Historia de la Ley

Historia de la Ley

Nº 18.985

REFORMA TRIBUTARIA.

Téngase presente

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje

Fecha 10 de abril, 1990. Mensaje en Sesión 8. Legislatura 319.

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

"Honorable Cámara de Diputados:

El Programa Económico del Gobierno se plantea como objetivo conciliar el desarrollo económico con la justicia social. Para ello estimamos indispensable aumentar la recaudación tributaria. Ese es el principal propósito de esta Reforma.

Los recursos adicionales que se recauden como producto de esta Reforma tendrán tres destinos: en primer lugar, suplir las deficiencias que presenta el Presupuesto de 1990 para mantener la continuidad de los programas de gobierno; en segundo lugar, apoyar la implementación de nuevas políticas sociales; por último, iniciar un programa de inversión en infraestructura y equipamiento que el país requiere para asegurar su desarrollo futuro.

No obstante, la importancia de la Reforma trasciende el mero y necesario financiamiento de los compromisos programáticos del Gobierno en materia social y de inversión. Expresa también un acto soberano de solidaridad, propio de las naciones que valoran la estabilidad, la paz social y la incorporación activa de los marginados a los beneficios del crecimiento. Estos objetivos, que constituyen derechos de los ciudadanos, son al mismo tiempo obligaciones para el Gobierno; también los representantes de la soberanía popular tienen el deber de dotar al Estado de los recursos e instrumentos adecuados para alcanzarlos.

No es del caso mencionar aquí las innumerables carencias que el Gobierno ha heredado, en especial en materia de inversión social en educación, salud y vivienda. Tampoco corresponde detallar las graves faltas de equidad que existen en materia distributiva y de oportunidades. Pero sí es preciso afirmar que la superación de estos problemas es una tarea nacional que debe ser abordada sin dilaciones por nuestra renaciente democracia. Este es el anhelo compartido por la mayoría de los chilenos. Por ello, el Gobierno espera y confía que esta Reforma sea aprobada oportunamente por una amplia mayoría parlamentaria. Esa sería una muestra clara e impensable en un contexto distinto al de una democracia de lo que es capaz una Nación que desea la estabilidad y la conveniencia pacífica.

El análisis responsable de las modificaciones indispensables en materias tributarias no debe perder de vista la naturaleza y profundidad de las necesidades existentes en materia de inversión y políticas sociales. Las críticas a las reducciones tributarias que se legislaron en el pasado reciente aludían a los desequilibrios que quedaban pendientes y a la precariedad de esos cuerpos legales que carecían de un respaldo ciudadano mayoritario. Al aprobar una ampliación de los recursos fiscales, con la fortaleza que da la sanción democrática de la Ley, es necesario tener conciencia de las posibilidades que se abren y de las limitaciones que se mantienen para superar esos desequilibrios.

La aprobación de la Reforma compromete al Estado a dar un destino adecuado a los nuevos recursos: que los sectores más postergados salgan favorecidos en el balance de nuevos ingresos y gastos fiscales durante la actual Administración es una responsabilidad ineludible. Esto es particularmente relevante en el caso de las modificaciones al Impuesto al Valor Agregado, cuya inclusión en este proyecto tiene como único propósito llegar más lejos en el esfuerzo de solidaridad comprometido en esta Reforma.

No obstante, el principal esfuerzo que se pide al país está en las modificaciones en la tributación a los ingresos. Dentro de éstas se consideran los aumentos en los impuestos a las empresas y las personas de mayores ingresos, la racionalización tributaria para las grandes empresas de los sectores con regímenes especiales como la minería, la agricultura y el transporte, y el perfeccionamiento de los vacíos legales que constituyen una fuente de desigualdad. En todas estas materias se ha respetado el compromiso programático de la actual Administración.

También se ha aprovechado esta Reforma para enriquecer la Ley asumiendo los principios básicos que deben primar en el sistema tributario: equidad, eficiencia y simplicidad. La equidad se asegura al promover una progresividad del sistema comparable a la histórica y a la prevaleciente en los países exitosos y estables, y al propiciar que los ingresos del trabajo y el capital terminen pagando impuestos similares. La eficiencia se promueve cuando se restringen los tratamientos tributarios especiales, cuando se abordan los vacíos de la antigua Ley, y cuando los ingresos iguales pagan impuestos que son similares. La simplicidad se logra cuando se restringen los tratos especiales, cuando el grueso de la reforma se basa en la modificación de tasas y bases de impuestos que han operado eficazmente, y cuando las modificaciones que se introducen son posibles de administrar por el Estado y los contribuyentes.

De esta manera, los principales aspectos contenidos en este Proyecto son cuatro:

A. Modificaciones en el régimen del impuesto a la renta.

Se introducen tres cambios principales en cuanto a los impuestos que gravan la renta de las empresas y sus dueños, más una modificación general en el impuesto a la renta de las personas.

En primer lugar, se propone retornar al sistema de impuesto de Primera Categoría vigente hasta 1988, con un impuesto general de las utilidades devengadas, y manteniendo el crédito de este tributo con cargo al Global Complementario o Adicional.

Con esta modificación, las empresas volverán a pagar el impuesto que las grava por el total de las utilidades anuales, y no sólo por las que retiren sus dueños, ya sean personas naturales o inversionistas extranjeros.

Mantener el crédito a que da lugar el pago del impuesto de Primera Categoría tiene varias ventajas: evita los problemas de doble tributación, afecta en forma positiva especialmente a los pequeños empresarios y pequeños accionistas y permite que en largo plazo las rentas del trabajo y del capital paguen impuestos parecidos. Precisamente para asegurar esto último dicho crédito será considerado como renta tributaria y, en consecuencia, será incluido en la base del impuesto terminal que corresponda.

Salvo por este aspecto, esta modificación significa un retorno al sistema vigente hasta el año tributario 1989. Conviene recordar que hasta 1988 el impuesto de Primera Categoría se determinó sobre la base de las utilidades devengadas. Con las modificaciones al régimen tributario del año pasado sólo quedaron gravados los retiros; de paso, se afectó de manera importante la recaudación del presente año. Cabe comentar que en el resto del mundo los impuestos a las utilidades de las empresas se calculan sobre la base de las utilidades devengadas.

Por otra parte, la mantención del crédito y la continuidad del cálculo de los impuestos Global Complementario y Adicional sobre la base de las utilidades retiradas, seguirán siendo un estímulo poderoso para la reinversión en las empresas.

En segundo lugar, se propone aumentar la tasa del impuesto de Primera Categoría desde el 10% actual a un 15% en forma transitoria durante los años 1991 a 1993.

Pasar desde la base de retiros a la base de utilidades devengadas en el impuesto de Primera Categoría, y aumentar la tasa a un 15%, significa un cambio importante en el impuesto a las empresas. Este incremento explica una parte significativa del efecto sobre la caja fiscal que se espera de la Reforma.

Junto con modificar la tasa y la forma en que se determina el impuesto de Primera Categoría, es necesario adecuar el sistema de Pagos Previsionales Mensuales de este impuesto. Si la reforma es aprobada, se modificará el sistema de provisiones a partir del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial, haciéndolo consistente con una tasa de Primera Categoría del 15% hasta diciembre de 1993.

Cabe advertir que, de aprobarse la Reforma, ello ocurrirá una vez transcurrida una parte importante del año 1990. Esto introducirá un problema de mecánica tributaria durante la transición, ya que el nuevo impuesto se provisionará sólo durante algunos meses de este año, generándose un pago excesivo sólo por una vez. Con el solo propósito de abordar este problema de mecánica tributaria, el incremento en la tasa del impuesto de Primera Categoría se hará efectivo a partir de 1991.

En tercer lugar, se propone introducir un crédito del 2% por las nuevas inversiones en activos fijos depreciables para fines productivos, con cargo al impuesto de Primera Categoría, y con un tope anual máximo de 500 Unidades Tributarias Mensuales por contribuyente.

Este crédito es accesible para las empresas que declaren el impuesto de Primera Categoría por contabilidad completa, y excluye las inversiones para fines habitacionales y de transporte distinto al de carga. No tendrán acceso a este crédito las empresas públicas y aquellas en que el Estado tenga una participación mayoritaria en la propiedad.

De esta manera, el crédito que se propone permitirá descargar parcialmente el aumento del impuesto de Primera Categoría por las nuevas inversiones en capital fijo para fines productivos. El tope considerado, que corresponde aproximadamente a cinco millones de pesos de hoy, asegura que los principales beneficiados serán las pequeñas y medianas empresas con inversiones anuales inferiores a veinticinco mil Unidades Tributarias Mensuales (250 millones de pesos aproximadamente). El tope de quinientas Unidades Tributarias Mensuales es precisamente un 2% de esta cifra.

En cuarto lugar se propone modificar los tramos de ingreso y las tasas que determinan los impuesto Unico al Trabajo y Global Complementario.

Este cambio asegura que se mantendrá el monto mínimo exento actual de diez Unidades Tributarias (100 mil pesos mensuales de hoy, aproximadamente); que se mantendrá la tasa marginal superior en su nivel actual de 50%; que no habrá aumentos de impuestos personales para las rentas imponibles inferiores a treinta Unidades Tributarias (300 mil pesos mensuales, aproximadamente); y que para las rentas imponibles inmediatamente superiores el aumento será pequeño, y subirá gradual y moderadamente para las rentas más altas.

También se reducirá el número de tramos de renta de ocho a seis, introduciéndose, así, elementos de simplificación para estos impuestos.

La Reforma propuesta para estos impuestos concentra el peso de la mayor carga fiscal en los tramos más altos, recuperándose de manera importante la progresividad que el sistema tenía hasta hace sólo unos años.

B. Rentas presuntas

La legislación actual permite tributar sobre la base de una presunción de renta a los contribuyentes agrícolas, mineros y del transporte terrestre. Este sistema de presunción establece una discriminación entre sectores que atenta contra los principios de equidad y de neutralidad sobre la asignación de los recursos. Actualmente no hay justificación para que las grandes empresas en estos sectores tributen con un régimen distinto al que enfrentan todas las demás actividades económicas.

Además, cuando hay interrelación entre empresas de distintos sectores, el régimen de presunción es utilizado para trasladar utilidades entre filiales con el solo propósito de eludir el pago justo del impuesto. Este problema es menos importante en la minería, es más relevante en la agricultura, y es especialmente significativo en el trasporte de carga terrestre, lesionando de manera importante a los transportistas independientes.

Por estas razones, se ha considerado conveniente limitar la opción de renta presunta en la agricultura, la minería y el transporte de carga terrestre, manteniéndola sólo para las pequeñas y medianas empresas de estos sectores que sean de propiedad de personas naturales que no tributen con contabilidad completa, y que no estén relacionadas con otras actividades que están obligadas a llevar contabilidad completa.

El límite que el Proyecto establece para estos, efectos en el sector agrícola, considera un nivel de ventas anuales de seis mil Unidades Tributarias Mensuales, lo que corresponde a 60 millones de pesos de venta anual, aproximadamente.

En el caso de transporte de carga terrestre, el límite de ventas anuales es de tres mil Unidades Tributarias Mensuales, equivalente a 30 millones de pesos, aproximadamente.

En la minería, no podrán acogerse al sistema de renta presunta las sociedades anónimas, los productores de minerales metálicos no ferrosos con ventas anuales superiores a las 36 mil toneladas físicas de mineral, y todas aquellas empresas mineras con ventas anuales por sobre las seis mil Unidades Tributarias Anuales (720 millones de pesos, aproximadamente).

C. Vacíos legales

La Ley de la Renta actualmente vigente contiene vacíos e insuficiencias que dan la posibilidad de eludir sin incurrir en delitos tributarios, el pago justo de impuestos. Los mecanismos utilizados son complejos y sofisticados. Para evitar estas prácticas, la Reforma considera modificaciones que permiten perfeccionar la Ley, de manera de reducir, aunque parcialmente, la utilización de algunos de estos resquicios.

D. Impuestos indirectos

Con el objeto de abordar de manera más intensa la solución a los desequilibrios que actualmente existen en nuestro país, y sin generar desajuste macroeconómicos que a la larga resultan caros de revertir, la Reforma considera apoyar las modificaciones anteriores mediante un aumento de la tasa del Impuesto al Valor Agregado desde el 16% actual a un 18%.

El aumento de este impuesto tiene su justificación en el propósito de allegar mayores recursos para abordar más eficazmente las responsabilidades que se asumen con el retorno a la convivencia democrática. En esta materia es necesaria la mayor claridad. El mayor rendimiento fiscal que resulte de esta modificación dará lugar a la implementación de programas sociales, de manera de asegurar que los sectores de menores recursos sean más que compensados.

Todas estas proposiciones de cambio están contenidas en el Proyecto de Ley de Reforma Tributaria, que considera ocho artículos permanentes e igual número de artículos transitorios.

El conjunto de estas modificaciones debiera alentar la inversión privada. El impuesto a las rentas del capital que resulte de la aprobación de esta reforma se compara favorablemente con cualquier estándar razonable. Se mantendrá una larga lista de incentivos a la inversión privada; además se introducirán nuevos estímulos. La contrapartida natural de nuevos gastos fiscales que se generarán en estos cuatro años tiene un fuerte componente de inversión pública e inversión social, complementaria a la inversión productiva privada. Invertir en la gente, en el capital humano de los chilenos, constituye un estímulo adicional para el crecimiento económico, y al mismo tiempo abre una vía natural para expandir y diseminar los beneficios del crecimiento.

Pero el principal estímulo que la Reforma ofrece a la inversión y al desarrollo estará dado por la legitimidad y estabilidad de su aprobación democrática. Por esta razón, el gobierno no introducirá iniciativas legales adicionales que impliquen modificar los aspectos fundamentales de la Ley de la Renta durante su mandato de cuatro años. La clarificación de los horizontes que trascienden al futuro inmediato en materias tributarias es la mejor invitación e incentivo al sector privado a pensar y actuar con criterios de mediano y largo plazo.

Finalmente, esta Reforma distingue a nuestro país por su especial preocupación por la mantención de los equilibrios fiscales. En las naciones hermanas que viven momentos difíciles están pendientes los temas del equilibrio fiscal y del financiamiento sano de los gastos públicos. En la mayoría de esos casos se trata de economías con bajas, y no con altas, recaudaciones. La fijación de precios, la regulación excesiva y la generación de fuertes déficit surge precisamente del desequilibrio entre las legítimas demandas sociales y la escasez de recursos fiscales. Esas experiencias, y nuestro propio pasado, nos enseñan que el tema del financiamiento debe ser resuelto antes y no después del inicio de nuevos programas de inversión en infraestructura y equipamiento y de políticas sociales. En este sentido, la Reforma tiene un componente adicional de estabilidad que es necesario valorar en su justa medida.

La mantención del necesario equilibrio fiscal, por otro lado, requiere no sobredimensionar los recursos comprometidos. Las necesidades y carencias nacionales exceden con creces lo que se espera recaudar con esta Reforma. Por ello, el principio de austeridad fiscal no está comprometido. Esto es especialmente válido para éste y el próximo año. El desnivel que aún prevalecerá entre las necesidades y los recursos disponibles exigirá un manejo cuidadoso, responsable y transparente de este esfuerzo de solidaridad que compromete a todos los chilenos

La aprobación de la Reforma Tributaria será un motivo más para sentirnos orgullosos de nuestra Nación.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional con urgencia, en todos sus trámites, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26° y 27° de la Ley N° 18.918, califico de simple, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta contenida en el artículo 1° del Decreto Ley N° 824, de 1974:

1.- Sustitúyese el artículo 14 por el siguiente:

"Artículo 14°.- Las rentas que se determinen a un contribuyente sujeto al impuesto de primera categoría, se gravarán respecto de éste de acuerdo con las normas del Título II.

Para aplicar los impuestos global complementario o adicional sobre las rentas obtenidas por dichos contribuyentes se procederá en la siguiente forma:

A) Contribuyentes obligados a declarar según contabilidad completa:

1°.- Respecto de los empresarios individuales, contribuyentes del artículo 58 número 1°, socios de sociedades de personas y socios gestores en el caso de sociedades en comandita por acciones:

a) Quedarán gravados con los impuestos global complementario o adicional, según proceda, por los retiros o remesas que reciban de la empresa, hasta completar el fondo de utilidades tributarias referido en el número 3° letra a) de este artículo.

Cuando los retiros excedan el fondo de utilidades tributables, para los efectos de la aplicación de los impuestos señalados se considerará dentro de éste las rentas devengadas por la o las sociedades en que participe la empresa de la que se efectúa el retiro.

Respecto de las sociedades de personas y de las en comandita por acciones, por lo que corresponde a los socios gestores, se gravará los retiros de cada socio por sus montos efectivos. En el caso que los retiros en su conjunto excedan el monto de la utilidad tributable, incluyendo la del ejercicio, cada socio tributará considerando la proporción que representen sus retiros en el total de ellos, respecto de dicha utilidad.

Para los efectos de aplicar los impuestos del Título IV se considerará siempre retiradas las rentas que se remesen al extranjero.

Los retiros o remesas que se efectúen en exceso del fondo de utilidades tributables, que no correspondan a cantidades no constitutivas de renta o rentas exentas de los impuestos global complementario o adicional, se considerarán realizados en el primer ejercicio posterior en que la empresa tenga utilidades tributables determinadas en la forma indicada en el número 3 letra a) de este artículo. Si las utilidades tributables de ese ejercicio no fueran suficientes para cubrir el monto de los retiros en exceso, el remanente se entenderá retirado en el ejercicio subsiguiente en que se produzcan utilidades tributables y así sucesivamente. Para estos efectos, el referido exceso se reajustará según la variación que experimente el índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que se efectuaron los retiros y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que se entiendan retirados para los efectos de esta letra.

Tratándose de sociedades, y para los efectos indicados en el inciso precedente, los socios tributarán con los impuestos global complementario o adicional en su caso, sobre los retiros efectivos que hayan realizado en exceso de las utilidades tributables, reajustados en la forma ya indicada. En el caso que el socio hubiera enajenado el todo o parte de sus derechos, el retiro referido se entenderá realizado por el o los cesionarios en la proporción correspondiente, y así sucesivamente.

c) Las rentas que retiren para invertirlas en otras empresas obligadas a determinar su renta efectiva por medio de contabilidad completa con arreglo a las disposiciones del Título II, no se gravarán con los impuestos global complementario o adicional mientras no sean retiradas o distribuidas. Igual norma se aplicará en el caso de transformación de una empresa individual en sociedad de cualquier clase o en la división o fusión de sociedades. En las divisiones se considerará que las rentas acumuladas se asignan en proporción al patrimonio neto respectivo. Las disposiciones de esta letra se aplicarán también al mayor valor obtenido en la enajenación de derechos en sociedades de personas, efectuadas de acuerdo a las normas del artículo 41° inciso final de esta ley, pero solamente hasta por una cantidad equivalente a las utilidades tributables acumuladas en la empresa a la fecha de enajenación, en la proporción que corresponda al enajenante.

Las inversiones a que se refiere esta letra sólo podrán hacerse mediante aumentos efectivos de capital en empresas individuales, aportes a una sociedad de personas o adquisiciones de acciones de pago, dentro de los veinte días siguientes a aquél en que se efectuó el retiro. Los contribuyentes que inviertan en acciones de pago de conformidad a esta letra, no podrán acogerse, por esas acciones, a lo dispuesto en el número 1° del artículo 57° bis de esta ley.

2°.- Los accionistas de las sociedades anónimas y en comandita por acciones pagarán los impuestos global complementario o adicional, según corresponda, sobre las cantidades que a cualquier título le distribuya la sociedad respectiva, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 54° número 1° y 58° número 2° de la presente ley.

3°.- Respecto de los retiros, remesas o distribuciones a que se refieren los números anteriores:

a) Todo contribuyente sujeto al impuesto de primera categoría sobre la base de un balance general, según contabilidad completa, deberá llevar un registro del fondo de utilidades tributables. En dicho registro se anotará la renta líquida imponible de primera categoría o pérdida tributaria del ejercicio.

A lo anterior se agregará las rentas exentas del impuesto de primera categoría percibidas o devengadas, las participaciones sociales y los dividendos percibidos, y todos los demás ingresos, beneficios o utilidades percibidos o devengados, que sin formar parte de la renta líquida del contribuyente se afecten con los impuestos global complementario o adicional cuando se retiren o distribuyan.

A su vez, se deducirá los gastos a que se refiere el inciso primero del artículo 21°.

Asimismo, se adicionará o deducirá, según el caso, los remanentes de utilidades tributables o el saldo negativo de ejercicios anteriores, reajustados en la forma prevista en el número 1°, inciso primero, del artículo 41°.

Al término del ejercicio se deducirá también los retiros o distribuciones efectuados en el mismo período, reajustados en la forma indicada en el número 1°, inciso final, del artículo 41°.

La empresa deberá registrar en forma separada del fondo de utilidades tributables las cantidades no constitutivas de renta y las rentas exentas de los impuestos global complementario o adicional, percibidas, y su remanente de ejercicios anteriores reajustado en la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al término del ejercicio previo y el último día del mes que preceda al término del ejercicio.

b) Para los contribuyentes accionistas de sociedades anónimas y en comandita por acciones, el fondo de utilidades tributables establecido en la letra anterior sólo será aplicable para determinar los créditos que correspondan según lo dispuesto en los artículos 56°, número 3), y 63°.

c) Los retiros, remesas o distribuciones deberán imputarse, en primer término, a las rentas o utilidades más antiguas afectas al impuesto global complementario o adicional, debiendo imputarse el exceso a las rentas exentas o cantidades no gravadas con dichos tributos, con excepción de la revalorización del capital propio, la que sólo podrá retirarse o distribuirse conjuntamente con el capital al efectuar una disminución de éste o al término de giro.

B) Otros contribuyentes

1°- En el caso de contribuyentes afectos al impuesto de primera categoría que declaren rentas efectivas y que no las determinen sobre la base de un balance general, según contabilidad completa, las rentas establecidas en conformidad con el Título II, más todos los ingresos, o beneficios percibidos o devengados por la empresa, incluyendo las participaciones percibidas o devengadas que provengan de sociedades que determinen en igual forma su renta imponible, se gravarán respecto del empresario individual, socio, accionista o contribuyente del artículo 58° número 1°, con el impuesto global complementario o adicional, en el mismo ejercicio en que se perciban, devenguen o distribuyan.

2°- Las rentas presuntas se afectarán con los impuestos global complementario o adicional, en el ejercicio a que correspondan. En el caso de sociedades de personas, estas rentas se entenderán retiradas por los socios en proporción a su participación en las utilidades.

2.- En el artículo 14° bis:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

"Los contribuyentes obligados a declarar renta efectiva según contabilidad completa por rentas del artículo 20° de esta ley, cuyos ingresos por ventas, servicios u otras actividades de su giro, no hayan excedido un promedio mensual de 250 unidades tributarias mensuales en los tres últimos ejercicios, podrán optar por pagar los impuestos anuales de primera categoría y global complementario o adicional, sobre todos los retiros en dinero o en especie que efectúen los propietarios, socios o comuneros, y todas las cantidades que distribuyan a cualquier título las sociedades anónimas o en comandita por acciones, sin distinguir o considerar su origen o fuente, o si se trata o no de sumas no gravadas o exentas. En todo lo demás se aplicará las normas de esta ley que afectan a la generalidad de los contribuyentes del impuesto de primera categoría obligados a llevar contabilidad completa".

b) En el inciso cuarto sustitúyese la expresión "los incisos sexto y séptimo" por "la letra A número 1°, c)";

c) Sustitúyese el inciso noveno por el siguiente:

"Los contribuyentes acogidos a lo dispuesto en el inciso primero, que en los últimos tres ejercicios comerciales tengan un promedio mensual de ventas, servicios u otros ingresos de su giro, superior a 250 unidades tributarias mensuales, deberán volver al régimen tributario general que les corresponda, sujetos a las mismas normas del inciso siguiente, pero dando el aviso al Servicio de Impuestos Internos en el mes de enero del año en que vuelvan al régimen general.";

d) Suprímense los incisos décimo y décimo primero, y

e) Suprímese en el inciso final la oración que comienza con "Sin embargo" y termina con "sus aumentos".

3.- En el artículo 17°, número 8°:

a) Sustitúyese la letra c) por la siguiente:

"c) Enajenación de pertenencias mineras, excepto cuando formen parte del activo de empresas que declaren su renta efectiva en la primera categoría;";

b) Derógase letra h);

Intercálase en el inciso cuarto, a continuación de la letra "b)," la letra "c),", y

d) En el inciso final sustitúyese la expresión "entre el valor comercial" por "entre el valor de enajenación".

4.- Sustitúyese el artículo 19° por el siguiente:

"Artículo 19°.- Las normas de este Título se aplicarán a todas las rentas percibidas o devengadas.".

5.- En el artículo 20°:

a) En su inciso primero, suprímese la expresión "las siguientes rentas o cantidades que se señalan a continuación o en el artículo 20° bis";

b) Sustitúyense las letras a) y b) del número le por las siguientes:

"a) Tratándose de contribuyentes que posean o exploten a cualquier título bienes raíces agrícolas se gravará la renta efectiva de dichos bienes, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) de este número.

Del monto del impuesto de esta categoría podrá rebajarse el impuesto territorial pagado por el período al cual corresponde la declaración de renta. Sólo tendrá derecho a esta rebaja el propietario o usufructuario. Si el monto de la rebaja contemplada en este inciso excediera del impuesto aplicable a las rentas de esta categoría, dicho excedente no podrá imputarse a otro impuesto ni solicitarse su devolución.

Si el bien raíz estuviese total o parcialmente exento del impuesto territorial, la rebaja mencionada por el inciso precedente se autorizará hasta el monto representativo del impuesto que debería haberse pagado de no existir dicha exención.

Las cantidades cuya deducción se autoriza en los incisos anteriores se reajustarán de acuerdo con el porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el último día del mes anterior a la fecha de pago de la contribución y el último día del mes anterior al de cierre del ejercicio respectivo;

b) Los contribuyentes propietarios o usufructuarios de bienes raíces agrícolas, que no sean sociedades anónimas y que cumplan los requisitos que se indica más adelante, pagarán el impuesto de esta categoría sobre la base de la renta de dichos predios agrícolas, la que se presume de derecho es igual al 10% del avalúo fiscal de los predios. Cuando la explotación se haga a cualquier otro título se presume de derecho que la renta es igual al 4% del avalúo fiscal de dichos predios. Para los fines de estas presunciones se considerará como ejercicio agrícola el período anual que termina el 31 de diciembre.

Para acogerse al sistema de renta presunta las comunidades, cooperativas, sociedades de personas u otras personas jurídicas, deberán estar formadas exclusivamente por personas naturales.

El régimen tributario contemplado en esta letra no se aplicará a los contribuyentes que obtengan rentas de cualquier origen por las cuales deban declarar impuestos sobre renta efectiva según contabilidad. Tampoco se aplicará si el contribuyente está relacionado con una sociedad obligada a tributar sobre la base de renta efectiva determinada según contabilidad completa.

Sólo podrán acogerse al régimen de presunción de renta contemplado en esta letra los contribuyentes propietarios o usufructuarios de predios agrícolas o que a cualquier título los exploten, cuyas ventas netas anuales no excedan en su conjunto de 6.000 unidades tributarias mensuales. Para la determinación de las ventas no se considerará las enajenaciones ocasionales de bienes muebles o inmuebles que formen parte del activo inmovilizado del contribuyente.

Si el contribuyente excede el límite establecido en el inciso anterior, desde el ejercicio siguiente quedará obligado a declarar sus rentas en conformidad con lo establecido en la letra a) de este número. Una vez verificada dicha circunstancia el contribuyente no podrá volver al régimen de renta presunta. Exceptúase el caso en que el contribuyente no haya estado afecto al impuesto de primera categoría por su actividad agrícola por cinco ejercicios consecutivos o más, caso en el cual deberá estarse a las reglas generales establecidas en esta letra para determinar si se aplica o no el régimen de renta presunta. Para los efectos de computar el plazo de cinco ejercicios se considerará que el contribuyente desarrolla actividades agrícolas cuando arrienda o cede en cualquier forma el goce de predios agrícolas cuya propiedad o usufructo conserva.

Para establecer si el contribuyente cumple el requisito del inciso cuarto de esta letra, deberá sumar a sus ventas el total de las ventas realizadas por las sociedades de personas y en su caso comunidades con las que esté relacionado y que realicen actividades agrícolas. Si al efectuar la operación descrita el resultado obtenido excede el límite de ventas establecido en el inciso cuarto de esta letra, tanto el contribuyente como las sociedades o comunidades relacionadas con él deberán determinar el impuesto de esta categoría en conformidad con lo dispuesto en la letra a) de este número.

Si una persona natural está relacionada con una o más comunidades o sociedades de personas, que sean a su vez propietarias o usufructuarias de predios agrícolas o que a cualquier título los exploten, la posibilidad de dichas comunidades o sociedades de aplicar el sistema de renta presunta establecido en esta letra estará restringida al cumplimiento del requisito establecido en el inciso cuarto de esta letra. Sin embargo, para estos efectos deberá sumarse el total de las ventas anuales de las comunidades y sociedades relacionadas con la persona natural. Si al efectuar esa operación el resultado obtenido excede el límite establecido en el inciso cuarto, todas las sociedades o comunidades relacionadas con la persona deberán determinar el impuesto de esta categoría en conformidad con lo dispuesto en la letra a) de este número.

Las personas que tomen en arrendamiento, o que a otro título de mera tenencia exploten, el todo o parte de predios agrícolas de contribuyentes que deban tributar en conformidad con lo dispuesto en la letra a) de este número, quedarán sujetas a ese mismo régimen, a menos que el predio arrendado tenga un avalúo fiscal inferior a 200 unidades tributarias mensuales al cierre del ejercicio anterior, en cuyo caso el régimen del arrendatario o mero tenedor se establecerá según las reglas generales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto de esta categoría en conformidad con la letra a) de este número. Una vez ejercida dicha opción no podrán reincorporarse al sistema de presunción de renta.

El ejercicio de la opción a que se refiere el inciso anterior deberá practicarse dentro de los dos primeros meses de cada año comercial, entendiéndose en consecuencia que las rentas obtenidas a contar de dicho año tributarán en conformidad con el régimen de renta efectiva.

Serán aplicables a los contribuyentes de esta letra las normas de los tres últimos incisos de la letra a) de este número.

Para los efectos de esta letra se entenderá que una persona está relacionada con una sociedad en los siguientes casos:

i) Si la sociedad es de personas y la persona, como socio, tiene facultades de administración o si participa en por lo menos el 10% de la utilidades, o si es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título posee por lo menos el 10% del capital social o las acciones. Lo dicho se aplicará también a los comuneros respecto de las comunidades en las que participen.

ii) Si la sociedad es anónima y la persona es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título tiene derecho por lo menos al 10% de las acciones, de las utilidades o de los votos en la junta de accionistas.

iii) Si la persona es partícipe por lo menos en un 10% en un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario, en que la sociedad es gestora.

iv) Si la persona, de acuerdo con estas reglas, está relacionada con una sociedad y ésta a su vez lo está con otra, se entenderá que la persona también está relacionada con esta última y así sucesivamente.

c) Agrégase el siguiente inciso final a la letra d):

"Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, tratándose de sociedades anónimas que posean o exploten a cualquier título bienes raíces no agrícolas, se gravará la renta efectiva de dichos bienes. Será aplicable en este caso lo dispuesto en los últimos tres incisos de la letra a) de este número.".

6.- Derógase el artículo 20° bis.

7.- En el artículo 21°:

a) Sustitúyase el inciso cuarto por el siguiente:

"En el caso de sociedades anónimas que sean socias de sociedades de personas, se aplicará el impuesto del inciso anterior a las partidas que de acuerdo con los incisos primero y segundo de este artículo deban considerarse retiradas de las sociedades de personas, salvo los impuestos de primera categoría y territorial, pagados, calculando el referido tributo sobre la parte que corresponda a la sociedad anónima y rebajando como crédito el impuesto de primera categoría que afecte a dichas partidas.", y

b) En el inciso final, agrégase a continuación de la expresión "retiradas" la oración, "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41°, inciso final".

8.- En el Título II, Párrafo 3°, sustitúyese el título "De la determinación de las rentas de primera categoría" por "De la base imponible".

9.- En el artículo 29°:

a) Derógase el inciso tercero, y

b) Agréganse los siguientes incisos a continuación del inciso final:

"Si con motivo de un contrato de promesa, opción u otro contrato preparatorio, el contribuyente recibe o tiene derecho a recibir el todo o parte de los ingresos derivados del contrato prometido o definitivo con anterioridad a su celebración, deberá considerar estas sumas como ingresos percibidos o devengados al momento de celebrar el contrato de promesa, de opción o preparatorio, a menos que el pago se haya hecho con anterioridad, caso en el cual se considerará el momento de su percepción.

En los contratos de construcción, de confección de obra material o de servicios de cualquier tipo, el ingreso se devengará en la oportunidad en que se formule el cobro o estado de pago respectivo.".

10.- En el artículo 30°:

a) Agrégase al final del inciso primero, en punto seguido, lo siguiente:

"El costo directo del mineral extraído considerará también la parte del valor de adquisición de la pertenencia respectiva que corresponda a la proporción que el mineral extraído represente en el total del mineral que técnicamente se estime contiene la pertenencia, en la forma que determine el Reglamento.", y

b) Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

"Las disposiciones sobre estimación de costo establecidas en el inciso anterior se aplicarán también a los contratos de construcción, de confección de obra material o de prestación de servicios de cualquier tipo en que, por aplicación del artículo 29°, deba incluirse un ingreso devengado o percibido sin que, se conozca el costo definitivo asociado al mismo".

11.- En el artículo 31°:

a) Sustitúyese el inciso segundo del número 3° por el siguiente:

"Podrán, asimismo, deducirse las pérdidas de ejercicios anteriores, siempre que concurran los requisitos' del inciso precedente. Para estos efectos las pérdidas del ejercicio deberán imputarse a las utilidades no retiradas o distribuidas, y a las obtenidas en el ejercicio siguiente a aquél en que se produzcan dichas pérdidas, y si las utilidades referidas no fuesen suficientes para absorberlas, la diferencia deberá imputarse al ejercicio inmediatamente siguiente y así sucesivamente. En el caso que las pérdidas absorban total o parcialmente las utilidades no retiradas o distribuidas, el impuesto de primera categoría pagado sobre dichas utilidades se considerará como pago provisional en aquella parte que proporcionalmente corresponda a la utilidad absorbida, y se le aplicará las normas de reajustabilidad, imputación o devolución que señalan los artículos 93° al 97° de la presente ley.";

b) En el inciso final del número 3°, agrégase a continuación de la expresión "renta líquida" la palabra "imponible", y

c) En el número 5° sustitúyese en su inciso final el punto (.) por una coma (,) y agrégase la oración "sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 30°".

12.- En el artículo 33°:

a) En la primera parte del inciso primero reemplázase la expresión "de primera categoría" por "imponible", y

b) Suprímese el número 4°, pasando el actual número 5° a ser 4°.

13.- Agrégase el siguiente artículo 33° bis:

"Artículo 33° bis.- Los contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa, tendrán derecho a un crédito equivalente al 2% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado, adquiridos nuevos o terminados de construir durante el ejercicio. Respecto de los bienes construidos, no darán derecho a crédito las obras que consistan en mantención o reparación de los mismos. Tampoco darán derecho a crédito los activos que puedan ser usados para fines habitacionales o de transporte, excluidos los camiones, camionetas de cabina simple y otros destinados exclusivamente al transporte de carga.

El crédito establecido en el inciso anterior se deducirá del impuesto de primera categoría que deba pagarse por las rentas del ejercicio en que ocurra la adquisición o término de la construcción, y, de producirse un exceso, no dará derecho a devolución.

Para los efectos de calcular el crédito, los bienes se considerarán por su valor actualizado al término del ejercicio, en conformidad con las normas del artículo 41° de esta ley, y antes de deducir la depreciación correspondiente.

En ningún caso el monto anual del crédito podrá exceder de 500 unidades tributarias mensuales, considerando el valor de la unidad tributaria mensual del mes de cierre del ejercicio.

El crédito establecido en este artículo no se aplicará a las empresas del Estado, ni a las empresas en las que el Estado, sus organismos o empresas o las municipalidades tengan una participación o interés superior al 50% del capital.".

14.- En el artículo 34°:

a) Reemplázase el encabezamiento del inciso primero por el siguiente:

"Las rentas derivadas de la actividad minera tributarán de acuerdo con las siguientes normas:";

b) En el primer inciso del número 1°, a continuación de la expresión "por acciones,", agrégase la oración "y de los contribuyentes señalados en el número 2° de este artículo,";

c) Agrégase el siguiente inciso final al número 1°:

"Para acogerse al régimen de renta presunta establecido en este número los contribuyentes estarán sometidos a las condiciones contenidas en los incisos segundo y tercero de la letra b) del número 1° del artículo 20°. Aquellos que no las cumplan quedarán sujetos al régimen del número 2° de este artículo.";

d) Sustitúyese el número 2° por el siguiente:

"2°.- Las sociedades anónimas y las en comandita por acciones, quedarán sujetas al impuesto de primera categoría sobre su renta efectiva determinada según contabilidad completa. A igual régimen tributario quedarán sometidos los demás contribuyentes que a cualquier título posean o exploten yacimientos mineros cuyas ventas anuales excedan de 36.000 toneladas de mineral metálico no ferroso, o cuyas ventas anuales, expresadas en el número de unidades tributarias mensuales que correspondan, y cualquiera sea el mineral, excedan de 6.000 unidades tributarias anuales.

Estos contribuyentes se mantendrán dentro del sistema de renta efectiva según contabilidad completa aun cuando por la enajenación de pertenencias, o por cualquier otra causa, reduzcan sus ventas a cantidades o sumas inferiores a las indicadas en el inciso precedente. Exceptúase el caso en que el contribuyente no haya desarrollado actividades mineras por cinco ejercicios consecutivos o más, caso en el cual deberá estarse a las reglas generales establecidas en este artículo para determinar si se aplica o no el régimen de renta efectiva. Para los efectos de computar el plazo de cinco ejercicios se considerará que el contribuyente desarrolla actividades mineras cuando arrienda o cede en cualquier forma el goce de concesiones mineras cuya propiedad o usufructo conserva.

Para establecer si el contribuyente cumple cualquiera de los límites contenidos en el inciso primero de este número, se deberá sumar al total de las ventas del contribuyente el total de ventas de las sociedades con las que el contribuyente esté relacionado. Del mismo modo, el contribuyente deberá considerar las ventas de las comunidades de las que sea comunero. Si al efectuar las operaciones descritas el resultado obtenido excede cualquiera de los límites referidos, tanto el contribuyente como las sociedades o comunidades con las que esté relacionado deberán determinar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva según contabilidad completa.

Si una persona natural está relacionada con una o más comunidades o sociedades de personas que desarrollen actividades mineras, para establecer si dichas comunidades o sociedades exceden los límites mencionados en el inciso primero de este número, deberá sumarse el total de ventas de las comunidades y sociedades con las que la persona esté relacionada. Si al efectuar la operación descrita el resultado obtenido excede los límites citados, todas las sociedades o comunidades con las que la persona esté relacionada deberán determinar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva según contabilidad completa.

Para los efectos de este número el concepto de persona relacionada con una sociedad se entenderá en los términos señalados en el artículo 20° número 1° letra b).", y

e) Derógase el número 3°.

15.- Agrégase el siguiente artículo 34° bis:

"Artículo 34° bis.- Las rentas derivadas de la actividad del transporte terrestre tributarán de acuerdo con las siguientes normas:

1°.- Los contribuyentes que a cualquier título posean o exploten vehículos motorizados de transporte terrestre quedarán afectos al impuesto de primera categoría por las rentas efectivas, según contabilidad, que obtengan de dicha actividad, sin perjuicio de lo dispuesto en los números 2° y 3° de este artículo.

2°.- Se presume de derecho que la renta líquida imponible de los contribuyentes que no sean sociedades anónimas o en comandita por acciones, y que exploten a cualquier título vehículos motorizados en el transporte terrestre pasajeros, es equivalente al 10% del valor corriente en plaza de cada vehículo, determinado por el Director del Servicio de Impuestos Internos al 1° de enero de cada año en que deba declararse el impuesto.

3°.- Se presume de derecho que la renta líquida imponible de los contribuyentes, que no sean sociedades anónimas o en comandita por acciones, y que cumplan los requisitos que se indica más adelante, que exploten a cualquier título vehículos motorizados en el transporte terrestre de carga ajena, es equivalente al 10% del valor corriente en plaza de cada vehículo y su respectivo remolque, acoplado o carro similar, determinado por el Director del Servicio de Impuestos Internos al 1° de enero del año en que deba declararse el impuesto.

Para acogerse al sistema de renta presunta las comunidades, cooperativas, sociedades de personas u otras personas jurídicas, deberán estar formadas exclusivamente por personas naturales.

El régimen tributario contemplado en este número no se aplicará a los contribuyentes que obtengan rentas de cualquier origen por las cuales deban declarar impuestos sobre renta efectiva según contabilidad completa. Tampoco se aplicará si el contribuyente está relacionado con una sociedad obligada a tributar sobre la base de renta efectiva determinada según contabilidad completa.

Sólo podrán acogerse al régimen de presunción de renta contemplado en este número los contribuyentes cuyos servicios facturados al término del ejercicio no excedan de 3.000 unidades tributarias mensuales.

Si el contribuyente excede en algún ejercicio el límite establecido en el inciso anterior, desde el ejercicio siguiente quedará obligado a declarar su renta efectiva determinada según contabilidad completa. Esta norma se aplicará aún cuando, por enajenación de uno o más vehículos o por cualquier otra causa, vuelvan a darse los requisitos para la presunción de renta establecida en este número. Exceptúase el caso en que el contribuyente no haya desarrollado actividades como transportista por cinco ejercicios consecutivos o más, caso en el cual deberá estarse a las reglas generales establecidas en este número para determinar si se aplica o no el régimen de renta presunta. Para los efectos de computar el plazo de cinco ejercicios se considerará que el contribuyente desarrolla actividades como transportista cuando arrienda o cede en cualquier forma el goce de los vehículos cuya propiedad o usufructo conserva.

Para establecer si el contribuyente cumple el requisito contenido en el inciso cuarto de este número, deberá sumar a sus servicios facturados el total de servicios facturados por las sociedades y en sus casos comunidades con las que esté relacionado y que realicen actividades de transporte terrestre de carga ajena. Si al efectuar las operaciones descritas el resultado obtenido excede el límite establecido en el inciso cuarto de este número, tanto el contribuyente como las sociedades o comunidades con las que esté relacionado deberán determinar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva según contabilidad completa.

Si una persona natural está relacionada con una o más comunidades o sociedades de personas, que exploten vehículos como transportistas de carga ajena, para establecer si dichas comunidades o sociedades exceden el límite mencionado en el inciso cuarto de este número, deberá sumarse el total de servicios facturados por las sociedades o comunidades con las que la persona esté relacionada. Si al efectuar la operación descrita el resultado obtenido excede el límite establecido en el inciso cuarto de este número, todas las sociedades o comunidades con las que la persona esté relacionada deberán pagar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva determinada según contabilidad completa.

Las personas que tomen en arrendamiento o que a otro título de mera tenencia exploten vehículos motorizados de transporte terrestre de carga, de contribuyentes que deban tributar en conformidad con lo dispuesto en el número 1° de este artículo, quedarán sujetas a ese mismo régimen, a menos que su facturación de servicios anual, aplicando las normas de este número, sea igual o inferior a 1.000 unidades tributarias mensuales. En este último caso el régimen del arrendatario o mero tenedor se establecerá según las reglas generales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto de esta categoría según renta efectiva sobre la base de contabilidad completa. Una vez ejercida dicha opción no podrán reincorporarse al sistema de presunción de renta.

El ejercicio de la opción a que se refiere el inciso anterior deberá practicarse dentro de los dos primeros meses de cada año comercial, entendiéndose en consecuencia que las rentas obtenidas a contar de dicho año tributarán en conformidad con el régimen de renta efectiva.

Para los efectos de este número el concepto de persona relacionada con una sociedad se entenderá en los términos señalados en el artículo 20° número 1° letra b).".

16.- Sustitúyese el artículo 38° bis por el siguiente:

"Artículo 38° bis.- Los contribuyentes obligados a declarar su renta efectiva según contabilidad completa, que pongan término a su giro, deberán considerar retiradas o distribuidas las rentas o cantidades determinadas a esa fecha, en la forma prevista en el artículo 14°, letra A) número 3°, c), o en el inciso segundo del artículo 14° bis, según corresponda, incluyendo las del ejercicio.

Dichos contribuyentes tributarán por esas rentas o cantidades con un impuesto de 35%, el cual tendrá el carácter de único de esta ley respecto de la empresa, empresario, socio o accionista, no siendo aplicable a estas rentas lo dispuesto en el número 3° del artículo 54°.

Sin perjuicio de lo anterior, el empresario, socio o accionista, podrá optar por declarar las rentas o cantidades referidas, como afectas al impuesto global complementario del año del término de giro de acuerdo con las siguientes reglas:

1.- A estas rentas o cantidades se les aplicará una tasa de impuesto global complementario equivalente al promedio de las tasas más altas de dicho impuesto, que hayan afectado al contribuyente en los tres ejercicios anteriores al término de giro. Si la empresa a la que se pone término tuviera una existencia inferior a tres ejercicios el promedio se calculará por los ejercicios de existencia efectiva. Si la empresa hubiera existido sólo durante el ejercicio en el que se le pone término de giro, entonces las rentas o cantidades indicadas tributarán como rentas del ejercicio según las reglas generales.

2.- Las rentas o cantidades indicadas en el número anterior gozarán del crédito del artículo 56° número 3), el cual se aplicará con una tasa del 35%".

17.- En el artículo 40°, número 6°, reemplázase la expresión "a los artículos 14° bis y 20a bis" por la siguiente: "al artículo 14° bis".

18.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 41°:

"En el caso de la enajenación de derechos en sociedades de personas que hagan los socios o accionistas de sociedades anónimas cerradas, o accionistas de sociedades anónimas abiertas dueños del 10% o más de las acciones, a la empresa o sociedad respectiva o en las que tengan intereses, para los efectos de determinar la renta proveniente de dicha operación, deberá deducirse del precio de la enajenación el valor de aporte o adquisición de dichos derechos, incrementado o disminuido según el caso, por los aumentos o disminuciones de capital posteriores efectuados por el enajenante, salvo que los valores de aporte, adquisición o aumentos de capital tengan su origen en rentas que no hayan pagado total o parcialmente los impuestos de esta ley. Para estos efectos, los valores indicados deberán reajustarse de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición o aporte, aumento o disminución de capital, y el último día del mes anterior a la enajenación.".

19.- Sustitúyese la escala de tasas del artículo 43°, número 1° por la siguiente:

"Las rentas que no excedan de 10 unidades tributarias mensuales, estarán exentas de este impuesto;

Sobre la parte que exceda de 10 y no sobrepase las 30 unidades tributarias mensuales, 5%;

Sobre la parte que exceda de 30 y no sobrepase las 50 unidades tributarias mensuales, 15%;

Sobre la parte que exceda de 50 y no sobrepase las 70 unidades tributarias mensuales, 25%;

Sobre la parte que exceda de 70 y no sobrepase las 100 unidades tributarias mensuales, 35%, y

Sobre la parte que exceda de 100 unidades tributarias mensuales, 50%.".

20.- Sustitúyese la escala de tasas del artículo 52° por la siguiente:

"Las rentas que no excedan de 10 unidades tributarias anuales, estarán exentas de este impuesto;

Sobre la parte que exceda de 10 y no sobrepase las 30 unidades tributarias anuales, 5%;

Sobre la parte que exceda de 30 y no sobrepase las 50 unidades tributarias anuales, 15%;

Sobre la parte que exceda de 50 y no sobrepase las 70 unidades tributarias anuales, 25%;

Sobre la parte que exceda de 70 y no sobrepase las 100 unidades tributarias anuales, 35% y

Sobre la parte que exceda de 100 unidades tributarias anuales, 50%.".

21.- Agrégase el siguiente inciso final al número 1° del artículo 54°.".

"Cuando corresponda aplicar el crédito establecido en el artículo 56°, número 3), se agregará un monto equivalente a éste para determinar la renta bruta global del mismo ejercicio y se considerará como una suma afectada por el impuesto de primera categoría para el cálculo de dicho crédito.".

22.- En el artículo 56°:

a) Sustitúyese el inciso primero del número 3) por el siguiente:

"3) La cantidad que resulte de aplicar la misma tasa de primera categoría con la que se gravaron las rentas o cantidades que se encuentren comprendidas en la renta bruta global. También tendrán derecho a este crédito las personas naturales que sean socios de sociedades de personas por las cantidades obtenidas por estas últimas en su calidad de accionistas de sociedades anónimas o en comandita por acciones, por la parte de dichas cantidades que integren la renta bruta global de las personas aludidas.", y

b) Agrégase el siguiente inciso final:

"Los créditos o deducciones que las leyes permiten rebajar de los impuestos establecidos en esta ley y que dan derecho a devolución del excedente se aplicarán a continuación de aquéllos no susceptibles de reembolso.".

23.- En el artículo 62° agrégase el siguiente inciso final:

"Para los efectos de aplicar el crédito a que se refiere el artículo 63° de esta ley, se agregará un monto equivalente a éste para determinar la base imponible del mismo ejercicio del impuesto adicional y se considerará como una suma afectada por el impuesto de primera categoría para el cálculo de dicho crédito.".

24.- En el artículo 63°:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

"Artículo 63°.- A los contribuyentes del impuesto adicional se les otorgará un crédito equivalente al monto que resulte de aplicar a las cantidades gravadas conforme a los artículos 58°, 60°, inciso primero y 61°, la misma tasa de primera categoría que las afectó.";

b) En el inciso segundo, sustitúyase la expresión "14° bis y 20° bis" por "14° y 14° bis", y

c) Agrégase el siguiente inciso final:

"Los créditos o deducciones que las leyes permiten rebajar de los impuestos establecidos en esta ley y que dan derecho a devolución del excedente se aplicarán a continuación de aquéllos no susceptibles de reembolso.".

25.- En el artículo 74°, número 4°, inciso primero, reemplázase la última parte que comienza con las palabras "Tratándose de rentas" por la siguiente:

"No obstante, tratándose de la remesa, retiro, distribución o pago de utilidades o de las cantidades retiradas o distribuidas a que se refiere el artículo 14° bis, la retención se efectuará con tasa del 35%, con deducción del crédito establecido en el artículo 63a. En el caso de dividendos pagados por sociedades anónimas o en comandita por acciones, si la deducción del crédito resultase indebida, total o parcialmente, la sociedad deberá restituir al Fisco el crédito deducido en exceso, por cuenta del contribuyente del impuesto adicional. Esta cantidad se pagará reajustada en la proporción de la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al de la retención y el último día del mes anterior a la presentación de la declaración de impuesto a la renta de la sociedad anónima, oportunidad en la que deberá realizar la restitución.".

26.- En el artículo 84°:

a) Sustitúyese la letra a) del artículo 84° por la siguiente:

"a) Un porcentaje sobre el monto de los ingresos brutos mensuales, percibidos o devengados por los contribuyentes que desarrollen las actividades a que se refieren los números 1° letra a), inciso noveno de la letra b), inciso final de la letra d), y letra e), 3°, 4° y 5° del artículo 20°, por los contribuyentes del artículo 34° número 2°, y 34° bis número 1°, que declaren impuestos sobre renta efectiva. Para la determinación del monto de los ingresos brutos mensuales se estará a las normas del artículo 29°.

El porcentaje aludido en el inciso anterior se establecerá sobre la base promedio ponderado de los porcentajes que el contribuyente debió aplicar a los ingresos brutos mensuales del ejercicio comercial inmediatamente anterior, pero debidamente incrementado o disminuido en la diferencia porcentual que se produzca entre el monto total de los pagos provisionales obligatorios, actualizados conforme al artículo 95°, y el monto total del impuesto de primera categoría que debió pagarse por el ejercicio indicado, sin considerar el reajuste al artículo 72°.

Si el monto de los pagos provisionales obligatorios hubiera sido inferior al monto del impuesto anual indicado en el inciso anterior, la diferencia porcentual incrementará el promedio de los porcentajes de pagos provisionales determinados. En el caso contrario, dicha diferencia porcentual disminuirá en igual porcentaje el promedio aludido.

El porcentaje así determinado se aplicará a los ingresos brutos del mes en que deba presentarse la declaración de renta correspondiente al ejercicio comercial anterior y hasta los ingresos brutos del mes anterior a aquél en que deba presentarse la próxima declaración de renta.

En los casos en que el porcentaje aludido en el inciso anterior no sea determinable, por haberse producido pérdidas en el ejercicio anterior o no pueda determinarse por tratarse del primer ejercicio comercial o por otra circunstancia, se considerará que dicho porcentaje es de un 1%.

Las ventas que se realicen por cuenta de terceros no se considerarán, para estos efectos, como ingresos brutos.

No se considerará entre los ingresos brutos las cantidades que el contribuyente reciba de su cliente como reembolso de pagos hechos por cuenta de dicho cliente, siempre que tales pagos y los reembolsos a que den lugar se comprueben con documentación fidedigna y se registren en la contabilidad debidamente individualizados y no en forma global o estimativa.";

b) Sustitúyese la letra d) por la siguiente:

"d) Salvo los contribuyentes mencionados en la letra a) de este artículo, los mineros sometidos a las disposiciones de la presente ley darán cumplimiento al pago mensual obligatorio, con las retenciones a que se refiere el número 6° del artículo 74°"."

c) En la letra e), agrégase después de la expresión "34°" el término "bis";

d) Sustitúyese la letra f) por la siguiente:

"f) 0,2% del valor corriente en plaza de los vehículos, respecto de los contribuyentes mencionados en el número 3° del artículo 34° bis que estén sujetos al régimen de renta presunta.", y

e) Agrégase el siguiente inciso final:

"Para los fines indicados en este artículo, no formará parte de los ingresos brutos el reajuste de los pagos provisionales contemplados en el Párrafo 3° de este Título.".

27.- Agrégase el siguiente artículo 86°:

"Artículo 86°.- Los contribuyentes que durante un ejercicio comercial obtengan ingresos brutos correspondientes a rentas total o parcialmente exentas del impuesto de primera categoría, y que no las hubieran obtenido en el ejercicio comercial anterior, podrán reducir la tasa de pago provisional obligatorio a que se refiere el artículo 84° letra a), en la misma proporción que corresponda a los ingresos exentos dentro de los ingresos totales de cada mes en que ello ocurra. La tasa así reducida se aplicará únicamente en el mes o meses en que se produzca la situación aludida.".

28.- Sustitúyese el artículo 90° por el siguiente:

"Artículo 90°.- Los contribuyentes de la primera categoría que en un año comercial obtuvieran pérdidas para los efectos de declarar dicho impuesto, podrán suspender los pagos provisionales correspondientes a los ingresos brutos del primer trimestre del año comercial siguiente. Si la situación de pérdida se mantiene en el primer, segundo y tercer trimestre de dicho ejercicio comercial, o se produce en alguno de los citados trimestres, podrán suspender los pagos provisionales correspondientes a los ingresos brutos del trimestre siguiente a aquél en que la pérdida se produjo. Producida utilidad en algún trimestre, deberán reanudarse los pagos provisionales correspondientes a los ingresos brutos del trimestre inmediatamente siguiente.

Los contribuyentes que se encuentren en situación de suspender los pagos provisionales mensuales deberán mantener un estado de pérdidas y ganancias acumuladas hasta el trimestre respectivo a disposición del Servicio de Impuestos Internos. Este estado de pérdidas y ganancias deberá ajustarse de acuerdo a las reglas que esta ley establece para el cálculo de la renta líquida imponible de primera categoría, incluyendo la consideración de pérdidas de arrastre, si las hubiera, y los ajustes derivados del mecanismo de la corrección monetaria.

La confección de un estado de pérdidas y ganancias maliciosamente incompleto o falso, dará lugar a la aplicación del máximo de las sanciones contempladas en el artículo 97° número 4° del Código Tributario, sin perjuicio de los intereses penales y reajustes que procedan por los pagos provisionales no efectuados".

Artículo 2°.- Las modificaciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta introducidas por el Artículo 1° de esta ley, regirán para los años tributarios de 1991 y siguientes, con las excepciones que se indican a continuación:

1.- Regirán a contar del día 1° del mes siguiente al de publicación de esta ley las de los números 16, respecto de los términos de giro que deban efectuarse desde esa fecha, 19, 25, 26, 27 y 28. Respecto del número 26, lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo señalado en el artículo 8° transitorio de esta ley.

2.- A contar del 1° de abril de 1990 las de los números 3 y 18.

Artículo 3°.- Lo contribuyentes que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 20° número 1° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pasen a declarar renta efectiva sobre la base de contabilidad deberán registrar sus activos y pasivos en el balance inicial que deben confeccionar al 1° de enero del ejercicio en que queden sujetos al nuevo sistema, según las siguientes normas:

1.- Los terrenos agrícolas se registrarán por su avalúo fiscal a la fecha del balance o por su valor de adquisición reajustado de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición y el último día del mes anterior al balance, a elección del contribuyente.

2.- Los demás bienes físicos del activo inmovilizado se registrarán por su valor de adquisición o construcción, debidamente documentado y actualizado de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al de la adquisición o desembolso y el último día del mes anterior al del balance, deduciendo la depreciación normal que corresponda por el mismo período en virtud de lo dispuesto en el número 5° del artículo 31° de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

3.- El valor de los bienes del activo realizable se determinará en conformidad con las normas del artículo 30° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de acuerdo con la documentación correspondiente, y se actualizará a su costo de reposición según las normas contenidas en el artículo 41° número 3° de la misma ley.

4.- Las plantaciones, siembras, bienes cosechados en el predio y animales nacidos en él, se valorizarán a su costo de reposición a la fecha del balance, considerando su calidad, el estado en que se encuentren, su duración real a contar de esa fecha, y su relación con el valor de bienes similares existentes en la misma zona.

5.- Los otros bienes del activo se registrarán por su valor de adquisición, debidamente documentado y actualizado en conformidad con las normas del artículo 41° de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

6.- Los pasivos se registrarán según su monto efectivo debidamente documentado y actualizado de acuerdo con las normas del artículo 41° de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Los pasivos que correspondan a operaciones de crédito de dinero sólo podrán registrarse si se ha pagado oportunamente el impuesto de timbres y estampillas correspondiente.

7.- La diferencia entre los activos y pasivos registrados en la forma antes indicada se considerará capital para todos los efectos legales o pérdida deducible en conformidad con el artículo 31° número 3° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según corresponda.

El Servicio de Impuestos Internos podrá rebajar los valores registrados en el balance inicial, haciendo uso del procedimiento establecido en el artículo 64° del Código Tributario, en todos aquellos casos en que la valorización del contribuyente no cumpla los requisitos señalados en este artículo o no sea debidamente demostrada.

Dentro de los cuatro primeros meses del año comercial en que el contribuyente deba incorporarse al sistema de renta efectiva deberá dar aviso al Servicio de Impuestos Internos de la circunstancia de estar sometido a dicho régimen, acompañando el balance inicial mencionado en el inciso primero de este artículo. La falta de este aviso, hará aplicable el plazo de prescripción a que se refiere el inciso segundo del artículo 200° del Código Tributario.

Artículo 4°.- Los contribuyentes que, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 34° y 34° bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pasen a declarar renta efectiva sobre la base de contabilidad deberán registrar sus activos y pasivos en el balance inicial que deben confeccionar al 1° de enero del ejercicio en que queden sujetos al nuevo sistema, según las siguientes normas:

1.- Los terrenos se registrarán por su avalúo fiscal a la fecha del balance o por su valor de adquisición reajustado de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición y el último día del mes anterior al balance, a elección del contribuyente.

2.- Los demás bienes físicos del activo inmovilizado se registrarán por su valor de adquisición o construcción, debidamente documentados, y actualizados de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al de la adquisición o desembolso y el último día del mes anterior al del balance, deduciendo la depreciación normal que corresponda por el mismo período en virtud de lo dispuesto en el número 5° del artículo 31° de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

3.- El valor de los bienes del activo realizable se determinará en conformidad con las normas del artículo 30° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de acuerdo con la documentación correspondiente, y se actualizará a su costo de reposición según las normas contenidas en el artículo 41° número 3° de la misma ley.

4.- Los otros bienes del activo se registrarán por su valor de adquisición, debidamente documentado y actualizado en conformidad con las normas del artículo 41° de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

5.- Los pasivos se registrarán según su monto efectivo debidamente documentado y actualizado de acuerdo con las normas del artículo 41° de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Los pasivos que correspondan a operaciones de crédito de dinero sólo podrán registrarse si se ha pagado oportunamente el impuesto de timbres y estampillas correspondiente.

6.- La diferencia entre los activos y pasivos registrados en la forma antes indicada se considerará capital para todos los efectos legales o pérdida deducible en conformidad con el artículo 31° número 3° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según corresponda.

El Servicio de Impuestos Internos podrá rebajar los valores registrados en el balance inicial, haciendo uso del procedimiento establecido en el artículo 64° del Código Tributario, en todos aquellos casos en que la valorización del contribuyente no cumpla los requisitos señalados en este artículo o no sea debidamente demostrada.

Dentro de los cuatro primeros meses del año comercial en que el contribuyente deba incorporarse al sistema de renta efectiva deberá dar aviso al Servicio de Impuestos Internos de la circunstancia de estar sometido a dicho régimen, acompañando el balance inicial mencionado en el inciso primero de este artículo. La falta de este aviso suspenderá los plazos de prescripción a que se refiere el artículo 200° del Código Tributario.

Artículo 5°.- Facúltase al Presidente de la República para dictar, mediante Decreto Supremo que llevará las firmas de los Ministros de Hacienda y Agricultura, un Reglamento de Contabilidad Agrícola. Dicho Reglamento derogará los reglamentos de Contabilidad Agrícola que estén en vigencia.

Facúltase al Presidente de la República para que, mediante Decreto Supremo que llevará las firmas de los Ministros de Hacienda y Minería, establezca las normas para determinar la parte del valor de las pertenencias mineras que se incluirá en el costo directo del mineral extraído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En todo caso, al establecer el valor inicial de la pertenencia deberá excluirse de éste la parte que proporcionalmente corresponda al mineral que se haya extraído hasta ese momento.

Artículo 6°.- Deróganse los artículos 1° y 2° transitorios de la Ley N° 18.775, eliminándose sus efectos a contar del año tributario 1991.

Artículo 7°.- Agrégase el siguiente artículo 75° bis al Código Tributario:

"Artículo 75° bis.- En los documentos que den cuenta del arrendamiento o cesión temporal en cualquier forma, de un bien raíz agrícola, el arrendador o cedente deberá declarar si es un contribuyente del impuesto de primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta que tributa sobre la base de renta efectiva o bien sobre renta presunta.

Los Notarios no autorizarán las escrituras públicas o documentos en los que falte la declaración a que se refiere el inciso anterior.".

Artículo 8°.- Reemplázase en el artículo 14° del Decreto Ley 825, de 1974, sustituido por el artículo primero del Decreto Ley 1.606, de 1976, el guarismo "16%" por "18%".

La modificación dispuesta en el inciso anterior se aplicará a los impuestos que se devenguen a contar del día 1° del mes siguiente al de publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Artículo 1° transitorio.- La disposición del artículo 14 letra A, número 3°, c), introducida por esta ley, se aplicará tomando en consideración las rentas tributables de los ejercicios anteriores al de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, y dando aplicación también a lo señalado en el inciso segundo del artículo 2° de la Ley N° 18.293 y artículo 3° transitorio de la Ley N° 18.775.

Artículo 2° transitorio.- La tasa del impuesto de primera categoría establecida en el artículo 20° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, será de 15% para los años comerciales 1991, 1992 y 1993, afectando, por consiguiente, las rentas que se perciban, devenguen, retiren o presuman en dichos períodos.

Artículo 3° transitorio.- Las actividades agrícolas, de minería y de transporte quedarán sujetas a las siguientes reglas para el año comercial 1990:

a) Los contribuyentes que desarrollaban actividades agrícolas al 31 de diciembre de 1989, para determinar si quedan obligados a declarar el impuesto de primera categoría sobre su renta efectiva, determinada según contabilidad completa, deberán considerar las ventas que hayan tenido en ese año, aplicando las normas del artículo 20° número 1° letra b) de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

b) Los contribuyentes que desarrollaban actividades de minería al 31 de diciembre de 1989, para determinar si quedan obligados a declarar el impuesto de primera categoría sobre su renta efectiva, determinada según contabilidad completa, deberán considerar las ventas que hayan tenido en ese año, aplicando las normas del artículo 34° número 2° de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

c) Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 1989 desarrollaban actividades de transporte, para determinar si quedan obligados a declarar el impuesto de primera categoría sobre su renta efectiva, determinada según contabilidad completa, deberán considerar el total de su facturación de servicios en ese año, aplicando las normas del artículo 34° bis número 2°.

Artículo 4° transitorio.- Los contribuyentes que, como consecuencia de las normas introducidas en el artículo 20° número 1° letras a) y b) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pasen a declarar la renta efectiva proveniente de la explotación de bienes raíces agrícolas, a contar del año comercial 1990, se sujetarán a las siguientes reglas:

1°.- Los contribuyentes que, para los efectos contemplados en el artículo 71° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, llevaban contabilidad completa en libros autorizados y timbrados por el Servicio de Impuestos Internos con anterioridad al 31 de diciembre de 1989, podrán continuar llevando su contabilidad en dichos libros, sin perjuicio de las facultades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos respecto de la información en ellos contenida y de la documentación en que se sustente.

2.- Los contribuyentes que no se encuentren en la situación indicada en el número precedente, deberán ceñirse a las normas del Reglamento de Contabilidad Agrícola contenido en el Decreto Supremo número 323, de 1982, del Ministerio de Hacienda, aplicables a los contribuyentes que lleven contabilidad completa.

3.- Los contribuyentes señalados en los números anteriores deberán sujetarse además a las siguientes normas:

a) Su balance inicial de activos y pasivos deberá confeccionarse al 1° de enero de 1990, ciñéndose a las normas del artículo 3° de la presente ley, con los ajustes contables que correspondan.

b) El aviso y presentación del balance inicial al Servicio de Impuestos Internos, a que se refiere el inciso tercero del artículo 3° antes citado, deberá efectuarse dentro de los cuatro meses calendarios posteriores a la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

c) Una vez que se dicte el Reglamento de Contabilidad Agrícola deberán ajustar sus registros contables de acuerdo a las disposiciones que dicho reglamento establezca.

Artículo 5° transitorio.- La primera enajenación de los predios agrícolas que, después del 1° de enero de 1990, efectúen contribuyentes que pasen a tributar sobre renta efectiva determinada según contabilidad, de acuerdo a las normas del artículo 20° número 1° letra b) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según el texto introducido por esta ley, se sujetará a las siguientes normas:

1.- El valor de enajenación, incluido el reajuste del saldo de precio, tendrá el carácter de ingreso no constitutivo de renta hasta la concurrencia con la cantidad que resulte de aplicar al valor de adquisición del predio respectivo el porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición y el último día del mes anterior a la enajenación o hasta su avalúo fiscal a la fecha de enajenación, a elección del contribuyente.

2.- No obstante lo dispuesto en el número anterior, y si el contribuyente así lo solicitase, tendrá el carácter de ingreso no constitutivo de renta el valor de enajenación hasta la concurrencia de la tasación del valor comercial del predio que, para este solo efecto, practique el Servicio de Impuestos Internos. El contribuyente podrá reclamar de dicha tasación con arreglo a las normas del Título III, del Libro Tercero del Código Tributario.

3.- Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las enajenaciones que se hagan a las sociedades o empresas indicadas en el inciso cuarto del número 8°, del artículo, 17° de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

4.- La norma del número 2.- de este artículo no se aplicará a las enajenaciones que se efectúen con posterioridad a la entrada en vigencia de la primera tasación de bienes raíces de la primera serie, que se haga con posterioridad a la publicación de esta ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 17.235.

Artículo 6° transitorio.- Los contribuyentes que en el año 1990 pasen al régimen de renta efectiva según contabilidad, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 20° número 1° letra b), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, establecido por esta ley, tendrán derecho por una sola vez a revalorizar los bienes mencionados en el número 2.- del artículo 3° de esta ley, de acuerdo con su valor comercial y hasta por un monto que no exceda en más de un 50% del valor de dichos bienes registrado en el balance inicial.

El mayor valor que resulte de la revalorización indicada en el inciso precedente quedará afecto a un impuesto único de 8%, que se declarará y pagará por el contribuyente dentro de los doce primeros días del mes siguiente a aquél en que se haga la revalorización.

La revalorización de que trata este artículo deberá practicarse al momento de la confección del balance inicial mencionado en el artículo 3° inciso primero de esta ley, e incorporarse a él. El detalle de dicha revalorización deberá presentarse conjuntamente con el balance, en la oportunidad que indica la letra b) del número 3.- del artículo 4° transitorio de esta ley.

En caso de enajenación de bienes que hayan sido revalorizados de acuerdo con este artículo, para determinar el resultado de dicha operación no se admitirá la deducción de aquella parte del valor contabilizado de los bienes que proporcionalmente corresponda a la revalorización.

Artículo 7° transitorio.- Los contribuyentes que, como consecuencia de las normas introducidas en los artículos 34° y 34° bis, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pasen a declarar la renta efectiva proveniente de actividades mineras o de transporte, a contar del año comercial 1990, se sujetarán a las siguientes reglas:

1.- Los contribuyentes que, para los efectos contemplados en el artículo 71° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, llevaban contabilidad completa en libros autorizados y timbrados por el Servicio de Impuestos Internos con anterioridad al 31 de diciembre de 1989, podrán continuar llevando su contabilidad en dichos libros, sin perjuicio de las facultades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos respecto de la información en ellos contenida y de la documentación en que se sustente.

2.- Los contribuyentes que no se encuentren en la situación indicada en el número precedente, deberán ceñirse a las normas y principios contables generales aplicables a los contribuyentes que lleven contabilidad completa.

3.- Los contribuyentes señalados en los números anteriores deberán sujetarse además a las siguientes normas:

a) Su balance inicial de activos y pasivos deberá confeccionarse al 1° de enero de 1990, y deberá ceñirse a las normas del artículo 4° de la presente ley, con los ajustes contables que correspondan, y

b) El aviso y presentación del balance inicial al Servicio de Impuestos Internos, a que se refiere el inciso tercero del artículo 4° antes citado, deberá efectuarse dentro de los cuatro meses calendarios posteriores a la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Artículo 8° transitorio.- Los contribuyentes a que se refiere el artículo 84° letra a) de la Ley sobre Impuesto a la Renta deberán comenzar a efectuar pagos provisionales mensuales, de acuerdo con el nuevo texto de esta disposición, por los ingresos brutos percibidos o devengados a contar del día primero del mes siguiente al de publicación de esta ley en el Diario Oficial. Para estos efectos la tasa que aplicará cada contribuyente será equivalente a la que tuvo para efectuar pagos provisionales por el mes de diciembre de 1988, incrementada en un 50%. Cuando el contribuyente no hubiera efectuado pagos provisionales en ese mes, o si por otra causa no fuera posible establecer la tasa aplicable en dicho mes, la tasa que se aplicará sobre los referidos ingresos será un 1,5%. Las tasas que establece este artículo se aplicarán y mantendrán hasta los ingresos que se obtengan en el mes anterior a aquel en que deba presentarse la declaración anual de impuestos a la renta para el año tributario 1991.

A contar de esa fecha se aplicarán las normas sobre determinación de la tasa variable prescritas en el artículo 84° letra a) de la Ley de Impuesto a la Renta. Respecto de los ingresos percibidos o devengados entre los meses de abril de 1991 y marzo de 1992, la tasa que resulte de aplicar lo dispuesto en el referido artículo 84° letra a) se incrementará en un 50%.

La tasa de pagos provisionales mensuales que, en conformidad con el artículo 84a de la Ley sobre Impuesto a la Renta, deba aplicarse entre los meses de abril de 1994 y marzo de 1995, se rebajará en un 33%.

Las tasas establecidas en las letras c), e) y f), del artículo 84° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se incrementarán en un 50% en los años comerciales 1991, 1992 y 1993. Del mismo modo las tasas a que se refiere el artículo 74° número 6° de la ley citada deberán incrementarse en un 50% en esos mismos años respecto de los mineros que no estén comprendidos en el artículo 23° de la Ley sobre Impuesto a la Renta.".

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): PATRICIO AYLWIN AZOCAR, Presidente de la República.- ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO, Ministro de Hacienda".

1.2. Primer Informe de Comisión de Hacienda

Cámara de Diputados. Fecha 01 de mayo, 1990. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 15. Legislatura 319.

?INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA TRIBUTARIA

BOLETIN N° 17-05 (90)

HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Hacienda pasa a informaros el proyecto de ley de Reforma Tributaria, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y las disposiciones reglamentarias correspondientes, originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, con trámite calificado de “simple urgencia”.

Esta Comisión contó durante el estudio de la iniciativa, con la presencia y colaboración del señor Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley Rioseco y de los asesores del Ministerio, señores Manuel Marfán, Juan Manuel Barahona y Ricardo Escobar.

Asistieron también, especialmente invitados, los Presidentes, representantes y asesores de diversas organizaciones sociales y entidades especializadas en materias tributarias, que se consignan a continuación: Confederación de la Producción y del Comercio; Confederación Gremial Nacional de Camioneros de Chile; Confederación del Comercio Detallista de Chile; Sociedad de Fomento Fabril; Sociedad Nacional de Agricultura; Sociedad Nacional de Minería; Cámara Nacional de Comercio; Cámara de la Construcción, y Asociación de Comerciantes de Valparaíso.

Concurrieron a la Comisión, también, a exponer sus ponencias en relación a la iniciativa de ley, calificados profesionales de las más diversas corrientes del pensamiento vinculados a los temas relacionados con el proyecto y el alcance de sus normas.

|.- OBJETIVO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El objeto principal de la reforma tributaria propuesta es aumentar la recaudación tributaria con el propósito de disponer de mayores recursos fiscales tendientes a satisfacer los requerimientos sociales más urgentes. Tiene su fundamento programático en la idea de conciliar el desarrollo económico con la justicia social, en el curso de los próximos cuatro años.

Estimaciones efectuadas por el Ministerio de Hacienda señalan que el efecto probable de la reforma propuesta será una mayor recaudación de US$ 600 millones, aproximadamente, para el período 1991-1993.

El proyecto de ley está formado por 8 artículos permanentes e igual número de artículos transitorios, el artículo 1° está dividido en veintiocho números, y los artículos 3° y 4° del proyecto contienen varias normas cada uno.

Los propósitos que la iniciativa legal persigue conforman modificaciones de importancia a la Ley de la Renta, contenida en el decreto ley N° 824, de 1974. En especial, la proposición de ley incide en las normas sobre los impuestos de primera, segunda y global complementario; tributos que afectan a las empresas y personas, respectivamente.

También el proyecto pretende aumentar la recaudación a través de la modificación de la ley sobre el impuesto al valor agregado, cuya normativa está contenida en el decreto ley N° 825, de 1974.

Con el propósito de facilitar la aplicación de modificaciones a la Ley de la Renta, se faculta al Presidente de la República para dictar un reglamento de contabilidad agrícola, así como, para establecer normas complementarias de aquéllas aplicables a la minería en virtud del proyecto.

Con el objeto de facilitar la identificación del contribuyente agrícola, en el contexto del proyecto, se dispone en el artículo 75 bis, que se agrega al Código Tributario, la obligación del arrendador o cedente de un bien raíz agrícola de dejar constancia, en el contrato respectivo, de si se trata de un contribuyente que tributa en primera categoría sobre la base de renta efectiva o de renta presunta.

El retorno al sistema tributario de primera categoría sobre base devengada hace innecesaria la vigencia de los artículos 1° y 2° transitorios de la ley N° 18.775, razón por la que se propone su derogación.

Los artículos transitorios del proyecto establecen normas de ese carácter, en relación con la prelación de retiros de utilidades en las empresas; el alza transitoria de la tasa del impuesto de primera categoría; la determinación de límites en la incorporación de los contribuyentes que señala, al sistema de impuesto de primera categoría, según su renta efectiva, a contar de 1990; la contabilidad agrícola; el régimen tributario en la enajenación de predios agrícolas que indica, y otras disposiciones de naturaleza transitoria, cuyo propósito es permitir la adecuada aplicación de las disposiciones legales en la materia.

II.- IDEAS MATRICES Y FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

Con un propósito meramente explicativo, en este párrafo del informe se intenta clasificar las principales modificaciones que el proyecto introduce el sistema tributario, agrupándolas conforme a los siguientes subtítulos:

1.- Impuestos a las empresas y personas de mayores ingresos

Este acápite contempla las modificaciones al régimen del impuesto a la renta de empresas y personas conforme a las modalidades generales siguientes:

a) Un impuesto general a las utilidades devengadas, manteniendo el crédito de este tributo con cargo al global complementario o adicional.

Esta innovación implica, por lo tanto, volver al sistema de impuesto de primera categoría vigente hasta 1988, con un impuesto general a las utilidades devengadas.

Respecto a los impuestos global complementario y adicional, se mantiene el sistema de base retirada que rige desde 1984.

Además, se mantiene el crédito al impuesto de primera categoría con cargo al global complementario o adicional, en forma completa, y por un monto equivalente a la tasa del impuesto de primera categoría vigente a la fecha en que se generaron las utilidades que se retiran. El crédito pasa a considerarse renta tributaria.

b) El aumento de la tasa del impuesto de primera categoría desde el 10% a un 15%, en forma transitoria, durante los años 1991 a 1993.

En los antecedentes técnicos que se acompañan al Mensaje, se señala, que “el cambio desde la base retirada a la base devengada, en el impuesto de primera categoría, más el aumento de la tasa a un 15% significa, en la práctica, un incremento del impuesto a las utilidades de las empresas desde un 0% (ya que en el sistema de base retirada este impuesto se compensa inmediatamente con el global complementario o adicional), a un 15%, constituyendo un aumento significativo que explica una parte importante del efecto sobre la caja fiscal de la reforma en su conjunto”.

Refiriéndose a este aspecto del proyecto, el señor Ministro de Hacienda, hizo presente en la Comisión, que “como persona responsable de la política económica de este país, me parece que el paso de una situación en la cual la tasa de impuesto a las utilidades de las empresas es de un 0% y aumenta a un 15%, es un cambio suficientemente fuerte como para que alzas superiores a ese 15% no nos parezcan conveniente, porque esta economía tiene que mantener como condición y requisito, para que el esfuerzo social pueda ser sostenido en el largo plazo, un tasa de inversión no sólo estable, sino creciente”.

No obstante lo anterior, cabe hacer presente, que a partir de 1994, el próximo Gobierno podrá evaluar la situación del país durante dicha administración y resolver sobre la tasa futura del impuesto de primera categoría.

Como consecuencia de las modificaciones señaladas en las dos letras precedentes, es necesario adecuar el sistema de pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto de primera categoría.

De acuerdo a la legislación tributaria, la forma como se recauda el impuesto de primera categoría es a través del sistema de pagos provisionales mensuales (PPM), siendo la declaración anual del impuesto sólo una consolidación de éste con los PPM pagados. Al volver al sistema de base devengada en este tributo se debe también regresar al sistema del PPM de tasa variable calculados como porcentaje de los ingresos mensuales.

Ahora bien, como la tasa del impuesto de primera categoría subirá transitoriamente, asimismo deberán hacerlo los pagos de PPM.

c) Un crédito del 2% por las nuevas inversiones, en activos fijos depreciables para fines productivos, con cargo al impuesto de primera categoría y con un tope anual máximo de 500 UTM, por contribuyente al año.

Este esquema constituye un incentivo específico a la inversión productiva, especialmente dirigido al sector de la pequeña y mediana empresa; sector que no habría hecho un proceso de modernización con el vigor de la gran empresa en Chile. Cabe tener presente, además, que se excluye del acceso a este crédito a las empresas públicas y a aquéllas en que el Estado tenga una participación mayoritaria de la propiedad.

d) Se modifican los tramos de ingreso y las tasas que determinan los impuestos único al trabajo y global complementario y se reduce el número de tramos de renta de ocho a seis, lo cual simplifica la escala.

Las innovaciones que introduce el proyecto a este respecto son las siguientes:

1) Se mantiene el monto mínimo exento actual de 10 UTM ( $100 mil mensuales, aproximadamente) ;

2) Se mantiene la tasa máxima del 50%;

3) Se produce un aumento gradual en las tasas que afectan rentas de más de $300 mil mensuales, aproximadamente;

4) Se afectan, especialmente, los ingresos que bordean las 150 UTM de base imponible ($1 millón y medio mensuales, aproximadamente), con un 8,3% de su ingreso disponible después de impuestos.

Los comentarios que el señor Ministro de Hacienda formuló a este respecto, en la Comisión, hacen hincapié en comparar los efectos de la reforma propuesta con aquélla puesta en aplicación el año 1984; esta última aumentó el ingreso disponible para las personas que hoy ganan el equivalente a $500 mil, en más de un 4%; por el contrario, la actual, revierte en la mitad ese porcentaje y así, sucesivamente, con los demás ingresos.

En los antecedentes acompañados al Mensaje se señala, en forma explícita, que la modificación de estos impuestos concentra el peso de la mayor carga fiscal en los tramos más altos de ingresos, recuperándose de manera importante la progresividad que el sistema tenía hasta hace sólo unos pocos años.

2.- Régimen tributario aplicable a las grandes empresas de los sectores con esquemas especiales de tributación

En la actualidad existen sectores económicos importantes de la agricultura, minería y transporte, que se encuentran acogidos al régimen de renta presunta.

El proyecto en informe efectúa modificaciones al sistema de tributación en la dirección siguiente:

a) Limita la opción de tributar bajo el régimen de renta presunta en la agricultura, manteniéndolo sólo para las pequeñas y medianas empresas que sean propiedad de personas naturales que no tributen con contabilidad completa, que no estén relacionadas con otras obligadas a llevar contabilidad completa y cuyo nivel de ventas anuales no exceda las 6 mil UTM, aproximadamente 60 millones de pesos.

Según antecedentes entregados en la Comisión por el señor Ministro de Hacienda, el paso de renta presunta a renta efectiva afectaría en la agricultura a alrededor de 2 mil contribuyentes agrícolas, lo cual produciría una incidencia tan solo leve en el sector. No obstante lo anterior, se establecen en el proyecto algunas normas de control tendientes a evitar la evasión del pago de impuestos por renta efectiva.

b) Limita la opción de tributar bajo el régimen de renta presunta en el transporte terrestre, si se dan similares circunstancias a las indicadas en la letra a) precedente y se trata de empresas cuyas ventas anuales no excedan las 3 mil UTM, aproximadamente 30 millones de pesos. En este caso, la modificación se justifica para los técnicos de Gobierno por cuanto el mecanismo de las empresas relacionadas ha sido utilizado para eludir el pago adecuado de los impuestos.

c) Limita la opción de tributar bajo el régimen de renta presunta en la minería, si se dan análogas circunstancias a las indicadas en las letras anteriores. Sin embargo, se excluyen las sociedades anónimas, los productores de minerales metálicos no ferrosos, con ventas anuales superiores a las 3 mil toneladas físicas de mineral y todas aquellas empresas mineras con ventas anuales por sobre las seis mil UTM, aproximadamente 60 millones de pesos.

Según información proporcionada a esta Comisión, la medida en cuestión produciría un efecto real en 17 empresas del sector, lo cual se estima que no tendría un mayor impacto fiscal.

3.- Vacíos legales que constituyen fuente de desigualdad entre los contribuyentes

Se ha hecho presente que es posible eludir el pago de impuestos sin cometer delito, situación que el proyecto intenta remediar con la aplicación de nuevos conceptos de orden tributario y estrictas medidas de control fiscal. Se define el término de contribuyente relacionado y se establece la consolidación entre partes relacionadas o vinculadas.

Se elimina la exención aplicable a los casos de transacciones entre un contribuyente y empresas vinculadas, en la enajenación de derechos sociales hasta el valor patrimonial de la empresa.

Se suprimen, igualmente, las exenciones por el mayor valor obtenido en la enajenación de derechos en sociedades mineras y se limitan las que existen en relación a las pertenencias mineras. Sin embargo, se permitirá deducir como costo el agotamiento de las pertenencias mineras.

Se mantiene el actual régimen de exenciones en las ventas en que el vendedor no lleva contabilidad.

En relación con los retiros en exceso del Fondo de Utilidades Tributarias, el proyecto contempla que las empresas registren tales retiros, de manera que paguen el impuesto terminal cuando la empresa genere contablemente las utilidades.

4.- Tasa del impuesto al valor agregado (IVA)

A este respecto, el propósito de la iniciativa es aumentar la tasa desde el 16% al 18%. La modificación propuesta se enmarca –conforme a los antecedentes del proyecto- en el concepto de un IVA compensando, en razón a que los recursos que genere su recaudación se focalizarán en familias de menores ingresos, sin que por su aplicación se desencadene un proceso inflacionario. En otros términos, la solución de desequilibrios sociales importantes no sería fuente de desajustes económicos.

III. PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS FORMULADOS EN LA COMISION POR LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE SE INDICAN

1.- De la exposición efectuada por los representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio, cabe destacar las opiniones siguientes:

a) Frente a los actuales problemas sociales del país, la posición de la Confederación es de colaborar en su solución.

b) No obstante lo anterior, estiman que el proyecto podría producir efectos negativos, como por ejemplo: aumentar los costos de producción de los productos nacionales de exportación; desalentar la inversión; aumentar la evasión y generar una competencia desleal en los artículos o bienes producidos por quienes evadan impuestos.

c) Postulan también, que la transitoriedad en el incremento del impuesto de primera categoría debe extenderse al impuesto al valor agregado, global complementario e impuesto único de segunda categoría, y que, en lo sustantivo, la reforma al impuesto de primera categoría produzca sus efectos durante el actual período de Gobierno.

d) Formulan críticas a la estructura de técnica legislativa del proyecto.

e) Señalan que el crédito por inversiones productivas es de escasa significación y sugieren hacer algo similar respecto a las inversiones anticontaminación.

f) Respecto al incremento de los impuestos global complementario e impuesto único, constatan una cierta discriminación en las respectivas escalas, que estaría afectando a las rentas de más de $700 mil, en lugar de contemplar una distribución más equitativa.

g) En relación con el concepto de “contribuyente relacionado”, las situaciones previstas en el proyecto son de tal amplitud, que el contribuyente podría verse en la indefensión.

2.- El Colegio de Contadores Auditores Universitarios de Chile A.G. expresa, en relación al proyecto, compartir los objetivos de la iniciativa y el criterio de incentivar la inversión y el ahorro y son de opinión de aumentar, en general, los impuestos directos sin hacer lo propio con los impuestos indirectos y, al mismo tiempo, tender a una desgravación de quienes viven de su remuneración.

En aspectos puntuales, se manifiestan contrarios a cambiar los tramos del impuesto único e impuesto global complementario; proponen intensificar la fiscalización de la evasión a cambio del aumento en el impuesto al valor agregado; sugieren aplicar un impuesto de 3,5% a las rentas de los profesionales y suprimir algunas menciones contenidas en el artículo 17°, N° 8°, de la Ley de la Renta.

3.- El Colegio de Contadores de Chile A.G., además de compartir los objetivos de la iniciativa legal, se pronuncia, en general, favorablemente respecto a los mecanismos que sugiere el proyecto de ley.

4.- La Confederación del Comercio Detallista de Chile manifiesta estar consciente de la urgente necesidad de mejorar la situación económica de los sectores de más bajos ingresos y dispuesta a realizar los esfuerzos necesarios para colaborar en tal sentido.

Sin embargo, expresa su reserva frente al aumento de la tasa del IVA, por sus posibles efectos inflacionarios junto al desincentivo al consumo y aumento del comercio clandestino que podría provocar.

Comparte el cambio en el sistema de tributación desde renta presunta a renta efectiva, ya que representa una mayor igualdad en las condiciones de competencia de los agentes económicos, uniformidad y transparencia en la información y, en definitiva, una mayor recaudación tributaria.

Formulan su preocupación por los efectos que en la inversión generaría el esquema de impuestos, a propósito de los retiros de utilidades en las empresas sobre la base devengada. Manifiestan que el crecimiento sostenido de la producción o ingreso nacional, en el largo plazo, será siempre una alternativa más sana para la recaudación de fondos que la distorsión que provocan los impuestos, subsidios, etc. En todo caso, postulan gravar el consumo; aumentar el impuesto a los combustibles y aumentar los impuestos que afecten los bienes suntuarios, como alternativas que merecen un estudio al respecto.

Finalmente, sugieren que el alza del IVA sea de manera transitoria.

5.- La Sociedad de Fomento Fabril señala estar consciente de que es necesario disponer de recursos que mejoren la situación de aquellos sectores más postergados y reconoce el carácter moderado de la reforma.

No obstante ello, estima que la reforma producirá efectos importantes en el crecimiento del país, básicamente, por la incertidumbre que ha generado: primero, en el empleo y segundo, en las expectativas de los empresarios.

6.- La Sociedad Nacional de Agricultura, por su parte, señala entre sus opiniones que el proyecto no considera la naturaleza especial de la actividad agrícola, en lo que respecta al desfase en el tiempo entre año agrícola y ejercicio comercial, distorsionando los resultados sobre los cuales tendrían que tributar los agricultores sometidos al régimen de renta efectiva.

Por otra parte, puntualiza que la franquicia consistente en estimular todo mayor valor obtenido en la venta o enajenación de predios agrícolas como un ingreso no constitutivo de renta, respecto de los predios agrícolas acogidos al sistema de renta presunta, se pierde desde el momento que pasan a tributar como renta efectiva.

El efecto de la norma generaría una tributación sobre un mayor valor que es producto de inversiones y reinversiones de utilidades que ya tributaron en el pasado, con la consiguiente injusticia que ello produce.

Además, formulan observaciones a las normas del proyecto relativas a las siguientes materias: arriendos o medierías de predios con avalúo superior a 2 millones de pesos; exclusión del régimen de renta presunta; alcance de persona relacionada con sociedades o comunidades; concepto de persona relacionada; registro de los pasivos en el inventario inicial; registro de los bienes físicos del activo inmovilizado, distintos a los terrenos; situación de agricultores que sobrepasan ventas por 6.000 UTM; revalorización de los bienes físicos del activo inmovilizado; pagos provisionales mensuales; justificación de inversiones, y carácter provisorio de las normas contables a que se alude en el proyecto.

7.- La Sociedad Nacional de Minería manifiesta que la actividad minera, históricamente, ha sido excluida de los preceptos generales de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en razón a las circunstancias particulares de ella. Estima que no sería justo someterla a las reglas generales mientras no se establezcan las normas particulares que su naturaleza exige, en relación con la determinación de su renta líquida, especialmente, en materia de depreciaciones de maquinarias y de equipos, costos de exploración, prospección y preparación de yacimientos, deducciones de inversiones en su infraestructura y capitalización de utilidades.

En aspectos más particulares, les llama a reflexionar la inexistencia de resortes de carácter legal que induzcan a la inversión de rentas y utilidades generadas en el país, en labores de exploración y prospección de reservas mineras y plantean que el proyecto de ley, en lo que se refiere a gravar las actividades de la minería sobre la base de las utilidades devengadas implica un retroceso técnico, que afectará gravemente los flujos financieros y, por ende, los costos de las actividades del sector.

Asimismo, hace presente diversas otras observaciones a normas específicas del proyecto de ley.

IV.- CRITERIO GENERAL DE LA COMISION EN RELACION AL PROYECTO

El proyecto de Reforma Tributaria fue aprobado por la Comisión de Hacienda, en la discusión general, por 12 votos a favor y 1 voto en contra.

Las opiniones dadas por los miembros de la Comisión al fundamentar favorablemente su apoyo al proyecto hacen hincapié en la existencia de problemas sociales en el país, cuya solución pasa por una mayor recaudación tributaria, aspecto sobre el que habría un amplio consenso nacional.

Además, el proyecto contribuiría a la existencia de un sistema tributario más justo y equitativo que procura obtener recursos para el Fisco conciliando el desarrollo con la justicia social.

También sería beneficioso el proyecto para el país por cuanto se conseguiría una mayor nivelación en las rentas generadas tanto por el capital como por el trabajo.

Se hace presente, a este respecto, que no existen otras alternativas de financiamiento acorde con los requerimientos que tiene el Gobierno para satisfacer los fines propuestos en la iniciativa, o de haberlas, tendrían éstas un carácter eventual.

Por otra parte, se enfatiza en la naturaleza moderada de la reforma, y en que no se estaría cambiando sustancialmente el régimen tributario aplicable en Chile y en las promesas de estabilidad envueltas en los planteamientos de los representantes del Gobierno que avalarían el hecho de que no harían otros aumentos de gasto social en base a incrementos de impuestos.

Por el contrario, los fundamentos expuestos en contra de la idea de legislar respecto del proyecto en informe se sustentan en que alteraría significativamente la inversión y el crecimiento mostrado en estos últimos años en el país y que no es concordante con la tendencia que en el mundo se manifiesta hoy en día que propende más bien a la reducción de los impuestos.

V.- ANALISIS EN PARTICULAR DEL PROYECTO POR LA COMISION

Como se hace presente en el párrafo I de este Informe, la iniciativa contiene ocho artículos permanentes y ocho transitorios. Las modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta se encuentran consagradas en el artículo 1° del proyecto; la relativa al impuesto al valor agregado se establece en el artículo 8° del mismo.

El resto de las disposiciones permanentes y transitorias tienen por objeto complementar las enmiendas que el artículo 1° introduce a la Ley sobre Impuesto a la Renta.

ARTICULO 1°

N° 1 Con este número se incluye al proyecto una Norma de mera adecuación, que sustituye la frase “ 14 bis y 20 bis” por “14 y 14 bis”, en el inciso segundo del número 1 del artículo 2, con el objeto de armonizar el texto de la ley con las modificaciones introducidas por el proyecto, especialmente la derogación del artículo 20 bis.

Se aprueba la indicación por la Comisión.

N° 2 Corresponde al N° 1 del proyecto, siendo su Propósito sustituir el artículo 14.

Este artículo se refiere a la forma en que tributan con los impuestos global complementario o adicional los propietarios de empresa, sean éstas unipersonales, agencias y sucursales de empresas extranjeras, o sociedades de distinto tipo.

En el nuevo texto se mantiene la idea central de la legislación en actual vigencia, consistente en que las utilidades empresariales sólo quedan gravadas con los referidos tributos una vez que las utilidades son retiradas de la empresa. A pesar de que lo esencial de la norma se mantiene, se ha optado por sustituir el artículo por un nuevo texto por razones de un mejor ordenamiento.

En la letra A se legisla sobre la situación de las empresas que declaran su renta según contabilidad completa, en tanto en la letra B se fijan normas para otros contribuyentes.

Letra A.1.a) Se contempla la situación de los socios de sociedades de personas, socios gestores de las en comandita por acciones, empresarios individuales y agencias o establecimientos permanentes de empresas extranjeras con actividades en Chile.

Se mantiene el principio según el cual estos contribuyentes quedan afectados con los impuestos global complementario o adicional cuando se efectúen retiros de la empresa, pero sólo hasta completar el fondo de utilidades tributables.

Se formularon indicaciones al inciso primero de la letra a) para eliminar los términos “letra a) ”, entre las expresiones “N°3” y “de este”, y al inciso segundo de la misma letra, para agregar la expresión “de personas” a continuación de la palabra “sociedades”.

Letra A.1.b) Debido a que las disposiciones tributarias, las normas contables y el flujo de caja no siempre coinciden en el tiempo, es perfectamente posible que en una empresa existan recursos financieros en un ejercicio anterior a aquel en que la renta debe reconocerse para fines tributarios. Si ello ocurre y si los propietarios de la empresa retiran estos recursos, se produce en la legislación actual el fenómeno de que tales sumas pasarán a sus manos sin que se paguen los impuestos que corresponden, ya que el retiro se produce en un ejercicio en que no hay en la empresa utilidades tributarias acumuladas.

Esta letra se hace cargo de este vacío, estableciendo que si se efectúan en un ejercicio retiros o remesas en exceso del fondo de utilidades tributables, que no correspondan a cantidades no constitutivas de renta o rentas exentas de los impuestos global complementario o adicional, se considerarán los recursos como retirados en el primer ejercicio posterior en que la empresa tenga utilidades tributables. De esta manera, se da cumplimiento a la obligación tributaria que no se había solucionado cuando se retiraron los recursos. Los socios o propietarios de la empresa tributarán así en un ejercicio posterior por los retiros que habían efectuado en años precedentes. Si en el tiempo intermedio se hubieren enajenado parte de los derechos en la sociedad, asumen la responsabilidad de tributar aquellos que adquirieron las referidas participaciones: quienes deben conocer la situación de la empresa a la que ingresan como socios.

Con lo anterior, se cierra un importante vacío que contiene la legislación actual.

Respecto de esta norma se formuló en la Comisión una indicación para eliminar la expresión “y así sucesivamente”, en el segundo inciso de la letra B).

Además, se propuso agregar un párrafo al final del último inciso de la letra b), que regula el tratamiento de los retiros en exceso de FUT efectuados desde sociedades de personas.

Letra A.1.c) Se mantiene el sistema contemplado en la legislación por el cual estos propietarios de empresas pueden efectuar retiros para ser invertidos en otras empresas que determinen su renta efectiva según contabilidad, sin pagar los impuestos global complementario o adicional y mientras las utilidades respectivas no sean retiradas de la empresa que las recibe.

El proyecto modifica, a su vez, la determinación de la utilidad tributaria en la venta de derechos sociales en ciertas circunstancias. El texto actual de la disposición que se comenta se complementa de manera que la utilidad obtenida en este tipo de transacciones también puede considerarse como un retiro para la inversión.

Se formuló indicación en la Comisión para agregar a continuación de la palabra “distribuidas”, lo siguiente: “de la sociedad que recibe la inversión”.

Letra A.2 Se mantiene el principio por el cual los accionistas de las sociedades anónimas y en comandita por acciones pagan los impuestos global complementario o adicional, sobre todas las distribuciones que reciban de empresa respectiva.

Letra A.3.a) En esta letra se legisla sobre el fondo de utilidades tributables que deben llevar las empresas. Este fondo constituye un registro ordenado de la historia, en el tiempo, de las utilidades que ha obtenido la empresa y tiene por objeto, por una parte, precisar la situación tributaria de los retiros de utilidades que se hacen contra dicho fondo, y por la otra, establecer los créditos que puedan tener los propietarios de la empresa, deducibles de sus impuestos global complementario o adicional, cuando las referidas utilidades han quedado sujetas al impuesto de primera categoría.

Debe señalarse que el fondo de utilidades tributables es una consecuencia necesaria del régimen de base retirada para los impuestos global complementario o adicional y, aún cuando no tenía una definición expresa en la ley, ha sido objeto de reglamentación administrativa por parte del Servicio de Impuesto Internos.

Además corresponde registrar, de manera separada del fondo de utilidades tributables, todas aquellas cantidades no constitutivas de renta o rentas exentas de los impuestos global complementario o adicional, percibidas por la empresa que pueden ser retiradas por los propietarios de la misma a continuación del fondo de utilidades tributables.

Letra A.3. b) Tratándose de los accionistas, el fondo de utilidades tributables sólo resulta aplicable para establecer los créditos que éstos tienen por las distribuciones recibidas, habida consideración que la sociedad ha pagado el impuesto de primera categoría que es acreditable en contra de los impuestos que deben pagar los accionistas. Lo señalado es simplemente consecuencia de que los accionistas tributan por las distribuciones efectuadas a cualquier título por la sociedad anónima o en comandita por acciones.

Letra A.3. c) Se establece que los retiros, remesas o distribuciones que efectúen las empresas a sus propietarios, socios o accionistas, deben imputarse, en primer lugar, a las rentas tributables más antiguas, y sólo en el exceso a las rentas exentas de los impuestos global complementario o adicional o a los ingresos no constitutivos de renta.

Se formuló una indicación en la Comisión que sustituye el número 3° del proyecto, dedicado principalmente a regular el fondo de utilidades tributables.

Letra B.1 Se refiere a los contribuyentes que no declaran su renta efectiva según contabilidad completa, contemplando normas ya contenidas en el actual artículo 14.

Conforme a ellas, cuando se trata de empresas que declaran renta efectiva, pero no sobre la base de un balance general según contabilidad completa, los impuestos global complementario o adicional se pagan sobre la utilidad devengada a nivel de la empresa, independientemente de que ésta efectúe o no distribuciones.

Letra B.2 Contempla una norma conforme a la cual las rentas presuntas se afectan con los impuestos global complementario o adicional en el ejercicio a que correspondan, independientemente de la existencia de retiros efectivos de utilidades.

Se aprueba por la Comisión el N° 2 del artículo 1° del proyecto, con las indicaciones referidas anteriormente.

N°3 Corresponde al N°2 del proyecto, que modifica el artículo 14 bis.

Este artículo de la Ley sobre Impuesto a la Renta establece un sistema de tributación simplificada diseñado para los pequeños contribuyentes.

Pueden acogerse al sistema los contribuyentes cuyos ingresos promedios mensuales en los tres últimos ejercicios no excedan de 250 unidades tributarias mensuales.

Tales contribuyentes pagan sus impuestos global complementario o adicional sobre los retiros que efectúen a cualquier título de la empresa respectiva, sin entrar a calificar si se trata o no de rentas afectas a impuesto. Como contrapartida, se libera a estos contribuyentes de la obligación de llevar determinada información de tipo contable y tributario.

El proyecto introduce las siguientes modificaciones a esta disposición:

Letra a) Se mantiene para los pequeños contribuyentes la posibilidad de pagar el impuesto de primera categoría solamente sobre aquellas cantidades que la empresa distribuya a sus propietarios o que sus propietarios retiren.

Letra b) Se adecua la referencia que se hace al artículo 14 a su nueva redacción respecto de los retiros para inversión.

Letra c) y d) - Los actuales incisos noveno y décimo permiten ingresar al sistema a contribuyentes de mayor nivel de actividad.

Estas disposiciones se han suprimido limitando la aplicación de este régimen simplificando sólo a los pequeños contribuyentes.

- Se ha substituido el inciso noveno por otro conforme al cual los contribuyentes acogidos a este sistema deben pasar al régimen general si durante tres ejercicios sus ventas exceden del límite establecido en la ley.

-Se suprime el inciso décimo primero que permitía ingresar al sistema a contribuyentes que no estén en condiciones de acreditar su promedio de ventas en los tres últimos ejercicios.

Letra e) La oración que se propone suprimir deja de tener aplicación, pues, también se contempla la derogación del artículo 20 bis, a que se refiere.

La Comisión aprueba el N° 3 del artículo 1° del proyecto.

N° 4 Corresponde al N° 3 del proyecto, que modifica el artículo 17, N° 8.

Esta norma contempla diversos tipos de enajenaciones que la ley les da el tratamiento de ingresos no constitutivos de renta, quedando por ende al margen de toda tributación. En relación con esta materia se proponen en el proyecto las siguientes enmiendas:

Letra a), c) y d) Se modifica la letra c) del artículo 17, número 8, que confería tal carácter al mayor valor obtenido en la enajenación de pertenencias mineras. Se restringe la disposición, eliminando del beneficio a las enajenaciones de pertenencias que formen parte del activo de empresas que declaren renta efectiva en primera categoría.

Tratándose de la enajenación de pertenencias que efectúen contribuyentes que no declaren renta efectiva, y que por ende puedan quedar favorecidas con el beneficio, se las sujeta a las mismas reglas que para la enajenación de acciones de sociedades anónimas. Por lo tanto, cuando estas transferencias se hagan a empresas vinculadas al enajenante la utilidad obtenida, por sobre el valor de adquisición reajustado de la pertenencia, quedará sujeta a tributación normal.

En virtud de estas letras se cubre un vacío legal utilizado para evadir impuestos.

2.- Letra b) Por otra parte, se elimina el carácter de ingreso no constitutivo al mayor valor obtenido de renta para la enajenación de acciones o derechos sobre sociedades legales o contractuales mineras, que contemplaba el artículo 17, número 8, letra h) . En este sentido, la enajenación de estos derechos queda en la misma situación que el mayor valor que se obtenga en la enajenación de derechos o participaciones en las otras sociedades de personas.

En la comisión se formuló una indicación para sustituir la letra b) de este número, que agrega un inciso en la letra h), exceptuando de la norma a los contribuyentes que señala.

Asimismo, se sugiere sustituir la letra c), en la forma que se propone para evitar que la venta de derechos de agua a sociedades relacionadas se utilice como una forma de postergar la tributación por algunos agricultores.

La Comisión aprueba el N° 4 del artículo 1 con las indicaciones referidas.

N° 5 Corresponde al N° 4 del proyecto, que sustituye el artículo 19.

El texto que se propone simplemente señala que las rentas indicadas tributan sobre base percibida o devengada, por oposición al régimen de tributación sobre base retirada que se encuentra en actual vigencia.

La Comisión aprueba el N° 5 señalado.

N° 6 Corresponde al N° 5 del proyecto, que modifica el artículo 20.

Esta disposición es la norma central del impuesto de primera categoría y señala las distintas actividades que se encuentran afectas a dicho tributo.

Letra a) Se modifica el inciso primero de la norma, eliminando la referencia al artículo 20 bis, que se propone derogar y que contempla el sistema de tributación de primera categoría sobre una base retirada.

Letra b) Se sustituyen las letras a) y b) del artículo 20, número 1, referente a la tributación de la explotación de bienes raíces. Ello, con el objeto de dar cabida a las nuevas disposiciones sobre tributación del sector agrícola.

En el texto que se propone del artículo 20, número 1, letra a), se establece la regla general conforme a la cual los contribuyentes que posean o exploten bienes raíces agrícolas deben tributar sobre la base de renta efectiva.

Se mantienen en el precepto las disposiciones relativas a la utilización del impuesto territorial pagado por el contribuyente, como una rebaja al impuesto de primera categoría determinado.

En el texto que se propone para el artículo 20, número 1, letra b se establece el nuevo régimen para la agricultura, que tributa con renta presunta.

En la Comisión se formuló una indicación que sustituye los términos de la letra b) del proyecto del Ejecutivo, estableciendo el sistema de renta presunta para los contribuyentes que señala.

También se propuso otra indicación que agrega un inciso final a la letra b) relativa a la información que deberá proporcionar el contribuyente obligado a declarar sus impuestos sobre renta efectiva.

La Comisión aprueba el N° 6 del artículo 1 del proyecto con las indicaciones mencionadas.

N° 7 Corresponde al N° 6 del proyecto que deroga el artículo 20 bis.

Esta disposición establece que el impuesto de primera categoría de las empresas se debe pagar solamente sobre aquella parte de la utilidad tributaria que sea retirada por los empresarios o socios o distribuida como dividendo en el caso de las sociedades anónimas.

Esta norma, con efecto y vigencia a partir del 1° de enero de 1989, modificó el régimen anteriormente vigente, según el cual el impuesto de primera categoría se pagaba sobre toda la renta líquida imponible del contribuyente.

El proyecto propone volver a la situación anterior en que el impuesto de primera categoría se pagaba sobre la renta tributaria ganada o devengada en la empresa, independientemente de la existencia de retiros o distribuciones a los propietarios de la misma.

La Comisión aprueba el N° 7 del artículo 1 del proyecto.

N° 8 Corresponde al N° 7 del proyecto que modifica el artículo 21.

Letra a) Esta disposición contiene normas de control según las cuales ciertos gastos cuya deducción tributaria la ley no acepta y que corresponden a desembolsos de dinero o retiros de especies, se entienden retirados por el empresario individual a los socios de sociedades de personas para los efectos de incrementar la base de sus impuestos global complementario o adicional. En el caso de las sociedades anónimas y en comandita por acciones, por lo que respecta a sus accionistas, estas mismas partidas se mantienen afectas a un impuesto único de 35%.

El proyecto propone sustituir el inciso cuarto del artículo 21 por una disposición según la cual las sociedades anónimas, que sean socias de sociedades de personas, pagan el referido impuesto de 35% por aquellas cantidades que deban entenderse retiradas a la sociedad de personas respectiva.

Letra b) Se introduce, también, en el artículo 21, inciso final, una modificación de coordinación.

La Comisión aprobó el N° 8 del artículo 1 del proyecto.

N° 9 Corresponde al N° 8 del proyecto que sustituye el Título “ De la determinación de las rentas de primera categoría” por “ De la base imponible”.

La Comisión aprobó el N° 9 del artículo 1 del proyecto.

N° 10 Corresponde al N° 9 del proyecto que modifica el artículo 29.

Esta disposición se refiere a los ingresos brutos de los contribuyentes de primera categoría y a la oportunidad en que éstos deben registrarse para fines tributarios.

Letra a) En primer lugar, se deroga su inciso tercero, que señala que en los contratos de promesa de venta de inmuebles el ingreso correspondiente debe reconocerse al momento de la suscripción de la compraventa definitiva.

Letra b) De acuerdo con el primero de los incisos que se propone agregar, el contribuyente que recibe o tiene derecho a parte del precio antes de la suscripción del contrato definitivo, deberá reconocer dicha parte como un ingreso devengado.

En el inciso final que se propone se considera una norma conforme a la cual en los contratos de suscripción, confección de obra material o servicios de cualquier tipo el ingreso se devenga cuando se formule el cobro o estado de pago respectivo.

La Comisión aprobó el N° 10 del artículo 1 del proyecto.

N° 11Corresponde al N° 10 del proyecto que modifica el artículo 30.

Esta disposición permite deducir de los ingresos brutos de la empresa el costo directo de los bienes y mercaderías vendidos por ella.

Letra a) Se propone permitir, de manera expresa, a las empresas mineras que rebajen de sus ingresos el valor de adquisición de la pertenencia incluido en el costo directo del mineral extraído.

Letra b) El inciso tercero del artículo 30 contiene una norma para la estimación del costo en operaciones de enajenación o promesa de enajenación de bienes que no se encuentren terminados al cierre del ejercicio y respecto de los cuales no se conoce por tal motivo su costo definitivo.

El actual inciso cuarto extiende este sistema de costo estimado a las promesas de venta de bienes inmuebles y a los contratos de construcción. En el inciso que se propone se hace lo propio, pero considerando las modificaciones ya introducidas a estos contratos en el artículo 29 de la ley y agregando el caso de los contratos de confección de obra material y de servicios.

La Comisión aprobó el N° 11 del artículo 1 del proyecto.

N° 12 Corresponde al N° 11 del proyecto que modifica el artículo 31, N° 3, y N° 5.

Esta norma permite a los contribuyentes de primera categoría deducir las pérdidas incurridas por el negocio o empresa. También les permite deducir de las utilidades de un ejercicio las pérdidas de ejercicios anteriores, siempre que cumplan determinados requisitos.

La Comisión aprobó el N° 12 del artículo 1 del proyecto.

N° 13 Corresponde al N° 12 del proyecto que modifica el artículo 33.

Se contemplan en esta disposición determinados agregados y deducciones a la renta líquida imponible de primera categoría de las empresas.

Letra a) Esta modificación reestablece el texto anterior que había sido modificado para hacerlo consistente con el régimen de impuesto de primera categoría sobre base retirada.

Letra b) La enmienda que se propone suprime el actual número 4 del artículo 33, que contempla dentro del proceso de formación de la renta líquida imponible las normas del fondo de utilidades tributables.

La Comisión aprobó el N° 13 del artículo 1 del proyecto.

N° 14 Corresponde al N° 13 del proyecto que agrega el artículo 33 bis.

Esta norma contempla un crédito por inversiones que consiste en que las empresas que declaran impuesto de primera categoría según contabilidad completa pueden rebajar del referido tributo un valor equivalente al 2% de los bienes físicos del activo inmovilizado adquiridos nuevos o terminados de construir durante el ejercicio.

El crédito tiene un límite máximo equivalente a 500 unidades tributarias mensuales por cada ejercicio. No dan derecho al crédito los desembolsos que constituyan mantención o reparación de los referidos activos. Ello, debido a que tales desembolsos no constituyen realmente inversión.

Tampoco otorgan derecho a crédito los activos que puedan ser usados para fines habitacionales o de transporte, salvo por vehículos que tienen como finalidad exclusiva el transporte de carga. Tampoco tienen derecho a esta rebaja las empresas del Estado ni aquéllas en que sus organismos o empresas o las municipalidades tengan una participación superior al 50% del capital.

La Comisión aprobó el N° 14 del artículo 1 del proyecto.

N° 15 Corresponde al N° 14 del proyecto que modifica el artículo 34.

Esta disposición establece el régimen tributario de las empresas de transporte de pasajeros, de carga y de las actividades mineras no acogidas al régimen especial vigente para los pequeños mineros artesanales.

En el nuevo texto del artículo 34 que se propone, se limita su aplicación a la actividad minera, pasando las rentas del transporte a un artículo 34 bis que se sugiere agregar al actual texto.

La Comisión aprobó el texto del proyecto del Ejecutivo para las letras a), b), c), d) y e) con las indicaciones que se expresan a continuación: Se formula indicación a la letra c), para sustituir el punto (.) a continuación de la frase “ del artículo 20”, por una coma (,), y agregar las palabras “en lo que corresponda”.

También, la letra d) se sustituye mediante la indicación que se consigna en el texto del proyecto, al final de este informe y se le adiciona como inciso final al N° 2, la norma que contempla la obligación del contribuyente de informar si declara sus impuestos sobre renta efectiva.

N° 16 Corresponde al N° 15 del proyecto que modifica el artículo 34 bis.

Se propone agregar a la Ley sobre Impuesto a la Renta un nuevo artículo 34 bis que contiene la tributación de la actividad del transporte.

En el número 1, se establece el principio general, conforme al cual los que exploten a cualquier título vehículos motorizados de transporte quedan sujetos al impuesto de categoría sobre la base de renta efectiva según contabilidad.

En el número 2, se dispone que los contribuyentes, que no sean sociedades anónimas o en comandita por acciones y que exploten vehículos de transporte terrestre de pasajeros, quedan sujetos a un régimen de presunción de renta según el cual ésta se considera equivalente a un 10% del valor corriente en plaza de los vehículos.

En el número 3, se legisla sobre la situación de la actividad del transporte terrestre de carga ajena, consagrándose, como norma general, el mismo principio de presunción de derecho de renta basada en el avalúo de los vehículos.

En la Comisión se ha formulado una indicación que sustituye el N° 3, que se consigna en el texto al final de este informe y una disposición que contempla la obligación del contribuyente de informar si declara sus impuestos sobre renta efectiva.

La Comisión aprobó el N° 16 con las indicaciones señaladas precedentemente.

N° 17 Corresponde al N° 16 del proyecto que modifica el artículo 38 bis.

Esta disposición reglamenta la situación tributaria de las empresas que efectúan término de giro, señalándose que deben considerar retiradas en dicha oportunidad las rentas tributarias que se encuentren acumuladas y pendientes de distribución o retiro.

Estas sumas se afectan en la actualidad con un impuesto de 35%, que tiene el carácter de único respecto de la empresa y sus propietarios, socios o accionistas.

El texto actual de la disposición concede la alternativa de que estos últimos incluyan las rentas acumuladas en sus impuestos global complementario o adicional del ejercicio en que se produce el término de giro, dando de crédito el impuesto único pagado por la empresa.

Se propone una modificación que tiende a otorgar a estos contribuyentes un beneficio adicional consistente en que pueden distribuir estas rentas hasta por tres ejercicios anteriores gravándolas con la tasa promedio más alta de impuesto global complementario que haya pagado por dichos ejercicios. El propósito es evitar que el impuesto global complementario del ejercicio del término de giro se vea afectado en su progresividad por la agregación de rentas que pueden corresponder a varios años. Ello se logra, congelando la tasa que afecta a estas rentas de acuerdo al promedio más alto.

En contra del impuesto global complementario así determinado se da como crédito el impuesto único de 35% pagado por la empresa.

Esta modalidad no se otorga a los contribuyentes de impuesto adicional ya que su tasa, de 35%, coincide con el impuesto único antes referido, razón por la cual carece de todo sentido una reliquidación.

Se formula en la Comisión una indicación para agregar al inciso final del N° 2 del artículo 38 bis propuesto, una oración que subsana un vacío legal que dejaba el proyecto.

La Comisión aprobó el N° 17 del artículo 1 propuesto con la indicación referida y enmiendas de carácter formal.

N° 18 Corresponde al N° 17 del proyecto que modifica el artículo 40, N° 6.

El propósito de esta modificación es solamente eliminar de este artículo la referencia al artículo 20 bis, que se propone derogar.

La Comisión aprobó el N° 18 del artículo 1 del proyecto.

N° 19Corresponde al N° 18 del proyecto que modifica el artículo 41.

El artículo 41, inciso final, se refiere a la forma de determinar la utilidad en la enajenación de participaciones o derechos en sociedades de personas.

Para determinar dicha utilidad debe rebajarse del precio de venta, en la proporción que corresponda al enajenante, el valor de libros de los derechos sociales en la sociedad que se vende al término del ejercicio anterior, incrementado o disminuido, según proceda, con las variaciones de capital experimentadas.

Para ello se propone agregar un inciso final al artículo 41, según el cual tratándose de la enajenación de derechos sociales que hagan los socios a accionistas de sociedades anónimas cerradas, o accionistas de sociedades anónimas abiertas dueñas de más del 10% de las acciones, a la empresa o sociedad respectiva, la utilidad en la operación se determinará deduciendo del precio de venta, no ya el valor de libros de su participación, sino el valor de aporte o adquisición de los derechos sociales, incrementado o disminuido con las variaciones de capital y debidamente reajustado.

La Comisión aprobó el N° 19 del artículo 1 del proyecto.

N° 19 bisEs una indicación para modificar el número 1 del artículo 42, con el objeto de dar igual tratamiento a los contribuyentes afectos al impuesto único al trabajo que a los sujetos al impuesto global complementario.

La Comisión aprobó esta indicación.

N° 20Corresponde al N° 19 del proyecto que modifica el artículo 43 N° 1.

En este artículo se enmienda la escala de tasas del impuesto único de segunda categoría. Este tributo afecta las remuneraciones percibidas por los trabajadores como consecuencia de los servicios prestados a la empresa.

En relación con la escala actual, la que se propone presenta las siguientes características:

Se mantiene en 10 unidades tributarias mensuales el límite exento del impuesto. Se mantiene la tasa de 5% por la renta que exceda del monto recién indicado y no sobrepase las 30 unidades tributarias mensuales.

Como consecuencia de lo anterior, los trabajadores que tengan una renta mensual imponible inferior a $300.000.-, descontadas las cotizaciones previsionales, no se verán afectados en su actual carga tributaria.

Los trabajadores que ganan más que la cifra indicada, ven incrementados sus impuestos de manera moderada, y en mayor medida, los trabajadores de más altos ingresos.

La escala de tasas de ocho tramos se reduce a seis y se mantiene en 50% la tasa más alta.

La Comisión aprobó esta norma por mayoría de votos.

N° 21Corresponde al N° 20 del proyecto que modifica el artículo 52.

Este artículo contiene la escala de tasas del impuesto global complementario, tributo pagado por las personas naturales con domicilio o residencia en Chile, por las rentas de diverso origen que obtengan con exclusión de aquéllas que sufragan el impuesto único de primera categoría, sin perjuicio de su inclusión para efectos de la determinación de los tramos aplicables, rebajándose posteriormente el impuesto de primera categoría efectivamente pagado.

La Comisión aprobó el N° 21 por mayoría de votos.

N° 22 Corresponde al N° 21 del proyecto que modifica el artículo 54, N° 1.

El artículo 56, número 3, de la ley sobre Impuesto a la Renta otorga a los contribuyentes del impuesto global complementario, la posibilidad, de rebajar como crédito de dicho tributo la cantidad que resulte de aplicar a las rentas incluidas en la base imponible del global complementario la tasa que corresponde al impuesto de primera categoría, siempre que las referidas rentas hayan estado afectadas con este último tributo. En consecuencia, el impuesto de primera categoría constituye sólo un anticipo del impuesto global complementario.

Este sistema de crédito se mantiene en el proyecto de reforma tributaria.

En la legislación actual se produce una asimetría en el crédito de primera categoría de que gozan los contribuyentes que reciben rentas empresariales, en relación con las retenciones o pagos provisionales que anticipadamente efectúan otros contribuyentes.

En estricta lógica, no existe diferencia entre el impuesto de primera categoría pagado, y que da crédito, y las retenciones que se efectúan a las remuneraciones de los trabajadores.

Desde este punto de vista, ambos desembolsos constituyen una deducción a rebajar del impuesto global complementario determinado y que forma parte de la renta antes de impuestos.

Sin embargo, el profesional debe considerar formando parte de la base imponible de su impuesto global complementario los pagos provisionales efectuados durante el año o las retenciones que se le han realizado, las que de esta manera quedan sujetas a tributación con el impuesto recién indicado. Distinta es la situación de quienes reciben rentas empresariales afectas a global complementario. En tal caso, el contribuyente no incluye en la renta bruta global el crédito de primera categoría que utiliza y que constituye una deducción del impuesto idéntica a la aplicación que el profesional hace en contra del referido impuesto por los pagos provisionales hechos o las retenciones que se le han practicado.

La modificación que se propone introducir al inciso final del artículo 54 número 1 tiene por exclusivo objeto terminar con esta distinción y nivelar en la tributación del impuesto global complementario y único de segunda categoría la carga tributaria a que se encuentran sujetos quienes reciben rentas empresariales frente a los que tienen rentas de otro origen.

Se establece para estos efectos que, cuando corresponda aplicar el crédito por impuesto de primera categoría, un monto equivalente a éste deberá agregarse para determinar la renta bruta de impuesto global complementario del respectivo ejercicio. De la misma manera, este agregado debe considerarse como suma afectada con el impuesto de primera categoría; gracias a ello, dicho agregado se encuentra también favorecido con el crédito, al igual que el resto de las rentas del contribuyente.

La Comisión aprobó el N° 22 del artículo 1 del proyecto.

N° 23 Corresponde al N° 22 del proyecto que modifica el artículo 56 N° 3.

Esta norma contiene los créditos deducibles del impuesto global complementario, que prácticamente se mantienen en la misma forma en el proyecto.

Las modificaciones introducidas por el proyecto tienen los siguientes propósitos:

Letra a) Se sustituye el inciso primero, del número 3 del artículo 56.

Se permite rebajar como crédito la cantidad que resulte de aplicar la misma tasa de impuesto de primera categoría con la que se gravaron las rentas o cantidades que se encuentran comprendidas en la base del impuesto global complementario. El texto actual, en cambio, hace referencia expresa al crédito de 10% que equivale a la tasa de primera categoría.

En primer lugar, se mantiene el mecanismo que utiliza el impuesto de primera categoría como un adelanto de la tributación final que corresponde a los propietarios de las empresas. En segundo lugar, la redacción que contiene el proyecto pretende adecuar el crédito por el impuesto de primera categoría pagado a la circunstancia de que existirán cantidades en la base del impuesto global complementario afectadas con distintas tasas de impuesto de primera categoría. En efecto, dependiendo del año tributario en el cual las rentas incluidas en la base del impuesto global complementario hayan estado afectas con el impuesto de primera categoría, la tasa de este último podrá ser 10%, ó 15%.

La norma que se propone se hace cargo de este fenómeno.

Letra b) Se agrega un inciso final, al artículo 56, el cual introduce una norma de orden o prelación en la aplicación de los créditos deducibles del impuesto global complementario.

Los créditos o deducciones a un impuesto determinado pueden enmarcarse en dos categorías. Créditos que no dan derecho a pedir devolución, es decir, que en el caso que el crédito exceda del impuesto que debe pagarse el remanente no puede ser recuperado por el contribuyente. Créditos que sí permiten solicitar la devolución del remanente cuando se produce la situación descrita.

La norma que se propone señala que del impuesto global complementario se debe deducir, en primer lugar, aquellos créditos que no otorguen derecho a devolución y en seguida, aquéllos que sí la permiten. Esta regla introduce un elemento de justicia respecto de los contribuyentes que tienen derecho a deducir tanto créditos con derecho a devolución, como créditos sin derecho a ella.

La Comisión aprobó el N° 23 del artículo 1 del proyecto.

N° 24 Se presenta una indicación que modifica el N° 1 del artículo 57, bis, agregando la oración que señala y se deroga los N°s 2 y 3.

La Comisión aprobó la indicación.

N° 25 Corresponde al N° 23 del proyecto que modifica el artículo 62.

Se agrega un inciso final al artículo 62.

La modificación es análoga a la introducida en el número 22 comentado anteriormente, y respecto del impuesto global complementario. En este caso, se trata de la aplicación de la misma norma al impuesto adicional, que deben pagar los contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile por las rentas generadas en nuestro país.

La norma propuesta establece que en la base del impuesto adicional se debe agregar el crédito por el impuesto de primera categoría en términos similares a los expuestos en el número citado.

La Comisión aprobó el N° 25 del artículo 1 del proyecto.

N° 26Corresponde al N° 24 que modifica el artículo 63.

Esta disposición se refiere al crédito por concepto de impuesto de primera categoría que tienen los contribuyentes de impuesto adicional.

La modificación contiene dos normas también análogas a las ya comentadas a propósito del impuesto global complementario en el número 23.

Letra a) Se sustituye el inciso primero del artículo 63.

Se establece el crédito por el impuesto de primera categoría correspondiente a aquellas rentas incluidas en la base del impuesto adicional. Lo dicho respecto de la modificación al artículo 56, número 3, es totalmente aplicable en esta parte.

Letra b) Esta modificación es de mera armonización del texto a los cambios propuestos en el proyecto.

Letra c) Se agrega un inciso final, que contiene una norma de orden o prelación de los créditos deducibles del impuesto adicional.

La Comisión aprobó el N° 26 del artículo 1 del proyecto.

N° 27 Corresponde al N° 25 del proyecto que modifica el artículo 74 N° 4.

Esta disposición contiene las normas de retención aplicables a los contribuyentes que distribuyan o paguen rentas afectas al impuesto adicional. La tasa general de retención establecida en dicho número es un 20%, aplicable a las cantidades que se paguen, se abonen en cuenta, se pongan a disposición o correspondan a los contribuyentes de impuesto adicional, sin deducción alguna. En el caso de la distribución o retiros de utilidades la tasa es de 35%.

La modificación que se propone sustituye la norma contenida en la última parte del inciso primero del N° 4 del artículo 74, que se refiere al crédito por impuesto de primera categoría imputable a las distribuciones hechas a contribuyentes de impuesto adicional.

La norma que se desea establecer se hace cargo del cambio de régimen tributario y distingue los retiros o pagos de utilidades a contribuyentes del impuesto adicional efectuados por agencias, sociedades de personas, y demás contribuyentes, de las distribuciones efectuadas por sociedades anónimas a contribuyentes de ese impuesto.

La Comisión aprobó el N° 27 del artículo 1 del proyecto.

N° 28 Corresponde al N° 26 del proyecto que modifica el artículo 84.

En este número se introducen diversas modificaciones al artículo 84 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que es la disposición que contiene las normas sobre pagos provisionales mensuales obligatorios.

Estas modificaciones son, principalmente, consecuencia de aquellas introducidas por el proyecto al régimen de tributación de primera categoría.

La Comisión aprobó el N° 28 del artículo 1 del proyecto.

N° 29 Corresponde al N° 27 del proyecto que modifica el artículo 86.

El artículo 86 que se propone repone la forma de cálculo de la tasa de los pagos provisionales mensuales, cuando los contribuyentes obtienen rentas exentas total o parcialmente del impuesto de primera categoría en un ejercicio, en circunstancias que en el ejercicio comercial anterior no tuvieron ese tipo de ingresos. La regla aplicable en la situación descrita es que la tasa de pagos provisionales mensuales debe reducirse en la misma proporción que representan los ingresos exentos dentro de los ingresos brutos totales de cada mes en que se presenten los citados ingresos exentos. La tasa así reducida debe ser aplicada sólo respecto de esos meses.

La Comisión aprobó el N° 29 del artículo 1 del proyecto.

N° 30 Corresponde al N° 28 del proyecto que sustituye el artículo 90.

En este artículo están contenidas las normas para la suspensión de los pagos provisionales mensuales en aquellos casos en que los contribuyentes estén en situación de pérdida.

La Comisión aprobó el N° 30 del artículo 1 del proyecto.

ARTICULO 2°

En este artículo se contemplan las normas sobre vigencia de las modificaciones introducidas en el artículo 1°.

Como regla general, se establece que las modificaciones regirán a contar del año tributario 1991; por lo tanto, son aplicables al ejercicio que va desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 1990.

Los números 1 y 2 del artículo 2° contienen normas de vigencia especial aplicables a algunas de las modificaciones contenidas en el artículo 1°.

En el número 1, se señala que regirán a contar del día 1° del mes siguientes del de la publicación de la ley, las siguientes modificaciones: la del número 16, en lo que respecta a los términos de giro que deban efectuarse a contar de la fecha mencionada; la del número 19, es decir, la nueva escala de tasas aplicables respecto del impuesto único del trabajo; la del número 25, que se refiere a las retenciones de impuesto adicional; las de los números 26, 27 y 28, o sea, aquellas referidas a pagos provisionales mensuales.

En el número 2, se establece que regirán a contar del 1° de abril las modificaciones establecidas en los números 3 y 18. La modificación del número 3 se refiere a los cambios en el artículo 17 número 8, es decir, respecto de ciertos ingresos no renta. A su vez, el número 18 se refiere a la modificación introducida al inciso final del artículo 41; esto es, la limitación propuesta para la enajenación de derechos en sociedades de personas efectuadas en las condiciones y a las personas que hoy establece el artículo 17, N° 8, inciso cuarto, respecto de las acciones en sociedades anónimas.

Se formula una indicación en la Comisión que agrega un número 3 al artículo, el cual dispone que los números 5, 14 y 15 del artículo anterior del proyecto regirán para el año tributario 1992.

La Comisión aprueba el artículo con la indicación, por mayoría de votos.

ARTICULO 3°

En este artículo se establece el sistema general aplicable a los contribuyentes que se dedican a actividades agrícolas y que, por efecto de las modificaciones propuestas en el artículo 1°, pasan desde el régimen de renta presunta al régimen de renta efectiva determinada según contabilidad completa.

Se incorporan en el texto del proyecto modificaciones de redacción en los números 5 y 6 de este artículo.

Además, con el propósito de prevenir la realización de operaciones de dudoso carácter, por parte de los contribuyentes, se formula una indicación para agregar un inciso a continuación del número 7.

También, se sustituye vía indicación el inciso final de este artículo, contemplándose la obligación de dar el aviso que se indica al Servicio de Impuestos Internos.

La Comisión aprueba el artículo 3° con las indicaciones señaladas.

ARTICULO 4°

En este artículo se contienen las normas aplicables al balance inicial de los contribuyentes de la minería y el transporte que pasan al régimen de renta efectiva determinada según contabilidad.

En la Comisión se hizo presente una indicación para agregar una frase al final de número 2, que se refiere a las normas de valoración de bienes físicos del activo fijo de la empresa, que no sean terrenos, aplicable a la situación especial de los vehículos motorizados de transporte terrestre.

En los números 4 y 5 se formulan modificaciones de redacción al texto del Ejecutivo.

Se sustituye, asimismo, el inciso final de este artículo, contemplándose la obligación de dar el aviso que se indica al Servicio de Impuestos Internos.

Por último, se formula una indicación que agrega un inciso a continuación del número 6 con el objeto de evitar que los contribuyentes logren adelantar ingresos, de manera de quedar sujetos al régimen de renta presunta, en lugar del régimen de renta efectiva que les correspondería.

La Comisión aprueba el artículo 4° con las indicaciones señaladas.

ARTICULO 5°

Se otorga, por esta norma, al Presidente de la República la facultad de dictar dos decretos supremos que dicen relación con las modificaciones introducidas en el proyecto de ley.

Por el primer inciso, se faculta al Presidente de la República para dictar, mediante decreto supremo que llevarán las firmas de los Ministro de Hacienda y de Agricultura, un reglamento de contabilidad agrícola. Dicho reglamento derogará, cuando entre en vigencia, los reglamentos de contabilidad agrícola que están actualmente en vigor.

Este reglamento tendrá por objeto adecuar las normas y principios contables generales, a lo que son las circunstancias especiales de la agricultura.

Se propone en el proyecto incluir en el artículo 30 de la Ley sobre Impuesto a la Renta una norma especial relativa al costo del mineral extraído. Como se comentó anteriormente, se pretende que el costo del mineral extraído considere la parte proporcional del valor de adquisición de la pertenencia respectiva que el mineral represente respecto del mineral que técnicamente se estima contiene el yacimiento.

Por el inciso segundo, se faculta al Presidente de la República para que, mediante decreto supremo que llevará las firmas de los Ministro de Hacienda y Minería, se dicte el Reglamento que determine la parte del valor de las pertenencias mineras que se incluirá en el costo directo del mineral extraído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Señala el inciso 2° que, en todo caso, al establecer el valor inicial de la pertenencia deberá deducirse la parte que proporcionalmente corresponda al mineral extraído hasta ese momento.

La Comisión aprueba el artículo 5°.

ARTICULO 6°

En esta disposición se derogan los artículos 1 y 2 transitorios de la ley N° 18.775, en aplicación desde el 1° de enero de 1989.

Como se sabe, el referido cuerpo legal sustituyó el régimen de tributación de primera categoría sobre base devengada por otro conforme al cual el impuesto sólo se debe pagar por la empresa sobre aquella parte de la utilidad tributaria que sea retirada o distribuida a sus propietarios.

Bajo este esquema debe incluirse en la base imponible de la empresa todas aquellas distribuciones tributables que se efectúen a los propietarios, aun cuando tengan su origen en participaciones o dividendos recibidos de terceras empresas. Tanto esas rentas como las generadas por la propia empresa hasta el año 1988 han estado afectadas por el impuesto de primera categoría. Al aplicar ahora la regla de devengación según retiros el impuesto de primera categoría debería aplicarse nuevamente. Para evitar esta anomalía, en los artículos 1 y 2 transitorios de la ley N° 18.775, se contemplaron normas según las cuales la empresa que efectúa la distribución de utilidades, que han pagado el impuesto en la sociedad que distribuye o en la empresa de origen, tiene derecho a un crédito equivalente al tributo pagado.

Como bajo el esquema que se propone se retorna el impuesto de primera categoría sobre base devengada, estas disposiciones pasarán a carecer de sentido.

La Comisión aprueba el artículo 6°.

ARTICULO 7°

Esta disposición agrega un artículo 75 bis al Código Tributario y tiene por objeto establecer una norma de control, en el caso de arrendamientos o cesiones temporales de predios agrícolas. Como se explicó anteriormente, cuando dichos actos son realizados por un contribuyente se debe declarar sus rentas sobre la base de contabilidad, el arrendatario o cesionario queda también sujeto a ese régimen, a menos que se trate de predios de un avalúo fiscal inferior a 200 unidades tributarias mensuales. La norma que se propone incorporar al Código Tributario obliga a dejar constancia, en los contratos respectivos, del régimen de impuesto a la renta que afecta al arrendador o cedente. De esta forma se pretende facilitar por una parte la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, y por otra, se quiere evitar que el arrendatario o cesionario celebre el contrato sin estar debidamente advertido de la tributación que puede afectarle.

El artículo 75 bis concluye con un inciso que obliga a los notarios a no autorizar las escrituras públicas o documentos en los que falte la declaración por parte del arrendador o cedente.

En la Comisión se propone una indicación para agregar un letra b) al artículo 7° del proyecto, que sustituye el artículo 5° del decreto ley N° 993, con el objeto de evitar la evasión tributaria en los casos en que incide la norma.

La Comisión aprueba la disposición con la indicación referida.

ARTICULO 8°

Esta disposición contiene el alza de la tasa del impuesto al valor agregado desde un 16% a un 18%.

De acuerdo a la norma de vigencia de este artículo la mayor tasa se aplicará al impuesto al valor agregado que se devengue a contar del 1° del mes siguiente al de publicación de la ley en el Diario Oficial.

En la Comisión se formuló una indicación para suprimir el artículo 8° y agregar una norma transitoria al respecto.

La Comisión aprueba la indicación por mayoría de votos.

ARTICULO 9°

En la Comisión se formula una indicación para agregar al proyecto un texto que contiene la ley de donaciones con fines culturales la cual tiene 7 artículos.

La Comisión aprueba esta indicación.

ARTICULO 10

Se formula en la Comisión una indicación para agregar un inciso al final del artículo 11, de la ley N° 18.401.

La Comisión la aprueba por mayoría de votos.

ARTICULO 1° TRANSITORIO

La disposición del artículo 14 letra a), N° 3, c), que se propone consagra el principio que las distribuciones o retiros de utilidades que se efectúan desde las empresas deben imputarse a las rentas tributables más antiguas. La disposición del artículo 1° transitorio reafirma este principio, señalando que la referida imputación debe hacerse tomando en consideración incluso las rentas tributables de ejercicios anteriores a la vigencia de la reforma, dando con ésto la posibilidad de aprovechar los créditos de que gozan dichas rentas.

El artículo concluye señalando que también deberá aplicarse lo señalado en el inciso segundo del artículo 2 de la ley N° 18.293, y el artículo 3 transitorio de la ley N° 18.775.

En la Comisión se formula una indicación que sustituye este artículo del proyecto del Ejecutivo, la cual es aprobada.

ARTICULO 2° TRANSITORIO

Se contiene la norma especial relativa a la tasa de impuesto de primera categoría para los años comerciales 1991, 1992 y 1993.

Como se sabe, durante esos años el impuesto de primera categoría se pagará con una tasa de 15%.

La Comisión aprueba este artículo por mayoría de votos.

ARTICULO 3° TRANSITORIO

El artículo 3° transitorio contiene las normas especiales aplicables, en el año 1990, para determinar qué contribuyentes deberán entrar al sistema de renta efectiva determinada según contabilidad completa.

En la Comisión se formula una indicación que sustituye el texto propuesto originalmente, relativo a las reglas que regirán las actividades agrícolas, mineras y de transporte durante el año comercial 1991.

La Comisión aprueba la indicación.

ARTICULO 4° TRANSITORIO

En este artículo se establecen las normas especiales que deberán seguir los contribuyentes que desarrollan actividades agrícolas y que en el año 1990 se incorporen al sistema de renta efectiva.

En la Comisión se formula una indicación que sustituye el texto original propuesto, relativo a las reglas aplicables a los contribuyentes que pasen a declarar renta efectiva por la explotación de bienes raíces agrícolas, a contar del año comercial 1991.

La Comisión aprueba la indicación.

ARTICULO 5° TRANSITORIO

Este artículo establece el régimen tributario aplicable a las utilidades generadas en la enajenación de predios agrícolas.

En la Comisión se formula una indicación que sustituye el texto original propuesto, en relación con la primera enajenación de los predios agrícolas que se realicen a contar del 1° de enero de 1991, que deban tributar sobre renta efectiva.

La Comisión aprueba la indicación.

ARTICULO 6° TRANSITORIO

Esta norma contiene una disposición aplicable sólo a los contribuyentes que desarrollen actividades agrícola que, en el año 1990, pasen al régimen de renta efectiva según contabilidad.

Dichos contribuyentes tendrán derecho, por una sola vez, a revalorizar los bienes mencionados en el número 2 del artículo 3 de esta ley, de acuerdo con su valor comercial y hasta por un monto que no exceda en más de 50% del valor de dichos bienes registrado en el balance inicial.

En la Comisión se formula una indicación que sustituye el texto original propuesto en el proyecto, sobre la misma materia.

La Comisión aprueba la indicación.

ARTICULOS 7° TRANSITORIO

Esta disposición contempla las regulaciones para los contribuyentes que se dediquen a actividades mineras o de transporte que el año 1990 pasen a declarar su renta efectiva según contabilidad completa.

En la Comisión se formula una indicación que sustituye el texto original propuesto, sobre la misma materia.

La Comisión aprueba la indicación.

ARTICULO 8° TRANSITORIO

Se contienen las normas sobre pagos provisionales mensuales aplicables al momento de entrar en vigencia el proyecto de ley.

Las normas contenidas en este artículo pueden resumirse de la siguiente manera:

Por el primer inciso, se establece la regla general aplicable a los contribuyentes que deben efectuar pagos provisionales mensuales de conformidad con el artículo 84, letra a), de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Dichos contribuyentes deberán aplicar, a contar de los ingresos percibidos o devengados en el mes siguiente al de la publicación de la ley, en el Diario Oficial, la tasa de pagos provisionales mensuales obligatorios que les fue aplicable en el mes de diciembre de 1988, incrementada en 50%.

Con esta norma se pretende que las empresas efectúen pagos provisionales mensuales con la última tasa que en 1988 les fue aplicable, en el entendido que dicha tasa refleja por lo menos la realidad económica de cada una de esas empresas. El incremento de 50% respecto de dicha tasa obedece al hecho que durante 1990 habrá varios meses en los que los contribuyentes habrán efectuado pagos provisionales mensuales sólo sobre los retiros realizados. Esta situación implica que, los pagos efectuados a cuenta del impuesto de primera categoría, de no corregirse la tasa por el resto del año, serán notoriamente inferiores a dicho impuesto, con el consiguiente desajuste financiero que ello implicaría en el mes de abril de 1991 cuando deba pagarse en una sola oportunidad el monto total de la diferencia. Así, el incremento de la tasa en 50% reduce la probable brecha entre pagos provisionales mensuales y el impuesto de primera categoría definitivo por el año 1990, tributario 1991.

Por el mismo inciso primero del artículo 8° transitorio, se contempla la norma supletoria aplicable en el caso que no hubiere efectuado pagos provisionales durante el año 1988 o no fuere posible establecer la tasa de pagos provisionales mensuales que correspondía al contribuyente en dicho año. En tal caso, el contribuyente deberá aplicar una tasa de 1,5% sobre los ingresos que obtenga a contar de mes siguiente al de publicación de la ley en el Diario Oficial.

La razón de haber incrementado la tasa de 1% que señala el artículo 84, letra a), es la misma dada respecto del aumento de 50% comentado anteriormente.

En el inciso primero, se señala, finalmente, que las tasas antes comentadas se mantendrán y aplicarán hasta el mes anterior a aquel en que deba presentarse la declaración anual de impuestos a la renta para el año tributario 1991. En otras palabras, tendrán aplicación hasta los ingresos percibidos o devengados en el mes de marzo de 1991.

Por el inciso segundo, se establece que a contar de abril de 1991, se aplicarán las normas de determinación de la tasa variable prescritas en el artículo 84, letra a), de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Sin embargo, ese inciso concluye señalando que en el período de abril de 1991 a marzo de 1992, la tasa que resulte de aplicar lo dispuesto en el artículo 84 antes mencionado, se incrementará en 50%.

En este caso el incremento en 50% obedece al cambio de tasa de impuesto de primera categoría que operará a partir de año comercial 1991, tributario 1992.

La tasa del impuesto sube de 10% a 15%, según lo señalado en el artículo 2° transitorio del proyecto de ley. En consecuencia, es necesario incrementar, proporcionalmente, la tasa de pagos provisionales mensuales para adecuarla al nuevo monto del impuesto.

El inciso tercero del artículo 8° transitorio contempla la reducción de la tasa de pagos provisionales mensuales a contar del mes de abril de 1994 y hasta marzo de 1995. La reducción en ese período será de 33%.

En efecto, en el año 1994, la tasa del Impuesto de primera categoría se rebajará de 15% a 10%. Por lo tanto, también deberá reducirse en una forma proporcional la tasa de pagos proporcionales mensuales obligatorios.

Finalmente, el último inciso del artículo 8° transitorio contempla normas de adecuación de la tasa de pagos provisionales mensuales obligatorios en las demás letras del artículo 84 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y en el artículo 74 número 6 de la misma ley. Estas se refieren a las actividades desarrolladas por los pequeños talleres artesanales y por los contribuyentes que se mantengan dentro del régimen de renta presunta. Nuevamente la adecuación consiste en el incremento de la tasa de pagos provisionales mensuales en 50% respecto de los años comerciales 1991, 1992 y 1993. Este incremento refleja el aumento que tendrá la tasa del impuesto de primera categoría en esos años.

La Comisión aprueba el artículo 8° transitorio.

ARTICULO 9° TRANSITORIO

Se formula una indicación en la Comisión, con el objeto de establecer hasta el 31 de diciembre de 1993, inclusive, el aumento al 18% en la tasa de impuesto al valor agregado.

La Comisión aprueba la indicación por mayoría de votos.

VI.- DISPOSICIONES O INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES

1.- Se formula una indicación para agregar un artículo nuevo al proyecto que sustituye el artículo 90 de la ley N° 18.768, que fue declarada inadmisible.

2.- Fue rechazada una indicación que sustituye la expresión “sociedad de personas” por las palabras “las mismas sociedades”, en el inciso tercero, letra a), número 1°, letra A, Artículo 14.

Por las consideraciones precedentemente expuestas y las que os dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante, vuestra Comisión recomienda la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a Ley sobre Impuesto a la Renta contenida en el artículo 1° del Decreto Ley N° 824, de 1974:

1.- Reemplázase en el inciso segundo del número 1 del artículo 2, la frase “14 bis y 20 bis” por “14 y 14 bis.”.

2.- Sustitúyese el artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14°.- Las rentas que se determinen a un contribuyente sujeto al impuesto de primera categoría, se gravarán respecto de éste de acuerdo con las normas del Título II ”.

Para aplicar los impuestos global complementario o adicional sobre las rentas obtenidas por dichos contribuyentes se procederá en la siguiente forma:

A) Contribuyentes obligados a declarar según contabilidad completa

1°.- Respecto de los empresarios individuales, contribuyentes del artículo 58, número 1°, socios de sociedades de personas y socios gestores en el caso de sociedades en comandita por acciones:

a) Quedarán gravados con los impuestos global complementario o adicional, según proceda, por los retiros o remesas que reciban de la empresa, hasta completar el fondo de utilidades tributables referido en el número 3° de este artículo.

Cuando los retiros excedan el fondo de utilidades tributables, para los efectos de la aplicación de los impuestos señalados se considerarán dentro de éste las rentas devengadas por la o las sociedades de personas en que participe la empresa de la que se efectúa el retiro.

Respecto de las sociedades de personas y de las en comandita por acciones, por lo que corresponde a los socios gestores, se gravarán los retiros de cada socio por sus montos efectivos. En el caso de que los retiros en su conjunto excedan el monto de la utilidad tributable, incluyendo la del ejercicio, cada socio tributará considerando la proporción que representen sus retiros en el total de ellos, respecto de dicha utilidad.

Para los efectos de aplicar los impuestos del Título IV se considerarán siempre retiradas las rentas que se remesen al extranjero.

b) Los retiros o remesas que se efectúen en exceso del fondo de utilidades tributables, que no correspondan a cantidades no constitutivas de rentas o rentas exentas de los impuestos global complementario o adicional, se considerarán realizados en el primer ejercicio posterior en que la empresa tenga utilidades tributables determinadas en la forma indicada en el número 3, letra a), de este artículo. Si las utilidades tributables de ese ejercicio no fueran suficientes para cubrir el monto de los retiros en exceso, el remanente se entenderá retirado en el ejercicio subsiguiente en que se produzcan utilidades tributables y así sucesivamente. Para estos efectos, el referido exceso se reajustará según la variación que experimente el índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que se efectuaron los retiros y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que se entiendan retirados para los efectos de esta letra.

Tratándose de sociedades, y para los efectos indicados en el inciso precedente, los socios tributarán con los impuestos global complementario o adicional, en su caso, sobre los retiros efectivos que hayan realizado en exceso de las utilidades tributables, reajustados en la forma ya señalada. En el caso que el socio hubiere enajenado el todo o parte de sus derechos, el retiro referido se entenderá hecho por el o los cesionarios en la proporción correspondiente. Si el cesionario es una sociedad anónima, en comandita por acciones por la participación correspondiente a los accionistas, o un contribuyente del artículo 58°, número 1, deberá pagar el impuesto a que se refiere el artículo 21, inciso tercero, sobre el total del retiro que se le imputa. Si el cesionario es una sociedad de personas, las utilidades que le correspondan por aplicación del retiro que se le imputa se entenderán a su vez retiradas por sus socios en proporción a su participación en las utilidades. Si alguno de éstos es una sociedad, se deberán aplicar nuevamente las normas anteriores, gravándose las utilidades que se le imputan con el impuesto del artículo 21, inciso tercero, o bien, entendiéndose retiradas por sus socios y así sucesivamente, según corresponda.

c) Las rentas que se retiren para invertirlas en otras empresas obligadas a determinar su renta efectiva por medio de contabilidad completa con arreglo a las disposiciones del Título II, no se gravarán con los impuestos global complementario o adicional mientras no sean retiradas o distribuidas de la sociedad que recibe la inversión. Igual norma se aplicará en el caso de transformación de una empresa individual en sociedad de cualquier clase o en la división o fusión de sociedades. En las divisiones se considerará que las rentas acumuladas se asignan en proporción al patrimonio neto respectivo. Las disposiciones de esta letra se aplicarán también al mayor valor obtenido en la enajenación de derechos en sociedades de personas, efectuadas de acuerdo a las normas del artículo 41°, inciso final, de esta ley, pero solamente hasta por una cantidad equivalente a las utilidades tributables acumuladas en la empresa a la fecha de enajenación, en la proporción que corresponda al enajenante.

Las inversiones a que se refiere esta letra sólo podrán hacerse mediante aumentos efectivos de capital en empresas individuales, aportes a una sociedad de personas o adquisiciones de acciones de pago, dentro de los veinte días siguientes a aquel en que se efectuó el retiro. Los contribuyentes que inviertan en acciones de pago de conformidad a esta letra, no podrán acogerse, por esas acciones, a lo dispuesto en el número 1° del artículo 57° bis de esta ley.

2°.- Los accionistas de las sociedades anónimas y en comandita por acciones pagarán los impuestos global complementario o adicional, según corresponda, sobre las cantidades que a cualquier título les distribuya la sociedad respectiva, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 54, número 1°, y 58, número 2°, de la presente ley.

3°.- El fondo de utilidades tributables, al que se refieren los números anteriores, deberá ser registrado por todo contribuyente sujeto al impuesto de primera categoría sobre la base de un balance general, según contabilidad completa.

a) En el registro del fondo de utilidades tributables se anotará la renta líquida imponible de primera categoría o pérdida tributaria del ejercicio. Se agregará las rentas exentas del impuesto de primera categoría percibidas o devengadas; las participaciones sociales y los dividendos percibidos; así como todos los demás ingresos, beneficios o utilidades percibidos o devengados, que sin formar parte de la renta líquida del contribuyente estén afectos a los impuestos global complementario o adicional, cuando se retiren o distribuyan.

Se deducirá las partidas a que se refiere el inciso primero del artículo 21°.

Se adicionará o deducirá, según el caso, los remanentes de utilidades tributables o el saldo negativo de ejercicios anteriores, reajustados en la forma prevista en el número 1°, inciso primero, del artículo 41°.

Al término del ejercicio se deducirá, también los retiros o distribuciones efectuados en el mismo período, reajustados en la forma indicada en el número 1°, inciso final, del artículo 41°.

b) En el mismo registro, pero en forma separada del fondo de utilidades tributables, la empresa deberá anotar las cantidades no constitutivas de renta y las rentas exentas de los impuestos global complementario o adicional, percibidas, y su remanente de ejercicios anteriores reajustado en la variación del índice de precios al consumidor, entre el último día del mes anterior al término del ejercicio previo y el último día del mes que precede al término del ejercicio.

c) En el caso de contribuyentes accionistas de sociedades anónimas y en comandita por acciones, el fondo de utilidades tributables sólo será aplicable para determinar los créditos que correspondan según lo dispuesto en los artículos 56°, número 3), y 63°.

d) Los retiros, remesas o distribuciones se imputarán, en primer término, a las rentas o utilidades afectas al impuesto global complementario o adicional, comenzando por las más antiguas y con derecho al crédito que corresponda, de acuerdo a la tasa del impuesto de primera categoría que les haya afectado. En el caso que resultare un exceso, éste será imputado a las rentas exentas o cantidades no gravadas con dichos tributos, exceptuada la valorización de capital propio, no correspondiente a utilidades, que sólo podrá ser retirada o distribuida, conjuntamente con el capital, al efectuarse una disminución de éste o al término del giro.

B) Otros Contribuyentes

1°.- En el caso de contribuyentes afectos al impuesto de primera categoría que declaren rentas efectivas y que no las determinen sobre la base de un balance general, según contabilidad completa, las rentas establecidas en conformidad con el título II, más todos los ingresos o beneficios percibidos o devengados por la empresa, incluyendo las participaciones percibidas o devengadas que provengan de sociedades que determinen en igual forma su renta imponible, se gravarán respecto del empresario individual, socio, accionista o contribuyente del artículo 58°, número 1°, con el impuesto global complementario o adicional, en el mismo ejercicio en que se perciban, devenguen o distribuyan.

2.- Las rentas presuntas se afectarán con los impuestos global complementario o adicional, en el ejercicio a que correspondan. En el caso de sociedades de personas, estas rentas se entenderán retiradas por los socios en proporción a su participación en las utilidades.”.

3.- En el artículo 14° bis:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“ Los contribuyentes obligados a declarar renta efectiva según contabilidad completa por rentas del artículo 20° de esta ley, cuyos ingresos por ventas, servicios u otras actividades de su giro, no hayan excedido un promedio mensual de 250 unidades tributarias mensuales en los tres últimos ejercicios, podrán optar por pagar los impuestos anuales de primera categoría y global complementario o adicional, sobre todos los retiros en dinero o en especie que efectúen los propietarios, socios o comuneros, y todas las cantidades que distribuyan a cualquier título las sociedades anónimas o en comandita por acciones, sin distinguir o considerar su origen o fuente, o si se trata o no de sumas no gravadas o exentas. En todo lo demás se aplicarán las normas de esta ley que afectan a la generalidad de los contribuyentes del impuesto de primera categoría obligados a llevar contabilidad completa.”.

b) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “los incisos sexto y séptimo” por “ la letra A número 1°, c) ”;

c) Sustitúyese el inciso noveno por el siguiente:

“Los contribuyentes acogidos a lo dispuesto en el inciso primero, que en los últimos tres ejercicios comerciales tengan un promedio mensual de ventas, servicios u otros ingresos de su giro, superior a 250 unidades tributarias mensuales, deberán volver al régimen tributario general que les corresponda, sujetos a las mismas normas del inciso siguiente, pero dando el aviso al Servicio de Impuestos Internos en el mes de enero del año en que vuelvan al régimen general.”;

d) Suprímense los incisos décimo y undécimo, y

e) Suprímese en el inciso final la oración que comienza con “Sin embargo” y termina con “sus aumentos”.

4.- En el artículo 17°, número 8°:

a) Sustitúyese la letra c) por la siguiente:

“c) Enajenación de pertenencias mineras, excepto cuando formen parte del activo de empresas que declaren su renta efectiva en la primera categoría;”;

b) Reemplázase en el inciso primero de la letra h), el punto y coma (;), por punto (.), y agrégase el siguiente inciso:

“El inciso anterior no se aplicará cuando la persona que enajena sea un contribuyente que declare su renta efectiva en la primera categoría o cuando la sociedad, cuyas acciones o derechos se enajenan, esté sometido a ese mismo régimen.”.

c) Intercálase en el inciso cuarto, a continuación de la letra “b)” las letras “c), d), h”. y

d) Reemplázase en el inciso final la expresión “entre el valor comercial” por “entre el valor de la enajenación”.

5.- Sustitúyese el artículo 19° por el siguiente:

“Artículo 19°.- Las normas de este Título se aplicarán a todas las rentas percibidas o devengadas.”.

6.- En el artículo 20°:

a) Suprímese en su inciso primero, la frase “las siguientes rentas o cantidades que se señalan a continuación o en el artículo 20° bis”;

b) Sustitúyense las letras a) y b) del número 1° por las siguientes:

“a) Tratándose de contribuyentes que posean o exploten a cualquier título bienes raíces agrícolas se gravará la renta efectiva de dichos bienes, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) de este número.

Del monto del impuesto de esta categoría podrá rebajarse el impuesto territorial pagado por el período al cual corresponde la declaración de renta. Sólo tendrá derecho a esta rebaja el propietario o usufructuario. Si el monto de la rebaja contemplada en este inciso excediera del impuesto aplicable a las rentas de esta categoría, dicho excedente no podrá imputarse a otro impuesto ni solicitarse su devolución.

Si el bien raíz estuviese total o parcialmente exento del impuesto territorial, la rebaja mencionada en el inciso precedente se autorizará hasta el monto representativo del impuesto que debería haberse pagado de no existir dicha exención.

Las cantidades cuya deducción se autoriza en los incisos anteriores se reajustarán de acuerdo con el porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el último día del mes anterior a la fecha de pago de la contribución y el último día del mes anterior al de cierre del ejercicio respectivo;

b) Los contribuyentes propietarios o usufructuarios de bienes raíces agrícolas, que no sean sociedades anónimas y que cumplan los requisitos que se indican más adelante, pagarán el impuesto de esta categoría sobre la base de la renta de dichos predios agrícolas, la que se presume de derecho es igual al 10% del avalúo fiscal de los predios. Cuando la explotación se haga a cualquier otro título se presume de derecho que la renta es igual al 4% del avalúo fiscal de dichos predios. Para los fines de estas presunciones se considerará como ejercicio agrícola el período anual que termina el 31 de diciembre.

Para acogerse al sistema de renta presunta las comunidades, cooperativas, sociedades de personas u otras personas jurídicas, deberán estar formadas exclusivamente por personas naturales.

El régimen tributario contemplado en esta letra no se aplicará a los contribuyentes que obtengan rentas de cualquier origen por las cuales deban declarar impuestos sobre renta efectiva según contabilidad. Tampoco se aplicará si el contribuyente está relacionado con una sociedad obligada a tributar sobre la base de renta efectiva determinada según contabilidad completa, por su actividad agrícola.

Sólo podrán acogerse al régimen de presunción de renta contemplado en esta letra los contribuyentes propietarios o usufructuarios de predios agrícolas o que a cualquier título los exploten, cuyas ventas netas anuales no excedan en su conjunto de 8.000 unidades tributarias mensuales. Para la determinación de las ventas no se considerarán las enajenaciones ocasionales de bienes muebles o inmuebles que formen parte del activo inmovilizado del contribuyente. Para este efecto, las ventas de cada mes deberán expresarse en unidades tributarias mensuales de acuerdo con el valor de ésta en el período respectivo.

El contribuyente que quede obligado a declarar sus rentas efectivas según contabilidad completa, lo estará a contar del 1° de enero del año en que se cumplan los requisitos allí señalados y no podrá volver al régimen de renta presunta. Exceptúase el caso en que el contribuyente no haya estado afecto al impuesto de primera categoría por su actividad agrícola por cinco ejercicios consecutivos o más, caso en el cual deberá estarse a las reglas generales establecidas en esta letra para determinar si se aplica o no el régimen de renta presunta. Para los efectos de computar el plazo de cinco ejercicios se considerará que el contribuyente desarrolla actividades agrícolas cuando arrienda o cede en cualquier forma el goce de predios agrícolas cuya propiedad o usufructo conserva.

Para establecer si el contribuyente cumple el requisito del inciso cuarto de esta letra, deberá sumar a sus ventas el total de las ventas realizadas por las sociedades de personas y en su caso comunidades con las que esté relacionado y que realicen actividades agrícolas. Si al efectuar la operación descrita el resultado obtenido excede el límite de ventas establecido en dicho inciso, tanto el contribuyente como las sociedades o comunidades relacionadas con él deberán determinar el impuesto de esta categoría en conformidad con lo dispuesto en la letra a) de este número.

Si una persona natural está relacionada con una o más comunidades o sociedades de personas, que sean a su vez propietarias o usufructuarias de predios agrícolas o que a cualquier título los exploten, para establecer si dichas comunidades o sociedades exceden el límite mencionado en el inciso cuarto de esta letra, deberá sumarse el total de las ventas anuales de las comunidades y sociedades relacionadas con la persona natural. Si al efectuar la operación descrita el resultado obtenido excede el límite establecido en el inciso cuarto, todas las sociedades o comunidades relacionadas con la persona deberán determinar el impuesto de esta categoría en conformidad con lo dispuesto en la letra a) de este número.

Las personas que tomen en arrendamiento, o que a otro título de mera tenencia exploten, el todo o parte de predios agrícolas de contribuyentes que deban tributar en conformidad con lo dispuesto en la letra a) de este número quedarán sujetas a ese mismo régimen.

Después de aplicar las normas de los incisos anteriores, los contribuyentes cuyas ventas anuales no excedan de 700 unidades tributarias mensuales podrán continuar sujetas al régimen de renta presunta. Para determinar el límite de venta a que se refiere este inciso no se aplicarán las normas de los incisos sexto y séptimo de esta letra.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto de esta categoría en conformidad con la letra a) de este número. Una vez ejercida dicha opción no podrán reincorporarse al sistema de presunción de renta.

El ejercicio de la opción a que se refiere el inciso anterior deberá practicarse dentro de los dos primeros meses de cada año comercial, entendiéndose en consecuencia que las rentas obtenidas a contar de dicho año tributarán en conformidad con el régimen de renta efectiva.

Serán aplicables a los contribuyentes de esta letra las normas de los tres últimos incisos de la letra a) de este número.

Para los efectos de esta letra se entenderá que una persona está relacionada con una sociedad en los siguientes casos:

I) Si la sociedad es de personas y la persona, como socio, tiene facultades de administración o si participa en por lo menos el 10% de las utilidades, o si es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título posee por lo menos el 10% del capital social o de las acciones. Lo dicho se aplicará también a los comuneros respecto de las comunidades en las que participen.

II) Si la sociedad es anónima y la persona es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título tiene derecho por lo menos al 10% de las acciones, de las utilidades o de los votos en la junta de accionistas.

III) Si la persona es partícipe por lo menos en un 10% en un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario, en que la sociedad es gestora.

IV) Si la persona, de acuerdo con estas reglas, está relacionada con una sociedad y ésta a su vez lo está con otra, se entenderá que la persona también está relacionada con esta última y así sucesivamente.

El contribuyente que por efecto de las normas de relación quede obligado a declarar sus impuestos sobre renta efectiva deberá informar de ello, mediante carta certificada a todos sus socios en comunidades o sociedades en las que se encuentre relacionado. Las sociedades que reciban dicha comunicación deberán, a su vez, informar con el mismo procedimiento a todos los contribuyentes que tengan una participación del 10% o superior en ellas.

c) Agrégase el siguiente inciso final a la letra d) :

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, tratándose de sociedades anónimas que posean o exploten a cualquier título bienes raíces no agrícolas, se gravará la renta efectiva de dichos bienes. Será aplicable en este caso lo dispuesto en los últimos tres incisos de la letra a) de este número.”.

7.- Derógase el artículo 20° bis.

8.- En el artículo 21°:

a) Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

“En el caso de sociedades anónimas que sean socias de sociedades de personas, se aplicará el impuesto del inciso anterior a las partidas que de acuerdo con los incisos primero y segundo de este artículo deban considerarse retiradas de las sociedades de personas, salvo los impuestos de primera categoría y territorial, pagados, calculando el referido tributo sobre la parte que corresponda a la sociedad anónima y rebajando como crédito el impuesto de primera categoría que afecte a dichas partidas.”, y

b) Agrégase en el inciso final, a continuación del término “retiradas” la oración “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41°, inciso final”.

9.- Sustitúyese en el Título II, Párrafo 3°, el Título “ De la determinación de las rentas de primera categoría” por “ De la base imponible.”.

10.- En el artículo 29° :

a) Derógase el inciso tercero, y

b) Agréganse los siguientes incisos a continuación del inciso final:

“Si con motivo de un contrato o promesa, opción u otro contrato preparatorio, el contribuyente recibe o tiene derecho a recibir el todo o parte de los ingresos derivados del contrato prometido o definitivo con anterioridad a su celebración, deberá considerar estas sumas como ingresos percibidos o devengados al momento de celebrar el contrato de promesa, de opción o preparatorio, a menos que el pago se haya hecho con anterioridad, caso en el cual se considerará el momento de su percepción.

En los contratos de construcción, de confección de obra material o de servicios de cualquier tipo, el ingreso se devengará en la oportunidad en que se formule el cobro o estado de pago respectivo”.

11.- En el artículo 30° :

a) Agrégase al final del inciso primero, en punto seguido, lo siguiente:

“El costo directo del mineral extraído considerará también la parte del valor de adquisición de la pertenencia respectiva que corresponda a la proporción que el mineral extraído represente en el total del mineral que técnicamente se estime contiene la pertenencia, en la forma que determine el Reglamento”, y

b) Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

“Las disposiciones sobre estimación de costo establecidas en el inciso anterior se aplicarán también a los contratos de construcción, de confección de obra material o de prestación de servicios de cualquier tipo en que, por aplicación del artículo 29° , debe incluirse un ingreso devengado o percibido sin que se conozca el costo definitivo asociado al mismo.”.

12.- En el artículo 31° :

a) Sustitúyese el inciso segundo del número 3° por el siguiente:

“Podrán, asimismo, deducirse las pérdidas de ejercicios anteriores, siempre que concurran los requisitos del inciso precedente. Para estos efectos, las pérdidas del ejercicio deberán imputarse a las utilidades no retiradas o distribuidas, y a las obtenidas en el ejercicio siguiente a aquel en que se produzcan dichas pérdidas, y si las utilidades referidas no fuesen suficientes para absorberlas, la diferencia deberá imputarse al ejercicio inmediatamente siguiente y así sucesivamente. En el caso que las pérdidas absorban total o parcialmente las utilidades no retiradas o distribuidas, el impuesto de primera categoría pagado sobre dichas utilidades se considerará como pago provisional en aquella parte que proporcionalmente corresponda a la utilidad absorbida, y se le aplicarán las normas de reajustabilidad, imputación o devolución que señalan los artículos 93 a 97 de la presente ley.”;

b) Agrégase en el inciso final del número 3°, a continuación de la expresión “renta líquida” la palabra “imponible”.

c) Sustitúyese en el número 5° en su inciso final el punto (.) por una coma (,) y agrégase la oración “sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 30°”.

13.- En el artículo 33° :

a) Reemplázase en la primera parte del inciso primero la expresión “de primera categoría” por “imponible” , y

b) Suprímese el número 4°, pasando el actual número 5° a ser 4°.

14.- Agrégase el siguiente artículo 33° bis:

“Artículo 33° bis.- Los contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa, tendrán derecho a un crédito equivalente al 2% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado, adquiridos nuevos o terminados de construir durante el ejercicio. Respecto de los bienes construidos, no darán derecho a crédito las obras que consistan en mantención o reparación de los mismos. Tampoco darán derecho a crédito los activos que puedan ser usados para fines habitacionales o de transporte, excluidos los camiones, camionetas de cabina simple y otros destinados exclusivamente al transporte de carga.

El crédito establecido en el inciso anterior se deducirá del impuesto de primera categoría que deba pagarse por las rentas del ejercicio en que ocurra la adquisición o término de la construcción, y, de producirse un exceso, no dará derecho a devolución.

Para los efectos de calcular el crédito, los bienes se considerarán por su valor actualizado al término del ejercicio, en conformidad con las normas del artículo 41° de esta ley, y antes de deducir la depreciación correspondiente.

En ningún caso, el monto anual del crédito podrá exceder de 500 unidades tributarias mensuales, considerando el valor de la unidad tributaria mensual del mes de cierre del ejercicio.

El crédito establecido en este artículo no se aplicará a las empresas del Estado ni a las empresas en las que el Estado, sus organismos o empresas o las municipalidades tengan una participación o interés superior al 50% del capital.”.

15.- En el artículo 34° :

a) Reemplázase el encabezamiento del inciso primero por el siguiente:

“Las rentas derivadas de la actividad minera tributarán de acuerdo con las siguientes normas:”;

b) Agrégase en el inciso primero del número 1°, a continuación de la expresión “por acciones,”, la oración “y de los contribuyentes señalados en el número 2° de este artículo,”;

c) Agrégase el siguiente inciso final al número 1° :

“Para acogerse al régimen de renta presunta establecido en este número, los contribuyentes estarán sometidos a las condiciones contenidas en los incisos segundo y tercero de la letra b) del número 1° del artículo 20°, en lo que corresponda. Aquellos que no las cumplan quedarán sujetos al régimen del número 2° de este artículo.”;

d) Sustitúyese el número 2° por el siguiente:

“2° .- Las sociedades anónimas y las en comandita por acciones, quedarán sujetas al impuesto de primera categoría sobre su renta efectiva determinada según contabilidad completa. A igual régimen tributario quedarán sometidos los demás contribuyentes que a cualquier título posean o exploten yacimientos mineros cuyas ventas anuales excedan de 36.000 toneladas de mineral metálico no ferroso, o cuyas ventas anuales, cualquiera sea el mineral, excedan de 6.000 unidades tributarias anuales. Para este efecto, las ventas de cada mes deberán expresarse en unidades tributarias mensuales de acuerdo con el valor de ésta en el período respectivo.

El contribuyente que por aplicación de las normas de este artículo quede obligado a declarar sus rentas efectivas según contabilidad completa, lo estará a contar del 1° de enero del año en que se cumplan los requisitos que obliga dicho régimen y no podrá volver al sistema de renta presunta. Exceptúase el caso en que el contribuyente no haya desarrollado actividades mineras por cinco ejercicios consecutivos o más, caso en el cual deberá estarse a las reglas generales establecidas en este artículo para determinar si se aplica o no el régimen de renta efectiva. Para los efectos de computar el plazo de cinco ejercicios se considerará que el contribuyente desarrolla actividades mineras cuando arrienda o cede en cualquier forma el goce de concesiones mineras cuya propiedad o usufructo conserva.

Para establecer si el contribuyente cumple cualquiera de los límites contenidos en el inciso primero de este número, se deberá sumar al total de las ventas del contribuyente el total de ventas de las sociedades con las que el contribuyente esté relacionado. Del mismo modo, el contribuyente deberá considerar las ventas de las comunidades de las que sea comunero. Si al efectuar las operaciones descritas el resultado obtenido excede cualquiera de los límites referidos, tanto el contribuyente como las sociedades o comunidades con las que esté relacionado deberán determinar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva según contabilidad completa.

Si una persona natural está relacionada con una o más comunidades o sociedades de personas que desarrollen actividades mineras, para establecer si dichas comunidades o sociedades exceden los límites mencionados en el inciso primero de este número, deberá sumarse el total de las ventas de las comunidades y sociedades con las que la persona esté relacionada. Si al efectuar la operación descrita el resultado obtenido excede los límites citados, todas las sociedades o comunidades con las que la persona esté relacionada deberán determinar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva según contabilidad completa.

Las personas que tomen en arrendamiento, o que a otro título de mera tenencia exploten, el todo o parte de pertenencias de contribuyentes que deban tributar en conformidad con lo dispuesto en este número, quedarán sujetas a ese mismo régimen.

Después de aplicar las normas de los incisos anteriores, los contribuyentes cuyas ventas anuales no excedan de 500 unidades tributarias anuales, cualquiera sea el mineral, podrán continuar sujetos al régimen de renta presunta. Para determinar el límite de ventas a que se refiere este inciso no se aplicarán las normas de los incisos tercero y cuarto de este número.

Para los efectos de este número el concepto de persona relacionada con una sociedad se entenderá en los términos señalados en el artículo 20°, número 1°, letra b).

El contribuyente que por efecto de las normas de relación quede obligado a declarar sus impuestos sobre renta efectiva deberá informar de ello, mediante carta certificada, a todos sus socios en comunidades o sociedades en las que se encuentre relacionado. Las sociedades que reciban dicha comunicación deberán, a su vez, informar con el mismo procedimiento a todos los contribuyentes que tengan una participación del 10% o superior en ellas.”.

e) Derógase el número 3°.

16.- Agrégase el siguiente artículo 34° bis:

“Artículo 34° bis.- Las rentas derivadas de la actividad del transporte terrestre tributarán de acuerdo con las siguientes normas:

1.- Los contribuyentes que a cualquier título posean o exploten vehículos motorizados de transporte terrestre quedarán afectos al impuesto de primera categoría por las rentas efectivas, según contabilidad, que obtengan de dicha actividad, sin perjuicio de lo dispuesto en los números 2° y 3° de este artículo.

2.- Se presume de derecho que la renta líquida imponible de los contribuyentes que no sean sociedades anónimas o en comandita por acciones, y que exploten a cualquier título vehículos motorizados en el transporte terrestre de pasajeros, es equivalente al 10% del valor corriente en plaza de cada vehículo, determinado por el Director del Servicio de Impuestos Internos al 1° de enero de cada año en que deba declararse el impuesto.

3.- Se presume de derecho que la renta líquida imponible de los contribuyentes, que no sean sociedades anónimas o en comandita por acciones, y que cumplan los requisitos que se indican más adelante, que exploten a cualquier título vehículos motorizados en el transporte terrestre de carga ajena, es equivalente al 10% del valor corriente en plaza de cada vehículo y sus respectivo remolque, acoplado o carro similar, determinado por el Director del Servicio de Impuestos Internos al 1° de enero del año en que deba declararse el impuesto.

Para acogerse al sistema de renta presunta las comunidades, cooperativas, sociedades de personas u otras personas jurídicas, deberán estar formadas exclusivamente por personas naturales.

El régimen tributario contemplado en este número no se aplicará a los contribuyentes que obtengan rentas de cualquier origen por las cuales deban declarar impuestos sobre renta efectiva según contabilidad completa. Tampoco se aplicará si el contribuyente está relacionado con una sociedad obligada a tributar sobre la base de renta efectiva determinada según contabilidad completa, por su actividad de transporte.

Sólo podrán acogerse al régimen de presunción de renta contemplado en este número los contribuyentes cuyos servicios facturados al término del ejercicio no excedan de 3.000 unidades tributarias mensuales.

El contribuyente que quede obligado a declarar sus rentas efectivas según contabilidad completa, por aplicación de los incisos anteriores, lo estará a contar del 1° de enero del año en que se cumplan los requisitos allí señalados y no podrá volver al régimen de renta presunta. Exceptúase el caso en que el contribuyente no haya desarrollado actividades como transportista por cinco ejercicios consecutivos o más, caso en el cual deberá estarse a las reglas generales establecidas en este número para determinar si se aplica o no el régimen de renta presunta. Para los efectos de computar el plazo de cinco ejercicios se considerará que el contribuyente desarrolla actividades como transportista cuando arrienda o cede en cualquier forma el goce de los vehículos cuya propiedad o usufructo conserva.

Para establecer si el contribuyente cumple los requisitos contenidos en el inciso cuarto de este número, deberá sumar a sus servicios facturados el total de servicios facturados por las sociedades y en su caso comunidades con las que esté relacionado y que realicen actividades de transporte terrestre de carga ajena. Si al efectuar las operaciones descritas el resultado obtenido excede el límite establecido en el inciso cuarto de este número, tanto el contribuyente como las sociedades o comunidades con las que esté relacionado deberán determinar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva según contabilidad completa.

Si una persona natural está relacionada con una o más comunidades o sociedades de personas, que exploten vehículos como transportistas de carga ajena, para establecer si dicha comunidades o sociedades exceden el límite mencionado en el inciso cuarto de este número, deberá sumarse el total de servicios facturados por las sociedades o comunidades con las que la persona esté relacionada. Si al efectuar la operación descrita el resultado obtenido excede el límite establecido en el inciso cuarto de este número, todas las sociedades o comunidades con las que la persona esté relacionada deberán pagar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva determinada según contabilidad completa.

Las personas que tomen en arrendamiento o que a otro título de mera tenencia exploten vehículos motorizados de transporte de carga terrestre, de contribuyentes que deban tributar en conformidad con lo dispuesto en el número 1° de este artículo, quedarán sujetas a ese mismo régimen.

Después de aplicar las normas de los incisos anteriores, los contribuyentes cuyas ventas anuales no excedan de 1.000 unidades tributarias mensuales podrán continuar sujetos al régimen de renta presunta. Para determinar el límite de ventas a que se refiere este inciso no se aplicarán las normas de los incisos sexto y séptimo de este número.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto de esta categoría según renta efectiva sobre la base de contabilidad completa. Una vez ejercida dicha opción no podrán reincorporarse al sistema de presunción de renta.

El ejercicio de la opción a que se refiere el inciso anterior deberá practicarse dentro de los dos primeros meses de cada año comercial, entendiéndose en consecuencia que las rentas obtenidas a contar de dicho año tributarán en conformidad con el régimen de renta efectiva.

Para los efectos de este número el concepto de persona relacionada con una sociedad se entenderá en los términos señalados en el artículo 20°, número 1°, letra b) .

El contribuyente que por efecto de las normas de relación quede obligado a declarar sus impuestos sobre renta efectiva deberá informar de ello, mediante carta certificada, a todos sus socios en comunidades o sociedades en las que se encuentre relacionado. Las sociedades que reciban dicha comunicación deberán, a su vez, informar con el mismo procedimiento a todos los contribuyentes que tengan una participación del 10% o superior a ellas.”.

17.- Sustitúyese el artículo 38° bis por el siguiente:

“Artículo 38° bis.-. Los contribuyentes obligados a declarar su renta efectiva según contabilidad completa, que pongan término a su giro, deberán considerar retiradas o distribuidas las rentas o cantidades determinadas a esa fecha, en la forma prevista en el artículo 14°, letra a), número 3°, c), o en el inciso segundo del artículo 14° bis, según corresponda, incluyendo las de ejercicio.

Dichos contribuyentes tributarán por esas rentas o cantidades con un impuesto de 35%, el cual tendrá el carácter de único de esta ley respecto de la empresa, empresario, socio o accionista, no siendo aplicable a ellas lo dispuesto en el número 3° del artículo 54.

No obstante, el empresario, socio o accionista, podrá optar por declarar las rentas o cantidades referidas, como afectas al impuesto global complementario del año del término de giro de acuerdo con las siguientes reglas:

1.- A estas rentas o cantidades se les aplicará una tasa de impuesto global complementario equivalente al promedio de las tasas más altas de dicho impuesto que hayan afectado al contribuyente en los tres ejercicios anteriores al término de giro. Si la empresa a la que se pone término una existencia inferior a tres ejercicios el promedio se calculará por los ejercicios de existencia efectiva. Si la empresa hubiera existido sólo durante el ejercicio en el que se le pone término de giro, entonces las rentas o cantidades indicadas tributarán como rentas del ejercicio según las reglas generales.

2.- Las rentas o cantidades indicadas en el número anterior gozarán del crédito del artículo 56°, número 3), el cual se aplicará con una tasa de 35%. Para estos efectos, el crédito deberá agregarse en la base del impuesto en la forma prescrita en el inciso final del número 1 del artículo 54.”.

18.- Reemplázase en el artículo 40°, número 6°, la expresión “a los artículos 14° bis y 20° bis por la siguiente: “ al artículo 14° bis”.

19.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 41°:

“En el caso de la enajenación de derechos en sociedades de personas que hagan los socios o accionistas de sociedades anónimas cerradas, o accionistas de sociedades anónimas abiertas dueños del 10% o más de las acciones, a la empresa o sociedad respectiva o en las que tengan intereses, para los efectos de determinar la renta proveniente de dicha operación, deberán deducirse del precio de la enajenación el valor de aporte o adquisición de dichos derechos, incrementado o disminuido según el caso, por los aumentos o disminuciones de capital posteriores efectuados por el enajenante, salvo que los valores de aporte, adquisición o aumentos de capital tengan su origen en rentas que no hayan pagado total o parcialmente los impuestos de esta ley. Para estos efectos, los valores indicados deberán reajustarse de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición o aporte, aumento o disminución de capital, y el último día del mes anterior a la enajenación.”.

20.- Sustitúyese en el inciso primero del número 1 del artículo 42 la oración “exceptuadas las imposiciones obligatorias que se destinen a la formación de fondos de previsión y retiro,” por la siguiente: “exceptuadas las cotizaciones a que se refiere el inciso primero del artículo 20 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, y las del Decreto Ley N° 3.501, efectivamente pagadas,”.

21.- Sustitúyese la escala de tasas del artículo 43°, número 1°, por la siguiente:

“Las rentas que no excedan de 10 unidades tributarias mensuales estarán exentas de este impuesto;

Sobre la parte que exceda de 10 y no sobrepase las 30 unidades tributarias mensuales, 5%;

Sobre la parte que exceda de 30 y no sobrepase las 50 unidades tributarias mensuales, 15%;

Sobre la parte que exceda de 50 y no sobrepase las 70 unidades tributarias mensuales, 25%;

Sobre la parte que exceda de 70 y no sobrepase las 100 unidades tributarias mensuales, 35%, y

Sobre la parte que exceda de 100 unidades tributarias mensuales , 50%.”.

22.- Sustitúyese la escala de tasas del artículo 52° por la siguiente:

“Las rentas que no excedan de 10 unidades tributarias anuales estarán exentas de este impuesto;

Sobre la parte que exceda de 10 y no sobrepase las 30 unidades tributarias anuales, 5%;

Sobre la parte que exceda de 30 y no sobrepase las 50 unidades tributarias anuales, 15%;

Sobre la parte que exceda de 50 y no sobrepase las 70 unidades tributarias anuales, 25%;

Sobre la parte que exceda de 70 y no sobrepase las 100 unidades tributarias anuales, 35%, y

Sobre la parte que exceda de 100 unidades tributarias anuales, 50%.”.

23.- Agrégase el siguiente inciso final al número 1° del artículo 54°:

“Cuando corresponda aplicar el crédito establecido en el artículo 56°, número 3), se agregará un monto equivalente a éste para determinar la renta bruta global del mismo ejercicio y se considerará como una suma afectada por el impuesto de primera categoría para el cálculo de dicho crédito.”.

24.- En el artículo 56° :

a) Sustitúyese el inciso primero del número 3) por el siguiente:

“3) La cantidad que resulte de aplicar la misma tasa de primera categoría con la que se gravaron las rentas o cantidades que se encuentren comprendidas en la renta bruta global. También tendrán derecho a este crédito las personas naturales que sean socios de sociedades de personas por las cantidades obtenidas por estas últimas en su calidad de accionistas de sociedades anónimas o en comandita por acciones, por la parte de dichas cantidades que integren la renta bruta global de las personas aludidas.”, y

b) Agrégase el siguiente inciso final:

“Los créditos o deducciones que las leyes permiten rebajar de los impuestos establecidos en esta ley y que dan derecho a devolución del excedente se aplicarán a continuación de aquellos no susceptibles de reembolso.”.

25.- En el artículo 57 bis :

a) Agrégase la siguiente oración en el número 1, a continuación del punto seguido:

“Esta deducción sólo podrá efectuarse hasta por cinco ejercicios contados desde aquél en que se adquirieron las acciones.”.

b) Derógase el número 2.

c) Derógase el número 4.

26.- Agrégase el siguiente inciso final en el artículo 62°:

“Para los efectos de aplicar el crédito a que se refiere el artículo 63° de esta ley, se agregará un monto equivalente a éste para determinar la base imponible del mismo ejercicio del impuesto adicional y se considerará como suma afectada por el impuesto de primera categoría para el cálculo de dicho crédito.”.

27.- En el artículo 63°:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 63°.- A los contribuyentes del impuesto adicional se les otorgará un crédito equivalente al monto que resulte de aplicar a las cantidades gravadas conforme a los artículos 58°, 60°, inciso primero y 61°, la misma tasa de primera categoría que las afectó.”;

b) Sustitúyese en el inciso segundo la expresión “ 14° bis y 20° bis” por “ 14° y 14° bis”, y

c) Agrégase el siguiente inciso final:

“Los créditos o deducciones que las leyes permiten rebajar de los impuestos establecidos en esta ley y que dan derecho a devolución del excedente se aplicarán a continuación de aquéllos no susceptibles de reembolso.”.

28.- Reemplázase en el artículo 74°, número 4°, inciso primero, la última parte que comienza con las palabras “ tratándose de rentas” por la siguiente:

“No obstante, tratándose de la remesa, retiro, distribución o pago de utilidades o de las cantidades retiradas o distribuidas a que se refiere el artículo 14° bis, la retención se efectuará con tasa del 35%, con deducción del crédito establecido en el artículo 63°. En el caso de dividendos pagados por sociedades anónimas o en comandita por acciones, si la deducción del crédito resultare indebida, total o parcialmente, la sociedad deberá restituir al Fisco el crédito deducido en exceso, por cuenta del contribuyente de impuesto adicional.

Esta cantidad se pagará reajustada en la proporción de la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al de la retención y el último día del mes anterior a la presentación de la declaración de impuesto a la renta de la sociedad anónima, oportunidad en la que deberá realizar la restitución.”.

29.- En el artículo 84°:

a) Sustitúyese la letra a) por la siguiente:

“a) Un porcentaje sobre el monto de los ingresos brutos mensuales, percibidos o devengados por los contribuyentes que desarrollen las actividades a que se refieren los números 1° letra a), inciso noveno de la letra b), inciso final de la letra d), y letra e), 3°, 4° y 5° del artículo 20°, por los contribuyentes del artículo 34° número 2°, y 34° bis número 1°, que declaren impuestos sobre renta efectiva. Para la determinación del monto de los ingresos brutos mensuales se estará a las normas del artículo 29°.

El porcentaje aludido en el inciso anterior se establecerá sobre la base del promedio ponderado de los porcentajes que el contribuyente debió aplicar a los ingresos brutos mensuales del ejercicio comercial inmediatamente anterior, pero debidamente incrementado o disminuido en la diferencia porcentual que se produzca entre el monto total de los pagos provisionales obligatorios, actualizados conforme al artículo 95°, y el monto total del impuesto de primera categoría que debió pagarse por el ejercicio indicado, sin considerar el reajuste del artículo 72°.

Si el monto de los pagos provisionales obligatorios hubiera sido inferior al monto del impuesto anual indicado en el inciso anterior, la diferencia porcentual incrementará el promedio de los porcentajes de pagos provisionales determinados. En el caso contrario, dicha diferencia porcentual disminuirá en igual porcentaje el promedio aludido.

El porcentaje así determinado se aplicará a los ingresos brutos del mes en que deba presentarse la declaración de renta correspondiente al ejercicio comercial anterior y hasta los ingresos brutos del mes anterior a aquél en que deba presentarse la próxima declaración de renta.

En los casos en que el porcentaje aludido en el inciso anterior no sea determinable, por haberse producido pérdidas en el ejercicio anterior o no pueda determinarse por tratarse del primer ejercicio comercial o por otra circunstancia, se considerará que dicho porcentaje es de un 1%.

Las ventas que se realicen por cuenta de terceros no se considerarán, para estos efectos, como ingresos brutos. No se considerarán entre los impuestos brutos las cantidades que el contribuyente reciba de su cliente como reembolso de pagos hechos por cuenta de dicho cliente, siempre que tales pagos y los reembolsos a que den lugar se comprueben con documentación fidedigna y se registren en la contabilidad debidamente individualizados y no en forma global o estimativa.”;

b) Sustitúyese la letra d) por la siguiente:

“d) Salvo los contribuyentes mencionados en la letra a) de este artículo, los mineros sometidos a las disposiciones de la presente ley darán cumplimiento al pago mensual obligatorio, con las retenciones a que se refiere el número 6° del artículo 74°”,

c) Agrégase en la letra e), después de la expresión “34°” el término “bis”:

d) Sustitúyese la letra f) por la siguiente:

“f) 0,2% del valor corriente en plaza de los vehículos, respecto de los contribuyentes mencionados en el número 3° del artículo 34° bis que estén sujetos al régimen de renta presunta.”, y

e) Agrégase el siguiente inciso final:

“Para los fines indicados en este artículo, no formará parte de los ingresos brutos el reajuste de los pagos provisionales contemplados en el Párrafo 3° de este Título”.

30.- Agrégase el siguiente artículo 86°:

“Artículo 86°.- Los contribuyentes que durante un ejercicio comercial obtengan ingresos brutos correspondientes a rentas total o parcialmente exentas del impuesto de primera categoría, y que no las hubieran obtenido en el ejercicio comercial anterior, podrán reducir la tasa de pago provisional obligatorio a que se refiere el artículo 84° letra a), en la misma proporción que corresponda a los ingresos exentos dentro de los ingresos totales de cada mes en que ello ocurra. La tasa así reducida se aplicará únicamente en el mes o meses en que se produzca la situación aludida”.

31.- Sustitúyese el artículo 90° por el siguiente:

“Artículo 90° Los contribuyentes de la primera categoría que en un año comercial obtuvieran pérdidas para los efectos de declarar dicho impuesto, podrán suspender los pagos provisionales correspondientes a los ingresos brutos del primer trimestre del año comercial siguiente. Si la situación de pérdida se mantiene en el primer, segundo y tercer trimestre de dicho ejercicio comercial, o se produce en alguno de los citados trimestres, podrán suspender los pagos provisionales correspondientes a los ingresos brutos del trimestre siguiente a aquél en que la pérdida se produjo. Producida utilidad en algún trimestre, deberán reanudarse los pagos provisionales correspondientes a los ingresos brutos del trimestre inmediatamente siguiente.

Los contribuyentes que se encuentren en situación de suspender los pagos provisionales mensuales deberán mantener un estado de pérdidas y ganancias acumuladas hasta el trimestre respectivo a disposición del Servicio de Impuestos Internos. Este estado de pérdidas y ganancias deberá ajustarse de acuerdo a las reglas que esta ley establece para el cálculo de la renta líquida imponible de primera categoría, incluyendo la consideración de pérdidas de arrastre, si las hubiere, y los ajustes derivados del mecanismo de la corrección monetaria.

La confección de un estado de pérdidas y ganancias maliciosamente incompleto o falso, dará lugar a la aplicación del máximo de las sanciones contempladas en el artículo 97,° número 4°, del Código Tributario, sin perjuicio de los intereses penales y reajustes que procedan por los pagos provisionales no efectuados”.

Artículo 2°.- Las modificaciones de la Ley sobre el Impuesto a la Renta introducidas por el ARTICULO 1° de esta ley regirán para los años tributarios 1991 y siguientes, con las excepciones que se indican a continuación:

1.- A contar del día 1° del mes siguiente al de publicación de esta ley las de los números 16, respecto de los términos de giro que deban efectuarse desde esa fecha, 19, 25, 26, 27 y 28. Respecto del número 26, lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo señalado en el ARTICULO 8° TRANSITORIO de esta ley.

2°.- A contar del 1° de abril de 1990 las de los números 3 y 18.

3°.- Lo dispuesto en los números 5,14 y 15 regirá para el año tributario 1992 y se aplicará, en consecuencia, a los impuestos que corresponda declarar en dicha oportunidad.

ARTICULO 3°.- Los contribuyentes que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 20°, número 1°, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pasen a declarar renta efectiva sobre la base de contabilidad deberán registrar sus activos y pasivos en el balance inicial que deben confeccionar al 1° de enero del ejercicio en que queden sujetos al nuevo sistema, según las siguientes normas:

1.- Los terrenos agrícolas se registrarán por su avalúo fiscal a la fecha del balance o por su valor de adquisición reajustado de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición y el último día del mes anterior al balance, a elección del contribuyente.

2.- Los demás bienes físicos del activo inmovilizado se registrarán por su valor de adquisición o construcción, debidamente documentado y actualizado de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al de la adquisición o desembolso y el último día del mes anterior al del balance, deduciendo la depreciación normal que corresponda por el mismo período en virtud de lo dispuesto en el número 5° del artículo 31° de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

3.- El valor de los bienes del activo realizable se determinará en conformidad con las normas del artículo 30° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de acuerdo con la documentación correspondiente, y se actualizará a su costo de reposición según las normas contenidas en el artículo 41° número 3° de la misma ley.

4.- Las plantaciones, siembras, bienes cosechados en el predio y animales nacidos en él, se valorizarán a su costo de reposición a la fecha del balance, considerando su calidad, el estado en que se encuentren, su duración real a contar de esa fecha, y su relación con el valor de bienes similares existentes en la misma zona.

5.- Los otros bienes del activo se registrarán por su costo o valor de adquisición, debidamente documentado y actualizado en conformidad con la normas del artículo 41° de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

6.- Los pasivos se registrarán según su monto efectivo debidamente documentado y actualizado de acuerdo con las normas del artículo 41° de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Los pasivos que obedezcan a operaciones de crédito de dinero sólo podrán registrarse si se ha pagado oportunamente el impuesto de timbres y estampillas, si correspondiera.

7.- La diferencia entre los activos y pasivos registrados en la forma antes indicada se considerará capital para todos los efectos legales o pérdida deducible en conformidad con el artículo 31° número 3° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según corresponda.

El Servicio de Impuestos Internos podrá rebajar los valores registrados en el balance inicial, haciendo uso del procedimiento establecido en el artículo 64° del Código Tributario, en todos aquellos casos en que la valorización del contribuyente no cumpla los requisitos señalados en este artículo o no sea debidamente demostrada.

En su primera declaración acogida al sistema de renta efectiva el contribuyente deberá dar aviso al Servicio de Impuestos Internos de la circunstancia de estar sometido a dicho régimen, acompañando el balance inicial mencionado en el inciso primero de este artículo. La falta de este aviso hará aplicable el plazo de prescripción a que se refiere el inciso segundo del artículo 200 del Código Tributario.

Los ingresos que se perciban a contar del momento en que el contribuyente deba llevar contabilidad completa para determinar su renta, y que corresponda a contratos u operaciones celebrados con anterioridad a esa fecha, deberán ser considerados en el ejercicio de su percepción a menos que hubieran sido facturados cuando el contribuyente estaba aún bajo el régimen de renta presunta, en cuyo caso se estará a las reglas generales sobre devengación.

ARTICULO 4°.- Los contribuyentes que, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 34 y 34 bis, de la ley sobre Impuesto a la Renta, pasen a declarar renta efectiva sobre la base de contabilidad deberán registrar sus activos y pasivos en el balance inicial que deben confeccionar al 1° de enero del ejercicio en que queden sujetos al nuevo sistema, según las siguientes normas:

1.- Los terrenos se registrarán por su avalúo fiscal a la fecha del balance o por su valor de adquisición reajustado de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición y el último día del mes anterior al balance, a elección del contribuyente.

2.- Los demás bienes físicos del activo inmovilizado se registrarán por su valor de adquisición o construcción, debidamente documentados, y actualizados de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al de la adquisición o desembolso y el último día del mes anterior al del balance, deduciendo la depreciación normal que corresponda por el mismo período en virtud de lo dispuesto en el número 5° del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Los contribuyentes del artículo 34 bis a que se refiere este artículo deberán registrar los vehículos motorizados de transporte de carga terrestre de acuerdo con su valor corriente en plaza, fijado por el Servicio de Impuestos Internos en el ejercicio anterior a aquel en que deban determinar su renta según contabilidad completa. Ese valor deberá actualizarse por la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la publicación de la lista que contenga dicho valor corriente en plaza en el Diario Oficial y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que esa lista haya sido publicada. Los vehículos mencionados sólo podrán ser objeto de depreciación normal.

3.- El valor de los bienes del activo realizable se determinará en conformidad con las normas del artículo 30 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de acuerdo con la documentación correspondiente, y se actualizará a su costo de reposición según las normas contenidas en el artículo 41 número 3° de la misma ley.

4.- Los otros bienes del activo se registrarán por su costo o valor de adquisición, debidamente documentado y actualizado en conformidad con las normas del artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

5.- Los pasivos se registrarán según su monto efectivo debidamente documentado y actualizado de acuerdo con las normas del artículo 41 de la ley sobre Impuesto a la Renta. Los pasivos que obedezcan a operaciones de crédito de dinero sólo podrán registrarse si se ha pagado oportunamente el impuesto de timbres y estampillas, si correspondiere.

6.- La diferencia entre los activos y pasivos registrados en la forma antes indicada se considerará capital para todos los efectos legales o pérdida deducible en conformidad con el artículo 31, número 3°, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según corresponda.

El Servicio de Impuestos Internos podrá rebajar los valores registrados en el balance inicial, haciendo usos del procedimiento establecido en el artículo 64 del Código Tributario, en todos aquellos casos en que la valorización del contribuyente no cumpla los requisitos señalados en este artículo o no sea debidamente demostrada.

En su primera declaración acogida al sistema de renta efectiva el contribuyente deberá dar aviso al Servicio de Impuestos Internos de la circunstancia de estar sometido a dicho régimen, acompañando el balance inicial mencionado en el inciso primero de este artículo. La falta de este aviso hará aplicable el plazo de prescripción a que se refiere el inciso segundo del artículo 200 del Código Tributario.

Los ingresos que se perciban a contar del momento en que el contribuyente deba llevar contabilidad completa para determinar su renta, y que correspondan a contratos u operaciones celebrados con anterioridad a esa fecha, deberán ser considerados en el ejercicio de su percepción a menos que hubieran sido facturados cuando el contribuyente estaba aún bajo el régimen de renta presunta, en cuyo caso se estará a las reglas generales sobre devengación.

ARTICULO 5°.- Facúltase al Presidente de la República para dictar, mediante Decreto Supremo que llevará las firmas de los Ministros de Hacienda y Agricultura, un Reglamento de Contabilidad Agrícola. Dicho reglamento derogará los reglamentos de Contabilidad Agrícola que estén en vigencia.

Facúltase al Presidente de la República para que, mediante Decreto Supremo que llevará las firmas de los Ministros de Hacienda y Minería establezca las normas para determinar la parte del valor de las pertenencias mineras que se incluirá en el costo directo del mineral extraído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En todo caso, al establecer el valor inicial de la pertenencia deberá excluirse de éste la parte que proporcionalmente corresponda al mineral que se haya extraído hasta ese momento.

ARTICULO 6°.- Deróganse los artículos 1° y 2° transitorios de la Ley N° 18.775, eliminándose sus efectos a contar del año tributario 1991.

ARTICULO 7°.- a) Agrégase el siguiente artículo 75 bis al Código Tributario:

ARTICULO 75° bis.- En los documentos que den cuenta del arrendamiento o cesión temporal en cualquier forma, de un bien raíz agrícola, el arrendador o cedente deberá declarar si es un contribuyente del impuesto de primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta que tributa sobre la base de renta efectiva o bien sobre renta presunta.

Los Notarios no autorizarán las escrituras públicas o documentos en los que falte la declaración a que se refiere el inciso anterior.”.

b) Sustitúyese el artículo 5° del decreto ley N° 993, por el siguiente:

“Artículo 5°.- El contrato de arrendamiento que recaiga sobre la totalidad o parte de un predio rústico, sólo podrá pactarse por escritura pública o privada, siendo necesario en este último caso, la presencia de dos testigos mayores de dieciocho años, quienes individualizados, los suscribirán en dicho carácter.

El arrendador deberá declarar en la misma escritura, sea pública o privada, si está afecto al impuesto de primera categoría sobre la base de renta efectiva determinada por contabilidad completa, o sujeto al régimen de renta presunta para efectos tributarios.

La falta de esta declaración impide que el documento en que conste el contrato, pueda hacerse valer ante autoridades judiciales y administrativas, y no tendrá mérito ejecutivo, mientras no se acredite mediante escritura complementaria, la constancia de la declaración referida.”.

ARTICULO 8° .- Apruébase el siguiente texto de la ley de donaciones con fines culturales:

“Artículo 1°.- Para los fines de esta ley se entenderá por :

1) Beneficiarios, a las universidades e institutos profesionales estatales y particulares reconocidos por el Estado, y a las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro cuyo objeto exclusivo sea la investigación, desarrollo y difusión de la cultura y el arte, y que se encuentren inscritas en el registro que para este efecto llevará el Ministerio de Educación.

2) Donantes, a los contribuyentes que de acuerdo a los dispuesto en la Ley sobre Impuesto a la Renta, declaren sus rentas efectivas, según contabilidad completa, y tributen de acuerdo con las normas del impuesto de primera categoría, así como también, aquellos que estén afectos al impuesto global complementario que declaren igual tipo de rentas, que efectúen donaciones a Beneficiarios según las normas de esta ley.

Se excluye de este número a las empresas del Estado y a aquellas en las que el Estado, sus organismos o empresas o las municipalidades, tengan una participación o interés superior al 50% del capital.

3) Proyecto, el plan o programa de actividades específicas culturales o artísticas que el Beneficiario se propone realizar dentro de un tiempo determinado. El proyecto puede referirse a la totalidad de las actividades que el Beneficiario desarrollará en ese período, en cuyo caso se denominará proyecto general, o bien sólo a alguna o algunas de ellas.

4) Reglamento, el que deberá dictar el Presidente de la República, con las firmas de los Ministros de Hacienda y Educación, conteniendo las normas para la ejecución de lo dispuesto en esta ley.

Artículo 2°.- Los Donantes que hagan donaciones en dinero a Beneficiarios, en las condiciones y para los propósitos que se indica en los artículos siguientes, tendrán derecho a un crédito equivalente al 50% de tales donaciones en contra de sus impuestos de primera categoría o global complementario, según el caso.

El crédito de que trata este artículo sólo podrá ser deducido si la donación se encuentra incluida en la base de los respectivos impuestos correspondientes a las rentas del año en que se efectúo materialmente la donación.

En ningún caso el crédito por el total de las donaciones de un contribuyente podrá exceder del 2% de la renta líquida imponible del año o del 2% de las renta imponible del impuesto global complementario.

Las donaciones de que trata este artículo, en la parte que den derecho al crédito, se reajustarán en la forma establecida para los pagos provisionales obligatorios, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a contar de la fecha en que se incurra en el desembolso efectivo.

En ningún caso las donaciones referidas en esta ley serán un gasto necesario para producir la renta. Sin perjuicio de lo anterior, no se les aplicará lo dispuesto en el artículo 21, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Las donaciones mencionadas estarán liberadas del trámite de insinuación y quedarán exentas del impuesto que grava a las herencias y donaciones.

Artículo 3°.- Sólo darán derecho al crédito establecido en el número anterior las donaciones que cumplan los siguientes requisitos:

1) Haberse efectuado a un Beneficiario para que éste destine el dinero donado a un determinado proyecto, debidamente aprobado según lo dispuesto en el artículo siguiente.

2) Que el Beneficiario haya dado cuenta de haber recibido la donación mediante un certificado que contendrá las especificaciones y se extenderá con las formalidades que señale el Reglamento. El certificado deberá extenderse en por lo menos tres ejemplares, en formularios impresos, timbrados por el Servicio de Impuestos Internos. Uno de los ejemplares se entregará al Donante, otro deberá conservarlo el Beneficiario y el tercero ser guardado por este último a disposición del Servicio de Impuesto Internos.

Artículo 4°.- Para poder recibir donaciones con el efecto prescrito en el artículo 2° de esta ley, los Beneficiarios deberá cumplir las siguientes condiciones.

1) Ser calificados por el Ministerio de Educación como Beneficiarios y estar inscritos en el registro respectivo, de conformidad con las normas que establezca el Reglamento.

Esta calificación será otorgada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación del domicilio del interesado, y sólo a petición de este último. De la resolución calificatoria se podrá pedir reconsideración ante el Ministro de Educación.

2) Tener aprobado por el Ministerio de Educación uno o más proyectos respecto de los cuales se recibirán las donaciones.

La aprobación del o los proyectos corresponderá también a la Secretaría Regional Ministerial de Educación del domicilio del Beneficiario.

3) El proyecto podrá referirse a la adquisición de bienes corporales destinados permanentemente al cumplimiento de las actividades del Beneficiario, a gastos específicos con ocasión de actividades determinadas o para el funcionamiento de la institución beneficiaria.

Los bienes corporales muebles adquiridos con donaciones recibidas para un proyecto no podrán ser enajenados sino después de dos años contados desde su adquisición. Los inmuebles sólo podrán ser enajenados después de cinco años. El producto de la enajenación de unos y otros sólo podrá destinarse a otros proyectos del Beneficiario. En el caso de los inmuebles el dinero que se obtenga por su enajenación deberá dedicarse a la adquisición de otro u otros bienes raíces que deberán destinarse permanentemente al cumplimiento de las actividades del Beneficiario. Estos inmuebles estarán también sujetos a las normas de este número.

En las escrituras públicas donde conste la adquisición de inmuebles pagados total o parcialmente con recursos provenientes de donaciones acogidas a esta ley, deberá expresarse dicha circunstancia.

4) Los proyectos deberán contener una explicación detallada de las actividades y de las adquisiciones y gastos que requerirán. El reglamento determinará la información que debe contener cada proyecto cuya aprobación se solicite según el número 2) de este artículo.

5) Cuando los proyectos incluyan la realización de exposiciones de pintura, fotografía, escultura, colecciones de objetos históricos y otras similares, y de funciones o festivales de cine, teatro, danza o ballet, conciertos, y otros espectáculos culturales públicos, la asistencia a los mismos deberá ser gratuita y esta abierta al público en general.

6) En ningún caso un proyecto podrá considerar un lapso superior a dos años, contado desde la respectiva aprobación por el Ministerio de Educación.

Artículo 5°.- Los Beneficiarios deberán preparar anualmente un estado de las fuentes y uso detallado de los recursos recibidos en cada proyecto, los que deberán resumirse en un estado general. El Reglamento determinará la información que deberá incluirse en dichos estados y la forma de llevar la contabilidad del Beneficiario para estos efectos.

Dentro de los tres primeros meses de cada año los Beneficiarios deberán remitir un ejemplar del estado de fuentes y usos general de las donaciones recibidas en el año anterior, a la Dirección Regional del Servicio correspondiente a su domicilio. El estado general deberá ser acompañado de una lista de todos los donantes que efectuaron las donaciones, indicando su RUT, domicilio, fecha, cantidad y número de certificado, de cada una de ellas.

Si el beneficiario no cumple lo ordenado en el inciso anterior, será sancionado en la forma prescrita en el número 2) del artículo 97 del Código Tributario. Los administradores o representantes legales del Beneficiario serán solidariamente responsables de las multas que se establezcan por aplicación de este inciso.

Artículo 6°.- El Beneficiario que otorgue certificados por donaciones que no cumplan las condiciones establecidas en esta ley o que destine el dinero de las donaciones a fines no comprendidos en el proyecto respectivo, deberá pagar al Fisco el impuesto equivalente al crédito utilizado por el donante de buena fe. Los administradores o representantes del Beneficiario serán solidariamente responsables del pago de dicho tributo y de los reajustes, intereses y multas que se determinen, a menos que demuestren haberse opuesto a los actos que dan motivo a esta sanción o que no tuvieron conocimiento de ellos.

Artículo 7.- Las donaciones hechas en conformidad con esta ley no podrán acogerse a lo dispuesto en el artículo 69 de la ley N° 18.681.”.

Artículo 9°.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 11 de la ley N° 18.401:

“Las acciones referidas en el inciso primero de este artículo no darán derecho al beneficio establecido en el número 1 del artículo 57 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta.”.

ARTICULO 1° TRANSITORIO.- La disposición del artículo 14 letra A, número 3, c), se aplicará tomando en consideración las rentas tributables de los ejercicios anteriores al de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, con derecho al crédito que corresponda de acuerdo a la tasa del impuesto de primera categoría que haya gravado dichas rentas, y dando aplicación también a lo señalado en el inciso segundo del artículo 2° de la ley N° 18.293 y el artículo 3° transitorio de la Ley N° 18.775.

ARTICULO 2° TRANSITORIO.- La tasa del impuesto de primera categoría establecida en el artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, será de 15% para los años comerciales 1991, 1992 y 1993, afectando, por consiguiente, las rentas que se perciban, devenguen o retiren en dichos períodos.

ARTICULO 3° TRANSITORIO.- Las actividades agrícolas, de minería y de transportes quedarán sujetas a las siguientes reglas para el año comercial 1991:

a) Los contribuyentes que desarrollaban actividades agrícolas al 31 de diciembre de 1989, o que las desarrollen al 31 de diciembre de 1990, para determinar si quedan obligados a declarar el impuesto de la primera categoría sobre su renta efectiva, determinadas según contabilidad completa, deberán aplicar las normas del artículo 20, número 1, letra b), de la Ley sobre Impuesto a la Renta respecto de cada uno de esos años.

b) Los contribuyentes que desarrollaban actividades de minería al 31 de diciembre de 1989, o que las desarrollen al 31 de diciembre de 1990, para determinar si quedan obligados a declarar el impuesto de primera categoría sobre su renta efectiva, determinada según contabilidad completa, deberán aplicar las normas del artículo 34, número 2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta respecto de cada uno de esos años.

c) Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 1989 desarrollaban actividades de transporte, o que las desarrollen al 31 de diciembre de 1990, para determinar si quedan obligados a declarar el impuesto de primera categoría sobre su renta efectiva, determinada según contabilidad completa, deberán aplicar las normas del artículo 34 bis, número 2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta respecto de cada uno de esos años.

ARTICULO 4° TRANSITORIO.- Los contribuyentes que, como consecuencia de las normas introducidas en el artículo 20, número 1, letras a) y b), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pasen a declarar la renta efectiva proveniente de la explotación de bienes raíces agrícolas, a contar del año comercial 1991, se sujetarán a las siguientes reglas:

1.- Los contribuyentes que, para los efectos contemplados en el artículo 71 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, llevaban contabilidad completa en libro autorizados y timbrados por el Servicio de Impuestos Internos con anterioridad al 31 de diciembre de 1989, podrán continuar llevando su contabilidad en dichos libros, sin perjuicio de las facultades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos respecto de la información en ellos contenida y de la documentación en que se sustente.

2.- Los contribuyentes que no se encuentren en la situación indicada en el número precedente, deberán ceñirse a las normas del Reglamento de Contabilidad Agrícola contenido en el Decreto Supremo número 323, de 1982, del Ministerio de Hacienda, aplicables a los contribuyentes que llevan contabilidad completa.

3.- Los contribuyentes señalados en los números anteriores deberán sujetarse además a las siguientes normas:

a) Su balance inicial de activos y pasivos deberá confeccionarse al 1° de enero de 1991, ciñéndose a las normas del artículo 3° de la presente ley, con los ajustes contables que correspondan.

b) El aviso y presentación del balance inicial al Servicio de Impuestos Internos, a que se refiere el inciso tercero del artículo 3° antes citado, deberá efectuarse dentro de los cuatro primeros meses de 1991.

c) Una vez que se dicte el Reglamento de Contabilidad Agrícola a que se refiere el artículo 5° de esta ley, deberán ajustar sus registros contables de acuerdo a las disposiciones que dicho reglamento establezca.

ARTICULO 5° TRANSITORIO.- La primera enajenación de los predios agrícolas que, después del 1° de enero de 1990, efectúen contribuyentes que a contar del 1° de enero de 1991 deban tributar sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa, de acuerdo a las reglas del artículo 20, número 1, letra b), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según el texto introducido por esta Ley, se sujetará a las siguientes normas:

1.- El valor de enajenación, incluido el reajuste del saldo de precio, tendrá el carácter de ingreso no constitutivo de renta hasta la concurrencia de cualquiera de las siguientes cantidades a elección del contribuyente:

a) El valor de adquisición del predio respectivo reajustado en el porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición y el último día del mes anterior a la enajenación.

b) Su avalúo fiscal a la fecha de enajenación.

c) El valor comercial del predio determinado según la tasación que, para este sólo efecto, practique el Servicio de Impuestos Internos. El contribuyente podrá reclamar de dicha tasación con arreglo a las normas del artículo 64 del Código Tributario. La norma de esta letra no se aplicará a las enajenaciones que se efectúen con posterioridad a la entrada en vigencia de la primera tasación de bienes raíces de la primera serie, que se haga con posterioridad a la publicación de esta ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 17.235.

d) El valor comercial del predio, incluyendo sólo los bienes que contempla la ley N° 17.235 determinado por una Sociedad Tasadora de Activos, según lo normado en el número 2 de este artículo. Esta tasación, si supera el avalúo fiscal del predio, lo modificará para los efectos del impuesto territorial, a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en que se efectúe.

En esta opción la valorización se registrará en el activo separadamente de los bienes tasados, con abono a una cuenta especial de patrimonio.

No podrán efectuarse disminuciones de capital ni distribuciones con cargo a las valorizaciones de que trata esta letra. En caso de la primera enajenación de predios tasados o de enajenaciones posteriores efectuadas dentro del plazo de tres años, contado desde la primera enajenación que ocurra después de comenzar a tributar según contabilidad completa, no podrá deducirse como pérdida la parte que corresponda a la valorización indicada. En el contrato respectivo el enajenante deberá informar al adquirente la parte del precio que corresponda a tal valorización.

2.- La opción de valorización establecida en la letra d) anterior sólo podrá ser efectuada por una sociedad Tasadora de Activos autorizada por el Servicio de Impuestos Internos. El Presidente de la República dictará un Reglamento que contendrá las normas aplicables a estas entidades, tanto en su formación como en su operación.

Las tasadoras de Activos deberán estar organizadas como sociedades de personas cuyo único objeto será la realización de valorizaciones para los fines contemplados en este artículo, en el artículo 6° transitorio, letra b) y el artículo 7° transitorio, número 4 de esta ley. Dichas sociedades deberán estar formadas exclusivamente por personas naturales, con un máximo de diez. El capital pagado de estas sociedades deberá ser igual o superior a 2.000 unidades tributarias mensuales al momento de su constitución.

Los socios de la Sociedad Tasadora serán solidariamente responsables de las obligaciones y responsabilidades de la sociedad para con el Fisco y los contribuyentes que contraten sus servicios. Esta circunstancia deberá expresarse en el pacto social. Para estos efectos toda notificación hecha a la sociedad se entenderá también practicada a los socios de ésta. La sociedad y sus socios deberán designar un mandatario común para todos los efectos procesales.

La Sociedad Tasadora de Activos será responsable solidariamente con el contribuyente por las diferencias de impuestos, reajustes, intereses y multas, que se determinen en contra de aquél en razón de una valorización dolosa o negligente. Para estos efectos las citaciones o liquidaciones que se practiquen al contribuyente deberán notificarse además a la sociedad tasadora respectiva, en el domicilio que al efecto haya designado al solicitar la autorización para su funcionamiento al Servicio de Impuestos Internos o en aquel a que se refiere el artículo 13 del Código Tributario.

Los honorarios que los contribuyentes adeuden a las sociedades tasadoras gozarán del privilegio contemplado en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil.

La valoración practicada en conformidad con este número deberá ser comunicada mediante carta certificada al interesado y a la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos del domicilio de aquél.

3.- Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las enajenaciones que se hagan a las sociedades o empresas indicadas en el inciso cuarto, del número 8, del artículo 17, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

4.- Las enajenaciones del todo o parte de predios agrícolas, efectuadas durante 1990 y 1991 por los contribuyentes referidos en este artículo, obligarán al adquirente de dichos predios a tributar en conformidad con lo dispuesto en la letra a) del número 1 del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

ARTICULO 6° TRANSITORIO.- Los contribuyentes que en el año 1991 pasen al régimen de renta efectiva según contabilidad, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 20, número 1, letra b), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, establecida por esta ley:

a) Tendrán derecho por una sola vez a revalorizar los bienes mencionados en el número 2 del artículo 3° de esta ley, de acuerdo con su valor comercial y hasta por un monto que no exceda en más de un 50% del valor de dichos bienes registrados en el balance inicial.

El mayor valor que resulte de la revalorización indicada en el inciso precedente quedará afecto a un impuesto único de 8%, que se declarará y pagará por el contribuyente dentro de los doce primeros días del mes siguiente a aquél en que se haga la revalorización.

La revalorización de que trata este artículo deberá practicarse al momento de la confección del balance inicial mencionado en el artículo 3° inciso primero de esta ley, e incorporarse a él. El detalle de dicha revalorización deberá presentarse conjuntamente con el balance, en la oportunidad que indica la letra b) del número 3 del artículo 4° transitorio de esta ley.

En caso de enajenación de bienes que hayan sido revalorizados de acuerdo con este artículo, para determinar el resultado de dicha operación no se admitirá la deducción de aquella parte del valor contabilizado de los bienes que proporcionalmente corresponda a la revalorización.

b) No obstante, los bienes físicos del activo inmovilizado que no sean plantaciones, animales ni predios, podrán revalorizarse alternativamente de conformidad con las normas, limitaciones y procedimientos establecidos en el artículo 5° transitorio, número 3), hasta por el valor de reposición nuevo de cada activo o el de otro de características similares si estuviera descontinuado, menos la depreciación normal ocurrida desde su elaboración y menos la estimación de los daños que presente. Los activos así revalorizados sólo podrán ser objeto de depreciación normal.

No podrán deducirse las pérdidas que resulten de la destrucción o la primera enajenación de bienes que se acojan a la valorización contenida en esta letra, en la parte que corresponda a ella. Tampoco se podrá deducir las pérdidas que resulten de enajenaciones o destrucciones posteriores de esos bienes hasta por el plazo de tres años contado desde la primera enajenación que ocurra después de comenzar a tributar según contabilidad completa. El enajenante deberá informar al adquirente en el contrato respectivo la parte del precio que corresponda a la valorización hecha en conformidad con esta letra.

ARTICULO 7° TRANSITORIO.- Los contribuyentes que, como consecuencia de las normas introducidas en los artículos 34 y 34 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pasen a declarar la renta efectiva proveniente de actividades mineras o de transporte, a contar del año comercial 1991, se sujetarán a las siguientes reglas.

1.- Los contribuyentes que, para los efectos contemplados en el artículo 71 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, llevaban contabilidad completa en libros autorizados y timbrados por el Servicio de Impuestos Internos con anterioridad al 31 de diciembre de 1989, podrán continuar llevando su contabilidad en dichos libros, sin perjuicio de las facultades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos respecto de la información en ellos contenida y de la documentación en que se sustente.

2.- Los contribuyentes que no se encuentren en la situación indicada en el número precedente, deberán ceñirse a las normas y principios contables generales aplicables a los contribuyentes que lleven contabilidad completa.

3.- Los contribuyentes señalados en los números anteriores deberán sujetarse, además, a las siguientes normas:

a) Su balance inicial de activos y pasivos deberá confeccionarse al 1° de enero de 1991, y deberán ceñirse a las normas del artículo 4 de la presente ley, con los ajustes contables que correspondan.

b) El aviso y presentación del balance inicial al Servicio de Impuestos Internos, a que se refiere el inciso tercero del artículo 4 antes citado, deberá efectuarse dentro de los cuatro primeros meses de 1991.

4.- Estos contribuyentes podrán valorizar los bienes del activo físico inmovilizado que no sean terreno, pertenencias mineras ni vehículos de transporte de carga terrestre según las normas, en la forma y con las limitaciones establecidas en la letra b) del artículo 6° transitorio.

5.- Las enajenaciones del todo o parte de pertenencias mineras, efectuadas durante 1990 y 1991 por los contribuyentes referidos en este artículo, obligarán al adquirente de dichas pertenencias a tributar en conformidad con lo dispuesto en el número 2 del artículo 34 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

ARTICULO 8° TRANSITORIO.- Los contribuyentes a que se refiere el artículo 84° letra a) de la Ley sobre Impuesto a la Renta deberán comenzar a efectuar pagos provisionales mensuales, de acuerdo con el nuevo texto de esta disposición, por los ingresos brutos percibidos o devengados a contar del día primero del mes siguiente al de publicación de esta ley en el Diario Oficial. Para estos efectos la tasa que aplicará cada contribuyente será equivalente a la que tuvo para efectuar pagos provisionales por el mes de diciembre de 1988, incrementada en 50%. Cuando el contribuyente no hubiera efectuado pagos provisionales en ese mes, o si por otra causa no fuera posible establecer la tasa aplicable en dicho mes, la tasa que se aplicará sobre los referidos ingresos será 1,5% . Las tasas que establece este artículo se aplicarán y mantendrán hasta los ingresos que se obtengan en el mes anterior a aquel en que deba presentarse la declaración anual de impuestos a la renta para el año tributario 1991.

A contar de esa fecha se aplicarán las normas sobre determinación de la tasa variable prescrita en el artículo 84° letra a) de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Respecto de los ingresos percibidos o devengados entre los meses de abril de 1991 y marzo de 1992, la tasa que resulte de aplicar lo dispuesto en el referido artículo 84° letra a) se incrementará en 50%.

La tasa de pagos provisionales mensuales que, en conformidad con el artículo 84° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, deba aplicarse entre los meses de abril de 1994 y marzo de 1995, se rebajará en 33%.

Las tasas establecidas en las letras c), e) y f), del artículo 84° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se incrementarán en 50% en los años comerciales 1991, 1992 y 1993. Del mismo modo, las tasas a que se refiere el artículo 74° número 6° de la ley citada deberán incrementarse en 50% en esos mismos años respecto de los mineros que no estén comprendidos en el artículo 23° de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

ARTICULO 9° TRANSITORIO.- A contar del día 1° del mes siguiente al de publicación de esta ley en el Diario Oficial y hasta el 31 de diciembre de 1993, inclusive, la tasa de Impuesto al Valor Agregado contemplado en el artículo 14 del decreto ley N° 825, de 1974, será de 18%, la que se aplicará a los impuestos que se devenguen entre dichas fechas”.

Sala de la Comisión, a 1° de mayo de 1990.

Acordado en sesiones de fechas 17, 19, 20, 24, 25, 26 y 30 de abril de 1990, con asistencia de los señores Longueira (Presidente), Arancibia, Devaud, Estévez, Huenchumilla, Cerda, Matthei, Munizaga, Palma, don Andrés, Ramírez, Ringeling, Sota y Valcarce.

Se designó Diputado Informante al señor ESTEVEZ, don Jaime.

Javier Rosselot Jaramillo

Secretario de la Comisión

1.3. Discusión en Sala

Fecha 02 de mayo, 1990. Diario de Sesión en Sesión 15. Legislatura 319. Discusión General. Pendiente.

REFORMA TRIBUTARIA. PROYECTO DE LEY EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En la Tabla de la sesión del día de hoy figura el proyecto de ley de reforma tributaria.

En discusión general el proyecto.

Dice el proyecto:

PROYECTO DE LEY

"Artículo 1°. Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley N° 824, de 1974:

1. Sustitúyese el artículo 14 por el siguiente:

"Artículo 14°. Las rentas que se determinen a un contribuyente sujeto al impuesto de primera categoría, se gravarán respecto de éste de acuerdo con las normas del Título II.

Para aplicar los impuestos global complementario o adicional sobre las rentas obtenidas por dichos contribuyentes se procederá en la siguiente forma:

A) Contribuyentes obligados a declarar según contabilidad completa.

1°. Respecto de los empresarios individuales, contribuyentes del artículo 58, número 1, socios de sociedades de personas y socios gestores en el caso de sociedades en comandita por acciones:

a) Quedarán gravados con los impuestos de global complementario o adicional, según proceda, por los retiros o remesas que reciban de la empresa, hasta completar el fondo de utilidades tributables referido en el número 3° letra a) de este artículo.

Cuando los retiros excedan el fondo de utilidades tributables, para los efectos de la aplicación de los impuestos señalados se considerará dentro de éste las rentas devengadas por la o las sociedades en que participa la empresa de la que se efectúa el retiro.

Respecto de las sociedades de personas y de las en comandita por acciones, por lo que corresponde a los SOCÍQS gestores, se gravará los retiros de cada socio por sus montos efectivos. En el caso que los retiros en su conjunto excedan el monto de la utilidad tributable, incluyendo la del ejercicio, cada socio tributará considerando la proporción que representen sus retiros en el total de ellos, respecto de dicha utilidad.

Para los efectos de aplicar los impuestos del Título IV se considerará siempre retiradas las rentas que se remesen al extranjero.

b) Los retiros o remesas que se efectúen en exceso del fondo de utilidades tributables, que no correspondan a cantidades no constitutivas de renta o rentas exentas de los impuestos global complementario o adicional, se considerarán realizados en el primer ejercicio posterior en que la empresa tenga utilidades tributables determinadas en la forma indicada en el número 3 letra a) de este artículo. Si las utilidades tributables de ese ejercicio no fueran suficientes para cubrir el monto de los retiros en exceso, el remanente se entenderá retirado en el ejercicio subsiguiente en que se produzcan utilidades tributables y así sucesivamente. Para estos efectos, el referido exceso se reajustará según la variación que experimente el índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que se efectuaron los retiros y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que se entiendan retirados para los efectos de esta letra.

Tratándose de sociedades, y para los efectos indicados en el inciso precedente, los socios tributarán con los impuestos global complementario o adicional en su caso, sobre los retiros efectivos que hayan realizado en exceso de las utilidades tributables, reajustados en la forma ya indicada. En el caso que el socio hubiera enajenado el todo o parte de sus derechos, el retiro referido se entenderá realizado por el o los cesionarios en la proporción correspondiente, y así sucesivamente.

c) Las rentas que retiren para invertirlas en otras empresas obligadas a determinar su renta efectiva por medio de contabilidad completa con arreglo a las disposiciones del Título II, no se gravarán con los impuestos global complementario o adicional mientras no sean retiradas o distribuidas. Igual norma se aplicará en el caso de transformación de una empresa individual en sociedad de cualquier clase o en la división o fusión de sociedades. En las divisiones se considerará que las rentas acumuladas se asignan en proporción al patrimonio neto respectivo. Las disposiciones de esta letra se aplicarán también al mayor valor obtenido en la enajenación de derechos en sociedades de personas, efectuadas de acuerdo a las normas del artículo 41° inciso final de esta ley, pero solamente hasta por una cantidad equivalente a las utilidades acumuladas en la empresa a la fecha de enajenación, en la proporción que corresponda al enajenante.

Las inversiones a que se refiere esta letra sólo podrán hacerse mediante aumentos efectivos de capital en empresas individuales, aportes a una sociedad de personas o adquisiciones de acciones de pago, dentro de los veinte días siguientes a aquél en que se efectuó el retiro. Los contribuyentes que inviertan en acciones de pago de conformidad a esta letra, no podrán acogerse, por esas acciones, a lo dispuesto en el número 1° del artículo 57° bis de esta ley.

2°. Los accionistas de las sociedades anónimas y en comandita por acciones pagarán los impuestos global complementario o adicional, según corresponda, sobre las cantidades que a cualquier título le distribuya la sociedad respectiva, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 54° número 1° y 58° número 2° dela presente ley.

3°. Respecto de los retiros, remesas o distribuciones a que se refieren los números anteriores:

a) Todo contribuyente sujeto al impuesto de primera categoría sobre la base de un balance general, según contabilidad completa, deberá llevar un registro del fondo de utilidades tributables. En dicho registro se anotará la renta líquida imponible de primera categoría o pérdida tributaria del ejercicio.

A lo anterior se agregará las rentas exentas del impuesto de primera categoría percibidas o devengadas, las participaciones sociales y los dividendos percibidos, y todos los demás ingresos, beneficios o utilidades percibidos o devengados, que sin formar parte de la renta líquida del contribuyente se afecten con los impuestos global complementario o adicional cuando se retiren o distribuyan.

A su vez, se deducirá los gastos a que se refiere el inciso primero del artículo 21°.

Asimismo, se adicionará o deducirá, según el caso, los remanentes de utilidades tributables o el saldo negativo de ejercicios anteriores, reajustados en la forma prevista en el número 1°, inciso primero, del artículo 41°.

Al término del ejercicio se deducirá también los retiros o distribuciones efectuados en el mismo período, reajustados en la forma indicada en el número 1°, inciso final, del artículo 41°.

La empresa deberá registrar en forma separada del fondo de utilidades tributables las cantidades no constitutivas de renta y las rentas exentas de los impuestos global complementario o adicional, percibidas, y su remanente de ejercicios anteriores reajustado en la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al término del ejercicio previo y el último día del mes que preceda al término del ejercicio.

b) Para los contribuyentes accionistas de sociedades anónimas y en comandita por acciones, el fondo de utilidades tributables establecido en la letra anterior sólo será aplicable para determinar los créditos que correspondan según lo dispuesto en los artículos 56°, número 3), y 63°.

c) Los retiros, remesas o distribuciones deberán imputarse, en primer término, a las rentas o utilidades más antiguas afectas al impuesto global complementario o adicional, debiendo imputarse el exceso a las rentas exentas o cantidades no gravadas con dichos tributos, con excepción de la revalorización del capital propio, la que sólo podrá retirarse o distribuirse conjuntamente con el capital al efectuar una disminución de éste o al término de giro.

B) Otros contribuyentes.

1°. En el caso de contribuyente afectos al impuesto de primera categoría que declaren rentas efectivas y que no las determinen sobre la base de un balance general, según contabilidad completa, las rentas establecidas en conformidad con el Título II, más todos los ingresos o beneficios percibidos o devengados por la empresa, incluyendo las participaciones percibidas o devengadas que provengan de sociedades que determinen en igual forma su renta imponible, se gravarán respecto del empresario individual, socio, accionista o contribuyente del artículo 58a número 1° con el impuesto global complementario o adicional, en el mismo ejercicio en que se perciban, devenguen o distribuyan.

2°. Las rentas presuntas se afectarán con los impuestos global complementario o adicional, en el ejercicio a que correspondan. En el caso de sociedades de personas, estas rentas se entenderán retiradas por los socios en proporción a su participación en las utilidades".

2. En el artículo 14° bis:

a) Sustitúyase el inciso primero por el siguiente:

"Los contribuyentes obligados a declarar renta efectiva según contabilidad completa por rentas del artículo 20° de esta ley, cuyos ingresos por ventas, servicios u otras actividades de su giro, no hayan excedido un promedio mensual de 250 unidades tributarias mensuales en los tres últimos ejercicios, podrán optar por pagar los impuestos anuales de primera categoría y global complementario o adicional, sobre todos los retiros en dinero o en especie que efectúen los propietarios, socios o comuneros, y todas las cantidades que distribuyan a cualquier título las sociedades anónimas o en comandita por acciones, sin distinguir o considerar su origen o fuente, o si se trata o no de sumas no gravadas o exentas. En todo lo demás se aplicará las normas de esta ley que afectan a la generalidad de los contribuyentes del impuesto de primera categoría obligados a llevar contabilidad completa".

b) En el inciso cuarto sustitúyese la expresión "los incisos sexto y séptimo" por "la letra A número 1°, c)";

c) Sustitúyese el inciso noveno por el siguiente:

"Los contribuyentes acogidos a lo dispuesto en el inciso primero, que en los últimos tres ejercicios comerciales tengan un promedio mensual de ventas, servidos u otros ingresos de su giro, superior a 250 unidades tributarias mensuales, deberán volver al régimen tributario general que les corresponda, sujetos a las mismas normas del inciso siguiente, pero dando el aviso al Servido de Impuestos Internos en el mes de enero del año en que vuelvan al régimen general";

d) Suprímense los incisos décimo y décimo primero, y

e) Suprímese en el inciso final la oración que comienza con "Sin embargo" y termina con "sus aumentos".

3. En el artículo 17“, número 8“:

a)Sustitúyese la letra c) por la siguiente:

"c) Enajenación de pertenencias mineras, excepto cuando formen parte del activo de empresas que declaren su renta efectiva en la primera categoría;";

b) Derógase letra h);

c) Intercálase en el inciso cuarto, a continuación de la letra "b), " la letra "c)," y

d) En el inciso final sustitúyese la expresión "entre el valor comercial" por "entre el valor de enajenación".

4. Sustitúyese el artículo 19“por el siguiente:

"Artículo 19“.- Las normas de este Título se aplicarán a todas las rentas percibidas o devengadas".

5. En el artículo 20“:

a) En su inciso primero, suprímese la expresión "las siguientes rentas o cantidades que se señalan a continuación o en el artículo 20“bis";

b) Sustitúyense las letras a) y b) del número 1“por las siguientes:

"a) Tratándose de contribuyentes que posean o exploten a cualquier título bienes raíces agrícolas se gravará la renta efectiva de dichos bienes, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) de este número.

Del monto del impuesto de esta categoría podrá rebajarse el impuesto territorial pagado por el período al cual corresponde la declaración de renta. Sólo tendrá derecho a esta rebaja el propietario o usufructuario. Si el monto de la rebaja contemplada en este inciso excediera del impuesto aplicable a las rentas de esta categoría, dicho excedente no podrá imputarse a otro impuesto ni solicitarse su devolución.

Si el bien raíz estuviese total o pardalmente exento del impuesto territorial, la rebaja mencionada en el inciso precedente se autorizará hasta el monto representativo del impuesto que debería haberse pagado de no existir dicha exención.

Las cantidades cuya deducción se autoriza en los incisos anteriores se reajustarán de acuerdo con el porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el último día del mes anterior a la fecha de pago de la contribución y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio respectivo;

b) Los contribuyentes propietarios o usufructuarios de bienes raíces agrícolas, que no sean sociedades anónimas y que cumplan los requisitos que se indica más adelante, pagarán el impuesto de esta categoría sobre la base de la renta de dichos predios agrícolas, la que se presume de derecho es igual al 10% del avalúo fiscal de los predios. Cuando la explotación se haga a cualquier otro título se presume de derecho que la renta es igual al 4% del avalúo fiscal de dichos predios. Para los fines de estas presunciones se considerará como ejercicio agrícola el período anual que termina el 31 de diciembre.

Para acogerse al sistema de renta presunta las comunidades, cooperativas, sociedades de personas u otras personas jurídicas, deberán estar formadas exclusivamente por personas naturales.

El régimen tributario contemplado en esta letra no se aplicará a los contribuyentes que obtengan rentas de cualquier origen por las cuales deban declarar impuestos sobre renta efectiva según contabilidad. Tampoco se aplicará si el contribuyente está relacionado con una sociedad obligada a tributar sobre la base de renta efectiva determinada según contabilidad completa.

Sólo podrán acogerse al régimen de presunción de renta contemplado en esta letra los contribuyentes propietarios o usufructuarios de predios agrícolas o que a cualquier título los exploten, cuyas ventas netas anuales no excedan en su conjunto de 6.000 unidades tributarias mensuales. Para la determinación de las ventas no se considerará las enajenaciones ocasionales de bienes muebles o inmuebles que formen parte del activo inmovilizado del contribuyente.

Si el contribuyente excede el límite establecido en el inciso anterior, desde el ejercicio siguiente quedará obligado a declarar sus rentas en conformidad con lo establecido en la letra a) de este número. Una vez verificada dicha circunstancia el contribuyente no podrá volver al régimen de renta presunta. Exceptúase el caso en que el contribuyente no haya estado afecto al impuesto de primera categoría por su actividad agrícola por cinco ejercicios consecutivos o más, caso en el cual deberá estarse a las reglas generales establecidas en esta letra para determinar si se aplica o no el régimen de renta presunta. Para los efectos de computar el plazo de cinco ejercicios se considerará que el contribuyente desarrolla actividades agrícolas cuando arrienda o cede en cualquier forma el goce de predios agrícolas cuya propiedad o usufructo conserva.

Para establecer si el contribuyente cumple el requisito del inciso cuarto de esta letra, deberá sumar a sus ventas el total de las ventas realizadas por las sociedades de personas y en su caso comunidades con las que esté relacionado y que realicen actividades agrícolas. Si al efectuar la operación descrita el resultado obtenido excede el límite de ventas establecido en el inciso cuarto de esta letra, tanto el contribuyente como las sociedades o comunidades relacionadas con él deberán determinar el impuesto de esta categoría en conformidad con lo dispuesto en la letra a) de este número.

Si una persona natural está relacionada con una o más comunidades o sociedades de personas, que sean a su vez propietarias o usufructuarias de predios agrícolas o que a cualquier título los exploten, la posibilidad de dichas comunidades o sociedades de aplicar el sistema de renta presunta establecido en esta letra estará restringida al cumplimiento del requisito establecido en el inciso cuarto de esta letra. Sin embargo, para estos efectos deberá sumarse el total de las ventas anuales de las comunidades y sociedades relacionadas con la persona natural. Si al efectuar esa operación el resultado obtenido excede el límite establecido en el inciso cuarto, todas las sociedades o comunidades relacionadas con la persona deberán determinar el impuesto de esa categoría en conformidad con lo dispuesto en la letra a) de este número.

Las personas que tomen en arrendamiento, o que a otro título de mera tenencia exploten, el todo o parte de predios agrícolas de contribuyentes que deban tributar en conformidad con lo dispuesto en la letra a) de este número, quedarán sujetas a ese mismo régimen, a menos que el predio arrendado tenga un avalúo fiscal inferior a 200 unidades tributarias mensuales al cierre del ejercicio anterior, en cuyo caso el régimen del arrendatario o mero tenedor se establecerá según las reglas generales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto de esta categoría en conformidad con la letra a) de este número. Una vez ejercida dicha opción no podrán reincorporarse al sistema de presunción de renta.

El ejercicio de la opción a que se refiere el inciso anterior deberá practicarse dentro de los dos primeros meses de cada año comercial, entendiéndose en consecuencia que las rentas obtenidas a contar de dicho año tributarán en conformidad con el régimen de renta efectiva.

Serán aplicables a los contribuyentes de esta letra las normas de los tres últimos incisos de la letra a) de este número.

Para los efectos de esta letra se entenderá que una persona está relacionada con una sociedad en los siguientes casos:

i) Si la sociedad es de personas y la persona, como socio, tiene facultades de administración o si participa en por lo menos el 10% de las utilidades, o Si es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título posee por lo menos el 10% del capital social o las acciones. Lo dicho se aplicará también a los comuneros respecto de las comunidades en las que participen.

ii) Si la sociedad es anónima y la persona es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título tiene derecho por lo menos al 10% de las acciones, de las utilidades o de los votos en la junta de accionistas.

iii) Si la persona es partícipe por lo menos en un 10% en un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario, en que la sociedad es gestora.

iv) Si la persona, de acuerdo con estas reglas, está relacionada con una sociedad y ésta a su vez lo está con otra, se entenderá que la persona también está relacionada con esta última y así sucesivamente.", y

c) Agrégase el siguiente inciso final a la letra d):

"Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, tratándose de sociedades anónimas que posean o exploten a cualquier título bienes raíces no agrícolas, se gravará la renta efectiva de dichos bienes. Será aplicable en este caso lo dispuesto en los últimos tres incisos de la letra a) de este número".

6. Derógase el artículo 20° bis.

7. En el artículo 21°:

a) Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

"En el caso de sociedades anónimas que sean socias de sociedades de personas, se aplicará el impuesto del inciso anterior de las partidas que de acuerdo con los incisos primero y segundo de este artículo deban considerarse retiradas de las sociedades de personas, salvo los impuestos de primera categoría y territorial, pagados, calculando el referido tributo sobre la parte que corresponda a la sociedad anónima y rebajando como crédito el impuesto de primera categoría que afecte a dichas partidas"., y

b) En el inciso final, agrégase a continuación de la expresión "retiradas" la oración", sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41Q, inciso final".

8. En el título II, Párrafo 3“, sustitúyese el título "De la determinación de las rentas de primera categoría" por "De la base imponible".

9. En el artículo 29°:

a) Derógase el inciso tercero, y

b) Agréganse los siguientes incisos a continuación del inciso final:

"Si con motivo de un contrato de promesa, opción u otro contrato preparatorio, el contribuyente recibe o tiene derecho a recibir el todo o parte de los ingresos derivados del contrato prometido o definitivo con anterioridad a su celebración, deberá considerar estas sumas como ingresos percibidos o devengados al momento de celebrar el contrato de promesa, de opción o preparatorio, a menos que el pago se haya hecho con anterioridad, caso en el cual se considerará el momento de su percepción.

En los contratos de construcción, de confección de obra material o de servicios de cualquier tipo, el ingreso se devengará en la oportunidad en que se formule el cobro o estado de pago respectivo".

10. En el artículo 30°:

a) Agrégase al final del inciso primero, un punto seguido, lo siguiente:

"El costo directo del mineral extraído considerará también la parte del valor de adquisición de la pertenencia respectiva que corresponda a la proporción que el mineral extraído represente en el total del mineral que técnicamente se estime contiene la pertenencia, en la forma que determine el Reglamento.", y

b) Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

"Las disposiciones sobre estimación de costo establecidas en el inciso anterior se aplicarán también a los contratos de construcción, de confección de obra material o de prestación de servicios de cualquier tipo en que, por aplicación del artículo 29°, deba incluirse un ingreso devengado o percibido sin que se conozca el costo definitivo asociado al mismo."

11. En el artículo 31°:

a) Sustitúyese el inciso segundo del número 3° por el siguiente:

"Podrán asimismo, deducirse las pérdidas de ejercicios anteriores, siempre que concurran los requisitos del inciso precedente. Para estos efectos las pérdidas del ejercicio deberán imputarse a las utilidades no retiradas o distribuidas, y a las obtenidas en el ejercicio siguiente a aquél en que se produzcan dichas pérdidas, y si las utilidades referidas no fuesen suficientes para absorberlas, la diferencia deberá imputarse al ejercicio inmediatamente siguiente y así sucesivamente. En el caso que las pérdidas absorban total o parcialmente las utilidades no retiradas o distribuidas, el impuesto de primera categoría pagado sobre dichas utilidades se considerará como pago provisional en aquella parte que proporcionalmente corresponda a la utilidad absorbida, y se le aplicará las normas de reajustabilidad, imputación o devolución que señalan los artículos 93° al 97° de la presente ley".;

b) En el inciso final del número 3°, agrégase a continuación de la expresión "renta líquida" la palabra "imponible", y

c) En el número 5° sustitúyese en su inciso final el punto (.) por una coma (,) y agrégase la oración "sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 30".

12. En el artículo 33°:

a) En la primera parte del inciso primero reemplázase la expresión "de primera categoría" por "imponible", y

b) Suprímese el número 4°, pasando el actual número 5° a ser 4°.

13. Agrégase el siguiente artículo 33° bis:

"Artículo 33° bis.- Los contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa, tendrán derecho a un crédito equivalente al 2% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado, adquiridos nuevos o terminados de construir durante el ejercicio. Respecto de los bienes construidos, no darán derecho a crédito las obras que consistan en mantención o reparación de los mismos. Tampoco darán derecho a crédito los activos que puedan ser usados para fines habitacionales o de transporte, excluidos los camiones, camionetas de cabina simple y otros destinados exclusivamente al transporte de carga.

El crédito establecido en el inciso anterior se deducirá del impuesto de primera categoría que deba pagarse por las rentas del ejercicio en que ocurra la adquisición o término de la construcción, y, de producirse un exceso, no dará derecho a devolución.

Para los efectos de calcular el crédito, los bienes se considerarán por su valor actualizado al término del ejercicio, en conformidad con las normas del artículo 41° de esta ley, y antes de deducir la depreciación correspondiente.

En ningún caso el monto anual del crédito podrá exceder de 500 unidades tributarias mensuales, considerando el valor de la unidad tributaría mensual del mes de cierre del ejercicio.

El crédito establecido en este artículo no se aplicará a las empresas del Estado, ni a las empresas en las que el Estado, sus organismos o empresas o las municipalidades tengan una participación o interés superior al 50% del capital.".

14. En el artículo 34“:

a) Reemplázase el encabezamiento del inciso primero por el siguiente:

"Las rentas derivadas de la actividad minera tributarán de acuerdo con las siguientes normas:";

b) En el primer inciso del número 1“, a continuación de la expresión "por acciones,", agrégase la oración "y de los contribuyentes señalados en el número 2° de este artículo,";

c) Agrégase el siguiente inciso final al número 1°:

Para acogerse al régimen de renta presunta establecido en este número, los contribuyentes estarán sometidos a las condiciones contenidas en los incisos segundo y tercero de la letra b) del número 1° del artículo 20“. Aquellos que no las cumplan quedarán sujetos al régimen del número 2“ de este artículo".;

d) Sustitúyese el número 2° por el siguiente:

"2“.- Las sociedades anónimas y las en comandita por acciones, quedarán sujetas al impuesto de primera categoría sobre su renta efectiva determinada según contabilidad completa. A igual régimen tributario quedarán sometidos los demás contribuyentes que a cualquier título posean o exploten yacimientos mineros cuyas ventas anuales excedan de 36.000 toneladas de mineral metálico no ferroso, o cuyas ventas anuales, expresadas en el número de unidades tributarias mensuales que correspondan, y cualquiera sea el mineral, excedan de 6.000 unidades tributarias anuales.

Estos contribuyentes se mantendrán dentro del sistema de renta efectiva según contabilidad completa aun cuando por la enajenación de pertenencias, o por cualquier otra causa, reduzcan sus ventas a cantidades o sumas inferiores a las indicadas en el inciso precedente. Exceptúase el caso en que el contribuyente no haya desarrollado actividades mineras por cinco ejercicios consecutivos o más, caso en el cual deberá estarse a las reglas generales establecidas en este artículo para determinar si se aplica o no el régimen de renta efectiva. Para los efectos de computar el plazo de cinco ejercicios se considerará que el contribuyente desarrolla actividades mineras cuando arrienda o cede en cualquier forma el goce de concesiones mineras cuya propiedad o usufructo conserva.

Para establecer si el contribuyente cumple cualquiera de los límites contenidos en el inciso primero de este número, se deberá sumar al total de las ventas del contribuyente el total de ventas de las sociedades con las que el contribuyente esté relacionado. Del mismo modo, el contribuyente deberá considerar las ventas de las comunidades de las que sea comunidades de las que sea comunero. Si al efectuar las operaciones descritas el resultado obtenido excede cualquiera de los límites referidos, tanto el contribuyente como las sociedades o comunidades con las que esté relacionado deberán determinar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva según contabilidad completa.

Si una persona natural está relacionada con una o más comunidades o sociedades de personas que desarrollen actividades mineras, para establecer si dichas comunidades o sociedades exceden los límites mencionados en el inciso primero de este número, deberá sumarse el total de ventas de las comunidades y sociedades con las que la persona esté relacionada. Si al efectuar la operación descrita el resultado obtenido excede los límites citados, todas las sociedades o comunidades con las que la persona esté relacionada deberán determinar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva según contabilidad completa.

Para los efectos de este número el concepto de persona relacionada con una sociedad se entenderá en los términos señalados en el artículo 20° número 1° letra b).", y

e) Derógase el número 3º

15. Agrégase el siguiente artículo 34° bis:

"Artículo 34° bis.- Las renta derivadas de la actividad del transporte terrestre tributarán de acuerdo con las siguientes normas:

1° Los contribuyentes que a cualquier título posean o exploten vehículos motorizados de transporte terrestre quedarán afectos al impuesto de primera categoría por las rentas efectivas, según contabilidad, que obtengan de dicha actividad, sin perjuicio de lo dispuesto en los números 2° y 3° de este artículo.

2°.- Se presume de derecho que la renta líquida imponible de los contribuyentes que no sean sociedades anónimas o en comandita por acciones, y que exploten a cualquier título vehículos motorizados en el transporte terrestre de pasajeros, es equivalente al 10% del valor corriente en plaza de cada vehículo, determinado por el Director del Servicio de Impuestos Internos al 1° de enero de cada año en que deba declararse el impuesto.

3°.- Se presume de derecho que la renta líquida imponible de los contribuyentes, que no sean sociedades anónimas o en comandita por acciones, y que cumplan los requisitos que se indica más adelante, que exploten a cualquier título vehículos motorizados en el transporte terrestre de carga ajena, es equivalente al

10% del valor corriente en plaza de cada vehículo y su respectivo remolque, acoplado o carro similar, determinado por el Director del Servicio de Impuestos Internos al 1° de enero del año en que deba declararse el impuesto.

Para acogerse al sistema de renta presunta las comunidades, cooperativas, sociedades de personas u otras personas jurídicas, deberán estar formadas exclusivamente por personas naturales.

El régimen tributario contemplado en este número no se aplicará a los contribuyentes que obtengan rentas de cualquier origen por las cuales deban declarar impuestos sobre renta efectiva según contabilidad completa. Tampoco se aplicará si el contribuyente está relacionado con una sociedad obligada a tributar sobre la base de renta efectiva determinada según contabilidad completa.

Sólo podrán acogerse al régimen de presunción de renta contemplado en este número los contribuyentes cuyos servicios facturados al término del ejercicio no excedan de 3.000 unidades tributarias mensuales.

Si el contribuyente excede en algún ejercicio el límite establecido en el inciso anterior, desde el ejercicio siguiente quedará obligado a declarar su renta efectiva determinada según contabilidad completa. Esta norma se aplicará aun cuando, por enajenación de uno o más vehículos o por cualquier otra causa, vuelvan a darse los requisitos para la presunción de renta establecida en este número. Exceptúase el caso en que el contribuyente no haya desarrollado actividades como transportista por cinco ejercicios consecutivos o más, caso en el cual deberá estarse a las reglas generales establecidas en este número para determinar si se aplica o no el régimen de renta presunta. Para los efectos de computar el plazo de cinco ejercicios se considerará que el contribuyente desarrolla actividades como transportista cuando arrienda o cede en cualquier forma el goce dé los vehículos cuya propiedad o usufructo conserva.

Para establecer si el contribuyente cumple el requisito contenido en el inciso cuarto de este número, deberá sumar a sus servicios facturados el total de servicios facturados por las sociedades y en su caso comunidades con las que esté relacionado y que realicen actividades de transporte terrestre de carga ajena. Si al efectuar las operaciones descritas el resultado obtenido excede el límite establecido en el inciso cuarto de este número, tanto el contribuyente como las sociedades o comunidades con las que esté relacionado deberán determinar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva según contabilidad completa.

Si una persona natural está relacionada con una o más comunidades o sociedades de personas, que exploten vehículos como transportistas de carga ajena, para establecer si dichas comunidades o sociedades exceden el límite mencionado en el inciso cuarto de este número, deberá sumarse el total de servicios facturados por las sociedades o comunidades con las que la persona esté relacionada. Si al efectuar la operación descrita el resultado obtenido excede el límite establecido en el inciso cuarto de este número, todas las sociedades o comunidades con las que la persona esté relacionada deberán pagar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva determinada según contabilidad completa.

Las personas que tomen en arrendamiento o que a otro título de mera tenencia exploten vehículos motorizados de transporte terrestre de carga, de contribuyentes que deban tributar en conformidad con lo dispuesto en el número 1° de este artículo, quedarán sujetas a ese mismo régimen, a menos que su facturación de servicios anual, aplicando las normas de este número, sea igual o inferior a 1.000 unidades tributarias mensuales. En este último caso el régimen del arrendatario o mero tenedor se establecerá según las reglas generales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto de esta categoría según renta efectiva sobre la base de contabilidad completa. Una vez ejercida dicha opción no podrán reincorporarse al sistema de presunción de renta.

El ejercicio de la opción a que se refiere el inciso anterior deberá practicarse dentro de los dos primeros meses de cada año comercial, entendiéndose en consecuencia que las rentas obtenidas a contar de dicho año tributarán en conformidad con el régimen de renta efectiva.

Para los efectos de este número el concepto de persona relacionada con una sociedad de entenderá en los términos señalados en el artículo 20° número 1° letra b).".

16. Sustitúyese el artículo 38° bis por el siguiente:

"Artículo 38° bis.- Los contribuyentes obligados a declarar su renta efectiva según contabilidad completa, que pongan término a su giro, deberán considerar retiradas o distribuidas las rentas o cantidades determinadas a esa fecha, en la forma prevista en el artículo 14°, letra A) número 3°, c), o en el inciso segundo del artículo 14° bis, según corresponda, incluyendo las del ejercicio.

Dichos contribuyentes tributarán por esas rentas o cantidades con un impuesto de 35%, el cual tendrá el carácter de único de esta ley respecto de la empresa, empresario, socio o accionista, no siendo aplicable a estas rentas lo dispuesto en el número 3° del artículo 54°.

Sin perjuicio de lo anterior, el empresario, socio o accionista, podrá optar por declarar las rentas o cantidades referidas, como afectas al impuesto global complementario del año del término de giro de acuerdo con las siguientes reglas:

1.- A estas rentas o cantidades se les aplicará una tasa de impuesto global complementario equivalente al promedio de las tasas más altas de dicho impuesto, que hayan afectado al contribuyente en los tres ejercicios anteriores al término de giro. Si la empresa a la que se pone término tuviera una existencia inferior a tres ejercicios el promedio se calculará por los ejercicios de existencia efectiva. Si la empresa hubiera existido sólo durante el ejercicio en el que se le pone término de giro, entonces las rentas o cantidades indicadas tributarán como rentas del ejercicio según las reglas generales.

2. Las rentas o cantidades indicadas en el número anterior gozarán del crédito del artículo 56° número 3), el cual se aplicará con una tasa de 35%".

17. En el artículo 40°, numero 6°, reemplázase la expresión "a los artículos 14° bis y 20° bis" por la siguiente: "al artículo 14° bis".

18. Agrégase el siguiente inciso final el artículo 41°;

"En el caso de la enajenación de derechos en sociedades de personas que hagan los socios o accionistas de sociedades anónimas cerradas, o accionistas de sociedades anónimas abiertas dueños del 10% o más de la acciones, a la empresa o sociedad respectiva o en las que tengan intereses, para los efectos de determinar la renta proveniente de dicha operación, deberá deducirse del precio de la enajenación el valor de aporte o adquisición de dichos derechos, incrementado o disminuido según el caso, por los aumentos o disminuciones de capital posteriores efectuados por el enajenante, salvo que los valores de aporte, adquisición o aumentos de capital tengan su origen en rentas que no hayan pagado total o parcialmente los impuestos de esta ley. Para estos efectos, los valores indicados deberán reajustarse de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición o aporte, aumento o disminución de capital, y el último día del mes anterior a la enajenación".

19. Sustituyese al escala de tasas del artículo 43°, número 1°, por la siguiente:

"Las rentas que no excedan de 10 unidades tributarias mensuales, estarán exentas de este impuesto;

Sobre la parte que exceda de 10 y no sobrepase las 30 unidades tributarias mensuales, 5%;

Sobre la parte que exceda de 30 y no sobrepase las 50 unidades tributarias mensuales, 15%;

Sobre la parte que exceda de 50 y no sobrepase las 70 unidades tributarias mensuales, 25%;

Sobre la parte que exceda de 70 y no sobrepase las 100 unidades tributarias mensuales, 35%, y

Sobre la parte que exceda de 100 unidades tributarias mensuales, 50%.".

20. Sustitúyese la escala de tasas del artículo 52° por la siguiente:

"Las rentas que no excedan de 10 unidades tributarias anuales, estarán exentas de este impuesto;

Sobre la parte que exceda de 10 y no sobrepase las 30 unidades tributarias anuales, 5%;

Sobre la parte que exceda de 30 y no sobrepase las 50 unidades tributarias anuales, 15%;

Sobre la parte que exceda de 50 y no sobrepase las 70 unidades tributarias anuales, 25%;

Sobre la parte que exceda de 70 y no sobrepase las 100 unidades tributarias anuales, 35% y

Sobre la parte que exceda de 100 unidades tributarias anuales, 50%.".

21. Agrégase el siguiente inciso final al número 1° del artículo 54°;

"Cuando corresponda aplicar el crédito establecido en el artículo 56°, número 3), se agregará un monto equivalente a éste para determinar la renta bruta global del mismo ejercicio y se considerará como una suma afectada por el impuesto de primera categoría para el cálculo de dicho crédito.".

22. En el artículo 56°:

a) Sustitúyese el inciso primero del número 3) por el siguiente:

"3) La cantidad que resulte de aplicar la misma tasa de primera categoría con la que se gravaron las rentas o cantidades que se encuentren comprendidas en la renta bruta global. También tendrán derecho a este crédito las personas naturales que sean socios de sociedades de personas por las cantidades obtenidas por estas últimas en su calidad de' accionistas de sociedades obtenidas por estas últimas en su calidad de accionistas de sociedades anónimas o en comandita por acciones, por la parte de dichas cantidades que integren la renta bruta global de las personas aludidas.", y

b) Agrégase el siguiente inciso final:

"Los créditos o deducciones que las leyes permiten rebajar de los impuestos establecidos en esta ley y que dan derecho a devolución del excedente se aplicarán a continuación de aquéllos no susceptibles de reembolso.".

23. En el artículo 62° agrégase el siguiente inciso final:

Para los efectos de aplicar el crédito a que se refiere el artículo 63° de esta ley, se agregará un monto equivalente a ésta para determinar la base imponible del mismo ejercicio del impuesto adicional y se considerará como suma afectada por el impuesto de primera categoría para el cálculo de dicho crédito.".

24. En el artículo 63°:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

"Artículo 63°.- A los contribuyentes del impuesto adicional se les otorgará un crédito equivalente al monto que resulte de aplicar a las cantidades gravadas conforme a los artículos 58°, 60°, inciso primero y 61°, la misma tasa de primera categoría que las afectó.";

b) En el inciso segundo, sustituyase la expresión "14° bis y 20° bis" por "14° y 14° bis", y

c) Agrégase el siguiente inciso final:

"Los créditos o deducciones que las leyes permiten rebajar de los impuestos establecidos en esta ley que dan derecho a devolución del excedente se aplicarán a continuación de aquéllos no susceptibles de reembolso.".

25. En el artículo 74°, número 4°, inciso primero, reemplázase la última parte que comienza con las palabras 'Tratándose de rentas" por la siguiente:

"No obstánte, tratándose de la remesa, retiro, distribución o pago de utilidades o de las cantidades retiradas o distribuidas a que se refiere el artículo 14° bis, la retención se efectuará con tasa del 35%, con deducción del crédito establecido en el artículo 63°. En el caso de dividendos pagados por sociedades anónimas o en comandita por acciones, si la deducción del crédito resultase indebida, total o parcialmente, la sociedad deberá restituir al Fisco el crédito deducido en exceso, por cuenta del contribuyente de impuesto adicional. Esta cantidad se pagará reajustada en la proporción de la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al de la retención y el último día del mes anterior a la presentación de la declaración de impuesto a la renta de la sociedad anónima, oportunidad en la que deberá realizar la restitución.".1

26. En el artículo 84°:

a) Sustitúyese la letra a) del artículo 84° por la siguiente:

"a) Un porcentaje sobre el monto de los ingresos brutos mensuales, percibidos o devengados por los contribuyentes que desarrollen las actividades a que se refieren los números 1°letra a), inciso noveno de la letra b), inciso final de la letra d), y letra e), 3°, 4° y 5° del artículo 20°, por los contribuyentes del artículo 34° bis número 2°, y 34 bis número 1°, que declaren impuestos sobre renta efectiva. Para la determinación del monto de los ingresos brutos mensuales se estará a las normas del artículo 29°.

El porcentaje aludido en el inciso anterior se establecerá sobre la base del promedio ponderado de los porcentajes que el contribuyente debió aplicar a los ingresos brutos mensuales del ejercicio comercial inmediatamente anterior, pero debidamente incrementado o disminuido en la diferencia porcentual que se produzca entre el monto total de los pagos provisionales obligatorios, actualizados conforme al artículo 95°, y el monto total del impuesto de primera categoría que debió pagarse por el ejercicio indicado, sin considerar el reajuste del artículo 72°.

Si el monto de los pagos provisionales obligatorios hubiera sido inferior al monto del impuesto anual indicado en el inciso anterior, la diferencia porcentual incrementará el promedio de los porcentajes de pagos provisionales determinados. En el caso contrario, dicha diferencia porcentual disminuirá en igual porcentaje el promedio aludido.

El porcentaje así determinado se aplicará a los ingresos brutos del mes en que deba presentarse la declaración de renta correspondiente al ejercicio comercial anterior y hasta los ingresos brutos del mes anterior a aquél en que deba presentarse la próxima declaración de renta.

En los casos en que el porcentaje aludido en el inciso anterior no sea determinable, por haberse producido pérdidas en el ejercicio anterior o no pueda determinarse por tratarse del primer ejercicio comercial o por otra circunstancia, se considerará que dicho porcentaje es de un 1%.

Las ventas que se realicen por cuenta de terceros no se considerarán, para estos efectos, como ingresos brutos.

No se considerará entre los ingresos brutos las cantidades que el contribuyente reciba de su cliente como reembolso de pagos hechos por cuenta de dicho cliente, siempre que tales pagos y los reembolsos a que den lugar se comprueben con documentación fidedigna y se registren en la contabilidad debidamente individualizados y no en forma global o estimativa.";

b) Sustitúyese la letra d) por la siguiente:

"d) Salvo los contribuyentes mencionados en la letra a) de este artículo, los mineros sometidos a las disposiciones de la presente ley darán cumplimiento al pago mensual obligatorio, con las retenciones a que se refiere el número 6° del artículo 74°||AMPERSAND||quot;;

c) En la letra e), agrégase después de la expresión "34°" el término "bis";

d) Sustitúyese la letra 0 por la siguiente:

"f) 0,2% del valor corriente en plaza de los vehículos, respecto de los contribuyentes mencionados en el número 3° del artículo 34° bis que estén sujetos al régimen de renta presunta.", y

e) Agrégase el siguiente inciso final:

"Para los fines indicados en este artículo, no formará parte de los ingresos brutos del reajuste de los pagos provisionales contemplados en el Párrafo 3° de este Título.".

27.Agrégase el siguiente artículo 86°:

"Artículo 86°.-

Los contribuyentes que durante un ejercicio comercial obtengan ingresos brutos correspondientes a rentas total o parcialmente exentas del impuesto de primera categoría, y que no las hubieran obtenido en el ejercicio comercial anterior, podrán reducir la tasa de pago provisional obligatorio a que se refiere el artículo 84° letra a), en la misma proporción que corresponda a los ingresos exentos dentro de los ingresos totales de cada mes en que ello ocurra. La tasa así reducida se aplicará únicamente en el mes o meses en que se produzca la situación aludida.".

28. Sustitúyese el artículo 90° por el siguiente:

"Artículo 90°.-

Los contribuyentes de la primera categoría que en un año comercial obtuvieran pérdidas para los efectos de declarar dicho impuesto, podrán suspender los pagos provisionales correspondientes a los ingresos brutos del primer trimestre del año comercial siguiente. Si la situación de pérdida se mantiene en el primer, segundo y tercer trimestre de dicho ejercicio comercial, o se produce en alguno de los citados trimestres, podrán suspender los pagos provisionales correspondientes a los ingresos brutos del trimestre siguiente a aquél en que la pérdida se produjo. Producida utilidad en algún trimestre, deberán reanudarse los pagos provisionales correspondientes a los ingresos brutos del trimestre inmediatamente siguiente.

Los contribuyentes que se encuentren en situación de suspender los pagos provisionales mensuales deberán mantener un estado de pérdidas y ganancias acumuladas hasta el trimestre respectivo a disposición del Servicio de Impuestos Internos. Este estado de pérdidas y ganancias deberá ajustarse de acuerdo a las reglas que esta ley establece para el cálculo de la renta líquida imponible de primera categoría, incluyendo la consideración de pérdidas de arrastre, si las hubiera, y los ajustes derivados del mecanismo de la corrección monetaria.

La confección de un estado de pérdidas y ganancias maliciosamente incompleto o falso, dará lugar a la aplicación del máximo de las sanciones contempladas en el artículo 97° número 4° del Código Tributario, sin perjuicio de los intereses penales y reajustes que procedan por los pagos provisionales no efectuados".

Artículo 2°.- Las modificaciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta introducidas por el artículo 1° de esta ley, regirán para los años tributarios 1991 y siguientes, con las excepciones que se indican a continuación:

1Regirán a contar del día 1° del mes siguiente al de publicación de esta ley las de los número 16, respecto de los términos de giro que deban efectuarse desde esa fecha, 19, 25, 26, 27 y 28. Respecto del número 26, lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo señalado en el artículo 8a transitorio de esta ley.

A contar del 1° de abril de 1990 las de los número 3 y 18.

Artículo 3°.-

Los contribuyentes que, por aplicación de los dispuesto en el artículo 20° número 1° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pasen a declarar renta efectiva sobre la base de contabilidad deberán registrar sus activos y pasivos en el balance inicial que deben confeccionar al 1° de enero del ejercicio en que queden sujetos al nuevo sistema, según las siguientes normas:

1.- Los terrenos agrícolas se registrarán por su avalúo fiscal a la fecha del balance o por su valor de adquisición reajustado de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición y el último día del mes anterior al balance, a elección del contribuyente.

Los demás bienes físicos del activo inmovilizado se registrarán por su valor de adquisición o construcción, debidamente documentado y actualizado de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la de la adquisición o desembolso y el último día del mes anterior al del balance, deduciendo la depreciación normal que corresponda por el mismo período en virtud de lo dispuesto en el número 5° del artículo 31° de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

3. El valor de los bienes del activo realizable se determinará en conformidad con las normas del artículo 30° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de acuerdo con la documentación correspondiente, y se actualizará a su costo de reposición según las normas contenidas en el artículo 41° número 3° de la misma ley.

4. Las plantaciones, siembras, bienes cosechados en el predio y animales nacidos en él, se valorizarán a su costo de reposición a la fecha del balance, considerando su calidad, el estado en que se encuentren, su duración real a contar de esa fecha, y su relación con el valor de bienes similares existentes en la misma zona.

5Los otros bienes del activo se registrarán por su valor de adquisición, debidamente documentado y actualizado en conformidad con las normas del artículo 41° de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

6Los pasivos se registrarán según su monto efectivo debidamente documentado y actualizado de acuerdo con las normas del artículo 41° de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Los pasivos que correspondan a operaciones de crédito de dinero sólo podrán registrarse si se ha pagado oportunamente el impuesto de timbres y estampillas correspondiente.

7.- La diferencia entre los activos y pasivos registrados en la forma antes indicada se considerará capital para todos los efectos legales o pérdida deducible en conformidad con el artículo 31° número 3° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según corresponda.

El Servicio de Impuestos Internos podrá rebajar los valores registrados en el balance inicial, haciendo uso del procedimiento establecido en el artículo 64° del Código Tributario, en todos aquellos casos en que la valorización del contribuyente no cumpla los requisitos señalados en este artículo o no sea debidamente demostrada.

Dentro de los cuatro primeros meses del año comercial en que el contribuyente deba incorporarse al sistema de renta efectiva deberá dar aviso al Servicio de Impuestos Internos de la circunstancia de estar sometido a dicho régimen, acompañando el balance inicial mencionado en el inciso primero de este artículo. La falta de este aviso hará aplicable el plazo de prescripción a que se refiere el inciso segundo del artículo 200a del Código Tributario.

Artículo 4°.-

Los contribuyentes que, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 34° y 34° bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pasen a declarar renta efectiva sobre la base de contabilidad deberán registrar sus activos y pasivos en el balance inicial que deben confeccionar al Ia de enero del ejercicio en que queden sujetos al nuevo sistema, según las siguientes normas:

1. Los terrenos se registrarán por su avalúo fiscal a la fecha del balance o por su valor de adquisición reajustado de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición y el último día del mes anterior al balance, a elección del contribuyente.

2.Los demás bienes físicos del activo inmovilizado se registrarán por su valor de adquisición o construcción, debidamente documentados, y actualizados de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al de la adquisición o desembolso y el último día del mes anterior al de la adquisición o desembolso y el último día del mes anterior al del balance, deduciendo la depreciación normal que corresponda por el mismo período en virtud de los dispuesto en el número 5° del artículo 31° de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

3 El valor de los bienes del activo realizable se determinará en conformidad con las normas del artículo 30a de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de acuerdo con la documentación correspondiente, y se actualizará a su costo de reposición según las normas contenidas en el artículo 41° número 3° de la misma ley.

4. Los otros bienes del activo se registrarán por su valor de adquisición, debidamente documentado y actualizado en conformidad con las normas del artículo 41° de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

5. Los pasivos se registrarán según su monto efectivo debidamente documentado y actualizado de acuerdo con las normas del artículo 41° de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Los pasivos que correspondan a operaciones de crédito de dinero sólo podrán registrarse si se ha pagado oportunamente el impuesto de timbres y estampillas correspondientes.

6.La diferencia entre los activos y pasivos registrados en la forma antes indicada se considerará capital para todos los efectos legales o pérdida deducible en conformidad con el artículo 31° número 3° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según corresponda.

El Servicio de Impuestos Internos podrá rebajar los valores registrados en el balance inicial, haciendo uso del procedimiento establecido en el artículo 64° del Código Tributario, en todos aquellos casos en que la valorización del contribuyente no cumpla los requisitos señalados en este artículo o no sea, debidamente demostrada.

Dentro de los cuatro primeros meses del año comercial en que el contribuyente deba incorporarse al sistema de renta efectiva deberá dar aviso al Servicio de Impuestos Internos de la circunstancia de estar sometido a dicho régimen, acompañando el balance inicial mencionado en el inciso primero de este artículo. La falta de este aviso suspenderá los plazos de prescripción a que se refiere el artículo 200a del Código Tributario.

Artículo 5°.-

Facúltase al Presidente de la República para dictar, mediante decreto supremo que llevará las firmas de los Ministros de Hacienda y Agricultura, un Reglamento de Contabilidad Agrícola. Dicho Reglamento derogará los reglamentos de Contabilidad Agrícola que estén en vigencia.

Facúltase al Presidente de la República para que, mediante decreto supremo que llevará las firmas de los Ministros de Hacienda y Minería, establezca las normas para determinar la parte del valor de las pertenencias mineras que se incluirá en el costo directo del mineral extraído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En todo caso, al establecer el valor inicial de la pertenencia deberá excluirse de éste la parte que proporcionalmente corresponda al mineral que se haya extraído hasta ese momento.

Artículo 6°.-

Deróganse los artículos 1° y 2° transitorios de la Ley N° 18.775, eliminándose sus efectos a contar del año tributario 1991.

Artículo 7°.-

Agrégase el siguiente artículo 75° bis al Código Tributario:

"Artículo 75° bis.-

En los documentos que den cuenta del arrendamiento o cesión temporal en cualquier forma, de un bien raíz agrícola, el arrendador o cedente deberá declarar si es un contribuyente del impuesto de primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta que tributa sobre la base de renta efectiva o bien sobre renta presunta.

Los Notarios no autorizarán las escrituras públicas o documentos en los que falte la declaración a que se refiere el inciso anterior.".

Artículo 8°.-

Reemplázase en el artículo 14° del Decreto Ley 825, de 1974, sustituido por el artículo primero del Decreto Ley 1.606, de 1976, el guarismo "16%" por "18%".

La modificación dispuesta en el inciso anterior se aplicará a los impuestos que se devenguen a contar del día 1° del mes siguiente al de publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Artículo 1° Transitorio.-

La disposición del artículo 14° letra A, número 3°, c), introducida por esta ley, se aplicará tomando en consideración las rentas tributables de los ejercicios anteriores al de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, y dando aplicación también a lo señalado en el inciso segundo del artículo 2° de la

Ley N° 18.293 y artículo 3° transitorio de la Ley N° 18.775.

Artículo 2° Transitorio.-

La tasa del impuesto de primera categoría establecida en el artículo 20° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, será de 15% para los años comerciales 1991, 1992 y 1993, afectando, por consiguiente, las rentas que se perciban, devenguen, retiren o presuman en dichos períodos.

Artículo 3° Transitorio.-

Las actividades agrícolas, de minería y de transporte quedarán sujetas a las siguientes reglas para el año comercial 1990:

a) Los contribuyentes que desarrollaban actividades agrícolas al 31 de diciembre de 1989, para determinar si quedan obligados a declarar el impuesto de primera categoría sobre su renta efectiva, determinada según contabilidad completa, deberán considerar las ventas que hayan tenido en ese año, aplicando las normas del artículo 20° número 1° letra b) de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

b)Los contribuyentes que desarrollaban actividades de minería al 31 de diciembre de 1989, para determinar si quedan obligados a declarar el impuesto de primera categoría sobre su renta efectiva, determinada Según contabilidad completa, deberán considerar las ventas que hayan tenido en ese año, aplicando las normas del artículo 34° número 2° de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

c) Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 1989 desarrollaban actividades de transporte, para determinar si quedan obligados a declarar el impuesto de primera categoría sobre su renta efectiva, determinada según contabilidad completa, deberán considerar el total de su facturación de servicios en ese año, aplicando las normas del artículo 34° bis número 2°.

Artículo 4° Transitorio.- Los contribuyentes que, como consecuencia de las normas introducidas en el artículo 20° número 1° letras a) y b) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pasen a declarar la renta efectiva proveniente de la explotación de bienes raíces agrícolas, a contar del año comercial 1990, se sujetarán a las siguientes reglas:

1. Los contribuyentes que, para los efectos contemplados en el artículo 71° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, llevaban contabilidad completa en libros autorizados y timbrados por el Servicio de Impuestos Internos con anterioridad al 31 de diciembre de 1989, podrán continuar llevando su contabilidad en dichos libros, sin perjuicio de las facultades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos respecto de la información en ellos contenida y de la documentación en que se sustente.

2. Los contribuyentes que no se encuentren en la situación indicada en el número precedente, deberán ceñirse a las normas del Reglamento de Contabilidad Agrícola contenido en el Decreto Supremo número 323, de 1982, del Ministerio de Hacienda, aplicables a los contribuyentes que lleven contabilidad completa.

3. Los contribuyentes señalados en loso números anteriores deberán sujetarse además a la siguientes normas:

a) Su balance inicial de activos a pasivos deberá confeccionarse al 1° de enero de 1990, ciñéndose a las normas del artículo 3° de la presente ley, con los ajustes contables que correspondan.

b) El aviso y presentación del balance inicial al Servicio de Impuestos Internos, a que se refiere el inciso tercero del artículo 3° antes citado, deberá efectuarse dentro de los cuatro meses calendarios posteriores a la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

c) Una vez que se dicte el Reglamento de Contabilidad Agrícola deberán ajustar sus registros contables de acuerdo a las disposiciones que dicho reglamento establezca.

Artículo 5° Transitorio.- La primera enajenación de los predios agrícolas que, después del 1° de enero de 1990, efectúan contribuyentes que pasen a tributar sobre renta efectiva determinada según contabilidad, de acuerdo a las normas del artículo 20° número 1° letra b) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según el texto introducido por esta ley, se sujetará a las siguientes normas:

1. El valor de enajenación, incluido el reajuste del saldo de precio, tendrá el carácter de ingreso no constitutivo de renta hasta la concurrencia con la cantidad que resulte de aplicar al valor de adquisición del predio respectivo el porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición y el último día del mes anterior a la enajenación o hasta su avalúo fiscal a la fecha de enajenación, a elección del contribuyente.

2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, y si el contribuyente así lo solicitase, tendrá el carácter de ingreso no constitutivo de renta el valor de enajenación hasta la concurrencia de la tasación del valor comercial del predio que, para este sólo efecto, practique el Servicio de Impuestos Internos. El contribuyente podrá reclamar de dicha tasación con arreglo a las normas del Título III, del Libro Tercero del Código Tributario.

3. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las enajenaciones que se hagan a las sociedades o empresas indicadas en el inciso cuarto del número 8°, del artículo 17°, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

4. La norma del número 2.- de este artículo no se aplicará a las enajenaciones que se efectúen con posterioridad a la entrada en vigencia de la primera tasación de bienes raíces de la primera serie, que se haga con posterioridad a la publicación de esta ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 17.235.

Artículo 6° Transitorio.-

Los contribuyentes que en el año 1990 pasen al régimen de renta efectiva según contabilidad, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 20° número 1° letra b), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, establecido por esta ley, tendrán derecho por una sola vez a revalorizar los bienes mencionados en el número 2.- del artículo 3° de esta ley, de acuerdo con su valor comercial y hasta por un monto que no exceda en más de un 50% del valor de dichos bienes registrado en el balance inicial.

El mayor valor que resulte de la revalorización indicada en el inciso precedente quedará afecto a un impuesto único de 8%, que se declarará y pagará por el contribuyente dentro de los doce primeros días del mes siguiente a aquél en que se haga la revalorización.

La revalorización de que trata este artículo deberá practicarse al momento de la confección del balance inicial mencionado en el artículo 3° inciso primero de esta ley, e incorporarse a él. El detalle de dicha revalorización deberá presentarse conjuntamente con el balance, en la oportunidad que indica la letra b) del número 3 del artículo 4° transitorio de esta ley.

En caso de enajenación de bienes que hayan sido revalorizados de acuerdo con este artículo, para determinar el resultado de dicha operación no se admitirá la deducción de aquella parte del valor contabilizado de los bienes que proporcionalmente corresponda a la revalorización.

Artículo 7° Transitorio.- Los contribuyentes que, como consecuencia de las normas introducidas en los artículos 34° y 34° bis, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pasen a declarar la renta efectiva proveniente de actividades mineras o de transporte, a contar del año comercial 1990, se sujetarán a las siguientes reglas:

1.- Los contribuyentes que, para los efectos contemplados en el artículo 71° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, llevaban contabilidad completa en libros autorizados y timbrados por el Servicio de

Impuestos Internos con anterioridad al 31 de diciembre de 1989, podrán continuar llevando su contabilidad en dichos libros, sin perjuicio de las facultades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos respecto de la información en ellos contenida y de la documentación en que se sustente.

2.- Los contribuyentes que no se encuentren en la situación indicada en el número precedente, deberán ceñirse a las normas y principios contables generales aplicables a los contribuyentes que lleven contabilidad completa.

3 Los contribuyentes señalados en los números anteriores deberán sujetarse además a las siguientes normas:

a) Su balance inicial de activos y pasivos deberá confeccionarse al 1° de enero de 1990, y deberá ceñirse a las normas del artículo 4° de la presente ley, con los ajustes contables que correspondan, y

b) El aviso y presentación del balance inicial al Servicio de Impuestos Internos, a que se refiere el inciso tercero del artículo 4° antes citado, deberá efectuarse dentro de los cuatro meses calendarios posteriores a la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

Artículo 8a Transitorio.- Los contribuyentes a que se refiere el artículo 84° letra a) de la Ley sobre Impuesto a la Renta deberán comenzar a efectuar pagos provisionales mensuales, de acuerdo con el nuevo texto de esta disposición, por los ingresos brutos percibidos o devengados a contar del día primero del mes siguiente al de publicación de esta ley en el Diario Oficial. Para estos efectos la tasa que aplicará cada contribuyente será equivalente a la que tuvo para efectuar pagos provisionales por el mes de diciembre de 1988, incrementada en un 50%. Cuando el contribuyente no hubiera efectuado pagos provisionales en ese mes, o si por otra causa no fuera posible establecer la tasa aplicable en dicho mes, la tasa que se aplicará sobre los referidos ingresos será un 1,5%. Las tasas que establece este artículo se aplicarán y mantendrán hasta los ingresos que se obtengan en el mes anterior a aquel en que deba presentarse la declaración anual de impuestos a la renta para el año tributario 1991.

A contar de esa fecha se aplicarán las normas sobre determinación de la tasa variable prescritas en el artículo 84° letra a) de la Ley de Impuesto a la Renta. Respecto de los ingresos percibidos o devengados entre los meses de abril de 1991 y marzo de 1992, la tasa que resulte de aplicar lo dispuesto en el referido artículo 84° letra a) se incrementará en un 50%.

La tasa de pagos provisionales mensuales que, en conformidad con el articula 84° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, deba aplicarse entre los meses de abril de 1994 y marzo de 1995, se rebajará en un 33%.

Las tasas establecidas en las letras c), e)y f), del artículo 84° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se incrementarán en un 50% en los años comerciales 1991, 1992 y 1993. Del mismo modo, las tasas a que se refiere el artículo 74° número 6° de la ley citada deberán incrementarse en un 50% en esos mismos años respecto de los mineros que no estén comprendidos en el artículo 23° de la Ley sobre Impuesto a la Renta.".

Dios guarde a V.E.,

PATRICIO AYLWIN AZOCAR , Presidente de la República ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO , Ministro de Hacienda.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Asiste a la sesión el señor Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley , quien ha solicitado la autorización de la sala para que ingresen a ella sus asesores, el Subsecretario de Hacienda, don Pablo Piñera , y el Asesor Económico del Ministerio de Hacienda, señor Manuel Marfán Lewis .

Solicito el asentimiento de la Sala para que se autorice el ingreso de las mencionadas personas a la Sala, sin derecho a voz.

El señor BOMBAL.-

pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal .

El señor BOMBAL .-

Señor Presidente, una vez más conoceremos un proyecto de ley sin tener aún el informe de la Comisión. He sido reiterativo en plantear en las reuniones de Comités que, al menos, para conocer de un proyecto de ley, tengamos en la Sala el informe de la Comisión de Hacienda.

Una vez más los Diputados conoceremos de un proyecto de esta magnitud, sin conocer exactamente las indicaciones formuladas por la Comisión de Hacienda.

Se está legislando en una forma precipitada, lo que nada conduce al prestigio de la labor parlamentaria. A mi juicio, esta situación es extremadamente precipitada. Lo mismo ocurrió respecto del proyecto de ley sobre Indultos Generales y • respecto del proyecto de ley sobre la Pena de Muerte. Ahora analizaremos en general la reforma tributaria nuevamente sin conocer el informe.

Quiero, eso sí, señor Presidente, hacer una salvedad.

Me consta que la Comisión estuvo trabajando anoche hasta las tres y media de la madrugada para preparar este informe. Pero es enteramente inaceptable conocer de un proyecto que dista mucho de ser el enviado por el Ejecutivo o, por lo menos, con bastantes diferencias. Nada sacamos los Diputados con conocer el Mensaje y el proyecto del Ejecutivo, en circunstancias de que ahora ha sufrido en su estudio por la Comisión de Hacienda muchas modificaciones que aún desconocemos, sobre todo cuando se pretende votar este proyecto en el día de mañana.

Por tanto, pido formalmente que se postergue la discusión de este proyecto hasta la próxima semana.

Por otra parte, solicito que, en atención a que se encuentra en la Sala el señor Ministro de Hacienda, esta discusión sirva para que nos aclaren y para que nos informen los Diputados miembros de la Comisión de Hacienda a los Diputados presentes en la Sala, quienes en bloque, ignoramos hasta este minuto el trabajo de dicha Comisión.

No quiero representarle a la Mesa, de esta forma, ninguna cosa ingrata. Quiero señalar que, como procedimiento, éste me parece muy delicado, sobre todo, cuando han ocurrido ya tres situaciones de esta naturaleza.

En el caso del proyecto de la ley de indultos, señor Presidente, faltó discusión, faltó conocimiento, toda vez que ahora el Gobierno está indicando que no promulgará una ley que aprobó el Parlamento. Eso es enteramente irregular, dadas las razones que se invocan.

Tal vez, si se hubiese discutido más extensamente en la Sala el proyecto de ley de indultos, el Gobierno bien pudo haber evitado la situación que hoy en día le está ocurriendo, cuando dice que no promulgará una ley por la presión que está soportando en distintos penales del país.

Hago esta observación, no con el ánimo de molestar, sino con el de señalar, de una vez por todas, que actuemos con más responsabilidad, porque no se está prestigiando de esta forma la labor que este Congreso Nacional tiene que realizar.

Muchas gracias.

El señor LATORRE.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Quiero saber sí, respecto de la petición de que ingresen a la Sala el señor Subsecretario de Hacienda y el Asesor Económico del Ministro de Hacienda fue acordado por la Sala.

Si les parece, se dará por acordada.

Acordada.

Respecto de este punto, quiero hacer presente, antes de dar la palabra al Diputado Latorre, que, por decisión unánime de los Comités, en la semana pasada, se sabía cuándo la Comisión iba a terminar su trabajo. Por esta razón se decidió que la sesión de hoy día fuera de discusión general. Para votar el proyecto, si la discusión estuviera agotada, se ha citado a una sesión para el día de mañana.

El informe tiene 127 páginas. La Comisión de Hacienda terminó su trabajo, como muy bien dice el Diputado Bombal , muy tarde ayer en la noche. Dentro de poco, el informe estará en poder de todos los señores Diputados. La sesión de hoy día se destinará a escuchar al Diputado informante, al señor Ministro, y a la discusión en general.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, desde el punto de vista reglamentario, los acuerdos adoptados por la unanimidad de los Comités deben ser respetados por todos los señores parlamentarios de la Sala. Efectivamente, para iniciar el trabajo de las sesiones plenarias, en cada caso, se ha discutido previamente en sesión de los Comités la forma cómo se abordará la sesión.

En consecuencia, en primer lugar, me parece muy extraño que el Diputado señor Bombal , no aparezca, en esta oportunidad, haciendo suyos los acuerdos que son de la unanimidad de los Comités.

En segundo lugar, quiero rectificarle que no corresponde a la realidad si bien comparto su opinión y frente al hecho de que abordamos la discusión de dos proyectos de ley en forma relativamente apresurada que no se haya tenido sobre la mesa el informe de la Comisión de Hacienda respecto de la ley de indultos, ya que sí lo tuvimos en el momento de abordar la discusión.

En cuanto a los alcances que formula respecto de las opiniones del Gobierno, me parecen absolutamente improcedente. Los criterios que el Gobierno ha manifestado respecto del tema de la ley de indultos dicen relación, estrictamente, con un problema muy concreto, que él conoce, y que se ha presentado con motivo de la huelga por parte de los reos de distintos recintos carcelarios. No me parece oportuno que él haga un alcance referente al contenido de la ley, en función de un hecho que es absolutamente circunstancial y frente al cual el Gobierno tiene el legítimo derecho de expresar los criterios con arreglo a los cuales resolverá en definitiva, para abordar un problema tan delicado como es esta huelga de hambre.

En consecuencia, señor Presidente, quiero manifestar que no estoy de acuerdo con el planteamiento de fondo formulado por el Diputado señor Bombal .

Por último, sí quiero afirmar que los Comités hemos estado unánimemente de acuerdo en que en el día de hoy se haga la discusión de la ley de reforma tributaria, pues está en nuestro conocimiento que el informe de la Comisión de Hacienda está siendo impreso y podremos contar con él durante el transcurso de esta sesión.

Muchas gracias.

El señor ROJO (don Hernán ).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo .

El señor ROJO .-

Señor Presidente, considero de mucha importancia este proyecto de ley para entrar a una discusión general sin conocer el informe de la Comisión de Hacienda.

Los diputados que no hemos formado parte de la Comisión, no tenemos los antecedentes suficientes. Por ello, sugiero que escuchemos hoy día al Diputado informante y al señor Ministro de Hacienda, y dejemos la discusión general para la sesión de mañana.

El señor BOMBAL .-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal .

El señor BOMBAL .-

Señor Presidente, como fui aludido, debo destacar que estuve en esa reunión de Comités y le consta a la Mesa cuando convocó a ella en la que expresamente solicité que para la discusión de este proyecto no nos ocurriera lo mismo que con la discusión de las otras dos iniciativas anteriores. Se me aseguró que se realizaba esta sesión hoy día en el claro entendido de que el informe estaría a disposición de los señores parlamentarios, a lo menos, 24 horas antes o algunas horas anteriores a la sesión. Sin embargo, son las 16 horas 15 minutos, y aún no tenemos el proyecto a nuestro alcance. Eso es todo lo que ha motivado mi observación. Le agradezco al Diputado señor Rojo que la ratifique en alguna medida.

Me parece muy importante lo que señala el Diputado Rojo , pues ese debe ser el procedimiento a observar: que el señor Diputado informante haga el relato, pese a no tener el informe, y, en seguida, escuchemos al señor Ministro de Hacienda. Me parece que sería de una tremenda irresponsabilidad entrar hoy día a la discusión del proyecto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Existe un acuerdo unánime de los Comités, adoptado hoy en la tarde, del cual Su Señoría no participó, en el sentido de suspender la Hora de Incidentes de hoy, y realizar la discusión general hoy y mañana, en el entendimiento de que no se vote hoy día el proyecto.

Tengo la impresión de que este informe llegará a poder de ustedes dentro de poco, porque está impreso. Sólo lo están compaginando. Por tanto, yo perdería más tiempo, ya que conocemos el problema que existe.

Ofrezco la palabra al Diputado informante, y luego, al señor Ministro de Hacienda.

El señor SCHAULSOHN .-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn .

El señor SCHAULSOHN .-

Señor Presidente, si Su Señoría estima que el informe llegará dentro de poco, por un tiempo presumiblemente razonable, de 15 minutos, podría por un tiempo suspender la sesión hasta la llegada del informe, para proceder como corresponde.

El señor HUEPE .-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huepe .

El señor HUEPE .-

señor Presidente, lamento que perdamos tanto tiempo en estas cosas de procedimiento. Sólo para cerrar ese tema, debo decir que es efectivo que la Cámara no puede discutir sin el cúmulo de antecedentes; pero también es cierto y debe tenerse claro que para eso existen las Comisiones. Aquí hemos tenido una Comisión de Hacienda, integrada por 13 miembros de esta Corporación, que ha estado reunida 5 ó 6 días, prácticamente a tiempo completo, revisando artículo por artículo. Entonces, precisamente, el sentido de esta reunión y el del acuerdo que adoptamos los Comités la semana pasada, se deben a que sabíamos con anticipación que no íbamos a disponer del informe, aun cuando pensamos que lo tendríamos hoy, al empezar la sesión. Se va a retrasar media o una hora más de lo que habíamos supuesto la semana pasada. Entonces, íbamos a destinar esta sesión no a votar, sino a informar a los 107 Diputados restantes, que no asistieron a las reuniones de la Comisión. Ese es el objeto de designar un Diputado informante. Ese es el sentido de la intervención del señor Ministro. Además, durante esta sesión, que va a durar tres horas porque acordamos suspender la Hora de Incidentes contaremos con 13 Diputados de las distintas bancadas, quienes en estos días, se han especializado en el tema y cuyo deber es, precisamente, informar a esta Corporación sobre los distintos antecedentes del proyecto.

Por eso, lamento esta situación y creo que se deben tomar las medidas para que, ojalá, no se repita. Sin embargo, no cambiaría el acuerdo adoptado, cual es discutir en general el proyecto hoy; seguir la discusión general y votar mañana, dando plazo para recibir las posibles indicaciones durante el día de mañana. El debate del proyecto en particular lo dejaríamos para la próxima semana, pues nos va a ocupar dos o tres días.1

Esa ha sido la situación producida. Ojalá pudiésemos discutir el tema de inmediato.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El señor Secretario me ha comunicado que en un cuarto de hora más empiezan a llegar los primeros informes.

Para no perder más tiempo, ofrezco la palabra al Diputado informante, señor Jaime Estévez .

El señor CERDA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CERDA .-

Señor Presidente, mientras llega el informe, lo lógico sería ofrecer la palabra al señor Ministro de Hacienda, para que nos dé a conocer los objetivos del proyecto y, una vez que llegue el informe, el Diputado informante podrá hacer uso de la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Su Señoría piensa que es mejor alterar el orden.

¿Qué opina el señor Ministro? ¿Cree conveniente intervenir ahora?

Dice que sí; de manera que podemos escuchar, primero, una exposición general del señor Ministro, esperando que llegue el informe.

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley .

El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-

Gracias, señor Presidente.

Quiero en forma bastante sintética, informar de los lineamientos generales de este proyecto de reforma tributaria.

Hemos participado en las discusiones de la Comisión de Hacienda de esta Cámara, las que han sido extraordinariamente concienzudas, serias, técnicas y muy profundas. El Diputado informante podrá entregar los resultados del trabajo de la Comisión.

Quiero señalar aquí las líneas gruesas de esta, reformas y el porqué de ellas aun cuando creo que esto se ha dicho con anterioridad. Estimamos que, en este momento, es fundamental que el país reduzca la brecha que existe entre aquella parte del país que se ha modernizado; que ha tenido capacidad de éxito económico por un enfoque de la economía basada en las exportaciones y que ha generado bienestar a su alrededor en ese determinado sector de la población. Hay otra parte que ha sufrido un menoscabo, un retroceso, un distancia, respecto de aquel primer sector modernizado. Pensamos que es importante intentar reducir, en forma sistemática, la brecha entre estos dos países que coexisten internamente dentro de Chile.

Hemos dicho también que el objetivo que se persigue con el proyecto de reforma tributaria consiste en allegar los recursos necesarios para que el país decida, de común acuerdo, invertir mucho más en las personas; realizar un proceso sostenido y sistemático de inversión en educación, en salud, en capacitación para los jóvenes; atacar los problemas del medio ambiente y todos aquellos factores que afectan la calidad de vida de las personas y, especialmente, de las clases más modestas de la población.

Hemos señalado también que en esta discusión hay envuelta una cuestión ética; una decisión fundamental del país. Si éste quiere una dosis mayor de capacidad de cooperación y colaboración entre sí de sectores que en el pasado han sido antagónicos, se necesita también de un mayor énfasis en la solidaridad en el plano económico, para que quienes han tenido menos oportunidades, pueden tenerlas en mayor abundancia en el futuro. Por esto la urgencia de la reforma tributaria.

Al mismo tiempo, queremos hacer este esfuerzo de inversión en las personas sin dañar los avances logrados en cuanto a disminuir la inflación y a mantener el equilibrio macroeconómico de una economía que funciona con bastante normalidad. Si se la compara con cualquier otra economía de los países vecinos; si queremos mantener y proteger aquello que está funcionando bien y, al mismo tiempo, que la tarea en lo social sea más fundamental, con un esfuerzo mayor, debemos poner los ingresos antes que los gastos.

Un ejemplo de lo que estamos diciendo podemos darlo con lo acordado hace un par de días, entre el Gobierno, la Confederación de la Producción y del Comercio y la Central Unitaria de Trabajadores. Hemos llegado a acuerdos en materia de política de ingresos, particularmente de ingresos mínimos, que han establecido, precisamente, que los aspectos que implican mayor gasto para el erario, como la duplicación de las asignaciones familiares para todas las personas que ganan menos de 50 mil pesos y los aumentos de las asignaciones familiares en el tramo de hasta 70 mil pesos, van a regir a contar de la aprobación de la reforma tributaria. Queremos obtener los ingresos antes que se produzcan los gastos, para preservar y asegurar el equilibrio fiscal, mantener la inflación en una tasa baja y garantizar los equilibrios macroeconómicos.

El proyecto de reforma tributaria, dicho sucintamente, tiene cinco grandes bloques. El primero de ellos se refiere a modificaciones, tanto en la base como en la tasa, del impuesto a las utilidades de las empresas; o sea, al impuesto de primera categoría.

En cuanto a la base, se propone volver a la existente hasta 1988; es decir, que se tribute sobre las utilidades devengadas. En lo referente a la tasa, se propone subirla, transitoriamente, a 15 por ciento, hasta 1993. Al mismo tiempo, en esta reforma se mantiene el crédito contra el impuesto global complementario por las utilidades retiradas por los accionistas, el que como digo, se usa contra el pago del global complementario.

Podría decir, en síntesis, que estamos proponiendo un alza razonable de un impuesto que hoy día prácticamente no existe. Tengo una lista de unos 30 a 35 países en la cual no figura ninguno con una tasa inferior al 25 ó 30 por ciento. El promedio, probablemente, se encuentra entre el 30 y el 40 por ciento. Esta muestra incluye países latinoamericanos, países exitosos del Asia y países industrializados de Europa y los Estados Unidos.

La modificación del impuesto de primera categoría va acompañada, al mismo tiempo, de una propuesta específica de incentivo a la inversión. Cabe hacer notar que, esta enmienda, al mantener una tasa diferenciada de tributación entre la base de 15 por ciento de tasa para la utilidad devengada y la tasa del impuesto global, que es más alta para la utilidad distribuida, está ya introduciendo un elemento de incentivo para la reinversión de las utilidades en la empresa. Pero, además, hemos querido consagrar un incentivo explícito y específico a la inversión, especialmente en la empresa mediana y pequeña. Este consiste en un descuento del impuesto a las utilidades de hasta un 2 por ciento del valor de las nuevas inversiones que realicen las empresas en activos fijos depreciables nuevos. Este descuento del 2 por ciento del valor de la inversión se puede hacer independiente de la forma de financiamiento de ella. Esto tiene un tope de inversión de 250 millones de pesos, o si se quiere, un descuento de 500 unidades tributarias mensuales. Al mismo tiempo, se mantienen todos los otros incentivos a la inversión que hoy día existen en la economía chilena.

El segundo bloque en esta reforma tributaria se refiere a los cambios en el impuesto a la tributación de las personas, para lo cual se propone, fundamentalmente, mantener la tasa máxima del impuesto de 50 por ciento y el mínimo exento que, en la actualidad, está fijado en alrededor de 100 mil pesos. Después se proponen medidas de simplificación tributaria, reduciendo a seis los tramos de ingresos. Al mismo tiempo, se revisa la definición de dichos tramos.

Estos cambios pretenden revertir parcialmente la reforma tributaria del año 1984, que redujo en forma importante estos impuestos, sobre todo, en los tramos de ingresos medios y altos. Digo que estamos revirtiendo parcialmente, porque una persona que hoy día gana, por ejemplo, 1 millón y medio de pesos al mes, con la reducción tributaria del año 1984 obtuvo una ganancia en sus ingresos disponibles de 17 por ciento, pues se le redujeron en esa proporción los impuestos. Por lo tanto, quien ganaba 1 millón y medio de pesos aumentó en 17,3 por ciento sus ingresos disponibles. Hoy día, lo que estamos haciendo es revertir la mitad de ese aumento de ingreso disponible por medio de aumentar la tasa de tributación en el equivalente al 8,3 por ciento del ingreso total de esa persona en dicho tramo.

Otro ejemplo. Quienes están en los 500 mil pesos, obtuvieron un 4,3 por ciento de ingreso disponible con la reforma tributaria de 1984. Hoy día, el aumento del impuesto les significa una disminución de ese ingreso disponible de un 2 por ciento respecto de su sueldo mensual.

Para quienes ganan menos de 350 mil pesos, en realidad el ingreso disponible queda igual. No hay aumento en la tributación de toda esa parte de clase media, ni menos aún en quienes obtienen menos de 300 mil pesos.

El tercer bloque en esta reforma se refiere a la necesidad de mejorar el sistema tributario en cuanto a su equidad horizontal. Es bien sabido el hecho de que hay ramas de la actividad en la economía chilena que han estado tributando sobre una base distinta a la que se aplica a la mayoría de los contribuyentes del país. Me refiero al sector agrícola, al del transporte y al minero. Se trata, fundamentalmente, de pasar de un régimen de renta presunta a uno de renta efectiva. En el sector agrícola se aplica a un porcentaje de productores, a aquellos que corresponden al estrato de agricultura comercial más organizada como una empresa productiva, y que, por lo tanto, están en condiciones de llevar una contabilidad completa.

Quiero hacer un comentario muy breve y. simple: ésta es una modificación que, idealmente, debería aplicarse a todo el sector agrícola, al igual que al resto de las actividades productivas. No se trata, por la vía de la renta presunta, de dar una franquicia especial a un sector. Se mantiene el criterio sustentado hasta ahora de que el agricultor pequeño y el mediano no tienen condiciones o medios de pago suficientes para llevar una contabilidad completa, y por eso se les exime, no para darle un incentivo especial. En todo caso, éste es un tema al cual, seguramente, se va a referir en detalle el señor Diputado informante, pues ha sido largamente debatido en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Entiendo que ha sido mejorada, perfeccionada, la proposición original del Ejecutivo, y nosotros hemos estado de acuerdo con las enmiendas sugeridas en la Comisión. Por ello, en este tema voy a dejarle la palabra al Diputado informante.

En el caso del sector minero, también se define un cambio de renta presunta a renta efectiva. Se establecen límites para las empresas que quedarían sometidas a renta efectiva. El resto de tales empresas quedan incluidas, de todas maneras, en renta presunta.

Lo mismo ocurre con el rubro transporte. Creo que el Diputado informante quería referirse en detalle a estas materias.

El cuarto bloque de esta reforma tributaria apunta especialmente a la prevención de resquicios, de facilidades, de personas o empresas que no se atienen al espíritu y letra de la ley y que usan mecanismos para evadir la tributación.

En el proyecto de ley se tipifican tres o cuatro situaciones para tratar, precisamente, de impedir la evasión y mejorar, de esa manera también, la equidad del sistema tributario; de modo que todos quienes obtienen un determinado ingreso por sus trabajos o por su actividad productiva, paguen impuestos en igualdad de condiciones con el resto de los contribuyentes. No quiero entrar en detalles en un tema tan extenso como éste, porque, indudablemente, se tratarán en la discusión particular del proyecto.

Por último, un quinto bloque se refiere a los impuestos indirectos, materia en la cual el Ejecutivo propone el aumento del 16 al 18 por ciento del impuesto al valor agregado.

Como los señores Diputados saben, este impuesto fue fijado por la reforma tributaria del año 1975 en una tasa del 20 por ciento. Una de las últimas reformas, la bajó al 16 por ciento.

Junto con el aumento de los dos puntos, se introduce el concepto del "IVA compensado". Así, el Gobierno está consciente del impacto que el impuesto al valor agregado tiene sobre el consumo de todos los sectores de la población, en particular, sobre el consumo de los de menores ingresos. Hay que hacer notar que el 60 por ciento de las familias de menores ingresos participan en el 25 por ciento del total del consumo, de modo que su contribución a la recaudación total de este impuesto es, a la vez del orden del 25 por ciento.

Como política, proponemos compensar ese impacto por la vía de "focalizar" y dirigir preferentemente hacia ellos el gasto social que se financiará con la recaudación del aumento del IVA. Por ejemplo, el paquete de medidas anunciadas recientemente por el Ejecutivo, como consecuencia del acuerdo tripartito Central Única de Trabajadores, Confederación de la Producción y del Comercio y Gobierno, se destina a esta finalidad un porcentaje muy alto de la recaudación de este impuesto durante el segundo semestre de este año. Por lo tanto, se cumplirá esto sujeto, como se dice en ese acuerdo tripartito a la aprobación de la reforma tributaria con la política de compensar el aumento del IVA, de modo que el presupuesto familiar de los grupos más pobres se vea, no disminuido, sino aumentado significativamente como consecuencia de este gasto social redirigido hacia ellos. Se ha dicho, también, justificadamente, que el impuesto al valor agregado tiene algún impacto sobre la inflación. Efectivamente, el aumento en dos puntos del IVA, el efecto neto que tendrá sobre el presupuesto familiar de los hogares más modestos, tomando en cuenta que hay consumos no sujetos al IVA, como los referidos a movilización, arriendo, educación y salud, es aritméticamente, de 1,25 por ciento.

Por otra parte, hemos señalado que este impacto se produce de una sola vez, además de que se compensa por el gasto social más "focalizado". En consecuencia la preocupación fundamental, justificada a mi juicio, de quienes han planteado este punto debiera ser la alta tasa de inflación que exhibe hoy la economía chilena.

Un 30 por ciento de inflación anual es un impacto que se siente no una vez, sino en todo momento, mientras se mantiene, sobre el presupuesto familiar de la gente modesta. Por lo tanto, nuestro mayor esfuerzo debiera ser, por un lado, "focalizar" el gasto social hacia esos sectores, y por otro, obviamente, reducir esa tasa de inflación. El Gobierno se ha comprometido en una política económica y fiscal concordante con el objetivo de reducir La inflación, para impedir el efecto negativo del proceso inflacionario sobre el presupuesto familiar.

Termino señalando que la reforma tributaria es fundamental para el buen desenvolvimiento del esfuerzo social y de los programas que el Gobierno tiene en materia social. Cada mes de adelanto en la aprobación de este proyecto, significa disponer de 50 ó 60 millones de dólares mensuales, recursos que permitirían echar a andar algunos de los programas sociales que están esperando sectores muy importantes del país.

Creo, finalmente, que tanto el tema tributario, como el social, atañen a todo el país y no exclusiva y excluyentemente a ningún sector en particular. Todos los chilenos, al aprobar la idea contenida en el proyecto, están respaldando la iniciativa de carácter nacional, destinada a enfrentar seria y definitivamente y con profundidad, el problema de las carencias sociales de grupos muy importantes de los sectores medios y, sobre todo, de los sectores más pobres en Chile. De allí que el Ejecutivo espere que este proyecto pueda ser aprobado a la brevedad por el parlamento.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ha comunicado a la Mesa que el informe de Hacienda está por ser distribuido a los señores Diputados. En tanto ello ocurre, se suspende la sesión por cinco minutos.

Se suspendió la sesión a las 16 horas 37 minutos...

Se reanudó a las 16 horas 47 minutos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

Ha llegado cierto número de ejemplares de informes de la Comisión de Hacienda, los que están siendo distribuidos a los señores Diputados. El resto lo será a medida que avance el debate.

Tiene la palabra el Diputado informante, señor Jaime Estévez .

El señor ESTEVEZ .-

Señor Presidente, prefiero esperar que terminen de entrar los señores Diputados, con el objeto de que mi explicación la escuchen todos los que intervendrán a continuación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Como ya hay quorum, señor Diputado puede empezar su informe.

El señor ESTEVEZ.-

Bien .

Señor Presidente, la Comisión de Hacienda propone a la Sala aprobar en general el proyecto de ley de reforma tributaria que el Ejecutivo ha sometido a su consideración.

Como manifestó el señor Ministro, la idea matriz del proyecto es incrementar la recaudación tributaria, para conciliar el desarrollo económico con la justicia social.

Al mismo tiempo, se propone avanzar en la equidad, la racionalización, la simplicidad y la eficiencia del sistema tributario.

El destino de los nuevos recursos será materia de un proyecto de ley modificatorio del presupuesto de la Nación, iniciativa que será discutida en su oportunidad por esta Cámara.

Según el mensaje del proyecto que debatimos, el Gobierno ha comprometido su intención de, destinar los nuevos recursos que genere esta reforma tributaria, a tres fines:

Primero, a suplir las insuficiencias del actual Presupuesto para 1990, a fin de dar continuidad a los programas sociales en curso que podrían verse amenazados de quedar desfinanciados.

Segundo, apoyar la ejecución de nuevas políticas sociales, a lo cual irá destinada la mayor parte de los recursos que se obtengan.

En tercer lugar, apoyar la inversión en infraestructura y equipamiento para asegurar el desarrollo del país.

La comisión invitó a expresar su opinión, en ella, a dirigentes gremiales, a dirigentes sindicales y a especialistas en economía. En lo que respecta a los trabajadores, lamentablemente, los dirigentes de la Central Única de Trabajadores no pudieron asistir a la primera invitación que les hiriera llegar la Comisión, ni tampoco a la convenida en una segunda oportunidad.

Los empresarios formularon observaciones de carácter global y también específicas por rama de actividad, en particular de la minería, de la agricultura y del transporte, en las cuales el proyecto propuesto cambia el régimen tributario de renta presunta por el de renta efectiva, como norma general, y establece las excepciones de quienes podrán seguir dentro del primer sistema.

En lo global, las preocupaciones del empresariado, planteadas en la Comisión, pueden resumirse en dos grandes temas: El primero es el eventual efecto adverso que sobre la inversión, pudiera tener el cambio en la base y en la tasa del impuesto de primera categoría, aunque en el debate los representantes empresariales opinaron que, en todo caso, el actual ajuste económico y las altas tasas de interés que conlleva, tienen un efecto sobre la inversión, variables bastante más fuertes que las que pudiera tener, eventualmente, la reforma tributaria.

El segundo tema de mayor relevancia, tiene que ver con el eventual efecto sicológico a todo cambio de normas. Por ello se pedía que esta normativa fuera estable y que no se introdujeran modificaciones sistemáticas en las leyes de la renta en el futuro inmediato.

Otra observación de diversos sectores empresariales se refiere al crédito de 2 por ciento del impuesto que se propone para las nuevas inversiones en bienes de capital o activos fijos, cuya extensión solicitan para otro tipo de inversiones o gastos.

Respecto de los colegios profesionales, hubo un apoyo resuelto al proyecto por parte de los contadores, quienes señalaron que la normativa propuesta, por su precisión y claridad, era fácil de aplicar por ellos en su trabajo.

Los contadores auditores propusieron , opciones diferentes de financiamiento, basadas, entre otras, en la supresión del denominado Fondo de Utilidades Tributables Acumulado, o en el hecho de gravar dicho fondo con un impuesto por una sola vez, o en un incremento de las tasas que actualmente afectan a la renta presunta.

Señor Presidente, la Comisión de Hacienda evaluó estas opiniones, como asimismo, las de los diversos especialistas en economía que participaron; y, después de analizar el conjunto de antecedentes a su disposición, decidió, por 12 votos contra 1, aprobar en general el proyecto de reforma.

Debo señalar, también, que en cada uno de los artículos, los cambios, en su gran mayoría, se introdujeron por unanimidad, y sólo algunos por mayoría de votos.

Me parece importante hacer resaltar este hecho, porque, efectivamente, en nuestro país la política tributaria, por lo general, ha tenido un amplio consenso, salvo, quizás, la reforma efectuada a partir de 1984, que ahora se busca revertir parcialmente.

Naturalmente, en la Comisión, el voto favorable de cada uno de los Diputados tuvo connotaciones diferentes entre sí, y en este informe, es prácticamente imposible interpretar la opinión de todos los que apoyaron la reforma. Sin embargo, me parece a riesgo, naturalmente, de no representar cabalmente todas las opiniones que entre los fundamentos que motivaron a la Comisión a aprobar, en general, este proyecto con tan amplia mayoría, puede destacarse la convicción de que ésta es una reforma tributaria moderada, que se orienta a mejorar la inversión del país en capital humano, el cual es un factor que debe considerarse, al menos, en igualdad de condiciones con la inversión en capital físico, respecto de su contribución en el desarrollo económico.

A su vez, la propia inversión en capital físico no tiene que disminuir, necesariamente; puede, incluso, aumentar en la medida en que la mayor justicia social que se pretende lograr mediante este proyecto, se refleje en condiciones de estabilidad política y social que afecten positivamente los aspectos subjetivos de las expectativas de los agentes económicos.

Es útil señalar, además, que en la Comisión se argumentó, por algunos, que las tasas de impuestos que se aplican en Chile son relativamente bajas con respecto a otros países; por otros, que el monto total recaudado, en relación con el producto de la Nación es relativamente alto en comparación con otros países. Sin embargo, ambos aspectos contradictorios pueden ser ciertos, a la vez, en la medida en que con bajas tasas se consigue una alta recaudación gracias a que existe un sistema eficiente, eficaz y simple para lograrla.

Parece importante, pues, en este debate, destacar la necesidad de preservar un sistema tributario que cumpla con estas condiciones; y, en particular, de no introducir normas específicas o salvaguardias muy casuísticas que pudieran dificultar, el día de mañana, las operaciones de recaudación tributaria, o abrir nuevas puertas a la evasión. Por el contrario, hay un esfuerzo importante, tanto en el proyecto como en el trabajo de la Comisión, para eliminar distorsiones inequitativas y también cerrar espacios a las fugas tributarias existentes.

Como lo es de conocimiento de la Sala, el debate del articulado fue extenso por la complejidad jurídica de las normas tributarias, lo que se traduce en que el proyecto aprobado por la Comisión de Hacienda está contenido en más de 60 páginas. La Comisión trabajó en extensas jomadas para revisar cada artículo, y modificó su redacción en muchos de ellos, casi siempre por unanimidad y con pleno acuerdo de los asesores del señor Ministro de Hacienda, a quienes agradecemos su permanente disposición y la excelente colaboración que prestaron al trabajo de la Comisión. Es también mi obligación hacer notar que, en la Comisión, el ambiente de trabajo entre quienes sostenían diferentes opiniones fue muy favorable para el debate, el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuales, lo que representa un hecho digno de ser destacado.

Respecto de los principales puntos en debate, debo destacar como los señores Diputados conocen que en lo esencial, el proyecto de reforma modifica los impuestos a la renta, el global complementario y el IVA. A estos tres aspectos quisiera referirme ahora en forma sintética. Sin embargo, cabe precisar que el impuesto a la renta de primera categoría es, en nuestro país, desde hace algunos pocos años, deducible del global complementario, y que, por lo tanto, el verdadero impuesto final que pagan tanto los empresarios como los trabajadores es el global complementario.

El impuesto a la renta es de alguna manera, un anticipo del otro. En el caso de que el impuesto a la renta se aplique sobre base retirada solamente como lo ha sido desde 1988 hasta la fecha este anticipo se cubre el mismo año con el global complementario, con el cual aquél pasa a ser prácticamente inexistente. Cuando el impuesto es sobre base devengada, aquella parte suya que se aplica sobre las utilidades que no se distribuyen la constituye también un anticipo, de mayor plazo, que hacen los contribuyentes al Fisco. Su principal efecto es retener anticipadamente un impuesto sobre utilidades que todavía no se han distribuido

Es importante señalar que pagan impuestos las personas, no las empresas; pero la ley permite esta retención o aplica el impuesto de primera categoría a las empresas, porque, evidentemente, es más fácil recaudar en las empresas que en las personas. Por esta razón, las personas, que son contribuyentes sean ellos empresarios o trabajadores hacen su declaración final de acuerdo con el global complementario.

La idea que está detrás de varias de las reformas aquí propuestas es mantener el principio en Chile ha tenido un acuerdo amplio de tender a que las normas tributarias sean iguales para los diferentes tipos de rentas que se perciben; o sea, que no se apliquen diferencias sustantivas en las rentas finales, según el origen de ellas, sino sólo de acuerdo con su monto.

Sin embargo, sobre este punto, se mantiene, aun ahora, una diferencia importante entre las rentas del trabajo y las del capital. Ella consiste en que las rentas del capital, cuando hay años malos, de pérdidas, se acumulan y se descuentan de los impuestos en los años buenos, cuando hay' ganancias. A diferencia de esto, en el caso de los trabajadores, cuando están sin trabajo muchos años, naturalmente no tienen nada que acumular para el pago futuro de impuestos. Esta situación, que crea una diferencia de equidad en el trato entre el capital y el trabajo, se mantiene todavía.

Respecto del impuesto a la renta de primera categoría el primero de los grandes capítulos en que trabajó la Comisión, el Ejecutivo propuso cuatro modificaciones principales: modificar la base afectada, es decir, el paso del impuesto sobre la base retirada a impuesto sobre la base devengada; modificar por tres años la tasa; aplicar un crédito del 2 por ciento, que favorezca a las inversiones; y cambiar el sistema de renta presunta por el de renta efectiva, en algunos casos que a continuación señalaremos.

En lo que respecta a la base del impuesto de primera categoría, la Comisión aprobó el criterio propuesto por el Ejecutivo, de regresar al sistema que estuvo vigente en Chile hasta el año 1988; esto es, que en el impuesto de primera categoría se tribute sobre las utilidades que se producen, que se devengan, y no exclusivamente respecto de aquellas que se distribuyen. Es importante mencionar que al ser el impuesto de primera categoría sobre la base devengada, hay una diferencia con el global complementario, el cual continúa aplicándose esto debe quedar

Claro exclusivamente sobre las utilidades que se retiran. Por tanto, dentro de las empresas queda el denominado "Fondo de Utilidades Tributables", que son aquellas que van siendo acumuladas y que todavía no están pagando este tributo.

Respecto del cambio de la base afectada, esto fue aprobado por la Comisión de Hacienda, y aquí se plantea en la misma forma.

En lo que se refiere a la tasa del impuesto de primera categoría, en el proyecto de ley se mantiene, como norma general, la tasa del 10 por ciento, y se propone, en el artículo 2 transitorio, establecer que ésta será de un 15 por ciento para los años 1991,1992 y 1993. Esta propuesta del Ejecutivo también fue aprobada por la Comisión en estos términos.

El cambio de renta presunta por renta efectiva es, sin duda, el aspecto más complejo y el que mayor tiempo requirió en su tratamiento por la Comisión de Hacienda.

En forma breve, porque presumo que en la discusión posterior se analizarán distintos aspectos, quisiera señalar que, por razones de equidad tributaria y de racionalización del sistema, se busca normar en forma general que la tributación se haga sobre la base de la contabilidad con renta efectiva. Por consiguiente, se cambia el sistema de renta presunta que tenían la minería, la agricultura y el transporte. Ahora se introduce un criterio general, en el sentido de que se tributará por renta efectiva, con contabilidad completa. Como una excepción a la norma, se permite continuar con el sistema de la renta presunta. Sin embargo, esa excepción se ha hecho lo suficientemente amplia como para que, por lo menos, las cuatro quintas partes de esos contribuyentes, en cada una de sus áreas, mantengan el actual sistema de renta presunta y, en algunos casos, como en la minería, haya todavía una proporción bastante superior.

En el debate de la Comisión sobre el cambio de renta presunta a efectiva, la mayor parte del tiempo se destinó a tratar lo relativo a la agricultura. Por tanto, abordaré primero este tema, para referirme después a la minería y al transporte, pero sólo en lo que difieren del tratamiento general que se aplica para la agricultura. En el caso de la agricultura, para mantenerla en el sistema de renta presunta y que no tengan que tributar de acuerdo con el sistema general de renta efectiva, se plantean las siguientes condiciones: Primero, que no se trate de sociedades anónimas, porque todas ellas pasan a tributar sobre la renta efectiva, según contabilidad completa. En cuanto a las sociedades de personas, como las en comandita, pero que no constituyen sociedades anónimas, se requiere, además, no estar directamente relacionadas, como personas, con una sociedad que lleve contabilidad completa en el mismo rubro. En el proyecto, esta norma venía en forma más amplia, y señalaba que no debían estar relacionadas con una sociedad que llevara contabilidad completa. Aquí, se ha especificado lo relativo al mismo rubro, con el objeto de restringir este concepto de relacionamiento.

Segundo, para poder tributar en renta presunta se requiere que las ventas anuales no superen un cierto límite, materia que fue objeto de discusión y a la cual me referiré de inmediato. Además, que este límite no sea superado, ya sea como contribuyente individual o como contribuyente más aquellas empresas o entidades con las cuales está relacionado, por la vía de poseer más del 10 por ciento de su capital, según se trate de sociedades de personas o de las distintas formas a través de las cuales éstas operan.

Este tema fue ampliamente debatido en la Comisión y mereció sugerencias, tanto por parte de la Sociedad Nacional de Agricultura, como de diferentes señores parlamentarios.

Luego de este debate, la Comisión decidió, con acuerdo pleno de los asesores del señor Ministro de Hacienda introducir los siguientes cambios principales a las normas sobre renta presunta en la agricultura.

En primer lugar, subir el límite de 6 mil unidades tributarias, equivalentes a alrededor de 60 millones de pesos anuales de venta, a 80 millones de pesos, aproximadamente, de ventas en el año. Con el límite de 60 millones de pesos, la Comisión calculaba que con el sistema de renta efectiva pagarían el 3,6 por ciento de los contribuyentes agrícolas. Al subir el límite a 80 millones de pesos de ventas anuales, sólo el 2,6 por ciento de ellos estarán afecto al pago por renta efectiva. Naturalmente, el volumen del producto agrícola que quedará afecto a renta efectiva es muy superior a esta cantidad, dado que existen grandes productores con una cuota mucho más alta en las ventas.

En segundo lugar, se propone acoger la proposición para que la contabilidad no deba realizarse desde el 1B de enero de 1990, sino conceder, plazo hasta el 1° de enero de 1991, para dar inicio a esta contabilidad efectiva.

Los señores parlamentarios saben que, de acuerdo con las normas del Código Tributario, las rentas de este año corresponde declararlas en abril del próximo año. En consecuencia, las modificaciones introducidas ahora en el proyecto serían válidas en abril del próximo año y, por ende, en esa fecha debería presentarse contabilidad efectiva, a contar del le de enero de este año.

Este tema fue ampliamente debatido porque, por una parte, se argumentaba por los representantes de los agricultores que era muy difícil para las personas tener facturas o comprobantes de pago de contabilidad desde el 1° de enero pasado, dado que la ley es de público conocimiento, en su debate, desde este momento y se aprobará en algún tiempo más. Sin embargo, en contra de ese argumento existe el hecho evidente de que si la ley anuncia una serie de normas que buscan la equidad tributaria e impedir la evasión que por esta vía se estaba produciendo, el hecho de anunciar que ellas se aplicarán desde el año próximo daría un plazo en el cual los contribuyentes podrían ajustarse a las nuevas normas y evitar así que se logre limitar la evasión de impuestos, aspecto que, de alguna manera, estaba involucrado en este planteamiento.

En esta materia se ha llegado a una solución, señor Presidente, con el acuerdo de los asesores del señor Ministro de Hacienda. Consiste en aceptar que la contabilidad por renta efectiva se lleve desde el 1° de enero de 1991 y, por tanto, corresponda pagarla en el año tributario de 1992, pero sobre la base de incluir en el proyecto un conjunto de normas adicionales conducentes a evitar que durante el transcursos de este año se produzcan operaciones comerciales tendientes a modificar la realidad y, por consiguiente, a anular el objetivo del proyecto. Estas normas son relativamente complejas y se encuentran contenidas en las voluminosas páginas del informe que los señores parlamentarios tienen a su disposición. Buscan, repito, satisfacer la demanda de que la aplicación contable sea desde el año próximo y evitar, al mismo tiempo, que todo el esfuerzo que existe en este aspecto de la legislación pudiera, simplemente, no ser operable.

En tercer lugar, hubo una amplia discusión sobre las normas de relacionamiento que pretenden, precisamente, impedir la división fraudulenta o maliciosa de los predios y otras situaciones, orientadas a evitar que se tribute a través del sistema general establecido en el país. Para esto, en el proyecto se han establecido normas de relacionamiento que implican que se sumarán las ventas no sólo del contribuyente propiamente afectado, sino, además, las de aquellas sociedades

o grupos de personas de otros predios o de otra actividad agrícola con las cuales participe, en las que posea a lo menos, el 10 por ciento del capital.

Estas normas de relacionamiento fueron criticadas por el hecho de que algunos contribuyentes pequeños pudiesen eventualmente verse obligados a tributar sobre contabilidad completa, sin siquiera enterarse que alguno de sus socios hubiera caído en el sistema general, lo que también lo contaminaría, por decirlo de alguna, manera, o lo obligaría a tributar según el régimen de contabilidad efectiva.

Como esto podría ocurrir en forma inadvertida, se han introducido al respecto dos modificaciones. Por un lado, la obligación de informar a sus socios de la situación tributaria en que la persona se encuentra; y por el otro, la seguridad de que las pequeñas propiedades tendrán siempre la opción de tributar bajo renta presunta.

En el caso específico de la agricultura, se asegura a todos los contribuyentes que tengan ventas no superiores a 7 millones de pesos al año, que ni aun bajo las normas de relacionamiento, bajo ninguna condición, quedarán obligados a tributar según el sistema de renta efectiva. Dicho de otra manera, se asegura a prácticamente el 80 por ciento de los contribuyentes agrícolas, aquéllos que tienen ventas de hasta 7 millones de pesos anuales, que, en cualquier caso, tendrán siempre la opción de la renta presunta, aunque por normas de relacionamiento llegaran a cumplir los niveles de 80 millones que el proyecto establece.

Sobre este punto, se discutió ampliamente el aspecto más complejo, desde el punto de vista técnico: la determinación del activo inicial, lo cual, unido a la contabilidad con que se abren los libros en esta nueva forma de tributación, es decisivo; porque si los activos quedan sobrevalorados, es natural que la persona puede ir cargando a pérdida esta sobrevaloración y conseguir, como resultado, no pagar nunca impuestos sobre la base del nuevo sistema. Por lo mismo, existe interés de los contribuyentes afectados en que la valoración sea más alta que la tradicional del avalúo fiscal.

Sobre este punto, se introdujo también una modificación importante, que consiste en permitir a cada contribuyente no sólo utilizar los mecanismos que ya venían establecidos en el proyecto; o sea, la valoración inicial de sus activos y la historia de los mismo, la cual incluye el valor de adquisición, más los reajustes del índice de precios al consumidor, menos la depreciación, en caso de que corresponda no en el del terreno, naturalmente; o el avalúo fiscal que constituye también una norma. Ahora, a la opción, también incluida en el proyecto, de que el Servicio de Impuestos Internos efectúe una tasación especial del valor comercial sólo para estos efectos, se agrega la posibilidad de recurrir a sociedades privadas, que puedan tasar los predios agrícolas y el capital. Estas sociedades de tasadores deben quedar sujetas a ciertas normas, para asegurar que no se frustre el propósito de la ley por la vía de una eventual sobretasación. Para esto, se ha planteado que las sociedades que operen en la tasación privada de estos bienes asuman un cierto grado de compromiso o de responsabilidad, a fin de que su tasación no sea ni dolosa ni negligente. Se trata de asegurar que ellas cumplan las normas aquí establecidas.

Con estas modificaciones introducidas por la Comisión, que son de bastante relevancia, las normas de la renta presunta fueron aprobadas por unanimidad. Esperamos, y esa fue la intención expresa del debate que ello permita facilitar y acelerar el despacho de esta ley en las restantes instancias que debe tener en el Parlamento.

En lo referente a la minería y al transporte, se introdujeron modificaciones similares a las que he señalado para la agricultura, aunque los límites establecidos son, obviamente, distintos por la naturaleza de dichas actividades.

El global complementario es el otro rubro que se modifica en esta ley. Como se sabe y ya se ha dicho, el global complementario reviste una importancia central, por cuanto es el impuesto final que afecta a todos los contribuyentes y del cual se podrá deducir lo que se pague en primera categoría por los contribuyentes a quienes nos estábamos refiriendo.

En lo que respecta al global complementario, se propone, en primer lugar, cambiar las tasas de impuestos y reducir el número de tramos. Se eleva la tasa del impuesto a pagar por los trabajadores o empresarios, cualquiera sea el origen de las rentas, en los casos de personas que ganen más de 300 mil pesos al mes. Como es conocido, en el país existe una tasa cero de impuesto, es decir, no tributan quienes ganan hasta 100 mil pesos al mes; y una tasa de 5 por ciento, para los que ganan entre cien y trescientos mil pesos mensuales. También existe una tasa máxima de 50 por ciento para quienes ganan más de un millón y medio de pesos al mes. En este proyecto, no se altera ni el mínimo ni el máximo; es decir, continúa no existiendo impuesto para quienes ganan hasta 100 mil pesos al mes, todo ello, naturalmente, expresado en unidades tributarias reajustables. Estoy dando estas cifras para mejor entendimiento en la Sala. Se mantienen las tasas aplicables a quienes ganan hasta 300 mil pesos al mes, y se mantiene, como he dicho, el monto máximo. Lo que se cambia son algunos de los tramos intermedios.

Esta propuesta también fue aprobada por amplia mayoría en la Comisión.

En segundo lugar, se introducen algunas modificaciones en la base imponible del impuesto global complementario. Una de ellas se relaciona con el hecho de que el impuesto a la renta de primera categoría es deducible en el global complementario.

El sistema que se propone ahora consiste en que a la persona con una renta imponible de cien o de mil, se le aplica, a la totalidad de su renta, en primer lugar, la tasa del impuesto. Luego, una vez determinado el tramo que le corresponde y, por lo tanto, la tasa, se le descuenta del monto a pagar lo pagado por primera categoría.

En el sistema antiguo, la primera categoría no sólo era deducible del impuesto, sino, además, de la base imponible, con lo cual la persona podía quedar en un tramo inferior al que le corresponde según el tipo de ingresos que obtiene.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ha terminado su primer turno de treinta minutos.

Puede continuar con los diez minutos del segundo turno, si así lo estima.

El señor ESTEVEZ .-

En diez minutos puedo terminar este informe, quisiera pedir de la Sala, en el caso eventual de que posteriormente haya preguntas, tener tiempo para responderlas.

Señor Presidente, señalaba, en el caso del global complementario, que las modificaciones a los tramos y a las tasas que fueron aprobadas haya un cambio en la base imponible, pues ahora se considera toda la renta bruta, es decir, lo pagado por primera categoría no se deduce de la base imponible, sino sólo del monto del impuesto a pagar.

Por otra parte, también se introdujeron cambios al artículo 57 bis de la Ley dé la Renta, que se refiere a ciertas deducciones de la base imponible por concepto de inversión en acciones.

Estos cambios, propuestos en la Comisión, son de cuatro tipos.

En primer lugar, según la actual legislación, los accionistas tienen derecho a deducir, el 20 por ciento del valor de sus acciones de la base imponible. Ahora se establece que este 20 por ciento será deducible, como máximo, sólo por cinco ejercicios, pues, como es natural, el 20 por ciento por año, en cinco años, da el valor total de la inversión.

Con la ley actual puede darse el caso de que una persona deduzca el 20 por ciento de sus inversiones en acciones durante más de cinco años y, en consecuencia, descontar un monto superior al total de la inversión realizada. Aquí se ha querido precisar que la deducción del 20 por ciento sólo puede ejercerse, como máximo, por cinco años. Este cambio fue aprobado por unanimidad, entendiéndose que se trata de aclarar una norma relativamente obvia.

Luego, en lo que se refiere a otros aspectos del artículo 57 bis, se propuso derogar los números 2 y 4, lo cual fue aprobado por mayoría de votos. En cuanto al número 2 de este artículo, que concede exenciones tributarias a quienes tengan depósitos en pagarés nominativos, en la Comisión existió la idea de un mayor consenso respecto de esta medida. Hubo votación dividida en cuanto a la posibilidad de descontar de la base imponible hasta el 50 por ciento de los ingresos percibidos por dividendos, como también en lo referente a que esta norma puesta ser aplicada a los denominados capitalistas populares o a quienes hayan comprado acciones bajo ese régimen.

Aparte de esto, en la Comisión se introdujo una disposición que permite el descuento de todos los aportes previsionales en el caso de los trabajadores, y no sólo de aquellos obligatorios, porque, como se sabe, hoy día existe la posibilidad, además, de efectuar aportes voluntarios en las AFP. Esto existía en el global complementario para las otras categorías de ingresos y no para las rentas del trabajo. Se ha querido homologar este beneficio a los trabajadores.

Por último, se concede un crédito de hasta el 2 por ciento del monto del impuesto a pagar por la inversión en bienes de capital, lo que fue aprobado por la Comisión.

Asimismo, se acordó proponer un crédito de naturaleza similar, y hasta por un 2 por ciento del monto a pagar, para las donaciones con fines culturales. Esta norma, que extiende la exención de la inversión en bienes de capital a las inversiones en el capital humano de la cultura, se propone junto con otros artículos que precisan su uso, para impedir que se mal use esta posibilidad.

Para mayor claridad, el texto se propone como artículo 8a nuevo del proyecto de ley en discusión.

Sobre el tema hubo cierto debate, y se entendió que, en la medida en que se establecía un crédito para bienes de capital, también, era posible consagrar un sistema similar, naturalmente, que con las normas relativas, en especial, a las donaciones culturales.

Por último, en lo que se refiere al IVA, el Ejecutivo proponía subirlo permanentemente del 16 al 18 por ciento.

En la Comisión se aprobó, por mayoría de votos, que el alza del IVA fuera transitoria y no definitiva; es decir, se aplicó el mismo criterio que al incremento de la tasa del 10 al 15 por ciento en la renta de primera categoría. Se estableció, en forma transitoria, para los años 1991,1992 y 1993.

Por esta razón, la Comisión suprimió el antiguo artículo 8a permanente del proyecto, de modo que la modificación del IVA está ahora en el artículo 9° transitorio del proyecto, pues constituye una enmienda con ese carácter.

Este acuerdo, adoptado por mayoría de votos, deja, como he dicho, en la misma situación al IVA y al cambio del impuesto a la renta.

Este es el informe básico de la Comisión.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Han pedido la palabra varios señores Diputados.

Antes, quiero hacer presente a la Sala un problema de constitucionalidad referente al nuevo artículo 8°, al que hizo mención el señor Diputado Informante.

En esa norma, que a su Vez introduce un artículo 2°, se establece para los donantes el derecho a un crédito equivalente al 50 por ciento de las donaciones que hagan con fines culturales, en contra de sus impuestos de primera categoría o global complementario, según sea el caso. Ello es fruto de una indicación formulada por distintos señores Diputados en la Comisión.

Sin embargo, el artículo 62, número 1°, de la Constitución Política reserva sólo al Presidente de la República la iniciativa de ley cuando se trate de reducir tributos o establecer exenciones, como ocurre en este caso.

Por lo anterior, y de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, he preguntado al señor Ministro de Hacienda si el Gobierno estaría dispuesto a hacer suya esta indicación, que se ha transformado en el nuevo artículo 8a del proyecto. El señor ministro ha dicho que prefiere tener tiempo para reflexionar sobre el punto.

Hay tiempo hasta mañana, para que el señor Ministro reflexione, fecha en la cual se votará, en general, del proyecto. Según lo que él decida, o el Gobierno hace suya esta indicación o la Mesa declarará improcedente el artículo 8°.

El señor CERDA.-

Pido la palabra, señor Presidente, para referirme a esta materia.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cerda .

El señor CERDA.-

Solicito a los miembros de la Mesa que estudien y reconsideren esta materia. No quiero entrar en un debate sobre el aspecto constitucional; pero no hay duda de que sólo corresponde al Ejecutivo la iniciativa de rebajar los impuestos existentes. Sin embargo, el Congreso no está limitado para otorgar franquicias cuando se establecen nuevos tributos. Nosotros no podemos reducir los actuales ingresos fiscales; pero sí tenemos facultad, cuando se proponen nuevos ingresos, para otorgar distintas franquicias respecto de ello.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si se planteara esa discusión, la que resolvería, en definitiva, sería la Sala.

Por lo tanto, este asunto se tratará mañana. Reitero que, al final, deberá pronunciarse la Sala.

En todo caso, los señores parlamentarios pueden ir estudiando el punto para el debate de mañana.

El señor CERDA.-

Eso es lo que le pedí a la Mesa.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Pablo Longueira .

El señor LONGUEIRA .-

Señor Presidente; Honorable Cámara:

La Unión Demócrata Independiente votará en contra del proyecto de alza de impuestos, enviado por el Gobierno.

Nos interesa, igual que a todos, mejorar los niveles de vida de los sectores de bajos ingresos, y queremos que Chile dé ese gran salto social que anhelamos. Precisamente, por eso, nos oponemos a este proyecto. Nos oponemos, porque la experiencia histórica y las realidades de Chile y del mundo revelan que el camino del aumento de impuestos es una receta fracasada en el combate a la pobreza.

Es un hecho que el crecimiento económico constituye el medio más eficaz para la solución de la pobreza, ya que es el único que garantiza un aumento sostenido del empleo y de las remuneraciones y, por lo tanto, de los ingresos de las familias.

Subir los impuestos significa disminuir la tasa de crecimiento de un país. Un reciente estudio del Banco Mundial en varios países revela que los que más crecen son los que tienen una menor carga tributaria. Es precisamente esta correlación inversa entre la carga tributaria y el crecimiento económico en el mediano plazo lo que explica por qué la gran mayoría de las naciones están hoy reduciendo los impuestos.

En el pasado reciente, hubo muchos debates sobre el problema de la pobreza en Chile. Se trata, sin duda, de uno de nuestros problemas más importantes.

Hay dos enfoques respecto de este tema: Uno mide la pobreza con indicadores de calidad de vida y de capital humano. El otro mide el ingreso de acuerdo con el ingreso de las familias.

Todos los estudios serios muestran que la pobreza, medida sobre la base de indicadores de calidad de vida y capital humano, como vivienda y nutrición, por ejemplo, ha disminuido. Pero también los estudios coinciden en que el problema de hoy es la insuficiencia de ingresos. Este es exactamente el punto principal. Para mejorar el ingreso de las familias chilenas, se necesita que la economía genere cada vez más empleos y mejor remunerados. Por esa razón, el crecimiento económico constituye la base insustituible de cualquier política social.

Si el objetivo por todos perseguido es mejorar el estándar de vida, especialmente el de los sectores de más bajos ingresos, existen dos grandes caminos: El primero consiste en procurar que el mayor número de chilenos se integre a los beneficios del desarrollo. Esto significa aumentar el número de empleos y mejorar los sueldos, lo que se logra, en todas las economías del mundo mediante el crecimiento y fortalecimiento de la empresa privada. Ese es el camino y la dirección de la política económica seguida en estos años. Los resultados están a la vista: 10 por ciento de crecimiento en 1989 y una tasa de desempleo de sólo el 5 por ciento.

El segundo camino se aplicó muchos veces en Chile en décadas pasadas. Consiste en condenar a los más pobres a vivir de los subsidios del Estado, pero a costa de "expropiarles" la posibilidad de ingresar e integrarse al desarrollo económico, y en la engañosa ilusión de efectuar transitorias mejorías parciales; pero que, al repercutir en menor actividad y en menor empleo, terminan por perjudicar justamente a quienes se intenta favorecer.

La realidad de este camino equivocado lleva, generalmente, establecer nuevos impuestos, al comprobar que no se logran los objetivos, dando, así, paso al círculo perverso y vicioso del subdesarrollo: más impuestos, menos crecimiento, menos empleo, más pobreza, círculo que conocimos tantas veces en el pasado y del que Chile estuvo y aún está a punto de salir definitivamente.

Si el objetivo es aumentar el gasto social, la mejor manera, la más permanente, de obtener recursos para el Fisco, es a través del crecimiento económico.

La tendencia mundial es hacia la baja de los impuestos.

Aquí se ha dicho que Chile es un país de tributos bajos. Es importante considerar que Chile todavía es un país pobre, y para generar riqueza es necesario tener impuestos bajos.

La comparación con otras Naciones de mucha mayor riqueza que la nuestra esconde una falacia, ya que aquéllas, que hoy tienen altas tasas de crecimiento se desarrollaron con impuestos bajos. En todo caso, la carga tributaria que soportan los chilenos, de más del 20 por ciento del producto geográfico bruto, sigue siendo alta.

Asimismo, la participación del Estado en el producto geográfico bruto, pese a que ha disminuido, bordea el 50 por ciento considerando el gasto corriente y la inversión del Gobierno central, las empresas públicas y las Municipalidades.

Para combatir la pobreza, Chile tiene que crecer, y para ello, debe ahorrar. Ese es el problema de fondo. La reforma tributaria, tal como está concebida, atenta fundamentalmente contra el ahorro. Economistas de las más diversas tendencias reconocen que el gran "cuello de botella" de nuestra economía es la capacidad de ahorro. Habría que haber perseverado en este camino, lamentablemente, el proyecto enviado por el Ejecutivo modifica los incentivos justo en el sentido contrario.

Nos oponemos al aumento del 10 al 15 por ciento del impuesto de primera categoría: pero, especialmente, al cambio de la base. Gravar las utilidades devengadas en lugar de las retiradas constituye un grave retroceso, ya que, prácticamente, toda la mayor recaudación que se obtenga provendrá de un menor ahorro del sector privado: Gravar únicamente los retiros incentivaba la reinversión y permitía fortalecer al sector privado. Si el sistema tributario castiga por igual tanto a los empresarios que reinvierten, como a aquellos que retiran las utilidades, es evidente que los incentivos cambian. Si da lo mismo retirar que reinvertir, la reinversión disminuirá, lo que se traducirá en menor actividad y menor empleo.

Diversos estudios coinciden en que el cambio de base de retiros a utilidad devengada y el aumento de la tasa propuesto para el impuesto de primera categoría, restarían a la inversión privada alrededor de 350 millones de dólares anuales. Esta modificación constituye, entonces, un verdadero impuesto a la creación de empleo, una sanción a las empresas más pujantes, a las que más reinvierten.

Se habla mucho del "chorreo". La verdad es que éste es al revés. Lo primero que hace una empresa que invierte es contratar personas; lo primero que hace al dejar de invertir es dejar de contratarlas. Esa es la realidad. El cambio en el impuesto de primera categoría significa, en la práctica, que en el período de cuatro años del Presidente Aylwin se dejarán de abrir 1.400 nuevas empresas, con un promedio de un millón de dólares de inversión cada una.

El cambio en este impuesto significa cesantía. La modificación constituye, también, un golpe al flujo de caja de las empresas, originando para éstas un mayor endeudamiento.

Esto también es negativo en un país de bruscas fluctuaciones en los términos del intercambio, en el que los incentivos tributarios deberían tender al financiamiento de proyectos con capital propio, y no con deuda. Esto es más grave todavía en una coyuntura como la actual, de altas tasas de interés, problema al que me referiré más adelante.

Nos oponemos al alza del impuesto al valor agregado, porque es el tributo que, en mayor medida, golpea a los más pobres. Resulta, entonces, un absoluto contrasentido pretender mejorar la situación de los sectores de más bajos ingresos, si, al mismo tiempo, se les castiga por la vía de mayores precios; se pretende darles por un bolsillo, lo que se les va a quitar por el otro. Como señaló alguien: ¿de qué programa social estamos hablando, si se pretende que lo financien los mismos sectores a los que se quiere ayudar?

El alza del IVA del 16 al 18 por ciento se traducirá en un aumento de los precios del orden del 2 por ciento. El argumento de que son las personas de mayores ingresos quienes más consumen y que, por lo tanto, el IVA las afecte más a ellas que a los pobres, es una falacia. Todos los que analicen con objetividad el problema, saben muy bien que son los pobres los más perjudicados, ya que ellos gastan todo su ingreso en productos afectos al IVA. Por lo tanto, el impuesto incide en el ciento por ciento de su gasto. Las personas de más altos ingresos, en cambio, destinan parte al ahorro, por lo que el IVA sólo las afecta en un porcentaje de sus entradas totales. Resulta absurdo hablar, entonces, de un "IVA compensado" o emplear otros eufemismos con que se pretende esconder a la opinión pública el impacto negativo del impuesto en los sectores más pobres. La realidad es muy clara: subir el IVA equivale a bajar los sueldos.

¿Cuántos han silenciado su crítica a esta alza impositiva escudados en el engañoso argumento de un presunto IVA compensado? Reconocen que, de los 200 millones de dólares que se recaudarían, 50 millones serían aportados por el 60 por ciento de la gente más pobre, pero sostienen que el Fisco les reembolsará esos mismos 50 millones por la vía del subsidio. ¡Cuán equivocados están! La burocracia fiscal nunca devuelve todo lo que recibe. La verdad es que el dinero del IVA de los más pobres, de igual forma que el que proviene de los sectores de más altos ingresos, irá a un fondo común que terminará financiando, entre otras cosas, puertos, caminos, embajadas, aumentos de plantas y otros gastos diferentes del social. En términos económicos, se dice que el dinero es fungible.

Argumentar, por otra parte, que el alza del IVA es justa, porque el 75 por ciento de su recaudación proviene del 40 por ciento de las personas de mayores ingresos, no es consistente, ya que esta línea de razonamiento llevaría a considerar justas, permanentes y continuas alzas de este impuesto.

Es un hecho también que el alza del IVA repercutirá en la unidad de fomento, perjudicando a las miles de personas endeudadas en esta medida de pago. Perjudicará, especialmente, a la clase media endeudada, la que no recibirá ningún subsidio en este paquete de medidas.

La inflación de marzo fue de un 2,4 por ciento. En abril se espera una variación del índice de precios al consumidor del orden de un 1,7 por ciento. Si a esto le agregamos el impacto adicional del 2 por ciento en los precios que acarreará el alza del IVA, tendremos que la UF subirá cerca del 6 por ciento en menos de 60 días.

Este hecho debe llevar a la meditación a las autoridades económicas, las que durante la campaña electoral prometieron reiteradamente aliviar el problema del endeudamiento en UF. La realidad es que, en lugar de aliviarlo, lo están agravando.

Durante la larga discusión de este proyecto, muchas voces se han sumado a la nuestra para rechazar este aumento impositivo, provenientes, entre otros sectores, de dirigentes sindicales, de jubilados, incluso de políticos afines a la Concertación. En la discusión de la Comisión de Hacienda, la propia Concertación propuso que el alza del IVA sea transitoria. Tenemos la razón. Nuestra postura es la correcta.

Hemos analizado hasta ahora el alza del IVA y el cambio en el impuesto de la primera categoría. Es evidente que la opinión pública percibe con mayor claridad que el aumento del IVA perjudica a los más pobres. Esto se debe exclusivamente a que el alza tiene efectos inmediatos sobre los precios, constatándose instantáneamente su regresividad y perjuicio en los hogares de menores recursos.

En el caso del cambio en el impuesto de primera categoría, la opinión pública percibe sus efectos negativos con menor claridad. Pero nosotros sabemos muy bien que, en el mediano y largo plazo, su impacto sobre los más pobres es aún peor, ya que los priva de su única fuente de sustento: el empleo y los salarios.

La UDI rechaza también el aumento del impuesto global complementario. Se ha tratado de justificarlo puntualizando que se gravará sólo a los sueldos altos. Rechazamos dicha alza, porque castigará especialmente a los profesionales jóvenes y a la clase media emergente; es decir, afectará principalmente a quienes están surgiendo, a los que, gracias a su esfuerzo, han conseguido el acceso a mejores niveles de vida. Es de lamentar que el alza del global complementario golpee más fuertemente a los sectores más dinámicos de la sociedad, a los más creativos, a los que tienen la mayor capacidad de emprender. De paso, se trata de un nuevo desincentivo al ahorro. El camino equivocado del alza de los impuestos de primera categoría, del IVA y del global complementario, termina así por castigar, de una o de otra forma, a toda la gama social.

El alza del impuesto de primera categoría afecta las empresas, y, por lo tanto, a la creación de empleos y a los trabajadores. El alza del global complementario –repito- perjudica a la clase media que surge ya los profesionales jóvenes, y el aumento del IVA recae de lleno en los más pobres. ¡Lamentable medida, que golpea a toda la escala social, justamente en momento en que los chilenos comenzábamos a recoger los frutos de muchos años de esfuerzo, y en momento en que todos los países, incluso los socialistas, bajan los impuestos, reconociendo, implícitamente, el fracaso de esa receta en el combate de la pobreza!

El proyecto de alza de impuestos es inconveniente, también, por dos razones adicionales.

La primera razón es muy clara: Si el Gobierno requiere fondos para efectuar mejorías sociales, no tiene necesariamente que recurrir a los impuestos para obtenerlos. No nos oponemos a las mejorías sociales; por el contrario, las apoyamos. Exigimos también que el Gobierno mantenga los equilibrios macroeconómicos. Pero existen hoy en día alternativas para obtener recursos. No es efectivo lo afirmado por el señor Ministro de Hacienda respecto de que el presupuesto de este año esta desfinanciado. El ex Director de

Presupuestos ha replicado que, por el contrario, hay una disponibilidad en caja superior a 300 millones de dólares. Esperamos que el Gobierno dé la oportunidad a quien tenía el cargo de Ministro de Hacienda hasta el 11 de marzo de este año, de aclarar ante la opinión pública, por una cadena nacional y voluntaria de radio y televisión, las expresiones del Ministro Foxley .

Hay vías alternativas para obtener recursos. El crecimiento económico le significará al Fisco mayores ingresos tributarios por 150 millones de dólares. Puede utilizarse parte de la caja dél Fisco; pueden disminuirse los pagos anticipados y voluntarios del Fisco al Banco Central, que contempla la actual Ley de Presupuestos, que ascienden a más de 400 millones de dólares. Hoy el Fisco dispone de 7 centavos más por cada libra de cobre que exporta, de acuerdo con los precios del mercado internacional.

Asimismo, el ideologismo pasado de moda de algunos sectores de la Concertación está privando al Fisco de obtener otros fondos que podrían destinarse a lo social. Lo dijo en su visita a Chile el Presidente de México. Señaló que, en su país, se privatizaron empresas y que lo recibido se destinó al gasto social. ¿Por qué eso no se puede hacer en Chile, en circunstancias de que todos los países del mundo, de las más diversas ideologías, hoy en día están privatizando empresas? Sólo el dogmatismo de sectores que han quedado abajo del tren de la historia puede explicar esta absurda situación.

Numerosas empresas podrían privatizarse, total o parcialmente. Es el caso, por ejemplo, de COLBUN, de EMOS, de ESVÁL, de Ferrocarriles del Estado, de EMPREMAR, de EMPORCHI y de otras...

Un señor Diputado.-

¡Y del Congreso!

El señor LONGUEIRA .-

El argumento de que no deben privatizarse empresas para financiar el gasto social, porque constituyen ingresos por una sola vez, para financiar gastos permanentes, es nuevamente equivocado. Y lo es, porque la venta de activos fiscales permitiría financiar el programa social en sus primeros años, dando así tiempo para que el mayor crecimiento económico provea los recursos tributarios para continuar financiando las mejorías sociales en forma sostenida.

¡Qué absurdo!, por ejemplo, que, por una parte, se diga que un porcentaje de la mayor recaudación tributaria proveniente de esta reforma, se destinará a construir puertos reconociéndose así, de paso, que no todo se destinará a lo social, en circunstancias de que si la Empresa Portuaria de Chile se privatizara y habría muchos inversionistas privados dispuestos a financiar con sus propios dineros las mejorías portuarias que el país requiera.

Está claro que no todos los fondos que el Gobierno recaude del alza de impuestos se destinarán a lo social. Parte de ellos aumentará la burocracia. En menos de dos meses de Gobierno se han presentado 8 proyectos para aumentar la planta de diferentes servicios públicos, creando cerca de mil nuevos cargos. Asimismo, constituye un despilfarre el destinar fondos públicos a inversión en infraestructura que podría realizar el sector privado.

El país debe tener bien claras las posiciones. Existe la posibilidad de obtener recursos mediante la privatización de empresas. Eso es lo que están haciendo todos los países del mundo. Eso va en el sentido de hacer crecer al sector privado, verdadero motor del desarrollo. La Concertación, en cambio, ha preferido obtener los recursos por la vía de subir los impuestos, castigando al sector privado y haciendo crecer al Estado.

Es esa diferencia profunda en la concepción de lo que debe ser nuestro sistema económico, lo que separa a la UDI de la Concertación; y es ella la que nos lleva a rechazar el aumento de los impuestos.

El proyecto en debate tiene también una connotación especialmente negativa, dada la actual coyuntura económica.

Mientras el Banco Central está empeñado en una política de ajuste que ha elevado considerablemente las tasas de interés, pretendiendo controlar así la expansión del gasto total de la economía, el aumento del gasto público que se plantea, a cuenta de la reforma tributaria, contribuirá a desajustar más la economía, obligando al sector privado, por la vía de altas tasas de interés, a contribuir al ajuste en una medida superior a la que habría correspondido.

Por esta evidente contradicción entre la política del Banco Central y la actitud del Fisco, las autoridades económicas adujeron que parte de los mayores ingresos provenientes del alza de impuestos serían ahorrada por el Gobierno. Pretender que el Fisco suba impuestos para ahorrar su recaudación, además de ser un contrasentido, no es más que una ilusión. La realidad, demostrada mil veces, es que cada peso que recibe el Fisco se gasta, inevitablemente.

Nos preocupa el alza de impuestos en la actual coyuntura que viven las empresas chilenas. Aquí se está configurando ' un verdadero paquete de medidas antisector privado. El efecto simultáneo de las altas tasas de interés, los mayores impuestos con su impacto sobre el flujo de caja, obligando a un mayor endeudamiento, y la presumible mayor inflexibilidad laboral que puede esperarse de medidas que ya se están anunciando, repercutirán, sin duda, negativamente sobre la actividad y el empleo.

Queremos mejorías sociales. Pero mejorías sociales permanentes; y éstas sólo se logran con empresas capaces de crear puestos de trabajo. La estrategia socialista de "estrangulamiento" del sector privado, por la vía de obligar al endeudamiento caro, termina por debilitar a las empresas, dejándolas a merced de la autoridad.

En resumen, nos oponemos al alza de impuestos. No es ésta la vía para efectuar mejoramientos sociales; todo lo contrario, es el camino que conduce a liquidar el crecimiento económico.

El país debe dar un gran salto en lo social. Chile está preparado para darlo, porque tiene una economía sólida, fruto de reformas muy profundas y del esfuerzo de muchos, por muchos años. La paradoja es que a veces lo que tanto ha costado construir, resulta fácil comenzar a destruir.

Se nos dirá que ésta es la única alza de impuestos que se propondrá en el período presidencial de 4 años. Sin duda, no será así. La experiencia chilena demuestra, en cambio, que, después, al quedar claro que el alza de impuestos no eliminará la pobreza, inevitablemente se propondrá una nueva alza. Incluso, ahora ya no está claro, según se desprende de recientes declaraciones del Subsecretario de Hacienda, que el Gobierno esté realmente comprometido a no subir nuevamente los tributos. Tenemos el convencimiento de que en este mismo período deberemos debatir otra vez proyectos sobre nuevas alzas de impuestos. Creer que ésta es la única alza de impuestos constituye, por decir lo menos, una ingenuidad, desmentida muchas veces por nuestra historia en décadas pasadas.

La UDI ha demostrado, en estos últimos meses, su voluntad de efectuar una oposición constructiva y su capacidad real de buscar y de lograr consensos; pero no puede dar su aprobación para subir los impuestos. Lo impide precisamente nuestra vocación social. Hemos sido elegidos como parlamentarios en los sectores populares y sabemos muy bien que lo que esos sectores necesitan es empleo, más y mejores fuentes de trabajo. Los impuestos significarán menos fuentes de trabajo y más cesantía. Nos oponemos decididamente a este proyecto, porque creemos que constituye el primer paso en la dirección contraria al camino de progreso por el que veníamos, que nos ha llevado a 6 años de crecimiento ininterrumpido y a una de las tasas de desempleo más bajas de nuestra historia.

Se han dicho muchas cosas en esta discusión. Se ha demostrado el concepto de solidaridad. Cualquier persona, sin tener ni de lejos la calidad moral de su autor original, utiliza, interpretándola equivocadamente, la frase de que "los pobres no pueden espetar". Otros pretenden señalar que hay dos Chiles: el de los ricos y el de los pobres, e insisten en una mal llamada deuda social. ¡Basta de demagogia! Seamos claros, ¿quién es verdaderamente más solidario? ¿No es más solidario el que arriesga su capital creando una nueva empresa y dando trabajo y oportunidades de empleo, que aquél que, teniendo la misma posición, decide retirar sus dineros para destinarlos al consumo? ¿Qué economía es más solidaria? ¿Aquella que ha sido capaz como la nuestra de crear un millón de empleos productivos en los últimos 5 años, o aquélla que, por el solo hecho de aprobarse esta ley, impedirá crear en 4 años 1.400 nuevas empresas de un millón de dólares de inversión cada una? ¿De qué deuda social estamos hablando? ¿Quién responde aquí por la deuda social acumulada en 50 años de políticas estatistas que condenaron a Chile a un crecimiento mediocre, arrastrando a una de cada tres familias chilenas a la extrema pobreza? ¿Quién responde por la deuda social de haber mantenido durante años empresas estatales deficitarias y financiadas por todos los chilenos? ¿A quién debemos cobrarle la deuda social, provocada por el 1.000 por ciento de inflación que tuvimos en el pasado? ¿Quién paga la deuda social de haber aplicado modelos económicos estatistas y cerrados de sustitución de importaciones, cuyos impulsores de ayer reconocen hoy su fracaso estrepitoso en todo el mundo? ¿A quién le cobraremos mañana, en 20 años más, la deuda social que generará el alza de impuestos que hoy se aprueba, cuando los mismos que ahora la impulsan tengan que reconocer que ésta afectó negativamente al crecimiento, a la inversión y, por consiguiente, a los más pobres?

La Concertación reconoce hoy que hace 20 años se equivocó en su política económica. Ese error lo pagaron generaciones enteras; pero la Concertación sigue desfasada en la historia. Mientras todos en el mundo privatizan y bajan los impuestos, ella nos propone hacer crecer al Estado y subir los tributos. Ojalá no tengan que pasar otros 20 años para que reconozcan su nuevo error.

Muchas gracias.

Aplausos en la Sala

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Eduardo Cerda .

El señor CERDA .-

Señor Presidente, hemos escuchado al señor Ministro de Hacienda y al Diputado informante. Al igual que este último, debo destacar la forma amplia en que se discutió y trabajó en la Comisión de Hacienda, como, asimismo, el aporte, muy efectivo, de la señora Matthei , de los señores Ringeling , Munizaga y Valcarcel , y, en los días en que asistió, de la señora Marina Prochelle , todos parlamentarios de Renovación Nacional.

Reconozco que el Presidente de la Comisión, el Diputado señor Pablo Longueira , durante la discusión del proyecto también tuvo una actitud muy constructiva. Por eso, debo expresar mi extrañeza por la forma demagógica en que hoy día se refiere a este proyecto, absolutamente contradictoria con la posición constructiva que tuvo en la Comisión.

Este proyecto, que estamos discutiendo, en general, y que fue aprobado en la Comisión de Hacienda por doce votos contra uno, fue mejorado en algunos aspectos. Debo destacar que muchas de las indicaciones y modificaciones que se encuentran en el informe que los señores Diputados están recibiendo hoy, fueron fruto de acuerdos de los Diputados de la Concertación con los parlamentarios de Renovación Nacional, salvo, y tengo que ser muy claro en esto en la aprobación de dos disposiciones, a través de las cuales planteamos suprimir franquicias. En el artículo 87 bis, hubo una abstención y un voto en contra, ya que señalaron que preferían que esa indicación se presentara en la Sala para estudiarla más y, a lo menor, votarla favorablemente. Lo mismo sucedió con otro artículo que elimina franquicias a quienes son accionistas del capitalismo popular, que, sin duda, en el debate del segundo informe en la Comisión, tendremos que reestudiar. Ahí veremos si es lógico excluirlo de éste proyecto o, tal vez, si estamos dispuestos a reconsiderar nuestra posición.

Por eso, es importante que aquí se haya aplicado una política de consensos, que es realmente lo que hoy día quiere la opinión mayoritaria de nuestro país; es decir, llegar a acuerdos en lo que nos parezca más justo. Siempre será imposible decir: "esto es justo, o no", porque nadie puede ser poseedor de toda la verdad. Este proceder, sin duda es el que se debe seguir, recogiendo la historia de nuestro país. Todos los chilenos, sin excepción alguna, incluso los que fuimos minoría, cometimos un error y llegamos a algo que nunca queremos que se vuelva a repetir. La intransigencia lleva, precisamente, a esos errores. Por eso, la historia de nuestro país nos enseña a buscar consensos que sean realmente mayoritarios, para que así el pueblo entienda que las leyes que se están discutiendo, de cara al país son, justamente, en beneficio de la mayoría.

Debo destacar que nadie defendió posiciones personales o intereses de grupos. Fue un trabajo agradable y creativo, señor Presidente.

También quiere agradecer la colaboración del señor Ministro de Hacienda y, especialmente, la permanente asesoría de los señores Manuel Marfán , Juan Manuel Barahona y Ricardo Escobar .

Refiriéndome al proyecto, y un poco escuchando lo que decía el Diputado señor Longueira , quiero manifestar, con claridad, que esta es una forma moderada. En cuanto al impuesto de primera categoría, estamos planteando un impuesto del 10 por ciento, y además, un artículo transitorio, por el cual se establece un impuesto del 15 por ciento, aplicable durante 4 años.

También estamos proponiendo una modificación al impuesto global complementario, que sólo grava a quienes ganan más de 300 mil pesos, en lo que significa apenas, un 5 por ciento de los chilenos.

Le pido, señor Presidente, solicitar el asentimiento de la Sala, con el objeto de poder insertar después algunos gráficos, que demuestran que las tasas del impuesto global complementario y del impuesto único que se proponen en este proyecto, están justo en la media de la tributación que había en Chile en el año 1983, y de la que existe hoy día con el sistema de 1989.

La recaudación que el Estado espera obtener por estos impuestos que figura en el otro gráfico, se encuentra también justo en la media.

No nos vengan a decir que el Estado quiere absorber los recursos, porque la Administración anterior obtuvo en 1983, mucho más recursos por estos impuestos que los que el Gobierno de Patricio Aylwin está pidiendo hoy.

La Comisión acordó que fuera transitorio el aumento del IVA del 16 al 18 por ciento.

Este país tiene mucha necesidad de recursos. Quiero ser muy franco al decir, en nombre de los Diputados democratacristianos, que los problemas tan graves que enfrenta la mayoría de los chilenos, especialmente los más postergados, no será posible solucionarlos ni siquiera en cuatro años, y que también necesitamos recursos a mayor plazo. Por eso, se está planteando, con claridad absoluta, que para los cuatro años se necesitan estos recursos.

No se vengan a plantear aquí cosas demagógicas respecto del aumento del IVA. Deseo dar un solo ejemplo. Reitero que el 75 por ciento del tributo del IVA las cifras son claras lo paga el 60 por ciento de los chilenos con mayores ingresos en el país, el 25 por ciento restante sólo el 40 por ciento de la gente con menores ingresos.

Un trabajador que hoy gana 20 mil pesos, tendrá que pagar el 2 por ciento más de los alimentos y cosas que consume. No todo lo que gasta ese trabajador está gravado por el IVA, pues paga movilización arriendo, que no tienen IVA Incluso, si gastara los 20 mil pesos en alimentos, el 2 por ciento le significaría tributar sólo 400 pesos más; pero, en realidad, agregando los gastos de movilización y otros, tendría un mayor gasto de 200 pesos. Sin embargo, el Gobierno ya anunció que la asignación familiar subirá a 1.100 pesos; o sea, con una sola carga familiar, ese trabajador recibirá el doble de los recursos que deberá entregar por el pago del IVA. Por eso, nuestra posición es clara y contundente. Ahora, si ese trabajador tiene dos o tres cargas, si la asignación de escolaridad se duplica y si las pensiones mínimas se reajustan más allá del 15 por ciento, recibirá mucho más.

Precisamente, eso es lo que estamos planteando en este proyecto, y, por lo mismo sus artículos fueron aprobados prácticamente por la unanimidad de los 12 parlamentarios de la Comisión, por toda la Concertación y por Renovación Nacional. Estas explicaciones son claras y el pueblo las entiende. Sólo quienes practican la demagogia, pensando que aquí hay un pueblo inculto, pueden seguir diciendo que este Gobierno quiere quitarle la plata a los más pobres, para dársela a quienes tienen más.

En seguida, señor Presidente, hay distintas medidas que permiten como lo ha explicado bien el señor Diputado informante controlar la evasión tributaria, materia a la que no me referiré, porque quiero hacer un enfoque central de la reforma tributaria.

Haré un alcance a lo que estaba diciendo el Diputado señor Longueira , a algo que se discutió el otro día con el señor Ministro. Respecto de los recursos del cobre y de otros que existen en la caja fiscal, ya quedó en claro que hay 380 millones de dólares de menores ingresos, debido a un cálculo errado que se hizo en el Presupuesto. También se reciben más tributos por el cobre, porque ese metal está a un precio más alto que el calculado en su momento. Está claro, porque lo ha dicho el señor Ministro, los recursos de la caja fiscal, ascienden a alrededor de 200 millones de dólares; pero también está claro que el Estado no puede destinar de inmediato esos dineros para programas permanentes de desarrollo, a fin de combatir la pobreza. Y está claro que durante 1987, 1988 y 1989, hasta el 31 de diciembre de ese año, el Gobierno anterior tenía en caja más del doble de los recursos que hay hoy día.

Encontramos razonable que se guarden fondos para alguna emergencia. Por lo tanto, los recursos que resulten de esta reforma estarán centrados primero en paliar el déficit que existen en el Presupuesto, porque hay que pagar los reajustes de las pensiones cuando lleguemos al 15 por ciento de inflación. Ese es el problema central al que estamos abocados.

Respecto de los recursos obtenidos por concepto del IVA y otros, hacer un comentario. Tengo aquí un documento del Centro de Estudios Públicos, y nadie puede decir que está ligado a la Concertación. Está firmado por Cristián Eyzaguirre . ¿Qué dice respecto del IVA?: 'También tengo la impresión de que el alza del IVA del 16% al 18% cuenta, en la práctica, con bastante apoyo. Como se sabe, el IVA se instituyó a partir de 1975. Desde esa fecha, se fue generalizando hasta abarcar a casi todos los bienes y servicios con una tasa única del 20%, que además, es una de las grandes ventajas del sistema chileno a ese nivel.

"La rebaja de esta tasa, del 20% al 16%, se efectuó recién a mediados de 1988, en vísperas de un acontecimiento político trascendental, como fue el plebiscito de ese año. Es decir, esta rebaja se hizo por consideraciones políticas."

Aquí está el documento de una institución que, precisamente no es de la Concertación.

Por eso, en el enfoque de la reforma tributaria el punto fundamental es el gasto social en que está comprometido el gobierno, y respecto del cual todos estamos de acuerdo que es necesario efectuar, conformado básicamente, por los planes de educación, de salud, de vivienda, de reajuste de pensiones mínimas y de asignaciones familiares que se irán haciendo. Con la excepción de estos últimos, los reajustes de asignaciones, todo el resto, señor Presidente, es inversión en la persona humana. Esto quiero destacarlo como trascendental, porque la inversión en la persona humana, según todas las investigaciones modernas, que no están reflejadas en cifras de inversión, son claves para el futuro desarrollo del país.

Hay otro gráfico, entregado por el economista Felipe Larraín , de quien nadie podrá decir que es de la Concertación. Indica el Producto Geográfico Bruto, efectivo y potencial, desde el año 1990 a 1995, en lo cual prácticamente está copado lo potencial.

¿Qué dice Felipe Larraín frente a eso?

"Es importantísima la inversión que habrá con esta reforma en capital humano, en salud, en educación y en vivienda. Si no se hace esta inversión, el desarrollo en los próximos años y el crecimiento del país serán imposibles."

Por otro lado, señor Presidente, aquí se habla tanto de que la inversión es infraestructura tiene que hacerse por otros sectores. Está creciendo la economía del país, pero hay déficit. Vemos en los puertos, aquí en Valparaíso, en San Antonio, en todo el territorio de la VIH Región, los problemas de caminos, de telecomunicaciones.

El señor Longueira nos dice que la solución es privatizar todo y que los parlamentario de la Concertación tenemos "ideologismos pasados de moda".

Hoy día estamos demostrando, con este gran acuerdo entre la Concertación y Renovación Nacional, que no somos partidarios de los ideologismos. No puede expresarse en este sentido quien habla esencialmente de dogmatismos, porque pretender privatizarlo todo es dogmatismo.

Nosotros creemos que hay empresas que están bien privatizadas; pero que existen otras que deben seguir en poder del Estado.

Eso lo demostrarán los acontecimientos, y es lo que seguiremos haciendo con realismo.

Por lo demás, señor Presidente, de continuar privatizando lo que ya casi no existe (se me ocurre, por ejemplo, Colbún-Machicura), ¿cómo va a quedar toda la producción de energía en manos del sector privado? ¿Qué pasa en un año con sequía grande? ¿Se podrá exigir a una de las empresas privadas que inviertan en motores y otro tipo de maquinarias que tienen un alto costo, para poder dar electricidad sólo por un año? Con Colbún-Machicura en poder del Gobierno, se puede tener la seguridad de que toda la región donde está ubicada esa central continuará abastecida de energía eléctrica. El Presidente de Renovación Nacional, el Senador Jarpa, planteó que sería gravísimo para d riego de esa región privatizar Colbún-Machicura.

¿Quiere que privaticemos el cobre, que el país fue capaz de nacionalizar, por la unanimidad del Parlamento, en el año 1971? ¿Qué otra coda desea privatizar? ¿El agua potable?

Los señores Diputados conocen los problemas que se han producido eñ sus diferentes distritos con los SENDOS y ESVAL, en esta Región y en otras, cuando aumentaron enormemente las tarifas, hace pocos meses, porque esas empresas se traspasaron a la CORFO, como sociedades anónimas, para privatizarlas y hacerlas más atractivas. Hoy día hay trabajadores que ganan entre 14 y 16 mil pesos y que, con esos ingresos deben pagar dos o tres mil pesos por concepto de tarifas de agua. Eso sí que debe preocupamos, señor Longueira , porque con referencia al IVA, ya expliqué que los trabajadores ganarán más.

No se siga con eso, pues, realmente, cuando no hay competencia se produce un monopolio, el cual puede afectar gravemente a los distintos sectores.

Por eso, señor Presidente, decimos con claridad que con esta reforma tributaria, como lo ha expresado el Ministro Foxley , se va a ahorrar, aunque para ello haya que enfriar más la economía si no da todo el resultado que se espera ya lo está dando el ajuste de las tasas de interés.

Se culpa a este Gobierno por las altas tasas de interés; pero ésa fue una decisión autónoma del Directorio del Banco Central, tomada en el mes de enero, cuando aún no había asumido el Presidente Aylwin . ¿Y qué ha hecho el Gobierno actual? Mantener esa política, porque lo peor que puede pasar en economía es tomar medidas zigzagueantes: que un día suban los intereses y al otro bajen; que se devalúe, etcétera. Eso sí que desconcierta, especial mente a los sectores empresariales y a quienes desean invertir en este país para crear más riqueza.

Debemos entender la reforma tributaria como un plan a 4 años, que permitirá al Estado, en ese plazo, contar con poco más de 2 mil millones de pesos, lo que permitirá satisfacer gradualmente las aspiraciones de tantos, durante varios años.

Tenemos la mayor riqueza: un pueblo que sabe que los problemas no se arreglan de la noche a la mañana. En eso, debemos ser claros.

Se ha hablado de la renta presunta y de la renta efectiva. Creo que el Diputado informante ha planteado esta situación con claridad.

Esos son los consensos y acuerdos a que hemos llegado en la Comisión respecto de un punto que está basado esencialmente en la equidad. En lo referente a las rentas presunta y efectiva, en la Comisión como ya se dijo se acordó aplicarlas a las ventas sobre 8 mil UTM, lo que significa 80 millones de pesos.

En cuanto a la agricultura, en la Comisión se resolvió que quienes tengan ventas inferiores a 7 millones de pesos de hoy día, aunque estén relacionados o comprometidos por cualquier sector, no pagarán renta efectiva, sino que seguirán en el sistema de renta presunta...

Un señor DIPUTADO.-

Aunque sean de la UDI!

El señor CERDA.-

Aunque sean de cualquier sector.

Se dejó claramente establecido en el proyecto que no hay relación entre empresas de distinta actividad, y tuvimos especial cuidado en no afectar con esto a los más pequeños.

En el caso de la renta efectiva, en la agricultura aquí tengo las cifras prácticamente el 1,6 por ciento de los contribuyentes agrícolas quedarían afectos a ella por motivos de ventas. Están absolutamente desligados los agricultores con ventas inferiores a 7 millones de pesos, lo que corresponde a la inmensa mayoría. Quedan totalmente fuera todos los pequeños propietarios, parceleros u otros.

También acordamos que esta contabilidad se iniciara a partir del 1 de enero de 1991, para el año tributario de 1992. Además, llegamos a entendimiento con los parlamentarios de Renovación Nacional para que el inventario inicial pueda efectuarse, incluso, por valor comercial, sin pagar impuesto alguno, pero siempre que las tasaciones se realicen por los entes que quedarán determinados en la misma ley, con el objeto de que las plantaciones, animales y otros, puedan llevarse a valores comerciales; y que las amortizaciones de maquinarias, llevadas al valor de adquisición, tengan sólo depreciación hacia atrás, y hacia adelante una depreciación normal y no acelerada. ¡Hemos llegado a estos entendimientos!

En la minería y en el transporte ocurre exactamente igual. Los impuestos no se harán efectivos hasta después del 1 de enero de 1991. En cuanto a la minería, también tuvimos especial cuidado en colocar una cláusula en el sentido de que aunque la persona esté relacionada porque podría haber una sociedad con un pequeño o mediano minero, con una facturación inferior a 500 unidades tributarias anuales, o sea, 60 millones, ese minero seguirá afecto a la renta presunta.

En el proyecto establecimos con claridad que todas las inversiones en caminos, sondajes, y otras obras que la minería ha efectuado, pueden ser avaluadas para su activo inicial, con el propósito de que, de esta manera, se entre en un sistema de equidad, sin castigar a un sector determinado. Precisamente, ésa es la forma en que debemos llevar adelante nuestro país.

En el caso del transporte, también se consideran ventas por sobre tres mil unidades tributarias mensuales, o sea, 30 millones de pesos, que fue lo pedido por la Confederación de Transportistas, presidida por Héctor Moya. Aquí sí que hay y ha habido una fuerte evasión tributaria, pues sociedades grandes creaban una empresa de transporte, quitándoles posibilidades a los transportistas más pequeños para, a través de ella, sobrefacturar los valores de los fletes y reducir, por lo tanto, la utilidad de la empresa, que debía pagar según su renta efectiva. También establecimos, por razones obvias, que quien tenga ventas bajo mil unidades tributarias mensuales, aunque esté ligado o relacionado, no llevará contabilidad de ninguna especie.

En resumen, señor Presidente, ésta es una reforma moderada que no afectará a la inversión y que da reglas claras y estabilidad para los próximos cuatro años, lo que es muy importante para la empresa privada y sus planes de inversión. Grava las rentas personales, buscando nivelar tanto las que vienen del capital como el trabajo. Permite redistribuir, pero seguir creciendo. Nada se ganaría con repartir lo que hay. Posibilita un crecimiento estable, sostenido, de alrededor de un 5 por ciento anual, con una inversión óptima, que esperamos llegue a un 20 ó 22 por ciento; actualmente sólo alcanza al 18 por ciento. Buscamos el equilibrio presupuestario. Este es un claro rechazo al populismo. Sabemos lo que ha sucedido, lamentablemente, en países vecinos con el populismo, cuando se ofrece y se gasta lo que no se ha recaudado. Aquí, por ningún motivo, llevaremos al país a una inflación. Las medidas, que se están tomando señor Longueira , son precisamente para disminuir la inflación causada no por problema de costo, sino, exclusivamente, de demanda, y por la mayor inversión que se hizo desde el mes de julio del año 1988, cuando se iba a realizar un plebiscito, y se continuó efectuando después, cuando se iba a llevar a cabo una elección presidencial. Pero, a pesar de todas esas medidas, el pueblo dio su veredicto dos veces.

Finalmente, debo destacar, dentro de esta política de consensos, el acuerdo de la Central Unitaria de Trabajadores con la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, y las palabras que dijo Manuel Bustos el 1 de mayo, al plantear que lo importante es ir avanzando, aunque sea gradualmente, porque ¡qué curioso! quienes critican hoy día este acuerdo son, precisamente, quienes integraron las directivas sindicales del gobierno anterior. Ellos encuentran todo poco. Para eso no nos vamos a prestar. Felicito a Manuel Bustos por lo que manifestó, y al Presidente Aylwin por su discurso de ayer, el cual, creo, ha sido uno de los más brillantes que se ha pronunciado en el último tiempo, indicando la tranquilidad y la normalidad de un país, que debe seguir creciendo con equidad.

Por las razones expuestas, los Diputados democratacristianos vamos a votar favorablemente este proyecto. Lo haremos con absoluta tranquilidad, porque la reforma tributaria abre paso para que en Chile pueda existir estabilidad política, sobre la base de una sociedad donde la justicia, la libertad y la dignidad vayan de la mano.

Sabemos que enfrentamos un desafío. Queremos que éste sea un desafío de todos los chilenos. Nosotros lo aceptamos, para el veredicto que el pueblo dará en cuatro años más. No nos preocupa la demagogia de Sus Señorías, aunque nos causa extrañeza, después de ver cómo se trabajó en la Comisión. Estamos tranquilos y seguiremos abiertos al diálogo, para mejorar este proyecto aún más en el segundo trámite por estimar que ésa debe ser nuestra tarea con indicaciones positivas que formulen los Diputados de aquí a mañana.

Por eso, reitero que con tranquilidad los Diputados democratacristianos votaremos a favor este proyecto de reforma tributaria.

Aplausos en la Sala y en tribunas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde hacer uso de la palabra a la Diputada señora Evelyn Matthei .

La señora MATTHEI .-

Gracias, señor Presidente.

Uno de los objetivos fundamentales de Renovación Nacional consiste en que la economía chilena combine el desarrollo con la equidad, el progreso con la justicia. Para este fin, hemos comprometido nuestros mejores esfuerzos.

El desarrollo de la economía resulta indispensable, por ser el más poderoso instrumento para derrotar la pobreza. Es, a la vez, el único instrumento para crear empleos y oportunidades y para mejorar los salarios. Es, por último, insustituible en el objetivo de’ allegar recursos a las finanzas públicas, indispensable para los programas sociales.

La equidad, por su parte, debe constituir un principio básico de la vida en sociedad. En Chile, no habrá verdadera libertad mientras subsista la extrema pobreza y la marginalidad.

Renovación Nacional llegó a un acuerdo general con el actual Gobierno, para impulsar una reforma tributaria que permitiera avanzar en la solución de los problemas sociales más urgentes y contribuyera a facilitar el equilibrio macroeconómico.

Este acuerdo parte de la base de reconocer que existen problemas sociales cuya solución es urgente, y que una parte importante de ese gasto social corresponde, en realidad, a inversión en capital humano. Todas las modernas teorías de crecimiento coinciden en señalar la importancia fundamental del capital humano en el desarrollo de un país.

El acuerdo alcanzado es, por lo tanto, coherente con nuestra concepción de una economía social de mercado. Es coherente con la necesidad de mantener los fundamentos económicos que han originado el progreso de los últimos años, así como con nuestros pronunciamientos durante la pasada campaña electoral, en el sentido de buscar una solución a los problemas sociales más urgentes.

El objetivo de mantener los fundamentos de un modelo económico, que ha originado éxitos reconocidos internacionalmente, se consigue a través de las cuatro siguientes características de la reforma tributaria. En primer lugar, ésta mantiene los fundamentos del régimen tributario, uno de los más sólidos y eficientes de América Latina. Se alteran las tasas, pero no las bases del sistema tributario; contiene cambios de tasas que son moderados y equilibrados; contribuye a estabilizar las reglas del juego de los agentes económicos, factor clave para el desarrollo de un país. En este sentido, existe un compromiso formal con el Gobierno, de que esta será la única reforma tributaria en impuestos a la renta del gobierno de la Concertación. Por último, es transitoria, ya que se retoma a las tasas actuales, en el IVA y en el impuesto de primera categoría, a partir de 1994.

Quisiera dar a conocer un breve comentario respecto de las cuatro modificaciones acordadas.

Con relación al impuesto global complementario, los cambios en sus tramos no afectan a la clase media ni a los sectores de bajos ingresos. Y para demostrarlo, daré sólo 3 ejemplos. Las personas con rentas imponibles iguales o menores a 300 mil pesos no se verán afectadas. Las personas con rentas imponibles entre 300 y 400 mil pesos, pagarán sólo 1.250 pesos mensuales más por concepto de mayores impuestos; las personas con rentas imponibles entre 400 y 500 mil pesos, 5.900 pesos mensuales más.

Que nadie diga que esto afecta a la clase media. Renovación Nacional mantendrá su compromiso permanente con la clase media chilena, columna vertebral de nuestro país.

En cuanto a la renta presunta, su modificación para los sectores de la agricultura, la minería y el transporte fue postulada como una necesidad para alcanzar un sistema tributario neutral, tanto en los programas de gobierno de la Concertación y de Hernán Büchi, como en los de Renovación Nacional y de la propia UDI.

Renovación Nacional propuso, desde un principio, que la modificación de la renta presunta no afectaría a más de un 5 por ciento de los agricultores y, en ningún caso, a los agricultores pequeños y medianos. Hemos cumplido. Incluso, el límite de 8 mil unidades tributarias mensuales acordado durante la discusión en la Comisión, modificó el primitivo criterio del Gobierno que lo fijaba en 6 mil UTM. Este límite significa que la variación afectará únicamente al 3 por ciento de los agricultores. El 97 por ciento restante no se verá enfrentado a la mayor complicación que significa llevar contabilidad completa. Lo mismo se puede decir en el caso de los pequeños mineros y transportistas.

Probablemente, el aumento de dos puntos en el impuesto al valor agregado significará un alza en los precios de los bienes de consumo de aproximadamente un 1,5 por ciento. En cualquier caso, tal efecto debiera compensarse, respecto de la población de menores recursos, con los beneficios que ésta indudablemente recibirá del programa social que harán posible los mayores ingresos provenientes de la reforma tributaria.

Sin embargo, hay dos comentarios importantes. Para contrarrestar el argumento de que el IVA afecta mayormente a los más pobres cabe señalar lo siguiente: el 75 por ciento de los recursos que se recaudan con el IVA proviene del consumo del 40 por ciento más pudiente de nuestro país. Repito: las tres cuartas partes de todo lo que se recauda con el IVA y, en consecuencia, también de lo que producirá esta alza de 2 puntos, provienen del consumo del 40 por ciento más rico de este país. El grueso de la recaudación no es consecuencia, por lo tanto, del sacrificio de los sectores de menores ingresos ni de la clase media. Esto significa, además, que basta con gastar un 25 por ciento de lo recaudado focalizadamente en estos sectores, para compensarlos por el aumento de precios que registren los bienes de consumo. La forma de reducir la inflación que naturalmente, no es deseable, puesto que constituye el peor y el más regresivo de todos los indicadores y que en este momento tiene una tasa anual del 30 por ciento, no es a través de desechar un alza del IVA, sino de un control efectivo del exceso del gasto público.

Con respecto al impuesto de primera categoría; cuya tasa se fija en el 10 por ciento sobre la base devengada y que se eleva al 15 por ciento para los años 1991, 1992 y 1993 no hipotecarán como se ha dicho interesadamente el futuro del país. En primer lugar, dicha tasa es una de las más bajas del mundo, antecedente que nadie puede ignorar. En segundo lugar, tampoco puede soslayarse que el crecimiento del país y el aumento de la inversión de los últimos años se produjeron con tasas más altas que las que actualmente se proponen, y las cuales, además, tendrán un carácter transitorio.

En cualquier caso, lo que de verdad no es compatible con el crecimiento de la inversión y, por lo tanto, con el de la economía, son las actuales tasas de interés. Estas son altísimas y un motivo de seria preocupación.

Los programas sociales, además, pueden llegar a esterilizarse completamente si las autoridades económicas permiten que la inflación siga deteriorando el poder adquisitivo de los sectores más modestos y de la clase media.

El objetivo de la reforma tributaria es contribuir a lograr mayores grados de equidad en la economía; sin embargo, hoy, tanto el desarrollo económico como esa mayor equidad están el peligro. Y no lo están debido a la reforma tributaria, como algunos intencionadamente sostienen, sino por el sobrecalentamiento de la economía, que se arrastra desde fines de 1988, lo que se refleja en crecientes tasas de inflación, agravada ésta por el deterioro de la economía mundial.

El sobrecalentamiento de la economía ha sido enfrentado hasta ahora sólo mediante el alza en las tasas de interés. Sin embargo, los intereses altos están paralizando sectores importantes de la actividad nacional, como la construcción, y debilitando a las empresas y al sector financiero. Si las autoridades económicas no actúan pronto en la dirección correcta, la situación derivará en desempleo, caída de los salarios y falencia de las empresas productivas.

El costo del ajuste y el aumento del gasto social no pueden recaer sólo sobre el sector privado. El Gobierno debe comprometerse, y esto aún hoy día no se visualiza, con una política permanente de severa austeridad. Hay que evitar a toda costa que la recaudación de la reforma tributaria se desvíe a solventar una mayor burocracia estatal.

En épocas de ajuste económico, los costos son claramente menores, mientras más equilibrado y consensual sea aquél. Valoramos en este sentido el esfuerzo del Ministro señor Foxley para buscar un amplio acuerdo tributario. Es evidente que el Gobierno, con dos votos adicionales en el Senado, podría haber impuesto unilateralmente el proyecto de reforma tributaria que hubiese deseado. Reiteramos, sin embargo, nuestra advertencia: los acuerdos sólo son posibles y estables cuando persiste la voluntad y la buena fe de todos los sectores implicados para alcanzarlos.

Hemos advertido, en este sentido, preocupantes señales, concretamente en lo relativo al capitalismo popular. Entre el Gobierno y Renovación Nacional no se acordó modificar las disposiciones que estimulan el ahorro y la dispersión de la tenencia de acciones, mediante el referido mecanismo; sin embargo, por la vía de una indicación al proyecto, se ha tratado de introducir una alteración al régimen tributario que afecta a los capitalistas populares. Nos oponemos a la forma y al fondo de esa indicación. A la forma, porque es una materia que no estaba en el acuerdo; al fondo, porque estimamos que no es justificable una simple derogación de las medidas de estímulo a la difusión de la propiedad. En el mejor de los casos, si ellas no estuviesen operando óptimamente, habría que perfeccionarlas, y 'estamos dispuestos a ello; pero no eliminarlas, ya que el objetivo de estimular el ahorro y de dispersar la propiedad debe ser mantenido.

Por último, hemos visto preocupantes signos de arrogancia, tanto en la estéril y parcial crítica de algunos señores Diputados a la gestión económica del Gobierno militar, con en el intento de poner criterios no compartidos por amplios sectores de la ciudadanía en materias económicas y también en el ámbito político. Que a nadie le quepa duda de que si la arrogancia prevaleciera, nuestra actitud obligadamente cambiaría. Renovación Nacional ha dado amplias muestras de patriotismo, buscando acuerdos que beneficien a todos los chilenos. Por lo mismo, tenemos toda la autoridad moral para exigir igual actitud de parte de los sectores políticos que integran la Concertación.

He dicho, señor Presidente.

Aplausos en la Sala.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Vicente Sota .

El señor SOTA .-

Señor Presidente, en la sesión especial celebrada por la Cámara el jueves de la semana pasada, el señor Ministro de Hacienda expuso sobre la situación presupuestaria y las perspectivas económicas del país en el presente año.

Después de diversas consideraciones, precisó que el Presupuesto de la Nación de 1990, se dispone de unos 380 millones de dólares menos que los proyectados por el Gobierno anterior. Partiendo de esta base, habló de "una estrecha situación presupuestaria" y explicó que las soluciones del problema social deberán ser graduales para evitar rebrotes inflacionarios. Sostuvo, además, que una economía moderna y de éxito debe "invertir fuertemente en las personas"; pero, para ello dijo hay que disponer de recursos. Y de eso se trata. Esto es, se trata de aprobar una ley de reforma tributaria, con el objeto de dotar al fisco de los recursos que se necesitan para enfrentar el problema social.

Y, entonces, la primera pregunta que surge es ¿por qué esos 380 millones de dólares no están disponibles en la caja fiscal que nos lega el pasado Gobierno? ¿Qué se hicieron los fondos acumulados durante la gestión económica del Gobierno autoritario?

Algunas respuestas a esas preguntas, señor Presidente, son realmente desoladoras.

En primer lugar, parte importante del haber fiscal ha servido para amortizar una inmensa deuda externa, que alcanzó a los 19 mil millones de dólares y que ha significado al país una sangría anual promedio del orden de los 1.500 millones de dólares. En seguida, el fisco tuvo que hacerse cargo de la enorme deuda de 7 mil millones de dólares que contrajo el Banco

Central para evitar el colapso de la banca privada y de ciertos grupos económicos. Esa deuda asciende todavía a más de 6.000 millones de dólares. Y luego, para finalizar este muestrario de mal manejo, por decir lo menos, de los fondos del erario, debemos mencionar las pérdidas sufridas por el fisco en el proceso de privatización de las empresas públicas. Hace pocos días, en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo la Cámara, el Ministro Vicepresidente de CORFO explicaba que las ventas de empresas públicas a particulares habían significado una pérdida, para el erario de 1.000 millones de dólares.

En resumen, cuando el Ministro de Hacienda nos está solicitando recursos por sólo 350 millones de dólares para el presente año, y de aproximadamente 600 millones de dólares para cada uno de los tres siguientes, ¿cómo no pensar que estas cantidades apenas representan una fracción de los montos indicados anteriormente y de los cuales hoy día no puede echar mano la caja fiscal?

Felizmente, como contrapartida, el país tiene otras disponibilidades. En efecto, como se ha reconocido por el propio Ministro de Hacienda, la economía chilena está en mejores condiciones que la de otros países vecinos.

La orientación de la política económica del régimen pasado generó oportunidades para que las grandes empresas obtuvieran cuantiosas utilidades. Un estudio reciente mostraba que la rentabilidad sobre el capital y reservas de un importante grupo de sociedades anónimas pasó, se ser negativa, en 1985, a casi el 15 por ciento en 1986; a 20 por ciento en 1987; y más, en 1988 y en 1989.

Como reflejo de la rentabilidad del capital, el índice de precios de las acciones se ha más que triplicado en un trienio.

Simultáneamente, el aprendizaje de nuevas tecnologías provenientes del exterior y la libre competencia, han traído como resultado mejoras efectivas en la productividad y en la calidad de los productos finales. Es innegable y yo me complazco en reconocerlo que la empresa privada chilena es hoy más eficiente que hace 20 años.

Siendo ésta pues, la situación actual el sector privado, las imposiciones tributarias que lo afectan, contenidas en el proyecto que discutamos, representan una contribución moderada de ese segmento al esfuerzo social que el país demanda.

En dirección contraria al progreso de las empresas, señor Presidente, se ha impuesto una política salarial que mantiene el poder adquisitivo de los trabajadores por debajo de los niveles alcanzados en 1970. Además, el gasto público social ha sufrido una fuerte rebaja, sobre todo en salud y en educación, sectores que reclamen urgentemente una mejoría.

A esta altura de mi razonamiento, no quisiera trabar con los Diputados de los bancos del frente una suerte de "guerrilla de las estadísticas" para demostrar que existe una situación social insostenible, caracterizada por elevados índices de necesidad.

Sin embargo, me parece indispensable recordar que bajo el régimen militar la tasa promedio de desempleo fue de 15 por ciento, y que, no obstante la mejoría real de ese indicador en los últimos años, una encuesta PET, para 1989, demuestra que el 30 por ciento de los ocupados lo están en la llamada "economía informal"; es decir, esos trabajadores no cuentan con ningún sistema previsional o de salud que los acoja en una pérdida temporal o permanente de su capacidad laboral.

En cuanto al ingreso mínimo legal, es bueno recordar, señor Presidente, que éste era casi un 40 por ciento inferior, en 1989, en términos reales, al de 1978.

En este cuadro, la situación de aflicción es generalizada. Según la citada encuesta PET, la indigencia en el Gran Santiago afecta a cerca de 2 millones de personas.

Respecto de vivienda, cualesquiera que sean los cálculos, ellos revelan un déficit habitacional no inferior a 800 mil, y necesidades anuales, por aumento vegetativo de la población y por reposición, debido a la obsolescencia, de otras 100 mil.

Otros ítems reveladores son los siguientes y es conveniente que la Cámara los recuerde hoy día:

Debido al congelamiento de la asignación familiar, desde 1985, los 552 pesos actuales por carga representan un 35 por ciento del valor real que tenía en 1981.

El poder adquisitivo del subsidio único familiar, para los sectores de extrema pobreza, ha caído a la mitad entre 1981 y 1989.

El reajuste de las pensiones se ha suspendido desde 1985.

En fin, acortemos la lista de las impostergables demandas sociales y repitamos, una y otra vez, que un desarrollo económico sostenido requiere de la inversión de las personas. El financiamiento de programas que ayuden a la gente a superar en forma permanente situaciones de marginalidad, aumentará la productividad de la economía chilena.

Señor Presidente, una amplia mayoría de chilenos optó, en las pasadas elecciones, por una política económica que busque dar prioridad a la solución de los problemas sociales y que promueva un crecimiento estable y equitativo. Esto es la oportunidad de asegurar ambos objetivos.

Ante este desafío, ¿cuál ha sido la respuesta del país? Es preciso reconocer, señor Presidente, la expresión de distintas reacciones por parte de los actores sociales y políticos:

Los trabajadores y empresarios, en general, concuerdan con las disposiciones del proyecto y lo refuerzan logrando un consenso que no vacilo en calificar de histórico, para reajustar el salario mínimo y las asignaciones.

Los partidos de la Concertación respaldan decididamente la iniciativa del Ejecutivo y han concurrido a perfeccionarla.

En los partidos de la Oposición, las opiniones han estado divididas.

Debe reconocerse, en primer término, el apoyo del Partido Renovación Nacional a las medidas básicas de la reforma. Como es lógico, en sus filas hay discrepancias en la apreciación de las disposiciones del proyecto; pero, en su conjunto, manifiestan la decisión de hacerlo avanzar para contribuir a su rápido despacho por el Parlamento.

Otra ha sido la actitud del Partido de la Unión Demócrata Independiente que, como aquí se ha escuchado, votará en contra del proyecto.

Estimamos que la oposición de este partido es contradictoria. Por un lado, sus dirigentes aceptan que la situación social de vastos sectores de la población necesita una urgente mejoría; y, por otro, niegan sus votos cuando se procura la solución inmediata de la cuestión social.

Creemos que esta flagrante contradicción obliga a ese partido a proponer soluciones de reemplazo de aquéllas que se niegan a aprobar. Si no lo hace, caerá en un renuncio inexcusable, y sus propias huestes poblacionales y el país entero le cobrarán la palabra.

Señor Presidente, estamos próximos a aprobar en general, tal vez en el día de mañana, un proyecto de ley de extraordinaria importancia para el futuro del país y, sobre todo, para hacer justicia a los más pobres de nuestros compatriotas.

Miradas las cosas con sentido de Patria, no se trata ahora del éxito de este Gobierno, sino que del éxito de Chile.

Al concurrir a la aprobación de esta importantísima ley, no puedo menos que pensar en los fundamentos éticos del ideario cristiano en las materias económico-sociales que lo inspiran. He estado hojeando los libros de Maritain, de Mounier, de Lebret; los escritos de Leigthon, de Frei y de Tomic; los de Andrés Aylwin , de Julio Silva, de Jacques Chonchol y de Rodrigo Ambrosio. En todos ellos, el hilo conductor de su pensamiento, que también es el mío, es la visión de una economía al servido del hombre, para contribuir de manera eficaz a la construcción de un mundo más justo.

Porque me siento identificado con esos mismos anhelos, y porque represento a vastos sectores de hombres y mujeres de la ciudad y del campo, a quienes ofrecimos una democracia con igualdad de oportunidad para todos, votaré favorablemente esta reforma tributaria.

Igualmente lo harán los Diputados del Partido por la Democracia, del Partido Socialista, de la Izquierda Cristiana y del Partido Humanista.

Participaremos así, junto con el Gobierno que hemos contribuido a elegir, y como nos lo pide el Ministro Foxley , en la hermosa responsabilidad de comenzar en nuestro país la construcción de una economía dinámica y justa.

Sólo resta reiterar la invitación que él hace a todos los chilenos para que cada uno asuma su parte en esta tarea.

He dicho

Aplausos en la Sala.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señores Diputados, debo hacer presente que la sesión terminará a las 19 horas 30 minutos, y que, por acuerdo unánime de los Comités, los proyectos de acuerdo anteriores quedarán pendientes hasta la sesión del próximo martes.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Respecto del proyecto de acuerdo presentado por los señores Pedro Álvarez-Salamanca y Jaime Campos , con el fin de crear las comunas de San Rafael y de Putú, en la provincia de Talca, se oficiará al Gobierno en nombre de ambos.

Por no haber proyectos de acuerdo que tratar, continúa el debate de la reforma tributaria.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa el debate.

Tiene la palabra el Diputado señor Gustavo Ramírez .

El señor RAMIREZ .-

Señor Presidente y Honorable Cámara, hemos escuchado al Diputado informante, don Jaime Estévez , hacer una acertada relación sobre este proyecto de ley de reforma tributaria, que la Comisión de Hacienda de esta Cámara estudió durante varios días y aprobó en la forma que ustedes conocen.

Hemos oído también la intervención de los colegas señor Cerda, señora Matthei y señor Sota , quienes, prácticamente apoyan esta reforma.

Es conocido por el país, y por cada uno de mis Honorables colegas, que el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin plantea, en su programa económico, conciliar el desarrollo económico con la justicia social, y este proyecto tiende a conseguir ambos objetivos. Es nuestro convencimiento de que ambos factores deben caminar unidos y de que queremos tranquilidad social en nuestro país e instaurar en él una economía solidaria. Los ingresos que se recauden con esta reforma tributaria solucionarán algunos problemas fundamentales.

En primer lugar, hay que suplir las deficiencias que presenta el Presupuesto de 1990, para mantener la continuidad de los programas de Gobierno. Sabemos que este presupuesto tiene grandes déficit, y, sobre esta materia, han intervenido e intervendrán en esta Honorable Cámara otros distinguidos colegas de estas bancas.

En segundo lugar, debemos apoyar la implantación de nuevas políticas sociales.

En tercer lugar iniciar programas de inversión, de infraestructura y de equipamiento que el país necesita para su futuro desarrollo. Pero esta reforma, que ha suscitado una gran discusión pública, en la que han intervenido los más diversos sectores del país, permitirá a este Congreso Nacional ejercitar sus derechos democráticamente y tomar decisiones con la más amplia información posible, y conocer, por lo demás, los objetivos centrales de esta reforma, que no son otros que los siguientes:

Primero, generar recursos para el financiamiento de programas sociales y de inversión.

Segundo, racionalizar el sistema tributario para mejorar su equidad y disminuir la evasión.

Tercero, dar estabilidad a la economía nacional y fijar las reglas del juego para el sector privado.

Basados en estas premisas, podemos exponer nuestros puntos de vista sobre diferentes materias. Es un hecho que el programa de la Concertación de Partidos por la Democracia planteó al país la necesidad de mejorar la situación de los más pobres, y ello compromete, sin duda, a los Diputados de estas bancas.

Dijimos también que, para lograr esos objetivos, era necesaria una mayor carga tributaria. Hoy día, al aprobar esta reforma, somos consecuentes con lo expuesto al país. Estamos de acuerdo en que el desarrollo económico requiere de inversiones en el campo social y productivo, tanto en el sector público como en el privado. Es necesario erradicar la marginalidad. Hay que invertir en educación, en salud, en capacitación laboral, especialmente para los más jóvenes. Hay que invertir en obras públicas, en puertos, en caminos, en regadío, como fórmula para aumentar la productividad de la economía y para mejorar la competitividad de los productos chilenos en el exterior.

También estamos de acuerdo en que, en este país, ha habido un importante retroceso en los recursos que se destinan al gasto social. Así lo demuestran, por ejemplo, el deterioro de la asignación familiar, que no se ha reajustado desde 1985; la caída del poder adquisitivo del subsidio único familiar para los sectores de extrema pobreza; la eliminación del reajuste de pensiones desde el año 1985; la reducción de programas de alimentación escolar; el deterioro de la atención de salud para millones de chilenos; y el déficit extraordinario de viviendas, que afecta a miles y miles de compatriotas.

Por esto, no cabe duda de que los ingresos que genere la reforma tributaria tendrán que dar prioridad a la solución de este tipo de problemas. Para ello contaremos con recursos fiscales por 600 millones de dólares anuales. Suma importante, pero insuficiente, para desarrollar un programa integral de mejoramiento de los pobres de Chile. Por esa razón, el destino de estos fondos y sus inversiones, preocupan hoy a toda la comunidad nacional.

Por otra parte, esta reforma tributaria debe servir para ordenar el sistema tributario y para reducir la evasión de impuestos, la cual, según informaciones de los más altos dirigentes de los sectores empresariales, es de 600 millones de dólares al año, antecedente de extraordinaria gravedad que debe ser evaluado por el país. Es necesario mejorar e incentivar el aparato fiscalizador de Impuestos Internos, como una de las tantas medidas que deberían ser tomadas para disminuir esta evasión tributaria.

Se dice que un sistema tributario moderno debe cumplir con algunas condiciones básicas: ser eficiente; garantizar la equidad, e introducir el mínimo posible de distorsiones sobre las decisiones de los agentes económicos. Es necesario que un sistema tributario no desaliente decisiones claves en la economía, como las relaciones con la inversión, el trabajo, el ahorro y las exportaciones.

Nosotros creemos, señor Presidente, que esta reforma tributaria cumple con esos requisitos y corrige, además, graves distorsiones existentes en la actualidad, que atenían contra la equidad del sistema. Corrige fuentes importantes de la evasión tributaria que se comete dentro de la legalidad vigente, al amparo de resquicios legales que todo el mundo conoce.

Debo dejar constancia de que la legislación actual permite tributar sobre la base de una presunción de renta a los contribuyentes agrícolas, mineros y del transporte terrestre, materia sobre la cual intervendrán otros distinguidos Diputados de estas bancas. Por mi parte, debo sostener que no encontramos justificación alguna para que las grandes empresas en estos sectores tributen con un régimen distinto al de otras actividades económicas. Por ello, hemos dado nuestra aprobación a este importante cambio de la norma tributaria, que obligará a estos sectores a tributar sobre renta efectiva, en lugar de hacerlo respecto de la renta presunta, como ocurría hasta ahora.

Creemos que de no modificarse esta forma de tributación, se estaría atentando contra la propia Constitución Política, la que en su artículo 19, ubicado en el capítulo denominado "De los derechos y deberes constitucionales", asegura, en su número 20, a todas las personas "la igual repartición dé las cargas públicas". Agrega, asimismo, esta disposición de la Carta Fundamental que "en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos".

La norma constitucional transcrita, que asegura la igual repartición de los tributos, en proporción a las rentas de los contribuyentes o en la proporción o forma que fije la ley, se enmarca en el llamado "principio de la igualdad tributaria". Este principio constitucional, en consecuencia, rechaza de plano cualquier impedimento en el establecimiento de las rentas efectivas, como resultaría ser un sistema que determina rentas presuntas y no rentas efectivas, garantizando de esta forma que la carga tributaria se debe configurar en términos tales qué represente, real y efectivamente, un peso o un esfuerzo proporcional para todos los sujetos afectos a tributación. La igualdad tributaria, como lo señalan algunos tratadistas, no involucra una similitud o paridad matemática en la tributación que recae sobre la cabeza de todos los contribuyentes, sino una igualdad de sacrificios o una proporcionalidad en el sacrificio para otros. La igualdad tributaria es un elemento que guarda relación con el concepto de capacidad contributiva, concepto que, en su esencia, sin embargo, se halla alejado de una concepción puramente jurídica del tributo y de los fenómenos que le son inherentes, vistos desde esta misma óptica, y que reconoce, en cambio, una connotación típicamente económica.

En el hecho, señor Presidente y Honorable Cámara, mantener en el sistema de renta presunta a estos sectores económicos, en sus estratos altos y en todos los estratos, en mi opinión, transgrede claras normas constitucionales, lo que avalan la absoluta necesidad de aprobar esta modificación, que tendrá gran trascendencia en el futuro de la economía nacional y que proveerá una mayor justicia tributaria.

El país debe saber que los afectados por el paso de renta presunta a renta efectiva representan un escaso número de contribuyentes: en la minería, alrededor de 13 empresa, y en el sector agrícola, 1.365 contribuyentes, ya que es sabido que existen 158 agricultores que están acogidos a este sistema, en conformidad con el Reglamento de Contabilidad Agrícola, contenido en el decreto supremo de Hacienda N° 323, publicado en el Diario Oficial de fecha 11 de mayo de 1982. Estos pidieron pasar del sistema de renta presunta al de renta efectiva, con motivo de los nuevos avalúos fijados en el año 1981.

En el sector del transporte, los dirigentes gremiales que concurrieron a expresar su opinión en la Comisión de Hacienda, declararon estar de acuerdo, en general, con el proyecto. Hicieron varias indicaciones, algunas de ellas recogidas por la Comisión de Hacienda y, seguramente, por el Gobierno. Esto afecta apenas a 1.516 contribuyentes.

Estas y otras materias fueron analizadas por la Comisión de Hacienda, y serán estudiadas por los Honorables Diputados de estas bancas en el curso del debate: el régimen general del impuesto a la renta, rentas presuntas, prevención de resquicios, impuestos indirectos y problemas sobre el efecto fiscal. Así, esta Honorable Cámara y el país conocerán nuestra opinión en cada caso.

Por ello, nos parece importante destacar el esfuerzo realizado por los Partidos de la Concertación por la Democracia y por Renovación Nacional para buscar acuerdos y consensos en diferentes materias controvertidas, permitiendo despacharlas eficientemente y aprobar esta reforma tributaria, que permitirá consolidar la economía nacional, garantizando su estabilidad y manteniendo los incentivos al trabajo, al ahorro y a la inversión.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Laura Rodríguez .

La señora RODRIGUEZ .-

Gracias.

Las urgentes necesidades del 30 por ciento de la población que vive en estado de pobreza, requieren de soluciones en el más breve plazo. Si estamos hablando de seres humanos y no sólo de cifras, se comprenderá que el hambre, la falta de educación, de viviendas, de salud y de oportunidades de trabajo merecen hoy una respuesta efectiva, como condición, además, de estabilidad para la nueva democracia.

El financiamiento del gasto, que implicará atender todas esas necesidades, puede y debe ser hecho con los recursos de quienes durante años han obtenido las más altas utilidades que conocen las empresas privadas en su historia. Si bien es cierto que eso demuestra la capacidad de los empresarios para ser eficaces en el logro de sus objetivos, no podemos desconocer que muchos de ellos vieron florecer sus negocios al amparo de una legislación laboral absolutamente desbalanceada.

Se necesitan, en forma urgente, los recursos que se obtendrán de la reforma tributaria. Eso lo sabemos todos. Por ello, aprobaré esta reforma tributaria. Pero quisiera puntualizar algunos elementos.

Hemos dicho que la reforma tributaria significa un esfuerzo para todos los chilenos. Eso es cierto, aunque en parte, porque el mayor esfuerzo lo están realizando, como siempre, los sectores más desposeídos. Son los mismos sectores representados en esta Sala, los que, por mayoría, darán su aprobación al proyecto. Estoy convencida de que ésta será la actitud real de ellos: aprobar la reforma tributaria; pues, por sobre todo, ellos necesitan alimentar cada día, con más fuerza, la posibilidad de que nuestro país se convierta en una democracia realmente justa y solidaria.

En un primer momento, no es fácil para quienes representamos sectores de extrema pobreza, aprobar un alza del IVA, aunque ésta sea transitoria. Pero he dicho que tengo certeza sobre la disposición de la gente, poique es algo que he podido debatir y comprobar en una gran asamblea realizada en uno de los .sectores más pobres de este país, como es el caso de lo Hermida. Hay quienes argumentan y dicen, pensando en los sectores más desposeídos, que si se grava con mayor impuesto las utilidades que no se retiran, se frenará la inversión y, por ende, el mayor crecimiento económico. Pero la ideología neoliberal, tan amante de las cosas concretas, parece olvidar que en una economía los recursos que el mercado pone en juego para producir el crecimiento, en particular la fuerza de trabajo, no están dados, sino que deben crearse y potenciarse activamente.

Es así como el llamado "gasto social" debe entenderse como inversión en el factor humano, el que, a su vez, es determinante en un proceso de crecimiento acelerado.

Todo esto podríamos verlo desde un punto de vista netamente técnico. Sin embargo, invertir en la gente tiene, por sobre todo, un imperativo ético. Invertir en la gente es darle preferencia por sobre modelos, ideologías o intereses particulares. Invertir en la gente es, en definitiva, darle un verdadero sentido a la inversión; es empezar a descubrir una economía solidaria. No dudamos del aporte que el sector privado pueda hacer al desarrollo social del país, a través de la generación del empleo, como parte de sus planes de inversión. Pero los niveles de remuneraciones que han acompañado la creación de nuevos puestos de trabajo durante estos años, están todavía lejos de permitir un mejoramiento importante en la calidad de vida de las personas, particularmente de los sectores hasta ahora marginados de los frutos del crecimiento.

Nuestro país se desarrollará verdadera, única y exclusivamente cuando cada persona logre desarrollarse y tenga un futuro claro. Nuestro desarrollo debe ser visto como un proyecto integral para el progreso de cada persona, no considerada en abstracto o como una cifra, sino en su existencia cotidiana. Entonces, esta reforma tributaria cobra sentido, más allá de sus distintas argumentaciones técnicas. Sí, cobra sentido bajo los proyectos de inversión en la gente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Correa ...

El señor CORREA.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, quisiera referirme al artículo 9° del proyecto de ley, contemplado en el informe de la Comisión de Hacienda, que se nos ha hecho llegar en la tarde de hoy, que dice: "Agrégase el siguiente inciso final al artículo 11 de la ley 18.401:

"Las acciones referidas en el inciso primero de este artículo no darán derecho al beneficio establecido en el número 1) del artículo 57 bis) de la Ley sobre el Impuesto a la Renta".

Señor Presidente, al solicitar la supresión de este artículo lo estamos haciendo, principalmente, por considerar que afectará el interés de las personas por adquirir acciones de sociedades anónimas, mediante el sistema del capitalismo popular. La semana pasada intervine para resaltar las bondades del capitalismo popular, que permitió a pequeños productores agrícolas y a trabajadores de IANSA poder acceder a la propiedad de la empresa, que en estos momentos está en un plan de expansión e inaugurando una planta de jugo de concentrado de manzana por un valor cercano a los 5 millones de dólares.

Al mismo tiempo, creemos que va en contra del espíritu que ha señalado el Ministro de Hacienda en el día de hoy, al presentar este proyecto de ley sin incluir dicho artículo, el cual fue introducido en la Comisión. Hoy día se nos dice que el interés del Gobierno es mantener los incentivos actuales en la inversión.

Creemos que este artículo afecta, precisamente, a los inversionistas más pequeños. .

He dicho, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ha solicitado la palabra el señor Ministro de Hacienda.

Puede usar de ella el señor Foxley .

El señor FOXLEY .-

Señor Presidente, Honorable Cámara:

En primer lugar, quiero congratularme por el excelente informe que ha presentado el señor Diputado informante, el cual cubre con mucha precisión, los temas más fundamentales de este proyecto de reforma tributaria.

Sin embargo, me parece importante, en este momento, complementar algunos de los puntos de dicha presentación.

Lo primero que deseo recordar, tal vez en forma anecdótica, es una expresión que pudiera ser pertinente para la discusión que ha habido hoy día en la Cámara de Diputados, emitida en alguna ocasión por el actual Presidentede los Estados Unidos, señor George Bush , quien era el candidato alternativo del señor Reagan . En esa oportunidad, le preguntaron al señor Bush cómo era la política económica del candidato Reagan , que estaba ofreciendo, con mucha generosidad, mejorar y aumentar los gastos públicos en Defensa, en Seguridad Social y en una serie de otros rubros, comprometiéndose solemnemente, al tiempo, a no subir jamás los impuestos. El entonces candidato Bush respondió: "Eso es lo que yo llamaría la economía del *vudú". O sea, una economía un poco mágica, donde uno, haciendo algunas contorsiones, trata de solucionar problemas que no se pueden resolver, excepto en la forma y por la vía en que lo está planteando responsablemente el Gobierno en esta ocasión.

Si se quiere aumentar los gastos públicos, en este caso los sociales, uno tiene la obligación de proponer, al mismo tiempo una política de recaudación tributaria seria, que se sostenga por sí misma, y que permita que este proceso de gastos no aumente, en forma inorgánica, las presiones sobre la inflación.

Quiero referirme, durante un par de minutos, a un tema que me parece extraordinariamente importante. Se refiere a la relación entre la inversión y el crecimiento, por lo tanto y la tasa de tributación.

Se ha sostenido que estos aumentos de impuestos llevarían a una disminución de la inversión. La primera pregunta que yo deseo hacer es la siguiente: ¿Es que la inversión social no es inversión? ¿Invertir en las personas no es inversión? ¿La inversión en salud, en educación, en capacitación de la gente joven, en entrenamiento de la mano de obra para las nuevas tecnologías del siglo XXI, ayuda al crecimiento económico o lo impiden?

Señor Presidente, en la intervención que tuvimos en la sesión pasada en la Cámara, intentamos precisamente hacer esa conexión. No hay economía moderna cuyo crecimiento no esté apoyado en la elevación endógena de los niveles de productividad y éstos, en una economía moderna, dependen centralmente del grado de motivación que tenga la fuerza de trabajo para hacer posible ese aumento de productividad. Esa motivación es una función directa para que esos individuos, seres humanos, personas, tengan una condición de vida mínimamente digna: vivienda adecuada; acceso a la educación que les permita hacer su aporte en el oficio para el cual se han educado: nivel de nutrición adecuado; relaciones laborales suficientemente positivas como para que esa persona o individuo, voluntaria y libremente, aporte en la empresa para la mejora de la productividad. La inversión en las personas es la mejor inversión para el crecimiento económico en una economía moderna. No existe tal disyuntiva. Entre invertir en las personas y disminuir el crecimiento económico, la relación es precisamente la inversa.

Se ha dicho y se sostiene, que países con tasas altas de tributación tendrían tasas de inversión bajas. ¿Se refieren a los Estados Unidos, o a Alemania Federal, donde la tasa de tributación a las utilidades de las empresas es de un 49 por ciento? ¿Se refieren a Holanda, a Bélgica, a Francia, donde las tasas de tributación a las utilidades de las empresas están sobre el 40 por ciento? Comparemos las tasas de inversión en esos países con la de Chile. Entonces, se me va a decir: "No, esos son países desarrollados. No son países de desarrollo intermedio, ni tampoco de nuestra región del mundo".

Veamos la situación de países de desarrollo intermedio o recientemente industrializado. Corea tiene una economía abierta, pequeña, moderna, con una tasa de tributación a las utilidades de las empresas, de entre 20 y 33 por ciento, y una tasa de inversión sobre los productos, superior al 30 por ciento. Malasia aplica una tasa del 35 por ciento y Singapur, de 33 por ciento.

Estos son los llamados "tigres del Asia", los países de más alto crecimiento económico, de más alta tasa de inversión, con tasas de tributación a las utilidades de las empresas más del doble de las que estamos proponiendo en el proyecto del Gobierno.

En América Latina, Colombia aplica una tasa de 30 por ciento; Costa Rica, de 30 por ciento; México , un país que ha tenido un crecimiento económico muy elevado en los últimos treinta años, de 37 por ciento. ¡Para qué seguir!

Sin embargo, podríamos hacemos la pregunta al revés, si alguien no estuviera convencido con este argumento. ¿Por qué en países con recaudación tributaria baja, como Perú , Bolivia y Argentina, la inversión también es tan baja? Si la relación corre para un lado, también tendría que hacerlo para el otro.

Respecto de esta misma relación, podríamos señalar lo siguiente. ¿Qué se puede decir de la situación de la economía chilena en 1981, cuando la tasa de tributación a las empresas era del 49 por ciento; la del IVA, del 20 por ciento; cuando la tasa marginal más alta del global complementario alcanzaba al 58 por ciento, y la de inversión sobre el producto llegaba al 20 por ciento, siendo significativamente más alta que la que se aplicó en los años 1982 y 1983, cuando la tasa de inversión en la economía chilena bajó del 20 al 12 por ciento?

¿Cuál es la relación válida y verdadera, entonces? ¿Cuál es la relación importante? ¿Por qué la tasa de inversión cayó del 20 al 12 por ciento en la economía chilena entre los años 1981 y 1983? La respuesta es muy simple. Porque la inversión en la economía depende, fundamental y principalmente, de factores distintos de los de la tasa de tributación. El primer factor del cual depende es la capacidad de esa economía para generar estabilidad y equilibrio macroeconómicos. Y resulta que en los años 1982 y 1983 se rompieron, en este país todos los equilibrios macroeconómicos por una política económica, iniciada algunos años antes, que desajustó fundamentalmente, por ejemplo, el tipo de cambio, congelándolo por tres años, en circunstancias de que la tasa de inflación de la economía chilena era sustancialmente más alta que la tasa de inflación mundial. Esto lo sabía todo el mundo y este rezago se produjo y provocó el fenómeno increíble de una expansión extraordinariamente acelerada de las importaciones, que el país no podía financiar. Se produjo un desequilibrio macroeconómico. En esos años hubo un exceso de gastos; pues no se tuvo cuidado con el gasto; no hubo una política sana al respecto; se descuadró la economía por el lado de los gastos. No hubo cuidado ni cautela por los equilibrios macroeconómicos, como no lo hubo cuando se dejó al sector financiero sin los controles necesarios, y éste se involucró en una actividad especulativa que llevó a la crisis que todos conocemos, en los años 1982 y 1983.

Entonces, el desajuste macroeconómico y la inestabilidad que éste generó en cada uno de los principales agentes de la economía, hizo que la inversión bajara fuertemente durante los años 1982 y 1983.

Mal se puede decir, entonces, que la tasa de tributación es el factor determinante de la tasa de inversión. Países con tasas de tributación sustancialmente más altas que la chilena, de distinto grado de desarrollo, desarrollados, semidesarrollados, o incluso países con nuestro grado de desarrollo, con tasas de tributación más alta, han estado creciendo, en los últimos 30 años, a tasas mucho más altas que la economía chilena.

Algunos dicen que la tendencia histórica en el mundo es la reducción tributaria.

¿Qué es la tendencia histórica? ¿Qué significa esto de tendencia histórica? Tomemos un período histórico. Por ejemplo, los últimos 20 años, en el que se produjeron la más acelerada expansión de la economía capitalista mundial. Tomemos ese período, entre los años 1965 y 1985. Veamos el crecimiento espectacular de las economías de Europa Occidental y de los Estados Unidos. ¿Qué pasó con la tributación de esos países en dicho período? La tributación aumentó, en términos reales, entre un 40 y un 50 por ciento.

¿Qué ocurrió, entonces? Lo que sucedió para ser justos en la evaluación de los argumentos y no sesgarlos, porque no quiero facilitarme las cosas simplificando más allá de lo que los hechos demuestran que fue en algunos de esos países el aumento tributario llegó más allá de lo que era conveniente para mantener un crecimiento, una estabilidad, un consenso nacional respecto de lo que debía ser la carga tributaria en esos países. ¿Qué ocurrió? En Inglaterra, donde la tasa de tributación a las utilidades de las empresas había estado en un 50 por ciento, se redujo; claro que se redujo.

En los días de la transmisión del mando presidencial estuvo acá el señor Jeffrey Howe , Viceprimer Ministro de Inglaterra bajo el gobierno de la señora Thatcher . Conversé con él y le pregunté sobre este tema. Le conté de nuestra reforma tributaria y él me preguntó: "¿Qué están pensando respecto del impuesto sobre las utilidades de las empresas?". Yo le dije: "Estamos pensando subirlo a un 15 por ciento". El me miró con una cara absolutamente incrédula y me dijo: "Nosotros, en Inglaterra, y yo como Ministro de Finanzas de la señora Thatcher , le propuse al Parlamento y tuve que dar una fuerte pelea, pero finalmente se aprobó llegar a lo que nosotros considerábamos era lo más bajo tolerable y permisible para mantener el consenso fundamental en Inglaterra". ¿Y a qué tasa llegaron? Señores Diputados, llegaron al 35 por ciento en la tasa de impuesto a las utilidades.

Los impuestos han bajado en algunos países, después de una tendencia histórica muy larga, en la cual se incrementaron fuertemente, y llegaron a niveles notablemente superiores a los que nunca han tenido estos impuestos en Chile. Ese aumento se ha revertido parcialmente, para llegar a tasas todavía muy superiores a la chilena.

Cuando se habla de "esta tendencia histórica", miremos en América Latina y veamos cuáles son las propuestas hoy en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia. Las propuestas son aumentar los impuestos. ¿Por qué se propone esto? Porque, señores Diputados, el no haberlo hecho a tiempo, llevó a esas economías a funcionar sobre la base de un déficit final crónico, que significó desencadenar procesos inflacionarios de una envergadura tal, que terminaron destruyendo la cohesión social, los consensos básicos de esos países y generaron una lucha política estéril, divisiva y destructiva.

Creo importante tomar en cuenta esto cuando hablamos de las "tendencias históricas", porque ellas en verdad son otras. Las tendencias históricas son las que yo noto y he notado desde que nosotros iniciamos este proceso de discusión de la reforma tributaria y doy excusas por hacer esta referencia particular en un partido político como Renovación Nacional, que supo entender que éste no era un problema de los majaderos que quieren ponerles a los chilenos más cargas sobre sus hombros, sino que tenía que ver, fundamentalmente, el imperativo de dar contenido real, concreto, práctico, más allá de las palabras o, incluso de la palabrería o de la demagogia, a la satisfacción de las necesidades sociales.

Cuando uno dice que la paz de un país se construye con el esfuerzo de todos, para que los que están mal mejoren su condición de vida, para que los caídos en el camino de la historia puedan levantarse, hay que aceptar todas las consecuencias de esta afirmación y estar dispuestos a conversar de un tema que algunos estiman muy impopular. Yo les diría: "No se engañen, tengan cuidado, porque la estridencia no paga hoy día en Chile, porque el discurso ruidoso no es necesariamente el que la gente quiere escuchar".

La gente conoce verdaderamente los problemas y sabe mucho mejor de lo que muchos creen cuál es la solución verdadera, seria y responsable. Y cuando un partido que está en la oposición es capaz de entenderlo así, es porque realmente comprende cuál es la tendencia verdadera de la historia.

Creo que esa tendencia la estamos palpando cada día. A lo mejor, todavía no es percibida por algunos en toda su intensidad. Pero, lo ocurrido ayer, Día del Trabajo, cuando se refrenda un acuerdo entre empresarios, trabajadores y Gobierno, lo ocurrido en los últimos meses, desde el consenso para la reforma constitucional, pasando por el acuerdo sobre el Banco Central, el celebrado entre empresarios y trabajadores, hasta llegar al ascenso que ha permitido discutir la reforma tributaria, significa para su protagonistas es decir, para quienes entendemos un poco mejor cuál es la tendencia de la historia que estamos construyendo un país distinto, un país donde lo que interesa es entender sus problemas y aportar soluciones técnicas y serias; un país donde, más allá del lenguaje agresivo, se privilegia la tolerancia y la moderación; un país donde se mira hacia adelante, y no hacia atrás, so peligro de convertirse en estatuas de sal; un país donde la dignidad humana encuentra un lugar central, donde la gente entiende y está dispuesta a hacer sacrificios, a esperar si es necesario, porque intuye que aquí estamos construyendo un país mejor, un país más humano, no por el camino fácil, sino enfrentando los problemas y avanzando poco a poco para hacer posible el futuro.

He dicho.

Aplausos en la Sala.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Habiendo concluido el tiempo, se levanta la sesión.

1.4. Discusión en Sala

Fecha 03 de mayo, 1990. Diario de Sesión en Sesión 16. Legislatura 319. Discusión General. Se aprueba en general.

REFORMA TRIBUTARIA, PROYECTO DE LEY EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde continuar el debate sobre el proyecto de ley de reforma tributaria. Se han inscrito para hacer uso de la palabra los siguientes señores Diputados: Francisco Huenchumilla, Mario Devaud, Camilo Escalona, Jorge Pizarro, Armando Arancibia, Patricio Melero, Andrés Palma y Claudio Huepe.

Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, señores Diputados, reiniciamos hoy día el debate sobre la reforma tributaria, enviada a este Parlamento por el Gobierno del Presidente Aylwin.

Nosotros, en el curso de este debate, podríamos haber tenido dos posturas extremas: o rechazar completamente el proyecto, sin más o aceptarlo a fardo cerrado. Personalmente, creo que ni una ni otra postura se avienen con la naturaleza de este Poder del Estado, en cuanto es aquí donde confluyen las distintas corrientes de opinión, representativas de los diversos intereses de nuestra sociedad; y donde debemos buscar los grandes acuerdos que posibiliten el desarrollo y la justicia.

Creo que ése fue el ambiente que imperó en la Comisión de Hacienda, donde el proyecto fue corregido y mejorado. De ahí que, al discutir en esta Sala acerca del porqué y para qué de esta reforma, se haga necesario también dejar de lado los argumentos extremos del todo o nada, o el otro prisma que cree que todo es negro o blanco. Ni lo uno ni lo otro.

Es cierto que hoy día tenemos una situación económica que los economistas llaman "equilibrada"; pero también es efectivo que esto se logró a costa del sacrificio de miles de chilenos: de los pobres que pagaron los costos de las distintas políticas de "schock" implantadas por el gobierno anterior. Es cierto también que, a la larga, lo único que cuenta es el desarrollo creciente y sostenido; pero también es cierto que la política del "chorreo" ha fracasado en todos los países que la han intentado; porque en los países subdesarrollados, como el nuestro, el solo mercado no es capaz de asignar los recursos necesarios para solucionar los graves problemas de salud, de educación y de vivienda.

¿De qué se trata, en consecuencia? De dotar al Estado de los recursos necesarios para realizar los programas más urgentes, para ir en ayuda de los sectores más pobres; pero, al mismo tiempo, se trata de hacer una reforma tributaria que, cumpliendo con esos objetivos, no produzca desequilibrios en la inversión y en desarrollo económico..

Con ese criterio, el Gobierno ha buscado acuerdos con otros sectores políticos. Y lo seguiremos haciendo, porque creemos que de esa manera estaremos contribuyendo a construir, de nuevo, la política de los consensos, las que, cuando se rompieron, produjeron el colapso de nuestra democracia.

Así, como ayer buscamos acuerdos con la UDI para conformar y darle estabilidad a las Mesas de la Cámara y del Senado, hoy, respecto de este proyecto se ha logrado un acuerdo serio, respetuoso y dialogante con Renovación Nacional.

Creo, señor Presidente, que éste debe ser el clima que presida los debates de esta Sala.

Quiero referirme al contenido del proyecto; específicamente a la tributación de las empresas, o, en otras palabras, al impuesto de primera categoría. Es decir, a los tributos sobre aquellas rentas que provienen de inversiones o negocios; que requieren de un capital, o en cuya obtención predomina ese capital sobre el esfuerzo personal.

El actual impuesto de primera categoría fue establecido en la ley N° 15.564, durante el gobierno de don Jorge Alessandri, que fusionó las categorías de las anteriores leyes de la renta, correspondiente a los ingresos de los bienes raíces, de los capitales mobiliarios, de la industria y del comercio y de la minería y metalurgia. En 1984 se dictó la ley N° 18.293, que gravó tanto las rentas percibidas como las devengadas, estableciéndose que dicho impuesto, con tasa del 10 por ciento, constituiría un crédito contra los impuestos global complementario y adicional.

El 14 de enero de 1989 se dictó la ley N° 18.775, en virtud de la cual quedaban afectas al impuesto de primera categoría las rentas que fueran retiradas o distribuidas; pero no así las que se hubieran devengado.

El régimen propuesto en el actual proyecto de reforma tributaria respecto del impuesto de primera categoría, presenta características que ya han sido señaladas; pero en esta segunda oportunidad, para un mayor esclarecimiento del debate, y por la especialización del tema, me permitiré resumir en tres puntos.

En primer lugar, se retoma al sistema del impuesto de primera categoría vigente hasta 1988, con un impuesto general a las utilidades devengadas. Para los impuestos global complementario y adicional se mantiene el sistema de base retirada que rige desde 1984.

En segundo lugar, se mantiene el crédito del impuesto de primera categoría, con cargo al global complementario o al adicional, en forma completa y por un monto equivalente a la tasa del impuesto de primera categoría, vigente a la fecha en que se generaron las utilidades que se retiran.

En tercer lugar, se aumenta la tasa del impuesto de primera categoría desde el 10 por ciento actual a un 15 por ciento, a partir del año comercial 1991.

En cuarto lugar, se retrotrae el sistema de pagos provisionales mensuales del impuesto de primera categoría al vigente en 1988.

En quinto lugar, se rebaja la tasa del impuesto de primera categoría a un 10 por ciento, a partir de 1994.

En sexto lugar, se crea una bonificación especial, consistente en un crédito del 2 por ciento a la inversión productiva del sector privado, que tributa bajo el régimen de contabilidad completa, con un tope de 500 UTM por contribuyente.

Uno de los cuestionamientos centrales que se ha hecho a esta reforma tributaria, es que ella provocará una baja en la inversión de las empresas. Sin embargo, de la descripción del proyecto, en relación con el impuesto de primera categoría, creo que es menester tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero, que siempre, en las distintas leyes tributarias que ha tenido este país, las empresas han tributado sobre la base de renta devengada y no retiradas.

Segundo, que solamente a partir del 14 de enero de 1989, se estableció el sistema de que las empresas quedaban afectas al impuesto de primera categoría sobre la base de las rentas que fueran retiradas o distribuidas.

Pero esos efectos están todavía por verse, puesto que el año tributario 1989 acaba de terminar con la operación renta el 30 de abril de 1990.

En el fondo, hoy día casi no es posible hablar de impuesto de primera categoría, puesto que éste constituye un crédito contra el impuesto global complementario. En consecuencia, el impuesto de primera categoría es sólo un anticipo del global complementario o adicional.

Por último, en Chile, históricamente, las tasas impositivas fueron superiores al 25 o 30 por ciento, y sólo han sido reducidas a partir de la reforma tributaria de 1984.

En consecuencia, los cambios propuestos en este proyecto de reforma tributaria al impuesto de primera categoría, representan sólo un aumento moderado del referido impuesto, que está lejos de los niveles tributarios históricos y de los que rigieron durante buena parte del gobierno anterior.

Ruidos en la Sala por trabajos en el edificio.

El señor PIZARRO (Don Jorge).-

Señor Presidente, pido que se suspendan los trabajos, porque no se pueden escuchar las palabras del señor Diputado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Me informan que el señor Patricio Valenzuela suspenderá las obras; pero esto significará que no estarán terminadas para el 21 de mayo.

En todo caso, este problema lo tiene que estudiar la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede continuar el Diputado señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Gracias, señor Presidente.

Continuando esta intervención, reitero lo que dijo ayer el señor Ministro de Hacienda, en orden a que en otros países del mundo las tasas que gravan las utilidades de las empresas son muy superiores a las que rigen en Chile. En la mayoría de dichos países no hay un tratamiento favorable a las utilidades reinvertidas, y, muy por el contrario, se les aplica una tasa tributaria mayor, con el objeto de estimular la canalización de dichos recursos hacia el mercado de capitales.

La reforma tributaria del año 1984 estimuló a las empresas a financiar sus inversiones con recursos propios; pero ello se debió a los altos niveles de endeudamiento generados en los años anteriores.

El único cambio contemplado en esta reforma tributaria, respecto de la reinversión de utilidades, implica volver al sistema de pago vigente hasta el año 1988. El cambio consiste en realizar los pagos provisionales del impuesto de primera categoría sobre la base de las utilidades devengadas por las empresas, en lugar de las retiradas por sus propietarios. Esto significa que las empresas, harán nuevamente pagos provisionales mientras se generan las utilidades, y no sólo cuando éstas son distribuidas.

Por otro lado, es necesario tener presente que el sistema tributario chileno incluye una amplia gama de incentivos a la, inversión, que se mantendrán después de esta reforma. Entre esos incentivos se cuentan la posibilidad de recuperar el IVA pagado en la compra de bienes de capital, el sistema de depreciación acelerada para bienes de capital, el pago diferido de los derechos de Aduana en la importación de maquinarias y de equipos, y la no declaración de las utilidades retenidas para los efectos del impuesto global complementario.

Todos estos mecanismos no son modificados por la reforma, y los consideramos necesarios para estimular la inversión del sector privado.

No hay, pues, una política tributaria que atente en contra de la inversión o que tenga un sesgo antiempresarial. Se trata de solucionar la acumulación de demandas sociales insatisfechas, de mantener reglas del juego estables y de crear un clima que permita estabilidad política y desarrollo.

El Gobierno pasado racionalizó las finanzas públicas, efectuando despidos masivos de funcionarios públicos, vendiendo empresas, jibarizando los programas sociales, exonerando profesores, reduciendo la inversión pública; en definitiva, implantando un sistema económico en que el costo social lo pagaron los más pobres. Con ello, ahora no es posible efectuar nuevas reasignaciones de gastos en las magnitudes necesarias para hacer frente a los graves problemas sociales que vive nuestro país.

Por esa razón, hoy día se requiere un esfuerzo mayor de aquellos que tienen más y que se beneficiaron con el sistema económico. A ellos el país les pide ahora su aporte.

En el pasado Gobierno no hubo ningún año en que no se hicieran modificaciones al sistema tributario. Algunas de ellas fueron motivadas por razones macroeconómicas; otras, se hicieron para estimular distintos comportamientos del sector privado; otras, tuvieron causas más bien políticas; pero muchas fueron motivadas por el interés de provocar cambios estructurales en el tamaño del sector público.

Cada uno de esos cambios obligó al sector privado a adaptarse a nuevas reglas del juego y contribuyó a generar incertidumbre e inestabilidad.

La propuesta contenida en esta reforma tributaria es efectuar ahora cambios transitorios, en su mayor parte, que permitan generar recursos para financiar programas sociales de gran urgencia, sin tener que introducir nuevas modificaciones o establecer mecanismos indirectos para generar mayores ingresos en los últimos años.

La reforma tributaria, por lo tanto, les permitirá tanto a las empresas como a los trabajadores, y a los sectores de menores ingresos, contar con un horizonte de certidumbre que les permitan tomar .decisiones con la seguridad de que no se modificarán las reglas del juego a medio camino.

La reforma contribuirá a mantener la estabilidad de la economía, pues permitirá tener paz social y política, una situación fiscal sana y reglas del juego estables.

La experiencia chilena demuestra que no hay incentivo más poderoso para la inversión que la estabilidad. A pesar de que el Gobierno anterior estableció generosos incentivos a la inversión, ésta, en lugar de aumentar, se mantuvo por debajo de sus niveles históricos, por la situación de inestabilidad e incertidumbre en que vivió nuestro país.

Entre los años 1974 y 1988, la tasa de inversión fue, en promedio, de un 15 por ciento, cifra inferior al promedio del 20 por ciento que existió en el período 1960-1970.

Un retomo ordenado a la democracia, con una economía equilibrada, con solución a los graves problemas sociales y en que los sectores más pobre tengan oportunidad de empleos, vivienda, trabajo, salud y educación, son la mejores garantías que el país les puede ofrecer a los inversionistas y a los empresarios.

Nada más, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Mario Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, el proyecto de reforma tributaria, iniciado por Mensaje del Ejecutivo, como es de conocimiento de la Sala, ha sido debatido en general y en particular por la Comisión de Hacienda de esta Corporación.

El propósito fundamental de esta reforma radica en conciliar el desarrollo económico de la Nación con la justicia social, requerimiento imperativo de nuestro pueblo, como lo expresara ayer el Diputado informante, don Jaime Estévez.

Está indicado en el Mensaje que el destino de los recursos adicionales que se recauden en virtud de la reforma, será principalmente suplir las deficiencias presupuestarias del año 1990, para poder desarrollar los programas del Gobierno democrático; apoyar la ejecución de nuevas políticas sociales e iniciar programas de inversión y de infraestructura para asegurar el desarrollo. Consecuentemente, aun con todas las observaciones que puedan formularse al proyecto, reconocemos el efecto de la iniciativa del Gobierno como un acto soberano de solidaridad, al pretender incorporar activamente a los marginados y a los desposeídos a los beneficios del crecimiento.

El aumento de la recaudación tributaria y su resultado, en particular, debe ser necesariamente dirigido a superar los problemas que generan las carencias heredadas. Me refiero, obviamente, a las deficiencias notorias en salud, vivienda y educación, en forma principal. Creemos, asimismo, que una ampliación de los recursos fiscales debe mejorar las posibilidades para superar los evidentes desequilibrios sociales que se observan en nuestra Nación, tan notorios y perceptibles por los marginados de nuestra sociedad.

Advertimos, en general, que los principios incorporados a la reforma tributaria son coincidentes con muchos de los enunciados en el programa de Gobierno, donde, principalmente, destacan la equidad, la eficiencia y la simplicidad, que han sido objeto de especial preocupación, según se advierte del propio texto de la reforma sometida a la consideración de esta Honorable Cámara.

Las principales modificaciones contenidas en el proyecto cuyo contenido valoramos en forma importante, apuntan a cuatro grandes temas.

En materia de impuesto de primera categoría, se retoma al sistema de tributación sobre la base de renta devengada. También se introducen mecanismos de incentivos a las reinversiones, como el caso del crédito del dos por ciento contra el impuesto sobre nuevas inversiones que hagan los contribuyentes de primera categoría que tributan sobre renta efectiva o de activos fijos para fines productivos. Además, se modifican las tasas y tramos de los impuestos único al trabajo y global complementario, lo que estimamos un ingente esfuerzo de equidad tributaria.

En materia de rentas presuntas, se derogan los regímenes de excepción en actividades agrícolas, mineras y de transporte de alto rendimiento. Destaco el hecho y la expresión "de alto rendimiento", que pasan a tributar sobre renta efectiva, determinada por contabilidad completa. Pero, a la vez, se mantiene el sistema de renta presunta para las mismas actividades, en carácter de excepción, en relación con montos mínimos estimados, sean de venta, de facturación o de producción, de distintas maneras para cada rubro. Sin embargo, a este respecto, hay observaciones en relación con los límites y en cuanto al valor jurídico de la mantención de los regímenes de renta presunta, que se harán valer oportunamente.

Luego, en materia de renta presunta, la reforma tributaria establece un sistema simplificado para determinar el balance inicial de las actividades que pasarán a tributar sobre la base de renta efectiva; además, contiene considerables beneficios para estos contribuyentes, como son, las normas sobre el establecimiento de los valores iniciales de los activos y, especialmente, el carácter deducible del patrimonio negativo o dé las pérdidas determinadas en el balance inicial, que beneficia, sin duda, a los contribuyentes de estos giros con altas deudas de arrastre en el sistema financiero.

En relación con los vacíos legales existentes en la actual ley, en esta materia el proyecto corrige un número importante de vacíos al reglar, con especificidad, las siguientes materias:

Establece normas objetivas y claras sobre retiros anticipados, en relación con las empresas que declaran renta según contabilidad completa.

Señala, con extrema precisión, los elementos que constituyen el fondo de utilidades tributables.

Establece un sistema de prelación de retiros, remesas o distribuciones que hagan las empresas a sus propietarios, socios o accionistas.

Establece normas categóricas en relación con los ingresos por promesas de ventas de inmuebles y contratos preparatorios, coincidentes con el principio de tributación sobre renta devengada.

Amplía, para las empresas mineras, el valor de adquisición de las pertenencias como deducción incorporada a los costos de explotación.

Amplía la norma de estimación de costos en las operaciones de enajenación o de promesa de enajenación de bienes no terminados al cierre del ejercicio, a las promesas de venta de inmuebles, de contratos de construcción, de confección de obra material y, finalmente, de contratos de servicios, vacío que estimamos importante y que ha sido mejorado en el proyecto de Reforma Tributaria.

Mejora notoriamente la situación del contribuyente en estado de tributación por término de giro.

Establece una norma que soluciona un vacío legal importante, referido a la enajenación de derechos sociales entre partes relacionadas.

Corrige también una evidente distorsión en la base imponible del impuesto global complementario, al incluir en ésta, un monto equivalente al crédito del impuesto de primera categoría, determinándose, de este modo, en forma más real, la base del tributo.

En materia de impuesto adicional, incorpora la responsabilidad solidaria de las sociedades anónimas, que no existía, en relación con eventuales restituciones de créditos deducidos en exceso por el socio, en favor del Fisco.

En relación con los impuestos indirectos, nuestra opinión original y concordante con nuestros principios políticos, fue rechazar el aumento de dos puntos del impuesto al valor agregado. Sin embargo, luego de escuchar la exposición del señor Ministro de Hacienda ante esta Cámara, sobre el estado de la Hacienda Pública, y estimando que no estaba dentro de las posibilidades inmediatas el dejar sin efecto este aumento, o llevar a cabo un aumento parcial de un punto sobre la actual tasa de tributo, patrocinamos, conjuntamente con otros señores Diputados, una indicación, aprobada en la Comisión de Hacienda, de transitoriedad de* este aumento, atendiendo, además a que no se perciben otras fuentes de financiamiento abiertas y accesibles, que pudieran sustituirlo.

Por otra parte, si la proposición del Ejecutivo en el proyecto de reforma es la transitoriedad de la tasa del impuesto a la renta, estimamos que, por razones de equidad tributaria, y en la convicción de que durante su aplicación el Ejecutivo compensará con su mayor rendimiento, y en la medida de lo posible, a los sectores más desposeídos de la sociedad, mediante la ejecución de los programa de justicia social, era también recomendable dar un tratamiento similar al contribuyente de primera categoría; en este caso, a los consumidores.

En general, no nos es posible analizar un tema de la trascendencia de la reforma tributaria y de sus incidencias, sin comentar sus insuficiencias, en relación con los objetivos prefijados en el programa de la Concertación.

Ciertamente, recaudar los recursos del Estado; promover el crecimiento de, la inversión; mejorar la progresividad impositiva; aumentar la contribución relativa por impuestos directos, y establecer un sistema tributario estable, simple, concentrado en pocos tributos de alto rendimiento y de mínima evasión, son objetivos definidos y aceptados por todos los partidos integrantes de la Concertación. En el mismo programa se consignan como medidas tributarias que privilegian el ahorro y la inversión, la equidad y disponibilidad de los recursos del Gobierno democrático, las siguientes:

1. La elevación de la tasa del impuesto de primera categoría entre el 15 y el 20 por ciento.

2. La creación de mecanismos eficaces para fortalecer la inversión, mediante estímulos a la reinversión de utilidades.

3. La educación de la política tributaria, mediante la derogación de exenciones y franquicias y regímenes presuntivos de renta, con excepción de actividades o empresas de giro mínimo.

4. Reducción sustancial de la evasión tributaria mediante una correcta fiscalización, absolutamente necesaria en los momentos que vive nuestra Patria.

No existen dudas de que la reforma tributaria cumple algunas de las medidas contenidas en el programa de Gobierno, en lo referente a la política tributaria. La pregunta es si las cumple en la medida esperada o proyectada, y si sus efectos satisfacen la esperanza de nuestros representados.

Al respecto, hay algunos juicios que considerar, analizar y atender.

En primer lugar, se ha estimado por algunos que la elevación de la tasa impositiva de 10 a 15 por ciento en el impuesto de primera categoría, si bien introduce un relativo elemento de equidad y corresponde a una de las opciones señaladas en el programa de la Concertación, no generará los recursos necesarios para dar cumplimiento al principalísimo objetivo de satisfacer gradualmente las carencias en las áreas más importantes del proyecto social.

En segundo término, la mantención del crédito contra el impuesto global complementario se ha considerado, también por algunos, como una franquicia exagerada en beneficio de los contribuyentes de primera categoría.

En tercer lugar, la introducción del crédito del 2 por ciento por inversiones en bienes físicos del activo inmovilizado, si bien constituye un mecanismo eficaz de reinversión, puede también ser visto como un elemento de inequidad tributaria, al no existir un crédito similar para el contribuyente de segunda categoría que, por ejemplo, invierte en la educación de sus hijos, lo que estimamos propiamente una inversión en la gente.

En cuarto término, se estima que la existencia de créditos contra el impuesto, por su propia mecánica, termina aportando un menor ingreso a la caja fiscal, no perceptible de inmediato, sino diferido.

En quinto lugar, se han formulado observaciones críticas al aumento propuesto de dos puntos en el impuesto al valor agregado, fundadas en que impacta negativamente en el grueso de la población, que destina la totalidad o gran parte de sus ingresos al consumo.

Distinto es el punto de vista de la percepción fiscal, pues se estima que la mayor recaudación proveniente de este aumento se origina en aquel sector de la población que tiene mayor margen de ingresos. Sin embargo, este análisis no acalla la crítica, y este aumento sólo puede ser entendido al no haber otras fuentes de financiamiento de los programas del Gobierno.

En sexto lugar, importantes sectores políticos han observado el hecho de que no se hayan explorado otras fuentes de financiamiento, que, a su vez, generarían una mayor fuente de ingresos a la caja fiscal, tales como:

1. Destinar una parte significativa de gravamen previsto en la Ley Reservada del Cobre al Presupuesto General de la Nación.

2. Establecer un gravamen extraordinario sobre las remesas de utilidades provenientes de operaciones de capitalización de deudas por vía del Capítulo XIX de las Normas de Cambios Internacionales del Banco Central.

3. Establecer un tributo especial a los propietarios de empresas privatizadas y adquiridas a menguado precio al Fisco de Chile, como una medida compensatoria.

4. Decidirse por la opción del aumento de la tasa del impuesto de primera categoría al 20 por ciento, contemplada alternativamente en el programa de la Concertación, o reducirlo definitivamente a un 10 por ciento, eliminando en este caso, en forma simultánea, el crédito contra el impuesto global complementario.

5. Estudiar la posibilidad de establecer gravámenes especiales a los artículos suntuarios.

Sin embargo, pese a los cuestionamientos de que pueda ser objeto el proyecto de reforma tributaria, cabe reconocer que contiene elementos de estabilidad, equidad, eficiencia y simplicidad, que si bien no constituyen una satisfacción plena de las expectativas consideradas, constituyen un significativo avance en la modernización y justicia de la estructura tributaria.

Por estas últimas razones, la representación parlamentaria de la Coordinadora Socialista Democrática votará favorablemente el proyecto.

La exposición del señor Ministro de Hacienda, en el día de ayer, ha sido particularmente interesante. Ha destacado un hecho que debe llamamos a la reflexión: nuestros representados han demostrado una innegable confianza en la buena fe del Gobierno democrático, están plenamente conscientes de las limitaciones presupuestarias que asume el actual Gobierno y, en una muestra innegable de voluntad política, han expresado su disposición a aportar su cuota de sacrificio, a fin de que el Estado chileno pueda ejecutar sus programas sociales. Esta es una razón más que decisiva para apoyar el proyecto de reforma tributaria.

Esto explica, tal vez, las motivaciones de fondo del pueblo chileno para negarse terminantemente a aceptar la sugerencia de vender las empresas del Estado para financiar el gasto social.

La pregunta formulada en esta Sala acerca de por qué no se venden las empresas del Estado para financiar el gasto social, tiene muchas y muy variadas respuestas. Primero, porque no queda casi ninguna por enajenar a la voracidad del capital. Segundo, porque ese criterio es igual al de la persona que vende los muebles de la casa para pagar el arriendo y, por lo tanto, absolutamente fuera de lo razonable. Tercero, porque hay conciencia generalizada, en todos los sectores, de la necesidad de ejecutar programas de justicia social y de que su fuente de financiamiento deviene específicamente de la reforma tributaria en discusión.

Antes de terminar, señor Presidente, quisiera dejar constancia de un aspecto de la intervención que ayer hiciera ante esta Sala el Diputado señor Ramírez, la que me llamó la atención en cuanto a reparar en el principio constitucional de igualdad ante la ley, consagrado en la Carta Fundamental, al establecer la igual repartición de las cargas públicas.

Le asiste razón al señor Diputado, por cuanto la mantención de regímenes de excepción, como es el caso de las rentas presuntas, vulnera claramente el precepto constitucional y requiere, por consiguiente, un análisis exhaustivo y jurídicamente fundado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Camilo Escalona.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, el proyecto de reforma tributaria presentado por el Ejecutivo y aprobado por la Comisión de Hacienda, propone, explícitamente, conjugar el desarrollo económico y la justicia social.

Tal es su esencia y, en consecuencia, conlleva necesariamente a una reflexión y balance político e histórico.

En efecto, iniciar una política de redistribución de la riqueza, calificada, en este caso, por el Diputado señor Cerda, como una reforma moderada, es parte indisoluble del proceso de democratización de las estructuras económicas y sociales, comenzado en marzo de este año.

Generar los mecanismos que frenen y en lo posible reviertan la agresiva y grosera concentración de la riqueza en una pocas manos, es también parte del proceso de reimplantación de la democracia y de progresivo reemplazo del régimen dictatorial, derrotado el 5 de octubre de 1988 y el 14 de diciembre de 1989.

En consecuencia, no estamos asistiendo a un acto abusivo, incoherente o apresurado. Por el contrario, millones de chilenos están a la espera ansiosa de la aprobación de la reforma tributaria, porque, a través de ella, perciben que habrá más recursos para el gasto social.

Esos millones de chilenos entienden que la democracia debe mejorar urgentemente sus condiciones de vida. Defraudar sus esperanzas, es frustrar su confianza y fe en el régimen democrático que se está reconstituyendo; es alimentar y acumular una caldera social de imprevisibles consecuencias.

Por ello, la oposición terca y obsesiva de la UDI, en éste como en otros campos, es la expresión de la asociación indisoluble de ese grupo con el pasado autoritario, y de su ideologismo exacerbado, irrevocablemente dogmático; en resumen, de su escasa valoración de la nueva democracia.

La historia de cada pueblo es imborrable, y el escándalo de algunos, cuando se habla del pasado, no es sino el efecto de la propia conciencia culpable, por el compromiso con una política económica y social que dividió como nunca al país en ricos y pobres, y que no pudo sostenerse sino que a través de la fuerza y del ejercicio Ilegítimo del poder. Esa realidad no se podrá ocultar ahora rasgando vestiduras en defensa de los pobres, que ahora son más pobres que nunca, por efecto del mal llamado modelo neoliberal.

Resulta chocante que se aluda a los pobres para justificar la más brutal política antipopular de la historia de este país, y prolongar, ahora, bajo la naciente democracia, una injusta y odiosa desigualdad social. No podemos sino denunciar que, de esa manera, tras el concepto de oposición constructiva, se oculta la torva intención de manipular el descontento popular y de bloquear el proceso de transición democrática para generar condiciones que permitan a la Derecha autoritaria recuperar el poder perdido. "Amarrar" la institucionalidad dictatorial, legislar hasta última hora, mantener a los alcaldes designados, diezmar las arcas fiscales, fueron y son actos concretos de la entrega hipócrita del poder por parte de quienes se prepararon para perpetuarse en el mismo.

El Socialismo y las fuerzas de Izquierda apoyamos el proyecto enviado por el Ejecutivo, por cuanto éste significa un paso concreto en el camino de unir la democracia con la justicia social. Valoramos la voluntad del Gobierno de Patricio Aylwin y la actitud positiva adoptada por Renovación Nacional en esta materia.

Mantenemos con el mismo proyecto áreas de disenso, como es lógico y legítimo que existan entre demócratas, pero nos guiamos por la necesidad de avanzar pronto y urgentemente en el esfuerzo nacional para mitigar la pobreza, la falta de vivienda, la ausencia de seguridad social, de educación y de salud pública. Tal es la forma de encaminarse al cumplimiento del programa de la Concertación Democrática, respaldado mayoritariamente por los chilenos, y de asumir con verdadera responsabilidad la consolidación democrática que nuestro país necesita.

Gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para que puedan ingresar a ella los asesores del señor Ministro de Hacienda, señores Manuel Marfán y Manuel Barahona.

Si así les parece, se acordará.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Pizarro.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, soy autor de una indicación para sustituir el artículo 90 de la ley N° 18.768, que autorizó a la empresa Polla Chilena de Beneficencia y a la Lotería de Concepción para administrar sorteos de números y juegos de azar, independientes de sus sistemas anteriores, pero derivados de los mismos.

Quiero, en esta oportunidad, fundamentar brevemente el contenido y alcance de esta indicación y por qué creo que debe incluirse en el proyecto de reforma tributaria.

El decreto ley N° 1.298, de 1975, que creó el Sistema de Pronósticos Deportivos, materializó una idea largamente debatida por Gobiernos y Congresos durante más de 20 años. Dicho sistema constituye la fuente de financiamiento para fomentar y desarrollar las actividades relacionadas con el deporte y la recreación en el país.

Se beneficia del sistema toda la actividad deportiva y recreativa del país: el deporte de elite o alta competición, .el deporte amateur y de carácter masivo, en el nivel poblacional, y la actividad recreativa nacional, además del fútbol, deporte que sirve de base al sistema de pronósticos deportivos.

En efecto, el decreto ley Ne 1.298 establece que los recursos netos que genera el sistema, se distribuyen de la siguiente manera: un 35% para premios; hasta un 9% para gastos de administración, es decir, para la Polla Chilena de Beneficencia; hasta un 10% para pago de comisiones a los Agentes; un 3% para la Federación Rectora Nacional del Deporte para que sirva de base al respectivo concurso, es decir, para la Federación de Fútbol; un 6% para fomentar, desarrollar y satisfacer las necesidades de los clubes deportivos nacionales y del deporte que sirvan de base al concurso.

El producto líquido, una vez hechas las deducciones a que se refieren las letras anteriores, es entregado a la Dirección de Deportes y Recreación, con el objeto de financiar, exclusivamente, el fomento, desarrollo y actividades relacionadas con el deporte y la recreación. Con un 37 por ciento, se otorga especial prioridad a aquellas que tengan atingencia con la niñez y la juventud. A su vez, la Dirección de Deportes, de ese porcentaje, destina el 15 por ciento al Comité Olímpico de Chile, para ser distribuido entre el deporte federado.

Mi propósito, en esta oportunidad, es destacar la importancia que asignamos al Deporte y la recreación, como factores de integración social, como alternativa de uso del tiempo libre de la población, que genera el mayor grado de beneficio social en relación con el gasto, como elemento de esparcimiento que se presenta al niño, al adolescente y al joven para alejarlos del vicio, el alcoholismo y la adicción. Y en el caso del deporte de alta competitividad, como un elemento de valor en la necesidad de participación que tiene la nación en el concierto internacional.

Por estas razones, la política deportiva nacional considera en forma especial el fomento y desarrollo del deporte, tanto respecto de la práctica por la población, cuanto de su desarrollo como espectáculo recreativo, accesible a grandes sectores. Todo ello tiene un costo y, por tanto, requiere de recursos. Esa necesidad es la que satisfizo el sistema de pronósticos deportivos, popularmente conocido como

Polla Gol, fuente generadora de recursos para el fomento y el desarrollo del deporte y la recreación.

Desde su origen, en 1975, fue concebido como un sistema de apuestas, basado en los resultados semanales del fútbol profesional, no afecto a impuestos ni tributos de ningún tipo. Sin embargo, en 1982, la ley N° 18.110 aplicó un impuesto a beneficio fiscal del 15 por ciento de la recaudación bruta del sistema y, posteriormente, la ley N° 18.681, de 1987, destinó un 6,6 por ciento a la Polla Chilena de Beneficencia, para invertirlo, hasta el 31 de enero de 1991, en la mecanización del procedimiento y captación de apuestas. Ambos tributos han significado ya una merma considerable del volumen de recursos destinados originalmente al deporte y la recreación, puesto que ahora se ve restringido al 79 por ciento neto.

A todo lo anterior se suma un nuevo antecedente que nos preocupa hondamente, porque viene a significar otra importante disminución de los recursos de Polla Gol destinados al deporte y la recreación. Y quienes, como yo, sentimos el deporte como una actividad trascendente en la vida nacional y lo apreciamos por haber estado muy ligado a él tanto en la práctica como en niveles directivos, no podemos menos que reaccionar con alarma y tratar de buscar una solución al problema. En efecto, he sido siempre un deportista. Fui seleccionado chileno de rugby y presidente de la Federación de Rugby de Chile; miembro del Consejo del Comité Olímpico de Chile, en representación de la Federación de Rugby, y miembro del Consejo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y del Consejo de la Federación de Fútbol de Chile, en representación del fútbol profesional. Esta estrecha vinculación con el deporte me permite estar bien informado de su acontecer, y observar con honda preocupación lo que en esa actividad está sucediendo.

El Gobierno anterior, en las postrimerías de su administración, en una ley miscelánea, la N° 18.768, incluyó un artículo signado con el número 90, que autorizó a la Polla Chilena de Beneficencia y a la Lotería de Concepción, previa autorización expedida por el Ministerio de Hacienda, para administrar sorteos de números y juegos de azar, independientes de sus sistemas habituales, pero derivados de los mismos. Los ingresos brutos de estos sorteos de números y juegos de azar, excluidos los impuestos que pudieren afectarles, se distribuyen de la siguiente manera: un 50 por ciento para premios; un 30 por ciento, en el caso de la Polla Chilena de Beneficencia, para rentas generales de la Nación; y en el caso de Lotería de Concepción, para la Universidad de Concepción, y un 20 por ciento para comisión de agentes y gastos de administración.

Al amparo de la disposición antes citada, el 29 de septiembre de 1989, el Ministerio de Hacienda dictó el decreto supremo N2 846, que autorizó a Polla Chilena de Beneficencia para que, derivado del sistema de pronósticos deportivos, administre en forma independiente de éste un sistema de números denominado Polla Loto o Loto. Posteriormente, el 27 de diciembre de 1989, después de expirar el mandato anterior, el Ministerio de Hacienda dictó el decreto supremo 1.183, que autorizó a Polla Chilena de Beneficencia para que, derivado del sistema de sorteos que opera, administre en forma independiente de éste, un sorteo de números denominado Polla Bingo. Este último aún no está en operación, aunque se espera que pronto se llevará a la práctica.

El denominado Loto, en aproximadamente 6 meses de funcionamiento, se ha constituido en una alternativa de Polla Gol sumamente atractiva para la población, por la simplicidad del juego y el considerable monto de sus premios. Ello, como es obvio, ha determinado un descenso alarmante en él tradicional juego de Polla Gol, que cada día ve cómo bajan los ingresos destinados al deporte, con gran preocupación de todos sus beneficiarios, especialmente de la Dirección General de Deportes y Recreación, del Comité Olímpico de Chile, de la Federación de Fútbol de Chile y de los clubes profesionales que sirven de base al sistema.

Como se desprende de lo anterior, el juego del Loto, derivado de Polla Gol, que utiliza los sistemas mecanizados adquiridos con el producto de esta última, no puede considerarse completamente ajeno a su origen o principio. Sin embargo, de la recaudación del Loto ni un solo peso está destinado al fomento y desarrollo del deporte, como lo está el sistema que le da origen y del cual deriva.

Recordemos que el producto del Loto, como lo dispone el artículo 90 de la ley N°18.768, se distribuye en un 50 por ciento para premios, un 30 por ciento para rentas generales de la Nación y un 20 por ciento para la comisión de agentes y gastos de administración. El 30 por ciento destinado a rentas generales de la nación no tiene destino específico.

El impacto que Loto ha provocado sobre la Polla Gol lo podemos apreciar comparando las cifras de recaudación en los últimos seis meses desde su entrada en vigencia. A modo de ejemplo, cabe señalar que la recaudación total del sorteo de pronósticos deportivos realizado el 21 de octubre del año pasado, fue de 286 millones 820 mil 550 pesos. El pasado 15 de abril de este año, el mismo sistema de pronósticos deportivos recaudó 140 millones 104 mil 525 pesos en ese sorteo. Es decir, en 6 meses de existencia del Loto como sistema alternativo de juego, la recaudación de Polla Gol ha disminuido a menos de la mitad, y la tendencia es a seguir bajando. Ello importa el desfinanciamiento total del deporte, la atomización del fútbol profesional, el desaparecimiento de los clubes profesionales, la paralización de obras de infraestructura deportiva, la terminación y esto es lo más grave del fomento y desarrollo del deporte masivo y la recreación y, por lo tanto, la muerte por inanición de la DIGIDER, cuya única fuente de financiamiento es su porcentaje de la Polla Gol.

Indudablemente, quienes amamos el deporte y estamos preocupados de su desarrollo, no queremos que ello ocurra. Por eso, hemos tomado la iniciativa de presentar esta indicación, que es muy simple y la cual sólo tiene por objeto poner a cubierto al deporte y a los beneficiarios del sistema de pronósticos deportivos, de los avatares provocados por juegos de azar alternativos que en nada contribuyen a los objetivos trascendentales de aquél, de clara finalidad social.

En síntesis, propone modificar el artículo 90 de la ley N° 18.768, sólo en cuanto se refiere a la distribución de los ingresos del Loto, asimilándolos al reparto que hace el decreto ley NQ 11.298, respecto de los de Polla Gol. Esto es, un 35 por ciento para premios, hasta el 9 por ciento para gastos de administración, hasta un 10 por ciento para comisión de agentes, un 3 por ciento para la Federación Nacional rectora del deporte que sirve de base al sistema, un 6 por ciento para los clubes deportivos que sirven de base al sistema y un 37 por ciento para la Dirección General de Deportes.

Para lograr lo anterior, se rebaja de un 50 a un 35 por ciento el 'monto destinado a premios y se redistribuye el saldo en la forma ante dicha, suprimiendo el 30 por ciento que va a rentas generales de la Nación sin destino específico.

Cabe hacer notar que la indicación sólo se refiere a los juegos que administra o llegase a administrar la Polla Chilena de Beneficencia y no la Lotería de Concepción, pues en este último caso el 30 por ciento se destina a la Universidad de Concepción y no a rentas generales de la Nación. Consideramos que ese destino debe mantenerse por tener un objetivo de financiamiento en el ámbito educacional, plenamente compatible e incluso complementario con el deportivo.

Estimamos que nuestra indicación es plenamente pertinente con el proyecto de ley en estudio, opuesto que se refiere a una materia afín con las ideas matrices del proyecto, en cuanto redistribuye recursos del destino general en favor de una actividad claramente identificada y definida. Una de las ideas matrices del proyecto es introducir en nuestra legislación reformas tributarias que tienen por finalidad allegar fondos al erario para la satisfacción de necesidades sociales consideradas prioritarias.

Nuestra indicación no crea tributos nuevos, sino que orienta el destino de recursos ya existentes a la satisfacción de una necesidad social que estimamos prioritaria y que debe ser preocupación fundamental del Estado, cuales con el deporte y la recreación. Por lo demás, baste recordar que el artículo 90 que nuestra indicación modifica está inserto en la ley N° 18.768, sobre normas complementarias de administración financiera, de incidencia presupuestaria y de personal; es decir, una ley de contenidos análogos al proyecto de reforma tributaria en actual estudio.

Señor Presidente, esta indicación fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión de Hacienda. Yo creo que es plenamente pertinente incluirla en el proyecto de reforma tributaria, tal como lo he sostenido anteriormente. En este sentido, el criterio seguido en la Comisión para declarar la admisibilidad de las indicaciones no ha sido coherente; más bien, ha sido contradictorio. Así, por ejemplo, declaró admisible la indicación referente a las donaciones culturales, en circunstancias de que la propia Mesa de la Cámara había cuestionado su procedencia, por cuanto constituía un verdadero cuerpo legal aparte injertado en el proyecto de reforma tributaria. Reitero que me parece incomprensible que mi indicación haya sido declarada inadmisible.

Señor Presidente, no quiero provocar una polémica respecto del punto. Sólo quiero dejar constancia de que si la Cámara no aprueba esta indicación, la presentaré posteriormente como un proyecto de ley separado, y espero que, en su oportunidad, cuente con el apoyo, ojalá unánime, de los colegas Diputados, como una manera de proteger al deporte nacional y a los miles de jóvenes que necesitan del deporte, la recreación y el esparcimiento.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Pablo Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, quisiera aclarar lo dicho en su intervención por el Diputado Pizarro, don Jorge, sobre la declaración de inadmisibilidad que, como Presidente de la Comisión de Hacienda, hice respecto de la indicación de que es autor, en uso de la facultad reglamentaria que compete a los Presidentes de Comisiones.

En este caso, la inadmisibilidad planteada no fue aceptada por el Diputado Huenchumilla, lo que obligó a la Comisión a votarla. El resultado de la votación indicó que todos los integrantes de la Comisión, con excepción del diputado Huenchumilla, estimaron que la indicación era improcedente. Por lo tanto, no es exacto que sólo el Presidente de la Comisión de Hacienda lo haya estimado así. Esta situación no sólo se ha presentado respecto de la indicación del Diputado Pizarro, sino que con varias otras que conocerá la Sala en la discusión particular.

Personalmente, deseché la inadmisibilidad solicitada respecto de varias indicaciones, con el objeto de que la Comisión de Hacienda pudiera conocerlas, sin limitaciones por discrepancia en la interpretación de la ley. No ha sido mi ánimo declarar inadmisibilidad de indicaciones. Me he limitado a cumplir con la Constitución y la ley.

Este es el punto importante que la Cámara debe resolver. El acuerdo de la Comisión de Hacienda fue que esta materia pasara a la Sala, precisamente para no estar restringiendo nosotros atribuciones que eventualmente podríamos tener. En este caso, como no fue aceptada la indicación que presenté, se sometió a votación, y todos los miembros de la Comisión la declararon inadmisible, con la sola excepción del Diputado Huenchumilla, que no la aceptó. Este punto, obviamente, tendremos que discutirlo con mayor profundidad, porque esa situación también puede repetirse con indicaciones futuras, y no es el ánimo del Presidente de la Comisión de Hacienda, ni de los miembros de ella, suprimir atribuciones que eventualmente podrían tener sus miembros, mediante una interpretación que se haga de común acuerdo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Armando Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, en el día de ayer vivimos una situación que podría calificarse de sorpresiva y sorprendente, y creo que es bueno desviar un minuto la atención para reflexionar al respecto.

Después del trabajo de la Comisión, dentro de las posturas de cada cual, con espíritu comprensivo, constructivo, incluso con una cierta amistad cívica, escuchamos ayer dos intervenciones, a lo menos, de quienes, en parte, colaboraron en ese trabajo, las cuales resultan un tanto sorprendentes y obligan a plantearnos una interrogante hacia el futuro.

Señor Presidente, creo que recurrir a .emplazamientos o a amenazas, o emplear calificativos de "arrogancia" en una Comisión, donde yo diría que las discrepancias fueron razonablemente debatidas y democráticamente resueltas, no tiene sentido, y todavía sigo sin entender cuál es la explicación de ese hecho, a menos que se haya originado en motivos que no han tenido lugar en este hemiciclo ni durante las sesiones de la Comisión.

Hago alusión a ello, porque nos plantea hacia adelante la interrogante sobre el grado de confianza en que continuaremos trabajando, dentro de las limitaciones de las posturas y de los principios personales en que seguiremos enfrentando esta tarea común de legislar para superar las necesidades y los problemas de este país.

Señor Presidente, hablar de arrogancia nos resulta sorprendente, por cuanto lo que este país ha querido es terminar con ella. Arrogancia fue decir: "En este país no se mueve una hoja si yo no quiero", arrogancia también fue expresar, cuando había un reajuste: "Aquí tengo unas platas para darles unos pesos de aumento". Esa es arrogancia. Arrogancia, en fin, fue cuando se descalificó sistemáticamente a todo aquel que pensaba de manera distinta y se atrevía a plantear, a veces con gran valor, denuncias frente a atropellos que eran ostensibles de los derechos y condiciones fundamentales del ser humano.

Señor Presidente, creo que, efectivamente, aquí los presentes pensamos distinto, pero ese hecho no nos obliga a poner o colocar esa diferencia de pensamiento en términos de discursos altisonantes, de palabras agresivas o, en fin, de crear un clima que no ayuda precisamente a esta tarea que, de todas formas, estoy cierto que en los próximos cuatro años realizaremos en común.

Esta es una cuestión que nos obligaría a meditar un poco más, si queremos seguir avanzando en este proceso de reencuentro entre los chilenos y de reconstrucción de la democracia; sin que se transforme en una guerrilla permanente de injurias y descalificaciones o de distorsión de intenciones, en el entendido de que pensamos y apreciamos de distintas forma el pasado, el presente y, tal vez, el futuro de este país. No debemos magnificar esas diferencias ni convertirlas en un verdadero foso, para que ningún chileno acuse o sea acusado de no ser consecuente con lo que piensa, porque se atreve a tener una actitud de discrepancia, pero con respeto, con altura y de acuerdo con las normas democráticas.

Señor Presidente, creo que ésa es una cuestión importante que debemos tener en cuenta si queremos seguir trabajando, sobre todo, en las propuestas que más adelante debatiremos, no sólo respecto de este proyecto de ley sino' que de otros que traerán, sin duda, elementos de conflicto o de mayor problemática.

Agradezco la atención a esta digresión, la cual tiene mucho que ver con el ánimo con que se ha debatido la propuesta del Ejecutivo en tomo a la Ley de Impuesto a la Renta.

Señor Presidente, estimo que no es pertinente extenderse en exceso después de las palabras tan contundentes del señor Ministro en su primera intervención, y en la segunda explicación en la tarde de ayer, y de las de varios señores parlamentarios de la bancada de la Concertación, a las cuales no me referiré en detalle, porque sería abusar del tiempo de los Honorables colegas; pero hay dos o tres puntos en los que nos interesa insistir o que deseamos remarcar.

Aquí se ha planteado una visión extremadamente catastrofista y negativa de una iniciativa que ha sido calificada, incluso por sectores muy distantes del actual Gobierno, por dirigentes muy connotados de los sectores empresariales, como moderada y prudente.

Se ha dicho que el impuesto de primera categoría impacta la inversión. No quisiera entrar en reiteraciones sobre este punto porque ha sido suficientemente dilucidado en esta Honorable Cámara.

Sin embargo, hay una cuestión adicional más. No siempre se recuerda, con el rigor que se debiera, el hecho de que el impuesto de primera categoría no es efectivamente un tributo que pagan las empresas, sino que es un anticipo que, en definitiva, pagarán los contribuyentes, las personas naturales, en función del global complementario. En consecuencia, no se puede decir que es un impuesto que grava a las empresas, sino que se trata de un anticipo que entregan las empresas sobre las utilidades devengadas y que, en definitiva, permitirá el crédito a las personas naturales, propietarias o socias de la empresa, para el pago del global complementario. Pero se nos dice que afecta la inversión. Ayer, el señor Ministro nos recordaba que en este país se mantuvo un tributo de primera categoría mucho más elevado para no dar cifras que el que hoy día el Gobierno propone restablecer, el cual, apenas en un 50 por ciento, recupera lo que hubo en el pasado.

Es importante recordar que la mayoría de los otros sistemas tienen urja tributación de primera categoría equivalente a tasas considerablemente mayores. Se dice que el impuesto de primera categoría afecta a la inversión. Nosotros, en un principio, no participábamos del criterio de incrementar el IVA, pero el Gobierno formuló la propuesta del IVA compensado; es decir, una persona que paga más por gastos de consumo, será más que compensada por la vía del gasto social, por los servicios que recibirá. En ese sentido, también se adoptó el criterio de la transitoriedad de este tributo. Se manifiesta que el IVÁ afectará a todos los consumidores, lo que es cierto, y que, en definitiva, también tendrá una serie de impactos negativos. Además, se expresa que el global complementario afectará a los sectores más dinámicos.

¿Qué se quiere decir con esto, señor Presidente? Aquí hay dos opciones: O no se aumenta ningún tributo, en el entendido de que aquí no se está planteando una reforma tributaria con un fin persecutorio o vindicativo, o se aprueba esta reforma, porque el país tiene necesidades muy apremiantes, en lo social. No por casualidad en los tres programas de los candidatos presidenciales para la elección de diciembre del año pasado se puso énfasis, justamente, en los problemas y necesidades sociales apremiantes de este país.

Reitero que, por eso, se recurre a esta vía tributaria, a fin de captar recursos que el Estado requiere urgentemente para atender esta clase de situaciones y de necesidades.

Señor Presidente, si no se quiere atender esas necesidades y no se desea resolver estos problemas sociales, que se diga con más claridad. Lo otro sería aumentar los gastos sociales, de salud, de vivienda, de habitación, y paralelamente, que el Fisco no tenga dónde echar mano para obtener nuevos recursos. ¿Qué se quiere provocar con eso? ¿Inestabilidad? ¿Inflación? Yo no pienso mal. Creo que, efectivamente, hay una visión errada cuando se plantea este tipo de cuestionamientos tan globales y radicados respecto de la iniciativa que ha sido fundada y abundamente explicada por el Gobierno, tanto en los medios de comunicación como en el mismo Parlamento.

Me parece que el trabajo entregado por la Comisión de Hacienda de esta Cámara refleja, precisamente, la comprensión de los distintos señores Diputados que la integran, en cuanto a la necesidad de atender estos problemas y demandas sociales urgentes, buscando aquellas fuentes de financiamiento que resulten menos lesivas para el desarrollo económico y el crecimiento normal del país y, a la vez, más equitativas, en lo que dice relación con las normas de distribución dé la carga tributaria.

No puede acusarse de arrogancia ni de inflexibilidad cuando, con nuestra actitud, hemos estado dispuestos a escuchar y a atender a los distintos sectores que se sienten potencialmente gravados con la modificación tributaria.

Así, por ejemplo, en el caso de la renta mínima presunta agrícola se aumentó considerablemente el límite a partir del cual se exige la contabilidad efectiva. En cuanto a los mineros, se introdujo una modificación que permite que los gastos de exploración y de instalación de una faena también sean deducidos o incluidos dentro de la carga tributaria, para los efectos de no desincentivar ese tipo de gastos y de inversión.

Además, cuando se plantea la incorporación del transporte al sistema de renta efectiva, también se buscan soluciones que apuntan a lo que se aspira; y, justamente, a escuchar las demandas y los problemas específicos que los distintos sectores plantean a este Parlamento, o al Gobierno, directamente.

Entonces, abordar esta reforma con prejuicios, o de manera extremadamente alarmista, no ayuda efectivamente a la solución de los problemas que este país y esta democracia tienen por delante.

Señor Presidente, nuestra bancada resolvió desde el primer momento, apoyar esta iniciativa, en la medida en que, además, fue el propio Presidente de la República quien empeñó su compromiso en impulsarla, como lo dijimos oportunamente. Nosotros apoyaremos esta reforma porque obedece a criterios de flexibilidad, de equidad y de eficacia en la aplicación de las medidas que se necesitan para obtener los recursos que el Fisco les son tan necesarios en esta etapa que el país vive.

Además, hemos visto como se ha hecho todo un manejo publicitario respecto de un proyecto inspirado en la buena fe, porque propone la supresión de algunas exenciones tributarias en los llamados casos del "capitalismo popular".

No cabe duda que ésta es una iniciativa que puede ser controvertida, pero creemos que tiene fundamentos sólidos que seguiremos defendiendo en el seno de la Comisión y en lo que queda del debate de este proyecto de ley. Tampoco hay ahí el ánimo de perseguir a nadie; pero sí queremos aclarar y en ello debo ser muy preciso que no puede distorsionarse el alcance de una propuesta que tiene un sentido muy claro y a la que me voy a referir de la manera más breve posible.

Se trata de acciones que han sido compradas a precios bajos, a través de un crédito con una tasa de interés bonificada; que se pagan a muy largo plazo, ganan dividendos y también tienen una tributación extremadamente favorable. A veces, son más altos los dividendos recibidos que las cantidades pagados y, además, parte de la inversión del capital queda exenta de impuestos definitivamente, o constituye un crédito contra el impuesto, también de manera indefinida.

Nos parece que ésa es una situación extremadamente injusta, que no está favoreciendo a la gran masa de pequeños inversionistas, sino a aquella gente que hizo la adquisición, es decir, que contó con los recursos para comprar las acciones.

Por cierto, estamos dispuestos a discutir la iniciativa y a perfeccionarla; pero creemos que hemos planteado un problema como muchos otros expuestos por el Gobierno o por otros sectores que apunta a encontrar un tratamiento tributario equitativo y justo entre los distintos contribuyentes del país. No hay un ánimo persecutorio ni vindicativo de nuestra parte, como tampoco lo hay en ninguna de las disposiciones de esta reforma que hoy se somete a la consideración del Congreso.

Señor Presidente, termino diciendo que, según nuestra opinión, lo que este Gobierno está haciendo es, lisa y llanamente, cumplir con el compromiso que contrajo frente al pueblo durante todo el proceso de la campaña electoral. El pueblo comprendió que lo que dijimos debía compartirlo. Por algo se pronunció, muy mayoritariamente, por el actual Presidente, don Patricio Aylwin, y por la Concertación. Dijo que quería justicia social por los mecanismos precisos que planteamos. Todas estas reformas que hoy discutimos fueron claras y estuvieron contenidas en el programa de la Concertación, sujetas, por cierto, a los aportes que el Parlamento debe hacerles en su discusión.

No cabe duda de que todas y cada una de estas ideas fueron claras y anticipadamente planteadas al país, y el pueblo chileno las votó de manera rotunda, diciendo que ésa era la solución que quería.

Estamos cumpliendo ese compromiso y esa palabra.

Gracias.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Corresponde el uso de la palabra al Diputado señor Patricio Melero.

El señor MELERO.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestra posición respecto de la reforma tributaria en discusión quedó largamente expresada en el día de ayer, a través de la intervención del Diputado señor Longueira.

Hoy día queremos referimos especialmente a una modificación introducida por la Comisión de Hacienda, que propone sustituir el artículo 8° permanente del proyecto del Ejecutivo, que establecía el alza del IVA del 16 al 18 por ciento, por un artículo 9° transitorio, que dispone que la tasa del impuesto al valor agregado, contemplada en el artículo 14 del decreto ley N° 825, de 1974, será del 18 por ciento y tendrá validez solamente hasta el 31 de diciembre de 1993.

Nos parece que esta proposición se contradice, ya en el hecho, con lo que inicialmente se señaló en esta Cámara y a través de las autoridades del Ministerio de Hacienda, en términos de que no se iban a introducir modificaciones al proyecto en discusión. Sin embargo, ya se está incorporando, en un artículo transitorio, una modificación, dejando para el año 1993 un porcentaje del IVA que no sabemos si en esa fecha se propondrá subirlo aún más o bajarlo, porque la reducción es muy clara en términos de señalar que será del 18 por ciento, pero no dice que lo que pretenden en esa fecha es devolverlo al 16 por ciento.

No entendemos esto, porque, dentro de las argumentaciones que se dieron en el día de ayer, en cuanto a que el IVA iba a ser compensado a los sectores que tuvieran por pagarlo, por la vía de la red social, también se señaló, como argumentación para subir este impuesto, que el 75 por ciento del IVA provenía del 40 por ciento más rico de la población del país, y que el 25 por ciento restante provenía del 60 por ciento más pobre.

Si esto es así, y si aceptamos esta situación, entonces tendríamos que pensar en por qué no subir aún más el IVA, si, total, está gravando a los más ricos de este país. ¿Por qué darle, entonces, a esta medida tan eficaz en la recaudación de tributos, un carácter transitorio y restringirlo a los tres años?

Salvo la votación en contra que en tal sentido se dio en la Comisión de Hacienda por los diputados Palma y Longueira, por razones diferentes (el primero de ellos porque quiere que sea permanente y, el segundo, porque no desea que se suba el impuesto al valor agregado), esto demuestra en los demás miembros de la Comisión una contradicción, en cuanto una medida que ellos señalan que es tan positiva, la están planteando ahora en forma transitoria, pidiéndole a esta Honorable Cámara que legisle y deje un cheque en blanco para el año 1993, con el propósito de que este impuesto pueda ser subido nuevamente o, quizás, bajado.

Por esta razón, señor Presidente, la bancada parlamentaria de la UDI, junto con el Diputado Carlos Bombal, ha presentado una iniciativa, con el objeto de que se suprima este artículo 9° transitorio y no se innove en materia del impuesto al valor agregado.

Quisiera también, en nombre de los parlamentarios de mi bancada, hacerme cargo del emplazamiento que en el día de ayer nos hiciera el Diputado don Vicente Sota, en términos de que nosotros señaláramos algunas alternativas para lograr mayores disponibilidades para el sector público y, por consiguiente, enfrentar estas nuevas necesidades del gasto social.

Vale la pena aclarar, una vez más, que no estamos en contra de que se haga, sino que creemos que se ha buscado un camino que no es el correcto.

Por eso, yo quisiera mencionar algunas potenciales disponibilidades con las que podría contar el Estado si no se aplican las reformas tributarias. Se han dado a conocer en numerosas oportunidades, pero creemos importante ir hoy día un poco más al detalle e indicar algunas cifras que podrían recaudarse.

El primer mecanismo, señalado en forma reiterada, es el del crecimiento económico.

Supongamos para hacer un ejercicio en este tema que se mantiene la razón de los ingresos tributarios en moneda nacional, menos los gastos corrientes y de inversión, y el producto de cada año respecto de la relación estimada para el año 1989. Supongamos, también, una tasa de crecimiento del producto de un 4,5 por ciento y que la recaudación tributaria en moneda nacional crecerá en la misma proporción; por consiguiente, la base sobre la cual se aplican los impuestos también subirá. Exceptuamos, eso sí, de esta situación, el IVA, que crece a una tasa superior, de acuerdo con la vivencia histórica que en este sentido se ha dado.

Supongamos, además, que el gasto corriente y la inversión del Gobierno crecen anualmente, en términos reales, a una tasa del 1,8 por ciento y del 2 por ciento respectivamente.

Eso, señor Presidente, podría permitir al Estado tener recaudaciones adicionales para este año del orden de los 135 millones de dólares; para el año 1991, de 362 millones de dólares; para el año 1992, de 554 millones de dólares, y para 1993, de 791 millones de dólares.

Otro mecanismo a través del cual pensamos que también se puede allegar más recursos al Estado, es la reasignación de los gastos y el debido y adecuado control sobre la focalización del gasto social. Sabemos, y hay estudios de la Universidad de Chile y de Odeplán sobre el gasto social efectivo, que demuestran que toda esta red social tiene filtraciones. Hay filtraciones de recursos que el Estado^ destina a los sectores de mayor pobreza, y que van a sectores que no los necesitan. Esas filtraciones hay que corregirlas, para que efectivamente esos recursos lleguen a quienes más corresponde, y el ahorro que por eso se produzca, efectivamente contribuya a satisfacer esta mayor necesidad de recursos del Estado.

Hagamos nuevamente un ejercicio en tal sentido. Si se optara por focalizar dicho gasto en mejor forma, en el sentido de eliminar el 70 por ciento de las filtraciones hacia los grupos pertenecientes al 20 por ciento más rico de la población, y eliminar un 30 por ciento de las filtraciones en el tramo inmediatamente inferior

en pobreza, tendríamos, .entonces en el estado de régimen que ello implicaría que liberar recursos por una magnitud equivalente al 0,9 por ciento del producto geográfico bruto, de acuerdo con estudios efectuados el año 1987, lo que significaba ya en esa fecha habría que acomodarlo al día de hoy una equivalencia a 170 millones de dólares de ese año.

Por último, podríamos agregar dos nuevas medidas adicionales. Tenemos, primero la del control para disminuir la evasión tributaria. En el año 1989, la recaudación tributaria en moneda nacional fue de un 16,2 por ciento del producto geográfico bruto, representando el impuesto al valor agregado (IVA), aproximadamente la mitad de dicha recaudación.'

Si bien no disponemos de estimaciones actualizadas respecto de las magnitudes que están involucradas en la evasión de impuestos, existen referencias que datan del año 1986, que señalan que la evasión que se producía sobre el IVA, era aproximadamente de un 1,3 por ciento del producto geográfico bruto.

Sabemos, y especialmente quienes conocemos la actividad agrícola, por ejemplo, la fuerte evasión que se produce en ese sector. Basta con ir a la Feria de Lo Valledor, en la Región Metropolitana, para darse cuenta de que, prácticamente, la totalidad, o un porcentaje muy alto de los productos, en ese lugar se transan sin pagar IVA.

Veíamos el ejemplo, semanas atrás, de una comuna en el sur de Chile, donde se transaban 6 mil quintales de trigo diarios, sin pagar IVA. Vemos a diario en las calles del centro de Santiago, un comercio ambulante que tampoco tributa, y sabemos que allí existe también una evasión importante.

En este sentido, así como hoy día se nos está pidiendo a los chilenos que nos "metamos las manos al bolsillo" para generar mayor cantidad de impuestos y de recursos a la nación, no vemos igual esfuerzo de parte del Estado, en términos de perfeccionar estos mecanismos de control para que impuestos que están hoy día vigentes rindan con mayor eficiencia que ahora.

Por último, un tema controvertido; pero que es importante volver a plantearlo: las ventas de activos prescindibles del Estado, que podríamos estimar en cifras de aproximadamente 50 a 100 millones de dólares para los próximos dos años.

En resumen, señor Presidente, estas medidas que no contemplan reformas tributarias, que son algunas de quizás otras que también podrían, con ingenio y creatividad, buscarse, significaría que podríamos, por la sumatoria de estos efectos, lograr en el año 1990 recursos adicionales por 275 millones de dólares; en el año 1991, 638 millones de dólares; en el año 1992, 897 millones de dólares, y en el año 1993, 1.145 millones de dólares.

Eso es todo señor Presidente.

El señor DUPRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora María Angélica Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, Renovación Nacional apoyó la reforma tributaria, en el sentido de que la recaudación de estos fondos iría en directo apoyo de los sectores más postergados. Muy en especial, a mejorar y aumentar los distintos programas sociales. Posteriormente, se nos anunció que no toda la recaudación podría ir a la reforma social. Ello, sin duda y a pesar de razones justificadas expuestas por el señor Ministro de Hacienda, en el sentido de que también debería apoyar ciertos equilibrios macroeconómicos, produjo un alto grado de preocupación en muchos de nosotros y, muy en especial, en quienes apoyaron y comprendieron los alcances de la reforma tributaria.

Aún no sabemos en forma cierta cómo se distribuirán los recursos por recaudar. Ello preocupa no sólo a parlamentarios, sino que también a gran parte de la ciudadanía.

En el día de ayer, el señor Ministro manifestó que este tema se podría discutir cuando se trataran los cambios que debe sufrir la Ley de Presupuestos de la Nación. Sin embargo, la reforma tributaria ya está aprobada. Sin duda, parece que las cosas se hubieran hecho al revés. Primero se solicitaron los recursos, y después se definirá cómo y en qué gastarlos. Mejor habría sido haber planteado, en forma clara y precisa, cuántos y cuáles son los beneficios sociales que se quieren solventar.

Confiamos en el compromiso formal que existe por parte del Gobierno para que estos fondos sean ocupados en áreas de alta rentabilidad social, como así también que ésta sea la única reforma tributaria.

Espero, sí, que junto con la solución de los problemas más sensibles, como son la salud, la educación y la vivienda, se fomenten programas para que vayan en directo apoyo de la mujer, especialmente de las de menores recursos, tales como el subsidio familiar, el aumento de las salas cunas y de los jardines infantiles, la capacitación y las mayores oportunidades de trabajo.

Con esa confianza y con esa esperanza, concuerdo con esta reforma tributaria. En caso de que así no sea, ya será tarde para votar en contra.

He dicho.

1.5. Segundo Informe de Comisión de Hacienda

Cámara de Diputados. Fecha 09 de mayo, 1990. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 19. Legislatura 319.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA TRIBUTARIA

BOLETIN N° 17-05 (90)

"HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Hacienda procede a emitir el segundo informe relativo al proyecto de ley, originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, con trámite calificado de "simple urgencia", sobre Reforma Tributaria, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 152 y siguientes del Reglamento de la Cámara y teniendo como texto de referencia aquel proyecto que la Comisión aprobó en su primer informe, con fecha 12 de mayo de 1990.

I.- DISPOSICIONES NUEVAS INTRODUCIDAS

En la Comisión se aprobaron, por unanimidad, las siguientes disposiciones nuevas:

a) El Nº 23 del proyecto definitivo, que agrega en la letra b), del artículo 55 de la Ley sobre Impuesto a la Renta la frase que exime de la deducción de la renta bruta global del Impuesto Global Complementario a las cotizaciones que indica.

b) El Nº 26 del proyecto definitivo, que agrega al final del número 1, del artículo 58 de la Ley de Impuesto a la Renta un párrafo que incluye el impuesto de este número en la base imponible representada por los retiros o remesas brutos.

c) El artículo 92 nuevo del proyecto que faculta al Presidente de la República para que dicte, en los términos que señala, un reglamento de devolución del impuesto al valor agregado a los pequeños agricultores y pescadores artesanales.

d) Un inciso segundo nuevo, en el artículo 8º transitorio, que establece la tasa aplicable a los ingresos brutos percibidos o devengados entre los meses de abril de 1991 y marzo de 1992, en relación con los pagos provisionales mensuales que deba hacer el contribuyente.

II.- DISPOSICIONES PROPUESTAS EN EL PRIMER INFORME MODIFICADAS MEDIANTE INDICACIONES

Estas son las relativas a las disposiciones contenidas en los siguientes números del proyecto aprobado por la Comisión en su primer informe:

a) La del número 1, para reemplazarlo.

b) La del número 2, que sustituye el artículo 14, letra A, Nº 3º, letra d), para sustituir las expresiones que indica.

Aprobada por la Comisión.

c) La del número 6, relativo al artículo 20, letras b), b), incisos sexto y séptimo, para sustituir las expresiones "sociedades de personas" por "sociedades, excluidas las anónimas abiertas", en ambos casos.

Aprobada por la Comisión.

d) La del número 11, relativo al artículo 30 letra a), que sustituye, en el inciso que se agrega al artículo 30, las expresiones "la pertenencia respectiva" por "las pertenencias respectivas".

Aprobada por la Comisión.

e) La del número 12, relativo al artículo 31, que contempla una letra d), por lo cual se acepta como gasto la remuneración de las personas que se indican y en las condiciones que señala.

Aprobada por la Comisión.

f) La del número 14, que modifica el artículo 33 bis de la ley sobre Impuesto a la Renta, agregando una oración en el último inciso y un inciso final.

Aprobada por la Comisión.

g) La del número 15, relativo al artículo 34, letra c), que reemplaza las expresiones que señala, en el inciso final del número 1º, que se agrega, e incluye las expresiones y frase mencionada.

Aprobada por la Comisión.

h) La del número 15, relativo al artículo 3º, letra d) incisos 3º y 4º, del 2º, que sustituyen las expresiones referidas, por "de las sociedades, excluyendo las anónimas abiertas, con las que el contribuyente esté relacionado y que realicen actividades mineras" y por "sociedades, excluidas las anónimas abiertas,", respectivamente.

Aprobada por la Comisión.

i) La del número 16, relativo al artículo 34 bis, número 3º, incisos sexto y séptimo, que sustituyen las expresiones señaladas por "excluyendo las sociedades anónimas abiertas" y por "sociedades, excluyendo las anónimas abiertas", respectivamente.

Aprobada por la Comisión.

j) La del número 24, letra a), relativo al artículo 56, número 32, que sustituye el párrafo que indica.

Aprobada por la Comisión.

k) La del número 29, letra a), relativo al artículo 84, letra a), que sustituye las expresiones que señala por "inciso décimo", suprime las palabras "e)", y agrega la conjunción "e", a continuación de la expresión "letra b)", eliminando la coma (,) que le sigue.

Aprobada por la Comisión.

1) En el artículo 2º, número 3º, se formula una indicación que mejora la redacción.

m) En el artículo 3º, número 6º, se formula una indicación para sustituir la palabras "si correspondiera" por "a menos que se encuentren expresamente exentas de éste".

Aprobada por la Comisión.

n) En el artículo 3º número 7º, se formula una proposición para agregar como inciso segundo, la norma de presunción expresada en tal indicación.

Aprobada por mayoría de votos.

ñ) En el artículo 3º inciso final, se formula una indicación para agregar a continuación de la palabra "facturados" la expresión "y entregados los bienes o prestados los servicios,".

Aprobada por la Comisión.

o) En el artículo 4º, números 2º, 5º Y 6º, se formula, indicación para sustituir la palabra "consumir", por "consumidor", la expresión "si correspondiere, por “a menos que se encuentren expresamente exentas de éste", y para agregar a continuación de la palabra "facturados" la expresión "y entregados los bienes o prestados los servicios,", respectivamente.

Aprobada por la Comisión.

p) En el artículo 1º transitorio, se sugiere sustituir la letra "c" por "d". Aprobada por la Comisión.

q) En el artículo 3º transitorio, se sugiere reemplazar diversas referencias a incisos de los artículos 20 y 34 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, señaladas en las letras a), b) y c).

Aprobada por la Comisión.

r) En el artículo 5º transitorio, número 1, se agrega una letra d), relativa a la determinación del valor comercial del predio, para los efectos de fijar el valor de enajenación de éste, en los casos que señala.

Aprobada por la Comisión.

s) En el artículo 5º transitorio, número 2, se proponen adecuaciones a la aprobación de la letra anterior, y se reemplaza la cifra "2000 UTM" por "800 UTM.".

Aprobada por la Comisión.

t) En el artículo 6º transitorio, letra b), se sugiere sustituir la expresión "número 3" por "número 1 letra d)".

Aprobada por la Comisión.

u) En el artículo 7º transitorio, número 2, se propone agregar a continuación de la expresión "contabilidad completa", la oración "sin perjuicio de las normas tributarias pertinentes".

Aprobada por la Comisión.

III.- DISPOSICIONES QUE NO FUERON, OBJETO DE INDICACION NI MODIFICADAS

Corresponde al artículo 1º, Nº 2, en lo no mencionado en el párrafo precedente; números 3; 4; 5; 6, en lo mencionado en el párrafo precedente; 7; 8; 9; 13; 15, en lo no mencionado en el párrafo anterior; 16, en lo no mencionado en el párrafo anterior; 17; 18; 19; 20; 21 ;22; 23; 24, en lo no referido en el párrafo precedente; ?25; 26; 27; 28; 29, en lo no mencionado en el párrafo anterior; 30; artículo 2º, en lo no referido en el párrafo precedente; artículo 3º, en lo no mencionado en el párrafo anterior; artículo 4º, en lo no mencionado en el párrafo anterior; artículo 5º, 6º, 7º, 8º,artículo 2º transitorio; 4º transitorio; 5º transitorio, en lo no referido en el párrafo anterior; 6º transitorio, en lo no mencionado en el párrafo precedente; 7º transitorio, en lo no referido en el párrafo anterior; 8º transitorio en lo no mencionado en el párrafo precedente y 9º transitorio.

IV.- DISPOSICIONES SUPRIMIDAS

Estas son los números 10, 11, letra b), y el artículo 9º, todos del proyecto aprobado en el primer informe de la Comisión.

V.- INDICACIONES RECHAZADAS

Las consignadas con las letras K, L, C, A, J, N, B, y H.

Por las consideraciones precedentemente expuestas y las que os dará a conocer el señor Diputado Informante, vuestra Comisión os recomienda la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta contenida en el artículo 1º del Decreto ley Nº 824, de 1974:

1.- Reemplázase en el inciso segundo del número 1 del artículo 2º, la frase “los artículos 14 bis y 20 bis" por "el artículo 14 bis"

2.- Sustitúyese el artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14.- Las rentas que se determinen, a un contribuyente sujeto al impuesto de primera categoría, se gravarán respecto de éste de acuerdo con las normas del Título II.

Para aplicar los impuestos global complementario o adicional sobre las rentas obtenidas por dichos contribuyentes se procederá en la siguiente forma:

A) Contribuyentes obligados a declarar según contabilidad completa

1º.- Respecto de los empresarios individuales, contribuyentes del artículo 58, número 1º, socios de sociedades de personas y socios gestores en el caso de sociedades en comandita por acciones:

a) Quedarán gravados con los impuestos global complementario o adicional, según proceda, por los retiros o remesas que reciban de la empresa, hasta completar el fondo de utilidades tributables referido en el número 3º de este artículo.

Cuando los retiros excedan el fondo de utilidades tributables, para los efectos de la aplicación de los impuestos señalados se considerarán dentro de éste las rentas devengadas por la o las sociedades de personas en que participe la empresa de la que se efectúa el retiro.

Respecto de las, sociedades de personas y de las en comandita por acciones, por lo que corresponde a los socios gestores, se gravarán los retiros de cada socio por sus montos efectivos. En el caso de que los retiros en su conjunto excedan el monto de la utilidad tributable, incluyendo la del ejercicio, cada socio tributará considerando la proporción que representen sus retiros en el total de ellos, respecto de dicha utilidad.

Para los efectos de aplicar los impuestos del Título IV se considerarán siempre retiradas las rentas que se remesen al extranjero.

b) Los retiros o remesas que se efectúen en exceso del fondo de utilidades tributables, que no correspondan a cantidades no constitutivas de renta o rentas exentas de los impuestos global complementario o adicional, se considerarán realizados en el primer ejercicio posterior en que la empresa tenga utilidades tributables determinadas en la forma indicada en el número 3, letra a), de este artículo. Si las utilidades tributables de ese ejercicio no fueran suficientes para cubrir el monto de los retiros en exceso, el remanente se entenderá retirado en el ejercicio subsiguiente en que se produzcan utilidades tributables y así sucesivamente. Para estos efectos, el referido exceso se reajustará según la variación que experimente el índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que se efectuaron los retiros y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que se entiendan retirados para los efectos de esta letra.

Tratándose de sociedades, y para los efectos indicados en el inciso precedente, los socios tributarán con los impuestos global complementario o adicional, en su caso, sobre los retiros efectivos que hayan realizado en exceso de las utilidades tributables, reajustados en la forma ya señalada. En el caso que el socio hubiere enajenado el todo o parte de sus derechos, el retiro referido se entenderá hecho por el o los cesionarios en la proporción correspondiente. Si el cesionario es una sociedad anónima, en comandita por acciones por la participación correspondiente a los accionistas, o un contribuyente del artículo 58, número 1, deberá pagar el impuesto a que se refiere el artículo 21, inciso tercero, sobre el total del retiro que se le imputa. Si el cesionario es una sociedad de personas, las utilidades que le correspondan por aplicación del retiro que se le imputa se entenderán a su vez retiradas por sus socios en proporción a su participación en las utilidades. Si alguno de éstos es una sociedad, se deberán aplicar nuevamente las normas anteriores, gravándose las utilidades que se le imputan con el impuesto del artículo 21, inciso tercero, o bien, entendiéndose retiradas por sus socios y así sucesivamente, según corresponda.

c) Las rentas que retiren para invertirlas en otras empresas obligadas a determinar su renta efectiva por medio de contabilidad completa con arreglo a las disposiciones del Título II, no se gravarán con los impuestos global complementario o adicional mientras no sean retiradas o distribuidas de la sociedad que recibe la inversión. Igual norma se aplicará en el caso de transformación de una empresa individual en sociedad de cualquier clase o en la división o fusión de sociedades. En las divisiones se considerará que las rentas acumuladas se asignan en proporción al patrimonio neto respectivo. Las disposiciones de esta letra se aplicarán también al mayor valor obtenido en la enajenación de derechos en sociedades de personas, efectuadas de acuerdo a las normas del artículo 41, inciso final, de esta ley, pero solamente hasta por una cantidad equivalente a la utilidades tributables acumuladas en la empresa a la fecha de enajenación, en la proporción que corresponda al enajenante.

Las inversiones a que se refiere esta letra sólo podrán hacerse mediante aumentos efectivos de capital en empresas individuales, aportes a una sociedad de personas o adquisiciones de acciones de pago, dentro de los veinte días siguientes a aquel en que se efectuó el retiro. Los contribuyentes que inviertan en acciones de pago de conformidad a esta letra, no podrán acogerse, por esas acciones, a lo dispuesto en el número 1º del artículo 57 bis de esta ley.

2º.- Los accionistas de las sociedades anónimas y en comandita por acciones pagarán los impuestos global complementario o adicional, según corresponda, sobre las cantidades que a cualquier título les distribuya la sociedad respectiva, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 54, número 1º, y 58, número 2º, de la presente ley.

3º.- El fondo de utilidades tributables, al que se refieren los números anteriores, deberá ser registrados por todo contribuyente sujeto al impuesto de primera categoría sobre la base de un balance general, según contabilidad completa.

a) En el registro del fondo de utilidades tributables se anotará la renta líquida imponible de primera categoría o pérdida tributarla del ejercicio. Se agregará las rentas exentas del impuesto de primera categoría percibidas o devengadas; las participaciones sociales y los dividendos percibidos; así como todos los demás ingresos, beneficios o utilidades percibidos o devengados, que sin formar parte de la renta líquida del contribuyente estén afectos a los impuestos global complementario o adicional, cuando se retiren o distribuyan.

Se deducirá las partidas a que se refiere el inciso primero del artículo 21.

Se adicionará o deducirá, según el caso, los remanentes de utilidades tributables o el saldo negativo de ejercicios anteriores, reajustados en la forma prevista en el número 1º , inciso primero, del artículo 41.

Al término del ejercicio se deducirá, también los retiros o distribuciones efectuados en el mismo período, reajustados en la forma indicada en el número 1º, inciso final, del artículo 41.

b) En el mismo registro, pero en forma separada del fondo de utilidades tributables, la empresa deberá anotar las cantidades no constitutivas de renta y las rentas exentas de los impuestos global complementario o adicional, percibidas, y su remanente de ejercicios anteriores reajustado en la variación del índice de precios al consumidor, entre el último día del mes anterior al término del ejercicio previo y el último. día del mes que precede al término del ejercicio.

c) En el caso de contribuyentes accionistas de sociedades anónimas y en comandita por acciones, el fondo de utilidades tributables sólo será aplicable para determinar los créditos que correspondan según lo dispuesto en los artículos 56, número 3), y 63.

d) Los retiros, remesas o distribuciones se imputarán, en primer término, a las rentas o utilidades afectas al impuesto global complementario o adicional, comenzando por las más antiguas y con derecho al crédito que corresponda, de acuerdo a la tasa del impuesto de primera categoría que les haya afectado. En el caso que resultare un exceso, éste será imputado a las rentas exentas o cantidades no gravadas con dichos tributos, exceptuada la revalorización del capital propio no correspondiente a utilidades, que sólo podrá ser retirada o distribuida, conjuntamente con el capital, al efectuarse una disminución de éste o al término del giro.

B) Otros contribuyentes

1 º.- En el caso de contribuyentes afectos al impuesto de primera categoría que

declaren rentas efectivas y que no las determinen sobre la base de un balance general, según contabilidad completa, las rentas establecidas en conformidad con el Título II, más todos los ingresos o beneficios percibidos o devengados por la empresa, incluyendo las participaciones percibidas o devengadas que provengan de sociedades que determinen en igual forma su renta imponible, se gravarán respecto del empresario individual, socio, accionista o contribuyente del artículo 58, número 1º, con el impuesto global complementario o adicional, en el mismo ejercicio en que se perciban, devenguen o distribuyan.

2º.- Las rentas presuntas se afectarán con los impuestos global complementario o adicional, en el ejercicio a que correspondan. En el caso de sociedades de personas, estas rentas se entenderán retiradas por los socios en proporción a su participación en las utilidades.".

3º.- En el artículo 14 bis:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente: "Los contribuyentes obligados a declarar renta efectiva según contabilidad completa por rentas del artículo 20 de esta ley, cuyos ingresos por ventas, servicios u otras actividades de su giro, no hayan excedido un promedio mensual de 250 unidades tributarias mensuales en los tres últimos ejercicios, podrán optar por pagar los impuestos anuales de primera categoría y global complementario o adicional, sobre todos los retiros en dinero o en especie que efectúen los propietarios, socios o comuneros, y todas las cantidades que distribuyan a cualquier título las sociedades anónimas o en comandita por acciones, sin distinguir o considerar su origen o fuente, o si se trata o no de sumas no gravadas o exentas. En todo lo demás se aplicarán las normas de esta ley que afectan a la generalidad de los contribuyentes del impuesto de primera categoría obligados a llevar contabilidad completa." ,

b) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión "los incisos sexto y séptimo" por "la letra A número 1 º, c)";

c) Sustitúyese el inciso noveno por el siguiente: "Los contribuyentes acogidos a lo dispuesto en el inciso primero, que en los últimos tres ejercicios comerciales tengan un promedio mensual de ventas, servicios u otros ingresos de su giro, superior a 250 unidades tributarias mensuales, deberán volver al régimen tributario general que les corresponda, sujetos a las mismas normas del inciso siguiente, pero dando el aviso al Servicio de Impuestos Internos en el mes de enero del año en que vuelvan al régimen general";

d) Suprímense los incisos décimo y décimo primero, y

e) Suprímese en el inciso final la oración que comienza con "Sin embargo” y termina con "sus aumentos".

4.- En el artículo 17, número 8°:

a) Sustitúyese la letra c) por la siguiente:

"c) Enajenación de pertenencias mineras, excepto cuando formen parte del activo de empresas que declaren su renta efectiva en la primera categoría;";

b) Reemplázase en el inciso primero de la letra h), el punto y como (;), por punto (.), y agrégase el siguiente inciso: El inciso anterior no se aplicará cuando la persona que enajena sea un contribuyente que declare su renta efectiva en la primera categoría o cuando la sociedad, cuyas acciones o derechos se enajenan, esté sometido a ese mismo régimen."

c) Intercálase en el inciso cuarto, a continuación de la letra “b” las letras "c), d), h)", Y

d) Reemplázase en el inciso final la expresión "entre el valor comercial" por "entre el valor de la enajenación".

5.- Sustitúyese el artículo 19 por el siguiente:

“ Artículo 19.- Las normas de este Título se aplicarán a todas las rentas percibidas o devengadas.".

6.- En el artículo 20: Y Suprímese en su inciso primero, la frase "las siguientes rentas o cantidades que se señalan a continuación o en el artículo 20 bis";

b) Sustitúyense las letras a) y b) del número 1° por las siguientes:

“a) Tratándose de contribuyentes que posean o exploten a cualquier título bienes raíces agrícolas se gravará la renta efectiva de dichos bienes, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) de este número.

Del monto del impuesto de esta categoría podrá rebajarse el impuesto territorial pagado por el período al cual corresponde la declaración de renta. Sólo tendrá derecho a esta rebaja el propietario o usufructuario. Si el monto de la rebaja contemplada en esté inciso excediera del impuesto aplicable a las rentas de esta categoría, dicho excedente no podrá imputarse a otro impuesto ni solicitarse su devolución.

Si el bien raíz estuviese total o parcialmente exento del impuesto territorial, la rebaja mencionada en el inciso precedente se autorizará hasta el monto representativo del impuesto que debería haberse pagado de no existir dicha exención.

Las cantidades cuya deducción se autoriza en los incisos anteriores se reajustarán de acuerdo con el porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el último día del mes a la fecha de pago de la contribución y el último día del mes anterior al de cierre del ejercicio respectivo;

b) Los contribuyentes propietarios o usufructuarios de bienes raíces agrícolas, que no sean sociedades anónimas y que no cumplan los requisitos que se indican más adelante, pagarán el impuesto de esta categoría sobre la base de la renta de dichos predios agrícolas, la que se presume de derecho es igual al 10% del avalúo fiscal de los predios. Cuando la explotación se haga a cualquier otro título se presume de derecho que la renta es igual al 4% del avalúo fiscal de dichos predios. Para los fines de estas presunciones se considerará como ejercicio agrícola el período anual que termina el 31 de diciembre.

Para acogerse al sistema de renta presunta las comunidades, cooperativas, sociedades de personas u otras personas jurídicas, deberán estar formadas exclusivamente por personas naturales.

El régimen tributario contemplado en esta letra no se aplicará a los contribuyentes que obtengan rentas de cualquier origen por las cuales deban declarar impuestos sobre renta efectiva según contabilidad.

Tampoco se aplicará si el contribuyente está relacionado con una sociedad obligada a tributar sobre la base de renta efectiva determinada según contabilidad completa, por su actividad agrícola.

Sólo podrán acogerse al régimen de presunción de renta contemplado en esta letra los contribuyentes propietarios o usufructuarios de predios agrícolas o que a cualquier título 19s exploten, cuyas ventas netas anuales no excedan en su conjunto de 8.000 unidades tributarias mensuales.

Para la determinación de las ventas no se considerarán las enajenaciones ocasionales de bienes muebles o inmuebles que formen parte del activo inmovilizado del contribuyente. Para este efecto, las ventas de cada mes deberán expresarse en unidades tributarias mensuales de acuerdo con el valor de ésta en el período respectivo.

El contribuyente que quede obligado a declarar sus rentas efectivas según contabilidad completa, lo estará a contar del lo de enero del año en que se cumplan los requisitos allí señalados y no podrá volver al régimen de renta presunta. Exceptuase el caso en que el contribuyente no haya estado afecto al impuesto de primera categoría por su actividad agrícola por cinco ejercicios consecutivos o más, caso en el cual deberá estarse a las reglas establecidas en esta letra para determinar si se aplica o no el régimen de renta presunta.

Para los efectos de computar el plazo de cinco ejercicios se considerará que el contribuyente desarrolla actividades agrícolas cuando arrienda o cede en cualquier forma el goce de predios agrícolas cuya propiedad o usufructo conserva.

Para establecer si el contribuyente cumple el requisito del inciso cuarto de esta letra, deberá sumar a sus ventas el total de las ventas realizadas por las sociedades, excluidas las anónimas abiertas, y en su caso comunidades con las que esté relacionado y que se realicen actividades agrícolas. Si al efectuar la operación descrita el resultado obtenido excede el límite de ventas establecido en dicho inciso, tanto el contribuyente como las sociedades o comunidades relacionadas con él deberán determinar el impuesto de esta categoría en conformidad con lo dispuesto en la letra a) de este número.

Si una persona natural está relacionada con una o más comunidades o sociedades, excluidas las anónimas abiertas, que sean a su vez propietarias o usufructuarias de predios agrícolas o que a cualquier título los exploten, para establecer si dichas comunidades o sociedades exceden el límite mencionado en el inciso cuarto de esta letra, deberá sumarse el total de las ventas anuales de las comunidades y sociedades relacionadas con la persona natural. Si al efectuar la operación descrita el resultado obtenido excede el límite establecido en el inciso cuarto, todas las sociedades o comunidades relacionadas con la persona deberán determinar el impuesto de esta categoría en conformidad con lo dispuesto en la letra a) de este número.

Las personas que tomen en arrendamiento, o que a otro título de mera tenencia exploten, el todo o parte de predios agrícolas de contribuyentes que deban tributar en conformidad con lo dispuesto en la letra a) de este número, quedarán sujetas a ese mismo régimen.

Después de aplicar las normas de los incisos anteriores, los contribuyentes cuyas ventas anuales no excedan de 700 unidades tributarias mensuales podrán continuar sujetas al régimen de renta presunta. Para determinar el límite de venta a que se refiere este inciso no se aplicarán las normas de los incisos sexto y séptimo de esta letra.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto de esta categoría en conformidad con la letra a) de este número. Una vez ejercida dicha opción no podrán reincorporarse al sistema de presunción de renta.

El ejercicio de la opción a que se refiere el inciso anterior deberá practicarse dentro de los dos primeros meses de cada año comercial, entendiéndose en consecuencia que las rentas obtenidas a contar de dicho año tributarán en conformidad con el régimen de renta efectiva.

Serán aplicables a los contribuyentes de esta letra las normas de los tres últimos incisos de la letra a) de este número.

Para los efectos de esta letra se entenderá que una persona está relacionada con una sociedad en los siguientes casos:

I) Si la sociedad es de personas y la persona, como socio, tiene facultades de administración o si participa en por lo menos el 10% de las utilidades, o si es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título posee por lo menos el lo% del capital social o de las acciones. Lo dicho se aplicará también a los comuneros respecto de las comunidades en las que participen.

II) Si la sociedad es anónima y la persona es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título tiene derecho por lo menos al 10% de las acciones, de las utilidades o de los votos en la junta de accionistas.

III) Si la persona es partícipe por lo menos en un 10% en un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario, en que la sociedad es gestora.

IV) Si la persona, de acuerdo con estas reglas, está relacionada con una sociedad y ésta a su vez lo está con otra, se entenderá que la persona también está relacionada con esta última y así sucesivamente.

El contribuyente que por efecto de las normas de relación quede obligado a declarar sus impuestos sobre renta efectiva deberá informar de ello, mediante carta certificada a todos los socios en comunidades o sociedades en las que se encuentre relacionado. Las sociedades que reciban dicha comunicación deberán, a su vez, informar con el mismo procedimiento a todos los contribuyentes que tengan una participación del lo% o superior en ellas.

c) Agrégase el siguiente inciso final a la letra d):

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, tratándose de sociedades anónimas que posean o exploten a cualquier título bienes raíces no agrícolas, se gravará la renta efectiva de dichos bienes.

Será aplicable en este caso lo dispuesto en los últimos tres incisos de la letra a) de este número.".

7.- Derógase el artículo 20 bis.

8.- En el artículo 21:

a) Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

En el caso de sociedades anónimas que sean socias de sociedades de personas, se aplicará el impuesto del inciso anterior las partidas que de acuerdo con los incisos primero y segundo de este artículo deban considerarse retiradas de las sociedades de personas, salvo los impuestos de primera categoría y territorial, pagados, calculando el referido tributo sobre la parte que corresponda a la sociedad anónima y rebajando como crédito el impuesto de primera categoría que afecta a dichas partidas.", y

b) Agrégase en el inciso final, a continuación del término "retiradas" la oración "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41, inciso final".

9.- Sustitúyese en el Título II, Párrafo 3º, el Título "De la determinación de las rentas de primera categoría" por "De la base imponible.".

10.- En el artículo 30: Agrégase al final del inciso primero, en punto seguido" lo siguiente:

El costo directo del mineral extraído considerará también la parte del valor de adquisición de las pertenencias respectivas que corresponda a la proporción que el mineral extraído represente en el total del mineral que técnicamente se estime contiene la pertenencia, en la forma que determine el Reglamento.", y

11.- En el artículo 31:

a) Sustitúyese el inciso segundo del número 3° por el siguiente:

"Podrán, asimismo, deducirse las pérdidas de ejercicios anteriores, siempre que concurran los requisitos del, inciso precedente. Para estos efectos, las pérdidas del ejercicio deberán imputarse a las utilidades no retiradas o distribuidas, ya las obtenidas en el ejercicio siguiente a aquel en que se produzcan dichas pérdidas, y si las utilidades referidas no fuesen suficientes para absorberlas, la diferencia deberá imputarse al ejercicio inmediatamente siguiente y así sucesivamente. En el caso que las pérdidas absorban total o parcialmente las utilidades no retiradas o distribuidas, el impuesto de primera categoría pagado sobre dichas utilidades se considerará como pago provisional en aquella parte que proporcionalmente corresponda a la utilidad absorbida, y se le aplicarán las normas de reajustabilidad, imputación o devolución que señalan los artículos 93 a 97 de la presente ley.";

b) Agrégase en el inciso final del número 3º, a continuación de la expresión. "renta líquida" la palabra "imponible";

c) Sustitúyese en el número 5° en su inciso final el punto (.) por una coma (,) y agrégase la oración "sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 30";

d) Agrégase el siguiente inciso tercero al número 6º:

"No obstante, se aceptará como gasto la remuneración del socio de sociedades de personas y socio gestor de sociedades en comandita por acciones, y las que se asigne el empresario individual, que efectiva y permanentemente trabajen en el negocio o empresa, hasta por el monto que hubiera estado afecto a cotizaciones previsionales obligatorias. En todo caso dichas remuneraciones se considerarán rentas del artículo 42 número 1".

12.- En el artículo 33:

a) Reemplázase en la primera parte del inciso primero la expresión "de primera categoría" por "imponible", y

b) Suprímese el número 4º, pasando el actual número 5º a ser 4º.

13.- Agrégase el siguiente artículo 33 bis:

"Artículo 33 bis.- Los contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa, tendrán derecho a un crédito equivalente al 2% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado, adquiridos nuevos o terminados de construir durante el ejercicio.

Respecto de los bienes construidos, no darán derecho a crédito las obras que consistan en mantención o reparación de los mismos. Tampoco darán derecho a crédito los activos que puedan ser usados para fines habitacionales o de transporte, excluidos los camiones, camionetas de cabina simple y otros destinados exclusivamente al transporte de carga.

El crédito establecido en el inciso anterior se deducirá del impuesto de primera categoría que deba pagarse por las rentas del ejercicio en que ocurra la adquisición o término de la construcción, y, de producirse un exceso, no dará derecho a devolución.

Para los efectos de calcular el crédito, los bienes se considerarán por su valor actualizado al término del ejercido, en conformidad con las normas del artículo 41 de esta ley, y antes de deducir la depreciación correspondiente.

En ningún caso, el monto anual del crédito podrá exceder de 500 unidades tributarias mensuales, considerando el valor de la unidad tributaria mensual del mes de cierre del ejercicio.

El crédito establecido en este artículo no se aplicará a las empresas del Estado ni a las empresas en las que el Estado, sus organismos o empresas o las municipalidades tengan una participación o interés superior al 50% del capital. Tampoco se aplicará respecto de los bienes que una empresa entregue en arrendamiento con opción de compra.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo se entenderá que forman parte del activo físico inmovilizado los bienes corporales muebles nuevos que una empresa toma en arrendamiento con opción de compra. En este caso el crédito se calculará sobre el monto total del contrato.".

14.- En el artículo 34:

a) Reemplázase el encabezamiento del inciso primero por el siguiente: "Las rentas derivadas de la actividad minera tributarán de acuerdo con las siguientes normas:";

b) Agrégase en el inciso primero del número 12, a continuación de la expresión "por acciones", la oración "y de los contribuyentes señalados en el número 22 de este artículo,";

c) Agrégase el siguiente inciso final al número 12:

"Para acogerse al régimen de renta presunta establecido en este número, los contribuyentes estarán sometidos a las condiciones y requisitos contenidos en los incisos segundo y tercero de la letra b) del número 1º del artículo 20, en lo que corresponda. Con todo, para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo de la letra b) del artículo 20, no se considerarán personas jurídicas las sociedades legales mineras constituidas exclusivamente por personas naturales. Aquellos que no las cumplan quedarán sujetos al régimen del número 2º de este artículo.";

d) Sustitúyense el número 2º por el siguiente:

"2º.- Las sociedades anónimas y las en comandita por acciones, quedarán sujetas al impuesto de primera categoría sobre su renta efectiva determinada según contabilidad completa. A igual régimen tributario quedarán sometidos los demás contribuyentes que a cualquier título posean o exploten yacimientos mineros cuyas ventas anuales excedan de 36.000 toneladas de mineral metálico no ferroso, o cuyas ventas anuales, cualquiera sea el mineral, excedan de 6.000 unidades tributarias anuales. Para este efecto, las ventas de cada mes deberán expresarse en unidades tributarias mensuales de acuerdo con el valor de ésta en el período respectivo.

El contribuyente que por aplicación de las normas de este artículo quede obligado a declarar sus rentas efectivas según contabilidad completa, lo estará a contar del 12 de enero del año en que se cumplan los requisitos que obliga dicho régimen y no podrá volver al sistema de renta presunta. Exceptuase el caso en que el contribuyente no haya desarrollado actividades mineras por cinco ejercicios consecutivos o más, caso en el cual deberá estarse a las reglas generales establecidas en este artículo para determinar si se aplica o no el régimen de renta efectiva. Para los efectos de computar el plazo de cinco ejercicios se considerará que el contribuyente desarrolla actividades mineras cuando arrienda o cede en cualquier forma el goce de concesiones mineras cuya propiedad o usufructo conserva.

Para establecer si el contribuyente cumple cualquiera de los límites contenidos en el inciso primero de este número, se deberá sumar al total de las ventas del contribuyente el total de ventas de las sociedades excluyendo las anónimas abiertas con las que el contribuyente esté relacionado y que realicen actividades mineras. Del mismo modo, el contribuyente deberá considerar las ventas de las comunidades de las que sea comunero. Si al efectuar las operaciones descritas el resultado obtenido excede cualesquiera de los límites referidos, tanto el contribuyente como las sociedades o comunidades con las que esté relacionado deberán determinar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva según contabilidad completa.

Si una persona natural está relacionada con una o más comunidades o sociedades, excluidas las anónimas abiertas, que desarrollen actividades mineras, para establecer si dichas comunidades o sociedades exceden los límites mencionados en el inciso primero de este número, deberá sumarse el total de las ventas de las comunidades y sociedades con las que la persona esté relacionada. Si al efectuar la operación descrita el resultado obtenido excede los límites citados, todas las sociedades o comunidades con las que la persona esté relacionada deberán determinar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva según contabilidad completa.

Las personas que tornen en arrendamiento, o que a otro título de mera tenencia exploten, el todo o parte de pertenencias de contribuyentes que deban tributar en conformidad con lo dispuesto en este número, quedarán sujetas a ese mismo régimen.

Después de aplicar las normas a los incisos anteriores, los contribuyentes cuyas ventas anuales no excedan de 500 unidades tributarias anuales, cualquiera sea el mineral, podrán continuar sujetos al régimen de renta presunta. Para determinar el límite de ventas a que se refiere este inciso no se aplicarán las normas de los incisos tercero y cuarto de este número.

Para los efectos de este número el concepto de persona relacionada con una sociedad se entenderá en los términos señalados en el artículo 20, número 1º, letra b).

El contribuyente que por efecto de las normas de relación quede obligado a declarar sus impuestos sobre renta efectiva deberá informar de ello, mediante carta certificada, a todos sus socios en comunidades o sociedades en las que se encuentre relacionado. Las sociedades que reciban dicha comunicación deberán, a su vez, informar con el mismo procedimiento, a todos los contribuyentes que tengan una participación del 10% o superior en ellas.".

e) Derógase el número 3º

15.- Agrégase el siguiente artículo 34 bis:

“Artículo 34 bis.- Las rentas derivadas de la actividad del transporte terrestre tributarán de acuerdo con las siguientes normas:

1º.- Los contribuyentes que a cualquier título posean o exploten vehículos motorizados de transporte terrestre quedarán afectos al impuesto de primera categoría por las rentas efectivas, según contabilidad, que obtengan de dicha actividad, sin perjuicio de los dispuesto en los número 2º y 3º de este artículo.

2º.- Se presume de derecho que la renta líquida imponible de los contribuyentes que no sean sociedades anónimas o en comandita por acciones, y que exploten a cualquier título vehículos motorizados en el transporte terrestre de pasajeros, es equivalente al lo% del valor corriente en plaza de cada vehículo, determinado por el Director del Servicio de Impuestos Internos al 12 de enero de cada año en que deba declararse el impuesto.

3º.- Se presume de derecho que la renta líquida imponible de los contribuyentes, que no sean sociedades anónimas o en comandita por acciones, y que cumplan los requisitos que se indican más adelante, que exploten a cualquier título vehículos motorizados en el transporte terrestre de carga ajena, es equivalente al lo% del valor corriente en plaza de cada vehículo y su respectivo remolque, acopiado o carro similar, determinado por el Director del Servicio de Impuestos Internos al 1º de enero del año en que deba declararse el impuesto.

Para acogerse al sistema de renta presunta las comunidades, cooperativas, sociedades de personas u otras personas jurídicas, deberán estar formadas exclusivamente por personas naturales.

El régimen tributario contemplado en este número no se aplicará a los contribuyentes que obtengan rentas de cualquier origen por las cuales deban declarar impuestos sobre renta efectiva según contabilidad completa. Tampoco se aplicará si el contribuyente está relacionado con una sociedad obligada a tributar sobre la base de renta efectiva determinada según contabilidad completa, por su actividad de transporte.

Sólo podrán acogerse al régimen de presunción de renta contemplado en este número los contribuyentes cuyos servicios facturados al término del ejercicio no excedan de 3.000 unidades tributarias mensuales.

El contribuyente que quede obligado a declarar sus rentas efectivas según contabilidad completa, por aplicación de los incisos anteriores, lo estará a contar del 1º de enero del año en que se cumplan los requisitos allí señalados y no podrá volver al régimen de renta presunta. Exceptuase el caso en que el contribuyente no haya desarrollado actividades como transportista por cinco ejercicios consecutivos o más, caso en el cual deberá estarse a las reglas generales establecidas en este número para determinar si se aplica o no el régimen de renta presunta. Para los efectos de computar el plazo de cinco ejercicios se considerará que el contribuyente desarrolla actividades como transportista cuando arrienda o cede en cualquier forma el goce de los vehículos cuya propiedad o usufructo conserva.

Para establecer si el contribuyente cumple los requisitos contenidos en el inciso cuarto de este número, deberá sumar a sus servicios facturados el total de servicios facturados por las sociedades, excluyendo las sociedades anónimas abiertas, y en su caso comunidades con las que esté relacionado y que realicen actividades de transporte terrestre de carga ajena. Si al efectuar las operaciones descritas el resultado obtenido excede el límite establecido en el inciso cuarto de este número, tanto el contribuyente como las sociedades o comunidades con las que esté relacionado deberán determinar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva según contabilidad completa.

Si una persona natural está relacionada con una o más comunidades o sociedades, excluyendo las anónimas abiertas, que exploten vehículos como transportistas de carga ajena, para establecer si dichas comunidades o sociedades exceden el límite mencionado en el inciso cuarto de este número, deberá sumarse el total de servicios facturados por las sociedades o comunidades con las que la persona esté relacionada. Si al efectuar la operación descrita el resultado obtenido excede el límite establecido en el inciso cuarto de este número, todas las sociedades o comunidades con las que la persona esté relacionada deberán pagar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva determinada según contabilidad completa.

Las personas que tomen en arrendamiento o que a otro título de mera tenencia exploten vehículos motorizados de transporte de carga terrestre, de contribuyentes que deban tributar en conformidad con lo dispuesto en el número 1º de este artículo, quedarán sujetas a ese mismo régimen.

Después de aplicar las normas de los incisos anteriores, los contribuyentes cuyas ventas anuales no excedan de 1.000 unidades tributarias mensuales podrán continuar sujetos al régimen de renta presunta.

Para determinar el límite de ventas a que se refiere este inciso no se aplicarán las normas de los incisos sexto y séptimo de este número.

Sin perjuicio de los dispuesto en los incisos anteriores, los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto de esta categoría en conformidad con la letra a) de este número. Una vez ejercida dicha opción no podrán reincorporarse al sistema de presunción de renta.

El ejercicio de la opción a que se refiere el inciso anterior deberá practicarse dentro de los dos primeros meses de cada año comercial, entendiéndose en consecuencia que las rentas obtenidas a contar de dicho año tributarán en conformidad con el régimen de renta efectiva.

Para los efectos de esta letra se entenderá que una persona está relacionada con una sociedad en los siguientes casos:

I) Si la sociedad es de personas y la persona, como socio, tiene facultades de administración o si participa en por lo menos el lo% de las utilidades, o si es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título posee por lo menos el lo% del capital social o de las acciones. Lo dicho se aplicará también a los comuneros respecto de las comunidades en las que participen.

II) Si la sociedad es anónima y la persona es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título tiene derecho por lo menos al lo% de las acciones, de las utilidades o de los votos en la junta de accionistas.

III) Si la persona es partícipe por lo menos en un lo% en un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario, en que la sociedad es gestora.

IV) Si la persona, de acuerdo con estas reglas, está relacionada con una sociedad y ésta a su vez lo está con otra, se entenderá que la persona también está relacionada con esta última y así sucesivamente.

El contribuyente que por efecto de las normas de relación quede obligado a declarar sus impuestos sobre renta efectiva deberá informar de ello, mediante carta certificada a todos los socios en comunidades o sociedades en las que se encuentre relacionado. Las sociedades que reciban dicha comunicación deberán, a su vez, informar con el mismo procedimiento a todas los contribuyentes que tengan una participación del 10% o superior en ellas.

c) Agrégase el siguiente inciso final a la letra d):

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, tratándose de sociedades anónimas que posean o exploten a cualquier título bienes raíces no agrícolas, se gravará la renta efectiva de dichos bienes.

Será aplicable en este caso lo dispuesto en los últimos tres incisos de la letra a) de este número.".

7.- Derógase el artículo 20 bis.

8.- En el artículo 21:

a) Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

En el caso de sociedades anónimas que sean socias de sociedades de personas, se aplicará el impuesto del inciso anterior las partidas que de acuerdo con los incisos primero. y segundo de este artículo deban considerarse retiradas de las sociedades de personas, salvo los impuestos de primera categoría y territorial, pagados, calculando el referido tributo sobre la parte que corresponda a la sociedad anónima y rebajando como crédito el impuesto de primera categoría que afecta a dichas partidas.", y

b) Agrégase en el inciso final, a continuación del término "retiradas" la oración "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41, inciso final".

9.- Sustitúyese en el Título II, Párrafo 3, el Título "De la determinación de las rentas de primera categoría" por "de la base imponible.".

10.- En el artículo 30:

Agrégase al final del inciso primero, en punto seguido" lo siguiente:

El costo directo del mineral extraído considerará también la parte del valor de adquisición de las pertenencias respectivas que corresponda a la proporción que el mineral extraído represente en el total del mineral que técnicamente se estime contiene la pertenencia, en la forma que determine el Reglamento.", y

11.- En el artículo 31:

a) Sustitúyese el inciso segundo del número 3° por el siguiente:

"Podrán, asimismo, deducirse las pérdidas de ejercicios anteriores, siempre que concurran los requisitos del, inciso precedente. Para estos efectos, las pérdidas del ejercicio deberán imputarse a las utilidades no retiradas o distribuidas, ya las obtenidas en el ejercicio siguiente a aquel en que se produzcan dichas pérdidas, y si las utilidades referidas no fuesen suficientes para absorberlas, la diferencia deberá imputarse al ejercicio inmediatamente siguiente y así sucesivamente. En el caso que las pérdidas absorban total o parcialmente las utilidades no retiradas o distribuidas, el impuesto de primera categoría pagado sobre dichas utilidades se considerará como pago provisional en aquella parte que proporcionalmente corresponda a la utilidad absorbida, y se le aplicarán las normas de reajustabilidad, imputación o devolución que señalan los artículos 93 a 97 de la presente ley.";

b) Agrégase en el inciso final del número 3°, a continuación de la expresión "renta líquida" la palabra "imponible";

c) Sustitúyese en el número 5° en su inciso final el punto (.) por una coma (,) y agrégase la oración "sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 30";

d) Agrégase el siguiente inciso tercero al número 6°:

"No obstante, se aceptará como gasto la remuneración del socio de sociedades de personas y socio gestor de sociedades en comandita por acciones, y las que se asigne el empresario individual, que efectiva y permanentemente trabajen en el negocio o empresa, hasta por el monto que hubiera estado afecto a cotizaciones previsionales obligatorias. En todo caso dichas remuneraciones se considerarán rentas del artículo 42 número 1".

12.- En el artículo 33:

a) Reemplázase en la primera parte del inciso primero la expresión "de primera categoría" por "imponible", y

b) Suprírnese el número 42, pasando el actual número 52 a ser 42 13.- Agrégase el siguiente artículo 33 bis:

"Artículo 33 bis.- Los contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa, tendrán derecho a un crédito equivalente al 2% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado, adquiridos nuevos o terminados de construir durante el ejercicio.

Respecto de los bienes construidos, no darán derecho a crédito las obras que consistan en mantención o reparación de los mismos. Tampoco darán derecho a crédito los activos que puedan ser usados para fines habitacionales o de transporte, excluidos los camiones, camionetas de cabina simple y otros destinados exclusivamente al transporte de carga.

El crédito establecido en el inciso anterior se deducirá del impuesto de primera categoría que deba pagarse por las rentas del ejercicio en que ocurra la adquisición o término de la construcción, y, de producirse un exceso, no dará derecho a devolución.

Para los efectos de calcular el crédito, los bienes se considerarán por su valor actualizado al término del ejercido, en conformidad con las normas del artículo 41 de esta ley, y antes de deducir la depreciación correspondiente.

En ningún caso, el monto anual del crédito podrá exceder de 500 unidades tributarias mensuales, considerando el valor de la unidad tributaria mensual del mes de cierre del ejercicio.

El crédito establecido en este artículo no se aplicará a las empresas del Estado ni a las empresas en las que el Estado, sus organismos o empresas o las municipalidades tengan una participación o interés superior al 50% del capital. Tampoco se aplicará respecto de los bienes que una empresa entregue en arrendamiento con opción de compra.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo se entenderá que forman parte del activo físico inmovilizado los bienes corporales muebles nuevos que una empresa toma en arrendamiento con opción de compra. En este caso el crédito se calculará sobre el monto total del contrato.".

14.- En el artículo 34:

a) Reemplázase el encabezamiento del inciso primero por el siguiente: "Las rentas derivadas de la actividad minera tributarán de acuerdo con las

siguientes normas:";

b) Agrégase en el inciso primero del número 1°, a continuación de la expresión "por acciones", la oración "y de los contribuyentes señalados en el número 22 de este artículo,"; ,

c) Agrégase el siguiente inciso final al número 1°:

"Para acogerse al régimen de renta presunta establecido en este número, los contribuyentes estarán sometidos a las condiciones y requisitos contenidos en los incisos segundo y tercero de la letra b) del número 12 del artículo 20, en lo que corresponda. Con todo, para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo de la letra b) del artículo 20, no se considerarán personas jurídicas las sociedades legales mineras constituidas exclusivamente por personas naturales. Aquellos que no las cumplan quedarán sujetos al régimen del número 22 de este artículo.";

d) Sustitúyense el número 2° por el siguiente:

"2°.- Las sociedades anónimas y las en comandita por acciones, quedarán sujetas al impuesto de primera categoría sobre su renta efectiva determinada según contabilidad completa. A igual régimen tributario quedarán sometidos los demás contribuyentes que a cualquier título posean o exploten yacimientos mineros cuyas ventas anuales excedan de 36.000 toneladas de mineral metálico no ferroso, o cuyas ventas anuales, cualquiera sea el mineral, excedan de 6.000 unidades tributarias anuales. Para este efecto, las ventas de cada mes deberán expresarse en unidades tributarias mensuales de acuerdo con el valor de ésta en el período respectivo.

El contribuyente que por aplicación de las normas de este artículo quede obligado a declarar sus rentas efectivas según contabilidad completa, lo estará a contar del 12 de enero del año en que se cumplan los requisitos que obliga dicho régimen y no podrá volver al sistema de renta presunta. Exceptúase el caso en que el contribuyente no haya desarrollado actividades mineras por cinco ejercicios consecutivos o más, caso en el cual deberá estarse a las reglas generales establecidas en este artículo para determinar si se aplica o no el régimen de renta efectiva. Para los efectos de computar el plazo de cinco ejercicios se considerará que el contribuyente desarrolla actividades mineras cuando arrienda o cede en cualquier forma el goce de concesiones mineras cuya propiedad o usufructo conserva.

Para establecer si el contribuyente cumple cualquiera de los límites contenidos en el inciso primero de este número, se deberá sumar al total de las ventas del contribuyente el total de ventas de las sociedades excluyendo las anónimas abiertas con las que el contribuyente esté relacionado y que realicen actividades mineras. Del mismo modo, el contribuyente deberá considerar las ventas de las comunidades de las que sea comunero. Si al efectuar las operaciones descritas el resultado obtenido excede cualesquiera de los límites referidos, tanto el contribuyente como las sociedades o comunidades con las que esté relacionado deberán determinar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva según contabilidad completa.

Si una persona natural está relacionada con una o más comunidades o sociedades, excluidas las anónimas abiertas, que desarrollen actividades mineras, para establecer si dichas comunidades o sociedades exceden los límites mencionados en el inciso primero de este número, deberá sumarse el total de las ventas de las comunidades y sociedades con las que la persona esté relacionada. Si al efectuar la operación descrita el resultado obtenido excede los límites citados, todas las sociedades o comunidades con las que la persona esté relacionada deberán determinar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva según contabilidad completa.

Las personas que tornen en arrendamiento, o que a otro título de mera tenencia exploten, el todo o parte de pertenencias de contribuyentes que deban tributar en conformidad con lo dispuesto en este número, quedarán sujetas a ese mismo régimen.

Después de aplicar las normas a los incisos anteriores, los contribuyentes cuyas ventas anuales no excedan de 500 unidades tributarias anuales, cualquiera sea el mineral, podrán continuar sujetos al régimen de renta presunta. Para determinar el límite de ventas a que se refiere este inciso no se aplicarán las normas de los incisos tercero y cuarto de este número.

Para los efectos de este número el concepto de persona relacionada con una sociedad se entenderá en los términos señalados en el artículo 20, número 1°, letra b).

El contribuyente que por efecto de las normas de relación quede obligado a declarar sus impuestos sobre renta efectiva deberá informar de ello, mediante carta certificada, a todos sus socios en comunidades o sociedades en las que se encuentre relacionado. Las sociedades que reciban dicha comunicación deberán, a su vez, informar con el mismo procedimiento, a todos los contribuyentes que tengan una participación del 10% o superior en ellas.".

e) Derógase el número 3°

15.- Agrégase el siguiente artículo 34 bis:

11 Artículo 34 bis.- Las rentas derivadas de la actividad del transporte terrestre tributarán de acuerdo con las siguientes normas:

1°.- Los contribuyentes que a cualquier título posean o exploten vehículos motorizados de transporte terrestre quedarán afectos al impuesto de primera categoría por las rentas efectivas, según contabilidad, que obtengan de dicha actividad, sin perjuicio de los dispuesto en los números 2° y 3° de este artículo.

2°.- Se presume de derecho que la renta líquida imponible de los contribuyentes que no sean sociedades anónimas o en comandita por acciones, y que exploten a cualquier título vehículos motorizados en el transporte terrestre de pasajeros, es equivalente al lo% del valor corriente en plaza de cada vehículo, determinado por el Director del Servicio de Impuestos Internos al 1° de enero de cada año en que deba declararse el impuesto.

3°.- Se presume de derecho que la renta líquida imponible de los contribuyentes, que no sean sociedades anónimas o en comandita por acciones, y que cumplan los requisitos que se indican más adelante, que exploten a cualquier título vehículos motorizados en el transporte terrestre de carga ajena, es equivalente al lo% del valor corriente en plaza de cada vehículo y su respectivo remolque, acopiado o carro similar, determinado por el Director del Servicio de Impuestos Internos al 12 de enero del año en que deba declararse el impuesto.

Para acogerse al sistema de renta presunta las comunidades, cooperativas, sociedades de personas u otras personas jurídicas, deberán estar formadas exclusivamente por personas naturales.

El régimen tributario contemplado en este número no se aplicará a los contribuyentes que obtengan rentas de cualquier origen por las cuales deban declarar impuestos sobre renta efectiva según contabilidad completa. Tampoco se aplicará si el contribuyente está relacionado con una sociedad obligada a tributar sobre la base de renta efectiva determinada según contabilidad completa, por su actividad de transporte.

Sólo podrán acogerse al régimen de presunción de renta contemplado en este número los contribuyentes cuyos servicios facturados al término del ejercicio no excedan de 3.000 unidades tributarias mensuales.

El contribuyente que quede obligado a declarar sus rentas efectivas según contabilidad completa, por aplicación de los incisos anteriores, lo estará a contar del 1º de enero del año en que se cumplan los requisitos allí señalados y no podrá volver al régimen de renta presunta. Exceptúase el caso en que el contribuyente no haya desarrollado actividades como transportista por cinco ejercicios consecutivos o más, caso en el cual deberá estarse a las reglas generales establecidas en este número para determinar si se aplica o no el régimen de renta presunta. Para los efectos de computar el plazo de cinco ejercicios se considerará que el contribuyente desarrolla actividades como transportista cuando arrienda o cede en cualquier forma el goce de los vehículos cuya propiedad o usufructo conserva.

Para establecer si el contribuyente cumple los requisitos contenidos en el inciso cuarto de este número, deberá sumar a sus servicios facturados el total de servicios facturados por las sociedades, excluyendo las sociedades anónimas abiertas, y en su caso comunidades con las que esté relacionado y que realicen actividades de transporte terrestre de carga ajena. Si al efectuar las operaciones descritas el resultado obtenido excede el límite establecido en el inciso cuarto de este número, tanto el contribuyente como las sociedades o comunidades con las que esté relacionado deberán determinar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva según contabilidad completa.

Si una persona natural está relacionada con una o más comunidades o sociedades, excluyendo las anónimas abiertas, que exploten vehículos como transportistas de carga ajena, para establecer si dichas comunidades o sociedades exceden el límite mencionado en el inciso cuarto de este número, deberá sumarse el total de servicios facturados por las sociedades o comunidades con las que la persona esté relacionada. Si al efectuar la operación descrita el resultado obtenido excede el límite establecido en el inciso cuarto de este número, todas las sociedades o comunidades con las que la persona esté relacionada deberán pagar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva determinada según contabilidad completa.

Las personas que tornen en arrendamiento o que a otro título de mera tenencia exploten vehículos motorizados de transporte de carga terrestre, de contribuyentes que deban tributar en conformidad con lo dispuesto en el número 1º de este artículo, quedarán sujetas a ese mismo régimen.

Después de aplicar las normas de los incisos anteriores, los contribuyentes cuyas ventas anuales no excedan de 1.000 unidades tributarias mensuales podrán continuar sujetos al régimen de renta presunta.

Para determinar el límite de ventas a que se refiere este inciso no se aplicarán las normas de los incisos sexto y séptimo de este número.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto de esta categoría según renta efectiva sobre la base de contabilidad completa. Una vez ejercida dicha opción no podrán reincorporarse al sistema de presunción de renta.

El ejercicio de la opción a que se refiere el inciso anterior deberá practicarse dentro de los dos primeros meses de cada año comercial, entendiéndose en consecuencia que las rentas obtenidas a contar de dicho año tributarán en conformidad con el régimen de renta efectiva.

Para los efectos de este número el concepto de persona relacionada con una sociedad se entenderá en los términos señalados en el artículo 20, número 1º, letra b).

El contribuyente que por efecto de las normas de relación quede obligado a declarar sus impuestos sobre renta efectiva deberá informar de ello, mediante carta certificada, a todos sus socios en comunidades o sociedades en las que se encuentre relacionado. Las sociedades que reciban dicha comunicación deberán, a su vez, informar con el mismo procedimiento a todos los contribuyentes que tengan una participación del 10% o superior a ellas.".

16.- Sustitúyese el artículo 38 bis por el siguiente:

"Artículo 38 bis.- Los contribuyentes obligados a declarar su renta efectiva según contabilidad completa, que pongan término a su giro, deberán considerar retiradas o distribuidas las rentas o cantidades determinadas a esa fecha, en la forma prevista en el artículo 14, letra a), número 3º, c), o en el inciso segundo del artículo 14 bis, según corresponda, incluyendo las del ejercicio.

Dichos contribuyentes tributarán por esas rentas o cantidades con un impuesto de 35%, el cual tendrá el carácter de único de esta ley respecto de la empresa, empresario, socio o accionista, no siendo aplicable a ellas lo dispuesto en el número 3º del artículo 54.

No obstante, el empresario, socio o accionista, podrá optar por declarar las rentas o cantidades referidas, como afectas al impuesto global complementario del año del término de giro de acuerdo con las siguientes reglas:

1.- A estas rentas o cantidades se les aplicará una tasa de impuesto global complementario equivalente al promedio de las tasas más altas de dicho impuesto que hayan afectado al contribuyente en los tres ejercicios anteriores al término de giro. Si la empresa a la que se pone término tuviera una existencia inferior a tres ejercicios el promedio se calculará por los ejercicios de existencia efectiva. Si la empresa hubiera existido sólo durante el ejercicio en el que se le pone término de giro, entonces las rentas o cantidades indicadas tributarán como rentas del ejercicio según las reglas generales.

2.- Las rentas o cantidades indicadas en el número anterior gozarán del crédito del artículo 56; número 3), el cual se aplicará con una tasa de 35%. Para estos efectos, el crédito deberá agregarse en la base del impuesto en la forma prescrita en el inciso final del número 1º del artículo 54.".

17.- Reemplázase en el artículo 40, número 6º, la expresión "a los artículos 14 bis Y 20 bis" por la siguiente: "al artículo 14 bis".

18.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 41:

"En el caso de la enajenación de derechos en sociedades de personas que hagan los socios o accionistas de sociedades anónimas cerradas, o accionistas de sociedades anónimas abiertas dueños del 10% o más de las acciones, a la empresa o sociedad respectiva o en las que tengan intereses, para los efectos de determinar la renta proveniente de dicha operación, deberá deducirse del precio de la enajenación el valor de aporte o adquisición de dichos derechos, incrementado o disminuido según el caso, por los aumentos o disminuciones de capital posteriores efectuados por el enajenan te, salvo que los valores de aporte, adquisición o aumentos de capital tengan su origen en rentas que no hayan pagado total o parcialmente los impuestos de esta ley. Para estos efectos, los valores indicados deberán reajustarse de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición o aporte, aumento o disminución de capital, y el último día del mes anterior a la enajenación.".

19.- Sustitúyese en el inciso primero del número 1º del artículo 42 la oración "exceptuadas las imposiciones obligatorias que se destinen a la formación de fondos de previsión y retiro," por la siguiente: "exceptuadas las cotizaciones a que se refiere el inciso primero del artículo 20 del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, y las del Decreto Ley Nº 3.501, efectivamente pagadas,".

20.- Sustitúyese la escala de tasas del artículo 43, número 1º, por la siguiente:

"Las rentas que no excedan de 10 unidades tributarias mensuales estarán exentas de este impuesto;

Sobre la parte que exceda de 10 y no sobrepase las 30 unidades tributarias mensuales, 5%;

Sobre la parte que exceda de 30 y no sobrepase las 50 unidades tributarias mensuales, 15%;

Sobre la parte que exceda de 50 y no sobrepase las 70 unidades tributarias mensuales, 25%;

Sobre la parte que exceda de 70 y no sobrepase las 100 unidades tributarias mensuales, 35%, y

Sobre la parte que exceda de 100 unidades tributarias mensuales, 50%.".

21.- Sustitúyese la escala de tasas del artículo 52 por la siguiente:

“Las rentas que no excedan de lo unidades tributarias anuales estarán exentas de este impuesto; Sobre la parte que exceda de lo y no sobrepase las 30 unidades tributarias anuales, 5%;

Sobre la parte que exceda de 30 y no sobrepase las 50 unidades tributarias anuales, 15%;

Sobre la parte que exceda de 50 y no sobrepase las 70 unidades tributarias anuales, 25%;

Sobre la parte que exceda de 70 y no sobrepase las 100 unidades tributarias anuales, 35%, y

Sobre la parte que exceda de 100 unidades tributarias anuales, 50%.".

22.- Agrégase el siguiente inciso final al número 1º del artículo 54: "Cuando corresponda aplicar el crédito establecido en el artículo 56, número 3), se agregará un monto equivalente a éste para determinar la renta bruta global del mismo ejercicio y se considerará como una suma afectada por el impuesto de primera categoría para el cálculo de dicho crédito.".

23.- En el artículo 55:

Agrégase en la letra b), después del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:

Esta deducción no procederá por las cotizaciones correspondientes a las remuneraciones a que se refiere el inciso tercero, del número 6º del artículo 31.".

24.- En el artículo 56:

a) Sustitúyese el inciso primero del número 3) por el siguiente:

"3) La cantidad que resulte de aplicar la misma tasa de primera categoría con la que se gravaron la$ rentas o cantidades que se encuentren comprendidas en la renta bruta global. También tendrán derecho a este crédito las personas naturales que sean socios o accionistas de sociedades, por las cantidades obtenidas por éstas en su calidad de socias o accionistas de otras sociedades, por la parte de dichas cantidades que integre la renta bruta global de las personas aludidas.”, y

b) Agrégase el siguiente inciso final:

"Los créditos o deducciones que las leyes permiten rebajar de los impuestos establecidos en esta ley y que dan derecho a devolución del excedente se aplicarán a continuación de aquellos no susceptibles de reembolso.".

25.- En el artículo 57 bis:

a) Agrégase la siguiente oración en el número 1º, a continuación del punto seguido:

"Esta deducción sólo podrá efectuarse hasta por cinco ejercicios, contados desde aquél en que se adquieren las acciones.".

b) Derógase el numero 2.

c) Derógase el número 4.

26.- En el artículo 58:

Agrégase al final del número 1º, en punto seguido, el siguiente párrafo: "Para estos efectos, el impuesto contemplado en este número se considerará formando parte de la base imponible representada por los retiros o remesas brutos."

27.- Agrégase el siguiente inciso final en el artículo 62:

"Para los efectos de aplicar el crédito a que se refiere el artículo 63 de esta ley, se agregará un monto equivalente a éste para determinar la base imponible del mismo ejercicio del impuesto adicional y se considerará como suma afectada por el impuesto de primera categoría para el cálculo de dicho crédito.".

28.- En el artículo 63:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

"Artículo 63.- A los contribuyentes del impuesto adicional se les otorgará un crédito equivalente al monto que resulte de aplicar a las cantidades gravadas conforme a los artículos 58,60, inciso primero, y 61, la misma tasa de primera categoría que las afectó.";

b) Sustitúyese en el inciso segundo la expresión "14 bis y 20 bis" por "14 y 14 bis", Y

c) Agrégase el siguiente inciso final:

"Los créditos o deducciones que las leyes permiten rebajar de los impuestos establecidos en esta ley y que dan derecho a devolución del excedente se aplicarán a continuación de aquéllos no susceptibles de reembolso.".

29.- Reemplázase en el artículo 74, número 4º, inciso primero, la última parte que; comienza con las palabras "Tratándose, de rentas" por la siguiente:

No obstante, tratándose de la remesa, retiro, distribución o pago de utilidades o de las cantidades retiradas o distribuidas a que se refiere el artículo 14 bis, la retención se efectuará con tasa del 35%, con deducción del crédito establecido en el artículo 63. En el caso de dividendos pagados por sociedades anónimas o en comandita por acciones, si la deducción del crédito resultare indebida o parcialmente, la sociedad deberá restituir al fisco el Crédito deducido en exceso, por cuenta del contribuyente de impuesto adicional. Esta cantidad se pagará reajustada en la proporción de la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al de la retención y el último día del mes anterior a la presentación de la declaración de impuesto a la renta de la sociedad anónima, oportunidad en la que deberá realizar la restitución.".

30.- En el artículo 84:

a) Sustitúyese la letra a) por la siguiente:

"a) Un porcentaje sobre el monto de los ingresos brutos mensuales, percibidos o devengados por los contribuyentes que desarrollen las actividades a que se refieren los números 1º letra a), inciso décimo de la letra b) e inciso final de la letra d), 3º,4º Y 5º del artículo 20, por los contribuyentes del artículo 34 número 2º, y 34 bis número 1º, que declaren impuestos sobre renta efectiva. Para la determinación del monto de los ingresos brutos mensuales se estará a las normas del artículo 29.

El porcentaje aludido en el inciso anterior se establecerá sobre la base del promedio ponderado de los porcentajes que el contribuyente debió aplicar a los ingresos brutos mensuales del ejercicio comercial inmediatamente anterior, pero debidamente incrementado o disminuido en la diferencia porcentual que se produzca entre el monto total de los pagos provisionales obligatorios, actualizados conforme al artículo 95, y el monto total del impuesto de primera categoría que debió pagarse por el siguiente indicado, sin considerar el reajuste del artículo 72.

Si el monto de los pagos provisionales obligatorios hubiera sido inferior al monto del impuesto anual indicado en el inciso anterior, la diferencia porcentual incrementará el promedio de los porcentajes de pagos provisionales determinados. En el caso contrario, dicha diferencia porcentual disminuirá en igual porcentaje el promedio aludido.

El porcentaje así determinado se aplicará a los ingresos brutos del mes en que se deba presentarse la declaración de renta correspondiente al ejercicio comercial anterior y hasta los ingresos brutos del mes anterior a aquél en que deba presentarse la próxima declaración de renta.

En los casos en que el porcentaje aludido en el inciso anterior no sea determinado, por haberse producido pérdidas en el ejercicio anterior o no pueda determinarse por tratarse del primer ejercicio comercial o por otra circunstancia, se considerará que dicho porcentaje es de un 1%.

Las ventas que se realicen por cuenta de terceros no se consideran, para estos efectos, como ingresos brutos. No se consideran entre los impuestos brutos las cantidades que el contribuyente reciba de su cliente como reembolso de pagos hechos por cuenta de dicho cliente, siempre que tales pagos y los reembolsos a que den lugar se comprueben con documentación fidedigna y se registren en la contabilidad debidamente individualizados y no en forma global o estimativa.";

b) Sustitúyese la letra d) por la siguiente:

"d) Salvo los contribuyentes mencionados en la letra a) de este artículo, los mineros sometidos a las disposiciones de la presente ley darán cumplimiento al pago mensual obligatorio, con las retenciones a que se refiere el número 6º del artículo 74";

c) Agrégase en la letra e), después de la expresión "34" el término bis;

d) Sustitúyese la letra f) por la siguiente:

"f) 0,2% del valor corriente en plaza de los vehículos, respecto de los contribuyentes mencionados en el número 3º Del artículo 34 bis que estén sujetos al régimen de renta presunta", y

e) Agrégase el siguiente inciso final:

Para los fines indicados en este artículo, no formará parte de los ingresos brutos el reajuste de los pagos provisionales contemplados en el Párrafo 3º de este Título.".

31.- Agrégase el siguiente artículo 86:

"Artículo 86.- Los contribuyentes que durante un ejercicio comercial obtengan ingresos brutos correspondientes a rentas total o parcialmente exentas del impuesto de primera categoría, y que no las hubieran obtenido en el ejercicio comercial anterior, podrán reducir la tasa de pago provisional obligatorio a que se refiere el artículo 84, letra a) en la misma proporción que corresponda a los ingresos exentos dentro de los ingresos totales de cada mes en que ello ocurra. La tasa así reducida se aplicará únicamente en el mes o meses en que se produzca la situación aludida.”.

32.- Sustitúyese el artículo 90 por el siguiente:

"Artículo 90.- Los contribuyentes de la primera categoría que en un año comercial obtuvieran pérdidas para los efectos de declarar dicho impuesto, podrán suspender los pagos provisionales correspondientes a los ingresos brutos del primer trimestre del año comercial siguiente. Si la situación de pérdida se mantiene en el primer, segundo y tercer trimestre de dicho ejercicio comercial, o se produce en alguno de los citados trimestres, podrán suspender los pagos provisionales correspondientes a los ingresos brutos del trimestre siguiente a aquél en que la pérdida se produjo. Producida utilidad en algún trimestre, deberán reanudarse los pagos provisionales correspondientes a los ingresos brutos del trimestre inmediatamente siguiente:

Los contribuyentes que se encuentren en situación de suspender los pagos provisionales mensuales deberán mantener un estado de pérdidas y ganancias acumuladas hasta el trimestre respectivo a disposición del Servicio pe Impuestos Internos. Este estado de pérdidas y ganancias deberá ajustarse de acuerdo a las reglas que esta ley establece para el cálculo de la renta líquida imponible de primera categoría, incluyendo la consideración de pérdidas de arrastre, si las hubiere, y los ajustes derivados del mecanismo de la corrección monetaria.

La confección de un estado de pérdidas y ganancias maliciosamente incompleto o falso, dará lugar a la aplicación del máximo de las sanciones contempladas en el artículo 97, número 4º, del Código Tributario, sin perjuicio de los intereses penales y reajustes que procedan por los pagos provisionales no efectuados".

Artículo 2º.- Las modificaciones de la ley sobre Impuesto a la Renta introducidas por el artículo 1 º de esta ley regirán para los años tributarios 1991 y siguientes, con las excepciones que se indican a continuación:

1º.- A contar del día 1 º del mes siguiente al de publicación de esta ley las de los números 16, respectos de los términos de giro que deban efectuarse desde esa fecha, 20, 29, 30, 31 Y 32. Respecto del número 30, lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo señalado en el artículo 8º transitorio de esta ley.

2º.- A contar del 12 de abril de 1990 las de los números 4 y 18.

3º.- Lo dispuesto en los números 6,14 y 15 regirá a contar del año tributario 1992 y se aplicará, en consecuencia, a los impuestos que correspondan declarar desde dicha oportunidad.

Artículo 3º.- Los contribuyentes que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 20, número 1º, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pasen a declarar renta efectiva sobre la base de contabilidad deberán registrar sus activos y pasivos en el balance inicial que debe confeccionar al 1º de enero del ejercicio en que queden sujetos al nuevo sistema, según las siguientes normas:

1.- Los terrenos agrícolas se registrarán por su avalúo fiscal a la fecha del balance o por su valor de adquisición reajustado de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición y el último día del mes anterior al balance, a elección del contribuyente.

2.- Los demás bienes físicos del activo inmovilizado se registrarán por su valor de adquisición o construcción, debidamente documentado y actualizado de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al de la adquisición o desembolso y el último día del mes anterior al del balance, deduciendo la depreciación normal que corresponda por el mismo período en virtud de lo dispuesto en el número 5º del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

3.-El valor de los bienes del activo realizable se determinará en conformidad con las normas del artículo 30 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de acuerdo con la documentación correspondiente, y se actualizará a su costo de reposición según las normas contenidas en el artículo 41 número 3º de la misma ley.

4.- Las plantaciones, siembras, bienes cosechados en el predio y animales nacidos en él, se valorizarán a su costo de reposición a la fecha del balance, considerando su calidad, el estado en que se encuentren, su duración real a contar de esa fecha, y su relación con el valor de bienes similares existentes en la misma zona.

5.- Los otros bienes del activo se registrarán por su costo o valor de, adquisición, debidamente documentado y actualizado en conformidad con las normas del artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

6.- Los pasivos se registrarán según su monto efectivo debidamente documentado y actualizado de acuerdo con las normas del artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Los pasivos que obedezcan a operaciones de crédito de dinero sólo podrán registrarse si se ha pagado oportunamente el impuesto de timbres y estampillas, a menos que se encuentren expresamente exentos de éste.

7.- La diferencia entre los activos y pasivos registrados en la forma antes indicada se considerará capital para todos los efectos legales o pérdida deducible en conformidad con el artículo 31 número 3º de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según corresponda.

Para todos los efectos tributarios; se presumirá que los activos incluidos en el balance inicial ha sido adquirido con ingresos que tributaron con anterioridad a la vigencia de esta ley.

El Servicio de Impuestos Interno podrá rebajar los valores registrados en el balance inicial, haciendo uso del procedimiento establecido en el artículo 64º del Código Tributario, en todos aquellos casos en que la valorización del contribuyente no cumpla los requisitos señalados en este artículo o no sea debidamente demostrada.

En su primera declaración acogida al sistema de renta efectiva el contribuyente deberá dar aviso al Servicio de Impuestos Internos de la circunstancia de estar sometido a dicho régimen, acompañando el balance inicial mencionado en el inciso primero de este artículo. La falta de este aviso hará aplicable el plazo de prescripción a que se refiere el inciso segundo del artículo 200 del Código Tributario.

Los ingresos que se perciban a contar del momento en que el contribuyente deba llevar contabilidad completa para determinar su renta, y que corresponda a contratos u operaciones celebrados con anterioridad a esa fecha, deberán ser considerados en el ejercicio de su percepción a menos que hubieran sido facturados y entregados los bienes o prestados los servicios, cuando el contribuyente estaba aún bajo el régimen de renta presunta, en cuyo caso se estará a las reglas generales sobre devengación.

Artículo 4º.- Los contribuyentes que, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 34 y 34 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pasen a declarar renta efectiva sobre la base de contabilidad deberán registrar sus activos y pasivos en el balance inicial que deben confeccionar al 1º de enero del ejercicio en que queden sujetos al nuevo sistema, según las siguientes normas:

1.- Los terrenos se registrarán por su avalúo fiscal a la fecha del balance o por su valor de adquisición reajustado de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición y el último día del mes anterior al balance, a elección del contribuyente.

2.- Los demás bienes físicos del activo inmovilizado se registrarán por su valor de adquisición o construcción, debidamente documentados, y actualizados de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al de la adquisición o desembolso y el último día del mes anterior al del balance, deduciendo la depreciación normal que corresponda por el mismo período en virtud de lo dispuesto en el número 5º del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Los contribuyentes del artículo 34 bis a que se refiere este artículo deberán registrar los vehículos motorizados de transporte de carga terrestre de acuerdo con su valor corriente en plaza, fijado por el Servicio de Impuestos Internos en el ejercicio anterior a aquel en que deban determinar su renta según contabilidad completa.

Ese valor deberá actualizarse por la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la publicación de la lista que contenga dicho valor corriente en plaza en el Diario Oficial y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que esa lista haya sido publicada. Los vehículos mencionados sólo podrán ser objeto de depreciación normal.

3.- El valor de los bienes del activo realizable se determinará en conformidad con las normas del artículo 30 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de acuerdo con la documentación correspondiente, y se actualizará a su costo de reposición según las normas contenidas en el artículo 41 número 3º de la misma ley.

4.- Los otros bienes del activo se registrarán por su costo o valor de adquisición, debidamente documentado y actualizado en conformidad con las normas del artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

5.- Los pasivos se registrarán según su monto efectivo debidamente documentado y actualizado de acuerdo con las normas del artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Los pasivos que obedezcan a operaciones de crédito de dinero sólo podrán registrarse si se ha pagado oportunamente el impuesto de timbres y estampillas, a menos que se encuentren expresamente exentos de éste.

6.- La diferencia entre los activos y pasivos registrados en la forma antes indicada se considerará capital para todos los efectos legales o pérdida deducible en conformidad con el artículo 31, número 3º, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según corresponda.

El Servicio de Impuestos Internos podrá rebajar los valores registrados en el balance inicial, haciendo uso del procedimiento establecido en el artículo 64 del Código Tributario, en todos aquellos casos en que la valorización del contribuyente no cumpla los requisitos señalados en este artículo o no sea debidamente demostrada.

En su primera declaración acogida al sistema de renta efectiva el contribuyente deberá dar aviso al Servicio de Impuestos Internos de la circunstancia de estar sometido a dicho régimen, acompañando el balance inicial mencionado en el inciso primero de este artículo. La falta de este aviso hará aplicable el plazo de prescripción a que se refiere el inciso segundo del artículo 200 del Código Tributario.

Los ingresos que se perciban a contar del momento en que el contribuyente deba llevar contabilidad completa para determinar su renta, y que correspondan a contratos u operaciones celebrados con anterioridad a esa fecha, deberán ser considerados en el ejercicio de su percepción a menos que hubieran sido facturados y entregados los bienes o prestados los servicios, cuando el contribuyente estaba aún bajo el régimen de renta presunta, en cuyo caso se estará a las reglas generales sobre devengación.

Artículo 5º.- Facúltase al Presidente de la República para dictar, mediante decreto supremo que llevará las firmas de los Ministros de Hacienda y de Agricultura, un Reglamento de Contabilidad Agrícola. Dicho Reglamento derogará los reglamentos de Contabilidad Agrícola que estén en vigencia:

Facúltase al Presidente de la República para que, mediante decreto supremo que llevará las firmas de los Ministros de Hacienda y de Minería establezca las normas para determinar la parte del valor de las pertenencias mineras que se incluirá en el costo directo del mineral extraído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En todo caso, al establecer el valor inicial de la pertenencia deberá excluirse de éste la parte que proporcionalmente corresponda al mineral que, se haya extraído hasta ese momento.

Artículo 6º.- Deróganse los artículos 1º y 2º transitorios de la Ley Nº 18.775, eliminándose sus efectos a contar del año tributario 1991.

Artículo 7º.- a) Agrégase el siguiente artículo 75 bis al Código Tributario: "Artículo 75 bis.- En los documentos que den, cuenta del arrendamiento o cesión temporal en cualquier forma, de un bien raíz agrícola, el arrendador o cedente deberá declarar si es un contribuyente del impuesto de primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta que tributa sobre la base de renta efectiva o bien sobre renta presunta.

Los Notarios no autorizarán las escrituras públicas o documentos en los que falte la declaración a que se refiere el inciso anterior.".

b) Sustitúyese el artículo 5º del decreto ley Nº 993, por el siguiente:

"Artículo 5º.- El contrato de arrendamiento que recaiga sobre la totalidad

o parte de un predio rústico, sólo podrá pactarse por escritura pública o privada, siendo necesario en este último caso, la presencia de dos testigos mayores de dieciocho años, quienes individualizados, lo suscribirán en dicho carácter.

El arrendador deberá declarar en la misma escritura, sea pública o privada, si está afecto al impuesto de primera categoría sobre la base de renta efectiva determinada por contabilidad completa, o sujeto al régimen de renta presunta para efectos tributarios.

La falta de esta declaración impide que el documento en que conste el contrato, pueda hacerse valer ante autoridades judiciales y administrativas, y no tendrá mérito ejecutivo, mientras no se acredite mediante escritura complementaria, la constancia de la declaración referida.".

Artículo 8º.- Apruébase el siguiente texto de la ley de donaciones con fines culturales:

"Artículo 1º.- Para los fines de esta ley se entenderá por:

1) Beneficiarios, a las universidades e institutos profesionales estatales y particulares reconocidos por el Estado, y a las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro cuyo objeto exclusivo sea la investigación, desarrollo y difusión de la cultura y el arte, y que se encuentren inscritas en el registro que para este efecto llevará el Ministerio de Educación.

2) Donantes, a los contribuyentes que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley sobre Impuesto a la Renta, declaren sus rentas efectivas, según contabilidad completa, y tributen de acuerdo con las normas del impuesto de primera categoría, así como también, aquellos que estén afectos al impuesto global complementario que declaren igual tipo de rentas, que efectúen donaciones a Beneficiarios según las normas de esta ley.

Se excluye de este número a las empresas del Estado y a aquellas en las que el Estado, sus organismos o empresas o las municipalidades, tengan una participación o interés superior al 50% del capital.

3) Proyecto, el plan o programa de actividades específicas culturales o artísticas que el Beneficiario se propone realizar dentro de un tiempo determinado. El proyecto puede referirse a la totalidad de las actividades que el Beneficiario desarrollará en ese período, en cuyo caso se denominará proyecto general, o bien sólo a alguna o algunas de ellas.

4) Reglamento, el que deberá dictar el Presidente de la República, con las firmas de los Ministros de Hacienda y Educación, conteniendo las normas para la ejecución de lo dispuesto en esta ley.

Artículo 2º.- Los Donantes que hagan donaciones en dinero a Beneficiarios, en las condiciones y para los propósitos que se indica en los artículos siguientes, tendrán derecho a un crédito equivalente al 50% de tales donaciones en contra de sus impuestos de primera categoría o global complementario, según el caso.

El crédito de que trata este artículo sólo podrá ser deducido si la donación se encuentra incluida en la base de los respectivos impuestos correspondientes a las rentas del año en que se efectúo materialmente la donación.

En ningún caso el crédito por el total de las donaciones de un contribuyente podrá exceder del 2% de la renta líquida imponible del año o del 2% de las renta imponible del impuesto global complementario.

Las donaciones de que trata este artículo, en la parte que den derecho al crédito, se reajustarán en la forma establecida para los pagos provisionales obligatorios, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a contar de la fecha en que se incurra en el desembolso efectivo. En ningún caso las donaciones referidas en esta ley serán un gasto necesario para producir la renta. Sin perjuicio de lo anterior, no se les aplicará lo dispuesto en el artículo 21, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Las donaciones mencionadas estarán liberadas del trámite de insinuación y quedarán exentas del impuesto que grava a las herencias y donaciones.

Artículo 3º.- Sólo darán derecho al crédito establecido en el número anterior de las donaciones que cumplan los siguientes requisitos:

1) Haberse efectuado a un Beneficiario para que éste destine el dinero donado a un determinado proyecto, debidamente aprobado según lo dispuesto en el artículo siguiente.

2) Que el Beneficiario haya dado cuenta de haber recibido la donación mediante un certificado que contendrá las especificaciones y se extenderá con las formalidades que señale el Reglamento. El certificado deberá extenderse en por lo menos tres ejemplares, en formularios impresos, timbrados por el Servicio de Impuestos Internos. Uno de los ejemplares se entregará al Donante, otro deberá conservarlo el Beneficiario y el tercero ser guardado por este último a disposición del Servicio de Impuesto Internos.

Artículo 4º.- Para poder recibir donaciones con el efecto prescrito en el artículo 22 de esta ley, los Beneficiarios deberán cumplir las siguientes condiciones.

1) Ser calificados por el Ministerio de Educación como Beneficiarios y estar inscritos en el registro respectivo, de conformidad con las normas que establezca el Reglamento.

Esta calificación será otorgada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación del domicilio del interesado, y sólo a petición de este último. De la resolución calificatoria se podrá pedir reconsideración ante el Ministro de Educación.

2) Tener aprobado por el Ministerio de Educación uno o más proyectos respecto de los cuales se recibirán las donaciones.

La aprobación del o los proyectos corresponderá también a la Secretaría Regional Ministerial de Educación del domicilio del Beneficiario.

3) El proyecto podrá referirse a la adquisición de bienes corporales destinados permanentemente al cumplimiento de las actividades del Beneficiario, a gastos específicos con ocasión pe actividades determinadas o para el funcionamiento de la institución beneficiaria.

Los bienes corporales muebles adquiridos con donaciones recibidas para un proyecto no podrán ser enajenados sino después de dos años contados desde su adquisición. Los inmuebles sólo podrán ser enajenados después de cinco años. El producto de la enajenación de unos y otros sólo podrá destinarse a otros proyectos del Beneficiario. En el caso de los inmuebles el dinero que se obtenga por su enajenación deberá dedicarse a la adquisición de otro u otros bienes raíces que deberán destinarse permanentemente al cumplimiento de las actividades del Beneficiario. Estos inmuebles estarán también sujetos a las normas de este número.

En las escrituras públicas donde conste la adquisición de inmuebles pagados total o parcialmente con recursos provenientes de donaciones acogidas a esta ley, deberá expresarse dicha circunstancia.

4) Los proyectos deberán contener una explicación detallada de las actividades y de las adquisiciones y gastos que requerirán.

El reglamento determinará la información que debe contener cada proyecto cuya aprobación se solicite según el número 2) de este artículo.

5) Cuando los proyectos incluyan la realización de exposiciones de pintura, fotografía, escultura, colecciones de objetos históricos y otras similares, y de funciones o festivales de cine, teatro, danza o ballet, conciertos, y otros espectáculos culturales públicos, la asistencia a los mismos deberá será gratuita y estar abierta al público en general.

6) En ningún caso un proyecto podrá considerar un lapso superior a dos años, contado desde la respectiva aprobación por el Ministerio de Educación.

Artículo 5º.- Los Beneficiarios deberán preparar anualmente un estado de las fuentes y uso detallado de los recursos recibidos en cada proyecto, los que deberán resumirse en un estado general. El Reglamento determinará la información que deberá incluirse en dichos estados y la forma de llevar la contabilidad del Beneficiario para estos efectos.

Dentro de los tres primeros meses de cada año los Beneficiarios deberán remitir un ejemplar del estado de fuentes y usos general de las donaciones recibidas en el año anterior, a la Dirección Regional del Servicio correspondiente a su domicilio. El estado general deberá ser acompañado de una lista de todos los donantes que efectuaron las donaciones, indicando su RUT, domicilio, fecha, cantidad y número de certificado, de cada una de ellas.

Si el Beneficiario no cumple lo ordenado en el inciso anterior, será sancionado en la forma prescrita en el número 2) del artículo 97 del Código Tributario. Los administradores o representantes legales del Beneficiario serán solidariamente responsables de las multas que se establezcan por aplicación de este inciso.

Artículo 6º.- El Beneficiario que otorgue certificados por donaciones que no cumplan las condiciones establecidas en esta ley o que destine el dinero de las donaciones a fines no comprendidos en el proyecto respectivos, deberá pagar al Fisco el impuesto equivalente al crédito utilizado por el donante de buena fe. Los administradores o representantes del Beneficiario serán solidariamente responsables del pago de dicho tributo y. de los reajustes, intereses y multas que se determinen, a menos que demuestren haberse opuesto a los actos que dan motivo a esta sanción o que no tuvieron conocimiento de ellos.

Artículo 7º.- Las donaciones hechas en conformidad con esta ley no podrán acogerse a lo dispuesto en el artículo 69 de la ley Nº 18.681.".

Artículo 9º.- Facúltase al Presidente de la República para dictar mediante decreto supremo, que llevará las firmas de los Ministros de Hacienda y de Agricultura, un Reglamento de Devolución del Impuesto al Valor Agregado a los pequeños agricultores y pescadores artesanales.

Este Reglamento incluirá la creación de un catastro o registro nacional de personas naturales que, debidamente definidas por dicho Reglamento y calificadas por el Servicio de Impuestos Internos, puedan acogerse al beneficio de la devolución del Impuesto al Valor Agregado que hubieren pagado al adquirir bienes o utilizar servicios destinados a su actividad hasta el monto del impuesto originado en sus ventas, debidamente acreditadas con la factura de compra que les emitan los adquirentes de sus productos.

Para el cumplimiento de las funciones de control que esta norma genere se faculta al Presidente de la República para incrementar hasta 15% la planta fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos.

Artículo 1º transitorio.- La disposición del artículo 14 letra A, número 3, d), se aplicará tomando en consideración las rentas tributables de los ejercicios anteriores al de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, con derecho al crédito que corresponda de acuerdo a la tasa del impuesto de primera categoría que haya gravado dichas rentas, y dando aplicación también a lo señalado en el inciso segundo del artículo 2º de la ley Nº 18.293 Y en el artículo 3º transitorio de la Ley Nº 18.775.

Artículo 2º transitorio.- La tasa del impuesto de primera categoría establecida en el artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, será de 15% para los años comerciales 1991, 1992 Y 1993, afectando, por consiguiente, las rentas que se perciban, devenguen o retiren en dichos períodos.

Artículo 3" transitorio.- Las actividades agrícolas, de minería y de transportes quedarán sujetas a las siguientes reglas para el año comercial 1991:

a) Los contribuyentes que desarrollaban actividades agrícolas al 31 de diciembre de 1989, o que las desarrollen al 31 de diciembre de 1990, para determinar si quedan obligados a declarar el impuesto de primera categoría sobre su renta efectiva, determinadas según contabilidad completa, deberán aplicar las normas de los incisos cuatro, sexto, séptimo y final del artículo 20, número 1, letra b), de la Ley Impuesto a la Renta respecto de cada uno de esos años.

b) Los contribuyentes que desarrollaban actividades de minería al 31 de diciembre de 1989, o que las desarrollen al 31 de diciembre de 1990, para determinar si quedan obligados a declarar el impuesto de primera categoría sobre su renta efectiva según contabilidad completa, deberán aplicar las normas de los incisos primero, tercero, cuarto y final del artículo 34, número 2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta respecto de cada uno de esos años.

c) Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 1989 desarrollaban actividades de transporte, o que las desarrollen al 31 de diciembre de 1990, para determinar si quedan obligados a declarar el impuesto de primera categoría sobre su renta efectiva, determinada según contabilidad completa, deberán aplicar las normas del artículo 34 bis, número 3, de la Ley sobre Impuesto a la Renta respecto de cada uno de esos años.

Artículo 4º transitorio.- Los contribuyentes que, como consecuencia de las normas introducidas en el artículo 20, número 1, letras a) y b), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pasen a declarar la renta efectiva proveniente de la explotación de bienes raíces agrícolas, a contar del año comercial 1991, se sujetarán a las siguientes reglas:

1.- Los contribuyentes que, para los efectos contemplados en el artículo 71 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, llevaban contabilidad completa en libros autorizados y timbrados por el Servicio de Impuestos Internos con anterioridad al 31 de diciembre de 1989, podrán continuar llevando su contabilidad en dichos libros, sin perjuicio de las facultades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos respecto de la información en ellos contenida y de la documentación en que se sustente.

2.- Los contribuyentes que no se encuentren en la situación indicada en el número precedente, deberán ceñirse a las normas del Reglamento de Contabilidad Agrícola contenido en el Decreto Supremo número 323, de 198º, del Ministerio de Hacienda, aplicables a los contribuyentes que llevan contabilidad completa.

3.- Los contribuyentes señalados en los números anteriores deberán sujetarse además a las siguientes normas:

a) Su balance inicial de activos y pasivos deberá confeccionarse al 1º de enero de 1991, ciñiéndose a las normas .del artículo 3º de la presente ley, con los ajustes contables que correspondan.

b) El aviso y presentación del balance inicial al Servicio de Impuestos Internos, a que se refiere el inciso tercero del artículo 3º antes citado, deberá efectuarse dentro de los cuatro primeros meses de 1991.

c) Una vez que se dicte el Reglamento de Contabilidad Agrícola a que se refiere el artículo 5º de esta ley, deberán ajustar sus registros contables de acuerdo a las disposiciones que dicho reglamento establezca.

Artículo 5º transitorio.- La primera enajenación de los predios agrícolas que, después del 1º de enero de 1990, efectúen contribuyentes que a contar del 1º de enero de 1991 deban tributar sobre renta efectiva determinada según completa, de acuerdo a las reglas del artículo 20, número 1, letra b), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según el texto introducido por esta ley, se sujetará a las siguientes normas:

1.- El valor de enajenación, incluido el reajustado del saldo de preciso, tendrá el carácter de ingreso no constitutivo de renta hasta la concurrencia de cualquiera de las siguientes cantidades a elección del contribuyente:

a) El valor de adquisición del predio respectivo reajustado en el porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición y el último día del mes anterior a la enajenación.

b) Su avalúo fiscal a la fecha de enajenación.

c) El valor comercial del predio determinado según la tasación que, para este sólo efecto, practique el Servicio de Impuestos Internos. El contribuyente podrá reclamar de dicha tasación con arreglo a las normas del artículo 64 del Código Tributario. La norma de esta letra no se aplicará a las enajenaciones que se efectúen con posterioridad a la entrada en vigencia de la primera tasación de bienes raíces de la primera serie, que se haga con posterioridad a la publicación de esta ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la ley Nº 17.235.

d) El valor comercial del predio, incluyendo sólo los bienes que contempla la ley Nº 17.235 determinado por una Firma Evaluadora registrada en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, para los propósitos contemplados en el artículo 20 de la Ley General de Bancos y 13 bis de la Ley Orgánica de la misma Superintendencia, o por una Sociedad Tasadora de Activos, según lo señalado en el número 2 de éste artículo. Si esta tasación supera el evalúo fiscal del predio, lo modificará para los efectos del impuesto territorial a partir del 1º de enero del año siguiente a aquél en que se efectué.

El mayor valor que representa la tasación que se refiere esta letra, se registrará en el activo separadamente de los bienes tasados, con abono a una cuenta especial de patrimonio.

No podrán efectuarse disminuciones de capital ni distribuciones con cargo a las valorizaciones de que trata esta letra.

En caso de la primera enajenación de predios tasados o de enajenaciones posteriores efectuadas dentro del plazo de tres años, contado desde la primera enajenación que ocurra después de comenzar a tributar según contabilidad completa, no podrá deducirse como pérdida la parte que corresponda a la valorización indicada en el contrato respectivo el enajenante deberá dejar constancia de la parte del precio que corresponda a tal valorización.

Toda tasación practicada en conformidad con esta letra deberá ser comunicada por la firma evaluadora o tasadora mediante carta certificada al interesado y a la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos del domicilio de aquél.

Las firmas evaluadoras o tasadoras a que se refiere esta letra serán solidariamente responsables con los contribuyentes respectivos por las diferencias de impuestos, reajustes, intereses y multas, que se determinen en contra de aquellos en razón de valorizaciones hechas en forma dolosa o negligente. Para estos efectos, las citaciones o liquidaciones que se practiquen al contribuyente deberán notificarse, además, a la firma evaluadora o tasadora respectiva.

2.- La opción de valorización establecida en la letra d) anterior sólo podrá ser efectuada por una Sociedad Tasadora de Activos autorizada por el Servicio de Impuestos Internos o una Firma Evaluadora.

El Presidente de la República dictará un Reglamento que contendrá las normas aplicables a estas entidades, tanto en su formación como en su operación.

Las Tasadoras de Activos deberán estar organizadas como sociedades de personas cuyo único objeto será la realización de valorizaciones para los fines contemplados en este artículo, en el artículo 6º transitorio, letra b) y el artículo 7º transitorio, número 4, de este ley. Dichas sociedades deberán estar formadas exclusivamente por personas naturales, con un máximo de diez. El capital pagado de estas sociedades deberá ser igualo superior a 800 unidades tributarias mensuales al momento de su constitución.

3.- Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las enajenaciones que se hagan a las sociedades o empresas indicadas en el inciso cuarto, del número 8, del artículo 17, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

4.- Las enajenaciones del todo o parte de predios agrícolas, efectuadas durante 1990 y 1991 por los contribuyentes referidos en este artículo, obligarán al adquirente de dichos predios a tributar en conformidad con lo dispuesto en la letra a) del número 1 del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

5.- Para los efectos señalados en la letra d) anterior, se amplía el objeto de las firmas evaluadoras registradas en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en el sentido que les corresponderá, también, tasar predios agrícolas sujetos a la aplicación de esa norma, así como efectuar las tasaciones a que se refiere la letra b) del artículo 6º transitorio y el número 4 del artículo 7º transitorio de esta Ley.

Artículo 6º transitorio.- Los contribuyentes que en el año 1991 pasen al régimen de renta efectiva según contabilidad, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 20, número 1, letra b) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, establecida por esta ley:

a) Tendrán derecho por una sola vez a revalorizar los bienes mencionados en el número 3º de esta ley, de acuerdo con su valor comercial y hasta por un monto que no exceda en más de un 50% del valor de dichos bienes registrados en el balance inicial.

El mayor valor que resulte de la revalorización indicada en el inciso precedente quedará efecto a un impuesto único de 8%, que se declarará y pagará por el contribuyente dentro de los doce primeros días del mes siguiente a aquél en que se haga la revalorización.

La revalorización de que trata este artículo deberá practicarse al momento de la confección del balance inicial mencionado en el artículo 3º inciso primero de esta ley, e incorporarse a él. El detalle de dicha revalorización deberá presentarse conjuntamente con el balance, en la oportunidad que indica la letra b) del número 3 del artículo 4º transitorio de esta ley.

En caso de enajenación de bienes que hayan sido revalorizados de acuerdo con este artículo, para determinar el resultado de dicha operación no se admitirá la deducción de aquella parte del valor contabilizado de los bienes que proporcionalmente corresponda a la revalorización b) No obstante, los bienes físicos del activo inmovilizado que no sean plantaciones, animales ni predios, podrán revalorizarse alternativamente de conformidad con las normas, limitaciones y procedimientos establecidos en el artículo 5º transitorio, número 1 letra d), hasta por el valor de reposición nuevo de cada activo o el de otro de características similares si estuviera descontinuado, menos la depreciación normal ocurrida desde su elaboración y menos la estimación de los daños que presente. Los activos así revalorizados sólo podrán ser objeto de depreciación normal.

No podrán deducirse las pérdidas que resulten de la destrucción o la primera enajenación de bienes que se acojan a la valorización contenida en esta letra, en la parte que corresponda a ella. Tampoco se podrá deducir las pérdidas que resulten de enajenaciones o destrucciones posteriores de esos bienes hasta por el plazo de tres años contado desde la primera enajenación que ocurra después de comenzar a tributar según contabilidad completa. El enajenante deberá informar al adquirente en el contrato respectivo la parte del precio que corresponda a la valorización hecha en conformidad con esta letra.

Artículo 7º. Transitorio.- Los contribuyentes que, como consecuencia de las normas introducidas en los artículos 34 y 34 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pasen a declarar la renta efectiva proveniente de actividades mineras o de transporte, a contar del año comercial 1991, se sujetarán a las siguientes reglas:

1.- Los contribuyentes que, para los efectos contemplados en el artículo 71 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, llevaban contabilidad completa en libros autorizados y timbrados por el Servicio de Impuestos Internos con anterioridad al 31 de diciembre de 1989, podrán continuar llevando su contabilidad en dichos libros, sin perjuicio de las facultades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos respecto de la información en ellos contenida y de la documentación en que se sustente.

2.- Los contribuyentes que no se encuentren en la situación indicada en el número precedente, deberán ceñirse a las normas y principios contables generales aplicables a los contribuyentes que lleven contabilidad completa, sin perjuicio de las normas tributarias pertinentes.

3.- Los contribuyentes señalados en los números anteriores deberán sujetarse, además, a las siguientes normas:

a) Su balance inicial de activos y pasivos deberá confeccionarse al 1 Q de enero de 1991, y deberán ceñirse a las normas del artículo 4º de la presente ley, con los ajustes contables que correspondan.

b) El aviso y presentación del balance inicial al Servicio de Impuestos Internos, a que se refiere el inciso tercero del artículo 4º antes citado, deberá efectuarse dentro de los cuatro primeros meses de

1991.

4.- Estos contribuyentes podrán valorizar los bienes del activo físico inmovilizado que no sean terreno, pertenencias mineras .ni vehículos de transporte de carga terrestre según las normas, en la forma y con las limitaciones establecidas en la letra b) del artículo 6º transitorio.

5.- Las enajenaciones del todo o parte de pertenencias mineras, efectuadas durante 1990 y 1991 por los contribuyentes referidos en este artículo, obligarán al adquirente de dichas pertenencias a tributar en conformidad con lo dispuesto en el número 2 del artículo 34 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Articulo 8º transitorio.- Los contribuyentes a que se refiere el artículo 84 letra a) de la Ley sobre Impuesto a la Renta deberán comenzar a efectuar pagos provisionales mensuales, de acuerdo con el nuevo texto de esta disposición, por los ingresos brutos percibidos o devengados a contar del día primero del mes siguiente al de publicación de esta ley en el Diario Oficial. Para estos efectos la tasa que aplicará cada contribuyente será equivalente a la que tuvo para efectuar pagos provisionales por el mes de diciembre de 1988, incrementada en 50%. Cuando el contribuyente no hubiera efectuado pagos provisionales en ese mes, o si por otra causa no fuera posible establecer la tasa aplicable de dicho mes, la tasa que se aplicará sobre los referidos ingresos será 1,5%. Las tasas que establece este artículo se aplicarán y mantendrán hasta los ingresos que se obtengan en el mes anterior a aquel en que deba presentarse la declaración anual de impuestos a la renta para el año tributario 1991.

Por los ingresos brutos percibidos o devengados entre los meses de abril de 1991 y marzo de 1992, se aplicará la tasa que resulte de la relación porcentual que se determine entre el impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta que afecte al contribuyente por el año tributario 1991 y los ingresos brutos que correspondan al mismo período incrementada en un 50%. En caso que la norma anterior no sea aplicable, la tasa de pagos provisionales obligatorios será de 1,5%, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

La tasa de pagos provisionales mensuales que, en conformidad con el artículo 84 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, deba aplicarse entre los meses de abril de 1994 y marzo de 1995, se rebajará en 33%. Las tasas establecidas en las letras c), e) y f), del artículo 84 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se incrementará en 50% en los años comerciales 1991, 1992 y 1993. Del mismo modo, las tasas a que se refiere el artículo 74 número 6 de la ley citada deberán incrementarse en 50% en esos mismos años respecto de los mineros que no estén comprendidos en el artículo 23 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Articulo 9º transitorio.- A contar del día 1º del mes siguiente al de publicación de esta ley en el Diario Oficial y hasta el 31 de diciembre de 1993, inclusive, la tasa de Impuesto al Valor Agregado contemplado en el artículo 14 del decreto ley Nº 825, de 1974, será de 18%, la que se aplicará a los impuestos que se devenguen entre dichas fechas.".

Sala de la Comisión, a 9 de mayo de 1990.

Acordado en sesión de fecha 8 de mayo de 1990, con asistencia del señor Longueira (Presidente), Matthei, doña Evelyn y señores Arancibia, Cerda, Devaud, Estévez, Huenchumilla, Munizaga, Palma, don Andrés, Ramírez, Ringeling, Sota y Valcarce.

Se designó Diputado Informante al señor ESTEVEZ, don Jaime.

(Fdo.): Javier Rosselot Jaramillo, Secretario de la Comisión.

1.6. Discusión en Sala

Fecha 10 de mayo, 1990. Diario de Sesión en Sesión 19. Legislatura 319. Discusión Particular. Se aprueba en particular.

REFORMA TRIBUTARIA. PROYECTO DE LEY EN SEGUNDO TRÁMITE REGLAMENTARIO.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo trámite reglamentario, sobre reforma tributaria.

-El texto del segundo informe de la Comisión de Hacienda, que aparece en el boletín N° 17-05 (90), es el siguiente:

-El proyecto aparece incluido en el Segundo Informe de la Comisión de Hacienda, que figura en el N° 3 de los Documentos de la Cuenta.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado informante es el señor Jaime Estévez .

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211 del Reglamento, se declaran aprobadas, sin votación, todas las disposiciones que la Comisión menciona y que no han sido objeto de indicaciones en la discusión del primer informe, ni de modificaciones en el segundo, el cual se encuentra en poder de los señores Diputados. En la página N° 7 del segundo informe aparece la numeración correspondiente al primer informe; no la del segundo, porque cambió la numeración.

Daré lectura a lo que allí figura. En consecuencia, se dan por aprobados: el artículo 1°, N° 2; letra b) del N° 2; N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, letras a) y b), con excepción de los incisos sexto y séptimo; N° 8, N° 9, N° H, con excepción de la letra d); N° 12, N° 14, letras a), b) y e); N° 15, con excepción de los incisos sexto y séptimo; Nos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; 24, letra b); N°s. 25, 27, 28, 29, 30, letras b), c), d) y e); N° 31, N° 32; el artículo 3° del proyecto con excepción de los N°s. 6 y 7; los artículos 5°, 6°, 7°, 8°; y los artículos 2°, 4°, 6° y 9° transitorios, con excepción de la letra b) del artículo 6°.

Esto que parece una numeración poco comprensible, se irá aclarando con el informe del Diputado señor Estévez , y con la discusión particular del articulado.

Antes de ceder la palabra al Diputado Informante, debo señalar que existen algunas disposiciones de este proyecto de ley, tanto nuevas -que vienen en el segundo informe- como aquellas que figuraban en el proyecto remitido á la Comisión por la Sala, cuya decisión sobre su admisibilidad quedó pendiente, materias que deberán ser planteadas en el momento de la discusión.

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Estévez para exponer el informe del proyecto.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, dada la complejidad del texto en discusión, no repetiré en este informe la fundamentación general de todos sus puntos. Por lo tanto, me concretaré a señalar las nuevas disposiciones introducidas al informe ya aprobado en general, y a las enmiendas que se introdujeron a disposiciones anteriores.

Como muy bien lo ha expresado el señor Presidente, se plantearon otras indicaciones, que no fueron acogidas por la Comisión y que, eventualmente, podrían dar lugar a debate si fueran renovadas en la Sala. No haré mención de ellas, salvo que se produzca debate, para poder aclarar los puntos.

Las nuevas disposiciones introducidas, como está planteado en el texto que los señores Diputados tienen en su poder, son cuatro: la primera dice relación con lo que podría denominarse, para simplificar la exposición, como un sueldo patronal. Esto es, la posibilidad de que los comerciantes, los transportistas, y los empresarios que así lo estimen conveniente, impongan y tengan pagos de salud y previsión por un monto opcional, hasta un máximo que la ley determine. Para los efectos de impuesto, esto debe ser considerado como sueldo; es decir, como de segunda categoría y deducido de la primera categoría.

Esta idea fue propuesta originalmente a la Comisión por la Confederación del Comercio Detallista. Luego, fue acogida en la forma que aparece acá. Se me ha informado que el señor Ministro de Hacienda le ha otorgado el patrocinio, porque, naturalmente, se trata de una iniciativa que altera el proyecto. Debo precisar que la idea original de los pequeños comerciantes consistía en que fuera obligatorio para sus afiliados tener previsión. Eso no es posible concretarlo en este proyecto de ley, pues, necesariamente, daría lugar a una reforma de la previsión chilena. Aquí simplemente se ha facultado, en el caso de aquellos que voluntariamente lo hagan, para deducir de la primera categoría este monto y tratarlo como sueldo para todos los efectos legales. Esa disposición aparece en lo que se menciona como "Disposiciones propuestas en el primer informe modificadas mediante indicaciones", porque fue una modificación a un artículo. Está en la página 3, letra e), y se relaciona con la introducción de dicho concepto. Sin embargo, el hecho de incluirlo, ha llevado a la necesidad de crear un nuevo número, por problemas de concordancia legal. Se trata del nuevo N° 23 del proyecto definitivo. En síntesis - no quiero extenderme, por la complejidad del tema-, el primer número nuevo, el 23, aparece como un elemento nuevo, producto de la introducción del concepto de sueldo patronal, que se incluye más adelante como enmienda.

El segundo punto introducido como nueva disposición, cuenta también con el patrocinio del Ejecutivo. Consiste en una aclaración, respecto de la base imponible, en el caso del impuesto adicional que pagan las empresas extranjeras que retiran utilidades del país o las remesan a él. Esta aclaración, en realidad, señala un punto casi obvio: que la base imponible es la anterior a la aplicación del impuesto, porque éste se aplica sobre esa base imponible, y no sobre la posterior. Si bien el punto es relativamente claro, podía dar lugar a eventuales juicios el día de mañana. Por ello, se ha preferido una disposición aclaratoria en tal sentido.

Quiero aclarar que esas dos modificaciones, al igual que los otros dos casos de disposiciones nuevas introducidas, fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión y prácticamente no fueron objeto de debate dentro de ella.

El tercer punto, es el que reemplaza al artículo 9°. Como informaremos posteriormente, su primera versión fue suprimida y ahora queda en el texto cómo propuesta de artículo 9a. Este recoge la idea planteada en esta Sala y en la Comisión, de permitir la devolución del IVA a los pequeños agricultores y pescadores artesanales. Esta propuesta, planteada por diversos señores parlamentarios, fue analizada en la Comisión y acogida por unanimidad. Se consideró que la devolución del IVA a los pequeños agricultores y pescadores artesanales era una idea justa. Sin embargo, se vio que esto presentaba una dificultad de reglamentación, para normar con exactitud quiénes son pequeños agricultores, quiénes son artesanales, en qué momento, cómo, en fin. Se trata de una materia compleja. Además, creaba dificultades a la actual planta fiscalizadora de Impuestos Internos, la que no podría revisar o controlar el que esta disposición no se prestare, con los millones de facturas incluidas, para una evasión tributaria, dada la magnitud del impuesto.

Por estas consideraciones, la propuesta de la Comisión consiste en facultar al Presidente de la República para que, con la firma de los Ministros de Hacienda y de Agricultura, dicte un reglamento de devolución del IVA a los pequeños agricultores y pescadores artesanales. Se dan algunos elementos o normas básicas que debería incluir este reglamento; pero se entrega la facultad al Presidente de la República, de manera de subsanar estas dificultades prácticas.

Al mismo tiempo, se planteó que, si se otorgaba esta facultad, esto tendría una repercusión, razón por la cual también era necesario otorgar una facultad para modificar la planta fiscalizadora de Impuestos Internos.

No escapó al debate de la Comisión que este aspecto, y particularmente el último, podría ser objeto de rechazo en esta Sala por su eventual inadmisibilidad como propuesta de la Comisión. Pero ésta, como norma general, y dado el acuerdo que se ha producido en esta Sala en la sesión anterior dedicada a este tema, decidió no tratar los problemas de admisibilidad, legal o constitucional de las indicaciones, sino aprobarlas o rechazarlas de acuerdo con su contenido, y hacer presente a la Sala las cuestiones de procedencia.

La cuarta modificación al artículo 8° transitorio es inciso nuevo que resuelve un aspecto de carácter más bien técnico, relacionado con la forma de calcular los pagos provisionales mensuales cuando en lugar de renta presunta deba declararse renta efectiva. Como es sabido, en el primer informe, la Comisión de Hacienda modificó la fecha inicial en que se empezará tributar con renta efectiva, de acuerdo con las normas introducidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta. Originalmente, dicha fecha era abril de 1991; ahora es abril de 1992. De allí la necesidad de incluir esta disposición nueva, referente a la forma de calcular los pagos provisionales mensuales que deben hacer los contribuyentes entre los meses de abril de 1991 y marzo de 1992.

En las páginas 2, 3, 4, 5 y 6 del boletín se indican las disposiciones modificadas en virtud de indicaciones aprobadas en la Comisión. De ellas, en total 22, una gran mayoría fue aprobada por unanimidad, como lo veremos a continuación.

Muchas se refieren a aclaraciones o a correcciones de mera concordancia, es decir no dicen relación con la esencia del proyecto, sino con su perfeccionamiento.

Por ejemplo, la signada con la letra a) tiene por objeto reemplazar en el número 1 del artículo le, la frase "los artículos 14 bis y 20 bis", por la siguiente: "el artículo 14 bis". Se trata de un problema derivado de la derogación de otro artículo. En fin, es una modificación de concordancia.

La signada con la letra b), relativa al artículo 14, es también una norma de ese tipo. Se trata de un cambio de redacción, pues donde decía "valorización del capital", debe decir "revalorización del capital". Son enmiendas que tienden a hacer compatibles dos o más disposiciones, con el objeto de evitar problemas de interpretación.

Luego, la signada con la letra c), relativa al artículo 20, siempre en la misma línea, tiene que ver con un problema de mayor entidad. Se trata de precisar, en varias partes del texto, lo referente a la renta presunta. Para ello, donde se habla de "sociedades de personas", se dice ahora "sociedades, excluidas las anónimas abiertas,". Esta precisión implica incluir a las sociedades anónimas cerradas, para los efectos de los relacionamientos y de las sumatorias, en lo referente a la renta presunta y la renta efectiva.

Entiendo que el objetivo tenido en vista se concreta mejor con la definición de "sociedades, excluidas las anónimas abiertas" que con la definición anterior de "sociedades de personas."

Esta indicación se reitera con respecto a varias disposiciones.

La indicación siguiente (letra c), relativa al artículo 30, también se refiere a normas de valorización de activos y de cambios de renta presunta a renta efectiva, en el caso de la minería. Simplemente se trata de colocar en plural la expresión "la pertenencia respectiva", porque puede darse el caso de que la explotación conlleve más de una pertenencia. Para ser más preciso, se da mucho el caso de que la explotación declarada afecta a diversas pertenencias. Entonces, es también un problema de precisión de la idea aprobada.

La indicación signada con e), relativa al artículo 31, introduce el concepto de "sueldo patronal" que mencioné al principio al comentar la nueva disposición, y corresponde a una concordancia necesaria con esta otra que se está introduciendo acá.

La indicación signada con la letra f), relativa al artículo 33 bis de la Ley de Impuesto a la Renta, se refiere a la disposición que establece en favor de los contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría un crédito equivalente al 2 por ciento del valor de los bienes de capital. Precisa que dicho crédito no se aplicará respecto de los bienes contratados en "leasing", excepción que no estaba consignada expresamente en el primer informe. Ahora, se deja expresa constancia -y esto tiene relativamente mayor importancia- de que en estos casos no es la empresa de "leasing" la que obtiene el beneficio, sino la que está arrendando el bien con opción de compra, es decir, la que está haciendo propiamente la inversión en bienes de capital.

La indicación signada con la letra g) se refiere a las normas que permiten a las actividades mineras acogerse al régimen de renta presunta, y su fundamento tiene que ver con el hecho de que algunas de aquellas están referidas, por analogía, a la actividad agrícola. Es decir, se señala que se aplican a las actividades mineras aquellas normas referentes a las actividades agrícolas, en lo que corresponde. Con la modificación se aclara que para acogerse al beneficio no sólo deben darse las condiciones, sino también los requisitos señalados para la actividad agrícola. Esta es una precisión que no se había considerado necesaria; pero que ahora se ha querido incluir, con el propósito de especificar el carácter o la manera con que se aplican a la actividad minera las normas relativas a la actividad agrícola. Asimismo se hace el cambio ya mencionado "sociedades de personas", por “sociedades”, excluyendo las "anónimas abiertas".

El mismo cambio de concepto se hace con las indicaciones signadas con las letras h) e i).

La indicación signada con la letra j) tiene que ver con el derecho de deducir del global complementario créditos de primera categoría. La norma primitiva precisa que las personas naturales que sean socias de sociedades de personas pueden deducir del global complementario un crédito equivalente a las cantidades obtenidas por esas sociedades en su calidad de accionistas de sociedades anónimas o en comandita. Ahora, esta norma precisa que también aquellas personas que son socias de sociedades, que, a su vez, son socias de sociedades afectas a este impuesto tienen derecho a este crédito. O sea, es una precisión legal de la cadena y no solamente de relación directa. Al especificar la cadena que permite la deducción, naturalmente interpreta correctamente el sentido original de este beneficio.

Finalmente, dentro del artículo 1°, que contiene todas las modificaciones a la Ley de Impuesto a la Renta, se incluye la enmienda correspondiente al N° 29, cuya letra k) tiene por finalidad resolver cuestiones de concordancia y de redacción. Así, donde decía "inciso noveno" se dice ahora "inciso décimo", ya que se introdujo un inciso nuevo. Luego se eliminan expresiones y se agregan otras, por cuanto la redacción primitiva, sin esos cambios, podía dar lugar a que se interpretara que tendrían qué hacer pagos provisionales mensuales los rentistas de predios urbanos, lo que no es así. Entonces, se trata de corregir un error de inclusión de una letra en la primera parte del artículo 84 de la Ley de la Renta, con el objeto de no introducir una distorsión en el sistema de pagos provisionales mensuales.

Estas son todas las indicaciones hechas al artículo 1°, que se refiere a las modificaciones introducidas al texto de la Ley de Impuesto a la Renta.

En el artículo N° 2 se formula una indicación que mejora la redacción del N° 3. En efecto, primitivamente decía esta disposición que lo dispuesto para los años tributarios regiría "para el año 1992".

En realidad, debe decir "desde el año 1992".

Es un cambio relevante, que corrige un error de redacción contenido en el primitivo N° 3.

Igualmente, en la letra m) se hace referencia a la indicación formulada, en el artículo 3a, en el N° 6, para sustituir la expresión "si correspondiera" por otra, a fin de precisar que los créditos por pasivos que obedezcan a operaciones de dinero sólo podrán registrarse si se ha pagado oportunamente el impuesto de timbres y estampillas, lo que también tiene que ver con los activos iniciales en los traspasos de renta presunta a renta efectiva. Esto es, se precisa que se trata de dichos créditos, a menos que se encuentren expresamente exentos de aquel impuesto.

La letra n) se refiere a una indicación formulada al artículo 7°, N° 7, y que introduce un cambio de cierta importancia y no sólo de redacción. Se refiere a la presunción de que los bienes registrados en el balance inicial, corresponden a los ingresos provenientes de la renta presunta. Es decir, que en el activo inicial se pueden declarar bienes que no necesariamente corresponden a ingresos o puedan superar en magnitud a los que han sido los ingresos aparentes de estas personas. Aquí se está presumiendo el hecho de que esta valorización o estos bienes que quedan valorados, corresponden a ingresos importantes y no darían lugar a otro tipo de situaciones.

Esta indicación fue aprobada por mayoría de votos en la Comisión, ya que hubo opinión disidente en el sentido de que el artículo 71 de la ley de Impuesto a la Renta permitía al Servicio de Impuestos Internos fiscalizar en estos casos, y que quienes necesitaban justificar inversiones podían recurrir a los asientos de la contabilidad que llevaban.

La letra ñ) da cuenta de que en el inciso final del artículo 3° se ha formulado una indicación para precisar qué tipos de ingresos percibidos ya en renta efectiva pueden o no considerarse como del período anterior. Son normas que tienen que ver con el período de tránsito entre el pago de impuesto con renta presunta y la contabilidad con renta efectiva. Dicho inciso final establece que los ingresos que sean percibidos ya en el período de renta efectiva tributarán de este modo, salvo que hubieran sido facturados cuando el contribuyente estaba aún bajo el régimen de renta presunta. Lo que se quiso evitar con esta precisión es la posibilidad de que se pudiera facturar todavía en renta presunta ventas por cinco, seis, siete años, con lo cual los ingresos quedarían todos antedatados. Esto es una necesidad, desde el momento en que se cambió la fecha de inicio de esta contabilidad, desde el 1° de enero recién pasado al 1° de enero del próximo año. Por tanto, hay un lapso entre la aprobación del proyecto y la entrada en vigencia de la futura ley.

Las letras o) y p) dan cuenta de indicaciones que resuelven problemas de redacción y de concordancia.

La letra q) consigna una indicación que introduce una modificación de fondo en el artículo 3a transitorio, por cuanto hace más flexibles ciertas normas de relación en el cambio de renta presunta a renta efectiva.

Esto es para determinar qué contribuyentes o actividades, que tributaban según renta presunta, pasarán a hacerlo de acuerdo con la renta efectiva. Al efecto, para decirlo de una manera más simple, se toma una fotografía de esta situación, ya sea de diciembre del 1989 o de diciembre de 1990 y se flexibilizan o cambian normas que se aplicaban para cualquiera de los dos años. Algunas de las disposiciones se dejan sólo para fines de 1990.

En definitiva, esto tiene que ver con formas más complejas de relación. Expresamente se ha querido dar ahora la facilidad de que existan los meses que restan de este año para deshacer estas normas de relación a que se refiere el cambio del inciso. O sea, es una disposición por la cual se busca flexibilizar la fotografía inicial respecto de la relación en la actividad agrícola.

La letra r) se refiere a la posibilidad de valorar el predio en la primera enajenación efectuada después del paso de renta presunta a renta efectiva, en lo relativo a tributación.

Aquí, la cuarta opción, que creaba la posibilidad de sociedades tasadoras, se amplía a las evaluadoras de riesgos inscritas en la Superintendencia de Bancos.

Originalmente, durante el debate, se pensó en reemplazar las sociedades tasadoras por las firmas evaluadoras de riesgos existentes, que son conocidas. Sin embargo, luego se decidió flexibilizar y ampliar estas opciones y dejarlas en el texto.

La letra s) dice relación al Capital que se exige a las empresas tasadoras, el que ahora se reduce, en el sentido de que, en vez de ser de más de 20 millones de pesos, basta con que sea de un poco más de 8 millones de pesos.

La letra t) se debe a un fenómeno de concordancia numérica. No tiene trascendencia en el proyecto. Se trata de una aclaración que se agrega al sistema transitorio, sin perjuicio de las normas tributarias correspondientes.

Señor Presidente, estas son las disposiciones cuyas enmiendas fueron aprobadas por la Comisión.

En la página 7 del segundo informe de la Comisión de Hacienda figura un listado de aquellas disposiciones que no fueron modificas ni objeto de indicaciones. Este listado se refiere a la numeración que tenían las disposiciones en el texto de la Comisión de Hacienda, sometido a la aprobación de la Sala, en general, respecto de las cuales se hicieron las indicaciones. Esa numeración ha cambiado. Para mayor claridad de los señores parlamentarios, existe una hoja adicional, que se podrá pedir en Secretaría, en la que se reproduce lo mismo, pero con los números de este texto, para quienes no tengan el antiguo, y con el propósito de que no se produzcan malas interpretaciones. Como las normas no modificadas se refieren a aquéllas que fueron objeto o no de indicaciones, aparecen con la numeración del texto original que, entiendo, está en el primer informe de la Comisión de Hacienda.

Las disposiciones suprimidas son tres. Las de los números 10 y 11, letra b) tienen que ver con el tratamiento tributario de ciertos contratos y promesas, que afectaban a la construcción. La solicitud fue presentada por personas del gremio, en el sentido de que no se hiciera la modificación; pero, entendiendo que la modificación propuesta en el primer informe de la Comisión de Hacienda no buscaba crear el efecto que potencialmente ha señalado la Cámara de la Construcción, se ha estimado conveniente no hacer el cambio y, por tanto, el texto de la Ley de Impuesto a la Renta queda, en este caso, como estaba antes de la presentación del proyecto del Ejecutivo.

El artículo 9°, que se ha suprimido, se refiere a la modificación que se había propuesto a la ley N° 18.401, denominada "De Capitalismo Popular", en el caso de las sociedades bancarias o financieras.

Como también es de conocimiento de los señores Diputados, esta indicación fue objeto de una petición de declaración de inadmisibilidad en la sesión anterior. Luego del debate producido, quienes la sosteníamos decidimos retirarla.

Estas son, señor Presidente, las nuevas disposiciones, las modificadas y las que han sido suprimidas en el texto del proyecto de ley. Además, fueron rechazadas diversas indicaciones hechas tanto en la Sala como en la Comisión, cuyas letras y números están mencionados también en el informe que usted tiene en sus manos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde, ahora, entrar en la discusión particular del proyecto, artículo por artículo.

Antes de eso, quisiera que ustedes tuvieran presente que el señor Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley , ha hecho suyas, en nombre del Gobierno, una serie de indicaciones que fueron contempladas en el primer o en el segundo informe, por si se planteara en esta Sala un problema de inadmisibilidad.

Si ustedes van viendo el segundo informe, que tienen en su poder, yo podré ir diciendo las páginas y los números a que se refiere la aceptación del Gobierno de indicaciones de origen parlamentario, que son las siguientes: página 10, artículo 1°, N° 2;...

Varios señores DIPUTADOS.-

No existe. No figura eso.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En el segundo informe, página 10, en la mitad del segundo párrafo, hay una parte que dice: "Si el cesionario es una sociedad anónima...", etcétera. Como alguien pudiera penar que eso es improcedente, el señor Ministro ha hecho suya la indicación, en su conjunto

Cuando cito la página, me refiero al lugar donde está la objeción posible.

En la página 10, el artículo 1°, N° 2; en la página 16, el N° 4, letra c); en la página 24, el N° 11,letra d); en la página 35, el N° 16, en su conjunto; en la página 37, el N° 19; en la página 38, el N° 23; en la página 39, el N° 4; en la página 40, el N° 26; en la página 46, el artículo 2°, N°3; en la página 48, el artículo 3°, N° 7; en la página 51, el artículo 4°, N° 6; y los artículos 5°, 6°; 7°, N° 5 y 8° transitorios.

Además, hago presente que han sido revividas en la Sala tres indicaciones, con los requisitos legales, que se refieren al N° 25 del artículo 1° y al artículo 5a transitorio, las cuales se verán en el momento oportuno y otra que consiste en agregar un artículo 25 bis, que se discutirá cuando se traten estos artículos.

Respecto del criterio para considerar el problema de la inadmisibilidad, a la Mesa le parece más conveniente discutirlo en cada caso, artículo por artículo, en lugar de tratarlo en conjunto, porque puede ser que se invoquen razones distintas en uno y otro caso.

Ofrezco la palabra al Diputado don Jorge Pizarro.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Gracias, señor Presidente.

Quiero consultar a la Mesa cual fue la razón que se tuvo para no cumplir el acuerdo adoptado por la Cámara en su sesión plenaria del jueves pasado respecto de la indicación que hice para sustituir el artículo 90 de la ley N° 18.768, que autorizó a la Empresa Polla Chilena de Beneficencia y a la Lotería de Concepción para administrar sorteos, de números y juegos de azar, independientemente de los sistemas que actualmente administran. Es decir, formulé la indicación para los efectos de que el juego de azar denominado Polla Loto tuviera, en sus ingresos, la misma distribución que tiene el sistema de juegos de pronósticos deportivos Polla Gol, que es el que otorga el financiamiento para el deporte nacional.

Cuando hice la consulta en la Sala sobre la declaración de inadmisibilidad de la indicación que había hecho el Presidente de la Comisión de Hacienda, Diputado señor Longueira , Su Señoría manifestó clara y precisamente (porque lo consulté dos veces) que esa indicación iba a ser rediscutida en la Comisión de Hacienda, cosa que no sucedió.

Consulté a colegas de la Comisión y me dijeron que la Mesa no envió esa indicación para ser rediscutida; de manera que quiero consultar que pasó.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sin duda, en este punto estamos frente a un vacío reglamentario. Es tal cual lo afirma el Diputado señor Pizarro . Por decisión de la sala, la indicación se envió a la Comisión de Hacienda, aun cuando ésta la había declarado inadmisible en el primer informe.

Siendo así, corresponde tratarla ahora, cuando estamos en la discusión particular en vista de que la Comisión de Hacienda no la consideró.

Por tanto, pido al señor Diputado que la haga llegar a la Mesa en su oportunidad, para que, cuando lleguemos a la discusión de ese punto, sea tratada por la Sala.

El señor ESTEVEZ.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Es probable que la Comisión de Hacienda no la haya visto por el hecho de que la había declarado inadmisible una vez.

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez .

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, quiero precisar que nosotros tratamos todas las indicaciones que, a través de la Secretaría de la Cámara, se nos hicieron llegar a la Comisión de Hacienda.

Esta indicación, no llegó: No es que decidiéramos no tratarla, sino que no figuraba entre aquéllas que nos entregó la Secretaría.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Luego de esa aclaración, solicito al Diputado señor Pizarro que haga llegar la indicación a la Mesa, para votarla en el momento oportuno.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

La indicación fue presentada la semana pasada. ¿Cómo la voy a hacer llegar de nuevo?

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn .

El señor SCHAULSOHN.-

La indicación no fue tratada por la Comisión de Hacienda y no forma parte del segundo informe. En consecuencia, para discutirla en la Sala tendría que ser revivida con las firmas de 40 Diputados y de 3 Comités.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Estamos frente a un vacío reglamentario.

El señor SCHAULSOHN.-

No hay vacío reglamentario. .

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hay vacío, porque en el Reglamento no está previsto qué sucede si una indicación es declarada inadmisible por la Comisión y el Diputado la renueva.

La indicación fue presentada. Se dijo que iría a segundo informe a la Comisión de Hacienda. Por algún motivo no llegó a esa Comisión, sea por problemas de la Secretaría o porque, a lo mejor, el Diputado no la presentó.

Con buen espíritu, podemos interpretar que la podemos tratar. En todo caso, cuando llegue el momento, se planteará el problema reglamentario, y se votará.

Corresponde entrar a discutir el proyecto artículo por artículo.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Perdón, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Disculpe que sea majadero; pero no quiero que después se me diga que la indicación no se puede tratar en la Sala porque se declaró inadmisible o porque yo no junté las 40 firmas.

En esa oportunidad, cuando hice uso de la palabra, pregunté expresamente cuál era la situación. Usted me dijo que se trataría en la Comisión de Hacienda en segunda discusión. Si ésta la rechazaba nuevamente, con las firmas de 40 colegas y de tres Comités, yo podía presentarla en el plenario. Como no ha sido tratada por la Comisión de Hacienda ni yo he pedido las 40 firmas, solicito del señor Presidente que recabe el asentimiento unánime de la Sala para que la indicación se trate en esta sesión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El punto en discusión es si el señor Diputado tenía que presentar la indicación en la Comisión de Hacienda o si se remitía a la Comisión por oficio porque la Sala había acordado que así fuera. Eso es lo que estamos discutiendo entre la Secretaría y usted.

En consecuencia, le sugiero que, cuando corresponda, usted vuelva a presentar la indicación. Si el Diputado señor Schaulsohn objetara esa situación, se votaría en la Sala como una cuestión reglamentaria. No hay otra salida.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

No, Presidente. Perdóneme que vuelva a insistir. Agradezco el buen ánimo que tiene tanto usted como la Sala; pero esta situación se debe a un error que se ha producido, supongo que en forma involuntaria. Por eso, solicito que la Sala acuerde, por unanimidad, tratar la indicación, formalmente para no quedar después supeditado a otra circunstancia. Me interesa aclarar ahora este punto para que no se vuelva a cometer el mismo error.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Eso se considerará en el momento oportuno.

El señor ULLOA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Ulloa .

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, la moción que acaba de presentar el colega, ¿no significaría que la indicación debería volver a la Comisión de Hacienda?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No. Además, no quisiera adelantar el debate sobre el tema. Cuando el Diputado señor Pizarro presente la indicación corresponderá plantear los distintos puntos reglamentarios. No efectuemos la discusión ahora.

Entrando en materia, corresponde votar el número 1 del artículo 1°, que dice: "Reemplázase en el inciso segundo del número 1 del artículo 2°, la frase "los artículos 14 bis y 20 bis" por "el artículo 14 bis."

Se ofrece la palabra.

El señor LONGUEIRA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, ¿cuál será el tratamiento que tendrá el artículo 1°? ¿Se someterá a votación todo el artículo o se irá votando punto por punto?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tenemos que votar punto por punto.

En discusión el número 1 del artículo 1°.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

El señor LONGUEIRA.-

¿Me permite?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LONGUEIRA -

Señor Presidente, como este artículo es bastante largo, sugiero que se use otro sistema de votación.

Propongo que votemos el artículo 1° al igual que el resto de los artículos. Luego, si alguien quisiera que se votaran algunos números por separado, se haría. Hay muchas cosas que son de obvio trámite. Ello en beneficio del tiempo, porque, de lo contrario, no terminaremos nunca, ya que el artículo 1° tiene 32 números.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Someto a la consideración de la Sala la proposición del Diputado señor Longueira .

Si les parece, así se acordará.

Acordado.

El señor CHADWICK.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick .

El señor CHADWICK.-

Si se va a someter a votación el artículo 1° en su integridad, es la oportunidad para hacer presente una inadmisibilidad respecto de un número del mismo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Siendo así preferiría ir votando punto por punto. Me parece más lógico, porque el artículo Ia es casi toda la ley.

El señor RIBERA.-

¿Me permite señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, me parece que existen dudas por parte de Diputados de algunas bancadas sobre la constitucionalidad e inadmisibilidad de ciertos números del artículo 1°. En consecuencia, considero que usted hace bien al separar la votación por puntos. Eso permite que cada Diputado pueda cambiar de postura, según lo que se someta a Votación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Así procederemos.

Corresponde votar la letra d). Está al final de la página 13. Se ha cambiado el vocablo "revalorización" por la palabra que venía en el texto primitivo que era "valorización".

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

Aprobada.

En la página 19 y en el segundo párrafo de la página 20, se habla de sociedades. Dice: "excluidas las anónimas abiertas". Antes expresaba "sociedad de personas".

Sobre este punto se ofrece la palabra.

El señor LONGUEIRA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira .

El señor LONGUEIRA.-

Me parece, señor Presidente, que usted está sometiendo a votación indicaciones que no corresponden. Estas indicaciones fueron aprobadas por mayoría y, en algunos casos, por la unanimidad de la Comisión. Por lo tanto, debe someterse a votación el punto completo, el 1 ó el 2; pero no estas indicaciones, que ya vienen incorporadas en el texto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Como cada número tiene muchos párrafos que contienen ideas distintas, corresponde votar esas ideas. Los otros párrafos han dado por aprobados, porque no se modificaron.

Estoy sometiendo a votación los párrafos que se han modificado en el segundo informe.

Ofrezco la palabra sobre el último párrafo de la página 19 y respecto del segundo párrafo de la página 20, donde se cambia la referencia al tipo de sociedades.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala, se aprobarán.

Aprobados.

Corresponde tratar el número 10, que aparece en la página 23.

Dice: "Agrégase al final del inciso primero, en punto seguido, lo siguiente:". Es una modificación al artículo 30 de la ley de Impuesto a la Renta. Agrega: "El costo directo del mineral extraído considerará también la parte del valor de adquisición de las pertenencias respectivas". El cambio introducido es en cuanto a "las pertenencias respectivas". El resto, sigue igual.

Sobre este punto, ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.

Aprobado. 

Al final de la página 24, está la letra d) del número 11.

Dice: "Agrégase el siguiente inciso tercero al número 6°:

"No obstante, se aceptará como gasto la remuneración del socio de sociedades de personas y socio gestor de sociedades en comandita por acciones, y las que se asigne el empresario individual, que efectiva y permanentemente trabajen en el negocio o empresa, hasta por el monto que hubiera estado afecto a cotizaciones previsionales obligatorias. En todo caso dichas remuneraciones se considerarán rentas del artículo 42 número 1".

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

Aprobada.

Se ha introducido un artículo 33 bis.

El párrafo cuarto de la página 26 contempla una frase nueva, que dice: “Tampoco se aplicará respecto de los bienes que una empresa entregue en arrendamiento con opción de compra".

Esto se refiere al crédito. La parte pertinente expresa: "El crédito establecido en este artículo no se aplicará a las empresas del Estado ni a las empresas en las que el Estado, sus organismos o empresas o las municipalidades tengan una participación o interés superior al 50% del capital."

Este párrafo está igual en el primer informe. Se agrega: "Tampoco se aplicará respecto de los bienes que una empresa entregue en arrendamiento con opción de compra."

El inciso siguiente, que también es nuevo, establece: "Para los efectos de lo dispuesto en este artículo se entenderá que forman parte del activo físico inmovilizado los bienes corporales muebles nuevos que una empresa toma en arrendamiento con opción de compra. En este caso, el crédito se calculará sobre el monto total del contrato."

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.

Aprobado.

En la página 27,1° letra c) del número 14 dice:

"Agrégase el siguiente inciso final al número 1°:

"Para acogerse al régimen de renta presunta establecido en este número, los contribuyentes estarán sometidos a las condiciones y requisitos contenidos en los incisos segundo y tercero de la letra b) del número 1° del artículo 20, en lo que corresponda. Con todo, para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo de la letra b) del artículo 20, no se considerarán personas jurídicas las sociedades legales mineras constituidas exclusivamente por personas naturales. Aquellos que no las cumplan quedarán sujetos al régimen del número 2° de este artículo."

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobado.

En el último párrafo de la página 28, se introduce un cambio para excluir de la disposición a las sociedades anónimas abiertas. Corresponde a lo mismo que votamos denantes respecto de otro artículo. Esto vale también para el párrafo siguiente, en la página 29, donde nuevamente se dice "excluidas las anónimas abiertas".

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.

Aprobado.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Un minuto, señor Diputado. -

En la página 32, párrafo final, ocurre exactamente lo mismo. En la cuarta línea, se agrega la frase "excluyendo las sociedades anónimas abiertas".

Igualmente, en la tercera línea del párrafo siguiente, en la página 33, se expresa: "excluyendo las anónimas abiertas".

Sobre estas dos enmiendas, ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Si le parece a la Sala, se aprobarán.

Aprobadas.

Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro .

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, quiero hacer una indicación respecto del inciso cuarto del número 3° del artículo 34 bis, que figura al comienzo de la página 32. Dice: "Sólo podrán acogerse al régimen de presunción de renta contemplado en este número los contribuyentes cuyos servicios facturados al término del ejercicio no excedan de 3.000 unidades tributarias mensuales.". Esto se refiere al transporte de carga.

Esta cantidad de unidades tributarias mensuales, para los efectos de determinar en qué momento un transportista se acoge al régimen de renta efectiva o de renta presunta, fue concebida como una forma de proteger a los pequeños transportistas independientes de lo que se ha constituido en una competencia desleal por parte de las empresas que han -por decirlo de alguna manera elegante- fabricado o creado empresas de transportes casi ficticias para los efectos de acogerse a los beneficios de la renta presunta y, en algunos casos, eludir el impuesto a las utilidades de dichas empresas.

La idea es proteger a los pequeños transportistas. ¿Quiénes son los pequeños transportistas, o qué se denomina como tales?. En cuanto a la cantidad de vehículos de carga, podemos decir que se trata de personas naturales que tienen -es bastante subjetivo esto- de uno a tres camiones. Aquí, para determinar esto, se ha optado por cuantificar la facturación. De esa manera, se determina quiénes son los pequeños transportistas. Y como el problema es la facturación y no la propiedad de los camiones, o la tasación que pueda tener el valor comercial de éstos, me parece muy menguada o poca la cantidad de 3.000 unidades tributarias, que equivalen más o menos, a 30 millones de pesos en el año, lo que significa una facturación mensual para los transportistas, de 2,5 millones de pesos.

Señor Presidente, en mi opinión, esto constituye una limitante bastante grave para las posibilidades de desarrollo de esos pequeños transportistas.

El sistema de contabilidad efectiva -todos lo sabemos- constituye un costo que los pequeños transportistas no están en condiciones de enfrentar y que, si lo enfrentan, la rentabilidad de su negocio queda prácticamente nula. Resulta que, dependiendo del transporte que realice, ese pequeño empresario, con mucha facilidad, puede llegar, por el volumen del mismo, a facturar 2,5 millones de pesos mensuales.

Les puedo poner un ejemplo...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Quiero interrumpir a Su Señoría, por el siguiente problema reglamentario: No es éste el momento para hacer indicaciones, salvo revivir, con 40 firmas y el acuerdo de 3 comités, las formuladas en la Comisión. Entonces, deseo saber si ése es el caso.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, creo que en este momento, después de dar la explicación, la Sala, por unanimidad, puede acoger la indicación que estoy formulando.

Me llama mucho la atención que hoy Su Señoría se acoja al reglamento. Por eso, hace poco, pedí claridad, dado que no me interesa que, en el futuro, se sigan produciendo estos problemas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sólo puede revivirse una indicación ya formulada. Ignoro si sobre la materia se presentó alguna en la Comisión.

El señor PIZARRO.-

El tema, señor Presidente, se discutió en la Comisión. Hubo una proposición para aumentar a 6 mil las unidades tributarias mensuales.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Quiero pedir al presidente de la Comisión que aclare si se presentó o no una indicación sobre la materia. De lo contrario, por muy justa que sea la posición del Diputado señor Pizarro , no procede aceptarla.

El señor LONGUEIRA.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LONGUEIRA.-

Sobre esta materia, señor Presidente, no hubo indicación alguna durante el trámite del proyecto de ley en la Comisión.

Si en esta sesión damos la posibilidad de que cada uno argumente sobre indicaciones no presentadas, es evidente que no alcanzaremos a despachar el proyecto ni hoy ni en la semana. Si asignamos tiempo a las indicaciones que se presentaron, ya es bastante el tiempo que dedicaremos al estudio del proyecto. Resulta evidente que si se abre debate sobre indicaciones que nunca fueron tratadas en la Comisión de Hacienda, tal discusión nos va a impedir evacuar el informe.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si ése es el caso, no corresponde...

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, entiendo que se propuso subir a 6 mil unidades tributarias mensuales. Se discutió en la Comisión y se aprobó lo planteado por un dirigente del gremio del transporte.

Además, aquí estoy dando a conocer mi opinión respecto de este punto, y quiero dejar constancia de ello. Si la Mesa me obliga a presentar la indicación con 40 firmas y el acuerdo de 3 Comités, lo menos que puedo hacer es tratar de explicar a la Sala cuál es el problema.

Por lo menos, deme el tiempo necesario, pues me interesa conseguir después el apoyo de los Honorables colegas para presentar la indicación tal como Su Señoría ahora me lo está aclarando.

El señor HUEPE.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huepe .

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, entiendo que, tal como se ha señalado, en la Comisión se planteó el límite de 6 mil unidades tributarias mensuales y que no hubo acuerdo. De revivirse la indicación hoy día, sólo podría referirse a la cantidad antes señalada. Pero, como respecto de eso no hubo acuerdo en la Comisión, tampoco lo habrá en la Sala.'

Nosotros entendemos la posición del Diputado señor Pizarro . Quiere plantear - lo he conversado previamente con él-, una cifra intermedia, pero, coincido en que reglamentariamente no se puede hacer, porque debe revivirse con 6 mil, o no se acepta. Como tal cifra resulta demasiado alta, él propone un punto atendible, pero su alternativa, reglamentariamente no corresponde. Le pediría que plantee el punto de esa manera, pues, lamentablemente, no cabe seguir en este tema. Concuerdo en que no debemos alargar innecesariamente el debate.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor García .

El señor GARCIA (don René).-

Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda, se presentó una indicación suscrita por el Diputado señor Álamos, don Hugo , y por mí, la que fue retirada a petición de la Comisión. Coincido plenamente con lo expuesto por el Diputado señor Pizarro . De modo que Su Señoría puedo contar con mi firma y la de muchos parlamentarios de mi Partido para establecer ese monto de 6 mil unidades tributarias para los camioneros. La indicación está hecha, y el Diputado señor Cerda la tiene todavía en su poder.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Yo necesito saber, desde el punto de vista reglamentario, si cuando se trató en segundo informe, no en el primero, se formuló una indicación para subir el monto.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, no recuerdo exactamente en qué parte del proyecto, pero sí tengo claro que, para analizar el punto, se requiere reunir las 40 firmas, y contar con el apoyo de 3 Comités, si efectivamente hubo indicación.

Cuando lleguen, veremos en qué trámite del proyecto se trató el punto. De lo contrario, discutiremos todas las indicaciones, rechazadas o aprobadas, que no tienen reincidencia hoy día.

En consecuencia, si efectivamente hubo una indicación, que se reviva, pues no recuerdo bien si se presentó. Tiendo a pensar que solamente fue una discusión en la primera parte del primer informe.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Solicito al Diputado señor Pizarro que haga llegar la indicación con las 40 firmas. Con el Secretario de la Comisión se aclarará si hay constancia en acta sobre la presentación de la indicación en el segundo informe, no en el primero.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, no quiero hacer mayor cuestión respecto del punto. Lo que me interesa es que sea tratado.

Se me ha hecho una sugerencia, que considero pertinente: que solicite a la Honorable Sala oficiar al Senado para que este punto se incluya en la discusión de la Comisión de Hacienda del Senado, de manera que se pueda revisar en esa Corporación.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para oficiar al Senado en los términos planteados por el Diputado señor Pizarro .

No hay acuerdo de la Sala al respecto. En consecuencia, se oficiará en nombre de los Diputados que quieran hacerlo.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, parece que existen dudas entre los señores Diputados, en tomo a su facultad de presentar indicaciones. Creo que sería interesante que la Mesa indicara si los Diputados pueden o no pueden presentar indicaciones, y hacer el distingo entre insistir y presentar nuevas indicaciones y qué pasa con éstas.

Creo que ése es el punto de discusión sobre una materia reglamentaria que conviene aclarar en forma previa.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Reglamento es bastante claro. Cuando el informe ha pasado por una doble discusión en la Comisión y una discusión general en la Sala -o sea, después de todas esas oportunidades para formular indicaciones-, sólo se pueden revivir las presentadas en el segundo informe en la Comisión, con 40 firmas y el apoyo de 3 Comités. No hay otra posibilidad.

Ahora, nada impide que, como cualquier ciudadano, se haga presente al Senado una materia que se estima conveniente rectifique. Pero, eso ya es otra cosa.

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma .

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, sólo para aclarar, quiero decir que, efectivamente se presentó en la segunda discusión una indicación, de los Diputados señores Álamos y García, don René , para reemplazar las 3 mil unidades tributarias mensuales por 6 mil; pero fue retirada por esos mismos Diputados antes de que fuera votada en la Comisión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entonces, por haber sido retirada, no procede.

Corresponde seguir el debate. El número 23, que figura al final de la página 38, dice:"Agrégase en la letra b), después del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:

"Esta deducción no procederá por las cotizaciones correspondientes a las remuneraciones a que se refiere el inciso tercero, del número 6Q del artículo 31."

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.

Aprobado._

En la página 39, el número 24, letra a), dice: "Sustitúyese el inciso primero del número 3) por el siguiente:

"3) La cantidad que resulte de aplicar la misma tasa de primera categoría con la que se gravaron las rentas o cantidades que se encuentren comprendidas en la renta bruta global. También tendrán derecho a este crédito las personas naturales que sean socios o accionistas de sociedades, por las cantidades obtenidas por éstas en su calidad de socios o accionistas de otras sociedades, por la parte de dichas cantidades que integre la renta bruta global de las personas aludidas."

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

Aprobada.

Corresponde tratar el N° 25, que modifica el artículo 57 bis de la Ley Sobre Impuesto a la Renta.

Respecto de esta norma, la Mesa la ha estimado improcedente, atendido el texto del artículo 62, N° 1, de la Constitución. En efecto, si bien el Ejecutivo señala entre las ideas matrices del proyecto la modificación del global complementario, en cuanto a su base imponible y sus tasas, no es lícito entender que queda comprendida en ellas la deducción de que trata el artículo 25, esto es, la deducción de la base imponible de un crédito equivalente al 20 por ciento del valor de las acciones que se adquieren por una vez, durante un lapso de cinco años.

Lo mismo vale respecto de los depósitos de ahorro en pagarés nominativos bancarios y de la rebaja del 50 por ciento en favor de los dueños de acciones y del 20 por ciento después de cierto nivel de ingresos.

Estas materias no guardan relación con las ideas matrices del proyecto, por lo que la disposición que las contiene deberá ser declarada inadmisible por improcedente.

Ofrezco la palabra sobre la declaración de inadmisibilidad.

Tiene la palabra el Diputado Estévez .

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, no concuerdo con la declaración de inadmisibilidad anunciada por la Mesa.

La idea matriz del proyecto, claramente enunciada, es propender -así lo señala el primer párrafo del Mensaje del Ejecutivo- a un crecimiento económico, con justicia social y con un sistema tributario equitativo. Dentro de esta idea matriz, naturalmente muy amplia, pero comprendida dentro del concepto que la

Constitución define como tal, esto es, la contenida en el Mensaje, el Ejecutivo incluye lo relativo al impuesto global complementario y su base imponible.

Lo que nosotros estamos haciendo aquí es normar aspectos que no dicen relación con un nuevo tributo o impuesto, sino, exclusivamente, con la forma en que se calcula la base imponible del global complementario.

Hace algunos años, en 1984, una modificación introducida a la Ley del Impuesto a la Renta, estableció una serie de franquicias y privilegios tributarios, entre las que figura la rebaja de la base imponible de las personas naturales, como una promoción del ahorro, el 20 por ciento del valor de la compra de acciones de primera emisión. El proyecto, según ha sido planteado en forma pública, busca derogar en parte o retrotraer la situación a la normativa existente antes de 1984. Esto ha sido planteado así, con toda claridad. No me parece que pueda entenderse que la intención del legislador haya sido conceder este beneficio en forma indefinida, porque es evidente, y cae por su propio peso, que si uno puede deducir de la base imponible de manera indefinida el 20 por ciento de una misma compra de acciones, naturalmente que, en algún momento, el beneficio tributario sería superior al supuesto ahorro de inversión. Es obvio que esta disposición tiene una contradicción lógica en sí misma. En efecto, se ha entendido como algo natural que no puede haber una deducción superior al 100 por ciento de la eventual inversión o ahorro. Este 100 por ciento está a punto de cumplirse, dado que cinco por veinte da ciento. Y una norma que permita una deducción de la base imponible por más de cinco ejercicios, estaría obviamente desnaturalizando un incentivo al ahorro y convirtiéndolo en un regalo fiscal, esto es, creando una situación completamente impensada.

En segundo lugar, cuando la Comisión aprobó esta corrección, tomó en cuenta el hecho de que la fundamentación de la idea original es la promoción del ahorro. Sin embargo, como fue también establecido en la Comisión, no es posible asegurar en modo alguno que en este caso se trate de un ahorro, porque el contribuyente puede comprar las acciones con créditos. Y hay una relación clara en términos económicos entre la compra de acciones y la concesión, por los bancos, de préstamos para ello, a tal punto que, como es de público conocimiento, cuando suben las tasas de interés, como ha ocurrido en estos días, baja la Bolsa y, por el contrario, cuando las tasas de interés bajan, la Bolsa sube. Precisamente, porque las personas venden acciones para pagar créditos y, así, no pagar tantos intereses o, a la inversa, con bajos intereses, les es más rentable comprar acciones. De ninguna de estas operaciones puede sostenerse que constituye un ahorro. Si se compran acciones con crédito, no existe ahorro y se burla el propósito del legislador.

Lo mismo sucede, pero con un carácter mucho más grave, con los pagarés nominativos a plazo, dado que es posible obtenerlos del mismo ejecutivo de cuentas bancarias vía concesión de préstamos. Esto es, uno puede ir al banco y pedir a su ejecutivo de cuentas que le conceda un crédito por dos, cuatro o cinco millones de pesos, que de inmediato deposita en el mismo banco, en el mismo acto, en un pagaré nominativo a plazo. Esto parece absurdo, porque, por el crédito, uno paga al banco un interés más alto que el que reeditúa el pagaré depositado. Es un beneficio para el banco. Pero no es absurdo, desde el momento en que la ley permite deducir de la base imponible el 20 por ciento de la cantidad depositada. Puede ser un buen negocio para ambos: la persona estaría usando un privilegio a partir de una operación financiera calzada, y, naturalmente, el banco ganaría con su diferencial de intereses, sin que exista ahorro alguno.

Este abuso sólo podría corregirse si las personas naturales llevaran contabilidad completa como las empresas, donde consignaran, por un lado, sus activos y, por otro, sus pasivos, lo que permitiría determinar con claridad si este pagaré nominativo en verdad constituye un ahorro o si está calzado en una operación financiera de evasión legal de impuestos.

Como reducir la evasión de impuestos es otra de las ideas matrices del proyecto, me parece sorprendente, que pueda sostenerse en esta Sala que, habiéndola planteado con claridad el Ejecutivo en su Mensaje una disposición tendiente a impedir tal evasión, sea improcedente por estimarse que no guarda relación con dichas ideas matrices.

Por último, la disposición 4a que se plantea constituye, sin duda, una grave inequidad que, dentro de la brevedad del tiempo de que disponemos, me gustaría explicar, a fin de que se comprendan las razones de la Comisión al plantear este tema.

La normativa tributaria vigente desde 1984, y que en parte se modifica, suprimió las diferencias en el pago de impuestos por el origen de las distintas rentas.

Anteriormente, las rentas del trabajo tributaban en segunda categoría, y las del capital, en primera categoría.

Desde el momento en que la primera categoría es deducible del global complementario, ha dejado ya, en la práctica, de ser un impuesto, pasando a ser un anticipo de pago de impuestos, y el único impuesto que paga el empresariado es el global complementario.

Como es sabido, las tasas de segunda categoría calzan perfectamente con las de la primera categoría. Por tanto, lo que están pagando, en definitiva, las fuentes del trabajo, es el global complementario, con una excepción curiosa introducida en este artículo: Los rentistas de dividendos pueden pagar global sólo por la mitad de sus ingresos. Esto significa que si una persona tiene ingresos de veinte millones de pesos al año, pero es rentista de dividendos, entonces, no sólo no tributa como un profesional o como un empresario que esté en la misma situación, sino que, además, el Fisco le devuelve plata. Esto es un abuso, una situación a todas luces injusta, y nadie puede sostener que sea un estímulo al ahorro.

Estas consideraciones han llevado a plantear la necesidad de corregir la grave inequidad que se genera en la determinación de la base imponible del global complementario.

Debo también hacer presente que la situación accionaria es aún más ventajosa de la que rige para los trabajadores e incluso, para los empresarios, dado que la ganancia que produce la venta de las acciones no tributa. Y si no tributa la ganancia producida en el "stock" de capital y, al mismo tiempo, se exime del pago o se reduce la tasa del global complementario a la mitad por los dividendos que este "stock" que ya no tributa, se origina una situación de inequidad tributaria muy grave.

Si se está haciendo un esfuerzo por "invertir en los hombres", a la par que establecer un sistema de mayor igualdad y equidad tributarias, esto parece también una norma básica.

Por estas consideraciones, entendemos -y así lo hemos planteado- que la modificación de la base imponible, en este aspecto, propuesta por el Ejecutivo en el ejercicio de su prerrogativas, está no sólo dentro del espíritu de ideas matrices del proyecto, sino que cumple el propósito básico de eliminar la evasión tributaria y lograr una mayor equidad tributaria.

He dicho, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Schaulsohn .

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, aun cuando las ideas matrices del proyecto están consignadas en el Mensaje, como corresponde conforme a derecho, quisiera, por su intermedio, preguntar al señor Ministro si él estima que la indicación se condice y es armónica con la intencionalidad del proyecto enviado por el Ejecutivo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huepe .

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, esta es una materia sumamente controvertible. Comparto plenamente los argumentos expuestos por el Diputado Esté- vez en cuanto al fondo del asunto, en especial a la inequidad tributaria que presenta; pero no es ése el punto en discusión.

Desde el punto de vista reglamentario, la situación es la siguiente: El señor Presidente ha declarado inadmisible un artículo aprobado en la Comisión y, de acuerdo con el artículo 212, lo que procedería seria abrir debate sobre tal declaración.

Todos sabemos que ése es un punto sumamente complejo, porque, efectivamente, ¿qué es una idea matriz de un proyecto? La idea matriz del proyecto es como abrir una ventana y decir: "Nos está permitido legislar en esta área". Por lo tanto, podríamos, por esa vía, por ejemplo, si se establecen dos o tres exenciones, incorporar otro tipo de exenciones.

En consecuencia, como esta materia es compleja; como, además, todos estamos interesados en que el proyecto sea aprobado lo más rápidamente posible -por lo menos ésta es la opinión de la bancada democratacristiana-, y porque no nos parece conveniente que esto constituya un precedente permanente, vamos a aceptar la proposición de inadmisibilidad.

Creo que éste es un tema que debiera ser analizado exhaustivamente en la Cámara, porque se va a presentar en otras oportunidades. De allí que yo no sería partidario de abrir un debate sobre él en este momento, ni de impugnar la decisión de la Mesa, ni menos involucrar al señor Ministro en un problema propio de la Corporación, como es la inadmisibilidad o admisibilidad de una disposición legal. Lo que correspondería es aceptar en esta oportunidad el planteamiento de inadmisibilidad y solicitar de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que estudie exhaustivamente esta materia, porque será un punto recurrente, de suerte que no tendría sentido que cada vez nos embarcáramos en una discusión de tipo constitucional acerca de la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad de una determinada indicación, de acuerdo con el artículo 62, N° 1, de la Constitución, por tener o no relación con la idea matriz del proyecto.

Solicito, en consecuencia, que, en esta oportunidad, aceptemos el planteamiento de la Mesa y no abramos debate sobre este asunto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Para ir despejando los puntos, consulto a la Sala si está de acuerdo en pedir un informe a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, como ha planteado el Diputado Huepe , sobre la materia de fondo, que, además, se va a repetir en otras oportunidades esta es la primera, pero hay otras, y a fin de que la Mesa tenga también un criterio claro al respecto.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, le formulé una consulta al señor

Ministro respecto de este tema y me gustaría conocer su opinión.

Las ideas matrices -la ley orgánica constitucional lo señala claramente- son las que están contenidas en el Mensaje. Si hay alguna divergencia con la declaración de inadmisibilidad que efectúa la Mesa, es la Sala la que resuelve.

Sin perjuicio de ello quisiera conocer la opinión del señor Foxley respecto de si ésta indicación, si a juicio del Ministro se condice o no con las ideas matrices del proyecto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Primero quisiera consultar acerca de la propuesta del Diputado Huepe , sin perjuicio de que después veamos lo demás, en el sentido de que el informe que se solicite a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en relación a este punto, cuenta con el acuerdo de la Sala.

El señor DEVAUD.-

No.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No hay acuerdo por la oposición del Diputado señor Devaud .

Han pedido la palabra dos señores Diputados y hay una consulta al señor Ministro.

Le pregunto al señor Ministro si quiere responder ahora o si primero desea conocer la opinión de los otros señores Diputados.

El señor FOXLEY.-

Responderé de inmediato, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-

Me parece, señor Presidente, que la admisibilidad o inadmisibilidad de lo planteado, en lo que se refiere al artículo 57 bis, es una materia que corresponde juzgar a la Mesa de la Cámara, y que el Ejecutivo no debe interferir en ese procedimiento.

Coincido con lo que acaba de decir el Diputado señor Huepe sobre esta materia.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick .

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, coincido también con lo planteado por el Diputado señor Huepe .

Aquí estamos enfrentados a una determinación acerca de la inadmisibilidad o admisibilidad de una indicación presentada en la Comisión y que, eventualmente, se somete a debate y a votación.

No creo -y me parece muy bueno el criterio señalado por el señor Foxley - que sea ésta una materia respecto de la cual el señor Ministro pueda informar a la Sala si dice relación o no con las ideas matrices del proyecto, por cuanto, si el Ejecutivo quisiera aceptar la indicación como suya, debería seguir el mismo camino que ha tomado acerca de otras indicaciones, como el señor Presidente ha señalado al inicio de esta sesión, en el sentido de considerarla formalmente como iniciativa propia, con lo cual se supera el eventual problema de inadmisibilidad, ya que deja de ser una moción parlamentaria para transformarse en una indicación del Ejecutivo.

Por lo tanto, por interesante que hubiera sido lo que pudiera haber planteado el señor Ministro -incluso pedí la palabra antes de que se la diera a él- no procedería formalmente para determinar la admisibilidad o la inadmisibilidad, por cuanto, repito, debería haber seguido el camino de las otras indicaciones.

Reitero el criterio que hemos sostenido con ocasión de otras-disposiciones de este proyecto. Dijimos, en la discusión general, respecto del artículo 9° transitorio, que estas indicaciones, por provenir de la vía parlamentaria y no del Ejecutivo, transgreden el artículo 62, número 1, de la Constitución Política, y que, por consiguiente, son inadmisibles.

Las mismas razones que se esgrimieron para el artículo 9a transitorio, y que permitieron que hubiera unanimidad en la Comisión de Hacienda para declararlo inadmisible, fundamentan la solicitud de inadmisibilidad respecto del número 25 del artículo l9.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ribera.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, se nos planteó, en forma previa, que sería conveniente no ir al fondo del asunto, sino que se declarara la inadmisibilidad, con lo cual, sencillamente, esta materia quedaba fuera de discusión. Se ha entrado en el debate. No vamos a participar en él, porque lo que nos interesa, en definitiva, es proteger los derechos de los capitalistas populares.

Queremos dejar constancia de que no solamente apoyamos lo planteado por el Diputado señor Chadwick , en lo que respecta a la inconstitucionalidad en la forma, que es lo que da derecho para declarar la inadmisibilidad, sino que también somos partícipes de la idea de que una modificación en contrario, que afecte a los capitalistas populares, también incurriría en una inconstitucionalidad en el fondo. Aquí existen derechos adquiridos, hay un cierto tipo de contrato-ley. La materia ya fue discutida una vez por la Cámara en 1967. En esa oportunidad, la bancada democratacristiana no permitió una modificación al decreto con fuerza de ley N° 2, que tenía por objeto desconocer los derechos de los adquirentes.

Por consiguiente, considero que lo mejor es aceptar esta inadmisibilidad y no entrar nuevamente al debate de fondo del problema, para que ésta sea, realmente, una discusión plena.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No corresponde entrar al tema de fondo, porque sobre él hay posiciones distintas. Además, se está discutiendo la admisibilidad o inadmisibilidad de esta disposición, por justa o injusta que pueda parecer.

Por mi parte, he declarado su inadmisibilidad y, por lo tanto, corresponde discutir el número siguiente. .

El señor PALMA (don Andrés).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, a propósito de la discusión de la inadmisibilidad, sin duda alguna que se han emitido juicios sobre otras materias.

Quiero señalar que, en mi opinión, el artículo es perfectamente admisible, por cuanto aborda el fondo de la materia de la reforma tributaria. Sin embargo, modifica algunas normas de exención, facultad que sólo es de iniciativa del Ejecutivo. Esa podría ser una causal de inadmisibilidad, pero no el fondo de la materia.

Por lo demás, no quiero dejar pasar la oportunidad sin señalar que este número no tiene relación alguna con el capitalismo popular. Sería muy positivo, para el futuro de nuestras discusiones, que no se mezclaran las cosas para ocultar, mediante el nombre de representantes o de personas supuestamente muy populares, los intereses de los grandes capitales de este país.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Insisto en que estamos discutiendo la admisibilidad o inadmisibilidad del artículo. La Mesa lo ha declarado inadmisible.

Ofrezco la palabra a alguien que desee impugnar esa declaración, para después someterla a votación.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, deseo plantear un asunto reglamentario.

¿Por qué no dice en función de qué lo declara inadmisible? ¿Por ser inconstitucional o por no estar de acuerdo con las ideas matrices del proyecto? De lo contrario, no se puede argumentar.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La razón es que, si bien el proyecto original modifica la forma de cálculo de la base imponible y las tasas del global complementario, el artículo no se refiere específicamente a este punto y, por lo tanto, no queda comprendido dentro de las ideas matrices del proyecto. Además, existe el problema de que el beneficio de los contribuyentes que han comprado acciones por primera vez, pueda ser considerado como una exención, y, en consecuencia, según el artículo 62, número 1, de la Constitución Política, para modificar una exención se requiere la iniciativa del Ejecutivo.

Todas estas razones, en-su conjunto, llevan a la Mesa a estimar que esta indicación, sin entrar al mérito de su contenido, es improcedente.

Como no estamos discutiendo el fondo del problema, sino la declaración de inadmisibilidad, y como este aspecto también se planteará más adelante, propongo que haga uso de la palabra alguien que quiera impugnar dicha declaración.

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira ; después, el Diputado señor Estévez .

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, deseo referirme específicamente, al número 25 que modifica el artículo 57 bis.

Se trata de una indicación que altera la compra que hicieron los capitalistas populares, porque la ley N° 18.401 les permite hacer uso de la exención. Por lo tanto, de aprobarse la indicación, la franquicia de la cual pueden hacer uso hasta el quinto año, se limitaría solamente a un año más. En consecuencia, es evidente que también los involucra a ellos.

Un señor DIPUTADO.-

Nos estamos refiriendo a la inadmisibilidad.

El señor LONGUEIRA.-

Lo que pasa es que anteriormente se señaló que la medida no causaba trastornos a los capitalistas populares.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Yo sugiero, para avanzar, que el señor Diputado se refiera al tema en discusión. Si alguien en la Sala quiere que esto se vote, debemos seguir adelante. No hay alternativa.

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez .

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, me veo en la obligación de dejar constancia de que discrepo gravemente de su criterio sobre este punto, porque considero que el tema es absolutamente claro desde el punto de vista de las ideas matrices del proyecto.

Me permitiré citar el inciso tercero del artículo 23 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, que define con claridad cuáles son las ideas matrices del proyecto. Dice, textualmente: “Tara los efectos anteriores (precisamente el que estamos discutiendo), se considerarán como ideas matrices o fundamentales de un proyecto, aquéllas contenidas en el Mensaje o Moción, según corresponda.". Es decir, según este texto, no creo que haya discusión posible sobre cuáles son las ideas matrices.

El Mensaje del Ejecutivo es muy claro, y me permito destacar solamente el primer párrafo, que señala: "El Programa Económico del Gobierno se plantea como objetivo conciliar el desarrollo económico con la justicia social. Para ello estimamos indispensable aumentar la recaudación tributaria. Ese es el principal propósito de esta Reforma." No puede ser más clara y tajante la redacción respecto de lo que es la idea matriz el proyecto.

A mayor abundamiento, el mensaje, en la página 7, se refiere expresamente a los vacíos legales que, por sofisticación, dan la posibilidad de eludir impuestos. Ese es exactamente el caso que estamos tratando.

Aún más, el texto modifica de modo expreso la base imponible del global complementario y altera las deducciones, por ejemplo, las que aquí hemos visto, relativas al sueldo patronal, descuento previsional y de otro tipo.

Entonces, siendo patente que esta reforma busca aumentar la recaudación tributaria e impedir la evasión de impuestos, en ambos casos el texto que se nos ha presentado por el Ejecutivo es meridianamente claro.

Entiendo que detrás de esto puede haber un criterio de conveniencia política para producir, con el proyecto de reforma tributaria, un mayor grado de debate.

Creo, señor Presidente, que no puede aplicarse el criterio de admisibilidad o de inadmisibilidad de una indicación sobre la base de lo que a uno le guste o no le guste. La Ley está escrita y según entiendo -salvo que usted me rectifique-, en aquellos casos en que el texto es claro y patente no se puede ir a una interpretación de su espíritu, que aquí es preciso. El texto dice que idea matriz es lo que está contenido en el Mensaje o Moción. Y el Mensaje o Moción expresa, con exactitud, que la idea matriz es aumentar la recaudación tributaria y eliminar los vacíos legales que posibilitan la evasión. De alguna de las dos maneras hay que ver esto.

Quisiera aclarar, además, que de ningún modo se trata de una exención. Aquí se está normando cuál es la base imponible, y la misma no constituye una exención, sino un concepto completamente distinto dentro de un impuesto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Insisto en que hay criterios distintos. Entonces, para no continuar con esta discusión, he declarado inadmisible el artículo.

Quiero saber si hay algún señor Diputado que impugne esta declaración.

El señor CHADWICK.-

El Diputado señor Estévez la impugnó.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Usted pide que se vote?

El señor ESTEVEZ.-

Sí.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la declaración de inadmisibilidad del artículo 57 bis.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 19 votos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se declara inadmisible el número 25.

Se ha revivido una indicación formulada en la Comisión por varios señores Diputados, la cual dice que las personas naturales gravadas con los impuestos establecidos en los artículos 43, N° 1 , y 52, de esta ley, podrán rebajar, como crédito del impuesto final resultante, el 15 por ciento de los gastos de salud incurridos por hospitalizaciones indispensables del contribuyente, su cónyuge e hijos menores de 21 años que sean cargas familiares del contribuyente y que no hayan sido asumidos por instituciones de salud previsional o por el Fondo Nacional de Salud; y el 15 por ciento de los gastos derivados de la educación profesional o técnico-profesional de los hijos menores de 21 años, que se lleven a cabo en instituciones educacionales chilenas.

Esta indicación debe declararse improcedente, por cuanto no sólo se aparta de las ideas matrices del proyecto, sino que, además, establece un tipo de beneficio que sólo puede hacerse con el patrocinio del Ejecutivo.

Por lo tanto, la Mesa declara improcedente esta indicación.

El señor ALESSANDRI.-

¿Me permite?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, la idea matriz de este proyecto está relacionada con el programa social.

Tuve la oportunidad de hablar claramente con el Ministro señor Foxley , en forma particular. Me habría encantado que el Ejecutivo hubiera patrocinado la indicación.

Cabe destacar que ella se discutió en la Comisión. Incluso se presentaron mociones y se le introdujeron algunos cambios. En la votación de la Comisión de Hacienda, hubo empate en tres oportunidades. La indicación cuenta con el patrocinio de la mayoría, o sea, con más de 60 firmas.

A mi juicio, el tema es sumamente delicado. Si la Mesa la declara inadmisible, obviamente es de su responsabilidad. Lamento, que en todas estas reformas a la clase media no se le haya dado alternativas ni soluciones de ningún tipo. Sólo se han preocupado de los problemas de las clases alta y baja. Pero también existen problemas en la clase media, y ella, justamente, es el motor del país: para agricultura se destinan 80 millones; en minería, 70° millones; en transporte, cierta cantidad de millones. Sin embargo, los principales contribuyentes, la clase media, quedan absolutamente marginada.

Según lo conversado con el señor Ministro, esta situación le preocupa al Gobierno; pero no podemos seguir esperando, porque causará un problema serio.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling ; después, el Diputado señor Huepe .

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, ésta es una situación diferente de la del artículo 57. Aparentemente, puede parecer igual; pero en el proyecto del Ejecutivo se aumenta el impuesto global complementario a las rentas provenientes del trabajo y del capital, por decirlo en forma gruesa. Si se parte de la base de que ese mayor aumento no es tal, porque se establecen algunas rebajas del todo justas qué, en ningún caso, afectan la recaudación que pretende lograr el Ejecutivo, estamos discutiendo una materia que está en el Mensaje, es decir, el aumento del impuesto en tramos del global complementario, en este caso, lo que, en mi opinión, es una situación enteramente distinta.

Es importante darse cuenta de que esta indicación cuenta con el patrocinio de la mayoría de los parlamentarios de esta Sala. Por lo tanto, debiera someterse a votación derechamente, sin declarar su inadmisibilidad.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huepe .

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, de nuevo se mezcla el problema de inadmisibilidad con el de fondo.

En esta oportunidad, discrepo del planteamiento de fondo del Diputado señor Alessandri , porque decir que la clase media no ha sido considerada es una afirmación bastante gratuita.

Desde luego, respecto del global complementario, que por esencia es el tributo que afecta a la clase media, a los trabajadores, a los profesionales que tributan por sus ingresos como trabajadores y no por rentas de capital, el proyecto ha sido especialmente cuidadoso en no modificar las tasas sino desde un nivel del orden de los 300 mil pesos, muy marginalmente, y en mantener el límite superior del 50 por ciento de tributación.

Esta materia fue analizada en la discusión en general, así que no entraré en detalles. En consecuencia, me parece que, desde el punto de vista de fondo, del mérito de la indicación, no es aceptable su argumentación.

Además, efectivamente en algunos países existe la rebaja por gastos de salud y de educación, pero cuando son tasas de tributación mucho más altas que las que afectan al contribuyente chileno.

Por esa razón, desde el punto de vista del mérito, estamos en desacuerdo con la indicación. Algunos Diputados pueden haberla patrocinado, pero es una discusión que, a mi juicio, no es pertinente.

Habiéndose argumentado al problema del mérito de la indicación y estando en desacuerdo con los argumentos del Diputado señor Alessandri , quiero retrotraer la discusión al punto central, que es la admisibilidad o inadmisibilidad de la misma. No se puede argumentar de dos maneras distintas, dependiendo de si nos conviene o no.

También es claro que aquí se están estableciendo exenciones. Si hemos aceptado eso, que a mi juicio es mucho más claro que el caso anterior, no existe posibilidad de introducirse en ese tema.

Reitero mi proposición. Esto nos seguirá penando en una serie de discusiones, no sólo sobre la reforma tributaria, sino que en otras que tendremos en el futuro respecto de materias que debe conocer la Comisión de Hacienda.

Solicité al Diputado señor Devaud , quien denantes se había opuesto a mi petición, su apoyo para requerir un informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, aprovechando incluso la experiencia de los artículos debatidos con ocasión de la reforma tributaria, puesto que este proyecto pasará ahora al Senado, el cual también tratará este tema y discutirá bastante más a fondo, el problema de la admisibilidad o inadmisibilidad, o de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, porque son dos temas distintos. Hay dos maneras diferentes de rechazar una indicación.

Entonces, ¿para qué empezar a discutir si la indicación la rechazó el Presidente por los motivos A o B, o si tiene que ver o no con las ideas matrices del proyecto?

Aprovechemos la experiencia de este proyecto, pidamos un informe a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y tengamos un marco de referencia para las discusiones futuras.

En resumen, señor Presidente no comparto el planteamiento sobre el problema de fondo expuesto por el Diputado señor Alessandri .

En relación con el problema formal de la inadmisibilidad, con mayor razón que en el caso anterior, la bancada demócrata- cristiana concuerda con la declaración de inadmisibilidad planteada por el señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Yo insistiría en lo que señalé denantes. Aquí hay un debate sobre la materia. Una cosa es el fondo de la indicación, tanto de ésta como de la anterior, en lo cual uno puede tener opiniones distintas. Además, existe un problema reglamentario y legal de por medio.

La indicación ha sido declarada inadmisible.

Quisiera saber si algún señor Diputado pide votación sobre esto. En caso contrario, seguiríamos con el número siguiente.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Entonces se declara inadmisible la indicación.

Pasamos al número 26, que está en la página 40 del informe de la Comisión de Hacienda.

El señor HUEPE.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huepe .

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, si se vuelve a rechazar, no insistiré más; pero, por última vez, le solicito que pida el asentimiento de la Sala para requerir, sobre esta materia, un informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.'

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Antes de pedir dicho asentimiento, le concedo la palabra al Diputado señor Devaud .

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, quiero justificar el motivo por el cual me opuse anteriormente a la solicitud del Diputado señor Huepe , en el sentido de pedir informe a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

En realidad, reconsiderando un tanto la situación, y sólo para el efecto de establecer, por la vía de esa Comisión de Constitución, reglas generales de interpretación respecto de la admisibilidad de artículos, específicamente en ese caso, señor Presidente, daría mi asentimiento para el acuerdo.

El señor ALESSANDRI -

¿Me permite?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn .

El señor SCHAULSOHN.-

Perdón, ¿había pedido la palabra el Diputado Gustavo Alessandri ?

Si es así, se la cedo.

El señor ALESSANDRI.-

Ya ha sido declarada inadmisible la indicación.

He escuchado al Diputado Claudio Huepe . De partida, no comparto su opinión. Me imagino que no la emitió como jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, sino en forma personal. Si es así no hay ningún problema.

Repito que ya fue declarada inadmisible la indicación y que no se volverá a tocar el tema. Pero es distinto representar la opinión de la bancada general, en este caso particular.

El señor SEGUEL.-

Tiene que dirigirse al señor Presidente.

El señor ALESSANDRI.-

Disculpe, señor Presidente, que no lo haya mirado mientras hablaba, cosa que ha molestado al Diputado señor Seguel .

Gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Schaulsohn ; después, el Diputado Huepe , quien ha sido aludido.

El señor HUEPE.-

¿Me concede una interrupción, colega, por haber sido aludido?

El señor SCHAULSOHN.-

Sí.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entonces, que haga uso de la palabra primero el Diputado señor Huepe para que aclare el punto.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, de nuevo el Diputado Alessandri confunde las cosas, porque es distinto que algunos Diputados de la bancada democratacristiana hayan patrocinado la idea de plantear estas exenciones, materia sobre la cual puede haber discrepancias al interior de la bancada; pero, sobre este tema de la admisibilidad, estoy hablando en nombre de la bancada democratacristiana.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn .

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, no tengo inconveniente en que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pueda emitir un pronunciamiento sobre este tema.

El debate que tenemos acá no debe asustar a los parlamentarios, especialmente a los de la Concertación, porque se trata de trabajar bajo una ley que es tremendamente restrictiva en cuanto a las atribuciones del Congreso Nacional. Si aceptamos que esta Corporación sea simplemente un buzón cuando se trata de materias que presuntamente son de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, el día de mañana, independientemente del lugar en que nos sentemos en este hemiciclo, nos podremos arrepentir.

Por eso, me interesaba y me sigue interesando saber cuál es el fundamento cuando usted declara una inadmisibilidad. ¿Por qué? Si una indicación es inadmisible porque no dice relación con las ideas matrices, es una situación; pero si se declara inadmisible porque estaríamos, supuestamente, invadiendo materias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, la situación es muy diferente, porque ahí sí que estamos transformando al Congreso Nacional en un mero buzón.

Me parece bien que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia emita un informe, pero ella no puede fijar reglas generales, porque, desde mi modesto punto de vista el Diputado Estévez tiene toda la razón en lo que dijo. La Ley Orgánica es muy clara en definir lo que es una idea matriz. A partir del 21 de mayo los Ministros y los propios Parlamentarios, deberemos tener mucho cuidado cuando redactemos los mensajes de los proyectos, porque -como algunos pueden creer- no son meros discursos, por cuanto fijan el marco de lo que es lícito discutir en este hemiciclo.

Cuando el Presidente de la República presenta un proyecto sobre materias en que tiene la iniciativa exclusiva, abre la puerta para que los parlamentarios podamos formular indicaciones, y no sólo decirle "Si" o "No"; pero esa puerta tiene un límite, y ese límite son las ideas matrices del proyecto. Por lo menos, ésta es mi visión del punto. No vamos a entrar al fondo ahora.

Me parece bien que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia actúe; pero, en lo que nos queda por despachar de este proyecto, solicito del señor Presidente que declare la inadmisibilidad en cada caso y que, por favor, indique la razón, para no sentar un precedente que cercene en forma innecesaria, mediante una interpretación restrictiva, casi autoflagelatoria de las facultades de los parlamentarios, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En lo que respecta a la petición del Diputado señor Huepe , no es posible acogerla porque no hay asentimiento unánime. Puede plantearla como un acuerdo de su bancada.

El señor DEVAUD.-

No me he opuesto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Cambió de parecer el Diputado Devaud ?

El señor HUEPE.-

Eso es lo que dijo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud .

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, me parece haber sido suficientemente claro en señalar que reconsideraba mi posición respecto del acuerdo, en cuanto se establecieran por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, reglas generales de interpretación de los artículos referentes a la materia.

Eso lo entendió perfectamente el Diputado señor Huepe . Hemos conversado sobre el punto.

Gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si es así, solicito nuevamente el asentimiento unánime de la Sala para que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, informe cómo deben ser interpretadas las normas constitucionales y las de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, respecto de las materias que son propias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República y aquellas que, en cambio, pueden ser objeto de indicaciones por los parlamentarios.

Si le parece a la Sala, así se acordaría.

Acordado.

En relación con el planteamiento del Diputado Schaulsohn , como todavía quedan algunas otras materias, considero que todo esto es esencialmente discutible, desde el punto de vista constitucional. Pero las ideas matrices del proyecto no pueden ser genéricas, sino precisas. En tal sentido, sería muy conveniente que el Ejecutivo las precisara en sus mensajes, y los parlamentarios en sus mociones. A mi juicio, por la argumentación lógica que se da en el fundamento de determinadas disposiciones, no se puede sostener que las ideas matrices del proyecto corresponden a tales principios.

Las ideas matrices están referidas a ideas precisas, específicas. De lo contrario, el concepto de idea matriz desaparece.

En ese sentido, no se podría sostener que, por el hecho de querer recaudar más impuestos o de modificar las normas tributarias, se está abriendo una ventana por la cual los parlamentarios podemos modificar toda la legislación tributaria.

Creo que las ideas matrices consisten en normas precisas que apuntan no a determinados artículos, sino a materias muy individualizables, que son claras y distintas de otras.

En ese sentido, cuando se trata de beneficios, exenciones o nuevas tributaciones, deben referirse con precisión a lo que está consignado. Así, por ejemplo, cuando se crea una comuna, no puede entenderse que la ventana está abierta para crear cualquiera otra.

Todo lo anterior deberá ser discutido en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

He respondido a la petición del Diputado Schaulsohn , en el sentido de indicar cuál es el criterio con que está operando la Mesa, lo que se verá cuando procedamos de la misma manera con otros artículos en discusión.

Corresponde ahora tratar el N° 26, que introduce modificaciones al artículo 58 de la Ley de la Renta. Dice:

"Agrégase al final del N° 1°, en punto seguido, el siguiente párrafo:

"Para estos efectos, el impuesto contemplado en este número se considerará formando parte de la base imponible representada por los retiros o remesas brutos."

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.

Aprobado.

En el N° 30, que figura en la página 42, se modifica solamente el primer inciso. Dice:

"Sustitúyese la letra a), por la siguiente:

"a) Un porcentaje sobre el monto de los ingresos brutos mensuales, percibidos o devengados por los contribuyentes que desarrollen las actividades a que se refieren los números l2 letra a), inciso décimo de la letra b), e inciso final de la letra d), 3°, 4° y 52 del artículo 20, por los contribuyentes del artículo 20, por los contribuyentes del artículo 34 número 2° y 34 bis número 1°, que declaren impuestos sobre renta efectiva. Para la determinación del monto de los ingresos brutos mensuales se estará a las normas del artículo 29."

Se han modificado las referencias que aparecen en las líneas cuarta y quinta del inciso.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.'

Aprobado.

El señor RINGELING.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor RINGELING-

Quiero pedir una precisión al señor Ministro de Hacienda respecto de un punto que ya se trató y sobre el cual no hay indicación. Entiendo que si el señor Ministro quiere hacer uso de la palabra, puede aclararlo.

Se trata del N° 6 del proyecto, que modifica el artículo 20.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, le propongo que plantee el tema cuando terminemos la discusión del artículo 1°.

El señor LEAY.-

Lo terminamos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Efectivamente, quedó terminada la discusión del artículo 1°, de modo que puede plantear el punto.

El señor RINGELING.-

Entonces, respecto del N° 6, como digo, me referiré al inciso tercero de la letra b), que aparece en la página 18 del informe.

Según el espíritu del proyecto de reforma, en la Comisión se expresó que los profesionales que llevan contabilidad por su actividad y que, a la vez, tienen una propiedad agrícola, no se verían afectados por estas normas de relacionamiento. Sin embargo, del tenor literal del inciso tercero se deduce lo contrario; es decir, que aquellas personas que tengan ventas inferiores a 80 millones de pesos al año, y que sean profesionales, quedarán afectos al impuesto.

Con el fin de que el punto sea tratado en el Senado y haya un criterio claro a este respecto, deseo solicitar al señor Ministro que precise la intención del Ejecutivo en cuanto a que, en el caso mencionado, estos profesionales no caerán en la obligación de llevar contabilidad por renta efectiva.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra al señor Ministro.

El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-

La interpretación del señor Diputado es correcta. Se refiere a la renta de primera categoría y no a la de profesionales.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde ahora votar el artículo 2a.

El señor LEAY.-

No hemos votado el artículo 1°.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Votamos desglosado el artículo 1°, punto por punto. Y lo hemos votado completa. Todas aquellas partes que se modificaron en el segundo informe de la Comisión ya se votaron. El resto no corresponde hacerlo, pues se da por aprobado al no haber sufrido enmiendas en el segundo informe.

El señor LONGUEIRA.-

No, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira .

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, la votación de la Sala ha sido en lo general. Por lo tanto, hoy día a usted le corresponde, con o sin indicaciones, votar el artículo 1° completo. Aquí hay Diputados que, obviamente, no han votado. La Comisión analizó cada indicación y la aprobó o rechazó, pero, resulta evidente que la posición de la UDI consiste en rechazar el artículo 1°. Lo que ahora se ha hecho es revisar todas las modificaciones que se introdujeron en el segundo trámite.

En consecuencia, corresponde votar el artículo 1°, y después seguir con el 2°.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Para eso, señor Diputado, debió presentar una indicación destinada a eliminar el artículo 1°.

Como lo dije al comienzo, reitero que se dan por aprobadas todas aquellas normas que no han sido objeto de indicación. Eso está previsto en el Reglamento. En esta oportunidad, hemos votado aquellas partes del artículo que fueron modificadas en el segundo informe. Eso es lo que corresponde.

El señor HUEPE.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor PEÑA.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene fa palabra el Diputado señor Huepe ; después, el Diputado señor Peña.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, creo que su interpretación del Reglamento es correcta. Si la UDI quiere votar en contra, ya lo hizo en la votación general del proyecto; o sea, en ese momento fijó su posición. En todo caso, no me voy a inmiscuir en esa discusión reglamentaria, porque ellos han dado a conocer su criterio tanto en la Sala como públicamente.

Quiero referirme a un asunto en términos similares a los del Diputado señor Ringeling , es decir, sin afectar las materias ya aprobadas. Se trata de una reflexión que me parece pertinente, al menos a título personal, sobre algo que hemos aprobado, que no quisimos cuestionar pero que, como principio, me parece difícil de aceptar en forma permanente.

El problema se refiere a los créditos del impuesto de primera categoría que pagan las empresas, mediante el cual los accionistas, cuando tributan en el global complementario, pueden imputarlo como crédito. En la práctica, se rebajan del impuesto de primera categoría aquellos gravámenes que ya han sido pagados en su carácter de accionista de una determinada empresa.

Aquí se presenta un problema bastante delicado. Nosotros hemos aceptado la proposición del Ejecutivo. Sin embargo, dejó constancia de que ése no es el criterio aplicable en muchos otros países con sistema de global complementario, pues no se acepta como crédito lo que tributan las empresas como tales. La empresa como tal y los accionistas, en calidad de personas naturales, son entes jurídicos distintos, razón por la cual no se puede confundir la tributación a que ellos están afectos.

No voy a argumentar latamente sobre el tema, pero quiero hacer presente esta situación, porque en Chile, hasta 1984, tampoco existía este crédito del impuesto de primera categoría contra el global complementario. Es una modificación que se aprobó después de 1984 y que no existe en casi ningún otro sistema tributario del mundo. En esta oportunidad, dado el espíritu que ha animado al Gobierno en la discusión de este proyecto, de mantener determinadas exenciones tributarias, nosotros lo hemos aceptado. Sin embargo, creo que se trata de una situación que, en el futuro, esta cámara deberá revisar, porque me parece que conlleva una inequidad tributaria y porque el hecho de pretender equiparar necesariamente las rentas provenientes del capital con las provenientes del trabajo, de manera que la tasa tributaria sea exactamente igual, no corresponde. Se trata de situaciones absolutamente distintas. Cuando una persona es dueña de una empresa y tiene pérdidas, las puede acumular y descontar de la tributación del año siguiente. Cuando un trabajador está cesante, no tiene ingresos, y el tratamiento, por esencia, es distinto en las rentas del capital y en las del trabajo.

Reitero que nos parece adecuado aceptar en forma permanente la idea del crédito del impuesto de primera categoría al global complementario; pero que, en esta oportunidad, la hemos aceptado para no entrabar el despacho del proyecto presentado por el Gobierno.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Peña.

El señor PEÑA.-

Señor Presidente, entiendo que, según el procedimiento seguido por la Mesa, está terminada la discusión de esta primera parte.

Denantes no quise interrumpir para solicitar una precisión sobre el párrafo cuarto de la página 26, que dice: "El crédito establecido en este artículo no se aplicará a las empresas del Estado ni a las empresas en las que el Estado, sus organismos o empresas o las municipalidades tengan una participación o interés superior al 50% del capital. Tampoco se aplicará respectó de los bienes que una empresa entregue en arrendamiento con opción de compra."

La consulta es la siguiente: ¿Se refiere a cualquier tipo de empresas o sólo a las comprendidas en la primera parte del párrafo?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra a algún miembro de la Comisión, al Diputado Informante, o al Presidente de la Comisión, para aclarar el punto.

El señor ESTEVEZ.-

¿Se refiere al tema de la deducción del impuesto de primera categoría en el global complementario?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En la página 26, párrafo cuarto, se añade una frase del siguiente tenor: "Tampoco se aplicará -el crédito- respecto de los bienes que una empresa entregue en arrendamiento con opción de compra". El señor Diputado desea saber si la expresión "empresa" comprende genéricamente a cualquier empresa o sólo a las indicadas en la primera parte del inciso; es decir, a aquellas que son del Estado o en las que éste tenga una participación.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, la idea es clara: se trata de cualquier empresa. Como lo expliqué en la presentación, en las inversiones de bienes de capital se necesitaba normar lo referente a las empresas denominadas de "leasing"; o sea, que entregan en arrendamiento los bienes de capital y que, mediante el pago de la última cuota, éstos son comprados o adquiridos. Para estos efectos, si bien la inversión está considerada mediante la forma de un arrendamiento, aquí se precisa. El párrafo final que se agrega está relacionado con el inciso siguiente. Ambos, dan la idea clara de que el crédito no lo recibe la empresa que da en arrendamiento el bien de capital, sino aquella que hace la inversión; es decir, la que toma en arrendamiento de la empresa de "leasing" (o como se llame la otra) el bien de capital. Si una empresa otorga en "leasing" o en arrendamiento una maquinaria a otra, ésta es la que efectúa la inversión. Al comprar la maquinaria mediante un "leasing" ella es la que recibe el beneficio tributario y no la empresa arrendadora. Entonces, el primero de los incisos excluye a dichas empresas arrendadoras o de "leasing", y el siguiente precisa que la empresa que pagó el arriendo es la que recibe el beneficio tributario.

El señor PEÑA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PEÑA.-

Señor Presidente, los abogados sabemos que, desde el punto de vista jurídico, es lícito, por ejemplo, incluir en un mismo contrato la promesa de compraventa de un bien o su arrendamiento y la opción de compra en favor del promitente comprador o arrendatario. Entonces, es dable suponer que esta forma tan genérica podría originar el día de mañana más problemas de aplicación que los que la Comisión consideró como razonables. Es frecuente, por ejemplo, que una persona natural arriende un predio y, en el mismo contrato, se estipule opción de compra. Esto podría también ocurrir con personas jurídicas, por ejemplo, una empresa de responsabilidad limitada. En consecuencia, no queda claro cuál será su aplicación práctica. A lo mejor, sería bueno precisarla y señalarla expresamente, sobre todo tratándose de empresas de "leasing".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La discusión promovida sobre este punto forma parte de la historia fidedigna del establecimiento de la ley y de ella queda constancia para la interpretación posterior de las autoridades administrativas o judiciales. En todo caso, si algún señor Diputado lo estima pertinente, puede sugerir que este punto sea aclarado en el Senado. Pero no corresponde esclarecerlo en el texto del artículo.

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez .

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, sólo para responder al señor Diputado, por su intermedio, que el encabezamiento del artículo deja muy claro de qué bienes se trata. Naturalmente, leída la disposición en la forma en que hemos estado votando, separada del contexto total del artículo, puede dar lugar a la confusión que él observa. Pero, leyendo íntegramente el artículo 33 bis, queda claro que se trata de aquellos bienes que son usados para inversiones en bienes de capital y, por lo tanto, queda también claro el sentido de la disposición. Como dice el señor Presidente, para el establecimiento de la historia de la ley podemos ratificar que se trata del llamado "leasing" o arrendamiento de bienes de capital con opción de compra, como ha sido aquí ya establecido.

El señor VIERA-GALLO (Presidente). -

Volviendo al planteamiento hecho por la bancada UDI, sobre la forma de votar el artículo 1°, debo señalar que, según el artículo 211 del Reglamento, en este trámite se votan los artículos nuevos y los que hayan sido modificados en el segundo informe, y éste es el caso. Pero, al inicio de la discusión, se preguntó si se prefería una votación global del artículo 1° o una votación parcial, es decir, por números.

Y se convino, sin objeción de ningún señor Diputado, en que era preferible la segunda fórmula, porque el artículo 1° modifica o se refiere a muchos otros artículos. Cada uno de sus números es otro artículo, en el fondo. Tanto es así que en el informe, en la página 7, se dan por aprobados muchos números o párrafos de números del artículo 1°, porque vienen a ser artículos dentro de un gran artículo, si se quiere. Perfectamente, el proyecto podría haber sido redactado de otra manera, de modo de consignar en artículos separados cada una de las modificaciones que se introducen a la Ley de Impuesto a la Renta. Pero no tengo ningún inconveniente, si la bancada de la UDI insiste, en someter a votación todo el artículo le, en cada uno de sus números, entendiendo que se podría producir el absurdo de que aparecerían aprobadas normas particulares por unanimidad, y en cambio, el artículo en general no lo sería igualmente. Habría sido preferible que se hubiese hecho la petición al comienzo de la discusión, con el sentido de votar el artículo en su conjunto, si es que se deseaba manifestar oposición a la disposición en general.

El señor BARTOLUCCI.-

Así lo solicitó el Diputado señor Longueira .

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No, señor Diputado. El señor Longueira hizo una consulta y, a raíz de ella, la Mesa entendió que lo que solicitaba la bancada de la UDI era exactamente lo contrario. Entendió que pedía que se votara por números, para oponerse a algunos y aprobar otros. Se advierte que es necesario aclarar este punto.

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira .

El señor LONGUEIRA.-

Señor presidente, precisamente, lo que señalé al comenzar la sesión es que se votara en conjunto el artículo 1°, salvo aquellos artículos respecto de los cuales alguien quisiera votar en lo particular, o separadamente, a fin de que quedara constancia de las unanimidades, y de las mayorías y minorías que se producirían respecto de otros. El hecho es que estamos votando en particular cada uno de los artículos, pero la Sala no ha tenido oportunidad de votarlo en su conjunto. Efectivamente, si se vota el artículo l9 quedará constancia de que la UDI, a través de mi voto en la Comisión de Hacienda, se sumó a la unanimidad en algunos puntos, porque, evidentemente, muchos de ellos son de obvio trámite, como que son la consecuencia lógica de la aprobación de la ley; además, no fue el ánimo nuestro oponernos a esos cambios naturales de redacción y de adecuación del texto. Es claro que este artículo fue aprobado, porque contó con mayoría en la votación general, pero, evidentemente, no puede quedar la sensación de que hay unanimidad o está aprobado el artículo l° sin que quede constancia expresa de que nosotros nos oponemos o rechazamos el alza de impuestos que establece.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Es que no se puede tener todo en la vida. O se vota el artículo en su conjunto, o se vota por partes. Pero no se puede decir que se va a rechazar en su conjunto, pero se concurrirá a mejorar aquello que no han aceptado. De todos modos, no tengo ningún inconveniente en que quede constancia de que se vote el artículo en su conjunto. Reconozco que se va a producir el absurdo de que parte del artículo será aprobado por unanimidad, y el conjunto, por un quorum menor.

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco .

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, lo que procede es que la Mesa ponga en discusión y en votación el artículo. La discusión debe estar referida a todo el artículo, lo mismo que la votación, salvo que un señor Diputado pida expresamente que se vote en particular alguna de sus letras o incisos.

Rogaría al señor Presidente que en lo que resta del proyecto ponga en discusión y votación cada uno de sus artículos, con el objeto de no enfrascamos nuevamente en una discusión similar a ésta. Y si algún señor Diputado quiere pedir que se divida la votación, así se hará, si la Sala lo acuerda.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Dupré .

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, creo que la bancada de la UDI tiene razón. De acuerdo con el inciso segundo del artículo 237 del Reglamento, se vota la proposición original con cada una de sus adiciones o modificaciones y en el caso de ser rechazada en todas estas formas, se votará en su forma original. En este caso, la situación es similar. No estoy seguro si el procedimiento acordado al comienzo de la sesión discurre sobre la base de entender aprobado el artículo por unanimidad en aquella parte en que no ha sido objeto de indicaciones. De no ser así, creo que la bancada de la UDI tiene toda la razón desde el punto de vista reglamentario. Conviene aclarar este punto, con el objeto de no sentar un mal precedente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Palestro a continuación el señor Longueira .

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, en primer lugar, creo que algunos sectores de la Cámara están totalmente equivocados en la interpretación del Reglamento. Coincido plenamente con el planteamiento hecho por la Mesa, porque al comienzo de la sesión acordamos ir votando una a una las indicaciones formuladas en el segundo informe. Y así se ha hecho. Al votarse todas las enmiendas al artículo, podríamos decir que se votó en general, tanto más cuanto que las dudas planteadas fueron aclaradas por parte de algunos de los parlamentarios que intervinieron sobre ellas. Pero si volvemos a votar el artículo en su totalidad, estaremos echando por la borda todo el resto de lo conversado y votado. Porque creo que todos hemos votado en conciencia, salvo algunos señores Diputados que no hayan estado atentos al curso de la sesión. No me parece pertinente que planteen dudas, en circunstancias de que se ha procedido correctamente en el despacho de este artículo 1°, que es demasiado extenso. En definitiva, se han discutido y votado como corresponde las observaciones formuladas en el segundo informe.

Si algunos señores Diputados no estuvieron atentos a la discusión y a la posterior votación, sencillamente deben callar y no hablar nunca más.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira .

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, deseo rectificar el planteamiento de la Mesa. No me voy a referir, por cierto, a la reciente intervención del señor Diputado, porque creo no merece destinar tiempo de la sesión a su contestación.

Cuando se vota en general un proyecto, es evidente que se está votando la idea de legislar. Pero eso no inhabilita a quién vota en contra presentar indicaciones en la discusión particular. Efectivamente, consta en la Comisión que nosotros votamos favorablemente varias indicaciones cuya finalidad era introducir equidad en la futura ley.

Por lo tanto, nada impide que quien vota negativamente un artículo, en la votación general, pueda presentar indicaciones posteriormente. El artículo 1° consta de muchos números, precisamente, porque modifica la Ley de la Renta en aspectos muy específicos, como son los impuestos de primera y segunda categorías. Después, los artículos 2°, 3°, 4°, hasta el 8°, se refieren a materias distintas, sin perjuicio de que la lógica que el Ejecutivo ha dado al proyecto es muy clara y precisa. Quienes hemos tenido que trabajar sobre él en la Comisión de Hacienda, sabemos que evidentemente tiene toda una lógica de presentación.

Por lo tanto, no significa ser inconsecuente votar en contra del artículo 1° después que se ha apoyado puntos específicos del mismo. Tanto más cuanto que se trata de una disposición que modifica normas sustanciales de la Ley de la Renta referidas a los impuestos de primera y segunda categorías, que afectan a las empresas y a las personas naturales. Por lo tanto, nuestra actitud no tiene nada de inconsecuente. Muy por el contrario, hemos votado en cada uno de los puntos precisamente como teníamos que hacerlo. De modo que no ha habido ningún error, y lo único que tiene que hacer la Mesa es someter a votación algo que nunca sometió a votación, como es, justamente, el artículo 1°. Después, hay que votar los artículos 2a, el 3° y siguientes, hayan sido o no objeto de indicación por parte de los señores Diputados o del Ejecutivo durante la tramitación del proyecto.

Por lo tanto, lo que corresponde ahora es someter a votación todo el artículo 1°, Y aunque, evidentemente, en la historia de la ley quedará constancia de que los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente, y a través del voto del Diputado que habla en la Comisión de Hacienda, concordamos en varios puntos de esta disposición, evidentemente, igual que después de la votación en general de un proyecto, tenemos el legítimo derecho de pronunciarnos sobre la universalidad de la norma. Por cierto, reiteramos, ello no tiene nada de inconsecuente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn .

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, la verdad es que cuando se aprobó el sistema de votación que hemos utilizado -y a mí me dio la impresión de que había unanimidad en la Sala- me sorprendió, porque no es la manera como debemos proceder. Ahora, si hay unanimidad, podemos proceder de cualquier manera. Pero creo que tenemos que ser siempre justos y leales en nuestros procedimientos. De allí que el planteamiento que está haciendo la bancada de la Unión Demócrata Independiente, aunque un poco tardío, porque debieron haberlo hecho al comienzo de la discusión, sea de todas maneras, válido.

Por lo tanto, sugiero que votemos el artículo 1° en la forma propuesta por la Mesa, y los artículos siguientes como lo señala el Reglamento, porque los únicos que no se someten a votación son los consignados en la página N° 7, del boletín disposiciones que no fueron objeto de indicación ni modificadas y de las que da cuenta la Comisión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Conforme.

En votación el artículo 1°.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 12 votos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 1°.

Corresponde discutir ahora el artículo 2a, en el cual sólo se ha modificado la parte inicial del número 3a, que dice: "Lo dispuesto en los números 6,..." Esa es la modificación que se ha introducido. Está en la página 46 del informe.

Ofrezco la palabra.

El señor ESTEVEZ.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ESTEVEZ.-

Sólo para adicionar a lo que usted ha señalado que también en los números 1 y 2 hubo que hacer algunas modificaciones, porque los números correspondían a los del proyecto original del Ejecutivo. En la medida en que algunos se han agregado y otros se han suprimido, es natural que los números también hayan cambiado. Se trata sólo de un problema de concordancia.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra sobre el artículo 2°.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.

Aprobado.

Ahora debemos decidir si el artículo 3° se votará en su conjunto o si se dividirá la votación.

Ofrezco la palabra sobre este punto.

Como no se ha pedido división de la votación, se votará el artículo en su conjunto.

Para mayor claridad, las modificaciones que se han introducido están contenidas en la página 48, en la última línea del párrafo tercero, donde dice: "a menos que se encuentren expresamente exentas de éste."

También se agrega un párrafo nuevo, el inciso segundo del número 7, que dispone: “Tara todos los efectos tributarios, se presumirá que los activos incluidos en el balance inicial han sido adquiridos con ingresos que tributaron con anterioridad a la vigencia de esta ley."

En el tercer párrafo, en la página 49, se ha modificado una frase en el siguiente sentido: "y entregados los bienes o prestados los servicios".

Esas son las modificaciones que ha tenido el artículo 3°.

Se ofrece la palabra.

Se ofrece la palabra

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.

Aprobado.

En el artículo 4° ha habido un cambio de redacción. En la línea octava del último párrafo, de la página 50, se expresa: "índice de precios al consumidor". Antes decía "al consumir".

Luego, en la página 51, en el número 5, se ha añadido una frase final que establece: "a menos que se encuentren expresamente exentos de éste."

Asimismo, en el párrafo segundo de la página 52, en su línea séptima, hay una modificación que dice: "y entregados los bienes o prestados los servicios".

Esas son las modificaciones al artículo 4°.

Se ofrece la palabra.

Se ofrece la palabra.

Cerrado el debate.

Si les parece, se darán por aprobadas.

Aprobadas.

Pasamos, ahora, al artículo 8° que figura en la página 54.

Sin entrar al mérito del contenido de este artículo, corresponde declararlo improcedente, por cuanto dice relación con las ideas matrices del proyecto, entendidas en la forma como se aclaró denantes.

Sobre este punto, se ofrece la palabra.

Se ofrece la palabra.

Cerrado el debate.

Se declara improcedente el artículo 8°.

El artículo 9° está en la página 60.

También corresponde declarar improcedente este artículo, por cuanto faculta

al Presidente de la República para dictar un decreto supremo, que llevará la firma de varios ministros, y un reglamento de devolución del impuesto al valor agregado a los pequeños agricultores y pescadores artesanales.

La idea matriz del proyecto, en lo que se refiere al IVA, contempla sólo el aumento del 16 al 18 por ciento; pero en la idea matriz de la iniciativa no está reglamentar la devolución del IVA.

Además, el inciso segundo dice: "Para el cumplimiento de las funciones de control que esta norma genere se faculta al Presidente de la República para incrementar hasta 15% la planta fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos."

La creación de cargos públicos es una materia de la exclusiva iniciativa del Presidente de la República.

Por lo tanto, .este artículo se declara improcedente.

Sobre esta materia, se ofrece la palabra.

El señor GARCIA (don José).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor José García .

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, un grupo de parlamentarios habíamos presentado una indicación con una redacción distinta de la que figura ahora en el segundo informe de la Comisión de Hacienda.

Contamos con las firmas suficientes para insistir sobre nuestra indicación, la cual fue rechazada por la Comisión, que aprobó la que aparece en el texto. Sin embargo, los señores Ministros de Hacienda y de Agricultura nos han manifestado que el Ejecutivo está estudiando esta materia en profundidad y con la mayor seriedad, y que el Gobierno enviará un proyecto de ley, en un plazo no superior a los noventa días, que permitirá a los pequeños agricultores, campesinos y pescadores artesanales, recuperar el impuesto al valor agregado que pagan al adquirir sus insumos.

Por esa razón, no insistiremos en la indicación. Agradecemos a los señores Ministros de Hacienda y Agricultura y al Ejecutivo, en general, su buena disposición para hacer realidad este anhelo de los pequeños campesinos.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Huenchumilla .

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, como cuestión previa, pero sin objetar la decisión que usted ha tomado respecto de la inadmisibilidad de este artículo, quiero dejar constancia de que, respecto del inciso primero del artículo 9°, no comparto el criterio de la Mesa, porque aquí hemos discutido, desde hace mucho rato este problema puntual. Lo esencial, señor Presidente, es que, en definitiva, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, deberá determinar exactamente qué se entiende por ideas matrices o fundamentales del proyecto.

Se me dirá que, de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, son aquellas que se contienen en el proyecto, mensaje o moción; pero con eso quedamos en lo mismo. Lo fundamental es que la Cámara, soberanamente, como Poder del Estado, defina lo que se entiende por ideas matrices o fundamentales, y que no sea el Ejecutivo, como usted lo planteó hace un rato, el que nos fije las reglas del juego o nos trace el marco en el cual ejerceremos nuestras atribuciones cómo Poder del Estado.

Por lo tanto, hago prevención respecto de la inadmisibilidad del inciso primero de este artículo, por cuanto considero que es plenamente procedente. No quiero entrar al fondo de la discusión, por las razones que ya señalé; pero espero que en su oportunidad podamos discutirlo, cuando la Comisión emita su informe.

Indudablemente, el inciso segundo de este artículo sí es plenamente inadmisible, porque es claramente contrario al artículo 62 de la Constitución Política del Estado.

Por último, señor Presidente, quiero dejar constancia de que, sobre esta materia, que beneficia a muchos miles de agricultores, campesinos y pescadores, quienes se encuentran al margen del sistema por no ser contribuyentes, esperaré la decisión política del Gobierno del Presidente Aylwin para que la estudiemos, y, en un plazo prudente, este Parlamento se pronuncie derechamente sobre la cuestión planteada.

Nada más, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Han pedido la palabra los Diputados señores Schaulsohn y Arancibia .

Tiene la palabra el Diputado Schaulsohn .

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, coincido con lo expresado por el Diputado Huenchumilla , en el sentido de que, en mi concepto, esta indicación es perfectamente armónica con la idea matriz del proyecto, por lo menos en su inciso primero.

No deseo insistir en pedir la revocación de la declaración de inadmisibilidad que ha hecho la Mesa, porque la indicación ha sido retirada incluso por sus propios proponentes; pero sí quiero señalar que me parece importante, cautelando las facultades del Congreso, como bien ha dicho el Diputado Huenchumilla , definir de manera bastante precisa lo que entendemos por ideas matrices del proyecto.

Por lo demás, por el proyecto se propone un incremento del impuesto al valor agregado, y lo que acá se plantea, en ese aspecto específico, desde mi punto de vista, es perfectamente compatible con la idea matriz del proyecto.

Quiero agregar también que concuerdo con el fondo de lo que está propuesto acá, y decir que a muchos de nosotros nos habría gustado que el proyecto contuviera normas distintas en relación con el problema específico del impuesto al valor agregado. Personalmente, no soy partidario de aumentar dicho impuesto. Ciertamente, habría preferido eliminarlo respecto de algunas cosas, como, por ejemplo, los libros y espectáculos de carácter cultural.

Entiendo el punto de vista del Gobierno y su decisión política de considerar estas materias en un futuro cercano para darles una solución más global. En razón de esa argumentación, no presenté indicación en el sentido que acabo de señalar.

Sí quiero dejar constancia en esta Sala de que este artículo es perfectamente admisible y que el fondo que plantea es particularmente atendible.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia .

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, creo que lo fundamental ha sido expresado. Nuestro ánimo era precisamente coincidir con las palabras del Diputado señor Huenchumilla y, ahora, con las del Diputado señor Schaulsohn .

Nuestra bancada se sumó a la búsqueda de una fórmula que permitiera, a todo el vasto mundo de los pequeños productores agrícolas, campesinos y pescadores artesanales, precisar lo que es una fuente de ganancia ilícita para algunos sectores que se aprovechan de la falta de fiscalización que existe en materia del IVA; y, por otro, favorecer a todo un sector que incluso queda al margen de la posibilidad de modernización.

Sin embargo, señor Presidente, no queremos insistir en su declaración de inadmisibilidad.

Es un punto respecto del cual confiamos en la voluntad expresada por el Ejecutivo de enviar un proyecto que reglamente y que legisle, en la forma más precisa posible, esta materia que, no cabe duda, requiere de una solución favorable con la mayor brevedad posible.

Por último, nos sumamos a la petición de buscar una fórmula o algún mecanismo que nos permita definir qué se entiende por idea matriz o fundamental de un proyecto. Es un asunto que ha estado rondando desde la discusión del primer proyecto. La definición existente es insuficiente o se presta para una interpretación que transforma a este Poder del Estado en un ente absolutamente secundario. Aquí hay una cuestión a la cual debemos abocarnos a la brevedad posible a fin de encontrar una instancia legal y reglamentaria para poder resolverla, ya que sin duda, estará presente en temas de mayor trascendencia, o de gran importancia como los de este proyecto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira .

El señor LONGUEIRA.-

Sobre este punto, debo señalar que cuando se estudió el tema en la Comisión de Hacienda, hubo dos mociones sobre este mismo tema.

Básicamente, los dos puntos eran iguales, salvo en el último inciso, que aparece en la página 61, el cual, en la eventualidad de que este artículo hubiera prosperado, habría facultado al Presidente de la República para incrementar, en un 15 por ciento la planta del Servicio de Impuestos Internos.

Obviamente, de más está decir que la UDI votó en favor de la otra indicación, que recogía la idea de fondo que hay detrás del artículo 9a, en el sentido de una devolución del impuesto al valor agregado a aquellos pequeños artesanos y campesinos que hoy día no lo pueden recuperar

Por lo tanto, debo aclarar que la posición de la UDI fue votar en contra de este artículo, porque hubo otro, que también se sometió a votación en la Comisión de Hacienda, que no incluía, por cierto, este inciso que facultaba al Presidente de la República para aumentar la planta fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos hasta en un 15 por ciento. La idea de fondo también la comparte la UDI, y esperamos tener pronto la posibilidad de contribuir a legislar sobre esta materia.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo .

El señor BAYO.-

Señor Presidente, la bancada de Renovación Nacional agradece la acogida que, en general, se ha tenido respecto de una iniciativa que se generó en este sector, como proyecto de acuerdo, al inicio de este período legislativo. Por supuesto, nos sentimos muchos más gratos al saber que esto ha sido acogido por el Ejecutivo los términos que aquí ha expresado el Diputado señor García .

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Claudio Huepe .

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, es muy difícil separar el inciso primero del segundo en el artículo 9a, porque para poder fiscalizar adecuadamente todo este sistema de devolución del IVA se requiere más personal. Así se vio en la Comisión de Hacienda. Por esa razón, se planteó, el inciso segundo que, a juicio de toda la Cámara, es claramente inadmisible.

Por esa razón, es difícil decir que aceptamos la primera parte y no la segunda, ya que para la concreción del mecanismo planteado en la primera parte, se hace indispensable contar con una planta adicional capaz de fiscalizar adecuadamente, porque, de lo contrario, el problema es de muy difícil control.

En consecuencia, concordamos con esta declaración de inadmisibilidad, porque no podemos plantear que no queremos la creación de la planta y que, al mismo tiempo, deseamos que se otorgue este beneficio, por cuanto, como digo, ambas cosas están indisolublemente ligadas.

Por ello, nos parece positivo que el Gobierno estudie esta materia con mucha más detención y plantee algún mecanismo. Ahí se verá la necesidad de suplementar la planta para poder fiscalizar adecuadamente el cumplimiento de la norma.

En relación con el tema del IVA, y tomando en consideración lo que han expresado los colegas de las bancadas del Partido Socialista y del PPD, nosotros sabemos que es un punto controvertible, porque el IVA -ese aspecto se discutió cuando se trató en general este proyecto- es un impuesto indirecto que afecta, por parejo, a quienes tienen altos y bajos ingresos.

Por esa razón, nos parece necesario recordar aquí que hay un compromiso del Gobierno, que se concretará con el envío de un proyecto de suplemento a la Ley de Presupuestos, en relación con el destino de los fondos que se generen con esta reforma tributaria, porque toda la filosofía del proyecto radica, precisamente, en obtener recursos para el gasto social. Por lo tanto, nosotros hemos argumentado y, más bien, hemos recogido la argumentación del Gobierno, en el sentido de que este aumento del IVA no perjudicará a los sectores de menores ingresos, porque recibirán la totalidad del rendimiento del IVA, que genera, fundamentalmente, por el consumo de los sectores de altos ingresos.

Por eso, vale la pena recordar en esta oportunidad que el establecimiento del aumento de la tasa, del 16 al 18 por ciento, va ligado a un compromiso del Gobierno de enviar al Congreso, apenas esté despachada la reforma tributaria y pueda tenerse una estimación clara del monto que se recaudará por esta reforma, una modificación a la Ley de Presupuestos actualmente en vigencia, donde se incorporarán estos recursos adicionales. No nos cabe duda alguna de que esos recursos tendrán que orientarse hacia los sectores de menores ingresos, para que efectivamente, en el balance final, ellos sean favorecidos y no perjudicados, al margen de la mera aplicación del IVA.

Por eso, vale la pena recordar el compromiso que el Gobierno tiene, en el sentido de complementar esta reforma con una modificación a la Ley de Presupuestos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Declarada la improcedencia del artículo.

Corresponde tratar ahora al próximo precepto, que es el artículo 1° transitorio, en el cual sólo se ha cambiado una referencia.

El señor PALMA (don Andrés).-

El señor Ministro de Hacienda está solicitando la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Perdón.

El señor Ministro tiene la palabra.

El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-

Quisiera contestar lo recién planteado por el Diputado señor Huepe .

Hay dos temas en lo que él manifestó. Uno se refiere a la utilización de la recaudación del IVA. Simplemente quisiera señalar que el compromiso del Gobierno en esta materia no sólo se mantiene, sino que está ya en aplicación. Por ejemplo, el aumento del IVA para este año, si acaso este proyecto se aprueba con la celeridad que todo el país espera, rendirá unos 100 millones de dólares, de los cuales unos 25 millones de dólares afectarán 60 por ciento más pobre de los chilenos. Ese sector ya estaría siendo beneficiado sólo por concepto de las medidas que el Gobierno tomó en concordancia con el acuerdo marco firmado con la Central Unitaria de Trabajadores y con la Confederación de la Producción y del Comercio, en el cual se estableció un aumento de las asignaciones familiares,’ del subsidio único familiar y de las pensiones mínimas, cuyo monto representa unos 70 millones de dólares para este año, como costo. Por lo tanto, ya se compensa con creces el impacto que el IVA, durante este año, tendrá sobre el 60 por ciento de las familias de menores ingresos del país.

Durante este año, el Gobierno suplementará el presupuesto público en algunos sectores, por ejemplo, en el de la vivienda, en montos que, sumados a los del aumento de asignaciones familiares, subsidio único familiar, pensiones mínimas y pensiones asistenciales, superarán el total del monto recaudado por el IVA este año. De tal modo que este compromiso del Gobierno, se mantendrá no sólo este año, sino que durante el período de cuatro años de este Gobierno.

Respecto del tema que planteaban en la Sala el Diputado señor Huenchumilla y varios otros señores Diputados, referente al IVA para los pequeños productores, quiero confirmar acá lo que se ha dicho por algunos Diputados, en orden a que existe el compromiso del Gobierno de estudiar a fondo esta materia. No quisiera, en este momento, comprometerme con un plazo determinado, rígido, porque naturalmente, si esto está bien estudiado y tenemos una buena fórmula, lo haremos en cuanto esa fórmula exista.

El Gobierno está consciente de que los pequeños productores agrícolas constituyen un sector que en buena medida, ha quedado al margen del proceso de modernización de la agricultura. No ha recibido los beneficios que este proceso ha generado para otros sectores. Y, sobre todo, estamos conscientes de que el problema del crecimiento exportador del país y de modernización de su estructura productiva pasa, necesariamente, por un incremento de la productividad en la pequeña agricultura y en la economía campesina.

El Gobierno hará un esfuerzo importante, no sólo a través de medidas que pudieran ir por el lado tributario, sino, especialmente, por medio de medidas de fomento. El Ministro de Agricultura, hace poco, señaló que, por ejemplo, los programas de Indap repuntarán fuertemente, en cuanto a su cobertura, hasta cubrir unos 100 mil pequeños productores agrícolas que serían beneficiarios de los programas de asistencia técnica y otros programas de fomento de la productividad que desarrolla el Indap.

De modo que ésta es una preocupación muy importante del Gobierno, en la cual avanzaremos en la medida en que los recursos estén disponibles, para elevar el nivel de productividad y, por lo tanto, el nivel de vida de varios cientos de miles de pequeños productores agrícolas y personas que pertenecen a la economía campesina, parceleros, etcétera, quienes durante los últimos años quedaron al margen de los beneficios del proceso de modernización que se produjo en el sector agrícola.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar el artículo 1° transitorio. El único cambio está donde expresa: "La disposición del artículo 14 letra A, número 3, d)". Antes decía "letra c)".

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.

Aprobado.

Pasamos al artículo 3a transitorio.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, pido votación para el artículo 2° trransitorio.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Está aprobado reglamentariamente.

El señor LONGUEIRA.-

Si no lo va a someter a votación, quiero dejar constancia de que la bancada de la UDI rechaza el artículo 2° transitorio.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Procede, votar el artículo 3° transitorio, que consta de tres disposiciones: a), b) y c).

Consulto si se quiere votar como un todo o si alguien pide votación separada.

Los puntos nuevos están en la redacción de la letra a), que aparece en la primera línea de la página 62, que dice: "los incisos cuarto, sexto, séptimo y final del artículo 20"; en la letra b), donde expresa: "incisos primero, tercero, cuarto y final del artículo 34"; y en la letra c), en la penúltima línea, en la cual se hace referencia al número 3 del artículo 34 bis.

Esas son las modificaciones.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala, se aprobará el artículo 3° transitorio, en su conjunto.

Aprobado.

Pasamos al artículo 5° transitorio.

Este artículo también se refiere a los predios agrícolas, y comprende distintas disposiciones. Abarca, exactamente, hasta la página 67. Tiene cinco números.

En este artículo, se ha revivido una indicación que corresponde votar primero.

La señora MATTHEI.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señor Matthei .

La señor MATTHEI .-

Muchas gracias, señor Presidente.

Quisiera referirme a esa indicación, porque la vamos a retirar.

En la discusión respecto a la primera venta de los predios agrícolas, se llegó a un acuerdo en cuanto a la valorización de éstos, de modo de evitar que el vendedor deba pagar un impuesto a la renta sobre la diferencia entre el valor de enajenación y el evalúo fiscal, o el valor de adquisición corregido por el índice de precios al consumidor. El motivo fue evitar el pago de un impuesto que se consideraba muy injusto. De este modo, se acordó permitir que el predio, antes de esa primera venta, se pudiese llevar a valor comercial; para lo cual existían dos opciones: una, que la valoración fuese practicada por el Servicio de Impuestos Internos; y dos, por una firma evaluadora privada. En este sentido, se acordó que el valor determinado por tales firmas, se considerara para todos los efectos, incluido el impuesto territorial.

Cuando hemos llegado a acuerdos, siempre se ha entendido que éstos pueden ser perfeccionados y, por lo tanto, modificados, en la medida en que los buenos argumentos permitan un consenso. En este momento, creemos que puede haber buenas razones para revisar la disposición de la segunda parte del primer inciso de la letra d) del artículo 5° transitorio, al que Su Señoría iba a dar lectura. Dicho precepto establece que "si esta tasación -efectuada por una firma evaluadora- supera el avalúo fiscal de predio", se modifica dicho avalúo para los efectos del impuesto territorial. Sin embargo, dado que nos hemos opuesto a la presentación de indicaciones que no estaban en el espíritu del acuerdo global y que han sido suscritas por señores Diputados de la Concertación, y en razón de que, por este motivo, se han retirado diversas indicaciones que, a nuestro juicio, vulneraban ese acuerdo, nosotros también retiramos la indicación que suprime el mencionado párrafo. Lo hacemos en el entendido de que este aspecto será estudiado en el Senado. Creemos que existen buenas razones para suprimir la parte del párrafo en cuestión y que los argumentos en ese sentido prevalecerán.

Sin embargo, dejó constancia de que se ha observado siempre una muy buena disposición para llegar a soluciones técnicamente correctas, aun cuando éstas modifiquen aspectos de acuerdos ya tomados y de que, confiamos en que también en este punto se llegará a una buena solución en el Senado.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Correspondería votar el artículo 5°.

El señor SABAG.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor ESTEVEZ.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sabag , y, después, el Diputado señor Estévez .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, varios Diputados democratacristianos también habíamos firmado esa indicación para reiterarla, por cuando todos estamos de acuerdo en proporcionar los recursos que el Estado necesita para desarrollar la labor social que ha reseñado el señor Ministro. Pero, evidentemente, lo hacemos en el entendido de que lo que se está gravando es la productividad de las actividades.

En el caso de la actividad agrícola, pensamos que toda la producción y todo el trabajo deben tributar. Nos preocupa mucho esto, porque, hoy día, los agricultores del país están sufriendo una grave crisis. Ayer se acordó formar una comisión especial para establecer el endeudamiento de los agricultores. Se nos ha informado de que, en el sur están tomando las carreteras, porque se han sacado a remate varias propiedades. Hay más de 600 mil agricultores, pequeños propietarios, afectados por enormes deudas tributarias de diversa índole -entre ellas, contribuciones impagas- y que, por la situación económica que están viviendo, no las pueden solventar. Queremos llevar tranquilidad al sector campesino, al sector productivo. Consideramos legítimo gravar las utilidades que se obtengan del trabajo agrícola. Pero no se puede gravar la enajenación del bien raíz. Aquí se dan algunas alternativas: Por ejemplo, al momento de formar el activo físico, la persona tiene la opción de tomar el avalúo fiscal. Pero si opta él y posteriormente vende la propiedad, la diferencia obtenida de esa venta corresponde a utilidad. En consecuencia, debe tributar en primera categoría y en el global complementario. Eso significa casi una expropiación, pues el 50 por ciento de lo obtenido debe pagarlo como impuesto al Fisco.

Si le dicen que opte por la alternativa de tasar la propiedad, ya sea por funcionamiento o evaluadores técnicos, puede ocurrir que le aumenten el valor de esa propiedad, por ejemplo, a 300 millones de pesos. Como consecuencia, debe pagar la contribución de bienes raíces por esa suma. ¿Cuál es el tratamiento tributario actual en las ventas de diversos bienes raíces, agrícolas o no agrícolas?

Un departamento, una casa, que hoy día tiene un avalúo fiscal de 3 ó 4 millones de pesos, es vendida en 20 ó 25 millones de pesos. Como no es el negocio habitual y permanente de la persona que enajena ese bien raíz, la diferencia de precio no se considera utilidades, sino ganancia de capital.

Hoy día, cualquier predio agrícola que se venda no tributa, aunque su avalúo sea 10 millones y se venda en 100 millones. Esa es ganancia de capital.

En cambio, con este sistema, se pretende gravar con el impuesto a la renta la enajenación o las utilidades que se obtengan de la venta, lo que me parece realmente inaceptable. Si los agricultores toman conciencia de esto, el asunto se toma grave. Por eso, no podemos aprobarlo.

La indicación (me cabe dudas de que habría sido rechazada, porque hay una amplia mayoría en este aspecto), se ha retirado en el entendido de que esto se va a corregir en el Senado de la República. Así lo hemos conversado, al menos con los asesores del señor Ministro de Hacienda, quienes han manifestado buena voluntad para verlo en esa instancia.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez .

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, no haré uso de ella. Gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling .

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, por su intermedio, al igual como lo hicimos con el artículo 20 hace poco rato, quiero precisar la interpretación del artículo 5° transitorio, de cuyo tenor literal pueden quedar serias dudas respecto de la norma consagrada en la letra d) del N°1.

Efectivamente, como aquí se ha manifestado, al agricultor se le da la posibilidad de valorizar a valor comercial su predio para los efectos de enajenarlo, con el fin de no dejar afecto al impuesto a la renta el mayor valor que pueda tener sobre el valor de tasación del Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, por su redacción parece que el agricultor solamente puede valorizar el casco del predio, de acuerdo con las normas de la ley N° 7.235. Si analizamos eso en relación con el N° 1° del artículo 5° transitorio, se llega a la conclusión de que el agricultor deberá tributar sobre la diferencia del valor del casco y el valor efectivo de venta; es decir, sobre todas las mejoras del predio, las que, en algunos casos, son extraordinariamente altas, pues incluyen las plantaciones y, en general, todo lo que significa el inmueble por adherencia o por destinación.

Se nos ha dicho, por los señores asesores del Ministro de Hacienda, que ésa no es la intención del legislador, ni la fue nunca en la Comisión de Hacienda. Pero estimamos que no basta la aclaración, sino que esto debe precisarse en el proyecto de ley. Entendemos que el punto se discutirá en el Senado; pero, para efectos de la historia de la ley y para aclarar la discusión en el Senado, es necesario esclarecer este aspecto. Por lo tanto, por su intermedio, le pedimos al señor Ministro de Hacienda, tener a bien aclarar este punto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si el señor Ministro lo desea, pueden responder la consulta.

El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-

Sí, señor Presidente.

Efectivamente, el artículo 5° transitorio se refiere sólo al casco y a algunas adherencias -como casas patronales, etcétera-. Sin embargo, en el artículo 6° transitorio del proyecto se establecen las normas de revalorización de los activos fijos que están por encima del casco. Por lo tanto, hay que estudiar en conjuntos los artículos 5° y 6°.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palma, y, después, la Diputada señora Matthei .

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, quiero referirme a las intervenciones relativas al artículo 5a transitorio y señalar que, efectivamente, en la discusión en la Comisión, alcanzamos muchos acuerdos sobre la materia, después de largas discusiones. La Concertación sigue dispuesta a continuar en esa política de alcanzar acuerdos que perfeccionen el texto de la ley, incluidas las indicaciones mencionadas por el Diputado señor Ringeling . Sin embargo, quiero destacar que hasta ahora- salvo que se nos entreguen argumentos en contrario- la frase relativa a "si esta tasación supera el avalúo fiscal del predio," nos parece de entera justicia. Primero, porque no afecta a ningún pequeño productor.

Esto rige sólo para los productores agrícolas que deban tributar por renta efectiva con posterioridad al 31 de diciembre de 1990. Todos ellos son productores que venden sobre 80 millones de pesos anuales. Por lo tanto, no hay ningún pequeño productor en esa situación.

En segundo lugar, esta norma establece un criterio de equidad tributaria, dado que, por el hecho de enajenar el predio en el valor comercial, se puede producir una ganancia de capital por la cual no se haya pagado impuestos. Se establece, sí, que, a partir de esa fecha en adelante, pasará a ser considerado como avalúo fiscal. Es decir, esto busca dar una equidad entre una ganancia que se produce antes de esa fecha, por efecto de esta ley, y lo que ocurre con posterioridad no se pueden obtener beneficios antes y después haciendo uso del articulado de este cuerpo legal. Quiero dejar establecido que, en ningún caso (ésta es una de cuatro opciones) se afecta a los pequeños productores del país.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Evelyn Matthei .

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente, puede haber injusticias que no afecten a pequeños productores, pero ellas no están dadas por a quienes afectan, sino por la norma en sí misma.

No quiero entrar en la discusión de si técnicamente es correcto o no que el mayor valor comercial pase a ser también un mayor valor para los efectos del avalúo fiscal. Tengo entendido que, cuando un corredor de propiedades o alguien vende una casa y esto constituye habitualidad, paga impuesto a la renta, la cual no altera el avalúo fiscal del inmueble vendido.

En todo caso, creo que no tiene sentido seguir esta discusión, porque de ahora en adelante el punto se tratará en el Senado. Nosotros ya no tenemos oportunidad de resolver al respecto, pues retiramos la indicación, en vista del buen espíritu que ha existido siempre. Sin embargo, muchos Diputados de la Concertación firmaron la indicación que, ahora, se retira.

En todo caso, pedí la palabra para solicitarle al señor Ministro Foxley que aclare el espíritu del artículo 5° transitorio.

Nosotros hemos entendido siempre que se desea que el impuesto a la renta se aplique sobre la diferencia entre el precio de venta y el valor comercial del predio, más todos los otros activos que contiene. Al parecer, en el artículo 5° transitorio esto no aparece suficientemente claro. En efecto, el 6° transitorio establece normas para valorizar los otros activos, pero el 5° citado dice que constituirá renta la diferencia entre el precio de venta y el valor comercial del predio, sin incluir todos los otros activos.

En ese sentido le hemos pedido una aclaración al señor Ministro.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Antes de ceder la palabra al señor Ministro, la tiene, por haberla solicitado, el Diputado señor Ringeling .

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, sólo deseo complementar lo recién señalado. Si bien el señor Ministro se refirió al artículo 6° transitorio (interpretación que también había dado su asesor) estimamos necesario dejar aclarado el espíritu de la norma.

En relación con lo dicho por el Diputado Palma, don Andrés , integrante de la Comisión de Hacienda, queremos dilucidar el caso concreto de aquellas propiedades que han tenido mayor valorización por lo que hay sobre ellas y no por el valor del casco, pues se produciría una gran injusticia si se aplica en forma estricta lo dispuesto en el artículo 5° transitorio. Está absolutamente claro que eso no tiene relación con el artículo 6° transitorio. El 5° transitorio se refiere a la primera enajenación de los predios y al impuesto que se debe pagar por ese mayor valor.

Por lo tanto, le pido al señor Ministro que nos clarifique el espíritu de la norma en cuanto a que no se debe tributar sobre el valor de venta, incluido no sólo el casco, sino que todos los demás bienes del activo fijo que están sobre él.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro, quien, de acuerdo con el Reglamento, puede intervenir en cualquier momento del debate.

El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-

He solicitado la palabra para responder las consultas hechas por los Diputados Matthei y Ringeling .

En realidad, en el artículo 6° transitorio se establece que no se pagarán impuestos por el valor comercial de la inversión que se ha hecho en un activo fijo por sobre el casco del predio. Lo mismo dispone el artículo 3° permanente, que permite valorizar a valor comercial otros elementos, como las plantaciones, el ganado nacido en el predio, las siembras, etcétera. En consecuencia, lo que se está diciendo acá es que efectivamente no se paga impuesto, en virtud de estas otras normas complementarias del 5° transitorio, hasta el valor comercial de esa inversión por encima del casco.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado José García .

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, en realidad nos preocupa mucho la redacción del párrafo final de la letra d). En efecto, con el correr del tiempo habría agricultores que pagarían su impuesto territorial basados en el evalúo fiscal, y otros que lo harían teniendo como base el avalúo comercial. Por otra parte, esta disposición dejaría la puerta abierta para que, más adelante, "aduciéndose" que esto constituye una injusticia, se obligue a todo el sector agrícola a pagar el impuesto territorial sobre la base del avalúo comercial, lo que, como es obvio, sería altamente perjudicial para un sector pujante, que está generando empleos y produciendo los alimentos que necesitan el país.

Por lo demás, la inequidad de la norma queda patente por el hecho de que si un industrial o un comerciante vende el inmueble donde funciona su empresa, perfectamente lo puede retirar de la contabilidad antes de enajenarlo y, en consecuencia, no tributar sobre el mayor valor que obtenga, así como la persona que lo compre no continuará pagando impuesto territorial por el avalúo comercial, sino que por el fiscal.

En consecuencia, se comprueba cómo tampoco esta norma presenta condiciones de equidad respecto de otras actividades económicas.

Confiamos, dada la disposición que han mostrado los asesores del señor Ministro, en que esta situación sea revisada en el Senado. En ese entendido, hemos retirado una indicación presentada con mayor cantidad de firmas que las requeridas reglamentariamente y que representan todas o gran parte de las corrientes políticas de la Cámara.

Nada más, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, por la vía de una indicación formulada a sólo una parte del proyecto, referida a una de las alternativas de valores a que estaba sujeto el que enajenaba el predio, se ha caído en la discusión de disposición completa. En efecto, la indicación dice que si el que enajena un predio optó por una forma de valorización frente al impuesto a la renta que debía pagar, la establecida en la letra b), no puede después pretender pasarse para el mismo efecto al valor del avalúo fiscal. Este es estrictamente el contenido de la indicación. No se refiere en absoluto al contenido ni al espíritu del artículo.

La verdad es que coincido en que éste puede ser un tema técnico, que merece análisis, pero entiendo que los parlamentarios que firmaron la indicación, sean o no de la bancada de Renovación Nacional, en ningún caso han puesto en tela de juicio el artículo 5° como tal, sino estrictamente ese punto.

En consecuencia, si esa indicación va a ser retirada, pensando en que de todas maneras existe otra instancia en la cual el punto puede ser analizado técnicamente, nos parece que esta reflexión o discusión que hemos tenido al respecto ha cumplido suficientemente su objetivo. Lo que no existe, desde luego, es el compromiso político de que eso tenga que ser alterado.

Quiero aclarar el punto: Si algún compromiso existía, era sobre la base del texto en debate. La reconsideración del mismo, evidentemente, está abierta, pero sobre ella no existe ningún compromiso.

Nada más, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recuerdo a los señores Diputados que en la discusión particular se puede pedir la clausura del debate, después de que hayan intervenido, a lo menos, tres Diputados, dos de los cuales hayan expresado opciones distintas.

El señor CERDA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cerda .

El señor CERDA.-

Señor Presidente, me alegro de que se haya acordado retirar la indicación. Esto refleja que el espíritu con que se trabajó en la Comisión de Hacienda, fue buscar consensos para conseguir realmente la justicia tributaria.

La situación de este caso es la siguiente: El agricultor que debe llevar contabilidad completa y, por lo tanto, pagar sobre renta efectiva, tiene diferentes formas de valorizar comercialmente su activo,-en este caso, el casco del predio sin tener que pagar impuesto-. Así, lo puede hacer por el reajuste del índice de precios al consumidor, por retasación solicitada al Servicio de Impuestos Internos, y, ahora, por una norma introducida en la ley de la Renta, a través de las sociedades tasadoras de activos.

Lo que se quiere en este caso-y por eso sé que se llegará a un entendimiento- es no permitir que alguien pueda tasar su predio a precios altísimos, evitando declarar utilidad durante muchos años, con lo cual estaría vulnerando directamente el espíritu de esta ley.

Asimismo, hemos establecido que si alguien vende el predio a precios muy inferiores, no se le permita llevar esa pérdida al balance, porque sería la otra fórmula de evadir impuestos.

En definitiva, el punto central, que es el que posibilita este consenso, manifestado en el retiro de la indicación, es la idea de establecer, para todos los sectores, ecuanimidad en su tributación.

A nuestro juicio, un agricultor que obtiene grandes ganancias con la venta de su predio -ha quedado claro que ningún pequeño pagará impuestos- puede quedar en condiciones ventajosas con relación al resto de los contribuyentes. La norma general debe ser que todos estén obligados a llevar contabilidad, con excepción de aquellos que, por problemas de manejo, no puedan hacerlo.

El asunto se centra finalmente en que, dentro de este sistema dé equidad, llevamos la contabilidad a los distintos sectores, en las buenas y en las malas. Si hay utilidades, tiene que pagar los impuestos correspondientes. Si hay pérdidas demostrará directamente con su contabilidad, como sucede en todos los ámbitos.

El problema del impuesto a los bienes raíces es que la ley indica claramente que, tratándose de contribuyentes que poseen o explotan a cualquier título bienes raíces agrícolas, se gravará la renta efectiva de dichos bienes. Del monto del impuesto de esta categoría, podrá rebajarse el impuesto territorial pagado por el período al cual corresponde la declaración de renta. Sólo tendrá derecho a esta rebaja el propietario usufructuario. Si el monto de la rebaja contemplada en este inciso excediera del impuesto aplicable a las rentas de esta categoría, tal excedente no podrá imputarse a otro impuesto ni solicitarse Su devolución. El problema es que el propietario, debe cubrir un elevado impuesto, porque en los inmuebles agrícolas la incidencia del valor del casco es mucho mayor que en los destinados a una industria o a una actividad comercial.

Por lo tanto, si ese agricultor tuviere que pagar por bienes raíces una cantidad equis y su empresa ha dejado pérdida, no puede cargar esos pagos de bienes raíces a gastos ni solicitar devolución de ninguna especie.

La solución que propugnamos considera ambos aspectos. Es decir, por un lado, que no se preste para abusos, en cuanto una persona, vía la nueva tasación sin tener que pagar impuesto de revalorización, declare pérdidas siempre; y por otro, que tampoco se llegue a discriminar en perjuicio de un sector de contribuyentes, en el sentido de que, no obstante tener pérdidas en un ejercicio determinado, de todas maneras ha de pagar un impuesto, al no poder imputarlas a ninguna otra cosa.

Creo que estos son más o menos, los ámbitos de la solución. Por lo tanto, la redacción de este punto será la que obedezca realmente al consenso que hemos logrado en materia de tasaciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor García, don José .

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, sólo para aclarar -especialmente ante lo dicho por el diputado señor Latorre- que lo que hemos hecho es solicitar al señor Ministro que precise el espíritu del artículo 59 transitorio. No hemos pretendido poner en discusión el artículo completo. Sí, nos parece sumamente importante conocer el espíritu que se ha tenido en vista para incorporar estas disposiciones del artículo 5°. En realidad, creemos que es una materia altamente técnica, pero también de enorme trascendencia para el futuro de la actividad agrícola.

Nada más, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

En votación el artículo 5°.

Este artículo sufrió varias modificaciones. Los párrafos modificados son los siguientes: el número 1, letra d), en sus cinco párrafos; y el número 2, último párrafo.

En votación el artículo 5° transitorio.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobado

Corresponde ahora votar el artículo 6a transitorio.

La modificación está en las palabras "número 1 letra b)", que figura en la última línea de la página 68.

Si le parece a la Sala, sé daría por aprobado.

Aprobado.

Corresponde votar el artículo 7a transitorio.

La modificación consiste en agregar en su N° 2, página 70, última línea del primer párrafo, la fase final: "sin perjuicio de las normas tributarias pertinentes", frase que, por lo demás, resulta obvia.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.

Aprobado.

Corresponde votar el artículo 8° transitorio, específicamente su inciso segundo nuevo, que dice lo siguiente: "Por los ingresos brutos percibidos o devengado entre los meses de abril de 1991 y marzo de 1992, se aplicará la tasa que resulte de la relación porcentual que se determine entre el impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta que afecte al contribuyente por el año tributario 1991 y los ingresos brutos que correspondan al mismo período, incrementada en un 50%.

En caso que la norma anterior no sea aplicable, la tasa de pagos provisionales obligatorios será de 1,5%, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley sobre Impuesto a la Renta".

Ofrezco la palabra

Ofrezco la palabra.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.

Aprobado.

Queda despachado el proyecto en su segundo trámite reglamentario.

1.7. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 10 de mayo, 1990. Oficio en Sesión 13. Legislatura 319.

PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE ESTABLECE MODIFICACIONES TRIBUTARIAS

A S.E. EL PRESIDENTE DEL HONORABE SENADO

Con el motivo del mensaje y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente Proyecto de Ley:

“articulo 1º.- introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Sobre Impuesto a la Renta contenida en el artículo 1º del Decreto de ley Nº 824, DE 1974

1.- Reemplázase en el inciso segundo del número 1 del artículo 2º, la “frase los artículos 14 bis y 20 bis" por "el artículo 14 bis.".

2.- Sustituyese el artículo 14 por el siguiente:

"Artículo 14.- Las rentas que se determinen a un contribuyente sujeto al impuesto de primera categoría, se gravarán respecto de éste, de acuerdo con las normas del Título II.

Para aplicar los impuestos global complementario o adicional sobre las rentas obtenidas por dichos contribuyentes se procederá en la siguiente forma:

A.- Contribuyentes obligados a declarar según contabilidad completa.

1º.- Respecto de los empresarios individuales, contribuyentes del artículo 58, número 1º, socios de sociedades de personas y socios gestores en el caso de sociedades en comandita por acciones:

a) Quedarán gravados con los impuestos global complementario o adicional, según proceda, por los retiros o remesas que reciban de la empresa, hasta completar el fondo de utilidades tributables referido en el número 3º de este artículo.

Cuando los retiros excedan el fondo de utilidades tributables, para los efectos de la aplicación de los impuestos señalados se considerarán dentro de éste las rentas devengadas por la o las sociedades de personas en que participe la empresa de la que se efectúa el retiro.

Respecto de las sociedades de personas y de las en comandita por acciones, por lo que corresponde a los socios gestores, se gravarán los retiros de cada socio por sus montos efectivos. En el caso de que los retiros en su conjunto excedan el monto de la utilidad tributable, incluyendo la del ejercicio, cada socio tributará considerando la proporción que representen sus retiros en el total de ellos, respecto de dicha utilidad.

Para los efectos de aplicar los impuestos del Título IV se considerarán siempre retiradas las rentas que se remesen al extranjero.

b) Los retiros o remesas que se efectúen en exceso del fondo de utilidades tributables, que no correspondan a cantidades no constitutivas de renta o rentas exentas de los impuestos global complementario o adicional, se considerarán realizados en el primer ejercicio posterior en que la empresa tenga utilidades tributables determinadas en la forma indicada en el número 3, letra a), de este artículo. Si las utilidades tributables de ese ejercicio no fueran suficientes para cubrir el monto de los retiros en exceso, el remanente se entenderá retirado en el ejercicio Subsiguiente en que se produzcan utilidades tributables y así sucesivamente. Para estos efectos, el referido exceso se reajustará según la variación que experimente el índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que se efectuaron los retiros y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que se entiendan retirados para los efectos de esta letra.

Tratándose de sociedades, y para los efectos indicados en el inciso precedente, los socios tributarán con los impuestos global complementario o adicional, en su caso, sobre los retiros efectivos que hayan realizado en exceso de las utilidades tributables, reajustados en la forma ya señalada. En el caso que el socio hubiere enajenado el todo o parte de sus derechos, el retiro referido se entenderá hecho por el o los cesionarios en la proporción correspondiente. Si el cesionario es una sociedad anónima, en comandita por acciones por la participación correspondiente a los accionistas, o un contribuyente del artículo 58, número 1, deberá pagar el impuesto a que se refiere el artículo 21, inciso tercero, sobre el total del retiro que se le imputa. Si el cesionario es una sociedad de personas, las utilidades que le correspondan por aplicación del retiro que se le imputa se entenderán a su vez retiradas por sus socios en proporción a su participación en las utilidades. Si alguno de estos es una sociedad, se deberán aplicar nuevamente las normas anteriores, gravándose las utilidades que se le imputan con el impuesto del artículo 21, inciso tercero, o bien, entendiéndose retiradas por sus socios y así sucesivamente, según corresponda.

c) Las rentas que retiren para invertirlas en otras empresas obligadas a determinar su renta efectiva por medio de contabilidad completa con arreglo a las disposiciones del Título II, no se gravarán con los impuestos global complementario o adicional mientras no sean retiradas o distribuidas de la sociedad que recibe la inversión. Igual norma se aplicará en el caso de transformación de una empresa individual en sociedad de cualquier clase o en la división o fusión de sociedades. En las divisiones se considerará que las rentas acumuladas se asignan en proporción al patrimonio neto respectivo. Las disposiciones de esta letra se aplicarán también al mayor valor obtenido en la enajenación de derechos en sociedades de personas, efectuadas de acuerdo a las normas del artículo 41, inciso final, de esta ley, pero solamente hasta por una cantidad equivalente a las utilidades tributables acumuladas en la empresa a la fecha de enajenación, en la proporción que corresponda al enajenante.

Las inversiones a que se refiere esta letra sólo podrán hacerse mediante aumentos efectivos de capital en empresas individuales, aportes a una sociedad de personas o adquisiciones de acciones de pago, dentro de los veinte días siguientes a aquel en que se efectuó el retiro. Los contribuyentes que inviertan en acciones de pago de conformidad a esta letra, no podrán acogerse, por esas acciones, a lo dispuesto en el número Io del artículo 57 bis de esta ley.

2°.- Los accionistas de las sociedades anónimas y en comandita por acciones pagarán los impuestos global complementario o adicional, según corresponda, sobre las cantidades que a cualquier título les distribuya la sociedad respectiva, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 54, número 1°, y 58 , número 2 , de la presente ley.

3°.- El fondo de utilidades tributables, al que se refieren los números

anteriores, deberá ser registrado por todo contribuyente sujeto al impuesto de primera categoría sobre la base de un balance general, según contabilidad completa.

a) En el registro del fondo de utilidades tributables se anotará la renta líquida imponible de primera categoría o perdida tributaria del ejercicio. Se agregará las rentas exentas del impuesto de primera categoría percibidas o devengadas; las participaciones sociales y los dividendos percibidos; así como todos los demás ingresos, beneficios o utilidades percibidos o devengados, que sin formar parte de la renta líquida del contribuyente estén afectos a los impuestos global complementario o adicional, cuando se retiren o distribuyan.

Se deducirá las partidas a que se refiere el inciso primero del artículo 21.

Se adicionará o deducirá, según el caso, los remanentes de utilidades tributables o el saldo negativo de ejercicios anteriores, reajustados en la forma prevista en el número 1°, inciso primero, del artículo 41.

Al término del ejercicio se deducirán, también los retiros o distribuciones efectuados en el mismo período, reajustados en la forma indicada en el número 1°, inciso final, del artículo 41.

b) En el mismo registro, pero en forma separada del fondo de utilidades tributables, la empresa deberá anotar las cantidades no constitutivas de renta y las rentas exentas de los impuestos global complementario o adicional, percibidas, y su remanente de ejercicios anteriores reajustado en la variación del índice de precios al consumidor, entre el último día del mes anterior al término del ejercicio previo y el último día del mes que precede al término del ejercicio.

c) En el caso de contribuyentes accionistas de sociedades anónimas y en comandita por acciones, el fondo de utilidades tributables sólo será aplicable para determinar los créditos que correspondan según lo dispuesto en los artículos 56, número 3), y 63.

d) Los retiros, remesas o distribuciones se imputarán, en primer término, a las rentas o utilidades afectas al impuesto global complementario o adicional, comenzando por las más antiguas y con derecho al crédito que corresponde, de acuerdo a la tasa del impuesto de primera categoría que les haya afectado. En el caso que resultare un exceso, este será imputado a las rentas exentas o cantidades no gravadas con dichos tributos, exceptuada la revalorización del capital propio no correspondiente a utilidades, que sólo podrá ser retirada o distribuida, conjuntamente con el capital, al efectuarse una disminución de éste o al término del giro.

B) Otros contribuyentes

1°.- En el caso de contribuyentes afectos al impuesto de primera categoría que declaren rentas efectivas y que no las determinen sobre la base de un balance general, según contabilidad completa, las rentas establecidas en conformidad con el Título II, más todos los ingresos o beneficios percibidos o devengados por la empresa, incluyendo las participaciones percibidas o devengadas que provengan de sociedades que determinen en igual forma su renta imponible, se gravarán respecto del empresario individual, socio, accionista o contribuyente del artículo 58, número 1, con el impuesto global complementario o adicional, en el mismo ejercicio en que se perciban, devenguen o distribuyan.

2°.- Las rentas presuntas se afectarán con los impuestos global complementario o adicional, en el ejercicio a que correspondan. En el caso de sociedades de personas, estas rentas se entenderán retiradas por los socios en proporción a su participación en las utilidades.

3.- En el artículo 14 bis:

a) Sustituyese el inciso primero por el siguiente:

"Los contribuyentes obligados a declarar renta efectiva según contabilidad completa por rentas del artículo 20 de esta ley, cuyos ingresos por ventas, servicios u otras actividades de su giro, no hayan excedido un promedio mensual de 250 unidades tributarias mensuales en los tres últimos ejercicios, podrán optar por pagar los impuestos anuales de primera categoría y global complementario o adicional, sobre todos los retiros en dinero o en especie que efectúen los propietarios, socios o comuneros, y todas las cantidades que distribuyan a cualquier título las sociedades anónimas o en comandita por acciones, sin distinguir o considerar su origen o fuente, o si se trata o no de sumas no gravadas o exentas. En todo lo demás se aplicarán las normas de esta ley que afectan a la generalidad de los contribuyentes del impuesto de primera categoría obligados a llevar contabilidad completa.";

b) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión "los incisos sexto y séptimo" por "la letra A número 1°, c)";

c) Sustituyese el inciso noveno por el siguiente:

"Los contribuyentes acogidos a lo dispuesto en el inciso primero, que en los últimos tres ejercicios comerciales tengan un promedio mensual de ventas, servicios u otros ingresos de su giro, superior a 250 unidades tributarias mensuales, deberán volver al régimen tributario general que les corresponda, sujetos a las mismas normas del inciso siguiente, pero dando el aviso al Servicio de Impuestos Internos en el mes de enero del año en que vuelvan al régimen general.";

d) Suprímense los incisos décimo y décimo primero, y

e) Suprímese en el inciso final la oración que comienza con "Sin embargo" y termina con "sus aumentos".

4.- En el artículo 17, número 8°:

a) Sustituyese la letra c) por la siguiente:

"c) Enajenación de pertenencias mineras, excepto cuando formen parte del activo de empresas que declaren su renta efectiva en la primera categoría;";

b) Reemplázase en el inciso primero de la letra h), el punto y coma (;), por punto (.), y agrégase el siguiente inciso :

"El inciso anterior no se aplicará cuando la persona que enajena sea un contribuyente que declare su renta efectiva en la primera categoría o cuando la sociedad, cuyas acciones o derechos se enajenan, este cometido a ese mismo régimen.".

c) Intercálase en el inciso cuarto, a continuación de la letra "b)" las letras "c), d), h)" y

d) Reemplázase en el inciso final la expresión "entre el valor comercial" por "entre el valor de la enajenación".

5.- Sustituyese el artículo 19 por el siguiente:

"Artículo 19.- Las normas de este Título se aplicaran a todas las rentas percibidas o devengadas.".

6.- En el artículo 20:

a) Suprímese en su inciso primero, la frase "las siguientes rentas o cantidades que se señalan a continuación o en el artículo 20 bis";

b) Sustitúyense las letras a) y b) del número 1° por las siguientes:

"a) Tratándose de contribuyentes que posean o exploten a cualquier título bienes raíces agrícolas se gravará la renta efectiva de dichos bienes, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) de este número.

Del monto del impuesto de esta categoría podrá rebajarse el impuesto territorial pagado por el período al cual corresponde la declaración de renta. Sólo tendrá derecho a esta rebaja el propietario o usufructuario. Si el monto de la rebaja contemplada en este inciso excediera del impuesto aplicable a las rentas de esta categoría, dicho excedente no podrá imputarse a otro impuesto ni solicitarse su devolución.

Si el bien raíz estuviese total o parcialmente exento del impuesto territorial, la rebaja mencionada en el inciso precedente se autorizará hasta el monto representativo del impuesto que debería haberse pagado de no existir dicha exención.

Las cantidades cuya deducción se autoriza en los incisos anteriores se reajustarán de acuerdo con el porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el último día del mes anterior a la fecha de pago de la contribución y el último día del mes anterior al de cierre del ejercicio respectivo;

b) Los contribuyentes propietarios o usufructuarios de bienes raíces agrícolas, que no sean sociedades anónimas y que cumplan los requisitos que se indican más adelante, pagarán el impuesto de esta categoría sobre la base de la renta de dichos predios agrícolas, la que se presume de derecho es igual al 10% del avalúo fiscal de los predios. Cuando la explotación se haga a cualquier otro título se presume de derecho que la renta es igual al 4% del avalúo fiscal de dichos predios. Para los fines de estas presunciones se considerará como ejercicio agrícola el período anual que termina el 31 de diciembre.

Para acogerse al sistema de renta presunta las comunidades, cooperativas, sociedades de personas u otras personas jurídicas, deberán estar formadas exclusivamente por personas naturales.

El régimen tributario contemplado en esta letra no se aplicará a los contribuyentes que obtengan rentas de cualquier origen por las cuales deban declarar impuestos sobre renta efectiva según contabilidad. Tampoco se aplicará si el contribuyente esta relacionado con una sociedad obligada a tributar sobre la base de renta efectiva determinada según contabilidad completa, por su actividad agrícola.

Sólo podrán acogerse al régimen de presunción de renta contemplado en esta letra los contribuyentes propietarios o usufructuarios de predios agrícolas o que a cualquier título los exploten, cuyas ventas netas anuales no excedan en su conjunto de 8.000 unidades tributarias mensuales. Para la determinación de las ventas no se considerarán las enajenaciones ocasionales de bienes muebles o inmuebles que formen parte del activo inmovilizado del contribuyente. Para este efecto, las ventas de cada mes deberán expresarse en unidades tributarias mensuales de acuerdo con el valor de esta en el período respectivo.

El contribuyente que quede obligado a declarar sus rentas efectivas según contabilidad completa, lo estará a contar del 1° de enero del año en que se cumplan los requisitos allí señalados y no podrá volver al régimen de renta presunta. Exceptuase el caso en que el contribuyente no haya estado afecto al impuesto de primera categoría por su actividad agrícola por cinco ejercicios consecutivos o más, caso en el cual deberá estarse a las reglas generales establecidas en esta letra para determinar si se aplica o no el régimen de renta presunta. Para los efectos de computar el plazo de cinco ejercicios se conside- rará que el contribuyente desarrolla actividades agrícolas cuando arrienda o cede en cualquier forma el goce de predios agrícolas cuya propiedad o usufructo conserva.

Para establecer si el contribuyente cumple el requisito del inciso cuarto de esta letra, deberá sumar a sus ventas el total de las ventas realizadas por las sociedades, excluidas las anónimas abiertas, y en su caso comunidades con las que esté relacionado y que realicen actividades agrícolas. Si al efectuar. la operación descrita el resultado obtenido excede el límite de ventas establecido en dicho inciso, tanto el contribuyente como las sociedades o comunidades relacionadas con el deberán determinar el impuesto de esta categoría en conformidad con lo dispuesto en la letra a) de este número.

Si una persona natural esta relacionada con una o más comunidades o sociedades, excluidas las anónimas abiertas, que sean a su vez propietarias o usufructuarias de predios agrícolas o que a cualquier título los exploten, para establecer si dichas comunidades o sociedades exceden el límite mencionado en el inciso cuarto de esta letra, deberá sumarse el total de las ventas anuales de las comunidades y sociedades relacionadas con la persona natural. Si al efectuar la operación descrita el resultado obtenido excede el límite establecido en el inciso cuarto, todas las sociedades o comunidades relacionadas con la persona deberán determinar el impuesto de esta categoría en conformidad con lo dispuesto en la letra a) de este número.

Las personas que tomen en arrendamiento, o que a otro título de mera tenencia exploten, el todo o parte de predios agrícolas de contribuyentes que deban tributar en conformidad con lo dispuesto en la letra a) de este número, quedarán sujetas a ese mismo régimen.

Después de aplicar las normas de los incisos anteriores, los contribuyentes cuyas ventas anuales no excedan de 700 unidades tributarias mensuales podrán continuar sujetas al régimen de renta presunta. Para determinar el límite de venta a que se refiere este inciso no se aplicaran las normas de los incisos sexto y séptimo de esta letra.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto de esta categoría en conformidad con la letra a) de este número. Una vez ejercida dicha opción no podrán reincorporarse al sistema de presunción de renta.

El ejercicio de la opción a que se refiere el inciso anterior deberá practicarse dentro de los dos primeros meses de cada año comercial, entendiéndose en consecuencia que las rentas obtenidas a contar de dicho año tributarán en conformidad con el régimen de renta efectiva.

Serán aplicables a los contribuyentes de esta letra las normas de los tres últimos incisos de la letra a) de este número.

Para los efectos de esta letra se entenderá que una persona esta relacionada con una sociedad en los siguientes casos:

I) Si la sociedad es de personas y la persona, como socio, tiene facultades de administración o si participa en por lo menos el 10% de las utilidades, o si es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título posee por lo menos el 10%del capital social o de las acciones. Lo dicho se aplicará también a los comuneros respecto de las comunidades en las que participen.

II) Si la sociedad es anónima y la persona es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título tiene derecho por lo menos al 10% de las acciones, de las utilidades o de los votos en la junta de accionistas.

III) Si la persona es partícipe por lo menos en un 10% en un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario, en que la sociedad es gestora.

IV) Si la persona, de acuerdo con estas reglas, está relacionada con una sociedad y ésta a su vez lo está con otra, se entenderá que la persona también está relacionada con esta última y así sucesivamente.

El contribuyente que por efecto de las normas de relación quede obligado a declarar sus impuestos sobre renta efectiva deberá informar de ello, mediante carta certificada a todos sus socios en comunidades o sociedades en las que se encuentre relacionado. Las sociedades que reciban dicha comunicación deberán, a su vez, informar con el mismo procedimiento a todos los contribuyentes que tengan una participación del 10% o superior en ellas.

c) Agrégase el siguiente inciso final a la letra d):

"Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, tratándose de sociedades anónimas que posean o exploten a cualquier título bienes raíces no agrícolas, se gravará la renta efectiva de dichos bienes. Será aplicable en este caso lo dispuesto en los últimos tres incisos de la letra a) de este número.".

7.- Derógase el artículo 20 bis.

8.-En el artículo 21:

a) Sustituyese el inciso cuarto por el siguiente:

"En el caso de sociedades anónimas que sean socias de sociedades de personas, se aplicará el impuesto del inciso anterior a las partidas que de acuerdo con los incisos primero y segundo de este artículo deban considerarse retiradas de las sociedades de personas, salvo los impuestos de primera categoría y territorial, pagados, calculando el referido tributo sobre la parte que corresponda a la sociedad anónima y rebajando como crédito el impuesto de primera categoría que afecte a dichas partidas.", y

b) Agrégase en el inciso final, a continuación del término "retiradas" la oración "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41, inciso final".

9.- Sustituyese en el Título II, Párrafo 3°, el Título "De la determinación de las rentas de primera categoría" por "De la base imponible.".

10.- En el artículo 30:

Agrégase al final del inciso primero, en punto seguido, lo siguiente: "El costo directo del mineral extraído considerará también la parte del valor de adquisición de las pertenencias respectivas que corresponda a la proporción que el mineral extraído represente en el total del mineral que técnicamente se estime contiene la pertenencia, en la forma que determine el Reglamento.", y

11.- En el artículo 31:

Sustituyese el inciso segundo del número 3º por el siguiente:

"Podrán, asimismo, deducirse las pérdidas de ejercicios anteriores, siempre que concurran los requisitos del inciso precedente. Para estos efectos, las pérdidas del ejercicio deberán imputarse a las utilidades no retiradas o distribuidas, y a las obtenidas en el ejercicio siguiente a aquel en que se produzcan dichas pérdidas, y si las utilidades referidas no fuesen suficientes para absorberlas, la diferencia deberá imputarse al ejercicio inmediatamente siguiente y así sucesivamente. En el caso que las pérdidas absorban total o parcialmente las utilidades no retiradas o distribuidas, el impuesto de primera categoría pagado sobre dichas utilidades se considerará como pago provisional en aquella parte que proporcionalmente corresponda a la utilidad absorbida, y se le aplicarán las normas de reajustabilidad, imputación o devolución que señalan los artículos 93 a 97 de la presente ley.";

b) Agrégase en el inciso final del número 3°, a continuación de la expresión "renta líquida" la palabra "imponible";

c) Sustituyese en el número 5° en su inciso final el punto (.) por una coma (,) y agrégase la oración "sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 30";

d) Agrégase el siguiente inciso tercero al número 6°:

"No obstante, se aceptará como gasto la remuneración del socio de sociedades de personas y socio gestor de sociedades en comandita por acciones, y las que se asigne el empresario individual, que efectiva y permanentemente trabajen en el negocio o empresa, hasta por el monto que hubiera estado afecto a cotizaciones previsionales obligatorias. En todo caso dichas remuneraciones se considerarán rentas del artículo 42 número 1".

12.- En el artículo 33:

a) Reemplázase en la primera parte del inciso primero la expresión "de primera categoría" por "imponible", y

b) Suprímese el número 4°, pasando el actual número 5° a ser 4°.

13.- Agrégase el siguiente artículo 33 bis:

"Artículo 33 bis.- Los contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa, tendrán derecho a un crédito equivalente al 2% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado, adquiridos nuevos o terminados de construir durante el ejercicio. Respecto de los bienes construidos, no darán derecho a crédito las obras que consistan en mantención o reparación de los mismos. Tampoco darán derecho a crédito los activos que puedan ser usados para fines habitacionales o de transporte, excluidos los camiones, camionetas de cabina simple y otros destinados exclusivamente al transporte de carga.

El crédito establecido en el inciso anterior se deducirá del impuesto de primera categoría que deba pagarse por las rentas del ejercicio en que ocurra la adquisición o término de la construcción, y, de producirse un exceso, no dará derecho a devolución.

Para los efectos de calcular el crédito, los bienes se considerarán por su valor actualizado al término del ejercicio, en conformidad con las normas del artículo 41 de esta ley, y antes de deducir la depreciación correspondiente.

- En ningún caso, el monto anual del crédito podrá exceder de 500 unidades tributarias mensuales, considerando el valor de la unidad tributaria mensual del mes de cierre del ejercicio.

El crédito establecido en este artículo no se aplicará a las empresas del Estado ni a las empresas en las que el Estado, sus organismos o empresas o las municipalidades tengan una participación o interés superior al 50% del capital. Tampoco se aplicará respecto de los bienes que una empresa entregue en arrendamiento con opción de compra.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo se entenderá que forman parte del activo físico inmovilizado los bienes corporales muebles nuevos que una empresa toma en arrendamiento con opción de compra. En este caso el crédito se calculará sobre el monto total del contrato.".

14.- En el artículo 34:

a) Reemplázase el encabezamiento del inciso primero por el siguiente:

"Las rentas derivadas de la actividad minera tributarán de acuerdo con las siguientes normas:

b) Agrégase en el inciso primero del número 1°, a continuación de la expresión "por acciones,", la oración "y de los contribuyentes señalados en el número 2° de este artículo,";

c) Agrégase el siguiente inciso final al número 1°:

"Para acogerse al régimen de renta presunta establecido en este número, los contribuyentes estarán sometidos a las condiciones y requisitos contenidos en los incisos segundo y tercero de la letra b) del número Io del artículo 20, en lo que corresponda. Con todo, para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo de la letra b) del artículo 20, no se considerarán personas jurídicas las sociedades legales mineras constituidas exclusivamente por personas naturales. Aquellos que no las cumplan quedarán sujetos al régimen del número 2° de este artículo.;

d) Sustituyese el número 2° por el siguiente:

"2°.- Las sociedades anónimas y las en comandita por acciones, quedarán

sujetas al impuesto de primera categoría sobre su renta efectiva determinada según contabilidad completa. A igual régimen tributario quedarán sometidos los demás contribuyentes que a cualquier título posean o exploten yacimientos mineros cuyas ventas anuales excedan de 36.000 toneladas de mineral metálico no ferroso, o cuyas ventas anuales, cualquiera sea el mineral, excedan de 6.000 unidades tributarias anuales. Para este efecto, las ventas de cada mes deberán expresarse en unidades tributarias mensuales de acuerdo con el valor de ésta en el período respectivo.

El contribuyente que por aplicación de las normas de este artículo quede obligado a declarar sus rentas efectivas según contabilidad completa, lo estará a contar del 1° de enero del año en que se cumplan los requisitos que obliga dicho régimen y no podrá volver al sistema de renta presunta. Exceptúase el caso en que el contribuyente no haya desarrollado actividades mineras por cinco ejercicios consecutivos o más, caso en el cual deberá estarse a las reglas generales establecidas en este artículo para determinar si se aplica o no el régimen de renta efectiva. Para los efectos de computar el plazo de cinco ejercicios se considerará que el contribuyente desarrolla actividades mineras cuando arrienda o cede en cualquier forma el goce de concesiones mineras cuya propiedad o usufructo conserva.

Para establecer si el contribuyente cumple cualquiera de los límites contenidos en el inciso primero de este número, se deberá sumar al total de las ventas del contribuyente el total de ventas de las sociedades excluyendo las anónimas abiertas con las que el contribuyente esté relacionado y que realicen actividades mineras. Del mismo modo, el contribuyente deberá considerar las ventas de las comunidades de las que sea comunero. Si al efectuar las operaciones descritas el resultado obtenido excede cualesquiera de los límites referidos, tanto el contribuyente como las sociedades o comunidades con las que este relacionado deberán determinar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva según contabilidad completa.

Si una persona natural está relacionada con una o más comunidades o sociedades, excluidas las anónimas abiertas, que desarrollen actividades mineras, para establecer si dichas comunidades ó sociedades exceden los límites mencionados en el inciso primero de este número, deberá sumarse el total de las ventas de las comunidades y sociedades con las que la persona este relacionada. Si al efectuar la operación descrita el resultado obtenido excede los límites citados, todas las sociedades o comunidades con las que la persona esté relacionada deberán determinar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva según contabilidad completa.

Las personas que tomen en arrendamiento, o que a otro título de mera tenencia exploten, el todo o parte de pertenencias de contribuyentes que deban tributar en conformidad con lo dispuesto en este número, quedarán sujetas a ese mismo régimen.

Después de aplicar las normas de los incisos anteriores, los contribuyentes cuyas ventas anuales no excedan de 500 unidades tributarias anuales, cualquiera sea el mineral, podrán continuar sujetos al régimen de renta presunta. Para determinar el límite de ventas a que se refiere este inciso no se aplicarán las normas de los incisos tercero y cuarto de este número.

Para los efectos de este número el concepto de persona relacionada con una sociedad se entenderá en los términos señalados en el artículo 20°, número 1°, letra b).

El contribuyente que por efecto de las normas de relación quede obligado a declarar sus impuestos sobre renta efectiva deberá informar de ello, mediante carta certificada, a todos sus socios en comunidades o sociedades en las que se encuentre relacionado. Las sociedades que reciban dicha comunicación deberán, a su vez, informar con el mismo procedimiento a todos los contribuyentes que tengan una participación del 10% o superior en ellas.".

e) Derógase el número 3°.

15.- Agrégase el siguiente artículo 34 bis:

"Articulo 34 bis.- Las rentas derivadas de la actividad del transporte terrestre tributarán de acuerdo con las siguientes normas:

1°.- Los contribuyentes que a cualquier título posean o exploten vehículos motorizados de transporte terrestre quedarán afectos al impuesto de primera

categoría por las rentas efectivas, según contabilidad, que obtengan de dicha actividad, sin perjuicio de lo dispuesto en los números 2° y 3° de este artículo.

2°.- Se presume de derecho que la renta líquida imponible de los contribuyentes que no sean sociedades anónimas o en comandita por acciones, y que exploten a cualquier título vehículos motorizados en el transporte terrestre de pasajeros, es equivalente al 10% del valor corriente en plaza de cada vehículo, determinado por el Director del Servicio de Impuestos Internos al 1º de enero de cada año en que deba declararse el impuesto.

3°.- Se presume de derecho que la renta líquida imponible de los contribuyentes, que no sean sociedades anónimas o en comandita por acciones, y que cumplan los requisitos que se indican más adelante, que exploten a cualquier título vehículos motorizados en el transporte terrestre de carga ajena, es equivalente al 10% del valor corriente en plaza de cada vehículo y su respectivo remolque, acoplado o carro similar, determinado por el Director del Servicio de Impuestos Internos al 1° de enero del año en que deba declararse el impuesto.

Para acogerse al sistema de renta presunta las comunidades, cooperativas, sociedades de personas u otras personas jurídicas, deberán estar formadas exclusivamente por personas naturales.

El régimen tributario contemplado en este número no se aplicará a los contribuyentes que obtengan rentas de cualquier origen por las cuales deban declarar impuestos sobre renta efectiva según contabilidad completa. Tampoco se aplicará si el contribuyente esta relacionado con una sociedad obligada a tributar sobre la base de renta efectiva determinada según contabilidad completa, por su actividad de transporte.

Sólo podrán acogerse al régimen de presunción de renta contemplado en este número los contribuyentes cuyos servicios facturados al término del ejercicio no excedan de 3.000 unidades tributarias mensuales.

El contribuyente que quede obligado a declarar sus rentas efectivas según contabilidad completa, por aplicación de los incisos anteriores, lo estará a contar del 1º de enero del año en que se cumplan los requisitos allí señalados y no podrá volver al régimen de renta presunta. Exceptúase el caso en que el contribuyente no haya desarrollado actividades como transportista por cinco ejercicios consecutivos o más, caso en el cual deberá estarse a las reglas generales establecidas en este número para determinar si se aplica o no el régimen de renta presunta. Para los efectos de computar el plazo de cinco ejercicios se considerará que el contribuyente desarrolla actividades como transportista cuando arrienda o cede en cualquier forma el goce de los vehículos cuya propiedad o usufructo conserva.

Para establecer si el contribuyente cumple los requisitos contenidos en el inciso cuarto de este número, deberá sumar a sus servicios facturados el total de servicios facturados por las sociedades, excluyendo las sociedades anónimas abiertas, y en su caso comunidades con las que esté relacionado y que realicen actividades de transporte terrestre de carga ajena. Si al efectuar las operaciones descritas el resultado obtenido excede el límite establecido en el inciso cuarto de este número, tanto el contribuyente como las sociedades o comunidades con las que esté relacionado deberán determinar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva según contabilidad completa.

Si una persona natural esta relacionada con una o más comunidades o sociedades, excluyendo las anónimas abiertas, que exploten vehículos como transportistas de carga ajena, para establecer si dichas comunidades o sociedades exceden el límite mencionado en el inciso cuarto de este número, deberá sumarse el total de servicios facturados por las sociedades o comunidades con las que la persona esté relacionada. Si al efectuar la operación descrita el resultado obtenido excede el límite establecido en el inciso cuarto de este número, todas las sociedades o comunidades con las que la persona esté relacionada deberán pagar el impuesto de esta categoría sobre la base de renta efectiva determinada según contabilidad completa.

Las personas que tomen en arrendamiento o que a otro título de mera tenencia exploten vehículos motorizados de transporte de carga terrestre, de contribuyentes que deban tributar en conformidad con lo dispuesto en el número Io de este artículo, quedarán sujetas a ese mismo régimen.

Después de aplicar las normas de los incisos anteriores, los contribuyentes cuyas ventas anuales no excedan de 1.000 unidades tributarias mensuales podrán continuar sujetos al régimen de renta presunta. Para determinar el límite de ventas a que se refiere este inciso no se aplicarán las normas de los incisos sexto y séptimo de este número.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, los contribuyentes podrán optar por pagar el impuesto de esta categoría según renta efectiva sobre la base de contabilidad completa. Una vez ejercida dicha opción no podrán reincorporarse al sistema de presunción de renta.

El ejercicio de la opción a que se refiere el inciso anterior deberá practicarse dentro de los dos primeros meses de cada año comercial, entendiéndose en consecuencia que las rentas obtenidas a contar de dicho año tributarán en conformidad con el régimen de renta efectiva.

Para los efectos de este número el concepto de persona relacionada con una sociedad se entenderá en los términos señalados en el artículo 20, número 1º, letra b).

El contribuyente que por efecto de las normas de relación quede obligado "a declarar sus impuestos sobre renta efectiva deberá informar de ello, mediante carta certificada, a todos sus socios en comunidades o sociedades en las que se encuentre relacionado. Las sociedades que reciban dicha comunicación deberán, a su vez, informar con el mismo procedimiento a todos los contribuyentes que tengan una participación del 10% o superior a ellas.".

16. Sustituyese el artículo 38 bis por el siguiente:

"Artículo 38 bis.- Los contribuyentes obligados a declarar su renta efectiva según contabilidad completa, que pongan término a su giro, deberán considerar retiradas o distribuidas las rentas o cantidades determinadas a esa fecha, en la forma prevista en el artículo 14, letra a), número 3°, c), o en el inciso segundo del artículo 14 bis, según corresponda, incluyendo las del ejercicio.

Dichos contribuyentes tributarán por esas rentas o cantidades con un impuesto de 35%, el cual tendrá el carácter de único de esta ley respecto de la empresa, empresario, socio o accionista, no siendo aplicable a ellas lo dispuesto en el número 3° del artículo 54.

No obstante, el empresario, socio o accionista, podrá optar por declarar las rentas o cantidades referidas, como afectas al impuesto global complementario del año del término de giro de acuerdo con las siguientes reglas:

1.- A estas rentas o cantidades se les aplicará una tasa de impuesto global complementario equivalente al promedio de las tasas más altas de dicho impuesto que hayan afectado al contribuyente en los tres ejercicios anteriores al término de giro. Si la empresa a la que se pone término tuviera una existencia inferior a tres ejercicios el promedio se calculará por los ejercicios de existencia efectiva. Si la empresa hubiera existido sólo durante el ejercicio en el que se le pone término de giro, entonces las rentas o cantidades indicadas tributarán como rentas del ejercicio según las reglas generales.

2.- Las rentas o cantidades indicadas en el número anterior gozarán del crédito del artículo 56, número 3), el cual se aplicará con una tasa de 35%. Para estos efectos, el crédito deberá agregarse en la base del impuesto en la forma prescrita en el inciso final del número 1° del artículo 54.".

17.- Reemplázase en el artículo 40, número 6°, la expresión "a los artículos 14 bis y" 20 bis por la siguiente: "al artículo 14 bis".

18.-Agrégase el siguiente inciso final al artículo 41:

"En el caso de la enajenación de derechos en sociedades de personas que hagan los socios o accionistas de sociedades anónimas cerradas, o accionistas de sociedades anónimas abiertas dueños del 10% o más de las acciones, a la empresa o sociedad respectiva o en las que tengan intereses, para los efectos de determinar la renta proveniente de dicha operación, deberá deducirse del precio de la enajenación el valor de aporte o adquisición de dichos derechos, incrementado o disminuido según el caso, por los aumentos o disminuciones de capital posteriores efectuados por el enajenante, salvo que los valores de aporte, adquisición o aumentos de capital tengan su origen en rentas que no hayan pagado total o parcialmente los impuestos de esta ley. Para estos efectos, los valores indicados deberán reajustarse de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición o aporte, aumento o disminución de capital, y el último día del mes anterior a la enajenación.".

1.- Sustituyese en el inciso primero del número 1 del artículo 42 la oración "exceptuadas las imposiciones obligatorias que se destinen a la formación de fondos de previsión y retiro," por la siguiente: "exceptuadas las cotizaciones a que se refiere el inciso primero del artículo 20 del decreto Ley N° 3.500, de 1980, y las del Decreto Ley N° 3.501, respectivamente pagadas,".

20.- Sustituyese la escala de tasas del artículo 43, número Io, por la siguiente:

"Las rentas que no excedan de 10 unidades tributarias mensuales estarán exentas de este impuesto;

Sobre la parte que exceda de 10 y no sobrepase las 30 unidades tributarias mensuales, 5%;

Sobre la parte que exceda de 30 y no sobrepase las 50 unidades tributarias mensuales, 15%;

Sobre la parte que exceda de 50 y no sobrepasé las 70 unidades tributarias mensuales, 25%;

Sobre la parte que exceda de 70 y no sobrepase las 100 unidades tributarias mensuales, 35%, y

Sobre la parte que exceda de 100 unidades tributarias mensuales, 50%.".

21.- Sustituyese la escala de tasas del artículo 52 por la siguiente:

"Las rentas que no excedan de 10 unidades tributarias anuales estarán exentas de este impuesto;

Sobre la parte que exceda de 10 y no sobrepase las 30 unidades tributarias anuales, 5 %;

Sobre la parte que exceda de 30 y no sobrepase las 50 unidades tributarias anuales, 15%;

Sobre la parte que exceda de 50 y no sobrepase las 70 unidades tributarias anuales, 25%;

Sobre la parte que exceda de 70 y no sobrepase las 100 unidades tributarias anuales, 35%, y

Sobre la parte que exceda de 100 unidades tributarias anuales,50 %.".

22.- Agrégase el siguiente inciso final al número Io del artículo 54:

"Cuando corresponda aplicar el crédito establecido en el artículo 56, número 3), se agregará un monto equivalente a éste para determinar la renta bruta global del mismo ejercicio y se considerará como una suma afectada por el impuesto de primera categoría para el cálculo de dicho crédito.".

23.- En el artículo 55:

Agregúese en la letra b), después del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:

"Esta deducción no procederá por las cotizaciones correspondientes a las remuneraciones a que se refiere el inciso tercero, del número 6 del artículo 31".

24.- En el artículo 56:

a) Sustituyese el inciso primero del número 3) por el siguiente: "3) La cantidad que resulte de aplicar la misma tasa de primera categoría con la que se gravaron las rentas o cantidades que se encuentren comprendidas en la renta bruta global. También tendrán derecho a este crédito las personas naturales que sean socios o accionistas de sociedades, por las cantidades obtenidas por éstas en su calidad de socias o accionistas de otras sociedades, por la parte de dichas cantidades que integre la renta bruta global de las personas aludidas.", y

b) Agrégase el siguiente inciso final:

"Los créditos o deducciones que las leyes permiten rebajar de los impuestos establecidos en esta ley y que dan derecho a devolución del excedente se aplicarán a continuación de aquellos no susceptibles de reembolso.".

25- En el artículo 58:

Agregúese al final del número 1, en punto seguido, el siguiente párrafo: "Para estos efectos, el impuesto contemplado en este número se considerará formando parte de la base imponible representada por los retiros o remesas brutos".

26.- Agrégase el siguiente inciso final en el artículo 62:

"Para los efectos de aplicar el crédito a que se refiere el artículo 63° de esta ley, se agregará un monto equivalente a éste para determinar la base imponible del mismo ejercicio del impuesto adicional y se considerará como suma afectada por el impuesto de primera categoría para el cálculo de dicho crédito.".

27.- En el artículo 63:

a) Sustituyese el inciso primero por el siguiente:

"Artículo 63.- A los contribuyentes del impuesto adicional se les otorgará un crédito equivalente al monto que resulte de aplicar a las cantidades gravadas conforme a los artículos 58,60, inciso primero y 61, la misma tasa de primera categoría que las afectó.";

b) Sustituyese en el inciso segundo la expresión "14 bis y 20 bis" por " 14 y 14 bis", y

c) Agrégase el siguiente inciso final:

"Los créditos o deducciones que las leyes permiten rebajar de los impuestos establecidos en esta ley y que dan derecho a devolución del excedente se aplicarán a continuación de aquéllos no susceptibles de reembolso .".

28.- Reemplázase en el artículo 74, número 4°, inciso primero, la última parte que comienza con las palabras "tratándose de rentas" por la siguiente:

29.- "No obstante, tratándose de la remesa, retiro, distribución o pago de utilidades o de las cantidades retiradas o distribuidas a que se refiere el artículo 14 bis, la retención se efectuará con tasa del 35%, con deducción del crédito establecido en el artículo 63. En el caso de dividendos pagados por sociedades anónimas o en comandita por acciones, si la deducción del crédito resultare indebida, total o parcialmente, la sociedad deberá restituir al Fisco el crédito deducido en exceso, por cuenta del contribuyente de impuesto adicional. Esta cantidad se pagará reajustada en la proporción de la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al de la retención y el último día del mes anterior a la presentación de la declaración de impuesto a la renta de la sociedad anónima, oportunidad en la que deberá realizar la restitución.".

29.- En el artículo 84:

a) Sustituyese la letra a) por la siguiente:

"a) Un porcentaje sobre el monto de los ingresos brutos mensuales, percibidos o devengados por los contribuyentes que desarrollen las actividades a que se refieren los números 1º letra a), inciso décimo de la letra b) e inciso final de la letra d), 3º, 4º y 5º del artículo 20, por los contribuyentes del artículo 34 número 2º, y 34 bis número 1º, que declaren impuestos sobre renta efectiva. Para la determinación del monto de los ingresos brutos mensuales se estará a las normas del artículo 29.

El porcentaje aludido en el inciso anterior se establecerá sobre la base del promedio ponderado de los porcentajes que el contribuyente debió aplicar a los ingresos brutos mensuales del ejercicio comercial inmediatamente anterior, pero debidamente incrementado o disminuido en la diferencia porcentual que se produzca entre el monto total de los pagos provisionales obligatorios, actualizados conforme al artículo 95°, y el monto total del impuesto de primera categoría que debió pagarse por el ejercicio indicado, sin considerar el reajuste del artículo 72.

Si el monto de los pagos provisionales obligatorios hubiera sido inferior al monto del impuesto anual indicado en el inciso anterior, la diferencia porcentual incrementará el promedio de los porcentajes de pagos provisionales determinados. En el caso contrario, dicha diferencia porcentual disminuirá en igual porcentaje el promedio aludido.

El porcentaje así determinado se aplicará a los ingresos brutos del mes en que deba presentarse la declaración de renta correspondiente al ejercicio comercial anterior y hasta los ingresos brutos del mes anterior a aquél en que deba presentarse la próxima declaración de renta.

En los casos en que el porcentaje aludido en el inciso anterior no sea determinable, por haberse producido pérdidas en el ejercicio anterior o no pueda determinarse por tratarse del primer ejercicio comercial o por otra circunstancia, se considerará que dicho porcentaje es de un 1%.

Las ventas que se realicen por cuenta de terceros no se considerarán, para estos efectos, como ingresos brutos. No se considerarán entre los impuestos brutos las cantidades que el contribuyente reciba de su cliente como reembolso de pagos hechos por cuenta de dicho cliente, siempre que tales pagos y los reembolsos a que den lugar se comprueben con documentación fidedigna y se registren en la contabilidad debidamente individualizados y no en forma global o estimativa.";

b) Sustituyese la letra d) por la siguiente:

"d) Salvo los contribuyentes mencionados en la letra a) de este artículo, los mineros sometidos a las disposiciones de la presente ley darán cumplimiento al pago mensual obligatorio, con las retenciones a que se refiere el número 6° del artículo 74";

c) Agrégase en la letra e), después de la expresión "34" el término "bis":

d) Sustituyese la letra f) por la siguiente:

"f) 0,2% del valor corriente en plaza de los vehículos, respecto de los contribuyentes mencionados en el número 3° del artículo 34 bis que estén sujetos al régimen de renta presunta.", y

e) Agrégase el siguiente inciso final:

"Para los fines indicados en este artículo, no formará parte de los ingresos brutos el reajuste de los pagos provisionales contemplados en el Párrafo 3° de este Título.".

30.- Agrégase el siguiente artículo 86:

"Artículo 86.- Los contribuyentes que durante un ejercicio comercial obtengan ingresos brutos correspondientes a rentas total o parcialmente exentas del impuesto de primera categoría, y que no las hubieran obtenido en el ejercicio comercial anterior, podrán reducir la tasa de pago provisional obligatorio a que se refiere el artículo 84 letra a), en la misma proporción que corresponda a los ingresos exentos dentro de los ingresos totales de cada mes en que ello ocurra. La tasa así reducida se aplicará únicamente en el mes o meses en que se produzca la situación aludida.".

31.-Sustituyese el artículo 90 por el siguiente:

"Artículo 90.- Los contribuyentes de la primera categoría que en un año comercial obtuvieran pérdidas para los efectos de declarar dicho impuesto, podrán suspender los pagos provisionales correspondientes a los ingresos brutos del primer trimestre del año comercial siguiente. Si la situación de pérdida se mantiene en el primer, segundo y tercer trimestre de dicho ejercicio comercial, o se produce en alguno de los citados trimestres, podrán suspender los pagos provisionales correspondientes a los ingresos brutos del trimestre siguiente a aquél en que la pérdida se produjo. Producida utilidad en algún trimestre, deberán reanudarse los pagos provisionales correspondientes a los ingresos brutos del trimestre inmediatamente siguiente.

Los contribuyentes que se encuentren en situación de suspender los pagos provisionales mensuales deberán mantener un estado de pérdidas y ganancias acumuladas hasta el trimestre respectivo a disposición del Servicio de Impuestos Internos. Este estado de pérdidas y ganancias deberá ajustarse de acuerdo a las reglas que esta ley establece para el cálculo de la renta líquida imponible de primera categoría, incluyendo la consideración de pérdidas de arrastre, si las hubiere, y los ajustes derivados del mecanismo de la corrección monetaria.

La confección de un estado de pérdidas y ganancias maliciosamente incompleto o falso, dará lugar a la aplicación del máximo de las sanciones contempladas en el artículo 97, número 4°, del Código Tributario, sin perjuicio de los intereses penales y reajustes que procedan por los pagos provisionales no efectuados".

Artículo 2°.-

Las modificaciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta introducidas por el Artículo 1º de esta ley regirán para los años tributarios 1991 y siguientes, con las excepciones que se indican a continuación:

1º.- A contar del día 1° del mes siguiente al de publicación de esta ley las de los números 16, respecto de los términos de giro que deban efectuarse

desde esa fecha, 20, 29, 30, 31 y 32. Respecto del número 30, lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo señalado en el Artículo 8° Transitorio de esta ley.

2°.- A contar del 1º de abril de 1990 las de los números 4 y 18.

3°.- Lo dispuesto en los números 6, 14 y 15 regirá a contar del año tributario 1992 y se aplicará, en consecuencia, a los impuestos que corresponda declarar desde dicha oportunidad.

Artículo 3º.- Los contribuyentes que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 20, número 1º, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pasen a declarar renta efectiva sobre la base de contabilidad deberán registrar sus activos y pasivos en el balance inicial que deben confeccionar al 1º de enero del ejercicio en que queden sujetos al nuevo sistema, según las siguientes normas:

1.- Los terrenos agrícolas se registrarán por su avalúo fiscal a la fecha del balance o por su valor de adquisición reajustado de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición y el último día del mes anterior al balance, a elección del contribuyente.

2.- Los demás bienes físicos del activo inmovilizado se registrarán por su valor de adquisición o construcción, debidamente documentado y actualizado de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al de la adquisición o desembolso y el último día del mes anterior al del balance, deduciendo la depreciación normal que corresponda por el mismo período en virtud de lo dispuesto en el número 5° del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

3.- El valor de los bienes del activo realizable se determinará en conformidad con las normas del artículo 30 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de acuerdo con la documentación correspondiente, y se actualizará a su costo de reposición según las normas contenidas en el artículo 41 número 3º de la misma ley.

4.- Las plantaciones, siembras, bienes cosechados en el predio y animales nacidos en el, se valorizarán a su costo de reposición a la fecha del balance, considerando su calidad, el estado en que se encuentren, su duración real a contar de esa fecha, y su relación con el valor de bienes similares existentes en la misma zona.

5.- Los otros bienes del activo se registrarán por su costo o valor de adquisición, debidamente documentado y actualizado en conformidad con las normas del artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

6.- Los pasivos se registrarán según su monto efectivo debidamente documentado y actualizado de acuerdo con las normas del artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Los pasivos que obedezcan a operaciones de crédito de dinero sólo podrán registrarse si se ha pagado oportunamente el impuesto de timbres y estampillas, a menos que se encuentren expresamente exentos de éste.

7.- La diferencia entre los activos y pasivos registrados en la forma antes indicada se considerará capital para todos los efectos legales o pérdida deducible en conformidad con el artículo 31 número 3° de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según corresponda.

Para todos los efectos tributarios, se presumirá que los activos incluidos en el balance inicial han sido adquiridos con ingresos que tributaron con anterioridad a la vigencia de esta ley.

El Servicio de Impuestos Internos podrá rebajar los valores registrados en el balance inicial, haciendo uso del procedimiento establecido en el artículo 64 del Código Tributario, en todos aquellos casos en que la valorización del contribuyente no cumpla los requisitos señalados en este artículo o no sea debidamente demostrada.

En su primera declaración acogida al sistema de renta efectiva el contribuyente deberá dar aviso al Servicio de Impuestos Internos de la circunstancia de estar sometido a dicho régimen, acompañando el balance inicial mencionado en el inciso primero de este artículo. La falta de este aviso hará aplicable el plazo de prescripción a que se refiere el inciso segundo del artículo 200 del Código Tributario.

Los ingresos que se perciban a contar del momento en que el contribuyente deba llevar contabilidad completa para determinar su renta, y que corresponda a contratos u operaciones celebrados con anterioridad a esa fecha, deberán ser considerados en el ejercicio de su percepción a menos que hubieran sido facturados y entregados los bienes o prestados los servicios, cuando el contribuyente estaba aún bajo el régimen de renta presunta, en cuyo caso se estará a las reglas generales sobre devengación.

Artículo 4°.- Los contribuyentes que, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 34 y 34 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pasen a declarar renta efectiva sobre la base de contabilidad deberán registrar sus activos y pasivos en el balance inicial que deben confeccionar al 1º de enero del ejercicio en que queden sujetos al nuevo sistema, según las siguientes normas:

1.- Los terrenos se registrarán por su avalúo fiscal a la fecha del balance o por su valor de adquisición reajustado de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición y el último día del mes anterior al balance, a elección del contribuyente.

2.- Los demás bienes físicos del activo inmovilizado se registrarán por su valor de adquisición o construcción, debidamente documentados, y actualizados de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior al de la adquisición o desembolso y el último día del mes anterior al del balance, deduciendo la depreciación normal que corresponda por el mismo período en virtud de lo dispuesto en el número 5° del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Los contribuyentes del artículo 34 bis a que se refiere este artículo deberán registrar los vehículos motorizados de transporte de carga terrestre de acuerdo con su valor corriente en plaza, fijado por el Servicio de Impuestos Internos en el ejercicio anterior a aquel en que deban determinar su renta según contabilidad completa. Ese valor deberá actualizarse por la variación del índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la publicación de la lista que contenga dicho valor corriente en plaza en el Diario Oficial y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que esa lista haya sido publicada. Los vehículos mencionados solo podrán ser objeto de depreciación normal.

3.- El valor de los bienes del activo realizable se determinará en conformidad con las normas del artículo 30 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de acuerdo con la documentación correspondiente, y se actualizará a su costo de reposición según las normas contenidas en el artículo 41 número 3° de la misma ley.

4.- Los otros bienes del activo se registrarán por su costo o valor de adquisición, debidamente documentado y actualizado en conformidad con las normas del artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

5.- Los pasivos se registrarán según su monto efectivo debidamente documentado y actualizado de acuerdo con las normas del artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Los pasivos que obedezcan a operaciones de crédito de dinero sólo podrán registrarse si se ha pagado oportunamente el impuesto de timbres y estampillas, a menos que se encuentren expresamente exentos de éste.

6.- La diferencia entre los activos y pasivos registrados en la forma antes indicada se considerará capital para todos los efectos legales o pérdida deducible en conformidad con el artículo 31, número 3°, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según corresponda.

El Servicio de Impuestos Internos podrá rebajar los valores registrados en el balance inicial, haciendo uso del procedimiento establecido en el artículo 64 del Código Tributario, en todos aquellos casos en que la valorización del contribuyente no cumpla los requisitos señalados en este artículo o no sea debidamente demostrada.

En su primera declaración acogida al sistema de renta efectiva el contribuyente deberá dar aviso al Servicio de Impuestos Internos de la circunstancia de estar sometido a dicho régimen, acompañando el balance inicial mencionado en el inciso primero de este artículo. La falta de este aviso hará aplicable el plazo de prescripción a que se refiere el inciso segundo del artículo 200 del Código Tributario.

Los ingresos que se perciban a contar del momento en que el contribuyente deba llevar contabilidad completa para determinar su renta, y que correspondan a contratos u operaciones celebrados con anterioridad a esa fecha, deberán ser considerados en el ejercicio de su percepción a menos que hubieran sido facturados y entregados los bienes o prestados los servicios, cuando el contribuyente estaba aún bajo el régimen de renta presunta, en cuyo caso se estará a las reglas generales sobre devengación.

Artículo 5°.- Facúltase al Presidente de la República para dictar, mediante decreto supremo que llevará las firmas de los Ministros de Hacienda y de Agricultura, un Reglamento de Contabilidad Agrícola. Dicho Reglamento derogará los reglamentos de Contabilidad Agrícola que estén en vigencia.

Facúltase al Presidente de la República para que, mediante decreto supremo que llevará las firmas de los Ministros de Hacienda y de Minería establezca las normas para determinar la parte del valor de las pertenencias mineras que se incluirá en el costo directo del mineral extraído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En todo caso, al establecer el valor inicial de la pertenencia deberá excluirse de éste la parte que proporcionalmente corresponda al mineral que se haya extraído hasta ese momento.

Artículo 6°.- Deróganse los artículos 1º y 2° transitorios de la Ley N° 18.775, eliminándose sus efectos a contar del año tributario 1991.

Artículo 7°.-

a) Agrégase el siguiente artículo 75 bis al Código Tributario:

"Artículo 75 bis.- En los documentos que den cuenta del arrendamiento o cesión temporal en cualquier forma, de un bien raíz agrícola, el arrendador o cedente deberá declarar si es un contribuyente del impuesto de primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta que tributa sobre la base de renta efectiva o bien sobre renta presunta.

Los Notarios no autorizarán las escrituras públicas o documentos en los que falte la declaración a que se refiere el inciso anterior.".

b) Sustituyese el artículo 5° del decreto ley N° 993, por el siguiente:

"Artículo 5°.- El contrato de arrendamiento que recaiga sobre la totalidad o parte de un predio rústico, sólo podrá pactarse por escritura pública o privada, siendo necesario en este último caso, la presencia de dos testigos mayores de dieciocho años, quienes individualizados, lo suscribirán en dicho carácter.

El arrendador deberá declarar en la misma escritura, sea pública o privada, si está afecto al impuesto de primera categoría sobre la base de renta efectiva determinada por contabilidad completa, o sujeto al régimen de renta presunta para efectos tributarios.

La falta de esta declaración impide que el documento en que conste el contrato, pueda hacerse valer ante autoridades judiciales y administrativas, y no tendrá mérito ejecutivo, mientras no se acredite mediante escritura complementaria, la constancia de la declaración referida.".

Artículo 1° Transitorio.- La disposición del artículo 14 letra A, número 3, d), se aplicará tomando en consideración las rentas tributables de los ejercicios anteriores al de la publicación de esta ley en el Diario Oficial, con derecho al crédito que corresponda de acuerdo a la tasa del impuesto de primera categoría que haya gravado dichas rentas, y dando aplicación también a lo señalado en el inciso segundo del artículo 2° de ley N° 18.293 y en el artículo 3° transitorio de la Ley N° 18.775.

Artículo 2° Transitorio.- La tasa del impuesto de primera categoría establecida en el artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, será de 15% para los años comerciales 1991,1992 y 1993, afectando, por consiguiente, las rentas que se perciban, devenguen o retiren en dichos períodos.

Artículo 3° Transitorio.- Las actividades agrícolas, de minería y de transportes quedarán sujetas a las siguientes reglas para el año comercial 1991 :

a) Los contribuyentes que desarrollaban actividades agrícolas al 31 de diciembre de 1989, o que las desarrollen al 31 de diciembre de 1990, para determinar si quedan obligados a declarar el impuesto de primera categoría sobre su renta efectiva, determinadas según contabilidad completa, deberán aplicar las normas de los incisos cuarto, sexto, séptimo y final del artículo 20, número 1, letra b), de la Ley sobre Impuesto a la Renta respecto de cada uno de esos años.

b) Los contribuyentes que desarrollaban actividades de minería al 31 de diciembre de 1989, o que las desarrollen al 31 de diciembre de 1990, para determinar si quedan obligados a declarar el impuesto de primera categoría sobre su renta efectiva, determinada según contabilidad completa, deberán aplicar las normas de los incisos primero, tercero, cuarto y final del artículo 34, número 3, de la Ley sobre Impuesto a la Renta respecto de cada uno de esos años.

c) Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 1989 desarrollaban actividades de transporte, o que las desarrollen al 31 de diciembre de 1990, para determinar si quedan obligados a declarar el impuesto de primera categoría sobre su renta efectiva, determinada según contabilidad completa, deberán aplicar las normas del artículo 34 bis, número 3, de la Ley sobre Impuesto a la Renta respecto de cada uno de esos años.

Artículo 4° Transitorio.- Los contribuyentes que, como consecuencia de las normas introducidas en el artículo 20, número 1, letras a) y b), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pasen a declarar la renta efectiva proveniente de la explotación de bienes raíces agrícolas, a contar del año comercial 1991, se sujetarán a las siguientes reglas:

1.- Los contribuyentes que, para los efectos contemplados en el artículo 71 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, llevaban contabilidad completa en libros autorizados y timbrados por el Servicio de Impuestos Internos con anterioridad al 31 de diciembre de 1989, podrán continuar llevando su contabilidad en dichos libros, sin perjuicio de las facultades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos respecto de la información en ellos contenida y de la documentación en que se sustente.

2.- Los contribuyentes que no se encuentren en la situación indicada en el número precedente, deberán ceñirse a las normas del Reglamento de Contabilidad Agrícola contenido en el Decreto Supremo número 323, de 1982, del Ministerio de Hacienda, aplicables a los contribuyentes que llevan contabilidad completa.

3.- Los contribuyentes señalados en los números anteriores deberán sujetarse además a las siguientes normas:

a) Su balance inicial de activos y pasivos deberá confeccionarse al 1° de enero de 1991, ciñéndose a las normas del artículo 3° de la presente ley, con los ajustes contables que correspondan.

b) El aviso y presentación del balance inicial al Servicio de Impuestos Internos, a que se refiere el inciso tercero del artículo 3° antes citado, deberá efectuarse dentro de los cuatro primeros meses de 1991 .

c) Una vez que se dicte el Reglamento de Contabilidad Agrícola a que se refiere el artículo 5° de esta ley, deberán ajustar sus registros contables de acuerdo a las disposiciones que dicho reglamento establezca.

Artículo 5° Transitorio.- La primera enajenación de los predios agrícolas que, después del 1 de enero de 1990, efectúen contribuyentes que a contar del 1 de enero de 1991 deban tributar sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa, de acuerdo a las reglas del artículo 20, número 1, letra b), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, según el texto introducido por esta ley, se sujetará a las siguientes normas:

1.- El valor de enajenación, incluido el reajuste del saldo de precio, tendrá el carácter de ingreso no constitutivo de renta hasta la concurrencia de cualquiera dé las siguientes cantidades a elección del contribuyente:

a) El valor de adquisición del predio respectivo reajustado en el porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior a la adquisición y el último día del mes anterior a la enajenación.

b) Su avaluó fiscal a la fecha de enajenación.

c) El valor comercial del predio determinado según la tasación que, para este sólo efecto, practique el Servicio de Impuestos Internos. El contribuyente podrá reclamar de dicha tasación con arreglo a las normas del artículo 64 del Código Tributario. La norma de esta letra no se aplicará a las enajenaciones que se efectúen con posterioridad a la entrada en vigencia de la primera tasación de bienes raíces de la primera serie, que se haga con posterioridad a la publicación de esta ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 17.235.

d) El valor comercial del predio, incluyendo sólo los bienes que contempla la ley N° 17.235 determinado por una Firma Evaluadora registrada en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, para los propósitos contemplados en el artículo 20 de la Ley General de Bancos y 13 bis de la Ley Orgánica de la misma Superintendencia, o por una Sociedad Tasadora de Activos, según lo señalado en el número 2 de este artículo, si esta tasación supera el avalúo fiscal del predio, lo modificará para los efectos del impuesto territorial a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se efectúe.

El mayor valor que representa la tasación que se refiere esta letra, se registrará en el activo separadamente de los bienes tasados, con abono a una cuenta especial de patrimonio.

No podrán efectuarse disminuciones de capital ni distribuciones con cargo a las valorizaciones de que trata esta letra. En caso de la primera enajenación de predios tasados o de enajenaciones posteriores efectuadas dentro del plazo de tres años, contado desde la primera enajenación que ocurra después de comenzar a tributar según contabilidad completa, no podrá deducirse como pérdida la parte que corresponda a la valorización indicada. En el contrato respectivo el enajenante deberá dejar constancia de la parte del precio que corresponda a tal valorización.

Toda tasación practicada en conformidad con esta letra deberá ser comunicada por la firma evaluadora o tasadora mediante carta certificada al interesado y a la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos del domicilio de aquél.

Las firmas evaluadoras o tasadoras a que se refiere esta letra serán solidariamente responsables con los contribuyentes respectivos por las diferencias de impuestos, reajustes, intereses y multas, que se determinen en contra de aquellos en razón de valorizaciones hechas en forma dolosa o negligente. Para estos efectos, las citaciones o liquidaciones que se practiquen al contribuyente deberán notificarse, además, a la firma evaluadora o tasadora respectiva.

2.- La opción de valorización establecida en la letra d) anterior sólo podrá ser efectuada por una Sociedad Tasadora de Activos autorizada por el Servicio de Impuestos Internos o una Firma Evaluadora. El Presidente de la República dictará un Reglamento que contendrá las normas aplicables a estas entidades, tanto en su formación como en su operación.

Las Tasadoras de Activos deberán estar organizadas como sociedades de personas cuyo único objeto será la realización de valorizaciones para los fines contemplados en este artículo, en el artículo 6° transitorio, letra b) y el artículo 7° transitorio, número 4, de esta ley. Dichas sociedades deberán estar formadas exclusivamente por personas naturales, con un máximo de diez. El capital pagado de estas sociedades deberá ser igual o superior a 800 unidades tributarias mensuales al momento de su constitución.

3.- Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las enajenaciones que se hagan a las sociedades o empresas indicadas en el inciso cuarto, del número 8, del artículo 17, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

4.- Las enajenaciones del todo o parte de predios agrícolas, efectuadas durante 1990 y 1991 por los contribuyentes referidos en este artículo, obligarán al adquirente de dichos predios a tributar en conformidad con lo dispuesto en la letra a) del número 1 del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

5.- Para los efectos señalados en la letra d) anterior, se amplían el objeto de las firmas evaluadoras registradas en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en el sentido que les corresponderá, también, tasar predios agrícolas sujetos a la aplicación de esa norma, así como efectuar las tasaciones a que se refiere la letra b) del artículo 6° transitorio y el número 4 del artículo 7° transitorio de esta ley.

Artículo 6° Transitorio.- Los contribuyentes que en el año 1991 pasen al régimen de renta efectiva según contabilidad, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 20, número 1, letra b), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, establecida por esta ley:

a) Tendrán derecho por una sola vez a revalorizar los bienes mencionados en el número 2 del artículo 3° de esta ley, de acuerdo con su valor comercial y hasta por un monto que no exceda en más de un 50% del valor de dichos bienes registrados en el balance inicial.

El mayor valor que resulte de la revalorización indicada en el inciso precedente quedara afecto a un impuesto único de 8