el imputado deberá permanecer en el lugar del juicio hasta su término, presentarse a los actos del procedimiento y a la ejecución de la sentencia, inmediatamente que fuere requerido o citado en conformidad al artículo 36 y 154.

Lo dispuesto en este artículo no regirá en los casos de las letras a, b y c, cuando el imputado hubiere incumplido alguna de las medidas establecidas en el párrafo 6º de este título o cuando pudiere incumplir lo dispuesto en el inciso anterior. Sin embargo, en estos casos, la prisión preventiva no podrá exceder de tres meses.

Artículo 173.

Tramitación. La solicitud de prisión preventiva podrá plantearse verbalmente en la audiencia de formulación de cargos, en la audiencia intermedia o en la audiencia principal. También podrá presentarse por escrito en cualquier etapa de la instrucción, respecto del imputado contra quien se hubieren formulado cargos, caso en el cual el juez fijará una audiencia para la resolución de la solicitud, citando a ella al imputado, su defensor y a los demás intervinientes.

La presencia del imputado y su defensor constituyen un requisito de validez de la audiencia en que se resuelva la solicitud de prisión preventiva.

Una vez expuestos los fundamentos de la solicitud por quien la hubiere formulado, el tribunal oirá en todo caso al defensor, a los demás intervinientes y al imputado, si quisieren hacer uso de la palabra.

Artículo 174.

Resolución. Al concluir la audiencia el tribunal se pronunciará sobre la prisión preventiva por medio de una resolución fundada.

En el caso de acoger la solicitud, el tribunal deberá mencionar expresa y claramente los antecedentes calificados que justificaren la prisión preventiva.

Artículo 175.

Revocación de la resolución. La resolución que ordenare o rechazare la prisión preventiva será reformable de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, en cualquier estado del procedimiento.

Cuando el imputado solicitare la revocación de la prisión preventiva el juez podrá rechazarla de plano; asimismo podrá citar a todos los intervinientes a una audiencia oral, con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de los requisitos que autorizan la medida. Estará obligado a este último procedimiento cuando hubieren transcurrido dos meses desde el último debate oral en que se hubiere ordenado o mantenido la prisión preventiva.

Si la prisión preventiva hubiere sido rechazada, ella podrá ser decretada con posterioridad en una audiencia oral, cuando existan nuevos antecedentes que, a juicio del tribunal, ameritaren discutir nuevamente su procedencia. En caso contrario, la solicitud será rechazada de plano.

Artículo 176.

Revisión de oficio. Transcurridos cuatro meses desde que se hubiere ordenado la prisión preventiva o desde el último debate oral en que ella se hubiere decidido, el juez citará de oficio a una audiencia oral, con el fin de considerar su cesación o prolongación.

Artículo 177.

Sustitución de prisión preventiva. En cualquier momento del procedimiento el tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá sustituir la prisión preventiva por alguna de las medidas que se contemplan en las disposiciones del párrafo 6º de este título.

Artículo 178.

Caución. El juez siempre podrá reemplazar la prisión preventiva por la prestación de una caución económica adecuada, que efectúe el propio imputado u otra persona en su favor, mediante depósito de dinero o valores, la constitución de prenda o hipoteca, o la fianza de una o más personas idóneas.

Artículo 179.

Ejecución de las cauciones. En los casos de rebeldía o cuando el imputado se substrayere a la ejecución de la pena, se fijará un plazo no inferior de cinco días para que comparezca o cumpla la condena impuesta. De ello se notificará al imputado o a su defensor y al fiador si lo hubiere, advirtiéndoseles que, si aquél no comparece, o no cumple la condena impuesta, la caución se ejecutará al término del plazo.

Vencido el plazo, el juez procederá a la ejecución de la garantía de acuerdo con las reglas generales, destinando el monto obtenido al pago de los gastos ocasionados por su no comparecencia, mediante su entrega a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Artículo 180.

Cancelación de la caución. La caución será cancelada y devueltos los bienes afectados, siempre que no hubieren sido ejecutados con anterioridad:

a) Cuando el imputado fuere puesto en prisión preventiva;

b) Cuando por resolución firme, se absolviere al imputado, se sobreseyere la causa o se suspendiere condicionalmente el procedimiento;

c) Cuando se comenzare a ejecutar la pena privativa de libertad o se resolviere que ella no debe ejecutarse en forma efectiva; y,

d) Cuando se pagaren la multa y las costas impuesta en la sentencia.

Artículo 181.

Recursos. La resolución que ordenare, mantuviere, negare lugar o revocare la prisión preventiva será apelable en el sólo efecto devolutivo cuando hubiere sido dictada en audiencia oral. En los demás casos no será susceptible de recurso alguno.

Artículo 182.

Ejecución de la medida. El juez de control de la instrucción será competente para supervisar la ejecución de la prisión preventiva ordenada en las causas de que conozca. A él corresponderá conocer de las solicitudes y presentaciones realizadas con ocasión de la ejecución de la medida.

La prisión preventiva se cumplirá en establecimientos especiales, diferentes de los que se utilicen para los condenados o, al menos, en lugares absolutamente separados de los destinados para estos últimos.

El imputado será tratado en todo momento como inocente. La prisión preventiva se cumplirá de manera tal que no adquiera las características de una pena, ni provoque otras limitaciones que las imprescindibles para evitar la fuga y para garantizar la seguridad de los demás internos.

El juez deberá adoptar y disponer las medidas necesarias para la protección de la integridad física del imputado, en especial aquellas destinadas a la separación de los jóvenes y no reincidentes respecto de la población penitenciaria de mayor peligrosidad.

El imputado podrá procurarse a sus expensas, las comodidades y ocupaciones que no fueren incompatibles con la seguridad del recinto en que se encontrare.

También podrá recibir visitas y conferenciar con su abogado sin más restricciones que las necesarias para el mantenimiento del orden y la seguridad del recinto. Asimismo, podrá comunicarse libremente por escrito, por teléfono o cualquier otro medio.

Excepcionalmente, el juez podrá conceder al imputado permiso de salida durante el día, siempre que se asegure convenientemente que no se vulnerarán los objetivos de la prisión preventiva.

Cualquier restricción que la autoridad penitenciaria impusiere al imputado deberá ser inmediatamente comunicada al juez de control de la instrucción, con sus fundamentos, quien podrá dejarla sin efecto si la considerare ilegal o abusiva, convocando, si lo estimare necesario, a una audiencia oral para su examen.

Artículo 183.

Límites temporales. El juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, decretará la terminación de la prisión preventiva cuando no subsistieren los motivos que la hubieren justificado.

El juez estará asimismo obligado a ordenar la cesación de la prisión preventiva cuando su duración alcanzare la mitad de la pena privativa de libertad que se pudiere esperar en el evento de dictarse sentencia condenatoria o la que se hubiere impuesto existiendo recursos pendientes. La prisión preventiva no podrá exceder en caso alguno de dieciocho meses, a menos que se hubiere dictado sentencia condenatoria.

Vencido los plazos previstos en el inciso anterior, no se podrá ordenar una nueva medida cautelar, salvo la citación o la conducción por medio de la fuerza pública al sólo efecto de asegurar la comparecencia del imputado ante el tribunal, cuando ello fuere necesario.

Artículo 184.

Término por absolución. El tribunal deberá poner término a la prisión preventiva cuando dictare sentencia absolutoria y cuando decretare sobreseimiento definitivo o temporal, aunque dichas resoluciones no se encontraren ejecutoriadas.

En los casos indicados en el inciso precedente, se podrá imponer alguna de las medidas señaladas en el párrafo 6º, cuando se consideraren necesarias para asegurar la presencia del imputado.

Párrafo 5º

Requisitos comunes a la prisión preventiva y la detención

Artículo 185.

Mandamiento. Toda orden de prisión preventiva o de detención será expedida por escrito y, para llevarla a efecto, el juez o la autoridad que la dictare, despachará un mandamiento firmado que contendrá una transcripción literal de dicha orden.

Artículo 186.

Requisitos del mandamiento de prisión preventiva o detención. El mandamiento de prisión preventiva o detención contendrá:

a) La designación del funcionario que lo expidiere;

b) El nombre de la persona a quien se encargare su ejecución, si el encargo no se hiciere de un modo genérico a la policía, o de otro modo;

c) El nombre y apellido de la persona que debiere ser aprehendida o, en su defecto, las circunstancias que la individualicen o determinen;

d) El motivo de la prisión o detención;

e) La determinación del establecimiento penitenciario o lugar público de prisión o detención donde deba conducirse al aprehendido, o de su residencia cuando así se hubiere decretado;

f) La circunstancia de haberse ordenado o no la incomunicación y el plazo de ésta; y,

g) La firma entera del funcionario que la hubiere ordenado.

Párrafo 6º

Otras medidas cautelares personales

Artículo 187.

Enumeración de otras medidas cautelares personales. Para garantizar el éxito de las diligencias de investigación, proteger al ofendido o asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia, después de formulados los cargos, el tribunal, a petición del ministerio público, del querellante o la víctima, y salvo los casos del artículo 155, podrá imponer al imputado una o más de las siguientes medidas:

a) El arresto domiciliario en su propia residencia, si ella se encontrare en la ciudad asiento del tribunal o en la que el propio imputado señalare dentro de esa ciudad.

b) La sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que informarán periódicamente al juez.

c) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe.

d) La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual resida o del ámbito territorial que fije el juez.

e) La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar determinados lugares.

f) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho a defensa.

g) La prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquél.

El juez podrá imponer una o más de estas medidas según resulte adecuado al caso, y ordenará las actuaciones y comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento.

En casos urgentes y aún antes de la formulación de cargos, el ministerio público podrá imponer al imputado alguna de las medidas indicadas en las letras a), d) y g) de este artículo. Tratándose de las medidas contenidas en las letras d) y g), el ministerio público podrá ordenarlas por un plazo máximo de diez días; y en el caso de la medida prevista en la letra a), por uno que no exceda de cuarenta y ocho horas.

Artículo 188.

Procedencia, requisitos, impugnación y límites temporales. La procedencia, duración, impugnación y ejecución de las medidas cautelares previstas en el artículo anterior se regirán por las disposiciones aplicables a la prisión preventiva, en cuanto no se opusieren con lo previsto en este párrafo.

Artículo 189.

Suspensión temporal otras medidas cautelares personales. El juez podrá dejar temporalmente sin efecto alguna de las medidas contempladas en este párrafo, a petición del afectado y oyendo al ministerio público, cuando estimare que ello no pone en peligro los objetivos para los cuales se hubiere decretado. Para estos efectos, el juez podrá admitir las cauciones previstas en el artículo 178.

TITULO VII

MEDIDAS CAUTELARES REALES

Artículo 190.

Medidas durante la instrucción. Durante la etapa de instrucción, el querellante o el actor civil podrán solicitar por escrito al juez de control de la instrucción que se decrete, respecto del imputado o del tercero civilmente responsable, alguna de las medidas precautorias previstas en el Título V del libro II del Código de Procedimiento Civil. En estos casos las solicitudes respectivas se substanciarán y regirán de acuerdo a lo previsto en el Título IV del mismo Libro. Con todo, concedida la medida el plazo para presentar la demanda se extenderá hasta la oportunidad prevista en el artículo 78.

Artículo 191.

Medidas procedentes después de deducida demanda civil. Deducida la demanda civil de acuerdo a las prescripciones de este Código, el actor civil podrá solicitar cualquiera de las medidas precautorias previstas en el Título V del Libro II del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 192.

Intervención tercero civilmente responsable. Las personas en contra de las cuales se hubiere decretado alguna de las medidas señaladas en el presente Título, invocándose su calidad de terceros civilmente responsables, tendrán derecho a intervenir en el procedimiento con el fin de sostener su falta de responsabilidad y oponerse a la realización o solicitar la cesación de aquéllas.

Durante la instrucción, los incidentes a que diere lugar su intervención se tramitarán por escrito, a menos que el tercero compareciere a la audiencia de formulación de cargos y se opusiere a las solicitudes del querellante o la víctima en la oportunidad que señala el artículo 328.

Esta intervención no suspenderá en ningún caso la substanciación de la instrucción.

Las resoluciones recaídas en estos incidentes se llevarán a efecto de inmediato, sin perjuicio del derecho de los intervinientes a quienes tales resoluciones hubieren perjudicado a solicitar su revocación durante el procedimiento intermedio.

Artículo 193.

Recursos. Las resoluciones que negaren o dieren lugar a las medidas previstas en este Título serán apelables en el sólo efecto devolutivo.

TITULO VIII

NULIDADES PROCESALES

Artículo 194.

Regla general. Sólo podrán anularse las actuaciones o diligencias defectuosas del procedimiento que ocasionaren perjuicio a los intervinientes en el mismo. Existe perjuicio cuando la inobservancia de las formas procesales atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento.

Artículo 195.

Presunción de derecho del perjuicio. Se presume de derecho la existencia del perjuicio si la infracción hubiere impedido el pleno ejercicio de garantías y derechos reconocidos en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Chile y las demás leyes de la República, como ocurre, entre otros casos, cuando el juicio se realiza sin la presencia del acusado o cuando falta la asistencia del defensor en las actuaciones que la ley lo exige.

Con todo, no procederá la declaración de nulidad cuando en la causa se hubiere pronunciado sentencia absolutoria o sobreseimiento definitivo.

Artículo 196.

Oportunidad para solicitar la nulidad. La declaración de nulidad procesal se deberá impetrar por escrito, incidentalmente, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que el perjudicado hubiere tomado conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación persiguiere, a menos que el vicio se hubiere producido en una actuación verificada en una audiencia oral, pues en tal caso deberá impetrarse verbalmente antes del término de la misma audiencia. Con todo, no podrá reclamarse la nulidad de actuaciones verificadas durante la instrucción después de la audiencia intermedia. La solicitud de nulidad extemporáneamente presentada se declarará inadmisible.

Artículo 197.

Titulares de la solicitud de declaración de nulidad. Sólo podrá solicitar la declaración de nulidad el interviniente en el procedimiento perjudicado por el vicio y que no hubiere concurrido a causarlo, a menos que se tratare del imputado, quien podrá impetrar la declaración de nulidad aunque hubiere sido el causante del vicio.

Artículo 198.

Solicitud de nulidad. Toda solicitud de nulidad debe ser fundada y contener expresión concreta del perjuicio que se hubiere experimentado. El tribunal rechazará de plano la solicitud que no se ajustare a esta exigencia.

Artículo 199.

Prohibición de declarar nulidad de oficio. Si el tribunal estimare haberse producido un acto viciado y la nulidad no se hubiere saneado aún, lo pondrá en conocimiento del interviniente en el procedimiento a quien estimare que la nulidad le ocasiona un perjuicio, a fin de que proceda como crea conveniente a sus derechos, a menos de que se tratare de una nulidad de las previstas en el artículo 195, en cuyo caso quedará autorizado para declararla de oficio.

Artículo 200.

Subsanación de la nulidad. Las nulidades quedaran subsanadas si el interviniente en el procedimiento perjudicado no impetrare su declaración oportunamente, si aceptare expresa o tácitamente los efectos del acto y, cuando a pesar del vicio, el acto cumpliere su finalidad respecto de todos los interesados, salvo en los casos previstos en el artículo 195.

Artículo 201.

Efectos. La declaración de nulidad del acto conlleva la de los actos consecutivos que de él emanen o dependan.

El tribunal, al declarar la nulidad, determinará concretamente cuáles son los actos a los que se extiende y, siéndole posible, ordenará que se renueven, rectifiquen o ratifiquen.

Con todo, la declaración de nulidad no podrá retrotraer el procedimiento a etapas anteriores, a pretexto de repetición del acto, rectificación del error o cumplimiento del acto omitido, salvo en los casos en que ello correspondiere de acuerdo con las normas del recurso de casación. De este modo, al declarar la nulidad de actuaciones realizadas en la instrucción durante la audiencia intermedia, el tribunal no podrá ordenar la reapertura de la instrucción; asimismo, las nulidades declaradas durante el desarrollo de la audiencia principal no retrotraerán el procedimiento a la instrucción o a la audiencia intermedia.

La solicitud de nulidad constituirá preparación suficiente del recurso de casación para el caso que el tribunal no resolviere la cuestión de conformidad a lo solicitado.

TITULO IX

DE LA PRUEBA

Párrafo 1º

Disposiciones generales

Artículo 202.

Libertad de prueba. Salvo disposición legal expresa en contrario, todos los hechos y circunstancias relevantes para la adecuada solución del caso sometido a enjuiciamiento podrán ser probados por cualquier medio producido e incorporado en conformidad a la ley.

Artículo 203.

Medios de prueba no regulados expresamente. Además de los medios de prueba expresamente regulados en la ley, podrán admitirse como pruebas las películas cinematográficas, fotografías, fonografías, videograbaciones y otros sistemas de reproducción de la imagen y del sonido, versiones taquigráficas y, en general, cualquier medio apto para producir fe. El tribunal determinará la forma de su incorporación al procedimiento, adecuándola en lo posible al medio de prueba más análogo.

Artículo 204.

Oportunidad para la producción de la prueba. La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá producirse durante el juicio oral, salvas las excepciones expresamente previstas en la ley. En estos últimos casos la prueba deberá ser incorporada en la forma establecida en el párrafo 4º Título III del Libro II de este Código.

Artículo 205.

Libre valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con entera libertad. La valoración de la prueba en la sentencia requerirá de la fundamentación de cada uno de los hechos y circunstancias que se den por probados y el señalamiento de el o los medios de prueba mediante los cuales se den por acreditados tales hechos y circunstancias. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar dichas conclusiones.

En su fundamentación el tribunal deberá hacerse cargo de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo.

En la valoración de la prueba no se podrán contradecir las reglas de la lógica, los conocimientos científicamente afianzados ni las máximas de la experiencia.

La existencia de un hecho o circunstancia podrá ser deducida por medio de indicios, en tanto ellos se funden en hechos reales y sean múltiples, graves, precisos y concordantes. Para la prueba indiciaria regirán correspondientemente los incisos primero y segundo de este artículo.

Párrafo 2º

Testigos

Artículo 206.

Deber de comparecer y declarar. Toda persona que residiere en el territorio chileno o se hallare en él y no se encontrare legalmente exceptuada, tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial practicado con el fin de prestar declaración testimonial, de declarar la verdad sobre lo que se le preguntare y de no ocultar hechos, circunstancias o elementos acerca del contenido de su declaración.

Para la citación de los testigos regirán las normas previstas en el párrafo 3º del título III del Libro I de este Código.

En casos urgentes, los testigos podrán ser citados por cualquier medio, sin esperar la expedición de la orden escrita y dejándose constancia del motivo de la urgencia. Con todo, en estos casos no procederá la aplicación de los apercibimientos previstos en el artículo 36, sino una vez practicada la citación con las formalidades legales.

Artículo 207.

Renuencia a comparecer o declarar. Si el testigo legalmente citado no compareciere sin justa causa, se procederá conforme lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36. Además, podrá imponérsele el pago de las costas provocadas por su inasistencia.

Si, compareciendo, se negare sin justa causa a declarar, podrá ser mantenido en arresto hasta por cinco días.

Lo previsto en los incisos precedentes se entiende sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere afectar al testigo rebelde.

Artículo 208.

Excepciones a la obligación de comparecencia. No estarán obligados a concurrir al llamamiento judicial de que tratan los artículos precedentes:

a) El Presidente de la República;

b) Los Ministros de Estado; los Senadores y Diputados; el Contralor General de la República; los miembros de la Corte Suprema; el Fiscal General; los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros de Chile; los Arzobispos y los Obispos;

c) Las personas que gozaren en el país de inmunidad diplomática; esta excepción no se extenderá a los chilenos que ejercieren en el país una función diplomática por encargo de un gobierno extranjero;

d) Las religiosas de claustro;

e) Las mujeres que por su estado de embarazo no pudieren concurrir sin grave molestia o riesgo;

f) Los que, por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el juez, se hallaren en imposibilidad de hacerlo.

Con todo, si las personas enumeradas precedentemente renunciaren a su derecho a no comparecer, deberán prestar declaración conforme a las reglas generales.

Artículo 209.

Declaración de personas exceptuadas. Las personas comprendidas en las letras a), b), d), e) y f) del artículo precedente serán interrogadas en el lugar en que ejercieren sus funciones o en su domicilio. A dicho efecto propondrán oportunamente la fecha y el lugar correspondientes. Si así no lo hicieren, el tribunal fijará la audiencia respectiva. En caso de inasistencia del testigo, se aplicarán las normas generales. A la audiencia deberá asistir el juez o el miembro del tribunal colegiado designado para el efecto y tendrán siempre derecho a hacerlo los intervinientes y sus abogados. En todo evento, el juez calificará las preguntas que éstos dirigieren al testigo, teniendo en cuenta su investidura o estado.

Las personas comprendidas en la letra c) del artículo precedente declararán por informe, si se prestaren a ello voluntariamente. Al efecto se les dirigirá un oficio respetuoso, por medio del ministerio respectivo.

Artículo 210.

Testigo residente fuera del lugar. Si el testigo no residiere o no se hallare en el lugar donde debiere prestar declaración o en sus proximidades y el juez o el presidente del tribunal estimare que su comparecencia personal no resulta imprescindible, se podrá solicitar su declaración por exhorto a la autoridad judicial respectiva.

Artículo 211.

Testigo residente en el extranjero. Si el testigo se encontrare en el extranjero, se dirigirá por vía diplomática un exhorto al tribunal del lugar en que aquél residiere o se hallare actualmente, a fin de que le tome su declaración. Dicho exhorto contendrá los antecedentes necesarios e indicará las preguntas que deban hacerse al testigo, sin perjuicio de que el juez las amplíe, según le sugirieren su discreción y prudencia.

El exhorto contendrá la promesa de reciprocidad, y será examinado por la Corte Suprema antes de que este tribunal la remita al Ministerio de Relaciones Exteriores para hacerla llegar al tribunal a quien fuere dirigida.

Sin embargo, los funcionarios del servicio diplomático o consular chileno que se encontraren en el extranjero deberán declarar por oficio, cuyo cumplimiento se encomendará al Ministerio respectivo.

Artículo 212.

Facultad de no declarar por motivos personales. No estarán obligados a declarar el cónyuge o el conviviente del imputado, sus ascendientes o descendientes legítimos o ilegítimos reconocidos, sus parientes colaterales legítimos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, sus hermanos naturales, su pupilo o su guardador.

Si se tratare de menores de catorce años o de personas que, por su inmadurez o por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales, no comprendieren el significado de la facultad de abstenerse, se requerirá la decisión del representante legal o, en su caso, de un curador designado al efecto. Si el representante interviniere en el procedimiento, se designará un curador, quien deberá resguardar los intereses del testigo.

Las personas comprendidas en este artículo deberán ser informadas acerca de su facultad de abstenerse, antes de comenzar cada declaración. El testigo podrá retractar en cualquier momento el consentimiento que hubiere dado para prestar su declaración. Tratándose de las personas mencionadas en el inciso segundo de este artículo, la declaración se llevará siempre a cabo en presencia del representante legal o curador.

Artículo 213.

Facultad de abstenerse por otros motivos. Tampoco estarán obligados a declarar aquellas personas que por su estado, profesión o función legal, como el abogado, médico o confesor, tuvieren el deber de guardar el secreto que se les hubiere confiado, pero únicamente en lo que se refiriere a dicho secreto.

Las personas comprendidas en el inciso anterior no podrán invocar la facultad allí reconocida, cuando se les relevare del deber de guardar secreto por aquél que lo hubiere confiado.

Artículo 214.

Deber de comparecencia en ambos casos. Los testigos comprendidos en los dos artículos precedentes deberán comparecer a la presencia judicial y explicar los motivos de los cuales surgiere la facultad de abstenerse que invocaren. El juez o el presidente del tribunal, en su caso, podrá considerar como suficiente el juramento o promesa que los referidos testigos prestaren acerca de la veracidad del hecho fundante de la facultad invocada.

Los testigos comprendidos en los dos artículos precedentes estarán obligados a declarar respecto de los demás imputados a quienes no estuvieren vinculados de alguna de las maneras allí descritas, a menos que su declaración pudiere comprometer a aquellos con quienes existiere dicha relación. También estarán obligados a declarar cuando invocaren erradamente la facultad de que allí se trata y el juez o el presidente del tribunal, en su caso, lo ordenare mediante resolución fundada.

Artículo 215.

Principio de no autoincriminación. Todo testigo tendrá el derecho de negarse a responder aquellas preguntas cuya respuesta pudiere acarrearle peligro de persecución penal por un delito.

El testigo tendrá el mismo derecho cuando por su declaración pudiere incriminar a alguno de los parientes mencionados en el artículo 212 inciso primero.

Artículo 216.

Juramento o promesa. Instrucciones previas. Todo testigo, antes de comenzar su declaración, prestará juramento o promesa de decir verdad sobre lo que se le preguntare, sin ocultar o añadir nada de lo que pudiere conducir al esclarecimiento de los hechos.

No se tomará juramento o promesa a los testigos menores de dieciocho años, a las personas enumeradas en el artículo 212, cuando consintieren en prestar declaración, ni a aquellos de quienes el juez sospeche que pudieren haber tomado parte en los hechos investigados. Se dejará constancia en el registro o acta según corresponda de la omisión del juramento o promesa y de las causas de ello.

Se instruirá al testigo acerca del sentido del juramento o promesa y de su obligación de ser veraz, así como de las penas con las cuales la ley castiga el delito de falso testimonio en causa criminal, a menos que el juez considerare que el testigo no requiere de tales explicaciones.

Artículo 217.

Individualización del testigo. La declaración del testigo comenzará por el señalamiento de los antecedentes relativos a su persona, en especial sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado, profesión, industria o empleo y residencia domicilio.

Si existiere motivo para temer que la indicación pública de su domicilio pudiere acarrear peligro para el testigo u otra persona, el juez o el presidente del tribunal, en su caso, podrá autorizar al testigo a no responder a dicha pregunta durante la audiencia.

Del mismo modo, si hubiere motivo para temer que la manifestación pública de su identidad pudiere representar un peligro para la vida o integridad corporal del testigo u otra persona, el juez o el presidente del tribunal, en su caso, podrá autorizar al testigo a no responder a las preguntas relativas a su identidad. Con todo, el testigo siempre deberá declarar sobre la forma en que hubiere tenido conocimiento de los hechos sobre los cuales prestare declaración.

En los casos previstos en los dos incisos precedentes, el tribunal dirigirá al testigo las preguntas necesarias para establecer la credibilidad de los motivos invocados y emitirá resolución fundada acerca de su procedencia. En estos casos, los antecedentes relativos a la individualización del testigo permanecerán bajo la custodia del ministerio público.

Si el testigo hiciere uso del derecho previsto en este artículo, quedará prohibida la divulgación, en cualquier forma, de su identidad o de antecedentes que conduzcan a ella. El tribunal deberá decretar esta prohibición. La infracción a esta norma será sancionada con la pena que establece el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, tratándose de quien proporcionare la información. En caso que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, además se impondrá su director una multa de diez a cincuenta ingresos mínimos mensuales.

Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal, en casos graves y calificados, podrá disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad del testigo que lo solicite. Dichas medidas durarán el tiempo razonable que el tribunal dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario.

Artículo 218.

Declaración de testigos. Los testigos que no fueren de referencia declararan en forma ininterrumpida todo cuanto supieren y sólo se les exigirán las explicaciones complementarias que sirvieren para esclarecer aspectos oscuros o contradictorios de su declaración.

Los testigos de referencia declararán acerca de los hechos o circunstancias sobre los cuales se hubiere ofrecido su declaración. Al respecto el juez o el presidente del tribunal, en su caso, les manifestará claramente cuál es el punto específico.

Todo testigo deberá dar razón circunstanciada de los hechos sobre los cuales declarare, expresando si los hubiere presenciado, si los dedujere de antecedentes que le fueren conocidos o si los hubiere oído referir a otras personas.

Artículo 219.

Testigos menores de catorce años. Tratándose de menores de catorce años, el testigo sólo será interrogado por parte del presidente del tribunal, debiendo las partes dirigir sus preguntas por medio de éste.

Artículo 220.

Métodos prohibidos de interrogatorio. Para el interrogatorio de los testigos regirán correspondientemente los artículos 123 y 124.

Artículo 221.

Testigos sordos o mudos. Si el testigo fuere sordo, las preguntas le serán dirigidas por escrito; y si fuere mudo, dará por escrito sus contestaciones.

Si no fuere posible proceder de esta manera, la declaración del testigo será recibida por intermedio de una o más personas que puedan entenderse con él por signos, o que comprendan a los sordomudos. Estas personas prestarán previamente el juramento o promesa prescritos en el artículo 216.

Artículo 222.

Apreciación prueba testimonial. En el procedimiento penal no existirán testigos inhábiles y los jueces apreciarán el mérito de sus declaraciones en la forma prescrita por el artículo 205. Sin perjuicio de ello, el tribunal podrá dirigir al testigo, y permitir que las partes también lo hagan, calificando en tal caso su conducencia, preguntas tendentes a demostrar su credibilidad o falta de ella, la existencia de vínculos con alguno de los intervinientes que afectaren o pudieren afectar su imparcialidad, o de algún otro defecto de idoneidad.

Artículo 223.

Indemnización del testigo. El testigo que viviere solamente de su jornal diario tendrá derecho a que la persona que lo presentare le indemnice la pérdida de tiempo que le ocasionare su comparecencia para prestar declaración. Tratándose del testigo que residiere o se hallare fuera del lugar donde debiere prestar declaración, dicha indemnización comprenderá asimismo los gastos de traslado y habitación, en su caso.

Se entenderá renunciado este derecho si no se ejerciere en el plazo de veinte días contados desde la fecha en que se prestare la declaración.

En caso de desacuerdo, estos gastos serán regulados por el tribunal sin forma de juicio y sin ulterior recurso.

Tratándose de diligencias practicadas a petición del ministerio público, la indemnización será pagada por el Fisco.

Lo prescrito en este artículo se entenderá sin perjuicio de la resolución que recayere acerca de las costas de la causa.

Artículo 224.

Citación del testigo para otras diligencias. El tribunal podrá disponer la citación del testigo a diligencias determinadas, tales como reconocimientos o inspecciones, que tuvieren lugar en el procedimiento, cuando lo solicitare alguno de los intervinientes y lo estimare necesario para el esclarecimiento de los hechos. En tales casos podrá solicitarse al testigo su declaración sobre determinados hechos o circunstancias, la que se regirá por las normas de este párrafo.

Párrafo 3º

Informe de peritos

Artículo 225.

Procedencia del informe. Se oirá informe de peritos en los casos determinados por la ley y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para el procedimiento fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio.

I. PERITOS JUDICIALES

Artículo 226.

Peritos judiciales. Durante la instrucción o en el procedimiento intermedio, el ministerio público y los demás intervinientes podrán solicitar al tribunal la designación de uno o más peritos independientes, para que elaboren un informe sobre cualquier materia de relevancia en el procedimiento, hubiere o no sido objeto de otros peritajes presentados por las partes.

Artículo 227.

Listas de peritos judiciales. Los peritos judiciales serán designados por el juez de entre listas de peritos que cada dos años elaborará la Corte Suprema sobre la base de propuestas formuladas por cada Corte de Apelaciones para su territorio jurisdiccional.

Las listas definitivas serán publicadas en el Diario Oficial en la primera quincena del mes de enero y regirán durante dos años, desde la fecha de su publicación.

Con todo, el juez podrá designar como peritos a otras personas, cuando no existieren en las listas quienes cumplieren con los requisitos para desempeñar el encargo de que se tratare.

Artículo 228.

Remuneración de los peritos judiciales. El Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Justicia, fijará para cada período y en el plazo previsto en el artículo anterior, el arancel que deberán cobrar los peritos judiciales.

La remuneración establecida en el arancel cubrirá tanto los honorarios por la realización de la pericia y elaboración del informe, como los gastos derivados de la comparecencia al juicio oral y cualquier otro involucrado en la realización del encargo.

Artículo 229.

Pago de los peritos judiciales. La remuneración de los peritos judiciales será de cargo de la parte que los solicitare. Excepcionalmente, el tribunal podrá relevarla total o parcialmente del pago de la remuneración del perito judicial, cuando considerare que no cuenta con medios suficientes para solventarlo o cuando, tratándose del imputado, la no realización de la diligencia pudiere importar un notorio desequilibrio en sus posibilidades de defensa. En este último evento, el total o la parte de la remuneración del perito que no debiere ser asumida por el solicitante será de cargo fiscal.

Antes de proceder a la designación del perito el tribunal deberá estimar el monto de su remuneración, la que deberá ser consignada por el solicitante antes de procederse al nombramiento. La resolución que fije el monto de la remuneración será susceptible de reposición fundada por el interesado o por el ministerio público, cuando aquella fuere de cargo fiscal.

Artículo 230.

Liquidación de la remuneración de los peritos. Una vez cumplido el encargo por parte del perito, el juez procederá a liquidar su remuneración de acuerdo con el arancel señalado en el artículo 228. La liquidación no podrá exceder en más de un 20% del monto estimado por el juez y siempre que ello se justificare por la especial complejidad o mayor extensión del encargo.

Artículo 231.

Comunicación del nombramiento. El nombramiento como perito judicial se hará saber en la forma prevista en el párrafo 3º del Título III del Libro I. En casos urgentes, podrá comunicarse verbalmente.

Artículo 232.

Inexcusabilidad. Toda persona incluida en las listas de peritos judiciales estará obligada a aceptar el encargo que se le confiare.

El perito que, sin alegar excusa, o cuya excusa fuere desestimada por el juez, se negare a aceptar el encargo, será excluido de la lista respectiva por la Corte de Apelaciones, para lo cual deberá el juez comunicar a ésta la negativa injustificada.

Artículo 233.

Apremios en caso de retraso o incumplimiento. En los casos en que el perito no evacuare su informe oportunamente una vez aceptado el encargo, podrá ser apremiado en la forma prevista para los testigos en el artículo 207 inciso segundo.

Artículo 234.

Inhabilidad de los peritos. Serán causales de inhabilidad de los peritos judiciales:

a) La incapacidad para desempeñar las funciones de perito, en la forma prevista por el artículo 247;

b) El interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante;

c) La amistad íntima con alguno de los intervinientes en el procedimiento, o la enemistad manifiesta con alguno de ellos;

d) El haber tomado el perito conocimiento del objeto de la pericia con anterioridad a su nombramiento;

e) El haber sido eliminado de la lista prevista en el artículo 227 en los casos contemplados en el artículo 232 inciso segundo; y,

f) El haber sido condenado por un crimen o simple delito que tuviere prevista pena aflictiva.

Artículo 235.

Procedimiento y oportunidad para la inhabilitación. La inhabilidad de un perito deberá plantearse por escrito, antes de comenzar la diligencia pericial, expresando la causa de la recusación y acompañando u ofreciendo, en su caso, la prueba de ella. Asimismo, el juez podrá declararla de oficio cuando el hecho en que se fundare llegare a su conocimiento con posterioridad a su designación.

Si el perito reconociere como cierta la causal invocada, el tribunal podrá aceptar de inmediato la solicitud de inhabilitación y proceder a la designación de un nuevo perito.

Si el perito no reconociere la causal, el tribunal recibirá la prueba ofrecida o ponderará la acompañada al efecto. Hecho lo anterior, se pronunciará inmediatamente sobre la solicitud respectiva. Si el tribunal declarare la inhabilidad del perito, lo condenará al pago de las costas que el incidente hubiere originado.

Si el perito hubiere sido designado durante la etapa de instrucción, los intervinientes deberán plantear la solicitud de inhabilitación en cuanto tomaren conocimiento del informe pericial respectivo.

Las resoluciones a que se refiere este artículo serán inapelables.

Artículo 236.

Juramento o promesa del perito judicial. Los peritos judiciales prestarán juramento o promesa ante el tribunal, de que emitirán su parecer con imparcialidad, en el menor tiempo posible y conforme los principios de la ciencia o reglas del arte u oficio que profesen, y de que guardarán reserva sobre los datos y conclusiones de su informe.

Artículo 237.

Preparación del informe. El tribunal fijará un plazo en el que deberá evacuarse el informe requerido, el cual será prorrogable por una vez.

El perito podrá pedir que se le proporcionen los datos que juzgue indispensables para formar su opinión, ya sea por lectura de los registros o por la interrogación de las personas que figuren en el procedimiento como intervinientes o testigos, acerca de puntos determinados. El juez dará lugar a la petición del perito, siempre que no existieren motivos especiales que lo impidieren.

Artículo 238. Pericia de cosas. Si para verificar la pericia fuere preciso alterar o destruir la cosa que hubiere de reconocerse, se la dividirá, si fuere posible, y se reservará una parte, la cual se conservará intacta y bajo el sello del tribunal, para reiterar la operación, si fuere necesario.

II.- PERITOS PRESENTADOS POR LAS PARTES

Artículo 239.

Peritos presentados por las partes. El ministerio público y los demás intervinientes podrán presentar informes elaborados por peritos de su confianza y solicitar que sean citados a declarar al juicio oral, acompañando los comprobantes que acrediten la idoneidad profesional del perito.

El juez de control de la instrucción admitirá los informes y citará a los peritos de las partes cuando, además de los requisitos generales para la admisibilidad de las solicitudes de prueba, considere que los peritos y sus informes otorgan suficientes garantías de seriedad y profesionalismo. Con todo, el juez de control de la instrucción podrá limitar el número de informes o de peritos, cuando unos u otros resulten superabundantes o pudieren entorpecer la realización del juicio.

Los honorarios y demás gastos derivados de la intervención de los peritos mencionados en este artículo corresponderán a la parte que los presente.

Artículo 240.

Improcedencia de inhabilitación. Los peritos que presentaren las partes no podrán ser inhabilitados. No obstante, durante el juicio oral podrán dirigírseles preguntas orientadas a determinar su imparcialidad e idoneidad, así como el rigor técnico o científico de sus conclusiones. Las partes o el tribunal podrán requerir información acerca de la remuneración del perito y la adecuación de ésta a los montos usuales para el tipo de trabajo realizado.

Artículo 241.

Juramento. Antes de comenzar su declaración los peritos presentados por las partes prestaran juramento o promesa de decir verdad sobre lo que se les preguntare y de emitir su parecer con imparcialidad, ateniéndose a los principios de la ciencia o reglas del arte u oficio que profesaren.

Artículo 242.

Instrucciones necesarias para trabajo de peritos. Durante la etapa de instrucción o en la audiencia intermedia, los intervinientes podrán solicitar al tribunal que dicte las instrucciones necesarias para que los peritos puedan acceder a examinar los objetos, documentos o lugares a que se refiera su pericia o para cualquier otro fin pertinente. El tribunal accederá a la solicitud, a menos que, durante la etapa de instrucción, considerare necesario postergarlo para proteger el éxito de la investigación.

Artículo 243.

Auxiliares del ministerio público. El ministerio público podrá presentar como peritos a los miembros de los organismos técnicos que le presten auxilio en su función investigativa, ya sea que pertenezcan a la policía, al propio ministerio público u otros organismos estatales especializados en tales funciones.

III.- NORMAS COMUNES A TODOS LOS PERITOS

Artículo 244.

Forma del informe. Sin perjuicio del deber de los peritos de concurrir a declarar ante el tribunal acerca de su informe, éste deberá entregarse por escrito y contener:

a) La descripción de la persona o cosa que fuere objeto de él, del estado y modo en que se hallare;

b) La relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y su resultado; y,

c) Las conclusiones que, en vista de tales datos, formularen los peritos conforme a los principios de su ciencia o reglas de su arte u oficio.

Artículo 245.

Declaración de peritos. La declaración de los peritos en el juicio oral se regirá por las normas previstas para los testigos.

Artículo 246.

Nombramiento de personas no tituladas. Sólo en defecto de las personas que tuvieren título profesional conferido conforme a la ley, podrán ser nombradas en el carácter de peritos personas no tituladas, pero que tuvieren competencia especial en la materia sobre la que debiere versar el informe.

Artículo 247.

Incapacidad. No podrán desempeñar las funciones de peritos las personas a quienes la ley reconoce la facultad de abstenerse de prestar declaración testimonial.

Párrafo 4º

Inspección personal

Artículo 248.

Procedencia. A petición del ministerio público o de alguno de los intervinientes, el tribunal podrá disponer la práctica de la inspección personal de determinados lugares u objetos, cuando la considerare conducente al esclarecimiento de hechos o circunstancias relevantes para el procedimiento.

Artículo 249.

Realización de la diligencia. La inspección será realizada personalmente por el juez. Tratándose de tribunal colegiado se designará a uno de sus miembros especialmente al efecto. Tendrán derecho a asistir a la diligencia el fiscal del ministerio público, el imputado y su defensor y todos los demás intervinientes en el procedimiento, quienes deberán ser notificados al efecto con la necesaria anticipación.

A la diligencia de inspección personal deberá concurrir asimismo el funcionario encargado de levantar el registro correspondiente.

Artículo 250.

Inspección personal en etapas previas al juicio oral. A petición de alguno de los intervinientes, el juez de control de la instrucción podrá disponer la práctica de la inspección personal durante la etapa de instrucción o durante el procedimiento intermedio, cuando el objeto de la diligencia lo hiciere recomendable, por tratarse de una actuación urgente o irreproducible, o con la finalidad de evitar interrupciones durante la audiencia principal. Los intervinientes tendrán derecho a asistir a la misma y serán oportunamente notificados, conforme lo dispone el artículo precedente.

Si la inspección personal tuviere lugar durante la etapa de instrucción, el juez podrá disponer la exclusión del imputado, pero en caso alguno la de su defensor.

Si no existiere imputado en el procedimiento, o la práctica de la diligencia fuere de extrema urgencia, el ministerio público podrá requerir verbalmente la concurrencia del juez, quien en tal caso podrá prescindir de las notificaciones de los demás intervinientes, designando un defensor público que habrá de asistir al acto. En todo caso, se dejará constancia de las razones que justificaren la actuación conforme a lo preceptuado en este inciso.

Artículo 251.

Inspección personal en el juicio oral. Durante el juicio solo podrán decretarse y llevarse a efecto inspecciones personales fuera de la sala de audiencia, que importen la interrupción de la misma, cuando ello pareciere imprescindible para el adecuado esclarecimiento de los hechos.

Artículo 252.

Inspección personal fuera del lugar. Si la diligencia de inspección personal hubiere de tener lugar fuera del lugar asiento del tribunal, éste comisionará al competente del territorio correspondiente la práctica de aquélla, para lo cual le hará llegar los antecedentes necesarios. Con todo, tratándose de lugares cercanos y de estimarlo conveniente, el juez podrá realizar la inspección por sí mismo, aún fuera de su territorio jurisdiccional. En lo demás regirán las normas de los artículos precedentes.

Artículo 253.

Incorporación al juicio oral. Las diligencias de inspección personal que tuvieren lugar con anterioridad al juicio oral se incorporarán a éste por la vía de la lectura del registro respectivo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 387.

No podrán incorporarse al juicio con carácter de prueba, mediante la lectura del registro, las declaraciones de las personas que hubieren sido interrogadas durante la práctica de la inspección personal. Respecto de ellas regirán las normas generales sobre la prueba testimonial o sobre la declaración del imputado, en su caso.

Párrafo 5º

Documentos

Artículo 254.

Incorporación al procedimiento. Los documentos podrán ser aportados en cualquier etapa del procedimiento, no obstante para su valoración como medio de prueba se requerirá su lectura en el juicio oral de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 387.

Párrafo 6º

Prueba de las acciones civiles

Artículo 255.

Prueba de las acciones civiles. La prueba de las acciones civiles en el procedimiento criminal se sujetará a las normas civiles en cuanto a la determinación de la parte que debe probar y a las disposiciones de este Código en cuanto a su procedencia, oportunidad, forma de rendirla y apreciación de su fuerza probatoria.

Lo previsto en este artículo se aplicará también a las cuestiones civiles a que se refiere el inciso primero del artículo 173 del Código Orgánico de Tribunales.

LIBRO II

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

TITULO I

ETAPA DE INSTRUCCION

Párrafo 1º

Persecución penal pública

Artículo 256.

Principio de legalidad. Los delitos de acción pública serán investigados con arreglo a las disposiciones del presente título.

Cuando el ministerio público tuviere conocimiento de la existencia de un hecho que revista caracteres de delito, deberá, con el auxilio de la policía, promover y proseguir la persecución penal pública, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos previstos en la ley.

Tratándose de delitos cuya persecución dependiere de instancia privada, no podrá procederse sin que ella se produzca, salvo para realizar los actos urgentes de investigación o los absolutamente necesarios para impedir o interrumpir la comisión del delito.

Artículo 257.

Archivo provisional. En tanto no se hubiere producido la intervención del juez de control de la instrucción en el procedimiento, el fiscal podrá archivar provisionalmente aquellas investigaciones en las que no aparecieren antecedentes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos.

En los casos del inciso precedente, la víctima podrá solicitar al fiscal la reapertura del procedimiento y la realización de diligencias de investigación. Asimismo, podrá reclamar de la denegación de dicha solicitud ante las autoridades del ministerio público según lo disponga la Ley Orgánica respectiva.

Artículo 258.

Facultad para no iniciar investigación. En tanto no se hubiere producido la intervención del juez de control de la instrucción en el procedimiento, el ministerio público podrá abstenerse de toda investigación, cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada.

Artículo 259.

Control judicial. En los casos contemplados en los dos artículos anteriores, la víctima podrá provocar la intervención del juez de control de la instrucción deduciendo la querella respectiva.

Si el juez admitiere a tramitación la querella, el ministerio público deberá seguir adelante la investigación conforme a las reglas generales.

Artículo 260.

Oportunidad. Los fiscales del ministerio público podrán no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada cuando se tratare de un hecho que por su insignificancia no comprometiere gravemente el interés público, a menos que la pena mínima asignada al delito excediere la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo o que se tratare de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Para los efectos previstos en este artículo el fiscal deberá emitir una decisión motivada, la que comunicará al juez de control de la instrucción. Este a su vez, la notificará a los intervinientes si los hubiere.

Dentro de los diez días siguientes a la comunicación de la decisión del ministerio público, el juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, podrá dejarla sin efecto cuando considerare que el fiscal ha excedido sus atribuciones, en cuanto la pena mínima prevista para el hecho de que se tratare excediere la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo o se tratare de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. También la dejará sin efecto, cuando dentro del mismo plazo la víctima manifestare de cualquier modo su interés en el inicio o la continuación de la persecución penal.

La decisión que el juez emitiere en conformidad al inciso anterior, obligará al fiscal a continuar con la persecución penal.

Una vez vencido el plazo señalado en el inciso tercero o rechazada por el juez la reclamación respectiva, los intervinientes contarán con un plazo de diez días para impugnar la decisión del fiscal, mediante reclamación ante las autoridades del ministerio público según lo disponga Ley Orgánica respectiva. Conociendo de esta reclamación las autoridades del ministerio público deberán verificar si la decisión del fiscal se ajusta o no a las políticas generales del servicio y a las normas que hubieren sido dictadas al respecto. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere formulado reclamación o rechazada ésta por parte de las autoridades del ministerio público, se entenderá extinguida la acción penal respecto del hecho de que se trate.

La extinción de la acción penal de acuerdo a lo previsto en este artículo no perjudicará en modo alguno el derecho a perseguir por la vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho.

Párrafo 2º

Inicio del procedimiento

Artículo 261.

Formas de inicio. La investigación de un hecho que revista caracteres de delito podrá iniciarse por denuncia o por querella.

Sin esperar denuncia ni querella alguna el ministerio público podrá, asimismo, por propia iniciativa, abrir una investigación cuando por conocimiento personal, por avisos confidenciales, por notoriedad o por cualquier otro medio llegare a su noticia la perpetración de un delito de acción pública.

Artículo 262.

Denuncia. Cualquier persona podrá comunicar directamente al ministerio público el conocimiento que tuviere de la comisión de un hecho que revista caracteres de delito.

También se podrá formular la denuncia ante los funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, de Gendarmería de Chile en los casos de los delitos cometidos dentro de los recintos penitenciarios, o ante cualquier tribunal con competencia criminal, quienes deberán hacerla llegar al ministerio público.

Artículo 263.

Forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá formularse verbalmente o por escrito y deberá contener la identificación del denunciante, el señalamiento de su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la designación de quienes lo hubieren cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieren noticia de él, todo en cuanto le constare al denunciante.

En el caso de la denuncia verbal se levantará un registro en presencia del denunciante, quien la firmará junto con el funcionario que la reciba. La denuncia escrita será firmada por el denunciante o por un apoderado especial. En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego.

Artículo 264.

Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar:

a) Los miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería, todos los delitos que presencien o lleguen a su noticia. Los miembros de las Fuerzas Armadas estarán también obligados a denunciar todos los delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones;

b) Los empleados públicos, los delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones y especialmente los que noten en la conducta ministerial de sus subalternos;

c) Los jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o de otros medios de locomoción o de carga, los capitanes de naves o aeronaves comerciales que naveguen en el mar o en el espacio territorial, y los conductores de los trenes, buses u otros medios de transporte o carga, los delitos que se cometan durante el viaje, en el recinto de una estación, puerto o aeropuerto o a bordo del buque o aeronave;

d) Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y otras ramas relacionadas con la conservación o restablecimiento de la salud, y los que ejerzan prestaciones auxiliares de ellas, que noten en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito.

La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo exime al resto.

Artículo 265.

Plazo. Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tengan conocimiento del hecho criminal. Respecto de los capitanes de naves o aeronaves, este plazo se contará desde que arriben a cualquier puerto o aeropuerto de la república.

Artículo 266.

Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el artículo 264, que omitan hacer la denuncia que se prescribe, incurrirán en la pena señalada en el artículo 494 del Código Penal.

La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere razonable considerar que quien hubiere omitido formular la denuncia arriesgaba la persecución penal propia, del cónyuge, de su conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos.

Artículo 267.

Responsabilidad y derechos. El denunciante no contraerá otra responsabilidad que la correspondiente a los delitos que hubiere cometido por medio de la denuncia o con ocasión de ella. Tampoco adquirirá el derecho a intervenir posteriormente en el procedimiento, sin perjuicio de las facultades que pudieren corresponderle en el caso de ser víctima del delito.

Artículo 268.

Reserva de la identidad del denunciante. Si el denunciante solicitare que su identidad sea mantenida en reserva, los funcionarios policiales, judiciales o del ministerio público que la recibieren dejarán constancia de ello en el registro y excluirán del mismo la identidad del denunciante, el que deberán hacer llegar en sobre cerrado al fiscal que corresponda.

Los funcionarios intervinientes y el fiscal deberán mantener la reserva sobre la identidad del denunciante. Este último sólo podrá darla a conocer ante orden judicial.

Párrafo 3º

Actuaciones de la instrucción

Artículo 269.

Investigación del ministerio público. El ministerio público podrá realizar por sí mismo o encomendar a la policía todas las diligencias de investigación que considere conducentes al esclarecimiento de los hechos.

Tan pronto como el ministerio público tome conocimiento de la existencia de un hecho que revistiere caracteres de delito por alguno de los medios previstos en la ley, deberá proceder a la práctica de todas aquellas diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento y averiguación del mismo, de las circunstancias relevantes para la aplicación de la ley penal, de los partícipes del hecho y de las circunstancias que sirvieren para verificar su responsabilidad. Asimismo, deberá impedir que el hecho denunciado produzca consecuencias ulteriores.

Los fiscales podrán exigir información de toda persona o funcionario público, los que no podrán excusarse de entregarla, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.

El ministerio público podrá ordenar el arresto de toda persona que dificultare el cumplimiento de cualquier diligencia y mantenerla privada de libertad hasta el cumplimiento de la misma, siempre que dicha situación no se prolongue por más de ocho horas.

Artículo 270.

Aseguramiento de medios de comprobación del hecho. Con los fines previstos en el artículo anterior, el ministerio público deberá consignar y asegurar todo cuanto condujere a la comprobación del hecho y a la identificación de los partícipes del mismo. Si el hecho hubiere dejado rastros o señales, se tomará nota de ellos y se los describirá detalladamente, consignando la descripción del lugar en que se hubiere cometido el mismo, el estado de los objetos que en él se encontraren y de todo dato pertinente.

Para los mismos fines podrá también disponer la fotografía, filmación o grabación y, en general, la reproducción de imágenes, voces o sonidos por medios técnicos que estimare convenientes. Asimismo, podrá valerse de resultados obtenidos por la utilización de aparatos destinados a desarrollar exámenes o demostraciones científicas o por medio de la computación. En tales casos se certificará, después de verificada la operación, el día y la hora en que ella hubiere tenido lugar, el nombre y dirección de quienes hubieren intervenido en la misma, y el lugar, la persona, cosa o suceso o fenómeno que se reproduce o explica, procurando adoptar las medidas necesarias para evitar la posible alteración de los originales.

Artículo 271.

Objetos y documentos. Los objetos y documentos de cualquier clase que parecieren haber servido o haber estado destinados a la comisión del hecho investigado, o los que de él provinieren y los que pudieren servir como medios de prueba, serán recogidos conforme a las normas de este título y deberán ser conservados bajo sello.

Si los objetos o documentos se encontraren en poder del imputado o de otra persona, se procederá a su incautación, conforme lo dispuesto en el párrafo 5º de este título.

En todo caso se levantará un registro de la diligencia, conforme a las normas generales. El encargado de la custodia de los objetos y documentos procurará que las especies recogidas se mantengan en el mejor estado posible.

Artículo 272.

Reclamaciones o tercerías. Las reclamaciones o tercerías que los intervinientes o terceros entablaren durante el procedimiento con el fin de obtener la restitución de objetos recogidos o incautados se tramitarán ante el juez de control de la instrucción, conforme a las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil para los incidentes. La resolución que recayere en el artículo así tramitado se limitará a declarar el derecho del reclamante sobre dichos objetos, pero no se efectuará la devolución de éstos sino hasta después de concluido el procedimiento, a menos que el tribunal considerare innecesaria su conservación.

Lo dispuesto en el inciso precedente no se extenderá a las cosas hurtadas, robadas o estafadas, las cuales se entregarán al dueño en cualesquier estado del procedimiento, una vez comprobado su dominio por cualquier medio y previa avaluación.

Artículo 273.

Ordenes de investigar. Las órdenes de investigar que el ministerio público cursare a la policía facultarán a los funcionarios encargados de su cumplimiento a practicar las diligencias que el fiscal determine y las siguientes, salvo exclusión o limitación expresa:

a) Conservar las huellas del hecho investigado y hacerlas constar;

b) Recoger los instrumentos usados para llevar a cabo el hecho, salvo en cuanto fuere necesario mantenerlos en el lugar en que hubieren sido encontrados, para su examen pericial;

c) Hacer constar el estado de las personas, cosas o lugares mediante inspecciones o exámenes o con los medios a que se refiere el inciso segundo del artículo 270 u otras operaciones aceptadas por la policía científica y requerir la intervención de organismos especializados en la investigación, según la naturaleza del delito;

d) Identificar a los testigos del hecho investigado, consignar las declaraciones que estos prestaren voluntariamente y, en su caso, citarlos para que comparezcan ante el ministerio público o el juez.

e) Proceder a la citación del imputado a la presencia del ministerio público.

Artículo 274.

Testigos ante el ministerio público. Durante la etapa de instrucción, los testigos citados por el ministerio público, estarán obligados a comparecer a su presencia y prestar declaración ante el mismo. Regirán correspondientemente las normas del párrafo II del Título IX del Libro I de este Código, salvo en cuanto el presente párrafo establezca otra cosa. El ministerio público no podrá exigir del testigo el juramento o promesa previsto en el artículo 216.

Si el testigo citado no compareciere sin justa causa o, compareciendo, se negare injustificadamente a declarar, el juez de control de la instrucción, a petición del ministerio público, podrá imponerle las medidas de apremio previstas en el artículo 207 inciso segundo.

Artículo 275.

Anticipación de prueba. Al concluir la declaración del testigo, el ministerio público le hará saber la obligación que tiene de comparecer y declarar durante la audiencia principal, así como de comunicar cualquier cambio de domicilio o de morada hasta esa oportunidad.

Si al hacérsele la prevención prevista en el inciso anterior el testigo manifestare la imposibilidad de concurrir a la audiencia principal, por tener que ausentarse a larga distancia, o por existir motivo que hiciere temer la sobreviniencia de su muerte, incapacidad física o mental, o algún otro obstáculo semejante, el ministerio público podrá solicitar al juez de control de la instrucción se reciba su declaración anticipadamente.

En los casos previstos en el inciso precedente, el juez deberá citar a todos los intervinientes, sus defensores o mandatarios, quienes tendrán derecho a asistir con todas las facultades previstas para su participación en la audiencia principal. El imputado que se encontrare privado de libertad será representado por su defensor, salvo que solicitare expresamente asistir a la audiencia y siempre que ésta debiere cumplirse en un lugar cercano a aquel en el que se encontrare privado de libertad.

Artículo 276.

Imputado ante el ministerio público. Durante la etapa de instrucción el imputado legalmente citado estará obligado a comparecer ante el ministerio público. En tal caso, la declaración que preste el imputado se regirá por las normas del párrafo 4º Título V del Libro I de este Código.

Artículo 277.

Careo ante el ministerio público. Cuando los testigos o los imputados entre sí, o aquéllos con éstos, discordaren acerca de algún hecho o circunstancia relevante para el procedimiento, se les podrá confrontar, a objeto que expliquen sus contradicciones o aclaren las discrepancias que surgieren de las respectivas declaraciones. Esta diligencia procederá igualmente con respecto a los querellantes particulares.

Para estos efectos se explicará a las personas confrontadas cuáles son las contradicciones o discrepancias existentes, a fin de superar las diferencias y de esclarecer los hechos o circunstancias sobre los cuales aquéllas recayeren, invitándoseles a exponer cuanto consideraren necesario. En casos calificados se podrá admitir que las personas confrontadas se dirijan preguntas, con los mismos fines.

El careo podrá practicarse entre dos o más personas.

Regirán, respectivamente, las reglas relativas a la declaración de testigos y del imputado.

Artículo 278.

Secreto. Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento.

El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar los registros y documentos de la investigación fiscal y policial.

El ministerio público podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos se mantengan en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando lo considere necesario para la eficacia de la investigación. En tal caso deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a 40 días para la mantención del secreto.

El imputado o cualquier otro interviniente podrá solicitar al juez de control de la instrucción que ponga término al secreto o que lo limite en cuanto a su duración, a las piezas o actuaciones abarcadas por él, o a las personas a quienes afecte.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, no se podrá decretar el secreto sobre la declaración del imputado o cualquier otra actuación en que hubiere intervenido o tenido derecho a intervenir, las actuaciones en las que participe el tribunal, ni los informes evacuados por peritos, respecto del propio imputado o su defensor.

Los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que por cualquier motivo tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas.

Artículo 279.

Proposición de diligencias. Durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes en el procedimiento podrán solicitar al ministerio público la práctica de todas aquellas diligencias que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleven a efecto aquellas que estime conducentes.

Si el fiscal rechazare la solicitud, se podrá reclamar ante las autoridades del ministerio público según lo disponga la Ley Orgánica respectiva, a objeto de obtener un pronunciamiento definitivo acerca de la procedencia de la diligencia.

Artículo 280.

Asistencia a diligencias. Durante la investigación el ministerio público podrá permitir la asistencia del imputado o de los demás intervinientes a las actuaciones o diligencias que deba practicar, cuando lo estimare útil. En todo caso, podrá impartirles instrucciones obligatorias conducentes al adecuado desarrollo de la actuación o diligencia y podrá excluirlos de la misma en cualquier momento.

Artículo 281.

Agrupación y separación de procesos. El ministerio público podrá investigar separadamente cada delito de que conociere. No obstante, podrá desarrollar la investigación conjunta de dos o más delitos, cuando ello resultare conveniente. Asimismo, en cualquier momento podrá separar las investigaciones que se llevaren en forma conjunta.

Artículo 282.

Autorización previa. Cuando la práctica de alguna de las diligencias de investigación del ministerio público pudiere significar la perturbación o vulneración de los derechos fundamentales del imputado o de alguna otra persona, deberá previamente solicitar autorización al juez de control de la instrucción.

El juez de control de la instrucción velará por el cumplimiento de los requisitos previstos en cada caso. La resolución que autorice la práctica de la diligencia será siempre fundada y deberá expresar los motivos que la justifiquen.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en casos urgentes el ministerio público podrá realizar la diligencia en cuestión, informando al juez de control de la instrucción dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su inicio. El juez resolverá sobre la legalidad de la diligencia y, si no la estimare ajustada a derecho, declarará su nulidad ordenando que se ponga termino inmediato a la misma, en su caso. Si el fiscal no informare oportunamente al juez, la actuación o diligencia deberá ser declarada nula por ese solo hecho.

Párrafo 4º

Reconocimiento de personas y otras diligencias

Artículo 283.

Reconocimiento de personas. Cuando el ministerio público estimare necesario el reconocimiento del imputado, solicitará al juez la práctica de esta diligencia. En tal caso se solicitará previamente al testigo que hubiere de efectuarlo la descripción del imputado y de sus rasgos más característicos, a objeto de establecer si efectivamente le conoce o le ha visto anteriormente, cuidando que no reciba indicación alguna que le permita deducir cuál es la persona a reconocer.

Artículo 284.

Forma del reconocimiento. La diligencia de reconocimiento se practicará poniendo la persona que debiere ser reconocida a la vista de quien hubiere de verificarlo, acompañada de a lo menos otras tres de aspecto exterior semejante.

El que practicare el reconocimiento, previo juramento o promesa, manifestará si se encuentra entre las personas que forman la rueda o grupo aquella a quien se hubiere referido en sus declaraciones y, en caso afirmativo, cuál de ellas es.

El tribunal cuidará que la diligencia se lleve a efecto en condiciones que no represente riesgos o molestias para quien hubiere de practicar el reconocimiento.

Artículo 285.

Pluralidad de reconocimientos. Cuando fueren varios los que hubieren de reconocer a una persona, la diligencia se practicará separadamente con cada uno de ellos, sin que puedan comunicarse entre sí hasta que se hubiere efectuado el último reconocimiento.

Cuando fueren varios los que hubieren ser reconocidos, el reconocimiento deberá practicarse por separado respecto de cada uno de ellos.

Artículo 286.

Aplicación de normas sobre testigos e imputados. Para las diligencias de reconocimiento regirán correspondientemente las reglas del testimonio y las de la declaración del imputado. El reconocimiento procederá aún sin consentimiento del imputado.

Artículo 287.

Incorporación al juicio oral. El registro de la diligencia de reconocimiento podrá ser incorporada mediante lectura al juicio oral en presencia del testigo que hubiere intervenido en él.

Artículo 288.

Imputado menor de edad. Si el imputado expresare ser menor de dieciocho años o esta circunstancia fuere conocida o presumida por otro medio, se deberá requerir su certificado de nacimiento o, a falta de éste, de cualesquier otro instrumento o medio que permita establecer su edad, procediéndose de la manera más rápida posible.

Artículo 289.

Exámenes corporales. A petición del ministerio público, el juez podrá ordenar la práctica de exámenes corporales del imputado para la constatación de circunstancias relevantes para el procedimiento. Con este fin serán admisibles extracciones de sangre u otras intervenciones corporales análogas, que se llevarán a cabo según las reglas de la ciencia médica y siempre que no fuere de temer menoscabo para la salud del imputado.

Artículo 290.

Examen de vestidos. Se podrá ordenar el examen de los vestidos que llevare el imputado, cuando existieren indicios que permitieren estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación.

Para practicar este examen y para todo otro de carácter corporal conforme a las reglas de este párrafo, se comisionará a personas del mismo sexo del imputado y se guardarán todas las consideraciones compatibles con la correcta ejecución del acto.

Artículo 291.

Reconocimiento de objetos. Cuando fuere necesario reconocer objetos, éstos serán exhibidos a quien hubiere de reconocerlos. En lo que sea pertinente se aplicarán las normas de los artículos 283 y 287.

Párrafo 5º

DE LA ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO, DEL REGISTRO DE LIBROS Y PAPELES, DE LA INCAUTACION DE COSAS, DE LA RETENCION Y APERTURA DE CORRESPONDENCIA, DE LA INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES TELEFONICAS Y DE OTROS MEDIOS TECNICOS DE INVESTIGACION

Artículo 292.

Entrada y registro de lugares cerrados. A petición del ministerio público, el juez de control de la instrucción podrá decretar la entrada y registro en edificios o lugares cerrados, sean ellos públicos o particulares, cuando existieren presunciones suficientes de encontrarse allí el imputado contra el cual se hubiere librado orden de detención, rastros del hecho investigado, o medios que pudieren servir a la comprobación del mismo.

Artículo 293.

Entrada y registro en casos de flagrancia. Aun sin la orden judicial, en caso de delito flagrante Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones podrán efectuar el registro, cuando existieren fundadas sospechas de que el responsable del delito se encuentra en un determinado edificio o lugar cerrado. En estos casos el funcionario que practicare el registro deberá individualizarse y cuidará que la diligencia se realice causando el menor daño y las menores molestias posibles a los ocupantes del recinto. Asimismo, deberá entregar al propietario o encargado del edificio o lugar un certificado que acredite el hecho del registro, la individualización de los funcionarios que lo hubieren practicado y de aquel que lo hubiere ordenado.

De la realización de esta diligencia se deberá informar inmediatamente al ministerio público, haciéndose entrega de copia del certificado mencionado en el inciso anterior.

La infracción a las obligaciones establecidas en este artículo será sancionada con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

Artículo 294.

Horario. El registro deberá hacerse en el tiempo que media entre las siete y las veintiuna horas; pero podrá verificarse fuera de estas horas en lugares a los cuales el público tenga libre entrada y que se encuentren abiertos durante la noche. Asimismo procederá en casos urgentes, cuando su ejecución no admita demora. En este último evento, la resolución que autorice la entrada y registro deberá señalar expresamente el motivo de la urgencia.

Artículo 295.

Contenido de la orden. La orden que autorice la entrada y registro deberá señalar:

a) La autoridad judicial que ordena el allanamiento y los datos del procedimiento en el cual se ordena;

b) El edificio o lugar que habrá de ser registrado;

c) La autoridad encargada de practicar el registro;

d) El motivo del allanamiento y, en su caso, del ingreso nocturno;

e) Las diligencias a practicar; y,

f) La fecha y firma del juez que la expide.

La entrada y registro será practicada por el ministerio público. Con todo, en casos calificados el juez podrá facultar al ministerio público para encargar el cumplimiento de la diligencia a la policía. De todo ello se dejará constancia en la orden respectiva.

La orden tendrá una vigencia máxima de diez días, después de los cuales caducará la autorización. Con todo, el juez que emita la orden podrá establecer un plazo de vigencia inferior.

Artículo 296.

Entrada y registro en lugares especiales. Para proceder al examen y registro de lugares religiosos o de edificios en que funcione alguna autoridad pública, el juez hará pasar recado de atención a la autoridad o persona a cuyo cargo estuvieren, quien podrá asistir a la operación o nombrar a alguna persona que asista.

Articulo 297.

Entrada y registro en lugares con inviolabilidad diplomática. Para la entrada y registro de edificios y naves que, conforme al Derecho Internacional, gozaren de inviolabilidad, el juez pedirá su consentimiento al respectivo agente diplomático por oficio, en el cual le solicitará que conteste dentro de veinticuatro horas. Este será remitido por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Si el agente diplomático negare su consentimiento o no contestare en el término indicado, el juez lo comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores. Mientras el Ministro no conteste manifestando el resultado de las gestiones que practique, el juez se abstendrá de ordenar la entrada al lugar indicado. Sin perjuicio de ello, se podrán adoptar medidas de vigilancia, conforme a las reglas generales.

En casos urgentes y graves, podrá el juez solicitar la autorización al agente diplomático directamente o por intermedio del ministerio público, quien certificará el hecho de haberse concedido.

Artículo 298.

Entrada y registro en locales consulares. Para el registro de los locales consulares o partes de ellos que se utilicen exclusivamente para el trabajo de la oficina consular, se deberá recabar el consentimiento del jefe de la oficina consular o de una persona que él designe, o del jefe de la misión diplomática del mismo Estado.

Regirá, en lo demás, lo dispuesto en el artículo precedente.

Artículo 299.

Procedimiento. Salvo en los casos previstos en el artículo 293, la resolución que autorice la entrada y registro se notificará al dueño, arrendatario o encargado del lugar o edificio en que hubiere de practicarse la diligencia, invitándosele a presenciar el acto.

Si no fuere habida alguna de las personas expresadas, la notificación se hará a cualesquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar o edificio, quien podrá, asimismo, presenciar la diligencia.

Si no se hallare a nadie, se hará constar esta circunstancia en el acta de la diligencia.

Artículo 300.

Medidas de vigilancia. Aun antes de que el juez de control de la instrucción dicte la orden de entrada y registro de que trata el artículo 295, el ministerio público podrá disponer las medidas de vigilancia que estimare convenientes para evitar la fuga del imputado o la sustracción de documentos o cosas que constituyeren el objeto de la diligencia.

Artículo 301.

Realización de entrada y registro. Practicada la notificación a que se refiere el artículo 299, se procederá a la entrada y registro. Si se opusiere resistencia al ingreso, o nadie respondiere a los llamados, se podrá emplear la fuerza pública. En estos casos, al terminar el registro se cuidará que los lugares queden cerrados, a objeto de evitar el ingreso de otras personas a los mismos. De todo ello se dejará constancia escrita.

En los registros deberán evitarse las inspecciones inútiles, procurando no perjudicar ni molestar al interesado más de lo estrictamente necesario.

El registro se practicará en un solo acto, pero podrá suspenderse cuando no fuere posible continuarlo, debiendo reanudarse apenas cesare el impedimento.

Artículo 302.

Incautación durante el registro. Durante el registro, el ministerio público podrá revisar los objetos y documentos que encontrare en el lugar o edificio, cuando aparecieren indicios graves de que esta diligencia pudiere resultar de utilidad para el esclarecimiento de los hechos investigados.

Asimismo, cuando lo estimare conducente al mismo fin, podrá incautar dichos objetos y documentos, aun cuando la orden de entrada y registro no lo hubiere facultado expresamente al efecto.

Tratándose de un registro practicado por funcionarios de la policía, éstos podrán incautar los objetos y documentos que encontraren, cuando concurrieren las circunstancias previstas en el inciso primero de este artículo.

Cuando con ocasión de la diligencia de registro de un edificio o lugar cerrado se incautaren objetos o documentos sin orden judicial previa, este hecho deberá ser puesto en conocimiento del juez de control de la instrucción dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. El juez deberá pronunciarse acerca de la legalidad de la medida, conforme lo previsto en el artículo 282 inciso tercero.

Artículo 303.

Incautación de otros objetos o documentos. Si durante la práctica de la diligencia de registro el ministerio público o la policía descubrieren objetos o documentos que permitieren sospechar la existencia de un hecho punible distinto del que constituya la materia del procedimiento en que la orden respectiva se hubiere librado, podrán proceder a su incautación en forma provisional. Dichos objetos o documentos serán conservados por el ministerio público. En estos casos deberá obtenerse el pronunciamiento judicial de que trata el artículo 282 inciso tercero.

Artículo 304.

Registro de la diligencia. De todo lo obrado durante la diligencia de registro deberá dejarse constancia escrita que se levantará conforme a las reglas generales. Los objetos y documentos que se incautaren serán puestos en custodia y sellados, entregándose un recibo detallado de los mismos al propietario o encargado del lugar.

Si en el lugar o edificio no se descubriere nada sospechoso, se dará testimonio de ello al interesado, si lo solicitare.

Artículo 305.

Incautación de objetos y documentos. Los objetos y documentos relacionados con el hecho investigado, los que pudieren ser objeto de la pena de comiso y aquéllos que pudieren servir como medios de prueba, serán incautados previo decreto judicial, a petición del ministerio público, cuando se encontraren en poder del imputado u otra persona y éstas no los entregaren voluntariamente, o si el requerimiento de su entrega voluntaria pudiere poner en peligro el éxito de la investigación.

Si los objetos y documentos se encontraren en poder de una persona distinta del imputado, en lugar de ordenar la incautación, o bien con anterioridad a ello, el juez podrá apercibirla para que los entregue. Regirán, en tal caso, los medios de coacción previstos para los testigos. Con todo, dicho apercibimiento no podrá ordenarse respecto de las personas a quienes la ley reconoce la facultad de no prestar declaración.

Artículo 306.

Retención e incautación de correspondencia. A petición del ministerio público, el juez podrá ordenar, por resolución fundada, la retención de la correspondencia postal, telegráfica o de otra clase y los envíos dirigidos al imputado o remitidos por él, aun bajo nombre supuesto, o de aquellos de los cuales, por razón de especiales circunstancias, se presumiere que emanan de él o de los que él pudiere ser el destinatario, cuando por motivos fundados fuere previsible su utilidad para la investigación.

Recibida la correspondencia o los envíos retenidos, el juez de control de la instrucción los abrirá y examinará. Si ellos tuvieren relación con el hecho objeto de la investigación, ordenará su incautación y los entregará al ministerio público. En caso contrario, ordenará su devolución o entrega al destinatario, a algún miembro inmediato de su familia o a su mandatario o representante legal. La correspondencia que hubiere sido extraída de servicios de comunicaciones será devuelta a ellos, después de sellada, otorgando, en caso necesario, el certificado correspondiente.

Artículo 307.

Copias de comunicaciones o transmisiones. El juez podrá, a petición del ministerio público, ordenar que cualquier empresa de telégrafos o cables, o de otros sistemas de comunicación semejantes, faciliten copias de los telegramas, cablegramas o comunicaciones transmitidos o recibidos por ellas. Del mismo modo, podrá ordenar la entrega de las versiones que existieren de las transmisiones por radio o televisión.

Artículo 308.

Objetos y documentos no sometidos a incautación. No podrá disponerse la incautación, ni la entrega bajo el apercibimiento previsto en el inciso segundo del artículo 305:

a) De las comunicaciones escritas entre el imputado y las personas que pudieren abstenerse de declarar como testigos por razón de parentesco o secreto particular;

b) De las notas que hubieren tomado las personas mencionadas en la letra a) precedente, sobre comunicaciones confiadas por el imputado, o sobre cualesquier circunstancia a la que se extendiere la facultad de abstenerse de prestar declaración;

c) De otros objetos o documentos, incluso los resultados de exámenes o diagnósticos relativos a la salud del imputado, a las cuales se extendiere naturalmente la facultad de abstenerse de prestar declaración.

Las limitaciones previstas en este artículo sólo regirán cuando las comunicaciones escritas, notas, objetos o documentos se encontraren en poder de las personas a quienes la ley reconoce la facultad de no prestar declaración; tratándose de las personas nombradas en el artículo 213, la limitación se extenderá a las oficinas o establecimientos en los cuales ellas ejercieren su profesión o actividad.

Asimismo, estas limitaciones no regirán cuando las personas facultadas para no prestar testimonio fueren imputadas por el hecho investigado, o cuando se tratare de objetos y documentos que pudieren caer en comiso, por provenir de un hecho punible o haber servido, en general, a la comisión de un hecho punible.

En caso de duda acerca de la procedencia de la incautación, el juez podrá ordenarla por resolución fundada. Los objetos y documentos así incautados serán puestos a disposición del juez, sin previo examen del ministerio público o la policía, y decidirá, a la vista de ellos, acerca de la legalidad de la medida. Lo mismo ocurrirá cuando el ministerio público hubiere procedido de oficio, por razones de urgencia, conforme lo dispuesto en al artículo 282. Si el juez estimare que los objetos y documentos incautados se encuentran entre aquellos mencionados en este artículo, ordenará su inmediata devolución a la persona respectiva. En caso contrario, hará entrega de los mismos al ministerio público, para los fines que éste estimare convenientes.

Si en cualquier momento del procedimiento se constatare que los objetos y documentos incautados se encuentran entre aquellos comprendidos en este artículo, ellos no podrán ser valorados como medios de prueba en la etapa procesal correspondiente.

Artículo 309.

Objetos y documentos en lugar o edificio cerrado. Si los objetos y documentos de cuya incautación se tratare se encontraren en un edificio o lugar cerrado, se procederá en la forma prevista en los artículos 292 y siguientes.

Artículo 310.

Registro y custodia. De toda diligencia de incautación se levantará registro, conforme a las reglas generales. El encargado de la diligencia otorgará al imputado o a la persona que los hubiere tenido en su poder, un recibo detallado de los objetos y documentos incautados.

Los objetos y documentos incautados serán inventariados, sellados y puestos bajo custodia o depósito, en su caso.

Artículo 311.

Interceptación de comunicaciones telefónicas. Cuando existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión, o que ella prepara actualmente la comisión o participación en un hecho punible que mereciere pena aflictiva, y la investigación lo hiciere imprescindible, el juez de control de la instrucción, a petición del ministerio público, podrá ordenar la interceptación y grabación de sus comunicaciones telefónicas o de otras formas de telecomunicación.

La orden a que se refiere el inciso precedente sólo podrá afectar al imputado o a personas respecto de las cuales existieren sospechas fundadas, basadas en hechos determinados, de que ellas sirven de intermediarias de dichas comunicaciones y, asimismo, de aquellas que facilitaren sus medios de comunicación al imputado o sus intermediarios.

La orden que dispusiere la interceptación y grabación deberá indicar circunstanciadamente el nombre y dirección del afectado por la medida y señalar la forma de la interceptación y la duración de la misma, que en caso alguno podrá exceder de sesenta días, prorrogables por períodos sucesivos iguales. Para conceder la prórroga, el juez deberá examinar cada vez la concurrencia de los requisitos previstos en los incisos precedentes.

Las empresas telefónicas y de telecomunicaciones deberán otorgar a los funcionarios encargados de la diligencia las facilidades necesarias para llevarla a cabo. La negativa o entorpecimiento a la práctica de la medida de interceptación y grabación será constitutiva del delito de desacato. Asimismo, los encargados de realizar la diligencia y los empleados de las empresas mencionadas en este inciso deberán guardar secreto acerca de la misma, salvo que se les citare como testigos al procedimiento.

Si las sospechas tenidas en consideración para ordenar la medida se disiparen o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado para la misma, ella deberá ser interrumpida inmediatamente.

Artículo 312.

Registro de la interceptación. La interceptación telefónica de que trata el artículo precedente será registrada mediante su grabación magnetofónica u otros medios técnicos análogos que aseguren la fidelidad del registro. La grabación será entregada directamente al ministerio público, quien la conservará bajo sello y cuidará que la misma no sea conocida por terceras personas.

Cuando lo estime conveniente, el ministerio público podrá disponer la transcripción escrita de la grabación, por un funcionario que actuará, en tal caso, como ministro de fe acerca de la fidelidad de aquélla. Sin perjuicio de ello, el ministerio público deberá conservar los originales de la grabación, en la forma prevista en el inciso precedente.

La incorporación al juicio oral de los resultados obtenidos de la medida de interceptación se realizará de la manera que determine el juez de control de la instrucción, en la oportunidad procesal respectiva. En todo caso, podrán ser citados como testigos los encargados de practicar la diligencia.

Aquellas comunicaciones que fueren irrelevantes para el procedimiento serán entregadas, en su oportunidad, a las personas afectadas con la medida. Toda transcripción o copia de las grabaciones de que trata este inciso deberá ser destruida por el ministerio público, en cuanto éste constate su irrelevancia.

Lo prescrito en el inciso precedente no regirá respecto de aquellas grabaciones que contuvieren informaciones relevantes para otros procedimientos seguidos por hechos que pudieren constituir un delito que merezca pena aflictiva, de las cuales se podrá hacer uso conforme a las normas precedentes.

Artículo 313.

Notificación al afectado por la interceptación. En cuanto el objeto de la investigación lo permita, y en la medida que ello no pusiere en peligro la vida o la integridad corporal de terceras personas, la medida de interceptación será notificada al afectado por la misma, con posterioridad a su realización. Regirá a partir de ese momento, lo previsto en el artículo 278.

Artículo 314.

Prohibición de utilización. Los resultados de la medida de interceptación telefónica o de otras formas de telecomunicaciones no podrán ser utilizados como medios de prueba en el procedimiento, cuando ella hubiere tenido lugar fuera de los supuestos previstos por la ley o cuando no se hubieren cumplido los requisitos previstos en el artículo 311 para la procedencia de la misma.

Artículo 315.

Otros medios técnicos de investigación. Cuando el procedimiento tuviere por objeto la investigación de un hecho punible que mereciere pena aflictiva, el juez de control de la instrucción podrá ordenar, a petición del ministerio público, la fotografía, filmación u otros medios de reproducción de imágenes conducentes al esclarecimiento de los hechos. Asimismo, podrá disponer la grabación de comunicaciones entre personas presentes. Regirán correspondientemente las normas contenidas en los artículos 311 al 314.

Párrafo 6º

Comprobación del hecho en casos especiales

Artículo 316.

Hallazgo de un cadáver. Cuando hubiere motivo para sospechar que la muerte de una persona es el resultado de un hecho punible, el fiscal procederá, antes de la inhumación del cadáver o inmediatamente después de su exhumación, a practicar el reconocimiento e identificación del difunto y a ordenar la autopsia.

En los casos de muerte causadas por vehículos en la vía pública, y sin perjuicio de las facultades que corresponden a los órganos encargados de la persecución penal, la descripción a que se refiere el artículo 270 y la orden de levantamiento del cadáver podrán ser realizadas por un Oficial de Carabineros, asistido por un funcionario del mismo servicio, en calidad de testigo, quienes dejarán registro de lo obrado, en conformidad a las normas generales de este Código.

Artículo 317.

Identificación del difunto. La identificación del difunto se hará mediante informes papilares, dactiloscópicos u otros medios técnicos, o por testigos que, a la vista de él, den razón suficiente de su conocimiento. Si existiere un imputado, se le confrontará con el cadáver, para que lo reconozca.

Artículo 318.

Autopsia. Las autopsias se practicarán en las dependencias del Servicio Médico Legal, por el legista correspondiente; donde no los hubiere, el ministerio público designará el lugar y médico encargados.

Artículo 319.

Exhumación. Si el cadáver hubiere sido sepultado antes del examen o autopsia correspondientes, el juez, a petición del ministerio público, podrá ordenar la exhumación en casos calificados y cuando las circunstancias permitieren presumir la utilidad de la diligencia. En lo posible se deberá informar a algún familiar del difunto, con anterioridad a la exhumación. Practicados el examen o autopsia correspondientes, se procederá a la inmediata sepultura del cadáver.

Artículo 320.

Presunto envenenamiento. Cuando fuere de sospechar que la muerte se ha producido por envenenamiento, las substancias sospechosas encontradas en el cadáver o en otra parte serán analizadas por un químico u otro perito especializado.

Artículo 321.

Lesiones corporales. Toda persona a cuyo cargo inmediato se encontrare un hospital u otro establecimiento de salud semejante, sea público o privado, dará en el acto cuenta al ministerio público de la entrada de cualquier individuo que tuviere lesiones corporales de carácter grave, indicando brevemente el estado del paciente y la exposición que hicieren la o las personas que la hubieren conducido, acerca del origen de dichas lesiones y del lugar y estado en que se le hubiere encontrado. La denuncia deberá consignar el estado del paciente, describir los signos externos de las lesiones e incluir las exposiciones que hicieren el afectado o las personas que lo hubieren conducido.

En ausencia del jefe del establecimiento, dará cuenta el que lo subrogue en el momento del ingreso del lesionado.

El incumplimiento de la obligación prevista en este artículo se castigará con la pena que prevé el artículo 494 del Código Penal.

Artículo 322.

Examen médico. En los delitos en que fuere necesaria la realización de exámenes médicos para la determinación del hecho punible, tales como lesiones, aborto o violación, el ministerio público podrá ordenar que éstos sean llevados a efecto por el Servicio Médico Legal o por cualquier otro servicio médico.

Para los efectos de su investigación, el ministerio público podrá utilizar los exámenes practicados con anterioridad a su intervención si le parecieren confiables.

Artículo 323.

Investigación de delitos de falsificación. Cuando se investigare la comisión de un presunto delito de falsificación, el ministerio público o el juez, en su caso, podrán ordenar que el imputado escriba en su presencia algunas palabras o frases, a objeto de practicar las pericias caligráficas que correspondieren, sin perjuicio de los informes periciales que procedieren conforme a las reglas generales.

Todo depositario público o privado de documentos impugnados de falsos estará obligado a entregarlos al ministerio público, pero dejará copia de ellos cuando debieren conservarse en una oficina pública.

Cuando se hubiere declarado falso en todo o parte un instrumento público, el tribunal, junto con su devolución, ordenará que se lo reconstituya, cancele o modifique de acuerdo con la sentencia.

Párrafo 7º

Formulación de cargos

Artículo 324.

Concepto. La formulación de cargos es la manifestación que realiza el ministerio público ante el juez de control de la instrucción, mediante la cual se comunica al imputado el hecho de encontrarse actualmente desarrollando una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados.

Artículo 325.

Oportunidad. El fiscal podrá formular los cargos cuando lo estimare necesario para provocar la declaración judicial del imputado o cuando considerare oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial.

Salvo los casos expresamente exceptuados en la ley, cuando para la práctica de determinadas diligencias de investigación, la recepción anticipada de prueba o la resolución sobre medidas cautelares, el ministerio público debiere requerir la intervención judicial, estará obligado a formular cargos, a menos que lo hubiere realizado previamente.

Artículo 326.

Anuncio. La formulación de cargos será anunciada por escrito y deberá contener la individualización del imputado, la indicación del delito que se le atribuyere, la fecha y lugar de su comisión y el grado de participación del imputado en el mismo. Cuando el imputado se encontrare detenido, el fiscal podrá también solicitar la prolongación de la detención hasta la audiencia, período que en caso alguno podrá exceder de cinco días y de diez en el caso de delitos terroristas.

Artículo 327.

Tramitación. Planteado el anuncio de la formulación de cargos, el tribunal resolverá sobre la solicitud de prolongación de la detención, si la hubiere, y, en todo caso, citará al imputado, a su defensor y a los demás intervinientes en el procedimiento a la audiencia más próxima.

Al inicio de la audiencia se procederá a tomar declaración judicial indagatoria al imputado, según lo dispuesto en los artículos 117 y siguientes. Si hubiere varios imputados se les tomará declaración según el orden que hubiere fijado el fiscal en su anuncio.

Una vez finalizadas las declaraciones, el fiscal deberá expresar si formula o no cargos y, en el caso de hacerlo, exponerlos verbalmente con indicación de las menciones exigidas para el anuncio.

El imputado podrá reclamar ante las autoridades del ministerio público, según lo disponga la Ley Orgánica respectiva, de la formulación de cargos realizada en su contra, cuando considerare que ésta hubiere sido arbitraria.

Artículo 328.

Resolución de otras solicitudes. Una vez formulados los cargos, el juez abrirá debate sobre las demás solicitudes que el fiscal o el querellante plantearen.

Artículo 329.

Efectos de la formulación de cargos. La formulación de cargos producirá los siguientes efectos:

a) Suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal en conformidad a lo dispuesto en el artículo 96 del Código Penal;

b) Comenzará a correr el plazo previsto en el artículo 337 de este Código; y,

c) El fiscal perderá la facultad de archivar provisionalmente el procedimiento.

Artículo 330.

Juicio inmediato. En la audiencia de formulación de cargos el ministerio público podrá solicitar al juez que la causa pase directamente a juicio oral. Si el juez acogiere dicha solicitud, en la misma audiencia el fiscal deberá formular verbalmente su acusación y ofrecer prueba. También en la audiencia el querellante podrá adherirse a la acusación del fiscal o acusar particularmente y deberá indicar las pruebas de que se piensa valer en el juicio. El imputado podrá realizar las alegaciones que correspondieren y ofrecer, a su turno, prueba.

Al término de la audiencia, el juez dictará auto de apertura del juicio oral. No obstante, podrá postergar esta resolución otorgando al imputado un plazo de hasta diez días para plantear sus solicitudes de prueba.

Las resoluciones que el juez dictare en conformidad a lo dispuesto en este artículo no serán suceptibles de recurso alguno.

Artículo 331.

Plazo judicial para el cierre de la investigación. Cuando el juez de control de la instrucción lo considerare necesario con el fin de cautelar las garantías de los intervinientes, y siempre que las características de la investigación lo permitieren, podrá fijar en la audiencia de formulación de cargos un plazo breve para el cierre de la investigación, al vencimiento del cual se producirán los efectos previstos en el artículo 337.

Párrafo 8º

Suspensión condicional del procedimiento y acuerdos reparatorios

Artículo 332.

Suspensión condicional del procedimiento. El fiscal podrá, con el acuerdo del imputado, solicitar al juez de control de la instrucción la suspensión condicional del procedimiento, cuando considerare que aquél pudiere ser objeto de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad contempladas en la ley 18.216 al momento de la dictación de la sentencia.

Al conceder la suspensión del procedimiento el juez de control de la instrucción fijará un plazo que no podrá ser inferior a un año ni superior a tres y establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado durante ese período, de acuerdo con el artículo siguiente. En todo caso, el tribunal deberá oír a la víctima y al querellante.

Transcurrido el plazo fijado de conformidad a lo establecido en el inciso precedente sin que la suspensión fuere revocada, se extinguirá la acción penal. Durante dicho período no se reanudará el curso de prescripción de la acción penal y se suspenderá el término señalado en el artículo 337 de éste Código.

La resolución que se pronuncie acerca de la suspensión condicional del procedimiento será inapelable.

La suspensión condicional del procedimiento, de acuerdo a lo previsto en este artículo, no perjudicará en modo alguno el derecho a perseguir por la vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho.

La presencia del defensor del imputado en la audiencia en que se ventilare la solicitud de suspensión condicional del procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma.

Artículo 333.

Condiciones de la suspensión. El juez de control de la instrucción podrá disponer que durante el período de suspensión el imputado cumpla con una o más de las siguientes condiciones:

a) Residir o no residir en un lugar determinado;

b) Prohibición de frecuentar determinados lugares o personas;

c) Abstenerse del consumo de drogas o estupefacientes o del abuso de bebidas alcohólicas o someterse voluntariamente a un tratamiento de deshabituación o vigilancia médica;

d) Permanecer en un trabajo o empleo, o asistir a algún programa educacional o de capacitación;

e) Pagar una determinada suma a título de indemnización de perjuicios en favor de la víctima o garantizar debidamente su pago. Se podrá autorizar el pago en cuotas o dentro de un determinado plazo, el que en ningún caso podrá exceder el período de suspensión del procedimiento.

f) Acudir periódicamente al tribunal y, en su caso, acreditar el cumplimiento de las demás condiciones impuestas.

g) Fijar domicilio e informar al tribunal de cualquier cambio en el mismo.

Durante el período de suspensión, el juez podrá, con acuerdo del fiscal y del imputado, modificar una o más de las condiciones impuestas.

Artículo 334.

Revocación de la suspensión condicional. Cuando el imputado incumpliere grave, reiterada e injustificadamente las condiciones impuestas, o fuere objeto de una nueva formulación de cargos por parte del ministerio público, el juez revocará la suspensión y la causa continuará su curso.

La suspensión del procedimiento no podrá invocarse en caso alguno como reconocimiento de responsabilidad por parte del imputado.

La revocación de la suspensión del procedimiento no impedirá la dictación de una sentencia absolutoria ni la concesión de alguna de las medidas contempladas en la ley 18.216, cuando procediere.

Artículo 335.

Acuerdos reparatorios. Cuando el delito que se persiga recayere sobre bienes jurídicos disponibles, o cuando se tratare de delitos culposos que no hubieren producido resultados de muerte o que afectaren en forma permanente y grave la integridad física de las personas, el juez podrá aprobar acuerdos reparatorios entre el imputado y la víctima, verificando que quienes concurran al acuerdo hayan prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos.

El acuerdo reparatorio extinguirá la acción penal respecto del imputado que hubiere intervenido en él. Cuando existiere pluralidad de imputados o víctimas, el procedimiento continuará respecto de quienes no hubieren concurrido al acuerdo.

El juez ordenará todas las medidas necesarias encaminadas a hacer efectiva la reparación acordada.

Artículo 335.

Oportunidad. Si la suspensión condicional del procedimiento o el acuerdo reparatorio, en su caso, no se hubiere decretado o producido en la audiencia de formulación de cargos y se encontrare agotada la investigación fiscal, sólo podrán solicitarse o acordarse en las oportunidades que disponen los artículos 338 y 339. Cuando no se encontrare agotada la investigación, el juez citará, a petición de cualquiera de los intervinientes, a una audiencia oral. A dicha audiencia deberán comparecer todos aquellos a quienes pudiere afectar la resolución que se adoptare.

Párrafo 9º

Conclusión de la instrucción

Artículo 337.

Plazo para declarar el cierre de la investigación. Desde la fecha de la formulación de cargos el ministerio público contará con un plazo de dos años para declarar el cierre de la investigación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere producido esta declaración, el imputado podrá solicitar al juez que decrete el cierre de la investigación.

Si el fiscal no acusare oportunamente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338 de este Código, el juez deberá decretar el sobreseimiento definitivo de la causa. En este caso, el fiscal no podrá solicitar el sobreseimiento temporal.

El plazo previsto en este artículo se suspenderá cuando se dispusiere la suspensión condicional del procedimiento o se declare sobreseimiento temporal, cuando éste hubiere sido decretado en conformidad a lo previsto en las letras b), c) y d) del artículo 342.

Artículo 338.

Cierre de la investigación fiscal. Practicadas las diligencias que hubiere considerado necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará cerrada la investigación y podrá dentro de los diez días siguientes:

a) Solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal de la causa; o,

b) Formular acusación cuando estimare que la investigación proporcione fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado contra quien se hubieren formulado cargos.

Artículo 339.

Audiencia. Cuando decidiere solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal, el fiscal deberá efectuar su requerimiento al juez de control de la instrucción quien citará a todos los intervinientes a la audiencia más próxima.

Artículo 340.

Sobreseimiento definitivo. El juez de control de la instrucción decretará el sobreseimiento definitivo:

a) Cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito;

b) Cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado;

c) Cuando el imputado estuviere exento de responsabilidad criminal en conformidad al artículo 10 del Código Penal o en virtud de otra disposición legal;

d) Cuando se hubiere extinguido la responsabilidad penal del imputado por algunos de los motivos establecidos en los números 1º, 3º, 5º y 6º del artículo 93 del mismo Código;

e) Cuando sobreviniere un hecho que, con arreglo a la ley, ponga fin a dicha responsabilidad;

f) Cuando el hecho de que se trate hubiere sido materia de un procedimiento penal en el que hubiere recaído sentencia firme respecto del imputado; y,

g) Cuando los antecedentes reunidos durante la investigación no fueren suficientes para fundar una acusación y se encontrare vencido el plazo del artículo 337, o no existiere, razonablemente, la posibilidad del surgimiento de nuevos antecedentes que permitan lograr el esclarecimiento de los hechos investigados.

Artículo 341.

Efectos del sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento total y definitivo pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada.

La misma autoridad tiene el parcial definitivo respecto de aquellos a quienes afecte.

Artículo 342.

Sobreseimiento temporal. El juez de control de la instrucción decretará el sobreseimiento temporal en los siguientes casos:

a) Cuando los antecedentes reunidos durante la investigación no fueren suficientes para fundar una acusación y dicha investigación no pudiere seguir adelante en forma inmediata, habiendo, no obstante, motivos para esperar el surgimiento de nuevos antecedentes con posterioridad.

b) Cuando para el juzgamiento criminal se requiriere la resolución previa de una cuestión civil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.

c) Cuando el imputado no compareciere al procedimiento y fuere declarado rebelde, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 111 y siguientes.

d) Cuando, después de cometido el delito, el imputado cayere en enajenación mental, de acuerdo con lo dispuesto en el Título VII del Libro IV.

La declaración de sobreseimiento temporal por la causal contenida en la letra a) de este artículo deberá realizarse siempre una vez que el fiscal declare cerrada la investigación.

Artículo 343.

Efectos especiales sobreseimiento temporal por la causal letra a) del artículo anterior. En los casos en que el sobreseimiento temporal se decretare de conformidad a lo dispuesto en la letra a) del artículo anterior, transcurrido el plazo de un año desde la dictación de dicho sobreseimiento sin que aparecieren nuevos antecedentes que justificaren la reapertura del procedimiento, el sobreseimiento temporal producirá los efectos del sobreseimiento definitivo.

Artículo 344.

Reapertura del procedimiento. A solicitud del ministerio público o de cualquiera de los intervinientes, el juez podrá decretar la reapertura del procedimiento cuando cesare la causa que hubiere motivado el sobreseimiento temporal.

En el caso previsto en el inciso anterior, la solicitud de reapertura deberá indicar circunstanciadamente las diligencias cuyo cumplimiento se considerare necesario para proseguir la investigación.

Artículo 345.

Sobreseimiento total y parcial. El sobreseimiento es total cuando se refiere a todos los delitos y a todos los imputados; y parcial cuando se refiere a algún delito o a algún imputado, de los varios a que se hubiere extendido la investigación.

Si el sobreseimiento es parcial, se continuará el procedimiento respecto de aquellos delitos o de aquellos imputados a que no se hubiere extendido aquél.

Artículo 346.

Forzamiento de la acusación. Si el fiscal planteare una solicitud de sobreseimiento temporal o definitivo, el juez de control de la instrucción la acogerá, a menos que no considerare procedente la causal invocada. En tal caso podrá sustituir la causal o decretar un sobreseimiento distinto del requerido.

Si durante la audiencia respectiva el juez considerare que procede la apertura del juicio oral, deberá ordenar se remitan las actuaciones a las autoridades del ministerio público según lo disponga la Ley Orgánica respectiva, para que se acuse o se ratifique el pronunciamiento del fiscal de la causa, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones. Si las autoridades superiores del ministerio público ratificaren la solicitud del fiscal, el juez deberá resolver en el sentido solicitado.

En ningún caso podrá el juez ordenar al fiscal la ampliación de la investigación o la práctica de diligencias específicas.

El juez de control de la instrucción podrá ordenar al fiscal la formulación de la acusación, cuando lo solicite el querellante y siempre que los antecedentes acumulados en la instrucción constituyeren suficiente fundamento para el enjuiciamiento del imputado.

La resolución que niegue la solicitud del querellante será inapelable, sin perjuicio de la procedencia de recursos en contra de la que pusiere término al procedimiento.

Cuando de acuerdo a lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto el fiscal general o el juez ordenaren acusar, el fiscal que corresponda deberá hacerlo dentro del término de la audiencia fijada para el efecto.

TITULO II

PROCEDIMIENTO INTERMEDIO

Párrafo 1º

Acusación

Artículo 347.

Contenido de la acusación. La acusación deberá contener:

a) La individualización del imputado y su defensor;

b) La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho atribuido y de su calificación jurídica;

c) La relación clara y precisa de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurrieren, aun subsidiariamente de la petición principal.

d) La participación atribuida al acusado;

e) La expresión clara de los preceptos legales aplicables;

f) El señalamiento de los medios de prueba de que piensa valerse en el juicio;

g) La pena cuya aplicación se solicitare; y,

h) En su caso, la solicitud de que se proceda de acuerdo al procedimiento abreviado.

Si de conformidad a lo establecido en la letra f) de este artículo, el ministerio público ofreciere rendir prueba de testigos, deberá presentar una lista, individualizándolos con nombre, apellidos, profesión y domicilio o residencia y señalar, además, los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones. En el mismo escrito deberá individualizar, de igual modo, al perito o los peritos cuya comparecencia solicitare, indicando sus títulos o calidades.

La acusación sólo podrá referirse a hechos incluidos en la formulación de cargos, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica de los mismos.

Párrafo 2º

Preparación de la audiencia intermedia

Artículo 348.

Preparación de la audiencia. Presentada la acusación, el juez de control de la instrucción ordenará su notificación a todos los intervinientes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la audiencia intermedia, la que deberá tener lugar en un plazo no inferior a veinte ni superior a treinta días. Al imputado, además de la copia de la acusación, se le dará copia de las actuaciones y otros antecedentes acumulados durante la instrucción, cuyos originales quedarán en la secretaría del tribunal a disposición de los demás intervinientes, para su examen.

Artículo 349.

Actuación del querellante. Hasta quince días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia intermedia, el querellante, por escrito, podrá:

a) Adherir a la acusación del ministerio público o acusar particularmente. En este segundo caso podrá plantear una distinta calificación de los hechos, otras formas de participación del acusado o solicitar otra pena. Asimismo, podrá ampliar la acusación del fiscal, extendiéndola a hechos o imputados distintos, siempre que hubieren sido objeto de formulación de cargos;

b) Señalar los vicios formales de que adoleciere el escrito de acusación, requiriendo su corrección;

c) Ofrecer la prueba que estimare necesaria para sustentar su acusación, lo que deberá hacerse en los mismos términos previstos en el inciso segundo del artículo 347; y,

d) Deducir demanda civil en conformidad al párrafo 3º del título IV del Libro II.

Artículo 350.

Plazo de notificación. Las acusaciones particulares, adhesiones y demandas civiles, deberán ser notificadas al imputado y al tercero civilmente responsable a más tardar diez días antes de la realización a la audiencia intermedia.

Artículo 351.

Facultades del imputado. Hasta la víspera del inicio de la audiencia intermedia, por escrito, o al inicio de dicha audiencia, en forma verbal, el imputado podrá:

a) Señalar los vicios formales de que adoleciere el escrito de acusación, requiriendo su corrección;

b) Deducir excepciones de previo y especial pronunciamiento;

c) Exponer los argumentos de defensa que considere necesarios y señalar los medios de prueba cuyo examen en el juicio oral solicitare, en los mismos términos previstos en el inciso segundo del artículo 347; y,

d) Solicitar que se proceda conforme al procedimiento abreviado.

Artículo 352.

Excepciones de previo y especial pronunciamiento. Se podrán oponer como excepciones de previo y especial pronunciamiento las siguientes:

a) Incompetencia;

b) Litis pendencia;

c) Cosa juzgada;

d) Falta de autorización para proceder criminalmente, cuando la Constitución o la ley lo exigieren; y,

e) Extinción de la acción penal.

Párrafo 3º

Desarrollo de la audiencia intermedia

Artículo 353.

Oralidad e inmediación. La audiencia intermedia será presidida por el juez de control de la instrucción, quien la presenciará y dirigirá íntegramente, se desarrollará oralmente y no se admitirá la presentación de escritos durante su realización.

Artículo 354.

Resumen. Al inicio de la audiencia intermedia el juez de control de la instrucción hará una exposición sintética de las presentaciones que hubieren realizado los intervinientes.

Artículo 355.

Defensa. Si el imputado no hubiere ejercido por escrito las facultades previstas en el artículo 351, el juez le otorgará la oportunidad de efectuarlo verbalmente.

La presencia del defensor del imputado durante la audiencia constituye un requisito de validez de la misma. La falta de comparecencia del fiscal o del defensor, deberán ser subsanadas de inmediato por el tribunal. En el caso de inasistencia del defensor, se entenderá producido el abandono de la defensa.

Artículo 356.

Corrección de vicios formales. Cuando el juez considerare que la acusación fiscal, la particular o la demanda civil adolecen de vicios formales, ordenará que se subsanen los mismos sin suspender la audiencia, si ello fuere posible. En caso contrario, ordenará la suspensión de la misma por el período necesario para la corrección del procedimiento.

Artículo 357.

Resolución de excepciones. Cuando se hubieren planteado excepciones de previo y especial pronunciamiento por parte del imputado, el tribunal abrirá debate sobre la cuestión, sin admitir la presentación de pruebas ni más antecedentes que los contenidos en las actas de la instrucción.

El juez resolverá de inmediato las excepciones de incompetencia, litis pendencia y falta de autorización para proceder criminalmente, si se hubieren deducido. La resolución que rechazare dichas excepciones será apelable en el solo efecto devolutivo.

El tribunal podrá acoger una o más de las restantes excepciones y a continuación decretar el sobreseimiento definitivo, siempre que el fundamento de la decisión se encontrare suficientemente justificado en los antecedentes de la instrucción. En caso contrario, el tribunal dejará la resolución de la cuestión planteada para el juicio oral. Esta última decisión será inapelable.

Artículo 358.

Conciliación responsabilidad civil. El juez deberá llamar al actor civil, imputado y tercero civilmente responsable a conciliación y proponerles bases de arreglo. Regirán los artículos 263 y 267 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 359.

Auto de apertura de juicio oral. Al término de la audiencia intermedia el juez de control de la instrucción dictará el auto de apertura del juicio oral. Esta resolución deberá indicar:

a) El tribunal competente para conocer el juicio oral;

b) La o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas;

c) La o las demandas civiles;

d) Las pruebas que deberán rendirse en la audiencia oral; y,

e) La individualización de quienes deban ser citados a la audiencia principal.

Para los efectos de lo dispuesto en la letra d), el juez de control de la instrucción admitirá las pruebas ofrecidas por las partes, salvo aquellas que provinieren de actuaciones o diligencias que hubieren sido declaradas nulas, aquellas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales, las manifiestamente impertinentes, las que tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios y todas aquellas que hubieren sido solicitadas con fines puramente dilatorios.

El auto de apertura del juicio no será susceptible de recurso alguno.

Artículo 360.

Indefensión del acusado. Cuando al término de la audiencia intermedia el juez de control de la instrucción comprobare que el acusado no ha ofrecido oportunamente prueba y ello se debiere a causas que no le fueren imputables, podrá otorgarle un plazo adicional de diez días para ello. En estos casos el juez postergará, por ese plazo, la dictación del auto de apertura del juicio oral.

Artículo 361.

Destino de la documentación de la instrucción. El tribunal conservará en su archivo los registros de la instrucción, devolverá a los intervinientes en el procedimiento los documentos que hubieren acompañado y remitirá al tribunal del juicio oral sólo aquellas actuaciones que pudieren ser incorporadas al debate por medio de su lectura.

Artículo 362.

Unión y separación de juicios. Cuando el ministerio público hubiere presentado diversas acusaciones que el juez considere conveniente someter a un mismo juicio oral, y siempre que ello no perjudicare el derecho a defensa, podrá decretar su unificación en el auto de apertura del juicio, cuando ellas estuvieren vinculadas por referirse a un mismo hecho, a un mismo imputado, o porque debieren ser examinadas unas mismas pruebas.

El juez de control de la instrucción podrá, en el auto de apertura del juicio oral, separar los juicios destinados a conocer de una acusación que abarcare distintos hechos o distintos imputados, cuando su acumulación pudiere provocar graves dificultades en la organización o el desarrollo del juicio o detrimento al derecho de defensa, y siempre que ello no implicare el riesgo de provocar decisiones contradictorias.

Artículo 363.

Prueba anticipada. Durante el procedimiento intermedio se podrá solicitar la prueba testimonial anticipada conforme a lo previsto en el artículo 275. También se podrá solicitar inspección personal en conformidad al párrafo 4º del Título IX del Libro I.

En estos casos el juez de control de la instrucción podrá disponer en el auto de apertura del juicio oral que la prueba respectiva sea producida ante el tribunal del juicio oral.

TITULO III

JUICIO ORAL

Párrafo 1º

Preparación

Artículo 364.

Fecha, integración y citaciones. Dictado el auto de apertura del juicio oral, el juez de control de la instrucción lo hará llegar, junto con las piezas que deban acompañarse, al tribunal que en la propia resolución se designare como competente para conocer del juicio, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación.

Las personas sometidas a prisión preventiva y los objetos incautados deberán ser puestos a disposición del tribunal del juicio oral.

El presidente del tribunal procederá de inmediato a decretar la fecha para la celebración de la audiencia principal, la que deberá tener lugar no antes de quince ni después de treinta días desde la notificación del auto de apertura del juicio oral. Además, deberán indicar el nombre de los jueces que integrarán el tribunal, de acuerdo con las normas del Código Orgánico de Tribunales y ordenar la citación a la audiencia de todos quienes deban concurrir a ella. El acusado deberá ser citado con a lo menos siete días de anticipación a la realización de la audiencia, bajo los apercibimientos previstos en los artículos 36 y 171 inciso cuarto.

Párrafo 2º

Principios del juicio oral

Artículo 365.

Presencia ininterrumpida del juez y del ministerio público. La audiencia principal se realizará con la presencia ininterrumpida de todos los jueces que integren el tribunal y del fiscal del ministerio público. Cualquier infracción a lo dispuesto en este artículo implicará la nulidad del juicio y de la sentencia que se dictare en él.

Artículo 366.

Presencia del acusado. El acusado tendrá derecho a estar presente durante toda la audiencia.

El tribunal podrá autorizar la salida de la sala del acusado cuando éste lo solicitare, ordenando su permanencia en una sala próxima.

Asimismo, el tribunal podrá disponer que el acusado abandone la sala de audiencia cuando su comportamiento perturbe el orden de la audiencia principal.

En los casos señalados en los incisos precedentes el presidente del tribunal deberá informar al acusado de lo ocurrido en su ausencia, en cuanto éste reingresare a la sala de audiencia.

En los casos previstos en los incisos tercero y cuarto de este artículo, el tribunal adoptará las medidas necesarias para asegurar la oportuna comparecencia del acusado.

Artículo 367.

Presencia del defensor. La presencia del defensor del acusado durante todo el juicio oral será un requisito de validez del mismo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 130.

La no comparecencia del defensor al inicio del debate constituirá abandono de la defensa y obligará al tribunal a la designación de un defensor público, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 135.

No se podrá suspender la audiencia por el hecho de no haber comparecido el defensor elegido por el acusado. Con todo, se concederá al nuevo defensor un período prudente para interiorizarse del caso.

Atículo 368.

Ausencia del querellante. La no comparecencia del querellante a la audiencia, o su abandono de la misma sin autorización del tribunal, dará lugar a la declaración de abandono establecida en la letra d) del artículo 150.

Artículo 369.

Ausencia actor civil y tercero civilmente demandado. Si el actor civil no concurriere a la audiencia principal o se alejare injustificadamente de ella, se tendrá por abandonada su acción. Cuando el tercero civilmente demandado incurriere en alguna de las situaciones anteriormente descritas, el juicio oral proseguirá como si estuviere presente.

Artículo 370.

Publicidad. La audiencia principal será pública, pero el tribunal podrá disponer, por resolución fundada, una o más de las siguientes medidas, cuando considerare que ellas resultan necesarias para proteger la intimidad, el honor o la seguridad de cualquier persona que debiere tomar parte en el juicio o evitar la divulgación de un secreto protegido por la ley:

a) Impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la sala donde se efectuare la audiencia;

b) Impedir el acceso del público en general u ordenar su salida para la práctica de pruebas específicas; y,

c) Prohibir a los intervinientes y sus defensores entregar información o formular declaraciones a los medios de comunicación durante el desarrollo del juicio.

No se podrán tomar fotografías ni filmaciones de la audiencia por parte de medios de comunicación social. Tampoco podrá transmitirse su desarrollo por vía radial o televisiva. No obstante, el tribunal podrá autorizarlo, cuando considere que ello contribuye a la adecuada información del público y siempre que estén de acuerdo en ello todos los intervinientes presentes en el juicio.

Artículo 371.

Continuidad y concentración. El juicio oral o audiencia principal se desarrollará en forma continua y podrá prolongarse en audiencias sucesivas, hasta su conclusión.

El tribunal podrá suspender el juicio solamente por razones de absoluta necesidad y por el tiempo mínimo necesario de acuerdo con el motivo de la suspensión. Al reanudar el juicio efectuará un breve resumen de los actos realizados hasta ese momento.

El juicio se suspenderá por las causas señaladas en las letras b, c y d del artículo 342. Con todo, el juicio seguirá adelante cuando la declaración de rebeldía se produjere respecto del imputado que ya hubiere prestado declaración en el juicio oral, siempre que el tribunal estimare que su ulterior presencia no resulta indispensable para la prosecución del juicio o cuando sólo faltare la dictación de la sentencia.

La suspensión o la interrupción del juicio por un período que exceda de diez días impedirá su continuación. En tal caso, el tribunal deberá decretar la nulidad de lo obrado en él y ordenar su reinicio.

Cuando fuere necesario suspender la audiencia, el tribunal comunicará verbalmente la fecha y hora de su continuación, lo que se tendrá como suficiente citación.

Artículo 372.

Incidentes. Los incidentes promovidos en el transcurso del juicio oral se resolverán inmediatamente, previo debate en el que serán oídas todas las partes. Las decisiones que recayeren sobre estos incidentes no serán susceptibles de recurso alguno, salvo el de reposición.

Artículo 373.

Oralidad. La audiencia principal se desarrollará en forma oral, tanto en lo relativo a las alegaciones y argumentaciones de las partes como a las declaraciones del acusado, a la recepción de las pruebas y, en general, a toda intervención de quienes participaren en ella. Las resoluciones serán dictadas y fundamentadas verbalmente por el tribunal y se entenderán notificadas desde el momento de su pronunciamiento, debiendo constar en el acta del juicio.

Quienes no pudieren hablar o no lo supieren hacer en el idioma castellano, intervendrán por escrito o por medio de intérpretes, leyéndose o relatándose sus preguntas y respuestas en la audiencia.

El acusado sordo o que no pudiere entender el idioma castellano será asistido de un intérprete que le comunicará el contenido de los actos del juicio.

El tribunal no admitirá la presentación de escritos de las partes o demás intervinientes durante la audiencia principal.

Párrafo 3º

Dirección y disciplina

Artículo 374.

Facultades del presidente. El presidente del tribunal dirigirá el debate, ordenará la práctica de las pruebas, exigirá el cumplimiento de las solemnidades que correspondieren, moderará la discusión y resolverá los incidentes y demás solicitudes de las partes. Podrá impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles, pero sin coartar el ejercicio de la acusación ni el derecho a defensa.

También podrá limitar el tiempo del uso de la palabra a quienes deban intervenir durante el juicio, fijando limites máximos igualitarios para todas las partes o interrumpiendo a quien hiciere uso manifiestamente abusivo de su facultad.

Del mismo modo, ejercerá las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y decoro durante el debate; y, en general, a garantizar la eficaz realización del mismo.

En uso de estas facultades, el juez podrá ordenar la limitación del acceso de público a un número determinado de personas. También podrá impedir el acceso u ordenar la salida de aquellas personas que se presentaren en condiciones incompatibles con la seriedad de la audiencia.

Artículo 375.

Deberes de los asistentes. Quienes asistieren a la audiencia deberán guardar respeto y silencio mientras no estuvieren autorizados para exponer o debieren responder a las preguntas que se les formularen. No podrán llevar armas ni ningún elemento que pudiere perturbar el orden de la audiencia. No podrán adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro.

Artículo 376.

Sanciones durante el debate. Quienes no dieren cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, podrán ser expulsados de la sala por el presidente del tribunal. Además, el tribunal podrá sancionarlos de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 530 o 532 del Código Orgánico de Tribunales, según correspondiere.

Si el tribunal expulsare de la sala al fiscal o al defensor, deberá procederse a su reemplazo antes de continuar el juicio.

Si el expulsado fuere el querellante o el actor civil, se procederá en su ausencia. Si lo fuera alguno de sus abogados, podrán ser reemplazados.

Párrafo 4º

Desarrollo del juicio oral

Artículo 377.

Apertura. El día y hora fijados, el tribunal se constituirá y verificará la asistencia del fiscal, del acusado, su defensor, de las demás partes y de los testigos, peritos, intérpretes y demás personas que hubieren sido citadas a la audiencia. Acto seguido, declarará iniciado el juicio, advertirá al acusado que deberá estar atento a lo que va a oír y dispondrá que los peritos y los testigos hagan abandono de la sala de audiencia.

Los incidentes previstos en el artículo 92 deberán promoverse y resolverse con anterioridad al debate.

A continuación, el presidente del tribunal realizará una exposición del contenido del auto de apertura del juicio oral. Acto seguido, concederá la palabra al fiscal, querellantes y demandantes civiles a objeto de que expongan sus respectivas acusaciones y demandas.

Artículo 378.

Defensa. Realizadas las exposiciones previstas en el artículo anterior, se concederá al acusado la posibilidad de ejercer su defensa. Al efecto el abogado defensor podrá hacer uso de la palabra exponiendo los argumentos en que fundare su defensa.

Asimismo, el imputado podrá prestar declaración, en tal caso el presidente del tribunal le permitirá que manifieste libremente lo que creyere conveniente respecto de la o las acusaciones formuladas. Luego, podrá ser interrogado directamente por el fiscal, el acusador adhesivo o particular, el defensor y las partes civiles, en ese mismo orden. Finalmente, el o los jueces podrán formularle preguntas destinadas a aclarar sus dichos.

En el curso del juicio, el acusado podrá solicitar declarar nuevamente, con el fin de aclarar o complementar sus dichos.

Artículo 379.

Comunicación entre el acusado y su defensor. El acusado podrá comunicarse libremente con su defensor durante el juicio, siempre que ello no perturbare el orden de la audiencia. No obstante, no podrá hacerlo mientras preste declaración.

Artículo 380.

Orden de recepción de las pruebas. Después de la declaración del acusado, el presidente del tribunal dispondrá la recepción de las pruebas de acuerdo al orden siguiente:

a) Peritos.

b) Testigos.

c) Documentos, objetos y otros medios.

d) Inspección personal y reconstitución de escena.

El tribunal podrá alterar el orden precedente cuando lo estimare necesario para el adecuado desarrollo de la audiencia.

Artículo 381.

Peritos y testigos. Los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente durante la audiencia. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de registros en que constaren anteriores declaraciones o de otros documentos que las contuvieren.

Los peritos y testigos declararán uno a uno, comenzando por los citados a solicitud de las partes acusadoras, continuando con los solicitados por el acusado y terminando con los de las partes civiles, si los hubiere.

El presidente del tribunal identificará al perito o testigo y ordenará que preste juramento o promesa de decir verdad.

En el caso de los testigos, las partes podrán realizar preguntas destinadas a examinar su imparcialidad y a continuación se les dará la oportunidad de informar libremente sobre su conocimiento de los hechos. Los peritos deberán exponer brevemente el contenido y las conclusiones de su informe.

Finalizada la exposición del perito o la declaración del testigo, el tribunal permitirá a las partes que lo interroguen directamente, comenzando por aquella que hubiere solicitado su informe o declaración, o la que lo hubiere hecho en primer lugar. Por último, los miembros del tribunal podrán formular preguntas al testigo o perito con el fin de aclarar sus dichos.

Antes de declarar, los peritos y los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurriere en la audiencia.

Artículo 382.

Prueba de oficio. Si lo estimare necesario, el tribunal podrá ordenar una declaración complementaria de testigos o peritos que ya hubieren declarado, o también podrá disponer confrontaciones entre testigos, entre un testigo y el acusado o entre coacusados.

Artículo 383.

Incomparecencia. Cuando el perito o testigo debidamente citado no hubiere comparecido a la audiencia, el presidente del tribunal dispondrá lo necesario para su conducción por medio de la fuerza pública, si ello resultare oportuno.

Artículo 384.

Lectura de declaraciones anteriores. Las declaraciones de testigos o imputados podrán ser sustituidas mediante la lectura de registros que den cuenta de anteriores declaraciones, en los siguientes casos:

a) Cuando se tratare de declaraciones de testigos que hubieren fallecido o caído en incapacidad física o mental, estuvieren ausentes del país, cuya residencia se ignorare o que por cualquier motivo difícil de superar no pudieren declarar en el juicio, cuando ellas hubieren sido recibidas por el juez de control de la instrucción en una audiencia de prueba formal;

b) Cuando constaren en registros o dictámenes que todas las partes acordaren en incorporar, con aquiescencia del tribunal;

c) Cuando la incomparecencia de los testigos o coimputados fuere imputable al acusado; y,

d) Cuando se tratare de declaraciones realizadas por coimputados rebeldes, prestadas ante el juez de control de la instrucción.

Artículo 385.

Lectura informe de peritos. Los informes de aquellos peritos que no hubieren comparecido no podrán ser incorporados por su lectura al juicio, salvo que su incomparecencia fuere imputable al acusado, que las partes estuvieren de acuerdo o que hubiere sido imposible obtener su asistencia o la realización de otro peritaje.

Artículo 386.

Lectura para apoyo de memoria. Sólo una vez que el acusado o el testigo hubieren prestado declaración, en el interrogatorio se podrá leer parte o partes de sus declaraciones anteriores prestadas ante el ministerio público o ante el juez de control de la instrucción, cuando fuere necesario para ayudar la memoria del respectivo acusado o testigo, para demostrar o superar contradicciones o para solicitar las aclaraciones pertinentes.

Con los mismos objetivos se podrá leer durante la declaración de un perito el informe que él hubiere elaborado.

Artículo 387.

Documentos, objetos y otros medios. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen. Los objetos que constituyeren evidencia deberán ser exhibidos y podrán ser examinados por las partes. Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales se reproducirán en la audiencia. El tribunal podrá autorizar, con acuerdo de las partes, la lectura o reproducción parcial o resumida de los medios de prueba mencionados, cuando ello pareciere conveniente y se asegurare el conocimiento de su contenido. Todos estos medios podrán ser exhibidos al acusado, a los peritos o testigos durante sus declaraciones, para que los reconozcan o se refieran a su conocimiento de ellos.

Artículo 388.

Prohibición de lectura. Salvo en los casos previstos en los artículos 384, 385 y 386 de este párrafo, no se podrá incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el juicio, a los siguientes documentos:

a) Los registros y demás documentos que dieren cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la policía o el ministerio público.

b) Las resoluciones dictadas por el juez de control de la instrucción.

c) Los registros de las diligencias o actuaciones judiciales.

Ni aún en los casos contemplados en el inciso primero se podrá incorporar como medio de prueba o dar lectura a actas o documentos que den cuenta de actuaciones o diligencias declaradas nulas.

Artículo 389.

Antecedentes suspensión condicional del procedimiento, acuerdos reparatorios y procedimiento abreviado. No se podrá invocar, dar lectura ni incorporar como medio de prueba al juicio oral cualesquier antecedente que diga relación con la proposición, discusión, aceptación, procedencia, rechazo o revocación de una suspensión condicional del procedimiento, de un acuerdo reparatorio o de la tramitación o fallo de un procedimiento abreviado.

Artículo 390.

Prueba no solicitada oportunamente. El tribunal podrá ordenar la recepción de pruebas que no hubieren sido solicitadas por las partes en forma oportuna, cuando ellas justificaren no haber sabido de su existencia sino hasta ese momento, salvo en lo previsto en el artículo 359 inciso segundo.

El tribunal podrá sugerir a las partes la utilización de la facultad prevista en el inciso anterior cuando considerare que ello es útil para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 391.

Alegato final y clausura. Concluida la recepción de las pruebas, el presidente del tribunal otorgará sucesivamente la palabra al fiscal, al acusador adhesivo o particular, al defensor y a las partes civiles, para que expongan sus conclusiones. Seguidamente, se otorgará al ministerio público y al defensor la posibilidad de replicar, debiendo referirse sólo a las conclusiones formuladas por las demás partes.

Por último, se otorgará al acusado la palabra, para que manifieste lo que estimare conveniente. A continuación se declarará cerrado el debate.

Párrafo 5º

Acta del juicio

Artículo 392.

Acta. Se deberá registrar lo ocurrido en la audiencia, por medio de un acta que deberá contener: la indicación precisa de corresponder a un juicio oral, indicando el nombre de los integrantes del tribunal ante el cual se hubiere celebrado éste; la fecha, la hora, y el lugar en que se hubiere llevado a efecto la audiencia; la mención de las citaciones que se hubieren expedido para llevarla a cabo; la individualización de las personas que hubieren intervenido en la misma; en su caso, el motivo de inasistencia de quienes hubieren tenido la obligación de asistir; la indicación de las diligencias realizadas y sus resultados; las declaraciones recibidas; si éstas hubieren sido prestadas espontáneamente o a requerimiento; la firma de los miembros del tribunal y de los funcionarios que hubieren elaborado el acta; y, las observaciones que las partes hubieren requerido.

No se reproducirá en el acta el texto de los documentos que se adjuntaren a ella.

Artículo 393.

Acceso al acta. Las partes tendrán siempre derecho a examinar las actas o registros y además podrán solicitar a su costa copia auténtica o reproducciones de las mismas.

Artículo 394.

Valor del acta. El acta del juicio demostrará el modo en que se hubiere desarrollado la audiencia, la observancia de las formalidades previstas para ella, las personas que hubieren intervenido y los actos que se hubieren llevado a cabo. No obstante, conforme a lo previsto en el artículo 440, durante el procedimiento de casación se podrá probar un hecho faltante en el acta o la falsedad de un enunciado contenido en ella, cuando uno u otro pudieren provocar la nulidad del juicio o la sentencia.

La omisión de formalidades del acta sólo la privará de valor cuando ellas no pudieren ser suplidas con certeza sobre la base de otros elementos contenidos en la misma o en otros antecedentes confiables que dieren testimonio de lo ocurrido en la audiencia.

Párrafo 6º

Sentencia definitiva

Artículo 395.

Inmediación. Sólo podrán concurrir a la deliberación y dictación de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la misma, los jueces que hubieren asistido a la totalidad del juicio.

Artículo 396.

Deliberación. Inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que hubieren intervenido en él pasarán a deliberar en privado. Los acuerdos se regirán, en lo que no resultare contrario a las normas de este Código, por lo dispuesto en el párrafo 2º del Titulo V del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 397.

Convicción. El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral.

Artículo 398.

Convicción del tribunal. Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue hubiere adquirido la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en él ha correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley.

Artículo 399.

Sentencia y acusación. La sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella.

Con todo, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella contenida en la acusación o apreciar la concurrencia de causales modificatorias de la responsabilidad penal no incluidas en ella, siempre que hubiere advertido al acusado durante la audiencia.

Artículo 400.

Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá:

a) La mención del tribunal y la fecha de su dictación; la identificación del acusado; la identificación del acusador particular o adhesivo; y, en caso de haberse deducido acción civil, la identificación de las partes civiles;

b) La enunciación breve de los hechos y circunstancias que hubieren sido objeto de la acusación; en su caso, los daños cuya reparación reclamare el actor civil y su pretensión reparatoria; y, las defensas del acusado y el demandado civil;

c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba en que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 205;

d) Las razones legales o doctrinales que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar su fallo;

e) La resolución que condenare o absolviere a cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les hubiere atribuido; la que se pronunciare sobre la responsabilidad civil de los demandados, si los hubiere, y fijare el monto de las indemnizaciones a que hubiere lugar; y,

f) La firma de los jueces que la hubieren dictado.

Artículo 401.

Plazo. La sentencia definitiva se dictará de la forma y en la oportunidad prevista en el artículo 42, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en este párrafo.

Artículo 402.

Decisión sobre absolución o condena. Una vez resuelta la cuestión relativa a la absolución o condena del acusado por el tribunal, éste se constituirá nuevamente en la sala de audiencia, después de ser convocados verbalmente todos los intervinientes en el juicio, y procederá a comunicar la decisión adoptada ante quienes comparecieren. En esa misma ocasión se fijará la fecha de audiencia para la lectura de la sentencia.

En caso de absolución, el tribunal ordenará que el acusado sea puesto inmediatamente en libertad cuando se encontrare en prisión preventiva o hará cesar cualquier otra medida cautelar personal que se hubiere decretado en su contra.

Artículo 403.

Antecedentes y pruebas para determinación de la pena. En el caso de condena, al citar a la audiencia de lectura de la sentencia, el tribunal podrá disponer la incorporación de antecedentes o la práctica de determinadas diligencias destinadas al esclarecimiento de los hechos o circunstancias relevantes para la determinación de la pena.

Artículo 404.

Lectura de la sentencia. Una vez redactada la sentencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 42, se procederá a su lectura en la audiencia fijada al efecto, oportunidad en la cual se entenderá notificada a todas las partes, aun cuando no hubieren asistido.

Artículo 405.

Sentencia absolutoria. La sentencia que tras la conclusión del juicio oral absuelviere al imputado, deberá pronunciarse sobre la demanda civil válidamente interpuesta, fijando, en su caso, el monto de las indemnizaciones que correspondieren.

El tribunal mandará cancelar las fianzas y, en su caso, las medidas decretadas en conformidad al Título VII del Libro I.

Artículo 406.

Condena. La sentencia condenatoria fijará las penas y se pronunciará sobre la aplicación o no de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad previstas en la ley 18.216.

La sentencia que condenare a una pena temporal deberá expresar con toda precisión el día desde el cual empezarán éstas a contarse y fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que deberá servir de abono para su cumplimiento.

La sentencia condenatoria podrá disponer también el comiso de los instrumentos o efectos del delito cuando fuere procedente o, en caso contrario, decretar su restitución.

Artículo 407.

Improcedencia pena de muerte por presunciones. La pena de muerte no podrá imponerse en el sólo mérito de presunciones; y el acusado o acusados contra quienes obrare dicha prueba, serán en ese caso condenados a la pena inmediatamente inferior.

Artículo 408.

Condena a muerte. Cuando el tribunal pronunciare una condenación a muerte, procederá inmediatamente a deliberar sobre si el condenado pareciere digno de indulgencia y sobre qué pena proporcionada a su culpabilidad podría sustituir a la de muerte. El resultado de la deliberación será consignado en oficio que la Corte remitirá al Ministerio de Justicia, junto con una copia de las sentencias de primera y segunda instancia. El ministerio hará llegar los antecedentes al Presidente de la República, a fin de que resuelva si hubiere o no lugar a la conmutación de la pena o al indulto.

Artículo 409.

Reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie. En los casos de reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie, se impondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en uno o dos grados.

Si por la naturaleza de las diversas infracciones éstas no pudieren estimarse como un solo delito, el tribunal aplicará la pena señalada a aquella que, considerada aisladamente, con las circunstancias del caso, tuviere asignada una pena mayor, aumentándola en uno o dos grados según sea el número de los delitos.

Podrán, con todo, aplicarse las penas en la forma establecida en el artículo 74 del Código Penal, si, de seguir este procedimiento, hubiere de corresponder al condenado una pena menor.

Las reglas anteriores se aplicarán también al caso de reiteración de una misma falta.

Para los efectos de éste artículo se considerarán delitos de una misma especie aquellos que afecten al mismo bien jurídico o que estén contemplados en un mismo título del Código Penal o en una misma ley especial.

LIBRO TERCERO

RECURSOS

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 410.

Facultad de recurrir. Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley.

Podrán recurrir en contra de las resoluciones judiciales los intervinientes en el procedimiento agraviados por ellas a quienes la ley reconociere expresamente este derecho.

Por el imputado podrá recurrir el defensor, pero en caso alguno en contra de la voluntad expresa de aquél.

Artículo 411.

Renuncia y desistimiento. Los recursos podrán renunciarse expresamente, una vez notificada la resolución contra la que procedieren.

Quienes hubieren interpuesto un recurso podrán desistirse de él antes de su resolución. En todo caso, los efectos del desistimiento no se extenderán a los demás recurrentes o a los adherentes al recurso.

El defensor no podrá renunciar a la interposición de un recurso, ni desistirse de los recursos interpuestos, sin mandato expreso del imputado.

Artículo 412.

Efectos de la interposición. Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito entablare el recurso contra la resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, debiendo el tribunal declararlo así expresamente.

También favorecerá al imputado en su responsabilidad penal el recurso de un responsable civil, cuando en virtud de su interposición se estableciere cualquier situación relativa a la acción penal de que debiere seguirse la absolución del imputado.

El tribunal que conociere de un recurso sólo podrá pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, quedándole vedado extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos o más allá de los límites de lo solicitado, salvo en los casos previstos en el artículo 434.

La interposición de un recurso no suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario.

Artículo 413.

Improcedencia artículo 200 Código de Procedimiento Civil. Las apelaciones y los recursos de casación se verán ante los tribunales que deban conocer de ellos sin esperar la comparecencia de las partes. En consecuencia, no tendrá aplicación en los recursos de apelación y casación en materia penal lo dispuesto en el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil.

TITULO II

RECURSO DE REPOSICION

Artículo 414.

Reposición. De las sentencias interlocutorias, de los autos y de los decretos podrá pedirse reposición al juez que los hubiere pronunciado.

La reposición sólo puede solicitarse dentro de tercero día y para admitírsele deberá ser siempre fundada.

El tribunal se pronunciará de plano, pero podrá oír a los demás intervinientes si se hubiere deducido en un asunto cuya complejidad así lo aconsejare.

Cuando la reposición se interpusiere respecto de una resolución que también fuere susceptible de apelación y no se dedujere a la vez este recurso para el caso de que la reposición fuere denegada, se entenderá que la parte renuncia a la apelación.

La reposición no tendrá efecto suspensivo, salvo cuando contra la misma resolución procediere también la apelación en este efecto.

Artículo 415.

Reposición en audiencias orales. La reposición de las resoluciones pronunciadas durante audiencias orales deberá promoverse tan pronto se dicten y sólo serán admisibles cuando no hubieren precedidas de debate. La tramitación y fallo se efectuará verbalmente en la misma audiencia.

Cuando se tratare de tribunales colegiados, la reposición será resuelta por la mayoría de los jueces que los integren.

TITULO III

RECURSO DE APELACION

Artículo 416.

Resoluciones inapelables. Serán siempre inapelables las resoluciones dictadas por un tribunal colegiado.

Artículo 417.

Tribunal ante el que se entabla. El recurso de apelación deberá entablarse ante el mismo tribunal que hubiere dictado la resolución y éste lo concederá o lo negará, según lo estimare procedente.

Artículo 418.

Plazo. El recurso de apelación deberá entablarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución impugnada.

Artículo 419.

Forma de interposición. El recurso de apelación deberá ser interpuesto por escrito, con indicación de sus fundamentos y de las peticiones concretas que se formularen.

Artículo 420.

Efectos. Por regla general la apelación se concederá en el solo efecto devolutivo, a menos que la ley señale expresamente lo contrario.

Artículo 421.

Recurso de hecho. Denegado el recurso de apelación, concedido siendo improcedente u otorgado con efectos no ajustados a derecho, los intervinientes podrán ocurrir de hecho ante el tribunal de alzada, con el fin de que resuelva si hubiere lugar o no al recurso y cuales deben ser sus efectos.

Presentado el recurso, el tribunal de alzada solicitará, cuando corresponda, los antecedentes señalados en el artículo 423 y luego fallará en cuenta.

Artículo 422.

Resoluciones apelables. Las resoluciones dictadas por el juez de control de la instrucción serán apelables en los siguientes casos:

a) Cuando pongan término al procedimiento, hagan imposible o suspendan su prosecución y siempre que no constituyan sentencias definitivas;

b) Cuando la ley lo señale expresamente.

Artículo 423.

Antecedentes. Concedido el recurso, el juez remitirá al tribunal de alzada el texto de la resolución y copia de los registros de aquellas actuaciones o de la audiencia judicial en que se hubiere fundado.

Artículo 424.

Normas del título XVIII del libro I del Código de Procedimiento Civil. Son aplicables a este párrafo, en cuanto no se opongan a lo establecido en este título, las disposiciones contenidas en el título XVIII del Libro I del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 425.

Tramitación. El tribunal de alzada se pronunciará sobre la admisibilidad del recurso y lo resolverá en cuenta, a menos que se tratare de una resolución dictada en audiencia oral. En este último caso ordenará la vista oral de la causa.

La vista de la causa será pública, comenzando con una relación basada en los antecedentes señalados en el artículo 423, a continuación de lo cual se concederá a las partes el uso de la palabra. En primer lugar lo hará el recurrente y luego los demás intervinientes que se encontraren presentes, en el orden que determine el presidente del tribunal. Concluidas las alegaciones, los miembros del tribunal podrán formular preguntas a los presentes, pudiendo el presidente permitir aclaraciones respecto a las alegaciones de los mismos.

Durante la vista del recurso, el presidente del tribunal podrá hacer uso de las facultades señaladas en los artículos 370 y 374.

Artículo 426.

Resolución del recurso. Concluido el debate, el tribunal pronunciará inmediatamente su decisión con sus fundamentos.

Artículo 427.

Improcedencia orden de no innovar y restricción de prueba. Durante la tramitación del recurso no habrá lugar a la orden de no innovar, ni se admitirá otra prueba que la documental.

TITULO IV

CASACION

Artículo 428.

Motivos. El recurso de casación se concede para los casos en que la sentencia se basare en la infracción de una disposición legal o constitucional.

Cuando la infracción invocada como motivo del recurso se refiera a una ley que regule el procedimiento, el recurso sólo será admisible cuando quien lo entablare hubiere reclamado del vicio o defecto, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la ley.

No será necesaria la reclamación del inciso anterior, cuando la ley no admita recurso alguno contra la resolución que contuviere el vicio o defecto, ni cuando éste hubiere tenido lugar en el pronunciamiento mismo de la sentencia que se tratare de casar, ni cuando dicho vicio o defecto hubiere llegado al conocimiento de la parte después de pronunciada la sentencia, ni en los casos previstos en el artículo 433.

Artículo 429.

Procedencia casación ante Corte Suprema. Conocerá del recurso de casación deducido contra la sentencia definitiva pronunciada por el tribunal colegiado de juicio oral la Corte Suprema.

Artículo 430.

Procedencia casación ante Corte de Apelaciones. Se podrá deducir el recurso de casación para ser conocido por la Corte de Apelaciones contra la sentencia definitiva dictada por tribunales unipersonales.

Artículo 431.

Efectos interposición del recurso. La sentencia de término condenatoria en proceso sobre crimen o simple delito no tendrá la fuerza de cosa juzgada, mientras pendiere el plazo para deducir el recurso de casación.

Si se interpusiere este recurso, mientras pendiere su conocimiento aquélla quedará en suspenso.

Pero si la sentencia de término absolviere al procesado, éste será desde luego puesto en libertad, sin la espera de los incisos precedentes.

Artículo 432.

Forma y plazo. El recurso de casación deberá ser deducido por escrito, dentro de los quince días siguientes a la fecha de notificación de la sentencia, ante el tribunal que la hubiere dictado.

El escrito respectivo deberá expresar los fundamentos del recurso. Si éste se basare en dos o más motivos, deberá señalarlo e indicar, asimismo, si éstos se invocan en forma conjunta o subsidiaria. En todo caso, cada motivo de casación deberá ser fundado separadamente de los demás.

Al fundar el recurso, el recurrente deberá expresar el acto de procedimiento o la parte de la sentencia que se impugnaren, la o las normas jurídicas que se pretendan infringidas, su naturaleza material o procesal, la influencia de la infracción en lo dispositivo de la sentencia y la aplicación que de las mismas normas jurídicas se pretende.

Interpuesto el recurso, no podrán invocarse nuevos motivos de casación.

Artículo 433.

Motivos absolutos de casación. La sentencia se tendrá siempre como fundada en infracción de ley, en los siguientes casos:

a) Cuando hubiere sido pronunciada por un tribunal manifiestamente incompetente, o no integrado por los funcionarios designados por la ley; cuando hubiere sido pronunciada por un juez o con la concurrencia de un juez legalmente implicado, o cuya recusación estuviere pendiente o hubiere sido declarada por tribunal competente; y, cuando hubiere sido acordada por tribunal colegiado por menor número de votos o pronunciada por menor número de jueces que el requerido por la ley, o con concurrencia de jueces que no hubieren asistido al juicio o a la vista del recurso, o faltando alguno de los que hubieren asistido a ella;

b) Cuando la audiencia principal hubiere tenido lugar en ausencia del ministerio público o de alguna persona cuya presencia la ley exija;

c) Cuando durante el juicio oral se hubiere vulnerado el derecho del acusado a ser oído o a ejercer su defensa efectiva, como si se le impidiere rendir prueba o intervenir en la que se produzca;

d) Cuando hubiere sido dictada en un juicio oral en el que hubieren sido violadas las disposiciones sobre la publicidad y continuidad del juicio;

e) Cuando en la sentencia se hubiere omitido total o parcialmente alguno de los requisitos previstos en el artículo 400 letras c), d) o e).

f) Cuando se hubiere dictado con infracción a lo prescrito en el artículo 399; y,

g) Cuando la sentencia hubiere sido dictada en oposición a otra sentencia criminal pasada en autoridad de cosa juzgada.

Artículo 434.

Casación de oficio. La Corte podrá casar de oficio la sentencia condenatoria, cuando concurriere alguno de los motivos señalados en el artículo anterior.

Cuando alguno de los integrantes del tribunal notare la procedencia de alguno de los vicios señalados, lo comunicará al presidente, quien deberá informarlo a las partes durante la vista

del recurso, permitiéndoles referirse a ello en su exposición.

Artículo 435.

Antecedentes. Interpuesto el recurso, el tribunal remitirá a la Corte copias de la sentencia recurrida; del acta del juicio oral si fuere definitiva y de las audiencias o actuaciones que se impugnaren; y del escrito en que se hubiere deducido el recurso.

Artículo 436.

Designación de defensor público. Cuando las etapas anteriores del procedimiento se hubieren desarrollado en una ciudad distinta de aquella donde tenga su asiento la Corte, el acusado podrá solicitar la designación de un defensor público con domicilio en la misma, a objeto de que asuma su representación.

Artículo 437.

Admisibilidad. Recibidos los antecedentes del recurso, la Corte se pronunciará sobre su admisibilidad.

La declaración de inadmisibilidad sólo procederá:

a) Cuando el recurso hubiere sido interpuesto invocando motivos distintos a la infracción de una disposición legal o constitucional, o cuando no se hubiere indicado claramente la norma infringida o la forma en que la infracción influye en lo dispositivo del fallo, salvo los casos previstos en el artículo 433;

b) Cuando el recurso hubiere sido interpuesto en contra de resoluciones distintas a las comprendidas en los artículos 429 y 430;

c) Cuando la parte que dedujere el recurso no lo hubiere preparado oportunamente, salvo en los casos previstos en el artículo 433; y,

d) Cuando el recurso se hubiere deducido extemporáneamente.

Si el recurso adoleciere defectos subsanables, la Corte los corregirá o mandará corregirlos fijando un plazo al efecto.

La resolución que declare inadmisible el recurso podrá ser objeto de reposición dentro de los tres días siguientes a su notificación.

Artículo 438.

Adhesión y observaciones escritas. Declarado admisible el recurso por la Corte, se abrirá un plazo de cinco días para que las demás partes se adhieran a él o formulen observaciones por escrito.

La adhesión al recurso deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para su interposición.

Artículo 439.

Vista del recurso. La vista del recurso tendrá lugar en una audiencia pública, a la que se citará a todos quienes hubieren comparecido al recurso.

Durante la vista del recurso el tribunal podrá hacer uso de las facultades previstas en los artículos 370 y 374.

La vista se celebrará con los intervinientes que comparecieren. La palabra será concedida primero al abogado del recurrente. A continuación podrán hacer uso de ella los abogados de quienes no hubieren interpuesto el recurso. La duración de las alegaciones de cada abogado se limitará a una hora, pudiendo los abogados dividir su tiempo y reservar parte de él para utilizarlo con posterioridad a los alegatos de sus contradictores. El tribunal podrá prolongar prudencialmente la duración de los alegatos.

Quienes intervinieren en la discusión podrán dejar en poder del tribunal breves notas escritas sobre sus alegaciones.

Si el recurso hubiere sido interpuesto por el acusado y su abogado no compareciere a la audiencia, el tribunal procederá a designarle un defensor público.

Artículo 440.

Prueba. Cuando el recurso residiere en un defecto de procedimiento, se podrá admitir la práctica de pruebas sobre la forma en que el acto se hubiere realizado, siempre que se hubieren solicitado al momento de la interposición del recurso.

La prueba se recibirá en la audiencia, conforme a las reglas que rigen para el juicio oral, en lo pertinente.

Artículo 441.

Fallo. En la sentencia, que deberá dictarse dentro de los treinta días siguientes, se expondrán los fundamentos que sirvan de base a la resolución del tribunal, la decisión de las diversas cuestiones controvertidas y la declaración explícita de si es nula o no la sentencia reclamada o el procedimiento que la hubiere originado.

Vencido el plazo señalado en el inciso anterior sin que se hubiere dictado sentencia, se deberá proceder a una nueva vista del recurso.

Artículo 442.

Nulidad, reenvío y sentencia de reemplazo. Cuando la Corte invalidare una sentencia, ordenará la renovación del procedimiento por el tribunal competente, indicando el estado en que deba quedar la causa. Con todo, si la invalidación no conllevare modificación del contenido de la sentencia a que se refiere el artículo 400 letra c), dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia que creyere conforme a la ley y al mérito de los hechos, tal como se hubieren dado por establecidos en el fallo recurrido, reproduciendo los fundamentos de derecho de la resolución casada que no hicieren referencia a los puntos que hubieren sido materia del recurso y la parte del fallo no afectada por éste.

Los jueces que hubieren concurrido a dictar la decisión anulada no podrán intervenir en el nuevo trámite.

El tribunal de reenvío que corresponda deberá atenerse al fundamento jurídico de la resolución de la casación.

Artículo 443.

Defectos no esenciales. Los errores de derecho en la fundamentación de la resolución recurrida, que no influyeren en su parte dispositiva, deberán ser corregidos, aunque no provoquen la anulación.

Artículo 444.

Prohibición de reformatio in peius. Salvo lo dispuesto en el artículo 434, el pronunciamiento del tribunal de casación sólo podrá extenderse a las infracciones invocadas por el recurrente.

Cuando el recurso sólo hubiere sido interpuesto por el acusado, la sentencia de reemplazo no podrá ser modificada en su perjuicio.

La infracción de disposiciones legales o constitucionales establecidas en favor del acusado no podrá ser invocadas con el objeto de provocar una revocación total o parcial de la sentencia en perjuicio del propio acusado.

Artículo 445.

Libertad del imputado. El tribunal de casación ordenará inmediatamente la libertad del imputado cuando, como consecuencia de su decisión, debiere cesar la privación de libertad.

TITULO V

REVISION DE LAS SENTENCIAS FIRMES

Artículo 446.

Procedencia. La Corte Suprema podrá rever extraordinariamente las sentencias firmes en que se hubiere condenado a alguien por un crimen o simple delito, para anularlas, en los siguientes casos:

a) Cuando, en virtud de sentencias contradictorias, estuvieren sufriendo condena dos o más personas por un mismo delito que no hubiere podido ser cometido más que por una sola;

b) Cuando alguno estuviere sufriendo condena como autor, cómplice o encubridor del homicidio de una persona cuya existencia se comprobare después de la condena;

c) Cuando alguno estuviere sufriendo condena en virtud de sentencia fundada en un documento o en el testimonio de una o más personas, siempre que dicho documento o dicho testimonio hubiere sido declarado falso por sentencia firme en causa criminal;

d) Cuando, con posterioridad a la sentencia condenatoria, ocurriere o se descubriere algún hecho o apareciere algún documento desconocido durante el proceso, que fueren de tal naturaleza que basten para establecer la inocencia del condenado; y,

e) Cuando la sentencia condenatoria hubiere sido pronunciada a consecuencia de prevaricación o cohecho de uno o más jueces que concurrieran a su dictación, cuya existencia hubiere sido declarada por sentencia judicial firme.

Artículo 447.

Plazo y titulares. El recurso de revisión podrá ser interpuesto, en cualquier tiempo, por el ministerio público o por el condenado. Podrán asimismo interponerlo el condenado que ha cumplido su condena, o sus herederos, cuando el condenado hubiere muerto y se tratare de rehabilitar su memoria.

Siempre se deberá actuar por medio de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

Artículo 448.

Formalidades. El recurso se presentará ante la secretaría de la Corte Suprema y deberá expresar con precisión su fundamento legal, acompañándose a él los documentos que comprobaren los hechos en que se sustenta.

Si la causal alegada fuere la de la letra b del artículo 446, el recurso deberá indicar los medios con que se intenta probar que la persona víctima del pretendido homicidio ha vivido después de la fecha en que la sentencia la supone fallecida; y si fuere la de la letra d, indicará el hecho o el documento desconocido durante el proceso, expresará los medios con que se pretendiere acreditar el hecho y se acompañará, en su caso, el documento o, si no fuere posible, se manifestará al menos su naturaleza y el lugar y archivo en que se encuentra.

El recurso que no se conformare a estas prescripciones será rechazado de plano.

Apareciendo interpuesto el recurso en forma legal, se dará traslado de él al fiscal, o al condenado si el recurrente fuere el ministerio público; y en seguida se mandará traer la causa en relación; y, vista en la forma ordinaria, se fallará sin más trámites.

Artículo 449.

Testigos. En los casos en que procediere la prueba testimonial el tribunal la recibirá durante la vista, al término de la cual deberá fallar sin más trámite.

Artículo 450.

Efectos. La interposición del recurso de revisión no suspenderá el cumplimiento de la sentencia que se intenta anular, a menos que, por tratarse de una pena irreparable, el tribunal ordenare la suspensión hasta que el recurso fuere fallado. Con todo, si el tribunal lo estimare conveniente, en cualquier momento del trámite podrá suspender la ejecución de la sentencia recurrida y disponer la libertad del condenado, aplicando, si correspondiere, una medida cautelar personal distinta a la prisión preventiva.

Artículo 451.

Decisión. El tribunal, al pronunciarse sobre la revisión, rechazará o anulará la sentencia.

Si anulare la sentencia, dispondrá la realización de un nuevo juicio cuando el caso lo requiriere, o pronunciará directamente la sentencia definitiva.

Artículo 452.

Exclusión de elementos fundantes de la revisión en el nuevo juicio. En el nuevo juicio no se podrá incorporar elementos de prueba cuyo cuestionamiento hubiere dado lugar a la revisión.

Artículo 453.

Inhabilitación de jueces. Ninguno de los jueces que hubieren intervenido en el pronunciamiento de la sentencia que se declare nula en virtud de las disposiciones de este título podrá tomar parte en el nuevo juicio que la Corte Suprema mandare instruir con arreglo a las disposiciones precedentes.

Artículo 454.

Efectos de la sentencia. Si la sentencia de la Corte Suprema o la que pronunciare el tribunal llamado a conocer el nuevo juicio comprobare la completa inocencia del acusado, éste podrá exigir que dicha sentencia se publique en el Diario Oficial, y que se devuelvan por quien las hubiere percibido, las sumas que hubiere pagado en razón de multas, costas e indemnización de perjuicios en cumplimiento de la sentencia anulada. Además la sentencia ordenará, según el caso, la libertad del imputado y la cesación de la inhabilitación.

A petición de parte el tribunal deberá pronunciarse sobre la indemnización a que se refiere el artículo 19 nº 7 letra i de la constitución.

Los mismos derechos de los incisos anteriores corresponderán a los herederos del condenado que hubiere fallecido.

Artículo 455.

Fracaso de la impugnación. Ni el rechazo de la revisión, ni la sentencia confirmatoria de la anterior perjudicarán la facultad de peticionar nuevamente la revisión, fundada en elementos distintos; pero las costas de una revisión rechazada serán siempre de cargo de quien la interpusiere.

LIBRO CUARTO

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y EJECUCION

TITULO I

PROCEDIMIENTO POR FALTAS

Artículo 456.

Supletoriedad Libro II. Todo procedimiento por falta se tramitará conforme al presente Título; y en los particulares a que él no provea, conforme a las prescripciones compatibles del Libro II, que se adecuen a su brevedad y simpleza.

Artículo 457.

Requerimiento. Recibida por el ministerio público la denuncia de un hecho constitutivo de alguna de las faltas contempladas en el Libro III del Código Penal o que leyes especiales atribuyeren a la competencia de los jueces de letras, aquél solicitará al tribunal competente la citación inmediata a juicio, a menos que los antecedentes aportados fueren insuficientes, se encontrare extinguida la responsabilidad penal del imputado o decidiere hacer aplicación de la facultad que le concede el artículo 260.

Tratándose de la faltas contempladas en los artículos 494 nº 5 y 496 nº 11 del Código Penal, sólo la víctima podrá efectuar el requerimiento precedente.

Artículo 458.

Contenido. El requerimiento deberá contener las siguientes menciones:

a) La individualización del imputado;

b) Relación sucinta del hecho que se le atribuyere;

c) Cita de la disposición legal infringida;

d) Expresión de los antecedentes o elementos que fundamentaren la imputación, acompañando los documentos y los objetos que hubieren sido incautados; y,

e) Individualización y firma del requirente.

Artículo 459.

Preparación del juicio. Recibido el requerimiento, el tribunal lo mandará poner en conocimiento del imputado, fijando día y hora para la realización del juicio, el que no podrá tener lugar antes de quince ni después de treinta días contados desde la fecha de la resolución. La citación del imputado se hará bajo el apercibimiento señalado en el artículo 36 y se acompañará a la misma una copia del requerimiento y de la querella, en su caso. Con todo, la citación del imputado deberá realizarse con una anticipación no inferior a tres días antes de la fecha de la audiencia.

Asimismo, citará lo antes posible al querellante o a la víctima, cuando los hubiere. Estos podrán deducir demanda civil, la que deberá ser notificada al imputado y/o al demandado civil a más tardar dos días antes de la fecha fijada para la audiencia.

La resolución que disponga la citación ordenará la comparecencia con todos los medios de prueba que pretendan hacer valer.

Artículo 460.

Audiencia. Al inicio de la audiencia, el tribunal efectuará una breve relación del requerimiento y de la querella, en su caso. Cuando se encontrare presente la víctima, el juez instruirá a ésta y al imputado sobre la posibilidad de poner término al procedimiento de acuerdo al artículo 335.

Artículo 461.

Resolución inmediata. Una vez efectuado lo prescrito en el artículo anterior, el tribunal preguntará al imputado si admite responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento, o bien si solicita la realización del juicio.

Si el imputado admitiere su responsabilidad en el hecho y no fueren necesarias otras diligencias, el tribunal dictará sentencia. En estos casos el juez aplicará únicamente pena de multa, a menos que concurrieren antecedentes calificados que justificaren la imposición de una pena de prisión, de los cuales se dejará constancia en la sentencia. Con todo, la imposición de la pena de prisión no procederá, si al dirigirle la pregunta a que se refiere el inciso primero el juez no le hubiere advertido acerca de esta posibilidad.

Artículo 462.

Juicio. Cuando el imputado hubiere solicitado la realización del juicio, éste se llevará a cabo de inmediato en la misma audiencia, en la cual se dará lectura al requerimiento del fiscal y a la querella, si la hubiere, se oirá a los comparecientes y se recibirá la prueba. A continuación, el juez dictará sentencia, pudiendo fundamentar por escrito su resolución en el plazo de cinco días.

La audiencia no podrá suspenderse, a menos que alguno de los comparecientes solicitare la declaración de un testigo que no hubiere concurrido a ésta. En este caso, el juez expedirá las citaciones bajo apercibimiento de arresto, fijando día y hora para la continuación del juicio, el que deberá tener lugar dentro de los quince días siguientes.

Artículo 463.

Incomparecencia de las partes. Si no comparecieren las partes o sus abogados al juicio, o no se incorporaren medios de prueba durante su desarrollo, el tribunal decidirá sobre la base de los elementos o antecedentes acompañados al requerimiento.

Artículo 464.

Suspensión de la imposición de condena. Cuando resultare mérito para condenar por la falta imputada, pero concurrieren antecedentes favorables que no hicieren aconsejables la imposición de la pena, el juez podrá suspender la dictación de la sentencia hasta por seis meses. Transcurrido dicho plazo sin que cometiere un nuevo hecho punible, dicha resolución tendrá los efectos de sobreseimiento definitivo.

Artículo 465.

Recursos. Contra la sentencia definitiva sólo podrá interponerse recurso de casación, el que se regirá por las normas del artículo 430. El fiscal requirente y el querellante, en su caso, sólo podrán recurrir de casación si hubieren concurrido al juicio.

TITULO II

PROCEDIMIENTO POR DELITO DE ACCION PRIVADA

Artículo 466.

Normas del Libro II. El procedimiento por delito de acción privada se regirá por las normas del Libro II de este Código, en cuanto no fueren contrarias a lo dispuesto en el presente Título.

Artículo 467.

Querella. El procedimiento comenzará con la interposición de la querella por la persona habilitada para promover la acción penal, ante el juez de control de la instrucción competente. Este escrito deberá cumplir con los requisitos de los artículos 142 y 347 en lo que no sea contrario a lo dispuesto en este título.

El querellante deberá acompañar una copia de la querella por cada querellado que deba ser notificado.

Artículo 468.

Desistimiento. El desistimiento de la querella producirá el sobreseimiento definitivo de la causa, cualquiera sea el estado en que esta se encontrare; el querellante será condenado al pago de las costas.

Una vez iniciado el juicio, no se dará lugar al desistimiento de la acción privada si el querellado se opusiere a él.

Artículo 469.

Abandono de la acción. La inasistencia del querellante o su abogado a la audiencia intermedia o al juicio oral, así como su inactividad en el procedimiento por más de treinta días, producirán el abandono de la acción privada. En tal caso el tribunal deberá, de oficio o a petición de parte, dictar el sobreseimiento definitivo de la causa.

Lo mismo se observará si, habiendo muerto o caído en incapacidad el querellante, sus herederos no concurren a sostener la acción dentro del término de sesenta días.

Artículo 470.

Audiencia. Admitida la querella, el juez la notificará al querellado y citará a las partes a la audiencia intermedia. La notificación deberá anteceder a lo menos quince días a la fecha de la audiencia.

Artículo 471.

Comparecencia personal de las partes. Querellante y querellado comparecerán personalmente a la audiencia intermedia. No obstante, el juez excusará su inasistencia, cuando ésta se encontrare justificada por motivos graves y siempre que el ausente se hiciere representar por mandatario con facultades suficientes para transigir.

En los actos posteriores, las partes podrán hacerse representar por mandatarios, sin perjuicio de la obligación del querellado de concurrir a prestar declaración en el juicio.

Artículo 472.

Investigación preparatoria. Cuando no fuere posible identificar o individualizar al querellado ni determinar su domicilio, o cuando fuere imprescindible para describir clara, precisa y circunstanciadamente el hecho punible, se podrá llevar a cabo una investigación preliminar. En tal caso, el querellante lo requerirá en su escrito y solicitará las diligencias pertinentes. El tribunal ordenará al ministerio público la práctica de determinadas diligencias que le señale, si correspondiere.

Cumplidas las diligencias, el querellante deberá completar su querella, hecho lo cual el tribunal citará a las partes a la audiencia intermedia.

Artículo 473.

Desarrollo de la audiencia. Iniciada la audiencia, el querellante deberá exponer verbalmente el contenido de su querella.

A continuación, el juez instará a las partes a buscar un acuerdo que ponga término a la causa. Tratándose de los delitos de calumnia o injuria, otorgará al querellado la posibilidad de dar explicaciones satisfactorias de su conducta.

Si no se consiguiere un acuerdo entre las partes, el juez permitirá al querellado ejercer verbalmente las facultades señaladas en el artículo 351.

Planteada la defensa, el juez dictará las resoluciones que correspondan de acuerdo con las reglas generales, previo debate entre las partes. Con todo, estará facultado para dictar sobreseimiento definitivo cuando considerare que la querella carece de fundamento serio y no amerita la realización del juicio oral.

Artículo 474.

Juicio oral. Si al término de la audiencia intermedia se hubiere dictado el auto de apertura del juicio oral, éste se llevará a efecto según las reglas generales. El querellante tendrá en el juicio las facultades y obligaciones del ministerio público.

Artículo 475.

Costas. Las costas serán de cargo del condenado, pero el tribunal podrá eximirlo total o parcialmente, cuando así lo aconsejare su situación económica u otros factores que el juez considerare relevantes en atención a lo acaecido durante el desarrollo del procedimiento.

Si fuere admitida la pretensión civil en la sentencia, el imputado y el tercero civilmente demandado soportarán solidariamente las costas; si se rechazare la pretensión, las soportará el actor civil. Todo ello sin perjuicio de la facultad concedida al tribunal en el inciso primero de este artículo.

Artículo 476.

Costas en caso de absolución o sobreseimiento definitivo. Si el imputado fuere absuelto o sobreseído definitivamente, el querellante será condenado en costas, a menos que hubiere tenido motivo plausible para interponer la acción penal.

TITULO III

PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Artículo 477.

Regla general. Se aplicarán al procedimiento abreviado las normas comunes previstas en este Código, así como las disposiciones del procedimiento ordinario, con las modificaciones consignadas en este Título.

Artículo 478.

Presupuestos. Cuando el ministerio público requiriere la imposición de una pena no superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, o bien cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, exceptuada la de muerte, ya fueren únicas, conjuntas o alternativas, podrá proponer que la causa sea fallada en el procedimiento intermedio.

El acuerdo que presten el acusado y su defensor deberá contar por escrito y será ratificado ante el juez de control de la instrucción en la audiencia intermedia. La conformidad con el procedimiento propuesto implicará aceptación de los hechos materia de la acusación y de los antecedentes de la instrucción que la fundaren.

La existencia de varios acusados o la atribución de varios delitos a un mismo acusado, no impedirá la aplicación de las reglas del procedimiento abreviado a aquellos acusados o delitos respecto de los cuales concurrieren los presupuestos señalados en este artículo.

Artículo 479.

Oportunidad. La solicitud del fiscal del ministerio público podrá efectuarse, por escrito, en la oportunidad que señala el artículo 338, o verbalmente, en la misma audiencia intermedia. En este último caso, el ministerio público y el acusador particular, si lo hubiere, podrán modificar su acusación, así como la pena requerida, a fin de permitir la tramitación del procedimiento conforme a las normas de este Título.

Artículo 480.

Oposición querellante y actor civil. El querellante sólo podrá oponerse al procedimiento abreviado cuando en su acusación particular hubiere efectuado una calificación jurídica de los hechos, atribuido una forma de participación o señalado circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el ministerio público en su acusación y, como consecuencia de ello, la pena solicitada excediere el límite señalado en el artículo 478.

El actor civil no podrá oponerse a la tramitación abreviada del procedimiento.

Artículo 481.

Intervención previa juez control de la instrucción. Antes de resolver la solicitud del ministerio público, el juez de control de la instrucción consultará al acusado a fin de asegurarse que éste ha prestado su conformidad al procedimiento abreviado en forma libre y voluntaria, que conoce su derecho a exigir un juicio oral, que entiende los términos del acuerdo y las consecuencias que éste pueda significarle y, especialmente, que no ha sido objeto de coacciones ni presiones por parte del fiscal o de terceros.

Artículo 482.

Resolución. El juez dispondrá la tramitación conforme al procedimiento abreviado, cuando considerare que el acuerdo ha sido prestado por el acusado con conocimiento de sus derechos, libre y voluntariamente.

Cuando no lo estimare así, o cuando considerare fundada la oposición del querellante, rechazará la solicitud de procedimiento abreviado y dictará el auto de apertura del juicio oral. En este caso, se tendrán por no formuladas la aceptación de los hechos por parte del acusado ni la aceptación de los antecedentes a que se refiere el inciso segundo del artículo 478, como tampoco las modificaciones a la acusación o a la acusación particular efectuadas para posibilitar la tramitación abreviada del procedimiento.

No será apelable la resolución que rechazare la tramitación del procedimiento abreviado.

Artículo 483.

Trámite. Acordado el procedimiento abreviado, el juez abrirá el debate otorgando la palabra al ministerio público, quien efectuará una exposición resumida de la acusación y de las actuaciones y diligencias de la instrucción que la fundamentaren. A continuación, se dará la palabra a los demás intervinientes, finalizando siempre el acusado.

Artículo 484.

Fallo. Terminado el debate, el juez dictará sentencia. En caso de ser condenatorio no podrá imponer una pena superior a la requerida por el ministerio público o el querellante, en su caso.

La sentencia condenatoria no podrá emitirse exclusivamente sobre la base de diligencias policiales.

En ningún caso el procedimiento abreviado obstará a la concesión de alguna de las medidas alternativas contempladas en la ley 18.216, cuando correspondiere.

La sentencia no se pronunciará sobre la demanda civil que hubiere sido interpuesta en el procedimiento intermedio, la que se podrá deducir nuevamente ante el tribunal civil competente de acuerdo al procedimiento previsto en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil. La sentencia condenatoria pronunciada en el procedimiento abreviado no producirá cosa juzgada en el juicio civil que se siga en contra del tercero civilmente responsable.

Artículo 485.

Contenido de la sentencia. La sentencia dictada en el procedimiento abreviado contendrá:

a) La mención del tribunal, la fecha de su dictación y la identificación del acusador particular o adhesivo;

b) La enunciación breve de los hechos y circunstancias que hubieren sido objeto de la acusación y de la aceptación por el acusado, así como la defensa de éste;

c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos que se dieren por probados en base a la aceptación que el acusado hubiere manifestado respecto a los antecedentes de la instrucción, así como el mérito de éstos valorados en la forma prevista en el artículo 205;

d) Las razones legales o doctrinales que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias y para fundar su fallo; e) La resolución que condenare o absolviere al acusado; y,

f) La firma del juez que la hubiere dictado.

Artículo 486.

Recursos. La sentencia dictada por el juez de control de la instrucción en el procedimiento abreviado podrá ser impugnada a través del recurso de casación.

TITULO IV

PROCEDIMIENTO RELATIVO A PERSONAS QUE GOZAN DE FUERO CONSTITUCIONAL

Párrafo 1º

Diputados y Senadores

Artículo 487.

Regla General. No se podrá seguir un procedimiento por crimen o simple delito contra un Diputado o Senador, sino cuando la Corte de Apelaciones respectiva reunida en tribunal pleno, declarare que ha lugar formarle causa.

Artículo 488.

Obligación del ministerio público. Tan pronto como de los antecedentes del procedimiento aparecieren datos suficientes para formular cargos por un crimen o simple delito contra un Diputado o Senador, el ministerio público remitirá los antecedentes a la Corte de Apelaciones correspondiente, a fin de que, si hallare mérito, haga la declaración de que ha lugar a la formación de causa.

Tratándose de un delito de acción privada, el querellante deberá ocurrir por escrito ante la Corte de Apelaciones, en cuanto el procedimiento se dedujere contra un Diputado o Senador.

Artículo 489.

Apelación. La resolución que declare haber lugar a formación de causa es apelable para ante la Corte Suprema y una vez que se hallare firme será comunicada por la Corte de Apelaciones respectiva a la rama del Congreso a que perteneciere el imputado.

Artículo 490.

Diputado o Senador detenido in fraganti. Si un Diputado o Senador fuere detenido por habérsele sorprendido en delito flagrante, el ministerio público lo pondrá inmediatamente a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva. Asimismo, remitirá la copia del registro de las diligencias que se hubieren practicado y que fueren conducentes para resolver el asunto.

Artículo 491.

Prohibición de actuaciones. Mientras no se declare haber lugar a la formación de causa, el ministerio público se abstendrá de practicar actuaciones que se refieran al Diputado o Senador a quien se imputare el delito, a menos de recibir expreso encargo de la respectiva Corte de Apelaciones.

Artículo 492.

Efectos resolución que no da lugar a la formación de causa. Si la Corte declara no haber lugar a la formación de causa, el ministerio público archivará provisionalmente los antecedentes con respecto al Diputado o Senador favorecido con aquella declaración.

Artículo 493.

Pluralidad de sujetos. Si en el mismo procedimiento aparecieren implicados individuos que no fueren miembros del Congreso, se seguirá adelante en relación a ellos.

Párrafo 2º

Intendentes y Gobernadores

Artículo 494.

Regla general. No se podrá seguir un procedimiento por crimen o simple delito contra un Intendente o un Gobernador, sin que el Senado hubiere declarado que ha lugar la formación de causa.

Artículo 495.

Información ante la Corte de Apelaciones. A fin de solicitar el desafuero de un Intendente o de un Gobernador, el ministerio público, o el querellante en los delitos de acción privada, rendirá, ante la Corte de Apelaciones respectiva, una información de los hechos en que pudiere fundarse la declaración del Senado.

El tribunal tomará conocimiento del escrito en que se ofrezca la información y designará uno de sus miembros para que la reciba, dentro del plazo de diez días. Rendida la información o transcurrido este plazo, la remitirá al Senado.

Artículo 496.

Pronunciamiento del Senado. El Senado se pronunciará sobre la petición de desafuero dentro de treinta días, contados desde que se hubiere dado cuenta de ella en sesión de la Corporación.

Si el Senado no se pronuncia dentro de los treinta días, se entenderá que ha lugar a la formación de causa.

Artículo 497.

Remisión a normas del párrafo 1º. El procedimiento establecido en el párrafo 1º de este Título es aplicable a los casos de desafuero de un Intendente o un Gobernador, en lo que no sea contrario a las disposiciones precedentes. En todo caso, se substituirán las Cortes a que alude dicho párrafo por el Senado.

TITULO V

DE LA QUERELLA DE CAPITULOS

Artículo 498.

Objeto. La querella de capítulos tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad criminal de los jueces y fiscales del ministerio público por actos que hubieren ejecutado en el ejercicio de sus funciones, e importen una infracción penada por la ley.

La querella deberá ser deducida por el ministerio público, o por un particular en los delitos de acción privada.

Artículo 499.

Obligación del ministerio público. Tan pronto como de los antecedentes del procedimiento aparecieren datos suficientes para formular cargos por un crimen o simple delito contra un juez o un fiscal del ministerio público, el ministerio público remitirá los antecedentes a la Corte de Apelaciones correspondiente, a fin de que, si hallare mérito, haga la declaración que ha lugar a la formación de causa.

Tratándose de un delito de acción privada, el querellante deberá ocurrir por escrito ante la Corte de Apelaciones en cuanto el procedimiento se dedujere contra un juez o fiscal.

Artículo 500.

Apelación. La resolución que declare haber lugar a formación de causa será apelable ante la Corte Suprema y una vez que se hallare firme será comunicada por la Corte de Apelaciones respectiva a la Corte Suprema o al Fiscal General dependiendo de la calidad del imputado.

Artículo 501.

Juez o fiscal detenido in fraganti. Si un juez o un fiscal fuere detenido por habérsele sorprendido en delito flagrante, el ministerio público lo pondrá inmediatamente a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva. Asimismo, remitirá la copia del registro de las diligencias que se hubieren practicado y que sean conducentes para resolver el asunto.

Artículo 502.

Prohibición de actuaciones. Mientras no se declare haber lugar a la formación de causa, el ministerio público se abstendrá de practicar actuaciones que se refieran al juez o al fiscal a quien se imputare el delito, a menos de recibir expreso encargo de la respectiva Corte de Apelaciones.

Artículo 503.

Efectos sentencia que declara inadmisible la querella. Si la Corte declara inadmisible la querella de capítulos, el ministerio público archivará provisionalmente los antecedentes con respecto al juez o al fiscal favorecido con aquella declaración.

Artículo 504.

Efectos sentencia que admite querella. Cuando por sentencia firme se hubiere declarado admisible la querella, el funcionario capitulado quedará suspendido del ejercicio de sus funciones y el procedimiento penal continuará de acuerdo a las reglas generales.

Artículo 505.

Pluralidad de sujetos. Si en el mismo procedimiento aparecieren implicados otros individuos que no fueren jueces o fiscales del ministerio público, se seguirá adelante en relación a ellos.

TITULO VI

DE LA EXTRADICION

Párrafo 1º

De la extradición activa

Artículo 506.

Procedencia. Cuando en la tramitación de un procedimiento penal resultare comprometido un individuo que se encontrare en país extranjero como imputado de un delito que tenga señalada en la ley pena privativa de libertad que exceda de un año y respecto del cual se hubieren formulado cargos, el ministerio público deberá solicitar al juez de control de la instrucción eleve los antecedentes a la Corte Suprema, a fin de que este tribunal declare si procede la petición de extradición del imputado al gobierno del país en el que actualmente se encontrare.

El mismo procedimiento se empleará en los casos enumerados en el artículo 6º del Código Orgánico de Tribunales.

La extradición procederá, asimismo, con el objeto de ejecutar una sentencia definitiva condenatoria a una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo superior a un año.

Artículo 507.

Tramitación ante el juez de control de la instrucción. Sólo en los casos en que se solicite la extradición, se podrán formular cargos respecto del imputado ausente, el que será representado en la audiencia respectiva por un defensor público, si no contare con defensor particular.

Al término de la audiencia, previo debate, el juez de control de la instrucción deberá pronunciarse acerca de la procedencia de la solicitud de extradición, para lo cual deberán reunirse los requisitos del artículo 171.

Si el juez de control de la instrucción diere lugar a la solicitud de extradición, a petición del ministerio público, se pronunciará acerca del cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 171 y 172 para los efectos previstos en el artículo 172 inciso segundo.

Para que el juez eleve los antecedentes a la Corte Suprema, será necesario que conste en el procedimiento el país y lugar en que el imputado se encontrare en la actualidad.

Artículo 508.

Tramitación ante Corte Suprema. Recibidos los antecedentes por la Corte Suprema, ésta verá la causa sin más trámite que ponerla en tabla y en lugar preferente. A la vista concurrirán el ministerio público y el defensor del imputado cuya extradición se solicitare. La vista se iniciará con una relación pública de los antecedentes que motivan la solicitud, luego se concederá la palabra al ministerio público y al defensor respectivamente.

Durante la tramitación de la extradición, la Corte Suprema solicitará al Ministerio de Relaciones Exteriores que se pida al gobierno del país en que se encuentra el imputado, que ordene la detención provisional de éste, cuando el juez de control de la instrucción hubiere comprobado la concurrencia de los requisitos que admitirían decretar la prisión preventiva.

Artículo 509.

Fallo. Finalizada la vista de la causa, la Corte Suprema resolverá en un auto fundado si debe o no procederse a solicitar la extradición del imputado, para lo cual deberá apreciar con especial consideración si la solicitud se conforma a los tratados celebrados con la nación en que el imputado se encontrare refugiado, o en defecto del tratado, a los principios de derecho internacional.

Artículo 510.

Fallo que acoge solicitud. En caso de acoger la solicitud de extradición, la Corte Suprema se dirigirá al Ministerio de Relaciones Exteriores, acompañando copia de la sentencia de que se trata en el artículo anterior; y pidiendo se practiquen las gestiones diplomáticas que sean necesarias para obtener la extradición.

Acompañará, además, copia de la formulación de cargos que se hubiere dictado en contra del imputado o de la sentencia firme que hubiere recaído en el procedimiento, si se tratare de un condenado.

Cumplidos estos trámites, la Corte Suprema devolverá los antecedentes al juzgado de origen.

Artículo 511.

Tramitación fallo que acoge solicitud. El Ministerio de Relaciones Exteriores, después de legalizar los documentos acompañados, hará practicar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la resolución de la Corte Suprema; y si se obtuviere su extradición, lo hará conducir del país en que se encontrare, hasta ponerlo a disposición de aquel tribunal.

En este último caso, la Corte Suprema ordenará que el imputado sea puesto a disposición del juez de la causa, a fin de que el procedimiento siga su curso; o de que cumpla su condena, si se hubiere pronunciado sentencia firme.

Artículo 512.

Extradición improcedente. Si la Corte Suprema declarare no ser procedente la extradición, o si ésta no fuere acordada por las autoridades de la nación en que el imputado se encontrare refugiado, se devolverán los antecedentes al tribunal que conociere de la causa, a fin de que proceda según corresponda.

Artículo 513.

Multiplicidad de imputados en un mismo procedimiento. Si el procedimiento comprendiere a un imputado que se encontrare en el extranjero y a otros imputados presentes, se observarán las disposiciones anteriores en cuanto al primero, y sin perjuicio de su cumplimiento, seguirá la causa sin interrupción en contra de los segundos. En tal caso, se elevarán copias del procedimiento a la Corte Suprema.

Párrafo 2º

De la extradición pasiva

Artículo 514.

Procedencia. Cuando el gobierno de un país extranjero solicitare a Chile la extradición de individuos que se encontraren en el territorio nacional y que en el país requirente estuvieren imputados de un delito o condenados a una pena privativa de libertad superior a un año, el Ministerio de Relaciones Exteriores transmitirá la petición y sus antecedentes a la Corte Suprema.

Artículo 515.

Tribunal de primera instancia. Recibidos los antecedentes, corresponderá al Presidente de la Corte Suprema conocer en primera instancia de la solicitud de extradición. El Presidente de la Corte pondrá en antecedentes de la solicitud de extradición al ministerio público con el objeto de que se realicen las investigaciones que correspondan.

Artículo 516.

Investigación del ministerio público. La investigación del ministerio público se contraerá especialmente a los puntos siguientes:

a) A comprobar la identidad del imputado;

b) A establecer si el delito que se le imputare es de aquellos que autorizan la extradición según los tratados vigentes o, a falta de éstos, en conformidad con los principios de derecho internacional; y,

c) A acreditar si el sindicado como imputado hubiere cometido o no el delito que se le atribuye.

Artículo 517.

Declaración del sujeto imputado. La declaración del sujeto cuya extradición se solicitare ante el Presidente de la Corte Suprema constituirá un trámite esencial del procedimiento de extradición. Dicha declaración se prestará de conformidad a lo previsto en los artículos 117 y siguientes.

Si en comprobación de sus aseveraciones adujere el testimonio de personas que se encuentran en Chile, se ordenará se les tome declaración a éstas.

Artículo 518.

Procedencia prisión preventiva y otras medidas cautelares personales. A petición del estado requirente, el ministerio público podrá solicitar la prisión preventiva del individuo cuya extradición se requiriere. El Presidente de la Corte se pronunciará al respecto, decretándola cuando se cumplieren los requisitos previstos en los artículos 171 y 172.

El Presidente de la Corte también podrá decretar otra medida cautelar personal, para lo cual se deberá cumplir con los requisitos previstos en el Título VI del Libro I de éste Código, para cada una de las medidas respectivas.

Artículo 519.

Cierre de la investigación. Concluida la investigación, el ministerio público lo comunicará al Presidente de la Corte Suprema y pondrá los antecedentes que obraren en su poder a su disposición, a efectos de que fije fecha para la audiencia correspondiente.

Artículo 520.

Audiencia. La audiencia será pública y a su inicio el Presidente de la Corte Suprema dará breve cuenta de los antecedentes acumulados en la investigación. Luego se concederá la palabra al representante del estado solicitante, al ministerio público y, en último lugar, al sujeto cuya extradición se solicitare.

Artículo 521.

Fallo. Deberá dictarse sentencia dentro de quinto día de finalizada la audiencia.

Artículo 522.

Segunda instancia. En segunda instancia la Corte Suprema realizará la vista de la causa de conformidad a lo establecido en el Título III Libro III de este Código.

Artículo 523.

Sentencia que concede extradición. Si la sentencia que concede la extradición se encontrare firme, el Presidente de la Corte Suprema pondrá al sujeto cuya extradición se solicita a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que sea entregado al agente diplomático que hubiere solicitado la extradición.

Artículo 524.

Sentencia que deniega extradición. Si la sentencia deniega la extradición, aun cuando no se encontrare ejecutoriada, el Presidente de la Corte Suprema procederá a decretar el cese de la prisión preventiva o de cualquier otra medida cautelar personal que se hubiere decretado en contra del sujeto cuya extradición se solicita.

Ejecutoriada la sentencia que deniega la extradición, el Presidente de la Corte comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores el resultado del procedimiento, incluyendo copia autorizada de la sentencia que en él hubiere recaído.

Artículo 525.

Desistimiento gobierno requirente. Se sobreseerá definitivamente en cualquier estado del procedimiento en que se comunique al tribunal que el gobierno requirente desiste de su solicitud.

TITULO VII

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION EXCLUSIVA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

Párrafo 1º

Disposiciones generales

Artículo 526.

Principio general. La aplicación de una medida de seguridad sólo podrá fundarse en la constatación de un hecho típico y antijurídico establecido a través del procedimiento previsto en el presente Título.

Sólo podrá aplicarse una medida de seguridad al enajenado mental que hubiere realizado un hecho típico y antijurídico y siempre que existieren antecedentes calificados que permitan presumir que atentará contra sí mismo o contra otras personas.

Artículo 527.

Supletoriedad normas del Libro II. El procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad se rige por las disposiciones del Libro II de este Código en cuanto no contradiga las reglas expresamente contenidas en este Título.

Artículo 528.

Clases de medidas de seguridad. Podrán imponerse al enajenado mental, según la gravedad del caso, la internación en un establecimiento psiquiátrico o la custodia y tratamiento.

La internación se llevará en la forma y condiciones que se establecieren en la sentencia que impone la medida. Cuando se disponga la medida de custodia y tratamiento, se entregará al enajenado mental a su familia, a su guardador, o alguna institución pública o particular de beneficencia, socorro o caridad. El tribunal fijará, en la sentencia, las condiciones de la custodia y controlará que se realice el tratamiento médico a que deba ser sometido.

Párrafo 2º

Sujeto inimputable por enajenación mental

Artículo 529.

Imputado enajenado mental. Cuando en el curso del procedimiento se sospechare la inimputabilidad por enajenación mental del imputado, el ministerio público o el tribunal competente, de oficio o a petición de parte, solicitará el informe psiquiátrico correspondiente. El tribunal ordenará la suspensión del procedimiento hasta tanto no se remita el informe requerido, sin perjuicio de continuarse respecto de los demás coimputados, si los hubiere.

Artículo 530.

Derechos imputado enajenado mental. Existiendo antecedentes acerca de la enajenación mental del imputado, sus derechos serán ejercidos por un curador designado al efecto, sin perjuicio de la intervención del defensor que ya hubiere sido nombrado. Si careciere de éste, se le designará inmediatamente un defensor público.

Artículo 531.

Actuación del ministerio público. Si el ministerio público hallare mérito para sobreseer temporal o definitivamente la causa, efectuará la solicitud respectiva en la oportunidad señalada en el artículo 338, caso en el cual procederá de acuerdo a las reglas generales.

Con todo, si al concluir su investigación, el ministerio público estimare concurrente la causal de extinción de responsabilidad criminal prevista en el artículo 10 número 1 del Código Penal y, además, considerare aplicable una medida de seguridad, deberá solicitar se proceda conforme a las reglas previstas en este Título.

Artículo 532.

Requerimiento. En el evento previsto en el inciso segundo del artículo anterior, el ministerio público así la requerirá mediante solicitud escrita que deberá contener, en lo pertinente, las menciones exigidas en el escrito de acusación.

El ministerio público no podrá, en caso alguno, solicitar la aplicación del procedimiento abreviado o la suspensión condicional del procedimiento.

En los casos previstos en este artículo, el querellante podrá acompañar al escrito que se refiere el artículo 349 los antecedentes que considere demostrativos de la imputabilidad de la persona requerida.

Artículo 533.

Transformación. Formulado el requerimiento, corresponderá al juez de control de la instrucción declarar que el sujeto requerido se encuentra en la situación prevista en el artículo 10 número 1 del Código Penal. Si el juez aprecia que los antecedentes no permiten establecer con certeza la inimputabilidad, rechazará el requerimiento y ordenará la formulación de la acusación conforme al trámite ordinario.

En este último caso, los escritos de acusación podrán contener peticiones subsidiarias relativas a la imposición de medidas de seguridad.

Artículo 534.

Reglas especiales. Cuando se proceda en conformidad a las normas de éste párrafo, se aplicarán las siguientes reglas especiales:

a) El procedimiento no se podrá seguir conjuntamente contra sujetos enajenados mentales y otros que no lo fueren;

b) No regirá lo dispuesto en los artículos 117 y siguientes, si fuere imposible su cumplimiento;

c) El juicio se realizará a puerta cerrada, sin la presencia del enajenado mental, cuando su estado imposibilite la audiencia;

d) La sentencia absolverá o impondrá al inimputable una medida de seguridad; en el primer caso, ordenará la libertad sin condiciones del imputado.

Artículo 535.

Internación provisional. Durante el procedimiento el tribunal podrá ordenar, a petición de alguno de los intervinientes, la internación provisional del imputado en un establecimiento asistencial, cuando concurrieren los requisitos señalados en los artículos 171 y 172 y el informe psiquiátrico practicado al imputado señalare que éste sufre una grave alteración o insuficiencia en sus facultades mentales que hacen temer que atentará contra sí o contra otras personas.

Se aplicarán, en lo que fueren pertinentes, las normas contenidas en los párrafos 4º, 5º y 6º del Título VI del Libro I.

Artículo 536.

Acción civil. Cuando el procedimiento penal no pueda proseguirse por enajenación mental del imputado, la acción civil que no hubiere sido intentada sólo podrá ser ejercida ante el tribunal civil correspondiente. Si se hubiere deducido demanda civil en el procedimiento penal, la sentencia que se dictare en el procedimiento establecido en este párrafo deberá pronunciarse sobre ella.

Párrafo 3º

IMPUTADO QUE CAE EN ENAJENACION DURANTE EL PROCEDIMIENTO

Artículo 537.

Imputado que cae en enajenación mental. Si después de iniciado el procedimiento el imputado cayere en enajenación mental, el juez de control de la instrucción decretará, a petición del ministerio público o de cualquiera de los intervinientes, el sobreseimiento temporal del procedimiento hasta que desapareciere la incapacidad del imputado o el sobreseimiento definitivo si se tratare de una enajenación mental incurable. La regla anterior sólo se aplicará cuando no procediere la terminación del procedimiento por cualquier otra causa.

Si al momento de caer en enajenación el imputado se hubieren formulado cargos o se hubiere deducido acusación en su contra, y se estimare que corresponde aplicar una medida de seguridad, se aplicará lo dispuesto en el Párrafo 2º de este Título.

TITULO VIII

EJECUCION PENAL Y CIVIL

Párrafo 1º

Ejecución sentencias condenatorias penales y civiles

Artículo 538.

Control judicial en la ejecución. El tribunal que dictó la sentencia deberá controlar la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas en ella. El condenado o el curador, en su caso, podrán ejercer durante la ejecución de la pena o medida de seguridad todos los derechos y facultades que la normativa penal y penitenciaria le otorgan. El mismo tribunal deberá resolver todas las solicitudes y reclamaciones que se le plantearen con fundamentos en aquellas normas.

Artículo 539.

Ejecución penal. Las sentencias condenatorias penales no podrán ser cumplidas sino cuando se encontraren ejecutoriadas. Cuando la sentencia se encontrare firme, el tribunal decretará una a una todas las diligencias y comunicaciones que se requirieren para dar total cumplimiento al fallo.

Cuando el condenado debiere cumplir pena privativa de libertad, remitirá copia de la sentencia, con la atestación de hallarse firme, al establecimiento penitenciario correspondiente, dando orden de ingreso. Si estuviere en libertad, ordenará inmediatamente su aprehensión, y una vez efectuada, procederá conforme a la regla anterior.

Si la sentencia hubiere concedido una medida alternativa a las penas privativas o restrictivas de libertad contempladas en la ley 18.216, remitirá copia de la misma a la institución encargada de su ejecución.

Asimismo, ordenará y controlará el efectivo cumplimiento de las multas y comisos impuestos en la sentencia, ejecutará las cauciones en conformidad con el artículo 179, cuando procediere, y dirigirá las comunicaciones que correspondiere a las reparticiones públicas o autoridades que deban intervenir en la ejecución de lo resuelto.

Artículo 540.

Comiso. Si no se hubiere declarado el comiso de los instrumentos y efectos del delito en la sentencia, se podrá decretar en cualquier tiempo, mientras existieren especies en poder del tribunal. Los incidentes o recursos a que diere lugar dicha decisión se tramitarán por escrito, y no afectarán al fallo ni entorpecerán su cumplimiento.

Artículo 541.

Destino especies decomisadas. Las especies decomisadas se pondrán a disposición del Fisco, para los efectos establecidos en el artículo 60 del Código Penal. Esta autoridad podrá ordenar la destrucción de las que no tuvieren valor o no fueren utilizables.

Los dineros y otros valores decomisados en favor del Fisco se destinarán a beneficio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Tratándose de especies corruptibles o perecibles, el tribunal las pondrá a disposición de un martillero para que proceda a su venta directa. Si se decretare el comiso, éste se hará efectivo sobre el producto de la enajenación. En caso contrario, se entregará el producto de la enajenación a quien correspondiere.

Artículo 542.

Especies retenidas y no decomisadas. Las especies retenidas y no decomisadas que se encontraren a disposición del tribunal y que no hubieren sido reclamadas, se girarán a la orden de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, si se tratare de dineros, o se subastarán de acuerdo a la Ley 12.265, en los demás casos, transcurridos seis meses, a lo menos, desde la fecha en que hubiere recaído resolución firme poniendo término al proceso. Si se hubiere decretado el sobreseimiento temporal o la suspensión condicional del procedimiento, el plazo será de un año.

Tratándose de especies corruptibles o perecibles, se aplicará lo dispuesto en el artículo precedente.

Artículo 543.

Control. En el mes de junio de cada año, los jueces con competencia en materia criminal presentarán a la respectiva Corte de Apelaciones un informe detallado sobre el destino dado a las especies que hubieren sido puestas a disposición del tribunal.

Artículo 544.

Ejecución civil. En el cumplimiento de la decisión civil de la sentencia, regirán las disposiciones sobre ejecución de las resoluciones judiciales que establece el Código de Procedimiento Civil.

Párrafo 2º

Ejecución medidas de seguridad

Artículo 545.

Duración y control de las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad impuestas al enajenado mental, sólo podrán durar mientras subsistan las condiciones que la hicieron necesaria, y en ningún caso podrán extenderse más allá de la sanción restrictiva o privativa de libertad que hubiere podido imponérsele o del tiempo que corresponde a la pena mínima probable, el que será señalado por el juez en el fallo.

Se entiende por pena mínima probable, para estos efectos, el tiempo mínimo de privación o restricción de libertad que la ley prescriba para el delito o delitos por los cuales se ha formulado cargos o requerido al sujeto enajenado mental.

En tal sentido, el tribunal a cargo del control de la ejecución de la medida solicitará, de oficio o a petición de parte, información a quien corresponda sobre la situación de quien sufre la medida, la que en todo caso recabará cada tres meses. Con el mérito de dicho informe o cualquier otro que solicitare al efecto, decidirá la continuación o cesación de la medida, o la modificación de las condiciones de aquélla o del establecimiento en el cual se lleva a efecto.

El mismo tribunal señalado en el inciso precedente deberá inspeccionar personalmente, cada tres meses, los establecimientos psiquiátricos o instituciones donde se encontraren internados enajenados mentales o se hallaren cumpliendo un tratamiento, adoptando o solicitando las medidas que fueren necesarias para poner remedio a todo error, abuso o deficiencia que observaré en la ejecución de una medida de seguridad.

Artículo 546.

Condenado que cae en enajenación mental. Si después de dictada la sentencia, el condenado cayere en enajenación mental, el tribunal dictará una resolución fundada declarando que no se deberá cumplir la sanción restrictiva o privativa de libertad y dispondrá, según el caso, la medida de seguridad que corresponda. El tribunal velará por el inmediato cumplimiento de su resolución. En lo demás, regirán las disposiciones de este párrafo.

Dios guarde a V.E.

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE

Presidente de la República

MARIA SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA

Ministra de Justicia

EDMUNDO PEREZ YOMA

Ministro de Defensa

CARLOS FIGUEROA SERRANO

Ministro del Interior

MANUEL MARFAN LEWIS

Ministro de Hacienda Subrogante

1.2. Oficio a la Corte Suprema

Oficio a La Corte Suprema. Fecha 13 de junio, 1995. Oficio

VALPARAISO, 13 de junio de 1995.

Oficio Nº 670

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

En conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, tengo a honra remitir a esa Excma. Corte Suprema copia del proyecto de ley iniciado en Mensaje– que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal (boletín N° 1630-07).

Dios guarde a V.E.

JAIME ESTEVEZ VALENCIA

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario de la Cámara de Diputados

1.3. Oficio de la Corte Suprema

Oficio de Corte Suprema. Fecha 11 de julio, 1995. Oficio en Sesión 20. Legislatura 331.

Santiago, 11 de julio de 1995

OFICIO DE LA EXCMA, CORTE SUPREMA.

La H. Cámara de Diputados, por Oficio N° 670 de 13 de junio pasado, y de conformidad a lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política de la República, y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha remitido a esta Corte Suprema, para su informe, copia del proyecto de ley que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal.

Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema de la materia consultada, en sesión del día 7 de julio en curso, presidida por el titular don Marcos Aburto y. con la asistencia de los Ministros señores Jordán, Faúndez, Dávila, Beraud, Toro, Araya, Valenzuela, Alvarez, Bañados, Carrasco, Correa, Garrido, Libedinsky y Ortiz, acordó informar el proyecto, en cuanto a las materias consultadas y que por disposición constitucional y legal le corresponde opinar, de la siguiente forma:

El referido Proyecto consta de 546 artículo precedidos de un muy extenso Mensaje de 36 páginas, y tiene por objeto reemplazar el Código de Procedimiento Penal vigente en nuestro país desde el año 1906, por uno que introduce amplios cambios al sistema que rige hoy en día, lo que hace imprescindible un detenido análisis para expresar una opinión adecuadamente fundamentada y con pleno conocimiento de las circunstancias que ello trae aparejado. Sobre todo, respecto de la conveniencia o inconveniencia de hacer una sustitución en los términos propuestos; tal análisis -indudablemente- requiere de un lapso relativamente prolongado- Esta Corte ha iniciado de inmediato ese estudio; sin perjuicio de ello y para facilitar el cumplimiento de la disposición constitucional, se permite informar, por ahora, que no ve inconveniente para que esa Honorable Cámara adopte la decisión que estime pertinente sobre si procede o no legislar sobre tal materia.

Si esa Honorable Cámara adopta una decisión positiva en tal sentido, este Tribunal le hará llegar en un tiempo prudente, su parecer sobre el Proyecto de nuevo Código de Procedimiento Penal.

Es, cuanto estamos en condiciones de informar.

Saluda atentamente a VoS.

(Fdo.): MARCOS ABURTO OCHOA,

Presidente;

CARLOS MENESES PIZARRO,

Secretario.

1.4. Primer Informe de Comisión de Constitución

Cámara de Diputados. Fecha 06 de enero, 1998. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 23. Legislatura 336.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. [1]

Boletín N° 1630-07-1.

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Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República. [2]

I. Introducción.

El Código de Procedimiento Penal vigente en Chile fue aprobado el 12 de junio de 1906 y comenzó a regir el 1 de marzo de 1907.

El Código, cuyo modelo fue la Ley de Enjuiciamiento Penal de España, introdujo disposiciones que implicaron el establecimiento de un proceso marcadamente inquisitorio y, por tanto, inconciliable con los derechos fundamentales y las garantías del ciudadano.

La doctrina nacional ha sostenido, invariablemente, que el Código nació obsoleto, lo que incluso se admite en el propio mensaje con que se dio inicio a su tramitación legislativa, el 31 de diciembre de 1894, bajo la presidencia de don Jorge Montt Álvarez.

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Nada mejor para destacar lo que es el proceso penal chileno que reproducir algunos pasajes relevantes de ese mensaje.

— “La necesidad de modificar nuestro sistema de enjuiciamiento criminal ha venido imponiéndose desde mucho tiempo atrás con el carácter de verdadera urgencia. […] Aunque en diversas épocas algunas de esas reglas han sido modificadas, la base misma del procedimiento se ha mantenido intacta, de manera que puede decirse, con verdad, que subsiste todavía en pleno vigor entre nosotros el sistema inquisitorial establecido desde la Edad Media.

“Tres sistemas diversos se presentaban desde luego para servir de base al nuevo procedimiento que se intenta establecer. El primero, el del juicio por jurados, […] y que es considerado como el más perfecto de los que se conocen. El segundo, llamado juicio oral, aceptado por varios países como un medio de transición del antiguo sistema inquisitivo con jueces de derecho, al juzgamiento por jurados. […] El tercer sistema, el de la prueba escrita, está en uso en aquellos países que, por razón de sus costumbres, de la poca densidad de su población o de la escasez de sus recursos, no han podido adoptar algunos de los primeros.

“El juicio público oral ante jueces de derecho es un sistema que se aleja del procedimiento escrito y se acerca sensiblemente al del jurado. […] Este juicio conserva del antiguo procedimiento el fallo por jueces de derecho, y la sentencia, motivada; pero, como en el juicio por jurados, se practican en presencia del tribunal todas las diligencias probatorias y se concede a los jueces cierta latitud para apreciarlas, confiando en último término la resolución de las cuestiones de hecho a su conciencia ilustrada. En uno y otro sistema se encarga la instrucción del sumario a un juez especial, cuya misión termina una vez que la investigación está agotada: no puede, por consiguiente, intervenir en el juicio propiamente dicho ni en la sentencia.

“Tampoco ha sido posible dotar al país de este segundo sistema de enjuiciamiento criminal, porque se oponen a ello muchas de las causas que impiden el establecimiento del jurado. El personal de jueces debería ser muy numeroso para que los tribunales del crimen pudieran funcionar por períodos determinados en los diversos departamentos de la República. En cada uno de ellos habría de tener lugar la celebración de los juicios pendientes, y en los debates de cada juicio deberían presentarse a la vez todos los testigos, peritos y demás personas que hubieren de intervenir en él. La sola enunciación de estas condiciones basta para convencer de la imposibilidad de plantear este sistema en un país nuevo, de territorio tan dilatado y en que los medios de transporte son generalmente costosos y difíciles. Esto, aparte del ingente gasto que demandarían el crecido número de jueces, el costo de sus viajes y las indemnizaciones a los peritos y testigos.

“Se comprende fácilmente que el sistema puede ser establecido en países ricos y poblados. En Chile parece que no ha llegado aún la ocasión de dar este paso tan avanzado, y ojalá no esté reservado todavía para un tiempo demasiado remoto.

“Ni siquiera ha sido posible separar en este proyecto las funciones de juez instructor de las de juez sentenciador. […] Los criminalistas condenan la práctica de que el juez que instruye el sumario sea también el encargado de fallar la causa; y menester es confesar que las razones que aducen en apoyo de su tesis son casi incontrovertibles. […] Todos los argumentos aducidos en contra de este sistema pueden resumirse en uno solo. El juez sumariante adquiere la convicción de la culpabilidad del reo tan pronto como encuentra indicios suficientes en los datos que recoge. Este convencimiento lo arrastra insensiblemente, y aun sin que él lo sospeche, no sólo a encaminar la investigación por el sendero que se ha trazado a fin de comprobar los hechos que cree verdaderos, sino también a fallar en definitiva conforme a lo que su convicción íntima le viene dictando desde la instrucción del sumario.”

II. Fundamentos del proyecto.

Para ser consecuentes con el criterio adoptado para analizar el Código vigente, nada mejor, para destacar lo que será el nuevo Código Procesal Penal, que reproducir también pasajes relevantes del mensaje con que se inició, el 13 de junio de 1995, bajo la presidencia de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

En concepto del Gobierno, la modernización del sistema de administración de justicia constituye un esfuerzo de crecimiento institucional ineludible para el desarrollo y consolidación de nuestro sistema constitucional y democrático.

Tal modernización ha sido definida como una política que tiende a adecuar el conjunto de las instituciones que participan de la administración de justicia a los procesos de desarrollo económico y político que ha experimentado Chile en las dos últimas décadas.

Desde un punto de vista económico se pretende hacer más redistributivo el gasto en justicia, evitar que el sistema penal produzca marginalidad, lograr mayor rapidez en la resolución de los litigios y maximizar la imparcialidad y la eficiencia del sistema legal en su conjunto.

Desde un punto de vista político, se requiere de una justicia accesible, imparcial, igualitaria y que maximice las garantías de los derechos de las personas.

En suma, se hace necesario modernizar la justicia para garantizar la gobernabilidad de parte del sistema político, la integración social y la viabilidad del modelo de desarrollo económico.

El objetivo global de la modernización de la justicia — definido por el Gobierno como la maximización de las garantías, la imparcialidad del Estado democrático y el incremento del bienestar — obliga a efectuar reformas, a lo menos, en tres áreas diversas: la de acceso a la justicia, la del derecho de menores y la del sistema penal.

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Se aclara — en el mensaje — que la reforma del sistema penal constituye una labor que se extiende más allá de la sola reforma del proceso penal.

Supone:

— Modificar los criterios de criminalización primaria, introduciendo principios como los de lesividad y última ratio [3];

— Supervigilar la ejecución de las penas, para evitar así castigos excesivos y favorecer la reinserción;

— Modificar la relación entre el Estado y la policía, para favorecer la oportunidad y la selectividad en el uso de la fuerza;

— Reemplazar el proceso penal para transformarlo en un juicio genuino, público y contradictorio, con igualdad de armas entre el Estado y el inculpado y con plena vigencia de la oralidad, la oportunidad y la inmediación.

— Satisfacer las exigencias del debido proceso.

— Respetar los derechos y las garantías de las personas. [4]

— Mejorar la gestión jurisdiccional del Estado, en base a criterios de eficiencia. [5]

— Utilizar mejor el gasto público en justicia.

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Dentro de ese ámbito — se advierte — el proyecto de Código que se propone constituye el núcleo básico de un nuevo modelo procesal penal que, a su vez, aspira a producir una importante transformación en el conjunto del sistema de justicia criminal.

Se busca cambiar, fundamentalmente, el modo en que se desarrolla, proyectando ese cambio hacia el trabajo de los jueces, el nuevo ministerio público, los organismos policiales, el funcionamiento del sistema penitenciario y, en general, respecto del conjunto de las actividades estatales que constituyen la respuesta represiva a la criminalidad.

La proyección de la reforma hacia el conjunto del sistema penal debe producirse a través de dos mecanismos principales.

El primero de ellos es la creación de un ministerio público que, además de cumplir su papel específico como órgano investigador y acusador en el procedimiento penal, asuma la función de ordenar la utilización de los recursos represivos del sistema conforme a criterios generales, conocidos y legitimados por medio de la discusión pública y frente a órganos representativos de la comunidad.

El segundo consiste en devolver a las decisiones judiciales y, en especial, a la sentencia judicial, su plena centralidad como forma de control y legitimación de la utilización de dichos métodos represivos.

Se concluye expresando que este proyecto establece las bases procedimentales de un nuevo sistema procesal penal que pretende abandonar el modelo inquisitivo y avanzar hacia otro con una orientación de carácter acusatorio.

Es, por lo tanto, en esta perspectiva, en la que este proyecto debe ser analizado, comprendido y criticado, haciéndose hincapié en que las instituciones que se proponen han sido diseñadas con estas orientaciones, por lo que debieran ser evaluadas a partir de su idoneidad para darles cumplimiento.

III. Fuentes.

Los documentos que otorgan los parámetros básicos usados para el diseño del proyecto han sido la Constitución Política de la República; los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes, especialmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la legislación procesal vigente, en especial el Código de Procedimiento Penal, del cual se han mantenido todas aquellas normas que no resultan contradictorias con el nuevo sistema, conocidas por jueces y abogados, existiendo a su respecto un caudal de interpretaciones y jurisprudencia suficientemente asentadas.

El Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil han sido considerados para efectos de buscar mantener coherencia con sus normas y, en general, se han conservado las remisiones a materias que en esos cuerpos legales resultan adecuadamente reguladas.

Igualmente, han sido fuentes directas para el trabajo realizado diversos textos de legislación extranjera, tanto de nivel legal como constitucional, así como opiniones doctrinales y criterios jurisprudenciales relativos a ellos.

Entre los códigos extranjeros de más frecuente utilización estuvieron el Código Procesal Penal Italiano de 1988; la Ordenanza Procesal Penal Alemana de 1877; la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española de 1882; el Código Procesal Penal de la Nación Argentina de 1992; el Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba de 1992 y el Código Procesal Penal Peruano de 1991.

Pero, además de estos textos legales, han sido de extraordinaria utilidad el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica desarrollado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, así como su antecedente más directo, el proyecto de Código Procesal Penal de la Nación Argentina de 1986, y, también, otros proyectos posteriores vinculados directamente con el Código Modelo, como son el proyecto de Código Procesal Penal de Guatemala de 1991 y el Proyecto de Código Procesal Penal de El Salvador, de 1993.

IV. Minuta de la idea matriz o fundamental del proyecto.

La idea matriz o fundamental del proyecto es la aprobación de un nuevo Código de procedimiento penal, con la finalidad primordial de reemplazar el sistema inquisitivo vigente, en el cual el órgano judicial asume las funciones investigadoras, acusadoras y juzgadoras, por uno de perfil acusatorio, en el cual se atribuyen a sujetos diferentes la instrucción y el juzgamiento.

V. Contenido sinóptico del proyecto.

Para materializar la idea anterior, se propone un proyecto de Código de Procedimiento Penal que consta de un total de 546 artículos, agrupados en cuatro libros.

El Libro Primero, denominado “Disposiciones Generales”, comprende los artículos 1° al 255 (del 1° al 239 en el texto aprobado).

Se encuentra dividido en 9 títulos [6] que tratan, respectivamente, de los principios básicos; de la jurisdicción y competencia en materia penal; de la actividad procesal ( de los plazos, de las comunicaciones entre autoridades, de las notificaciones y citaciones, de las resoluciones y otras actuaciones judiciales, del registro de las actuaciones de la instrucción y de la audiencia intermedia, y de las costas); de la acción penal (clases de acciones, acciones civiles y demanda civil); de los sujetos procesales (el tribunal, el ministerio público, la policía, el imputado, la defensa, la víctima y el querellante); de las medidas cautelares personales (principios generales, citación, detención, prisión preventiva y otras medidas cautelares personales); de las medidas cautelares reales; de las nulidades procesales, y de la prueba.

El Libro Segundo, denominado “Procedimiento Ordinario”, comprende los artículos 256 al 409 (del 240 al 391 en el proyecto aprobado).

Se encuentra subdividido en tres títulos, que tratan, respectivamente, de la etapa de instrucción (persecución penal pública, inicio del procedimiento, actuaciones de la instrucción, reconocimiento de personas y otras diligencias, de la entrada y registro en lugar cerrado, del registro de libros y papeles, de la incautación de cosas, de la retención y apertura de correspondencia, de la interceptación de comunicaciones telefónicas y de otros medios técnicos de investigación; de la comprobación del hecho en casos especiales; de la formulación de cargos; de la suspensión condicional del procedimiento y acuerdos reparatorios, y de la conclusión de la instrucción); del procedimiento intermedio (acusación, preparación de la audiencia intermedia, desarrollo de la audiencia intermedia), y del juicio oral (preparación, preparación del juicio oral, dirección y disciplina, desarrollo del juicio oral, acta del juicio y sentencia definitiva)

El Libro Tercero, denominado “Recursos”, comprende los artículos 410 al 455. (del 392 al 444 en el texto aprobado)

Está subdividido en cinco títulos, que tratan, respectivamente, de las disposiciones generales; recurso de reposición; recurso de apelación; recurso de casación y revisión de las sentencias firmes.

El Libro Cuarto, denominado “Procedimientos especiales y ejecución”, comprende los artículos 456 al 546. (del 445 al 533 en el texto aprobado).

Está dividido en ocho títulos que tratan, respectivamente, del procedimiento por faltas; del procedimiento por delito de acción privada; del procedimiento abreviado; del procedimiento relativo a personas que gozan de fuero constitucional (Diputados y Senadores, Intendentes y Gobernadores); de la querella de capítulos; de la extradición (activa y pasiva); del procedimiento para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad (disposiciones generales, sujeto inimputable por enajenación mental e imputado que cae en enajenación durante el procedimiento), y de la ejecución penal y civil (ejecución sentencias condenatorias penales y civiles y ejecución medidas de seguridad).

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Para los efectos de una adecuada comprensión del proyecto en informe, al tenor del mensaje que le sirve de fundamento, debe tenerse presente, en términos muy generales, que el procedimiento común propuesto contempla la participación de diversos órganos en una instancia única.

La primera de las etapas del procedimiento es la de instrucción, a cargo de los fiscales del ministerio público, quienes deberán investigar los delitos y preparar la acusación.

También en esta fase se contempla la participación de un tribunal unipersonal llamado juez de control de la instrucción, encargado de resolver todos los conflictos que puedan presentarse entre la actividad de investigación del fiscal y los derechos e intereses del imputado y de los demás intervinientes en el proceso. [7]

En los casos en que el fiscal formule acusación se da lugar a una audiencia, llamada intermedia, ante el mismo juez de control de la instrucción, destinada básica-mente a preparar el juicio oral.

El juicio oral se celebra en forma pública ante un tribunal colegiado de tres miembros, frente al cual deberá formularse la acusación, plantearse la defensa y producirse las pruebas, en una o varias audiencias orales que se deberán desarrollar en forma continuada y con la presencia permanente del fiscal y del imputado y su defensor.

Al término del juicio oral, el tribunal dictará su sentencia, la que sólo será objeto de limitadas posibilidades de impugnación ante los tribunales superiores.

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Para evitar repeticiones innecesarias, el contenido del articulado del proyecto se analizará en el párrafo relativo a la discusión en particular.

VI. Discusión y aprobación en general del proyecto.

Atendida la trascendencia del proyecto, vuestra Comisión acordó que tanto el mensaje con el que se inició como los antecedentes más relevantes relacionados con su tramitación y discusión, así como el texto finalmente aprobado, fueran difundidos a través de la red Internet.

De esta forma, la comunidad nacional e internacional, particularmente la académica, pudo tener acceso directo a esta iniciativa legal desde el inicio de su tramitación hasta su aprobación.

Se trató de una experiencia pionera, esperándose que en el futuro se transforme en una práctica usual en el sistema legislativo, una vez que se encuentre en plena operatividad la red de comunicaciones del Congreso Nacional.

Al margen de lo anterior, vuestra Comisión estimó pertinente recabar información sobre el proyecto de parte de las autoridades de gobierno, de la Corte Suprema, del mundo académico y de las principales instituciones gremiales que agrupan tanto a los magistrados como al personal del Poder Judicial, para lo cual procedió a extender las invitaciones correspondientes.

1. Información global sobre el proyecto.

Vuestra Comisión inició el estudio del proyecto con una información global sobre el mismo de parte de la señora Ministra de Justicia, doña Soledad Alvear Valenzuela, quien concurrió acompañada de los abogados y profesores Raúl Tavolari y Cristián Riego. Estos últimos estuvieron presentes, prácticamente, en la totalidad de las sesiones celebradas, prestando una valiosa colaboración a la Comisión, cometido que cumplieron conjuntamente con el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, don Rafael Blanco.

La señora Ministra de Justicia se refirió, concretamente, a los defectos que presenta el actual procedimiento penal y a las ventajas que tiene el que se viene proponiendo, desde diversos puntos de vista: político, de los derechos humanos, de la eficiencia estatal, de la perspectiva económica, de la marginalidad y de la pobreza, y de la seguridad ciudadana.

Reiteró que la principal crítica que se hace al sistema vigente es la concentración en una persona, el juez de letras, de la casi totalidad de las actuaciones y diligencias que se desarrollan en el proceso. Un mismo juez ordena instruir sumario para la investigación de los hechos que revisten la infracción; luego, puede someter a proceso al inculpado, si llega a la convicción de que está justificada la existencia del delito que se investiga y hay presunciones fundadas en su contra; acto seguido, si así lo estima pertinente, decreta medidas cautelares sobre su persona y bienes; después, cerrado el sumario, sobresee o acusa, una vez practicadas las diligencias que se hayan considerado necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores; si acusa, eleva la causa a plenario (que es el verdadero juicio penal contradictorio), para terminar dictando sentencia absolutoria o condenatoria.

Esta estructura del proceso penal chileno atenta contra la regla básica de la actividad jurisdiccional, que es la imparcialidad del juzgador.

El régimen de legalidad bajo el cual está inspirado el actual Código — y que impone al juez el deber de someter a proceso o investigar cada hecho presuntamente delictual que se pone en su conocimiento — no cumple con su cometido, ya que abruma de tal manera su capacidad de trabajo, que, al final, le conduce a una situación de pavorosos resultados.

El sobreseimiento o la sentencia absolutoria son el reconocimiento del fracaso, de la completa incapacidad de investigar.

Por su parte, los profesores mencionados expresaron que la orientación básica del proyecto es la de reformar el sistema inquisitivo vigente cambiándolo por uno de perfil acusatorio, en el que se discrimina, orgánica y funcionalmente, entre las funciones de la instrucción y del juzgamiento.

Con ello se busca dar las garantías básicas que todo ciudadano, en un Estado de Derecho, merece a la hora del juzgamiento, exigencia que es, por lo demás, consubstancial al respeto del debido proceso. Se debe contrastar y hacer compatibles ese estatuto garantístico con algo que le otorgue a la sociedad la certeza y la seguridad de que se está persiguiendo el delito, lo cual se busca a través de la eficacia. [8]

Los componentes que otorgan un importante grado de eficacia a este proyecto son la entrega de la instrucción penal a un órgano público, autónomo y profesional, denominado ministerio público; la circunstancia de que éste pueda regular racionalmente su carga de trabajo, y la no sujeción de la actividad de investigación a pautas rígidas.

A continuación, procedieron a dar a conocer, a grandes líneas, la estructura del procedimiento penal ordinario que se propone en el proyecto.

El inicio del procedimiento comienza con una denuncia que presenta cualquier persona ante la policía o ante el ministerio público y, eventualmente, por iniciativa de los propios órganos de persecución penal.

Recibida la denuncia, el ministerio público está en condiciones de iniciar las investigaciones, esto es, de empezar el acopio de los antecedentes que permitan establecer si hay o no hay delito con los hechos que se han puesto en su conocimiento.

Eso no significa que el ministerio público deba investigar todo hecho aparentemente delictual como sucede en la actualidad.

Por el principio de oportunidad, se da al ministerio público la posibilidad de no investigar un hecho, no obstante su propia convicción de que el hecho sea delictuoso; lo cual está muy lejos de fomentar la impunidad, ya que está exclusivamente reservado a los delitos cuya penalidad no exceda de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días); a delitos que no tienen verdaderamente una peligrosidad social importante, pero que, sin embargo, atiborran las secretarías judiciales.

Puede, también, no investigar aquellos hechos que no sean delitos o en que la acción penal está extinguida.

Por último, puede disponer el archivo provisional de un caso.

Hay gran cantidad de delitos que llegan al sistema y que no tienen posibilidad de ser aclarados. La idea es que en estas situaciones el fiscal pueda archivar el caso y, eventualmente, permitir que pase a una especie de servicio de inteligencia, que los acumule junto con otros y reúna componentes de distintas denuncias similares, las cuales den lugar, posteriormente, a un proceso más complejo.

Para no transformar al ministerio público en el dueño de la acción penal, siempre habrá un juez de control de la instrucción que resolverá si su determinación estuvo adecuada o fue inconveniente.

La investigación del ministerio público es totalmente informal, no regulada por la ley. Sólo tiene un grado de formalización en cuanto pudiera afectar derechos individuales.

Como el Código tiene novedades absolutamente acordes con los tiempos, se consagra un estatuto de derechos de las víctimas, cosa que el Código actual no considera, en el cual la afectación de las garantías esenciales de las personas sigue siempre a cargo de la jurisdicción.

Es por ello por lo que el ministerio público no puede detener, allanar, interceptar la correspondencia, registrar, etcétera.- En general, no puede adoptar ninguna conducta que importe vulnerar derechos o garantías constitucionales, sin la previa orden del juez de control de la instrucción.

Algo novedoso, también, lo constituyen las llamadas medidas cautelares.- Todos los abogados suelen hablar del principio de inocencia, pero en la práctica no existe, aunque se lo proclame muy solemnemente en el Código de Procedimiento Penal.- Lo que se pretende es ponerlo en práctica de verdad.-

En consecuencia, las medidas cautelares — esas que coartan la libertad de las personas, que afectan sus derechos — merecen en el Código un tratamiento de absoluta excepcionalidad. La libertad de la persona no debe vulnerarse en tanto está siendo investigada; sus derechos, en general, no deben ser avasallados por la investigación y, para eso, se termina con el “procesamiento”, que se reemplaza, mutatis mutandi, por la formulación de los cargos.

Las diferencias fundamentales entre la formulación de cargos y el actual auto de procesamiento son, básicamente, dos. El auto de procesamiento es una decisión judicial, lo cual compromete la imparcialidad judicial y proscribe a la persona. La formulación de cargos, en cambio, es una declaración unilateral del fiscal del ministerio público y no compromete al juez ni proscribe a la persona.

Por lo general, la persona mantendrá sus niveles de libertad en tanto la investigación se continúa.

No obstante, también hay reglas de excepción, porque, si bien al nuevo Código lo anima un espíritu de respeto a las personas, no por ello peca de ingenuidad.

Todo esto conduce, en definitiva, a fijar plazos para cerrar una investigación.

Desde el momento en que se formulan los cargos, hay un plazo de dos años para terminarla, pudiendo el juez ordenar que se la cierre antes.

No todas las causas incoadas llegarán, necesariamente, al juicio oral, ya que existen diversas salidas alternativas al sistema. [9]

Una de ellas es la suspensión condicional del procedimiento, [10] para aquellos casos en los cuales no se justifique seguir adelante un juicio controvertido, atendida la cuantía de la pena que en definitiva corresponderá al hechor, que le permitirá acogerse a alguna medida alternativa a las penas privativas de libertad, como la remisión condicional de la pena, la libertad vigilada o la reclusión nocturna.

Actualmente, esas medidas se adoptan al final del proceso, durante el cual la persona beneficiaria de ellas ha estado privada de libertad por algún período, lo cual es absolutamente irracional.

La idea es que cuando el fiscal se enfrente ante una situación de este perfil, pueda pactar con el sujeto, desde luego, la posibilidad de no continuar adelante el proceso, sin pronunciarse sobre si es o no es culpable, sugiriéndole que se someta a un sistema de control similar al que rige hoy con las medidas alternativas a las penas privativas de libertad.- Si se cumple este sistema de control administrativo, el proceso se cierra para siempre y el sujeto se enfrenta a un sistema de rehabilitación con la ventaja de no tener antecedentes penales. Si él incumple estas condiciones, entre las cuales está la de no delinquir de nuevo, es posible reabrir el proceso e iniciar uno nuevo por ambos delitos: el delito por el cual se suspendió el proceso y el nuevo delito.

Otra salida alternativa es el denominado “procedimiento abreviado”, que se da en aquellos casos en que no hay un verdadero debate sobre los hechos. [11] Por ejemplo, cuando el fiscal ha realizado una investigación y el sujeto ha confesado, o cuando no habiendo confesado, está de acuerdo en que los antecedentes que el fiscal ha reunido dan cuenta, razonablemente, de la verdad de lo ocurrido. Aquí el fiscal y el imputado, sobre la base de la aceptación de los hechos, pueden acordar pasar directamente al fallo, sin necesidad del juicio oral. Este procedimiento abreviado tiene que ser aprobado por el juez.

El otro efecto que se produce, a cambio de esta declaración, es que se fija el “monto” de la pena. El juez está obligado a aceptar esa declaración de culpabilidad, no pudiendo entrar a ver si se sustenta, efectivamente, en antecedentes mayores.

Otra forma de solución alternativa es la posibilidad de “acuerdos reparatorios” entre la víctima y el imputado, limitada a aquellos casos en los cuales el bien jurídico sea disponible. [12] Todo esto, en el momento en el que se ha formalizado la acusación, e incluso antes, en casos excepcionales.-

Cerrada la investigación, una vez practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal tiene dos alternativas: solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal, o formular acusación, en ambos casos, ante el juez de control de la instrucción.

Si decide presentar acusación, se realiza una audiencia, denominada intermedia, [13] en la cual el fiscal tiene derecho a formular su acusación, a evaluar el contenido de lo investigado y a decir “acuso”.

Al imputado se le da la posibilidad de oponer — lo que en el Código se llama y en el actual se conserva — excepciones de previo y especial pronunciamiento (incompetencia del tribunal, litis pendencia, cosa juzgada).

La idea es ver si es procedente seguir el proceso. Si así fuere, el juez — que ha estado permanentemente vigilando, por lo que se le llama juez de control de la instrucción (juez de garantía) — dicta un auto de apertura del juicio oral.

Al término de la audiencia intermedia, el juez dictará el auto de apertura del juicio oral, en el cual determinará el tribunal competente, la o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio oral, las demandas civiles, las pruebas por rendir y la individualización de las personas que deberán ser citadas.

En un período que oscila entre los quince y los sesenta días, se realiza la audiencia del juicio oral.

La publicidad del juicio oral tiene una peculiaridad de eficacia social inconmensurable. El compromiso social que hay detrás de las sentencias públicas es enorme, porque las víctimas, los ciudadanos y los delincuentes advierten cómo opera el sistema y saben la reacción jurídica del Estado frente a estos atentados.

La única forma de control que este juicio tiene, además de la presencia del público y de todos los involucrados, es el recurso de casación.

Este juicio oral y público descansa, además, en un elemento absolutamente contrario a lo que se conoce actualmente: la única prueba que puede servir de fundamento a la sentencia es aquella que se verifica en este juicio, en presencia del tribunal, del imputado, del ministerio público y demás intervinientes.

Esto es fundamental, porque destierra la malsana costumbre del sumario secreto. Con este régimen, la investigación vuelve a sus justos términos: sirve para el acopio de antecedentes y nada más.

El juicio oral se desarrolla ante un tribunal colegiado de tres miembros letrados.

Se abandona el sistema de prueba legal originalmente consagrado en el Código, así como el sistema de la apreciación de la prueba.

En cuanto a los medios probatorios, se propone la adopción del sistema de la libertad probatoria en cuanto a la introducción de los medios de prueba al juicio, ha-ciéndose expresa mención de la posibilidad de que se utilicen como tales todos aquellos mecanismos modernos por medio de los cuales resulta posible hacer constar hechos de manera confiable.

Concluidas las alegaciones de las partes y recibidas las pruebas, el tribunal delibera, sin separarse, en la misma audiencia, y emite su veredicto de culpabilidad o inocencia. Absuelve o condena.- Hecha esa declaración, más tarde, en un lapso que se le determina, podrá dictar una sentencia con las motivaciones.

En cuanto a la apreciación de la prueba, se propone la adopción del sistema de libre valoración de la prueba, único compatible con el reconocimiento de la autonomía de cada juez para adquirir su propia convicción. Pero, tendrá que emitir su juicio haciendo constar las pruebas que le han permitido establecer los hechos. En todo caso, las conclusiones del tribunal, reflejadas en el fallo, no pueden vulnerar las normas de la lógica, los conocimientos científicamente afianzados ni las máximas de la experiencia, conjunción de elementos que constituyen lo que se da en llamar la sana crítica, como sistema de apreciación de la prueba, expresión que en el Código no se utiliza.

Paralelamente al reconocimiento de la libertad del juez para la valoración de la prueba, se enfatiza la necesidad de la explicitación de los razonamientos utilizados para el establecimiento de los hechos a partir de los diversos medios. Esta fundamentación debe constituirse en una de las exigencias más rigurosas para los jueces como único modo de garantizar el posterior control de sus decisiones, tanto por parte de los tribunales que conozcan de los recursos en contra de la sentencia como por parte del conjunto de la sociedad.

La sentencia que emita el tribunal del juicio oral es en única instancia, esto es, no es apelable, no es susceptible de ser revisada por un tribunal superior.

Básicamente, uno de los fundamentos principales de la apelación ha estado entre la inexperiencia del juez de primera instancia, unipersonal, y la mayor experiencia del tribunal superior, colegiado.

Un segundo criterio a favor de la doble instancia sería el del número de jueces, o sea, es habitual que se establezca un régimen de apelación desde un tribunal unipersonal para ante un tribunal colegiado, al cual se reconoce que da mayor garantía y tiene más experiencia.

En el sistema propuesto, esos argumentos no son válidos, dada la calidad del juicio que se propone. No cabe duda alguna de que si todas las pruebas se rinden en presencia del tribunal y las partes hacen sus alegaciones delante de éste, será el juicio mejor informado de todos, el más completo y garantista.

Terminada la exposición de estos profesores, la Comisión estimó pertinente obtener mayor información sobre dos temas en particular: el del hábeas corpus y el de la aplicación o entrada en vigencia del nuevo Código.

Sobre la no inclusión del tema del hábeas corpus [14] en el nuevo Código, se hizo hincapié en que era perfectamente posible y razonable argumentar a favor de su incorporación en el Código de Procedimiento Penal, pero que la tendencia moderna caminaba por otros sentidos.-

En Chile siempre ha existido el inconveniente de haber circunscrito el hábeas corpus al ámbito del proceso penal, siendo éste mucho más que esto.

Es más, en el derecho comparado hay muchos sistemas que no admiten la posibilidad de interponer un recurso de amparo cuando la persona está sometida a un proceso penal, porque se supone que está bajo el imperio de la mayor de las garantías que el Estado puede ofrecer: la tutela jurisdiccional.

De manera que hoy día se opta por establecer acciones constitucionales.

En definitiva, primó el criterio de regular el hábeas corpus en un ordenamiento ajeno al Código, para destacar mejor su condición de acción constitucional.

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En lo que respecta a la aplicación del nuevo proceso penal, se aseguró que se han buscado — y se siguen buscando— alternativas eficientes de instauración.

Se precisó que la idea más generalizada es la de una instauración progresiva territorialmente, para lo cual hay dos lineamientos que tienen que ver con la realidad urbana y con las ciudades pequeñas o que tienen cobertura rural.- El problema, en todo caso, es complicado, porque, ¿cómo habrá cobertura de un sistema tan complejo —que implica, a lo menos, cinco funcionarios: el fiscal, el juez de control de la instrucción y los tres jueces del juicio oral— en lugares alejados territorialmente o que pueden tener una masa de casos relativamente pequeña? Sin embargo, no puede desconocerse que el 90% de la carga de los casos criminales está en las ciudades grandes. Por lo tanto, desde el punto de vista de los juicios orales, no habría problemas, ya que en estos lugares habría muy pocos.- La idea es que, en esos pocos casos, (que es lo que se hace en Argentina), el tribunal que corresponda pueda constituirse en el lugar de realización del juicio.

El único órgano que tendría que instalarse en esos lugares, con un costo importante, porque podría tener cierta capacidad ociosa, es el fiscal. Pero es el menos complicado, porque la fiscalía no es un órgano jurisdiccional. Si la cobertura es muy baja, es perfectamente posible pensar que éste delegue su función o contrate a un abogado del lugar para que la ejerza puntualmente, o que envíe, ocasionalmente, cuando sea necesario, a un fiscal a que ejerza esa cobertura. Con todo, en ciertos casos, los menos, será inevitable la instalación de un fiscal, cuando se evidencie que hay cierto flujo de detenidos.-

Los lugares más complicados serán aquéllos en que los medios de comunicación sean difíciles. Sin embargo, mientras más transparente sea el sistema y más actores intervengan en él, habrá más posibilidades de control y de acceso.[15]

2.- Opinión inicial de la Corte Suprema y de dos de sus Ministros.

La Excma. Corte Suprema, en un escueto informe (oficio 692, de 11 de julio de 1995), se limitó a señalar que no veía inconveniente para que la Cámara de Diputados adoptare la decisión que estimare pertinente sobre si procede o no procede legislar sobre la materia, sin perjuicio de lo cual anunció que había iniciado un detenido análisis del mismo para, más tarde, poder expresar una opinión adecuadamente fundamentada y con pleno conocimiento de las circunstancias que ello trae aparejado, sobre todo, respecto de la conveniencia o inconveniencia de hacer una sustitución en los términos propuestos.

Con posterioridad, por oficio 4624, de 12 de julio de 1996, cuando ya la Comisión había terminado prácticamente el estudio del articulado, comunicó la opinión que le merecía el proyecto de ley en informe, haciendo constar que no había estimado del caso entrar en un examen pormenorizado de sus extensas disposiciones para desmenuzarlas, debatirlas y resolverlas una a una, como con seguridad lo hicieron antes los expertos que lo elaboraron y lo estaban realizando quienes tienen a su cargo la responsabilidad de legislar sobre tan trascendental materia.

Por lo expresado y por no haber tenido incidencia alguna en la decisión de vuestra Comisión acerca de la idea de legislar, el contenido de ese informe se analizará en el capítulo siguiente de este informe.

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El Ministro señor Dávila indicó que dos cosas habían llamado la atención de la Corte Suprema, la que estima que, en forma previa a la introducción del ministerio público, debería haber habido una reforma constitucional y una modificación del Código Orgánico de Tribunales.

Luego, centró su intervención en un documento elaborado por el Departamento de Finanzas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, sobre un presupuesto de gastos para estas materias.

En ese documento se señala que, para los años 95 y 96, el gasto total del presupuesto del Poder Judicial es de $44.098.000.000, incorporándose el costo del reajuste general de remuneraciones de diciembre de 1994 y el mejoramiento especial de 1995, y que no hay financiamiento en el presupuesto de 1995 para la implementación de las leyes de violencia intrafamiliar y de carrera judicial.

De los tribunales por crear, se han instalado en el último tiempo 52 en todo el país, y faltan 18, a partir de 1996; más una Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica; un Juzgado de Letras en Colina, Buin y Peñaflor, dos de Menores en Santiago, otro en Calama, Copiapó, Quintero, Quellón, Los Muermos y Castro, y seis juzgados del Crimen para Santiago.

El costo estimado de la reforma penal, de acuerdo con los requerimientos señalados por un estudio efectuado por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile en un documento denominado “Diseño organizacional del Ministerio Público y Tribunales del Crimen” era de $ 26.889.000.000; más un costo, por una vez, para construcción de inmuebles, habilitación y alhajamiento, de $ 16.723.000.000.

Para llegar a esas cifras, se valoraron las remuneraciones de los 477 fiscales, 151 jueces de garantía, 228 jueces del juicio oral y 124 defensores públicos asimilados al grado 5 de la actual escala del personal superior del Poder Judicial (corresponde a jueces letrados de juzgados de comuna o agrupación de comunas).

Destacó, por último, que había algunas interrogantes que resolver, que preocupan al Poder Judicial, relativas al destino de los actuales jueces, de los integrantes del ministerio público, de los actuarios y de los empleados judiciales en general.

El Ministro señor Garrido explicó que hacia el interior de la Corte Suprema había reserva y reticencia respecto a este sistema nuevo que se instaura, lo que es muy explicable.- Todos los jueces — y también los abogados — han recibido una formación jurídica basada en los actuales instrumentos e institutos legales.- Nunca se expuso en las escuelas de derecho una visión distinta y, cuando ello ocurrió, generalmente fue de crítica, tendente más a justificar el sistema vigente y a señalar que los otros eran inadecuados.- Los abogados chilenos no sólo han sido educados en un sistema dado, sino que lo han practicado, pasando éste a ser parte de su subconsciente. La formación jurídica que se da en las universidades sigue al profesional durante toda su vida y en ellas no se hace nada por eliminar el principio inquisitivo en la enseñanza del derecho.

Todo ello hace necesario mirar el Poder Judicial desde fuera y comprender lo difícil que es obtener una visión parcial y neutral “desde dentro”.

La formación actual induce a pensar que los juicios se ganan por la forma y no por el fondo, contenido o sustancia del juicio. Y eso, desgraciadamente, parece lo normal.

Sin embargo, si se mira desde una perspectiva distinta y se analiza el concepto de justicia, se ve que toda esa estructura en la cual se vive choca con el derecho.

En general, el proceso, más que buscar una justicia abstracta, teórica, debe buscar una justicia social que resuelva conflictos de intereses entre la víctima, el victimario y la sociedad. A ello tienden las legislaciones mundiales: a una justicia pragmática, socialmente útil, que solucione problemas sociales, factiblemente posibles.

Expresó estar de acuerdo en que el Estado no puede impartir justicia a todo el mundo; sólo se puede dar, relativamente, a los casos más importantes o trascendentes. Pretender lo contrario le parece utópico y falaz.

Por tanto, su opinión es que la reforma penal grita auxilio y rapidez.

Para el nuevo mundo que se visualiza, el Código Penal vigente no cuadra. Ya no puede un juez del crimen, con sólo su secretaria, en forma solitaria, instruir procesos, dando órdenes para investigar a un narcotraficante.- Eso es una investigación inútil, sin sentido, mala.- Debe existir un organismo técnico especializado que investigue en un nivel más amplio y alto. El sistema del juez aislado, investigando “su caso”, resulta obsoleto.

La justicia tiende a enfrentar los problemas graves que afectan a la sociedad y a buscar otros medios de solución para el delito “de bagatela” o con importancia individual más que colectiva y política.

Todo ello hace que la estructura del Código actual, que data del siglo pasado, no sea suficiente para los requerimientos de esta época. Hay un desfase notorio, que hace que la sociedad se sienta desprotegida.

Otro elemento que consideró importante destacar es el carácter del derecho penal. Siempre se lo ha visto como un derecho vindicativo; es el brazo represivo del Estado en relación con conductas que estima irregulares.

El medio que se emplea en Chile para lograr su cometido es la privación de libertad.

Las tendencias modernas, sin embargo, tratan de evitar la prisión — que estigmatiza y destruye al hombre — y prefieren la reinserción del hombre en la sociedad. Hay, por lo tanto, otras sanciones que se pueden imponer con sistemas judiciales distintos, con soluciones diferentes.

Fuera de lo anterior, opinó que hay otro elemento que en la actualidad pesa fuerte y que tampoco pudo ser considerado por el legislador del siglo pasado, como es la misión de las Constituciones Políticas y de los tratados internacionales. Estos últimos están modificando la legislación interna de cada país, pues van incorporando valores que antes eran desconocidos o a los cuales no se les daba tanto énfasis como en la actualidad.

Los derechos humanos, extrayéndolos del tema contingente chileno, son una preocupación mundial y no sólo de ahora.

Es indudable que el Derecho Penal no aparece respondiendo a los requerimientos de los derechos humanos actuales. Las Constituciones Políticas los consagran como principios, los tratados internacionales lo mismo; pero la legislación interna, sobre todo en Sudamérica, no se cumple. La crítica más frecuente de los europeos es por qué la legislación interna, particularmente la penal, da vuelta la espalda a los principios consagrados en las Constituciones y en los tratados.

La posibilidad de que los actuales tribunales chilenos se adecuen a los nuevos sistemas propuestos, le parece difícil. Hoy hay un principio inquisitivo en que el juez investiga, acusa y condena o absuelve; es difícil pensar en cambiarlo a un sistema liberalizador, en que se garantice el principio de inocencia.

Por vía ejemplar, señaló que los procesos elevados a plenario alcanzan el 15%, de los cuales sólo se recibe a prueba el 50%, porque ella no tiene significación real en esta etapa. En el resto, hay renuncia al período probatorio.

Los estudios empíricos que se han hecho en los últimos años revelan que de cada 100 causas que ingresan sólo 5 son falladas con sentencia condenatoria. Si bien la justicia no se puede medir por las sentencias condenatorias, hay un índice que revela que 95 personas (o familias) no encuentran solución, ni la más mínima, a su problema, que es la condena del culpable. No hay indemnización ni explicación. Fuera de ello, como el proceso es escrito y secreto, la gente no siente que se haya hecho justicia; nadie ve al juez.

Otro inconveniente que visualizó en la justicia penal actual es el ingreso por juzgado, que llega de 3.000 a 5.000 causas al año. No se puede decir no ante una denuncia (en los hospitales se responde que no hay cama). Ello conduce a que la investigación la lleve un actuario, o Carabineros o Investigaciones. Los juicios penales son estandarizados, todos con la misma mecánica. Son, en su mayoría, casos que nunca se resuelven, que se dilatan en el tiempo y que, generalmente, son sobreseídos por falta de antecedentes, pero que distraen toda la infraestructura judicial, restando tiempo y personal para conocer de aquellos delitos con mayor connotación social y política, como son el terrorismo, el narcotráfico, los delitos contra las personas, etc.

Si se crearan más juzgados, el problema obviamente se aliviaría; pero, ¿cuántos juzgados se requerirían para hacer operante este proceso inquisitivo? Opinó que lucubrar sobre creación de juzgados no era la solución; tampoco cambiar sólo el Código de Procedimiento Penal. Hay que cambiar el sistema judicial.

Por tanto, debe buscarse un sistema penal más flexible, más moderno y con mayores recursos. La implementación es cara, pero el Estado mirará con simpatía el gasto si ello satisface los requerimientos sociales.

Sobre algunos aspectos puntuales del proyecto, expresó que en la Corte Suprema se objeta el juicio oral porque, si bien se podrían obtener sentencias con mayor rapidez, éstas podrían estar exentas de la correspondiente justicia, jugando un papel fundamental la mayor o menor habilidad del profesional que defienda o acuse en una materia determinada.

Sobre la supresión de la segunda instancia, señaló que el recurso es una forma de dilatar la causa y un juicio lento, demorado, es una forma de ganarlo. En el sistema actual, con un tribunal unipersonal e inquisitivo, deben existir contrapesos y controles. Ello hace necesario los recursos.

Con un tribunal colegiado, no se justifican mayormente los recursos. Se trata de un tribunal no inquisidor, no investigador, que conocerá imparcialmente de lo que digan las partes.

Ante la inquietud de que la investigación, al efectuarla el ministerio público, sería hecha por un órgano externo al Poder Judicial, lo que para algunos sería inconstitucional, dio a entender que la objeción de la inconstitucionalidad no era tan categórica.- Es efectivo que el artículo 73 de la Constitución Política otorga a los tribunales de justicia “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado.”, pero “conocer” no es lo mismo que “investigar”.-

A su juicio, es beneficioso para el sistema que exista un ente investigador externo, autónomo, para que sea él quien sufra los éxitos o los fracasos de su gestión.

3.- Declaración de los profesores del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile.

Los profesores del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile,[16] junto con hacer presente que están conscientes de la urgente necesidad de reformar el régimen procesal penal en nuestro país, que adolece de graves deficiencias técnicas, reconocidas desde la promulgación misma del Código que lo regula, algunas de las cuales explicitan por vía ejemplar, plantean en su declaración que la implantación del sistema procesal penal de tipo acusatorio significa revertir en su totalidad el método inquisitivo que ha regido en el país.

Es sabido — señalan — que en el proceso penal pugnan dos intereses contrapuestos: el de la comunidad para reprimir el delito y el del procesado para defenderse, siendo la instrucción secreta inquisitiva más adecuada para la protección de la sociedad y el juicio público acusatorio más acorde con el interés del segundo.

De esta forma y como se expresa en la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España — que se cita — el problema de la organización de la justicia criminal no se resuelve sino definiendo claramente los derechos de la acusación y de la defensa, sin sacrificar ninguno de los dos, ni subordinar el uno al otro, antes bien, armonizándolos en una síntesis superior.

Esa armonía y síntesis — a su juicio — la proporciona el sistema mixto o bifásico, mediante el cual, en la etapa inquisitiva se establece el secreto para recoger los datos o antecedentes para comprobar la existencia del hecho delictuoso que puedan desaparecer, o recoger y custodiar aquello que permita identificar a los hechores. Esta etapa es meramente preparatoria del verdadero juicio oral, público y contradictorio, en que el acusador y el acusado se encuentran en un plano de perfecta igualdad.

Les resulta evidente que en la primera fase del sistema mixto el instructor tenga la ventaja que le proporciona el secreto, para compensar la desigualdad real que surge de las condiciones en que funciona la criminalidad, que de manera creciente cuenta con medios tecnificados para procurar su impunidad y, en general, adoptar resguardos para sustraerse a la actividad investigadora del Estado.

Aspecto fundamental y delicado es la función que debe cumplir el ministerio público y su emplazamiento en la estructura de los órganos del Estado, al que visualizan como parte que deduce y sostiene por el Estado la acción penal pública ante un juez de instrucción y no interviniendo en carácter de instructor, por ser ésta una función constitucional del juez, sin perjuicio de su colaboración activa en la investigación. De otro modo, se reincidiría en el error de entregar a un mismo órgano atributos propios de la parte y del juzgador. [17]

Tal determinación trae como consecuencia natural ubicar el ministerio público fuera de la organización judicial, como entidad autónoma independiente de todo poder político.

4.- Opinión de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile.

El Decano de la referida Universidad, don Jaime del Valle, precisó que el nuevo proyecto no contiene algunas innovaciones o reformas de mayor o menor importancia, sino que borra el pasado, abandona un sistema procesal vigente y consagra otro que no sólo difiere de él, sino que prácticamente le es opuesto.

Por tal razón, aparte del Código, habrá que reformar la Constitución; elaborar una ley orgánica constitucional del ministerio público; hacer importantes modificaciones al Código Orgánico de Tribunales; legislar sobre las corporaciones de asistencia jurídica; modificar el Código de Justicia Militar, y posiblemente, enmendar otros cuerpos legales que hoy no se avizoran.

En su opinión, existirá un período en que necesariamente estarán en funciones los dos Códigos, dado que en su concepto sería un grave error considerar la vigencia del nuevo en una misma fecha para toda la República. Si así se pretendiera, ello resultaría prácticamente imposible, no sólo por los recursos económicos que se requerirían en un momento dado, sino también por los recursos humanos que habrá que preparar y adecuar. Le parece conveniente, por tanto, una aplicación gradual del nuevo Código.

Lo anterior no traería menoscabo ni violación del principio constitucional de la igualdad ante la ley, porque las diferencias del sistema procesal no serían arbitrarias, sino, por el contrario, indispensables para su adecuado funcionamiento. Puso como ejemplo el caso de los tribunales letrados de menor cuantía, que se fueron estableciendo gradualmente en el país, en reemplazo de los jueces no letrados de distrito y de subdelegación, a los que terminaron por sustituir en su totalidad.

Así como el Código vigente necesitó más de diez años para su aprobación, piensa que algo similar puede suceder con el nuevo, dado el número de cuerpos legales que habrán de elaborarse o reformarse.

Junto con expresar su adhesión personal al proyecto, dio a conocer que el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad que representa solidarizaba totalmente con la iniciativa en informe.

5. Opinión de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

El señor Carlos Peña, Decano de la referida Universidad, hizo llegar a la Comisión un documento en el cual fijó la posición de la entidad que representa respecto del proyecto.

Ve, en el proyecto, un intento de definir una inversión en legitimidad que le parece impostergable. Se trata de un proyecto que, siendo jurídico por su contenido, es político y económico por sus alcances, por lo que lo calificó de un genuino proyecto de Estado.

Sobre la iniciativa misma, le parece que no puede discutirse la necesidad de un sistema de enjuiciamiento acusatorio, que maximiza las condiciones objetivas de imparcialidad del juzgador y que, por lo mismo, es consustancial a la garantía del debido proceso, tal como se recoge en instrumentos internacionales que vinculan obligatoriamente al Estado de Chile.

Cuestiones como el principio de presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial se satisfacen en gran medida con un sistema que recoge los lineamientos de uno acusatorio.

A la inspiración garantista que esto representa, cabe agregar mayores grados de eficiencia del sistema penal, al poder priorizar la utilización de los recursos estatales.

En esa perspectiva, comparte la idea de un ministerio público a cargo de la instrucción que, sobre la base de criterios políticos criminales explícitos, administre eficientemente la utilización de los recursos para la persecución penal.

La existencia de alternativas y la del llamado procedimiento abreviado, permitirán múltiples salidas al proceso penal, permitiendo así que el juicio oral — el mecanismo de mayores costos del sistema — no se aplique de modo indiscriminado. Por lo demás, esos mecanismos se aplican en la práctica, por lo que no cabe discutir su existencia, sino el hecho de si se formalizan y si se someten a control o no.

6. Opinión de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción.

El Decano de dicha Facultad, don René Ramos, se limitó a hacer presente que los profesores de derecho procesal de esa institución de educación superior no estaban de acuerdo, en general, con el sistema propuesto por el proyecto de Código de Procedimiento Penal Él, personalmente, no está por esa línea negativa, pues piensa que el sistema actual es muy deficiente.

7. Opinión del Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados.

El Presidente de esa Asociación, don Haroldo Brito, aclaró que las opiniones suyas no habían sido consultadas ni refrendadas por los jueces, por lo que las emitiría a título personal, no obstante estar consciente que representan la opinión de un sector importante de jueces.

Resaltó el hecho que el proyecto es el producto de un largo y detallado estudio; no se trata de una improvisación. El diagnóstico negativo que se ha hecho de la justicia penal es compartido por los distintos sectores nacionales.

Cree bueno que exista reforma y no simples modificaciones. Tal aserto se confirma con la instauración del juicio acusatorio; el establecimiento de pruebas contradictorias desde el principio del proceso; la eliminación o restricción de la intervención de terceros (actuarios, peritos, policía), que hoy es muy grande y priva al juez de sus facultades legales y constitucionales; el establecimiento de un juicio penal público; la separación de los papeles, ya que es imposible que una misma persona pase de ser inquisidor a ser juez imparcial; el otorgamiento de mayores y mejores garantías procesales, etc.-

La eficacia, como objetivo, debe ser entendida no sólo como rapidez, sino que, fundamentalmente como igualdad de acceso a la justicia y con garantías procesales de juicio justo, tanto para la víctima como para el victimario.

No obstante lo señalado, reconoció que subsisten dudas sobre el sistema, sobre todo de tipo orgánico, en relación con el ministerio público, pero que hay tiempo para resolverlas.

En conclusión, se mostró favorable a la idea propuesta por el proyecto, ya que la situación actual es difícil e insostenible y necesita de una reforma radical.

Hizo presente que un diagnóstico del parecer de los jueces sobre el proyecto hace ver que éstos han ido pasando de un negativismo y rechazo radical al sistema propuesto, a una fórmula aminorada de crítica. Se requiere tiempo para acostumbrarse a la idea de un sistema nuevo entre todos los que operan en el sistema judicial penal.

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El magistrado don Alejandro Solís expuso brevemente sobre las conclusiones a que se llegó en un Seminario de Gestión Judicial efectuado por el Instituto de Estudios Judiciales, en el que participaron todos los jueces y secretarios de juzgados de la Región Metropolitana de Santiago.

En cuanto a los problemas de los jueces, observan que hay delegación de funciones intra y extratribunal; falta de procedimientos alternativos a los judiciales para la solución de conflictos; falta de selectividad de los asuntos sometidos a la judicatura

Entre las soluciones que proponen están la desjudicialización de algunos conflictos y la derivación de ellos a órganos administrativos o de otra naturaleza, el establecimiento de nuevos procedimientos y la adopción de modificaciones legales con la finalidad de atribuir competencias desde los actuales juzgados del crimen a los juzgados de policía local y vecinales.

En lo que respecta a los problemas de secretaría, la opinión generalizada entre ellos es que el secretario está subutilizado. Una de las soluciones para resolver esta situación es la sustitución del procedimiento penal y que éste sea público desde el principio, para evitar el tráfico de influencias.

A su juicio, ha mejorado dentro de los jueces la percepción del problema de gestión judicial y del proyecto propuesto. Se ha ampliado el espectro.

8. Opinión de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales.

Don Raúl Araya, en nombre de esa Asociación, empezó por dejar expresa constancia de que esta era la primera oportunidad en que les ha sido permitido participar y exponer sobre el proyecto de Código de Procedimiento Penal.

Como cuestión previa, dijo que concordaban en que el cambio era necesario, ya que había un colapso del sistema.

Le parece acertada la existencia de un juicio penal oral, de tal manera que exista inmediatez (entre las partes y el juez) y transparencia. Sin embargo, dejó sentado que era erróneo pensar que por ello habría celeridad del proceso.

Expresó que las principales críticas se dirigen en contra de los actuarios del sistema judicial, por la excesiva delegación de funciones. Pero, ¿es el actuario quién pide la delegación?.- Reconoció que la delegación de funciones existe y que es fuente de corrupción.

A su parecer, si bien hay exceso de causas procesales, también hay gran negligencia en el control por parte de los jueces, pues hay juzgados en los que no obstante tener gran cantidad de procesos, los magistrados conocen perfectamente lo que pasa en sus tribunales.

Instó a tener presente que todo cambio de envergadura produce inquietud, incertidumbre laboral y alarma de los empleados, no siendo beneficioso para nadie que los rechazos a los cambios se produzcan por alguno de los motivos indicados.

9. Cierre del debate y votación.

Terminadas las exposiciones anteriores, se procedió a declarar cerrado el debate.

Puesta en votación la idea de legislar, se prestó aprobación en general al proyecto con el asentimiento unánime de los diez señores diputados presentes.

VII. Opinión de la Corte Suprema.

Como ya se expresó, la Corte Suprema emitió dos informes sobre el proyecto en comento.

El primero, por oficio N° 692, de 11 de julio de 1995, por el cual se limitó a expresar que no veía inconveniente para que la Cámara de Diputados adoptare la decisión que estimare pertinente sobre si procede o no procede legislar sobre el nuevo Código de Procedimiento Penal.

El segundo, por oficio 4624, de 12 de julio de 1996, por el cual hace presente, como cuestión previa, que en las diversas sesiones dedicadas al estudio del proyecto, estimó que no era del caso entrar en un examen pormenorizado de sus extensas disposiciones, para desmenuzarlas, debatirlas y resolverlas una a una, como con seguridad lo hicieron antes los expertos que las elaboraron y lo están realizando los que tienen a su cargo la responsabilidad sobre tan transcendental materia. Lo anterior, sin perjuicio de hacer presente que la mayor parte de dicho articulado, o repite las normas de procedimiento que están en vigencia, o contiene modificaciones que han sido extraídas, fundamentalmente, de Códigos, leyes y proyectos extranjeros.

En opinión de la Corte, dos son los aspectos fundamentales que caracterizan al nuevo Código:

— Sustitución de un modelo inquisitivo por otro acusatorio.

— Establecimiento de un genuino juicio penal a través de su oralización, concentración, inmediación y publicidad.

En cuanto al primero de estos aspectos, recuerda que un sistema inquisitivo se caracteriza, fundamentalmente, por el hecho de que el órgano judicial asume las funciones investigadoras, acusadoras y juzgadoras. En cambio, en el sistema acusatorio se atribuyen a sujetos diferentes estas tres funciones.

En las condiciones señaladas, le parece incuestionable la necesidad de reformar substancialmente este sistema procesal penal inquisitivo, como un verdadero imperativo constitucional para el legislador, derivado de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el inciso quinto del N° 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental, que respectivamente disponen: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Y “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento”.

Ninguna duda le cabe de que no puede estimarse justo y racional un procedimiento que acumula en una misma persona, sucesivamente, las funciones de investigar, de acusar y de juzgar, y suponer que esta acumulación no va a comprometer su imparcialidad como órgano juzgador.

Es posible observar, según su parecer, que la mayoría de las reformas procesales penales realizadas o proyectadas en muchos países del mundo tienden, fundamentalmente, a un mismo fin: el de una mejor armonización de los derechos humanos con las exigencias de una justicia penal eficaz.

En concordancia con lo señalado, adoptó los siguientes acuerdos particulares:

I. Con respecto a la materia específica del proyecto, existe consenso en la Corte en la separación de la etapa de la investigación de la del proceso propiamente tal.

II. La investigación debe quedar en manos del fiscal propuesto, aunque se considera que su independencia funcionaria no debería ser absoluta. Una justa ecuación entre esa independencia y el control disciplinario que debe conservar la Corte Suprema sobre el ministerio público a lo largo de toda su estructura, podría ser un paso necesario de evolución del sistema imperante al nuevo a que se aspira, sin los riesgos que con toda razón plantea un cambio tajante. Entiende que el concepto de investigación se sitúa en la simple acumulación de antecedentes que, si se presentan ante el tribunal, podrían servir para probar, en el juicio oral propiamente tal, la perpetración de un delito y la participación que en él correspondería a una persona determinada.

III. Proceden, de consiguiente, las tres etapas diseñadas en el proyecto: a) formulación de cargos, b) audiencia intermedia, y c) auto apertura del juicio.

IV. En lo relativo al juez de control de la instrucción que lleve adelante un fiscal, corresponde, en concepto de la Corte, reforzar su cometido, con las medidas que sean necesarias y suficientes para asegurar el éxito de la investigación, en particular para que los antecedentes que se reúnan inicialmente y en el curso de la misma queden debidamente protegidos para su presentación posterior en el juicio oral. El juez deberá ser un magistrado letrado unipersonal, quien tendrá a su cargo ese control para el aseguramiento de los derechos fundamentales. Este mismo juez concederá o no las medidas que pueda solicitar el fiscal, conforme a los antecedentes que éste le suministre, cuando puedan afectar aquellos derechos.

V: Estima procedente el juicio oral como parte ineludible del sistema, con las siguientes características que serían de su esencia: a) el proceso se iniciará con la acusación formulada por el fiscal, revisada previamente por el juez de garantía y estará a cargo de un tribunal colegiado, integrado por tres jueces letrados; b) el procedimiento será público, contradictorio y oral, con la asistencia del fiscal, del acusado y su defensor, de las demás partes y de los testigos, peritos, intérpretes y personas que hubieren sido citadas a la audiencia, y c) terminado el procedimiento, corresponderá dictar la sentencia con la mayor brevedad, comunicándola públicamente al acusado.

VI. Acepta como medios eficaces, en determinados y muy bien reglamentados casos de índole criminal, que se pueda recurrir a soluciones alternativas al proceso penal, tales como la renuncia de la ación penal, arreglos compensatorios y suspensión condicional del procedimiento.

VII. Hace presente: a) que no figuran en el proyecto disposiciones transitorias indispensables, relativas a la vigencia del mismo una vez que sea aprobado, así como también las que posibiliten una ordenada y paulatina transición del actual sistema al contenido en el proyecto; b) que, del mismo modo, faltan en él las disposiciones transitorias necesarias e ineludibles que contemplen la suerte que correrán y la situación en que quedarán durante la transición y con ocasión de su entrada en vigencia, los actuales fiscales y el personal que integran el ministerio público, los jueces, secretarios y personal de secretaría de los diferentes juzgados del crimen a lo largo y ancho del país. También debería resolverse cuanto concierne a las Cortes de Apelaciones con todo su personal, a raíz de que su competencia en lo criminal prácticamente desaparece; c) que la aplicación del proyecto como su implementación exigirán un gran número de instalaciones, recursos materiales y humanos adecuados para el funcionamiento idealmente eficiente tanto de los tribunales que se harán cargo del juicio oral como del ministerio público y sus fiscales, todo lo cual sólo será posible si se cuenta con el respaldo de un presupuesto propio, separado y permanentemente actualizado, de una entidad y volumen mucho mayor al estrecho y deficitario que hoy por hoy maneja el Poder Judicial, el que, desde luego, también debería incrementar el suyo aparte; presupuesto aquél otro sin el cual, de no ser real y suficiente, haría que el proyecto naciera a la vida del derecho tan solo como una incursión teórica más en nuestro ordenamiento jurídico, destinado por lo mismo al fracaso, cuya responsabilidad se haría recaer, muy inmerecidamente, por cierto, en el Poder Judicial.

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Existen, en el informe de la Corte Suprema algunas opiniones disidentes que no se consignan por no corresponder a la Corte, sino a los señores ministros que las formulan.

Se hace constar, por otra parte, que vuestra Comisión recibió en audiencia especial a dos Presidentes de la Corte Suprema, don Marcos Aburto y don Servando Jordán, cuyas opiniones constan en actas y que tampoco se reproducen, por no corresponder a la opinión que debe emitir esa Corte, al tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 74 de la Carta Fundamental. [18]

VIII.Reforma constitucional que crea el Ministerio Público

La reforma constitucional que crea el Ministerio Público, contenida en la ley N° 19.519, de 16 de septiembre de 1997, coincidente con la posición adoptada desde el comienzo por el Gobierno, resolvió, en definitiva, que el organismo encargado de la investigación de los hechos constitutivos de delitos era el Ministerio Público. Junto con lo anterior, también resolvió diversos problemas que se plantearon durante la discusión en general y a los cuales se ha hecho mención en el párrafo anterior de este informe.

Para tales efectos, agregó a la Constitución un Capítulo VI-A “Ministerio Público, compuesto de nueve artículos signados con los números 80 A al 80 I.

De todos ellos, merece tenerse en consideración, por su incidencia en el proyecto en informe, el primero, en virtud del cual:

“Artículo 80 A. Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delitos, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales.

“El ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal.

“El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que esta Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa. La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en su caso.

“El ejercicio de la acción penal pública, y la dirección de las investigaciones de los hechos que configuren el delito, de los que determinen la participación punible y de los que acrediten la inocencia del imputado en las causas que sean de conocimiento de los tribunales militares, como asimismo la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos de tales hechos corresponderán, en conformidad con las normas del Código de Justicia Militar y a las leyes respectivas, a los órganos y a las personas que ese Código y esas leyes determinen.”[19]

En forma complementaria y con el objeto de resolver algunos reparos de constitucionalidad formulados respecto a la intervención del ministerio público, la misma reforma modificó el inciso tercero del artículo 73 de la Constitución, dejando expresamente establecido que “Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren, tal como puede hacerlo el ministerio público durante la investigación.”

La sustitución está en armonía con el traspasó al Ministerio Público de los actos de instrucción en materia penal y de las atribuciones de impartir órdenes a las Fuerzas de Orden y Seguridad, a fin de investigar hechos que revistan caracteres de delito, que determinen la participación punible o que establezcan la inocencia del imputado.

Debe recordarse que uno de los objetivos de la reforma procesal penal es que los jueces no sigan investigando. Podrán hacerlo, excepcionalmente, en los casos específicos que la ley determine.

En todos los demás ámbitos que no sean los del proceso penal, los jueces conservan las atribuciones que las leyes les otorgan para practicar o hacer practicar actos de instrucción.

Cuando se modifica el artículo 73 y se fijan, a la vez, las funciones del Ministerio Público en el artículo 80 A, se corta cualquier margen de dudas en torno a la inconstitucionalidad de que pueda adolecer el hecho de que se encomiende la actividad persecutoria penal a un órgano del Estado distinto del poder jurisdiccional.

En el fondo, lo que hizo la reforma constitucional fue crear e incorporar, con rango constitucional, un nuevo órgano del Estado, para hacer posible el reemplazo del procedimiento penal vigente, de carácter inquisitivo, en el cual el órgano judicial ? léase tribunal ? asume las funciones investigadoras, acusadoras y juzgadoras, por otro, de perfil acusatorio, en el cual se atribuyen a sujetos diferentes la instrucción y el juzgamiento.

La necesidad de consagrar su existencia en la Constitución Política de la República fue determinada por la circunstancia de que algunas de las funciones que pasarán al Ministerio Público están actualmente radicadas en los tribunales ordinarios.

El ministerio público, encargado de la instrucción, intervendrá antes de y durante el proceso penal, en las etapas de investigación preliminar, de la formalización de la instrucción, del cierre de la investigación, de la acusación y del juicio oral.

En lo que respecta a la investigación, resulta útil tener en consideración la reforma que la misma ley l9.519 introdujo en el artículo 19, N° 3°, de la Carta Fundamental, que exigía al legislador establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento.

En vez de hablar de un racional y justo procedimiento, la nueva disposición establece la garantía de un procedimiento y una investigación racionales y justos.

La nueva disposición apunta a exigir que la investigación que pudiera dar lugar a un proceso se deberá ceñir también a los requisitos de justicia y racionalidad. Si se tiene en cuenta que el proyecto en informe deja claramente sentado que la pesquisa que realice el ministerio público no tiene carácter jurisdiccional, resulta imperativo, entonces, sujetarla también, y expresamente, a las exigencias que la Carta Fundamental impone al procedimiento.

Dado que la Constitución no fija más límites o parámetros para lo que debe entenderse por un debido proceso que la justicia y la racionalidad, vale la pena hacer el mismo encargo al legislador en el caso de la investigación de delitos que dirigirá el ministerio público.

Tal explicitación es necesaria puesto que esa investigación, como no es jurisdiccional, no estaría constreñida por los principios mencionados.

0Discusión y votación en particular del proyecto

Atendida la complejidad y extensión del proyecto, vuestra Comisión estimó pertinente iniciar su estudio en particular por temas, esto es, de una manera diferente a como se hace tradicionalmente, artículo por artículo.

Después de una serie de sugerencias acordó, en definitiva, dividir su estudio en módulos, relativos a:

— Principios básicos

— Salidas alternativas y procedimientos abreviados.

— Medidas coercitivas.

—Juicio oral y recursos.

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A continuación, se desarrolla el tema relativo a los principios básicos, que tienen su expresión en diversos artículos del Código.

El resto de los temas se desarrollan al inicio del libro, título o párrafo en que inciden, con la finalidad de lograr una mayor concentración en la exposición de las materias correspondientes.

A. Principios básicos.

Según se expresa en el mensaje, el texto del Código comienza con una explicitación de los principios básicos que deben regir el enjuiciamiento criminal en nuestro sistema jurídico.

Se trata de la especificación de los contenidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos, que constituyen las bases a partir de las cuales se procedió al diseño del nuevo sistema.

Esos principios, más otros recogidos en diversos artículos del Código, dicen relación a las siguientes materias:

1. Introducción del juicio oral ante un tribunal imparcial como único fundamento de la dictación de condenas y aplicación de penas (artículo 1º).

2. Principio de inocencia (artículo 3º).

3. Principio de protección de los intereses de la víctima (artículos 4º, 137 y siguientes).

4. Derecho a defenderse y a ser asistido por un defensor letrado durante todas las actuaciones del procedimiento (artículos 5º, 6º, 129 y siguientes).

5. Adecuación del sistema a los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile (artículo 8º).

6. Simplificación de las formas de comunicación entre autoridades del Estado y la forma de realizar las notificaciones y las citaciones (artículos 21 al 37).

7. Prohibición de delegar funciones en funcionarios subalternos de los tribunales cuando la ley exige la participación del juez. (artículo 39).

8. Obligación de fundamentar las resoluciones de los tribunales, entendiendo que la simple relación de documentos o de determinadas actuaciones no cumple con dicha exigencia (artículo 40).

9. Registros resumidos de las actuaciones que se realicen durante la instrucción, tanto judiciales como del ministerio público (artículos 49 al 52).

10. Aumento del catálogo de delitos de acción pública previa instancia particular y de los delitos de acción privada (artículos 61 al 66).

11. Instrucción e investigación desformalizada, a cargo del ministerio público (artículos 93 al 98 y 269 al 282).

12. Dirección funcional del ministerio público sobre la actividad investigativa policial (artículos 99 al 107, 273).

13. Decisión previa del juez de control de la instrucción para realizar las actuaciones o tomar medidas que puedan importar afectación de derechos fundamentales, salvo hipótesis de excepción, en las cuales el control del juez se realiza ex post (artículos 85, 96, 282).

14. Publicidad de las actuaciones de la instrucción para los intervinientes en el procedimiento, salvo hipótesis de excepción (artículo 278).

15. Formulación de cargos como sistema de imputación formal de delitos ante el tribunal. Efectos de la formulación de cargos (artículos 324 y siguientes).

16. Existencia de plazo absoluto legal para el cierre de la investigación y de la facultad judicial para fijar un plazo menor a éste para la protección del imputado (artículos 331 y 337).

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Se hace constar que vuestra Comisión tuvo clara conciencia de que se trata de principios orientadores que, por lo tanto, habrán de materializarse luego en el Código, en disposiciones legales acordes con las normas constitucionales vigentes. Hubo consenso en que, de no ser así, habría que propiciar, previamente, las pertinentes reformas de la Carta Fundamental. Sólo una vez aprobadas éstas, resultaría posible proseguir con el despacho de los correspondientes proyectos de ley.

En ese orden de ideas, vuestra Comisión pudo observar que la aprobación del nuevo Código de Procedimiento Penal hacía imperiosa una reforma constitucional que consagrara el Ministerio Público y que, al mismo tiempo, adecuara diversos preceptos constitucionales, por lo que solicitó del Gobierno hacerlo con brevedad, lo que hizo. [20]

1. Introducción del juicio oral ante un tribunal imparcial como único fundamento de la dictación de condenas y aplicación de penas.

Acorde con el mensaje, el eje del procedimiento propuesto está constituido por la garantía del juicio previo, es decir, por el derecho de todo ciudadano a quien se le imputa un delito a exigir la realización de un juicio ante un tribunal imparcial que resuelva por medio de una sentencia si concurren o no concurren los presupuestos de aplicación de una condena, de una pena o de una medida de seguridad.

Como elemento integrante de esta garantía básica, se consagra el sistema oral para asegurar que el conjunto de actos que constituyen el juicio se realicen de manera pública, concentrada, con la presencia permanente de todos los intervinientes y sin admitir la posibilidad de mediaciones o delegaciones.

Con la oralidad se pretende obtener un mecanismo idóneo para lograr en el proceso contradicción, concentración, inmediación y publicidad.

Se busca con ello cambiar fundamentalmente el modo en que los jueces conocen de los diferentes casos para su resolución, pasando del sistema de la lectura de expedientes a uno en que la percepción tanto de las pruebas como del debate de las partes se realice de forma directa, en el juicio, delante de los jueces.

Pero, además de constituir en sí mismo una garantía, se piensa que el juicio público y su realización por el método oral constituyen un mecanismo indispensable para que la administración de justicia cumpla con las demás funciones que la sociedad le encomienda.

Una de ellas es la de resolver los conflictos, en este caso penales, de un modo que sea percibido como legítimo por la comunidad, con miras a reforzar la confianza de la ciudadanía en el sistema jurídico. Esta función difícilmente puede ser cumplida si los actos constitutivos del proceso no son accesibles o no resultan comprensibles al conjunto de la comunidad.

El juicio público ha demostrado tener la capacidad de permitir una adecuada socialización del trabajo del sistema judicial y de mejorar su percepción por parte del común de la gente. En este mismo sentido, el establecimiento del juicio como núcleo del sistema busca destacar la figura del juez como actor principal del sistema.

Otra función que el proceso penal público está llamado a desempeñar dice relación a su efecto preventivo general — que normalmente se atribuye a la etapa de ejecución de la pena — en la medida en que permite socializar más directamente el mensaje de que existe una respuesta estatal rigurosa respecto de los actos que la sociedad considera inaceptables, inhibiendo con ello a quienes pudieren pretender llevarlos a cabo en el futuro.

No cabe duda alguna de que la publicidad permitirá obtener transparencia, control y legitimidad de la función judicial; reemplazará el sistema escrito y el régimen de pruebas; establecerá una completa diferenciación de funciones entre la parte persecutoria y acusadora, por un lado, y la función falladora, por el otro, y suprimirá completamente el sistema de delegación de funciones judiciales, puesto que éstas serán ejercidas por los jueces, de modo oral, en el juicio, en el cual deberán estar permanentemente presentes, como requisito de validez del mismo.

La piedra angular de este principio está en el artículo 1°, que dispone que “Ninguna persona podrá ser condenada, penada o sometida a una medida de seguridad sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial, previo juicio oral y público… “

La idea de que una persona sólo puede ser condenada previo juicio oral público, si bien pareció razonable, se estimó que no se ajustaba a la realidad, ya que se puede renunciar a él e incluso existen salidas alternativas o procedimientos abreviados que lo hacen innecesario.

Se aclaró que el derecho del imputado al juicio oral no obsta a que, mediando su consentimiento, puedan utilizarse formas abreviadas.

Respecto de las dudas planteadas respecto a la no consideración del procesado en las diversas hipótesis en que la norma se coloca — condena, pena, medida de seguridad —, se especificó que ello se debía a la supresión o eliminación del auto de procesamiento.

En el proyecto no hay procesamiento; hay una formulación de cargos, que se le asemeja, pero que no lo reemplaza literalmente.

Se acordó dejar expresa constancia de que, para que una persona pueda ser condenada o penada o sometida a una medida de seguridad, tiene que haber una investigación y una acusación previas.

Lo anterior, por cuanto la previa existencia de una acusación, precedida de la investigación, ejercida y sostenida por sujeto diferente del órgano acusador, configura la esencia inexcusable del sistema acusatorio.

En un determinado sentido, bastaría afirmar, así, que el sistema acusatorio se caracteriza por el hecho de precisar de una acusación a efectos de incoar el proceso penal, para deducir inmediatamente que tal acción deberá ejercerse por un sujeto diferente de aquél que juzgará.

2. Principio de inocencia.

El fundamento de este principio, que el proyecto recoge explícitamente en su artículo 4°, aparece claramente expresado en el mensaje, en los términos que pasan a indicarse.

Acorde con él, el imputado debe ser considerado y tratado como inocente mientras no se acredite su culpabilidad por medio de una sentencia condenatoria firme.

Quien es objeto de un procedimiento criminal en calidad de imputado no debe sufrir, en principio, ningún detrimento respecto del goce y ejercicio de todos sus derechos individuales en tanto éstos no se vean afectados por la imposición de una pena.

No obstante, a partir del reconocimiento de la necesidad de proteger los objetivos del procedimiento respecto de actuaciones del imputado que pudieren afectarlos, se autoriza al juez para adoptar un conjunto de medidas específicas, debidamente fundadas, que restringen los derechos del imputado, cuando ello parezca indispensable para garantizar su comparecencia futura a los actos del procedimiento o al cumplimiento de la pena, o para proteger el desarrollo de la investigación o a las víctimas, o para asegurar los resultados pecuniarios del juicio.

Entre los principales efectos que habrá de producir la aplicación del principio de inocencia, cabe destacar:

— La eliminación de todas las formas de prejuzgamiento judicial que impliquen detrimentos provisionales respecto de la persona del imputado;

— La aplicación de cualquier medida cautelar personal es excepcional y la normativa que la consagra tiene que ser interpretada en forma restrictiva;

— La imposición de medidas cautelares debe ser dispuesta siempre por decisión judicial, y procederán bajo determinadas circunstancias que nunca dejarán al juez impedido de decretarlas, si la penalidad del hecho las justifica;

— La carga de la prueba en el proceso recae en el fiscal, por lo cual la persona no debe probar su inocencia.

— La supresión del arraigo de pleno derecho, como sucede hoy en día por el hecho de dictarse auto de procesamiento.

Pese a haber concordancia en cuanto a la validez de este principio, se hizo presente que podría generar serias dificultades durante la substanciación del proceso, particularmente respecto de las medidas cautelares, ya sea por las diversas interpretaciones que suele otorgarse a tal garantía o por el grado de extensión que se le atribuye.

Al margen de lo anterior, se consideró pertinente estudiar este principio en relación con aquellos casos excepcionales en que es posible presumir legalmente la responsabilidad penal.

Lo que se pretende — se aclaró — es que se termine con el hecho de que la persona sometida a proceso y, ahora, la persona a la que se le formulen cargos, vaya automáticamente a prisión preventiva. Lo será sólo en el caso de que el juez estime que concurren los requisitos correspondientes. [21]

3. Principio de protección de los intereses de la víctima.

El proyecto incorpora a la víctima y la satisfacción de sus intereses como uno de los objetivos relevantes del procedimiento penal.

En virtud de este principio, se impone a los fiscales del ministerio público, a los funcionarios judiciales, a la policía y a los demás auxiliares de la administración de justicia, la obligación de velar por los intereses de la víctima, otorgarle un trato adecuado a su condición de ofendida y garantizar sus derechos durante el procedimiento.

Se otorga a la víctima el carácter de sujeto procesal aun en el caso de que no intervenga como querellante, reconociéndole un conjunto de derechos que buscan romper su actual situación de marginación, como son, el derecho a ser informada de los resultados del procedimiento; a solicitar medidas de protección en favor suyo y de su familia ante eventuales futuros atentados; a ser oída antes de resolverse el sobreseimiento definitivo o la suspensión del procedimiento, y a recurrir contra el sobreseimiento definitivo o la sentencia absolutoria.

Con la misma orientación de hacer relevante la posición de la víctima en el procedimiento criminal, se plantea la mantención de la posibilidad de la querella como modo de intervención formal en el procedimiento, considerándose, adicionalmente, que el querellante pueda incluso forzar una acusación, aun en contra de la opinión del fiscal, a la cual se le podrá dar curso cuando a juicio del juez de control de la instrucción exista mérito suficiente para ello.

Le asiste también a la víctima la posibilidad de poner término al proceso por acuerdo directo con el ofensor, tratándose de bienes jurídicos disponibles, mediante el mecanismo de los acuerdos reparatorios.

Se mantiene la posibilidad de la demanda civil en el procedimiento criminal con algunas innovaciones destinadas a favorecer la posición de los afectados por los resul-tados del delito.

La primera de ellas consiste en la obligación de los fiscales de demandar civilmente en favor de la víctima cuando ésta no cuente con abogado particular; la segunda, en la obligación del tribunal de pronunciarse sobre la demanda civil aun en el caso de absolver al imputado.

4. Derecho a defenderse y a ser asistido por un defensor letrado durante todas las actuaciones del procedimiento.

El derecho a defensa es considerado como uno de los polos centrales del desarrollo del proceso, por ser indispensable para que las personas imputadas por un delito tengan plena igualdad de oportunidades para la obtención de una decisión justa.

Este principio abarca el derecho a la defensa y a la asistencia de un defensor letrado, gratuito, en el caso de que el imputado no cuente con uno propio, quien podrá ejercer los derechos del imputado desde las etapas iniciales del procedimiento. [22]

De modo especial, le asisten los derechos de: acceder a los antecedentes de cargo que el ministerio público haya recopilado, salvo casos muy excepcionales; solicitar diligencias de instrucción; asistir a las que se decreten; ser notificado de todas las actuaciones que se realicen en el procedimiento; conocer, en forma precisa, los cargos que se le imputan, y a la libre comunicación entre defensor letrado e imputado.

Otro punto interesante de destacar es que la presencia del defensor en determinadas audiencias se constituye en un requisito de validez de las mismas, con lo cual se asegura que éstas no generen situaciones de indefensión.

5. Adecuación del sistema a los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.

Este principio importa la aplicación directa de las normas constitucionales e internacionales de derechos humanos relevantes en cuanto a la regulación del proce-dimiento penal.

Para tales efectos, cabe tener en consideración:

?Desde el punto de vista constitucional, la igualdad ante la justicia y el derecho a la libertad personal.

La igualdad ante la justicia supone no solamente un trato igualitario a todas las personas comprometidas o sometidas a un mismo proceso o juicio, sino también el derecho de quienes son juzgados en un juicio determinado a recibir el mismo trato que en otros juicios o procesos hayan recibido otras personas en una misma situación.

La igualdad ante la justicia, consagrada en el artículo 19, N° 3°, de la Constitución, importa el derecho a la defensa (párrafos segundo y tercero), la legalidad del tribunal (párrafo cuarto), la legalidad del juzgamiento (párrafo quinto), la exclusión de presunciones de derecho en materia penal (párrafo sexto), la irretroactividad de la ley penal (párrafo séptimo) y el principio de la tipicidad (párrafo octavo).

El derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 19, N° 7°, de la Constitución, se traduce, en lo que a la libertad personal se refiere, en el conjunto de garantías que impiden la privación o limitación arbitraria de la libertad.

De esta forma:

— Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes. (letra b).

— Nadie puede ser detenido o arrestado si no se cumplen ciertos requisitos legales (letra c); básicamente, una orden de funcionario público competente e intimidación de la orden en forma legal.

— Nadie puede ser detenido o arrestado, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto [letra d), párrafo primero].

— Los funcionarios públicos encargados de las casas de detención o prisión deben adoptar una serie de medidas tendientes a otorgar protección y defensa a las personas privadas de libertad [letra d), párrafos segundo y final].

— La libertad provisional procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad, debiendo la ley establecer los requisitos y modalidades para obtenerla (letra e).

— Existe prohibición de ejercer coacción física o moral para la obtención de confesiones (letra f).

— Se prohíbe imponer ciertas penas, como la confiscación de bienes, salvo respecto de las asociaciones ilícitas, y la pérdida de los derechos previsionales (letras g) y h).

—Se consagra la indemnización por el error judicial (letra i).

?Desde el punto de vista de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y vigentes:

— El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Organización de las Naciones Unidas, de 1966.

Acorde con su artículo 9: 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuere ilegal. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

— La Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada “Pacto de San José de Costa Rica”, de 1969.

Su artículo 7 reitera los principios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre la libertad personal.

Su artículo 8, sobre garantías judiciales, previene que: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2.- Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

Su artículo 9, relativo a los principios de legalidad y de retroactividad, dispone: Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

Su artículo 10 reglamenta el derecho a indemnización, conforme a la ley, en favor de toda persona, en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.

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Con este principio se pretende reforzar la noción de que el procedimiento penal se organiza a partir del desarrollo de los principios generales del ordenamiento jurídico que regulan la relación entre el Estado y los ciudadanos y que se encuentran recogidos en los cuerpos normativos anteriormente transcritos.

En este sentido, se trata de hacer resaltar la importancia de esta normativa constitucional y de derecho internacional por sobre los mecanismos procesales específicos consagrados en la ley, con el propósito último de que los jueces se vean obligados a trabajar integrando las normas procedimentales con las de carácter constitucional e internacional, interpretando y aplicando las primeras de modo que den cumplimiento a las exigencias contenidas en las dos últimas.

6. Simplificación de las formas establecidas para la comunicación entre autoridades del Estado y para realizar las notificaciones y las citaciones.

Se consagra un sistema de notificaciones y citaciones que, garantizando sus objetivos, tiene la flexibilidad suficiente para evitar un excesivo ritualismo o formalidad que entrabe estas actuaciones. Al mismo tiempo, se permite la utilización de algunos procedimientos tecnológicos modernos, como el fax o el correo electrónico, de manera de facilitarlas en la medida de lo posible.

De esta forma, se logra disponer de medios urgentes de comunicación, flexibilizar las normas que se proponen, desformalizar y simplicar las notificaciones, citaciones y oficios, etc.

7. Prohibición de delegar funciones en funcionarios subalternos de los tribunales cuando la ley exige la participación del juez.

Este principio está íntimamente vinculado al resguardo y efectiva aplicación de la inmediación. Significa que quien debe dictar las resoluciones y participar en las audiencias y demás trámites contemplados en la ley es el juez y no un funcionario subalterno. En el fondo, se prohíbe que el actuario reemplace al juez.

El mérito de este principio es que, si se produce de hecho la delegación, pese a la prohibición legal, se puede reclamar y se abre la posibilidad concreta de impugnar la respectiva resolución o actuación.

8. Obligación de fundamentar las resoluciones de los tribunales, entendiendo que la simple relación de documentos o de determinadas actuaciones no cumple con dicha exigencia.

El proyecto intenta, mediante este principio, evitar la habitual práctica de fundamentar resoluciones judiciales sólo en términos formales, lo que produce, por una parte, un alto grado de insatisfacción en la ciudadanía al no cumplirse con el efecto socializador propio de las sentencias judiciales y, por otra, impide a las partes comprender la razón de lo decidido. Esto permite, a la vez, la creación de una jurisprudencia que determine de manera clara los parámetros de interpretación de las normas jurídicas.

El respeto de este principio hará que la eficacia de las resoluciones judiciales encuentre apoyo en una adecuada fundamentación de los motivos y consideraciones tenidas a la vista para resolver en un determinado sentido.

9. Registros resumidos de las actuaciones que se realicen durante la instrucción, tanto judiciales como del ministerio público.

Dado que se elimina el sistema de expedientes judiciales, surge la necesidad de registrar las actuaciones que se realicen tanto por el ministerio público como por el juez de control, dentro de la etapa de la instrucción.

El registro de estas actuaciones debe ser sencillo. En primer lugar, porque carece de valor probatorio y, en segundo lugar, porque una excesiva formalización de éste podría llevar a un importante gasto de recursos en su elaboración.

10. Aumento del catálogo de delitos de acción pública previa instancia particular y de los delitos de acción privada.

El proyecto aumenta el catálogo de delitos de acción mixta, que en el nuevo Código se denominan de acción pública previa instancia particular, en los cuales no puede procederse de oficio sin que, a lo menos, la víctima haya denunciado el hecho. Ej., abusos deshonestos, bigamia, lesiones menos graves, violación de domicilio, violación de secretos, estafas y otros engaños, amenazas y delitos de la ley de propiedad industrial.

En cuanto al catálogo de delitos de acción privada, la lógica del proyecto es la de reconocer que, en ciertos tipos, es el interés del ofendido y no el de la sociedad el que prima; por lo tanto, se deben resguardar sus derechos, lo que importa que las acciones que deriven de esos hechos no pueden ser ejercidas por otra persona que no sea la víctima o su representante legal. Ej., delito por giro doloso de cheques, comunicación fraudulenta de secretos de la fábrica en que el imputado ha estado o está empleado.

11. Instrucción e investigación desformalizada a cargo del ministerio público.

La persecución penal es una tarea fundamentalmente activa que requiere un compromiso de la organización con la promoción de intereses estatales concretos, como son la investigación de los delitos, su sanción y la satisfacción de las necesidades de las víctimas.

Se concibe a la instrucción como una etapa de preparación del juicio, en que una de las partes, el fiscal, con el auxilio de la policía y otros organismos especializados, debe investigar el hecho denunciado y reunir los medios de prueba que, en el momento oportuno, utilizará para respaldar su acusación frente al tribunal del juicio oral que deba dictar el fallo.

La actividad del fiscal durante la instrucción se caracteriza por su informalidad. Se lo faculta para desarrollar las diligencias que resulten técnicamente apropiadas para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades.

Se abandona, así, el modelo de instrucción formal en que el juez incorpora al expediente actuaciones de prueba que podrán servir directamente como fundamento a la sentencia.

Especialmente relevante resultan en esta etapa de la instrucción y de la investigación las facultades que se otorgan al ministerio público para organizar su trabajo de modo eficaz. Los criterios de asignación, agrupación, control y evaluación de casos no son regulados por la ley procesal, sino que su definición corresponderá a las autoridades del ministerio público, de acuerdo con lo que se disponga en la corres-pondiente ley orgánica. Con ello se espera dar lugar a una verdadera racionalización de la persecución penal a partir de criterios generales, emanados de un órgano con compe-tencia técnica y con una visión de conjunto respecto de todo el sistema.

En el diseño planteado por el proyecto, las amplias facultades del ministerio públi-co durante la instrucción tienen como límite los derechos individuales de las personas.

Se propone el establecimiento de un plazo máximo de dos años para la instrucción, a partir de la formulación de cargos, en la convicción de que, una vez dirigida formalmente la investigación en contra de una persona, ella representa una carga que no puede ser prolongada indefinidamente en el tiempo. El juez puede, a su vez, restringir este plazo.

Es más, se mantiene el principio de que el ministerio público no puede investigar a una persona, sino un delito. Para evitar que se infrinja este principio, se dan al juez las facultades de pedir las investigaciones que esté realizando y la de ordenar que se suspendan las que se hubieren iniciado y no se justificaren. [23]

12. Dirección funcional del ministerio público sobre la actividad investigativa policial.

Para el cumplimiento de las funciones investigativas destinadas a esclarecer los delitos, resulta indispensable que el ministerio público cuente con facultades de dirección de la actividad policial. Por tal motivo, se le otorga el poder de dirigir la actividad policial en lo atinente a la investigación de los delitos, contando para ello con la posibilidad de emitir órdenes de investigar, como, asimismo, de amonestar a los funcionarios policiales que infrinjan las disposiciones legales relativas a su desempeño.

Los funcionarios policiales se encuentran en la obligación de cumplir las órdenes del ministerio público destinadas a la investigación del delito, debiendo guardar silencio respecto del resultado de éstas ante los medios de comunicación social o ante terceros ajenos al procedimiento respectivo. Asimismo, tienen la obligación de poner en conocimiento inmediato del ministerio público la comisión de cualquier delito de que tengan noticia o de cualquier investigación que hubieren iniciado, estándoles prohibido interrogar autónomamente al imputado.

Bajo la responsabilidad y autorización del ministerio público, puede la policía consignar las declaraciones que los imputados quisieren prestar, libre y voluntariamente.

13. Decisión previa del juez de control de la instrucción para realizar actuaciones o tomar medidas que puedan importar afectación de derechos fundamentales, salvo hipótesis de excepción, en las cuales el control del juez se realiza en forma “ex post”.

En el diseño planteado por el proyecto, las amplias facultades del ministerio público durante la instrucción tienen como límite los derechos individuales de las personas. En los casos en que su actividad afecte o pueda afectar esos derechos, procederá siempre la intervención judicial, en general previa, por medio de audiencias orales, en las que el juez de control de la instrucción deberá calificar la legalidad de la actuación y cautelar por el respeto a los derechos de quienes puedan resultar afectados por ella.

Entre las medidas que requieren esta intervención judicial, estarán siempre las cautelares dirigidas en contra del imputado y también algunas actividades de investigación que puedan afectar sus derechos o los de cualquier otra persona.

El proyecto, junto con enumerar un conjunto de medidas específicas que requieren este control, consagra la posibilidad de que el afectado requiera al juez, reclamando de cualquier otra actividad persecutoria que pueda implicar afectación de sus derechos.

14. Publicidad de las actuaciones de la instrucción para los intervinientes en el procedimiento, salvo hipótesis de excepción.

Para que el derecho a defensa se ejerza de manera efectiva y se concrete el principio de igualdad de oportunidades dentro del procedimiento, resulta indispensable que el imputado y su defensor tengan acceso a los antecedentes de cargo y tomen conocimiento de la realización de cualquier diligencia que pueda afectar su posición en el juicio.

Sobre esa lógica, el proyecto establece como regla general la publicidad respecto del imputado y su defensor de todas las actuaciones que se realicen durante la etapa de la instrucción.

La excepción vendría configurada por el secreto, el que puede ser decretado por el ministerio público por un máximo de cuarenta días, con el fin de resguardar la eficacia de la investigación.

No obstante, el imputado puede solicitar del juez de control de la instrucción que ponga término a dicho secreto, bajo la hipótesis de que se están afectando derechos de los intervinientes.

15. Formulación de cargos como sistema de imputación formal de delitos ante el tribunal. Efectos de la formulación de cargos.

El proyecto intenta reemplazar el auto de procesamiento por la figura de la formulación de cargos, como sistema de imputación formal de delitos.

La formulación de cargos, que es una etapa muy preliminar en la investigación, es la manifestación formal realizada por el ministerio público en una audiencia celebrada en presencia del juez de control de la instrucción y de la persona imputada, más su defensor, por la cual se le comunica el hecho de encontrarse actualmente desarrollando una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados.

El que formula los cargos es el ministerio público, no el juez. El juez, con su presencia, solemniza la situación.

La investigación no se puede conducir sin formulación de cargos, ya que ésta es la que provoca la intervención del juez, a partir de la cual se pueden decretar la detención, la prisión, el allanamiento y todas las demás medidas cautelares, personales o reales, que puedan vulnerar las garantías constitucionales.

Mediante la formulación de cargos, se delimita el ámbito de la persecución penal; se suspende la prescripción de la acción penal; se empieza a contar el plazo máximo durante el cual se podrá realizar la investigación, y el fiscal pierde el derecho a archivar provisionalmente los antecedentes.

Lo que debe tenerse en claro es que, para decretar cualquier medida cautelar, como la detención o la prisión preventiva, es necesario que se hayan formulado cargos. Cualquiera de estas medidas que impliquen, de alguna manera, una afectación de los derechos individuales, supone autorización del juez y no hay autorización de éste mientras no haya formulación de cargos.

La formulación de cargos — a pesar de que el nombre puede no estar bien — está establecida en favor de la persona investigada. Con ella, lo que se hace, es formalizar la instrucción, hasta ese momento, totalmente desformalizada. [24]

16. Existencia de plazo absoluto legal para el cierre de la investigación y de la facultad judicial para fijar un plazo menor a éste para la protección del imputado.

La excesiva duración de los procedimientos se constituye en una de las principales fuentes de deslegitimidad del sistema de justicia frente a la ciudadanía.

A la vez, la existencia de un proceso penal significa una carga o limitación para la persona objeto de persecución penal, cuestión que se agrava en la medida en que los procedimientos se extienden indeterminadamente en el tiempo.

En consideración a las reflexiones anteriores, en el proyecto hay dos mecanismos tendientes a evitar una duración excesiva de la etapa de instrucción, en la medida en que pueda afectar en demasía los derechos del imputado y demás intervinientes.

El primer mecanismo consiste en el establecimiento de un plazo absoluto de dos años, que comienza a correr desde la formulación de cargos, para que el ministerio público cierre la investigación, so pena de decretarse el sobreseimiento definitivo del respectivo procedimiento.

El segundo mecanismo consiste en la facultad que se otorga al juez de control de la instrucción para que, en la audiencia de formulación de cargos, fije un plazo inferior al fiscal con objeto de que cierre su investigación, cuando lo considere necesario para cautelar las garantías de los intervinientes y siempre que las características de la investigación lo permitieren.

B. Acuerdos adoptados por la Comisión en la discusión en particular.

Durante la discusión en particular, vuestra Comisión introdujo en el proyecto una serie de adiciones y enmiendas, tanto formales como de fondo.

Las de carácter formal, por lo general, no han tenido otro propósito que corregir los errores de referencia, de ortografía, de puntuación y de redacción detectados tanto durante del estudio el proyecto por la Comisión como por la Comisión de Estilo de la Corporación, a la que se le encomendó hacer una revisión total del proyecto.

Todo ello ha permitido contar con un proyecto que se ajusta a las exigencias de la lógica jurídica, que usa apropiadamente los conceptos y la terminología legal y cuyo articulado contiene, en términos precisos, el mandato, prohibición o regla que se va a erigir en ley.

Atendida su naturaleza y por no requerir de mayores explicaciones, no se indican en esta parte del informe las enmiendas formales, salvo muy contadas excepciones. Ha parecido suficiente consignarlas en el texto final anexo.

Las adiciones o enmiendas de fondo se abordarán agrupadas por materias, con objeto de facilitar su comprensión, respetando, en la medida de lo posible, la denominación que se utiliza en el Código aprobado. [25]

— Denominación del Código.

El Código vigente y el que se propuso por el Gobierno se denominan “Código de Procedimiento Penal”.

Es un hecho no controvertido que estos códigos no regulan ni establecen sólo normas de procedimiento. Por el contrario, suelen contener normas de jurisdicción, de competencia, de garantía para los justiciables, sobre relaciones entre los diversos sujetos e instituciones intervinientes, etc., todo lo cual conforma un universo normativo que excede con largueza al de los meros procedimientos. De ahí la tendencia moderna de llamarles códigos procesales. Como ejemplos, están el Código Procesal Penal de Argentina, el Código Procesal del Perú y el Código Procesal Civil de Costa Rica.-

Al margen de la tendencia moderna, hay también un problema de contenido, por lo que no resulta arbitrario calificarlo de código procesal antes que de código de procedimiento.

Por todo lo expresado, se cambió la denominación propuesta por la de “Código Procesal Penal”, que es la que se recoge en el moderno derecho comparado.

Esa denominación es, por lo tanto, la que se utiliza en el texto aprobado.

— Aposición de títulos, rúbricas o epígrafes previos al texto de cada artículo.

Si se observa el articulado del nuevo Código, se podrá ver que después de la palabra artículo y del número correspondiente a él, figura un título, rúbrica o epígrafe, previo al texto mismo.

Se trata de una práctica de data relativamente reciente, efectuada de modo sistemático en los códigos vigentes e imitada en ciertas leyes más recientes, pero de manera discontinua. Generalmente se la sigue, aunque no necesariamente, en las leyes de carácter orgánico o complejo.

Esta práctica de técnica legislativa no ha sido utilizada en Chile. Excepcionalmente se recoge en este Código, tal como se ha hecho en sus similares argentino e italiano, que le han servido de fuentes.

El título sirve para indicar el contenido del artículo mediante palabras que, en síntesis, lo reflejen, tornando fácil e inmediata su identificación. Por lo mismo, debe ser único, preciso, exacto y completo, pero también breve, conciso y concreto.

Desde un punto de vista doctrinal, cuatro elementos son fundamentales para su redacción: concisión, precisión de términos, claridad y realidad. Además, se dice que deben ser gráficos, expresivos y nemotécnicos ya que han de grabarse en la memoria. En lo posible, deben contener las mismas palabras que aparecen en el texto del artículo.

Como sucede con el título general de la ley, también para los títulos de los artículos se plantea la cuestión de su valor jurídico, es decir, si son o no son ley en sentido formal, y de la relación entre rúbrica y texto. En este caso, a pesar de que el título procede del legislador, existen posiciones diversas, que van desde negar que el título sea parte integrante de la ley a admitirlo plenamente, o bien, como posición intermedia, reconocer que en determinadas situaciones (título votado), son disposiciones de las cuales se pueden inferir normas.

Para un sistema de informática jurídica, es importante que el contenido del artículo — que generalmente constituye la unidad de búsqueda — sea destacado mediante la aposición de un título, constituido, en lo posible, por una sola palabra significativa, pues simplifica el procedimiento y permite un nivel de acceso más rápido y eficaz.

Una práctica como la descrita ayuda a crear diccionarios normalizados de terminología legal, con vocablos, locuciones, conceptos y elementos estructurales que posibilitan al investigador, a las bibliotecas, a los parlamentos y a las unidades de información, el acabado conocimiento y tratamiento del material jurídico de que se trate.

Durante el debate, se destacó que era la primera vez que se haría una ley con una técnica de redacción legislativa novedosa, cual es colocarle títulos a los artículos.

Se lo justificó diciendo que era uno de los aspectos del proyecto que había sido valorado tanto por personas del mundo académico como por los propios Ministros de la Corte Suprema o por los jueces que lo han conocido, por ser ordenador, fácil y didáctico para la lectura de un cuerpo legal nuevo.

Además de su propósito didáctico, este sistema se transforma en un buen régimen de ayuda en la interpretación, habiendo sido recogido este esquema del título anticipador del contenido del artículo en todos los códigos procesales modernos de Latinoamérica.

Si bien se hicieron presentes algunas aprensiones respecto de los problemas de interpretación que pudieren presentarse, especialmente cuando se utilizan términos que no se definen, ellas no fueron impedimento para que se aprobara la aposición de títulos, rúbricas o epígrafes previos al texto de cada artículo del proyecto, como se indica en el texto final aprobado, muchos de los cuales fueron modificados o reemplazados por vuestra Comisión con la finalidad de que cumplieran eficazmente con los propósitos que se tuvieron en vista al establecerlos.

— Libro Primero. Disposiciones generales.

Título I. Principios básicos.

Comprende los artículos 1° al 10.

El artículo 1° denominado “Juicio previo y única persecución”, establece que ninguna persona puede ser condenada, penada o sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial, previo juicio oral y público.

El condenado, absuelto o sobreseído definitivamente por sentencia ejecutoriada no puede ser sometido a un nuevo procedimiento por el mismo hecho o conducta.

Guarda estrecha relación con el principio básico de la introducción del juicio oral ante un tribunal imparcial como único fundamento de la dictación de condenas y de la aplicación de penas o medidas de seguridad.

Sobre la diferenciación entre persona condenada y persona penada, se hizo presente que ello obedece al hecho de que podría existir una condena sin pena. Por ejemplo, por una renuncia a la pena o con una medida que no constituya pena. La condena en sí es el acto que declara la responsabilidad. La pena, en cambio, es la aplicación de una sanción.

Se recordó, al efecto, que existen casos en el Código en los cuales se ha planteado la posibilidad de aplicar una pena sin condena. Por ejemplo, en el caso de la internación de los dementes, en el sistema actual chileno, a los peligrosos se los encierra por diez años.- Lo que se está haciendo es aplicarles una pena sin haber establecido que, efectivamente, fueron responsables de un delito.

En todo caso, el hecho de que la pena y la condena sean cosas distintas es una discusión tradicional de la dogmática penal. Ambas se requieren mutuamente; por lo que pretender aplicar una sin la otra es un abuso.

Se aprobó con modificaciones, tendentes a establecer que toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público, en el entendimiento de que ese derecho es renunciable.

El artículo 2°, nuevo, sobre la “Legalidad de la instrucción penal”, fue introducido como consecuencia del debate habido respecto del artículo 1° y con la finalidad de cautelar que incluso la decisión y la práctica de investigaciones quede regulada, debiendo llevarse a cabo tales actuaciones con sujeción a la Constitución y a las leyes, evitando así que se entreguen al mero arbitrio o capricho de los funcionarios encargados.

Con tal propósito, se establece que nadie podrá ser objeto de la investigación penal sino en los casos y bajo las circunstancias previstas en la Constitución y las leyes.

El artículo 3°, denominado “Juez natural”, prohíbe el juzgamiento por comisiones especiales, debiendo serlo por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, tal como lo prescribe el artículo 19, N° 3°, de la Carta Fundamental.

El artículo 4°, denominado “Tratamiento del imputado como inocente e interpretación restrictiva”, contempla dos materias diversas.

La primera es relativa al principio de inocencia, en virtud del cual ninguna persona puede ser considerada culpable ni tratada como tal, en tanto no sea condenada por medio de una sentencia firme.

La segunda exige interpretar restrictivamente las disposiciones que autoricen la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades, e impide aplicarlas por analogía.

Como ya se ha dicho, la libertad del imputado sólo cabe restringirla a modo de cautela y para asegurar la aplicación de la ley punitiva.

Al aplicar toda esta normativa en forma restrictiva, lo que se busca en definitiva es que su aplicación se limite taxativamente a lo determinado en la propia disposición legal.

Se aprobó con modificaciones.

En el inciso primero, se eliminó “durante el procedimiento”, para evitar que en el inicio de la investigación, que es absolutamente desformalizada y en la que no existe un procedimiento propiamente tal, el imputado pudiere ser considerado culpable por la policía.

En el inciso segundo, se cambió “analógicamente” por “por analogía”.

El artículo 5° se refiere a la víctima.

La protección y la reparación de la víctima constituyen objetivos del procedimiento penal, debiendo los fiscales del ministerio público velar por sus intereses; los jueces, garantizarles la vigencia de sus derechos durante el procedimiento, y la policía y demás órganos auxiliares intervinientes, otorgarles un trato acorde con su condición de afectados, facilitándoles al máximo su participación en los trámites en que deban intervenir.

Llamó la atención a vuestra Comisión que se señalare en este artículo uno de los objetivos del procedimiento penal y no se indicaren los otros en ningún otro artículo.

Se expresó, al respecto, que de acuerdo con el sentido común del chileno, si bien la protección y reparación de la víctima es uno de los objetivos, se lo considera secundario, pues se piensa que lo principal es castigar al delincuente.

Por tal motivo, o se ponen todos o no se pone ninguno.

La primera opción fue descartada, por estimarse que entrar en el tema de los objetivos del procedimiento es muy complicado. El gran debate acerca del objetivo del procedimiento es si es el castigo o si es la solución de un conflicto social que ofrece, entre otras alternativas, el castigo, además de otras soluciones.

Por tal razón, se optó por no consignar en esta disposición ningún objetivo del procedimiento, limitándose el precepto a señalar cuáles son las obligaciones que asumen los fiscales del ministerio público, los jueces y la policía respecto de la víctima.

En el segundo inciso, se reemplazó “afectado” por “víctima”.

El artículo 6° regula el derecho a la defensa del imputado.

Respecto de su contenido, se acordó reafirmar el derecho a la defensa, consagrado constitucionalmente, sin perjuicio de las excepciones previstas en el propio Código.

El imputado y su defensor tienen derecho a intervenir en todas las actuaciones del procedimiento que puedan servir a la incorporación de elementos de prueba o que puedan dar lugar a restricciones en sus derechos, así como a formular planteamientos y alegaciones en su favor.

Respecto a la autodefensa, esto es, el derecho del imputado a defenderse por sí mismo, se aclaró que ella queda librada a la apreciación del juez y que sólo procederá cuando no perjudique la eficacia de la defensa. [26]

Se aclaró que el fiscal no está obligado a invitar al imputado a todas las actuaciones que hará la policía, salvo en las actuaciones anteriormente indicadas, en las que se pueden establecer hechos en su contra.

El artículo fue aprobado con dos indicaciones.

En el primer inciso, se acordó cambiar el orden de la frase: “Salvo las excepciones expresamente previstas en este Código”, la que fue trasladada al final de la oración, después de “oportunos”.

En el segundo inciso, se acordó cambiar “designar”, que se repite, por “nombrará”.

El artículo 7°, relativo a la calidad de imputado, le permite a la persona que posea tal condición ejercer sus facultades y garantías desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra.

Se señaló que era preciso hacer referencia a los derechos, garantías y facultades, dado que estas últimas son derecho subjetivo que emana del derecho.

Ante tal apreciación, se acotó que el derecho es aquello cuyo cumplimiento se puede exigir.

En definitiva, se acordó hacer mención expresa de los derechos.

Como el imputado podrá hacer valer sus facultades, derechos y garantías desde la primera actuación del procedimiento, se estimó pertinente precisar este último concepto, sustituyéndose al efecto el inciso segundo.

El artículo 8°, sobre la aplicación temporal de la ley procesal penal, fue objeto de diversos comentarios adversos, ya que en el fondo no se refiere a las leyes procesales, sino a las leyes que tienen que ver con los derechos y garantías consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales vigentes en Chile.

En definitiva, aplicando el principio in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del reo), se acordó señalar que las leyes procesales no serán aplicables retroactivamente, cuando la ley anterior contuviere disposiciones más favorables al imputado.

El artículo 9°, sobre aplicación directa de las normas constitucionales y de los tratados internacionales sobre derechos humanos, materia analizada al referirse a los principios básicos que informan el Código, fue aprobado con algunas precisiones en cuanto a su redacción.

El artículo 10, nuevo, fue incorporado a instancias de vuestra Comisión, con objeto de definir el concepto de “intervinientes”, utilizado en diversos artículos del Código. [27]

Ese concepto, cada vez que se utilice, comprenderá a los fiscales del ministerio público, al imputado, a la víctima, al querellante particular, al actor civil y al tercero civilmente demandado.

Título II.- Jurisdicción y competencia en materia penal.

Este título, que comprende los artículos 11 al 16, fue aprobado, con las siguientes adiciones o enmiendas.

El artículo 11, relativo a la jurisdicción, se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 12, sobre el efecto de las sentencias penales de tribunales extranjeros en Chile, fue aprobado con una enmienda, para aclarar que, en cuanto a la ejecución de las sentencias condenatorias de tribunales extranjeros, debe estarse a lo que dispongan los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes. [28]

Con la salvedad anterior, se dispone, como regla general, que tales sentencias, en cuanto impusieren penas, no se ejecutarán en Chile.

El artículo 13, sobre ejecución de las sentencias criminales, se limita a disponer que ella se efectuará de acuerdo con las disposiciones de este Código, las del Código Penal y las establecidas en leyes especiales.

Se aprobó en estos términos.

En el proyecto original, se agregaba un inciso segundo, que apuntaba al régimen de ejecución de penas y a los tribunales de ejecución.

Sobre el particular, se tuvo presente que en dicho inciso había dos cuestiones diferentes: una, relativa al tribunal que aplica la pena, que debe cumplir con el mandato constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y otra, relativa a un juez de pena, distinto e independiente del anterior.- El que procesó y condenó llega hasta la sentencia ejecutoriada.- La jurisdicción termina allí y empieza el imperio de otro tribunal, que es el que supervisa y vela por los intereses del procesado y lo ampara.

La situación actual es que, cuando termina la función del juez que sentencia, el condenado queda sujeto a la autoridad administrativa, representada por el Servicio de Gendarmería, que no vela efectivamente por la protección de los derechos del condenado.

En todo caso, se instó a no confundir lo que es la ejecución de las sentencias criminales — en lo que no se plantea ningún cambio —con el control de esa ejecución, que es lo que se pretende encomendar a la determinación de un juez.

Se hizo presente que no era conveniente innovar mientras no se crearan los jueces especiales de ejecución. La experiencia práctica demuestra que la autoridad administrativa es más humana en el tratamiento de las penas que el juez, que es una persona totalmente lejana.- Quien puede tener una política criminológica de mayor sentido humanista es siempre, en general, quien tiene a su cargo el Ministerio de Justicia.

Este inciso pasó a ser disposición transitoria primera.

Los artículos 14, 15 y 16, sobre las cuestiones prejudiciales civiles, sobre la improrrogabilidad de la competencia y sobre las diligencias urgentes, fueron aprobados en los términos propuestos.

— Título III. Actividad procesal.

Párrafo 1° Plazos

Comprende los artículos 17 al 22.

El artículo 17, relativo a los días y horas hábiles para las actuaciones del procedimiento penal, fue redactado en forma asertiva y no negativa, como estaba propuesto.

De esta forma, se establece que todos los días y horas serán hábiles para las actuaciones del procedimiento penal, y no se suspenderán los términos por la interposición de días feriados.

Los artículos 18, 19, 20, 21 y 22, atinentes al cómputo de los plazos de horas, a los plazos fatales, a los nuevos plazos y a la renuncia de plazos, fueron aprobados en los términos propuestos, con leves cambios de redacción.

Párrafo 2º. Comunicaciones entre autoridades.

Comprende los artículos 23 al 25.

El artículo 23 se refiere al contenido y formalidades de las solicitudes de información que recaben los fiscales del ministerio público y los tribunales con competencia criminal.

Se objetó que la solicitud debiera comunicarse por medio de un oficio, lo que de alguna forma rigidiza el sistema.

Para obviar el reparo anterior, se acordó establecer que “bastará con la comunicación de la solicitud, en la que se indicarán los antecedentes necesarios…”, sin hacer mención de la forma en que se hará tal comunicación.

Se aprobó por mayoría de votos.

Similar enmienda se hizo en el artículo 24, referente a las solicitudes entre tribunales, en el cual se eliminó “por medio de un oficio”.

Se aprobó por mayoría de votos.

El artículo 25, relativo a las comunicaciones en casos de urgencia, que permite adelantarlas por medio de telegrama, fax o teléfono, sin perjuicio del posterior envío del oficio firmado, por los medios ordinarios, se aprobó con el reemplazo de la expresión “del oficio” por “de la solicitud”.

Párrafo 3º. Notificaciones y citaciones.

Comprende los artículos 26 al 39.

El artículo 26 se refiere a los funcionarios autorizados para efectuar las notificaciones y citaciones.

Se aprobó con dos enmiendas.

En vez de hablar de funcionarios judiciales, se prefirió hacer mención de funcionarios públicos, para que quede con un espectro más amplio.

Se eliminó la frase final, que disponía la práctica de notificaciones por parte de funcionarios de la policía.

El artículo 27 regula las notificaciones al ministerio público y a los defensores.

Se argumentó que habría una contradicción conceptual entre declarar que todos los días y horas son hábiles para practicar diligencias procesales y al mismo tiempo, respecto de ciertos intervinientes, constreñir el lugar de su notificación a un punto, sus oficinas, en que, obviamente, no se atiende todos los días ni a todas las horas.

En forma complementaria, se calificó de espantoso haber aprobado que todas las horas son hábiles, lo que significa que a las 04:00 horas de la madrugada se puede notificar un embargo en un proceso penal, lo que puede ser de lo más agraviante.

En sentido inverso, se señaló que la interpretación de este artículo debe hacerse dentro del contexto de la nulidad procesal. No hay nulidad sin perjuicio, de tal manera que, aunque se diga que al fiscal hay que notificarlo en su oficina y se lo notifica en la plaza pública, la notificación cumplió su cometido — que es dar conocimiento de la resolución — y no podría pedir su nulidad, porque no tiene perjuicio. Será un acto irregular, pero no es anulable. Por lo tanto, es una declaración bastante programática.

Se aprobó por mayoría de votos.

El artículo 28, sobre notificación de los intervinientes, se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 29 dispone que las notificaciones de las resoluciones dictadas en las audiencias judiciales se hacen mediante su lectura a los intervinientes que hubieren asistido o debido asistir.

Se justificó la disposición señalando que se parte del supuesto de que se tiene interés en participar y que la resolución se dictó. Si la parte está presente, escuchará la lectura y se entenderá notificada, pero, si se está ausente, igualmente se está notificado; el procedimiento no se detiene.

Para evitar la indefensión de los ausentes, se acordó que de estas notificaciones se dejará constancia en el estado diario.

El artículo 30, relativo a la primera notificación en el procedimiento que se practicare a quien no hubiere comparecido, se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 31, que obliga a los intervinientes a señalar su domicilio en la primera intervención que hagan en el procedimiento, se aprobó con la exclusión de la frase “por los funcionarios de la policía”, siguiendo con el criterio de que éstos no deben ser ocupados en hacer notificaciones judiciales.

El artículo 32, sobre las notificaciones por cédula, se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 33, sobre las notificaciones al imputado privado de libertad, fue aprobado con modificaciones, destinadas a adecuar su redacción en relación con el artículo 66 del Código de Procedimiento Penal vigente.

De esta forma, las notificaciones se le harán en persona, pudiendo hacerlas un funcionario del tribunal en el mismo o en el establecimiento penal en que se encontrare recluido, aunque se hallare fuera de su territorio jurisdiccional.

El artículo 34, que permite a cualquier interviniente proponer al tribunal otras formas de notificación, las que se aceptarán si resultan eficaces y no causaren indefensión, se aprobó en los términos propuestos, con algunas adecuaciones formales.

El artículo 35, que señala el contenido de la notificación, se aprobó, especificándose que deberá incluir una copia “íntegra” de la resolución de que se trate.

El artículo 36, sobre las notificaciones por el estado diario, se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 37, concerniente a las notificaciones y comunicaciones que debe hacer el ministerio público a los demás intervinientes, siempre por intermedio del tribunal, fue reemplazado con objeto de mejorar su redacción.

Cuando estuviere obligado a hacerlo formalmente, debe hacerlo por intermedio del tribunal. En los demás casos, puede hacerlo por cualquier medio “razonable” que resulte eficaz.

El artículo 38, sobre las citaciones judiciales, fue aprobado con modificaciones, destinadas a precisar mejor la normativa propuesta.

En el inciso primero, en vez de “comparecencia” se estimó más conveniente usar el vocablo “conducción”.

En el inciso tercero se precisó que la no comparecencia injustificada dará lugar a que la diligencia se lleve a efecto por medio de la fuerza pública. Si el imputado estuviere en libertad, puede ser detenido o sometido a prisión preventiva hasta la realización de la actuación respectiva.

El artículo 39, sobre citación del ministerio público a alguna persona, le permite hacerlo por cualquier medio idóneo.

Se suprimió la facultad que tenía de decretar la detención en caso de incomparecencia, por estimar la Comisión que el ministerio público no debe tener esta atribución.

A cambio de ella, se le permite recurrir ante el juez de control de la instrucción para que lo autorice a conducirla compulsivamente a su presencia.

Párrafo 4º. Resoluciones y otras actuaciones judiciales.

Comprende los artículos 40 al 50.

El artículo 40, sobre poder coercitivo, que permite al tribunal hacer cumplir las resoluciones y actuaciones judiciales por la fuerza, se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 41 sanciona con la nulidad las actuaciones delegadas en funcionarios subalternos.

Se eliminó la expresión “en empleados subalternos”, precisándose que la nulidad afecta a la delegación de funciones que efectúe el juez para realizar actuaciones que requieran de su intervención personal.

El artículo 42, sobre fundamentación de las resoluciones dictadas, se modificó para dejar sentado que ella deberá expresar, sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de derecho en que se sustenten.

El artículo 43 exige que las resoluciones se firmen por el juez o el tribunal, innovándose respecto de la normativa actual, que exige también la autorización del secretario del tribunal.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 44, que fija el plazo para dictar la sentencia definitiva, fue modificado, con objeto de precisar, en consonancia con el principio de la inmediación, que la sentencia definitiva debe dictarse al término de la audiencia del juicio oral, públicamente, luego de la deliberación de los jueces, con lo que se pone término a dicha audiencia.

Al pronunciarse en ese momento sobre la absolución o condena, el tribunal puede diferir la redacción del fallo y la determinación de la pena, por un lapso no superior a treinta días, so pena de nulidad del juicio, a menos que la sentencia fuere de absolución.

Se prefirió esa redacción y no la del proyecto, que señalaba que la sentencia se dictaría sin solución de continuidad en la audiencia, esto es, sin interrupción, por considerarla más precisa.

Se evita así la tendencia de los jueces a llevarse el expediente, a fallar en torno a éste y a “desconcentrarse” de la audiencia, cuestión que “mata” los juicios orales.

El artículo 45, que establece el plazo para dictar las resoluciones que ponen término al juicio, hace aplicable en la especie el mismo término que tiene el tribunal para la dictación de la sentencia definitiva.

Se aprobó con cambios de redacción.

El artículo 46 se refiere a las resoluciones firmes, entendiendo que lo están, sin necesidad de declaración alguna, en cuanto no fueren oportunamente recurridas.

Se aclaró que la expresión “recurrir” era una manera de impugnar, siendo esta última una fórmula más amplia. Se puede impugnar una resolución por recursos u otras vías. Si no es susceptible de recursos, se entiende ejecutoriada desde su notificación.

La resolución es el género, una de cuyas especies es la sentencia. La situación del decreto es muy singular. En esencia, nunca quedará ejecutoriado, nunca quedará firme, porque admite que en cualquier momento del juicio se lleve un nuevo antecedente y se pida reconsiderar. Sin los antecedentes, se tiene la limitación de cinco días.- Con los antecedentes, no se tiene limitación.- Por eso, la expresión “firme o ejecutoriada” se utiliza respecto de la sentencia.

El artículo fue aprobado con modificaciones.

La primera, respecto de su denominación, para que ésta exprese su contenido real, ya que se habla de sentencia y de resoluciones firmes.

La segunda, para invertir el orden del articulado y referirse primero a las sentencias firmes y, luego, a las resoluciones firmes o ejecutoriadas, que lo estarán cuando no fueren “impugnadas” dentro del plazo legal.

El artículo 47, relativo a las copias, que permitía al tribunal conservar copias auténticas de las sentencias, de las demás resoluciones y de otras actuaciones relevantes que el tribunal estime pertinentes, fue objeto de controversia, por no existir acuerdo en que esto quede entregado a la decisión del tribunal, porque ahí está la historia del proceso. El expediente se debe mantener entero, sin elegir lo que se guardará.-

Se propuso establecer un mecanismo que garantice que el expediente, en su integridad, quede archivado en algún lugar, porque allí se encuentra la prueba del proceso. Es un testimonio dado por o ante un tribunal, que se puede invocar como plena prueba en otro juicio; por lo tanto, no puede quedar al arbitrio de un juez. El tribunal debería guardar exclusivamente la sentencia.

A lo anterior se retrucó diciendo que hay normas sobre el registro de los juicios. Tiene que haber un acta del juicio, que debe ser guardada, y puede ser consultada por el tribunal superior.-

Esta norma tiene sentido en aquellas actuaciones que no son parte del juicio oral.

Hubo aprensiones también sobre el concepto de copia auténtica, porque actualmente quien guarda la sentencia propiamente tal es el archivo judicial. Luego, si se está diciendo que el tribunal guardará algo que es distinto del archivo judicial, no podrá hacerlo sino respecto de una copia. La sentencia es una parte del expediente.- Se guarda el expediente o la copia de una sentencia.

Se expresó que la idea era que el tribunal se quedara con una copia fiel de las sentencias y que el expediente, con el registro de las diferentes actuaciones, se fuera, en su momento, al archivo.

Por haber concordancia en este último criterio, se acordó hacer mención expresa de copia “fiel” de las sentencias, de las demás resoluciones y de otras actuaciones relevantes, a juicio del tribunal.

El artículo 48 regula la reconstitución de resoluciones y otras actuaciones procesales, mediante copia auténtica de las mismas, entendiéndose por copia auténtica aquélla que haya obtenido la parte y que no haya sido impugnada, sin necesidad de que se encuentre firmada.

Se aclaró que lo que se pretende es que la copia que servirá para la reconstitución del original sea verdadera, idéntica, fiel. En ese contexto, la expresión ”auténtica” podría ser mal interpretada y asimilada a un instrumento público o auténtico, que es firmado por el funcionario competente y con las formalidades legales.- En cambio, la expresión “fiel” no tiene la dificultad de la palabra “auténtica”, definida por el Código, que tiene un alcance distinto del real.-

En definitiva, se acordó reemplazar “copia auténtica” por “copia fiel”.

El artículo 49, en estrecha relación con el anterior, discurre sobre la base de un proceso que está en marcha, respecto del cual se han perdido actuaciones o no hay copias auténticas de las resoluciones, lo que obliga a dictarlas de nuevo o a repetir las actuaciones faltantes.

Se aprobó con modificaciones, para los efectos de reemplazar la palabra “auténtica” por “fiel” y para precisar que esto debe haberse producido durante la tramitación del proceso.

El artículo 50, sobre copias de informes y certificaciones, se aprobó en los términos propuestos.

Párrafo 5º. Registro de las actuaciones de la instrucción y de la audiencia intermedia.

Comprende los artículos 51, 52 y 53.

El artículo 51, con una nueva denominación, registro de actuaciones ante el tribunal, recoge, en forma simplificada, la normativa propuesta en los artículos 49 y 50 del mensaje, denominados regla general y contenido, respectivamente, sin que su nombre aporte nada acerca de las disposiciones que contiene.

La nueva disposición se limita a señalar que de las actuaciones realizadas por o ante el tribunal se levantará un registro, que contendrá una relación resumida de la actuación, que es oral, sin especificar que lo deban hacer funcionarios judiciales habilitados al efecto, ya que nadie ha estado escribiendo mientras se realiza.

Como las actuaciones de la instrucción no tienen ningún valor probatorio, no pueden ser invocadas en el juicio. Lo que interesa es que quede la resolución y un resumen, hecho por el juez ahí mismo, de cuáles son los elementos que se tuvieron en consideración para dictar esa resolución.

El sistema propuesto tiene la gracia de que es resumido, no requiere que la persona lleve una copia textual, porque es muy caro. Se va escribiendo directamente en un computador una síntesis de lo obrado y, terminada la actuación, se imprime y queda lista el acta resumida.

En un sistema diferente, virtual, que graba o reproduce todo, el inconveniente mayor es que no se puede disponer del registro una vez terminada la actuación. Si se quiere ver lo que dice la grabación, una secretaria debe transcribirla, o escucharla y, luego, producir la copia, lo que es dispendioso y lento.

Se hizo presente que, con las nuevas tecnologías, los registros en el futuro no serán necesariamente escritos. Hay registros confiables no escritos, íntegros y completos, que resuelven el problema mucho mejor que el escrito.

Hacer un registro de todo lo obrado, para dejar una huella escrita, por reminiscencias del pasado, ocasionaría un trabajo enorme e infructuoso, razón por la cual fue descartado.

Pudiera, tal vez, buscarse una forma de registro íntegro virtual, es decir, un registro que reproduzca todo y que se guarde y que, si fuere indispensable, se transforme en un registro utilizable para el juicio, porque en éste están todas las pruebas y la interrogación de los testigos.

Una determinación en tal sentido, de ser técnicamente factible, no requiere, en todo caso, de una disposición legal que la consagre, por lo que no se recoge en el texto aprobado.

Los artículos 52 y 53, referentes al acceso al contenido del registro, a la obtención de copias y al registro de las actuaciones del ministerio público, respectivamente, fueron aprobados en los términos propuestos, con adecuaciones formales.

Párrafo 6º. Costas.

Comprende los artículos 54 al 61.

El artículo 54, denominado originalmente como resolución necesaria, fue modificado, con el fin de precisar mejor su contenido, tendente a obtener un pronunciamiento sobre el pago de costas en cada resolución que ponga término a la causa o a un incidente, para lo cual el tribunal deberá pronunciarse expresamente sobre el particular.

El artículo 55, sobre el contenido de las costas, que comprenden las personales y procesales, se aprobó tal como se propuso.

El artículo 56, sobre condena en costas, fue modificado, para enfatizar que, no obstante ser de cargo del condenado, por regla general, el tribunal puede eximirlo de ellas, total o parcialmente.

Se aprobó por mayoría de votos.

El artículo 57, sobre el pago de costas en caso de absolución o sobreseimiento definitivo, fue modificado, con el fin de establecer un criterio objetivo de solución. Toda persona que litiga y pierde tiene que pagarle, como sanción, las costas a la contraparte.

Por lo tanto, se adiciona la disposición, con el fin de imponer las costas no sólo al querellante, sino también al ministerio público.

El resto del articulado, sobre el contenido de las costas, sobreseimiento temporal, distribución de costas, personas exentas y anticipación de costas, se aprobó en los términos propuestos.

Sobre las personas exentas, materia abordada en el artículo 60, se trajo a colación el tema de la responsabilidad de los jueces, al tenor del actual artículo 545 del Código de Procedimiento Penal, que posibilita la imposición de costas al juez por su notoria negligencia, “cuando el tribunal estimare que la falta de observancia de la ley de procedimiento que ha dado causa a la nulidad, proviene de mera desidia del juez o jueces que dictaron la sentencia anulada, sin perjuicio de alguna otra medida correccional indicada por la ley.”

La disposición que se propone es nueva, en la medida en que impone al abogado, excepcionalmente, la obligación de pagar costas cuando, por su responsabilidad, han ocurrido ciertos sucesos, basados en un notorio desconocimiento del derecho o de grave negligencia en el desempeño de sus funciones.

Título IV. Acción penal.

Párrafo 1º. Clases de acciones.

Comprende los artículos 62 al 67.

El artículo 62 clasifica la acción penal en pública y privada, siendo la primera la regla general, a menos que la ley señale expresamente lo contrario, tal como es ahora, lo que lleva a clasificar los delitos en delitos de acción pública, de acción privada o de acción mixta.

En los primeros, la acción penal es ejercida de oficio por los órganos de persecución penal; en los segundos, sólo por la persona directamente ofendida por el delito, y en los últimos, se requiere que la víctima haya, a lo menos, denunciado el hecho.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 63 se refiere a los actuales delitos de acción mixta, que en el proyecto se denominan delitos de acción pública previa instancia particular.

Fue aprobado con modificaciones, para simplificar y adecuar su texto al actual artículo 19 del Código de Procedimiento Penal, y para introducir, entre este tipo de delitos, el previsto en el artículo 470, N° 8°, del Código Penal, que sanciona con las mismas penas de la estafa al que fraudulentamente obtuviere prestaciones sociales, remuneraciones y otros beneficios.

El artículo 64 contempla los delitos de acción privada.

Se aprobó en los términos propuestos, precisándose que la denuncia puede ser hecha por la víctima o su representante legal.

En todos ellos no interviene el ministerio público y, al cumplirse treinta días de inactividad de las partes, se produce el abandono del procedimiento y, consecuencialmente, el sobreseimiento definitivo de la causa.

El artículo 65 establece la irrenunciabilidad de la acción penal pública.

La privada y la civil, derivada de cualquier delito, en cambio, son renunciables, produciéndose así su extinción.

La renuncia es anterior al ejercicio de la acción, pero después de cometido el hecho. Si es posterior, hay desistimiento de la acción incoada.

Se aprobó con enmiendas tendentes a clarificar su inciso tercero para hacer expresa mención de los delitos de acción pública previa instancia particular.

El artículo 66, relativo a los efectos de la renuncia de una acción penal renunciable, se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 67, que lleva un título relativo a la responsabilidad de las personas naturales, contiene, en realidad, dos materias diversas.

Una, que precisa que la acción penal debe entablarse contra los personalmente responsables de los delitos.

Otra, según la cual la responsabilidad penal se hace efectiva en las personas naturales; por las personas jurídicas responden los que hayan intervenido en el acto, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pudiere afectar a la corporación.

Esto significa, tal como es ahora, que las personas jurídicas carecen de responsabilidad penal.

Se aprobó con un cambio en la denominación.

Párrafo 2º. Acciones civiles.

Comprende los artículos 68 al 78.

La normativa propuesta no innova mayormente respecto de las disposiciones actualmente vigentes, por lo que, luego de su revisión y análisis comparativo, se procedió a prestarles aprobación en los términos propuestos sin mayor debate, con las excepciones que pasan a expresarse.

Para fines meramente recordatorios, cabe hacer presente que en el proceso penal pueden hacerse valer las acciones civiles que tengan por objeto reparar los efectos civiles del hecho punible, como son, entre otras, las que persiguen la restitución de la cosa o su valor, o la indemnización de los perjuicios causados.

El artículo 68, conque se inicia el párrafo, reproduce este principio, consagrado en el artículo 10 del Código vigente.

Los artículos 69 y 70, sobre preclusión en el procedimiento penal[29] y sobre ejercicio alternativo de acciones, se aprobaron en los términos propuestos, sin debate.

En el primero de ellos, hay una toma de decisión bastante marcada.

La acción civil sólo puede interponerse en el proceso penal mientras éste esté vigente; si deja de estarlo, el actor civil debe ocurrir ante el tribunal civil competente.

En el Código, actualmente, hay suficientes elementos como para pensar que, incluso, aun cuando el tribunal no siga adelante con el procedimiento penal, debe seguir con la cuestión civil. Ocurre así, por ejemplo, en los casos de amnistía, de demencia o de locura, en que, si se sobresee, se sigue adelante con el asunto civil ante el mismo juez del crimen, por un problema de economía procesal.

Todo esto ocurre cuando se está en la etapa anterior a la acusación. Una vez hecha la acusación, el tribunal está obligado a pronunciarse sobre la demanda civil, aunque absuelva.- Por lo tanto, lo que se perdería serían actuaciones de la instrucción y no la demanda.

También por una razón de economía procesal, si el proceso no puede continuar por enajenación mental del imputado, se distinguen dos situaciones. Si no se ha deducido acción civil, hay que ir donde el juez civil. Si dicha acción ya ha sido interpuesta en el proceso penal, continuará su ejercicio en él hasta la dictación y el cumplimiento de la sentencia que resuelva la demanda civil.

Esto significa que si se tiene ya un juicio iniciado, pase lo que pase, se tiene que llegar a la sentencia. Pero, si se está en la etapa de la instrucción que hace el ministerio público y se termina, no se hará un juicio oral con el tribunal colegiado para ver sólo una cuestión civil.

El artículo 70, sobre ejercicio alternativo de acciones civiles ante el juez civil o ante el juez del crimen, reproduce, a grandes rasgos, lo que establece el artículo 5° del Código vigente, con las adecuaciones pertinentes, destinadas a precisar que si se deduce la acción ante el juez civil, no puede ejercerse en el procedimiento penal, y viceversa.

El artículo 71, sobre efectos recíprocos de la sentencia, establece que en caso de condena del imputado en el juicio criminal, no puede ponerse en duda, en el juicio civil, la existencia del hecho que constituyere el delito, ni sostenerse la inculpabilidad del condenado.

A la inversa, la sentencia absolutoria civil no es obstáculo para el ejercicio de la acción penal correspondiente, si se tratare de delitos de acción pública.

El artículo 72, sobre la deducción de la demanda civil por el ministerio público, cuando la víctima no contare con defensa jurídica en el procedimiento penal, con las facultades que se otorgan al actor civil, es producto del principio que impone al ministerio público la obligación de velar por los intereses de la víctima, al grado de deducir una acción civil en su nombre.

Se acotó, al respecto, que no era posible que la víctima no contare con defensa jurídica, cuando se ha establecido expresamente el derecho a la defensa jurídica, consagrado incluso constitucionalmente.

Se puntualizó que el que nunca puede dejar de tener defensa es el imputado. La mayoría de las víctimas no contratan a un abogado ni acceden a los sistemas de defensa gratuita.

Se aprobó la disposición con el cambio de la expresión “una defensa jurídica” por “abogado”.

El artículo 73, que determina las personas contra las cuales se puede entablar la acción civil, fue aprobado con modificaciones, para precisar mejor que dicha acción habrá de dirigirse contra los responsables del hecho punible, contra los terceros civilmente responsables o contra los herederos de unos u otros.

El artículo 74 se refiere al desistimiento y abandono de la acción civil.

El primero depende de la sola voluntad de la víctima y puede ejercerse en cualquier estado del procedimiento.

El abandono de ella, en cambio, se produce por la inactividad del actor civil, cuando no compareciere a la audiencia intermedia o al juicio, se alejare de ellos sin justo motivo o no expusiere sus conclusiones cuando se le otorgare la palabra por el presidente del tribunal para el alegato final sobre sus pretensiones en la audiencia del juicio oral, conforme con el artículo 374.

Se recordó que la audiencia intermedia es aquélla en la cual se examina la acusación y la defensa y se prepara el juicio oral. Si el demandante no se presenta, se sigue adelante y su demanda “perece”.- Lo mismo sucede si, el día del juicio, encontrándose el ministerio público y el imputado, no llega el demandante.-

Igual sanción tendrá si se alejare de ellos sin justo motivo o no expusiere sus conclusiones al término de la audiencia.

El artículo fue aprobado con modificaciones destinadas a hacerlo concordante con las disposiciones de los artículos 352 y 374, con los cuales debe armonizar, precisándose, además, los cuatro casos específicos que hacen procedente el abandono de la acción civil.

Al mismo tiempo, se acordó que la sanción por incomparecencia procederá cuando no asista el actor civil o su apoderado.

El artículo 75 regula los efectos del desistimiento y del abandono de la demanda civil, los que importan renuncia a la pretensión reparatoria, impiden su ejercicio alternativo ante el juez civil competente y obligan a responder por las costas causadas con su intervención en el procedimiento.

Además, señala quiénes pueden renunciar a la acción civil y sus efectos.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 76 se refiere a los efectos que produce la extinción de la acción penal en la acción penal incoada para la persecución del hecho punible.

La regla es que no se entiende extinguida la acción penal.

Se aprobó tal como fue propuesto.

El artículo 77 regula los efectos que produce el ejercicio único de la acción civil, respecto de un hecho punible de acción privada o cuya persecución dependa de instancia particular.

En este caso, se entiende extinguida la acción penal.

El legislador entiende que lo que le interesa a la persona es la reparación patrimonial. Por lo tanto, hay que apuntar a todo lo que sea la descriminalización, ya que el Estado prefiere que los conflictos se solucionen por la vía civil más que por la vía penal.

Se aprobó con modificaciones formales.

El artículo 78 trata de la preparación de la acción civil durante la instrucción.

Se aprobó con supresión, en el título y en el texto, de las expresiones “durante la instrucción” y “durante la etapa de instrucción”, respectivamente, para que no se confundan como si fueran dos momentos diferentes.

Párrafo 3º. Demanda civil.

Comprende los artículos 79 al 83.

Los artículos 78 y 79 tratan de la oportunidad para presentarla y de la que se interponga contra el tercero civilmente responsable.

Se aprobaron en los términos propuestos.

El artículo 80 del proyecto original, sobre inadmisibilidad de la demanda por defectos formales (individualización del tribunal, del demandante y del demandado), sin perjuicio del derecho de la parte de ocurrrir al juez civil competente, fue suprimido, por estimarse que a la parte le asiste el derecho de efectuar las correcciones que procedan para reparar el equívoco en que ha incurrido.

El artículo 81 se refiere a la actuación de los demandados, esto es, el imputado y el tercero civilmente demandado, quienes pueden contestar la demanda u oponer las acciones que estimen pertinentes, además de señalar los vicios formales de que adolezca el libelo para que se corrijan.

Se aprobó con eliminación de la excepción que se hacía respecto de la situación considerada en el artículo anterior, que fue suprimido.

El juez de instrucción debe tener las acusaciones, las demandas y las contestaciones. Al tener hechos y pruebas, resuelve.-

El artículo 82 regula las facultades del tercero civilmente demandado, que goza, desde su intervención en el procedimiento, de todas las facultades concedidas al imputado para su defensa, en lo concerniente a sus intereses civiles.

El artículo 83 trata de los incidentes relacionados con la demanda y su contestación, los que deben resolverse durante la audiencia de preparación del juicio oral y sin retardar el curso del procedimiento penal.

Se aprobaron ambos en los términos propuestos.

Título V. Sujetos procesales.

Párrafo 1°. El tribunal.

Comprende los artículos 84 al 92.

El artículo 84, denominado estructura y competencia de los juzgados del crimen, radica ambas materias en el Código Orgánico de Tribunales.

Se aprobó con el cambio de la expresión “estructura” por “organización”, además de algunas adecuaciones formales.

El artículo 85 precisa las facultades que corresponden al juez de control de la instrucción.

En general, garantizar los derechos de los intervinientes, resolver las cuestiones que se presenten, dirigir la audiencia de preparación del juicio oral, dictar las resoluciones que correspondan, dictar la sentencia en el procedimiento abreviado y resolver los incidentes promovidos durante la etapa de la instrucción y de la audiencia de preparación del juicio oral.

Se aprobó con algunas enmiendas formales y con la incorporación de una norma de clausura, de carácter genérico, que hace referencia al ejercicio de las demás funciones que las leyes le encomienden a este juez.

En este artículo y, en general, en todo el articulado del Código, se cambió la expresión “audiencia intermedia” por “audiencia de preparación del juicio oral”, por ser ése, precisamente, su objetivo.

Debe recordarse, también, que el término “formalización de cargos” se cambió por el de “formalización de la instrucción” en todo el proyecto.

El artículo 86 se refiere a los tribunales colegiados del juicio oral, a los que corresponde el conocimiento y fallo del juicio oral.

La preparación de la audiencia respectiva está a cargo del presidente del tribunal.

Se aprobó con enmiendas formales.

El artículo 87 precisa las facultades de los jueces de control de la instrucción cuando entre varios de ellos se suscitare un conflicto de competencia para conocer de una misma causa criminal.

En tal evento y mientras no se dirima la competencia, cada uno de ellos está facultado para practicar las diligencias urgentes y para otorgar las autorizaciones que con igual carácter le soliciten los fiscales del ministerio público.

Si de la libertad del que estuviere privado de ella se tratare, resuelve aquél en cuyo territorio jurisdiccional se encontrare.

Se aprobó con modificaciones. En el primer inciso, se cambió “jurisdiccional del” por “en que tenga competencia el”. En el segundo inciso, se cambió “acerca de” por “sobre”, y se eliminó “puesta en”.

El artículo 88 regula los efectos que produce la resolución que dirime la competencia.

Se ponen a disposición del juez competente las personas privadas de libertad, así como los antecedentes que obren en poder de los otros jueces.

El inciso segundo, que valida todas las actuaciones practicadas ante los jueces que resulten incompetentes, sin necesidad de ratificación, fue objeto de diversos comentarios acerca de su alcance y constitucionalidad.

Entre otras cosas, se indicó que se podía prestar a abusos si se suscitare, por ejemplo una cuestión de competencia artificial para obtener de un juez, más liberal, la libertad de la persona detenida o presa.

Se aclaró que la situación puede darse, pero que el problema que se desea resolver no dice relación a este tipo de decisiones, que son revocables, sino al material probatorio. Lo que no se quiere es perder ese material, producto de una incompetencia posterior.

La disposición, en todo caso, que es una reproducción casi literal del actual artículo 48 del Código de Procedimiento Penal, podría estimarse contraria el artículo 7º de la Constitución. Ninguna ley puede declarar que lo realizado ante un órgano del Estado incompetente sea válido, porque se estaría modificando la Constitución, que sanciona precisamente lo que un órgano del Estado realiza fuera de su competencia.

Por otra parte, existe el derecho del juez natural, que es una garantía del derecho anglosajón. Esta norma es absolutamente inquisitiva, pasa por sobre el derecho de las personas.- ¿Cómo es posible que a alguien lo juzgue un tribunal que no es el natural? Las garantías connaturales están en la Carta de las Naciones Unidas, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y deben respetarse, por imperativo del artículo 5° de la Carta Fundamental.

Se agregó que la norma se conservó porque hay que tomar una decisión política importante. Desde el punto de vista del derecho, de la aplicación estricta de las garantías individuales, se tiene derecho a juez natural no sólo en el juzgamiento, sino también en todos los actos del procedimiento.- En consecuencia, si se han tomado pruebas sobre la base de una autorización dada, por ejemplo, por un juez de Puerto Montt y el juez competente es de Santiago, ese material probatorio sería nulo.-

Con todo, en Chile, nunca ha habido tradición de pérdida ni de renuncia de parte del Estado a material probatorio, por ninguna razón. En el sistema inquisitivo nunca se pierden las pruebas. Incluso, en las pruebas obtenidas de la peor manera se sanciona a los infractores, y las pruebas sirven igual.

En la actualidad, de acuerdo con el artículo 6° del Código de Procedimiento Penal, todos los jueces con competencia penal están obligados a practicar las primeras diligencias de instrucción del sumario y a remitirlas al tribunal competente. La pregunta es si esas diligencias que realizó “cualquier tribunal” serán nulas o válidas.

Se dijo que estaba claro que serían válidas, por la norma del artículo en comento.

Lo que podría establecerse es que todos los jueces del crimen son competentes para realizar las diligencias o actuaciones a que se refiere el inciso primero. Si todos lo son, si luego se promueve una cuestión de competencia entre dos o más de ellos, las diligencias efectuadas ante el tribunal que finalmente resultó incompetente no perderán valor.

Se aclaró que en el nuevo Código no existen las primeras diligencias de instrucción, las que se han reemplazado por las diligencias urgentes.

Hay que tener en consideración que la disposición propuesta se complementa con la aprobada en el artículo 16 sobre las diligencias urgentes y que deban practicarse fuera del territorio jurisdiccional del juez de control de la instrucción, caso en el cual los fiscales del ministerio público pueden solicitar las autorizaciones o la práctica de diligencias al tribunal del lugar donde debieren efectuarse.

No obstante las aprensiones formuladas, el artículo fue aprobado en los términos propuestos, atendido lo dispuesto en el artículo 16.

El artículo 89 trata de la preclusión de las cuestiones de competencia.

Esto significa que, transcurridos tres días desde la notificación de la resolución que fije fecha para la realización de la audiencia del juicio oral, la incompetencia no puede ser declarada de oficio ni las partes promover incidentes relativos a ella.

Si se plantea la cuestión de competencia durante la audiencia de preparación del juicio oral, no se suspende su tramitación, pero sí las decisiones finales.

Se aprobó, con la eliminación de la frase “ni podrán las partes promover incidentes relativos a ella”.

El artículo 90 se denomina implicancia de los jueces penales.

Dado que el artículo se refiere a las implicancias y recusaciones que pueden pesar sobre estos jueces, se cambió el término “Implicancia” por uno genérico que las engloba a ambas: “Inhabilidades”.

El artículo 91 contempla la inhabilitación del juez de control de la instrucción, caso en el cual el que deba subrogarlo continúa conociendo de todos los trámites anteriores a la audiencia de preparación del juicio oral, la que no se realizará hasta que se resuelva la inhabilitación.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 92 trata de la inhabilitación de los jueces de juicio oral y de la oportunidad para plantearla y resolverla.

Se aprobó con enmiendas formales, agregándose en la denominación y en la primera frase del inciso primero, después de “jueces”, la expresión “del tribunal del”.

Párrafo 2º. El ministerio público.

El tema del ministerio público fue uno de los más controvertidos durante la discusión del proyecto en informe, debate que luego se trasladó al proyecto de reforma constitucional que lo crea y a la iniciativa legal que fija su ley orgánica constitucional, en donde fue recogido in extenso, razón por la cual no se ha estimado pertinente reproducirlo en esta ocasión.

Con todo, parece conveniente esbozar algunas ideas generales sobre un tema que se ha constituido en un gravísimo problema político en todas las partes en que se ha querido establecer o modificar.

Los elementos que tensionan este grave problema político parten, por una parte, de la convicción — bastante generalizada y cada vez más profunda — de que la reforma estructural de la justicia penal no se puede producir sin un diseño muy especial del ministerio público. Al mismo tiempo, existe un sostenido temor acerca de su figura, básicamente, por ser nueva.

La emergencia institucional del Ministerio Público plantea el grave problema de que es una institución que, para nacer, tiene que quitarle poder a otras instituciones y ocupar un espacio en el espectro de la sociedad política que nadie tiene claro cómo lo hará. Frente a esto, una de las perspectivas es tratar de cambiar de ejes y transformarlo en un promotor de la reforma de la justicia.

La reforma de la justicia penal no se producirá porque se apruebe una ley. Es el inicio de un proceso de transformación, que debe tener en el ministerio público a su agente principal y que, al mismo tiempo, posea funciones, dentro de un marco normativo fuerte.

El ministerio público desde el punto de vista de una política de justicia, plantea dos problemas que conviene hacer explícitos: Uno, relativo a su ubicación institucional y, el otro, relativo al papel que a esa institución le cabrá en la investigación criminal.

Si bien ambos problemas ya están resueltos con la aprobación de la reforma constitucional que creó el Ministerio Público, se ha estimado pertinente consignar el debate habido en torno a ellos por razones históricas y, además, por que fueron temas muy debatidos durante la discusión del Código.

Mientras el primer problema alude a cómo el ministerio público se debe insertar en el sistema de competencias estatales al interior del sistema político, materia que se aborda en los proyectos de reforma constitucional y de ley ya indicados, el segundo problema alude, en cambio, al papel que se le va a asignar en lo que respecta al enjuiciamiento criminal y, específicamente, en cuanto a la investigación, materia que si es propia de la iniciativa en informe.

En el proyecto subyace un modelo de ministerio público al cual le compete no sólo la función de acusar, esto es, no sólo la función de sostener la acción penal, sino que, además, le cabe la función de instrucción, o sea, la de preparar esa misma acción penal, todo ello de manera informal.

Esta instrucción informal no tiene por objeto allegar convicciones que luego, por sí mismas, tengan valor ante los jueces del tribunal oral, sino, simplemente, que el ministerio público reúna evidencias que tiendan a conformar su propia convicción de que se hace necesaria la persecución criminal en el caso específico de que se trate. En todo caso, el conjunto de antecedentes recogidos por el ministerio público carecen de valor por sí mismos frente a los jueces del tribunal oral, ante el cual habrá que prestar evidencia que tenga ante ellos fuerza de convicción suficiente para el juzgamiento.

Esta instrucción informal permite fortalecer la oralidad del sistema de enjuiciamiento criminal y, al mismo tiempo, enfatizar el acento acusatorio del sistema.

A la vez, se busca acrecentar la eficiencia del sistema, dado que la mayor informalidad acrecienta la agilidad de la instrucción y permite una mejor apreciación de costo, caso a caso, todo ello, sin comprometer los derechos fundamentales del inculpado.

Por lo mismo, la instrucción informal ha de estar sometida a un estricto control jurisdiccional, siempre que ella pudiere afectar derechos fundamentales, para lo cual se establecen los jueces de control.

En forma complementaria, con la instrucción informal se busca aumentar la imparcialidad y la objetividad propias de la jurisdicción.

A juicio del Gobierno, encomendar la instrucción informal al ministerio público y no a jueces de instrucción no desmedra en modo alguno la jurisdicción, por entender que hay cosas que, constituyendo funciones de la judicatura, no son funciones propias de la jurisdicción. Considera el Ejecutivo que la instrucción informal es una labor de cariz administrativo no propiamente jurisdiccional y que, en consecuencia, restársela al Poder Judicial, si bien disminuye las funciones que actualmente le corresponden a la judicatura, mantiene íntegra a la jurisdicción.

El papel del ministerio público en el sistema de enjuiciamiento criminal y, específicamente, frente a la investigación, crea un problema complementario que tiene que ver con el accionar de la policía.

Creer que el ministerio público pueda reemplazar a la policía es insólito y los señores Diputados de la Comisión que viajaron a Alemania pudieron comprobarlo en forma empírica.

La policía siempre realizará las primeras investigaciones. Posiblemente, habrá que tender a una situación en que se establezca una coordinación, fruto de una relación construida. Se trata de cómo iniciar un proceso para que la policía —acostumbrada a tener una autonomía total — sepa que debe trabajar con ciertas reglas del juego que no las fija ella, porque no le corresponde.

Frente al modelo de un ministerio público con las riendas muy cortas sobre la policía — el cual es inviable en términos políticos, inclusive —, la respuesta no es tampoco un ministerio público que espera que la policía le dé todo.

La cuestión está en cómo generar el marco normativo para que el ministerio público — con su propia organización — y la policía — con sus viejas prácticas — empiecen a desarrollar un camino en común para lograr que, en un tiempo prudente, se establezcan nuevas reglas del juego.

El artículo 93 establece cuáles serán las funciones de los fiscales del ministerio público: ejercerán y sustentarán la acción penal pública en la forma prevista en la ley, para lo cual practicarán la investigación fiscal preparatoria y dirigirán la actuación de la policía.

El artículo fue objetado, por estimarse que lo que hace el fiscal es dirigir la investigación y quien la lleva a la práctica son sus órganos auxiliares. La policía obedece, pero es ella la que hace la investigación.

A lo anterior se retrucó expresando que la idea es limitar las facultades de la policía para hacer investigaciones autónomas, lo que es un gravísimo problema, porque es una investigación desprovista de controles y garantías.

Por eso, se da al ministerio público la tarea de dirigir a la policía en la función investigadora. La actuación de la policía no necesita ser jurisdiccional.

Para confirmar tal aserto, se expresó que la ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, prescribe en su artículo 4° que dicha Institución prestará a las autoridades judiciales el auxilio de la fuerza pública que éstas soliciten en el ejercicio de sus atribuciones, repitiendo luego la norma constitucional del artículo 73, que le obliga a cumplir sin más trámite el mandato judicial, sin poder calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar, para terminar diciendo que “Carabineros, asimismo, prestará a las autoridades administrativas el auxilio de la fuerza pública que éstas soliciten en el ejercicio legítimo de sus atribuciones”. De ahí se puede colegir, fácilmente, que el ministerio público — sin ser jurisdiccional su actuación — podría dirigir la actuación policial, sin inconvenientes jurídicos.

Se aprobó el artículo con modificaciones, con objeto de adecuar sus términos a las disposiciones del artículo 80 A de la Constitución Política del Estado y precisar que los fiscales del ministerio público, en conformidad con la Constitución y la ley, dirigirán en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerán la acción penal pública.

Junto con lo anterior, se acordó omitir en este artículo todo lo relativo a la actuación de la policía.

El artículo 94 determina que los fiscales del ministerio público deben actuar con objetividad en el ejercicio de su función, velando por la correcta aplicación de la justicia e investigando, con igual celo, los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, y los que le eximan de ella, la extingan o atenúen.

Se reparó en que el papel del fiscal era actuar con igual celo, pero no con criterio objetivo, porque cuando llega a la convicción de que el inculpado es culpable, trata de probarlo. Por lo tanto, no se puede suponer que será neutro en la investigación.- Sí se le puede exigir que tenga igual rigurosidad para investigar las circunstancias que atenúen o extingan la responsabilidad que aquéllas que la agraven, pero no es justo pedirle objetividad en la investigación.

Se aclaró que “objetividad” es la expresión tradicional que se usa en derecho comparado para distinguirla de “imparcialidad”. La “imparcialidad” se le exige al juez. Antes, había confusión sobre esto. Se pedía que el fiscal fuera “imparcial”, no teniendo que serlo. Pero tampoco puede ser arbitrario.- Por ello, se planteó el principio de objetividad.- Mas, es cierto que confunde, en cuanto no es la expresión adecuada.

Como abogado querellante se puede ocultar información. Se sabe, por ejemplo, que un testigo favorece a la otra parte, pero no tiene por qué presentarlo. El fiscal, en cambio, no podría hacerlo.- No puede ocultar información.

La explicación pareció razonable, lamentándose que estos elementos esclarecedores del verdadero sentido y alcance de la disposición no se recogieran en el texto mismo, aunque ello pugne con una depurada técnica legislativa.

Se aprobó en los términos propuestos, por mayoría de votos.

El artículo 95 regula los derechos de las víctimas, imponiéndoles a los fiscales del ministerio público el deber de velar por sus intereses, facilitar su intervención en el proceso, evitar o disminuir las perturbaciones que deban soportar, para, a continuación, obligarles a realizar determinadas actividades en su favor.

Se afirmó que la expresión “intereses” era más amplia que derechos, pues pueden abarcar, incluso, expectativas de derecho, formas de trato, etc.

Se aprobó con modificaciones, con el propósito de adecuar sus términos al artículo 80 A de la Constitución, que impone al ministerio público adoptar medidas para proteger a las víctimas y a los testigos.

El artículo 96 establece las facultades de los fiscales del ministerio público en el ejercicio de sus funciones, para lo cual deben llevar adelante todas las actuaciones conducentes al éxito de la investigación. Cuando éstas afecten o puedan afectar derechos individuales, sólo pueden proceder autónomamente en los casos en que la ley los autorice expresamente, debiendo en todos los demás requerir autorización judicial previa.

Se aprobó con modificaciones, con el objeto de adecuar su contenido al artículo 80 A de la Constitución y reordenar las materias que consulta, con el propósito de dar mayor claridad a la norma.

El artículo 97 se refiere a las implicancias y recusaciones de los fiscales del ministerio público.

En general, rigen para ellos las mismas causales que existen para los jueces, con excepción de la de haber formulado el juez acusación como fiscal en una o más causas en contra del imputado; la de haber manifestado el juez su dictamen sobre la cuestión pendiente con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia, y la de haber manifestado el juez de cualquier modo su dictamen sobre la cuestión pendiente, siempre que lo hubiere hecho con conocimiento de ella.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 98 se refiere a la fundamentación de los requerimientos y resoluciones del Ministerio Público.

Se aprobó con modificaciones. En el encabezamiento, se cambió la palabra “resoluciones” por “decisiones” y, en el artículo mismo, se adecuó su redacción, en cuanto a la fundamentación de los requerimientos y decisiones de los fiscales del ministerio público, para hacerlos concordantes con la que, según el artículo 42, se exige a los jueces respecto de las resoluciones que dicten.

Párrafo 3°. La policía.

Respecto de este párrafo, la Comisión estimó pertinente conocer las opiniones institucionales de la Policía de Investigaciones de Chile y de Carabineros de Chile, las que, junto con enviar sus representantes para exponer los puntos de vistas institucionales, hicieron llegar sendos documentos en que fijan su posición frente a la normativa propuesta.

Carabineros de Chile expresó estar de acuerdo con la dictación de un nuevo Código de Procedimiento Penal, que ayude a que se haga justicia expedita y eficaz, pues le parece que el Código vigente ya cumplió su ciclo.

Sobre la función de la policía en el procedimiento penal, considera que se da un trato discriminatorio a la función que cumplen Carabineros e Investigaciones. Pareciera que Carabineros desarrolla una acción subsidiaria, ya que actúa en aquellos lugares en donde la Policía de Investigaciones está ausente, o por iniciativa del fiscal.- Se debería igualar la función de ambas policías respecto de la capacidad de investigación.

Respecto de la superintendencia del ministerio público, piensa que, de algún modo, al otorgarle al ministerio público la supervisión del correcto cumplimiento de la función judicial de la policía, se consagra una nueva dependencia funcional, lo cual preocupa a Carabineros.

Carabineros de Chile tiene una dependencia orgánica del Ministerio de Defensa Nacional y, funcionalmente, del Ministerio del Interior, para los efectos del mantenimiento del orden público interno.

Sobre los deberes de la policía, la opinión de Carabineros es que se limitan, de alguna manera, los procedimientos policiales ordinarios, restándoles eficacia, porque quedarán supeditados a las instrucciones que el Fiscal Nacional impartirá.

De esta forma, el ministerio público quedaría dotado de facultades normativas para determinar los procedimientos investigativos y el ejercicio de otras funciones propias que competen a Carabineros.

Una interpretación relacionada de las normas de los artículos 100, inciso tercero, 101 y 102, lleva a Carabineros a concluir que dotan al ministerio público de facultades que afectan las competencias propias de la Institución, no sólo en lo que respecta a la investigación de los delitos que en definitiva corresponda a dicho ministerio, sino también en lo atinente al ejercicio de cometidos propios en los casos de recibir denuncias, auxiliar a las víctimas, practicar detenciones y operar en el sitio del suceso y, además, respecto de cualquier investigación que de oficio o a requerimiento de los tribunales de justicia deba practicar.

Explicado ello resumidamente, la capacidad operativa y los procedimientos policiales ya no quedarían entregados a la planificación, organización, disposición y ejecución técnica policial de los funcionarios institucionales, que proceden en tales casos conforme a leyes y reglamentos, sino que entregados integralmente a la superintendencia, supervisión, órdenes e instrucciones del ministerio público.

En otras palabras, todos los aspectos de procedimientos policiales serían definidos, ordenados ejecutar y controlados por un órgano externo a Carabineros de Chile.

La obligación de informar al ministerio público de cualquier investigación a la que se diere inicio le parece limitante, porque el fiscal indica la forma y modo de ejercer una función técnica policial, referidas incluso a investigaciones que deba realizar de oficio y en materias tan sensibles como las vinculadas al narcotráfico o narcoterrorismo, o más especializadas aun, cual es el caso de accidentes de tránsito y aquellas encomendadas a su laboratorio.

En relación con el poder disciplinario, se crea una nueva potestad disciplinaria que pugna con el Reglamento de Disciplina de Carabineros.- Además, un funcionario de Carabineros, eventualmente, podría verse enfrentado a una doble sanción administrativa, ya que una amonestación, desde el punto de vista administrativo, tanto para la Administración Pública como para Carabineros, es una sanción disciplinaria.- Luego, esta disposición estaría en contraposición a la reglamentación vigente de la institución.

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La Policía de Investigaciones señaló que estaba consciente de que el sistema judicial chileno requiere de una reforma profunda que satisfaga los anhelos de justicia de la ciudadanía.-

El proyecto de nuevo Código de Procedimiento Penal es un instrumento valioso para transformar el juicio criminal. Da mayor celeridad a los procedimientos que se instruyen en los tribunales de justicia, lo que evita largos procesos, que, muchas veces, exceden el tiempo de la condena. Reemplaza el modelo inquisitivo por uno de carácter acusatorio, en el que aparece, claramente consagrado, el principio de inocencia hasta no demostrarse la culpabilidad del imputado. La consagración de un ministerio público que realice la investigación, con el auxilio de la policía y el papel diferenciador entre el juez de control de la instrucción y los jueces sentenciadores, constituye una garantía de buena administración de justicia.

Sobre la atribución de los fiscales del ministerio público de dirigir la actuación de la policía, se podría llegar a interpretar en el sentido de que dirigirán toda la actuación policial, en circunstancias que tanto en el mensaje del nuevo Código de Procedimiento Penal como en varios artículos se dice que la policía actuará como “auxiliar del ministerio público”, quedando manifiesta la intención de que la policía sea una colaboradora directa e inmediata de la fiscalía, dado que es la policía la que tiene el conocimiento criminalístico y los medios científico-técnicos para la investigación de los delitos.

El término “dirigir” involucra un sentido de dependencia que, en este caso, no corresponde, ya que las instituciones policiales tienen claramente definido su papel y la razón de su existencia en la Carta Fundamental, determinándose su dependencia en las respectivas leyes orgánicas, sin que ello signifique substraerse a la subordinación que, en el cumplimiento de las órdenes que emitan, deban tanto al juez como al fiscal.

La Policía de Investigaciones de Chile, por mandato constitucional, junto a Carabineros, constituye la fuerza pública que existe para dar eficacia al derecho y garantizar la seguridad y el orden públicos, en la forma en que lo determine su ley orgánica. Cuenta con normas jurídicas de rango legal y reglamentario que regulan sus misiones y funciones, su organización y estructura, su sistema jerárquico y disciplinario, así como sus plantas.-

Por este motivo, las nuevas disposiciones deben coordinarse y armonizarse con los cuerpos normativos que rigen a la institución.

Sobre la superintendencia directa del ministerio público de los funcionarios policiales que cumplan funciones previstas en este Código, le parece que ella podría interpretarse como que los funcionarios actuarán bajo las órdenes del fiscal, sin supervigilancia de sus propios mandos, con lo cual se podría romper la natural dependencia que debe existir en una institución jerarquizada como la policía. Además, la policía debe cumplir otras funciones que el ordenamiento jurídico le impone.

Por lo mismo, se debe mantener la debida coordinación con los mandos respectivos, ya que los comisarios y prefectos tienen una visión general de sus respectivas dependencias, correspondiéndoles, entre otras funciones, la de distribuir racionalmente las tareas por cumplir, cuidando de que quien las realice tenga el conocimiento y la idoneidad necesarios para ejecutarlas.

En relación con los deberes de la policía, establecidos de manera genérica en el Código, que en el fondo no son otra cosa que actuaciones que deben llevarse a cabo sin necesidad de requerir de orden previa, observa que no se establecen las diferencias que, respecto de ambas instituciones, formula el proyecto en el artículo 99, en donde se señala que la función de la policía en el procedimiento penal debe ser cumplida por la Policía de Investigaciones de Chile como auxiliar del ministerio público, agregando que tales funciones se cumplirán por Carabineros en aquellos lugares en donde no exista Policía de Investigaciones y — aun existiendo — cuando el fiscal a cargo del caso así lo resuelva.

En busca de la armonización de los preceptos del nuevo Código y pensando que la norma ayudará notoriamente a mantener una debida coordinación entre ambas policías, en aquellos procedimientos en que deba actuar alguna de ellas, sugiere la siguiente redacción para la parte inicial del inciso primero: “Los funcionarios de la Policía de Investigaciones y, en su caso, de Carabineros de Chile, deberán realizar las siguientes actuaciones sin requerir orden previa:”.

Como observaciones de tipo puntual, sugiere, respecto del mismo artículo, suprimir, en la letra a), la expresión “del público”, ya que cualquiera persona puede denunciar un hecho delictivo y, entre ellas, puede haber personas investidas de autoridad, incluso los propios policías.

En la letra e), piensa que los redactores olvidaron algunos aspectos técnicos y científicos que maneja la policía para la protección, fijación y recolección de evidencias, rastros e indicios del sitio del suceso, así como su interpretación. Estima más apropiada, para los objetivos que se persiguen, la siguiente redacción: “Proteger y conservar los rastros o vestigios del delito, recoger los elementos y recabar los antecedentes de utilidad para la investigación”.

La obligación de informar al ministerio público, impuesta en el artículo 102, tal como está redactada, resulta equívoca, toda vez que no se distingue entre quiénes son oficiales y quiénes son agentes. Considera más apropiado utilizar la expresión “funcionarios” para este artículo. Asimismo, la expresión “inmediatamente” es ambigua y puede prestarse a erradas interpretaciones. Es más prudente señalar un plazo determinado para que los funcionarios policiales cumplan con su obligación de informar al ministerio público.- Sugiere la siguiente redacción para el inciso primero: “Los funcionarios de la policía informarán, dentro de veinticuatro horas, al ministerio público, de cualquier investigación a la que dieren inicio”.

La imposibilidad de cumplimiento de una orden, tal como aparece redactada, supone un impedimento de cualquier naturaleza y la obligación del funcionario de informar de inmediato a la autoridad que emitió la orden, quedando ésta facultada para sugerir o disponer las modificaciones necesarias para su cumplimiento. En este caso específico, parece no haberse considerado el hecho de que los funcionarios de la policía pertenecen a una institución jerarquizada. Por consiguiente, están subordinados a un mando, sin que puedan substraerse de tal dependencia, según lo exige su ordenamiento jurídico. Puede interpretarse que el vocablo “disponer” implica también un poder de decisión de la fiscalía en asuntos meramente administrativos, toda vez que el impedimento pudiera ser un hecho de esta naturaleza.

Para conciliar la idea del legislador con la situación que se da en la realidad, estima que tanto el ministerio público como la autoridad judicial que emite una orden sujeta a un impedimento de carácter administrativo, puedan sugerir o disponer lo necesario para su cumplimiento en coordinación con el respectivo mando institucional.

Sugiere que se agregue al artículo: “Si el impedimento del funcionario policial fuere de carácter administrativo, dichas modificaciones deberán efectuarse en coordinación con el respectivo mando institucional.”

Sobre el poder disciplinario de los fiscales del ministerio público sobre el funcionario policial, se infiere que el primero puede amonestar al segundo y, al mismo tiempo, recomendar que se le aplique una medida disciplinaria. Se puede, incluso, seguir la responsabilidad penal si correspondiere.

Al respecto, pone de relieve que los principios fundamentales del derecho sancionatorio señalan que nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho y que, previamente a la aplicación de una sanción, la parte afectada debe ser oída.

El texto legal en comento pareciera que otorga al fiscal la facultad de amonestar, sin escuchar la versión ni los descargos del funcionario policial, con lo que se rompe el principio de bilateralidad de la audiencia.- Por otra parte, la Policía de Investigaciones, en Chile, cuenta con un ordenamiento disciplinario y un poder sancionatorio regulado expresamente en la ley y en el reglamento, donde se establecen las faltas en que pueda incurrir el funcionario, las sanciones que se le pueden aplicar, la autoridad llamada a imponer las medidas disciplinarias, los recursos a que tiene derecho y los efectos de las sanciones, con lo cual se configura todo un sistema que es plenamente aplicable a las situaciones que considera la norma del artículo 106.

Estima que las facultades del fiscal y del ministerio público podrían quedar limitadas a recomendar la aplicación de una medida disciplinaria a la autoridad administrativa correspondiente. Más aun, si tiene la posibilidad de perseguir la responsabilidad penal cuando ello proceda. De mantener la potestad disciplinaria del fiscal, se estaría frente a un doble ordenamiento sancionatorio para el funcionario policial. Cabe hacer constar que la amonestación existe como medida disciplinaria en el ordenamiento institucional, graduada como simple y severa, según su gravedad.

Considera que el epígrafe “Poder disciplinario” debería substituirse por el de “Fiscalización” y sugiere que la redacción del inciso segundo quede de la siguiente manera: “El fiscal del ministerio público respectivo podrá recomendar a las autoridades administrativas correspondientes la aplicación de una sanción disciplinaria a aquellos funcionarios de la policía que infringieren disposiciones relativas al desempeño de las funciones previstas en este Código, que omitieren o retardaren la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplieren negligentemente, sin perjuicio de iniciar la persecución de su responsabilidad penal cuando correspondiere”.

Se aclara que todas las observaciones de forma y fondo que ha formulado Investigaciones tienen por objetivo clarificar el sentido y alcance de las normas del nuevo Código de Procedimiento Penal, al objeto de que armonicen y concuerden con la normativa jurídica que rige a la institución.- Resguardan su régimen administrativo, jerárquico y disciplinario que debe tenerse presente, ya que la Policía de Investigaciones, además de cumplir una función judicial como auxiliar del ministerio público, al investigar los delitos, debe realizar otras diversas funciones, como contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública; prevenir la perpetración de hechos delictuosos y actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado; dar cumplimiento a las órdenes judiciales y administrativas en los actos en que intervenga, como la de los tribunales especiales; prestar su cooperación a los tribunales con jurisdicción en lo criminal; controlar el ingreso y la salida de personas del territorio nacional; fiscalizar la permanencia de extranjeros en el país; representar a Chile como miembro de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), y dar cumplimiento a otras funciones que le encomiende la ley, por lo que resulta necesario y conveniente que las disposiciones legales que reglan estas materias no se contrapongan con los preceptos del procedimiento penal.

El artículo 99 señala cuál es la función de la policía en el procedimiento penal.

Los agentes de la Policía de Investigaciones de Chile son auxiliares del ministerio público para los efectos de llevar a cabo las diligencias de la instrucción. Deben, por iniciativa propia o por orden del ministerio público, investigar los hechos punibles de acción pública y los que dependan de instancia privada cuando corresponda; individualizar a los sospechosos y reunir los antecedentes útiles que habrán de servir de base a la acusación o para determinar un sobreseimiento, y ejecutar las medidas de coerción que el ministerio público decrete.

La misma función debe cumplir Carabineros de Chile en los lugares en que no exista Policía de Investigaciones y, aun existiendo, cuando el fiscal a cargo del caso lo resuelva.

Si el delito es de acción privada, los funcionarios de la policía no practicarán diligencias de investigación, salvo orden judicial previa.

En la actualidad, el mayor problema del sistema vigente es que, al no haber comunicación entre la policía y los jueces, el producto de la investigación policial no tiene un efecto eficaz.

Una vez aprobada la nueva legislación, no sería raro que se produjera en Chile, como ha sucedido en otros países, un problema de poder complicado, que es el poder real, en que los fiscales tratarán de que la policía les obedezca y la policía tratará, de algún modo, de anular tal poder.

Si en el texto legal las normas son ambiguas en esta materia, la policía seguirá haciendo lo que quiera y los fiscales tendrán muchas dificultades para hacer cumplir sus decisiones.

Con el fin de reordenar el artículo, se propuso eliminar, en el primer inciso, desde “individualizar” hasta “sobreseimiento”, porque se entiende que es parte de la instrucción.

Se observó, al efecto, que lo que se pretende borrar tiene la virtud de excluir determinadas conductas.

Respecto de la oración final de este mismo inciso, que dice: “Asimismo, les corresponderá ejecutar las medidas de coerción que el ministerio público decrete”, se hizo presente que la Comisión, al ver el artículo 153 del proyecto original, le quitó esas facultades de coerción y borró el inciso final de dicho artículo, por lo que, cuando el ministerio público quiera alguna medida cautelar, deberá solicitarla del tribunal.

En lo que respecta a la distinta función que se le encomienda a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile, se explicó que ello obedece a que la primera es la policía que está al servicio de la investigación criminal. En consecuencia, cualquier delito de que conozca, el funcionario de Investigaciones está obligado a investigarlo, dando parte al ministerio público y obedeciendo sus órdenes. Carabineros, en cambio, sólo podrá hacer investigaciones criminales completas cuando el ministerio público se lo ordene.

Se aprobó el artículo con modificaciones. En el primer inciso, se eliminó la oración desde “individualizar” hasta “sobreseimiento”.- En la última oración de este inciso, se eliminó “el ministerio público” y agregar “se decreten”.-

El artículo 100, relativo a la superintendencia del ministerio público sobre los funcionarios policiales que cumplan funciones previstas en este Código, fue objeto de controversia, particularmente en cuanto el concepto de “superintendencia” parece ir más allá de lo funcional, siendo como una especie de tuición sobre todo. Por esto, sería mejor decir “dirección”.

Se advirtió que era importante que quedara claro que hay una subordinación. No es tarea entre iguales.- Uno da la orden y el otro la cumple.- Es una situación de dependencia.

Con el fin de subsanar los reparos formulados por Carabineros, se sugirió que la dirección del ministerio público fuera para los efectos de la instrucción.

El último inciso, que permite al ministerio público supervisar la función judicial de la policía e impartir instrucciones generales sobre su ejercicio, se propuso eliminarlo, por tratarse de una normativa que escapa al contenido de este Código y que tal vez podría discutirse cuando se vea la ley orgánica constitucional del ministerio público.

En definitiva, se aprobó el artículo con modificaciones. En el título, se cambia “Superintendencia” por “Dirección”.

Se sustituye el inciso primero por el siguiente: “Para los efectos de la investigación, los funcionarios policiales que, en cada caso, cumplan funciones previstas en este Código, ejecutarán sus tareas y las órdenes que se les encomienden bajo la dirección y responsabilidad del ministerio público, sin perjuicio de su respectiva dependencia de las autoridades de la institución a que pertenecieren”.

Se eliminó el último inciso, que se dejó como tema pendiente para el proyecto de ley sobre el ministerio público.

En el artículo 101, sobre los deberes de la policía, se propuso cambiar el título por el de “Actuaciones de la policía sin orden previa”.

El último inciso, que obliga a la policía a ajustar su proceder a las instrucciones que el Fiscal Nacional impartiere, se propuso eliminarlo, como consecuencia de la supresión del inciso final del artículo anterior.

Se aprobó el artículo como el cambio en su denominación y con la supresión del último inciso, dejándose como tema pendiente para la ley sobre el ministerio público.

El artículo 102 impone a los oficiales y agentes de la policía la obligación de informar al ministerio público de cualquier investigación a la que dieren inicio.

En apoyo de la disposición, se hizo constar que artículo 120 bis, Nº 5, del Código vigente, dice: “sin orden judicial, la policía sólo puede tomar las declaraciones que las personas se allanaren a prestarle”.

Los mayores excesos y abusos se producen en este trance, lo que fue corroborado por diversos integrantes de la Comisión. Es una cuestión de principios. Los maltratos se producen en este tipo de interrogatorios. En la práctica, la policía interroga, lo cual es objeto de numerosas críticas.- Hay dos alternativas: o la policía no interroga, salvo que se lo delegue el fiscal, como se propone, o que la policía interrogue en presencia del abogado.- Constitucionalmente, el letrado debería intervenir en el interrogatorio de la persona que está en presencia de la policía.-

Se hizo presente que en el Código también se adopta una definición en torno a cuál es la concepción de los medios probatorios, entre los cuales se refiere especialmente a la confesión.

Es una deformación del sistema actual entender la confesión como un medio de prueba en contra del inculpado. No se puede desvirtuar la confesión, que es un derecho del imputado para declarar o no declarar y cuya garantía más elemental es el derecho a guardar silencio.- Ahí subyace este derecho reconocido en todos los órdenes procesales de que se tiene conocimiento.- Luego, no se entiende que la confesión pueda ser legislada o tratada como un medio probatorio para inculpar a la persona respecto de la cual se realiza una investigación.- Lo lógico es que la confesión pueda ser un medio de defensa de la persona y no se tome como un medio para culparla.

Toda persona tiene derecho a preparar su confesión, con un abogado al lado, para que le señale sus derechos y posibilidades en el juicio. Si se la priva de ese derecho, se la expone a que esa confesión sea mal utilizada en su contra.

Se indicó que este debate era muy propio y comprensible, por nuestra propia cultura jurídica inquisitiva en materia penal.- De tal manera que el tema de la posibilidad de la confesión resulta muy relevante.- En el actual derecho comparado, la palabra confesión está eliminada de los Códigos.- Ya no existe el medio probatorio llamado confesión.- Por eso se usa la expresión “declaración”, que Manuel Egidio Ballesteros tomó en el Código chileno, declarando en el proyecto que entendía por declaración el modo de donde podían extraerse medios de defensa a favor del inculpado.- Tanto es así, que el Código dice que, cuando la persona se finja loca o demente o se crea muda, el juez se limitará a advertirle que no entorpecerá la investigación y que se le puede privar de medios de defensa.- Posteriormente, el Código de don Manuel Egidio fue modificado y se terminó en este sistema.- Pero la estructura que le dio ponía el énfasis en la declaración como un medio de procurar defensa al inculpado.

El Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal actual tienen la confesión perfectamente relegada. La confesión fue la que dio origen a los excesos de los enjuiciamientos, porque, cuando se magnificó su importancia como medio de establecer el hecho, todos los procedimientos para obtenerla fueron válidos.

Hoy en día, hay que tener en cuenta que la confesión ya no vale. Existen ordenamientos procesales y jurisprudencia europea continental actual que dicen que la verdad material, la verdad absoluta, no es un fin del proceso.- No se puede llegar a la verdad por cualquier medio.

La ciencia procesal actual tiene eliminada la confesión como medio de prueba en todas partes del mundo.

Al efecto, se dijo que la anterior era una verdad parcial, porque el mismo proyecto establece una serie de salidas alternativas basadas en la confesión y en el principio de la economía procesal. Si una persona se declara culpable, puede pactar una pena menor y no llegar a juicio.- Todo eso está construido en la confesión y en el reconocimiento voluntario de ciertos hechos.

Se retrucó la afirmación anterior indicando que, si bien es efectivo lo expresado, la confesión está establecida respecto del reconocimiento de los hechos pero, de tal manera, que si el tribunal rechaza la posibilidad del acuerdo y hay que ir a juicio, queda vigente la posibilidad de que la persona sea absuelta, lo que revela que es un reconocimiento de hechos y no una confesión.- Sin duda, el procedimiento abreviado se hizo sobre la base del reconocimiento de los hechos, pero no sobre la confesión.

Se reconoció que había que resguardar los derechos de las personas y erradicar los problemas que hoy generan las confesiones extrajudiciales, sin que ello obste para establecer una vía para que, si una persona quiere reconocer voluntariamente los hechos, lo haga y reciba las sanciones correspondientes. Para ello, lo importante es regular muy bien en qué consiste la declaración y su valor en el juicio.

Se acotó, a mayor abundamiento, que este Código razona sobre la base de que no hay un sistema de prueba legal tasada, como ocurre hoy en día.- En el Código actual, el legislador dice cómo se debe valorar la prueba.- En el proyecto, no es la fórmula que se ha empleado.- Sin embargo, hay determinados medios probatorios que el Ministerio de Justicia ha decidido regular expresamente, porque son complejos, no obstante existir un sistema de sana crítica. Se pueden admitir otros, en la medida en que al juez le produzcan fe.

En ese contexto, la declaración tiene el valor de un antecedente para llegar a una convicción, pero no es posible considerarla como medio probatorio y regularla. Cabría indicar, más bien, que la declaración es un derecho — derecho a no autoinculparse, a la no autoincriminación, a guardar silencio — y que el resto de las normas sobre declaraciones razonan sobre una base distinta de lo que es la confesión actualmente regulada.

Es un tema que tiene tres alternativas: 1.- Que las declaraciones se presten única y exclusivamente delante del juez. Es el esquema más garantista de todos. 2. Que el fiscal siempre delegará en la policía la facultad de interrogar. Es un esquema menos garantista, por el cual ha optado el Código. 3. Que se le permita a la policía interrogar autónomamente, pero en presencia de un defensor de oficio, y que esté regulado el procedimiento.

Lo ideal es que el inculpado preste declaración únicamente ante el juez. La tesis que ofrece el Código es intermedia y sujeta a crítica, porque, en rigor, el Ministerio Público — que es el órgano de persecución penal — siempre delegará esta función en la policía.

Algunos señores Diputados se manifestaron abiertamente contrarios a que el ministerio público pudiera delegar, por ser de parecer que bajo ninguna circunstancia una persona deba estar obligada a declarar ante la policía. Lo aceptan si lo hace voluntariamente.

Al final, hubo acuerdo en que la policía no podrá interrogar autónomamente al imputado, salvo en el caso de que se allanare voluntariamente el inculpado a prestar una declaración.

Se aprobó el artículo con modificaciones. En el primer inciso, se reemplazó “oficiales y agentes” por “funcionarios”. Se agregó un inciso cuarto del siguiente tenor: “Bajo la responsabilidad y autorización del ministerio público, la policía consignará las declaraciones que los imputados quisieran prestar, libre y voluntariamente”.

El artículo 103 faculta al fiscal para que, en cualquier momento, pueda requerir las actuaciones de la policía o fijarle plazos para su conclusión.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 104 se pone en la hipótesis de que el funcionario se vea en la imposibilidad de cumplir con la orden impartida por el ministerio público o la autoridad judicial. De ser así, lo pondrá en conocimiento de quien la hubiere emitido, quien podrá sugerir o disponer las modificaciones pertinentes para su debido cumplimiento.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 105 establece la prohibición de informar por parte de los funcionarios de policía acerca de las diligencias que practicaren, bajo sanción.

Se hizo presente que esta disposición resultaba bastante contradictoria con el proyecto sobre libertad de prensa, siendo necesario precisar qué es lo que se quiere evitar que se conozca.

Se aclaró que el objeto de la disposición era impedir que los funcionarios policiales proporcionen información a la prensa antes de que la conozca el fiscal o el tribunal.

Sobre lo antes expresado, se observó que la originalidad del proyecto es que no existe ya el secreto de sumario; todo es público en estos procesos, por lo que, en principio, no habría ninguna razón para que la policía esté impedida de proporcionar la información a la que tienen acceso las partes. No tendría sentido tener un juicio oral abierto si se prohíbe informar.

Se agregó, además, que el material del proceso penal, estrictamente, desde el punto de vista del público, sigue siendo de acceso restringido, mientras no sea transformado en actuaciones judiciales formales y bilaterales, que son públicas. Su acceso está limitado a los intervinientes, en atención a la protección del honor y de los intereses de aquéllos que están amparados en el principio de inocencia.

La policía es el órgano más poderoso, en términos de la posibilidad que tiene de destruir los valores individuales, o sea, los derechos de las personas, porque tiene una capacidad operativa muy fuerte, con la que puede utilizar la violencia.- La idea es si, además, se le suma la posibilidad de operar a través de la prensa.- La policía se convertiría en un órgano incontrarrestable desde el punto de vista ciudadano.- No es lo mismo en el caso del fiscal o del juez, porque el poder que tienen es básicamente declarativo.-

A mayor abundamiento, se puso de relieve que efectivamente uno de los ejes del nuevo Código era, obviamente, la publicidad que consagra, pero que ésta era creciente a medida que avanza el proceso.

Se puede definir, gráficamente, en tres etapas. 1. La etapa de máxima restricción en cuanto a la publicidad es la de la investigación, en que hay dos entes trabajando.- Claramente, la publicidad tiene que ser diferente.- Cuando el fiscal tome conocimiento, conjuntamente con las partes, de ciertos hechos que le traiga la policía, si las partes quieren darlos a conocer, o el fiscal cree procedente que se les dé publicidad, podrán hacerlo.- Lo que no es posible es que la policía en su investigación esté dando a conocer aquellos hechos que está investigando y en los que hay incipientes sospechas respecto de la culpabilidad de una persona. 2. La publicidad será creciente en la medida en que avance el procedimiento y exista convicción sobre la comisión del delito y las personas involucradas. 3. La etapa de mayor publicidad es el juicio, que es oral, público y con la mayor transparencia. Los testigos, los inculpados y la defensa están frente al público y podrán entrar los periodistas.[30][31]

La preocupación expresada por algunos señores Diputados dice relación a la forma como se entera la sociedad de lo que ocurre dentro de ella.- El artículo 40 del proyecto de prensa aprobado dispone que: “El tribunal sólo podrá suspender la divulgación de informaciones, por cualquier medio de comunicación social, en juicios penales en estado de sumario, cuando existan antecedentes inequívocos y revestidos de seriedad de que la divulgación pueda entorpecer gravemente el éxito de la investigación o atentar contra la seguridad del Estado o contra la garantía constitucional general del artículo 19, Nº 4, párrafo 1º, de la Constitución Política de la República.- Quien infrinja dicha suspensión, será sancionado con [.].- La suspensión debe ser ordenada en resolución fundada y motivada, por un plazo no superior a veinte días, pudiendo recaer sobre la totalidad de las actuaciones del proceso o sólo sobre alguna de ellas”.-

La norma general es la libre circulación de la información de todo orden. Según el proyecto sobre ley de prensa, todo es público. Evidentemente, hay grados de publicidad y cierta capacidad para manejar la información, pero no hay prohibición de informar, como tampoco la hay para llegar a la fuente. El juez puede prohibir informar para proseguir la investigación o para asegurar el éxito del juicio.

Se justificó la disposición propuesta en el sentido de que ella tiene una finalidad diferente de la consagrada en la libertad de prensa. Es protectora de los derechos de las personas sometidas a investigación o proceso.- En algún momento dado, hay que sacrificar algún interés.- Esta norma es garantística de los derechos de las personas involucradas en los juicios.

Sólo en función de las garantías de las personas, los juicios son orales y públicos. Si la publicidad es contraria a esos derechos, naturalmente hay que restringirla.- No tiene ningún sentido la publicidad porque sí.

La idea es que, en principio, ningún órgano del sistema, o sea, ni el fiscal ni la policía, puede informar a la prensa antes de presentar judicialmente los cargos al imputado. Éste es el mínimo principio de lealtad.- No se puede informar a la prensa de algo sí, paralelamente, no se da al imputado la oportunidad de defenderse.

Se aprobó el artículo en los términos propuestos, por mayoría de votos.

El artículo 106 se refiere al poder disciplinario del ministerio público sobre los funcionarios policiales.

El Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva del siguiente tenor: “El Fiscal Nacional del Ministerio Público tendrá la dirección del cumplimiento de las actuaciones ordenadas por este organismo y podrá, en tal carácter, por sí o por medio de los fiscales del Ministerio Público, recabar informes, hacer inspecciones, prescribir órdenes para que las actuaciones pendientes sean legal y oportunamente realizadas, practicar indagaciones y recibir declaraciones sin juramento con el objeto de hacer efectiva la responsabilidad funcionaria o penal de los infractores.-

A solicitud del funcionario responsable, o del superior jerárquico del Ministerio Público, se podrá recomendar a las autoridades administrativas correspondientes la aplicación de la sanción disciplinaria a los funcionarios de la policía que infringieren disposiciones relativas al desempeño de las funciones previstas en este Código, que omitieren o retardaren la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplieren negligentemente, sin perjuicio de iniciar la persecución de su responsabilidad penal cuando correspondiere.”

En definitiva, vuestra Comisión acordó excluir este artículo del proyecto y verlo cuando estudie la ley orgánica constitucional del Ministerio Público.

El artículo 107 se refiere al registro de las actuaciones de la policía, el que, en ningún caso, tendrá valor probatorio alguno.

Sobre la razón de esta última afirmación, se advirtió que había que tener presente que se está hablando de una instrucción. Las instrucciones, en el marco de la reforma, son desformalizadas.- Lo que el ministerio público, con el auxilio de la policía, recabe como medios probatorios, no tiene pleno valor probatorio en la fase de instrucción o investigación; sólo cobra ese valor en el juicio oral.

El sentido de esta disposición es que no tienen valor probatorio en el juicio oral.

La palabra “registro” está puesta en el sentido de que se trata de un acto. Se quiere que cuando la policía haga una diligencia no la detalle, sino que levante un acta y no que haga un “parte” completo, con interrogaciones.- Este documento debería ser firmado por el jefe policial superior y, ojalá, por el afectado. Es un antecedente que depende de la naturaleza de la diligencia. No se puede ser categórico en si tiene o no tiene valor probatorio, porque dependerá de la apreciación del juez.

A raíz de la afirmación anterior, se sugirió que se dijera que estos registros no podrán reemplazar las declaraciones de la policía en el juicio oral, ya que, en definitiva, lo que se quiere evitar es que se reemplace la declaración personal de los policías y su confrontación por la lectura del registro.

Se aprobó el artículo con el cambio indicado en el párrafo anterior.

Párrafo 4º. El imputado.

Comprende los artículos 107 al 127.

I. Derechos del imputado.

El artículo 107 establece, en forma condensada, los derechos del imputado, los que se desarrollan en el resto del articulado del proyecto.

El encabezamiento, en cuanto establece, de manera imperativa, que el imputado tendrá los derechos que luego se explicitan, fue reparado, pues la disposición sólo contempla los principales, existiendo otros que le conceden las leyes o los que pueda conferirle el tribunal por estimarlos necesarios para su defensa.

En definitiva, se acordó sustituir el encabezamiento y recoger en él, con las adecuaciones pertinentes, la redacción que tiene el artículo 67 del Código vigente, que dispone que “Todo inculpado, sea o no querellado, y aun antes de ser procesado en la causa, podrá hacer valer, hasta la terminación del proceso, los derechos que le acuerden las leyes y los que el tribunal estime necesarios para su defensa. En especial, podrá: [.].”

Al margen de la regla general aprobada, se acordó expresar, en el encabezamiento del inciso segundo, que, de modo especial, tendría derecho a los beneficios que este artículo le confiere.

En apoyo de esa determinación, se aclaró que en el actual sistema se reconocen, en teoría, tres categorías de derechos al inculpado: aquéllos especialmente enumerados en el artículo 67, aquéllos que el juez decida otorgarle y otros que no están incluidos en la ley, como, por ejemplo, el derecho a presentarse voluntariamente a declarar.

En relación con el derecho a ser asistido por un defensor público, en caso de no contar con uno, se hizo presente que, junto a la reforma del proceso penal, se trabaja paralelamente en un anteproyecto que reformula la defensoría pública. Sus líneas matrices son las de crear un fondo concursable, a partir del cual se genera la posibilidad de licitar ese fondo entre aquellas personas jurídicas que estén interesadas en ofrecer defensorías.

La idea matriz de esa iniciativa razona sobre la base de equiparar, en la medida de lo posible, la calidad de la oferta de la defensoría privada en relación con la que presta el Estado a través de las corporaciones de asistencia judicial.

El tema se trabaja en la óptica de que un sistema como el del nuevo Código, con un ministerio público en forma, requerirá, obviamente, de una defensoría pública con mayores exigencias que las que actualmente se pueden obtener de las corporaciones de asistencia judicial y de los abogados de turno, como única forma de evitar que el inculpado quede en pie de indefensión ante el fiscal.

Respecto del derecho del imputado a no ser juzgado en ausencia, previsto en la letra j), materia que dice relación al tema del imputado rebelde, se aclaró que la disposición se complementa con el artículo 11, que define la rebeldía, cuyas causales y efectos se regulan en los artículos 111 y 113, respectivamente.

Se trata, en todo caso, de la misma situación que se tiene hoy en día en el Código Penal. Al ausente se lo declara rebelde y se suspende el procedimiento hasta que sea habido.-

Esta idea refuerza el principio del derecho a la defensa, en el sentido de que si la persona no es habida, el proceso se sobresee temporalmente y se espera a que aparezca, sin perjuicio de mantener vigente la orden de detención. El juicio público, en el cual se resolverá acerca de su responsabilidad, sólo tendrá lugar con su presencia.

La rebeldía se produce como consecuencia de no tener al imputado presente para formularle los cargos. Si no existe esa posibilidad concreta y física de tenerlo presente, no hay juicio.-

Se acordó complementar la letra j) con la frase “sin perjuicio de las responsabilidades que para él deriven de la situación de rebeldía”.

Se dio por aprobado el artículo, con el cambio en su encabezado, el párrafo inicial del inciso segundo y con la modificación de la letra j).

El artículo 108 regula la situación del imputado privado de libertad, por haber sido sometido a detención o prisión preventiva.

En relación con la letra b), sobre el derecho a informar inmediatamente a la familia del imputado del hecho de su detención o prisión, se hizo presente que esta responsabilidad recaía en terceros, debiendo consagrarse una norma que le permita hacerlo por sí mismo, como se hizo en el proyecto de ley sobre detención por sospecha.

Se explicó que el artículo se aplicaba a todas las detenciones, no sólo a las policiales y que, existiendo la posibilidad de que el detenido esté incomunicado, no tendría el derecho a comunicarse con sus familiares, sino a que se les informe.

Sobre la letra e), que permite al imputado privado de libertad solicitar al juez que se ponga término a la detención y a que califique la legalidad de la misma, si no hubiere sido decretada por él, se dijo que podría entenderse que el juez califica la primera y la segunda circunstancia, con lo cual la primera perdería toda eficacia.

Se propuso redactar la norma de forma que se entienda que la calificación se aplica sólo en el segundo caso.

En definitiva, se aprobó el artículo con los siguientes cambios:

Se sustituyó la letra b) por la siguiente: “b) A informar por sí mismo o a que se informe inmediatamente a su familia, a su defensor o a la persona a quien indique, por los medios más expeditos, el hecho de su detención o prisión;”.

En la letra e) se elimina la palabra “se” y se reemplazó “si” por “cuando ésta”.

El artículo 109, sobre obligación de cumplimiento e información al imputado, se acordó modificarlo para alterar el orden en que se mencionan los funcionarios a quienes afecta, quedando de la siguiente manera: jueces, fiscales, funcionarios policiales.

Llamó la atención que no se estableciera una sanción específica para el caso de que no se dé cumplimiento a este precepto, particularmente, cuando a una persona se le niegue conferenciar privadamente con su abogado.

Se indicó, para responder a esa interrogante, que en el Código Penal hay normas sobre la detención arbitraria, que se refieren a todos estos temas, precisamente.

A lo anterior, se agregó que, perfeccionadas o no aquellas normas del Código Penal, sería bueno indicarlas y remitirse a ellas.

La opinión anterior mereció reparos, porque, en tal caso, se estaría estableciendo un nuevo tipo penal, lo cual envuelve una serie de problemas técnicos.

Además de ese problema, el inconveniente que hay es que los tipos penales de la detención arbitraria son bastante antiguos y algo restrictivos. Además, se discute mucho el monto de su pena en relación con las establecidas para otros delitos, como el secuestro.

En definitiva, se acordó que el Ministerio de Justicia, al proponer las modificaciones del Código Penal, redacte un tipo penal vinculado a la detención arbitraria, que consista en el incumplimiento de estas obligaciones.

Se aprobó este artículo con la modificación y alcance indicados.

II.- Imputado rebelde.

El artículo 110 contempla los casos en que se considera rebelde al imputado: cuando su paradero es desconocido, o residiere en el extranjero sin que sea posible u oportuno obtener su extradición para que comparezca ante las autoridades de persecución penal que correspondan.

El artículo fue objeto de algunos reparos, particularmente respecto del imputado que se encuentre en el extranjero y no pueda ser extraditado y que, al ser declarado rebelde, no podría ser condenado. Esto no pareció bien a algunos diputados, ya que es muy fácil, en este mundo internacional cada vez más abierto, burlar la justicia, simplemente, yéndose al extranjero.

Se agregó, en apoyo de ese reparo, que en el sistema actual, que es inquisitorial, obviamente, la rebeldía o la ausencia implican algún grado de sanción. Aunque se lo sobresea temporalmente, el imputado quedará con una situación procesal complicada.- Con el cambio de sistema, dado que en el juicio oral se determinará la responsabilidad, el imputado queda demasiado beneficiado por el solo hecho de la ausencia.

Se hizo presente que el punto por dilucidar es el derecho a defensa. Desde ese punto de vista, hay dos clases de ausencia. La que es producto de la simple ignorancia de la existencia de un proceso, que es involuntaria, y, otra, que es la del ocultamiento deliberado. Frente a esta última, la ley puede reaccionar de dos maneras: 1. Concediéndole efectivamente todas las instancias para que el imputado tenga derecho a defenderse y que, voluntariamente, las acoja; y 2.- Dándole publicidad a esa instancia, de manera tal que tenga efectivamente conocimiento de ella. Si el imputado no usa la instancia y se acoge al ocultamiento y a la fuga, hay en la práctica un aprovechamiento del propio dolo.

Junto con reconocerse la efectividad de lo expuesto, se afirmó que estos derechos que se consagran son el reflejo de un devenir histórico. Cuando se llega a un minuto en el que se establece el derecho al no juzgamiento en ausencia, en el fondo se está haciendo una síntesis de muy larga evolución.-

Parece lógico que deba reprobarse el ocultamiento, caso en que no puede premiarse esta situación.- Pero, no debe olvidarse que se llega a ella cuando el Estado ha agotado sus medios: Ha pedido la extradición y no la han dado.- Si no se sabe en qué lugar se encuentra la persona, se agotarán los medios a través de la INTERPOL o por los caminos adecuados.- Si, agotados todos esos mecanismos, no se tiene la posibilidad de traer al sujeto, se tendrá que tomar una decisión: se opta por el respeto a los derechos de la persona o se prefiere el resguardo del derecho social, que fue afectado por el atentado que cometió este sujeto.

La evolución actual conduce a decir que, en esa disyuntiva, sucumbe, en definitiva, el derecho social en favor del derecho de ese sujeto. Esto quiere expresarse cuando se dice “el derecho a no ser juzgado en ausencia”.

En apoyo de la disposición, se explicó que en la tradición chilena no existe el principio de la posibilidad de juzgamiento en ausencia, salvo en algunos delitos menores o en situaciones excepcionales.- En la práctica, lo que pasa es que, como el sistema es escrito, es usual que se le hayan tomado ciertas declaraciones al sujeto y luego su abogado haya contestado la acusación.- Al desconocerse el paradero del imputado y al no importar que esté presente para efectos del juzgamiento, pues tiene defensor, se lo juzga y condena igual.

A mayor abundamiento, se recordó que el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable.

El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra, entre las garantías mínimas a que toda persona acusada de un delito tiene derecho durante el proceso, la de hallarse presente en él.

Ambas disposiciones tienen plena vigencia en Chile, en conformidad con el artículo 5° de la Constitución Política de la República.

Se defendió la norma propuesta, señalándose que en el juicio penal, con un proceso que tiene un elemento de su esencia, cual es la posibilidad del inculpado de dar a conocer su posición frente a los hechos, juzgar a una persona en ausencia es dictar una sentencia que puede ser abiertamente injustificada.

La no presencia en el proceso elimina un factor decisivo, la llamada “declaración indagatoria”, que, incluso, se establece en la legislación actual, salvo situaciones muy excepcionales, como un requisito esencial para someter a proceso a una persona. La ley le da tanta importancia al derecho de la declaración indagatoria, que lo concede sin exigir juramento, porque estima que es mucha la necesidad de que la persona se defienda, aun mintiendo. No hay ninguna agravante de responsabilidad penal que establezca que al inculpado que faltó a la verdad se le aplicará el máximo de la pena. La razón para ello es que en el proceso penal se está juzgando a una persona y se entiende que su presencia es un elemento clave para respetar el principio del debido proceso, que exige, como requisitos mínimos, el conocimiento oportuno de la acción, adecuada defensa y producción de la prueba que correspondiere.

, Se subrayó que, en el momento de adoptarse una decisión en esta materia, había que tener presente que lo que interesa, finalmente, es que lo que resuelva el tribunal tenga algún efecto y no lo tendrá si hay condenado en ausencia, porque, en virtud de los tratados internacionales, la mayoría de los países a los que se les solicite la extradición de esa persona condenada en ausencia no darán lugar a ella por no haber sido oída en el juicio. Lo único que se ha logrado, en el fondo, es malgastar los recursos públicos.

El asunto, por lo demás, no tiene mucha implicancia práctica, pues si el sujeto se va a un país con el que no hay tratado de extradición, se cerrará el proceso, se emitirán órdenes de detención, las que irán a INTERPOL, y el sujeto quedará en situación de persecución.

En definitiva, se aprobó la disposición por mayoría de votos, con la supresión de las palabras “u oportuno”.

El artículo 111 establece las causales para declarar rebelde al imputado.

Se aprobó en los términos propuestos, por mayoría de votos.

El artículo 112 regula la declaración de rebeldía, la que puede hacer el juez de control de la instrucción o el tribunal ante el que se debiere comparecer.

Previamente a ella, el tribunal debe expedir órdenes para citar o aprehender al imputado y dirigir requisitorias a los tribunales de los lugares en que se sospeche que hubiere podido albergarse.

Se aprobó, por mayoría de votos, precisándose que las requisitorias deben hacerse a los tribunales nacionales o extranjeros y con el cambio de la palabra “albergarse” por “pudiere encontrarse”.

El artículo 113 precisa los efectos de la rebeldía, una vez declarada.

El artículo 114 establece los efectos que se producen en caso de que el imputado rebelde se presente y justificare su ausencia, caso en el cual el juez puede revocarla.

El artículo 115 indica el efecto que genera la inexactitud del domicilio que señalare el imputado, la que es considerada como indicio de fuga para la declaración de rebeldía.

Los tres artículos anteriores se aprobaron sin debate, en los términos propuestos, por mayoría de votos.

III. Declaración judicial del imputado.

El artículo 116 prohíbe que la declaración del imputado se reciba bajo juramento, sino bajo exhortación a decir verdad.

El artículo 117 se refiere a la primera declaración del imputado y a las preguntas que deben formulársele.

Ambos artículos fueron aprobados en los términos propuestos.

El artículo 118 establece las advertencias preliminares que habrán de hacerse al imputado antes de que preste declaración, con el fin de que conozca a cabalidad los derechos que le asisten.

Por su trascendencia para la defensa, se acordó colocar en primer lugar el derecho que tiene a consultar a un defensor.

En relación con la última frase del inciso tercero, que dice que “El tribunal podrá recomendar al Ministerio Público la práctica de alguna de las diligencias solicitadas por el imputado”, se consultó si esa era la filosofía correcta o aquella que permite al tribunal ordenarlas.

Se especificó que la norma se puso, precisamente, por no haber investigación judicial, ya que el juez no puede investigar. Por eso, cuando el imputado pida diligencias al fiscal y éste se niegue, por esta vía el juez podría estimularlo a efectuarlas. Ante la negativa del fiscal, el imputado puede reclamar ante su superior.

Pese a la explicación dada, se cuestionó la expresión “podrá recomendar”, ya que parece absurdo que el ministerio público pueda no efectuar las diligencias solicitadas cuando el tribunal ha llegado a la convicción de que son necesarias para el ejercicio de la defensa y el respeto del principio de la objetividad.

Por lo mismo, la disposición debe facultar al juez de control para ordenar la práctica de estas diligencias.

Se aprobó el artículo con las dos proposiciones comentadas.

El artículo 119, sobre el objeto de la declaración del imputado, le permite declarar cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le atribuye, pudiendo tanto los fiscales del ministerio público como el defensor dirigirle las preguntas que estimaren convenientes, con la venia del juez.

El artículo 120 regula los efectos que produce la negativa del imputado para declarar o su fingimiento como loco, sordo o mudo.

Se aprobaron ambos artículos en los términos propuestos, incluyéndose en el último la expresión “sordomudo”.

El artículo 121 se refiere a los registros de las declaraciones.

Se hizo presente que tenía importancia para los recursos que puedan presentarse, en cuanto permite acreditar el hecho de la declaración, pero no para valorar de nuevo su contenido. Se agregó a lo anterior que también podría servir para sostener la acción, que es una expresión de voluntad de uno de los partícipes que se llama fiscal.

Sobre el sentido del registro, se aclaró que la práctica actual no proviene del hecho de que se escrituren o no se escrituren las actuaciones, sino que del modo como se toman las pruebas. En el sistema inquisitivo chileno, más allá de cómo se tome la prueba, se actúa sobre la base de un expediente, porque el fallo y, luego, su revisión, se basan en él, lo cual determina la escrituración.- El hecho es que lo escrito es lo que vale.

En este sistema, hay normas precisas que prohíben el uso del expediente o sólo lo admiten de manera excepcional, por ejemplo, al fallecer el testigo, o para confrontarlo, pero no se admite leer las declaraciones del testigo en su ausencia.- Aquí está prohibida la apreciación de la prueba por medio de lectura.- Por consiguiente, todos los registros que se hacen en las etapas anteriores al juicio sirven para que haya constancia de cómo operó la justicia, en la eventualidad de que sea posible incorporar esa prueba por medio de la lectura, de darse algunas de las excepciones mencionadas.- Asimismo, sirve para reclamar contra esa actuación ante los tribunales superiores, pero no en cuanto a que éstos vuelvan a valorar lo que allí se hizo, sino a que vean el modo cómo se hizo y si se respetó la ritualidad.- Los registros, en ese sentido, son indispensables.- De no hacerlos, se impide toda forma de control.

Sobre el sistema mismo, hay muchas alternativas técnicas que dependen del financiamiento. Quizás no se podrá hacer un sistema único en todas partes.- Existen desde los computadores que registran la voz y la transforman en un acta escrita hasta la posibilidad de guardar sólo las casetes, que sería lo más barato.- También existe la posibilidad de hacer un acta resumida.- Por lo tanto, se dejan abiertas esas alternativas u otras que pudieran existir en el futuro.-

Se aprobó el artículo con modificaciones para precisar que las declaraciones podrán ser grabadas, filmadas o registradas en forma resumida o en cualquier otra forma apta para producir fe

El artículo 122 prohíbe, en general, todo método que menoscabe la libertad de decisión y la capacidad de dirección de los actos del imputado.

Para reafirmar la disposición, se propuso reemplazar el encabezamiento del artículo, con el fin de que establezca, de forma perentoria, que “Queda absolutamente prohibido todo método de interrogación o investigación que menoscabe o coarte la libertad del imputado para declarar. En consecuencia, [.].”

Por aplicación de dicho principio, se explicitan luego algunas de las conductas que caerían dentro del concepto de métodos prohibidos, que son propios de la idea de entender que la confesión es un mecanismo de investigación. Hoy en día no se discute mayormente que la declaración del imputado sea un medio de defensa y no un medio de prueba. Esto parte de la idea de la voluntariedad de la declaración.- También es un problema de filosofía.- Ballesteros, en el siglo pasado, decía que la declaración era una defensa.- El juez llama al inculpado para interrogarlo, a efecto de proveerle instrumentos de defensa y no para establecer, por ese camino, un medio de inculpación.

Se agregó, a lo anterior, que el principal medio de investigación del método inquisitivo es “estrujar” al imputado. Son métodos que se usan en Chile.- Si se tiene el derecho a quedarse callado y se renuncia a él, lo lógico es ser tratado con lealtad.

Se aprobó el artículo con el cambio propuesto para su encabezamiento.

El artículo 123 prohíbe prolongar excesivamente la declaración. Si así fuere, se debe otorgar al imputado un tiempo prudente y necesario para su recuperación. El tiempo invertido en el interrogatorio debe constar en el registro.

El artículo 124 consagra el derecho del imputado a declarar cuantas veces quisiere durante la instrucción.

El artículo 125 se pone en el caso del imputado que no sabe el idioma castellano, o que es sordo, mudo o sordomudo, el que presta declaración en alguna de las formas especiales que prevé el Código.

El artículo 126 se pone en el caso de que sean varios los imputados, evento en el cual se les toman sus declaraciones en forma sucesiva, sin permitirles que se comuniquen entre sí.

El artículo 127 indica quienes pueden asistir a la declaración del imputado: los intervinientes, sin necesidad de notificación o citación. La audiencia misma se lleva a cabo sin presencia de público.

Se aprobaron los artículos 123 al 127 en los términos propuestos.

Párrafo 5º. La defensa.

Comprende los artículos 128 al 134.

El artículo 128 otorga al imputado el derecho a designar libremente un defensor durante todo el procedimiento y en cualquiera de sus etapas, o a ser asistido por un defensor público.

Se acordó agregarle la siguiente frase final: “en los términos que señale la ley respectiva”.

El artículo 133 del proyecto original, que obliga al fiscal o al tribunal a designar un defensor al imputado que no hubiere designado uno, fue incorporado como inciso segundo de este artículo.

Se aprobó este artículo en los términos indicados.

El artículo 129 señala el efecto que produce la ausencia del defensor en cualquier actuación en que la ley exigiere su participación, que no es otro que la nulidad de la misma.

El artículo 130 establece que el defensor podrá ejercer los derechos y facultades que la ley reconoce al imputado, a menos que se reserve su ejercicio a este último.

Ambos artículos se aprobaron en los términos propuestos.

El artículo 131 regula la situación del imputado privado de libertad.

En tal caso, cualquier persona puede concurrir ante el juez de control de la instrucción competente o ante el correspondiente al lugar en que el imputado se encontrare, con el fin de proponerle un defensor o solicitar que el juez le designe un defensor público.

De considerarlo necesario, el juez puede disponer la comparecencia del imputado a su presencia, al objeto de que acepte la designación del defensor.

La reclamación ante el juez competente por una detención es un hábeas corpus, materia que no regula el nuevo Código, pues se pretende hacerlo en una ley separada, con mayor amplitud, como ya se ha expresado con anterioridad.

Se aprobó con modificaciones. Se suprimió, en el inciso primero, “para conocer de la causa” y, en el inciso segundo, “De considerarlo necesario”.

El artículo 132, sobre incompatibilidad de defensa de varios imputados en un mismo proceso, permite la existencia de un defensor común, a menos que se constatare una situación de incompatibilidad.

Se aprobó, con la eliminación de las palabras “Incompatibilidad de”.

El artículo 133, sobre renuncia y abandono de la defensa, contempla dos situaciones diversas: la renuncia formal, que no libera del deber de realizar todos los actos inmediatos y urgentes que fueren necesarios, y el abandono de hecho de la defensa. Este último tiene sanción.

En ambos casos, el tribunal debe designar un defensor público que asuma la defensa.

El artículo 134 aclara que la designación de un defensor público no afecta el derecho del imputado a elegir otro de su confianza, pero la sustitución no producirá efectos desde que el defensor designado acepte el mandato y fije domicilio.

Ambos artículos se aprobaron como estaban propuestos.

Párrafo 6º. La víctima.

Comprende los artículos 135 al 137.

El artículo 135 da el concepto de víctima.

En el Código actual no se habla de víctima. En el nuevo Código se trata de ampliar la cobertura de protección que se otorga a las personas y no dejarla sólo en el mero ofendido por el delito. Corresponde un poco a lo que es la terminología moderna. Víctima es más que ofendido.

En esta nueva cultura que se quiere implantar, de mayor rigor en contra de los delincuentes, una de las cosas que se pueden esgrimir a favor de este Código liberal es su estatuto protector de la víctima, que la propia Constitución se encarga de asegurar, al establecer en el artículo 80 A que al ministerio público le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos.

La disposición tiene varios significados concretos. La víctima que no se querella, por ejemplo, tiene derecho a ser notificada de la actuación del procedimiento, derecho que no tiene actualmente, y a ser oída por el fiscal antes de que solicite la suspensión del procedimiento. Son efectos jurídicos que protegen a la víctima.

Se dio por aprobado el artículo con un cambio de redacción, para colocar, como regla general, que, para los efectos del Código, se considera víctima al directamente ofendido por el delito. Y, luego, en el evento de la muerte del ofendido y en los casos en que éste no pudiere ejercer sus derechos, se enumeran, en un orden de prelación, a quienes se considera víctimas.

El artículo 136 deja a salvo el derecho de las personas no mencionadas en el artículo anterior de perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho investigado.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 137 enumera los derechos de la víctima.

Se aprobó, con la incorporación del derecho a presentar querella, con algunas modificaciones formales.

Párrafo 7º. El querellante.

Comprende los artículos 138 al 149.

El artículo 138 se refiere al querellante.

En la práctica, indica quienes pueden deducir querella.

La querella es una especie de premanifestación de la cuestión particular. No hay fianza de calumnia ni acción popular. Pese a ello, cuando la víctima sea directamente ofendida con el delito, puede conferir mandato a una asociación sin fines de lucro para que la ejerza, en su representación.

En el momento en que el fiscal declara cerrada la investigación y acusa, no hay que querellarse, sino que se debe acusar particularmente.

Se aprobó con modificaciones formales.

El artículo 139 señala la oportunidad para presentar la querella: hasta antes que el fiscal declare cerrada la investigación. Admitida a tramitación, el juez la envía al ministerio público.

La posibilidad de intervenir de la persona que quedó sin presentar querella no está agotada por esa circunstancia, porque el proceso sigue adelante. Habrá una audiencia intermedia, en donde se evaluará, se presentará una acusación y se preparará el juicio.

Se plantearon algunas dudas acerca de la oportunidad procesal para presentar la querella, ya que, precisamente, el cierre de la investigación y las conclusiones pueden dar los elementos para una querella.

Para absolverlas, se indicó que había varias razones. Cuando el fiscal cierra la investigación, es necesario que se cierre la oportunidad de querellarse, porque es incierto el futuro del procedimiento. Si el fiscal resuelve sobreseer, ya no corresponde entablar la querella, sino que oponerse al sobreseimiento. Si resuelve acusar, lo que corresponde es acusar particularmente o adherirse a la del fiscal. Con posterioridad a la audiencia de preparación del juicio oral, queda preparado el juicio y no se pueden incorporar más elementos, porque el contenido del juicio se cierra.

Cuando el fiscal cierra la investigación, tiene cinco alternativas: sobresee temporalmente, sobresee en forma definitiva, suspende condicionalmente el proceso, insta al acuerdo reparatorio o, finalmente, decide acusar.

Cada uno de esos momentos requiere una decisión del fiscal y, respecto de ella, hay distintos movimientos que puede hacer la víctima si no está de acuerdo: puede pedir la reapertura, en el caso de que se haya dictado el sobreseimiento; puede forzar a acusar, si el fiscal decide lo contrario.

Algunos señores Diputados fueron partidarios de que la explicación anterior se tradujera en un texto escrito, aunque no presentaron indicación con tal propósito.

Se aprobó en los términos propuestos, con una remisión al artículo 331, que se refiere a la actuación del querellante, anterior a la audiencia de preparación del juicio oral.

El artículo 140 fija los requisitos que debe contener la querella.

Se aprobó en los términos propuestos, con algunas enmiendas formales.

El artículo 141 señala los casos en que la querella no será admitida a tramitación por el juez de control de la instrucción.

Se aprobó con la sustitución de su letra b) por otra que señala que no será admitida “Cuando no tuviere los requisitos señalados en el artículo 140”.

El artículo 142 hace apelable la resolución que declare inadmisible la querella, sin que se suspenda por ello el procedimiento. La que la admita, en cambio, es inapelable.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 143 impide presentar querella entre sí, sea por delitos de acción pública o privada, entre cónyuges o parientes cercanos, a no ser por determinados delitos, como el de bigamia o de los cometidos por los unos en contra de los otros.

La inadmisibilidad de la querella se refiere a la participación del particular y no a la acción penal en su conjunto. Esto no es oponible al fiscal.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 144 se refiere a la querella rechazada, a la que no se diere curso por defectos en su interposición, caso en el cual se la pondrá en conocimiento del ministerio público para ser tenida como denuncia, si no le constare que la persecución penal hubiere sido iniciada de otro modo.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 145 pone límites a la intervención del querellante, impidiéndole participar durante la etapa de ejecución de la pena.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 146 se refiere al desistimiento de la querella, lo que puede hacerse en cualquier momento.

Se aprobó sin modificaciones.

El artículo 147 regula los derechos del querellado frente al desistimiento de la querella, de manera de hacer efectivos sus derechos en caso de que fuere calumniosa, salvo que lo hubiere aceptado expresamente.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 148 establece los casos en que puede declararse abandonada la querella.

Se trata de una normativa nueva, que sanciona, de alguna manera, la falta de participación oportuna del querellante. No significa que el procedimiento haya terminado. Es el sujeto querellante el que queda al margen y el proceso continua con el ministerio público, que es el que impulsa la acción.

Obviamente, se trata de no detener el procedimiento para esperar al querellante. Si el querellante es reticente, habrá que sacarlo.- El juez califica el abandono de la querella.

Se aprobó el artículo con el reemplazo, en la letra a), de la expresión “declaración testimonial” por “declaración judicial”.

El artículo 149 señala los efectos del abandono de la querella, que no son otros que impedir al querellante toda posterior participación en la persecución penal.

Se castiga, de esta forma, la negligencia del querellante.

Se aclaró que, al ser el procedimiento oral, en que todos tienen que concurrir a las audiencias, es muy grave y complicado prescindir del querellante y, luego, hacerlo aparecer en el juicio, porque la alternativa sería suspender la audiencia para atender al querellante. No es como el procedimiento actual. De hecho, una audiencia es condicionante de las otras, por lo que este Código es muy riguroso con las inasistencias, porque el centro del sistema está en que el juicio funcione, en que no se suspendan las audiencias.

Al querellante negligente sólo se lo proscribe de la persecución penal. Le queda abierta la posibilidad en el procedimiento civil.

Para dejar claro testimonio de lo anterior, se acordó sustituir el artículo y señalar expresamente que la declaración del abandono de la querella impedirá al querellante ejercer los derechos que en esa calidad le confiere este Código.

Título VI. Medidas cautelares personales.

Comprende los artículos 150 al 187.

Uno de los objetivos del sumario, en el procedimiento vigente, es asegurar la persona física del delincuente, lo cual se logra a través de la aplicación de alguna de las siguientes medidas coercitivas: la citación, la detención, la prisión preventiva y el arraigo. Cada una de estas instituciones se pone en ejercicio dependiendo de la gravedad del delito.

La citación es el llamado especial y formal que efectúa el tribunal, en ciertos casos, respecto del presunto culpable de algunos delitos, para que concurra a declarar y para que, sometido a proceso, comparezca a las demás actuaciones de la causa.

La detención es una medida de seguridad en contra de la persona del presunto culpable o de aquél que induzca a creer que no ha de prestar a la justicia la debida cooperación, decretada en los casos expresamente considerados en la ley y que consiste en la privación de libertad personal por un espacio breve de tiempo, al objeto de asegurar la acción de la justicia.

La prisión preventiva consiste en la privación de la libertad personal de quien ha sido sometido a proceso, que procede, en ciertos casos, por orden del tribunal que instruye el sumario y que dura hasta el fallo de la causa, a menos que se disponga la libertad provisional o definitiva antes de dicho fallo.

El arraigo es la prohibición para salir del territorio nacional, decretada por el juez, en casos graves y urgentes, respecto de quien existan antecedentes que permitan estimar que será decretada su detención y que tratará de substraerse de la acción de la justicia. El arraigo se puede decretar por un lapso no superior a sesenta días.

El proyecto de ley en informe considera un nuevo diseño de las medidas coercitivas, que se engloban bajo el nombre genérico de medidas cautelares, basado en la excepcionalidad de las mismas y en su subordinación a los objetivos del procedimiento.

En relación con la excepcionalidad de las medidas cautelares, se propone aplicar el principio de la presunción de inocencia, postulándose que quien es objeto de un procedimiento criminal en calidad de imputado no debe sufrir, en principio, ningún detrimento respecto del goce y ejercicio de todos sus derechos individuales, en tanto éstos no se vean afectados por la imposición de una pena. [32]

Para lograr el respeto de este principio, se establecen un conjunto de controles específicos respecto de la medidas cautelares que implican formas de privación de libertad, buscando racionalizar y limitar al máximo su utilización y, de adoptarse, para que mantengan un criterio de proporcionalidad en relación con la pena posible.

Lo anterior se complementa con la consagración de diversas situaciones en que la privación de libertad debe ser excluida como medida cautelar, en especial en aquellos casos en que se pueda esperar la aplicación de alguna de las medidas alternativas a las penas privativas de libertad, contempladas en la ley N° 18.216. Si el legislador ha previsto la posibilidad de que un condenado cumpla su condena en un régimen de libertad asistida, con objeto de favorecer su resocialización, representa un contrasentido que aun antes de emitirse la condena, es decir, en una etapa en la cual el imputado es presuntamente inocente, deba permanecer privado de libertad.

No obstante, a partir del reconocimiento de la necesidad de proteger los objetivos del procedimiento respecto de actuaciones del imputado que pudieren afectarlos, se autoriza al juez para adoptar un conjunto de medidas específicas y debidamente fundadas, que restringen los derechos del imputado cuando ello parezca indispensable para garantizar su comparecencia futura a los actos del procedimiento o al cumplimiento de la pena, para proteger el desarrollo de la investigación, o cuando resulte peligrosa su libertad para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o para asegurar los resultados pecuniarios del juicio. Excepcionalmente, se faculta a otras autoridades de la persecución penal para anticipar la adopción de alguna de estas medidas, pero siempre sujeta su decisión al control posterior del juez.

Las medidas cautelares consideradas en el proyecto de ley consisten en la citación, la detención, la prisión preventiva y otras medidas cautelares personales de menor intensidad. Asimismo, se establecen medidas cautelares reales, destinadas a asegurar el resultado del juicio.

Se le otorga a la citación un ámbito de aplicación más amplio que el que le asigna la legislación vigente, ya que será la única medida coercitiva que recaiga sobre la libertad del imputado, que podrá decretarse si la imputación se refiere a faltas, a delitos que la ley no sancione con penas privativas ni restrictivas de libertad o bien cuando éstas no excedan las de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, esto es, de 540 días.

Respecto de la detención, particularmente acerca de su procedencia, la regla general es que ningún habitante de la República podrá ser detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le fuere intimada en forma legal, a menos que fuere sorprendido en delito flagrante, y, en este caso, para el único objeto de ser conducido ante la autoridad que corresponda.- El proyecto regula la detención decretada por un tribunal, por el fiscal que realiza la investigación, por funcionarios policiales y por particulares o civiles. No contiene normas sobre la detención decretada por ciertas autoridades administrativas, como los intendentes y gobernadores.

La proposición del Ejecutivo regula el caso de la presentación espontánea del imputado contra quien se hubiere emitido orden de detención por cualquier autoridad competente, que siempre podrá ocurrir ante el tribunal que corresponda a prestar declaración y solicitar un pronunciamiento sobre la procedencia o improcedencia de cualquier medida cautelar.

Se pretende, además, que la persona detenida sea puesta, dentro de un plazo breve, a disposición del ministerio público o del juez de control de la instrucción, para lo cual el agente policial que practicare la detención deberá conducir al imputado directa e inmediatamente ante uno u otro, según corresponda.- Si ello no resultare posible por no ser hora de despacho, podrá conducirlo a la unidad policial, donde permanecerá hasta la hora de funcionamiento del ministerio público, período que en ningún caso podrá exceder de doce horas.- La policía no podrá dar cumplimiento a lo señalado por medio de la entrega del detenido a una unidad penitenciaria. Los encargados de los recintos penitenciarios no podrán aceptar el ingreso de personas sino en virtud de órdenes judiciales o del ministerio público.

La idea que se pretende promover es que el detenido esté el menor tiempo posible privado de su libertad sin que el ministerio público o el juez de control de la instrucción tengan conocimiento de este hecho, estableciendo plazos reducidos para que sea puesto a disposición de estas autoridades o disponiendo, cada vez que se pueda asegurar la comparecencia de la persona ante el tribunal, el reemplazo de la detención por la citación.

Se regula la Información de derechos al imputado y la incomunicación del mismo. Ésta última podrá solicitarla el ministerio público al juez de control de la instrucción cuando existieren motivos graves para temer que el imputado obstaculizará la investigación. No obstante, esta restricción no impedirá que el detenido se comunique con su defensor con anterioridad a su declaración judicial indagatoria.

Cabe destacar la mantención de la disposición actual, que establece que la detención, en el caso del que actuare en legítima defensa, se hará efectiva en su residencia. Si el detenido tuviere su residencia fuera de la ciudad donde funciona el tribunal competente, la detención se hará efectiva en la residencia que aquél señalare dentro de la ciudad en que se encontrare el tribunal.

En relación con la prisión preventiva, la regla general es que se trata de una medida cautelar de carácter excepcional, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares fueren insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento.

El juez podrá ordenar la prisión preventiva del imputado, a solicitud del fiscal o del querellante, con posterioridad a la declaración judicial indagatoria y a la formalización de los cargos, siempre que existan antecedentes que justifiquen la existencia del delito que se investiga; que de las diligencias de investigación realizadas aparezcan presunciones fundadas para estimar que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor y que, basándose en antecedentes calificados, el juez considere la prisión preventiva como estrictamente indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación o cuando la libertad del imputado sea peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido.

Se ponen límites a la utilización de la prisión preventiva, destinados a mantener un criterio de proporcionalidad en relación con la pena posible. Por ello, junto con indicar cuándo procede la prisión preventiva y al objeto de reiterar el carácter restrictivo que tiene la aplicación de esta medida cautelar, se señala cuando ella resulta improcedente.

Así, no se podrá ordenar la prisión preventiva cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión o la sanción probable.

Se dice, expresamente, que en caso alguno procederá la prisión preventiva cuando el delito imputado no mereciere pena aflictiva, o cuando la pena mínima asignada al delito no excediere de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, o cuando el juez considerare que, en caso de que fuere condenado, el imputado pudiere ser objeto de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de libertad contempladas en la ley N° 18.216 (remisión condicional de la pena, reclusión nocturna y libertad vigilada), o cuando se tratare de un delito de acción privada.

Se han previsto límites temporales para la prisión preventiva. El juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, decretará la terminación de la prisión preventiva cuando no subsistieren los motivos que la hubieren justificado. Asimismo, se ordenará la cesación de la prisión preventiva cuando su duración alcanzare la mitad de la pena privativa de libertad que se pudiere esperar en el evento de dictarse sentencia condenatoria o la que se hubiere impuesto existiendo recursos pendientes. La prisión preventiva no podrá exceder en caso alguno de dieciocho meses, a menos que se hubiere dictado sentencia condenatoria.

Se establece un conjunto de medidas cautelares personales menos intensas que la prisión preventiva y que el juez debe utilizar con preferencia a ésta cuando resulten adecuadas para asegurar los objetivos del procedimiento. Entre las que debieren tener mayor efecto práctico está el arresto domiciliario, que fue introducido con buenos resultados por la ley Nº 19.164, en favor del que obra en legítima defensa de su persona o derechos o en defensa de la persona o derechos de su cónyuge, parientes o de un extraño; la sujeción a la vigilancia de una persona o autoridad; la prohibición de salir del país o del ámbito territorial que fije el juez, y otras restricciones al libre desplazamiento, destinadas a proteger a las víctimas o los resultados de la investigación.

En cualquier momento del procedimiento, el tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá sustituir la prisión preventiva por alguna de las medidas cautelares personales de menor intensidad. Así, el juez siempre podrá reemplazar la prisión preventiva por la prestación de una caución económica adecuada, que efectúe el propio imputado u otra persona en su favor, mediante depósito de dinero o valores, la constitución de prenda o hipoteca, o la fianza de una o más personas idóneas.

Para garantizar el éxito de las diligencias de investigación, proteger al ofendido o asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia, después de formalizada la instrucción, el tribunal, a petición del ministerio público, del querellante o la víctima, y salvo los casos en que sólo proceda la citación, podrá imponer al imputado una o más de las siguientes medidas: el arresto domiciliario en su propia residencia, si ella se encontrare en la ciudad de asiento del tribunal o en la que el propio imputado señalare dentro de esa ciudad; la sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que informarán periódicamente al juez; la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual resida o del ámbito territorial que fije el juez; la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares; la prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho a defensa, y la prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquél.

En síntesis, se establece un conjunto de medidas cautelares personales menos intensas que la prisión preventiva, al objeto de que el juez las utilice con preferencia a ésta cuando resulten adecuadas para asegurar los objetivos del procedimiento.

Lo que cabe tener en consideración es que cualquier medida cautelar respecto de un procesado implica un conflicto que, en un estado de derecho, debe ser resuelto por un juez, sobre la base de que éste se convenza personalmente —no formalmente — de la necesidad de adoptar o de no adoptar una medida en su contra. Si el fiscal quiere adoptar una medida respecto de una persona, amparado en el principio de inocencia, tiene que convencer de ello al juez.

La propia Constitución señala en el artículo 80 A que las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que ella asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa.

Es útil tener en cuenta, en el momento de legislar en relación con las medidas cautelares, la necesidad de que éstas guarden una relación de finalidad con lo que el proceso persigue, lo que se denomina la homogeneidad de las medidas cautelares.

La actividad que a través de ellas se verifica tiene que ser semejante a la que se aguarda de la sentencia. En otras palabras, no se puede imponer una medida cautelar que no tenga relación con el tema; tiene que haber un rango de semejanza.-

Las medidas cautelares, además, para poder decretarse, requieren lo que el Código de Procedimiento Civil llama comprobante que constituya presunción grave del derecho que se reclama, denominado, técnicamente, el “humo del buen derecho”. Para decretar una medida cautelar, es indispensable que el juez tenga, no certeza, pero sí un grado de verosimilitud del derecho que se le está invocando.

Párrafo 1º. Principios generales.

Comprende los artículos 150 y 151.

El artículo 150 consagra el principio de legalidad, que significa que, para citar, arrestar, detener, someter a privación preventiva o aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de la libertad, debe estarse siempre a los casos y formalidades que sobre la materia establecen la Constitución y las leyes.

Se aprobó sin modificaciones.

El artículo 151 se encarga de señalar la finalidad y alcance de las medidas cautelares personales: Sólo serán impuestas cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación.

Estas medidas deberán ser decretadas, siempre, por medio de resolución judicial fundada.

El inciso final, relativo a la forma de proceder en aquellos casos en que la ley autorice a algún otro funcionario o a cualquier persona a practicar autónomamente alguna medida coercitiva, fue rechazado, por estimarse que contrariaba la letra y el espíritu de la Constitución.

Párrafo 2º. Citación.

El artículo 152 contempla la oportunidad de la citación, la que podrá decretarse cuando sea necesaria la presencia del imputado en el procedimiento.

Lo que se quiere con esta disposición es suprimir la detención automática. La idea es que el juez tiene que citar y no está obligado a detener. Se le da la facultad de detener cuando se cumplen ciertos requisitos.

El artículo 156, corroborando lo expuesto, dispone que la detención se practicará cuando, por citarse, la persona pueda eludir la acción de la justicia.

Éste es un proyecto que, en el fondo, termina con las consecuencias automáticas del auto de procesamiento. En el sistema actual, la persona sometida a proceso necesariamente va a prisión preventiva. Esto está eliminado en el proyecto.- La idea es que vaya a prisión sólo si se dan las circunstancias.

El nombre citación es muy antiguo; corresponde a la medida cautelar de menor intensidad dentro del sistema. Es una convocatoria que hace el tribunal. En el proceso penal, la citación es una vinculación que se produce entre el proceso y el sujeto, conforme al cual el tipo queda convocado a presentarse a los actos de instrucción del juicio y a la ejecución de la sentencia, pero no en términos neutros, sino que bajo una amenaza vigente: que su incumplimiento tornará ese simple llamado en una orden de privación de libertad.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 153 excluye la aplicación de otras medidas cautelares, diferentes de la citación, cuando se imputen faltas, delitos no sancionados con penas privativas o restrictivas de libertad o cuando éstas no excedieren de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, esto es, no superiores a quinientos cuarenta días.

Se aprobó en los términos propuestos.

Párrafo 3º. Detención.

Comprende los artículos 154 al 168.

El artículo 154, sobre la procedencia de la detención, exige orden de funcionario público expresamente facultado por la ley e intimidación de la orden en forma legal, a menos que el afectado sea sorprendido en delito flagrante, caso en el cual se le detendrá para el único objeto de ser conducido ante la autoridad que corresponda.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 155 consagra el derecho del imputado contra quien se hubiere emitido orden de detención por cualquier autoridad competente de ocurrir ante el tribunal que corresponda a prestar declaración y solicitar un pronunciamiento sobre la procedencia o improcedencia de cualquier medida cautelar.

La Comisión acordó reemplazar el texto propuesto por el contenido en el artículo 318 bis del Código vigente, que permite al imputado libre presentarse en forma espontánea ante el juez a declarar, sin que en el ejercicio de tal derecho se le pueda impedir el acceso al tribunal, lo que no obsta a que el juez pueda decretar luego su detención, si procediere.

De esta forma, se evitan detenciones inútiles o injustas o procesos inmotivados.

El artículo 156, relativo a la detención judicial, permite al juez detener al imputado, a solicitud del ministerio público, para ser traído a su presencia, sin previa citación, cuando de otra forma su comparecencia pudiere verse demorada o dificultada.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 157, referente a la detención por cualquier tribunal, aunque no ejerza jurisdicción en lo criminal, contra las personas que, dentro de la sala de su despacho, cometieren algún crimen o simple delito, fue aprobado en los términos propuestos.

El artículo 158, sobre detención civil, que permite a cualquier persona detener a quien sorprendiere en delito flagrante, para los efectos de ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad, fue aprobado en los términos propuestos.

El artículo 159, atinente a la detención policial en caso de flagrancia, fue objeto de un amplio debate en lo que se refiere a los diferentes casos en los que se entiende que una persona se encuentra en situación de flagrancia, siendo analizado en detalle, conjuntamente con la normativa propuesta en el proyecto de ley sobre detención por sospecha (BOL: 1847-07), con el propósito último de armonizar ambos cuerpos legales y adelantar, en el tiempo, la vigencia de este artículo.

En definitiva, se acordó dividir este artículo en dos.

El primero, artículo 159, sobre la detención policial, se limita a señalar que los agentes policiales estarán obligados a detener a quienes sorprendieren in fraganti en la comisión de un delito.

Lo mismo deberán hacer respecto del sentenciado a penas privativas de libertad que hubiere quebrantado su condena y del que se fugare estando detenido o en prisión preventiva.

El segundo, artículo 160, con el título de situación de flagrancia, señala los casos en que se entiende que una persona se encuentra en ella.

Se incorporan nuevas situaciones de flagrancia y se modifican otras.

Entre las primeras, las aplicables al que acabare de cometer el delito, al que hubiere realizado actos preparatorios sancionados por la ley penal y al que inequívocamente se aprestare a dar comienzo a la ejecución de un delito.

Entre las segundas, las aplicables al que actualmente se encontrare cometiendo un delito, “aun cuando sea en estado de tentativa”, y al que, en un tiempo “cercano” a la perpetración de un delito, fuere encontrado con objetos procedentes del delito o con señales, en sí mismo o en sus vestidos, que “permitieren sospechar su participación en él, o con las armas o instrumentos que hubiere empleado para cometerlo”.

El artículo 161, que corresponde al artículo 162 original, sobre los plazos de la detención, fue dividido en dos artículos.

El primero, que mantiene el número, se refiere concretamente a los plazos de detención. Fue aprobado en los términos propuestos.

El segundo, que se refiere concretamente al ingreso de personas detenidas, figura como artículo 163.

El artículo 162 se refiere a la prolongación de la detención efectuada por la policía, la que puede extenderse hasta por cuarenta y ocho horas, cuando el ministerio público estimare que pueden verificarse los presupuestos que justifican la prisión preventiva.

En tal caso, los fiscales del ministerio público deberán solicitar del juez de control de la instrucción que cite a una audiencia para decidir sobre la prisión preventiva y, en caso de ser necesaria, la prolongación de la detención hasta la fecha de la audiencia, con un máximo de cinco o diez días de detención, según los casos.

Si el ministerio público no hubiere formalizado la instrucción, debe hacerlo junto con la solicitud de la audiencia.

Si se rechaza la solicitud de prisión preventiva, el ministerio público no puede ordenar el arresto del imputado.

Se aprobó en los términos indicados.

El artículo 163 se refiere al ingreso de personas detenidas.

Prohíbe a los encargados de los recintos penitenciarios aceptar el ingreso de personas sino en virtud de órdenes judiciales o del ministerio público.

La policía, en ningún caso podrá dar cumplimiento a órdenes de detención mediante la entrega del detenido a una unidad penitenciaria.

Este artículo, con algunas adecuaciones en su redacción, corresponde al inciso segundo del artículo 162 del proyecto original, que vuestra Comisión acordó desglosar en dos, por referirse a materias diferentes.

Se aprobó en la forma indicada.

El artículo 164 trata de la citación en casos de flagrancia, respecto de quienes son sorprendidos cometiendo un delito de aquellos que sólo justifican esta medida cautelar y no otras de mayor gravedad.

Debe citárseles al tribunal, previa comprobación de su domicilio.

El mismo procedimiento puede ser utilizado si, tratándose de un simple delito, la persona no puede ser conducida de inmediato ante el fiscal, si éste considera que existen suficientes garantías de su oportuna comparecencia.

Se aprobó con modificaciones formales.

El artículo 164 del proyecto original, sobre aprehensión de los imputados y testigos en el lugar de los hechos, para los efectos de conducirlos ante el ministerio público, fue rechazado por la Comisión, por no estimarlo procedente.

El artículo 165 trata de la información de los derechos del detenido por parte del funcionario que practique el arresto, entre ellos, el motivo del arresto, la mención de la autoridad que lo hubiere ordenado, además de indicarle que no está obligado a declarar o, si lo hace, a no hacerlo bajo juramento, de que puede informar de la detención a su familia, a la persona que señale o a su defensor y a conferenciar privadamente con éste.

En forma complementaria, obliga a tener un cartel informativo de estos derechos en las casas o recintos de detención, a la vista y en condiciones de ser leído.

Una disposición similar a la anterior ya fue aprobada en el proyecto de ley sobre detención por sospecha.

Se aprobó en los términos indicados.

El artículo 166 contempla las facultades de detención del ministerio público, con objeto de asegurar la comparecencia ante el tribunal o para realizar actuaciones del procedimiento.

Vuestra Comisión, como ya se ha expresado, suprimió las facultades de detención de los fiscales del ministerio público, permitiéndoles sólo el arresto, con “aprobación judicial previa”, salvo en aquellos casos en que sólo sea procedente la citación con arreglo al artículo 153.

Se aprobó el artículo con la inclusión de la oración “con aprobación judicial previa” y el cambio de la expresión “detención” por “arresto” las dos veces en que aparece en la disposición.

El artículo 167 se refiere a la incomunicación que puede decretar el juez de control de la instrucción a petición de los fiscales del ministerio público.

Se aprobó con la supresión de la facultad del ministerio público de decretarla, durante el período necesario para obtener la autorización del juez, por un lapso no superior a cuarenta y ocho horas, por estimarse que sólo puede ser decretada por el juez.

Para hacer más explícita esta idea, se acordó iniciar el artículo diciendo que “La incomunicación del imputado detenido o sujeto a prisión preventiva sólo podrá ser decretada por el juez, a petición de los fiscales del ministerio público,…”.

El artículo 168 mantiene la normativa vigente respecto de la detención del que actuare en legítima defensa, la que se hará efectiva en su residencia o, si no la tuviere en la ciudad donde funciona el tribunal, en la residencia que señalare en dicha ciudad.

Se aprobó como fue propuesto.

Párrafo 4º. Prisión preventiva.

Comprende los artículos 169 al 184.

El artículo 169 establece la regla general respecto de la procedencia de la prisión preventiva: es una medida cautelar personal, de carácter excepcional, esto es, sólo procede cuando las demás medidas cautelares fueren insuficientes para asegurar las finalidades del procesamiento.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 170 establece los requisitos para ordenar la prisión preventiva, a solicitud del fiscal del ministerio público o del querellante, con posterioridad a la declaración judicial indagatoria y a la formalización de la instrucción.

En la letra c), se acordó borrar la palabra “estrictamente”.

Se observó que no se regulaba el peligro para la sociedad, como norma orientadora para el juez, en el momento de otorgarla.

Para obviar ese reparo, se estableció que para determinar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, se podrá tomar en consideración alguna de las siguientes circunstancias: la gravedad de la pena asignada al delito; el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos; la existencia de procesos pendientes; el hecho de encontrarse sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de alguno de los beneficios contemplados en la ley N° 18.216, o la existencia de condenas anteriores cuyo cumplimiento se encontrare pendiente, atendiendo a la gravedad de los delitos de que trataren.

De esta forma, se pretende contribuir a una correcta y uniforme aplicación de la normativa legal y dar protección a las personas frente a la delincuencia. [33]

Se aprobó con las modificaciones indicadas.

El artículo 171, sobre improcedencia de la prisión preventiva, señala que ella no se podrá ordenar cuando aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.

Se señalan, a continuación, los casos en que nunca procederá, sin perjuicio de la obligación del imputado de permanecer en el lugar del juicio, presentarse a los actos del procedimiento y a la ejecución de la sentencia.

Las normas propuestas pretenden aplicar el principio de proporcionalidad, por cuanto es muy poco probable que el sujeto arriesgue una verdadera privación de libertad tratándose de penas privativas de libertad inferiores a tres años, porque, en general, hay medidas alternativas que hacen que no se apliquen estas penas.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 172 se refiere a la tramitación de la solicitud de prisión preventiva, que puede plantearse en la audiencia de formulación de cargos (de formalización de la instrucción), en la audiencia intermedia (de preparación del juicio oral) o en la audiencia principal (del juicio oral).

Se aprobó en los términos propuestos, con un cambio en cuanto a la terminología empleada, de acuerdo con los criterios generales aprobados por la Comisión, los que figuran entre paréntesis ( )

El artículo 173 dispone que el tribunal se pronunciará sobre la prisión preventiva al término de la audiencia por medio de una resolución fundada.

Se aprobó la disposición, aclarándose que la audiencia a que se refiere es aquella en que se hubiere presentado la solicitud.

El artículo 174, titulado “revocación de la resolución”, contempla tanto la reforma como la revocación de la resolución que ordenare o rechazare la prisión preventiva. la primera, de oficio o a petición de parte; la segunda, a solicitud del imputado.

Se aprobó el artículo, con un cambio en su denominación y con el reemplazo del término “reformable” por “modificable”.

El artículo 176 del proyecto original, que permitía la revisión, de oficio, de la resolución que ordenare o rechazare la prisión preventiva, fue suprimido, por decisión unánime de la Comisión, por considerarlo engorroso.

Se hizo saber que en Estados Unidos de Norteamérica no se puede estar más de noventa días en prisión preventiva sin ser sometido a juicio. En el Estado de California, las normas son de sesenta días, tras los cuales se va a juicio o se tiene que dejar en libertad.- En Alemania, la revisión de oficio es cada dos meses. El plazo máximo es de seis meses.

El hecho de que un sujeto esté cuatro meses en prisión preventiva es algo que debe preocupar al sistema que, por lo menos, tiene que renovar su decisión de mantenerlo.

El artículo 175, sobre substitución de la prisión preventiva por otras medidas cautelares de menor gravedad, como el arresto domiciliario o la sujeción a la vigilancia de la autoridad, entre otras, se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 176, denominado caución, permite reemplazar la prisión preventiva por la prestación de una caución económica adecuada.

Se aprobó con un cambio en su denominación.

El artículo 177, sobre ejecución de las cauciones económicas otorgadas en conformidad con el artículo anterior, fue aprobado en los términos propuestos.

El artículo 178, sobre la cancelación de la referida caución económica, se aprobó como se propuso.

El artículo 179, sobre la apelación en contra de la resolución que ordene, mantenga, niegue o revoque la prisión preventiva, que sólo procede en lo devolutivo y siempre que se dicte en audiencia oral, se aprobó en los términos propuestos, por mayoría de votos.

El artículo 180, sobre ejecución de la medida de prisión preventiva, se aprobó sin enmiendas.

En la práctica, la autoridad penitenciaria reconoce que el que manda respecto de la situación del imputado es el juez y ella sólo ejecuta la orden del magistrado. De hecho, al imputado no se le aplican medidas disciplinarias; se lo pone donde el juez diga.

El artículo 181, sobre límites temporales de la prisión preventiva, tendente a limitar su duración cuando no subsistieren los motivos que la hubieren justificado o alcanzare la mitad de la pena privativa de libertad que se pudiere esperar en el evento de dictarse sentencia condenatoria, fue aprobado con modificaciones.

Entre otras limitantes, se establecía en la norma original que la prisión preventiva no podía exceder, en caso alguno, de dieciocho meses, a menos que se hubiera dictado sentencia condenatoria.

Se argumentó, en favor de la disposición, que era de mínima lógica, en el sentido de la proporcionalidad, porque cuando se condena a cinco años, se tiene la expectativa de ser candidato a la libertad condicional a partir de los dos años y medio.

En contrario, se objetó el hecho de tener detenida a una persona por más de dieciocho meses.

Se señaló que, de acuerdo a los tratados internacionales, la legislación tiene que adecuarse a establecer una duración razonable para los juicios Es una garantía establecida en el Pacto de San José, por el cual la persona debe tener un juicio en un plazo razonable o debe ser puesta en libertad.- Lo lógico es que un juicio se haga con la persona en libertad; por motivos de peligrosidad se detiene.- Si el Estado no es capaz de condenarla en ese período, que se restablezca la ley original.

Se consideró que el establecimiento de la disposición era un error, por cuanto, en la práctica, conduce a que el juez tenga a la persona privada de libertad por dieciocho meses. Establecer un límite es una cuestión inductiva, por lo que algunos fueron partidarios de que el juez lo resuelva con el fiscal, lo que representa mayor garantía para el imputado.-

Se observó que no era un problema de garantía, sino de cómo obligar a los actores del sistema a apurarse. Todos los mecanismos que se han utilizado no han funcionado.- Hay una cantidad de plazos sin sanción, que tampoco operan. La experiencia comparada muestra que una de las maneras de obligar a los actores a apurarse es poner sanciones reales en cuanto a las consecuencias del proceso. La solución es poner dos años, pero que se permita al juez la facultad de descontar las demoras que sean producto de la actitud dilatoria del imputado.

Dentro de los estándares internacionales, tener a un sujeto privado de libertad más de dos años, sin condena, es una violación grave. En ningún país se acepta.- En Argentina, cada día de exceso de los dos años, se cuenta por dos.- A los dos años, el tipo tiene que ser liberado.

Esta norma está destinada también a controlar al juez.

La mayoría estuvo por no fijar plazos, para no poner trabas al juez.

Con motivo de los diferentes criterios esbozados, se trajo a colación el artículo 176, que no se aprobó, en el cual se establecía un procedimiento de revisión de oficio, cuando el imputado había cumplido la mitad de la pena privativa de libertad.

Hubo consenso en establecer aquí ese procedimiento, para obligar al juez a citar a una audiencia oral para resolver el problema.

En definitiva, por mayoría de votos, se eliminó la disposición que establecía que la prisión no podría exceder, en caso alguno, de dieciocho meses, a menos que se hubiere dictado sentencia condenatoria.

En forma complementaria, en el segundo inciso, se acordó agregar la siguiente oración: “el juez citará de oficio a una audiencia oral, con el fin de considerar su cesación o prolongación”.

Se aprobó en los términos indicados.

Párrafo 5º. Requisitos comunes a la prisión preventiva y la detención.

Comprende los artículos 183 y 184.

Los artículos 183 y 184, sobre mandamiento de detención o prisión preventiva y sobre requisitos de los mismos, se aprobaron en los términos propuestos.

Párrafo 6º. Otras medidas cautelares personales.

El artículo 185 contempla siete medidas cautelares de menor gravedad que la detención o prisión preventiva, algunas de las cuales fueron objeto de un análisis particular.

Sobre el arresto domiciliario, se indicó que aquí subyace parte de la polémica sobre la extensión de la garantía constitucional La Constitución pone un resguardo a favor de la persona y, en consecuencia, usa la expresión “en su casa”.- Esta disposición desarrolla, a favor de la persona, esa garantía y usa una expresión — su residencia — que es amplia, e incluso, la faculta para designar otro lugar que no sea su casa.- Esto está referido al lugar en donde se desarrollará el juicio.

La residencia y el domicilio son, esencialmente, voluntarios.

La letra f), que consagra la prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecte el derecho a defensa, está destinada a aquellos casos en que la prisión preventiva se otorga no tanto por el peligro de fuga, sino por peligro de oscurecimiento, de perturbar la investigación.

Se aprobó con modificaciones. En la letra a), se cambió “propia residencia” por “casa” y la oración siguiente por “o la que el propio imputado señalare si aquélla se encontrare fuera de la ciudad asiento del tribunal”.

El artículo 186, sobre procedencia, requisitos, impugnación y límites temporales de esas medidas cautelares alternativas, que se rigen, en general, por las mismas disposiciones que la prisión preventiva, se aprobó sin modificaciones.

El artículo 187 trata de la suspensión temporal de estas medidas temporales, cuando se estimare que ello no pone en peligro los objetivos para los que se hubieren decretado.

Se aprobó con enmiendas formales.

Título VII. Medidas cautelares reales.

Otro objetivo del sumario, en el procedimiento vigente, consiste en asegurar la responsabilidad pecuniaria del procesado. Este objetivo se consigue mediante las instituciones del embargo de bienes, la prohibición de gravar y enajenar y la caución. Ésta última puede consistir en una fianza o en una hipoteca.

En el proyecto de Código existen las denominadas medidas cautelares reales, que el querellante o el actor civil pueden solicitar por escrito del juez de control de la instrucción y que pueden afectar al imputado o al tercero civilmente responsable.

Se trata de medidas precautorias tales como el secuestro de la cosa que es objeto de la demanda, el nombramiento de interventores, la retención de bienes determinados o la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados.

Con el sistema propuesto, al suprimirse el auto de procesamiento, se entra en un régimen equivalente al vigente en materia civil, en el cual quien requiere una medida cautelar real tiene que probar sus fundamentos.

El artículo 188, sobre las medidas cautelares reales que pueden decretarse durante la instrucción, que se remite a las medidas precautorias previstas en el Código de Procedimiento Civil, se aprobó sin enmiendas.

El artículo 189 se refiere a las medidas precautorias reales decretadas después de deducida la demanda. Son cualquiera de las previstas en el Código de Procedimiento Civil.

Se aprobó sin enmiendas.

El artículo 190, relativo a la intervención del tercero civilmente responsable contra el cual se hubiere solicitado alguna medida cautelar real, le permite actuar con el fin de sostener su falta de responsabilidad y oponerse a la materialización de estas medidas.

Se estimó pertinente no olvidar que las acciones civiles tramitadas en el ministerio penal se rigen por las mismas normas de las acciones civiles tramitadas en el ministerio civil; en consecuencia, el curso del proceso penal no las afecta.

Se aprobó con modificaciones. En el primer inciso, se cambia la última línea por la siguiente: “y oponerse a su materialización o solicitar la modificación o cesación de aquéllas”.

El artículo 191 confiere el recurso de apelación en lo devolutivo en contra de las resoluciones que negaren o dieren lugar a una medida cautelar real.

Se aprobó en la forma propuesta.

Título VIII. Nulidades procesales.

Comprende los artículos 192 al 198.

El cumplimiento de las formas procesales se garantiza mediante diversas sanciones, que dependen de la importancia de la violación, evitando así que aquéllas queden libradas a la voluntad de las partes.

Estas sanciones pueden ser la nulidad o la ineficacia del acto, la imposibilidad de que él vuelva a ser cumplido y la pena pecuniaria.

Se explicó que éste era un régimen de nulidades distinto del que se establece en otros Códigos, en los cuales suelen precisarse cuáles son las disposiciones que deben ser siempre observadas, bajo pena de nulidad, o se mencionan causales específicas de nulidad.

Aquí, en cambio, se mantiene el régimen ordinario de la nulidad, basada en la infracción y con la exigencia del perjuicio; pero se introduce un régimen de nulidades absolutas, en las cuales no se requiere la prueba del perjuicio.

El artículo 192 establece la regla general: sólo pueden anularse las actuaciones o diligencias defectuosas del procedimiento que ocasionaren perjuicio a los intervinientes.

Existe perjuicio, se agrega, cuando la inobservancia de las formas procesales atenta contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes.

La teoría moderna de la nulidad implica que los actos defectuosos, para ser anulables, tienen que causar perjuicios.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 193 señala los casos en los cuales se presume de derecho la existencia del perjuicio: si la infracción hubiere impedido el pleno ejercicio de las garantías y los derechos reconocidos en la Constitución, o en los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, o en las demás leyes de la República.

Por vía ejemplar, se señala que eso se produce cuando el juicio se realiza sin la presencia del acusado o cuando falta la asistencia del defensor en las actuaciones en que la ley lo exige.

Ante las aprensiones por la no existencia de causales objetivas de nulidad y sobre la posibilidad de que se pida la nulidad por quien hubiere causado el vicio, se aclaró que, por definición, la nulidad requiere la existencia del vicio en la ritualidad del procedimiento sumado al perjuicio. Se hace excepción de la exigencia del perjuicio o, más bien, se lo presume, para la adecuada protección de los derechos que son irrenunciables.

Varios señores Diputados dijeron no entender esta norma general, siempre asociada al concepto de perjuicio, porque podría haber nulidades absolutas que no ocasionaren ningún perjuicio y que dieren lugar a una nulidad procesal. Por ejemplo, que se tratare de la incompetencia del tribunal, o de la violación de cuestiones procesales básicas del debido proceso, en que podría no existir perjuicio propiamente tal, ni aun por presunción de derechos, y donde la nulidad sería evidente para salvaguardar, ya no el interés de la parte, sino para defender el orden del Estado de Derecho en sí mismo. Asociar siempre el concepto de nulidad a un perjuicio respecto del procesado limita seriamente el concepto de nulidad procesal.-

Se hizo hincapié en que el término nulidad, en principio, dice relación a todo aquello que en la ritualidad procesal afecta las normas del debido proceso, haya o no haya perjuicio. De ese concepto general, se puede concluir, por deducción, que algunas sólo serán aplicables cuando tengan un elemento de perjuicio.

Se señaló, en relación con lo expresado, que la nulidad, históricamente, no se vincula al concepto de debido proceso, sino al concepto de ritualidad. El concepto de legalidad del proceso es formal. El concepto de debido proceso es substancial. No tiene que ver con los ritos, sino con ciertos valores del sistema. Está constituido por las garantías individuales básicas, como la presunción de inocencia, el derecho a un tribunal imparcial, el derecho a ser oído, etc.-

La teoría de la nulidad moderna plantea que, en principio, el defecto no acarrea la nulidad. Un sistema procesal ritualista, que consagra la nulidad para los vicios formales, impide la consecución del proceso, porque el que va perdiendo siempre tendrá la posibilidad de invocar errores que se cometen en el proceso. Las resoluciones no son objeto de nulidad, sino de impugnación. Hay mecanismos de impugnación, como la casación, en que se solicita la nulidad.- El régimen de la casación es muy similar a éste.

Se destacó, a mayor abundamiento, que el perjuicio es parte de la regla general, porque, de otra manera, se haría tan purista el proceso que se entrabaría.

La regla general es que el perjuicio entrabe de tal manera la prosecución de los actos del proceso que, al no declararse la nulidad, se afecten realmente los derechos de las partes.- Pero, si no los afecta, el acto puede, no obstante, caer en causal de nulidad y permitir la prosecución del proceso en la medida en que el vicio pueda ser saneado, salvo que ese acto nulo cayera en la presunción del artículo 193, porque, en ese caso, sí se estarían afectando garantías en tal magnitud que la persona quedaría en la indefensión si no contare con un abogado defensor.

Para algunos, la doctrina más correcta sería la que emana del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, que dice: “La nulidad procesal podrá ser declarada de oficio o a petición de parte, en los casos que la ley expresamente lo disponga y en todos aquéllos en que exista un vicio que irrogue a alguna de las partes un perjuicio reparable sólo por la declaración”. Es decir, hay nulidades que son tales porque la ley lo dice.

Se aprobó este artículo con la supresión de su inciso segundo, que impide la declaración de nulidad cuando se hubiere pronunciado sentencia absolutoria o sobreseimiento definitivo.

El artículo 194 establece la oportunidad y la forma de solicitar la nulidad.

Por escrito, incidentalmente, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que el perjudicado hubiere tomado conocimiento del acto cuya invalidación persigue, a menos que el vicio se hubiere producido en una audiencia oral, en que debe impetrarse verbalmente antes del término de la misma.

La nulidad de actuaciones verificadas durante la instrucción no puede reclamarse después de la audiencia de preparación del juicio oral.

Al establecerse un tiempo, hasta un momento procesal determinado, para que las partes reclamen respecto de los vicios de que adolezca el acto, se tiende a dar estabilidad a los actos cumplidos por el órgano jurisdiccional.

Se aprobó con modificaciones, tendentes a precisar que la solicitud de nulidad debe ser fundada, recogiéndose así la idea contenida en el artículo 198 del proyecto original, que se rechazó.

El artículo 195 señala quiénes son los titulares de la solicitud de declaración de nulidad: el interviniente perjudicado por el vicio y que no hubiere concurrido a causarlo, a menos que se tratare del imputado, quien podrá impetrar la declaración de nulidad aunque hubiere sido el causante del vicio.

Se objetó la regla de excepción en favor del imputado, pues se le estaría permitiendo el aprovechamiento del propio dolo, lo cual es la negación de toda justicia y de la inspiración del procedimiento, ya que se trata de que éste sea breve.

Se aprobó el artículo con supresión de la excepción establecida en favor del imputado. El artículo termina en “causarlo”. La oración que sigue se eliminó.

El artículo 198 del proyecto original, denominado solicitud de nulidad, que obliga a fundarla y a señalar en forma concreta el perjuicio que se hubiere experimentado, so pena de rechazarla de plano en caso contrario, fue rechazado.

La exigencia de que sea fundada se acordó incorporarla en el artículo 194.

El artículo 196, bajo el título prohibición de declarar la nulidad de oficio, faculta al tribunal para que, cuando se hubiere producido un acto viciado y la nulidad no se hubiere saneado, la ponga en conocimiento del interviniente a quien estimare que la nulidad le ocasiona un perjuicio, a fin de que proceda como crea conveniente a sus derechos.

Si se tratare de una nulidad de las previstas en el artículo 193, en que se presume de derecho el perjuicio, queda facultado para declararla de oficio.

El artículo, en su primera parte, se refiere a las nulidades relativas.

En la segunda, en cambio, a las nulidades absolutas, que violan normas constitucionales o de los tratados internacionales, relativas al ejercicio de derechos y garantías esenciales.

Se aprobó el artículo con un cambio en su denominación.

El artículo 197 se refiere a la “subsanación” de la nulidad.

Se aprobó la disposición, con el reemplazo del término “subsanación” por “saneamiento”.

El artículo 198 se refiere a los efectos de la declaración de nulidad del acto, que no son otros que acarrear la de los actos consecutivos que de él emanen o dependan.

El tribunal, al declararla, debe señalar cuáles son estos actos y, en lo posible, ordenar que se renueven, rectifiquen o ratifiquen.

Con todo, la declaración de nulidad no puede retrotraer el procedimiento a etapas anteriores, so pretexto de repetición del acto, rectificación del error o cumplimiento del acto omitido, salvo que ello correspondiere de acuerdo con las reglas de la casación, por tratarse de trámites esenciales.

La solicitud de nulidad constituye preparación suficiente del recurso de casación, para el caso de que el tribunal no la resolviere como se solicitó.

El inciso tercero fue objetado, por considerárselo obvio. Si bien la idea es que las sentencias definitivas sólo pueden ser anuladas por el recurso de casación, también se ha previsto que pueda haber nulidades de distinto tipo que afecten a resoluciones intermedias o a actuaciones en el tribunal, lo que evidentemente hace que se retrotraiga el proceso.

En apoyo del mismo, se puso de relieve que marca la diferencia entre el sistema actual y el nuevo sistema. En el sistema actual, si se encuentra un vicio de nulidad en el sumario, éste se reabre y se vuelven a realizar los actos del sumario.- En el nuevo sistema, si se encuentra que la declaración de un testigo estuvo mal tomada, ésta desaparece del juicio.

Se supone que éste es un procedimiento en que el individuo tiene ciertas armas y se enfrenta, en igualdad de condiciones, a un juez imparcial. No es un procedimiento en el cual el Estado siempre gana.

En el sistema inquisitivo actual, se trata, básicamente, de la reconstrucción histórica de una verdad a través de un procedimiento formal, en que existe la asimilación de la idea de verdad a la idea de procedimiento. En consecuencia, los errores en el procedimiento implican que éste se retrotraiga, porque, de otra forma, no es posible conocer la verdad.-

Este procedimiento, en cambio, es contradictorio; hay dos partes distintas que construyen una versión de la verdad.- Ninguna es considerada la verdad a priori ni se pretende presentar esa versión de la verdad frente a un tercero.- Si alguna de estas dos partes comete errores o incurre en vicios durante el proceso preparatorio para la presentación de su caso, pierde esa parte de su versión.

Sobre el destino de las pruebas rendidas, se señaló que la prueba no se pierde.- Si el juez lo estima, puede pedir que se rectifique y seguir adelante el proceso.

Se dio por aprobado el artículo en los términos propuestos.

El inciso tercero fue aprobado por mayoría de votos.

Título IX. De la prueba.

Comprende los artículos 199 al 239.

Párrafo 1º. Disposiciones generales.

Comprende los artículos 199 al 201.

El artículo 199 consagra el principio de libertad de prueba, lo que significa que todos los hechos y circunstancias relevantes para la adecuada solución del caso sometido a enjuiciamiento pueden ser probados por cualquier medio producido o incorporado en conformidad con la ley, salvo disposición legal en contrario.

Se cambió la redacción por la siguiente: “Todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sometido a enjuiciamiento podrán ser probados por cualquier medio producido e incorporado en conformidad a la ley, salvo disposición legal expresa en contrario”.

El término “relevantes”, en principio, se acordó omitirlo.

Se indicó, como argumento para mantenerlo, que era fundamental que el juez resolviera si era relevante, porque eso permite al juez controlar la magnitud de la prueba. Puede haber hechos que no son substanciales, pero que forman parte del objeto debatido.

Sobre lo mismo, se indicó que, en un momento determinado, una prueba puede parecer relevante, pero, en un contexto diferente, avanzada la investigación, esa prueba puede ser fundamental.

La prueba, no hay que olvidarlo, se produce en un momento del juicio. La calificación de relevancia la hace el juez de control de la instrucción en la audiencia de preparación del juicio oral.- Excepcionalmente, durante el juicio oral, podría revisarse esta decisión por parte del tribunal.- Pero el juicio de relevancia hecho por el juez de control de la instrucción o por el tribunal del juicio oral es fundamental.-

En el sistema alemán, no existe esta capacidad del juez de hacer el juicio de relevancia. En principio, el juez tiene que recibir toda la prueba que tienen las partes, lo que significa que en un juicio haya demora de cinco a veinte meses.

Se estimó que el término relevante tiene la connotación de importancia y no de utilidad.

El sistema de pruebas propuesto es el de completa libertad probatoria, lo que significa que, en principio, todo hecho puede ser probado por cualquier medio. No existen medios restringidos ni excluidos, como tampoco existe la vinculación de la necesidad de probar ciertos hechos con ciertos medios.

El criterio de juzgamiento, por parte del juez, es de libertad.- Ningún medio de prueba tiene más valor que otro ni tampoco hay medios de prueba objetados.- No hay inhabilidades de peritos ni de testigos.- Cualquier medio de prueba puede ser llevado ante el tribunal.- El tribunal es libre para apreciar la credibilidad del medio y para juzgar su condición El medio de control esencial es la fundamentación.- O sea, el tribunal está obligado a decir por qué llegó a esas conclusiones, lo que puede ser revisado por algún tribunal superior.

El sistema actual es un sistema de prueba tasada, en el cual hay ciertos hechos que tienen que ser probados por ciertos medios y hay ciertos niveles de condición que se alcanzan por la vía de ciertos medios. ¿Cuál es la razón de esto? Es un sistema de control de la prueba prefijado, es decir, el legislador pretende controlar por anticipado el razonamiento del juez y el tribunal superior ve si el juez se atuvo a esa forma de razonamiento pensado por el legislador.

En el proyecto, el legislador deja plena libertad al juez y el control se realiza por el tribunal superior sobre la base de la fundamentación, que es muy estricta y que se lleva a cabo en la sentencia.

En la audiencia de preparación del juicio oral, el juez de control de la instrucción, que prepara el juicio, tiene que organizar el juicio a través de los medios de prueba presentados por las partes. Una vez que llega la causa al tribunal del juicio oral, éste procede al examen de los medios de prueba fijados por el juez de control y, eventualmente, podría ampliarlo excepcionalmente.

Se aprobó el artículo con el cambio de la expresión “relevantes” por “pertinentes” y con el agregado de un inciso segundo, en virtud del cual la consideración de la declaración judicial del imputado como medio de prueba debe entenderse sin perjuicio de su derecho a guardar silencio.

El artículo 203 del proyecto original, relativo a los medios de prueba no regulados expresamente, se acordó trasladarlo al final, como artículo 238, después de los medios regulados expresamente.

Los cinco medios de prueba clásicos — documentos, testigos, peritos, declaración del imputado e inspección ocular — tienen formas reguladas de incorporación en el juicio.

Los medios de prueba a que se refiere este artículo no están incorporados, por lo cual hay que dejar libre su modo de incorporación, asimilándolos al medio de prueba clásico que más se parezcan.

El artículo 200 trata de la oportunidad para la producción de la prueba. La regla general es que ella deberá producirse durante la audiencia del juicio oral, salvo excepciones.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 201 se refiere a la valoración de la prueba.

Se hizo presente que el sistema de la prueba legal o tasada es propio de la monarquía absoluta, en donde el juez es delegado del monarca, quien no sólo le proporciona las normas que debe aplicar, revisando todas sus decisiones, sino que, además, le dice el modo específico en que debe valorar los hechos.

El sistema de prueba tasada es sólo coherente con el sistema de prueba escrito. El juicio oral, por esencia, tiene como objetivo que el juez pueda apreciar directamente los elementos de prueba y formarse una convicción por esa vía. Tasar la prueba significa quitar al juez la posibilidad de reconstituir los hechos a partir de los medios de prueba. Esto es desconocerle su competencia más elemental. En el pasado, los medios de prueba eran muchos menos y los medios de acceder a ellos eran más sencillos. Las pruebas más importantes, básicamente, eran la prueba testimonial y la de confesión.

Cuando se fundamenta el sistema de prueba regulada, aun por la doctrina, lo que se hace es sostener que se tiene un Poder Judicial que no está en condiciones de asumir el grado de libertad que se propone en un sistema de libre valoración de la prueba sobre la base de las máximas de la experiencia.

En Chile, no hay en la práctica un sistema de prueba legal o tasada. Es tal el anacronismo del sistema y la imposibilidad de trabajar con él, que, desde hace mucho tiempo, los legisladores han venido otorgándole mayores libertades al juez, por la vía de ampliar la posibilidad de aplicar prueba indiciaria, que no estaba considerada en el sistema de la prueba legal o tasada, que cada vez es más liberal.

Hoy en día, los estudios indican que la prueba es un ejercicio intelectual de reconstrucción a partir de indicios, porque la criminalidad es cada vez más complicada y es más difícil encontrar los testigos que den cuenta de lo que ocurrió.

Frente a ese sistema de prueba, existen, básicamente, dos alternativas. 1. Una, el sistema de la libertad probatoria, que tiene una versión que también se llama sana crítica. 2. Otra, el sistema de prueba en conciencia, por la vía de excluir zonas completas del procedimiento penal, las más importantes, de la prueba legalizada.

Estos dos sistemas de “vulneración” de la prueba legal o tasada han derivado en una especie de libertinaje probatorio. Los jueces, salvo en casos muy excepcionales, por ejemplo, en todo lo que dice relación al delito contra la propiedad, fallan sin atenerse a las reglas, pero tampoco dan fundamento ni hay mayor posibilidad de control. Pero tienen razón para hacerlo, porque fallar en conciencia significa fallar sin fundamentar, aunque no arbitrariamente.

Entonces, ¿cuál es el sistema de control? A la valoración hecha por el juez de primera instancia, se le opone otra valoración que hace la Corte. Ésta vuelve a leer el expediente, vuelve a valorar y se hace otro criterio, pero no controla lo que dice el juez de una instancia.- Es decir, hace una segunda valoración sin mayores restricciones.

En consecuencia, cuando se habla en el proyecto de hacer un sistema de prueba oral libre, no se está innovando fundamentalmente.

El sistema que se propone es de libertad probatoria, pero hay algunos controles. Entre los fundamentales, están la fundamentación y la ritualidad de la producción del medio de prueba.

Éste es un sistema en el cual la prueba se produce de cierto modo, que es público, oral y contradictorio; por lo tanto, es necesario regular la forma en que se reciben las pruebas. No es posible dejar que las pruebas se reciban de cualquier modo. La importancia de los cinco medios de prueba tradicionales es que hay toda una tradición que ha regulado cómo se producen esos medios en el juicio oral.

Sobre la libertad en la apreciación de la prueba, se mencionó que la proposición tiene un trasfondo, ya que hay una decisión sobre una política de Estado que definir. Hasta hoy, el Estado y el legislador tuvieron a los jueces con una actuación regulada. Hoy en día, se propone dar el paso que el Estado de Chile nunca dio, que es la plena libertad de los jueces para juzgar, sin marco regulatorio. Este tema invita a una reflexión que no es procesal, no es de procedimiento penal, sino de estructura del Estado y de los grados de participación del Poder Judicial en el desarrollo de las actividades del Estado.

Otros señores Diputados expresaron que aquí había varios aspectos en juego. En primer lugar, si la administración de justicia, a través de los tribunales, constituye o no un Poder del Estado. Aquí se pone en juego la capacidad de los tribunales de aplicar la norma jurídica a un caso determinado con libertad e independencia. En gran medida, esta libertad está en el imperio o en la competencia que tienen para resolver.- No es una libertad absoluta, sino que hay cierta reglamentación.

Si bien hubo acuerdo en que haya libertad en la valoración de la prueba, se expresaron algunas inquietudes sobre qué pasaba en caso de equivocación o si esa valoración no fuera totalmente fundada.

Como respuesta a esa inquietud, se indicó que ahora se pondrán más requisitos. Se pasará de un sistema de prueba en conciencia, que se tiene actualmente, sin fundamentación o con una puramente formal, a otro que reconoce efectivamente la libertad de los jueces para apreciar la prueba y a exigirles una fundamentación precisa.-

El sistema de fundamentación es tan extraordinariamente exigente que, de no cumplirse, existe una causal de casación absoluta. Aunque se les está reconociendo a los jueces más libertad, en la práctica se los está restringiendo.

Se aprobó el artículo por mayoría de votos, con supresión de la palabra “libre” en el título.

Párrafo 2º. Testigos.

Comprende los artículos 202 a 220.

Sobre la prueba testimonial, hay una innovación importante que considerar, cual es la supresión de las inhabilidades.

Como parte del sistema de la prueba legal o tasada, el Código actual dice que hay ciertos testigos inhábiles para declarar dementes, menores de edad, parientes, amigos —. A estas personas se les niega la calidad de medio probatorio susceptible de constituir plena prueba, aunque se les reconoce la posibilidad de constituir base de una presunción en determinadas circunstancias. Como éste es un sistema de prueba más libre, cualquier persona puede declarar.- Antes de su declaración, los abogados pueden hacerle preguntas a la persona y formularle al juez observaciones sobre su credibilidad.

El artículo 202, sobre deber de comparecer y de declarar, se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 203, sobre renuencia a comparecer o a declarar, se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 204, que consagra las excepciones a la obligación de comparecencia, fue modificado substancialmente, con objeto de reducir al máximo las personas que pueden excusarse de comparecer ante el tribunal a prestar declaración.

El artículo 205 contempla la forma en que prestarán declaración las personas exceptuadas de comparecer ante el tribunal, las que declararán en el lugar en donde ejercieren sus funciones o en su domicilio o por informe, según los casos.

Se aprobó con adecuaciones formales.

El artículo 206, sobre declaración del testigo residente fuera del lugar en donde debiere prestar declaración, se aprobó tal como se propuso.

El artículo 207, referente a la declaración del testigo residente en el extranjero, por la vía de exhorto al tribunal del lugar en que residiere, se aprobó sin enmiendas.

El artículo 208, sobre facultad de no declarar por motivos personales (cónyuge, conviviente, parientes cercanos), se aprobó con algunos cambios, destinados a suprimir el clásico distingo entre parientes legítimos, ilegítimos o naturales.

El artículo 209, que permite abstenerse por otros motivos diferentes del parentesco, como en virtud del estado, profesión o función legal del declarante o como el abogado, médico o confesor, por estar obligados a guardar secreto, se aprobó por mayoría de votos.

La inclusión, por vía referencial, de ciertas personas exceptuadas, presenta la ventaja de que no es posible negarles su derecho a abstenerse. Todos ellos tienen un secreto profesional que respetar, por lo cual se está amparando un valor superior a aquél de obtener la verdad. Cede el ordenamiento frente al derecho individual, no del abogado ni del médico, sino que del cliente de uno y otro a la confidencialidad en estos personajes; lo propio es dable decir del sacerdote.

El artículo 210, sobre el deber de comparecencia en ambos casos, se aprobó sin enmiendas.

El artículo 211 recoge el principio de no autoincriminación, que permite a un testigo no responder aquellas preguntas que pudieren acarrearle peligro de persecución penal por un delito.

El artículo 212, sobre juramento o promesa, como exigencia previa a la declaración, se aprobó como se propuso.

El artículo 213, relativo a la individualización del testigo, en cuanto establece el secreto de la identidad de un testigo, cuando pudiere significar peligro para éste o para otra persona, fue cuestionado, porque la experiencia ha demostrado que los testigos secretos se prestan para venganzas personales.- Si se está actuando en un procedimiento oral y abierto, en donde el juez puede optar por otras medidas, por ejemplo, impedir ingreso al público, no parece razonable mantener el secreto de la identidad del testigo, porque afecta la transparencia e induce al abuso de la norma.

Hoy en día, el secreto de la identidad del testigo dura exclusivamente hasta el término del sumario. Suponer que se mantendrá la validez del testimonio de una persona que se niega a identificarse y dar a conocer su identidad en el juicio oral final pudiera significar una indefensión absoluta hacia el afectado.

En la legislación procesal penal, lo que el juez toma en cuenta es la calidad del testigo. Los testigos se pesan, no se suman; por lo tanto, lo que vale es la calidad del testimonio. Si se le han restado la identidad y sus antecedentes como elementos de la calidad al testigo, se presta para que dos personas, bajo el pretexto de la identidad falsa, se pongan de acuerdo para acusar a una persona de un hecho y ésta nunca podrá desvirtuarlo, lo cual excede con creces los objetivos del secreto del testigo. El inculpado tiene pleno derecho a saber quién lo está acusando, con todos sus antecedentes.- El derecho a defenderse es un principio consagrado en la Constitución.

Se aprobó el artículo con la supresión de sus incisos tercero, cuarto y quinto.

Lo anterior no obsta, por aplicación del inciso final, a que el tribunal, en casos graves y calificados, pueda disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad del testigo que lo solicite.

Sin perjuicio de ello, debe recordarse, además, que por imperativo constitucional, al ministerio público le corresponde la adopción de medidas para proteger a los testigos.

El artículo 214, sobre la declaración de los testigos, distingue entre testigos de referencia y de oídas.

El testigo de referencia da su versión completa de los hechos.- El testigo de oídas es llamado sólo a declarar sobre un punto específico.

Vuestra Comisión no aceptó el distingo anterior, por lo cual procedió a rechazar los dos primeros incisos de este artículo, que quedó reducido a su norma final, que obliga a todo testigo a dar razón circunstanciada de sus dichos.

El artículo 215 se refiere a los testigos menores de catorce años, que son interrogados sólo por el presidente del tribunal.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 216 prohíbe ciertos métodos de interrogatorio de los testigos, similares a los que rigen para el imputado.

Se aprobó sin enmiendas.

El artículo 217 se refiere a las declaraciones de los testigos sordos o mudos.

Se aprobó sin debate, como se propuso.

El artículo 218, sobre apreciación de la prueba testimonial, precisa que no hay en el procedimiento penal testigos inhábiles, sin perjuicio del derecho de las partes de formular preguntas acerca de su credibilidad o imparcialidad.

Se aprobó sin enmiendas.

El artículo 219 obliga a indemnizar al testigo que viviere sólo de su jornal diario, por la pérdida que le ocasionare su comparecencia a prestar declaración.

Sobre el particular, hubo dos posiciones encontradas, Unos fueron partidarios de que pague quien lo presente. Otros, en cambio, que lo haga el Estado, ya que producir justicia es su tarea.

En definitiva, se aprobó la disposición por mayoría de votos, con el cambio de la expresión “jornal diario” por ”remuneración”.

El artículo 220, sobre citación del testigo para otras diligencias, tales como reconocimiento o inspecciones, se aprobó sin enmiendas.

Párrafo 3º. Informe de peritos.

Comprende los artículos 221 a 230.

El proyecto original consultaba los artículos 225 a 247 y distinguía entre los peritos judiciales y los peritos presentados por las partes.

El artículo 221 se refiere a la procedencia del informe de peritos: en los casos determinados por la ley y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para el procedimiento fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio.

Se aprobó sin enmiendas.

Los artículos 226 a 238, sobre los peritos judiciales, fueron rechazados.

La idea es contar con peritos imparciales, ordenados por el juez y financiados por el Estado, cuando no puedan ser financiados por las partes, a los cuales se recurre, en casos excepcionales, para mantener la equidad del proceso.

En general, se va hacia un sistema informal de peritos, más bien testigos peritos o testigos expertos. La parte que quiere probar un punto presenta un testigo a su costa, experto en un tema y que ha desarrollado su informe pericial del modo que estima conveniente, sin un método de designación previa y que tiene que comparecer a juicio.- En éste, es interrogado sobre su credibilidad, sobre su trayectoria profesional y se le otorga la credibilidad que se estime.-

Sólo se designan peritos judiciales por el tribunal en aquellos casos en que el imputado no tenga ningún medio y se lo quiera proteger, porque, de otra manera, quedaría en la indefensión.

El sistema pericial actual, en que se supone que todos los peritos son expertos e imparciales, no es real.-

La idea que fundamenta la existencia de peritos judiciales tiene que ver con la incapacidad de una de las partes, en el proceso, de pagar testigos expertos particulares.- Sin embargo, su existencia ha estado llena de vicios y ha correspondido, más bien, a figuras de tráfico de influencias, en que se utilizan personas que no son, necesariamente, peritos expertos.

Su eliminación abre la interrogante de qué pasa con aquella parte que no puede financiar un perito.

Uno de los mecanismos de solución es que el imputado que no pueda financiar un perito lo pueda contratar por la vía del sistema de defensoría pública, la que contendría un fondo de recursos destinado a la realización de peritajes o investigaciones.

En definitiva, hubo criterio unánime en la Comisión en cuanto a la supresión de los peritos judiciales, por no tener ninguna justificación. Si es el juez quien evaluará la prueba, lo correcto es que las partes presenten al perito, el que será interrogado; así se evaluará, por el tribunal o por las partes, su grado de conocimiento. El sistema de los peritos presentados por las partes es más coherente con el sistema acusatorio y es más eficiente.

La ventaja de la normativa que se propone es que da “status” de perito a las personas traídas por las partes.- Actualmente, si se lleva un experto a declarar a petición de parte, lo inhabilitarán y desmejorará su condición.

Como corolario de lo anterior, se suprimieron los diferentes subpárrafos en que se dividía el párrafo relativo a los peritos.

El artículo 222 se refiere concretamente al informe de peritos, que pueden presentar tanto el ministerio público como los demás intervinientes.

La idea general es que los honorarios y demás gastos derivados de la intervención de los peritos corresponderá a la parte que los presente.

Con todo y recogiendo la idea del artículo 229 del proyecto original, se faculta al tribunal para relevar a la parte, total o parcialmente, de tal obligación, cuando considere que no cuenta con medios suficientes para solventarlo, o cuando, tratándose del imputado, la no realización de la diligencia pudiere importar desequilibrio en sus posibilidades de defensa. En ambos casos, la remuneración del perito es de cargo fiscal.

El resto de los artículos, signados con los números 223 al 230, se aprobaron en los términos propuestos, sin debate.

Párrafo 4º. Inspección personal.

Comprende los artículos 231 a 236, que regulan su procedencia, la realización de la diligencia, su procedencia en las etapas previas de la instrucción o en el juicio oral, y su incorporación a este último.

Todos estos artículos fueron aprobados, con algunas enmiendas formales, sin debate.

Párrafo 5º. Documentos.

El artículo 237 se limita a señalar que podrán ser aportados en cualquier etapa del procedimiento pero, para su valoración como medio de prueba, se requiere su lectura en el juicio oral.

Se aprobó con modificaciones. La expresión “su lectura” se cambia por “su exhibición, audición o lectura”.

Se aprobó en los términos propuestos.

Párrafo 6º. Otros medios de prueba.

Se incorpora bajo este párrafo nuevo, el artículo 238, que corresponde al artículo 203 del proyecto original, con objeto de hacer referencia a medios de prueba no regulados expresamente, tales como películas cinematográficas, fotografías, fonografías, videograbaciones u otros sistemas de reproducción de la imagen y del sonido, versiones taquigráficas y, en general, cualquier medio apto para producir fe.

El tribunal deberá determinar la forma de su incorporación al procedimiento, adecuándola, en lo posible, al medio de prueba más análogo.

Se aprobó con adecuaciones formales.

Párrafo 7° Prueba de las acciones civiles.

El artículo 239, único que lo integra, sujeta la prueba de las acciones civiles en el procedimiento criminal a las normas civiles en cuanto a la determinación de la parte que debe probar y a las disposiciones de este Código, en cuanto a su procedencia, oportunidad, forma de rendirla y apreciación de su fuerza probatoria.

Se recordó que había un procedimiento civil escrito y un procedimiento penal oral.- Si el actor civil va al tribunal oral, tendrá que presentar la prueba oralmente.

Se aprobó en los términos propuestos.

—Libro Segundo. Procedimiento ordinario.

Comprende los artículos 240 al 391.

Título I. Etapa de la instrucción.

Comprende los artículos 240 a 328.

Párrafo 1º. Persecución penal pública.

El artículo 240 consagra el principio de legalidad, en virtud del cual los delitos de acción pública deben investigarse con arreglo a la normativa que aquí se propone, debiendo el ministerio público promover y proseguir la persecución penal pública cuando tuviere conocimiento de la existencia de un hecho que revista los caracteres de delito, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos previstos por la ley.

Si se trata de delitos cuya persecución dependiere de instancia privada, no se puede proceder sin que ella se produzca, salvo para realizar los actos urgentes de investigación o los absolutamente necesarios para impedir o interrumpir la comisión del delito.

Se especificó que en esta materia había dos sistemas: el europeo-continental y el anglosajón.

En el primero, el principio de legalidad, o sea, la irrenunciabilidad de la acción penal, por parte de los agentes públicos, existió por razones históricas. En los siglos XIX y XX, ha sido matizado con excepciones.- Existe en los códigos español y alemán.

En el segundo, nunca existió el principio de legalidad.- Hay unos agentes públicos, los fiscales, que tienen discrecionalidad para perseguir lo que ellos estimen.- No existe la idea de que los fiscales tienen que perseguirlo todo.

El fiscal resuelve todos los temas de oportunidad en cuanto a las actuaciones. Lo que resuelve el juez son problemas de legalidad, para saber si en sus actuaciones el fiscal está respetando la ley.

Se aprobó con modificaciones, con el objeto de adecuar la redacción del inciso final al artículo 63 del Código.

El artículo 241 permite el archivo provisional de ciertas investigaciones en tanto no se hubiere producido la intervención del juez de control de la instrucción en el procedimiento.

Ello sucede cuando no aparecieren antecedentes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos.

El típico caso es el de la denuncia presentada ante la policía, sin mayores antecedentes.- El fiscal ordena archivar el caso.-

La víctima puede solicitar del fiscal del ministerio público la reapertura del procedimiento y la práctica de diligencias, pudiendo recurrir, en caso de negativa, a las autoridades del ministerio público, según lo disponga su ley orgánica constitucional.

Se aprobó con modificaciones formales.

El artículo 242 faculta al ministerio público para no iniciar investigación en tanto no se hubiere producido la intervención del juez de control de la instrucción en el procedimiento, cuando los hechos no fueren constitutivos de delitos o se encontrare extinguida la responsabilidad penal del imputado.

Se observó que la investigación puede no iniciarse cuando los antecedentes y datos suministrados permiten establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado.- Con esto se han tenido problemas en el caso de los derechos humanos, pues algunos sostienen que determinados delitos de lesa humanidad, y otros, no están afectados por los principios tradicionales de la extinción de la responsabilidad.-

Tal situación se acordó salvar mediante la incorporación de una disposición transitoria que expresamente señale que las disposiciones de este Código sólo se aplicarán a los delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia.

Se aprobó, junto con la disposición transitoria mencionada en el párrafo anterior.

El artículo 243 consagra el control judicial en las dos situaciones previstas en los dos artículos anteriores.

En ambos, la víctima puede provocar la intervención del juez de control de la instrucción deduciendo querella. Si ésta se admite a tramitación, el ministerio público debe seguir adelante la investigación conforme con las reglas generales.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 244 regula el principio de oportunidad, que permite a los fiscales del ministerio público no iniciar la persecución personal o abandonar la iniciada, cuando se trate de hechos que, por su insignificancia, no comprometieren gravemente el interés público, salvo que la pena mínima asignada al delito excediere de presidio o reclusión menores en su grado mínimo (más de quinientos cuarenta días), o que se tratare de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.[34]

El fiscal deberá emitir una decisión motivada, que comunicará al juez de control, quien notificará a los intervinientes, si los hubiere.

Dentro del plazo de diez días, de oficio o a petición de parte, el juez puede dejar sin efecto la decisión de los fiscales del ministerio público, quedando obligado el fiscal a continuar con la persecución penal.

Vencido ese plazo o rechazada por el juez la reclamación respectiva, los intervinientes tienen un plazo igual para impugnar la decisión del fiscal ante las autoridades del ministerio público.

Se dio a conocer que, para los efectos de establecer este principio, se trabajó sobre un modelo de simulación basado en una serie de entrevistas a jueces, para ver cómo operan, en la práctica, desestimando casos.- Con el principio de oportunidad, más el archivo provisional y la facultad de no iniciar investigación, y con la misma lógica que hoy emplean los jueces, se llegó a la conclusión de que más del 80% de las causas terminarían por alguno de estos mecanismos.-

Se aprobó por mayoría de votos.

Párrafo 2º. Inicio del procedimiento.

Comprende los artículos 245 al 252.

El artículo 245 trata de las formas de inicio de la investigación: por denuncia o por querella, o por propia iniciativa del ministerio público.

Se aprobó con un cambio en la redacción, con objeto de hacer una mención más genérica de las maneras a través de las cuales se inicia una investigación, en un solo inciso.

El artículo 246 regula la denuncia, que puede hacerse a los fiscales del ministerio público, o a los funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones o de Gendarmería de Chile, o ante cualquier tribunal con competencia criminal, los cuales deben hacerlas llegar al ministerio público.

Se aprobó con modificaciones. En el inciso segundo, antes de ministerio público, se agregó “de inmediato”.

El artículo 247 se refiere a la forma y contenido de la denuncia.

Se aprobó en los términos propuestos, sin debate.

El artículo 248 establece la denuncia obligatoria.

Se observó que no se consideraba a directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales, que no siempre son empleados públicos, respecto de delitos que tienen tanta importancia social en el tema de los niños y en el de la violencia intrafamiliar y que se detectan en los colegios.

Se dio por aprobado el artículo con inclusión de las personas indicadas en el párrafo anterior, quienes estarán obligadas a denunciar los delitos que afecten a los alumnos.

El artículo 249 señala el plazo dentro del cual las personas indicadas en el artículo anterior deben efectuar la denuncia: veinticuatro horas siguientes al momento en que tengan conocimiento del hecho criminal. Los capitanes de naves o aeronaves, tendrán el mismo plazo, contado desde que arriben a cualquier puerto o aeropuerto nacional.

Se aprobó en los términos indicados.

El artículo 250 sanciona el incumplimiento de la obligación de denunciar, con prisión en su grado medio a máximo (cuarenta y uno a sesenta días) y multa de uno a cinco sueldos vitales.

Se aprobó el artículo con el agregado de la frase “o en la señalada en disposiciones especiales, según corresponda”, ante la eventualidad de que existan sanciones por la omisión de la denuncia en otros textos legales.

El artículo 251 señala la responsabilidad y derechos del denunciante.

Sólo contrae responsabilidad por los delitos que hubiere cometido por medio de la denuncia o con ocasión de ella.

No adquiere el derecho a intervenir posteriormente en el procedimiento, sin perjuicio de las facultades que pudiere tener en el caso de ser víctima del delito denunciado.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 268 del proyecto original, que establecía la reserva de la identidad del denunciante, si aquél lo solicitare, se rechazó por las mismas razones que lo fue la reserva de la identidad de los testigos.

El artículo 252, denominado autodenuncia, permite a quien hubiere sido imputado públicamente por otra persona de haber participado en la comisión de un hecho ilícito, concurrir ante un fiscal del ministerio público y solicitarle que se investigue la imputación de que ha sido objeto.

Finalizada la investigación sin encontrar antecedentes que fundamenten la persecución penal de quien hubiere sido imputado, el fiscal decretará el archivo del caso. Si hay antecedentes, se procederá con arreglo a las reglas generales.

Si el fiscal se negare a proceder, se podrá reclamar ante las autoridades del ministerio público.

Con esta disposición se pretende que las personas inocentes o las instituciones víctimas de imputaciones injuriosas o de adjetivos de menosprecio y descrédito puedan defenderse, pidiendo que se investigue el delito que presuntamente hubieren cometido. El fiscal debe citar al denunciante para que precise el delito. Así, como producto de la investigación, el imputado puede exigir una decisión por falta de méritos, lo que le sirve para preparar una querella por calumnias o por injurias.- El fiscal, en ese caso, tendría que hacer una investigación elemental.

Se aprobó en los términos indicados.

Párrafo 3º. Actuaciones de la instrucción.

Comprende los artículos 253 al 267.

El artículo 253 se refiere a la investigación del ministerio público, el cual puede realizar diligencias por sí mismo o encomendarlas a la policía.

Se expresó que era importante distinguir entre lo que es dirigir una investigación y realizarla, por lo que el debate debería recaer en quien la realiza. En los delitos menores o corrientes, lo usual es que lo haga la policía. En los otros, quien efectivamente investiga es el ministerio público con auxilio de la policía.

Se dijo, respecto de la afirmación anterior, que el ministerio público, como encargado de la investigación, se inmiscuye en ella.- Pero la única posibilidad real que tiene para desarrollar acciones concretas de investigación es a través de la policía. Hay que entender que existe una policía que está constituida, que tiene mucho poder, y un ministerio público en cierne, que tendrá que ganarse su espacio.-

Todo esto podría solucionarse si se entiende que no es al órgano entero a quien compete realizar la investigación, sino a un fiscal en concreto, que es quien conoce el caso.- Por lo tanto, se sugirió cambiar la figura “El ministerio público” por “El fiscal” o por “El fiscal del ministerio público”.

Se agregó, a mayor abundamiento, que el peligro de los actuarios no puede trasladarse a este procedimiento, porque los actuarios toman declaraciones con pleno valor probatorio.- Aquí hay un mecanismo de instrucción informal, donde las pruebas no tienen valor probatorio en sí mismas.

Si se dijera, por ejemplo, que la policía realizará la investigación con la dirección del fiscal, los efectos que se producirían serían muy diferentes de los que se buscan. De partida, la policía entendería esto como que el fiscal no podrá hacer nada mientras ella no haya aclarado su investigación, sin que deba entrometerse en las pericias ni ingresar a los recintos policiales para intervenir en los interrogatorios del imputado. A su juicio, el fiscal está casi obligado a recoger el producto de la investigación policial.

Hubo acuerdo en enfatizar que la investigación la dirige el fiscal del ministerio público.

Se da por aprobado el artículo con modificaciones. En el inciso segundo, se deja constancia de que, una vez que el fiscal tome conocimiento de la existencia de un hecho que reviste caracteres de delito, debe “procederse” a realizar las diligencias de investigación que sean pertinentes. Se elimina el inciso final, que permite a los fiscales del ministerio público ordenar el arresto de personas que dificultaren la práctica de estas diligencias.

El artículo 254 trata del aseguramiento de los medios que permitan la comprobación del hecho punible y la identificación de los partícipes.

Se aprobó en los términos propuestos, con enmiendas formales.

El artículo 255 se refiere a los objetos y documentos que sirvieron o estaban destinados a la comisión del hecho investigado, o los que de él provienen, o los que pudieren servir como medios de prueba.

Todos ellos deben recogerse y conservarse bajo sello.

Se aprobó el artículo, agregándose, en la denominación y en el texto, la palabra “instrumentos”.

El artículo 256 regula las reclamaciones y tercerías que los intervinientes entablaren durante el procedimiento con el fin de obtener la restitución de objetos recogidos o incautados, las que se tramitarán ante el juez de control de la instrucción por vía incidental.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 257 se refiere a las órdenes de investigar que el ministerio público cursare a la policía.

Se aprobó con el cambio de la expresión “Ministerio Público” por la de “fiscales del ministerio público”, que es la que se acuerda utilizar en el texto del Código. En el inciso primero, después de “limitación”, se agrega “o ampliación expresa”.

El artículo 258 dice relación a los testigos citados por un fiscal del ministerio público durante la etapa de la instrucción, los cuales están obligados a comparecer y a prestar declaración.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 259, sobre anticipación de prueba, se pone en el caso del testigo que no puede comparecer a la audiencia del juicio oral por tener que ausentarse a larga distancia o por temer la sobreviniencia de su muerte, su incapacidad física o mental, o algún otro obstáculo semejante.

En tal evento, el fiscal puede pedir al juez de control de la instrucción que se reciba su declaración anticipadamente, para lo cual se deberá citar a todos los intervinientes.

Este es un caso en el cual se piensa que el medio de prueba de que se trata no podrá ser llevado a juicio. Se hace una audiencia, especie de antejuicio, en que se cita a todas las partes, se toma la prueba y, luego, el acta se lee en el juicio oral.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 260 impone a los imputados comparecer ante los fiscales del ministerio público.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 261 se refiere al careo ante los fiscales del ministerio público entre los testigos o los imputados entre sí, o aquéllos con éstos, cuando discordaren acerca de algún hecho o circunstancia relevante para el procedimiento.

Se aprobó, con un agregado en el inciso cuarto, con la finalidad de que se adopten los resguardos necesarios para no ocasionar a los participantes en la actuación menoscabo a su dignidad y para asegurarles su seguridad e integridad psíquica y física.

Esta disposición se colocó, especialmente, para resguardar a las víctimas de delitos sexuales.

El artículo 262 consagra el secreto de las actuaciones realizadas por los fiscales del ministerio público y por la policía para los terceros ajenos al procedimiento.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 263 permite al imputado y demás intervinientes solicitar diligencias del fiscal, en cuanto sean pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. En caso de rechazo, se puede recurrir ante las autoridades del ministerio público con arreglo a su ley orgánica constitucional.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 264 permite al fiscal autorizar la asistencia del imputado o de los demás intervinientes a las actuaciones o diligencias que se practiquen durante la investigación, si lo estimare útil.

Se explicó que, de acuerdo con esta norma, se puede permitir la asistencia al imputado, pero hay circunstancias del procedimiento en las cuales, según sean o no sean esenciales, el imputado tiene el derecho a estar presente; no es una facultad del ministerio público.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 265 trata de la agrupación y separación de procesos por parte del fiscal, respecto de los delitos de que conociere.

El fiscal puede investigar separadamente cada delito, o puede desarrollar la investigación conjunta de dos o más delitos, cuando ello resultare conveniente.

Se dio a conocer que éste era un problema clave del sistema actual. El criterio es que los fiscales presentan sus acusaciones como quieren.- Ejemplo: A un individuo que cometió delitos en Arica, Iquique y Antofagasta, se le puede acusar por todos esos delitos en Santiago o en el lugar en que cometió cada delito.- Se procede igual si hubiere varios imputados; se pueden acusar en el mismo tribunal o en forma separada.-

En el modelo del Código, los fiscales no están sujetos a normas de competencia en cuanto a la generación de casos. Las normas de competencia son propias de la entidad jurisdiccional y de la instrucción formal. La fiscalía es un órgano absolutamente flexible en cuanto a su estructura y acción. También es flexible la instrucción, desde el momento en que es desformalizada.

Hay una norma, la del artículo 344, que autoriza al juez de la audiencia de preparación del juicio oral para acumular o separar juicios cuando, según su criterio, hacerlo de otra manera puede atentar contra el derecho a defensa del imputado, contra la posibilidad efectiva de realizar el juicio o pueda provocar sentencia contradictoria. Lo que se busca es un sistema de máxima flexibilidad, pero garantizando un mínimo de coherencia.

El problema actual es que las normas rígidas de acumulación hacen que estos procesos se transformen en inmanejables.

Se propuso agregar un inciso para contemplar una solución para el caso de que unos mismos hechos se investiguen por dos o más fiscales.

La idea, en tal evento, es que el imputado pueda recurrir ante el superior jerárquico o ante el superior jerárquico común, para que resuelva cual tendrá a su cargo el caso.

Se acotó, a mayor abundamiento, que las hipótesis que hacen procedentes estas reclamaciones son, por ejemplo, la vulneración del derecho a defensa.

Se aprobó el artículo con el agregado indicado.

El artículo 266, nuevo, se refiere al control judicial anterior a la formalización de la instrucción. Permite, a cualquier persona afectada por una investigación de un fiscal del ministerio público no formalizada, recurrir ante el juez de control de la instrucción para que le ordene informar sobre los hechos objeto de la investigación. El juez puede, a su vez, fijar un plazo para que se formalice la investigación u ordenar al fiscal que la cierre.

Se aprobó en los términos indicados.

El artículo 267 obliga al fiscal a solicitar autorización judicial previa para llevar a efecto diligencias de investigación que pudieren perturbar o vulnerar los derechos fundamentales del imputado o de otra persona.

En casos urgentes, el fiscal puede realizar la diligencia e informar de su práctica al juez, quien, pronunciándose sobre su legalidad, puede declararla ajustada a derecho o nula. Si no se informa al juez, la actuación o diligencia debe ser declarada nula por ese solo hecho.

Esta disposición, que originalmente fuera aprobada en los términos propuestos, fue posteriormente modificada para adecuarla al artículo 80 A de la Constitución Política del Estado, que exige siempre aprobación judicial previa para efectuar actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que la Constitución les garantiza, o lo restrinjan o perturben.

En tal virtud, se eliminó el inciso tercero.

Párrafo 4º. Reconocimiento de personas y otras diligencias.

Comprende los artículos 268 al 275.

El artículo 268, sobre reconocimiento de personas, se refiere al reconocimiento físico del imputado, para lo cual el fiscal del ministerio público debe solicitar la práctica de esta diligencia al juez de control de la instrucción, porque se están afectando derechos constitucionales de la persona, a menos que se preste voluntariamente a ser reconocida.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 269 regula la forma del reconocimiento.

Se aprobó como se propuso, sin debate.

El artículo 270 regula la forma del reconocimiento, cuando fueren varios los que debieren reconocer a una persona, caso en el cual la diligencia se practicará separadamente con cada uno de ellos, sin que puedan comunicarse entre sí, mientras dure la diligencia.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 271 hace aplicables las normas sobre testigos e imputados para los efectos de la diligencia de reconocimiento.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 272 dispone que el registro de la diligencia de reconocimiento podrá ser incorporado al juicio oral mediante lectura, en presencia del testigo que hubiere intervenido en él.

Se aprobó sin enmiendas.

El artículo 273 se refiere al imputado menor de edad.

Se expresó al respecto que si el imputado era menor de dieciséis años, el asunto lo resolvía el juez de menores. En cambio, si tiene entre dieciséis y dieciocho años, hay que ver si tiene discernimiento.

Ante el comentario anterior, basado en la legislación vigente, se argumentó que no está planteada esta hipótesis, porque hay un proyecto de ley que intenta modificarla.

Se agregó, a mayor abundamiento, que la disposición iría en contra de la Convención de los Derechos del Niño, por lo que no puede aprobarse.

Se rechazó el artículo.

El artículo 273, sobre exámenes corporales, a petición del fiscal, fue objeto de diversas observaciones y comentarios.

Se propuso agregar el examen de ADN, como un ejemplo, porque es más moderno y vale más que la extracción de sangre.

Se señaló que lo que se intenta regular es la colaboración del sujeto. Se está admitiendo una intervención en el ámbito de su intimidad, que puede llegar al nivel de la extracción de sangre.-

Se trajo a colación el tema de las pruebas biológicas, incorporado en el proyecto sobre filiación.

Se estimó preciso aclarar si las circunstancias que hacen procedentes los exámenes corporales deben ser relevantes para la investigación, el procedimiento o el delito.

En definitiva, se aprobó el artículo con modificaciones. Se cambió “el procedimiento” por “la investigación”, y se acordó hacer expresa mención de las pruebas biológicas.

El artículo 274, relativo al examen de vestidos, se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 275, sobre reconocimiento de objetos mediante su exhibición, se aprobó como se propuso.

Párrafo 5º. De la entrada y registro en lugar cerrado, del registro de libros y papeles, de la incautación de cosas, de la retención y apertura de correspondencia, de la interceptación de comunicaciones telefónicas y de otros medios técnicos de investigación.

En el encabezamiento del párrafo, se acordó hacer expresa mención del registro de los archivos computacionales y eliminar de él la interceptación de comunicaciones telefónicas.

El artículo 276 regula la entrada y registro en lugares cerrados, a petición del fiscal del ministerio público, la que es decretada por el juez de control de la instrucción.

Ante una consulta acerca de la forma de dar la orden y de si ella debería impartirse por escrito, se hizo presente que en este caso cabe aplicar la regla general en cuanto a las actuaciones del juez de control de la instrucción, por lo que debería ser por vía oral, pero con registro escrito. Es una alternativa.-

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 277 trata de la entrada y registro en casos de flagrancia, en que no es necesario orden judicial previa.

Se aprobó por mayoría de votos.

El artículo 278 fija el horario dentro del cual puede practicarse el registro, entre las siete y las veintiuna horas.

Se aprobó con un cambio en el horario, que se extenderá entre las seis y las veintidós horas.

El artículo 279 se refiere al contenido de la orden que autorice la entrada y registro, que tiene una vigencia máxima de diez días, después de los cuales caduca la autorización que con ella se confirió.

Esta norma es para la orden de allanamiento.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 280 regula la entrada y registro en lugares especiales, considerando tales los lugares religiosos y los edificios en que funcione alguna autoridad pública.

Lo novedoso de este artículo, si se lo compara con la norma vigente, es que se suprimen las diligencias en recintos militares o policiales, que se cumplen por intermedio de tribunales militares. Se reproduce sólo el inciso primero del artículo 158 del Código vigente.

Se aprobó el artículo, con la inclusión de los “recintos militares y policiales”.

El artículo 281 se refiere a la entrada y registro en lugares con inviolabilidad diplomática.

Se aprobó, haciéndose expresa mención de los edificios de las “embajadas”.

El artículo 282 regula la entrada y registro en locales consulares.

Se lo aprobó, sujeto a revisión, acorde con la legislación internacional sobre la materia.

El artículo 283 trata del procedimiento para llevar a cabo la entrada o registro.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 284 permite adoptar medidas de vigilancia para evitar la fuga del imputado o la substracción de documentos o cosas que constituyeren el objeto de la diligencia de entrada y registro.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 285 regula la forma en que se procederá a la entrada y registro.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 286 permite la incautación de objetos y documentos durante el registro cuando fuere de utilidad para el esclarecimiento de los hechos investigados, aun cuando la orden no lo hubiere facultado expresamente.

Se aprobó sin enmiendas.

El artículo 287 permite la incautación de otros objetos o documentos, que permitieren sospechar la existencia de un hecho punible distinto del investigado.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 288 se refiere al registro de la diligencia, de la cual debe dejarse constancia escrita.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 289 trata de la incautación de objetos y documentos relacionados con el hecho investigado, de los que pudieren ser objeto de la pena de comiso y de aquellos que pudieren servir como medio de prueba.

Se requiere previo decreto judicial, a petición del fiscal del ministerio público.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 290 permite la retención e incautación de correspondencia.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 291 permite al juez, a petición del fiscal, ordenar que las empresas de telégrafos o de cables, o de otros sistemas de comunicación semejantes, faciliten copias de los telegramas, cablegramas o comunicaciones transmitidos o recibidos. De igual forma, se puede ordenar la entrega de las transmisiones por radio o televisión.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 292 se refiere a los objetos y documentos que no pueden ser sometidos a incautación.

Se aprobó con modificaciones. En la letra a) y en el segundo inciso, se borró la palabra “escritas”, que figuraba a continuación de “comunicaciones”, con el fin de dar mayor amplitud al precepto.

El artículo 293 se pone en el caso de objetos y documentos en lugares y edificios cerrados, caso en el cual hay que proceder previa orden de entrada y registro.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 294 regula el registro de la diligencia de incautación y la custodia o depósito de los objetos o documentos incautados.

Se dio por aprobado.

Los artículos 311, 312, 313, 314 y 315 del proyecto original tratan de la interceptación de comunicaciones telefónicas, del registro de la interceptación, de la notificación al afectado por la interceptación, de la prohibición de utilizar el resultado de la medida en ciertos casos y de otros medios técnicos de investigación.

Se consideró que en esta materia se han cometido grandes errores y abusos, por lo que no parece razonable conceder a los jueces la facultad de interceptar comunicaciones. El juez de control no es ninguna garantía frente a esta situación.

La interceptación sólo debe ser una medida muy excepcional, que debe otorgarse para la investigación de ciertos delitos específicos, como los de terrorismo, de narcotráfico o en contra de la seguridad del Estado, en las respectivas leyes que los consagren.

Algunos señores Diputados dijeron no entender que la razón para invadir la vida privada de las personas sea la de imponer justicia.

En apoyo de las disposiciones indicadas, se expresó que la raíz fundamental del problema es el sistema actual. No existen jueces imparciales, desde el momento en que el encargado de controlar los excesos del investigador es el mismo encargado de investigar.

En el esquema del Código, se tendrá a un investigador, encargado de descubrir la verdad, y a un juez completamente imparcial y desinteresado de esa función. Ésta es la principal garantía del sistema, sin perjuicio de que se establezcan otras, si se estima necesario.

Por lo demás, todas las medidas cautelares, todas las medidas de investigación que afectan derechos individuales, invaden distintos ámbitos de privacidad.

El argumento anterior fue rebatido, por estimarse que la interceptación de comunicaciones es una invasión completa del campo de la libertad, de la intimidad de la persona.

A mayor abundamiento, se hizo presente que las personas que realizan la interceptación no pueden actuar selectivamente y, al no hacerlo, no sólo pueden terminar buscando aquello que motiva la sospecha del delito investigado, sino que todo un conjunto de circunstancias anexas que hacen que no sólo se pierda la intimidad relacionada directamente con la investigación, sino toda ella en su conjunto. Lo anterior es más grave aun si se considera que los servicios policiales y de inteligencia no tienen control alguno. Ellos obtienen información “marginal”, montando archivos completos, ajenos al motivo mismo de la investigación, creando con ello una situación de inseguridad.

Se calificó de paradojal, por último, que este proyecto, proclamado como garantístico, rompa algo tan íntimo como el derecho a la personalidad, a la vida privada.

Por las razones expresadas, todos los artículos citados fueron rechazados.

Párrafo 6º. Comprobación del hecho en casos especiales.

Comprende los artículos 295 al 302.

El artículo 295 se refiere a la comprobación del hecho cuando se está en presencia de un cadáver y hubiere motivo para sospechar que la muerte es el resultado de un hecho punible.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 296 se refiere a la identificación del difunto.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 297 contempla la autopsia del cadáver.

Hubo pareceres coincidentes en mantener la disposición, a la espera de explorar alternativas.

Se aprobó con la adición de un inciso segundo, para permitir al fiscal asistir personalmente a la autopsia o delegar esta función en quien estime pertinente.

El artículo 298, nuevo, trata de la entrega del cadáver a los deudos o a quienes invoquen título o motivo suficiente, tan pronto como la autopsia se haya practicado.

Se aprobó en los términos indicados.

El artículo 299 se refiere a la exhumación del cadáver.

Se aprobó con la supresión de su frase inicial, empezando el artículo con “El juez, a petición de cualquier interviniente…”.

El artículo 300 se refiere a la investigación del hecho en caso de lesiones corporales.

La norma mantiene la idea de que el informe no tiene que ser del Instituto Médico Legal, sino de cualquier médico y de cualquier hospital.

Hay un sistema de libertad probatoria. Todos los medios de prueba son válidos y no hay peritos, estrictamente, sino que son testigos expertos.-

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 320 del proyecto original, sobre presunto envenenamiento, fue eliminado.

El artículo 301 regula los exámenes médicos necesarios para la determinación del hecho punible.

A pesar de tener la misma lógica del artículo relativo a las autopsias, el problema está resuelto de manera distinta. Aquí es alternativo. El fiscal puede ordenar que se practiquen por el Servicio Médico Legal o por cualquier otro servicio.

Se aprobó, con supresión de la referencia a “lesiones, aborto o violación”.

El artículo 302 trata de la investigación de los delitos de falsificación.

Se aprobó, con el cambio de la expresión “depositario” por “tenedor”.

Párrafo 7º. Formulación de cargos.

Como cuestión previa, cabe recordar que vuestra Comisión ha cambiado la expresión que sirve de título a este párrafo por la de “formalización de la instrucción”, que es la que se utiliza en todo el Código en informe.

El proyecto de ley concibe la instrucción como una etapa de preparación del juicio, en que una de las partes, el fiscal del ministerio público, con el auxilio de la policía y otros organismos especializados, debe investigar el hecho denunciado y recolectar los medios de prueba que, en el momento oportuno, utilizará para respaldar su acusación frente al tribunal que deba dictar el fallo.

El fiscal del ministerio público puede archivar, provisionalmente, todas aquellas denuncias que no parezcan susceptibles de una investigación exitosa, o no iniciar o abandonar la persecución penal en casos de mínima gravedad, cuando ello resulte conveniente por no estar comprometido el interés público.

Si el fiscal no adopta alguna de las decisiones mencionadas, debe llevar adelante la investigación, teniendo como límite los derechos individuales de las personas.

En los casos en que su actividad afecte o pueda afectar esos derechos, procederá siempre la intervención judicial, en forma previa, por medio de audiencias orales, en las que el juez deberá calificar la legalidad de la actuación y cautelar por el respeto de los derechos de quienes puedan resultar afectados por ella.

Para aquellos casos en que sea necesario requerir la intervención judicial por primera vez en relación con una medida determinada o para eventuales futuras medidas que afecten los derechos de las personas, el fiscal está obligado a formalizar la instrucción ante el juez de control de instrucción.

Se trata de una institución procesal que obliga a judicializar la instrucción, con el fin de otorgar garantías al imputado en cuanto al conocimiento de la existencia y contenido de la persecución penal que se dirige en su contra, a permitir su declaración judicial como medio de defensa frente a esa imputación y a dar lugar a la intervención del juez para el control de la actividad investigativa y las eventuales medidas cautelares.

Se persigue que la formalización de la instrucción constituya un sustitutivo del sometimiento a proceso, que proviene del fiscal, no del juez, que evita el prejuzgamiento que implica una resolución judicial basada en presunciones fundadas de participación e impide los efectos de interdicción del imputado que hoy surgen del auto de procesamiento, como son el arraigo de pleno derecho, su conexión directa con la prisión preventiva y la libertad provisional, las anotaciones en el prontuario y demás efectos restrictivos de derechos.

El artículo 303 da el concepto de lo que es la formalización de la instrucción, que no es otra cosa que la manifestación que realiza el fiscal ante el juez de control de la instrucción mediante la cual se comunica al imputado el hecho de encontrarse actualmente desarrollándose una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados.

Es el instante en el cual el fiscal decide poner en conocimiento del imputado — a quien se le está siguiendo una investigación que genera ciertos efectos regulados en el artículo 308 —[35] los cargos que se formulan en su contra, que serán los únicos que podrán ser objeto de la acusación y, posteriormente, de la sentencia.

Se aprobó, con el cambio de la expresión formulación de cargos por formalización de la instrucción.

El artículo 304 señala la oportunidad que tiene el fiscal para formalizar la instrucción: cuando lo estimare necesario para provocar la declaración judicial del imputado o cuando considerare oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial.

Cada vez que el fiscal debiere requerir la intervención judicial, está obligado a formalizar la instrucción, a menos que lo hubiere realizado previamente.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 305 se refiere al anuncio por escrito de la formalización de la instrucción y a los requisitos que debe contener, entre ellos, la indicación del o de los delitos que se atribuyeren. Si el imputado estuviere detenido, el fiscal podrá solicitar la prolongación de la detención hasta la audiencia, período que en caso alguno podrá exceder de cinco días y de diez en los delitos terroristas.

Se aprobó en la forma que se propuso.

El artículo 306 trata de la tramitación de la solicitud de formalización de la instrucción en la audiencia respectiva, con citación de los intervinientes en el procedimiento.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 307 dispone que, una vez formalizada la instrucción, el juez abrirá debate sobre las demás solicitudes que el fiscal o el querellante plantearen.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 308 contempla los efectos que produce la formalización de la instrucción. Como ya se ha dicho, se suspende el curso de la prescripción de la acción penal, comienza a correr el plazo para declarar cerrada la investigación y el fiscal pierde la facultad de archivar provisionalmente el procedimiento.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 309 permite al juez de control, en la audiencia de formalización de la instrucción, fijar un plazo breve para el cierre de la investigación, con el fin de cautelar las garantías de los intervinientes y siempre que las características de la investigación lo permitan.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 310 faculta al fiscal para solicitar del juez de control de la instrucción pasar directamente a juicio oral. Si el juez acoge su petición, en la misma audiencia el fiscal debe formular su acusación y ofrecer prueba y las partes hacer sus alegaciones y ofrecer, a su turno, prueba.

El juez puede postergar esta resolución, otorgando al imputado un plazo de hasta diez días para plantear sus solicitudes de prueba.

Se observó que la disposición, tal como está redactada, podría afectar el derecho a defensa del imputado.

Se hizo presente que lo que permitía este artículo era que la audiencia de formalización de la instrucción se transformara, en la práctica, en audiencia de preparación del juicio oral. Una vez terminada esa audiencia, el juez tiene que dictar el auto de apertura del juicio oral y corre el plazo, que es de quince a treinta días. El plazo mínimo entre la audiencia intermedia y el juicio oral es de veinte días.

Lo que se plantea en este artículo es sólo la renuncia del fiscal a su derecho a realizar una investigación más prolongada.

En el inciso segundo de este artículo, aparte de los plazos, hay una facultad para que el imputado pueda presentar pruebas dentro del plazo de diez días. Este plazo hay que combinarlo con el otro. El imputado tiene un plazo de entre quince y treinta días para preparar su defensa. En verdad, puede llegarse a un plazo máximo de hasta cuarenta y cinco días.

Se aprobó el artículo con modificaciones. En el inciso segundo, se reemplaza la oración final por la siguiente: “No obstante, deberá postergar esta resolución otorgando al imputado un plazo mínimo de diez y máximo de treinta días, dependiendo de la naturaleza del delito, para plantear sus solicitudes de prueba”.

Párrafo 8º. Suspensión condicional del procedimiento y acuerdos reparatorios.

Comprende los artículos 311 al 328.

En el mensaje se pone de relieve que el examen de los problemas del sistema vigente, así como la experiencia comparada, muestran que uno de los mayores obstáculos al éxito de la justicia criminal lo constituye el manejo de volúmenes muy grandes de casos, cuyos requerimientos suelen exceder con mucho las posibilidades de respuesta de los órganos del sistema con sus siempre limitados recursos.

Por otro lado, los avances de las disciplinas penales muestran que las respuestas tradicionales del sistema — como las penas privativas de libertad, en el caso chileno — resultan socialmente inconvenientes para una multiplicidad de casos, sea porque los problemas asociados a ellas resultan mayores que sus eventuales beneficios o porque la rigidez en su aplicación proscribe soluciones alternativas socialmente más productivas y más satisfactorias para los directamente involucrados en el caso, especialmente las víctimas o los civilmente afectados por el delito.[36]

A partir de estos dos planteamientos, se han incorporado en el proyecto dos tipos de innovaciones: las salidas alternativas y los procedimientos abreviados.

En primer lugar, se propone avanzar hacia la creación de un sistema de justicia criminal que otorgue diversas posibilidades de solución a los conflictos de que conoce, abriéndose, todavía limitadamente, a la posibilidad de soluciones alternativas distintas de las tradicionales en aquellos casos en que los diversos actores del sistema — jueces, fiscales y demás intervinientes — estén de acuerdo en su conveniencia u oportunidad.

En segundo lugar, se propone la creación de algunos procedimientos abreviados o simplificados en que, por la vía de acuerdos entre todos los intervinientes o de algunos de ellos, se suprimen etapas del procedimiento ordinario para alcanzar una solución rápida del caso, siempre que ello resulte posible sin vulnerar los valores que el sistema busca proteger.

Las salidas alternativas, materia a la cual se refiere precisamente este párrafo, son la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios.

La suspensión condicional del procedimiento consiste, fundamentalmente, en una anticipación del tipo de solución que la sentencia otorgará al caso cuando, probablemente, resulte aplicable alguna de las medidas alternativas a las penas privativas de libertad previstas en la ley N° 18.216, como la remisión condicional de la pena, la libertad vigilada o la reclusión nocturna.

Con acuerdo del fiscal y del imputado, el juez puede suspender el procedimiento sujetando a este último a ciertas formas de control de baja intensidad, por un período no superior a tres años.

Una de las ventajas de esta solución dice relación a la oportunidad de la medida, pues su decisión temprana evita los efectos estigmatizantes del procedimiento y la eventual prisión preventiva para quien, finalmente, se hará acreedor a una medida no privativa de libertad destinada a su reinserción social. La otra ventaja es que su aplicación no requiere de aceptación de culpabilidad ni su declaración por parte del juez, sino el simple reconocimiento de los hechos materia de la persecución penal.

De cumplir adecuadamente con las condiciones en el plazo estipulado, el imputado se reincorporará plenamente a la vida social, sin que pese sobre su futuro el antecedente de una condena penal.

En el caso de revocarse la suspensión condicional, por no cumplimiento de las condiciones o por la comisión de un nuevo delito, será necesario reiniciar el procedi-miento hasta la dictación de la sentencia, incluyendo, en el segundo caso, el nuevo delito en la acusación.

El artículo 311, sobre suspensión condicional del procedimiento, permite que el fiscal del ministerio público, con el acuerdo del imputado, puede solicitar del juez de control de la instrucción la suspensión condicional del procedimiento, cuando considere que aquél puede ser objeto de la medida de remisión condicional de la pena en el momento de dictarse la sentencia.

Ese acuerdo importa aceptación por parte del imputado de los hechos materia de la persecución penal y de los antecedentes de la instrucción que la fundaren. No hay reconocimiento de la culpabilidad. El juez podrá apreciar esos hechos, pudiendo incluso absolver. El juez no falla, no condena, lo que hace es suspender el procedimiento.

Al conceder la suspensión, el juez fija un plazo entre uno y tres años y fija las condiciones a que deberá someterse el imputado en ese lapso, oyendo a la víctima y al querellante.

La resolución que otorgue la suspensión es apelable por la víctima perjudicada con ella.

La suspensión no afecta las responsabilidades pecuniarias, que habrán de perseguirse por la vía civil.

La presencia del defensor del imputado en la audiencia es requisito de validez de la misma.

La suspensión condicional del procedimiento, para que tenga significado, debe contar con la venia del juez de control, quien puede aceptar o rechazar el acuerdo entre el fiscal y el imputado.

Si bien no se requiere el acuerdo de la víctima, a ésta le asiste el derecho de reclamar al juez respecto de las condiciones que se impongan al imputado.

Se informó a la Comisión que la idea, tratándose de primerizos, de personas que no tengan antecedentes penales, con un pronóstico de peligrosidad positivo y que hayan cometido delitos con penas inferiores a cinco años, es que no deben ir a la cárcel, sino que debe aplicárseles la remisión condicional de la pena o la libertad vigilada.- Esto incluye hurtos, la mayoría de las lesiones, los cuasidelitos de homicidio, algunas hipótesis de robo con fuerza, de los más comunes.- Excluye los robos con violencia.

La ley 18.216 es una ley bastante liberal, porque otorga el beneficio de cumplimiento alternativo a todas las personas con delitos de menos de cinco años. Tiene una hipótesis de reincidencia, que es la reclusión nocturna.- Esta ley no se cumple, por efecto de la prisión preventiva.-

La norma busca dar cumplimiento a la ley 18.216.- Lo que se elimina es la prisión preventiva, la que anula el efecto de las medidas alternativas.

Para que proceda la remisión condicional tienen que cumplirse tres tipos de requisitos: 1º Que la persona no tenga antecedentes penales anteriores. 2º Que la pena a la que se expone no sea superior a tres años y un día. 3º Una evaluación psicosocial, con características de circunstancias de comisión.

Hoy en día, pese a saber, desde el principio, al tener el extracto de filiación, que no hay antecedentes penales anteriores y que la pena máxima por el delito cometido no supera los tres años, por lo que el imputado se hará acreedor a la remisión condicional de la pena, el juez debe realizar el juicio igual. Invierte tiempo de la víctima y de los abogados para terminar, finalmente, condenando a una pena de dos años y remitir condicionalmente la pena.

La proposición, si bien pareció, en principio, atendible, dado que una de las filosofías del proyecto es evitar la detención preventiva, la que colapsa las cárceles, mereció diversos comentarios sobre su alcance y contenido.

Se observó que, al estar excluido el juicio oral, no habría una sentencia del tribunal, lo que generaría problemas para los efectos de la reincidencia o nuevo delinquimiento.

Pese a reconocerse la validez del aserto anterior, se dio a conocer que había dos fórmulas para resolver este problema. Una, que es la del Código Modelo, en que el sujeto confiesa, se le condena y luego se aplica una medida alternativa a la pena. La desventaja que esto tiene es que el sujeto queda condenado, con el estigma de una condena penal anterior para efectos de su rehabilitación. Además, constituye una presión para que confiese.- Otra, como la propuesta, que es suspender el procedimiento, no llegar a la condena y que el sujeto, voluntariamente, se someta a un conjunto de condiciones.- No hay una carga penal.- Si cumple las condiciones, la causa se cierra y nunca hubo una condena.- No hay reincidencia.

Si, durante el período del cumplimiento de las condiciones, el sujeto reincide, se lo juzga y condena a penas privativas de libertad por dos delitos.

Si reincide después del cumplimiento de las condiciones, claramente tiene una ventaja.

En la filosofía moderna de las medidas alternativas no se busca que el sujeto se rehabilite para siempre, lo cual es irrealista, sino que se trata de que el sujeto no cometa delitos durante el cumplimiento de las condiciones, que es lo que razonablemente se puede esperar.

Hubo consenso en que, de aprobarse este mecanismo, debería ser para primerizos y para delitos que no sean muy graves.

Se representó que, de acuerdo a las simulaciones que se han hecho, el Código no opera sin esta norma, que es clave para su funcionamiento. El costo de estructurar el sistema sin ella es doble; en consecuencia; habría que seguir el doble o el triple de juicios.

Sobre la cuantía de la pena, se preguntó si se trataba de la pena judicial que el juez aplica en virtud del juego de las atenuantes y las agravantes y las eximentes incompletas, o de la pena legal, esto es, la fijada en el Código para el delito específico de que se trate.

Se aclaró que se estaba tomando en consideración la pena judicial.

En definitiva, se acordó no hacer referencia a la remisión condicional de la pena sino a una condena privativa o restrictiva de libertad específica, que no excediere de tres años, pensando tanto en la rehabilitación del imputado como en los intereses de la víctima, e indicar en la disposición misma, reproduciéndolas con las adecuaciones pertinentes, las exigencias que establece la ley N° 18.216 para que proceda la remisión condicional de la pena.

En forma complementaria, se acordó excluir la aplicación de esta disposición respecto de ciertos delitos de gravedad, como el aborto, homicidio, secuestro, mutilación, lesiones gravísimas, violación, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y conductas terroristas.

Si bien no habrá condena y, por lo tanto, una eventual reincidencia, se acordó establecer un registro especial, que llevará el ministerio público, de las personas beneficiadas con esta suspensión.

Se aprobó en los términos indicados.

El artículo 312 fija las condiciones de la suspensión, como ser, residir o no residir en un lugar determinado, prohibición de frecuentar ciertos lugares o personas, tratamientos de rehabilitación, permanecer en un trabajo o empleo, etc.

Las condiciones las pone el juez y el sujeto puede reclamar.

Se aprobó con modificaciones. El texto de la letra d) se reemplaza por “Tener o ejercer un trabajo, oficio, profesión o empleo, o asistir a algún programa educacional o de capacitación”.

El artículo 313 regula la revocación de la suspensión condicional, en los casos en que el imputado incumpliere grave, reiterada e injustificadamente las condiciones impuestas o fuere objeto de una nueva formalización de la instrucción, debiendo fallarse el caso en conformidad con el procedimiento abreviado.

Al fallar la causa y condenar, el juez puede otorgar al imputado alguno de los beneficios que consagra la ley N° 18.216, lo que significa que no hay cárcel automática por el solo hecho de la contravención.

Se aprobó en los términos indicados.

El artículo 314, nuevo, contempla la existencia de un registro especial, que debe llevar el ministerio público, en el que deberá inscribirse al imputado que sea beneficiado por la suspensión del procedimiento.

Si una persona es beneficiada con la suspensión condicional del procedimiento y cumple las condiciones impuestas, lo normal sería que no quedaran huellas de sus actos. Si luego vuelve a delinquir, vuelve al sistema y, como no tiene antecedentes penales, no se la podría considerar como reincidente.

Con este registro, el ministerio público sabrá su situación real y, dependiendo de su criterio, podrá tratarla como reincidente — técnicamente no lo es — o, incluso, otorgarle una suspensión condicional del procedimiento.

Se aprobó en los términos indicados.

El artículo 315 trata de los acuerdos reparatorios.

Los acuerdos reparatorios, como forma de terminación anticipada del procedimiento, buscan reconocer el interés preponderante de la víctima en aquellos delitos que afectan bienes que el sistema jurídico reconoce como disponibles, atendido su carácter patrimonial. El ámbito dentro del cual se propone aceptar estos acuerdos queda delimitado de modo bastante general y deberá ser precisado en lo sucesivo por la ley penal y su interpretación jurisprudencial.

Se establece de modo preciso el deber del juez de verificar que quienes han concurrido al acuerdo lo han hecho libre e informadamente.

Se hizo hincapié en que era una materia bastante discutible en el derecho penal, como lo son, igualmente, los bienes jurídicos disponibles. La estafa es claramente disponible y todos los delitos patrimoniales, en general, también lo son.

Esto obedece a la tendencia moderna de realzar el protagonismo de la víctima: reconocer que es más importante el ser concreto de la víctima que el interés abstracto del Estado. Igualmente, reconocer la colaboración de la víctima para que proporcione la prueba.

Un bien jurídico disponible tiene un titular preciso — una persona natural o jurídica — que está en condiciones de perdonar el delito cometido. Son bienes jurídicos disponibles: los delitos de propiedad, las lesiones leves, las injurias, los cuasidelitos en los cuales no hay resultado de lesiones graves.

El inciso segundo, en cuanto dispone que el acuerdo reparatorio extingue la acción en relación con el que concurre al acuerdo, pero no respecto de los otros imputados, fue considerado injusto, pues puede haber dos o tres y sólo uno de ellos tener el patrimonio que le permita llegar a este acuerdo. Puede haber otros que tengan otros grados de responsabilidad.

Se explicó que esta norma sirve para descargar el sistema. Hay dos problemas de concepción central del Código que están expresados aquí.- 1º Realzar los intereses concretos de la víctima por sobre los intereses abstractos del Estado. Esto obedece a la tendencia moderna de relevancia de los derechos humanos, de la importancia del sujeto respecto del Estado y del descreimiento en valores abstractos como los intereses estatales globales.- 2º El sistema de procedimiento penal no es entendido como un sistema destinado a la aplicación de penas, sino como un sistema destinado a la resolución de conflictos.- O sea, las denuncias que llegan al sistema son conflictos complejos, habitualmente, para los cuales una de las alternativas de solución es la pena, pero si hay otras alternativas de solución socialmente más benéficas debieran aplicarse.

El sistema penal actual reconoce como principio el hecho de que se configure como atenuante el tratar de reparar el mal causado, que no es más que la indemnización patrimonial que le permite al juez rebajar la pena y aplicar una menos rigurosa, configurando una atenuante. Aquí lo que se está haciendo, además, con una serie de controles — porque se supone la presencia del fiscal — es acuerdo de la víctima y, posteriormente, acuerdo del juez.-

Si lo que la víctima pretende es resarcirse patrimonialmente, porque ése es el daño que se le ha causado, por qué inhibirla de que se le resarza patrimonialmente ese daño que ella estima importante y suspender el juicio allí. Si la víctima ha quedado contenta y el juez ha dicho que no se le ha violentado un derecho, no se ve razón para que el juez tenga que incurrir, además, en la carga de seguir con el juicio hasta el final, no obstante haber una suerte de desistimiento.

Hay aquí, incluso, una evaluación desde el punto de vista pecuniario para el Estado. Si hay un acuerdo entre dos personas en que, patrimonialmente, ambas están satisfechas y, pese a ello, se obliga al Estado a proseguir el juicio hasta el final, lo único que se logra es hacerle incurrir en gastos con cargo al erario.

Se aprobó el artículo con modificaciones. En el primer inciso, se agrega, después de “bienes jurídicos disponibles”, la expresión “de carácter patrimonial o susceptibles de apreciación pecuniaria”.

El artículo 316 se refiere a la oportunidad para decretar la suspensión condicional o los acuerdos reparatorios. Si no se hubieren decretado o producido en la audiencia de formalización de la instrucción y se encontrare agotada la investigación fiscal, pueden solicitarse y acordarse tan pronto como el fiscal haya declarado cerrada la investigación o en la audiencia en que se resolverá sobre la solicitud de sobreseimiento que haya formulado.

Si no estuviere agotada la investigación, el juez cita a una audiencia oral con ese propósito.

Párrafo 9º. Conclusión de la instrucción.

El artículo 317 fija el plazo para el cierre de la investigación, que es de dos años a contar desde la formalización de la instrucción. Si no se hace, el imputado puede pedir al juez que lo haga.

Si el fiscal no acusa oportunamente, el juez debe decretar el sobreseimiento definitivo, estando impedido el fiscal de solicitar sobreseimiento temporal.

El plazo de dos años se suspende cuando se haya dispuesto la suspensión condicional del procedimiento o se declarare sobreseimiento temporal, por requerirse la resolución previa de una cuestión civil, cuando el imputado fuere declarado rebelde o, cuando después de cometido el delito, cayere en enajenación mental.

Se sugirió que, en caso de no acusar, se decrete el sobreseimiento temporal y no el definitivo. Éste se transformaría en sobreseimiento definitivo si se completan los plazos de prescripción.

Se indicó, a la vez, que el plazo de dos años, en cierta manera, entra en contradicción con el plazo de la prescripción de los crímenes.

Se explicó que este plazo no tiene que ver estrictamente con la prescripción, sino que busca limitar el período en el cual una persona concreta está sujeta a proceso. Cuando se formulan cargos empieza a correr el plazo.- El sobreseimiento definitivo extingue la responsabilidad penal.

Actualmente, se puede estar encargado reo dieciséis o veinte años y el Estado se toma el derecho de perturbar los derechos del sujeto, ilimitadamente, para investigar. Con esto es con lo que se quiere terminar.

Sobre los delitos de lesa humanidad, se precisó que ellos tienen normas de prescripción especiales, las que seguirían vigentes. Esto tiene que ver sólo con el proceso.- En esos delitos también regiría esta norma.

Se justificó la disposición diciendo que era muy importante, por el tema del dinamismo de la fiscalía. Si no se hace responsables a los fiscales de cerrar dentro de plazo la investigación y no se ponen sanciones duras como ésta, pasará lo mismo que hoy en día, en que el Estado se toma todo el tiempo que necesita o cree necesitar.

Se aprobó con modificaciones. Se agregó, en el inciso segundo, después de “sobreseimiento definitivo”, la expresión “o temporal, según corresponda, citando a las partes a la audiencia a que se refiere el artículo 319”. Se eliminó la última oración de este inciso.

El artículo 318 regula el cierre de la investigación fiscal, una vez practicadas las diligencias que el fiscal hubiere considerado necesarias para la averiguación del hecho punible y sus partícipes.

Cerrada la investigación y dentro del plazo de diez días, el fiscal puede solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal de la causa, o formular acusación, si hubiere fundamento serio para el enjuiciamiento.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 319, denominado audiencia, dispone que cuando se pida el sobreseimiento, el juez de control de la instrucción citará a todas las partes a una audiencia.

Se aprobó en los términos propuestos.

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Al concluir la instrucción y cerrada la investigación fiscal, después de haberse practicado las diligencias que se hubieren considerado necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal puede solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal de la causa, o formular acusación, de acuerdo con el artículo 318.

En el proyecto se propone mantener el sobreseimiento temporal y definitivo como formas de término anticipado de aquellos procedimientos en que se haya imputado formalmente a alguien por medio de la formulación de cargos.

En el caso del sobreseimiento temporal, que en el sistema actual constituye la forma de término ampliamente mayoritaria, se ha pretendido limitar fuertemente su aplicación, por cuanto se trata de una salida bastante insatisfactoria.

Desde los puntos de vista de la víctima, de la sociedad y del imputado, constituye un fracaso de la investigación — que no se reconoce formalmente — desde el momento que implica mantener un número amplísimo de casos abiertos con todos los problemas de manejo administrativo que ello acarrea, y vigente, indefinidamente, la posibilidad de la persecución penal en contra del imputado, con toda la incertidumbre que ello implica.

El imputado sólo podrá liberarse de esta carga en cuanto sea capaz de probar positivamente su inocencia — con lo cual se produce una distorsión de uno de los componentes básicos de la presunción de inocencia, como es el que la carga de la prueba recae sobre el acusador — o cuando transcurran los plazos de prescripción.

El proyecto propone restringir la utilización del sobreseimiento temporal por falta de antecedentes para continuar la investigación a aquellas situaciones en que exista la expectativa razonable de que ellos aparezcan en el futuro, fijándose, además, un plazo de un año, al cabo del cual el sobreseimiento temporal se transforma en definitivo si los antecedentes esperados no se presentan.

Los sobreseimientos han de ser propuestos por el fiscal y pronunciados por el juez. Éste deberá apreciar el contenido de la instrucción y podrá cambiar la causal o el tipo de sobreseimiento solicitado.

Se propone, además, otorgar al juez la posibilidad de representar a las autoridades del ministerio público aquellas solicitudes de sobreseimiento que en su opinión no se ajusten al mérito de los antecedentes reunidos. No obstante, deberá acoger la opinión institucional del ministerio público si insiste en el sobreseimiento.

Se ha buscado esta fórmula con el fin de controlar severamente la posibilidad de que algún fiscal pueda utilizar los sobreseimientos como forma de término de casos que podrían ser llevados a juicio, excediendo con ello las específicas facultades que se le otorgan para promover salidas alternativas al procedimiento.

Se ha procurado, a la vez, cautelar la imparcialidad de los jueces, evitando que se transformen en actores de la persecución penal, llevándola incluso más allá de la voluntad del ministerio público.

El único caso en que se ha estimado necesario llevar adelante la acusación en contra de la opinión del fiscal, es aquél en que tanto el querellante como el juez coin-ciden en que la instrucción arroja antecedentes suficientes para la apertura del juicio. En este caso, ha parecido que la voluntad de la víctima u otro interesado habilitado, con la disposición a asumir la carga de la acusación, más la opinión favorable del juez, deben imponerse sobre la del fiscal. La solución contraria podría generar una sensación muy fuerte de frustración respecto del sistema y constituir un exceso de poder en manos del ministerio público.

El artículo 320 señala las causales del sobreseimiento definitivo, casi idénticas a las que establece el artículo 408 del Código vigente.

Se aprobó con modificaciones. Se agregó un inciso final del siguiente tenor: “El juez no podrá dictar sobreseimiento definitivo respecto de los delitos que, conforme a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, sean imprescriptibles o que no puedan ser amnistiados, salvo en los casos de los Nºs 1 y 2 del artículo 93 del Código Penal”, es decir, cuando el reo ha muerto o cuando ha cumplido la condena.

Tales delitos son los de tortura, de genocidio y el desaparecimiento de personas.

El artículo 321 señala los efectos del sobreseimiento definitivo: pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 322 se refiere al sobreseimiento temporal y los casos en que procede.

Se aprobó con el traslado del inciso final al artículo siguiente.

El artículo 323 regula los efectos del sobreseimiento temporal decretado cuando los antecedentes reunidos durante la investigación no fueren suficientes para fundar una acusación y dicha investigación no pudiere seguir adelante en forma inmediata, habiendo, no obstante, motivos para esperar el surgimiento de nuevos antecedentes con posterioridad.

Transcurrido el plazo de un año, se transforma en sobreseimiento definitivo.

Este artículo tiene el efecto de acelerar el proceso de cierre de las causas y no dejar un universo de causas abiertas. Hoy en día, el sobreseimiento temporal no tiene plazo para convertirse en sobreseimiento definitivo. Se está colocando el plazo de un año.-

La discusión se centró en cuál era el plazo que tendrá el fiscal para realizar la investigación desde el momento en que formula cargos. En el fondo, se ha acordado que el fiscal tendrá el plazo de dos años.- Si en su transcurso — y antes de que se agoten — no tiene los elementos de prueba para acusar, puede solicitar el sobreseimiento temporal, o lo puede hacer el juez, lo que significa un año más.

Se recordó que la idea era que, transcurridos los dos años de investigación, el fiscal podía solicitar el sobreseimiento temporal. Desde ese momento, con los nuevos antecedentes que pudieran recogerse, se quería que se completara el plazo de prescripción como requisito para sobreseer definitivamente.-

Una solución como la anterior implica mucho tiempo, generando problemas de principios y de organización, siendo este último el central. Hoy en día, cuando se dice que los juzgados tienen 9.000 causas, no se señala que ello obedece, básicamente, a que las causas no se cierran nunca.-

La prescripción opera cuando no se ha hecho nada, pero si el Estado ya hizo una investigación y no logró nada, el asunto se debe cerrar, porque, si no, se genera un número de causas que hacen inmanejable el sistema.

Se aprobó con modificaciones. Se amplía el plazo a dos años y se agrega un inciso final para indicar en qué casos no procede la regla anterior.

El artículo 324 se refiere a la reapertura del procedimiento cuando hubiere cesado la causa que hubiere motivado el sobreseimiento temporal.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 325 trata del sobreseimiento total o parcial. Es total, cuando se refiere a todos los delitos y a todos los imputados. Es parcial cuando se refiere a un delito o a un imputado, de los varios a que se hubiere extendido la investigación.

El artículo 326, al hablar del forzamiento de la acusación, fija las facultades del juez respecto del sobreseimiento.

Por lo general, debe acoger la proposición del fiscal, a menos que no considere procedente la causal. En tal caso, puede substituir la causal o decretar un sobreseimiento diferente.

Si durante la audiencia respectiva, el juez considerare que procede la apertura del juicio oral, debe ordenar que se remitan las actuaciones a las autoridades del ministerio público, para que acuse o ratifique el pronunciamiento del fiscal.

En ningún caso el juez puede ordenar al fiscal la ampliación de la investigación o la práctica de diligencias específicas.

El juez puede ordenar al fiscal que acuse, cuando lo solicite el querellante y existieren antecedentes que lo justifiquen.

La disposición original, anteriormente comentada, fue objeto de un amplio debate.

Se indicó que en ella se contemplan diversas situaciones. Una, cuando la víctima pide que se acuse, caso en el cual, prima la opinión del juez y de la víctima sobre la del fiscal. Otra, cuando el fiscal está ocultando un caso, el juez lo acusa ante su superior jerárquico. Si el ministerio público, como órgano, decide no acusar, está dentro de su ámbito de competencia y prima su decisión.

Se consideró complicado que, al final, prime el criterio de la fiscalía sobre el del tribunal respecto de sí se debe o no se debe acusar en un determinado caso.

Se manifestó que si primara la decisión del juez, en el fondo todas las acusaciones serían judiciales. Se acusará cuando el juez quiera, porque todos los casos que no vayan a acusación van a ir a sobreseimientos, los que son controlados por el juez. O sea, el que manejaría la llave de la acusación no sería el fiscal, sino el juez.

Una solución como la anterior atenta no sólo en contra de los principios que inspiran el Código sino también contra la aplicación práctica del sistema, porque los jueces, con una mentalidad burocrática y muy comprometida con la persecución penal, seguirán actuando como lo hacen hoy, o sea, acusarán en todos los casos.

Se sugirió eliminar el inciso segundo, porque hay un conflicto de poderes — entre jueces y fiscales — que se debe evitar. Al juez se le está otorgando una suerte de derecho de petición para que el propio Ministerio Público repiense la actitud de un fiscal.

Se consultó acerca de la negativa para que el juez pueda ordenar al fiscal la ampliación de la investigación, a solicitud del querellante.

Se contestó que ello se debía a que el juez se estaría involucrando en la investigación, perdiendo su imparcialidad. De aceptarse, la ampliación debería ser sin mencionar diligencias específicas.

En general, la filosofía de este proyecto es que el fiscal sea el dueño de la investigación y de la acusación, que ordene las diligencias y que no tenga control, salvo cuando se afecte a garantías constitucionales. Por eso, debe mantenerse.

Se aprobó con modificaciones. Se cambió la denominación, quedando como “Facultades del juez respecto del sobreseimiento”. El artículo mismo quedó reducido a los incisos primero y segundo.

El artículo 327, nuevo, sobre ampliación de la investigación, permite al querellante o al imputado reiterar diligencias precisas y determinadas de investigación que hubieren solicitado oportunamente durante la instrucción y que el fiscal hubiere rechazado, dentro de los cincos días siguientes al cierre de la investigación. Si el juez acoge la solicitud, dispondrá la práctica de dichas diligencias a la policía.

Se aprobó en los términos indicados.

El artículo 328, sobre forzamiento de la acusación, recoge las ideas contenidas en los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 346 original.

El juez, a solicitud del querellante, puede ordenar al fiscal formular la acusación, cuando los antecedentes acumulados en la instrucción constituyeren suficiente fundamento para el enjuiciamiento del imputado.

Si se deniega la petición, la resolución es inapelable, sin perjuicio de la procedencia de recursos en contra de la que pusiere término al juicio.

Si el juez ordenare acusar, el fiscal debe hacerlo en la audiencia fijada para el efecto.

Se aprobó en la forma indicada.

Título II. Procedimiento intermedio.

La Comisión cambió la denominación del título por la de “Preparación del juicio oral”.

Comprende los artículos 329 al 345.

Párrafo 1º. Acusación.

El artículo 329 señala los requisitos que deberá contener la acusación.

Tales requisitos son la individualización del imputado y su defensor; la relación del hecho atribuido y su calificación jurídica; la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal; la participación atribuida al imputado; la expresión de los preceptos legales aplicables; el señalamiento de los medios de prueba; la pena que se solicitare y, en su caso, la solicitud de que se proceda de acuerdo con el procedimiento abreviado.

Sobre la posibilidad de que el fiscal oculte algún medio de prueba, se señaló que ello era no sólo imposible sino que inaceptable. En el sistema norteamericano, la audiencia preliminar se llama “discovery”, o sea, “mostrarse las cartas”.- La única posibilidad de que se dé la situación descrita es cuando el fiscal, o el juez, se entera de la existencia de testigos durante el juicio, lo cual tampoco puede ocultar.

Se aprobó en los términos propuestos.

Párrafo 2º. Preparación de la audiencia intermedia.

Se cambió la denominación del párrafo por “Audiencia de preparación del juicio oral”.

El artículo 330 se refiere a la preparación de la audiencia del juicio oral.

Presentada la acusación, el juez de control de la instrucción ordena su notificación a los intervinientes y cita a una audiencia de preparación del juicio oral, la que debe tener lugar en un plazo de entre veinte y treinta días.

Al imputado, además de la copia de la acusación, se le da copia de las actuaciones y de otros antecedentes acumulados durante la instrucción, cuyos originales quedan en la secretaría del tribunal a disposición de los demás intervinientes.

Se aprobó con un cambio en el epígrafe, en el cual se sustituyó la expresión “preparación de” por “citación a”.

El artículo 331, relativo a la actuación del querellante, indica las actuaciones que podrá realizar, para lo cual dispone de un plazo de quince días: adherir a la acusación o acusar particularmente; señalar los vicios formales de que adoleciere el escrito de acusación, ofrecer la prueba o demandar civilmente.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 332 señala el plazo para la notificación de las actuaciones del querellante, con arreglo al artículo anterior, lo que debe hacerse, a más tardar, diez días antes de la realización de la audiencia de preparación del juicio oral.

Se aprobó con modificaciones formales.

El artículo 333 indica las facultades del imputado, que deberá ejercer hasta la víspera del juicio oral, por escrito, o en la audiencia misma, a su inicio, en forma verbal.

Esas facultades son señalar los vicios formales de la acusación, deducir excepciones de previo y especial pronunciamiento, exponer los argumentos de la defensa, señalar los medios prueba de que se valdrá o solicitar que se proceda conforme con el procedimiento abreviado.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 334 establece las excepciones de previo y especial pronunciamiento que puede oponer el imputado: incompetencia, litis pendencia, cosa juzgada, falta de autorización para proceder criminalmente o extinción de la acción penal.

Se expresó que lo que dilata los juicios penales son los ritos de la instrucción. La instrucción está pauteada de acuerdo a ciertos pasos que no son eficientes, pero que deben cumplirse inevitablemente. La excepción de previo y especial pronunciamiento de la letra e) es la última oportunidad para pedir el sobreseimiento definitivo, tratándose de causas de extinción de la responsabilidad penal que sean evidentes y no requieran de pruebas, por ejemplo, prescripción. El imputado puede pedir al juez que la pronuncie directamente. Ahorra la posibilidad de ir a un juicio cuando la causal es evidente.

Se aprobó con modificaciones formales.

Párrafo 3º. Desarrollo de la audiencia intermedia.

Se eliminó en el epígrafe la palabra “intermedia” y se agregó la expresión “de preparación del juicio oral”, por ser ése, precisamente, el objeto de esta audiencia.

Ésa es la terminología que se utilizará en todo el Código.

El artículo 335, sobre oralidad e inmediación, dispone que la audiencia de preparación del juicio oral será presidida por el juez de control de la instrucción, quien la presenciará y dirigirá íntegramente, audiencia que se desarrollará oralmente sin que se admita la presentación de escritos durante su realización.

Se aprobó con modificaciones formales.

El artículo 336 obliga al juez de control a hacer una exposición sintética de las presentaciones de los intervinientes.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 337, relativo a la defensa del imputado, le permite hacerla verbalmente, si no la ha hecho por escrito.

La presencia de su defensor es un requisito de validez de la audiencia.

La inasistencia del defensor produce el abandono de la defensa, debiendo el juez designarle un defensor público de oficio, con arreglo al artículo 133.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 338 se refiere a la corrección de vicios formales, sin suspender la audiencia, de ser posible, pudiendo suspenderse para que se corrija el procedimiento.

Se aprobó con modificaciones, estableciéndose un plazo de cinco días como máximo, para tales efectos.

El artículo 339 fija el procedimiento para la resolución de las excepciones de previo y especial pronunciamiento.

El juez de control abre debate, sin admitir presentación de pruebas ni más antecedentes que los que consten en las actas de instrucción y adopta resolución de inmediato o deja la resolución de la cuestión planteada para el juicio oral.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 340, sobre conciliación acerca de la responsabilidad civil, impone al juez de control de la instrucción a llamar al actor civil, al imputado y al tercero civilmente responsable a conciliación, materia que hasta ahora sólo estaba contemplada en los juicios civiles.

Se dio por aprobado.

El artículo 341 indica el contenido del auto de apertura del juicio oral, que el juez de control debe dictar al término de la audiencia, el que no es susceptible de recurso alguno.

Sobre la nulidad de las pruebas rendidas, se aclaró que ella se refiere a las que hubieren sido declaradas nulas con anterioridad, pero también el juez puede declarar la nulidad en ese momento, porque el artículo dice “aquellas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales”. Mas, en Chile, no se hace nunca.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 342, sobre indefensión del acusado por falta de producción de prueba por causas que no le son imputables, permite al juez de control otorgarle un plazo adicional de diez días para ello, postergando, en el entretanto, la dictación del auto de apertura.

Se dio por aprobado.

El artículo 343 se refiere al destino de la documentación de la instrucción, la que conserva el juez de control en su archivo, devolviendo a las partes los documentos que hubieren acompañado y remitiendo al tribunal del juicio oral aquellas actuaciones que pudieren ser incorporadas al debate mediante su lectura.

El artículo 344 trata de la unión y separación de juicios, para los casos que se hubieren presentado varias acusaciones por el fiscal.

El juez puede acumularlas, si estuvieren vinculadas por referirse a un mismo hecho, a un mismo imputado o porque se requerirá examinar unas mismas pruebas.

De no ser así, puede separar las acusaciones, cuando abarcaren distintos hechos o imputados, o se pudieren ocasionar graves dificultades en la organización o en el desarrollo del juicio oral o detrimento al derecho a defensa, siempre que ello no implicare el riesgo de provocar decisiones contradictorias.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 345, sobre la prueba anticipada, permite solicitar, durante la audiencia de preparación del juicio oral, la anticipación de la prueba testimonial y pedir inspección personal del tribunal.

La prueba anticipada, en el caso del perito, es más difícil de justificar.- Si el testigo se muere o se va del país, no se tiene cómo reemplazarlo.- La prueba anticipada sólo puede leerse si el testigo se murió.- El Código dice en qué momento se puede leer.- Ejemplo: En el caso de las lesiones, el peritaje tiene que ser hecho en el momento.- El médico hace un certificado.- Se va a juicio oral.- La víctima presenta el certificado.- Hay derecho a contrainterrogar al médico que hizo el certificado.- En el caso del testigo, éste puede morir.- En el caso del perito, puede morir el médico.- En ese sentido, podría asimilarse.- Pero lo que no se quería es que fuese una excusa para que los médicos se negaren a ir a juicio.

En el caso del peritaje, si la parte lo exige, ese perito tiene que ir a juicio para ser confrontado. Si se teme que no pueda concurrir, se toma la prueba anticipada y se pide al juez que cite a una audiencia con asistencia de todos los intervinientes.

Se aprobó con la incorporación de la prueba pericial.

Título III. Juicio oral.

Comprende los artículos 346 al 391, divididos en seis párrafos.

El sistema propuesto se basa en la consagración del juicio oral como salida del sistema y, también, como un elemento central del mismo, en cuanto permite equilibrar las opciones a partir de las cuales se resuelve o no se resuelva una forma distinta de término del procedimiento.

Tanto el fiscal como el imputado considerarán las posibilidades de una suspensión condicional del procedimiento o de proceder en forma abreviada, por ejem-plo, a partir de sus expectativas respecto del juicio, pero además, cualquiera de ellos puede siempre optar por el juicio oral si tiene dudas sobre los beneficios de la alternativa que se le presenta.

Esta centralidad se traduce directamente en la concentración de las actividades más importantes del procedimiento en la audiencia del juicio oral.

En todos los casos en que una acusación deba ser objeto de una tramitación ordinaria hasta su término por sentencia definitiva, el juicio oral deberá constituir la oportunidad para la formulación de la acusación, el ejercicio de la defensa, la presentación de la prueba, el debate sobre la misma y la dictación de la sentencia.

La regulación de la organización del juicio y su desarrollo se encuentran conte-nidas fundamentalmente en el Título III del Libro Segundo del proyecto. No obstante, la mayor parte de las normas que regulan la rendición de la prueba en el juicio se regulan en el Título IX del Libro Primero.

Se propone una explicitación de los principios que deben regir el desarrollo del juicio oral con miras a su cabal comprensión por parte de una comunidad jurídica para la cual éste constituye una novedad.

Se pretende, sobre todo, evitar que interpretaciones inadecuadas puedan dar lugar a una distorsión del nuevo sistema por medio de la mantención de prácticas incompatibles con él, como serían, por ejemplo, una preeminencia de la lectura de documentos, la posibilidad de la discontinuidad de las audiencias o el desarrollo de la audiencia sin la presencia de todos los intervinientes, hechos que han ocurrido en diversas ocasiones en el contexto latinoamericano.

Se regula detalladamente el orden y la forma en que debe producirse la prueba, poniéndose énfasis en la percepción directa de la misma. Se reconoce sólo un número muy limitado de excepciones, en las cuales un medio de prueba puede ser reemplazado por la lectura de un acta en la que conste su producción con anterioridad.

Tanto con el fin de preservar la continuidad del juicio como de garantizar que la sentencia se dicte sobre la base de lo acontecido en él, se dispone que la resolución sobre la absolución o la condena sea comunicada a las partes en la misma audiencia en que ha concluido el debate, luego de la deliberación producida entre los jueces. La resolución de los demás contenidos de la sentencia, así como la redacción de la misma, pueden ser postergados por un máximo de treinta días.

Párrafo 1° Preparación.

El artículo 346 se refiere a la fecha, integración y citaciones para la preparación del juicio oral.

Dictado el auto de apertura del juicio oral, el juez de control lo hace llegar al tribunal que en la propia resolución designare como competente, junto con las piezas que deban acompañarse, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación.

Las personas sometidas a prisión preventiva y los objetos incautados deben ser puestos a disposición del tribunal del juicio oral.

Su presidente procede de inmediato a decretar la fecha para la celebración del juicio oral, no antes de quince ni después de treinta días desde la notificación del auto de apertura. Debe indicar los nombres de los jueces que integrarán el tribunal y citar a la audiencia a los intervinientes, la que, en el caso del imputado, debe hacerse con una antelación de a lo menos siete días.

Se explicó que el plazo para realizar el juicio es una declaración de intenciones; en ese sentido, dependerá del funcionamiento del sistema. El funcionamiento, como está diseñado hasta ahora, no es sobre la base de su organización por el propio tribunal, ya que la idea es lo haga la secretaría para un conjunto amplio de tribunales. El plazo será el posible.

Se insinuó que, en tal caso, lo más honesto y responsable era eliminar el plazo, porque es teórico y no se cumple.

Se propuso, como alternativa, establecer uno mayor, de sesenta días, como única manera de conminar a los jueces a cumplir con sus deberes legales.

Sobre la inquietud planteada acerca de la demora para la celebración del juicio oral, se hizo saber que ella no dependía del texto de la ley, sino del número de tribunales que se creen y de los sistemas de implementación.

Este proyecto está respaldado por un sistema de simulación, por un conjunto de ejercicios de implementación, que plantean cuántos tribunales y cuántos fiscales son necesarios para cumplir con estos plazos.

Se aprobó con modificaciones. En el inciso primero, se borra “que en la propia resolución se designare como”. En el tercer inciso, se reemplaza “treinta días” por “sesenta días”. En la segunda frase, se cambia “deberán” por “se debe”.

Por último, se agrega un inciso final con el objeto de permitir al presidente del tribunal convocar a un mayor número de jueces para que lo integren, cuando existan circunstancias que permitan presumir que, con el número ordinario, no se logrará obtener la presencia ininterrumpida de ellos en la audiencia.

Esto tiene por objeto evitar que se produzca el efecto señalado en el artículo 348.

Párrafo 2º. Principios del juicio oral.

El artículo 347 trata de la continuidad y concentración de la audiencia del juicio oral, lo que significa que ella debe desarrollarse en forma continua y prolongarse en audiencias sucesivas, hasta su conclusión. Corresponde al inciso primero del artículo 371 del proyecto original.

Se prefirió colocar esta norma al inicio del párrafo, por tratarse de principios básicos del juicio oral.

Se aprobó en los términos indicados.

El artículo 348 exige la presencia ininterrumpida del juez y del ministerio público en la audiencia, so pena de nulidad del juicio oral y de la sentencia que se dictare en él.

Se hizo presente que una norma similar rige hoy en día en los tribunales colegiados. La inhabilidad debida a la enfermedad, a la ausencia prolongada y a la muerte de un ministro obliga a una nueva vista de la causa. De no ser así, el juez que se integra entraría a conocer algo a medias.

Por lo demás, en el proyecto el juicio oral está pensado para que dure una mañana o, cuando mucho, un día, lo que fue catalogado de irreal por algunos señores Diputados.

Este artículo se basa en el principio de la inmediatez, el cual, desde el punto de vista de la lógica del proyecto, de los principios aprobados, de las normas de los derechos constitucionales y de los derechos humanos, es un principio indubitable. Se dio a conocer que, en otros países, como Alemania, cuando los juicios son largos, se pone a un cuarto juez por si alguno cae en inhabilidad.- Es una norma práctica que se puede incluir aquí o en el Código Orgánico de Tribunales.

Se aprobó con modificaciones, especificándose que la infracción de lo establecido en este artículo implica la nulidad del juicio oral y de la sentencia que se dictare en él.

El artículo 349 se refiere a la presencia del acusado durante la audiencia y a los casos en que puede hacer abandono de ella, sea por propia voluntad o por resolución del tribunal.

Se aprobó como se propuso, con adecuaciones formales.

El artículo 350 se refiere a la presencia del defensor del imputado durante la audiencia del juicio oral, que constituye un requisito de validez del mismo. Si falta, este hecho se considera abandono de la defensa y obliga al juez a designarle un defensor público, sin que ello paralice ni suspenda la audiencia.

Se aprobó en los términos indicados.

El artículo 351 regula la ausencia del querellante de la audiencia o el abandono de la misma sin autorización del tribunal.

En ese caso, se produce el abandono de la querella.

Se aprobó, con un agregado, tendente a reconocer el derecho del querellante de asistir personalmente o de hacerse representar por un apoderado. La ausencia de ambos origina el abandono de la querella.

El artículo 352 contempla los efectos que provoca la ausencia del actor civil y del tercero civilmente demandado, o su alejamiento injustificado de la misma.

En el caso del actor civil, se tiene por abandonada la acción. Si es el tercero civilmente demandado el que falla, el juicio prosigue como si estuviere presente.

Como en el caso anterior, se les reconoce el derecho a hacerse representar por apoderado.

Se aprobó en la forma indicada.

El artículo 353 establece la publicidad de la audiencia del juicio oral, pudiendo el tribunal disponer, por resolución fundada, ciertas medidas para proteger la intimidad, el honor o la seguridad de cualquier persona que debiere tomar parte en el juicio o evitar la divulgación de un secreto protegido por la ley.

En el caso de la letra c), que prohíbe a los intervinientes y a sus defensores proporcionar información o formular declaraciones a los medios de comunicación durante el juicio, se acordó establecer una sanción específica para el caso de contravención, la misma que consagra el artículo 359 para los asistentes al juicio que incumplieren sus deberes, para lo cual se adicionó en este último artículo un inciso nuevo.

Se calificó la norma de sana, porque los abogados no tienen que dar explicaciones a la prensa. Se contraría el Código de Ética de los abogados, vigente actualmente.- Luego, si entregan información o hacen declaraciones, ello resulta pernicioso para el desarrollo del juicio, porque se provocan impresiones que no siempre coinciden con la realidad y terminan echándole el público a los jueces.- Es importante que se termine con la corruptela de litigar en la televisión y en los diarios.

En todo caso, se trata de una medida que no es absoluta, ya que procederá cuando el tribunal la disponga por resolución fundada.

Pese a ello, se indicó que la idea del proyecto era que fuera una norma general. En Alemania, la prohibición es por la protección de la imagen de las partes involucradas. En EE.UU., el mayor debate en esta materia es que en el sistema federal no se permite la filmación ni la fotografía, por estar en juego el derecho a la propia imagen.

Se aprobó en los términos indicados.

El artículo 354, sobre la suspensión de la audiencia o del juicio oral, corresponde a los incisos segundo y siguientes del artículo 371 original.

Suspendida la audiencia, se comunicará verbalmente la fecha y hora de su continuación, lo que se tendrá como suficiente citación.

El tribunal puede suspender el juicio por razones de absoluta necesidad y por el tiempo mínimo necesario. Se suspende, además, en algunos casos en que es procedente el sobreseimiento temporal.

La suspensión o la interrupción del juicio por un período superior a los diez días impide su continuación, debiendo decretar la nulidad de todo lo obrado y ordenar su reinicio.

Se aprobó en la forma propuesta, con una readecuación de su contenido.

El artículo 355 trata de los incidentes promovidos en el transcurso del juicio oral, los que se resolverán de inmediato.

Se aprobó con una aclaración. La disposición se refiere a los que se promuevan durante la audiencia del juicio oral.

El artículo 356 se refiere a la oralidad de la audiencia, tanto en lo relativo a las alegaciones y argumentaciones de las partes como a las declaraciones del acusado, a la recepción de las pruebas y, en general, a toda intervención en ella.

Se aprobó con modificaciones. El inciso final pasa a ser inciso segundo. En el nuevo inciso tercero, se agrega “Sin embargo”, a comienzo de la oración.

Párrafo 3º. Dirección y disciplina.

El artículo 357 fija las facultades del presidente del tribunal.

Se aprobó con modificaciones. En el inciso primero se cambió “práctica” por “rendición”. En el inciso segundo, en cuanto al tiempo que se otorgue para el uso de la palabra, en el caso de los alegatos finales, éste no podrá ser inferior a quince minutos por cada día en que se hubiere extendido el juicio oral.

El artículo 358 establece los deberes de los asistentes a la audiencia, quienes deben guardar respeto y silencio mientras no estuvieren autorizados para exponer o para contestar las preguntas que se les formulen. No pueden llevar armas o elementos que pudieren perturbar el orden, ni adoptar un comportamiento intimidatorio.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 359 contempla las sanciones que pueden aplicarse a quienes no cumplieren con sus deberes durante la audiencia, reseñados en el artículo anterior. Ellas consisten en expulsión de la sala o multas, amonestaciones, censuras, suspensión de funciones y arresto hasta por cuatro días, según los casos y las personas involucradas.

Se aprobó con un agregado, tendente a hacer aplicable este mismo régimen de sanciones para los que incumplan las normas sobre publicidad del juicio oral.

Párrafo 4º. Desarrollo del juicio oral.

El artículo 360 trata de la apertura de la audiencia del juicio oral.

Se aprobó sin debate, tal como se propuso.

El artículo 361 contempla la defensa del acusado, a la que se procederá después de la intervención de los demás intervinientes en el juicio.

El abogado defensor hará la defensa y el acusado puede, a la vez, prestar declaración sobre lo que creyere conveniente respecto de la o las acusaciones, luego de lo cual puede ser interrogado por las partes o los jueces.

Se aprobó con modificaciones. En el tercer inciso, se reemplaza “imputado” por “acusado” y se elimina “adhesivo o particular”.

El artículo 362 permite las comunicaciones entre el acusado y su defensor, lo que puede hacer libremente, salvo cuando esté prestando declaración.

En el juicio oral propiamente tal, se emplea la expresión “acusado” y no la de “imputado”, que se utiliza con anterioridad a dicha instancia procesal.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 363 fija el orden de recepción de las pruebas, que el tribunal puede alterar cuando lo estimare necesario para el adecuado desarrollo de la audiencia.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 364 se refiere a los peritos y testigos, a su individualización, a su interrogatorio y a la forma en que se llevarán a efecto estas diligencias.

Se aprobó en la forma propuesta, salvo un cambio de ubicación entre los incisos segundo y tercero, que se invierten.

El artículo 365 trata de la prueba de oficio que el tribunal puede disponer, con el fin de que presten declaraciones complementarias los testigos o peritos, o para confrontar las declaraciones entre testigos o entre éstos y los acusados.

Se aprobó sin enmiendas.

El artículo 366, sobre incomparecencia de peritos o testigos, faculta al tribunal para hacerlos concurrir por medio de la fuerza pública.

Se aprobó con un cambio en el epígrafe. En vez de “Incomparecencia”, se puso “Falta de comparecencia”.

El artículo 367, sobre lectura de declaraciones anteriores, señala en qué casos las que deben prestar los imputados y testigos pueden ser sustituidas por la lectura de registros que den cuenta de anteriores declaraciones.

Se aclaró, ante diversas interrogantes planteadas, que la hipótesis en que se pone este artículo vale sólo en la medida en que a ese testigo, que no concurrirá frente al tribunal del juicio oral, se le ha llamado a prestar declaración delante del juez de control de la instrucción, en presencia de las partes, para que lo contrainterroguen. Esa prueba sólo vale en la medida en que hay o hubo derecho a contradecirla.

Se anticipa la prueba sólo en la medida en que pueda haber contrainterrogación. La prueba de urgencia, en esas condiciones, podrá ser leída en el acto del juicio oral.

El régimen más estricto en materia de lectura es el norteamericano, para el cual lo que no está en el juicio oral no existe. No obstante, la única hipótesis que se acepta es la de la letra c), esto es, cuando la incomparecencia de los testigos o coimputados fuere imputable al acusado.- Todos los regímenes europeos aceptan las otras hipótesis.

Se aprobó con modificaciones. El encabezamiento del primer inciso se reemplaza por “Podrá darse lectura a los registros en que consten anteriores declaraciones de testigos e imputados, en los siguientes casos”. En la letra a), se reemplaza “cuando” por “siempre que” y se adecua su redacción, con el fin de precisar los diferentes casos a que se refiere.

El artículo 368 se pone en el caso de la lectura del informe de peritos que no hubieren comparecido, los que se pueden incorporar por su lectura en el juicio, con las salvedades que la disposición menciona.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 369 se refiere a la lectura de declaraciones anteriores de los testigos o acusados, cuando ello sea necesario para ayudar a la memoria de éstos, para demostrar o superar contradicciones o para solicitar las aclaraciones pertinentes.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 370 se refiere a la incorporación al juicio de los documentos, objetos y otros medios de prueba, mediante su lectura, exhibición, examen o reproducción, según corresponda.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 371 prohíbe, salvo en los casos previstos en los artículos 367, 368 y 369, incorporar o invocar como medios de prueba y dar lectura, durante el juicio oral, a los registros y resoluciones que menciona.

Este artículo se explica por el hecho de ser la instrucción desformalizada. Ella tiene por propósito formar la convicción del investigador, no la del tribunal sentenciador. En consecuencia, todo lo que se haga en la instrucción es fundamento de la acusación, no de la sentencia.- Se pretende que el tribunal resuelva con la prueba que se rinda ante él. El tribunal tiene que resolver entre lo que le dice la acusación y lo que le dice la defensa.

Se aprobó con modificaciones, con el fin de precisar que lo que no se puede leer son los registros y demás documentos que dieren cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la policía o el ministerio público.

El artículo 372 se refiere a los antecedentes relativos a la suspensión condicional del procedimiento, acuerdos reparatorios y procedimiento abreviado, los cuales no se pueden invocar, dar lectura ni incorporar como medio de prueba al juicio oral.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 373 se refiere a la prueba no solicitada oportunamente, pudiendo el tribunal ordenar su recepción cuando se justificare no haber sabido de su existencia.

El tribunal está facultado también para sugerir a las partes que hagan uso de esta facultad, cuando considerare que es útil para el esclarecimiento de los hechos.

Se sugirió contemplar la posibilidad de que el tribunal decrete estas pruebas de oficio, con acuerdo de las partes, en casos calificados y graves, por la unanimidad de sus miembros y por una sola vez, y que no produjese una interrupción de la audiencia más allá de cinco días.

Se objetó parcialmente la proposición anterior, en cuanto a la exigencia del acuerdo de las partes, por cuanto si una de ellas se sintiere perjudicada con la nueva prueba lo más seguro es que no dará su consentimiento. El tribunal debe quedar con un grado mayor de libertad.

Se expresó que el ministerio público es el que defiende el interés social, no el tribunal. En el sistema propuesto, como ordenamiento jurídico nuevo, la responsabilidad de la persecución penal queda en un órgano del Estado que se llama ministerio público y no en el órgano del Estado que se llama poder judicial.- No es el juez el llamado a velar por que los delitos se investiguen.- En la filosofía de este proyecto se acabaron los tribunales inquisidores. Si el Estado, a través de su manifestación, que es el ministerio público, no es capaz de rendir una prueba en contra del sujeto, lo tiene que absolver. La labor del tribunal no puede ser la de poner los equilibrios.

Se rebatió el argumento anterior diciendo que la función del juez es hacer justicia en cada caso, sobre la base de la verdad.

Atendido el debate producido, se estimó pertinente aclarar la idea del acuerdo de las partes. Lo que se quiso proponer es que el tribunal pueda ordenar estas pruebas, salvo que todas las partes se opongan a la realización de esa diligencia Si así sucediere, no tendría sentido producirla, si, anteriormente, incluso se ha podido renunciar al procedimiento.

Se aprobó con modificaciones. El inciso segundo se reemplazó por dos, tendentes a facultar al tribunal para que, por una sola vez y de oficio, decrete alguna de estas pruebas, cuando lo considere indispensable para el esclarecimiento de los hechos. En tal caso, no puede suspender el juicio por más de cinco días, transcurrido el cual debe proseguir con él y concluirlo aun sin la prueba ordenada.

El artículo 374 regula el alegato final y la clausura de la audiencia, una vez concluida la recepción de las pruebas.

Se aprobó con algunas modificaciones. Se eliminan las expresiones “adhesivo o particular” y se hace mención de los apoderados de los intervinientes.

Párrafo 5º. Acta del juicio.

Se cambió la expresión “Acta” por “Registro”.

El artículo 375 se refiere al acta de la audiencia.

Se aprobó con modificaciones. Se cambió “acta” por “registro”. En el primer inciso, se reemplazó “medio de un acta” por “cualquier medio apto para producir fe”.

El artículo 376 otorga a las partes el derecho a acceder a las actas o registros.

Se aprobó con modificaciones. En vez de acta, se habla de registro y en vez de partes, de intervinientes.

El artículo 377 trata del valor del acta.

Se aprobó con el cambio de la expresión “acta” por “registro”, lo que obligó a readecuar formalmente la disposición.

Párrafo 6º. Sentencia definitiva.

El artículo 378 consagra el principio de la inmediatez.

Esto significa que sólo pueden concurrir a la deliberación y dictación de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la misma, los jueces que hubieren asistido a la totalidad del juicio.

Se aprobó con el agregado de la expresión “oral”.

El artículo 379 se refiere a la deliberación, en privado, de los jueces que hubieren asistido al juicio. La deliberación es parte de la audiencia.

Esta norma, según se explicó, persigue reprimir lo que se llama el saber privado del juez.

Se sugirió cambiar el encabezamiento por el siguiente: “Inmediatamente después de clausurado el debate, sin suspender la audiencia, los jueces que hubieren asistido a él pasarán a deliberar en privado, por el tiempo que estimen necesario”.

Se dio por aprobado, con la sugerencia indicada.

El artículo 397, denominado “Convicción”, del proyecto original, pasó a ser inciso segundo del artículo 380 aprobado por la Comisión.

El artículo 380 trata de la convicción del tribunal, para los efectos de la condena, de que realmente se ha cometido un hecho punible y de que en él ha correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley, sobre la base de la prueba rendida en el juicio oral.

Se aprobó en la forma indicada.

El artículo 381 se refiere a la sentencia y acusación, disponiendo que la primera no puede exceder el contenido de la segunda. Ello, por cuanto la acusación fija los hechos materia del debate. No se pueden presentar nuevos hechos; si los hay, cabe otro juicio.

Eso no obsta al derecho del tribunal para darles una calificación jurídica distinta o para apreciar la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal no incluidas en la acusación, siempre que hubiere advertido al acusado durante la audiencia, de manera que tenga la oportunidad de defenderse.

Se aprobó con el cambio de las palabras “al acusado” por “a los intervinientes”

El artículo 382 señala el contenido de la sentencia.

Se aprobó en los términos propuestos, con la supresión, en la letra a), de las palabras “particular o adhesivo”.

El artículo 383 se refiere al plazo para dictar la sentencia, remitiéndose al efecto al artículo 44 del Código, que exige que se haga en la audiencia respectiva, luego de la deliberación de los jueces, con lo cual se le pondrá término.

La sentencia es escrita y la decisión sobre absolución o condena es oral.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 384, relativo a la decisión sobre absolución o condena, concluida la deliberación privada de los jueces, fue modificado, con el fin de aclarar la actuación del tribunal.

De esta forma, se acordó establecer que, concluida la deliberación privada, los jueces vuelven a la sala de audiencia y comunican la decisión adoptada de absolución o condena. En esa misma ocasión, su presidente fija la fecha de la audiencia en que se dará lectura a la sentencia.

En caso de absolución, el tribunal ordenará que el acusado sea puesto en libertad y hará cesar cualquier otra medida cautelar personal que lo afecte.

Se aprobó en los términos indicados.

El artículo 385 permite al tribunal, en el caso de condena, disponer la incorporación de antecedentes o la práctica de determinadas diligencias destinadas al esclarecimiento de los hechos o circunstancias relevantes para la determinación de la pena.

Se explicó que el artículo se refiere al informe de peligrosidad del acusado. Por ejemplo, si se da una pena alternativa, se necesita tener un informe social de la persona.

Se aprobó el artículo con la supresión de la frase “o la práctica de determinadas diligencias destinadas al esclarecimiento de los hechos o circunstancias”.

El artículo 386 se refiere a la lectura de la sentencia, la que habrá de hacerse en la audiencia fijada al efecto, oportunidad a contar de la cual se entenderá notificada a todas las partes, aun cuando no hubieren asistido.

Se aprobó con modificaciones formales.

El artículo 387, para el caso de que la sentencia sea absolutoria, obliga al tribunal a pronunciarse sobre la demanda civil válidamente interpuesta, fijando, en su caso, el monto de las indemnizaciones que correspondieren, ordenando la cancelación de las fianzas y medidas cautelares reales decretadas.

Se aprobó con la sustitución del encabezamiento del inciso primero por el siguiente: “Dictada la sentencia absolutoria en el juicio oral, el tribunal se pronunciará sobre la demanda civil válidamente interpuesta…”, además de algunas modificaciones formales.

El artículo 388 se refiere a la condena, que se fijará en la sentencia condenatoria, en la cual debe haber un pronunciamiento acerca de la procedencia de alguna de las medidas alternativas a las penas privativas de libertad.

La sentencia debe indicar el día desde el cual empezará a correr la pena temporal, el tiempo de detención o prisión que le servirá de abono, o el comiso de los instrumentos o efectos del delito, según correspondiere.

Se aprobó con un cambio en la denominación, que se reemplazó por “Sentencia condenatoria”, más algunos cambios formales y el reemplazo de la expresión “Título VII” por “Título VI”, por ser el correcto.

El artículo 389 se refiere específicamente a la improcedencia de la pena de muerte por presunciones.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 390 se refiere a la condena a muerte, obligando al tribunal a deliberar si el condenado pareciere digno de indulgencia y sobre qué pena proporcionada a su culpabilidad podría sustituir a la de muerte, para los efectos de su conmutación o indulto.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 391 regula la reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie, caso en el cual se impone la pena correspondiente a las distintas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en uno o dos grados.

Si no fuere posible, se aplicará la asignada a la infracción que tuviere una pena mayor, aumentada en uno o dos grados, o las penas correspondientes a todas las infracciones, si de aplicarse la regla anterior le correspondiere una pena inferior.

Todas estas reglas se aplican en el caso de reiteración de una misma falta.

Para estos efectos, se consideran delitos de una misma especie los que afecten a un mismo bien jurídico o que estén contemplados en un mismo título del Código Penal o de la respectiva ley especial.

Se aprobó en los términos propuestos.

— Libro Tercero. Recursos.

Comprende los artículos 392 al 444.

La concepción básica que inspira el régimen de recursos que el proyecto original propone, implica un radical cambio en el sistema de controles de la actividad de los jueces penales.

El modelo vigente funciona sobre la base de un muy intenso sistema de controles verticales, en el que prácticamente todas las decisiones de relevancia que un juez del crimen adopta son objeto de revisión, incluso sin reclamación de parte, por sus supe-riores jerárquicos.

Este sistema, que se explica históricamente por la necesidad de controlar a un órgano único en primera instancia, con exceso de atribuciones, ha contribuido fuertemente a la irracionalidad administrativa del sistema, a la desvalorización de las decisiones del juez individual y a las ya mencionadas burocratización y pérdida de individualidad de la función judicial y su proyección pública.

El sistema propuesto plantea un conjunto mucho más complejo de órganos y de relaciones entre ellos en el nivel de la instancia general. A partir de ese diseño, el sistema de controles de la actuación de cada uno de los funcionarios públicos que intervienen está dado por la intervención de los otros en las distintas etapas del procedimiento. Éstas han sido diseñadas precisamente con el objetivo de evitar la concentración de facultades y lograr que cada una de las decisiones de relevancia sea objeto de consideración por más de uno de los órganos del sistema, así como de un debate previo con la mayor transparencia posible.

Los cambios más importantes que el proyecto propone se refieren a la apelación y a la consulta.

Estos mecanismos de control no resultan en general compatibles con el nuevo sistema. La primera razón para ello dice relación a la contradicción entre la forma de tramitación de esos recursos y la centralidad del juicio oral en el procedimiento propuesto. La vigencia de un sistema oral requiere que el fundamento fáctico de la sentencia provenga de la apreciación directa de las pruebas que los jueces obtienen en el juicio. En consecuencia, su revisión por parte de jueces que no han asistido al juicio y que toman conocimiento de él por medio de actas, lo priva de su centralidad, confiriéndosela, en cambio, a la tramitación del recurso de apelación.

En cuanto a la apelación de las resoluciones que se dicten durante la instrucción, éstas tampoco podrán ser objeto, en general, de un mecanismo de revisión ante un tribunal superior. En la medida en que la instrucción pasa a ser una etapa preparatoria del juicio, todo lo que en ella se resuelva tiene un carácter provisional y queda sujeto a la decisión definitiva que realizará el tribunal colegiado. Permitir la apelación significaría, además de alargar y entrabar el trámite del procedimiento, otorgar excesiva relevancia a decisiones que sólo tienen sentido en cuanto permiten avanzar hacia el juicio.

No obstante, hay algunas situaciones en las que la apelación no ha podido ser evitada. En primer lugar, están aquellos casos en que el tribunal de control de la instrucción dicta resoluciones que, no siendo sentencias definitivas ponen término al procedimiento, como son los sobreseimientos. En segundo lugar, están aquellas resoluciones que, aun siendo provisionales, afectan de modo irreparable los derechos de algunos de los intervinientes, como la que ordena la prisión preventiva respecto del imputado o, en general, aquellas que se refieren a medidas cautelares.

En ambas situaciones, ha parecido imprescindible que las resoluciones de un tribunal unipersonal sean revisadas por un tribunal con mayor número de integrantes, como es una sala de la Corte de Apelaciones.

El recurso fundamental que propone el proyecto es el de casación, como medio de impugnación de aplicación general en contra de las sentencias definitivas. Como norma general, será procedente ante la Corte Suprema, pero corresponderá ante la Corte de Apelaciones en los casos en que la sentencia definitiva sea dictada por un tribunal unipersonal, como en los casos en que se falla en un procedimiento por faltas o en uno tramitado de manera abreviada.

La interposición del recurso de casación otorga a la Corte Suprema una competencia limitada para revisar la sentencia. Ella sólo puede ser ejercida en cuanto la propia sentencia o el procedimiento en el que se funda adolezcan de vicios originados en la violación de disposiciones legales o constitucionales. Con ello se cautela la intangibilidad de los hechos establecidos por el tribunal del juicio a partir de su percepción directa de la prueba

En la regulación del recurso se ha buscado limitar la excesiva formalidad del mismo, restringiendo severamente la posibilidad de su rechazo por inadmisibilidad basado en defectos de ese tipo. Asimismo, se han mantenido algunas facultades del tribunal para casar de oficio la sentencia.

Se espera que por medio de la resolución de los recursos de casación la Corte Suprema pueda desarrollar un proceso de estandarización en la aplicación de la ley por parte de los tribunales inferiores. Este desarrollo deberá abarcar no sólo la aplicación de la ley penal, sino también los parámetros de interpretación de la ley procesal para la determinación precisa de los estándares a los cuales debe apegarse el procedimiento.

Se ha incorporado, expresamente, la posibilidad de que por medio del recurso de casación pueda revisarse la infracción de las normas constitucionales. Esa propuesta es coherente con la intención antes indicada de la incorporación creciente de las normas de la Carta Fundamental al desarrollo jurisprudencial en materia de procedimiento penal.

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El tema de los recursos fue ampliamente debatido por vuestra Comisión, tanto, que obligó a una reformulación total del Libro Tercero, relativo a los recursos, recogiéndose en él algunas innovaciones de interés, particularmente en cuanto a los recursos de casación y de apelación, las que se analizarán al tratar las disposiciones legales en que inciden.

Título I. Disposiciones generales

El artículo 392, sobre la facultad de recurrir, dispone que las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley.

Podrán recurrir en contra de las resoluciones judiciales los intervinientes agraviados por ellas y aquellos a quienes la ley reconociere expresamente este derecho.

Por el imputado puede recurrir el defensor, pero en caso alguno en contra de la voluntad expresa de aquél.

Se aprobó con supresión del inciso final, transcrito en el párrafo anterior.

El artículo 393, sobre renuncia y desistimiento de los recursos, dispone que los recursos pueden renunciarse expresamente, una vez notificada la resolución contra la cual procedieren. Quienes hubieren interpuesto un recurso, pueden desistirse de él, antes de que se resuelva, sin que sus efectos se extiendan a los demás recurrentes o a los adherentes del recurso.

El defensor no puede renunciar a la interposición de un recurso ni desistirse de los que haya interpuesto, sin mandato expreso del imputado.

Esta última disposición tiene una finalidad garantística. La regla general es que para desistirse de un recurso no se necesita facultad expresa.- Aquí se exige.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 394 regula los efectos que produce la interposición de un recurso.

En caso de haber varios imputados, si uno de ellos entabla el recurso, la decisión favorable aprovecha a los demás, a menos que los fundamentos de la resolución fueren exclusivamente personales del recurrente.

El recurso interpuesto por un responsable civil, también favorece al imputado, cuando en la resolución se estableciere cualquier situación relativa a la acción penal de que debiere seguirse su absolución.

El tribunal, al conocer de un recurso, sólo puede pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, no pudiendo extender los efectos de su decisión a cuestiones no planteadas o más allá de los límites de lo solicitado, salvo cuando proceda la casación de oficio.

La interposición de un recurso no suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 395 establece la improcedencia del artículo 200 del Código de Procedimiento Civil, que exige la comparecencia de las partes ante el tribunal superior a seguir el recurso interpuesto.

Se aprobó en los términos propuestos.

Título II. Recurso de reposición.

El artículo 396 señala las resoluciones en contra de las cuales procede la reposición, el plazo para interponerla, la forma de hacerlo y de fallarla, y sus efectos.

Se aclaró que este recurso es válido para las resoluciones que dicte el juez de control o los jueces del juicio oral. El primero se transforma en juez de juicio, en el procedimiento abreviado.

Atendido lo indicado, en el inciso tercero se colocó “El juez o el tribunal…”.

Se aprobó en la forma propuesta, con la indicación.

El artículo 397 trata de la reposición en las audiencias orales.

Ella debe promoverse tan pronto se dicten las resoluciones y sólo es admisible cuando no hubiere sido precedida de debate. La tramitación y fallo son verbales en la misma audiencia.

Si el tribunal es colegiado, se resuelve por la mayoría.

Se aprobó en los términos indicados.

Título III. Recurso de apelación.

En relación con este recurso, se consultó qué pasaría si el proceso oral se aprobare y este recurso fuere equivalente a lo que existe actualmente.

Se contestó que no habría juicio oral.- La oralidad del procedimiento requiere que el tribunal que conoce el juicio tenga el máximo poder de decisión.- Si, en vez de darle el poder de decisión final, salvo excepciones, al tribunal que asiste al juicio oral, se le otorga a otro tribunal, que conocerá de la causa por la vía de la lectura del expediente, se estaría poniendo el centro del debate en la lectura del expediente y no en el juicio oral.- No sólo se pondría el énfasis en la lectura del expediente, sino que se terminaría privilegiando la opinión del tribunal menos informado por sobre la opinión del tribunal más informado.

El recurso de apelación, en el sentido de un tribunal de segunda instancia que conoce con la misma amplitud de competencia y con la misma capacidad de modificación de la sentencia de los tribunales de primera instancia- es un recurso propio del sistema inquisitivo y es completamente incompatible con el juicio oral.

Una solución, propuesta pero descartada por su elevado costo, fue una que permitía apelar para que, ante el tribunal de alzada, se hiciere una segunda audiencia del juicio oral, similar a la anterior.

Se sostuvo que, siendo el tribunal del juicio oral colegiado, no se justificaba, en principio, un recurso de apelación como el que ahora existe, que pretende la revisión de la resolución adoptada, tanto en los aspectos de hecho como en los de derecho.

En todo caso, esto no significa la indefensión de las partes, desde el momento en que las diferentes hipótesis de error que puedan presentarse están cubiertas por las casaciones de forma y fondo.

Desde la instauración del sistema oral, desapareció el recurso de apelación, por lo que se ha tenido que ampliar el recurso de casación, con el fin de controlar el desarrollo del juicio de primera instancia. En principio, es un control legal, pero en cuyo límite siempre hay problemas de hecho.

Con todo, hubo consenso en que suprimir la apelación era un paso muy grande, pese a comprenderse las razones lógicas que fundan la decisión adoptada en el proyecto.

Varios señores Diputados fueron de opinión, por el peso de la tradición chilena, de mantener la apelación ante un tribunal de jerarquía superior, salvo que se diga que no hay infraestructura para que las Cortes de Apelaciones hagan la audiencia.

Se manifestó que la idea anterior, para su aceptación, requería de algunos supuestos, con la prevención de que ella significaba desvirtuar la naturaleza de las Cortes de Apelaciones, que se transformarían en tribunales de instancia, lo cual no es su papel natural. Las Cortes de Apelaciones, en este proyecto, siguen funcionando como tales; no desaparecen. Bajo este nuevo esquema, se les introduce una competencia fundamental de primera instancia, lo que alterará completamente el sistema. La proposición podría aceptarse, a condición de que los jueces que conozcan del nuevo juicio no fueren los mismos que anularon la sentencia.

El artículo 398 establece que las resoluciones dictadas por un tribunal colegiado serán siempre inapelables.

Se aprobó en los términos propuestos, por mayoría de votos.

El artículo 399 señala que la apelación debe entablarse ante el tribunal que hubiere dictado la resolución, el cual la concederá o denegará, según el caso.

Se aprobó en la forma propuesta, por mayoría de votos.

El artículo 400 fija un plazo de cinco días para interponer el recurso, contados desde la notificación de la resolución.

Se aprobó en la forma propuesta, por mayoría de votos.

El artículo 401, relativo a la forma de interposición del recurso, dispone que debe interponerse por escrito, ser fundado y contener peticiones concretas.

Se aprobó en la forma propuesta, por mayoría de votos.

El artículo 402 indica que, en general, el recurso se concederá en el solo efecto devolutivo, esto es, no suspende la ejecución de la resolución, a menos que la ley señale expresamente lo contrario.

Se aprobó en la forma propuesta, por mayoría de votos.

El artículo 403 contempla el denominado recurso de hecho, para el caso de que se deniegue la apelación, se otorgue siendo improcedente o se conceda en un efecto que no corresponda, casos en los cuales los intervinientes pueden recurrir al tribunal de alzada para que resuelva en derecho.

Se aprobó con modificaciones, por mayoría de votos. En el primer inciso, después de "de hecho”, se agregó “dentro de tercero día”.

El artículo 404 señala que son apelables las resoluciones dictadas por el juez de control de la instrucción cuando la ley lo señale expresamente, o cuando pongan término al procedimiento, hagan imposible o suspendan su prosecución y siempre que no constituyan sentencias definitivas

Se aprobó, con modificaciones, por mayoría de votos. Se elimina la frase “y siempre que no constituyan sentencias definitivas”.

El artículo 405 indica los antecedentes que el juez de control debe remitir al tribunal de alzada: el texto de la resolución y copia de los registros de las actuaciones o de la audiencia en que se hubiere fundado.

Se aprobó por mayoría de votos, en la forma propuesta.

El artículo 406 consagra la aplicación supletoria de las normas relativas al recurso de apelación contenidas en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto no se opongan a las establecidas en este título.

Se aprobó por mayoría de votos, en la forma propuesta.

El artículo 407 se refiere a la tramitación del recurso.

Se aprobó con modificaciones, por mayoría de votos. La idea es que, declarada la admisibilidad del recurso, el tribunal lo conozca y falle en cuenta, salvo dos casos: que la resolución se hubiere dictado en audiencia verbal, evento en el cual lo resolverá previa vista de la causa; o que, por la complejidad o trascendencia de la materia en discusión, el tribunal así lo acordare.

El artículo 408, sobre resolución del recurso, dispone que, concluido el debate, el tribunal pronunciará inmediatamente su decisión, con sus fundamentos.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 427 del proyecto original, sobre improcedencia de la orden de no innovar y restricción de prueba, fue rechazado por la Comisión.

La idea expresada en él, que vuestra Comisión no compartió, es que el procedimiento se suspende sólo en aquellos casos en que la ley lo dice. En cuanto a la prueba, el único caso de sentencia definitiva en el cual podría haber prueba en segunda instancia, es en el procedimiento abreviado.- La apelación en lo devolutivo tiene incorporada la posibilidad de que el tribunal, sin embargo, dé orden de innovar.- Con el artículo, esto se evitaba.

Título IV. Recurso extraordinario.

Como consecuencia del debate habido respecto de los recursos de apelación y de casación, vuestra Comisión acordó incorporar este título, nuevo, que comprende los artículos 409 al 414, con el fin de establecer el recurso extraordinario.

El artículo 409 señala los motivos que hacen procedente este recurso: procede en contra de la sentencia definitiva condenatoria del juicio oral, que se aparta, manifiesta y arbitrariamente, de la prueba rendida en la audiencia.

Con el establecimiento de este recurso extraordinario, se elimina la casación por apartamiento de la evidencia, que procedía, precisamente, cuando las conclusiones de hecho de la sentencia definitiva dictada en el juicio oral fueren arbitrarias por apartarse de modo notorio de la prueba rendida en la audiencia.

Con esto se aligera la carga de trabajo de la Corte Suprema. Se le quita aquello que es menos trascendente y es llamada a conocer por casación de las grandes cuestiones penales.-

Sobre la eventualidad de que las partes prefieran este recurso en vez del de casación, se dijo que era difícil que la causal concurriere muy frecuentemente, atendida su naturaleza. En cambio, el recurso de casación tiene más posibilidades de ser interpuesto, porque puede haber un error en el procedimiento o una mala aplicación del derecho.- Es más probable que la gente tienda a presentar más recursos de casación, porque, además, este recurso, de ser acogido, anula la sentencia y exige un nuevo juicio oral.

Se aprobó el artículo en la forma propuesta.

El artículo 410 confía el conocimiento de este recurso a la Corte de Apelaciones respectiva.

Se aclara que la interposición de este recurso supone la renuncia del recurso de casación, a menos que ambos se interpongan conjuntamente, caso en el cual es competente el tribunal que deba conocer este último recurso, los que se tramitarán y fallarán en forma conjunta.

Se aprobó en la forma indicada.

El artículo 411 dispone, en cuanto al plazo y forma, que el recurso se interpondrá por escrito, debidamente fundado, en el término de quince días, contado desde la notificación de la sentencia.

Se aprobó en la forma indicada.

El artículo 412 se refiere a la vista y fallo del recurso, el que será conocido y fallado en audiencia oral.

Si se acogiere, se decretará, en resolución motivada, la nulidad de la sentencia y se dispondrá que se proceda a un nuevo juicio oral ante el tribunal no inhabilitado que corresponda.

Se aprobó en los términos indicados.

El artículo 413 dispone que la resolución que acoja el recurso no es susceptible de recurso alguno.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 414 hace aplicables, en lo no previsto en este título, las disposiciones relativas al recurso de casación.

Se aprobó como se propuso.

Título V. Casación.

Comprende los artículos 415 al 434.

Con el fin de clarificar el debate, se recordó que el recurso de casación, tanto en la tradición angloamericana como en la tradición europea continental, es un recurso que nació como una forma de controlar el apego de los tribunales a los criterios dictados por el legislador.- Progresivamente, ha ido derivando desde ese modelo hacia otro en que, más bien, se trata de que las cortes superiores sean capaces de uniformar los criterios de aplicación del derecho, no sólo en cuanto se apegan a los mandatos del legislador, sino, en general, en cuanto se apegan a los principios jurídicos.- Es decir, se trata de que las cortes superiores sean capaces de declarar un derecho uniformemente aplicable para todos.

En esta segunda lógica, la casación apunta, fundamentalmente, a establecer una unidad jurídica en términos de uniformar la jurisprudencia, en la que incluso se acepta que se incorporen otros elementos distintos del mandato del legislador, como son los principios, los tratados internacionales. Uno de los problemas más agudos es hasta qué punto los tribunales superiores pueden involucrarse en la consideración de los hechos. Esto no tiene soluciones claras en ningún sistema.-

En el sistema europeo continental, hay numerosas jurisprudencias, como en los tribunales alemán y español, en las que, a pesar de haber una casación de estricto derecho, o sea, una casación clásica, los tribunales han entrado en la consideración de elementos de hecho, por la vía de estimar, por ejemplo, que se vulnera la presunción de inocencia en cuanto la prueba no es suficiente.

Con la instauración del sistema oral y el desaparecimiento del recurso de apelación tradicional, se tuvo que ampliar el recurso de casación, con el fin de controlar el desarrollo del juicio de primera instancia. Si bien, en principio, es un control legal, siempre hay problemas límites relacionados con los hechos.

El artículo 415 señala cuáles son los motivos para casar una sentencia. Se concede para los casos en que la sentencia se basare en la infracción de una disposición legal o constitucional.

Si la infracción se refiriere a una ley que regula el procedimiento, el recurso será admisible en la medida que se hubiere reclamado del vicio o defecto, ejerciendo los recursos pertinentes. Lo anterior no es necesario cuando la ley no admita recurso alguno o cuando el vicio o defecto hubiere tenido lugar en la sentencia misma, o cuando hubiere llegado a conocimiento de la parte después de pronunciada la sentencia, o cuando exista un motivo absoluto de casación, en los términos previstos en el artículo 421.

De la relación anterior y de la comparación de esa normativa con la vigente, se pueden colegir algunas diferencias de importancia. En primer lugar, no se distingue, explícitamente, entre casación de forma y casación de fondo. En segundo lugar, se incorporan, de modo expreso, las normas constitucionales como fundamento de la casación, para el caso de infracción.

Se hizo presente que, hoy en día, no está clara la distinción entre las normas de fondo y las normas de forma, porque ella se basa en la idea de que lo procesal es una cuestión básicamente formal y la verdad es que, en los recursos de casación modernos, las principales discusiones sobre las cuestiones procesales se refieren a principios.

En la casación moderna, ya no se trata de controlar el cumplimiento de los mandatos del Poder Legislativo, sino que se trata de que el tribunal superior establezca el derecho vigente, incluso, en un acto creativo, a falta de norma.

Se manifestó que, en el caso chileno, existían problemas estructurales que hacían difícil otorgarle esa facultad a la Corte Suprema. Entre otros, el hecho de que la Corte, a diferencia de otros países, no tiene legitimación democrática, en el sentido de una adecuada apertura hacia la comunidad y el sistema político. Por lo mismo, se agregó, debe mantenerse cierta rigidez, porque, de otra forma, la Corte Suprema podría desconocer los mandatos del Poder Legislativo, o sea, de los poderes elegidos democráticamente.

A mayor abundamiento, se hizo saber que en Francia y Alemania, los sistemas judiciales han sido reformados para que tengan alguna forma de vinculación con el sistema político.

Con la norma que se propone y comenta, se está diciendo, en el fondo, que la Corte Suprema se debe atener a los mandatos del Poder Legislativo.

Se aprobó el artículo en la forma propuesta.

El artículo 416 se refiere, concretamente, a la casación ante la Corte Suprema.

La idea original es que debería tratarse de sentencias condenatorias que impusieren una pena superior a tres años de privación de libertad que deba cumplirse efectivamente.

Se la cambió por otra más genérica. Conocerá del recurso deducido en contra de la sentencia definitiva pronunciada por el tribunal colegiado del juicio oral.

Se pusieron, además, dos normas adicionales.

La Corte Suprema puede disponer que los recursos de casación sean remitidos y conocidos por la Corte de Apelaciones respectiva, cuando recayeren sobre sentencias absolutorias o que sólo condenen a penas no privativas de libertad o privativas de libertad inferiores a presidio o reclusión mayores, esto es, hasta cinco años.

La disposición anterior tiene excepciones que impiden ejercerla. Eso sucede cuando la solución del caso puede involucrar cuestiones relativas a la inconstitucionalidad de preceptos legales o a una modificación de criterios jurisprudenciales vigentes.

Si la Corte Suprema se niega a conocer del recurso de casación por esta vía y se lo pasa a la Corte de Apelaciones, se entiende que renuncia a su facultad de modificar la decisión de la Corte de Apelaciones por la vía del uso de sus potestades disciplinarias, esto es, a través de recursos de queja.

Lo anterior, por cuanto se prefiere que la Corte Suprema, si quiere innovar en la jurisprudencia, lo haga por el recurso de casación y no por la vía del recurso de queja. Si no quiere conocer de la casación, no sería lógico que pudiera volver a revisar el asunto por la vía de la queja, recurso más cuestionable y arbitrario.

La idea, en todo caso, no es la conservación de los criterios jurisprudenciales en el tiempo. La jurisprudencia se puede cambiar todas las veces que se quiera, pero se tiene que decir por qué se cambia. La argumentación es lo que da consistencia al sistema.

Si se hiciere uso de esta facultad una vez declarada la admisibilidad del recurso por la Corte Suprema, la de Apelaciones deberá conocer de la casación sin juicio de admisibilidad previo.

Se aprobó el artículo en los términos indicados.

El artículo 417 señala los casos en que los recursos de casación serán conocidos por las Cortes de Apelaciones: cuando se deduzcan contra las sentencias definitivas dictadas por tribunales unipersonales o contra las dictadas por tribunales colegiados, en los casos previstos en el inciso segundo del artículo anterior, esto es, cuando recayeren sobre sentencias absolutorias o que sólo condenen a penas no privativas de libertad o privativas de libertad inferiores a cinco años, y así lo acuerde la Corte Suprema, cuando corresponda.

Se preguntó qué pasaba si la Corte de Apelaciones veía el recurso y resultaba, en la práctica, una condena de más de tres años.

Se aclaró que eso era imposible Nunca habrá un fallo condenatorio. La Corte de Apelaciones no falla.- Anula y devuelve.

La regla general es que, cuando se acoge la casación, el fallo se anula y se devuelve al tribunal que dictó la sentencia, para que jueces no inhabilitados vuelvan a dictarla, a menos que se trate de alguna causal muy específica, de vicios cometidos en el pronunciamiento mismo de la sentencia En ese caso, el tribunal que acoge la casación en la forma puede dictar sentencia de reemplazo.

Se aprobó con modificaciones formales.

El artículo 418, denominado “per saltum”, permite solicitar de la Corte Suprema que conozca de los recursos de casación que deberían corresponder a las Cortes de Apelaciones cuando lo solicitado en el recurso implique una modificación o una aclaración de los criterios jurisprudenciales vigentes.

Hubo voluntad en la Comisión en cuanto a otorgarle esta capacidad de uniformar jurisprudencia a la Corte Suprema, porque se detectó que, tradicionalmente, se inhibía de utilizar este instrumento del derecho.

Es una facultad que se les concede a los litigantes, de manera que no es obligatoria. Si el litigante está convencido de que la Corte de Apelaciones mantendrá un criterio, tiene la posibilidad de ir a la Corte Suprema. Por eso se llama per saltum, porque autoriza a prescindir de un trámite. La Corte Suprema califica.-

En el derecho comparado, la casación per saltum supone, normalmente, un acuerdo de las partes. Demandante y demandado convienen en prescindir de la apelación y van a la Corte Suprema.- Por esta razón, está sujeta a un modo bastante singular.- Es una situación muy hipotética, además de ser decisión del propio litigante. No es una limitación de la facultad recursiva de las partes.

En la hipótesis de que la Corte Suprema sea “invitada” a conocer un asunto y no acepta el per saltum, enviándolo nuevamente a la Corte de Apelaciones y ésta falla, la Corte Suprema no puede conocer de ese fallo por la vía de la queja, porque sería inconsecuente.

Se aprobó en los términos indicados.

El artículo 419 precisa los efectos de la interposición del recurso.

La sentencia condenatoria en proceso por crimen o simple delito no tiene fuerza de cosa juzgada mientras esté pendiente el plazo para deducir el recurso de casación. Interpuesto el recurso, queda en suspenso mientras penda su conocimiento.

Si la sentencia de término absolviere al acusado, éste será puesto en libertad, sin esperar el transcurso del plazo indicado o la resolución del recurso. La sentencia absolutoria se cumple inmediatamente; no necesita estar ejecutoriada.

Se aprobó con modificaciones. Se pone término a la oración en la palabra “libertad”, eliminándose lo que sigue.

El artículo 420 regula la forma y plazo para la interposición del recurso.

El recurso se debe deducir por escrito, dentro de los quince días siguientes a la fecha de notificación de la sentencia, ante el tribunal que la hubiere dictado.

El escrito respectivo debe expresar los fundamentos del recurso, los motivos y si ellos se invocan en forma conjunta o subsidiaria. En todo caso, cada motivo debe ser fundado en forma separada.

Al fundar el recurso, el recurrente debe expresar el acto de procedimiento o la parte de la sentencia que se impugnare, la o las normas jurídicas infringidas, su naturaleza material o procesal, la influencia de la infracción en lo dispositivo de la sentencia y la aplicación que de las mismas normas jurídicas se pretende. Interpuesto el recurso, no se pueden invocar nuevos motivos de casación.

Se propuso eliminar, en el inciso tercero, la expresión “su naturaleza material o procesal”.

Se expresó que se recurre de casación, porque es el único recurso. El gran fundamento de estos recursos es el marco preciso de las garantías procesales.- O sea, hasta dónde se extiende el derecho a defensa, cuándo se entiende que una defensa es idónea y cuándo no lo es.- Los recursos, en Argentina están dedicados, especialmente, a establecer esos parámetros.

Se aprobó con la supresión del inciso tercero.

El artículo 421 se refiere a los motivos absolutos de casación, esto es, de casos en que la sentencia se tendrá como fundada en infracción de ley. A contrario sensu, sólo en estos casos se entiende que no se debe demostrar la infracción de la ley.

En las otras causales, hay que probar el perjuicio.

Sobre la causal de casación por violación de las normas sobre publicidad, se hizo presente que si se probare fehacientemente que se impidió el acceso al público, eso es claramente un motivo de nulidad, a la luz de los actuales tratados celebrados por Chile. La causal no es haber negado la publicidad, sino el haber sido violadas las disposiciones sobre publicidad.- El Código dice que el presidente del tribunal tiene atribuciones para regular la publicidad del acto.

Se indicó que ésta era una cuestión muy importante. La tendencia del sistema judicial al secreto es tremenda y su capacidad para disponer restricciones ilegítimas es extraordinaria.

En la letra f), por haber excedido la sentencia condenatoria el contenido de la acusación, se aclaró que aquí estaba previsto no sólo el problema del límite de la penalidad, sino que, además, el tema de la congruencia entre el hecho y la sanción, que no puede ser distinta de la materia de la acusación.

El principio de la cosa juzgada no admite ninguna excepción. De lo que se habla son todas normas más favorables al reo.

Se aprobó con modificaciones formales.

El artículo 422 regula la casación de oficio respecto de la sentencia condenatoria cuando, conociendo la Corte de un recurso de casación, advirtiere la concurrencia de alguno de los motivos absolutos previstos en el artículo anterior.

Cuando alguno de los integrantes del tribunal notare la existencia de alguno de los vicios indicados en el artículo anterior, debe comunicarlo al presidente, quien debe informarlo a las partes, para que se refieran a él durante sus alegatos.

Se aprobó con modificaciones. En substitución de la materia indicada en el párrafo anterior, se acordó establecer una disposición que prohíbe al tribunal anular la sentencia sin advertir previamente a las partes la existencia de alguno de los vicios señalados, a fin de que se refieran a ellos en su exposición.

El artículo 423 se refiere a los antecedentes que deben remitirse a la Corte una vez interpuesto el recurso, consistentes en copias de la sentencia, del acta del juicio oral si fuere definitiva y de las audiencias o actuaciones que se impugnaren, así como del escrito en que se hubiere deducido el recurso.

Se aprobó en los términos propuestos, con la sustitución de la palabra “acta” por “registro”, acorde con las enmiendas introducidas en el artículo 375.

Se acordó dejar constancia de que por copia se entiende cualquiera obtenida por algún medio apto para reproducir las resoluciones, audiencias y actuaciones indicadas, incluidos los magnéticos.

El artículo 424 confiere al acusado el derecho a solicitar defensor público que asuma su representación cuando las etapas anteriores del procedimiento se hubieren desarrollado en una ciudad distinta de aquélla en que tiene su asiento la Corte.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 425, sobre admisibilidad del recurso, obliga a la Corte a pronunciarse sobre la procedencia del recurso.

La idea es restringir las posibilidades de declaración de inadmisibilidad, porque la realidad actual es que la Corte declara inadmisible la gran mayoría de los recursos. En la práctica, se ha complementado la inadmisibilidad con la falta de fundamento.

Por lo general, la admisiblidad de los recursos se reduce a establecer que la sentencia objeto del recurso es de aquéllas contra las cuales la ley lo otorga y que, además, ha sido interpuesto dentro de plazo. En el caso de la casación en la forma, hay que preparar el recurso, para lo cual se requiere haber reclamado antes del vicio.

Se aprobó con modificaciones. En el primer inciso, después de “se pronunciará”, se agrega “en cuenta sobre su admisibilidad, dentro de tercero día, contado desde su ingreso”. Se eliminan la letra a) y el inciso tercero.

La letra a) establecía como causal de inadmisibilidad, que el recurso se hubiere interpuesto invocando motivos distintos de la infracción, no se hubieren indicado claramente las normas infringidas o la forma en que la infracción influyere en lo dispositivo del fallo.

El inciso suprimido permitía al tribunal corregir o hacer corregir los defectos subsanables.

El artículo 426 disponía que, declarado admisible el recurso, se abría un plazo para que las demás partes se adhirieran a él o formularen observaciones por escrito.

La adhesión debe cumplir con los requisitos necesarios para la interposición del recurso.

Se hizo constar que actualmente no hay declaración de admisibilidad; lo que hay es una implícita declaración, por vía de un decreto, que dice autos en relación.

Se aprobó con modificaciones. La expresión “declarado admisible” se reemplazó por “Admitido”.

El artículo 427 se refiere a la vista del recurso, que tiene lugar en una audiencia pública, previa citación de todos los que hubieren comparecido.

Se hizo presente que, en este sistema, no debiera haber relación, porque no hay expediente ni hay que dar cuenta de los hechos del caso. Hay una impugnación y, en el fondo, la información la tiene que dar el impugnado.

En la actualidad, se da una situación viciosa, porque hay un tercero, el relator, que da un resumen, que puede ser arbitrario, que no es público y condiciona mucho la decisión del juez. En los sistemas norteamericano y español, el papel de preestudiar el expediente corresponde a uno de los jueces.

Esta situación ha sido objeto de un amplio debate, habiéndose propiciado la idea de encomendarle la relación a uno de los jueces.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 428 se refiere a la rendición de prueba.

Se permite la práctica de pruebas relevantes para la resolución del recurso, siempre que se hubieren solicitado al interponerlo.

La prueba se recibe en la audiencia, conforme con las reglas que rigen para el juicio oral, en lo pertinente, esto es, atendiendo a la naturaleza de la prueba ofrecida.

Se expresó que, en la casación, la prueba es indispensable cuando se refiere a un vicio del procedimiento.

Se aprobó con modificaciones. En el inciso primero, se admite prueba cuando el recurso incidiere en un defecto de procedimiento.

El artículo 429 se refiere al fallo.

En la sentencia, que debe dictarse dentro de treinta días, se exponen los fundamentos de la resolución, la decisión de las cuestiones controvertidas, con una declaración explícita de sí es nula o no es nula la sentencia o el procedimiento que la hubiere originado.

Vencido el plazo sin que se hubiere dictado sentencia, se debe proceder a una nueva vista de la causa.

Lo novedoso son las consecuencias por la inactividad del tribunal.

Se aprobó con modificaciones formales.

El artículo 430, sobre nulidad, reenvío y sentencia de reemplazo, regula las diversas situaciones que pueden presentarse según la decisión adoptada por la Corte.

Si ésta invalida la sentencia, debe ordenar la renovación del procedimiento por el tribunal competente, indicando el estado en que debe quedar la causa.

Si la invalidación no conllevare modificación del contenido de la sentencia en cuanto a los hechos y a la ponderación de la prueba, debe dictar, acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia de reemplazo que creyere conforme a la ley y al mérito de los hechos.

Se explicitó que esta última norma está referida a la casación en el fondo, aunque no está dicho, dado que los hechos permanecen inalterables. O sea, si se trata de un problema de calificación jurídica, se puede dictar sentencia de reemplazo sin necesidad de reenvío.

Los jueces que hubieren concurrido a dictar la resolución anulada no pueden intervenir en el nuevo trámite.

El tribunal de reenvío debe atenerse al fundamento jurídico de la resolución de la casación.

Se aprobó con una readecuación de su contenido.

El artículo 431 se refiere a los errores de derecho no esenciales, que no influyeren en la parte dispositiva de la sentencia recurrida.

Se dispone que deben ser corregidos, aunque no provoquen la anulación.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 432 se refiere a la extensión del pronunciamiento del tribunal de casación, que sólo puede abarcar las infracciones invocadas por el recurrente, salvo que proceda la casación de oficio.

La disposición indicada, que correspondía al inciso primero del artículo 444 del texto de reemplazo sugerido, fue aprobada en los términos propuestos.

El artículo 433 tiene su origen en el artículo 444 del texto de reemplazo, denominado prohibición de reformatio in peius.

La prohibición de reforma peyorativa (que empeora) tiene por objeto impedir que la situación jurídica establecida en una sentencia sea modificada en perjuicio del que recurre contra ella.

Además del precepto recogido en el artículo anterior, en éste se disponía que si el recurso sólo hubiere sido interpuesto por el acusado, la sentencia no podía ser modificada en su perjuicio. La infracción de disposiciones establecidas en favor del acusado no pueden ser invocadas con objeto de provocar una revocación total o parcial de la sentencia en perjuicio del propio acusado.

Se explicó que esta norma trata de evitar que, por la vía recursiva, el que recurre vea empeorada su situación; a eso se debe el nombre latino “reformatio in peius”. No se puede reformar empeorando la situación del acusado. Así, si a una persona la condenan a tres años y recurre en contra de la sentencia, porque cree que la deben absolver, no puede suceder que la condenen a cuatro años.

Pese a entender la filosofía de la disposición, se indicó que ella favorecía la interposición de recursos, porque ello no irroga riesgo alguno.

En apoyo de la disposición, se reiteró que el que promueve la persecución penal es el fiscal, no el juez, quien sólo resuelve. Si el tribunal pudiere decretar una pena mayor, perdería imparcialidad y se transformaría en inquisidor.

Por lo demás, los recursos se interponen para impugnar un fallo y obtener que se modifique a favor de una persona. Ésa es su filosofía. No debe olvidarse que el fundamento del recurso es el agravio o gravamen.

En la actualidad, en Chile no existe un sistema de recursos propiamente tal, sino más bien un sistema de control disciplinario, en virtud del cual el tribunal superior cambia la sentencia, aunque nadie esté interesado en ello.

El papel de los jueces, en este proyecto, es resolver imparcialmente el conflicto entre el Estado y el ciudadano y no perseguir a los delincuentes ni hacer cumplir la ley penal. El papel de impartir justicia es del sistema, el que tiene múltiples actores. El juez no es el único protagonista del proceso de justicia. Por una deformación de cien años, se le han asignado estos papeles al juez.- Hoy día, se separan éstos, como corresponde.- La pretensión punitiva del Estado sigue en manos del Estado, a través de un órgano público que es el ministerio público.- No es papel del juez enmendar los errores del ministerio público.- El juez es un imparcial entre el Estado y el ciudadano.

Vuestra Comisión, en definitiva, aprobó este artículo, pero acordó dividirlo en dos, por tratar de dos materias diferentes, con un cambio en la denominación del primero de ellos.

El artículo 434, sobre libertad del imputado, ordena dejarlo libre, cuando, como consecuencia de la decisión de la Corte, debe cesar la medida cautelar personal que lo afecta.

Título V. Revisión de las sentencias firmes.

Comprende los artículos 435 al 444.

Trata este título de la procedencia del recurso de revisión, del plazo para su interposición, de las personas que pueden interponerlo, de las formalidades a que debe sujetarse, de los testigos que pueden presentarse, de sus efectos, así como los de la sentencia que en él recaiga, de la decisión del tribunal y del derecho de recurrir de revisión fundada en elementos distintos.

Previa lectura y confrontación con la normativa vigente, se aprobaron en los términos propuestos, con algunas adecuaciones formales.

— Libro Cuarto. Procedimientos especiales y ejecución.

Comprende los artículos 444 al 534.

Título I. Procedimiento por faltas.

Comprende los artículos 445 al 454.

Este procedimiento se aplica tanto al juzgamiento de las faltas de carácter público como privadas.

En el procedimiento en estudio, reciben aplicación supletoria las disposiciones relativas al procedimiento ordinario, en todo lo que no se provea en este título y en la medida en que se adecuen a su brevedad y simpleza.

El procedimiento que aquí se propone está reservado a las faltas que tipifica el Código Penal y a aquellas que leyes especiales reservaren al conocimiento de los jueces de letras.

Recibida la denuncia por el ministerio público, éste solicita del tribunal competente, mediante el respectivo requerimiento, la citación a juicio, a menos que acordare no iniciar la persecución penal cuando se tratare de hechos insignificantes o de poca gravedad, conforme con la facultad que le confiere el artículo 244.

Recibido el requerimiento, el juez ordena ponerlo en conocimiento del imputado y fija día y hora para la realización del juicio, que es oral, pudiendo las partes ponerle término por la vía de los acuerdos reparatorios.

Si el imputado reconoce su responsabilidad y no es necesario realizar diligencias, se dicta sentencia de inmediato, imponiéndose, por lo general, penas de multas. Si, por el contrario, el imputado solicita la realización del juicio, este se lleva a efecto de inmediato, oyéndose a los comparecientes y rindiéndose la prueba que corresponda. A continuación, el juez dicta sentencia, pudiendo fundamentarla por escrito, para lo cual dispone de cinco días.

Si concurrieren antecedentes favorables que no hicieren aconsejable la imposición de la pena, ésta puede quedar en suspenso hasta por seis meses, pasados los cuales, si no ha habido nuevo delinquimiento, la resolución respectiva produce los efectos de un sobreseimiento definitivo.

Contra la sentencia que se dicte sólo procede el recurso de casación, para lo cual es necesario que el fiscal y el querellante, en su caso, hayan concurrido al juicio.

Las disposiciones reseñadas fueron aprobadas en los términos propuestos, sin mayor debate.

Título II. Procedimiento por delito de acción privada.

Comprende los artículos 455 al 465

El procedimiento por delitos de acción privada es de aplicación general, pese a lo cual el Código actual y éste lo tratan entre los procedimientos especiales.

Este procedimiento se aplica a los delitos de acción privada a que se refiere el artículo 64.

Rigen, en general, las reglas del procedimiento ordinario, en cuanto no fueren contrarias a este título.

En este caso, el proceso sólo puede iniciarse por querella, entablada por el ofendido o por las otras personas legalmente autorizadas.

El desistimiento de la querella produce el sobreseimiento definitivo, siendo el condenado obligado al pago de las costas.

Si el querellante o su apoderado no concurren a las audiencias de preparación del juicio oral o a la audiencia del juicio oral, o si caen en inactividad por más de treinta días, se produce el abandono de la acción, lo que trae aparejado el sobreseimiento definitivo.

La regla general es que las partes deben comparecer personalmente a la audiencia, con el fin de facilitar un acuerdo entre ellas, pudiendo hacerse representar por mandatarios en los actos posteriores.

Las normas anteriores fueron aprobadas en los términos propuestos.

Título III. Procedimiento abreviado.

Comprende los artículos 466 al 475.

Entre las posibilidades de simplificación de los procedimientos, se considera el procedimiento abreviado, que posibilita que el imputado renuncie a su derecho al juicio oral cuando manifieste su acuerdo en los hechos contenidos en la acusación y en los antecedentes de la instrucción que la fundan. Este procedimiento busca dar una salida expedita a aquellos casos en que no exista una controversia sobre los resultados de la investigación realizada por el fiscal.-

Se faculta al juez para absolver en el caso de que, a pesar del reconocimiento de hechos realizado por el acusado, éstos no sean constitutivos de delito o el conjunto de los antecedentes de la instrucción lo llevaren a adoptar esa decisión.

Se impide la renuncia del acusado al juicio oral en los casos en que se arriesguen penas privativas de libertad de larga duración o la de muerte.

Asimismo, se otorgan al juez amplias facultades para controlar que el consentimiento del imputado haya sido libre e informado, pudiendo incluso rechazar el acuerdo y dar paso al juicio oral si no lo estimare así.

El artículo 466 señala cuáles son las normas aplicables: las normas comunes previstas en este Código y las del procedimiento ordinario, con las modificaciones consignadas en este título.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 467 fija los presupuestos para que proceda el procedimiento abreviado:

— La pena requerida por el ministerio público no debe ser superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, u otras penas de distinta naturaleza, exceptuada la de muerte, ya fueren únicas, conjuntas o alternativas.

— Debe haber acuerdo escrito del acusado y su defensor, ratificado ante el juez de control de la instrucción en la audiencia de preparación del juicio oral.

—La conformidad con el procedimiento abreviado implica aceptación de los hechos materia de la acusación y de los antecedentes de la instrucción que la fundaren.

Reunidos los requisitos indicados, la causa es fallada en la audiencia de preparación del juicio oral.

Se explicó que el procedimiento abreviado es un procedimiento de acuerdo, lo que significa reconocimiento por cuenta del acusado de los hechos. El acusado renuncia al juicio oral.

La situación de hecho que da lugar al procedimiento abreviado, que, habitualmente, es la confesión, se puede dar en cualquier tipo de pena.- Alguien puede confesar un delito que merezca pena perpetua.- En esos casos, por razones de garantía, se hace el juicio, aunque parezca ocioso.- Algunas veces resultará beneficioso para el acusado, porque, generalmente, habrá cierto acuerdo en el cual el fiscal limita su petición de pena.- El juez nunca podrá imponer una pena mayor que la que pide el fiscal.

Aquí, el imputado acepta que los antecedentes reunidos por el fiscal son ciertos, en general. El juez tiene que indagar dentro de esos antecedentes y, sobre la base de ellos, puede absolver.- Lo único que se hace es que, por vía del consentimiento del imputado, en el fondo, se está volviendo al sistema actual, al sistema de sumario.

Se aprobó en los términos indicados.

El artículo 468 se refiere a la oportunidad en la cual puede solicitarse el procedimiento abreviado: al cierre de la investigación o, verbalmente, en la misma audiencia de preparación del juicio oral. En este último caso, el fiscal y el acusador particular, si lo hubiere, pueden modificar su acusación, así como la pena requerida, a fin de permitir la procedencia de este procedimiento abreviado.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 469 trata de la oposición del querellante y del actor civil.

El primero puede oponerse a la tramitación abreviada del procedimiento. El segundo, no.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 470 regula la intervención previa del juez de control de la instrucción, con el fin de asegurarse de que el acusado ha prestado su conformidad al procedimiento abreviado en forma libre y voluntaria, de que conoce su derecho a exigir un juicio oral, que entiende los términos del acuerdo y sus consecuencias, y, de modo especial, que no ha sido objeto de coacciones ni de presiones por parte del fiscal o de terceros.

Resuelto lo anterior, puede dar curso a la solicitud.

Se aprobó en los términos indicados.

El artículo 471 indica las resoluciones que debe dictar el juez, según dé o no dé lugar al procedimiento abreviado.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 472 fija el trámite por seguir una vez que se ha dado lugar al procedimiento abreviado.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 473 se refiere al fallo que habrá de dictarse, precisando que la pena no podrá ser superior a la requerida por el fiscal o el querellante, en su caso.

En todo caso, la sentencia condenatoria no podrá expedirse fundada sólo en diligencias policiales.

El procedimiento abreviado no obsta al otorgamiento de alguna medida alternativa a las penas privativas de libertad.

La sentencia no se pronunciará sobre la demanda civil interpuesta, la que se podrá deducir nuevamente ante el tribunal civil competente.

El artículo 474 indica el contenido o menciones de la sentencia.

Se aprobó con modificaciones. En la letra a), se reemplazó la expresión “del acusador particular o adhesivo” por “por los intervinientes”.

El artículo 475 dispone que, en contra de la sentencia que se dicte por el juez de control de la instrucción en el procedimiento abreviado, procede el recurso de casación.

Se comentó que, al ser único el juez de control, cabría el recurso de apelación. Se trajo a colación la legislación de Guatemala, que dice “son apelables las sentencias que emitan los jueces de primera instancia, que resuelvan el procedimiento abreviado”.

El argumento que se dio en la Comisión, al señalar que la apelación no procedía, fue que el tribunal era colegiado.

Se acordó reemplazar este artículo por el siguiente: “La sentencia definitiva dictada por el juez de control sólo es impugnable por apelación y por casación ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Estos recursos se interpondrán conjuntamente, el uno en subsidio del otro”.

Título IV. Procedimiento relativo a personas que gozan de fuero constitucional.

Comprende los artículos 476 al 484.

Párrafo 1º. Diputados y Senadores.

El artículo 476 señala, como regla general, acorde con lo preceptuado en el artículo 58 de la Constitución, que, para proceder criminalmente en contra de un Diputado o Senador, es necesario que, previamente, la Corte de Apelaciones respectiva, en pleno, declare que ha lugar a formarle causa.

Con ocasión de este precepto, se expresó que este sistema, similar al vigente, no corresponde a los precedentes históricos de la institución del desafuero. Hay muy buenas razones para opinar que no debe ser el Poder Judicial el que entre a pronunciarse sobre el desafuero de diputados y senadores. En definitiva, dar el desafuero de diputados y senadores al Poder Judicial no significa más que confiar siempre la materia a éste. No se transforma, realmente, en el sentido que tiene la institución, que es un antejuicio para ver si la persona que goza la calidad política pública de diputados y senadores será objeto de un juzgamiento jurisdiccional.- Por eso, el derecho comparado, el derecho político, en general, tiene establecido, como fórmula, desde muy antiguo, el desafuero.- Se trata de que sean los propios pares los que se pronuncien sobre la materia.- Se acaban de ver algunos casos en Argentina y en Italia.- Hay distintos países en que la experiencia revela que es el propio Parlamento el que determina si uno de sus miembros debe ser sometido a juzgamiento jurisdiccional.- Además de ser un tema de alta política, es un tema jurídico relevante.

Quedó claro, en todo caso, que cambiar las normas propuestas requiere de una modificación constitucional. Estas normas desarrollan, de alguna manera, las que establece la actual Constitución.

Se aprobó con modificaciones, con el objeto de redactar el precepto en forma asertiva y de adecuarlo a las diferentes instancias del nuevo proceso penal, sin perjuicio de dejar pendiente el debate para ver si existe el propósito de resolver esta materia de modo diferente.

El artículo 477 se refiere a la obligación del ministerio público de remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva, a fin de que, si hallare mérito, haga la declaración pertinente.

Si el delito es de acción privada, es el querellante el que debe ocurrir ante la Corte de Apelaciones.

Se aprobó con modificaciones formales.

El artículo 478 dispone que en contra de la resolución que declara haber lugar a la formación de causa se puede apelar ante la Corte Suprema.

Una vez firme, se comunica a la Cámara a que perteneciere el imputado.

Se aprobó con modificaciones y adecuaciones formales.

El artículo 479 se pone en el caso del parlamentario detenido in fraganti, caso en el cual el ministerio público debe ponerlo inmediatamente a disposición de la Corte de Apelaciones, con copia del registro de las diligencias que hubiere practicado y que sean conducentes para resolver el caso.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 480 prohíbe realizar actuaciones mientras no se declare haber lugar a la formación de causa.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 481 señala los efectos de la resolución que no da lugar a la formación de causa. El ministerio público debe proceder a archivar provisionalmente los antecedentes.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 482 se pone en el caso de que exista pluralidad de sujetos implicados. En tal caso, se sigue el procedimiento con ellos.

Se aprobó como se propuso.

Párrafo 1º. Intendentes y Gobernadores.

Como cuestión previa, cabe mencionar que la normativa propuesta no se ajustaba a la Constitución de 1980, razón por la cual vuestra Comisión procedió a efectuar las enmiendas pertinentes, para adecuarla a lo dispuesto en su artículo 113.

En definitiva, este párrafo quedó reducido a dos artículos.

El artículo 483 dispone que, para poder seguir un procedimiento por crimen o simple delito en contra de un Intendente o Gobernador, es necesario que, previamente, la Corte de Apelaciones respectiva, reunida en pleno, declare que ha lugar a la formación de causa.

El artículo 484 hace aplicable, para estos casos, el procedimiento que rige para el desafuero de Diputados y Senadores.

Se aprobaron en los términos indicados.

Título V. De la querella de capítulos.

Comprende los artículos 485 al 492.

En general, la querella de capítulos tiene por finalidad hacer efectiva la responsabilidad criminal de los jueces y fiscales por actos que hubieren ejecutado en el ejercicio de sus funciones e importen una infracción penada por la ley. Se trata, por lo tanto, de delitos ministeriales, o sea, no rige para los delitos comunes, como sucede con el fuero que tienen los parlamentarios y los intendentes y gobernadores.

Se observó que había una diferencia central.- La querella de capítulos se refiere sólo a los delitos ministeriales y los fueros se refieren a todos los delitos.- O sea, los jueces no tienen fuero por los delitos comunes.- Los Diputados y los Senadores sí lo tienen, así como los Intendentes y Gobernadores.- El ámbito es distinto.

Todos estos artículos fueron aprobados en los términos propuestos.

Título VI. De la extradición.

Comprende los artículos 493 al 513.

Párrafo 1º. De la extradición activa.

Con objeto de concordar las normas propuestas con los últimos tratados de extradición suscritos por Chile, se procedió a reformular varios de los artículos propuestos en este título.

El artículo 493 dispone que la extradición activa procederá cuando en la tramitación de un procedimiento penal estuviere comprometido un individuo que se encontrare en país extranjero.

Para que se pueda pedir, es necesario que el delito tenga señalada en la ley una pena superior a un año y que se haya formalizado la instrucción en contra del imputado.

En tal caso, el fiscal debe pedir al juez de control que eleve los antecedentes a la Corte Suprema, a fin de que declare si procede la petición de extradición.

Se explicó que la exigencia de que el delito tenga asignada una pena privativa de libertad que exceda de un año ha provocado problemas prácticos de interpretación en cuanto a que muchos delitos tienen un rango que va de sesenta a quinientos cuarenta y un días. La duda es si se trata de la pena mínima o de la pena máxima.

Para obviar el problema, se acordó que debe tratarse de un delito que tenga señalada en la ley pena privativa de libertad cuya duración mínima no sea inferior a un año. En el tercer inciso, después de “ejecutar”, se agregó “en el país”.

Se aprobó con las enmiendas indicadas.

El artículo 494 regula la tramitación de la formalización de la acusación, respecto del imputado rebelde, ante el juez de control de la instrucción. El imputado es representado por un defensor público.

Al término de la audiencia, el juez se pronuncia sobre la solicitud de extradición y sobre el cumplimiento de los requisitos legales que hacen procedente la prisión preventiva.

Este artículo se pone en la situación del sujeto que se fue al extranjero antes de que se formalizara la instrucción.- El artículo anterior, en cambio, se refiere al sujeto respecto del cual se formalizó la instrucción, tras lo cual se fue al extranjero.

Se aprobó con la supresión de la frase “Sólo en los casos en que se solicite la extradición”.

El artículo 495 regula la tramitación de la solicitud de extradición ante la Corte Suprema.

Se aprobó con modificaciones. La Corte Suprema no está obligada a solicitar la detención del imputado; puede hacerlo cuando el juez de control de la instrucción hubiere comprobado la concurrencia de los requisitos que hacen procedente la prisión preventiva.

Si se la obligara a pedir la detención, podría incluso frustarse el objeto de la extradición. Hay países que tienen un plazo provisional de detención mientras se formaliza la extradición.- Después de detenerse a la persona, si no hay plazo suficiente para poder legalizar los documentos, traducirlos y presentarlos formalmente y expira el plazo de detención, la persona puede fugarse, no siendo posible volver a detenerla.

El artículo 496 establece que, finalizada la vista de la causa, la Corte Suprema resolverá, en auto fundado, si debe o no debe solicitarse la extradición, para lo cual deberá tener en consideración lo que digan los tratados celebrados.

Hubo consenso en no utilizar la expresión “refugiados”, porque implica el principio de no extradición y en hacer una mención genérica de los tratados vigentes, sean bilaterales o multilaterales.

Se explicó que, normalmente, la jurisprudencia chilena, al hablar de los principios generales del derecho internacional, se está refiriendo a las fuentes supletorias del derecho internacional, que no son los tratados, o sea, a las normas que están contenidas en la costumbre internacional y en los principios generales del derecho.- Pero esto está definido claramente en la jurisprudencia nacional y en la jurisprudencia internacional.-

Se aprobó con las enmiendas indicadas.

El artículo 497 se refiere al fallo que acoge la solicitud de extradición y la forma de llevarla a efecto a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se aprobó con modificaciones. En el inciso segundo, se acordó que debía acompañarse no sólo copia de la formalización de la instrucción sino, en general, de todos los antecedentes que le hubieren dado mérito, porque la primera puede ser muy escueta y no decir nada para el tribunal extranjero o para el organismo extranjero al que se pide la extradición.- Lo correcto sería señalar copia de los antecedentes que hubieren dado mérito a la formalización de la instrucción.

El artículo 498 se refiere a la tramitación del fallo que acoge la solicitud de extradición.

Se aprobó con modificaciones. En el inciso primero, se agregó “si fuere el caso”, porque hay varios convenios con países en que no es necesario legalizar documentos.-

El artículo 499 se pone en la situación de la extradición declarada improcedente o no concedida, casos en los cuales se devolverán los antecedentes al tribunal, a fin de que proceda según corresponda.

Se aprobó con modificaciones. En el encabezamiento, se agregó “o no concedida”. Se eliminó la palabra “refugiado”.

El artículo 500 dispone que, si hubiere varios imputados, unos en el extranjero y otros presentes, se sigue el procedimiento respecto de éstos, sin perjuicio de la extradición de los primeros.

Se aprobó en los términos indicados.

Párrafo 2º. De la extradición pasiva.

El artículo 501 señala los requisitos que hacen procedente la extradición de individuos que se encontraren en el territorio nacional.

Se requiere que estén imputados de un delito o condenados a una pena privativa de libertad superior a un año.

La solicitud respectiva, a través del Ministerio Público, junto con sus antecedentes, se transmite a la Corte Suprema.

Se señaló que en la extradición pasiva hay que atenerse básicamente a lo establecido en los tratados, porque se trata de un tribunal extranjero que está pidiendo una extradición en Chile.

Se llamó la atención, además, sobre el hecho de que la norma, tal como está redactada, no aclara si se trata de la pena mínima o de la pena máxima.

Se aprobó con modificaciones. Se precisó que la pena debe tener una duración máxima no inferior a un año y que la petición y sus antecedentes deben ponerse en conocimiento de la Corte Suprema y el ministerio público.

El artículo 502 indica que el tribunal de primera instancia que debe conocer de la solicitud de extradición es un ministro de la Corte Suprema.

Para materializar esta idea, se modificará, en su oportunidad, el Código Orgánico de Tribunales, que es el que contiene las normas sobre organización y atribuciones de los tribunales.

Ese cometido, en la actualidad, corresponde al Presidente de ese Tribunal.

Un ministro de la Corte Suprema, con apelación ante la propia Corte, como solución, permite que varios ministros pueden conocer de estas causas y no solamente uno.- Una de las razones que favorece esta proposición es que hay otra disposición del Código Orgánico que le da competencia a un ministro de la Corte Suprema para investigar asuntos que comprometen las relaciones internacionales.

Como consecuencia de las enmiendas introducidas en el artículo anterior, se eliminó la frase “El Presidente de la Corte pondrá en antecedentes de la solicitud de extradición al ministerio público con el objeto de que se realicen las investigaciones que correspondan”.

Se aprobó en los términos indicados.

El artículo 503 se refiere a la investigación que debe realizar el ministerio público.

Se aprobó con modificaciones.

La letra c), que obliga a acreditar si el sindicado como imputado hubiere cometido o no el delito que se le atribuye, fue reemplazada por otra que tiene por finalidad acreditar si concurren a su respecto los requisitos para formalizar instrucción.

Se expresó, sobre el particular, que no era función de la Corte ni del ministerio público hacer un juicio de culpabilidad completo de la persona antes de conceder la extradición. La extradición es una especie de juicio de mérito: determina si tiene o no tiene fundamento la petición de extradición para que el otro tribunal la juzgue.- No tiene sentido acreditar si es culpable o inocente.

El artículo 504 regula la declaración del sujeto imputado, trámite considerado esencial en el procedimiento de extradición.

Se aprobó con modificaciones, con el fin de hacer referencia a un ministro de la Corte Suprema.

El artículo 505 permite solicitar la prisión preventiva u otras medidas cautelares personales respecto del individuo cuya extradición se solicita, a petición del Estado requirente.

Se aprobó con modificaciones. Después de la expresión “se requiriere”, se agregó “o se fuere a requerir”, porque hay algunos tratados que habilitan para pedir una prisión anterior a la formalización de la extradición.- Es lo que podría suceder en este caso.- Normalmente, son sesenta días los que se establecen en esos tratados. Se reemplazó “Presidente” por “Ministro”.

El artículo 506 establece el cierre de la investigación, una vez concluida la investigación, lo que el ministerio público comunicará al Presidente de la Corte Suprema.

Se aprobó con el cambio de la palabra “Presidente” por “Ministro”.

El artículo 507 se refiere a la audiencia de extradición.

Se aprobó con el reemplazo de la palabra “Presidente” por “Ministro”.

El artículo 508 dispone que el fallo debe dictarse dentro de quinto día de finalizada la audiencia.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 509 radica en la Corte Suprema la segunda instancia.

Se aprobó con modificaciones. Se señala expresamente que se puede apelar de la sentencia para ante la Corte Suprema.

El artículo 510 dispone que, ejecutoriada la sentencia que concede la extradición, el Presidente de la Corte Suprema pondrá al sujeto a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores, para su entrega al agente diplomático que hubiere solicitado la extradición.

Se aprobó con modificaciones. Se cambia la palabra “Presidente” por “ministro”, y se intercala la expresión “del país” después de diplomático.

El artículo 511 dispone que, si se deniega la extradición, aun cuando la sentencia no esté ejecutoriada, se procederá a decretar el cese de la prisión preventiva o de cualquier otra medida cautelar personal que se hubiere decretado.

Ejecutoriada, se pondrá en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines pertinentes.

Se aprobó con modificaciones. Se cambió la palabra “Presidente” por “ministro”.

El artículo 512 contempla el desistimiento del gobierno requirente, evento en el cual se procede a sobreseer definitivamente la causa.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 513, nuevo, establece un procedimiento de extradición simplificado, para el evento de que la persona requerida exprese su conformidad en ser entregada al Estado solicitante, caso en el cual se procederá de la forma prevista en el artículo 510.

Para dar lugar a este procedimiento, se requiere que la persona, con asistencia letrada, ante el ministro que conoce de la causa y luego de ser informada de sus derechos a un procedimiento formal de extradición y de la protección que éste le brinda, exprese su voluntad de ser entregada al Estado requirente.

Se aprobó en los términos indicados.

Título VII. Procedimiento para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad.

Comprende los artículos 514 al 525.

La normativa que se propone tiende a dotar de un mínimo de garantías a las medidas de seguridad que pueden aplicarse a los inimputables que hayan cometido delito o que caigan en enajenación mental durante el proceso. Para su procedencia, deben cumplirse ciertos requisitos mínimos, como acreditar la existencia del hecho punible y que se realice una audiencia ante el juez.-

Esto se considera indispensable, porque en Chile ha habido una triste tradición de encierros de imputables de forma arbitraria.- Hoy en día, el juez del crimen puede encerrar al imputable por períodos indefinidos, sin siquiera haber acreditado que cometió el delito.

Si bien ha habido cierto avance con la reforma del año 1989, todavía no se establecen los requisitos elementales.- La política del Ministerio de Justicia ha sido sacar a los enfermos mentales que están en la cárcel y llevarlos a hospitales especializados.- Son enfermos mentales que no pueden ser procesados; por lo tanto, están amparados por la presunción de inocencia y, pese a ello, están encerrados, en virtud de órdenes judiciales, en recintos penitenciarios.

En el contexto del proceso penal, si el imputado es demente, el juez sobresee la causa y puede decretar su internación con el solo informe de peligrosidad emitido por psiquiatras. Pero, fuera del proceso penal, las autoridades de salud están en condiciones de decretar la internación de una persona sin control judicial, normativa esta última que no es objeto de enmiendas y que habría que revisar.

Párrafo 1°. Disposiciones generales.

El artículo 514 dispone que la aplicación de una medida de seguridad a un enajenado mental en el proceso penal sólo puede fundarse en la constatación de un hecho típico y antijurídico y siempre que existieren antecedentes calificados que permitan presumir que atentará contra sí mismo o contra otras personas.

Son dos los requisitos. La existencia de un hecho típico y antijurídico, y antecedentes de peligrosidad.

Se acordó dejar constancia de que sólo en el caso de que la persona sea un peligro, o que atentará gravemente contra sí misma o contra otras personas, se puede internar.

Se hizo presente que la norma en análisis no hace otra cosa que reiterar el principio de la reserva legal y que la aplicación de medidas de seguridad es contraria a todo ordenamiento garantístico moderno. Los ordenamientos modernos no imponen sanciones ni restringen la libertad de las personas por el riesgo.

Este Código no es el llamado a determinar cómo se tratará a un enfermo mental. Lo que el Código pretende es dar una respuesta a quienes son objeto de una imputación penal, en caso de que tengan una enfermedad mental.

Si una persona no ha cometido un hecho típico y antijurídico y no es extremadamente peligrosa, se recurrirá a la legislación sanitaria, la que habrá que revisar, mantener o perfeccionar, para que disponga las respuestas del ordenamiento. [37]

Se aprobó con una modificación, tendente a aclarar que la norma es sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Sanitario.

El artículo 515 dispone la aplicación supletoria de las normas relativas al procedimiento ordinario para la aplicación de las medidas de seguridad.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 516 establece las medidas de seguridad que pueden imponerse al enajenado mental, según la gravedad del caso. Ellas son la internación en un establecimiento psiquiátrico o su custodia y tratamiento.

La internación se lleva a efecto en la forma y condiciones establecidas en la sentencia.

Cuando se disponga la custodia y tratamiento, se entrega al enajenado mental a su familia, a su guardador, o a alguna institución pública o particular de beneficencia, socorro o caridad. El tribunal fijará en la sentencia las condiciones de la custodia y controlará que se realice el tratamiento. [38]

Se expresó que, en el caso del enajenado mental, el Estado no puede condenar, por no ser aquél responsable de sus actos. El Estado tiene que dar un tratamiento que tiene que ser mejor que el que le da a la persona normal. En consecuencia, debe tener, para internarlo, los mismos requisitos que tiene para una persona normal, más otros que lo favorezcan.

En el derecho comparado, por ejemplo, en EE.UU., existe otra norma de internación no penal, muy restrictiva, que se aplica tanto a los locos como a los alcohólicos. El juez civil puede decretar la internación de una persona que se encuentre en estado de enajenación mental, cuando ha perdido el mínimo control de sus facultades, estado de exaltación extremo, o cuando existe peligro de que atente contra sí mismo o contra terceros. Pero en cuanto recupera su autocontrol, tiene que salir del recinto.

Se aprobó con modificaciones. Se intercaló un inciso segundo del siguiente tenor: “En ningún caso la medida de seguridad podrá llevarse a cabo en un establecimiento carcelario. Si la persona se encontrare recluida, será trasladada a una institución especializada para realizar la custodia, el tratamiento o la internación. Si no lo hubiere en el lugar, se habilitará un recinto especial en el hospital público más cercano”.

Párrafo 2º. Sujeto inimputable por enajenación mental.

El artículo 517 regula la situación del imputado enajenado mental, del cual se sospechare su inimputabilidad por tal circunstancia, para lo cual debe solicitarse el informe psiquiátrico correspondiente.

En tal caso, el juez ordena la suspensión del procedimiento hasta tanto no se remita el informe, sin perjuicio de continuar el proceso con los demás coimputados, si los hubiere.

Se aprobó con modificaciones. Después de “correspondiente”, se agregó: “explicitando la conducta punible que se investiga en relación a éste”.

El artículo 518 indica que los derechos del imputado enajenado mental serán ejercidos por un curador designado al efecto, sin perjuicio de la intervención del defensor que se hubiere nombrado. Si careciere de él, se le designará un defensor público.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 519 regula la actuación del ministerio público respecto del imputado enajenado mental. Según las diferentes situaciones que pueden presentarse, puede pedir el sobreseimiento definitivo o temporal o, si estimare que, sin perjuicio de la extinción de la responsabilidad cabe una medida de seguridad, pedir que se proceda con arreglo a las normas de este título.

El ministerio público, necesariamente, debe terminar su investigación para declarar si hay un hecho típico o antijurídico. Esto tiene una doble necesidad. Desde el punto de vista psiquiátrico, es relevante para la biografía de la persona que se esclarezcan los hechos que suscitaron el proceso.- Además, está el tema de las garantías.- Toda persona tiene el legítimo derecho de aspirar a que en un proceso se la dote de garantías para que se establezcan los hechos.- No es lo mismo terminar un proceso penal, diciendo que es un inimputable, a que el proceso termine y se demuestre que ese inimputable fue objeto de violencia por parte de la persona que asesinó.- Entonces, se estaría en presencia de una legítima defensa.-

El problema se produce después. ¿Qué se hace con esa persona? Si reviste peligrosidad, de acuerdo a los criterios establecidos, es el propio fiscal quien puede solicitar una medida de seguridad.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 520 establece el procedimiento por seguir cuando el fiscal solicita una medida de seguridad para el imputado enajenado mental respecto del cual concurre una causal de extinción de responsabilidad penal.

Su solicitud debe contener las menciones del escrito de acusación, sin que pueda pedir la aplicación del procedimiento abreviado o la suspensión condicional del procedimiento, en caso alguno.

El querellante, por su parte, puede acompañar los antecedentes demostrativos

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 521 dispone que, si el juez de control de la instrucción determina que los antecedentes no permiten establecer con certeza la inimputabilidad, dispondrá que se formalice la acusación, la cual podrá contener peticiones subsidiarias relativas a la imposición de medidas de seguridad.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 522 consagra ciertas reglas especiales de procedimiento, como que no puede seguirse el juicio conjuntamente con sujetos que no fueren enajenados mentales; que no habrá declaración judicial del imputado, si ello fuere imposible; que el juicio se realizará a puerta cerrada sin la presencia del imputado, y que la sentencia absolverá o dispondrá una medida de seguridad.

La disposición, en sí, está establecida como una medida de protección del enfermo mental, por estimarse que exigirle que interactúe con las personas que no son enfermas mentales puede ponerlo en situaciones que no corresponden. Habrá juicio oral, de todas maneras.-

Se aprobó con modificaciones. En la letra d) se eliminó la frase “en el primer caso, ordenará la libertad sin condiciones del imputado”.

El artículo 523 permite la internación provisional del imputado durante el procedimiento.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 524 se refiere a la acción civil, para el caso de que el procedimiento penal no pueda seguirse por enajenación del imputado.

Se distinguen, al efecto, dos situaciones. Si se interpuso, la sentencia debe pronunciarse sobre ella. Si no se interpuso, sólo puede ser ejercida ante el tribunal civil competente.

Se aprobó en los términos propuestos.

Párrafo 3º. Imputado que cae en enajenación durante el procedimiento.

El artículo 525 se pone en el caso del imputado que cae en enajenación durante el procedimiento.

En tal caso, el juez decreta el sobreseimiento temporal del procedimiento hasta que desapareciere la incapacidad, o el sobreseimiento definitivo, si se tratare de una enajenación mental incurable.

Se aprobó con modificaciones. En el primer inciso, después de “decretará”, se agregó “previo informe psiquiátrico”.

Título VIII. Ejecución penal y civil.

Comprende los artículos 526 al 533.

Párrafo 1°. Ejecución de sentencias condenatorias penales y civiles.

El artículo 538 del proyecto original, que impone al juez que dictó la sentencia controlar la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas en ella, pasó a formar parte de la disposición primera transitoria, junto con el inciso segundo del artículo 11, por tratarse de normas que habrán de regir mientras no se creen los jueces especiales para la ejecución de las sentencias criminales.

En Chile, no hay juez de ejecución penal. Mientras no lo haya, la ejecución será supervigilada por el juez que dicta la sentencia.

Sobre el particular, se destacó la existencia de criterios dispares de política carcelaria entre el juez y el director de Gendarmería, o el Gobierno, lo cual es una situación bastante compleja, porque quien maneja el establecimiento penitenciario es el Gobierno.

A lo anterior, se agregó que el defecto del sistema actual es su inconstitucionalidad. La Constitución no permite que la ejecución de la sentencia sea encomendada a la administración.

El artículo 526 se refiere a la ejecución de las sentencias condenatorias penales, la que sólo procede cuando éstas están ejecutoriadas, y al procedimiento para darles cumplimiento, atendida la naturaleza de las penas y medidas decretadas.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 527 regula el comiso de los instrumentos y efectos del delito, que se puede decretar en cualquier momento, si no se hizo en la sentencia, mientras existieren especies en poder del tribunal.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 528 se refiere al destino de las especies decomisadas, las que deben ponerse a disposición de Fisco. Junto con ello, señala el destino de los dineros y otros valores decomisados y de las especies corruptibles o perecibles.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 529 trata de las especies retenidas y no decomisadas, a disposición del tribunal y que no fueren reclamadas, y su destino.

Se aprobó como se propuso.

El artículo 530 impone a los jueces del crimen la obligación de presentar a la respectiva Corte de Apelaciones un informe detallado sobre el destino dado a las especies que hubieren sido puestas a disposición del tribunal.

Se aprobó en la forma propuesta.

El artículo 531 se refiere a la ejecución de la decisión civil de la sentencia, la que se regirá por las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil.

Se aprobó como se propuso.

Párrafo 2º. Ejecución medidas de seguridad.

El artículo 532 se refiere a la duración y control de las medidas de seguridad impuestas al enajenado mental.

Como principio general, se dispone que sólo pueden durar mientras subsistan las condiciones que las hicieron necesarias y, en ningún caso, más allá de la sanción restrictiva o privativa de libertad que hubiere podido imponérsele o del tiempo de la pena mínima probable, según el caso.

Se acordó dejar constancia de que la normativa propuesta es sin perjuicio de lo que establezca el Código Sanitario sobre el particular.

Se aprobó en los términos propuestos.

El artículo 533 regula la situación del condenado que cae en enajenación mental después de dictada la sentencia, caso en el cual no se cumple la pena impuesta y se dispone por el tribunal la medida de seguridad que corresponda.

Se aprobó en los términos propuestos.

Disposiciones transitorias.

La primera, relativa a la supervisión de la ejecución de las condenas, dispone que labor, tanto respecto de las penas como de las medidas de seguridad, corresponderá a los tribunales que las hubieren decretado, mientras no se establezcan tribunales especializados.

Recoge, con adecuaciones, la materia contenida en el inciso segundo del artículo 11 y la del artículo 538 del proyecto original.

Se aprobó en los términos propuestos.

La segunda, sobre aplicación de las disposiciones del Código previene que ellas sólo regirán para los delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia, lo que es coincidente con lo que establece la disposición trigesimasexta