SANTIAGO, OCTUBRE 15 DE 1990

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

ESTABLECE NUEVAS NORMAS SOBRE ESTATUTO DOCENTE. BOLETÍN Nº 182-04

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS:

Es necesario enfrentar los desafíos de la realidad educacional de una manera diversa a como se hizo en el pasado. Ayer, la preocupación principal fue hacer crecer la cobertura educacional. Hoy, es necesario incentivar la calidad y la equidad en la educación chilena.

La educación pre-básica, básica y media manifiesta problemas en la calidad y nivel de los aprendizajes que en ella se obtienen y en la persistencia de situaciones de desigualdad en la distribución de sus beneficios entre los diversos sectores de la población.

Existe consenso general en que la atención a los problemas de la calidad y equidad en la educación debe constituir el eje central de la política educacional del gobierno y debe inspirar la colaboración del sector privado en la enseñanza. A este efecto, el gobierno está empeñado en diversos planes e iniciativas que atacan el problema desde diversos ángulos.

El Gobierno que presido ha iniciado un programa de emergencia de mejoramiento de la calidad de la educación en 969 escuelas básicas de zonas de pobreza. La educación pre-básica es objeto de diversos programas que apuntan a extender su cobertura, a través de diversas modalidades, y a mejorar la calidad de su atención. Ha mejorado la asistencialidad escolar y en particular la alimentación a los alumnos en situación de pobreza ha experimentado aumentos significativos en el número de raciones y en el valor nutritivo de las mismas.

En los próximos meses y durante el año 1991, se iniciarán diversos programas que apuntan a optimizar en el mediano plazo la calidad y el logro de equidad en la educación. Habrá nuevos esfuerzos por extender y mejorar la atención parvularia, un amplio programa de mejoramiento de calidad para el conjunto de las escuelas básicas subvencionadas por el Estado, apoyo a proyectos de innovación educativa, atención a los más urgentes problemas de la educación técnico-profesional, etc. Asimismo, se realizarán estudios y un debate nacional informado acerca del sentido y destino de las diversas modalidades de la educación media, a fin de proceder a una reforma global de este nivel que cuente con un amplio consenso nacional.

La función docente tiene un conjunto de peculiaridades de las que no ha dado cuenta suficiente la legislación, no obstante que el anterior Estatuto Administrativo, Decreto con Fuerza de Ley Nº 338, de 1960, se vio obligado a dedicarle un título especial, que en 1978 se estableció por decreto ley una Carrera Docente de corta vigencia y que en el gobierno anterior se dictó la Ley Nº 18.602, que pretendió, a nuestro parecer sin mucho éxito, reparar la falta de reconocimiento de las especificidades del trabajo docente particularmente agravadas por el sometimiento de todo el profesorado a las normas generales de la ley laboral común.

Dentro de este marco se hace absolutamente necesario enfrentar los problemas que afectan al profesorado, ya que sin un mejoramiento de la condición docente, ninguna política de elevación de la calidad de la enseñanza puede realizarse a plenitud, ni tampoco podría hablarse de equidad en la educación mientras persistan las fuertes desigualdades en la forma como la sociedad chilena retribuye el esfuerzo de los educadores. No se debe olvidar que el profesor de aula es el alma de cualquier sistema educacional.

Es así, como el proyecto de ley que se inicia en este mensaje busca, en primer lugar, incentivar la profesionalización en el ejercicio de la labor docente.

Un conjunto de situaciones, algunas históricas y de larga data y otras de origen más reciente, han dificultado la efectiva constitución del trabajo docente como profesión. A menudo se le ha tratado como trabajo funcionario y como una función técnico-operativa, en ambos casos subordinado a decisiones políticas, administrativas o profesionales ajenas a la práctica docente misma. La depreciación profesional del trabajo docente ha sido uno de los factores que más ha contribuido al deterioro de la educación. La ley misma no ha contribuido a una definición profesional de la docencia y se ha orientado más bien a su inserción administrativa o la ha tratado como un trabajo asalariado sin especificidad.

El Gobierno entiende, que el ejercicio de la profesión docente debe reunir las siguientes características:

a) dominio apropiado de una competencia técnica, sobre bases de conocimiento científico y teórico alcanzables sólo en una formación de nivel superior;

b) reconocimiento de la sociedad acerca del papel de interés público que cumple la profesión y las consiguientes retribuciones de orden simbólico y material;

c) responsabilidad de los miembros de la profesión respecto a su desempeño en el campo que la sociedad les confía;

d) autonomía en el ejercicio de la función, a partir de la confianza en la competencia adquirida y en constante perfeccionamiento, dentro del marco de las disposiciones legales, y de lo establecido en los proyectos educativos de los respectivos establecimientos educacionales.

En concordancia con lo anterior este proyecto establece el perfeccionamiento docente como instrumento esencial para asegurar una buena prestación del servicio docente. Instituye también diversas formas de participación, las cuales involucran a los profesionales de la educación, a los padres y apoderados, y a la propia comunidad, a través de mecanismos como los Consejos Provinciales de Educación, los cuales incentivan la preocupación social por el quehacer educativo, dentro de la concepción de que éste es una tarea de todos.

En segundo lugar, el Estatuto de la Profesión Docente es un instrumento para mejorar la calidad de la educación, mediante la creación de condiciones profesionales y laborales que faciliten un ejercicio más óptimo de la docencia, y proporcionar una estabilidad laboral mayor que la actual que sea compatible con una administración descentralizada, flexible y responsable de los establecimientos educacionales.

El Estatuto reconoce, clarifica y estimula la existencia y el desarrollo de los sectores educacionales "público" o "municipal" y "privado" o "particular'', dando al trabajo docente que en éstos se realiza, una regulación jurídica acorde con la racionalidad institucional de cada uno de ellos. Por esto se establece una "carrera docente" para el primer sector, y un "contrato docente" para el segundo. Esta regulación jurídica armoniza el ejercicio de la libertad de enseñanza con el ejercicio de un rol activo del Estado en el quehacer educacional.

En el sector municipal, esto se garantiza por medio de una "carrera docente" de carácter nacional y comunal a la vez, construida a partir del concepto de dotación del artículo 27º de este proyecto de ley. A dicha carrera se ingresa por concurso público de antecedentes, y se egresa de ella sólo por causa legal. Es una carrera de carácter comunal por cuanto se ingresa a una dotación comunal y a un establecimiento de una comuna a la vez. Sin embargo, se trata también de una carrera de carácter nacional, con una remuneración básica mínima para cada nivel y con asignaciones válidas ante todas las municipalidades del país.

Además, los Departamentos Provinciales de Educación tienen la atribución de objetar la fijación y adecuación de las dotaciones del sector municipal, cuando ellas se hagan en contravención a los parámetros técnicos señalados en este proyecto. El mecanismo de objeción del artículo 30º, está diseñado de tal manera que no burocratiza ni rigidez a la administración educacional; pero evita arbitrariedades en ésta.

En cambio, en el sector particular este punto se encuentra garantizado por el contrato docente, especialmente por disposiciones como la del artículo 70º, el cual establece una indemnización adicional especial para desincentivar los despidos injustificados durante el año laboral docente.

Por otra parte, el Estatuto mejora las situaciones remuneracionales más deterioradas de los profesionales de la educación, introduciendo la remuneración básica mínima nacional, la cual es complementada con un sistema de asignaciones en el sector municipal y con el mecanismo de la negociación colectiva en el sector particular.

El sistema tiene como punto de partida la remuneración básica mínima nacional, la cual es el producto resultante de multiplicar el valor mínimo de la hora cronológica fijado por ley, por el número de horas docentes por las cuales se haya designado o contratado a cada profesional de la educación. Dicha remuneración beneficia a todos los docentes del país.

En el sector municipal, sobre dicha remuneración se fijan cuatro asignaciones: de experiencia, de perfeccionamiento, de desempeño difícil y la de responsabilidad docente directiva y técnico-pedagógica. Las dos primeras son de carácter permanente y constituyen la columna vertebral de la carrera docente. La de experiencia implica un incremento del 100% de la remuneración básica mínima nacional a los treinta años de servicios, mediante un sistema de bienios. La de perfeccionamiento puede significar un incremento de hasta un 40% por sobre la remuneración señalada.

El Estatuto busca, además disminuir las diferencias excesivas para acceder a una educación de calidad óptima. Por ello establece una asignación de desempeño difícil, la cual incentiva remuneracionalmente el trabajo docente en establecimientos de lugares marginales o aislados, mediante un incremento de hasta un 30% de la remuneración básica mínima nacional. Esta asignación beneficia tanto a los profesionales de la educación del sector municipal como a los del sector particular subvencionado.

Se concede también un beneficio de carácter previsional, para facilitar la jubilación de profesores con más edad y con más años de servicios, con el objeto de que se genere una mayor movilidad en el conjunto del sistema.

Por último, los beneficios económicos que este Estatuto establece se otorgarán gradualmente, conforme a las escalas señaladas en el articulado transitorio. Así, se compatibilizan dichos beneficios, necesarios y urgentes, con las limitaciones del erario nacional.

Mi Gobierno ha decidido proponer una legislación estatutaria, que repare las omisiones señaladas, teniendo presente la especificidad de la función docente.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14º de la Ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, señalo a V.E. que los gastos que irroga este proyecto de ley, se desglosan del modo siguiente:

a) Remuneración básica mínima nacional (artículo 42º y 7º transitorio), asignación de experiencia (artículo 48º), asignación de perfeccionamiento (artículo 49º), asignación de desempeño difícil (artículo 50º) y asignación de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica (artículo 51º), en el sector de educación municipal, en la medida que la suma de estos factores supere las remuneración efectivamente pagadas a los profesionales de la educación, al momento de entrar en vigencia este Estatuto;

b) Ingresos mínimos para el sector particular subvencionado (artículo 68º), en la medida que éstos excedan las remuneraciones efectivamente pagadas en este sector de la educación;

c) la bonificación requerida en el inciso segundo del artículo 46º para mantener la remuneración líquida tras el aumento en la imponibilidad de las remuneraciones de los profesionales de la educación del sector municipal.

Es posible estimar, sobre la base de la información recogida por el Ministerio de Educación, que la aplicación plena del Estatuto docente representará un mayor gasto total para los empleadores del sector municipal y particular subvencionado equivalente a 35 mil millones de pesos anuales, cifra que corresponde aproximadamente a un 25% del aporte que actualmente realiza el Estado a la educación subvencionada.

No obstante, en las disposiciones transitorias del proyecto de ley se establece una aplicación gradual de las normas señaladas, con lo que el aumento de costos se distribuirá a lo largo de cinco años. Es así, como se estima que el costo de las normas que entrarían en aplicación en 1991, alcanza aproximadamente a los 9 mil millones de pesos.

La intención del Gobierno es que el aumento de costos de la función educacional, bajo el régimen permanente del Estatuto Docente, pueda financiarse con los recursos aportados a las Municipalidades y sostenedores privados a través del sistema de subvenciones educacionales, manteniendo principios de igualdad y libertad de enseñanza que el Supremo Gobierno se ha empeñado en afianzar. Todo ello sin perjuicio de los aportes adicionales que las Municipalidades y sostenedores estén dispuesto a realizar en favor de sus establecimientos, o de los aportes que realicen los padres a través del régimen de financiamiento compartido.

En tal sentido, el valor de las subvenciones educacionales, una vez completada la transición, deberá verse incrementada en una proporción que lo haga compatible con el incremento promedio de los costos de la función educacional que resulte de la aplicación plena del Estatuto.

Además, durante el período de transición hacia el régimen permanente, el Estado realizará aportes a los establecimientos educacionales adicionales a la subvención general, asegurándose una convergencia hacia el régimen permanente de remuneraciones y financiamiento de la educación. En este contexto el Gobierno tendrá especial preocupación porque la aplicación del Estatuto Docente sea acompañado por una búsqueda permanente de mayor eficiencia en la utilización de los recursos en el sistema educacional.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, el siguiente

PROYECTO DE LEY

TITULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 1º.- Quedarán afectos al presente Estatuto los profesionales de la Educación que prestan servicio en los establecimientos de Educación Pre-Básica, Básica y Media de Administración Municipal o Particular reconocida oficialmente, así como en los establecimientos de educación técnico-profesional administrados por Corporaciones privadas sin fines de lucro, según lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 3.166, de 1980.

Artículo 2º.- Son profesionales de la educación las personas que poseen título de Profesor o Educador, concedido por Escuelas Normales, Universidades, Institutos Profesionales u otros establecimientos legalmente habilitados para este propósito.

Para los efectos de este Estatuto, se entiende también como profesionales de la educación a las personas autorizadas para ejercer la docencia por el Ministerio de Educación, de acuerdo a la normativa vigente.

Artículo 3º.- Este Estatuto normará los requisitos, deberes, obligaciones y derechos de carácter profesional, comunes a todos los profesionales señalados en el artículo 1º, de aquellos profesionales de la educación de establecimientos del sector municipal y el contrato de los profesionales de la educación en el sector particular.

Artículo 4º.- No podrán ejercer labores docentes quienes sean condenados por alguno de los delitos contemplados en los párrafos 1, 4, 5, 6 y 8 del título VIII del Libro Segundo del Código Penal.

TITULO II

ASPECTOS PROFESIONALES

PARRAFO I

FUNCIONES PROFESIONALES

Artículo 5º.- Las funciones de los profesionales de la educación son las siguientes: función docente, función docente-directiva y las diversas funciones técnico-pedagógicas de apoyo.

Artículo 6º.- La función docente es aquella de carácter profesional de nivel superior que se ocupa del diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los procesos sistemáticos de enseñanza y de educación y de las actividades educativas generales y complementarias que tienen lugar en las unidades educacionales de nivel pre-básico, básico y medio.

Artículo 7º.- La función docente-directiva es aquella de carácter profesional que, sobre la base de formación y experiencia docente y de una formación específica para la función, se ocupa de lo atinente a la dirección, supervisión, coordinación y orientación de la educación, y que conllevan tuición y responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, paradocente, administrativo, auxiliar o de servicios menores, y respecto de los alumnos.

Asimismo, esta función debe ocuparse también de la administración, del equipamiento, la infraestructura y la administración financiera de las unidades educativas.

Artículo 8º.- Las funciones técnico-pedagógicas son aquellas de carácter profesional que, sobre la base de una formación y experiencia docente y de una formación específica para cada función, se ocupan respectivamente de los siguientes campos de apoyo o complemento de la docencia: orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de procesos de perfeccionamiento docente y otras que por Decreto reconozca el Ministerio de Educación.

Artículo 9º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:

a) Docencia de aula: la acción o exposición personal directa realizada en forma continua y sistemática por el docente, inserta dentro del proceso educativo. La hora docente de aula será de 45 minutos como máximo.

b). Actividades curriculares no lectivas: aquellas labores educativas complementarias de la función docente de aula las que serán establecidas por un Decreto del Ministerio de Educación.

c) Año laboral docente: es el período comprendido entre el primer día hábil del mes en que se inicia el año escolar y el último del mes inmediatamente anterior a aquél en que se inicie el año escolar siguiente.

PARRAFO II

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO

Artículo 10º.- La formación inicial de los profesionales de la educación se hará en el nivel de educación superior, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

Artículo 11º.- Sin perjuicio de la autonomía académica que corresponde a las instituciones de educación superior, éstas considerarán, en el diseño de los planes y programas de formación de profesores o educadores, áreas de formación general, de formación en una o más disciplinas del conocimiento, de formación pedagógica y de práctica profesional en dichas carreras.

Artículo 12º.- Para ejercer la docencia, los profesionales de la educación, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2º de esta Ley.

Artículo 13º.- Los profesionales de la educación tendrán derecho al perfeccionamiento profesional. Corresponderá al Ministerio de Educación garantizar y contribuir, dentro de los recursos disponibles, al acceso gradual de los profesionales de la educación financiada con fondos públicos a un sistema de perfeccionamiento mínimo vinculado al mejoramiento de la calidad de la educación y a la ampliación de la cobertura del sistema.

Artículo 14º.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nº 18.956, de 1990, el perfeccionamiento profesional ofrecido por el Ministerio de Educación será programado por el Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas y su ejecución podrá ser responsabilidad directa de esta dependencia Ministerial, de instituciones de educación superior o de entidades académicas de reconocida capacidad.

Artículo 15.- En la programación que realice el Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas se considerarán las demandas y necesidades de todos los sectores de la educación tanto pública como privada.

El referido perfeccionamiento tendrá carácter recurrente y descentralizado y deberá contribuir directamente al mejoramiento del desempeño profesional de los docentes, a estimular la innovación y a reforzar los programas tendientes a elevar la calidad de la enseñanza.

Artículo 16º.- El Reglamento establecerá los criterios y mecanismos para aprobar las modalidades y la extensión del perfeccionamiento mínimo señalado en los artículos anteriores, de acuerdo con el financiamiento que se establezca en el Presupuesto de Educación.

PARRAFO III

PARTICIPACION

Artículo 17º.- Los profesionales de la educación tendrán el deber y el derecho a participar con carácter consultivo en el diagnóstico, planeamiento, ejecución y evaluación de las actividades de la unidad educativa correspondiente y de las relaciones de ésta con la comunidad.

Artículo 18º.- En cada establecimiento educacional habrá Consejos de Profesores de carácter consultivo, integrados por personal docente directivo, técnico-pedagógico y docente. Los Consejos de Profesores serán organismos técnicos en los que se expresará la opinión profesional de sus integrantes.

Al mismo tiempo, en los Consejos se encauzará la participación de los profesionales en el cumplimiento de los objetivos y programas de alcance nacional o comunal y en el desarrollo del proyecto educativo del establecimiento.

En todo caso, la Dirección de aquellos establecimientos en donde se haya constituido un Centro de Padres y Apoderados, deberá convocar tanto a éste como a los representantes del Consejo de Profesores a una reunión conjunta de información general y a otra de evaluación, las que deberán efectuarse, respectivamente, dentro de los sesenta primeros días del año escolar y dentro de los últimos sesenta días del mismo.

Artículo 19º.- Sin perjuicio de la libertad de gestión de los sostenedores de establecimientos educativos privados, y de las atribuciones administrativas de los directores de los establecimientos los Consejos de Profesores tendrán carácter consultivo en materias técnico-pedagógicas y cumplirán las funciones de estudio y asesoría en evaluación; planificación y perfeccionamiento que señale el Reglamento. Este fijará además las materias o asuntos en que los Consejos deberán ser escuchados por la Dirección del establecimiento.

Artículo 20º.- Los profesionales de la educación tendrán derecho a participar en procesos de consulta, o a través de sus representantes en los órganos de consulta o asesoría que se establezcan legal o reglamentariamente para proponer políticas educacionales o de administración del sistema educativo en los niveles comunal, provincial, regional o nacional.

Artículo 21º.- Los profesionales de la educación tendrán el derecho a organizarse en asociaciones gremiales de carácter profesional y a que éstas sean reconocidas conforme a la ley, y escuchadas por las autoridades educacionales, tanto en asuntos de políticas y gestión del sistema educativo, en sus diversos niveles, como en los aspectos que afecten directamente el desempeño profesional de sus miembros.

Artículo 22º.- En cada Departamento Provincial de Educación habrá un Consejo de carácter asesor, que tendrá como función asistir al Ministerio de Educación y en particular al jefe del Departamento Provincial, en la adopción de decisiones relativas a la aplicación de políticas educacionales a la situación de cada provincia, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de las diversas autoridades y de la libertad de gestión de los sostenedores de la educación particular.

El Consejo Provincial de Educación estará integrado por el Jefe del Departamento Provincial, que lo presidirá, por representantes del Intendente, por representantes de los sectores Municipal y particular de educación, por directores, profesores y Presidentes de los Centros de Padres y Apoderados de ambos sectores, y por representantes de las organizaciones de empleadores de la provincia.

Un reglamento establecerá las funciones específicas del Consejo, el número y forma de designación o elección de los miembros y sus normas de funcionamiento.

PARRAFO IV

AUTONOMIA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONALES

Artículo 23º.- Los profesionales de la educación que se desempeñen en la función docente gozarán de un ámbito de autonomía en el ejercicio de ésta, sujeta al marco de las políticas, normas generales y disposiciones legales que orientan el sistema educacional, del proyecto educativo del establecimiento y de los programas específicos de mejoramiento e innovación. Esta autonomía podrá ejercerse en:

a) El planeamiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que desarrollarán en su ejercicio electivo y en la aplicación de los métodos y técnicas correspondientes;

b) la evaluación de los procesos de enseñanza y del aprendizaje de sus alumnos, de conformidad con las normas nacionales y las acordadas por el establecimiento;

c) la aplicación de los textos de estudio y materiales didácticos en uso en los respectivos establecimientos, teniendo en consideración las condiciones geográficas y ambientales y de sus alumnos;

d) la relación con las familias y los apoderados de sus alumnos, teniendo presente las normas adoptadas por el establecimiento.

Artículo 24º.- Los profesionales de la educación tendrán derecho a ser asistidos en la defensa que deduzcan contra atentados o agravios de que puedan ser objeto en el desempeño de sus funciones profesionales, sin perjuicio de la defensa que puedan requerir de su respectiva asociación gremial.

Cuando este desempeño sea objeto de una apreciación o evaluación directa, ésta debe ser puesta en su conocimiento. El docente gozará del derecho a recurrir contra una apreciación y evaluación que estime injustificada.

Las quejas o denuncias contra un educador deben ser formuladas por escrito, o en su defecto escrituradas por el funcionario que la reciba, para que sean acogidas por las autoridades y directores de establecimientos. Su texto debe ser conocido por el afectado.

Artículo 25º.- Los profesionales de la educación son personalmente responsables de su desempeño en la función correspondiente. En tal virtud, deberán someterse a los procesos de evaluación de su desempeño y de su unidad educativa. Estos procesos podrán incluir actividades de autoevaluación, de evaluación por los pares, y de evaluaciones por agentes externos del funcionamiento de los establecimientos o del conjunto del sistema. Asimismo, tendrán derecho a participar, a través de sus representantes, en la planificación y diseño de las evaluaciones generales de rendimiento del sistema educativo en todos sus niveles.

Tendrán derecho también a ser informados de los resultados de dichas evaluaciones y de las que se refieran al respectivo establecimiento y/o a su propio desempeño.

TITULO III

DE LA CARRERA DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION DEL SECTOR MUNICIPAL

PARRAFO I

AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo26º.- El presente título se aplicará a los profesionales de la educación que desempeñan funciones en los establecimientos educacionales del sector municipal,

Para estos efectos se consideran "sector municipal" aquellos establecimientos educacionales que dependen directamente de los Departamentos de Educación Municipal de cada Municipalidad, o de las Corporaciones Educacionales creadas por éstas o los que habiendo sido municipales son administradas por Corporaciones Educacionales Privadas, de acuerdo con las normas establecidas en el DFL Nº 1-3.063, de 1980.

PARRAFO II

DEL INGRESO A LA CARRERA DOCENTE

Artículo 27º.- El ingreso a la carrera docente del sector municipal, se realizará por la incorporación a la dotación docente de un Departamento de Administración Educacional del sector. Para. los efectos de esta ley, la dotación docente es el conjunto de profesionales de la educación necesarios para atender el número de horas de trabajo docente, que requiere el funcionamiento de los establecimientos de una comuna.

Artículo 28º.- La dotación docente de cada establecimiento será fijada por el Departamento de Administración Educacional de la Municipalidad respectiva, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley y en su reglamento, debiendo comunicarse cada fijación al Departamento Provincial de Educación correspondiente.

Dicha fijación se hará conforme al número de alumnos del establecimiento por niveles y cursos y según el tipo de educación y la modalidad curricular, cuando éstas sean de carácter especial.

Artículo 29º.- El mismo organismo que fija la dotación docente de un establecimiento deberá realizar en ella, las adecuaciones que procedan, por alguna de las siguientes causales:

1.- Variación en el número de alumnos del plantel.

2.- Modificaciones curriculares establecidas por leyes o decretos.

3.- Cambios en el tipo de educación que se imparte.

4.- Situaciones especiales de un establecimiento.

La adecuación de una dotación docente por las causales señaladas en este artículo se hará conforme a los parámetros técnicos establecidos por el reglamento de la presente ley, debiendo comunicarse, también, al Departamento Provincial de Educación.

Artículo 30º.- Dentro del plazo de 15 días hábiles, tanto la fijación como la adecuación de una dotación podrán ser objetadas mediante una resolución del Departamento Provincial de Educación. En el término de 5 días hábiles, contado desde la notificación de dicha resolución, el Departamento de Administración Educacional Municipal deberá contestar la objeción. Considerando los antecedentes de esta contestación, el Departamento Provincial de Educación emitirá un informe fundado. La dotación objetada deberá ajustarse a lo que indique este informe.

Artículo 31º.- Para ingresar a la dotación de un establecimiento del sector será necesario cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Ser ciudadano.

2.- Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente.

4.- Poseer título de profesor o educador, o estar legalmente habilitado para ejercer como docente.

5.- No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado o procesado por crimen o simple delito.

No obstante, los extranjeros que cumplan con los requisitos de los números 3, 4 y 5 de este artículo, podrán ser autorizados por la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente, para ingresar a la dotación de un establecimiento del sector.

Artículo 32º.- Los profesionales de la educación ingresan a una dotación docente en calidad de titulares o en calidad de contratados.

Son titulares los profesionales de la educación que, con una experiencia docente superior a tres años y previo concurso público de antecedentes, sean designados para integrar una dotación en forma permanente.

Para el ingreso como titular a una escuela rural se requerirá una experiencia docente de un año

Son contratados los profesionales de la educación que ingresan a la dotación de un establecimiento por medio de un contrato. Tendrán calidad de contratados, tanto aquellos que lo sean para desempeñar labores docentes durante los tres primeros años de su ejercicio profesional, como quienes ingresan para desempeñar labores docentes transitorias, optativas, especiales, experimentales, o de reemplazo de titulares.

El contrato del inciso anterior deberá celebrarse por el plazo mínimo de un año, renovable, contado desde el primer día del mes de marzo de un año al último día del mes de febrero del año siguiente. Solamente en el caso de labores docentes transitorias, experimentales o de reemplazos se podrá contratar por períodos inferiores o diferentes al anteriormente señalado.

Artículo 33º.- .El número de contratados de un establecimiento educacional no podrá ser superior al 20% del total de la dotación docente del mismo, a menos que en la localidad donde esté ubicado el establecimiento no haya suficientes docentes que puedan ser integrados en calidad de titulares. Esta situación deberá ser acreditada ante el correspondiente Departamento Provincial de Educación, y será certificado por éste.

Artículo 34º.- El ingreso a una dotación docente en calidad de titular se hará por concurso público de antecedentes, el que será convocado por la Municipalidad respectiva. Dichos concursos deberán ajustarse a las normas de esta ley y su Reglamento, y en subsidio a lo dispuesto en la Ley Nº 18.883.

Artículo 35º.- Los concursos a que se refiere el artículo anterior, deberán ser suficientemente publicitados. Las convocatorias se efectuarán dos veces al año.

Artículo 36º.- En cada comuna se establecerán Comisiones Calificadoras de concursos, de carácter permanente, para cada uno de los siguientes niveles:

a.- Para los cargos docentes directivos y de unidades técnico-pedagógicas.

b.- Para cargos docentes de la enseñanza media; y

c.- Para cargos docentes de la enseñanza básica, las cuales estarán integradas de acuerdo a lo señalado en el artículo siguiente. El Reglamento de esta ley establecerá las normas de constitución y funcionamiento de estas comisiones.

Artículo 37º.- Los concursos de antecedentes para ingresar como titular a una dotación serán realizados con intervención de las comisiones a que se refiere el artículo anterior, las que estarán formadas por:

a) dos integrantes designados por el Departamento Educacional Municipal, uno de los cuales deberá ser un Director de un establecimiento de la comuna y nivel correspondiente a la vacante concursable.

b) un funcionario designado por .el Jefe del Departamento Provincial de Educación, .para cada comuna, el cual deberá ser un profesional de la educación del mismo nivel de la vacante concursable; y

c) un profesional de la educación elegido por todos los docentes del sector municipal de la comuna, debiendo recaer el nombramiento, en todo caso, en titulares del mismo nivel de la vacante concursable que cuenten con una experiencia docente de, a lo menos, tres años en la respectiva comuna.

Para el efecto de facilitar la elección de los integrantes a que se refiere la letra c) de este artículo existirá en cada Departamento Provincial de Educación, una lista de profesores idóneos, la cual se constituirá a partir de propuestas de la entidad gremial de profesionales de la educación con mayor representatividad en la comuna, del conjunto de directores de establecimientos de educación municipal, y del conjunto de Decanos o Directores de las escuelas o facultades universitarias de pedagogía que funcionen en la respectiva provincia o región, si las hubiere.

El Reglamento señalará los procedimientos para la confección de esta lista.

Artículo 38º.-En los concursos para vacantes de cargos docentes directivos y unidades técnico-pedagógicas, los postulantes deberán cumplir los siguientes requisitos especiales:

a) Cargos de Rector, Director o Jefes de Unidades Técnico-Pedagógicas:

- Experiencia docente superior a diez años de servicios, y

- Tener estudios en administración, supervisión, evaluación u orientación educacional

b) Otros cargos docentes directivos y de unidades técnico-pedagógicas:

- Experiencia docente superior a cinco años de servicio, y

- Tener estudios en administración, supervisión, evaluación u orientación educacional.

No obstante, las normas que aquí se señalan, la Comisión Calificadora, podrá declarar desiertos los concursos si los postulantes no cumplen con los requisitos establecidos, o bien, disminuir las exigencia, en conformidad a lo que establezca el Reglamento; considerando el tipo y nivel de establecimientos, su ubicación geográfica y todos los elementos objetivos de los que se pueda disponer.

Artículo 39º.- Los concursos a los cuales convocarán las respectivas Municipalidades serán administradas por su Departamento de Administración de Educación Municipal, organismo que pondrá todos los antecedentes a disposición de la Comisión Calificadora de concursos.

Las Comisiones Calificadoras de concursos, previo análisis de los antecedentes, conformarán una terna con los docentes mejor calificados, considerando el desempeño profesional anterior, los años de servicio y el perfeccionamiento acumulado, emitiendo al efecto un informe fundado. Esta terna será presentada para su resolución a la autoridad municipal competente para hacer la designación de docentes en calidad de titulares.

Artículo 40º.- La dirección de los Departamentos de Administración Educacional Municipal, sea cual fuere su denominación, deberán ser ejercida preferentemente por un profesional de la educación.

PARRAFO III

DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE

Artículo 41º.- Los profesionales de la educación que tengan la calidad de titulares, tendrán derecho a la estabilidad en el cargo mientras no deban cesar por alguna de las causales de expiración de funciones establecidas en este Estatuto.

Artículo 42º.- Los profesionales de la educación tendrán derecho a una remuneración básica mínima nacional para cada nivel del sistema educativo, en conformidad a las normas que establezca la ley, y sin perjuicio de las asignaciones que se fijan en este Estatuto.

Se entenderá por remuneración básica mínima nacional, el producto resultante de multiplicar el valor mínimo de la hora cronológica que fije la ley por el número de horas docentes para las cuales haya sido designado cada profesional.

Artículo 43º.- Los profesionales de la educación tendrán derecho a asistencia médica por accidentes en actos de servicio o enfermedades contraídas en el desempeño de la función, licencias y permisos, de acuerdo a las normas generales y condiciones establecidas en el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.

Artículo 44º.- Para todos los efectos legales, el feriado de los profesionales de la educación será el período de interrupción de las actividades escolares en los meses de enero a febrero. Sin embargo, durante dicha interrupción, podrán ser convocados a realizar actividades de perfeccionamiento hasta por un período máximo de tres semanas. Estas jornadas deberán programarse, en todo caso, a continuación del término del año escolar.

En casos especiales y calificados, el Ministerio de Educación podrá disponer, para una o más regiones, el traslado del feriado legal a otros meses del año calendario.

Artículo 45º.- Los profesionales de la educación podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales, dependientes o relacionados con la misma municipalidad, a solicitud suya o por resolución fundada de la autoridad facultada para hacer la designación, previa consulta del profesional respectivo.

El. o la cónyuge de algún profesional de la educación que haya sido destinado a una localidad distinta de aquella en la cual ambos trabajan como funcionarios del sector público o municipal, tendrá preferencia para ser designado en cargos ubicados en ésta.

Artículo 46º.- Los profesionales de la educación tendrán derecho a que se le efectúen imposiciones previsionales sobre la totalidad de sus remuneraciones, con excepción de las que pudieren percibir por concepto de colación, movilización, asignación familiar o del artículo 19º de la Ley Nº 15.386.

Para que los profesionales de la educación a quienes se aplique esta norma mantengan el monto líquido de sus remuneraciones, éstas deberán ser aumentadas mediante una bonificación que tendrá el mismo carácter de las establecidas en las Leyes Nºs. 18.566 y 18.675 y su monto será determinado por el Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido por el Ministro de Educación y suscrito, por los Ministros de Hacienda y Trabajo y Previsión Social.

La base de cálculo de las pensiones de los profesionales de la educación a quienes beneficie esta norma y que estuvieren acogidos al régimen de Previsión de la ex-Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, actual Instituto de Normalización Previsional, se determinará en la misma forma que la establecida para los imponentes que se señalan en el artículo 15º de la Ley Nº 18.675, sin perjuicio de que se considerará que han efectuado imposiciones sobre la totalidad de las remuneraciones desde el 1º de enero de 1988, para dar cumplimiento a lo establecido en la letra c) del mencionado artículo 15º.

PARRAFO IV

DE LAS ASIGNACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL DOCENTE

Artículo 47º.- Los profesionales de la educación del sector municipal gozarán de las siguientes asignaciones: de experiencia, de perfeccionamiento, de desempeño en condiciones difíciles, y de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica. Además, las municipalidades podrán establecer, con fondos propios, asignaciones especiales de incentivo profesional.

Artículo 48º.- La asignación de experiencia consistirá en un porcentaje bienal, que se aplicará sobre la remuneración básica mínima nacional, que determine la ley por cada dos años de servicio docente debidamente acreditados, con un tope y monto máximo de un 100% de la remuneración básica mínima nacional para aquellos profesionales que totalicen 30 años de servicio.

Los aumentos porcentuales de cada incremento bienal serán de un 60% en los primeros10 bienios y de un 8% en los últimos cinco bienios.

El reglamento especificará el procedimiento para la acreditación de los bienios.

El tiempo computable para los efectos de percibir esta asignación corresponderá a los servicios prestados en la Educación Pública Particular.

Artículo 49º.- La asignación de perfeccionamiento buscará la superación técnico-profesional del educador y consistirá en un monto máximo de 40% de la remuneración básica mínima nacional del personal que cumpla con los requisitos siguientes:

a) Haber aprobado cursos reconocidos por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas o cursos o carreras de post-título o de post-grado académico en instituciones de educación legalmente reconocidos o convalidados, ponderando especialmente aquellos estudios directamente ligados a la función que se desempeña;

b) Haber cumplido cinco años de servicios docentes;

El Reglamento deberá establecer un sistema de puntaje para efecto de determinar el porcentaje de la asignación de perfeccionamiento que se reconoce, considerando especialmente las horas de duración de cada curso, actividad o carrera, el nivel académico respectivo, el grado de relación con el desempeño del profesional, y la disponibilidad de recursos del Fondo de Perfeccionamiento.

Artículo 50º.- La asignación por desempeño en condiciones difíciles, corresponderá a los profesionales de la educación que ejerzan sus funciones en establecimientos que sean calificados como de desempeño difícil por razones de ubicación geográfica, marginalidad, extrema pobreza u otras características análogas. Esta asignación podrá alcanzar hasta un 30% calculada sobre la remuneración básica mínima nacional correspondiente.

Los criterios para determinar que un establecimiento sea declarado de desempeño difícil y se dé así origen al pago de la asignación por desempeño en estas condiciones a su personal son los siguientes:

a) Aislamiento geográfico: distancia y/o dificultades de transporte y comunicación respecto a centros urbanos de importancia administrativa, económica y cultural;

b) Ruralidad efectiva: aquellas que obligan al profesor a residir en la escuela o en su cercanía, en un medio ambiente propiamente rural; o

c) El especial menoscabo o particular condición del tipo de población atendida: alumnos y comunidades en situación de extrema pobreza urbana, dificultad de acceso o inseguridad en el medio urbano, alumnos o comunidades bilingües o biculturales.

El reglamento deberá fijar los grados en que se presentan las condiciones referidas y sus equivalencias en porcentajes de la asignación, además de los procedimientos correspondientes.

Corresponderá a cada municipalidad proponer los establecimientos cuyo personal tiene derecho a percibir esta asignación, así como establecer los grados de desempeño difícil y los consiguientes montos de la misma, conforme a las normas del Reglamento de la presente ley. Realizada dicha determinación, la Municipalidad deberá confeccionar una lista de los establecimientos calificados como de desempeño difícil por orden de prioridad y la presentará a la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva. Este organismo procederá a determinar los establecimientos de desempeño difícil conforme a las políticas nacionales y regionales a las propuestas de los Municipios y a la disponibilidad del fondo destinado al pago de esta asignación.

Artículo 51º.- La asignación de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica corresponderá a los profesionales de la educación que sirvan los cargos superiores de dicha naturaleza y alcanzará hasta un monto máximo equivalente al 20% y 10% de la remuneración básica mínima nacional, respectivamente.

Para determinar el porcentaje cada administración municipal deberá tener en cuenta la matrícula, y la jerarquía interna de los cargos docentes directivos y técnico-pedagógicos de la dotación de cada establecimiento.

Artículo 52º.- Los profesionales de la educación que presten sus servicios en cualquier establecimiento educacional del sector municipal, tendrán derecho a conservar los porcentajes de las asignaciones de experiencia y perfeccionamiento al pasar a desempeñarse en otra localidad.

No obstante, las asignaciones de desempeño en condiciones difíciles y de responsabilidad directiva o técnico-pedagógica solamente se mantendrán si el nuevo empleo da derecho a su cancelación.

PARRAFO V

DE LA JORNADA DE TRABAJO

Artículo 53º.- La jornada de trabajo de los profesionales de la educación se fijará en horas cronológicas de trabajo semanal.

Esta jornada no podrá exceder de 44 horas cronológicas.

Artículo 54º.- .El profesional de la educación que tenga una designación de 44 horas cronológicas semanales, no podrá ser objeto de contratos o nombramientos adicionales, y aquél nombrado por un horario inferior sólo podrá completar ese máximo, sea en establecimientos del sector municipal o privado subvencionado.

Artículo 55º.- La jornada semanal del personal docente se conformará por horas de docencia de aula y horas de actividades curriculares no lectivas.

La hora docente de aula tendrá una duración máxima de 45 minutos.

Los docentes que tengan nombramiento de 44 horas cronológicas deberán realizar como máximo equivalente a 33 horas cronológicas en docencia de aula y el horario restante se utilizará en actividades curriculares no lectivas.

Las jornadas por menor número de horas cronológicas serán distribuidas de manera que resulte una proporción similar a la establecida para las 44 horas cronológicas.

La docencia de aula efectiva que realicen los docentes con 30 o más años de servicios, se podrá reducir a un máximo de 24 horas, debiendo asignarse el resto de su horario a actividades curriculares no lectivas.

Tratándose de docentes que cumplan funciones en jornadas nocturnas, su horario no podrá sobrepasar la medianoche, salvo que se trate de docentes que hubieren sido contratados para cumplir labores de internado.

PARRAFO VI

DEBERES Y OBLIGACIONES FUNCIONARIAS DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION

Artículo. 56º.- Los profesionales de la educación estarán obligados a desempeñar sus funciones de acuerdo al número de horas para los cuales han sido designados, en el establecimiento respectivo y sólo podrán ausentarse en caso de licencias, permisos o feriados.

Artículo 57º.- Para el cumplimiento de la evaluación contemplada en el artículo 25º de este Estatuto, el Reglamento establecerá un sistema de calificaciones del personal afecto al presente Título.

En el referido sistema de calificaciones, se deberán medir, de manera objetiva, los siguientes aspectos:

a) Responsabilidad profesional y funcionaria.

b) Perfeccionamientos realizado.

c) Calidad de desempeño.

d) Méritos excepcionales, y

e) Relaciones humanas y capacidad de integración en el establecimiento.

El Reglamento deberá estipular la composición de las comisiones calificadoras, la incorporación a ellas de representantes de los profesionales del respectivo establecimiento y/o función que corresponda, así como la definición de la autoridad o comisión de apelaciones. Del mismo modo el Reglamento fijará los procedimientos, plazos, periodicidad y demás detalles técnicos del sistema de calificaciones.

Artículo 58º.- El personal al cual se aplica este título no estará afecto a ninguna de las normas sobre negociación colectiva establecidas en el Código del Trabajo o en leyes especiales, no pudiendo tampoco declararse en huelga ni paralizar sus labores.

PARRAFO VII

TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION

Artículo 59º.- Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, pueden dejar de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales:

a) Por renuncia voluntaria;

b) Por falta de probidad, conducta inmoral grave u otras causales que los hagan acreedores a una medida disciplinaria expulsiva, adoptada por un sumario;

c) Por supresión de horas, de cursos o de cargos causada por reducción de la dotación a que pertenecen, conforme a lo señalado en el artículo 28º de esta ley;

d) Por término del período por el cual se efectuó el contrato;

e) Por jubilación;

f) Por fallecimiento; y

g) Por deficiente desempeño profesional conforme a lo dispuesto en el Reglamento de esta ley.

A los profesionales de la educación que terminen una relación laboral por las causales de las letras a), c) y d) se les considerará su experiencia y su perfeccionamiento en posteriores concursos para ingresar a otra dotación, o para reingresar a la misma.

Artículo 60º.- En caso de término de la relación laboral por aplicación de la causal de la letra c) del artículo precedente, el docente afectado que no cumpla con los requisitos para acogerse a jubilación tendrá derecho a gozar de una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio, con un máximo de seis. Dicha indemnización no será imponible ni constituirá renta para ningún efecto legal.

Artículo 61º.- La causal de la letra c) del artículo 58 se aplicará a los docentes que sirvan las horas o cursos que se deban suprimir. Si ello no fuere precisado, dicha causal se aplicará en primer lugar a los docentes contratados, y en segundo lugar a los que tengan menos años de servicio y menos perfeccionamiento acumulado.

TITULO IV

DEL CONTRATO DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION EN EL SECTOR PARTICULAR

PARRAFO I

NORMAS GENERALES

Artículo 62º.- La relaciones laborales entre los docentes y los empleadores educacionales del sector particular pagado y subvencionado serán de Derecho Privado, y se regirán por las normas. del Código del Trabajo y sus disposiciones complementarias en todo aquello que no esté expresamente establecido en este título.

PARRAFO II

DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO Y DE LAS MODIFICACIONES LEGALES A ESTE

Artículo 63º.- Sin perjuicio de lo que el Código del Trabajo dispone sobre las estipulaciones mínimas de todo contrato de trabajo, el regulado en este título deberá contener especialmente las siguientes:

a) Descripción de las labores docentes que se encomiendan.

b) Determinación de la jornada semanal de trabajo, diferenciándose las funciones docentes de aula de otras actividades contratadas.

c) Lugar y horario para la prestación de servicios.

El tiempo que el docente utilice en un mismo día para trasladarse de un establecimiento a otro en virtud de una misma relación laboral, se considerará trabajado para todos los efectos de esta ley, y el costo de movilización será de cargo del empleador. Ambas circunstancias deberán señalarse expresamente.

d) Duración del contrato, el que podrá ser de plazo fijo, de plazo indefinido o de reemplazo.

El contrato a plazo fijo no podrá extenderse por períodos superiores a un año, pudiendo renovarse en conformidad a lo dispuesto en el Código del Trabajo. El contrato de reemplazo es aquel en virtud del cual un docente presta servicios en un establecimiento para suplir transitoriamente a otro con contrato vigente que no pueda desempeñar su función, cualquiera que sea la causa. Deberá establecerse el nombre del docente que se reemplaza y la causa de su ausencia.

Este contrato, salvo estipulación en contrario, durará por el período de ausencia del profesional reemplazado.

Si durante el año laboral docente termina el contrato de un profesional de la educación, el empleador tendrá derecho a contratar a otro por el resto del mismo.

Artículo 64º.- La jornada semanal de trabajo de quienes ejerzan labores docentes, no podrá exceder de 44 horas cronológicas. La docencia de aula semanal de estos profesionales de la educación no podrá exceder de 33 horas cronológicas. El horario restante será destinado a labores curriculares no lectivas. Cuando la jornada de trabajo contratada fuere inferior a 44 horas semanales, el máximo de clases quedará determinado por la proporción respectiva.

La hora docente de aula tendrá una duración de 45 minutos.

Tratándose de docentes que cumplan funciones en jornada nocturna su horario no podrá sobrepasar la medianoche, salvo que se trate de aquéllos que hubieren sido contratados para cumplir labores de internado.

Las disposiciones de este artículo se aplicarán solamente a los contratos docentes celebrados entre profesionales de la educación y establecimientos educacionales particulares subvencionados.

Artículo 65º.- El personal docente hará uso de feriado legal de acuerdo a las normas establecidas en articulo 44º de la presente ley.

Artículo 66º.-Los establecimientos educacionales particulares dictarán reglamentos internos, los que deberán considerar a lo menos:

a) Normas generales de índole técnico-pedagógicas, incluyendo las relativas al Consejo de Profesores.

b) Normas técnico-administrativas sobre estructura y funcionamiento general del establecimiento.

c) Normas de prevención de riesgos, de higiene y de seguridad.

Artículo 67º.- Todo contrato vigente al mes de diciembre se entenderá prorrogado por lo meses de enero y febrero, siempre que el docente tenga más de seis meses continuos de servicio para el mismo empleador.

Artículo 68º.- El valor de la hora pactado en los contratos no podrá ser inferior al valor hora mínimo nacional vigente fijado por ley.

Artículo 69º.- Los profesionales de la educación del sector particular subvencionado gozarán de la asignación establecida en el artículo 50º de esta ley, si el establecimiento en el cual trabajan es calificado como de desempeño difícil conforme a lo señalado en el mismo artículo.

Para estos efectos, dichos establecimientos deberán postular ante el correspondiente Departamento Provincial de Educación, el cual efectuará la proposición a que se refiere el inciso final del artículo 50º de esta ley, consultando la opinión del Consejo Provincial de Educación respectivo.

PARRAFO III

DE LA TERMINACION DEL CONTRATO

Artículo 70º.- Si una sentencia judicial declara injustificada la terminación de un contrato avisada por el empleador al docente durante los meses de marzo a noviembre inclusive, condenará al empleador a cancelar, además de otras indemnizaciones que legalmente le correspondan en cada caso, las remuneraciones que el profesional debería haber recibido desde el día del término efectivo de su trabajo hasta el 28 de febrero del año siguiente.

Esta indemnización adicional será incompatible con el derecho establecido en el artículo 67.de esta ley.

PARRAFO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 71º.- Los profesionales de la educación del sector particular tendrán derecho a negociar colectivamente conforme a las normas del Código del Trabajo.

Artículo 72º.- Derógase la ley Nº 18.602 y sus modificaciones posteriores.

Artículo 73º.- El presente Estatuto regirá a partir desde el 1º de marzo de 1991.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo 1º.-No obstante lo estipulado en el artículo 46º de esta ley, a los profesionales de la educación que se acogieron a la opción establecida en el artículo 4º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1-3063, de 1980 de Interior, sustituido por el artículo 15º de la Ley Nº 18.196 y que por efectos de los establecido en el inciso 3º del artículo 2º transitorio de la mencionada ley Nº 18.196, tienen como remuneración imponible la que disfrutaban al momento del traspaso, la mayor imponibilidad que represente para ellos la aplicación de este artículo, se les efectuará gradualmente de acuerdo con la siguiente escala:

A partir del 1º de marzo de 1991, las imposiciones se efectuarán sobre las mismas remuneraciones imponibles vigentes al 28 de febrero de 1991.

A partir del 1º de marzo de 1992, se aplicará la siguiente escala gradual respecto de quienes tenían 26 o más años de servicios o imposiciones al 1º de marzo de 1991:

1.- 1º de marzo de 1992: 25% de la diferencia entre las remuneraciones efectivas y las imponibles al 28 de febrero de 1991;

2.- 1º de marzo de 1993: 50% de la diferencia, entre las remuneraciones efectivas y las imponibles al 28 de febrero de 1991;

3.- 1º de marzo de 1994: 75% de la diferencia entre las remuneraciones efectivas y las imponibles al 28 de febrero de 1991; y

4.- 1º de marzo de 1995: 100% de la diferencia entre las remuneraciones efectivas y las imponibles al 28 de febrero de 1991.

A los profesionales de la educación a quienes se aplica esta norma y que tenían menos de 26 años de servicios o imposiciones al 1º de marzo de 1991, se les continuará efectuando las imposiciones sobre las mismas remuneraciones imponibles vigentes al 28 de febrero de 1991. No obstante, a medida que vayan cumpliendo 27 o más años de servicios o imposiciones, se les aplicará la misma escala gradual aquí señalada, hasta completar un 100% de imposiciones sobre las remuneraciones efectivas, en un lapso de cuatro años a partir desde del 1º de marzo siguiente a la fecha en que hayan cumplido dicho número de años de servicios o imposiciones.

En todo caso, los profesionales de la educación a que se refiere el inciso primero de este artículo, y que a la fecha de entrada en. vigencia, cumplan con todos los requisitos para jubilar establecidos en el decreto ley Nº 2448, de 1979, en el decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1960, y en la ley Nº 18.834, de 1990, y que se acojan a jubilación dentro de un plazo de 120 días contado desde esa fecha, se les considerará, para los efectos del cálculo de su jubilación, que han efectuado imposiciones sobre la totalidad de sus remuneraciones efectivas a partir del 1º de enero de 1988.

Artículo 2º.- Dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de esta ley, las personas jurídicas de derecho privado constituidas en conformidad al Decreto con Fuerza de Ley Nº 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, deberán entregar a las Municipalidades correspondientes, la administración de los establecimientos educacionales que les fueron traspasados, sin perjuicio de que posteriormente se puedan formalizar nuevos convenios compatibles con la presente ley.

Un decreto de los Ministerios de Interior y de Educación, establecerá el procedimiento para efectuar dicha entrega.

Artículo 3º.- Dentro del plazo de 60 días contado desde la entrada en vigencia de esta ley, los Departamentos de Administración Educacional Municipal deberán fijar las dotaciones correspondientes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 28º de la presente ley

Los profesionales de la educación que reúnan las condiciones de titularidad para integrar una dotación, serán asignados a ella en dicha calidad, prefiriéndose a aquellos con más años de servicios. Los restantes se integrarán en calidad de contratados, en la dotación del mismo establecimiento o serán integrados a la dotación de otros establecimiento de la comuna.

En el mismo plazo señalado, los Departamentos de Educación Municipal deberán llamar a concurso público para llenar las respectivas dotaciones de docentes directivos de los establecimientos de la comuna, que hayan ingresado por otra vía, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 34º y siguientes de esta ley.

Para los efectos de la primera fijación de dotaciones a que se refiere este artículo, el Departamento Provincial de Educación del Ministerio de Educación, en conformidad a lo establecido en el artículo 30º de esta ley, podrá objetar aquellas dotaciones fijadas por los departamentos municipales de educación cuando correspondan a un número de horas de docencia que exceda de las que fueron contratados en el mes de marzo del año1990, en el conjunto de los establecimientos educacionales de la comuna.

Artículo 4º.- El cambio del régimen jurídico que signifique la aplicación de esta ley, respecto de los profesionales de la educación regidos a la fecha de su entrada en vigencia por las normas del Código del Trabajo, y que sean incorporados a una dotación docente, no importará término de la relación laboral para ningún efecto, incluidas las indemnizaciones por años de servicios que pudieren corresponder a tal fecha.

El pago de beneficios indemnizatorios que correspondan al personal referido, se entenderá postergado hasta el cese de los servicios en la respectiva entidad empleadora, cuando éste otorgue derecho a percibirlo. En tal caso, la indemnización respectiva se determinará computando sólo el tiempo servido hasta la fecha de cambio de régimen a que se refiere el inciso anterior y las remuneraciones que estuviere percibiendo el personal de la educación a la fecha del cese.

Artículo 5º.- La entrada en vigencia de esta ley, en ningún caso, implicará disminución de las remuneraciones de los profesionales de la educación del sector municipal que, actualmente, sean superiores a las que se fijen en conformidad al presente Estatuto.

En el caso de profesionales de la educación de este sector con remuneraciones superiores, y para los efectos de hacer la adecuación de sus remuneraciones vigentes a lo dispuesto en esta ley, el total de la remuneración que actualmente perciben, se ajustará conforme a las siguientes normas: En primer lugar se imputará una cantidad a lo que corresponda por remuneración básica mínima nacional. Lo que reste se imputará a lo que corresponda por el pago de las asignaciones de experiencia, de perfeccionamiento, y de responsabilidad docente directiva o técnico-pedagógica. Si efectuado lo anterior permaneciere una diferencia, ésta podrá imputarse a las asignaciones especiales de origen municipal, señaladas en el artículo. 47º de esta ley.

Artículo 6º.- Las remuneraciones y beneficios establecidos por esta ley para los profesionales de la educación deberán alcanzar el total de sus valores correspondientes dentro de los cinco años siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, y de acuerdo a las normas de gradualidad establecidas en los artículos siguientes.

Artículo 7º.-E l valor mínimo de la hora cronológica para los profesionales de la educación pre-básica, básica y especial, será de $ 1.700 mensuales.

El valor mínimo de la hora cronológica para los profesionales de la educación media científico-humanista y técnico-profesional, será de $1.800 mensuales.

El valor mínimo de la hora cronológica para los profesionales de la educación de adultos se determinará de acuerdo al nivel en que desempeñen sus labores docentes.

Artículo 8º.-La asignación de experiencia establecida en el artículo 48º de esta ley para los profesionales de la educación del sector municipal se aplicará y pagará con base en los bienios de servicio docente que se acrediten conforme al inciso final de este artículo y da acuerdo a la siguiente escala gradual:

1.- Durante 1991: 50% del monto que le correspondería por cada bienio debidamente acreditado.

2.- Durante 1992: 60% del monto que le correspondería por cada bienio debidamente acreditado.

3.- Durante 1993: 90% del monto que le correspondería por cada bienio debidamente acreditado.

4.- A partir de 1994: se aplicará íntegramente lo dispuesto en el artículo 48º de esta ley.

Dentro de los 9 meses siguientes a la dictación de esta ley, los profesionales de la educación de una dotación acreditarán ante el Departamento de Administración Educacional del Municipio correspondiente, por medio de certificados fidedignos emanados de las Municipalidades respectivas o del Ministerio de Educación los años de servicios docentes servidos en la educación municipalizada o en educación fiscal en el período anterior al traspaso de los establecimientos. Para el caso del reconocimiento, para estos efectos, de los años de servicios docentes servidos en la educación particular se considerarán las actividades docentes realizadas a partir de 1980 en establecimientos que tengan el carácter de cooperadores de la función educacional del Estado, lo que se acreditará con certificado del director o sostenedor del establecimiento, conjuntamente con otros antecedentes públicos, como certificados de instituciones de previsión o planillas de subvención visadas por el Ministerio de Educación.

El reconocimiento de bienios se realizará por resolución municipal fundada, la que será remitida al Ministerio de Educación por la vía del Departamento Provincial respectivo, el que tendrá un plazo de 30 días para revisar y, eventualmente objetar dicha resolución, en cuyo caso el Ministerio procederá a dictar una resolución ministerial fundada. Las resoluciones municipales no objetadas dentro de dicho plazo se darán por aprobadas.

El reconocimiento de los bienios anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se efectuará teniendo en consideración las horas efectivamente trabajadas en servicios docentes.

Artículo 9º.- La asignación de perfeccionamiento establecida en el artículo 49º se aplicará en la forma que determine la presente ley y su reglamento a partir de los años 1993 y 1994, en los cuales la asignación de perfeccionamiento a que se tenga derecho alcanzará a un máximo de un 20% del monto correspondiente a la remuneración básica mínima nacional. A partir de 1995, el monto de la asignación alcanzará hasta un máximo de un 40% de dicha remuneración básica mínima nacional para quienes cumplan con los requisitos correspondientes y conforme a los recursos disponibles para esta asignación.

Durante los años 1991 y 1992 se otorgará a los profesionales de la educación municipal, un bono anual de $10.000.- de cargo fiscal, que será destinado al pago de cursos y actividades de perfeccionamiento conforme al procedimiento que se establezca por decreto supremo del Ministerio de Educación.

Artículo 10º.- La asignación por desempeño en condiciones difíciles, establecida en el artículo 50º de la presente ley, se otorgará a un máximo de un 25% de los establecimientos educacionales del país, de acuerdo a la siguiente tabla de gradualidad:

1.- Durante los años 1991 y 1992: hasta un 25% del monto total señalado en el artículo 50º de esta ley;

2.- Durante el año 1993: hasta un 50% del monto total señalado en el artículo 50º de esta ley;

3.- Durante el año 1994: hasta un 75% de dicho monto, y

4.- A partir del año 1995: hasta un 100% de dicho monto, según la disponibilidad del fondo destinado al pago de esta asignación.

Artículo 11º.La asignación de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica establecida en el artículo 51º, se cancelará a partir de 1991, calculándose sobre la remuneración básica mínima nacional, en la forma y condiciones señaladas en dicho artículo.

Artículo 12º.- El personal que se desempeña en establecimientos técnico-profesionales administrados según el decreto ley Nº 3.166, se regirán por las disposiciones del contrato docente establecidas en el Título IV de esta ley.

Artículo 13º.- Las disposiciones de los artículos 54º y 64º, sobre jornada de trabajo, se aplicarán a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y solamente a los contratos que se celebren con posterioridad a dicha fecha.

Artículo 14º.- En el caso de los profesionales de la educación pre-básica, las disposiciones del Título III y del artículo 68º del Título IV, de esta ley, sólo se aplicarán a aquellos que se desempeñen en niveles de dicha educación que puedan dar origen a subvención del Estado conforme a la legislación respectiva.

Artículo 15º.- Durante los años 1991 y 1992 se otorgará a los profesionales de la educación particular subvencionada, un bono anual de $ 10.000.- de cargo fiscal, que será destinado al pago de cursos y actividades de perfeccionamiento conforme al procedimiento que se establezca por decreto supremo del Ministerio de Educación.

Artículo 16º.- El Presidente de la República dictará el Reglamento de la presente ley, dentro de los 180 días siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial."

Dios guarde a,V.E.

Fdo): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República.- Ricardo Lagos Escobar, Ministro de Educaci6n.- Pablo Piñera Echeñique, Ministro de Hacienda Subrogante".

INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIAS Y TECNOLOGIA, DEPORTES Y RECREACION RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NUEVAS NORMAS SOBRE ESTATUTO DOCENTE

BOLETIN N° 182-04

HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación, pasa a informaros el proyecto de ley que "Establece nuevas normas sobre Estatuto Docente", originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

Para el despacho de esta iniciativa el Jefe del Estado ha hecho presente la urgencia calificándola de simple. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto por el artículo 27 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, esta Cámara cuenta con un plazo de 30 días corridos para terminar la discusión y votación del proyecto, a contar desde el 17 de noviembre en curso, por ser el día 16 del mismo mes la fecha de la sesión en que se dio cuenta en la Sala de la calificación efectuada por el Primer Mandatario.

Durante el estudio de este proyecto, la Comisión recibió el parecer de las siguientes personas:

1º.- Don Ricardo Lagos Escobar, Ministro de Educación;

2°.- Don Raúl Allard Neumann, Subsecretario de Educación;

3°. Don Pedro Henríquez Guajardo, Jefe de la Dirección de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación;

4°.- Don Mauricio Morales Díaz, asesor jurídico del Ministerio de Educación;

5°.- Doña Susana Arancibia Torres, profesora investigadora del Ministerio de Educación;

6°.- Don Carlos Marín, representante de los Directores de Establecimientos Educacionales dependientes de la Dirección de Educación Municipal de la Municipalidad de Santiago;

7°.- Don Baldemar Cortés Carabantes en representación de la Unión Gremial de Educadores;

8°.- Don Miguel. Ríos, Rector del Liceo Valentín Letelier;

9°.- Don Gastón Cárcamo, Rector del Liceo de Aplicación;

10.- Don Osvaldo Verdugo Peña, Presidente del Colegio de Profesores;

11.- Material de Educación de la Quinta Región; Don Rodrigo González Torres, Secretario Regional Ministerial;

12.- Don Rubén Uribe y doña Berta Moncada en representación de la Comunidad de Educadores Cristianos;

13.- Don Sergio Gajardo Delgado, en representación del Colegio de Profesores de la IX Región;

14.- Doña Sara Phillippi Izquierdo, Gerente de la Sociedad Protec-tora de la Infancia;

15.- Doña Inés Aravena Baehr;

16.- Don Servio Cárdenas Miller en representación de la Corpo-ración Municipal de Rancagua;

17.- Don Luis Eduardo Alarcón, en representación del Instituto Libertad y Desarrollo;

18.- Don Orison Moya Díaz en representación de la Corporación Nacional de Colegios Particulares Subvencionados;

19.- Don Lautaro Ramos Guerra en representación de la Comisión Nacional de Profesores Rurales;

20.- Don Egidio Barrera, don Juan Abarca, don Osvaldo Cornejo y don Gustavo Pérez Fueritealba, en representación de 1a Federación de Sindicatos de Colegios Particulares Subvencionados;

21.- Monseñor Faustino Huidobro Martínez, Vicario Episcopal para la Educación y señora Teresa Valenzuela, Secretaria Ejecutiva del Episcopado y Presidenta de la Unión de Profesores Católicos;

22.- Don Luis Ramírez Valle, en representación de los Establecimientos de Educación Particular;

23.- R.P. Fernando Vallejos Mac Quade, de la Congregación de los Sagrados Corazones, Presidente de la Federación de Institutos de Educación Primaria (FIDE Primaria) y Hermano Aldo Passalacqua, de la Congregación de los Hermanos Maristas, Presidente de la Federación de Institutos de Educación Secundaria (FIDE Secundaria);

24.- Don Juan Villalobos Echevarría y don Rafael Prieto Martínez, en representación del Sindicato de Empresas de Trabajadores no Docentes de Quilpué.

ANTECEDENTES GENERALES

a) Según lo señala el Mensaje, en la actualidad se desea enfrentar el problema educacional en forma distinta al pasado, es decir, reemplazar como preocupación principal la ampliación de la cobertura, a la que, según antecedentes recibidos por la Comisión, en el nivel básico se alcanzó el 100%, por un incentivo a la calidad y a la equidad de su entrega.

La razón de lo anterior reside en la circunstancia de que en las educaciones pre básica, básica y media se manifiestan problemas en la calidad y en el nivel del aprendizaje que en ellas se obtiene, además de una persistente situación de desigualdad en la distribución de sus beneficios en los distintos sectores del país.

Con el fin de contrarrestar este problema, el Gobierno ha iniciado un programa de emergencia para mejorar la calidad de la educación en 969 escuelas básicas ubicadas en zonas de pobreza, ha establecido diversas modalidades para extender la cobertura y mejorar la calidad de la educación pre-básica y ha mejorado la asistencia a los escolares, especialmente la alimentación a los alumnos de escasos medios, todo ello sin perjuicio de planes para mejorar y extender la atención parvularia, el apoyo a proyectos de innovación educativa, 1a atención a los problemas de la enseñanza técnico profesional y posibles reformas globales de la enseñanza media encaminadas a reformar su sentido y destino.

b) No obstante, el mismo Mensaje expresa que "sin mejoramiento de la condición docente, ninguna política de elevación de la calidad de la enseñanza puede realizarse a plenitud, ni tampoco podría hablarse de equidad en la educación mientras persistan las fuertes desigualdades en la forma como la sociedad chilena retribuye el esfuerzo de los educadores". Para el legislador, el profesor de aula "es el alma de cualquier sistema educacional".

La función docente presenta un conjunto de peculiaridades y especificidades que no están debidamente contempladas en la legislación, además de que circunstancias de distinta índole han dificultado la efectiva constitución del trabajo docente como profesión, como lo demuestra el hecho de que se la ha considerado como una labor funcionaria o de carácter técnico operativa supeditada a decisiones políticas, administrativas o profesionales ajenas a la docencia. Esta depreciación profesional ha sido uno de los factores de mayor incidencia en el deterioro de la educación.

La consideración de tales circunstancias orienta el primer propósito perseguido por el proyecto, cual es "incentívar la profesionalización en el ejercicio de la labor docente".

c) El mensaje señala, en segundo término, como propósito de la idea de legislar, la de mejorar la calidad de la educación mediante la creación de condiciones profesionales y laborales que faciliten un ejercicio más óptimo de la docencia, como también proporcionar una estabilidad laboral mayor que la actual que sea compatible con una administración descentralizada, flexible y responsable de los establecimientos educacionales.

Como forma de concretar tales propósitos, consagra una carrera docente para el sector público o municipal y un contrato docente para el privado o particular, regulación que está acorde con la racionalidad institucional de cada sector, armonizando, además, la libertad de enseñanza con el rol activo del Estado en el quehacer educacional.

Cabe hacer presente que la carrera docente establecida para el sector municipal, tiene los caracteres de nacional y comunal a la vez, toda vez que se ingresa a ella por concurso público de antecedentes y se egresa sólo por causa legal. El carácter comunal lo da el ingreso a una dotación municipal y a un establecimiento de la comuna a la vez y el nacional el hecho de tener una remuneración básica mínima para cada nivel, más las asignaciones que san válidas ante cualquier municipio del país.

En el caso del sector particular, el propósito estabilizador se contiene en el contrato docente mismo, especialmente en la obligación del pago de una indemnización adicional orientada a desincentivar los despidos sin justificación durante el año laboral.

d) Otra finalidad del proyecto, es mejorar el nivel de las retribuciones más bajas del profesorado, introduciendo la remuneración básica mínima nacional, aplicable a todo el magisterio, complementada en el sector municipal con un sistema de asignaciones y, en el sector privado, con la negociación colectiva.

Las asignaciones son en total cuatro, dos de ellas, las de experiencia y de perfeccionamiento, tienen el carácter de permanentes y constituyen, al decir del Mensaje, la columna vertebral de la carrera docente. La de experiencia implica un incremento del 100% de la remuneración básica al cabo de treinta años de servicios y se implementa mediante un sistema de bienios. La de perfeccionamiento puede significar hasta un 40% de incremento sobre la remuneración básica.

Las otras dos asignaciones son de carácter transitorio, propio de las circunstancias especiales en que se sirve el cargo y son las de desempeño difícil y la responsabilidad docente directiva y técnico pedagógica.

e) También es finalidad primordial del nuevo Estatuto que se propone, el disminuir las diferencias excesivas existentes entre los diversos sectores del país para permitir el acceso a una educación de buena calidad. Tal finalidad pretende obtenerse mediante la asignación de desempeño difícil, la que busca incentivar económicamente a los docentes que desarrollen labores en establecimientos ubicados en sectores marginales o aislados, entregando hasta un 30% adicional sobre la remuneración básica mínima nacional. Dada la naturaleza de este incentivo y su carácter evidentemente circunstancial, favorece tanto al sector público como al particular.

f) Cabe también citar, por su trascendencia, otro propósito perseguido por la iniciativa en cuanto a conceder un beneficio previsional especial para incentivar la jubilación de los profesores con más edad y más años de servicios.

Finalmente, debe señalarse que los beneficios económicos que contempla el proyecto se otorgarán gradualmente entre 1991 y 1995 por la necesidad de compatibilizar su urgencia con las posibilidades de los recursos fiscales.

ANALISIS DEL PROYECTO

Las ideas fundamentales de la iniciativa son las siguientes:

1. Establecer una legislación especial estatutaria por la cual se regirá la profesión docente en el país.

2. Definir lo que debe entenderse por profesionales de la educación.

3. Señalar qué profesionales de la educación quedarán afectos a esta nueva normativa.

4. Precisar quiénes no podrán ejercer labores docentes en el país.

5. Establecer un mecanismo gradual para la aplicación de los beneficios económicos que la iniciativa establece en favor de los profesionales de la educación.

Las ideas matrices que inspiran el proyecto sólo pueden concretarse por medio de una ley, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 N° 20 de la Constitución Política y, en sus aspectos económicos, son de la iniciativa exclusiva del Presidente de 1a República de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62, inciso cuarto, N° 4, de la misma Carta Fundamental.

Tales ideas el proyecto las desarrolla en 73 artículos permanentes y 16 transitorios, encontrándose las disposiciones permanentes distribuidas en cuatro Títulos que tratan de las siguientes materias:

a) Título I, que se refiere a las normas generales ya señaladas al tratar de las ideas matrices del proyecto (artículos 1° a 4°).

b) Título II, que se refiere a los aspectos profesionales y es también de aplicación general. Está dividido en cuatro párrafos que reglan las siguientes materias:

Párrafo I: (artículos 5° a 9°) enumera las funciones de los profesionales de la educación indicando como tales la docente, la docente directiva y las diversas funciones técnico pedagógicas de apoyo. Define tales funciones y los conceptos de docencia de aula, actividades curriculares no lectivas y año laboral docente.

Párrafo II: (artículos 10 a 16) que se refiere a la formación de los docentes señalando que su iniciación deberá efectuarse en el nivel de educación superior y reconociendo el derecho que éstos tienen al perfeccionamiento, correspondiendo al Ministerio de Educación garantizar y contribuir al acceso gradual a sistemas de esta naturaleza.

Párrafo III: (artículos 17 a 22) que se refiere a la participación reconociendo a estos profesionales el derecho y el deber de participar, con carácter consultivo, en el diagnóstico, planeamiento, ejecución y evaluación de las actividades de la unidad educativa a que pertenecen y de las relaciones de ésta con la comunidad. Para los efectos anteriores se establecen los Consejos de Profesores, los que deberán existir en cada establecimiento y tendrán el carácter consultivo señalado.

Se reconoce también el derecho de los profesionales a constituir asociaciones gremiales conforme a la ley, que puedan representarlos ante las autoridades educacionales.

Se establece en cada Departamento Provincial de Educación, un Consejo Provincial, de Educación el que tendrá carácter de asesor y cuya función principal será asistir al Ministerio de Educación en la adopción de decisiones relativas a la aplicación de políticas educacionales acordes a la realidad de cada provincia.

Párrafo IV: (articules 23 a 25) se refiere a la autonomía y responsabilidad profesionales, consagrando la libertad de los docentes en el desempeño de su profesión, pero enmarcando tal libertad dentro de las políticas, normas generales y disposiciones legales que orientan el sistema educacional; los términos del proyecto educativo del establecimiento y los programas específicos de mejoramiento e innovación.

Asimismo, establece la responsabilidad personal del docente en su desempeño, debiendo éstos someterse a los procesos de evaluación de su labor.

c) Título III,: que se refiere a la carrera profesional en el sector municipal.

Se encuentra dividido en siete párrafos que tratan lo siguiente:

Párrafo I: (artículo 26) se refiere al ámbito de aplicación de esta normativa comprendiendo a todos quienes desempeñan funciones en los establecimientos educacionales del sector municipal.

Párrafo II (artículos 27 a 40) trata del ingreso a la carrera docente señalando en sus 14 artículos los requisitos para pertenecer a una dotación docente; condición en que puede efectuarse este ingreso (titular o contratado); definición de lo que se entiende por dotación docente, correspondiendo al Departamento de Administración Educacional del municipio de que se trate fijar su número y efectuar las adecuaciones que procedan; derecho del Departamento Provincial de Educación de objetar, dentro del plazo que se señala, la fijación de la dotación y sus adecuaciones; necesidad de someterse a concurso público para optar a un cargo titular en una dotación docente; requisitos para optar a cargos de titular en los diferentes niveles de la enseñanza y conformación de comisiones calificadoras de concursos para cada nivel.

Párrafo III: (artículos 41 a 46) se refiere a los derechos del personal docente, entre los que se encuentran la estabilidad en el cargo, el derecho a una remuneración básica mínima nacional, al feriado y a la realización de imposiciones por la totalidad de sus remuneraciones.

Párrafo IV: (artículos 47 a 52) que se refiere a las asignaciones especiales, es decir, la de experiencia, la de perfeccionamiento, la de desempeño en condiciones difíciles y la de responsabilidad directiva y técnico pedagógica.

Todas estas asignaciones se calculan sobre la remuneración básica mínima nacional pudiendo alcanzar la primera hasta un 100% de dicha remuneración; la segunda hasta un 40%; la tercera hasta un 30% y la última hasta un 20% ó 10%, según el caso.

Párrafo V: (artículos 53 a 55) que se refiere a la jornada de trabajo. Sus disposiciones fijan esta jornada en un máximo de 44 horas cronológicas semanales, pero limitando la docencia de aula sólo a 33 de estas horas en caso de haber sido nombrados o contratados por las 44 horas. En todo caso, la hora docente de aula no podrá sobrepasar de 45 minutos.

La jornada semanal se distribuye en horas de docencia de aula y horas de actividades curriculares no lectivas.

Párrafo VI: (artículos 56 a 58) se refiere los deberes y obligaciones funcionarias de estos profesionales.

La principal obligación es el desempeño de sus funciones por el número de horas con que los nombró o designó, pudiendo ausentarse sólo en casos de permisos, licencias o feriados.

Se señalan los aspectos que deberán contemplarse para la evaluación de este personal y se establece que no estará afecto a negociación colectiva ni podrá declararse en huelga o paralizar labores.

Párrafo VII: (artículos 59 a 61)se refiere al término de la relación laboral de estos profesionales.

Se señalan, en forma taxativa, las causales que permiten poner término a, la relación laboral, estableciendo urja regla especial para indemnizar a quienes sean separados por causa de supresión de horas, de cursos o cargos como consecuencia de la reducción de dotación a que pertenecen.

d) Titulo IV, que reglamenta el contrato de los profesionales de la educación en el sector particular y consta de cuatro párrafos.

Párrafo I: (artículo 62) señala la norma general en la materia, estableciendo que la relación laboral de los profesores de los sectores particular pagado y subvencionado con sus empleadores, será de derecho privado y se regirá, en todo lo que el Título no establezca, por, el Código del Trabajo.

Párrafo II: (artículos 63 a 69), consagra este párrafo las mismas limitaciones que tiene el sector municipal en lo relativo a la jornada semanal de trabajo y a la distribución del trabajo en horas de aula y en actividades curriculares no lectivas, el derecho a feriado del mismo sector y el valor mínimo nacional por hora de trabajo.

Señala algunas menciones especiales que deberá contener el contrato de trabajo; establece la prórroga automática hasta febrero, de todos los contratos vigentes en el mes de diciembre y, por último, acuerda también a este sector la asignación especial por desempeño difícil.

Párrafo III: (artículo 70), establece una reparación pecuniaria especial para el caso de que la separación del docente de su cargo fuere declarada injustificada por sentencia judicial, obligando al pago, además de las indemnizaciones legales, de la totalidad de las remuneraciones que le correspondieren desde el tiempo de la separación, hasta el 28 de febrero del año siguiente.

Párrafo IV: (artículos 71 a 73), se refiere a las disposiciones finales, reconociendo a este sector el derecho a negociar colectivamente.

Por otra parte, deroga la ley N° 18.602 y señala la vigencia del Estatuto a partir del 1° de marzo de 1991.

Normas transitorias (artículos 1 a 16), estas disposiciones se refieren a las siguientes materias:

a) Establecer una gradualidad entre los años 1991 y 1995 para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 en lo relativa a que la totalidad de las remuneraciones de los docentes serán imponibles;

b) Fijar el plazo de un año para que las corporaciones de derecho privado que administran establecimientos educacionales, devuelvan tales administraciones a las municipalidades respectivas;

c) Establecer el plazo de 60 días para que los Departamentos de Administración Educacional Municipal fijen las dotaciones docentes de los respectivos municipios.

d) Señalar que el cambio de régimen jurídico que implique para algunos docentes la aplicación de esta normativa, no importará término de la relación laboral para efecto alguno;

e) Disponer que la entrada en vigencia como ley del proyecto no podrá significar disminución de remuneraciones para los docentes del sector municipal.

f) Fijar un plazo máximo de cinco años, a contar de la vigencia de esta normativa, para que las remuneraciones y beneficios que concede alcancen su valor total.

g) Fijar el valor mínimo de la hora cronológica para los profesionales de la educación pre básica, básica y especial en la suma de $1.700 mensuales y la de los de la educación media científico humanista y técnico profesional, en $1.800 mensuales.

h) Fijar un mecanismo de gradualidad anual, a .partir de fechas distintas, para el pago de las asignaciones establecidas por el proyecto a favor del sector municipal.

i) Disponer que el personal que se desempeña en establecimientos técnicos profesionales administrados por corporaciones privadas sin fines de lucro, se regirá por las normas del Código del Trabajo.

j) Establecer que las disposiciones sobre jornada de trabajo aplicables a los sectores municipal y privado sólo se harán efectivas a contar de la fecha de vigencia de esta normativa y únicamente respecto de los contratos celebrados con posterioridad a dicha vigencia;

k) Disponer que la normativa aplicable al sector municipal y la que establece una remuneración mínima básica para el sector privado, sólo se aplicará respecto de los profesionales de la educación pre básica que se desempeñen en los niveles que puedan dar origen a subvención fiscal.

l) Otorgar durante las años 1992 y 1992 un bono anual de $10.000. para el profesorado de la educación particular subvencionada, destinado al pago de cursos de perfeccionamiento, y

m) Facultar al Presidente de la República para que dicte el reglamento de este Estatuto dentro del plazo de 180 días de su entrada en vigor.

DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

a. Discusión general

Si bien la Comisión se manifestó, en definitiva, acorde con la idea de legislar, no lo estuvo tanta en la referente a las bondades que varios de sus integrantes atribuyeron a la iniciativa.

Así para el Diputado señor Rodríguez (don Claudio), resultaba positivo el esfuerzo gubernamental para recoger una antigua aspiración del profesorado y compatibilizarla con eficiencia y calidad, pero estimó que, entre las carencias del proyecto no hay un verdadero mejoramiento económico porque el piso establecido es inferior al promedio pagado en los diversos establecimientos, que tampoco se garantiza la estabilidad funcionaria por cuanto se permite poner término a la labor de un docente al producirse una disminución de matrículas; que no se consagra una verdadera carrera docente porque en virtud del piso establecido, las remuneraciones tenderán a nivelarse por debajo de él, circunstancia que no incentivará a los profesores a perfeccionarse ya que no se reconocen sus méritos; que si bien la imponibilidad del 100% de las remuneraciones es positiva, no lo es la gradualidad con que se la establece; que el perfeccionamiento no debe estar supeditado a la disponibilidad de recursos del Ministerio de Educación, sino que debe estar establecido en términos de porcentaje de la unidad de subvención educacional; que no se contempla dentro del Estatuto a los profesores que se desempeñan en los Departamentos de Administración Educacional Municipal ni a los paradocentes, administrativos y auxiliares; que dar a los centros de padres carácter evaluador es negativo por las disparidades de criterios y desniveles .culturales lo que podría redundar en verdaderos juicios populares al profesorado.

Estimó, asimismo, negativa la facultad de los departamentos provinciales de educación para objetar la dotación docente fijada por los Departamento de Administración Educacional Municipal (D.A.E.M.) característica que, a su parecer, revierte el proceso descentralizador.

El señor Valenzuela estimó positivo el proyecto por cuanto da estabilidad al profesorado al dejarlo fuera del. alcance de la causal de despido por desahucio del empleador que consagra el Código del Trabajo; que, aunque escaso, el mejoramiento económico envuelve la recuperación de la asignación de antigüedad, .lo que permite romper el estancamiento de años y conformar, junto con el perfeccionamiento, una verdadera carrera docente; que los elementos de autonomía y responsabilidad que consagra el articulado, impiden que los profesores sigan siendo considerados como objetos, como lo fue en el pasado, pero, igualmente, mostró aprensión por la posible indefensión jurídica que puede significar para el magisterio el hecho de que no tengan una verdadera jornada de trabajo, no obstante considerar positivo el pago por hora. Asimismo, estimó que la titularidad del cargo debe provenir del nombramiento para tal cargo y no de los años de desempeño en él, coma también le preocupa el sistema de concursos y ternas, puesto que, a su parecer, la elección debiera recaer siempre en el que figura en primer lugar.

El señor Villouta estimó que el proyecto, bueno o no, tiende a regularizar la situación del profesorado, lo que le parece muy positivo. Cree que el mayor problema que presenta es el económico, el que se deriva de la insuficiencia de recursos presupuestarios del Ministerio de Educación, los que desde el año 1981 en adelante muestran declinación.

Por otra parte, si bien es cierto que en algunos sectores los centros de padres seguramente crearán problemas al profesorado, ello es un mal menor que debe aceptarse como consecuencia del sistema democrático.

El señor Muñoz, consideró positivo el Estatuto en cuanto constituye un paso para la solución de los múltiples problemas del profesorado y de la docencia, pero manifestó reservas en cuanto a la prosecución del sistema municipalizado que él cree con menos bondades que uno de carácter nacional técnico descentralizado. Asimismo, le pareció negativa la dependencia del profesor de una autoridad política, cualquiera sea su color, ya que la rotación democrática lo expondrá a participar o actuar en actos con los que no tiene afinidad alguna. Consideró poco apropiado el sistema de calificación que se establece, toda vez que no es lógico que su único objeto sea el asegurar al docente que no será exonerado. Estimó, por el contrario, que sus consecuencias deben conllevar una sanción o un estímulo, según sea el caso.

El señor Bombal expresó que aprobaría la idea de legislar, simplemente, porque no se tenía otra alternativa al respecto, pero que, a su parecer, el proyecto era la expresión de una legislación mediocre, difícilmente mejorable por el Parlamento, que no contribuía a la dignificación del Magisterio ni a la solución de sus problemas y que, a breve plazo, exigiría modificaciones de fondo bajo la presión del mismo profesorado. Asimismo, consideró que se dejó a un lado la parte técnica y se dio preeminencia a la política ante el interés del gobierno en cumplir promesas de campaña, como lo demuestra el insuficiente aporte económico que se hace. Igualmente, estimó que el proyecto revierte el proceso ya iniciado, que a pesar de sus deficiencias permitía verdaderamente mejorar la educación, en cuanto busca entregar nuevamente al Estado la tuición sobre ella.

El señor Ortiz estimó el proyecto como el producto de una gran política y que obedece al compromiso de la Concertación de entregar a todo el profesorado un cuerpo legal que permita, en forma clara y transparente, la existencia de una autentica carrera docente. Consideró que no podía ser mediocre un proyecto que recogía las más sentidas aspiraciones del Magisterio como la del 100% de imposibilidad por sus remuneraciones y se preocupaba de la calidad y del perfeccionamiento..

En cuanto a lo bajo de la remuneración básica mínima, recordó que, a pesar de todo, y de acuerdo a lo expuesto a la Comisión por la Federación de Sindicatos de Profesores de Colegios Particulares Subvencionados, tal retribución significaría un aumento real de un 70% para una buena parte del profesorado afecto a esta Federación como también que los recursos presupuestarios ascendentes a nueve mil millones de pesos entregados al Ministerio del ramo para implementar el Estatuto, significaban una mejora real para 44.380 docentes.

Una vez cerrado el debate en la discusión general del proyecto, la Comisión acordó, por unanimidad, aprobar la idea de legislar al respecto.

b. Discusión particular

Durante la discusión pormenorizada del articulado del proyecto, la Comisión llegó a los siguientes acuerdos:

Artículo 1°.

Respecto de esta norma, que fija el ámbito de aplicación del Estatuto, los Diputados señores Bombal, Masferrer, Muñoz, Ortiz, Prochelle, Rodríguez, don Claudio; Rodríguez, don Hugo, Valcarce, Valenzuela y Villouta, formularon una indicación para agregar al final del artículo, cambiando el punto final por una coma, la siguiente oración "como también los que ocupan cargos docentes en los departamentos de administración de la educación de los municipios".

Fundaron la indicación los señores Diputados, en que estos funcionarios tienen la calidad de profesores y se desempeñan como tales, luego no existe razón para dejarlos fuera del Estatuto.

Se aprobó la indicación por unanimidad.

Cerrado el debate y puesto en votación el artículo, se lo aprobó, con la indicación, por unanimidad.

Artículo 2°.

Esta disposición que define lo que debe entenderse por el término "profesionales de la educación" fue aprobada, por mayoría de votos, en los mismos términos propuestos en el Mensaje.

Cabe consignar que esta disposición fue objeto de una indicación patrocinada por el Diputado señor Muñoz para suprimir, mediante un texto sustitutivo, las expresiones "u otros establecimientos legalmente habilitados para este propósito", la que fue rechazada conforme a lo establecido en el inciso trece del artículo 280 del Reglamento, en virtud de no haberse quebrado el empate con que fue votada.

Artículo 3°.

Se refiere al contenido del Estatuto en cuanto norma los requisitos, deberes, obligaciones y derechos de carácter profesional comunes a todos los profesionales de 1a educación, tanto de los sectores municipal como particular.

Esta disposición fue objeto de una indicación formulada por los Diputados señores Escalona, Muñoz, Ortiz, Rodríguez, don Hugo, Smok, Valenzuela y Villouta para agregar al final del artículo, reemplazando el punto final por una coma, la siguiente frase: "en los términos establecidos en el Título IV de esta ley".

La indicación tuvo por objeto precisar que la norma se aplica a todo el sector particular, es decir, al pagado y al subvencionado.

Se aprobó la indicación por mayoría de votos.

Puesto en votación el artículo, se lo aprobó con la indicación por mayoría de votos.

Artículo 4°.

Se refiere a las personas que no pueden ejercer la docencia y fue objeto de una indicación formulada por los Diputados señores Masferrer, Muñoz, Ortiz, Prochelle, Rodrígues, don Claudio, Rodriguez, don Hugo, Valcarce, Valenzuela y Villouta para sustituir el número romano VIII por VII e intercalar, a continuación, la frase "y en los párrafos 1 y 2 del Título VIII".

La indicación no tuvo otro objeto que corregir un error de referencia y la de agregar los delitos de homicidio e infanticidio como causales impedientes para el ejercicio de la profesión docente.

Tanto la indicación como el artículo fueron aprobados por unanimidad.

Artículos 5° y 6°.

La primera de estas normas señala cuales son las funciones de los profesionales de la educación y la segunda define lo que debe entenderse por función docente.

Ambos artículos fueron aprobados por unanimidad en los mismos términos propuestos.

Artículo 7°.

Esta norma define lo que debe entenderse por función docente directiva y fue objeto de una indicación de los señores Aguiló, Masferrer, Muñoz, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Smok, Valcarce y Valenzuela para suprimir, en el, inciso segundo, las expresiones "del equipamiento, la infraestructura y la administración financiera".

Se estimó fue estas expresiones tornaban confusos los alcances de esta función y, más aún, podrían significar comprender obligatoriamente la administración financiera del establecimiento, circunstancia que no condice con el carácter empresarial de los colegios particulares.

Se aprobó la indicación por mayoría de votos.

Puesto en votación el artículo, se lo aprobó con la indicación por unanimidad.

Artículo 8°.

Esta disposición define lo que debe entenderse por funciones técnico pedagógicas y fue aprobada, por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

Artículo 9°.

Esta norma define los conceptos de docencia de aula, actividades curriculares no lectivas y año laboral docente.

a) Respecto de la letra a), es decir, la que define los términos "docencia de aula", el Diputado señor Valcarce formuló una indicación para suprimir después de la palabra "forma", las expresiones "continua y", a la vez que para agregar, al final de esta misma letra, cambiando el punto final por una coma, los términos "en forma continua".

Fundó el parlamentario su indicación en que la hora de clase o de aula requería continuidad pero no así el ejercicio de la docencia de aula, la cual está mejor expresada por el elemento sistemático.

Se aprobó la indicación por mayoría de votos.

b) Al tratar la letra b), es decir, la que define lo que se entiende por "actividades curriculares no lectivas", los Diputados señores Aguiló, Bombal, Masferrer, Muñoz, Ortiz, Prochelle, Smock, Rodríguez, don Claudio y don Hugo; Valcarce, Valenzuela y Villouta, patrocinaron una indicación para intercalar entre las expresiones "docente de aula" y el artículo "las", la siguiente frase: "entre otras, las actividades de colaboración señaladas en el artículo 3° de la ley N° 18.602.".

Se estimó que la referencia a las actividades de colaboración definidas en la letra c) del artículo 3° de la ley N° 18.602, círcunscribía la amplitud de la definición, no dejando tanto campo a los decretos del Ejecutivo.

Se aprobó laindicación por unanimidad.

Puesto en votación el artículo, se .lo aprobó con ambas indicaciones, por unanimidad.

Artículos 10°, 11 y 12.

La primera de estas disposiciones señala que la formación inicial de los profesionales de la educación se hará en el nivel de educación superior.

La segunda establece las áreas que deberán considerar las instituciones de educación superior en el diseño de los planes y programas de formación de educadores.

La tercera señala los requisitos que deberán cumplir los profesionales de la educación para ejercer la docencia.

Las tres disposiciones fueron aprobadas en los mismos términos propuestos por el Mensaje, por 9 votos a favor y una abstención la primera, por unanimidad la segunda y por mayoría de votos la tercera.

Artículo 13.

Esta norma consagra el derecho de los profesionales de la educación a acceder al perfeccionamiento profesional.

Los Diputados señores Bayo, Bombal, Concha, Escalona, Masferrer, Morales, Muñoz, Ortiz, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Rodríguez, don Hugo, Smok, Valenzuela y Velasco patrocinaron una indicación para substituir este artículo por el siguiente:

"Los profesionales de la educación tendrán derecho al perfeccionamiento profesional. Corresponderá al Ministerio de Educación garantizar y contribuir al acceso de los profesionales de la educación a un sistema de perfeccionamiento mínimo vinculado al mejoramiento de la calidad de la educación y a la ampliación de la cobertura del sistema".

La indicación se fundamentó en la necesidad de dar carácter general a la norma, comprensiva de todo el profesorado, guardando así concordancia con los términos del artículo 1° del proyecto que se refiere a la totalidad de los docentes.

Se aprobó la modificación por unanimidad.

Artículo 14.

Esta disposición señala que el perfeccionamiento profesional ofrecido por el Ministerio de Educación, será programado por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas.

a) Los señores Diputados Escalona, Prochelle, Smok y Velasco formularon una indicación para sustituir la frase final "o de entidades académicas de reconocida capacidad", por la siguiente, precedida de un punto seguido: "Asimismo otras instituciones públicas o privadas, debidamente acreditadas por el Centro de Perfeccionamiento podrán ofrecer cursos de perfeccionamiento a los profesionales de la educación".

Fundaron su indicación los señores parlamen-tarios en la necesidad de que los cursos de perfeccionamiento no puedan ser impartidos por cualquier entidad sino por aquellas cuya solvencia esté debidamente acreditada por el Centro de Perfeccionamiento.

Se aprobó la indicación por unanimidad.

b) Los señores Diputados Escalona, Masferrer, Morales, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Smok, Valenzuela y Velasco patrocinaron una indicación para agregar un segundo inciso a este Artículo del siguiente tenor:

“Las municipalidades y los sostenedores de colegios particulares podrán colaborar en el perfeccionamiento de los docentes, en concordancia con la política cae educación establecida por el Ministerio.".

La indicación persigue dar posibilidad a los municipios y sostenedores de colaborar en las labores de perfeccionamiento.

Se aprobó por unanimidad.

Puesto en votación el artículo con las indica-ciones, fue aprobado por unanimidad.

Artículo 15.

Esta norma establece que en la programación de los cursos que efectúe el Centro de Perfeccionamiento deberán considerarse las necesidades y demandas de todos los sectores de la educación.

Los señores Diputados Escalona, Horvath, Morales, Prochelle, Smok y Velasco formularon indicación para agregar una frase final al inciso segundo de este artículo, cambiando el punto final por uno seguido, del siguiente tenor: "Deberá también garantizarse la información y el acceso de los profesionales de la educación por vía de concurso público en los casos que corresponda.".

Se fundó la indicación en la necesidad de publicitar la existencia de tales labores de perfeccionamiento y permitir el acceso de todos los interesados.

Tanto la indicación como el artículo incluyéndola, se aprobaron por unanimidad.

Artículo 16.

Esta disposición encomienda al Reglamento establecer los criterios y mecanismos para el perfeccionamiento.

a) Los señores Diputados Concha, Escalona, Horvath, Morales, Prochelle, Smok y Velasco formularon indicación para suprimir la expresión "mínimo", la que a su juicio no tenia mayor sentido.

Se aprobó por unanimidad.

b) Los señores Diputados Escalona, Morales, Prochelle, Smok y Velasco patrocinaron también otra indicación para agregar al final de este artículo, suprimiendo el punto final, los términos "para el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas", sin otro objeto que el de dar precisión al texto.

Se aprobó por unanimidad.

Puesto en votación el artículo, se lo aprobó por unanimidad, conjuntamente con las indicaciones.

Artículo 17.

Establece el derecho y el deber de los profesionales de la educación de participar, con carácter consultivo, en las actividades de planeamiento, diagnóstica y demás de su unidad educativa.

Se lo aprobó en los mismos términos propuestos por el Mensaje., con 8 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones.

Artículo 18.

Esta disposición establece que en cada escuela o colegio habré un Consejo de Profesores con carácter consultivo.

a) Los señores Diputados Masferrer, Morales, Muñoz, Prochelle, Smok y Rodríguez, don Claudio propusieron agregar al final del inciso primero, cambiando el punto final par uno seguido, la siguiente frase: "Las sesiones de estos Consejos deberán desarrollarse dentro de las horas correspondientes a las actividades curriculares no lectivas".

La indicación no tiene otro objetivo que la de impedir se cite a los docentes a Consejo en horas de descanso.

Se aprobó por mayoría de votos.

b) Los Diputados señores Concha, Ortiz, Smok, Valenzuela y Velasco propusieron una segunda indicación para agregar al final del inciso primero ya modificado, en punto seguido, la siguiente oración: "El Reglamento establecerá las ocasiones o asuntos en que el Consejo de Profesores de cada establecimiento educacional tendrá el carácter de resolutivo".

Se aprobó por mayoría de votos.

c) Los Diputados señores Masferrer, Morales, Muñoz, Prochelle, Smok y Rodríguez, don Claudio, patrocinaron una nueva indicación para sustituir el inciso tercero de este artículo por el siguiente: "La dirección de los establecimientos educacionales deberá convocar, a lo menos, dos veces "al año, al Centro General de Padres y Apoderados a reuniones de carácter informativo".

Se estimó que esta nueva redacción simplifica la norma y podrá facilitar las reuniones de los Centros de Padres.

Se aprobó por 7 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones.

d) Los señores Diputados Concha, Escalona, Muñoz, Ortiz, Rodríguez, don Hugo, Smok, Valenzuela y Velasco, propusieron una última indicación para agregar un inciso cuarto al artículo del siguiente tenor: "También participará de estas reuniones el cuerpo de profesores del establecimiento.".

La finalidad no fue otra que la de volver al espíritu del Mensaje en el sentido de permitir las reuniones conjuntas con los Centros de Padres.

Se aprobó por mayoría de votos.

Puesto en votación el artículo se lo aprobó con las indicaciones por 6 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones.

Artículo 19.

Dispone que los Consejos de Profesores tendrán carácter consultivo en materias técnico pedagógicas y cumplirán las funciones de estudio y asesoría que les señale el Reglamento.

Los Diputados señores Concha, Ortiz, Rodríguez, don Hugo, Smok, Valenzuela y Velasco formularon indicación para sustituir la frase final de este artículo que sigue al punto seguido, por la siguiente: "Sin perjuicio de las facultades resolutivas que el mismo Reglamento otorgue a los Consejos de Profesores".

La indicación busca mantener la concordancia con el artículo anterior.

Se la aprobó por mayoría de votos.

Puesto en votación el artículo con las indicaciones se lo aprobó asimismo, por mayoría de votos.

Artículos 20 y 21.

La primera de estas normas da derecho a los profesionales de la educación a participar en procesos de consulta para proponer políticas educacionales o de administración del sistema educativo en los niveles comunal, provincial, regional o nacional.

La segunda les faculta para organizarse en asociaciones gremiales de carácter profesional y a ser escuchados por las autoridades educacionales.

Los señores Diputados Bombal, Concha, Masferrer, Ortiz, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Rodríguez, don Hugo, Smok, Valcarce, Valenzuela y Velasco formularon indicación para suprimir ambos artículos.

Los fundamentos de la indicación residen en que la primera norma es de carácter puramente declarativo y nada aporta y, con respecto a la segunda, que es redundante por cuanto consagra un derecho que los docentes ya tienen.

Se aprobó la indicación y consiguiente supresión de ambos artículos por unanimidad.

Artículo 22 (pasa a ser 20).

Esta disposición establece que en cada Departamento Provincial de Educación habrá un Consejo de carácter asesor cuya función seres prestar asesoría al Ministerio de Educación en la adopción de decisiones para la aplicación de políticas educacionales a la situación de cada provincia.

Los señores Diputados Cancha, Ortiz, Rodríguez, don Hugo, Smok, Valenzuela y Velasco formularon indicación para reemplazar en el incisa segundo la expresión "Intendente" por "Gobernador" por cuanto ese es el cargo del jefe provincial.

Se la aprobó por mayoría de votos.

Puesto en votación el artículo, se lo aprobó con la indicación por mayoría de votos.

Artículo 23 (pasa a ser 21).

Consagra el principio de autonomía de los educadores en el ejercicio de la función docente, sujeta al marco de las políticas, normas generales y disposiciones legales que orientan el sistema educacional.

Se lo aprobó por unanimidad en los mismos términos propuestos por el Mensaje.

Artículo 24 (pasa a ser 22).

Establece el derecho de los docentes a ser asistidos en la defensa que deduzcan contra atentados de que puedan ser objeto en el desempeño de sus funciones profesionales.

Los Diputados señores Concha, Ortiz, Rodríguez, don Hugo, Smok, Valenzuela y Velasco formularon indicación para intercalar en el inciso primero, entre las palabras ''asistidos" y "en la defensa", las expresiones "por su empleador" y entre las palabras "objeto" y "en el desempeño" los términos "por terceros'°.

La indicación se fundó en la necesidad de precisar que la obligación de prestar asistencia corresponde a1 empleador y que los atentados o agravios se refieren a aquellos que los docentes pueden sufrir de parte cíe terceros. No se trata de problemas entre empleadores y empleados.

Se aprobó por 6 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones.

Puesto en votación el artículo, se lo aprobó con la indicación por mayoría de votos.

Artículo 25 (pasa a ser 23).

Establece la responsabilidad de los docentes en el desempeño de sus funciones, debiendo, en consecuencia, someterse a los procesos de evaluación de su trabajo y de su unidad educativa.

Los Diputados señores Bombal, Concha, Masferrer, Ortiz, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Rodríguez, don Hugo, Smok, Valenzuela y Velasco formularon indicación para suprimir todo lo que sigue después de los términos "unidad educativa", en el inciso primero.

Se estimó que las frases que se proponía suprimir eran confusas y nada aportaban a los procesos de evaluación ni al concepto de responsabilidad.

Se aprobó la indicación por unanimidad como también, en igual forma, el artículo con la supresión acordada.

Artículo 26 (pasa a ser 24).

Señala el ámbito de aplicación del Título III que regla la carrera de los profesionales del sector municipal.

Se loaprobó sindebate, por unanimidad, en los mismos términos propuestos por el Mensaje.

Artículo 27 (pasa a ser 25).

Dispone que el ingreso a la carrera docente en el sector municipal se realiza por la incorporación a la dotación docente de un departamento de administración educacional, definiendo, además los términos "dotación docente".

Los señores Diputados Concha, Muñoz, Ortiz, Prochelle, Rodríguez, don Claudio y Velasco formularon indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"El ingreso a la carrera docente del sector municipal se realizara por la incorporación a la dotación docente del Departamento de Administración Educacional de la Municipalidad respectiva.

Para los efectos de esta ley, la dotación docente es el conjunto de profesionales de la educación necesarios para atender el número de horas de trabajo docente, docente directivo y técnico pedagógico que requiere el funcionamiento de los establecimientos de la comuna.".

Se fundó la indicación en la necesidad de evitar la ambigüedad encerrada en los términos "horas de trabajo docente".

Se aprobó por unanimidad.

Artículos 28, 29 y 30 (pasan a ser 26, 27 y 28 respectivamente).

La primera de estas normas entrega la fijación de la dotación docente de cada establecimiento, al Departamento de Administración Educacional de la municipalidad respectiva.

La segunda encarga al mismo Departamento mencionado, la adecuación de la dotación cuando concurra alguna de las causales que indica.

La tercera permite al Departamento Provincial de Educación objetar, dentro del plazo de 75 días, tanto la fijación como la adecuación de una dotación docente.

Las tres, disposiciones fueron aprobadas por mayoría de votos, en los mismos términos propuestos por el Mensaje.

Artículo 31 (pasa a ser 29).

Señala los requisitos necesarios para ingresar a una dotación docente, tanto de chilenos como de extranjeros.

Se la aprobó, por mayoría de votos, en los mismos términos propuestos por el Mensaje.

Artículo 32 (pasa a ser 30).

Establece que a una dotación docente se ingresa en calidad de titular o de contratado y define ambas condiciones.

Los señores Diputados Bombal, Concha, Masferrer, Morales, Muñoz, Ortiz, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Rodríguez, don Hugo, Valcarce, Valenzuela y Velasco formularon una indicación para substituir los incisos segundo, tercero y cuarto de este Artículo por los dos siguientes:

"Son titulares los profesionales de la educación que ingresan a una dotación docente mediante un previo concurso público de antecedentes.

Tendrán calidad de contratados aquellos que desempeñen labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares.".

Fundaron su indicación en la necesidad de quitar a la norma su carácter discriminatorio por cuanto para ejercer cualquier carrera sólo basta con poseer el título respectivo, sin necesidad de un ejercicio previo.

Se aprobó la indicación y el artículo con ella por unanimidad.

Artículos 33 y 34 (pasaron a ser 31y 32, respectivamente).

La primera de estas disposiciones establece un tope de 20% del total de la dotación de un establecimiento, que puede tener la calidad de contratada.

La segunda señala que el ingreso a una dotación docente como titular se hará por concurso público de antecedentes, convocado por la municipalidad respectiva.

Ambas disposiciones fueron aprobadas por unanimidad, en los mismos términos propuestos por el Mensaje.

Artículo 35 (pasa a ser 33).

Establece que los concursos deberán ser suficientemente publicitados y se convocará a ellos dos veces al año.

Los señores Diputados Concha, Muñoz, Ortiz, Rodríguez, don Hugo, Smok, Valenzuela y Velasco propusieron una indicación para substituir este artículo por el siguiente:

"Los concursos a que se refiere el Artículo anterior, deben convocarse a lo menos dos veces en el año lectivo, éstos deben ser de carácter nacional y simultáneo.".

Se fundó la indicación en la necesidad de evitar se llamara a concurso en períodos de vacaciones, lo que atentaría contra una adecuada publicidad puesto que muchos interesados no se enterarían.

Se aprobó la indicación por mayoría de votos.

Artículo 36 (pasa a ser 34).

Dispone que en cada comuna se establecerán comisiones calificadoras de concursos, de carácter permanente y para cada uno de los niveles que indica.

a) Los señores Diputados Concha, Ortiz, Smok y Velasco formularon una indicación a la letra c) para agregar después de los términos "básica", las expresiones "y prebásica", a la vez que para colocar como inciso aparte y final, con distinto encabezamiento, las frases que siguen.

La indicación obedece a razones de concordancia y meramente formales.

Se la aprobó por unanimidad.

b) Los señores Diputados Concha, Muñoz, Ortiz, Rodríguez, don Hugo, Smok, Valenzuela y Velasco formularon una segunda indicación para agregar una letra d) del siguiente tenor:

d) Para al cargo de Director del Departamento de Administración de Educación Municipal".

Se estimó necesario crear esta Comisión.

Se la aprobó por 7 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones.

Puesto en votación el Artículo, se lo aprobó, con las indicaciones, por igual votación.

Artículo 37 (pasa a ser 35).

Indícala integración de las Comisiones califica-doras de concursos.

Los señores Diputados Prochelle y Rodríguez, don Claudio formularon una indicación para sustituir este Artículo por el siguiente:

"Los concursos de antecedentes para ingresar como titular a una dotación serán definidos por las comisiones a que se refiere el Artículo anterior, las que estarán formadas por:

a) Un representante del Departamento de Administración Educacional Municipal, designado por el Director del mismo;

b) Dos directores de establecimientos de la comuna y nivel correspondiente a la vacante concursable, de los cuales, uno será el director del establecimiento materia del concurso y el otro elegido por sorteo entre los pares, y

c) Dos docentes elegidos por sorteo entre los pares de la especialidad de la vacante a llenar.

Actuará como ministro de fe, sin derecho a voto, un funcionario técnico designado por el jefe del Departamento Municipal de Educación que corresponda".

Se estimó más propio consagrar una integración impar para facilitar las decisiones de las comisiones y, a la vez, mediante el cambio de integrantes, dar más transparencia a los concursos y mayor independencia a los municipios ya que el representante del Departamento Provincial de Educación queda sólo en calidad de ministro de fe.

Se aprobó por mayoría de votos.

Artículo 38 (pasa a ser artículo 36).

Señala los requisitos para postular a cargos docentes, directivos y de unidades técnico pedagógicas.

El señor Diputado Smok formuló una indicación para reemplazar todo el artículo, desde la frase última de su encabezamiento que señala "los siguientes requisitos especiales" hasta el final, por lo que sigue

"El requisito de tener estudios de administración, supervisión y evaluación en orientación vocacional", quedando el artículo como sigue:

"En los concursos para vacantes de cargos docentes directivos y unidades técnico pedagógicas, los postulantes deberán cumplir el requisito de tener estudios de administración, supervisión y evaluación en orientación vocacional".

Fundó su indicación el parlamentario en la necesidad de que los concursos sean abiertos y no se discrimine para participar en ellos, como también en el hecho de que la idoneidad debe ser el elemento determinante para ocupar un cargo.

Se aprobó la indicación, y por ende el Artículo, en tercera votación, por mayoría de votos.

Artículo 39. (pasa a ser 37).

Dispone que los concursos a que se convoque serán administrados por los departamentos de administración educacional municipal, quienes pondrán los antecedentes a disposición de la Comisión Calificadora, la que deberá formar ternas con los docentes mejor calificados.

Los señores Diputados Bombal, Masferrer, Muñoz, Rodríguez, don Claudio, Smok, Valcarce y Valenzuela formularon una indicación para sustituir el inciso segundo por los siguientes:

"Las comisiones calificadoras de concurso, previo análisis de los antecedentes relacionados con el desempeño profesional, los años de servicio y el perfeccionamiento acumulado, emitirán un informe fundado que detalle un puntaje ponderado por cada postulante.

El Alcalde deberá nombrar a quien ocupe el primer lugar ponderado en cada concurso.

Sólo en caso de renuncia voluntaria de quien ocupe el primer lugar se podrá nombrar a los siguientes en estricto orden de precedencia.".

Se fundó la indicación en el propósito de establecer que la nominación recaiga necesariamente en quien ocupe el primer lugar.

Se aprobó la indicación por mayoría de votos, como igualmente el Artículo incluyéndola.

Artículo 40. (pasa a ser 38).

Señala que la dirección de los departamentos de administración educacional municipal será ejercida preferentemente por un profesional de la educación.

Los señores Diputados Concha, Masferrer, Muñoz, Ortiz, Rodríguez, don Claudio, Rodríguez, don Hugo, Smok, Valenzuela y Velasco formularon una indicación para suprimir la expresión "preferentemente" y agregar al final del artículo, cambiando el punto final por una coma, lo siguiente: "con especialidad en administración educacional".

Las finalidades de la indicación fueron suprimir el carácter preferencial, pero optativo, con que, conforme al Mensaje, podría proveerse el cargo de Jefe de los departamentos de administración educacional, a la vez que exigir especialidad administrativa para su desempeño.

Se aprobó la indicación, como asimismo el artículo, con 10 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

Artículo 41. (pasa a ser 39).

Se refiere al derecho que tienen los profesionales de la educación con calidad de titulares, a la estabilidad en el cargo.

Se aprobó, sin debate, por unanimidad, en los mismos términos propuestos porel Mensaje.

Artículo 42. (pasa a ser 40).

Se refiere al derecho que tienen los docentes a una remuneración básica mínima nacional y define este último concepto.

Los señores Diputados Bombal, Concha, Horvath, Masferrer, Muñoz, Ortíz, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Rodríguez, don Hugo, Valcarce y Velasco formularon indicación para intercalar en el inciso primero entre las palabras "sistema educativo", y "en conformidad", lo siguiente: como también aguinaldos, asignaciones familiares, asignación de zona, asignación de movilización y otros".

El objeto de la indicación fue explicitar y dejar establecidos en la ley los demás ingresos que corresponden al profesorado.

Se la aprobó por unanimidad.

La Comisión acordó, además, en forma unánime, modificar el inciso segundo suprimiendo la expresión "docentes" y reemplazando el término "designado" por "contratado".

Tal acuerdo, que contó con la opinión favorable de los representantes del Poder Ejecutivo, obedeció a razones de precisión ya que se contrata por horas cronológicas pero que, en lo que respecta a la docencia misma (horas docentes) tienen una duración de 45 minutos. Los 15 minutos restantes no son empleados propiamente en la docencia sino que en actividades de colaboración.

Puesto en votación el Artículo, se lo aprobó, conjuntamente con la indicación y el acuerdo, por unanimidad.

Artículo 43. (pasa a ser 41).

Se refiere al derecho a asistencia médica que tienen los docentes por accidentes en actos de servicio o enfermedades contraídas en el desempeño de sus funciones.

Los señores Diputados Bombal, Concha, Masferrer, Muñoz, Ortiz, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Rodríguez, don Hugo, Valcarce, Valenzuela y Velasco propusieron una indicación para agregar un inciso segundo del siguiente tenor;

"Estos profesionales tendrán derecho a percibir remuneraciones o subsidios, según corresponda, por el total de los días que gocen de licencia médica.".

Se quiso con esta proposición recuperar para el profesorado un beneficio perdido como consecuencia de la municipalización.

Tanto la indicación como el artículo incluyéndola, se aprobaron por unanimidad.

Artículo 44. (pasa a ser 42).

Fija el :feriado para los docentes, señalando que corresponderá al periodo de interrupción de las actividades escolares en los meses de enero y febrero.

a) Los señores Diputados Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio y Valcarce formularon indicación para reemplazar, en el inciso primero, las expresiones “ser convocados" por "asistir" y suprimir la palabra "realizar".

Fundaron su indicación en la circunstancia de que la asistencia a las actividades de perfeccionamiento debe tener el carácter de voluntaria.

Se aprobó por mayoría de votos.

b) Los señores Diputados Concha, Masferrer, Smok, Valcarce y Velasco presentaron una segunda indicación al inciso primero para intercalar entre las palabras "perfeccionamiento" y "hasta", el término "optativo".

Esta proposición tiene el mismo fundamento anterior

Se la aprobó por unanimidad.

Puesto en votación el artículo con las indicaciones, se lo aprobó, asimismo, en forma unánime.

Artículo 45. (pasa a ser 43).

Se refiere a las destinaciones de que pueden ser objeto los docentes a otros establecimientos educacionales dependientes del mismo municipio.

a) Los señores Diputados Coloma, Concha, Masferrer, Muñoz, Ortiz, Rodríguez, don Hugo, Valcarce y Velasco formularon indicación para reemplazar, en el inciso primero, la frase final que señala: previa consulta del profesional respectivo", por la siguiente oración: "con el consentimiento del profesional respectivo, debiendo en todo caso tratarse de un cargo o nivel similar al que ostentaban como titulares".

La indicación pretende evitar destinaciones arbitrarias y resguardar el nivel o situación alcanzado por el profesor.

Se la aprobó por 6 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones.

b) Los señores Diputados Concha, Masferrer, Muñoz, Ortiz, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Rodríguez, don Hugo, Smok, Valcarce y Valenzuela propusieron una segunda indicación para agregar un inciso tercero del siguiente tenor:

"Las Comisiones Calificadoras de concurso asignarán un puntaje adicional a las postulaciones de aquellos profesores que hayan ejercido por más de tres arios consecutivos de trabajo en el sector rural.".

Se estimó de justicia dar una ponderación especial a quienes ejercen la profesión en condiciones difíciles.

Se la aprobó por unanimidad.

Puesto en votación el Artículo con las indicaciones, se lo aprobó en forma unánime.

Artículo 45 bis (nuevo pasa a ser 44).

Los señores Diputados Concha, Masferrer, Muñoz, Ortiz, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Rodríguez, don Hugo, Smok, Valcarce y Velasco patrocinaron una indicación para introducir un nuevo artículo con el número 45 bis del siguiente tenor:

"Los profesionales de la educación tendrán derecho a permutar sus cargos, siempre que se desempeñen en cargos de una misma naturaleza, permuta que procederá desde y hacia cualquiera comuna del país. En estos casos los traslados permitirán que los profesores conserven sus asignaciones de antigüedad y de perfeccionamiento.

La permuta operará de pleno derecho con la aceptación mutua de los permutantes y regirá desde la fecha en que se notifique a los empleadores respectivos.".

La indicación no tiene otro objeto que establecer y reglamentar los efectos de este derecho que el Mensaje no considera.

Se la aprobó por unanimidad.

Artículo 46 (pasa a ser 45) .

Establece el derecho de los docentes a que se les efectúen imposiciones por la totalidad de sus remuneraciones.

Los señores Diputados Concha, Muñoz, Ortiz, Rodríguez, don Hugo, Smok, Valenzuela y Velasco presentaron una indicación para sustituir el inciso primero de este Artículo por el siguiente:

"Los profesionales de la educación tendrán derecho a que se les efectúen imposiciones previsionales sobre la totalidad de sus remuneraciones, se encuentren ellos cotizando en el Instituto de Normalización Previsional o estén afiliados al sistema de las adminístradoras de fondos de pensiones, aunque se hubieren traspasado de la previsión fiscal; todo ello con excepción de lo que pudieren percibir por concepto de colación, movilización, asignación familiar o del. Artículo 19 de la ley Nº 15.386.".

El fundamento de la indicación reside en e1 deseo de aclarar sus términos de tal manera de no dejar dudas que la imponibilidad total afecta o beneficia a todo el profesorado, cualquiera sea el sistema previsional a que esté afecto.

Se la aprobó por unanimidad.

Puesto en votación el artículo con las indicación, se lo aprobó con 6 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones.

Artículo 47. (pasa a ser 46).

Establece las asignaciones de que podrán gozar los docentes del sector municipal.

Se lo aprobó por unanimidad en los mismos términos propuestos por el Mensaje.

Artículo 48 (pasa a ser 47).

Señala el contenido de la asignación de experiencia, la que se aplica sobre la remuneración básica mínima nacional por cada dos años de servicios docentes, con un tope máximo de 100% de dicha remuneración para quienes completen 30 años de servicios.

Los señores Diputados Ortiz, Rodríguez, don Hugo y Smok propusieron una indicación para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

"Los aumentos porcentuales de cada incremento bienal serán de un 6.66%.".

La indicación obedeció al deseo de igualar tales incrementos toda vez que no existe razón valedera para que estos sean más bajos al comienzo.

Cabe hacer presente que la indicación contó con la opinión favorable de los representantes del Ministerio de Educación quienes sostuvieron que no implicaba un mayor gasto por cuanto no era más que una cuestión de distribución de fondos ya presupuestados.

Se la aprobó por 5 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones.

Se aprobó, a su vez, el Artículo con la indicación por unanimidad.

Artículo 49. (pasa a ser 48)

Se refiere a la asignación de perfeccionamiento y a su finalidad de buscar la superación técnico profesional del educador, consistiendo en un máximo de 40% de la remuneración básica mínima del personal que cumpla con los requisitos que señala.

a) Los señores Diputados Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio y Valcarce propusieron una indicación para agregar en la letra a) del inciso primero, después de las palabras "instituciones de educación", la expresión "superior".

La indicación no hace otra cosa que precisar el tipo de institución educacional en que pueden efectuarse los cursos de perfeccionamiento.

Se la aprobó por 9 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones.

b) Los señores Diputados Bombal, Masferrer, Morales, Prochelle, Rodríguez, don Claudio y Valcarce formularon una segunda indicación para suprimir la letra b) del inciso primero que exige haber cumplido 5 años de servicios docentes para acceder al beneficio de la asignación de perfeccionamiento.

Se estimó que la disposición era arbitraria y discriminatoria toda vez que no se divisa razón para la exigencia que establece.

Se aprobó por mayoría de votos.

c) Los señores Diputados Bombal, Concha, Masferrer, Muñoz, Morales, Ortiz, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Rodríguez, don Hugo, Smok, Valcarce, Valenzuela y Velasco patrocinaron una última indicación para suprimir, cambiando la coma por un punto final, la frase final del inciso segundo que dice: "y la disponibilidad de recurso del Fondo de Perfeccionamiento.".

Se estimó impropio supeditar el pago de las asignaciones ya incorporadas al patrimonio del profesor a asignaciones presupuestarias que no dependen de ellos.

Se la aprobó por unanimidad.

Puesto en votación el artículo con las indicaciones, se lo aprobó también en forma unánime.

Artículo 50 (pasa a ser 49).

Se refiere a la asignación por desempeño en condiciones difíciles, la que puede alcanzar hasta un 30% de la remuneración básica mínima nacional.

a) Los señores Diputados Concha, Masferrer, Muñoz, Ortiz, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Rodríguez, don Hugo, Smok, Valcarce, Valenzuela y Velasco propusieron una indicación para agregar al final de la letra c) del inciso segundo, suprimiendo el punto, la siguiente frase final "y alumnos discapacitados.".

Asimismo, para agregar una letra d) al inciso segundo del siguiente tenor:

"d) Desempeño de docencia en horario o jornada nocturna.".

La indicación, en sus dos partes, complementa los criterios o elementos considerados para determinar la asignación y fue aprobada por unanimidad.

b) Los señores Diputados Muñoz, Ortiz, Rodríguez, don Hugo y Valenzuela formularon indicación para suprimir la frase final del último inciso que dice: "y a la disponibilidad del fondo destinado al pago de esta asignación".

La indicación se fundó en los mismos motivos señalados respecto del Fondo de Perfeccionamiento en el artículo 49. (Actual 48).

Se la aprobó por mayoría de votos.

El artículo con las indicaciones fue aprobado por unanimidad.

Artículo 51. (pasa a ser 50)

Se refiere a la asignación de responsabilidad directiva y técnico pedagógica, estableciendo su contenido y disponiendo que podrá alcanzar hasta un monto máximo de veinte y diez por ciento de la remuneración básica mínima nacional, respectivamente.

Se aprobó, sin debate, en iguales términos a los propuestos por el Mensaje, por unanimidad.

Artículo 52. (pasa a ser 51).

Se refiere al derecho que tienen los docentes, no obstante cambiar él establecimiento en que se desempeñan, a conservar las asignaciones de experiencia y perfeccionamiento, las" que tienen un carácter permanente.

Con respecto a las otras dos asignaciones, es decir, desempeño en condiciones difíciles y de responsabilidad directiva o técnico pedagógica, sólo se mantendrán si el nuevo empleo da derecho a ellas.

Se aprobó por unanimidad, en los mismos términos propuestos por el Mensaje.

Artículo 53. (pasa a ser 52).

Dispone que la jornada de trabajo de los docentes se fijará en horas cronológicas de trabajo semanal, no pudiendo exceder de cuarenta y cuatro horas cronológicas.

Se loaprobó, sindebate, por mayoría de votos, en los mismos términos impuestos.

Artículo 54.

Establece que el docente que tenga un nombramiento por cuarenta y cuatro horas cronológicas semanales, no podrá tener contratos o nombramientos adicionales.

Los señores Diputados Bombal, Coloma, Masferrer, Morales, Muñoz, Ortiz, Prochelle, Rodríguez, don Claudio y don Hugo, Smok, Valcarce, Valenzuela y Velasco, formularon indicación para suprimir este artículo.

La indicación se fundó en la imposibilidad de impedir a los profesores .la búsqueda de ingresos adicionales, al menos, mientras no llegue a garantizárseles una remuneración suficiente.

Se la aprobó por mayoría de votos.

Artículo 55. (pasa a ser 53).

Establece que la jornada semanal del personal docente se conformará por horas de docencia de aula y horas de actividades curriculares no lectivas. Agrega que la hora docente de aula tendrá una duración máxima de 45 minutos y distribuye el horario cronológico en docencia de aula y en actividades curriculares no lectivas.

Los señores Diputados Bombal, Concha, Masferrer, Muñoz, Prochelle, Smok, Rodríguez, don Claudio; Valcarce y Velasco formularon indicación para reemplazar en el inciso quinto las expresiones "se podrá reducir" por "se reducirá a solicitud del interesado".

Se estimó que debiera darse la opción al docente para mantener la jornada normal y permitirle decir si le es o no conveniente la reducción.

Se aprobó por mayoría de votos.

Puesto en votación el artículo con la indicación, se lo aprobó en forma unánime.

Artículo 56. (pasa a ser 54).

Establece la obligación de los docentes de desempeñar sus funciones por el tiempo contratado en el colegio o escuela respectivo.

La Comisión, por acuerdo unánime, decidió reem-plazar la expresión "designados" por "contratados'°, en concordancia con lo resuelto respecto del artículo 42 (actual 40).

Se aprobó con el acuerdo, por unanimidad.

Artículo 57. (pasa a ser 55).

Establece un sistema de calificaciones para el personal docente, señalando los aspectos que deberán considerarse.

Se aprobó, en los mismos términos propuestos, por mayoría de votos.

Artículo 58. (pasa a ser 56).

Dispone que el personal docente municipalizado no estará afecto a las normas sobre negociación colectiva del Código del Trabajo y no podrá declararse en huelga o paralizar sus labores.

Los señores Díputados Muñoz y Velasco formularon indicación para suprimir la frase final de este artículo que señala "no pudiendo tampoco declararse en huelga ni paralizar sus labores.", reemplazando la coma que la precede por un punto final.

Se estimó improcedente suprimir estos derechos.

Se la aprobó por mayoría de votos, como igualmente el artículo con la indicación.

Artículo 59. (pasa. a ser 57).

Establece las causales por las que un profesor puede dejar de pertenecer a una dotación docente.

a) Los señores Diputados Bombal, Coloma, Masferrer, Muñoz, Prochelle, Rodríguez, don Hugo; Valcarce, Valenzuela y Velasco patrocinaron una indicación para suprimir la letra c) de este artículo que establece la caducidad del contrato por la supresión de horas, de cursos o cargos.

La indicación se fundó en que no es posible hacer soportar al profesor las consecuencias de actos o acciones que le son ajenos, a la vez que resulta factible buscar alternativas que le permitan continuar su desempeño.

Se aprobó por 9 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones.

b) Los señores Diputados Masferrer, Morales, Muñoz, Prochelle, Rodríguez, don Claudio; Valcarce y Velasco formularon una segunda indicación para sustituir la letra g) de este artículo que señala que podrá separarse a un profesor por mal desempeño profesional, por la siguiente: "g) Por calificación en lista de demérito.".

La indicación, que se explica por si sola, es complementaria del proceso evaluatorio que establece el artículo 57 (pasó a ser 55).

Se aprobó por mayoría de votos.

El artículo, conjuntamente con las indicaciones, se aprobó por mayoría de votos.

Artículos 60 y 61.

La primera de estas disposiciones establece una indemnización en favor del docente que sea separado de su cargo por la causal de la letra c) del Artículo 59 (57 actual), es decir, supresión de horas o de cursos.

La segunda disposición, refiriéndose a la misma causal, señala las preferencia para su aplicación a los profesores.

La Comisión, por acuerdo unánime y sin mayor debate, suprimió ambos artículos como consecuencia de haber decidido la supresión de la referida letra c).

Artículo 62. (pasa a ser 58).

Establece, como regla general, que los educadores del sector particular, pagado o subvencionado, se regirán en sus relaciones con sus empleadores,, por las normas del derecho privado, en especial por el Código del Trabajo, salvo aquello que establezca expresamente este Estatuto.

Se lo aprobó, sin debate y por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

Artículo 63. (pasa a ser 59).

Establece las menciones especiales que debe contener el contrato de trabajo del sector particular y demás reglas que lo rigen.

Los señores Diputados Masferrer, Muñoz, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Smok y Velasco, propusieron una indicación para reemplazar en el inciso segundo las expresiones "superiores a un año" por "inferiores a un año laboral docente".

Se fundó la indicación en el hecho de que en la ley N° 18.602, antecedente de este Estatuto, el contrato a plazo fijo no podía ser inferior a un año laboral docente, de tal manera que se estimó que el texto propuesto constituiría un retroceso para los profesores.

Se aprobó la indicación por mayoría de votos como igualmente el artículo con la indicación.

Artículo 64. (pasa a ser 60).

Establece que la jornada semanal de trabajo de estos docentes no podrá exceder de cuarenta y cuatro horas cronológicas y señala las demás reglas de esta jornada y duración de las horas cronológicas similares a las dispuestas para el sector municipalizado.

a) Los señores Diputados Masferrer y Rodríguez, don Claudio, presentaron una indicación para agregar en el inciso primero, después de las palabras "cuarenta y cuatro horas cronológicas" las siguientes expresiones: "para un mismo empleador".

La indicación buscó concordarse con la supresión del artículo 54 del Mensaje acordado por la Comisión, en razón de no ser posible impedir, por motivos de carácter económico, que los profesores celebren contratos adicionales que les permitan mejorar sus ingresos.

Se aprobó por unanimidad.

b) Los señores Diputados Masferrer y Prochelle formularon una nueva indicación para agregar, al final del inciso segundo, suprimiendo el punto final, la expresión "máximo".

Tal agregado sólo obedeció a una precisión.

Se aprobó por unanimidad.

El artículo, conjuntamente con las indicaciones, se aprobó también en forma unánime.

Artículos 65,66, 67 y 68. (pasan a ser 61, 62, 63 y 64, respectivamente).

La primera de estas normas se remite, en cuanto se refiere al feriado de este personal, a las reglas aplicables al sector municipal.

La segunda se refiere al reglamento interno de los establecimientos del sector particular.

La tercera declara prorrogados por enero y febrero los contratos docentes vigentes a diciembre, siempre que el docente tenga más de seis meses de servicio para el mismo empleador.

La cuarta señala que el valor de la hora acordada en los contratos no podrá ser inferior al valor hora mínimo nacional vigente.

Fueron aprobados, sin mayor debate por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

Artículo 69. (pasa a ser 65).

Hace extensivo al sector particular subvencionado, la asignación de desempeño difícil e indica el procedimiento para su obtención.

Los señores Diputados Bombal, Masferrer, Muñoz, Prochelle y Rodríguez, don Claudio formularon indicación para agregar un inciso final a este artículo del siguiente tenor:

"La aprobación dará derecho al financiamiento de la asignación en la proporción correspondiente.".

La indicación no tiene otro objeto que consagrar un resguardo más para el pago de la asignación.

Se aprobó por mayoría de votos.

El artículo fue aprobado con la indicación por 11 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

Artículo 69 bis (pasa a ser 66).

Los señores Diputados Bombal, Concha, Masferrer, Ortiz, Prochelle, Rodríguez, don Claudio y don Hugo, Smok, Valcarce, Valenzuela y Velasco patrocinaron una indicación para agregar un artículo 69 bis del siguiente tenor:

"Si un sostenedor remunera a los profesionales de la educación bajo contrato de plazo indefinido, a lo menos según las asignaciones establecidas en el Párrafo IV del Título III de la presente ley, las partes podrán, de común acuerdo, excluir el establecimiento del mecanismo de negociación colectiva.".

La indicación se funda en el hecho de que si las remuneraciones a que se hace referencia son satisfactorias para el sector municipalizado, también podrán serlo para el privado y de ahí la posibilidad de que se acuerde prescindir de la negociación colectiva.

Se la aprobó por unanimidad.

Artículo 70. (pasa a ser 67).

Establece, en caso de que una sentencia judicial declare injustificada la separación de un docente producida entre los meses de marzo y noviembre, además de las indemnizaciones legales, una especial consistente en el pago de las remuneraciones correspondientes desde el día de la separación, hasta el 28 de febrero del año siguiente.

Se lo aprobó, por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

Artículo 71. (pasa a ser 68).

Dispone que los docentes del sector particular podrán negociar colectivamente conforme a las normas del Código del Trabajo.

A sugerencia del señor Masferrer, la Comisión acordó, por unanimidad, reemplazar los términos "Código del Trabajo" por "sector privado", por tener más amplitud.

El Artículo, con el acuerdo, fue aprobado por unanimidad.

Artículo 72. (pasa a ser 69).

Deroga la ley N° 18.602 que regla las relaciones laborales entre los municipios y el personal docente que se desempeña en los establecimientos dependientes de los primeros.

Los señores Diputados üombal, Concha, Masferrer, Muñoz, Ortiz, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Valcarce, Valenzuela y Velasco formularon indicación para agregar al final del Artículo, cambiando el punto final por una coma, la siguiente frase “con excepción del Artículo 3°, letra c) de la misma ley.".

La indicación obedeció a una necesaria concordancia con la referencia hecha en la letra b) del artículo 9° del Estatuto, conforme la redacción acordada por la Comisión.

Tanto la indicación como el Artículo incluyéndola, se aprobaron por unanimidad.

Artículo 73. (pasa a ser 70).

Señala la fecha de vigencia del Estatuto, es decir, el 1° de marzo de 1991.

Se lo aprobó, por unanimidad en los mismos términos propuestos.

Artículos transitorios.

Artículo 1°.

Establece una gradualidad, a lo largo de los años 1991 a 1995, para dar cumplimiento al mandato de la imponibilidad total por las remuneraciones que perciben los docentes traspasados al sector municipal.

Se lo aprobó, en los mismos términos propuestos, por 6 votos, ninguno en contra y 5 abstenciones.

Artículo 2°.

Dispone que las personas jurídicas de derecho privado, que se constituyeron en virtud de lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, deberán, dentro del plazo de un año, devolver a los municipios los establecimientos educacionales que les fueron traspasados.

Se aprobó en los mismos términos propuestos por mayoría de votos.

Artículo 3°

Establece que dentro del plazo de 60 días de entrado en vigencia el Estatuto, los departamentos de administración educacional municipal deberán fijar las correspondientes dotaciones docentes.

Se lo aprobó en los mismos términos propuestos por mayoría de votos.

Artículo 4°.

Dispone que el cambio de régimen jurídico que signifique la aplicación del Estatuto a los profesores que, a la fecha de su entrada en vigor, se regían por el Código del Trabajo y que se incorporen a una dotación docente, no importará término de la relación laboral para ningún efecto legal.

Se lo aprobó, en los mismos términos, por mayoría de votos.

Artículo 5°.

Señala que la entrada en vigencia del Estatuto en modo alguno podrá significar una disminución de rentas para el personal docente municipal que, actualmente, tenga ingresos superiores a los que se fijan conforme a esta normativa.

Se aprobó, sin debate y en iguales términos, por mayoría de votos.

Artículo 6°.

Dispone que las remuneraciones y beneficios establecidos por el Estatuto para los docentes, deberán alcanzar el total de sus valores dentro de los cinco años siguientes a su entrada en vigor, conforme a la gradualidad que señalan los artículos siguientes.

Se aprobó, sin debate, por mayoría de votos en los mismos términos propuestos.

Artículo 7°.

Fija en $ 1.700. mensuales el valor mínimo de la hora cronológica para los docentes de la educación pre básica, básica y especial y en $ 1.800. mensuales para los de la educación media científico humanista y técnico profesional.

a) Los señores Diputados Bombal, Masferrer, Muñoz, Prochelle, Rodríguez, don Claudio y Valcarce formularon una indicación para agregar al final del inciso segundo, cambiando el punto final por uno seguido, la siguiente frase: "Dicho valor mínimo se establecerá en términos de porcentaje de una unidad de subvención educacional.".

La finalidad de la indicación fue la de mantener actualizado el monto de estos valores mínimos, ligándolos a la variación de la unidad de subvención educacional.

Se aprobó por mayoría de votos.

b) Los señores Diputados Muñoz, Valcarce y Valenzuela presentaron una segunda indicación para agregar un inciso final del siguiente terror:

"Las municipalidades que reciban asignaciones especiales a las unidades de subvención escolar por razones de ruralidad o zona, deberán incrementar los valores anteriores en los mismos porcentajes en que se hubiere aumentado el valor de la unidad de subvención educacional.".

La finalidad, igual que la indicación anterior, busca estabilizar en el tiempo el valor de las asignaciones.

Se aprobó por mayoría de votos.

Puesto en votación el artículo con las indicaciones, fue aprobado por mayoría de votos.

Artículo 8°.

Establece una gradualidad para el pago de la asignación de experiencia sobre la base de los bienios que se acrediten, señalando, además, un procedimiento para tal acreditación.

Se lo aprobó, en iguales términos que los propuestos, por mayoría de votos.

Artículo 9°.

Establece una gradualidad entre los años 1993, 1994 y 1995 para el pago de la asignación de perfeccionamiento, otorgando, asimismo, durante los años 1991 y 1992, un bono de cargo fiscal por un valor de $10.000. destinado al pago de cursos y actividades de tal índole.

Se aprobó, sin debate, en iguales términos, por 6 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones.

Artículo 10.

Dispone que la asignación de desempeño difícil se pagará a un máximo de un 25% de los establecimientos educacionales del país, estableciendo una gradualidad para ello entre los años 1991 y 1995.

Se aprobó, sin debate, en los mismos términos propuestos, por 6 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones.

Artículo 11.

Dispone el pago de la asignación de responsa-bilidad directiva y técnico pedagógica a partir del año 1991.

Se lo aprobó, sin debate, en iguales términos, por 6 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones.

Artículo 12.

Establece que el personal que se desempeña en establecimientos técnicos profesionales, administrados por instituciones del sector público, o por personas jurídicas sin fines de lucro, se regirá por las disposiciones de este Estatuto aplicables al sector particular.

Se aprobó, sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

Artículo 13.

Señala que las disposiciones sobre jornada de trabajo aplicables a los sectores municipal y particular, se aplicarán al entrar en vigencia el Estatuto, pero solamente a los contratos que se celebren a partir de entonces.

La Comisión acordó, por unanimidad, suprimirlo ya que esta norma perdió su razón de ser al suprimirse el artículo 54 que establecía un tope de 44 horas cronológicas para la jornada semanal de trabajo del sector municipal como también dejarse sin efecto el tope similar para el sector particular contenido en el artículo 64, (actual 60).

Cabe hacer presente que esta supresión contó con el parecer favorable de los representantes del Ministerio de Educación.

Artículo 14. (pasa a ser 13).

Establece que las disposiciones de este Estatuto aplicables a la carrera de los profesionales del sector municipal y la normativa que obliga a que el valor, pactado por hora no sea inferior al valor hora mínimo nacional vigente, sea aplicarán a los docentes de la educación pre básica en la medida que éstos se desempeñen en niveles que puedan dar origen n subvención estatal.

Se aprobó, sin debate, en iguales términos, por 6 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones.

Artículo 15. (pasa a ser 14).

Dispone que durante los años 1991, y 1992 se otorgará a los profesionales de la educación del sector particular subvencionado, un bono de cargo fiscal por valor de $ 10.000. para el pago de cursos y actividades de perfeccionamiento.

Se aprobó, sin debate, por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

Artículo 16. (pasa a ser 15).

Señala que el presidente de la República, dentro del plazo de 180 días a contar de la publicación del Estatuto en el Diario Oficial, deberá dictar el reglamento de esta ley.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos del Mensaje.

ARTÍCULOS NO APROBADOS POR UNANIMIDAD

En cumplimiento de lo dispuesto en el N° 5 del artículo 286 del Reglamento de la Corporación, cabe señalar que las siguientes disposiciones no fueron aprobadas por unanimidad : 2°; 3°; 12; 19; 20; 22; 26; 27; 28; 29; 33; 35; 36; 37; 52; 55; 56; 57 y 59 permanentes, y 2°; 3°; 4°; 5°; 6°; 7° y 8° transitorios.

DISPOSICIONES QUE DEBEN SER CONOCIDAS POR LA COMISION DE HACIENDA

De conformidad con lo establecido en el N° 4 del artículo 286 del Reglamento de la Corporación, a la Comisión de Hacienda corresponde conocer de los siguientes artículos : 40, 45; 46; 47; 48; 49; 50 y 51 permanentes y 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11 y 14 transitorios.

DISPOSICIONES QUE TIENEN EL CARÁCTER DE NORMAS DE QUORUM CALIFICADO

Conforme lo establece el N° 2 del artículo 286 del Reglamento de la Corporación, en relación con lo dispuesto en el artículo 19, N° 18, párrafo segundo de la Constitución Política, debe señalarse que tanto el artículo 45 permanente, en sus incisos primero y tercero, como el 1° transitorio tienen el carácter de normas de quórum calificado. En consecuencia, según lo señalado en el artículo 63, inciso tercero de la Carta Fundamental, requieren para su aprobación del voto favorable de la mayoría absoluta de los Diputados y Senadores en ejercicio.

*****

Por las razones expuestas y las que en su oportunidad dará a conocer el señor Diputado Informante, esta Comisión os recomienda aprobar el proyecto al cual, además, se le han introducido algunas modificaciones de forma que no se describen y que se incluyen en el siguiente texto:

PROYECTO DE LEY

"TITULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 1°.- Quedarán afectos al presente Estatuto los profesionales de la educación prestan servicios en los establecimientos de educación pre básica, básica y media de. administración municipal o particular reconocida oficialmente, así como en los establecimientos de educación técnico profesional administrados por corporaciones privadas sin fines de lucro, según lo dispuesto en el decreto ley N° 3.166, de 1980, corno también los que ocupan cargos docentes en los departamentos de administración de la educación de los municipios.

Artículo 2°.- Son profesionales de la educación las personas que poseen títulos de profesor o de educador, concedidos por escuelas normales, institutos profesionales u otros establecimientos legal-mente habilitados para este propósito. Para los efectos de este Estatuto, se entiende también como profesionales de la educación a las personas autorizadas para ejercer la docencia por el Ministerio de Educación, de acuerdo a la normativa vigente.

Artículo 3º.- Este Estatuto normará los requisitos, deberes, obligaciones y derechos de carácter profesional, comunes a todos los profesionales señalados en el artículo 1°, la carrera de aquellos profesionales de la educación de establecimientos del sector municipal y el contrato de los profesionales de la educación en el sector particular, en los términos establecidos en el Título IV de esta ley.

Artículo 4°.- No podrán ejercer labores docentes quienes sean condenados por algunos de los delitos contemplados en los párrafos 1, 4, 5, 6 y 8 del Título VII y en los párrafos 1 y 2 del Título VIII del Libro Segundo del Código Penal.

TITULO II

ASPECTOS PROFESIONALES

Párrafo I

FUNCIONES PROFESIONALES

Artículo 5°.- Las funciones de los profesionales de la educación son las siguientes: función docente, función docente directiva y las diversas funciones técnico pedagógicas de apoyo.

Artículo 6°.- La función docente es aquella de carácter profesional de nivel superior que se ocupa del diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los procesos sistemáticos de enseñanza y de educación y de las actividades educativas generales y complementarias que tienen lugar en las unidades educacionales de nivel pre básico, básico y medio.

Artículo 7°.- La función docente directiva es aquella de carácter profesional que, sobre la base una formación y experiencia docente y de una formación específica para la función, se ocupa de lo atinente a la dirección, supervisión, coordinación y orientación de la educación, y que conlleva tuicióny responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, paradocente, administrativo, auxiliar o de servicios menores, y respecto de los alumnos.

Asimismo, esta función debe ocuparse también de la administración de las unidades educativas.

Artículo 8°.- Las funciones técnico pedagógicas son aquellas de carácter profesional que, sobre la base de una formación y experiencia docente y de una formación específica para cada función, se ocupan respectivamente de los siguientes campos de apoyo o complemento de la docencia: orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de procesos de perfeccionamiento docente y otras que por decreto reconozca el Ministerio de Educación. .de la educacional y complemento de vocacional,

Artículo 9°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:

a) Docencia de aulas la acción o exposición personal directa realizada en forma sistemática por el docente, inserta dentro del proceso educativo. La hora docente de aula serte de 45 minutos coma máximo, en forma continua.

b) Actividades curriculares no lectivas: aquellas labores educativas complementarias de la función docente de aula, entre otras, las actividades de colaboración señaladas en la letra c) del artículo 3° de la ley N° 18.602, y las que sean establecidas por un decreto del Ministerio de Educación.

c) Año laboral docente: es el período comprendido entre el primer día hábil del mes en que se inicia e1 año escolar y el último del mes inmediatamente anterior a aquél en que se inicie el año escolar siguiente.

Párrafo II

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO

Artículo 10.- La formación inicial de los profesionales de la educación se hará en el nivel de educación superior, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

Artículo 11.- Sin perjuicio de la autonomía académica que corresponde a las instituciones de educación superior, éstas considerarán, en el diseño de los planes y programas de formación de profesores o educadores, áreas de formación general, de formación en una o más disciplinas del conocimiento, de formación pedagógica y de práctica profesional en dichas carreras.

Artículo 12.- Para ejercer la docencia, los profesionales de la educación deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2° de esta ley.

Artículo 13.- Los profesionales de la educación tendrán derecho al perfeccionamiento profesional. Corresponderá al Ministerio de Educación garantizar y contribuir al acceso de los profesionales de la educación a un sistema de perfeccionamiento mínimo, vinculado al mejoramiento de la calidad de la educación y a la ampliación de la cobertura del sistema.

Artículo 14.- De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 13 de la ley N" '1.8.956, 971 perfeccionamiento profesional ofrecido por el Ministerio de Educación será programado por el Centro Perfecciona-miento, Experimentación e de Investigaciones Pedagógicas y su ejecución podrá ser responsabilidad directa de esta dependencia ministerial o de instituciones de educación superior. Asimismo, otras entidades públicas o privadas, debidamente acreditadas por el Centro mencionado, podrán ofrecer cursos de perfeccionamiento a los profesionales de la educación.

Las municipalidades y los sostenedores de colegios particulares podrán colaborar en el perfeccionamiento de los docentes, en concordancia con la política de educación establecida por el Ministerio de Educación.

Artículo 15.- En la programación que realice el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas se considerarán las demandas y necesidades de todos los sectores de la educación tanto pública como privada.

El referido perfeccionamiento tendrá carácter recurrente y descentralizado y deberá contribuir directamente al mejoramiento del desempeño profesional de los docentes, a estimular la innovación y a reforzar los programas tendientes a elevar la calidad .de la enseñanza. Deberá, también, garantizarse la información y el acceso de los profesionales de la educación por vía de concurso público en los casos que corresponda.

Artículo 16.- El reglamento establecerá los criterios y los mecanismos para aprobar Ias modalidades y la extensión del perfeccionamiento señalado en los artículos anteriores, de acuerdo con el financiamiento que se establezca en el presupuesto de educación para el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas.

Párrafo III

PARTICIPACION

Artículo 17.- Los profesionales de la educación tendrán el deber y el derecho a participar, con carácter consultivo, en el diagnóstico, planeamiento, ejecución y evaluación de las actividades de la unidad educativa correspondiente y de las relaciones de ésta con 1a comunidad.

Artículo 18.- En cada establecimiento educacional habrá Consejos de Profesores de carácter consultivo, integrados por. personal docente directivo, técnico pedagógico y docente. Los Consejos de Profesores serán organismos técnicos en los que se expresará la opinión profesional de sus integrantes. Las sesiones de estos Consejos deberán desarrollarse dentro de las horas correspondientes a las actividades curriculares no lectivas. El reglamento establecerá las ocasiones o asuntos en que el. Consejo de Profesores de cada establecimiento educacional tendrá el carácter de resolutivo.

Al mismo tiempo, en los Consejos se encauzará la participación de los profesionales en el cumplimiento de los objetivos y programas de alcance nacional o comuna.. y en el desarrollo del proyecto educativo del establecimiento.

La dirección de los establecimientos educacionales deberá convocar, a lo menos dos veces al año, al Centro General de Padres y Apoderados a reuniones de carácter informativo.

También participará en estas reuniones el cuerpo de profesores del establecimiento.

Artículo 19.- Sin perjuicio de la libertad de gestión de los sostenedores de establecimientos educativos privados, y de las atribuciones administrativas de los directores de los establecimientos, los Consejos de Profesores tendrán carácter consultivo en materias técnico pedagógicas y cumplirán las funciones de estudio y asesoría en evaluación, planificación y perfeccionamiento que señale el reglamento, además de aquellas facultades resolutivas que este último les acuerde según el Artículo anterior.

Artículo 20.- En cada Departamento Provincial de Educación habrá un Consejo de carácter asesor, que tendrá como función asistir al Ministerio de Educación y, en particular. , al jefe del Departamento Provincial, en la adopción de decisiones relativas a la aplicación de políticas educacionales a 1a situación de cada provincia, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de las diversas autoridades y de la libertad de gestión de los sostenedores de la educación particular.

El Consejo Provincial de Educación estará integrado por el jefe del Departamento Provincial, que lo presidirá, por representantes del Gobernador, por representantes de los sectores municipal y particular de educación, por directores, profesores y Presidentes de los Centros de Padres y Apoderados de ambos sectores, y por representantes de las organizaciones de empleadores de la provincia.

El reglamento establecerá las funciones específicas del Consejo, el número y forma de designación o elección de los miembros y sus normas de funcionamiento.

Párrafo IV

AUTONOMIA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONALES

Artículo 21.- Los profesionales de la educación que se desempeñen en la función docente gozarán de un ámbito de autonomía en el ejercicio de ésta, sujeta al marco de las políticas, normas generales y disposiciones legales que orientan al sistema educacional; del proyecto educativo del establecimiento y de los programas específicos de mejoramiento e innovación. Esta autonomía podrá ejercerse en:

a) El planeamiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que desarrollarán en su ejercicio lectivo y en 1a aplicación de los métodos y técnicas correspondientes;

b) La evaluación de los procesos de enseñanza y del aprendizaje de sus alumnos, de conformidad con las normas nacionales y las acordadas por el establecimiento;

c) La aplicación de los textos de estudios y materiales didácticos en uso en los respectivos establecimientos, teniendo en consideración las condiciones geográficas y ambientales y de sus alumnos, y

d) La relación con las familias y los apoderados de sus alumnos, teniendo presente las normas adoptadas por el estable-cimiento.

Artículo 22.- Los profesionales de la educación tendrán derecho a ser asistidos por su empleador en la defensa que deduzcan contra atentados o agravios de que puedan ser objeto por terceros en el desempeño de sus funciones profesionales, sin perjuicio de la defensa que puedan requerir de su respectiva asociación gremial.

Cuando este desempeño sea objeto de una apreciación o evaluación directa, ésta debe ser puesta en su conocimiento. El docente gozará del derecho a recurrir contra una apreciación o evaluación que estime injustificada.

Las quejas o denuncias contra un educador deben ser formuladas por escrito, o, en su defecto, escrituradas por el funcionario que las reciba, para que sean acogidas por las autoridades y directores de establecimientos. Su texto debe ser conocido por el afectado.

Artículo 23.- Los profesionales de la educación son personalmente responsables de su desempeño en la función correspondiente. En tal virtud, deberán someterse a los procesos de evaluación de su desempeño y de su unidad educativa.

Tendrán derecho también a ser informados de los resultados de dichas evaluaciones y de las que se refieran al respectivo establecimiento y/o a su propio desempeño.

TITULO III

DE LA CARRERA DE LOS PROFESIONALES DE LA

EDUCACION DEL SECTOR MUNICIPAL

Párrafo I

AMBITO DE APLICACION

Artículo 24.- El presente título se aplicará a los profesionales de la educación que desempeñen, funciones en los establecimientos educacionales del sector municipal.

Para estos efectos se consideran "sector municipal" aquellos establecimientos educacionales que dependen directamente de los Departamentos de Educación Municipal de cada Municipalidad, o de las Corporaciones Educacionales creadas por éstas o los que habiendo sido municipales son administrados por Corporaciones Educacionales Privadas, de acuerdo con las normas establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 1 3.063, de 1980.

Párrafo II

DEL INGRESO A LA CARRERA DOCENTE

Artículo 25.- El ingreso a la carrera docente del sector municipal, se realizará por la incorporación a la dotación docente del Departamento de Administración Educacional de la municipalidad respectiva.

Para los efectos de esta ley, la dotación docente es el conjunto de profesionales de la educación necesarios para atender el número de horas de trabajo docente, docente directivo y técnico pedagógico que requiere el funcionamiento de los establecimientos de la comuna.

Artículo 26.- La dotación docente de cada establecimiento será fijada por el Departamento de Administración Educacional de la municipalidad respectiva, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley y en su reglamento, debiendo comunicarse cada fijación al Departamento Provincial de Educación correspondiente.

Dicha fijación se hará conforme al número de alumnos del establecimiento por niveles y cursos y según el tipo de educación y la modalidad curricular., cuando éstas sean de carácter especial.

Artículo 27.- El mismo organismo que fija la dotación docente de un establecimiento, deberá realizar en ella las adecuaciones que procedan por alguna de las siguientes causales:

1.- Variación en el número de alumnos del plantel.

2. Modificaciones curriculares establecidas por leyes o decretos.

3.- Cambios en el tipo de educación que se imparte.

4. Situaciones especiales de un establecimiento.

La adecuación de una dotación docente por las causales señaladas en este artículo se hará conforme a los parámetros técnicos establecidos por el reglamento de la presente ley, debiendo comunicarse, también, al Departamento Provincial de Educación.

Artículo 28.- Dentro del plazo de 15 días hábiles, tanto la fijación como la adecuación de una dotación, podrán ser objetadas mediante una resolución del Departamento Provincial de Educación. En el término de 5 días hábiles, contado desde la notificación de dicha resolución, el Departamento de Administración Educacional Municipal deberá contestar la objeción. Considerando los antecedentes de esta contestación, el Departamento Provincial de Educación emitirá un informe fundado. La dotación objetada deberá ajustarse a lo que indique este informe.

Artículo 29.- Para ingresar a la dotación de un establecimiento del sector será necesario cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadano.

2.- Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente.

3. Tener salud compatible coro el desempeño del cargo.

4. Poseer título de profesor o educador, o estar legalmente habilitado para ejercer como docente.

No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado o procesado por crimen o simple delito.

No obstante, los extranjeros que cumplan con los requisitos de los números 3, 4 y 5 de esta artículo, podrán ser autorizados por la Secretaria Regional Ministerial de Educación correspondiente, para ingresar a la dotación de un establecimiento del sector.

Artículo 30.- Los profesionales de la educación ingresan a una dotación docente en calidad de titulares o en calidad de contratados.

Son titulares los profesionales de la educación que ingresan a una dotación docente mediante un previo concurso público de antecedentes.

Tendrán calidad de contratados aquellos que desempeñen labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares.

Artículo 31.- El número de contratados de un establecimiento educacional no podrá ser superior al 20% del total de la dotación docente del mismo, a menos que en la localidad donde esté ubicado el establecimiento no haya suficientes docentes que puedan ser integrados en calidad de titulares. Esta situación deberá ser acreditada ante el correspondiente Departamento Provincial de Educación y será certificada por éste.

Artículo 32. El ingreso a una dotación docente en calidad de titular se hará por concurso público de antecedentes, el que será convocado por la municipalidad respectiva. Dichos concursos deberán ajustarse a las normas de esta ley y su reglamento, y en subsidio, a lo dispuesto en la ley N° 18.883.

Artículo 33.- Los concursos a que se refiere el artículo anterior., deben convocarse a los menos dos veces en el año lectivo y deberán ser de carácter nacional y simultáneo.

Artículo 34.- En cada comuna se establecerán Comisiones Calificadoras de concursos, de carácter permanente, para cada uno de los siguientes niveles:

a. Para los cargos docente directivos y de unidades técnico pedagógicas.

b. Para cargos docentes de la enseñanza media.

c. Para cargos docentes de la enseñanza básica y pre básica.

d. Para el cargo de director del Departamento de Administración Educacional Municipal.

Dichas comisiones estarán integradas de acuerdo a lo señalado en el artículo siguiente.

El reglamento de esta ley establecerá las normas de constitución y funcionamiento de estas comisiones.

Artículo 35.- Los concursos de antecedentes para ingresar como titular a una dotación serán definidos por las comisiones a que se refiere el artículo anterior, las que estarán formadas por.

a) Un representante del Departamento de Administración Educacional Municipal, designado por el director del mismo.

b) Dos directores de establecimientos de la comuna y nivel correspondiente a la vacante concursable, de los cuales uno cera el director del establecimiento materia del concurso y el otro será elegido por sorteo entre los pares.

c) Dos docentes elegidos por sorteo entre los pares de la especialidad de la vacante a llenar.

Actuará como ministro de fe, sin derecho a voto, un funcionario técnico designado por el Jefe del Departamento Provincial de Educación que corresponda.

Artículo 36.- En los concursos para vacantes de cargos docente directivos y unidades técnico pedagógicas, los postulantes deberán cumplir el requisito de tener estudios de administración, supervisión y evaluación en orientación vocacional.

Artículo 37.- Los concursos a los cuales convocarán las respectivas municipalidades serán administrados por su Departamento de Administración de Educación Municipal, organismo que pondrá todos los antecedentes a disposición de la Comisión Calificadora de concursos.

Las Comisiones Calificadoras de concursos previo análisis de los antecedentes relacionados con el desempeño profesional, la consideración de los años de servicios y el perfeccionamiento acumulado, emitirán un informe fundado que detalla un puntaje ponderado por cada postulante.

El alcalde deberá nombrar a quien ocupe el primer lugar ponderado en cada concurso.

Sólo en caso de renuncia voluntaria de quien ocupe el primer lugar, se podrá nombrar a los siguientes en estricto orden de precedencia.

Artículo 38.- La dirección de los Departamentos de Administración Educacional Municipal, sea cual fuere su denominación, deberá ser ejercida por un profesional de la educación, con especialidad en administración educacional.

Párrafo III

DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE

Artículo 39.- Los profesionales de la educación que tengan la calidad de titulares, tendrán derecho a la estabilidad en el cargo mientras no deban cesar por alguna de las causales de expiración de funciones establecidas en este Estatuto.

Artículo 40.- Los profesionales de la educación tendrán derecho a una remuneración básica mínima nacional para cada nivel del sistema educativo como también aguinaldos, asignaciones familiares, asignación de zona, asignación de movilización y otros, en conformidad a las normas que establezca la ley, y sin perjuicio de las asignaciones que se fijan en este Estatuto.

Se entenderá por remuneración básica minina nacional, el producto resultante de multiplicar el valor mínimo de la hora cronológica que fije la ley por el número de horas para las cuales haya sido contratado cada profesional.

Artículo 41.- Los profesionales de la educación tendrán derecho a asistencia médica por accidentes en actos de servicio o enfermedades contraídas en el desempeño de la función; licencias y permisos, de acuerdo a las normas generales y condiciones establecidas en el Estatuto Administrativo de los funcionarios Municipales.

Estos profesionales tendrán derecho a percibir remuneraciones o subsidios, según corresponda, por el total de las días que gocen de licencia médica.

Artículo 42.- Para todos los efectos legales, el feriado de los profesionales de la educación será el periodo de interrupción de las actividades escolares en los meses de enero a febrero. Sin embargo, durante dicha interrupción, podrán asistir a actividades de perfeccionamiento optativo hasta por un periodo máximo de tres semanas. Estas jornadas deberán programarse, en todo caso, a continuación del término del año escolar.

En casos especiales y calificados, el Ministerio de Educación podrá disponer, para una o más regiones, el traslado del feriado legal a otros meses del año calendario.

Artículo 43.- Los profesionales de la educación podrán ser objeto de destinaciones a otros, establecimientos educacionales, dependientes o relacionados con la misma municipalidad, a solicitud suya o por resolución fundada de la autoridad facultada para hacer la designación,, debiendo contarse, en este último caso, con el consentimiento del profesional respectivo y siempre que se trate de un cargo o nivel similar al que ostentaba como titular.

El o la cónyuge de algún profesional de la educación que haya sido destinado a una localidad distinta de aquella en la cual ambos trabajan como funcionarios del sector público o municipal, tendrá preferencia para ser designado en cargos ubicados en ésta.

Las Comisiones Calificadoras de concurso asignarán un puntaje adicional a las postulaciones de aquellos profesores que hayan ejercido por más de tres arios consecutivos en el sector rural.

Artículo 44. Los profesionales de la educación tendrán derecho a permutar sus cargos siempre que se desempeñen en empleos de una misma naturaleza, permuta que procederá desde y hacia cualquiera comuna del país. En estos casos los traslados permitirán que los profesores conserven seis asignaciones de antigüedad y de perfeccionamiento.

La permuta operara de pleno derecho con la aceptación mutua de los permutantes y regir desde la fecha en que se notifique a los empleadores respectivos.

Artículo 45.- Los profesionales de la educación tendrán derecho a que se les efectúen imposiciones previsionales sobre la totalidad de sus remuneraciones, tanto si se encuentran cotizando en el

Instituto de Normalización Previsional como si están afiliados al sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones; aunque se hubieren traspasado de la previsión fiscal; todo ello con excepción de lo que pudieren percibir por concepto de colación, movilización, asignación familiar o del artículo 19 de la ley N° 15.386.

Para que los profesionales de la educación a quienes se aplique esta norma, mantengan el monto líquido de sus remuneraciones, éstas deberán ser aumentadas mediante una bonificación que tendrá el mismo carácter de las establecidas en las leyes N°s. 18.566 y 18.675 y su monto será determinado por el Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Educación y suscrito por los Ministros de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.

La base de cálculo de las pensiones de los profesionales de la educación a quienes beneficie esta norma, que estuvieren acogidos al régimen de Previsión de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, actual Instituto de Normalización Previsional, se determinará en la misma forma que la establecida para los imponentes que se señalan en el artículo 15 de la ley N° 18.675, sin perjuicio de que se considere que han efectuado imposiciones sobre la totalidad de sus remuneraciones desde el 1° de enero de 1988, .para dar cumplimiento a lo establecido en la letra c) del mencionado artículo 15.

Párrafo IV

DE LAS ASIGNACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL DOCENTE

Artículo 46. Los profesionales de la educación del sector municipal gozarán de las siguientes asignaciones: de experiencia, de perfeccionamiento, de desempeño en condiciones difíciles y de responsabilidad directiva y técnico pedagógica. Además, las municipalidades podrán establecer, con fondos propios, asignaciones especiales de incentivo profesional.

Artículo 47. La asignación de experiencia consistirá en un porcentaje bienal, que se aplicará sobre la remuneración básica mínima nacional que determine la ley, por cada dos años de servicio docente debidamente acreditados, con un tope y monto máximo de un 100% de la remuneración básica mínima nacional para aquellos profesionales que totalicen 30 años de servicio.

Los aumentos porcentuales de cada incremento bienal serán de un 6, 66%.

El reglamento especificará el procedimiento para la acreditación de los bienios.

El tiempo computable para los efectos de percibir esta asignación, corresponderá a los servicios prestados en la educación pública o particular.

Artículo 48. La asignación de perfeccionamiento buscará la superación técnico profesional del educador y consistirá en un monto máximo de 40$ de la remuneración básica mínima nacional del personal que cumple con el requisito de haber aprobado cursos reconocidos por el. Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas o cursos o carreras de post titulo o de post grado académico en instituciones de educación superior, legalmente reconocidos o convalidados, ponderando especialmente aquellos estudios directamente ligados a la función que se desempeña.

El reglamento deberá establecer un sistema de puntaje para efectos de determinar el porcentaje de la asignación de perfeccionamiento que se reconoce, considerando especialmente las horas de duración de cada curso, actividad o carrera, el nivel académico respectivo y el grado de relación con el desempeño del profesional.

Artículo 49. La asignación por desempeño en condiciones difíciles, corresponderá a los profesionales de la educación que ejerzan sus funciones en establecimientos que sean calificados como de desempeño difícil por razones de ubicación geográfica, marginalidad, ex-trema pobreza u otras características análogas. Esta asignación podrá alcanzar hasta un 30% calculada sobre la remuneración básica mínima nacional correspondiente.

Los criterios para determinar que un establecimiento sea declarado de desempeño difícil y se de así origen al pago de la asignación por desempeño en estas condiciones a su personal, son las siguientes:

a) Aislamiento geográfico: distancia y/o dificultades de transporte y comunicación respecto a centros urbanos de importancia administrativa, económica y cultural;

b) Ruralidad efectiva: aquellas que obligan al profesor a residir en la escuela o en su cercanía en un medio ambiente propiamente rural;

c) El especial menoscabo o particular condición del tipo de población atendida: alumnos y comunidades en situación de extrema pobreza urbana, dificultades de acceso o inseguridad en el medio urbano, alumnos o comunidades bilingües o biculturales y alumnos discapacitados, o

d) Desempeño de docencia en horario o jornada noctuna.

El reglamento deberá fijar los grados en que se presenten las condiciones referidas y sus equivalencias en porcentaje de la asignación, además de los procedimientos correspondientes.

Corresponderá a cada municipalidad proponer los establecimientos cuyo personal tiene derecho a percibir esta asignación, así como establecer los grados de desempeño difícil y los consiguientes montos de la misma, conforme a las normas del reglamento de esta ley. Realizada dicha determinación, la municipalidad deberá confeccionar una lista de los establecimientos calificados como de desempeño difícil por orden de prioridad y la presentará a la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva. Este organismo procederá a determinar los establecimientos de desempeño difícil conforme a las políticas nacionales y regionales y a las propuestas de los municipios.

Artículo 50. La asignación de responsabilidad directiva y técnico pedagógica corresponderá a los profesionales de la educación que sirvan los cargos superiores de dicha naturaleza y alcanzará hasta un manto máximo equivalente al 20% y 10% de la remuneración básica mínima nacional, respectivamente.

Para determinar el porcentaje, cada administración municipal deberá tener en cuenta la matrícula y la jerarquía interna de los cargos docente directivos y técnico pedagógicos de la dotación de cada establecimiento.

Artículo 51. Los profesionales de la educación que presten sus servicios en cualquier establecimiento educacional del sector municipal, tendrán derecho a conservar los porcentajes de las asignaciones de experiencia y perfeccionamiento al pasar a desempeñarse en otra localidad.

No obstante, las asignaciones de desempeño en condiciones difíciles y de responsabilidad directiva o técnico pedagógica, solamente se mantendrán si el nuevo empleo da derecho a su cancelación.

Párrafo V

DE LA JORNADA DE TRABAJO

Artículo 52. La jornada de trabajo de los profesionales de la educación se fijará en horas cronológicas de trabajo semanal.

Esta jornada no podrá exceder de 44 horas cronológicas.

Artículo 53. La jornada semanal del personal docente se conformará por horas de docencia de aula y horas de actividades curriculares no lectivas.

La hora docente de aula tendrá una duración máxima de 45 minutos.

Los docentes que tengan nombramientos de 44 horas cronológicas, deberán realizar, como máximo, el equivalente a 33 horas cronológicas en docencia de aula y el horario restante se utilizará en actividades curriculares no lectivas.

Las jornadas de menor número de horas cronológicas serán distribuidas de manera que resulte una proporción similar a la establecida para las 44 horas cronológicas.

La docencia de aula efectiva que realicen los docentes con 30 o más años de servicios, se reducirá, a solicitud del interesado, a un máximo de 24 horas, debiendo asignarse el resto de su horario a actividades curriculares no lectivas.

Tratándose de docentes que cumplan funciones en jornadas nocturnas, su horario no podrá sobrepasar la medianoche, salvo que se trate de profesores que hubieren sido contratados para cumplir labores de internado.

Párrafo VI

DEBERES Y OBLIGACIONES FUNCIONARIAS DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION

Artículo 54. Los profesionales de la educación estarán obligados a desempeñar sus funciones en el establecimiento respectivo de acuerdo al número de horas para las cuales han sido contratados, y sólo podrán ausentarse en caso de licencias, permisos o feriados.

Artículo 55. Para el cumplimiento de la evaluación contemplada en el artículo 23 de este Estatuto, el reglamento establecerá un sistema de calificaciones del personal afecto al presente Título.

En el referido sistema de calificaciones, se deberán medir, de manera objetiva, los siguientes aspectos

a) Responsabilidad profesional y funcionaria;

b) Perfeccionamiento realizado;

c) Calidad de desempeño;

d) Méritos excepcionales, y

e) Relaciones humanas y capacidad de integración en el establecimiento.

El reglamento deberá estipular la composición de las comisiones calificadoras, la incorporación a ellas de representantes de los profesionales del respectivo establecimiento y/o función que corresponda, así como la definición de la autoridad o comisión de apelaciones. Del mismo modo fijará los procedimientos, el plazo, la periodicidad y los demás detalles técnicos del sistema de calificaciones.

Artículo 56. El personal al cual se aplica este título no estará afecto a ninguna de las normas sobre negociación colectiva establecidas en el Código del Trabajo o en leyes especiales.

Párrafo VII

TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION

Artículo 57. Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, pueden dejar de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales:

a) Por .renuncia voluntaria;

b) Por falta de probidad, conducta inmoral grave u otras causales que los hagan acreedores a una medida disciplinaria expulsiva, adoptada por medio de un sumario;

c) Por término del período por el cual se efectuó el contrato;

d) Por jubilación;

e) Por fallecimiento, y

f) Por calificación en lista de demérito.

A los profesionales de la educación que terminen una relación laboral por las causales de las letras a) y c) se les considerará su experiencia y su perfeccionamiento en posteriores concursos para ingresar a otra dotación, o para reingresar a la misma.

TITULO IV

DEL CONTRATO DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION EN EL SECTOR PARTICULAR

Párrafo I

NORMAS GENERALES

Artículo 58. Las relaciones laborales entre los docentes y los empleadores educacionales del sector particular, tanto pagado como subvencionado, serán de Derecho Privado, y se regirán por las normas del Código del Trabajo y sus disposiciones complementarias en todo aquello que no esté expresamente establecido en este título.

Párrafo II

DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO Y DE LAS MODIFICACIONES LEGALES A ESTE

Artículo 59. Sin perjuicio de lo que el Código del Trabajo dispone sobre las estipulaciones mínimas de todo contrato de trabajo, el regulado en este título deberá contener especialmente las siguientes:

a) Descripción de las labores docentes que se encomiendan;

b) Determinación dela jornada semanal de trabajo, diferenciándose las funciones docentes de aula de otras actividades contratadas;

c) Lugar y horario para la prestación de servicios.

El tiempo que el docente utilice en un mismo día para trasladarse de un establecimiento a otro en virtud de una misma relación laboral, se considerará trabajado para todos los efectos de esta ley, y el costo de movilización será de cargo del empleador. Ambas circunstancias deberán señalarse expresamente, y

d) Duración del contrato, el que podrá ser de plazo fijo, de plazo indefinido o de reemplazo.

El contrato a plazo fijo no podrá extenderse por períodos inferiores a un año laboral docente, pudiendo renovarse en conformidad a lo dispuesto en el Código del Trabajo. E1 contrato de reemplazo es 'aquel en virtud del cual un docente presta servicios en un establecimiento para suplir transitoriamente a otro con contrato vigente que no pueda desempeñar su función, cualquiera que sea la causa., Deberá establecerse el nombre del docente que se reemplaza y la causa de su ausencia.

Este contrato, salvo estipulación en contrario, durará por el período de ausencia del profesional reemplazado.

Si durante el año laboral docente termina el contrato de un profesional de la educación, el empleador tendrá derecho a contratar a otro por el resto del mismo.

Artículo 60.- La jornada semanal de trabajo de quienes ejerzan labores docentes, no podrá exceder de 44 horas cronológicas para un mismo empleador. La docencia de aula semanal de estos profesionales de la educación no podrá exceder de 33 horas cronológicas. El horario restante será destinado a labores curriculares no lectivas. Cuando la jornada de trabajo contratada fuere inferior a 44 horas semanales, el máximo de clases quedará determinado por la proporción respectiva.

La hora docente de aula tendrá una duración máxima de 45 minutos.

Tratándose de docentes que cumplan funciones en jornada nocturna su horario no podrá sobrepasar la medianoche, salvo que se trate de aquéllos que hubieren sido contratados para cumplir labores de internado.

Las disposiciones de este Artículo se aplicarán solamente a los contratos docentes celebrados entre profesionales de 1a educación y establecimientos educacionales particulares subvencionados.

Artículo 61.- El personal docente hará uso de feriado legal de acuerdo a las normas establecidas en el artículo 42 de la presente ley.

Artículo 62.- Los establecimientos educacionales particulares dictarán reglamentos internos, los que deberán considerar a lo menos:

a) Normas generales de índole técnico pedagógicas, incluyendo las relativas al Consejo de Profesores;

b) Normas técnico administrativas sobre estructura y funcionamiento general del establecimiento, y

c) Normas de prevención de riesgos, de higiene y de seguridad.

Artículo 63.- Todo contrato vigente al mes de diciembre se entenderá prorrogado por las meses de enero y febrero, siempre que el docente tenga más de seis meses continuos de servicios para el mismo empleador.

Artículo 64.- E1 valor de la hora pactado en los contratos no podrá ser inferior al valor hora mínimo nacional vigente fijado por ley.

Artículo 65.- Los profesionales de la educación del sector particular subvencionado gozarán de la asignación establecida en el artículo 49, de esta ley, si el establecimiento en el cual trabajan es calificado como de desempeño difícil conforme a lo señalado en el mismo artículo.

Para estos efectos, dichos establecimientos deberán postular ante el correspondiente Departamento Provincial de Educación, el cual efectuara La proposición a que se refiere e1 inciso final del artículo 49 de esta ley, consultando la opinión del Consejo Provincial de Educación respectivo.

La aprobación dará derecho al financiamiento de la asignación en la proporción correspondiente.

Artículo 66.- Si un sostenedor remunera a los profesionales de la educación bajo contrato de plazo indefinido, a lo menos, según las asignaciones establecidas en el párrafo IV del Título III de esta ley, las partes podrán, de común acuerdo, excluir sal establecimiento del mecanismo de negociación colectiva.

Párrafo IV

DE LA TERMINACION DEL CONTRATO

Artículo 68.- Si una sentencia judicial declara injustificada la terminación de un contrato avisada por el empleador al docente durante los meses de marzo a noviembre inclusive, la misma condenará al empleador a cancelar, además de otras indemnizaciones que legalmente le correspondan en cada caso, las remuneraciones que el profesional debería haber recibido desde el día del término efectivo de su trabajo hasta el 28 de febrero de laño siguiente.

Esta indemnización adicional será incompatible con el derecho establecido en el artículo 63 de esta ley.

Párrafo IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 68. Los profesionales de la educación del sector particular tendrán derecho a negociar colectivamente conforme a las normas del sector privado.

TITULO FINAL

Artículo69. Derógase la ley N° 18.602, con excepción de su artículo 3°, letra c).

Artículo 70.- El presente Estatuto regirá a partir desde el 1° de marzo de 1991.

Artículos transitorios

Artículo 1°.-No obstante lo estipulado en el artículo 45 de esta ley, a los profesionales de la educación que se acogieron a la opción establecida en el artículo 4° del decreto con fuerza de ley N° 1 3063, de 1980, del Ministerio del Interior, sustituido por el artículo15 de la ley N° 18.196 y que por efectos de lo establecido en el inciso tercero del artículo 2° transitorio de la mencionada ley N° 18.196, tienen como remuneración imponible la que disfrutaban al momento del traspaso, la mayor imponibilidad que represente para ellos la aplicación de este artículo se les efectuará gradualmente de acuerdo con la siguiente escala:

A partir del 1° de marzo de 1991, las imposiciones se efectuarán sobre las mismas remuneraciones imponibles vigentes al 28 de febrero de 1991.

A partir del 1° de marzo de 1992, se aplicará la siguiente escala gradual respecto de quienes tengan 26 o más años de servicios o imposiciones al 1° de marzo de 1991:

1. 1° de marzo de 1992: 25% de la diferencia, entre las remuneraciones efectivas y las imponibles al 28 de febrero de 1991;

2. 1° de marzo de1993; 50% de la diferencia entre las remuneraciones efectivas y las imponibles al 28 de febrero de 1991;

3. 1° de marzo de1994:75% de la diferencia entre las remuneraciones efectivas y las imponibles al 28 de febrero de 1991, y

4. 1° de marzo de 1995: 100% de la diferencia entre las remuneraciones efectivas y las imponibles al 28 de febrero de 1991.

A los profesionales de la educación a quienes se les aplica esta norma y que tengan menos de 26 años de servicios o imposiciones al 1° de marzo de 1991, se les continuarán efectuando las imposiciones sobre las mismas remuneraciones imponibles vigentes al 28 de febrero de 1991. No obstante, a medida que vayan cumpliendo 27 o más años de servicios o imposiciones, se les aplicará la misma escala gradual aquí señalada, hasta completar un 100% de imposiciones sobre las remuneraciones efectivas, en un lapso de cuatro años a partir desde el 1° de marzo siguiente a la fecha 'en que hayan cumplido dicho número de años de servicios o imposiciones.

En todo caso, los profesionales de la educación a que se refiere el inciso primero de este artículo, y que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, cumplan con todos los requisitos para jubilar establecidos en el decreto ley N° 2.448, de 1979, en el decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, y en la ley N° 18.834, y que se acojan a jubilación dentro de un plazo de 120 días contado desde esa fecha, se les considerar, para los efectos del cálculo de su jubilación, que han efectuado imposiciones sobre la totalidad de sus remuneraciones efectivas a partir del 1° de enero de 1988.

Artículo 2°. Dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de esta ley, las personas jurídicas de derecho privado constituidas en conformidad al decreto con fuerza de ley N° 1 3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, deberán entregar a las municipalidades correspondientes la administración de los establecimientos educacionales que les fueron traspasados, sin perjuicio de que posteriormente se puedan formalizar nuevos conveníos compatibles con esta ley.

Un decreto de los Ministerios de Interior y de Educación establecerá el procedimiento para efectuar dicha entrega.

Artículo 3°. Dentro del plazo de 60 días contado desde la entrada en vigencia de esta ley, los Departamentos de Administración Educacional Municipal deberán fijar las dotaciones correspondientes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 28 del esta ley.

Los profesionales de la educación que reúnan las condiciones de titularidad para integrar una dotación, serán asignados a ella en dicha calidad, prefiriéndose a aquellos con más años de servicios. Los restantes se integrarán en calidad de contratados en la dotación del mismo establecimiento o serán integrados a la dotación de otro establecimiento de la comuna.

En el mismo plazo señalado, los Departamentos de Educación Municipal deberán llamar a concurso público para llenar las respectivas dotaciones de docentes directivos de los establecimientos de la comuna que hayan ingresado por otra vía, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 32 y siguientes de esta ley.

Para los efectos de la primera fijación de dotaciones a que se refiere este artículo, el Departamento Provincial de Educación del Ministerio ele Educación, en conformidad a lo establecido en el artículo 28 de esta ley, podrá objetar aquellas dotaciones fijadas por los departamentos municipales de educación cuando correspondan a un número de horas de docencia que exceda de las que fueron contratadas en el mes de marzo del año 1990, en el conjunto de los establecimientos educacionales de la comuna.

Artículo 4°. El cambio de régimen jurídico que signifique la aplicación de esta ley, respecto de los profesionales de la educación regidos a la fecha de su entrada en vigencia por las normas del Código del Trabajo, y que sean incorporados a una dotación docente, no importará término de la relación laboral para ningún efecto, incluidas las indemnizaciones por años de servicios que pudieran corresponder a tal fecha.

El pago de beneficios que correspondan indemnizatorios al personal referido, se entenderá postergado hasta el cese de los servicios en la respectiva entidad empleadora, cuando éstos otorguen derecho a percibirlo. En tal caso, la indemnización respectiva se determinará computando sólo el tiempo servido hasta la fecha de cambio de régimen a que se refiere el inciso anterior y las remuneraciones que estuviere percibiendo el profesional de la educación a la fecha del cese.

Artículo 5°. La entrada en vigencia de esta ley en ningún caso implicará disminución de las remuneraciones de los profesionales de la educación del sector municipal que, actualmente, sean superiores a las que se fijen en conformidad al presente Estatuto.

En el caso de profesionales de la educación de este sector con remuneraciones superiores, y para los efectos de hacer la adecuación de sus remuneraciones vigentes a lo dispuesto en esta ley, el total de la remuneración que actualmente perciben, se ajustará conforme a las siguientes normas,: En primer lugar se imputará una cantidad a lo que corresponda por remuneración básica mínima nacional. Lo que reste se imputará a lo que corresponda por el pago de las asignaciones de experiencia, de perfeccionamiento y de responsabilidad docente directiva o técnico pedagógica. Si efectuado lo anterior persistiere una diferencia, ésta podrá imputarse a las asignaciones especiales de origen municipal, señaladas en el artículo 46 de esta ley.

Artículo 6°. Las remuneraciones y beneficios establecidos por esta ley para los profesionales de la educación deberán alcanzar el total de sus valores correspondientes dentro de los cinco arios siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, y de acuerdo a las normas de gradualidad establecidas en los artículos siguientes.

Artículo 7°. E1 valor mínimo de la hora cronológica para los profesionales de la educación pre básica, básica y especial, será de $ 1.700 mensuales.

El valor mínimo de la hora cronológica para los profesionales de la educación media científico humanista y técnico profesional, será de $ 1.800 mensuales.

Los valores mínimos señalados en los dos incisos anteriores se establecerán en porcentajes de una unidad de subvención educacional.

El valor mínimo de la hora cronológica para los profesionales de la educación de adultos se determinará de acuerdo al nivel en que desempeñen sus labores docentes.

Las municipalidades que reciban asignaciones especiales a las unidades de subvención escolar por razones de ruralidad o zona, deberán incrementar los valores anteriores en los mismos porcentajes en que se hubiere aumentado el valor de la unidad de subvención educacional.

Artículo 8. La asignación de experiencia establecida en el artículo 47 de, esta ley para los profesionales de la educación del sector municipal, se aplicará y pagará con base en los bienios de servicio docente que se acrediten conforme al inciso final de este artículo y de acuerdo a la siguiente escala gradual:

1. Durante 1991: 50% del monto que correspondería por cada bienio debidamente acreditado.

2. Durante 1992: 60% del monto que correspondería por cada bienio debidamente acreditado.

3. Durante 1993: 90% del monto que correspondería por cada bienio debidamente acreditado.

4. A partir de 1994: se aplicará íntegramente lo dispuesto en el artículo 47 de esta ley.

Dentro de los 9 meses siguientes a la dictación de esta ley, los profesionales de la educación de una dotación acreditarán ante el Departamento de Administración Educacional del municipio correspondiente, por medio de certificados fidedignos emanados de las municipalidades respectivas o del Ministerio de Educación, los años de servicios docentes servidos en la educación municipalizada o en educación fiscal en el período anterior al traspaso de los establecimientos. Para el caso del reconocimiento, para estos efectos, de los años de servicios docentes servidos en la educación particular, se considerarán las actividades docentes realizadas a partir de 1980 en establecimientos que tengan el carácter de cooperadores de la función educacional del Estado, lo que se acreditará con certificado del director o sostenedor del establecimiento conjuntamente con otros antecedentes públicos, como certificados de, instituciones de previsión o planillas de subvención visadas por el Ministerio de Educación.

El reconocimiento de bienios se realizará por resolución municipal fundada, la que será remitida al Ministerio de Educación por la vía del Departamento Provincial respectivo, el que tendrá un plazo de 30 días para revisar y, eventualmente, objetar dicha resolución, en cuyo caso el Ministerio procederá a dictar una resolución ministerial fundada. Las resoluciones municipales no objetadas dentro de dicho plazo se darán por aprobadas.

El reconocimiento de los bienios anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se efectuará teniendo en consideración las horas efectivamente trabajadas en servicios docentes.

Artículo 9°. La asignación de perfeccionamiento establecida en el artículo 48 se aplicará en la forma que determina la presente ley y su reglamento, a partir de los año 1993 y 1994, en los cuales la asignación de perfeccionamiento a que se tenga derecho alcanzará a un máximo de un 20% del monto correspondiente a la remuneración básica mínima nacional. A partir de 1995, el monto de la asignación alcanzará hasta un máximo de un 40% de dicha remuneración básica mínima nacional para quienes cumplan con los requisitos correspondientes y conforme a los recursos disponibles para esta asignación.

Durante los años 1991 y 1992 se otorgará a los profesionales de la educación municipal un bono anual de $ 10.000. de cargo fiscal, que será destinado al pago de cursos y actividades de perfeccionamiento conforme al procedimiento que se establezca por decreto supremo del Ministerio de Educación.

Artículo 10. La asignación por desempeño condiciones difíciles, establecida en el artículo 49 de la presente ley, se otorgará a un máximo de un 25% de los establecimientos educacionales del país, de acuerdo a la siguiente tabla de gradualidad:

1. Durante los años 1991 y 1992: hasta un 25% del monto total señalado en el artículo 49 de esta ley;

2. Durante el año 1992: hasta un 50% del monto total señalado en el artículo 49 de esta ley;

3. Durante el año 1994: hasta un 75% de dicho monto, y

4. A partir del año 1995: hasta un 100% de dicho manto, según la disponibilidad del fondo destinado al pago de esta asignación.

Artículo 11. La asignación de responsabilidad directiva y técnico pedagógica establecida en el artículo 50, se cancelará a partir de 1991, calculándose sobre la remuneración básica mínima nacional, en la forma y condiciones señaladas en dicho artículo.

Artículo 12. El personal que se desempeña en establecimientos técnico profesionales administrados según el decreto ley N° 3.166, de 1980 se regirá por las disposiciones del contrato docente establecido en el Título IV de esta ley.

Artículo 13. En el caso de los profesionales de la educación pre-básica, las disposiciones del Título III y del artículo 64 del Título IV de esta ley, sólo se aplicaran a aquellos que se desempeñen en niveles de dicha educación que puedan dar origen a subvención del Estado conforme a la legislación respectiva.

Artículo 14. Durante los años 1991 y 1992 se otorgará a los profesionales de la educación particular subvencionada, un bono anual de $ 10.000 de cargo fiscal, que será destinado al pago de cursos y actividades de perfeccionamiento conforme al procedimiento que se establezca por decreto supremo del Ministerio de Educación.

Artículo 15.- El Presidente de la República dictará el reglamento de la presente ley, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.".

Se designó Diputado Informante al señor ROBERTO MUÑOZ BARRA.

Sala de la Comisión, a 21 de noviembre de 1990.

Acordado en sesiones de fechas 7, 14, 20 y 21 de noviembre de 1990, con asistencia de los señores Diputados Roberto Muñoz Barra (Presidente), Carlos Bombal Otaegui, Camilo Escalona Medina, Juan Alfonso Masferrer Pellizzari, José Miguel Ortiz Novoa, Marina Prochelle

Aguilar, Hugo Rodríguez Guerrero, Carlos Smok Ubeda, Carlos Valcarce Medina, Felipe Valenzuela Herrera, Sergio Velasco de la Cerda y Edrnundo Villouta Concha.

En reemplazo de los señores Camilo Escalona Medina, Angel Fantuzzi Hernández, Carlos Valcarce Medina, Sergio Velasco de la Cerda y Edmundo Villouta Concha asistieron los señores Sergio Aguiló Melo, Isidoro Tohá González, Claudio Rodríguez Cataldo, Jorge Morales Adriasola, Joaquín Palma Irarrázabal y Juan Concha Urbina.

Asistieron además los señores Diputados Francisco Bayo Veloso, Antonio Horvath Kiss y José Peña Meza.

EUGENIO FOSTER MORENO

Secretario

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NUEVAS NORMAS SOBRE ESTATUTO DOCENTE. (BOLETÍN Nº 182-04).

HONORABLE CÁMARA:

Vuestra Comisión de Hacienda efectuó el estudio del proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 219 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

El proyecto en informe tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la Re-pública, cuya tramitación fue calificada de "simple urgencia".

Asistieron a la Comisión, durante el estudio de la iniciativa los señores Ricardo Lagos E., Ministro de Educación; don Raúl Allard N., Subsecretario de Educación; don Pedro Henríquez G., Jefe de la Dirección de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación; don Mauricio Morales D., asesor jurídico del Ministerio de Educación y don José Espinoza P., asesor de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

Según lo expuesto en el Mensaje, los objetivos del proyecto de ley pueden sintezarse en:

1) Incentivar la profesionalización en el ejercicio de la labor docente; 2) mejorar la calidad de la educación mediante la creación de condiciones profesionales y laborales que faciliten un ejercicio más óptimo de la docencia y proporcionar una estabilidad laboral mayor que la actual, que sea compatible con una administración descentralizada, flexible y responsable de los establecimientos educacionales; 3) mejorar las situaciones remuneracionales más deterioradas de los profesionales de la educación, y 4) disminuir las diferencias excesivas para acceder a una educación de calidad óptima.

La aplicación plena del Estatuto Docente representará -según se indica en los antecedentes proporcionados a la Comisión- un mayor gasto en el sector municipal y particular subvencionado equivalente a 38 mil millones de pesos anuales, a partir de 1995, aproximadamente, efectuándose una aplicación gradual en cinco años; se estima que en 1991 alcanzará dicho gasto a los 10 mil pesos.

El desglose de estas cifras, conforme a los antecedentes proporcionados por los re-presentantes del Ejecutivo en la Comisión, se detallan en el cuadro siguiente:

NOTA: 1) Los valores arriba indicados son sobre la base de hora cronológica a $1,900 y $2.000 mensuales, cuando corresponda.

2) Los montos señalados están ajustados a las indicaciones introducidas en la Comisión de Hacienda.

Por otra parte, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación consignó en su Informe los artículos 40; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51 permanentes y lº; 5º; 6º; 7º; 8º; 9º; 10º; 11 y 14 transitorios del proyecto por ella aprobado como de conocimiento de esta Comisión.

La discusión general de proyecto en la Comisión estuvo dedicada, principalmente, a debatir los alcances de la iniciativa; su incidencia en los ingresos futuros de los profesionales de la educación; la distribución de los recursos económicos involucrados y la concreción de las medidas o instrumentos que el proyecto conlleva, sugiriéndose diversas indicaciones tanto por los señores Diputados como por el Ejecutivo que recogen los planteamiento efectuados en la Comisión tendientes a perfeccionar las normas sometidas a su conocimiento.

En relación con lo anterior y a propósito del análisis particular de la iniciativa cabe señalar lo siguiente:

Artículo 40

Señala los estipendios a que tendrán derecho los profesionales de la educación, indicándose que son, entre otros, la remuneración básica mínima nacional, definida como el producto resultante de multiplicar el valor mínimo de la hora cronológica que fija la ley por el número de horas que ha sido contratado el profesional.

En el debate habido en la Comisión se consideró necesario mejorar la redacción de este artículo, suprimiendo la enumeración que hace de los estipendios, según la indicación propuesta por los Diputados Arancibia, Devaud, Huenchumilla, Palma, Ramírez y Sota, para sustituir en el referido inciso, el párrafo que sigue a continuación del término "educativo", por el siguiente:

"en conformidad a las normas que establezca la ley, a las asignaciones que se fijan en este Estatuto, y sin perjuicio de las que se contemplen en otras leyes.".

Esta indicación fue aprobada por unanimidad en la Comisión.

Sometido a votación el artículo, se aprobó por 6 votos a favor y 4 abstenciones.

Artículo 45

Contempla el derecho de los profesionales de la educación que indica, a que se les efectúen las imposiciones previsionales sobre la totalidad de sus remuneraciones, en las condiciones que señala, estableciéndose una bonificación para mantenerles el monto líquido de sus remuneraciones. Se fija como base de cálculo de las pensiones de los profesionales de la educación acogidos al régimen del actual Instituto de Normalización Previsional, la que resulte de aplicar el artículo 15 de la ley Nº 18.675, sin perjuicio de que se considere que han efectuado imposiciones sobre la totalidad de sus remuneraciones desde el 1º de enero de 1988, para dar cumplimiento a lo establecido en la letra c) del mencionado artículo 15.

Esta disposición fue discutida en cuanto a su alcance, sugiriéndose, en esta oportunidad, una indicación de los Diputados Estévez, Huenchumilla y Palma, que la perfecciona, para sustituir el inciso primero, por el siguiente:

"Artículo 45.- Los profesionales de la educación tendrán derecho a que se les efectúen imposiciones previsionales sobre la totalidad de sus remuneraciones. Para estos efectos se entiende por remuneraciones lo establecido en el artículo 40, del Código del Trabajo.".

Esta indicación fue aprobada por unanimidad en la Comisión.

Puesto en votación el artículo, se aprobó por 7 votos a favor y 2 abstenciones.

Artículo 46

Señala que los profesionales de la educación del sector municipal gozarán de las asignaciones de experiencia, de perfeccionamiento, de desempeño en condiciones difíciles y de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica. Además, dispone que las municipalidades podrán establecer, con fondos propios, asignaciones especiales de incentivo profesional.

En esta disposición el debate de la Comisión se centró en los efectos que podría producir el otorgamiento de asignaciones especiales con fondos propios de las municipalidades y en los alcances de los términos "de incentivo profesional" que se emplean.

Con el objeto de evitar las consecuencias que se podrían producir, los Diputados Devaud, Estévez, Huenchumilla, Palma y Sota formularon una indicación para suprimir en el artículo 46 el último párrafo entre la palabra "Además" y el término "profesional"; la que se aprobó en forma unánime.

Sometido a votación el artículo, se aprobó por 6 votos a favor y 4 abstenciones.

Artículo 47

Define la asignación de experiencia como un porcentaje bienal calculado sobre la remuneración básica mínima nacional, por cada dos años de servicio docente debidamente acreditados, con un tope y monto máximo de 100% de la remuneración señalada, para aquellos profesionales que totalicen 30 años de servicio. Entre otras menciones, señala que los aumentos porcentuales de cada incremento bienal serán de un 6,66%.

La Comisión estimó que la norma no era clara en su redacción, acogiéndose por unanimidad una indicación formulada por el Diputado señor Estévez para sustituir los incisos primero y segundo, por el siguiente:

"Artículo 47.- La asignación de experiencia se aplicará sobre la remuneración básica mínima nacional que determine la ley y consistirá en un porcentaje de ésta, que la incremente 6,76% por los primeros dos años de servicio docente y 6,66 por cada dos años adicionales, debidamente acreditados, con un tope y monto máximo de 100% de la remuneración básica mínima nacional para aquellos profesionales que totalicen 30 años de servicio.".

Sometido a votación el artículo, se aprobó por 6 votos a favor y 3 abstenciones.

Artículo 48

Establece que la asignación de perfeccionamiento buscará la superación técnico profesional del educador y que consistirá en un monto máximo de 40% de la remuneración básica mínima nacional del personal que reúne los requisitos que indica.

Respecto a esta disposición se formularon dos indicaciones en la Comisión: la primera, del Diputado Devaud, don Mario, para reemplazar en el inciso primero la palabra "buscará" por los términos "estará orientada a"; la segunda, de los Diputados Matthei, Munizaga y Rodríguez, don José Alfonso, para reemplazar el inciso segundo, perfeccionándolo por el siguiente:

"El reglamento deberá contemplar mecanismos que garanticen el acceso equitativo a los docentes a cursos de perfeccionamiento y establecer un sistema de puntaje para los efectos de determinar el porcentaje de la asignación de perfeccionamiento que se reconoce, considerando especialmente la hora de duración de cada curso, actividad o carrera, el nivel académico respectivo y el grado de relación con el desempeño profesional.".

Ambas indicaciones fueron aprobadas en la Comisión por unanimidad.

Sometido a votación el artículo se aprobó por 5 votos a favor y 4 abstenciones.

Artículo 49

Dispone que la asignación por desempeño en condiciones difíciles podrá alcanzar hasta 30% calculado sobre la remuneración básica mínima nacional correspondiente, según sea la ubicación geográfica, marginalidad, extrema pobreza u otras características análogas que menciona.

Esta disposición fue objeto de cuatro indicaciones tendientes a acotar su alcance precisando sus normas, y una de ellas, para facilitar la participación de los Consejos Provinciales de Educación en el ámbito que señala; éstas son:

a)la formulada por el Diputado Ringeling para agregar en el inciso primero, a continuación del punto final, reemplazándolo por una coma (,), la siguiente frase:

"calificación que no podrá exceder de 25% de los establecimientos educacionales del país.

La Comisión la aprobó por unanimidad.

b)la formulada por el Diputado Estévez para suprimir en la letra c) del inciso segundo: i) la palabra "urbana", y ii) la frase "y alumnos discapacitados".

La Comisión la aprobó por unanimidad.

c)la formulada por el mismo señor Diputado para suprimir la letra d) del inciso segundo.

La Comisión la aprobó por 6 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

d)la formulada por el Diputado Devaud para agregar el último inciso, entre coma (,) después de los términos "Este organismo procederá" la frase "previa consulta a los

Consejos Provinciales de Educación correspondiente"; y para suprimir en el mismo inciso las palabras "así como establecer".

La Comisión aprobó la primera parte de esta indicación por 7 votos a favor y 4 en contra, y la segunda parte, en forma unánime.

e)La formulada por el Diputado Ringeling, para agregar en el inciso final, después de los términos "desempeño difícil conforme" las siguientes palabras "a criterios objetivos" seguida de una coma (,), y reemplazar el punto final (.) por una coma O, agregando a continuación la siguiente frase: "y a la disponibilidad del fondo destinado al pago de esta asignación.".

La Comisión aprobó la primera parte de la indicación por unanimidad, y la segunda parte por 10 votos a favor y una abstención.

Sometido a votación el artículo fue aprobado por 6 votos a favor y 3 abstenciones.

Artículo 50

En el inciso primero establece que la asignación de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica alcanzará hasta un máximo equivalente al 20% y 10% de la remuneración básica mínima nacional, respectivamente. Por el inciso segundo, se especifica como se determina dicho porcentaje.

Los Diputados Devaud, Palma y Sota formularon una indicación para agregar en el inciso segundo, reemplazando el punto final (.), por una coma (,) lo siguiente:

"conforme a las normas que establezca el reglamento.".

La Comisión aprobó esta indicación como el artículo, por 7 votos a favor y 3 abstenciones.

Artículo 51

Dispone que los profesionales de la educación del sector municipal tendrán derecho a conservar los porcentajes de las asignaciones de experiencia y perfeccionamiento al pasar a desempeñarse en otras localidades, situación no prevista para las asignaciones de desempeño en condiciones difíciles y de responsabilidad directiva o técnico pedagógica.

Los Diputados Devaud, Palma y Sota formularon una indicación para sustituir en el inciso segundo, la expresión "cancelación" por "pago", por responder a un mejor uso de los términos técnicos.

Tanto la indicación como el artículo la Comisión los aprobó por unanimidad.

Artículo 1º transitorio

Establece un sistema gradual, durante los años 1991 a 1995, para dar cumplimiento al mandato de la imponibilidad total por las remuneraciones que perciban los docentes traspasados al sector municipal.

Respecto de esta disposición se formuló indicación del Diputado Palma, don Andrés, para sustituir en el inciso primero, la frase que sigue a continuación de la palabra "aplicación", por la siguiente:

"de esta ley, se les efectuará gradualmente de acuerdo al siguiente procedimiento:".

Relacionada con la indicación precedente, del mismo señor Diputado para suprimir el inciso segundo y reemplazar el inciso tercero hasta "1991" incluido, por el siguiente:

"A los profesionales de la educación que tengan 26 o más años de servicio o imposiciones al lº de marzo de 1991:".

La Comisión aprobó ambas indicaciones por unanimidad y el artículo por 6 votos a favor y 4 abstenciones.

Artículo 5º transitorio

Señala que la entrada en vigencia del Estatuto Docente en modo alguno podrá significar una disminución de rentas para el personal docente municipal, que tenga ingresos superiores, corrigiéndose las diferencias mediante la imputación de las asignaciones que indica.

Sobre el particular el Diputado Devaud, don Mario, formula una indicación para reemplazar en el inciso segundo la frase 'señaladas en el artículo 46 de esta ley" por la siguiente:

"Que sólo tendrán por objeto mantener el monto actual de sus remuneraciones.".

Tanto la indicación como el artículo fueron aprobados por la Comisión por 6 votos a favor y 4 abstenciones.

Artículo 6º transitorio

Dispone que las remuneraciones y beneficios establecidos por el Estatuto para los docentes deberán el total de sus valores dentro de los cinco años siguientes a su entrada en vigor, conforme a la gradualidad que señalan las disposiciones que indica.

Sometido a votación el artículo fue aprobado por 6 votos a favor y 4 en contra.

Artículo 7º transitorio

Fija en $1.700 mensuales el valor mínimo de la hora cronológica para los docentes de la educación pre-básica, básica y especial y en $1.800 mensuales para los de la educación media científico-humanista y técnico profesional. Por el inciso tercero, se señala que los valores mínimos señalados en los dos incisos anteriores se establecerán en porcentajes de una unidad de subvención educacional.

El Ejecutivo formuló indicación en esta Comisión para reemplazar los guarismos "1.700" y "1.800" por "1.900" y "2.000", respectivamente; la que se aprobó por unanimidad.

Asimismo, lo hizo para eliminar el inciso tercero; la que fue aprobada por 6 votos a favor y 4 votos en contra.

Puesto en votación el artículo se aprobó por la misma votación anterios.

Artículo 8º transitorio

Establece una gradualidad para el pago de la asignación de experiencia sobre la base de los bienios que se acrediten, señalando, además, un procedimiento para tal acreditación.

El Ejecutivo formuló una indicación para sustituir en el número 2, el guarimo "60" por "80", relativo a la escala gradual prevista para 1992.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por 6 votos a favor y 4 votos en contra.

Artículo 9 transitorio

Establece una gradualidad entre los años 1993, 1994 y 1995 para el pago de la asignación de perfeccionamiento, otorgando, asimismo, durante los años 1991 y 1992, un bono de cargo fiscal por un valor de $10.000, destinado al pago de cursos y actividades de tal índole.

El Ejecutivo formula una indicación para precisar mejor la naturaleza del bono que indica, que sustituye el inciso segundo, en los siguientes términos:

"Durante 1991 y 1992 se reconocerá a los profesionales e la educación municipal un bono anual de $10.000 de cargo fiscal, que será destinado exclusivamente al pago de cursos y actividades de perfeccionamiento conforme al procedimiento que se establezca por decreto supremo del Ministerio de Educación.".

La Comisión aprobó la indicación en forma unánime.

Puesto en votación el artículo fue aprobado por 6 votos a favor y 4 votos en contra.

Artículo 10 transitorio

Dispone que la asignación de desempeño difícil se pagará a un máximo de 25% de los establecimientos educacionales del país, estableciendo una gradualidad para ello entre los años 1991 y 1995.*

Sometido a votación el artículo fue aprobado por 6 votos a favor y 4 votos en contra.

Artículo 11 transitorio

Dispone el pago de la asignación de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica, el que se efectuará a partir del año 1991.

Sometido a votación el artículo fue aprobado por 6 votos a favor y 4 votos en contra.

Artículo 14 transitorio

Contempla que durante los años 1991 y 1992, se otorgará a los profesionales de la educación del sector particular subvencionado, un bono de cargo fiscal por valor de $10.000, para el pago de cursos y actividades de perfeccionamiento.

El Ejecutivo formula una indicación para precisar mejor la naturaleza del bono que indica, que sustituye el artículo 14 transitorio por el siguiente:

"Artículo 14.- Durante 1991 y 1992 se reconocerá a los profesionales de la educación particular subvencionada, un bono anual de $10.000 de cargo fiscal, que será destinado exclusivamente al pago de cursos y actividades de perfeccionamiento conforme al procedimiento que se establezca por decreto supremo del Ministerio de Educación.".

Sometida a votación la indicación fue aprobada por 6 votos a favor y 4 votos en contra.

Artículo 16 transitorio

El Ejecutivo ante la observación que se formuló en la Comisión de que el proyecto de ley no expresaba en su texto la fuente de financiamiento de los gastos que irroga la iniciativa, formuló la siguiente indicación.

"Artículo 16.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley para el año 1991, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-25-33-004, de la partida presupuestaria Tesoro Público de la Ley de Presupuestos. Para los años 1992 y siguientes, el financiamiento de esta ley será consultado en la Ley de Presupuestos del Sector Público del año respectivo.".

Puesta en votación la indicación fue aprobada por unanimidad.

Sala de la Comisión, a 7 de diciembre de 1990.

Acordado en sesiones celebradas con fecha 27 de noviembre y 4 de diciembre, ambas de 1990, con asistencia de los Diputados señores Longueira, don Pablo (Presidente); Arancibia, don Armando (Smok, don Carlos y Tohá, don Isidoro); Cerda, don Eduardo (Ortiz, don José Miguel: Rojos, don Julio y Sabag, don Hosain); Devaúd, don Mario; Estévez, don Jaime (Valenzuela, don Felipe); Huehchumilla, don Francisco (Sabag, don Hosain); Matthei, señora Evelyn (Alamos, don Hugo); Munizaga, don Eugenio (Galilea, don José Antonio); Palma, don Andrés (Cardemil, don. Gustavo y Acuña, don Mario); Ramírez, don Gustavo (Caraball, señora Eliana; Carrasco, don Bal-demar; Elgueta, don Sergio y Rodríguez, don Hugo); Ringeling, don Federico; Sota, don Vicente (Smok, don Carlos) y Valcarce, don Carlos (Navarrete, don Luis y Rodríguez, don José Alfonso).

Se designó Diputado Informante al señor Palma, don Andrés.

(Fdo.): Javier Rosselot Jaramillo, Secretario de la Comisión".

ESTATUTO DOCENTE. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde discutir el informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Deportes y Recreación, y el de Hacienda, sobre el proyecto de ley que establece nuevas normas sobre el Estatuto Docente.

Diputado Informante de la Comisión de Educación es el señor Muñoz Barra.

El texto del proyecto aprobado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación, y ratifica' do por la Comisión de Hacienda, figura en el N° 04 de los Documentos de la Cuenta. (Boletín N° 182-04).

Hago presente a la Sala, que los Comités acordaron que este proyecto sea votado en general a más tardar hoy día a las diez de la noche. Se llegó a ese acuerdo porque hay muchos parlamentarios que quieren ilustrar a la Sala con sus opiniones.

El señor LONGUEIRA.-

¿Este acuerdo se tomó en una reunión realizada hoy día?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí, señor Diputado, con la presencia del representante de la UDI.

Hago presente que se encuentra en la Sala el Ministro de Educación don Ricardo Lagos.

Aplausos en las tribunas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Advierto a las personas que están en las tribunas que está prohibido hacer manifestaciones.

Tiene la palabra el Diputado Informante.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, paso a informar el proyecto de ley que establece nuevas normas sobre Estatuto Docente, elaborado por el Gobierno que preside don Patricio Aylwin Azocar.

En este proyecto de ley se cumple con una posición programática planteada al país durante la campaña electoral, que hizo posible la recuperación de las tradiciones cívicas de nuestra Nación, conculcadas durante increíbles casi diecisiete años. Exactamente, casi a un año de tan fausto acontecimiento, 130 mil profesionales comienzan a caminar en pos de la recuperación de todo un proceso perdido, de conquistas queridas y de justicia...

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, un problema reglamentario.

El señor LONGUEIRA.-

¿Está informando o qué...?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si me permite señor Diputado, el Diputado señor Ribera le solicita una interrupción, para plantear un problema reglamentario.

Tiene la palabra el Diputado señor Ribera.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, a mi juicio el Diputado señor Muñoz Barra debe informar e ilustrar a esta Cámara sobre la materia, por lo tanto, le pediría que realmente nos ilustrara y guardara sus juicios de valor para su participación posterior, como cualquier Diputado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado don Roberto Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Antes de la interrupción, decía que 130 mil profesionales comienzan a caminar en pos de la recuperación de todo un proceso en este Estatuto Docente, de conquistas queridas y de justicia, que fueron la expresión madura de un gremio, por cerca de más de 50 años de lucha.

Este debate que se inicia, es la respuesta concreta para este vasto sector, tanto particular como de la comunidad nacional, que comprende que el proceso de educación es el motor que impulsa a un desarrollo integral en todos los aspectos de la sociedad.

Por ello, se justifica la preocupación actual, la expectación recogida en todos los medios de comunicación y en los órganos nacionales.

En aras de iniciar un debate rico, maduro, responsable y desapasionado, como Diputado Informante y Presidente de la Comisión de Educación de esta Cámara, me hago un deber en señalar para la historia de la ley, que en su parte primera, este proyecto se debatió en una profunda y madura responsabilidad.

No se tejió un debate estéril, antagónico, de forcejeo sectario y dogmático en lo doctrinario. Con ello dejo en claro que los señores Diputados, tanto de Gobierno como de la oposición democrática, se comportaron a la- altura de los grandes intereses de este proyecto.

La gran mayoría de las indicaciones, de las correcciones y del enriquecimiento de la iniciativa, se aprobaron por la unanimidad de sus miembros. Otras, se matizaron con el apoyo y con el aporte de una parte de los Diputados de ambos sectores.

En los puntos en los que no hubo unanimidad, hubo disposición para buscar los consensos en este debate general.

Desde el primer instante de la operativa, el método de la discusión de la Comisión contó con la transparencia de incorporar a este debate a todos los representantes de los sectores que estaban y que se sentían interesados en él. Hubo numerosas, casi excesivas, audiencias públicas. Por ello, digo al país, a los maestros, a los padres, que en la discusión de la materia que nos preocupa se actuó con las puertas abiertas, de cara al país, como hoy día se hacen las leyes de la República.

Este proyecto es delicado, es sensible. Por eso me permitiré señalar sólo a algunos sectores que concurrieron a las sesiones del debate. Con ello, no pretendo otra cosa que subrayar dicha transparencia, para que nadie diga más tarde que no se escuchó lo que algunos querían decir.

A esta Comisión concurrieron el Ministro de Educación Pública, don Ricardo

Lagos; el Subsecretario de Educación Pública, el Asesor Jurídico del Ministerio de Educación; representantes de los directores de establecimientos educacionales dependientes de la Dirección de Educación Municipal de Santiago; don Waldemar Cortés Carabantes , en representación de la Unión Gremial de Educadores; don Miguel Ríos, Rector del Liceo Valentín Letelier ; don Gastón Cárcamo , Rector del Liceo de Aplicación; don Osvaldo Verdugo , Presidente del Colegio de Profesores; don Rodrigo González , Secretario Regional Ministerial de Educación de la Quinta Región; don Rubén Uribe y doña Berta Moneada , en representación de la comunidad de Educadores Cristianos; don Sergio Gajardo , en representación del Colegio de Profesores de la Novena Región; doña Sara Phillippi Izquierdo , Gerente de la Sociedad Protectora de la Infancia; doña Inés Aravena Báez ; don Sergio Cárdenas Miller , en representación de la Corporación Municipal de Rancagua; don Luis Eduardo Alarcón , en representación del Instituto Libertad y Desarrollo; don Orison Moya Díaz , en representación de la Corporación Nacional de Colegios Particulares Subvencionados; don Lautaro Ramos Guerra , en representación de la Comisión Nacional de Profesores Rurales; Monseñor Faustino Huidobro Martínez , Vicario Episcopal para la Educación y doña Teresa Valenzuela , Secretaria Ejecutiva del Episcopado y Presidenta de la Unión de Profesores Católicos, por nombrar sólo a algunos.

Estimados colegas, este proyecto, como toda obra humana, no es perfecto. A lo mejor -y seguramente es así- no recoge todas las aspiraciones y frustraciones de los maestros y de la educación como doctrina, pero también es una realidad, que nadie podría negar, la intención seria que representa, respecto de dar un paso importante de ir hacia el encuentro de soluciones más profundas para él docente y la Educación.

Quiero señalar en esta Sala, como asimismo a los maestros que, con la promulgación de esta ley que debatiremos, no se cierra, de manera alguna, el debate pendiente respecto del destino futuro de la dependencia del sistema. El país, en su nueva etapa, inicia en muchos aspectos un período de reanálisis que deberemos encarar con visión de futuro, con alto grado de creatividad, a fin de superar una crisis de valores y salir robustecidos de su discusión. Sin duda alguna, colegas parlamentarios, el nuevo enfoque de la Educación constituye el corazón central de nuestro posible desarrollo. Estamos conscientes de que la Educación -y para eso es este debate- debe recuperar, entre otras cosas, su capacidad para formar ciudadanos y para transmitir valores democráticos. Sin embargo -y así lo hemos percibido-, su mayor desafío es regenerar una educación democrática en su estructura, en su funcionamiento institucional y en su cobertura. Por lo tanto, debe constituirse en una educación que participe en la vida de la sociedad, y en este sentido, los cambios educativos deben tender a la democratización del ingreso, pero, principalmente, a la creación de mecanismos de retención escolar que hagan efectivo el principio de igualdad de oportunidades.

Esta responsabilidad a la que apunta el Estatuto, debe conducir a una diversificación de la estructura del sistema educacional, a la vez que debe redefinir el rol del Estado en la Educación.

En los diferentes artículos de este proyecto, se trató, por parte del Gobierno, y después por nuestra Comisión, de recoger toda la problemática actual que sacude y conmueve a los maestros y al sistema. No se puede negar que el proceso iniciado en 1980 -así se analizó por la Comisión en uno de sus debates- no resultó del todo feliz y ahí está el problema pendiente. El actual sistema municipal no alcanzó la calidad esperada; convirtió a la educación en elitista: muy buena para algunos, pero muy cara para la gran mayoría. Grandes sectores no tuvieron acceso a esta calidad.

En la Comisión de Educación se constató que en el aspecto básico público se lograron, meramente, alcances y niveles alfabetizadores, sumado ello a una dramática deserción motivada por la búsqueda vital de trabajos informales que contribuyan a la mantención familiar. La educación media, por su parte, en el aspecto público, a través de la medición de la prueba de aptitud académica, sólo llevó el 8 por ciento de los alumnos egresados a incorporarse a los niveles superiores; todo el resto proviene de la educación privada pagada, fundamentalmente de los grandes centros metropolitanos. Por el proyecto que informo se pretende, en este primer trámite, clasificar y definir roles del docente y del sistema. Tal vez, lo primero que llama la atención es el hecho de entregar un decidido apoyo a la educación, proporcionado en niveles de marginalidad y dificultad. Con esta intención se ofrecen, como prudentes y tibias expectativas, a los maestros que laboran en poblaciones periféricas e incluso, en donde peligran sus integridades físicas, algunas asignaciones de estímulo.

No podemos negar, entonces, que en el ambiente de este proyecto flotan muchas preguntas que tal vez no han podido ser respondidas; pero, no me cabe duda de que este Estatuto Docente, hasta ahora muy mejorado, irá siéndolo aún más con el debate y con el aporte de todos los señores parlamentarios.

Reitero, esta iniciativa constituye un esfuerzo real -parcial tal vez-, pero el actual Gobierno, su autor, ha heredado el sistema tal como está, regido por leyes y disposiciones que necesitan de una solución más avanzada de modificaciones constitucionales, que requerirán, a su vez, consensos de los actores políticos representados en este hemiciclo.

Subrayo que queda pendiente el anhelo, el deseo de los profesores de decidir respecto de la validez o no del sistema educacional actual. Veremos, más adelante, si es necesario modificarlo, readecuarlo o enriquecerlo.

La democracia es la voz del pueblo y a ella no podemos hacer oídos sordos.

Al iniciar este informe quiero señalar que el proyecto de Estatuto Docente se inscribe en una tradición de legislación especial destinada a recoger las características del trabajo docente del país. Ella se inició en 1951 con la dictación del decreto con fuerza de ley N° 227 que autorizó el Estatuto de la Carrera Docente, dependiente de las “Direcciones Generales de Educación. En 1953, el Gobierno del Presidente Ibáñez dictó un nuevo Estatuto que reforma al anterior. El Estatuto Administrativo, de 1960, decreto con fuerza de ley N° 338, contiene un Título VI que establece, normas especiales para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación. En 1978 se legisló nuevamente sobre el tema.

Posteriormente, los profesores perdieron todo reconocimiento de su especialidad laboral al quedar sometidos al Plan Laboral del decreto ley N° 2.200. La función docente quedó reducida a una relación laboral común.

Frente a esta situación, las organizaciones de profesores reaccionaron convirtiendo la demanda de un estatuto de la profesión docente, que regulara su condición de trabajo en el mercado laboral, en una de sus banderas de lucha gremial más apreciadas.

La necesidad de que la profesión docente cuente con un estatuto jurídico especial ha sido también reconocida por las de organizaciones internacionales. En 1966, la UNESCO y la OIT recomendaban a sus países miembros, entre los que se encontraba Chile, la dictación de una normativa especial para los profesores. La recomendación incluía materiales, tales como: preparación para la formación docente; perfeccionamiento de ésta; contratación y carrera profesional; derechos y obligaciones del personal docente y condiciones para una enseñanza eficaz, como, también, remuneraciones del personal docente, seguridad social, etcétera. De esta manera, Honorables colegas, el proyecto de Estatuto Docente del Ejecutivo es parte de la tradición de nuestro país de legislar, en forma especial, para el Magisterio. En él se toman en consideración tanto las aspiraciones de las organizaciones de profesores como las recomen-daciones de organismos internacionales referentes al tema de la Educación. Es un intento de dar cuenta de la especificidad que posee la función docente, al otorgarle un tratamiento jurídico acorde con su naturaleza. El Estatuto Docente, entonces, es un pilar fundamental que la Educación, en este minuto, evidentemente, anhela y espera.

Estimados colegas, quisiera señalar, en esta oportunidad, especialmente al profesorado nacional, que la Comisión de Educación, integrada por parlamentarios de todas las bancadas políticas, ha recogido y corregido, con mucha lealtad, las indicaciones que motivaron a los profesores.

Señalaré solamente algunas de ellas que, evidentemente van a ser mejoradas en el debate en general y en particular de esta Sala.

En el artículo 1°, por ejemplo, la Comisión de Educación determinó que era importante dejar también, dentro de este Estatuto Docente y sus beneficios, a aquellos profesores que, siendo designados como tales, sin embargo, desempeñan labores administrativas en los departamentos de educación municipalizados.

Del mismo modo logramos modificar una disposición que a los directores de los establecimientos educacionales no sólo les asignaba responsabilidades de tipo educativa, de conducción de la administración, sino que asimismo les obligaba a preocuparse del financiamiento de las unidades educacionales. A la Comisión le pareció que no les competía esas funciones y enmendó el artículo en el sentido de que los directores de establecimientos educacionales tendrán solamente la responsabilidad de ocuparse de la administración de dichas unidades.

En lo que respecta a los profesionales de la Educación y a su perfeccionamiento, se indicó que dicho perfeccionamiento tendrá que ser de carácter obligatorio, en cuanto a que el Estado entregará los recursos económicos, que no será sólo una intención tentativa, supeditada a la disponibilidad o no de los recursos. Por consiguiente, de ahora en adelante, con la modificación de la Comisión, tanto los departamentos de Educación, como el propio Ministerio de Educación y el Estado, deberán proporcionar los recursos para posibilitar el perfeccionamiento de los docentes.

En lo que dice relación con los concursos, con los perfeccionamientos, la Comisión consideró importante subrayar, en el artículo 15, que deberá haber una información absolutamente garantizada, que haga posible que los profesionales que se interesen por cursos de perfeccionamiento puedan saber de éstos. Y en el supuesto de que esos cursos signifiquen un ascenso, o la posibilidad de alcanzar otros niveles, en cada caso que correspondiera se procederá mediante concursos públicos.

La Comisión de Educación, a través de su bancada, analizó también el artículo 18, que señala la estructura o la naturaleza de los consejos de profesores, en donde se destinaba sólo un nivel de carácter consultivo a la participación de los maestros.

La Comisión acordó determinar, entre otras particularidades, que las sesiones de los referidos consejos se efectuarán dentro de las horas correspondientes a las actividades curriculares no lectivas de los profesores y que el reglamento establecerá los asuntos que para el consejo de profesores de cada establecimiento educacional tendrá carácter resolutivo. En consecuencia, los consejos de profesores se harán en las horas de trabajo de los maestros y no fuera de éstas, como se acostumbraba, y, al mismo tiempo, en dichos consejos, los profesores tendrán una participación resolutiva.

Sobre esta materia, el Estatuto contemplaba también una disposición para citar a los centros generales de padres y apoderados, dos veces al año, a reuniones informativas de evaluación. La Comisión consideró que reuniones de evaluación, por parte de un consejo colaborador, que no es especializado ni técnico, podría constituir una distorsión del análisis del proceso educacional que daría lugar a injusticias. De tal manera que la Comisión, en el inciso tercero del artículo 18, estableció:

"La Dirección de los establecimientos educacionales deberán convocar, a lo menos dos veces al año, al Centro General de Padres y Apoderados a reuniones de carácter informativo".

El actual artículo 22 indica que el profesor tendrá derecho a ser asistido por su empleador en la defensa que deduzca, en el caso de que sea agraviado y su dignidad como profesional sea menoscabada o perjudicada. El proyecto original no disponía quién iba a defender a los profeso-res en esas situaciones. Por ello, la Comisión enriqueció y modificó el artículo 24, ahora 22 de esta iniciativa, señalando expresamente que el profesor deberá ser defendido por su empleador. En este momento por el Alcalde, por el DAEM, con sus abogados, para conseguir limpiar su imagen como profesional y como persona.

Un gran problema que convulsionó profundamente a los profesores del país se relacionaba con el ingreso a la carrera docente del sector municipal.

Se establecía que, para tener la titularidad en los cargos, era necesario que los profesores que se desempeñaran en el medio urbano, tuvieran una antigüedad de a lo menos tres años, y un año, en el caso que cumplieran funciones en el sector rural. Esto significaba que el profesor debía estar, año a año, recibiendo el contrato de parte del jefe educacional. En este caso, del Alcalde, con los consiguientes problemas que no es necesario señalar y que conocimos en su oportunidad.

Sobre esta materia, la Comisión de Educación acordó que el ingreso a la carrera docente del sector municipal, se realizará sólo por la incorporación a la dotación docente del Departamento de Administración Educacional de la Municipalidad respectiva. De tal manera que los profesores no deberán cumplir tres años de antigüedad para tener la titularidad en sus cargos. En otras palabras, todos entran en calidad de titulares o de contratados a la dotación docente, previo concurso de antecedentes.

Respecto de los concursos, la Comisión determinó en el artículo 33 del proyecto, que deberán ser convocados "a lo menos dos veces en el año lectivo", vale decir, desde marzo hasta noviembre, prácticamente, y deberán ser de carácter "nacional y simultáneo".

Además, en el artículo 34 se establece la Constitución de Comisiones Calificadoras de concursos para cargos docentes directivos; de la enseñanza media, de la enseñanza básica y prebásica, que no estaban considerados en el Estatuto originalmente.

Se introdujeron profundas modificaciones en cuanto a la constitución de esas Comisiones, como una manera de demostrar la transparencia con que el nuevo sistema quiera proceder, avalando las postulaciones y las aspiraciones de los profesores. En la nueva redacción del artículo quedan integradas por un representante del Departamento de Administración de Educación Municipal; por dos directores de establecimientos de la comuna y nivel correspondiente a la vacante concursable, de los cuales uñó será el director del establecimiento materia del concurso y el otro elegido por sorteo entre los pares; por dos docentes elegidos por sorteo entre los pares de la especialidad de la vacante que se debe llenar. Actuará como ministro de fe, sin derecho a voto, un funcionario técnico designado por el jefe del Departamento Provincial de Educación que corresponda.

Es decir, se establece un procedimiento que garantiza total y absolutamente la transparencia de los concursos en los cuales participarán los señores profesores.

¿Cómo se determina quiénes los ganarán?

La Comisión Calificadora analizará el desempeño profesional, los años de servicio y el perfeccionamiento acumulado por los postulantes. Sólo sobre la base de dichos elementos, la Comisión fijará un puntaje a cada profesor, que determinará los lugares correspondientes. Además, se confeccionará una tema, así se hayan presentado al concurso cincuenta o sesenta profesores, y previa asignación de puntajes, tanto respecto del profesor que haya ocupado el primer lugar como de aquel que haya quedado en los quincuagésimo o sexagésimo lugares. La Comisión tiene la obligación de asignar un puntaje calificatorio a cada uno de los postulantes, cualquiera que haya sido el lugar que haya ocupado.

De la terna que se elabore, el alcalde solamente podrá designar al que ocupe el primer lugar. No podrá inclinarse por el segundo ni por el tercero. No obstante, podrá elegir entre estos últimos sólo en el caso de quien ocupe el primer lugar y que haya postulado en dos o tres concursos, renuncie y se defina por el que estime más conveniente. En este aspecto, también se garantiza la idoneidad de la forma en que los profesores podrán participar y ganar los concursos a través de su carrera funcionaría.

El actual artículo 38 de este proyecto es de gran importancia. Constituye un reconocimiento a los profesionales de la educación. En el proyecto enviado por el Ejecutivo se establecía que el jefe de educación debía ser preferentemente un profesional de la educación. La Comisión varió esa redacción, señalando, en forma taxativa, "La Dirección de los Departamentos de Administración Educacional Municipal, sea cual fuera su denominación, deberá ser ejercida por un profesional de la Educación, y con especialidad en administración educacional".

Así vamos cerrando el círculo y logrando que este Estatuto reconozca la calidad del profesional docente en todos sus aspectos.

En el artículo 42, 40 ahora, también estimamos importante introducir un cambio respecto de las remuneraciones de los profesores, lo que incidirá en sus imposiciones. Se considerarán como renta, para los efectos previsionales, los aguinaldos, las asignaciones familiares, la asignación de zona, la asignación de movilización y otros, "en conformidad con las normas que establezca la ley, y sin perjuicio de las asignaciones que se fijan en este Estatuto".

Lo anterior se resolvió de esa manera, porque nos encontramos con situaciones curiosas durante el debate habido en la Comisión. Por ejemplo, profesores con derecho a asignación de zona en determinados lugares del país, no se incluía en su contrato, al trasladarse del sector público al municipal. En muchas partes, lamentablemente, no se pagaron esas asignaciones de zona, en circunstancias de que las subvenciones entregadas por el Estado se aumentaron en el monto necesario para su cancelación. Las municipalidades tenían la obligación, debido al reajuste porcentual de las subvenciones, de pagarlas a los maestros que la percibían con antelación al traspaso de la educación pública a la municipal.

En el artículo 41, antes 43, la Comisión observó un detalle. Hasta este momento, los profesores no podían enfermar por un plazo inferior a 11 días. Desde el punto de vista previsional ninguna enfermedad con una duración de menos de 11 días, daba lugar a una licencia médica para los profesores.

Las AFP, los organismos de previsión, no cancelaban aquellas licencias médicas inferiores al tiempo que he señalado. Por eso, la Comisión agregó un inciso en el artículo 41, estableciendo: "Estos profesionales tendrán derecho a percibir remuneraciones o subsidios, según corresponda, por el total de los días que gocen de licencia médica".

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Señor Diputado, le restan 10 minutos de los 40 minutos de su tiempo.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Enseguida, quiero destacar lo dispuesto en el artículo 43, que es muy importante para los profesores. Sobre esa materia, hubo una norma que permitía a los alcaldes, en la comuna respectiva, destinar a los profesores al lugar que las necesidades del ser-vicio determinaran; señalaba sólo en forma genérica que, previa consulta al profesor, pero sin indicar si la reubicación no se produciría en el caso de que el profesor se negara.

Este artículo fue modificado por la Comisión, expresando que únicamente podrá haber traslado de profesores a establecimientos educacionales dependientes o relacionados con la Municipalidad con el consentimiento del profesional, debiendo tratarse, en todo caso, de un cargo o nivel similar al que ostentaban como titulares.

En la Comisión de Educación, además se quiso hacer justicia a los sacrificados profesores rurales que se desempeñan en lugares muy inhóspitos a lo largo de todo el país, que se van quedando enclaustrados en ellos, porque no existe interés por ser designados en esos pueblos, otorgándoles un puntaje adicional en las calificaciones para que puedan postular, ya sea al sector urbano o a otros lugares rurales que les convengan.

Con esta iniciativa, se terminar con el profesor prisionero de las comunas, la redacción dada por la Comisión al artículo pertinente, que refleja lo fructífera que fue su labor al permitir que los profesores hagan permutas, de común acuerdo, con los profesores de diferentes partes del país. Basta que ellos se pongan de acuerdo, que lo comuniquen a sus jefes y dichas permutas comenzarán a funcionar desde ese momento o de la fecha que señalen.

Finalmente, señores Diputados, en el aspecto de las remuneraciones, debo informar que un sector de la Comisión, en el que me incluyo, consideró que el sueldo piso es demasiado bajo para una función tan trascendental como la que realizan los profesores.

Una gran mayoría de los parlamentarios de la Comisión, observamos que no está satisfecho ni respondido el deseo integral de los maestros, eternamente postergados en sus aspiraciones.

Soy un convencido -y en eso quiero ser claro y definitorio- de que el país está en deuda con estos profesionales. Baja es la renta piso para un profesional que debe estudiar 16 años y, de esos, 4 en la Universidad. Sin embargo, tiene una renta igual o inferior a la de una sacrificada asesora del hogar del barrio alto de Santiago.

Termino este informe señalando que, evidentemente el Estatuto Docente no es quizás la respuesta definitiva a los anhelos de los profesores, pero sí es un paso serio y responsable que el Gobierno está dando a pesar de las dificultades que hay que enfrentar. Al respecto y para dar una respuesta integral a los profesores, cabe recordar que en el año 1982, el presupuesto para el sistema educacional fue de más de 301 mil millones de pesos; sin embargo, 8 años después, 1990, el presupuesto hecho en 1989 por el gobierno anterior, es de sólo 206 mil millones de pesos.

Señor Presidente, con esto termino el informe respecto del proyecto de ley que establece nuevas normas sobre Estatuto Docente, que preocupa a más de 130 mil profesores, destacando el espíritu elevado de todos los parlamentarios que integraron la Comisión, espíritu y actitud que se mantuvieron durante todo el debate y que, no me cabe duda alguna, se repetirá en la discusión general y particular que se producirá en esta Sala.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado Informante de la Comisión de Hacienda, don Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, en cumplimiento de lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, a la Comisión de Hacienda le correspondió estudiar las normas de incidencia presupuestaria del proyecto de ley sobre Estatuto Docente.

Durante el estudio de este proyecto, asistieron a dicha Comisión el señor Ministro de Educación, don Ricardo Lagos ; el señor Subsecretario de Educación, don Raúl Allard ; los señores Pedro Henríquez y Mauricio Morales, del Ministerio de Educación, y don José Espinoza , analista de educación de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación consignó en su informe que los artículos 40,45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 permanentes, el l2 transitorio, del 5Q al 11 transitorios y el 14 transitorio debían ser de conocimiento de la Comisión de Hacienda.

La discusión general estuvo dedicada principalmente a debatir los alcances de la iniciativa, su incidencia en los ingresos futuros de los profesionales de la educación, la distribución de los recursos económicos involucrados y la concreción de las medidas o instrumentos que el proyecto conlleva. Al respecto, tanto los Diputados como el Ejecutivo sugirieron diversas indicaciones que recogen los planteamientos formulados en la Comisión, tendientes a perfeccionar las normas so-metidas a nuestro conocimiento.

En términos generales, el proyecto y las materias que nos correspondió conocer fueron aprobados por unanimidad.

Quiero destacar, señor Presidente, que la aplicación plena del Estatuto Docente representará un mayor gasto en el sector municipal y particular subvencionado con aporte fiscal, equivalente a 39 mil millones de pesos anuales, a partir de 1995. Por tratarse de una cifra considerable, el proyecto de ley establece una gra- dualidad en la aplicación de las normas presupuestarias de. este Estatuto, por lo que contempla un gasto adicional a lo actualmente previsto de 10.500 millones de pesos para 1991, gasto adicional que sube a 15.800 millones de pesos en 1992, a 24.900millones de pesos en 1993 y a 29.900millones de pesos en 1994; para alcanzar una cifra estimada en 38.700 millones de pesos, en 1995.

La gradualidad que reflejan estas cifras significa que las asignaciones que otorga el proyecto no entran a regir en plenitud a partir de 1991. Por ejemplo, en el articulado se establece que la asignación de antigüedad sólo tendrá un impacto del 50 por ciento en 1991 para subir -esto fue corregido por una indicación del Ejecutivo en el seno de la Comisión de Hacienda- a un 80 por ciento en 1992, a un 90 por ciento en 1993, a fin de entrar a regir en plenitud sólo a partir de 1994. Asimismo, la asignación de perfeccionamiento comienza a regir en un 50 por ciento en 1993 y en 100 por ciento desde 1995.

Por otra parte, se establece una norma transitoria por la cual se otorgan facilidades para el perfeccionamiento profesional en 1991 y 1992.

El ejecutivo también introdujo una modificación al valor de la hora básica contenida en este Estatuto. El valor de la hora en la educación básica será de 1.900 pesos y de $ 2.000 en la educación media, en lugar de los $ 1.700 y $ 1.800 que contemplaba el proyecto original.

Con estas cifras, y a manera de referencia, puedo mencionar que un docente de aula que ingrese al sistema en 1991 con 30 horas, tendrá una remuneración mínima mensual de 57 mil pesos en la educación básica, y de 60 mil pesos en la educación media. Esto puede ser incrementado en $ 17.100 ó en $ 18.000 por asignaciones de desempeño difícil. En el caso de aquellos docentes que desempeñen tareas directivas o que tengan años de experiencia, es decir, que no ingresen en 1991, sus remuneraciones aumentarán en montos significativos, los que en casos límites -considerando 44 horas de contrato, asignación de responsabilidad y de desempeño difícil que corresponde a aquellos que cumplen funciones directivas en los establecimientos, y tomando en cuenta sólo los valores mínimos -podrían llegar a 242 mil pesos en la educación básica y a 255 mil pesos en la educación media.

A continuación haré una reseña de la discusión y del impacto presupuestario de los distintos artículos que hemos conocido.

El artículo 40 define la remuneración básica mínima nacional. Si bien la norma que fija los $ 1.900 y $ 2.000 como remuneración base está contenida en un artículo transitorio, es preciso señalar que su aplicación, en conformidad con las disposiciones de este Estatuto, significa un costo anual superior a 3 mil millones de pesos adicionales, a partir de 1991, respecto de los gastos actualmente establecidos.

En la discusión de este artículo en la Comisión de Hacienda, se presentó un problema reglamentario que quiero someter al conocimiento de la Honorable Cámara y de la Mesa, por cuanto se consideró que algunas de las modificaciones introducidas por la Comisión de Educación eran improcedentes por no contar con el patrocinio del Ejecutivo. Esta situación se repitió en todos los artículos sometidos a la consideración de nuestra Comisión. Nos vimos limitados por una disposición reglamentaria, que también figura en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, la cual expresa que si se reclama la inadmisibilidad de una indicación presentada por algún parlamentario y el Presidente de la Comisión la declara admisible, no puede apelarse esa decisión. Basta con que juzgue que es admisible la indicación, aunque el resto de los Parlamentarios estimen lo contrario, para que no pueda reclamarse legalmente contra esa resolución o pedir que ella se someta a votación, puesto que los textos legales señalan que sólo se puede reclamar ante una declaración de inadmisibilidad hecha por el Presidente de la Comisión o por el Presidente de la Sala.

Esta es una limitante para el trabajo de las Comisiones. Hemos creído necesario hacerla presente porque algunas de las modificaciones introducidas por la Comisión de Educación involucran un mayor gasto fiscal, y, para aprobarlo, es preciso que el proyecto no sólo venga financiado, sino patrocinado por el Ejecutivo. Y estas indicaciones, según se nos explicó en el seno de la Comisión, no tenían tal patrocinio.

A raíz de ello, en relación con el artículo 40 y con varios artículos siguientes, lo señores parlamentarios formularon indicaciones para reponer el texto original, con el objeto de que la estimación presupuestaria fuera coincidente con la que hacía el Ejecutivo y no termináramos aprobando un gasto superior a aquél para el cual se habían previsto fondos.

El artículo 45 establece el derecho de los profesionales de la educación a que se les efectúen imposiciones previsionales sobre la totalidad de sus remuneraciones.

Respecto a este artículo -que viene a corregir una discriminación en contra de esos profesionales y de otros funcionarios públicos que habían sido traspasados al sistema municipal, a partir de 1981, y que aún son discriminados por el hecho de que se les impone por un monto inferior al total de sus remuneraciones- se produjo un largo debate en la Comisión. El artículo 45 fue aprobado por 7 votos a favor y 2 abstenciones. No obstante, se le introdujeron una serie de modificaciones. Además, se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo, en el sentido de que éste, en el transcurso de la segunda discusión del proyecto, ya sea en el seno de la Comisión de Educación o de la Comisión de Hacienda, sustituya los artículos 45 y l2 transitorio, con el objeto de subsanar varias dificultades que se presentan, porque todavía se mantienen ciertas normas discriminatorias respecto de algunos funcionarios beneficiados con estas discriminaciones, lo que es necesario corregir.

El artículo 46 define las diferentes asignaciones de que puede gozar un profesional, como asignaciones de experiencia, de perfeccionamiento, de desempeño en condiciones difíciles y de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica. En el informe que conoció la Comisión de Hacienda se consideraba la existencia de otras asignaciones de origen municipal; pero esa Comisión creyó conveniente suprimir esa posibilidad, puesto que, a su juicio, también eran asignaciones de incentivo profesional. Por lo anterior, por 6 votos a favor y 4 abstenciones, consideró procedente no introducir en el Estatuto Docente otras asignaciones de incentivo profesional que aquellas generales susceptibles de ser implementadas en todo e sistema, ya que éstas sólo podrían ser establecidas por municipalidades que contaban con abundancia de fondos, le que introduciría una distorsión en la selección de profesionales en favor de las corporaciones que dispusieran de mayores recursos.

El articulado siguiente define cada una de estas asignaciones. Así, el artículo 47 dice que la asignación de experiencia consistirá en un porcentaje bienal, que se aplicará sobre la remuneración básica mínima nacional, con un límite máximo del ciento por ciento de la remuneración señalada, para aquellos profesionales que totalicen 30 años de servicios. Esta asignación de antigüedad, cuya acreditación está reglamentada en el texto de la ley, representa, desde el punto de vista presupuestario, un mayor gasto de 3.400 millones de pesos para el año 1991; de 7.800 millones, en 1992; de 8.700 millones, en 1993; y, a partir del año 94, una cifra estimativa de 11.600 millones de pesos adicionales, dado que la vigencia de la asignación de antigüedad tiene la calendarización que señalé al comienzo de mi exposición.

El artículo 48, por su parte, establece que la asignación de perfeccionamiento buscará la superación técnico-profesional del educador y será de un monto máximo del 40 por ciento de la remuneración básica mínima nacional del personal que reúna los requisitos allí indicados.

Se introdujeron varias indicaciones tendientes a caracterizar aquellas normas que debían contemplarse en el reglamento, con el objeto de asegurar su objetividad en la calificación del perfeccionamiento profesional. Tal asignación podrá alcanzar el monto de 12 mil setecientos millones de pesos, hacia 1995.

El artículo 49 dispone la regulación de la asignación profesional por el desempeño en condiciones difíciles, la que podrá alcanzar hasta el 30 por ciento de la remuneración básica mínima nacional. Como se perfeccionó la norma a través de indicaciones introducidas en la Comisión, esta asignación no podrá beneficiar más allá del 25 por ciento de los establecimientos educacionales del país. Para calificar estos establecimientos, deberá considerarse tanto la opinión de los municipios, de las direcciones provinciales y regionales de educación, como la de los correspondientes consejos provinciales de la educación.

La asignación por desempeño en condiciones difíciles alcanzará a la suma de 5 mil millones de pesos hacia 1995, y entre 1991 y 1992 llegará a 1.240 millones de pesos, aproximadamente.

El artículo 50 establece, a su vez, la asignación de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica, con un tope máximo de 10 y 20 por ciento de la remuneración básica mínima nacional. Por el número de profesionales que pueden beneficiarse con dicha asignación, ésta tendrá, más o menos, un costo anual de 320 millones de pesos, a partir de 1991.

El artículo 51 contiene una norma genérica, mediante la cual los profesionales de la educación del sector municipal tendrán derecho a conservar los porcentajes de las asignaciones de experiencia y de perfeccionamiento cuando pasen a desempeñarse en otras localidades, situación no prevista, obviamente, para las asignaciones de desempeño en condiciones difíciles y de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica, puesto que éstas no están asociadas al perfeccionamiento individual del docente, sino al cargo que desempeña.

En general, el articulado transitorio se refiere a la gradualidad con que comienzan a aplicarse las normas a las cuales he hecho referencia.

El artículo l2 transitorio, que será revisado en la segunda discusión, establece la gradualidad respecto de dos materias: la primera, sobre el pago, por parte del Estado, al Instituto de Normalización Previsional de los montos relativos a la mayor imponibilidad que corresponde a los profesores estatales que fueron traspasados al sistema municipal y que permanecen en ese Instituto. Al mismo tiempo, otro inciso facilita la jubilación anticipada de un número de docentes todavía indeterminado, a través de un aporte de fondos del Estado, en los próximos cinco años, con motivo de la entrada en pleno vigor de la ley del Estatuto Docente. Se pretende anticipar el pago de dinero para acelerar la jubilación de aquellos docentes que ya hayan cumplido 30 años de servicios. Esto significará un mayor gasto fiscal aproximado de 7 mil millones de pesos, en el lapso de cinco años.

Asimismo, el artículo 52 transitorio contiene una norma muy importante, le cual dispone que no podrán disminuirse las rentas de los profesionales del sector educacional por la entrada en vigor de Estatuto Docente. Y para que exista concordancia con el artículo 46 de esta iniciativa de ley, que suprimió el derecho de los municipios a conceder otras asignaciones de perfeccionamiento profesional, se introdujo una modificación por la cual, de manera transitoria y con el fin de que los profesionales no tengan uní disminución en sus remuneraciones, podrá establecer una asignación municipal con el solo objeto de que esos profesionales mantengan la renta que tenían antes de la entrada en vigencia del Estatuto.

El artículo 6° fija ciertas normas de transitoriedad, a las cuales ya hice referencia al analizar disposiciones permanentes.

El artículo 7° establece la remuneración básica mínima nacional para los sectores de la educación básica y media, norma que, como he señalado, ha sido modificada mediante una indicación del Ejecutivo que aumenta de 1.700 a 1.900 pese el valor hora en la educación básica, y de 1.800 a 2.000 pesos, en el caso de la educación media.

Los artículos 8°, 10° y 11, transitorios, establecen normas sobre la gradualidad en la aplicación de los gastos de este Estatuto.

Asimismo, tanto el artículo 9° como el 14, otorgan una asignación de perfeccionamiento y crean un bono de cargo fiscal, por valor de 10 mil pesos, para el pago de cursos y actividades de perfeccionamiento durante 1991 y 1992. El artículo 9e transitorio, contempla la asignación para los profesionales de la educación municipal y el artículo 14 transitorio para los profesionales de la educación particular subvencionada.

Quiero destacar que este bono no, se obtiene sólo por el hecho de ser profesor, sino que corresponde a una asignación de cargo fiscal, a la cual se tiene derecho cuando se incurre en gastos provenientes de actividades de perfeccionamiento; es decir, el Fisco está asumiendo un costo de 10 mil pesos por profesor de la educación municipal o de la particular subvencionada para 1991 y 1992, como forma de facilitar los cursos de perfeccionamiento de estos docentes.

Por último, señor Presidente, la Comisión formuló una petición al Ejecutivo, con el objetivo de concluir un artículo nuevo que, por una omisión involuntaria que todos entendemos, no fue propuesto en el proyecto original, el cual debería contemplar el financiamiento del proyecto de ley, cuestión en la que no se reparó en la Comisión de Hacienda, antes de su revisión. En virtud de ello, se introdujo el artículo 16 transitorio, que señala que el mayor gasto fiscal derivado de la aplicación de esta ley para 1991 se financiará con cargo a la partida de operaciones comprometidas del Tesoro Público en la Ley de Presupuestos. Esta partida ya había sido provista, y en la discusión de esa ley tuvimos conocimiento de los montos asignados para el financiamiento del Estatuto Docente, en 1991. Asimismo, ese artículo establece que, a partir de 1992, los gastos indicados, que ascienden a 15.800 millones de pesos, en el 92; a 25 mil millones, en 1993; a 30 mil millones, en 1994, y a casi 39 mil millones de pesos, en 1995, deben ser provistos por las respectivas leyes de presupuestos, una vez que sean sometidas a la consideración del Congreso Nacional.

Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señor Diputado.

En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el señor Ministro de Educación, don Ricardo Lagos.

El señor LAGOS (Ministro de Educación).-

Muchas gracias, señor Presidente.

Creo que los informes presentados, tanto por el Diputado Informante de la Comisión de Educación como por el de la Comisión de Hacienda, han sido lo suficientemente amplios y comprensivos como para evitar que haga un conjunto de referencias respecto de cuáles son los propósitos fundamentales de esta iniciativa del Ejecutivo.

Sin embargo, quisiera indicar algunos criterios de carácter general que me parecen importantes tener en consideración al momento de debatir este cuerpo legal en el Parlamento.

Deseo comenzar señalando que ésta es la primera vez que un Estatuto Docente será discutido en el Parlamento chileno. En el pasado, siempre los estatutos que regularon el ejercicio de la profesión docente se hicieron mediante delegación de facultades del Parlamento al Poder Ejecutivo.

En consecuencia, el hecho de que este Estatuto se debata acá nos parece, tal vez, una buena oportunidad para intentar hacer del tema educacional un debate que tenga claro sentido nacional, en el cual, nuevamente, la sociedad chilena pueda tener un alto grado de consenso sobre los lineamientos fundamentales del sistema educacional que nos debe regir.

Creo firmemente, y así lo considera por cierto el Gobierno, que en este tema debiéramos intentar definir una política de Estado, que cubra los distintos sectores de la sociedad nacional, en vez de hacer de esto un tema de disputa o de políticas partidistas, sujetas al vaivén de las mayorías y minorías de los gobiernos que pasan y son transitorios.

En el pasado, Chile tuvo un sistema educacional en el que había un alto grado de consenso. El surgimiento de escuelas normales, de la institución llamada "liceo", de la Universidad de Chile, del Instituto Pedagógico, de los mecanismos reguladores y centrales de un estado docente, correspondieron a una determinada forma en que la sociedad chilena entendió el desarrollo del sistema educacional.

Tenían un alto grado de consenso. Y creemos que ahora, si queremos restablecer un sistema democrático, es muy importante, en tomo de esta materia, poder tener también un entendimiento nacional.

En segundo lugar, quiero señalar que hoy el desafío educacional es muy diverso del que tuvimos en el pasado, como resultado de lo que se ha hecho en el presente siglo.

El tema de cobertura educacional, al menos respecto de la educación básica, está prácticamente concluido.1

La eficacia y el éxito de un gobierno lo medíamos en el pasado por la magnitud de escuelas que construía, por el número de profesores que se incorporaban y de cuántos nuevos alumnos ingresaban al sistema educacional. Hoy, a nivel de la educación básica, prácticamente hay un 100 por ciento de cobertura; en la educación media, llegamos al 75 por ciento. Tenemos, por cierto, desafíos importantes a nivel de lo que es la educación prebásica.

En consecuencia, el énfasis educacional debe ir de cobertura a calidad; de cantidad, a la forma en que esos alumnos tienen acceso adecuado a los distintos sistemas educacionales y, por lo tanto, si en el pasado nos parecía indispensable que un alumno accediera a la escuela, hoy, lo fundamental es que ese acceso, le dé posibilidades similares. No importa el lugar geográfico donde esa escuela esté enclavada en el territorio nacional. Por ello, decimos que el tema de mejor calidad, de hacerla más homogénea y con una distribución equitativa a lo largo del país, es vital dentro del sistema educacional chileno que queremos construir.

Por cierto, este Estatuto es un elemento, entre muchos, que apuntan al tema del mejoramiento de la calidad educativa. Hay diversos programas que están en marcha, y muchos esfuerzos que se están haciendo; pero sí, desde el punto de vista del Gobierno, el Estatuto Docente es un elemento destinado a mejorar la calidad educativa. Es verdad que también reconoce reivindicaciones y demandas del profesorado; pero a juicio del Gobierno, lo esencial es en qué medida, a través de este cuerpo legal, podemos hacer un aporte efectivo para mejorar la calidad del sistema educacional.

Estamos haciendo un esfuerzo importante para aumentar el número de textos el próximo año, de 900 mil a más de 4 millones; estamos haciendo un esfuerzo importante para aumentar el número de raciones alimenticias, de 480 mil a 650 mil; estamos haciendo un esfuerzo importante con vistas a generar un programa para aproximadamente el 10 por ciento de las escuelas de educación básicas -las novecientas- y que el año próximo esperamos que llegue a 1.300 escuelas.

Sin embargo, con lo importante que son estos elementos, nos parece esencial -para mejorar la calidad- el tema del profesor. Creo interpretar a todos en esta Sala si digo que el profesor es el actor fundamental de cualquier sistema educacional. Estamos buscando introducir elementos de tranquilidad en lo que es el desempeño de ese profesor, para que podamos dedicamos a las tareas primordiales del mismo; el mejoramiento de los niveles de enseñanza.

En ese sentido, el Estatuto Docente apunta básicamente al mejoramiento del ejercicio de la profesión docente y al reconocimiento del carácter particular que tiene esta profesión.

En muchas partes ha surgido la pregunta de por qué tiene que haber un Estatuto de la profesión docente. Más allá de que éste es un fenómeno internacionalmente aceptado, diría que no hay otra profesión en donde lo que se hace, desde el momento en que se egresa y se comienza a trabajar hasta el día anterior a la jubilación, es exactamente lo mismo: se hacen clases. No existe el sentido de una carrera de ascensos como en el resto de los escalafones profesionales del país. La función del profesor de aula es hacer clases, del primero al último día. El problema de un estatuto es cómo insertar a quién hará siempre lo mismo en un sistema que le permita dar una orientación y un sentido a su vida. En este aspecto, el Estatuto apunta a generar un conjunto de procedimientos que le permitan al profesor observar cuál es el sistema que tiene en el ámbito de la carrera docente, a lo largo de su vida.

Este Estatuto Docente no es un mecanismo para abordar otros temas de la profesión. Dentro del sistema educacional, se ha planteado con mucha fuerza un debate en el sentido de cuáles deben ser los grados de descentralización versus la centralización que debe existir en un sistema educacional. Obviamente, el Estatuto Docente no es el cuerpo legal para debatir este punto, ni las bondades o defectos del sistema de descentralización actualmente existente. En el largo plazo, no hay ningún sistema moderno donde no exista un alto grado de descentralización; pero sería un profundo error, aprovechando la discusión de este cuerpo legal y por lo importante que él es, pretender hacer una mezcla y argumentar que con motivo de este proyecto, también debemos adentrarnos en otros temas, que oportunamente deberán ser debatidos en el Parlamento.

Esa es la razón por la cual en este Estatuto hemos tomado la realidad como es hoy. Existe una estructura municipal y hemos querido tornarla como es, porque nos parece que lo fundamental es centrar la discusión en las características que tendrá este Estatuto respecto del profesorado, y dejar para otra instancia el tema del debate de la descentralización.

Con todo, este Estatuto busca establecer un equilibrio adecuado entre lo que debe ser el papel ordenador, de orientación de un sistema educacional, que se exprese en una sociedad a través de las autoridades educacionales y, particularmente, del Ministerio de Educación, con la necesaria descentralización que en el ámbito administrativo debe existir para que haya una eficiencia adecuada.

Cada vez que se ha hecho referencia a los roles, tanto del ámbito centralizado -del Ministerio de Educación- como del municipal, hemos buscado un equilibrio indispensable que apunte hacia el sistema que queremos construir, entendiendo, sin embargo, que este es un tema abierto a debate. Pero no quisiéramos que la discusión en tomo del Estatuto nos llevara al tema del sistema municipal, porque estaríamos confundiendo las áreas.

Lo que sí hemos buscado en el Estatuto, fundamentalmente, es incentivar la profesionalización en el ejercicio de la actividad docente. Hemos buscado crear las condiciones laborales y profesionales que faciliten al profesorado su labor y hemos buscado, también, establecer condiciones de estabilidad laboral, de las cuales, hasta ahora, ese sector carece.

A partir de la búsqueda de estos elementos, establecimos un mecanismo por el cual este Estatuto se aplica a todos los profesores del país. No es cierto que se haga una distinción en esta materia. Todo profesor estará regido por este Estatuto y se le aplicará en lo que dice relación con las condiciones profesionales del mismo, el carácter de la función docente, las formas de perfeccionamiento y las modalidades de su formación, consagrándose el carácter universitario de la carrera.

Por cierto, se contempla también un conjunto de normas relacionadas con los elementos pedagógicos, en cuanto a vacaciones, a horas de clases, a las modalidades de tipo pedagógico educativas que se aplican respecto de todos los profesores del país, independientemente de si están en el ámbito público, municipal o privado.

En ese sentido, se incorporan las normas peculiares del profesorado respecto al tema del perfeccionamiento.

Este es un punto en el cual quiero detenerme medio minuto. Efectivamente, existe un centro de perfeccionamiento del profesorado. Acá se está reconociendo que, tal vez de todas las profesiones, ésta es la única que requiere un mecanismo de perfeccionamiento permanente, si queremos mantener niveles de calidad en los sistemas educacionales. No existe un centro de perfeccionamiento de los médicos, que dependa del Ministerio de Salud, ni de los ingenieros, a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Sí lo existe respecto de los profesores, por la peculiaridad de esta profesión. En consecuencia, cuando en el Estatuto destacamos el derecho y la obligación del profesor al perfeccionamiento, y luego, cuando desde el punto de vista salarial, señalamos que estos cursos tienen incidencias respecto del nivel de ingreso del profesorado, estamos estableciendo y subrayando que no es posible suponer una profesión docente sin un perfeccionamiento, que tiene lugar a lo largo de toda la carrera profesional. Este es un elemento fundamental, desde el punto de vista de lo que estamos buscando, en lo que dice relación con la calidad del sistema educativo.'

A partir de estos elementos de tipo muy general, hemos querido establecer, a través de distintos títulos en la iniciativa de ley, lo que son las modalidades en cuanto a los profesores que se desempeñan en el ámbito público o municipal y de aquellos que prestan servicios en el sector privado.

Respecto de los primeros, hemos determinado un mecanismo de ingreso a la carrera mediante concursos públicos y abiertos, los cuales, una vez fallados, establecen instancias de apelación para los profesores. Lo más importante es que luego de un período de tiempo, el profesor adquiere la titularidad del cargo, es decir, la permanencia y estabilidad laboral de la que hoy carece.

A partir de este elemento, entendiendo lo que es el empleador a nivel municipal, definimos que este profesor desempeña una función pública y, en consecuencia, se le aplican también las normas que dicen relación con aquellos que tienen funciones de carácter público. Este nos parece un elemento importante, y esencial desde el punto de vista de los profesores que están en el ámbito público o municipal.

En este contexto, nos parece también importante, en tanto estos profesores no tienen la posibilidad de la negociación colectiva, establecer con claridad las características de ingreso al sistema y, luego, las relacionadas con materias laborales, y particularmente salariales.

Es efectivo que, desde el punto de vista salarial, el Estatuto dispone la existencia de un valor por hora para los profesores de las enseñanzas básicas y media, que debe ser respetado en todo el territorio nacional, independientemente de] ámbito público o privado. Esto es diferente de lo que existía en el pasado, porque en el sector privado había un nivel mínimo, que era un porcentaje de lo que percibía el profesor en el sector público. Sin embargo, este sistema, entendiendo que es altamente debatido, lo hemos establecido luego de la constatación de la tremenda heterogeneidad que hoy existe en el nivel salarial.

En marzo de 1990, una de las primeras medidas que adoptarnos en el Ministerio fue efectuar una encuesta muy amplia, dirigida a todos los sostenedores del sistema educacional, para tener conocimiento del nivel salarial de los profesores. La heterogeneidad es la norma. Había profe-sores con 30 horas de clases, que trabajaban por el valor del salario mínimo, 18 mil pesos, en abril de 1990. Eso quería decir que estos profesores laboraban por poco más de 470 pesos la hora. Y había, en el ámbito privado, directores de establecimientos que tenían remuneraciones superiores a los 500 mil pesos mensuales.

Esta heterogeneidad salarial nos parece que atenta contra la posibilidad de que, por el hecho de que un profesor desempeñe su función, deba tener una remuneración mínima garantizada, a lo largo del territorio nacional.

A partir de ese mínimo, se establece una diferencia real entre los profesores del ámbito privado, sujetos a la esfera de la negociación colectiva, y aquellos que están en el sector público o municipal, respecto de los cuales, a partir de ese mínimo se fija un conjunto de asignaciones, a las cuales se ha hecho referencia acá, tanto en los informes de la Comisión de Educación, como de la Comisión de Hacienda.

La lógica de este tipo de asignaciones es, precisamente, la búsqueda de lo que constituye la carrera individual del profesor y de los mecanismos que mejoren la calidad del sistema individual.

Esta es la razón por la cual, así como hay una asignación de antigüedad, que implica duplicar el sueldo base del profesor luego de 30 años de servicios, esto es, aumentarlo en un 40 por ciento si hay perfeccionamiento docente, también existe otra asignación que apunta a considerar las modalidades particulares en las cuales se desempeñan las labores educativas. En ese sentido, quisiera llamar la atención del Parlamento sobre la importancia que asignamos a esta nueva modalidad, cual es que el profesorado tenga una asignación especial, que llega hasta un 30 por ciento del sueldo base, cuando realiza sus labores en establecimientos educacionales denominados de desempeño difícil.

Aquí estamos apuntando a aquellos profesores que trabajan en establecimientos educacionales aislados geográficamente, con dificultades -desde el punto de vista del transporte y las comunicaciones- respecto de los centros urbanos; a aquellos profesores que trabajan en es-cuelas donde existe un alto grado de ruralidad, y a quienes, como resultado de condiciones de extrema pobreza, hacen de la tarea educacional una labor mucho más difícil.

Si queremos obtener rendimientos similares entre un joven que se encuentra en un nivel socioeconómico medio, en establecimientos educacionales de determinado nivel, y otros con desempeño difícil, es indudable que el esfuerzo del profesor es mayor en estos últimos establecimientos que en los primeros.

He dicho, en más de una ocasión, que tuvimos el privilegio de formamos en un colegio como el Instituto Nacional. Es distinto realizar clases en ese plantel que hacerlo en un liceo de la periferia marginal, de cualquiera de las grandes ciudades del país.

En ese sentido, es importante otorgar un incentivo al profesor que se va a ese liceo, que postula y concursa en él, porque las condiciones de trabajo son más difíciles. Precisamente por eso, existirá este estímulo. En consecuencia, lo que estamos haciendo es tratar de que los mejores puedan llegar donde el desafío es mayor.

No nos engañemos. Tenemos un sistema educacional donde los alumnos de la enseñanza privada particular pagada tienen un rendimiento del orden del 80 u 85 por ciento en las pruebas del SIMCE, y alumnos de cualquiera de las novecientas escuelas que mencioné, cuyo rendimiento es inferior al 35 por ciento.

No es cierto que tenemos un sistema educacional en que a todos damos iguales oportunidades, porque aquel que va a una escuela que tiene un 80 u 85 por ciento de rendimiento promedio y aquel que va a una escuela que tiene un 30 ó 35 por ciento de rendimiento promedio, son dos realidades demasiado distintas que evidencian que el desafío que tiene que enfrentar el profesorado es muy diferente.

En consecuencia, cuando pasamos de tener más establecimientos educacionales a decir cómo mejoramos la calidad de los existentes, enfrentamos un desafío distinto del que tuvimos durante prácticamente toda la expansión del sistema educacional a lo largo de este siglo.

El Estatuto ayuda a resolver este tema, entre otras cosas. No en todo, por cierto. Cuando establecemos una asignación de desempeño difícil o cuando buscamos que los profesores tengan un mínimo de tranquilidad laboral a través del salario mínimo a lo largo del país, procuramos que no haya heterogeneidad, producto de las distintas realidades socioeconómicas de las regiones y de los estratos poblacionales que existen en la sociedad chilena.

A partir de estos elementos, hemos, buscado establecer una carrera desagregada y personalizada. Aquí quiero hacerme cargo de lo que he escuchado reiteradamente: Se ha dicho que no hay carrera en la función docente. Por cierto, podíamos haberla hecho y, a partir de estos elementos, decir: Hay profesores de categoría a), b), c), d), e), f), etcétera, y tener ocho o diez categorías de profesores. Hemos hecho una carrera desagregada y personalizada, respecto de lo que es la realidad de cada uno de los profesores de Chile. Hemos hecho que cada profesor se traslade a lo largo de Chile, de una región a otra, de una comuna a otra, con sus características individuales; con sus años de servicios, que deben ser reconocidos, y con el perfeccionamiento docente, que debe ser reconocido por la Municipalidad A y por la Municipalidad B.

En ese sentido, hay una carrera, por cierto, y una carrera que le permite al profesor entender, nuevamente, que su mercado es Chile y no la comuna respectiva.

Aquí quiero hacer una brevísima reflexión sobre el tema municipal.

Estamos firmemente convencidos de la necesidad de descentralizar. Lo que en algún momento tenemos que abordar es si el municipio es la instancia más adecuada, porque la dimensión de los municipios es muy distinta. En la Municipalidad de Santiago, la subvención educacional significa el 14 por ciento de sus ingresos. En una buena parte de las comunas de Chile, la subvención educacional es más del 7S por ciento de los ingresos de sus respectivas municipalidades, y a veces llega al 80 por ciento. Administre mal los recursos y tenga un déficit que equivalga sólo al 10 por ciento de la labor educacional y va a tener un déficit del 7,5 por ciento de sus recursos, que tiene que financiar con el 25 por ciento de los otros recursos no educacionales. Tenga un déficit del 10 por ciento la Municipalidad de Santiago y el déficit será de sólo el 1,4 por ciento de sus recursos. Y tendrá mecanismos para abordarlos, con el 86 por ciento del resto de sus recursos.

En consecuencia, tenemos que abordar con seriedad y sin tanta pasión el tema municipal y la instancia adecuada para descentralizar.

Una municipalidad que tiene 40 ó 50 profesores ¿es un contexto o una masa adecuada, desde el punto de vista crítico, para la administración educacional? ¿O tal vez tendríamos que pensar a nivel de provincia o del conjunto de municipios, que se unen por razón de proximidad geográfica para mantener la descentralización?

Este elemento nos parece importante y hemos buscado, en consecuencia, a través de esta carrera, superar la situación y que el profesor perciba que su mercado -por así decir- es todo el país, independiente de la municipalidad en la cual presta sus servicios.

Respecto del ámbito privado, hemos establecido un contrato de trabajo que incorpora las características peculiares del profesorado, tanto en lo que dice relación con sus labores docentes como con las jomadas de trabajo. Al mismo tiempo, incorpora la posibilidad de que -a través de este contrato de trabajo- haya mecanismos peculiares en materia de desahucio.

Muchas de estas disposiciones fueron perfeccionadas luego del debate habido en las Comisiones de Educación y de Hacienda, de lo cual se informó en la mañana, y entre otras, respecto de los convenios de negociación colectiva con el ámbito privado y la posibilidad de que, si ellos quieren, puedan vincularse a las modalidades del ámbito público o municipal.

En suma, estimamos que lo planteado en el Estatuto representa un logro importante desde el punto de vista del profesorado; pero lo más importante es que constituye un paso hacia el mejoramiento de la calidad del sistema educacional.

Hay otros temas que no se tocan. El aspecto previsional y las demandas del profesorado de jubilar por años de servicios y no por años de edad, no están reglados. Y no lo están porque no son materias del Estatuto de la profesión docente, sino del sistema previsional que tendrá el país en el futuro. Sí hay alguna referencia a la realidad previsional que hoy enfrentan los profesores de Chile. Como resultado del traspaso del ámbito público, del Ministerio de Educación, al ámbito municipal, un 35 por ciento de los profesores no tiene imposiciones por el ciento por ciento de sus rentas. Se buscan, por ello, dos cosas: establecer un mecanismo para llegar al ciento por ciento de las imposiciones, de acuerdo con el sueldo que ganan; y segundo, respecto de los que hoy tienen 65 años de edad, si son varones, y 60, si son mujeres, y 30 años de servicio, quienes, en consecuencia, están en condiciones de jubilar, cuyo número alcanza a aproximadamente 2 mil 700 profesores, tener un mecanismo de jubilación justo. Justo quiere decir un mecanismo de jubilación sobre la base de que, supuestamente, tienen el ciento por ciento de las imposiciones que no se les hizo a raíz del traspaso.

Sobre esa materia, existe una proposición del Ejecutivo en este proyecto.

El tema del financiamiento de esta iniciativa legal es complejo y difícil. Es complejo porque el Estatuto Docente tiene que ser tramitado junto con lo que dice relación con el sistema de las subvenciones.

El Estatuto Docente, con sus modalidades, con las asignaciones establecidas y con la cuantía de ellas, significa un mejoramiento efectivo para los profesores de Chile. En 1991, el 50 por ciento de los profesores verá mejoradas sus rentas, algunos de ellos de manera sustancial. Es cierto que el grueso de los que mejorarán sus rentas en 1991 pertenece al sector privado. Los del ámbito municipal mejorarán sus remuneraciones sólo en un porcentaje del orden del 25 por ciento. La razón es muy obvia. Como lo explicó el Diputado Informante de la Comisión de Hacienda, para la puesta en marcha de las asignaciones hay una gradualidad de cuatro o cinco años. En consecuencia, si pudiéramos aplicar todo el Estatuto en 1991, el 89 por ciento de los profesores tendría un mejoramiento promedio de sus remuneraciones superior al 30 por ciento. Eso es lo que significará desde el punto de vista salarial, una vez que esté plenamente en vigencia: un 89 por ciento de los profesores de Chile habrá mejorado sus remuneraciones, en promedio, en el 30 por ciento.

Es cierto que el nivel establecido respecto de la hora base es, podría decir, modesto. En el proyecto original se planteó un valor de 1.700 pesos para la hora en la enseñanza básica y de 1.800 pesos para la enseñanza media. Es modesto respecto de lo que son las demandas del profesorado. Es un gran esfuerzo por parte del Gobierno respecto de la realidad con la cual se recibió el sistema educacional. Significa tener una remuneración de 51.000 y 54.000 pesos para los profesores, sobre la base de que trabajan durante 30 años. Pero los profesores chilenos, en marzo de este año, tenían una remuneración media de 52 mil pesos. La remuneración con la cual se partió en el proyecto de Estatuto Docente enviado al Parlamento equivalía, prácticamente, a la remuneración media mínima de los profesores.

Lo anterior, para dar una idea de la magnitud del esfuerzo hecho sobre la materia.

Con todo, la remuneración básica, a nuestro juicio, debe aumentar en la medida en que aumente la unidad de subvención educacional. Por lo tanto, como resultado de la modificación de la ley de subvenciones, producto de la necesidad de que los profesores también tengan un reajuste del 25 por ciento, se envía un proyecto a la Cámara de Diputados para aumentar la unidad de subvención educacional, en diciembre y en marzo, de tal manera que en marzo los profesores tengan un aumento del 25 por ciento.

Como el profesorado tuvo un aumento del 12,34 por ciento en el mes de agosto, consultado en la remuneración base de 1.700 y 1.800 pesos, cuando se planteó aumentar la subvención en 11.8 por ciento para igualarla al 25 por ciento, se presentó una indicación del Ejecutivo para aumentar la remuneración base a 1.900 y 2.000 pesos, respectivamente. En otras palabras, el Estatuto y la ley de subvenciones que lo complementa, establece el mecanismo por el cual la hora base se reajustará automáticamente, toda vez que se produzca el reajuste de la unidad de subvención educacional, en la forma y modalidades que la ley respectiva señalará. Por lo tanto, creemos que aquí hay un elemento fundamental desde el punto de vista de los profesores. Nunca más tendremos que discutir qué porcentaje de la subvención significa un aumento de remuneraciones, porque si la unidad de subvención educacional aumenta 10 por ciento, quiere decir que el sueldo base de los profesores también debe aumentar en un 10 por ciento. Esto nos parece fundamental para la tranquilidad del sector.

Es cierto que el esfuerzo financiero es grande, y se hace en función de los mayores recursos. Ha sido decisión del Gobierno del Presidente Aylwin señalar que Educación, Salud y Vivienda deben ser los sectores que tengan atención fundamental en materia de financiamiento público.

Sin embargo, como se recordó esta mañana, la caída del financiamiento educacional en los últimos 10 años, desde el punto de vista del aporte de los recursos públicos, ha sido extraordinariamente grande. No sólo hubo una disminución de 300 mil millones de pesos, del año 1990, a 200 mil millones de pesos entre 1981 y 1990. La unidad de subvención educacional, que es del orden de los 4.000 pesos ,debiera ser superior a los 6.500 pesos, si se hubiera mantenido con las modalidades de reajustes con que originalmente se estableció el sistema.

En consecuencia, se hace un gran esfuerzo para remontar cifras que han venido cayendo sistemáticamente en los últimos 10 años. Y deseo que en el debate posterior abordemos este tema con la mayor de las franquezas y sin demagogia, porque estamos haciendo un esfuerzo que significa un mejoramiento real del presupuesto educacional del 15 por ciento, gracias al cual hemos podido avanzar en los distintos rubros que mencioné, particularmente en lo que dice relación con las remuneraciones del profesorado.

Nunca se dijo que habría remuneraciones equivalentes a las demandas del Magisterio, porque eso implica más que duplicar el presupuesto de educación.

En los años en que el presupuesto no se discutió en el Parlamento hubo mutaciones muy drásticas en el sistema presupuestario chileno. Hubo ministerios que multiplicaron por dos y por tres sus recursos. Sus razones debieron tener. Al menos, el Parlamento no las supo porque no funcionaba.

Ahora, cuando se debata al tema financiero desde el punto de vista educacional, es importante que nos hagamos cargo de la situación y tengamos presente el punto del cual partimos antes de hacer estas definiciones.

Digo esto porque he escuchado muchas afirmaciones que dicen relación con el aspecto financiero del Ministerio de Educación. Habría sido mucho más fácil si sólo se hubiera mantenido el presupuesto educacional que tuvimos 10 años atrás. Habríamos partido operando con 300 mil millones y no con 200 mil millones, que fue la cantidad que tuvimos para comenzar a trabajar.

A través de este Estatuto Docente, se plantea un mecanismo global que busca establecer medidas que impliquen mejoramiento de la calidad del sistema educacional, mecanismos de descentralización que lo hagan efectivo y eficiente, y tranquilidad para el Magisterio de Chile. Además, en relación con el profesorado, apunta a establecer mecanismos de participación que son fundamentales en el ámbito educacional. Por ello, es necesario que la comunidad, los padres y apoderados y, por cierto, los profesores tengan una participación adecuada en la gestión del sistema educacional.

El Ejecutivo ha pedido la urgencia para este proyecto, porque espera que se aplique a partir del próximo 1° de marzo. Sería negativo iniciar el año escolar 1991 sin haberlo despachado. Entendemos que éste es un cuerpo legal importante y que tiene que ser extensamente debatido. Es nuestro propósito que ese debate y el referido al perfeccionamiento importante que ha tenido en la Cámara, gracias al esfuerzo realizado en las Comisiones de Educación y de Hacienda -el que indudable será mayor como resultado del debate en esta Sala, y del que habrá posterior-mente en el Senado- que será intenso y extenso, sea compatible con la necesidad de contar con este cuerpo para el 1° de marzo de 1991. Si lo logramos, podremos iniciar un año escolar en calma y nos podremos dedicar a los otros grandes desafíos y tareas desde el punto de vista educacional, como son la ley orgánica constitucional de enseñanza, esto es, la ley orgánica que regirá la educación superior prebásica, la básica y la media; y el perfeccionamiento docente y los programas de mejoramiento de la calidad, materia respecto de la cual los convenios que se negocian actualmente con el Banco Interamericano y del Banco Mundial constituirán un mecanismo muy importante para introducir elementos de calidad, de descentralización y de evaluación, en el sistema educacional chileno.

Finalmente, agradezco el esfuerzo hecho tanto en la Comisión de Educación, como en la de Hacienda, que enriqueció el Estatuto. Por cierto, existen elementos respecto de los cuales el Ejecutivo mantiene sus puntos de vista, lo que, oportunamente, los replanteará como indicaciones en la Sala.

Hago presente que inmediatamente nos abocaremos al estudio del proyecto de ley de subvenciones, que constituye una modalidad indispensable y que lo complementa. En su estudio, como lo he dicho en forma reiterada, los señores parlamentarios podrán comprobar, con la más absoluta claridad, de que tanto la educación pública o municipal como la privada constituyen los elementos fundamentales y complementarios del sistema educacional chileno. No podríamos, por la vía de la dictación de un Estatuto Docente o de una ley de subvenciones, implementar mecanismos que vayan en detrimento de la una o de la otra.

En consecuencia, este tema ha despertado el interés de muchos parlamentarios, y con razón. Por eso, deseo ratificar aquí en la Sala lo que he dicho en cada una de las Comisiones: el sistema educacional es el resultado del esfuerzo público y privado, y debe seguir siéndolo en el futuro. Pero es indispensable establecer un estatuto que signifique tranquilidad para el profesorado y que nos permita trabajar en el mejoramiento de la calidad de la educación, para que, efectivamente, ésta signifique una oportunidad para todos los hijos de nuestra Patria.

Muchas gracias por su atención, señor Presidente. -

- O -El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, no puedo abstenerme de señalar que lamento profundamente lo que acaba de acontecer, y que lamento profundamente también que Renovación Nacional no dé su acuerdo para que sesiones la Comisión de Derechos Humanos.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Señor Presidente...

El señor LOGNTON.-

¡No es Renovación!

El señor PALMA (don Andrés).-

Renovación Nacional es, Diputado Longton.

Señor Presidente, pedí la palabra para expresar que en el informe no me referí a dos materias contenidas en el Estatuto Docente y que sí fueron discutidas al interior de la Comisión. Se trata de glosas señaladas en la página 3), en el cuadro de "Asignaciones", y dicen relación con una modificación a la ley de subvenciones. Se contempla una asignación de mil millones de pesos cada año, a partir de éste, para financiar la referida modificación, si bien el Estatuto Docente significará un mejoramiento en las remuneraciones del personal docente, la situación del personal no docente se vería relativamente perjudicada. Por lo tanto en el mismo cuadro "Asignaciones", en la glosa "Indirectas no docentes" se contempla también una cantidad de recursos, para mejorar las remuneraciones de dicho personal.

Al respecto, en la Comisión de Hacienda, el Diputado Mario Devaud presentó asimismo como indicación un artículo nuevo, con el objeto de mejorar, mediante el Estatuto Docente, las remuneraciones del personal no docente: Sin embargo, hubo acuerdo en que era improcedente, puesto que no se relacionaba con los contenidos del Mensaje original del Ejecutivo.

Señor Presidente, es cuanto quería agregar a mi informe.

Muchas gracias.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un asunto reglamentario.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta para plantear una situación reglamentaria.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en este primer informe no se aclara si este proyecto contiene disposiciones que ameriten ser de ley orgánica constitucional o de quorum calificado. En el informe debe precisarse esta cuestión, de acuerdo con el artículo 286, del Reglamento. Creo que tiene mucha importancia para el quorum de votación que se requiere sobre este proyecto.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Señor Diputado, efectivamente, los incisos primero y tercero del artículo 45, y el l° transitorio, requieren de quorum calificado.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Valenzuela.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, Honorables colegas Diputados:

El proyecto que hoy analizamos en general constituye, indudablemente, el primer paso importante para alcanzar la dignificación del Magisterio nacional. En virtud de esta información, nuestra bancada parlamentaria, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Humanista, lo votará favorablemente.

Este proyecto, tan esperado por el Magisterio, debe ser comparado, para su mejor comprensión, con las anteriores disposiciones legales, que regulaban las relaciones laborales del profesorado chileno.

Si lo comparamos con las normas o disposiciones especiales que para este sector contemplaba el Estatuto Administrativo en su Título VI, en la época anterior al Gobierno de Pinochet, constataremos que el profesorado mediante este proyecto aún no logra recuperar, en su totalidad, sus condiciones de vida y de trabajo. Pero si lo comparamos con las normas legales que se le aplico y que aún lo afectan, como consecuencia de la legislación laboral dictada durante el régimen autoritario, concluiremos que, indudablemente, esta iniciativa devuelve la tranquilidad al Magisterio, ya que desaparecerá para siempre el drama de la persecución ideológica y política, de la arbitrariedad y de la carencia de valores que afectó al profesorado, en particular, y a la educación, en general.

Ello se demuestra porque el proyecto de Estatuto Docente postula, fundamentalmente, seis grandes principios o ideas matrices que comentaré en general.

Señor Presidente, el primer principio que consagra este Estatuto es la estabilidad en el empleo.

En efecto, el Magisterio nacional sufrió, en los últimos cuatro años, la exoneración de más de 20 mil profesores, que afectó esencialmente a los dirigentes gremiales -hoy representados en nuestras tribunas por el PresidenteNacional del Colegio de Profesores- y a los docentes que tuvieron una actitud crítica hacia el régimen anterior o que defendieron el fin último de la educación: formar niños y jóvenes en forma integral para la vida democrática. Los principios de solidaridad, pluralismo y justicia social, fueron temas prohibidos y significaron la cesantía de todos aquellos maestros que se atrevieron a defenderlos o a tratarlos en sus clases.

Hoy, al asegurar la estabilidad en el empleo del profesor, se garantiza, indudablemente, la calidad de la enseñanza, pues cada educador podrá desarrollar libremente su currículo educacional.

El segundo principio que sostiene este Estatuto es el concepto de renta base mínima mensual.

La libertad contractual, que parte de la absurda ficción de que el empleador educacional puede pactar en iguales condiciones el contrato laboral con el trabajador, perjudicó enormemente a muchas generaciones de jóvenes maestros, demostrando que es imposible aplicar las leyes de mercado en el campo educacional, toda vez que muchos sostenedores de escuelas y de liceos pagaron sólo el ingreso mínimo a educadores con formación universitaria, lo que obligó a muchos de ellos a trabajar dos jomadas completas para lograr 36 mil pesos, cuando el mínimo era de 18 mil, y, ahora sólo 52 mil pesos, pues éste asciende a 26 mil pesos.

Estas arbitrariedades también se observaron en el lado opuesto, ya que el régimen militar favoreció económicamente a muchos de sus docentes adictos, quienes ganaban sueldos privilegiados, que no percibían ni siquiera los profesores con más antigüedad en el establecimiento. Por ejemplo, la cónyuge del Secretario Municipal de Antofagasta recibía sus sueldos en sobres cerrados y ocultos, para que el resto del profesorado no conociera los ingresos acomodados que la beneficiaban. La hija del Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, ingresó al sistema educacional con la renta de un profesor con 30 años de servicios. Estos casos no fueron aislados, porque la legislación los permitía.

Hoy, el establecimiento de una renta mínima mensual prohibirá los privilegios y permitirá que cualquier profesor que ingrese al servicio educacional lo haga con una renta base, sin consideración alguna a su origen, estirpe, sexo o condición familiar.

No obstante lo anterior, reconocemos que la renta fijada no satisface las necesidades mínimas del profesorado, aunque el Gobierno ha hecho los máximos esfuerzos para elevar a 1 mil 900 y 2 mil pesos el valor mínimo de la hora de clases. Estos valores exiguos obedecen a que el sector educacional cuenta con sólo el 2,7 por ciento del producto global bruto en lugar del 4,2 por ciento histórico, con que contó en la época de la República. En esta ocasión, hacemos votos para que acuerdos políticos posteriores dé los sectores que efectivamente están por mejorar las condiciones de vida del Magisterio, puedan determinar un impuesto futuro mediante el cual, anualmente, se consignan 6 mil millones de pesos para que los profesores tengan una renta base mínima mensual de 2 mil 300 y 2 mil 400 pesos el valor mínimo de hora de clases en educación básica y media, respectivamente, lo cual permitiría obtener para ellos un sueldo base de aproximadamente 70 mil pesos.

Invitamos, fundamentalmente, a las bancadas de Oposición a que se pronuncien, durante la tramitación del proyecto, respecto de este tema. Las utilidades bancarias, que ascienden a 60 mil millones de pesos anuales, bien podrían financiar este mejoramiento económico.

El tercer gran postulado que contempla este proyecto es el inicio de la carrera docente.

El Magisterio nacional no ha olvidado que la carrera docente se acabó definitivamente, en los primeros días de la dictadura, en septiembre de 1973, con la aplicación masiva de los decretos leyes N°s. 6 y 22, que pusieron término a toda la titularidad o propiedad de los empleos en la Administración Pública, dejando en calidad de interinos a todos los que desempeñábamos cargos en propiedad, ganados en concurso.

Ello sirvió para exonerar, destinar y rebajar de grado a miles de maestros, sin contar los 20 mil despedidos en 1986, para colocar en cargos directivos docentes sólo a aquellos que apoyaron la doctrina de la seguridad nacional, y también para designar en dichas funciones a los que se olvidaron de los principios democráticos que orientaron siempre a la educación chilena y que la distinguió por sobre los sistemas educativos de la región americana.

Se acabaron, en general, los concursos, y los nombramientos se efectuaban sobre la base de la confianza del régimen a per- soneros que iban rotando en dichos cargos, según el grado de apoyo que mostraban al sistema.

La delación, el egoísmo y la falta de lealtad surgieron, lamentablemente, dentro del profesorado nacional.

Hoy, en cambio, el Estatuto Docente restablece el principio de la titularidad; de los cargos, para lo cual se crea todo un mecanismo de concursos, el que ha ido perfeccionándose en la Comisión de Educación y que podrá, obviamente, seguir mejorándose en los trámites legislativos siguientes.

Habrá una comisión de concursos y de evaluación de los postulantes, debiéndose formar una tema, lo que obligará a la autoridad empleadora a nombrar sólo a quien obtenga el más alto puntaje.

Ello permitirá iniciar, entonces, la carrera docente en el Magisterio ya que nunca más se necesitará ser de la confianza del régimen de tumo para ocupar un cargo docente o directivo en la educación. Bastará, simplemente, tener un título, vocación y otros antecedentes para ello.

El cuarto principio que considera y restablece esta iniciativa es la participación, esencia de la democracia.

Se reconoce la participación del profesorado en el diagnóstico, realización y evaluación del sistema educacional, pasando ahora el educador a ser un actor y no un espectador de la educación.

Se reconoce por ley el consejo gremial de profesores con carácter consultivo y resolutivo en los casos que el reglamento determine.

Se valoriza, señor Presidente, la participación de los centros de padres y de los centros de alumnos, incorporando tácitamente el principio de que la educación es una función social, como lo han considerado siempre los grandes ideólogos de la docencia.

El quinto principio que consagra el proyecto es el perfeccionamiento.

El estatuto estimula y define el perfeccionamiento docente como un deber y un derecho, creando los medios mínimos para que el profesorado esté en una permanente renovación pedagógica y cultural, lo que también constituye parte de su carrera docente.

En el régimen anterior, el perfeccionamiento era oneroso y alcanzable sólo para aquellos privilegiados que recibieron la ayuda de su empleador.

El sexto principio es la recuperación de los derechos perdidos.

Entre tales derechos, podemos señalar los siguientes:

En primer lugar, la antigüedad.

La pérdida de los trienios y, luego, de los bienios significó por largos años un estancamiento de las remuneraciones del profesorado. Con el proyecto en estudio se recuperará ese beneficio, el que también contribuye al principio de la carrera docente.

En segundo término, se establece el derecho al traslado. El Estatuto Docente, al disponer que los profesores mantienen sus asignaciones de antigüedad y de perfeccionamiento al cambiarse de lugar de trabajo restablece el derecho al traslado, el que podrá ejercerse a través de los llamados a concursos y de las permutas, perdiendo la calidad de relegado profesional que mantuvo durante los 17 años anteriores.

No es válida la crítica que se hace al Estatuto, cuando se indica que no existe el derecho al traslado. En la lógica de la administración actual, es imposible concebir un derecho al traslado en la forma anterior, dado que ahora se deben concursar todos los cargos.

En tercer lugar, se recuperan las asignaciones de experiencia de perfeccionamiento, se crean las de desempeño en condiciones difíciles y de responsabilidad directiva, constituyendo garantías económicas importantes creadas por el Estatuto Docente.

En cuarto lugar, la imponibilidad total de las remuneraciones constituye también una conquista importante para el Magisterio, el que en la actualidad cotiza sólo por parte de ellas, lo que significa que obtenga pensiones de jubilaciones bajísimas o miserables.

En último lugar, en el campo de la enseñanza particular subvencionada, la fijación o el respeto a la renta mínima mensual, representa una garantía que evitará el atropello al Magisterio y el enriquecimiento ilegítimo o injustificado de muchos sostenedores.

Señor Presidente y Honorables colegas Diputados/ como ex presidente regional del Colegio de Profesores de Antofagasta y miembro de la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores de Chile A.G./ en la época en que éste se democratizó, me siento orgulloso y contento, en nombre de miles de maestros, de dar la aprobación en general, hoy día en Democracia, a este proyecto de Estatuto Docente como primer paso para alcanzar la dignidad total de Magisterio, la que deberá complementarse posteriormente con leyes que permitan revisar el sistema previsional de los profesores, que lo lleven a recuperar el derecho a jubilar por años de servicios, el derecho a obtener la vivienda propia, a la salud y a la asistencialidad escolar de todos sus alumnos.

El Estatuto Docente algún día deberá atender en su integridad los problemas del Magisterio, como una forma segura de mejorar, en forma definitiva, la educación chilena.

Distinguidos colegas, un pueblo que invierte convenientemente en la educación, sin duda mejora y asegura el futuro de la Patria. La Cámara de Diputados, el Senado y el Gobierno deben comprometerse con ello.

Señores Diputados ayer, 10 de diciembre, mi generación, egresada en ese mismo día de 1960, cumplió 30 años desde que salimos de una Escuela Normal en el norte.

Es una generación como tantas otras, que sólo trabajó 13 años formando jóvenes para la vida democrática. Perdimos 17 años de ejercicio profesional, junto con perder la Escuela que nos formó. Este Estatuto Docente nos llevará seguramente a recuperar la senda perdida.

He dicho, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Gracias, señor Diputado.

Tiene la palabra el Diputado señor Velasco.

El señor VELASCO.-

Señor Presidente, distinguidos señores Diputados, señor Ministro de Educación, estamos frente a un hecho histórico de gran trascendencia nacional.

El programa de la Concertación ofreció al país darle prioridad a la educación, reconociendo a ésta como la palanca fundamental del desarrollo y de la transición democrática. La educación está siendo asumida por el Gobierno del Presidente Aylwin como un efectivo derecho y no como un privilegio. En este contexto se inserta el proyecto de ley sobre el Estatuto Docente, que hoy estamos debatiendo.

Se trata, además, del cumplimiento de una promesa hecha al Magisterio por el entonces candidato, hoy Presidente de la República. Se trata de crear un efectivo mecanismo de participación para los actores principales del proceso educativo que, tanto el Gobierno como nosotros, justipreciamos y valoramos en su real dimensión.

Al entrar a este debate parlamentario, queremos comenzar recordando, sin pretender hacer una historia exhaustiva, que luego de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, promulgada el 26 de agosto de 1920, tras dos largos años de tramitación en el Parlamento de la época, es primera vez que en estos 70 años, como muy bien dijera el señor Ministro en esta Sala- un Gobierno democrático acepta el desafío de someter al Congreso Nacional un proyecto de ley de una extraordinaria complejidad, no sólo por los sectores que están involucrados, sino también por las limitantes de carácter legal, constitucional y económicas que presenta su tratamiento.

Es útil recordar que las últimas normas sobre la regulación de la función docente estaban contenidas en el Estatuto Administrativo, decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, en el cual se le dedicaba sólo un título especial. Luego, la mal llamada "carrera docente", impuesta por decreto ley en 1978, que, prácticamente,

no tuvo vigencia, pretendió -sin lograrlo- articular una compleja carrera docente para los profesionales de la educación, pero sólo el perteneciente al sector fiscal.

A raíz de la inconsulta medida "de la municipalización de la educación" -mejor dicho "de la alcaldización del sistema educacional fiscal"-, se dejó a todo el profesorado sometido a la regulación de las llamadas "leyes laborales", desconociendo de este modo las principales características de la función docente.

Pretendiendo reparar esta grave falta, el régimen autoritario, luego de las exoneraciones masivas de más de 15 mil profesores en 1987, dictó la ley N° 18.602, totalmente insuficiente para proteger la delicada función de los educadores, quienes quedaron expuestos a la arbitrariedad, a la humillación y al vejamen en su dignidad profesional.

Tal como Su Excelencia el Presidente de la República lo expresa en el mensaje con que envió este proyecto al Congreso Nacional, "es necesario enfrentar los desafíos de la realidad educacional de una manera diversa a como se hizo en el pasado", pensamiento que la bancada democratacristiana comparte plenamente.

Las ideas centrales de este proyecto corresponden a las demandas anheladas por el Magisterio, a través de su organización representativa y unitaria: el Colegio de Profesores de Chile. Ellas son: definición de una remuneración básica nacional, aplicable a la totalidad del Magisterio municipalizado, particular subvencionado y particular pagado; creación de una carrera profesional para el sector municipalizado de derecho público que estimule el perfeccionamiento docente; el reconocimiento fundamental de la tarea educativa de aula en los aspectos profesionales; el establecimiento de incentivos especiales para el profesorado que se desempeña en zonas rurales y de marginalidad social económica: disposiciones para regular y perfeccionar las relaciones contractuales del sector particular, subvencionado y pagado.

Aun así, estamos conscientes de que este proyecto no satisface todas las aspiraciones contenidas durante los 17 años de régimen autoritario.

No obstante, estamos seguros de que la inmensa mayoría del profesorado comprende que, en el proceso de reconstrucción democrática, no se puede lograr todo en 4 años.

Baso esta afirmación en mi conocimiento de cómo el profesorado se asoció a la democratización de la sociedad durante el autoritarismo. Si bien perdió la capacidad de presionar, no logró ser arrastrado a una inculcación activa de la ideología del régimen pasado y ha manifestado su adhesión, ampliamente mayoritaria, con el régimen democrático.

Durante aproximadamente, 4 semanas, este proyecto ha sido ampliamente debatido en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados: Como corresponde en democracia, se ha escuchado a todos los sectores involucrados, con la más amplia libertad.

No obstante, como era de suponer, han aparecido las críticas más variadas. Provienen de sectores tremendamente comprometidos con el régimen autoritario. Caen en profundas contradicciones Primero, señalaron que este proyecto generaba un privilegio social para el profesorado; que la existencia de una carrera profesional generaría una "rutinización" y un retraso en la modernización de la educación.

Quienes piensan así, sostienen que el sistema educacional debe regularse por las leyes del mercado y en consecuencia, que sólo bastaría con perfeccionar el mecanismo de la competitividad del mercado educacional para mejorar su calidad. La respuesta parece obvia, si consideramos, a la luz de los indicadores de las pruebas del SIMCE, cómo se ha deteriorado la calidad de la educación con la nefasta aplicación de las políticas de mercado en la educación.

Otros han pretendido reducir este Estatuto Docente a un proyecto de reajuste salarial y concentrado sus críticas en la insuficiencia del valor de la hora mínima, el cual, como ya lo ha anunciado el Ministerio de Educación, será reajustado a partir de marzo de 1991. Con ello se intenta descalificar la totalidad del proyecto, que contiene tantas otras sentidas aspiraciones que apuntan hacia la verdadera dignificación de la profesión docente.

Lo curioso, por decir lo menos, es que estos críticos carecen de autoridad moral para enjuiciar al Gobierno democrático. Pretenden exigir que este gobierno haga en tiempo "record" lo que ellos, cuando fueron mandamases y tuvieron la totalidad del poder, no quisieron realizar; lo que es peor, destruyen y destruyeron el sistema educacional chileno.

En democracia, las críticas constituyen un derecho que valoramos. Lo que resulta inaceptable es que se pretenda hacer demagogia con un sector tan respetable como es el de los educadores de este país.

Los parlamentarios de la Democracia Cristiana asumimos plenamente las expresiones del Presidente Aylwin , cuyo mensaje dice que este proyecto busca, "en primer lugar, incentivar la profesionalización en el ejercicio de la labor docente". Hasta ahora, señores Diputados, el profesor ha sido tratado como un funcionario, más que como un profesional. Es allí donde se encuentra una de las principales causas del deterioro de la calidad de la educación.

Durante su estudio en la Comisión de Educación, el proyecto fue objeto de numerosas indicaciones tendientes a mejorarlo. Se han acogido variadas observaciones formuladas por el Colegio de Profesores, que representa al Magisterio organizado y que ha luchado de manera incansable por obtener la dictación del Estatuto Docente.

En esta materia, justo es decir que, entre las principales indicaciones acogidas en la Comisión, vale la pena señalar la que suprime la letra c) del artículo 59 del proyecto, con lo cual se elimina la caducidad del contrato por supresión de horas, de cursos o de cargos.

Además, se establece la exigencia de que quienes dirijan la educación municipalizada sean profesores; se ha incorporado el derecho a permuta, y mejorado los mecanismos para hacer operativos los traslados.

Como integrante de la Comisión de Educación de esta Cámara de Diputados, deseo expresar que el profesorado espera, de todas las bancadas, que se logre el despacho oportuno de este proyecto, junto con salir perfeccionado con indicaciones realistas y posibles de todas las bancadas, con el fin de que entre en vigencia a partir de marzo de 1991.

Tal vez no será el Estatuto perfecto. La historia nos demuestra que la conquista de logros y metas está jalonada de luchas y esfuerzos, y que ella se logra a través del tiempo.

Sí, podemos estar seguros de algo: la aprobación de este proyecto constituirá un primer gran paso en la dignificación de la función docente.

Colegas Diputados, hoy se presenta a la consideración de la Honorable Cámara un Estatuto Docente, que, por primera vez, dicta normas relativas a todo el Magisterio nacional; establece un salario mínimo sin distinción; entrega estabilidad laboral para que éstos puedan desarrollar libremente y sin presiones sus aptitudes pedagógicas; establece concursos limpios y transparentes, donde primarán los antecedentes curriculares, la experiencia, el perfeccionamiento, el saber, la vocación; con comisiones integradas por sus mismos pares; con representantes de los mismos colegios a los cuales se postula; el acceso a una carrera funcionaría donde prevalecerán los méritos y el esfuerzo personal; el acceso a un perfeccionamiento acorde con los cambios de una sociedad en desarrollo permanente, libre y gratuito; un reconocimiento a la labor abnegada que desarrollan muchos maestros en medios difíciles, ya sea geográficos o de marginalidad social de los educandos, lo que se manifiesta en un sobresueldo válido para el maestro municipalizado o subvencionado; una reparación para tantos que, después de largos años de sacrificio, se encuentran en situación de acogerse a un merecido retiro y que, por culpa de una inicua ley que les privó de las imposiciones por el total de sus rentas, se han visto imposibilitados de hacerlo. A todos ellos se les considerará como si ellas hubiesen sido efectuadas en su totalidad durante los tres últimos años. Por último, señores Diputados, consagra la participación que les fue negada por espacio de casi 17 años, lo que se traduce no sólo en la elaboración del presente proyecto, sino también en las diversas instancias del proceso educativo.

El Estatuto Docente es, en suma, no un compendio de buenas intenciones, sino un seguro camino hacia la dignidad, el profesionalismo, la participación y una luz de esperanza para el porvenir. Confiamos en Dios, porque la Historia nos dará la razón.

He dicho, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Como queda un minuto para suspender la sesión, le proponga al Diputado señor Campos que lo hagamos de inmediato, para que use de la palabra al regreso, a las 15.30 horas.

Se suspende la sesión hasta las 15.30 horas.

Se suspendió la sesión a las 13.59 horas y se reanudó a las 15.30 horas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Informo a la Sala, en primer término, que ha llegado el proyecto del Ejecutivo que modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1989, sobre el sistema de subvenciones estatales a la educación, iniciativa que es vital por su relación con el tema que estamos tratando. Para relacionar ambos proyectos, previamente hay que introducir el primero en la Cuenta, para lo cual debe haber, al menos, cuarenta parlamentarios que tomen el acuerdo. Entonces, en cuanto completemos ese número, procederemos en tal sentido.

En segundo lugar, por la forma en que votó el Senado el proyecto de Libertad de Expresión, hay que constituir una Comisión Mixta, de inmediato, para que sesione hoy mismo. En consecuencia, solicito a los jefes de las bancadas que designen a los cinco Diputados que formarían parte de dicha Comisión.

El Ministro señor Correa puede explicar el problema.

El señor CORREA (Ministro Secretario General de Gobierno).-

Efectivamente, hemos estado debatiendo, en la Sala del Senado, el proyecto de Ley de Libertad de Expresión, en su tercer trámite constitucional. Hay observaciones formales, sobre todo una, en la que es preciso interpretar bien si se cometió un error en su redacción. La otra tiene que ver con un aspecto de fondo, ya que se refiere a las penalidades, en el caso de los delitos contemplados en el Código de Justicia Militar, por ofensas a las Fuerzas Armadas, cuando son cometidas a través de un medio de comunicación.

Nosotros habíamos convenido -y el Senado está por mantener su compromiso- en despachar el proyecto en su conjunto durante esta semana, de modo que el Presidente de la República pudiera promulgarlo este sábado. La única manera de conseguirlo es que la Comisión Mixta respectiva se constituya y sesione esta misma tarde. Dicha Comisión podría estudiar brevemente la materia, porque no se trata de diferencias demasiado grandes, de modo tal que sus proposiciones pudieran examinarse mañana en la Sala.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Pido a los Jefes de las bancadas o de los Comités que indiquen los parlamentarios que integrarán esta Comisión Mixta. Cuando tenga sus cinco nombres, los propondría a la Sala. Siempre se eligen dos, por la Democracia Cristiana; uno, por Renovación Nacional; uno, por la UDI; y uno, por el Comité Socialista-PPD.

El señor ALESSANDRI.-

Tendríamos que ver el orden.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Pero no hoy día, dada la materia. Sí, cuando se trate dé algo realmente trascendente en que esté en juego el destino del país.

Señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, Honorables colegas, volviendo a la discusión del proyecto de Estatuto Docente, inicio mi intervención recordando que no existe dentro de la vida de un pueblo un proceso más importante que el que guarda relación con la educación del mismo. Y no podría ser de otra forma, dado que el proceso educacional tiene implicancias individuales y sociales en términos tales, que no es aventurado afirmar que de la educación depende el destino del hombre y el futuro de la sociedad.

En efecto, el proceso de enseñanza- aprendizaje es la herramienta que tiene el hombre como persona para liberarse de las cadenas de la ignorancia y de la incultura. Es el medio que utilizan quienes nacen desprovistos de condición social c de fortuna para progresar en la vida y transformarse en seres útiles a sí mismos y a la sociedad. Es la forma cómo desarrollamos las potencialidades que emergen de nuestra racionalidad y que, al perfeccionar la inteligencia, nos permiten alcanzar nuevas alturas en el conocimiento y en el saber.

En el mismo sentido, siendo el objeto y el sujeto de la educación, en una primera etapa, la gente joven, es decir, mentes informes y en proceso de aprender sus propias convicciones, es evidente que dependerá del tipo de conocimiento que se le proporcionen, de la forma cómo se le transmitan y del sentido que le impriman, los juicios que ese joven adoptará cuando llegue a la madurez.

Una manipulación del proceso educacional, dirigida a formar prosélitos o feligreses, puede ocasionar dividendos políticos o religiosos. Al efecto, es, grande la tentación, existen múltiples ejemplos históricos que así lo demuestran.

Desde un ángulo social o colectivo, la educación determina la cultura de los pueblos, y ello es importante, puesto que las naciones no sólo son ricas por la cantidad de bienes materiales que producen sino también por los valores culturales) espirituales que laboran. Y tal cultura le determinan, tanto los conocimientos que se aprenden, como los valores y sensibilidades que se crean.

En el mismo orden de consideraciones el proceso de enseñanza-aprendizaje e: fundamental para el desarrollo económico de los pueblos. La riqueza de los países está dada por la adecuada conjunción entre materias primas, trabajo y conocí miento.

En un mundo tan sofisticado y complejo como el actual, no podemos vivir i desarrollamos al margen de los conocimientos que diariamente, aporta la ciencia y la tecnología.

Observad, Honorables colegas, el cas de la Unión Soviética, que es el drama de la Perestroika y de Gorbachov. Se dice, fundadamente, que gran parte de su crisis económica se debe a que, en materias fundamentales, tienen 10 años de atraso respecto de las grandes potencias occidentales. De allí que, más que por capitales, hoy claman por conocimientos y tecnologías modernas.

Para desarrollarse, entonces, los países necesitan de profesionales que conozcan y apliquen los conocimientos descubiertos por otros, o que creen o inventen nuevas fórmulas que satisfagan la problemática humana. Y por ello, los Estados velan por la seriedad e idoneidad de los títulos y grados que se imparten, ya que de la eficiencia de sus profesionales depende el desarrollo de su propio país.

Todo lo anterior tiene como punto de partida el proceso educacional.

Luego, el proceso de enseñanza-aprendizaje no es indiferente a la sociedad como conjunto, dado que su formulación e implementación determinará el tipo de ciudadanos que formemos y el grado de cultura y de conocimientos que un pueblo puede exhibir en un momento de su historia.

De esta forma, la gran interrogante que se plantea es: ¿y a quién le corresponde tan alta misión?

¿Es responsabilidad o deber del Estado el educar al pueblo? ¿O procede que permanezca indiferente?

¿Quién debe asegurar los grados de imparcialidad y de objetividad que requiere el proceso educacional?

¿Quién vela por la idoneidad y seriedad de los títulos y grados?

¿Quién resguarda que el tipo de educación que se imparte es el que el país requiere para solucionar sus grandes urgencias?

Las respuestas a estas preguntas han sido fuente de discusión permanente en la filosofía educacional. Por siglos, se sostuvo que la actividad educacional debía estar vinculada al quehacer individual y privado de los hombres, y, a lo más, se la relacionaba con las ocupaciones desplegadas por algunos credos religiosos.

Sin embargo, en el siglo pasado irrumpe el concepto de Estado-docente, según el cual, siendo el Estado la máxima expresión del bien común, a él le corresponde, preferentemente, impulsar la actividad educacional.

Es el Estado el único que nos puede asegurar un proceso educacional acromático, desprovisto de connotaciones políticas o religiosas, destinado a formar ciudadanos y no prosélitos o feligreses, comprometidos sólo con los grandes valores del hombre y con los intereses permanentes de la patria y de la sociedad.

Es el Estado quien, al estar comprometido con intereses sociales superiores, puede velar por la seriedad e idoneidad de los títulos y grados que se imparten, y asegurar una auténtica igualdad de oportunidades a todos los hijos de sus inteligencias.

Es el Estado quien, teniendo una visión global de la sociedad, de todos los factores e intereses que entran en juego puede diseñar una mejor política educacional, dirigida a enfrentar los grandes desafíos de la patria y a facilitar el pleno desarrollo del hombre como individualidad.

Este concepto de Estado-docente no se opone a la libertad de enseñanza.

Estado-docente no significa que el Estado sea el único agente educador, con prescindencia de la iniciativa particular. Estado-docente implica, simplemente, que el Estado es el gran agente educador, permitiendo el desarrollo de actividades particulares en tal sentido, como una manera de coayudar a la labor que despliega la nación toda. Estado-docente significa que el Estado tiene tuición sobre la educación particular, en orden a que él vela por la seriedad de los títulos y grados y por el tipo de conocimientos que se transmiten, debiendo guardar éstos una adecuada correspondencia con los planes y programas generales del país. Estado- docente importa, en última instancia, que el Estado asegura niveles educacionales idóneos a toda la juventud.

Luego, siendo el Estado el gran agente educador, surge, como efecto consiguiente, la función pública del profesor, ya que si pública es la función educacional,, pública es, obviamente, la labor que despliegan las personas que la desarrollan. Resulta difícil encontrar, dentro de la vida social, una labor más importante y trascendente que la realizada por ellos, dadas las características del proceso de enseñanza-aprendizaje que ya advertíamos en los inicios de este discurso. Son los maestros quienes, al transmitir los conocimientos y la sabiduría adquiridos, sientan las bases de la cultura y del desarrollo de un país. Son ellos, los que, al entregar valores y trabajar con el alma humana, reciben niños y devuelven ciudadanos capaces de construir su propio destino y dé forjar una Patria mejor.

De allí que, para que los profesores puedan cumplir satisfactoriamente con la función pública que la sociedad les encomienda, es menester que cuenten con una adecuada estabilidad y seguridad en su empleo; que no estén entregados a las veleidades de la política o a los arbitrios personales; que se les proporcionen los medios materiales necesarios para desplegar eficientemente y con tranquilidad su importante labor; que cuenten con sistemas que aseguren una adecuada formación y un permanente perfeccionamiento, y que el resto de la sociedad tenga conciencia y valore la labor que ellos desarrollan.

Pues bien, Honorables colegas, en más de 150 años de historia republicana, nuestra patria fue capaz de construir un sistema de educación pública que ha sido ejemplo en América, y que motivó la admiración del mundo entero. Al concepto de Estado-docente se agregó, luego, el principio de educación laica, o sea desprovista de connotaciones religiosas, y, más tarde, el sistema de la enseñanza primaria obligatoria y gratuita.

Durante 150 años, Chile se sembró de escuelas y de liceos. Se levantaron escuelas técnicas, industriales, de minas y agrícolas. Se bajaron las tasas de analfabetismo a niveles de competición con las grandes naciones desarrolladas europeas. El grado de excelencia y de calidad de la educación fiscal no tenía parangón, y los mejores colegios particulares no disputaban la primacía a los grandes liceos o institutos fiscales. La universidad fue una realidad para los hijos de sus propios talentos, y la Casa de Bello era el ente rector de la educación superior, a la que no sólo ingresaban nuestros compatriotas, sino que alumnos de diversos rincones de esta América, deseosos de recibir los conocimientos que necesitaban para promover el progreso de sus naciones de origen. Los profesores nacían en las escuelas normales y en el Instituto Pedagógico, y su grado de idoneidad era reconocido más allá de nuestras fronteras.

La igualdad de oportunidades era una realidad en materia educacional. Un joven inteligente tenía la certeza de que el Estado le proporcionaba una educación igual o superior a la mejor de las pagadas. Y ello, lentamente, dio origen a la formación de esa gran clase media chilena que tanto ha contribuido al progreso de la patria. La cultura, entonces, no era un bien que estaba reservado a quienes poseían fortuna. Piensen, Honorables colegas, que las dos más grandes figuras culturales nacidas y formadas en tierra chilena, Gabriela Mistral y Pablo Neruda , son hijos de modestas escuelas y liceos provincianos, lo que nos demuestra la eficiencia del sistema y la eficacia en el logro de sus objetivos.

Y sin ir más lejos, ¿cuántos de nosotros, hoy Diputados de la Nación, no somos hijos también de la educación fiscal? Gracias a esa posibilidad que el Estado nos dio obtuvimos nuestros títulos profesionales, progresamos en la vida y hoy ocupamos un lugar en el Parlamento de la República. Posiblemente, si el Estado no nos hubiera brindado esa oportunidad, hoy no estaríamos donde estamos, y, por fuerte que hubiere sido nuestra voluntad, estaríamos inmersos en la opacidad de donde provenimos.

Con el advenimiento del Gobierno militar, y a partir de 1980, se comenzó a implementar en nuestro país un nuevo sistema educacional, fundado en el principio de la subsidiariedad del Estado frente a tal actividad, lo que se tradujo en que la educación dejó de ser una preocupación preferente del Estado.

En tal esquema, se incentivó el crecimiento de la educación particular en detrimento de la estatal, y las cifras así lo demuestran. En 1981 la educación fiscal comprendía el 77,9 por ciento de los alumnos de la enseñanza básica y media, mientras que la particular, y la particular subvencionada, sólo abarcaba el 21,9 por ciento de tales alumnos. En 1989, según cifras de la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación, la educación fiscal o municipalizada sólo comprende el 58,6 por ciento de los alumnos; o sea, un 193 por ciento menos que en 1981. Mientras que la educación particular, y particular subvencionada, subía a un 41,4 por ciento de tales alumnos, es decir, un 19,5 por ciento más.

Más de 160 establecimientos fiscales han sido traspasados en los últimos 10 años a corporaciones educacionales privadas. ¿Cuántas universidades o institutos profesionales estatales y particulares existían en Chile en la década de los 70? ¿Diez? ¿Doce establecimientos? Pues bien, a diciembre de 1989, había en Chile 34 universidades. Veinte con aporte estatal y catorce sin él. A su vez, había 53 institutos profesionales: dos con aporte estatal y 51 sin él. Por último, 133 centros de formación técnica sin aporte del Estado ¿Desean, Sus Señorías, que discutamos los niveles de excelencia y de calidad de la mayoría de esos centros de estudios superiores? Pues bien, este cambio del sistema educacional que tiende a la privatización de la enseñanza, ha importado un grave deterioro de la educación fiscal o municipalizada. ¿Cuántos alumnos provenientes de colegios fiscales o municipalizados están dentro de los primeros mil puntajes de la Prueba de Aptitud Académica?

Leía, no hace mucho, en un ranking de los mejores colegios de Chile, que el Instituto Nacional, hasta ayer el primer foco de luz de la Nación, ocupaba el lugar número 40, de manera que había 39 colegios particulares antes que él. Según cifras del Ministerio de Educación, en la enseñanza media, el porcentaje de alumnos que egresa de los colegios municipalizados es de un 61,42 por ciento, mientras que el (que lo hace) de los colegios particulares es de un 88,57 por ciento.

Todos los que tenemos alguna experiencia académica universitaria, sabemos que más allá de las cifras y de las estadísticas, los alumnos que hoy ingresan a nuestras universidades tienen, objetivamente, menos conocimientos que los de hace 15 ó 20 años.

¿En qué se traduce todo esto? En algo muy simple. Hoy en Chile existe educación de primera, de segunda y de tercera clase. Por cierto, la educación estatal se encuentra en el último nivel. Luego, estamos formando ciudadanos de primera, de segunda y de tercera clase. Con ello, estamos erradicando el principio de la igualdad de oportunidades en materia educacional, que tanto nos había costado alcanzar.

¿Cuántos de los Honorables colegas que se formaron en escuelas públicas y en liceos fiscales, hoy tienen a sus hijos en colegios municipalizados? ¿Y por qué no los envían a ellos? Porque están conscientes del grado de deterioro de la educación fiscal y aspiran para sus descendencias una mejor oportunidad formativa.

Pero eso podemos hacerlo nosotros y otros cientos de chilenos que pueden pagarlo. ¿Y qué ocurre con la inmensa mayoría de nuestros compatriotas que no están en condiciones de cancelar una enseñanza privada? Con el sistema actual, están condenados a que sus hijos y sus nietos sigan siendo ciudadanos de segunda y tercera clase. Este sistema, por principio, como radical, no lo puedo aceptar.

Sin embargo, la reforma al sistema educacional chileno también afectó directamente a los profesores, a los trabajadores de la educación, a quienes se les privó de la condición de servidores públicos, como si por mandato de la ley se pudiere negar que es pública la alta función que desarrollan.

En efecto, con motivo de la municipalización de la enseñanza, en 1989 existían 78.916 profesores municipalizados; 36.642 profesores particulares subvencionados; 15.768 profesores particulares pagados y 3.196 profesores de corporaciones privadas. O sea, un total de 134.342 profesores que no son funcionarios públicos, que no están regidos por el Estatuto Administrativo, cada uno de cuyos grupos tiene un sistema jurídico diverso y cuya estabilidad en el cargo depende de los caprichos de un alcalde, de un sostenedor que está motivado por el ánimo de lucro o de la voluntad de un simple particular.

El cambio de la condición jurídica de los maestros trajo consigo importantes modificaciones en las normas que regulan su sistema previsional, salarial y laboral, perdiendo el profesorado logros que había conquistado después de años de lucha, los que la Nación toda reconocía como actos de justicia por la trascendencia de la labor que ejecutaban.

Como consecuencia de lo anterior, desapareció la carrera docente o la carrera funcionaría; se instauró un sistema de remuneraciones en que la arbitrariedad y la injusticia fueron las reglas generales. La explotación de las necesidades ajenas y el ánimo de enriquecimiento de los sostenedores fueron semillas que cayeron en terreno fértil y el perfeccionamiento del magisterio no pasó de ser una declaración programática incumplida.

Los problemas causados al sistema educacional nacional por las políticas implementadas por el régimen militar alcanzaron también a otros ámbitos. Se cambió sustancialmente el proceso de génesis o de formación del profesor. Se cerraron las escuelas normales y se entregó esa misión a las universidades e institutos profesionales de cualquier signo, condición y pelaje. Francamente, no creo que nadie pueda afirmar con seriedad que los profesores que se forman hoy sean mejores que los de ayer.

Desde otro punto de vista, se modificaron los planes y programas de estudio y los sistemas de calificaciones y de aprobación de los alumnos, rebajando los niveles de conocimientos educativos, con el objeto de entregar porcentajes que las estadísticas recogen como positivos.

Esta es, Honorables colegas, la realidad de la educación pública chilena, tal como la recibió el Gobierno del Presidente Aylwin: una educación disminuida, empobrecida, "mediocratizada", opaca, muy distante de constituir un orgullo nacional, y que, al avanzar en su proceso de privatización, tiende a aumentar las distancias que separan a uno de otro sistema.

Una educación rebajada en sus grados de excelencia, que no asegura la igualdad de oportunidades a las nuevas generaciones y, lo que es más grave, que ha pisoteado a los profesores en su dignidad.

Frente a tan cruda y dramática realidad, el Gobierno ha enviado a este Congreso un proyecto de ley de Estatuto Docente, iniciativa legislativa que, básicamente, pretende establecer las normas por las cuales se regulará la función docente.

Trata de crear la carrera funcionaría, determina el sistema de contrataciones, salarios y beneficios económicos y, por último, procura el perfeccionamiento y la participación del Magisterio. Sin embargo, y por mucho que sea Diputado de Gobierno, no puedo ocultar esta tarde que estimo que el Ejecutivo ha errado de camino, razón por la que no puedo votar favorablemente la idea de legislar.

En efecto, en esta iniciativa no se enfrentan los problemas fundamentales que aquejan a la educación chilena y al Magisterio nacional, que son las causas de la crisis. Al adoptar tal actitud evasiva, no sólo no se resuelven satisfactoriamente las materias que trata de reglamentar, sino lo que es peor, persiste en mantener un sistema educacional, que en diez años ya se ha probado en su ineficacia.

Este proyecto viene a consolidar y a legitimar el sistema de enseñanza municipalizada y la privatización de una importante área de la actividad educacional. Y nosotros, los Radicales, somos absolutamente contrarios a esa fórmula, como que propugnamos el establecimiento de un sistema nacional de enseñanza descentralizado, dependiente del Ministerio del ramo.

No advertimos de parte del Gobierno la voluntad política de avanzar en tal sentido; incluso más, con estupor hemos escuchado decir que los problemas de la enseñanza municipalizada se corrigen con la democratización de los municipios. Ello no es efectivo, Honorables colegas, y quienes así lo afirman están profundamente equivocados. En el evento que ello ocurra, el sistema educacional será igualmente malo, con la agravante de que en tales circunstancias los profesores quedarán entregados a los caprichos del político de, tumo en cada una de nuestras comunas.

Luego, al no recoger este proyecto el principio de la función pública del docente, y al insistir en la odiosa distinción ya existente entre profesores municipaliza- dos, particulares subvencionados y, simplemente, particulares, asignándoles calidades jurídicas diversas, no lo puedo aceptar, puesto que se trata de un mero arreglo cosmético a una materia que requiere cirugía mayor.

Esto es lo mismo, Honorables colegas, que si el día de mañana el Gobierno presentare un proyecto de ley o de reforma constitucional tendiente a modificar algunas facultades accesorias de los Codecos o de los Coredes, manteniendo la participación que ellos tienen en la designación de los alcaldes; o que si el Gobierno presentare un proyecto de reforma constitucional tendiente a aumentar el número de Senadores designados. Si ello ocurre, obviamente que lo voy a rechazar, porque soy absolutamente contrario a los alcaldes designados y a los Senadores designados. Y al aprobar una iniciativa de tal naturaleza, estaría validando y legitimando los Codecos, los Coderes y los alcaldes designados y, por principio, eso no lo puedo aceptar.

Desde otro punto de vista, este proyecto intenta normar una carrera funcionaría, pero al continuar siendo los profesores funcionarios municipales, tal carrera docente será una ilusión y no una realidad, puesto que, difícilmente, tendrá una proyección nacional.

En efecto, como los concursos, se manejarán a nivel comunal, es evidente y lógico que se privilegiarán a los profesores de esa misma comuna, por lo que la carrera funcionaría distará de tener un alcance general.

En el mismo sentido, el perfeccionamiento del Magisterio, no está asegurado en términos concretos, y la participación de un modo exclusivamente consultiva, nos parece altamente insatisfactoria.

Reconocemos, eso sí, los esfuerzos que despliega el proyecto, en orden a tratar de fijar criterios y reglas objetivos en materia de remuneraciones, incentivos y beneficios económicos, procurando, de ese modo, poner término a la anarquía, a la injusticia y a la arbitrariedad que impera en este campo en muchas municipalidades del país.'

También valoramos la voluntad política del Gobierno de mejorar las rentas del Magisterio, ya que estamos conscientes de que sus niveles de ingreso no guardan relación con la importancia de las labores que desarrolla.

Empero, no nos engañemos, Honorables colegas. La problemática de la educación chilena y la dignificación del Magisterio no se reducen a una mera mejoría de rentas; el problema es mucho más profundo. Aun cuando el día de mañana el gobierno duplicare los sueldos a todos los profesores de Chile, el sistema educacional de la nación continuaría siendo igualmente malo y los maestros no recuperarían su dignidad, debido a que todavía no abordamos el fondo del problema.

En materia educacional -y con el profesorado, en particular-, el Congreso y el Gobierno tienen una tarea pendiente. Es urgente replantear el sistema de enseñanza nacional desde sus bases más profundas. Esto pasa por precisar el rol del Estado frente a la actividad educativa; por devolverle al profesorado la calidad de funcionarios públicos, porque públicas son las labores que ejecuta; por implementar un sistema nacional de enseñanza descentralizado, caracterizado por su excelencia y objetividad; por erradicar, de una vez por todas, el mercantilista concepto de la subsidiariedad en el ámbito educacional; por asignarle a los profesores un sistema previsional particular, acorde con las funciones que despliegan; por asegurar a estos profesionales verdaderos canales de perfeccionamiento y de participación; por revisar el proceso de génesis y dé formación del profesor; por crear una auténtica carrera funcionaría, de carácter nacional, en la que los maestros no sólo tengan la posibilidad de ascender, sino que gocen de una real estabilidad y tranquilidad en el cargo.

Estos son los grandes desafíos de la educación chilena, materias que se eluden, se soslayan o no se resuelven satisfactoriamente en el proyecto de ley que conocemos, o escapan a sus ideas matrices.

Como radical, anuncio que me abstendré en esta votación.

Sin embargo, los Diputados del partido, hoy, como ayer, retomamos con más fuerza que nunca las banderas de la educación pública en este debate e instamos al Gobierno y al Parlamento para que en los próximos meses demos una integral solución a la grave crisis que afecta a la enseñanza en nuestra Patria. Sabemos que ella es materia de iniciativas legales de variada índole, pero estamos convencidos de la urgente necesidad de abordarla.

Sólo cuando llegue ese momento podremos decir que hemos devuelto al Magisterio su dignidad y que hemos trabajado seriamente como parlamentarios, por brindar a nuestros compatriotas la igualdad de oportunidades educacionales que requieren para crecer como hombres y hacer progresar la Patria toda.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El señor Ministro de Educación solicita autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Educación, don Raúl Allard.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

- O -

El señor MUÑOZ BARRA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, en la mañana, lamentablemente, cuando se consultó con respecto a las disposiciones que en el Estatuto Docente tienen el carácter de normas de quorum calificado, me había ausentado por un instante de la Sala.

Ahora me permito señalar que el artículo 45 permanente, incisos primero y tercero, y el artículo l2 transitorio, tienen el carácter de normas de quorum calificado.

En consecuencia, según lo señalado en el artículo 83, inciso tercero, de la Carta Fundamental, se requiere para su aprobación del voto favorable de la mayoría absoluta de los Diputados y Senadores en ejercicio.

La consulta se hizo en la mañana y me permito entregar la respuesta a la Sala, para los efectos pertinentes.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En este sentido, el artículo 20 podría entenderse que requiere quorum de ley orgánica constitucional, según lo ha establecido el Tribunal.

Cuando se vota en general un proyecto, la Ley Orgánica del Congreso Nacional indica que se voten también con los quorum respectivos las ideas matrices que contiene, no necesariamente referidas a un artículo especial.

Hay dos ideas matrices. Una se refiere

a materias de seguridad social, que se puede discutir. Pienso que será una de las que tendrá qué tratar la Comisión de Constitución. Por lo menos, en reunión de Comités de mañana quiero plantearlo así, porque esto se pide ahora en todos los proyectos.

Por otro lado, los proyectos llegan sin que la Comisión respectiva señale las disposiciones que tienen ese carácter. La de Educación sólo lo ha hecho ahora respecto de una disposición.

El artículo 20, que se refiere a los consejos provinciales de Educación, si nos atenemos a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, modificaría las bases de la administración del Estado y necesitaría quorum de ley orgánica constitucional; pero eso no lo indicó la Comisión de Educación ni la Comisión de Hacienda, por donde pasó el proyecto.

Entonces, hay una situación de funcionamiento de la Cámara que dice relación con el criterio amplio del Tribunal Constitucional para interpretar las normas de la Constitución referentes al quorum calificado, independientemente del juicio que a cada uno de nosotros merezca lo que el Tribunal indica. Tenemos que respetar lo que señala.

Por lo tanto, cuando llegue el momento de la votación, vamos a operar en ese sentido.

Tiene la palabra el Diputado don Claudio Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, cuando hace aproximadamente dos meses ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de Estatuto Docente, los parlamentarios de Renovación Nacional nos abocamos de inmediato a estudiarlo en forma responsable y seria y con gran dedicación. Y lo hicimos así, porque, a decir verdad, sabemos la importancia que reviste para el Magisterio nacional y conocemos sus expectativas y esperanzas. Tampoco desconocemos la relevancia que tiene para el sistema educacional chileno.

Sin embargo, en la Sala suelen decirse muchas cosas que quedan en el aire y no se responden. Por eso, en esta oportunidad, quiero puntualizar algo que podría desprenderse de lo que dijera el señor Ministro sobre la urgencia que requiere el trato del proyecto, para que el l2 de marzo esté vigente.

A decir verdad, se estuvo a la espera de este cuerpo normativo durante mucho tiempo y sólo hace dos meses, aproximadamente, llegó a la Cámara.

En todo caso, existe el compromiso de los parlamentarios de Renovación Nacional por seguir trabajando, con responsabilidad, seriedad y dedicación para que los profesores tengan, a la brevedad posible, el cuerpo normativo que anhelan.

Se ha dicho que los parlamentarios de Oposición queremos descalificar el proyecto. La realidad es muy contraria. Sólo hemos valorado lo que es dable valorar y criticado lo que es dable criticar.

Es bueno que todos los parlamentarios, especialmente de la Concertación, mediten sobre lo que dijo el señor Ministro. Señaló que en su estudio el proyecto no debe ser ideologizado. Yo agregaría que tampoco los distintos participantes del quehacer político deben seguir intentando politizar el sector educacional. Muchas veces se ha instrumentalizado y eso, de alguna manera, ha resultado negativo para las expectativas del Magisterio nacional.

Cuando conocimos el proyecto, evidentemente le encontramos un sinnúmero de deficiencias. Lo mismo hicieron los parlamentarios de Gobierno y, lo que es más decidor; los propios profesores, a lo largo y ancho del país.

Nos encontramos frente a tres posibilidades. Una de ellas, dada la serie de imperfecciones y deficiencias que le encontramos, significaba votar en contra del proyecto de Estatuto Docente, irremediablemente. Sin embargo, experiencias pasadas nos indicaban que nada de esto se entendería. Por el contrario, los medios de comunicación distorsionarían la posición y aparecería Renovación Nacional oponiéndose a un cuerpo normativo que beneficiará al profesorado. Lejos estaría eso de la realidad, porque lo único que pretendíamos era señalar la gran cantidad de deficiencias e imperfecciones del proyecto.

Otra de las posibilidades era presentar un proyecto alternativo. También las experiencias pasadas indicaban que, lamentablemente, ni siquiera seríamos escuchados en la Comisión, ni menos en la Sala, por parte de lo señores parlamentarios de la Concertación. Tiempo y esfuerzos quedarían perdidos y nada se conseguiría.

Decidimos optar por la tercera posibilidad que dice relación con el hecho de aprobar en general el proyecto y tratar de introducirle el máximo de indicaciones ' posibles con el objeto de mejorarlo. Así lo hicimos en la Comisión y lo estamos haciendo en la Sala Repondremos muchas de las indicaciones rechazadas en la Comisión.

Desde un principio hemos pensado que este cuerpo normativo debe estar sustentado en cinco pilares.

El primero, inevitablemente, es el de las remuneraciones. De allí que este proyecto alternativo establece una renta base mínima nacional y unas asignaciones que irán mejorando las remuneraciones o el nivel de ingreso de los profesores.

Reconocemos que hay asignaciones que recogen algunas aspiraciones y algunos derechos del Magisterio, pero las consideramos insuficientes. Valoramos la asignación de experiencia; la asignación de perfeccionamiento; la asignación de responsabilidad, la de difícil desempeño, porque, naturalmente, reconocen un quehacer profesional de los distintos profesores de Chile.

Reconocemos que lo que se propone es absolutamente insuficiente.

Me detendré un poco. Escuchaba al Diputado Informante de la Comisión de Hacienda, darnos unas cuentas que, a mi juicio, han resultado muy alegres; pero que, escapan de la realidad. Si hacemos el ejercicio de calcular un sueldo base-hora por 30 horas de trabajo, más la asignación de perfeccionamiento, más la asignación de desempeño difícil y la de responsabilidad directiva, más dos bienios, llegamos a una suma de $ 115.140. Pero esto, señor Presidente, a 1995 y no a 1991. Esa es la diferencia, teniendo en consideración que la persona del ejercicio que he propuesto recibe absolutamente todas las asignaciones, lo que, desde luego, está muy lejos de ser una realidad.

Por otro lado, me preocupa una cosa en particular. Si bien es cierto, hoy día se ha beneficiado, aproximadamente a un 20 por ciento de los profesores, que hasta hoy están bajo el piso que se ha establecido, aun cuando en el plazo inmediato se verán beneficiados, estoy seguro que en el plazo mediato se verán perjudicados, porque los profesionales que están sobre ese piso no serán beneficiados. Finalmente se concluye que los que hoy se benefician, en el mediano plazo no se verán favorecidos. Esto, por una razón muy simple, porque en el proyecto hay una norma que establece que la diferencia entre la renta base mínima nacional, más las asignaciones, menos el sueldo que hoy día ganan los profesores, se transformará en una asignación municipal. En mi opinión, a medida que salgan los profesionales de la educación que hayan sido beneficiados con esa asignación municipal, ésta se irá perdiendo. Por lo tanto, no serán beneficiarios quienes hoy día alcanzan esta renta base mínima nacional.

Por otro lado, la Comisión de Educación introdujo un sistema de reajustabilidad automático de las remuneraciones, que no contempla el Estatuto original.

Esto es esencial, por cuanto era una de las expectativas, una de las esperanzas del Magisterio, más aún, sabíamos que, con ello, el día de mañana se podrá llegar a una optimización de la calidad de la educación.

Hay algunas diferencias entre los colegios particulares, los colegios particulares subvencionados y los colegios municipalizados, especialmente en la calidad. Los colegios particulares pagados han alcanzado un 85 por ciento de la prueba del SIMCE, y los municipalizados, solamente un 35 por ciento.

Nuestro gran desafío está en no bajar a los que están en el 85 por ciento, sino que en subir a quienes están en el 35 por ciento del rendimiento. Esos son nuestros desafíos. Esas son las metas que debe tener el Gobierno porque, de esa manera, naturalmente, se beneficiará a los profesores y a la educación en general. Para lograrlo es necesario que el país y el Gobierno tomen conciencia y hagan un esfuerzo, en conjunto, para entregar una mayor cantidad de recursos al sistema educacional chileno.

Otros de los pilares fundamentales considerados por la Comisión, es el referente a la estabilidad. Nos llama la atención que el proyecto original del Ejecutivo haya mantenido el artículo 59, letra c), que introduce el factor de inestabilidad vigente a la fecha, que ha sido uno de los factores más rechazados por el sector educacional. Si de verdad deseamos mejorar la calidad de la educación, debemos introducir algunas variables que permitan obtener una mayor identidad de parte del profesional con el colegio donde tiene oportunidad de trabajar. Si se logra esa identidad, alcanzaremos el compromiso y, con ello, naturalmente, una gran mejoría.

Más aún, mantener la norma que daba inestabilidad al sistema, implicaba acrecentarla mucho más respecto de la que ya existía. Con la ley vigente, para poner término al contrato de un profesor por reducción de matrícula, se le debe comunicar 60 días antes de iniciarse el año escolar docente. La norma que se proponía permitía que se pudiera poner término al contrato del profesional en cualquier momento, especialmente en el mes de marzo, cuando se constatara una disminución de la matrícula en un curso o en un determinado establecimiento.

Otra de las normas que introducía inestabilidad al sistema era la que entregaba facultades a los centros de padres y apoderados para evaluar a los distintos profesores, a lo menos dos veces al año. Por acuerdo de la Comisión de Educación, se modificó la norma, y se permitió solamente que el director citara, a lo menos dos veces al año, a los centros de padres y apoderados, con el único objeto de informarles acerca de la marcha del establecimiento, y no para que se transformara en un verdadero juzgado frente a las acciones de los distintos profesores. Variadas experiencias revelan que, muchas veces, los padres y apoderados, lamentablemente, presentan acusaciones sin mayor argumento ni peso, que únicamente tienden a perjudicar a los profesores.

Nos preocupa que haya quedado en el proyecto del Estatuto Docente un inciso que permite que los padres y apoderados reclamen por escrito frente a alguna actitud de determinado profesor. De no hacerlo por escrito, podrá solicitar que el funcionario que reciba la acusación pueda escriturarla.

Esa norma constituye un arma peligrosísima que se entrega a los apoderados y a los padres, quienes la pueden transformar- en un derecho que hoy día existe, pero que, al estar escriturado, puede utilizarse perjudicialmente en contra de los profesionales de la educación.

Otro factor que introduce inestabilidad es el artículo 32 transitorio, referente a los concursos de directores de escuela.

Esta norma establece un plazo de 60 días para llamar a concurso de docentes directivos que hayan ingresado al sector por otra vía. Lo grave de esta situación es que no se busca excelencia académica ni idoneidad de las personas; básicamente, implica un problema político que, de hacerse definitivo, llevaría irremediablemente a que frente a cada cambio de gobierno, los directores fueran exonerados, lo que no daría continuidad, ni estabilidad, ni identidad, ni una mejor calidad de la educación.

El señor MUÑOZ BARRA.-

¿Me concede una interrupción, señor Diputado?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Rodríguez , el señor Muñoz Barra le solicita una interrupción.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

A1 final se la concederé con todo gusto.

Otro aspecto que consideramos un pilar fundamental del sistema se refiere a la carrera docente.

En el proyecto sobre el Estatuto Docente no se ha introducido una auténtica carrera docente. Aún más, en él se contempla un sistema de calificación que sólo castiga y que no premia porque, en realidad, no hay posibilidad alguna de que los profesores puedan ascender en la medida en que sus méritos sean reconocidos.-

Valoramos que se haya establecido concurso público para ingresar al sistema educacional, incluso, en la Comisión de Educación se introdujeron algunas modificaciones al proyecto de ley sobre Estatuto Docente, básicamente, relacionadas con el concurso público, y con la Comisión Calificadora, que venía establecida de otra manera. Afortunadamente, por mayoría de votos, la Comisión de Educación logró asegurar transparencia absoluta en el sistema de ingreso a la carrera docente.

Lo mismo ocurrió con el sistema de ingreso, ya sea en calidad de titulares o de contratas. La Comisión estimó y los Parlamentarios de Renovación Nacional en particular, que el solo hecho de que los profesores sean profesionales e ingresen, además, por concurso público, les da el derecho suficiente para ingresar como titulares a esta carrera docente y no estar sujetas a los vaivenes o a la inseguridad de que el día de mañana se ponga término a su período de contrata, lo que de alguna manera, perseguía -creemos- el proyecto de ley sobre Estatuto Docente.

Otra de las normas de gran importancia introducida es la que establece que el alcalde nombre al que obtenga el primer lugar en el concurso. En él podrán participar los distintos profesionales que tengan interés en ingresar a la carrera docente.

Una situación importantísima, que también ha estado inserta en el proyecto de ley sobre Estatuto Docente dice relación con el atentado que se hace a la libertad de trabajo, porque se estableció que los profesores sólo podrán laborar durante 44 horas.

Pensamos que eso no puede ocurrir, porque atenta contra una norma esencial de la Constitución Política de Chile y, además, inhibe la libertad y la decisión personal que debe tener cada profesional de la educación.

Finalmente, se estableció que los profesionales no podrán ejercer por más de 44 horas en un mismo establecimiento; pero podrán hacerlo en otro, naturalmente, si su decisión así lo estima.

Establecer lo contrario significaría que muchos profesores de este país verán cercenado su nivel de ingresos, por cuanto muchos se desempeñan no sólo en colegios municipalizados, sino que también, en colegios particulares subvencionados y en colegios particulares pagados.

Un tema que ha resultado ser un pilar importante en este Estatuto Docente tiene relación con el perfeccionamiento, donde no sólo habría que reconocerlo como un derecho, como se estableció originalmente, sino que habría que establecerlo como una obligación del Estado, de entregar perfeccionamiento a los distintos profesionales. Si se habla de optimizar la calidad de la educación, habría que realizar los esfuerzos necesarios para que esta palabra no solamente sea un eslogan, sino que también se traduzca en realidad. Eso es lo que se persiguió al interior de la Comisión cuando se trató de establecer la obligatoriedad del Estado de entregar este recurso para el perfeccionamiento.

Interesante resulta que los profesionales puedan optar al perfeccionamiento a través de un concurso público, lo que, naturalmente le da transparencia al sistema.

También es importante no limitar las posibilidades que pudieran tener las Municipalidades y los sostenedores de colegios particulares, para entregar este perfeccionamiento.

El proyecto de ley original no contenía, precisamente, esta situación. Solamente estableció que el centro de perfeccionamiento sería el único que podría entregar esta posibilidad a los profesores.

Con ello, se limita a las municipalidades entregar motu propio a los distintos profesionales de la educación, un perfeccionamiento que permita mejorar y optimizar la calidad de la educación.

Por último, estaba la imponibilidad de las remuneraciones. Existe una intención en el proyecto, para dejar que las remuneraciones sean imponibles en el ciento por ciento; sin embargo, creemos que debe hacerse el esfuerzo para que esa idea se aplique una vez que el proyecto de Estatuto Docente esté vigente, y no se ejerza la gradualidad como se está aplicando en la actualidad. Hay conocimiento, experiencia y antecedentes suficientes, en el pasado, de otros servicios públicos que también tuvieron una base imponible menor y una asignación mayor no imponible, y cuando se decidió hacer imponible el ciento por ciento se efectuó por una sola vez, porque aquélla era la manera de beneficiar a esos funcionarios. Creemos, en verdad, que debe hacerse el mismo esfuerzo respecto de los profesionales de la educación.

Sin embargo, hay otras preocupaciones. Lo hemos señalado en múltiples ocasiones, no sólo con motivo de este proyecto de ley, sino de otros, como aquel que dice relación con el hecho de que exista una clara tendencia a dejar muchas materias entregadas a los reglamentos, lo que evade por decirlo así, el paso de éstas por el parlamento chileno. Nuestra aprensión no obedecía sólo al hecho de oponemos por oponemos, sino a un temor absolutamente fundado, puesto que pensábamos que mediante ese expediente podía eludirse el conocimiento por el Parlamento de determinados asuntos.

En reiteradas ocasiones, Renovación Nacional ha planteado diverso puntos discordantes en relación con el proyecto de Estatuto Docente, sometido por el Gobierno a la consideración del Poder Legislativo. El trabajo de los Diputados del partido, en la Comisión de Educación ha sido particularmente responsable y serio, rigiendo siempre su actuar por los principios y valores que orientan al partido, como asimismo por la auténtica necesidad de la educación chilena y los legítimos intereses del Magisterio nacional.

El 20 de noviembre pasado, Renovación Nacional, en declaración pública, manifestó su posición global respecto del proyecto del Gobierno. Este planteamiento reflejó, con total claridad, la posición auténtica de nuestro partido sobre esa iniciativa, por lo cual se integraron a su estudio los parlamentarios responsables del área, la agrupación de profesores de Renovación Nacional y los personeros correspondientes de su directiva central. En la ocasión se mencionó a las direcciones provinciales de educación, como uno de los asuntos que más nos preocupaba. Sostuvimos textualmente: "El proyecto contiene diversos aspectos que nos mueven a suponer que está inspirado en la idea de retomar a un anacrónico sistema de alta centralización. Nos preocupan, especialmente, las exageradas atribuciones que se entregan a los departamentos provinciales de educación. No debe olvidarse que las autoridades de estos departamentos son nombrados directamente por el Ministerio del ramo". Esa es la declaración que hicimos en esa fecha y fue uno de los puntos más debatidos en la Comisión de Educación de la Cámara, especialmente el artículo 20, anterior 22 del proyecto, por el cual se crean los consejos provinciales de educación. Los Diputados opositores argumentaron vigorosamente en contra de su creación, y los de Gobierno los respaldaron, aun cuando introdujeron una modificación en el sentido de incluir representantes del gobernador, en lugar del intendente, como se planteaba en el proyecto original.

Hoy, el proyecto está siendo tratado en la Sala, y lamentablemente, este trabajo comenzó tomándose conciencia de una actitud inadecuada, improcedente y extemporánea por parte del Ejecutivo. En efecto, el viernes 7 de diciembre, en el Diario Oficial, página 23, se publicó un decreto, con las firmas de los señores Enrique Krauss , en su calidad de Vicepresidente de la República, y Ricardo Lagos, Ministro de Educación, mediante el cual se crean los consejos provinciales de educación, organismos exactamente iguales a los que figuran en el proyecto de Estatuto Docente. Más aún, en este se dice que un reglamento establecerá las funciones específicas del consejo, el número de integrantes y forma de asignación. A su vez, en el decreto se dispone que una circular del Ministerio de Educación reglamentará los mecanismos de asignación. La dictación de dicho decreto, en esa forma, evidentemente constituye, a lo menos, una burla para el Poder Legislativo, puesto que, resulta inaceptable en una democracia sana.

La forma como se ha actuado en este terreno nos trae al recuerdo los tristes episodios de los resquicios legales que, al inicio de la década de los años 70, quebrantaron gravemente el estado de derecho del país.

Con los antecedentes anteriores, solicitaremos a Su Excelencia el Presidente de la República que deje sin efecto el mencionado decreto y que la tramitación de este tema vuelva a la instancia legislativa, en el contexto del Estatuto Docente, como legítimamente corresponde.

Señor Presidente, quiero hacerme cargo también de algunas apreciaciones que aquí se han hecho por parte de algunos señores parlamentarios.

Se habla de que la oposición al Gobierno, al interior de la Comisión, ha sostenido que la creación de un Estatuto Docente otorga un privilegio social para algunos. La verdad es que desconozco quiénes puedan haber hecho ese comentario, pero sí puedo dar fe de que los parlamentarios de Renovación Nacional no han sido; por el contrario, desde un principio hemos pensado que era bueno crear este cuerpo normativo.

Por otra parte, se nos ha dicho que intentamos descalificar el proyecto. Eso está lejos de la realidad, por cuanto lo único que hemos hecho es tratar de mejorarlo, introduciéndole indicaciones que, en su mayoría, han contado con las firmas y respaldo de los parlamentarios de la Concertación, lo que indica, entonces, que los Diputados de Renovación Nacional y de la UDI no estamos equivocados al plantear ciertas indicaciones que pretenden mejorar el proyecto de Estatuto Docente.

También se nos ha dicho que carecemos de autoridad moral para sostener lo que hoy día argumentamos. Al respecto, les digo que no estamos dispuestos a aceptar en esta Sala que se nos trate de inmorales, porque si algunos hicieron ui esfuerzo por mejorar el sistema actual, re conociendo las limitaciones y las deficiencias que tiene fueron precisamente quienes tuvieron la oportunidad de ejercer cargos de alcaldes y de administrar partí de la educación de este país. Muchos profesores podrán dar testimonio de los esfuerzos que numerosos alcaldes realizaron para entregar mejores expectativas al Magisterio.

Cuando este sistema se inició, en 1980; es evidente que su financiamiento era distinto del ahora vigente. Además, era realmente bueno y, como tal, fue reconocido por muchos^ Sin embargo, el sistema se fue deteriorando en la parte financiera y no tenemos complejos para aceptar y reconocer esta situación. Los alcaldes, en su oportunidad, hicieron grandes esfuerzos para convencer, muchas veces, a los consejos de desarrollo comunal, a fin de que entregaran mayores recursos al sistema educacional para, de alguna manera, satisfacer las distintas expectativas y aspiraciones del profesorado.

También se nos acusa, señor Presidente, de que destruimos el sistema educacional. Creo que, en verdad, se ha dado un paso importante en materia educacional, lo que no significa que estemos en un nivel óptimo. El país, cada vez, debe ir mejorando los distintos sistemas que se introducen. De allí, entonces, que el actual sistema de educación descentralizado es mejor que lo que había antes de implantarse; pero, naturalmente, es inferior al que los parlamentarios nos comprometemos a mejorar.

Por último, quiero señalar que, en razón de nuestros argumentos, Renovación Nacional dará su aprobación, en general, a este cuerpo normativo, sin perjuicio de reponer varias indicaciones que no contaron con el respaldo de los demás parlamentarios, aparte de introducir otras nuevas.

Otros parlamentarios de esta bancada se referirán más en detalle a las imperfecciones que nosotros consideramos que presenta el proyecto.

He dicho, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señores Diputados, el Comité de la Unión Demócrata Independiente solicita la autorización de la Sala para reemplazar en la Comisión' Mixta que estudia las Leyes Cumplido, al Diputado señor Andrés Chadwick por el Diputado señor Juan Antonio Coloma , a fin de que esa Comisión pueda sesionar.

Si le parece, así se acordará.

Acordado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Masferrer.

El señor MASFERRER.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, nos enfrentamos a la discusión en general de un proyecto de trascendental importancia para el país, cual es el Estatuto Docente presentado por el Ejecutivo, cuyo objeto es incentivar la calidad y equidad de la educación y obtener un mejoramiento de la condición docente. Para el logro de estos propósitos, se establecen normas para incentivar la profesionalización en el ejercicio de la labor docente, el perfecciona-miento y la participación de los profesores y de los padres y apoderados de la comunidad nacional en la generación de una conciencia social sobre la importancia del quehacer educativo.

Se busca, también, estabilidad laboral compatible con una administración descentralizada de los establecimientos educacionales. Muchas son las expectativas que este Estatuto ha generado entre la opinión pública, especialmente entre los profesores. Lamentablemente, estas últimas no fueron escuchadas, ni mucho menos consultadas, en el momento de elaborar el proyecto. De esta realidad somos todos testigos en nuestros distritos. No desconocemos las dificultades que vive el sector educacional, pero también olvidamos los importantes avances que se obtuvieron, especialmente en la descentralización, para hacer más efectiva y eficiente la educación. Es importante destacar que el mensaje reconoce como un logro, fruto del esfuerzo del gobierno militar, la cobertura que se consiguió en educación, y agradecemos al señor Ministro el reconocimiento de ese logro en su intervención de la mañana.

Hoy nos abocamos a mejorar la calidad de la educación, y para ello es indispensable que, en primer lugar, los niños y los jóvenes tuvieran acceso a ella. A ese objetivo fueron dirigidos los esfuerzos. Para nuestra bancada, la Unión Demócrata Independiente, este sector es uno de los que mejor conoce, pues la mayoría de nosotros trabajamos como alcaldes por varios años. Debido a esta experiencia, y por el estrecho contacto que tuvimos con profesores, alumnos y apoderados, creemos que el presente proyecto de Estatuto es, en general, favorable, y por ello, aprobaremos la idea de legislar.

Además, consideramos que este Estatuto se ajusta plenamente a los principios constitucionales del artículo 19, números, 10 y 11, relativo a las libertades de educación y de enseñanza. Las aprensiones surgidas en el estudio de este Estatuto, que darán curso a indicaciones, las haremos presentes a esta Honorable Cámara durante el estudio en particular de la iniciativa.

Quisiéramos clarificar, en primer término, la imperiosa necesidad de que el Gobierno remita a la brevedad, el reglamento a que se hace mención en reiteradas oportunidades y que tiene relevancia en puntos de interés, como son el funcionamiento y mecanismos de designación del Consejo Asesor, del Jefe del Departamento Provincial de Educación, el grado de influencia de los profesores en las decisiones de la dirección del establecimiento, la fijación de la dotación docente por unidad educativa en las normas de constitución y funcionamiento de las comisiones calificadoras de concursos y en la constitución de la Comisión de Apelación de Calificaciones, entre muchos otros. Debemos ser claro en que si el Ejecutivo quiere que el Congreso Nacional vote favorablemente este Estatuto, sin dar a conocer su reglamento, ello equivale a la solicitud de un cheque en blanco. Ahora, si para la elaboración de este reglamento el Ejecutivo se basa en su potestad reglamentaria ordinaria, no necesita que figure en este Estatuto, puesto que es prerrogativa del Presidente de la República; pero, por otra parte, si desea que lo avale el Congreso, es indispensable conocerlo.

En otro orden de cosas, nos preocupa que el presente Estatuto no incluya a las parvularias que ejercen el primer nivel de "transición", conocido como prekinder. Si bien estas profesionales están acogidas al presente proyecto al trabajar en el nivel de prebásico, se ejerce una discriminación al no incluir a las del primer nivel de transición. Cada vez que hay un mayor número de niños que asisten a este nivel de la educación, se necesitan estas profesionales para que los atiendan. Por ello, creemos que deben ser incluidas en el presente Estatuto.

Nos preocupa, además, que el Estatuto obligue a renunciar a todos los directores de establecimientos para llamar, posteriormente, a un concurso público. ¿Es que para estos docentes no existe la dignidad de que tanto se habla? ¿Acaso se está cuestionando su idoneidad? Estimamos que el sistema propuesto para llenar el cargo debe utilizarse una vez que se produzca la vacante y no anticiparlo.

Somos fieles al principio de subsidiariedad del Estado y al fomento de la libre iniciativa particular; pero observamos, con preocupación, que se atenta contra ello en el caso de la educación particular subvencionada. Las disposiciones que rigen para ella, distintas de las que se aplican a la municipal, van invariablemente a coartar su permanencia. ¿Está la educación municipal en condiciones de recibir a este alumnado y a soportar la presión que ejerzan los profesores en busca de esa fuente laboral? Pese a algunas excepciones, que no son la norma, la educación particular subvencionada ha demostrado ser, efectivamente, un colaborador eficiente para el Estado en la administración de la educación.

Desde el punto de vista de las remuneraciones, mucho se ha especulado en relación con la mejoría que significará para el profesorado la promulgación del Estatuto. Esa no es más que una maniobra demagógica, pues, según las remuneraciones consignadas en el proyecto, y de acuerdo con las rentas actuales sólo se beneficia a tres de cada diez profesores. La real solución al problema de los sueldos pasa por un adecuado monto de la subvención escolar. Es sabido que con el actual valor de dicha asignación, no se logra cubrir la planilla de remuneraciones, por lo que las municipalidades deben distraer recursos destinados a inversiones para poder pagarlas, postergando por falta de recursos, infraestructuras o modernizaciones. Sobre el mismo tema, nos parece absolutamente insuficiente el valor asignado a la hora cronológica. Por lo tanto, solicitamos al Ejecutivo, una vez más, por ser materia de su competencia, que proponga un aumento de, por lo menos, un 30 por ciento, para así consolidar la dignificación del Magisterio, de la cual tanto se habla.

En el artículo 22 transitorio, se establece que las personas jurídicas de derecho privado constituidas en conformidad con el decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, es decir, las corporaciones municipales, deberán entregar a las municipalidades correspondientes la administración de los establecimientos educacionales traspasados. Se formará, así, el Departamento de Administración Educacional del municipio. Los profesionales que trabajen en dicho Departamento serán funcionarios municipales y, por lo tanto, estarán regidos por el Estatuto Administrativo y no por el Estatuto Docente. En consecuencia, para ellos no regirán las asignaciones de perfeccionamiento, por desempeño en condiciones difíciles ni de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica.

Además, de acuerdo con lo estipulado en el presente Estatuto, el director del Departamento debe ser un profesor -en eso estamos totalmente de acuerdo-; pero como en muchas municipalidades no existe un funcionario que tenga este título, deberán contratarlo. Sin embargo, por estar congeladas las plantas funcionarías, es inaplicable la disposición.

El mundo de la educación trasciende a los profesionales del magisterio. Hay un sinnúmero de personas que contribuyen abnegadamente a mantener los establecimientos y a facilitar la labor docente. Me refiero, específicamente, a los paradocentes y auxiliares. Ellos se encontraban asignados a las corporaciones municipales o a los departamentos de administración educacional; pero no hay mención alguna de ellos en el proyecto. Tenemos una sincera preocupación por su situación, y esperamos que el Ejecutivo esté diseñando la forma de satisfacer sus necesidades.

No es de extrañar que, como consecuencia de la implementación del Estatuto Docente, exista una readecuación de los profesores, con un posible despido de aquellos que exceden el número requerido por las causales que el mismo Estatuto contempla. Esto se puede producir especialmente en el sector particular subvencionado. Al respecto, recuerdo lo mucho que se nos criticó en el pasado cuando nos vimos en la necesidad de racionalizar el desarrollo de la labor educacional.

Personalmente, durante mi gestión de siete años y medio como alcalde, tengo el orgullo de decir que no despedí a ningún profesor. Por el contrario, fijé sueldos muy superiores a los que actualmente se estipulan, dignificando su gestión, de acuerdo con las posibilidades de la comuna.

El señor PALESTRO.-

No todos fueron iguales.

El señor MASFERRER.-

A pesar de las aprensiones...

El señor PALESTRO.-

Le vamos a prender unas velitas a este Diputado.

El señor MASFERRER.- 

Muchas gracias.

A pesar de las aprensiones que en forma resumida he desarrollado, votaré en favor de la idea de legislar sobre el proyecto de Estatuto Docente, enviado por el Ejecutivo, esperando que, en la discusión en particular, esta Honorable Cámara acoja las indicaciones tendientes a perfeccionarlo, manteniendo la descentralización, el principio de subsidiariedad, la no discriminación y la autonomía municipal.

He dicho.

- O -

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Hugo Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (don Hugo).-

Señor Presidente y estimados colegas, hoy legislamos sobre el Estatuto Docente, materia de suma importancia para la educación de nuestro país, ya que no sólo permitirá regular y garantizar la carrera del profesional de la educación, sino que, también, mejorar la calidad de la enseñanza y dignificar al maestro.

En tomo de esta materia, debe precisarse que el Estatuto Docente es el primer gran esfuerzo serio que realizan el Gobierno democrático y este Parlamento para sistematizar la normativa que trata sobre la carrera del educador.

En entrevistas sostenidas en el seno de la Comisión, pude apreciar varias opiniones con relación a este tema. Entre ellas destaco, por su valioso aporte y testimonio, las intervenciones del Colegio de Profesores de Chile, en dos oportunidades; de las Federaciones y Sindicatos de Colegios Subvencionados, de los representantes de colegios de iglesias, de la presidenta de la Asocición Gremial de Profesores de Iglesias, de la Asociación Gremial de Educadores de Chile, de la directiva del Colegio de Profesores de las Provincias de Cachapoal y Colchagua.

También tuvimos reuniones en las bases, en las comunas, con los colegios de profesores de San Femando, de San Vicente, de Chimbarongo, de Peumo, de Pichidegua, de Las Cabras.

¿Cuáles son las opiniones más destacadas?

Primero, el Estatuto Docente respeta la libertad de enseñanza.

Segundo, la educación es considerada como una inversión social y no como un gasto.

Tercero, este Estatuto abarca todo el espectro educacional, es decir, a los profesores de colegios municipalizados, subvencionados y particulares.

Cuarto, es digno de destacar la participación del profesorado y de la sociedad en su conjunto: padres, apoderados y educandos en la gestión docente que contempla este Estatuto.

Quinto, los cargos de responsabilidad serán llenados mediante concursos públicos, a nivel nacional, lo que permitirá ocupar dichos cargos a los maestros más capaces y eficientes. Estos concursos estarán supervigilados por comisiones que darán las garantías necesarias a todos los participantes.

Pero esta normativa no sólo se queda en el reconocimiento y dignificación del profesorado, sino que entra de lleno a reivindicar las condiciones de trabajo, mejorando la estabilidad funcionaría y la situación económica. El profesor pasa a ser servidor público desde la entrada en vigencia de este Estatuto. Además, el profesor podrá permutar su cargo y trasladarse de un punto a otro del país, sin perder los derechos adquiridos.

Al entrar en vigencia esta normativa, a ningún profesor se le rebajarán sus remuneraciones, aunque pierda, por concurso, el cargo y la responsabilidad que tenía hasta ese momento.

En definitiva, el Estatuto mejora la calidad de la educación en Chile. Se establecen medidas concretas, tales como remuneración básica mínima nacional, asignación de experiencia por cada bienio, asignación de perfeccionamiento, asignación por desempeño en condiciones difíciles, como la ruralidad efectiva y la extrema pobreza urbana.

Sexto, se incorpora la asignación de responsabilidad.

Séptimo, se posibilita la jubilación de muchos profesores que cotizaban en la CANAEMPU, pagándose la diferencia de imposiciones a la caja respectiva, desde el l2 de enero de 1988 a la fecha, para que estos maestros puedan acogerse a una merecida y digna jubilación, ya que durante el gobierno anterior no se imponía por la totalidad de los sueldos, como debió haberse hecho. Esta situación ha sido superada gracias al gobierno democrático.

Las críticas que se formulan a este Estatuto son las siguientes:

Primero, que el sueldo base mínimo nacional es insuficiente y que la gradualidad de los beneficios es a muy largo plazo. Aunque comparto este planteamiento, no debemos olvidar las condiciones económicas que afectan al país, las cuales no permiten, por el momento, satisfacer todas las justas demandas.

En segundo lugar, hay críticas injustas. ¿Cuáles son?

Primero, que este Estatuto no contempla la jubilación a los 25 años de servició, en el caso de la mujer, y a los 30, respecto de los hombres. Esta materia corresponde a una ley previsional para todos los trabajadores del país.

Otra crítica: ¿Por qué no se vuelve a la centralización de la educación, pasando todo el profesorado a depender del Ministerio de Educación? Esta materia no está contemplada en las ideas centrales de este Estatuto.

Una tercera crítica dice relación con los concursos públicos para ocupar cargos de responsabilidad. ¿Quiénes critican? Los que ocuparon cargos de responsabilidad durante la dictadura. Al profesorado se le da el derecho -en esta democracia que estamos construyendo- de participar en igualdad de condiciones en los concursos.

Por último, señor Presidente, quiero hacer resaltar que éste es el primer y gran paso que da el Gobierno democrático para mejorar la calidad de la educación y dignificar la carrera del docente.

Mi voto será de aprobación a este cuerpo legal, porque hace justicia -después de tantos años de postergación de aspiraciones legítimas- a los maestros de nuestra Patria.

Todos los parlamentarios tenemos el desafío de obtener los recursos necesarios, ya que en tiempos de paz y de democracia no se justifican tantos gastos contemplados en el presupuesto para la Defensa Nacional, pero sí invertir en educación, dado que los pueblos más cultos son los que prosperan y permiten el desarrollo integral de la persona humana.

Antes de terminar mi intervención, concedo una interrupción a don Mario Devaud.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Es una interrupción o hará una intervención? El problema es que, como hay más o menos 40 señores Diputados inscritos significaría alterar el orden de la inscripción.

Tiene la palabra el Diputado Devaud.

El señor DEVAUD.-

Muchas gracias.

En realidad, sin calificar objetiva o subjetivamente si es interrupción o intervención, como ya me fue concedida, haré uso de ella.

Señor Presidente, Honorable Cámara, en relación con el tema que se está discutiendo hoy día...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado? Creo que éste no es un procedimiento que la Mesa pueda aceptar porque...

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, en este caso; si aplica ese criterio como regla permanente, estoy en condiciones de rechazar la interrupción. Pero le pido, por favor, que, en lo sucesivo mantenga el mismo principio que sustenta hoy: interrupción breve, no intervención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Así se procederá.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, deseo formular una consulta.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MUÑOZ BARRA.-

¿En qué parte del Reglamento se señala que usted -con todo el respeto y cariño que me merece- puede determinar la utilización del tiempo reglamentario que le corresponda a cada parlamentario? Dentro de su tiempo, el parlamentario puede conceder las interrupciones que estime pertinentes. De manera que usted no puede calificar si la interrupción es una intervención breve o de cierta extensión, dentro del concepto del tiempo. Creo que éste es un error de la Mesa, el cual, respetuosa y cariñosamente, me permito representar.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, la facultad que me otorga el Reglamento es entregar el uso de la palabra según lo estime necesario.

Ahora, me parece que el espíritu del Reglamento y de la Sala es que todos los señores parlamentarios puedan expresar sus opiniones. Una interrupción es para hacer una acotación. Las cosas son lo que son, no lo que se dice que son. Si al final, por la vía de la interrupción, se hace una intervención, se está realizando otra cosa.

¿Quién califica esa situación? Evidentemente, lo hace quien está dirigiendo el debate.

Tiene la palabra el Diputado señor Hugo Alamos.

El señor DEVAUD.-

Me ha silenciado por tercera vez, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por cierto, mi ánimo no es perjudicarlo a usted, señor Diputado; pero está inscrito y hay un orden preestablecido.

El señor ALAMOS.-

Señor Presidente, al participar en este debate, manifestaré la profunda preocupación que siento por la formación que se da a los profesores y cómo es necesario complementar parte de ella.

Es y será motivo de permanente debate su remuneración. La hora base podría ser de 1.800, 2.000 ó 2.500 pesos. Si fuera esta última, a un profesor con 40 horas semanales le significaría una renta de 90 mil pesos al mes. ¿Solucionará, realmente, esta cantidad las necesidades básicas de un grupo familiar? Naturalmente que no. ¿Es posible que un profesor, después de 3 años de trabajo, reciba un sueldo de 200 mil pesos, en el mejor de los casos? Es evidente que no. Tal vez, si estas cifras se doblaran, podríamos pensar que se trata de condiciones mínimas razonables.

Pero no vengo aquí a hacer demagogia barata, pues mucha se ha hecho ya con este sector, y se sigue haciendo todavía. Todo se encuentra poco y es poco. Aun siendo de oposición a este Gobierno, reconozco la seriedad y la responsabilidad con que los Ministros de Hacienda y de Educación han enfocado este tema. Es la misma actitud que asumieron los ministros del régimen anterior.

El control de la inflación debe ser permanente si se quiere mejorar el valor adquisitivo de los sueldos.

Para que existan los recursos necesarios, tiene que realizarse una mayor capitalización del país, lograr una plena ocupación y obtener, por esta vía, un aumento de los ingresos tributarios que permitan dar las rentas que se requieren.

Quiero hacer una observación de fondo a nuestro sistema educacional, la cual, saliéndome brevemente del tema mismo del Estatuto Docente, estimo que debe ser planteada, justamente, para ayudar al cumplimiento de este cuerpo legal. No es ¡ni intención hacer una crítica partidista, y ruego que no se la interprete así. Sólo quiero expresar lo que, a mi juicio, es una realidad.

Durante muchos decenios, y hasta hoy, la educación chilena ha sido controlada por la Izquierda. La mentalidad estatista-socialista es mayoritaria entre los profesores. Esto, inevitablemente, se traspasa a los educandos, hecho que, mi juicio, es negativo. Sé que la sociedad tiene que ser solidaria, que es bueno aunar voluntades, que es beneficioso formar instituciones para apoyarse mutualmente; pero cuando esto se exagera, como ha sucedido en Chile, se descansa en el Estado, más que por el convencimiento de que hará las cosas mejor, por indolencia, al permitir que otros hagan nuestra labor.

Mientras en nuestro país no se inculque una mentalidad ganadora, mientras no se incentive la iniciativa individual, mientras cada mujer y cada hombre no se convenza de que su éxito dependerá mucho más de él que de los demás, continuaremos marcando el paso. Se ha progresado en estos últimos años, pero queda mucho camino por andar.

En reuniones que he tenido con profesores durante mucho tiempo, en especial en estos últimos meses, he comprobado que en ellos no existe el convencimiento del valor de la persona sobre el grupo. Permanentemente, se manifiestan de modo mayoritario partidarios de depender absolutamente del Estado. Sé crítica la municipalización y la enseñanza particular sin argumentos de fondo, sólo en rechazo a acciones individuales que, con o sin razón, los han afectado.

Incluso he escuchado sustentar, en algunas asambleas la tesis de que la evaluación del profesor es indigna, pues basta con tener un título y años de profesión para ascender.

Se ha reiterado, por parte del magisterio, en la justicia de una jubilación anticipada. Pero, ¿qué pasa con los personales de la salud, de los tribunales, con los obreros del carbón o con los pescadores de los canales sureños? No he escuchado su opinión al respecto.

Tantas veces se ha dicho -y es cierto- que, después de la influencia de la familia, son los profesores quienes tiene la mayor responsabilidad en la formación de los niños y de los jóvenes.

Señor Presidente, este es un tema apasionante, cuyo debate ocuparía muchas horas, y naturalmente no es el momento de hacerlo; pero deseo, aprovechando la presencia del señor Ministro, enfatizar esta inquietud.

Al referirme a que la educación chilena ha sido guiada permanentemente por filosofías de Izquierda, quiero hacer resaltar, en el valor que ello tiene, el reconocimiento que se le ha dado en Chile y en el mundo entero, a los nuevos sistemas económicos que han permitido un mayor desarrollo de los pueblos. En la amplia formación académica que reciben los profesores, no se incluyen nociones suficientes sobre sistemas económicos modernos.

Aprecio muy bien lo tenue de la línea que separa el adoctrinamiento político de la exposición de políticas de desarrollo. Habría que hacerlo con sabiduría y extrema transparencia. El poder de irradiar conceptos positivos que tiene un profesor, no lo posee nadie, y el país debe beneficiarse de ello. Aquella profesora o profesor rural, que tantas veces, a pie, bajo la lluvia o el sol, llega a su escuela, o aquel rector del principal establecimiento de la ciudad, tienen que enseñar no sólo ciencia y humanismo sino que inculcar una mentalidad renovada, progresista y moderna.

Paralelo a esta acción el fomento de la enseñanza técnica es fundamental. Son cientos los jóvenes que se frustran al recibir todo el peso de la educación sobre su capacidad intelectual, en circunstancias de que la combinación de la mente y de sus manos le habrían permitido el éxito.

Esta educación incentiva el desarrollo personal a que nos referimos.

Los cursos de perfeccionamiento de los actuales maestros, como aquéllos en que se están formando los nuevos profesores, deben considerar temas económicos básicos. Uniendo el concepto de una economía exitosa, sin pretender dar clases sobre ello, pues jamás será su papel, la compleja educación que un profesor recibe le permitirá formarse una personalidad sólida, independiente, pragmáticamente progresista.

Los alumnos tienen que ver en su maestra o en su maestro a un triunfador y no una persona más, que sólo cumple con una rutina.

Al incorporar estas ideas, este gremio tan importante se sumará al aporte que el resto del país debe hacer a su modernización, y así promover un desarrollo tal que permita dar el bienestar que todos los chilenos requieren.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado José Miguel Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, Honorables colegas parlamentarios, señor Ministro de Educación, señor Subsecretario de Educación, estimados dirigentes nacionales del Colegio de Profesores, al iniciar mi intervención sobre Estatuto Docente, me parece necesario destacar dos hechos de especial significación. Por una parte, recordar que es la primera vez en la historia parlamentaria de este país, que un cuerpo legal de esta naturaleza es sometido a la aprobación del Congreso. Los anteriores estatutos fueron promulgados a través de decretos leyes, derivados de facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República. Y no es de extrañar que ello aconteciera porque se trataba en esas oportunidades de mejorar o modificar disposiciones existentes. Hoy día, la situación es muy diferente: se trata de construir un Estatuto a partir de la inexistencia de disposiciones que regulen la profesión docente.

Un segundo hecho destacable es el alto grado de participación de los sectores involucrados en el proyecto en estudio. Los profesores, a través del Colegio de su orden, han participado activamente y desde el primer momento en el proceso de elaboración del Estatuto por el Gobierno. Muchas de sus propuestas han sido acogidas por el Ejecutivo.

Al respecto, creo que es bueno, para que quede en la historia de la ley hacer el siguiente recuerdo: el 12 de marzo, apenas asumieron las autoridades que designó el señor Presidente de la República, don Patricio Aylwin, en el Ministerio de Educación, la primera organización llamada a dialogar y a conversar fue la de los auténticos representantes de los profesores, es decir, el Colegio de Profesores. En esa ocasión, se acordó, por unanimidad, Ministerio de Educación y Colegio de Profesores, que comenzara a funcionar una comisión técnica de trabajo, en la cual estuvieron dirigentes representativos de todos los partidos políticos existentes en el país; aún más, partidos que en este instante no tienen representación parlamentaria.

Por lo tanto, creo que ha habido consecuencia de este Gobierno en lo que respecta a la participación, a la integración y en escuchar la situación del Magisterio chileno.

Las organizaciones de sostenedores, la Iglesia, grupos académicos y técnicos, han hecho también llegar sus propuestas. Y, como corresponde en un régimen democrático, estos mismos actores han tenido abierta la oportunidad de hacerse oír en las Comisiones de la Cámara de Diputados.

Los dos hechos señalados significan, a mi juicio, un avance importante en la participación de la sociedad en la tarea educativa, y le dan a la futura ley de Estatuto Docente, una legitimidad incuestionable.

Los efectos de haber mantenido al Magisterio sin Estatuto Docente se ven reflejados en la crítica situación profesional, laboral y salarial que lo afecta. Además de ello se deriva una creciente pérdida de consideración social y una total marginación de las instancias que definen las políticas educacionales.

Desde el punto de vista profesional, desconoce al maestro su condición de nivel universitario y la especial naturaleza de su función y no contempla ni estimula su perfeccionamiento, tan indispensable por la creciente complejidad de su tarea. Además, no considera la participación que le corresponde por su compromiso vocacional y su competencia profesional.

Desde el punto de vista laboral, la adscripción al Código del Trabajo de todos los educadores ha significado, en la práctica, un serio deterioro a su identidad profesional, una permanente inestabilidad y la pérdida de, prácticamente, todos sus antiguos derechos y estímulos. Esto es especialmente visible en el sector público que, por su dependencia del poder político, requiere de un particular resguardo para evitar que, por consideraciones extraprofesionales, se vea afectada su permanencia o ascensos en el sistema. Las experiencias vividas durante el anterior régimen evidencian los extremos a que se puede llegar sin un estatuto que impida los atropellos y arbitrariedades.

Desde el punto de vista salarial, la ausencia de normas mínimas y nacionales en materia de remuneraciones ha derivado en una anarquía de rentas tal, que algunas oscilan desde niveles ampliamente satisfactorios hasta sueldos de franca y total explotación por similares funciones.

El proyecto de Estatuto Docente pretende resolver los reales problemas mencionados anteriormente. No descansa en disquisiciones teóricas ni en principios, ideologías o utopías. Es un intento de superar estos problemas concretos. El Estatuto Docente no resuelve los problemas de la educación chilena, pero -debo ser claro-, es un prerrequisito y un mecanismo eficaz para ir alcanzando mejor calidad, mejor equidad y más participación en el proceso educativo.

En cuanto al contenido mismo del articulado, Honorables colegas parlamentarios, deseo mencionar aquellos que, a mi juicio, son los más relevantes.

En el aspecto profesional, que se aplica a todos los profesores, independientes de su dependencia administrativa, resaltan los artículos sobre perfeccionamiento, que garantizan a todos los profesores del país un perfeccionamiento mínimo, gratuito anual, que promueve una capacitación ejecutada descentralizadamente y, lo que es muy importante, restituye al Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, el rol rector que le correspondiera desde su fundación, ya sea para ejecutar o convenir programas de perfeccionamiento o para asumir la responsabilidad de certificar el progreso educativo del profesorado nacional.

Los artículos referentes a participación, sea al interior de la unidad educativa como a nivel provincial, constituyen un gran avance en la creación de la conciencia de que la educación es una tarea colectiva y que debe interesar a toda la comunidad.

Deseo destacar, en forma especial, los avances que el título III, relativo a la carrera docente, significa para el Magisterio que trabaja en el sector municipal. Podemos afirmar que este título recoge las más sentidas aspiraciones del sector. Se reconoce su condición de servidor público, se garantiza su estabilidad laboral mediante la titularidad en el cargo, se restituyen los concursos públicos, con la necesaria publicidad, a nivel nacional y con comisiones calificadoras, que garantizan objetividad y transparencia; se permite la movilidad geográfica, a través de un mecanismo de remuneraciones que le respeta las asignaciones adquiridas. Es decir, nuevamente se restituye al profesorado chileno el derecho a permutar y trasladarse con "su mochila", o sea, su remuneración.

Respecto de las remuneraciones, cabe señalar que ellas se estructuran con criterios educacionales y profesionales. Se establece una remuneración básica nacional, común a todos los profesores del mismo nivel. Se agregan asignaciones que reconocen y estimulan la experiencia, el perfeccionamiento, los niveles de responsabilidad y el desempeño difícil de los colegas profesores. De esta manera, cada profesor construye su propia carrera, puesto que las asignaciones de experiencia y perfeccionamiento constituyen un patrimonio personal, aplicable aun al trasladarse de comuna.

Deseo destacar que en este título, se incluyen disposiciones sobre aspectos previsionales del sector municipalizado, que junto con reparar la injusticia que los había marginado de normas de imponibilidad comunes a toda la Administración Pública, refuerzan el carácter de sector público de los profesores municipales.

Quiero hacer memoria sobre el tema, señores parlamentarios. La ley N° 18.675, fue promulgada en diciembre de 1987, y puesta en ejecución el 1 de enero de 1988. Por esas cosas del destino y de mala suerte para el Magisterio chileno, desde ese instante el gobierno anterior suspendió el aporte fiscal que permitía a los 12 mil profesores que continuaron afiliados a la ex CANAEMPU, actual INP, seguir imponiendo por el1 ciento por ciento de sus remuneraciones. Esa situación afecta a más de 7 mil profesores que, de aquí a dos años -las mujeres a los 60 años, los hombres a los 65 años y 30 años de servicio- estarán en condiciones de jubilar y que sin embargo quedarán en situación desmedrada porque el monto de su pensión será el promedio de las 36 últimas rentas.

En relación al sector particular, este Estatuto Docente los incluye por primera vez, y logra una fuerte integración, respetando la naturaleza jurídica de su dependencia. En efecto, se aplican a este sector la totalidad de las normas profesionales y gran parte de aspectos laborales del sector municipalizado, como jomadas, horarios, vacaciones, teniendo acceso al mismo perfeccionamiento.

Desde el punto de vista salarial, tienen la misma remuneración básica. La especificidad profesional se garantiza al profesor del sector particular, con la creación de un contrato docente especial, que difiere del contrato común del Código del Trabajo.

Saldar la- deuda histórica de las bajas remuneraciones de los docentes y su progresiva disminución durante los últimos años es condición necesaria, pero no suficiente, para las políticas que tienen como objetivo la calidad.

El piso salarial que establece el Estatuto Docente es de mil 900 pesos y de 2 mil pesos, hora semana mensual, para los niveles básicos y medios, respectivamente. Esto implica que un profesor con 30 horas tendrá un sueldo base de 57 mil ó 60 mil pesos según el nivel de enseñanza. En caso de tener 44 horas semanales, sus remuneraciones bases serían de 83 mil 600 a 88 mil pesos mensuales. Sobre estas remuneraciones bases se aplican las asignaciones establecidas. En 1991, se aplicarían parcialmente las asignaciones de experiencia; totalmente, la de responsabilidad y, en forma parcial, la de desempeño difícil.

Pero, creo conveniente que esta Cámara de Diputados tenga claro el porqué de la actual situación económica del Magisterio.

Actualmente el 57 por ciento de los docentes está bajo el promedio del valor hora nacional, a lo que se agrega una heterogeneidad en esos valores que fluctúa entre los 5 mil 806 pesos en la Unidad técnica Pedagógica de las dependencias particulares subvencionados, en la Comuna de Chimbarongo, y el mínimo valor de 572 pesos, en la comuna de Lago Raneo, de la misma dependencia.

En general, en lo relativo al porcentaje de subvenciones destinado a remuneraciones a nivel nacional, corresponde al 95,4 por ciento de las corporaciones municipales; el 90,5 por ciento de los departamentos de administración municipal; y al 67,2 por ciento de los establecimientos subvencionados. En esta última dependencia, se encuentran todos los valores mínimos nacionales por desempeño y, a su vez, las mayores diferenciales, máximo y mínimo, valor hora promedio.

El citado estudio ha demostrado que los profesores no solamente tienen bajas remuneraciones, sino que, al interior de ellas, se ha agregado una nueva situación; esto es, una gran diferenciación por dependencias administrativas que dirigen las escuelas.

De otra parte, es necesario señalar el decrecimiento de los recursos asignados al sector educación, a contar de 1982 a la fecha.

Ese año, en valores actuales, el Fisco invirtió en educación $ 301.669-133; este año 1990, sólo $ 206.176.259. Esto indica la baja que ha habido en el financiamiento de la educación. Por eso, en relación a los montos y gradualidad, como profesor no puedo menos que expresar que parecen insuficientes los primeros y muy extensa la segunda. Además, creo fervientemente que debe fijarse por ley un mecanismo de reajustabilidad del piso salarial.

Al respecto, es absolutamente cierto que en la Comisión de Educación de esta Cámara todos, unánimemente, planteamos esta petición. Me correspondió darla a conocer en aquel instante al Subsecretario de Educación presente, la cual se la reiteramos con una nota para que realizara las gestiones a nivel del Ejecutivo, en orden a que enviara una indicación o un artículo de proyecto de ley, para que el Magisterio chileno tenga claridad en qué forma se le va a reajustar anual y definitivamente el salario base.

Comprendo que la situación de los montos y la gradualidad obedecen a situaciones heredadas difíciles de atender de manera inmediata. Las remuneraciones ofrecidas en el Estatuto Docente son reflejo de la fuerte caída del gasto en educación que se produjo durante el gobierno anterior. Basta observar los porcentajes de gastos anuales en educación respecto del producto geográfico bruto: 1981, 4,64%; 1982, 5,30%; 1983, 4,37%; 1984, 4,29%; 1985, 4,18%; 1986, 3,77%; 1987, 3,24%; 1988, 2,95%, y 1989, 2,74%. Fuente: Ministerio de Hacienda y Ministerio de Educación.

Justifico y comparto la aspiración del profesorado que solicita un aumento del monto base o la disminución de la gradualidad. Esto es absolutamente justo, y a mí no me cabe la menor duda de que así como el Gobierno encabezado por el Presidente Patricio Aylwin está tratando de cumplir al máximo el compromiso que adquirió como candidato, naturalmente que nosotros debemos hacer un esfuerzo los años 1991 y 1992 para subir el sueldo mínimo y disminuir las gradualidades.

En síntesis, el proyecto de Estatuto Docente es un instrumento jurídico ordenador y dinamizador de un esfuerzo nacional, de un mejoramiento cualitativo de la enseñanza y, de hecho, sirve para elevar la profesionalización del cuerpo docente, contribuye a rearticular el sistema nacional de educación, respetando sus rasgos de pluralidad y de descentralización operativa. Simultáneamente regula el conjunto de la actividad educativa, tomando en cuenta la heterogeneidad propia de su quehacer en un marco jurídico, social y absolutamente legitimado frente a la sociedad chilena.

Actualmente, en el sistema nacional de educación existen 116 mil 469 profesores. El número y porcentaje de personas beneficiadas con la aplicación del Estatuto son los siguientes: 1991, habrá 44.714 profesores que tendrán beneficios económicos, principalmente los que tienen que ver con colegios particulares subvencionados. Al respecto, quisiera recordar una intervención que hubo en la Comisión de Educación de parte de los respectivos dirigentes de los colegios particulares subvencionados, quienes reconocían que, a lo menos 10 mil profesores van a subir un 70 por ciento sus rentas mínimas en ese sector. En 1992, esto aumentará a 62.863 profesores; en 1993, a 79.933; en 1994, a 84.024, terminando el año 1995, con 89.521 profesores que salen favorecidos en la parte económica.

Por lo demás, hemos escuchado en esta Cámara el informe de la Comisión de Hacienda, en la cual recuerda que el costo del Estatuto Docente para el año 1991 significa un mayor gasto del erario nacional de 10 mil 500 millones de pesos y que el total -cuando se complete dicho Estatuto- le va a significar al país 38 mil 700 millones de pesos.

¿Qué está indicando esto?

Que el Gobierno, encabezado por el Presidente Patricio Aylwin ha entendido que se debe hacer un gran esfuerzo para aumentar el presupuesto de Educación y que la mejor plata es la invertida para hacer posible que todo el pueblo se eduque y tenga acceso a todos los niveles.

Por ello estamos seguros de que el actual proyecto de Estatuto Docente enviado por el Ejecutivo y las indicaciones del Parlamento, tendientes a perfeccionarlo, permitirán iniciar un proceso de dignificación del Magisterio y un mejoramiento progresivo de su "status" profesional, laboral y salarial.

Por lo tanto, quiero anunciar, en nombre de los 40 Diputados democratacristianos, que daremos nuestra aprobación total a este proyecto en general, porque es un paso adelante para que realmente el Magisterio tenga un lugar en la sociedad chilena.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Correa.

El señor CORREA.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, el proyecto que el ejecutivo ha presentado a consideración del Congreso en sus fundamentos iniciales, propone tres grandes objetivos: incentivar el profesionalismo de la labor docente, mejorar la calidad de la educación y proporcionar una estabilidad laboral a los profesores.

Antes de analizar la forma cómo se pretenden lograr estos objetivos, conviene pronunciarse sobre si éstos representan las necesidades más urgentes del sector educación.

Educar las siguientes generaciones es el proyecto más difícil y más ambicioso que debe abordar la sociedad en la hora actual, por lo que debemos agotar la forma de lograrlo. Se debe investigar a fondo, definiendo los objetivos y metas, relacionándolas con las instituciones educacionales, con su medio natural y con los recursos tanto humanos como materiales.

Muchas veces los objetivos y metas propuestos para el ámbito educativo no son percibidos con claridad por aquellos a quienes más afecta, lo que se traduce en desviaciones de las políticas hacia metas de interés particular, en lugar de dirigirse a metas de interés general.;

En educación hay problemas efectistas que no coinciden con los problemas importantes y urgentes, lo que presiona en favor de los primeros, postergando a los segundos. Ejemplo: la deserción escolar, que no produce ruidos; sin embargo, está presente, aunque no es debidamente atendida.

La primera prioridad de los objetivos es sin duda mejorar la calidad de la educación. Los otros dos, incentivar el profesionalismo de la labor docente y proporcionar estabilidad laboral, son los accesos, los caminos, que nos deben llevar a este gran objetivo nacional.

De paso, señor Presidente, se menciona un programa de emergencia, dirigido al mejoramiento de la calidad de la educación de 969 escuelas básicas, más conocido como el "Plan 90", que ya está en marcha, para mejorar el 10 por ciento de escuelas que presentaron los índices más bajos en la calidad de la educación. Conocemos la realidad de marginalidad urbana y rural donde se desarrolla este programa, dirigido a 160 mil niños de primero a cuarto año básico. En líneas gruesas, a través de "talleres de aprendizaje", el señor Ministro de Educación ha incorporado a miles de monitores, extraños al cuerpo docente. Si bien el reforzamiento es necesario por tratarse, en muchos casos, de escuelas con reales problemas de aprendizajes y donde el SIMCE, Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, determinó grandes deficiencias, está claro que estos monitores han sido formados en centros de una marcada tendencia política y como ya lo señaló en una oportunidad un dirigente destacado de ese partido político, los educadores de esta tendencia deberán difundir su doctrina.

En lo sustancial, el enfoque que el proyecto representa en política educacional es un retomo a la dirección del Ministerio de Educación que, en lo fundamental, desincentiva la eficiencia y el mejora- amiento de la educación. Significa una vuelta atrás hacia una administración estatal, centralizada en su orientación y aparentemente descentralizada en su ejecución. Con este Estatuto Docente volverá a ser preocupación prioritaria del Ministerio de Educación el manejo y gestión de los educadores, en perjuicio de la preocupación directa de los educandos, responsabilidad prioritaria del Estado, que a través de definiciones, planes y programas de estudios, debe ejercer su función normativa.

Es efectivo que el profesorado demandaba en forma reiterada, a través de entidades gremiales, el restablecimiento de una carrera docente, que le otorgara un progresivo "status", situación que con el presente proyecto de ley nuevamente se posterga, dejándolas pendientes para que se cumplan a cabalidad el año 1995. En la entrega de las asignaciones se nota una marcada tendencia a producir un menoscabo de la labor de docencia directiva, al otorgar sólo entre un 10 y un 20 por ciento de incentivo profesional.

El artículo 32 transitorio deja en la indefensión a todos los directores o docentes directivos, que hayan ingresado "por otra vía", sin determinar cuál sería ésta, quedando de manifiesto la clara intencionalidad de promover la renovación obligada de todos los directivos docentes nombrados en los últimos años. Conviene recalcar en este punto, lo siguiente: con antelación a la dictación de la ley 18.602, de 1987, que fijaba normas especiales para el personal docente, no existía una legislación al respecto. Es decir, entre el l2 de diciembre de 1981 y el 12 de marzo de 1987, fecha en que fue promulgada dicha ley, los nombramientos del personal docente y docentes-directivos se realizaron en el marco de sus propios antecedentes académicos y, por lo tanto, este artículo 32 transitorio estaría vulnerando sus derechos, como asimismo de todos aquellos que, sometidos a los procedimientos señalados de la ley 18.602, de 1987, artículo 13, cumplieron esa disposición legal.

De aprobarse el proyecto en los términos propuestos, está claro que significaría el principio del fin de un sistema educacional en que coexisten entidades públicas y privadas entregando un aporte significativo al desarrollo y a la libertad de nuestra educación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hay principio de acuerdo en el sentido de que hagan uso de la palabra tres personas más por Comités, durante diez minutos cada una, e inscribir a las demás para la discusión particular, como se hizo con el proyecto de ley de pesca.

Un señor DIPUTADO.-

Respetando el orden de inscripción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Respetando el orden de inscripción, señor Diputado.

Tiene la palabra el Diputado don Jorge Morales.

El señor MORALES ADRIASOLA (don Jorge).-

Señor Presidente, el proyecto de ley sobre Estatuto Docente, en algunos aspectos, es un real aporte, un avance y un progreso para el profesorado del sistema municipal.

Uno de los aspectos positivos, por ejemplo, es que da satisfacción a una sentida inquietud del profesorado, cual es radicarlos en el Estatuto Docente y, por tanto, desafectarlo de la normativa del Código del Trabajo.

Como segundo aspecto positivo, sin duda alguna, está la estabilidad que asegura al profesorado gracias al aporte de los parlamentarios que presentaron indicación en la Comisión de Educación, para suprimir, en el artículo 59, la letra c), referente a la causal de caducidad por supresión de horas, de cursos o cargos.

Sin embargo, hay también aspectos negativos que causan frustración y desilusión en el profesorado. Me refiero, concretamente, a la pérdida de la oportunidad histórica de contribuir de manera efectiva, real e importante, a remunerar en las condiciones que se merece el profesorado, cuyas rentas nunca han correspondido a su jerarquía y a su vocación pública.'

No obstante lo dicho por el señor Ministro, creemos que era perfectamente factible la creación de una carrera docente.

Estimamos que el proyecto centraliza el sistema y concede participación excesiva a las direcciones provinciales, al mismo tiempo, no contempla a un segmento de la educación fundamental e importante, como son los paradocentes, los administrativos e, inclusive, los auxiliares.

Pero en esta breve intervención quiero llamar la atención del Supremo Gobierno, a través del señor Ministro de Educación, sobre una disposición que realmente nos parece incomprensible y hasta inaceptable, que obedece a una clara decisión política, como quedó establecido en la Comisión de Educación, El artículo 32 transitorio pretende desconocer la titularidad de los docentes directivos actuales, al obligarlos a concursar nuevamente sus cargos. Es decir, con esta medida, el Gobierno está repitiendo errores que sus personeros con razón, criticaron en el pasado.

Hemos escuchado al señor Ministro de Educación hablar de consenso y de que el Estatuto no debe ser ideologizado; más aún, que no debe responder a banderías políticas.

Así como el Gobierno habla de reconciliación nacional, nosotros queremos solicitarle, a través del señor Ministro de Educación y de los señores parlamentarios oficialistas que haga suya la indicación que presentamos en la Comisión de Educación y que renovaremos en esta oportunidad, en orden a que el personal docente directivo y todo el profesorado mantengan la titularidad de sus cargos por el solo hecho de tener contratos indefinidos. Esto contribuirá, sin duda alguna, a mantener la armonía y a tranquilizar los espíritus.

Por lo tanto, termino reiterando la petición que hicimos en la Comisión de Educación, para que todo el personal que tiene contrato indefinido mantenga la titularidad de su cargo, con el objeto de contribuir a la tranquilidad del sector educacional.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde poner en aplicación el principio de acuerdo para otorgar diez minutos más por bancada. Es decir, son casi tres minutos por parlamentario. En tres minutos se puede decir mucho, si se tienen las ideas claras.

El señor CARRASCO.-

La idea es diez minutos por Diputado.

Varios señores Diputados.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Cuántos minutos propone por bancada, Diputado señor Carrasco ?

El señor CARRASCO.-

El acuerdo es diez minutos por Diputado.

Varios señores Diputados.-

¡No!

El señor CARRASCO.-

Ese fue el acuerdo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si no hay acuerdo unánime, no podemos avanzar. Lo mejor para el debate es lo planteado por el Diputado señor Carrasco , es decir, 10 minutos por persona. 

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Bueno, sería el máximo. Si lo puede hacer en menos, toda la Cámara lo agradecerá.

Así se procederá.

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Gracias, señor Presidente.

Después de analizar las disposiciones y comprobar que el Estatuto dista bastante de lo que se esperaba, muchos parlamentarios de oposición, incluso de Gobierno, nos quedamos en la Comisión de Educación con la clara sensación de que el proyecto es el resultado de apretadas negociaciones políticas, más que el fruto de un estudio acabado que permita satisfacer las verdaderas necesidades del Magisterio nacional.

Desde la gestación del proyecto, incluidos los frustrados anuncios de su inminente envío al Parlamento -que fueron varios-, hasta su precipitada aparición en la Cámara, pudimos advertir que el Estatuto, en sus diversas etapas, sólo consultó la opinión de las cúpulas dirigentes del Magisterio, las que ignoraron -de eso tengo testimonios personales- el verdadero clamor de las bases, las cuales hasta ahora desconocen lo que estamos legislando. Esta es una característica que habría que señalar.

Hemos podido comprobar esto en un largo peregrinar por distintos establecimientos y, en mi caso personal, después de haber enviado una nota a todos los profesores de Santiago, cuyas respuestas, casi unánimes, fiaron desconocer el articulado.

Incluso, con manifestaciones frente a este edificio -realizadas las semanas pasadas- se nos ha conminado a que despachemos urgentemente este proyecto de ley, que, a mi juicio, en el mejor de los casos consagra una situación de bastante mediocridad para el Magisterio nacional.

Se habla mucho de una pretendida decisión histórica que habría adoptado el Ejecutivo al someter el Estatuto a la discusión parlamentaria; pero detrás de eso se esconde una penosa realidad, que seguirán, a mi juicio, soportando los maestros del país en el desempeño de su función docente.

Llegada la hora de pesar los elementos de fondo, que son las demandas periódicas y constantes del Magisterio, resultará demasiado liviano, aunque bastante aparatoso el contenido de este cuerpo legal. Desde luego, no contiene uno de los más importantes para el profesorado, como es el mejoramiento verdadero de las condiciones económicas, uno de los pilares fundamentales de la dignificación de la profesión docente.

Si los maestros, hoy día, se consideran profesionales de segunda, es porque perciben muy bajas remuneraciones y porque han sido, por décadas y décadas, postergados en la sociedad chilena.

Se ha adornado esta legislación con una serie de disposiciones que distan mucho de constituir las bases de la carrera docente que esperaba el propio Magisterio. Nada se habla de promociones y ascensos; da lo mismo ser un excelente funcionario que uno regular, mientras tenga la misma antigüedad y el perfeccionamiento; no importa cómo se apliquen los conocimientos.

Si bien contiene disposiciones aparentemente novedosas, los distintos párrafos del proyecto recogen un ordenamiento de diversas prácticas docentes que se venían haciendo en muchos establecimientos, casi en la mayoría de ellos.

Incluso, se ha hecho una mala sistematización de esas prácticas.

Pero más allá de lo normativo, el proyecto encierra un contenido de fondo que debe llamarnos la atención. A nuestro juicio, inicia un claro retomo hacia una preeminencia, cada vez mayor, del Estado centralizador en el manejo de los asuntos educacionales.

Se advierte claramente que la educación particular subvencionada, con el Estatuto, dependerá mucho más del nivel estatal, lo que representa una clara amenaza a la libertad de enseñanza que consagra la Constitución. No obstante, el Estatuto ha tratado de soslayar en varios de sus artículos el problema que advertimos.

Habrá que esperar el proyecto de ley de subvenciones, por otra parte, que se envió al Congreso el día de hoy, para comprobar si se discriminará o no entre la educación particular y la pública.

El Estatuto propuesto pretende quitar atribuciones administrativas a los municipios, entregándoselas a los departamentos provinciales de educación, que dejarán de ser organismos eminentemente técnicos, cuya única función es velar por la calidad de la educación a través de supervisiones y, además, por el cumplimiento de las normativas vigentes. Asimismo, además de sus responsabilidades técnicas, entrega a los profesores algunas administrativas.

El proyecto supone la modificación del sistema de subvenciones, que se pagarán por dotación de personal con rentas fijadas por el Ministerio. Las municipalidades, en este caso, sólo serán entes pagadores, intermediarios. Desconocerán la forma y los montos para absorber los gastos de administración, de funcionamiento, de reparaciones, de inversiones, con lo que perderán el incentivo para asegurar que los alumnos ingresen a las aulas. Sin duda la descentralización municipal ha constituido un gran avance en materia educacional.

En términos generales, en su espíritu y en su letra el proyecto contiene aspectos que significan un paso atrás en el manejo de los recursos humanos que laboran en la educación. Consagra un régimen laboral diferente para los establecimientos educacionales administrados por; las municipalidades directamente o a través de corporaciones creadas por éstas, y los administrados por el sector privado. Mientras estos últimos siguen regidos por el Código del Trabajo, con algunas normas especiales consagradas en el Estatuto, el sector municipal vuelve a la administración estatal centralizada en su orientación y en su diseño; descentralizada sí en su ejecución.

Lo anterior, reitero, representa un paso atrás.

La conducción de la gestión del personal del Magisterio, en la práctica, pasa al Ministerio de Educación.

Buscando lo que se ha llamado "la homogeneidad en el trato", comienza a dificultarse la motivación que existía para mejorar la eficiencia y la calidad en la educación.

Históricamente, cuando el Ministerio se preocupó mayoritariamente de la gestión de los educadores, descuidó la preocupación por los educandos. La responsabilidad del Estado en materia educacional debe estar orientada hacia la definición de políticas, de planes, de programas y de preparación curricular de materias; hacia una cuidadosa evaluación de los resultados, y a no inmiscuirse en todo el aparataje de la administración, que si corresponde a entes descentralizados, como son los municipios.

Lo anterior supone tanto un adecuado financiamiento como que el Estado asuma su rol en la educación; que armonice desarrollo, eficiencia y calidad de la educación que se imparte en el sector fiscal. Desde esta perspectiva, el proceso de centralización de la educación ofrecía gran-des perspectivas a este sector, para lo cual el Estado debía asegurarles el financiamiento adecuado, lo que, de hecho, no ocurrió a la par.

Por lo tanto, el esfuerzo debe concentrarse, a nuestro juicio, en allegar más recursos a la educación y no en frenar un proceso que, en todo el mundo, ha probado ser eficaz, para mejorar la calidad de la enseñanza, enalteciendo la función docente en todos sus aspectos.

Señor Presidente, en aras del tiempo, señalaré algunos casos en cuanto a que este Estatuto no resuelve la situación económica. Por ejemplo, un profesor básico que se inicia con 30 horas -como lo dijo el señor Ministro en la mañana- percibirá una renta bruta de 57 mil pesos, en 1991; un profesor básico, con 10 años de servicios y 30 horas, en 1991, con asignación bienal de perfeccionamiento y de desempeño difícil, percibirá 70.658 pesos de remuneración bruta; un profesor básico, con 20 años y 30 horas, en 1991, con todas esas asignaciones, recibirá 79.208 pesos, brutos mensuales; y en 1995, en la plenitud de todas las asignaciones recibirá 131.100 pesos; un profesor básico, con 30 años y 44 horas semanales, en 1991, incluso con responsabilidad de docente directivo, tendrá un sueldo bruto de $ 149.223 pesos, y con la plenitud de las asignaciones, en 1995, 240 mil pesos; un profesor de educación media, con 30 años de servicios y 44 horas de clases, percibirá en 1991, con todas las asignaciones -que sabemos, por lo demás, que no siempre las pueden percibir todas- recibirá 157 mil pesos.

Señor Presidente, esto habla claramente de que este Estatuto establece un gran "aparataje" de funciones. Señalemos, por ejemplo que aquí se habla de perfeccionamiento para elevar la calidad de la enseñanza. Pues bien, será de 883 pesos mensuales la asignación que recibirá por perfeccionamiento un maestro en los dos primeros años de la aplicación de este Estatuto. La gradualidad establecida, finalmente, significará una vez más, la postergación de los profesores, la cual en este caso, es mucho más grave, porque nadie esperaba -y menos nosotros, en particular- que este Gobierno, que había prometido hacer tanto por los profesores, llegada la hora de los "quiubos", haya decidido postergar nuevamente las aspiraciones del Magisterio. En esa materia, las cifras son elocuentes.

He dicho, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Peña.

El señor PEÑA.-

Gracias, señor Presidente.

Haré algunas consideraciones/generales acerca de la idea de legislar sobre el proyecto del Estatuto Docente.

I. SITUACION DE LA EDUCACION CHILENA

La educación chilena, al igual que el conjunto de la sociedad, al abrir la década de los años 70, mostraba rasgos concretos de ascenso tanto en relación con el individuo que formaba, de fuerte convicción libertaria y democrática, como de una calidad que se expandía cada vez con menores dificultades a amplios sectores de la sociedad.

Mostraba, también, como sistema, una unidad debidamente vertebrada entre sus diversos niveles, a través del territorio nacional.

Estas características globales del sistema definían claramente una orientación como país, que se lograba luego de recorrer un peregrinaje de más de un siglo, y que iniciaran ilustres hombres públicos y maestros, como Victorino Lastarria , Andrés Bello y Domingo Faustino Sarmiento.

Todos los actores comprometidos en la educación jugaron un rol protagónico: profesores, estudiantes, personal paradocente; padres y apoderados. La historia registra jornadas memorables.

En los últimos años, el sistema educacional chileno se resiente, se resquebraja y se destruye, en cuanto a los rasgos que caracterizan históricamente.

l2 La educación, con excepción de la enseñanza superior, se entrega a la administración y control de la estructura municipal, decisión ésta que atenta contra el carácter nacional del sistema, contra la estabilidad funcionaría del profesor y contra su dignidad. Atenta también contra la movilidad y el ascenso dentro del sistema nacional de enseñanza.

Los profesores pierden la garantía del Estado en el resguardo de su dignidad personal, en su función y en el trato profesional y económico.

Lo anterior no sólo fue nefasto desde el punto de vista del docente, sino que influyó decisivamente en la calidad de la enseñanza, como lo demuestran pruebas que la opinión pública conoce en el presente y que por desgracia influirán en la calidad de vida que, en el futuro, abracen las generaciones destinatarias de una política educacional errada.

22 Se crean condiciones para generar un sistema educacional elitista y discriminatorio, atentando contra el derecho a la educación, universalmente reconocido y deseado por toda la comunidad internacional. En otros términos, se pretende construir, sobre la base de la discriminación, un sistema que procura garantizar una igualdad de oportunidades en la educación.

32 Los docentes fueron destruidos y atomizados en su organización. Como gremio, asistimos a una paulatina privación de derechos de beneficios y de conquistas. Así, enfrentan un campo laboral determinado por una autoridad política, no ajeno a odiosas persecuciones dentro de la estructura municipal, a traslados, a exoneraciones, etcétera.

II.ESTATUTO DOCENTE

En el contexto someramente esbozado, como representante, de la soberanía popular hemos sido convocados por el Ejecutivo para ocupamos de la discusión de un proyecto de ley sobre las normas básicas mínimas que deberán regir la función del profesional docente, con excepción de quienes ejercen la enseñanza superior.

Es incuestionable la importancia que para el profesorado nacional significa cualquier preocupación, en ese sentido, de nuestra parte y de parte del Supremo Gobierno. En definitiva cualquier paso será trascendental para recuperar la dignidad y la estabilidad funcionaría.

Sin embargo, quiero ser claro, señor Presidente. Habría sido más aconsejable abordar el complejo problema de la educación chilena en su conjunto, tratando de recomponer su perfil y su dirección histórica. En tal sentido, este Estatuto Docente sólo representa un esfuerzo de cirugía menor. Entendemos la esperanza del Magisterio. Como profesor normalista exonerado y como Diputado, soy solidario.

Hubiera preferido discutir el proyecto una vez que la democracia reconquistada haya devuelto a los maestros los derechos y las conquistas quitadas durante el régimen del gobierno anterior, hecho que habría permitido sentar las bases jurídicas aplicables a su respecto sobre elementos de mayor dignidad, de más estabilidad, de más justicia y soñar con un futuro mejor.

¡Cómo no habríamos deseado que el docente hubiese tenido el carácter de profesor del Estado chileno, y que éste sea quien resguarde y les garantice una función profesional digna y le asegure una jubilación justa!

Es probable que se nos diga que la legislación hoy aplicable a la educación -tales como la Ley Orgánica sobre Educación o la de Municipalidades- impide hacerlo; pero, precisamente, un cuerpo docente nacional y unido, sediento de justicia, movilizado en su lucha, de la mano con nosotros, habríamos generado las condiciones para cambiar la legislación heredada.

Por lo anterior, la idea de legislar resulta parcial, extemporánea e insuficiente, aunque se nos diga "en la nada es algo". Ese es un principio válido para luchar y para alcanzar pequeños espacios en regímenes dictatoriales; pero no es aplicable en democracia.

En lo personal, como profesor normalista y radical, persisto en la duda de si este esfuerzo representará en la práctica, de algún modo, legitimar ante el país el injusto sistema de sometimiento que hoy afecta al profesorado nacional. No ahondaré en los fundamentos ni en las razones que sobre el particular pudiera ser pertinente señalar ahora.' Me basta adherirme a lo dicho por el Honorable Diputado de mi bancada, señor Jaime Campos.

Por estas razones, y no encontrando en las expresiones que, esta mañana, vertiera el señor Ministro en nombre del Gobierno, la voluntad política manifiesta de abordar el estudio de las materias, que tienda a poner término al sistema de la administración y del control de la educación por parte de la municipalidad, es que me abstendré en la idea de legislar sobre este Estatuto Docente,, que, en definitiva, es la única forma de manifestar mi lealtad al Gobierno. De no mediar esta consideración, habría votado en contra de la idea de legislar.

Gracias, señor Presidente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Marina Prochelle.

La señora PROCHELLE.-

Señor Presidente, Renovación Nacional está absolutamente consciente de que el mejoramiento de la condición docente es uno de los requisitos previos para lograr elevar la calidad de la educación nacional.

Por ello la iniciativa del Ejecutivo, traducida en este cuerpo legal, la valoramos como tal, aun cuando no nos satisface plenamente. Así se lo hemos hecho saber a las autoridades pertinentes. Por eso, hemos presentado diversas indicaciones a este cuerpo legal.

Tanto la postura de Renovación Nacional para enfrentar este proyecto de ley, como las indicaciones y reparos planteados, se fundamentan en las inquietudes, en las aspiraciones y en las justas peticiones del profesorado de todo el país, independientemente de sus posiciones políticas, las que han sido recogidas por todo los parlamentarios de nuestro Partido. Nuestras observaciones y críticas no tienen otra finalidad que enriquecer y perfeccionar el proyecto, velando, junto con los derechos constitucionales, por la formación, por el ingreso, por el perfeccionamiento y por las mejores condiciones de desempeño de los profesionales de la educación.

No puedo dejar pasar la oportunidad de referirme a un punto que me llama la atención. Este Estatuto comprende también a la educación particular pagada. Históricamente, los profesores que ejercen sus funciones en este sector han estado regidos por normas distintas de las que se aplican en el sector estatal, fundamentalmente por la diferencia que existe entre un empleador que representa al Estado, en que priman intereses generales, y el sector privado, en que prevalecen, con mayor propiedad, los principios de autonomía, de la voluntad y de la liberad contractual. Ninguna legislación anterior había considerado a los colegios particulares pagados. Por lo demás, en reiteradas oportunidades, se les ha reconocido un funcionamiento eficiente y de alto rendimiento académico.

Por último nos hemos sumado, tanto en el trabajo de la Comisión y ahora en la Sala, a los justos anhelos del profesorado de lograr un aumento de sus remuneraciones y una reducción de la gradualidad de las asignaciones que contempla el proyecto, teniendo presente con objetividad, que es necesario para lograr aquello, un mayor y extraordinario esfuerzo de toda nuestra sociedad.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, el proyecto de ley en análisis busca incentivar la profesionalización en el ejercicio de la labor docente; mejorar la calidad de la educación mediante la creación de condiciones profesionales y laborales que faciliten un ejercicio más óptimo de la docencia, y proporcionar una estabilidad laboral mayor que la actual, compatible con una administración descentralizada, flexible, y responsable de los establecimientos educacionales; mejorar la situación de las remuneraciones más deterioradas de los profesionales de la educación, y disminuir las diferencias excesivas para acceder a una educación de calidad óptima.

Me referiré a algunos aspectos del proyecto que deberían ser considerados en la redacción definitiva de la ley.

Debiera dejarse constancia, en forma más categórica de que los profesionales de la educación que tengan la calidad de titulares, desde que legalmente entran a ocupar su función pública, tienen derecho a la misma, a la necesaria estabilidad, para lo cual continuarán en ella, a menos que medie una causal legal de expiración de funciones. Es necesario, pues, decir, expresamente, que los profesionales de la educación cumplen una función pública y, como tal, debe ser estimada,- reglamentada, protegida y amparada.

Dicha función pública es clara e indiscutible tratándose del denominado sector municipal; esto es, de aquellos establecimientos educacionales que dependan directamente de los departamentos de educación municipal de cada municipalidad, o de las corporaciones educacionales creadas por éstas, o de los que, habiendo sido municipales, son administrados por corporaciones educacionales privadas.

Debe haber mucha claridad sobre el término de la relación laboral de los profesionales de la educación para cautelar tal función pública. En el encabezamiento el artículo 57 dice que "Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, pueden dejar de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: Y luego, "b) Por falta de probidad, conducta inmoral grave u otras causales que los hagan acreedores a una medida disciplinaria expulsiva, adoptada por medio de un sumario"; esta letra debiera quedar redactada de la siguiente manera: "Cuando el profesional se hiciere acreedor al término de la función pública, debido a que observa una conducta funcionaría reprochable y manifiestamente negligente en el cumplimiento de sus obligaciones, con grave perjuicio del servicio a que pertenece, o del prestigio de éste, establecido debidamente en el correspondiente sumario administrativo". Proponemos esta redacción, porque ella deja en claro las características más relevantes de la conducta que podrá llevar al término de la vinculación laboral. Deja expresa constancia de que se trata de una función pública y de que es indispensable un sumario administrativo.

En este proyecto se echa de menos un desarrollo en profundidad de las normas que regularán el sumario administrativo. Es menester establecer en la ley las normas generales a las cuales éste se someterá, sometiendo al reglamento, o al Estatuto de los funcionarios municipales, la descripción de las situaciones particulares.

Entre estas normas generales se deberían consultar las siguientes:

"El sumario administrativo se incoará por resolución del jefe superior del profesional, el que designará al fiscal que debe instruirlo. El fiscal tendrá un plazo determinado para investigar los hechos y gozará de amplias facultades para realizar la investigación. Agotada ésta, declarará cerrado el sumario; formulará los cargos o solicitará el sobreseimiento".

"El sumariado deberá contestar los cargos dentro de un plazo determinado. En el escrito de contestación acompañará todos los antecedentes y documentos en que fundamente su defensa, y en él podrá solicitar las diligencias probatorias que estime conveniente.

"Contestados los cargos, o vencido al término de prueba que se hubiere abierto, el fiscal evacuará el informe, el cual contendrá la relación de los hechos investigados, la participación, la anotación de las circunstancias atenuantes o agravantes, y la proposición a la autoridad correspondiente, de las sanciones que estimare procedente aplicar o la absolución.

"El informe se remitirá al jefe del inculpado, el cual deberá dictar la correspondiente resolución".

"La aplicación de las medidas disciplinarias será notificada al afectado, y en contra de la resolución respectiva deben contemplarse recursos de apelación y recursos de reposición".

Por otra parte, respecto de la causal de término de la relación laboral por calificación en la lista de mérito, contemplada en la letra f) del artículo 57, se echa de menos una descripción del proceso de calificación. A mi juicio, no basta con la referencia genérica que se hace al reglamento y a las normas que éste debería contener sobre la calificación; es en la ley donde deben estar estas normas madres.

Bien podría seguirse el criterio que otros cuerpos estatutarios han señalado sobre esta materia. En ese evento los profesionales de la educación deberán ser calificados en listas; como por ejemplo: Lista 1, de mérito; lista 2, buena; lista 3, regular; y lista 4, mala. Dicha calificación la hará una junta calificadora; comprenderá el período de un año calendario y, en todo caso deberá estar afinada al 31 de marzo. El profesional tendrá derecho a apelar de la resolución de la junta calificadora ante el alcalde o el jefe superior del servicio; la junta calificadora adoptará sus resoluciones con sujeción a los resultados de las calificaciones ejecutoriadas, se confeccionarán los escalafones de mérito correspondientes. Las demás normas quedarán entregadas al reglamento.

En materia de concurso de antecedentes, para ingresar como titular a una dotación, debieran introducirse las siguientes modificaciones:'

Dichos concursos deben ser "decididos" y no "definidos" como erróneamente se dice en el proyecto por la comisión calificadora. Las comisiones calificadoras, en mi concepto, deben adoptar una resolución y no limitarse a emitir un informe, ya que ello, de alguna manera, podría dejar mayor campo de acción al alcalde. Es decirles menester guardar armonía en la totalidad del articulado y otorgar facultades resolutivas a las señaladas comisiones calificadoras.

Finalmente, damos nuestra aprobación al artículo 3e transitorio, por cuanto en él se señala que los departamentos de educación municipal deberán llamar a concurso público para llenar las respectivas dotaciones directivas de docentes de los establecimientos de la comuna, que hayan ingresado por otra vía. Dicho concurso está regulado de forma tal que ofrece las adecuadas garantías de seriedad e idoneidad.

He dicho, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Señores Diputados, en relación con el acuerdo adoptado anteriormente, sobre el número de oradores invito a los señores Diputados que no harán uso de la palabra que hagan llegar a la Mesa el texto de sus intervenciones el cual se incluirá en la versión de la presente sesión. Habrá plazo hasta las 12 horas de mañana para este efecto.

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo. ,

El señor BAYO.-

Señor Presidente, es indudable el sentido de modernización que la reforma educacional de 1981 planteó en Chile, en el contexto de una política general de desconcentración y de reorganización de las funciones económicas y sociales del Estado.

Los resultados, en términos de aumento de cobertura, han sido francamente positivos. Consecuentemente con ello, las modificaciones de las tasas de analfabetismo y el aumento en el promedio de la educación en el nivel medio, también son positivos.

No obstante lo anterior, la necesidad de preocuparse por la calidad del proceso educativo constituye un imperativo del presente que ha motivado, fundamentalmente, el mensaje que hoy analizamos y que compartimos plenamente.

En este sentido, no compartimos algunos criterios básicos orientados a enfrentar el problema. No podemos compartir criterios que tienden, con mucha discreción, a centralizar el manejo del recurso humano. No podemos compartir criterios que, en forma reiterada, otorgan igualdad de beneficios para los educadores, cualquiera que sea el grado de eficiencia o de eficacia de ese educador. Ello tiende a desincentivar el esfuerzo individual de muchos y a estimular el desempeño mediocre del profesional de la educación. No podemos compartir criterios que tienden a desincentivar la participación del sector privado en la tarea educacional. No creemos que las actuales diferencias entre la educación privada y la pública se puedan corregir sólo con el mejoramiento de remuneraciones o de las condiciones de trabajo de los profesores. Se omite, o se deja de considerar, la importante incidencia de la diferente calidad nutricional de los educandos, del diferente nivel económico de los mismos y del diferente medio ambiental en el cual se desarrollan.

Es indudable, señor Presidente, que la educación, al igual que la salud, tiene directa relación con el desarrollo del país. La calidad de la educación no se modificará sólo con un Estatuto Docente como del que se discute. Estimamos que si se desea tener una educación moderna, de alta calidad, con igualdad de oportunidades para todos, debe enfatizarse la existencia de un sistema educacional mixto con activa y creciente participación del sector privado, con estabilidad funcionaría, con condiciones profesionales y laborales que faciliten un óptimo ejercicio de la docencia en ambos sectores; todo ello, en un marco de descentralización acorde con las tendencias actuales en el mundo, hecho reconocido por el señor Ministro en la mañana de hoy, y que tanto molesta a algunos parlamentarios de la Concertación.

Para terminar, señor Presidente, deseo rendir un homenaje a los profesores normalistas de todo Chile, algunos de ellos presentes en este hemiciclo; a aquellos docentes del pasado y del presente que, al margen de sus problemas económicos, de sus remuneraciones insuficientes, de su desempeño en los sectores más apartados del país, entregaron una vida entera con mística, por sobre todas las cosas; con vocación indesmentible por su profesión; con amor permanente hacia los educandos y con remuneraciones que hoy necesitan ser reconocidas. Los cambios del mundo de hoy, que ubican en este Estatuto al profesor en el contexto de un profesional del más alto nivel, no deberían dejar en el olvido la necesidad de incorporar, en la formación de los educadores del mañana de nuestra Patria, los criterios enunciados, que constituyeron el alma mater de las escuelas normales del ayer.

He dichos señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, quiero decir unas cuantas palabras para dar a conocer, aunque ya lo han hecho otros compañeros de bancada, el pensamiento de los socialistas, del Partido por la Democracia y el Partido Humanista, acerca de este proyecto, que empieza a hacer justicia al esforzado y querido gremio del Magisterio.

Es la primera vez, después de esos 17 años de negra dictadura de Pinochet, que se toma en cuenta a estos trabajadores de la enseñanza; que se les trata de dignificar y de dar a conocer a la ciudadanía, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, la honestidad, que despliegan estos nobles maestros y maestras.

Seguramente, este proyecto del Gobierno tiene fallas o falencias, pero también grandes méritos, porque empieza a situar al Magisterio en el lugar que le corresponde. Creo que este proyecto, ahora, pone en el lugar que les corresponde en la sociedad a estos hombres y mujeres que entregan sabiduría, que entregan cultura, que entregan amor a los niños, el cual, en muchas ocasiones se les niega en sus hogares.

¡Cómo será que hasta los Diputados de la UDI y de Renovación Nacional han reconocida los méritos del profesorado! Ellos que callaron durante esos 16 años de dictadura pinochetiana, ahora reconocen todos los méritos que siempre tuvieron estos nobles hombres y mujeres del Magisterio, de la enseñanza, que hoy día este Gobierno democrático empieza a reconocérselos. Para nosotros es motivo de orgullo apoyar este proyecto, porque siempre hemos estado con este gremio en las buenas y en las malas; en las grandes batallas que ha librado durante toda la historia, luchando por las cosas nobles a codo a codo con ellos, y esquivando el garrotazo, el balazo, la bomba lacrimógena o la cárcel. Ahora, este Gobierno democrático empieza a reconocerle sus méritos.

En este momento quiero expresar, solamente, nuestra satisfacción por entregar la votación favorable de esta bancada para apoyar el proyecto que se debate. Hemos estado desde las diez y media de la mañana escuchando discursos, algunos fogosos, otros más moderados y otros que han tenido la virtud de hacer dormitar a algunos parlamentarios. De todo hay en la viña del Señor, y yo he visto hoy "descabezar a algunos camarones", como dicen los venezolanos, durmiendo beatíficamente en sus asientos.

Termino expresando nuestra satisfacción por el despacho de este proyecto. No quiero extenderme, porque ya llevamos varias horas escuchando las mismas palabras; prácticamente todos hemos coincidido en lo que es este gremio y lo que significa esta iniciativa, aun discrepando en algún punto. He querido ser lo más breve posible, porque en la discusión de otro proyecto, hablaré más extensamente, para pasar a la historia, imitando a algunos que así lo piensan y para que las nuevas generaciones lean mi discurso en el futuro.

Nada más, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Gracias, señor Diputado.

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en primer término, quisiera levantar algunos cargos efectuados a este proyecto, lamentando que dos Diputados radicales, después de sus excelentes exposiciones sobre el Estado-docente en Chile, hayan resuelto abstenerse de legislar sobre el Estatuto Docente, argumentando, en el fondo, que no se aborda en él la reversión de liceos y colegios a la dependencia del

Ministerio de Educación y liquidando de paso la municipalización. Se olvidan, no obstante, de lo aceptado por el pueblo hace un año, y siendo justas las críticas a la municipalización, no fue ese el camino escogido. Un período de transición trabaja sobre lo existente, conforme al programa ofrecido, y me remito a lo expresado por el Presidente Aylwin en su Mensaje del 21 de mayo del presente año.

Una segunda razón es que tal propuesta supone, en el fondo, una reforma constitucional que' eleve al Estado a un papel principal en la educación, cuestión que ni siquiera los señores Diputados han planteado.

Un tercer aspecto es la afirmación del Ministro señor Ricardo Lagos , de que no se puede, a pretexto del Estatuto Docente -que pretende mejorar las condiciones del Magisterio- realizar una transformación completa de la educación, olvidándose que el rol del Estado y de la sociedad es velar por el bien común, y que tal cambio estructural no es el propósito del legislador en esta etapa de transición.

Diputados de Derecha estiman que este proyecto se estatista, porque la ley queda sometida a un reglamento, y con ello se burlarían las atribuciones del Parlamento. Sin embargo, como se ha recordado, es primera vez, en más de sesenta años, que se podrá legislar directamente sobre el personal docente. En 1929, varios decretos supremos rigieron la educación pública; el decreto supremo N° 4.129, del 12 de mayo de 1949; el decreto con fuerza de ley N° 227, de 17 de enero de 1951; el decreto con fuerza de ley N° 280, de 1953; el decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, o Estatuto Administrativo, cuerpos legales dictados, en su mayoría, en virtud de facultades extraordinarias que el Congreso entregó al Presidente de la República. El decreto ley N° 2.327, de 1978; el decreto con fuerza de ley 1-3.063 sobre traspaso a las municipalidades; el Plan Laboral, y la ley N° 18.602, de 1987, son muestras de cómo se legisló en el régimen pasado.

Entonces, ¿puede verse como una limitación a las facultades del Congreso la dictación de un reglamento, cuando se ha discutido un proyecto de ley a la luz pública en democracia, con participación de sus agentes y actores?

En todo caso, los reglamentos deben ajustarse a la Constitución y a la ley, y la Contraloría General de la República debe tomar razón de ellos.

Por otra parte, el proyecto sólo ordena reglamentar ciertas materias: perfeccionamiento, artículo 16; Consejo Provincial de Educación, artículo 20; Consejo de Profesores, artículo 18; los Concursos, artículo 32; las Comisiones Calificadoras de Concursos, artículo 34; acreditación de bienios> artículo 47; asignación de perfeccionamiento, artículo 48; de trabajo en condiciones difíciles y en la evaluación, artículo 55. Es decir, sólo en 9 artículos de los 70 permanentes y 15 transitorios, se ordena dictar un reglamento.

En consecuencia ¿puede hablarse de burlar las decisiones legislativas del Congreso? ¿Es acaso estatismo todo ejercicio de la potestad reglamentaria que la Constitución Política otorga al Presidente de la República en el artículo 32, número 8°?

Ni siquiera don Andrés Bello tuvo la osadía de legislar sin contemplar un reglamento que regulara materias, en forma más explícita y con más detalle.

Diferentes declaraciones públicas e intervenciones objetan el proyecto, señalando que no recoge las aspiraciones económicas, que no hay carrera docente, que no existe estabilidad, que el perfeccionamiento no es tal, que tiene tal o cual vacío.

Dos señores Diputados de Derecha califican de mediocre este proyecto. Entonces, la pregunta que surge es ¿qué había antes? ¿Es preferible no tener Estatuto Docente?

Cuando se habla de mediocre, ¿no se recuerda a los miles de profesores despedidos? ¿A la aplicación de las leyes del mercado? ¿A los negocios lucrativos de la educación hasta convertirlos en una mercadería? ¿O la sumisión o el sometimiento de estos profesionales que forman el futuro de Chile al famoso Plan Laboral?

Otros manifiestan que no se ve eficiencia, porque todos quieren someterlo a la competencia. En el fondo, de lo único que están hablando es del lucro y del dinero.

Creo que Chile y nuestra sociedad no necesitan de un proyecto que se afinque únicamente en el lucro.

Las respuestas a estas interrogantes las da el propio proyecto. Nosotros decimos: "Ningún Ejército pone pie en la playa y da por conquistado un país y ganada la guerra".

Este es un primer gran paso en la dirección correcta, y no repetiré las virtudes de esta iniciativa que ya se han señalado desde la mañana.

En mi lejano distrito del sur, los profesores, al igual que nosotros, discutieron, plantearon sus dudas y expresaron sus anhelos, concordando en muchos de sus preceptos, expresando, asimismo, su confianza en cuanto a que las indicaciones lo mejorarán mucho más.

Aspiran a que exista un Consejo Asesor Municipal del Departamento de Educación en que participen los profesores, autoridades y la comunidad.

Desean que se sancionen legalmente las vacaciones de invierno, y de Fiestas Patrias, lo que sería un reconocimiento a una larguísima práctica.

Esperan que se examine y revise el sistema previsional para que se pueda jubilar dignamente y a una edad compatible con esta difícil y compleja labor. En este caso, rebajar la edad para que estos nobles servidores de Chile puedan descansar y tener una vejez que toda la Patria les dedica y que ellos merecen.

También aspiran a que se dé un trato especial a la profesora -que no se distingue en el Estatuto- y a las parvularias, cuyas características especiales de su trabajo deben ser incluidas en alguna de sus normas como un justo reconocimiento a su calidad de mujer, madre y esposa, que debe desempeñar esas difíciles funciones.

Seguramente, durante la tramitación del proyecto, se presentarán otras indicaciones que mejorarán el Estatuto Docente.

Esperamos confiados en que todos los Diputados, sin excepción, apoyen este proyecto, tal como lo hacemos los de la bancada Demócrata Cristiana.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Gracias, señor Diputado.

Tiene la palabra el Diputado señor Rocha.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, pocos temas podrían concitar con mayor preocupación la atención de esta Honorable Cámara, que el referido al Estatuto de la profesión docente.

El gran número de profesionales involucrados en esta materia nos hace pensar que es preciso actuar con el máximo de cautela y responsabilidad, para no causar daños que pueden ser irreparables.

Una observación primera: es lamentable que se haya perdido esta oportunidad, es decir, histórica, aquella que tienen los gobiernos cuando inician su mandato, cuando reúnen el mayor porcentaje de adhesión para hacer un cambio profundo, estructural, del sistema educacional chileno. Se ha optado, en cambio, por elaborar un conjunto de normas que, bastante mejoradas por la Comisión de Educación -debemos reconocerlo-, apenas rozan la solución de los graves problemas heredados de la dictadura, o los consolidan en una inexplicable y desilusionante posición.

Señores Diputados, para mejorar los sueldos del Magisterio chileno, no era necesario presentar un proyecto de Estatuto Docente; habría bastado con un conjunto de normas económicas.

No era necesario consolidar legalmente la municipalización, la que implica dejar a los maestros, como siempre, dependiendo de un' alcalde, la más de las veces ignorante en materias educacionales; o dificultar las posibilidades de desplazamiento, o persistir en su inestabilidad funcionaría, o haber omitido una cuestión tan fundamental y anhelada por los profesores, como es la asignación de zona, materia de insoslayable importancia para los profesores de zonas apartadas, como la que me honro en representar. No olvidemos, sobre esta materia, que si bien este beneficio se señala en el artículo 40 del proyecto sobre Estatuto Docente, luego es inexplicablemente olvidado en los artículos 46 y siguientes.

Otra omisión importante se relaciona con los funcionarios administrativos y los auxiliares, cuyo importante aporte al proceso educativo nadie puede desconocer, y quienes, si bien no aspiran a un ordenamiento legal privativo de los maestros, merecían, por lo menos, una mención que los protegiera después de haber soportado la postergación y el menosprecio en que vivieron sometidos durante la dictadura.

Este proyecto, entonces, aparece no sólo como insuficiente y frustrado, sino como un propósito de traducir en ley un estilo de política educacional absolutamente contrario a lo que habíamos predicado durante tantos años.

Debo pedir excusas a los profesores de Chile y de mi distrito, ya que, no obstante lo expuesto, mi condición de Diputado de Gobierno me obliga a conservar un grado de credibilidad importante en las autoridades de hoy, y mantenemos la esperanza de lograr las correcciones que sea menester.

Anuncio, señor Presidente, que me abstendré en la votación general de este proyecto.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Gracias, señor Diputado.

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, muchas gracias.

El motivo que hoy ocupa a esta Honorable Cámara es un proyecto que realmente interesa a nuestra comunidad nacional, por cuanto, señor Presidente, somos los profesores los que hacemos y permitimos que los principios y valores de nuestra sociedad, de inspiración cristiana occidental, puedan ser transmitidos generación tras generación. Sin embargo, todos aquí han coincidido en que el proyecto es altamente insuficiente y es menester que las cosas se digan por su nombre. La pregunta que dejaré flotando en el ambiente es qué hubiera ocurrido si este proyecto se hubiera presentado durante el Gobierno anterior. Habría sido un escándalo nacional.

Hablan varios señores Diputados.

El señor ULLOA.-

Repito, habría sido un escándalo nacional, porque efectivamente es un proyecto mediocre. ¿Dónde está el proyecto alternativo presentado por el Colegio de Profesores? Este no contiene ni siquiera un porcentaje mínimo del presentado hace 3 años. ¿Esto es o no es negociación de carácter popular? ¿Dónde está la consulta a las bases? El propio señor Presidente de esta Honorable Cámara podrá desmentirme si no es efectivo que en mi región, el Consejo Regional del Colegio de Profesores rechazó este proyecto.

Es necesario que estas cosas se digan, y que se digan con la fuerza de la representación popular que tenemos. Nuestra bancada no se opondrá a la idea de legislar, pero dejará claramente establecido lo que se ha dicho y con palabras que se ajusten a la verdad: que el proyecto no satisface las necesidades de los profesores. El proyecto, en sí, no es suficiente. El Estatuto, definitivamente, les consagraría una condición de profesionales de segunda categoría.

Aquí se ha hablado solamente de un período de la historia. Los antiguos Diputados podrán recordar que los profesores en Chile nunca han visto satisfechas sus aspiraciones, porque no son ni constituyen un grupo de presión inmediato. La mejor prueba es lo sucedido a fines de la década de los 60. Más de dos meses duró la huelga de profesores y nada se consiguió.

No hablemos de cosas que no son reales. Si queremos contar la verdad, digámosla completa.

Hemos escuchado muchas intervenciones; algunas de enorme extensión. Es necesario que se reconozca la necesidad de legislar sobre esta materia, respecto de la cual, los profesores siempre han querido tener una normativa legal que los rija.

En 1978, se hizo una carrera docente. Nadie lo ha dicho. Puede haber sido imperfecta. Se terminó en 1981.

Los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente votaremos en términos generales para legislar sobre la materia. Pero es importante, vuelvo a repetirlo, señor Presidente, porque Su Señoría estuvo allí, dejar constancia de que, en Concepción, el Colegio de Profesores Regional rechazó este proyecto. Todos los parlamentarios que allí estuvimos, de Oposición y de Gobierno, hicimos presente que era necesario mejorarlo y no rechazarlo. Es importante que estas cosas las sepa el país y también la Honorable Cámara.

Señor Presidente, queremos mejorar el proyecto, junto con todos los parlamentarios de la Cámara. Para eso es preciso dar a conocer aquí, en forma mínima, cuáles son los argumentos que califican el proyecto de insuficiente. Como se encuentra presente el Ministro del ramo en representación del Ejecutivo, aprovecho para preguntarle ¿qué solidez tendrá una acusación contra un docente sin respaldo suficiente, salvo el de un anónimo? Está claro para la Honorable Cámara lo que ocurre con los anónimos. ¿Es o no es una forma encubierta de exoneración la idea del proyecto de llamar a concurso a todos los directivos docentes? ¿No sería, entonces, de justicia llamar a todos los cargos de planta a concurso público? Francamente, me parece una forma eficaz de entorpecer la calidad educativa, toda vez que una norma seria consistiría en llamar a concurso cuando se produce la vacante.

Hay otras preguntas que surgen de inmediato: ¿Qué ocurrirá en los casos en que no se gane el concurso?

Es cierto que este proyecto, como lo dijo el señor Ministro, no supera el problema de regionalización, pero es necesario que definamos claramente si estamos por un sistema descentralizado, el que, con un mejoramiento sustancial en la subvención, sería realmente mucho más eficaz que un viejo, deteriorado y anquilosado estado docente, como más de alguno trata de revivir. La dinámica social muestra que en la mayoría de los países desarrollados el concepto de nación docente es a un nivel de relaciones que permite que la toma de decisiones esté estrechamente vinculada al problema.

Es posible que algunos deseen volver a la época en que para proveer un cargo de profesor había que esperar seis, ocho o más meses.

Es absolutamente necesario que se entienda que el profesorado no verá mejorada su situación, en tanto el Ejecutivo no. eleve el subsidio que corresponde recibir en cada municipio por los niños en edad escolar.,

Por ello, nuestra bancada insistirá cuántas veces sea necesario en este planteamiento.

Finalmente, deseo sumar el apoyo de la UDI a este proyecto, como idea de legislar, sin perjuicio de las indicaciones que haremos llegar para la discusión en particular.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, Su Señoría ha hecho una afirmación que quiero precisar.

El señor ULLOA.-

Encantado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señores Diputados, varios parlamentarios de la Octava Región asistimos a un consejo de profesores donde se formularon críticas muy duras al Estatuto Docente, principalmente de parte de los profesores comunistas y de la UDI. No sola-mente de ellos, pero sí principalmente.

En esa reunión, no se tomó ninguna decisión al respecto. Sólo se formularon críticas. Hubo muchas intervenciones, y soy testigo de que el Diputado señor Ulloa no se sumó a esas críticas con el fervor que lo hicieron en cambio, algunos profesores de su propia bancada, junto con los del Partido Comunista.

El señor ESCALONA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, quiero recordar que ayer, por iniciativa del Gobierno de la República, se conmemoró el día de los derechos humanos. Traigo a recuerdo este hecho, porque el proyecto que estamos discutiendo ahora no es solamente de modernización de la educación y de recuperación de la dignidad del Magisterio, sino que es una acción de reparación de derechos humanos conculcados durante el gobierno anterior, que es lo que el Diputado señor Ulloa no ha recordado en su intervención. Durante todo este período no existió Parlamento, ni Cámara, ni Senado que pudieran analizar un proyecto de estas características. Lo que en realidad hubo fue una acción sistemática de desarticulación del sistema nacional de educación, fruto del esfuerzo nacional de varias décadas.

No se puede "tapar el sol con un dedo". Aquí estamos efectivamente ante una iniciativa legal del Gobierno democrático, que representa un sustantivo avance respecto del sistema de educación vigente y de la situación actual del Magisterio.

Sin lugar a dudas, no se resolverán todos los problemas materiales y económicos del Magisterio, con el Estatuto Docente, pero sí se dará un gran paso adelante en comparación con la situación actual de privatización de la educación, que no corresponde al concepto de nación docente -como dijo el Diputado Ulloa -, sino que de "negocio docente", lo que es completamente distinto, porque la ideología ultraliberal ha tratado de transformar la formación de las nuevas y jóvenes generaciones en un afán de lucro. Y si existe algún hecho que refleje la aplicación a ultranza de esa ideología neoliberal en la vida del país, es, precisamente, la conversión de la educación chilena en un simple negocio. Y es aquí donde se refleja realmente lo que se trató de hacer con Chile: simplemente, llevar el afán de lucro hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que se comienza a dejar atrás con esta iniciativa legal. Aquí se inicia la reconstrucción de derechos que fueron arrancados de raíz; se empiezan a rehacer conquistas que fueron pisoteadas durante largos años; se comienza a recomponer la responsabilidad de la nación en el sistema educacional; y se empieza a dejar atrás la "cultura del afán de lucro", la ideología del "negocio docente".

Por eso es un grave error el que cometen algunos parlamentarios del propio gobierno democrático, al abstenerse en esta votación, porque, en realidad, aquí iniciamos un largo proceso de reconstrucción de la educación del país, y los que confiamos en la democracia, que hemos luchado por ella y queremos reconstruirla en este país, debemos concurrir a este esfuerzo de reconstrucción de la educación nacional, en cuanto ésta forma parte del gran proceso de reconstrucción de la democracia en Chile.

En consecuencia, es valorable en esto que "no se puede tapar con un dedo", reconocer la propia votación de Renovación Nacional y de la UDI, en cuanto también suscriben la idea de legislar, porque no se puede omitir esta realidad, que es la desarticulación del sistema educacional del país; y con ese paso, con esa votación positiva, con la concordancia con la idea de legislar, también se está diciendo aquí que debe rehacerse la educación del país, que es la gran tarea que se comienza con esta iniciativa del gobierno democrático.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Horvath.

El señor HORVATH.- 

Señor Presidente, el Estatuto Docente se puede considerar como un aporte al mejoramiento del profesorado y de los mecanismos para el desarrollo de la calidad educacional. Por eso es bueno que nos encontremos debatiendo esta materia en el Congreso Nacional.

Sin duda, se trata de un cuerpo legal que deberá ser perfeccionado en el corto plazo, incluso, considerando la labor que ha efectuado la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en conjunto con el propio Ejecutivo.

No deseo agregar antecedentes similares a los ya señalados, acerca de la condición sacrificada y de la evidente vocación de servicio de los docentes chilenos, que requiere ser dignificada y considerada no sólo en los aspectos materiales que, sin duda, son apremiantes.

Los objetivos específicos de una sociedad deben ser, sin duda, múltiples y coherentes. En Latinoamérica tenemos el ejemplo de un sistema que ha privilegiado los objetos sociales de la educación y de la salud por sobre los otros, logrando un nivel por sobre el promedio de estos países, pero con un resultado global muy negativo e indeseable por los propios afectados.

En el mundo actual, prácticamente ninguna corriente ideológica política vigente niega la necesidad de una sociedad libre; sin embargo, entre las declaraciones, los hechos y las actitudes, a veces, existen notables diferencias. Es el caso, por ejemplo, de un discurso del presidente del Partido Socialista, señor Jorge Arrate, ante el profesorado afín a su partido, en el sentido de que "los profesores debían convertirse en activistas de la causa socialista". Señalo esto, a sabiendas de que, en su propio sector, no todos comparten este planteamiento. Y lo hago también con el propósito de resaltar que la esencia de una sociedad está en su libertad responsable, organizada en su diversidad, en el respeto mutuo y en el de sus valores, por sobre los consensos coyunturales.

En este sentido, es importante que el cuerpo legal del Estatuto Docente, de garantías de libertad, respeto y dignidad.

Por ello, nuestras indicaciones apuntan lo siguiente:

Primero, a minimizar la excesiva injerencia del Ministerio, a través de facultades discrecionales, que no tengan criterios objetivos y procedimientos transparentes.

Segundo, a asegurar la libertad de acceso a la educación en términos equitativos, según talentos, capacidad y voluntad de superación, por sobre otros factores de calificación social.

Tercero, a asegurar una carrera docente y un sistema de perfeccionamiento que considere la eficiencia, los aportes, la iniciativa, el esfuerzo individual y la vocación de servicio.

Cuarto, a obtener un mejoramiento efectivo de remuneraciones y una imponibilidad del 100 por ciento de los ingresos, en forma inmediata y no gradualmente como señala el proyecto.

Quinto, a definir un sistema jerárquico de los profesores, sobre la base de criterios estrictamente gremiales, profesionales y académicos. Las jefaturas de los departamentos de administración municipal deberán ser ejercidas por personal que reúna requisitos profesionales y académicos claramente aceptados por los docentes de la comuna y que no queden al arbitrio de una autoridad comunal de tumo.

Respecto de las direcciones provinciales de educación, debidamente descentralizadas, también se da el caso, ahora, de que muchos de los profesores son los "parientes pobres" de las municipalidades y el Ministerio los margina, mientras no se dé la parábola del hijo pródigo.

Específicamente, algunas de nuestras indicaciones de detalle apuntarán a perfeccionar las comisiones de ingreso a la carrera docente, como efectuar el sorteo entre quienes reúnan algunos requisitos mínimos, por sobre los que exige la vacante; definir en la ley las vacaciones de invierno y las del mes de la Patria; respetar a las personas que cumplan con los requisitos de los cargos que ocupan y sirven; garantizar la movilidad geográfica del profesorado, sin perder sus derechos, más allá de la exclusiva vía de las permutas.

Es conveniente, además, elaborar un estatuto o incluir también al personal paradocente, administrativo y auxiliar, en términos equitativos. Del mismo modo, será necesario estudiar un mecanismo legal y financiado, para que muchos docentes puedan optar por una jubilación digna, basada en años de servicios y no en la edad. Desde luego, estas materias son de iniciativa del Ejecutivo.

En resumen, se requiere de un estatuto más amplio, mejor definido y financiado; que no sólo se trate de obtener un mayor financiamiento sino que de utilizar, eficiente y equitativamente, estos recursos, y ello, justamente, se-garantiza con la libertad, el respeto y la creatividad de todos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Concha.

El señor CONCHA.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, es manifiesto que el sistema educacional chilenos presenta deficiencias muy graves que, justamente, trata de solucionar este Estatuto Docente, que, sin duda, no es perfecto, porque no hay obra humana que lo sea. Incluso, algunos pueden considerarlo excelente, pero otros -discrepando de aquella opinión- lo encontrarán pésimo.

Nos sentimos obligados a recordar que, durante 17 años, el sistema educacional chileno ha pasado por una serie de vicisitudes. Así, el presupuesto del Ministro de Educación, después de haber representado el 5,3 por ciento del producto geográfico bruto de la nación, en 1982, ha llegado a ser, solamente del 2,74 por ciento en 1990; es decir, en menos de ocho años, el financiamiento del Ministerio se redujo en un 50 por ciento. Esto, lógicamente, significó aumentar las deficiencias que recordaba.

El Estatuto Docente pretende solucionar eficientemente ese problema, porque empieza por dignificar la labor del docente. Esto es lo más importante que puede existir, porque la educación es, fundamentalmente, una obligación, no sólo del Estado, sino que de todos los chilenos. La comunidad requiere del esfuerzo común para solucionar sus problemas.

Muchos parlamentarios han dado su apoyo a esta idea, pero tienen muchas observaciones y han señalado que harán indicaciones para mejorarlo. Si así fuere, en buena hora.

El país agradecerá los esfuerzos por mejorar esta obra, que nos parece buena, pero, reconocemos, que no es perfecta.

La finalidad básica del estatuto en discusión es mejorar la condición del docente, lo que es sumamente importante, porque el maestro es el alma de cualquier sistema educacional.

El éxito de un sistema docente está precisamente en el profesor. Si éste no tiene las garantías ni los derechos necesarios para ejercer su labor con vocación, con sinceridad, indudablemente que ese sistema sería, simplemente, malo.

El proyecto dignifica al maestro y le exige capacidad y responsabilidad y le confiere autonomía. Pero también el maestro requiere retribución. Y ésta funciona según la capacidad y la medida con que el Estado es capaz de darla, y la otorga conforme a un parámetro adecuado a las posibilidades del momento.

No podemos olvidar que durante todos estos años ha sido menospreciado, tal vez -puede ser- como consecuencia del régimen autoritario que nos rigió, que veía en el desarrollo de la educación un peligro para el sistema, porque, lógicamente, una buena educación produce el desarrollo de la inteligencia y la búsqueda de nuevos y más amplios horizontes de libertad, sobre todas las cosas.

La libertad es un vicio intolerable para un régimen autoritario. Tal vez esté allí la deficiencia que hoy queremos subsanar, y que estamos logrando gracias al Estatuto, que permite la formación y el perfeccionamiento del profesor, como elemento fundamental; que señala sus derechos: reconoce el feriado, la estabilidad en el cargo, sobre todo; y le permite algo que ya he mencionado: la carrera docente. Y ésta no es la que estamos acostumbrados a ver en otro tipo de servicios, pero establece y otorga aquí de un modo muy claro y preciso, seguridad y estabilidad en el empleo a todos los docentes, y una justa remuneración que va acrecentándose, año a año, mediante asignaciones de antigüedad, de perfeccionamiento, las que, conjuntamente, van a llegar a ser del 140 por ciento, al cabo de 30 años.

Un sistema de esta naturaleza es el que nos permite mirar con tranquilidad hacia el futuro.

Sin duda alguna, como decía al principio, esto no es perfecto. La experiencia nos irá señalando sus deficiencias y nos irá indicando cuáles y de qué manera modificarlas, haciendo las correcciones necesarias o elementales, para que la dignidad del maestro sea básicamente la causa y el motor del sistema educacional chileno.

Ojalá volviéramos a encontramos con hombres como don Eliodoro Cereceda , rector del Internado Barros Arana, o don Rubén Galecio , rector del Liceo Valentín Letelier, que ocuparon esos cargos hasta edad avanzada, sacrificando su vida por esta vocación.

El Estatuto permite llegar a eso porque, como decía, el docente es el alma del sistema educacional chileno.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Recondo.

El señor RECONDO.-

Señor Presidente, nos enfrentamos hoy al estudio, en general, del Estatuto Docente. El tema de la educación en un país es de tal trascendencia que nos obliga a abordarlo con la mayor seriedad y a despojamos de cerrados ideologismos, que sólo distorsionan el debate enriquecedor.En concordancia con esta actitud es que debemos abordar este tema. Para nadie es un misterio, y así lo han apreciado recientes e ilustres visitantes extranjeros, que el Chile de hoy, no es el Chile de ayer.

No hay sector del país en que no se manifiesten importantes cambios, surgidos de las políticas implementadas en el Gobierno anterior, que nos han permitido dar el primer paso para salir del subdesarrollo.

Uno de los más importantes es el área relativa a la educación. Ella ha sido una tarea prioritaria de la nación, a lo largo de su historia. Desde los inicios de la Independencia, los gobernantes le dieron a la educación un gran impulso; quizás esto explica un desarrollo cultural ventajoso: la formación en Chile de prominentes intelectuales y científicos americanos, y las misiones de educadores que participaron en la organización de sistemas escolares de países hermanos.

Pero esta realidad, que tanto nos enorgullecía, se vio también alterada hace ya varias décadas. Un primer golpe fue el movimiento de reforma universitaria, iniciado en 1967, el cual se transformó, más que en un camino para perfeccionar su quehacer académico y alcanzar los más altos niveles de excelencia, en un instrumento para fines políticos.

En 1965, por ley de la República, se estableció que la instrucción obligatoria debía alcanzar a ocho años de estudios. Esta meta, sin duda beneficiosa y posible de lograr con el tiempo, mejorando así el nivel cultural de los chilenos, fue aplicada de inmediato, sin medir las consecuencias que ello traería, al no disponer ni del profesorado suficiente e idóneo, ni del número de establecimientos educacionales necesarios por la mayor cantidad de alumnos que continuarían el ciclo básico, como asimismo, los recursos financieros requeridos. El resultado de esta iniciativa, de por sí positiva, lamentablemente no produjo los objetivos esperados. Esta masificación repentina de la educación básica se tradujo en una disminución de la calidad educativa, que, a su vez, se proyectó en la educación media por la menor preparación del estudiante para continuar su aprendizaje a ese nivel.

Luego, con el advenimiento del Gobierno de la Unidad Popular, se trató de introducir la demagogia y la burocracia, inspiradas en una orientación marxista, en todos los sectores y niveles del sistema educacional, para transformarlo en un instrumento de poder hacia una determinada ideología política y, luego, utilizarla como plataforma en la lucha por el poder gubernativo.

La implantación del sistema de la Educación Nacional Unificada, la tristemente recordada ENU, que felizmente no prosperó gracias a la oposición de la gran mayoría ciudadana, especialmente de los sectores vinculados a la educación, como la Iglesia Católica y otras instituciones, tenía por objeto desnaturalizar la esencia misma de la libertad de enseñanza que garantizaba la Constitución Política y, por ende, la libertad integral del chileno.

Acentuando lo anterior, y como consecuencia lógica del exacerbado estatismo al que nos estaba llevando el sistema imperante, el Ministerio de Educación se transformó en una instancia hipertrofiada e ineficiente para sus objetivos primordiales, llegando a ser un ente administrativo con un sinnúmero de órganos carentes de coordinación entre sí, al mismo tiempo que cada uno de ellos dictaba normas sin que se visualizara un sistema coherente que se tradujera en una acción continuada de educación permanente, con metas alternativas para los diferentes niveles de enseñanza.

Es así como la educación formal tendía, principalmente, a que el estudiante, al término de su ciclo de enseñanza- aprendizaje, tuviera como fin su ingreso a la universidad, sin considerar su capacitación para la vida del trabajo al finalizar los niveles básicos y medios, según las capacidades y condiciones socioeconómicas del alumnado.

Por otra parte, la rigidez afectaba fundamentalmente los planes y programas de estudio. No existía mayor consideración con las características de los alumnos, con sus intereses ni con el lugar o la región donde estaban ubicados los establecimientos.

Del Ministerio de Educación dependían más de 7.000 establecimientos educacionales y cerca de 140.000 funcionarios, considerando docentes y administrativos. Esta centralización también afectaba a las Universidades, especialmente a las estatales.

El aspecto financiero presentaba una carencia importante de recursos. El crecimiento cuantitativo del sistema educacional durante la década deU60 no tuvo un incremento de medios financieros adecuados. Esto explica -en parte- las bajas remuneraciones que históricamente han tenido los profesores y el mal acondicionamiento que presentaba la mayoría de nuestros establecimientos educacionales.

En 1970, un 93 por ciento de la población, entre 6 y 11 años, estaba matriculada en la enseñanza básica. Pero más del 40 por ciento no terminaba la educación. La deserción escolar es fuente de graves problemas sociales, ya que afecta la igualdad de oportunidades. Una persona que egresa sólo sabiendo leer y escribir, o en situación de semianalfabetismo, tendrá muchas puertas cerradas en el futuro. Sus posibilidades de integración al desarrollo cultural y económico del país, serán limitadas. Se constituye en un posible candidato a la marginalidad y a seguir alimentando el círculo de la pobreza.

Por eso, el problema de la deserción escolar es el más grave que puede afectar al sistema educacional. Su solución siempre requiere de algún tiempo y de la participación de diversos sectores en forma simultánea. A esta tarea se abocó el Gobierno anterior.

La primera prioridad se orientó a combatir la situación más grave: la deserción escolar. Este problema se atacó desde varios frentes. Una fórmula fue mediante la extensión de la atención preescolar, especialmente a los niños pertenecientes a sectores de extrema pobreza, otorgando atención integral. Esto es, educación, alimentación y salud.

Otra en el sector salud, para abordar la atención prioritaria de los recién nacidos, ha implicado una enorme disminución de la mortalidad infantil, y ha contribuido a que el niño que entra a la educación básica no traiga las carencias que le disminuyan su capacidad de aprendizaje. Se trata de eliminar a los potenciales desertores por causas ajenas al sistema educacional.

El efecto de esta política se nota hoy, claramente, con el mejoramiento de la retención en los primeros años de la educación básica.

La cobertura de matrículas en el nivel básico aumentó al 100 por ciento, especialmente con la construcción de escuelas e internados en sectores rurales alejados. Había que alcanzar estas metas indispensables para conseguir la tan anhelada igualdad de oportunidades.

Otro de los cambios fundamentales que implicó la modernización educacional, es la prestación del servicio educativo. El antiguo sistema centralizador y estatizante, que reprimió la libertad personal y la iniciativa individual, fue reemplazado por un nuevo y moderno esquema, basado en la persona humana y sus ilimitadas capacidades para crear, crecer y avanzar.

El Ministerio de Educación administraba un 80 por ciento del sistema. Un 12 por ciento del servicio era otorgado por establecimientos particulares subvencionados, y el 8 por ciento restante, por colegios particulares pagados.

Lo anterior transformó al Ministerio en un ente burocrático, dedicado exclusivamente a la administración de los establecimientos y de su numeroso personal, dejando un poco de lado la tarea técnico-pedagógica que le corresponde como órgano normativo de la educación nacional. Digamos que los problemas propios de la administración no dejaban tiempo para los relativos a la calidad de la educación.

Uno de los pilares en que se sustenta la nueva institucionalidad alcanzada en el Gobierno anterior, es la mayor participación que le corresponde a la comunidad, especialmente en todo aquello que le afecta en forma más directa.

A pocos campos le afectan tanto como al de la educación.

Hoy, cuando tanto se habla de la participación, parecen olvidarse estos grandes avances que poco se reconocen. Como la institución más adecuada para que la comunidad pueda participar es el municipio, se procedió a traspasar la administración educacional a las municipalidades. Es necesario tener presente la estrecha relación que existe entre el sistema de educación municipal y la posibilidad de un plan variable en la enseñanza, el que puede renovarse o sustituirse de acuerdo con los intereses de la comunidad, con la planificación local y con los recursos humanos, materiales y de infraestructura factibles de obtener.

Esta posibilidad abrió enormes perspectivas a la educación en las diferentes regiones del país. La cercanía del municipio al establecimiento educacional permite la solución rápida y práctica de un sinnúmero de problemas que, tradicionalmente, afectaba a los establecimientos y que antes requería de meses para ser solucionados.

La agilidad del sistema, comparada con la burocracia anterior, es sin duda, una de las primeras virtudes que se han comprobado. En el convencimiento del rol subsidiario del Estado, se favoreció la creación de escuelas particulares subvencionadas. Este impulso está en armonía con las normas aprobadas en la Constitución, especialmente las relativas a la libertad de enseñanza y al derecho a la educación.

Se estableció un sistema expedito para la creación de establecimientos. Como se dirigió la educación más hacia el mundo del trabajo, mediante la formación técnico-profesional, se relacionó en forma estrecha con las actividades productivas afines, a través de la participación de dichos sectores en la administración de los establecimientos. Este rumbo abre enormes perspectivas de desarrollo. Su consolidación debe ser prioritaria, pues queda mucho por hacer en este campo. Estamos seguros de que es una eficiente vía para que los alumnos salgan capacitados en distintas áreas de la producción y para que accedan al trabajo con mayor calificación y mejores posibilidades de contratación.

Estos son avances innegables en el campo de la educación. A través de ellos se ha logrado el primer paso: el ciento por ciento de cobertura en la educación básica. Así, Estado y particulares, abordando ambos sus campos específicos y colaborando en conjunto, pudieron llegar a ese resultado.

Para que los países avancen sólidamente, las etapas deben abordarse con cuidado y secuencialmente. El primer paso está dado, ahora hay que dar el siguiente: el profesorado, al que estamos hoy abocados. Mejorar sus remuneraciones, darles el justo sitial en la sociedad y cautelar sus intereses es ahora la meta.

Pero no debemos olvidar lo ya conseguido. No podemos, ni debemos ni aceptaremos que la descentralización ni la iniciativa privada se vean disminuidas, ya que han demostrado, salvo fracasos excepcionales, susceptibles de corregir, que son eficientes para entregar educación a nuestros hijos y para liberar al Ministerio de Educación de tareas que sólo le distraen recursos de sus responsabilidades indelegables, cuales son la función ñor- mativa y supervisora de la educación nacional.

Surge, entonces, la necesidad, que entendemos, favorecemos y patrocinamos, de hacer un Estatuto Docente. Este ha sido un gran anhelo de los profesores del país. También fue una bandera de lucha en las últimas elecciones. Todos fuimos testigos de la demagogia utilizada y aquí está el resultado. Inmediatamente brotan algunas preguntas al respecto. ¿Fueron consultadas las bases con relación a la proposición del Gobierno? ¿O estamos viendo, una vez más, aquella añeja y nefasta política de las decisiones cupulares? Decididamente, no.

Todos los aquí presentes hemos tomado contacto con los profesores de nuestros distritos y ha sido generalizado el malestar demostrado, pues ellos no tuvieron conocimiento alguno del proyecto presentado por el Gobierno en esta Cámara.

Si se cree en la iniciativa privada y en el rol subsidiario del Estado, como tanto han repetido en el extranjero los propios funcionarios del Gobierno. ¿Qué sucede con los establecimientos particulares subvencionados? ¿Por qué normas distintas si el financiamiento es igualmente esta-tal? ¿Es que se cuestiona la idoneidad de los actuales directores de establecimientos educacionales, a tal punto de requerir su renuncia para llamar a concurso público?

¿No sería mejor que, una vez producida la vacante, por el motivo que fuere, en ese momento procediera a seguir el sistema propuesto? ¿Es eso dignificar a los profesores? ¿O los actuales directores no merecen tal consideración? ¿Qué mente tan equivocada puede siquiera pensar que todos los directores actuales fueron políticamente seleccionados o no tienen idoneidad para ejercer el cargo? ¿Se cree realmente en la descentralización y en el poder de la base social que se da en los municipios? ¿O es sólo declaración de buenas intenciones? Si es así, ¿por qué tantas atribuciones al Consejo Provincial?

La educación del país y, en forma especial, los involucrados directamente en ella, como son los alumnos y docentes, nos exigen el máximo de creatividad para no retroceder, sino avanzar en búsqueda de una igualdad de oportunidades para todos.

Hago un llamado a los Honorables colegas de la Concertación, para que valoren lo ya realizado y cuenten con nosotros, los Diputados de la UDI, con nuestro voto favorable a la idea de legislar y así profundizar y buscar soluciones reales, sin demagogia ni alejados de las disponibilidades del país, ni a espaldas de los signos de los tiempos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, nos vamos a pronunciar derechamente por aprobar, en general, el Estatuto Docente, no porque nos satisfaga plenamente, sino porque simplemente significa un paso fundamental en este largo proceso de reconstruir la dignidad de los profesores de Chile.

Qué lejos estamos de aquellos largos años en que los profesores fueron la carne de cañón del gobierno autoritario. Lo que voy a decir, señor Presidente, no es para molestar ni ofender a nadie, sino para señalar los pasos que ha ido conquistando el profesorado chileno, en su lucha por su justa reivindicación.

Qué lejos estamos, por ejemplo, de aquellas directivas que el Señor Presidente de la República de aquel entonces, daba al Ministro de Educación un día 6 de marzo de 1979, en que establecía que en la carrera docente los profesores gozarían de un premio nacional de educación, becas en el extranjero, cursos de perfeccionamiento, facilidades de turismo y viajes de estudio, ingreso a la carrera diplomática como agregados culturales. Se decía: la carrera docente será perfeccionada a través del Colegio de Profesores, para lo cual hay plazos hasta el mes de junio. La dictadura manejó a su amaño a ese Colegio de Profesores hasta el año 1986.

Qué lejos estamos dé cuando las directivas presidenciales decían, por ejemplo, que abrimos el camino para el enaltecimiento social del Magisterio con la creación del Colegio de Profesores; sentamos la base para una tarea concertada de progreso educacional, como la que hoy iniciamos estableciendo la carrera docente, la cual fue pan para hoy y hambre para mañana.

Qué lejos estamos de cuando en las directrices se hablaba de que la planificación nacional en educación, respetaría la libertad religiosa, de pensamiento y técnico-pedagógica; pero, escúchese bien, en el solo, pero estricto marco de la declaración de principios del Gobierno de Chile y del objetivo nacional.

Qué lejos estamos cuando se decía que todo el sistema educacional estaría guiado por el humanismo cristiano, que se expresa en la declaración de principios de la Junta de Gobierno de Chile y en los objetivos nacionales.

Hoy existe consenso nacional sobre el deterioro de la educación, imposición autoritaria de las políticas educativas durante el régimen de fuerza, menoscabo de la dignidad del profesor, bajos salarios, inseguridad profesional, arbitrariedad de los alcaldes y funcionarios sin ningún control social; fracaso de la alcaldización en lo técnico, en lo pedagógico, en lo financiero y en lo administrativo; repliegue del Estado en el campo educativo, hasta no cumplir este deber fundamental de ser responsable del proceso educativo; procesos de exoneración que no han tenido parangón en las historia de Chile, campaña de desincentivación de la actividad pedagógica, denuncia de exceso de profesores, cosa que no había conocido la historia de profesorado chileno; carencia absoluta de participación, Colegio de Profesores manipulado, bajo nivel de implementación tecnológica, falta de recursos humanos.

El SIMCE, Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, y el PEV, Programa de Evaluación del Rendimiento Escolar, fueron desnudando la realidad de nuestra propia educación. De nada valieron las directivas presidenciales, las cuales hoy no son otra cosa que palabras que se lanzaron al viento desde la fortaleza del poder.

Lo anterior produjo, como dijo el propio Presidente del Colegio de Profesores: "Una sequía cultural abismante para buscar nuevos contenidos, nuevas metodologías, nuevos objetivos para el sistema educacional. La depreciación del trabajo docente ha contribuido al deterioro de nuestra educación".

Frente a esta realidad que se heredó, hoy no nos queda otra cosa que valorar el significado del Estatuto Docente en la carrera de dignificación del Magisterio nacional. Por eso, nadie se ha opuesto al Estatuto Docente, porque estamos convencidos de que es un paso fundamental en el camino que tenemos que seguir construyendo junto con los actores de la educación que son los profesores.

Estos actores del desarrollo de la educación son los verdaderos participantes que debe considerar hoy día el Estatuto Docente que estamos estudiando, para encontrar una real dignificación de la profesión docente y un mejoramiento cualitativo del servicio educacional.

Por eso, decimos que hoy la primera tarea es la promulgación del estatuto nacional de la carrera docente. El sentido de un estatuto es el reconocimiento del carácter profesional de la docencia, normativa legal que proteja y regule la función del educador.

Requerimos el Estatuto Docente para cautelar el principio de la estabilidad laboral, que cubra a todos los profesionales de la docencia en todos los niveles que integran el sistema escolar. Se trata de organizar la vida profesional del Magisterio desde su ingreso hasta su jubilación, cautelando la existencia de una carrera docente-profesional, cuya movilidad y promoción esté ligada al mérito académico, al perfeccionamiento docente que reconozca la excelencia profesional y, a partir de ella, se estructure un sistema nacional de remuneraciones que termine con la anarquía del deterioro de los salarios.

Algunos han dicho que este importante avance en la vida y desarrollo del Magisterio nacional, no significaría una verdadera carrera, un paso significativo en las materias que estamos abordando.

Quiero recoger los aspectos fundamentales que el Estatuto entrega a los profesores de hoy día.

Fija el ámbito de aplicación del Estatuto Docente, establece quienes son profesionales de la educación y quienes pueden ejercer la docencia; contiene las materias que el mismo Estatuto norma; determina las funciones de los profesores, de los profesionales de la educación; define las diversas funciones docentes, precisa como requisito la educación superior para ejercer la docencia; fija las áreas fundamentales que debe involucrar el sistema de formación de profesores; enumera los requisitos para ejercer la docencia; crea el derecho a acceder al perfeccionamiento profesional; asegura la calidad del perfeccionamiento profesional a través del Centro de Perfeccionamiento del Magisterio.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor Diputado.

El señor CARRASCO.-

En definitiva, establece las condiciones fundamentales para que los profesores puedan seguir avanzando en la dignificación de su propia carrera y en el proceso de construir una nueva educación para Chile. Por eso, sin perjuicio de que continuemos buscando la dignidad de los profesores, apoyamos el Estatuto Docente porque creemos que es la única forma seria de consolidar un sistema educacional responsable.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Dionisio Faulbaunú.

El señor FAULBAUM.-

Señor Presidente, sin duda, el hecho de que se promueva un estatuto regulador de la función docente constituye un atesorado anhelo de los maestros chilenos.

Sí, señor Presidente. Después de muchos años de luchas e incomprensiones, y hasta ignorancia de los sectores que ostentaban el poder, hoy, junto a la democracia, se vislumbra la posibilidad de contar con un cuerpo legal que deberá favorecer la dignificación social, profesional y económica del Magisterio, con una preocupación final, que no es otra que una educación adecuada para los jóvenes que en su momento construirán el futuro de nuestra Nación.

Sabida es la preocupación de nosotros, los radicales, por este tema. Y no puede ser de otra manera, porque hemos aprendido que la educación, como hecho social que es, derivada de la existencia misma de la sociedad, se identifica con el esfuerzo de todo organismo social por perseverar en su esencia mediante la renovación de su propia vida.

En efecto, la educación es la que permite que el tipo de existencia y la fisonomía cultural de la comunidad, un sistema de principios, una imagen del hombre y una escala de valores, se reproduzcan y prolonguen en la materia plástica de las generaciones nuevas, como señalara el preclaro educador don Roberto Munizaga.

Así, entonces, nuestra particular preocupación por el tema de la educación, en ningún caso se podría relacionar con provechos pasajeros que pudiesen lograrse, al defender una actividad relevante de quehacer nacional en vista de respuestas electorales.

Nuestra preocupación se relaciona con la convicción del deber de reconocer la educación como el más alto de los intereses sociales, en tanto en ella va el destino y la existencia de la Nación toda.

Con estas cortas consideraciones, quisiera aprovechar la oportunidad para apuntar al fondo del problema de la educación.,

En primer lugar, se puede convenir que hay educación cada vez que hay recepción de experiencia, sin perjuicio de la elaboración y creación del receptor.

Se conviene también que la educación puede ser dividida en dos grandes campos o ámbitos, llamados de la educación formal y de la educación refleja.

El ámbito de la educación refleja es enorme y extraordinariamente señero en sus primeras experiencias. El primer núcleo de la formación es la familia, a la que se suman las amistades, el club, el sindicato, el taller, la asociación, el partido político, la iglesia, los medios de comunicación social y muchos más.

En cambio, la educación formal tiene su expresión en la escuela; es- decir, en toda forma sistemática y organizada de enseñanza.

La realidad demuestra que la educación refleja tiende a la disgregación de la sociedad, por cuanto las experiencias en la familia, el club, el partido político, etcétera, tienden a ser marcadamente diferentes para los distintos sectores de la sociedad, y frente a esta realidad, es indispensable encontrar elementos aglutinantes que quiebren las fuerzas de la disgregación y permitan la indispensable cohesión nacional. Creemos que la posibilidad de crear esta cohesión nacional será a través de una educación formal, común y nacional. Aceptando esto, se hace necesario que un ente posibilite, impulse y cultive este tipo de educación común; un organismo al cual la Nación toda está sometida, un organismo que está para servir a la Nación y que se integra por todos y cada uno de sus componentes, cuya razón última de ser y su finalidad es el bien común. Creemos que el único ente de la sociedad que posee estas características es el Esta-do. Ni un partido político, clase o estrato socioeconómico, ni una iglesia, pueden asumir la responsabilidad de la educación nacional.

La característica de cada uno de estos entes es ser parciales, de sector; representan un interés específico que puede ser legítimo, pero no pueden asumir ni aspirar a una educación globalizante. De esta suerte, la educación nacional es una función propia, necesaria e indelegable del Estado. Siendo estos conceptos tan antiguos y permanentes como el pensamiento humano sistemático, y estando incluso, integrados a los pensamientos libertarios e independentistas, que fueron la base cultural de nuestra formación nacional, lo que explica que por 150 años fue consagrado en los textos constitucionales, sin embargo, desaparecen bajo el alero del Gobierno de la dictadura. Revivir la cuestión no es una remembranza anacrónica, ^ino recoger un principio que ha estado siempre presente y ligado al ser mismo de la república. Creemos en una educación nacional, donde se encuentren los hijos de todos los miembros de la sociedad, y en donde este encuentro sirva para que estos hijos se conozcan, intercambien experiencias y reciban una educación común. ¿Por qué educar haciendo separaciones odiosas, desde los primeros pasos de los hijos de nuestra Nación? ¿Por qué ahondamos las diferencias sociales, políticas e incluso religiosas, promoviendo la desintegración de nuestra Nación? Hoy día, el panorama es triste. La educación pública, la educación para todos, está siendo la educación empobrecida, mientras paralelamente se desarrolla una educación de élite, sólo para algunos. Y lo que es más curioso, esta última educación, financiada con el esfuerzo de toda la Nación. En otras palabras, la Nación toda está entregando, a mi juicio, su aporte económico para mantener y cultivar la desintegración paulatina de nuestra sociedad. Por estas razones, los radicales enarbolamos hoy nuevamente las banderas del estado docente, porque sólo de esta forma haremos una educación que permitirá construir una sociedad solidaria, que se abra espacio al desarrollo en forma integral.

Hoy día, que se está discutiendo en la Cámara el estatuto regulador de la función docente, no podría dejar pasar la oportunidad para referirme al amplio tema de la educación, de modo de sustentar mi voto en el hemiciclo. A partir de lo anterior, siento la obligación de señalar que el problema de fondo, que se relaciona directamente con la dependencia de la educación, continúa pendiente. Mantener esta situación de incerteza, a mi juicio, es peligroso, y sumo a lo anterior que considero prioritario su tratamiento y debate como intento previo para mejorar la educación chilena. Por lo mismo, que se analice la cuestión específica del Estatuto Docente sin ver el problema de fondo, lo graficaría como intentar construir un edificio a partir de los pisos superiores. En todo caso, mantengo la esperanza de que el edificio deteriorado de la educación aún tenga fuerzas suficientes para sostenerse. Por las razones antes descritas y dado que el Estatuto Docente no está llamado a resolver el problema de fondo -a mi juicio, consolida el sistema de educación municipalizada que nos llevará a tener escuelas y liceos donde, de acuerdo al criterio edificio, se siembren en forma prematura ideologismos que coartarán el ejercicio oportuno de la libertad de elegir-, no creo que estén dadas las condiciones para votar favorablemente el proyecto y, por lo tanto, me sumaré al voto de abstención de los demás Diputados radicales.

Sin embargo, como última consideración, debo decir, en honor a la verdad, que uno de los Diputados del Partido Radical, el señor Devaud , que no tuvo oportunidad de hacer uso de la palabra para fundamentar su votación, votará favorablemente esté Estatuto Docente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Tohá.

El señor TOHA.-

Señor Presidente, al discutir hoy el Estatuto Docente en el Congreso Nacional, palpamos otro signo del nuevo tiempo que vive nuestra Nación.

Fueron muchos los años en que los profesores y profesoras de nuestro país esperaban y demandaban un Estatuto que se generara democráticamente, que dignificara su profesión y que, a la vez, permitiera mejorar la calidad de la educación. Hoy, después de muchos años, este Parlamento debate las normas que regulan la labor de los profesores. Durante el Gobierno anterior, no hubo participación de los profesores en la generación de sus propias normas. El solo hecho de que estemos discutiendo hoy este cuerpo legal, constituye una circunstancia que dignifica la labor del profesorado y pone esa profesión en el nivel que le corresponde: en el centro del debate nacional.

Son muchos los homenajes que se le han rendido al profesorado, y muchos los discursos y alabanzas. Sin embargo, ellos esperan una respuesta a sus necesidades profesionales, como personas que necesitan un sustento económico digno, como maestros que tienen una función que va más allá del repetir y transmitir conocimientos, como grupo social que tiene un papel que jugar en el desarrollo económico, social y cultural del país.

No aspiramos a que esta intervención sea un homenaje, el que sin duda sería muy merecido, sino una declaración de compromiso, en este * debate legislativo, con el conjunto del profesorado, para buscar las formas más adecuadas en respuesta a sus demandas. Valoramos positivamente los contenidos del Estatuto Docente que nos propone el señor Presidente de la República, el que encierra varias ideas centrales que tienden a lograr una educación de calidad y equitativa, al propender a hacer desaparecer las grandes diferencias actuales que perjudican a los sectores más modestos.

Esta iniciativa también persigue consolidar un sistema educacional que valorice la descentralización, al permitir cauces de participación real y efectiva. En este sentido, nos parece especialmente relevante el párrafo tercero del título II que se refiere a este importante aspecto y que junto con otras disposiciones, tiende a mejorar las condiciones de trabajo, las remuneraciones y la dignificación de la profesión docente.

Es así como permite considerar al profesor como un profesional que debe hacer aportes al proceso educativo, a quien debe respetársele su autonomía en el ejercicio de su alta función.

En el ámbito laboral, es de gran importancia el establecimiento de la carrera docente, en virtud de la cual los profesores, salvo los del sector particular, salen del ámbito del Código del Trabajo y tienen su propia regulación de ingresos, de egresos, de derechos, de obligaciones y de condiciones de trabajo.

Especialmente relevante nos parece la serie de asignaciones que se establecen, las que permiten no sólo mejorar el ingreso de estos profesionales, sino que reconocer su experiencia y promover su perfeccionamiento.

Para los distritos en que hay un gran número de comunas rurales y altos índices de pobreza, es muy trascendente la asignación por el desempeño en condiciones difíciles, ya que permitirá mejorar la calidad de la enseñanza y motivar a que muchos profesores opten por servir en estas localidades marginadas.

Entendemos que vivimos un proceso en el cual es necesario cumplir etapas.

Por esto, apoyamos tan importante proyecto para el país y para los profesores.

Si se han formulado algunas críticas, ellas podrán ser consideradas y discutidas con posterioridad, para así ir perfeccionando esta legislación en las sucesivas etapas del desarrollo social y económico del país y de nuestra institucionalidad democrática.

El Ejecutivo, al enviar este proyecto al Parlamento, busca hacer justicia a este sector tan importante como postergado de nuestra sociedad. Nuestra bancada, al darle su aprobación, busca retribuir al aporte valioso y abnegado de los profesores en la educación y en la formación de los niños y de los jóvenes de nuestra patria.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Caminondo.

El señor CAMINONDO.-

Los parlamentarios de Renovación Nacional, deseamos lograr a la mayor brevedad la dictación de un Estatuto regulador de la función docente, que constituye un anhelo y legítima aspiración del profesorado chileno. Por ello votaremos favorablemente la idea de legislar sobre el proyecto de Estatuto Docente. Sin embargo, el proyecto no satisface las aspiraciones del profesorado y es negativo en varios aspectos, por lo que hemos presentado di-versas indicaciones orientadas a perfeccionarlo.

Consideramos necesario, en el inicio del trámite legislativo de este proyecto, dar a conocer a esta Honorable Cámara, y particularmente al Magisterio Nacional, la posición nuestra sobre algunos aspectos relevantes.

1°. Nos opondremos a diversos artículos en los cuales a través del proyecto se le da una excesiva injerencia al Ministerio de Educación en diversas materias, especialmente, a través de los departamentos provinciales de Educación.

22. Estamos convencidos de que es de suma importancia que al interior del sistema educacional chileno exista una carrera docente, que reconozca los méritos de los profesionales de la educación y que a la vez los motive a un mayor perfeccionamiento.

En el proyecto del Gobierno no se contempla una auténtica carrera docente, especialmente en el caso de los profesores del sector municipal. No se considera adecuadamente la eficiencia, los aportes, la iniciativa y el esfuerzo individual. Más aún, se establece un piso de remuneraciones que limitará seriamente el desarrollo y las posibilidades de optar a mejores remuneraciones.

El mejoramiento de remuneraciones del proyecto induce a engaño, pues parece recoger el anhelo del profesorado al fijar una remuneración básica mínima nacional a la que tendrán derecho los profesionales de la educación, pero ésta no alcanza a cubrir el valor promedio mensual que hoy existe. En efecto, dicho proyecto propone un valor hora de $ 1.900 y $ 2.000 para la educación básica y media, respectivamente, en circunstancias de que el valor promedio actual es mayor que el propuesto.

Lo anterior motivó a los Diputados de Renovación Nacional a solicitar al Ministerio de Educación el reestudio de estos valores con el fin de aumentarlos.

Agregado a lo anterior, consideramos que el valor mínimo de la hora cronológica debe fijarse en un porcentaje de la Unidad de Subvención Educacional, a fin de asegurar un sistema de reajustabilidad para todos los profesores, tanto municipales como de educación particular subvencionada.

Los recursos que el Gobierno ha dispuesto para financiar el mayor gasto que implica el Estatuto, se entregarán por vía de las subvenciones. Nos preocupa que hasta la fecha el Gobierno no haya presentado el proyecto de aumento de las subvenciones qué prometió después de dar a conocer el proyecto del Estatuto Docente. En la Ley de Presupuestos sólo se contemplan los reajustes normales de las subvenciones como consecuencia del aumento del I.P.C.; lo que actualmente es insuficiente, aun sin considerar los mayores gastos contemplados en el Estatuto Docente.

Con respecto a la situación previsional, nos parece adecuado que el proyecto recoja la inquietud planteada, tanto por la Cámara de Diputados como por el profesorado, respecto a establecerla imponibilidad del 100% de la remuneración. Sin embargo, creemos con igual fuerza que el Gobierno debe realizar el esfuerzo económico necesario para que dicha medida se aplique en forma inmediata, una vez que tenga vigencia la ley, en forma gradual hasta 1995, como lo expresa el proyecto.

Si bien es cierto que el Gobierno contempla en su normativa el derecho a perfeccionamiento que tienen los profesores, éste, lamentablemente, no pasa de ser una hermosa declaración romántica, que no se hará efectiva mientras no existan recursos disponibles. En gobiernos anteriores existieron iguales declaraciones de buenas intenciones, las que nunca se concretaron precisamente por falta de recursos. Por esto, estimamos que este derecho debe quedar reflejado en un porcentaje de la unidad de subvención, con el objeto de asegurar a los maestros su perfeccionamiento y actualización permanentes.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Rodríguez, don Alfonso.

El señor RODRIGUEZ (don Alfonso).-

E1 Estatuto Docente, de acuerdo con lo señalado en el mensaje, busca incentivar la equidad en la educación mediante la normativa de diferentes requisitos, deberes, obligaciones y derechos de carácter profesional de los docentes que presten servicios en los establecimientos de carácter municipal o particular reconocida.

Sin embargo, el proyecto no establece una carrera docente con escalafones y ascensos. El aumento de las rentas es a través de asignaciones especiales, que incrementa la renta mínima nacional, de experiencia, perfeccionamiento, desempeño difícil y de responsabilidad.

El proyecto no incentiva la creatividad ni tampoco el desempeño funcionario.

Con este Estatuto Docente se favorecerán los docentes recién ingresados al sistema educacional municipalizado o particular reconocido, dejando fraguadas las expectativas económicas a los profesores con más años de servicios, debido a que cualquier diferencia producida de la operación aritmética, al multiplicar las 44 horas, cronológicas por el valor asignado en dicho Estatuto, le garantiza un sueldo base por la suma de $ 88.000 mensuales, y el resto de sus actuales sueldos será imputable a las asignaciones anteriormente descritas.

Además, como si esto fuese poco, en el artículo 32 transitorio se pretende hacer una gran barrida nacional de los actuales Directores de Escuelas, llamando a concurso de todos los cargos directivos docentes.

Esta disposición va a perjudicar a los actuales Directores designados por los respectivos municipios después "y antes" del traspaso, dejando de manifiesto que ésta será la primera etapa para ubicar en los cargos a personas políticamente comprometidas con el actual régimen.

Renovación Nacional, rechaza esta maniobra de persecución política. Por lo tanto, votaremos en contra de este artículo, cuando corresponda la discusión particular del proyecto.

Finalmente, hecho este alcance, reconocemos la importancia de la existencia de este Estatuto para la educación nacional, que, aun siendo perfectible, viene a responder un sentido anhelo del profesorado chileno y a perfeccionar el sistema de educación descentralizado instaurado por el régimen anterior. Tengo confianza en que las distintas bancadas parlamentarias, como asimismo el gobierno, reestudiará, en un futuro próximo, nuevas medidas que mejoren sustancialmente los alcances anteriormente planteados.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Kuschel.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente, deseo agregar a lo expresado por los Diputados de Renovación Nacional, el antecedente de que para el próximo año la Ley de Presupuestos no le entrega ninguna prioridad a la enseñanza prebásica, básica y media, beneficiándose, eso sí, en una proporción relativa muy importante a la educación universitaria.

Queremos que en el futuro, la enseñanza prebásica, básica y media se considere desde el Gobierno en igual o superior medida que la profesional y universitaria.

Por ahora, en términos generales, el costo total estimado del Estatuto Docente es de $ 10.525; $ 15.776; $ 24.850; $ 29.920 y $ 38.740 (en miles de millones) para los años 1991 a 1995, inclusive. Estos montos en proporción al presupuesto nacional son mezquinos y no guardan ninguna relación con el esfuerzo que Chile tiene que realizar obligatoriamente en el mundo nuevo en que caen los socialismos estafetas y centralistas y que desencadenan las fuerzas de la libertad en todos los ámbitos.

En América Latina, todos los países, a excepción de Cuba por ahora, están tomando, especialmente nuestros vecinos, el camino por el que Chile ya ha avanzado en estos años. Esta realidad nos obliga a actuar en lo concreto, en los hechos y no en discursos y documentos que pretenden normar, a toda carrera, temas de la mayor importancia para nuestro futuro.

En mi distrito, el profesorado espera aún todos los aportes y perfeccionamientos que son evidentes para este proyecto de Estatuto Docente del Gobierno.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Alvarez-Salamanca.

El señor ALVAREZ-SALAMANCA.-

Señor Presidente, como profesor no puedo dejar pasar la oportunidad de referirme a una materia tan importante como es la legislación acerca del Estatuto Docente, que pretende regular la vida de trabajo de los profesores desde sus inicios hasta su merecido descanso, después de largos y sacrificados años dedicados a formar a la juventud, que en definitiva es la que tiene la responsabilidad de hacer más grande cada día la Nación.

Deseo hacer algunos alcances que creo convenientes tener en cuenta en la próxima discusión, en particular del proyecto que vamos a aprobar en general esta tarde.

En primer lugar, considero esencial que la mujer profesora deba jubilar a los 25 años de trabajo, y el hombre, a los 30. Esto es necesario porque toda la vida del profesor se desenvuelve a través de un trabajo intelectual muy grande, que indudablemente con el tiempo agota a la persona.

En segundo lugar, el proyecto debe velar por la estabilidad del profesorado, ya sea municipal o particular. En tercer lugar, aunque sé que no tenemos iniciativa sobre el tema presupuestario, me gustaría dejar planteado en esta Sala, el hecho de que es necesario que el mejoramiento de los ingresos no se haga en los plazos que establece el Estatuto, sino que el 100 por ciento del mejoramiento de las rentas se establezca de inmediato y que el sueldo mínimo promedio que el Ejecutivo ha mejorado a 2 mil pesos, sea no inferior a 2 mil 500 pesos. Digo esto porque sé que el país está en condiciones de solucionar definitivamente el sueldo de los maestros. Las exportaciones siguen aumentando, la Reforma Tributaria entregará fuertes aportes al Estado este año que viene, la inversión extranjera crece en Chile, de manera que, responsablemente, puedo afirmar que el Gobierno tiene los elementos para solucionar de una vez por todas el sueldo del profesorado.

En cuarto lugar, el Estatuto Docente debe regular, además de las vacaciones de verano, las vacaciones de Fiestas Patrias y de invierno, de manera que ellas queden establecidas dentro de los contratos de los profesores.

En quinto lugar, aquellos profesores que ocupan cargos directivos que lo han hecho por muchos años y que han trabajado en forma responsable y tesonera, no tienen por qué perder su cargo una vez que se ponga en vigencia el nuevo Estatuto Docente. Esos cargos directivos deben ser llenados por concurso y así lo debe contemplar el Estatuto, sólo una vez que se produzca la vacante.

En sexto lugar, el Estatuto Docente debe contemplar, en algún acápite, al personal administrativo y paradocente de los distintos establecimientos educacionales. Ellos son parte vital en el trabajo escolar, por lo que también deben ver protegido su trabajo y notar que sus expectativas de vida mejorarán con el tiempo.

En séptimo lugar, la educación especial debe tener en el Estatuto un trato claro. Son muchos los niños que padecen de algún tipo de enfermedad que altera su educación normal. Para ello, los profesores que se dedican a trabajar con estos alumnos, trabajo que requiere una alta especialización, deben estar claramente sindicados en el Estatuto Docente.

En octavo lugar, deseo manifestar que los profesores se encuentran muy renuentes al sistema de calificaciones que establece el Estatuto. Es sumamente necesario que la Comisión de Educación llegue a un consenso sobre esta materia, escuchando al máximo de profesores posible. Este es un tema muy sensible.

Señor Presidente, en esta primera oportunidad he querido hacer sólo estas pocas precisiones, que me parecen muy importantes, y que están dirigidas con la mejor intención a que la Comisión estudie estas materias para que el Estatuto Docente realmente represente el anhelo de todo el profesorado nacional.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, se han emitido aquí diversas opiniones y conceptos sobre el proyecto de Estatuto Docente. La gran mayoría expresa su respaldo, aunque dejando constancia de observaciones sobre las insuficiencias que este instrumento legal tendrá para satisfacer las expectativas y anhelos de los profesores chilenos. No me cabe duda entonces de que, mayoritariamente, se aprobará finalmente la idea de legislar sobre la materia.

Estoy seguro de que todos los integrantes de esta Honorable Cámara y también los Honorables Senadores, coincidimos en la justicia de entregar a los maestros de Chile, secularmente postergados, una compensación económica en sus rentas, acorde con la tan valiosa y a la vez hermosa función que desarrollan. La ciudadanía y el Presidente Aylwin , también lo quieren así. Sin embargo nos encontramos siempre con el grave inconveniente de la insuficiencia de recursos del Estado para colmar esas expectativas. Yo, desde esta alta tribuna, les pido comprensión a los abnegados profesores de todo el país, por esta imposibilidad de Chile de entregarles todo lo que se merecen.

El Estatuto Docente establece normas generales para ejercer la profesión magisterial, restituyendo especialmente la dignidad en sus cargos y su inamovilidad. A su vez, estatuye la obligatoriedad del perfeccionamiento del maestro, y su gratuidad. Nos parecen aspectos sobresalientes del proyecto, porque apuntan, por una parte, a la idea básica que la Iglesia Católica siempre ha sostenido como un derecho natural del hombre, y que la Democracia Cristiana asume con decisión: el derecho de los trabajadores a ser dueños, propietarios de su trabajo, con la única limitante de su idoneidad y responsabilidad en el desempeño del cargo. Y, por la otra, también como un derecho del profesor para acceder a su perfeccionamiento y superación profesional, a ampliar sus conocimientos y adquirir mayor cultura.

Ambos derechos incidirán consecuencialmente y con seguridad en la mejoría de la calidad de la enseñanza, tan deteriorada en los últimos años, según las mediciones del rendimiento escolar.

Algunos Honorables colegas de las bancas opositoras han tenido expresiones muy acerbas sobre este proyecto, especialmente por sus insuficiencias. Me hago un deber en expresarles, con toda buena fe y sin afán de zaherirlos porque los sé hombres de bien, que aun reconociendo su legítimo y democrático derecho a discrepar, han hecho manifestación de la más absoluta inconsecuencia.

Porque eran hombres de gobierno durante el régimen anterior no se opusieron a la exoneración de tantos miles de maestros; no se opusieron a la rebaja substancial, cercana al 50%, de los recursos que históricamente el Estado disponía para la Educación; no se opusieron a que se quitaran tantos derechos adquiridos por los profesores y que se rebajaran tan drásticamente sus rentas.

Llamo a los estimados colegas a la reflexión para que sumen sus voluntades e indicaciones positivas y alcancemos con este Estatuto Docente lo mejor que sea posible para los profesores chilenos.

Ciertamente no soy un entendido en la técnica pedagógica; pero en las tantas conversaciones con los maestros del distrito que represento, me han hecho manifestación de sus inquietudes y aspiraciones. Quiero recoger aquí una de ellas y la concreto presentando ahora la siguiente indicación al proyecto: "Que se contemple en el Estatuto la creación del cargo de paradocente en todas las escuelas del país, que sirva al- trabajo auxiliar en estadística, en llevar al día libros de clases, etc., que implican al maestro mucho esfuerzo, tiempo y, por ende, mayor dedicación frente al alumno".

Honorable Cámara:

Quiero, por último, aprovechar esta propicia ocasión para saludar y rendir homenaje a los profesores de Chile, y muy especialmente a los tan abnegados de las comunas de mi distrito: a los de Yumbel, Cabrero , Bulnes , Quillón , Coelemu , Ranquil , Trehuaco , Portezuelo , Cobquecura , San Nicolás , Ninhue , Quirihue , San Carlos , Ñiquén , y San Fabián de Alico. A todos ellos, desde este templo de la democracia chilena les digo: ¡Gracias, maestros, por formar y educar a los niños y jóvenes de la Patria!

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Yunge.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, y por ello, es una tarea nacional y de carácter prioritario en democracia.

Corresponde al conjunto de la sociedad hacerse cargo de la educación y concebirla como una gran tarea nacional que interesa a educadores y estudiantes, a las familias, al Estado, a las instituciones religiosas y a los distintos sectores sociales; en particular, a los actores de los campos intelectual y cultural.

No obstante, al Estado le corresponde asegurar el derecho a la educación, explicitar sus fines y objetivos, y crear las condiciones para una creciente igualdad de oportunidades. Con esto, el Estado se convierte en el garante de una educación universal y equitativa, que promueve el mejoramiento de su calidad y el aumento gradual de su cobertura, así como de la libertad de enseñanza para la gestión, administración y mantención de establecimientos educacionales.

Sin embargo, el mejoramiento de la calidad de la educación tiene como factor necesario, el pleno reconocimiento de la dignidad de la función docente, así como el apoyo y respeto de la sociedad para el óptimo cumplimiento de sus importantes tareas.

El profesorado nacional tiene la especial responsabilidad en la formación de los niños y jóvenes chilenos, y por ello requiere que su función sea reconocida por la sociedad.

Señor Presidente, durante el gobierno militar la educación fue un instrumento al servicio de la construcción de un orden social, en que primaron la atomización social, el temor ciudadano y la competencia individual, como mecanismos de regulación de la vida social.

El control absoluto de la educación y su adaptación al proyecto socio-político autoritario se convirtieron en los principales objetivos de las políticas, públicas implementadas en materia educativa en los últimos 16 años.

Estas reformas-autoritarias están cruzadas por los siguientes elementos comunes:

a)Un deterioro de la calidad de la educación impartida, particularmente en lo que se refiere a los sectores medios y populares, la que presenta innumerables atrasos con respecto a la evolución científica y tecnológica de la sociedad actual.

b)Un funcionamiento vertical y autoritario de la administración educacional, acentuado mediante la "alcaldización" (municipalización gestionada políticamente por los alcaldes) de la educación, que significó el traspaso de la gestión de las unidades educativas a funcionarios gubernamentales, los que han actuado impositivamente sin ningún tipo de control ciudadano.

c)La difusión de un modelo cultural centrado en la atomización de la vida social, en la que las escuelas preparan para el éxito individual en la sociedad, transformando el espacio educativo en una zona de competencia que prepare para el mercado.

d)Un repliegue del Estado respecto de su rol educativo. Por una parte, abandona la responsabilidad de los servicios educacionales y, por la otra, se reduce drásticamente el gasto público en este aspecto.

En este cuadro desolador, no resulta extraño que un alto número de jóvenes deserten anualmente del sistema educacional, ya sea en el tránsito de la enseñanza media o en el transcurso de esta última. Estos jóvenes tienen en teoría un nivel de escolarización alto, pero sus habilidades son insuficientes para integrarse al mercado laboral.

Asimismo, el menoscabo de la dignidad profesional de los educadores chilenos, quienes trabajan rodeados de una atmósfera de inseguridad y bajos salarios, repercute negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En síntesis, es imprescindible que el sistema educativo vuelva a ser un mecanismo de integración social de carácter democrático, en el que las familias chilenas vean en el campo educativo un vehículo de mejoramiento de la calidad de vida y de ascenso social, merced a la creatividad intelectual de sus hijos.

Entre las propuestas planteadas por las bases programáticas de la Concertación, como necesarias para la reorganización democrática del sistema educativo, sobresale aquella que plantea el "mejoramiento y dignificación de la función docente", como la manera de restablecer la motivación, la confianza y la autonomía profesional de los maestros, quebrantadas brutalmente por el régimen autoritario.

La sociedad chilena tiene una deuda con el Magisterio nacional, y ha llegado el momento de establecer las bases adecuadas de profesionalización y la reglamentación de una vida académica del docente, que propenda a su dignificación social.

Producto de las políticas educativas impuestas por el gobierno militar, el profesorado chileno (125.000 profesionales de la educación) han vivido en la más absoluta indefensión y desprotección legal. La aplicación de las reglas del mercado al campo educativo significaron el imperio del Código del Trabajo como mecanismo de regulación legal; es decir, el profesorado ha sufrido una fuerte inestabilidad laboral, dependiente de alcaldes, que no poseen legitimidad democrática, que intentaron manipular ideológicamente la educación, lo que Significó, en los años 80, la exoneración de más de 15.000 profesores en el sector municipal.

También, con bajos salarios, sin posibilidades de mejoramiento, ante la drástica reducción del gasto público en educación, ocurrido en la década pasada; sin mecanismo que fijara su reajustabilidad, ello significó una pérdida del poder adquisitivo de los salarios del profesorado del orden del 35%.

Sin estímulo al perfeccionamiento, sin acceso a los mínimos derechos funcionarios; en suma, el profesorado -producto del gobierno militar- vivió una atmósfera de inseguridades, de incertidumbres y de falta de reconocimiento social a la función docente.

Por eso, en el marco de este debate parlamentario, parece un oportunismo político, que los alcaldes de ayer levanten su voz para defender al profesorado; cuando ayer, como funcionarios de confianza del gobierno militar, ejecutaron las políticas educativas que significaron profesores exonerados, deterioro salarial y profesional del Magisterio chileno. Hoy levantan su voz, cuando ayer callaron.

Pero lo más grave, para nuestra sociedad, es que la educación chilena debe superar su crisis cualitativa. Debe remediar este grave "dualismo educacional", de que haya una educación de buena calidad para una minoría y una educación de mala calidad para la mayoría de los niños y jóvenes de clases medias y populares.

Por ello, un Estatuto Docente debe apuntar a crear una atmósfera de tranquilidad laboral y de estímulos profesionales, que ayuden al profesorado a recobrar su dignidad profesional.

Este Estatuto Docente crea una carrera profesional para el profesorado municipal (65.000 profesores) que ordenarán y mejorarán su acción profesional.

Este Estatuto Docente establece una remuneración básica nacional de $ 57.000 para profesores de enseñanza básica y $ 60.000 para profesores de enseñanza media, que, ciertamente, es bajo frente al necesario reconocimiento económico que reclama el profesorado; pero que, en marzo de 1991, significará mejorar salarialmente a 22.000 profesores del área particular subvencionada y a 17.000 profesores en el área municipal. Ello revela la dramática situación salarial en que vive el profesorado.

Por ello, este Estatuto Docente es un paso real, significativo en referencia a la realidad actual, pero insuficiente frente a las necesidades ideales. Como lo ha señalado el Colegio de Profesores, este proyecto es "un avance, un salto hacia adelante en el camino de redignificar la profesión docente".

Señor Presidente, el Estatuto Docente apunta al pleno reconocimiento de la función docente y, por ello, establece aspectos profesionales relevantes para el mejoramiento de la educación, a saber:

a)La restitución del carácter universitario de las carreras de pedagogía;

b)El derecho al perfeccionamiento profesional, en cuanto la formación del profesor coadyuva al proceso de mejoría educativa;'

c)El derecho á la participación de los educadores en organismos técnicos en los que se expresará su opinión profesional;

d)La autonomía de la función docente, en cuanto expresión de la libertad de enseñanza, y

e)La necesaria evaluación del desempeño profesional.

En los aspectos laborales se distingue entre los profesores del sector municipal que tendrán carrera de derecho público, y el sector privado, donde se amplían las especificidades del trabajo docente de la Ley NQ18.602.

De esta manera, se garantiza a los educadores del sector municipal una carrera profesional a la que se ingresa por con curso público, y en la que se gozará de las siguientes prerrogativas:

a)Derecho a una remuneración básica para cada nivel del sistema educativo;

b)Derecho a asistencia médica, feriados, licencias y permisos de acuerdo con el Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales;

c)Feriados legales en los meses de enero y febrero;

d)Estabilidad laboral en su cargo;

e)Establecimiento de una carrera profesional, con asignaciones especiales.

A su vez, los profesores del sector particular-subvencionado y privado tendrán un contrato docente específico, que primará por sobre las disposiciones del Código del Trabajo.

En síntesis, el Estatuto de la Profesión Docente, en sus aspectos profesionales y contractuales, es un importante aporte en la tarea nacional de reorganizar democráticamente al alicaído sistema educacional chileno, herencia triste de un gobierno autoritario, insensible y fracasado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ojeda.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, no puedo dejar de expresar mi satisfacción por el proyecto que el Ejecutivo ha enviado a esta Cámara y que se refiere a la estructuración del Estatuto Docente.

Por primera vez un Congreso Nacional en Chile se pronuncia sobre esta materia.

Si bien contempla un régimen jurídico que regula derechos de los profesores que asegura expectativas lógicas y justas, no satisface plenamente los deseos de los miles de profesores del país. Pero es un gran paso el que se ha dado.

Sobre la base de este Estatuto de un perfeccionamiento futuro, de las modificaciones que de acuerdo con las nuevas necesidades puedan hacerse, podrá darse plena satisfacción a los anhelos de los profesores.

La aprobación de este Estatuto constituye una garantía y un resguardo de los derechos de los profesores del país. Si este Estatuto hubiese existido, no se habrían cometido las injusticias, derivadas de atropellos y arbitrariedades del anterior régimen, y se habrían evitado las miles de exoneraciones. La dignidad del profesor no habría sido pisoteada en la forma en que lo fue.

Un gremio como el de los profesores, no podría haber quedado al margen de una regulación propia, adecuada y conforme a sus propias características y necesidades. Todas las demás profesiones tienen un resguardo y reglamentaciones propias.

Los profesores del país ven hoy cumplidas las promesas que el Presidente Aylwin y la Concertación hicieron en torno al Estatuto Docente. Aylwin cumplió, y a pocos meses de haber asumido.

Este Gobierno desea dar a los docentes del país el tratamiento que merecen. Son los educadores y formadores de los hombres de esta Patria. Estos retribuyen hoy con este Estatuto la entrega, esfiierzo y sacrificio que los profesores hacen por Chile.

Apoyo totalmente este proyecto y me siento honrado de aprobarlo con mi voto, y más aún, me siento honrado de integrar un Parlamento que está dando grandes pasos en procura de darles a los chilenos lo que ellos verdaderamente quieren.

La democracia está dando a los profesores lo que durante años se les negó.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Navarrete.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente, deseo manifestar mi adhesión a todo lo expresado por los Diputados de Renovación Nacional que me han antecedido en el uso de la palabra, y en especial referirme a algunos aspectos puntuales no tocados hasta ahora.

Una de las grandes aspiraciones del Magisterio es que se defina su calidad jurídica.

A partir de este Estatuto están peor que nunca.

En efecto, el señor Ministro de Educación, y esto lo han repetido los Diputados democratacristianos en esta Sala, ha aseverado en carta personal a cada uno de los profesores municipalizados, que a partir de este Estatuto se restablece su condición de funcionarios públicos y se les reconoce los derechos y deberes propios de estos servidores.

Nada más ajeno a la realidad. En ninguna parte del Estatuto se hace mención siquiera a esta norma.

Los profesores municipales seguirán vinculados a la Municipalidad por un contrato de trabajo acorde con el código laboral, registrado por la Contraloría, pero sus apelaciones por injusticias seguirán siendo conocidas por los tribunales de justicia y por la inspección del trabajo.

Se mantiene así su condición híbrida de servidores públicos bajo el régimen de empleado particular y, lo que resulta más grotesco, a partir de este Estatuto tendrán 3 textos legales en vez de 2, como hasta ahora.

En efecto, el artículo 41 establece que con respecto a accidentes en actos de servicio, enfermedades y licencias, se regirán por el Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales.

En consecuencia, se les mantiene esta área rara de la legislación laboral, en que no son ni funcionarios públicos, ni empleados particulares, ni menos empleados municipales. Con respecto a remuneraciones, existe una gran falacia. Es falso que el Estatuto establezca un salario mínimo. Lo que establece es un "salario único".

En efecto, el artículo 46 sólo tiene un valor romántico, y es una forma de escabullir el bulto a lá obligación contraída de premiar la eficiencia.

Es de público conocimiento que las municipalidades no tienen posibilidad económica alguna de establecer asignaciones especiales, con cargo a sus propios recursos, para premiar a aquellos docentes que se destacan por su aporte, eficiencia y compromiso con la educación.

Esta remuneración única nivela al indiferente y mero cumplidor con el abnegado y cumplidor. Con respecto a la estabilidad laboral, se introduce un factor negativo al establecer dos categorías de profesionales: los titulares y los contratados.

Para los contratados no hay normas de ingreso, ni concurso público y así se consagra su condición de profesionales de segunda clase. Para ellos no rigen las normas sobre término de contrato de trabajo; quedan sujetos a la discrecionalidad del empleador, es decir, el alcalde.

Los funcionarios de las corporaciones creadas por las municipalidades, que no sean encasillados o contratados por los D.E.M., al regresar estas entidades al municipio, quedarán en calidad de cesantes absolutos y en la más completa indefensión.

La carrera docente, no lo será nunca si no se consideran normas de permanencia mínima en grados inferiores. De no hacerlo se permiten los saltos espectaculares y el atropello a docentes que, con esfuerzo paulatino, han escalado, peldaño a peldaño, todos los escalones de una carrera docente.

Además, no se considera cláusula de beneficio económico alguno para los directores que no sean confirmados en sus cargos, al final de la fase de concurso público que se abre en este Estatuto. Tampoco se considera la ubicación garantizada en una nueva destinación.

El acceso al perfeccionamiento, al no considerar normas precisas, y quedar afecto a un reglamento discrecional de la autoridad administrativa, introduce un factor de discrecionalidad.

Los profesores no olvidan que la militancia política y adhesión al gobierno de tumo fueron siempre determinantes en la elección de los beneficiados con el perfeccionamiento, máximo aun, cuando es sobradamente conocida la politización que caracteriza al Ministerio de Educación.

Por lo dicho en esta Sala por los parlamentarios de Renovación Nacional, comprendo la frustración y amargura de los profesionales de la educación, que mayoritariamente lo han calificado como una oferta mezquina y frustrante.

La sociedad sigue en deuda con el Magisterio y más aún, con los paradocentes, administrativos y auxiliares, para quienes no se tienen ni la más mínima mención, ni siquiera por gentileza.

Es éste, entonces, un proyecto mediocre. Cabría preguntarse ¿qué tiene de bueno este Estatuto? En verdad algo tiene de bueno.

1° Constituye un buen esfuerzo inicial para tener un texto refundido de la extensa legislación vigente esparcida en diferentes textos legales.

2° Es bueno que se establezcan normas mínimas del contrato de trabajo de los profesionales de la educación particular.

3° Son meritorias las disposiciones transitorias sobre la imponibilidad de las remuneraciones.

Digno de elogio son las habilidades verbalistas de los parlamentarios democratacristianos y socialistas para vender un mal proyecto, con declaraciones líricas de adhesión a estos "nobles servidores", y lograr que la directiva nacional del Colegio de Profesores, acepte defender y avalar este mal proyecto, asumiendo la responsabilidad de volver la espalda a tantos miles de profesores que confiaron en sus promesas de actuar al margen de toda bandería política.

Esta directiva nacional debe una explicación a los profesores de Chile.

Destacamos también la actitud de algunos parlamentarios radicales que están derechamente por el término de la educación municipal, en vez de hacerlo por el camino indirecto, como es la intención de algunos concertados, de ahogar financieramente, a los municipios, para hacer fracasar el sistema y luego, como consecuencia natural, terminar con la municipalización.

Esta actitud maquiavélica debe ser advertida por la ciudadanía, porque las consecuencias las sufrirán los inocentes niños y jóvenes adscritos a los sistemas municipales de educación.

Por último, deseó hacerme cargo' de la majadera repetición a la cual recurren los Diputados gobiernistas cuando se le terminan los argumentos: que el gobierno anterior, que los últimos 16 años, que la dictadura, que los derechos humanos, que la Derecha sin respaldo moral.

No tenemos ningún cargo de conciencia respecto al Gobierno de las Fuerzas Armadas. Por eso, en lo personal, deseo dejar constancia de mi legítimo orgullo por haber contribuido a reconstruir mi país, el cual lo destrozaron los que ahora nos critican y nos acusan de demagogos por mostrar las fallas de este mal proyecto.

Los demagogos están en la Democracia Cristiana y en la Izquierda, y los profesores ya le están pasando la cuenta por las promesas incumplidas y que demagógicamente ofertaron durante la campaña parlamentaria.

Si los concertados realmente quieren la estabilidad política, si realmente buscan el consenso nacional, si es cierto que están por la unidad nacional y la reconciliación, es hora de que terminen con la descalificación a todo lo que diga o haga Renovación Nacional, cuando de criticar lo malo se trata.

Basta de estas descalificaciones a Renovación Nacional, porque al menos a mí se me está terminando la paciencia.

Pero como aún nos queda una pequeña cuota de paciencia, votaremos a favor de la idea de legislar en esta materia y procuraremos introducir las indicaciones necesarias para corregir sus manifiestas imperfecciones.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Rojo.

El señor ROJO.-

En esta Sala se han expresado diversas consideraciones en relación al Estatuto Docente, instrumento legal que normará la función del maestro y que entregará, paulatinamente, por la limitación de los recursos, justicia y dignidad.

Nos interesa sobremanera esta materia, no sólo como parlamentario y ciudadano, sino también porque en el pasado ejercimos la docencia y conocimos en la práctica las dificultades que tiene el profesor en el desempeño de tan delicado trabajo.

Sin duda que la principal preocupación y aspiración de los maestros chilenos es lograr, a través de esta ley, mejorar la calidad de la educación; dar a sus actores, entre los cuales el profesor es el principal, una condición digna, proporcionando una estabilidad laboral, una carrera docente y una remuneración digna. Además, disminuir las diferencias excesivas existentes entre los diversos sectores del país para permitir el acceso a una educación de buena calidad.

La situación socioeconómica del Magisterio es sólo una variable del proceso educativo, y las rentas del maestro son un problema ético que la sociedad debe asumir como un valor propio de la dignidad humana y profesional del profesor. Es decir, el maestro es una persona, es un técnico especializado y preparado para formar, educar e instruir a personas. Cumple una función tan fundamental que debería recibir en todos los aspectos un trato acorde a su linaje; en igual forma debe considerarse la situación de los otros actores de este proceso, como son los paradocentes, los administrativos y los auxiliares.

A la par de un justo trato económico, los docentes deben recobrar de la comunidad nacional, especialmente de padres y apoderados, incluso de los alumnos, el aprecio, la consideración y el respeto que otrora tuvieron. Para ello, es indispensable que desde la propia autoridad educacional, se propicie y estimule una verdadera campaña para una cultura de respeto, consideración y afecto hacia el profesor, y ese profesor, por su autoestima, por su dignidad humana y profesional, actuará naturalmente con responsabilidad, dedicación e idoneidad en el cumplimiento de su noble tarea.

La calidad de la enseñanza, tan deteriorada en los últimos años, vendrá entonces por añadidura y como resultado de un proceso educativo normal, lógico, integral y consensual, en que cada actor asuma su rol con la certeza de que él es pieza vital del engranaje para optimizar el proceso.

Complementario a lo anterior, y tal vez prioritario, pensamos que hay otras variantes fundamentales que inciden en la problemática general de la educación chilena. Como la generación de los docentes, su formación, preparación y profesionalismo entraña un problema de vocación, de verdadera vocación y no de resignación ante la imposibilidad de otros horizontes.

Se agrega a lo anterior la escasa opción que siempre han tenido los profesores para acceder a su perfeccionamiento educativo, que debe ser obligatorio y gratuito, y sus escasas posibilidades de acrecentar su acervo cultural.

Por ello, consideramos que el bono de 10 mil pesos, señalado en el proyecto para contribuir al costo de formación y que se otorgará en los años 1991 y 1992, debe ser establecido en unidades tributarias, para que cumpla sus objetivos y no sea afectado por un natural proceso de desvalorización de la moneda.

Por otra parte, afectan también al problema educacional algunas situaciones de la estructura técnico-pedagógica, reñidas con los propósitos de alcanzar excelencia académica, lo que es indispensable corregir, como lo son el exceso de alumnos por cursos y las horas de permanencia del profesor en el establecimiento.

Uno de los hechos más controvertidos ha sido la municipalización de la educación, formulándose en contra de ella diversas críticas, olvidando que no ha sido tal; sino sólo una alcaldización.

Para los que creemos en la auténtica democracia, en la democracia humanista, cristiana y libertaria, cuyo fundamento radica en el reconocimiento y fortalecimiento de las comunidades intermedias, el hecho de su reconocimiento por el Estatuto Docente es un paso importante en la construcción del mundo futuro.

Las personas tendrán reales posibilidades cuando son sujetos activos, cuando forman parte de una comunidad en la que tienen acceso y participación; cuando la familia interviene directamente en la formación de sus hijos, cuando es el municipio el que tiene la tuición de los establecimientos educacionales; cuando los padres de familia, a través de los centros de padres, de las juntas de vecinos, de los talleres, de los clubes deportivos, de todas las expresiones de una comunidad organizada, tienen acceso al municipio.

Pero existen dentro de este proyecto omisiones que será necesario corregir. Así, el artículo 2e señala quiénes son profesionales de la educación, e indica a los profesores titulados y a los habilitados por el Ministerio de Educación, viejo resabio, esto último, del sistema socializante, y no precisa quiénes son estos habilitados; y olvida considerar, en forma expresa, a los profesores colegiados, al viejo maestro a quien su corporación reconoció como tal. Ai Colegio de Profesores y no al Ministerio de Educación debe corresponder la función de habilitar o reconocer la calidad del profesor."

El mensaje señala, como propósito de la idea de legislar, la de mejorar la calidad de la educación mediante la creación de condiciones profesionales y laborales que faciliten un ejercicio más óptimo de la docencia. A pesar de estos principios, no consideró a todos los actores que intervienen en el proceso educativo.

La función educativa descansa en los profesores, los padres de familia, los administrativos, los paradocentes y los auxiliares. Es una comunidad que debe ser considerada en un todo, y no se puede legislar por tramos, aisladamente. Ni una palabra, ni una sola disposición y menos un párrafo o un capítulo existe para todas aquellas personas que son parte del proceso educativo, como el inspector que va impartiendo una enseñanza diaria, formando hábitos, disciplinando al educando; el auxiliar que a través del orden y de la limpieza da al joven el medio apto para su formación; el administrativo, que permite el funcionamiento del establecimiento educacional. Dirán que mañana se presentará un proyecto para dichas personas, para considerar sus pretensiones; pero debió este Estatuto legislar en favor de los paradocentes, los administrativos, los auxiliares, porque son parte y elementos indispensables para mejorar la calidad de la educación.

Debe también este Estatuto reivindicar para el profesorado y para el resto del personal, la vieja costumbre de las vacaciones, en los meses de enero y febrero, única manera de compensar el trabajo realizado durante el año. No es el funcionario que cumplió una labor determinada; es el profesor que va guiando, que va formando en un proceso gradual y que requiere del descanso formativo, para regresar con nuevos impulsos a modelar al ciudadano de mañana.

Este Estatuto Docente es el primer paso corrector de los males que afectan al sistema educacional chileno, el cual constituye, como ya se ha dicho, un hecho histórico y trascendente que va a repercutir en la educación de los jóvenes del siglo XXI

Por ello, es tan delicada nuestra responsabilidad en la legislación de una ley que trascienda los tiempos y se proyecte y permanezca inconmovible por su excelencia y perfección.

Por tal razón, me permití presentar a esta Honorable Cámara de Diputados algunas indicaciones que considero necesario introducir en este proyecto, con el afán de que sean verdaderos aportes.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Valcarce.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, tal cual lo expresa el mensaje presidencial que acompaña al proyecto de ley que establece normas sobre Estatuto Docente, si bien se ha logrado una gran cobertura educacional, cercana al 96 por ciento durante el Gobierno anterior, es necesario, oportuno y urgente velar por una buena calidad de la enseñanza, la cual no sólo es de responsabilidad del profesor, sino que también, y de manera muy importante, de la infraestructura con que se cuente, los medios educativos disponibles y la participación de los padres y la comunidad. Este proceso parte necesariamente de una estabilidad laboral que otorgue tranquilidad al ejercicio de la profesión docente, así como la generación de un clima organizacional adecuado, el cual permita ejercer en forma óptima la docencia, es decir, condiciones laborales y profesionales acordes con la importante y trascendente misión del profesor, aspectos que Renovación Nacional sostendrá a través de indicaciones que haremos oportunamente a este proyecto de ley.

Tomando conceptos del distinguido catedrático español don Víctor García Hoz , de la Universidad de Madrid, la "Calidad de la Educación", que si bien es cierto es una expresión nueva, responde a una "antigua preocupación", la cual se puede definir como "el modo de ser de la educación que reúna las características de integridad, coherencia y eficacia". En otras palabras, una educación tiene calidad en la medida en que es completa, coherente y eficaz. Continuando con esta definición, se plantea que "la primera exigencia de la calidad en la educación está en que el proceso educativo se manifieste como algo completo, en el cual no falte ningún elemento del ser humano. Si alguna manifestación de la vida no fuera atendida por la educación, el proceso educativo será algo defectuoso, incompleto y sin calidad suficiente". Tras este concepto de integridad, se habla de la eficacia, cuya palabra no se debe tomar en el sentido puramente pragmatista "de producción abundante de algo material", sino, más bien, como indicación de que una actividad ha alcanzado el fin que persigue.

Finalmente, se puede hablar del orden y de la coherencia en la educación, como la necesidad de que cada uno de sus elementos tenga la importancia correspondiente a su papel en la vida humana, y asimismo se hallen relacionados de tal manera que la situación de unos venga a consolidar y reforzar la actividad de los otros, evitando que el aislamiento y el desorden destruyan la unidad de la educación.

En consecuencia, es importante destacar que al analizar la calidad de la educación, confluyen una interminable serie de conceptos y exigencias integradas a la educación esencial existencial y personalizada, así como la definición de objetivos, disponibilidad de recursos humanos, técnicos y económicos con su correspondiente evaluación, y, finalmente, la coherencia que debe existir entre los fines generales de la educación y los objetivos inmediatos, entre los objetivos y las actividades que se deben realizar, entre la evaluación, los objetivos y los fines, etc.

En relación a los alcances de este proyecto de ley y cuyo objetivo, entre otros, es mejorar la calidad de la educación, y considerando que la evaluación sistemática del sistema servirá siempre de base para mejorar permanentemente este Estatuto propuesto por el Ejecutivo, o para fijar políticas educacionales nacionales o regionales, he creído conveniente, además, referirme a lo que se debiera hacer, para, según mi particular criterio, sacar un adecuado provecho de los resultados del SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) y mejorar la calidad de la docencia. El SIMCE, como sistema de evaluar los logros de los objetivos propuestos en los programas oficiales, tiende a establecer una correlación entre calidad de la educación y rendimiento escolar. Si bien es cierto que la prueba se preocupa de los dominios cognoscitivos, psicomotrices y afectivos, no es suficiente para evaluar la "calidad de la educación". Esta debe evaluarse como un proceso integral referido a la formación del sujeto como persona. La educación debe considerar definitivamente las capacidades reales del alumno, destacar sus potencialidades y estimular actualización de ellas. La educación, como proceso formador, es mucho más compleja y profunda que la transmisión de "contenido". El profesor requiere en la actualidad, próximo a vivir en el último decenio del siglo, una formación profesional que le permita captar la naturaleza del niño y del joven de hoy, muy distinto del de 10 años atrás. Debe tener en claro que el control de la calidad de la enseñanza, no solamente se mide por los conocimientos adquiridos por los alumnos. Habría que complementar los programas en este campo con proyecto de cada unidad educativa en diferentes áreas. En muchos establecimientos educacionales se está, cayendo en el "grave error" de estar preparando a los alumnos "exclusivamente" para las pruebas del SIMCE. Finalmente, hay que tener presente que una buena calidad de la enseñanza no se va a lograr con "45-alumnos" por curso, pues de ninguna manera se puede llevar a cabo un programa técnico-pedagógico serio. En gran medida, el aumento de alumnos por curso ha contribuido a deteriorar seriamente el rendimiento escolar, ya que el número ideal es de "30 a 35" alumnos por curso; Renovación Nacional hará presente esta situación para que quede establecido en el proyecto de ley no tan sólo como un derecho de los profesores, quienes, desde luego, en justicia lo merecen, sino que también como uno de los elementos necesarios para mejorar la calidad de la docencia.

También es de mayor importancia referirse a uno de los aspectos más relevantes del Estatuto Docente. Me refiero al título referido a la carrera docente. Si bien el Estatuto la norma en parte, habría que especificarla bastante más. El ascenso a cargos superiores debiera ser gradual; es decir: profesor, inspector general, jefe U.T.P., subdirector, director. Por otra parte, y en el nivel comunal, el cargo de director de educación comunal debiera llenarse por concurso, con directores de establecimientos educacionales.

Otra falencia del Estatuto Docente radica en que no se hace mención alguna a los cargos de supervisores y personal técnico del MINEDUC. ¿Cómo se accede a dichos cargos? El Estatuto Docente no contempla una carrera académica total.

Si bien se señala su ingreso y egreso, se contemplan bienios por antigüedad y se consagra el perfeccionamiento; pero no se toma en cuenta, no se privilegia, premia, ni valora la contribución del profesor al sistema educativo, es decir: "publicación de textos, materiales didácticos, experiencias innovativas, experiencias pedagógicas, etc". De ahí que habría que complementarla, en esta área, a través de una carrera académica "propiamente tal" y una "paralela" docente administrativa. No todos los educadores desean llegar a puestos directivos. No debemos olvidar que hay muy buenos profesores a los cuales no les interesa acceder a dichos cargos, y en muchos casos, por obligación debido a sus bajas remuneraciones, deben postular a ellos, llegando en ocasiones a ser malos administrativos.

En esta parte de mi exposición, creo pertinente referirme al Consejo Provincial de Educación, el cual se crea en el artículo 20 del anteproyecto de ley. Aun cuando el reglamento establecerá las funciones, el número y forma de designaciones o elección y sus normas de funcionamiento, considero que con el fin de hacer más expedita la participación de la comunidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y de tener en cuenta la realidad de cada comuna y el compromiso de las autoridades comunales, no se justifican los consejos provinciales. Su misión sería muy engorrosa y lenta; en cambio, se justifican plenamente los consejos a nivel comunal, en los cuales sólo intervengan los principales actores del proceso.

Un acápite adicional, y en ningún caso menos importante, tiene relación con los contratos de trabajo de los educadores que se desempeñan en el sector particular. Es conveniente agregar al Estatuto Docente que "los sostenedores" de establecimientos educacionales reconocidos como cooperadores de la función docente del Estado, deberán contratar directamente al personal docente-directivo y al personal docente propiamente tal, no pudiendo delegar dicha obligación en terceros, tales como corporaciones, sociedades limitadas o personas jurídicas o naturales. Tampoco se podrá delegar la administración de los establecimientos educacionales.

Señores Diputados, podemos damos cuenta de que en el proceso de "mejorar" la calidad en la educación, las variables que intervienen son numerosas y de difícil cuantificación. La promulgación de un Estatuto Docente, si bien es un elemento significativo, en ningún caso constituye, la "panacea" como para pensar que el problema está resuelto. Falta aún mucho más. Es necesario crear y perfeccionar los instrumentos necesarios. Es necesario incentivar la participación de la comunidad, a través de los padres y de las organizaciones relacionadas con la educación. Es necesario dotar a los docentes de nuestro país de todos los elementos que les permiten ejercer la docencia en forma óptima, tanto en cuanto a equipamiento e infraestructura física, como respecto a niveles de renta adecuados y condiciones de trabajo estables. Es necesario, tal como lo planteara al comienzo de mi exposición, que exista una coherencia entre los fines y objetivos con los diferentes medios de que se disponen. Podría extenderme mucho más sobre el Estatuto Docente, pero mis colegas de Renovación Nacional se referirán a otros puntos de importancia que es necesario hacer notar.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ortega.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, antes que nada, deseo señalar la importancia que tiene para Chile, para su democracia y para la comunidad educacional del país, la discusión en esta Cámara del proyecto de ley del Estatuto Docente. Con el se logra la revalorización social de la profesión docente. Se reconstruye así la dignidad del profesorado, tan gravemente afectada en el Gobierno anterior.

Hoy deseamos mirar la tarea educativa como un problema nacional que compromete a todos, Gobierno y Oposición, profesores y padres de familia, jóvenes, administrativos, paradocentes.

Este objetivo nacional es aumentar, no sólo la cobertura de la educación, sino también, y muy prioritariamente, la calidad de la educación, con el objeto de poner a nuestro país al nivel de la modernidad que debe comprometer a todos y no sólo a un sector o estrato o grupo de chilenos. El gran cambio cualitativo es invertir en los chilenos, invertir en las personas para que se logre una excelencia profesional, técnica, laboral y, en general, ciudadana de la gran mayoría nacional. Queremos un país de excelencia, de chilenos con calidad para el trabajo bien hecho, para convivir en armonía, para participar en la democracia; en fin, para que cada persona llegue a desarrollar todo el potencial de su ser.

Hoy, la educación es un factor creador de desigualdad social, cambiando así lo que ayer fue el camino de la clase media, de los trabajadores y de los campesinos, para ir logrando un verdadero proceso de movilidad social.

El Gobierno del Presidente Frei tuvo como uno de sus grandes proyectos nacionales la extensión de la cobertura educacional. Al mismo tiempo, creó el Centro de Perfeccionamiento del Magisterio, con el fin de ayudar a mejorar la calidad educacional. El Gobierno del General Pinochet buscó modificar la estructura educacional y de hecho lo que logró fue desarticular la educación chilena.

En la Séptima Región, así como en el resto del país, esta desarticulación llevó a generar verdaderamente dos categorías de chilenos: los que pueden pagar la educación de sus hijos, y los que deben enviarlos a liceos municipalizados o a establecimientos particulares subvencionados.

El SIMCE, en la Séptima Región, al medir los rendimientos en términos de porcentaje de los logros en los objetivos educacionales, entregó para esta región, en 1989, los siguientes resultados:

Se puede apreciar que la Séptima Región está levemente por debajo del promedio nacional, particularmente en el sector municipalizado.

Por lo anterior, es de enorme trascendencia que el Gobierno haya puesto todo el énfasis en la calidad de la educación en el sector municipalizado. Esta es una de las más graves herencias del gobierno pasado.

¿Cuáles son los aportes o cambios más significativos del Estatuto Docente?

En primer término, este Estatuto trae tranquilidad y seguridad laboral, frente a cualquier intento de arbitrariedad de alcaldes o de cualquier otra autoridad.

Seguridad significa establecer los derechos de los funcionarios y garantizarlos, eliminando así la incertidumbre.

Seguridad significa el acceso al cargo docente por la vía del concurso y no de la influencia del poder de tumo.

Seguridad significa la titularidad del cargo docente, que en el caso del despido debe tramitarse a través de sumario administrativo.

El segundo gran cambio que genera este Estatuto es que entrega un horizonte profesional y de incentivos económicos a todos los profesores del país, ya que se establece un sistema de perfeccionamiento docente. En efecto, el proyecto estipula que el Estado debe garantizar un perfeccionamiento mínimo para todos los profesores de Chile.

El proyecto premia la experiencia de los profesores. De esta manera, el docente de aula puede tener incentivo para permanecer en esa función y tener, al mismo tiempo, aumento de remuneraciones, las que, con asignaciones de experiencia, de perfeccionamiento, de niveles de responsabilidad y de desempeño difícil, se suman a las remuneraciones básicas. Así se logran incentivos para mejorar la calidad y la dedicación de la función educacional.

El tercer aporte significativo del Estatuto es que genera una creciente participación de los profesores y de la comunidad escolar al establecerse el Consejo de Profesores para debatir y contribuir a la mejoría de la calidad de la educación en cada establecimiento. Lo mismo, al establecerse en el proyecto los Consejos Provinciales de Educación. Faltaría un consejo comunal, que ayude a crear mejores condiciones a ese nivel.

Por último, desearía entregar una opinión en el tema de la municipalización de la educación, la que deberemos discutir cuando se envíe la reforma a la Ley Orgánica Educacional. Pero, como ha sido un elemento del debate, deseo adelantar mi reflexión sobre el tema.

Es necesario pensar en una articulación sistemática de la educación nacional. Con esto se debe lograr el objetivo de que exista una verdadera coherencia nacional en la carrera docente, en la tarea y función educacional. Debe existir una verdadera descentralización; pero ella no puede circunscribirse al ámbito comunal. Dentro de esta concepción de un sistema nacional de educación se puede obtener una verdadera descentralización a nivel regional y provincial (subsistemas) de funciones educacionales.

Por último, deseo expresar una palabra de reconocimiento a la tarea del Colegio de Profesores, el cual luchó incansablemente por un Estatuto Docente. Aunque en él no se contemplan todas las reivindicaciones necesarias, este Estatuto es un gran paso en la enorme tarea de la democracia y de la educación nacional.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde votar en general el proyecto.

Primero, lo votaremos en general, salvo en aquellas ideas que dicen relación con materias que requieren quorum calificado o son de ley orgánica constitucional.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado, en general, el proyecto.

Aplausos en la Sala.

Las indicaciones propuestas al proyecto de ley son las siguientes:

Artículo 1°

1.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Rodríguez, don Claudio y Valcarce , para agregar después de la palabra "particular" la expresión "subvencionada".

2.- De los Diputados señores Jara, don Octavio y Valenzuela , para intercalar entre las expresiones "pre-básica, básica" y la expresión "media" lo siguiente: ", especial o diferencial".

3.- De los Diputados señores Ulloa , Masferrer , Melero , Bombal , Coloma y Recondo , para intercalar entre las frases "en los establecimientos de" y "pre-básica" lo siguiente: "primer nivel de transición".

Artículo 2°

4.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Muñoz , Valcarce y Rodríguez, don Claudio , para eliminar después de la frase "Institutos Profesionales" la frase "u otros establecimientos legalmente habilitados para este propósito".

5.- De los Diputados señores Sabag y Salas, para eliminar la frase final del artículo.

Artículo 4°

6.- De los Diputados señores Devaud y Peña Artículos 5°, 6°, 7° y 8° 7.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Valcarce y Rodríguez, don Claudio "Artículo 5°.- Son funciones de los profesionales de la educación las siguientes: función docente, docente directiva y técnico-pedagógicas de apoyo. Función docente, es aquella que se ocupa del diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y educación y de las actividades educativas en general. Función docente directiva, es aquella que se ocupa de la dirección, administración, supervisión, coordinación y orientación del proceso educativo. Será ejercida por un profesional de la educación que acredite formación específica y experiencia docente. Función técnico-pedagógica de apoyo, es aquella que se ocupa de la orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica y de coordinación del perfeccionamiento docente. Será ejercida por un profesional de la educación que acredite formación específica y experiencia docente. Todas estas funciones se entienden ejecutadas en las unidades educacionales de nivel pre-básico, básico y medio.".

Artículo 9°

8.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Rodríguez, don Claudio y Valcarce , para que pase a ser artículo 62.

Artículo 10 9.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Rodríguez, don Claudio y Valcarce "Artículo 7°.- La formación de los profesionales de la educación corresponderá a las instituciones de educación superior, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.".

Artículo 11

10.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Rodríguez, don Claudio y Valcarce , para eliminarlo.

Artículo 12 11.- De los Diputados señores Elizalde y Sabag "Todo profesional de la educación podrá iniciar el ejercicio de su actividad docente, en alguna escuela rural, a lo menos durante dos años laborales. Las municipalidades priorizarán en sus concursos a estos profesionales. Para efecto de concursos posteriores, esta ruralidad contará con puntaje adicional.

12.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Rodríguez, don Claudio y Valcarce , para eliminar este artículo.

Artículo 13

13.- De los Diputadores señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Rodríguez don Claudio y Valcarce , para que pase a ser artículo 10.

14.- De los Diputados señores Devaud y Peña, para suprimir la expresión "mínimo" consignada entre las expresiones "perfeccionamiento" y "vinculado".

Artículo 14 15.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Rodríguez don Claudio y Valcarce "Artículo 11.- El perfeccionamiento profesional ofrecido por el Ministerio de Educación será programado por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 18.956, de 1990, el que deberá considerar las necesidades de todos los sectores de la educación pública en materia de perfeccionamiento. Podrán contribuir también al perfeccionamiento de los profesionales de la educación, otras entidades del sector público como del sector privado, tales como municipalidades, corporaciones, instituciones de educación superior, los propios sostenedores de Colegios Particulares en general, siempre que sus planes y programas de perfeccionamiento estén en concordancia con las políticas establecidas para este efecto por el Ministerio de Educación. 16.- De los Diputados señores Jara, don Octavio y Valenzuela "El Ministerio de Educación propiciará un sistema de perfeccionamiento descentralizado. 17.- De los Diputados señores Devaud y Peña Artículo 15

18.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Rodríguez, don Claudio y Valcarce , para suprimir este artículo.

Artículo 16 19.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Rodríguez, don Claudio y Valcarce "Asimismo, se deberá garantizar mediante concursos públicos, el acceso a los profesionales de la educación al perfeccionamiento.".

Artículo 17

20.- De los Diputados señores Devaud y Peña, para agregar entre las expresiones "consultivo" y "en", la frase "o resolutivo, según lo establezca el Reglamento".

21.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer y Valcarce , para que pase a ser artículo 13, eliminándose la palabra "el deber".

Artículo 18 22.- De los Diputados señores Ulloa , Prochelle , Bombal , Masferrer , Rodríguez, don Claudio y Valcarce "Artículo 14.- En cada establecimiento educacional habrá un Consejo de Profesores integrado por docentes directivos, técnico-pedagógicos y docentes, el que tendrá un carácter consultivo y será el encargado de encauzar la participación de los profesionales en el cumplimiento de los objetivos y programas educacionales de carácter nacional y comunal y en el desarrollo del proyecto educativo del establecimiento. Asimismo, el Consejo se ocupará de las materias técnico-pedagógicas, de estudio, de asesoría en evaluación, planificación y perfeccionamiento que señala el reglamento, sin perjuicio de la libertad de gestión de los sostenedores de establecimientos educativos privados, y de las facultades de los directores de los establecimientos. El Consejo de Profesores sólo podrá sesionar en horas correspondientes a las actividades curriculares no lectivas.".

Artículo 19. 23.- De los Diputados señores Ulloa , Bombal , Prochelle , Rodríguez , Masferrer y Valcarce "Artículo 15.- La Dirección de los establecimientos educacionales deberá convocar, a lo menos, dos veces al año, al Centro General de Padres y Apoderados, a reuniones de carácter informativo.".

Artículo 20

24.- De los Diputados señores Sabag y Salas, para agregar en el inciso segundo, después de la palabra "organizaciones" la expresión "de docentes y".

25.- De los Diputados señores Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce , para suprimir este artículo. 26.- a) De los Diputados señores Devaud y Peña b)Para agregar en el inciso segundo, sustituyendo el punto final por una coma, la siguiente frase: "y por representantes del Colegio de Profesores u otra forma de organización gremial". c)Para intercalar en el inciso tercero, entre las expresiones "reglamento" y "establecerá" la frase "dictada por el Ministerio de Educación".

27.- De los Diputados señores Devaud y Peña, para sustituir el artículo por el siguiente:

"Artículo 20.- Los profesionales de la educación tendrán derecho a participar en los procesos de consulta, o a través de sus representantes en los órganos de consulta o asesoría que se establezcan legal o reglamentariamente, para proponer políticas educacionales o de administración del sistema educacional en los niveles comunal, provincial, regional o nacional.".

Artículo 21.

28.- De los Diputados señores Bombal , Masferrer , Prochelle , Rodríguez, don Claudio ; Ulloa y Valcarce , para que pase a ser artículo 16. 29.- De los señores Devaud y Peña "Los profesionales de la educación, a través del Colegio de Profesores u otra forma de organización gremial, tendrán derecho a participar, representar y ser oídos por las autoridades educacionales, tanto en asuntos de políticas y gestión del sistema educativo en sus diversos niveles, como en los aspectos que afecten directamente el desempeño profesional de sus miembros".

Artículo 22 30.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle, doña Marina ; Valcarce y Ulloa Para modificar el inciso segundo que pasa a ser primero, con la siguiente redacción: "La evaluación del desempeño profesional de un docente deberá ser puesta en su conocimiento y gozará del derecho a recurrir ante la Dirección del Establecimiento cuando se sienta agraviado por dicha evaluación.". 31.- De los señores Devaud y Peña. Inciso segundo: Agrégase, a continuación del punto aparte, que pasa a ser coma (,), la frase: "ante el Consejo Provincial de Educación".32.- Inciso tercero: Sustitúyese la frase: "o en su defecto, escrituradas por el funcionario que las reciba", por "o en su defecto, escrituradas por el Subdirector o Inspector General del Establecimiento, o por los funcionarios a quienes estos hh- yan delegado tal responsabilidad", y sustitúyese la expresión "las autoridades y" por "los".

Artículo 23

33.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle, doña Marina ; Valcarce y Ulloa , para que sea artículo 18. 34.- a) De los señores Devaud y Peña "Asimismo, tendrán derecho a participar a través de sus representantes, en la planificación y diseño de las evaluaciones generales de rendimiento del sistema educativo en los niveles prebásico, básico y de enseñanza media, respectivamente". 35.- b) Para agregar un tercer inciso, cuyo texto es el siguiente: "Podrán recurrir de apelación, ante el Consejo Provincial de Educación, quien resolverá sin forma de juicio, conforme las reglas de la sana crítica, y sin ulterior recurso, en la forma y plazos que determine el Reglamento".

Artículo 24

36.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle, doña Marina ; Valcarce y Ulloa , para que sea artículo 19.

Artículo 25

37.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle, doña Marina ; Valcarce y Ulloa , para que pase a ser artículo 20 y para agregar, en el inciso primero, después de donde dice: "Departamento de Administración Educacional de la municipalidad respectiva", la frase: "o de aquellos que sean administrados por Corporaciones Educacionales privadas creadas por las municipalidades".

Artículo 26 38.- De los señores Elizalde , Sabag y Salas "El número de alumnos por curso no podrá exceder de 30 estudiantes".

39.- De los señores Devaud y Peña, para agregar, entre las expresiones "respectiva" y "de", la frase "con el acuerdo del Consejo Provincial de Educación", y sustitúyese la expresión "de acuerdo" por "en conformidad a".

40.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle, doña Marina ; Valcarce y Ulloa , para que sea artículo 21 y agregar al inciso primero, después de donde dice "Departamento de Administración Educacional de la Municipalidad respectiva", la frase: "o de las Corporaciones Educacionales privadas creadas por las Municipalidades".

Artículo 27

41.- De los señores Devaud y Peña, para sustituir, en el inciso primero, la frase: "El mismo organismo que fija la dotación docente de un establecimiento deberá..." por "los mismos organismos que fijan la dotación docente de un establecimiento deberán...".

42.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle, doña Marina ; Valcarce y Ulloa , para que pase a ser artículo 22. 43.- De los señores Valenzuela y Arancibia "En los casos que la adopción de esta medida determine una reducción en el número de profesores de una comuna, ella regirá a contar del año siguiente".

Artículo 28

44.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle , Valcarce , Ulloa y Masferrer , para eliminarlo.

Artículo 29

45.- De los Diputados señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle , Valcarce , Masferrer y Ulloa , para que pase a ser artículo 23, eliminando su inciso final.

Artículo 30

46.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle , Valcarce , Ulloa , y Masferrer para que pase a ser artículo 24.

Artículo 31

47.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle , Valcarce , Ulloa y Masferrer , para que pase a ser artículo 25.

Artículo 32

48.- De los señores Devaud y Peña, para eliminar la frase final del artículo, que señala "...y en subsidio a lo dispuesto en la ley N° 18.883.", sustituyendo la coma que la antecede por un punto aparte.

49.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle, doña Marina ; Valcarce , Masferrer y Ulloa , para que pase a ser artículo 26, agregando después de la palabra "municipalidad'!, la expresión "o por la Corporación Educacional privada respectiva".

Artículo 33

50.- De los señores Ulloa , Melero , Bombal , Masferrer y Recondo , para sustituir la frase "deben convocarse a lo menos dos veces en el año lectivo", por la siguiente: "deben convocarse en los meses de marzo y diciembre del respectivo año lectivo".

51.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle , Valcarce , Masferrer y Ulloa , para que pase a ser artículo 27.

Artículo 34

52.- De los señores Jara, don Octavio y Valenzuela , para agregar la siguiente letra d), pasando a ser la actual letra d), letra e): 

"d) Para cargos docentes de la enseñanza especial y diferencial".

53.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle, doña Marina ; Valcarce y Ulloa , para que pase a ser artículo 28.

Artículo 35

54.- De los señores Melero , Masferrer , Coloma , Bombal y Recondo , para sustituir en el inciso tercero la palabra "idóneos" por "postulantes".

55.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio , Ulloa , Masferrer , Prochelle y Valcarce , para que pase a ser artículo 29, agregándose en la letra a) lo siguiente: después del punto, "o un representante de la Corporación Educacional privada designado por su administrador, según sea el caso. 56.- De los señores Sabag y Salas "d) Un representante comunal del Colegio de Profesores.".

Artículo 36

57.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle , Valcarce , Masferrer y Ulloa , para que sea artículo 30.

58.- De los señores Sabag y Salas, para agregar, después de la palabra "administración", "experiencia".

Artículo 37

59.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle, doña Marina ; Valcarce , Masferrer y Ulloa , para que pase a ser artículo 31, y para agregar que después de la expresión Departamento de Administración de Educación Municipal" la frase: "o las Corporaciones Educacionales Privadas creadas por las Municipalidades, organismos que podrán...".

Artículo 38

60.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Ulloa , Prochelle , Masferrer y Valcarce , para que pase a ser artículo 32.

Artículo 39

61.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Ulloa , Prochelle , Masferrer , y Valcarce , para que pase a ser artículo 33.

Artículo 40

62.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Ulloa , Prochelle , Masferrer y Valcarce , para que pase a ser artículo 34.

Artículo 41

63.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Ulloa , Prochelle , Masferrer y Valcarce , para que pase a ser artículo 35.

Artículo 42

64.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Ulloa , Prochelle , Masferrer y Valcarce , para que pase a ser artículo 36.

Artículo 43

65.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Ulloa , Prochelle , Masferrer y Valcarce , para que pase a ser artículo 37.

66.- De los señores Devaud y Peña, para sustituir el punto final del artículo, por una coma (,) y agregar a continuación la frase: "según las normas que fije el Reglamento".

Artículo 44

67.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle , Valcarce , Masferrer y Ulloa , para que pase a ser artículo 38, sustituyendo el inciso segundo, reemplazándolo por el siguiente: "La permuta deberá ser aprobada por la Dirección de Administración Educacional de la Municipalidad respectiva o por las Corporaciones Educacionales privadas según corresponda, y regirá desde la fecha en que ésta hubiere sido aprobada".

Artículo 45

68.- De los señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Prochelle , Valcarce , Masferrer y Ulloa , para que pase " ser artículo 39.

Artículo 46

69.- Para que pase a ser artículo 40, agregando, después de la palabra "Municipalidades", "o Corporaciones Educacionales privadas respectivas".

70.- De los señores Arancibia y Valenzuela, para intercalar en el inciso primero, después de los dos puntos; las palabras: "de zona".

71.- De los señores Devaud y Peña, para sustituir la conjunción "y", entre las expresiones "directiva" y "técnico-pedagógica" por "y/o".

Artículo 47.

72.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce , para que pase a ser artículo 41.

Artículo 48

73.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce , para que pase a ser artículo 42, sustituyendo el guarismo "40%" por "60%".

74.- De los señores Diputados Valenzuela y Arancibia , para intercalar como inciso segundo el siguiente: "También dará derecho a percibir esta asignación, la realización de un trabajo de investigación académicamente reconocido y las publicaciones basadas en una investigación y, o experimentación educacional formalmente desarrollada".

Artículo 49 75.- a) De los señores Diputados Ulloa , Bombal , Prochelle , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce b) Para agregar una letra e), que diga: Tipo de enseñanza especial que se imparta en el establecimiento". c) Para agregar al inciso cuarto, después de la expresión "corresponderá a cada Municipalidad", la frase "o Corporación Educacional Privada".

Artículo 50

76.- De los señores Diputados, Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer , Valcarce , para que sea artículo 44, y para agregar en el inciso segundo, después de la frase "cada administración municipal", la frase "o de la Corporación Educacional Privada respectiva".

Artículo 51 77.- De los señores Diputados, Valenzuela y Arancibia. En el inciso 22, después de "difíciles", intercalar una coma, seguida de las expresiones: "de zona". 78.- De los señores Diputados, Ulloa , Bombal , Prochelle , Rodríguez , Masferrer y Valcarce Inciso l2 Para agregar después de la frase "cualquier establecimiento municipal", la frase "o de aquellos que sean administrados por las Corporaciones Educacionales creadas por las Municipalidades".

Artículo 52

79.- De los señores Diputados, Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez , Masferrer y Valcarce , para que sea artículo 46.

Artículo 53

80.- De los señores Diputados, Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer , y Valcarce , para que sea artículo 47.

81.- De los señores Diputados, Sabag y Salas, para cambiar en el inciso 52 el guarismo "30" por "25".

Artículo 54

82.- De los señores Diputados, Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez , Masferrer y Valcarce , para que sea artículo 48.

Artículo 55

83.- De los señores Diputados, Bombal , Prochelle , Ulloa , Masferrer y Valcarce , para que sea artículo 49, y para agregar en el inciso tercero después de la expresión "el reglamento", la frase "de cada Establecimiento" quedando: "El Reglamento de cada Establecimiento...".

84.- De los señores Diputados Sabag y Salas, para suprimir el artículo 55.

Artículo 56

85.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez , Masferrer y Valcarce , para eliminarlo y pase a ser 50.

86.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce , para que sea artículo 51. 87.- De los señores Diputados Arancibia y Valenzuela "En estos casos, el profesional afectado tendrá derecho a ser contratado, sin concurso, en otro cargo de igual categoría que se encuentre vacante en la misma Región en que se desempeñaba".

Artículo 58

88.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio , Masferrer y Valcarce , para que sea artículo 53.

Artículo 59

89.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer , Valcarce , para que sea artículo 53.

Artículo 60 90.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce "El personal docente hará uso de su feriado legal de acuerdo a las normas establecidas en el artículo 42 de la presente ley.".

Artículo 61

91.- De los señores Diputados, Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer , y Valcarce , para que sea eliminado.

Artículo 62

92.- De los señores Diputados, Valenzuela y Arancibia , para agregar como inciso final: "Este reglamento será puesto en conocimiento de la Dirección Provincial de Educación, en un plazo no mayor a sesenta días". 93.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce "d) Normas sobre calificación de los profesionales de la educación".

Artículo 63

94.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce , para que pase a ser artículo 56.

Artículo 64.

95.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce , para que sea artículo 57.

Artículo 65

96.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce , para que sea artículo 58.

Artículo 66

97.- De los señores Diputados Bombal , Prochelle , Ulloa , Rodríguez, don Claudio ; Masferrer y Valcarce , para que sea artículo 59.

Artículo 67

98.- De los señores Diputados Prochelle , Rodríguez, don Claudio ; Valcarce , Bombal y Munizaga , para que sea artículo 60.

Artículo 68

99.- De los señores Diputados Prochelle , Rodríguez, don Claudio ; Valcarce , Bombal y Munizaga , para que sea artículo 61.

100.- De los señores Diputados Devaud y Peña, para sustituir la expresión final "sector privado" por "Código del Trabajo".

Artículo 69

101.- De los señores Diputados Prochelle , Rodríguez, don Claudio ; Valcarce , Bombal y Munizaga , para que sea artículo 62. 102.- De los señores Diputados Correa de la Cerda, Guzmán , Masferrer , Recondo , Longueira , Ulloa y Coloma "Artículo 69.- Las remuneraciones y otros beneficios establecidos por esta ley para los profesionales de la educación, deberán ser financiados a través de incrementos de la Unidad de Subvención Educacional".

Artículo 70

103.- De los señores Diputados Prochelle , Rodríguez, don Claudio ; Valcarce , Bombal y Munizaga , para que sea artículo 63. 104.- Del señor Diputado Martínez, don Juan "En aquellas materias no reguladas por la presente ley, se aplicará el Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos.

Artículo 1° transitorio 105.- Del Diputado señor Valenzuela "No obstante lo estipulado en el artículo 45 de esta ley, a los profesionales de la educación que se acogieron a la opción establecida en el artículo 42, del decreto con fuerza de ley N° 1-3063, de 1980, del Ministerio del Interior, sustituido por el artículo 15, de la ley N° 18.196 y que por efecto de lo establecido en el inciso tercero del artículo 22 transitorio de la mencionada ley N° 18.196, como también los profesionales que están afiliados al sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones, aunque se hubieren traspasado de la previsión fiscal, tienen como remuneración imponible la que disfrutaban en el momento del traspaso, la mayor imponibilidad que represente, para ellos la aplicación de este artículo, se les efectuará gradualmente de acuerdo con la siguiente escala...".

Artículo 2° transitorio

106.- De los Diputados señores Bombal , Rodríguez, don Claudio ; Ulloa , Masferrer , Prochelle , y Valcarce para eliminar este artículo. 107.- De los Diputados señores Kuzmicic , Faulbaum , Rocha , Peña, Campos, Muñoz, don Roberto ; Devaud y Carrasco "Sin perjuicio de lo anterior y una vez traspasada la Administración Educacional desde las personas jurídicas de Derecho Privado antes señaladas, los Fondos que las Municipalidades reciben por concepto de bonificación a la mano de obra de acuerdo al decreto ley 889, de 1975 y sus modificaciones posteriores, serán canalizados directamente por el Ministerio de Educación a los citados Municipios.

108.- De los Diputados señores Bombal , Ulloa , Prochelle , Masferrer , Rodríguez, don Claudio y Valcarce , para eliminar el inciso tercero de este artículo.

Artículo 3° transitorio

109.- De los Diputados señores Devaud y Peña, para agregar entre las expresiones "Municipal" y "deberán" la frase "con el acuerdo del Consejo Provincial de Educación". 110.- De los Diputados señores Rodríguez, don Claudio ; Prochelle, doña Marina ; Morales , Rodríguez, don Alfonso y Prokurica Para suprimir el inciso tercero.

Artículo 10 transitorio 111.- De los Diputados señores Ulloa , Elizalde y Sabag "La asignación por desempeño en condiciones difíciles, establecida en el artículo 49 de la presente ley, podrá alcanzar hasta un 60%, calculada sobre la remuneración básica mínima nacional correspondiente en zonas de extrema ruralidad, entendidas éstas, como aquellas zonas en que existan escuelas ubicadas a más de 100 kilómetros de alguna ciudad o pueblo que cuente con 10.000 habitantes como mínimo".

Artículo 15 transitorio

112.- De los Diputados señores Melero , Masferrer , Recondo y Bombal , para sustituir el guarismo "180" por "90". 113.- De los Diputados señores Correa de la Cerda, Guzmán , Masferrer , Recondo Longueira , Ulloa y Coloma "Artículo 162.- En todo caso, las normas de gradualidad dispuestas en los artículos octavo transitorio y siguientes sobre los incrementos de remuneraciones y todos los beneficios y asignaciones establecidos por esta ley para los profesionales de la educación, deberán financiarse en mensualidades iguales a través de sendos reajustes de la Unidad de Subvención Educacional". 114.- De los Diputados señores Tohá , Escalona y Rodríguez , doña Laura Se consideran profesores exonerados por razones políticas a todos aquellos miembros del personal docente que se les hubiese cancelado el contrato de trabajo, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, aduciendo razones de índole políticas. Su calificación de tales provendrá de ser incorporados a un Catastro Nacional de Exonerados del Magisterio que para dichos efectos elabore el Ministerio de Educación Pública.".

115.- De los Diputados señores Faulbaum , Muñoz, don Roberto ; Peña , Devaud y Rocha "Artículo transitorio.- "Los profesores que ocupaban cargos Directivos Docentes, en el Sistema Educacional hasta antes de 1980 y que hubieren sido exonerados o rebajados en sus cargos, tendrán derecho a postular y gozarán de preferencia para proveer las vacantes que se produzcan en lo sucesivo, en cargo de igual naturaleza; debiendo, en todo caso, cumplir con las condiciones exigidas por la presente ley y el respectivo Reglamento".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde votar la idea de legislar -no los artículos- sobre materias previsionales, contempladas en el artículo 45, incisos primero y tercero, y en el artículo lc transitorio del proyecto.

Hago presente que se puede abrir debate acerca de si estas materias son o no de quorum calificado; pero, vista la acuciosidad con que el Tribunal Constitucional cumple sus funciones, estimo que debemos prevenir cualquier situación.

En votación la idea de que este proyecto contemple materias provisionales.

Si le parece a la Sala, se aprobará con la misma votación anterior.

Aprobada.

Otro tanto vale para el artículo 20, que crea los consejos provinciales de educación. Esta norma todavía es más dudosa, porque cabe discutir si es materia de ley común o si corresponde a una ley orgánica constitucional. Respecto del Consejo

General de Pesca y de los Consejos Regionales de Pesca, el Tribunal Constitucional consideró que eran materias que requerían un quorum especial.

Para evitar cualquier fallo, por analogía, conviene que haya una votación al respecto, sin que esto signifique que la Cámara se pronuncie en un sentido o en otro.

Si le parece a la Sala, podríamos aprobar la idea con la misma votación anterior.

No hay acuerdo.

En votación la proposición de que en el proyecto de ley se pueda legislar sobre consejos provinciales de educación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la idea.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez , para referirse a un asunto reglamentario.

El señor ESTEVEZ.-

Tengo dudas sobre la votación, Presidente.

No sé si usted podría ser tan gentil de repetirla. De ser posible, que sea en forma nominal.

El señor DEVAUD.

¡Tómela de nuevo, Presidente!

El señor COLOMA.-

Llegaron dos personas, ¡No puede ser!

El señor SMOK.-

Señor Presidente, se han manifestado dudas respecto del resultado de la votación. Repítala, conforme al Reglamento.

El señor ESPINA.-

¡No procede!

Hablan varios señores Diputados a la vez.

Un señor DIPUTADO.-

El Secretario no ha tenido dudas.

El señor ESTEVEZ.-

Presidente, había personas paseándose en la Sala, que se cambiaron de asiento.

El señor ULLOA.-

Ya se ha votado. ¡Siempre la misma historia!

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, estamos en la Cámara de Diputados, discutiendo materias trascendentales, como es el Estatuto Docente, y no nos encontramos en la escuela básica. Les ruego a los colegas que se comporten como corresponde. Esta es una sesión muy trascendental; no son decisiones nimias. Había parlamentarios que estaban cambiándose de asiento. A lo mejor, el señor Secretario no contó con precisión por este factor externo a él. Le ruego que repita la votación, Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hago presente a la Sala que para que pueda aprobarse la idea de legislar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, se necesita un quorum de 69 votos.

Por lo tanto, si hay dudas sobre la votación, considero que conviene repetirla.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LETELIER.- 

Se requieren 61 votos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No, porque, según el Tribunal Constitucional, se trata de una ley orgánica constitucional, por cuanto, al igual como ocurrió con el Consejo de Pesca, estaríamos modificando la Ley de Bases de la Administración del Estado.

Otra cosa es la consideración acerca de si el Tribunal tiene la razón o no. Ese es otro problema.

En votación la idea de legislar sobre esta materia, tal como está establecida en el artículo 20.

Durante la votación.

El señor BAYO.-

¡Ahora están votando los radicales!

Hablan varios señores Diputados a la vez.

Repetida la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa: 28 votos. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En consecuencia, queda rechazada la idea de legislar sobre esta materia. O sea, no se puede legislar sobre ella.

El señor ESTEVEZ.-

Perdón, señor Presidente. No queda rechazada la idea. Usted ha pedido que se registre el quorum. En el caso de que predominara la peregrina interpretación de que esta materia requiere de esa votación, entonces, no existiría el quorum suficiente; pero esa es una interpretación, entre otras.

El señor SOTA.-

Exactamente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Lo único que quiero hacer presente es que, por la clase de discusión que tenemos, todos deben comprender las dificultades que se le presentan a la Mesa y a la Corporación para proceder cuando se exigen distintos quorum. Para ese efecto, he citado para mañana a una reunión de Comités, con el objeto de que la Corporación determine, en su conjunto, cómo comportarse en cada caso, porque, evidentemente, ellos son discutibles. No hay duda de que la interpretación a que se refiere el Diputado señor Estévez es perfectamente sostenible; pero también lo es la contraria. Entonces, ahí reside la dificultad para saber cuál será el criterio a seguir, en definitiva; no sólo por la Mesa, sino por la Corporación.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, a pesar de que estoy de acuerdo con lo que usted plantea, sucede que la votación se está verificando en este momento, y usted debe declarar si aprueba o rechaza la idea de legislar; es decir, como Mesa debe adoptar una posición respecto de un tema que, probablemente, es muy discutible.

Pero, antes de que la adopte, le ruego que tome en consideración que en la Sala hay distintas opiniones -ignoro cuál es la suya- y que el problema debe resolverse en este minuto y no mañana en la reunión de Comités, porque el proyecto debe quedar despachado hoy, en general.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En este caso, por tratarse de un punto discutible, y además por el hecho de que estos consejos, dado su carácter asesor, ya están creados por decreto, e incluso, es discutible que sean materia de ley, según la interpretación del Tribunal Constitucional, considero que procede rechazar la idea de legislar en este sentido.

Ahora, esto llevará a la Corporación y a los distintos partidos a tomar conciencia -porque hoy puede ser en favor de irnos y mañana en favor de otros- acerca de cómo debemos proceder si la interpretación del Tribunal, que es absolutamente inapelable, es amplia.

El señor HUEPE.- 

Para ese caso.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si se toma esa decisión respecto de los Consejos de Pesca, no veo razón alguna para que sea distinta en cuanto a los consejos provinciales de educación.,

Por lo tanto, a mi juicio, por lo menos, queda rechazada la idea de legislar sobre esta materia.

El señor ULLOA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Para referirse a un problema reglamentario?

El señor ULLOA.-

Sí, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, coincido con lo que ha expresado el Diputado Schaulsohn , en términos de que la Mesa debe tomar la determinación, lo que ya ha hecho.

Además, deseo que quede establecido que si por algún motivo se va a consultar este punto a los Comités, es muy importante que, de todas maneras, quede clara constancia de que en reiteradas oportunidades se ha utilizado el argumento de repetir la votación con la sola intención de ver la posibilidad de que lleguen más señores parlamentarios a votar.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No, ya se ha votado. Otra cosa son las consecuencias jurídicas y políticas que esta decisión de la Cámara conlleva.

Queda despachado, en general, el proyecto.

El señor HUEPE.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huepe.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, lamento prolongar- la discusión sobre este tema, pero me parece absolutamente inaceptable que la Corporación se inhiba de tomar una decisión al respecto, la cual puede ser discutida o cuestionada después por el Tribunal Constitucional.

Existen precedentes en esta Sala de Diputados que han pedido que se diga si una votación requiere o no de un quorum determinado. Su interpretación es absolutamente legítima, pero la Corporación puede tener otra, que puede ser controvertible el día de mañana.

Por lo tanto, le pido a Su Señoría que no declare si es procedente la norma como lo señalaba el Diputados Schaulsohn , sino que la Sala resuelva si, a su juicio, está aprobada o no la idea de legislar, esto es, si se requiere o no quorum calificado para esta materia.

Aquí está en juego la suerte de 12 mil profesores que verán coartada su eventual jubilación y no me parece conveniente que adopte ese procedimiento e inhiba la posibilidad de legislar al respecto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Le aclaro al Diputado señor Huepe que el asunto no tiene nada que ver con la jubilación, sino con los consejos provinciales.

El señor ARANCIBIA.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, me permito recordar a la Mesa la norma de una disposición del Código Civil, en el sentido de que los fallos judiciales sólo producen efecto en las causas en que se pronuncian. No puede hacerse extensiva una resolución o fallo emitido en relación con los consejos regionales de pesca a un eventual pronunciamiento en materia de consejos provinciales de educación. Creo que constituye una extensión que infringe las normas básicas en materia de efectos de una sentencia judicial.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ha planteado una cuestión reglamentaria. En ese sentido, corresponde proceder según el Reglamento, y hay determinados minutos para que los señores parlamentarios sostengan una tesis u otra.

Algunos sostienen que la Corporación va a calificar la naturaleza jurídica de estas disposiciones y, por tanto, procederá en un determinado sentido, por ejemplo, que se requiere un quorum simple. Habrá otros parlamentarios que digan que se requiere de quorum calificado, o que la Corporación puede, como expresa el Diputado Huepe , rectificar la posición de la Mesa.

Se plantea, entonces, una cuestión reglamentaria.

El señor ULLOA.-

¡No, señor Presidente!

El señor ELGUETA.-

Pido la palabra.

El señor ESPINA.-

Pido la palabra.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, su argumentación no corresponde a la materia que se está tratando, porque Su Señoría se refirió al Consejo Nacional de Pesca y a los consejos zonales de pesca. Sin embargo, el artículo 18, inciso segundo, de la Ley de Bases de la Administración del Estado dice que las normas del presente título -sobre las cuales se basó el Tribunal Constitucional para declarar que el Consejo Nacional de Pesca y a los consejos zonales corresponden leyes orgánicas- no se aplicarán a las municipalidades, lo cual agrega un argumento que hace absolutamente dudosa la posición de la Mesa, porque a las municipalidades no se les aplica el artículo 18, ni ese título de la ley N° 18.575.

En consecuencia, señor Presidente, usted debió abrir un debate previo para discutir si el artículo 20 es materia de ley orgánica o, por el contrario, de ley común. Eso no ha ocurrido en esta oportunidad.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, sobre ésta materia, requerido su pronunciamiento por el Diputado Schaulsohn , usted, como Presidente de la Corporación, resolvió que se trataba de una norma que requería un quorum especial.

Ahora, para rever esta materia es indispensable la unanimidad de los miembros de la Sala. Es improcedente que usted, luego de aportar un acuerdo, de pronunciarse ante la Sala, pretenda reabrir debate sobre una materia respecto de la cual ya se pronunció. Sólo se puede revisar esa situación de acuerdo con el Reglamento -repito-, en el entendido de que se produzca la unanimidad de los miembros de la Sala.

Por lo tanto, le pido que el punto lo dé por terminado y que no lo someta a debate, lo cual es improcedente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No. El problema es que la Sala es soberana. Aquí se ha planteado un problema reglamentario, de interpretación jurídica, y, finalmente, siempre que se suscite una discrepancia entre la Presidencia y una parte de la Sala, es esta última la que resuelve soberanamente.

El señor ESPINA-

Señor Presidente, eso es incorrecto.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Perdón, déjenme terminar la argumentación.

El señor SCHAULSOHN.-

¿Puede suspender la sesión por cinco minutos, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Planteado un problema reglamentario, lo que corresponde, a mi juicio, es que se abra debate sobre él...

El señor ESPINA.-

¡No es así!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

...y, por tanto, que se argumente en uno y en otro sentido,

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se suspende la sesión por cinco minutos, para aclarar el punto.

Se suspendió a las 20.12 y se reanudó a las 20.52.

El señor VIERA-GALLO (Presidentes- Continúa la sesión.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, ¿me permite?

Una pequeña aclaración, solamente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Muchas gracias.

La aclaración es muy simple y constituye una respuesta a los colegas de Renovación Nacional, que considero muy necesaria, respecto de lo que han calificado como una burla del señor Ministro Lagos, en relación con el tema de los consejos provinciales de educación.

Como una manera de hacer prevalecer la dignidad del Parlamento, quiero manifestar que no ha habido intención, ni del Ejecutivo ni del Ministro Lagos, de burlarse del Poder Legislativo, ya que el decreto que se refiere a los consejos provinciales de educación había sido enviado hace seis meses a la Contraloría General de la República, con fecha 26 de julio del presente año, la que sólo tomó razón de él hace tres días.

Hago esta aclaración para que no quede flotando en el ambiente algo que aparece paradójico. Por un lado, estamos discutiendo en el Estatuto Docente los consejos provinciales de educación y, por el otro, éstos aparecen ya creados.

Esa es la explicación.

He dicho.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El proyecto quedó despachado conforme al artículo 133 del Reglamento.

"Despachado un proyecto de ley -dice el Reglamento- no podrá reabrirse debates sobre él por ningún motivo". Salvo -agrega la Mesa- que haya unanimidad, y ya está claro que hay oposición.

Como siempre se ha hecho cuando se ha despachado un proyecto en general, hará uso de la palabra el señor Ministro de Educación.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LAGOS (Ministro de Educación).-

En primer lugar, quiero agradecer a la Cámara el despacho en general de esta iniciativa.

Al mismo tiempo, deseo señalar que mi permanencia aquí tuvo como propósito escuchar la mayor parte de las observaciones e intervenciones que se hicieron. Por cierto, no es el momento ni el lugar para hacerme cargo de ellas.

Sin embargo, respecto del tema que suscitó la suspensión de la sesión, debo expresar que, como acá se ha recordado, el decreto correspondiente se envió a la Contraloría tres meses antes del envío al Parlamento del proyecto sobre el Estatuto Docente.

Fue, precisamente, en las discusiones dentro del Gobierno relacionadas con el Estatuto Docente, que nos pareció conveniente que esta iniciativa, por su carácter, fuera tratada por el Congreso, a sabiendas de que teníamos atribuciones para nombrar un consejo asesor de las atribuciones normales del Director Provincial de Educación. Pero, reitero, por la naturaleza del tema, nos pareció útil que hubiera un debate en el Parlamento. Por cierto, jamás pensamos que se produciría una discusión como ésta. Lamento que se' haya querido ver en la dictación de este decreto el deseo de burlar las atribuciones del Parlamento. No es así, por cuanto, como dije, se despachó a la Contraloría General de la República, con mucha antelación, la cual demoró aproximadamente cinco meses en tomar razón de algo que nos parecía de absoluta normalidad. La razón por la cual se hizo fue, simplemente, por el deseo de que existiera participación de la comunidad. Por cierto, si hubiéramos querido burlar -como algunos han insinuado- lo que son las atribuciones del Parlamento, nos habríamos quedado con el decreto y no lo habríamos incorporado en un proyecto de ley.

Deseo señalar, finalmente, que, en mi concepto, en algún momento habrá que analizar en detalle cuáles son los mecanismos para que haya una participación adecuada de la comunidad en sus distintos niveles, sea comunal, provincial o regional, en lo que dice relación con los temas de política educacional.

No quise intervenir con anterioridad, porque me percaté de que, más allá del tema de fondo que estábamos planteando con la indicación misma en el sentido de si se legislaba o no sobre la materia, había un conflicto de otra naturaleza, respecto de las atribuciones de la Cámara, de los quorum calificados y del Tribunal Constitucional, puntos en los que no me pareció que, como Ministro de Educación, debiera intervenir.

Deseaba hacer esta aclaración, junto con agradecer el despacho del proyecto por la Cámara, por estimar que sería tremendamente negativo que quedara la idea de que hemos querido burlamos de una definición sobre el tema, que nos pareció adecuado tomar.

Consideramos que un decreto de esta naturaleza podía verse realzado si había una ratificación legal. Era todo el propósito que hubo cuando incorporamos esta disposición en el proyecto enviado por el Ejecutivo al Parlamento.

He dicho..

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por mi parte, deseo señalar que es natural que en un período de transición, cuando se restablecen instituciones democráticas bajo una nueva Constitución, se puedan producir situaciones paradójicas desde el punto de vista jurídico. Así resulta el hecho que la Contraloría General de la República haya tomado razón de un decreto que, sin embargo, hoy día hemos verificado por un fallo posterior o simultáneo del Tribunal Constitucional, que es materia de ley orgánica constitucional.

Esta situación será aclarada a través de los mecanismos normales de la democracia. En todo caso, esperamos que no haya sido un entorpecimiento para una materia tan importante como el Estatuto Docente.

El señor Secretario me hace presente que hubo una indicación del Diputado señor Devaud en la Comisión de Hacienda relativa a esta materia. Es evidente que si la idea general no alcanzó el quorum requerido, ella no procederá en la discusión concreta.

En conformidad con el artículo 15 del Reglamento, el Comité Radical ha solicitado que se deje constancia de que los Diputados señores Jaime Campos , José Peña , Jaime Rocha y Dionisio Faulbaum se abstuvieron de la votación en general del proyecto, ya que en el resultado sólo se indicó el número de abstenciones, pero no se especificaron los Diputados que se pronunciaron de esa manera.

El señor SOTOMAYOR.-

Pido la palabra, señor Presidente, para hacer presente un asunto reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SOTOMAYOR.-

Señor Presidente, los Diputados radicales votaron a favor la idea de legislar en la segunda oportunidad; así es que no pueden dejar esa constancia.

El señor VÍERA-GALLO (Presidente).-

No, lo que ellos votaron después a favor fue el asunto de los consejos provinciales de educación, pero se abstuvieron cuando se votó la idea de legislar en general.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIAS Y TECNOLOGIA, DEPORTES Y RECREACION RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NUEVAS NORMAS SOBRE ESTATUTO DOCENTE.

BOLETIN Nº 182 04-2

HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación viene en emitir su segundo informe sobre el proyecto de ley que "Establece nuevas normas sobre Estatuto Docente" originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 128 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por esta Cámara, en la sesión 19ª especial de fecha 11 de diciembre del año en curso, con las indicaciones presentadas en la Sala y admitidas a t:ramitación.

Asimismo, comprende aquellas indicaciones formuladas por el Presidente de la República en la Comisión de Hacienda y remitidas a esta Comisión, como también las que dicha Comisión de hacienda formulara respecto de las normas que son de su competencia.

Cabe hacer presente que la Cámara no aprobó la idea de legislar respecto del artículo 20, que se refiere a la existencia, compasión y funciones de los Consejos Provinciales de Educación, por considerarla propia de ley con rango orgánico constitucional y no reunirse el quórum exigido al, efecto.

En consecuencia, con la salvedad señalada, este informe, de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 del Reglamento, debe referirse a las siguientes materias:

1° .Artículos que no fueron objetó de indicaciones ni de modificaciones:

En esta situación se encuentran los artículos 4°, 6º, 11, 12 y 13 transitorios, los que, en consecuencia, conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 129 del Reglamento, deben entenderse aprobados.

Estas disposiciones se refieren a las siguientes materias:

a)Artículo 4° transitorio.

Establece que el cambio de régimen jurídico que signifique la aplicación de esta ley respecto de aquellos profesionales regidos a la fecha de su entrada en vigor por el Código del Trabajo, y que: sean incorporados a una dotación docente no importará término de la relación laboral para afecto alguno.

b) Artículo 6 ° transitorio.-

Dispone que las remuneraciones y beneficios que la ley establece para los profesionales de la educación, deberán alcanzar el total de sus valores dentro de los cinto años siguientes a su entrada en vigencia.

c) Artículo 11 transitorio.-

Establece que la asignación de responsabilidad directiva y técnico pedagógica deberá cancelarse a partir del año 1991, calculada sobre la remuneración básica mínima nacional.

d) Artículo 12 transitorio.

Dispone que el personal que se desempeña en establecimientos técnico profesionales, administrados por instituciones del sector público o por personas jurídicas sin fines de lucro, se regirá por las disposiciones de este Estatuto aplicables al sector particular (contrato docente).

e) Artículo 13 transitorio.-

Establece que las disposiciones del Estatuto aplicables a la carrera de los profesionales del sector municipal y la normativa que obliga a que el valor pactado por hora no sea inferior al valor mínimo nacional vigente, se aplicarán a los docentes de la educación prebásica en la medida que éstos se desempeñen en niveles que puedan dar origen a subvención estatal.

2°. Artículos conceptuados como normas de quórum calificado.

En esta situación se encuentran los artículos 45 (que pasa a ser 43) en sus incisos primero y tercero, y 1° transitorio.

La primera disposición citada establece el derecho de los profesionales de la educación para que se les efectúen imposiciones sobre la totalidad de sus remuneraciones y señala la base para el cálculo de las pensiones que correspondan a estos mismos profesionales.

La segunda establece un sistema gradual para hacer efectivo en el tiempo el derecho señalado en la primera.

La calificación tuvo el carácter de unánime.

3°. Artículos suprimidos.

En esta situación se encuentran los siguientes artículos:

a) El artículo 12. Establece que para ejercer la docencia los profesionales de la educación deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 2º de este proyecto, el que define lo que debe entenderse por profesionales de la educación, exigiendo la posesión de título de profesor o educador concedido por escuelas normales, universidades e institutos profesionales.

La norma fue eliminada en virtud de una indicación patrocinada por los Diputados señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio; Ulloa y Valcarce, estimando la Comisión que dicha disposición era reiterativa y que razones de simplicidad y mejor comprensión recomendaban suprimirla.

Se acogió la indicación por mayoría de votos.

b) El artículo 61. Dispone que el personal docente del sector particular hará uso de su feriado legal en los mismos términos que el personal municipalizado.

Esta norma fue eliminada como consecuencia de haber acogido la Comisión una indicación de los señores Diputados Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para refundir su texto con el del artículo 60. (que pasa a ser 59)

Se acogió por unanimidad.

4°. Artículos modificados.

La Comisión acordó modificar los siguientes artículos:

a) El artículo 2° suprimiendo la frase que sigue a las expresiones "institutos profesionales" y que es del siguiente tenor: "u otros establecimientos legalmente habilitados para este propósito".

La supresión acordada se originó en una indicación de los Diputados señores Bombal, Masferrer, Muñoz Barra, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce, la que fue acogida por mayoría de votos.

Se estimó que no se justificaba la frase suprimida por cuanto los títulos de profesor sólo son concedidos, o lo fueron en el pasado, solamente por universidades, institutos profesionales o escuelas normales.

b) El artículo 10 sustituyéndolo por el siguiente:

"Artículo 10. La formación de los profesionales de la educación corresponderá a las instituciones de educación superior, de acuerdo a lo establecido en la Ley orgánica Constitucional de Enseñanza".

El nuevo texto se originó en una indicación de los señores Diputados Leay, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio y Valcarce, presentada directamente ante la Comisión, la que fue acogida por unanimidad (10 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones).

Tal indicación, que recoge en forma textual la que presentaran en la Sala, pero con otro número de artículo, los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio y Valcarce se funda en la necesidad de evitar posibles equívocos ya que los términos "formación inicial" podrían inducir a pensar en la existencia de distintas etapas para dicha formación.

c) El artículo 13 (que pasa a ser 12) suprimiendo la expresión "mínimo" que figura entre las palabras "perfeccionamiento" y "vinculado".

La Comisión acogió esta indicación propuesta por los Diputados señores Devaud y Peña, por unanimidad (9 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones), sin mayor debate.

d) El artículo 14 (que pasa a ser 13) agregando al final del inciso primero, en punto seguido, la siguiente oración: "El Ministerio de Educación propiciará un sistema de perfeccionamiento descentralizado".

La Comisión acogió esta proposición de los Diputados señores Jara, don Octavio y Valenzuela por mayoría de votos, fundándose t¡,s la necesidad de evitar que los programas de perfeccionamiento no pasen de ser declaraciones meramente retóricas respecto de las regiones.

e) El artículo 17 (que pasa a ser 16) suprimiendo las expresiones "el deber y".

La Comisión acogió esta indicación de los señores Diputados. Bombal, Masferrer, Prochelle, Ulloa y Valcarce por mayoría de votos, fundándose en que no parecía conveniente ni digno imponer un deber de esta naturaleza a un profesional, sobre todo, si la dirección de los establecimientos a que pertenezcan puede, además de dirigir el colegio o escuela, evaluar la participación del profesor en las distintas actividades a que se refiere la norma en análisis.

f) El artículo 18 (que pasa a ser 17) reemplazando, en el inciso primero, las expresiones "Consejos de Profesores", la primera vez que figuran, por los términos "un Consejo de Profesores".

La modificación, originada en una indicación presentada directamente a la Comisión por los señores Diputados Escalona, Muñoz, Ortiz, Smok y villouta se aprobó por. unanimidad y se fundó en el deseo de precisar la norma por cuanto la frase inicial de este artículo que señala "En cada establecimiento educacional habrá Consejos de Profesores..." induce a pensar que en cada unidad educacional podría haber más de un Consejo.

g) El artículo 19 (que pasa a ser 18) suprimiendo la frase final del inciso primero que señala: "además de aquellas facultades resolutivas que este último les acuerde según el artículo anterior.".

La Comisión acogió, por mayoría de votos, una indicación del Ejecutivo al respecto, por estimar reiterativa la frase, ya que la idea que contiene figura en el párrafo final del inciso primero del artículo 18 (que pasa a ser 17).

h) El artículo 33 (que pasa a ser 31) reemplazando la frase "deben convocarse a lo menos dos veces en el año lectivo" por la siguiente: "deben convocarse en los meses de marzo y diciembre del respectivo año lectivo".

La Comisión acogió, por mayoría de votos, esta modificación originada en una indicación de los señores Diputados Bombal, Masferrer, Melero, Recondo y Ulloa por estimar positiva la fijación de fechas para el llamado a concurso.

i) El artículo 43 (que pasa a ser 41) sustituyéndolo por el siguiente:

"Los profesionales de la educación podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales, dependientes o relacionados con la misma municipalidad, a solicitud suya o por resolución fundada de la autoridad facultada para hacer la designación, previa consulta del profesional respectivo.

"El o la cónyuge de algún profesional de la educación que haya sido destinado a una localidad distinta de aquella en la cual ambos trabajen como funcionarios del sector público o municipal, tendrá preferencia para ser designado en ésta.".

La Comisión acogió, por mayoría de votos y sin mayor debate, una indicación formulada por el Ejecutivo al respecto, volviendo con ello al texto propuesto primitivamente en el Mensaje que requería, para los efectos de realizar una destinación, solo consultar al profesional respectivo.

Asimismo como consecuencia de la sustitución, se eliminó el inciso final que acordaba un puntaje adicional a las postulaciones de quienes hubieren ejercido por más de tres años consecutivos en el sector rural.

j) E1artículo 44 (que pasa a ser 42) suprimiendo su inciso segundo que establece lo siguiente:

"La permuta operará de pleno derecho con la aceptación mutua de los permutantes y regirá desde la fecha en que se notifique a los empleadores respectivos.".

La Comisión acogió por mayoría de votos una indicación del Ejecutivo al respecto, sin mayor debate.

k) El artículo 45 (que pasa a ser 43) sustituyendo el inciso primero por el siguiente:

"Los profesionales de la educación tendrán derecho a que se les efectúen imposiciones previsionales sobre la totalidad de sus remuneraciones. Para estos efectos se entiende por remuneraciones lo establecido en el artículo 40 del Código del Trabajo.".

La Comisión acogió por mayoría de votos esta indicación formulada en la Comisión de Hacienda por los Diputados señores Estévez, Huenchumilla y Palma, don Andrés la que no tiene más objetivos que aclarar y mejorar la redacción de la norma.

l) El artículo 46 (que pasa a ser 45) suprimiendo el párrafo final que señala: "Además, las municipalidades podrán establecer con fondos propios, asignaciones especiales de incentivo profesional.".

La Comisión acogió por mayoría de votos esta indicación formulada en la Comisión de Hacienda por los Diputados señores Devaud, Estévez, Huenchumilla, Palma don Andrés y Sota por estimar que la frase en cuestión consagraba una discriminación en perjuicio de los municipios con menos recursos los que no estarían en condiciones de proporcionar los mismos incentivos que los más prósperos.

m) El artículo 47 (que pasa a ser 46) sustituyendo sus dos primeros incisos por el siguiente:

"La asignación de experiencia se aplicará sobre la remuneración básica mínima nacional que determine la ley y consistirá en un porcentaje de ésta, que la incremente 6,76% por los primeros dos años de servicio docente y 6,66% por cada dos años adicionales, debidamente acreditados, con un tope y monto máximo de 100% de ,la remuneración básica mínima nacional para aquellos profesionales que totalicen 30 años de servicios.

La Comisión acogió por unanimidad (10 votos a favor, ninguno en contra y una abstención) esta indicación propuesta en la Comisión de Hacienda, con acuerdo del Ejecutivo, por el Diputado señor Estévez, entendiendo que con ello se aclaraban sus términos y se mejoraba su redacción.

n) El artículo 48 (que pasa a ser 47) reemplazando su inciso segundo por el siguiente:

"El reglamento deberá contemplar mecanismos que garanticen el acceso equitativo a los docentes a cursos de perfeccionamiento y establecer un sistema de puntaje para los efectos de determinar el porcentaje de la asignación de perfeccionamiento que se reconoce, considerando especialmente las horas de duración de cada curso, actividad o carrera, el nivel académico respectivo y el grado de relación con el desempeño profesional.".

La Comisión acogió en forma unánime (8 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones) esta indicación originada en una proposición hecha en la Comisión de Hacienda por los Diputados señores Matthei, Munizaga y Rodríguez, don José Alfonso, fundamentalmente por razones de mayor claridad y mejor redacción.

ñ) E1 artículo 49 (que pasa a ser 48) introduciéndole las siguientes modificaciones:

1°. Para agregar en el inciso primero, después de las palabras "extrema pobreza", la frase " o condiciones educacionales especiales".

Esta modificación se originó en una indicación de los señores Diputados Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio y Ulloa.

La Comisión la acogió por mayoría de votos por entender que con ello quedan comprendidas dentro de las actividades que se desempeñan en condiciones difíciles, las que se realizan, por ejemplo, en escuelas cárceles o para niños con retraso mental.

2°. Para eliminar en el inciso final las expresiones "así como" que figuran entre los términos "asignación" y "establecer".

La Comisión acogió esta indicación presentada directamente ante ella por los Diputados señores Carrasco, Escalona, Muñoz Barra, Ortiz y Villouta por mayoría de votos por razones de mejor redacción.

3°. Para agregar un nuevo inciso final del siguiente tenor:

"La asignación por desempeño en condiciones difíciles será compatible con la asignación de zona".

La Comisión acogió esta indicación presentada directamente ante ella por los Diputados señores Escalona, Masferrer, Muñoz Barra, Ortiz, Prochelle, Rodríguez, don Hugo, Valcarce, Valenzuela y Villouta, por unanimidad, por estimar necesario establecer expresamente esta compatibilidad.

Asimismo, aprobó, por mayoría de votos, el artículo con las modificaciones acordadas.

o) El artículo 50 (que pasa a ser 49) agregando al final del inciso segundo la siguiente frase: "conforme a las normasque esta-blezca reglamento.".

La Comisión acogió por mayoría de votos una indicación, presentada en la Comisión de Hacienda por los Diputados señores Devaud, Palma, don Andrés y Sota, por estimar que daba más precisión a la norma.

Puesto en votación el artículo con la indicación se lo aprobó por mayoría de votos.

p) E1artículo 51 (que pasa a ser 50) introduciéndole las siguientes modificaciones:

1°. Para sustituir en el inciso segundo la expresión "pago" por "cancelación".

La Comisión acogió por unanimidad (8 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones) esta indicación formulada en la Comisión de Hacienda por los Diputados señores Devaud, Palma, don Andrés y Sota por estimar que el término cancelación era más apropiado desde el punto de vista técnico.

2°. Para agregar, en el inciso primero, después de la frase "cualquier establecimiento municipal", la oración "o de aquellos que sean administrados por las Corporaciones Educacionales creadas por las municipalidades.".

La Comisión acogió por unanimidad esta indicación presentada directamente ante la Comisión por los Diputados señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa, y Valcarce en razón de la necesidad de precisar los términos de la norma, señalando claramente a quienes beneficia.

3°. Para intercalar en el inciso segundo después de las palabras "difíciles" y "y de responsabilidad", precedida de una coma, los términos "de zona".

La Comisión acogió por unanimidad esta indicación de los Diputados señores Arancibia y Valenzuela por razones de precisión.

Puesto en votación el artículo con las indicaciones, se lo aprobó por unanimidad.

q) El artículo 52 (que pasa a ser 51) agregando al final del inciso segundo, suprimiendo el punto final, las expresiones "para un mismo empleador.".

La Comisión acogió por unanimidad esta indicación presentada directamente ante ella por la totalidad de sus integrantes presentes, en atención a la necesidad de concordar esta norma con el artículo 61 (que pasa a ser 60) que se refiere a la jornada del sector particular.

r) E1 artículo 53 (que pasa a ser 52) para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 52. La jornada semanal docente se conformará por horas de docencia de aula y horas de actividades curriculares no lectivas.

La docencia de aula semanal no podrá exceder de 33 horas, excluidos los recreos, en los casos en que el docente hubiere sido designado en una jornada de 44 horas. El horario restante será destinado a labores curriculares no lectivas.

Cuando la jornada contratada fuere inferior a 44 horas semanales, el máximo de clases quedará determinado por la proporción respectiva.

Tratándosede docentes que cumplan funciones en jornada nocturna, su horario no podrá sobrepasar la medianoche, salvo que se trate de docentes que hubieren sido contratados para cumplir labores de internado.

La docencia de aula efectiva que realicen los docentes con 30 o más años de servicios se reducirá a un máximo de 24 horas de aula, debiendo asignarse el resto de su horario a actividades curriculares no lectivas.".

La Comisión acogió por unanimidad esta indicación presentada directamente ante ella por los Diputados señores Carrasco, Escalona, Leay, Masferrer, Muñoz Barra, Prochelle, Rodríguez, don Claudio y don Húgo, Valcarce, Valenzuela y Villouta por estimar que esta nueva redacción cautelaba posibles interpretaciones que pudieran significar una mayor jornada de trabajo para los profesores que la que actualmente tienen.

s) El artículo 55 (que pasa a ser 54) introduciéndole las siguientes modificaciones:

1°. Para suprimir, en inciso segundo, la letra e) que señala:

"Relaciones humanas y capacidad de integración en el establecimiento.".

La Comisión acogió por mayoría de votos esta indicación formulada directamente ante ella por los señores Diputados Leay, Masferrer, Muñoz Barra, Prochelle y Valcarce por estimar que este elemento de evaluación podía prestarse a abusos en razón de su subjetividad.

2°. Para agregar el siguiente inciso final:

"Los resultados finales de la calificación de cada profesional deberán considerarse como antecedentes para los concursos públicos estipulados en este Título. Asimismo, se tendrán en cuenta para optar a cupos o becas en actividades de perfeccionamiento o estudios de post grados, para financiar proyectos individuales de innovación y, en general, en todas las decisiones que se tomen para seleccionar profesionales.".

La Comisión acogió por unanimidad esta indicación presentada por el Ejecutivo por estimar que con ella se desvirtuaba la crítica hecha al procedimiento evaluador en el sentido que no premiaba sino únicamente establecía sanciones.

Puesto en votación el artículo con las indicaciones, se lo aprobó, asimismo, por unanimidad.

t) El artículo 57 (que pasa a ser 56) para agregar al final de la letra f) del inciso primero, cambiando el punto final por uno seguido, la siguiente frase: "Por dos años consecutivos".

La Comisión acogió por mayoría de votos esta indicación presentada directamente ante ella por los Diputados señores Carrasco, Leay, Masferrer, Muñoz Barra, Ortiz, Prochelle, Rodríguez don Hugo, Valcarce y Villouta por estimar exagerada la causal de cese de funciones y considerar que el afectado debería tener la posibilidad de enmendarse.

Se aprobó el artículo con la indicación por mayoría de votos.

u) El artículo 60 (que pasa a ser 59) agregándole un inciso final del siguiente tenor:

"El personal docente hará uso de su feriado legal de acuerdo a las normas establecidas en el artículo 42 (que pasa a ser 40) de la presente ley".

La Comisión acogió por unanimidad (8 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones) esta indicación de los Diputados señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce por estimar procedente refundir los textos de los artículos 60 (que pasa a ser 59) y 61 quedando en consecuencia, suprimido este último.

v) El artículo 62 (que pasa a ser 60) agregándole un inciso final del siguiente tenor:

"Este reglamento será puesto en conocimiento de la Dirección Provincial de Educación, en un plazo no mayor a sesenta días".

La Comisión acogió por mayoría de votos esta indicación de los Diputados señores Arancibia y Valenzuela por estimar que los establecimientos educacionales, al igual que las empresas, deben tener reglamentos internos pero sin que ello sea un mandato legal puramente retórico. De ahí la necesidad de fijar un plazo para su concreción.

Se aprobó el artículo con la indicación por mayoría de votos.

w) El artículo 1° transitorio introduciéndole las siguientes modificaciones:

1°. Para intercalar en el encabezamiento del inciso primero, entre las expresiones "Ley N° 18.196" la segunda vez que figura y los términos "tienen como", la siguiente oración "como también los profesionales que están afiliados al sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones, aunque se hubieren traspasado de la previsión fiscal.

La Comisión acogió por unanimidad esta indicación del Diputado señor Valenzuela en atención a que con ello se concordaba esta norma con lo establecido en el artículo 45 (que pasa a ser 43) permanente.

2°. Para sustituir al final del encabezamiento del inciso primero la frase "de este artículo, se les efectuará gradualmente de acuerdo con la siguiente escala: "por la siguiente oración " de esta ley, se les efectuará gradualmente de acuerdo al siguiente procedimiento ".

La Comisión acogió por unanimidad (8 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones) esta indicación formulada en la Comisión de Hacienda por el Diputado señor Palma, don Andrés, por estimar que con ello mejoraba su redacción.

3°. Para suprimir el párrafo segundo del inciso primero y sustituir el párrafo tercero por e1 siguiente: "A los profesionales de la educación que tengan 26 o más años de servicios o imposiciones al 1° de marzo de 1991:".

La Comisión acogió por mayoría de votos esta segunda indicación presentada por, el Diputado señor Palma, don Andrés, en la Comisión de Hacienda por las mismas razones anteriores.

Puesto en votación el artículo con las indicaciones se lo aprobó por unanimidad (10 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones).

x) El Artículo 5° transitorio reemplazando la frase final del inciso segundo que dice: "señaladas en el artículo 46 (que pasa ser 45) de esta ley", por la siguiente: "que sólo tendrán por objeto mantener el monto actual de sus remuneraciones.".

La Comisión acogió por unanimidad (6 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones) esta indicación presentada en la Comisión de Hacienda por el Diputado señor Devaud.

Puesto en votación el artículo con la indicación se lo aprobó en iguales términos.

y) E1 artículo 7° transitorio introduciéndole las siguientes modificaciones:

1°. Para sustituir en el inciso primero y en el inciso segundo los guarismos "1700" y "1800" por "1900" y "2000", respectivamente.

2°. Para suprimir el inciso tercero que señala: "Los valores mínimos señalados en los dos incisos anteriores se establecerán en porcentajes de una unidad de subvención educacional.".

La Comisión acogió por mayoría de votos ambas indicaciones formuladas por el Ejecutivo en el seno de la Comisión de Hacienda, entendiendo respecto de la segunda de ellas, que todo lo relacionado con la reajustabilidad quedará establecido en la Ley de Subvenciones y en la de normas complementarias.

Puesto en votación el artículo con las indicaciones se lo aprobó por mayoría de votos.

z) E1 artículo 8° transitorio sustituyendo en el número 2 del inciso primero el guarismo "60$" por "80%".

La Comisión acogió por unanimidad esta indicación presentada por el. Ejecutivo en la Comisión de Hacienda ya que ello significa acelerar la escala gradual para e1 pago de la asignación de experiencia.

El artículo con la indicación se aprobó por unanimidad (10 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención).

1°. Para sustituir en el inciso primero y en el inciso segundo los guarismos "1700" y "1800" por 1900" y 2000, respectivamente.

2º.- Para suprimir el inciso tercero que señala: "Los valores mínimos señalados en los dos incisos anteriores se establecerán en porcentajes de una unidad de subvención educacional.".

La Comisión acogió por mayoría de votos ambas indicaciones formuladas por el Ejecutivo en el seno de la Comisión de Hacienda, entendiendo respecto de la segunda de ellas, que todo lo relacionado con la reajustabilidad quedará establecido en la Ley de Subvenciones y en la de normas complementarias.

Puesto en votación el artículo con las indicaciones se lo aprobó por mayoría de votos.

z) E1 artículo 8° transitorio sustituyendo en el número 2 del inciso primero el guarismo "60%" por "80V".

La Comisión acogió por unanimidad esta indicación presentada por el. Ejecutivo en la Comisión de Hacienda ya que ello significa acelerar 1a escala gradual para e1 pago de la asignación de experiencia.

El artículo con la indicación se aprobó por unanimidad (10 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención).

aa) El artículo 9° transitorio sustituyendo el inciso segundo por el siguiente:

"Durante 1991 y 1992 se reconocerá a los profesionales de la educación municipal un bono anual de $10.000. de cargo fiscal que será destinado exclusivamente al pago de cursos y actividades de perfeccionamiento conforme al procedimiento que se establezca por decreto supremo del Ministerio de Educación.".

La Comisión acogió por unanimidad (8 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones) esta indicación del Ejecutivo presentada en la Comisión de Hacienda y cuyo único objeto es precisar la concesión del beneficio de perfeccionamiento.

Se aprobó el artículo con indicación en los mismos términos señalados.

bb) El artículo 14 transitorio sustituyéndolo por el siguiente:

"Durante 1991 y 1992 se reconocerá a los profesionales de la educación particular subvencionada, un bono anual de $10.000. de cargo fiscal, que será destinado exclusivamente al pago de cursos y actividades de perfeccionamiento conforme al procedimiento que se establezca por decreto supremo del Ministerio de Educación.".

La Comisión acogió por mayoría de votos esta indicación del Ejecutivo presentada en la Comisión de Hacienda fundada en razones de más precisión.

cc) E1 artículo 15 transitorio sustituyendo el número "180" por "120".

La Comisión acogió por unanimidad (8 votos a favor, ninguno en contra, y 5 abstenciones) esta indicación de los Diputados señores Carrasco, Escalona, Muñoz Barra, Ortiz, Rodríguez, don Hugo, Smok, Valenzuela y Villouta.

5°. Artículos nuevos introducidos.

Durante el análisis del proyecto, la Comisión acordó introducir los siguientes nuevos artículos:

a) Artículo 44 cuyo tenor es el siguiente:

"Los establecimientos educacionales del sector municipal dictarán reglamentos internos, los que deberán considerar a lo menos:

a) Normas generales de índole técnico pedagógicas, incluyendo las relativas al Consejo de Profesores;

b) Normas técnico administrativas sobre estructura y funcionamiento general del establecimiento, y

c)Normas de prevención de riesgos, de higiene y de seguridad.

Este reglamento será, puesto en conocimiento de la Dirección Provincial de Educación, en un plazo no mayor a sesenta días.".

Esta nueva disposición fue el producto de un acuerdo unánime de la Comisión para hacer aplicable al. sector municipal, esta regla contemplada por elartículo 62 (que pasa a ser 60) para los estacionamientos particulares.

b) Artículo 16 (que pasa a. ser l7) transitorio cuyo texto es el siguiente:

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley para el año 1991, se financiará con cargo al ítem 50-0l 03 25 33 004, de la partida presupuestaría Tesoro Público de la Ley de Presupuestos. Para los años 1992 y siguientes, el financiamiento de esta ley será consultado en la Ley de Presupuestos del Sector Público del año respectivo.”.

La Comisión acogió por unanimidad (12 votos a favor, ninguno en contra y una abstención) esta indicación del Ejecutivo presentada en la Comisión de Hacienda cuyo objetivo es señalar las fuentes de financiamiento de los gastos que implique el proyecto.

c) Artículo transitorio que pasa a ser 16, cuyo texto es el siguiente:

“Los profesores que ocupaban cargos directivos docentes en el sistema educacional hasta antes de 1980 y que hubieren sido exonerado o rebajados en sus cargos, tendrán derecho a postular y gozarán de preferencia para proveer las vacantes que se produzcan en lo sucesivo, en cargos de .igual naturaleza; debiendo, en todo caso, cumplir con las condiciones exigidas por la presente ley y el respectivo reglamento.".

La Comisión acogió por mayoría de votos esta indicación de los Diputados señores Devaud, Faulbaum, Muñoz Barra, Peña y Rocha por estimar de justicia dar preferencia a estos docentes.

6º.-Artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

De conformidad a lo establecido en el artículo 287 N° 6 del Reglamento en relación con el artículo 221 del mismo, cabe señalar que a la Comisión de Hacienda corresponde conocer de las siguientes normas: 38; 47; 48 y 1° transitorio.

7°. Indicaciones rechazadas.

La Comisión rechazó las indicaciones que a continuación se señalan, las que, eventualmente, pueden ser renovadas de acuerdo con lo dispuesto en la letra c) del inciso cuarto del artículo 129 del Reglamento, con las firmas de un Ministro de Estado o de 30 Diputados que incluyan, a lo menos, a tres jefes de Comités.

Al artículo 1°.

1°. La de los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para agregar después de la palabra "particular" la expresión "subvencionada".

2°. La de los señores Jara, don Octavio y Valenzuela para intercalar entre las expresiones "prebásica" y "media" lo siguiente: "especial o diferencial".

3°. La del señor Leay para agregar después de la palabra "docentes" los términos" y docentes administrativos".

4º.- La del señor Muñoz Barra para agregar después de las palabras "cargos docentes" lo siguiente: "aun cuando realicen ocacionalmente otras labores administrativas".

5º.- La de losseñores Masferrer, Prochelle y Rodríguez, don Claudio para intercalar entre las palabras "docente" y "en", los términos "y/o administrativos" y para agregar al final del artículo, suprimiendo el punto final, la siguiente frase: "o en los establecimientos de educación particular subvencionados.".

Al artículo 2°

6°. La de los señores Sabag y Salas para eliminar el párrafo final del artículo.

7°. La de los señores Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio y Valcarce para intercalar entre la palabra "docencia" y la preposición "por", la frase "en los establecimientos de educación técnico profesional".

Al artículo 3°

8°. La de los señores Prochelle y Valcarce para agregar después de la expresión "particular" la palabra "subvencionada".

Al artículo 4º

9°. De los señores Devaud y Peña para agregar entre los guarismos "1" y "4", el guarismo "2", referido al Título VII del Libro Segundo del Código Penal.

A los artículos 5°, 6° 7° y 8º:

10. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para refundir los textos de estos artículos en el siguiente artículo 5°:

"Artículo 5°. Son funciones de los profesionales de la educación las siguientes función docente, docente directiva y técnico pedagógicas de apoyo.

Función docente es aquella que se ocupa del diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y educación y de las actividades educativas en general.

Función docente directiva, es aquella que se ocupa de la dirección, administración, supervisión, coordinación y orientación del proceso educativo. Será ejercida por un profesional de la educación que acredite formación específica y experiencia docente.

Función técnico pedagógica de apoyo es aquella que se ocupa de la orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica y de coordinación del perfeccionamiento docente. Será ejercida por un profesional de la educación que acredite formación específica y experiencia docente.

Todas estas funciones se entienden ejecutadas en las unidades educacionales de nivel pre básico, básico y medio.".

11. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para sustituir estos artículos, refundiendo sus textos en un nuevo artículo 5° del siguiente tenor:

"Artículo 5°. Son funciones de los profesionales de la educación las siguientes : función docente, docente directiva y técnico pedagógicas de apoyo.

Función docente es aquella que se ocupa del diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y educación y de las actividades educativas en general.

Función docente directiva es aquella que se ocupa de la dirección, administración, supervisión, coordinación y orientación del proceso educativo.

Función técnico pedagógica de apoyo es aquella que se ocupa de la orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular,evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica y de coordinación del perfeccionamiento docente.".

Al artículo 9°

12. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 6°.

Al artículo 10:

13. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 7° con la siguiente redacción:

"Artículo 7°. La formación de los profesionales de la educación corresponderá a las instituciones de educación superior, de acuerdo a lo establecido en la Ley orgánica Constitucional de Enseñanza.".

Al artículo 11:

14. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para eliminarlo.

Al artículo 12: (fue suprimido)

15. De los señores Elizalde y Sabag para agregar dos nuevos incisos del siguiente tenor:

"Todo profesional de la educación podrá iniciar el ejercicio de su actividad docente, en alguna escuela rural, a lo menos durante dos años laborales. Las municipalidades priorizarán en sus concur-sos a estos profesionales.

Para efecto de concursos posteriores esta ruralidad contará con puntaje adicional.

Al artículo 13: (que pasa a ser 12)

16. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 10.

Al artículo 14: (que pasa a ser 13 )

17. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 11 con la : siguiente redacción:

"Artículo 11. E1 perfeccionamiento profesional ofrecido por. el Ministerio de Educación será programado por e1. Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 18.956, de 1990, el que deberá considerar las necesidades de todos los sectores de la educación pública en materia de perfeccionamiento.

Podrán contribuir también al perfeccionamiento de los profesionales de la educación, otras entidades del sector público como del sector privado, tales como municipalidades, corporaciones, instituciones de educación superior, los propios sostenedores de Colegios Particulares en general, siempre que sus planes y programas de perfeccionamiento estén en concordancia con las políticas establecidas para este efecto por el Ministerio de Educación.

Al artículo 15: (que pasa a ser 14)

18. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para suprimirlo.

Al artículo 16: (que pasa a ser 15)

19. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 12, agregándole el siguiente inciso final:

"Asimismo, se deberá garantizar mediante concursos públicos, el acceso a los profesionales de la educación al perfeccionamiento.".

Al artículo 17: (que pasa a ser 16)

20. De los señores Devaud y Peña para agregar entre las expresiones "consultivo" y "en" la frase "o resolutivo, según lo establezca el Reglamento".

21. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 13, eliminándose las palabras "el deber y".

Al artículo 18: (que pasa a ser 17)

22. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 14 con la siguiente redacción:

"Artículo 14. En cada establecimiento educacional habrá un Consejo de Profesores integrado por docentes directivos, técnico pedagógicos y docentes, el que tendrá un carácter consultivo y será el encargado de encauzar la participación de los profesionales en el cumplimiento de los objetivos y programas educacionales de carácter nacional y comunal y en el desarrollo del proyecto educativo del establecimiento.

Asimismo, el Consejo se ocupará de las materias técnico pedagógicas, de estudio, de asesoría en evaluación, planificación y perfeccionamiento que señala el reglamento, sin perjuicio de la libertad de gestión de los sostenedores de establecimientos educativos privados, y de las facultades de los directores de los establecimientos.

El Consejo de Profesores sólo podrá sesionar en horas correspondientes a las actividades curriculares no lectivas.".

23. De los señores Carrasco, Ortiz, Rodríguez, don Hugo y Villouta para reemplazar el párrafo final del inciso primero por el siguiente:

"Los Consejos de Profesores podrán tener carácter resolutivo en materias de tipo técnico pedagógico, en la forma y casos que señalará el reglamento de esta ley.".

24. Del Presidente de la República para eliminar la frase final del inciso primero que señala: "El reglamento establecerá las ocasiones o asuntos en que el Consejo de Profesores de cada establecimiento educacional tendrá el carácter de resolutivo.".

Al artículo 19: (que pasa a ser 18)

25. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 15, reemplazándolo por el siguiente:

"Artículo 15. La Dirección de los establecimientos educacionales deberá convocar, a lo menos dos veces al año, al Centro General de Padres y Apoderados, a reuniones de carácter informativo.".

Al artículo 21. (que pasa a ser 19)

26. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 16.

27. De los señores Devaud y Peña para sustituir el artículo por e" siguiente:

"Los profesionales de la educación, a través del Colegio de Profesores u otra forma de organización gremial, tendrán derecho a participar, representar y ser oídos por las autoridades educacionales, tanto en asuntos de políticas y gestión del sistema educativo en sus diversos niveles, como en los aspectos que afecten directamente el desempeño profesional de sus miembros".

Al artículo 22: (que pasa a ser 20)

28. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 17, eliminando el inciso primero y reemplazando el segundo, que pasa a ser primero, por el siguiente:

"La evaluación del desempeño profesional de un docente deberá ser puesta en su conocimiento y gozará del derecho a recurrir ante la Dirección del Establecimiento cuando se sienta agraviado por dicha evaluación.".

29. De los señores Devaud y Peña para sustituir en el inciso tercero la frase:"o en su defecto escrituradas por el funcionario que las reciba", por la siguiente:"o en su defecto, escrituradas por el Subdirector o Inspector General del establecimiento, o por los funcionarios a quienes estos hayan delegado tal responsabilidad", y para reemplazar las expresiones "las autoridades y" por "los".

30. De la señora Prochelle y de los señores Rodríguez, don Claudio y Valcarce para reemplazar la frase final del inciso primero que señala:"sin perjuicio de la defensa que puedan requerir de su respectiva asociación gremial" por la siguiente: "imputándose su costo, si lo originara, a la U.S.E.".

31. De la señora Prochelle y de los señores Rodríguez, don Claudio y Valcarce para eliminar el inciso tercero.

Al artículo 23: (que pasa a ser 21)

32. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 18.

33. De los señores Devaud y Peña para agregar al inciso primero, después del punto seguido, lo siguiente:

"Asimismo, tendrán derecho a participar, a través de sus representantes, en la planificación y diseño de las evaluaciones generales de rendimiento del sistema educativo en los niveles prebásico, básico y de enseñanza media, respectivamente".

Al artículo 24: (que pasa a ser 22)

34. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 19.

Al artículo 25: (que pasa a ser 23)

35. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 20 y para agregar en el inciso primero, después dela frase: Departamento de Administración Educacional de la municipalidad respectiva", lo siguiente: "o de aquellas que sean administrados por Corporaciones creadas por las municipalidades".

Al artículo 26:( que pasa a ser 24)

36. De los señores Bombal, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, LTlloa y Valearce para que pase a ser artículo 21 y para agregar, en el inciso primero, después de la frase "Departamento de Administración Educacional de la Municipalidad respectiva", la frase: "o de las Corporaciones Educacionales privadas creadas por las Municipalidades".

Al artículo 27: (que pasa a ser 25)

37. De los señores Devaud y Peña para sustituir en el inciso primero la frase: "El mismo organismo que fija la dotación docente de un establecimiento deberá ..." por "los mismos organismos que fijan la dotación docente de un establecimiento deberán ...”.

38.De los señores Bombal, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 22.

Al artículo 28: (que pasa a ser 26)

39. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para eliminarlo.

Al artículo 29: (que pasa a ser 27)

40. De los señores Bombal,Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 23, eliminando su inciso final.

Al artículo 30: (que pasa a ser 28)

41. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 24.

Al artículo 31: (que pasa a ser 29)

42. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 25.

Al artículo 32: (que pasa a ser 30)

43. De los señores Devaud y Peña para suprimir la frase final que señala "y en subsidio a lo dispuesto en la Ley N° 18.883.", sustituyendo la coma que la antecede por un punto aparte.

44. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce, para que pase a ser artículo 26, agregando después de la palabra "municipalidad", las expresiones "o por la Corporación Educacional privada respectiva".

Al artículo 33: (que pasa a ser 31)

45. Dn los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 27.

Al artículo 34: (que pasa a ser 32)

46. De los señores Tara, don Octavio y Valenzuela para agregar la siguiente letra d) nueva, pasando la actual a ser letra e)

"d)Para cargos docentes de la enseñanza especial y diferencial.".

47. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 28.

Al artículo 35: (que pasa a ser 33)

48. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce, para que pase a ser artículo 29, agregando en la letra a), después del punto, lo siguiente: "o un representante de la Corporación Educacional privada designado por su administrador según sea el caso.".

49. De los señores Sabag y Salas para agregar una letra d) del siguiente tenor:

"d) Un representante comunal del Colegio de Profesores.".

Alartículo 36 : (que pasa a ser 34)

50. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 30.

51. De los señores Sabag y Salas para agregar despuésde la palabra administración", la expresión "experiencia".

Al artículo 37: (que pasa a ser 35)

52. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 31, y para agregar después de las expresiones "Departamento de Administración de Educación Municipal", la frase "o las Corporaciones Educacionales Privadas creadas por las Municipalidades, organismos que podrán ...".

Al artículo 38: (que pasa a ser 36)

53. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 32.

Al artículo 39: (que pasa a ser 37)

54. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 33.

Al artículo 40: (que pasa a ser 38)

55. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 34.

56. Del Presidente de la República para suprimir en el inciso primero la frase que señala:"como también aguinaldos, asignaciones familiares, asignación de zona, asignación de movilización y otros...".

57. La formulada en la Comisión de Hacienda por los señores Arancibia, Devaud, Huenchumilla, Palma, don Andrés, Ramírez y Sota para sustituir en el inciso primero la frase que sigue a la expresión "educativo," por la siguiente oración: "en conformidad a las normas que establezca 1a ley, a las asignaciones que se fijan en este Estatuto, y sin perjuicio de las que se contemplen en otras leyes.".

Al artículo 41: (que pasa a ser 39)

58. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 35.

Al artículo 42: (que pasa a ser 40)

59. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 36.

Al artículo 43: (que pasa a ser 41)

60. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 37.

61. De los señores Devaud y Peña para sustituir el punto final del inciso tercero por una coma y agregar a continuación la frase: "según las normas fije que el Reglamento.".

Al artículo 44: (que pasa a ser 42)

62. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 38 y para sustituir el inciso segundo por el siguiente: "La permuta deberá ser aprobada por la Dirección de Administración Educacional de la Municipalidad respectiva o por las Corporaciones Educacionales privadas según corresponda, y regirá desde la fecha en que ésta hubiere sido aprobada.".

Al artículo 45 : (que pasa a ser 43)

63. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 39.

Al artículo 46: (que pasa a ser 45)

64. De los señores Bombal, Masferrer, Prochel.le, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 40, agregando, después de la palabra "Municipalidades", lo siguiente: "o Corporaciones Educacionales privadas respectivas".

65. De los señores Arancibia y Valenzuela para intercalar en e1 inciso primero, después de los dos puntos las palabras: "de zona".

66. De los señores Devaud y Peña para sustituir la conjunción "y", entre las expresiones "directiva" y "técnico pedagógica” por "y/o".

Al artículo 47: (que pasa a ser 46)

67. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 41.

Al artículo 48: (que pasa a ser 47)

68. De los señoresArancibia y Valenzuela para intercalarcomo inciso segundo el siguiente:

"También dará derecho a percibir esta asignación, la realización de un trabajo de investigación académicamente reconocido y las publicaciones basadas en una investigación y/o experimentación educacional formalmente desarrollada.".

Al artículo 49: (que pasa a ser 48)

69. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 43 , y para que se agregue en el inciso primero, después de las expresiones "extrema pobreza",la frase "o condiciones educacionales especiales".

70. La formulada en la Comisión de Hacienda por el señor Ringeling para agregar en el inciso primero, a continuación del punto final que se reemplaza por una coma la siguiente frase: "calificación que no podrá exceder de 25% de los establecimientos educacionales del país.".

71. La formulada en la Comisión de Hacienda por el señor Estévez para suprimir en la letra c), del inciso segundo la palabra "urbana" y las expresiones "y alumnos discapacitados".

72. La formulada en la .Comisi6n de Hacienda por el mismo señor Estévez para suprimir la letra d) del inciso segundo que señala:

"d) Desempeño de docencia en horario o jornada nocturna.".

73. La formulada en la Comisión de Hacienda por el señor Ringeling para agregar en el inciso final, después de las palabras "desempeño difícil conforme", las siguientes expresiones "a criterios objetivos" seguidas de una coma y para añadir, a continuación del punto final que se cambia por una coma, la frase: " y a la disponibilidad del fondo destinado al pago de esta asignación.".

Al artículo 50: (que pasa a ser 49)

74. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Cladio, Ulloa y Valcarce, para que pase a ser artículo 44 y para agregar en el inciso segundo, después de la frase "cada administración municipal", los términos "o de la Corporación Educacional Privada respectiva".

Alartículo 51 (que pasa a ser 50)

75. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 45 y para agregar después de la frase "cualquier establecimiento municipal" la oración "o de aquellos que sean administrados por las Corporaciones Educacionales creadas por las Municipalidades.".

Al artículo 52 (que pasa a ser 51)

76. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para, que pase a ser artículo 46.

Al artículo 53 (que pasa a ser 52)

77. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 47.

78. De los señores Sabag y Salas para reemplazar en el inciso quinto el guarismo "30" por "25".

Al artículo 54 (que pasa a ser 53)

79. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 48.

Al artículo 55: (que pasa a ser 54)

80. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 49 y para agregar en el inciso tercero después de las expresiones "el reglamento", la frase "de cada establecimiento".

81. De los señores Sabag y Salas para suprimirlo.

Al artículo 56 (que pasa a ser 55 )

82. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para eliminarlo.

Al artículo 57 (que pasa a ser 56)

83. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 51.

84. De los señores Arancibia y Valenzuela para agregar en el inciso final, después de la palabra "misma" precedido de un punto seguido lo siguiente:

"En estos casos, el profesional afectado tendrá derecho a ser contratado, sin concurso, en otro cargo de igual categoría que se encuentre vacante en la misma Región en que se desempeñaba".

Al artículo 58: (que pasa a ser 57)

85. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 52.

Al artículo 59: (que pasa a ser 58)

86. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a serartículo 53.

87. La del Presidente de la República para sustituir en el inciso segundo la frase "por períodos inferiores a un año laboral docente" por la siguiente: "por períodos superiores a un año.".

Al artículo 60: (que pasa a ser 59)

88. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 54 y para agregarle el siguiente inciso final:

"El personal docente hará uso de su feriado legal de acuerdo a las normas establecidas en el artículo 42 de la presente ley.".

Al artículo 62: (que pasa a ser 60)

89. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 55 y para agregarle una letra d) del siguiente tenor:

"d).Normas sobre calificación de los profesionales de la educación.".

Al artículo 63: (que pasa a ser 61)

90. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 56.

Al artículo 64 (que pasa a ser 62)

91. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 57.

92. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 58.

Al artículo 66 (que pasa a ser 64)

93. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que pase a ser artículo 59.

Al artículo 67 (que pasa a ser 65)

94. De los señores Bombal, Munizaga, Prochelle, Rodríguez, don Claudio y Valcarce para que pase a ser artículo 60.

Al artículo 68 (que pasa a ser 66)

95. De los señores Bombal, Munizaga, Prochelle, Rodríguez, don Claudio y Valcarce para que pase a ser artículo 61.

96. De los señores Devaud y Peña para sustituir la expresión final "sector privado" por "Código del Trabajo".

Al artículo 69 (que pasa a ser 67)

97. De los señores Bonibal, Munizaga., Prochelle, Rodríguez, don Claudio y Valcarce para que pase a ser artículo 62.

98. De los señores Colonia, Correa, Guzmán, Longueira, Masferrer, Recondo y Ulloa para agregar el siguiente artículo 69:

" artículo 69. Las remuneraciones y otros beneficios establecidos por esta ley para los profesionales de la educación deberán ser financiados a través de incrementos de la Unidad de Subvención Educacional.".

Al artículo 70 (que pasa a ser 68)

99. De los señores Bombal, Munizaga, Prochelle, Rodríguez, don Claudio y Valcarce para que pase a ser artículo 63.

100. Del señor Martínez, don Juan para agregar un artículo final del siguiente tenor:

"En aquellas materias no reguladas por la presente ley, se aplicará el Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos.".

Al artículo 1° transitorio

101. Del señor Valenzuela para sustituirlo por el siguiente:

'"No obstante lo estipulado en el artículo 45 de esta ley, a los profesionales de la educación que se acogieron a la opción establecida en el artículo 4® del decreto con fuerza de ley N° 1 3063, de 1980, del Ministerio del Interior, sustituido por el artículo 15 de la ley N° 18.196 y que por efectos de lo establecido en el inciso tercero del artículo 2° transitorio de la mencionada ley Nº 18.196, como también los profesionales que están afiliados al sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones, aunque se hubieren traspasado de la previsión fiscal, tienen como remuneración imponible la que disfrutaban en el momento del traspaso, la mayor imponibilidad que represente, para ellos la aplicación de este artículo, se les efectuará gradualmente de acuerdo con la siguiente escala...".

Al artículo 2° transitorio

102. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para suprimirlo.

Al artículo 3° transitorio

103. De los señores Bombal, Masferrer, Prochelle, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para eliminar el inciso tercero.

104. De los señores Morales, Prochelle, Prokurica, Rodríguez, donClaudio y don José Alfonso parareemplazarel

inciso segundo por el siguiente:

"Los profesionales de la educación que actualmente tengan contratos en carácter de indefinidos pasarán a tener automáticamente la calidad de titulares en sus cargos." y

Para suprimir el inciso tercero.

105. Del señor Horvath para sustituir en el inciso tercero la frase "hayan ingresado por otra vía" por la siguiente: "que no cumplan con los requisitos de desempeño profesional, años de servicio y perfeccionamiento correspondientes.".

106.De los señores Masferrer, Prochelle y Valcarce para sustituir el inciso tercero por el siguiente:

"En el mismo plazo señalado, los Departamentos de Educación Municipal deberán llamar a concurso público para llenar las respectivas dotaciones de docentes directivos de los establecimientos que no cumplan con los requisitos de perfeccionamiento y antigüedad que se requieran para optar al cargo.".

107. De los señores Leay, Masferrer, Prochelle y Valcarce para agregar a continuación del punto final del inciso tercero, la siguiente oración:

"Los profesionales de la educación que fueron traspasados a las municipalidades o corporaciones privadas de educación hasta el 31 de diciembre de 1986 y que actualmente se desempeñan en funciones docentes directivas, técnico pedagógicas o docentes, se entenderán como titulares de sus respectivas dotaciones.".

Al artículo 15 transitorio

108. De los señores Bombal, Masferrer, Melero y Recondo para sustituir el guarismo “180" por “90”.

Artículos nuevos transitorios propuestos por la vía de la indicación:

109. De los señores Coloma, Correa, Guzmán, Longueira, Masferrer, Recondo y Ulloa para agregar el siguiente artículo transitorio:

"Artículo 16° . En todo caso, las normas de gradualidad dispuestas en los artículos octavo transitorio y siguientes sobre los incrementos de remuneraciones y todos los beneficios y asignaciones establecidos por esta ley para los profesionales de la educación, deberán financiarse en mensualidades iguales a través de sendos reajustes de la Unidad de Subvención Educacional.".

110. De los señores Leay, Masferrer, Prochelle y Rodríguez, don Claudio para agregar el siguiente artículo transitorio:

"Artículo transitorio. Los profesores que ocupan cargos directivos docentes y técnico pedagógicos, en el sistema educacional municipalizado hasta 1990, tendrán derecho a postular y gozarán de preferencia para proveer las vacantes que se produzcan en lo sucesivo, en cargos de igual naturaleza, debiendo, en todo caso, cumplir con las condiciones exigidas por la presente ley y el respectivo Reglamento.".

8°. Indicaciones declaradas inadmisibles.

En virtud de la facultad concedida por el número 16 del artículo 236 del Reglamento de la Corporación, fueron declaradas inadmisibles las siguientes indicaciones:

1. La de los señores Bombal, Coloma, Masferrer, Melero, Recondo y Ulloa para intercalar en el artículo 1° entre la frase "en los establecimientos de" y la palabra "pre básica" lo siguiente: "primer nivel de transición".

Se estimó que la indicación ocasionaba un mayor gasto por cuanto el primer nivel de transición parvularia no cuenta con subvención fiscal.

2. La de los señores Devaud y Peña para agregar en el inciso segundo del artículo 22 (que pasa a ser 20), después del punto aparte que pasa a ser coma, la frase "ante el Consejo Provincial de Educación".

Se estimó improcedente esta indicación por referirse al Consejo Provincial de Educación, respecto del cual la Cámara no aprobó la idea de legislar.

3. La de los señores Devaud y Peña para agregar al artículo 23 (que pasa a ser 21) un inciso tercero del siguiente tenor:

"Podrán recurrir de apelación ante el Consejo Provincial de Educación, quien resolverá sin forma de juicio, conforme las reglas de la sana crítica, y sin ulterior recurso, en la forma y plazos que determine el Reglamento.".

La inadmisibilidad se fundó en las mismas razones dadas para el número anterior.

4. La de los señores Elizalde, Sabag y Salas para agregar un inciso tercero al artículo 26 (que pasa a ser 24) del siguiente tenor:

"El número de alumnos por cursos no podrá exceder de 30 estudiantes.".

Se estimó que tal limitante podría afectar el financiamiento de los colegios puesto que la subvención se otorga por alumno.

5. La de los señores Devaud y Peña para intercalar en el inciso primero del artículo 26 (que pasa a ser 24), entre las expresiones "respectiva," y "de", la frase "con el acuerdo del Consejo Provincial de Educación", y para sustituir la expresión "de acuerdo" por "en conformidad a".

Fundanla inadmisibilidad iguales razones que las dadas para los números 2) y 3).

6. La de los señores Arancibia y Valenzuela para agregar el siguiente inciso al artículo 27 (que pasa a ser 25):

"En los casos que la adopción de esta medida determine una reducción en el número de profesores de una comuna, ella regirá a contar del año siguiente.".

Se estimó que la persistencia por un año de la dotación a reducir, significaba un mayor gasto no autorizado por la ley.

7.- La de los señores Bombal, Coloma, Masferrer, Melero y Recondo para, sustituir en el inciso primero del artículo 35 (que pasa a ser 33), la palabra "idóneos" por “postulantes".

La inadmisibilidad se fundó en que el término idóneos no figura en elartículo que se desea modificar.

8. La de los señores Bombal, Masferrer, Prochele, Rodríguez, don Claudio, Ulloa y Valcarce para que el artículo 48 (que pasa a ser 47) pase a ser 42, sustituyendo el guarismo "40%" por "60%".

La inadmisibilidad se funda en que la indicación establece un mayor gasto no autorizado para el caso del pago de la asignación de perfeccionamiento.

9. La, de los señores Campos, Carrasco, Devaud, Faulbaum, Kuzmicic, Muñoz Barra, Peña y Rocha para agregar el siguiente inciso final al artículo 2° transitorio:

"Sin perjuicio de lo anterior y una prez traspasada la Administración Educacional desde las personas jurídicas de Derecho Privado antes señaladas, los Fondos que las Municipalidades reciben por concepto de bonificación a la mano de obra de acuerdo al decreto ley 889 de 1975 y sus modificaciones posteriores, serán canalizados directamente por el Ministerio de Educación a los citados Municipios."

Se estimó inconstitucional esta indicación por incidir en la administración financiera o presupuestaria del Estado, materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

10. La de los señores Devaud y Peña para intercalar en el inciso primero del artículo 3° transitorio, entre las palabras "Municipal" y "deberán", la siguiente frase "con el acuerdo del Consejo Provincial de Educación".

La inadmisibilidad se fundó en las mismas razones dadas para los números 2), 3) y 5) de este mismo capítulo.

11. La de los señores Elizalde, Sabag y Ulloa para reemplazar el inciso primero del artículo 10 transitorio por el siguiente:

"La asignación por desempeño en condiciones difíciles, establecida en el artículo 49 de la presente ley, podrá alcanzar hasta un 60%, calculada sobre la remuneración básica mínima nacional correspondiente en zonas de extrema ruralidad, entendidas éstas, como aquellas zonas en que existan escuelas ubicadas a más de 100 kilómetros de alguna ciudad o pueblo que cuente con 10.000 habitantes como mínimo.".

La declaración de inadmisibilidad se funda en el mayor gasto no autorizado que irroga la aplicación de esta norma.

12: La de los señores Escalona, Rodríguez, doña Laura y Tohá para agregar el siguiente artículo transitorio nuevo:

"Artículo transitorio. No obstante lo establecido en los artículos 41° , 46° , 59° y 612 de esta ley, se reconocen los años de servicio profesional de los exonerados por razones políticas al momento de terminación de sus contratos de trabajo, para todos los efectos de previsión social contemplados en el artículo 469 de este cuerpo legal y todas aquellas otras normas que establezca la ley.

Se consideran profesores exonerados por razones políticas a todos aquellos miembros del personal docente que se les hubiese cancelado el contrato de trabajo, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, aduciendo razones de índole políticas. Su calificación de tales provendrá de ser incorporados a un Catastro Nacional de Exonerados del Magisterio que para dichos efectos elabore el Ministerio de Educación Pública.".

Lainadmisibilidad se funda en el mayor gasto no autorizado que implica esta norma.

*****

Por las razones expuestas y las que en su oportunidad dará a conocer el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de ley cuyo texto se propone:

PROYECTO DE LEY

NORMAS GENERALES

Artículo 1º. Quedarán afectos al presente Estatuto los profesionales de la educación que prestan servicios en los establecimientos de educación pre básica, básica y media de administración municipal o particular reconocida oficialmente, así como en los establecimientos de educación técnico profesional administrados por corporaciones privadas sin fines de lucro, según lo dispuesto en el decreto ley N° 3.166, de 1980, como también los que ocupan cargos docentes en los departamentos de administración de la educación de los municipios.

Artículo 2°. Son profesionales de la educación las personas que poseen títulos de profesor o de educador, concedidos por escuelas normales, universidades e institutos profesionales. Para los efectos de este Estatuto, se entiende también como profesionales de la educación a las personas autorizadas para ejercer la docencia por el Ministerio de Educación, de acuerdo a la normativa vigente.

Artículo 3º. Ente Estatuto normará los requisitos, deberes, obligaciones y derechos de carácter profesional, comunes a todos los profesionales señalados en el artículo 1°, la carrera de aquellos profesionales de la educación de establecimientos del sector municipal y el contrato de los profesionales de la educación en el sector particular, en los términos establecidos en el Título IV de esta ley.

Artículo 4°. No podrán ejercer labores docentes quienes sean condenados por algunos de los delitos contemplados en los párrafos 1, 4, 5, 6 y 8 del Título VII y en los párrafos 1 y 2 del Título VIII del Libro segundo del Código Penal.

TITULO II

ASPECTOS PROFESIONALES

Párrafo I

FUNCIONES PROFESIONALES

Artículo 5°. Las funciones de los profesionales de la educación son las siguientes: función docente, función docente directiva y las diversas funciones técnico pedagógicas de apoyo.

Artículo 6°. La función docente es aquella de carácter profesional de nivel superior que se ocupa del diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de las procesos sistemáticos de enseñanza y de educación y de las actividades educativas generales y complementarias que tienen lugar en las unidades educacionales de nivel pre básico, básica y medio.

Artículo 7º.-La función docente directiva es aquella de carácter profesional. que, sobre la base de formación y experiencia docente y de una formación específica para la función, se ocupa de lo atinente a la dirección, supervisión, coordinación y orientación de la educación, y que conlleva tuición y responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, paradocente, administrativo, auxiliar o de servicios menores, y respecto de los alumnos.

Asimismo, esta función debe ocuparse también de la administración de las unidades educativas.

Artículo 8°. Las funciones técnico pedagógicas son aquellas de carácter profesional que, sobre la base de una formación y experiencia docente y de una formación específica para cada función, se ocupan respectivamente de los siguientes campos de apoyo o complemento de la docencia: orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de procesos de perfeccionamiento docente y otras que por decreto reconozca el Ministerio de Educación.

Artículo 9°. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

a) Docencia de aula: la acción o exposición personal directa realizada en forma sistemática por el docente, inserta dentro del proceso educativo. La hora docente de aula será de 45 minutos como máximo, en forma continua.

b) Actividades curriculares no lectivas: aquellas labores educativas complementarias de la función docente de aula, entre otras, las actividades de colaboración señaladas en la letra c) del artículo 3° de la ley N° 18.602, y las que sean establecidas por un decreto del Ministerio de Educación.

c) Año laboral docente: es el período comprendido entre e1 primer día hábil del mes en que se inicia el año escolar y el último del mes inmediatamente anterior a aquél en que se inicie el año escolar siguiente.

Párrafo II

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO

Artículo 10. La formación de los profesionales de la educación corresponderá a las instituciones de educación superior, de acuerdo a lo establecido en la Ley orgánica Constitucional de Enseñanza.

Artículo 11. Sin perjuicio de la autonomía académica que corresponde, a las instituciones de educación superior, éstas considerarán, en el diseño de los planes y programas de formación de profesores o educadores, áreas de formación general, de formación en una o más disciplinas del conocimiento, de formación pedagógica y de práctica profesional en dichas carreras.

Artículo 12. Los profesionales de la educación tendrán derecho al perfeccionamiento profesional. Corresponderá al Ministerio de Educación garantizar y contribuir al acceso de los profesionales de la educación a un sistema de perfeccionamiento vinculado al mejoramiento de la calidad de la educación y a la ampliación de la cobertura del sistema.

Artículo 13. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 18.956, el perfeccionamiento profesional ofrecido por el Ministerio de Educación será programado por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas y su ejecución podrá ser responsabilidad directa de esta dependencia ministerial o de instituciones de educación superior. Asimismo, otras entidades públicas o privadas, debidamente acreditadas por el Centro mencionado, podrán ofrecer cursos de perfeccionamiento a los profesionales de la educación. El Ministerio de Educación propiciará un sistema de perfeccionamiento descentralizado.

Las municipalidades y los sostenedores de colegios particulares podrán colaborar en el perfeccionamiento de los docentes, en concordancia con la política educacional establecida por el Ministerio de Educación.

Artículo 14. En la programación que realice el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas se considerarán las demandas y necesidades de todos los sectores de la educación tanto pública como privada.

El referido perfeccionamiento tendrá carácter recurrente y descentralizado y deberá contribuir directamente al mejoramiento del desempeño profesional de los docentes, a estimular la innovación y a reforzar los programas tendientes a elevar la calidad de la enseñanza. Deberá, también, garantizarse la información y el acceso de los profesionales de la educación por vía de concurso público en los casos que corresponda.

Artículo 15. El reglamento establecerá los criterios y los mecanismos para aprobar las modalidades y la extensión del perfeccionamiento señalado en los artículos anteriores, de acuerdo con el financiamiento que se establezca en el presupuesto de educación para el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas.

Párrafo III

PARTICIPACION

Artículo 16. Los profesionales de la educación tendrán el derecho a participar, con carácter consultivo, en el diagnóstico, planeamiento, ejecución y evaluación de las actividades de la unidad educativa correspondiente y de las relaciones de ésta con la comunidad.

Artículo 17. En cada establecimiento educacional habrá un Consejo de Profesores de carácter consultivo, integrado por personal docente directivo, técnico pedagógico y docente. Los Consejos de Profesores serán organismos técnicos en los que se expresará la opinión profesional de sus integrantes. Las sesiones de estos Consejos deberán desarrollarse dentro de las horas correspondientes a las actividades lectivas. El reglamento establecerá curriculares no las ocasiones o asuntos en que el Consejo de Profesores de cada establecimiento educacional tendrá el carácter de resolutivo.

Al mismo tiempo, en los Consejos se encausará la participación de los profesionales en el cumplimiento de los objetivos y programas de alcance nacional o comunal y en el desarrollo del proyecto

Educativo del establecimiento.

La dirección de los establecimientos educacionales deberá convocar, a lo menos dos veces al año, al Centro General de Padres y Apoderados a reuniones de carácter informativo.

También participará en estas reuniones el cuerpo de profesores del establecimiento.

Artículo 18. Sin perjuicio de la libertad de gestión de los sostenedores de establecimientos educativos privados, y de las atribuciones administrativas de los directores de los establecimientos, los Consejos de Profesores tendrán carácter consultivo en materias técnico pedagógicas y cumplirán las funciones de estudio y asesoría en evaluación, planificación y perfeccionamiento que señale el reglamento.

Párrafo IV

AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONALES

Artículo 19. Los profesionales de la educación que se desempeñen en la función docente gozarán de un ámbito de autonomía en el ejercicio de ésta, sujeta al marco de las políticas, normas generales y disposiciones legales que orientan al sistema educacional; del proyecto educativo del establecimiento y de los programas específicos de mejoramiento e innovación. Esta autonomía podrá ejercerse en:

a) El planeamiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que desarrollarán en su ejercicio lectivo y en 1a aplicación de los métodos y técnicas correspondientes:

b) La evaluación de los procesos de enseñanza y del aprendizaje de sus alumnos, de conformidad, con las normas nacionales y las acordadas por el establecimiento;

c) La aplicación de los textos de estudios y materiales didácticos en uso en los respectivos establecimientos, teniendo en consideración las condiciones geográficas y ambientales y de sus alumnos, y

d) La relación con las familias y los apoderados de sus alumnos, teniendo presente las normas adoptadas por el establecimiento.

Artículo 20: Los profesionales de la educación tendrán derecho a ser asistidos por su empleador en la defensa que deduzcan contra atentados o agravios de que puedan ser objeto por terceros en el desempeño de sus funciones profesionales, sin perjuicio de la defensa que puedan requerir de su respectiva asociación gremial.

Cuando este desempeño sea objeto de una apreciación o evaluación directa, ésta debe ser puesta en su conocimiento. E1 docente gozará del derecho a recurrir contra una apreciación o evaluación que estime injustificada.

Las quejas o denuncias contra un educador deben ser formuladas por escrito, o, en su defecto, escrituradas por el funcionario que las reciba, para que sean acogidas por las autoridades y directores de establecimientos. Su texto debe ser conocido por el afectado.

Artículo 21. Los profesionales de la educación son personalmente responsables de su desempeño en la función correspondiente. En tal virtud, deberán someterse a los procesos de evaluación de su desempeño y de su unidad educativa.

Tendrán derecho también a ser informados de los resultados de dichas evaluaciones y de las que se refieran al respectivo establecimiento y/o a su propio desempeño.

TITULO III

DE LA CARRERA DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION DEL SECTOR MUNICIPAL

Párrafo I

AMBITO DE APLICACION

Artículo 22. El presente título se aplicará a los profesionales de la educación que desempeñen funciones en los establecimientos educacionales del sector municipal.

Para estos efectos se consideran "sector municipal" aquellos establecimientos educacionales que dependen directamente de los Departamentos de Administración Educacional de cada municipalidad, o de las Corporaciones Educacionales creadas por éstas o los que habiendo sido municipales son administrados por corporaciones educacionales privadas, de acuerdo con las normas establecidas en el decreto con fuerza de ley N° 1 3.063, de 1980.

Párrafo II

DEL INGRESO A LA CARRERA DOCENTE

Artículo 23. El ingreso a la carrera docente del sector municipal, se realizará por la incorporación a la dotación docente del Departamento de Administración Educacional de la municipalidad respectiva.

Para los efectos de esta ley, la dotación docente es el conjunto de profesionales de la educación necesarios para atender el número de horas de trabajo docente, docente directivo y técnico pedagógico que requiere el funcionamiento de los establecimientos de la comuna.

Artículo 24. La dotación docente de cada establecimiento será fijada por el Departamento de Administración Educacional de la municipalidad respectiva, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley y en su reglamento, debiendo comunicarse cada fijación al Departamento Provincial de Educación correspondiente.

Dicha fijación se hará conforme al número de alumnos del establecimiento por niveles y cursos y según el tipo de educación y la modalidad curricular, cuando éstas sean de carácter especial.

Artículo 25.- El mismo organismo que fija la dotación docente de un establecimiento, deberá realizar en ella las adecuaciones que procedan por alguna de las siguientes causales:

1. Variación en el número de alumnos del plantel.

2. Modificaciones curriculares establecidas por leyes o decretos.

3. Cambios en el tipo de educación que se imparte.

4.- Situaciones especiales de un establecimiento.

La adecuación de una dotación docente por las causales señaladas en este artículo se hará conforme a los parámetros técnicos establecidos por el reglamento de la presente ley, debiendo comunicarse, también, al Departamento Provincial de Educación.

Artículo 26.- Dentro del plazo de 15 días hábiles, tanto la fijación como la adecuación de una dotación, podrán ser objetadas mediante una resolución del Departamento Provincial de Educación. En el término de 5 días hábiles, contado desde la notificación de dicha resolución, el Departamento de Administración Educacional Municipal deberá contestar la objeción. Considerando los antecedentes de esta contestación, el Departamento Provincial de Educación emitirá un informe fundado. La dotación objetada deberá ajustarse a lo que indique este informe.

Artículo 27. Para ingresar a la dotación de un establecimiento del sector será necesario cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadano.

2. Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente.

3. Tener salud compatible con el desempeño del cargo.

4. Poseer título de profesor o educador, o estar legalmente habilitado para ejercer como docente.

5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado o procesado por crimen o simple delito.

No obstante, los extranjeros que cumplan con los requisitos de los números 3, 4 y 5 de este artículo, podrán ser autorizados por la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente, para ingresar a la dotación de un establecimiento del sector.

Artículo 28.- Los profesionales de la educación ingresan a una dotación docente en calidad de titulares o en calidad de contratados.

Son titulares los profesionales de la educación que ingresan a una dotación docente mediante un previo concurso público de antecedentes.

Tendrán calidad de contratados aquellos que desempeñen labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titulares.

Artículo 29. E1 número de contratados de un establecimiento educacional no podrá ser superior al 20% del total de la dotación docente del mismo, a menos que en la localidad donde esté ubicado el establecimiento no haya suficientes docentes que puedan ser integrados en calidad de titulares. Esta situación deberá ser acreditada ante el correspondiente Departamento Provincial de Educación y será certificada por éste.

Artículo 30. El ingreso a una dotación docente en calidad de titular se hará por concurso público de antecedentes, el que será convocado por la municipalidad respectiva. Dichos concursos deberán ajustarse a las normas de esta ley y su reglamento, y en subsidio, a lo dispuesto en la ley N° 18.883.

Artículo 31. Los concursos a que se refiere el artículo anterior, deben convocarse en los meses de marzo y diciembre del respectivo año lectivo y deberán ser de carácter nacional y simultáneo.

Artículo 32. En cada comuna se establecerán Comisiones Calificadoras de concursos, de carácter permanente, para cada uno de los siguientes niveles:

a. Para los cargos docente directivos y de unidades técnico pedagógicas.

b. Para cargos docentes de enseñanza media.

c. Para cargos docentes de la enseñanza básica y pre básica.

d. Para el cargo de director del Departamento de Administración Educacional Municipal.

Dichas Comisiones estarán integradas de acuerdo a lo señalado en el artículo siguiente.

El reglamento de esta ley establecerá las normas de constitución y funcionamiento de estas Comisiones.

Artículo 33. Los concursos de antecedentes para ingresar como titular a una dotación serán definidos por las comisiones a que se refiere el artículo anterior, las que estarán formadas por

a) Un representante del Departamento de Administración Educacional Municipal, designado por el director del mismo.

b) Dos directores de establecimientos de la comuna y nivel correspondiente a la vacante concursable, de los cuales uno será el director del establecimiento materia del concurso y el otro será elegido por sorteo entre los pares.

c) Dos docentes elegidos por sorteo entre los pares de la especialidad de la vacante a llenar.

Actuará como ministro de fe, sin derecho a voto, un funcionario técnico designado por el Jefe del Departamento Provincial de Educación que corresponda.

Artículo 34. En los concursos para vacantes de cargos docente directivos y unidades técnico pedagógicas, los postulantes deberán cumplir el requisito de tener estudios de administración, supervisión y evaluación en orientación vocacional.

Artículo 35. Los concursos a los cuales convocarán las respectivas municipalidades serán administrados por su Departamento de Administración de Educación Municipal, organismo. que pondrá todos los antecedentes a disposición de la Comisión Calificadora de concursos.

Las Comisiones Calificadoras de concursos, previo análisis de los antecedentes relacionados con el desempeño profesional, la consideración de los años de servicios y el perfeccionamiento acumulado, emitirán un informe fundado que detalle un puntaje ponderado por cada postulante.

El alcalde deberá nombrar a quien ocupe el primer lugar ponderado en, cada concurso.

Sólo en caso de renuncia voluntaria de quien ocupe el primer lugar, se podrá nombrar a los siguientes en estricto orden de precedencia.

Artículo 36. La dirección de los Departamentos de Administración Educacional Municipal, sea cual fuere su denominación, deberá ser ejercida por un profesional de la educación, con especialidad en administración educacional.

Párrafo III

DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE

Artículo 37. Los profesionales de la educación que tengan la calidad de titulares, tendrán derecho a la estabilidad en el cargo mientras no deban cesar por alguna de las causales de expiración de funciones establecidas en este Estatuto.

Artículo 38.- Los profesionales de la educación tendrán derecho a una remuneración básica mínima nacional para cada nivel del sistema educativo, como también aguinaldos, asignaciones familiares, asignación de zona, asignación de movilización y otros, en conformidad a las normas que establezca la ley, y sin perjuicio de las asignaciones que se fijan en este Estatuto.

Se entenderá por remuneración básica mínima nacional, el producto resultante de multiplicar el valor mínimo de la hora cronológica que fije la ley por el número de horas para las cuales haya sido contratado cada profesional.

Artículo 39. Los profesionales de la educación tendrán derecho a asistencia módica por accidentes en actos de servicio o enfermedades contraídas en el desempeño de la función; licencias y permisos, de acuerdo a las normas generales y condiciones establecidas en el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.

Estos profesionales tendrán derecho a percibir remuneraciones o subsidios, según corresponda, por el total de los días que gocen de licencia médica.

Artículo 40. Para todos los efectos legales, el feriado de los profesionales de la educación será el período de interrupción de las actividades escolares en los meses de enero a febrero. Sin embargo, durante dicha interrupción, podrán asistir a actividades de perfeccionamiento optativo hasta por un período máximo de tres semanas. Estas jornadas deberán programarse, en todo caso, a continuación del término del año escolar.

En casos especiales y calificados, el Ministerio de Educación podrá disponer, para una o más regiones, el traslado del feriado legal a otros meses del año calendario.

Artículo 41. Los profesionales de la podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales, dependientes o relacionados con la misma municipalidad, a solicitud suya o por resolución fundada de la autoridad facultada para hacer la designación, previa consulta del profesional respectivo.

El o la cónyuge de algún profesional de la educación que haya sido destinado a una localidad distinta de aquella en la cual ambos trabajen como funcionarios del sector público o municipal, tendrá preferencia para ser designado en ésta.

Artículo 42. Los profesionales de la educación tendrán derecho a permutar sus cargos siempre que se desempeñen en empleos de una misma naturaleza, permuta que procederá desde y hacia cualquiera comuna del país. En estos casos los traslados permitirán que los profesores conserven sus asignaciones de antigüedad y de perfeccionamiento.

Artículo 43. Los profesionales de la educación tendrán derecho a que se les efectúen imposiciones previsionales sobre la totalidad de sus remuneraciones. Para estos efectos se entiende por remuneraciones lo establecido en el artículo 40 del Código del Trabajo.

Para que los profesionales de la educación a quienes se aplique esta norma, mantengan el monto líquido de sus remuneraciones, éstas deberán ser aumentadas mediante una bonificación que tendrá el mismo carácter de las establecidas en las leyes N°s. 18.566 y 18.675 y su monto serán determinados por el Presidente de la República; mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Educación y suscrito por los Ministros de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.

La base de cálculo de las pensiones de los profesionales de la educación a quienes beneficie esta norma, que estuvieren acogidos al régimen de Previsión de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, actual Instituto de Normalización Previsional, se determinará en la misma forma que la establecida para los imponentes que se señalan en el artículo 15 de la ley N° 18.675, sin perjuicio de que se considere que han efectuado imposiciones sobre la totalidad de sus remuneraciones desde el 1° de enero de 1988, para dar cumplimiento a lo establecido en la letra c) del mencionado artículo 15.

Artículo 44. Los establecimientos educacionales del sector municipal dictarán reglamentos internos, los que deberán considerar a lo menos:

a) Normas generales de índole técnico pedagógicas, incluyendo las relativas al Consejo de Profesores;

b) Normas técnico administrativas sobre estructura y funcionamiento general del establecimiento.

c) Normas de prevención de riesgos, de higiene y de seguridad.

Este reglamento será puesto en conocimiento de la Dirección Provincial de Educación, en un plazo no mayor a 60 días.

Párrafo IV

DE LAS ASIGNACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL DOCENTE

Artículo 45.- Los profesionales de la educación del sector municipal gozarán de las siguientes asignaciones: de experiencia, de perfeccionamiento, de desempeño en condiciones difíciles y de responsabilidad directiva y técnico pedagógico.

Artículo 46.- La asignación de experiencia se aplicará sobre la remuneración básica mínima nacional que determine la ley y consistirá en un porcentaje de ésta, que 1a incremente 6,76% por los primeros dos años de servicio docente y 6,66% por cada dos años adicionales, debidamente acreditados, con un .tope y monto máximo de 100% de la remuneración básica mínima nacional para aquellos profesionales que totalicen 30 años de servicios.

El reglamento especificará el procedimiento para la acreditación de los bienios.

El tiempo computable para los efectos de percibir esta asignación, corresponderá a los servicios prestados en la educación pública o particular.

Artículo 47. La asignación de perfeccionamiento buscará la superación técnico profesional del educador y consistirá en un monto máximo de 40% de la remuneración básica mínima nacional del personal que cumple con el requisito de haber aprobado cursos reconocidos por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas o cursos o carreras de post título o de post grado académico en instituciones de educación superior, legalmente reconocidos o convalidados, ponderando especialmente aquellos estudios directamente ligados a la función que se desempeña.

El reglamento deberá contemplar mecanismos que garanticen el acceso equitativo a los docentes a cursos de perfeccionamiento y establecer un sistema de puntaje para los efectos de determinar el porcentaje de la asignación de perfeccionamiento que se reconoce, considerando especialmente las horas de duración de cada curso, actividad o carrera, el nivel académico respectivo y el grado de relación con el desempeño profesional.

Artículo 48. La asignación por desempeño en condiciones difíciles, corresponderá a los profesionales de la educación que ejerzan sus funciones en establecimientos que sean calificados como de desempeño difícil por razones de ubicación geográfica, marginalidad, extrema pobreza o condiciones educacionales especiales u otras características análogas. Esta asignación podrá alcanzar hasta un 30% calculada sobre 1a remuneración básica mínima nacional correspondiente.

Los criterios para determinar que un establecimiento sea declarado de desempeño difícil y se dé así origen al pago de la asignación por desempeño en estas condiciones a su personal, son las siguientes:

a) Aislamiento geográfico: distancia y/o dificultades de transporte y comunicación respecto a centros urbanos de importancia administrativa, económica y cultural;

b) Ruralidad efectiva: aquellas que obligan al profesor a residir en la escuela o en su cercanía en un medio ambiente propiamente rural;

c) El especial menoscabo o particular condición del tipo de población atendida: alumnos y comunidades en situación de extrema pobreza urbana, dificultades de acceso o inseguridad en el medio urbano, alumnos o comunidades bilingües o biculturales y alumnos discapacitados, o

d) Desempeño de docencia en horario o jornada nocturna.

El reglamento deberá fijar los grados enque se presenten las condiciones referidas y sus equivalencias en porcentaje de la asignación, además de los procedimientos correspondientes.

Corresponderá a cada municipalidad proponer los establecimientos cuyo personal tiene derecho a percibir esta asignación, establecer los grados de desempeño difícil y los consiguientes montos de la misma, conforme a las normas del reglamento de esta ley. Realizada dicha determinación, la municipalidad deberá confeccionar una lista de los establecimientos calificados como de desempeño difícil por orden de prioridad y la presentará a la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva. Este organismo procederá a determinar los establecimientos de desempeño difícil conforme a las políticas nacionales y regionales y a las propuestas de los municipios.

La asignación por desempeño en condiciones difíciles será compatible con la asignación de zona.

Artículo 49. La asignación de responsabilidad directiva y técnico pedagógica corresponderá a los profesionales de la educación que sirvan los cargos superiores de dicha naturaleza y alcanzará hasta un monto máximo equivalente al 20% y 10% de la remuneración básica mínima nacional, respectivamente.

Para determinar el porcentaje, cada administración municipal deberá tener en cuenta la matrícula y la jerarquía interna de los cargos docente directivos y técnico pedagógicos de la dotación de cada establecimiento, conforme a las normas que establezca el reglamento.

Artículo 50. Los profesionales de la educación que presten sus servicios en cualquier establecimiento educacional o de aquellos que sean administrados por:las Corporaciones Educacionales creadas por las municipalidades, tendrán derecho a conservar los porcentajes de las asignaciones de experiencia y perfeccionamiento al pasar a desempeñarse en otra localidad.

No obstante, las asignaciones de desempeño en condiciones difíciles, de zona y de responsabilidad directiva o técnico pedagógica, solamente se mantendrán si el nuevo empleo da derecho a su cancelación.

Párrafo V

DE LA JORNADA DE TRABAJO

Artículo 51. La jornada de trabajo de los profesionales de la educación se fijará en horas cronológicas de trabaja semanal.

Esta jornada no podrá exceder de 44 horas cronológicas para un mismo empleador.

Artículo 52. La jornada semanal docente se conformará por lloras de docencia de aula y horas de actividades curriculares no lectivas.

La docencia de aula semanal no podrá exceder de 33 horas, excluidos los recreos, en los casos en que el docente hubiere sido designado en una jornada de 44 horas: El horario restante será destinado a labores curriculares no lectivas.

Cuando la jornada contratada fuere inferior a 44 horas semanales, el máximo de clases quedará determinado por la proporción respectiva.

Tratándose de docentes que cumplan funciones en jornada nocturna, su horario no podrá sobrepasar la medianoche, salvo que se trate de docentes que hubieren sido contratados para cumplir labores de internado.

La docencia de aula efectiva que realicen los docentes con 30 o más años de servicios, se reducirá a un máximo de 24 horas de aula, debiendo asignarse el resto de su horario a actividades curriculares no lectivas.

Párrafo VI

DEBERES Y OBLIGACIONES FUNCIONARIAS DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION

Artículo 53. Los profesionales de la educación estarán obligados a desempeñar sus funciones en el establecimiento respectivo de acuerdo al número de horas para las cuales han sido contratados, y sólo podrán ausentarse en caso de licencias, permisos o feriados.

Artículo 54.Para el cumplimiento de la evaluación contemplada en el artículo 21 de este Estatuto, el reglamento establecerá un sistema de calificaciones del personal afecto al presente Título.

En el referido sistema de calificaciones, se deberán medir, de manera objetiva, los siguientes aspectos

a) Responsabilidad profesional y funcionaria;

b) Perfeccionamiento realizado;

c) Calidad de desempeño, y

d) Méritos excepcionales.

El reglamento deberá estipular la composición de las comisiones calificadoras, la incorporación a ellas de representantes de los profesionales del respectivo establecimiento y/o función que corresponda, así como la definición de la autoridad o comisión de apelaciones. Del mismo modo fijará los procedimientos, el plazo, la periodicidad y los demás detalles técnicos del sistema de calificaciones.

Los resultados finales de la calificación de cada profesional deberán considerarse como antecedentes para los concursos públicos estipulados en este Título. Asimismo, se tendrán en cuenta para optar a cupos o .becas en actividades de perfeccionamiento o estudios de post grados, para financiar proyectos individuales de innovación y, en general, en todas las decisiones que se tomen para seleccionar profesionales.

Artículo 55. El personal al cual se aplica este Título no estará afecto a ninguna de las normas sobre negociación colectiva establecidas en el Código del Trabajo o en leyes especiales.

Párrafo VII

TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION

Artículo 56. Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector 'municipal, pueden dejar de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales:

a) Por renuncia voluntaria;

b) Por falta de probidad, conducta inmoral grave u otras causales que los hagan acreedores a una medida disciplinaria expulsiva, adoptada por medio de un sumario;

c) Por término del período por el cual se efectuó el contrato;

d) Por jubilación;

e) Por fallecimiento, y

f) Por calificación en lista de demérito por dos años consecutivos.

A los profesionales de la er1ucación que terminen una relación laboral por las causales de las letras a) y c) se les considerará su experiencia y su perfeccionamiento en posteriores concursos para ingresar a otra dotación, o para reingresar a la misma.

TITULO IV

DEL CONTRATO DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION EN EL SECTOR PARTICULAR

Párrafo I

NORMAS GENERALES

Artículo 57. Las relaciones laborales entre los docentes y los empleadores educacionales del sector particular, tanto pagado como subvencionado, serán de Derecho Privado, y se regirán por las normas del Código del Trabajo y sus disposiciones complementarias en todo aquello que no esté expresamente establecido en este Título.

Párrafo II

DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO Y DE LAS MODIFICACIONES LEGALES A ESTE

Artículo 58. Sin perjuicio de lo que el Código del Trabajo dispone sobre las estipulaciones mínimas de todo contrato de trabajo, el regulado en este Título deberá contener especialmente las siguientes:

a) Descripción de las labores docentes que se encomiendan;

b) Determinación de la jornada semanal de trabajo, diferenciándose las funciones docentes de aula de otras actividades contratadas;

c) Lugar y horario para la prestación de servicios.

El tiempo que el docente utilice en un mismo día para trasladarse de un establecimiento a otro en virtud de una misma relación laboral, se considerará trabajado para todos los efectos de esta ley, y el costo de movilización será de cargo del empleador. Ambas circunstancias deberán señalarse expresamente, y

d) Duración del contrato, el que podrá ser de plazo fijo, de plazo indefinido o de reemplazo.

El contrato a plazo fijo no podrá extenderse por períodos inferiores a un año laboral docente, pudiendo renovarse en conformidad a lo dispuesto en el Código del Trabajo. E1 contrato de reemplazo es aquel en virtud del cual un docente presta servicios en un establecimiento para suplir transitoriamente a otro con contrato vigente que no pueda desempeñar su función, cualquiera que sea la causa. Deberá establecerse el nombre del docente que se reemplaza y la causa de su ausencia.

Este contrato, salvo estipulación en contrario, durará por el período de ausencia del profesional reemplazado.

Si durante el año laboral docente termina el contrato de un profesional de la educación, el empleador tendrá derecho a contratar a otro por el resto del mismo.

Artículo 59. La jornada semanal de trabajo de quienes ejerzan labores docentes, no podrá exceder de 44 horas cronológicas para un mismo empleador. La docencia de aula semanal de estos profesionales de la educación no podrá exceder de 33 horas cronológicas. El horario restante será destinado a labores curriculares no lectivas. Cuando la jornada de trabajo contratada fuere inferior a 44 horas semanales, el máximo de clases quedará determinado por la proporción respectiva.

La hora docente de aula tendrá una duración máxima de 45 minutos.

Tratándose de docentes que cumplan funciones en jornada nocturna su horario no podrá sobrepasar la medianoche, salvo que se trate de aquéllos que hubieren sido contratados para cumplir labores de internado.

Las disposiciones de este artículo se, aplicarán solamente a los contratos docentes celébralos entre profesionales de la educación y establecimientos educacionales particulares subvencionados.

E1 personal docente hará uso de su feriado legal de acuerdo a las normas establecidas en el artículo 40 de la presente ley.

Artículo 60. Los establecimientos educacionales particulares dictarán reglamentos internos, los que deberán considerar a lo menos:

a) Normas generales de índole técnico pedagógicas, incluyendo las relativas al Consejo de Profesores:

b)Normas técnico administrativas sobre estructura y funcionamiento general del establecimiento, y

c) Normas de prevención de riesgos, de higiene y de seguridad.

Este reglamento será puesto en conocimiento de la Dirección Provincial de Educación, en un plazo no mayor a sesenta días.

Artículo 61. Todo contrato vigente al mes de diciembre se entenderá prorrogado por los meses de enero y febrero, siempre que el docente tenga más de seis meses continuos de servicios para e1 mismo empleador.

Artículo 62.El valor de la hora pactado en los contratos no podrá ser inferior al valor hora mínimo nacional vigente fijado por ley.

Artículo 63. Los profesionales de la educación del sector particular subvencionado gozarán de la asignación establecida en el artículo 48 de esta ley, si el establecimiento en el cual trabajan es calificado como de desempeño difícil conforme a lo señalado en el mismo artículo.

Para estos efectos, dichos establecimientos deberán postular ante el correspondiente Departamento Provincial de Educación, el cual efectuará la proposición a que se refiere el inciso cuarto del artículo 48 de esta ley, consultando la opinión del Consejo Provincial de Educación respectivo.

La aprobación dará derecho al financiamiento de la asignación en la proporción correspondiente.

Artículo 64. Si un sostenedor remunera a los profesionales de la educación bajo contrato de plazo indefinido, a lo menos, según las asignaciones establecidas en el párrafo IV del Título III de esta ley, las partes podrán, de común acuerdo, excluir al establecimiento del mecanismo de negociación colectiva.

Párrafo III

DE LA TERMINACION DEL CONTRATO

Artículo 65. Si una sentencia judicial declara injustificada la terminación de un contrato avisada por el empleador al docente durante los meses de marzo a noviembre inclusive, la misma condenará al empleador a cancelar, además de otras indemnizaciones que legalmente le correspondan en cada caso, las remuneraciones que el profesional debería haber recibido desde el día del término efectivo de su trabajo hasta el 28 de febrero del año siguiente.

Esta indemnización adicional será incompatible con el derecho establecido en el artículo 61 de esta ley.

Párrafo IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 66. Los profesionales de la educación del sector particular tendrán derecho a negociar colectivamente conforme a las normas del sector privado.

TITULO FINAL

Artículo 67. Derógase la ley N° 18.602, con excepción de su artículo 3°, letra c).

Artículo 68. E1 presente Estatuto regirá a partir desde el 1° de marzo de 1991.

Artículos transitorios

Artículo 1°. No obstante lo estipulado en el artículo 43 de esta ley, a los profesionales de la educación que se acogieron a la opción establecida en el artículo 4° del decreto con fuerza de ley N° 1 3063, de 1980, del Ministerio del Interior, sustituido por el artículo 15 de la ley N° 18.196 y que por efectos de lo establecido en el inciso tercero del artículo 2º transitorio de la mencionada ley N° 18.196, como también los profesionales que están afiliados al sistema de las Admistradoras de Fondos de Pensiones, aunque se hubieren traspasado de la previsión fiscal, tienen como remuneración imponible la que disfrutaban a1 momento del traspaso, la mayor imponibilidad que represente para ellos la aplicación de esta ley, se les efectuará gradualmente de acuerdo al siguiente procedimiento:

A los profesionales de la educación que tengan 26 o más años de servicios o imposiciones al 1° de marzo de 1991:

1. 1° de marzo de 1992: 25% dela diferencia, entre las remuneraciones efectivas y las imponibles al 28 de febrero de 1991;

2. 1° de marzo de 1993: 50% dela diferencia entre las remuneraciones efectivas y las imponibles al 28 de febrero de 1991;

3. 1° de marzo de 1994: 75% dela diferencia entre las remuneraciones efectivas y las imponibles al 28 de febrero de 1991, y

4. 1° de marzo de1995:100% de la diferencia entre las remuneraciones efectivas y las imponibles al 28 de febrero de 1991.

A los profesionales de la educación a quienes se les aplica esta norma y que tengan menos de 26 años de servicios o imposiciones al 1° de marzo de 1991, se les continuarán efectuando las imposiciones sobre las mismas remuneraciones imponibles vigentes al 28 de febrero de 1991. No obstante, a medida que vayan cumpliendo 27 o más años de servicios o imposiciones, se les aplicará la misma escala gradual aquí señalada, hasta completar un 100% de imposiciones sobre las remuneraciones efectivas, en un lapso de cuatro años a partir desde el 1 ° de marzo siguiente a 1a fecha en que hayan cumplido dicho número de años de servicios o imposiciones.

En todo caso, los profesionales de la educación a que se refiere el inciso primero de este artículo, y que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, cumplan con todos los requisitos para jubilar establecidos en el decreto ley N° 2.448, de 1979, en el decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, y en la ley N° 18.834, y que se acojan a jubilación dentro de un plazo de 120 días contado desde esa fecha, se les considerará, para los efectos del cálculo de su jubilación, que han efectuado imposiciones sobre la totalidad de sus remuneraciones efectivas a partir del 1° de enero de 198$.

Artículo 2°. Dentro del plazo de un, año contado desde la entrada en vigencia de esta ley, las personas jurídicas de derecho privado constituidas en conformidad al decreto con fuerza de ley N° 1 3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, deberán entregar .a las municipalidades correspondientes la administración de los establecimientos educacionales que les fueron traspasados, sin perjuicio de que posteriormente se puedan formalizar nuevos convenios compatibles con esta ley.

Un decreto de los Ministerios de Interior y de Educación establecerá el procedimiento para efectuar dicha entrega.

Artículo 3°. Dentro del plazo de 60 días contado desde la entrada en vigencia de esta ley, los Departamentos de Administración Educacional Municipal deberán fijar las dotaciones correspondientes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 24 de esta ley.

Los profesionales de la educación que reúnan las condiciones de titularidad para integrar una dotación, serán asignados a ella en dicha calidad, prefiriéndose a aquellos con más años de servicios. Los restantes se integrarán en calidad de contratados en la dotación del mismo establecimiento o serán integrados a la dotación de otro establecimiento de la comuna.

En el mismo plazo señalado, los Departamentos de Administración Educacional municipal deberán llamar a concurso público para llenar las respectivas dotaciones de docentes directivos de los establecimientos de la comuna que hayan ingresado por otra vía, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 30 y siguientes de esta ley.

Para los efectos de la primera fijación de dotaciones a que se refiere este artículo, el Departamento Provincial de Educación del Ministerio de Educación, en conformidad. a lo establecido en el artículo 26 de esta ley, podrá objetar aquellas dotaciones.: fijadas por los Departamentos de Administración Educacional municipales de educación cuando correspondan a un número de horas de docencia que exceda de las que fueron contratadas en el mes de marzo del año 1990, en el conjunto de los establecimientos educacionales de la comuna.

Artículo 4°. El cambio de régimen jurídico que signifique la aplicación de esta ley, respecto de los profesionales de la educación regidos a la fecha de su entrada en vigencia por las normas del Código del Trabajo, y que sean incorporados a una dotación docente, no importará término de la relación laboral para ningún efecto, incluidas las indemnizaciones por arios de servicios que pudieran corresponder a tal fecha.

El pago de beneficios indemnizatorios que correspondan al personal referido, se entenderá postergado hasta el cese de los servicios en la respectiva entidad empleadora, cuando éstos otorguen derecho a fecha de cambio de régimen a que se refiere el inciso anterior y las remuneraciones que estuviere percibiendo el profesional de la educación a la fecha del cese.

Artículo 5°. La entrada en vigencia de esta ley en ningún caso implicará disminución de las remuneraciones de los profesionales de la educación del sector municipal que, actualmente, sean superiores a las que se fijen en conformidad al presente Estatuto.

En el caso de profesionales de la educación de este sector con remuneraciones superiores, y para los efectos de hacer la adecuación de sus remuneraciones vigentes a lo dispuesto en esta ley, el total de la remuneración que actualmente perciben, se ajustará conforme a las siguientes normas: En primer lugar se imputará una cantidad a 1o que corresponda por remuneración básica mínima nacional. Lo que reste se imputará a lo que corresponda por el pago de las asignaciones de experiencia, de perfeccionamiento y de responsabilidad docente directiva o técnico pedagógica. Si efectuado lo anterior persistiere una diferencia, ésta podrá imputarse a las asignaciones especiales de origen municipal, que sólo tendrán por objeto mantener el monto actual de sus remuneraciones.

Artículo 6°. Las remuneraciones y beneficios establecidos por esta ley para los profesionales de la educación, deberán alcanzar el total de sus valores correspondientes dentro de los cinco años siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, y de acuerdo a las normas de gradualidad establecidas en los artículos siguientes.

Artículo 7°. El valor mínimo de la hora cronológica para los profesionales de la educación pre básica, básica y especial, será de $ 1.900 mensuales.

El valor mínimo de la hora cronológica para los profesionales de la educación media, científico humanista y técnico profesional, será de $ 2.000 mensuales.

El valor mínimo de la hora cronológica para los profesionales de la educación de adultos se determinará de acuerdo al nivel en que desempeñen sus labores docentes.

Las municipalidades que reciban asignaciones especiales a las unidades de subvención escolar por razones de ruralidad o zona, deberán incrementar los valores anteriores en los mismos porcentajes en que se hubiere aumentado el valor de la unidad de subvención educacional.

Artículo 8. La asignación de experiencia establecida en el artículo 46 de esta ley para los profesionales de la educación del sector municipal, se aplicará y pagará con base en los bienios de servicio docente que se acrediten conforme al inciso final de este artículo y de acuerdo a la siguiente escala gradual:

1. Durante 1991: 50% del monto que correspondería por cada bienio debidamente acreditado.

2. Durante 1992: 80% del monto que correspondería por cada bienio debidamente acreditado.

3. Durante 1993: 90% del monto que correspondería por cada bienio debidamente acreditado.

4. A partir de 1994: se aplicar íntegramente lo dispuesto. en el artículo 46 de esta ley.

Dentro de los 9 meses siguientes a la dictación de esta ley; los profesionales de la educación de una dotación acreditarán ante el Departamento de Administración Educacional del municipio correspondiente, por medio de certificados fidedignos emanados de las municipalidades respectivas o del Ministerio de Educación, los años de servicios docentes servidos en la educación municipalizada o en 1a educación fiscal en el .período anterior al traspaso de los establecimientos. Para el caso del reconocimiento, para estos efectos, de los aros de servicios docentes servidos en la educación particular, se considerarán las actividades docentes realizadas a partir de 1980 en establecimientos que tengan el carácter de cooperadores de la función educacional del Estado, lo que se acreditará con certificado del director o sostenedor del establecimiento conjuntamente con otros antecedentes públicos, como certificados de instituciones de previsión o .planillas de subvención visadas por el Ministerio de Educación.

El reconocimiento de bienios se realizará por resolución municipal fundada, la que será .remitida al Ministerio de Educación por la vía del Departamento Provincial respectivo, el que tendrá un plazo de 30 días para revisar y, eventualmente, objetar dicha resolución, en cuyo caso el Ministerio procederá a dictar una resolución ministerial fundada. Las resoluciones municipales no objetadas dentro de dicho plazo se darán por aprobadas.

El reconocimiento de los bienios anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se efectuará teniendo en consideración las horas efectivamente trabajadas en servicios docentes.

Artículo 9°. La asignación de perfeccionamiento establecida en el artículo 47 se aplicará en la forma que determina la presente ley y su reglamento, a partir de los año 1993 y 1994, en los cuales la asignación de perfeccionamiento a que se tenga derecho alcanzará a un máximo de un 20% del monto correspondiente a la remuneración básica mínima nacional. A partir de 1995, el monto de la asignación alcanzará hasta un máximo de un 40% de dicha remuneración básica mínima nacional para quienes cumplan con los requisitos correspondientes y conforme a los recursos disponibles para esta asignación.

Durante los años 1991 y 1992 se reconocerá a los profesionales de la educación municipal un bono anual de $ 10.000 de cargo fiscal, que será destinado exclusivamente al pago de cursos y actividades de perfeccionamiento conforme al procedimiento que se establezca por decreto supremo del ministerio de Educación.

Artículo l0. La asignación por desempeño en condiciones difíciles, establecida en el, artículo 48 de la presente ley, se otorgará a un máximo de un 25$ de los establecimientos educacionales del país, de acuerdo a la siguiente tabla de gradualidad:

1. Durante los años 1.991 y 1992: hasta un 25% del monto total señalado en el artículo 48 de esta ley;

2. Durante el año 1993: hasta un 50% del monto total señalado en el artículo 48 de esta ley;

3. Durante el año 1994: hasta un 75% de dicho monto, y

4. A partir del año 1995: hasta un 100% de dicho monto, según la disponibilidad del fondo destinado al pago de esta asignación.

Artículo 11. La asignación de responsabilidad directiva y técnico pedagógica establecida en el artículo 49, se cancelará a partir de 1991, calculándose sobre la remuneración básica mínima nacional, en la forma y condiciones señaladas en dicho artículo.

Artículo 12. El personal que se desempeña en establecimientos técnico profesionales administrados según el decreto ley N° 3.166, de 1980 se regirá por las disposiciones del contrato docente establecido en el Título IV de esta ley.

Artículo 13. En el caso de los profesionales de la educación pre básica, las disposiciones del Título III y del artículo 62 del Título IV de esta ley, sólo se aplicarán a aquellos que se desempeñen en niveles de dicha educación que puedan dar origen a subvención del Estado conforme a la legislación respectiva.

Artículo 14. Durante los años 1991 y 1992 se reconocerá a los profesionales de la educación particular subvencionada, un bono anual de $ 10.000 de cargo fiscal, que será destinado exclusivamente al pago de cursos y actividades de perfeccionamiento conforme al procedimiento que se establezca por decreto supremo del Ministerio de Educación.

Artículo 15. El Presidente de la República dictará el reglamento de la presente ley, dentro de los 120 días siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 16.- Los profesores que ocupaban cargos directivos docentes en el sistema educacional hasta antes de 1980 y que hubieren sido exonerados o rebajados en sus cargos, tendrán derecho a postular y gozarán de preferencia para 1a provisión de las vacantes que se produzcan en lo sucesivo, en cargos de igual naturaleza; debiendo, en todo caso, cumplir con las condiciones exigidas por la presente ley y el respectivo reglamento.

Artículo 17. El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley para el año 1991, se financiará con cargo al ítem 50 01 03 25 33 004 de la partida presupuestaria Tesoro Público de la Ley de Presupuestos. Para los años 1992 y siguientes, el financiamiento de esta ley será consultado en la Ley de Presupuestos del Sector Público del año respectivo.".

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Continúa de Diputado Informante el señor ROBERTO MUÑOZ BARRA.

Sala de la Comisión, a 19 de diciembre de 1990.

Acordado en sesiones de fechas 12, 13 y 19 de diciembre de 1990, con asistencia de los señores Diputados Roberto Muñoz Barra (Presidente), Camilo Escalona Medina, Juan Alfonso Masferrer Pellizzari, José Miguel Ortiz Novoa, Marina Prochelle Aguilar, Hugo Rodríguez Guerrero, Carlos Smok Ubeda, Carlos Valcarce Medina, Felipe Valenzuela Herrera y Edmundo Villouta Concha.

En reemplazo de los señores Carlos Bombal Otaegui, Camilo Escalona Medina, Angel Fantuzzi Hernández, José Miguel Ortiz Novoa, Carlos Valcarce Medina y Sergio Velasco de la Cerda asistieron los señores Cristián Leay Morán, Isidoro Tohá González, Claudio Rodríguez Cataldo, Sergio Velasco de la Cerda, Francisco Bayo Veloso y Waldemar Carrasco Muñoz

Asistieron ademáslos señores Diputados Mario Devaud Ojeda, Sergio Elgueta Barrientos, Pablo Longueira Montes, Antonio Horvath Kiss y Hosain Sabag Castillo.

EUGENIO FOSTER MORENO

Secretario

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NUEVAS NORMAS SOBRE ESTATUTO DOCENTE. (BOLETÍN Nº 182-04)

"Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Hacienda efectuó el análisis del proyecto de ley que se menciona en el epígrafe de este informe, en conformidad al inciso segundo del artículo 17, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y a los artículos 219 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

Los artículos remitidos a esta Comisión, para su especial pronunciamiento, en el trámite correspondiente a este segundo informe, son los artículos 39, 47 y 48 del proyecto, aprobados por la Comisión de Educación, en su segundo trámite reglamentario.

La Comisión de Hacienda adoptó como criterio pronunciarse respecto de las modificaciones que introdujo la Comisión de Educación al texto ya aprobado, en su primer trámite reglamentario, por la Comisión de Hacienda.

En relación con el inciso primero del artículo 39, cabe señalar que la Comisión de Educación vuelve al texto suyo inicial, desestimando la proposición que efectuó la Comisión de Hacienda, en orden a sustituir el último párrafo del inciso primero, suprimiendo los estipendios que enumera la disposición.

Esta Comisión, luego de un breve debate sobre el tema de las asignaciones a que tendrán derecho los profesionales de la educación, consideró acertado su criterio, acordando insistir en la proposición ya hecha en su primer informe, aprobándose por mayoría de votos, el siguiente artículo:

"Artículo 39.- Los profesionales de la educación tendrán derecho a una remuneración básica mínima nacional para cada nivel del sistema educativo, en conformidad a las normas que establezca la ley, a las asignaciones que se fijan en este Estatuto, y sin perjuicio de las que se contemplen en otras leyes.

Se entenderá por remuneración básica mínima nacional, el producto resultante de multiplicar el valor mínimo de la hora cronológica que fije la ley por el número de horas para las cuales haya sido contratado cada profesional.".

En relación con el inciso primero del artículo 47, la Comisión de Educación desestimó los términos que reemplazaban la palabra "buscará", que propuso la Comisión de Hacienda para perfeccionar la redacción de la norma, insistiendo en dicha forma verbal.

Sometida a la consideración de la Comisión de Hacienda la modificación comentada, ésta estuvo por reemplazar la palabra "buscará" por los términos "tendrá por objeto incentivar", con igual propósito al ya indicado en el primer informe.

El artículo 47, propuesto por la Comisión de Educación fue aprobado por mayoría de votos, con la sola modificación comentada en el párrafo precedente, aprobada por unanimidad.

En relación con el artículo 48, la Comisión de Educación desestimó las cinco proposiciones que realizó la Comisión de Hacienda en su primer informe.

La primera, que acota la asignación por desempeño en condiciones difíciles al 25% de los establecimientos educacionales del país, responde al interés de esta Comisión en focalizar el uso de los recursos destinados a este objeto. Puesta en votación la modificación, la Comisión de Hacienda acordó, por unanimidad, insistir en la proposición de su primer informe.

La segunda, que suprime en la letra c) del inciso segundo, la palabra "urbana" y la frase "y alumnos discapacitados". Esta Comisión estimó plenamente válidas las razones que se tuvieron en consideración en su primer informe, por lo que insiste, por unanimidad, en lo antes propuesto.

La tercera, que suprimió la letra d) del inciso segundo, sobre desempeño de docencia en horario o jornada nocturna, fue rechazada por mayoría de votos, acogiéndose, en consecuencia, la proposición de la Comisión de Educación al respecto.

La cuarta, referente al inciso cuarto, fue debatida nuevamente en la Comisión, lográndose un criterio mayoritario en torno a una indicación sustitutiva que recoge el espíritu de la indicación primitiva.

La quinta, relativa a un inciso nuevo que hace compatible la asignación por desempeño en condiciones difíciles con la asignación de zona, se estima que no se aviene con el inciso final del artículo 39, antes aprobado por esta Comisión, el cual resguarda los derechos adquiridos de los profesores, razón por la cual es rechazado en el inciso pro-puesto por la Comisión de Educación, por mayoría de votos.

Sometido a votación el artículo 48, se aprobó por mayoría de votos, el siguiente artículo:

"Artículo 48.- La asignación por desempeño en condiciones difíciles, corresponderá a los profesionales de la educación que ejerzan sus funciones en establecimientos que sean calificados como de desempeño difícil por razones de ubicación geográfica, marginalidad, extrema pobreza u otras características análogas. Esta asignación podrá alcanzar hasta 30% calculada sobre la remuneración básica mínima nacional correspondiente, calificación que no podrá exceder de 25% de los establecimientos educacionales del país.

Los criterios para determinar que un establecimiento sea declarado de desempeño difícil y se dé así origen al pago de la asignación por desempeño en estas condiciones a su personal, son las siguientes:

a)Aislamiento geográfico: distancia y, o dificultades de transporte y comunicación respecto a centros urbanos de importancia administrativa, económica y cultural;

b)Ruralidad efectiva: aquellas que obligan al profesor a residir en la escuela o en su cercanía en un medio ambiente propiamente rural;

c)El especial menoscabo o particular condición del tipo de población atendida: alumnos y comunidades en situaciones de extrema pobreza, dificultades de acceso o inseguridad en el medio urbano, alumnos o comunidades bilingües o biculturales, o

d) Desempeño de docencia en horario o jornada nocturna.

El reglamento deberá fijar los grados en que se presenten las condiciones referidas y sus equivalencias en porcentaje de la asignación, además de los procedimientos correspondientes.

Corresponderá a cada Departamento de Educación Municipal proponer en forma priorizada los establecimientos de la comuna cuyo personal tendrá derecho a percibir la asignación por desempeño difícil. El municipio respectivo presentará dicha proposición a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, la cual determinará los establecimientos de desempeño difícil y los grados de dificultad respectivos, conforme al procedimiento que establezca el reglamento, según criterios objetivos de calificación, tanto a nivel nacional como regional, considerando los antecedentes proporcionados por las municipalidades, previa consulta a los Consejos de Educación Provincial respectivos.".

Sala de la Comisión, a 19 de diciembre de 1990.

Acordado en sesión celebrada el día de hoy, miércoles 19 de diciembre de 1990, con la asistencia de los Diputados señores Longueira, don Pablo (Presidente); Arancibia, don Armando; Cerda, don Eduardo (Yunge, don Guillermo); Devaud, don Mario; Esté-vez, don Jaime; Hamuy, don Mario (Pizarro, don Jorge); Huenchumilla, don Francisco; Matthei, señora Evelyn (Navarrete, don Luis); Munizaga, don Eugenio (Navarrete, don Luis); Palma, don Andrés; Ringeling, don Federico; Rodríguez, don José Alfonso y Sota, don Vicente.

Se designó Diputado informante al señor Palma, don Andrés.

(Fdo.): Javier Rosselot Jaramillo, Secretario de la Comisión".

INFORME COMPLEMENTARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NUEVAS NORMAS SOBRE ESTATUTO DOCENTE BOLETÍN Nº 182-04)

Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda, integrada por los Diputados señores Sota, don Vicente (Presidente accidental); Arancibia, don Armando; Cerda, don Eduardo;

Coloma, don Juan Antonio; Devaud, don Mario; Huenchumilla, don Francisco; Matthei, señora Evelyn; Munizaga, don Eugenio; Ortiz, don José Miguel; Palma, don Andrés; Ringeling, don Federico y Smok, don Carlos, con la presencia del Subsecretario de Hacienda, don Raúl Allard N. y los señores de dicho Ministerio señores Pedro Henríquez G. y Mauricio Morales D., se reunió en sesión especial el día de hoy, 3 de enero de 1991, para tomar conocimiento de una indicación consignada en el segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación de fecha 19 de diciembre de 1990, la que no fue aprobada en su oportunidad por esta Comisión al no haberse sometido a su consideración conjuntamente con el resto del articulado.

La norma en cuestión agrega en el artículo 1º transitorio del proyecto el siguiente párrafo: "como también los profesionales que están afiliados al sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones, aunque se hubieren traspasado de la previsión fiscal".

El debate en las Comisión de Hacienda estuvo destinado a determinar los efectos de la indicación agregada en la comisión de Educación, la cual no obstante el loable propósito que persigue, constituye una iniciativa que involucra un mayor financiamiento que requeriría patrocinio del Ejecutivo.

Con el propósito de reconocer el derecho a jubilar en las condiciones que indica a los profesionales de la educación que menciona el inciso cuarto, del artículo 1º transitorio del proyecto, los Diputados Arancibia y Palma sugieren reemplazar el artículo 1º transitorio, por el siguiente:

"Artículo 1º.- Los profesionales de la educación que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, cumplan con todos los requisitos para jubilar establecidos en el decreto ley Nº 2448, de 1979, en el decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1960, y en la ley Nº 18.834, y que se acojan a jubilación dentro de un plazo de 120 días, contado desde esa fecha, se les considerará, para los efectos del cálculo de su jubilación, que han efectuado imposiciones sobre la totalidad de sus remuneraciones efectivas a partir del 1º de enero de 1988.".

La indicación anterior fue rechazada por la mayoría de la Comisión.

Historia de la Ley Nº 19.070 Página 320 de 1337

INFORME COMPLEMENTARIO COMISIÓN HACIENDA

Sin pe juicio de lo anterior, siendo el ánimo tanto del Ejecutivo como de la Comisión de Hacienda favorable a encontrar una solución adecuada en la materia, en beneficio de los profesionales de la educación que menciona la norma, se ha estimado necesario contar con un mayor estudio respecto a ella, por lo cual se acordó, por unanimidad, sugerir el rechazo del artículo 1º transitorio, dejando, en consecuencia, la disposición permanente del artículo 43, del proyecto de aplicación única y sin gradualidad.

Sala de la Comisión, a 3 de enero de 1991.

Se designó Diputado informante al señor Palma, don Andrés.

(Fdo.): Javier Rosselot Jaramillo, Secretario de la Comisión".

ESTATUTO DOCENTE. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde conocer el segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación, recaído en el proyecto de ley que establece normas sobre el Estatuto Docente.

Diputado Informante es el señor Roberto Muñoz Barra.

El texto del proyecto de ley, aprobado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnologías, Deportes y Recreación y ratificado por la Comisión de Hacienda en los artículos de su competencia, figura en el N° 2 de los Documentos de la Cuenta. (Boletín N°182-04).

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hago presente a la Sala que se encuentra presente el señor Ministro de Educación, don Ricardo Lagos.

Tiene la palabra el Diputado Informante.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, deseo expresar el saludo de un feliz año nuevo al señor Presidente de la Cámara, a los señores Vicepresidentes, a los Honorables parlamentarios y a todo el personal de esta Honorable Cámara.

Aplausos en la Sala.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En verdad, Su Señoría se ha adelantado a mi pensamiento. En nombre de la Mesa, deseo expresar a todos los señores parlamentarios, al señor Ministro, al personal y a quienes se encuentran en las tribunas, esos mismos deseos de un buen año.

Aplausos en la Sala.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, Honorable Cámara: La Comisión de Educación, por mi intermedio, da a conocer el segundo informe del proyecto de ley que establece nuevas normas sobre Estatuto Docente.

Como lo sabe el país y para la historia de la ley, esta materia tuvo su origen en una iniciativa del actual Gobierno, que preside don Patricio Aylwin Azocar. Este importante y trascendental proyecto fue aprobado en general por esta Honorable Cámara, y esa resolución demuestra en forma muy concreta la validez de esta iniciativa, que norma derechos y deberes del docente y orienta el futuro desarrollo del proceso educacional chileno.

El citado proyecto fue tratado por esta Sala el día 11 de diciembre en su sesión 19°, especial y fue objeto, como producto del interés real y sincero de Vuestras Señorías, de 168 indicaciones, formuladas a los artículos permanentes y transitorios.

Creo interesante destacar que la Comisión de Educación que presido, recibió de esta Honorable Sala prácticamente dos nuevos Estatutos Docentes, dado que el original contaba con aproximadamente 68 artículos permanentes y 15 transitorios.

Como anécdota, cabe señalar que este proyecto ha batido un "record" en tal sentido. El aporte de la Sala en su primera discusión revela clara y nítidamente que, en esta materia, hay mucho por hacer, corregir y perfeccionar en los pasos siguientes.

La Comisión analizó el articulado del proyecto y las indicaciones presentadas en la Sala. No se pronunció respecto del artículo 20, relativo a la creación, composición y finalidad de los Consejos Provinciales de Educación, pues la materia -así lo determinó la propia Sala- tiene rango de ley orgánica constitucional y requiere de un quorum especial.

En este trámite del proyecto que nos preocupa, no sufrieron alteraciones, por no haber sido objeto de indicaciones, los artículos 4°, 6a, 11, 12 y 13 transitorios.

El artículo 4° transitorio establece que el cambio de régimen jurídico que signifique la aplicación de esta ley respecto de aquellos profesionales regidos a la fecha de su entrada en vigencia por el Código del Trabajo y que sean incorporados a una dotación docente, no importará término de la relación laboral para efecto alguno. Esto significa que no perderán los beneficios que les corresponden en el caso del desahucio.

El artículo 6a transitorio dispone que las remuneraciones y beneficios que la ley establece para los profesionales de la educación deberán alcanzar el total de sus valores dentro de los 5 años siguientes a la entrada en vigencia de este estatuto.

Por su parte, el artículo 11 transitorio prescribe que la asignación de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica deberá cancelarse a partir del año 1991, calculada sobre la remuneración básica mínima nacional, que corresponde a lo que conocemos como el sueldo piso.

El artículo 12 transitorio dispone que el personal que se desempeña en establecimientos técnico-profesionales, escuelas industriales y politécnicos, administrados por instituciones del sector público o por personas jurídicas sin fines de lucro -conocidas como corporaciones-, se regirá por las disposiciones de este Estatuto aplicables al sector particular, las que están consignadas en el título IV, que versa sobre el contrato docente.

El artículo 13 transitorio señala que las disposiciones del título III del Estatuto y el artículo 62 del mismo, que obligan a que el valor pactado por hora no podrá ser inferior al valor mínimo nacional vigente, se aplicarán a los docentes de la educación prebásica, en la medida en que éstos se desempeñen en niveles que puedan dar origen a subvención estatal. Lamentablemente, aquí se nos creó un problema en lo que conocemos, como primer nivel, en la prebásica, que se refiere a aquellos profesionales que, teniendo el título, se desempeñan en instituciones que no gozan de esta subvención estatal.

El Diputado Informante, en cumplimiento de una indicación formulada por la Comisión, se permite recordar a esta Honorable Cámara, que la discusión, en la que seguramente nos vamos a enfrascar, algunos artículos deberán ser votados según las normas del quorum calificado. Es el caso del que establece el derecho de los profesionales de la educación a que se les efectúen imposiciones, sobre la totalidad de sus remuneraciones, como, asimismo, del que indica la base para calcular estas pensiones. No escapará a vuestro elevado criterio que se trata de un artículo trascendental, más aún si recordamos las exiguas pensiones que los maestros han tenido permanentemente y que podríamos calificar, sin temor a caer en un error, como las más escuálidas de las que hemos conocido en la Administración Pública.

Otro artículo de trascendental importancia, que también requiere de votación especial, se refiere al que regirá, como sistema, la forma gradual en que se enmarcará el tiempo que va a determinar la percepción de ese beneficio.

Honorables colegas, en la discusión de la Comisión, algunos artículos fueron suprimidos, por ser reiterativos y redundantes. También considero un deber señalar que muchas de las indicaciones tendían simplemente a corregir algunos errores de redacción, de carácter formal. Entre los artículos considerados reiterativos se encuentran por ejemplo, el 12 original, que disponía que para ejercer la docencia debía contarse con un título de profesor, lo cual ya estaba consagrado en la ley orgánica, de manera que fue eliminado. La Comisión consideró procedente eliminar la indicación del Ejecutivo de que, aparte de las ex escuelas normales, de la universidad y de los institutos profesionales, otras instituciones acreditadas por el Ministerio podían también entregar y convalidar títulos de docentes. Para este objeto se argumentaba el caso, por ejemplo, de los profesores que imparten clases de religión o de música. Sin embargo, con los antecedentes pertinentes, la Comisión logró comprobar que tanto las universidades como los institutos profesionales ya están impartiendo las asignaturas para dictar clases de religión, música u otras.

Lo mismo ocurrió con el artículo 61, que disponía el feriado legal de los docentes del sector particular en relación con el personal municipalizado. Sobre esta materia se redactó un solo artículo, pues su texto se refundió con el 60, que pasó a ser 59. También quiero aclarar que el concepto "feriado" está entendido como interrupción de actividades, las que fueron enmarcadas en los períodos de invierno y de verano, como "interrupción" y no como "feriados" porque no lo contempla así el Código del Trabajo.

En el artículo 10, en virtud de las indicaciones presentadas en la Sala y en la propia Comisión, se eliminó la frase que habla de una "formación inicial" de los maestros. Se consideró prudente suprimirla para evitar confusiones, pues la formación del profesor es integral y no puede calificarse de una etapa mínima, que podría sugerir incluso, una deficiencia en esa preparación.

Lo mismo ocurrió con el artículo 13 permanente que, en la nueva numeración del proyecto que Sus Señorías tienen en su poder, pasó a ser número 12. Ahí se eliminó también el término "mínimo" porque se sostuvo que la realización de un perfeccionamiento mínimo del profesor no se ajustaba al trato digno que buscamos para un profesional en el Estatuto, puesto que siempre debe tenerse presente que la formación del maestro es constante y del mejor nivel.

Asimismo, la Comisión de Educación modificó el artículo 13, agregando la siguiente frase: "El Ministerio de Educación propiciará un sistema de perfeccionamiento descentralizado". Con ello, la Comisión muy inteligentemente, dio una nueva redacción a dicho artículo, cuya composición era muy retórica en sus términos y no avalaba ni concretaba un perfeccionamiento descentralizado del magisterio, que posibilitara que un profesor, que tiene una renta bastante modesta, concurriese a obtenerlo, fundamentalmente, a las grandes metrópolis para acceder a la asignación correspondiente.

Respecto del artículo 18, que pasó a ser 17, la Comisión, por la vía sustitutiva, consideró importante consignar "un Consejo de Profesores", a fin de evitar una eventual confusión, en el sentido de que una misma unidad educacional pudieran existir dos, tres, o más consejos de profesores que, incluso, podrían llegar a una confrontación en la conducción y en la administración del proceso educacional.

En el artículo 33, original, que pasó a ser 31, se hablaba de que para los efectos de que los maestros pudieran postular a cargos de directivos docentes, o simplemente a uno similar, se llamaría a concurso dos veces en el año lectivo. La Comisión, en una primera discusión, consideró que dichos llamados se realizarían en los meses de marzo y diciembre; pero posteriormente la totalidad de los parlamentarios llegó a la conclusión -que no impedirá el debate posterior- de modificar los referidos meses por estimar que no son los más convenientes para que el profesor pueda postular con tranquilidad a tales cargos.

En la Comisión también se debatió el artículo 43, actual 41, oportunidad en que se acogió -y lo digo respetuosa y muy lamentablemente- la indicación reiterativa del Ejecutivo -que algunos parlamentarios votamos en contra- y que devuelve a los alcaldes la facultad, casi discrecional, de reubicar tácitamente, implícitamente, a los profesores en las comunas sin que sea necesario su asentimiento.

En este mismo artículo se eliminó el inciso que representaba la inquietud unánime de los parlamentarios de la Comisión, de asignar un puntaje especial a aquellos profesores rurales, que se hubieren desempeñado por más de tres años consecutivos en esos sectores. General-mente estos profesores tienen muy pocas posibilidades de trasladarse a las zonas urbanas o a otras zonas rurales en mejores condiciones.

De ahí que se consideraba de justicia estricta. Sin embargo, se impuso la indicación supresiva del Ejecutivo, que fue aprobada por la Comisión con algunos votos en contra.

En su segunda discusión, la Comisión suprimió en el artículo 44 que ahora es 42, su inciso final, según el cual las permutas entre los profesores entrarían en vigencia sólo cuando se comunicaren a la autoridad o al empleador respectivo, en este caso, al alcalde. Es decir, se agilizaba mucho la posibilidad de terminar con el profesor convertido casi en prisionero de las comunas, debido al sistema de educación municipalizada, que hace que le cueste mucho salir de la comuna en que trabaja, porque en cada una de ellas tiene un empleador diferente. Del mismo modo, en el artículo 45, ahora 43, se suprimió la determinación de la Comisión de enumerar en forma puntual los beneficios de los maestros para los efectos de las imposiciones provisionales. La Comisión de Hacienda los enmarcó en el artículo 40 del Código del Trabajo, que señala: "Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en dinero, que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo.

"No constituyen remuneración las asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de desgaste de herramientas y de colación, los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la ley, la indemnización por años de servicios, establecida en los artículos 159 y 160 y las demás que proceda pagar al extinguirse la relación contractual ni, en general, las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo".

Nosotros habíamos señalado los aguinaldos, las asignaciones familiares, las asignaciones de zona y otras. Sin embargo, la Comisión de Hacienda consideró que los beneficios quedaban mejor enmarcados con esta puntualización del artículo 40 del Código del Trabajo, lo que a algunos parlamentarios no nos parece tan claro.

En el artículo 46, que pasa a ser 45, se elimina también la primera intención de la Comisión, respecto de hacer posible que las municipalidades, con fondos propios, otorgaran asignaciones especiales de incentivo profesional a los docentes.

Nuevamente la Comisión de Hacienda suprimió esta disposición, señalando que era discriminatoria, por cuanto produciría una diferenciación entre aquellas municipalidades que contaban con recursos y aquellas que no los poseen. De manera que, implícitamente, se impediría que las municipalidades con mayores recursos pudieran entregar estos beneficios a los docentes.

En el artículo 49, ahora 48, que se refiere a la asignación por desempeño en condiciones difíciles o marginales, la Comisión agregó la frase "o condiciones educacionales especiales". Con ello, en forma muy clara y concreta, quedan comprendidas dentro de tales condiciones, las actividades de los maestros o profesores que trabajan en las escuelas-cárceles o en los establecimientos donde existen niños con retrasos mentales, conocidos modernamente como "impedidos".

En este mismo artículo, la Comisión, por la vía de la indicación, estableció también que la asignación por este concepto será compatible, en los casos que proceda, con las asignaciones de zona.

En el artículo 52, la Comisión dejó claramente establecido que la docencia de aula no podrá exceder de 33 horas, en el caso de que el profesor hubiere sido designado por una jornada de 44 horas, y, porcentualmente, acorde con la contratación a que haya sido merecedor.

En el artículo 55, ahora 54, que dice relación con la calificación de los profesores, que en su primera etapa era tan draconiana que había elementos que originaban la caducidad de los contratos de trabajo, eliminamos aquel inciso que decía que para calificar al profesor también se tendrían en cuenta "las relaciones humanas y la capacidad de integración del docente en el establecimiento".

Como no escapará a vuestro elevado criterio, este inciso era muy riesgoso; entre otras consideraciones, se podía prestar para persecuciones y debemos entender que, por la formación integral que tiene el profesor en el nivel superior, está más que capacitado para ser un ente social que, evidentemente, se comunique con el resto del estamento en el cual presta sus servicios.

En el artículo 57, ahora 56, relacionado con las calificaciones, que serán de mérito, normales -por así llamarlas- y de demérito -esta última lista significa caducidad de contrato-, la Comisión consideró que esta determinación era muy inflexible si la observábamos al calor de cómo funcionan las calificaciones en el resto de la administración pública, por eso entonces, se innovó, señalando que solamente habrá caducidad de contrato si el maestro es calificado en lista de demérito por dos años consecutivos.

Una indicación que tal vez puede ser novedosa, y tratada en esta sala con un análisis más puntual, es aquella que señala que los establecimientos de educación municipalizada deberán dictar -en forma obligatoria- reglamentos internos, puesto que los establecimientos de educación privada, subvencionada o particular, cuentan con ellos, los que considerarán, a lo menos, por ejemplo, las normas generales técnico- pedagógicas, incluyendo las relativas al consejo de profesores, al que se le quitó, en gran medida, la atribución de que, en ciertas materias, tuviera carácter resolutivo; ahora quedó un poco más genérico. Estos reglamentos asimismo, deberán considerar normas técnico-administrativas sobre estructura y funcionamiento general del establecimiento normas de prevención de riesgos de higiene y de seguridad. Los establecimientos municipales deberán poner este reglamento en conocimiento de la Dirección Provincial de Educación, en un plazo no mayor de 60 días.

Para permitir, por supuesto, un amplio debate de esta materia en la Sala, termino señalando que la Comisión incorporó una indicación que permitirá que aquellos profesores que ocupaban cargos directivo-docentes y que hubieren sido exonerados o rebajados de sus cargos antes de 1980 -por circunstancias que, por mi condición de Diputado Informante no quiero precisar, pero que son conocidas por los Honorables parlamentarios-, tendrán un puntaje preferencial para ganar los concursos directivo-docentes, en el caso de que reúnan las condiciones pertinentes en cuanto a cursos de perfeccionamiento, antigüedad, etc. Es decir, en igualdad de currículum en dichas postulaciones, estos profesores tendrán, por supuesto, un derecho preferencial ante las comisiones que se constituyan.

Señor Presidente, Honorable Cámara, concluyo este informe haciéndome el deber de agradecer a los parlamentarios de todas las bancadas que integraron la Comisión de Educación, porque, a pesar de tener enfoques diferentes respecto a determinadas materias doctrinarias, fuimos capaces, en un debate muy rico, maduro y generoso, de analizar, en un tiempo "record", la cantidad de indicaciones que nos hizo llegar la Sala en su primer debate. Esperamos que ese espíritu se mantenga en la discusión del articulado de este importante proyecto, para así satisfacer las aspiraciones de más de 120 mil profesores que tienen cifradas sus esperanzas en esta iniciativa que, sin ser perfecta, al menos significa un paso importante en la concreción de la solución de los problemas del docente y de la educación.

A mis colegas que integran la Comisión de Educación, mi gratitud, como Presidente de ella, por la forma elevada en que se trabajó, que, espero, se repita en la discusión particular del proyecto en esta Sala.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Horvarth.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, por su intermedio solicito al señor Presidente de la Comisión de Educación, que confirme la efectividad de que las tres indicaciones formuladas a los artículos 33, 36 y 40 no fueron vistas en la Comisión por omisión.

Estoy consciente de que esto ocurrió por el exceso de trabajo a que se vio enfrentada la Comisión, por el breve plazo que tuvo para su cometido, y sin duda por las festividades de fin de año.

Quisiera esta confirmación del Presidente de la Comisión; y después que se solicite la unanimidad de la Sala para estudiar estas indicaciones. Además, quiero hacer presente que debe analizarse el artículo 48, que fue visto en la Comisión, pero que no aparece en el informe.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El artículo 48 aparece en el informe de Educación y en el de Hacienda, modificado en su inciso final; o sea, sobre esto no habría problema.

En cuanto a la primera consulta, tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Según lo señala el Reglamento, señor Presidente, la inquietud del Diputado Horvath tendría que ser resuelta por la vía de la unanimidad de la Sala, y para renovar algunas indicaciones, me parece que se requiere el patrocinio de treinta Diputados.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La consulta que se le hace es si es efectivo que esas indicaciones no fueron tratadas en la Comisión.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Efectivamente, señor Presidente. Al respecto, en un gesto que es frecuente en esta Sala, podría acogerse la petición del Diputado señor Horvath, porque esas indicaciones mejoran algunos artículos del proyecto y no crean una situación de confusión.

Me parece justo que la Sala, por unanimidad, acoja la inquietud del colega, ya que se traspapelaron en el tráfago de indicaciones que recibió la Comisión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Solicito el asentimiento unánime de la Sala para que esas tres indicaciones sean tratadas en la Sala.

Si le parece, a la Cámara así se acordará.

Acordado.

El texto de esas indicaciones deberá hacerse llegar a la Mesa.

El Ministro de Educación solicita autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario, señor Raúl Allard.

Si les parece a los señores Diputados, así se acordará.

Acordado.

Corresponde tratar en particular el proyecto, discutiendo y votando cada artículo.

El señor VALCARCE.-

Presidente, ¿y el informe de Hacienda?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La Comisión de Hacienda está sesionando en este momento. Son pocos los artículos que deben ser tratados por ella. En cuanto finalice el estudio correspondiente, lo haré presente a la Sala.

Respecto del procedimiento para el despacho del proyecto, he planteado a la mayoría de los Comités que operemos como otras veces, es decir, que las indicaciones que fueron rechazadas en la Comisión y que no hayan sido renovadas las tengamos por rechazadas, y por tanto, no se discutan. Sin embargo, los artículos que han sido objeto de esas indicaciones deberán ser votados. A todos los Diputados de las distintas bancadas que he consultado, considerando que son muchos los artículos que debemos discutir, han mostrado su parecer favorable a este procedimiento que nos ha permitido hacer un poco más rápido el tratamiento de otros proyectos.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

El señor VIERA-CALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, me gustaría tener la posibilidad de debatir algunas indicaciones que se presentaron en la discusión general y que no fueron aprobadas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, las indicaciones rechazadas en la Comisión, que no son renovadas, sólo deben ser votadas en la Sala, sin discusión. Lo mismo ocurre con los artículos.

En consecuencia, solicito a la Sala que omitamos el trámite de la votación, como se ha procedido otras veces. Pero, reitero, no hay discusión sobre el artículo ni la indicación.

Si la parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

Corresponde dar por aprobados, reglamentariamente, los artículos que no fueron modificados ni objeto de indicación. En esta situación están los artículos 4°, 6°, 11°, 12° y 13° transitorios.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, ¿me permite? El artículo 10° transitorio, fue objeto de una indicación estimada inadmisible por la Comisión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ya lo sé. Pero como esa declaración de inadmisibilidad podría ser impugnada por la Sala, lo hemos dejado pendiente.

Respecto de los artículos permanentes que fueron objeto de indicación sólo en cuanto a cambiar su numeración, la Mesa queda facultada para numerarlos según vayan siendo aprobados o rechazados.

Por lo tanto, pido autorización de la Sala para dar por aprobados los artículos que tienen indicación sólo respecto de su numeración.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, ¿me permite?

Para ayudar a su buen manejo en la Mesa, informo que este cambio de numeración de los artículos fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación, como se verá reflejado en la Sala.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El problema es que el cambio de numeración depende de si se refunden los artículos 5°, 6a, 7a y 8°. Lo que interesa es que respecto de la numeración, la Mesa está facultada para hacerla después, en forma administrativa.

Si le parece a la Sala, se darán por aprobados, en consecuencia, los artículos: 9°, 22, 28, 29, 36, 37, 39, 40, 53, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 67 y 68, que sólo fueron objeto de indicación en cuanto al cambio de su numeración.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, respecto del artículo 36 hay una indicación pendiente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene razón, señor Diputado. Por lo tanto se darán por aprobados los artículos, con excepción del 36.

Aprobado.

El señor VILLOUTA.-

Señor Presidente, el artículo 40 también está en la misma situación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Diputado señor Horvath, ¿qué artículos afectan las indicaciones que la Sala acordó tratar?

El señor HORVATH.-

Los artículos 33, 36 y 40, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En consecuencia, de la enumeración anterior se eliminan los artículos 33, 36 y 40.

Por lo tanto se darán por aprobados los artículos, con las omisiones indicadas.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, pido al Diputado señor Horvath se asegure de que los artículos a que hizo referencia, realmente se refieren a la nueva numeración que tiene el Estatuto Docente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Estamos hablando de la numeración que tienen en el informe.

Si le parece a la Sala, se darán por aprobados.

Aprobados.

Corresponde discutir el artículo 1°, que señala a quiénes afectará esta ley; es decir, a los profesionales de la educación en sus diversas categorías.

Ha sido objeto de dos indicaciones renovadas que leerá el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La primera indicación agrega después de "particular", la palabra "subvencionada", y la segunda, intercala entre el vocablo "docente" y la preposición "en", la expresión: "y/o administrativos", y elimina el punto final del artículo para agregar la frase: "o en los establecimientos de educación particular subvencionados".

El señor LEAY.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, quisiera, al inicio de la discusión en particular del proyecto de Estatuto Docente, hacer algunas consideraciones generales que me parece importante demarcar.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, no podemos transformar la discusión particular en general, porque ya se hizo. Hubo una sesión muy larga, en que intervinieron muchos parlamentarios.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, este es un artículo que se relaciona con todo el Estatuto Docente. Por ello, obviamente, merece y amerita hacer algunas consideraciones generales porque enmarca todo lo que es el estudio del proyecto de ley en discusión.

En términos generales, este proyecto mantiene la esencia de los aspectos que representan una vuelta atrás en la administración de los recursos humanos que laboran en el sector de la educación.

En efecto, sustenta la diferenciación del régimen laboral aplicable a los establecimientos educacionales administrados por las municipalidades, directamente o a través de las corporaciones creadas al efecto, y los administrados por el sector privado. En tanto estos últimos se mantienen en el Código del Trabajo con algunos aspectos especiales ya incluidos en el actual Estatuto Docente y otros adicionales; el sector municipalizado, mayoritario, vuelve a una administración estatal, centralizada en su orientación y diseño, y descentralizada en su ejecución.

Esto, en esencia, implica un cambio sustantivo en el enfoque de la política educacional del Gobierno en la materia; representa un retomo a la conducción, a través del Ministerio de Educación, de lo concerniente a la gestión del personal del profesorado, con homogeneidad en el trato, lo que constituyó una sentida aspiración del magisterio, pero que dificulta la motivación e incentivo a la eficiencia y al mejoramiento de la calidad de la educación.

Si bien es y ha sido responsabilidad del Estado la educación, ella debe orientarse a la definición de políticas, planes, programas y preparación auricular de materias; además de una cuidadosa evaluación de resultados. Todo esto respaldado por un financiamiento suficiente que permita el desarrollo en calidad y cantidad de los servicios prestados.

Con la promulgación del Estatuto Docente, volverá a ser preocupación prioritaria del Ministerio de Educación el manejo y gestión de los educadores, que conllevan la natural despreocupación directa de los educandos.

Paralelamente, la implementación del Estatuto Docente conlleva la desincentivación del sector privado por participar en la tarea educacional y una disminución de los actualmente participantes, por efectos de la presión gremial originada por los beneficios del personal estatal municipal y las diferencias que se visualizan veladamente en los financiamientos y aportes.

En este sentido, cabe resaltar que se impone a los sectores privado y municipal el cumplimiento de determinados mínimos en materia de remuneraciones, declarándose en el mensaje que se pretende -en estado de régimen- que las subvenciones cubran completamente dichos costos; pero que, en la transición, se efectuarán aportes para cubrir dichos mayores costos. Ello introduce una grave situación de inestabilidad e incertidumbre, principalmente en el sector particular, en cuanto al monto y oportunidad de dichos aportes, que pasan a ser discrecionales de la autoridad ministerial. Al respecto, sería de mínima consistencia con las obligaciones impuestas que el articulado transitorio estableciera los reajustes de la subvención necesarios para cumplir con ello.

Lo anterior representa una conducción diametralmente opuesta a la concebida para llevar a cabo la descentralización que, con un adecuado financiamiento, debió ser la más eficiente modalidad de administración de recursos del sistema educacional.

Cabe resaltar, en este sentido, el altísimo costo que representaría al erario la puesta en marcha de los sistemas de remuneraciones, asignaciones y dotaciones de este proyecto, sin que se observen herramientas reales de estímulo a un eficiente desempeño y desarrollo profesional individual. En efecto, la estabilidad asegurada, la remuneración homogénea fijada por ley en sus parámetros básicos, el fundamental peso que se restablece a la antigüedad por sobre cualquier otro elemento de pago, la falta de relación entre la evaluación y el término de funciones, configuran un cuadro que favorece necesariamente, a nuestro juicio, la mediocridad y elimina cualquier factor de competencia.

Aparte de lo expresado, el texto mismo contiene aun importantes materias del sistema propuesto entregadas al Reglamento, lo que impide una efectiva ponderación de sus alcances y de la estabilidad de aspectos sustantivos del sistema que pueden ser alterados y configurar un esquema diferente del que supuestamente se estaría aprobando. En este sentido, por ejemplo, la Comisión de Educación de nuestra Cámara ha repuesto la facultad resolutiva de los consejos de profesores en cada establecimiento, entregando al reglamento la definición de los ámbitos en que competerá dicha facultad resolutiva. Los alcances de esta indicación tienen tal incidencia en la política educacional, qué no pueden ser dejados solamente a un reglamento.

Debe recordarse, asimismo, que la facultad resolutiva de los consejos estaba considerada en el proyecto que inicialmente presentara el Ministerio de Educación al Gabinete y que había sido retirada por éste confiriendo a dichos consejos sólo atribuciones consultivas.

Finalmente, las normas transitorias del proyecto no están suficientemente claras en su contenido y alcance, y en las diferenciaciones entre los sectores privados y municipales, esencialmente en cuanto a financiamiento. En este sentido, sería fundamental que los aspectos transitorios y permanentes relativos a beneficios remuneracionales tuvieran correlación con las modificaciones pertinentes al sistema de subvenciones, y se explicitara la oportunidad y forma en que se reajustará la subvención para dar satisfacción a dichos requerimientos legales.

Señor Presidente, la indicación que queremos hacer en el artículo 1° apunta básicamente a que, mediante la incorporación de la palabra "subvencionada", consideramos más explícito que la educación particular no subvencionada tiene sus reglas propias: las del Código del Trabajo y las que se ajustan a la legislación vigente, no obstante lo establecido en el Título IV del presente Estatuto. Creemos que así se resguarda mejor la libertad de enseñanza consagrada en el artículo 19, número 10 de nuestra Constitución Política. Pensamos que la redacción aquí contenida puede atentar contra la libertad de gestión. Los colegios particulares no han causado problemas en el trato con sus profesores, por lo cual sostenemos que no hay motivo para incluirlos en este Estatuto. Más aún, creemos que puede significar una intervención del Estado que, a nuestro juicio, no le corresponde.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, simplemente para recordarle al Honorable colega los argumentos que se esgrimieron en la Comisión de Educación sobre la materia- por él planteada.

Ello está señalado en el Título IV, sobre el contrato de los profesionales de la Educación en el sector particular, sin olvidar que el artículo 1° del Estatuto, se refiere a las normas generales. De tal manera que, al señalarse en el artículo 57 que las relaciones laborales entre los docentes y los empleadores educacionales del sector particular, tanto pagado como subvencionado, serán de derecho privado y se regirán por las normas del Código del Trabajo y sus disposiciones complementarias en todo aquello que no esté expresamente establecido en este artículo, se está, entonces, indicando que quedan considerados en el artículo 1° del proyecto de ley, donde se refiere a las normas generales. Solamente quedaron excluidos los profesores del primer nivel -del prebásico- por no existir presupuesto para ser acogidos.

De tal forma que, por las aprensiones del estimado colega, la Comisión observó en el debate que estaba especificado en el artículo 57, del Título 4° del contrato de los profesores de la Educación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro de Educación.

El señor LAGOS (Ministro de Educación).-

Quisiera solicitar que nuevamente se diera lectura a la indicación formulada que tengo entendido incide con la cobertura del proyecto de Estatuto Docente, si es que entendí bien sus términos.

Respecto de las otras indicaciones presentadas por algunos señores parlamentarios en la Sala, creo que apuntan más bien a la discusión general del proyecto.

Y en lo que dice relación con el Gobierno, en una extensa exposición ya tocamos todos y cada uno de los puntos que acabamos de escuchar nuevamente. Lamento, sólo que, aparentemente, no se hayan entendido bien los conceptos del proyecto del Ejecutivo.

Tal vez, en una relectura de lo que dijimos en esa ocasión, los Honorables Diputados podrán apreciar con mayor claridad que no se está centralizando nada: que sólo se está fijando una política educacional, como corresponde a una sociedad libre, con un ordenamiento mínimo básico.

Para que haya descentralización, es indispensable este tipo de Estatuto Docente.

Respecto de lo primero preferiría que se diera lectura a la indicación formulada.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Son dos indicaciones. Yo pediría que votara separadamente cada una.

La primera añade la palabra "subvencionada", después de "particular", en la quinta línea del artículo. O sea quedaría: "de administración municipal o particular subvencionada reconocida oficialmente". Esa es una.

El señor LAGOS (Ministro de Educación).-

¿Podría hacer una observación sobre esta indicación?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LAGOS (Ministro de Educación).-

En la Comisión se votó y se rechazó.

No sé si vale la pena repetir los argumentos que allí se dieron o votar directamente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, en verdad durante la discusión del proyecto hemos sostenido la alternativa de dejar definitivamente afuera de este Estatuto la educación particular pagada. Ello, por sobradas razones.

Desde hace muchísimos años, la educación particular pagada ha demostrado su eficiencia y su eficacia en este país. Jamás se ha considerado como Estatuto Docente este tipo de educación en proyecto alguno. Creemos que incorporarla, definitivamente significa comenzar un "ruteo" hacia la intervención del Estado en las relaciones privadas.

Por otro lado, pensamos que su asimilación a este Estatuto Docente sólo perjudicará a los profesores, a los propios profesionales de la Educación, que laboran en este sector, porque, si hacemos el razonamiento de un piso para la educación municipalizada y para la particular subvencionada, resulta obvio concluir que, evidentemente, el nivel de remuneraciones y de beneficios que obtendrá el sector particular pagado, el cual subsiste como producto de su imagen y de la calidad de la educación que entrega, será mucho mayor y mejor que el del sector municipalizado.

De allí que sigamos insistiendo en que para el propio maestro, para el propio profesional de la educación, resulta mucho mejor no incorporarse a él pues es sabido por experiencias vividas en este país, que siempre se tiende a nivelar por abajo y nunca por lo máximo.

Hemos insistido en reponer esta indicación por tener el convencimiento de que, por un lado, el sector particular pagado debe seguir rigiéndose, como hasta hoy, por la normativa del Código del Trabajo; y por el otro, por estar convencidos de que su incorporación a este proyecto perjudicará a esos profesores. Esta iniciativa los considera, tanto en el título I, como en los títulos II y IV; por lo tanto, no es efectivo que solamente estén afectados, como definición, en el título I.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Han pedido el uso de la palabra de los Diputados señores Valenzuela, Smok y Villouta; pero, al mismo tiempo, han solicitado el cierre del debate los Comités del Partido Socialista y PPD y de la Democracia Cristiana.

Si le parece a la Sala, se daría por clausurado el debate.

El señor ROJO.-

No, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la clausura del debate.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 30 votos; por la negativa 40 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la clausura del debate.

Tiene la palabra el Diputado señor Valenzuela.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, la bancada del PPD y Partido Socialista solicitó el cierre del debate, dado que la filosofía del Estatuto Docente fue ampliamente debatida en la Comisión, sin embargo, contrariando la opinión de mi bancada, me he opuesto al cierre del debate y he pedido el uso de la palabra por estimar que la opinión pública y las personas presentes en las tribunas deben conocer los reales fundamentos que orientan el artículo 1°.

Contestaré, entonces, a los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, señalando que el artículo le establece la necesidad de incorporar al Estatuto Docente a todos los sectores de la educación, tanto municipal como particular, con subvención o sin ella.

Y no quiero contestar con mis fundamentos, sino, principalmente, basándome en lo señalado en un documento que, desgraciadamente, no tengo a la vista, pero respecto del cual el colega señor Smok, indicó en la parte pertinente en la Comisión, que los mismos colegios particulares no subvencionados han solicitado, en forma reiterada, ser incorporados al Estatuto Docente. De manera que si los colegios organizados lo solicitan, con mayor razón deben incorporarse a él.

Sin perjuicio de lo anterior, señor Presidente, estimo que el Gobierno tiene la obligación de requerir condiciones mínimas de trabajo. No todos los colegios particulares no subvencionados otorgan esas idílicas funciones y remuneraciones a los profesores. Por lo tanto, este Parlamento y el Gobierno deben vigilar porque se cumplan esos requisitos. Tanto es así que artículos que no pretendo comentar, otorgan la posibilidad de eliminar la negociación colectiva para los colegios que se incorporan con los requisitos y las garantías de los subvencionados.

Por esta razón, es fundamental contemplar en el Estatuto Docente a los profesores de todos los sectores educacionales.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Smok.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, de la lectura de los documentos elaborados por los señores parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra, evidentemente se desprende que se está planteando un debate que no es el pertinente al artículo l2 y, en general, al Estatuto Docente.

En primer lugar, se denuncia la falta de claridad acerca del sistema de financiamiento de la educación, en momentos en que ya está en poder de los mismos señores Diputados el proyecto de ley de subvenciones, que obviamente ha sido debatido ante la opinión pública y ante algunos interesados, como por ejemplo el Vicario de la Educación, quedando claramente establecido que existe igualdad en el trato y un absoluto respeto por la libertad del proyecto docente.

En segundo término, se está transformando la discusión de este tema en un debate acerca de los ámbitos de la educación en Chile, en circunstancias de que el Estatuto Docente se refiere a los profesores y no a los sistemas educacionales.

Es evidente de que ésta es una de las herramientas fundamentales para la recuperación de la calidad y de la profesionalización de la educación y que, obviamente, también apunta a las condiciones de trabajo docente. Pero para elevar este aspecto que es absolutamente ideológico y distante de la práctica, los respetables colegas de la Derecha se levantan como defensores del sistema educacional particular pagado de un fantasma que ni ese mismo sector ha advertido, ya que, por el contrario, ha establecido muy claramente su opinión respecto a este Estatuto Docente.

Tengo en mi poder un documento de la Fide Secundaria, que es la Asociación de Colegios Particulares del ámbito religioso, que respecto a este Estatuto Docente, entrega claridad a los equivocados planteamientos que aquí he escuchado.

El documento oficial de la Fide Secundaria dice: "Valoramos en lo que significa la preocupación del Supremo Gobierno por dignificar la labor docente. Un país progresa cuando sus hijos crecen en valores, conocimientos y participación, y esto sólo es posible cuando los profesores tienen, el status profesional y económico que corresponde a su alta labor. Vemos que el Estatuto Docente apunta en esta línea.

"Como representante de la Educación Particular, valoramos el respeto y resguardo que se nota en el Estatuto Docente de la libertad de enseñanza, al haber diferenciado claramente los dos modos que tienen los profesores de insertarse en la labor educacional dentro del país: en el ámbito municipalizado o en el particular.

"Consideramos, asimismo, sumamente importante el reconocimiento el concepto de Proyecto Educativo como concreción de una real alternativa dentro de la Educación chilena ya que junto con la libertad de contratación constituye la esencia de la Libertad de Enseñanza y, por lo tanto, de la Educación Particular".

Este documento oficial de la educación particular pagada responde por sí solo ante esta Sala y la opinión pública del país el sesgo ideológico que se le quiere entregar a un proyecto que cuenta en el claro consenso de los educadores y de los sostenedores de la educación en Chile.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Villouta.

El señor VILLOUTA.-

Señor Presidente, en primer lugar quiero solicitar a los colegas que se refieran exclusivamente a los artículos en discusión y no al proyecto en general, ya que, de lo contrario, este debate se prolongará demasiado.

En segundo término, deseo señalar que la indicación fue ampliamente tratada en la Comisión, y lo único que nos lleva a pensar su reiteración es que, simplemente, se desea dilatar la discusión y retrasar innecesariamente el despacho de este proyecto.

La materia en análisis, que venía originalmente en el proyecto, fue ampliamente conocida por todas las partes involucradas, a las que la Comisión de Educación escuchó con mucho interés y amplitud de tiempo. Precisamente, lo dicho por el colega Smok corrobora lo que iba a plantear, en el sentido de que la Fide Secundaria y la Iglesia han aprobado ampliamente el proyecto, y ellas, en la parte que corresponde a la educación gratuita, no estiman que se esté vulnerando en ningún sentido a través de este proyecto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, el debate pudo haber sido muy intensivo en la Comisión de Educación pero aquí en la Sala, los que no formamos parte de ella, necesitamos conocer los antecedentes. Es necesario dejar en claro esta situación, porque si uno analiza el artículo 1° y piensa que si bien el Estado tiene el derecho de intervenir y dictar las normas, debe hacerlo exclusivamente en todos aquellos casos donde existe un aporte estatal, pero frente a la situación de los colegios particulares pagados, que se van a regir por otras normas, no pueden quedar incluidos expresamente en esta disposición. Es procedente entonces la indicación, en el sentido de dejar establecido a qué colegios particulares se refiere la norma, al agregarse la expresión "subvencionado". Entra a limitar los campos y a determinar, en consecuencia, que ella va a entrar a regir en todas aquellas situaciones donde el Estado realiza un aporte y necesita controlarlo. Esa es la razón que me lleva a sostener que este debate no es innecesario y que no tiene un carácter dilatorio, sino que, por el contrario, es in-dispensable que los parlamentarios que vamos a resolver sobre esta materia, podamos tener a la vista todos estos antecedentes.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Simplemente para aclarar algunos aspectos.

Lo que pretenden los colegas que auspician la indicación, es sacar en forma categórica del artículo 1° lo que dice relación con la educación privada pagada. Evidentemente, ellos estiman que de no ser excluida, quedaría sujeta a la fijación de sueldos que determina este Estatuto Docente, escapándose de las disposiciones del Código del Trabajo que la rigen, en este caso.

Pero esa inquietud queda salvaguardada en el artículo 3°, que dice: "Este Estatuto normará los requisitos, deberes, obligaciones y derechos de carácter profesional, comunes a todos los profesionales señalados en el artículo 1°, la carrera de aquellos profesionales de la educación de establecimientos del sector municipal y el contrato de los profesionales de la educación en el sector particular, en los términos establecidos en el Título IV de esta ley", que tiene que ver con los contratos docentes, toda vez que el estatuto docente es supletorio solamente en aquellas materias en que la educación privada no esté regida por el Código del Trabajo, Reitero, la educación particular queda absolutamente protegida por la norma de este artículo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Están inscritos varios señores parlamentarios para hacer uso de la palabra pero se ha pedido nuevamente la clausura del debate por el Comité Socialista- PPD.

En votación la clausura del debate.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos;, por la negativa, 33 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Clausurado el debate.

Corresponde votar la primera indicación al artículo 1°, que consiste en agregar "subvencionada" después de la palabra "particular".

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 51 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Si le parece a la Sala, con la votación inversa se podría rechazar la otra indicación.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

No.

El señor MASFERRER.-

No.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación que tiene por objeto intercalar entre las palabras "docente" y "en", la expresión "y/o administrativos" y agregar al final del artículo, suprimiendo el punto final, la frase: "o en los establecimiento de educación particular subvencionados".

El señor ULLOA.-

Primero hay que discutirla..

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No corresponde discutirla porque forma parte de un solo todo.

El señor ULLOA.-

Es consecuente con la norma siguiente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Así es reglamentariamente. Está clausurado el debate sobre esta materia.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Pido la palabra para plantear un problema reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, se acaba de discutir una indicación que es absolutamente diferente de la que usted está sometiendo a votación en este momento; por lo tanto corresponde abrir debate por tratarse de otra materia absolutamente distinta.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El debate es por artículo, de manera que cuando se discutió el 1°, Sus Señorías debieron haber intervenido respecto de las dos indicaciones.

Para plantear un problema reglamentario, tiene la palabra el Diputado señor Jorge Schaulsohn.

El señor SCHAUSOHN.-

Tengo tanto interés como los demás porque este proyecto sea despachado con prontitud, pero honestamente no he entendido agotada la discusión respecto del primer punto. No sé si hay una disposición reglamentaria, que el señor Secretario pudiera confirmar, pero de acuerdo con el sentido común, simplemente me parece que hemos agotado el debate sobre una materia vinculada, pero distinta. Independientemente de la opinión que uno tenga respecto del fondo del problema, según mi parecer, amerita la discusión y ojalá que seamos breves. Pero ese es otro problema.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Señor Presidente, ¿por qué no ofrece la palabra a dos señores Diputados que apoyen la indicación y a dos que la rechacen?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Un momento, por favor.

Bueno, no es muy claro el artículo 129.

El criterio de la Mesa, y en esto estábamos todos de acuerdo, era que se discutieran en general todas las indicaciones y el artículo al cual se refería.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Señor Presidente ¿me permite?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, en todo caso, el Diputado señor Alessandri, sobre un problema reglamentario.

El señor SCHAULSOHN.-

Hay que leer todo, entonces. Ese es el problema.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

No es un problema reglamentario, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si no es reglamentario, no puede expresarlo.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Podría dar la palabra a dos Diputados que están a favor de la indicación y a dos Diputados que la rechacen.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ese es un problema reglamentario.

El ánimo de la Mesa no es inhibir el debate; tampoco es despachar el proyecto a la rápida. El ánimo es aplicar el Reglamento. Ahora, como el artículo 129 no es claro sobre la materia, la Mesa no tiene ningún inconveniente en abrir debate sobre la segunda indicación.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, ¿me permite?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, como este problema probablemente va a volver a suceder, me permitiría sugerir que discutamos por artículo, pero que la Mesa lea todas las indicaciones que dicen relación con cada uno. Los señores Diputados, en el tiempo que tienen dentro de cada artículo, se referirán a aquella indicación que les parezca más relevante. Después procedemos a la votación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Así se hizo esta vez. Se leyeron las dos indicaciones. Lo que pasa es que los parlamentarios no siempre prestan atención.

Aplausos en la tribuna.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ruega a las tribunas no manifestar, ni a favor ni en contra de alguna expresión.

No existe problema en abrir debate sobre la segunda indicación y después proceder como ha indicado el Diputado señor Schausohn.

El señor MUÑOZ BARRA.-

¿Me permite?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Tiene un problema reglamentario que plantear?

El señor MUÑOZ BARRA.-

Sí, señor Presidente.

Creo que la Mesa tiene razón, porque la segunda indicación es prácticamente consecuente con la primera, que fue rechazada porque agrega, en una redacción diferente, suprimiendo el punto final (.), la frase; "o en los establecimientos de educación particular subvencionados". Es absolutamente consecuente con la indicación anterior.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Bueno, la regla general es el criterio de la Mesa, reiterado por el Diputado señor Schaulsohn, de discutir en conjunto el artículo con sus indicaciones.

En este caso, como es el primer artículo -venimos llegando después de un período de receso, hay que prestar atención a todo lo que ocurre, etcétera, la Mesa está dispuesta a reabrir la discusión sobre la segunda indicación, que en parte es igual y en parte no lo es, porque se refiere también, si no se entiende mal, al personal administrativo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sobre esta materia, ofrezco la palabra.

El señor BOMBAL.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, el tema va a volver a presentarse más adelante con otras indicaciones. De manera que no es válido descartar de plano ahora la discusión y es poco feliz que se cierre el debate, porque, a lo mejor, lo podríamos precisar bastante mejor.

Cuando se ha acotado a la educación particular subvencionada, precisamente, se ha buscado ir en la misma dirección que se ha señalado. Como decía mi Honorable colega señor Smok, FIDE Secundaria es educación particular, subvencionada, básicamente, la FIDE es subvencionada. En consecuencia, no puede sino estar de acuerdo con el planteamiento.

Lo que nosotros proponemos justamente es que se acote y se precise a la educación particular subvencionada, de suerte que no se confundan ni se mezclen los términos.

En la misma línea de argumentación que señalaba el Diputado señor Rojo más adelante hay otros artículos que ponen énfasis en el carácter de particular subvencionada. Están claras las normas del Código del Trabajo, como lo señalaba el Presidente de la Comisión. Pero del articulado, de la lectura de muchos de los artículos, se desprende o pudiera desprenderse, claramente, que hay injerencia del Estado indebida en la educación particular propiamente tal. Y ese es el énfasis que se está poniendo. No se está ni limitando ni entorpeciendo lo que el Estatuto quiere decir.

Se trata de clarificar que la educación particular propiamente tal no está afecta en las partes que no corresponde.

Cito un ejemplo: se ha votado que tienen carácter resolutivo los consejos, pero no está claro si a la educación particular no subvencionada le será aplicable la norma de los consejos resolutivos. Entonces, el punto está en precisar la pretensión que ha tenido el Ejecutivo al proponer el Estatuto, en dejar fuera de las normas en aquello que no corresponde, explícita-mente a la educación particular propiamente tal.

De manera que no es una indicación obstruccionista y, en alguna medida, tiene relación importante con la propia libertad de enseñanza que establece la Constitución Política. Esto podría estimarse, en cierta forma, como restrictivo a la garantía constitucional de la libertad de enseñanza. Ese es el punto que estamos precisando. No es un elemento obstruccionista, sino de precisión vuelvo a señalarlo.

Acerca de los administrativos también parece importante que estén incorporados dentro de lo que es el marco genérico, atendida la precisión que hemos hecho anteriormente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Prochelle.

El señor MUÑOZ BARRA.-

¿Me concede una interrupción Honorable colega?

La señora PROCHELLE.-

Sí.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se la concede la Diputada señora Prochelle.

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Agradezco mucho a la señora Diputada la interrupción que me ha otorgado.

Señor Presidente, este proyecto contiene más de 68 artículos permanentes, fuera de los transitorios. Si seguimos con este paso, eludiendo entrar derechamente en el tema, no sé cuándo saldrá el Estatuto Docente.

Deseo plantear simplemente que los colegas parlamentarios se refieran en forma específica al artículo en discusión, sin entrar en el análisis de otros artículos, como es el caso del Diputado señor Bombal, que señalaba el carácter resolutivo de los consejos de profesores, que nada tiene que ver con la indicación en debate.

Por ese camino no vamos a llegar a la concreción de este proyecto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Confíe, señor Diputado, en la Mesa, porque vamos a llegar.

Tiene la palabra la Diputada señora Prochelle.

La señora PROCHELLE.-

Gracias, señor Presidente.

Me referiré a la parte de la indicación relacionada con los administrativos, porque pudiera ser que no se entendiera bien en la Sala.

Es de conocimiento de la mayoría que hay muchos docentes que en este momento desempeñan labores administrativas en los DAEM. Estos docentes, profesores que ejercen labores administrativas en los DAEM, quedan fuera del Estatuto Docente. El punto de nuestra indicación es que no queden fuera por el hecho de estar, eventualmente, realizando una labor administrativa.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Claudio Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, antes de entrar a fundamentar el motivo que nos llevó a insistir en la indicación, quiero felicitar muy sinceramente al Diputado señor Rojo por su clara objetividad respecto de la forma en que se debe discutir un proyecto de ley de tanta importancia como el de Estatuto Docente. Lo digo sin el menor ánimo de aprovecharme del disenso que existe en esta oportunidad entre el Diputado señor Rojo y los demás parlamentarios de la Concertación. Ojalá todos pensaran así, porque, definitivamente, la democracia hay que aceptarla con las reglas que ella tiene; y aceptarla con las reglas que ella tiene significa escuchar, oír, tolerar y aceptar la opinión de las minorías, que, en determinado momento, pueden ser coyunturales.

Por otro lado, se ha sostenido en muchas ocasiones, al interior de la Comisión y de la Sala, la gran importancia que tiene para el sector educacional el proyecto de Estatuto Docente que hoy día se discute. Sin embargo, se ha insistido en poner término al debate de materias que resultan realmente importantes para el proyecto mismo.

El diputado informante y Presidente de la Comisión, agradeció el aporte significativo que habían hecho todas las bancadas, precisamente para legislar de la mejor manera y lo más rápidamente posible respecto de este proyecto, que cifra grandes expectativas entre los profesores. Por eso, llama la atención que haya hecho el comentario de que, si seguimos discutiendo con este paso no sabe cuándo saldrá el Estatuto Docente.

Si somos consecuentes con lo que hemos dicho y con que el Estatuto Docente es necesario para el Magisterio, así estemos toda la noche discutiendo, es indispensable que hagamos el esfuerzo y sacrificio porque los profesores se lo merecen de verdad.

Por último, respecto de la indicación misma, la Diputada señora Prochelle ha señalado que hay un sector de profesionales de la educación que están quedando marginados del Estatuto Docente como son los profesores que realizan labores administrativas en los distintos departamentos de administración de educación municipal y en las corporaciones de derecho privado municipal. Han quedado marginados, porque se insiste en que ellos no realizan labor profesional y deben optar.

Quiero hacer presente que la gran mayoría de esos profesores han debido ocupar cargos administrativos sin tener la posibilidad de decidirlo, ya que se les ha solicitado que los asuman en vista de sus méritos, condiciones y capacidad para manejar en forma eficiente la administración educacional municipal.

En reiteradas ocasiones, hemos insistido en incorporar a estos profesores. Se han explorado distintas indicaciones, con el objeto de buscar el máximo consenso posible, para que queden incorporados. Incluso, una de las indicaciones, patrocinada por el propio Diputado Informante y Presidente de la Comisión, buscaba, a través de una fórmula intermedia, que quedaran considerados. Tampoco tuvo la aceptación de parte de la mayoría de los parlamentarios. Resulta realmente lamentable que estos profesores, cuyas remuneraciones e ingresos salen de los mismos fondos de la educación municipalizada, queden marginados del Estatuto Docente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Valcarce.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, al colocar en el artículo 1° a los profesores que ocupan cargos docentes en los departamentos de administración educacional municipalizados, el Ejecutivo ha establecido claramente que existen profesores que están desempeñando cargos en unidades técnicas, recreativas o extra programáticas, y que estos profesionales debieran ser considerados dentro de la dotación cuando se aplique el proyecto como ley general de la República.

Sin embargo, me asiste una duda respecto de aquellos profesores a que se refería el Diputado don Claudio Rodríguez, que ocupan cargos administrativos. Estos profesores, de acuerdo con la actual reglamentación, quedan en desventaja por cuanto ellos, si bien es cierto están ocupando tales cargos por indicación del director del departamento o de la autoridad correspondiente, no están considerados como profesores que ocupan cargos docentes y no tienen ninguna alternativa.

Bajo estas circunstancias, creo menester que nosotros les demos a estos profesores una oportunidad, ya sea en un artículo transitorio que se establezca en el Senado o mediante una disposición que aprobemos aquí, con el objeto de que puedan optar. Es altamente conveniente resguardar sus derechos, porque si bien es cierto algunos pudieron, por a, b o c motivos, postular a estos cargos por una casualidad muy grande, la gran mayoría no la tuvieron. Hay profesores que desarrollan labores en el plan de alimentación escolar, que son cargos administrativos, pero los han aceptado porque consideran que esta tarea beneficia al estudiantado. ¿Por qué vamos a dejar a estos profesores fuera del contexto y del reglamento que regula la calidad, el contrato y la relación con el empleador? Señor Presidente, no somos tan dogmáticos como dice el Diputado don Carlos Smok, ni hacemos las cosas en forma ideologizada. No es así. Sólo buscamos el perfeccionamiento de este Estatuto, con el objeto de que sirva por muchos años, sea la fórmula óptima, la mejor reglamentación y tenga las mayores consideraciones con el profesorado chileno. Por eso, la bancada de Gobierno debería damos la posibilidad de ayudar a estos profesores, que lo merecen y tienen derecho a ello.

Por su digno intermedio, señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado señor Leay.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Siempre que sea una interrupción.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, deseo avalar esta indicación al artículo 2° del Estatuto, que señala que los profesionales de la educación son personas que poseen título de profesor, concedido por escuelas normales, universidades o institutos profesionales. Pero en ella se hace una excepción con otras personas autorizadas para ejercer la docencia, a las que sí se les aplica el Estatuto Docente. Es decir, a profesores que han obtenido sus títulos profesionales en institutos o en escuelas normales y están ejerciendo una labor, quizás temporal, en cargos administrativos de una corporación, los estamos dejando fuera del Estatuto.

Quería indicar que hay un contrasentido en el mismo proyecto de ley.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Comité del Partido Socialista y del PPD ha pedido la clausura del debate.

Si le parece a la Sala, así se procederá.

No hay acuerdo.

En votación la clausura del debate.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 37 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Clausurado el debate.

La indicación que se votará contiene dos ideas distintas. Una, está en el primer párrafo y consiste en incorporar a las normas del Estatuto Docente a aquellos profesores que desempeñan transitoriamente funciones administrativas en los departamentos de administración de educación de los municipios. La otra idea, agrega a lo anterior a los que desempeñan esas mismas funciones en los establecimientos de educación subvencionada.

El señor MUÑOZ BARRA.-

O sea, la indicación se votará dividida.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Esa es la proposición de la Mesa: votar la primera indicación.

El señor SCHAUSOHN.-

¿Usted se refiere a la indicación signada con el número 3?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No. La que tiene el número 5 y figura en la página 26.

En votación la idea de añadir la expresión "y/o administrativos" en el primer párrafo.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 44 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación y, consecuentemente, la segunda parte.

En votación el artículo 1°, tal como viene en el informe de la Comisión.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 1°.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Habría acuerdo de los Comités para empalmar esta sesión con la de la tarde, suspender la Hora de Incidentes correspondiente a esta sesión, y prorrogar la sesión de la mañana hasta el despacho del título I, es decir, hasta el artículo 42?

El señor SOTA.-

¿Me permite?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, la Comisión de Hacienda ha sido convocada para las tres de la tarde, a fin de pronunciarse sobre algunos asuntos que tienen relación con este proyecto de ley.

En consecuencia solicito que, de ningún modo, esta sesión se prolongue más allá de las 15 horas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se supone que esto será rápido, señor Diputado. No se preocupe.

Acordado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En discusión el artículo 2°, que define a los profesionales de la educación y a quienes les otorgan los títulos o los habilitan para tener tal calidad.

En este artículo hay una indicación a la cual dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La indicación es la signada con el N° 7 y se encuentra en la página 27 del informe. Dice: "Intercalar entre las palabras "docencia" y "por", la expresión "en los establecimientos de educación técnico- profesional".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Valcarce.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, hemos considerado necesario restringir el artículo 2° para que el Ministro de Educación pueda autorizar el ejercicio de la profesión de profesor en los establecimientos educacionales sólo a quienes no cumplen con estos requisitos en el caso de la educación técnico-profesional, porque las estadísticas demuestran una falencia de este tipo de profesionales, lo cual hace indispensable recurrir a profesionales especializados -los que, muchas veces, no son profesores- para poder cumplir con estas tan delicadas funciones.

Es preciso efectuar esta restricción únicamente en educación técnico-profesional, por cuanto en los niveles de educación básica, media y prebásica existe una cantidad suficientemente grande de profesores, a nivel nacional, que puede ejercer esta labor, ya sea en zonas rurales o en colegios de las distintas ciudades o comunas del país.

Si bien es cierto que el Ministerio puede dar su autorización en este sentido, consideramos conveniente que lo haga en el área de la educación técnico-profesional, por cuanto pensamos que es la más delicada, por lo tanto, la que mayor necesidad tiene de ser acrecentada dentro de los próximos años.

Presentamos esta indicación a fin de que se permita en primer lugar, proteger los derechos de los profesores que tienen su título profesional al día, y, en segundo término, abrir la posibilidad para que se puedan suplir aquellas vacancias que existen en los establecimientos de educación técnico-profesional, en los cuales, muchas veces, se requieren profesores altamente tecnificados en especialidades como mecánica, electrónica, etcétera, y que por esta falencia, producto de que las universidades no entregan suficientes profesionales en estas áreas, es necesario dejarla abierta en este exclusivo campo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Smok.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, la indicación formulada tiene la mayor gravedad, mirada desde el punto de vista que vulnera, al menos, dos libertades esenciales en la educación, que quiero describir.

La primera, es la libertad del proyecto educativo, toda vez que limita la posibilidad de ejercer la docencia, por ejemplo, a personas que han nacido en otro país o que han obtenido su título en esas condiciones, y que son propias de muchas de las formas de educación particular pagada en algunos proyectos educativos específicos.

Pero lo que resulta más grave, todavía, es que a través de esta indicación se está vulnerando gravemente la libertad religiosa, y particularmente la capacidad de educación en religión que tienen muchos colegios, porque es público y notorio que buena parte de quienes ejercen la docencia en estas instituciones son personas autorizadas por el Ministerio de Educación para ese fin. Se podrá argumentar que en la actualidad se forman algunos profesores en esa especialidad, de la religión católica; pero ellos no son suficientes y, por cierto, tampoco abarcan toda la gama de las religiones que tienen el absoluto derecho a ser impartidas en las aulas.

Por lo tanto, aquí existe una escasa reflexión acerca del contenido y del alcance de la indicación, por lo cual nuestra bancada la rechazará.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

En efecto, este artículo fue bastante discutido en la Comisión; pero quiero llamar la atención de los Honorables colegas en cuarto dice relación con la enseñanza técnico-profesional.

En este momento, esa educación no cuenta con profesionales que tengan el título de profesores en sus respectivas áreas. Tenemos el caso de ingenieros, de profesionales altamente tecnificados en el área de la industria, que están laborando en la enseñanza técnico-profesional.

De manera que me parece atingente esta indicación, dada la realidad que está viviendo en este instante ese estamento de la educación técnico-profesional. El no reconocerlo significaría crear un grave problema a los profesionales que están ejerciendo en ese nivel.

He dicho.

El señor ROJO.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, establecer que se dará el carácter de profesionales de la educación a las personas que se desempeñan en los establecimientos de educación técnico profesional, es una necesidad.

Personalmente, durante 24 años, fui profesor de legislación tributaria en institutos comerciales, pero sucede que no existe esa especialidad. De acuerdo con esta situación, quedarían excluidas, tal como lo señalaba el Presidente de la Comisión, todas aquellas personas que, siendo profesionales, se desempeñan en este tipo de institutos.

Por ello, considero que la indicación es procedente y que, además, contribuye a dejar en claro cuál será el ámbito de aplicación del artículo 2°

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Pido al Diputado Informante que nos aclare esta situación, porque la intercalación de esta indicación, restringe la facultad del Ministerio, en vez de aumentarla. Por lo menos, eso se desprende de su simple lectura.

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer presente que en este artículo existen dos situaciones que deben diferenciarse claramente.

Por una parte, no es del todo efectivo que no hayan profesores de enseñanza técnico-profesional. Existen, pero no son suficientes.

En consecuencia, se hace estrictamente necesario que, en este tipo de enseñanza, las personas calificadas técnicamente puedan ejercer la función docente, lo cual es distinto del título de profesor.

Quiero también señalar mi completa diferencia de opinión respecto de lo planteado por el Honorable colega Smok, en cuanto al ejemplo que refería a la situación de la enseñanza de religión. Para quienes somos profesores y hemos ejercido como tales y desempeñado labores, distintas dentro de la función docente, es efectivo que no existen profesores formados para impartir clases de religión.

Lo claro es que muchos de los profesores que hoy día no tienen cupo en sus especialidades, por inclinación religiosa han optado por tomar estos cursos.

De manera que consideraría inconveniente permitir que cualquier persona, sólo con conocimientos de información religiosa, pudiera entregarlos en los diferentes colegios. Me parece mucho más exacto y prudente que profesores con enseñanza formada en el aspecto religioso ocuparan dichos cargos.

Por lo tanto, haciendo la diferencia sobre los dos temas planteados, creo necesario mantener y sancionar favorablemente por esta Sala la indicación presentada.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, colegas parlamentarios:

Respecto de este artículo 2°, ampliamente debatido en las reuniones de la Comisión de Educación, hubo distintas posiciones, como corresponde a un régimen democrático. Pero quiero clarificar y recordar dos hechos vitales. Primero, la Ley N° 18.964, de 10 de marzo de 1990, Orgánica Constitucional de Enseñanza, en uno de sus artículos plantea la posibilidad de que el Ministerio de Educación otorgue autorización para ejercer la docencia. Segundo, diversos decretos del ministerio del ramo, dictados antes del 11 de marzo de 1990, consagran también esa atribución. Entre otras cosas, disponen que se autorizará para ejercer la docencia a personas con estudios en instituciones o en hogares catequísticos y no solamente de religión católica, porque está el caso específico de Colegio Hebreo, que también ha solicitado estas autorizaciones.

Hay una realidad que no podemos desconocer: actualmente no hay casas de estudios universitarios que estén formando profesores de educación técnico-profesional. Por eso, su importancia incide en el artículo 32 transitorio de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, cuando planteó la posibilidad de que el Ministerio de Educación dé a conocer una política de educación técnico-profesional a fin de que vuelva a recuperar el auge y la cobertura que ésta tuvo.

Por lo tanto, la bancada democratacristiana votará en contra de esta indicación porque, en lugar de ampliar, disminuye tales atribuciones. Creemos que las falencias que existen en este instante deben repararse en la forma planteada en el artículo 2°.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Leay.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, después de escuchar al Diputado señor Ortiz, quiero manifestar que las falencias están cubiertas. Lo que estamos tratando de evitar con esta indicación es que la amplitud del artículo 2° se pueda prestar para arbitrariedades en contra de los profesores.

Es cierto que en la educación técnico- profesional faltan profesores formados. Por eso, en nuestra indicación habilitamos para que otros profesionales técnicos puedan impartirla; pero queremos limitar esta facultad a fin de que el resto de áreas sean cubiertas por profesionales de la educación.

Ese es el objetivo de la indicación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 47 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Si le parece a la Sala se podría aplicar la misma votación, al revés, para aprobar el artículo.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo 2°.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 34 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 2°.

En discusión el artículo 3°, que señala que este estatuto norma las obligaciones y derechos de los profesionales de la educación y su carrera.

El señor Secretario va a dar lectura a una indicación.

El señor LOYOLA (Secretario Accidental).-

La indicación tiene el número 8, y se encuentra en la página 27 del informe. Es para agregar, después de la expresión "particular" la palabra "subvencionada". '

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Es la misma idea del artículo 1°.

Ofrezco la palabra.

El señor KUSCHEL.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente, me quiero referir a dos aspectos relativos a este artículo, por el cual estamos normando los requisitos, deberes, obligaciones y derechos de carácter profesional de todos los profesores de Chile, como ya se estableció en el artículo 1°. Respecto de esto, -que afecta a todos los profesores, como dije- lamentablemente se ha declarado de manera pública que en Chile hay exceso de profesores. Esto se daría sólo si se siguiera con 45 alumnos por curso, que es el número máximo que se ha permitido hasta ahora, por razones administrativas, con el fin de aumentar la cobertura de la enseñanza en el país, respecto de los cuales se ha avanzado notablemente en la enseñanza básica, media y preescolar.

En Chile existiría exceso de profesores solamente si se mantuvieran 45 alumnos por curso; pero me parece que en esta

Sala todo estamos de acuerdo en que el número máximo de alumnos por curso debe reducirse. Dependiendo del número que se establezca, creo que en Chile realmente faltarían profesores.

Como decía, estos profesores tienen deberes y obligaciones. Creo que, como sociedad, como Parlamento, tenemos deberes y obligaciones para con estos docentes. En este sentido, nuestro deber y nuestra obligación consiste en proveer de más recursos a la enseñanza prebásica -de segundo nivel de transición- básica, básica regular y media, lo cual no se hizo en el presupuesto de 1991.

En 1990, a la enseñanza prebásica, básica, regular y media, que representa, en número de alumnos, el 92,9 por ciento se le destinó el 77,8 por ciento de los recursos del presupuesto de Educación. Para el año 1991, se otorgará solamente el 72,26 por ciento. En cambio, a la enseñanza superior, que representa el 71 por ciento de los alumnos de este país, en el Presupuesto del año anterior, se le destinó el 22,12 por ciento y, este año, el 27,74 por ciento. Creo que no estamos caminando en la dirección apropiada, ni cumpliendo con nuestros deberes y obligaciones en el sentido de proveer de las condiciones para que el profesorado también pueda cumplir con los deberes y obligaciones que le estamos imponiendo en este Estatuto.

He dicho.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, sólo para señalar que esta indicación no persigue otra cosa que ser consecuente con lo que hemos planteado en el artículo 1°, es decir, dejar fuera a la educación particular pagada.

El señor LAGOS (Ministro de Educación).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LAGOS (Ministro de Educación).-

Quiero hacer una reflexión muy breve.

Entiendo que estamos debatiendo el artículo 3°. No he captado las sugerencias ni lo que tienen que ver con este artículo los guarismos de tipo presupuestario. Creo que es otra la instancia para debatir el presupuesto del Ministerio de Educación.

En todo caso, quiero decir que, afortunadamente, el presupuesto educacional para el año 91 ha aumentado de modo sustancial. Estamos en condiciones de tener una situación mejor que la de años anteriores y por primera vez en los últimos diez años hemos revertido la tendencia de la educación chilena, que tenía una disminución sistemática en materia presupuestaria.

Respecto del artículo 3e creo que se está volviendo a una discusión que ya tuvo lugar con anterioridad.

Quiero señalar lo siguiente: se trata de un estatuto que tiene que ver con la totalidad del sistema educacional chileno. En ese sentido, nos preocupa el distingo que se quiere hacer entre educación particular subvencionada y no subvencionada. No está en juego la libertad educacional. Lo que sí está en juego es la existencia de un sistema educacional que dé determinadas directrices en el ámbito pedagógico para todos los educandos del país. Eso nos parece fundamental. Por eso, el artículo 3° es suficientemente claro sobre un tema que, por lo demás, se abordó en el artículo 1°.

Si queremos continuar con el debate, ruego atenernos al contenido de los artículos y evitar disquisiciones que no tienen nada que ver con el debate mismo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Kuschel.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente, como decía, estamos consagrando obligaciones y derechos de todos los profesores de Chile. Somos un Parlamento y ésa es nuestra función. Como representantes de la sociedad, debemos proveer los elementos para que los profesores puedan desenvolverse en la mejor forma. Eso no ha sido así. Por lo demás, el propio señor Ministro de Educación ha declarado públicamente que en Chile sobran profesores. Y yo he dicho que no sobran. Pienso que nosotros, como sociedad, debemos proveer de elementos y de recursos para que más profesores se incorporen al sistema educacional chileno y para disminuir el número de alumnos por curso, de modo que aquellos puedan desempeñar en mejor forma los deberes y obligaciones que les estamos estableciendo aquí.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Valcarce.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, el objetivo de la indicación para agregar la palabra "subvencionada" a continuación de "particular", consiste en precisar, una vez más, que la relación laboral de los profesores del sector municipalizado se rige por este Estatuto y no por el Código del Trabajo. Los del sector privado subvencionado también se rigen por este Estatuto y, supletoriamente, por el Código del Trabajo, pudiendo renunciar al derecho a negociación colectiva o a huelga, siempre y cuando las asignaciones contempladas en el Estatuto sean convenidas de común acuerdo entre ellos y su empleador. Pero, los profesores de los colegios particulares pagados quedarán regidos por el Estatuto y por el Código del Trabajo. Encuentro que esta situación va en desmedro de esos colegios y, especialmente, de sus profesores. Debemos tener presente que este Estatuto -según lo que dice el mensaje- apunta fundamentalmente hacia el mejoramiento de la calidad de la docencia en Chile, después de haberse logrado una cobertura de casi el 90 y tanto por ciento. Los resultados obtenidos por el SIMCE han demostrado, fehacientemente, que los colegios particulares pagados han logrado los mejores rendimientos. Ello indica de una u otra manera, que tienen una organización, producto del nivel de remuneraciones y del sistema de incentivos -por la colegiatura que cobran a los padres y apoderados- que les permite tener profesores de muy buena calidad y muy bien pagados. En el artículo 3° en discusión hay un aspecto que me preocupa bastante. Invito a los señores Diputados a analizarlo serenamente, no con apasionamiento ideológico ni teniendo presente principios políticos, sino sólo sobre la base de aspirar a mejores condiciones para los profesores en el contexto nacional. Dice relación con la posibilidad de que este artículo tal como está concebido, pudiera tener una disminución en las remuneraciones de los nuevos profesores que sean contratados por el sistema de educación particular pagada, puesto que permitirá a los sostenedores no tener que regirse por la oferta y la demanda en el sector, que sí permite a los profesores obtener mejores remuneraciones.

Llamo la atención de los señores Diputados sobre esta situación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortega-

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, para no alargar este debate, solamente deseo precisar dos ideas que parecen importantes después de escuchar la argumentación de los sectores de la oposición.

Da la impresión, por su argumentación, de que en el Estatuto quisiéramos restringir las posibilidades de la educación particular, o disminuir sus derechos o sus libertades. Creo que el argumento más obvio para refutar esto es el hecho de que está aprobando la aplicación de normas mínimas para toda la educación en Chile, sea cual fuere el tipo de subvención o de financiamiento que ella tenga. Si se paga más por sobre esas normas mínimas, y hay mejores carreras de perfeccionamiento, es obvio que resultan aplicables en cualquier establecimiento de educación privada.

Es importante, por otra parte, dejar establecido, justamente, el hecho de que los propios grupos organizados, los propios establecimientos, no quieren ser un "ghetto" en este país, especialmente en cuanto al perfeccionamiento de los profesores. ¿Acaso la educación privada no va a tener un sistema de normas mínimas de perfeccionamiento, o de responsabilidad para los profesores? Es obvio que este país requiere, por lo menos, de un criterio homogeneizador de la carrera docente en todos los niveles y en todos los establecimientos.

No se piense, entonces -que quede claro- que estamos restringiendo tal posibilidad, desde el momento en que son los propios establecimientos privados los que no pretenden aislarse del sistema nacional, y aceptar un esquema mínimo que norme y regule la carrera docente que es, verdaderamente, una base sobre la cual se pueden desarrollar nuevas o mejores normas e incentivos para el perfeccionamiento de los profesores.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Simplemente, para aclararle al colega Valcarce, quien entregó un importante aporte a la Comisión de Educación en el debate sobre el Estatuto, que sus aprensiones respecto de que pueda producirse una disminución de la renta de los profesores de la enseñanza privada, quedan desechadas con el artículo 62, que establece "que el valor de la hora pactada en los contratos no podrá ser inferior al valor hora mínimo nacional vigente fijada por ley". De tal manera que no se justifican sus aprensiones.

Participo plenamente de que la educación, cualquiera que sea el estamento en que se encuentra afincada -privada, subvencionada o municipal- tiene que tener una columna vertebral de dignidad en el desempeño de la profesión docente. Porque, siendo así, ¿cuáles serían los motivos por los cuales se sentiría perjudicada la empresa privada que administra la educación como sostenedora? Creo que el fin de la educación privada, subvencionada o municipal, es conseguir los mejores objetivos sobre la base de dar un reconocimiento también en lo material al personal que en ella se desempeña. No podemos, entonces, crear una educación que proteja solamente los intereses de los sostenedores, que es lo que entre líneas parece que debería entenderse de este debate.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación para agregar la palabra "subvencionada".

Efectuada la votación en forma económica por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 33 votos, por la negativa 52 votos. No hubo abstenciones.

Señor VIERA-GALLO (Presidentes- Rechazada la indicación.

En votación el artículo 32.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa 30 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 3C.

Respecto de los artículos 4° al 9°, corresponde votarlos sin discusión.

Si le parece a la Sala, se votarán en un solo acto.

Acordado.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad.

Aprobados.

En discusión el artículo 10, que se refiere a la formación de los profesionales de la educación, que corresponderá a los institutos de educación superior.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

En discusión el artículo 11, que se refiere a las áreas que deberán considerar los planes y programas de formación de profesores.

El señor Secretario dará lectura a una indicación renovada.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

Se trata de la indicación N° 14, que figura en la página 30 y que tiene por finalidad eliminar el artículo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Valcarce.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, hemos propuesto suprimir este artículo por cuanto consideramos que el Estatuto Docente debe referirse exclusivamente a la relación laboral y a la carrera de los profesores en la enseñanza prebásica, básica y media. Sin embargo, creemos que es necesario y estamos de acuerdo de votarlo favorablemente en el nuevo proyecto de ley sobre las instituciones de educación superior. En esa oportunidad no sólo lo plantearemos sino que lo puliremos de manera que sea lo más preciso posible en cuanto a la formación de los profesionales de la educación, que son los que tienen la responsabilidad en la enseñanza de todos los jóvenes y niños de este país.

He dicho.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, considero pertinente este artículo por cuanto tiene que ver con la formación y el perfeccionamiento del personal docente. Resulta evidente que, a lo menos, se deben exigir algunas condiciones mínimas básicas a los planes y programas de formación de profesores de las universidades e institutos de formación superior, para que en definitiva apuntemos efectivamente al desarrollo y al perfeccionamiento de la carrera docente. Además, todo el Estatuto Docente propiamente tal, además de buscar la dignificación del profesor, tiende, precisamente, a mejorar su formación y perfeccionamiento, y, por lo tanto, creo que es indispensable que ello quede establecido en el artículo 11.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, este artículo es completamente ineficaz, puesto que no obliga a las universidades, atendida la autonomía legal que tienen. En consecuencia, no es propio incorporarlo en este cuerpo legal. Y, si es meramente declarativo, más atinado sería establecer otro tipo de texto legal que no fuera éste, sin comprometer la autonomía universitaria.

Como observan los honorables colegas, al decir: "Sin perjuicio de la autonomía académica...", claramente está reconociendo que las instituciones de educación superior se rigen por un estatuto propio. Luego, al agregar que "...éstas considerarán en el diseño de los planes y programas...", ya está inmiscuyéndose abiertamente en lo que es el campo propio del quehacer universitario. En esta misma dirección apunta nuestra argumentación, en cuanto a que este Estatuto no busca establecer normas mínimas, sino que se ha entrometido en otros campos. Al respecto, también resulta válido lo que dijimos en el caso de la educación particular. Aquí, el artículo ya es más agresivo: Derechamente le está diciendo a las universidades cómo tienen que programar las carreras de pedagogías y cómo determinar la estructura universitaria.

Considero que es completamente ineficaz el artículo y que está de más. Si es declarativo, se debió haber buscado otro medio para consagrarlo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Camilo Escalona.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, considero que no es entrometerse en la actividad propia de la universidad establecer en este Estatuto una normativa que simplemente es del más absoluto sentido común.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, no se trata de sentido común o no, sino de legislar de la mejor manera posible para despachar cuerpos legales que sean perfectamente claros en su aplicación.

Por esa razón, sostenemos que esta materia debe tratarse cuando se envíe al Parlamento el proyecto de ley sobre educación superior. Además, consideramos que es inconveniente incorporar en los cuerpos legales disposiciones que no se compadecen con su objetivo central o idea matriz, porque ello, naturalmente, afectará su aplicabilidad. En el caso concreto, además, el artículo 11 como está redactado, resulta impreciso, porque ni siquiera señala cuáles serán las áreas "de formación en una más disciplinas de conocimiento" que deberán incorporar los institutos de educación superior.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, en realidad me asaltan dudas respecto de la utilidad que tiene el artículo 11 y también -en el supuesto de que pudiéramos coincidir en el principio- si este asunto pertenece al tipo de proyecto de ley que estamos discutiendo: un Estatuto Docente.

En cierto modo, este artículo fija currículos por ley. Esa puede ser una buena o una mala idea, pero es un tema de fondo que habría que discutir. En todo caso, ésta es una materia que más bien pertenece a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza que a un Estatuto Docente. Por último, no aporta nada. Tal como se ha dicho, es una disposición puramente declarativa. Por ejemplo, dice "considerarán". Y si no consideran ¿qué pasa? Nada.

Por razones de técnica legislativa y para poner las cosas en el lugar que corresponde, en mi modesta opinión porque no aporta nada al propósito esencial del Estatuto Docente que estamos discutiendo, votaré en contra de este artículo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, colegas parlamentarios, los redactores del mensaje del Ejecutivo, cuando incluyeron este artículo 11, en el párrafo II que dice relación con la formación y el perfeccionamiento de los profesores en ningún instante estaban pensando en pasar a llevar la autonomía universitaria. Aún más: Hay pleno conocimiento en esta Sala y en el país que el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin, a través del señor Ministro de Educación, don Ricardo Lagos y del Subsecretario de Educación, don Raúl Allard, plantearon al país que era importante formar una comisión que se preocupara de la educación superior. Así se hizo. Se formó esa comisión y se les dio un plazo de 180 días para emitir un informe. En ella participaron académicos de todos los pensamientos políticos y de todas las opciones de la vida en este país.

Además, desde el 11 de marzo de 1990 los rectores de las universidades chilenas son elegidos democráticamente de entre los académicos y por ellos mismos. Por eso, no está en el espíritu de nadie atentar contra la autonomía universitaria. Al revés, creo que ella está absolutamente salvaguardada. Ahora bien, es importante que la Sala entienda que, en términos generales, existen grandes áreas en la formación y el perfeccionamiento docente que deben estar contenidas en el texto del Estatuto Docente. Al respecto no olvidemos un hecho: el objetivo del proyecto del Ejecutivo es normar en un solo cuerpo legal, con disposiciones claras y precisas, todo lo relacionado con los profesores del sistema educativo nacional. En este sentido, hay situaciones que realmente nos preocupan: la parte de didáctica específica y lo que tiene que ver con la práctica profesional. Si analizamos lo ocurrido en que los últimos años, lamentablemente concluiremos en que ha habido una falla de esta materia.

Los Diputados democratacristianos creemos que es bueno para el espíritu y para el objetivo de la ley, la mantención de este artículo 11, por eso le daremos nuestro apoyo, haciendo presente que no se plantea la parte auricular o los años de formación de un maestro, y, por lo tanto, no se altera la autonomía académica.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, lo dispuesto en este artículo es absolutamente atingente con lo que estamos estudiando. La formación y capacitación de los profesores, se aborda en el Estatuto y tiene que ver con la carrera docente.

Este artículo persigue normar aquellas materias que son fundamentales en la formación de un profesor; es decir, aquellos, sin las cuales no se concibe su formación. Todos los profesores, antes de recibir su título, debieran conocer estas materias generales -que aquí se establecen como fundamentales- y que deben entregarles todos los institutos superiores de formación docente. Sin el conocimiento de ellas, reitero, es muy difícil concebir a un maestro, en el buen sentido de la palabra. Por eso, rechazamos la posibilidad de que cualquier profesional pueda ejercer la profesión docente, como lo expresamos denantes, porque existen planes y programas que en otras profesiones no se reciben. En este artículo se indican cuáles son las áreas que deben ser comunes en los planes y programas de todos los institutos formadores de profesores. Eso se quiere lograr con este artículo.

Concedo una interrupción al señor Schaulsohn.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Agradezco al Honorable señor Carrasco la interrupción que me ha dado, que me permite hacer una precisión.

Esta norma -según la entiendo yo- no sólo se refiere a las instituciones formadoras de profesores, sino a todas las de educación superior del país. Me parece lógico -no tiene sentido pensar que no pudiera ser así- que una institución que forme profesores tome las medidas para cumplir adecuadamente su misión. Debe hacerlo. Pero esta es una disposición de carácter general, que se aplica a todas las instituciones de educación superior del país. Por eso creo que su ámbito excede el tema específico y trascendente que estamos abordando, como es el Estatuto Docente. Si no es así, si sólo se refiere a las instituciones formadoras de profesores, evidentemente, siendo adecuada, tal vez sería innecesaria, porque legisla sobre algo de la esencia de una institución formadora de profesores. Pero reitero que esta es una norma general, que se aplica a todas las instituciones de educación superior, por ello me parece que no corresponde.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Valenzuela.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, creo conveniente tener claro, al analizar este párrafo II, sobre formación y perfeccionamiento, que autonomía universitaria no es lo mismo que aislamiento universitario.

Este párrafo tiene que ver con un problema que afectó al profesorado durante los últimos 17 años, como fue la falta de acceso al perfeccionamiento profesional.

Si analizamos los artículos que contiene, veremos que para participar en los concursos para proveer cargos sobre todo directivos docentes, habrá que desarrollar una programación amplia de formación y de perfeccionamiento.

Por ejemplo, para enfrentar este problema nos reunimos la semana pasada en Antofagasta, tanto con el Director de la Universidad del Norte como con el Director de la Universidad de Chile, ex sede de la casa central. Allí concordamos en la necesidad de actualizar, con prontitud, programas relacionados con estas materias.

De manera que, junto con crear el derecho al perfeccionamiento, debemos establecer en la misma ley, un mecanismo tendiente a materializarlo. Si no consagramos una norma que imponga la obligación a los institutos de educación superior, no sólo a los docentes de concretar los planes de formación y de perfeccionamiento, sólo estaremos haciendo una declaración romántica de principios. Por eso, creo que el artículo debe aparecer como complemento, o como requerimiento, de que la función educacional no es aislada, sino que debe estar absolutamente ligada a la universidad.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, creo que hay un exceso de susceptibilidad en el análisis de algunas disposiciones del Estatuto Docente.

El artículo 11 no atenta contra la autonomía universitaria. Señala específicamente: "Sin perjuicio de la autonomía académica que corresponde a las instituciones de educación superior..." o sea, está salvaguardando su autonomía. El resto es casi meramente enunciativo, ya que dice relación con los programas de formación de profesores y con las áreas de formación en una o más disciplinas del conocimiento, de formación pedagógica y de práctica profesional.

¿Por qué a nadie le llama la atención que un médico para titularse, primero deba hacer práctica? Un abogado también. En todas las actividades profesionales auriculares existe una etapa de práctica profesional. Evidentemente, hay determinadas materias que son imprescindibles en la formación de los docentes. Así se ha comprobado en la historia pedagógica chilena. Es el caso de las técnicas educacionales y de algunas disciplinas del conocimiento que son vitales para la formación de un maestro, como lo señaló hace un momento un señor Diputado.

De tal manera que este artículo 11 no crea ninguna situación conflictiva a la autonomía de la educación superior.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, este artículo 11 no es más que una declaración de buenas intenciones; no establece ningún mecanismo. En consecuencia, no resulta de utilidad práctica.

Otra cosa importante de mencionar es que resulta casi absurdo cómo está planteado, toda vez que invita a las instituciones de educación superior formadoras de profesores a contemplar en sus planes de estudios asignaturas de formación pedagógica. Esto es como instar a alguna facultad de medicina que enseñe anatomía o cirugía, o a una de ingeniería que enseñe matemáticas o cálculo.

En consecuencia, un artículo como éste no solo no corresponde a una ley sobre Estatuto Docente sino que, además, no tiene en ella utilidad alguna; sí, resulta absolutamente necesario considerarlo en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

He dicho.'

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Valcarce.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, quiero traer a la memoria de los señores Diputados el hecho de que la mayoría de las universidades particulares que impartan carreras de pedagogía fijaron sus planes y programas de estudios en la base a los de la Universidad de Chile o de la Universidad de Santiago. Así, por ejemplo, cuando iniciaron su funcionamiento las creadas por los decretos con fuerza de ley, dictados entre 1980 y 1981 tomaron los planes de sus programas de estudios de estas universidades. Tienen cuatro áreas que son fundamentales y que están explicitadas en este artículo: La de formación general, la de formación en una o más disciplinas, la de formación pedagógica y, por supuesto, la de práctica profesional, fundamental para el egreso y titulación. Por lo tanto, es importante destacar que el único problema que tienen es con cuál de estas cuatro áreas se inicia primero la formación del profesional. Esta es una discusión largamente sostenida en el campo universitario: si se parte por una formación pedagógica básica y, después, la formación general; o bien, por una formación general y disciplinaria primero, y, después, por la formación pedagógica.

En consecuencia, insisto en que este artículo debe quedar claramente explicitado y definido, y no como una posibilidad, en la nueva Ley sobre Educación Superior, que reformará la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, Nel8.962. Allí debe quedar afirmada clara y explícitamente que las universidades tienen que mantener estas cuatro áreas y, a lo mejor podríamos incursionar para determinar cuál de ellas se inicia primero y cuál posteriormente.

Pero creo necesario destacar que este artículo 11 es simplemente una declaración de buena voluntad en este Estatuto, y, como tal, es mejor no mantenerlo en él, pero sí incorporarlo en la Ley de Enseñanza Superior.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Comité de la Democracia Cristiana ha pedido la clausura del debate.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Deseo formular una pregunta reglamentaria.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Entiendo que usted habría dicho -lo hago para el efecto de la constancia en el acta- que en la mañana íbamos a tratar este proyecto hasta el término de su Título I.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se fijó las suspensión de la sesión a las 13.30 horas, siempre que se despachara el título I.

Si le parece a la Sala, se aprobará la petición de clausura del debate.

Acordado.

Cerrado el debate.

En votación el artículo 11.

Se entiende que si se rechaza, se aprueba la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: Por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 11.

El artículo 12 original suprimido en la Comisión por una indicación de la bancada de los Diputados de la Oposición aprobada por mayoría de votos, por estimarse redundante respecto de lo ya aprobado.

Si le parece a la Sala, se ratificará este rechazo.

Acordado.

En discusión el artículo 12, que se refiere al derecho de los profesores al perfeccionamiento profesional. Me parece que ésta es una materia que nadie que nadie objeta, por lo que podríamos dar por aprobado el artículo. Si le parece a la Sala, así se procederá.

Aprobado.

En discusión el artículo 13, que también se refiere al perfeccionamiento del profesorado y que fue objeto de una modificación en la Comisión como explicó el Diputado Informante.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobado.

El señor ROJO.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ROJO.-

Lamento, señor Presidente, la situación producida con los artículos 12, 13 y, anteriormente, con el 11, porque la ley es una declaración, una norma general, y hemos entrado a legislar sobre materias que son propias de reglamentos. Todas ellas no deben estar incluidas en una ley, sino que -reitero- son propias del reglamento que se dictará, como lo indica el artículo 15.

Formulo esa observación para que quede constancia en el acta.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Respecto de los artículos 14 y 15, corresponde votarlos sin discusión. Como la indicación renovada al artículo 15 fue retirada si le parece a la Sala, se votarán conjuntamente.

Acordado.

Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad.

Acordado.

Se suspende la sesión hasta las 4 de la tarde.

Se suspendió a las 13.45 y se reanudó a las 16.00.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

En discusión el artículo 16, que se refiere al derecho de los profesionales de la educación a participar, con carácter consultivo, en las actividades de la unidad educativa correspondiente.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

En discusión el artículo 17, que se refiere al Consejo de Profesores de carácter consultivo que habrá en cada establecimiento educacional.

Hay dos indicaciones renovadas, a las que dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La primera indicación está signada con el N° 22 y dice lo siguiente: "Para sustituir el artículo 17 por el siguiente: "En cada establecimiento educacional habrá un Consejo de Profesores integrado por docentes directivos, técnico-pedagógicos y docentes, el que tendrá un carácter consultivo y será el encargado de encauzar la participación de los profesionales en el cumplimiento de los objetivos y programas educacionales de carácter nacional y comunal y en el desarrollo del proyecto educativo del establecimiento".

"Asimismo, el Consejo se ocupará de las materias técnico-pedagógicas, de estudio, de asesorías en evaluación, planificación y perfeccionamiento que señala el reglamento, sin perjuicio de la libertad de gestión de los sostenedores de establecimientos educativos privados, y de las facultades de los directivos de los establecimientos".

"El Consejo de Profesores sólo podrá sesionar en horas correspondientes a las actividades curriculares no lectivas".

La segunda indicación, signada con el número 23, reemplaza el párrafo final del inciso primero del artículo 17 por el siguiente:

"Los Consejos de Profesores podrán tener carácter resolutivo en materias de tipo técnico-pedagógico, en la forma y casos que señalará el reglamento de esta ley".

El señor ULLOA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, respecto de esta materia sabemos que hubo un ardua discusión en la Comisión correspondiente y sería importante conocer la opinión del Ejecutivo sobre ella. Lamento no ver la persona del señor Ministro, toda vez que el planteamiento original contemplaba, precisamente, los consejos de profesores como órganos consultivos y no resolutivos.

Solicito que se aclare esta situación, por cuanto si existe la voluntad de parte del Ejecutivo en términos de formular alguna indicación que volviera a reponer el criterio original, en el sentido de que fueran sólo órganos de carácter consultivo, podríamos llegar a un acuerdo res-pecto de esta materia.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se le acaba de avisar al señor Ministro, que está en mi oficina, que se reanudó la sesión, porque se encontraba en una reunión.

Pero quiero llamar la atención acerca de que, en el texto, el Consejo de Profesores tiene carácter consultivo.

El señor ULLOA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí, señor Diputado.

El señor ULLOA.-

En efecto, la norma consagra su carácter consultivo, pero se contradice con lo que viene más abajo, al otorgársele el carácter de resolutivo en aquellas materias que el reglamento dictará. Pero el problema radica, señor Presidente y Honorables colegas, en que el reglamento no consagra ninguna limitación y lo deja abierto. De manera, entonces, que lo que está señalado en el artículo es un claro contrasentido.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Le puedo adelantar que la opinión del señor Ministro y del Ejecutivo -porque lo estuvimos discutiendo durante el almuerzo- es que estos consejos sean de carácter exclusivamente consultivo. Por lo tanto, no habría dificultad para avanzar en ese sentido.

El señor VALCARCE.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, es evidente que cada vez que tocamos el tema de los consejos de profesores, hablamos de que su carácter es netamente técnico y, como tal, se convierte en un cuerpo asesor del director del establecimiento educacional.

Respecto de este cuerpo técnico de carácter netamente consultor, el señor Ministro o el equipo técnico del Ministerio de Educación lo que han querido decir con esta remisión al reglamento -y es lo que yo quisiera entender- es que éste determinará cuáles son los puntos que serán consultados por el director del establecimiento o por la unidad técnica a este consejo. Así, no tendrá el carácter de resolutivo en las materias atingentes a la parte técnica.

Por lo tanto, si el Ejecutivo está dispuesto a que dicho Consejo sea netamente técnico-consultivo, debiéramos votar favorablemente la indicación, para dejar claramente establecido ese espíritu en todo el Estatuto Docente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Valenzuela.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, éste es uno de los artículos que, a mi juicio, tiene un carácter esencial para comprender cabalmente el concepto de participación que se plantea en este Estatuto Docente.

Quiero hacer presente que tanto en el análisis particular como general del proyecto, en la Comisión, fue éste uno de los puntos más debatidos y de más prolongada discusión. Se debatió incluso ahí dentro de la Concertación, una opinión diversa; pero, finalmente, en ambas oportunidades, la Comisión, por mayoría, acordó aceptar esta indicación, que hace totalmente compatible la idea general de que el Consejo de Profesores es un órgano consultivo del diagnóstico de la evaluación y de la realización del proceso escolar.

Pero el proyecto de ley no puede ir en contra de lo que ya está establecido en la reglamentación vigente respecto de lo que es un Consejo de Profesores.

Desde el año 1928 existe un reglamento que normó la praxis de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, y en esa reglamentación se consignan algunas disposiciones de carácter resolutivo para el Consejo de Profesores. Entre éstas podemos nombrar algunas. El reglamento establece que para que un alumno pueda ser promovido aparte de tener determinadas notas en los ramos que señala el plan de estudios, es necesario que cuente con un mínimo de asistencia promedio anual. Sin embargo, el Consejo de Profesores se transforma en un ente resolutivo, por sobre la autoridad del director de la escuela, cuando califica situaciones especiales y permite que alumnos que no tienen la asistencia mínima puedan ser promovidos en virtud de antecedentes que este Consejo califica.

Ese caso y otros, como, por ejemplo, la programación de las distintas efemérides nacionales que se conmemoran en los liceos y en las escuelas básicas, hacen totalmente posible razonar que el Consejo de Profesores no puede perder la capacidad resolutiva que ya tiene, de acuerdo con la legislación vigente.

Repito, este es un punto esencial dentro de la discusión del Estatuto Docente, porque, a mi juicio, permite realmente concretar lo que es la participación en el proceso educacional. No colocar una mínima facultad resolutiva significa simplemente que el Consejo de Profesores, en general, y los profesores en particular, se van a transformar en simples objetos, careciendo de importancia la realización de estos Consejos, porque bastará con que las instrucciones sean entregadas a los educadores por medio de circulares.

Por lo expuesto nuestra bancada está por aceptar el artículo 17 en la forma propuesta en este segundo informe.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El señor Ministro ha pedido el uso de la palabra, justamente para responder la inquietud que había planteado el Diputado señor Ulloa.

El señor LAGOS (Ministerio de Educación).-

Señor Presidente, en la propuesta original del Ejecutivo se indicó que los Consejos de Profesores tendrían exclusivamente carácter consultivo. Con posterioridad, y particularmente en la discusión habida en el seno de la Comisión, se hizo ver la conveniencia de que los Consejos tuvieren carácter resolutivo respecto de materias estrictamente del ámbito técnico pedagógico.

En ese sentido, a juicio del Gobierno, este artículo podría señalar que lo resolutivo se refiere exclusivamente a materias del ámbito técnico pedagógico, que pueden ser objeto de la reglamentación correspondiente, no con el grado de amplitud de la actual redacción, donde el reglamento, aparentemente, no contempla ningún mecanismo respecto de cuáles serían las materias en las que el Consejo puede ser resolutivo.

En ese sentido, nos parece que hubo una proposición en la Comisión -si no me equivoco, hecha por varios señores Diputados- que apuntaba a resolver esta dificultad. En suma, creemos que se puede establecer como norma general que el carácter resolutivo opera sólo para materias técnico pedagógicas específicas.

Formulamos esa observación porque suponemos que ha de contar con el asentimiento de todos los señores Diputados.

He dicho

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En ese sentido es el tenor de la segunda indicación, presentada por los parlamentarios de la Democracia Cristiana.

Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, la verdad es que el artículo 17 es uno de los más importantes del proyecto de Estatuto Docente. Primero, porque reconoce al Magisterio la importancia que realmente tiene esta bella y noble actividad; y segundo porque permite la participación directa y concreta del profesor en la conducción del trabajo material del plantel donde desarrolla sus funciones. Tal vez, es lo más importante en cuanto a participación, como lo hemos venido planteando quienes hemos luchado por la democracia, por recuperarla, por hacer posible la participación; por el derecho a la libertad de expresión, a decir lo que se estime conveniente, y más todavía cuando se trata de un sector de tanta importancia para la vida del país, como es el Magisterio.

Para nosotros, el artículo 17 está "enganchado", pudiéramos decir, a la larga lucha que libró el pueblo de Chile durante 17 años, para conseguir, de una vez por todas, recuperar la libertad; recuperar la libertad de expresión, el derecho a decir lo que se siente, sobre todo en este caso, como digo, por tratarse de un sector que siempre ha estado prácticamente aplasta-do, en especial durante la dictadura que terminó el 14 de diciembre.

Ya lo ha dicho el Diputado señor Valenzuela. Nosotros aprobaremos el artículo 17.

Creo que expresa el respeto y el reconocimiento a la labor que realiza el sector magisterial, importantísimo para la vida del país.

Se trata de recuperar para Chile el nivel de su educación, que se conoció en todos los rincones de América Latina a través de las misiones magisteriales invitadas a distintos países del continente. Realizaron obras de gran envergadura, apreciamos con orgullo quienes estuvimos exiliados en Venezuela, por ejemplo; obras que aún se recuerdan con aprecio, con cariño, con respeto. Los nombres de la gente que formó las comisiones que organizaron la educación de esos países, especialmente de América Central, todavía se recuerdan con cariño y con respeto por los ciudadanos.

Por eso nosotros vamos a aprobar el artículo 17, que en el fondo reconoce la calidad humana, la condición de chilenos, la condición de conductores de la educación del país a los profesores, a quienes entregamos nuestra adhesión, nuestra admiración y nuestro respeto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Claudio Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, hay que analizar este' artículo desde dos puntos de vista. El primero, relativo a la calidad de consultivo o resolutivo del consejo de profesores, y el segundo, el que hace referencia precisamente a los centros generales de padres y apoderados. Ambos tópicos fueron ardua y extensamente debatidos en el seno de la Comisión, como muy bien lo señalaba el señor Ministro de Educación.

Respecto del primer tema, vale decir, el que hace referencia a la calidad de resolutivo del Consejo de Profesores, nosotros hemos insistido en que éste debe tener sólo la calidad de consultivo. Incluso, se dio la situación curiosa -por decirlo así- de que cuando llegó a la Comisión el proyecto establecía el carácter de consultivo, y los parlamentarios de la Concertación, en su pleno derecho, formularon indicación para darle el carácter de resolutivo, con lo cual, evidentemente, se dejó de lado la opción presentada por el Ejecutivo. Cuando regresó nuevamente el proyecto a la Comisión de Educación para segunda discusión, el Ejecutivo insistió en la idea de que fuera sólo consultivo.

Nosotros debemos entender que el Gobierno sobre esta materia tiene el criterio de que el carácter de resolutivo constituye una limitante importante en la administración de un establecimiento.

El carácter de resolutivo, evidentemente va a limitar la acción creativa y organizadora de parte de los sostenedores. Así mismo, va a limitar la acción de los docentes directivos, y a intervenir en los aspectos técnicos al crearse un organismo de co-gobierno al interior de cada establecimiento.

Es importante recordar que el propio Ejecutivo insiste en su proposición. Por eso, nosotros hoy día llamamos, tanto al Gobierno como a los parlamentarios que lo apoyan a que reflexionen sobre la materia, para que finalmente sólo se dé el carácter de consultivo al Consejo de Profesores.

El centro general de padres y apoderados originalmente también tenía el carácter de evaluativo. Afortunadamente, en la Comisión, por acuerdo de todos los parlamentarios, se optó porque sólo tuviera el carácter de informativo dos veces al año, por parte de la dirección del establecimiento.

Como son dos materias distintas, creemos que deben separarse. Por este motivo, hemos presentado dos indicaciones. Una que ha leído el señor Secretario de la

Cámara, y la otra al artículo 18, que define concretamente las facultades que tiene el centro general de padres y apoderados de cada establecimiento.

Es importante tocar estos dos temas, porque es evidente que están involucrados en este artículo. Seguramente para una mejor redacción del articulado, conviene que queden separados, a pesar de que pensamos, en un principio, que la situación del centro general de padres y apoderados no tenía mayor relación con la materia específica del Estatuto Docente. Sin embargo, estimamos prudente dejarlo allí, por cuanto de esa manera no quedaba en el aire la posibilidad de darle el carácter de evaluativo a los centros generales de padres.

También vale la pena recordar que tradicionalmente los docentes se han quejado por el exceso de funciones no remuneradas a que se les obliga. Entonces, vale la pena preguntarse: ¿qué pasará con esto finalmente? ¿Serán gratuitas o serán remuneradas? El proyecto, de verdad, no lo señala.

En definitiva, quisiéramos llamar a reflexión con el objeto de que, por el bien de los establecimientos de educación y de los profesores el Consejo General sólo tengo el carácter de consultivo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Leay.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, deseo referirme a la proposición del Ejecutivo, que hoy día ha reiterado en la Sala.

Durante el estudio de este segundo informe, el Ejecutivo presentó indicación para eliminar la última frase del artículo 17, que da carácter de resolutivo, en algunas materias, al Consejo de Profesores, postulado que fue rechazado por los Diputados de la Concertación.

Hoy día, el ánimo del señor Ministro es buscar nuevo consenso en esta materia. Lamentablemente la fórmula que ha propuesto genera un contrasentido porque el artículo en su primera parte, habla de que los consejos de profesores tendrán carácter consultivo y a su vez, serán organismos técnicos. En la indicación propuesta ahora se dice nuevamente que los consejos de profesores son de carácter resolutivo de tipo técnico, produciéndose un contrasentido entre la primera parte y la final del artículo.

Todos estamos el acuerdo en que los consejos de profesores son de tipo técnico; pero, en un mismo artículo, no se les puede dar carácter consultivo y, al mismo tiempo, carácter resolutivo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Me permite hacer una observación para avanzar sobre la materia?

Entiendo que donde el artículo dice "técnico" al comienzo, se refiere a quienes integran el Consejo, pues dice: "integrado por personal docente, directivo, técnico pedagógico y docente".

El señor LEAY.-

No, señor, Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No se refiere al carácter del Consejo.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, si usted continúa la lectura, advertirá que, después de indicar quiénes lo integran, dice: "Los Consejos de Profesores serán organismos técnicos".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Bastaría borrar "técnicos".

El señor LEAY.-

No; basta borrar "resolutivo", señor Presidente. Es al revés.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, es absolutamente cierto que en el mensaje del Ejecutivo, de 15 de octubre pasado, el artículo disponía que los Consejos de Profesores tenían carácter consultivo. Pero el Poder Legislativo, en uso de sus atribuciones, ha considerado conveniente, sobre todo después de escuchar las inquietudes del Colegio de Profesores en el nivel nacional, y de conocer los resultados de encuestas hechas en las bases, establecer el carácter de resolutivo en ciertas materias.

Al respecto, quiero recordar dos hechos. Los Consejos de Profesores son de dos tipos: técnico-pedagógico y administrativo. No confundamos ambas cosas. El proceso educativo es un todo, en el cual están involucrados el directivo-docente, el integrante de la unidad técnico-pedagógica, el profesor, el administrativo, el auxiliar, el alumno, los centros de padres y apoderados y la comunidad.

Por eso, en el seno de la Comisión, los Diputados señores Baldemar Carrasco, Hugo Rodríguez, Edmundo Villouta y quien habla, presentamos indicación para hacer una diferenciación entre los dos tipos de Consejos de Profesores. Concretamente, para que el consejo de profesores técnico-pedagógico tenga carácter de resolutivo. A mi juicio, esta proposición interpreta fielmente el artículo 17, que especifica que los Consejos de Profesores serán organismos técnicos donde se expresará la opinión profesional de sus integrantes.

Como el proceso educativo es un todo, lo lógico es que los profesores, en materias que tengan atingencia con planes y programas y con todo el manejo técnico- pedagógico del establecimiento, puedan decidir en qué forma hacerlo.

Por lo tanto, hago un llamado a los parlamentarios, en especial a los Diputados del Partido Socialista, del Partido por la Democracia y del Partido Radical los cuales hemos repuesto esta indicación con la firma de alrededor de 52 parlamentarios para que los Consejos de Profesores tengan carácter resolutivo, en materia de tipo técnico-pedagógico en la forma y casos que señalará, el Reglamento de esta ley.

Nadie ha pensado en disminuir las funciones y las atribuciones de los directivos docentes. Por eso, mantenemos el carácter de consultivo de los Consejos de Profesores de carácter administrativo.

Esta indicación, si es aprobada por esta Sala, hará posible una real participación de todos los actores involucrados en el proceso educativo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, cuando se empezó a discutir el proyecto de Estatuto Docente, siempre pensamos que era susceptible de mejorarse por la vía de las indicaciones.

En función de lo establecido en el artículo 17, este artículo ha sido mejorado, al dárseles carácter resolutivo a los Consejos de Profesores.

De no ser así, estaríamos aprobando una norma inocua y sin ningún sentido. Es más, soy partícipe de la idea de que no solamente en el ámbito técnico-pedagógico, este Consejo de Profesores tenga carácter resolutivo, sino que también en el carácter administrativo de sus propias funciones.

Es todo lo que quería señalar al respecto señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, para hacer un poco más fluido el debate del análisis de este artículo, podría motejarse un poco como que "los cuidados del sacristán mataron al señor cura". Hay una sensibilidad muy fina respecto de este carácter resolutivo, consignado en la parte final del artículo 17. Algunos colegas temen que, en el caso de algunos establecimientos educacionales, se podrían modificar algunas doctrinas de tipo religioso o algunos enfoques en particular, que la educación particular no pagada le da a esas actividades.

Los que conocemos la función de los profesores desde adentro, sabemos que siempre han existido Consejos de Profesores con carácter resolutivo. Nunca se entró a cometer errores desde el punto de vista educacional mediante la participación de los profesores en esos Consejos de tipo resolutivo, al revés, enriquecieron el quehacer de las unidades educacionales.

En esta Sala en las diferentes bancadas hay parlamentarios que fueron maestros, que desempeñaron el cargo. Estoy absolutamente seguro de que participaron en esos Consejos de carácter resolutivo.

Cuando el señor Ministro ha señalado que en el reglamento por dictarse se expresará en forma enfática que el profesorado resolverá en aspectos de tipo técnico-pedagógico, se ha obviado el problema. Lo otro sería decir derechamente que no se confía en la transparencia, en este caso del Ejecutivo, para dictar un reglamento que enriquecerá un sistema tan delicado como es el de la educación, y en el cual estamos empeñados todos los sectores.

No existe ningún temor en la conducción de la política educacional de la unidad, porque en el artículo 7Q relativo a las funciones profesionales, se determina taxativamente como el director o el sostenedor del plantel conduce el proceso educacional en general.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Correa.

El señor CORREA.-

Señor Presidente, respecto de la necesidad de crear Consejos de Profesores en cada uno de los establecimientos, todos somos testigos de que en cada uno de ellos existen Consejos de Profesores que han existido siempre y que, de hecho, debaten materias de carácter consultivo y, después, resolutivo: Quedará al criterio del Director del establecimiento determinar la forma en que hará prevalecer los criterios de cada profesor; pero está claro que el objetivo de este Estatuto Docente es, sin duda, mejorar la educación.

De ahí que lo más aconsejable es dejar esto a la voluntad o al criterio del Director de la escuela.

Entre el artículo 16 y 17 hay una contradicción manifiesta, que el primero señala que "los profesionales de la educación tendrán el derecho de participar, con carácter consultivo, en el diagnóstico, planeamiento, ejecución y evaluación de las actividades de la unidad educativa". Posteriormente, se quiere preceptuar que tenga un carácter técnico y, dentro de éste, un carácter resolutivo. En el aspecto de carácter técnico se encuentra toda esta materia que he señalado: diagnóstico, planeamiento, etcétera. Por lo tanto, corresponde que se deje en libertad al Director de materias tan importantes como son las de carácter técnico-pedagógico.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Martínez.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, como bien opinaba el Diputado Felipe Valenzuela, esta bancada está en contra de modificar este artículo, por cuanto nosotros confiamos en la idoneidad de los profesores para participar en la gestión del proceso educativo. Además, como también lo ha dicho el Diputado Valenzuela, estas facultades ya se tienen, pues las concede un decreto que está vigente. Por lo tanto, incorporar materias que, en definitiva, restringieran esta posibilidad de que los Consejos de Profesores tengan capacidad resolutiva, significaría a la larga un retroceso en la actual legislación, respecto de la participación de los profesores en la gestión educativa. Por lo tanto, incluso, estamos en contra de la indicación de la bancada de la Democracia Cristiana; entre otras cosas, porque pensamos que, muchas veces es muy difícil determinar los ámbitos de lo que es lo técnico-pedagógico y de lo que es administrativo. Hay muchas cuestiones que lindan en situaciones límites; por ejemplo, aspectos de orden disciplinario u otros elementos de esta especie que pueden abordarse desde un punto de vista administrativo, pero, también, desde un punto de vista técnico-pedagógico. No parece conveniente, en este momento, introducirle un factor que restrinja demasiado las posibilidades. Esto merece que el Ministerio de Educación haga un estudio más adecuado de estas materias, el que tomando en cuenta lo que es la experiencia docente actual recoja lo que ha significado este decreto; y, en definitiva, que se plantee la posibilidad de que la acción resolutiva no signifique un retroceso de lo que actualmente tienen los profesores y que nosotros estamos dispuestos a mantener.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, aquí hay una cuestión que se debe considerar. Nadie discute que el Consejo de Profesores en la práctica resuelve sobre determinadas materias que están siempre dentro del ámbito técnico. Esa es su función. El problema se suscita cuando se le da un carácter consultivo y, después, se les fija un carácter resolutivo en forma imprecisa.

Al respecto, se pueden ver afectadas algunas garantías constitucionales, como el derecho de propiedad y la libertad de enseñanza en esta materia.

Depende del carácter o de la naturaleza de lo que resuelva este Consejo, porque alguna resolución podría vulnerar la facultad de uso o goce que contempla el artículo 19, número 24, de la Constitución Política y que corresponde al dueño o sostenedor.

Esta inquietud viene planteada en los antecedentes -en la mañana se trajo a colación aquí- o argumentación que FIDE hizo sobre este articulado.

Por eso, quiero reverla con la solvencia que da el análisis de este importante organismo de la Educación.

Hay que tener en claro que la relación jurídica que se deriva del derecho de propiedad del colegio es entre la familia y el director responsable del establecimiento, y no entre las familias y los profesores.

Quien responde finalmente de lo que se resuelva en un establecimiento educacional es el director, el dueño, la congregación o la institución a través de un director responsable. En consecuencia, podría ocurrir que cualquier Consejo adopte una resolución de la cual va a ser absolutamente irresponsable frente a los efectos que produzca, dejando en una suerte de compromiso al propio sostenedor, dueño o institución respectiva que administre un establecimiento.

Por ello, es muy importante acotar el ámbito de lo resolutivo, que debe estar inmerso en lo que es técnico-pedagógico, pero en forma muy precisa y no tan amplia como está en el articulado.

Si uno lee el artículo 18, puede comprobar que prácticamente deshace el 17, porque dice: "Sin perjuicio de la libertad de gestión de los sostenedores de establecimientos educativos privados, y de las atribuciones administrativas de los directores de los establecimientos", -o sea, reconoce las atribuciones- "los Consejos de Profesores tendrán carácter consultivo en materias técnico-pedagógicas", etcétera. Este es el carácter que debe tener. Al respecto, estoy de acuerdo con el Diputado señor Sergio Correa, en que existen ciertas materias que son resolutivas; pero, si se dejan muy amplias, pueden afectar el derecho de propiedad sobre los establecimientos educacionales y, en forma eventual, la libertad de enseñanza, ya que restringen abiertamente el ámbito en que este derecho está consagrado en el artículo 19, número 10, de la Constitución Política de la República.•

En mi opinión, estos elementos son muy importantes de considerar, no desde el punto de vista de la suspicacia, sino en el de los efectos que pudiera acarrear una resolución adoptada con la mejor buena intención y con la mejor buena fe por parte de profesores que como sabemos todos, son responsables de lo que hacen; pero que, dado el ámbito tan amplio en que están consagradas estas disposiciones, podrían afectar la esencia misma del establecimiento o la esencia misma de la naturaleza educativa o de los objetivos que se haya propuesto la institución educadora.

Desde esta perspectiva, es muy importante acoger la sugerencia del señor Ministro de conversar una nueva redacción más precisa de estos artículos.

No sé si será del caso suspender la sesión para analizar esta materia y llegar a algún acuerdo. El tema es delicado, porque compromete garantías constitucionales, señor Presidente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Antes de continuar ofreciendo la palabra a los señores Diputados, han pedido hacer uso de ella el señor Ministro y los Diputados señores Ulloa, Rojo, Campos y Valcarce. Además, el Comité Demócrata Cristiano ha solicitado la clausura del debate. En consecuencia ^ escuchemos al señor Ministro, y según lo que él nos exprese, si hubiese un principio de acuerdo, posteriormente se redactaría. Entretanto, nosotros continuaremos con el estudio pero suspenderemos la votación de este artículo y del siguiente, porque están íntimamente relacionados. Sigamos avanzando porque es muy extenso el proyecto.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LAGOS (Ministro de Educación).-

Señor Presidente, para dejar claramente de manifiesto lo excepcional del carácter resolutivo del Consejo de Profesores, propongo reemplazar en el actual artículo 17, inciso primero, su parte final, que dice: "El reglamento establecerá las ocasiones o asuntos en que el Consejo de profesores de cada establecimiento educacional tendrá el carácter de resolutivo", por la proposición que está en la página 33, en los siguientes términos: "Sin embargo los Consejos de Profesores podrán tener carácter resolutivo en materias de tipo técnico-pedagógico, en la forma y casos que señalare el reglamento de esta ley".

De la misma manera, el artículo 18, en lo que dice relación con el carácter consultivo en materias técnico-pedagógicas, quedaría con la siguiente redacción: "Sin perjuicio de la libertad de gestión de los sostenedores de establecimientos educativos privados, y de las atribuciones administrativas de los directores de los establecimientos, los consejos de profesores tendrán carácter consultivo..." Se borra lo que sigue a continuación, y se diría: "...y cumplirán las funciones de estudio y asesoría en evaluación, planificación y perfeccionamiento que señale el reglamento, con excepción de las materias técnico- pedagógicas que señala el artículo anterior". De esa manera, habría concordancia adecuada en ambos artículos y quedaría salvado el tema de que tienen carácter consultivo y que lo resolutivo dice relación sólo con las materias técnico-pedagógicas. Actualmente el reglamento indica el carácter resolutivo en materias técnico-pedagógicas para los consejos de profesores. Son estos cuerpos los que resuelven aquellos casos en que los alumnos quedan repitiendo, casos de excepción en que los alumnos son promovidos. Los consejos de profesores son los que, en determinadas instancias, resuelven sobre aspectos relacionados con la forma en que se van a presentar las materias a lo largo del currículo, lo cual nada tiene que ver con materias de administración educativa, que corresponden a los directores de establecimientos, de manera que aquí, simplemente se está recogiendo una realidad que existe hoy día. No era otro el propósito del Gobierno al presentar la indicación. Así se salvarían ambas indicaciones de una manera adecuada y habría un grado de consenso suficiente para lo que queremos: consejos de profesores con carácter consultivo, y que, en materias técnico-pedagógicas, se continúe con lo que ha sido la tradición durante largo tiempo, hoy día consagrada en el reglamento.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

A partir de lo que se ha dicho propongo que dos o tres señores parlamentarios de los que formularon las indicaciones trabajen con el señor Ministro en la redacción de la norma, mientras seguimos con el debate.

Si esta proposición les parece bien a los señores Diputados, así se acordaría.

Acordado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, francamente me causan extrañeza las prevenciones que algunos parlamentarios de Derecha han formulado al carácter resolutivo que, en algunas materias, tendrían los consejos de profesores, en circunstancias de que en otras ocasiones, han evidenciado una apreciable formación jurídica. Es cierto que la parte final del inciso primero del artículo 17 deja entregado al reglamento la determinación de las materias en las cuales los consejos de profesores van a tener carácter resolutivo; pero si por esas cosas del destino, el reglamento afectara la libertad de enseñanza o el derecho de propiedad, temores que ha plan-teado el colega Bombal, obviamente que ese reglamento sería inconstitucional y existen recursos para impugnarlo. De manera que no veo, desde un punto de vista práctico, cómo se puede violentar la libertad de enseñanza o el derecho de propiedad.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Comité de la Democracia Cristiana ha pedido la clausura del debate.

En lugar de proceder a la clausura del debate y a la votación de las indicaciones, sugiero formar un grupo de trabajo para buscar una redacción de consenso.

Si le parece a la Sala, así se procederá.

Acordado.

Se suspende la votación de los artículos 17 y 18.

Corresponde votar sin debate el artículo 19 que se refiere a la autonomía del profesor en el ejercicio de sus funciones. Supongo que sobre esta materia tampoco hay discrepancia, porque todos estamos de acuerdo en que el profesor tenga libertad de cátedra y de enseñanza.

En votación el artículo 19.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

Corresponde discutir el artículo 20, que se refiere al derecho de los profesores a ser asistidos por su empleador en la defensa que deduzcan contra atentados o agravios de que puedan ser objeto por terceros en el desempeño de sus funciones.

El señor Secretario dará lectura a la indicación que se ha formulado.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La indicación, la N° 31, se encuentra en la página 35 del informe y tiene por finalidad eliminar el inciso tercero del artículo 20.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Este inciso tercero señala que las quejas o denuncias contra un educador deben ser formuladas por escrito o, en su defecto, escrituradas por el funcionario que las reciba.

En discusión el artículo 20.

Tiene la palabra el Diputado señor Valcarce.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, la indicación tiene por objeto eliminar el inciso tercero, porque creemos que existen los mecanismos para que los padres o apoderados puedan acercarse al Director del establecimiento, a fin de presentar las denuncias o quejas que tengan en contra de alguno de los profesionales de la educación.

Dejarlo estampado por escrito, como un derecho evidente o normal que pueden ejercer los padres y apoderados, creo que, por la experiencia habida, será un punto crítico para los profesionales de la educación, porque se van a presentar cantidades de denuncias por cualquier cosa. Si bien es lógico el derecho que les asiste a los padres y apoderados, no es menos cierto que va a ser contraproducente, pues los directores de escuelas recibirán denuncias hasta porque el profesional de la educación le puso una mala nota a un muchacho.

"Si en la praxis, como bien señalaba uno de los señores Diputados que anteriormente usó de la palabra, existe por años el sistema y la forma en que los apoderados o los padres pueden quejarse del actuar de un profesor respecto del educando, creemos innecesario dejar establecido que se haga por escrito, porque va a significar un mecanismo que estorbará la buena convivencia que debe existir en un establecimiento educacional.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, considero factible que se acoja la indicación presentada para eliminar el inciso final del artículo 20, porque efectivamente, se prestará para que el profesor quede en una situación de permanente molestia e inestabilidad.

Hay que reconocer que, muchas veces los padres o apoderados, lamentablemente; pretenden, sin mala intención, participar en muchos aspectos de la vida educacional. Incluso, con esta redacción, un padre o apoderado podría estar reclamando sistemáticamente, si no le agrada el sistema de calificación que el profesor pueda aplicar a su hijo o a su pupilo. También podría hacerlo por el sistema de autoridad y de disciplina que aplica al maestro; es decir, con esta redacción quedan abiertas las puertas para qué los directores de las escuelas sean un permanente buzón de reclamos de personas que podrían cuestionar la labor y la idoneidad del maestro. De manera que me parece absolutamente posible que esta indicación se acoja en la Sala.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, al revés de lo expresado, entendemos que este inciso resguarda precisamente al profesor de denuncias irresponsables.

El hecho de que la denuncia deba hacerse por escrito, o escriturada y fundada, implica que quien la formula asume una responsabilidad; es una manera lógica de hacer llegar alguna queja que un apoderado tenga contra un profesor. Pero, junto con hacerla llegar, se está haciendo responsable de la denuncia que formula, lo que hace posible que el profesor pueda ejercer su derecho de defensa.

Por eso, en lugar de que estos reclamos se hagan en forma irresponsable, sin que en muchas ocasiones los profesores tengan conocimiento de ellas y se empiecen investigaciones a sus espaldas, preferimos que estas denuncias se efectúen en forma responsable, por escrito, bajo la firma de quien las presenta.

Ese es el motivo del inciso y por eso lo respaldamos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, entiendo que el derecho a petición, el derecho a reclamo, el derecho a queja o, comose dice vulgarmente, el "derecho a pataleo" está consagrado en la Constitución Política del Estado. De manera que más allá de lo que diga el Estatuto Docente, siempre un padre o un apoderado, de acuerdo con el precepto constitucional, tendrá la posibilidad de reclamar por el comportamiento de un profesor o de un funcionario público. Esta queja, este reclamo o esta petición, si no está reglamentada, puede hacerse en forma verbal o escrita.

Concuerdo con el inciso final del artículo 20 en la forma en que está consagrado, pues precisamente restringe, en cierto modo, el derecho a reclamo, el derecho a petición, con el fin de transformarlo en un instrumento serio e impedir que los profesores puedan ser objeto o víctimas de acusaciones infundadas, irresponsables, que permanezcan normalmente en el anonimato. En cambio, como lo señala el inciso tercero del artículo 20, cuando se establece que las quejas o denuncias deben ser formuladas por escrito o, por lo menos, quedar una constancia escrita de las mismas por la autoridad o el director del establecimiento que las recibe, estamos impidiendo que los profesores sean objeto de un mal uso del derecho a petición o reclamo que consagra, reitero, la Constitución Política del Estado.

Por ello, rechazo la indicación y creo que el artículo 20 debe mantenerse en los mismos términos en que está redactado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Comité Socialista y del PPD ha solicitado la clausura del debate.

Si le parece a la Sala, así se procederá.

Acordado.

En votación la indicación destinada a eliminar el inciso tercero del artículo 20.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 47 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Si le parece a la Sala, con la misma votación a la inversa, se podría dar por aprobado el artículo.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No hay acuerdo.

En votación el artículo.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 22 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 20.

Corresponde, ahora, votar sin discusión el artículo 21, que se refiere a la responsabilidad personal de los profesores en el desempeño de sus funciones.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

Corresponde, enseguida, discutir el Título III, Párrafo I.

El artículo 22 se dio por aprobado y se refiere al ámbito de aplicación de este Título.

El artículo 23, que tiene una indicación renovada, se refiere al ingreso a la carrera docente.

El señor Secretario dará lectura a la indicación.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La indicación número 35, que se encuentra en las páginas 35 y 36 del informe, dice: "Tara agregar, en el inciso primero del artículo 23, después de "departamento de administración educacional de la municipalidad respectiva", la frase "o de aquellos que sean administrados por corporaciones educacionales privadas creadas por las municipalidades".

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Leay.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, el Estatuto, en general, está concebido sobre la base de eliminar las corporaciones educacionales originadas en los municipios. Esto está claramente establecido en el artículo 2° transitorio.

No nos parece aconsejable que desaparezcan estas corporaciones. La esencia del proceso-descentralizador y la existencia de entes distintos del Estado, que ayuden a la tarea de la educación, son una base importante, y las corporaciones han sido una alternativa razonable.

Durante la discusión de este tema se han dado a conocer muchos antecedentes que dicen relación con análisis o estadísticas sobre algún mal manejo administrativo por parte de las corporaciones. Pero, a nuestro juicio, no son una causal definitiva para suprimirlas del proceso de administración. Muy por el contrario, hay que fiscalizarlas más; debe haber, por parte del Ministerio de Educación, más reglas del juego en la materia; es bueno sostener la posibilidad de la existencia de entes distintos del Estado, como son las corporaciones, en ayuda del proceso descentralizados

Al reponer esta indicación, queremos que las corporaciones no se supriman y continúen, coadyuvando en el sistema educacional, independientemente de los análisis numéricos que hoy día se pueden entregar, porque esa materia es fácilmente superable con una mayor fiscalización por parte del Ministerio de Educación, como lo es la entrega y administración de los recursos.

Por eso esta indicación nos parece razonable e importante de mantener en el sistema educacional chileno.

He dicho.

Tiene la palabra el Diputado señor Valcarce.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, en el artículo 22, que fue aprobado por unanimidad, quedó claramente establecido, el ámbito de su aplicación, en el sentido de que se consideran del sector municipal aquellos establecimientos educacionales que dependen directamente de los Departamentos de Administración Educacional de cada municipalidad, o de las Corporaciones Educacionales creadas por éstas o los que habiendo sido municipales son administrados por corporaciones educacionales privadas.

La indicación presentada al artículo 23 tiene por objeto hacerlo coherente con el artículo 22, en lo que se refiere a las corporaciones de educación municipal. Estas, de acuerdo con la misma ley, permanecerán por un tiempo determinado mientras se dicte el reglamento que permitirá su vuelta a las municipalidades. En este intertanto, los profesores de aquellas corporaciones que, por el reglamento o por alguna evaluación, no sean traspasadas directamente a las municipalidades, quedarán fuera del sistema. En este contexto, es necesario que el artículo 22 sea coherente con el 23 y que en todos aquellos en que hablamos del sistema educacional municipal se mantenga la expresión "Corporaciones Municipales de Educación".

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Valenzuela.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, en relación con la existencia o no de las corporaciones municipales de educación de derecho privado, este Estatuto Docente no hace más que normalizar una situación irregular, señalada así por el Tribunal Constitucional.

De tal manera que debió habérseles declarado como inexistentes a contar de la fecha de la dictación del fallo del Tribunal, y no a contar de la vigencia de este proyecto de ley. Repito. Lo único que hace este proyecto de ley es normalizar, una situación que se produjo a raíz de las creaciones irregulares de estas corporaciones. No es el momento de entrar a analizar cómo fueron administradas. Lo único que se hace, mediante este proyecto de ley, es corregir una situación jurídica señalada así por el Tribunal Constitucional.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado Señor Navarrete.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente, el artículo 23, cuya norma propuesta lo hace coherente -como explicó el Diputado Valcarce- con el artículo 22 precedente, debe además relacionarse con el artículo 2° transitorio, que, a la letra, dice que dentro del plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de esta ley, las corporaciones deberán entregar a las municipalidades correspondientes la administración -y aquí viene lo importante "sin perjuicio de que posteriormente se puedan formalizar nuevos convenios compatibles con esta ley". Es decir, el artículo transitorio consagra la existencia y la legalidad de las corporaciones, y habrá una fase en que vuelvan a la municipalidad, y una segunda en que vuelvan a crearse.

En consecuencia, estimo que el artículo 23 debe ser aprobado con la indicación, porque, de hecho, las corporaciones están consagradas en el artículo 2° transitorio de esta ley.

He dicho.

Tiene la palabra el Diputado señor Escalona.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, resulta realmente sorprendente que de parte de los Parlamentarios de la bancada de Oposición exista una cierta pertinacia en querer mantener vigente un organismo que -como ha dicho el Diputado señor Valenzuela- ya fue declarado inconstitucional, en su oportunidad, por el propio Tribunal Constitucional. Por lo demás, cosa que queremos subrayar los contenidos de los artículos transitorios son precisamente lo que la palabra indica: Transitorios; es decir, corresponden a una etapa que necesariamente deberá ser superada junto con la anomalía que significan esta corporaciones.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Baldemar Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, la verdad es que la idea del proyecto es ir a la supresión de las corporaciones privadas, creadas por las municipalidades y el llevarla a cabo no es un capricho, ya que la mayoría de los profesores que dependen de ellas así lo han solicitado.

Otro antecedente que induce a su terminación -por lo menos ese es el espíritu- es el hecho de que tienen los mayores déficit de financiamiento en la educación. Por lo tanto, no han dado resultado como antes para realizar el proceso educativo.

En concordancia con esto -como aquí se ha dicho- está el artículo 22 transitorio que establece la vigencia de las corporaciones, y por este proyecto de ley se les otorga el plazo de un año para que entreguen a las municipalidades todos los bienes muebles e inmuebles que tienen como también para que los profesores se traspasen a las municipalidades.

Por eso, estamos de acuerdo en no apoyar la renovación de este artículo.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, lamento discrepar del argumento dado por mi distinguido colega don Baldemar Carrasco, en el sentido de rechazar la indicación presentada para incluir a las corporaciones educacionales en el inciso primero del artículo 23, fundado en el hecho de que existe un sentimiento generalizado que tiende a que desaparezcan tales corporaciones educacionales creadas por las municipalidades.

Lo concreto y lo real es que ellas existen, para bien o para mal, y en ese sentido, creo que es mucho más concordante y lógica la indicación en los términos que ha sido planteada. Como tenemos que legislar sobre la base de realidades, y no sobre supuestos que uno quisiera que existieran en esta clase de consideraciones reitero que la indicación debería ser aprobada; de los contrario, deberíamos rechazar todo el proyecto sobre Estatuto Docente, porque, fundamentalmente, los que somos contrarios a la enseñanza municipalizada, si en teoría lo somos y aspiramos a que se termine, algún día, obviamente no deberíamos haber aprobado el proyecto sobre Estatuto Docente.

Por tales razones votaré favorablemente a la indicación, puesto que -reitero- es concordante y lógica, y reglamenta una realidad: La existencia de las corporaciones educacionales municipales, para bien o para mal.

He dicho.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, creo que hay consenso entre nosotros, en el sentido de que el actual modelo de gestión comunal de la educación presenta grandes deficiencias y no ha sido el más adecuado.,

Está claro que las corporaciones privadas que han administrado la educación han dado lugar a irregularidades financieras, a grandes deficiencias técnicas y a ninguna participación de los profesores y de la comunidad en la gestión de la educación.

Por otra parte, los DAE -Departamentos de Administración Educacional- también presentan grandes insuficiencias. Tampoco han dado lugar a la participación de los profesores y a una gestión técnica más adecuada, sobre todo en los municipios pequeños.

En conclusión, el actual modelo de gestión requiere de una reformulación de fondo.

El proyecto que hoy día discutimos tampoco apunta a modificar el modelo de gestión de la educación.

En los términos en que está planteado el artículo 23, simplemente representa una medida transitoria que permite asumir el fallo del Tribunal Constitucional, a propósito de la Ley Orgánica de Municipalidades, mediante la cual se establece que no es constitucional el hecho de que los municipios transfieran funciones a organismos privados, y que en la medida en que existían se ha permitido que continúen, pero no se pueden crear nuevos.

Esta medida transitoria del artículo 23, y también de otros -como el 24-, en el sentido de que todas la escuelas se traspasen a los departamentos de administración educacional, es una medida parcial que, sin duda, dará lugar a una reforma mucho más profunda cuando se gestione la educación en las comunas.

En el marco de este proyecto de ley, estoy por aprobar el artículo 23, dejando expresa constancia de que esto no implica compartir el modelo de los DAE, que es tremendamente insuficiente.

Los artículos 23 permanente y 2° transitorio apuntan simplemente, a regularizar una situación que ya fue conocida por el Tribunal Constitucional.

He dicho.

El señor COLOMA(Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, este artículo 23 cae en cierta ambigüedad con respecto a lo que se dispone en el artículo 2° transitorio, que, en la parte final, dice: "...sin perjuicio de que posteriormente se puedan formalizar nuevos convenios compatibles con esta ley", porque el artículo 23 establece que "El ingreso a la carrera docente del sector municipal se realizará por la incorporación a la dotación docente del Departamento de Administración Educacional de la municipalidad respectiva".

Con esto, se produce la inquietud de qué pasa con las dotaciones docentes de las corporaciones privadas, por cuanto no podrían ingresar como titulares y sólo tendrían que hacerlo por la vía de contratos con fecha de término.

Ahí surge la inquietud que están planteando algunos colegas.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidentes- Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 49 votos. Hubo 1 abstención.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Rechazada la indicación.

En votación el artículo 23.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 30 abstenciones.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Aprobado el artículo 23.

En discusión el artículo 24, que se refiere a la dotación docente de cada establecimiento.

Hay una indicación renovada, que el señor Secretario leerá.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La indicación, signada con el número 36, se encuentra en la página 36 del informe, y es para agregar, en el inciso primero, después de la frase "Departamento de Administración Educacional de la Municipalidad respectiva", la frase: "o de las Corporaciones Educacionales privadas creadas por las Municipalidades".

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, como esta indicación es consecuente con lo anterior, propongo a la Mesa rechazarla con la misma votación anterior.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado por el Diputado señor Muñoz Barra.

Acordado.

Rechazada la indicación.

En votación el artículo 24.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 33 abstenciones.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Aprobado el artículo.

En votación el artículo 25.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.

Aprobado.

Artículo 26. Hay una indicación a la que el señor Secretario le dará lectura.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La indicación es para eliminar el artículo 26.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

En discusión el artículo, tiene la palabra el Diputado señor Claudio Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, este artículo, que faculta al Departamento Provincial de Educación, para objetar las dotaciones, a nuestro juicio, es una abierta injerencia en las decisiones propias de los municipios, organismos que, si bien es cierto son corporaciones de derecho público, son autónomos en sus determinaciones.

Para las municipalidades, que hasta hoy día fijan sus dotaciones y hacen sus aportes en forma extraordinaria, de acuerdo con lo que decidan los propios alcaldes, o los consejos el día de mañana, naturalmente esto va a ser una limitante, que inhibirá su actuación, por cuanto quedarán absolutamente sujetos al parecer del Departamento Provincial de Educación.

Por otro lado, pensamos que atenta contra la efectiva descentralización de la educación, sistema que -a nuestro juicio- ha dado buenos resultados, pero que hay que optimizar y no retrotraer, precisamente, a situaciones anteriores.

Por tal motivo, hemos renovado esta indicación. Creemos, firmemente, que el artículo 26 no beneficia de modo alguno al proceso descentralizador de la educación ni tampoco favorece el mejoramiento de la calidad de la misma.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado Señor Bartolucci.

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, éste es uno de los artículos más atentatorios contra el principio de la educación municipaliza- da.

Se ha buscado darle a cada localidad, a cada municipio, la posibilidad de manejar su propia educación. Descentralizar. Que cada ciudad, comuna, urbe o ruralidad determine su proceso educativo. Que fijen cuántas escuelas tendrán; si existirá o no un liceo; que avancen en la ampliación de la educación. En fin, que cada comuna maneje su educación, no un organismo centralizado a nivel regional, ni menos a nivel nacional.

Dentro de esa perspectiva, cuando la educación se administra en cada localidad, corresponde a su municipio fijar el número de sus escuelas y la dotación docente que corresponderá para el buen manejo del proceso educativo.

Este es uno de los artículos que revierte la situación actual, y que más nos vuelve al sistema de centralización; lo que significa no tener ninguna fe, en definitiva, en la comuna, en la municipalidad, en el poder y en la facultad de cada localidad de Chile para decidir su propio destino y fortalecimiento. Hemos radicado la educación en la comuna, sacándola de la centralización. ¿Cómo vamos a quitarle ahora la facultad de establecer cuántas escuelas y liceos tendrá, cómo ampliará su educación y, evidentemente, de qué dotación docente dispondrá? Eso debe quedar radicado en el ámbito de la facultad propia de la decisión de cada comuna.

Por tanto, estamos frente a uno de los artículos que más nos habla y nos muestra aquella luz, que debía encenderse, para advertir que con este proyecto, en algunos aspectos, estamos revirtiendo un proceso de descentralización y avanzando en la localidad fuerte en nuestro país; estamos volviendo al sistema centralizado.

Por eso, apoyaremos la indicación que elimina definitivamente este artículo, por ser realmente atentatorio contra la posibilidad de una real descentralización en nuestro país.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, el colega Bartolucci tiene toda la razón. En lo que se refiere a los diputados de esta bancada, somos absolutamente contrarios a la enseñanza municipalizada en nuestro país. Somos partidarios de que exista un sistema nacional de educación descentralizado.

Por tales razones, e independientemente de las prevenciones que en su oportunidad manifestamos respecto de este proyecto de Estatuto Docente, nos parece que la mantención del artículo 26 es fundamental para que los Departamentos Provinciales de Educación tengan la posibilidad de objetar las dotaciones que, individualmente, hagan las municipalidades. Puesto que, de no ser así, la educación en Chile caerá como en gran medida ya ha ocurrido, en la anarquía más absoluta, ya que las trescientas y tantas comunas del país van a fijar sus propias reglas en materia de educación, y ello, naturalmente dificulta la posibilidad de que, dentro de breve plazo, lleguemos a la creación de un sistema nacional de educación, en las condiciones que el país requiere y el profesorado de Chile reclama.

Por tales razones, señor Presidente, somos contrarios a la indicación y partidarios de mantener el artículo 26 en los términos expresados, por los mismos argumentos planteados por el colega Bartolucci.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, adhiero a la indicación que ha reiterado Renovación Nacional, porque este artículo, como otros, hacen mucho más ilusoria la garantía del proceso de municipalización en el sentido de hacer más flexible el sistema educativo y acomodarlo a la realidad de cada comuna.

También deseo señalar que tanto la aplicación de este artículo como la de los dos anteriores -en esto expreso un criterio contrario al de la Comisión de Educaciones prácticamente ilusoria por la modificación introducida al artículo 56.

Deseo recordar que la matrícula de la educación particular subvencionada ha ido aumentando año a año. Por lo tanto, dejar prácticamente completa la inamovilidad de los profesores provocará graves problemas si este criterio se mantiene.

¿Por qué digo esto? Porque si en una municipalidad de cualquier tamaño, normalmente en una pequeña, se instala un colegio particular subvencionado y éste tiene éxito, muchas veces dejará con menor matrícula a la educación municipal. En tal caso, no se podrá poner término a los contratos de algunos profesores por no establecerlo así el artículo 56. Por lo tanto, las normas de los artículos 25 y 26 son ilusorias, en la medida en que sólo se podrían distribuir profesores dentro de los establecimientos de una misma comuna.

Desearíamos, por supuesto, que los profesores tuvieran el máximo de seguridad, pero a mi juicio estaríamos haciendo un flaco favor al sistema educacional si no permitiéramos esa necesaria flexibilización en relación con la matrícula en los respectivos establecimientos educacionales.

Por lo tanto, por una parte adhiero al criterio de que este artículo 26 centraliza nuevamente la educación y entrega al Ministerio, por la vía de las administraciones provinciales, una manejo excesivo y rígido de la administración educacional; y, por la otra, también considero que los artículos 24 y 25, en relación con el 56, contribuirán simplemente, a que este proceso beneficioso de la administración descentralizada no cumpla su objetivo.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cristian Leay.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, deseo ratificar que el concepto de objetar plantas por parte de la dirección provincial, a nuestro juicio, está completamente reñido con el principio de descentralización que se ha venido implementando.

En la práctica, este artículo significa que el poder central vuelve a intervenir, como amo y señor, en la educación, pues, objeta, mediante resolución que, en los hechos, constituye una sentencia inapelable para el criticado, en este caso, las municipalidades. A nuestro entender las plantas y sus adecuaciones son materias que competen a los departamentos de educación municipal. El jefe provincial y su "staff" deben colaborar con los departamentos de educación, para que éstos resuelvan bien en materia de plantas, y no limitarse sólo a objetarlas a priori.

Al inicio de esta sesión, abordé algunos puntos en una intervención general y señalé que se estaba atentando contra la descentralización que se había imple- mentado. Y daba mis razones. Aquí hay un artículo claro en este aspecto. El señor Ministro me expresó que era preferible que releyera las intervenciones del Ejecutivo en esta materia. Pero, hace un instan-te, un parlamentario ratificó la intención de parte de la Concertación de que haya nuevamente un proceso de centralización educacional, lo que en nuestra opinión, atenta contra la calidad de la educación y contra las funciones que debe cumplir el Ministerio de Educación. Este debe ser un órgano normativo en materias técnico- pedagógicas; pero no debe convertirse en lo que era en el pasado, lo cual provocó el fracaso de la política educativa, cuya cobertura educacional, como promedio de escolaridad no superada el 4° año básico en Chile, no se debe volver a un sistema retrógrado que dejó muchas juventudes sin oportunidades de ingresar a un sistema con alternativa de superación eh la vida.

Esos pasos del pasado fueron negativos, y hay demostraciones claras, en ese sentido. Por el contrario, todo el proceso de descentralización ha sido un aporte significativo en lo que respecta a cobertura educacional.

Hay que mejorar, por cierto, la calidad de la educación. Hoy día ese es un desafío para el Ministerio de Educación y para nosotros, como Parlamentarios. Pero, sin lugar a dudas, si queremos tener calidad en educación hay que seguir con el proceso de descentralización de la misma y no volver a sistemas que ya en el pasado mostraron su fracaso.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, pienso que tal vez podría buscarse otra redacción a este artículo, en el entendido de que su sentido apunta a una suerte de intervención para que no se produzcan situaciones excesivas en la administración de la educación.

La redacción no se aviene con el espíritu del Estatuto, toda vez que deja en la indefensión absoluta la resolución que profesores de un establecimiento, especialistas en la materia, han adoptado.

En el fondo este precepto viene a declarar como en interdicción lo resuelto, supuestamente, por personas responsables. Creo que es demasiado severo el artículo si se entiende que su sentido se orienta a que no se dispare el proceso de la enseñanza, en lo que administrativa o financieramente se refiere, esto es, contrataciones, etcétera. O sea aparece como muy riguroso que, dentro de 15 días hábiles, tanto la fijación como la adecuación de una dotación podrán ser objetadas. Es decir, todo el ambiente de participación considerado en el Estatuto cae de bruces y prácticamente se acaba todo lo que es diálogo, conversación, consenso y colegiatura en el manejo de los asuntos educacionales. Entonces, severamente viene una autoridad del poder central, o del que sea -me da lo mismo- y dice: "¡No señor, se acabó!" Además, se dicta una sentencia -como lo expresó antes el Diputado y se dijo en la Comisión- inapelable, una resolución que establece: "Señor, lo obrado por usted está mal". No me parece que eso se avenga con el espíritu con que se ha estado estudiando este Estatuto.

Creo que esta norma debe existir para los efectos de regular que no se disparen los índices, indicadores, contratos o recursos. Pero, en el fondo, debe ser un poco más atenuada, para que, al menos, vuelva la resolución a un consejo de profesores o a la dirección del establecimiento, con el objeto de que pueda ser reconsiderada esa decisión, porque yo y todos suponemos que los directores obrarán con el mejor propósito. Por lo menos, es necesario que exista una confrontación entre lo obrado por la dirección del establecimiento, cualquiera que ella sea, y la dirección provincial. Aquí se cae en un precipicio si los profesores se han equivocado. A lo mejor, fueron inducidos a error, o no dispusieron de todos los antecedentes. Lisa y llanamente, esto plantea a la propia dirección del establecimiento una crisis de autoridad frente a los profesores, la cual, finalmente, puede derivar en un conflicto de carácter laboral.

Pienso que es demasiado abrupta la sentencia que dispone el artículo 26, y me parece que esto podría afinarse un poco más, a fin de considerar los intereses de todos los sectores.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Juan Martínez.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, en verdad, detrás de las objeciones planteadas respecto de este artículo está una constante de la bancada de Derecha, en cuanto a que el Estado no debiera participar, prácticamente, en la gestión del proceso educativo.

En este sentido, quiero decir que no estamos de acuerdo con esa posición. Creemos que el deber del Estado es velar porque efectivamente la gestión educativa sea la adecuada, la que corresponde a un país como el nuestro, que siempre se ha caracterizado por tenerla en sus más altos niveles, salvo en el período inmediatamente anterior, en el cual, claramente, la educación tuvo un deterioro muy importante. Además, lo que conocemos ahora por educación descentralizada, es decir, la administrada por las municipalidades o por corporaciones privadas, no es un buen ejemplo. No hay ningún elemento que señale que ese sea el camino correcto y adecuado. Distinto es que muchos pensemos que la gestión debiera ser descentralizada, pero por un camino distinto del seguido hasta el momento. Si se mantiene lo que plantea el Estatuto Docente, en el sentido de que la educación en gran medida será municipalizada, el Estado debe tener, por lo menos, un nivel de fiscalización respecto de ella.

La dotación es un punto bastante neurálgico. Tiene que ver con dos elementos: con el uso de los recursos, por un lado, y, por otro, con la calidad misma de la educación. Obviamente, estos dos aspectos deben estar cautelados por un organismo que, a mi juicio, tiene que ser el departamento provincial de educación.

Además, nos estamos refiriendo exclusivamente a un punto muy claro: la objeción a una dotación que se considera inadecuada. Aquí no solo el departamento provincial de educación está fijando la dotación. Se supone, como la bancada de Derecha lo sostiene, que las administraciones municipales establecerán una buena dotación, porque para esa labor cuentan con personal competente y riguroso en esos aspectos. Entonces, obviamente, no tendrán ninguna objeción por parte del departamento provincial. No veo por qué este departamento hará objeciones en detrimento de la posibilidad de educación, o para tratar de disminuir la dotación en algunos casos, si estuviera sobre dotada, no existieran los recursos, etcétera.

Creo que no existe razón valedera, de fondo, para impedir que el Estado, en definitiva, mantenga una tuición sobre estos aspectos.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Escalona.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, más allá de la letra del artículo en discusión, la bancada de la UDI nos ha tratado de convencer sobre dos términos que no son sinónimos. La municipalización no ha sido, en ningún caso, sinónimo de democratización durante el régimen militar. Por el contrario, el solo hecho de que el Jefe de ese régimen haya sido quien nombró directamente a los 315 alcaldes del país, responsables, por lo tanto, de las municipalidades, indica claramente que los municipios dependían de un poder central inequívoco: la autoridad del anterior dictador.

En consecuencia, el proceso de municipalización ha estado lejos de llevar democracia al sistema educacional. Al revés, permitió la configuración de un conjunto de abusos y de arbitrariedades que el artículo 24 contribuye a evitar en el futuro, por la doble vía de la existencia de los departamentos de administración educacional y también por la supervisión que los departamentos provinciales de educación tendrán sobre la dotación docente de los respectivos establecimientos.

En ningún caso estamos reproduciendo lo que la bancada de la UDI ha llamado la "centralización del sistema educacional", por cuanto hay un eslabón del aparato de Estado, los departamentos provinciales -no son el poder central- que, en última instancia, deciden respecto de la dotación docente de los diferentes establecimientos.

Por lo tanto, me permito señalar que aquí más bien se trata de la intención de una imagen publicitaria, a la que aludió el Diputado señor Bartolucci, en cuanto a asegurar que a través de este artículo se encenderían las luces rojas que le indicarían a la Derecha una intencionalidad oculta o subterránea en este Estatuto Docente.

Al respecto, debemos señalar enfáticamente que este Estatuto, al igual que el conjunto de la legislación discutida y aprobada en el país en el curso del último año, ha estado afecto a las reglas del sistema democrático. En primer lugar, a la discusión abierta ante la opinión pública y, luego, a la transparencia, la cual no existió en el régimen anterior; transparencia que, en ningún caso, guió la conducta de los 315 alcaldes designados por el dictador; transparencia que tampoco fue costumbre en el actuar de las direcciones educacionales municipales durante el antiguo régimen, ni tampoco de las corporaciones educacionales.

En consecuencia, aquí no cabe -salvo que se trate de una falacia o de un manifiesto engaño a la opinión pública- hablar de que se están encendiendo las luces rojas, porque estaríamos volviendo a la centralización del sistema educacional. Aquí estamos asistiendo a la discusión de un proyecto de ley que restituye los derechos del magisterio, establece medidas de contrapeso al poder de las direcciones de administración educacional municipal y, además, contempla medidas mínimas que evitan la anarquización del sistema educacional, como ocurrió en el antiguo régimen.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, tienen razón los colegas de la Oposición al señalar que el artículo 26 tiene una idea central maciza y fuerte.

En alguna medida, significa el inicio hacia el futuro de un debate que va a terminar con algo curioso que sucede en Chile: un Ministerio de Educación sin escuelas y sin profesores. Y eso nosotros lo conocimos durante un largo período, llegándose a casos de Ripley, porque el Ministerio del Interior participaba en materias importantísimas en el plano educacional, en circunstancias de que era él por ejemplo, el que autorizaba la creación de universidades en el país.

El Honorable colega Bartolucci plantea la importancia y la trascendencia de la enseñanza municipal. Da la impresión de que las paredes del Congreso fueran muy gruesas para algunos señores parlamentarios, por cuanto no han escuchado el clamor del profesorado que en forma masiva aspira dar término a la educación municipalizada tal como la hemos conocido.

Ella, evidentemente, ha fracasado, y también es evidente que existe interés en hacer una modificación, si nos atenemos a un horizonte de descentralización, en donde de ninguna manera el Ministerio de Educación puede delegar funciones que le son propias e inherentes.

Actualmente el Estado está entregando importantes recursos a las municipalidades y a los departamentos educacionales. Es evidente que el Estado tiene el derecho a observar y a cautelar la inversión de esos recursos. No hay que olvidar que por un mal manejo de la parte económica de la educación durante estos 17 años, hoy se está enfrentando un déficit de más de 7 mil millones de pesos. Se llegó al extremo de que las raciones alimenticias, que tradicionalmente otorgaba la Junta de Auxilio Escolar, en los 2 últimos años no se dieron, incluso en las temporadas de verano, como se hacía habitualmente.

Ahora, ¿por qué tiene importancia que la Dirección Provincial de Educación cautele las platas de los profesores? Porque, evidentemente, existe la experiencia, observada y no subjetiva, de que muchas veces los señores alcaldes efectuaban manejos con las rentas de los profesores a contrata, los cuales tenían connotaciones meramente políticas o de interpretación personal.

Si bien es cierto que el Estatuto Docente fija un sueldo mínimo para todo el país, no olvidemos la experiencia, que puede seguir aplicándose, de los famosos sueldos pactados, que determina que, en algunas circunstancias, los señores alcaldes pueden proporcionar rentas superiores a las que se entregan a otros profesionales que tienen exactamente la misma experiencia, el mismo currículum y la misma antigüedad. Esto lo considero peligroso, porque quienes aplicaron esa política se mantienen en aproximadamente 312 municipalidades del país, por la vía de los alcaldes heredados, ya que el actual Gobierno sólo ha podido designar 17, de la totalidad.

Es efectivo, entonces, que el artículo 26 pretende llevar a cabo un ordenamiento de la conducción y administración del proceso educacional, porque la educación es un todo y, aun cuando ella se desenvuelve en los ámbitos privados, debe cumplir con los intereses y objetivos de un país que tiene que resolver sus problemas sociales y económicos.

He dicho.

El señor DUPRE (vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Smok.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, este tema de la descentralización, que obviamente se aborda en el artículo 26, en discusión, es tan esencial para el proyecto como controvertido ha resultado su debate en esta Sala.

Algunos sectores han dicho que perjudicaría la descentralización, por cuanto se retrocedería hacia una tendencia centralizadora; otros critican que consagra una descentralización municipalizada, donde el gobierno central tendría poca injerencia en aspectos considerados importantes.

Una disposición especialmente polémica para quienes estiman que este Estatuto posee una tendencia centralizadora, es la que le otorga un rol a los departamentos provinciales de educación dependientes del Ministerio de Educación, los que podrían decidir, en última instancia, sobre la dotación de la planta docente de las escuelas municipales. Por las peculiaridades del sector educacional, las políticas descentralizadoras debieran ser conseguidas y evaluadas no como un fin en sí mismas, sino como un medio para obtener determinadas metas relacionadas con la mejoría de la calidad, equidad y eficiencia del sistema educativo. Así, lo más importante no es cuán centralizado o descentralizado se encuentre un sistema, sino cómo el nivel de centralización o descentralización ayuda a mejorar la calidad y equidad de la educación. Sólo desde esta perspectiva se puede definir el rol del Estado, el de los poderes locales y el del sector privado.

Tras una década de implementación en nuestro país de un modelo particular de descentralización, los estudios existentes constatan que éste no ha sido garantía de mejoramiento de la calidad, equidad y eficiencia del sistema educativo. Las evidencias, al contrario, indican que el financiamiento es insuficiente, que los educadores están más preocupados de la obtención de recursos económicos que de los fines propiamente pedagógicos, que los demandantes no poseen la información básica necesaria, que no hay participación real, etcétera. En síntesis, la solución competitiva, tal como se ha implementa- do en el contexto de nuestra educación subvencionada, falla en sus posibilidades de mejorar la calidad y equidad, porque en la práctica no funcionan algunos de los mecanismos y supuestos del modelo de mercado, trasladados en forma mecánica al campo educativo, y porque la demanda educacional no se comporta de acuerdo a lo esperado. Así, la competencia entre escuelas y la participación de los padres no se orienta por criterios de calidad educativa, lo cual genera una serie de postergación de lo pedagógico, interés que debiera ser central en la escuela.

Con lo anterior, no se quiere criticar la descentralización, sino comprender algunos de los puntos débiles de su aplicación, para mejorarla. El desafío es asumir lo que se tiene, explorar sus posibilidades y corregir los errores, a fin de mejorar la calidad de los saberes transmitidos y la equidad de su distribución. Formas institucionales mezcladas pueden tener mayores posibilidades de mejorar la calidad educativa y de ser políticamente, más ricas desde una perspectiva democrática.

El Estatuto Docente está en una perspectiva como la descrita, donde se mezclan disposiciones de carácter descentralizado con otras que se dictan centralmente. Con ello, se corrigen algunos aspectos que han incidido fuertemente en arbitrariedades y en el escaso impacto sobre la calidad. Muchas de sus medidas más bien apuntan a legitimar la descentralización ante el gremio docente, escéptico por las arbitrariedades cometidas en su contra.

En concreto, con respecto al rol de los departamentos provinciales, en cuanto a la fijación de dotaciones, creemos que esta imposición es muy importante, tanto para resguardar la calidad del proceso educativo como para controlar arbitrariedades en los despidos.

Hay que considerar que la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, del 10 de marzo de 1990, establece que las escuelas pueden fijar sus propios planes y programas, lo cual fácilmente podría prestarse para que en algunas la dotación docente sea reducida a un número que afecte significativamente la calidad de la educación ofrecida o, en otras la dotación sea exageradamente aumentada, provocando una situación de desfinanciamiento, que es uno de los elementos por los duales debemos velar.

Hay que destacar, también, que el Estatuto busca evitar las arbitrariedades, política a la que condujo, a veces, la municipalización. Esto, especialmente, a través de los departamentos provinciales, de los consejos provinciales y de los concursos públicos para los profesores.

He dicho.

El señor ROJO.-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, quiero hacer presente que estoy de acuerdo con la supresión del artículo 26, porque, al margen de las razones dadas para ello, existe otra de técnica legislativa.

El artículo 24 señala la norma y dice que la dotación docente debe ser fijada de acuerdo con los niveles y cursos, según el tipo de educación, número de alumnos y modalidad curricular.

Las adecuaciones deben hacerse por la variación en el número de alumnos, por las modificaciones auriculares, por los cambios en el tipo de educación y por las situaciones especiales.

Estas son las disposiciones generales, y no puede establecerse una norma meramente reglamentaria que señale plazos, cuáles deben ser los fundamentos y todo un procedimiento de objeción. Las normas de los artículos 24 y 25 indican expresamente las pautas a que deben estar sujetas las municipalidades, todo ello de acuerdo con un reglamento.

Se ha pretendido, a través de este artículo 26, establecer un control indebido y estatista sobre los municipios, cuando precisamente estamos sosteniendo la necesidad de democratizarlos, de tener poder comunal local efectivo, donde sea la comunidad la que esté actuando a través de estos municipios.

Por estas razones, y por tratarse de una cuestión de principios, estoy de acuerdo con la supresión del artículo 26.

El señor MONTES.-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MONTES.-

A propósito de este tema, sorprende la inconsecuencia de la Derecha. Habla de descentralización, y de autonomía municipal. Pero cualquiera que entienda algo de estas materias sabe que el requisito fundamental de la descentralización y de la autonomía es que haya democracia en las comunas, que las comunidades locales puedan participar en el sistema de decisiones y elegir las autoridades.

Durante 16 años y medio estuvimos con las comunas a cargo de funcionarios del régimen anterior. Durante los nueve meses...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

¡Ruego a los señores Diputados guardar silencio!

El señor MONTES.-

...de este Gobierno democrático, hemos seguido...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

¡Ruego a los señores Diputados guardar silencio!

El señor MONTES.-

Durante 16 años y medio, la descentralización consistió en que funcionarios del régimen anterior, que nadie había elegido, decidieran en nombre de todas las comunidades locales.

Llevamos nueve meses con 310 municipios con alcaldes heredados del régimen anterior y la Derecha quiere que durante 18 meses más hasta junio del 92, sigamos sin elecciones municipales. ¡Cómo pueden hablar de descentralización! ¡Cómo pueden hablar de autonomía! Eso es, más que nada, una gran inconsecuencia. Tienen que definirse si están o no están por la descentralización y autonomía. Lo demás es sólo demagogia.

Aquí se ha cuestionado el papel del nivel provincial en la fijación de las dotaciones en las comunas.

¿Cuál es el modelo actual de decisión en las comunas? Hoy día tenemos un modelo alcaldicio, en que una persona decide en nombre de toda la comunidad local cuál es la dotación, qué se hace, qué, escuela crece, qué escuela se achica. Las corporaciones privadas son manejadas absoluta y discrecionalmente por las autoridades. En ellas hay representantes de las juntas de vecinos, del Club de Leones, pero no representan a nadie, no tienen poder de decisión, no hay ninguna participación efectiva y son una gran farsa. Este sistema, el actual, no ha asegurado ninguna participación; posee bajos niveles técnicos, no permite un aporte real de la comunidad local.

Yo les pregunto a los señores de la Derecha: ¿En qué comuna las especificidades locales, los problemas particulares están recogidos en el sistema educativo, en que hay descentralización y una adecuación de los programas a las distintas realidades locales?

Esto lo dijeron los propios alcaldes del régimen anterior, algunos de los cuales están aquí, en el VIII y en el IX Congreso de Alcaldes.

Ellos mismos se quejan de que no había descentralización y ninguna posibilidad efectiva de influir en la educación.

Creo que tienen un concepto equivocado de descentralización. Cuando uno habla de descentralización, no está hablando de autarquía de las comunas y de las comunidades locales. Tiene que haber un rol de ellas. Hay una autonomía regulada y, en un país unitario, en un Estado unitario como el nuestro, hay políticas nacionales y regionales. ¿Quién podría pensar que las comunas definieran el crecimiento de la ciudad de Santiago? Tiene que haber una política de desarrollo en una ciudad como Santiago. ¿Quién podría decir que las comunas tienen que definir la manera en que se desarrollan las redes de agua y de luz? Tiene que haber una política general para esos efectos. ¿Quién puede decir que la educación y la salud se van a definir sólo al nivel comunal, sin un rol del nivel nacional y del nivel regional? Es fundamental que haya políticas nacionales y políticas regionales.

Actualmente, los municipios administran la educación y la salud, pero no definen la política educativa. Eso es lo que actualmente está vigente. Estimo que el financiamiento de los municipios y de la educación particular exige que el Estado, a niveles nacional y regional, tenga el rol técnico de controlar la evolución de las dotaciones.

Es principio de la descentralización en un país unitario que exista un rol de las comunas, un rol de las regiones y un rol nacional.

En el caso concreto del artículo 26, para el efecto de las dotaciones y del costo que representa la educación para el conjunto de la sociedad, se establece el rol técnico de supervigilancia por parte de las direcciones provinciales. Es absolutamente coherente con un concepto dinámico y moderno y no con el concepto alcaldicio y municipalista de la descentralización.'

He dicho. 

Aplausos en la Sala y en las tribunas.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Reitero a las tribunas que no pueden realizar manifestaciones.

Ruego a los señores Diputados poner atención.

Está planteada la clausura del debate, pero hay 5 ó 6 Diputados inscritos, a quienes propongo dar la palabra por uno o dos minutos a cada uno, de manera de completar ese número de oradores. De lo contrario, votaríamos la clausura del debate.

¿Habría acuerdo para otorgar la palabra por dos minutos a los señores Diputados inscritos?

El señor RINGELING.-

¿Quiénes son los inscritos, señor Presidente?

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

No es procedente votar por la calificación de los nombres.

¿Habría acuerdo para conceder la palabra por dos minutos?

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

No hay acuerdo. En votación la clausura del debate.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 37 votos. Hubo 9 abstenciones.

El señor DUPRE (Vicepresidentes- Rechazada la clausura del debate.

Tiene la palabra el Diputado don Claudio Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, respecto de lo que aseveró el Diputado don Jaime Campos, en cuanto a que con el sistema municipalizado se podría establecer una verdadera anarquía, dado que cada municipio fijaría su propio sistema, quiero señalar que el Honorable colega está en un profundo error, porque la descentralización se refiere a la administración de la educación, no al sistema educativo, cosa muy distinta, el que naturalmente está centralizado en el Ministerio de Educación.

Se ha dicho que se requiere participación y que con este sistema no existiría. La participación, de la que tanto se habla, se produce mediante la descentralización de la educación a través de las municipalidades, porque precisamente son las municipalidades y los consejos de desarrollo comunal los que autorizan la transferencia de dineros, de recursos, para que el sector educacional funcione con mayor eficiencia y eficacia.

Es cierto que hoy día muchas municipalidades enfrentan situaciones de déficit presupuestario. Esto es verdad y nunca lo hemos ocultado. Pero la situación se produce porque la unidad de subvención educacional fue congelada en 1982 y 1983 y posteriormente no fue reajustada de acuerdo con la variación del IPC.

Por eso, es importante que los consejos provinciales de educación no decidan la dotación de las distintas comunas, por una razón muy simple. Evidentemente, será el consejo de desarrollo comunal, en este caso, o el consejo municipal el día de mañana, si así se le quiere llamar, el que decidirá el camino o el destino de los recursos de la municipalidad. Así, cada una de ellas podrá priorizar el sistema educacional de acuerdo con sus objetivos y sus metas.

Es una lástima que se haya llevado la discusión, como en muchos otros proyectos, al problema de la ideologización. Curiosamente, acusan a la Oposición de ideologizar todos los temas; pero es la Concertación la que mira en forma permanente hacia atrás e ideologiza cualquier discusión, debate o análisis, que se realice en la Cámara de Diputados.

Se ha señalado que los profesores piden el término de la educación municipalizada. Lo que realmente solicitan los profesores es que al sector se le den más recursos, para que los profesionales de la educación puedan tener bienestar, mejores remuneraciones y mayor estabilidad. Nuestro desafío no es mirar hacia atrás, porque si fuera así, como aquí se ataca de modo permanente la política que llevó adelante el gobierno militar, perfectamente podríamos preguntar: ¿quién se acuerda de los problemas que existieron antes? ¿Quién se acuerda de los malos sueldos de los profesores y de las largas e innumerables huelgas que efectuaban para poder ser escuchados en el nivel central? ¿Quién se acuerda de que las escuelas no tenían recursos para pavimentar sus patios, para arreglar sus baños, para cambiar siquiera un vidrio? ¿Quién se acuerda de que había profesores que recibían su sueldo una vez al año y tenían que pedir fiado en algunos negocios para alimentarse? Esta situación es verídica y nadie puede desconocerla. ¿Quién se acuerda de la Escuela Nacional Unificada?

Nosotros no queremos mirar hacia atrás. Queremos mirar hacia adelante, porque nuestros desafíos son con el futuro, no con el pasado. Debemos ser capaces de superar los errores del pasado, porque de esa manera, naturalmente, estaremos construyendo un Chile más de todos. Nuestra voluntad no es otra que aportar y colaborar para mejorar las cosas.

Nosotros principalmente, quienes pertenecemos a comunas alejadas del Gran Santiago, solicitamos que las municipalidades decidan su propio destino. El camino seguido por la municipalización de la educación es efectivo y, por lo tanto, debemos hacer el esfuerzo, como país, como Gobierno, como Parlamento, para entregar más recursos al sector educacional.

Esas, en definitiva, son nuestras alternativas, nuestra voluntad, Aquí no hay abuso, arbitrariedades ni falta de transparencia, como se ha señalado de modo insistente. Abuso, falta de transparencia y arbitrariedad, es lo que están cometiendo, precisamente, los alcaldes designados por el señor Presidente Aylwin, al llamar a concursos públicos antes de ser aprobado este proyecto. Es decir, el Parlamento ha sido objeto de una burla que no podemos aceptar ni permitir.

Es lamentable, entonces, que hayamos derivado hacia una discusión que no es central; pero -con esto concluyo- queremos expresar nuestra voluntad, como lo hicimos durante la discusión del proyecto en las Comisiones y en la propia Sala, en su discusión general, de beneficiar a los profesionales de la educación del país, voluntad que entendemos tienen todos los señores parlamentarios.

Podemos disentir, podemos estar en desacuerdo en muchas materias; pero lo importante es que al final estemos todos de acuerdo para que, en definitiva, legislemos de la manera que favorezca al país, a los educadores, a los educandos y, naturalmente, a cada comuna.

He dicho.

Aplausos en la Sala.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Long- ton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, deseo referirme a las palabras vertidas por el Diputado señor Montes, quien parece estar en otra sesión. No sé con qué moral una persona que participó en el nefasto Gobierno de la Unidad Popular, que nos llevó al rompimiento de la institucionalidad, hoy día puede participar y trabajar por una democracia que todos estamos construyendo, pero mirando al pasado.

Ellos fueron los causantes del odio y del desencuentro que se produjo el año 1973, los partidarios de la Escuela Nacional Unificada y, en definitiva de un régimen totalitario. Personas que hoy día rasgan vestiduras por los profesores, quisieron someterlos mediante la implantación de la Escuela Nacional Unificada.

Señor Presidente, pido que subamos el nivel del debate, que seamos consecuentes, que trabajemos por los profesores, que dejemos de mirar hacia el pasado como lo hacen algunos señores Diputados.

Señor Presidente, pido a esos señores parlamentarios que sean consecuentes con sus planteamientos y miremos el futuro, que consideremos a los profesores, a quienes tanto se les debe y por quienes mucho debemos hacer; pero hagámoslo con optimismo, de buena fe, no sigamos buscando y revolviendo ese pasado del cual tantos hoy se lamentan.

Quiero pedirles que dejemos de lado odios, rencillas...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

¡Ruego a los señores Diputados guardar silencio!

El señor LONGTON.-

...conductas todas ellas que fueron causantes, precisamente, de ese régimen del que hoy día tantos se lamentan.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Se ha solicitado nuevamente la clausura del debate.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 31 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

El señor Secretario dará lectura a la indicación al artículo 26.

El señor LOYOLA(Secretario accidental).-

La indicación tiene por finalidad eliminar el artículo 26.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 48 votos. No hubo abstención.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Rechazada la indicación.

En votación el artículo 26.

Un señor DIPUTADO.-

Con la misma votación.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobará con la votación inversa.

Un señor DIPUTADO.-

No.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 30 votos.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Aprobado el artículo 26.

Se suspende la sesión por 10 minutos y se cita a los Comités a una reunión en la Sesión de Lectura.

Se suspendió a las 18.22 y se reanudó a las 18.45.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Los Comités parlamentarios han acordado que en el tratamiento y despacho del resto del proyecto puedan hacer uso de la palabra hasta seis señores Diputados, por dos minutos cada uno, en los artículos en que se estime adecuado hacerlo. Se deja al criterio de la Mesa la posibilidad de permitir redondear las ideas, en caso de que lo planteado por el Diputado que está haciendo uso de la palabra así lo requiera. Esto regirá tanto para los artículos permanentes como para los transitorios.

Si le parece a la Sala, así se procederá.

Acordado.

El señor Secretario va a dar lectura a la indicación al artículo 27.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La indicación tiene por finalidad eliminar el inciso final.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Este artículo se refiere a la forma de ingresar a la dotación de un establecimiento del sector municipal y a los requisitos necesarios para ello. La indicación consiste en eliminar el inciso final, relativo a los extranjeros que, cumpliendo con los requisitos, quieran postular.

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOH.-

Señor Presidente, quiero formular algunas observaciones respecto del artículo 27. No me parece que deba exigirse el requisito de ser ciudadano, pues, a mi juicio, puede ser un extranjero que reúna los requisitos para participar en otro tipo de actos a los que pueden acceder los ciudadanos, como por ejemplo, el derecho a votar. Además, esto no debería ser discrecional para la autoridad. Tampoco comparto la indicación por cuanto ella hace aún más restrictiva la disposición.

El señor MUÑOZ BARRA.-

¿Me permite una interrupción señor Diputado?

El señor SCHAULSOHN.-

No sé si se puede, según el acuerdo de los Comités. Entiendo que no. Yo no tengo problema.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

De conformidad con el acuerdo de los Comités, no se pueden conceder interrupciones, pero el señor Diputado puede hacer uso de la palabra después.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, seré muy breve para ajustarme al acuerdo de los Comités.

No entiendo por qué una persona procesada no puede ingresar a la dotación de un establecimiento. Lo favorece una presunción de inocencia, pues el mero hecho del procesamiento no implica que uno sea responsable o culpable de un crimen o simple delito.

De modo que, en mi concepto, este artículo 27 tiene gravísimos defectos que no se subsanan con la indicación. Los quiero hacer presentes y manifestar que me parece inconveniente la forma como está redactada la disposición.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Sólo deseo hacer una aclaración al Diputado señor Schaulsohn. No se exige ser ciudadano, porque la norma señala que solamente deben cumplir los requisitos de los números 3, 4 y 5; es decir, no está incluido el N° 1 en el caso de los extranjeros.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

El señor ESTEVEZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Solamente para señalar que, según esta indicación, don Andrés Bello, entre otras personas, no habría podido ser profesor en Chile. Igual habría pasado con Sarmiento y con otras personalidades. Me parece que la indicación presentada es un poco de troglodita.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 37 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Respecto de la observación formulada por el Diputado señor Schaulsohn, no sé si plantea que se voten algunos requisitos aparte o en conjunto.

El señor SCHAULSOHN.-

En conjunto, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo 27.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 22 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 27.

Los artículos 28 y 29 fueron aprobados reglamentariamente.

Corresponde votar, sin discusión el artículo 30, que señala que el ingreso a una dotación docente en calidad de titular se hará por medio de un concurso público.

El señor Secretario dará lectura a una indicación renovada.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La indicación está signada con el N° 44 y se encuentra en la página 37 del informe. Dice: Para que se agregue, después de la palabra "municipalidad", las expresiones "o por la Corporación Educacional privada respectiva".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La idea radica en que el concurso lo hace la municipalidad o la corporación.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 26 votos; por la negativa, 41 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Si le parece a la Sala, se podría aplicar la misma votación para el artículo.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No hay acuerdo.

En votación el artículo 30.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 27 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 30.

Corresponde discutir el artículo 31, el cual fue modificado. Se refiere a la fecha en que se convocará a concurso: los meses de marzo y diciembre.

El señor MUÑOZ BARRA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Solamente deseo interpretar un sentir que quedó flotando en la Comisión de Educación en la oportunidad en que se discutió este artículo. Se trata de con-seguir el asentimiento unánime de la Sala -ese sería el procedimiento reglamentario- para reemplazar las palabras "marzo y diciembre" por "abril y noviembre". Los meses de marzo y diciembre no son los más aconsejables para que los profesores puedan postular en los diferentes concursos o trasladarse de lugar, pues en marzo están preocupados de la organización del sistema educacional del año y, en diciembre, del proceso de evaluación. Por ello, se pensó cambiar en la Sala los meses de "marzo y diciembre" por "abril y noviembre", para lo cual se requiere el asentimiento unánime.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Habría acuerdo para acoger el planteamiento del Diputado señor Muñoz Barra?

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, resulta evidente que estamos frente a un problema. Al parecer, no es tan fácil ponerse de acuerdo sobre la marcha acerca de los meses. Propongo aprobar el artículo y confiar en que en el Senado se modifique algo que no tiene mayor trascendencia y que concita el acuerdo de todas las partes interesadas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, sin perjuicio de estar completamente de acuerdo con el Diputado señor Schaulsohn, deseo señalar que, en verdad, resultaba difícil ponerse de acuerdo en los meses, por cuanto noviembre es la fecha en que está terminando el período, prácticamente, desde el punto de vista del trabajo final de los profesores, en cuanto a las pruebas, los exámenes y otras cosas. En consecuencia, no es un mes adecuado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entonces, en votación el artículo. Podrá corregirse en el Senado. El Gobierno puede hacer alguna indicación.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Pero, ¿usted consultó si había unanimidad o no?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No; hubo unanimidad en cambiar los meses; pero no hay acuerdo en los propuestos por Su Señoría. Ese es el problema. Si usted o alguien hiciera otra propuesta, a lo mejor se pudiera encontrar el consenso.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Pero, Su Señoría, ¿quién se opone a los meses de abril y noviembre?

El señor ULLOA.-

Yo me opongo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

Corresponde, a continuación, votar sin discusión el artículo 32, que se refiere a las comisiones calificadoras de concursos por comuna.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

En seguida, el artículo 33 a cómo se definen por las comisiones los concursos de antecedentes, para ingresar como titular a una dotación.

Sobre él hay dos indicaciones renovadas, a las que dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA(Secretario accidental).-

La primera se encuentra en la página 38 del informe, está signada con el número 48 y es para agregar, en la letra

a), después del punto, lo siguiente: "o un representante de la Corporación Educacional Privada, designado por su administrador según sea el caso".

La segunda dice. "Agregase a las letras b) y c) del artículo 33, suprimiéndose el punto final correspondiente, la siguiente frase: "y que cumplan con una antigüedad de al menos 3 años de ejercicio profesional en la comuna y que tengan una evaluación en primera lista, según se señala en el artículo 21".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ofrece la palabra.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, tengo una observación que es más bien de procedimiento. Creo que no tiene sentido votar una y otra vez el tema de la corporación educacional; sería contradictorio con todo lo que hemos aprobado antes. Sugiero, para no demorar la tramitación, que demos por rechazada la indicación. No sé si esa expresión aparece más adelante en el proyecto.

La pregunta que tengo que hacer, para claridad de lo que vamos a votar, es si el requisito que se establece a continuación está relacionado con el representante de la corporación educacional.

¡Ah, es el de los pares!

Entonces, propongo que se dé por rechazada la primera parte, dividamos la cuestión y votemos sólo el tema del requisito.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, quiero referirme a la segunda indicación, que se refiere a los integrantes de las comisiones calificadoras de concursos de carácter permanente, particularmente a lo que se indica en las letras b) y c), en cuanto a ubicar a estas personas o a seleccionarlas por sorteo entre los pares.

La verdad es que un sorteo no es la modalidad más adecuada para definir una comisión de tanta trascendencia para los efectos de esta ley. Por ello, mediante esta indicación se ponen dos exigencias mínimas. Una, que estas personas cumplan, al menos, con tres años de ejercicio profesional en la comuna respectiva y que, además, tengan una evaluación en primera lista, como lo indica el artículo 21 de la ley en comento. De esta manera, las comisiones tendrían, por lo menos, un "piso mínimo", en cuanto a la definición de sus integrantes; en caso contrario, por la vía del sorteo podría quedar, por ejemplo, un par que esté -por así decirlo- muy mal calificado.

Ese es el sentido de la indicación, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Creo que está claro. Podemos votar la primera indicación, que se refiere a añadir en la letra a) un representante de la corporación educacional privada.

Un señor DIPUTADO.-

Pero eso se proponía con lo demás, pero referido a "de aquí en adelante".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Depende, ese es un planteamiento. El Diputado señor Schaulsohn ha planteado que donde quiera que aparezcan las corporaciones municipales privadas se den por rechazadas en este contexto. Pero no sé si ese es el criterio de la Sala.

Tiene la palabra el Diputado señor Masferrer.

El señor MASFERRER.-

Señor Presidente, esta indicación fue presentada para que puedan postular los maestros a las corporaciones educacionales privadas, dado que la misma ley establece que habrá un año para devolver los establecimientos a las municipalidades. Me gustaría que, por su intermedio, se consulte al señor Ministro acerca de cómo ingresarán esos maestros a la dotación si van a continuar las corporaciones en el transcurso del año.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entiendo que lo que aquí se conforma es la comisión calificadora y no los requisitos para ingresar.

Tiene la palabra el Diputado Valcarce.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, no es por majadería que incorporamos las corporaciones educacionales privadas; lo que sucede es que hay un lapso durante el cual éstas, de una u otra manera, necesitarán contratar gente, y es necesario dejar establecido aquí, o en alguna disposición transitoria, que debe estar para la selección del personal, el director administrativo de la corporación. Esa es la razón por la cual propone este agregado.

Sin embargo, señor Presidente, es necesario destacar que, lamentablemente, en la Comisión no pudimos analizar con mayor profundidad este artículo, porque presentará problemas. Por ejemplo, no señala la categoría de profesores que se contratarán. Me refiero, por ejemplo, a los directores de escuela. No se sabe si los docentes son los que elegirán a los directores cuando una municipalidad necesite contratarlos. En definitiva, contiene, una serie de vacíos que, lamentablemente, tendremos que dejar ahora, para examinarlos con el apoyo del Senado y mediante una indicación del Ejecutivo; porque, en caso contrario, no armonizará en la normativa del Estatuto Docente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Pero ahí se dice que es para el ingreso de los titulares a la dotación de cada establecimiento; no para la designación de los cargos de autoridad.

El señor VALCARCE.-

Sí, ¿pero cuando se contraten personas en cargos técnicos?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Puede ser por la vía del contrato.

Señor Presidente, el Diputado Valcarce dice que, en el fondo, aquí se produce un vacío en la composición de la comisión que resolverá los concursos para ocupar cargos docentes en la enseñanza media, enseñanza básica y prebásica y docente directivos. Efectivamente, porque, por ejemplo, se establece que la comisión calificadora estará compuesto por á) "Un representante del Departamento de Administración Educacional Municipal, designado por el Director del mismo". Está bien. Pero luego se dice: "b) Dos directores de establecimientos de la comuna y nivel correspondiente a la vacante concursable, de los cuales uno será el director del establecimiento materia del concurso y el otro será elegido por sorteo entre los pares". Ello suponiendo que el cargo al cual se postula es el de director, lo que también sería razonablemente aceptable; pero, enseguida, la letra c) dispone: "Dos docentes elegidos por sorteo entre los pares de la especialidad de la vacante a llenar". ¿Qué significaría esto? Que personas, profesores que puedan, finalmente ser inferiores al rango de director decidirán sobre los directores. Creemos, de verdad, que aquí se produce un vacío, porque en esta materia no existe una relación correcta entre quienes deben formar parte de la comisión calificadora de concursos. Tampoco está claro el problema del jefe del departamento de administración de educación municipal. La idea era tratar de contemplar el máximo de posibilidades; pero hay que reconocer que, probablemente, debido a la premura con que hubo que analizar este proyecto, quedó fuera esta situación que produce un vacío. Pareciera que la única posibilidad es que en forma unánime se pudiera introducir una enmienda para subsanar esta situación, o bien dejarla para que se encargue de ella el Senado.

Creemos que las indicaciones presentadas por el Diputado señor Horvath vienen a complementar de manera muy efectiva y eficaz la proposición hecha por los parlamentarios de la Comisión de Educación, en cuanto a darle una mayor transparencia a la comisión calificadora de concursos, puesto que lo que establecía el proyecto del Ejecutivo era diferente a lo que finalmente salió de la Comisión. De ahí, entonces, que consideramos necesario aprobar las indicaciones.

Pero, resumiendo, señor Presidente, lo que más nos interesa es que aquí, en este artículo, lamentable e involuntariamente, se produjo un vacío con relación a los docentes superiores.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Baldemar Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, nos oponemos a la primera indicación, porque no pueden quedar, como miembros permanentes de esta Comisión, representantes de una institución que va a desaparecer, como son las corporaciones privadas de desarrollo. Toda esta materia referida a esas corporaciones debiera quedar en un artículo transitorio.

Nada más.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, para los efectos de la historia de esta ley, debo manifestar que los artículos 30 y siguientes, y en particular el artículo 33 que discutimos objetivamente, incorporan normas que mejoran el sistema actual de la carrera docente.

Sin embargo, y tratando de ser lo más franco y realista posible, y para no llamar a engaño a nadie, creo que la carrera docente que consagran estos artículos dista mucho de constituir una carrera funcionaría integral de carácter nacional. Ello por una razón muy obvia: al no existir un sistema nacional de educación es imposible que la carrera funcionaría pueda tener un alcance nacional integral, toda vez que se mantiene la municipalización de la enseñanza y las municipalidades siguen manejando en forma autónoma la educación en cada una de sus comunas. Esta situación queda claramente reflejada en el artículo 33, que señala a los integrantes de las comisiones exclusivamente de carácter comunal, que se encargarán -reitero- de resolver los concursos.

Luego, señor Presidente, para que los profesores no se hagan demasiadas ilusiones, en el sentido de que van a tener una carrera funcionaría como la que existió en el pasado, simplemente hago esta prevención, que constituyó uno de los fundamentos que en su oportunidad me llevó a no votar favorablemente la idea de legislar sobre este proyecto. Sin embargo, hoy, en su discusión particular, votaré favorablemente, con las reservas del caso.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Bien.

En votación la primera indicación por la que se añade un representante en las corporaciones privadas que menciona la letra a).

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 50 votos. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

En votación la indicación que añade algunos requisitos de idoneidad a las letras b) y c) del artículo 33.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 45 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

En votación el artículo 33.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 32 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 33.

El artículo 34 se vota sin discusión. Se refiere a ciertos requisitos que deben cumplir los postulantes a cargos directivos y docentes directivos.

Si les parece a los señores Diputados, se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

El artículo 35 se refiere a quienes administran estos concursos en las municipalidades.

Hay una indicación que leerá el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La indicación, signada con el número 52, en la página 39 del informe, es para agregar, después de la frase "Departamento de Administración de Educación Municipal", lo siguiente: "o las Corporaciones Educacionales Privadas creadas por las Municipalidades, organismos que podrán....".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, procederemos como ha indicado el Diputado señor Schaulsohn y daremos por rechazada esta indicación con la misma votación anterior.

Rechazada.

En votación el artículo 35.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 26 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 35.

En discusión el artículo 36, que se refiere a quien asume la dirección de los departamentos de administración educacional municipal. Hay una indicación renovada, a la que el señor Secretario dará lectura.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

Para agregar la siguiente frase entre las palabras "....de la educación..." y "...con especialidad en administración educacional..." "...con al menos cinco años de antigüedad en el ejercicio de la profesión y..."

El señor HORVATH.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, el objetivo de la indicación es establecer, al menos, algún requisito para la persona que va a ocupar la dirección del departamento de administración educacional municipal.

Este es un cargo de relativa jerarquía, que debiera ser aceptado, desde el punto de vista técnico, por parte de los profesores de la respectiva comuna.

La indicación solamente señala que, al menos, quien lo asuma tenga cinco años de antigüedad en el ejercicio de la profesión. Es un mínimo objetivo que garantiza que la persona sabe algo de la actividad.

Ese es el sentido de la indicación. No me referiré a la intervención que hice en la discusión general sobre este punto, pero -reitero- esta dirección debiera tener una jerarquía mayor y también ser más independiente de la autoridad municipal.

He dicho.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, para manifestar mi concordancia con la indicación presentada por el Diputado señor Horvath. Un cargo tan importante como el de director del departamento de administración educacional municipal amerita acumular cierta experiencia.

Por eso, la indicación es lógica, justa y válida.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Es sólo para expresar mi concordancia con la indicación formulada.

El señor DEVAUD.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, deseo manifestar que estoy de acuerdo con la redacción del artículo. Por lo tanto votaré en contra de la indicación propuesta, ya que me parece suficiente exigencia el ser un profesional de la educación con especialidad en administración educacional.

Vale la pena recordar que, en un período no muy lejano, los departamentos de administración educacional fueron administrados por personas ajenas a la educación, como es el caso de ingenieros comerciales, y no se les exigían requisitos de esta naturaleza. Para mantener flexible el sistema, estoy de acuerdo en que debe tratarse de un profesional de la educación, con especialidad en administración educacional. Pero me parece excesiva la pretensión de que, a la vez tenga 5 años de experiencia en estas materias.

He dicho

El señor CAMPOS.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, la indicación es pertinente. Sin embargo, como no está en los antecedentes que nos entregaron y se trata de una intercalación, quiero plantear una prevención de redacción. No vaya resultar que al incorporar el requisito de 5 años de antigüedad, dicha exigencia quede circunscrita a 5 años de experiencia en la especialidad de administración educacional. En ese caso, la disposición quedaría establecida sólo en favor de quienes administraron la educación comunal durante el régimen pasado. Se trata de 5 años en el ejercicio de la profesión de profesor.

El señor MUÑOZ BARRA.-

O experiencia docente.

El señor CAMPOS.-

Es una prevención, considerando que se trata de una intercalación, hay que tener cuidado. Por eso lo hice presente.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, votaré en contra de la indicación, porque me parece excesivo el requisito adicional de los 5 años de antigüedad. El artículo exige que además de ser un docente, tenga la especialidad en administración educacional. Es un requisito suficiente para ejercer la dirección. En todo caso, como se llamará a concurso y se ponderarán los antecedentes, si hay un profesional que presente mejores antecedentes que otro, aun cuando tenga una antigüedad menor, deber ser nombramiento en el cargo.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero consultar al señor Diputado Informante de la Comisión de Educación si tiene antecedentes sobre cuántos son los profesionales de la educación actualmente en ejercicio con especialidad en administración educacional, y cuántos de ellos tienen, adicionalmente, 5 años de ejercicios de la profesión. La idea del artículo 36 es muy precisa y loable: que la administración educacional esté en manos de profesionales de la educación con la especialidad correspondiente. Pero como estamos hablando de los departamentos de administración educacional municipal, de las 320 municipalidades del país, se requerirán por lo menos, 320 profesionales de la educación con especialidad en administración educacional y, virtualmente con 5 años de antigüedad en el ejercicio de la profesión. Por ello, deseo tener una información más precisa, porque dudo de que en el país existan en este momento, tantas personas con esta calificación, por lo que podríamos está aprobando una norma que no tendrá aplicación práctica, por el hecho de que no habría postulantes suficientes para acceder a estos cargos.

Antes de tomar una decisión respecto de este artículo, deseo saber si es posible que el Diputado Informante de la Comisión de Educación nos diga cuántos son los profesionales que reunirían las calificaciones requeridas por este artículo y por la indicación formulada para acceder a los cargos de directores de los departamentos de administración educacional municipal o si existe en el articulado transitorio alguna disposición que contemple la posibilidad de que, mientras se forman dichos profesionales, exista una norma que posibilite que otros profesionales, de la educación o no, puedan asumir estos cargos directivos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ya han hablado más de 7 parlamentarios, lo que excede el acuerdo de los Comités, pero puede responder el señor Diputado Informante.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Lo que puedo informar al Honorable señor Diputado es que cuando se habla de 5 años -así lo entiendo- ellos están referidos a experiencia docente; no se está señalando 5 años de experiencia en la especialidad de administración educacional.

Sobre la base de esa precisión, puedo decirle que debe haber, por lo menos, sobre 10 mil profesores con una antigüedad muy superior a los 5 años.

El señor PALMA (don Andrés).-

¿Cuántos tienen la especialidad de administración educacional?

El señor MUÑOZ BARRA.-

No sé si el señor Subsecretario o el señor Ministro podrían precisar la cantidad; pero hay un número importante de profesores con especialidad en administración educacional.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 49 votos. Hubo una abstención.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Rechazada la indicación.

En votación el artículo 36.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 31 abstenciones.

El señor DUPRE (Presidente).-

Aprobado el artículo 36.

El artículo 37 está aprobado. Solamente habría que cambiar su numeración.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

La redacción del artículo 37 es muy curiosa. No queda claro que "tendrán derecho a la estabilidad en el cargo mientras no deban cesar...", etcétera. Creo que la redacción es poco feliz. No sé si la Mesa, en uso de sus facultades o en el segundo trámite pudiera modificarla; pero, por lo menos, hago presente que no es la forma más correcta de expresar la idea.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, solamente desde el punto de vista de la redacción, la Mesa podría quedar facultada para revisarla.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Hay una indicación de la Comisión de Hacienda al artículo 38, a la que el señor Secretario dará lectura.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La indicación de la Comisión de Hacienda es para sustituir el artículo 38 por el siguiente:

"Los profesionales de la educación tendrán derecho a una remuneración básica mínima nacional para cada nivel del sistema educativo, en conformidad a las normas que establezca la ley, a las asignaciones que se fijan en este Estatuto, y sin perjuicio de las que se contemplen en otras leyes. "Se entenderá por remuneración básica mínima nacional, el producto resultante de multiplicar el valor mínimo de la hora cronológica que fije la ley por el número de horas para las cuales haya sido contratado cada profesional".

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, como Diputado Informante de la Comisión de Hacienda, tengo que representar a esta Corporación el hecho de que, a juicio de nuestra Comisión, la modificación que la Comisión de Educación introdujo al proyecto original requiere patrocinio del Ejecutivo. La inclusión de determinados tipos de asignaciones involucra un mayor gasto, y la introducción de otras normas allí tipificadas implica una modificación en el sistema de cálculo de las remuneraciones también en el sector privado. Ambas materias requieren de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y no pueden ser introducidas legislativamente solo mediante proposición parlamentaria.

Al respecto, la Comisión de Hacienda, por el hecho de tener el mismo nivel que el de la de Educación, no puede modificar, desde el punto de vista de la admisibilidad, un acuerdo de esta Comisión.

Como ello se va a repetir en otros artículos del proyecto, la Comisión de Hacienda tomó el acuerdo unánime de oficiar a la Mesa de la Corporación para que se pronunciara sobre la admisibilidad o no de las modificaciones introducidas a este artículo y a otros, por la Comisión de Educación. Del oficio se dio cuenta en la sesión de esta Cámara, realizada en la semana anterior a la Navidad. La Comisión de Hacienda aún no ha obtenido respuesta.

En primer lugar, como Diputado Informante de la Comisión de Hacienda -insisto- solicito un pronunciamiento de la Mesa de la Corporación sobre la admisibilidad de los cambios introducidos por la Comisión de Educación al artículo original del proyecto.

En segundo lugar, deseo informar que, en definitiva, la modificación que por unanimidad introdujo la Comisión de Hacienda, aunque el artículo fue aprobado por mayoría de votos, dispone a diferencia de la de Educación, que pueden existir asignaciones que deben ser establecidas por leyes, pero no define cuáles son las que ajenas a este Estatuto, recibirían los profesionales de la educación.

Quiero conocer, entonces, el pronunciamiento de la Mesa de la Cámara sobre la materia que la Comisión de Hacienda, por unanimidad sometió a su consideración.

He dicho.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

No hay inconveniente, señor Diputado; pero me gustaría que continuáramos el debate porque, como recién he llegado, preferiría revisar la situación de los diferentes informes que se han recibido en la Mesa en relación con esta materia, para los efectos del pronunciamiento.

El señor PALMA (don Andrés).-

El informe de la Comisión de Hacienda no acaba de llegar, señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidentes- Efectivamente, pero me refiero al Presidente de la Cámara. Ha llegado el informe recientemente y, por tanto, el estudio de este artículo, para un pronunciamiento sobre admisibilidad requiere, por lo menos, un mínimo de análisis.

Tiene la palabra el Diputado Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, deseo consultar cuál es la opinión del Presidente de la Comisión de Hacienda respecto de la admisibilidad o no de este artículo.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

El Presidente de la Comisión de Hacienda no está presente; pero en el oficio se encuentra contenida la opinión de esa Comisión, que es la que ha planteado el Diputado señor Andrés Palma y que según lo que él ha indicado, responde al criterio unánime de los integrantes de la Comisión de Hacienda.

Tiene la palabra el Diputado Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, efectivamente, el punto en discusión es la interpretación de la frase que adicionó la Comisión de Educación y que dice: "como también aguinaldos, asignaciones familiares, asignaciones de zona, asignación de movilización y otros...", frase que no está en el proyecto del Ejecutivo y respecto de la cual el Presidente de la República formuló indicación para suprimirla.

Si esa frase se interpreta sólo como que es compatible con otras leyes que den estas asignaciones, entonces es plenamente admisible lo que la redacción propuesta establece al señalar "sin perjuicio de las asignaciones que se contemplen en otras leyes".

Si la idea de la Comisión de Educación es determinar cierto grado de obligatoriedad, de que existan también estas asignaciones, entonces resulta evidente que con ello está extendiendo beneficios y no es algo propio.

En respuesta a lo que consultaba el Diputado señor Schaulsohn, la Comisión de Hacienda no ha estimado conveniente pronunciarse como tal sobre la admisibilidad de indicaciones hechas en otra Comisión, para mantener la autonomía de trabajo de cada una, sino que ha optado por traer el problema a la Sala y pedir al Presidente de la Cámara que se pronuncie. Para ello, no procede como Comisión de Hacienda, porque, en efecto, esto fue debatido y aprobado por la de Educación.

Pero quiero reiterar que el problema radica en la interpretación del agregado de la Comisión de Educación. Si la interpretación correcta se refiere sólo a que es compatible con la asignación de zona y otros, entonces proponemos la redacción de Hacienda que dice: "sin perjuicio de las que se contemplen en otras leyes", frase que la enfatiza.

Si lo que se pretende, por el contrario, es darles, cierto carácter forzoso a las otras asignaciones, sería inadmisible.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Desea hacer alguna aclaración sobre esta materia el Diputado señor Muñoz Barra, Presidente de la Comisión de Educación?

El señor MUÑOZ BARRA.-

Me parece que la redacción propuesta por el Diputado señor Estévez podría zanjar la duda sobre la admisibilidad de la indicación, porque, efectivamente, la expresión' "aguinaldos" podría interpretarse como no admisible. Por eso, estimo que la redacción que el colega enunció verbalmente podría solucionar el problema de este artículo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, podríamos someter a votación la redacción de la Comisión de Hacienda, con lo cual se obvia el problema.

El señor BOMBAL.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, me parece que la Comisión de Hacienda ha propuesto una buena y muy razonable redacción al incorporar el criterio general que predominó en la Comisión de Educación. A mi modesto entender, es perfectamente compatible con lo que se discutió en la Comisión.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la redacción propuesta por la Comisión de Hacienda, en su segundo informe.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

El señor VALCARCE.-

No hay unanimidad. Yo me abstengo, como todos los que representamos a una zona.

El señor SMOK.-

Yo también me abstengo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ruego a los señores Diputados que se abstengan, que manifiesten su decisión.

Si le parece a la Sala, se aprobará la redacción propuesta por la Comisión de Hacienda en su segundo informe, con diez abstenciones.

Aprobada.

El artículo 39 está aprobado.

El artículo 40 tiene una indicación renovada, a la cual dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

Agregase la siguiente frase en el artículo 40, entre las palabras "febrero" y "sin embargo" "de dos semanas, en el período de invierno y una semana en el mes de septiembre".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se refiere al feriado de los profesores.

El señor HORVATH.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor HORVATH.-

En realidad, la idea se refiere a la interrupción. Se trata de consagrar en la ley una práctica habitual de los profesores, de manera que queden explícitas las dos semanas del período de invierno y la del mes de la Patria. Esa es, mi aclaración.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Smok.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, sin entrar al fondo del asunto, en el sentido de apreciar si los profesores tienen o no suficientes vacaciones, el problema de este artículo es que establece un período específico de vacaciones durante el año, que se contrapone con programaciones docentes conocidas, como las de los colegios que dan vacaciones al final del trimestre; es decir, establece un nivel de rigidez incompatible con la libertad de proyecto educativo de cada establecimiento; por tanto, no estoy de acuerdo con la indicación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 57 votos. Hubo 11 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Corresponde ahora votar el artículo 40.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Es más simple consignar los votos negativos y las abstenciones, si la hay.

Aprobado entonces el artículo 40, con 3 abstenciones.

En discusión el artículo 41, sobre la destinación de los profesores de un establecimiento educacional a otros dependientes de la municipalidad o relacionados con la misma.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, como Diputado integrante de la Comisión, lamento profundamente que le Ejecutivo haya logrado reinsertar la indicación original, que voté por supuesto en contra, y que permite a los alcaldes tener la facultad, prácticamente discrecional, de reubicar a los profesores en los establecimientos educacionales de la comuna que ellos dirigen.

Esto significará que los alcaldes, autoridades eminentemente políticas en cualquier régimen, podrán efectuar, sin duda alguna, movimientos que no tengan un carácter netamente profesional, llevando, por ejemplo, al profesor del medio urbano a un sector rural. De esta manera, el alcalde tiene un arma de presión psicológica permanente respecto del profesorado.

No quiero redundar mayormente en el análisis de este artículo, pero quiero manifestar a los Honorables colegas que su aprobación en la forma propuesta por el

Ejecutivo, frustra las aspiraciones que habían cifrado los maestros en la indicación original que había redactado la Comisión de Educación. De esta manera, el Estatuto se desdibuja en una parte muy importante, como es la tranquilidad que requiere un profesor para el desempeño de sus labores.

El hecho de que un alcalde pueda trasladar a un profesor del medio urbano a un sector rural, cuando tiene su hogar, a sus hijos estudiando en diferentes establecimientos educacionales del lugar, es de una gravedad que, me parece a mí, podría remeditarse en las instancias posteriores de la discusión de este proyecto.

Este pensamiento es del Diputado que habla, en su calidad de simple integrante de la Comisión de Educación, con lo cual también estoy interpretando el sentir de la bancada radical.

El señor VALENZUELA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, la bancada Socialista-PPD, acogió y votó favorablemente este artículo 41 en la Comisión, porque hay que entender que el Estatuto Docente debe concordar con las disposiciones del Código del Trabajo, que no son contradictorias con él. Al respecto, hay que concordar el precepto en debate con lo dispuesto en el artículo 12 del Código del Trabajo que, de una u otra forma, establece que para trasladar al trabajador de un lugar a otro, se requiere cumplir con algunos requisitos, como que las funciones sean de la misma naturaleza, que no cambie de ciudad y, además, que no le cause agravio. De esta manera, un profesor tendría el mismo derecho de un trabajador particular de apelar de la resolución ante la Inspección del Trabajo y, en seguida, hacerlo ante el tribunal competente.

Nosotros creemos que está debidamente resguardada la posibilidad de ser destinado arbitrariamente.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, muy breve, porque el Diputado Valenzuela me ha interpretado plenamente.

Esta disposición es concordante con las normas que rigen, por lo demás, a toda la administración pública y también a la empresa privada: se puede ser trasladado por resolución fundada, previa consulta al profesional respectivo.

Tal vez, en el segundo trámite se podría introducir algún mecanismo de revisión o de apelación. A mí me parece que eso es razonable y adecuado; pero no se puede sostener, a mi juicio, el principio de que un funcionario, de ninguna naturaleza, no puede ser trasladado dentro del radio geográfico dentro de la municipalidad o de la repartición en la cual trabaja, porque eso incorpora un elemento rígido, que puede afectar la correcta administración de la educación.

Además, esto es bastante concordante con un artículo que viene más adelante, que otorga el derecho a permuta con la sola petición del interesado. En su momento tendremos que discutirlo, pero si se es partidario de ese derecho, mal puede uno negarse a un mecanismo de traslado, con los resguardos que se otorgan en el artículo 41.

En síntesis, me parece justa y razonable la disposición, pero sería importante considerar un mecanismo de apelación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, concuerdo con lo expresado por el Diputado Muñoz Barra en el sentido de que trato de decir las cosas como yo las entiendo y para que lo sepa el sector afectado- si aprobamos este artículo 41 en los términos que nos ha sido señalado, la estabilidad en el cargo no va a existir, toda vez que, en definitiva los profesores quedarán entregados a los arbitrios del alcalde de tumo, quien los podrá remover o cambiar de las distintas escuelas que existen dentro de la respectiva comuna.

No voy a votar favorablemente este artículo, ya que siempre he propugnado que los profesores deben tener estabilidad en sus funciones.

No me parece correcto el argumento dado por los colegas Valenzuela u Schaulsohn, en cuanto a que este artículo 41 es concordante con las normas del Código del Trabajo. Sabido es que este Estatuto Docente, cuando se apruebe, será ley de la República de igual jerarquía que el Código del Trabajo. Por ello, perfectamente se podría haber normado esta materia de un modo particular, distinto de lo que ocurre en materia laboral común, habida consideración de la especialidad de la función docente.

Por último, señor Presidente, lo establecido en el inciso segundo del artículo 41, en orden a que cuando "él o la cónyuge de algún profesional de la educación que haya sido destinado a una localidad distinta de aquella en la cual ambos trabajen como funcionarios del sector público o municipal, tendrá preferencia para ser designado en ésta", no es un derecho adquirido de los profesores, sino una mera declaración programática, que se podrá cumplir o no. Luego, es muy diferente esta situación a lo que ocurría anteriormente.

Por tanto, votaré en contra del artículo 41.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Han pedido hacer uso de la palabra los Diputados señores Navarrete, Carrasco, Huenchumilla, Bombal y Escalona, con lo cual se cumple de manera suficiente con el acuerdo adoptado por los Comités.

Tiene la palabra el Diputado señor Navarrete.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente, este artículo incide en un problema mayor, cual es la calidad jurídica de los profesores respecto del régimen laboral. Una de las grandes y más sentidas aspiraciones de los docentes ha sido que se defina, de una vez por todas, a qué instrumento legal ellos están afectos.

¿Qué ha pasado ahora? Para los efectos del artículo 27, por ejemplo, son funcionarios públicos, porque los requisitos para ingresar a un establecimiento son asimilables a los exigidos en el Estatuto Administrativo. Por otra parte, en los artículos 34 y siguientes se establecen los requisitos del concurso, que también son asimilables a los de la Administración Pública. En el artículo 39 se dispone que, para los efectos médicos, de accidentes, enfermedades, permisos y licencias, son asimilables al Estatuto de los Funcionarios Municipales. En el artículo 43, respecto de las remuneraciones y de las imposiciones, se les asimila al Código del Trabajo, al igual que en el artículo 44.

El artículo 56 establece la forma de dejar de pertenecer al sistema. Aquí la incongruencia es máxima, porque para algunos casos hay normas que son concordantes con el Código del Trabajo, y en otras, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, cuando la eliminación es por medida disciplinaria, se establece un sumario administrativo, sin indicar quién lo realiza y ante quién se apela. Por último, en esta parte se dice que la Inspección Provincial de Educación tiene que aprobar las normas para aplicar este artículo. Entonces el profesor, en caso de apelación, por algunas cosas, va a tener que recurrir a la Contraloría y, por otras, a la Inspección Provincial.

El caso límite está en las corporaciones privadas de desarrollo actualmente existentes. La Concertación se ha negado en esta sesión y en forma sistemática a legislar respecto de la situación laboral de sus funcionarios docentes, quedando absolutamente indefensos, sin norma alguna, en tierra de nadie.

En consecuencia, además de agradecer la presencia del señor Ministro, reclamo que explique claramente a los profesores la carta que les envió en el mes de octubre pasado para avalar las virtudes de e$- te Estatuto Docente. Decía que se devuelve al Magisterio la calidad de funcionarios públicos. No me explico en qué parte del proyecto se devuelve esta calidad.

Los profesores, ahora más que nunca, han quedado en un área rara del sistema laboral, sin saber a quién dirigirse, pues tienen un abanico de autoridades ante las cuales apelar.

Por lo tanto, pido oficialmente que en el trámite del Senado se defina, de una vez por todas, cuál es la dependencia jurídica de los profesores.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, este precepto obedece a la necesidad de contar con una norma mínima de administración del servicio. No se trata de que al personal se le traslade por castigo. A lo mejor, puede ser por necesidad absoluta del servicio. Se prevén todas las medidas necesarias para evitar que se cometan arbitrariedades. Incluso, el traslado tiene que efectuarse en virtud de una resolución fundada de la autoridad facultada para hacer la designación. Además, se establece que debe ser previa consulta al profesional respectivo.

Sin embargo, este artículo debiera tener alguna complementación en el segundo trámite del proyecto, pues no establece qué sucede si después de la previa consulta al profesional respectivo éste se niega a ser trasladado. No queda claro qué pasa en este caso. Por lo tanto, como ya no podemos hacer indicaciones, en el Senado debiera determinarse qué sucede cuando el profesional se niega a ser trasladado y no está de acuerdo con su nueva destinación.

Es fundamental contar con algunas facultades para estructurar y prestar un buen servicio, salvaguardando las condiciones que aquí se señalan.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Escalona.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, una mirada detenida a este artículo, especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de incorporar la apelación, que no está establecida. En tal sentido, la disposición puede ser fortalecida y mejorada su finalidad.

No obstante, queremos dejar expresa constancia de que no compartimos el criterio del artículo, en cuanto se refiere a la estabilidad del Magisterio. Pero, si nos remitimos a los artículos 1°, 2° y 3° y al párrafo n, sobre ingreso a la carrera docente, advertiremos que en los artículos 23 y sucesivos están claramente establecidas las normas que garantizan la plena estabilidad de los docentes. De modo que rechazamos, categóricamente, la intención de sembrar un manto de dudas al respecto.

Reafirmamos la posibilidad de que el artículo, en lo referente a su fortalecimiento, con una indicación que dé la posibilidad de apelar, pueda cumplir la finalidad de dejar clara y definitivamente establecida la estabilidad de los docentes.

El señor MUÑOZ BARRA.-

¿Me permite una interrupción, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, los Comités acordaron no permitir interrupciones, para ir más rápido. En todo caso, haremos una excepción con Su Señoría por ser el Presidente de la Comisión de Educación.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Es sólo para preguntar al colega señor Escalona y a aquellos que defienden la redacción de este precepto, ¿qué servicio público o semipúblico puede trasladar a un funcionario de un sector urbano a otro rural, como acontece única y exclusivamente con los profesores?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede continuar el Diputado señor Escalona.

El señor ESCALONA.-

Precisamente, incluso con los defectos de redacción que tiene, este artículo garantiza que ello no ocurra por cuanto limita la destinación al territorio de una municipalidad. En este sentido, Diputado señor Muñoz Barra, representa un avance respecto del propio Estatuto Administrativo y es claramente negativo descalificar los términos de su redacción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, para ser exactos, tendríamos que comparar el artículo 41 con la legislación que hoy día se aplica a los profesores municipalizados, que no es el Estatuto Administrativo sino el Código del Trabajo, en virtud de lo que señala el artículo 3° del proyecto.

Si uno examina la norma que actualmente rige a los profesores municipalizados, como digo, el Código del Trabajo, y examina el artículo 41, llega a la conclusión evidente de que esta disposición constituye un retroceso. ¿Por qué, señor Presidente? Porque esta materia dice relación con una cuestión fundamental en derecho: la forma en que se modifica un contrato. En el derecho civil o privado, un contrato se modifica de común acuerdo por las partes o por causas legales. En el Código del Trabajo, en cambio, existe una disposición -el artículo 12- en virtud de la cual el empleador puede alterar el contrato por sí mismo, en dos cuestiones fundamentales: en la naturaleza de los servicios y en el lugar en que se prestan.

¿Qué dice este artículo 12 del Código del Trabajo? Que el empleador puede alterar el sitio o recinto en que se prestan los servicios. Exige dos condiciones: que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad, y la segunda, que ello no importe menoscabo para el trabajador. Según el artículo 41, el empleador puede cambiarlo no sólo dentro del mismo sitio o ciudad, sino, dentro de la comuna, trasladarlo a otra localidad. A mí me parece que las facultades de alterar unilateralmente el contrato se amplían en favor de los alcaldes.

Por último, las normas del proyecto de Estatuto Docente, particularmente el artículo 41, no contemplan ningún procedimiento de reclamo del profesor cuando ve menoscabado sus derechos. En cambio, el artículo 12 del Código del Trabajo le da la posibilidad de recurrir ante el inspector del trabajo dentro de 30 días de producida la alteración por el empleador y, en contra de su resolución, puede incluso recurrir a la justicia ordinaria.

De tal manera que, después de un análisis objetivo de la norma, deseo manifestar que el artículo 41 es un retroceso respecto de la legislación que actualmente rige a los profesores.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, me alegra mucho la discusión producida, porque trae a la actualidad una situación que advirtió la Comisión de Educación respecto de la Municipalidad de Santiago, cuyo Alcalde fue designado por este Gobierno, donde han ocurrido todas las arbitrariedades que aquí se han señalado. Y lo digo responsablemente.

No obstante que la Comisión de Educación, unánimemente recomendó al Ministro del Interior que impartiera instrucciones para que no se llamara a concurso antes de la aprobación del Estatuto Docente, entre otras fundadas razones, por las que dio el Diputado don Felipe Valenzuela, respecto de situaciones producidas en Antofagasta -donde habrían obrado correctamente a instancias de la bancada socialista-, se hizo y se resolvió un concurso con más de 600 profesores, exactamente, en 15 días. Muchos de ellos, teniendo la titularidad, ni siquiera aparecieron en las temas. En fin, ese es otro problema que analizaremos en una oportunidad futura.

¿Qué ocurrió con los profesores que no quedaron después del proceso bastante dudoso? Fueron degradados, contraviniendo, incluso, las normas del Código del Trabajo. ¿Me pueden decir que no es degradar al Rector del Internado Nacional Barros Arana, un distinguido profesor, ofrecerle la inspectoría general de un establecimiento, sin siquiera haber realizado la consulta previa que establece el proyecto del Estatuto, independientemente de si la norma es buena o mala?

¿Por qué recomendábamos que se hiciera este concurso con posterioridad?

Porque en la discusión del proyecto de Estatuto Docente aparecían muchas normas que debían ser consideradas por el señor Alcalde de Santiago. Excúseme, señor Presidente, que me refiera a esta situación puntual a propósito del artículo 41, pues aquí está en plena evidencia lo que dijimos que se iba a producir. Por respeto a los profesores debió esperarse, lo que no hizo.

Pero hay más. A los profesores que no quedaron, se les ofreció gratuitamente que fueran subdirectores en los establecimientos que la autoridad decidía. Cuando los ex rectores fueron a hacerse cargo de las subdirecciones, se les dijo: "No, señores, porque, además, ustedes van a tener que concursar, independientemente de que exista o no el Estatuto Docente, en el mes de marzo. En consecuencia, tampoco les podemos ofrecer las subdirecciones". Degradándolos una vez más, terminaron de inspectores generales.

Se habla de la dignidad del Magisterio, de corregir los errores del pasado; pero, Honorable Cámara, el error se produjo ahora. Y quiero calificarlo de error y no de desacierto intencionado; error que se cometió, desgraciadamente, porque no se prestó ninguna atención cuando la unanimidad de la Comisión señaló que se observaran las normas de este procedimiento.

Termino señalando que, por desgracia, queda en evidencia que en el caso de Santiago el proceder fue absolutamente vejatorio para los profesores. En especial, porque nos encontrábamos discutiendo cómo corregir errores y cómo mejorar su condición. La actitud del Alcalde de Santiago fue vejatoria para ellos. Sobre todo, el Gobierno no quiso escuchar lo que la propia Cámara señaló respecto de cómo debía procederse.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo 41.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 8 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 41.

En el artículo 42, que se refiere a las permutas, hay una indicación renovada, a la que dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La indicación signada con el número 62, que se encuentra en la página 41 del informe, dice: "Para eliminar el inciso segundo del artículo 42", reemplazándolo por el siguiente: "La permuta deberá ser aprobada por la Dirección de Administración Educacional de la Municipalidad respectiva o por las Corporaciones Educacionales privadas, según corresponda, y regirá desde la fecha en que ésta hubiere sido aprobada".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, el artículo 42 merece ser discutido con detención, porque consagra un derecho absoluto de permuta de cargos, sin fijar absolutamente ninguna limitación y ningún requisito mínimo, por lo que podría introducir un elemento muy desestabilizador al interior de los establecimientos educacionales. Basta con que los profesores de distintas partes se pongan de acuerdo para que la permuta tenga que operar. En ese sentido, la indicación propuesta corrige lo que a mi juicio, es un defecto de este artículo, no sé si en los mismos términos.

* Estoy completamente de acuerdo en que exista el derecho a solicitar una permuta. Me parece razonable que si un profesor que quiere una permuta encuentra un par dispuesto a intercambiar lugares con él, eso se considere un antecedente que debe inducir a resolver favorablemente el tema de la permuta. Pero tiene que existir la posibilidad del establecimiento, de la autoridad correspondiente, de resolver, al igual que en el caso del artículo 41, mediante una resolución fundada. Incluso debería consagrarse, al igual que en ese caso, algún mecanismo de apelación, de manera que la permuta no pueda ser arbitrariamente negada. Debe establecerse que no afectará la calidad de la educación o el desarrollo del programa educacional de la institución o de las escuelas de que se trate. Pero, sinceramente, creo -y me gustaría mucho escuchar la opinión de los miembros de la Comisión de Educación-, que establecer un derecho de permuta absoluto no es conveniente para un normal y un buen funcionamiento de los establecimientos educacionales. En ese sentido, más bien me inclino por rechazar el artículo o por considerar una indicación que mejore los defectos que he señalado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Roberto Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, el Estatuto Docente, como lo hemos señalado algunos, es un paso muy importante en la, solución de los múltiples problemas del docente y de la docencia; pero, evidentemente, no constituye una solución integral como la quieren los profesores. Por lo menos, así lo plantearon en muchas oportunidades en la Comisión, especialmente sus dirigentes más representativos y oficiales.

La permuta, tal como se había establecido en un principio por la Comisión de Educación, señalaba que operaría de pleno derecho con la aceptación mutua de los permutantes y regiría desde la fecha en que se notificara a los empleadores respectivos.

La calidad del profesor, cualquiera que sea la ubicación en que desempeñe su cargo, es de formación a nivel superior. De tal manera que un profesor que por permuta se mueva de un lugar del país a otro, no rebajará la calidad de la función que desempeñaba el docente con el cual hubo un acuerdo.

El artículo se redactó de esa manera para terminar con hechos que son reales y que existen en la práctica.

¿Cuál es la realidad, cuál es la práctica? El profesor prisionero de las comunas, a quien ni siquiera este Estatuto le garantiza la posibilidad de salir de donde está condenado a morir como profesor. Por eso, en este artículo 42, que ha quedado redactado en una forma un tanto sutil, quisiera dejar planteada a la Mesa y a la Sala, la interrogante de si se entiende implícitamente que, una vez que los profesores lleguen a un acuerdo, a su posibilidad de permutar, no existirá un elemento -una autoridad política, que es el empleador, el alcalde- que impedirá que se realice esa permuta.

Una cosa es hacer un planteamiento meramente teórico y tecnicista y otra es la realidad que viven los profesores.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Valcarce.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, el derecho de los profesores de permutar sus cargos de común acuerdo con otros colegas ha quedado consagrado en este artículo. Sin embargo, todo sistema, cualquiera que este sea, necesita de normas que lo regulen y que permitan que éste sea eficiente y eficaz al mismo tiempo. Para lograr esta eficiencia y evitar un caos, que puede producir una entropía del sistema, es necesario que, a lo menos, los jefes de las personas que están permutando sus cargos tengan el conocimiento para realizar y cumplir con este derecho de los profesores. Aun cuando, tal como ha señalado el Diputado señor Muñoz Barra, se puede producir una politización respecto de que los alcaldes autoricen o no, dependiendo de la ideología del profesor, el traslado o la permuta de estos profesores, es necesario que visualicemos que estamos legislando en forma técnica, para un sector totalmente técnico-profesional del país, como son los profesores.

Desde este contexto, para un eficiente y eficaz desempeño del sistema es necesario que alguien lo regule y esa regulación la hacemos nosotros con esta indicación al artículo 42, para que estas permutas sean aprobadas por la Dirección de Administración Educacional Municipal. Si no, sería cuestión de ponerse de acuerdo entre los profesores y comunicarle al alcalde, de la noche a la mañana, o al director del DAE o de la corporación educacional, y manifestarle que a contar de esa fecha dejará de trabajar y que otra persona lo suplirá en su cargo, que viene de otra región, de otra comuna o de otra ciudad. Para darle seriedad al sistema, es necesario regularlo. A lo mejor, podemos hacer una indicación a través de los Senadores, para regular la participación de los directores del DAE; pero es necesario que alguien regule el sistema en sí, para que no se produzcan el caos y la entropía.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Valenzuela.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, una de las más grandes fallas que se le reconoce a la municipalización de la enseñanza incide en que el profesor se ha transformado en una especie de relegado laboral, porque nunca ha podido ejercer el derecho al traslado por la gran varié- dad de empleadores. En este sentido, tiene mucha razón la bancada radical. No ha sido posible solucionar el derecho al traslado de los trabajadores en este Estatuto, porque se acomoda al sistema de la municipalización y, desde luego, no pueden existir traslados con distintos empleadores. Para permitir realmente la realización de las permutas, las que, a mi juicio, son una especie de traslado, en la redacción de este artículo 42 se ha configurado una manera muy especial de hacer posible de pleno derecho estas permutas con la sola voluntad de los trabajadores. ¿Y por qué? Simplemente, porque en los casos anteriores en que se han tratado de realizar las permutas no se han podido concretar, en su gran mayoría. Al observar los empleadores que no hay similitud en lo que le cuesta, siempre aquel que dispone de un trabajador más barato se opone a la medida. Por ello, ha sido imposible que en el proceso de municipalización se realice la permuta. No queremos que se produzca tal cantidad de permutas que hagan del sistema educacional una anarquía, porque eso también es ilógico. Cuesta mucho ubicar; por ejemplo, a un profesor de Punta Arenas que quiera irse a Arica o viceversa; pero, en el instante en que los profesores acuerdan cambiarse o trasladarse recíprocamente, los jefes respectivos deben allanarles el sistema, como una manera de hacer posible el derecho al traslado que aún no se ha conseguido.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Claudio Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, nunca ha existido el derecho automático de cambiarse o de permutar cuando se venga en ganas. Siempre ha debido ser solicitado a alguna autoridad o jefatura. Por lógica es lo que corresponde. De ahí es que hemos apoyado resueltamente el derecho de permutar que se consagra en este artículo.

Originalmente, el artículo contenía un inciso segundo que señalaba que la permuta operaría de pleno derecho con la sola aceptación mutua de los postulantes. Al parecer el Ejecutivo reflexionó sobre la materia y decidió retirar el inciso, y dejó solamente el inciso primero.

El solo hecho de suprimir el inciso segundo no soluciona el problema. En consecuencia, se desea introducir una indicación que establezca que esta permuta debe ser aprobada por los departamentos de administración de educación municipal o de la corporación municipal correspondiente. De esta manera, se resguarda la eficiencia, la calidad y, por qué no decirlo, el sistema de financiamiento del sistema educativo chileno.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Martínez.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, intervengo para apoyar la redacción del artículo 42 en la forma como está en el informe.

Es una sentida aspiración, y muy legítima, de los profesores de Chile poder intercambiar sus puestos con otros colegas que desempeñan cargos de la misma naturaleza. En la situación actual, el sistema es prácticamente una prisión para muchos profesores, ya que no les permite resolver muchos problemas de orden familiar.

No me parece inconveniente la indicación que se propone. De hecho, hace declarativa la norma del artículo. En definitiva, le quita el fondo y la posibilidad real de que efectivamente, se realice la permuta. Porque no tiene la posibilidad real, tanto el departamento de administración educacional como el alcalde, para decidir respecto de la calidad o de la idoneidad de las personas que están tratando de permutar,, ya que cada uno está desempeñándose en un lugar distinto y sólo se tienen los antecedentes de uno solo de los interesados.

Es preferible confiar en la idoneidad de los profesores en que tienen una formación de nivel superior, que son cargos de una misma naturaleza. Por lo tanto, no significa desfinanciar la planta docente. Además, no creo que se produzca con tanta habitualidad como para poner en peligro la función de la tarea docente.

En general, siempre estos casos son excepcionales. El traslado de una comuna a otra siempre será oneroso y un paso difícil. Pero es conveniente resguardar un derecho de esta naturaleza que claramente agrega un elemento de dignidad a la profesión docente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, colegas parlamentarios: la bancada democratacristiana consideraba conveniente que en el Estatuto Docente quedaba claramente normado el traslado de los profesores. Actualmente, por el hecho del traspaso del nivel central, principalmente a los DAEM, nos hemos encontrado con la gran injusticia de que, muchas veces, por razones personales, familiares, los profesores han tenido que trasladarse de comuna. Para tal efecto, deben renunciar a su cargo en la respectiva comuna y postular en el último grado del lugar donde aspiran a trasladarse.

Por eso, nos preocupa que no se hubiera podido normar esta situación, aun cuando consideramos que la permuta es un paso adelante, dado que un profesor que llega a acuerdo con otro colega para trasladarse de localidad, va con lo que se llama "su mochila", es decir, su grado, asignaciones y sueldo.

Creo que es bueno aprobar el artículo 42 tal como está, pues, a pesar de que la indicación de los colegas de la UDI y de Renovación Nacional tiene un enfoque bastante técnico, puede producir la dificultad de que, en determinado momento existan ocho o diez colegas que se permutan, pero que el respectivo jefe del DAEM no los reciba, porque vienen con un sueldo muy alto dentro del sistema educativo.

Por eso, la bancada democratacristiana votará favorablemente el artículo 42, pero dejará establecido en la historia de la ley que más adelante pretende regular definitivamente, a través de la vía legislativa, el traslado para todos los profesores del sistema.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN- ¿Debe ser aprobado por alguna autoridad?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Así es.

Deberá ser aprobado por una autoridad.

El señor SCHAULSOHN.-

Esa es la indicación ¿Sería posible recabar el asentimiento unánime para llegar a una redacción que nos permita aprobar un texto que refleje la opinión de la Sala? Nadie está en contra del derecho de permuta. El problema radica en cómo ejercer ese derecho. Tal vez, por lo que he escuchado de las intervenciones de los Honorables Diputados, podríamos saltamos este artículo por ahora, mientras los miembros de la Comisión o algunos Diputados redactan un texto que nos permita despacharlo ' por unanimidad.

No me gustaría votar en contra del artículo, pero, en la forma en que está redactado se me hace muy difícil aprobarlo, porque es un contrato intuito persona.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tendrá que ser en el Senado, pues resultará difícil hacerlo en este momento.

El señor Secretario dará lectura a la indicación.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

Para agregar el siguiente inciso: "La permuta deberá ser aprobada por la Dirección de Administración Educacional de la Municipalidad respectiva o por las Corporaciones Educacionales privadas según corresponda, y regirá desde la fecha en que ésta hubiere sido aprobada".

El señor SCHAULSOHN.-

Habría que eliminar la segunda parte.

Se va a leer de nuevo la indicación.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

"La permuta deberá ser aprobada por la Dirección de Administración Educacional de la Municipalidad respectiva..."

El señor ELIZALDE.-

Hasta ahí debería quedar.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

"....o por las Corporaciones Educacionales privadas, según corresponda, y regirá desde la fecha en que ésta hubiere sido aprobada".

El señor SCHAULSOHN.-

Solicito que se divida esta materia y que se vote separadamente el tema de las corporaciones educacionales.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, ¿por qué no se acepta la proposición del Diputado señor Schaulsohn?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No se acepta, porque hay dos posiciones bien claras: algunos quieren mantener el derecho a permuta -si entiendo bien la posición del Diputado señor Muñoz Barra- sin que intervenga ninguna autoridad; como un derecho de los profesores. En cambio, hay otros que quieren que sea reglamentado. Es muy difícil conciliar esas dos posiciones y resultaría imposible llegar a la unanimidad por ser muy compleja una mediación.

Entonces, dividiremos la votación.

En primer lugar, se votará que intervengan las municipalidades y no las corporaciones municipales y, luego, las corporaciones municipales.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, insisto en el planteamiento hecho por el colega Schaulsohn, porque, francamente, no me satisface el artículo 42 como está redactado, ni la indicación leída.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Podemos probar. Así como votaremos los artículos 17 y 18 al final, podemos dejar este artículo pendiente, a fin de que algunos señores Diputados intenten llegar una redacción adecuada.

El señor ESCALONA.-

No hay acuerdo.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

No hay acuerdo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No existe acuerdo.

Entonces, la indicación se votará sin la referencia a las corporaciones municipales.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Solicito el acuerdo de la Sala para aplicar la misma votación respecto de las corporaciones municipales.

El señor ELIZALDE- Es mayor todavía el rechazo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entonces, queda rechazada la indicación.

En votación el artículo 42.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 21 votos. Hubo 9 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 42.

En discusión el artículo 43, que es de quorum calificado. Se refiere al monto de las imposiciones provisionales, las que deben efectuarse sobre la totalidad de las remuneraciones de estos profesionales.

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, colegas parlamentarios:

Creo importante que todos meditemos lo que significa la aprobación de este artículo.

En diciembre del año 87, se publicó la ley N° 18.675, que entró en vigencia el 1° de enero del 88.

Por esas cosas del destino, los únicos a los cuales no se les aportó financiamiento para el sueldo imponible en un ciento por ciento, fueron alrededor de 12 mil profesores, quienes, al ser traspasados prefirieron el sistema previsional antiguo, es decir, el de la Caja Nacional de Empleados Públicos, actual Instituto de Normalización Previsional.

Esto es de una injusticia total, y viene sucediendo exactamente desde hace tres años. Dentro del régimen previsional, los profesores normalmente jubilan con el promedio de las 36 últimas rentas. Ya en la actualidad es injusta la forma en que jubila el maestro, pues su jubilación disminuye a un 48 ó 50 por ciento de su renta. Estos 12 mil profesores bajaron sus rentas entre 37 y 38 por ciento. Por eso, el Colegio de Profesores, haciendo fe del clamor que ha habido en todo el país, planteó esta inquietud al Gobierno, a través del Ministerio de Educación, y también la expresamos los parlamentarios, lo cual quedó corroborado por un proyecto de acuerdo que se aprobó por unanimidad en esta Sala, al reconocer que esta injusticia había que repararla.

Por eso, por tratarse de un artículo que necesita quorum calificado, creo importante que todos, con nuestro voto, demostremos que realmente queremos un mejoramiento del Magisterio, hacer justicia y darles la posibilidad de que, una vez que el Estatuto Docente sea ley de la República, un número importante de colegas jubile en mejor forma.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Valcarce.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, la mayoría de los Parlamentarios aquí presentes ha tenido estos problemas en cada uno de sus distritos y, seguramente, muchas reuniones con los profesores afectados por esta situación de que no pueden jubilar con el sueldo líquido correspondiente adecuado, porque no tienen las imposiciones necesarias para ello.

Así como en su oportunidad presentamos un proyecto de acuerdo y lo enviamos al Ejecutivo para subsanar este problema, vemos con bastante satisfacción en el día de hoy que esta Cámara dará un paso muy importante al hacer justicia a este sector del profesorado. Por eso, Renovación Nacional votará favorablemente el artículo 43, a fin de que todos estos profesores obtengan el beneficio que les corresponde y se regule una situación de injusticia que estaba pendiente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cerda.

El señor CERDA.-

Señor Presidente, el artículo en discusión tiene gran importancia para todo el Magisterio, donde hay alrededor de 36 mil personas que se encuentran en esta situación. Debo hacer presente que esta indicación del Ejecutivo tiene un costo de 5 mil millones de pesos y propone una gradualidad que aparece consagrada en el artículo 1° transitorio que discutiremos posteriormente. Al mismo tiempo, de acuerdo con esta disposición, se permitiría jubilar a alrededor de 2 mil 700 maestros, en condiciones de normalidad, con el ciento por ciento de sus imposiciones.

Por esta razones los Diputados democratacristianos daremos todo nuestro apoyo a la norma en debate. Aprovechando la discusión de este artículo y haciendo referencia a la ley N° 18.675, pido a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala para enviar un oficio, en nombre de la Cámara de Diputados, a los señores Ministros de Hacienda y de Salud, a fin de que también consideren la situación del personal de salud que, con fecha 31 de diciembre de 1987, fue traspasado del Servicio Nacional de Salud al sector municipalizado, personal que hasta el día de hoy sólo tiene un 40 por ciento de imponibilidad de sus remuneraciones, en circunstancias de que el personal que quedó en el Servicio Nacional de Salud tuvo el 100 por ciento de imponibilidad a contar de día siguiente. En este caso, no se trata de quitarle algo al Magisterio para agregarlo a otro sector.

Me parece que la situación es de plena justicia, y al plantearía respecto del Magisterio, dentro de una base de gradualidad, también podría beneficiarse al sector de salud que está en las mismas condiciones. Es el único personal que pertenecía a la Administración Pública que está en una situación desmedrada y que, como el Magisterio, también pasó a ser municipal.

Por eso, señor Presidente, puesto que la iniciativa corresponde al Ejecutivo -recuerdo que en anteriores discusiones sobre proyectos de reajuste de remuneraciones del personal de la salud planteamos este tema-, solicito que se recabe el asentimiento de la Sala a fin de enviar un oficio al Ejecutivo, para pedirle algo que beneficiará a un número importante de personas. Como son muchísimas menos qué las del Magisterio -no tengo aquí las cifras-, el costo, por lo tanto, será mucho menor.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se enviarán los oficios solicitados por el Diputado señor Cerda, para que el personal municipaliza- do de Salud pueda gozar de los mismos beneficios que establece este artículo para el profesorado.

Varios señores DIPUTADOS.-

En nombre de la Cámara.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se dirigirán, entonces, en nombre de la Cámara.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, creo que aquí ya se han dado a conocer las consideraciones más importante acerca de lo que significa el artículo 43 como factor de reparación de una injusticia muy seria que se cometió en el pasado.

Cabe subrayar nuestra disposición de votar favorablemente este artículo, el cual habría que relacionar con el 1° transitorio que, aunque contiene aspectos específicos que seguramente darán lugar a una discusión posterior, complementa la norma. Esta disposición permite a aquellos profesores que a la fecha hayan cumplido con los requisitos para jubilar, acogerse a este beneficio dentro de un plazo, considerando que lo harán como si hubieran recibido sus remuneraciones con imposiciones equivalentes al total de ellas. Por lo tanto, se posibilita, en esta forma, la reparación a que se ha hecho referencia.

También queremos manifestar nuestro apoyo a la disposición.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor PALESTRO.-

¡Votemos! Todos estamos de acuerdo.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, los Diputados de Renovación Nacional votaremos a favor de este artículo, pero queremos...

El señor PALESTRO.-

¡Aprovechemos el buen ánimo de Renovación Nacional!

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor RINGELING.-

...hacer presente, si me permite el Diputado Palestro, que hay que tener cuidado, si se pretende reparar injusticias, en no producir mayores injusticias.

Al respecto, no sólo nos preocupa lo que dice el Diputado Cerda respecto al sector salud, en el sentido de que está en una situación parecida a la de los profesores traspasados, sino también que haya profesores que imponen en las AFP y, sin embargo, no lo hacen por el ciento por ciento de sus sueldos.

Asimismo, existen funcionarios públicos que, a pesar de que fueron beneficiarios con el aumento de la imponibilidad de sus sueldos en un ciento por ciento, tampoco gozarán de su jubilación, en la misma forma que los aproximadamente dos mil setecientos profesores.

En realidad, no ha podido encontrarse todavía una fórmula de redacción para el artículo 1° transitorio que logre que esta justicia se imponga en su totalidad. En este caso, dicho artículo no considera a los funcionarios del sector Salud, ni siquiera a todos los profesores que están en esta situación, que -como digo- también comprende a los afiliados a las AFP.

Por lo tanto, votaremos favorablemente este artículo porque impulsamos desde el principio, a través de nuestros Diputados en la Comisión no se produjera discriminación, haciendo presente y pidiéndole al Ministerio que se actuara coordinadamente para establecer una norma seria que no profundice injusticias, las cuales lamentamos que se vinieran arrastrando desde el pasado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Correa.

El señor CORREA.-

Señor Presidente, la bancada de la Unión Demócrata Independiente también votará a favor de este artículo, en consideración, principalmente, a que estos profesores, creyendo tener una mayor seguridad, se mantuvieron en la Caja de Empleados Públicos por lo cual, posteriormente resultaron afectados.

En primer lugar, se repara una injusticia. En segundo término, se permite a estos profesores jubilar, y, lógicamente al hacerlo, se posibilita también que otros profesores que se encuentran sin ocupación puedan acceder a un trabajo digno.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 43.

En discusión el artículo 44 nuevo, por el que se establece que los establecimientos educacionales del sector municipal tendrán una serie de reglamentos internos.

Creo que no existe ninguna dificultad para aprobarlo. Por lo tanto, si le parece a la Sala se aprobará sin discusión.

Un señor DIPUTADO.-

Por unanimidad.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por unanimidad.

Aprobado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En discusión el artículo 45. Hay una indicación renovada.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La indicación es para agregar, después de la palabra "Municipalidades", la frase: "o Corporaciones Educacionales privadas respectivas".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aquí tampoco existe ningún problema para rechazar lo concerniente a las corporaciones, en conformidad con el quorum que se ha verificado reiteradamente; además, nadie objeta esta enumeración de las asignaciones.

Entonces, si le parece a la Sala, se rechazará lo de las corporaciones, de acuerdo con el quorum reiterado, y se aprobará, por unanimidad, el texto del artículo 45.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, no sé si es posible discutir el artículo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor RINGELING.-

Me quiero referir, fundamentalmente, a un inciso que fue eliminado en la Comisión de Hacienda, y no sé si también en la de Educación, que permitía a las municipalidades establecer, con fondos propios, asignaciones especiales de incentivo profesional.

Realmente, lamento que desapareciera este inciso, propuesto por el Ejecutivo, porque significa que una cantidad muy importante de profesores en Chile arriesgan que bajen sus remuneraciones líquidas al establecerse un "techo", por lo que sólo podrán gozar de las asignaciones especiales que se mencionan.

El inciso final del artículo 5o, transitorio, dispone que dichas asignaciones podrán establecerse con fondos propios municipales, y que si los profesionales de la educación, en el pasado, tuvieran una remuneración mayor a la suma de esas asignaciones, podrán seguir recibiendo estos sueldos con fondos propios. Esa expresión no es obligatoria y, por lo tanto, los profesores, gracias a la indicación aprobada por mayoría en la Comisión de Hacienda, realmente arriesgan los sueldos que en la actualidad están percibiendo.

En segundo lugar, creo que derechamente el proyecto es socializante, pero no socializante renovado, sino de un socialismo chato e inflexible, porque el sentido de municipalización, que en este proyecto está quedando muy amorfo, era permitir acomodar a las realidades de cada comuna los criterios que determinaran las autoridades o las personas que estimáramos más adecuadas para resolver, en este caso, problemas de educación. Por esta indicación, estamos condenándonos nuevamente a un sistema igual, que no permite proyecciones a los profesores, ni tampoco a la educación ni a los alumnos de cada comuna. Es absolutamente contrario al espíritu de la descentralización. Si nos imaginamos comunas apartadas que quieran otorgar mayores remuneraciones a profesores, dentro de la elasticidad que ahora permiten los currículum respectivos, simplemente estamos negando la posibilidad de que recursos extras que generen municipalidades ricas o pobres sean destinados a la educación.

Esta indicación también evidencia desconfianza hacia la autoridad local que próximamente se renovará, o del sistema educacional que quisiéramos, pues no tiene esa flexibilidad que, a mi juicio, permitiría mejorarlo. Además, la indicación presentada va en contra de lo que perseguía el propio Ejecutivo, eso es grave en el sistema de municipalización. Si sumamos, por otra parte, las rigideces que se han ido creando en diversos artículos, incluso en el 26, creo que estamos perdiendo realmente todo el sentido positivo que pudo haber tenido este afán descentralizador de la educación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Han pedido la palabra los Diputados, señores Devaud, Schaulsohn y Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Quiero hacer una consulta muy breve.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si es para una consulta, tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Sólo para consultarle al señor Presidente accidental de la Comisión de Hacienda, aunque merece serlo en propiedad, por supuesto, en qué forma se podría impedir que las municipalidades con fondos propios entregaran si lo estima pertinente una asignación, a los señores profesores, según la disposición que ustedes anularon.

Quiero señalar que esa indicación fue presentada por el Ejecutivo con ocasión del proyecto original; ni siquiera fue una iniciativa de la Comisión. En este minuto me asalta la duda de cómo se aplicará esa disposición anulatoria en circunstancias de que, repito, son fondos propios de las municipalidades.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No sé si el Presidente de la Comisión de Hacienda quiere responder.

El señor SOTA.-

El Presidente de la Comisión está en el extranjero.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entonces el que ejerce esa función.

El señor ESTEVEZ.-

Es el Diputado Informante.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Bien, tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, en relación con el artículo 45, optamos por suprimir las asignaciones especiales con fondos municipales, con el objeto de no mantener, o de no incentivar, una discriminación ajena al espíritu de ese artículo.

Fundamentalmente, nos interesa, respecto de estas asignaciones especiales, que se mantengan las de experiencia y de perfeccionamiento, que son aquéllas que responden a situaciones personales y especialísimas de los profesores, y las objetivas, como aquéllas de desempeño en condiciones difíciles y de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica. Sin embargo, consideramos altamente peligroso mantener abierta una eventual discriminación por la vía de las asignaciones especiales con fondos municipales. De tal modo que, haciendo concordante esta supresión del artículo 45, establecimos en el artículo 5° transitorio una redacción que dice que en el caso de persistir una diferencia respecto de los sueldos, ésta podrá imputarse a las asignaciones especiales de origen municipal, las que sólo tendrán por objeto mantener el monto actual de las remuneraciones del magisterio.

Esa es la razón que se consideró para eliminar estas, asignaciones especiales municipales.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, creo que hay una situación que merece ser esclarecida.

Me parece que la indicación facultaba a los municipios para que, con fondos propios, de los cuales pueden disponer para los propósitos que deseen, otorgaran asignaciones especiales a los profesores. De acuerdo con el espíritu de la indicación, una municipalidad puede destinar estos fondos para crear un parque de abedules o para pagar una asignación especial a los maestros. Así lo entiendo yo.

Por otra parte, lo que el Estatuto Docente hace es fijar un piso de remuneraciones, de manera que los profesores no sean explotados, esto es, que no haya municipios que paguen muy poco, y otros, que paguen muchísimo más. No nos preocupa los que paguen más, sino los que paguen poco. Pero no entiendo el Estatuto Docente como queriendo establecer un techo de remuneraciones. Esa es mi primera duda.

Si la indicación faculta al municipio para que gaste su plata, la cual por ley, no está obligada a dar a ningún otro municipio -o sea, no se viola ningún principio de equidad ni de repartición de fondos municipales-, no veo la razón para suprimir la indicación, porque no queremos establecer un techo, sino un piso.

En segundo lugar, no sé en virtud de qué disposición legal la Comisión de Hacienda rechaza este artículo.

Esa Comisión tiene un propósito muy específico, señalado en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la Cámara: informar los proyectos en lo relativo a la incidencia presupuestaria y financiera del Estado. A mi juicio, esta materia no dice relación con estas cosas, por cuanto estamos hablando de fondos propios de las municipalidades.

Si entiendo las cosas correctamente, si son como creo, francamente me parece que la indicación es absolutamente procedente. Dicho de otra manera, el impedir que un municipio que tiene fondos otorgue un beneficio adicional, me parece injustificado desde todo punto de vista.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Quiero aclarar un poco el debate, porque hay cierta confusión.

El Diputado señor Ringeling no se refirió a la indicación renovada, que agrega las corporaciones privadas municipales.

Lo que lamentó es que, en el transcurso del estudio de este proyecto de ley, hubiera quedado en el camino un inciso que permita a las municipalidades otorgar asignaciones especiales. Esa disposición, salvo acuerdo unánime de la Sala, hoy día no se puede reponer.

Estamos discutiendo el artículo 45 tal como está redactado. Eso es lo único por debatir.

El Diputado Ringeling ha señalado, para la historia de la ley, que lamenta mucho que por un espíritu socializante, chato y no sé qué otro adjetivo, ese inciso haya quedado en el camino.

El señor ORTIZ.-

Una cuestión de procedimiento, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Propongo a la Sala que votemos derechamente el artículo 45.

El señor ORTIZ.-

Quiero plantear un problema reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Para indicar un problema reglamentario, tiene la palabra el Diputado Ortiz.

El señor ORTIZ.-

El problema reglamentario es el siguiente:

Ese inciso fue aprobado en los dos trámites en la Comisión de Educación, y fue rechazado en la Comisión de Hacienda, haciendo uso, naturalmente, de sus atribuciones.

Por ello quiero consultar a la Mesa si existe la posibilidad de que se vote el texto como fue aprobado en la Comisión de Educación o debe votarse en la forma en que llegó de la Comisión de Hacienda.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El señor Secretario me explica que la situación es la siguiente: La Comisión de Educación, en el segundo informe, acogió el criterio de la Comisión de Hacienda en el sentido de suprimir ese inciso. Por lo tanto, llegó así a la sala, salvo por unanimidad de los señores Diputados, no hay otro modo para reponerlo. Con esto parece que queda claro el problema.

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, dado que se ha producido un debate que, a mi juicio, distorsiona el contenido del artículo, deseo señalar que efectivamente en la discusión general de un proyecto se pueden formular indicaciones, que proceden en el segundo trámite.

¿Cuál es el problema de fondo? Todo el párrafo dice relación con la creación de asignaciones especiales para el personal docente. Se busca que, sobre la remuneración base tengan otros ingresos los que tienen más años de servicio, más experiencia, los que se desempeñan en condiciones difíciles y no sólo aquellos que trabajan en municipalidades ricas. La municipalidad puede pagar una remuneración básica superior a la mínima nacional y, por lo tanto, se cumpliría lo que expresó el Diputado señor Schaulsohn, quien, lamentablemente, no ha comprendido la mecánica de funcionamiento del proyecto.

Una cosa es la remuneración básica, que no está sometida al mínimo que representa el piso que él reclamaba. Ese piso existe y es el mínimo nacional. Pero la remuneración básica puede ser superior en la municipalidad rica, si así lo estime conveniente. Si aparte de eso, que ya constituye una limitación, se agrega una asignación por encontrarse en Vitacura, por sonriente o por lo que sea; se distorsiona y se elimina todo el sistema de asignaciones, pues quiere decir que quien tiene más experiencia o está más capacitado, pero que, no recibe la asignación de simpatía o aquella otra que se determine, quedará ganando menos. Por lo tanto, el párrafo podría llamarse "De las sugerencias sobre eventuales asignaciones que se hagan con otras", con lo cual se deshace todo lo que se ha querido establecer.

Se respeta el hecho -repito- de que si una determinada municipalidad quiere gastar más en educación, puede hacerlo pagando una mayor remuneración base; pero las diferencias entre profesores serán objetivas y no arbitrarias, como lamentablemente hasta ahora hemos estado acostumbrados en el sistema municipal.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, como acaba de exponer el Diputado señor Estévez, este artículo, que fue puesto en conocimiento de la Comisión de Hacienda por la Comisión de Educación, en el primer trámite, y objeto de la indicación mencionada –se aprobó por la Comisión de Educación en su segunda discusión-, pretendía que las diferencias de remuneraciones se introdujeran en los sueldos bases de los profesores, haciendo que lo establecido en el estatuto constituyera un piso y no un sueldo fijo.

Si se permitía que las municipalidades ricas, en lugar de incrementar el sueldo base del personal docente, es decir, pagar más del mínimo establecido, otorgaran una asignación en definitiva, se autorizaba que los diferenciales de recursos que se destinan a la educación se hicieran de manera transitoria, por la vía de asignaciones, sin que significara un incremento real y permanente de la remuneración del profesor. Por lo tanto, la situación podía revertirse ante cualquier dificultad del municipio correspondiente.

De esa manera, lo único que hizo la Comisión de Hacienda en la primera discusión -después lo acogió la Comisión de Educación- fue establecer que el sueldo mínimo nacional fuera efectivamente mínimo y no remuneración única nacional, como hubiera ocurrido de haberse admitido que las municipalidades podían, además de entregar asignaciones por experiencia, por perfeccionamiento, por desempeño en condiciones difíciles y por responsabilidad directiva o técnico pedagógica, otorgar otras, fundadas en razones que hoy en día parece difícil imaginar.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Bayo.

El señor BAYO.-

Quiero plantear exclusivamente un problema operativo. De las últimas dos exposiciones queda de manifiesto que no hay una unanimidad respecto de esta disposición. Por ello, en aras del tiempo y de que continuemos avanzando en el despacho de este proyecto, solicito que sigamos adelante y terminemos con esta discusión inoficiosa.

Le doy una interrupción al Diputado señor Bombal.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por el acuerdo de los Comités no puede conceder interrupción. El Diputado Bombal puede hacer uso de la palabra en la discusión del próximo artículo.

En votación el artículo 45.

Podría aprobarse por unanimidad.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobará con 2 votos en contra y 10 abstenciones.

Aprobado.

En discusión el artículo 46, que establece la asignación de experiencia.

Me parece que nadie puede oponerse a que, si alguien posee experiencia, tenga una recompensa.

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, sólo para señalar que existe el Fondo Común Municipal, con cargo al cual pueden asignarse recursos especiales a las municipalidades más pobres; incluso por vía administrativa pueden entregarse fondos para la educación, en caso de una emergencia o de cualquier necesidad. Es decir, éste no es un problema de municipalidades ricas, por cuanto existe el Fondo Común Municipal, el cual, incluso, será revisado por la autoridad. De manera que al haber aprobado ese artículo, nos estamos pillando los dedos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación el artículo 46.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

En discusión el artículo 47 que establece la asignación de perfeccionamiento. La Comisión de Hacienda ha formulado una indicación de redacción en orden a cambiar, en la segunda línea, la palabra "buscará" por "tendrá por objeto incentivar"

Pienso que nadie estará en contra de que, si alguien se perfecciona, tenga una recompensa.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación el artículo 47 con la modificación de la Comisión de Hacienda.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 49 votos; por la negativa 0 voto. Hubo 15 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 47.

En discusión el artículo 48, que establece la asignación por desempeño en condiciones difíciles.

Existe un cambio introducido por la Comisión de Hacienda. Además, hay un planteamiento de esa Comisión, en el sentido de que el último inciso, que dispone la asignación por desempeño en condiciones difíciles, será compatible con la asignación de zona, es inadmisible e inconstitucional, porque requeriría del patrocinio del Ejecutivo. En realidad, así lo es, por lo cual la Mesa declara inconstitucional el último inciso del artículo 48.

Tiene la palabra el Diputado Horvath.

El señor HORVATH.-

Por su intermedio quiero consultar a la Comisión de Hacienda qué pasa con los profesores que actualmente están percibiendo la asignación de zona, si existe el caso.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Las leyes rigen para el futuro. Si la están percibiendo, de alguna manera es un derecho adquirido.

El señor SMOK.-

No se pueden rebajar las rentas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado Palma dará una mejor respuesta.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, esta materia fue debatida largamente en la Comisión de Hacienda en relación con el artículo 38 del texto definitivo que define las características de la remuneración del personal docente: aguinaldos, asignaciones familiares, asignación de zona, asignación de movilización y otros, que ya fue declarado inadmisible.

Tanto es así, que la Comisión de Educación, en su informe, vincula expresamente el inciso agregado al artículo 48 del texto definitivo, con al artículo 38.

En el Estatuto Docente no se define propiamente la asignación de zona. Sin embargo, en la asignación de las unidades de subvención educacional existe un aumento proporcional de las asignaciones de zona de las remuneraciones de sector público, y en ese sentido tal incremento no se modifica por ser parte de la unidad de subvención educacional. Por lo tanto, aquellas regiones o localidades que han incrementado la unidad por su similitud con la escala de remuneraciones del sector público, continuarán recibiéndola con dicho aumento. No obstante, la lógica indica que si existe actualmente no significa que el profesor reciba una asignación de zona en la localidad donde trabaja, sino que percibe una mayor remuneración base, que es lo que ocurre hoy y donde no la recibe, quiere decir que el administrador de los fondos no la está asignando al profesor, sino a otras áreas de la administración educacional.

Definir una asignación de zona significa precisar una nueva forma de cálculo de las remuneraciones, lo cual requiere el patrocinio del Ejecutivo. Al mismo tiempo, si se estableciera hoy día, a través de esta norma, que la asignación de zona es un incremento de las remuneraciones actualmente vigentes, ya sea en el sector público o en el privado, a raíz de lo que se les asigna a ellas por la unidad de subvención educacional, simplemente se estaría introduciendo una discriminación imposible de ser administrada, porque en algunos lados tal asignación existe y se transfiere a los profesores, y en otros, no. Por lo tanto en algunas partes se estaría duplicando dicha asignación si surgiera con motivo de este articulado, y en otros casos, simplemente se estaría creando.

En ese sentido, la Comisión de Hacienda estimó, primero que la creación de la asignación de zona dentro del Estatuto Docente requería iniciativa del Ejecutivo y, en segundo lugar, que introducía una distorsión que no era posible administrar en los establecimientos en los cuales esos recursos hoy existen y que debieran transferirse a los profesores, aun cuando en algunos casos puede que no sea así.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Quiero aclarar que el artículo 5°, transitorio, establece que la entrada en vigencia de la ley en ningún caso implicará disminución de las remuneraciones.

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Quisiera hacer una consulta a los señores abogados parlamentarios.

Me interesa saber si hay derecho adquirido en materia de derecho público. Me asalta la inquietud ante la consulta del Diputado Horvath, respecto de la mantención de las asignaciones de la zona frente a otras, por concepto de marginalidad o de situaciones difíciles.

¿Qué pasa con la Contraloría General de la República en esta materia? La consulta la formulo a los señores parlamentarios.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aparte de esa consulta, que podría dar para una larga discusión, el artículo 5° transitorio asegura que las remuneraciones no disminuirán. Si quisiéramos ser más precisos, se podría establecer una norma como la del artículo 3° del Estatuto.

Por eso digo que si deseáramos ser más explícitos está la norma del artículo 3° del Estatuto Administrativo, que dice: "La aplicación de las normas contenidas en la presente ley no podrá significar disminución de remuneraciones ni pérdida de cualquier otro derecho para el personal en actual servicio".

Si la Sala estuviera de acuerdo, se podría incluir una norma de ese tenor, en el sentido de que la entrada en vigencia del Estatuto Docente no puede significar la pérdida de ningún derecho para los profesores. Ello, siempre que la Sala estuviera unánimemente de acuerdo al respecto.

Tiene la palabra el señor Cerda.

El señor CERDA.-

Señor Presidente, quiero ratificar y complementar lo que acaba de decir el Diputado Palma.

Sucede que actualmente la Unidad de Subvención Escolar (USE) está zonificada, de manera que en algún lugar donde, por ejemplo, exista un 50 por ciento de asignación de zona, la USE ya se encuentra aumentada en ese porcentaje. Por lo tanto, no podría haber un incremento adicional de ella sobre lo que actualmente está aumentado. De lo contrario, esta situación llevaría a un sistema que haría imposible el pago. Incluso, en esa zona, si la municipalidad tuviera que pagar el sueldo base ya aumentado, y además la asignación de zona que lo duplicaría, estaría absolutamente imposibilitada de pagar lo correspondiente a educación subvencionada. En consecuencia, al aplicarse la in- constitucionalidad de este inciso, no hay desmedro de nadie, porque ahora está recibiendo un ingreso superior sobre la base de la zona donde está ejerciendo su labor.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, aquí hay envueltos distintos temas.

Uno, es la admisibilidad del último inciso. Al respecto, quiero señalar que esa disposición es redundante, en el sentido de indicar algo obvio: que la asignación por desempeño difícil es compatible con otras leyes. Eso ya lo aprobamos en el artículo 38, que discutimos con anterioridad aprobando la redacción de la Comisión de Hacienda, que señala que, aparte de la remuneración básica mínima nacional, los profesores tendrán derecho a las asignaciones que se fijen en este Estatuto, sin perjuicio de las que contemplen otras leyes. Ya está claro de que si otra ley les da el derecho de la asignación de zona, esta disposición es compatible con ella y tienen derecho a la misma, porque así lo establece el artículo 38, no siendo necesario colocarla en cada uno de los artículos posteriores, por ser una redundancia. Esa es mi interpretación.

Sin embargo, si lo que se quiere es dejar establecida la existencia de un derecho adicional -sería una interpretación factible- se estaría entrando a lo que dice el Diputado Andrés Palma: a alterar el sistema de remuneraciones o el monto de los pagos otorgados. Y allí consultábamos el criterio de la Mesa, porque nos parecía que eso era inadmisible.

En lo que se refiere a otros temas en discusión respecto de este artículo, deseo decir muy brevemente lo siguiente. Se trata de una asignación de desempeño en condiciones difíciles, y a quienes somos parlamentarios en representación de zonas con estas características nos interesa que esta asignación sea efectiva y no se diluya.

Por eso, nos pareció inapropiado que se adicionara a este artículo el problema de los alumnos discapacitados y el de la educación nocturna. Ambos temas corresponde tratarlos por la vía de la unidad de subvención educativa, que hoy, efectivamente, en el caso de la educación nocturna o de adultos, es muy baja, debiendo ser más alta. Pero este tema tiene que ver con la ley de subvenciones y con el pago de la educación de adultos.

Si se introduce la idea de que son condiciones difíciles aquellas donde haya un alumno discapacitado, se estaría produciendo, primero, un cambio en el concepto de esta asignación que se da al establecimiento y no al profesor, específicamente, sino que a todos los educadores de uno determinado. Bastaría que hubiera un solo alumno con problemas en toda la escuela de una comuna, para que ese establecimiento, en su conjunto, entrara a tener derecho a tal asignación. Esto es un contrasentido absoluto más aun cuando la tendencia moderna se orienta a que el alumno discapacitado esté presente, en la medida de lo posible, en la misma sala de resto de los alumnos normales.

Si se aprueba el criterio aquí propuesto, se distorsiona el sentido de que haya una asignación de desempeño difícil, en los lugares de marginalidad, de extrema pobreza o de ruralidad. Lo mismo sucede al mezclar estos conceptos en el caso de la educación vespertina, porque bastaría también, que un establecimiento de una comuna de elevados ingresos ofreciera un curso vespertino para diluir el carácter de esta asignación.

Ahora bien, o se entiende que esta asignación, en su conjunto -como era la propuesta del Ejecutivo- es un monto fijo y, por tanto, se trata de redistribuir lo mismo, en cuyo caso, al introducir otros conceptos estamos atentando contra el derecho de los pobres, o lo que busca la adición es incrementar los recursos, lo cual sería inadmisible.

Temo, por tanto, que al mezclar otros problemas, lo que se hace es disminuir la cantidad de dinero que corresponderá a los profesores que trabajan en condiciones difíciles. Y nuestro objetivo al oponernos a adicionar a este artículo el tema de los discapacitados o de la educación nocturna, no es, de ninguna manera, oponernos a que éstos tengan un tratamiento especial y diferente, sino que, por esta vía, sea ganada la asignación de desempeño en condiciones difíciles, que es la que nos interesa defender y focalizarla donde hay pobreza y dificultades reales de desempeño.

He dicho.

E1 señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Valcarce.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, sólo para aclarar que cuando se estableció la asignación de zona dentro del artículo 48, el cual se está declarando inadmisible, no fue con la intención de una doble asignación. Los Diputados de regiones que estamos en la Comisión y otros parlamentarios que se encuentran fuera de ella, quienes nos hicieron presente esta situación, queríamos dejar más claramente establecido -pese a que en artículo 5° se contempla- que de la subvención educacional debe traspasarse al aumento de sueldos de los profesores el incremento por zona o por otras características que ella tiene. Es decir, que esta asignación de zona existía y que debía pagarse a los profesores, pero no con la finalidad que señala el Diputado Andrés Palma, en cuanto a tener la doble intencionalidad de cobrar una asignación más.

Ahora bien, podría permanecer en el artículo 5°, y no habría problema en que se retirara del artículo 48, por ser inadmisible. Sin embargo, es necesario dejar constancia, para la historia de la ley, que nuestra intención es de que la asignación de zona, por ser un derecho adquirido de los profesores y de todos los trabajadores del sector público, se mantenga en cada una de las regiones donde ella existe.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, seré muy breve.

No comparto el criterio de que la asignación por desempeño en condiciones difíciles, compatible con la asignación de zona, sea inconstitucional.

Este es un proyecto de iniciativa parlamentaria, destinado a determinar asignaciones. Al señalar que no hay incompatibilidad, entre estos beneficios, no se está creando una nueva asignación, sino se está previendo una situación futura, específica. El hecho de que sea redundante, como manifiesta el distinguido Diputado Estévez, a lo mejor, desde el punto de vista de su redacción, no es lo más conveniente, pero ello no hace que la indicación sea inadmisible, desde el punto de vista constitucional.

Personalmente, a veces creo que lo que abunda no daña. En este caso consignar en la ley de Estatuto Docente que la asignación de zona es compatible con la asignación por desempeño en condiciones difíciles, es enteramente razonable, por cuanto, aunque no son lo mismo, el día de mañana bien podría argumentarse de que una ha reemplazado a la otra. La asignación de zona es un derecho que tiene que ver con condiciones objetivas de distancia, y la asignación de condiciones difíciles puede tener una dimensión diferente.

En consecuencia, estoy por mantener la norma, primero, porque éste es un proyecto de iniciativa presidencial que abre la puerta a este tipo de observación y, en segundo lugar, porque no se está estableciendo una nueva asignación.

El texto primitivo del artículo 38 hablaba específicamente de asignación de zona. Eso se eliminó y se buscó una nueva redacción. Ahora, el inciso final del artículo 48 no vuelve a crearla, sino que está señalando anticipadamente que si el día de mañana ésta se estableciera por ley, porque no puede hacerse de otra manera, queda expresamente consignado en el Estatuto Docente que no es incompatible con ese beneficio adicional. De ninguna manera genera gastos, por cuanto está planteando el tema de la incompatibilidad, y si hay alguien que la está recibiendo, bueno, es un derecho adquirido que no vamos a eliminar por medio de esta ley.

Por último, insisto en el tema de la Comisión de Hacienda. La Comisión tiene que indicar en su informe la fuente de los recursos reales y efectivos con que se propone atender el gasto del respectivo proyecto. ¿Qué significa esto? Que no hay una prohibición absoluta para que nosotros, en un proyecto presentado por el Ejecutivo, en la medida en que indiquemos la fuente de recursos, presentemos indicaciones que puedan significar algún gasto.

La Comisión de Hacienda y la Mesa deben estudiar el punto con calma, porque es una forma absurda de cercenar las atribuciones del Parlamento el estimar que cualquier sugerencia o indicación que signifique aumentar un peso el gasto del presupuesto nacional es automáticamente inconstitucional.

No voy a pedir que se someta a votación, pero quiero dejar en claro, por lo menos para los efectos del segundo trámite constitucional, que no comparto en absoluto el criterio de la distinguida Mesa de la Cámara, en el sentido de señalar que algo que no es incompatible con otra cosa, es necesariamente inconstitucional porque aparece enmarcado dentro del concepto de una asignación.

He dicho.

El señor CAMPOS.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, posiblemente por las largas horas que llevamos discutiendo este proyecto me he confundido. Con extrañeza escucho que los colegas hablan de la asignación de zona para los profesores y lo mismo dice el proyecto de Estatuto Docente. Francamente, no sé de qué asignación de zona me hablan, puesto que hoy los profesores, hasta donde llegan mis conocimientos, no la perciben. Más bien es algo que rige para los funcionarios públicos.

Una cosa muy distinta es que sea usada por esa unidad de subvención educacional en alguna región, provincia o comuna para que tenga un valor más elevado por la marginalidad o ruralidad en que se encuentran, lo que en la práctica se traduce en un mayor sueldo para los profesores. Pero, reitero, la asignación de zona, hoy en día no existe, de manera que no veo dónde está la contradicción.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Teniendo presente que la Mesa declaró inadmisible el último inciso del artículo 48, se pondrá en votación el texto de la Comisión de Hacienda, que además de no contenerlo tiene algunas otras modificaciones de carácter formal.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 11 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por lo tanto, se aprueba el texto propuesto por la Comisión de Hacienda.

En discusión el artículo 49, que se refiere a la asignación de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica.

Hay una indicación renovada, que leerá el señor secretario.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La indicación es para agregar en el inciso segundo del artículo 49, después de la frase "cada administración municipal", los términos "o de la Corporación Educacional Privada respectiva".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se rechazará esa indicación, de acuerdo con el quorum que siempre se ha repetido, por lo que podríamos aprobar el artículo 49 sin necesidad de discutirlo.

El señor CORREA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor CORREA.-

Señor Presidente, deseo señalar que esta asignación de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica se considera exigua en relación con la asignación por experiencia o antigüedad. Si queremos tener una mejor educación, es necesario buscar incentivos para una mayor eficiencia, y está claro que este 10 ó 20 por ciento, si lo comparamos con la asignación de experiencia o antigüedad, que en 30 años puede llegar a un ciento por ciento, resulta absolutamente exiguo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Muy bien, pero en este momento no tenemos capacidad para modificarlo. Quedará como constancia.

Tiene la palabra don Claudio Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Deseo señalar, más o menos, lo mismo que expresó el Diputado Correa.

Si bien es cierto que no podemos presentar indicaciones respecto de esta materia, queremos puntualizar el por qué nos abstendremos en esta votación, ya que, sin perjuicio de reconocer que se introduce un mecanismo para valorar la responsabilidad directiva, creemos que es absolutamente insuficiente el porcentaje que allí se ha establecido.

Es más, estimamos que ese porcentaje no motivará a los docentes o a los profesionales de la educación para que se sientan inclinados a ejercer cargos directivos, ya que incluso los propios docentes directivos y técnicos-pedagógicos así lo han señalado.

Esa es la razón de nuestra abstención, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Cerrado el debate.

En votación el artículo 49.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 22 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por lo tanto, se aprueba el artículo 49.

En discusión el artículo 50, que permite conservar ciertos porcentajes de asignaciones de experiencia y de perfeccionamiento al pasar a desempeñarse en otra localidad. Sobre esta materia también supongo que habrá un acuerdo mayoritario.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, hago notar que en el inciso segundo del artículo 50 dice "no obstante, las asignaciones de desempeño en condiciones difíciles, de zona y de responsabilidad directiva o técnico-pedagógica, solamente se mantendrán si el nuevo empleo da derecho a su cancelación".

Esto reafirma la tesis de que era absolutamente constitucional lo que señalamos en el párrafo anterior, como que aquí está contenido en el artículo.

El señor CAMPOS.-

Pido la palabra.

El señor CAMPOS.-

Solamente para hacer presente que en el inciso primero se mencionan las corporaciones educacionales creadas por las municipalidades.

Eso es todo.

El señor PALMA (don Andrés).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, justamente por las razones señaladas por los Diputados Schaulsohn y Campos, votaré en contra de este artículo, esperando que sea repuesto correctamente en el Senado.

La introducción de la asignación de zona en el segundo inciso no fue hecha por el Ejecutivo. Hemos tenido largos debates aquí sobre el futuro de las corporaciones educacionales creadas por las municipalidades, lo que hace inconsistente la redacción de este artículo, con todo lo que hemos estado discutiendo hoy día tanto en su inciso primero como en el segundo, en que vuelve a introducirse la asignación de zona y que ya hemos corregido en los artículos 38 y 47.

Por lo tanto, compartiendo el sentido -salvo que hubiera unanimidad para presentar indicaciones que corrijan estos dos defectos de la redacción-, anuncio mi oposición al texto del artículo 50.

El señor GARCIA (don José).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor GARCIA (don José).-

El inciso final del artículo 7a transitorio obliga a las municipalidades que reciban asignaciones especiales a las unidades de subvención escolar por razones de ruralidad

o zona, a traspasar estos mayores valores a los montos del valor mínimo de la hora cronológica. Eso es lo que entiendo por asignación de zona y por tal razón, me parece perfectamente compatible con lo que dispone el inciso segundo de este artículo 50, cuando señala que cuando cambian las condiciones, esta asignación de zona se pierde si el profesor se va a trabajar a otra comuna donde esa unidad de subvención no tiene el recargo por ese concepto. Encuentro que está bien como figura en el texto.

Gracias.

El señor VALCARCE.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, una vez más quiero llamar la atención de mis estimados colegas en cuanto a que cuando hemos puesto la expresión "corporaciones educacionales" es porque se crea un vacío en la ley, en la medida en que esas entidades de aquí a que sean finiquitadas y pasen a manos de las municipalidades, hay un tiempo en el cual los profesores adscritos a ellas quedarán en tierra de nadie. Este artículo 50 refleja el espíritu que se ha tenido en vista al considerar a las corporaciones en los otros preceptos en que fueron rechazadas.

Con respecto a la zona, tal como lo dijo el Diputado señor José García, es un derecho adquirido que, si bien, en algunas municipalidades del país se paga como una asignación de zona, en este punto está claro que no se trata de un sobresueldo, sino simplemente una asignación por condiciones difíciles de lejanía.

Por estas razones la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente el artículo 50.

El señor ROCHA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Quiero hacer una aclaración, si me lo permite, Diputado señor Rocha.

El señor ROCHA- Señor Presidente, simplemente una cuestión de tipo formal. El lenguaje empleado en la parte final del inciso segundo es impropio. Se habla de cancelación en el sentido de pago, lo que no es correcto desde el punto de vista jurídico y sicológico.

El pago es la solución de lo debido; cancelación tiene más que ver con anulación. En consecuencia, solicito que se autorice a la Mesa para modificar la redacción de la parte final del inciso segundo del artículo 50, en el sentido de reemplazar la expresión: "Si el nuevo empleo da derecho a su cancelación" por "si el nuevo empleo da derecho a percibirlas".

Eso es todo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se facultará a la Mesa para corregir este aspecto.

Acordado.

Ya han hecho uso de la palabra los seis Diputados que estableció el acuerdo de los Comités; desgraciadamente, hay otros que han solicitado hacer uso de ella.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, deseo plantear un asunto reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El señor Estévez desea plantear un asunto reglamentario, salvo que, además haya acuerdo de la sala para que hagan uso de la palabra los Diputados señores Carrasco y Devaud.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, en el artículo 50, la frase sobre las corporaciones educacionales fue producto de una indicación que se propuso en la Comisión de Educación en la discusión particular del proyecto. Como modifica el artículo, ¿puedo solicitar que se vote por separado?...

Un señor DIPUTADO.-

No, porque este es el artículo.

El señor ESTEVEZ.-

...o ¿que se desglose la parte que dice "o de aquellos que sean administrados por las Corporaciones Educacionales creadas por las municipalidades? Es lo que se agregó y que no venía en el primer informe.

Por tanto, solicito que se desglose para votarla aparte o se permita votar en contra del artículo original, porque, de lo contrario quedamos encajonados en un sistema de votación que no nos deja opciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado señor Muñoz Barra hará una aclaración sobre la materia.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Cuando el artículo 50 fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación, Su Señoría, se incorporó a las corporaciones educacionales, entendiendo que caducan dentro del año en que van a entrar en vigencia las disposiciones de la ley. En cambio, en los otros artículos que se refieren a ellas se hace un planteamiento hacia el futuro. Por esa razón, se aprobó en estas condiciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado señor Bombal también desea hacer una aclaración.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, lo que señala el Diputado señor Estévez es una nueva indicación, completamente inadmisible, fuera de discusión reglamentaria.

En seguida, lo planteado respecto de las corporaciones es la evidencia clara de que estamos aprobando un híbrido, al dejarlas fuera.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo 50.

Si le parece a la Sala, se aprobará con los 5 votos en contra y la abstención manifestados.

Aprobado.

¿Habría acuerdo para suspender la sesión hasta las 23 horas, para que los señores Ministros, los señores parlamentarios, el señor Subsecretario y la directiva del Colegio de Profesores, que está en la tribuna, puedan ir a cenar?

Un señor DIPUTADO.-

Señor Presidente, muchos debemos viajar a Santiago.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Señor Presidente, ¿por qué no continuamos?

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entonces, ¿habría acuerdo para suspenderla por 30 minutos?

Acordado.

Se suspendió a las 21:49 y se reanudó a las 22:35.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

En discusión el artículo 51, que reglamenta la jomada de trabajo de los profesionales de la educación.

Ofrezco la palabra.

El señor SOTA.-

Es obvio y sencillo.

El señor SCHAULSOHN.-

¿No hay indicación, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No, señor Diputado.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Debemos esperar que lleguen 8 señores Diputados más. Debe haber 40 para votar.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, si no había indicación a este artículo, ¿por qué no fue aprobado automáticamente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El problema es que fue modificado en el informe. Por lo tanto, hay que votarlo.

En votación el artículo 51.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado por unanimidad.

Aprobado

En discusión el artículo 52, que se refiere a la jomada semanal docente y a la diferencia entre horas de docencia y horas de actividades curriculares no lectivas.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobado.

El artículo 53 ya fue aprobado.

En discusión el artículo 54, que se refiere a la evaluación, y a que habrá un reglamento sobre el sistema de calificaciones del personal.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación. Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobado.

El artículo 55 se refiere a la relación de este personal con las normas del Código del Trabajo.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobado.

El artículo 56 se refiere a las causales para dejar de pertenecer a la dotación docente del sector municipal.

Ofrezco la palabra.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, sobre el artículo que acabamos de aprobar haré una consulta que me parece importante. No es para reabrir debate.

El personal al cual se aplica este título no estará afecto a ninguna de las normas sobre negociación colectiva establecidas en el Código del Trabajo".

La pregunta, para los efectos de la historia fidedigna de la ley, es si estima que el Código del Trabajo no es la norma supletoria que rige las relaciones laborales en aquellos aspectos que no están cubiertas por el Estatuto Docente.

No sé si los honorables Diputados que ' formaron parte de la Comisión puedan hacer una precisión al respecto.

Me parece un tema bastante relevante.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¡Es así!

Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, tengo la misma duda que plantea el Honorable señor Schaulsohn, porque en el texto de este proyecto no aparece la afirmación de que el Código del Trabajo no se estaría aplicando como norma supletoria.

En el artículo 57, que viene más adelante, se señala que las relaciones laborales entre los docentes y los empleadores educacionales del sector particular se regirán supletoriamente por las normas del Código del Trabajo.

A contrario sensu, pareciera que el personal municipalizado no se rige por las normas del Código del Trabajo. Por lo tanto, la normativa supletoria para este personal sería el estatuto de los funcionarios municipales.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Qué artículo?

El señor GAJARDO.-

El 57, que está más adelante.

Aquí hay un vacío bastante serio, porque no está claro cuál es la normativa supletoria, si es el Código del Trabajo o es el Estatuto de los Funcionarios Municipales.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Eso se podrá aclarar en la historia de la ley, cuando se estudien todos los antecedentes. No creo que a estas alturas del debate podamos aclarar el punto.

Está en discusión el artículo 56, sobre las causales de cesación.

El señor HUENCHUMILLA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, en este artículo 56 se manifiesta de manera más categórica el problema que han planteado los Diputados señores Schaulsohn y Gajardo, sobre cuál es la norma supletoria que rige a los profesores municipalizados.

Quiero señalar categóricamente que el proyecto de Estatuto Docente no contempla, respecto de esos profesores, ninguna norma supletoria. Más aún, para aclarar esta situación, debo señalar que, de acuerdo con el artículo 3° del Estatuto de Funcionarios Municipales, estos profesores se rigen por el Código del Trabajo. Ese artículo 3° no aparece derogado ex-presamente en ninguna parte de este proyecto de Estatuto docente. Tendríamos que entender que existe una derogación tácita al establecer este Estatuto Docente normas especiales respecto de estos profesores.

Por otro lado, el Estatuto Docente califica a los profesores como servidores públicos.

A mi juicio, esa categoría no define la naturaleza jurídica de este grupo de trabajadores, porque o son funcionarios públicos o del sector privado. Decir que son servidores públicos es como decir que son buenos ciudadanos o buenos muchachos, lo cual, naturalmente no pro-duce efecto jurídico alguno.

Hago presente esta situación a raíz de lo que señala el artículo 56, cuando se refiere a las causales de cesación del trabajo de estos profesores. Por ejemplo, la letra b) dispone que una de las causales es "la falta de probidad, conducta inmoral grave u otras causales".

Habla de "otras causales" en forma generalizada, sin especificar..."que los hagan acreedores a una medida disciplinaria expulsiva, adoptada por medio de un sumario". Al respecto me surge la pregunta: ¿de qué sumario estamos hablando? ¿Del sumario consagrado en el Estatuto Administrativo? Naturalmente que no, porque partimos de la base de que estos trabajadores no serían funcionarios públicos. ¿Estamos hablando del Estatuto de Funcionarios Municipales? Naturalmente que no, porque el propio artículo 3° de dicho cuerpo legal señala que esas normas no se aplican a estos profesores, sino las del Código del Trabajo.

En consecuencia, existe un grave vacío en el Estatuto Docente, pues no establece una norma supletoria, razón por la cual los profesores podrían verse sumariados, sin que se establezca el procedimiento, los recursos necesarios, las vías de apelación o de reposición ante la misma autoridad, etcétera. Más aún, me pongo en el caso de que esos maestros no estuvieran conformes con la conclusión del sumario. Entonces, me pregunto: ¿cuál es la vía siguiente para dejarlo sin efecto y que él pueda probar que, efectivamente, los cargos que se le formulan no son tales?

¿Dónde está el resguardo del debido proceso respecto de ese profesor? Se le está acusando de una conducta inmoral grave y la ley no establece los mecanismos de defensa, de prueba, ni de apelación ante el organismo que corresponda. No aparecen consignados en el Estatuto y no está la norma supletoria que resguarde adecuadamente una de las cosas trascendentales que existen en una relación laboral, cual es la estabilidad en el empleo.

Por esa vía, creo que, necesariamente, tal vez no es esta instancia, pero sí en el segundo trámite constitucional en el Senado, el Ejecutivo tendrá que proponer una norma supletoria que resguarde adecuadamente los derechos de los profesores.

En aras del tiempo, no quiero analizar el resto de las causales que prueban, con mayores antecedentes, la tesis que estoy sustentando.

He dicho.

Aplausos en la Sala.

El señor ROJO.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, la situación es diametralmente opuesta. La norma supletoria es el Código del Trabajo. Tan efectivo es ello, que el artículo 55 señala exclusivamente que este personal "no estará afecto a ninguna de las normas sobre negociación colectiva...", o sea, en el resto de las disposiciones rige supletoriamente el Código del Trabajo; pero como podrían aplicarse las normas sobre negociación colectiva, se dispuso expresamente que esas quedan excluidas. En consecuencia, la disposición del artículo 56 va a regir, en todas sus partes, como norma especial y el Código del Trabajo, como norma general supletoria.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En ese mismo sentido, sería bueno que los señores parlamentarios analizaran el artículo 4° transitorio, que se refiere también un poco a esta materia, pero no en forma totalmente clara.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, sólo para manifestar que, si bien el Honorable señor Rojo ha citado literalmente el artículo 55, no es menos cierto que el 57 dice que "las relaciones laborales entre los docentes y los empleadores educacionales del sector particular,... serán de Derecho Privado, y se regirán por las normas del Código del Trabajo...", lo que hace presumir que a los trabajadores de la educación del sector municipalizado se les aplica una norma diferente.

Comparto el planteamiento del Diputado señor Huenchumilla. Creo que el tema hay que dilucidarlo, para evitar que derive en litigios y en una situación de inestabilidad jurídica para los trabajadores que serán beneficiados con el Estatuto Docente. La respuesta no es todo lo clara que parece sugerir el Honorable señor Rojo.

El señor DEVAUD.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor DEVAUD.-

Gracias, señor Presidente.

Dado el giro que ha tomado el debate, me parece importante recordar que el Diputado don Juan Martínez propuso una norma supletoria específica en relación con el artículo 70 -pasa a ser 68-, que corresponde al título final del proyecto de Estatuto Docente, según la cual "en aquellas materias no reguladas por la presente ley, se aplicará el Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos".

Aparentemente, la indicación propuesta por el Diputado Juan Martínez, que, lamentablemente, fue rechazada por la Comisión de Educación, solucionaba el problema que se ha suscitado hoy día y que se expresa en un vacío legal.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Navarrete.

El señor NAVARRETE.-

Gracias, señor Presidente.

Deseo apoyar en todas sus partes la exposición del Diputado señor Huenchumilla, la que ratifica lo que hemos estado sosteniendo reiteradamente: que los profesores están en un área rara, dado que nadie sabe a qué norma apelar en cada circunstancia.

Como dije hace un momento, algunas veces se les aplica el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales; otras veces son considerados empleados públicos y, otras empleados particulares. En lo que se refiere a las causales de cesación en el cargo por medidas disciplinarias, no se establecen, por ejemplo, las condiciones económicas del profesor se-parado del servicio por una medida de esa naturaleza.

Según el Estatuto Administrativo, una persona que sale por una causal disciplinaria de expulsión, no tiene derecho a ningún beneficio económico.

Por otra parte, el Código del Trabajo no considera el sumario para aplicar la medida de término del contrato del trabajo, cuyas causales están claramente específicas. En ninguna parte dicho Código establece que debe haber un sumario administrativo.

Por eso, reitero que, en el trámite del Senado, el Gobierno puede corregir este aspecto y darles a los profesores claridad respecto de su dependencia jurídica laboral.

He dicho.

El señor BARTOLUCCI.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor BARTOLUCCI.-

A mi juicio, el régimen jurídico que regirá a los profesores está claro y aparece de la misma larga discusión habida esta tarde.

Evidentemente, hay un cambio de régimen jurídico, como lo establece el artículo 4° transitorio. En la actualidad son empleados particulares quienes están en una corporación educacional, y municipales, los que están en un DEM.

El estatuto señala que dejarán de existir las Corporaciones Municipales y pasarán a ser DEM, Departamento de Educación Municipal. Por lo tanto, es obvio que todos quedarán en calidad de empleados municipales. Por eso, el artículo 4° transitorio habla de "cambio de régimen jurídico", porque, evidentemente, se produce un cambio: de empleados particulares pasan a ser empleados municipales.

Cuando la letra b) del artículo 56 habla de "sumario", se refiere al que corresponde a los empleados municipales, y cada vez que la situación es distinta, el propio Estatuto se encarga de hacer presente la diferencia al señalar cuál norma se aplica.

Aunque uno no comparta la idea que desaparezcan las Corporaciones Municipales, esa es la idea del Estatuto y todos pasarán a ser DEM, Departamento de Educación Municipal. Obviamente, todos los profesores pasarán a ser empleados municipales. Ese es el sistema ideado y sobre el cual razona el Estatuto Docente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En todo caso, este punto merece ser clarificado durante la tramitación del proyecto, porque si fuera como lo ha expuesto el Diputado señor Bartolucci, el artículo 55 estaría de más: ¿Para qué decir que no van a estar regidos por la negociación colectiva prevista en el Código del Trabajo? Aquí hay un punto por clarificar, lo cual se podrá hacer en el Senado.

El señor LAGOS (Ministro de Educación).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LAGOS (Ministro de Educación).-

Señor Presidente, este es un punto de la mayor importancia. En el proyecto de Estatuto está implícito que los profesores que laboren en el sector municipal pertenecen al ámbito público. El municipio forma parte del ámbito público del país. Dentro de ese concepto, resulta evidente que las disposiciones a que ha hecho referencia el Diputado señor Huenchumilla, en el sentido de que los profesores se regulan por las normas del Código del Trabajo, deben ser revisadas. ¿En qué sentido? Nos parece muy difícil que luego de la aprobación de este Estatuto, los profesionales docentes del sector municipal puedan considerarse asistidos sólo por el Código del Trabajo, en tanto eso forme parte de las relaciones del ámbito privado.

Por otra parte, el reconocimiento de la función pública de los que están en el ámbito municipal, quedará determinado precisamente por el debate que tenga lugar en esta Sala. Aquí estamos estableciendo un conjunto de medidas que dicen relación con su realidad laboral y salarial. En consecuencia, las referencias deben apuntar, en primer lugar, a regirse por las normas de este Estatuto y, supletoriamente, por las del ámbito municipal, en el cual, como sabemos, en subsidio, rigen también las normas del ámbito del Estatuto Administrativo del sector público.

En nuestro concepto, este elemento es muy importante, porque apunta a las características y a la historia de esta ley. Estamos conscientes de que el tema requiere de mayor análisis, pero lo consideramos importante por las características de este Estatuto. No podría ser de otra manera, pues estamos regulando las normas contractuales, la estabilidad, las causales de despido, las condiciones de tipo salarial y las condiciones del contrato de trabajo.

En consecuencia, todo ello obliga a plantear que, desde el punto de vista de los profesores, éstas son las normas que deben operar supletoriamente.

Por otra parte, creemos que ésta es la única forma de entender el esfuerzo que se está haciendo. En caso contrario, nos parecía inadecuado para los profesores que laboran en el ámbito de la administración municipal. Habría un contrasentido, como nos ha parecido que siempre lo ha habido con respecto a la Corporación, pues si bien tienen financia- miento público y pertenecen al ámbito público, hay una ficción que consiste en suponer que operan en función del sector privado.

Aquí estamos asumiendo la realidad educacional, en la cual existe un ámbito público y un ámbito privado educacional. El ámbito público se rige por las normas propias del sector público. En cuanto a las normas supletorias el ámbito privado dispone de las que corresponden al sector privado. En ese sentido, creemos que hay una lógica en este Estatuto, cuya característica consiste en que prevalecen las normas propias de la función docente y, supletoriamente, las que corresponden a su empleador, que es el ámbito municipal, el cual dentro del ordenamiento de nuestro sistema legislativo, pertenece al ámbito de lo público.

He dicho.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Simplemente, es para preguntarle al señor Ministro -a quién respeto mucho-, por qué razón existe un estatuto para los funcionarios municipales y otro para los funcionarios del sector público.

Creo que es muy bien intencionada su explicación, pero coincido con el Diputado Huenchumilla en que mientras no exista un artículo que defina claramente la naturaleza jurídica del profesor, ello se va a prestar para las confusiones en que algunos parlamentarios han caído en esta Sala.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el artículo 56.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 26 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 56.

El artículo 57 está reglamentariamente aprobado.

Corresponde discutir el artículo 58, que se refiere parcialmente a la misma materia del contrato de trabajo, en el caso de los trabajadores de la educación.

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, no existe ninguna omisión ni confusión. Cuando las disposiciones del Estatuto Docente se refieren a las relaciones entre el empleador y el profesor del sector particular, se está aplicando, en todas sus partes el Código del Trabajo, y este artículo 58...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Perdone que lo interrumpa señor Diputado; no es mi ánimo hacerlo. Pero el señor Secretario me indica que corresponde sólo votar este artículo y no discutirlo. Lo siento.

En votación el artículo 58.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Un señor DIPUTADO.-

No; me abstengo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado con una abstención.

El artículo 59, que regla la jomada semanal de trabajo de quienes ejerzan labores docentes, fue modificado y no tiene ninguna indicación.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

El artículo 60 que versa sobre los establecimientos educacionales particulares y sus reglamentos internos, ha sido objeto de una indicación.

El señor Secretario le dará lectura.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La indicación persigue agregar una letra d), nueva, que dice: "Normas sobre calificación de los profesionales de la educación".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

El señor VALCARCE.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, esta indicación regula la existencia de un sistema de calificación de los profesionales de la educación en el sector privado subvencionado, con el objeto de evitar cualquier clase de transgresión a las leyes laborales en la aplicación de las causales del Código del Trabajo, a no ser de que, realmente se disponga de un antecedente, cual es la calificación de estos profesionales a través de un reglamento que el mismo establecimiento se dé para este fin.

Esta situación sirve, también, para mantener a los colegios particulares subvencionados, en el mismo sistema que los colegios municipalizados. De ahí que creamos necesario instituir el reglamento de calificación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Smok.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, nos parece que no corresponde a las relaciones contractuales, y a la forma de desarrollo del sector privado, establecer un sistema de calificación funcionaría, más aún si se argumenta que se hace para resguardar las transgresiones de las leyes laborales. Como es sabido, éstas tienen su elemento de resguardo, de apelación y de protección en las instancias administrativas y judiciales correspondientes, y no serán ni mejor establecidas ni protegidas mediante una calificación funcionaría de origen desconocido, y con un imperio y un objetivo que no quedan claros, por lo cual creo que la agregación de la letra d) no aporta al espíritu de la ley que se postula.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Cabe señalar, además, que cada establecimiento puede dictar, privadamente, el reglamento que quiera.

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, la bancada democratacristiana considera conveniente también aprovechar el trámite en la Sala para mejorar el articulado de este proyecto de Estatuto Docente, y votará en favor de esta indicación porque planteamos una norma general, con la cual se resta la posibilidad de que cada sostenedor dicte normas sobre calificación del personal. Es bueno que quede reglamentada esta situación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación al artículo 60.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo una abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 60 con la indicación.

Corresponde, a continuación, votar el artículo 61, suprimido, que figura en la página 5 del informe y que se refiere a que el personal docente del ámbito particular hará uso del feriado legal en los mismos términos en que aquel del ámbito municipalizado.

Este artículo fue suprimido a raíz de una indicación aprobada por unanimidad en la Comisión.

Si le parece a la Sala, podríamos mantener esa supresión dado que hubo unanimidad en la Comisión.

Tiene la palabra el señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, este artículo, fue refundido y quedó en el inciso final del artículo 59. De manera que se eliminó por ser redundante.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Con mayor razón, entonces.

Si les parece, se confirmará la supresión.

Acordado.

Los artículos 61, 62, 63, 64 y 65 están aprobados, de modo que corresponde pasar al artículo 66, de las "Disposiciones Finales", pero sólo votarlo, no discutirlo.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, un asunto de orden reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn y, después, el Diputado señor Claudio Rodríguez.

El señor SCHAULSOHN.-

Sólo para hacer una consulta, señor Presidente. En el artículo 63 se señala que los profesionales de la educación del sector particular subvencionado gozarán de la asignación contemplada en el artículo 48 de esta ley si el establecimiento en el cual trabajan es calificado como de desempeño difícil.

El señor BOMBAL.-

Está votado, señor Presidente.

El señor SCHAULSOHN.-

¿Es cierto que este artículo está votado y no vamos a discutirlo?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Está aprobado.

El señor SCHAULSOHN.-

Bien. Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

A continuación, tiene la palabra el Diputado señor Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ.-

Señor Presidente creo que la Mesa debiera declararlo inadmisible, por cuanto el artículo 63...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Perdón, declarar inadmisible ¿qué cosa?

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Lo que pasa es que el artículo 63 contiene...

El señor ORTIZ.-

Estamos en el artículo 66.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El problema es que esos artículos no fueron objeto de indicación, y, reglamentariamente están aprobados.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

De acuerdo, señor Presidente; pero se trata de un asunto de reglamento.

El artículo 63 contiene un inciso según el cual será consultada la opinión del Consejo Provincial de Educación respectivo, y dicho Consejo se votó...

El señor VALCARCE.-

Exactamente. Eso ya lo conversamos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Así es. Pero, para eso está el sistema bicameral. Lo corregirá el Senado.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿No quieren Uds. que lo corrija el Senado?

Si hubiera acuerdo unánime de la Sala, se podría suprimir...

Varios Señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No hay unanimidad, así que se da por aprobado el artículo.

El artículo hace referencia a un ente que fue rechazado por nosotros, pero que, sin embargo, existe en la realidad. Allá se verá que pasa.

Corresponde votar el artículo 66.

Se refiere a que estos profesionales tienen derecho a negociar colectivamente, en conformidad con las normas del sector privado.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad...

Un señor DIPUTADO.-

Con mi voto en contra, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

...con el voto en contra de Su Señoría.

Aprobado.

Los artículos 67 y 68 están aprobados reglamentariamente.

A continuación corresponde discutir el artículo 1° transitorio, respecto del cual hay una indicación de la Comisión de Hacienda en el sentido de suprimirlo.

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, prefiero ceder mi tumo para escuchar la opinión de la Comisión de Hacienda.

El señor PALMA (don Andrés).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, en el día de hoy la Comisión de Hacienda discutió el acuerdo de la Comisión de Educación, que no había sido puesto en conocimiento de ella, en conjunto con el resto del articulado, y después de una larga discusión se presentaron dos indicaciones.

Una de ellas para suprimir los incisos primero, segundo y tercero, y del artículo transitorio dejar solamente el inciso cuarto, con una redacción del siguiente tenor: "Los profesionales de la educación que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley cumplan con todos los requisitos para jubilar establecidos en el decreto ley N° 2.448, de 1979, en el decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, y en la ley N° 18.834, y que se acojan a jubilación dentro de un plazo de 120 días, contado desde esa fecha, se les considerará para los efectos del cálculo de su jubilación, que han efectuado imposiciones sobre la totalidad de sus remuneraciones efectivas a partir del Io de enero de 1988".

Esta indicación fue rechazada por la mayoría de la Comisión.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión de Hacienda acogió una segunda indicación, por la cual rechazó íntegramente el texto del artículo propuesto por la Comisión de Educación. El informe de la Comisión de Hacienda, que no ha podido se reproducido para todos los señores Diputados consigna, en definitiva, el rechazo del artículo 1° transitorio.

Desde el punto de vista formal, entiendo por lo tanto, que está presentado el artículo de la Comisión de Educación y como indicación el que suprima este artículo le transitorio.

Eso es lo que puedo informar.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Quizás sería importante que la Comisión de Hacienda informara el motivo de esa actitud.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, puedo informar que la Comisión de Hacienda acordó suprimir las normas de gradualidad que establece el artículo 1°, transitorio, porque se informó la voluntad-del Ejecutivo de que dichas normas no se aplicarán sino que, en definitiva, rigiera el artículo 43 del proyecto, sin gradualidad. Se rechazó la disposición que establecía que a aquellos trabajadores que hubieran cumplido con el requisito de edad para jubilar y se acojan a jubilación para los efectos del cálculo de este beneficio, "se les considerará que han efectuado imposiciones sobre la totalidad de sus remuneraciones". Se rechazó por estimarse que podían incluirse en ese texto algunas normas discriminatorias entre personas afiliadas al sistema previsional antiguo y las que cotizan en el nuevo.

Por esta razón, la Comisión de Hacienda prefirió rechazar el articulado, con el compromiso del Ejecutivo de que aquellas disposiciones relativas a la jubilación serían presentadas, perfeccionadas durante la tramitación del proyecto en el Senado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, deseo consultar al Presidente de la Comisión Hacienda, y también al Ministerio de Educación, de dónde se sacarán los recursos para pagar, en forma inmediata, lo dispuesto por esta normativa, por cuanto, al regir el artículo 43 del Estatuto, no hay gradualidad para dicha cancelación, que sí se planteaba en el artículo 1° transitorio. Creo que la Sala tiene interés en saber si esos recursos están estipulados para cancelar, sin graduación, o si se requiere efectivamente de una nueva ley.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LAGOS (Ministro de Educación).-

Señor Presidente, luego que la Cámara aprobó el artículo 43, que establece la obligatoriedad de efectuar imposiciones previsionales sobre la totalidad de las remuneraciones de los profesores, se nos plantea el problema de lo que ocurre con aquellos profesores que durante todo este tiempo no han tenido una imposición equivalente al ciento por ciento de sus sueldos y que alcanza, aproximadamente al 35 por ciento de profesorado nacional.

Conjuntamente con ello, hay un número importante de profesores que, teniendo, en el caso de los varones, 65 años de edad, y en el caso de las mujeres, 60 años y 30 años de servicios, estarían en condiciones de jubilar, pero que no lo pueden hacer ya que sus imposiciones en los últimos años no se han efectuado sobre el ciento por ciento de sus remuneraciones.

En el proyecto original que presentó el Ejecutivo a consideración del Parlamento, se establecía el artículo 1° transitorio, al que la Comisión de Educación introdujo la siguiente frase al inciso primero..." como también los profesionales que están afiliados al sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones, aunque se hubieren traspasado a la previsión fiscal".

Esta tres líneas implican, obviamente un mayor costo. La Comisión de Educación no tiene atribuciones para formular esa indicación. Además como dice muy bien el Presidente de la Comisión de Educación, se estableció un sistema gradual para hacer el proceso de imposiciones respecto de los profesores en los próximos cuatro años. En consecuencia, la disponibilidad de recursos está contemplada sobre la base de gradualidad indicada en el proyecto que tienen los señores parlamentarios, aprobado por la Comisión de Educación.

Conjuntamente con ello, se disponía que, respecto de aquellos profesores que estén en condiciones de jubilar y que reúnan copulativamente los requisitos a que me he referido: 30 años de servicio y la edad correspondiente, se podían acoger a jubilación dentro de los 120 días siguientes a la promulgación de la ley, suponiendo que se hubieren efectuado imposiciones -es el supuesto de la ley- sobre el ciento por ciento de sus remuneraciones a partir de 1988.

El número de profesores que se beneficiarían con esta disposición, alcanza, aproximadamente, a 2 mil 700. En consecuencia, estarían en condiciones de acogerse a jubilación como si hubieran tenido el ciento por ciento de sus imposiciones. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nos parece que la gradualidad que opera respecto de aquellos profesores -como está establecido en la disposición- que tengan 26 años de servicios, si lo hacemos respecto de todos los profesores, sería una injusticia. Porque si al profesor que hoy tiene 65 años de edad y 30 de servicios, le comenzamos a hacer, a partir de hoy, las correspondientes imposiciones, sólo podría acogerse a jubilación en 3 años más.

Esa es la razón por la cual se proponía en el inciso final esta situación de excepción. Los profesores dispondrían de un plazo de 120 días para acogerse a jubilación y se les consideraría, para los efectos del cálculo de su jubilación, que han efectuado imposiciones sobre la totalidad de sus remuneraciones desde el l2 de enero de 1988.

En suma, creemos que esta disposición, en la forma en que fue planteada originalmente por el Ejecutivo, permite, primero, resolver una situación inadecuada que afecta a profesores, que en un 35 por ciento no se les ha impuesto por el ciento por ciento de sus remuneraciones; segundo, establecer un régimen gradual para hacerse cargo de los mayores gastos que esto significa, en relación con aquellos profesores que aún no están en condiciones de jubilar, y tercero, consagrar un mecanismo para aquellos profesores que puedan jubilar y lo hagan de inmediato, considerando que han tenido imposiciones sobre el ciento por ciento de sus remuneraciones a partir del 1° de enero de 1988.

En consecuencia sugerimos a la Cámara, aprobar la proposición que hace la Comisión de Educación, entendiendo que la Mesa debiera declarar que no es admisible, en el inciso primero de este artículo, la frase que hace extensiva esta disposición a los afiliados que estén incorporados al sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones, en tanto ello implicaría un mayor gasto fiscal.

Por nuestra parte existe el propósito de llegar a una solución de entendimiento en el Senado respecto de este artículo, pues comprendemos lo que algunos señores parlamentarios han planteado, en el sentido de que podría existir una situación similar respecto de otros funcionarios que también han sido traspasados al ámbito municipal. En consecuencia según algunos se produciría una situación de privilegio respecto de los profesores.

Me atrevo a decir aquí, que más que una situación de privilegio, se trata de enmendar una injusticia respecto de un sector de servidores a quienes no se les ha impuesto por el ciento por ciento de sus remuneraciones, lo que les impide jubilar.

En la forma en que está redactada la disposición, permitiría, según los cálculos del Ministerio de Educación, acogerse a jubilación a aproximadamente 2 mil 700 profesores, como si se les hubiere impuesto por el ciento por ciento de sus remuneraciones.

El gasto fiscal que se produce es relativo, porque, la asignación de antigüedad que se ha aprobado anteriormente para los profesores, también significa un mayor costo desde un punto de vista fiscal; vale decir, el que determinados profesores que tienen 30 años de servicios puedan acogerse a jubilación, implica que también disminuya el número de profe-sores que tiene mayor antigüedad.

Por lo tanto, existe la disposición de fondos para enfrentar el mayor gasto que significa el artículo en los términos señalados por el Ejecutivo.

Estamos conscientes de que si hubiere que hacer algún tipo de ajustes, podremos concretarlos en el Senado de la República. •

Eso es todo, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Dada la explicación del señor Ministro, la Mesa declara inadmisible la referencia a los profesionales afiliados al sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Son tres líneas en una frase intercalada en el inciso primero, del artículo 1° transitorio, que implican un mayor gasto.

También pareciera ser inadmisible la indicación de la Comisión de Hacienda. De aprobarse, representaría un gasto más elevado aún, porque el artículo 43 entraría regir de inmediato.

Por lo tanto, lo que estamos discutiendo en este momento es el artículo 1°, sin la referencia a los profesionales que están afiliados al sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Lo que se elimina es desde donde dice "... como también los profesionales..." hasta "...traspasado de la previsión fiscal...".

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, la explicación del señor Ministro y la declaración de inadmisibilidad que ha hecho de la Mesa, tanto respecto de la adición formulada en la Comisión de Educación como de la observación de la Comisión de Hacienda, ahorran mayores comentarios.

Sí, quiero señalar que éste es un caso típico en que la Comisión de Hacienda excede las facultades que tiene, de acuerdo con la Ley Orgánica y con el Reglamento de la Cámara de Diputados. Esta Comisión se ha ido transformando, con el tiempo, en una especie de Comisión censora y revisora de los proyectos de ley de las demás Comisiones, lo que no me parece una sana práctica, como lo demuestra el asunto que estamos discutiendo. No hay ninguna razón para que la Comisión de Hacienda declare inadmisible o rechace indicaciones del Ejecutivo, porque su ámbito de competencia es claro.

El señor PALMA (don Andrés).-

Infórmese bien, señor Schausohn. No se rechazó ninguna indicación del Ejecutivo.

El señor SCHAULSOHN.-

¿Me permite terminar con mi intervención, señor Palma?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ruego al señor Palma guardar silencio. Puede continuar el señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Con la venia de la Mesa, proseguiré. Lamento irritar a los señores Diputados miembros de la Comisión de Hacienda; pero la verdad es que quienes hemos participado en los debates desde que se inició el trabajo del Congreso, hemos debido abordar este tema reiteradamente.

Lo ocurrido en la sesión de hoy debe servir de lección, para que la Comisión de Hacienda se limite a cumplir, en el futuro, con el cometido que le otorgan los artículos 219 del Reglamento y 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, colegas parlamentarios. En nombre de la bancada democratacristiana, hago un llamado muy especial a todos los Diputados presentes, para que así como el articulo 43 se aprobó por unanimidad hagamos lo mismo con el artículo 1° transitorio, porque ambos están íntimamente relacionados. De no aprobarse no habría ninguna posibilidad de que los 2 mil 700 profesores, como lo planteó el señor Ministro de Educación, puedan jubilar el próximo año. Además el Ejecutivo no está en condiciones de acoger todas las posibilidades de jubilaciones de una sola vez, dejando de lado la gradualidad.

Por lo tanto, nuestra bancada votará favorablemente el artículo 1° transitorio, sin las tres líneas a que ya se hizo referencia.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, todavía tengo dudas sobre el sentido exacto de este artículo y, por ende, de la inadmisibilidad que se acaba de declarar.

El artículo 1° transitorio debe ser analizado, naturalmente, en relación con el artículo 43. Se trata de dos materias si bien distintas, complementarias. Una se refiere a que las imposiciones se hagan por el total de las remuneraciones a todos los profesores, y la otra involucra a los que están a punto de jubilar, a quienes considera como si hubieran tenido imposiciones totales.

El primer aspecto es el de los que tienen uno o dos años de servicios, respecto de los cuales el artículo 43 establece que tendrán imposiciones por el conjunto de sus remuneraciones.

Si no hay artículo 1° transitorio, quedarían vigentes, por lo tanto, las imposiciones por el conjunto de sus remuneraciones aún para los que tienen un año de servicios, pues establece un escalona- miento para las personas que tengan 26 o más años de antigüedad. Luego, dice que "a los profesionales de la educación a quienes se les aplica esta norma y que tengan menos de 26 años de servicios o de imposiciones...se les continuarán efectuando las imposiciones sobre las mismas remuneraciones imponibles vigentes al 28 de febrero de 1991...".

Es decir, el efecto del artículo le transitorio es que a aquellos profesionales de la Educación que tengan menos de ese tiempo se les suspende la aplicación del artículo 43, hasta que cumplan los 26 años de servicios.

Si esto es así, cuando se explícita en el primer inciso que ello afecta a los que están acogidos a la previsión fiscal o a los que están en las AFP, la restricción de no aplicarse el artículo 43 se está extendiendo a los que están en las AFP. Por lo tanto, no hay un incremento de gastos o de beneficios, sino exactamente lo contrario. El artículo 1° transitorio establece una limitación del gasto que produciría el artículo 43, si no hubiera 1° transitorio, que es la razón por lo demás que ha dado el señor Presidente de la Cámara para declarar inadmisible la votación de la Comisión de Hacienda, criterio que yo comparto, ya que la supresión del artículo 1° transitorio, implica mayor gasto.

Precisamente porque comparto eso, me parece clarísimo el primer aspecto del que estamos hablando, esto es, que se suspende la aplicación de las imposiciones por el conjunto del sueldo para los que tienen 26 o menos años de servicios, sea que estén en las AFP o en el sistema público y no sólo para los últimos. Me parece natural que esto sea entendido en su conjunto.

El segundo aspecto del problema es completamente distinto y dice relación con las personas que están próximas a jubilar y a las cuales, por ley, se considera para los efectos del cálculo de su jubilación, que han efectuado imposiciones sobre la totalidad de las remuneraciones.

Es obvio que esta disposición sólo puede afectar a los que están en el Instituto de Normalización Previsional, porque eventualmente, si hubiera algún caso, -lo digo en teoría- que estuviera en AFP por el sólo imperio de la ley no podría considerársele hechas las imposiciones porque este sistema es de capitalización, y por tanto, el monto de la jubilación depende del total capitalizado en el conjunto del período. Por ende, el último inciso de este artículo, es completamente inaplicable a quienes están en las AFP.

En síntesis, me parece que la restricción a los derechos del artículo 43 permanente que establece el 1° transitorio, tiene que ser pareja para todos los funcionarios de la educación. Y al explicitar los Diputados señores Valenzuela y Arancibia, que ello es tanto para unos, como para otros, están simplemente aplicando un criterio lógico de que la restricción es para todos y que no hay mayor gasto.

Ahora, la introducción de la frase "del sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones", sí podría producir una confusión en lo que se refiere a la aplicación del último inciso del artículo.

Por estas consideraciones y otras, es que algunos colegas habían pensado suprimir el artículo para buscar una redacción más apropiada que recogiera todos estos elementos.

Sin embargo, comparto el criterio expresado por el señor Ministro respecto de que es mejor tener la ley con este artículo, como base del debate, y buscar el modo de perfeccionarlo en los trámites posteriores. Por tanto, también me sumo al criterio de aprobar el artículo lc, en la forma señalada por la Comisión de Educación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El tema es complejo y, a estas alturas del debate, no cabe duda que puede haber personas con más de 26 años de antigüedad que cambien de sistema. Por ello, al hacer aplicable el beneficio de la jubilación anticipada, se estaría incurriendo en un mayor gasto. Pero esto se refiere al segundo aspecto no al primero.

Dada su complejidad, considero que podemos operar como se ha hecho, y posteriormente, se podrá rectificar o aclarar en el Senado.

Tiene la palabra el Diputado Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, concuerdo parcialmente con lo expresado por el Diputado señor Estévez, ya que la distinta redacción del artículo 43 incluyó en su globalidad a los profesores que no imponían por el ciento de sus remuneraciones, sin distinguir si estaban en el antiguo sistema previsional o en el de las AFP. Por lo tanto, al declarar inadmisible la frase descrita, podría deducirse que tendrían derecho de inmediato a alguna forma de imponer por el total de sus remuneraciones.

Pero, el problema que discutimos ahora, es distinto. Renovación Nacional se abstendrá en la votación de este artículo porque en la mañana de hoy, se logró un acuerdo en una reunión de Comités, con presencia de representantes del Ejecutivo, según el cual se votará en contra de este artículo, con el fin de lograr una redacción de común acuerdo en algo en que se está trabajando desde hace varias semanas para no provocar precisamente lo que podíamos crear buscando reparar injusticias: mayores discriminaciones e injusticias.

Por supuesto, estimamos positivo que se considere en el artículo Io un beneficio para los 2 mil 700 profesores que según el señor Ministro, están en situación de jubilar, aunque estimamos que el artículo 43 podría servir igual para que lo pudieran hacer, reconociéndoseles el ciento por ciento de sus imposiciones, desde 1988.

Pero, no encontramos justo que haya una discriminación respecto de los trabajadores o de los profesores que están en el mismo caso, pero en las AFP o incluso con los trabajadores del sector público que, pese a estar cotizando por el ciento por ciento desde el año 88, pueden jubilar en distintas condiciones de las que, eventualmente podrían jubilar los profesores, en este caso. También, como lo dijo el Diputado señor Cerda, estimamos que es claramente injusto con relación a otros servidores públicos que fueron traspasados a las municipalidades, como los del sector salud y que no se han considerado globalmente para solucionar y reparar la situación que los afecta.

Creemos que es perfectamente posible llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, en el Senado como se está trabajando. Pero aprobar este artículo en la forma que se establece ahora, rompiendo el acuerdo de hoy en la mañana, significa establecer precedentes discriminatorios en favor de un determinado sector que, por supuesto, apoyaremos posteriormente, pero en la medida en que sea de justicia para los otros sectores afectados.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Arancibia, con quien se completa el número reglamentario de Diputados que pueden hacer uso de la palabra.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, en la declaración de inadmisibilidad de los primeros incisos del artículos 1°, sobre la progresividad, me permito recordar -y sé que el señor Presidente lo tiene en cuenta- el artículo 62 de la Constitución Política que, si lo relacionamos con los números 4° y siguiente, termina con la siguiente afirmación expresa: "El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República". Es decir, hay aquí una facultad expresamente otorgada por la Constitución al Congreso para que éste rechace una iniciativa de esta naturaleza, sin tener que entrar, por lo tanto, a consultar »u espíritu, si el texto de la ley es claro.

En cuanto a los comentarios, un tanto exagerados, del Honorable colega y amigo señor Schaulsohn, sobre la función laboriosa y fatigosa que ha cumplido la Comisión de Hacienda, la cual no ha pretendido revisar ni rectificar ni exceder sus atribuciones, sino que dar fiel cumplimiento a ella, es importante no dejar pasar ese tipo de imputaciones que, en verdad, no hacen justicia a los esfuerzos de los miembros de la Comisión.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El criterio de la Mesa es que la frase intercalada en esas tres líneas, en cierta medida reduce gastos, como explicó el Diputado señor Estévez, y ahora, el Diputado señor Arancibia, y por otra parte, puede implicar aumento de gastos. Esa es la razón de la declaración.

En consecuencia, en votación el artículo sin esa referencia. Este artículo requiere de quorum calificado.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos, por la negativa. 0 voto, hubo 26 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por lo tanto, no se ha alcanzado el quórum reglamentario que es de 60 votos, en este momento.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, quiero solicitar la posibilidad de que se repita la votación...

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No!

El señor ESTEVEZ.-

...basado en que si estoy equivocado, naturalmente, retiro mi proposición lo conversado no es con el ánimo de suprimir estos derechos que se crean para los profesores, sino de mejorar y aclarar el alcance de esta indicación. El colega Ringeling, al fundamentar la posición de la oposición, ha señalado con claridad que lo que se busca no es suprimir este artículo, sino arribar a una redacción más precisa, que dé cuenta del conjunto de los factores.

Me parece que se podrían salvar ambas cosas; esto es, la mantención de un texto base como referencia del tema y al mismo tiempo, la idea de que hay discrepancia sobre este texto, que no es unánimemente compartido.

Si repitiéramos la votado, para buscar los 61 votos que se necesitan y no dificultar que en el Senado podamos precisamente modificar los temas de acuerdo a lo previsto, estaríamos en el ánimo de lograr, por un lado, una mayoría suficiente para aprobar el artículo y por otro, que un conjunto de Diputados que expresan una opinión discrepante, que no es de oposición, sino que de abstención, voten precisamente para favorecer a los profesores y no perjudicarlos.

Si hubiera este ánimo, se podría buscar una fórmula que permita salvar la situación.

He dicho.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Está votado!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Taladriz. ,

El señor TALADRIZ.-

El señor Estévez está equivocado, porque la responsabilidad de alcanzar el quorum necesario en esta sesión es exclusivamente de los Diputados de Gobierno. Ellos tienen muchos Diputados; no nos aprueban ninguna indicación a nosotros y, ahora, nos piden que les devolvamos la mano. La responsabilidad de que estén todos aquí, es de ellos. No nuestra.

Además la votación ya está hecha.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No hay ánimo para repetir la votación, por lo cual el artículo queda rechazado al no alcanzar el quorum requerido.

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Quisiera insistir en pedir a los Diputados de Renovación Nacional que den la posibilidad de repetir esta votación.

Me parece que, cuando el Diputado señor Taladriz argumenta en los términos en que lo ha hecho, está consciente de que, en este momento, en la Sala, la única posibilidad de que, efectivamente, se pueda continuar con el normal trámite de esta ley depende de los parlamentarios de Renovación Nacional o de la Unión Demócrata Independiente:

No creo que la intencionalidad sea afectar el tratamiento de la ley en su conjunto. En consecuencia, bien vale la pena el que haya una reconsideración respecto de este punto, la que solicitaría formalmente en nombre de la bancada democratacristiana.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, primero, las votaciones hay que respetarlas.

Segundo, los Diputados de Renovación Nacional no sólo nos hemos abstenido por las razones planteadas por el Diputado Ringeling, sino que, también, porque hemos manifestado, desde un principio que estamos en desacuerdo con la gradualidad que se le ha aplicado al be-neficio que se reconoce en este proyecto a los profesores.

Por lo tanto, sería tremendamente inconsecuente que los parlamentarios de Renovación Nacional, para dar quorum a los Diputados de la Concertación, tuviéramos que renunciar a nuestro legitime derecho de abstenemos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Esta no es la última instancia. Se puede reponer el artículo en el Senado; puede haber un veto, etcétera. Sólo estamos en el primer trámite constitucional.

Tiene la palabra el Diputado señor Cerda.

El señor CERDA.-

Señor Presidente, quiero plantearle a los parlamentarios de Oposición que asumimos nuestra responsabilidad de que falten en la Sala Diputados de la Concertación que permitan alcanzar el quorum requerido; pero quiero agregar que no estamos jugando en quiénes están ausentes y quiénes están presentes. Aquí hay votos de más, sumando los de la Concertación con los de la Oposición, para que este artículo pueda ser aprobado y las personas del Magisterio que lo están esperando para su jubilación, que son alrededor de 2 mil 700, tengan la tranquilidad de que el Parlamento en su conjunto, les permite gozar de algo que, en justicia, les pertenece.

Por eso, solicito a los parlamentarios de la Oposición, que no miremos quién es el más obligado en esta situación, porque la responsabilidad de aprobar las leyes en este Parlamento, no es sólo de la Concertación o de la Oposición, sino de todos los parlamentarios elegidos por el pueblo de Chile, para que hagamos justicia a los sectores, que así lo requieren.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se suspende la sesión por cinco minutos.

Se suspendió la sesión a las 2351 y se reanudó a las 00.07 del viernes 4 de enero.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

Mientras tanto, podemos continuar con el artículo 2° transitorio, que se refiere a que las personas jurídicas de derecho privado constituidas en conformidad con el decreto con fuerza de ley N° 13.063, de 1980, del Ministerio del Interior, deberán entregar a las municipalidades correspondientes la administración de los establecimientos educacionales que les fueron traspasados.

Hay una indicación renovada, a la que dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA(Secretario accidental).-

La indicación persigue eliminar el artículo 2° transitorio.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

El señor FAULBAUM.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor FAULBAUM.-

Señor Presidente, quiero llamar la atención sobre el artículo 2°, transitorio, por cuanto las regiones extremas se verían bastante perjudicadas, en términos de los dineros que ' las municipalidades reciben para pagar los sueldos de los profesores.

Me explico. En las regiones extremas opera el decreto ley N° 889, que permite la bonificación de la mano de obra. Precisamente, las municipalidades reciben las bonificaciones, por cuanto allá existen las corporaciones municipales, que son corporaciones de derecho privado, y por esa razón, específicamente, reciben las bonificaciones.

Ahora, el hecho de que en el plazo de un año dejen de existir esas corporaciones implicará un mayor desfinanciamiento de las municipalidades. Entonces, quiero consultar al señor Subsecretario o al señor Ministro de Educación sobre qué fórmula se va a utilizar para superar el problema.

Presenté una indicación, que desde el principio entendí inadmisible, con el propósito de llamar la atención sobre el problema. Las corporaciones municipales van a disminuir más todavía sus dineros para pagar a los profesores, una vez que dejen de existir. Naturalmente, las municipalidades no podrán pagar a los maestros. ¿Qué solución se ha previsto para este problema?

A modo de ejemplo, debo señalar que en mi región, directamente afectada, sólo la provincia de Chiloé recibe, por concepto de estas bonificaciones, más o menos 110 ó 120 millones de pesos al año. Al dejar de existir las corporaciones –reiteró- las municipalidades no recibirán dicha cantidad.

He dicho.

El señor CARRASCO.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, el artículo 2° transitorio está destinado a establecer la forma y el plazo en que las corporaciones de derecho privado deberán entregar a las municipalidades la administración de los establecimientos educacionales que les fueron traspasados.

Con respecto a la materia planteada por el Diputado señor Faulbaum, cabe señalar que en la Comisión de Educación formulamos una indicación para que los recursos de las corporaciones de derecho privado, en razón de las bonificaciones que se entregan en algunas zonas, puedan seguir siendo percibidas por la municipalidad respectiva.

Lamentablemente la indicación no fue bien entendida y la Comisión la rechazó. De manera que la bonificación, como sólo la perciben las personas jurídicas de derecho privado, a partir del próximo año dejará de otorgarse.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación el artículo 2° transitorio.

Si le parece a la Sala, se aprobará con seis votos en contra.

Aprobado.

En el artículo 3° transitorio, que se refiere a que los departamentos de educación municipal deberán fijar las dotaciones correspondientes, de conformidad con el artículo 24 de esta ley, hay tres indicaciones renovadas, a las cuales dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La primera indicación reemplaza el texto del inciso segundo del artículo 3e transitorio, por el siguiente: "Los profesionales de la educación que actualmente tengan contratos en carácter de indefinidos, pasarán a tener automática-mente la calidad de titulares en sus cargos". Luego, propone suprimir el inciso tercero.

La segunda indicación es para sustituir el inciso tercero del artículo 3° transitorio, por el siguiente: "En el mismo plazo señalado, los Departamentos de Educación Municipal deberán llamar a concurso público para llenar las respectivas dotaciones de docentes-directivos de los establecimientos que no cumplan con los requisitos de perfeccionamiento y antigüedad que se requieran para optar al cargo".

La última indicación tiene por objeto agregar, en el inciso tercero, después del punto final (.), lo siguiente: "Los profesionales de la educación que fueron traspasados a las municipalidades o corporaciones privadas de educación hasta el 31 de diciembre de 1986 y, que actualmente se desempeñan en funciones docentes directivas, técnico pedagógicas y docentes, se entenderán como titulares de sus respectivas dotaciones".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En discusión las indicaciones y el artículo 3° transitorio.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación la primera indicación.

El señor Secretario le dará lectura de nuevo.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La primera indicación está en la página 49 del informe.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se suspende la sesión por cinco minutos.

Se suspendió a las 0:16 horas y se reanudó a las 0:19.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa la sesión.

El señor Secretario dará lectura a la primera indicación al artículo 3°.

El señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La primera indicación es la número 104, se halla en la página 49 del informe, y reemplaza el texto del inciso segundo de este artículo 3° transitorio, por el siguiente:

"Los profesionales de la educación que actualmente tengan contratos en carácter de indefinidos pasarán a tener automáticamente la calidad de titulares en sus cargos".

Y además suprime el inciso tercero.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 45 votos. No hubo abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Tiene la palabra el señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Es solamente para lamentar un hecho. Mientras se encontraba suspendida la sesión y se conversaba sobre posibles acuerdos, ésta se reanudó y se votó uno de los artículos que, entre otros, era posible materia de un acuerdo. Ahora, vamos en el 3S.

Quiero consignar ese hecho, porque el espíritu que había era avanzar en algo. Desafortunadamente, no se logró. No responsabilizo a la Mesa, pero las cosas no se dieron.

De suerte que queda a firme y remachado el lamentable incidente del artículo l2, respecto del cual, con lo que se ha avanzado en la discusión, ya no hay posibilidad de hacer nada.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se refiere al artículo 2°, sobre el cual nos informaron que ya no había tal acuerdo.

Siempre se podrá seguir conversando.

En discusión la segunda indicación

En señor LOYOLA (Secretario accidental).-

La segunda indicación, signada con el número 106, está en la página 50 del informe. Es para sustituir el inciso tercero del artículo 32 transitorio, por el siguiente:

"En el mismo plazo señalado, los Departamentos de Educación Municipal deberán llamar a concurso público para llenar las respectivas dotaciones de docentes directivos de los establecimientos que no cumplan con los requisitos de perfeccionamiento y antigüedad que se requieran para optar al cargo".

En señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 49 votos. No hubo abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Si le parece a la Sala, se podría aplicar la misma votación a la tercera indicación.

El señor SALAS.-

Lo puede aplicar a todo durante cuatro años.

Risas en la Sala.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entonces, rechaza la indicación, con el mismo quorum.

Rechazado.

Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, me referiré a lo señalado por el Diputado señor Bombal, en cuanto a que esto realmente parece increíble. Desde el inicio de la discusión del proyecto en la Comisión, se ha venido suscitando una serie de situaciones que atentan contra lo que se sostiene. Aquí se hacen gárgaras con la palabra "democracia". No existe el más mínimo respeto por la opinión de las minorías, lo que evidentemente constituye un agravio en un sistema democrático...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado? No es el momento de formular esas consideraciones, porque no son reglamentarias. Se pueden hacer en la prensa o en la hora de Incidentes.

En votación el artículo 3°.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 31 votos. No hubo abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 3° transitorio.

El artículo 4° se encuentra aprobado reglamentariamente.

A continuación, corresponde discutir el artículo 5°. Se refiere a que los efectos de la entrada en vigencia no pueden disminuir las remuneraciones.

Sobre esta materia, se hizo presente la conveniencia de incluir, si hubiera acuerdo unánime de la Sala -cosa difícil a esta altura del debate-, una norma similar a la que contempla el Estatuto Administrativo. Es decir, que la entrada en vigencia de la ley no puede afectar las remuneraciones ni tampoco ninguno de los derechos que tengan las personas afectos a esta ley. Pero eso dependerá de si existe acuerdo en esta Sala.

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, el artículo 5° transitorio norma que la entrada en vigencia de esta ley en ningún caso implicará disminución de las remuneraciones. Y en caso de que éstas excedan las remuneraciones propuestas en la ley, se imputará una cantidad a lo que corresponda por remuneración básica mínima nacional. Lo que reste, se imputará a lo que corresponda por el pago de las asignaciones de experiencia, de perfeccionamiento y de responsabilidad docente directiva o técnico-pedagógica.

Si efectuado lo anterior permaneciera una diferencia, ésta podrá imputarse a las asignaciones especiales de origen municipal señaladas en el artículo 47 de este proyecto de ley.

Del análisis del artículo 5° transitorio, y al no existir el reglamento que norme la aplicación de esta iniciativa de ley, se puede colegir que aquellos profesores que excedan significativamente la remuneración actual con la que obtendrían por efecto de la aplicación de esta ley, no percibirían reajuste de sueldo si éste fuere general y se otorgara antes de completarse un año de vigencia de la ley. En el caso de un profesor con veinte años de servicios, le corresponde el 50 por ciento de asignación de bienios, es decir, 30 por ciento de la remuneración básica mínima nacional. El sueldo de este profesor, reajustado a marzo de 1991, es de 87.336 pesos, y el que recibiría con la aplicación de esta ley, de 74.100 pesos. Por lo tanto, se produce una diferencia negativa de 13.236 pesos, lo cual implica que, reajustando los 74.100 pesos en 12 por ciento, alcanzaría un monto de 82.992 pesos. De esta simple comparación se puede observar que este profesor no percibirá aumento de remuneraciones por tener un sueldo superior en 13.236 pesos. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 6a transitorio, que pasaremos a ver, los profesores con 18 ó más años de servicios tendrán su sueldo congelado durante uno o dos años. Por lo tanto, es necesario revisar la situación de los artículos 5° y 6a transitorios. En la forma en que lo estamos haciendo, le daremos de nuevo trabajo al Senado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

El señor RINGELING.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, durante la discusión del artículo 45, sólo para la historia de la ley, expresé que la supresión del inciso final de esa norma constituía un proyecto socializante y chato. En el caso del artículo 5° se comprueba lo mismo; o sea, la remuneración mínima que se establece tiene sólo el nombre de mínima, porque es una remuneración única.

Al comparar ambas disposiciones se colige lo siguiente: el artículo 45 nombra taxativamente las asignaciones de los profesionales del sector municipal, y el artículo 5° transitorio dispone que cuando esas remuneraciones exceden el mínimo establecido, se imputarán sucesivamente a las asignaciones de experiencia, de perfeccionamiento y de responsabilidad docente directiva o técnico-pedagógica. Si aún hubiera diferencia -agrega la norma- éstas podrán imputarse a las asignaciones especiales de origen municipal. Por lo tanto, está claramente establecido que no se pueden pagar sueldos superiores a ese mínimo con la unidad reajustable, con las asignaciones del Ministerio de Educación, que ese mínimo el cual no es un piso, sino una remuneración única, según la forma Como quedó establecido en este proyecto. ¿Qué pasa si la municipalidad respectiva, por cualquier causa, no tiene recursos para pagar esas asignaciones especiales? Como bien lo ha explicado el Diputado que me precedió en el uso de la palabra, significa que van a, sufrir un detrimento grave, un castigo en su remuneración, y permanecerán en una situación de absoluta orfandad, porque como digo por la expresión "podrá imputarse" quedan totalmente entregados a la voluntad del municipio respectivo y a su posibilidad de fondos en caso de que no pueda pagar estas asignaciones municipales.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, el Diputado señor Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Quiero señalar que la incorporación de estas indicaciones resulta absolutamente atentatoria contra las remuneraciones y el nivel de ingreso de los profesores. Esto por una razón muy simple: hoy día, de acuerdo con el Estatuto que se apruebe, se beneficiará un porcentaje no superior al 25 por ciento de los profesores; pero resulta que en el mediano plazo esta situación va a cambiar absolutamente, porque aquí se establece que la diferencia entre la sumatoria de la renta base mínima nacional -más las asignaciones que le correspondan-, menos las rentas que hoy día tienen, será incorporada a una asignación municipal. Pero a medida que este profesional de la educación vaya saliendo del sistema educativo chileno, ya sea por renuncia, por jubilación o porque le dio la gana, se va a retirar junto con el mayor incremento o asignación extra que se le debió aplicar para igualar la renta a la cual hoy día está sujeto.

Cuando los otros profesionales accedan en el tiempo y vayan pasando los años, evidentemente que no tendrán acceso a esa asignación, extra, porque se habrá perdido. Eso es lo que ocurre al amarrar el artículo 5°, transitorio, con el artículo 45 ó 46, donde se suprimió la posibilidad de que la Municipalidad pueda establecer fondos especiales y crear asignaciones especiales.

De ahí que resulta imperativo reflexionar sobre esta materia, porque si queremos favorecer a los profesores, una indicación de esta naturaleza, en lugar de beneficiarlos, los perjudicará.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, deseo representar un problema que aparece en la redacción de la parte final de segundo inciso del artículo 5e, donde se menciona la imputación a asignaciones especiales de origen municipal, las que "sólo tendrán por objeto mantener el monto actual de sus remuneraciones". Estas asignaciones especiales de origen municipal no están consideradas en el artículo 45 recién mencionado y discutido ampliamente.

Hago notar esta discrepancia, señor Presidente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Escalona.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, quiero dejar constancia de que las afirmaciones de los representantes de la Derecha faltan por completo a lo que la propia letra del proyecto deja de manifiesto, por cuanto esta iniciativa representa una mejoría sustantiva de la situación del Magisterio, tanto desde el punto de vista de sus remuneraciones como de su dignidad profesional.

En consecuencia, creo que a esta altura del debate las afirmaciones de la Derecha contradicen 1° que fue su conducta en la Comisión de Educación, por cuanto, en reiteradas ocasiones, concurrieron a la aprobación, por unanimidad, de diversos artículos de este proyecto de ley, lo cual dejaba claramente de manifiesto que estaba incorporada una serie de mejorías reales a la situación del Magisterio.

Por lo tanto, la contradicción evidente entre la conducta sostenida por sus representantes en la Comisión con las afirmaciones de carácter publicitario hechas en este momento de la sesión, no pueden sino imputarse a una voluntad política tendiente a disminuir ante la opinión pública la importancia de la normativa que ahora estamos aprobando.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, efectivamente, hay una confusión en el debate.

En primer lugar, estamos hablando de un artículo que, con su actual redacción, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación.

Sin duda alguna, hay aspectos que no están suficientemente precisados y no podrán estarlo mientras no se apruebe la Ley de Subvenciones, que es el complemento natural del Estatuto Docente. Pero el sentido y la lógica del Estatuto Docente significa el incremento de remuneraciones y de derechos de muchos profesores y, de ninguna manera, la reducción de ellos.

Ese fue el entendido y la razón por la cual esta redacción del artículo 5° transitorio fue aprobada, como dije, sin votos en contra en la Comisión de Educación.

Ahora, en la Sala, después de haber revisado dos veces este artículo, no estamos en condiciones de modificar su redacción y debemos "tomarlo o dejarlo". Pero me parece incorrecta la interpretación de que se trata de una remuneración única nacional, porque se hace referencia a una remuneración básica mínima nacional. Sin embargo, creo que sería concordante con el sentido de lo que estoy afirmando que, en el caso de este artículo, se mencione simplemente la remuneración básica que se aplique en la comuna, eliminando las palabras "mínima nacional", porque si encuentro lógico el argumento de que, en la forma en que quedó redactado este artículo, daría la impresión de que estaríamos constituyendo una verdadera remuneración única, de carácter nacional, cosa que no es el objetivo del proyecto.

No sé si haya voluntad unánime para modificar la expresión "mínima nacional" en este texto. De lo contrario, la historia de la ley debe consignar que se busca mejorar la situación de los profesores y de ninguna manera producirles un deterioro. Cuando se habla de mantener sus remuneraciones, nos estamos refiriendo a dejar constancia en la ley de que deben mantener su monto real.

Nada tiene que ver el hecho de que no están permitidas ahora las asignaciones especiales municipales, para los efectos de no mantener las remuneraciones actuales, con lo que estamos discutiendo, porque precisamente se conservan las asignaciones municipales especiales para mantener las remuneraciones. Lo que se suprimió, y que se está confundiendo con el tema de este artículo, dice relación con un concepto completamente distinto. Se refiere a que en los nuevos contratos se pueda sortear la existencia de las asignaciones que la ley establece, por la vía de alterarlas con otras de naturaleza completamente distinta y no reglamentadas por ley.

Ese es el objeto de la indicación que se presentó al artículo permanente respectivo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ya han intervenido seis señores parlamentarios. Corresponde votar el artículo 5° transitorio.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 29 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 5° transitorio.

El artículo 6a se halla aprobado reglamentariamente.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Sólo deseo hacer una precisión y sacar del error al Diputado señor Estévez.

Efectivamente, el artículo 5° fue aprobado por la unanimidad de sus miembros, pero porque las abstenciones se consideran como asentimiento para tales efectos.

Vale decir, en la Comisión hubo cinco abstenciones respecto de esta indicación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Muy bien, el artículo 6a transitorio fue aprobado unánimemente.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, quiero aclarar que no estoy en ningún error. He sido muy claro al decir que se aprobó unánimemente y, además, dije después: "sin votos en contra". He sido preciso, porque estoy informado de cómo fue la votación.

Gracias, de todas maneras, por su aporte, colega.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde, ahora, discutir el artículo 7a transitorio que se refiere al valor mínimo de la hora cronológica para los profesionales de la educación.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación el artículo 7a transitorio.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 24 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 7a transitorio.

Corresponde discutir el artículo 8° transitorio que se refiere a la forma de aplicar y pagar la asignación de experiencia.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Si le parece a la Sala, aplicaremos el mismo quorum de la votación anterior.

Aprobado el artículo 8°.

Corresponde, a continuación, discutir el artículo 9° transitorio referente a cómo se aplicará la asignación de perfeccionamiento a partir de los años 1993 y 1994.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará el artículo con el mismo quorum anterior.

Aprobado.

El artículo 10 transitorio hay que darlo por aprobado, porque sólo fue objeto de una indicación declarada inadmisible. No ha sido objeto de ninguna indicación renovada.

Queda aprobado, reglamentariamente, el artículo 10.

Los artículos 11, 12 y 13 transitorios, asimismo, están aprobados, reglamentariamente.

Corresponde tratar el artículo 14 transitorio, que se refiere al bono anual destinado al pago de cursos y actividades de perfeccionamiento de los profesionales de la educación particular subvenciona-* da.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación el artículo 14 transitorio.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobado por unanimidad.

Corresponde votar el artículo 15 transitorio que dispone que el Presidente de la República dictará el reglamento de esta ley dentro del plazo de 120 días.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

El artículo 16 transitorio nuevo se refiere a que los profesores que ocupaban cargos directivos docentes en el sistema educacional hasta antes de 1980, y que hubieren sido exonerados o rebajados en sus cargos tendrán preferencia para postular a la provisión de vacantes que se produzcan.

El señor HORVATH.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, por su intermedio, quisiera consultar al señor Ministro qué se entiende por "preferencia" porque un postulante podría tener un puntaje tan alto que, realmente, ésa fuera la única chance para contratarlo. Entonces, quisiera saber cuáles van ser los criterios objetivos para esta materia.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, frente a la consulta del Diputado Horvath, debo decir que ésta es una iniciativa propuesta en la Sala; vale decir, no es del Ejecutivo, y mal podría el señor Ministro entregar una interpretación de ella. Este artículo, presentado por la bancada Social Demócrata, tiende a hace justicia a los profesores que antes de 1980 fueron exonerados de sus cargos por simples decretos, por simples bandos que, incluso, no tenían firmas, sino que, prácticamente, eran una nota por escrito por medio de la cual, a directivos docentes que estaban en grado 10, o se les echó de los cargos sin sumario, sin ninguna explicación, o simplemente, se les rebajó del grado 10 al grado 15.

En el fondo, el artículo 16 transitorio no otorga una preferencia específica y puntual, porque en su parte final establece que, en todo caso, deben cumplir con las condiciones exigidas por la presente ley y el respectivo reglamento. Lo que acontece es que en igualdad curricular, de años de servicio, de cursos de perfeccionamiento en esas condiciones, se dará un puntaje de preferencia que nos parece de absoluta justicia. De manera que no es un artículo que eluda las competencias o los requisitos que determinan la forma de proporcionar los lugares de privilegio en los diferentes concursos.

Ese es el sentido de la iniciativa.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, creo que muchos de nosotros compartimos el espíritu con que el Honorable señor Muñoz Barra ha descrito la intención que hay detrás de la norma. Me parece que debe buscarse una disposición legal que permita reparar injusticias manifiestas, pero ello debe hacerse dentro del ámbito de la Constitución y de la ley, y en mi opinión, el artículo 16 transitorio presenta problemas que, incluso, podrían llegar a ser de orden constitucional, porque establece una desigualdad ante la ley al referirse a una preferencia, en términos amplios y genéricos. Se supone que esta preferencia, de la cual gozarían ciertas personas, va a afectar los derechos de otras que postulen a igual cargo. Me parece que el hecho de haber sido víctima de una injusticia debe compensarse con una ventaja, pero ello debe estar regulado de manera clara y transparente, en el sentido que haya ciertos criterios objetivos, porque el artículo, tal como está, significa que en el caso de dos personas con iguales condiciones, se preferirá a aquella que esté dentro del espíritu del artículo 16; e incluso, entre dos personas que reúnan las condiciones exigidas para el cargo, pero que tengan calificaciones inferiores, también se puede llegar a preferir a aquella que haya sido víctima de una injusticia.

En mi opinión, la creación de una nueva situación de injusticia no reparará aquella que nos lleva a proponer la norma del artículo 16. Espero que en el segundo trámite, o cuando la norma sea tratada nuevamente por la Cámara, podamos redactar este artículo de tal forma que nos permita cumplir con su propósito, pero sin lesionar los derechos de personas absolutamente inocentes, los que también deben ser protegidos y amparados.

En síntesis, señor Presidente, creo que el artículo 16 presenta problemas de constitucionalidad. Comparto plenamente su espíritu, pero amerita una redacción más cuidadosa para definir lo que se entiende por "preferencia" y precisar la ventaja objetiva que se quiere otorgar a las personas que se busca beneficiar.

El señor MUÑOZ BARRA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hay varios parlamentarios que han pedido usar de la palabra.

Tiene la palabra el Diputado señor Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

En cuanto a la inquietud del Diputado señor Schaulsohn sobre la inconstitucionalidad del artículo, ¿por qué no considera igualmente el hecho de que se prefiere a la cónyuge de un profesor para ganar una plaza?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Perdón, señor Diputado, pero no se trata de argumentar...

El señor MUÑOZ BARRA.-

También sería inconstitucional y, sin embargo, fue aprobado anteriormente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Bueno, son opiniones distintas. Es legítimo tenerlas.

Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, la verdad es que, respecto de este artículo que discutimos y que votaremos, en cierta manera, discrepo con mi compañero Schaulsohn, porque aquí se trata, únicamente, de hacer justicia a los profesores que fueron perseguidos, exonerados, lanzados a la miseria, a la cárcel, muchos de ellos asesinados por la dictadura y que, ahora, este Gobierno democrático quiere colocarlos en el lugar que corresponde a personas que merecen el respeto y el aprecio de todos los chilenos.

La verdad es que tengo la seguridad absoluta, considerando el criterio que tiene la Derecha, la Reacción, en este Parlamento y en todo Chile, en cuanto a perseguir con ánimo de venganza, hasta el final, a las personas que lucharon contra sus intereses bastardos durante los gobiernos democráticos anteriores que precedieron a la dictadura de que siempre contarán con un odio cerval, cerril, el odio torvo de la Derecha, porque ellos no entienden otra cosa que el pueblo merece solamente palos, cárcel, persecución, desprecio, abuso, y esto es lo que seguramente hicieron constar en un artículo de este proyecto en discusión que ahora estamos terminando de analizar. Tengo la seguridad absoluta, señor Presidente, de que votarán en contra de este artículo...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PALESTRO.-

...porque esa gente fue enemiga de la burguesía, enemiga de ustedes, y lo seguirá siendo, porque aquí hay un criterio que, hace pocos meses, se ha abierto hacia la libertad, hacia la democracia, hacia la comprensión, incluso, en contra de las actitudes que ustedes tuvieron hasta el golpe de 1973, cuando fueron sencillamente, personeros cipayos y yanaconas del imperialismo norteamericano y de la burguesía y, ahora, tengo la seguridad absoluta...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PALESTRO.-

Esas palabras las conocen bien ustedes porque eso han sido toda la vida: yanaconas y cipayos de los ricos, de los latifundistas, de los grandes empresarios y del imperialismo norteamericano...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PALESTRO.-

Aunque don Gustavo Alessandri me esté diciendo que eso nunca ha sido efectivo, quiero decirle a él que en la historia de Chile su apellido aparece muy a menudo y no, precisamente, junto a los trabajadores y a la gente modesta. Que me perdone mi amigo Gustavo, él es joven, pero me imagino que debe haber leído alguna vez parte de la triste historia de este país.

Por eso, quiero expresar al Magisterio, una vez más, ese respeto y ese aprecio que le hemos tenido siempre y que nos permitió caminar por la vida. En cambio, muchos de los que han perseguido a ese gremio no aprendieron absolutamente nada y cuando pasaron frente a la escuela dieron vuelta la cabeza. Porque eso sucede cuando la burguesía odia, persigue, asesina, incrimina y hace desaparecer chilenos, como sucedió en estos tristes dieciséis años que felizmente han terminado.

Algunos de estos caballeros que están ahí al frente, en que se confunden la UDI con Renovación Nacional, de repente se arrancan para su lado para parecer más democráticos y más avanzados, pero se les nota la ojota al primer tranco.

Por eso, esta noche quiero expresar, en nombre de mis compañeros de bancada, el apoyo al artículo que estamos discutiendo que hace justicia a este gremio tan respetable, digno de admiración y de aprecio, y que ha sido permanentemente perseguido. Con esta disposición, muchos profesionales de la educación tendrán la posibilidad de volver a trabajar y cumplir la misión para la que estudiaron cuando jóvenes.

He dicho.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Bravo!

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Navarrete.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente, agradezco su gentileza y espero me escuche con la misma atención que mostró durante la divertida intervención del Honorable Diputado señor Palestro.

Desgraciadamente, no lo podré entretener, porque no tengo habilidades ni aptitudes de cuentachistes ni de payaso.

Sólo quiero expresar que este artículo, con el cual se pretende hacer justicia, parte del supuesto que todos esos profesores fueron injustamente exonerados o rebajados de sus cargos. Eso es un error.

Es imposible pensar que, en absolutamente todos los casos de exonerados o rebajados de sus cargos, no hubo razón para aplicarles esa medida. Por lo expuesto, por ser esta disposición amplia y general, que no considera ninguna norma de excepción, votare en contra del artículo para alegría del Diputado Palestro y, también para encontrarle la razón.

Risas en la Sala.

El señor PALESTRO.-

¡Después de 16 años que más!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, tal vez éste es el último artículo que debemos discutir pero, quiero señalar que a lo largo del debate...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Desgraciadamente, nos quedan varios todavía.

El señor HORVATH.-

Sí, pero es prácticamente uno de los últimos. Decía que, a lo largo del debate, uno ve que van quedando "cabos sueltos". Justamente a eso apuntaba mi consulta con respecto al artículo 16.

Estoy de acuerdo en reparar las injusticias, pero hay que hacerlo, considerando el fondo y la forma, de manera que las disposiciones sean aplicables.

Reitero que, durante la discusión se ha visto que van quedando muchos "cabos sueltos", lo que significa que este proyecto de ley se está despachando con muchas imperfecciones, incluso, con injusticias.

De todos los factores que inciden en un debate, como lo gremial, lo técnico, lo administrativo y lo político, en este caso ha primado lo político. Incluso, he visto cómo, a lo largo del día, se han vulnerado acuerdos previos acerca de indicaciones de absoluto sentido común.

No sé si estamos frente a un Ministro, a un Subsecretario, o a una autoridad jerárquica de algún partido político que se está imponiendo.

Creo que esto no es beneficioso para el Parlamento.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Han hablado ya 6 parlamentarios; por lo tanto, se cierra el debate.

En votación el artículo 16 transitorio.

El señor RINGELING.-

Pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, solicito a la Mesa que se pronuncie respecto de la inadmisibilidad del artículo 16, sobre la base de la argumentación del Diputado señor Schaulsohn y lo que dispone el N° 16 del artículo 19: "Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos".

Quiero agregar que yo también estaría perfectamente de acuerdo en solucionar algunos problemas de injusticia, en repararlos por vía indemnizatoria; pero el artículo 16 transitorio es tan absurdo, que ni siquiera se pronuncia acerca de si esa exoneración o rebaja en su cargo fue consecuencia de un sumario o de cualquier otra circunstancia. Ni siquiera señala que la medida haya sido injusta.

Por lo tanto, la inconstitucionalidad es mucho más clara, ya que se establece una discriminación que ni siquiera tiene base en el sentido común.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La Mesa estima que lo que el artículo establece es un derecho a postular, una preferencia genérica para la provisión de las vacantes. Esa declaración de preferencia deberá tener algún grado de consistencia en el reglamento que dicte el Presidente de la República. Si ese reglamento vulnera la disposición constitucional que señala el Diputado señor Ringeling, perfectamente una parte del Congreso puede recurrir, en su momento, al Tribunal Constitucional. Pero una simple declaración de preferencia incluida en un artículo no es lesiva de la igualdad ante la ley. Distinto sería el caso de un reglamento. Además, la ley puede establecer distinciones que no sean discriminatorias.

La Mesa declara admisible el artículo.

El señor BAYO.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, para insistir en lo que en forma muy seria planteó inicialmente el Diputado Schaulsohn, en el sentido de compartir el espíritu que seguramente animó a los integrantes de la Comisión; pero, al mismo tiempo, reiterar la inconstitucionalidad de la disposición. La Constitución, en el artículo 19, en el número 2, establece la igualdad ante la ley; textualmente dice: "Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias". Sin embargo, eso se está proponiendo en este artículo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La norma dispone que, en todo caso, deberá cumplirse con las condiciones exigidas por la presente ley y el respectivo reglamento.

El problema es que algunos pueden considerar que ciertas exigencias de la ley son arbitrarias y otros no. Por eso, la norma constitucional se refiere a esta materia.

Ahora, si algún señor Diputado impugna la decisión de la Mesa, deberá decidir la Sala; pero tendría que plantearse.

La decisión de la Mesa es que el artículo es admisible; por tanto, corresponde votarlo, salvo que algún señor Diputado pida que la admisibilidad sea votada por la Sala.

En votación el artículo 16 transitorio.

El señor BARTOLUCCI.-

¿Me permite, señor Presidente? Un asunto de Reglamento.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci para plantear un problema de Reglamento.

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, este artículo es inconstitucional. Establece una preferencia que contradice lo dispuesto por la Constitución. Por lo tanto, impugno su decisión; aquí hay una inconstitucionalidad y me parece que eso no debe dejarse pasar simplemente así. Solicito la correspondiente votación, aunque su resultado sea desfavorable a nuestra posición.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Está en su perfecto derecho hacerlo.

El señor ESTEVEZ.-

¡Es una Ley Orgánica, Presidente!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Está en su perfecto derecho hacerlo.

El señor ESTEVEZ.-

¡No, señor Presidente! Permítame, es una Ley Orgánica la que...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Quedó claro en la decisión que adoptamos hace algún tiempo en una reunión de Comités. En un protocolo se dejó establecido que cuando se declaraba la admisibilidad o inadmisibilidad por parte de la Mesa, se podía reclamar de ello en la Sala. Le pido al señor Secretario...

El señor ESTEVEZ.-

Sobre este punto, pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, la Ley Orgánica está por sobre los acuerdos de los Comités, y hay un diferencia absoluta entre la declaración de inadmisibilidad y la de admisibilidad. Lo que es sujeto a revisión en la Sala es la inadmisibilidad. Dice claramente el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional: "Corresponderá al presidente de la sala o comisión la facultad de declarar inadmisibles las indicaciones...".

Después señala que la declaración de inadmisibilidad puede ser hecha por el Presidente, en cualquier momento. En seguida, agrega:"...o para consultar a la Comisión en caso de duda".

La declaración de admisibilidad no obsta a la facultad del Presidente para hacerla.

Aunque en este momento no encuentro la cita exacta, creo que es distinta la situación que se produce entre la declaración de admisibilidad y la de inadmisibilidad de alguna disposición.

No son equivalentes. Si esto siempre fuera objeto de votación, estaríamos sujetos a la interpretación de la mayoría ocasional respecto de cualquier punto, y no habría una precedencia de la Mesa. Por eso, si la Mesa declara admisible el artículo ello no es sujeto de apelación a una mayoría.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente se ha votado otras veces así.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La admisibilidad y la inadmisibilidad son las dos caras de una misma medalla. Si se puede revisar lo uno, también se puede revisar lo otro.

Creo que corresponde que este punto lo decida la Sala. Así se ha operado.

Ahora podemos acordar, como procedimiento, que un señor Diputado argumente a favor de la admisibilidad y, otro, a favor de la inadmisibilidad.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.