LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 1992 (BOLETÍN Nº 502-05).

Santiago, septiembre 27 de 1991.

Honorable Cámara de Diputados:

Cúmpleme remitir para la consideración del H. Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 1992, conforme lo dispone el artículo 64 de la Constitución Política de la República.

El artículo 1º del proyecto contiene las estimaciones de ingresos y gastos del Sector Público, los que alcanzan a $ 3.175.499 millones en moneda nacional y US$ 1.134 millones de dólares de los Estados Unidos de América, respectivamente, y corresponden a la consolidación del presupuesto fiscal, y los ingresos y gastos de los demás servicios e instituciones del Sector Público afectos a las normas de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.

El artículo 2º de la iniciativa conforma el presupuesto del Tesoro Público, el cual incluye los recursos que percibe el Fisco, que ingresan a Rentas Generales de la Nación y se destinan al financiamiento de los programas de administración y ejecución directa por el Ministerio de Hacienda y al otorgamiento de aportes a los diferentes organismos del Sector Público.

Los ingresos tributarios estimados para 1992, muestran un crecimiento inferior al del año en curso respecto al ejercicio de 1990, debido a que no se repite el incremento originado como consecuencia de la reforma tributaria promulgada en el mes de junio del año pasado.

En cuanto a los gastos públicos, además de continuar con el desarrollo los programas sociales en salud, vivienda, educación, previsión social y en el ámbito rural, se destinan importantes recursos adicionales a inversión en infraestructura, para fortalecer la base productiva, especialmente en el caso de nuestras exportaciones.

De esta manera, al igual que en el presente año, se mantiene el objetivo planteado por el Gobierno de dinamizar el crecimiento económico simultáneamente con el de una mayor justicia social.

El proyecto contempla un endeudamiento público, consolidado en ambas monedas, equivalente a $ 346.645 millones. La mayor parte de éste corresponde a recursos de origen externo provistos por organismos financieros internacionales de carácter gubernamental y que, por lo tanto no limita la disponibilidad de crédito a los demás sectores de nuestra economía.

El artículo 3º, en su inciso primero, otorga al Presidente de la República la autorización legal necesaria para contraer obligaciones destinadas al financiamiento del presupuesto fiscal del próximo año. Asimismo, en el inciso segundo, se concede igual autorización para contratar créditos destinados a financiar proyectos y actividades a ejecutar en 1992 y su continuación en años posteriores.

Cabe tener presente que los empréstitos de esta naturaleza se otorgan a largo plazo, razón por la cual se hace necesario que este artículo sea aprobado con quórum calificado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60, de la Constitución Política de la República.

Los artículos 4º al 13 mantienen, en términos generales, la estructura de la normativa de similar tenor y objetivo aprobada en el presupuesto del presente año, aplicable a los organismos del Sector Público, y que contiene regulaciones específicas relativas a procedimientos, autorizaciones y limitaciones sobre las siguientes materias:

-Identificación de estudios y de proyectos de inversión.

-Adquisición o arrendamiento de equipos de procesamiento de datos.

-Número de horas para trabajos extraordinarios.

-Adquisición o construcción de inmuebles con destino exclusivo a casa habitación de personal.

-Dotación, adquisición y arriendo de vehículos.

-Contratos de arrendamiento de bienes muebles mediante el sistema de leasing.

-Distribución del producto de la enajenación de bienes inmuebles fiscales.

-Aceptación de donaciones de bienes o recursos.

Por otra parte, en el artículo 14 se autoriza la suscripción del aumento de la cuota que le corresponde a Chile en el Fondo Monetario Internacional, conforme a la 3° enmienda al Convenio constitutivo adoptado por la Junta de Gobernadores, en junio de 1990.

Mediante los artículos 15,16 y 17 se proponen normas transitorias relativas a personal. Los dos primeros renuevan por el año 1992, la situación actual respecto de los interinos y de los contratados que exceden la limitación estatutaria. A su vez, el artículo 17, suspende la compatibilidad entre cargos de planta y a contrata dentro de un mismo Servicio, en atención a la incidencia presupuestaria que conlleva, la cual presiona por recursos para el financiamiento.

Lo dispuesto en los dos artículos finales permitirá complementar, en el mes de diciembre del año en curso, los mecanismos operativos para la puesta en marcha de la Ley de Presupuestos evitando, así, entrabamientos y desfases en el inicio del proceso presupuestario.

Por último, el proyecto que se propone se ha elaborado con estricta observancia de los objetivos de estabilidad y equilibrio de las variables macroeconómicas que el Gobierno que presido se ha trazado.

En virtud de lo expuesto anteriormente, tengo el honor de someter a vuestra consideración para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

"I.- CALCULO DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS

Artículo 1º.- Apruébanse el cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 1992, según el detalle que se indica:

A.- En Moneda Nacional.

B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares:

Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la estimación de los aportes fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera, convertida a dólares, para el año 1992 a las Partidas que se indican.

II.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 32.- Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones, hasta por la cantidad de $ 70.062.841 miles que, por concepto de endeudamiento, se incluye en el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación.

Autorízasele, además, para contraer obligaciones, sea en el país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.400.000 miles moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.

Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 1992, no será considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer.

Artículo 4°.- La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975, correspondiente al subtítulo 30 y a los ítemes 61 al 74 y 80 al 97, del subtítulo 31, de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que llevará, además, la firma del Ministerio del ramo respectivo.

Respecto de los ítemes antes señalados que correspondan a los presupuestos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la identificación de los proyectos de inversión se efectuará por resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos. Estas resoluciones y las que se dicten durante el año 1992, en conformidad con lo establecido en el inciso sexto de este artículo, se entenderán de ejecución inmediata, sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior.

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto no sea superior a cinco millones de pesos, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que represente el 3% del presupuesto de inversión de la respectiva región.

Los Intendentes Regionales podrán contratar directamente la ejecución de los proyectos de inversión aprobados para la Región correspondiente de acuerdo con lo establecido en los incisos segundo y tercero de este artículo. Estos contratos deberán adjudicarse a través del mecanismo de propuestas públicas.

La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fondos aprobados para los ítemes 53 "Estudios para Inversiones". En estas identificaciones no será necesario consignar la cantidad destinada al estudio correspondiente.

No obstante lo dispuesto en los incisos precedentes, la identificación de las asignaciones que se creen en el transcurso del año 1992, se ajustará a las normas generales establecidas por aplicación del artículo 26, del decreto ley Nº 1.263, de 1975.

Ningún órgano ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión de recursos de los ítemes antes indicados, efectuar la inversión de tales recursos o de otros asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes haberse efectuado la identificación a que se refiere este artículo.

Autorízase para efectuar en el mes de diciembre de 1991, las publicaciones de llama-do a propuestas públicas, de estudios y proyectos de inversión a realizar en 1992, que se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contraloría General de la República. Asimismo, dichas publicaciones de estudios y proyectos de inversión, que se incluyan en decretos de modificaciones presupuestarias de 1992, podrán efectuarse desde que el documentos respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República.

Artículo 5º.- Los órganos y servicios públicos, incluidos en esta ley, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición o arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y sus elementos complementarios cuyo precio o renta exceda de las cantidades que se determinen por dicha Secretaría de Estado.

Igual autorización requerirán la contratación de servicios de procesamiento de datos, ya sea independiente o formando parte de un convenio de prestación de servicio que los incluya y las prórrogas o modificaciones de éstos.

Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, que hayan sido sancionados en años anteriores por el Ministerio de Hacienda y que mantengan las condiciones pactadas, no necesitarán renovar su aprobación.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará respecto de los equipos que formen parte o sean componentes de un proyecto de inversión o de estudios para inversión, identificado conforme a lo que dispone el artículo 4º, de la presente ley.

Los órganos y servicios públicos podrán efectuar directamente, mediante propuestas públicas o privadas, la adquisición de los equipos a que se refiere este artículo.

Artículo 6º.- El número de horas extraordinarias afectas a pago, fijado en los presupuestos de cada servicio público, constituye el máximo que regirá para el servicio respectivo, no quedan incluidas en dicho número las horas ordinarias que se cumplan en días sábado, domingo y festivos o en horario nocturno, pero el recargo que corresponda a éstas se incluye en los recursos que señalan para el pago de horas extraordinarias.

Sólo previa autorización del Ministerio de Hacienda, los Jefes de servicio podrán disponer la realización de trabajos extraordinarios pagados, por un número de horas que exceda del consultado en el presupuesto respectivo.

Artículo 7º.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición o construcción de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

La misma prohibición regirá para las Municipalidades salvo en lo que respecta a viviendas, en zonas apartadas y localidades rurales, para profesores y personal de la salud.

Artículo 8º.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos, comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula "Por orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.

En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.

Los servicios públicos que tenga fijada en esta ley dotación máxima de vehículos motorizados, no podrán tomar, en arriendo ninguna clase de tales vehículos sin autorización previa del Ministerio de Hacienda.

Artículo 9º.- Los servicios públicos de la administración civil del Estado, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga.

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo anterior hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo de Hacienda.

Artículo 10.- Los recursos a que se refiere el artículo 38 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, que correspondan a la comuna indicada en el número 2 del artículo 46 del decreto ley Nº 2.868, de 1979, en tanto no se efectúe la instalación de la Municipalidad respectiva, serán entregados por el Servicio de Tesorerías al Intendente de la XII Región, para su utilización en el área jurisdiccional de las comunas a que se refiere dicho artículo.

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente por el decreto ley Nº 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento de bienes muebles con opción de compra del bien arrendado.

Artículo 12.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley Nº 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 1992 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se recibirán en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 a 1991 se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:

65% Al Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Región en la cual estaba ubica-do el inmueble enajenado;

10% Al Ministerio de Bienes Nacionales, y

25% A beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación.

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º, de la ley Nº 17.174 y en el decreto ley Nº 2.569, de 1979.

No regirá tampoco en cuanto a las enajenaciones cuyos saldos de precios sean objeto de rebajas de intereses, condonaciones, reprogramaciones, exenciones de pago o consolidaciones, en virtud de disposiciones legales dictadas o que se dicten al efecto.

Artículo 13.- Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la presente ley la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan.

No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autorización previa del Ministro de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido y alcance en la legislación que les sea aplicable.

El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaría directamente o a través de la Partida Tesoro Público, conforme a las instrucciones que imparta el Ministro de Hacienda. Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a que se encuentre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones.

Artículo 14.- Autorízase al Presidente de la República para suscribir el aumento de la cuota que le corresponde a Chile en el Fondo Monetario Internacional hasta completar la cantidad de seiscientos veintiún millones, setecientos mil Derechos Especiales de Giro, conforme con la tercera Enmienda al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, que consta en la Resolución Nº 45-3, adoptada por la Junta de Gobernadores el 28 de junio de 1990.

El Presidente de la República podrá delegar la facultad para suscribir, a que se refiere en inciso anterior, en el Presidente del Banco Central de Chile y en el Gobernador Propietario ante el mencionado Fondo.

Artículo 15.- El personal que al 31 de diciembre de 1991, cumpla funciones en calidad de interino podrá conservar dicha calidad durante la vigencia de la presente ley.

Artículo 16.- Sustitúyese, en el artículo 6º transitorio de la ley Nº 18.834, la referencia "1º de enero de 1992" por "1º de enero de 1993".

Artículo 17.- Suspéndese, durante el año 1992, la aplicación de la letra d) del artículo 81 de la ley Nº 18.834, respecto de la compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en cargos a contrata en el mismo Servicio y que no correspondan a renovaciones de nombramientos en tal calidad efectuados antes del 30 de septiembre de 1991.

Artículo 18.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1º de enero de 1992, sin perjuicio de que puedan dictarse en el mes de diciembre de 1991, los decretos a que se refieren los artículos 3º y 4a y las resoluciones indicadas en dicho artículo 4º.

Artículo 19.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 4º de esta ley.

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, y la autorización previa que prescribe el artículo 22 del decreto ley Nº 3.001, de 1979, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda.".

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República.- Alejandro Foxley Riose-co, Ministro de Hacienda.

?INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE PRESUPUESTOS, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 1992 (BOLETÍN Nº 502-05).

Honorable Cámara de Diputados:

La Comisión Especial de Presupuestos tiene el honor de informaros respecto del proyecto individualizado en el rubro, iniciado conforme a la Constitución Política en Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República.

A las sesiones en que vuestra Comisión estudió el Presupuesto concurrieron, además de los miembros de ella los Honorables Senadores señores Rolando Calderón; Alberto Cooper; Ricardo Hormazábal; Ronald Me Intyre; Miguel Otero; Máximo Pacheco; Humberto Palza; Ignacio Pérez; Francisco Prat; Santiago Sinclair; William Thayer; Gabriel Valdés y Andrés Zaldívar.

Además, asistieron los Honorables Diputados señoras Eliana Caraball; María Angélica Cristi, y Adriana Muñoz, señores Gustavo Alessandri; Francisco Bayo; Carlos Bombal; Baldemar Carrasco; Juan Antonio Coloma; Sergio Correa; Andrés Chadwick; Ramón Elizalde; Angel Fantuzzi; Dionisio Faulbaum; Rubén Gajardo; José Antonio Galilea; José María Hurtado; Carlos Kuschel; Juan Carlos Latorre; Patricio Melero; Carlos Montes; Jaime Orpis; Eugenio Ortega; Joaquín Palma; José Peña; Edmundo Salas; Rodolfo Seguel; Carlos Smok; Andrés Sotomayor; Juan Taladriz; José Antonio Viera-Gallo, y Milenko Vilicic.

Asimismo, asistieron a sus sesiones el señor Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley; el señor Subsecretario de ese Ministerio, don Pablo Piñera; el señor Subsecretario de Educación, don Raúl Allard; el señor Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano; el señor Coordinador de Políticas Económicas del Ministerio de Hacienda, don Manuel Marfán, y diversos altos funcionarios de la Dirección de Presupuestos.

Como es de conocimiento de esa Honorable Cámara de Diputados, el estudio del proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público se realiza por una Comisión Especial, integrada por Honorables Senadores y Diputados.

Esta Comisión Especial, a su vez, designa Subcomisiones, para el estudio de las diferentes Partidas. En esta oportunidad, se constituyeron cinco Subcomisiones, cada una de las cuales ha emitido un completo informe, relativo a las Partidas de sus respectivas competencias. Estos informes van dirigidos a la Comisión Especial, y en ellos se especifican los acuerdos adoptados respecto de cada Partida; las constancias que se haya acordado dejar; las modificaciones introducidas cuando haya sido el caso, y sus fundamentos.

En atención a lo expuesto, este informe consigna los principales aspectos del debate producido en el seno de la Comisión Especial y una relación pormenorizada de los acuerdos adoptados respecto del articulado del proyecto, el que no es estudiado por las Subcomisiones.

En lo que dice relación con las Partidas, en cambio, sólo consigna las modificaciones que se les han introducido.

En lo relativo al debate habido en las Subcomisiones, a las indicaciones allí presentadas, a las constancias que en ellas se haya acordado dejar, etcétera, es necesario remitirse a los informes de dichas Subcomisiones, que constituyen parte integrante del presente informe.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que la Comisión Especial introdujo modificaciones a las proposiciones de las Subcomisiones, también se deja constancia, en este informe, de los cambios efectuados.

Se deja constancia de que se adjuntan, como anexo de este informe y, en consecuencia, formando parte integrante de él textos, debidamente certificados, de los folletos de todas las partidas en ejemplar único en los que se han introducido las modificaciones aprobadas por vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Al iniciarse el estudio del Presupuesto, hizo uso de la palabra el señor Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley, quien realizó una exposición sobre el estado de la Hacienda Pública.

Textualmente, expresó:

1. Crecimiento y estabilidad.

Hace un año presentábamos ante este Congreso nuestra evaluación acerca de la marcha y perspectivas de la economía chilena. Entregamos en esa oportunidad una visión optimista, a pesar que en esos mismos días se agravaba las crisis del Golfo subiendo fuertemente los precios del petróleo. A pesar también que el país enfrentaba una dura sequía y que el proceso de ajuste de la economía no había terminado. No faltaban quiénes vaticinaban en ese momento un sombrío panorama para 1991.

Nuestro optimismo de entonces estaba justificado.

Completaremos el año 1991 con una economía que crecerá alrededor de un 5%, luego de una expansión de 4,7% en los primeros siete meses del año. La tasa de inflación se habrá reducido desde 30% (equivalente anual) cuando llegamos al Gobierno, a un 18% en 1991.

La balanza de pagos se muestra extraordinariamente sólida. Tendremos, a fines de 1991 un superávit comercial de 1.500 millones de dólares, lo que representa un mejoramiento de casi un 20% respecto del año anterior. Las exportaciones habrán superado la barrera de los 8.700 millones de dólares. Las exportaciones distintas del cobre habrán crecido más de 15%, y las no tradicionales crecerán a tasas alrededor de 19%. El déficit de Cuenta Corriente será inferior a 2,5% del PGB. Este podrá ser financiado sin dificultad por la entrada de capitales de mediano y largo plazo, particularmente, importantes créditos del Banco Mundial y del BID, así como por los notables flujos de inversión extranjera que se siguen materializando aceleradamente.

Hay que recordar que durante el primer año de gestión del Presidente Aylwin, los ingresos de capital al amparo del D.L. 600 sumaron 1.100 millones de dólares, un incremento de 26% respecto al año precedente y un record histórico para nuestro país. La tendencia en 1991 apunta a igualar, incluso superar el desempeño record de 1990. Hasta mediados de septiembre se concretaron inversiones por 800 millones de dólares y la inversión autorizada superó los 1.500 millones de dólares. Cerca de la mitad de esa inversión corresponde a proyectos presentados y autorizados con posterioridad a las medidas de junio, que algunos criticaron como contrarias a la inversión extranjera.

Por otra parte, el sector público ha hecho un esfuerzo significativo por aumentar la inversión en 1991. Esta crecerá 20% respecto de 1990. Este aumento se ha logrado sin incurrir en un déficit en el Presupuesto del Gobierno.

Podrán los señores Parlamentarios juzgar hoy día la credibilidad de lo que hace un año dijimos en este mismo Congreso. Se formarán ustedes una opinión respecto de la seriedad y sentido de responsabilidad con que el equipo económico del Gobierno se ha abocado al logro simultáneo del crecimiento económico, a la reducción de la inflación, a la mantención de finanzas públicas sanas y, como se apreciará más adelante, al logro de una economía más solidaria y con una más vigorosa proyección internacional.

En 1992 la economía va a crecer nuevamente a tasas del orden de 5%, las exportaciones duplicarán ese ritmo de crecimiento, la balanza de pagos continuará exhibiendo un fuerte excedente comercial y se presenta un horizonte de estabilidad política y de las reglas del juego, así como de avances en la lucha con la inflación. Todos estos factores, además de los proyectos en marcha y los por iniciarse, nos permiten proyectar un ritmo de crecimiento de la inversión sustancialmente superior al 5% esperado para el conjunto de la economía. Ello a su vez garantiza la mantención de un fuerte crecimiento para 1993 y años siguientes.

En el caso de la inversión, podemos afirmar que la inversión en capital fijo en cada uno de los dos primeros años del Gobierno será mayor que la de cualquier otro período. En 1990 año de las reformas laboral y tributaria la inversión, junto a las exportaciones, fueron los componentes del PGB que más crecieron. Ya hemos indicado que en 1991, tanto la inversión pública como la inversión extranjera se están comportando adecuadamente. Lo que necesitamos por lo tanto es una mayor inversión privada nacional. Los proyectos que harían esto posible existen y en abundancia. Hay una carpeta de proyectos que supera los 14 mil millones de dólares.

El menor dinamismo de la inversión privada de los primeros meses de este año está todavía influido por el ajuste económico de 1990 y la relativa incredulidad de los empresarios respecto al crecimiento que se lograría este año. Se completaron también en 1990 grandes proyectos y los nuevos grandes proyectos están recién iniciándose.

Pero como se señalará más adelante las perspectivas de la inversión son extraordinariamente favorables y promisorias para los próximos años.

Ello es lo que nos hace afirmar también que los niveles de ocupación aumentarán significativamente en los próximos meses, así como en 1992 y 1993.

Es efectivo que las últimas cifras muestran una tasa de desocupación que supera 7%. Sin embargo, es importante consignar que a pesar del aumento reciente, esta tasa es significativamente menor a la que hoy exhiben países industriales como Australia, Bélgica, Canadá, España, Francia, Inglaterra e Italia, entre otros. Sin embargo, es efectivo que a mediados de año la tasa de desocupación había aumentado, según cifras del INE, situación que refleja dos fenómenos simultáneos.

Por una parte, la ocupación tiene un comportamiento fuertemente estacional que se refleja todos los años en un menor nivel de empleo a mediados de año. Esta estacionalidad es especialmente intensa en el empleo agrícola.

Por otra parte, es innegable que la ocupación se vio transitoriamente afectada por el menor crecimiento de 1990. Ese fue el caso, por ejemplo, del empleo industrial y del comercio. Ambos sectores, sin embargo, han iniciado una recuperación que deberá reflejarse pronto y con fuerza en las cifras de empleo, como ya es el caso de la ocupación en la construcción, y como lo indican las cifras que entrega la Universidad de Chile para el Gran Santiago. En esta materia, la preocupación del Gobierno es otra: las perspectivas de crecimiento de nuestra economía indican que habrá escasez de mano de obra calificada en algunos sectores de actividad. Por ello, se están reforzando los planes de capacitación especialmente en los sectores jóvenes para compatibilizar los requerimientos futuros de mano de obra, con la incorporación creciente de los trabajadores a los beneficios del crecimiento.

Se han manifestado dudas respecto de algunos resultados de la política económica este año. Se dice, por ejemplo, que el consumo de las personas está creciendo demasiado. Curioso comentario. El consumo es la variable de bienestar que resume los beneficios del crecimiento. Durante 1990 los chilenos aportaron con su esfuerzo sacrificando mayores niveles de consumo para hacer posible la reducción de la inflación. Hoy, que se ha avanzado significativamente en el objetivo antiinflacionario, parece justo que se retribuya a la población por ese sacrificio con una posibilidad de aumentar su consumo a un ritmo similar al que se expande la economía.

Por lo demás, este aumento de consumo se ha concentrado en los sectores de bajos ingresos, como consecuencia de una política deliberada del Gobierno de mejorar los salarios y niveles de ingreso de los trabajadores más pobres, de los jubilados, de quiénes perciben asignaciones familiares y de sectores como los profesores y el personal de la salud, que habían visto gravemente deterioradas sus remuneraciones y condiciones de trabajo durante el Gobierno anterior.

Es bueno recordar aquí que, en octubre del año pasado, el Parlamento aprobó un reajuste general de 25% para los empleados públicos. Como la inflación de doce meses ha estado sistemáticamente por debajo de 25%, los funcionarios públicos han percibido ingresos reales superiores a los de 1990.

Adicionalmente, la aprobación del Estatuto Docente ha implicado un aumento en el ingreso de los profesores que alcanzará en promedio al 12% real anual en el último trimestre de 1991. El personal del sector salud ha percibido aumentos promedios de 10% por sobre los reajustes generales. Las leyes aprobadas para estos sectores contemplan un progresivo mejoramiento en los próximos dos años.

El Gobierno, en conjunto con las organizaciones empresariales y de los trabajadores, también ha acordado reajustes del ingreso mínimo de 44% en 1990 y del 27% en 1991. Las asignaciones familiares se han duplicado en el período y las pensiones mínimas se nivelaron y recuperaron el 10,6% pendiente.

¿Hay alguien en este Congreso que considere excesiva esta recuperación de niveles apropiados de ingreso para quiénes se vieron mayormente postergados en el pasado?

La economía marcha bien. La confianza internacional que esta situación suscita y el continuado éxito exportador han generado una abundancia de divisas en el país, introduciendo una preocupación legítima por la evolución del tipo de cambio. Para algunos éste está muy alto, así lo indicaría el mercado. Para otros éste está bajo y debería subir. Todavía hay quienes patrocinan la utilización de la política cambiaría para bajar la inflación. Esa es una posición errónea.

Ante esta situación estructural de abundancia de divisas, el Gobierno propuso al Congreso rebajar los aranceles de 15% a 11%, medida que fue aprobada por ambas Cámaras por amplia mayoría. El Banco Central, por otra parte, en acuerdo con el Gobierno decidió encarecer los créditos externos de corto plazo y autorizar una mayor salida de créditos comerciales dentro del marco de la Aladi. Todas y cada una de estas medidas estuvieron enfocadas a sostener un tipo de cambio apropiado para el esfuerzo exportador.

Con las medidas de junio, el tipo de cambio en el mediano plazo terminará siendo más elevado que sin esas medidas. Ese es un hecho indesmentible.

En la presentación que hace un año hicimos en el Parlamento, planteábamos que el país enfrentaba una encrucijada. Los duros momentos que vivíamos entonces planteaban la disyuntiva entre un camino fácil, pero sin perspectivas y uno inicialmente más duro, pero que aseguraba un futuro previsible y promisorio. En ese momento apelamos a la responsabilidad del Parlamento y del país para seguir este segundo camino. Tuvimos el apoyo de ustedes que hoy agradecemos. El sacrificio y el optimismo que lo acompañaban parecen ambos haber estado plenamente justificados.

2.- El Presupuesto de 1992.

Durante estos diecinueve meses el Gobierno ha hecho un manejo fiscal riguroso, encuadrado dentro de un financiamiento sano. Ello ha garantizado la estabilidad económica y la permanencia y expansión gradual de los programas iniciados en 1990.

En ese año administramos una Ley de Presupuestos heredada del Gobierno anterior, que a nuestro juicio no satisfacía las legítimas expectativas de los chilenos. Esa ley contenía además una sobreestimación de los ingresos fiscales, la que hubo que compensar con un riguroso control del gasto global del sector público, con el objeto de no desfinanciar el Presupuesto. A pesar de ello, fue posible iniciar numerosos programas, especialmente en el ámbito social.

Durante 1991 contamos, en cambio, con los recursos de la Reforma Tributaria, la que permitió aumentar los ingresos corrientes del Gobierno General en casi 11% respecto a 1990. Ello permitió continuar los programas iniciados en 1990, ampliarlos e incorporar nuevos programas.

La realidad que enfrentamos para 1992 es distinta. La proyección de ingresos tributarios en moneda nacional contenida en el proyecto de Ley de Presupuesto muestra un crecimiento real dé sólo 2% con respecto a 1991. Esa tasa refleja los efectos retardados del ajuste económico de 1990 sobre las utilidades de las empresas en este año. También es conocido el deterioro en la producción de Codelco. Ello se traducirá en una caída de unas noventa mil toneladas en su producción, con respecto a los niveles de 1990. Sólo la fortaleza de nuestras cuentas externas nos permite enfrentar con tranquilidad este hecho en lo que se refiere a la balanza de pagos. Pero esa menor producción reducirá los recursos fiscales en 1992 por concepto de ingresos del cobre en 21% real. Estos dos efectos aumento moderado en los ingresos tributarios y caída en los ingresos del cobre requieren ser compensados con un manejo fiscal cuidadoso.

Nuestro compromiso con la estabilidad macroeconómica nos fuerza a la modernización en la expansión del gasto y a ser más eficientes en su asignación y focalización. Por ello, proyectamos un nivel total de gasto del Gobierno que excederá al de 1991 sólo en 3,2% en moneda de igual valor. Este esfuerzo compromete no sólo al Gobierno sino que apela también a la responsabilidad del Parlamento.

Dentro de este crecimiento moderado del gasto global, el proyecto de Ley de Presupuestos es especialmente riguroso en la expansión de los gastos corrientes, salvo en lo social, de manera de permitir un aumento importante de la inversión del Gobierno General. Esta aumentará en 7% real, para totalizar un nivel de 4,3% del PGB en 1992.

Más de la mitad de esa inversión la más alta de los últimos años como porcentaje del PGB será financiada con ahorros propios. El ahorro del Gobierno General, no obstante que los ingresos corrientes se mantendrán prácticamente inalterados, alcanzará a 2,3% del PGB. El resto de la inversión del Gobierno se encuentra financiada a través de los programas de crédito con los organismos multilaterales y préstamos bilaterales.

A pesar de las limitaciones señaladas, el Gobierno ha logrado concentrar el aumento del gasto en aquellos programas que representan una inversión más directa en las personas, en el campo de la capacitación, la educación, la salud y la vivienda, así como en la generación de empleos a través de un ambicioso programa de inversión en infraestructura.

El gasto social del Gobierno, en términos absolutos, crecerá más que el gasto global, reflejando las actuales prioridades. Los recursos destinados al esfuerzo social del Gobierno aumentarán en cerca de 400 millones de dólares, con un crecimiento real de 9%, respecto del Presupuesto de 1991. La participación en el gasto global del Gobierno aumentará desde un 56% en 1991 a un 58% en 1992.

Durante 1992 los recursos para educación aumentarán en alrededor de 150 millones de dólares, destinados preferentemente a financiar la aplicación del Estatuto Docente y las importantes inversiones y programas nuevos en este sector.

También es notorio el esfuerzo de mayores recursos para Trabajo y Previsión Social. Estos aumentarán en más de 170 millones de dólares en 1992, con el propósito de dar financiamiento al reajuste de pensiones, y de financiar la importante expansión de los programas de capacitación.

En salud, el enorme esfuerzo ya realizado en 1990 y 1991 se mantendrá e incrementará en más de 5% en 1992. De esta manera, el Gobierno continúa aumentando las inversiones y los programas de mejoramiento de las atenciones, y de recuperación sostenida de las remuneraciones de este sector.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo también podrá mantener y ampliar sus programas habitacionales, se darán casi cien mil nuevas soluciones habitacionales en 1992, para lo cual contará con un incremento real de recursos superior a los cincuenta millones de dólares, acumulando un crecimiento superior a 30%, en los últimos dos años.

Estamos convencidos que la conjugación de un marco global prudente y moderado para la política fiscal del próximo año, junto a la alta prioridad dada al esfuerzo de inversión y al gasto social, son representativas de las prioridades que el conjunto de los chilenos espera del Gobierno.

3.- Avances en la integración a la economía mundial.

La situación de balanza de pagos antes descrita, unida a la voluntad política del Gobierno del Presidente Aylwin de seguir avanzando en la internacionalización de la economía chilena, ha permitido importantes avances en la dirección de una creciente apertura. Destaca, en primer término, la baja de aranceles de 15 a 11% aprobada por abrumadora mayoría en el Congreso en junio de 1991.

En segundo término, el Acuerdo de Libre Comercio suscrito con México logra una apertura comercial sin precedentes en América Latina, reemplazando muchas décadas de retórica integracionista por un Acuerdo concreto, moderno y de gran alcance. Ambos países se han comprometido a iniciar una baja de aranceles aplicables a la casi totalidad del universo de productos el 1º de enero de 1992, llegando el arancel a cero al inicio de 1996. Para un grupo reducido de productos se ha concordado un proceso algo más lento, en que se alcanza la apertura total sólo en 1998. Todas las barreras administrativas, o no arancelarias, al comercio serán levantadas al ponerse en marcha el Acuerdo en 1991. Finalmente, una serie de procedimientos institucionales aseguran la leal competencia, la ausencia de subsidios y de dumping, y la pronta resolución de controversias. Este Acuerdo abre amplias perspectivas al comercio entre Chile y México, pudiendo llegar el intercambio bilateral a 500 millones de dólares en tres años.

Chile ha estado también en conversaciones con varios otros países. Siguiendo el Protocolo Presidencial, suscrito en 1990, se ha iniciado un proceso de negociación con Venezuela, el que debería llevar a un Acuerdo similar al firmado con México. En el marco de la Iniciativa para las Américas lanzada por el Presidente Bush, hemos firmado un Acuerdo Marco sobre Inversión y Comercio con los Estados Unidos, constituyéndose un Grupo Técnico cuya labor es explorar la viabilidad de un Acuerdo de Libre Comercio. Hasta el momento el intercambio de información ha sido fructífero, y existen buenas perspectivas de avanzar substancialmente en este tema en el curso de 1992. Finalmente, se ha suscrito un Acuerdo Marco con Canadá, que apunta también a estrechar lazos comerciales y de inversión con ese país.

Al mismo tiempo, un país pequeño como Chile no puede descuidar el plano multilateral. Lo que ocurra en los próximos meses en la Ronda Uruguay del GATT es de gran trascendencia para Chile. Un fracaso de la Ronda Uruguay entraña un debilitamiento de las normas multilaterales que favorecen particularmente a países pequeños y de economías abiertas como Chile. Es por ello que Chile ha tomado un papel muy activo en este foro, apoyando una liberalización global, tanto en el plano del comercio en bienes particularmente en sectores como la agricultura y los textiles como en las áreas de servicios e inversión.

Sin embargo, la integración a los mercados internacionales que el Gobierno auspicia para Chile no es sólo comercial, sino también financiera. Cabe destacar que entre 1990 y 1991 la deuda externa de Chile se reducirá en 1.200 millones de dólares. Por otra parte, con la emisión de bonos por 320 millones de dólares, adquiridos por un conjunto de prestigiosos Bancos internacionales, Chile normalizó definitivamente sus relaciones con la comunidad financiera internacional. Con ello, se reabrió el acceso a los mercados internacionales de capital, ofreciéndose nuevas y atractivas oportunidades de financiamiento tanto para el Estado y sus empresas como para el sector privado nacional. Dicho acceso se ve facilitado por la sólida reputación que ha adquirido nuestro país en círculos financieros internacionales. Prueba de ello es que los bonos de la deuda externa chilena se transan a 91% de su valor par; un precio mucho más alto que el de la deuda de ningún otro país de América Latina.

En el "ranking" de países según riesgo político, económico y financiero, Chile ha subido sistemáticamente en los últimos meses. En la última evaluación de la Unidad de Inteligencia del Economist, Chile sube diez puntos desde abril, quedando en el reducido número de países de menor riesgo. En otro "ranking" similar, Chile aparece en el 25% más alto de un grupo de 130 países con un puntaje similar al de países como Corea, España y México. Esta mejoría apreciable ha ocurrido durante el Gobierno del Presidente Aylwin y confirma, en forma elocuente, el alto grado de confianza existente hoy en los círculos financieros internacionales respecto de nuestro país, su gobierno y su gestión económica.

Como parte de la Iniciativa Bush, Chile fue el primer país del continente en concretar una reducción de su deuda bilateral. El Convenio respectivo lo firmamos en la Casa Blanca, en presencia de un grupo de miembros de este Parlamento y del Presidente de los Estados Unidos de América.

Muestra también de confianza en las perspectivas de la economía chilena es el extraordinario flujo de inversión extranjera directa que el país ha recibido en 1990 y 1991, al que hemos hecho referencia anteriormente. Dignos de destacarse también son los 790 millones de dólares en préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los 468 millones del Banco Mundial (BIRF), concretados durante este año.

4.- Fomento a la inversión

El Gobierno tiene entre sus objetivos inmediatos el dar un gran impulso a la inversión, que es la fuente más segura de generación de empleos permanentes en el país.

Lo que se busca es facilitar el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales. Para lograr este propósito, estamos desarrollando un esquema de financiamiento de proyectos de largo plazo, dando un acceso privilegiado a ellos a la pequeña y mediana empresas.

A partir de 1990, las empresas han podido acceder a los recursos de largo plazo que Corfo ha canalizado al sector bancario y a las compañías de "leasing" para el financiamiento de proyectos y equipos para la producción. Este esfuerzo se expandirá considerablemente en 1992. Las empresas pequeñas, medianas y grandes podrán contar con más de 160 millones de dólares adicionales de financiamiento de largo plazo, a través de la colocación de los recurso multilaterales obtenidos por el Gobierno durante 1991.

El Gobierno tiene una preocupación especial por la pequeña y mediana empresas. Por ello, se está impulsando un programa en que, entre otras acciones, el Estado subsidiará la contratación de consultorías que apoyen a la PYME en su gestión, y en la preparación de solicitudes de crédito con los Bancos comerciales. También estamos desarrollando un mercado de seguros de crédito. El Estado subsidiará la prima de los seguros que contraten las pequeñas empresas para garantizar sus operaciones de "leasing", tarjetas de crédito a la producción y descuento de documentos. De esta manera la PYME verá reducidas, considerablemente, las altas garantías reales que actualmente les exigen las instituciones financieras en sus créditos.

El Gobierno también está proveyendo de recursos para la adaptación y difusión de nuevas tecnologías a través del Fondo de Desarrollo Tecnológico y Productivo (Fontec) y del Fondo de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (Fondef), los que contarán con recursos superiores a los cien millones de dólares provenientes de fuentes multilaterales.

El Estado apoyará a sesenta mil pequeños agricultores, los que se beneficiarán en sus operaciones de crédito para capital de trabajo, y capitalización básica. También se apoyará a 3.700 organizaciones productivas campesinas, con créditos dirigidos. El programa de transferencia tecnológica en el sector agrícola espera atender a 51 mil beneficiarios en 1992.

En otro plano, el programa de saneamiento de títulos beneficiará a 42 mil pequeños propietarios rurales durante los próximos cinco años. Además, está en trámite en el Parlamento un proyecto de ley que busca dar facilidades de pago a los deudores morosos de la ex Cora. Se espera rehabilitar así a once mil parceleros.

El esfuerzo de modernización productiva también está contemplado en el programa de infraestructua anunciado hace pocas semanas por el Presidente Aylwin.

Este programa impactará positivamente en la competitividad de los sectores productivos. Beneficiará a las empresas forestales de la VIII Región, al sector frutícola de las Regiones IV a la VII, a la industria pesquera de la XI Región. Todos estos sectores mejorarán su competitividad como consecuencia de la construcción, ampliación y reparación de puertos contemplado en el programa. El esfuerzo del Estado será complementado con inversiones privadas. A modo de ejemplo, esperamos que el sector privado materialice un puerto en Corral, facilitando las exportaciones forestales de las Regiones IX y X.

Los sectores productivos también se beneficiarán del esfuerzo de inversión en infraestructura vial y ferroviaria. El Estado rehabilitará la infraestructura ferroviaria, y ha invitado al sector privado a participar de este esfuerzo.

Se pavimentará alrededor de mil kilómetros, especialmente en Regiones, reduciendo así el costo de transporte de todo el sector productivo nacional.

El sector agrícola se beneficiará del formidable aumento de la inversión en irrigación por parte del Estado y del sector privado. Iniciamos un importante programa de obras mayores y medianas y aumentaremos significativamente los recursos de la Ley de Fomento al Riego. El programa permitirá aumentar en más de cien mil hectáreas el área de riego en las Regiones III, VI, VII y VIII.

El conjunto de proyectos de riego acelerará la transformación de la agricultura, posibilitando el desarrollo de cultivos intensivos orientados a la exportación. En el caso de los sectores campesinos, el Estado subsidiará la asignación de los derechos de agua cuyo origen esté en estos proyectos de riego. De esa forma será posible integrar a parceleros y pequeños productores a la agricultura moderna de alta productividad.

La inversión en infraestructura también mejorará la calidad de vida de la población de las ciudades a través de los programas de vialidad urbana y de transporte público, y de saneamiento ambiental.

El programa anunciado por el Presidente Aylwin se encuentra en su mayor parte con financiamiento definido y es compatible con la mantención de los equilibrios fiscales.

Respecto de la inversión extranjera, el Gobierno está concretando una ambiciosa agenda de negociaciones de Tratados de inversión con diversos países para establecer convenios de doble tributación y mecanismos para resolver disputas en proyectos de inversión extranjera.

En el futuro próximo, el Gobierno hará una presentación de propuestas legales y medidas administrativas, las que se encuentran en una etapa avanzada de estudio, tendientes a expandir el mercado de capitales de largo plazo, a ampliar la participación de las AFP en el financiamiento de inversiones productivas, a dar financiamiento de largo plazo para las exportaciones chilenas de bienes de capital y a flexibilizar el D.L. 600, que regula la inversión extranjera en el país.

Por otro lado, esperamos que cuantiosos recursos provenientes de fuentes bilaterales europeas, especialmente de España, se canalicen al financiamiento de mega-proyectos privados. También, de prosperar las conversaciones que estamos sosteniendo con el BID, nuestro país será pionero en América Latina en involucrar a los organismos financieros multilaterales en el financiamiento directo para proyectos del sector privado.

Las medidas anteriormente reseñadas permitirán no sólo concretar una buena parte de los más de catorce mil millones de dólares en proyectos rentables hoy existentes. Esa cifra de Proyectos de inversión, de por sí notable para una economía del tamaño de la nuestra, deberá ampliarse considerablemente en el futuro cercano, reflejando las nuevas posiblilidades de inversión que se seguirán abriendo en nuestra economía.

5.- Solidaridad, integración e inversión social.

El Gobierno del Presidente Aylwin se planteó como un objetivo central de su gestión el conciliar el crecimiento económico con una distribución equitativa de sus frutos y con la incorporación de los sectores más marginados al proceso de desarrollo. Este objetivo debía lograrse sin arriesgar los equilibrios macroeconómicos y en un ambiente de creciente democratización de la sociedad. De esa forma los frutos de este esfuerzo podrán tener efectos perdurables sobre las condiciones de vida de los más pobres.

Al cabo de diecinueve meses de Gobierno, se ha avanzado decididamente por este camino. Los recursos para el financiamiento de programas sociales, hacia fines del presente año, se habrán incrementado en cerca de mil millones de dólares en comparación con el presupuesto heredado de la anterior Administración. El aumento será de 1.300 millones, si el Congreso aprueba el Proyecto de Presupuesto para 1992. Lo hecho es aún insuficiente en relación a la magnitud del desafío asumido. El Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 1992 que ha sido enviado al Honorable Congreso Nacional expresa nuestra voluntad de seguir avanzando y profundizando en el esfuerzo social, respondiendo así a la prioridad que los propios chilenos le han asignado a esta tarea.

En el compromiso social del Gobierno se encuentran involucrados más que cuantiosos recursos fiscales. De lo que se trata es de las esperanzas de miles de chilenos. Se trata de los proyectos de futuro de trabajadores, campesinos y pequeños productores; de los jóvenes que se esforzaron por completar su educación con la esperanza de acceder a un futuro mejor; de los miles de mujeres que deben sostener solas a sus familias.

La integración social es pieza esencial de una estrategia de desarrollo basada en una economía de mercado, abierta y competitiva. Los programas sociales generan las oportunidades para que miles de personas puedan integrarse como sujetos activos de la economía. Por eso, la prioridad asignada por el Gobierno a la inversión en las personas, antes que un mero complemento de un esquema económico determinado, es un componente fundamental en la construcción de una verdadera economía moderna, donde existan las oportunidades e incentivos para competir, innovar y producir.

El esfuerzo social.

La aprobación de la Reforma Tributaria permitió que durante el segundo semestre de 1990 se comenzara a materializar el esfuerzo social comprometido por el Gobierno.

La totalidad de los recursos provenientes de la reforma tributaria se destinaron en 1990 al financiamiento del esfuerzo social.

En 1991 el gasto social ha continuado aumentando en un marco de equilibrio fiscal, y se estima que superará al del año pasado en 14% adicional, con lo que el mejoramiento acumulado en relación al presupuesto heredado de la anterior administración alcanzará a 33% real en dos años.

El esfuerzo por incrementar el gasto social ha ido también acompañado de una preocupación especial por concentrar estos recursos en los sectores más postergados. Es así como el gasto social hacia el 40% más pobre de la población crecerá en 1991 en más de 20% en términos reales, sin considerar el esfuerzo ya efectuado en 1990.

Cabe preguntarse, sin embargo, de qué modo estos recursos involucraron mejoramientos reales en los niveles de vida de los más pobres.

En 1990 se restituyó el reajuste de 10,6% a los novecientos mil jubilados que perciben pensiones mínimas y de invalidez. Los cuatrocientos mil pensionados restantes, que vieron reducidos sus ingresos en 1985, recuperarán ese 10,6% en sus jubilaciones durante 1991 y 1992.

Dos millones y medio de ancianos, mujeres, niños y jóvenes estudiantes han sido beneficiados por la duplicación de las asignaciones familiares de los sectores de bajos ingresos. Junto con ello, un millón de personas en extrema pobreza vieron aumentar en 50% el subsidio único familiar que los beneficia. Medio millón de trabajadores, por su parte, se vieron beneficiados por los reajustes del ingreso mínimo, el que ha pasado de dieciocho mil pesos mensuales en 1990, a treinta y tres mil pesos mensuales en 1991.

Otro de los problemas más acuciantes que ha debido enfrentar el Gobierno ha sido el del sobreendeudamiento que afectaba a las familias de ingresos medios y bajos cuando asumimos el Gobierno. Se ha procurado aliviar estas situaciones en la medida que los recursos disponibles lo han permitido.

Durante 1990 y 1991 se rehabilitó a cerca de setecientos cincuenta mil deudores, permitiéndoles ponerse al día en sus obligaciones y enfrentar el futuro con tranquilidad y responsabilidad. Entre otras medidas adoptadas en este período se cuenta la renegociación de deuda por cuentas de agua y alcantarillado, la normalización de las deudas hipotecarias con los Serviu, las Municipalidades y el sistema financiero, la regularización de las deudas tributarias de pequeños comerciantes, productores y empresarios, y la reprogramación de las deudas por concepto de crédito fiscal universitario.

Junto con rehabilitar a los sobreendeudados, el Gobierno está tomando los resguardos para que no vuelva a repetirse la angustia de las deudas impagas.

En materia de vivienda, ciento setenta mil familias obtuvieron u obtendrán una solución habitacional nueva durante 1990 y 1991.

Deseamos destacar el esfuerzo realizado en este plano.

El gasto en vivienda en 1991 crecerá en 23%.

También hemos avanzado en educación. En 1991, doscientos veinte mil niños se beneficiaron con un programa especial de mejoramiento de la calidad de la educación en las novecientas escuelas más pobres del país. Adicionalmente, en 1991 los estudiantes de bajos recursos recibieron el doble de textos escolares, llegando la distribución a 4,5 millones de textos.

En educación superior, se entregaron, en 1991, cinco mil becas para estudiantes de escasos recursos y se aumentó en dos mil la cantidad de becas Presidente de la República.

El gasto en educación crecerá en alrededor de 6% en términos reales, en 1991.

En los últimos diecinueve meses se ha hecho un gran esfuerzo en el campo de la capacitación y la educación técnica. Entre los avances logrados en este campo, se cuenta un incremento de 19% en la capacitación realizada en empresas, y supervisada por el SENCE. Simultáneamente, el Ministerio de Trabajo inició un programa de capacitación para jóvenes desocupados, que busca facilitar su incorporación al mundo del trabajo. En 1991 cerca de dieciséis mil jóvenes podrán acceder a la formación, capacitación y experiencia laboral que les permitirán postular en igualdad de condiciones a los empleos que origina el crecimiento económico.

Los programas de capacitación y becas constituyen un pilar fundamental de nuestro proyecto de integración nacional. Esta es una forma efectiva de comenzar a enfrentar la desmotivación y la falta de oportunidades de amplios sectores de nuestra juventud, y la de los que buscan, y no encuentran, los espacios ni las posibilidades de incorporarse al esfuerzo nacional a través de empleos productivos y bien remunerados.

A lo anterior, hay que añadir los beneficios de la Ley de Donaciones Culturales aprobada en 1990 y que recién inició su aplicación en 1991. Sólo en los dos primeros meses de funcionamiento, se aprobaron proyectos culturales presentados por el sector privado por un monto que supera los quinientos millones de pesos.

En materia de salud, la población que se atiende en dos mil consultorios a lo largo del país se beneficia hoy con el acceso gratuito a la salud, con mayor disponibilidad de medicamentos y de personal.

La dotación de personal de los servicios de salud se aumentó en 1991 en dos mil plazas, con el objeto de ampliar la cobertura del sistema y mejorar la atención a los usuarios. Simultáneamente, se han asignado recursos por sesenta millones de dólares para inversiones en infraestructura hospitalaria, y se han adquirido cuatrocientas nuevas ambulancias.

El esfuerzo fiscal en salud también es cuantioso. El gasto global en salud creció en 7,5%, respecto al presupuesto del Gobierno anterior para 1990, y crecerá del orden de 21% durante 1991.

El programa social para 1992.

El programa social para 1992, reflejado en el Proyecto de Ley de Presupuestos que ha sido enviado al Congreso Nacional, busca continuar los esfuerzos comprometidos para el mejoramiento de los ingresos de los sectores más postergados, y profundizar los programas orientados a la integración social.

En 1992, cuatrocientos mil pensionados verán plenamente restituido el reajuste de 10,6% de sus pensiones, completándose así uno de los compromisos asumidos por el Gobierno. Del mismo modo, en este año se financiarán mejoramientos de remuneraciones a más de cien mil personas en los sectores de educación y salud, contenidos en los programas acordados durante 1991.

El esfuerzo de integración social se verá profundizado en 1992 con una extensión del programa de mejoramiento de la atención primaria en salud y la duplicación del presupuesto para la adquisición de ropa hospitalaria. En el campo de la educación, siete mil niños más podrán acceder a la educación preescolar; ciencuenta mil jóvenes estudiantes de enseñanza media podrán contar con alimentación y becas de sostenimiento en virtud de nuevos programas destinados a evitar la deserción; diez mil estudiantes universitarios de bajos recursos recibirán becas para el financiamiento de sus aranceles. Asimismo, los recursos asignados a vivienda permitirán sostener un programa equivalente a noventa y cinco mil soluciones habitacionales, con un incremento superior a 15% respecto a 1991, e incrementos similares en los recursos destinados a pavimentación, vialidad urbana y equipamiento comunitario. Por su parte, el Fosis continuará su acción destinada a mejorar las oportunidades de sectores de la población de menores recursos.

Los recursos contemplados en el Proyecto de Ley de Presupuestos de 1992 permitirán la operación a plena capacidad de programas de inversión social destinados a generar oportunidades para que muchos chilenos puedan superar permanentemente la pobreza y la marginación. Entre estos programas se cuentan el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación, que a lo largo de seis años canalizará doscientos cuarenta millones de dólares para mejorar integralmente la educación a la que acceden los niños provenientes de familias de menores recursos.

Por su parte, el programa de mejoramiento de la infraestructura hospitalaria permitirá ampliar, reparar y equipar a noventa hospitales de todo el país, canalizando en tal dirección un total de trescientos cincuenta millones de dólares a lo largo de cinco años.

El programa de capacitación laboral de jóvenes, iniciado en 1991 alcanzará en 1992 una cobertura de veinticinco mil jóvenes de un total de cien mil programas para cuatro años, para lo cual se han comprometido recursos por ochenta millones de dólares. En 1992 continuará el desarrollo del programa de Mujeres Jefas de Hogar, el que contempla acciones de salud preventiva, recreación, vivienda y capacitación.

Finalmente, miles de medianos, pequeños y microempresarios podrán acceder al apoyo técnico, crediticio y de capacitación originado en programas cuya aplicación plena se contempla para 1992. Estos programas involucran recursos por cerca de sesenta millones de dólares, los que se distribuirán a lo largo de tres años.

El proyecto de Presupuestos para 1992 también expresa la prioridad que el mejoramiento en la calidad de vida y la seguridad de las personas ha ido adquiriendo dentro de la política social. Para el próximo año se han programado importantes inversiones destinadas al mejoramiento del medio ambiente, la creación de infraestructura social, el aumento en la dotación de Carabineros, el mejoramiento de la administración de justicia y el desarrollo de importantes programas de prevención de la delincuencia.

En efecto, para 1992 se contempla un incremento de 60 por ciento en los recursos para el financiamiento de obras sanitarias, considerándose el inicio de importantes proyectos de tratamiento de aguas. Por su parte, el programa de equipamiento comunitario, destinado a la construcción de plazas, espacios recreativos e infraestructura social, experimentará un aumento significativo. En materia de seguridad de las personas, se contempla un incremento que a fines de 1992 alcanzará a tres mil trescientas plazas en la dotación de Carabineros lo que, junto a importantes inversiones destinadas a mejorar la capacidad operativa de esta Institución, absorberá mayores recursos por cinco mil seiscientos millones de pesos en 1992. En lo que concierne al Poder Judicial, se contempla la primera etapa de un programa de cinco años destinado a mejorar la administración de la justicia en Chile. Para 1992 se ha programado la construcción de doce nuevos Juzgados y diversos programas de remodelación de la infraestructura judicial, así como la incorporación de ciento treinta y cuatro nuevos cargos. Finalmente, en lo que se refiere a la rehabilitación y prevención de la delincuencia se destinan recursos a la construcción de recintos carcelarios y centros de orientación, así como al financiamiento de importantes programas para la rehabilitación de menores a través del SENAME.

Los desafíos para el Gobierno y para el país.

Lo que ha distinguido esta fase de consolidación de la democracia en Chile, ha sido la claridad con que los chilenos han expresado las grandes prioridades del país. El Gobierno, por su parte, ha reiterado, una y otra vez, su decidida voluntad de avanzar en la erradicación de la pobreza, del atraso y la marginación de grandes sectores de la población.

En este esfuerzo han participado organizaciones sociales como la CUT y la ANEF a través de los Acuerdos marco logrados en 1990 y 1991.

Los Partidos de la Concertación han dado su constante apoyo al programa económico del Gobierno y a su política social y han contribuido con valiosas ideas a mejorarlos. Expreso, aquí, nuestro reconocimiento. Importantes sectores de la Oposición votaron favorablemente la Reforma Tributaria.

El Gobierno ha puesto en este esfuerzo todos los medios a su alcance para aprovechar de la manera más eficaz los limitados recursos disponibles. Creemos que en estos diecinueve meses se han generado, además, condiciones macroeconómicas favorables para un esfuerzo social profundo, gradual, pero sostenido.

Sin embargo, enfrentaremos no cabe duda problemas y dificultades. Uno de los peligros más serios será la tentación del populismo, de la impaciencia, de la agitación irresponsable de demandas a menudo legítimas, pero que nadie ni este Gobierno, ni ningún otro puede satisfacer plenamente a corto plazo.

Tenemos que cuidar lo que hasta ahora hemos logrado. No somos un país rico. Habrá por muchos años un desajuste entre las expectativas, aspiraciones y necesidades de vastos sectores de la población, y lo que este país, con su actual grado de desarrollo, puede satisfacer.

Es por esta razón de fondo, que Chile requiere de su clase política, de sus cuadros dirigentes y de sus organizaciones sociales una capacidad excepcional para conducir, orientar y guiar, con un profundo sentido de responsabilidad, a sus representados. Nadie ganará en Chile ni el Gobierno ni la Oposición con el desorden, con la inflación, con las demandas excesivas, con la retórica estridente propia de otros tiempos e incubadora de graves crisis nacionales.

El Gobierno no cederá en este terreno. Ha sido elegido para gobernar con autoridad y con seriedad. La política económica seguirá reflejando este estilo que el Presidente de la República ha impreso a su gestión.

Vamos a decir que no, cuando la estabilidad de la economía así lo exija. Mantendremos las finanzas públicas sanas y el desarrollo exportador. Estimularemos la inversión y la creatividad del sector privado. Tendremos una preocupación especial por el empleo y por las condiciones sociales de los sectores de menores ingresos. Vamos a seguir avanzando con fuerza, seguridad y confianza en nosotros mismos en la proyección de la economía chilena hacia el resto del mundo.

Es bueno recordar que durante muchos años, los chilenos hemos sostenido la visión de un país moderno y solidario, en que todos tengan oportunidades para surgir por sus ideas, su talento y su esfuerzo, erradicando la pobreza y la marginalidad. A menudo esa visión de un país moderno y solidario no ha podido concretarse por la inestabilidad económica, por los desequilibrios fiscales, o por la impaciencia y la irracionalidad de algunos.

Tenemos hoy la rara oportunidad de hacer coincidir un período de dinamismo y crecimiento económico, con un esfuerzo profundo y sistemático en el campo social. Contamos con las condiciones políticas para ello.

Con la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos para 1992, el Gobierno está reafirmando que la solidaridad, la inversión social y el crecimiento de la economía, representan los objetivos centrales de su gestión económica. Para alcanzar estos objetivos no basta solamente con la decisión de un Gobierno. Se requiere más que nunca de una participación responsable de todos los chilenos.

Terminada la intervención del señor Ministro de Hacienda, hizo uso de la palabra el Honorable Senador señor Gazmuri, quien señaló que la sesión fue citada para iniciar la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para 1992, a la luz de lo expuesto por el Ministro de Hacienda, en su exposición sobre el estado de la Hacienda Pública y sobre el contexto económico y social en el cual se desarrolla la discusión presupuestaria.

Expresó que iniciar el debate de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos discutiendo, no sólo el estado de la Hacienda Pública, sino que, además, el estado de la economía del país, es una práctica que existió siempre en la tradición republicana, la que, a partir de este año, se debería retomar. Esto es, una instancia anual, en el Parlamento, en la cual el Ministro de Hacienda rinda cuenta del estado de la situación económica y social del país, y en la que, los Parlamentarios puedan entregar una opinión fundada respecto de estos temas. Considera que una vez agotada esta discusión, la Comisión debería dedicarse al objetivo preciso de la convocatoria, cual es la discusión presupuestaria propiamente tal.

A su juicio, de la exposición del Ministro se desprende, en primer lugar, la conclusión de que la estrategia económica del Gobierno de la Concertación se ha fundado en la realización de una política sería y equilibrada, que no ha evadido los desafíos de corto y largo plazos, que se heredaron del régimen anterior.

El centro de gravedad de la política económica ha sido la búsqueda de una nueva ruta, que supere el carácter espasmódico de los auges anteriores, y que permita sostener un crecimiento alto, estable y, por sobre todo, compatible con los avances sociales necesarios para lograr niveles crecientes de equidad.

No era fácil expresó avanzar en esta nueva ruta, dada la alta deuda social acumulada y el "recalentamiento" por exceso de gasto registrado en 1989, el cual obligó al Gobierno a adoptar medidas de ajuste que contuvieron el proceso inflacionario y el incremento excesivo de las importaciones.

Agregó Su Señoría que el Gobierno ha logrado importantes éxitos en la conducción económica del país. El ritmo de inflación bajó en 11 puntos en un año, pasando a alrededor de 30 por ciento anual, a septiembre de 1990, a 18,8 por ciento en el mes recién pasado. Todo indica que estará por debajo del 17 por ciento a fines del próximo mes y que, hacia fines del año, se estará muy cerca del 18 por ciento programado.

La tasa de crecimiento de la producción (PGB) proyectada a partir de los resultados del período enero-julio se ubica entre un 5,2 por ciento y un 5,3 por ciento, cifra que supera la meta original de 4,5 por ciento, planteada para 1991.

Las exportaciones han seguido creciendo vigorosamente, liderando el crecimiento de la economía, y la inversión extranjera ha seguido fluyendo hacia el país de manera cuantiosa.

El conjunto de medidas arancelarias, cambiarías y fiscales, adoptado en junio, si bien enfrentó problemas en su implementación práctica, generó un cambio significativo en algunos de los principales factores que estaban alimentando el superávit cambiario y erosionando las expectativas de estabilidad del tipo de cambio real.

Por otra parte, el poder adquisitivo de las remuneraciones se ha incrementado en un 4,7 por ciento, en promedio, en los primeros ocho meses del año, lo cual es, significativamente, superior al aumento de la productividad proyectado para este año.

De esta manera agregó, la economía comienza a avanzar en la dirección redistributiva que Su Señoría considera socialmente indispensable.

Este mejoramiento de las remuneraciones ha sido acompañado de importantes aumentos en el gasto social que, aunque distan mucho de solucionar los problemas que agobian a los sectores más postergados, representan un proceso considerable y sostenible.

Añadió el Honorable señor Senador que las secuelas de un ajuste como el de 1990 toman tiempo en superarse y que, aunque ya se han recuperado casi todas las variables, recién están comenzando a observarse lo primeros signos favorables en campos fundamentales, como es el del empleo, en el cual los sectores de mayor productividad ya han empezado a mostrar mayor dinamismo.

El país debe estar muy atento a la evolución de esta variable fundamental y todos agregó debemos contribuir a que se haga realidad el pronóstico guberamental de que el desempleo empezará a disminuir fuertemente a partir del semestre julio-septiembre, cifras de lo cual se conocerán dentro de un mes.

Nada puede contribuir más a la consolidación de la paz, la seguridad y la estabilidad, que la existencia de oportunidades de empleo variadas y bien remuneradas; sobre todo para la juventud, que busca canales de participación en todos los campos.

Los empresarios privados nacionales han reaccionado de manera menos vigorosa que los inversionistas extranjeros en lo que dice relación con la inversión productiva, y es preciso que reconozcan, a tiempo, el compromiso del Gobierno con una política de crecimiento alto y estable.

Añadió que la inversión privada nacional no podría prosperar en medio de la inestabilidad y de los altos riesgos que suponían los ciclos económicos, tan marcados, experimentados por la economía chilena en las décadas de los años "70" y "80". Ese crecimiento espasmódico parece estar aún en la mente de algunos inversionistas nacionales, que no dan señales de haber reconocido las nuevas condiciones existentes, para traducirlas en un esfuerzo de inversión productiva más dinámico.

La ampliación de la base empresarial del país y de las oportunidades de inversión aprovechables no se logrará a un ritmo adecuado, mientras persistan problemas pendientes, como el de la deuda subordinada de algunos bancos, la cual distorsiona la competencia de este sector, y distrae sus energías de la tarea fundamental, que consiste en desarrollar una banca nacional menos "cortoplacista" y más funcional a los procesos de ahorro-inversión de largo plazo.

En este sentido, reiteró Su Señoría la necesidad de buscar una solución viable y equitativa, que permita superar este problema en un plazo relativamente corto.

Agregó que la ruta del crecimiento alto, estable y con niveles cada vez mayores de equidad, requiere avanzar, simultáneamente, en muchos campos fundamentales.

No basta con incrementar el gasto social y focalizarlo más adecuadamente. La profundización sostenida de la democracia chilena requiere de un Estado más eficaz, más eficiente y más cercano a los ciudadanos, que el que heredamos del régimen anterior.

Mucho más eficaz, porque hay una gran cantidad de obstáculos institucionales, que esterilizan los efectos del esfuerzo que se ha venido haciendo en campos muy importantes de la política económica y social.

Mucho más eficiente, porque de lo que se trata, es de hacer mucho más con los mismos recursos disponibles, para poner al Estado a tono con la modernización generalizada que hemos venido buscando.

Mucho más cercano a los ciudadanos, porque hay muy pocas cosas que pueden contribuir más a incrementar la eficiencia del Estado, que el desarrollo de mecanismos de participación adecuados, en los cuales la ciudadanía pueda orientar las acciones y los gastos hacia la solución de los problemas más sentidos y más acuciantes.

Aunque en este campo también se están logrando avances por ejemplo en lo que se refiere a descentralización, es muy poco lo que se ha hecho para romper la inercia burocrática de los aparatos estatales, siendo ésta una tarea que no puede seguir siendo postergada, sobre todo porque la respuesta simplista de los que sólo piensan en privatizarlo todo no sirve para nada en campos como el de salud, la educación de los pobres o la seguridad nacional.

La segunda fase del desarrollo exportador de nuestra economía agregó, que el Gobierno de la Concertación se encuentra empeñado en impulsar, sólo puede abrirse paso y desplegar toda su potencialidad con el concurso de todos los actores involucrados: empresarios, trabajadores y Gobierno.

Aumentar el valor agregado de nuestras exportaciones requiere un esfuerzo productivo más intensivo en tecnología, creatividad y calidad. Esfuerzo en el cual la competitividad internacional de nuestros productos no esté basada, principalmente, en la explotación de recursos naturales que, mirados correctamente con respeto hacia las generaciones futuras y hacia el medio ambiente como sistema, no pueden considerarse ilimitados.

La estabilidad macroeconómica lograda por la política económica del Gobierno provee un marco sólido para que los empresarios chilenos desplieguen toda su capacidad y hagan realidad esta segunda fase. Ello se ve fortalecido por las iniciativas que se han llevado a la práctica en campos como el del fomento de la investigación científica y tecnológica, por la adopción de nuevas tecnologías y, también, por los mecanismos que se han creado para apoyar, integralmente, el desarrollo de la pequeña y mediana empresas, que son una cantera natural de capacidad empresarial y potencial innovativo.

Sin embargo, diversificar adecuadamente nuestras exportaciones también requiere de una concertación de esfuerzos para el fomento de la calidad, lo cual implica desarrollar relaciones laborales que permitan una contribución adecuada de los trabajadores; difundir un mayor grado de conciencia sobre la importancia de la calidad entre los empresarios y organizar, apropiadamente, la contribución que los propios consumidores nacionales pueden hacer en este campo.

Modernizar el Estado y profundizar el proceso de modernización del sector privado. Estas son las dos tareas inmediatas que nos permitirán abordar el desafío fundamental que enfrenta la sociedad: el de avanzar aceleradamente hacia la erradicación de la pobreza, que alcanza magnitudes simplemente inaceptables.

El proyecto de Ley de Presupuestos, presentado por el Gobierno al Congreso Nacional, representa un gran esfuerzo en la dirección de acomodar todas las necesidades que se derivan de los objetivos anteriormente planteados, teniendo en cuenta las restricciones económicas y políticas objetivas, en medio de las cuales se desenvuelve el proceso de democratización de nuestra sociedad.

A juicio de Su Señoría, el proyecto se orienta en la dirección correcta. Básicamente en dos sentidos: en primer lugar, profundiza la política de aumento sostenido del gasto social el próximo año en 9 por ciento respecto de 1991, lo que permitirá ampliar los programas de vivienda, salud, educación y trabajo, y, en segundo lugar, aumenta la inversión pública en infraestructura, fomento a la pequeña y mediana empresas y capacitación laboral.

Preocupa, sin embargo, al Honorable señor Senador la eficiencia técnica y administrativa en la ejecución de los programas sociales por parte del Gobierno y la participación de los ciudadanos mediante sus organizaciones en su implementación.

Agregó que en la discusión particular el proyecto de Presupuestos para 1992 sería particularmente meticuloso en la evaluación de los programas realizados por cada Ministerio durante 1991 y en la proyección de los mismos para el año próximo.

Sin perjuicio de los avances en materia social, realizados durante la gestión del Gobierno del Presidente Aylwin, y de los que se realizarán de acuerdo al Presupuesto de 1992, le parece que es indispensable un esfuerzo mayor. En lo que compete al Estado, es necesario ampliar el gasto social. Asimismo, y a corto plazo, es indispensable una campaña nacional contra la evasión tributaria. Son millones de dólares los que se restan a los pobres de Chile, por parte de quienes no pagan los impuestos que les corresponden.

Expresó el Honorable Senador señor Gazmuri que, por último, a mediano plazo es necesario diseñar una política de defensa nacional, en el marco de un nuevo esquema de seguridad en América del Sur, que permita asegurar la soberanía nacional, a costos menores que los actuales.

Posteriormente, hizo uso de la palabra el Honorable Senador señor Piñera, quien, primeramente, recordó aspectos discutidos durante la tramitación de la Ley de Presupuestos para 1991, relacionados con materias de procedimiento y legales.

En cuanto a las primeras, señaló que la Ley de Presupuestos es el instrumento público más importante de planificación económica y social del Gobierno. Constituye no sólo un sistema de reparto de recursos entre los diferentes Ministerios, sino que, también, es la ocasión en que el Gobierno da a conocer sus intenciones.

El Congreso Nacional analiza el proyecto presentado por el Ejecutivo y, posteriormente, lo aprueba o modifica, según las reducidas atribuciones que le otorgan la Constitución y el sistema legal. Recordó que de no producirse un acuerdo perfecto entre la Cámara de Diputados y el Senado, rige el proyecto original del Gobierno. Como los plazos son reducidos, las instancias para resolver las diferencias de opinión que pudieran presentarse entre ambas Cámaras son escasas y, por lo tanto, tiende a prevalecer el proyecto original del Ejecutivo.

Agregó que la discusión del Presupuesto debe ser extraordinariamente transparente e informada, para que el país entienda cuáles son las prioridades del Gobierno y las del Congreso Nacional, y para que conozca los acuerdos que se logren en materia de utilización de los recursos que todos los chilenos aportan, mediante sus impuestos.

Por esa razón, el análisis en torno al proyecto de la Ley de Presupuestos no debe limitarse al estudio de cifras. Reiteró la sugerencia formulada el año anterior, en el sentido de que el Gobierno presente, por sector o por Ministerio, un diagnóstico de la situación actual, el que debería incluir, por supuesto, una revisión del Presupuesto del año 1991.

Este, después de ser aprobado, sufrió múltiples modificaciones, con leyes que el Congreso Nacional debió acoger, entre ellas, por ejemplo, el Estatuto Docente; el aumento de remuneraciones a los trabajadores de la salud; el aumento de ciertas pensiones que no estaban contempladas en el Presupuesto del año 1991, etcétera. También hubo un cambio importante en lo relativo a los ingresos, por medio de la rebaja arancelaria y de la sustitución de esos ingresos por otros y también como producto de los impuestos a los combustibles o del impuesto de timbre y estampillas a los préstamos externos.

Por lo tanto, concluyó el Honorable señor Senador, un primer elemento, para que la discusión se realice con la profundidad, transparencia e información debidas, es actualizar el Presupuesto vigente, teniendo presente los cambios que se le introdujeron durante el año.

En segundo lugar, el Gobierno debería esclarecer cuáles son las prioridades, las metas, a mediano y largo plazos, que intenta lograr cada Ministerio o sector. Para que así, la discusión se centre en prioridades, en políticas, estrategias y objetivos, para, finalmente, terminar con la discusión de los números concretos del Presupuesto para 1992.

De esta forma, el Congreso Nacional tendrá una oportunidad real de comprender y aportar en la Ley de Presupuestos, que, una vez aprobada, constituye el marco operativo en el campo de la acción pública.

A continuación, aludió a materias de carácter legal.

El Congreso Nacional aprueba el Presupuesto, que se sanciona como ley, pero que, posteriormente, según la legislación actual, el Gobierno puede, mediante decretos que por su naturaleza no son discutidos por el Congreso, transferir fondos dentro de una Partida. También puede transferir fondos de una Partida al Tesoro Público y, de éste, a otro Ministerio. En consecuencia, mucho de lo que el Congreso aprueba puede ser alterado, posteriormente, por el Ejecutivo, en virtud de decretos y no por medio de leyes.

Estima Su Señoría que, además, no existe una fórmula apropiada de relación entre el Ejecutivo y el Congreso, en lo que se refiere a la determinación de las prioridades y gastos del sector público. Esta es una materia que, en estricto rigor, corresponde a la administración financiera del Estado y que, por lo tanto, es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Existe un proyecto de ley relativo a los aludidos traspasos presupuestarios, que no cuenta con el patrocinio del Ejecutivo y que, por lo tanto, no puede ser discutido. Como no es posible aún resolver este problema en forma permanente, anticipó que presentará una indicación al proyecto, con el objeto de que, al menos en el ejercicio presupuestario del año 1992, lo que el Congreso Nacional discute, analiza y finalmente aprueba, no sea modificado por la voluntad unilateral del Gobierno mediante decretos. Le interesa conocer agregó de manera oficial la posición del Gobierno respecto a la Ley de Administración Financiera del Estado, en forma muy especial el artículo 26 de este cuerpo legal, que faculta al Gobierno a asignar fondos al margen de la voluntad del Congreso.

Considera, sin embargo, Su Señoría que ésta no es una oportunidad para hacer una evaluación global de la marcha de la economía, sino que, en esta ocasión, corresponde concentrarse en el Presupuesto mismo.

En su opinión, el Presupuesto tiene una serie de elementos muy positivos.

En primer lugar señaló, el Presupuesto está razonablemente equilibrado, sin perjuicio de que, por primera vez en muchos años, el Presupuesto muestra un déficit que alcanza a algo menos de 0,9 por ciento del producto. Este déficit, en sí mismo, no representa un atentado contra la sanidad fiscal ni en contra de los equilibrios macroeconómicos. Es perfectamente financiable por medio de créditos con organismos multilaterales y agencias internacionales, ya comprometidos, por lo que no será necesario recurrir al endeudamiento interno, lo que podría provocar una presión en las tasas de interés. Sin embargo, formuló un llamado a reflexionar en torno a lo que fue un esfuerzo muy grande, de nuestro país, para eliminar los déficit crónicos que "aplanaron" nuestra economía en el pasado; por lograr un equilibrio fiscal y, luego, transformarlo en un pequeño superávit. Hoy día, después de muchos años, se vuelve a una situación de déficit moderado.

Por otra parte, el Presupuesto, en términos del gasto global del Gobierno es, nuevamente, razonable. El crecimiento del gasto público público, es inferior al crecimiento esperado del Producto Geográfico Bruto (la estimación del crecimiento del gasto es de 3,5 por ciento y la del producto es de 5 por ciento). Lo anteriormente expuesto revela que el tamaño del Estado se estaría incrementando en una relación distinta a lo que era en el pasado. Nuevamente, se presenta un proceso muy difícil de reducción del tamaño del Estado. Es muy fácil incrementar su tamaño, pero muy difícil reducirlo.

Por último, las prioridades del Presupuesto, que apuntan a la inversión en el campo social, le parecen adecuadas.

Más adelante, el Honorable Senador señor Piñera llamó la atención respecto de algunos elementos que le parecen insuficientes.

Refiriéndose al tema relativo al gasto social, señaló que su Partido ha propuesto al Gobierno un cambio, bastante revolucionario, en cuanto a la forma cómo es tratado el problema de la pobreza y del gasto social. En el pasado, daba la impresión de que esta materia era de responsabilidad exclusiva del Gobierno y que, mientras peor se desempeñara, mayores elementos de crítica tendría la Oposición. Recordó que en la última campaña presidencial el número de pobres fue un elemento muy importante del debate. Además, se produce el fenómeno de que en la medida en que el tema de la pobreza sea un tema de lucha electoral, en el que las partes intentan usar este grave problema social en sus luchas partidistas, se está atentando, gravemente, contra la eficiencia y la capacidad del Estado para luchar, efectivamente, contra la pobreza. En otras palabras, no se trata solamente de denunciar los problemas, sino que lo importante es enfrentarlos.

Por los motivos anteriormente expuestos, su Partido ha propuesto, formalmente, al Gobierno un Programa Nacional de Superación de la Pobreza, que aspira a comprometer a todo el país y que permitiría ampliar el horizonte de planificación, más allá del año en que se discuta el Presupuesto. Chile no es un país que esté condenado a vivir con pobreza. Tiene un ingreso per cápita de US$ 2.500 y, en consecuencia, puede al menos desde un punto de vista económico y material, superar la pobreza en un espacio razonable de tiempo. Si se puede hacer, constituye un imperativo moral llevarlo a cabo. La lucha contra la pobreza es uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestra sociedad.

Si Chile crece a un ritmo de 6 por ciento anual en los próximos seis años lo que, a juicio de Su Señoría, es posible hacer, el aumento de los ingresos fiscales permitirían incrementar el gasto social en, aproximadamente, US$ 250.000.000,ºº. Focalizando esos fondos hacia los cinco millones de chilenos que, según la metodología tradicional, estarían viviendo por debajo de la línea de pobreza, se puede anticipar que, en este tiempo, todos los chilenos lograrían superar esa línea.

Añadió que este programa sacaría el problema de la pobreza de la trinchera política, para llevarlo a un plano nacional, así como se hizo, a modo de ejemplo, en la estabilidad de la democracia, la cual, sin un acuerdo político, no se habría logrado.

Además, permitiría planificar un horizonte más de la acción pública y, por lo tanto, se evitarían las improvisaciones e ineficiencias.

Otro elemento es la descentralización. La lucha contra la pobreza tiene que descentralizarse, es decir, bajar del Gobierno central al nivel del Gobierno regional y, particularmente, a nivel comunal.

Un segundo elemento que debería ser incorporado al Presupuesto es el proceso de regionalización y descentralización del sector público. Señaló que el 21 de Mayo recién pasado el Presidente de la República, al plantear las reformas constitucionales, apoyó muy resueltamente la reforma comunal, que permitía la elección democrática de los alcaldes, pero se mostró escéptico en cuanto a la reforma regional. Habló de tierra desconocida, incierta, por la cual había que avanzar con lentitud y cautela. Sin embargo, su Partido planteó su intención de tratar simultáneamente ambas reformas y, al poco tiempo, se lograron.

Esta es la primera oportunidad para transformar en hechos, y no dejar en palabras, un intento de descentralizar el gasto y las atribuciones del Estado.

Enseguida, indicó Su Señoría que, a su parecer, no se encuentra definido el rol del Estado en una sociedad moderna. Para lograr el crecimiento económico de un país lo importante no es la inversión pública, sino que la inversión total. A modo de ejemplo, señaló que si este país sigue creciendo un 3 por ciento anual que es la tasa promedio histórica de los últimos sesenta años, lograríamos duplicar el ingreso per cápita recién en setenta y ocho años. En cambio, si crecemos a un ritmo de 6 por ciento anual, el plazo se acorta a catorce años. Este es el impacto de lograr una mayor tasa de crecimiento. La inversión es un elemento fundamental para el crecimiento, y que dentro del concepto de un Estado moderno, en su rol subsidiario, deben crearse las condiciones adecuadas para que se invierta. Sin embargo, el programa del Gobierno, en materia de inversiones, permite al sector privado participar mediante la Ley de Concesiones sólo en 8 por ciento de los US$ 2.300 millones contemplados. El porcentaje restante será inversión pública directa. Muchas de las inversiones proyectadas podrían ser ejecutadas por el sector privado. Concluyó, respecto de esta materia, que no se trata de un problema de recursos, sino de que el Estado abra espacios para dicho sector.

Lo mismo ocurre con el empleo público, que en los últimos dos años ha crecido en 8 por ciento. Comprende las razones de este aumento, ello contrasta con el crecimiento que ha experimentado el mismo, en el sector privado, en el cual no ha crecido. A su juicio, se estaría revirtiendo una tendencia de los últimos años, cual fue ir disminuyendo, paulatinamente, el tamaño del Estado, desde el punto de vista del empleo. Considera que las cifras todavía son manejables, pero que marcan una tendencia inapropiada.

Finalmente, puso énfasis en que en la discusión del presupuesto existe una gran oportunidad para que lo que ha sido un acuerdo bastante amplio, en el plano de las ideas, en asuntos como la lucha contra la pobreza, la descentralización del Estado, la eficiencia y la modernidad del mismo, se traduzca en hechos concretos.

A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor Estévez, quien destacó la trascendencia de reconocer que aquello que se previo el año anterior durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para el año 1991, sobre lo que ocurriría en la economía del país, ha sido lo que, en la práctica, ha ocurrido.

Añadió que considera que Chile se encuentra avanzando por un buen camino, que combina crecimiento y equidad.

Hizo un llamado a los Parlamentarios en orden a resaltar que la experiencia ha demostrado que, en democracia, la economía puede ser conducida con orden, equilibrio, crecimiento y equidad.

"Mirando hacia lo futuro agregó, nuestras expectativas de crecimiento se fundan en el progreso técnico, en la acumulación de capital, en las condiciones de funcionamiento en que se desenvuelve la economía que facilitan el cálculo racional de ganancias y pérdidas, en la inversión en educación y en enfrentar las desigualdades de toda naturaleza".

Enseguida, el Honorable Senador señor Lavandero dio a conocer a la Comisión las tasas de crecimiento de otros países. Se refirió a las de los Estados Unidos de América, Francia y Japón. También indicó aquellas de los países del grupo denominado "los tigres asiáticos" y a la tasa promedio de los países de América Latina. Dentro de este contexto, señaló que el nivel de crecimiento de nuestro país es uno de los más altos.

Más adelante, el Honorable Senador señor Siebert planteó algunas reflexiones relativas a Obras Públicas, particularmente en los sectores de riego y obras portuarias. Precisó que si bien el presupuesto para estas áreas se ha elevado en forma espectacular, le causa preocupación comprobar que sólo un porcentaje del mismo se haya materializado del orden del 25 al 30 por ciento.

Celebró que se contemple, para 1992, un programa de pavimentación de, aproximadamente, 1.000 kilómetros de caminos. Al mismo tiempo, manifestó que su aspiración es que, tanto este programa como otros, se ejecutan en su totalidad.

A continuación, el Honorable Diputado señor Ramírez, refiriéndose a la intervención del Honorable Senador señor Siebert, manifestó que, personalmente, respaldaba la acción del Ministerio de Obras Públicas. Al respecto, se expresó, con especial énfasis sobre el proyecto del Gobierno que permitirá aumentar la superficie de riego en cien mil hectáreas.

En otro orden de cosas, destacó el resultado de dos encuestas, efectuadas, una, por la Universidad de Chile y, la otra, por el Instituto Nacional de Estadísticas, ambas relativas al empleo y a la desocupación, en la Región Metropolitana. Señaló que los resultados de estos estudios permitían concluir que, actualmente, los niveles de desocupación son normales y que la tendencia que revelan es de una constante mejoría.

En prueba de lo cual, dio lectura de los resultados de una de las encuestas señaladas, referida al porcentaje de desempleo en la Región Metropolitana, en relación con la fuerza de trabajo, la que señala, para cada año, los porcentajes que, en cada caso se indican:

Por su parte, el Honorable Diputado señor Arancibia, refiriéndose al tema en cuestión, añadió que si bien es efectivo que el desempleo ha disminuido, el problema aún persiste y que, debido a su gravedad, hay que resolverlo a la brevedad posible. Para estos efectos, expresó resultaría de gran ayuda mejorar la capacitación y aumentar la inversión en obras públicas e infraestructura.

A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor; Ringeling, quien consultó, al señor Subsecretario de Hacienda don Pablo Piñera, por las razones que tuvo en vista el Gobierno para disminuir, en términos reales, así como en proporción respecto del total del gasto público, el proyecto de presupuesto para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en circunstancia de que hay un esfuerzo para orientar el desarrollo del país hacia un acentuamiento del gasto en regiones.

Desde una perspectiva global, aludió a la disminución, en 3 por ciento, de los ingresos fiscales entre los años 1991 y 1992. Sobre el particular, preguntó al señor Subsecretario en qué medida inciden en dicha disminución factores como la caída del precio del cobre; una menor producción del mineral, y la negociación colectiva efectuada en las distintas Divisiones de Codelco.

Enseguida, intervino el Honorable Diputado señor García, quien se refirió al aumento que han registrado los ingresos tributarios y a la manera como el Gobierno ha dispuesto de los mismos. A su juicio, dicho incremento no ha representado ningún avance en los beneficios sociales que se otorgan en la zona que representa IX Región. Preguntó qué motivos ha tenido el Gobierno para no destinar parte de esos mayores ingresos a resolver, con mayor prontitud, las urgencias sociales de dicha Región, así como aquellas de otros sectores de la vida nacional.

Más adelante, hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor Longueira, quien primeramente manifestó su alegría por el grado de consenso creado en el país en torno a la discusión del proyecto de ley en estudio. Sin embargo, agregó, este consenso debe potenciarse con el objetivo de lograr un propósito común, como es erradicar definitivamente la extrema pobreza en Chile.

Manifestó que nuestro país cuenta con autoridades económicas que valoran el sistema económico implementado por el Gobierno anterior.

Indicó que el proyecto de Ley de Presupuestos para 1992 focaliza los gastos en los sectores más necesitados del país, pero que la pobreza no lo erradicará el Estado por sí solo, ya que, en este proceso, el sector privado tiene un rol sumamente importante.

Refiriéndose a las encuestas presentadas por el Honorable Diputado señor Ramírez sobre el empleo y la desocupación, señaló que el bajo porcentaje de desempleo registrado en 1973 se debió a que la Administración Pública contaba con un gran número de funcionarios, que el Estado no debía mantener. Acotó que la contrapartida de ese nivel bajo de desempleo fue la inflación, que ese año fue de 1.000 por ciento.

Lo que hoy hay que preguntarse agregó es por qué está aumentando la cesantía. Indicó que después de la recesión, y a partir de 1985, el país creó un gran número de plazas de trabajo. Sin embargo, una vez terminado el ajuste hecho para enfrentar el rebrote inflacionario ha seguido aumentando el desempleo.

Manifestó su interés en que el Gobierno dé a conocer lo que está haciendo para orientar, de un modo permanente, el gasto social a los sectores efectivamente más necesitados. Asimismo, cuáles son los nuevos programas que, en este sentido, contempla el proyecto de Ley de Presupuestos.

Por último, solicitó información acerca de las políticas económicas que se adoptarán para lograr un mayor crecimiento de nuestra economía, durante el próximo año, sin romper el equilibrio macroeconómico alcanzado.

Enseguida hizo uso de la palabra, nuevamente, el Honorable Senador señor Gazmuri quien, en esta oportunidad, se refirió a algunas de las opiniones vertidas durante el transcurso del debate. Señaló que resultaba del todo favorable la apreciación positiva de la oposición sobre la cuenta del estado de la Hacienda Pública, solicitándoles a los Parlamentarios de ese sector que transmitieran su juicio a los medios de comunicación.

Por otra parte agregó, que no compartiría la afirmación de que los éxitos económicos logrados por el Gobierno se deban a que éste ha continuado con la política del régimen anterior. Agregó que existen algunos elementos de continuidad, pero que, al mismo tiempo, hay marcadas diferencias, que desarrolló. Concluyó que actualmente, el país está recogiendo los frutos de una rectificación muy profunda en materias económica y social.

Enseguida intervino el Subsecretario de Hacienda, don Pablo Piñera, quien, luego de agradecer la oportunidad de participación en este debate, manifestó su intención de desarrollar algunos de los comentarios vertidos en él.

Indicó que lo planteado por el Honorable Senador señor Piñera, en el sentido de que el proyecto de Ley de Presupuestos para 1992 no expresa, claramente, cuáles son los objetivos de mediano y largo plazos para la economía nacional, no es efectivo. Precisó que tanto este proyecto como el correspondiente al año anterior, se insertan en una estrategia de crecimiento y desarrollo, del Gobierno, cuya característica fundamental es la equidad, con el propósito de redistribuir los beneficios que este proceso conlleva a todos los chilenos. Señaló que éste es el signo que más diferencia a la acción del actual Gobierno, con lo que se hizo en el pasado.

Más adelante, expresó que el problema central de la economía de nuestro país es el tema de los más pobres, el cual se enfrenta, precisamente, por medio del crecimiento y la equidad.

El Gobierno ha definido, claramente, las bases de su estrategia de desarrollo, entre las cuales se encuentran las siguientes: el gasto social; el manejo sano de las cuentas fiscales y de las cuentas externas; la apertura de la economía hacia el exterior, y la inversión. Además, el decidido apoyo del Gobierno a la pequeña y mediana empresas y al fomento tecnológico.

También se refirió, brevemente, al tema del empleo. Indicó que esta es una materia que le preocupa muy seriamente al Gobierno, pero agregó que las cifras de desempleo se explican, fundamentalmente, por un problema de estacionalidad y, además, por rezagos del ajuste económico del año anterior. Manifestó su optimismo en que la situación mejorará, lo que será reflejado por las próximas encuestas.

En relación al desempeño presupuestario, reconoció que el presupuesto real de 1991 no fue igual al contenido en la ley correspondiente. Sin embargo añadió la desviación producida no fue muy significativa, y que será explicada, dentro de cada Subcomisión, respecto de cada Ministerio.

Agregó que la Ley de Administración Financiera del Estado, que le otorga al Ejecutivo un cierto grado de flexibilidad en el manejo de los recursos fiscales, debe mantenerse, porque a su juicio es la única manera de asegurar un manejo eficiente de los recursos de que dispone el Estado.

En cuanto al tema planteado en torno al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, explicó que el Gobierno persigue profundizar la regionalización y la descentralización y que, por este motivo, se lo ha incrementado, en términos reales, en 17 por ciento.

Finalmente, indicó que hay una disminución de los ingresos fiscales para 1992, que se explica, básicamente, por la caída que han experimentado el precio y la producción de cobre, así como, también, por la menor tributación de las empresas, debido esto último a la disminución de las utilidades de las mismas, ocasionada por el ajuste económico.

Concluyó expresando que el Presupuesto planteado por el Gobierno se encuadra dentro de su estrategia global de desarrollo económico y que, asimismo, refleja las prioridades de la autoridad.

Al término del debate hizo uso de la palabra el Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano, quien dio a conocer distintos aspectos macroeconómicos del proyecto de Ley de Presupuesto para 1992, los que fueron desarrollados, posteriormente, durante el trabajo realizado por la Primera Subcomisión, al momento de estudiar la Partida correspondiente al Tesoro Público.

Vuestra Secretaría, por encontrarla especialmente atinente, incluye en esta parte del informe, a título ilustrativo, la intervención del señor Director de Presupuestos en la Primera Subcomisión.

En el seno de dicha Subcomisión explicó:

1. Condiciones macroeconómicas que se han tenido en vista en la elaboración del proyecto de Presupuesto:

A diferencia de lo que ha sido tradicional en los años "80", desde 1990 se ha presentado una situación de balanza de pagos adecuadamente financiada, que no limita las posibilidades de crecimiento del país. Las proyecciones del sector externo para 1992 son auspiciosas, manteniéndose una situación "superavitaria", aún considerando que se proyecta un crecimiento significativo de las importaciones.

Así se muestra en el cuadro que figura en la página siguiente.

En este contexto, la limitación principal para crecer durante 1992 sin arriesgar las metas de control inflacionario es la capacidad productiva disponible. Esta ha sido la consideración principal que se ha tenido para definir un crecimiento del gasto de Gobierno en 1992, menor al crecimiento del producto geográfico bruto (PGB).

En virtud de estas consideraciones, las bases de cálculo del Presupuesto consideran un crecimiento del PGB de 5 por ciento y una tasa inflacionaria de 15 por ciento para 1992, ambas compatibles con el crecimiento esperado de la capacidad productiva.

Por otra parte, con el objeto de aumentar dicha capacidad productiva, el proyecto de Presupuestos favorece la inversión, tanto en infraestructura (Obras Públicas), como en el componente social. La inversión real en el Presupuesto de 1992 crece 15 por ciento, comparada con la Ley de Presupuestos de 1991.

2. Los Ingresos Tributarios:

A diferencia de 1991, en que los ingresos tributarios en moneda nacional (esto es, excluyendo los provenientes de Codelco) están creciendo cerca de 17 por ciento real, en 1992 crecerán un 2 por ciento real.

Así se muestra en el cuadro que figura en la página siguiente:

Existen varios factores que explican esta situación:

a) 1991 fue el primer año en que operó plenamente la reforma tributaria, produciendo un crecimiento de la recaudación, que no volverá a repetirse.

b) En 1991 se registraron algunos ingresos extraordinarios, como producto de la mecánica de la reforma a la Ley de Impuestos a la Renta. Asimismo, la aplicación de la Ley de Condonación de Impuestos Morosos generó una recaudación adicional de 11,6 mil millones, que tampoco se repetirá en el próximo año.

c) A raíz del ajuste económico efectuado en 1990, las utilidades de las empresas han disminuido durante 1991 y, como resultado de ello, se producirá un aumento muy pequeño de la recaudación de impuesto a la renta (0,2%) durante 1992.

d) La rebaja de aranceles de 15% a 11%, aprobada en julio de 1991, no ha sido enteramente compensada por el mayor impuesto a las gasolinas y a los timbres y estampillas, tal como se analizó con motivo de la discusión de esa ley. El efecto neto de estas medidas significa un menor crecimiento de la recaudación tributaria.

Los recursos fiscales provenientes de Codelco se han estimado suponiendo un precio del cobre de 93 centavos de dólar. Como se aprecia en el cuadro de la página siguiente, estos ingresos tienen una disminución de 76 millones de dólares, comparados a la estimación para 1991. Esto representa casi 20 por ciento de menores ingresos fiscales por este concepto.

Las causas son: un supuesto menor precio del cobre y una estimación de menor producción en Codelco.

3. El gasto corriente y el ahorro de Gobierno:

Destino de los gastos corrientes: cerca de un tercio, se destina a prestaciones previsionales; más de la quinta parte, a transferencias y subvenciones para financiar la educación, la atención de menores, la alimentación escolar, etcétera; una cantidad cercana a un tercio, se destina al pago de remuneraciones públicas y bienes de consumo para el funcionamiento de la administración e instituciones descentralizadas. El resto de los gastos corrientes está constituido por el pago de intereses de la deuda.

El total de gastos corrientes crece en cerca de 7 por ciento en el proyecto de Presupuestos de 1992, con respecto a la Ley de Presupuestos de 1991. La mayor parte de dicho crecimiento está explicado por las prestaciones previsionales.

Las transferencias y subvenciones también crecen más que el promedio (aumento de las subvenciones educacionales, Estatuto Docente, aumento de las raciones escolares, aportes al desarrollo tecnológico, etcétera).

Como resultado de lo anterior, el gasto corriente del Gobierno General en el proyecto de Presupuestos de 1992 llega a 20,7 por ciento del PGB, como puede verse en el cuadro de la página siguiente. Esta cifra es superior a la Ley de Presupuestos del año en curso, y similar a la que, en definitiva, se alcanzará durante 1991 (algunos de los mayores gastos corrientes afectan al presupuesto de 1991; como, por ejemplo, el reajuste de 10,6 por ciento a los pensionados).

Prácticamente la totalidad del aumento en gasto corriente se traduce en mayores recursos dirigidos a la población beneficiaría de la acción del Estado (gasto social u otras transferencias de fomento productivo). El gasto destinado al funcionamiento del aparato del Estado (personal y compra de bienes y servicios de consumo), propuesto para 1992, crece menos que el PGB.

El cuadro de la página siguiente muestra los aumentos de dotación de personal. Puede verse que el aumento total llega a 1 por ciento en 1992, el que se explica, básicamente, por la contratación de funcionarios en Gendarmería y Servicios de Salud. El resto, corresponde a regularizaciones en los contratos de personal que estaba contratado hace algunos años.

El ahorro de Gobierno (diferencia entre ingresos y gastos corrientes) disminuye en el proyecto de Presupuestos para 1992, como consecuencia, principalmente, de los menores ingresos proyectados. En todo caso, debe destacarse la importante contribución al ahorro nacional que realiza el Gobierno. (Esta cifra excluye el ahorro que se reinvierte en las empresas públicas, el cual bordea el 1% del PGB).

4. La inversión:

La inversión real pasa, de representar 2,6% del PGB en la Ley de Presupuestos de 1991, a 2,8%, en el proyecto para 1992, creciendo 15% por sobre la inflación.

Los sectores de mayor crecimiento son obras públicas, inversiones regionales y vivienda.

Esta mayor inversión no puede ser financiada enteramente con ahorro de Gobierno, lo que lleva a recurrir el endeudamiento. De hecho, la mayor parte de los proyectos de inversión ya cuentan con financiamiento de organismo multilaterales.

No afectan, en consecuencia, la disponibilidad de financiamiento a la inversión privada.

El Honorable Diputado señor Estévez, al presentar el informe de la Quinta Subcomisión de la cual fue Presidente, formuló observaciones de carácter general, relativas al rol del Congreso Nacional en el Presupuesto de la Nación, y a cuestiones prácticas aplicables a la tramitación del proyecto de ley que lo contiene, formulando sugerencias que según la opinión de Su Señoría de ser acogidas mejorarían la labor legislativa.

Tales observaciones se incluyen en esta parte del informe, por su carácter general a título informativo.

Señaló el Honorable Diputado señor Estévez que el debate del Congreso en torno al proyecto de Ley de Presupuestos, más que orientarse a decidir aspectos de detalle, como si, por ejemplo, la Dirección de Vialidad o la de Riego debe contar con 101 ó 102 vehículos, debería dirigirse a determinar la política económica global del país. Esto es agregó, refiriéndose al ejemplo dado a precisar cuánto debe invertirse en vialidad; o si acaso es necesario invertir más en vialidad que en riego, o, por el contrario, si convendría destinar más recursos a educación, etcétera.

Sin embargo añadió el Congreso Nacional no está en condiciones de ocuparse de esta concepción global del Presupuesto de la Nación; tanto debido a las escasas atribuciones que le confieren la Constitución y las leyes, cuanto por la manera en que, actualmente, es realizado el análisis.

Expresó que si el Congreso no está en condiciones de determinar cuál es la asignación global de recursos adecuada, verdaderamente la discusión del Presupuesto se limita, simplemente, a aceptar o rechazar cada uno de los gastos, individualmente considerados.

Enseguida, manifestó que, en su opinión, es posible incorporar algunas mejoras, que pasó a desarrollar.

Indicó, en primer lugar, que la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado establece, en su artículo 5º, un sistema presupuestario constituido por un programa financiero de mediano plazo, y, además, por presupuestos anuales debidamente coordinados entre sí, los que deben ser aprobados por ley.

Sin embargo, curiosamente, el artículo 10 de ese mismo cuerpo legal, dispone que el programa financiero de mediano plazo es un documento interno de la Dirección de Presupuestos.

Así, sería indudablemente más relevante que el Congreso Nacional discutiera y aprobara el programa financiero de tres o más años plazo, marco dentro del cual se establecen los presupuestos anuales; cuál es la magnitud del ahorro público; cuál, el tamaño que el sector público debe tener en la economía, y cuáles son las orientaciones centrales que deben cumplir los diferentes sectores.

Concluyó manifestando su aspiración de que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos si lo estimara pertinente recomiende las modificaciones legales del caso.

Se refirió, en segundo lugar, a la forma como la Dirección de Presupuestos presenta las cifras en los folletos correspondientes a cada Partida lo que podría parecer de menor importancia, pero que puede tener relevancia.

Ello, en dos aspectos que procedió a precisar.

Indicó que, un primer aspecto, consiste en que la presentación del proyecto no permite distinguir entre los gastos establecidos por una ley permanente y aquellos que no tienen ese carácter, es decir, los gastos variables. Como es de todos conocido, el Parlamento no puede afectar los gastos establecidos en leyes permanentes. En la medida en que en las Partidas y en los ítemes no exista una tipificación que permita distinguir entre unos y otros, los Parlamentarios no cuentan con la información necesaria para determinar aquellos que pueden ser modificados y los que no admiten ser alterados en atención a las facultades que la Constitución les otorga en esta materia. En su opinión, mejorar la información, en este sentido, incidiría en elevar el nivel del debate.

Un segundo aspecto interesante (y este es un elemento interno; de metodología de trabajo), se refiere a que los Parlamentarios no cuentan en forma expedita con información respecto del Presupuesto del año anterior. Estima Su Señoría que dado que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se constituye una vez al año, y los miembros de ella pueden variar, no está suficientemente asegurada la continuidad de su labor, en la medida en que no se cuenta con todos los antecedentes del debate del año anterior. Sería recomendable que el Reglamento que aún no se ha aprobado estableciera algunas atribuciones para que la Secretaría que según entiende, es permanente pudiera reunir dichos antecedentes y otros, de ejecución presupuestaria, para así, tenerlos preparados y ponerlos a disposición de la próxima Comisión Especial.

El tercer aspecto se refiere a la información misma contenida en los folletos correspondientes a cada Partida, que debería ser más completa. Propuso que, en lo sucesivo, los folletos entreguen los datos que a continuación se indican, divididos en las siguientes cuatro columnas:

Primera columna: Presupuesto aprobado el año anterior.

Segunda columna: Presupuesto vigente, expresado en la misma moneda con que fue aprobado.

Esta debe contener el presupuesto aprobado, pero incluyendo las modificaciones que haya experimentado hasta la fecha en que se proporcione la información. Estas modificaciones pueden provenir de leyes permanentes, como el reajuste de remuneraciones del Sector Público; o puedan tener su origen en asignaciones del Ministerio de Hacienda. Esta segunda columna es plenamente comparable con la primera, y permite tener claro qué fue lo que aprobó el Congreso Nacional, y así, poder contrastar, en cada ítem, si lo que se aprobó está vigente o ha sido modificado.

Tercera columna: Presupuesto vigente (el contenido en la segunda columna), pero actualizado según la corrección monetaria, para expresarlo en moneda actual. Esto, para facilitar la comparación con el Presupuesto que se propone.

Cuarta columna: Presupuesto propuesto para el año siguiente.

Espera que el próximo año se presente la información en la forma descrita.

Considera que esta información por su forma y contenido facilitará la comprensión de los diversos cambios producidos durante el transcurso del año, lo que permitiría consultar por las razones en virtud de los cuales tales cambios se produjeron, y, además, permitiría esclarecer qué se propone para el año siguiente, debido a que se cuenta con una referencia para ello.

A continuación, vuestra Comisión Especial Mixta se abocó al estudio de las diversas Partidas del Presupuesto y al articulado del proyecto.

Las Partidas fueron tratadas en el orden en que fueron despachadas por las distintas Subcomisiones. No obstante, para una mejor ordenación, os informaremos respecto de ellas conforme a su orden numérico.

Finalmente, es dable señalar que, en cumplimiento de los dispuesto por el Presidente de la Comisión Especial de Presupuestos, Honorable Senador señor Jorge Lavandero, en las Subcomisiones se aceptó, en forma provisional y ad referéndum, indicaciones ' formuladas con la sola firma del señor Ministro de Hacienda. Ello, como una forma de agilizar el trámite del proyecto, en el entendido de que ellas serían posteriormente formalizadas por Su Excelencia el señor Presidente de la República, de acuerdo a la normativa constitucional. Al informar cada Partida, se dejará constancia de estos hechos.

PARTIDA 01

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Esta Partida fue estudiada por la Segunda Subcomisión y aprobada en ella por unanimidad.

Sostuvo ante vuestra Comisión las conclusiones del informe de la referida Subcomisión, el Honorable Senador señor Gazmuri.

Luego de un breve debate, vuestra Comisión aprobó esta Partida, unánimemente, sin enmiendas.

PARTIDA 02

CONGRESO NACIONAL.

Esta Partida fue estudiada por la Cuarta Subcomisión y aprobada, unánimemente, por ella, sin modificaciones.

Sostuvo ante vuestra Comisión las conclusiones del informe de la aludida Subcomisión el Honorable Diputado señor Arancibia.

Al tratarse el Capítulo 03 (Biblioteca del Congreso), el Honorable Senador señor Jarpa pregunta si en este Capítulo están contemplados los gastos de la denominada "modernización".

El Honorable Senador señor Lavandera (Presidente) le responde que no es así. Que lo ahí consignado es el gasto corriente y que dicha modernización se financia con créditos internacionales.

El Honorable Diputado señor Ringeling pregunta cómo se cuantifican los posibles créditos al Congreso para la modernización.

El señor Director de Presupuestos explica que en los recursos de la Biblioteca están considerados, en el Subtítulo 31 (Inversión real), $ 771.286.000,00. El grueso, unos 753 millones son para eso, una parte para la Biblioteca y el resto para la Honorable Cámara y el Honorable Senado. Hay una Comisión Bicameral en la cual se ha elaborado este proyecto de introducción de informática. Se financia, en parte, con un crédito del Banco Mundial destinado a instituciones del sector público, que aparece en los ingresos, en el Subtítulo 06, ítem 62, y el endeudamiento se considera en el presupuesto del Ministerio de Hacienda, que lo transfiere al Congreso, en la parte pertinente. Es un programa a tres años. La primera etapa corresponde a 1992.

El Honorable Senador señor Jarpa expresa que esta materia se verá próximamente en la Sala y que no se sabe si será aprobada.

El señor Director de Presupuestos agrega que si no se aprueba no se utilizan los fondos. Pero, si se aprueba, deben estar previamente considerados.

El señor Ministro de Hacienda formuló, ad referéndum, una indicación, que más tarde hizo suya Su Excelencia el señor Presidente de la República, destinada a aumentar la cantidad asignada a la Biblioteca en el Subtítulo 09 (Aporte fiscal) en $ 62.000.000,00, reasignando los gastos en la misma cantidad.

El Honorable Senador señor Siebert expresa que no le parece conveniente incluir en el presupuesto de la Biblioteca fondos para gastos aún no aprobados.

El Honorable Diputado señor Longueira manifiesta que esto debiera estar en el Item Operaciones Complementarias del Tesoro Público, y trasladarse, si se aprueba el gasto.

El señor Director de Presupuestos explica que la aprobación no compromete el gasto. Pero, si no existe el ítem, no es posible después crearlo, pues se gastarían fondos no autorizados.

La Honorable Senadora señora Feliú expresa que el proyecto de modernización tiene tres aspectos; uno de ellos es la Biblioteca del Congreso, para computarizar el sistema existente de información. Agrega que la Biblioteca la maneja una Comisión integrada por el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados y por el Presidente del Honorable Senado, que están de acuerdo en esa inversión respecto de ella. Los ingresos y gastos deben estar establecidos por ley, aunque después se administren en forma autónoma. Los recursos no deben quedar en el Tesoro Público, pues un gasto del Congreso no puede quedar sujeto a la voluntad del Tesoro Público, lo que incluso rompería el principio de independencia de los Poderes del Estado.

El Honorable Diputado señor Ringeling expresa que se opondrá al gasto, porque estima que no se puede aprobar tantos millones de pesos en un programa aún no aprobado, en circunstancias que no se ha podido aumentar en US$ 10.000.000,00 el presupuesto de Carabineros, que es fundamental.

El Honorable Diputado señor Huepe expresa que el argumento no es válido, dado que el Estado debe propender a cubrir todas esas necesidades y, entre ellas, también las del Congreso.

Los Honorables Diputados señores Longueira y Ringeling formulan indicación para rebajar el gasto de inversión real de la Biblioteca en $ 753.000.000,00 aumentando, en igual suma, la asignación 104 (Provisión para financiamientos comprometidos) del ítem 33 (Transferencias a otras entidades públicas), del Subtítulo 25 (Transferencias corrientes), del Programa 03 (Operaciones complementarias), del Capítulo 01 (Fisco), de la Partida 50 (Tesoro Público).

El Honorable Diputado señor Longueira fundó su indicación explicando que, toda vez que el gasto no está aprobado, los fondos deben quedar provisionados en el Tesoro Público.

El señor Director de Presupuestos explica que el estudio lleva un año, y que la decisión de realizar el gasto es una decisión administrativa del Congreso. No corresponde, en consecuencia, dejarlo como provisión, pues se trata de un crédito.

El Honorable Senador señor Jarpa pregunta si, de aprobarse más adelante por el Congreso estos programas se podrían solicitar después un suplemento.

El señor Director de Presupuestos contesta que es posible.

El Honorable Senador señor Valdés ratifica lo expuesto anteriormente por la Honorable Senadora señora Feliú y por el señor Director de Presupuestos. Agrega que se conversó con el Banco Mundial, no sólo para la Biblioteca del Congreso, sino que, también, para distintas reparticiones públicas. En relación con la Biblioteca, agrega que es una de las más valiosas, pero que es necesario modernizarla. Argentina y Brasil están en las mismas conversaciones. Además, la Comunidad Económica Europea dona recursos para estos efectos. Esta modernización ya se ha efectuado en algunas reparticiones o Instituciones del Estado y también la requiere el Poder Legislativo.

El Honorable Senador señor Lavandera (Presidente) pone en votación la indicación de los Honorables Diputados señores Longueira y Ringeling.

Fundando su voto afirmativo el Honorable Senador señor Jarpa expresa que hay acuerdo en la necesidad de modernizar la Biblioteca, pero ocurre que en la especie hay distintos proyectos entreverados, y no se sabe, en definitiva, cuánto van a costar. No se conoce cuánto se gastará en el mismo proyecto el próximo año o más adelante.

El Honorable Senador señor Siebert expresa que no se puede aprobar un gasto antes de aprobar el destino en el cual se van a invertir dichos fondos. Por ello, agrega, aprueba la indicación.

Terminada la votación, la indicación es rechazada por 6 votos por la afirmativa, y 15, por la negativa.

El Honorable Senador señor Lavandera (Presidente) pone en votación la indicación del Ejecutivo, la que es aprobada por 13 votos a favor, y 5 abstenciones.

Más adelante, Su Excelencia el señor Presidente de la República formula una indicación para aumentar en el Capítulo 02 (Cámara de Diputados), el Subtítulo 09 (Aporte fiscal) en la suma de $ 297.773.000,00, creando, por la misma cantidad, un ítem 65 (Inversión Región V) en el Subtítulo 31 (Inversión real) del mismo Capítulo 02 antes señalado.

Vuestra Comisión aprobó esta indicación, con el voto en contra del Honorable Diputado señor Ringeling.

A continuación, vuestra Comisión aprobó, por unanimidad, el resto de esta Partida.

PARTIDA 03

PODER JUDICIAL

Esta Partida fue estudiada por la Tercera Subcomisión y fue aprobada por ella, sin modificaciones, por unanimidad.

Sostuvo ante vuestra Comisión las conclusiones del informe de la Subcomisión, el Honorable Senador señor Sule.

Durante el debate de esta Partida, el Honorable Diputado señor Longueira solicitó antecedentes atinentes al plan quinquenal, relativo al Poder Judicial, que habría anunciado el Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Sule, expresó que se contaba con la información global proporcionada en la Tercera Subcomisión por el señor Ministro de Justicia; con lo dicho en la exposición de la Hacienda Pública efectuada por el señor Ministro de Hacienda, y con lo que manifestó al respecto en el seno de la aludida Subcomisión el señor Ministro de la Excelentísima Corte Suprema, don Roberto Dávila. Según estas fuentes, hay una acuerdo del Gobierno en el sentido de duplicar, tomando como base lo aprobado para 1991, en términos reales, el presupuesto del Poder Judicial, en cinco años. Como consecuencia de eso agregó Su Señoría el proyecto en estudio contempla un aumento del monto de la Partida 03, de 20% en términos reales, en comparación con el Presupuesto aprobado para el año en curso. Terminó expresando que si en los próximos años se aumenta el aludido presupuesto en 20% cada año, al término de un lustro, se habrán duplicado los recursos de ese Poder del Estado.

La Honorable Senadora señora Soto expresó su preocupación respecto de las salas cuna y los jardines infantiles para los hijos del personal del Poder Judicial.

El Honorable Senador señor Gazmuri expresa que se podría dejar constancia de lo relativo a la duplicación del presupuesto de este Poder, en cinco años.

Finalmente, acogiendo lo anteriormente expresado, y una inquietud respecto de la dotación de vehículos, a petición de la Honorable Senadora señora Feliú, vuestra Comisión, por unanimidad, acordó dejar constancia de lo siguiente:

"1º) Que la Comisión ha tomado conocimiento de lo expresado por los señores Ministros de Hacienda y de Justicia, en el sentido de que el Gobierno ha adquirido el compromiso de duplicar, en términos reales y en un período de cinco años, el presupuesto del Poder Judicial;

2º) Que la Comisión estima necesario aumentar, a la brevedad posible, la dotación de vehículos del Poder Judicial, de modo tal que se pueda proporcionarlos, especialmente, a los Jueces del Crimen, para quienes ellos constituyen un elemento indispensable para su trabajo, y

3º) Que la Comisión ha sido informada respecto de que, en el Poder Judicial, por concepto de sala cuna se pagan $ 6.000,00 de matrícula, y una mensualidad de $ 19.000,00 para niños de hasta dos años; no existiendo asignación alguna para jardín infantil, situación esta última que vuestra Comisión estima particularmente grave, especialmente en un Poder del Estado cuya dotación está integrada por gran número de mujeres.".

Luego de un prolongado debate, vuestra Comisión aprobó esta Partida, unánimemente, sin enmiendas.

PARTIDA 04

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta Partida fue estudiada por la Segunda Subcomisión y fue aprobada, unánimemente, sin modificaciones.

Sostuvo ante vuestra Comisión las conclusiones del informe de la Subcomisión, el Honorable Senador señor Gazmuri.

Durante el debate, la Honorable Senadora señora Feliú pidió dejar constancia de que conforme a lo planteado en el seno de la Tercera Subcomisión por el señor Contralor General de la República "los recursos asignados a esta Institución son insuficientes para el adecuado ejercicio de su función fiscalizadora.".

Agregó Su Señoría que sin el financiamiento adecuado, no hay una adecuada fiscalización.

Ante una pregunta del Honorable Diputado señor Longueira, respecto a si el presupuesto de la Contraloría es de continuidad, el Honorable Senador señor Gazmuri responde que existe un incremento real algo inferior a 7%. El Honorable Senador señor Frei Bolívar agrega que tal aumento está destinado, fundamentalmente, a viáticos para los fiscalizadores, dentro de Chile; aunque la Contraloría también fiscaliza a algunos órganos del Estado que operan fuera de nuestro país.

El señor Director de Presupuestos añadió que al personal de la Contraloría se le han mejorado sus ingresos de dos maneras: una, mediante el aumento de las remuneraciones más bajas; y, otra, por medio de los incentivos para fiscalizadores. Agregó que, también, hay un incremento, en valor real, en el Subtítulo de Bienes y servicios de consumo.

El Honorable Diputado señor Ramírez manifiesta que al estudiarse el presupuesto de la Dirección del Trabajo (que en vuestra Comisión fue tratado anteriormente, pero que en este informe figura más adelante), la Honorable Senadora señora Feliú se expresó en contra del aumento de dotación de fiscalizadores, argumentando que lo que había que aumentar era la eficiencia del Servicio y no el número de funcionarios. Añade que no ve motivo para no mantener aquí el mismo criterio.

La Honorable Senadora señora Feliú explica que, precisamente, se trata, en la especie, no de aumentar empleados, sino de dotarlos de mayores medios, que mejoren su eficacia.

Puesta en votación la constancia antes aludida, se aprueba dejarla, con la abstención del Honorable Diputado señor Ramírez.

Vuestra Comisión aprobó, unánimemente, esta Partida, sin enmiendas.

PARTIDA 05

MINISTERIO DEL INTERIOR

Esta Partida fue estudiada por la Cuarta Subcomisión y fue aprobada en ella, por unanimidad, con modificaciones.

Sostuvo ante vuestra Comisión las conclusiones del informe de la Subcomisión, el Honorable Diputado señor Arancibia.

Al iniciarse el análisis de esta Partida, la Honorable Senadora señora Feliú consulta respecto de la asignación 031 (Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes) del ítem 33 (Transferencias a otras entidades públicas), del Subtítulo 25 (Transferencias corrientes), del Programa 01 del Capítulo 01 (Secretaría y Administración General), asignación que tiene fondos sólo por $ 12.000,00 Además, pregunta a que se refiere el decreto 683, aludido en la glosa 06 de esta asignación.

El señor Director de Presupuestos contesta que tal decreto es el que establece el funcionamiento de una Comisión encargada del control de los estupefacientes. Y, prácticamente, agrega, no tiene gastos, sino que está "abierto", con una suma nominal. Ello, porque funciona sobre la base de donaciones del extranjero y, por ello, no existen cantidades definidas.

A continuación, el Honorable Senador señor Lavandero (Presidente) explica que han llegado a la Mesa dos indicaciones suscritas por el señor Ministro de Hacienda. Una, incide en el Capítulo 02 (Servicio de Gobierno Interior) y, la otra, en el Capítulo 03 (Servicio Electoral).

Al respecto se produce un prolongado debate relativo al patrocinio que deben tener las indicaciones del Ejecutivo.

Los Honorables Senadores señores Diez y Vodanovic expresan que sin la firma de Su Excelencia el señor Presidente de la República, no existen indicaciones del Ejecutivo.

El señor Ruiz-Esquide manifiesta que es legítimo lo planteado, pero que antes se adoptó otro criterio y, sobre esa base, han obrado, de buena fe, la Dirección de Presupuestos y el Gobierno.

A continuación, intervienen en el debate los Honorables Senadores señores Lavandera, Vodanovic, Jarpa y Cantuarias, y los Honorables Diputados señores Huepe, Palma, Ringeling, Devaud y Espina.

Finalmente, se deja en claro que para facilitar el trabajo de las Subcomisiones se permitió al Ejecutivo presentar indicaciones, ad referéndum, con la sola firma del Ministro de Hacienda. No obstante lo anterior, se estima que para que la Comisión Especial Mixta trate una indicación del Gobierno, ésta debe venir firmada por Su Excelencia el señor Presidente de la República.

Con el objeto de permitir al Ejecutivo presentar indicaciones en la forma antedicha, se suspende la sesión y se la reanuda al día siguiente.

Su Excelencia el señor Presidente de la República formula indicación para agregar una glosa nueva (Nº 05) en el Capítulo 02 (Servicio de Gobierno Interior).

El señor Director de Presupuestos explica que ella hace referencia a convenios entre las Municipalidades y las Intendencias, para una coordinación general de los semáforos. Ello es especialmente importante en ciudades como Santiago donde existen varias Municipalidades.

El Honorable Senador señor Diez expresa que según su opinión la redacción de la glosa no concuerda con las atribuciones de los Municipios, según la última reforma constitucional, atendido que se trata de una materia que es facultad municipal. Propone dar una nueva redacción a la glosa. Ello, porque entrega la decisión a las Intendencias.

Intervienen en el mismo sentido las Honorables Senadoras señoras Feliú y Soto, y el Honorable Diputado señor Villouta.

El Honorable Senador señor Diez formula indicación tendiente a perfeccionar la redacción de la glosa.

Finalmente, por unanimidad, se aprueba un texto corregido de la glosa, cuyo tenor figura en la parte final de este informe.

A continuación, la Honorable Senadora señora Feliú pregunta a qué corresponde la letra C) de la glosa 03, referida al Subtítulo 22 (Bienes y servicios de consumo) del Capítulo 02 (Servicio de Gobierno Interior), en lo relativo a "difusión de políticas sectoriales" y en la cifra que se hace a un decreto supremo 1.570.

El señor Director de Presupuestos explica que se trata de poder transferir recursos y personas a las regiones, en situaciones de emergencia.

El Honorable Diputado señor Arancibia expresa que el aludido decreto 1.570 no pudo ser identificado en la Subcomisión.

Puesta en votación la aludida letra C) de la glosa 03 del Subtítulo 22, Capítulo 02, resulta aprobada, con los votos en contrario de los Honorables Senadores señora Feliú y señor Urenda y de los Honorables Diputados señores Munizaga y Ringeling.

Su Excelencia el señor Presidente de la República formuló indicación en el Capítulo 03 (Servicio Electoral). Ello, en síntesis, consiste en aumentar, en la letra A) de la glosa 02 correspondiente al Subtítulo 21 (Gastos en personal), la dotación máxima de "233" a "267", y en agregarle una frase final relativa a que 25 empleados deben ser contratados asimilados al escalafón de Procesamiento de Datos del DFL 90, de 1977. (Su texto figura en la parte final de este informe).

Asimismo, Su Excelencia el señor Presidente de la República formuló otra indicación al mismo Capítulo 03 y glosa 02 del Subtítulo 21, aludidos en el párrafo anterior.

Ella consiste en sustituir el monto máximo que se puede utilizar para contratar personas, de $ 25.110.000, por $ 2.888.000. (Su texto figura en la parte final de este informe).

Puestas en votación, ambas indicaciones son, unánimemente, aprobadas.

A continuación, usa de la palabra el Honorable Diputado señor Estévez, para referirse al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Manifiesta que votará en contra, porque los fondos están mal distribuidos y, además, por el criterio de enfoque y características de los programas. Expresa que se confunde desarrollo regional con programas sociales descentralizados. Finalmente, agrega que, tal como está propuesto, perjudica a las familias más pobres de la Región Metropolitana.

El Honorable Diputado señor Palma adhiere a lo expresado por el Honorable Diputado señor Estévez. Agrega que lo relativo a las patentes mineras, que aún está en estudio, no debería incluirse en el Presupuesto. Termina expresando que votará en contra de todo el Subtítulo 33 (Transferencias de capital).

El Honorable Diputado señor Longueira expresa que no comparte el criterio de distribución de los fondos, en especial lo asignado a la Región Metropolitana.

El señor Director de Presupuestos hace referencia a la metodología de distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, donde se establecen los criterios de distribución.

Estos criterios señalan que los recursos se distribuyen por igual entre todas las Regiones del país y, luego, a partir de esa base, se procede a asignarles más o menos recursos, según la Región de que se trate.

A aquellas donde la pobreza es más aguda se les da más puntaje; donde hay menor densidad poblacional se da un mayor puntaje; asimismo, la ruralidad y el producto regional son elementos de distribución. Esto no guarda relación con la densidad de la población, sino que se parte de un nivel por igual entre las Regiones y luego se da mayor importancia a aquellas donde los indicadores señalados son más altos.

Expresó que ésta va a ser materia de una ley permanente que distribuirá estos fondos.

A continuación, usan de la palabra, objetando, por distintas razones, la distribución del Fondo, los Honorables Senadores señores Piñera y Jarpa y los Honorables Diputados señores García, Arancibia, Devaud, Estévez y Palma.

El Honorable Senador señor Lavandero (Presidente) pone en votación la materia en debate, es decir, el Subtítulo 33 (Transferencias de capital).

Se aprueba el Subtítulo, por 14 votos a favor y 3 en contra.

Más adelante, a propósito de la glosa 03 del Capítulo 40 (Municipalidades), que se refiere a que con los recursos a que alude: asignación 002 (Municipalidades. Programa mejoramiento urbano y equipamiento comunal) del ítem 87 (Aportes a otras entidades públicas), se financiarán proyectos y programas de inversión orientados a generar empleo y a mejorar la calidad de vida de la población, y que se distribuye en 70 por ciento para las Regiones y el 30 por ciento restante "en el curso del año para enfrentar situaciones no previstas, relacionadas con la naturaleza del programa", los Honorables Diputados señores Estévez y Letelier presentaron una indicación para agregarle la siguiente frase: "y entre las provincias de cada Región, en proporción directa a su población".

El Honorable Diputado señor Estévez expresa que el fundamento de la indicación es que sean menos discrecionales los criterios de distribución. Señala que el criterio es distribuir los recursos en proporción directa al número de desempleados de cada Región, pero deja a la discrecionalidad de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo cómo los distribuyen dentro de la Región.

Propone que se distribuya, por provincias, de acuerdo al número de desocupados proporcional que ellas tienen.

El Honorable Diputado señor Huepe manifiesta que el desempleo en la Octava Región es de 7 por ciento; en la zona de Arauco, es de 10,6 por ciento. Si se distribuye dentro de la Región por el criterio de población, se deja de lado el criterio primario de población. Entonces habría un contrasentido.

Se propone agregar, al final de la indicación, la palabra "desempleada".

El Honorable Senador señor Jarpa expresa que el sentido de la glosa es claro: va a paliar el desempleo. Podría agrega suprimirse la división entre 70 y 30 por ciento y emplear todos los fondos en el mismo objetivo.

El Honorable Diputado señor Palma cree necesario mantener la glosa, porque la resolución debe ser dictada a más tardar el 31 de marzo. Esto significa que se congela esta distribución del 70 por ciento y puede haber, en el año, por factores coyunturales no previstos, factores que distorsionen las tasas de ocupación en determinadas Regiones.

El Honorable Senador señor Piñera cree que si se quiere dejar un fondo para situaciones no previstas, o queda en esta situación, o se incluye en la Partida Tesoro Público. Pero si está en diferentes partes, se termina por no saber cuánto está siendo provisionado por cada ítem.

Para solucionar el problema, Su Señoría formula indicación, en conjunto con los Honorables Diputados Huepe y Ortega, para sustituir la que se encuentra en debate.

Proponen reemplazar en la glosa la frase final, por otra, que diga: "El monto restante se distribuirá a más tardar el 30 de septiembre, según el mismo criterio que el 70 por ciento anterior".

Unánimemente se aprueba esta última indicación.

Más adelante, el Honorable Diputado señor Estévez expresa que ha quedado pendiente decidir respecto de la discrecionalidad de la distribución de los fondos, entre las provincias.

El señor Director de Presupuestos explica que no existen estadísticas representativas para todas las provincias. Para buscar un criterio habría que ceñirse a una distribución de acuerdo a la población entre las provincias.

El Honorable Diputado señor Huepe expresa que ello se contrapone con lo que Su Señoría planteó. Mientras no existan los indicadores adecuados, la discrecionalidad parece ser el único elemento posible. Prefiere mantener la glosa como está y no introducir un criterio al interior de la Región.

El Honorable Diputado señor Estévez formula indicación para agregar una frase final a lo propuesto en la indicación anterior. Esta diría: "y donde exista información, en proporción a la población desocupada de cada provincia".

Vuestra Comisión, unánimemente, aprobó esta indicación.

Antes de terminar el estudio de esta Partida, el Honorable Diputado señor Palma pidió dejar constancia de su votación contraria a la aprobación de la glosa 07 y de la asignación 002 (Provisión Fondo Nacional de Desarrollo Regional Patentes Mineras), del ítem, 87 (Aportes a otras entidades públicas), del Subtítulo 33 (Transferencias de capital) del Programa 01 del Capítulo 05 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo).

Con la salvedad antedicha, Vuestra Comisión, por la unanimidad, aprobó el resto de esta Partida, con las enmiendas que propuso la Subcomisión y que se detallan en la parte final de este informe.

PARTIDA 06.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

Esta Partida fue estudiada por la Tercera Subcomisión, la que la aprobó, con modificaciones, unánimemente, con excepción de la modificación siguiente, que fue aprobada por tres votos a favor y uno en contra:

a) El Subtítulo 21 (Gastos en personal) del Programa 01 del Capítulo 03 (Dirección de Fronteras y Límites del Estado), y

b) La asignación 017 (Otros servicios generales), del ítem 17 (Servicios Generales), del Subtítulo 22 (Bienes y servicios de consumo). (Se hace presente que las referidas asignaciones e ítemes no figuran en el folleto correspondiente a la Partida del Ministerio, sino que aparecen en un "desglose", que fue proporcionado a la respectiva Subcomisión).

Sostuvo ante Vuestra Comisión las conclusiones del informe de la Subcomisión, el Honorable Senador señor Sule.

Durante el debate de esta Partida, el señor Director de Presupuestos anunció que el Ejecutivo presentaría una indicación destinada a incrementar los Subtítulos 09 (Aporte fiscal) y 70 (Otros compromisos pendientes) del Capítulo 01 (Secretaría y Administración General y Servicio Exterior), ambos en la suma de US$ 1.343,00.

Explicó que el propósito de dicha indicación era solucionar un problema del cual se ha tomado conocimiento después de terminado el trabajo de la Subcomisión que estudió esta Partida.

En efecto, se refiere a una devolución que es necesario hacer, toda vez que la Contraloría General de la República ha dictaminado que desde mayo de 1988 y hasta marzo de 1991 se efectuaron descuentos en exceso a los Jefes de Misión en el extranjero.

En una sesión posterior, Su Excelencia el señor Presidente de la República formuló la indicación anunciada, la que fue rechazada, por 2 votos por la afirmativa; 20 por la negativa, y un abstención.

Vuestra Comisión aprobó, por unanimidad, esta Partida, con las enmiendas que propuso la Subcomisión, las que se detallan en la parte final de este informe.

PARTIDA 07.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION.

Esta Partida fue estudiada por la Primera Subcomisión, la que la aprobó, por unanimidad, sin enmiendas.

Sostuvo ante vuestra Comisión las conclusiones del informe de la Subcomisión el Honorable Senador señor Piñera.

Al iniciarse el estudio de esta Partida, el Honorable señor Senador se refirió al Capítulo 01 (Secretaría y Administración General). Respecto de la Secretaría Ejecutiva del Programa Ciencia y Tecnología (2531002) explicó que, según su opinión, el monto asignado es insuficiente y la glosa 04, que lo complementa, en realidad permite hacer cualquier cosa con los fondos. Agregó que, a este respecto, carece de la información adecuada.

Pidió Su Señoría votar separadamente esta asignación (Secretaría Ejecutiva del Programa Ciencia y Tecnología).

Puesta en votación, vuestra Comisión la aprobó por 10 votos a favor y 9 en contra.

A continuación, el Honorable Senador señor Piñera planteó un tema general atinente a toda la Partida: el de los saldos finales de caja de los distintos Capítulos o Programas.

Señaló Su Señoría que la suma de todos los saldos finales de caja, contemplado en el Proyecto de Ley de Presupuestos, asciende a la suma de $ 59.000.000.000,ºº (sic).

El Honorable Diputado señor Estévez plantea que el Congreso debe aprobar o disminuir los gastos. La estimación de ingresos no es de competencia del Parlamento.

Si hay ingresos determinados y se disminuye un gasto, el resultado matemático es que se incrementará el saldo final de caja.

Agregó que el saldo final de caja no es otra cosa que la diferencia entre el monto máximo de gastos autorizados y los ingresos.

Es imposible eliminar un saldo de caja, porque eso requeriría modificar los ingresos o inventar un clasificador distinto para ubicarlos, como "remanentes no clasificados".

El Honorable Senador señor Piñera explicó que el saldo final de caja es una provisión que puede ser utilizada, en cualquier instante, en aquellos gastos que no requieren ley, por medio de decretos del Ministerio de Hacienda.

Cuando se pidió información sobre el destino que se les daría se indicó que se referían a provisiones para gastos que estaban anticipados, pero que no estaban precisados suficientemente como para ser incorporados al Presupuesto.

En consecuencia, si realmente se tratara de saldo final de caja estaría de acuerdo con el Honorable Diputado señor Estévez, pero, en la especie, ellos consisten en gastos provisionados que el Congreso desconoce.

Al votar en contra de un determinado saldo final de caja se pretende que el monto que importa sea asignado, para que, en definitiva, el gasto sea conocido y aprobado por el Congreso.

Agregó que el señor Director de Presupuestos le informó que la utilización de los aludidos saldos finales de caja corresponde a una técnica presupuestaria. Muchos de ellos son provisiones para gastos que se encuentran medianamente identificados, pero no están en condiciones de clasificarlos en un determinado ítem.

El Honorable Diputado señor Palma coincide con Piñera en el sentido presupuestario del saldo final de caja, pero agrega que cada vez que se solicitó información por el destino de un saldo final de caja, se dieron explicaciones satisfactorias. Corresponden a gastos no precisados aún, pero plenamente justificados.

El Honorable Senador señor Piñera añadió que si los saldos finales de caja son gastos provisionados, debieran ser complementados con una glosa que estableciera su posible destino. Sin esta restricción, referida al uso del mismo, ese dinero podría tener cualquier aplicación.

Concluyó señalando que a su juicio los saldos finales de caja son un híbrido, entre gastos provisionados, pero no definidos ni clasificados dentro de una determinada Partida, y los saldos finales de caja efectivos al término del ejercicio.

Pide votar separadamente los saldos finales de caja de toda la Partida.

El Honorable Diputado señor Estévez considera que los criterios planteados son los siguientes:

Un problema de fondo planteado por el Honorable Senador señor Piñera, que consiste en la posibilidad de reasignar el saldo final de caja, y

El sentido mismo de los saldos finales de caja, que responden a la diferencia entre ingresos y gastos.

Dado que esto es lo que se está discutiendo, estima que no procede una votación.

El Honorable Senador señor Piñera aclara que no pretende eliminar el saldo final de caja, sino que, por tratarse de un gasto provisionado, sugiere que se precise su destino, por medio de una glosa.

Hecho lo anterior, la Comisión podrá pronunciarse, aprobándolo o no, porque estará en condiciones de evaluarlo.

El Honorable Diputado señor Huepe señala que, desde un punto de vista aritmético, el Honorable Diputado señor Estévez tiene la razón.

Indica que la discusión sostenida en la Primera Subcomisión consistió en que determinados parlamentarios estimaban que el Ejecutivo debía señalar el destino del saldo final de caja; en cambio, para otros, el Ejecutivo no debía precisarlo, porque no se trataba de cifras excesivas y que, además, le entregaba cierta flexibilidad para su destino.

Llama a que la votación se refiera a estos dos criterios.

La Honorable Senadora señora Feliú expresa que se ha planteado que el Congreso no tendría facultad para examinar los ingresos. Esto es errado. El Congreso no tiene facultad para atribuir un ingreso de un monto distinto al propuesto por el Ejecutivo. Los Ministerios se financian con aporte fiscal libre. En consecuencia, si los gastos son inferiores a los ingresos, se debería reducir el aporte fiscal libre, porque no corresponde entregar más de lo que va a gastar.

El aporte fiscal libre puede ser entregado para la provisión de gastos futuros, pero le parece un vicio en la formulación presupuestaria. Según la Ley de Presupuestos, el saldo final de caja es la estimación, al 31 de diciembre, del ejercicio presupuestario, con los gastos aprobados por el Congreso.

Si un saldo final de caja es excesivo, significa que estuvo mal formulado el ejercicio presupuestario, porque sobra demasiado dinero.

Estima inadmisible aceptar que se trata de una provisión de gastos, porque el Congreso estaría aceptando que existen gastos que no están considerados en el Presupuesto.

El señor Director de Presupuestos explicó que en algunos casos que son la excepción se ha dejado, en los saldos finales de caja, una provisión para algunos gastos.

Agregó que se presentan dos alternativas:

1) Dejar esos fondos en el Tesoro Público, en la provisión para financiamientos comprometidos, para, posteriormente, hacer una transferencia, o

2) Incluirlo en el saldo final de caja del Ministerio o Servicio en que esa provisión vaya a emplearse.

Admite que optar por uno u otro procedimiento es discutible, pero que ambos pueden ser utilizados. A su juicio, el segundo permite una mayor claridad.

El Honorable Senador señor Diez explica que la Ley Orgánica de Administración Financiera es muy clara al definir el saldo final de caja: "Es el saldo calculado de las operaciones financieras de una determinada institución".

Una utilización distinta del saldo final de caja es una especie de abuso, resquicio legal o fraude a la ley.

Se distorsiona la aplicación lógica de las disposiciones legales y, además, se priva al Congreso de su facultad de aprobar, rechazar o disminuir gastos. Se supone que el saldo final de caja no es un gasto, sino que es un hecho. Es lo que se prevé que quedará.

Un gasto que aún no está suficientemente acreditado es una provisión que debe incluirse en el Tesoro Público o en el Ministerio respectivo, con esa calidad.

Señaló que el procedimiento de la Dirección de Presupuestos es una mala práctica, porque debería ajustar el presupuesto a lo que es realmente un saldo final de caja.

El señor Director de Presupuestos reconoce que el saldo final de caja es un resultado, pero que si se incluyó en ellos, en algunos casos, una provisión para determinados gastos, fue para dar mayor transparencia respecto de su utilización.

El Honorable Senador señor Piñera expresó que en algunos casos el saldo final de caja corresponde a eso, precisamente. En otros corresponde a una provisión para un gasto respaldado por una ley en trámite.

Sin embargo, en otros casos corresponde, simplemente, a una provisión para un gasto que no está respaldado por una ley y que admite ser ejecutado por medio de un decreto del Ministerio de Hacienda.

En consecuencia, en los saldos finales de caja puede haber tres cosas distintas.

Plantea que se agregue una glosa para que el Congreso conozca su destino. Si no se hiciera así, no debería incluirse la provisión en este ítem.

El Honorable Diputado señor Huepe agrega que el ánimo ha sido dar mayor transparencia al ejercicio presupuestario. Es más difícil determinar el destino final de los fondos si todos los saldos finales de caja que corresponden a provisión de gastos permanecieran en el Tesoro Público.

Nadie puede cuestionar que la intención del Ejecutivo ha sido dar mayor transparencia a la manera en que será utilizado el gasto.

Puestos en votación todos los saldos finales de caja de la Partida, vuestra Comisión los aprobó, por 10 votos a favor, 9 en contra y 2 pareos.

A continuación, la Honorable Senadora señora Feliú, refiriéndose al Capítulo 02 (Servicio Nacional del Consumidor), hace notar que el Subtítulo 21 (Gastos en personal) ha experimentado un incremento de 12 por ciento real; en cambio, el Subtítulo 22 (Bienes y servicios de consumo) ha aumentado, en términos reales, en 32,8 por ciento.

Su Señoría se opone a estos mayores gastos del Sernac, por estimar que ejecuta funciones que, legalmente, no le corresponde. Pide que se vote separadamente.

Puesto en votación este Capítulo, vuestra Comisión lo aprobó por 10 votos a favor, 3 abstenciones y un pareo.

El Honorable Senador señor Piñera se refiere al Capítulo 06 (Corporación de Fomento de la Producción).

Alude al Programa de Asistencia Financiera (25310-04) y al Programa de Apoyo a la Mediana y Pequeña Empresas (25310-05).

Señala que ambos programas están reproducidos en el presupuesto de MIDEPLAN. Contemplan un mecanismo de subsidio que permite el acceso a empresas con ventas de hasta 20 mil UF (se estima que serán, aproximadamente 2 mil 200 empresas).

Considera que un empresario que vende 20 mil UF ($ 160.000.000,00 aproximadamente), representa al 5 por ciento de mejores ingresos. Por lo tanto, es un monto excesivo.

Plantea al señor Director de Presupuestos que la glosa de este ítem (004) especifique el monto máximo de las ventas de las empresas favorecidas con este subsidio público. Sugiere que sea inferior a 20 mil UF, proponiéndole que fuera de 12 mil UF.

A continuación, hizo llegar a la Mesa una indicación al respecto, pero el señor Director de Presupuestos aseguró que la presentaría el Ejecutivo, razón por la cual Su Señoría la retiró.

El Honorable Diputado señor Longueira expresó que si a la glosa del ítem 004 se le agrega un monto, podría ocurrir que resultara incompatible con las definiciones de CORFO respecto de la pequeña y mediana empresas.

No obstante, está de acuerdo con el Honorable Senador señor Piñera en la idea de focalizar mejor este gasto y beneficiar a un mayor número de empresarios.

El Honorable Diputado señor Estévez concuerda con la utilidad de fijar un límite en la glosa, aunque considera que no tiene los elementos necesarios para determinarlo. El monto propuesto por el Honorable Senador señor Piñera le parece razonable.

La Honorable Senadora señora Feliú y el Honorable Diputado señor Arancibia se adhiere a la idea de rebajar el límite.

En una sesión posterior, Su Excelencia el señor Presidente de la República formuló la indicación anunciada por el señor Director de Presupuestos. Vuestra Comisión la aprobó por unanimidad. Su tenor consta al final del informe de esta Partida.

Como se ha dicho, los saldos finales de caja de la Partida 07 en análisis fueron aprobados, pero con votación dividida.

No obstante, posteriormente, se dejó constancia de que los aludidos saldos finales de caja de los Capítulos 03 (Subsecretaría de Pesca); 04 (Servicio Nacional de Pesca); 05 (Superintendencia de Electricidad y Combustible); 0701 (Instituto Nacional de Estadísticas); 08 (Fiscalía Nacional de Economía); 09 (Servicio Nacional de Turismo); 10 (Comisión Nacional de Riego); 19 (Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo), y 21 (Secretaría Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras) fueron aprobados, por unanimidad.

Terminado el debate, vuestra Comisión aprobó esta Partida, por unanimidad, con la sola enmienda de sustituir la glosa 04 del Capítulo 06 (Corporación de Fomento de la Producción), por la siguiente:

"04 Comprende:

a) Los recursos asignados a los Programas, sólo podrán destinarse a pequeñas empresas, entendiéndose por tales aquellas cuyas ventas netas durante el año 1991 no hayan excedido del equivalente a 15.000 Unidades de Fomento.

b) Con cargo a esta asignación podrán transferirse recursos al Servicio de Cooperación Técnica, para que este organismo ejecute el Programa, en los términos que la Corporación determine.".

PARTIDA 08.

MINISTERIO DE HACIENDA.

Esta Partida fue estudiada por la Primera Subcomisión.

Sin embargo, no fue aprobada en definitiva, por las razones que se expresan en el informe de dicha Subcomisión.

Relató ante vuestra Comisión el análisis realizado por la Subcomisión, el Honorable Senador señor Piñera.

Cabe hacer presente que esta Partida fue estudiada y despachada por vuestra Comisión en su sesión del día martes 19 del actual, por lo que por acuerdo de ésta en el presente informe sólo se consignan las indicaciones y las resoluciones adoptadas.

Al iniciarse el estudio de esta Partida, Su Excelencia el señor Presidente de la República formuló una indicación del siguiente tenor:

"En el Capítulo 01, Secretaría y Administración General, Programa 01, en la glosa 02, letra A), dotación máxima de personal, agregarle el siguiente texto: "No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 9º de la ley Nº 18.834, respecto de los empleados a contrata incluidos en esta dotación.".".

Puesta en votación, fue aprobada esta indicación por 15 votos por la afirmativa y 5 abstenciones.

A continuación, el Honorable Senador señor Piñera solicitó votación separada para el saldo final de caja de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado. (Subtítulo 90 (Saldo final de caja) del Programa 01 del Capítulo 07 (Dirección de Aprovisionamiento del Estado)).

A petición del Honorable Diputado señor Palma, se puso primero en votación el resto del Capítulo 07 (es decir, sin el Subtítulo 90), siendo aprobado por 12 votos por la afirmativa; 2 por la negativa, y 7 abstenciones.

Puesto en votación el Subtítulo 90, también fue aprobado por 12 votos por la afirmativa, y 9 por la negativa.

Vuestra Comisión aprobó, por unanimidad, el resto de esta Partida, sin otras enmiendas.

PARTIDA 09.

MINISTERIO DE EDUCACION.

Esta Partida fue estudiada por la Cuarta Subcomisión, la que la aprobó, por unanimidad, con una enmienda.

Sostuvo ante vuestra Comisión las conclusiones del informe de la Subcomisión, el Honorable Diputado señor Arancibia.

Al iniciarse el estudio de esta Partida, (Subsecretaría de Educación), Su Excelencia el señor Presidente de la República formuló indicación del siguiente tenor:

En GLOSAS:

Suprimir en la glosa 03 la letra C) y su texto.

Crear lo siguiente:

"15 para financiar los gastos de operación, incluido honorarios, que demande al Ministerio el cumplimiento de los convenios relativos al programa que celebre con la Subsecretaría del Trabajo".

En la glosa 10 intercalar a continuación de "18.834". Lo siguiente: "Los servicios anteriormente aludidos deberán aprobarse por resolución fundada del Subsecretario de Educación.".".

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó esta indicación.

A continuación, los honorables Senadores señora Feliú y señores Diez, Jarpa y Piñera, y los Honorables Diputados señora Prochelle y señores García y Ringeling formularon una indicación del siguiente tenor:

"En la Partida 09, del Ministerio de Educación, Capítulo 01 Programa 01 de la Subsecretaría de Educación referido al ítem 33029 División de Extensión Cultural, sustituyese el último inciso de la glosa 09 por el siguiente:

"Incluye $ 1.055.719 miles para financiar proyectos de desarrollo artístico cultural. Mediante Decreto Supremo del Ministerio de Educación, se reglamentará la modalidad de funcionamiento del Fondo y se determinarán 13 Fondos Regionales. Se accederá a estos recursos mediante concursos públicos, los que serán resueltos por los respectivos Consejos Regionales de Desarrollo o sus sucesores legales. El mismo decreto supremo determinará los procedimientos y bases para la postulación, los criterios de selección de los proyectos y los procedimientos de control para una correcta utilización de los recursos del Fondo.".".

Puesta en votación, fue rechazada por 9 votos por la afirmativa, y 11 en contra.

Enseguida, los mismos señores Parlamentarios formularon otra indicación, del siguiente tenor:

"En la Partida 09, del Ministerio de Educación, Capítulo 01 Programa 01 de la Subsecretaría de Educación, referido al ítem 31011 Programa de beca especial alumnos enseñanza media, sustitúyese el segundo inciso de la glosa 06 por el siguiente:

"Por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito también por el Ministro de Hacienda, el que deberá dictarse antes del 30 de Enero de 1992, se especificarán los objetivos del programa, se determinarán los montos máximos del subsidio por alumno y del aporte al establecimiento educacional respectivo; los procedimientos de postulación, selección y asignación de los subsidios; y los criterios de selección de los beneficiarios, entre los cuales se considerará el nivel socioeconómico del postulante y el retraso escolar respecto de su edad. El programa será ejecutado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en forma descentralizada, a través de 13 fondos regionales. Este subsidio será incompatible con el programa de becas contemplado en el decreto Nº 1.500 del Ministerio de Interior, de 1980.".".

Puesta en votación la indicación, resultó rechazada por 9 votos por la afirmativa, y 10 en contra.

A continuación, los mismos señores Parlamentarios formularon una indicación, del siguiente tenor:

"En la Partida 09, del Ministerio de Educación, Capítulo 01 Programa 03 de la Subsecretaría de Educación, referido al Subtítulo 31 ítem 74 Inversiones no regionalizables, agrégase la siguiente glosa 01:

"La ejecución de los proyectos que postulen a este programa será realizada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la región respectiva. Para ello, se transferirán los fondos necesarios a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.".".

Puesta en votación la indicación, se produjo un empate de 10 votos a favor, y 10 en contra.

Se dio aplicación al artículo 167 del Reglamento del Senado, quedando rechazada la indicación.

Seguidamente, Su Excelencia el señor Presidente de la República formuló una indicación del siguiente tenor:

Vuestra Comisión, unánimemente, aprobó esta indicación.

A continuación, Su Excelencia el señor Presidente de la República formuló una indicación, del siguiente tenor:

El señor Director de Presupuestos explica que la indicación del Ejecutivo reduce los impuestos y crea inversión real.

La Honorable Senadora señora Feliú solicita dejar constancia de su parecer, en el sentido que si el programa tiene inversiones con cargo a un crédito, dicho crédito debe tener expresión presupuestaria de acuerdo con el DL 1.263 sobre Administración Financiera. Por otra parte, señaló que a fin de poder apreciar la Ley de Presupuestos, debe contener los ingresos y gastos, pero en este caso sólo se expresa el impuesto y no se expresa el ingreso que proviene de un crédito externo.

Además, estima la Honorable Senadora que es necesario dejar constancia que ha debido consignarse el ingreso proveniente de un crédito. Chile quedará debiendo el valor correspondiente al préstamo, luego y debe haber una expresión presupuestaria de la cantidad dada en esa calidad. Termina consultando si tales recursos, que a su entender se ingresarán mediante una donación, vía FOSIS, estarían o no exentos de pago de impuestos.

El señor Director de Presupuestos señala la razón técnica por la cual el Presupuesto está planteado en esa forma. Explica que se trata de un presupuesto de caja y que, para este tipo de crédito no se reciben los recursos financieros sino que se reciben los equipos, y aquí está la estimación de los impuestos que esos equipos debieran pagar, pero no está el valor de los equipos, precisamente por tratarse de un presupuesto de caja, y los equipos quedan registrados en la Contabilidad de Bienes, pero no en el Presupuesto de Caja. Por esa razón, los impuestos aparecen desproporcionados en relación al total de la inversión que aquí se registra. En todo caso continuó explicando hay que pagar los impuestos de internación y el IVA. Por último, en relación a la consulta de la H. Senadora señora Feliú, aclara que no se trata de una donación, sino que de un crédito y que, aún en el evento de tratarse de una donación, tampoco las donaciones están exentas de impuestos por internación y por IVA.

Puesta en votación la indicación, resulta aprobada por 11 votos a favor, y 9 abstenciones.

El Honorable Diputado señor Estévez solicita dejar constancia de su parecer, en orden a que la existencia de liceos técnico-industriales en el país reviste especial importancia, siendo necesario que sean equipados y que la gente se capacite. Manifiesta que, en este aspecto, nuestro país ha cometido un gran error, pues según su parecer la educación media es "media, entre algo y la nada". Termina lamentando que se apruebe con tantas abstenciones el programa, que considera trascendental para los jóvenes del país.

Por último, el Honorable Senador señor Diez deja constancia que la abstención se debe a la forma en que el Presupuesto se ha presentado, y no al fondo del mismo; lo que se discute es la forma cómo se han expresado los créditos y los impuestos, pero nadie discute la inversión correspondiente al programa.

A continuación, se solicita votación separada respecto de los Subtítulos 21 (Gastos en personal), 22 (Bienes y servicios de consumo), y 31 (Inversión real), todos del Programa 07 (Mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación).

El Honorable Diputado señor Ringeling, al fundar su voto, expresa que el señor Director de Presupuestos ha señalado que la cifra de gasto en personal es coherente con el resto del gasto que el programa contempla. No obstante lo anterior, gran parte del programa corresponde a subvenciones o traspasos a otros organismos que ya tienen gastos en personal y que, si se considera sólo lo que administra este programa, la proporción del gasto en personal es muy alta, estimándola el Honorable Diputado en, aproximadamente, 50 por ciento.

El Honorable Diputado señor García, al fundamentar su voto en contra de algunos Subtítulos, expresa que el Proyecto de Mejoramiento en la Equidad y en la Calidad de la Educación constituye un gran esfuerzo del Estado de Chile por mejorar la educación, propósito que todos comparten, concordando con el Programa. Sin embargo, considera que si para ello se solicitó un crédito por 170 millones de dólares, no es posible que 4.687 millones de pesos se destinen a burocracia y no a mayores y mejores elementos para alumnos y profesores. Termina su fundamentación leyendo el Subtítulo 21, Subtítulo 22 y Subtítulo 31, ítemes 50 y 51 que suman la cantidad por él mencionada.

Puestos en votación los aludidos Subtítulos 21, 22 y 31, resultan aprobados por 11 votos a favor; 7 en contra; 1 abstención, y 2 pareos.

Más adelante, a propósito del Capítulo 09, Programa 01 (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas), Su Excelencia el señor Presidente de la República formuló indicación del siguiente tenor:

En el Capítulo 09 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

Programa 01:

En la glosa 06 agregar la siguiente letra:

"D) El programa de jardines familiares estacionales para hijos de madres temporeras, mayores de seis años.".".

Puesta en votación la indicación, que ya había sido aprobada, +ad referéndum, por la Subcomisión, vuestra Comisión la aprobó, unánimemente.

Posteriormente, a propósito del Capítulo 11 (Junta Nacional de Jardines Infantiles), Su Excelencia el señor Presidente de la República formuló una indicación del siguiente tenor:

"En el Capítulo 11 Junta Nacional de Jardines Infantiles

Programa 01:

En la glosa 02, letra A) DOTACION MAXIMA DE PERSONAL, sustituir "4.603" por "4.643".

Programa 02:

En la glosa 01, letra A), sustituir el guarismo "563" por "644".".

Vuestra Comisión, unánimemente, aprobó la indicación.

A propósito del Capítulo 20 (Subvención a Establecimientos Educacionales), el Honorable Diputado señor Ringeling formuló una indicación, del siguiente tenor:

"Para incorporar en la Partida 09 del Ministerio de Educación, Capítulo 20, Programa 01, sobre Subvención a establecimientos educacionales, una glosa 02 al Subtítulo 2533029, que exprese lo siguiente:

"02 Los colegios particulares subvencionados recibirán mensualmente con cargo a este fondo, una proporción igual para todos estos establecimientos, que se sumará a la subvención normal y cuyo monto global no podrá ser inferior a lo que se le asigne con cargo a este mismo fondo a todos los establecimientos municipales, en proporción a la matrícula y la asistencia media de ambos sistemas.".".

El Honorable Diputado señor Ringeling da a conocer el fundamento de la indicación presentada. Recuerda que un tercio de los padres han elegido una educación particular subvencionada y que al Estado y a la Nación les interesa que existan opciones y espacios de libertad para optar, con la supervigilancia del Ministerio de Educación, como hasta ahora ha ocurrido. La idea del sistema es que la subvención por alumno sea igual, de forma que se pueda competir en iguales condiciones y que el Estado no gaste por una vía mucho más de lo que gasta por otra. Recuerda que a pesar que la subvención sea igual, en definitiva el colegio municipal, liceo o escuela, compite en mejores condiciones porque han recibido tradicionalmente fondos del Estado o de las Municipalidades que hacen que lo que se recibe por alumno del Fisco, ya sea directamente del Ministerio de Educación o de las Municipalidades, o por aportes extraordinarios, sea mayor que el sector particular subvencionado. Pese a ello, el sector subvencionado, con eficiencia, ha captado a un tercio de los alumnos que existen en el país. El sistema que se establece por aplicación del Estatuto Docente hace imposible que la subvención sea igual por alumno, porque se plantean algunas asignaciones que dependen de la realidad de cada profesor, es decir, de sus años de servicio o de perfeccionamiento. Esta circunstancia hace que se tenga que entregar, además de la subvención pareja, una cantidad para pagar el costo diferenciado de cada establecimiento por sus profesores. Por su realidad. Sin embargo, cuando se discutió con el Ministro y el Subsecretario, se estableció que la suma de lo que se entregaría en ese sector por alumno no sería mayor a la proposición de lo mismo que se le va a entregar al particular. La única diferencia es que al sector municipal, como está obligado a pagar esas asignaciones, se les pagaría en base a los profesores y a la realidad existente. En cambio, al sector particular subvencionado, que negocia colectivamente, se le entregaría el promedio por alumno de lo que se destinaría al otro sector. Sin embargo, por aplicación del artículo 13 transitorio del Estatuto Docente (Ley Nº 19.070) se crea un Fondo de Recursos Complementarios para poder hacer aplicable el Estatuto Docente durante un tiempo, y, en la práctica, (no cree que esa sea la intención), en las primeras asignaciones de este Fondo, al sector municipal, en promedio por alumno, se le ha entregado aproximadamente el doble que al sector particular subvencionado, por lo menos en su distrito. Eso señala un camino que puede ser muy equivocado. En las actas de la Comisión de Hacienda se expresó, por el Ministro y el Subsecretario, que la idea era precisamente la contraria, es decir, que no se pudiera discriminar sino que se trabaje con iguales oportunidades. Es por ello, que la idea de la indicación es establecer que el promedio de lo que se les entregue por alumno al sector particular no puede ser menor que el promedio que se entregue por alumno al sector municipal.

El Honorable Diputado señor Estévez cree que la indicación es inadmisible e inadecuada. Inadmisible porque está modificando una ley permanente, e inadecuada porque desnaturaliza aspectos fundamentales del Estatuto Docente. Estima que sería desequilibrar el sistema si se consideran los costos por alumno de las escuelas municipales para calcular las sumas que deben traspasarse a la educación particular subvencionada, que no se encuentra en iguales condiciones, ni sometida a similares exigencias. Además, estima que esto crearía un incentivo para contratar personas jóvenes y sin experiencia, pues la educación particular recibiría el promedio de lo que percibiera una Municipalidad que contrate gente de experiencia y capacitada.

Los Honorables Senadores señores Diez y Piñera proponen una indicación sustitutiva del Honorable Diputado señor Ringeling, que es del siguiente tenor:

"02) No podrá discriminarse arbitrariamente entre la educación particular subvencionada y la municipalidad en la distribución de este fondo.".

El Honorable Senador señor Diez explica que esta indicación, en el fondo, no hace sino reiterar una norma de carácter constitucional.

Puesta en votación la indicación de los Honorables Senadores señores Diez y Piñera, resulta rechazada por 8 votos a favor, y 10, en contra.

Seguidamente, el Honorable Diputado señor Ringeling retira su indicación.

Vuestra Comisión, con la salvedad de las votaciones reseñadas, aprobó, unánimemente, esta Partida, con la enmienda que propuso la Subcomisión y con las propuestas por el Ejecutivo, las que se detallan en la parte final desde este informe.

PARTIDA 10

MINISTERIO DE JUSTICIA

Esta Partida fue estudiada por la Tercera Subcomisión, la que la aprobó, unánimemente, con enmiendas; con excepción de lo siguiente:

a) El Subtítulo 21 (Gastos en personal) y su glosa 02 A) (Dotación máxima de personal), el Capítulo 05 (Fiscalía Nacional de Quiebras), que fueron aprobados por tres votos a favor, y dos en contra.

b) El Capítulo 06 (Consejo de Defensa del Estado), que fue aprobado con la misma votación anterior.

Sostuvo ante vuestra Comisión las conclusiones del informe de la aludida Subcomisión, el Honorable Senador señor Sule.

Al iniciarse el estudio de esta Partida usó de la palabra la Honorable Senadora señora Feliú quien se refirió a tres puntos que motivan su preocupación.

Respecto de la Fiscalía Nacional de Quiebras existe un problema menor que se debatió en el seno de la subcomisión: se incluyen 21 personas, contratadas a honorarios, que pasan a funcionarios a contrata. Estima Su Señoría que no se justifica el cambio.

En lo que dice relación con el Servicio Nacional de Menores, la Subcomisión tomó conocimiento de que la subvención que se otorga a los establecimientos privados de observación y diagnóstico de menores, no les permite solventar sus gastos. Por esa razón, algunos de esos establecimientos están siendo devueltos al Estado y, si no se toman medidas rápidamente, se corre el peligro que el número de dichos establecimientos devueltos crezca en proporciones peligrosas. Terminó expresando que había sido informada que el costo por menor atendido por el Estado es tres o cuatro veces más alto que si fuera atendido en un centro privado.

Finalmente, en lo atinente al Consejo de Defensa del Estado, expresó que la situación de los juicios sobre materias previsionales en contra del Estado es grave y requiere la adopción de medidas legislativas y administrativas para solucionarlo. Por otra parte, el proyecto no contempla un aumento de recursos que permita que el Consejo asuma la defensa de tales juicios.

Agregó que ni en el presupuesto del Ministerio del Trabajo, ni en el de Justicia se otorgan recursos extraordinarios para hacer una defensa eficaz del Fisco.

El Honorable Diputado señor Longueira solicita que se le informe la razón de que alrededor de 90% de los recursos del Servicio Nacional de Menores se transfieran al sector privado.

El señor Director de Presupuestos explica que la gran mayoría de los centros de atención de menores siguen siendo administrados en forma privada. Por ello, el grueso de los recursos tiene esa finalidad. Agregó que el Gobierno está consciente del deterioro sufrido por las subvenciones, en valor real, razón por la cual el Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley que corrija este problema

A continuación, se acordó votar separadamente el Capítulo referente al Servicio Nacional de Menores.

El Honorable Diputado señor Longueira formula varias preguntas: ¿Cuántos centros han sido traspasados al Fisco? ¿Con cargo a qué recursos serán financiados los centros que le sean devueltos al Estado? ¿Cuáles serían éstos? ¿Qué monto tiene la subvención que se otorga a los centros privados?.

La Honorable Senadora señora Soto manifiesta su desacuerdo con la política de entregar el cuidado de los menores en situación irregular al sector privado. Cree Su Señoría que el Estado debería hacerse cargo de ellos.

Se acuerda votar el Capítulo referente al Servicio Nacional de Menores luego de recibir más información.

Se deja constancia que dos acuerdos de la Subcomisión, fueron hechos suyos por Su Excelencia el señor Presidente de la República, quien presentó la correspondiente indicación. Ellos son los relativos a:

1º) Sustituir la glosa 04, de la asignación 003 (Programa de Apoyo a menores en situación irregular), del ítem 31 (Transferencias al sector privado), del Subtítulo 25 (Transferencias corrientes), del Programa 01, del Capítulo 07 (Servicio Nacional de Menores), y

2°) Sustituir la glosa 01 del Subtítulo 21 (Gastos en personal), del Programa 02 (Programa de administración directa y proyectos nacionales), del Capítulo 07 (Servicio Nacional de Menores).

En una sesión posterior, la señora Subdirectora del Servicio Nacional de Menores, doña Marta Illanes, informó detalladamente a vuestra Comisión.

Se refirió a los centros que son administrados directamente por SENAME y a aquellos que son administrados por particulares, que son subvencionados.

Señaló que la política del Gobierno no es llevar todos los centros a la administración directa del Estado. Lo que ha ocurrido es que ha sido necesario intervenir 5 centros de observación y diagnóstico de menores por la aguda crisis que ellos vivían. Las instituciones privadas que los administraban los devolvieron al SENAME porque no tenían solvencia técnica ni financiera para superar la crisis en que se hallaban.

Junto a lo anteriormente señalado, ninguna otra institución privada se ha interesado por ellos. Se hizo un llamado para administrar los centros de San Miguel y San Joaquín y no hubo respuesta. Frente a esta situación se planteaban dos alternativas: los niños quedaban a la deriva o eran asumidos por el Estado. Lo último, obviamente, fue lo que ocurrió.

Además, existen los centros Galvarino, Pudahuel y Concepción, respecto de los cuales SENAME está solicitando su administración, porque en ellos se presenta el mismo cuadro de crisis y falta de interesados.

La administración directa no es algo permanente, sólo que, actualmente, no hay otra forma de superar el problema.

Sin embargo, recuerda que la Corte Suprema, por medio de un auto acordado de 1985, solicitó que los centros de observación y diagnóstico fueran administrados por el

Estado, dado que hay múltiples variables que influyen en su administración que van más allá del aspecto financiero.

La Honorable Diputada señora Prochelle le pregunta por el presupuesto de los 5 centros administrados por el SENAME, en comparación con los centros administrados por el sector privado.

La señora Subdirectora señala que para 1992 están solicitando, aproximadamente, $ 1.300.000.000,00 en el ítem "Programa de administración directa y proyectos nacionales".

Indicó que experimentó un aumento respecto del año anterior porque ahora tienen que asumir 3 centros más. Dentro de este ítem se considera alrededor de $ 200.000.000,00 para los proyectos nacionales, referidos a la capacitación laboral de jóvenes, que atienden a más de 15.000 de dichos jóvenes, que preparan a los niños para egresar del sistema de protección del SENAME. Asimismo, en virtud de un convenio con UNICEF, se están desarrollando metodologías específicas de atención de menores que sean alternativas a la internación de niños.

El Honorable Diputado señor Palma recordó que la Honorable Senadora señora Feliú señaló que el costo de administración de los centros a cargo del SENAME es de 4 a 5 veces superior a la subvención que se entrega a los centros administrados por instituciones privadas. Le pide que precise el punto.

La señora Subdirectora explica que la subvención que entrega al Estado no es suficiente para la atención de los niños en estos centros. Sin embargo, se ha solicitado un aumento de 15%. La subvención actual ni siquiera alcanza para cubrir las necesidades mínimas de los niños, sobre todo en los centros de observación y diagnóstico.

La administración directa del SENAME ha requerido de mayores recursos porque fue necesario hacer un aporte inicial para cubrir el deterioro en que se encontraban los centros, relativo a la infraestructura; la alimentación de los niños; vestuario; salud, etcétera. Esta inversión inicial significó que el aporte entregado a estos centros fuera un poco menos del doble del asignado al sector privado.

Sin embargo, sobre la base de un estudio acerca de la permanencia de los niños en los centros, se pudo determinar que en los centros de administración privada el promedio de permanencia de los niños es de cinco, coma cinco meses; en cambio, en el sistema de administración directa, este promedio baja a dos coma, tres meses, porque es un sistema más ágil y el egreso de los niños demanda menos tiempo. Estos resultados, si se complementan con el criterio de la productividad de cada plaza subvencionada, permite concluir, fácilmente, que mientras los primeros atienden a dos menores en un año, los centros administrados directamente por SENAME atienden a cinco. Cada subvención representa $ 400.000, por lo tanto, el costo anual de atención de un menor es de $ 200.000 para las instituciones privadas y de $ 145.000 (sic.) para los centros administrados directamente por SENAME.

Más adelante, y ante una consulta del Honorable Senador señor Siebert, indicó que el total de los niños que atiende el SENAME es de 48.000, incluyendo todos los sistemas. En los centros de observación y diagnóstico hay 1.494 niños, de los cuales, alrededor de 600, son atendidos directamente por SENAME.

Luego de escuchadas estas explicaciones, vuestra Comisión aprobó, unánimemente, toda esta Partida, con las enmiendas que propuso la Subcomisión, las que se detallan en la parte final de este informe.

PARTIDA 11

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Esta Partida fue estudiada por la Segunda Subcomisión, la que la aprobó, unánimemente, con excepción del ítem 21 (Gasto en personal), del Programa 02 (Operaciones institucionales), del Capítulo 01 (Subsecretaría de Guerra), el que fue aprobado por tres votos contra dos.

Sostuvo ante vuestra Comisión las conclusiones del informe de la Subcomisión, el Honorable Senador señor Gazmuri.

Al iniciarse el estudio de esta Partida, el Honorable Senador señor Jarpa formula indicación para que sean tratados en sesión secreta los Capítulos correspondientes a las Subsecretarías de Guerra, Marina y Aviación.

El Honorable Senador señor Gazmuri explica que el criterio que empleó la Subcomisión de su digna presidencia fue:

a) Que son públicos los antecedentes contenidos en los folletos de la Partida 11, como, asimismo, las palabras iniciales del señor Ministro de Defensa, en el seno de la Subcomisión, y

b) Que son secretos todos los informes adicionales que solicitó la aludida Subcomisión, en lo relativo a Organismos de la Defensa Nacional.

El Honorable Senador señor Jarpa agrega que es difícil distinguir cuándo termina lo que es público y dónde comienza lo reservado. Estima que una sesión secreta respecto de las Instituciones de la Defensa Nacional permitiría un debate más libre y facultaría para pedir más información.

El Honorable Diputado señor Sota consulta al Honorable Senador señor Jarpa si una indicación que presentó en la Subcomisión y que pretende presentar nuevamente en vuestra Comisión cuyo texto Su Señoría conoce, le parece que debiera tratarse en sesión secreta.

El Honorable Senador señor Jarpa contesta que el tema de los gastos y uso de fondos de la Defensa y las responsabilidades respecto de la decisión de su destino, conviene que sea reservado. Termina agregando que el Honorable Diputado señor Sota podrá plantear en público sus opiniones en la Honorable Cámara de Diputados, si es que en esa Honorable Corporación se decide tratar estos temas en una sesión corriente.

El señor Subsecretario de Guerra se adhiere a lo expresado por el Honorable Senador señor Jarpa.

El Honorable Senador señor Gazmuri explica que comparte, también, la opinión del aludido señor Senador, pero manteniendo el criterio de distinción que se tuvo en la Subcomisión.

Finalmente, el Honorable Senador señor Jarpa expresa que lamenta que el Presupuesto de la Defensa no sea calificado por el señor Ministro de Hacienda como reservado, dado que no ve ventajas en que sea conocido, públicamente, hasta en sus menores detalles.

El Honorable Senador señor Frei Bolívar comparte lo expresado por el Honorable Senador señor Jarpa y pide sesión secreta para el estudio de toda la Partida.

El Honorable Senador señor Lavandero (Presidente) expresa que los folletos ya son conocidos, pero que también cree que la discusión de ellos debiera ser reservada.

Finalmente, por unanimidad, se acuerda constituir la Comisión en sesión secreta para toda la Partida 11.

En consecuencia, de lo ocurrido en ella no se deja constancia en este informe, salvo del resultado de la votación.

Vuestra Comisión aprobó esta Partida, sin enmiendas.

PARTIDA 12

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Esta Partida fue estudiada por la Quinta Subcomisión, la que la aprobó, por unanimidad, sin enmiendas.

Sostuvo ante vuestra Comisión las conclusiones del informe de la Subcomisión, el Honorable Diputado señor Estévez.

Al iniciarse el análisis de esta Partida, el Honorable señor Romero se refirió a la necesidad de preocuparse de los estudios de factibilidad de algunos proyectos.

Concretamente, solicitó se enviara oficio al Ministerio correspondiente, pidiéndole información relativa a:

1) Embalses Los Ángeles (Petorca) y Minillas (Putaendo);

2) Camino La Playa (Quilpué Ruta 68);

3) Cuesta La Dormida, y

4) Camino "by pass" de Los Andes.

Asimismo, respecto de las bases de licitación adecuadas al nuevo sistema de Obras Públicas, en el que pueda participar el sector privado en relación con el Túnel El Melón y él Camino Púchuncaví Nogales.

Se acordó enviar los oficios solicitados.

El Honorable Senador señor Siebert consulta al señor Director de Presupuestos respecto a la provisión de fondos para las obras públicas que se realicen mediante el sistema de concesión. Agregó que si no existe tal provisión, todo el sistema de concesiones quedará en ilusiones y promesas.

El Honorable Senador señor Jarpa solicita información respecto del puerto de Punta Arenas, de enorme importancia nacional y regional.

El Honorable Diputado señor Estévez manifiesta que según la información de que dispone sólo está contemplado en el ítem relativo a "Estudios para inversiones". Ahí se contemplan $ 10.000.000,00 para "construcción puerto de Punta Arenas, en etapa de ejecución". Esto, agrega Su Señoría, le llama la atención, por lo modesto de la suma.

Se acuerda enviar oficio al Ministerio del ramo, solicitando mayores antecedentes.

Los Honorables Senadores señores Jarpa, Siebert y Romero y la Honorable Diputada señora Prochelle formularon dos indicaciones:

a) La primera, tendiente a disminuir, de $ 40.088.295.000,00 a $ 38.088.295.000,00 el ítem 78 (Programa de inversiones de carácter nacional), del Subtítulo 31 (Inversión real), del Programa 04 (Dirección de Vialidad), del Capítulo 02 (Dirección General de Obras Públicas), descontando proporcionalmente todos los proyectos con un gasto anual superior a $ 1.000.000.000,00.

Ello, con el propósito de incrementar, en $ 2.000.000.000,00 el Subtítulo 30 (Inversión sectorial de asignación regional), del mismo Programa 04 (Dirección de Vialidad), del aludido Capítulo 02 (Dirección General de Obras Públicas), y

b) La Segunda, tendiente a agregar la glosa que a continuación se indica, en el Sub título 30 (Inversión sectorial de Asignación Regional), del Programa 04 (Dirección de Vialidad) del Capítulo 02 (Dirección General de Obras Públicas).

"La distribución regional de estos fondos se realizará de acuerdo a la participación que tiene cada región del total del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, según se establece en la Partida 05 Ministerio del Interior Capítulos 11 al 23. Los proyectos que se financien con estos fondos deberán ser propuestos por el Intendente regional y contar con la conformidad del Consejo Regional de Desarrollo respectivo, cumpliendo con las disposiciones del artículo 19 bis del DL. 1.263.".

El Honorable Senador señor Siebert comentando las indicaciones que ha presentado junto con otros Parlamentarios hizo notar que en todas las Regiones baja la inversión, respecto de 1991. No obstante, el rubro de inversiones de carácter nacional aumenta considerablemente. Manifiesta que estos cambios se contradicen con el propósito de regionalización y de descentralización de las decisiones.

Para paliar este desequilibrio se ha presentado la primera indicación.

Complementando lo anterior, la segunda, persigue agregar una glosa relativa a la distribución regional de fondos.

El Honorable Senador señor Gazmuri hace notar lo poco feliz de la denominación "Inversión no regionalizable", por cuanto toda inversión se hace en alguna Región.

El señor Director de Presupuestos explica que se han distribuido por Región las inversiones que las favorecen, directamente.

El criterio para distinguir entre inversión regionalizable y nacional se basa en si sus beneficios pueden identificarse directamente con una determinada Región.

Por su parte, las inversiones no regionalizables son más bien multiregionales. Coincide con que la denominación es poco feliz.

El Honorable Diputado señor Palma preguntó cómo es distribuido, a nivel regional, la Inversión Sectorial de Asignación Regional en el caso del Ministerio de Obras Públicas.

El señor Director de Presupuestos explica que es un ítem nuevo, destinado a dar más importancia a la decisión en inversiones a nivel de las Regiones.

Refiriéndose a la segunda indicación presentada señaló que el Ejecutivo enviará una "indicación común" aplicable tanto a este como a programas de asignación regional, para implementar el procedimiento para el financiamiento de los proyectos con cargo a estos recursos. (Indicación común para los diferentes Subtítulos 30).

El Honorable Senador señor Jarpa señaló que en uno de los programas administrados directamente por el Ministerio figura la conservación de la red vial secundaria con $ 1.733.000.000,00 esta suma es casi igual a la que se pretende trasladar mediante la indicación. Es obvio que la conservación de esta red vial lo podría hacer mejor el Gobierno Regional.

El Honorable Senador señor Siebert expresa que la indicación va dirigida, fundamentalmente, a paliar la falta de recursos para la conservación de la red vial.

El Honorable Senador señor Jarpa expresa que considera que es más adecuado que el propio Ministerio de Obras Públicas determine qué ítem se rebajaría para hacer el traspaso de fondos propuestos.

El señor Director de Presupuestos explicó que los $ 1.733.000.000,00 a que aludió el Honorable Senador señor Jarpa, de conservación de la red vial secundaria, no están dentro de los recursos de asignación regional, aunque tienen ese propósito. Pero es un programa del Ministerio en que participan los Gobiernos Regionales y Comunales en un esfuerzo compartido. Por tener un mecanismo de operación distinto, no se la ha ubicado dentro de la asignación regional (Subtítulo 30).

Posteriormente, retiraron ambas indicaciones, en atención a que el señor Director de Presupuestos anunció una indicación del Ejecutivo que lograría el mismo propósito.

Los Honorables Senadores señores Jarpa y Siebert formularon indicación para disminuir en $ 1.733.117.000,00 el ítem 74 (Inversiones no regionalizables), del Subtítulo 31 (Inversión real), del Programa 04 (Dirección de Vialidad), del Capítulo 02 (Dirección General de Obras Públicas).

Ello, con el propósito de incrementar, en la misma cantidad ($ 1.733.117.000,00) el Subtítulo 30 (Inversión sectorial de asignación Regional), del citado Capítulo 02 (Dirección General de Obras Públicas).

El Honorable Senador señor Siebert explica que en conversación sostenida con el señor Director de Presupuestos, se acordó que no era conveniente restarle recursos a las inversiones de carácter nacional sino que era mejor hacerlo del fondo de inversiones comunales en obras viales (ítem 74).

El Honorable Senador señor Jarpa expresa que la cantidad que se propone descontar del ítem 74 corresponde al presupuesto destinado a la "Conservación vial secundaria", en un programa de contrapartida con los municipios.

Es un hecho que las Municipalidades, por diversas causas no tienen posibilidades de asumir compromisos porque, en poco tiempo más, cambiarán sus autoridades y no tienen, además, presupuesto suficiente.

Con la indicación se persigue que esta materia sea asumida por los Gobiernos regionales en convenio con los Ministerios.

Agregó que de ser aprobada la indicación no se restarían recursos destinados a obras de carácter nacional.

El Honorable Diputado señor Huenchumilla explica que le parece razonable la indicación pero preferiría que el financiamiento fuera propuesto por el señor Director de Presupuestos.

El señor Director de Presupuestos responde que la indicación no altera el destino final de los recursos propuestos para la conservación de la red vial secundaria. El único cambio es la forma de operación.

Agrega que el Ejecutivo enviará una indicación para manterializar el aumento de la Inversión Sectorial de Asignación Regional restándola de los Fondos de Inversiones no Regionalizables que se iban a destinar a la conservación de la red vial secundaria.

Puesta en votación la indicación, ésta fue aprobada, con el voto en contrario del Honorable Diputado señor Longueira.

Posteriormente, Su Excelencia el señor Presidente de la República formuló sendas indicaciones del siguiente tenor:

"En el Capítulo 02 Dirección General de Obras Públicas, Programa 04 Dirección de Vialidad Subtítulo 30, Inversión Sectorial de Asignación Regional, incorporar como Nº de glosa "07".

En Glosas, agregar lo siguiente:

"07 en el mes de Diciembre de 1991, el Ministerio comunicará a cada una de las Regiones los tipos de proyectos a financiar con cargo a estos recursos los que podrán incluir proyectos financiados con contribución de ambas partes; los requisitos de elegibilidad que deben reunir, un listado de proyectos ya evaluados a nivel regional o central que cumplan dichos requisitos y el monto de recursos definido para la región respectiva.

En el primer cuatrimestre de 1992, las Regiones comunicarán al Ministerio los proyectos elegidos y aprobados en la instancia regional, con su priorización, y los nuevos proyectos alternativos que cuenten con la evaluación técnica correspondiente y cumplan con los criterios antes señalados. Asimismo, comunicará la contribución de recursos regionales o comunales para participar en el cofinanciamiento de aquellos proyectos que estimare procedente.".".

Ambas indicaciones fueron unánimemente aprobadas, quedando, en consecuencia, modificadas las cantidades aprobadas en la indicación de los Honorables Senadores señores Jarpa y Siebert.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó el resto de la Partida, sin enmiendas

PARTIDA 13.

MINISTERIO DE AGRICULTURA.

Esta Partida fue estudiada por la Quinta Subcomisión, la que la aprobó, con enmiendas, por unanimidad; con excepción de la asignación 002 (Transferencia tecnológica), del ítem 31 (Transferencias al sector privado), del Subtítulo 25 (Transferencias corrientes), del Programa 01 del Capítulo 03 (Instituto de Desarrollo Agropecuario), la que fue aprobada por tres votos a favor y una abstención.

Sostuvo ante vuestra Comisión las conclusiones del informe de la aludida Subcomisión, el Honorable Diputado señor Estévez.

Al iniciarse el debate sobre la Partida, los Honorables Senadores señores Lavandero y Romero y los Honorables Diputados señores Arancibia, Devaud, Estévez, Munizaga y Recondo formularon una indicación tendiente a reducir a $ 5.032.801.000,00 la asignación 002 (Transferencias tecnológicas), del ítem 31 (Transferencias al sector privado), del Subtítulo 25 (Transferencias corrientes), del Programa 01 del Capítulo 03 (Instituto de Desarrollo Agropecuario).

Ello, con el propósito de aumentar a $ 3.557.410.000,00, asignación 004 (Instituto de Investigaciones Agropecuarias), del ítem 31 (Transferencias al sector privado), del Subtítulo 25 (Transferencias corrientes), del Programa 01 del Capítulo 01 (Subsecretaría de Agricultura).

El Honorable Diputado señor Estévez explicó que, durante el estudio en la Subcomisión, uno de los temas que provocó más intercambio de opiniones fue la situación del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Este Instituto agregó tiene un importante déficit del orden de $ 575.000.000,00, que se originó porque el Instituto fue obligado a soportar el 50 por ciento de la contrapartida nacional del primer préstamo BID al sector, lo que debía hacer con sus ingresos propios. Como la actividad investigadora no es rentable, se produjo un déficit que, a enero de 1991, alcanzaba a $ 1.147.000.000.- La reducción se debe exclusivamente al esfuerzo que ha desplegado la administración del Instituto, ya que no ha habido ningún aporte extraordinario. Esta contracción ha acarreado una pérdida de personal calificado, porque no ha sido posible emular la política de ajuste de remuneraciones del sector público, que para el Instituto no es obligatoria.

Agregó el Honorable Diputado señor Estévez que el INIA corre peligro de tener que enajenar activos, entre ellos el fundo La Platina. Este predio, añadió, fuera de su actividad propia, constituye una de las pocas áreas verdes cercanas a Santiago, que permiten en cierta medida contrarrestar la contaminación ambiental de la Región Metroplitana.

El propósito de la indicación que ha presentado en unión de otros Honorables parlamentarios pretende incrementar el presupuesto del INIA en $ 400.000.000,00.

Agregó que el resultado de las investigaciones agrarias que realiza el Instituto de Investigaciones Agropecuarias es, posteriormente, traspasado, beneficiando a la agricultura nacional.

A continuación se produjo un prolongado debate respecto de la aludida indicación.

Finalmente, unánimemente, vuestra Comisión acordó aumentar el monto de la asignación 004, del ítem 31, del Subtítulo 25, Programa 01, del Capítulo 01, relativa al Instituto de Desarrollo Agropecuario, en la suma de $ 400.000.000,00, comprometiéndose el señor Director de Presupuestos a que el Ejecutivo formulara la correspondiente indicación, en la que se señalará la fuente de dichos recursos.

No obstante, en una sesión posterior, Su Excelencia el señor Presidente de la República formuló indicación, aumentando el presupuesto del INIA en $ 200.000.000,00 y obteniendo dichos fondos de reducir, en $ 50.000.000,00 el ítem 31, asignación 002 (Transferencia tecnológica), del Capítulo 03 (Instituto de Desarrollo Agropecuario) y en $ 150.000.000,00 el Subtítulo 90 (Saldo final de caja del mismo Capítulo).

Vuestra Comisión, unánimemente, aprobó esta indicación.

En lo que dice relación con el Capítulo 03 (Instituto de Desarrollo Agropecuario), Programa 01, Subtítulo 31 (Inversión real), ítemes 61 a 73, relativos, respectivamente, a la inversión en las Regiones I a XII y en la Región Metropolitana, la Quinta Subcomisión acordó redistribuir los montos asignados a las Regiones II, VII, VIII, IX, X, XII y Metropolitana de Santiago.

El Ejecutivo presentó indicación para redistribuir los aludidos fondos, en lo atinente a las Regiones VII, VIII, IX, X, XII y Metropolitana de Santiago, con montos asignados idénticos a los propuestos por la Quinta Subcomisión.

Unánimemente se aprobó lo propuesto por la Subcomisión y la indicación del Ejecutivo.

En relación con la asignación 004 (Convenio Cuerpos de Bomberos), del ítem 31 (Transferencias al sector privado), del Subtítulo 25 (Transferencias corrientes), del Programa 01 (Corporación Nacional Forestal), del Capítulo 05 (Corporación Nacional Forestal), la Quinta Subcomisión acordó aumentarla en $ 10.000.000,00, restando esos fondos del Subtítulo 22 (Bienes y servicios de consumo) del mismo Programa y Capítulo.

El Ejecutivo formuló indicación en igual sentido es decir, para aumentar en $ 10.000.000,00 la asignación 004 (Convenio Cuerpo de Bomberos) de los mismos Itemes, Subtítulo, Programa y Capítulo antes señalados, pero obteniendo estos fondos de reducir el Subtítulo 90 (Saldo final de caja), en la misma cantidad.

Unánimemente se aprobó la indicación del Ejecutivo, rechazándose en consecuencia el informe de la Subcomisión, en esta parte.

El Honorable Diputado señor Longueira formuló indicación para disminuir, en $ 200.000.000,00 el Subtítulo 90 (Saldo final de caja), del Programa 01 del capítulo 03 (Instituto de Desarrollo Agropecuario).

Ello, con el propósito de incrementar, en la misma cantidad la asignación 001 (Corto plazo), del ítem 81 (Préstamos), del Subtítulo 32 (Inversión financiera) del indicado Programa y Capítulo.

El Honorable Diputado señor Longueira fundó su indicación en el hecho que el saldo final de caja del Instituto de Desarrollo Agropecuario le parece excesivo. Estima Su Señoría que el exceso de fondo que dicho saldo contempla sería mucho más útil emplearlo en préstamos a corto plazo, que podrían beneficiar a personas de modestos recursos, que se han visto afectadas por problemas tales como el cólera, sequías, heladas, etcétera.

El señor Director de Presupuestos explicó que las transferencias tecnológicas de Indap son financiadas con un crédito del Banco Mundial, condicionado a la existencia de proyectos de asistencia tecnológica que aquel tenga. Ahora bien, agregó, el saldo final de caja del Instituto está programado, precisamente, para proyectos que aún están en etapa de aprobación.

Puesta en votación la indicación, ésta fue rechazada por un voto por la afirmativa, 14 por la negativa y un pareo.

El Honorable Senador señor Gazmuri formuló indicación para reducir, en $ 400.000.000, el Subtítulo 90 (Saldo final de caja) del Programa 01 del Subtítulo 03 (Instituto de Desarrollo Agropecuario).

Ello, con el propósito de incrementar, en igual suma, la asignación 004 (Apoyo a organizaciones y comunidades agrícolas), del ítem 31 (Transferencias corrientes) del aludido Programa 01 del Capítulo 03 (Instituto de Desarrollo Agropecuario).

Luego de debatirse, el Honorable Senador señor Gazmuri retiró su indicación.

El Honorable Senador señor Siebert formuló indicación para disminuir, en $ 500.000.000,00 la asignación 003 (A organizaciones y comunidades agrícolas), de ítem 81 (Préstamos), del Subtítulo 32 (Inversión financiera), del Programa 01 del Capítulo 03 (Instituto de Desarrollo Agropecuario).

Ello, con el propósito de incrementar, en la misma cantidad, la asignación 001 (Corto plazo), del ítem 81 (Préstamos) de los mismos Subtítulos, Programa y Capítulo antes señalados.

Posteriormente, y antes de debatirla, el Honorable Senador Siebert retiró su indicación.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó el resto de la Partida, con las enmiendas que se detallan en la parte final de este informe.

PARTIDA 14.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES.

Esta Partida fue estudiada por la Cuarta Subcomisión y fue aprobada por ésta, por unanimidad, sin modificaciones.

Sostuvo ante vuestra Comisión las conclusiones del informe de la Subcomisión, el Honorable Diputado señor Arancibia.

Durante el análisis de esta Partida, la Honorable Senadora señora Feliú solicitó dejar constancia de su opinión, en el sentido de que la Secretaría Técnica y Administrativa de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que figura como Programa 02 del Capítulo 01 (Subsecretaría de Bienes Nacionales) fue creada por decreto. En consecuencia, no es un Servicio Público, sino un organismo asesor, que no puede tener gastos en personal. Esto es contrario a la legislación presupuestaria, que se refiere a los Servicios del Estado, creados por ley.

El Honorable Diputado señor Arancibia explica que el personal aludido es el mismo que contempla el Presupuesto vigente, como personal de la Subsecretaría. Ahora, se pretende que laboren en la aludida Secretaría.

Vuestra Comisión aprobó, por unanimidad, esta Partida, sin enmiendas.

PARTIDA 15.

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

Esta Partida fue estudiada por la Tercera Subcomisión, la que la aprobó, con modificaciones, por unanimidad, con excepción de lo siguiente, que se aprobó con la votación que en cada caso se indica:

a) Por dos votos contra uno, la glosa 01 (Dotación máxima de vehículos), del Programa 01 (Subsecretaría del Trabajo), del Capítulo 01 (Subsecretaría del Trabajo);

b) Por tres votos contra dos, el Subtítulo 21 (Gasto en personal), del Programa 01 del Capítulo 02 (Dirección del Trabajo), y la letra A) de la glosa 02 (Dotación máxima de personal), del Subtítulo 21 (Gastos en personal), del Programa 01 del Capítulo 02 (Dirección del Trabajo), y

c) Tres votos contra uno, el Subtítulo 22 (Bienes y servicios de consumo), del Programa 01 del Capítulo 02 (Dirección del Trabajo).

Sostuvo ante vuestra Comisión las conclusiones del informe de la Subcomisión, el Honorable Senador señor Sule.

Durante el estudio de esta Partida, la Honorable Senadora señora Feliú formuló indicación para reemplazar el guarismo "24" por la cifra "23" en la glosa 01 (Dotación máxima de vehículos), del Programa 01 (Subsecretaría del Trabajo), del Capítulo 01 (Subsecretaría del Trabajo).

La Honorable señora Senadora fundó su indicación expresando que el aumento de dotación de vehículos asignados a la Subsecretaría, de 18 a 19, no se justifica incluso teniendo en cuenta los 13 que se destinan a los Secretarios Regionales Ministeriales si se tiene en consideración que debe haber un criterio común en la determinación de la dotación de vehículos de los diferentes Ministerios y, en el caso en análisis, a su juicio, se estaría por sobre el promedio.

Puesta en votación la indicación, ésta es rechazada por 7 votos a favor, y 10 en contra, quedando aprobada la glosa en la que ella incidía.

Asimismo, la Honorable Senadora señora Feliú formuló otra indicación para disminuir el gasto en los Subtítulos que se indican, en las cantidades correspondientes a los mayores gastos derivados del aumento, en 80 personas, de la dotación del Servicio (de modo que mantengan igual monto que el de la Ley de Presupuestos de 1991):

a) En el Subtítulo 21 (Gasto en personal), del Programa 01 del Capítulo 02 (Dirección del Trabajo), y

b) En el Subtítulo 22 (Bienes y servicios de consumo) de los mismos Programa y Capítulo antes aludidos.

La Honorable Senadora señora Feliú fundó su indicación expresando que, evidentemente, la fiscalización debe hacerse, porque es un deber irrenunciable del Estado, y que debe hacerse bien.

No obstante, agregó, el proyecto pretende mejorar la fiscalización aumentando la dotación del personal de la Dirección del Trabajo. Considera Su Señoría que lo que realmente se necesita es dotar al Servicio de elementos técnicos, de apoyo a la labor fiscalizadora. Desgraciadamente, añadió, carece de elementos técnicos adecuados, tales como una eficiente computación.

En resumen, concluyó, lo que la Dirección del Trabajo necesita no es personal, sino un cambio de orientación: mayor modernización. Se debería estima haber propuesto más recursos para tecnificar el Servicio y para mejorar su infraestructura. El mero aumento del número de empleados no llevará, necesariamente, a una más eficaz fiscalización.

El Honorable Senador señor Gazmuri expresó que constantemente recibe información en el sentido de que la Dirección del Trabajo no fiscaliza adecuadamente. En la Región que Su Señoría representa, es corriente el incumplimiento de la legislación laboral respecto de los trabajadores temporeros. Al contrario de la Honorable Senadora señora Feliú, cree que el aumento de personal propuesto redundará en una mayor fiscalización.

El Honorable Diputado señor Ramírez estima que es indispensable la contratación de más fiscalizadores, porque existe un sector laboral que permanentemente reclama, dado que no se le respetan sus derechos. Concluye expresando que un aumento en la dotación de fiscalizadores, necesariamente, llevará a una mayor fiscalización, lo que permitirá regular adecuadamente el mercado nacional del trabajo.

El Honorable Senador señor Sule manifiesta que comparte la idea de tecnificar el Servicio, pero que ello es un proceso largo. Agrega que los ochenta nuevos funcionarios permitirán crear un sistema de "postas de atención" en centros orgánicos, instalados de modo de irradiar hacia lugares donde sea necesario fiscalizar.

Puesta en votación la indicación de la Honorable Senadora señora Feliú, ésta es rechazada por 7 votos a favor y 10 en contra; quedando aprobados los Subtítulos en que ella incidía.

Según consta en el informe de la Tercera Subcomisión que, como se ha dicho, forma parte integrante de éste ella aprobó diversas modificaciones al proyecto propuesto por el Ejecutivo. En resumen ellas son:

1º) Cambios destinados a perfeccionar seis glosas del Capítulo 01 (Subsecretaría del Trabajo), Programa 02 (Capacitación y desarrollo de educación técnica). (Ver páginas 10 vuelta, 11 y 12 del folleto de la Partida 15). Todas estas modificaciones contaron con el acuerdo de los personeros del Ejecutivo presentes en la sesión en que se adoptaron;

2°) Enmiendas de cifras en cuatro Subtítulos y una glosa y creación de otra glosa en el capítulo 02 (Dirección del Trabajo). (Ver páginas 13 y 14 del folleto de la Partida 15). Estas modificaciones fueron objeto de las respectivas indicaciones, ad referéndum, formuladas por el señor Ministro de Hacienda;

3º) Creación de una glosa en el Capítulo 04 (Dirección General de Crédito Prendario). (Ver página 18 del folleto de la Partida 15). La creación de esta glosa fue objeto de la correspondiente indicación, ad referéndum, formulada por el señor Ministro de Hacienda, y

4°) Agregación de un párrafo al final de la letra A) de la glosa 02 del Subtítulo 21 (Gastos en personal), del Capítulo 06 (Superintendencia de Seguridad Social). (Ver página 24 del folleto de la Partida 15). Esta agregación también fue objeto de una indicación, ad referéndum, formulada por el señor Ministro de Hacienda.

Su Excelencia el señor Presidente de la República hizo suyas las indicaciones del señor Ministro de Hacienda y el acuerdo a que alude el número 1º) precedente, haciendo llegar a vuestra Comisión las respectivas indicaciones.

Finalmente, tras un prolongado debate, vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó el resto de esta Partida, con las enmiendas que propuso la Subcomisión, las que se detallan al final de este informe.

PARTIDA 16.

MINISTERIO DE SALUD.

El estudio de esta Partida fue encomendado a la Tercera Subcomisión, la que la aprobó, con enmiendas, por unanimidad.

Sostuvo ante vuestra Comisión las conclusiones del informe de la Subcomisión, el Honorable Senador señor Sule.

Al debatirse esta Partida el Honorable Diputado señor Devaud formula consultas sobre el programa 03 del Capítulo 01, relativo a Inversión sectorial de salud.

El Honorable Senador señor Sule lo informa al respecto.

El Honorable Diputado señor Devaud requiere mayores antecedentes atinentes a la inversión real en infraestructura física de los servicios de salud pública, y el Honorable Senador señor Sule, que presidió numerosas carpetas, con antecedentes adicionales, que tuvo en consideración dicha Subcomisión para aprobar la Partida.

Luego de estudiarlos, el Honorable Diputado señor Devaud expresa que la información que le ha sido proporcionada resulta contundente, y pide votar de inmediato la Partida, sin perjuicio de que Su Señoría continúe estudiando el tema.

Según consta en el informe de la Tercera Subcomisión que, como se ha dicho, forma parte integrante de éste ella aprobó, unánimemente, dos modificaciones al proyecto propuesto por el Ejecutivo. La primera, relativa a la letra A) (Dotación máxima de personal) de la glosa 02 del Subtítulo 21 (Gastos en personal), del Programa 01 del Capítulo 01 (Subsecretaría de Salud). (Ver página 6 del folleto de la Partida 16). La segunda, atinente a la letra A) (Dotación máxima de personal) de la glosa 02 del Subtítulo 21 (Gastos en personal) del Capítulo 03 (Servicios de Salud). (Ver página 14 del folleto de la Partida 16).

Ahora bien, ambas enmiendas fueron objeto de sendas indicaciones, ad referéndum, formuladas por el señor Ministro de Hacienda.

Su Excelencia el señor Presidente de la República hizo suyas las referidas indicaciones, haciéndolas llegar a vuestra Comisión.

Finalmente, vuestra Comisión aprobó esta Partida, unánimemente, con las enmiendas que propuso la Subcomisión, las que como se ha dicho se detallan en la parte final de este informe.

PARTIDA 17.

MINISTERIO DE MINERÍA.

Esta Partida fue estudiada por la Quinta Subcomisión y aprobada en ella por unanimidad, sin enmiendas.

Sostuvo ante vuestra Comisión las conclusiones del informe de la aludida Subcomisión, el Honorable Diputado señor Estévez.

Al iniciarse el debate de esta Partida, el Honorable Diputado señor Munizaga expresó que estimaba necesario reflexionar respecto al progreso minero de nuestro país. Este agregó se basa, fundamentalmente, en la gran y mediana minerías, que se han desarrollado gracias a capitales extranjeros llegados a Chile atraídos por los beneficios del decreto ley 600. Lamentablemente, añadió, otros países han establecido legislaciones similares y nuestra patria ya no resulta tan atractiva en ese aspecto.

Considera Su Señoría que, en los próximos años, la actividad minera debería incrementarse en los sectores de la mediana y pequeña minerías. Por lo tanto, resulta indispensable buscar fórmulas adecuadas para fomentar el desarrollo de ellas.

Sin embargo agregó el Honorable Diputado señor Munizaga el proyecto de presupuesto para el Ministerio de Minería no contempla aumento de recursos destinados al fomento minero y, así, este fomento queda entregado sólo a las limitadas disponibilidades presupuestarias de la Empresa Nacional de Minería, en tal sentido.

Expresó finalmente su anhelo de que se tome conciencia del problema planteado y de que se adopten medidas eficaces para lograr el progreso de las minerías mediana y pequeña, como, asimismo, para el incremento de la investigación minera.

Terminó sus palabras refiriéndose al tema de los escasos recursos con que cuenta la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

Luego de debatir respecto al tema minero, vuestra Comisión aprobó esta Partida, por unanimidad, sin enmiendas.

PARTIDA 18.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.

Esta Partida fue estudiada por la Cuarta Subcomisión y aprobada en ella, por unanimidad, sin enmiendas.

Sostuvo ante vuestra Comisión las conclusiones del informe de la referida Subcomisión el Honorable Diputado señor Arancibia.

Durante la discusión de esta Partida, el señor Ministro de Hacienda formuló indicación, que después hizo suya ampliándola Su Excelencia el señor Presidente de la República, para agregar una glosa 07 al Subtítulo 30 (Inversión sectorial de asignación regional), del Programa 01 del Capítulo 02 Servicios regionales de Vivienda y Urbanización). (Ver página 10 vuelta).

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación.

A continuación vuestra Comisión aprobó la Partida, por unanimidad, sin otras enmiendas.

PARTIDA 19.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.

Esta Partida fue estudiada por la Quinta Subcomisión y aprobada por ésta, por unanimidad, con una modificación.

Sostuvo ante vuestra Comisión el informe de la aludida Subcomisión, el Honorable Diputado señor Estévez.

Explicó Su Señoría que la única enmienda que la Subcomisión de su digna presidencia hizo a la Partida, consistió en eliminar la asignación 002 (Subsidios al Transporte Regional), correspondiente al ítem 31 (Transferencias al sector privado), del Subtítulo 25 (Transferencias corrientes), del Programa 01 del Capítulo 01 (Secretaría y Administración General de Transportes).

Ello, porque los $ 119.559.000,00, asignados para subsidiar el transporte regional, eran insuficientes, ya que hasta significaban una disminución real respecto al Presupuesto de 1991. Esto, agregó, ponía en peligro la subsistencia de los subsidios al transporte marítimo y al aéreo.

El señor Director de Presupuestos explicó que había recursos para subsidiar el transporte marítimo a la Isla de Pascua, igual, en términos reales, al actualmente existente.

En una sesión posterior, Su Excelencia el señor Presidente de la República formuló indicación para incrementar, en el mismo Capítulo 01 (Secretaría General de Transportes) el Subtítulo 09 (Aporte Fiscal), ítem 91 (Libre) en la suma de $ 127.750.000,00. Al mismo tiempo, propone reemplazar la asignación 002 (Subsidio al transporte regional) y su monto que habían sido suprimidos por la Subcomisión por cinco asignaciones con sus correspondientes montos, del siguiente tenor:

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación del Ejecutivo y, en consecuencia, rechazó la modificación propuesta en el informe de la Subcomisión.

A continuación, Su Excelencia el señor Presidente de la República formuló una segunda indicación del siguiente tenor:

"En el Capítulo 01, Secretaría y Administración General de Transportes, programa 01, en su glosa 01) DOTACION MAXIMA DE VEHÍCULOS, sustituir "18" por "19".

Vuestra Comisión, por unanimidad, la aprobó.

Terminados el análisis y votación de las referidas indicaciones, vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó esta Partida con las modificaciones propuestas por el Ejecutivo, ya descritas, las que, además, se detallan en la parte final de este informe.

PARTIDA 20.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.

Esta Partida fue estudiada por la Segunda Subcomisión y aprobada por ella, sin modificaciones, unánimemente, con excepción del Subtítulo 22 (Bienes y servicios de consumo) que fue aprobado con la abstención del Honorable Senador señor Jarpa y del Honorable Diputado señor Ringeling.

Sostuvo ante vuestra Comisión, las conclusiones del informe de la referida Subcomisión, el Honorable Senador señor Gazmuri.

Expresó Su Señoría que el único aspecto de esta Partida que fue objeto de discrepancias es el relativo al Subtítulo 22 (Bienes y servicios de consumo), pues en él se consultan $ 6.500.000,00 como aporte a la Comisión Especial de Pueblos Indígenas.

La Honorable Senadora señora Feliú expresó que la aludida Comisión fue creada mediante decreto, y no por ley. En consecuencia, no es un Servicio Público, sino tan sólo un conjunto de personas que asesoran de manera no obligatoria a Su Excelencia el señor Presidente de la República, por intermedio del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Como consecuencia de lo anterior, quienes trabajen en dicha Comisión deben ser contratados por el Ministerio mismo, y el gasto que ello importe debiera aparecer consignado en el Subtítulo 21 (Gastos en personal).

Consulta Su Señoría cómo están hechos los contratos de las personas que laboran en la citada Comisión.

El Honorable Senador señor Gazmuri explica que se trata de contratos a honorarios, con boleta de servicios.

La Honorable Senadora señora Feliú replica que, entonces, se trata de una situación absolutamente anómala, toda vez que según el Clasificador de Gastos, deben figurar en el Subtítulo 21 (y no en el 22) "todos los gastos que, por conceptos de remuneraciones y de aportes patronales, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad.".

Añade que al no ser la Comisión un Servicio Público (que sólo pueden ser creados por ley), no está facultada para contratar personal.

El señor Director de Presupuestos reconoce que está en la razón la Honorable Senadora señora Feliú, y agrega que podrían cambiarse los recursos destinados a la Comisión al Subtítulo 21. Anuncia una indicación del Ejecutivo en tal sentido.

El Honorable Senador señor Gazmuri expresa que el problema es meramente formal, pues sólo se trata de un error en la ubicación del gasto en el Subtítulo 22. Agrega que esto se solucionaría con la indicación que ha anunciado el señor Director de Presupuestos. Añade que en ella deberían venir separados los gastos en personal de aquellos para bienes y servicios de consumo.

La Honorable Senadora señora Feliú y el Honorable Diputado señor Ringeling formulan indicación al Subtítulo 22 "Para suprimir los gastos correspondientes al funcionamiento de una Comisión creada por el decreto Nº 30, de 17 de mayo de 1990, del Ministerio Secretaría General de Gobierno.". Ello, porque no se tienen datos exactos que permitan ubicar este gasto.

El Honorable Senador señor Jarpa expresa que, además de compartir lo dicho por la Honorable Senadora señora Feliú, según su opinión la Comisión no tiene ninguna función útil, dado que sus tareas las puede realizar directamente el Ministerio. Además, ella fue creada para redactar un proyecto de ley, el que ya fue presentado en la Honorable Cámara de Diputados. Luego ya terminó su función.

Estima Su Señoría que podría suprimirse sin afectar en nada los intereses nacionales y los de los pueblos indígenas.

El Honorable Diputado señor Huenchumilla da a conocer que es miembro de la aludida Comisión, en representación de Su Excelencia el señor Presidente de la República.

Reconoce Su Señoría que no se trata de un Servicio Público, sino que es un organismo asesor, de aquellos creados por decreto.

Añadió el Honorable Diputado señor Huenchumilla que, obviamente, él no percibía remuneración alguna por ser miembro de la Comisión, pero que le parece justo que se pague a quienes en ella laboran. Estima pertinente que el gasto que esto origine sea consignado en el Subtítulo 21.

Más adelante, se refirió a declaraciones de prensa del Honorable Senador señor Jarpa, relativas a aspectos de fondo, relacionados con el trabajo de la Comisión. Según ellas, la Comisión estaría implementando políticas que atentan contra la unidad nacional. Añadió Su Señoría que ocurre precisamente lo contrario, pues está integrada por representantes de los pueblos indígenas partidarios de una real participación en la Nación y en el Estado Chilenos, que están por la unidad nacional. Si el Parlamento no reconoce esto, le estará dando la razón a grupos extremistas, contrarios a dicha unidad. Termina expresando que debería votarse este asunto con un sentido de Estado, respecto de los pueblos indígenas.

El Honorable Senador señor Jarpa replica que sus declaraciones han sido mal interpretadas, pues jamás ha dicho que no haya que considerar las necesidades e intereses de dichos pueblos. Todo lo contrario. Agrega que hay múltiples Ministerios y organismos del Estado que tienen, entre sus funciones, preocuparse de los pueblos indígenas. Estima que el Honorable Diputado señor Huenchumilla está en un error, si cree que está en contra de una legislación que realmente ayude a mejorar las condiciones de vida y de integración de tales pueblos. Aquí hay agrega un error de enfoque. Un Director de la Comisión ha recomendado al Gobierno la aprobación del Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo. Si Chile lo aprueba, ello traerá las peores consecuencias para la unidad nacional, y para la situación de los pueblos descendientes de indígenas.

Estima Su Señoría que la Comisión no ha aportado nada concreto para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los citados pueblos. Agrega que quién recomendó la aprobación del Convenio, en un preámbulo, se manifiesta contrario a la integración de los descendientes de indígenas. Por el contrario, según cree recordar Su Señoría, se manifiesta partidario de una "discriminación positiva". Este es el fondo del problema: o se integran todos los chilenos en una sola Nación unida, o se comienza a disgregar a nuestro pueblo.

Termina proponiendo que no se incorpore en el presupuesto del Ministerio Secretaría General de Gobierno a la citada Comisión.

El Honorable Senador señor Lavandero (Presidente) pone en votación la indicación de la Honorable Senadora señora Feliú y del Honorable Diputado señor Ringeling.

El Honorable Diputado señor Ringeling funda su voto favorable a la indicación en similares consideraciones a las expuestas por los Honorables Senadores señora Feliú y señor Jarpa, agregando que, en su opinión, la referida Comisión es culpable, en buena media, de los problemas recientes relacionados con indígenas.

El Honorable Senador señor Gazmuri funda su voto negativo expresando que no comparte muchas de las afirmaciones que se han vertido en el debate. Cree Su Señoría que se daría una pésima imagen si se aprobara la indicación.

Tomada la votación, la indicación resulta rechazada por 8 votos a favor, y 9, en contra.

En una sesión posterior, Su Excelencia el señor Presidente de la República formuló la indicación anunciada por el señor Director de Presupuestos. Ella es del siguiente tenor:

En el Capítulo 01, Programa 01

SUBTITULO

21 GASTOS EN PERSONAL Sustituir "716.089" por "743.349"

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Sustituir "2.461.800" por "2.434.540".

En su glosa 02 letra D: Sustituir las cantidades "101" por "112" y "156.813" por "184.073", respectivamente.

Vuestra Comisión aprobó esta indicación, por unanimidad.

A continuación se debate la asignación 029 (Radio Nacional de Chile) del ítem 33 (Transferencias a otras entidades públicas), del subtítulo 25 (Transferencias corrientes), del Capítulo 01 (Secretaría General de Gobierno).

El Honorable Diputado señor Longueira pregunta si el aporte que se propone para Radio Nacional de Chile es consecuencia de alguna ley.

El Honorable Senador señor Gazmuri expresa que son fondos que se necesitan para cubrir un déficit que ella tiene, producto del incumplimiento de obligaciones previsionales y tributarias, ocurrido durante la anterior Administración.

A continuación, el Honorable Senador señor Lavandero (Presidente) constituye a la Comisión en sesión secreta.

En consecuencia, de lo ocurrido en ella no se deja constancia en este informe, salvo del resultado de la votación.

Vuestra Comisión aprobó la asignación 029 (Radio Nacional de Chile).

Finalmente, vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó el resto de esta Partida, sin otras enmiendas.

PARTIDA 21.

MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION.

Esta Partida fue estudiada por la Primera Subcomisión.

Sin embargo, no fue aprobada en definitiva, por las razones que se expresan en el informe de dicha Subcomisión.

Relato ante vuestra Comisión el análisis realizado por la Subcomisión, el Honorable Senador señor Piñera.

Cabe hacer presente que esta Partida fue estudiada y despachada por vuestra Comisión en su sesión del día martes 19 del actual, por lo que por acuerdo de ésta en el presente informe sólo se consignan las indicaciones, constancias y resoluciones adoptadas.

Durante al análisis de esta Partida, el Honorable Senador señor Diez solicitó votación separada para la glosa 04, correspondiente a la Asignación 029 (Sistema Banco Integrado de Proyectos), del ítem 33 (Transferencias a otras entidades públicas), del Subtítulo 25 (Transferencias corrientes), del Programa 01 (Subsecretaría de Planificación y Cooperación), del Capítulo 01 (Subsecretaría de Planificación y Cooperación).

Por su parte, el Honorable Senador señor Piñera pidió votación separada respecto del Subtítulo 90 (Saldo final de caja) de los mismos Programa y Capítulo antes señalados.

En votaciones sucesivas vuestra Comisión, por 12 votos por la afirmativa; 8, por la negativa, 1 abstención, aprobó la aludida glosa 04 y el Subtítulo 90.

Más adelante, los Honorables Senadores señora Feliú y señores Jarpa y Romero, y los Honorables señores García, Rodríguez y Sabag formularon indicación para agregar, a la glosa 04, correspondiente a la Asignación 002 (Programa de desarrollo social), del ítem 31 (Transferencias al sector privado), del Subtítulo 25 (Transferencias corrientes), del Programa 01 del Capítulo 02 (Fondo de Solidaridad e Inversión Social), transformando el primer punto seguido en un punto y coma, lo siguiente: "entre los que se incluye la electrificación rural.".

Vuestra Comisión, por 12 votos por la afirmativa; 5, por la negativa y 1 abstención, aprobó esta indicación.

El Honorable Senador señor Gazmuri pidió dejar constancia de que la aprobación de la indicación anterior constituye a su juicio un precedente funesto.

Los Honorables Senadores señores Jarpa, Piñera y Romero y los Honorables Diputados señores Ringeling y Rodríguez formularon una indicación del siguiente tenor:

"Rebájanse, en la Partida 21, Capítulo 04, Programa 01, del Servicio Nacional de la Mujer, los Subtítulos siguientes:

Subtítulo 22 de Bienes y Servicios de Consumo, de la suma de $ 225.810.000,00 a la suma de $ 181.810.000,00;

Subtítulo 25, ítem 31003, de la suma de $ 51.975.000,00 a la suma de $ 975.000,00 y

Subtítulo 21 de Gastos en personal, de la suma de $ 338.646.000,00, a la suma de $ 297.203.000,00.".

Puesta en votación, fue rechazada esta indicación por 8 votos por la afirmativa; y 13, por la negativa.

A continuación, la Honorable Senadora señora Feliú formuló una indicación al Programa 02 (Programas especiales por convenios), del Capítulo 04 (Servicio Nacional de la Mujer), para:

1) Suprimir el aporte fiscal libre;

2) Establecer claramente que este programa se hace con donaciones, y

3) Establecer, en glosa, el destino de los recursos del Programa 02.".

Puesta en votación, fue rechazada por 9 votos por la afirmativa; y 13, por la negativa.

Vuestra Comisión aprobó, por unanimidad, el resto de esta Partida, sin enmiendas.

PARTIDA 22.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

Esta Partida fue estudiada por la segunda Subcomisión y aprobada, sin enmiendas, en forma unánime; salvo lo relativo al Programa 02 (Descontaminación ambiental de la Región Metropolitana) del Capítulo 01 (Secretaría General de la Presidencia de la República), que fue aprobado por tres votos a favor y dos abstenciones.

Sostuvo ante vuestra Comisión las conclusiones del informe de la referida Subcomisión, el Honorable Senador señor Gazmuri.

El Honorable Senador señor Jarpa se refiere al Subtítulo 31 (Inversión real) y a los ítemes 50 y 51 (Requisitos de inversión para funcionamiento, y Estudios para inversiones, respectivamente) del programa 02 (Descontaminación ambiental de la Región Metropolitana). Expresa Su Señoría que el Ministerio de Salud tiene un Departamento de Programa sobre el Ambiente, que se preocupa de la calidad del aire y que, además, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tiene una función relativa a la calidad técnica de los vehículos. Le parece del todo inconveniente que exista tal triplicidad de funciones. Agrega que Chile es un país que tiene ya demasiadas "Comisiones".

Terminó el Honorable Senador señor Jarpa solicitando votar separadamente el Subtítulo y los ítemes aludidos, anunciando su voto en contrario.

El Honorable Senador señor Gazmuri expresa que la contaminación es un problema intersectorial que exige la coordinación del trabajo de distintos Servicios Públicos, tarea que cumple la Comisión de Descontaminación.

Replica el Honorable Senador señor Jarpa que existen tres Ministerios que tienen labores de coordinación: el del Interior, el de Secretaría General de Gobierno, y el de Secretaría General de la Presidencia.

Puestos en votación el Subtítulo 31 y los ítemes 50 y 51, antes descritos, se aprueban por 9 votos a favor; 4, en contra, y 4 abstenciones.

Fundó su voto de abstención el Honorable Diputado señor Longueira, quién expresó que ya existen varios organismos permanentes de coordinación; que tiene dudas respecto de la utilidad práctica de la Comisión, y, finalmente, que, en última instancia, no le parece justificado que la Comisión dependa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Termina expresando que no votará en contra sólo para que no se le interprete mal, como oponiéndose y no contribuyendo a la descontaminación.

Fundó también su voto de abstención el Honorable Diputado señor Espina, quien, en síntesis, expuso que las únicas medidas algo eficaces de descontaminación han provenido del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Concluye expresando que adhiere a las opiniones del Honorable Senador señor Jarpa, respecto de esta materia.

Fundó, asimismo, su voto favorable la Honorable Senadora señora Soto, quien explicó que el problema de la contaminación de Santiago es muy grave, y que podría llegar a colapsar. No obstante, llamó la atención a que también habría que preocuparse de la contaminación en las Regiones.

Finalmente, fundó su voto negativo el Honorable Diputado señor Munizaga, quien expresó que el abuso de la existencia de Comisiones no resulta beneficioso para el país.

Vuestra Comisión aprobó el resto de esta Partida, unánimemente, sin enmiendas.

PARTIDA 50.

TESORO PÚBLICO.

Esta Partida fue estudiada por la Primera Subcomisión.

Sin embargo, no fue aprobada en definitiva, por las razones que se expresan en el informe de dicha Subcomisión.

Relató ante vuestra Comisión el análisis realizado por la Subcomisión, el Honorable Senador señor Piñera.

Cabe hacer presente que esta Partida fue estudiada y despachada por vuestra Comisión en sesión del día martes 19 del actual, por lo que por acuerdo de ésta en el presente informe sólo se consignan las indicaciones y resoluciones adoptadas.

Durante el análisis de esta Partida los Honorables Diputados señores Devaud y Palma formularon sendas indicaciones con el propósito de agregar, en la glosa 07 de la Asignación 015 (Programas generación de empleo), del Subtítulo 25 (Transferencias 01 (Fisco), entre la palabra "decreto" y los vocablos "del Ministerio de Hacienda", lo siguiente: "fundado".

Vuestra Comisión, unánimemente, aprobó estas indicaciones.

Seguidamente, los Honorables Diputados señores Chadwick y Longueira formularon una indicación, del siguiente tenor:

"Rebájase, en $ 9.000.000.000 la Partida 5001032533104, aumentando la Partida 0920012531002 en igual cantidad.".

El Honorable Senador señor Lavandero (Presidente) declaró en uso de la facultad que otorga el artículo 24 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional inadmisible esta indicación, por estimarla contraria a la Constitución Política de la República.

El Honorable Diputado señor Chadwick en uso del derecho que otorga el artículo 25 del mismo cuerpo legal pidió votación, con el objeto de que vuestra Comisión reconsiderara la declaración de inadmisibilidad.

Puesta en votación, se mantuvo la declaración de inadmisibilidad hecha por el Presidente, por 14 votos por la afirmativa; 7, por la negativa, y 2 abstenciones.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Jarpa y los Honorables Diputados señores Espina y Ringeling, formularon una indicación, del siguiente tenor:

"Modifícase la glosa Nº 7 del ítem 33104, sobre "Provisión para Financiamientos Comprometidos", del Subtítulo 25, Programa 03, Capítulo 01, de la Partida 50 del Tesoro Público, agregando la siguiente oración:

"Esta suma incluye un aporte de $ 3.800.000 miles para Carabineros de Chile, según el Programa de renovación de vehículos, construcción de cuarteles y gastos de combustibles y lubricantes que determine el Ministro de Defensa.".".

El Honorable Senador señor Lavandero (Presidente) declaró en uso de la facultad que otorga el citado artículo 24 de la ley Nº 18.918 inadmisible esta indicación, por estimarla contraria a la Constitución Política de la República.

Vuestra Comisión aprobó, por unanimidad, el resto de esta Partida, sólo con las enmiendas de cifras que son consecuencia de lo acordado respecto de las demás Partidas.

El articulado del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 1992 no fue enviado para su estudio a ninguna Subcomisión. Por el contrario, unánimemente se acordó que fuera analizado y despachado por vuestra Comisión Especial Mixta.

Cabe hacer presente que el articulado fue estudiado y despachado por vuestra Comisión en su sesión del día martes 19 de actual, por lo que por acuerdo de ésta en el presente informe sólo se consignan las indicaciones, constancias y resoluciones adoptadas.

Al iniciarse el análisis de esta materia y como consecuencia de los cambios de cifras aprobados en las Partidas vuestra Comisión, unánimemente, acordó sustituir el artículo 1º, por el siguiente:

"Artículo 1º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 1992, según el detalle que se indica:

A.- En Moneda Nacional:

B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares.

A continuación, con la abstención del Honorable Diputado señor Longueira y por las mismas razones indicadas respecto del artículo 1º acordó sustituir el artículo 2º, por el siguiente:

Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la estimación de los aportes fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera, convertida a dólares, para el año 1992 a las Partidas que se indican:

Su Excelencia el señor Presidente de la República formuló indicación para reemplazar el inciso segundo del artículo 4º, por el que a continuación se indica:

"La identificación de los proyectos de inversión correspondientes a los presupuestos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional aprobados por la administración regional respectiva, se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata, sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior.".

En la misma indicación, Su Excelencia el señor Presidente de la República propuso suprimir el inciso sexto del mismo artículo 4º.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación.

Su Excelencia el señor Presidente de la República formuló la siguiente indicación al artículo 5°:

"En el inciso segundo, sustituir el punto final por una coma y agregar lo siguiente: "cuando irrogue un gasto cuyo monto supere el que fije el referido Ministerio.".

En el inciso final del mismo artículo, intercalar después de "privadas," las siguientes palabras: "con la participación de a lo menos tres proponentes.".".

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó esta indicación.

El Honorable Diputado señor García formuló indicación para eliminar el inciso segundo del artículo 7º.

Sometida a votación la indicación, el resultado fue 7 votos a favor; 10, en contra, y 3 abstenciones.

Como las abstenciones fluían en el resultado de la votación y conforme a lo establecido en el artículo 163 del Reglamento del Senado se repitió la votación, requiriendo a los Honorables señores Parlamentarios que se habían abstenido para que emitieran su voto.

El resultado de la votación repetida fue: por la afirmativa 8 votos; por la negativa 10, y dos abstenciones.

Por aplicación del inciso final de la norma antes citada se sumaron las abstenciones a la mayoría, resultando en consecuencia rechazada la indicación.

El Honorable Diputado señor García formuló indicación para agregar, en el artículo 11, la siguiente frase final "Las Municipalidades no necesitarán de esta autorización.".

Puesta en votación la indicación, fue rechazada por 8 votos a favor, y 13, en contra.

El Honorable Senador señor Piñera formuló indicación para agregar, en el artículo 11, sustituyendo el punto final (.) por una coma (,), lo siguiente: "cuyo monto exceda el valor que determine el Ministerio de Hacienda.".

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó esta indicación.

El Honorable Diputado señor Estévez formuló indicación para agregar, al final del párrafo que comienza con la cifra "65%", suprimiendo el punto y coma (;) con que termina, lo siguiente: "o al de la provincia, en el caso de la Región Metropolitana;".

Puesta en votación la indicación fue rechazada por 3 votos por la afirmativa; 10 por la negativa, y 2 abstenciones.

Su Excelencia el señor Presidente de la República formuló indicación para sustituir el artículo 14, por el siguiente:

"Artículo 14.- Autorízase al Banco Central de Chile para suscribir, con cargo a su disponibilidad de reservas, el aumento de la cuota que le corresponde a Chile en el Fondo Monetario Internacional hasta completar la cantidad de seiscientos veintiún millones setecientos mil Derechos Especiales de Giro, que consta en la resolución Nº 452, adoptada por la Junta de Gobernadores el 28 de Junio de 1990.

Además, apruébase la Tercera Enmienda al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, contenida en la resolución Nº 453, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo, el 28 de Junio de 1990.

Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó esta indicación.

En el artículo 15, vuestra Comisión, por unanimidad, acordó intercalar, entre las palabras "El personal" y los vocablos "que al 31 de diciembre de 1991", lo siguiente: "que se rige por la ley Nº 18.838".

El Honorable Senador señor Romero y el Honorable Diputado señor Estévez formularon indicación para agregar el siguiente artículo 20, nuevo:

"Artículo 20.- Durante el ejercicio presupuestario 1992, las normas sobre traspasos, incrementos o reducciones y demás modificaciones presupuestarias serán establecidas por decreto en el mes de Diciembre del año anterior a su vigencia. Estas normas podrán ser modificadas por decreto fundado durante el ejercicio presupuestario.

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, sólo por ley podrán autorizarse el traspaso de fondos entre diferentes Partidas y el incremento de aportes a las empresas del Estado que no sean sociedades anónimas.".

El Honorable Senador señor Lavandera (Presidente) declaró en uso de la facultad que otorga el artículo 24 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional inadmisible esta indicación, por estimarla contraria a la Constitución Política de la República.

Los Honorables Senadores señora Feliú y señor Romero formularon indicación para agregar el siguiente artículo 21, nuevo:

"Artículo 21.- Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, y las empresas públicas creadas por ley y, las empresas, sociedades y entidades públicas o privadas en que el Estado o sus órganos, servicios o empresas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.".

Puesta en votación la indicación, fue rechazada por 8 votos por la afirmativa; 12, por la negativa, y 1 pareo.

Finalmente, los Honorables Senadores señores Diez y Piñera formularon indicación para agregar el siguiente artículo 20, nuevo:

"Artículo 20.- No obstante lo señalado en el artículo 26 DL. 1.263, el monto global de gastos señalados en el artículo lº de esta ley para los Subtítulos gastos en personal, bienes y servicios de consumo, bienes y servicios para producción, prestaciones previsionales, transferencias corrientes, inversión real, transferencias de capital, operaciones años anteriores y otros compromisos pendientes, no podrá ser superior a 2.651.204 millones de pesos en moneda nacional y 247.196 miles de dólares en moneda extranjera convertida a dólares, salvo autorización legal expresa.".

Puesta en votación la indicación, fue rechazada por 8 votos a favor; 12, en contra, y 1 pareo.

Vuestra Comisión aprobó el resto del articulado, por unanimidad, sin enmiendas.

En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión os propone lo siguiente:

PARTIDA 01

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Aprobarla sin modificaciones.

PARTIDA 02

CONGRESO NACIONAL

Aprobarla con las siguientes modificaciones:

Capítulo 02

Cámara de Diputados

1.- En el Subtítulo 09, y en ítem 91, reemplazar la cantidad de miles de $ 7.237.499" por "7.535.272";

2.- Como consecuencia de lo anterior, sustituir la suma de miles de $ "7.245.217" asignada bajo la denominación "Ingresos", por "7.542.990";

3.- En el Subtítulo 31, crear ítem 65, "Inversión Región V", con la cantidad de miles de $ "297.773", y

4.- Como consecuencia de lo anterior, sustituir la suma de miles de $ "54.243", asignada al Subtítulo 31, "Inversión real", por "352.016", y la suma de miles de $ "7.245.217", asignada bajo la denominación "Gastos", por "7.542.990".

Capítulo 03

Biblioteca del Congreso

1.- En el Subtítulo 09, y su ítem 91, reemplazar la cantidad de miles de $ "927.125" por "989.125";

2.- Como consecuencia de lo anterior, sustituir la suma de miles de $ "1.472.376" asignada bajo la denominación "Ingresos", por "1.534.376";

3.- En el Subtítulo 21, reemplazar la suma de miles de $ "473.260" por "530.260";

4.- En el Subtítulo 22, sustituir las sumas de miles de $ "218.210" por "208.210";

5.- En el Subtítulo 31, y su ítem 50, reemplazar la suma de miles de $ "771.286" por "786.286", y

6.- Como consecuencia de lo propuesto en los tres números anteriores, sustituir la suma de miles de $ "1.472.376", asignada bajo la denominación "Gastos", por "1.534.376".

PARTIDA 03

PODER JUDICIAL

Aprobarla sin modificaciones.

PARTIDA 04

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Aprobarla sin modificaciones.

PARTIDA 05

MINISTERIO DEL INTERIOR

Aprobarla con las siguientes modificaciones:

Capítulo 02

Servicio de Gobierno Interior.

1.- En el "Capítulo 02 Servicio de Gobierno Interior", sustituir "(01) (04)" por "(01) (04) (05), y

2.- Agregar, como glosa 05, nueva, la siguiente:

"05 Con cargo a estos recursos, las Intendencias regionales, que así lo convengan con las correspondientes Municipalidades, podrán asumir la coordinación y administración de los sistemas o redes de semáforos existentes o que se establezcan en el área territorial que se determine por decreto supremo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En el uso de tales cometidos las Intendencias podrán ejecutar los proyectos de inversión relativos a gestión de tránsito incluyendo los llamados a licitación, la compra e instalación de equipos y elementos de semaforizacion, y todos los demás actos y contratos necesarios para el cumplimiento de dichos fines, incluida la celebración de los referidos convenios con las Municipalidades comprendidas en el área territorial antes señalada.".

Capítulo 03 Servicio Electoral

Programa 01 Servicio Electoral

En la glosa 02; letra A), del Subtítulo 21:

1.- Sustituir el guarismo "233" por "267", y

2.- Agregar, en punto seguido (.), después de la palabra "dotación", lo siguiente: "De éstos, 25 deberán ser contratados asimilados a grados y niveles del escalafón de Procesamiento de Datos del D.F.L. Nº 90, de 1977, del Ministerio de Hacienda.". En la misma glosa 02, letra D, sustituir la cifra "25.110" por "2.882".

Capítulo 05

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

a) En el Subtítulo 33, ítem 87, asignación 002, suprimir la glosa 07, que establece: "07 Su distribución se efectuará de acuerdo a lo que determine la ley.".

b) Como consecuencia de la modificación anterior, la glosa 08 pasa a ser 07.

Capítulo 40

Municipalidades

1.- En la glosa 03, correspondiente a la asignación 002, ítem 87, Subtítulo 33, reemplazar la frase final, que figura en punto seguido (.) a continuación de la palabra "Región", por la siguiente:

"El monto restante se distribuirá a más tardar el 30 de Septiembre, según el mismo criterio que el 70% anterior, y donde exista información, en proporción a la población desocupada de cada provincia.", y

2.- En el Subtítulo 33, ítem 87, asignación 003, suprimir la glosa 04, que dispone:

"04 Su distribución se efectuará de acuerdo a lo que determine la ley.".

PARTIDA 06

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Aprobarla con las siguientes modificaciones:

Capítulo 01.

Secretaría y Administración General y Servicio Exterior.

En la glosa 03, correspondiente al Subtítulo 22, agregar la siguiente letra C), nueva: "O Los gastos, en moneda nacional, por concepto de difusión y publicidad se dispondrán de acuerdo con la naturaleza de los servicios o especies que se requieran, mediante propuestas, y, en situaciones calificadas por la superioridad del Servicio, por adquisición directa.";

Capítulo 03.

Dirección de Fronteras y Límites del Estado.

Suprimir la primera parte de la glosa 03 al Subtítulo 22 que dice: "Las adquisiciones podrán efectuarse directamente, sin la intervención de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado".

PARTIDA 07.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION.

Aprobarla con la siguiente modificación.

Capítulo 06.

Corporación de Fomento de la Producción.

Sustituir en la glosa 04, correspondiente al Subtítulo 25, ítem 31004 y 31007, por la siguiente:

"04 Comprende:

a) Los recursos asignados a los Programas, sólo podrán destinarse a pequeñas empresas, entendiéndose por tales aquéllas cuyas ventas netas durante el año 1991 no hayan excedido del equivalente a 15.000 Unidades de Fomento.

b) Con cargo a esta asignación podrán transferirse recursos al Servicio de Cooperación Técnica, para que este organismo ejecute el Programa, en los términos que la Corporación determine.".

PARTIDA 08.

MINISTERIO DE HACIENDA.

Aprobarla con la siguiente modificación:

Capítulo 01.

Secretaría y Administración General.

Programa 01.

Secretaría y Administración General.

En la glosa 02, letra A), correspondiente al Subtítulo 21, agregar el siguiente texto: "No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 9º de la ley Nº 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación.".".

PARTIDA 09.

MINISTERIO DE EDUCACION.

Aprobarla con las siguientes modificaciones:

Capítulo 01.

Subsecretaría de Educación.

Programa 01. Subsecretaría de Educación.

1.- En el Subtítulo 22, sustituir la suma en miles de $ "1.736.516" por "1.653.306". Asimismo, en la glosa 03, suprimir la letra C) que establece:

"$ 83.210 miles destinados a los gastos de administración, para el cumplimiento de los convenios que se suscriban en el Ministerio de Educación y la Subsecretaría del Trabajo por el Programa de Capacitación y Desarrollo de la Educación Técnica.";

2.- En la glosa 10, correspondiente a la asignación 030 del ítem 33, Subtítulo 25, intercalar a continuación de "18.834" lo siguiente: "Los servicios anteriormente aludidos deberán aprobarse por resolución fundada del Subsecretario de Educación.";

3.- En el Subtítulo 25, ítem 33, crear la asignación 0356 "Programa de Capacitación y Desarrollo de la Educación Técnica" con miles de $ "83.210", y una glosa 15, nueva, del siguiente tenor:

"15 Para financiar los gastos de operación, incluidos honorarios, que demande al Ministerio el cumplimiento de los convenios relativos al programa que celebre con la Subsecretaría del Trabajo", y

4.- Como consecuencia de lo propuesto anteriormente, sustituir en el Subtítulo 25 la suma en miles de $ "10.908.130" por "10.991.340", y, en su ítem 33, la suma en miles de $ "2.277.327" por "2.360.537".

Programa 03.

Modernización de la Educación Media Técnica Profesional.

1.- En el Subtítulo 25, su ítem 34 y asignación 001, reemplazar las sumas en miles de $ "716.100" por "560.509";

2.- En el Subtítulo 31, crear el ítem 50, nuevo, "Requisitos de Inversión para Funcionamiento", con la suma en miles de $ "155.591", y

3.- Como consecuencia de lo propuesto en el número anterior, en el Subtítulo 31 sustituir la suma en miles de $ "2.301.268" por "2.456.859".

Programa 04.

Iniciación a la Vida del Trabajo.

1.- En el Subtítulo 25, en el ítem 34 y asignación 001, reemplazar las sumas en miles de $ "411.476" por "355.012";

2.- Crear un Subtítulo 31, "Inversión Real" con un ítem 50, "Requisitos de Inversión para Funcionamiento", ambos con las sumas en miles de $ de "56.464".

Capítulo 09.

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Programa 01.

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

En la glosa 06 de la asignación 006, ítem 31, Subtítulo 25, agregar la siguiente letra D):

"D) El programa de jardines familiares estacionales para hijos de madres temporeras, mayores de seis años.".

Capítulo 11.

Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Programa 01.

Junta Nacional de Jardines Infantiles.

En la glosa 02, letra A), del Subtítulo 21, sustituir el guarismo "4.603" por "4.643".

Programa 02.

Programas Alternativos de Enseñanza Pre-Escolar.

En la glosa 01, letra A), del Subtítulo 21, reemplazar el guarismo "563" por "644".

PARTIDA 10.

MINISTERIO DE JUSTICIA.

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

Capítulo 07

Servicio Nacional de Menores

Programa 01

Servicio Nacional de Menores

En este Programa, efectuar las enmiendas que enseguida se indican:

1.- Suprimir en la letra A) de la glosa 02 al subtítulo 21 la parte que dice: "No regirá la limitación establecida en el inciso 2º del artículo 9º de la ley Nº 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación.", y

2.- Sustituir la glosa 04 al subtítulo 25, ítem 31, asignación 003 por la siguiente: "04 Los convenios para la ejecución del programa deberán celebrarse de acuerdo con las normas objetivas y generales que se establezcan mediante decreto supremo, emitido por intermedio del Ministerio de Justicia, sin perjuicio de las excepciones, para casos calificados, que puedan determinarse en el mismo decreto".

Programa 02

Programa de Administración Directa y Proyectos Nacionales

Sustituir la glosa 01 al subtítulo 21 por la siguiente:

"01 Con cargo a este ítem, sin sujeción a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 9º de la ley Nº 18.834 y previa autorización de la Dirección de Presupuestos, se podrá contratar el personal necesario para la ejecución de este programa".

PARTIDA 11.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

Aprobarla sin modificaciones.

PARTIDA 12.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

Aprobarla con las siguientes modificaciones:

Capítulo 02.

Dirección General de Obras Públicas.

Programa 04. Dirección de Vialidad.

1.- En el Subtítulo 30, sustituir la suma en miles de $ "5.024.250" por "6.724.250", y agregarle la siguiente glosa 07, nueva:

"07 En el mes de Diciembre de 1991, el Ministerio comunicará a cada una de las Regiones los tipos de proyectos a financiar con cargo a estos recursos los que podrán incluir proyectos financiados con contribución de ambas partes; los requisitos de elegibilidad que deben reunir, un listado de proyecto ya evaluados a nivel regional o central que cumplan dichos requisitos y el monto de recursos definido para la región respectiva.

En el primer cuatrimestre de 1992 las Regiones comunicarán al Ministerio los proyectos elegidos y aprobados en la instancia regional, con su priorización, y los nuevos proyectos alternativos que cuenten con la evaluación técnica correspondiente y cumplan con los criterios antes señalados. Asimismo, comunicará la contribución de recursos regionales o comunales para participar en el cofinanciamiento de aquellos proyectos que estimare procedente.";

2.- En el ítem, 74 del Subtítulo 31, reemplazar la suma en miles de $ "8.570.017" por "6.870.017", y

3.- Como consecuencia de lo propuesto en el número anterior, sustituir en el Subtítulo 31 la suma en miles de $ "99.406.140" por "97.706.140".

PARTIDA 13.

MINISTERIO DE AGRICULTURA.

Aprobarla con las siguientes modificaciones:

Capítulo 01.

Subsecretaría de Agricultura.

Suprimir la glosa 04, de la asignación 004, del ítem 31, del Subtítulo 25, Transferencias corrientes al sector privado, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, que dice:

"04 El presupuesto del Instituto de Investigaciones Agropecuarias se aprobará por decreto exento, conjunto de los Ministerios de Agricultura y Hacienda".

Capítulo 03.

Instituto de Desarrollo Agropecuario.

1.- En el Subtítulo 25, ítem 31, asignación 002, sustituir la suma en miles de $ "5.432.801" por "5.382.801";

2.- En el mismo Subtítulo e ítem, crear la asignación 007 "Instituto de Investigaciones Agropecuarias" con una suma en miles de $ de "200.000";

3.- Como consecuencia de lo anterior, sustituir en el ítem 31 la suma en miles de $ "6.226.600" por "6.376.600", y el Subtítulo la suma en miles de $ "6.364.847" por "6.514.847".

4.- En el Subtítulo 90, reemplazar la suma en miles de $ "259.677" por "109.677";

5.- Reemplazar los ítemes del Subtítulo 31, inversión real, que más adelante se indican, por los siguientes, expresados en miles de pesos:

Capítulo 05.

Corporación Nacional Forestal.

Programa 01.

Corporación Nacional Forestal.

1.- En el Subtítulo 25, ítem 31, asignación 004, sustituir la suma en miles de $ "5.775" por "15.775";

2.- Como consecuencia de lo anterior, sustituir en el ítem 31 la suma en miles de $ "109.902" por "119.902", y en el Subtítulo 25 la suma en miles de $ "125.983" por "135.983", y

3.- En el Subtítulo 90, Saldo Final de Caja, reemplazar la suma en miles de $ "162.901" por "152.901".

PARTIDA 14.

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES.

Aprobarla sin modificaciones.

PARTIDA 15.

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

Aprobarla con las siguientes modificaciones:

Capítulo 01. Subsecretaría del Trabajo.

Programa 02.

Capacitación y Desarrollo de la Educación Técnica.

En este Programa, efectuar las siguientes enmiendas:

1.- En la glosa 01 al Subtítulo 22 sustituir la preposición "por", colocada entre la forma verbal "efectuarán" y el sustantivo "resoluciones", por lo siguiente: "sobre la base de tres propuestas, dando lugar a";

2.- En la glosa 02 al Subtítulo 25, ítem 31, suprimir la parte que dice:

"Para el cumplimiento de este Programa el SENCE deberá registrar en la Contraloría General de la República el convenio tipo a celebrar con los organismos capacitadores al cual se referirán los convenios posteriores";

3.- En la glosa 03 al Subtítulo 25, ítem 31, asignación 004 agregar al final, en punto seguido (.), lo siguiente: "Los consultores serán seleccionados sobre la base de tres propuestas y podrán ser personas naturales o jurídicas";

4.- Reemplazar la glosa 04 al Subtítulo 25, ítem 31, asignación 005 por la siguiente:

"04 Con cargo a estos recursos se desarrollará la línea de equipamiento para organismos capacitadores. Estos organismos, al participar en las licitaciones del Programa podrán solicitar apoyo para contratar leasing de equipos con fines de capacitación. Las solicitudes serán evaluadas y preseleccionadas por la Unidad Coordinadora del Programa, que se ha constituido en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para efectos de la ejecución del mismo. Los organismos preseleccionados presentarán cotizaciones de al menos dos empresas de leasing, las que podrán incluir un pago al contado y además, si así lo solicitan dichas empresas, un seguro de crédito. El Programa podrá transferir como subsidios a los adjudicatarios, hasta un 20 por ciento del valor de los equipos, como pago al contado y, hasta un 50 por ciento de la prima del seguro, con un tope del 1,5 por ciento anual. Las solicitudes preseleccionadas y las opciones de leasing de mínimo costo presente neto serán estudiadas por un Comité Técnico, que recomendará al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social las aprobaciones finales. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social suscribirá convenios con los adjudicatarios, para establecer las condiciones de transferencia de los subsidios que correspondan. El Comité Técnico lo integrarán expertos en capacitación y equipamiento designados por el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social. La composición y funcionamiento del Comité Técnico será analizada en el Consejo Nacional Consultivo de Capacitación, que está integrado por representantes del sector empresarial, laboral y de Gobierno"; 5.- Sustituir la glosa 05 al Subtítulo 25, ítem 31, asignación 006 por la siguiente: "05 Con cargo a estos recursos se financiarán los gastos que demanden los convenios que se suscriban entre la Subsecretaría del Trabajo y gobiernos regionales o comunales, que podrán comprender traspasos de bienes muebles y de recursos financieros para el cumplimiento del programa u otros fines relacionados con éste", y

6.- En la glosa 08 al Subtítulo 25, ítem 32, asignación 005 efectuar las siguientes enmiendas:

a) Intercalar la preposición "de" entre los vocablos "línea" y "formación", y

b) Suprimir la parte que dice:

"Para el cumplimiento de este Programa el Fondo de Solidaridad e Inversión Social deberá registrar en la Contraloría General de la República el convenio tipo a celebrar con los organismos capacitadores al cual se referirán los convenios posteriores".

Capítulo 02. Dirección del Trabajo.

En este Capítulo, introducir las modificaciones que enseguida se señalan:

1.- En el Subtítulo 09 y su ítem 91, reemplazar la cantidad en miles de $ "3.152.287" por "3.262.480";

2.- Como consecuencia de lo anterior, sustituir la suma de miles de $ "3.161.746", asignada bajo la denominación "Ingresos", por "3.271.939";

3.- En el Subtítulo 21, reemplazar la cantidad de miles de $ "2.596.970" por "2.694.490";

4.- En el Subtítulo 22, sustituir la suma de miles de $ "396.885" por "404.212";

5.- En el Subtítulo 31, reemplazar la cantidad de miles de $ "154.077" por "159.423", y en su ítem 50, sustituir la suma de miles de $ "106.318" por "111.664";

6.- Como consecuencia de lo propuesto en los tres números anteriores, reemplazar la suma de miles de $ "3.161.746", asignada bajo la denominación "Gastos", por "3.271.939";

7.- En la letra A) de la glosa 02 al Subtítulo 21 sustituir el guarismo "1.053" por "1.088";

8.- En la glosa 02 al Subtítulo 21 intercalar la siguiente letra C), nueva:

"O Horas Extraordinarias Año Número de Horas: 17.500 Miles de $: 16.200", y

9.- Como consecuencia de lo anterior, las letras C), D) y E) de la glosa 02 pasan a ser D), E) y F), respectivamente.

Capítulo 04.

Dirección General de Crédito Prendario.

En la glosa 02 al Subtítulo 21 intercalar la siguiente letra B), nueva: "B) Horas Extraordinarias Año Número de Horas: 13.401 Miles de $: 3.280".

Como consecuencia de lo anterior, las letras B) y C) pasan a ser C) y D), respectivamente.

Capítulo 06.

Superintendencia de Seguridad Social.

En la letra A) de la glosa 02 al Subtítulo 21 agregar, en punto aparte (.), lo siguiente:

"No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 9º de la ley Nº 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación".

PARTIDA 16.

MINISTERIO DE SALUD.

Aprobarla con las siguientes modificaciones:

Capítulo 01. Subsecretaría de Salud. Programa 01.

En la letra A) de la glosa 02 al Subtítulo 21 reemplazar el guarismo "364" por "384".

Capítulo 03. Servicios de Salud.

En la letra A) de la glosa 02 al Subtítulo 21 sustituir la frase "se podrá contratar hasta" por la siguiente: "se podrá contratar, cuando se incorporen en el Presupuesto los recursos pertinentes, hasta".

PARTIDA 17.

MINISTERIO DE MINERÍA.

Aprobarla sin modificaciones.

PARTIDA 18.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.

Aprobarla con la siguiente modificación:

Capítulo 02.

Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización.

Agregar una glosa 07, nueva, al Subtítulo 30, del siguiente tenor: "07 En el mes de diciembre de 1991, el Ministerio comunicará a cada una de las Regiones los tipos de proyectos a financiar con cargo a estos recursos, los que podrán incluir proyectos financiados con contribución de ambas partes; los requisitos de elegibilidad que deben reunir; un listado de proyectos ya evaluados a nivel regional o central que cumplan dichos requisitos y el monto de recursos definidos para la Región respectiva.

"En el primer cuatrimestre de 1992, las Regiones comunicarán al Ministerio los proyectos elegidos y aprobados en la instancia regional, con su priorización y los nuevos proyectos alternativos que cuenten con la evaluación técnica correspondiente y cumplan con los criterios antes señalados. Asimismo, comunicará la contribución de recursos regionales o comunales para participar en el cofinanciamiento de aquellos proyectos que estimare procedente".

PARTIDA 19.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.

Aprobarla con las siguientes modificaciones:

Capítulo 01.

Secretaría y Administración General de Transportes.

1.- En el Subtítulo 09 y su ítem 91, sustituir la suma en miles de $ "1.037.793" por "1.165.543";

2.- Como consecuencia de lo anterior, reemplazar la suma en miles de $ "1.057.311", asignada bajo la denominación "Ingresos", por "1.185.061".

3.- Reemplazar la asignación 002, del ítem 31, Subtítulo 25, por las siguientes:

Como consecuencia de la proposición anterior, sustituir en el Subtítulo 25 y su ítem 31 la suma en miles de $ "120.668" por "248.418", y la suma en miles de $ "1.057.311", asignada bajo la denominación "Gastos", por "1.185.061", y

En la glosa 01 sustituir el guarismo "18" por "19".

PARTIDA 20.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.

Aprobarla con las siguientes modificaciones:

Capítulo 01.

Secretaría General de Gobierno.

1.- En el Subtítulo 21, sustituir la suma en miles de $ "716.089" por "743.349", y en su glosa 02, letra D, reemplazar lo guarismos "101" por "112" y "156.813" por "184.073", y

2.- En el Subtítulo 22, reemplazar la suma en miles de $ "2.461.800" por "2.434.540".

PARTIDA 21.

MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION

Aprobarla con la siguiente modificación:

Capítulo 02.

Fondo de Solidaridad e Inversión Social.

En la glosa 04, correspondiente a la asignación 002 del ítem, 31, Subtítulo 25, agregar a continuación del punto seguido (.), que se transforma en punto y coma (;), lo siguiente: "entre los que se incluye la electrificación rural.".

PARTIDA 22.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

Aprobarla sin modificaciones.

PARTIDA 50.

TESORO PÚBLICO.

Aprobarla con las siguientes modificaciones:

Capítulo 01. Fisco.

Programa 02. Subsidios.

En la glosa 7 de la asignación 015, ítem 31, Subtítulo 25, intercalar entre la palabra "decreto" y los vocablos "del Ministerio de Hacienda", la expresión "fundado".

Además, con las enmiendas de cifras que son consecuencia de lo acordado respecto de las demás Partidas.

ARTICULADO DEL PROYECTO.

Aprobarlo con las siguientes modificaciones:

ARTICULO 1º.

Sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 1º Apruébase el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 1992, según el detalle que se indica:

B) En Moneda Extranjera convertida a dólares.

ARTICULO 2°. Sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la estimación de los aportes fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera, convertida a dólares, para el año 1992 a las Partidas que se indican:

ARTICULO 3º

Agregar en el inciso segundo, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase: "En todo caso, la parte de endeudamiento en el país no podrá exceder del 20% de la suma indicada.".

ARTICULO 4°

1.- Reemplazar su inciso segundo por el siguiente:

"La identificación de los proyectos de inversión correspondientes a los presupuestos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional aprobados por la administración regional respectiva, se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos.

Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata, sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior.", y

2.- Suprimir su inciso sexto.

ARTICULO 5º

1.- En el inciso segundo, sustituir el punto final (.) por una coma (,), agregando la siguiente oración: "cuando irrogue un gasto cuyo monto supere el que fije el referido Ministerio.", y

2 En el inciso final, intercalar después del vocablo "privadas" lo siguiente: "con la participación de a lo menos tres proponentes".

ARTICULO 11

Agregar a continuación del punto final (.), que pasa a ser coma (,), lo siguiente: "cuyo monto exceda el valor que determine el Ministerio de Hacienda.".

ARTICULO 14.

Sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 14.- Autorízase al Banco Central de Chile para suscribir, con cargo a su disponibilidad de reservas, el aumento de la cuota que le corresponde a Chile en el Fondo Monetario Internacional hasta completar la cantidad de seiscientos veintiún millones setecientos mil Derechos Especiales de Giro, que consta en la Resolución Nº 452, adoptada por la Junta de Gobernadores el 28 de junio de 1990.

Además, apruébase la Tercera Enmienda al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, contenida en la resolución Nº 453, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo el 28 de junio de 1990.".

ARTICULO 15.

Intercalar entre las palabras "El personal" y la expresión "que al 31 de diciembre de 1991", lo siguiente: "que se rige por la ley Nº 18.834".

En consecuencia, el texto del proyecto queda como sigue:

"PROYECTO DE LEY:

I.- CALCULO DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS

Artículo 1º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 1992, según el detalle que se indica:

A.- En Moneda Nacional:

B) En Moneda Extranjera convertida a dólares.

ARTICULO 2°

Sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la estimación de los aportes fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera, convertida a dólares, para el año 1992 a las Partidas que se indican:

II.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 3º.- Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones, hasta por la cantidad de $ 70.062.841 miles que, por concepto de endeudamiento, se incluye en el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación.

Autorízasele, además, para contraer obligaciones, sea en el país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.400.000 miles moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional. En todo caso, la parte de endeudamiento en el país no podrá exceder del 20% de la suma indicada.

Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 1992 no será considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer.

Artículo 4º.- La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975, correspondiente a los ítemes 61 al 74 y 80 al 97, del subtítulo 31, de este Presupuesto para los órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo.

La identificación de los proyectos de inversión correspondientes a los presupuestos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional aprobados por la administración regional respectiva, se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata, sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior.

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto no sea superior a cuatro millones de pesos, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que represente el 3% del presupuesto de inversión de la respectiva región.

Los Intendentes Regionales podrán contratar directamente la ejecución de los proyectos de inversión aprobados para la Región correspondiente de acuerdo con lo establecido en los incisos segundo y tercero de este artículo. Estos contratos deberán adjudicarse a través del mecanismo de propuestas públicas.

La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fondos aprobados para los ítemes 53 "Estudios para Inversiones". En estas identificaciones no será necesario consignar la cantidad destinada al estudio correspondiente.

Ningún órgano, ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión de recursos de los ítemes antes indicados o de otros recursos asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes haberse efectuado la identificación a que se refiere este artículo.

Autorízase efectuar en el mes de diciembre de 1991, las publicaciones de llamado a propuestas públicas, de estudios y proyectos de inversión para 1992, que se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contraloría General de la República. Asimismo, dichas publicaciones de estudios y proyectos de inversión, que se incluyan en decretos de modificaciones presupuestarias de 1992, podrán efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República.

Artículo 5º.- Los órganos y servicios públicos, incluidos en esta ley, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición o arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y sus elementos complementarios cuyo precio o renta exceda de las cantidades que se determinen por dicha Secretaría de Estado.

Igual autorización requerirán la contratación de servicios de procesamiento de datos, ya sea independiente o formando parte de un convenio de prestación de servicios que los incluya y las prórrogas o modificaciones de éstos, cuando irrogue un gasto cuyo monto supere el que fije el referido Ministerio.

Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, que hayan sido sancionados en años anteriores por el Ministerio de Hacienda y que mantengan las condiciones pactadas, no necesitarán renovar su aprobación.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará respecto de los equipos que formen parte o sean componentes de un proyecto de inversión o de estudios para inversión, identificado conforme a lo que dispone el artículo 4º de la presente ley.

Los órganos y servicios públicos podrán efectuar directamente, mediante propuestas públicas o privadas con la participación de a lo menos tres proponentes, la adquisición de los equipos a que se refiere este artículo.

Artículo 6º.- El número de horas extraordinarias año, fijado en los presupuestos de cada servicio público, constituye el máximo que regirá para el servicio respectivo. No quedan incluidas en dicho número las horas ordinarias que se cumplan en días sábados, domingos y festivos o en horario nocturno, pero el recargo que corresponda a éstas se incluye en los recursos que se señalan para el pago de horas extraordinarias.

Sólo previa autorización del Ministerio de Hacienda, los Jefes de Servicio podrán disponer la realización de trabajos extraordinarios pagados, por un número de horas que exceda del consultado en el presupuesto respectivo.

Artículo 7°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición o construcción de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

La misma prohibición regirá para las Municipalidades salvo en lo que respecta a viviendas para profesores y personal de la salud en zonas apartadas y localidades rurales.

Artículo 8°.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula "Por orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.

En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.

Los servicios públicos que tengan fijada en esta ley dotación máxima de vehículos motorizados, no podrán tomar en arriendo ninguna clase de tales vehículos sin autorización previa del Ministerio de Hacienda.

Artículo 9°.- Los servicios públicos de la administración civil del Estado, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga.

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo anterior hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo de Hacienda.

Artículo 10.- Los recursos a que se refiere el artículo 38 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, que correspondan a la comuna indicada en el número 2, del artículo 46, del decreto ley Nº 2.868, de 1979, en tanto no se efectúe la instalación de la Municipalidad respectiva, serán entregados por el Servicio de Tesorerías al Intendente de la XII Región, para su utilización en el área jurisdiccional de las comunas a que se refiere dicho artículo.

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos regidos presupuestariamente por el decreto ley Nº 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento de bienes muebles con opción de compra del bien arrendado, cuyo monto exceda el valor que determine el Ministerio de Hacienda.

Artículo 12.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley Nº 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 1992 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 a 1991, se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:

65% al Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Región en la cual estaba ubicado el inmueble enajenado;

5% al Ministerio de Bienes Nacionales, y 30% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales.

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 17.174 y en el decreto ley Nº 2.569, de 1979.

No regirá tampoco en cuanto a las enajenaciones cuyos saldos de precios sean objeto de rebajas de intereses, condonaciones, reprogramaciones, exenciones de pago o consolidaciones, en virtud de disposiciones legales dictadas o que se dicten al efecto.

Artículo 13.- Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la presente ley la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan.

No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán la autorización previa del Ministro de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido y alcance en la legislación que les sea aplicable.

El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaría directamente o a través de la Partida Tesoro Público, conforme a las instrucciones que imparta el Ministro de Hacienda. Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a que se encuentre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones.

Artículo 14.- Autorízase al Banco Central de Chile para suscribir, con cargo a su disponibilidad de reservas, el aumento de la cuota que le corresponde a Chile en el Fondo Monetario Internacional hasta completar la cantidad de seiscientos veintiún millones setecientos mil Derechos Especiales de Giro, que consta en la Resolución Nº 452, adoptada por la Junta de Gobernadores el 28 de junio de 1990.

Además, apruébase la Tercera Enmienda al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, contenida en la resolución Nº 453, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo, el 28 de junio de 1990.

Artículo 15.- El personal que se rige por la ley Nº 18.834 que al 31 de diciembre de 1991 cumpla funciones en calidad de interino podrá conservar dicha calidad durante la vigencia de la presente ley.

Artículo 16.- Sustitúyese, en el artículo 6º transitorio de la ley Nº 18.834, la referencia "1º de enero de 1992" por "1º de enero de 1993".

Artículo 17.- Suspéndese, durante el año 1992, la aplicación de la letra d) del artículo 81, de la ley Nº 18.834, respecto de la compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en cargos a contrata en el mismo Servicio y que no correspondan a renovaciones de nombramientos en tal calidad efectuados antes del 30 de septiembre de .1991.

Artículo 18.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1º de enero de 1992, sin perjuicio de que puedan dictarse en el mes de diciembre de 1991 los decretos a que se refieren los artículos 3° y 4° y las resoluciones indicadas en dicho artículo 4°.

Artículo 19.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 4º de esta ley.

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, y la autorización previa que prescribe el artículo 22 del decreto ley Nº 3.001, de 1979, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda.".

Sala de la Comisión, a 20 de Noviembre de 1991.

Acordado en sesiones de fechas 12 de Septiembre; 3,15 y 16 de Octubre; 5, 6,12 (13) y 19 de Noviembre, de 1991, con asistencia de los Honorables Senadores señores Jorge Lavandero Illanes (Presidente); Eugenio Cantuarias Larrondo (Beltrán Urenda Zegers); Sergio Diez Urzúa; Olga Feliú Segovia (Carlos Letelier Bobadilla); Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Arturo Frei Bolívar); Jaime Gazmuri Mujica (Presidente accidental) (Hernán Vodanovic Schnake); Sergio Páez Verdugo (Humberto Palza Corvacho); Sebastián Pinera Echenique; Sergio Romero Pizarro (Sergio Onofre Jarpa Reyes); Mariano Ruiz-Esquide Jara (José Ruiz De Giorgio; Carmen Frei Ruiz-Tagle; Ricardo Hormazábal Sánchez; Nicolás Díaz Sánchez); Bruno Siebert Held; Laura Soto González, y Anselmo Sule Candía (Mario Papi Beyer; Ricardo Navarrete Betanzo) y de los Honorables Diputados señores Armando Arancibia Calderón; Mario Devaud Ojeda; Jaime Estévez Valencia; Francisco Huenchumilla Jaramillo (Hosain Sabag Castillo); Claudio Huepe García (Julio Rojos Astorga); Juan Pablo Longueira Montes (Carlos Recondo Lavanderas; Cristian Leay Moran); Evelyn Matthei Fomet (José García Ruminot; Alberto Espina Otero; Carlos Vilches Guzmán); Eugenio Munizaga Rodríguez; Andrés Palma Irarrázaval (Eduardo Cerda García; Sergio Velasco De la Cerda; Mario Acuña Cisternas; José Ortiz Novoa); Gustavo Ramírez Vergara; Federico Ringeling Hunger; José Rodríguez Del Río (Marina Prochelle Aguilar), y Vicente Sota Barros.

(Fdo.): Carlos Hoffmann Contreras, Secretario.

LEY DE PRESUPUESTOS DE LA NACION PARA 1992.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde entrar a conocer el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación para 1992.

El texto del proyecto está impuesto en el boletín N° 502-05, y figura en el N° 6 de los documentos de la Cuenta de la presente sesión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señores Diputados, el señor Secretario dará lectura nuevamente a los acuerdos de los Comités parlamentarios, a fin de que todos tengamos claro el procedimiento adoptado ayer por la Sala.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Los acuerdos de los Comités son los siguientes:

"Despachar en general, en la presente sesión, a continuación del proyecto de reajuste fue despachado en la mañana, el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación para 1992, para lo cual se entenderá prorrogado el Orden del Día hasta las 22.00 horas, si fuere necesario.

"Se otorgará un tiempo de hasta 20 minutos para oír el informe de cada una de las cinco Subcomisiones.

"Después de votado en general el proyecto, se suspenderá la sesión por 30 minutos, con el objeto de analizar las indicaciones que se hayan presentado hasta antes del cierre del debate en general.

"A las 20.00 horas, la Mesa consultará a los Jefes de los Comités parlamentarios acerca de si el total despacho en particular se hará de inmediato, en la presente sesión, o si se citará a sesión especial para el día viernes 22 del actual.

"Eventualmente, el Presidente citará a sesión especial para el día miércoles 27 del presente, si la Cámara debe conocer el proyecto anterior en tercer trámite constitucional.".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde, enseguida, escuchar los informes de las Subcomisiones.

El señor Secretario dará a conocer los nombres de los señores Diputados que han sido designados para estos efectos por los Comités.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Son los Honorables Diputados señores Huepe, Ringeling, Estévez y Arancibia.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Pido al Diputado señor Arancibia que comience a rendir su informe.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, con mucho agrado he aceptado esta nominación, porque el colega Huenchumilla está afectado en su salud. Sin embargo, le solicito cinco minutos para reunir los antecedentes con los cuales entregaré el informe.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Pido, entonces al Diputado señor Huepe rendir el informe de la Primera Subcomisión.

Por haber asistido al debate, puedo decir que se trata de una información somera, en especial de los puntos conflictivos en los que hubo problemas. En cambio, sobre aquellas partidas que no fueron objeto de debate intenso, se puede decir que hay consenso.

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, a la Primera Subcomisión Especial de Presupuestos le correspondió analizar la partida del Tesoro Público, que se refiere al conjunto del Presupuesto y, en particular, a los Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Hacienda y de Planificación y Cooperación.

Esta partida, que tiene que ver con el cálculo de ingresos y gastos, fue muy poco controvertida, porque los ingresos son una información que el Ejecutivo entrega a la Cámara y sobre la cual no podemos pronunciamos. Es un antecedente de hecho, y uno sólo puede preguntar en la Comisión acerca de los supuestos sobre los cuales se ha elaborado el cálculo.

En todo caso, me referiré al análisis de los presupuestos de los Ministerios respectivos. No sé si los señores parlamentarios tienen el folleto correspondiente...

El señor ESPINA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Con la venia del Diputado señor Huepe tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, solicite un minuto para que los señores Diputados puedan leer la partida correspondiente, puesto que en esa forma es posible entender mejor el informe. Entiendo que las tiene la Mesa.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El problema es al revés, porque cada parlamentario tendría un montón enorme de papeles en su mesa. Es preferible que cuando un señor Diputado lo estime necesario, venga a consultar aquí los antecedentes.

Puede continuar el Diputado señor Huepe.

El señor HUEPE.-

Hay dos informes, uno de los cuales es el de la Subcomisión. Tengo entendido que no se repartió, sino que se hizo un informe final de la Comisión Mixta de Presupuestos.

En lo que respecta al monto de los gastos del Ministerio de Economía, en el informe figura una cifra global en moneda nacional, de 119 mil 188 millones de pesos, y en moneda extranjera, de 375 millones 621 mil dólares. El incremento real del gasto fue de un 3 por ciento.

El señor Ministro de Economía informó acerca de las áreas de actividades que realiza ese Ministerio, que son cuatro: el área de regulación, sobre los asuntos tarifarios de sectores eléctrico, portuario y sanitario; el área de telecomunicaciones, que tiene que ver, en conjunto con el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, y en que se están estudiando determinados proyectos de ley, el área de regulación sanitaria: y el área de comercio exterior, la cual está trabajando fundamentalmente en acuerdos de complementación económica, en la preparación de un proyecto de ley sobre certificación de conformidad de exportaciones y en el perfeccionamiento de los mecanismos de fomento para el desarrollo del sector exportador de nuestro país.

Tal fue la información que dio el señor Ministro de Economía sobre las actividades de su Ministerio, en relación con la cual se formulan los gastos de los distintos programas.

En el Capítulo 01, este informe tiene los siguientes programas: En el Ministerio de Economía están incluidos los gastos del Ministerio propiamente tal, de la Subsecretaría y Administración General, del Sernac, de la Subsecretaría de Pesca, del Servicio Nacional de Pesca, de la Superintendencia de Electricidad, de la Fiscalía Nacional Económica, del Sernatur, de la Comisión Nacional de Riego, de la Secretaría del Comité de Inversiones Extranjeras y de la Corfo, con el conjunto de institutos que en el existen.

Las disposiciones de este informe que más se discutieron son las que contienen los saldos de caja en varias de las partidas. Sobre esto hubo una votación general en la Subcomisión y, seguramente, al respecto habrá una discusión, en orden a si el Congreso tiene o no facultad para reasignar determinadas partidas. Se formularon indicaciones para rebajar los saldos de caja, las que fueron rechazadas en la Comisión Mixta, tal como se establece en el informe.

Señor Presidente, teníamos un acuerdo distinto, y quiero ser claro en esto, porque la Quinta Subcomisión iba a dar su informe primero. Entonces, prefiero disponer de los minutos necesarios para identificar claramente en este informe los puntos que corresponden, para no estar en este momento buscando las cifras.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Muy bien. Así lo haremos.

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling para informar sobre la Segunda Subcomisión.

El señor RINGELING.-

Iba a empezar la Quinta Subcomisión, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado informante de la Quinta Subcomisión.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, le pido que, para un tratamiento adecuado de esta materia, suspenda la sesión por cinco minutos para que las personas que están preparando los informes ordenen sus papeles y tengamos una discusión como corresponde, ya que en muchos casos ellos no fueron los Presidentes de las Subcomisiones y, por lo tanto, están haciendo una función distinta a la del trabajo en la Subcomisión, y sé que lo están haciendo con la mayor seriedad posible.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se suspende la sesión por un cuarto de hora.

Se suspendió a las 15:49 y se reanudó a las 16 horas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor Arancibia, Diputado informante de la Cuarta Subcomisión.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, el Diputado que habla participó como miembro de la Subcomisión, que tuvo a su cargo conocer las partidas de los Ministerios del Interior, de Bienes Nacionales, de Vivienda, de Educación y del Congreso Nacional.

Me referiré sólo al debate en la Comisión Especial de Presupuestos y lo haré, en primer término, en primer término, en relación, a la partida 02, Congreso Nacional.

Esta partida fue aprobada por unanimidad, con indicaciones patrocinadas por el Ejecutivo que, posteriormente, quedaron consignadas en la parte final de los anexos del informe que los señores Diputados tienen a la vista.

En las páginas siguientes al articulado de la ley, se van recogiendo las distintas indicaciones que fueron aprobadas durante el debate por la Comisión Especial, con las mayorías correspondientes.

En el informe, al final, figura el articulado de la ley; y luego como anexo, están las indicaciones formuladas a las distintas partidas, conocidas por las subcomisiones. Si ustedes tienen a la vista el informe, pueden observar que no está ordenado por Subcomisión, sino por el número de las partidas, en orden correlativo.

El señor DEVAUD.-

¿Cuál es el número de las partidas?

El señor ARANCIBIA.-

Son: 02, Congreso Nacional; 05, Ministerio del Interior; 09, Ministerio de Educación; 14, Ministerio de Bienes Nacionales, y 18, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Señor Presidente, refiriéndome a cada una de las partidas de manera muy concisa, reitero que la relativa al Congreso Nacional, objeto de una indicación del Ejecutivo, fue aprobada por unanimidad, sin mayores observaciones.

En el caso de la partida 05, Ministerio del Interior que los Honorables colegas también tiene en su poder, con el informe de la Comisión gran parte de los distintos programas y agrupaciones de gastos fueron aprobados por unanimidad. Las observaciones y el debate se refirieron, fundamentalmente, a los criterios con que se distribuye en la actualidad el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Al respecto se formularon distintas indicaciones que apuntaban a sugerir criterios diferentes a los entregados por el Ministro y el Subsecretario de Desarrollo Regional; pero, en definitiva, la partida fue aprobada en los términos indicados en el informe.

Si hubiera que consignar algún punto de discusión, donde se hicieron distintas observaciones para dejar constancia es en la materia de la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Gran parte de los programas de la partida "Ministerio de Educación" fueron aprobados por unanimidad. Se presentaron indicaciones me permito resumir referidas básicamente a la forma en que ciertos programas fueron presentados en el proyecto. Fueron rechazadas. El programa que dio origen a un debate más extenso fue el de mejoramiento y equidad en la educación, que se llevará a cabo con un importante aporte de un crédito externo. Respondió las observaciones el señor Director de Presupuestos, quien manifestó que se trataba de un presupuesto de caja y que, por lo tanto, tenía normas de registro de ingresos y gastos distintas de las que consideraban algunos Honorables parlamentarios.

Salvo ese punto y otro concerniente a la relación entre la educación subvencionada y la pública, en que las observaciones apuntaron a establecer una similitud entre los aportes a la educación subvencionada y a la municipalizada, que permita una igualdad de competencia, no hubo mayor debate; sí sobre aspectos específicos que originaron intercambios de opiniones, los cuales, fundamentalmente, se centraron en tornoa estas cuestiones.

Señor Presidente, una observación que parece importante destacar es que en el programa de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, consignado en la partida "Ministerio de Educación", se incorporó una indicación, patrocinada por el Ejecutivo, que extiende la acción de dicha entidad, a los hijos menores de las trabajadoras temporeras, para que puedan acogerse a un conjunto de beneficios que ésta lleva a cabo durante dos meses y diez días en el año.

La partida "Ministerio de Vivienda y Urbanismo," salvo las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, prácticamente no dio lugar a debate, siendo aprobada por unanimidad, en la forma inicialmente presentada.

Finalmente, la partida "Ministerio de Bienes Nacionales" también fue aprobada por unanimidad, sin enmiendas. Un punto que no fue motivo de controversia, pero que se destacó en la discusión, radica en que la Secretaría Técnica Administrativa de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que figura en el programa 02, del capítulo 01, fue creada por decreto y no por ley, por lo que algunos parlamentarios estimaron que ese ente no puede considerarse como un servicio público, y, por lo tanto, al ser organismo asesor, no puede tener una planta de personal con recursos destinados a su financiamiento.

Esos son los puntos básicos que pueden dar lugar a una discusión posterior.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Antes de continuar con la sesión, quiero hacer presente que el señor Ministro de Defensa ha solicitado autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Guerra, señor Marcos Sánchez Edwards.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, por su intermedio, deseo consultar al Diputado informante o al señor Ministro, si los Ministerios del Interior y de Bienes Nacionales, dentro de la inversiones para el año 1992, han considerado todo lo correspondiente a la reparación de los daños causados por la erupción del volcán Hudson, que son bastante significativos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Quiero hacer presente al Diputado señor Horvath que la idea es que el debate se realice después de que se expongan todos los informes.

Ofrezco la palabra a algún señor parlamentario, de otra Subcomisión, que quiera informar.

El señor RINGELING.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, me referiré al informe de la Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, recaído en las Partidas 01, Presidencia de la República; 04, Contraloría General de la República; 11, Ministerio de Defensa Nacional; 20, Secretaría General de Gobierno, y 22, Secretaría General de la Presidencia de la República, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 1992.

La partida Presidencia de la República no tuvo mayores problemas; representa un gasto de continuidad histórica, y fue aprobada por unanimidad.

La partida Contraloría General de la República fue aprobada de igual modo. El Contralor General manifestó que el presupuesto se elaboró sobre la base de mantener el mismo nivel de gastos de operación de años anteriores, adicionando financiamiento para solucionar problemas de viáticos, dentro y fuera del territorio; se le concedió una parte de lo solicitado. También agregó un proyecto de mejoramiento de un plan informático, para el cual se requieren, 1 millón 400 mil dólares por cuatro años. Se le concedió un 33 por ciento de lo solicitado para 1992.

La partida más importante es la del Ministerio de Defensa Nacional, que se trató largamente, tanto en la Subcomisión como en la Comisión Mixta en pleno.

El señor Ministro de Defensa, en la Subcomisión Mixta, comenzó su exposición refiriéndose a un concepto relativo, al gasto militar propiamente tal, es decir, para analizar con propiedad y comparar con otros países. Como es lo normal en el presupuesto de las Fuerzas Armadas, el gasto militar excluye a Carabineros e Investigaciones que, normalmente, se han adicionado.

Como es lógico, también se excluyen los gastos de jubilación para los miembros pasivos de las Fuerzas Armadas; de lo contrario, habría que sumar a cada Ministerio todo el gasto relativo a las personas que han pertenecido a ellos.

Haciendo esa salvedad, es necesario considerar que el gasto militar propiamente tal ha ido disminuyendo desde 1975 en forma sostenida, y por supuesto, también en los dos últimos años.

En 1975, se establecía, aproximadamente, un 5,76 por ciento del producto geográfico bruto para el gasto militar. Para 1992, se contempla un 1,62 por ciento según información del Ministro en el aporte fiscal, tanto en pesos como en dólares, a lo que debería adicionarse el 0,66 por ciento del referido producto, que corresponde al aporte de la ley reservada del cobre.

Como dijo el señor Ministro, sumados esos dos componentes, los ingresos de las Fuerzas Armadas alcanzarían en el presente año al 2,28 por ciento del PGB.

En este aspecto, hice presente que, si bien los ingresos podían establecerse en esa forma, había que incorporar otro factor a los gastos, como el hecho de que un gran porcentaje, aproximadamente el 40 por ciento de los ingresos que provienen del fondo reservado del cobre, se destinan actualmente al pago del Banco Central por obligaciones contraídas en la emergencia que el país vivió en materia de seguridad exterior en los años 1975 en adelante. Por lo tanto, el gasto efectivo militar es cercano al 2 por ciento y no al 2,28, si lo consideramos como tal.

También se dieron cifras por parte del Subsecretario de Guerra en lo que respecta al gasto militar en los países vecinos Perú, Bolivia y Argentina, cuyo promedio, en los mismos términos establecidos al principio de esta exposición, es mayor al gasto militar de Chile.

El Ministro de Defensa expresó que hay 3 criterios fundamentales en el Presupuesto para el próximo año.

Primero, un criterio de continuidad operativa, donde lo que se pretende es mantener el actual nivel de fuerza, entrenamiento, educación y capacidad de disuasión y defensa del país.

Segundo, reforzar y ampliar al máximo posible el apoyo a las numerosas y variadas acciones de paz que cumplen las instituciones armadas a través de diversas formas de trabajo institucional.

El tercero, más bien marco, está dado por el mandato legal del artículo 96, de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, que dispuso un piso de financiamiento de este sector equivalente al gasto militar incluido en la Ley de Presupuestos de 1989. De esta manera, es el IPC el que va fijando esta base en cada año presupuestario.

Debo destacar, de todas maneras, que respecto del presupuesto fiscal mismo como ya lo habíamos mencionado esa disposición no asegura que el porcentaje del presupuesto que gastan las Fuerzas Armadas se mantenga, sino que solamente se va recuperando el IPC, sin considerar el aumento del producto geográfico bruto ni el aumento normal que se calcula en los presupuestos de todos los años.

Ello explica que la participación de las Fuerzas Armadas dentro del Presupuesto haya ido bajando significativamente en el último tiempo.

También se refirió a diversas situaciones favorables en el campo externo, especialmente a las relaciones con los países vecinos en materia de seguridad nacional.

En cuanto a las Fuerzas de Orden y Seguridad Carabineros e Investigaciones expresó que se ha tenido una opción muy clara de parte del Gobierno actual. Desde un comienzo según expresiones del señor Ministro se ha determinado que a ellas sólo les corresponde el resguardo del orden público y la seguridad interna, de conformidad con la Constitución Política. En esa reunión, según opiniones de algunos miembros de la Comisión, se señaló que, en virtud del mandato constitucional, también corresponde a las Fuerzas Armadas garantizar el orden institucional de la República. Y como tal, es su deber mantener la información necesaria sobre aquellos grupos que pretendan alterarlo.

En el aspecto de seguridad, según el señor Ministro, se ha dado todo el apoyo necesario para que estas instituciones reciban un cambio substancial en su dotación, infraestructura y equipamiento.

En el año 1970, Carabineros tenía una dotación de 24 mil hombres, y en 1974, de 28 mil, cantidad que no varió durante más de una década.

Como sabemos, este Congreso aprobó una ley que pretende recuperar en parte la dotación de Carabineros, a fin de dejarla en proporción con la cantidad de habitantes del país.

Aparte del esfuerzo de aumentar en 1.100 hombres al año la dotación de Carabineros, también se hace un esfuerzo en cuanto a recuperación de material. Esto demuestra que el presupuesto real para Carabineros e Investigaciones ha aumentado.

Además, la Comisión recibió el informe de la Subsecretaría de Carabineros, que da cuenta de las importantes falencias que, a pesar del esfuerzo desplegado, se mantienen.

Cabe destacar, en forma especial, la indicación presentada por varios parlamentarios, que aumenta la partida de la Subsecretaría de Carabineros en 3.800 millones de pesos, con el objeto fundamental de resguardar en mejor forma la seguridad de la población mediante una mayor presencia policial en el país. Con ella se aumentaría en mil millones de pesos la cifra destinada a combustibles, la que se ha mantenido en los mismos términos que en años anteriores; es decir, una cantidad de litros por vehículo claramente insuficiente, según informó Carabineros.

También tenía como objetivo incrementar en 1.800 millones de pesos el presupuesto, específicamente para aumentar la dotación de los cuarteles y retenes en sectores poblacionales o para mejorar otros existentes; y, por último, asignar una cantidad de 5 millones de dólares para recuperar en parte la dotación de vehículos dados de baja en la institución.

Esa indicación fue retirada, pues se estimó inadmisible por la Mesa. En todo caso, los antecedentes figuran entre los que recibió la Comisión.

Durante la discusión sobre la partida relativa a la Subsecretaría de Guerra, el Diputado señor Vicente Sota presentó una indicación para reducir en 1.109 millones el subtítulo 21, gastos en personal del programa 02, capítulo 01, de la partida Ministerio de Defensa Nacional.

El señor Diputado, al fundar su indicación, expresó que ésta tenía por objeto impedir que con fondos fiscales se remunerara al personal de la ex CNI, organismo que atropelló los derechos humanos, según su parecer. Agregó que la ley N° 18.943, que disolvió a esa institución traspasando a su personal civil al Ejército en una planta en extinción, no tiene el carácter de permanente y que, por lo demás, dicha ley secreta carece del requisito de publicidad, lo que la constituye en no obligatoria.

Esa indicación se declaró inadmisible en una votación dividida de tres votos en contra y dos a favor.

En esa misma oportunidad, el Diputado señor Sota pidió al señor Ministro de Defensa información sobre diversas materias, entre las que se encuentran plantas de las Fuerzas Armadas, destino de los ingresos de la ley reservada de los fondos del cobre, gastos reservados de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, resultado de las industrias militares y propiedades adquiridas por las Fuerzas Armadas en los últimos años.

Dado que no puedo extender mucho mi exposición, respecto de la Subsecretaría de Marina solamente diré que se discutieron latamente los nuevos requerimientos que conlleva, para ese organismo, la aprobación de la Ley de Pesca, ya que exige un patrullaje mayor que el anterior. Se precisó que ya habría ciertas falencias, sobre todo en los territorios más alejados, como la isla Rapa Nui o Isla de Pascua y las 200 millas de zona exclusiva.

La Ley de Pesca plantea muchos desafíos, porque hay distintas áreas asignadas a diversos sectores, como la pesca artesanal, e inclusive a ciertos barcos o embarcaciones, cuya fiscalización, lógicamente, va a recaer sobre la Marina. En tal sentido, el presupuesto es de continuidad, como se dijo al principio, y no contempla mayores recursos para esos fines.

Como ya dijimos, el presupuesto para la Subsecretaría de Aviación fue aprobado.

Respecto de la Subsecretaría de Carabineros, se informó ampliamente acerca de las nuevas adquisiciones de vehículos y sobre la forma en que se han ido llenando las plazas con los 1.100 carabineros que se contratan al año.

En lo que respecta a la Subsecretaría de Investigaciones se hizo presente que los aumentos son superiores al incremento del IPC, lo que permite destinar una mayor proporción del presupuesto no sólo a personal, sino también a operaciones.

Se trataron también los capítulos correspondientes a la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional a la Dirección General de Deportes y Recreación, cuyo presupuesto es prácticamente de continuidad. La diferencia importante consiste en que los ingresos ahora provienen en mayor proporción de un aporte fiscal que de la Polla Gol, como lo fue desde 1976 a 1990.

También se aprobaron en forma separada los capítulos correspondientes al Instituto Geográfico Militar, al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, a la Dirección General de Aeronáutica Civil, y al Servicio Aerofotogramétrico de la FACH.

En el estudio de la Partida Secretaría General de Gobierno, participaron como invitados los señores Ministro y Subsecretario de esa Secretaría de Estado y el Director General de Televisión Nacional, don Jorge Navarrete.

Hubo dos puntos que, tal vez, sería importante destacar.

A pesar de no constituir una exigencia el conocimiento del presupuesto de Televisión Nacional, su Director explicó su actual situación.

También hubo debate respecto del presupuesto de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, sobre la cual se solicitó y se recibió amplia información. Hubo parlamentarios que estuvieron por no destinar fondos a dicha Comisión, por haberse creado con el objeto básico de contribuir a la presentación de un proyecto de ley, lo cual ya se hizo. Por lo tanto, hubo abstenciones en la votación correspondiente a ese ítem.

El presupuesto correspondiente al Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, fue aprobado sin observaciones.

Se produjo una amplia discusión y se entregó información con respecto, básicamente, a lo actuado por la Comisión de Descontaminación de la Región Metropolitana. Se consultó principalmente acerca de sus programas.

El Diputado señor Sota me podría corregir en cuanto al resultado de la votación, pues surgieron dudas en tornode la real efectividad de esos programas y de su coordinación con otros ministerios.

En definitiva, hubo abstenciones, en esa partida, como me lo señala el señor Diputado.

Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor DEVAUD.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, deseo solicitar al Diputado informante algunos antecedentes respecto del aporte fiscal a la Policía de Investigaciones, porque los omitió en su informe.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling para completar su informe.

El señor RINGELING.-

Tendría que buscar la Partida porque no la tengo en mi memoria, y es el mismo ejercicio que podría hacer el señor Diputado.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, quiero formular una consulta al Diputado informante. Entiendo que al momento de la aprobación general del proyecto, ello importa por sí solo la aprobación de todos los gastos fijos. Y la pregunta es cómo haremos esa determinación, para saber lo que aprobamos al momento de la votación general y lo que es susceptible de discutirse en particular.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Me parece que se puede proceder como el año pasado, es decir, ir votando partida por partida cada Ministerio, cada repartición pública.

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, los Diputados informantes de cada Subcomisión ¿podrán explicamos los gastos fijos y los variables que contempla el informe que nos entregarán? Por ejemplo, el señor Ringeling respecto del informe de su Subcomisión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Los Comités acordaron que las indicaciones serán analizadas por los parlamentarios ya indicados, con la asesoría del Ministro y del Director de Presupuestos, para determinar si entran dentro de lo que es el monto del gasto variable.

El señor SCHAULSOHN.-

A lo mejor estoy en un error, pero entiendo que eso se hará después de la votación general; es decir, una vez que se hayan aprobado todos los gastos fijos. No tiene sentido hacer una determinación, a posteriori, de algo que se dará por aprobado en el momento de votar el proyecto en general.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Secretario dará lectura al artículo del Reglamento que señala la forma de proceder.

El señor LOYOLA (Secretario).-

El artículo 177 señala que "La discusión general de la Ley de Presupuestos comprende también la del Presupuesto de entradas y de su distribución por Ministerios. Las indicaciones tendientes a ajustar los gastos fijos a leyes generales o especiales y las encaminadas a corregir infracciones a la Ley General de Presupuestos deberán ser presentadas antes de clausurarse su discusión general y ser votadas previamente a su aprobación general.

"Las indicaciones tendientes a alterar los gastos variables deberán ser presentadas, asimismo, antes de clausurarse el debate en la discusión general y ser votadas, si son procedentes, después de clausurado el debate de la discusión particular de la respectiva partida".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, con respecto a esta materia, por lo menos en cuanto al contenido de lo que debe ser el gasto de una ley permanente de lo que es un gasto variable propio de la Ley de Presupuestos, ayer, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia le fue solicitada su opinión sobre éste y otros puntos. Sería muy importante que, terminada la entrega de los informes de las Subcomisiones, se procediera a dar la información de lo que esta Comisión acordó como criterios para determinar éstas y otras materias desde el punto de vista constitucional. Ello permitirá, para efectos de la votación general, que cada parlamentario tenga un criterio de diferenciación sobre lo que es gasto de ley permanente de lo que es gasto de la Ley de Presupuestos.

Por eso sería indispensable que terminados los informes de las Subcomisiones, se entregara el de la Comisión de Constitución sobre este tema para el efecto de que los señores Diputados conozcan los criterios para determinar éstas y otras materias de incidencia constitucional.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En todo caso, el informe lo tienen los señores parlamentarios en su poder.

A continuación, el Diputado señor Huepe entregará el informe de la Primera Subcomisión.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, me corresponde dar a conocer a la Sala el informe de la Primera Subcomisión, que incluye las Partidas del Tesoro Público, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Planificación y Cooperación.

En la partida del Tesoro Público hay una diferencia conceptual importante que los señores Diputados deben considerar. Se refiere sólo a los gastos e ingresos del Fisco y no a todo el sector público. Por ejemplo, se contemplan los ingresos directos que recibe el Fisco como los tributarios y el endeudamiento que pasa a través del Ministerio de Hacienda. En los gastos, hay una serie de aportes que realiza el Ministerio de Hacienda al resto del sector público.

Esta partida consulta gastos e ingresos por la suma de 2.372.573.027 pesos, lo que no corresponde exactamente hay una diferencia importante a lo indicado en los artículos 1° y 2° del proyecto de Ley de Presupuestos, que se refieren a la totalidad del sector público, donde se incluyen, por ejemplo, en cada Ministerio, no sólo los ingresos aportados por el Fisco, sino que los propios que tengan los Ministerios y el endeudamiento directo de esa cartera. Por ese motivo, los gastos e ingresos que figuran en esas disposiciones del proyecto ascienden a 3.175.498.869 o sea, una diferencia substancial con esta partida.

Quería dar esa información para que los señores Diputados conozcan esa diferencia esencial, cuando nos referimos a la partida del Tesoro Público. En ella no se incluyen todos los gastos presupuestarios.

Respecto de la partida "Tesoro Público", se señalan los ingresos, que se entregan sólo como información para el Congreso, ya que no pueden ser cuestionados.

Esta partida contempla cuatro programas relacionados con el gasto: subsidios, operaciones complementarias, servicio de la deuda pública y aporte fiscal libre, en el que se detallan todos los aportes que el Fisco, hace a los distintos Ministerios.

Me referiré separadamente a estos programas.

El programa de subsidios, aprobado por unanimidad, consulta la beca "Presidente de la República", el fondo de prestaciones familiares, subsidios de cesantía, etcétera. La única indicación, que también fue aprobada unánimemente, consistió en agregar en la glosa correspondiente al programa de generación de empleo, donde se dice que la asignación de fondos debe hacerse por decreto, se agregó la palabra "fundado". En este programa no hubo mayor discusión, la Comisión escuchó las informaciones normales del Director de Presupuestos relativas a la ejecución de los distintos programas de subsidio.

En la partida 50, del Tesoro Público, Capítulo 01, Fisco, Programa 03, Operaciones Complementarias, hubo una discusión mucho más de fondo.

El programa de Operaciones Complementarias suma un gasto total de 384.794.013.000 de pesos. En el subtítulo 25, ítem 33-104, la partida "Provisión para financiamientos comprometidos" alcanza a la suma de 269.798.019.000 de pesos. A esta partida se presentó una indicación de los señores Diputados Chadwick y Longueira, que planteaba rebajarla en 9 mil millones y aumentar la partida 09-20-01-25-31-002, que corresponde a Carabineros de Chile, en igual cantidad.

Prefiero dar una breve información de lo ocurrido en la Comisión Mixta, porque creo que se repetirá en esta Sala el que hubo en ella.

Después de una larga discusión, la indicación fue declarada inadmisible por el señor Presidente, lo que fue ratificado por la Comisión Mixta. La votación dio como resultado 14 votos por la afirmativa, 7 por la negativa y 2 abstenciones.

El punto central en discusión fue si el Congreso podía reasignar recursos. No repetiré el debate, pero algunos argumentaban que era posible, mediante esta indicación, rebajar fondos de una partida para aumentarlos en otra, lo cual, desde el punto de vista global no incrementaba los gastos. Se señaló que entre la Constitución de 1980 y la de 1925 existían diferencias fundamentales en el sentido de que esta última permitía modificar determinados gastos y la Constitución de 1980, sólo permite rebajarlos. La argumentación central para rechazar la admisibilidad fue que el Congreso no está facultado para rebajar gastos en un ítem determinado y reasignarlos a otra partida.

Posteriormente, el Senador señor Jarpa y los Diputados señores Espina y Ringeling presentaron una indicación a esta misma partida, a la asignación "Provisión para financiamientos comprometidos", que alcanza repito a la suma de 269 mil millones de pesos, y que tiene una glosa, que es la explicación que da la Ley de Presupuestos sobre la manera cómo se puede gastar este ítem, que dice: "Pudiendo efectuarse aportes a organismos del sector público definidos en el decreto ley N° 1263, de 1975, que determine el Ministerio de Hacienda".

Esa indicación proponía modificar la glosa, agregando la siguiente oración: "Esta suma incluye un aporte de 3.800 millones de pesos para Carabineros de Chile, según el Programa de renovación de vehículos, construcción de cuarteles y gastos de combustibles y lubricantes que determine el Ministro de Defensa".

"El Senador Lavandero, Presidente de la Comisión, también declaró inadmisible esta indicación, lo que fue aceptado, sin votación.

Estos fueron los principales problemas que se produjeron en la discusión del Programa Operaciones Complementarias de la Partida 50, Tesoro Público.

El Programa del Servicio de la Deuda Pública fue aprobado por unanimidad.

El Programa Aporte Fiscal Libre, que no es sino el resultado del análisis de los presupuestos de los otros Ministerios y que, por lo tanto, modifican el aporte fiscal en la medida en que el presupuesto de los Ministerios correspondientes se modifique.

La Partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción fue aprobada prácticamente por unanimidad. Hubo una indicación a la que me referiré posteriormente.

En el debate de la Subcomisión, que contó con la participación del Ministro Subrogante y de los Vicepresidentes de Corfo y sus principales institutos, se proporcionaron todas las informaciones que los señores miembros de la Comisión Especial de Presupuestos solicitaron.

Pero quiero referirme a las indicaciones presentadas en la Comisión Mixta que, en definitiva, recaen en aquellos puntos sobre los cuales hubo mayores diferencias de opinión de los señores parlamentarios.

Hubo una primera indicación al Capítulo 01, "Secretaría Ejecutiva del Programa Ciencia y Tecnología". Fundándola, el Senador señor Piñera planteó que el monto asignado era insuficiente y la glosa que lo complementaba, muy amplia, porque permitía hacer cualquier cosa con los fondos. Por esa razón, se pidió una votación separada de la partida, la que fue aprobada por 10 votos a favor y 9 en contra.

Quiero llamar la atención de los señores Diputados sobre un punto general, que se trató en la Comisión de Economía relacionado con los problemas de los saldos de caja, y que originó un larguísimo debate en la Comisión Mixta. El problema reside en que en una serie de programas aparece un listado de ingresos, uno de gastos y la diferencia correspondiente a un saldo final de caja.

Algunos parlamentarios estimaron que el saldo final de caja era excesivamente alto en algunos de los capítulos y que constituía una flexibilidad excesiva que el Ministerio de Hacienda se estaba reservando para la asignación presupuestaria.

Reitero que el debate fue bastante largo. No me referiré a él en esta oportunidad. Solo diré que, en respuesta a esa inquietud, el Director de Presupuestos expresó que los saldos obedecen a parte de una técnica presupuestaria, en virtud de la cual efectivamente el Ministerio de Hacienda tiene dos mecanismos de flexibilidad: uno, el fondo para acciones complementarias, al cual ya hice mención y, otro, los saldos de caja en las respectivas partidas o capítulos.

El problema es que en algunos casos el saldo final de caja, siendo alto, está contemplado como provisión de fondos para gastos que se efectuarán durante el año. El Director de Presupuestos reiteró que el presentar presupuestos dando un saldo final de caja alto era con el ánimo de dar mayor transparencia, porque estos fondos podrían quedar perfectamente en definitiva para operaciones complementarias, englobados en la suma total del Tesoro, y no se sabría que es una provisión para los ministerios a, b o c. En ese sentido, planteó que, habiéndose hecho con esta intención, incluso queda abierta la posibilidad de que la presentación del presupuesto para el próximo año se haga con saldos de caja menores.

Los señores parlamentarios pueden comprobar, entre las páginas 133 y 143 del informe, el debate originado en tornoa este punto. Allí se resumen las argumentaciones dadas por diversos señores parlamentarios y por el Director de Presupuestos; pero, en definitiva, la Comisión Mixta aprobó estos saldos finales de caja, porque se votaron de una sola vez, por 10 votos a favor, 9 en contra y 2 pareos.

La Partida 07, “Ministerio de Economía", originó, tal vez, la discusión más relevante en el análisis del Presupuesto.

Hubo algunas indicaciones que reflejan puntos de discrepancia sobre la manera como el Presupuesto fue presentado, a las cuales me referiré a continuación.

En el caso del Sernac, Servicio Nacional del Consumidor, la Senadora señora Feliú presentó una indicación, para reducir sus gastos. Según las cifras presentadas por ella, el Subtítulo "Gastos en personal", había aumentado en 12 por ciento real; el Subtítulo "Bienes y servicios de consumo", en 32,8 por ciento, en términos reales. En consecuencia, pidió que se votara en forma separada. Sin embargo, la Comisión aprobó el gasto tal como estaba presentado por 10 votos a favor, 3 abstenciones y un pareo. La Senadora señora Feliú, autora de la indicación, estaba pareada, por lo cual no aparece ningún voto a favor de la indicación.

Otro punto que llamó la atención y sobre el cual finalmente se produjo acuerdo fue el referido al Programa de apoyo a la mediana y pequeña empresa, ítem 25.31-005, del capítulo Corporación de la Vivienda. En este programa aparecía una glosa que contemplaba un mecanismo de subsidio para permitir el acceso a él a empresas con ventas anuales de hasta 20 mil unidades de fomento, es decir, 160 millones de pesos. Se estima que las empresas beneficiadas con este subsidio podrían alcanzar a dos mil doscientas.

El Senador Piñera planteó que este subsidio era excesivamente alto por lo que propuso una indicación para fijar un tope, a fin de beneficiar las empresas con ventas hasta 12 mil unidades de fomento.

Al final del debate, el Senador Piñera retiró la indicación con el compromiso de que la Dirección de Presupuestos estudiaría más en detalle, en conjunto con la Corfo, la posibilidad de colocar un tope a las empresas beneficiarías de este programa. Efectivamente, en la sesión siguiente, el Director de Presupuestos presentó una indicación por la cual se limita el acceso al subsidio a las empresas con ventas hasta 15 mil unidades de fomento. Por lo tanto, hubo un cambio en la glosa del ítem 004, el que fue aprobado por unanimidad.

Eso es lo fundamental planteado en la Comisión de Economía, donde la objeción primordial se centró en los saldos finales de caja en diversos capítulos.

No obstante, la Comisión dejó constancias de los saldos finales de caja, correspondientes a los capítulos 03, Subsecretaría de Pesca; 04, Servicio Nacional de Pesca; 05, Superintendencia de Electricidad y Combustibles; 07.01 Instituto Nacional de Estadísticas; 08, Fiscalía Nacional Económica; 09, Servicio Nacional de Turismo; 10, Comisión Nacional de Riego; 19, Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo, y 21, Secretaría Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras, los que fueron aprobados por unanimidad. Es decir, con respecto a estos saldos de caja no hubo objeción. Se estimó que era un saldo de caja razonable para el monto de operaciones que el Ministerio realizaba durante el año.

En relación con el presupuesto del Ministerio de Hacienda, prácticamente no hubo ninguna objeción. Fue aprobado por unanimidad, salvo una indicación del Ejecutivo, respecto de la modificación de una glosa, la que fue aprobada por 15 votos y 5 abstenciones.

También se presentó el problema de los saldos de caja en relación a la Dirección de Aprovisionamiento del Estado. Sometido a votación separada, el subtítulo 90, saldo total de caja, fue aprobado con 12 votos por la afirmativa y 9 votos por la negativa.

El resto de los programas de esta partida, "Comisión de Hacienda", fueron aprobados por unanimidad.

Finalmente, la Partida 21, Ministerio de Planificación y Cooperación, fue la última que examinó la Primera Subcomisión. Se encuentra en la página 230 del informe. Después de la explicación general el Presupuesto se discutió con asistencia del Ministro de Planificación, don Sergio Molina y de los Directores del Fosis, Fondo de Solidaridad y de Inversión Social, y de la Agencia de Cooperación Internacional, quienes entregaron la información solicitada por los señores parlamentarios, en la discusión misma sólo hubo diferencias de opiniones respecto de dos materias. El Senador señor Diez solicitó votación separada para la glosa 04, que corresponde a la asignación 029, que es el sistema del Banco Integrado de Proyectos. Hubo algunas objeciones a la forma como estaba redactada, pero finalmente se aprobó tal como la presentó el Ejecutivo, con 12 votos por la afirmativa, 8 votos por la negativa y una abstención.

De igual manera, el Senador señor Piñera, en relación con el tema de los saldos de caja, pidió nuevamente votación separada para el subtítulo 90 en todos los programas siempre el subtítulo 90 corresponde a saldos de caja. Fue aprobada con la misma votación anterior.

Después hubo una indicación presentada por la Senadora señora Feliú y los Senadores señores Jarpa y Romero y los Diputados señores José García, Rodríguez, don Alfonso y Sabag, en el programa del Fosis, en la asignación 002, "Programa de Desarrollo Social", que es parte de un ítem más global "Transferencia al sector privado", para agregar a la glosa la frase "entre los que se incluye la electrificación rural". En otras palabras, hace posible que existan transferencias de este programa para el objetivo de la electrificación rural.

Esto tuvo también un largo debate en la Comisión y fue aprobado finalmente por 12 votos por la afirmativa, 5 votos por la negativa y una abstención.

El otro punto más largamente debatido y que provocó un debate intenso en la Comisión fue la indicación de los Honorables Senadores señores Jarpa, Piñera y Romero y de los Diputados señores Ringeling y Rodríguez, don Alfonso, para rebajar en la Partida 21, capítulo 04, programa 01 del Servicio Nacional de la Mujer, diversos ítemes. En el subtítulo "Bienes, servicios y consumo", rebajar la suma de 225 millones a 181 millones. Estoy hablando de cifras gruesas. Después, en el subtítulo 25, ítem 31, programa 003, de transferencia, que es un programa de capacitación para los funcionarios públicos en el tema de la mujer, rebajar la suma de 51 millones 975 mil y dejar 975 mil. Asimismo, en el subtítulo de gastos de personal, rebajar la suma de 338 millones a 297 millones.

No me corresponde señalar las argumentaciones que se dieron en uno y otro sentido. En todo caso, la indicación fue rechazada por 8 votos por la afirmativa y 13 votos por la negativa.

Finalmente, en este mismo servicio, pero en el programa 02 (el Servicio Nacional de la Mujer tiene dos programas: uno, el financiamiento del Servicio propiamente tal; y otro, el programa 02, que corresponde a programas especiales por convenio, los que son supervisados por el Servicio Nacional de la Mujer, pero que consisten en convenios con terceros), la Senadora señora Feliú formuló una indicación para suprimir el aporte fiscal de 47 millones de pesos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ha terminado el tiempo del Diputado informante.

El señor HUEPE.-

Fue rechazada por 13 votos por la negativa y 2 votos por la afirmativa.

Esa es la información que podría dar, que corresponde a lo tratado en la Primera Subcomisión.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor ESPINA.-

¿Me permite una consulta, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hágala, señor Diputado.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, por su intermedio quiero consultar al Diputado señor Huepe, informante de esta Subcomisión, el destino de los recursos contemplados en el ítem 104, "Provisión para financiamientos comprometidos".

Cuando se consultó al respecto en la Comisión Mixta, el señor Director de Presupuestos dio una información general de la asignación.

El Parlamento, dentro de sus limitadas facultades, a lo menos debe tener absoluta claridad del destino de los recursos, para decidir, con base, si reduce o no determinado ítem.

Al Parlamento le interesa, particularmente, la información respecto del proyecto de Ley de Presupuestos, en lo cual hay una serie de dificultades para que llegue de manera oportuna.

Por ello, por su intermedio, señor Presidente, pido que el señor Diputado señale con exactitud si en la asignación 104 se provisionan fondos para dos proyectos de ley: restitución de bienes a partidos políticos y financiamiento de los mismos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huepe.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, con todo gusto contesto al señor Espina.

En realidad, en aras de la brevedad, no me referí en detalle a la asignación 104, que fue motivo de larga discusión en la Subcomisión. Su nombre textual es "Provisión para financiamientos comprometidos" y alcanza a la suma de $ 269.798.019.000.

El Director de Presupuestos entregó información general sobre la materia, que podría clasificarse en cuatro aspectos gruesos.

Primero, provisión para reajustes, 230 mil millones de pesos, entre los cuales están remuneraciones, pensiones, asignaciones familiares, subvenciones educacionales y de menores, programas del Sename y aguinaldos.

Segundo, proyectos de ley en trámite, donde están incluidos los ya presentados en el Parlamento, en discusión, no aprobados, de devolución de bienes a partidos políticos, de exonerados, de reparaciones, de asignación de zona a jueces, por ejemplo. No está el proyecto de ley de partidos políticos, que no ha sido presentado al Parlamento. A este capítulo corresponde la cifra de 30 mil millones de pesos.

Tercero, provisión para juicios provisionales. Según mi parecer, es importante que la Cámara tenga la información que nos proporcionó el Director de Presupuestos acerca de un conjunto de demandas contra el Fisco, fundamentalmente contra el INP, Instituto de Normalización Previsional, que ha significado pagar una serie de beneficios que no se cancelaron en su momento. Presentadas las demandas correspondientes, la mayor parte de los juicios está siendo fallada en contra del Estado.

Después, el cuarto capítulo es "Contraparte de inversiones con financiamiento externo". Incluye una serie de partidas; inversiones de los diversos ministerios con aporte externo, con financiamiento externo. Son programas de cooperación que normalmente exigen que el país haga un aporte nacional. Para estos efectos, hay una provisión de 12 mil millones de pesos.

Si las matemáticas no fallan, las cifras suman 267 mil millones de pesos y queda la diferencia de 2 mil millones de pesos, del total provisionado, que obedece, según el informe del Director de Presupuestos, a los gastos para las elecciones municipales. La cantidad es de 269 mil millones de pesos que aparece en el proyecto de Presupuestos.

Es la información que tengo y entrego al Diputado señor Espina.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Muy bien.

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, la Quinta Subcomisión Especial de Presupuestos estudió las partidas correspondientes a Ministerios de Obras Públicas, de Agricultura, de Minería y de Transportes. Sin perjuicio de debatirlas, hizo algunos alcances de carácter general, que es importante subrayar. Se refieren, precisamente, a la forma y mayor o menor eficacia del debate parlamentario del proyecto de Ley de Presupuestos.

En primer lugar, luego de estudiar los antecedentes de los ministerios, nos pareció poco relevante decidir si la Dirección de Hidráulica o de Riego del Ministerio de Obras Públicas utiliza 34 ó 35 camionetas; porque lo verdaderamente importante es que el Congreso se haga responsable de la marcha global de la economía y del monto que el país destina a ahorro, a inversión y a la producción futura. ¿Cuánto gasta hoy el sector público con respecto al privado? ¿En qué medida, si queremos más viviendas, tendremos menos salud? O si queremos más salud, ¿reducir las obras públicas? O en este caso, ¿incrementar la educación, la previsión, la defensa; en fin, las distintas asignaciones presupuestarias?

Propusimos a la Subcomisión Especial de Presupuestos propuesta que quiero reiterar en la Sala, para, eventualmente, si la mayoría de los colegas así lo estima, hacerla nuestra buscar procedimientos que mejoren el debate global del proyecto de Presupuestos, a través del estudio por parte del Parlamento de un programa marco trianual o cuatrianual que oriente la política macroeconómica del país y establezca grandes parámetros, coeficientes o magnitudes que permitan autorizar el gasto público corriente, la inversión pública y los criterios correspondientes.

Este programa marco existe actualmente; está dispuesto en el artículo 5° de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, sólo que su artículo 10a establece que es un documento interno de la Dirección de Presupuestos. Quizás es sin sentido, el hecho de que la orientación básica, estratégica; la definición de los grandes criterios en que se ajustan y se asignan los recursos del país, sea interna de la Dirección de Presupuestos, en circunstancias de que el debate del proyecto de presupuestos en el Congreso cuyas limitaciones para incrementar o reasignar el gasto todos conocemos, se hace en condiciones que desdibujan su responsabilidad y debilitan su papel en la materia.

Por eso, la Subcomisión recomienda, en primer lugar, que revisemos la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, de modo que manteniendo la iniciativa del Ejecutivo en la conducción macroeconómica del país por cuanto todos asumimos que finalmente el responsable de su marcha económica es una entidad unipersonal, en este caso, el Presidente de la República, establezcamos normas que permitan al Parlamento aprobar o rechazar marcos globales orientadores.

Si el Parlamento carece de facultades para incrementar los gastos corrientes, no parece prudente que toda la presión social por la redistribución de los recursos recaiga en la persona del Director de Presupuestos o del Ministro de Hacienda, el cual, finalmente, tiene que decidir el conjunto de las peticiones. Si cuenta con un marco legal que límite las propuestas de gasto público que hace el Ejecutivo, el país tendrá claro que si se concede más a un sector, se quita a otro; que la pugna no es sólo entre vivienda, pavimentación o salud, sino entre el gasto corriente, el ahorro y la inversión.

Cuando debatimos proyectos de presupuestos o de otras leyes, todos tendemos a considerar que es conveniente gastar más en salud, en obras públicas o en desarrollo tecnológico; pero estos incrementos tienen como contrapartida menor capacidad de ahorro y de inversión, ya sea del sector público o del privado. Esto no resulta claro y las soluciones no se someten a nuestra consideración.

En segundo lugar, hay deficiencias en la forma de presentar la información y de realizar el debate. Del legajo de documentos entregados a cada uno de los señores parlamentarios, es extremadamente difícil tener claro qué se discute y qué debe resolverse. Esto dice relación con la metodología en la presentación de la información y señalamos el problema en la Subcomisión. Lo reiteramos ahora: hemos tenido dificultades, ya que el Ejecutivo no presentó los antecedentes del proyecto de Presupuestos clasificados con claridad, con separación de sus componentes permanentes y variables.

Aprovecho de pedir que la Corporación oficie a Su Excelencia el Presidente de la República, con el objeto de que en los próximos años el proyecto de Ley de Presupuestos se envíe con información clara respecto de cada partida, respecto de lo que el Ejecutivo considera gastos permanentes y gastos variables. Esto nos permitiría conocer su criterio y, a su vez, modificar la proposición de acuerdo con la información recibida.

En tercer lugar, no contamos con funcionarios del Congreso que nos entreguen oportunamente información sobre lo que resolvimos el año anterior sobre estas materias; qué destino tuvo, en qué medida se cumplió, cuánto se modificó lo que se aprobó; en qué grado ha sido ejecutado en cada ministerio o en cada subsecretaría, de manera de tener un conjunto de criterios para resolver sobre el proyecto de presupuestos de que se trate.

Quizás esto tiene que ver, en parte, con las limitaciones de personal de apoyo del Parlamento; pero también está vinculado al hecho de que la Comisión Especial de Presupuestos es temporal y sólo opera durante el período de discusión del proyecto. Por lo tanto, el resto del año no puede oficiar, recibir información ni preparar los antecedentes respectivos por parte de la secretaría.

Si el funcionamiento de la Comisión Especial de Presupuestos es temporal, no debiera serlo el de la secretaría. En mi opinión, debemos resolver que sus funcionarios mantengan permanentemente informados a los parlamentarios de los avances que se realicen y, a su vez, preparen con anticipación los documentos.

He pedido que se distribuya a los señores Diputados una hoja del informe que solicitamos del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, para dar un ejemplo. Es bastante extenso; pero sólo he hecho repartir la primera página, que contiene información global, para indicar el modo de presentar la información.

Señor Presidente, pedimos a los ministerios a lo que accedieron los de Obras Públicas y de Agricultura que la información se nos presentara para cada repartición, como también para la globalidad del Ministerio, clasificada en cuatro columnas.

En la primera se señala lo que se denomina "Presupuesto inicial" en verdad, debería llamarse "Presupuesto aprobado por el Congreso Nacional "que corresponde a lo que aprobamos el año pasado. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, los ingresos y gastos son del orden de los 151.576.000 pesos.

En la segunda columna se indica el presupuesto vigente al 30 de septiembre. Es decir, lo mismo que la columna anterior, sólo que incorpora los cambios producidos desde ese momento hasta la fecha. Y esos cambios pueden tener dos orígenes: ya sea por ley, como, por ejemplo, la correspondiente a reajustes del personal del sector público, que hizo que el subtítulo 21; "Gastos del personal", subiera de 10.447.000 a 12.968.000 pesos, o porque la estimación de ingresos se modificó o el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos suplemento los subtítulos o los ítemes. Ello nos permite comparar lo que aprobamos y lo que en verdad está ocurriendo.

Falta aquí una información, la cual está a disposición de quienes se interesen, relativa al presupuesto ejecutado hasta la fecha, es decir, a la parte que efectivamente, se ha gastado hasta ahora. Me refiero al marco presupuestario vigente hasta el 30 de septiembre.

En la tercera columna se especifica exactamente lo mismo que en la segunda, pero con la corrección monetaria para convertir con el promedio de la inflación, las cifras de miles de pesos de 1991 en miles de pesos de 1992. O sea, no hay diferencia alguna, salvo la generada por la operación aritmética de multiplicar por 15.5, que es el promedio de diferencia de inflación anual.

Finalmente, en la cuarta columna se muestra lo que se nos propone como presupuesto para 1992.

La comparación entre la tercera y la cuarta columnas nos da las diferencias reales que se producirán en 1992 respecto de lo vigente hoy día, si es que aprobamos el proyecto de presupuesto.

Esta metodología de análisis permite a cada señor parlamentario tener claro lo que aprobó, lo que se está ejecutando o no respecto de lo aprobado y lo que se pide que se apruebe para el futuro.

En este sentido, quisiera iniciar la exposición de las partidas propiamente tales con la correspondiente al Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, para ordenar la exposición, señalaré sintéticamente los cambios efectuados, y luego explicaré en qué consiste el grueso del presupuesto del citado Ministerio.

En ese presupuesto sólo hubo un cambio, que figura en la página 273 del informe de la Comisión Especial de Presupuestos. Se trata de un informe bastante voluminoso, separado en dos tomos. El segundo comienza con el Ministerio de Educación. La modificación afecta al ítem 30. Si Sus Señorías observan la fotocopia que se les ha repartido, verán que en la parte, que dice "Gastos", aparece: 21, "Gastos de personal"; luego, siguen los ítemes 22, 23, 24, 25. En el ítem 30 "Inversión sectorial de asignación regional", la inversión era 0 en el presupuesto inicial, por cuanto no existía el año pasado, sino que, en parte, es consecuencia de las modificaciones realizadas después del debate sobre la reforma municipal y la regionalización del país. Es cero porque no existía el subtítulo que hoy está en ejecución. Ahora se nos propone 5.024 millones como ítem de Inversión sectorial de asignación regional.

Como producto del debate en la Comisión Especial, se tomaron dos acuerdos al respecto:

El primero, referente al monto, consistió en solicitar al Ejecutivo una rebaja o traslado de recursos, a lo cual éste accedió. El subtítulo de Inversión sectorial de asignación regional se incrementó de 5.024 millones de pesos a 6.724.250.000 pesos; es decir, subió en 1.700 millones de pesos. Dicho incremento fue reducido del subtítulo 31, ítem 74, "Inversión no regionalizable", que aparece dentro de la inversión real bajo el número 74 y que venía propuesta en 9.289 millones de pesos.

En definitiva, ello, significa que la inversión en red vial secundaria de caminos comunales ha sido pasada a Inversión sectorial de asignación regional.

En segundo lugar, se aprobó una glosa con el número 07, que es aplicable y por eso he querido llamar la atención de los Honorables parlamentarios a todos los subtítulos 30, del Presupuesto de la Nación, es decir, a todos los ministerios, en donde se señala "Inversión Sectorial de Asignación Regional".

Esta glosa, por la importancia y novedad que significa la utilización de recursos por decisión regional, me permitiré leerla íntegra. Está en la página 273, del informe y dice así:

"07. En el mes de diciembre de 1991, el Ministerio comunicará a cada una de las Regiones los tipos de proyectos a financiar con cargo a estos recursos, los que podrán incluir proyectos financiados con contribución de ambas partes o sea el Ministerio y las regiones; los requisitos de elegibilidad que deben reunir, un listado de proyectos ya evaluados a nivel regional o central que cumplan dichos requisitos y el monto de recursos definido para la región respectiva.

"En el primer cuatrimestre de 1992, las Regiones comunicarán al Ministerio los proyectos elegidos y aprobados en la instancia regional, con su priorización, y los nuevos proyectos alternativos que cuenten con la evaluación técnica correspondiente y cumplan con los criterios antes señalados. Asimismo, comunicará la contribución de recursos regionales o comunales para participar en el cofinanciamiento de aquellos proyectos que estimare procedente.".

Esta es la modificación que se ha introducido al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas.

A continuación, y a título informativo, señalo que el presupuesto de ese Ministerio presenta, en inversión real, un gasto de 124 mil millones de pesos. Este gasto, que implica un aumento de 14 mil millones de pesos con respecto a lo vigente todo esto en moneda de 1992, está distribuido en las diversas regiones del país en la forma que se indica en la última columna.

Enseguida aparece, como subtítulo 78, "Programas de inversión de carácter nacional". Si uno redistribuye ese subtítulo de 57.300 millones de pesos, y ve dónde se realizan los principales programas de obras públicas que consisten en tranques, carreteras, caminos o aeropuertos, etcétera, se modifican los montos, de manera que el total de lo que se invertirá en cada región es la cifra que he escrito a mano al costado de la fotocopia. Así, la inversión de la Primera Región es 1.670 millones de pesos cantidad que le fue asignada directamente; pero cuenta con obras que, si se consideran los programas de inversión de carácter nacional, suman un total de 3.461 millones de pesos.

Y esto continúa en esa forma, siendo la diferencia más significativa la de la Quinta Región, la cual, en esta redistribución, aumenta de 3.800 millones de pesos a 14.400 millones de pesos; la de la Séptima Región, que sube de 5.800 millones de pesos a 20.189 millones de pesos, y la de la Octava Región, que aumenta de 11.420 millones a 15.800 millones de pesos.

Asimismo, en el subtítulo 33, "Transferencia de capital", aparece un aporte del Fisco a los Sendos regionales empresas autónomas de 6 mil millones de pesos para alcantarillado y agua potable de diversas regiones del país. De esos 6 mil millones de pesos, 1.340 millones se destinan a la Octava Región; 1.150 millones, a la Décima Región, y 820 millones, a la Primera Región. Esas son las partidas más significativas.

Dentro de esta relación de obras públicas existen algunas que, por su magnitud e importancia para el desarrollo productivo del país, merecen ser destacadas.

Asimismo, el presupuesto de inversión de la Dirección de Riego experimenta un incremento muy sustantivo, puesto que de 4.300 millones de pesos, del año pasado, sube ahora en moneda de 1992, a 10.300 millones de pesos. Es decir, el próximo año aumenta la inversión en riego en más o menos 6 millones de pesos con respecto a 1991.

Entre las mayores obras de regadío destacan la del embalse de Santa Juana, con 1.617 millones de pesos; Convento Viejo, primera parte, con 1.400 millones de pesos y las obras de riego del valle de Pencahue, con 3.600 millones de pesos.

Estas obras, más otras por mil millones de pesos, significan que entre el embalse El Toro, Convento Viejo, las obras de regadío del valle Pencahue y otras en la Séptima Región, se destinan 7.800 millones de pesos.

Otra área del Ministerio de Obras Públicas en donde se produce un importante incremento es en las obras portuarias. Por segundo año consecutivo, éstas incrementan su inversión real de modo muy significativo. De alrededor de 6 mil millones de pesos presupuesto vigente, moneda de 1992se pasa el próximo año a casi 10 mil millones de pesos.

Por su magnitud, entre estas obras destacan las que se llevarán a cabo en la Quinta Región, tanto en Barón como en los sitios 1, 2 y 3 del puerto de Valparaíso, lo que representa aproximadamente 1.400 millones de pesos. Asimismo, en el puerto de San Antonio, las obras por realizar significan para el próximo año un gasto de capital de 5.900 millones de pesos; y en San Vicente, de Talcahuano, aproximadamente mil millones de pesos. Sólo en estas obras el sector público está destinando un poco más de 8 mil millones de pesos.

Finalmente, señor Presidente, en lo que respecta a obra viales, su presupuesto también experimenta un incremento significativo el próximo año. La principal inversión está considerada para la séptima y octava regiones, a raíz de la continuación de la construcción de la doble calzada de la Carretera Longitudinal 5. La ampliación de esa calzada, como asimismo las obras del sector de Teno, Romeral, Panguilemu, San Javier, puente Maulé, puente Chagres, Molina-Panguilemu, puente Claro, cruce San Javier, cruce Curicó-Licantén, ruta Romeral-Molina, significan, una inversión de aproximadamente 10 mil millones de pesos en la Séptima Región.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ha terminado con cierta latitud el tiempo destinado al informe de la Comisión.

Creo que después de los debates de las indicaciones se podrá profundizar en estas materias.

El señor SCHAULSOHN.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, no sé si es posible que, con su venia, conceda unos minutos al Diputado señor Estévez para que termine su exposición.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ahora no es posible.

Como ningún señor Diputado formó parte de la Tercera Subcomisión, no hay quien pueda informar sobre su cometido. Cuando se vean las indicaciones sobre esta materia, si las hubiera, y con la participación de representantes del Gobierno, se podrán aclarar las dudas. En este caso, estaría terminada la parte de la rendición de los informes de las Subcomisiones.

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, he solicitado la palabra para formular algunos comentarios, a raíz de la intervención del señor Estévez. No sé si éste es el momento, dentro del orden acordado para el debate.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado Estévez ha solicitado, en nombre de la Sala, el envío de un oficio al Presidente de la República para que el próximo año el presupuesto venga dividido en gastos fijos y en gastos variables.

Si no hay acuerdo, se enviará en nombre del señor Diputado; pero no corresponde abrir debate sobre la petición.

Lo que procede en este momento es entrar en la discusión general del proyecto, entendiendo que en virtud de los acuerdos adoptados, se puede pedir la clausura del debate después de que hayan intervenido diez parlamentarios, cada uno de los cuales tiene un tiempo de hasta treinta minutos, dentro del que, por cierto, se pueden dar interrupciones.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, un asunto reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina para plantear un asunto reglamentario.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, lamentablemente ciertas omisiones de carácter reglamentario que se han advertido durante estos dos últimos años hacen necesario que la Cámara vaya precisando la forma como corresponde tramitar la Ley de Presupuestos.

De hecho, esta discusión se realiza sin que la Comisión Mixta de Presupuestos diera cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 181, del Reglamento de la Cámara, materia que fue conocida en su oportunidad por los Comités. En el ánimo que pudiera continuarse dentro del plazo con la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos, en vez de enviarlo a la Comisión Mixta para cumplir lo establecido en el mencionado inciso segundo, se fijó un procedimiento, por esta vez, a través del cual la Mesa, con un grupo de parlamentarios, va a hacer la calificación de lo que son gastos de leyes permanentes, no susceptibles de modificación, de aquellos que son gastos variables.

Sin embargo, hay otros aspectos que podrían generar, en el curso de la próxima semana, ciertas dificultades en la tramitación final de la Ley de Presupuestos.

Para esos efectos, la Mesa solicitó un informe a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que, entiendo, no es vinculante respecto de toda la Cámara, porque se trata simplemente de un informe evacuado por una de las comisiones permanentes. Ese informe, y la petición de la Mesa incluso, facultaba a la Comisión para extender su dictamen a otras materias relacionadas con la intervención del Congreso Nacional en la discusión y aprobación del referido proyecto.

Habitualmente, es el Senado el que va fijando las reglas para ir tramitando la Ley de Presupuestos, y me parece que eso no corresponde, porque nosotros somos una de las dos Cámaras del Congreso y debemos opinar y fijar la manera de tramitar este proyecto. Para ese efecto, en el informe que elaboró la mencionada Comisión, se designó un Diputado informante, porque se pretendía que la Cámara pudiera conocer, sin debatir, los argumentos en pro y en contra, y tomarse el tiempo para evaluarlos y no fuera sorprendida el día de mañana frente a cualquier resolución que hubiera que adoptar.

El Diputado Schaulsohn solicitó a la Mesa que se diera lectura a ese informe no con el ánimo de abrir un debate, sino con el de conocer los argumentos que, a veces, van más allá del texto mismo. Hay Diputados que se prepararon para entregar la información en relación con aspectos que no coinciden con la votación de mayoría que contiene el informe.

Corresponde que la Mesa permita al Diputado informante de una de las subcomisiones dar una cuenta de los elementos de juicio que se tuvieron, de tal manera que nos formemos un criterio a futuro.

Le pido, por lo mismo, que, por favor, permita que se dé cuenta de ese informe como corresponde a una de las ramas del Congreso en una materia tan sensible, como es la tramitación de la Ley de Presupuestos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cornejo.

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente, si no le escuché mal, Su Señoría dijo que los Comités habrían adoptado acuerdo para formar una suerte de comisión, que tendría por objeto determinar si se trata de gastos fijos o establecidos en leyes permanentes o no.

¿No es así?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Para absolver estas cuestiones, es decir para dilucidar si una indicación que rebaja gastos entra dentro del monto de la partida que corresponde a gastos variables, se formaría una comisión con representantes de cada bancada, que ya los han designado y con el Ministro de Hacienda y el Director General de Presupuestos.

Tiene la palabra el Diputado señor Cornejo.

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente, en ese caso, me opongo a que se lea el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en la Sala, y propongo que simplemente se tenga presente en esa Comisión, como un antecedente más para resolver.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La situación reglamentaria es la siguiente: solicité a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, un informe para que se esclareciera una serie de puntos, que se expondrán a medida que vaya avanzando la tramitación de esta ley. Se evacuó ese informe y se ordenó distribuirlo a todos los señores Diputados. Como no fue solicitado por la Sala, no está contemplado en la Tabla de hoy.

Cuando el Diputado informante, señor Schaulsohn me formuló la petición, consulté a la Sala a sabiendas que no existía la unanimidad. Se preguntó aquí como se podría alterar la Tabla y se me informó que el mecanismo reglamentario para hacerlo es extremadamente complejo.

Para resolver este asunto, la Mesa llama a una reunión de Comités.

Se suspende la sesión por un cuarto de hora.

Se suspendió a las 17:37 y se reanudó a las 18 horas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa la sesión.

No habiéndose logrado acuerdo en la reunión de Comités respecto de la lectura del informe, corresponde continuar el debate, salvo que algún parlamentario reitere en la Sala la petición formulada en dicha reunión.

El señor ESPINA Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, el inciso segundo del artículo 181 del Reglamento de la Cámara establece: "La Comisión Especial de Presupuestos emitirá sus informes, separando los gastos fijos a que se refiere el inciso anterior de los demás gastos que consulta el Presupuesto". Como es de su conocimiento, ese trámite no fue cumplido en la Comisión Mixta, por lo que corresponde devolverle el informe para que lo cumpla. La forma de evitar que esa norma se cumpla es mediante la unanimidad de la Sala. Nosotros y la bancada de la UDI no otorgamos esa unanimidad y solicitamos que se remita el informe a la Comisión Mixta de Presupuestos, para que se cumpla con el Reglamento.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ha planteado un problema reglamentario.

Corresponden cinco minutos para que un Diputado apoye la moción y cinco para que otro lo impugne.

El señor HUEPE.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, entiendo el planteamiento del Diputado señor Espina. Para que no quede la impresión de que, arbitrariamente, se ha dejado de cumplir las disposiciones establecidas o se ha debatido el proyecto de ley de Presupuestos de manera irregular, hago presente que la Comisión Mixta carece de reglamento de funcionamiento.

Efectivamente, hay una omisión grave. Como por una u otra razón no hubo acuerdo para darse un reglamento, el año pasado en la Comisión Mixta se tomó el acuerdo de regirse por el Reglamento del Senado.

Luego, en el informe de la Comisión Mixta nos encontramos con una situación bastante complicada. De acuerdo con el Reglamento de la Cámara, el informe debe elaborarse separando los gastos fijos de los gastos variables, cosa que es bastante lógica, porque como la ley impide que se rebajen los gastos fijos establecidos por leyes permanentes, es obvio que sólo se puedan presentar indicaciones para rebajar los gastos variables y no los fijos.

Reconozco que el planteamiento del Diputado señor Espina tiene bastante lógica; pero la Comisión Mixta, en su funcionamiento interno, no ha establecido que necesariamente debe funcionar así. Entiendo que el Reglamento del Senado es una consulta que formulo no establece el funcionamiento de la Comisión Mixta de esa manera, ni es tan explícito en señalar que en el informe se deban separar los gastos fijos de los variables.

He hecho una pregunta clave: ¿puede la Cámara imponer una manera determinada de despachar el proyecto a la Comisión Mixta, donde también participan Senadores, si, a su vez, la Comisión Mixta no tiene reglamento que así lo establezca?

Dejo planteada la pregunta; será un problema que deberá resolver la Comisión Mixta en particular, y por las consultas hechas aquí en la bancada, no tenemos inconveniente en ella en modificar la presentación de los informes, separando los gastos fijos de los variables. Pero reitero ésta no es una omisión explícita a algún reglamento por el cual deba regirse la Comisión Mixta. En todo caso, también es claro que esta discusión se prolongará, hay un plazo límite y que si no se despacha el proyecto dentro de él regirá el propuesto por el Ejecutivo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, con su venia, dos cosas muy breves Una, lamentar que se esté produciendo esta situación, especialmente porque creo que había un acuerdo previo para tramitar el proyecto, pero éste queda sujeto a la lectura del informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

Creo que es un tema que, siendo importante...

El señor PIZARRO (don Jorge).-

No es el momento...

El señor SCHAULSOHN.-

¡Perdón, si me permite, terminaré mi pensamiento!

No es un asunto que dependa de mí y no es el momento de discutirlo como muy bien señala el colega, pero las cosas deben decirse por su nombre, y ése es un poco el problema de fondo. En cuanto a la aplicación de la norma reglamentaria, en apariencia el citado artículo 181, al no haber sido aplicado, obligaría a suspender la tramitación del proyecto. En este sentido, quiero consultar a la Mesa sobre el artículo 19, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, N° 18.918, que en su inciso tercero, prescribe: "El proyecto de Ley de Presupuestos será informado exclusivamente por una comisión especial," etcétera; luego dice: "Esta comisión especial fijará en cada oportunidad sus normas de procedimiento y formará de su seno las subcomisiones que necesite para el estudio...". Es perfectamente susceptible de interpretarse que el fijar sus normas de procedimiento hace inaplicable a la tramitación del presupuesto la norma del artículo 181 de Reglamento, que obliga a esta separación. Ello, independientemente de que me parece que la norma de la Ley Orgánica Constitucional es aberrante, por cuanto no estamos en condiciones de formular indicaciones si no tenemos el dato esencial que nos permite distinguir entre lo admisible y lo inadmisible. Cuando solicité la palabra para referirme a la intervención del Diputado señor Estévez, quería explicar que la forma en que estamos tramitando el Presupuesto independientemente de si se aplica o no el artículo 181, es un chiste: nos obliga a especular sobre la base de que la admisibilidad de nuestras indicaciones será determinada por una Comisión específica que se reunirá después de que hayamos aprobado el proyecto en general. No tenemos el dato esencial para saber lo que podemos objetar o enmendar, por cuanto no conocemos la diferencia entre los gastos fijos y los variables.

Me parece absurdo, además, no dar a conocer el informe de una Comisión permanente de la Cámara, precisamente referido a este tema, que nos permitiría contar con antecedentes esenciales para actuar con responsabilidad en la tramitación de un proyecto.

Pero, habiendo dicho eso, estimo que, en atención a que la Ley Orgánica contiene normas expresas respecto de la tramitación de la Ley de Presupuestos, la Mesa podría resolver la cuestión reglamentaria. Si el artículo 19, de la Ley Orgánica, prima sobre el 181 del Reglamento una proposición que insinuaba erróneamente el señor Estévez con relación a otro tema, pero que en este caso podría tener aplicación, es una materia cuya solución incumbiría a la Mesa.

Quiero finalizar deplorando que no logremos acuerdo en situaciones que tocan a la dignidad, a los fueros y a los poderes del Parlamento, que ya son restringidos por la Constitución del 80. Lamentablemente, tanto por las resoluciones de hoy en la mañana, como por las discusiones sostenidas ahora, nosotros mismos estamos contribuyendo, por razones de tipo político en mi opinión, subalternas, a cercenar aún más las facultades magras que tenemos para enfrentar el tema del Presupuesto.

Ciento veinte Diputados discutiendo un Presupuesto, sin saber qué es gasto fijo o no lo es, para determinar si se puede o no presentar indicaciones, constituye una aberración. Sin embargo, la Ley Orgánica, probablemente, hace inaplicable el artículo 181 del Reglamento y deberíamos tal vez continuar con la tramitación del proyecto, cosa que le ruego al señor Presidente tenga a bien resolver.

Gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Antes de continuar otorgando el uso de la palabra, debo informar que la Mesa tiene el Reglamento del Senado que, al parecer, es el antecedente que la Comisión Mixta aplicó como regla, para su funcionamiento; pero es extremadamente antiguo y contradictorio con la Constitución actual y con la Ley Orgánica del Congreso porque, incluso, habla de las "insistencias"; o sea, ni siquiera está actualizado a la época de las Comisiones Mixtas creadas en la Constitución del 80. No es un instrumento aplicable.

El señor MONTES.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, el Reglamento de la Cámara es bastante claro, en cuanto a que el informe de la Comisión Mixta debe diferenciar el gasto permanente del variable; para no cumplir con este artículo del Reglamento, se requiere la unanimidad.

Ayer, los Comités discutimos este problema y llegamos a un acuerdo unánime en cuanto a que en la Sala, no se aplicaría el artículo 181. Establecimos un procedimiento para analizar las discrepancias que se suscitaren en relación con el problema de gasto permanente y gasto variable, consistente en que una comisión, integrada por el Ministro de Hacienda y un representante por bancada, analizaría las distintas situaciones. Hoy, Renovación Nacional plantea que no da la unanimidad, en circunstancias de que ayer la había dado.

El riesgo mayor, como lo sabe Renovación Nacional, son las fechas. El Presupuesto debe estar despachado el 30 noviembre, y la Comisión Mixta demoraría, por lo menos, tres o cuatro días en establecer dicha diferenciación, porque debe reprocesar todas las partidas del Presupuesto. Por lo tanto, el tiempo para tratarlo en la Cámara, posteriormente en el Senado y posiblemente en un tercer trámite constitucional en la Cámara, es bastante reducido y se corre el riesgo de que no alcancemos a aprobarlos lo que implicaría la aprobación del proyecto en su forma original.

Lo es bastante inadecuado por ser éste el segundo proyecto de Ley de Presupuestos que trata este Parlamento dentro de la institucionalidad democrática, y es lo que prevaleció en el espíritu que ayer nos llevó a buscar la unanimidad para resolver este problema y avanzar en el tratamiento de la iniciativa el día de hoy.

Por lo tanto, pido que Renovación Nacional reconsidere su actitud, y si existe el ánimo, que los Comités volvamos a reunimos para buscar una solución que permita avanzar hoy y mañana en el tratamiento del proyecto, y así asegurar que, el 30 de noviembre, el Parlamento haya logrado los acuerdos necesarios respecto del Presupuesto de la Nación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En todo caso, el plazo vence el 29 de noviembre.

Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick; a continuación, el Diputado señor Bosselin.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, quiero referirme a dos materias.

En primer lugar, respecto de la interpretación jurídica que acaba de hacer el Diputado señor Schaulsohn, deseo incorporar un criterio para que la Mesa lo tenga presente.

A mi juicio, lo que preceptúa la Ley Orgánica del Congreso Nacional nada tiene que ver con el artículo 181 del Reglamento de la Cámara.

El artículo 19 de la Ley Orgánica se refiere a que la Comisión Mixta debe fijar las normas y forma de su funcionamiento para el despacho de la Ley de Presupuestos. En cambio, el artículo 181 del Reglamento de la Cámara apunta a un problema de fondo, esencial para su tramitación: establecer la diferenciación que debe existir entre los gastos permanentes y los variables. Ella es tan esencial que, en virtud de esa diferenciación, la Mesa y los parlamentarios pueden determinar si una indicación es admisible o inadmisible, con arreglo a lo que establece la propia Constitución en su artículo 64. En cambio, la Ley Orgánica del Congreso Nacional apunta a un asunto completamente distinto: las normas de funcionamiento de la Comisión Mixta, las cuales jamás podrían impedir que la Comisión haga esta diferenciación, porque es un requisito esencial para la admisibilidad o inadmisibilidad de una norma.

En segundo término, respondiendo al Diputado señor Montes, efectivamente quienes participamos ayer en la reunión de Comités, conscientes de que estábamos en presencia de un problema reglamentario de no cumplimiento del artículo 181 del Reglamento de la Cámara razón por la cual tratamos el tema, establecimos un procedimiento para salvarlo con la mejor buena voluntad, a fin de despachar la Ley de Presupuestos, y estuvimos dispuestos existió voluntad común y así lo expresamos a buscar una fórmula para obviar el Reglamento y permitir que este proyecto se tramitara en forma normal.

Hoy día hemos solicitado igual criterio respecto de otro aspecto que nos parece esencial para la tramitación de la iniciativa: el conocimiento y, por lo tanto, lectura, de un informe que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia elaboró ayer, porque es necesario que los criterios establecidos en dicho informe sean conocidos por todos, para los efectos de saber cómo votaremos en general el proyecto, cuáles son las pautas para diferenciar el gasto permanente del gasto variable y cuáles son los trámites constitucionales que podrían devenir en los próximos días, según sean los criterios que adoptemos hoy con nuestras votaciones.

Hemos solicitado que así como ayer tuvimos la voluntad de salvar un problema reglamentario, hoy exista igual voluntad de los Comités de la Cámara para salvar éste y proceder a leer el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Se nos ha respondido que no puede hacerse, porque corresponde aplicar el Reglamento.

Si ése es el criterio que va a imperar en la Cámara en la tramitación de los proyectos, tenemos legítimo derecho a solicitar que se aplique el Reglamento en todos los casos, tanto en el artículo 181 como en el que impide hoy día leer el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Las reglas del juego, cuando son claras y permanentes para cualquier situación, nos evitan todo tipo de problemas.

Por eso, hemos hecho la solicitud, para efectos de la aplicación del artículo 181 del Reglamento de la Cámara.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Antes de suspender la sesión, tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, quiero solamente pedirle a la Mesa que aclare una situación.

Hace algunos días, un acuerdo unánime de los Comités se puso en tela de juicio por una de las bancadas, antes de iniciarse la discusión de un proyecto de ley en la Sala. En esa oportunidad, Su Señoría se limitó a informar que el acuerdo de una de las bancadas no podía poner en tela de juicio un acuerdo adoptado por la unanimidad de los Comités y que, en consecuencia, eso obligaba a la Sala. No entiendo por qué hoy día existe un comportamiento distinto. Si Renovación Nacional y la UDI llegan a un acuerdo unánime en los Comités, y luego simplemente retiran la unanimidad, el acuerdo ya aprobado por la Sala pierde vigencia.

Me parece que hay un doble estándar y que la Mesa es la encargada de proceder con rigurosidad. El acuerdo unánime de los Comités obliga a todos los Diputados una vez que ha sido aprobado por la Sala, situación que ya ocurrió. Me parece que los colegas de la UDI y de Renovación Nacional en esta oportunidad deben aceptar lo mismo que nuestra bancada tuvo que aceptar con motivo del tratamiento de un proyecto la semana pasada. En mi opinión, se trata de un asunto de Reglamento y el Presidente debe proceder en consecuencia.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La Mesa va a suspender la sesión, con el objeto de dar una respuesta sobre cómo entran en juego todas estas opiniones tan poco convergentes.

Se suspende la sesión.

Se suspendió a las 18:18 y se reanudó a las 18:41 horas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa la sesión.

De acuerdo con lo conversado con los Comités, el problema se puede solucionar de la siguiente manera: en primer lugar, leer la parte del informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que se refiere a cuáles son los gastos determinados en las leyes permanentes y cuáles gastos variables en la Ley de Presupuestos. Esta lectura la haría yo.

En segundo lugar, terminar hoy el debate en general, en conformidad con lo ya acordado por los Comités, y citar mañana a sesión para el total despacho del proyecto de Ley de Presupuestos. En esa sesión se votarían las indicaciones. Comenzaríamos a las 10 horas y terminaríamos a las 12.

Si le parece a la Sala, así se procederá.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, no sé qué se dio por aprobado. Me da la impresión de que hay un error en lo que escuché, en el sentido de que Su Señoría dará lectura a una parte determinada del informe de la Comisión, lo que es correcto, pero incompleto.

Al inicio de esta sesión Su Señoría manifestó que este informe de la Comisión fue solicitado por el Presidente de la Cámara para disponer algún procedimiento. Ello significa que no es un informe oficial de la Corporación, puesto que no fue pedido por ésta ni por dudas planteadas en su seno.

Es importante que se deje constancia de esto antes de iniciar la lectura. Simplemente se trata de una información relacionada con una opinión que Su Señoría solicitó.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Así es y así se dijo esta mañana. Debo agregar que en el debate general que se iniciará a continuación, cada parlamentario puede referirse a éste o a los otros temas, porque es un debate abierto y extenso.

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, en relación con lo señalado por el Honorable señor Dupré, ¿por qué no se da lectura al oficio que envió a la Comisión para que elaborara el informe a que se ha hecho referencia?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se podría incluir en el acta.

El señor SCHAULSOHN.-

Es sólo para que quede de manifiesto el carácter en que se solicitó y el carácter en que se entregó y por qué.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si usted quiere, le puedo dar lectura. Dice lo siguiente:

"Con ocasión de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos, se han planteado opiniones divergentes acerca del proyecto que debe ser comunicado al Presidente de la República, en el evento de producirse divergencias entre ambas Cámaras respecto de la disminución de un determinado ítem de gasto y no se resuelva el problema en los términos previstos en el artículo 68 de la Constitución.

"Con el objeto de resolver la duda anterior, he estimado pertinente recabar un informe de esa Comisión, la que, si lo estima pertinente, podrá extender su dictamen a otras materias relacionadas con la intervención del Congreso Nacional en la discusión y aprobación del referido proyecto.

Dios guarde a US".

O sea, es evidente que se trata de una petición personal del Presidente, por una razón muy simple, que quisiera que todos entendieran.

En el evento de que se produjera esa discrepancia, quien tiene que comunicar el proyecto que despacha el Congreso al Ejecutivo es el Presidente de la Cámara. Como es una decisión que se debe tomar, a más tardar el próximo miércoles, y siendo un tema de bastante trascendencia, es obvio que se trata de contar con la mayor información posible. Me imagino que el Senado hará otro tanto. Puede ser de otra manera, pero existe la necesidad de tener una información, ojalá lo más consensual posible, de un tema que, además, quedó pendiente el año pasado. Eso lo sabe toda la Corporación. Por lo tanto, no es un invento, sino que es un problema que existe.

Respecto del tema que trataremos hoy, el informe dice lo siguiente:

"En lo que se refiere al concepto de ley permanente, que se emplea en el artículo 64 de la Constitución, vuestra Comisión estimó que es aquella que se dicta durante un año presupuestario, contempla un determinado financiamiento y dispone su correspondiente gasto en función de la misma, el que se incorpora al presupuesto de los años venideros, según el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Sus efectos son permanentes, esto es, no ocasionales o transitorios, y no requiere la ley de aprobación anual. Los gastos que autoriza son fijos o están "asegurados". Ley permanente es lo contrario a la ley periódica. Por ello, una ley temporal es una ley permanente y mientras rija, deben consultarse los fondos para financiarla. Lo mismo cabe decir de una ley que establezca una planta en extinción, la que regirá hasta que se cumpla con la condición por ella impuesta y cese el último funcionario en el servicio.

"Así, pues, en cuanto a los gastos fijos, la Ley de Presupuestos simplemente los anota o registra y para este efecto revisa si los propuestos encuadran con los autorizados. Esta es una cita de don Alejandro Silva Bascuñán. En el mismo sentido apunta el artículo 177 del Reglamento.

"Respecto de estos gastos, el Congreso acepta indefinidamente la realización de los desembolsos correspondientes, en conformidad con los preceptos de la ley aprobada. No puede reducirlos.

"De acuerdo con el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado, los ingresos o gastos aprobados por leyes sancionadas durante el ejercicio presupuestario, como también aquellos autorizados por leyes de años anteriores que no hubieren sido incluidos en la Ley de Presupuestos, se incorporan al presupuesto vigente. Por decreto se determinará la ubicación que dentro de la clasificación presupuestaria corresponderá a dichos ingresos y gastos.

Los gastos variables, en cambio, tienen su origen en la ley anual de presupuestos y pueden, por lo tanto, ser modificados por ella. Obviamente, sin cambiar su destino, pero con la limitación de que la iniciativa para su aumento corresponde también al Presidente de la República. Sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de enero de 1972.

"En voto de minoría, se profundizan los conceptos anteriores, indicándose que el gasto está integrado indivisible e inseparadamente por el guarismo y su destino. El Presidente da la iniciativa para gastar tanto en tal cosa. El Congreso, si le aprueba el guarismo, pero lo compele a invertirlo en la forma que él desea, está en verdad rechazando la iniciativa dada por el Presidente y creando otro conforme a su voluntad. Cambiar la destinación del gasto variable es apropiarse de una cifra para un fin no querido por el que la somete privativamente al Congreso.

"Como consecuencia de todo lo expresado, puede decirse, en opinión de vuestra Comisión, que el concepto de gastos fijos o gastos variables nada tiene que ver con el monto de ellos o con sus eventuales aumentos o disminuciones, sino con su origen o con la forma de su establecimiento.

"En el mismo fallo, el Tribunal precisa que las ideas matrices o fundamentales del proyecto de Ley de Presupuestos "están formadas por el cálculo de entradas y la determinación de los gastos de la Administración Pública. También es admisible contemplar dentro de ella, dada su carácter de ley financiera, aquellos preceptos que persigan regular los gastos variables, pero sin que en estos dos últimos eventos se modifiquen leyes generales o especiales y leyes orgánicas de los Servicios de la Administración Pública del Estado.

"Agrega también que dentro de los gastos de la Administración Pública deben incluirse no sólo los variables, sino que preponderantemente los fijos y que, por estar ellos predeterminados en leyes generales o especiales, no pueden ser alterados, no sólo por iniciativa parlamentaria, sino que tampoco por el propio Ejecutivo al elaborar el proyecto de Ley de Presupuestos.

"Los criterios anteriores, que vuestra Comisión comparte, son en todo coincidentes, pero actualizados, con los sustentados por el Tribunal Constitucional en su sentencia del 19 de enero de 1972.

"El Diputado señor Bosselin discrepó del criterio sustentado por vuestra Comisión, por considerar que se daba un carácter extensivo al término 'leyes permanentes'.

"De acuerdo con su parecer, 'ley permanente' es aquella que para su vigencia no necesita de una nueva voluntad legislativa y "gastos permanentes", los esenciales para llevarla a efecto".

En discusión general el proyecto de Ley de Presupuestos.

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, quisiera saber por qué no se da lectura al resto del informe. ¿Cuál es la bancada que se opuso a ello? para que también quede constancia de eso en la versión, antes de dar la unanimidad para continuar con la tramitación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, no se trata de dejar constancia en la versión de quién se opuso. El acuerdo se tomó sobre estas materias y sobre eso hay constancia.

En el debate general cualquier parlamentario puede hacer referencia al informe o no; está entregado a la discusión de todos.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, quiero hacer una petición.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, usted solicitó este informe. Entiendo que, además, tiene otros para su personal saber y entender. A mí me gustaría, si es posible, que nos haga llegar copias de los mismos, al igual que de éste, para los efectos de comprender, en el transcurso del debate y en el trámite de despacho de este proyecto de ley, su procedimiento y qué antecedentes ha tenido a la mano para tomar las decisiones. No le pido al señor Presidente que los lea, pero sí me gustaría tenerlos a la mano, igual que los demás antecedentes.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Existe un informe que recuerda si es constitucional o no la reasignación de gastos de una partida a otra y otro que se refiere con un ejemplo específico a una posible disminución de una partida. Toda esa documentación se hará llegar a los señores Diputados.

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, quiero reiterar, una vez más, que el hecho de que se haya autorizado la lectura de parte de este informe no significa que estemos avalando o dando nuestro acuerdo a parte de lo que en él se dice.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Perdón, señor Diputado, pero eso se puede decir en la discusión general.

El señor CARRASCO.-

Perfecto. Yo quería dejarlo establecido para los efectos de la versión, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ha quedado nítidamente clara la naturaleza de la petición y del informe.

El señor CARRASCO.-

Simplemente se trataba de dar un acuerdo para seguir tratando el proyecto.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, ¿tiene hora de término esta sesión?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí, se fijó a las 22 horas.

Hoy hay que despachar en general el proyecto.

Ofrezco la palabra para discutir en general el proyecto.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, quiero hacer una consideración general en relación a la necesaria armonía de la Ley de Presupuestos con las disposiciones constitucionales aprobadas ahora último. Me refiero a las aprobadas sobre administración regional, provincial y comunal.

Por de pronto, existen dos disposiciones del proyecto de reforma constitucional que debieran enmarcar la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos: los incisos primero y tercero del artículo 104.

La primera señala: "Para el gobierno y administración interior del Estado a que se refiere el presente capítulo se observará como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo. Las leyes que se dicten al efecto deberán velar por el cumplimiento y aplicación de dicho principio...".

Esta norma ya da un criterio general que debiera guiar la discusión de la Ley de Presupuestos de la Nación, esto es, la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo.

Es conveniente acercamos a los conceptos involucrados como principios rectores:

Por "armónico" o "armonía" se entiende la conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras.

Por "equitativo" o "equidad" se entiende la igualdad de ánimo, la tendencia a la igualdad.

Así, podemos concluir que las premisas de la reforma constitucional, en lo relativo al gobierno y administración interior del Estado, orientan la discusión de la Ley de Presupuestos de la Nación a plasmar la idea de obtener un desarrollo que logre la proporción y correspondencia entre las distintas regiones del país, con el fin de que se dé la igualdad real entre las mismas al momento de distribuir dicho presupuesto.

Por su parte, el inciso tercero del artículo 104 de la reforma constitucional es aún más preciso, porque se introduce derechamente en el tema de la Ley de Presupuestos de la Nación. La norma señala claramente los criterios de distribución entre regiones de los gastos correspondientes a inversiones sectoriales de asignación regional. Los criterios son la equidad y la eficiencia.

Un breve análisis de estos conceptos nos ayudará a comprender su sentido.

La equidad, en el campo de la economía, es el criterio que orienta la distribución de un determinado atributo entre los miembros de un grupo social. Los atributos considerados se refieren a las oportunidades, a la riqueza, al ingreso, al consumo, etcétera.

La eficiencia económica, en su aspecto de eficiencia de intercambio y consumo, se logra al existir una distribución de los factores y de los bienes entre las personas, lo que permite mejorar el bienestar de todas ellas simultáneamente. Es el llamado "Optimo de Pareto", que difícilmente se alcanza. Sin embargo, la eficiencia económica no necesariamente implica la existencia de equidad social, definida ésta sobre la base de algún criterio de bienestar social. Así, puede haber eficiencia económica junto a una gran desigualdad en la distribución del ingreso.

Por lo tanto, los criterios orientadores de distribución entre regiones de los gastos correspondientes a inversiones sectoriales de asignación regional, son necesariamente complementarios. El ideal de eficiencia económica nacional es difícilmente alcanzable, y generalmente implicaría una falta de equidad en la distribución de los atributos en consideración dentro de los presupuestos de la Nación. Léase oportunidades, riqueza, ingreso, posibilidades de consumo.

Partiendo de la premisa de la imposibilidad práctica y de la inconveniencia social de alcanzar una total eficiencia económica nacional, al menos en nuestra actual etapa de desarrollo, los gastos de inversión sectorial con asignación regional, contemplados en distintas partidas e ítemes de los presupuestos de la Nación, deben fundarse en los principios orientadores y complementarios de la armonía, la equidad y la eficiencia, a partir de los datos básicos de análisis, como población, concentración de la población, número de pobres, producto geográfico bruto, desempleo, etcétera.

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) corresponde precisamente a una partida del presupuesto del Ministerio del Interior, que constituye gasto de inversión de distribución regional dentro de la Ley de Presupuestos de la Nación. Luego, los criterios señalados en los incisos primero y tercero del propuesto artículo 104, de la Constitución Política de la República, le son plenamente aplicables.

Es más, la armonía legislativa exige que estos criterios sean aplicados para que el objetivo de la regionalización, planteado en la reforma constitucional, se materialice en los presupuestos de la Nación. Sin embargo, del análisis de las partidas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional contempladas en el proyecto de ley y de las modificaciones que hemos podido constatar en la documentación que se nos ha distribuido verificamos que no se cumplen los requerimientos constitucionales en esta materia.

Esto descansa mucho sobre la base de los criterios de distribución regional que la Subsecretaría de Desarrollo del Ministerio respectivo ha señalado, que se basan en indicadores regionales globales.

En esta perspectiva, quiero señalar la preocupación que tenemos como parlamentarios de la Región Metropolitana, en términos de que la configuración de estos fondos, en este caso del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, no guarda la proporción debida con las realidades sociales de otro tipo que tiene nuestra región.

Por ejemplo, de la encuesta Casen del año 90, en cuanto a resultados en porcentaje de la pobreza, se extrae que la Séptima Región tiene el más alto índice, con un 48,8 por ciento, seguida de la Novena Región, con un 47,5 por ciento, y la Cuarta Región, con un 47,1 por ciento. La Región Metropolitana se encuentra en el lugar número 10, con un 34,4 por ciento. La población total del país registra un 40 por ciento de índice de pobreza.

Sin embargo, estos porcentajes no son demostrativos de la realidad, puesto que la cantidad de personas en condición de pobreza es muy superior de una región a otra, dependiendo de la cantidad total de población que posea. A modo de ejemplo, puedo citar que la Séptima Región, que tiene el más alto índice, representa una población de 406 mil habitantes, y la Región Metropolitana, que está en el lugar 10, representa una población de 1.900.000 habitantes.

Para que los criterios definidos en la Constitución estén presentes en la configuración de estos presupuestos complementarios, como el FNDR, habrá que buscar un criterio que haga más objetiva la medición, descartándose así que el ya señalado sería un buen indicador regional global.

A su vez, entre los criterios de distribución del FNDR, se señala la distancia en kilómetros de las capitales regionales a la Región Metropolitana. Tampoco nos parece un criterio objetivo o que favorezca a la descentralización, debido a que pueden existir, y de hecho así es, regiones que tengan mayores necesidades que las que se encuentran en los extremos.

Cabe mencionar que criterios de distribución como el inverso al producto per cápita regional y el promedio de la tasa de desempleo regional, consignados en publicación emanada de la Subsecretaría referida de fecha 28 de noviembre de 1990, no son empleados en igual publicación de fecha 5 de agosto de 1991, siendo nuevamente tomados en cuenta para la ejecución del cálculo de distribución.

El proyecto de Ley de Presupuestos para 1992 contempla la distribución en pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Este se divide en FNDR, distribuido, que es el monto asignado a cada región, y provisiones, que son reservas de este fondo. De la sumatoria de los dos anteriores sale lo asignado finalmente al Fondo Nacional.

No quiero alargarme con antecedentes del cuadro comparativo, que puedo colocar a disposición de los colegas; pero de este análisis aparece absolutamente claro que en modo alguno podemos decir que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional está cumpliendo con las normas constitucionales y con los criterios establecidos en ellas.

Por el conjunto de razones expuestas, nos parece preocupante que el monto más bajo corresponda a la Región Metropolitana casi medio punto de diferencia, teniendo la certeza de que las necesidades sociales de ella en materia de salud, saneamiento y educación son tremendamente dramáticas, sobre todo sus altas cantidades de pobres y de desempleados.

A nuestro juicio, junto con revisar y corregir posibles distorsiones de los criterios para hacerlos realmente objetivos, debe también reestudiarse la forma de distribución presupuestaria ya descrita.

Entendemos que en la configuración de la futura Ley de Presupuestos hubo que considerar el espíritu de la reforma constitucional mencionada, pero no necesariamente la lectura de sus disposiciones, porque la misma no estaba promulgada ni publicada en el momento del ingreso del proyecto a la Corporación. Por lo mismo, queremos dejar sentada la preocupación y la advertencia de que la configuración de la próxima Ley de Presupuestos necesariamente tendrá que responder a los criterios de la reforma constitucional, como lo establece la jerarquía de la norma.

A las preocupaciones planteadas adhieren también los Diputados señores Dupré, Andrés Palma y señora Eliana Caraball, quienes ratifican y participan de la opinión antes señalada.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Correa; a continuación, el Diputado señor Palma, don Andrés.

El señor CORREA.-

Señor Presidente, me da la impresión de que tendremos que acostumbramos a que, con motivo de la discusión del proyecto de la Ley de Presupuestos de la Nación, todos los años ciertos sectores políticos pongan en el debate nacional un tema que preocupa a muchos economistas, políticos y público en general, cual es el gasto militar.

Conviene detenerse un instante en el argumento tan socorrido de que debería rebajarse el presupuesto de las Fuerzas Armadas para ser destinado al gasto social, toda vez que no hay signo de conflicto o de tensión con los países vecinos.

Las opiniones al respecto pueden clasificarse entre los que opinan que el gasto militar es totalmente innecesario, otros que lo consideran un mal necesario y quienes dicen que el gasto de defensa significa desarrollo de tecnologías propias, más lugares de trabajo y contribución al desarrollo del país mediante la inversión interna, en lugar de favorecer la importación de equipos militares.

Tengo en mi poder un estudio que demuestra que no existe ninguna relación entre el mayor gasto militar y la situación de pobreza en varios países del mundo.

Con respecto al caso de Chile, el señor Ministro de Defensa, en análisis efectuado al interior de la Comisión, fue muy claro y categórico al señalar que el presupuesto de defensa también el del Ejército es justo y equilibrado. Indicó, como ejemplo, que la curva del incremento del número de oficiales, cuadro permanente y conscripción tuvo su "peak" en 1975, y de ahí hasta ahora ha marcado una disminución. Esto lo informó de la misma manera el Diputado señor Ringeling.

Respecto de la indicación del Diputado señor Sota para rebajar la partida que actualmente permite a un millar de funcionarios de la ex CNI mantenerse en la planta del Ejército, es evidente que el espíritu del Ejército es rebajar su número, pues de acuerdo con el Ministro, de 1.585 millones del año pasado, la cifra disminuyó a 1.109 millones; de la actual planta de 990 funcionarios, se eliminan 300, es decir, quedan 690.

En el debate sostenido el año pasado, justamente ante una petición del Diputado señor Sota, quedó claramente demostrado que el Congreso Nacional carece de facultades constitucionales para rebajar los gastos fijos. Por ello, insisto en esto, porque se ha pretendido lo contrario: el Congreso carece de facultades constitucionales para rebajar los gastos fijos; esto es, aquellos dispuestos por leyes permanentes, entre los cuales se encuentran los sueldos de los funcionarios de planta. Es así, por la naturaleza de la Ley de Presupuestos, simple estimación financiera de los ingresos y gastos del Fisco o del Estado. Los únicos gastos que el Congreso puede rebajar son los variables.

Por otra parte, de la discusión parlamentaria se deduce que el personal de la ex CNI, traspasado por ley al Ejército de Chile, es de planta y sus remuneraciones son gastos fijos, derivados de una ley permanente, y el Congreso Nacional no puede rebajarlos con motivo de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos.

Esta es la razón por la cual fueron repuestas las cantidades rebajadas mediante indicación del Diputado señor Sota, que pretendía afectar los sueldos de estos funcionarios.

La rebaja, en la práctica, no afectaría sus emolumentos permanentes, ya que, reitero, constitucionalmente son gastos fijos y no pueden ser rebajados con motivo de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. En consecuencia, la indicación afectaba, única y exclusivamente, a los gastos variables, es decir, a otras necesidades.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, la Comisión Especial de Presupuestos ha puesto en conocimiento de la Honorable Corporación el proyecto de presupuestos del Ejecutivo para 1992, con algunas modificaciones.

Quiero iniciar mis palabras señalando que no podemos confundimos en esta materia. El trabajo extenso e intenso de la Comisión Especial culminó con la aprobación, prácticamente unánime, de la casi totalidad de la proposición. Las discusiones que se produjeron que se van a repetir en la Cámara no alteran lo substancial.

Lo substancial es que el proyecto de presupuestos para 1992, presentado al Congreso y aprobado por la Comisión Especial, corresponde a dos objetivos básicos. Primero, cumplir con los compromisos adquiridos por el actual Gobierno, tanto en materia de gasto social como de inversión, y segundo, aplicar una política fiscal sana, ordenada y congruente con una baja inflación. Para alcanzar este segundo objetivo ha sido imprescindibles la austeridad en los gastos corrientes, la ausencia de déficit desequilibrantes y la adecuada contribución del Fisco al ahorro nacional.

Sin duda, la aprobación por la Comisión Especial de todo lo sustantivo del proyecto del Ejecutivo permite afirmar categóricamente que la austeridad en los gastos corrientes, la ausencia de déficit desequilibrantes y la adecuada contribución del Fisco al ahorro nacional se cumplen en plenitud. Por lo tanto, las críticas en contrario son inconsistentes por el comportamiento de los parlamentarios y tienen, por ende, un objetivo publicitario demagógico.

Dijimos que este año se continuaría de manera importante con el esfuerzo social. El proyecto cumple con lo que se anunció. Lo realizado lo ratifica.

Respecto del año anterior, el proyecto de ley contempla un incremento de 9 por ciento en los presupuestos de Educación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, Salud, Vivienda y en los subsidios monetarios transferidos directamente por el Tesoro Público. Este aumento de recursos está destinado a cumplir con los compromisos asumidos para el mejoramiento gradual de las pensiones y de las remuneraciones de los trabajadores de la salud y de la educación; así como para la ampliación y puesta en marcha de importantes programas de inversión social, varios de los cuales han sido anunciados por el Presidente de la República, y otros más, como aquellos de inversión social que se refieren a materias vinculadas a la seguridad ciudadana, que serán dados a conocer en los próximos días.

El Presidente de la República, en esta misma perspectiva, hace pocas semanas anunció el inicio de un ambicioso programa de infraestructura. El proyecto de presupuestos para 1992 expresa su materialización, pues asigna recursos para la realización de importantes inversiones en obras sanitarias, caminos, puertos y regadío, obras que buscan complementar la inversión privada a través de infraestructura básica para aumentar la productividad y competitividad de los productores chilenos.

Al mismo tiempo, el proyecto de presupuestos para 1992 propuesto a la Honorable Cámara contempla recursos para el financiamiento de iniciativas privadas de inversión, focalizados especialmente a la mediana, pequeña y microempresa. De este modo, el aporte directo e indirecto del Gobierno al incremento de la inversión crecerá en 7,2 por ciento, durante este año.

A estos aportes habría que agregar la creación del Fondo de Desarrollo Tecnológico y del Fondo de Transferencia Tecnológica, que van a permitir mejorar la eficiencia de la empresa privada y, por lo tanto, la competitividad del país en el contexto internacional.

Durante 1992, para financiar este proyecto de presupuestos, los ingresos fiscales crecerán menos que en 1990 y 1991, debido a que estos años recogieron el impacto favorable de la reforma tributaria y de los altos precios del cobre en los mercados internacionales.

Mientras en 1991 los ingresos corrientes del sector público crecieron un 11 por ciento real, durante 1992 se mantendrán prácticamente constantes como consecuencia tanto del efecto retardado sobre la recaudación tributaria del ajuste macroeconómico, como de los menores ingresos asociados a la caída esperada del precio y de la producción de cobre por parte de Codelco, lo cual significará para el Fisco menores ingresos para el año, ascendentes a 75 millones de dólares.

Por esa razón, y pese a lo que señalaré más adelante, se puede decir, sin lugar a dudas, que el Presupuesto que hemos aprobado es austero. No obstante, como indicaba, el mayor esfuerzo en inversión social y en infraestructura, durante 1992, se encuentra plenamente financiado. La diferencia entre ingresos y gastos totales del gobierno general equivalente a un 0,9 por ciento del producto, y será financiada plenamente con créditos externos de largo plazo provenientes de organismos multilaterales. De este modo, en 1992, el sector público no presionará sobre los mercados domésticos de crédito, liberando así recursos para financiar la inversión privada.

Lejos está Chile hoy de aquella época en que gastos infinanciables llevaban a un descontrol monetario e inflación. Lejos estamos hoy de aprobar gastos por razones demagógicas o electorales, y sólo aprobamos aquello que el país necesita, haciendo así un esfuerzo compartido por todos los chilenos.

Chile enfrenta hoy el importante desafío de incrementar el ahorro y la inversión. En ello el Gobierno también está haciendo su parte.

En materia de ahorro, el gobierno general contribuirá, en 1992, con el equivalente a un 2,3 por ciento del producto, pese a que durante este año desaparecerán las holguras derivadas de los altos precios del cobre registrados desde 1988. Por lo tanto, si el precio del cobre fuera mayor que el estimado en el Presupuesto, el ahorro del gobierno general podría ser todavía superior. La referida cifra de 2,3 por ciento, de todo lo que produzca el país, no incorpora aún el significativo aporte que las empresas públicas hacen al ahorro nacional, con lo que el ahorro del sector público, contemplado en su conjunto, es decir, lo incluido en la Ley de Presupuestos más el de las empresas fiscales excederá en cerca de un uno por ciento la cifra anterior, alcanzando, por lo tanto, a un porcentaje superior al 3 por ciento producto.

Señor Presidente, el proyecto de Ley de Presupuestos que discutimos contiene la alta prioridad que se ha asignado a la inversión en las personas dentro de la estrategia de desarrollo económico adoptada por el Gobierno. Esto se expresa en el importante incremento de los recursos asignados a los Ministerios sociales, en un contexto general de austeridad fiscal. Los gastos contemplados en la Ley de Presupuestos de 1992 para los Ministerios del Interior, de Educación, de Justicia, de Trabajo y Previsión Social, de Salud y de la Vivienda, así como los subsidios sociales pagados a través del Tesoro Público, alcanzan a un nivel equivalente a 4 mil 900 millones de dólares. Esta cifra involucra un incremento real de un 9 por ciento respecto de los recursos asignados a los mismos Ministerios en el Presupuesto de 1991.

En términos absolutos, este proyecto de Presupuestos contempla un aumento de recursos destinados a sectores sociales del orden de los 400 millones de dólares, con lo que el nivel del gasto social, programado para 1992, será superior en 1 mil 300 millones de dólares al presupuesto heredado del anterior régimen. El aumento programado en el gasto social para 1992 será superior al incremento del gasto total para ese año y al crecimiento esperado del producto. En otras palabras, durante 1992 aumentará la importancia del gasto y la inversión social al interior del sector público y de la economía en general. En efecto, mientras el peso relativo del gasto social, dentro del gasto total del sector público, se elevará de un 56 a un 58 por ciento, su participación en el producto nacional aumentará de un 14,8 a un 15,4 por ciento. Es importante señalar que los Ministerios sociales absorberán, en 1992, más de un 60 por ciento del incremento del gasto público.

El incremento del gasto social, programado para 1992, se financiará con fondos adicionales a los generados por la reforma tributaria de 1990, reflejando con ello la voluntad del Gobierno de profundizar y de ampliar el esfuerzo social realizado hasta ahora. Si se considera que este aumento es superior al crecimiento estimado en el gasto público total y en los ingresos tributarios, puede concluirse que el esfuerzo social proyectado para el próximo año será posible gracias a una reasignación de fondos fiscales y a la movilización de recursos externos para el financiamiento de programas sociales altamente prioritarios.

El aumento de los presupuestos de los Ministerios sociales permitirá cumplir con los compromisos asumidos por el Gobierno durante el presente año en materia de pensiones y de remuneraciones del personal de salud y de educación, avanzando así en la solución gradual de los graves problemas acumulados en estos sectores. Al mismo tiempo, se contempla la puesta en marcha de grandes programas de inversión social dedicados a mejorar la calidad de la educación; a recuperar y ampliar la infraestructura hospitalaria; a generar oportunidades de capacitación e inserción laboral de jóvenes; a desarrollar una acción integral en favor de las mujeres jefas de hogar, y apoyar el desarrollo de la pequeña, mediana y microempresa. Estos factores determinan, para 1992, un incremento de alrededor de 150 millones de dólares en los gastos de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, de Educación Pública, y de más de 50 millones de dólares en los de la Vivienda y Urbanismo y de Salud.

Por lo tanto, se puede afirmar que el esfuerzo social, programado para 1992, refleja la materialización del compromiso asumido por el Gobierno en cuanto a producir una mejora gradual profunda y duradera en las condiciones de vida y en las oportunidades de los más pobres durante los cuatro años de su mandato. Al mismo tiempo, reitera el objetivo de que los avances en el campo social se desarrollen en un contexto de austeridad fiscal, de baja inflación y de estabilidad macroeconómica. En este contexto adquiere especial relevancia la necesidad de asegurar que estos recursos sean utilizados eficientemente, buscando favorecer a los sectores más prioritarios con programas y medidas eficaces para el logro de sus objetivos.

Este será como yo lo espero, de ser aprobado, tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, un criterio fundamental para la acción del Gobierno durante 1992. El Congreso Nacional, al despachar una Ley de Presupuestos con estas prioridades, con estos contenidos y objetivos, estará haciendo honor a su representación y ayudará, sin duda, a que en el próximo año se materialice aún más el deseo tan esperado de tantos chilenos de que la alegría que ha llegado al país continúe llegando.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Laura Rodríguez.

La señora RODRIGUEZ (doña Laura).-

Señor Presidente, si bien entendemos que las posibilidades de modificar este Presupuesto son prácticamente nulas como aquí se ha explicado, también debemos reconocer que muchos de nosotros hubiéramos planteado una distribución presupuestaria distinta en algunos aspectos. Más aún, si tomamos en consideración, como un dato solamente, las encuestas, podemos advertir que más del 60 por ciento de la población opina, por ejemplo, que debiera aumentarse considerablemente el presupuesto de Salud, reduciendo, básicamente, el de Defensa. Tal vez estas contradicciones o incoherencias motiven que esta sesión sea tan lenta, tan ineficaz y tan poco ágil y productiva para el país, por lo menos, hasta esta hora.

Los problemas de esta Sala no son sobre artículos, sino más bien de coherencia política. Por tanto, hay prioridades que la gente tiene muy claras y que, sin embargo, no estamos facultados para representarlas como corresponde.

Frente al fatal determinismo y a la situación de entrampe general en que nos encontramos, por no poder generar las modificaciones que pide y necesita el país, quisiera tan sólo entregar un punto de vista acerca de los parámetros que permitirán evaluar como adecuada esta distribución presupuestaria.

En general, una vez que, como Cámara, despachamos una ley, muy pocas veces volvemos sobre ella, en conjunto, para evaluarla. Sin embargo, la Ley de Presupuestos es la única que nos obliga, año a año, a volver sobre el tema. Por lo tanto, sería interesante contar con un mecanismo más preciso para evaluar la distribución presupuestaria del año anterior, en forma amplia y pública, antes de discutir el nuevo presupuesto.

Por eso, como parece que estamos limitados para fijar la mirada en la situación actual, quisiera que pudiéramos ponerla hacia un año más. ¿Cómo evaluaremos el próximo año la adecuada distribución presupuestaria que ahora vamos a votar? Me parece que la evaluación debe hacerse de acuerdo con el desarrollo que logra el país. Es decir, ¿cómo reparte el país los recursos con que cuenta? ¿Cómo los invierte y cómo se genera el desarrollo esperado por todos? Y frente a ello, para poder evaluar la distribución presupuestada desde el punto de vista del desarrollo, plantearé algunos parámetros que deberían considerarse.

Hoy pareciera existir acuerdo, en los ámbitos políticos y sociales, nacionales e internacionales, en que el estatismo está en crisis. No somos un país estatista; por tanto, esta crisis no nos llega en forma directa, aunque sí nos influye. Sin embargo, la crisis actual del capitalismo sistema que sí se conforma a nuestra realidad ha sido poco reconocida.

Realidades como el subdesarrollo, la desigualdad social, la violencia económica, la extrema pobreza, deberían hacernos pensar más profundamente en que nuestro sistema no está siendo capaz de dar respuesta global a los problemas sociales, en que no ha sido capaz de orientar las sociedades hacia un verdadero desarrollo y en que la supuesta libertad económica la alcanzarán solamente algunos.

Es importante comenzar a cuestionar el concepto de desarrollo desde cualquier modelo social, para poder evaluar adecuadamente las decisiones que aquí se tomen. Se puede sostener que el desarrollo humano no debería interpretarse como un fenómeno desligado de la intencionalidad en la historia de la cultura y en la biografía de los hombres que lo llevan adelante. Los pueblos, las generaciones, los grupos sociales, consideran como desarrollo distintos comportamientos y manifestaciones, según concuerden o no con el sistema de valores y creencias, en lo que configuraron su particular imagen del mundo. Para un grupo religioso creer en Dios es un signo evidente de desarrollo, mientras que para un ateo puede ser interpretado como el resabio irracional de una época arcaica. Para alguien que valora el orden y la autoridad por encima de todo, la democracia no necesariamente constituye un indicador de desarrollo humano.

Dada esta relatividad del concepto de desarrollo, la primera reflexión que deberíamos planteamos es si nuestro sistema, en su forma de medir y de evaluar dicho desarrollo, está considerando los parámetros y los indicadores necesarios. Debería apuntarse hacia un enfoque distinto que logre sobrepasar el reduccionismo economicista al que generalmente se ha sometido y supeditado el concepto de desarrollo humano.

Este salto a una visión integral es un nuevo indicador que nos habla de un índice de desarrollo humano. Sería interesante incorporarlo en este Parlamento, por lo menos, como discusión, para evaluar nuestras decisiones y, sobre todo, aquellas sobre materia económica.

Este indicador plantea cuatro parámetros básicos, que deberían contemplarse y cotejarse con esta distribución presupuestaria.

1°.- El reconocimiento de que el crecimiento económico genera desarrollo humano, si y sólo si comporta una distribución equitativa de la riqueza; es decir, si conduce a superar la contradicción básica en que una parte de sociedad, muchas veces, se apropia de la riqueza que le corresponde al conjunto social, incluyendo al medio ambiente y a las futuras generaciones.

2°.- Definición del criterio central para medir el desarrollo sobre la base de la satisfacción adecuada y general de las necesidades humanas primarias.

3°.- Sensibilidad y apertura para cuantificar otros valores; por ejemplo: la libertad política y la práctica efectiva de los derechos humanos.

4°.- Combinación del nivel descriptivo con el análisis crítico que es capaz de evidenciar la responsabilidad de los grandes poderes en la regresión del desarrollo humano en las distintas naciones del planeta, especialmente las más pobres como la nuestra.

Aquí hay cuatro parámetros que se deben considerar. Tal vez si no los tenemos presentes ahora, deberíamos tenerlos en un año más, al evaluar nuestras decisiones.

En esta perspectiva, el desarrollo humano se comprende más por la actitud particular de una cultura para liberar al ser humano que por la cantidad de riqueza material que una sociedad sea capaz de generar. Y ello, sin duda, tiene que ver con cómo se distribuye dicha riqueza para generar un verdadero desarrollo.

Aquí el desarrollo aparece como el resultado de la intención humana. De lo que se ha venido en llamar "voluntad política", o "intereses económicos"; y no como la consecuencia de un evolucionismo naturalista en el que una ley extrahumana selecciona al pueblo más apto, de acuerdo con criterios de fuerzas exentos de humanidad e intención.

En esta tesis, si la pobreza sigue existiendo en nuestro país es porque el ser humano no invierte en el ser humano y ha preferido invertir, por ejemplo, en armas. La pobreza es un hecho social y, por tanto, consecuencia de la voluntad humana y no de una supuesta ley natural. Y esa voluntad humana es la que decide cómo se reparte la riqueza y avala esa distribución. Depende del punto de vista que se elija el que una sociedad pueda ser o no ser calificada de desarrollada.

Si miramos a Norteamérica y nos queremos comparar, desde la producción, ella es fuertemente desarrollada. Pero la imagen puede cambiar si la vemos desde la óptica de la salud mental, de acuerdo con indicadores de infelicidad, como suicidios, alcoholismo, drogadicción, neurosis, estrés, etcétera.

También la imagen de la desarrollada Europa cambia cuando vemos lo que ha hecho con su Mar Mediterráneo o sus bosques alemanes, o cuando niega el acceso a ella de emigrantes desesperados de otros países cuando entendemos que la guerra de Yugoslavia es en Europa.

La relatividad del concepto de desarrollo cuestiona la clásica división entre sociedades desarrolladas y subdesarrolladas. Por tanto, sería interesante que esta ley nos permitiera evaluar nuestros conceptos de desarrollo y no cada año llegar a esta Sala absolutamente desprevenidos.

Si internalizamos la mirada y se pudiera medir el desarrollo, ya no desde fuera sino desde dentro del ser humano, sería posible percibir que su principal freno se relaciona, justamente, con la incapacidad para luchar por un proyecto personal y social que tenga que ver con la liberación de toda la humanidad.

No creo que el desarrollo humano se pueda limitar al mero subsistir y al mero acumular. No creo que toda la creación y toda la vida hayan trabajado tanto para culminar en este pobre concepto.

He dicho.

Concedo una interrupción al Diputado señor Schaulsohn.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Con la venia de la señora Diputada, tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Agradezco a la Diputada señora Rodríguez que me haya concedido una interrupción.

En forma muy breve, más bien quiero no diré continuar la reflexión que la señora Rodríguez ha iniciado, pero, sí, poner de manifiesto un hecho. Es adecuado utilizar el tiempo de que la Honorable Cámara dispone para discutir el proyecto de Presupuestos en una disquisición de carácter general, aunque deberíamos tener la capacidad, mediante la discusión de esta iniciativa, de contribuir de manera más concreta a plasmar esos sueños y esas aspiraciones a que se refirió la Honorable Diputada señora Rodríguez.

Lo que ocurre es que ésta es una discusión absolutamente proforma, desde el punto de vista del Parlamento, porque hoy ha quedado de manifiesto la falta de seriedad, absoluta y total, con que estamos discutiendo este problema. Lo digo francamente. No es culpa de nadie: en parte, del ordenamiento institucional; en parte, de las reglas que nos hemos impuesto o que nos han impuesto; y, en parte, de la falta absoluta de antecedentes.

Es importante que la opinión pública sepa que desde que comenzamos a discutir este proyecto de ley de Presupuestos no hay ningún Diputado, o muy pocos, que están en condiciones de formular una indicación con conocimiento de causa, porque no tenemos la información más elemental. No podemos distinguir, por falta de los antecedentes necesarios, las proposiciones que son admisibles y las que no lo son. En general, si podemos llegar a distinguir, tenemos tan pocas posibilidades de formular indicaciones que, francamente, la facultad del Parlamento para influir en la discusión del Presupuesto es mínima.

Además, en el curso del día hemos tomado algunas resoluciones lamentables que contribuyen a aumentar la debilidad del Parlamento frente al Ejecutivo. La Mesa de la Honorable Cámara ha resuelto en la mañana, por ejemplo, que no se pueda utilizar el derecho de los parlamentarios a dividir la cuestión porque la consecuencia de esa acción sería, supuestamente, interferir con una materia que presuntamente es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia emitió un informe relativo a las facultades del Parlamento, independientemente de si la tesis jurídica que postula nos favorezca o nos perjudique. Pero designó un Diputado informante y emitió un informe, que en su parte medular y sustancial que no se leyó porque no hubo acuerdo para ello dice relación con las facultades del Parlamento en materia de tramitación de la Ley de Presupuestos. Pero la Corporación estimó porque a algunos de sus miembros no les parece correcta la tesis jurídica que contiene no darle lectura, aun cuando dicha Comisión lo aprobó casi por unanimidad, con la excepción del Honorable señor Bosselin, que disintió en todos los aspectos del informe.

Debemos reflexionar también sobre la importancia que tiene, para la estabilidad de un verdadero sistema democrático, el que nos acostumbremos a fortalecer, en la medida en que ello sea coherente con el sistema jurídico vigente y en la medida en que no lo sea, procurar cambiarlo, la auténtica separación de los poderes del Estado.

Es muy frustrante para los parlamentarios cuando no podemos plasmar en el Congreso, en forma mínima, las exigencias de las personas que nos apoyan, que nos respaldan y que, en muchos casos, son los responsables de que estemos aquí, porque no tenemos las facultades necesarias. Naturalmente, hay que reformar la Constitución Política, pero también todos tenemos que aprender a actuar con un criterio de equidad. Personalmente, siempre procuraré no anteponer los intereses políticos del momento a lo que debe ser una posición correcta de convicción de carácter ideológico, filosófico o jurídico. Hoy, en ese sentido, en relación con él informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, hemos equivocado el camino.

Quiero dar un ejemplo, porque las cosas se pueden mirar de muchas maneras, según convenga o no.

Todo el mundo sabe que hay una indicación admisible, presentada por el Diputado señor Sota, que dice relación con el presupuesto de las Fuerzas Armadas.

Algunos consideran que es una indicación demasiado amplia supongo que la discutiremos mañana con mayor detalle, porque puede afectar, incluso, el propio rancho de las Fuerzas Armadas.

La razón por la cual la indicación no puede ser presentada en los términos precisos para lograr el objetivo que persigue eliminar el financiamiento de los ex funcionarios de la CNI, radica en que, dadas las normas constitucionales vigentes, sería declarada automáticamente inadmisible.

Sin embargo, si se aplica la doctrina del informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que no se leyó, y si la Cámara de Diputados, con la mayoría hoy existente, aprueba la indicación, el presupuesto de las Fuerzas Armadas será rebajado, porque aunque el Senado intente reponerlo, al insistir la Cámara en su criterio, como esperamos que ocurra, simplemente no habrá ley en esa materia, y de acuerdo con el precitado informe, de esa parte no será incluida en el presupuesto general de la Nación.

Alguien me podrá decir, a contrario sensu, que a lo mejor los Senadores designados o los Senadores de Derecha, van a hacer lo mismo. Francamente, señores Diputados, ése no es mi problema, porque aquí se trata de restablecer un principio, acorde con la doctrina del Congreso. No es el problema del país, como me acota el Honorable y distinguido amigo, el Diputado Estévez.

Sólo pongo la indicación como un ejemplo, porque en esa Comisión hubo unanimidad, prácticamente, en este sentido, con la excepción del Honorable señor Bosselin.

La indicación del señor Sota, que es una de las más controvertidas y que causa en el día de hoy a toda hora y en todo momento grandes movimientos en los pasillos de este Parlamento, gracias a esa doctrina se puede tratar. Esa es la única forma posible de rebajar el presupuesto de las Fuerzas Armadas en lo que estimemos factible, pertinente y necesario. Ese es un problema nuestro. Pero la facultad del Congreso ha quedado consagrada ahí, si es que se adopta la tesis de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque, en esencia, lo que dije es que cuando no hay acuerdo entre ambas Cámaras, no se entiende no despachado el proyecto, como sería el caso si no se cumplieran los plazos.

En consecuencia, el Congreso ha actuado, pero no ha acogido la voluntad de este Ejecutivo o de los que van a venir en la democracia estable que queremos construir entre todos, en que hoy somos gobierno, pero mañana perfectamente podemos ser oposición.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor Diputado.

El señor SCHAULSOHN.-

Concluyo enseguida, señor Presidente.

Si vivimos obsesionados por la coyuntura del día y lo supeditamos todo a aquello, no estamos haciendo una contribución real a la consolidación y estabilidad del sistema democrático.

Gracias, Honorable Diputada Rodríguez, por la interrupción.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Puede continuar la señora Diputada.

La señora RODRIGUEZ.-

Señor Presidente, lamento que el Diputado señor Schaulsohn no haya estado atento cuando intervine, puesto que planteé parámetros muy claros para evaluar la forma en que la distribución presupuestaria puede ser adecuada o no.

También creo que, muchas veces, esta Sala está carente de ideales, los cuales son importantes; porque si no los hubiera, quizás todavía estaríamos en dictadura y habríamos sido incapaces de generar cambios en nuestra sociedad. Si estoy en esta Sala, es porque aspiro, como ideal, a hacer política con un estilo distinto, que parte no solamente por considerar los proyectos, sino por un trato coherente entre nosotros mismos; ello habla del trabajo en equipo, del creer todos en un proyecto de sociedad. En definitiva, se trata de respetar los acuerdos, cambiar leyes si son injustas, y pensar en el país.

Esos son los ideales que me motivan para estar aquí. Quisiera que esta Sala se llenara cada día más de ideales y terminara el pragmatismo, el oportunismo y las ganas de figurar o, simplemente, de hablar cuando está la prensa.

Le concedo una interrupción al Diputado señor Escalona.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, quisiera plantear el hecho de que no obstante no existir las facultades constitucionales que posibilitaran la modificación de los criterios expuestos por el Ejecutivo, en lo relacionado con el gasto público en materia de defensa, en lo personal mantengo la discrepancia que hiciera pública en diversos medios de comunicación, por considerar que se trata de un gasto sobredimensionado a las posibilidades del país. Refleja en lo sustantivo, además y tal vez sea la discrepancia de fondo, un criterio continuista en lo que se refiere al gasto fiscal en Defensa es extraordinariamente grave y peligroso en lo que respecta a los fondos reservados del cobre, por cuanto en la práctica, significa que el tercio de las utilidades de Codelco deben emplearse en materias relacionadas con el gasto público o fiscal en Defensa. Esta situación, a nuestro parecer, pone en tela de juicio las posibilidades de sobrevivencia a largo plazo de la principal empresa del país y una de las principales del mundo, empresa que constituye, por cierto, uno de los instrumentos fundamentales de cualquiera estrategia medianamente seria de desarrollo para el país.

No nos extraña, en todo caso, que el Diputado señor Correa, en representación de la UDI, haya tratado de descalificar nuestras discrepancias en este sentido, porque es natural que las fuerzas políticas que surgieron en la dictadura militar y que durante largo tiempo fueron apéndice de dicho régimen tenga que defender un presupuesto sobredimensionado para el sector Defensa. Pero, su argumentación naturalmente, no tiene en cuenta lo que son nuestras posiciones de fondo, relacionadas, no sólo con el detrimento del gasto social, sino también con las propias perspectivas de desarrollo del país a largo plazo.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor José García.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, todos los parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra han hecho mención a las limitaciones constitucionales y legales del Parlamento en la discusión y trámite de este proyecto de Ley de Presupuestos.

Sin embargo, los parlamentarios de Renovación Nacional sentimos que tenemos esa responsabilidad frente al país, y queremos dejar constancia y representar aquellos aspectos que, en nuestra opinión, son materia de observación y reparo en el proyecto presentado por el Gobierno. Básicamente, nuestros reparos son tres, y a ellos me voy a referir.

En primer lugar, sostenemos que hay incumplimiento del acuerdo político que hizo posible la reforma constitucional sobre gobierno regional y administración municipal. Y lo sostenemos así, porque este proyecto de Presupuestos para 1992, constituye la primera oportunidad en que deben materializarse los acuerdos a que llegaron el Gobierno, los partidos de la Concertación y la Oposición, en relación con el financiamiento de los recursos para el desarrollo de las regiones y la autonomía de los municipios.

Lamentablemente, en nuestra opinión, el proyecto de ley presentado por el Gobierno no da cumplimiento a dos aspectos esenciales del acuerdo político. Primero, no atiende al crecimiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el que debe aumentarse en un 10 por ciento, utilizando las mismas cifras de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Sin embargo, no sólo no aumenta, sino que disminuye en un 4,2 por ciento, en términos reales. Y segundo, lo que nos parece más grave aún, se recurra a subterfugios para dar la apariencia de que en cifras globales se está dando cumplimiento a este acuerdo político. Es así como se incorporan, en el Fondo de Desarrollo Regional, los recursos provenientes de las patentes mineras, iniciativa de ley que aún no ha sido despachada por el Parlamento. Lo mismo ocurre cuando se incorporan, en los recursos de desarrollo regional fondos del Ministerio de Educación que se encuentren establecidos en el proyecto de mejoramiento de la calidad y equidad de la Educación.

Por eso rechazamos con la mayor firmeza estos procedimientos y reclamamos del Gobierno y de los partidos de la Concertación el cumplimiento de la palabra empeñada. Los miles y millones de compatriotas que viven en las regiones así lo exigen.

De igual manera, estimamos que, a lo menos, dos disposiciones del articulado del proyecto de Ley de Presupuestos afectan profundamente el acuerdo sobre autonomía constitucional de las municipalidades en su administración financiera.

Consideramos que sólo los alcaldes, previo acuerdo del órgano colegiado respectivo, deben decidir sobre la inversión de los recursos municipales. Una simple ley no puede imponer limitación alguna que afecte esa autonomía, hecho que sucede al prohibirles la construcción de viviendas para su personal y al obligarlos a requerir la autorización del Ministerio de Hacienda para operar los sistemas de leasing.

Ambas normas, que estimamos inconstitucionales, impiden la profesionalización de los municipios más pequeños, de los rurales, que precisamente son los que están al servicio de los chilenos más modestos, y que las municipalidades atiendan necesidades urgentes de la población, como la mantención, mejoramiento y reparación de los caminos comunales, ya que no pueden usar los sistemas de arrendamientos para adquirir la maquinaria indispensable en el cumplimiento de estas tareas.

Un segundo aspecto central en la observación de este proyecto de Ley de Presupuestos es la ineficiencia en la administración del gasto social.

Para nosotros es muy importante marcar categóricamente en qué aspectos tenemos diferencias y en los cuales el Presupuesto de la Nación para el próximo año debe sufrir rectificaciones.

Reconocemos que hay un incremento en el gasto social, y lo valoramos positivamente; pero también pensamos que ello no puede constituirse en justificación para ciertos desembolsos destinados a su administración, los que estimamos exagerados, y constituyen una muestra de ineficiencia que es urgente reparar.

Por ejemplo, el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación, destina 15 mil millones de pesos; sin embargo 6 mil 200 millones y repito la cifra, 6 mil 200 de esos millones no irán a las escuelas ni llegarán a los alumnos, quedarán enredados en la burocracia del propio proyecto, serán destinados a contratar más personal, dar más viáticos, pagar más honorarios, adquirir más vehículos, comprar más bienes de servicio y consumo corriente, sin contar que casi mil millones de pesos, se destinarán a pagar los intereses de un crédito otorgado por un organismo internacional. Ello no es aceptable bajo circunstancia alguna, menos aún cuando beneficios directos destinados a la población más pobre del país no sólo no aumentan su cobertura sino que la disminuyen. Así sucede con miles de niños que esperan su subsidio de asignación familiar y que se encuentran inscritos en todas las municipalidades del país; lo mismo ocurre con miles de ancianos, incluso de inválidos, que esperan su pensión de vejez o de invalidez. Para ellos no hay recursos en este Presupuesto de 1992 y tendrán que seguir esperando, pero sí los hay para nuevas oficinas, nuevos contratos y nuevas Comisiones.

El tercer aspecto central de nuestras observaciones al proyecto se refiere a la posibilidad de exigir un mayor esfuerzo de austeridad. Los gastos corrientes del Gobierno crecen en más de 500 mil millones de pesos, lo que representa un aumento real del 7 por ciento.

Es efectivo que una parte importante de estos recursos han sido producto de beneficios establecidos en leyes aprobadas por esta propia Cámara; pero también es efectivo que varios ministerios aumentan sus gastos en bienes y servicios de consumo y en personal, en porcentajes reales que estimamos excesivamente altos.

A manera de ejemplo, las sumas de los viáticos de los ministerios pasan de mil 844 millones a 2 mil 710 millones de pesos, lo que representa un aumento real, de un 27 por ciento. Pero lo que es peor, los gastos en honorarios suben de 2 mil 100 millones a 4 mil 100 millones de pesos, con un crecimiento real de un 68 por ciento.

El Ministerio del Interior aumenta sus gastos de secretaría y administración general en un 33 por ciento real. Las horas extraordinarias de la Subsecretaría de Educación lo hacen en un 170 por ciento. Los bienes y servicios de consumo de la Subsecretaría de Salud, que no llegan a la población enferma, se incrementan en un ciento por ciento real.

Los saldos finales de caja suman 60 mil millones de pesos. Lo ha señalado el Director de Presupuestos, al reconocer que en esa suma hay gastos encubiertos, que realizarán los distintos ministerios, de los que no se tendrá conocimiento, que no estarán aprobados en detalle por este Parlamento.

Ejemplos como estos podríamos dar muchos más, pero lo que verdaderamente nos interesa es dejar constancia de que es posible un mayor esfuerzo de austeridad en el sector público.

Los objetivos de ahorro, de inversión y de empleo del país y que debe hacer realidad nuestra economía tienen que ser compartidos y apoyados por el sector público mediante este esfuerzo de austeridad que pedimos.

Termino anunciando que los Diputados de Renovación Nacional votaremos favorablemente todas aquellas partidas que consideramos razonables y en las que nos hemos formado el convencimiento de que los recursos están bien destinados. De igual manera anuncio que votaremos en contra de aquellas otras partidas que consideramos excesivas y en que no tuvimos la información suficiente o cuando la tuvimos, aún así, no nos convencimos de que los gastos eran indispensables.

Anuncio, además, que insistiremos en algunas indicaciones presentadas durante la tramitación previa de este proyecto que apuntan a marcar lo que en nuestra opinión debe ser la prioridad del gasto público y a remarcar que queremos avances más notables en materia de descentralización y regionalización y de autonomía municipal, fieles al acuerdo político que firmamos hace ya algunos meses.

Deseo conceder una interrupción, con su venia, al Diputado señor Alberto Espina.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, complementando la exposición hecha por el Diputado señor García, quisiera referirme a una materia que preocupa a la ciudadanía y que se refiere a la seguridad pública que aparece en la Partida 11, "Ministerio de Defensa Nacional", en el capítulo IV, y que dice relación con los recursos que se otorgan a Carabineros de Chile para resguardar el orden público.

Previamente quisiera hacer dos precisiones sobre la materia. Primero sobre el tema de la seguridad pública, que fue oportunamente denunciado por nuestro partido hace más de un año y que hoy constituye la principal preocupación de los chilenos.

Esta situación ha llegado a tal punto que el Colegio de Abogados de Santiago, a cuyo Consejo Directivo pertenecen miembros de todas las corrientes de opinión, ha emitido una declaración en la que señala que la mayoría de los chilenos sienten una sensación de desamparo frente a las amenazas que se producen frecuentemente contra la vida de las personas, su propiedad, su libertad y otros bienes jurídicos básicos, creando así un distanciamiento progresivo entre las garantías que la Constitución Política del Estado consagra en favor de todas las personas, relativas al derecho a la vida y a la integridad física y síquica de las personas. Es decir, ya no se trata de las críticas de la Oposición, sino que nada menos que de las del Colegio de Abogados, cuya opinión ha sido siempre moderada, y que, como digo, tiene entre sus integrantes a miembros de todos los sectores políticos.

Segundo, me parece justo señalar que durante los últimos años se han hecho esfuerzos por otorgar mayores recursos a este servicio policial y que su déficit no se origina ni ha sido generado en el actual Gobierno sino que se arrastra desde hace muchos años.

Pero debemos formularnos algunas preguntas. El Presupuesto de este año ¿ayuda a que exista mayor presencia policial en las calles, que es lo que mayoritariamente pide la población?; ¿contribuye a que la ciudadanía sienta que hay un especial esfuerzo, que el Gobierno ha priorizado el tema de la seguridad pública, en el sentido de incrementar los aspectos más básicos que requieren los servicios policiales? En nuestra opinión, la respuesta es lamentable, pero categórica: no contiene los recursos que se requieren en esta materia.

Para apoyar esta afirmación, me referiré a los antecedentes proporcionados por Carabineros en la Comisión Mixta de Presupuestos. Tocaré sólo tres áreas distintas.

Primero, la dotación de vehículos policiales. Actualmente asciende a 2.600. De ellos, en el Presupuesto se contempla renovar 600, y quedan a contar de este año 300 sin posibilidad de utilizarse. El Presupuesto no considera recursos para reponerlos. Esta situación llega a tal punto que, en la actualidad, existen más de 100 retenes en Chile que no tienen ni un vehículo policial.

Segundo, lo que respecta al combustible. Es bueno recalcar lo dicho por el Diputado señor Ringeling al informar sobre el punto respecto de lo tratado en la Comisión, en el sentido de que los vehículos policiales en Chile cuentan con 20 litros diarios de bencina y que el Presupuesto no contempla aumentarlos. Todos saben que con esa cantidad se podrán recorrer entre 100 y 130 kilómetros. Ojalá que alguno de los distinguidos colegas no tenga que recurrir a un servicio policial cuando el vehículo ya haya recorrido 130 kilómetros, porque tendrán que llegar en micro a su casa para conocer la denuncia respectiva. Tampoco se considera aumentar los recursos en esta área.

Tercero, la constitución de cuarteles. Los que se están construyendo son 3. Sin embargo, Carabineros señala que necesita en forma urgente, ¡urgente! 72 nuevos cuartes policiales; que 54 requieren reparaciones por graves deterioros; que se encuentra suspendida, por falta de recursos, la construcción que se había iniciado de siete cuarteles y que falta financiamiento para ampliar otros 24.

Al analizar este informe, se puede apreciar que estos cuarteles necesitan ser construidos en las zonas más pobres y humildes del país, pero el Presupuesto no contempla los recursos para construir un mínimo de cuarteles.

Hay otro ítem que merece un comentario especial. El relativo al rancho, es decir, a la alimentación de los policías en sus respectivas unidades. En este ítem se asigna un monto de 500 millones de pesos, y las raciones que se otorgan alcanzan a 3.900, aun cuando las necesidades reales son de 4.500. O sea, el presupuesto no financia los ranchos de los policías que están todos los días en los cuarteles. Esta es una información proporcionada por Carabineros.

Insisto en que no estoy imputando que estos males se hayan originado durante el actual Gobierno, pero el problema existe. Sin embargo, en la provisión de financiamientos comprometidos el presupuesto contempla recursos para proyectos de ley que podrán ser legítimos, pero que no constituyen prioridades para el país. No obstante, a través de una interpretación constitucional, que estimo tiene algún fundamento pero que no es correcta, se impide aumentar los recursos a los servicios policiales en tres mil ochocientos millones de pesos, con los cuales se podrían construir 40 retenes más, resolver el problema de 150 de los 300 vehículos y aumentar la gasolina de 20 a 30 litros diarios. O sea, no hay ninguna desproporción entre lo que estamos pidiendo, en relación con la austeridad, con demandas exorbitadas frente a otras necesidades.

Por lo tanto, aquí está en juego la manifestación de voluntad política en el sentido de otorgar los recursos que se requieren para que la población sienta que hay al menos síntomas iniciales de que se están adoptando medidas conducentes a mejorar la presencia policial en las calles.

En una ley que restringe en forma exagerada las facultades del Parlamento, debido a interpretaciones constitucionales no entramos a debatir el fondo del asunto, que es lo que reclamaba con justicia el Diputado señor Schaulsohn respecto del tratamiento general de la materia.

Por ejemplo, no discutimos el fondo de la disposición presentada por don Vicente Sota. Discutimos lo formal, porque el Reglamento establece que primero se debe ver la admisibilidad, y si se declara inadmisible, los argumentos, por buenos o malos que sean, no son susceptibles de un debate abierto en que nos convenzamos y entendamos claramente las necesidades del país.

Por lo tanto, insistiremos en nuestra indicación. Creemos que hay argumentos constitucionales que la avalan, pero nos gustaría que el Ejecutivo, obviando las trabas de orden constitucional que él no tiene, nos explicara no si se han aumentado más los recursos, porque lo admito hay más recursos en los dos últimos años que los que había en el pasado, sino porque los que se otorgan no cubren ninguna de esas tres áreas, según el informe que Carabineros ha entregado a la Comisión.

Esa es la cuestión de fondo. No decir si hay más o menos recursos, sino si éstos van a ayudar a resolver estas áreas: cuarteles, combustibles, rancho y vehículos.

Finalmente, voy a referirme a otro aspecto con el objeto de complementar algo de lo que ya se dijo.

Lo que hoy ha ocurrido en la Cámara con respecto al informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es profundamente lamentable, y es lo que muchas veces diferencia al Senado incluyo a los Senadores de todos los partidos políticos de la Cámara.

Destaco esto, porque durante mucho tiempo esta Cámara tuvo, especialmente en sus comienzos, una actitud en la cual éramos capaces de resolver lo que nos parecía correcto, más allá de nuestras legítimas aspiraciones políticas.

En esta oportunidad, como el informe de la Comisión de Constitución es contrario a los intereses de la Concertación, se trata de silenciar. Y esto se hace por una razón muy obvia: es un antecedente más. Probablemente existan otros informes, pero les aseguro que si hubiese sido al revés la situación, no habría habido ninguna discusión y se habría leído.

¿Qué es lo que más nos molesta? Que el parlamentario de la Concertación, que es el informante, está en el voto de mayoría. Entonces, se ejercen presiones para que el informe no se pueda leer y sí obstaculizar su conocimiento.

Puedo esta equivocado, pero a mi parecer la decisión que estamos tomando en lo que se refiere a la facultad del Parlamento, de interpretar las normas jurídicas como nos parece correcto apunta en un sentido de interés político. Hoy podrá ser para un sector, mañana por otro. En el Senado hubo Senadores de Renovación Nacional que votaron en contra de indicaciones presentadas por nosotros porque se trataba de interpretar una norma constitucional. También he visto cómo Senadores de la Concertación han votado en contra y los miembros de la Comisión Mixta lo podrán comprobar el planteamiento de parlamentarios de la Concertación cuando se trata de interpretar la ley.

Lamento, por el futuro de nuestro funcionamiento, de nuestras relaciones que son básicas en un sistema democrático, que las coyunturas políticas pesen más que los argumentos jurídicos, los que le dieron prestigio por más de 150 años a nuestro Parlamento.

Esto ocurrió hoy día podremos descalificamos o decir que es demagogia, pero todos saben que en verdad, el informe contenía una resolución distinta de la que en un momento determinado se estima interesa a un sector político.

Ojalá me pudieran convencer con argumentos contrarios. Espero que si alguna vez incurro en el mismo error, me hagan ver que no puedo resolver en favor de mis intereses si con ello estoy transando una norma legal que nos debe regir a todos.

El señor ESTEVEZ.-

¿Me permite una interrupción?

El señor ESPINA.-

No puedo conceder una interrupción sobre otra interrupción. Le devuelvo la palabra al Diputado señor José García.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Puede continuar el Diputado señor José García.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, cuánto tiempo nos resta.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tres minutos, señor Diputado.

El señor GARCIA (don José).-

Le concedo una interrupción al Diputado señor Ribera.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ribera.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, ¿se puede usar lo que resta del tiempo de la próxima vuelta?

El señor CERDA (Vicepresidente).-

No, señor Diputado.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, aun cuando éste no es el tema que quería plantear, lo voy a hacer presente en esta oportunidad.

Se trata de la forma de tramitación de la Ley de Presupuestos y la real posibilidad del Congreso Nacional de ejercer su labor en cuanto a cuidar y fiscalizar el uso del gasto público.

Como sabemos, el Presidente de la República, a través del artículo 26 de la Ley de Administración Financiera del Estado, tiene amplias atribuciones para redistribuir el gasto público. Esto significa que cuando el Congreso Nacional aprueba la Ley de Presupuestos ésta no es tal, sino una mera sugerencia financiera que el Jefe de Estado somete a la aprobación política del Congreso, toda vez que él mantiene amplias atribuciones para redistribuir los fondos.

A esto se une el hecho de que no existe una estimación adecuada ni los medios técnicos por parte del Congreso para establecer en forma fidedigna y clara si los ingresos que el Ejecutivo dice que va a tener corresponderán a los que finalmente tendrá. En otras palabras, significa que, por un lado, el Ejecutivo no proporciona la cifra exacta de las entradas fiscales y, por otro, mantiene la información respecto de los recursos para después reutilizarlos.

Sé que este tema no está vinculado directamente con la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos; pero es hora de que el Congreso Nacional, se aboque a la brevedad, en primer lugar, al estudio de cómo fiscalizar el uso de los fondos aprobados para los diferentes proyectos, a fin de que realmente se ejecuten y, en segundo término, a cómo limitar el uso por parte del Ejecutivo independiente de quién esté en el Gobierno de los fondos del Estado.

La Ley de Presupuestos no implica una obligación para el Ejecutivo sino, más que nada, es un proyecto financiero de la Administración del Estado que no conlleva la obligación de aplicarlo posteriormente.

Este es un tema de alta significación, tanto política como en cuanto al poder tradicional del Congreso en todas partes del mundo. Entre las atribuciones claves de los parlamentos está la de aprobar los presupuestos, fiscalizar el gasto público y los actos del Gobierno y de acusarlo, cuando proceda.

Nuestro Congreso exhibe una disminución de la facultad fiscalizadora y la aprobación del presupuesto no pasa de ser una mera formalidad. Esto se comprueba con el hecho de que si rechazáramos las proposiciones de la Comisión Especial de Presupuestos, se entendería aprobado el proyecto original del Ejecutivo. En la práctica, esta discusión no tiene mucha trascendencia, pues el Gobierno siempre tendrá la facultad, utilizando el Tesoro Público, de traspasar los dineros de un ministerio a otro, lo que deja a esta Cámara, reitero, con una facultad fiscalizadora muy disminuida.

Señor Presidente, sólo he formulado estas observaciones para que sean meditadas por las demás bancadas.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Dupré.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que respaldo en todas sus partes lo expresado por el Honorable Diputado don Gutenberg Martínez respecto de la desproporción en la distribución de los gastos o inversiones entre la Región Metropolitana y el resto del país.

Somos partidarios de la regionalización y de la descentralización, conforme al criterio consignado en la reforma constitucional aprobada unánimemente por el Congreso Nacional, en el sentido de que debe haber una justa y equitativa distribución, lo que no se refleja claramente en los gastos e inversiones consignados para la Región Metropolitana, donde habita el 42 por ciento de la población nacional. Creemos que no se debe hacer desarrollo regional con cargo a un progresivo empobrecimiento de la capital del país.

Repito, respaldo los planteamientos del Honorable Diputado Martínez y anuncio que con el Diputado Elizalde y otros parlamentarios hemos presentado indicaciones conforme a ese criterio.

En segundo lugar, quiero referirme al debate nacional producido respecto de la aprobación o no de una indicación a una partida de gastos para personal del Ejército. Al fundamentar mi posición, manifiesto que, de todas maneras, votaré conforme a lo que disponga la bancada democratacristiana sobre este punto.

No obstante ello, quiero expresar mi opinión frente a una situación contraria al momento histórico que vive Chile: la mantención de los ex agentes de la Dina y de la CNI que hoy aparecen como funcionarios de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, Dine.

Por segundo año discutimos este punto, sin que hasta ahora la jefatura del Ejército entregue antecedentes claros respecto de los ex funcionarios de la ex Dina o ex CNI contratados por el Ejército para formar parte de la planta de la Dine.

Conforme con las disposiciones contempladas en la ley N° 18.943, de 1990, desde el 13 de febrero hasta el 11 de marzo de ese año, antes de que asumiera el Gobierno democrático, se dictaron decretos supremos encasillando a ex agentes de la Dina y de la CNI en la Dine.

Transcurridos casi dos años, apreciamos una falta de voluntad política de la Comandancia en Jefe del Ejército para adecuar sus estructuras institucionales al proceso democrático que vive nuestro país en lo que se refiere a la Dine. También refleja una falta de transparencia en el manejo de contrataciones en esa Dirección de Inteligencia, toda vez que este Poder del Estado hasta ahora no puede conocer respuestas a interrogantes tan importantes, como por ejemplo, quiénes son los ex agentes contratados en esa Dirección de Inteligencia.

Sin perjuicio de la decisión presupuestaria que esta Corporación adopte, es necesario saber si las personas contratadas en la Dine y que aún son funcionarios oficiales de una institución respetada por los chilenos, como es el Ejército, cometieron en el pasado delitos o faltas graves.

He interrogado sobre una extensa relación de ex agentes de la Dina y CNI, que no sabemos si son o no los que están contratados por la Dine, en la que aparecen personas que podrían ser cuestionadas por sus actuaciones durante el gobierno anterior. A título de ejemplo, quiero preguntar, una vez más, qué ha pasado con los cientos de agentes que actuaron en el exterior y que operaban en Secproco, en la Sección de Protección y Control del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos agentes, entre 1980 y 1989, por concepto de comisiones, pasajes, viáticos, etcétera, en sus misiones en el exterior gastaron 14.500.000 dólares en una partida denominada "Escoltas de Seguridad".

¿Se contempla esto en el presupuesto de gastos de la Dine?

Tengo antecedentes de los decretos de destino de estos agentes. Por ello, me parece conveniente conocer lo relativo a las eventuales contrataciones en la Dirección de Inteligencia del Ejército de estas personas y la función que cumplen en ese servicio.

Si el Comandante en Jefe del Ejército tuviera una clara voluntad política de poner término al debate sobre el destino de recursos al Ejército, debería entregar a la Cámara de Diputados los antecedentes sobre las personas que se han contratado en la Dine y que fueron agentes de la Dina y de la CNI. Al respecto, como Cámara fiscalizadora, podríamos emitir una definitiva opinión sobre el particular y evitaríamos seguir discutiendo esta materia también el próximo año, lo que aparece como un cuestionamiento al presupuesto global del Ejército, no siendo así, ya que las observaciones se refieren a la situación específica que he mencionado anteriormente.

Hay que separar el respeto al Ejército, como institución, del papel que pueden seguir jugando personas que aparecen seriamente impugnadas por sus actuaciones violatorias de los derechos humanos o claramente delictivas.

Concedo una interrupción al Diputado señor Huepe.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huepe.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, en el análisis que han hecho varios Diputados de Renovación Nacional sobre el Presupuesto, hay un conjunto de afirmaciones y críticas bastante subjetivas que no se condicen para nada con lo que señala este proyectó. Me referiré a tres planteamientos formulados por el Diputado señor José García en nombre de la bancada de Renovación Nacional y que, a mi juicio, son absolutamente equivocados.

En primer lugar, ha expresado que esto violaría el acuerdo político de incrementar gradualmente los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, porque ese gasto se aumentaría en una suma inferior al 10 por ciento. ¿Por qué el 10 por ciento? Esa es la cifra que correspondería aumentar porque el acuerdo político es que los recursos del FNDR deben aumentar en un 25 por ciento de la inversión pública, que se reajusta en un 8 por ciento; luego, el aumento del 25 por ciento corresponde a un 10 por ciento.

No sé por qué el Diputado señor García hace esa afirmación no sé en qué cifra se basa para señalar que ese aumento es menor y rechaza de una plumada la posibilidad de que en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional esté incorporado, como provisión, lo que rendirán las patentes mineras y un acuerdo que existe para mejorar la infraestructura en educación. Si eventualmente las patentes mineras no rindieran lo esperado, obviamente, como está comprometido el gasto en el FNDR, será el Ministerio de Hacienda el que tendrá que proporcionar los recursos correspondientes. Un análisis comparativo de los presupuestos de los años 1991 y 1992 en los programas sociales muestra a diferencia de las cifras indicadas por el señor García un aumento del FNDR del 16,7por ciento, que supera, incuestionablemente, el 10 por ciento del acuerdo político ya mencionado.

Por eso, considero que se ha planteado una serie de antecedentes que no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, está claro que el aumento del FNDR es superior al indicado en el compromiso contraído.

Se habla también de exceso de gasto burocrático. Por suerte, reconoce el aumento del gasto social y dice que, en realidad, ha sido significativo. Sin embargo, al expresar que se observa un exceso de gasto burocrático, revela la intención de cuestionar una serie de gastos inevitables para el desarrollo: el mayor aporte social en educación, salud y vivienda.

Se cuestiona, por ejemplo, el programa MECE. No sé por qué el Diputado García señala una cifra muy superior a la que efectivamente aparece en el proyecto de Ley de Presupuestos, porque el gasto en personal es del orden de 1.000 millones de pesos, sobre un total de gastos de 15.487 millones; o sea, un porcentaje de gasto inferior al 7 por ciento. Se pretende imputar como gasto en personal los inherentes a la implementación misma de los programas. ¿O acaso se quiere hacer educación sin profesores, sin educadores? Los gastos que aparecen como transferencia a otros sectores es para la contratación de educadores que deben ejecutar el programa MECE. Se critica, entonces, la contratación de profesores en un programa orientado específicamente a la educación.

Por ejemplo, en la discusión de la Comisión Mixta, la Senadora señora Feliú, presentó una indicación para reducir, escuchen señores Diputados, un aporte de 51.975.000 pesos a 975.000 pesos; es decir, restar 51 millones, eliminar esa partida del Sernam. ¿A qué se refiere esa partida? Es una transferencia al sector privado, parte de la cual está destinada a un programa de capacitación de funcionarios públicos sobre el tema de la mujer.

En este mismo Congreso aprobamos la ley del Sernam en la cual se establece que ese servicio no puede ejecutar programas directamente; debe hacerlos a través de terceros y sólo tiene que orientar la acción que realicen otras instituciones públicas, e incluso, no puede efectuar capacitación. Es esencial para el cumplimiento del programa del Sernam, basado en objetivos definidos en el Parlamento, que capacite funcionarios públicos sobre el tema de la mujer. En ese ítem, se contempla la capacitación de 10 mil carabineros, para que respondan en mejor forma las demandas o problemas que se suscitan en las poblaciones marginales, donde se ve violencia doméstica, acoso sexual y otros hechos que afectan a la mujer por la situación que ha existido tradicionalmente en nuestro país. ¿Acaso se pretende que el tema de la mujer quede sólo en los discursos y homenajes que los dirigentes políticos acostumbran rendir y no complementarlo con programas concretos, como éste, cuya realización se quiere impedir mediante la proposición de la Senadora señora Feliú, apoyada por todos los parlamentarios de la Derecha en la Comisión Mixta? ¿Es eso burocracia?, ¿constituyen burocracia los gastos destinados a funciones de seguridad ciudadana, a Carabineros, Investigaciones, Gendarmería y al sector salud? Obviamente, son gastos de personal; pero burocracia en el sentido peyorativo no existe.

Por esa razón, tampoco tiene ninguna validez la calificación de exceso del gasto burocrático que se plantea, en circunstancias de que, por otra parte, todos los indicadores demuestran que la conducción económica del Gobierno se ha caracterizado por la austeridad en el manejo de los recursos públicos.

Una tercera crítica está dirigida al incremento de los gastos corrientes del Gobierno, que fue de 500 mil millones de pesos, lo cual representa un aumento superior al 7 por ciento. Tampoco tiene ninguna validez esta cifra. Se están comparando peras con manzanas, cosas que no tienen nada que ver. En el informe de TAC, se habla de la tasa de crecimiento real de la inversión, del gasto en educación, salud y vivienda y se hace una comparación del presupuesto de 1992 con el de 1991. En estos tres sectores, el aumento nominal de la inversión es de 36,7 por ciento, y el incremento real de la inversión de 18,3 por ciento. En cuanto al aumento real del gasto corriente, llega al 5,3 por ciento. O sea, ni siquiera respecto de esos sectores, de mayor incremento presupuestario, podría hablarse que han aumentado en 7 por ciento.

¿Cuál es la realidad de este aumento de gastos de un 7 por ciento? Aquí se está comparando la ley original de 1991 con la de 1992. Lo que corresponde, como lo plantearon los propios Diputados de la Derecha en la Comisión Mixta de Presupuestos es comparar el gasto efectivo de 1991, porque una cosa es el Presupuesto y otra el ejercicio presupuestario, o ver si por ley aprobada en el Congreso hubo que aumentar el gasto. Si comparamos el aumento del gasto efectivo de 1991 con el establecido en el Presupuesto de 1992, comprobaremos que es de un 3 por ciento; o sea, nada tiene que ver con el 7 por ciento que nos menciona el Diputado señor García.

Un aumento del gasto efectivo del 3 por ciento frente a un aumento del producto nacional bruto del 5 por ciento, parece bastante razonable. ¿Por qué se produce esta diferencia entre la ley original de 1991 y el gasto efectivo? Porque el año pasado hubo una serie de otros gastos aprobados por el Congreso, pago del 10,6 por ciento a los pensionados, cantidad que se les adeudaba desde hacía años; aumento de recursos para Investigaciones y Carabineros, que fue mucho más allá de lo estimado en el Presupuesto. Afortunadamente, el Diputado señor Espina reconoce el esfuerzo que se ha hecho para mejorar la situación de estos servicios.

En resumen, si comparamos el gasto efectivo de 1991 con el de 1992, el aumento es del 3 por ciento.

Por esta razón, las críticas formuladas no tienen ningún asidero y demuestran, desgraciadamente, el ánimo de cuestionar todo lo que se hace.

Han aprendido rápido los Diputados de la Derecha a acostumbrarse a la vida democrática, pero eso los ha llevado a una actitud excesivamente populista. Así como el Diputado Espina, con razón, afirma que debemos reflexionar sobre lo que tenemos que hacer en el Congreso, todos debemos hacerlo con seriedad acerca de las posibilidades reales de un presupuesto y respecto de cuáles son las proposiciones que pueden tener algún asidero y cuáles son meramente populistas para tratar de llegar sólo a la opinión pública, sin analizar con seriedad la situación presupuestaria que vive nuestro país.

Por último, quiero referirme a un tema que todos los Diputados han tocado, que es la manera como se despacha el proyecto y las facultades que tiene el Congreso al respecto. Es un hecho que el Parlamento cuenta hoy con mucho menos atribuciones que las que tuvo antes, y que no puede reasignar recursos.

Aprovecho la oportunidad para referirme a algo que también mencionaba el Diputado señor Espina. La indicación que ellos formularon para rebajar el ítem de operaciones complementarias y aumentar un fondo de Carabineros, que había sido declarada inadmisible, después de largo debate también lo fue por la Comisión Mixta, con los votos a favor de un Senador de la bancada de Renovación Nacional que tiene el prestigio de ser constitucionalista, don Sergio Diez, y tengo entendido, de la Senadora señora Feliú. Además, se produjo la abstención de otros parlamentarios.

¿Por qué? ¿Nos gusta a nosotros que el Congreso tenga estas limitaciones? No, señor Presidente, pero es un hecho que todas estas limitaciones son fruto de la normativa que hemos heredado para tratar este proyecto de Ley de Presupuestos. Por ejemplo, y sólo para mencionar algunos de los argumentos que se dieron en la Comisión, el artículo 44, de la Constitución de 1925, número cuarto, establecía que "sólo los gastos variables pueden ser modificados por esa ley". Escuchen bien, señores Diputados: se usaba la expresión "modificados". El artículo 74 de la Constitución de 1980 dispone que el Congreso. Nacional sólo podrá "reducir" los que no estén establecidos en leyes permanentes, es decir, los que tengan el carácter de variables, pero no podrá reducir los gastos correspondientes a leyes permanentes. Hay una gran diferencia. La Constitución de 1925 permitía modificar los gastos variables; la del año 80, sólo reducirlos. Obviamente, la intención del Constituyente era cercenar las atribuciones del Congreso. Esto es lo que hemos heredado.

Podrá discutirse si eso está bien o no, pero son las atribuciones que tenemos hoy día. Por lo menos y ésta no es una opinión constitucional, sino política, debemos estudiar a fondo la posibilidad de cambiar esta legislación, y simultáneamente, establecer la generación democrática real del Congreso Nacional, donde todavía existen Senadores designados que no representan la voluntad popular, y modificar una ley electoral que distorsiona la voluntad de la mayoría nacional. Por esa razón, tenemos que revisar esto. ¡Por supuesto! Pero hagámoslo en el contexto global del cúmulo de herencias que hemos recibido, las cuales realmente dejan al Congreso amarrado de manos. Eso no nos gusta, pero, por lo menos, tratemos que las cosas sean equitativas para uno y otro lado. Cuando no nos guste, como en el caso del proyecto de Ley de Presupuestos, acatémoslo y no tratemos de buscar interpretaciones inexplicables. Espero escuchar mañana la argumentación del Diputado señor Espina sobre cómo justificar una indicación tendiente a rebajar gastos en una partida para aumentarlos en otra, en circunstancias de que la Constitución de 1980 es absolutamente clara en cuanto a esa materia.

Eso nos lleva a la manera cómo estamos discutiendo el Presupuesto, y al informe que solicitó el señor Presidente de la Corporación.

Difiero de la interpretación de que no es vinculante, porque está en el espíritu del legislador desgraciadamente, no es nuestra voluntad aceptar que en la discusión presupuestaria haya una preeminencia de la voluntad del Ejecutivo. Podrá no gustar, pero así están concebidas las atribuciones constitucionales. Estoy dispuesto a que hagamos una revisión profundo del tema, pero para uno y otro lado, cuando focalicemos verdaderamente una serie de rémoras que quedan en la Constitución del 80.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede continuar el Diputado señor Dupré.

El señor DUPRE.-

Por su intermedio, señor Presidente, le concedo una interrupción al Diputado señor Rojo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, he solicitado la interrupción porque durante el debate se ha hecho una serie de consideraciones que no son efectivas.

En primer término, el Diputado señor Schaulsohn hizo una interpretación propia del informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la cual no corresponde ni al tenor literal ni a lo manifestado por los integrantes de dicha Comisión.

En segundo lugar, la Ley de Presupuestos, como lo señalan los profesores sobre la materia y lo dicen los fallos del Tribunal Constitucional, no es una ley, sino un cálculo estimativo de ingresos y de gastos. La Constitución Política del Estado menciona tres materias diferentes: las leyes, la Ley de Presupuestos así la llama y las reformas constitucionales.

La Ley de Presupuestos está regida por el artículo 64. El Presidente de la República envía el proyecto, el cual es, tratado primero por una Comisión Especial; enseguida, por ambas Cámaras. Hay un plazo para despacharlo. Despachar es más que aprobar: es terminar, es trámite concluido, es quedar algo listo. Algo no queda listo, no está despachado, cuando no ha sido aprobado. En consecuencia, debemos tener muy presente esta situación. Son cosas diferentes la tramitación de las leyes comunes, de la Ley de Presupuestos y de las reformas constitucionales. ¿Dónde voy? A que no hay Comisión Mixta para la Ley de Presupuestos.

En segundo lugar, se ha estado planteando se discutió una disposición del Reglamento y se pretendió que el proyecto volviera a comisiones para que se determinara cuáles eran los gastos fijos y cuáles los variables. Pero sucede que todas esas nociones corresponden a la antigua Constitución.

Como lo dice el informe en su página 8, la Constitución de 1980, si bien no hace distingo entre gastos fijos y variables, consulta, en el fondo, la misma idea de la Carta Fundamental anterior, facultando al Congreso para reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente.

¿Qué establece expresamente la Carta Fundamental? "El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos sobre eso no hay discusión; "sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos nada más, ningún otro tipo de gastos, salvo los que estén establecidos por ley permanente".

¿Qué es ley permanente? La hemos definido y no hay dudas sobre ella. Es la ley que está rigiendo, la que ha sido aprobada por el Congreso, la despachada.

Los diversos gastos que se contemplan corresponde, precisamente, a leyes permanentes. Por eso, la indicación presentada por el Diputado don Vicente Sota, destinada a reducir el aporte fiscal a la Subsecretaría de Guerra, gastos en personal, bienes y servicios de consumo, es inconstitucional.

El artículo 64 de la Constitución expresa que el Congreso Nacional sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los establecidos por ley permanente. La Ley N° 18.943, mediante la cual el personal de planta, a contrata y a honorarios de la Central Nacional de Informaciones fue traspasado al Ejército de Chile, es una ley permanente. En consecuencia, no se puede proceder a dicha rebaja.

El señor SOTA.-

¿Me concede una interrupción colega?

El señor ROJO.-

Desgraciadamente no puedo concederle la interrupción, porque estoy haciendo uso de una. Puede solicitársela al siguiente orador.

Enseguida, si se analizan las tres normativas señaladas, las leyes comunes, la Ley de Presupuestos y las reformas constitucionales, ellas se encuentran reglamentadas en la Constitución. No existe ningún vacío, sino una mala interpretación por la confusión que hay entre las anteriores Constituciones y la actual. Eso es lo que debemos entender. De acuerdo con la norma expresa de la Constitución, que tenemos la obligación de respetar, simplemente debemos tratar el proyecto de Ley de Presupuestos en la forma indicada por ella y por la ley.

Quería hacer presente estas situaciones porque se ha planteado una serie de consideraciones, en el sentido de que serían necesarias reformas o adaptar las instituciones. Si queremos un Parlamento libre, democrático y prestigiado, debemos acostumbramos a entender que en estas materias debemos aprobar los planos generales. Al Ejecutivo le corresponde administrar; no al Congreso; no a la Cámara de Diputados. A nosotros nos corresponde la misión de legislar.

Frente al proyecto de Ley de Presupuestos, sólo nos corresponde aprobarlo o rechazarlo, y despacharlo dentro del plazo que la propia ley nos señala. Si no lo hacemos en el sentido que tiene la palabra "despachar", esto es, dejarlo listo para que rija, simplemente, de acuerdo con el artículo 64 de la Constitución Política, rige la proposición del Presidente de la República.

Es todo lo que tengo que decir por el momento.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, quiero referirme a dos temas. El primero dice relación con el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; y el segundo, propiamente, con la discusión general del proyecto de Ley de Presupuestos.

En lo que respecta al informe, deseo dejar muy en claro que no comparto los conceptos de algunos Honorables colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, en particular, de los Diputados señores Espina y Schaulsohn.

Sin perjuicio de considerar que el texto constituye, sin duda alguna, un aporte al debate de la Corporación, a mi entender no resuelve adecuadamente el problema de fondo, ni desde el punto de vista constitucional ni desde la perspectiva de la implicancia que una u otra interpretación pueda tener para la conducción económica y el desarrollo institucional del país.

En este sentido, es importante recalcar que es una opinión entre otras. No constituye doctrina ni amerita un debate reposado al respecto.

En primer lugar, el informe contiene una contradicción básica: aplica el artículo 68 de la Constitución sobre la base de la literalidad de la ley en cuanto a discrepancias persistentes entre la Cámara y el Senado respecto a partes del proyecto de Ley de Presupuestos. Luego señala que no es aplicable textualmente. No lo utiliza en forma lógica. Es decir, el informe se contradice, por cuanto aplica y no aplica la literalidad de la ley. Va contra la lógica. Plantea como problema de fondo que la Ley de Presupuestos no es similar o semejante al resto de las leyes.

Desde hace décadas, los informes de la Comisión de Constitución del Senado y los fallos del Tribunal Constitucional han sentido jurisprudencia al respecto. La diferencia básica entre la Ley de Presupuestos y el resto de las leyes es que la primera rige por un año y, luego, regresa a cero, por así decirlo. En una normativa relativa a la salud, al tránsito o a determinadas normas de procedimiento penal, en caso de que no haya acuerdo entre el Ejecutivo, la Cámara de Diputados y el Senado, no hay ley al respecto; esto es, sigue vigente el statu quo previo al envío del Mensaje o a la presentación de la moción respectiva.

Por ejemplo, si se propone designar ministros suplentes en la Corte Suprema para determinados casos legales y no hay acuerdo entre ambas Cámaras, la Constitución dice que no habrá ley al respecto. Si el desacuerdo es general, es global, sobre la idea de legislar, se aplica su artículo 67; Si es sobre una de sus partes, se aplica su artículo 68. Ambos tiene igual lógica y apuntan en el mismo sentido: favorecer la vigencia del statu quo.

Sin embargo, si se trata de la Ley de Presupuestos, no hay statu quo, porque significaría mantenerla en cero. Naturalmente, no procede. Por esta razón, en su artículo 64, de modo expreso, la Constitución establece que, en caso de desacuerdo general o de no despacho del proyecto, prima lo propuesto por el Ejecutivo, situación específica y distinta de todo el resto de las leyes. En ningún otro se plantea esto. No se plantea respecto de una reforma de procedimientos penales ni respecto de la Ley del Tránsito. No se dice, por ejemplo, que si en la normativa del tránsito no se aprueba un cambio propuesto por el Ejecutivo, por diferencias con la Cámara y el Senado, en igualdad de condiciones, regirá lo que el Ejecutivo propuso. Naturalmente que no, porque sería absurdo llegar a esta conclusión.

También es absurdo llegar a la conclusión de que lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la Constitución se aplica a la Ley de Presupuestos, porque es desconocer la naturaleza de las cosas. Es evidente que no puede perderse el sentido común ni llegarse al absurdo.

La propia Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que en su voto de mayoría dice que se aplique el artículo 68 de la Constitución, es decir, que no haya ley en el punto en disputa, se contradice cuando luego señala que no podría concluirse que no hay ítem ni ley. O sea, no aplica el artículo 68 de la Constitución, sino que entra a un espacio subjetivo. Expresa que como no puede decirse que no hay ley en el ítem o al respecto, algo queda vigente.

Aquí viene la pregunta: ¿qué queda vigente? La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia no consigna lo que la Constitución dice de la propuesta del Ejecutivo, ni tampoco acepta la lógica de los artículos 67 y 68: nada; sino que en una nueva interpretación, expresa que queda vigente la menor de ambas proposiciones. Para llevar esto a lo absurdo, sería como si dijera que en caso de discrepancia en una Comisión Mixta, rigen aquellas expresiones en las cuales no hay desacuerdo. Naturalmente, esto vaciaría de sentido a todo precepto legal.

Por eso, es imposible aplicar la manera natural de resolver las diferencias en una Comisión Mixta a materias que son de Ley de Presupuestos, conclusión a la cual también llega la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en su voto de mayoría. Ratifica, por tanto, que hay una contradicción interna en el propio documento.

Más allá del debate, es obvio que debemos buscar el sentido de la Constitución, la lógica que la rige; ver si la interpretación que se nos propone es concordante o no con ella. A mi juicio, declaradamente, no lo es.

Para decirlo del modo más claro posible, la interpretación que hoy se nos entrega implica dejar al Ejecutivo condiciones deterioradas de manejo financiero, respecto del Legislativo; peores que las que establecía la Constitución de 1925. Y nadie en la Sala puede sostener que la idea de la Constitución de 1980 es debilitar al Ejecutivo en su manejo económico, respecto del Legislativo; quitarle poder de administración presupuestaria, o erosionar su capacidad de manejar el Presupuesto más allá de los intereses nuestros como Diputados.

En esto concuerdo plenamente con el señor Espina, y lo invito a que asumamos una visión de perspectiva, más allá de cualquier oportunismo constitucional o legal, y veamos qué dice la ley o la Constitución, para saber con qué criterio debemos manejar estos asuntos.

En mi concepto, las normas de la Constitución de 1980 dejan muy en claro que la responsabilidad de la conducción macroeconómica del país es del Ejecutivo. El Parlamento tiene determinadas atribuciones; pero la esencia de la conducción económica es del Ejecutivo, fortalecido respecto de la Constitución de 1925.

A mi juicio, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en la discusión de horas que tuvo en la tarde, quizás careció del tiempo suficiente para analizar bien todos los fallos anteriores que hay sobre la Constitución de 1925, porque no puede concluir y presentar la doctrina de que la Constitución de 1980 debilitó la capacidad de gestión económica del Ejecutivo y dio más poder en la materia al Parlamento. Esa conclusión atenta contra la lógica fundamental de la Constitución, que, aunque no nos guste, debemos asumir y entender.

Además, el informe contradice interpretaciones expresas del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en esta materia existe una problemática de mayor fondo y trascendencia. No es un problema menor. Quizás por eso hoy se ha producido el entrampamiento por la lectura de un documento, que no soluciona el punto de fondo.

Está en juego un aspecto básico de la institucionalidad política del país y no es razonable propender a soluciones que, apegadas o no al texto de la ley, dejen la puerta abierta para repetir el enfrentamiento en tornode la Ley de Presupuestos. Como el ánimo de los parlamentarios de Oposición y de Gobierno, no es generar un debate en tornodel proyecto de Ley de Presupuestos que nos recuerde ni siquiera lejanamente el que hubo hace justo un siglo, y no hay discrepancias de fondo mayores sobre la gestión presupuestaria del país, es el momento de hacer una reflexión política, en una Cámara política, sobre que no es posible que determinada interpretación de un texto literal razonable o no a mi juicio, es discutible, nos conduzca al entrampamiento de la gestión institucional. Según mi parecer, en una Cámara política, tenemos la obligación de profundizar y de meditar sobre el tema.

En este sentido, inspirado tanto en una consideración de orden político como en una de orden constitucional, de procedimiento, quiero dejar muy en claro que juzgo que el tema no está resuelto; que el informe es una interpretación, entre otras, y no constituye doctrina; que hay un vacío legal o institucional, en el cual una u otra interpretación puede ser posible, puesto que ninguna es clara y contundente, y que debemos acomodamos entre nosotros para buscar las reformas necesarias que constituyan un camino de solución expedito a estos problemas.

En segundo lugar, comparto la preocupación planteada por el Diputado señor Espina sobre seguridad ciudadana y presupuesto de Carabineros. Al mismo tiempo, invito a los parlamentarios a considerar el tema de manera amplia. La seguridad ciudadana, sin lugar a dudas, requiere fortalecer la acción de Carabineros.

Más allá de cualquier consideración política derivada de la gestión de la Junta Militar, de la cual Carabineros fue parte, desde que se inició el Gobierno democrático siempre hemos dicho que esta institución quedó en situación desmedrada para cumplir sus funciones durante el régimen militar, y hemos hecho un esfuerzo significativo para fortalecer su acción. Que es insuficiente, posiblemente lo sea; pero llamo la atención sobre aquello de que combatir la ola de delincuencia también conlleve otros elementos, y tenemos que ampliar la mirada.

En la Comisión Especial de Presupuestos manifesté y lo repito esta noche que, por ejemplo, el solo hecho de que se aplique un programa destinado a iluminar las multicanchas de las poblaciones del sur de Santiago, podría ser una contribución tan sustantiva como otras, para evitar el clima de delincuencia. Y tornoeste ejemplo porque creo que, como muchos somos parlamentarios de zonas populares, nos toca apreciar cómo los jóvenes, durante las noches, no tienen actividades que realizar; se juntan en las esquinas, y ahí nace el alcoholismo u otro tipo de dificultades conductuales, precisamente, por la falta de oportunidades, debido al desarrollo urbano. Si existiera un plan específico que permitiera iluminar las multicanchas, a lo mejor muchos de esos jóvenes tendría una oportunidad que sólo la tienen hoy los de algunos otros barrios o poblaciones, en el sentido de practicar una actividad sana y distinta, y en esa forma, ser eliminada o disminuida la posibilidad de caer en la delincuencia.

Doy este ejemplo, como muchos otros que hay relativos a la organización social, referente a la construcción de plazas, de espacios, para enfatizar que el combate contra la delincuencia no puede reducirse sólo a la importante tarea de generar fuerzas de orden con el presupuesto suficiente para reprimirla. El problema de fondo y lo diré, quizás, en una frase brutal; pero muy clara y tajante es que la sociedad debe aumentar su poder de represión contra la delincuencia, pero no puede permitir que, al mismo tiempo, aumente la generación de delincuentes. Tenemos que reflexionar sobre la solución de este problema, la cual radica, por un lado, en disminuir la generación de delincuentes por parte de determinadas situaciones sociales y, por otro, en reprimir o crear nuevas situaciones de orden.

Este enfoque nos lleva a un conjunto de otros temas más complejos que solamente enunciaré. Por ejemplo, la propaganda televisiva; porque mientras la televisión de nuestro país machaque permanentemente que para "sentir de verdad" no basta con tomar agua potable, sino que hay que comprar determinadas bebidas, o que para tener una determinada figura hay que adquirir determinados yogures, o que para proceder de cierta manera hay que usar ciertas marcas de zapatillas, de ropa, de equipos, y que para ser, finalmente, una persona, se necesita un patrón de consumo que es completamente inalcanzable para un joven modesto de nuestro país, estaremos generando, por la vía científica de un método de promoción de consumo, completamente imposible de ser logrado con los patrones de distribución del ingreso y por la situación económica de la inmensa mayoría de nuestros jóvenes, una situación explosiva.

¿Cómo podríamos extrañarnos cuando hay problemas de conducta, cuando no hay qué hacer, cuando no hay suficiente fomento del deporte, cuando hay desequilibrios sociales, cuando hay pobreza en poblaciones enteras, cuando hay ciertas conductas o ciertos patrones de conducta televisiva y muchos otros factores mediante las cuales, a veces, la propia sociedad genera un número importante de jóvenes delincuentes?

Quisiera, por tanto, en este tema, dejar muy en claro que la voluntad de nuestra bancada es respaldar la acción de Carabineros e Investigaciones, como asimismo, no limitar este tema, no reducirlo, sino que colocarlo en un marco más amplio.

Señor Presidente, me referiré al marco presupuestario y a la discusión en general, pero, antes de empezar quisiera conceder, con su venia, una interrupción al Diputado señor Gutenberg Martínez, y después retomaré el uso de la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Gutenberg Martínez.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, sólo quiero hacer uso de esta interrupción para los efectos de participar de las opiniones de los Diputados señores Rojo y Estévez, en términos de que el informe de la Comisión de Constitución Legislación y Justicia, respecto del procedimiento de tramitación de esta Ley de Presupuestos, me parece del todo discutible, por decir lo menos.

Solamente expondré tres consideraciones.

En primer lugar, como se ha señalado, a la luz de la Constitución Política existen tres categorías de normas: las de proyectos de reforma constitucional, las de la Ley de Presupuestos y las de la ley común.

A mi juicio, esto implica que en modo alguno pueda sostenerse que para los efectos de la promulgación o tramitación de la Ley de Presupuestos, en el caso de no haber acuerdo entre la Cámara y el Senado, procede con posterioridad la conformación de una Comisión Mixta, en el entendido de que la Comisión actual no lo es, sino que es una Comisión Especial de Presupuestos.

En segundo lugar, la Constitución es perentoria, en términos de que, respecto de la Ley de Presupuestos, el Congreso sólo puede aceptar, rechazar o disminuir. Repito: aceptar, rechazar o disminuir. Por lo tanto, cuando la Constitución dispone que dentro del plazo de 60 días el Congreso, como entidad colectiva, debe despachar el proyecto, y que en el caso de que no lo haga rige el del Ejecutivo, ese despacho implica que sólo puede aceptar, rechazar o disminuir.

Desde ese punto de vista, no es admisible lo que se insinúa en el informe de la Comisión en el sentido de que pueda existir la categoría del "no acuerdo" entre ambas Cámaras, el que debiera interpretarse como una posibilidad de despacho. Es decir, que a falta de acuerdo, simplemente, no hay despacho, porque, en ese caso, no se ha aceptado, ni rechazado ni disminuido.

En tercer lugar, desde la perspectiva de un primer estudio, en cuanto a la historia de la actual Constitución, en relación con la del 25, lo contrario sería presuponer un espíritu absolutamente distinto del que tuvo el legislador de la Constitución del 80 que como ha quedado demostrado en distintas categorizaciones sobre el tema es de carácter presidencialista, fortaleciendo las atribuciones del Ejecutivo, y no disminuyéndolas, como sería la interpretación contraria.

Agradezco al señor Estévez la interrupción que me concedió.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, concedería, con su venia, una interrupción al Diputado señor Alessandri, siempre que fuera breve, porque todavía me queda un aspecto relevante que comentar.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Gracias. Sólo ocuparé un minuto.

Comparto plenamente lo que ha expresado aquí el Diputado señor Estévez, pero sólo le hago notar en cuanto a la indicación, que los 3.800 millones de pesos son para infraestructura. Esos recursos se necesitan aun cuando no haya aumento de la delincuencia. Y, en cuanto a lo manifestado por el Diputado señor Martínez, estamos conscientes de que, en primer lugar, necesitamos la mayoría de la Cámara para aprobar la indicación, y, en segundo lugar, lo más importante, en este caso, es contar con el patrocinio del Ministro presente, porque estimamos que es una prioridad para el país.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, he querido señalar algo que, pienso todos compartimos: la necesidad de que este tema sea puesto en un contexto más amplio, y entender que, finalmente, la lucha contra la delincuencia también se relaciona con los aspectos sociales y la distribución del ingreso, aunque, obviamente, no se reduce sólo a eso, sino que también requiere un respaldo muy importante de las Fuerzas de Orden.

Ahora, en lo que se refiere a la visión global del Presupuesto, comparto los juicios vertidos por el señor Ministro de Hacienda cuando informó a la Comisión Especial de Presupuestos sobre el estado de la Hacienda Pública. Me parece que él ha destacado con precisión la visión positiva que existe hoy de la marcha de la economía. Valoro positivamente el Presupuesto que se nos ofrece, y creo que él conforma y consolida tres aspectos muy básicos. Por un lado, la sanidad de las finanzas públicas; esto es, la estabilidad macroeconómica del país.

Por otro lado, continuar avanzando con equidad y, por último, contribuir al crecimiento y al progreso técnicos por la vía de la inversión y el desarrollo.

Un aspecto central digno de destacar es que la visión positiva que el señor Ministro hizo presente al Congreso Nacional hace un año ha sido ratificada por la realidad y que, por el contrario, juicios pesimistas y alarmistas que en el mismo Congreso Nacional se vertieron hace un año sobre las perspectivas macroeconómicas del país han sido desmentidos por la realidad. Hoy los hechos son categóricos: la economía no sólo se ha adaptado positivamente a los importantes cambios tributarios y laborales que en pos de la equidad y de la justicia social ha impulsado el Gobierno de la Concertación, sino que, además, realizada su etapa de ajuste, crece dinámicamente y, al mismo tiempo, reduce su tasa de inflación.

Se planteó el año pasado que era posible crecer este año hasta una tasa cercana al 5 por ciento y reducir la inflación de niveles del 30 por ciento a menos del 20 por ciento o cercanos al 18 por ciento. Ambos objetivos básicos han sido cumplidos caso literalmente. El país va a crecer a una tasa un poco superior al 5 por ciento y tendrá una inflación anual del orden del 18 ó del 19 por ciento. A este resultado se agrega una sólida balanza de pagos, con un superávit comercial cercano a los mil 500 millones de dólares para 1991, y con exportaciones que superarán la barrera de los 8 mil 700 millones de dólares.

La perspectiva que para 1992 nos plantea este proyecto de Ley de Presupuestos es la consolidación dinámica de estos logros. Se nos propone y es perfectamente compatible con las cifras que se nos han entregado un nuevo crecimiento del orden del 5 por ciento del producto, basado en la dinámica exportadora, que crecerá quizás al doble de dicha tasa, y en la solidificación e incremento de la tasa de inversión. En este contexto positivo destacan la sanidad de las cuentas fiscales y de los equilibrios macroeconómicos.

En 1990, cuando se constituyó el Parlamento democrático, analizamos la situación como consecuencial de un Presupuesto de la Nación que adolecía de un fuerte desequilibrio. Según se argumentó en su momento, la estimación de ingresos de la Junta Militar no era fundada rigurosamente; lo más probable era que estos ingresos fueran, durante ese año, bastante más modestos que los planteados en el Presupuesto heredado y que, por tanto, se creara una situación de desequilibrio, además de que ese Presupuesto contemplaba una fuerte reducción del gasto social. Por esas razones, aunadas a los desequilibrios existentes, propugnamos una reforma tributaria, la cual se logró con un amplio acuerdo en este Parlamento. Ella permitió financiar el Presupuesto de 1990 porque, desgraciadamente, la realidad ratificó nuestros temores y se demostró que los ingresos fiscales consiguientes eran bastante inferiores a los pronósticos de ese momento, financiar esos desequilibrios, expandir el gasto social y terminar 1990 como un año de recuperación de la sanidad económica.

En 1991, gracias a la reforma tributaria, los ingresos fiscales crecieron, en términos reales, en un 11 por ciento, y esta dinámica presupuestaria de ingresos y de sanidad que equilibra los gastos es la que rige también este año, para el cual el Gobierno propone un incremento moderado del gasto corriente, consolidando los logros de la reforma tributaria, con el fin de dejar espacio a una importante inversión pública superior a los cuatro puntos del producto.

En todo este proceso se ha acentuado el criterio de equidad.

Reseño, brevemente, que el gasto fiscal social, que en 1966 fue equivalente a 3.125 millones de dólares del mismo valor de 1990, disminuyó sistemáticamente desde 1986 en adelante, llegando a ser, en 1989, de sólo 2.760 millones de dólares, en circunstancias de que estaba programado que dicho gasto cayera a 2.500 millones de dólares en 1990.

Gracias a la reforma tributaria, ello no ocurrió, y en 1990 tuvimos un gasto fiscal social superior en más de 400 millones de dólares respecto de lo que heredamos del régimen anterior. En 1991 volvió a crecer, superando el máximo de 1986 y, finalmente, con la propuesta que se nos hace para 1992, el gasto fiscal social, en moneda del mismo valor dólar de 1990, equivaldrá a 3.564 millones de dólares, esto es, mil millones superior al Presupuesto de 1990, y casi 500 millones superior al 1986.

En síntesis, hemos logrado revertir la tendencia negativa al deterioro sistemático del gasto social, expresado a partir de 1986, superando el bache programado como punto más bajo para 1990, y logrando una importante reactivación hacia adelante.

Esto significa que, en términos reales, comparando el Presupuesto que se nos propone para el año 1992 que invito a esta Cámara a aprobar con el que fue aprobado para 1990, el gasto en salud va a crecer en un 61,2 por ciento real en sólo dos años; el gasto en vivienda, en un 87 por ciento real; en previsión, en un 28 por ciento; en educación, en un 45 por ciento, y en más de 50 por ciento otras partidas del gasto social.

Este es el esfuerzo que todo Chile está haciendo para mejorar las condiciones de los más pobres y para crecer con equidad.

Y es gracias a este esfuerzo que el Presupuesto contribuye de un modo eficaz a equilibrar las cuentas fiscales con una administración financiera sana, con la expansión de la equidad y con la orientación clara de un país que invierte para aumentar su productividad y su tecnología para mirar el futuro con confianza.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer una reflexión en cuanto a la validez del trabajo efectuado por este Parlamento en la aprobación de la Ley de Presupuestos. Lo hago, porque la experiencia nos indica que el Presupuesto ejecutado en 1991 no tiene directa relación con el proyecto aprobado. Esto se debe a la facultad que tiene el Ejecutivo de efectuar traspasos al Tesoro Público y, posteriormente, reasignarlos a su arbitrio. A ello se agrega la holgura existente en los saldos de caja, que permiten financiar gastos que no han sido conocidos ni autorizados por el Gobierno.

Como un ejemplo de lo que estoy diciendo, voy a citar la Partida 12, capítulo 02, programa 03, subtítulo 31, ítem 78, que corresponde a la Dirección de Riego. Se abrió con 3.923 millones de pesos y concluirá en el Presupuesto de 1991 con 2.374 millones de pesos.

De lo anterior se desprende que hubo un traspaso de 1.867 millones de pesos que, seguramente, se han invertido bien, pero el Parlamento no ha conocido en qué se gastó esta Partida ni tantas otras, como la que señalo en este ejemplo. Doy a conocer este caso, porque quiero dejar constancia de que las facultades en comento pueden permitir la ejecución de un Presupuesto absolutamente diferente al aprobado por el Parlamento.

Esta situación se transforma en algo sumamente delicado cuando no existe plena confianza en la administración pública por parte de los propios parlamentarios oficialistas. El Senador señor Lavandero, Presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, formuló fuertes críticas al desempeño de los mandos medios de la Administración Pública, como lo señala el informe de la Quinta Subcomisión Especial de Presupuestos, que reflejó en forma bastante moderada las expresiones vertidas por el señor Senador respecto de algunos Ministerios.

Otra de las preocupaciones que me surge al analizar el Presupuesto es la ausencia de una política definida en la investigación científica y desarrollo tecnológico. Esto se aprecia en las partidas de los Ministerios que regulan la actividad productiva, como son los de Agricultura y de Minería.

Respecto de este último, debo señalar que causó preocupación en la Subcomisión la escasez de recursos destinados a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, cuyos estudios para el uso pacífico de la energía en la agricultura, medicina, conservación de alimentos, extinción de plagas, etcétera, son fundamentales para avanzar hacia el pleno desarrollo del país. Sin embargo, la falta de recursos hace que los trabajos sean lentos y que los científicos reciban rentas que parecen ridículas para una función de tal importancia. A modo de ejemplo, puedo señalar que la del Director de dicha Comisión, un científico de rango internacional, doctorado en el extranjero, no es superior a los 419 mil pesos.

Faltan también recursos para investigación en el campo de la minería. Por las características de nuestro país, debiera constituir una preocupación prioritaria, para mantener el desarrollo de la minería en Chile y para buscar la tecnología que nos permita explotar el recurso minero sin destruir el patrimonio ecológico, evitando contaminar las zonas adyacentes a las instalaciones, como ocurre en la actualidad.

En el sector agrícola, las observaciones son las mismas. Los recursos para investigación son reducidos, y así lo estimó la Quinta Subcomisión, al solicitar un aumento en los recursos del INIA, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, en 400 millones de pesos, acuerdo que se tomó por la unanimidad de sus miembros.

No existen instrucciones específicas para que los científicos exploren nuevas áreas, fundamentales para el desarrollo de la agricultura moderna, como la biotecnología y la ingeniería genética.

En la actualidad existen en el exterior instituciones, como el Instituto de Investigaciones de Henry Doubledy, de Ryton, en Inglaterra, que producen árboles resistentes a la sequía para forestar los desiertos o árboles que crecen con las más distintas limitantes edafoclimáticas. Sin embargo, en Chile, un país desértico, de clima terriblemente difícil, no existe instrucción alguna que dé preferencia a los estudios científicos en este aspecto. Así lo confirmó el Director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, al señalar que no se ha solicitado de parte de la autoridad que este Instituto incursione en estas áreas.

Paradójico resulta, sin embargo, ver en el presupuesto del Ministerio de Agricultura que mientras no hay una política clara en la investigación científica y tecnológica, sí se aumentan extraordinariamente los recursos destinados por Indap a la transferencia tecnológica, con la agravante de que la opinión de los beneficiarios de esta transferencia es lapidaria, al considerarla inadecuada, de mala calidad y de una informalidad manifiesta. Resulta lógico, por lo demás, que si no se privilegia la investigación, difícilmente podrá ser de buena calidad lo que se está transfiriendo.

Pero no sólo los usuarios consideran de mala calidad esta transferencia tecnológica, sino que también tiene similar opinión el propio Indap, el que en un informe enviado a la Subcomisión, a solicitud del suscrito, se refiere al programa de transferencia tecnológica y señala las principales deficiencias del programa. Leo textualmente: "a) Insuficiencia en las propuestas tecnológicas que se ofrecen a los campesinos". Detalla las insuficiencias. b) "La descoordinación e incoherencia entre los programas de apoyo crediticio y la transferencia tecnológica. Se está dando una transferencia que nada tiene que ver con el crédito que entrega el Indap.

Letra b-1) "Es manifiesto el carácter aislado y fragmentado del programa de transferencia tecnológica respecto de instituciones como el INIA o las universidades".

Letra c) "La desarticulación con las propuestas de inserción en los mercados, lo que ha producido grandes fracasos".

En la letra d) plantea que las limitantes son "las rigideces metológicas", y así sigue indicando hasta la letra h) los inconvenientes que tiene la transferencia tecnológica.

Con estos antecedentes no sé con qué criterio se están incrementando los recursos de la transferencia tecnológica de 3.991 millones en 1991 a 5.432 millones para el próximo período presupuestario.

Por eso, en conjunto con varios parlamentarios hemos presentado una indicación para agregar en la glosa respectiva una norma que señale textualmente que de estos 5 mil millones, deben destinarse, a lo menos, 3 mil millones a la investigación para desarrollar nuevas tecnologías. Una vez obtenidos los resultados de la investigación, se transferirán a los pequeños agricultores y campesinos de nuestro país, que tanto lo necesitan.

No podría terminar mi intervención sin manifestar mi inquietud por la inversión en el desarrollo regional. El Fondo de Desarrollo Regional baja en un 4 por ciento, pero no se ha dicho aquí que la inversión del Ministerio de Obras Públicas y de otros Ministerios es absolutamente disímil y desproporcionada entre las distintas regiones. En el caso del Ministerio de Obras Públicas tengo que hacer presente mi inquietud por la modesta inversión que está contemplada para la Cuarta Región en el Presupuesto del año 1992. En total sólo 2.709 millones de pesos, contra cantidades muchísimo mayores en otras de las regiones del país.

Dentro de este mismo Ministerio, en relación con la Dirección de Riego, hay regiones que incrementan la inversión en un 877 por ciento, en circunstancias de que la Cuarta Región lo hace en uno de los porcentajes más pequeños.

Es alta mi preocupación por la inversión en las regiones, pero lo es mayor por el hecho de que ya, en el pasado, en nuestra Cuarta Región dejó de invertirse y como consecuencia pasó a ser la capital de la extrema pobreza. No caigamos nuevamente en una situación de esta naturaleza.

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Alfonso Rodríguez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Antes de que haga uso de la palabra el señor Rodríguez, solicito el asentimiento de la Sala para empalmar la presente sesión con la de mañana.

No hay acuerdo.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, ¿por qué no solicita el acuerdo de la Sala para iniciar la sesión de mañana a las 10:30 horas?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Eso lo veremos luego.

Tiene la palabra el Diputado señor Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ (don Alfonso).-

Señor Presidente, considerando la necesidad planteada por Renovación Nacional de descentralizar el Ministerio de la Vivienda, caben tres comentarios.

Nuevamente el presupuesto del Ministerio no presenta una distribución regionalizada de sus inversiones, la cual ya debe ser conocida, pues a esta fecha ya están definidos los proyectos que integrarán el presupuesto. De esta manera, sería importante plantear una vez más, como se hizo el año pasado, que las inversiones debieran ir distribuidas regionalmente. Así, al menos, lo presenta el Ministerio de Obras Públicas. Destaca la creación del ítem "Inversión sectorial de asignación regional", resultado del acuerdo sobre reformas municipal y regional. Este ítem alcanza a 3 mil 350 millones; sin embargo, representa sólo un 20 por ciento del programa de inversión en pavimentaciones, que realizará el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

En relación con el presupuesto para iniciar 16 mil viviendas progresivas, es decir, casetas sanitarias con sitio urbanizado, Renovación Nacional considera que se requiere una evaluación previa de los programas efectuados en esta materia, dado que no se cumplió con la meta propuesta, debido especialmente a la enorme cantidad de propuestas públicas declaradas desiertas y al desinterés de los postulantes por este beneficios, versus la vivienda básica.

En relación con el Ministerio de Bienes Nacionales, hay varias interrogantes:

¿Por qué disminuye tanto la venta de activos, en circunstancias de que el inventario de bienes fiscales prescindibles es tan importante, que debería continuarse con su venta?

¿Cómo se explica un aumento del 11 por ciento en gastos de personal, con una dotación máxima de 402 personas, igual a la del año 1991?

¿Qué fundamentos tiene el notable aumento de los gastos en horas extraordinarias, viáticos y convenios, en 114 por ciento, 43 por ciento y 50 por ciento, respectivamente, en términos reales respecto de 1991?

¿Qué nuevas funciones estaría asumiendo el Ministerio que justifique el gran aumento de los gastos de administración, personal, bienes, servicios de consumo e inversión para funcionamiento?

¿Con qué criterios se efectúa la distribución regional posterior de los recursos provenientes de la venta de activos que son de beneficio regional? ¿Quién determina estos criterios?

¿Qué finalidad se persigue con la creación del Fondo Nacional de Tierras?

El gasto total del Ministerio del Interior crece en un 17 por ciento en términos reales. En los programas habituales del Ministerio, como Secretaría y Administración General, los gastos de este programa crecen en un 33 por ciento real, con respecto al presupuesto del año pasado.

Se trata principalmente de transferencias, las que representan el 82 por ciento de los gastos totales.

En relación con los gastos en personal, destacan muy particularmente el incremento real de los gastos máximos en viáticos, con un 60 por ciento, y los convenios con personas naturales, con un 125 por ciento.

Estos mayores gastos, unidos al aumento del 7 por ciento en los gastos autorizados para horas extraordinarias y los mayores gastos reservados, explican el aumento real del 38 por ciento en los gastos de administración.

En el Servicio de Gobierno Interior, los gastos totales aumentan en un 25 por ciento en términos reales respecto de lo presupuestado para 1991, cuyos principales ítemes son los destinados a los gastos de administración de Gobierno Interior. Estos gastos, personal, bienes y servicios de consumo, se incrementan en términos reales, en un 27 por ciento.

Tan sólo en los gastos en personal se aprecia que las horas extraordinarias, tanto en números como en gasto, se triplican respecto de presupuesto de 1991; lo mismo ocurre con el gasto en convenios con personas naturales.

Destaca también la creación de 75 nuevos cargos, originados en renuncias de cargos de confianza del Gobierno anterior.

En la Subsecretaría de Desarrollo Regional, los gastos en personal y bienes y servicios de consumo aumentan en un 8,7 por ciento en términos reales.

Al igual que en las reparticiones comentadas anteriormente, se advierte un notable incremento en los gastos en viáticos, en un 31 por ciento real, y en convenios con personas naturales, 99 por ciento real. Estas son formas de aumentar desmedidamente el gasto corriente.

Considerando los términos del acuerdo político derivado de la reforma municipal y regional, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional debiera haber aumentado en una tasa no inferior a un 25 por ciento, más de lo que crece la inversión pública nacional, pero no se advierte que el FNDR haya aumentado en la proporción acordada. El señor Ministro señaló que la inversión pública aumenta en un 8 por ciento real y el FNDR en un 10 por ciento real. Podemos apreciar grandes disminuciones del FNDR para el año 1992, pues en la Primera Región cae en un 20 por ciento menos; en la Tercera y Cuarta regiones, en un 16 por ciento; en la Sexta, en un 38 por ciento; en la Octava, en un 14 por ciento, y en la Séptima, en un 3 por ciento.

Con respecto a la eficiencia en la gestión del FNDR en el primer semestre del presente año, se puede señalar, en promedio, un 40 por ciento de avance, cifra bastante baja, considerando que en esta época del año debería estar contratada la mayor parte de las inversiones. De manera especial destacan las regiones Novena, Segunda y Cuarta, que tenían un avance inferior al 30 por ciento.

En lo que se refiere al Ministerio de Educación, el gasto total crece en 90 mil 500 millones respecto del presupuesto del presente año, lo que representa un aumento del 15,7 por ciento.

A nivel de programas específicos, el mayor gasto real es explicado esencialmente por el notable aumento de los gastos generales de la Subsecretaría. Los gastos en personal, bienes y servicios de consumo e inversión crecen en términos reales en un 16,4 por ciento respecto del presupuesto de 1991, y en un 31,1 comparado con el nivel de 1990.

Hay un crecimiento desmedido de los programas administrados por el nivel central. Los gastos de la Subsecretaría destinados a ejecución de distintos programas crecen en más de cinco veces, en términos reales.

Dentro de la incorporación de nuevos programas que administrará el nivel central del Ministerio, el más relevante es el programa de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. Al respecto, es conveniente recalcar que este programa se financiará con 2.420 millones de aporte fiscal y 13.068 millones, con endeudamiento.

Desde luego, quiero manifestar que es preocupante que con recursos externos se estén financiando gastos corrientes de programas en marcha. Lo más grave es que el 43 por ciento de este préstamo se destinará a financiar los gastos de administración del Mece, que comprenden el siguiente desglose: 1.002 millones para gastos en personal; 300 millones para viáticos; 460 millones para honorarios; 2.323 millones para financiar gastos generales de funcionamiento, comprendiendo materiales de oficina, consumo de servicios generales, publicidad y difusión, servicios de impresión, pasajes, gastos de representación, etcétera; 1.178 millones para la adquisición de máquinas y equipos de oficina; 184 millones para la adquisición de 29 vehículos, con un promedio de más de 6 millones cada uno, y 970 millones sólo para pagar los intereses que devengará la cuota del préstamo en 1992, lo que da un total de 6.417 millones, que representa el 43 por ciento.

Todo esto hace que parezca de dudosa conveniencia que el país contraiga una deuda de largo plazo, para destinar sólo un 57 por ciento de esos recursos a mejorar la calidad de la educación.

Del presupuesto del Mece es posible concluir que el país está haciendo un muy mal negocio, porque está adquiriendo una deuda para gastar 43 de cada cien pesos en burocracia.

Otro aspecto negativo del presupuesto de este Ministerio es la disminución real que se observa en los montos destinados a las subvenciones de la educación básica y media. Existe una disminución real de casi 11 mil millones, al comparar las cifras de las leyes de Presupuestos de 1991 y 1992, disminución que persiste, no obstante considerar los mayores gastos derivados de las disposiciones del Estatuto Docente.

Las tendencias que muestran las cifras destinadas a la educación básica y media para 1992 reflejan como criterio de asignación de recursos la preferencia del Gobierno por canalizarlos a través de programas que son manejados centralmente, en desmedro de aquellos de carácter masivo, y cuya distribución opera por mecanismos generalizados y no discriminatorios.

El mayor nivel de gasto real en educación superior, junto con la disminución que muestra la cantidad de recursos destinados a la enseñanza básica y media, a pesar de que los nuevos recursos incorporados a este nivel de enseñanza denotan una prioridad errada, por varias razones.

En primer lugar, implica una regresividad en el gasto por alumno, ya que el subsidio anual alcanza a 570 mil pesos por alumno en educación superior, versus menos 70 mil pesos por alumno, al año, en educación básica y media.

En segundo lugar, esta asignación de recursos significa una desfocalización, pues el 70 por ciento de los alumnos universitarios que reciben el subsidio pertenecen al 40 por ciento más rico de la población.

Por último, se está desprotegiendo el nivel de enseñanza que tiene una mayor rentabilidad social, tal como lo han señalado sistemáticamente los estudios sobre la materia.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, por su intermedio ofrezco una interrupción al Diputado don Carlos Vilches.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Vilches.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, la discusión sobre el Presupuesto para 1992 es de mucha importancia, pues permite damos cuenta del uso de los fondos fiscales. Sin duda, la discusión de cada una de las partidas podrá reflejar la tendencia que el Gobierno quiere dar en la solución de los problemas sociales y en el desarrollo del país.

Estimo muy importante para analizar el Presupuesto las bases de cálculo, que es lo que se ha hecho con el Presupuesto. Uno de los ítemes que me interesa analizar es el relacionado con el precio del cobre. Es así como en 1991 el Presupuesto fue calculado sobre una base de 67 centavos de dólar la libra de cobre, promedio anual. Hoy día, transcurridos prácticamente once meses del año 1991, el promedio es de 106 centavos de dólar la libra de cobre.

Señor Presidente, por su intermedio quiero preguntar al Ministro de Hacienda, señor Alejandro Foxley, qué ocurre con este diferencial del 18 por ciento de mayor ingreso para las arcas fiscales por el mejor precio promedio del cobre en el año.

¿Qué pasa con el Presupuesto de 1992 cuando se ha calculado sobre la base del precio del cobre de 93 centavos, y cuando la proyección hecha para el próximo año es superior a este valor? Este 18 por ciento, relacionado con el mayor ingreso por el precio del cobre en 1991 podemos compararlo con el 10 por ciento que tiene en beneficio el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Tanto se ha criticado, tanto se ha dicho de todas las obras sociales, pero cuánto desarrollo podría hacerse con estos ingresos. La pregunta va dirigida a este mayor ingreso del cobre por 1991: un 18 por ciento. Es importante preguntarse, en esta decisión y en base de cálculo, qué se ha hecho en el Presupuesto para 1991 y el que estamos analizando para 1992.

Si los mayores ingresos van a significar para el año 1992 un saldo de caja estimado entiéndase bien, señor Presidente estimado en cincuenta y nueve mil millones de pesos, la importancia que tiene una política aprobada por el Congreso, pudiera significar utilizar mejor los mayores ingresos que tiene el Presupuesto por los fondos del cobre y por los ingresos del precio internacional.

Quisiera que el señor Ministro pudiera contestamos sobre este diferencial que he señalado, que ya es real para el año 1991; qué incidencia tiene y qué importancia ha tenido en los presupuestos y en el uso de estos fondos fiscales, en el país.

Gracias por la interrupción que me ha concedido el Diputado señor Munizaga.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).

Recupera la palabra el Diputado señor Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Kuschel.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Le quedan dos minutos para intervenir al señor Diputado.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente, comparados los antecedentes numéricos que han entregado los Diputados señores Vilches y García, sin dejar de ser significativos, reflejan lo poco armónico, equitativo e ineficiente que ha sido sobre todo en términos regionales y de focalización social la evolución de lo que pasó con el Presupuesto del año pasado que, realmente, no hemos fiscalizado en esta Cámara. Ahora estamos aprobando y será aprobado aquí un presupuesto con muy poca información, como lo manifestó el Diputado señor Schaulsohn.

Este año nuevamente se postergan, en términos relativos, los recursos para la educación prebásica, básica, media, técnico-profesional y de adultos, en beneficio de la educación universitaria.

El programa nuevo, recién creado el año pasado, de mejoramiento de la educación de adultos, que consideraba 699 millones de pesos, este año se reduce a 389 millones, con una disminución de 44,34 por ciento, en circunstancias de que se nos recomendaba como un programa muy exitoso.

¿Qué pasó con esos recursos? ¿Cuál fue la experiencia del programa de mejoramiento de la educación de adultos dependiente de la Subsecretaría de Educación? ¿Cuál fue la experiencia del programa de iniciación a la vida en el trabajo que durante 1991 contó con mil 316 millones de pesos y que ahora se reduce a sólo 858 millones de pesos? ¿Cuál fue la experiencia y los resultados del programa de fomento al desarrollo de la innovación en la educación, que también reduce sus recursos de 216 a 166 millones, es decir, en 23,15 por ciento?

Sin embargo, ahora se propone el programa de modernización de la educación técnico-profesional incrementando sus recursos de 17Cj a 3 mil 29 millones de pesos, lo que significa más del mil 683 por ciento.

Estas situaciones de falta de información cuando se nos proponen programas nuevos, a ciegas, que se inflan un año y se desinflan al siguiente, merecen mayor preocupación de esta Cámara.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero solicitar información específicamente respecto de lo que ocurrió con los programas de mejoramiento de la educación de adultos, de iniciación a la vida en el trabajo y de fomento al desarrollo de la innovación en educación; asimismo, sobre cuántas personas se atendieron, en qué lugares del país y por qué ahora se reducen en forma tan considerable los recursos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó el tiempo del Comité de Renovación Nacional.

Tiene la palabra el Diputado señor Baldonar Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, en nombre de la bancada democratacristiana, quiero hacerme cargo de algunos juicios emitidos aquí en relación con el estudio del proyecto de Ley de Presupuestos.

En verdad, este proyecto no está hecho a la medida de la Oposición. Lógicamente, hay diferencias sustanciales entre los que se elaboran cuando ellos eran Gobierno y los efectuados hoy.

No quiero afirmar que este proyecto no tenga fallas; por supuesto, las tiene. Pero aquí no ha habido ningún Diputado de Oposición que diga y reconozca que esta iniciativa se ha debatido con plena libertad y en democracia, en casi sesenta días, con plena información en las cinco Subcomisiones en las cuales se trabajó.

Hablan varios Diputados a la vez.

El señor CARRASCO.-

Los señores Diputados que alegan carencia de información es, lisa y llanamente, porque no asistieron a las Comisiones de trabajo, donde se proporcionó toda la información requerida.

Por eso, nos abisma que ahora se pregunte por datos y cifras que todo el mundo conoce, menos algunos señores Diputados que ni siquiera han leído los informes que permanentemente aparecen en la prensa o en las conferencias que dan los señores Ministros.

Seguramente, este Presupuesto no soluciona todos los problemas de los chilenos. Si así fuera, el país estaría en jauja. La herencia que recibimos de 17 años de Gobierno autoritario no se puede solucionar sólo en un año. Por eso hay que optar, y este Gobierno lo ha hecho a través de un presupuesto que favorece a los más postergados, a los más necesitados, a los más pobres, a los que requieren la ayuda y el compromiso del Gobierno.

Aquí nada se dice de los sectores favorecidos por el Presupuesto. No se habla de la inversión en vivienda, en salud, en educación, sino sólo aquellos grupos que aún permanecen marginados, aun cuando este Gobierno nunca dijo que iba a solucionar el problema de los chilenos en dos años.

Se ha abordado el problema de Carabineros. Hemos manifestado muchas veces que el problema de Carabineros y el de la delincuencia no pueden prestarse para sacar pequeños dividendos políticos, sino que requieren de una política de Estado y de que asuman su compromiso todos los chilenos.

No se puede criticar lo que un Gobierno ha hecho sobre una materia determinada sin señalar desde dónde se partió y qué había antes de comenzar a hacerse realidad la política en beneficio de una institución.

¿Cuál era la situación de Carabineros y de Investigaciones cuando el Gobierno asumió la responsabilidad de conducir los destinos de este país? Entre otras dramáticas realidades se podían observar las siguientes:

En Carabineros había déficit de personal, de 24 mil hombres; limitación en el uso de la bencina para patrullajes; precarias condiciones para desarrollar el período de instrucción de los postulantes; atraso tecnológico generalizado; falta de vehículos, especialmente de patrullajes, y los existentes tenían un promedio de antigüedad de 10 años; mal estado de los equipos de comunicación y casi nula coordinación con Investigaciones de Chile; exceso de trabajo del personal; red de computación desfasada; falta de elementos básicos para el desarrollo del trabajo en las oficinas.

En Investigaciones se podía apreciar:

Inexistencia de patrullajes preventivos; limitación en el uso de bencina para los vehículos; parque automotor prácticamente destruido; déficit en la dotación de personal; atraso tecnológico en los laboratorios de especialidad; nula red de computación; falta de elementos para el trabajo de oficina; mal estado y carencia de equipos de comunicación. Ni siquiera chaleco antibalas tenían Carabineros e Investigaciones.

¿Qué ha hecho este Gobierno frente a la situación descrita?

Aumento de 4 mil 400 plazas de Carabineros en un período de cuatro años, plazo que se reducirá a dos años; contratación de un crédito por 21 millones de dólares, destinado a superar las necesidades más urgentes de la institución; compra de motos todo terreno con el objeto de mejorar la presencia preventiva de Carabineros; término de la construcción de la nueva Escuela de Carabineros, con una infraestructura moderna y adecuada, antiguo anhelo de esta institución, cuya inversión alcanza 4 mil 588 millones de pesos. Se han establecido métodos de cooperación con otros países con experiencia, destinados a traspaso de tecnología, cursos de perfeccionamiento y renovación de infraestructura.

A la Policía de Investigaciones se le entregó un total de 7 millones de dólares, con el objeto de cubrir sus necesidades más urgentes. Esto posibilitó la adquisición de 214 vehículos que serán destinados a reforzar la actividad policial preventiva y represiva. Se ha perfeccionado la coordinación entre Carabineros e Investigaciones. Además, semanalmente se produce una coordinación general, a través del Comité de Seguridad.

O sea, se ha hecho un esfuerzo importante por dotar a ambas instituciones de múltiples elementos que durante 17 años se les negaron por considerarlas como parias de las instituciones que en esos momentos correspondían al Ministerio de Defensa.

No se venga, entonces, a decir que Carabineros ha estado aislado o abandonado. Lógicamente que todavía falta. Por eso, el señor Presidente de la República así lo dicen los diarios de hoy se dirigirá mañana a la Nación con el fin de proponer un plan de acción para combatir en forma integral la delincuencia en Chile.

Se ha hablado aquí de los recursos del Indap para transferencia tecnológica y se critica a los Diputados de Gobierno porque han cuestionado su calidad. Eso significa que en el trabajo de los parlamentarios se actúa con seriedad. La solución no consiste en quitarle recursos al Indap para hacer transferencia tecnológica, sino y es lo que estos Diputados proponen en mejorarla, porque el Indap está comprometido con el desarrollo de miles de campesinos pobres que nunca antes tuvieron atención.

El señor MUNIZAGA.-

Aquí está el informe del Indap, señor Diputado.

El señor CARRASCO.-

El señor Munizaga debiera saber, porque estuvo en la Subcomisión Especial, que durante este Gobierno se crearon el Fondee y el Fontec. Y él conoce que en la Partida 07, Capítulo 01, programa 01, subtítulo 25, ítem 32, hay 9 mil millones de pesos destinados al desarrollo tecnológico e investigación tecnológica. Por lo tanto, no se ajusta a la verdad cuando se dice que esta actividad, tan importante para un país, se encuentra abandonada.

Se ha hablado aquí también de la disminución de las facultades del Congreso. Nada se ha dicho de que este Parlamento tiene las facultades que la Constitución de 1980 estableció. Sin embargo, los mismos que hoy se refieren a lo escaso de esas facultades defendieron esa Constitución a troche y moche.

Si existe interés en darle mayores facultades al Congreso, estamos dispuestos a proponer las reformas constitucionales necesarias sobre el tema. Es bueno recordar que cuando el Gobierno lo ha planteado los Senadores de la Oposición le han manifestado al Presidente de la República que no mande más reformas constitucionales. No quieren crear un Congreso que sea la legítima representación de la voluntad popular: desean "apernar" a los Senadores designados por un lapso superior.

Desafiamos a la Oposición para que le entreguemos más facultades a este Congreso.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CARRASCO.-

En todo caso, hago presente la inconveniencia de otorgar facultades a un Congreso que no ha sido legitimado por el pueblo.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CARRASCO.-

No basta con criticar. Lo importante es reconocer las bondades de un presupuesto elaborado con la participación de este Congreso, destinado a favorecer a una mayoría. Sólo con las críticas no se solucionan todos los problemas.

Apoyaremos este proyecto de Ley de Presupuestos porque pensamos que se ha hecho con seriedad, responsabilidad y porque marca una etapa importante en el desarrollo de una política económica sana al servicio de las mayorías.

Con su venia, señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado señor Yunge.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, es emocionante el interés de las bancadas de la Derecha por escuchar este debate.

Quiero expresar un par de ideas relacionadas con la inversión pública en la Región Metropolitana y respaldar las indicaciones que se han formulado sobre la materia.

Durante varios años, ha existido una tendencia expresada en el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y en otros rubros, que indica que en la Región Metropolitana se encuentran los niveles más bajos de inversión pública per cápita comparados con los de las regiones en todo el país. Esta es una situación extraordinariamente grave, sobre todos si consideramos que en ella vive más del 40 por ciento de la población de Chile.

Según mi parecer, existe un claro peligro de consolidar esa tendencia. En el tema de la inversión pública a nivel regional debemos ser más específicos y apuntar a la realidad de las comunas más pobres, de las comunas periféricas de la ciudad de Santiago.

Sin duda, la inversión pública gruesa más importante se concentra en las comunas del sector oriente y centro de la capital, en proyectos de comunicación vial, interregional, que no están dirigidos a los sectores más pobres, los que, como consecuencia de una política del Gobierno anterior, se concentran en determinadas áreas de la ciudad. Esa realidad debe enfrentarse definitivamente. Cuando hablamos de la delincuencia o de la pobreza debe considerarse esta situación. Me parece fundamental revertiría; para ello debe favorecerse a ese sector tan importante de la población del país. Por lo anterior, estimé necesario intervenir en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos.

He dicho.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado señor Elizalde.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, el proyecto de Ley de Presupuestos que hoy aprobaremos, no tendría ningún reparo si no hubiese estado promulgada la reforma constitucional. Pero al aprobarse después de ella el Presupuesto dé la Nación, naturalmente hay una inconsistencia bastante sustantiva.

De hecho, no se respeta el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución, porque existe una clara discriminación respecto de la Región Metropolitana. No solamente en los recursos del Fondo Regional, sino que también en la inversión regionalizada de los diferentes ministerios. Nosotros, al igual que los Diputados de regiones, legítimamente defendemos lo que nos parece más adecuado para la zona que representamos.

Como Región Metropolitana, no pedimos más de lo que nos corresponde, pero tampoco aceptamos menos.

Nuestra Región concentra la mayor población y, además, el más alto número de problemas. Santiago es hoy cuando hablamos del tema de seguridad social, de seguridad ciudadana la ciudad que tiene mayores niveles de delincuencia, de drogadicción, de falta de vigilancia policial o de investigaciones. Somos la Región que concentra las más altas cantidades de poblaciones marginales desposeídas de salud, educación y de viviendas. En consecuencia, exijo que se respete la Constitución.

Por ello, he presentado la siguiente indicación, que espero no perjudique a ninguna región del país, pero que sí haga justicia a lo expuesto:

"Todos los fondos que hasta la fecha, hoy día se proponen como montos a regionalizarse, deberán ser readecuados por los Ministerios respectivos en la proporción que corresponde a cada uno, buscando la equidad y la eficiencia en sus aplicaciones".

Me parece que es lo único que procede, según las normas que nos hemos dado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, estamos llegando al término de la discusión del Presupuesto, la cual, para los miembros de la Comisión Mixta comenzó hace varias semanas.

Lamentablemente, sólo podemos concluir que la tramitación de un proyecto de estas características y en la forma como el Congreso lo ha enfrentado se ha convertido en el modo más brillante de perder el tiempo.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LONGUEIRA.-

Una cosa es reconocer que el Parlamento tiene pocas facultades para modificar el proyecto de Ley de Presupuestos y otra, muy distinta, es que los parlamentarios nos autoimpongamos cada vez más restricciones para introducirle cambios.

No tiene mayor importancia discutir las cifras que se nos presentan y los números que aquí figuran, porque esta ley, durante el transcurso del año, sufre modificaciones de tal magnitud que es casi irrelevante pronunciarse sobre las sumas asignadas a las distintas partidas.

El Diputado señor Estévez nos entregó un cuadro con antecedentes referidos al Ministerio de Obras Públicas. En él se observan las variaciones que existen entre lo que aprobó el Congreso hace un año atrás y el presupuesto vigente al 30 de septiembre de 1991. Por ejemplo, en la partida "Aporte Fiscal" aprobamos 70 mil millones de pesos, suma que, a septiembre, había ascendido a 77 mil millones de pesos en dinero del mismo valor adquisitivo, es decir, la cifra que aprobó esta Cámara se incrementó en 10 por ciento.

En la primera Subcomisión había partidas, capítulos y programas que tenían variaciones del 500 por ciento en relación con lo efectivamente aprobado por el Parlamento el año pasado.

Por lo tanto, toda esta discusión que se prolonga por más de dos meses y la de hoy en la Sala, es prácticamente inútil.

Concedo una interrupción al señor Estévez.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, sólo para señalar que, en el caso específico del Ministerio de Obras Públicas, ese aumento obedece a dos leyes: la de reajustes que aprobó este Congreso para todos los funcionarios públicos, que se expresa en un incremento de gastos de personal, y a un cuerpo específico para los empleados de Obras Públicas, lo que implicó un aumento de aporte fiscal del 10 por ciento real.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Puede continuar el señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Pero el aumento que aquí figura va más allá del establecido en esas dos leyes; o sea, no obedece sólo al aumento derivado de esos dos cuerpos legales.

En todo caso, hay partidas en el Presupuesto que sufrieron variaciones, tal como lo señalé, del 500 por ciento en relación con lo aprobado por este Congreso.

Por eso, reconociendo y aceptando que el Ejecutivo debe tener muchas de esas facultades, porque es el responsable final de la conducción macroeconómica del país, el Parlamento, en la discusión de este proyecto, debe actuar como un Poder independiente del Ejecutivo. En esto, los parlamentarios de la Concertación tienen una enorme responsabilidad, porque enfrentan la discusión como dependientes de la proposición del Ejecutivo, lo que impide que nosotros, el Congreso, como órgano independiente, le imprimamos una voluntad de cambio al Presupuesto.

Esa motivación tuvo una indicación que presentamos para si del Congreso dependiera reducir un 5 por ciento los gastos en bienes y servicios, con el fin de destinarlo a un proyecto específico, como puede ser, por ejemplo, el de los profesores, que es el caso que hemos elegido para incrementar el Estatuto Docente.

El Congreso puede determinar que la prioridad es otra; pero para discutir el Presupuesto es una actitud radicalmente distinta de la que hemos enfrentado durante estos dos meses.

La suma de todas las partidas, que son las cajas de los Ministerios, asciende a 60 mil millones de pesos. En muchas de ellas existe una provisión para gastos futuros. La magnitud de esas cajas refleja que no serán saldos finales, objetivo de ese ítem. Tal como señaló el Director de Presupuesto, ahí existe una provisión; es una técnica legislativa para reservar fondos que serán destinados a distintos propósitos, y el saldo final de caja será diferente del que estamos aprobando.

La sumatoria de esas cajas es de una magnitud muy alta. No sabemos qué estamos aprobando.

Por lo tanto, cuando se enfrenta la discusión de este tema con el Ejecutivo los parlamentarios de la Concertación respaldan esos saldos de caja. Efectivamente, la Comisión Mixta nos presenta que todo ha sido aprobado, porque obviamente tienen mayoría en ella. Pero, sin lugar a dudas, estamos aprobando montos en diversas reparticiones públicas, en distintos Ministerios, que tienen un destino absolutamente desconocido y que finalmente serán gastados y no estarán provisionados o no serán fruto del resultado del saldo de caja.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

El Diputado señor Sota le solicita una interrupción.

Tiene la palabra el Diputado señor Sota.

El señor SOTA.-

He escuchado varias veces que los saldos de caja sumarían 59 mil millones de pesos. Eso significa apenas el 3 por ciento del Presupuesto nacional. ¿Le parece mucho?

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Puede continuar, señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Quiero precisarle al Diputado señor Sota que, más que la magnitud final, todos sabemos que están provisionados fondos que se gastarán en algo distinto de lo que estamos aprobando. Es un problema conceptual. Es evidente que cuando se han aprobado proyectos de ley en los que había acuerdo unánime, como el que otorgaba el 10,6 por ciento de reajuste a ls jubilados, en lo cual todos estuvimos de acuerdo en que debía hacerse a partir de cierta edad, no hubo fondos para hacerlo.

Finalmente, todo parece irrelevante cuando se discute porque las magnitudes no lo son. Pero el espíritu con que el Congreso debe enfrentar la discusión con el Ejecutivo es radicalmente distinto de cómo se está haciendo. Aquí estamos aprobando saldos de caja en muchas reparticiones y Ministerios, de los que se podrá decir que no suman mucho, pero no se gastarán en lo que efectivamente estamos aprobando.

Otro ejemplo. En este Congreso discutimos durante varios meses un proyecto de ley para reasignar los dineros recaudados por distintos juegos de azar, como la Polla Gol. Todos sabemos que parte de esos recursos se destinan a la Digeder. Durante el año, ésta recibió, a través de un decreto del Ministerio de Hacienda, 2 mil millones de pesos adicionales de lo que nosotros aprobamos.

Muchas veces discutimos proyectos largamente. Se nos presiona para despacharlos con la mayor urgencia porque la Digeder está "haciendo agua", pero, finalmente, nos enteramos aquí, al final, que durante ese año le fueron asignados 2 mil millones de pesos adicionales.

Cuando uno se ve enfrentado a tener que votar un presupuesto de esta naturaleza, con el espíritu con que se enfrentó la discusión, no tiene ninguna relevancia, porque los cambios que ocurren durante el año, o la información que logramos obtener por la forma en que discutimos el

Presupuesto nos impiden conocer efectivamente los gastos.

El año pasado presenté una indicación para reducir el ítem correspondiente al aporte de Indap a las organizaciones y comunidades agrícolas. En la Ley de Presupuestos que el Ejecutivo envió el año pasado se nos proponía destinar 1 mil 331 millones de pesos a esas organizaciones. Yo presenté una indicación para que tales préstamos Indap los entregara individualmente a los campesinos a través de créditos de corto y largo plazos. Obviamente, fue declarada inadmisible, porque estaba aumentando otras partidas, pero tampoco se aceptó, porque el gran proyecto del Gobierno era entregarle a esta organización de campesinos estos 1 mil 331 millones de pesos.

De esa partida se gastó el 20 por ciento durante el año 1991, porque no hubo capacidad. Hoy día, uno se entera de que en Paine, por ejemplo, a esos pequeños campesinos, a los cuales yo reuní con el Seremi de Agricultura y con el representante de Indap del área sur para que les otorgaran créditos porque se vieron afectados por el cólera, se los niegan porque no hay recursos para ellos, en circunstancias de que se han visto prácticamente quebrados debido a que tuvieron que arar sus lechugas, repollos y todas las hortalizas que sembraron, porque sufrieron el problema de la comercialización debido al cólera.

Aquí se nos presenta una serie de proyectos sociales que ni siquiera se llegan a concretar y se nos bombardea con una cantidad de cifras, con un gasto social que ha aumentado en las distintas reparticiones públicas que están destinadas a este fin. Sin embargo, les advierto una cosa. Simultáneamente con este mayor gasto social, lo único que los chilenos perciben es que hoy día hay más desempleo, porque se registra un 15 por ciento de cesantía en el sector juvenil; que existe más delincuencia, más drogadicción y más alcoholismo. Por lo tanto, es muy importante que tengamos claro que, mientras más se gaste en lo social, ello no significa que efectivamente estemos combatiendo la pobreza en la forma correcta.

En este momento, lo que la gente pide es que haya más trabajo y mejores remuneraciones, porque sistemáticamente, durante todo el año pasado, hemos tenido un crecimiento en el índice de la cesantía. Es allí donde debemos hacer el mayor esfuerzo, porque si vemos que hay familias que quedan en la cesantía, obviamente el gasto social no tendrá el efecto que se pretende, porque esa persona ni siquiera tiene un ingreso para solventar los gastos necesarios.

Por lo tanto, de esa discusión que hemos tenido por más de 2 meses debemos sacar una conclusión: se requiere que la Cámara forme una Comisión para que, en las próximas semanas, nos proponga enmiendas a nuestro Reglamento, a leyes que podamos modificar en conjunto con el Ejecutivo para que la tramitación del proyecto de: Presupuestos tenga relevancia e importancia. Además, precisamos tener conocimiento oportuno de cuándo se están modificando las distintas partidas, aun cuando lo más probable es que esta facultad la mantenga el Ejecutivo. Resulta evidente que se requiere de un grado de información que actualmente no existe, como también de un grado de trabajo en nuestra Corporación que es imposible que lo hagamos en la situación actual.

Para ello, la conclusión más importante que uno puede sacar en la discusión de la Ley de Presupuestos es que, efectivamente, se requiere que no volvamos a esperar un año más para repetir la misma discusión que, en parte, ya tuvimos el año anterior y que, por la dinámica propia de nuestras funciones, tengamos que enfrentar una tercera discusión del Presupuesto en la forma como lo estamos haciendo ahora.

No tiene importancia alguna si aceptamos o rechazamos distintos ítemes. Existen provisiones en las cajas que no sabemos cómo se van a gastar. Se pueden alterar alterar ítemes al interior de los Ministerios sin que lo sepamos oportunamente. Más aún, en virtud de una decisión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, ni siquiera podemos reasignar cantidades desde las cajas a distintas partidas, mostrando así una voluntad nuestra para enfrentar la discusión del Presupuesto. Si ya no podemos modificar una caja de una partida de un servicio público, resulta evidente que, prácticamente, no tenemos atribuciones para nada.

No quiero que de ello se responsabilice exclusivamente a las pocas facultades que podamos tener, porque aquí ha habido una actitud incorrecta para enfrentar la discusión del Presupuesto.

La indicación que hemos presentado para reducir los presupuestos en todos los Ministerios, en Defensa, en el Congreso, en todas las reparticiones, la cual no significa reducción de personal, ni del gasto social, ni de programa alguno destinado a la extrema pobreza, va destinada a un proyecto social que, por último, podemos elegir de común acuerdo, para mostrar que el Congreso tiene una actitud distinta para discutir el Presupuesto y quiere focalizar de alguna forma el gasto, pidiéndole al Ejecutivo mayor austeridad, la misma que debemos autoimponemos al reducir nuestro presupuesto en un 5 por ciento.

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Horvath.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Horvath, por la vía de la interrupción.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, después de revisar el Presupuesto, deseo partir de una situación específica en la Región de Aisén, que puede ser extrapolable a otras regiones.

En la distribución de los fondos regionales y sectoriales regionalizados no se consideran los correspondientes a la reconstrucción y reparación de los graves daños que significó para la zona sur austral la erupción del volcán Hudson. Incluso, analizados los presupuestos, en términos comparativos, de los años 1991 y 1992, si bien en algunos casos son iguales, en otros resultan inferiores.

De acuerdo con lo señalado por el Diputado representante de la II Región, tampoco está reflejada en el Presupuesto la catástrofe que sufrieron en Antofagasta a raíz del aluvión. Las regiones que enfrentan estas situaciones Chile es un país donde lo normal es no tener una situación de emergencia van viendo minadas sus posibilidades de desarrollo armónico, por cuanto, en términos coloquiales, tienen que desvestir un santo para vestir otro.

Aprovechar esta oportunidad para emitir una señal en tornode esta situación y requerir, por intermedio del señor Presidente y en el momento que corresponda, una respuesta del Ministro de Hacienda.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Señor Longueira, el Diputado señor Latorre está pidiendo una interrupción. ¿La concede?

El señor LONGUEIRA.-

No, señor Presidente.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Puede continuar, Su Señoría.

El señor LONGUEIRA.-

Termino señalando dos cosas: una, la gran mayoría de los parlamentarios, principalmente los de la Región Metropolitana, han hablado de la Distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Tan importante es este punto que, por segundo año consecutivo, los parlamentarios de la Región Metropolitana planteamos exactamente lo mismo, en el fondo, para que nos demos cuenta de lo que ocurre con nuestra proposiciones.

Lo relevante, de acuerdo con el cuadro que tan bien describió el Diputado señor Estévez al referirse al problema de erradicar de alguna forma la pobreza en importantes núcleos habitacionales de la Región Metropolitana, es que se siguen construyendo las mismas casitas que en el gobierno anterior y respecto de las cuales algunos sostenían en el pasado que eran indignas. Pero cuando finalmente llegan al gobierno se dan cuenta de que el país tiene que seguir construyéndolas en la misma forma, incluso mucho más chicas, de menor calidad,...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LONGUEIRA.-

.... y todos sabemos lo que se ha aprobado.

No planteo esto como crítica, porque tendrá que ser así por mucho tiempo más. Pero, ¿qué pasa, Se sigue construyendo en las mismas poblaciones, en los mismos sectores, en las mismas comunas, y por último, no se cuenta con la infraestructura necesaria?

La Región Metropolitana puede optar al ítem cuyos fondos se destinan a mejorar la calidad de vida de sus sectores; a aprovisionarlos de multicanchas, de consultorios, de escuelas, de pavimentación y de toda la infraestructura necesaria. Pero la Región Metropolitana, donde se concentra la extrema pobreza del país, tiene el menor presupuesto comparado con el de otras regiones. La provincia del Maipo, de la cual soy parlamentario, con mayor población y con más pobres que muchas regiones completas, tiene que disputar con el resto de las provincias y comunas de la Región Metropolitana un monto inferior.

El año pasado planteamos este argumento y lo hacemos una vez más, porque el proyecto de presupuestos no recoge una inquietud que nace no porque seamos parlamentarios de la Región Metropolitana de la imposibilidad de entender que hay un concepto de focalización del gasto distinto del ítem destinado a los sectores necesitados del país.

Por lo tanto, cuando lleguemos a la discusión, ojalá los parlamentarios de la Región Metropolitana enfrentemos con espíritu de equipo la posición del Ejecutivo, para que aumente los montos asignados hasta los niveles que estimamos justos. De lo contrario, usemos otro tipo de argumentos y de presiones para que no volvamos a las explicaciones ni al lloriqueo. El próximo año nos va a pasar exactamente lo mismo. Volveremos a observar que a provincias enteras, como la del Maipo, les tocan alrededor de 25 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Así, no vamos a romper nunca el círculo vicioso de la pobreza en los centros poblados de la Región Metropolitana.

Para terminar, pido al Ministro que hoy, al menos, exista una manifestación de voluntad para enviar mensualmente al Congreso, los últimos días de cada mes después, obviamente, la Secretaría las reparte a los parlamentarios, todas las modificaciones vía decreto al Presupuesto, con el objeto de que la Cámara pueda fiscalizar los cambios que el Ejecutivo introduzca durante el año y conocer sus prioridades.

Concedo una interrupción al señor Letelier, señor Presidente.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, el colega Longueira ha tocado dos temas relevantes que es necesario abordar, por lo menos. Uno se relaciona con el Indap y la partida de poco más de mil millones de pesos destinada al apoyo de las organizaciones campesinas y a créditos a agricultores, en particular a pequeños agricultores.

Es cierto lo que señala: lo aprobado es bastante inferior a lo deseado, pero es necesario hacer resaltar dos elementos. Por una parte, frente a la debilidad de las organizaciones de pequeños productores, sin duda, es necesario estimular su fortalecimiento; por otra, la situación de los agricultores que no pueden acceder a créditos por estar en mora, ha llevado al Gobierno a implementar un mecanismo de repactación de deudas, de forma tal que el próximo año, con el gran esfuerzo que se está haciendo hoy, estén en condiciones de postular a créditos en forma organizada.

En segundo lugar, respecto de la distribución de recursos en las regiones; incluyendo la Metropolitana, en uno de los programas del Ministerio del Interior, con el propósito de abordar precisamente esta situación, se ha introducido una indicación que interesará al colega Longueira. En la partida sobre municipalidades, hay casi 5 mil millones de pesos destinados a mejoramiento urbano y equipamiento comunal.

Junto con el colega Estévez, he presentado indicación para asegurar que esta inversión sea en proporción a los desocupados de cada provincia, para que los recursos no queden en las capitales de regiones y se evite la discriminación a las provincias que no son cabecera de región o comunas que no son capital de región, ya que no siempre se focaliza la ayuda hacia los sectores más desamparados.

Por eso, la indicación, aprobada en la Comisión Mixta, tiene el propósito de asegurar que las provincias más retrasadas, en particular, con mayores niveles de desempleo, se beneficien directamente del fondo de más de 4.800 millones de pesos. De esta forma, se garantiza que la Región Metropolitana no sea discriminada en la distribución de los recursos regionalizables.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud, por el Comité del Partido Radical.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, el otro día, en su exposición sobre la Hacienda Pública, el señor Ministro de Hacienda alabó a los partidos de la Concertación, pues han dado su constante apoyo a los programas económico y de política social del Gobierno. Señaló que ellos han contribuido con valiosas ideas para mejorarlos.

No pretendemos variar el generoso concepto del señor Ministro de Hacienda. Por ello, haremos algunas ponderaciones significativas respecto de los elementos centrales del proyecto de Ley de Presupuestos.

Para nosotros, es particularmente significativo el proyecto, y reconocemos el esfuerzo importante y coherente del equipo económico. Por ejemplo, es destacable que en 1992 se aumenten en 150 millones de dólares los recursos para educación; que para trabajo y previsión social asciendan a 170 millones de dólares, destinados a reajustes de pensiones y planes de capacitación; que el aumento para salud sea del 5 por ciento, sobre el ingente y enorme esfuerzo desarrollado en 1990 y 1991, que es interesante, en particular, su destino, es decir, aumento de inversiones y de programas de mejoramiento de atenciones, en especial de las primarias, y de recuperación de las remuneraciones del sector. El incremento en vivienda, que permite mantener y ampliar los programas habitacionales en casi 100 mil soluciones habitacionales para 1992, es muy satisfactorio. El programa de infraestructura en obras viables es un esfuerzo cuantioso, que merece el reconocimiento de la nación. En él tengo que decirlo honestamente fundamos las aspiraciones de éxito de la gestión del Gobierno democrático.

Nadie puede desconocer no lo hizo el Honorable Diputado don José García el aumento en 1.300 millones de dólares del financiamiento de programas sociales, aspecto central o fundamental del proyecto de Ley de Presupuestos.

En 1992, las pensiones se restituirán plenamente, o sea, el reajuste del 10,6 por ciento se pagará conforme lo determina una ley sancionada por el Congreso Nacional. Es un esfuerzo importante del Gobierno. En 1992, se financiará el mejoramiento de remuneraciones a más de 100 mil personas de los sectores salud y educación, y se contemplará el incremento del 60 por ciento de los recursos para el financiamiento de obras sanitarias.

En 1992, se ha programado también la construcción de doce nuevos juzgados, uno de ellos en Paillaco, en mi distrito, el N° 54.

Por supuesto, apoyamos el proyecto de Ley de Presupuestos para 1992, por todas estas consideraciones.

En materia de seguridad pública, el Diputado señor Espina ha hecho una fuerte e impensable crítica respecto de la falencia presupuestaria de la policía chilena. Este juicio no es justo, y no lo es porque el Diputado señor Ringeling, que actuó como informante de la Segunda Subcomisión, señaló con toda claridad que el 16 de diciembre de 1991 en pocos días más, se integran al servicio 1.100 nuevos carabineros, del programa de 4.400 que autoriza la ley N° 19.006, sancionada también por el Congreso Nacional si no me equivoco, por la unanimidad de los Diputados.

En 1991, Carabineros adquirió vehículos policiales por un valor de 10 millones de dólares. Entre ellos, un helicóptero, 38 patrulleros, 3 buses blindados, 36 furgones, 30 jeeps Daihatsu Rocky y 4.000 chalecos antibalas. Esto no es "humor de pavo".

En 1992, está contemplada la compra de 620 vehículos policiales, por 7 millones de dólares; equipos de telecomunicaciones, por 2 millones de dólares, y de informática, por un millón de dólares.

Si ello no implica preocupación del Ejecutivo por la seguridad pública, preocupación compartida por la Concertación, no sé, en realidad, qué se estima por preocupación en este aspecto.

Por si no queda claro que el Gobierno democrático se preocupa en forma sensible de la seguridad ciudadana, quizás valga la pena referirse al presupuesto de Investigaciones, que omitió en su informe el Diputado señor Ringeling, situación que le hice presente en su oportunidad. Fue aumentado en 1991 en un 35 por ciento; y en 1992 se considera otro fuerte aumento en moneda nacional y un aporte especial de 3 millones de dólares, que permitirá un significativo mejoramiento del nivel operacional, a través de mayor equipamiento, vehículos, telecomunicaciones, computación y equipo técnico.

Pero si aun así es insuficiente, a juicio de la Oposición, hay partidas cuestionadas que podrían complementar el gran aporte presupuestario hecho por el Gobierno democrático a la seguridad ciudadana. En forma especial me refiero a la propuesta hecha por el Diputado señor Sota. Esos recursos podrían perfectamente destinarse a aumentar los recursos de la seguridad ciudadana.

En la mañana dije que la propuesta de reducción del 5 por ciento a cada Ministerio no tenía sentido ni destino. No podemos reasignar recursos. La exégesis del artículo 64, inciso segundo de la Constitución, que señala que "el Congreso Nacional sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos", es clara y categórica. ¿Qué sentido tiene, entonces, la propuesta de reducción del 5 por ciento de los gastos de operación de los Ministerios si el Congreso no tiene facultad para reasignar recursos?

Por otra parte, la indicación que propone incrementar el ítem de Carabineros en tres mil ochocientos millones de pesos, no es posible que se origine en una iniciativa parlamentaria, por las limitaciones constitucionales y legales que afectan al Poder Legislativo, y además, porque la rígida Constitución de 1980 lo impide.

Cuando se señala que el artículo 26 de la ley de Bases de la Administración Financiera del Estado, de 1975, admite una desusada intervención del Ejecutivo en la posterior distribución de las partidas, o en los complementos o en los suplementos presupuestarios, le encontramos razón a la crítica. Una Ley de esos alcances jamás habría sido aprobada por un Parlamento democráticamente elegido. Debemos revisarla y estamos de acuerdo en ello. Debemos intentar modificarla. Pero, me pregunto: Si la Derecha estuviera en el Gobierno, ¿sería igual su planteamiento, o querría mantener esta herramienta en manos del Ejecutivo? Hay dudas sobre el particular.

Por otro lado, la Oposición sabe bien que los proyectos de ley que digan relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado son de la exclusiva iniciativa del Presidente de la República, porque así lo dispone el artículo 62, inciso tercero, de la Constitución, y no nos cabe la menor duda de que el decreto ley N° 1.263 tiene relación con la administración financiera del Estado, puesto que la Constitución impide a su respecto la iniciativa parlamentaria. Se advierte, entonces, claramente, que la Constitución autoritaria de 1980 cercena las facultades del Parlamento chileno. Eso es lo que nos dejaron y en ese marco nos desenvolvemos. Fue el Gobierno anterior quien amarró este mecanismo, concebido especialmente para un sistema de democracia cautelada. Y el crítico más severo de estas limitaciones fue el Honorable Senador Bruno Siebert, quien dejó constancia en la Quinta Subcomisión que el ejercicio de las facultades de efectuar traspasos entre los distintos ítemes presupuestarios atribución contenida en la ley orgánica sobre administración financiera del Estado tiene por efecto que el presupuesto, realmente ejecutado, suele tener escasa relación con el proyecto que conoce y aprueba el Parlamento. El Senador Siebert aludía, ciertamente, al artículo 26 del decreto ley N° 1.263. Se desprende, obviamente, que pretendemos acoger la propuesta de analizar este conjunto de disposiciones que minimizan el poder del Congreso Nacional y que, por obvias razones, quisiéramos ampliar este análisis y este debate a todas aquellas disposiciones constitucionales y legales que entraban la consecución de la democracia y la plenitud de su expresión.

Señor Presidente, ¿cuántos minutos me quedan?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Se suspende la sesión.

Se suspendió a las 22:51 y se reanudó a las 22:53.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa la sesión.

Solicito el asentimiento de la Sala para prorrogar el plazo de presentación de indicaciones hasta mañana a las 10 horas.

Acordado.

Para plantear un asunto de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, entiendo que, la Ley Orgánica del Congreso Nacional establece que las indicaciones deben presentarse antes de cerrarse la discusión y antes de la votación en general.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ese es un punto reglamentario que se puede obviar con la buena voluntad de la Sala.

Para plantear otra cuestión reglamentaria, tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, si se prorroga hasta mañana el plazo para presentar indicaciones, no podemos aprobar desde ya artículos que no han sido objeto de ellas, porque no sabemos si lo serán de aquí a mañana.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Lo resolveremos en un momento más, señor Diputado.

En votación general el proyecto.

Efectuada la votación, en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 25 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado en general el proyecto de Ley de Presupuestos.

En votación general la idea contenida en el artículo 3°. Corresponde quorum calificado. En esta oportunidad se requieren 60 votos para ser aprobada. La idea se refiere a la capacidad de endeudamiento del Estado.

Efectuada la votación, en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo una abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobada en general la idea contenida en el artículo 3°.

Si le parece a la Sala, se aprobará en particular el artículo con el mismo quorum.

Acordado.

Aprobado en particular el artículo 3°.

Como muy bien lo ha dicho el Diputado señor Campos, habiéndose prorrogado el plazo para presentar indicaciones, no corresponde ahora dar por aprobados reglamentariamente los artículos, puesto que no sabremos hasta mañana a las 10 horas si serán o no objeto de indicaciones. Mañana veremos cuáles artículos, que no hayan sido objeto de indicaciones, quedarán aprobados reglamentariamente.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, dado que hasta las 10 horas de mañana hay plazo para presentar indicaciones, sería prudente que la sesión empezara a las 10:30.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, pido que recabe el asentimiento de la Sala para empalmar la sesión de mañana con la de hoy día.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La sesión está citada para mañana a las 10:30 horas.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, la bancada de la UDI da su consentimiento para empalmar la sesión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El problema no está en la bancada de la UDI.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, el problema está en los pareos presentados hoy después del inicio detesta sesión, ya que no estarían vigentes si la sesión se empalmará, pues se requiere una nueva sesión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sobre ese punto, si hubiera buena voluntad, se podría llegar a un acuerdo unánime, de tal manera que pudieran regir mañana los pareos presentados hasta las 10 de la mañana. Pero no la hay.

Reitero a los señores Diputados que la sesión de mañana está citada a las 10:30 horas y que las indicaciones deberán entregarse en la oficina del señor Secretario hasta las 10 horas.

LEY DE PRESUPUESTOS DE LA NACION DE 1992.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde iniciar la discusión particular del proyecto de Ley de Presupuestos para el año 1992.

Antes de iniciar el debate, solicito autorización para que el señor Director de Presupuesto ingrese a la Sala.

Acordado.

Se ha formulado un sinnúmero de indicaciones, que se pueden clasificar en dos grupos: las formuladas a los artículos 1° y 2°, que tienen que ver con las partidas en que está subdividido el Presupuesto, y las planteadas respecto a los artículos restantes.

En primer lugar, queda reglamentariamente aprobado, por no haber sido objeto de indicaciones, el articulado del proyecto, salvo los artículos 1° y 2°, donde están las partidas en que se subdivide el Presupuesto, y los artículos 72 y 11, que fueron objeto de indicaciones.

Propongo a la Sala comenzar por las dos indicaciones presentadas a los artículos 7° y 11, con lo cual, si los despachamos, queda reducida la discusión a tratar las formuladas a las partidas. Respecto de éstas, correspondería dar cumplimiento a los acuerdos de los Comités en orden a que la Mesa se reúna con las autoridades del Ejecutivo y con los Diputados que indiquen las bancadas, para revisar su admisibilidad.

Si les parece, así se procederá.

Acordado.

Se dará lectura a la indicación al artículo 7°.

El señor LOYOLA (Secretario).-De los señores García, don José; Rodríguez, don Alfonso, y Longueira, don PabloEl señor VIERA-GALLO (Presidente).-El artículo 7° se refiere a la prohibición que tienen los órganos y servicios públicos de adquirir o construir edificios para destinarlos exclusivamente a casahabitación de su personal.El inciso segundo dice que la misma prohibición regirá para las municipalidades, salvo en lo que respecta a viviendas para profesores y personal de la salud en zonas apartadas y localidades rurales.

Sobre esta materia, ofrezco la palabra.

El señor GARCIA (don José).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, en nuestra opinión, el artículo 7° tiene dos problemas: uno de forma y otro de fondo.

El problema de forma es que consideramos inconstitucional su inciso segundo. En el nuevo artículo 111 de la Constitución, aprobado en el Congreso Pleno hace tan solo unos días, se estableció la autonomía financiera en la administración municipal; es decir, sólo el alcalde junto con su Consejo Comunal de Desarrollo, futuro cuerpo concejal, son los únicos que resuelven sobre la inversión de los recursos municipales.

Entonces, si constitucionalmente reconocemos la autonomía de los municipios para administrar sus finanzas, no puede ser que por una ley simple le estemos imponiendo una limitación.

En lo concerniente al problema de fondo, queremos que los municipios rurales se profesionalicen; que puedan llevar constructores civiles, asistentes sociales, etcétera, a trabajar a sus comunidades, donde generalmente la gran mayoría de sus habitantes son personas muy pobres, que requieren, en mayor medida que otros chilenos, la atención de estos profesionales.

¿Cómo se puede incentivar a estos profesionales para que vayan a trabajar a estos pequeños municipios rurales?

Una manera concreta de hacerlo es ofreciéndoles, como beneficio, una vivienda, lo que no es posible dada la limitación que establece el artículo 7° del proyecto de Ley de Presupuestos. Reconozco que es una limitación que viene desde hace muchos años, pero también es cierto que hace tan sólo unos días todos los sectores políticos, con ocasión de la reforma constitucional, estuvimos de acuerdo en establecer autonomía en la administración financiera de los municipios. El inciso segundo del artículo 7° afecta esa autonomía y, lo que es más grave, perjudica la profesionalización de los municipios más pobres del país.

Solicito a los estimados colegas que reflexionemos, que pensemos sobre esta materia y que, finalmente, terminemos aprobando la indicación que hemos presentado.

Gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, esta indicación fue discutida y debatida en la Comisión Especial de Presupuestos, y nos parece interesante la propuesta.

Sin embargo, en caso de que se elimine este inciso segundo del artículo 7°, nada nos garantiza que una municipalidad, en relación con la utilización de los recursos fiscales, especialmente de los aportes directos, no pueda destinar la mayor cantidad de los recursos específicamente a la construcción de viviendas, descuidando otros ítemes o rubros de inversión municipal tan necesarios como las casas habitaciones de la comunas.

Efectivamente, el tema requiere de discusión, pero también estoy cierto de que la eliminación del inciso segundo no es la solución al problema que aquí se ha planteado respecto a la autonomía financiera de las municipalidades. Me refiero al uso responsable de los recursos fiscales directos que se aportan a los municipios, sobre lo cual no hay garantía hasta ahora.

Señor Presidente, con su venia le concedo una interrupción al Diputado señor Estévez, quien también participó de este debate y tiene algunos planteamientos que formular.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Antes de que haga uso de la palabra el señor Estévez, quiero proponer un método de trabajo. Conforme al acuerdo de los Comités, corresponde que las autoridades del Ejecutivo, en conjunto con la Mesa y los Diputados señores Estévez, Devaud, Andrés Palma, Longueira y José García, hagan una primera revisión de las indicaciones, para saber si están formuladas respecto del monto variable de cada partida, esto es, si son admisibles.

Mientras discutimos otras indicaciones, les solicitaría a los señores Diputados mencionados que se reunieran con el Primer Vicepresidente, con el objeto de ir avanzando en el trabajo de revisión.

El señor LATORRE.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, estoy de acuerdo con su proposición, pero le haría un agregado, en orden a que se entregara a cada bancada un "set" del conjunto de las indicaciones presentadas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Diputado, con buena voluntad trataremos de hacerlo.

El señor LONGUEIRA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, no me opongo a su proposición con el fin de entorpecer el trabajo, sino que, por el contrario, me agradaría acelerar el proceso de la discusión de este proyecto, pero las indicaciones que ahora se discutirán deben ser defendidas por algunos de los parlamentarios que formamos parte de esa Comisión.

Por tal razón, le pido que sigamos discutiendo el proyecto en la misma forma como lo estamos haciendo y que después suspendemos la sesión para revisar las indicaciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si es así, seguimos.

Tiene la palabra, por la vía de la interrupción, el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, el Honorable colega José García incurre en una equivocación de fondo y de forma en su argumentación respecto a la indicación que suprime el inciso segundo del artículo 7°. En la forma, por cuanto la norma constitucional establece la autonomía municipal, pero ella no es contradictoria con el hecho de que quien hace una donación o entrega recursos a una municipalidad, pueda condicionar la donación o la entrega.

Como ya lo conversamos en la Comisión Especial de Presupuestos: esto ocurre así incluso en la relación entre países. Así, por ejemplo, si Chile, que es un Estado soberano, firma un convenio para obtener un crédito con el BID o con el Banco Mundial, no hay inconveniente para estipular que parte de ese dinero se destinará al alcantarillado rural, y que debe hacerse en tales condiciones y con determinadas limitantes o requisitos. Entonces, el hecho de que el BID o el Banco Mundial condicionen la entrega de recursos a Chile no quiere decir que el país no sea autónomo o soberano.

Es obvio que si la Nación toda, a través de su presupuesto, entrega recursos a la municipalidad, puede legalmente establecer limitaciones o condicionantes. Desde ese punto de vista, me parece claramente constitucional lo dispuesto en el segundo inciso, más allá de que en un segundo debate se podría discutir si esa norma es útil o no.

El señor RINGELING.-

¿Me permite una interrupción, señor Estévez?

El señor ESTEVEZ.-

Con la venia del señor Presidente, no tengo inconveniente en otorgársela.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No puede conceder interrupciones, señor Diputado porque usted está haciendo uso de la palabra por esa vía.

El señor ESTEVEZ.-

Ahora, deseo referirme al contenido de la indicación.

Al respecto, me parece que el Diputado don José García está en un doble error, porque él ha argumentado en relación a la situación de las zonas aisladas o en condiciones difíciles, que son las que expresamente exceptúa la norma, porque dice que esta prohibición es "salvo en lo que respecta a viviendas para profesores y personal de salud en zonas apartadas y localidades rurales".

Lo interesante es meditar por qué existe esta norma y cuál es su sentido. El sentido es muy claro: también pueden participar los funcionarios de las municipalidades en este programa de viviendas de carácter nacional. Lo que no podría suceder es que los funcionarios del Ministerio de Salud, del Ministerio del Trabajo, de los hospitales o de cualquiera repartición pública participaran en un programa junto con los funcionarios municipales, y que, a su vez, algunos de éstos tengan una doble oportunidad, porque eso crearía una discriminación absurda o arbitraria entre los propios empleados públicos.

Por esto, se debe resolver si los funcionarios municipales siguen participando en los programas de viviendas de carácter nacional para funcionarios públicos y trabajadores o si quedan excluidos de ellos.

Si primara el criterio que nos propone el Diputado don José García, la única solución posible para mantener la coherencia es que no haya cupo para los funcionarios municipales en los programas de viviendas para el sector público, lo que sólo les permitiría acceder a los planes de las municipalidades que construyeron viviendas.

Lo que no es razonable argumentar ni propender es a que exista un doble canal, por cuanto terminaría por destruir el programa nacional de viviendas.

En síntesis, la justificación de esta medida es la existencia o no de un programa integrado para el acceso a la vivienda, lo que, a mi juicio, es un punto irrebatible y de toda lógica.

En segundo lugar, debe determinarse si los funcionarios municipales participan o no de este programa integrado. Me parece más beneficioso para ellos hacerlo, y no me gustaría que se les excluyera de él.

Considero que la indicación del Diputado don José García tiende a producir un daño, que puede ser muy serio, a los funcionarios municipales. Por esta razón, votaré en contra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede continuar con el uso de la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, el inciso segundo del artículo 7° deja a salvo el sentido social de la construcción de Viviendas uno de los objetivos principales de las municipalidades otorga en la autorización implícita respecto de la construcción de viviendas para profesores y personal de salud en las zonas apartadas y localidades rurales, sin embargo, cuando se plantea el tema de la necesidad adicional de la construcción municipal, parece perfectamente legítimo que las municipalidades puedan ocupar los recursos que obtienen de las contribuciones de bienes raíces o pago del impuesto territorial y que administran en un porcentaje. No obstante, la indicación del Diputado don José García no apunta a ello, sino a una liberalización de la disposición sobre recursos municipales, que no me parece sea el elemento preciso que debemos perseguir mediante la aprobación de este punto.

El Diputado señor Latorre me solicita una interrupción, con su venia, se la concedo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, estoy de acuerdo con los argumentos dados por los Diputados señores Estévez y Devaud respecto del primer punto; pero al abordar el problema de fondo ocurre que el segundo párrafo limita la construcción de viviendas para el personal de carácter profesional, sólo a los sectores de salud y de educación. Entiendo que la preocupación que plantea el colega don José García no dice relación con esta posibilidad, sino que respecto de otro tipo de personal profesional que difícilmente irá a trabajar a localidades rurales si la municipalidad no puede ofrecerle condiciones mínimas.

También coincido en que el párrafo segundo debiera ayudar a corregir una situación que caracteriza a las localidades rurales o apartadas, en el sentido de que no siempre existen viviendas para el personal de salud y de educación. Lo mismo se produce con el personal profesional que trabaja en otras actividades, particularmente en planificación, dirección de obras y otras funciones fundamentales para el desarrollo municipal. En la medida en que no se cuenta con profesionales, va aumentando la postergación y el subdesarrollo que caracterizan a muchas de estas comunas, más aún cuando hoy día las municipalidades, para acceder a parte importante de los recursos, requieren de equipos profesionales dedicados permanentemente a la elaboración de proyectos o de diagnósticos de la realidad de la respectiva comuna.

Ese tipo de actividades debe ser cumplida normalmente por profesionales, los que no están dispuestos a irse a zonas rurales si en ellas no se les garantizan ciertas condiciones mínimas de vida, una de las cuales es la habitación.

Lamento la forma en que el Ejecutivo propuso este párrafo, porque, si bien tiende a corregir un problema de zonas apartadas y rurales, no es completo, porque impide taxativamente que otro tipo de profesionales acceda a esta posibilidad.

En ese sentido, creo que el planteamiento del colega García es razonable y, al menos en ese aspecto, lo comparto plenamente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, a mi juicio, el planteamiento del Diputado Latorre es correcto. Sin embargo, los profesionales que no pertenezcan a educación o a la salud también pueden beneficiarse, sin limitación alguna, a través de la adscripción de las municipalidades al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Es una posibilidad que está presente en el inciso primero del artículo en discusión.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, creo que la interpretación que ha hecho el Diputado Estévez respecto de la indicación es absolutamente errónea. Pienso que el objetivo que se persigue es que la excepción que se establece para profesores y funcionarios de salud, se haga extensiva a profesionales que ocupen cargos directivos o de jefes de departamentos en aquellos municipios de zonas rurales.

Por lo tanto, nada impide que los profesores y el personal de salud postulen a los distintos programas de viviendas que existan para los funcionarios públicos. Evidentemente, como personas, pueden hacerlo. Son viviendas que adquieren los funcionarios a título personal. Aquí estamos hablando de viviendas estatales, municipales, que se ponen al servicio de ciertos cargos, como son, de acuerdo con la ley, los de profesores o de funcionarios del sector salud.

La eliminación del inciso segundo tiene por objeto que los municipios que necesitan contar con profesionales adecuados, puedan ofrecerles una vivienda para que estén dispuestos a trasladarse a zonas apartadas del país.

En consecuencia, la interpretación que se ha dado es absolutamente errónea. Si el inciso se mantuviera, los profesores no podrían postular a los programas de vivienda que ofrece el Ministerio, en cualquiera de sus soluciones. Evidentemente, pueden hacerlo, porque son viviendas que los profesores adquieren para ellos. Aquí se está hablando de viviendas de propiedad del municipio y que tienen por objetivo atraer profesionales, tanto en el caso de los profesores como del personal de salud. Esa es la motivación.

Si no hubiese acuerdo para eliminar este inciso, pediría que, por lo menos, se dispusiera que quedarán excepcionados de esta norma los cargos directivos y de jefatura de los municipios para que, al igual que los profesores o funcionarios de la salud, puedan acceder a planes de viviendas a través de los municipios.

Por lo tanto, si no existe el ánimo de eliminar el inciso, propongo que aprobemos una indicación en términos de exceptuar a los cargos directivos o jefaturas de municipios, como se está haciendo con los profesores y personal de salud.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, quizás lo planteado por el Diputado señor García, en el fondo, constituya un principio de justicia para obviar una evidente necesidad; pero no. es efectivo que el precepto del artículo 7° viole o infrinja la autonomía financiera de las municipalidades.

En nuestro país, todos los órganos del Estado se rigen por distintos preceptos y cuando se habla de autonomía debemos pensar que no existe una absoluta, porque cualquier órgano del Estado está sujeto a controles, el más importante de los cuales es el principio de la legalidad. Este es el que establece si la entidad tiene determinadas atribuciones o funciones. En caso que no las tenga, no puede ejecutar ese tipo de funciones ni tampoco realizar programas que no estén contemplados dentro de las disposiciones legales.

Si la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades autoriza la construcción de viviendas para su personal, no cabe duda de que este artículo estaría infringiendo el principio de autonomía que acabamos de aprobar el 9 del presente mes en el Congreso Pleno; pero si no contempla esa facultad, este precepto no viola ninguna autonomía. Al contrario, si la municipalidad estuviera construyendo casas para su personal, violaría el principio de la legalidad, control indispensable en la vida de cualquier ente u órgano del Estado.

Antiguamente, antes de 1973, las municipalidades tenían esta facultad expresamente, en el artículo 82 de su Ley Orgánica, lo que les permitía destinar un 5 por ciento de sus recursos para formar un fondo, ya fuera en la Corporación de la Vivienda o en Asociaciones de Ahorro y Préstamo, para implementar, por medio de este sistema, un plan de construcción de viviendas para su personal.

A este beneficio, que no existe en la actual Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, solamente se hace una mera referencia en el artículo 4°, letra k), como función relacionada, al decir: "La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias". Es decir, las municipalidades están facultadas para construir viviendas sociales, independientemente de si a ellas accede su personal u otro, sujetándose, desde luego, a la reglamentación respectiva.

De esta manera la indicación propuesta no corresponde, porque primero habría que reformar la Ley Orgánica de Municipalidades para permitir a estos órganos del Estado construir viviendas propias para su personal.

En el pasado, antes de 1973, la experiencia que hubo respecto de este artículo 82, fue que al personal municipal no se le construyó una vivienda social, sino una de muy superior calidad. En consecuencia, se destinaron demasiados recursos municipales, lo que desvirtuó totalmente el objetivo de la ley.

Por lo anteriormente señalado, concluyo que este artículo del proyecto de ley de Presupuestos no viola la autonomía municipal. Si es bueno el propósito de la norma, sería menester reformar la Ley Orgánica de Municipalidades para entregar una atribución de esta naturaleza a los municipios.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, el tema de fondo consiste en determinar si las municipalidades son efectivamente autónomas. Se ha dicho que, como dependen de recursos fiscales, deben sujetarse a toda la normativa sobre administración financiera que dicte el Ministerio de Hacienda o el Gobierno central.

Debemos recordar que las municipalidades cuentan con ingresos propios, provenientes de las contribuciones de bienes raíces y de las patentes comerciales y de vehículos y que una parte de ellos se distribuye solidariamente entre las municipalidades del país. Por lo tanto, no dependen mayoritariamente de aportes fiscales, sino de ingresos propios. Además, en la última reforma constitucional también se establece esa autonomía.

Por lo tanto, no es efectivo lo dicho por los Diputados señores Estévez y Devaud en cuanto a que se están normando fondos fiscales, sino que son fondos propios de las municipalidades y esto, por supuesto afecta su autonomía.

Se ha producido una confusión al pensar que estas viviendas se entregarían en propiedad a algunos funcionarios municipales. No es eso lo que se pretenden, sino, simplemente, tener viviendas de propiedad municipal que se puedan arrendar a los funcionarios, porque, de acuerdo con las disposiciones vigentes, la Contraloría no acepta que se les cedan gratuitamente, pero no objeta que se les arrienden. Lógicamente, cuando esto último ocurre, el funcionario paga una renta más baja que la del mercado.

Esas viviendas están destinadas a atender problemas que todos los parlamentarios, en especial los de regiones, saben que se presentan normalmente; por ejemplo, una asistente social o un director de obras de un municipio apartado son profesionales muy necesarios pero que perciben sueldos hasta de 170 mil pesos, los cual los lleva a permanecer muy corto tiempo en el municipio, fundamentalmente por no contar con una vivienda.

Tal vez lo lógico sería no destinar el ciento por ciento del presupuesto de inversión, que generalmente es bajo, a viviendas municipales. La limitación podría establecerse por ese lado, pero debiéramos dejar un porcentaje que permita a los municipios rurales dar facilidades para mejorar las condiciones de ese personal tan necesario.

Al respecto, el artículo 111 de la Constitución Política dispone: "Las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. La Ley de Presupuestos de la Nación podrá asignarles recursos para atender sus gastos, sin perjuicio de los ingresos que directamente se les confieran por la ley o se les otorguen por los gobiernos regionales respectivos.".

Creo que la limitación sólo podría regir con respecto a los fondos que directamente les otorga el Fisco.

La alusión del Diputado Estévez, de que quien hace una donación puede condicionarla, nada tiene que ver con lo que estamos tratando, pues, como se consagra en el mencionado artículo 111, los ingresos se consideran propios de las municipalidades.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Comité Radical ha pedido la clausura del debate.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

En votación el artículo con la indicación, es decir, sin el inciso segundo.

Durante la votación:

El señor LONGUEIRA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Está clausurado el debate, señor Diputado.

El señor LONGUEIRA.-

¡Me opongo al cierre del debate, señor Presidente!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ya se aprobó la clausura.

El señor LONGUEIRA.-

¿Existirá la posibilidad de perfeccionar la indicación, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No; tendría que haber unanimidad.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Corresponde votar el artículo 7°.

El señor LONGUEIRA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, me parece que podría lograrse un acuerdo a fin de que, sin eliminar el inciso segundo, incorporemos los cargos directivos y profesionales, al igual que profesores y funcionarios de salud.

En ese espíritu habría acuerdo para aprobar una indicación, razón por la cual solicito que Su Señoría lo someta al asentimiento de la Sala.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Me indican que no hay acuerdo.

El señor LATORRE.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (presidente).-

Para referirse a un problema reglamentario, tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, no me cabe ninguna duda de que el texto de este párrafo es inadecuado. Se han dado argumentos bastante contundentes sobre las distintas formas en que podría interpretarse y las consecuencias que acarrearía.

Quiero plantear a la Mesa la idea de obtener la unanimidad de la Sala, con el objeto de intentar una redacción unánime del párrafo. Sólo en ese caso, y con el patrocinio del Ejecutivo se incorporaría; pero no desechemos la posibilidad de corregir un párrafo cuya redacción traerá consecuencias lamentables para muchas zonas rurales.

Sugiero que la Mesa solicite el asentimiento de la Sala para intentar redactar una indicación que recoja el espíritu de lo que dice ésta, que esté bien redactada, y pueda servir para los fines planteados por todos los sectores.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, podríamos dejar pendiente la votación del artículo 7°.

No hay acuerdo.

En votación el artículo 7° con el inciso segundo.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 23 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo 7°.

El señor ESPINA.-

Pido la palabra sobre un asunto reglamentario.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, ¿se podría dar lectura a los pareos?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El señor Secretario los leerá.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Se encuentran registrados los siguientes pareos: el señor Fantuzzi con el señor Reyes, don Víctor; el señor Jeame Barrueto con el señor Ulloa; el señor Longton con el señor Ramírez; el señor Morales Adriasola con el señor Pizarro, don Jorge; el señor Smok con el señor Bartolucci; el señor Rocha con la señora Cristi; el señor Martínez, don Juan, con el señor Taladriz; el señor Álamos con el señor Sabag; el señor Huenchumilla con el señor Ribera, y el señor Galilea con el señor Letelier.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).El señor Secretario dará lectura a la indicación al artículo 11.El señor LOYOLA (Secretario).-De los Diputados señores García, don José; Rodríguez, don Alfonso, y Longueira,

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En discusión la indicación.

Ofrezco la palabra.

El señor ESTEVEZ.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, si la indicación anterior era discutible, porque finalmente producía un efecto más dañino para los funcionarios municipales, ésta es claramente inaceptable. Con ella se cuestionaría parte de los acuerdos básicos adoptados en la reciente reforma regional y municipal; es decir, que no se puede generar un proceso de endeudamiento autónomo de parte de cada uno de los gobiernos regionales o municipales.

Si se permite que cada uno de estos órganos pueda endeudarse sin autorización de una entidad central, se produce un efecto extraordinariamente negativo para la marcha económica de la nación, como lo demuestra la simple experiencia de países vecinos, en los cuales los déficit por deudas acumuladas de gobiernos locales generan situaciones económicas inmanejables. El gobierno local no puede tener capacidad de endeudamiento sin límites ni control. Entender de este modo la autonomía y los mecanismos aprobados, implica desnaturalizar los elementos básicos de la reforma constitucional que acabamos de aprobar.

El contrato de arrendamiento de bienes muebles o de "leasing" constituye una forma de endeudamiento. Considero que aprobar una indicación como ésta, no sólo tiene efectos perniciosos para el equilibrio macroeconómico del país, sino que introduce o busca introducir un criterio de interpretación jurídica manifiestamente contrario a lo que todos juntos hemos aprobado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor García.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, el problema de fondo radica en si creemos o no en las comunas. Si creemos o no que en ellas existe gente capaz de administrar los recursos con eficiencia, con inteligencia. Ese es el problema de fondo. Si no creemos en la gente de las comunas, entonces carece de sentido convocar a elecciones municipales el próximo año. Creemos que en cada localidad es posible que un grupo de personas se dedique a trabajar en serio y a pensar en lo que es mejor para su respectiva comuna.

La única forma que tienen los municipios de hacerse de un pequeño parque de vehículos y maquinaria para reparar y mejorar los caminos comunales es a través de su arrendamiento por el sistema de "leasing". Estas solicitudes llegan al Ministerio de Hacienda, el cual ahora no las cursa.

Hace irnos meses, la prensa informó que se autorizó a la Municipalidad de Santiago para, mediante el sistema de "leasing" que los parlamentarios de la Concertación critican con motivo de esta indicación, comprar o arrendar un número importante de camiones para recoger la basura. Si eso es posible para esa Municipalidad, ¿por qué no puede serlo para los municipios rurales?

Señor Presidente, por su intermedio, quiero consultarle al señor Ministro ¿cuánto significó la operación de "leasing" para la Municipalidad de Santiago? ¿Qué otras operaciones del mismo y para qué municipalidades se autorizaron durante el presente año? Con esta indicación queremos evitar que el Ministerio de Hacienda continúe con la discrecionalidad con que ha actuado ante las peticiones que formulan los municipios.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huepe.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, desde luego me sumo a la petición del Diputado señor García, en relación a cuánto le significó a la Municipalidad de Santiago la operación "leasing" mencionada. Pero el problema de fondo radica en que no se puede argumentar sobre la base de cifras que no conocemos. No se puede dar una argumentación genérica. Ello significaría que cualquier municipio podría endeudarse en sumas mucho más allá de su presupuesto, porque nadie puede garantizar la racionalidad administrativa.

Tal como lo puntualizaba el Diputado señor Estévez y no repetiré la argumentación, los municipios no pueden endeudarse arbitrariamente, ya que después, tarde o temprano, toda esa carga recae sobre el Estado, y el Fisco debe proporcionar los fondos para normalizar la situación financiera de los municipios.

Desde el punto de vista práctico, lo que plantea el Diputado señor García es perfectamente factible, porque lo único que se exige es contar con la autorización correspondiente. Si en el presupuesto de un municipio determinado existe un porcentaje razonable para comprar una monto niveladora y arreglar caminos rurales necesidad que todos reconocemos, obviamente eso será autorizado. El monto del endeudamiento será en proporción a los ingresos de la municipalidad, a la disponibilidad que tenga el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Hay una serie de factores y parámetros económicos que determinarán el monto razonable del endeudamiento, lo que no puede ser autorizado de una manera genérica en esta disposición legal.

Por eso, el artículo, tal como está, permite el endeudamiento razonable, de acuerdo con una proporción de los ingresos que ese municipio tenga, ya que lo único que se pide es el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Si una propuesta es adecuada reitero al ingreso municipal, será aceptada, por lo cual la indicación no tiene sentido.

Por esa razón, la votaremos en contra.

Concedo una interrupción al Diputado señor Elgueta.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero llamar la atención del Diputado señor García Ruminot, que ha querido dar clases de autonomía y de probidad en el servicio municipal.

Tengo en mi poder un oficio de la Contraloría General de la República, donde señala que 69 alcaldes y ex alcaldes aparecen en juicios de cuenta, por una cantidad de 21.468,56 unidades tributarias mensuales, lo que significa más de 300 millones de pesos, cerca de un millón de dólares. Entre ellos aparecen el colega José García Ruminot, con 1.855,73 unidades tributarias mensuales. Como él dejó de ser alcalde hace casi dos años, supongo que estará arreglando esta situación.

Esto me lleva a concluir que no es conveniente autorizar este tipo de "préstamos disfrazados", como lo dijo el Diputado señor Estévez.

En segundo lugar, esta indicación es inadmisible desde el punto de vista constitucional, por cuanto corresponde a una materia de iniciativa del Presidente de la República. En efecto, el artículo 62 de la Constitución Política dice: "Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para: 3°.- Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas o de las municipalidades,..." y esta celebración de contrato de arrendamiento de. bienes muebles con opción de compra del bien arrendado, cuyo monto exceda del valor que determine el Ministerio de Hacienda, a que se refiere esta indicación a este artículo 11 del proyecto, no es otra cosa que un sistema de endeudamiento.

En consecuencia, ella es constitucionalmente inadmisible, porque versa sobre materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Kuschel.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente, por su intermedio, daré una interrupción al Diputado señor García.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Pero sería conveniente que Su Señoría comenzara y después le concediera interrupción al señor García. Si no, le doy la palabra directamente al señor García.

El señor KUSCHEL.-

Hablaré después, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor García.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, por su intermedio quiero expresarle al Diputado señor Elgueta que no puede descalificar una indicación, porque, efectivamente, exista un juicio de cuentas. Lo tengo, y le doy la seguridad de que todos y cada uno de los cargos y observaciones que me ha hecho la Contraloría General de la República, las contestaré como corresponde.

Entre otras cosas, la Contraloría inició tal juicio de cuentas, por haber arrendado casas a profesores, luego de la erupción del cráter Navidad en el volcán Lonquimay.

Si la Contraloría no acepta que los municipios tengan que hacerse cargo de situaciones de emergencia, es un problema de ese organismo y de la ley; pero le aseguro al señor Diputado que ningún peso de los que me objeta la Contraloría está en mi bolsillo. Eso sería lo grave. La mejor demostración de eso es que estoy en el Parlamento con el apoyo de la ciudadanía de Temuco, a pesar de una demanda que me interpuso un particular por una situación parecida y a pesar de las observaciones de la Contraloría.

Señor Presidente, por su intermedio, le digo al señor Elgueta que no se equivoque, que no tiene derecho a poner en duda la honorabilidad de sus colegas, ni la gestión que yo desarrollé en la Municipalidad de Temuco. No me puede condenar antes de que lo haga el juez de cuentas de la Contraloría. Su Señoría no lo es. Cuando el señor Contralor pronuncie el fallo y disponga la sanción, tiene derecho a expresarlo en la Sala; pero no ponga en duda la honorabilidad de los Diputados porque no le corresponde esa tarea.

Gracias, señor Presidente.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, lamento el giro que ha tomado el debate. Por lo tanto, quisiera centrar la discusión en el artículo 11 del proyecto de Ley de Presupuestos.

En lo que nos concierne ahora, estoy en desacuerdo con la indicación, porque es propia de la etapa previa a la existencia de los Estados. En su época, los burgueses y los villanos me refiero a los habitantes de los burgos y de las villas podían disponer de la totalidad de los recursos. En ese entonces, los Estados no tenían injerencia en la administración comunal, porque no existían. En este caso específico, lo que se está planteando es la liberalización del sistema de "leasing" o contrato de arrendamiento con opción de compra, sin límite en el tiempo y en las cantidades.

Comparto plenamente los juicios vertí, dos por el Diputado señor Huepe, en cuanto a que el artículo 11 no limita la posibilidad de que los municipios tengan acceso a este sistema de contrato de arrendamiento con opción de compra, pero un Estado responsable debe, sí, cautelar las inversiones de los entes autónomos que integran la organización del Estado; en este caso, las municipalidades.

Por esa razón fundamental rechazaré la indicación presentada.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hago presente a la Sala que se puede pedir la clausura del debate después que hayan intervenido cinco parlamentarios.

Tiene la palabra el Diputado señor Kuschel.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente, como lo manifestó el Diputado don José García, es conveniente que empecemos a confiar en la capacidad de los chilenos que están en los municipios para generar el desarrollo de cada comuna.

Ahora, también es cierto como lo manifestó el Diputado señor Huepe que hay municipios muy importantes, como los de Nueva York o Hannover, que están muy endeudados por diversas situaciones generadas en la administración, a pesar de contar con recursos humanos capacitados para controlar en forma oportuna los distintos tipos de endeudamiento.

Lo bueno y saludable sería, entonces, establecer un límite, un rango o un coeficiente de endeudamiento en distintos aspectos.

Es lo que quería proponer.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palestra.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, el Diputado don José García, en el fondo, ha querido centrar el problema de la aprobación o rechazo de esta indicación en la moralidad de los hombres que, sin ningún contrapeso, han manejado durante dieciséis años las municipalidades.

Conocí, minuto a minuto, la intervención de la Contraloría en las municipalidades populares, en las cuales nunca encontró absolutamente nada que pusiera en duda la moralidad en su conducción. Incluso lo digo con pleno orgullo, cuando un hermano mío era alcalde, la Contraloría, que investigaba los municipios populares hasta la “quinta generación" por si encontraba alguna falta, lo "premió", podría decirse, por su gestión alcaldicia y por ser el municipio mejor administrado de Chile. Debe tenerse presente que la Contraloría mandaba verdaderos perros de presa a ver si encontraban algún "negociado" o alguna mala inversión de los recursos que los vecinos entregaban a los municipios.

Respecto de esta indicación para otorgar facultades a los municipios, quiero señalar que no desconfiamos de éstos, ni de los concejales, ni de los alcaldes. No voy a descalificar a todos los alcaldes nombrados "a dedo" durante dieciséis años; a lo mejor, más de alguno debe ser honesto; no digo que todos sean ladrones ni que todos se hayan echado la plata al bolsillo.

Da la impresión creo que todos los parlamentarios lo han percibido de que los alcaldes manejan en el bolsillo los fondos provenientes de las contribuciones de los vecinos de las comunas, porque no se sabe de contralorías, de investigaciones, de nada. Tengo la seguridad absoluta de que si en el país se hiciera una auditoría general en todos los municipios, muchos de los actuales alcaldes, o los que lo han sido, irían a parar a la cárcel, y tendrían que hacer sus congresos de partido o de alcaldes en la Cárcel Pública o en la Penitenciaría.

Me parece que hay pedida una investigación para varios municipios de la Región Metropolitana. Debían habernos enviado el nombre, con el objeto de seguirles la pista, pero tenemos los antecedentes necesarios como para meter en la cárcel a los alcaldes que han despilfarrado los dineros que legítimamente corresponden a los contribuyentes.

Si se hace auditoría por la Contraloría tengo, por lo menos, el caso de dos alcaldes, de los muchos que pasaron y con muy mala fama en la comuna de San Miguel, entre ellos, algunos que recibían a la gente con una pistola en el escritorio, en una actitud muy poco pedagógica para evitar atenderla.

Se sabe de dos alcaldes, por lo menos. Tengo los antecedentes necesarios como para, cuando se cambie el Contralor, sencillamente mandarlos a la cárcel. Ello si hay seguridad de que se va a investigar, sin dar vuelta la cara, como hasta ahora se ha hecho, a muchas municipalidades que se han denunciado.

Hemos visto cómo, habiendo tenido todas las posibilidades, sin sindicatos, con el apoyo de la dictadura, trabajando libremente, todavía hay municipalidades modestas que siguen con los mismos problemas que dejamos hace 16 años, cuando se nos envió al exilio.

No se trata de problemas de idoneidad ni de honestidad. No se trata de disparar el presupuesto del país para que se pierda el control de la economía que va a empezar a funcionar en las municipalidades autónomas. Se trata de poner orden en la casa, ya que no lo hubo durante 16 años, pese a que eran uniformados los que dirigían este país.

Sin embargo, no hubo orden, reglamentación ni honestidad en el manejo de las inversiones, especialmente en los municipios, donde había hombres designados "a dedo" por la dictadura y que no tenían que rendir cuentas a nadie, menos a sus vecinos, que estaban atemorizados y arrinconados, ignorados por los municipios.

Por eso, señor Presidente, sobre la base de estos preceptos, vamos a rechazar esta indicación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por un problema reglamentario, tiene la palabra el Diputado señor Kuschel.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente, tengo una duda. Quiero saber si uno puede hablar cualquier cosa, durante cualquier tiempo en este momento, o hay que referirse a temas específicos durante un tiempo limitado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entiendo que el tema específico se refiere a la indicación que se ha presentado, pero el discurso reciente ha ido hacia la Municipalidad de Santiago, a lo que son las municipalidades, a cómo se nombran los alcaldes, a cómo se ejerce esa función, etcétera. Es difícil separar una idea de la otra en casi todas las intervenciones. Por cierto, en algunas es más obvio que en otras.

Tiene la palabra el Diputado señor Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, en relación con la intervención del Diputado señor Kuschel, en la discusión producida en la Comisión Especial de Presupuestos se agregó la oración final "cuyo monto excede el valor que determine el Ministerio de Hacienda", para hacer en el artículo una diferenciación entre posibles contratos de arrendamiento menores que, sin duda, faciliten la operación de todos los órganos y servicios públicos regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263, de aquellos que sí podían comprometer patrimonialmente a estos organismos y, por lo tanto, al Estado chileno, que, en definitiva, tendría que solventar estos recursos en caso de que los órganos y servicios públicos, incluidos los municipios, no pudieran cumplir con los compromisos que adquirieran. Eso fue por unanimidad. Justamente cumple lo que señalaba el Diputado señor Kuschel, que era bueno que existiera una diferenciación en función de los montos. Evidentemente, el monto lo tiene que determinar el Ministerio de Hacienda, porque al referirse a todos los órganos y servicios públicos es una materia compleja, que debe ser estudiada en términos generales, antes de poner un monto. Por eso en la Comisión Especial no se fijó un monto.

Las intervenciones de los parlamentarios de la Concertación que me han precedido en el uso de la palabra justifican la posición que esta Cámara debe adoptar respecto de la indicación presentada.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Melero.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, la indicación propuesta apunta en la dirección correcta, porque allí está enmarcado en gran parte lo que debe ser el rol subsidiario del Estado cuando el municipio, con su infraestructura propia, y debiendo cumplir una misión determinada por un tiempo específico, en muchas oportunidades, no cuenta con los medios para ello. Eso es válido tanto en situaciones de emergencia como en períodos normales. De lo contrario, habría casi que condenar a los municipios a no hacer determinadas funciones o a hacer crecer necesariamente el aparato fiscal o la infraestructura que el municipio tenga, lo que significaría una administración errónea. Por consiguiente, hay múltiples ejemplos de municipios que han debido asumir estas tareas.

Si lo que está en duda es la posibilidad de la transparencia de esa administración o si el monto de lo arrendado va a ser mucho o poco, no olvidemos que también en los municipios entrará a operar un sistema de concejales que supervisará cómo se hace este tipo de acciones, además de la permanente supervisión de la Contraloría General de la República.

Por eso, es importante exceptuar de esta disposición a los municipios, porque ello permitirá darles una mejor atención a los habitantes de determinadas comunas.

Sin embargo, también se ha puesto en el debate un análisis de lo que ha sido la gestión de todos los que fuimos alcaldes durante el período del Gobierno militar. Aquí se ha mancillado el honor de muchos alcaldes y la gestión del gobierno anterior; y es inaceptable que esto quede en la versión sin poner las cosas en su lugar.

En primer lugar, señor Palestro, por su intermedio, señor Presidente todos los alcaldes tuvimos una contraparte en la acción de nuestros gobiernos comunales, que fue justamente la Contraloría General de la República, que actuó con la misma severidad a la que usted hacía mención al aludir a la gestión de su hermano:

Todos cumplimos esa misión. Todos fuimos supervisados por la Contraloría General. Muchos alcaldes tuvieron que pagar de su bolsillo situaciones que no se ajustaban administrativamente. Por consiguiente, poner en duda en este momento la gestión de la Contraloría o su falta de independencia es no respetar o no conocer lo que la Contraloría General de la República significa.

El señor PALESTRO.-

Por eso, yo dije que más de alguno.

El señor MELERO.-

Incluso ha mencionado una serie de aspectos sobre las gestiones pasadas de los alcaldes, pero ha guardado riguroso silencio sobre las gestiones de algunos señores alcaldes designados por el actual Gobierno al cual pertenece Su Señoría.

¿Qué le puede decir al país sobre la gestión del alcalde de Viña del Mar? ¿Qué le puede decir al país de la gestión del alcalde de Las Condes? ¿Qué le puede decir al país del alcalde de Ñuñoa, que tuvo la desfachatez de contratar a su hermano, pariente directo, como jefe de gabinete de esa municipalidad? Frente a ello, la Contraloría, después de casi un año de gestión, tuvo que pedirle que lo expulsara del municipio, porque no puede un funcionario de ese nivel contratar a su propio hermano. ¿De qué transparencia se habla en los alcaldes designados por su Gobierno, poniendo en duda la gestión de todos quienes fuimos alcaldes del Gobierno militar con contraparte, con fiscalización? No olvide que más del 15 por ciento de los parlamentarios de este Congreso somos ex alcaldes, escogidos por el pueblo. ¡Qué mejor transparencia que la decisión del propio pueblo que nos trajo a ocupar un lugar en este Parlamento! Esa es la verdad.

¿Qué puede decir el señor Palestro por su intermedio, señor Presidente, de lo que fue el Gobierno de la Unidad Popular, al que esta misma Cámara condenó, por haber sumido al país en el caos económico y político? Eso es lo que importa: la transparencia del Gobierno que usted representó, señor Palestro, y que el pueblo chileno tuvo que echar.

He dicho.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ha pedido la clausura del debate por parte de los Comités de la Democracia Cristiana y Radical.

En votación la clausura del debate.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 17 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Clausurado el debate.

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo una abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

En votación el artículo.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo una abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el artículo.

Se dará lectura a una indicación que propone un artículo nuevo.

El señor LOYOLA (Secretario).-Del señor Longueira"Las organizaciones no gubernamentales que obtengan aportes fiscales que superen 5.000 unidades de fomento, quedarán sujetas al control de la Contraloría General de la República".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, en mi opinión, la indicación no necesita mayor argumentación. Se trata de que haya fiscalización sobre cuantiosos recursos que, sistemática y crecientemente se entrega a organizaciones no gubernamentales, ONG, que reciben fondos fiscales. Así como en otros proyectos ha existido mucho interés en que la Cámara haga una mayor fiscalización de esos fondos, como ocurrió, cuando se discutió la Ley de las Subvenciones Educacionales, ahora a los sostenedores se les somete a una fiscalización, quedan sujetos al control de la Contraloría. Estimamos que las ONG que obtengan aportes fiscales que superen las 5 mil unidades de fomento deben estar sujetas a la fiscalización y al control de la Contraloría.

En mi concepto, esta indicación está en el espíritu que ha mostrado esta Corporación. Por lo tanto, debiera haber unanimidad para aprobarla.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, es para plantear un asunto de constitucionalidad en esta indicación.

Estamos analizando y votando el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación, que es un cálculo estimativo de entradas y de gastos, y en ninguna parte está contemplado como idea matriz el tema de la fiscalización, que se puede proponer a través de la vía legislativa. No podemos transformar la Ley de Presupuestos en un "cajón de sastre", donde se puede colocar cualquier idea, haciendo tabla rasa de los mecanismos para legislar establecidos en la Constitución.

Esta puede ser una buena recomendación para una idea de carácter legislativa, pero se aparta totalmente de lo que es la Ley de Presupuestos. No tiene ninguna relación, ni directa ni indirecta, ni próxima ni remota, con sus ideas matrices.

Por estas razones, pido que la indicación, se declare inadmisible por vicio de inconstitucionalidad.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, tengo una duda con respecto a los términos planteados por el Diputado señor Bosselin. Coincido con la necesidad de controlar el uso de todos los recursos públicos en esto comparto el fondo de la idea del Diputado señor Longueira, pero, en primer lugar, la indicación no dice relación con la Ley de Presupuestos.

En segundo lugar, no sé si la legislación precisa qué es una organización no gubernamental. Por lo menos, en materia de Ley de Presupuestos no se establece.

Por esta vía, no sólo podríamos someter al control de la Contraloría los contratos suscritos por las entidades privadas con el Fisco, sino las propias entidades privadas. Podríamos forzar, probablemente, a la Contraloría a fiscalizar cada una de las empresas contratistas del Fisco.

Las empresas contratistas del Fisco, de variadas áreas, que suscribieron contrato por un monto superior a 5 mil unidades de fomento, son organismos no gubernamentales. Por el hecho de haber suscrito contrato por más de 5 mil unidades de fomento, la Contraloría no sólo controlaría su legalidad, sino que, con la indicación, la empresa pasaría a ser fiscalizada por ella, lo que alteraría todas las normas genéricas de control de la legalidad económica y administrativa del sector privado. En este sentido, la indicación va mucho más allá del ámbito de la Ley de Presupuestos.

Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Claudio Huepe.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Huepe.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, las ONG pueden recibir recursos de dos maneras distintas. Por subsidio directo, como el caso Coanil -Corporación de Ayuda al Niño Limitado- o Coaniquem -al niño quemado-, en este caso, existe la obligación de rendir cuenta a la Contraloría.

Si una ONG, de todas maneras, tiene que rendir cuenta a la Contraloría, la indicación es irrelevante.

La otra forma por la cual pueden recibir recursos es a través del ejercicio de determinadas funciones. Cierto organismo subcontrata con organizaciones de este tipo porque el Estado necesita realizar algunas funciones. Por ejemplo, para la capacitación, el Fosis lo prohibió expresamente el Congreso no puede atender acciones directas y tiene que cumplirlas a través de terceros. Lo lógico es que esto estimule a que la misma sociedad se organice y mediante distintos grupos no gubernamentales realice funciones importantes para el bien común.

Con la analogía del Diputado don Andrés Palma, por qué vamos a exigir que las ONG rindan cuenta directa a la Contraloría. Desde el punto de vista conceptual, se produciría la misma situación cuando el Ministerio de Obras Públicas da un contrato para construir un camino rural. En este caso, la fiscalización de la Contraloría corresponde al organismo público.

Por esta razón, la indicación no tiene ninguna justificación.

Agradezco su interrupción al Diputado don Andrés Palma.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede continuar Su Señoría.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, el tema fue motivo de otra indicación en la Subcomisión, respecto del Fondo de Solidaridad e Inversión Social o de algún otro ítem de traspaso al sector privado. El Director de Presupuesto explicó que es muy importante saber quién es el sujeto de fiscalización. Exactamente, en relación con el Fosis, señaló qué había ítemes traspasados no al sector privado, sino al público, que el Ejecutivo prefería que fueran fiscalizados a través del Fosis y no de quien ejecuta la acción, porque así el Fosis es el sujeto de la fiscalización.

Si se aprobara la indicación, que me parece inadmisible, estaríamos eximiendo de la fiscalización al organismo público responsable de los fondos, porque la Contraloría no podría fiscalizar al organismo público, sino al que implementa el programa, situación que traería consecuencias inconvenientes y contradictorias en relación con la administración del Estado.

Los parlamentarios democratacristianos y, al parecer, de la Concertación, estamos dispuestos a estudiar modificaciones a la legislación sobre la materia que mejoren la fiscalización del uso de fondos públicos en todos los niveles.

Compartimos el objetivo de la proposición del Diputado señor, Longueira, pero es inconsistente con la Ley de Presupuestos e inconveniente que la aprobemos en esta oportunidad.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, en el fondo, por la forma en que los Diputados de la UDI entienden que deben ser fiscalizados los recursos del sector público, veo doble estándar en la indicación. Existe en ellos tendencia permanente a fiscalizar todos los recursos que tienen finalidades de tipo social, lo que es prudente y positivo. La mayor parte de las ONG están referidas a actividades que dicen relación con la promoción social en distintos ámbitos. Sin embargo, los recursos de que disponen estos organismos a partir de los convenios con el sector público, normalmente constituyen una íntima cantidad de dinero en comparación con el que circula en distintas actividades económicas.

Es un tema que siempre ha estado pendiente. Me gustaría que la posición de los Diputados de la UDI fuera consecuente en todos los ámbitos. No entiendo por qué la fiscalización debe ser rigurosa sólo respecto de los manejos del sector público. Debieron tener opinión similar en cuanto al comportamiento de importantes empresas que están hoy en el sector privado, que provienen del sector público, que afectan o pueden afectar sustancialmente el desarrollo del país. Habría sido bueno que hubieran tenido esta actitud rigurosa durante los años en que funcionarios públicos, de un día para otro, se transformaron en los principales accionistas o dueños de las empresas cuya administración el sector público les había encomendado, como son los casos de Soquimich, Chilectra, Endesa y de una gama de empresas que hoy son motivo de preocupación para una parte importante del país, por la forma en que fueron privatizadas.

En la actualidad, es imposible obtener electrificación en zonas rurales si no es sobre la base de transferencias de recursos del sector público, incluso de fondos de desarrollo regional, en favor de las empresas que están en condiciones de electrificar. Todas eran del Estado, pero fueron transferidas al sector privado a través de procedimientos muy poco transparentes. Años después, los colegas de la UDI no están dispuestos a que la situación sea estudiada en forma adecuada. Muy por el contrario, cada vez que uno hace alcances al respecto, se limitan a decir que se debe recurrir a los tribunales para ver en qué tipo de delitos pudo haber incurrido alguno de los involucrados en esta transferencia o en este traspaso al sector privado.

No discutiré si la indicación es admisible o no porque la Mesa debe resolver. Debemos debatir el problema de fondo.

De parte del Diputado señor Longueira y de otros colegas de la UDI, me hubiera gustado una actitud consecuente con esta preocupación, que es sana, porque tiende a cautelar la forma en que se gastan los recursos del sector público.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, quiero responder a una duda que planteó el Diputado don Andrés Palma, en torno de la naturaleza jurídica de las organizaciones no gubernamentales.

Dichas organizaciones son personas jurídicas de derecho privado. Como tales, cuando reciben recursos del Estado, es lógico y razonable que éste pueda fiscalizar si se han destinado al propósito contemplado en la propia Ley de Presupuestos.

Respecto de lo expresado por el Diputado señor Latorre, somos partidarios de que los recursos del Estado que se entreguen a un ente privado, sean fiscalizados, para saber si se destinaron al objetivo previsto en la Ley de Presupuestos aprobada por el Congreso, ya que pertenecen a todos los chilenos. Esto significa sólo la fiscalización de los recursos, no de la gestión de la entidad privada, porque no correspondería.

En países avanzados, no basta que los órganos contralores se limiten a ver si una entidad del Estado tiene autorización para transferir recursos a un ente privado. En Chile, si un parlamentario, representante de un poder del Estado, quiere saber si determinados recursos fueron debidamente utilizados en el propósito señalado, se encuentra con que la Contraloría, basada en precedentes, porque no lo prohíbe su ley orgánica, niega tener facultades para investigarlo.

Esto ocurre en las municipalidades, en relación con organismos autónomos y privados que reciben enormes cantidades de recursos municipales. Si uno quiere saber si la corporación municipal de determinada comuna está utilizando los recursos para mejorar los niveles de educación o para actividades político-proselitistas, la Contraloría, sin ningún fundamento jurídico en mi opinión, dice que no tiene facultades para investigar, en virtud de los precedentes sentados en los últimos veinte o treinta años.

La indicación es constitucional por cuanto la Ley Orgánica de Municipalidades establece que la función de la Contraloría es velar por el uso adecuado de los recursos del Estado.

En relación con las dudas del Diputado señor Latorre respecto de la utilización de determinados recursos de ciertas entidades privadas, yo le pregunto si se utilizan efectivamente para el propósito señalado o se destinan a actividades político-proselitistas. No tenemos posibilidades de saberlo. No aludo a ningún caso en particular, porque no es correcto hacerlo. Dijo que es lógico que esta disposición otorgue la facultad de investigar.

Por lo tanto, sugiero al Diputado señor Longueira agregar en su indicación que esos recursos quedarán sujetos al control de la Contraloría General de la República, porque son los que se fiscalizarán y no los otros que legítimamente pueda recibir una organización no gubernamental (ONG). En este último caso no le corresponde intervención al Estado, salvo al Servicio de Impuestos Internos, en cuanto al cumplimiento de la tributación.

Por su intermedio, señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado señor Palma, y posteriormente, al Diputado señor Latorre.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por la vía de la interrupción tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, comparto las expresiones del Diputado señor Espina, agregando una salvedad que me parece muy importante. Existen muchas entidades que podrían ser equivalentes a organizaciones no gubernamentales; otras privadas que operan o tienen autonomía como corporaciones municipales de educación o de salud. Asimismo, hay entidades que operan como organizaciones no gubernamentales, sin tener el estatuto jurídico correspondiente, y muchas sociedades de profesionales que aparecen como organizaciones no gubernamentales y reciben recursos del Fisco para realizar tareas o programas de desarrollo a nivel gubernamental, municipal o local.

Entonces, comparto el criterio del Diputado señor Espina, en cuanto a que la indicación del Diputado señor Longueira podría ser mejorada en la medida en que dijera que estas organizaciones estarán sujetas al control fiscalizador de la Contraloría en el uso de los fondos públicos que se les asignen o que convengan en utilizar a través de un contrato. Pero me parece extremadamente restrictivo dejar esto sujeto a la figura jurídica de una organización no gubernamental, porque, en mi opinión, debe ser para cualquier entidad privada a la cual el Fisco transfiera recursos para la ejecución de programas públicos.

En cada una de las partidas de la Ley de Presupuestos figuran numerosos ítems. En estos momentos, estoy viendo la partida 07 del Ministerio de Economía, capítulo 03, programa 01, Subsecretaría de Pesca. En el subtítulo 25; “Transferencias corrientes”, aparece el ítem 31: "Transferencias al sector privado". En todos los capítulos existen transferencias al sector privado. Es decir, legislar mediante una norma como la que propone el Diputado señor Longueira significa que el resto de las transferencias de fondos al sector privado, con excepción del ítem 31-001, correspondiente a salas amas y jardines infantiles, quedarán sujetas al control fiscalizador de la Contraloría.

De esa manera, tendríamos la posibilidad de establecer una norma relacionada con la Ley de Presupuestos, que en mi opinión no modificaría las de funcionamiento y control del sector privado, pero dispondría que la Contraloría debe fiscalizar el uso de los recursos transferidos al sector privado y, además, hacer extensivo ese control al caso de las corporaciones municipales de salud y de educación, para subsanar el problema que existe en muchos municipios. En mi caso personal, he solicitado a la Contraloría que informe respecto de la administración de los fondos de las municipalidades de Macul, de San Joaquín y de La Granja, y la Contraloría ha señalado que no tiene capacidad para fiscalizar por corresponder esas organizaciones al sector privado.

Entonces, me parece atendible que una norma que obligue a la Contraloría en esta materia diga relación con la Ley de Presupuestos; pero la indicación del Diputado Longueira debería ser modificada en los términos expresados por el Diputado Espina. Yo propongo referirse a las transferencias de recursos al sector privado señaladas en la Ley de Presupuestos, con excepción de salas cuna y/o jardines infantiles.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede continuar el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, con su venia, le concedo una interrupción al Diputado Latorre.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, haré un alcance respecto de lo planteado.

El Diputado señor Palma ha dicho que actualmente muchas ONG no tienen la estructura de tales. Lo que él ha querido decir es que, tradicionalmente, las ONG, fueron corporaciones sin fines de lucro. El hecho de que durante muchos años, poco más de 17, no se permitiera estructurar corporaciones de derecho privado porque las personalidades jurídicas no se otorgaban, hizo que empezaran a actuar como tales muchas sociedades de responsabilidad limitada, e incluso sociedades anónimas. Las sociedades pueden tener utilidades y, en consecuencia, mediante un convenio de cualquier naturaleza, producir excedente cuya utilización práctica, obviamente, es privativa de quienes las conforman. Entonces, no puede fiscalizarse de la misma forma a una corporación sin fines de lucro que a una sociedad que los tiene.

Si la inquietud del colega Espina dice relación con todos los recursos públicos, el problema es que cuando advierta lo que significó una transferencia para financiar, una empresa del sector eléctrico que proporcionará electricidad a una zona, apreciará que en ella hay dineros destinados a la realización de ese proyecto específico, y que, además, existe un excedente, una utilidad que, obviamente, la empresa no acepta que sea fiscalizada en su utilización.

El problema entonces, reside, en que no es fácil para el sector público hacer un solo paquete con aquellas instituciones que son efectivamente corporaciones sin fines de lucro, como las municipales u otras privadas, y las empresas privadas propiamente tales, que también reciben permanentemente recursos del sector público.

Si se analizan los servicios básicos; como agua, alcantarillado, electricidad, telefonía, el sector público siempre deberá aportar recursos provenientes del Estado para la ejecución de muchos de esos planes; pero el problema está en que esas empresas también producen utilidad. He podido constatar, en varios casos, que el costo que señalan por las obras que efectuarán es muy superior al que se podría cotizar en otra empresa ello, en el evento de que fuera posible, porque la mayoría son de carácter monopólico.

Gracias señor Presidente y colega Espina.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, entiendo que hay apuro en despachar el proyecto, pero en consideración al hecho histórico, inédito en esta Cámara de Diputados, de que concordemos o coincidamos sobre una indicación, después de dos años de trabajo, le pido que permita que se produzca este esfuerzo inusual.

Para acotar el tema, sólo daré dos informaciones.

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República dispone que este organismo, independiente de todos los ministerios, autoridad y oficinas del Estado, tendrá por objeto fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos del. Fisco. O sea, no sólo precisa que se le entregue la plata a la entidad, sino que tiene la posibilidad de resguardar cómo se invierte, asunto que, por lo demás, a una autoridad de gobierno es lo que más le interesa, por cuanto a ella le corresponde, constitucionalmente, la administración de los dineros del Fisco. Por lo tanto, el Fisco es el más interesado en los dineros que transfiere el sector privado, y es el que tiene la obligación y el derecho de resguardar y administrar estos recursos.

La citada ley orgánica agrega: "o entidades sometidas por la ley a su fiscalización", porque enumera previamente a las municipalidades y a una serie de entidades fiscales. En consecuencia, es perfectamente posible que una ley, como la de Presupuestos, incorpore a entidades que sean objeto de fiscalización. Por eso, en relación con la indicación del Diputado señor Longueira, es perfectamente posible que ella se refiera a "entidades privadas", y que en definitiva su texto se corrija y se mejore su redacción en el segundo trámite constitucional.

Una legislación que permite la fiscalización de la inversión de los gastos fiscales, constituye un paso importante y de fondo.

Con su venia, señor Presidente concedo una interrupción al Diputado señor Arancibia; después, al Diputado señor Longueira.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No es posible, señor Diputado, porque terminaron sus 15 minutos.

La mayoría de los Comités ha pedido la clausura del debate, pero todavía no ha hecho uso de la palabra el Comité del Partido Por la Democracia, Partido Socialista y Partido Humanista.

Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, las últimas intervenciones de los Diputados señores Palma y Espina nos ahorran una serie de consideraciones.

Compartimos plenamente el principio contenido en la indicación del Diputado señor Longueira, y sería bueno que ello se asentara con claridad en la legislación.

El Diputado señor Espina recordada que en la Ley Orgánica de la Contraloría hay una norma que le impone, incluso, fiscalizar el uso e inversión de los recursos públicos. Por lo tanto, el principio nos parece sano, compatible, y conveniente establecerlo con las precisiones que se han señalado. Debe referirse, por supuesto, a los recursos fiscales, porque la Contraloría no podría fiscalizar otras fuentes de ingresos que tenga una institución o entidad.

Haré una siguiente sugerencia y tal vez, como ocurrió con el artículo 7°, podría dejarse pendiente la aprobación de la indicación hasta que redactemos otra que recoja estos consensos, tendiente a que no se incluya la noción de ONG, inexistente en nuestra legislación, puesto que tendríamos que abocamos a estudiar una serie de definiciones respecto de ella; incluso su admisibilidad es discutible. Por lo tanto, propongo que se emplee una denominación más de acuerdo con la legislación chilena, que hable de personas jurídica, privada o pública; de corporaciones, de sociedades, etcétera, y que no que se nos imponga entrar en definiciones que harán la norma difícilmente aplicable. Por lo demás, todas las ONG tienen formas jurídicas determinadas, sea corporación, fundación, sociedad colectiva, etcétera. Tienen una modalidad de aquellas establecidas en la legislación, y no podría ser de otra manera.

Ahora, también es interesante dejar consignada expresamente la posibilidad de que la Contraloría fiscalice los recursos que las municipalidades contemplan para este efecto. Cómo sabemos, un 7 por ciento de los recursos municipales se transfieren a instituciones o entidades privadas y podría buscarse la fórmula entiendo que hay un proceso de ley orgánica en discusión, el cual puede generar la necesidad de hacer una cierta afinación para que esos recursos públicos en nada despreciables si consideramos todos los municipios existentes en Chile, queden sometidos a un principio que es sano, cual es verificar su utilización o inversión.

Por último, señor Presidente, el Diputado señor Bosselin ha planteado una cuestión de admisibilidad que obliga a la Mesa a pronunciarse. Hay fallos del Tribunal Constitucional en cuanto a que es discutible que en la Ley de Presupuestos se pueda incorporar una disposición de esta naturaleza. No quiero insistir en la inadmisibilidad, pero es un punto que debemos tener presente, porque hay resoluciones de ese Tribunal que ponen en tela de juicio la incorporación de disposiciones que, de alguna forma, afecten las atribuciones y funcionamiento de la administración pública y de sus organismos, aunque sean autónomos.

No hay que olvidar que el propósito del legislador es no transformar la Ley de Presupuestos en una ley de carácter misceláneo; pero como este proyecto contiene otras disposiciones, las cuales darían lugar a una discusión similar, es un punto que debe considerarse de la manera más benevolente posible.

Señor Presidente, con su venia, le concedo una interrupción al Diputado señor Longueira.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ya se pidió el cierre el debate, pero por una cierta concesión se ha usado de la palabra.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, si se puede hacer uso de la palabra en el tiempo del Comité que aún dispone de él, es una demostración de la mejor de las voluntades.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Pero Su Señoría ya habló sobre esta indicación.

En verdad, aquí se ha planteado una indicación que modifica la Ley Orgánica de la Contraloría, para lo cual se requiere un quorum elevado.

En segundo lugar, se ha llevado a cabo un debate muy profundo sobre el punto, que puede derivar en una discusión muy larga. Es imposible que aquí se pongan de acuerdo en esa materia, pero ha habido un intercambio de opiniones que se puede traducir, a la postre, en un acuerdo. Algunos parlamentarios han pedido que se declare inadmisible la indicación, pero no quisiera prolongar más este debate, porque ya están más o menos claras las distintas posiciones.

Si el Diputado señor Arancibia le ha concedido una interrupción, tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, es evidente que la indicación puede ser perfeccionada, porque cuando la presenté me refería exclusivamente a los montos fiscales que se les asignan a las distintas ONG, respecto de las cuales se podría buscar una denominación diferente en esta Ley de Presupuestos, o a otras entidades privadas. Más aún, se puso una cantidad para no entorpecer la labor que tendría que hacer la Contraloría en proyectos menores que contemplen las cifras propuestas en esta indicación.

Creo que se debe hacer de esta manera, aunque el Diputado Palma propuso que la norma propuesta se aplicara a todas las partidas del Presupuesto donde se contemplaran transferencias de fondos al sector privado, excluyendo los ítemes 001, referidos a las salas cunas y jardines. Pero dentro de estas instituciones privadas que reciben aportes hay algunos organismos internacionales que, evidentemente, la Contraloría no tendrá ninguna posibilidad de fiscalizar.

Por lo tanto, me parece correcto que definamos mejor las entidades que estarán sujetas a fiscalización, que son las que realizan una cantidad innumerable de proyectos sociales de mucha relevancia y a las que sistemáticamente se les van asignando más recursos y diversos programas por parte del Ejecutivo.

Entonces el motivo de la indicación es saber si efectivamente los fondos se están destinando adecuadamente a las labores sociales para las que fueron concebidos.

Quiero expresar al Diputado señor Latorre, que advirtió un doble estándar en el planteamiento de la UDI, que utiliza las típicas argumentaciones odiosas, que no tienen ninguna lógica. Estamos planteando que los recursos fiscales, que obviamente son cuantiosos, deben ser fiscalizados o estar sujetos al control de la Contraloría, al igual como los están todos los otros que él mencionó. El doble estándar se refleja precisamente cuando no se está de acuerdo en que estos recursos sean fiscalizados.

No es adecuado plantear que se están buscando o rebuscando intencionalidades cuando se presentan indicaciones, porque el único propósito que aquí se tiene en vista es velar porque los fondos que en esta Ley de Presupuestos se están aprobando tengan un control a partir de una cierta cuantía, que son las 5 mil unidades de fomento que propone la indicación.

Algunos plantean que la indicación es inadmisible porque no dice relación con la idea matriz del proyecto. En verdad, no sé en qué proyecto uno puede plantear que los recursos del Presupuesto de la Nación deben ser fiscalizados si no es precisamente en éste.

La Cámara, a través de una indicación, incorporó a todos los sostenedores, por los cuantiosos recursos fiscales que reciben para la educación, entre las instituciones que son contraladas y fiscalizadas por la Contraloría General de la República. Por lo tanto, ya hay un precedente cuando la Cámara adoptó ese acuerdo, que contó con la aprobación de todas las bancadas. Esta indicación apunta exactamente en el mismo sentido y me parece obvio que está dentro de las ideas matrices del proyecto, porque estamos poniendo una condición al monto destinado en esta la Ley de Presupuestos a diferentes organizaciones privadas que desarrollan, cada vez más, una creciente labor en las políticas sociales que el Gobierno efectúa.

Le agradezco al Diputado señor Arancibia la interrupción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ha planteado la clausura del debate.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, una moción de orden.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Propongo que esta indicación se vote después, con el objeto de buscar una redacción satisfactoria.

No hay acuerdo.

El señor ESPINA.-

Entiendo que a la indicación se le habrían hecho dos cambios.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Primero se vota la clausura del debate y después vemos los cambios que se han introducido a la indicación.

En votación la clausura del debate.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 11 votos. Hubo una abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Clausurado el debate.

A propósito de lo que plantea el Diputado señor Espina, se va someter a votación la indicación tal como se hizo llegar a la Mesa.

Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, la indicación, con los cambios introducidos, sería del siguiente tenor: "Las entidades de carácter privado que obtengan aporte fiscal que superen las 5 mil unidades de fomento, quedarán sujetas al control de la Contraloría General de la República, única y exclusivamente en todo aquello que dice relación con el destino de esos recursos fiscales".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene que haber unanimidad de la Sala para aceptar la modificación.

No hay unanimidad para el cambio.

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

El Diputado señor Bosselin planteó la inadmisibilidad de la indicación por ser inconstitucional. Ratifico plenamente ese criterio y requiero que ese aspecto se someta a votación, y que podamos intervenir para fundamentarlo.

El señor LONGUEIRA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tengo que pronunciarme primero sobre este punto, que había querido obviar.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, si Su Señoría declara inadmisible la indicación, no corresponde someterla a votación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Es evidente, pero tengo que decir algo sobre el tema, que es bastante complejo.

En primer lugar, entre las atribuciones de la Contraloría General de la República, la Constitución establece que "desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva". Esa ley, en el artículo 1°, señala cual es el objeto del organismo contralor, y en un precepto posterior dice: "Del mismo modo, le corresponderá la información sobre cualquier otro asunto que se relacione, o pueda relacionarse, con la inversión o compromiso de los fondos públicos, siempre que se susciten dudas para la correcta aplicación de las leyes respectivas". Además, el artículo 89 de la Constitución expresa: "Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución..." Esos decretos o resoluciones pasan por la Contraloría.

La Contraloría parece tener otro criterio, pero pienso que ella tiene facultades para hacer lo que la indicación solicita y más, siempre y cuando no sea sobre toda la actividad de la organización privada, sino sólo sobre las transferencias que el Fisco hace de fondos públicos, como lo decía la proposición mejorada.

Por otra parte, esta indicación modifica la Ley Orgánica de la Contraloría, al menos en lo que se refiere a los fondos presupuestarios de este año, porque explícita atribuciones nuevas. Ahora, hay un fallo del Tribunal Constitucional que dice que la Ley de Presupuestos no puede modificar leyes orgánicas de otros Servicios. Y es evidente que aquí se está dando una facultad nueva a la Contraloría o, al contrario, se está limitando una que ya tiene, porque se está estableciendo un monto. O sea, se modifica la ley para un lado o para otro, pero algo se está haciendo, porque, en su defecto no se justifica presentar una indicación.

En esa eventualidad, pediría a los señores Diputados que presentaron la indicación que la retiraran, porque es ociosa, e inútil, en el sentido de que la Contraloría ya tiene esa facultad. Si insisten en ella, no hay duda de que se plantea un problema de constitucionalidad, porque incide en la Ley Orgánica de la Contraloría.

El señor ESPINA.-

¡Lo discutiremos!

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, hemos planteado que la podemos retirar ahora y presentarla perfeccionada en el transcurso de la tarde, para su discusión.

Pero Su Señoría no puede, en un debate sobre si es admisible o no, estar calificando la indicación como "ociosa" y que no tiene ningún objeto. Cuando se fundamente un voto, es posible emitir juicios respecto de una indicación, pero no se pueden plantear calificativos cuando se debate un problema de admisibilidad.

Estoy dispuesto a retirar la indicación, siempre y cuando exista acuerdo de la Sala para presentarla perfeccionada en el transcurso de la tarde.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Me equivoqué en el adjetivo. Quería decir que la indicación es redundante, en el sentido de que la Contraloría ya tiene esas facultades.

El señor ESTEVEZ.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, el tema en debate sobre la eventual admisibilidad o no de esta indicación es de alta trascendencia.

Deseo señalar al Diputado señor Longueira que la propuesta de modificación que hace, más allá de que es útil para afinar el texto, es aún más inadmisible que la propia indicación que ha hecho. Por eso el tema es ocioso.

Voy a explicar el punto. El asunto está en el considerando N° 17 del primer fallo del Tribunal Constitucional, en 1972, que al respecto, en un caso similar, es tajante.

El punto reside en lo siguiente: o se trata de atribuciones que la Contraloría ya tiene y no cumple y, por ende, se pretende que cumpla lo que ha dejado de hacer dentro de sus atribuciones, o de facultades ambiguas que es necesario precisar, o de otorgarle facultades que no tiene.

En cualquiera de los tres casos, se trata de hacer cumplir, a la Contraloría, cosas que no hace o de precisar sus atribuciones. El Tribunal Constitucional es muy claro cuando expresa que, en la Ley de Presupuestos, el Congreso Nacional no puede alterar los gastos denlas leyes permanentes, razón por la cual menos aún podrá modificar o alterar las normas de otras instituciones establecidas en leyes permanentes.

En realidad, es de absoluta lógica que si la Ley de Presupuestos trata de gastos de la nación, y a su vez, sus ideas matrices tienen como objetivo aparte del tema central fijar los ingresos y gastos, y como la calificación o aclaración de funciones de otras entidades públicas no está inserta en aquellos evidentemente ella no puede entrar a calificar, aclarar o dilucidar aspectos de leyes permanentes.

La simple lectura del numeral 17 del fallo del Tribunal Constitucional, es tan claro que no debe haber discusión al respecto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Han pedido la palabra, para aclarar la indicación, los Diputados señores Espina y Chadwick. Espero que con eso terminemos este debate.

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, pido a los señores Diputados que protestan, que no hay que venir aquí, sólo a "calentar el asiento", sino a lograr acuerdos en materias importantes o a plantear puntos de vista.

Escuché con atención lo manifestado por el Diputado señor Estévez, y creo que en esta materia está profundamente equivocado, por dos razones: primero, los fallos del Tribunal Constitucional no son obligatorios respecto de todas las materias. Entonces, no se puede sentar cada vez que hay un fallo cuyo texto sabemos si es idéntico a lo que está debatiendo como vox Dei, la voz de Dios inmutable. Para eso, cada caso específico se presenta con un fallo y se resuelve.

Segundo, Su Señoría tiene una interpretación equivocada en lo siguiente: La Ley Orgánica de la Contraloría establece que fiscalizará a entidades sometidas por ley o sea, recursos que manejen entidades a su fiscalización. Por lo tanto, dicha Ley Orgánica indica que se puede fiscalizar la inversión fiscal en una serie de organizaciones y dice: "en todas las demás entidades sin distinguir si es pública o privada que una ley le fije".

Por lo tanto, si en la Ley de Presupuestos se incorpora una norma de esta naturaleza, no tiene quorum calificado ni se está modificando la Ley Orgánica de la Contraloría; por el contrario, se está citando un caso que ya la Ley Orgánica de la Contraloría contemplaba al abrir la posibilidad de que se fiscalicen entidades establecidas en la ley.

De manera que no se modifica la Ley Orgánica dé la Contraloría, porque la norma existe y es genérica; lo que hacemos es dar aplicación, mediante una ley, a dicha norma genérica, estableciendo qué entidades estarán sometidas a fiscalización. Por lo tanto, no hay ningún argumento para sostener que se trata de Ley Orgánica.

Aquí existe una cosa de fondo. Si deseamos que se fiscalice a las entidades privadas, el problema de fondo es que siempre hay argumentos formales para todo. Este país no se habría construido con argumentos formales; cuando hay voluntad política de hacerlo, se vota la norma.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado? No se puede reabrir el debate. Aquí hay un problema de inadmisibilidad planteado por el Diputado señor Bosselin. Sobre ese problema se ha debatido suficientemente.

Enunciaré el criterio de la Mesa, y después se abrirá debate.

Considero que esta indicación, como está formulada, es admisible, pero de ley orgánica constitucional; porque cuando, en el artículo que señala el Diputado señor Espina, se dice que otras leyes le entregarán a la Contraloría", esas otras leyes que contemplan atribuciones de la Contraloría, adquieren el mismo rango de ley orgánica constitucional.

Corresponde, ahora, votar la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por no haberse reunido el quorum suficiente, no se aprueba la indicación.

El señor CHADWICK.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, quisiera hacerle una consulta. De acuerdo con su criterio jurídico, ¿cada vez que la Constitución le entrega al legislador la facultad de dictar una norma jurídica, ésta tendría que reunir los quorum necesarios para reformar la Constitución? ¿Significa que cada vez que la ley orgánica en este caso, de la Contraloría General de la República le entrega al legislador la facultad de dictar una norma, ésta tiene rango orgánico?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Le respondo inmediatamente. Es una larga, profunda y antigua discusión sostenida en esta Sala en otras oportunidades; pero se plantea el punto de si la norma derivada asume o no el carácter de la que le da origen. Personalmente, pienso que sería un resquicio legal suponer que atribuciones de la Contraloría, que según la Constitución deben crearse por ley orgánica constitucional, en virtud de otras leyes de un quorum menor puedan ser cambiadas. Y en este caso las amplía enormemente. Lo discutimos el año pasado, no recuerdo a propósito de qué. Se trataba de una ley orgánica constitucional, pero no se reunió el quorum.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, podríamos, entonces, someter a votación la exigencia del quorum, porque aquí hay una opinión discrepante, a lo menos, de las bancadas de la Oposición.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si me excusa un minuto, lo consultaré.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, quiero hacer una consulta.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado Chadwick ha planteado que no se cuestiona el resultado de la votación, que está claro para todos, sino la consideración de que, no siendo una ley con carácter de ley orgánica constitucional, esta votación daría por aprobada la indicación.

Consultado el señor Secretario acerca de qué pasa en ese caso, me informa que existe un acuerdo de los Comités por el cual sólo la Sala puede determinar, en última instancia, si una ley es orgánica constitucional o no. En ese evento, correspondería someter a votación de la Sala si ratifica o no el criterio de la Presidencia, en el sentido de que estamos ante un precepto de carácter de ley orgánica constitucional.

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, una consulta muy breve. ¿Hay alguna otra materia en la Ley de Presupuestos que sea de quorum especial?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí, la votamos ayer. El artículo 3°, que establece el endeudamiento del Estado más allá del mandato del Presidente de la República.

Tiene la palabra el Diputado señor Araya.

El señor ARAYA.-

Señor Presidente, respecto de esta votación, en días pasados hicimos notar que usted proclama inmediatamente el resultado. Somos muchos los que aún no manejamos muy bien la implementación electrónica, que, muchas veces, no funciona inmediatamente. En mi caso, no alcancé a emitir mi voto, cuando usted ya dio a conocer el resultado.

En vista de lo importante del tema en análisis, le pediría que nos otorgara más tiempo, porque no creo que solamente me haya sucedido a mí.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Bien. Así lo haremos en el futuro.

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, finalmente me concedió la palabra; he estado solicitándola toda la mañana.

En el día de ayer, vimos que el artículo 3° contenía normas de quorum calificado. Fue planteado, votado y aprobado en esa forma.

Hoy se plantea una indicación que pasa a ser un artículo nuevo; o sea, es la misma situación, porque se trata de una norma que se regirá por el artículo 63 de la Constitución y requiere un quorum determinado.

En consecuencia, está correcta la aplicación de la Mesa, porque no tendría sentido que el artículo 3° requiriera un quorum determinado, y hoy, el nuevo artículo que se desea introducir, no.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.

El señor DUPRE.-

No quisiera discutir lo que se aprobó ayer y la determinación que me parece absolutamente acertada respecto del quorum con el cual debía aprobarse el artículo 3°; pero, quiero precisar que de acuerdo con el criterio planteado por el señor Presidente, el artículo 13 del proyecto también sería un artículo modificatorio de ley orgánica.

De modo tal, que me parece que lo planteado por el Diputado señor Chadwick tiene validez, en el sentido de que la materia recién aprobada no debiera tener la calificación de ley orgánica.

El señor ARANCIBIA.-

Por favor, señor Presidente, una pregunta en el mismo sentido, una aclaración.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, el asunto se complica más, porque no nos olvidemos de que la Ley de Presupuestos es esencialmente transitoria. Entonces, no vamos a modificar la Constitución mediante una legislación de duración limitada en el tiempo, cuya vigencia, además, caducaría junto con la Ley de Presupuestos el 31 de diciembre de cada año. Creo que el asunto es más complicado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde entonces entrar a votar...

El señor HORVATH.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, hay varios parlamentarios que están en Comisiones que sesionen simultáneamente con la Sala. A pesar de que se han pareado entre ellos y están autorizados, creo que sobre esta materia deben pronunciarse.

Por lo tanto, en el caso de una votación que requiere quorum calificado, creo que debe concederse un tiempo prudente para que los Diputados lleguen a la Sala y se pronuncien. En consecuencia, pido que se vuelva a tomar la votación como corresponde.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Esa es otra solución. Lo que usted plantea es que se repita la votación llamando a la gente. No. Yo creo que ahora debe votarse qué tipo de materia es; les resultaría más fácil a quienes sostienen la actual tesis tener la mayoría simple y no el quorum de 67.

Corresponde votar si la indicación es materia de ley orgánica constitucional, como sostiene la Mesa, o no lo es.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo una abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Confirmada la decisión de la Mesa: la indicación queda rechazada por no haber alcanzado el quorum necesario.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Señor Presidente, según el Reglamento, cuando una votación no alcanza el quorum necesario, se repite en dos oportunidades y después se toma la votación norminal y se firma el libro.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡No, está equivocado!

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Eso se aplica cuando falta quorum. Aquí no se reunió el quorum necesario.

Hemos despachado todas las indicaciones a los artículos, salvo al 1° y al 2°, que se refieren a las partidas. Por lo tanto, corresponde suspender la sesión hasta las 15 horas.

A las 14 horas se cita a reunión a los integrantes de la Comisión Mixta de Presupuestos los Diputados señores Estévez, Devaud, Palma, don Andrés; Longueira y García, don José, junto con la Mesa, el señor Ministro de Hacienda y el Director de Presupuesto.

Se suspende la sesión.

Se suspendió a las 13:01 horas y se reanudó a las 15:02.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa la sesión.

Solicito el asentimiento de los señores Diputados para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Guerra, señor Marcos Sánchez.

Acordado.

Se suspende la sesión por cinco minutos.

Se suspendió a las 15:04 y se reanudó a las 15:08.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa la sesión.

En una reunión que tuvimos hace poco, que contó con la presencia del Ministro de Hacienda y del Director General de Presupuestos, se acordó proponer a la Sala formar seis grupos de indicaciones para dar una mayor rapidez al despacho de este proyecto.

Primero, la formulada por la UDI, que es general a todo el Presupuesto.

Segundo, las que propone rebajar los saldos de caja.

Tercero, las relacionadas con los problemas de regionalización o de reasignación de fondos a regiones,

Cuarto, las relativas a la partida del Ministerio de Educación.

Quinto, las relacionadas con el Ministerio de Defensa.

Y sexto, el de las calificadas como varias.

Se acordó, en principio, dar 15 minutos para hablar en favor o en contra de este conjunto de indicaciones, salvo en el caso de Defensa, en que se separó la indicación que tiene que ver con la rebaja de los fondos de la Subsecretaría de Guerra, con la indicación que se relaciona con Carabineros de Chile.

El señor SOTA.- No me quedó claro lo de los tiempos de que dispone cada parlamentario para hablar.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Cuando se aborde el tema de la Defensa, se discutirán dos indicaciones: una relativa a Carabineros y otra a la Subsecretaría de Guerra. Respecto de cada una, habrá 15 minutos para hablar a favor y 15 para hacerlo en contra, los que se distribuirán entre los distintos Diputados.

En discusión la indicación formulada por la bancada de la Unión Demócrata Independiente que rebaja en todas las partidas, salvo en la del Ministerio de Salud, en un 5 por ciento los gastos variables y, al mismo tiempo, reasigna esos recursos al Ministerio de Educación.

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, el propósito inicial de la indicación presentada apuntaba básicamente a que el Congreso, como órgano independiente del Ejecutivo, mostrara voluntad para que éste la patrocinara.

Esta indicación, en un conjunto, reduce en un 5 por ciento todas las partidas del Presupuesto, es decir, de todos los Ministerios, y, tal como lo señalé ayer, proponemos, simultáneamente, reasignarlos al capítulo 1 de la partida del Ministerio de Educación, sobre subvención a establecimientos educacionales, es decir, donde están provisionados los fondos para el Estatuto Docente.

Seleccionamos esa partida, porque el año pasado, cuando se discutió ese proyecto en el Congreso, todas las bancadas manifestaron interés en acelerar al máximo los beneficios que establece el Estatuto Docente. Al respecto, cabe recordar que en sus artículos transitorios se contempló el pago escalonado, hasta 1995, de las asignaciones establecidas.

En su oportunidad, tuvimos que decirle a los profesores que no había recursos. En ese sentido, la Oposición actuó con muchas responsabilidad. Efectivamente no existían los recursos suficientes para mejorar la situación de los profesores.

Esta indicación reduce del ítem 22, Bienes y Servicios de Consumo, de todos los Ministerios, un 5 por ciento. No disminuye ningún gasto para pago de personal, ningún programa social, ni ninguna inversión que el Ejecutivo quiera desarrollar.

El año pasado, al terminar la discusión del Presupuesto, el Ejecutivo introdujo una indicación que redujo todas estas partidas en un 5 por ciento, y señaló que este porcentaje no se iba reasignar, sino que se ahorraría y toda la sumatoria de estos descuentos a las distintas partidas, se provisionaron en operaciones complementarias. Es decir, volvieron al Tesoro Público.

Según el Ejecutivo, esa fue una señal de ahorro para la crisis que estábamos enfrentando a raíz de la guerra del Golfo Pérsico, la que finalmente no tuvo el impacto esperado.

Ahora proponemos una indicación de carácter neutral para los efectos del gasto. O sea, lo mismo que de alguna forma se reduce con la idea de lo que el Fisco quiere gastar, y que corresponde a lo que los distintos ministerios van a gastar si aprobamos este Presupuesto, proponemos que sea ocupado en un programa social, que tendrá que ser determinado en conjunto según las prioridades. De esta forma podremos demostrar a la opinión pública que el Congreso ha sido capaz de conseguir una asignación para desarrollar un programa social determinado gracias a la discusión del Presupuesto.

Dentro de la reducción no excluimos a ningún ministerio, salvo el de la Salud. Están incluidos la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría, los Ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, Economía, Defensa, Justicia, Educación. En Educación, proponemos reducir solamente la Subsecretaría de Educación.

Con esto quiero demostrar que la reducción propuesta del 5 por ciento corresponde a un esfuerzo que debe hacer el Ejecutivo, el aparato público en los gastos propios del funcionamiento.

Esto también es aplicable al Congreso Nacional. En caso de que se apruebe nuestra indicación, también tendría que reducir sus gastos. El 5 por ciento que se le reduce al Senado, a la Cámara y a la Biblioteca del Congreso, sumado en conjunto, arroja una cantidad del orden de los 270 millones de pesos.

Para que entendamos la proposición con mayor facilidad, la parte que se reduce corresponde al 5 por ciento de los gastos propios de funcionamiento que tiene cada repartición.

La sumatoria de todas estas disminuciones alcanza a la suma de 10 mil 28 millones, 190 mil pesos. O sea, si el Ejecutivo nos patrocinara esta indicación, podríamos reasignar 10.mil 28 millones de pesos.

La partida que más aporta en esta reducción es la del Ministerio de Defensa, casi más de un tercio de lo que proponemos.

Reconocemos que esta indicación es inadmisible porque propone el destino de estos fondos. Así lo señalé en el día de ayer. Esta es la forma en que el Congreso, con las facultades que tiene, debe discutir la Ley de Presupuestos, porque es el medio que tenemos para influir y mostrar nuestra voluntad hacia la comunidad, hacia dónde queremos que se vayan destinando los fondos.

Tengo la seguridad de que si hubiese mayoría para aprobar esta indicación, en que se le pide al Ejecutivo un esfuerzo similar al que en parte hizo el año pasado al reducir un 5 por ciento, significa que estaríamos logrando una mayor eficiencia en la administración de los recursos que se entregan para bienes y servicios a cada una de las reparticiones, como se lo estamos pidiendo también a nuestro Congreso Nacional.

Está de más señalar que la indicación requiere del patrocinio del Ejecutivo. Por eso, como una actitud nuestra, como Corporación, le pedimos que la patrocine.

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Chadwick.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick, por la vía de la interrupción.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, a los fundamentos expresados por el Diputado Longueira quiero agregar otro punto de vista. Para nosotros esta indicación reviste una importancia que va más allá de una mera situación de mayores o menores gastos.

Durante mucho tiempo han estado en el debate público aspectos muy importantes para el país, relacionados con la voluntad que existe en los distintos sectores políticos de impulsar determinados esquemas económicos y sociales.

Hemos escuchado en distintas oportunidades incluso en reuniones especiales de los sectores políticos, analizar las características que debe tener un sistema económico. Se ha hablado de una economía de la solidaridad, de un crecimiento con equidad, de una economía social remarcado lo social de mercado y que el papel del Estado radica, fundamentalmente, en lograr que aquello que aparece indiscutible en el mundo de hoy: el mercado como camino de desarrollo, sea armonizable con una efectiva solidaridad social y de equidad hacia los sectores más necesitados más desposeídos del país.

Compartimos esa intención y esa voluntad. El crecimiento económico debe tener siempre por objetivo el desarrollo y la equidad sociales en todo estado que quiera alcanzar un grado de progreso. La llamada economía de la solidaridad y el crecimiento con equidad lo enmarcamos dentro del concepto "papel solidario del Estado".

Normalmente, cuando se buscan esa equidad y esa solidaridad, se hace preferentemente exigiendo o pidiendo que los sectores productivos sean los que procuren y busquen, a través de sus gestiones de producción, el desarrollo de tales aspectos.

Es cierto que así debe ser. Pero también es indispensable que el Estado, respecto de su financiamiento, o de sus gastos propios, tenga una actitud de solidaridad social y una voluntad de equidad y preocupación por los sectores más necesitados del país.

Esta indicación nuestra apunta a que quienes ejercemos funciones de Estado Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Fuerzas Armadas, Gobierno, administraciones seamos capaces de hacer un esfuerzo de austeridad fiscal en beneficio de la solidaridad social. Es una indicación que apunta a demostrar al país que hoy día las autoridades públicas, a las cuales requerimos de todos los sectores del país esfuerzo y sacrificio, porque no tenemos recursos para satisfacer responsablemente sus necesidades, estamos dispuestos ahora, como un gesto, una voluntad o una actitud, a hacer un esfuerzo en nuestros propios gastos, en nuestra administración, en todo aquello en que el Estado puede hacer un sacrificio en beneficio de la solidaridad social.

Hemos planteado una reducción de 5 por ciento sobre los gastos de administración del presupuesto, como bien lo ha explicado el Diputado señor Longueira, para acudir en beneficio del sector que hemos escogido, por distintas razones, específicamente el del Magisterio. Estaría de más extendernos en ello. Pero recuerdo que cuando en esta misma Sala discutimos el Estatuto Docente, todos los parlamentarios señalamos que si bien nuestro propósito era satisfacer en mayor grado las necesidades del profesorado, carecíamos de los recursos para hacerlo.

Después de conocer la Ley de Presupuestos, vemos ahora que podemos hacer un esfuerzo que consiste en decimos: Quienes hoy día conducimos el Estado, estamos dispuestos a hacer un sacrificio; estamos dispuestos a hacer un esfuerzo reduciendo nuestros gastos en un porcentaje que no afecta la misión general de la Administración, un 5 por ciento, para ir en beneficio de los sectores sociales más necesitados, en esta oportunidad el profesorado, como un gesto de voluntad política que nos permite señalar que lo que decimos con palabras lo cumplimos con los hechos. Es un esfuerzo de austeridad en beneficio de una efectiva solidaridad social. Es el concepto que queremos reflejar a través de esta indicación. Por ello, hemos pedido al Ejecutivo y al resto de los sectores políticos que compartan este esfuerzo, esta actitud y demos una señal de voluntad política que nos dé autoridad frente a la población cuando pedimos, sacrificio y, al mismo tiempo, autoridad moral cuando efectivamente queremos hablar de una real solidaridad social.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Han pedido hacer uso de la palabra tres parlamentarios, a los que solicitaría que cada uno hablara por cinco minutos. Se trata de los Diputados señores Palma, Arancibia y Devaud.

Tiene la palabra el Diputado señor Palma.

El señor PALMA.-

Señor Presidente, sin duda alguna, que esta indicación, como ya lo han señalado los parlamentarios patrocinantes de ella, es ilegal e inconstitucional. Es el Ejecutivo el que tiene la autoridad para definir la asignación básica de los recursos y el Congreso, ni siquiera a manera de indicación, no puede expresar propuestas diferentes.

Es bueno que en este momento discutamos la inconstitucionalidad de esta indicación, como lo reconocen los Diputados patrocinantes. Es bueno que lo precisemos, para adelantar otras materias que vamos a discutir.

El Parlamento no puede reasignar recursos en la discusión de la Ley de Presupuestos. La Constitución es muy expresa al señalar que "El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos, sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente".

Podríamos citar las actas de la discusión en el Consejo de Estado de la actual Constitución, que no nos gusta, que nos fue impuesta, pero que nos obliga a actuar en concordancia con ella. Por lo tanto, sólo podemos reducir gastos y no redistribuir.

En ese sentido, es evidente que esta indicación es inconstitucional, porque por plantearse como un todo le quita recursos a una serie de ministerios, cosa que podría ser posible, pero se los asigna a otra partida de gastos, lo que la hace totalmente inconstitucional.

No es bueno quedarse sólo en el tema de la inconstitucionalidad, porque so pretexto de mejorar la educación, se pueden decir muchas cosas y se pueden desconocer otras. Puede haber una actitud propagandística o demagógica que no sería buena que la haya.

Nada han dicho los parlamentarios de la UDI sobre los 150 millones de dólares adicionales que el Presupuesto de 1992 contempla para educación, y que en la sesión de ayer, durante la votación general de este proyecto, ellos se abstuvieron de votar.

Decir que se quiere mejorar algo y no apoyar las mejorías efectivas que se plantean en el proyecto define una inconsistencia, inconsistencia que va más allá de lo previsto, porque en pocos minutos más vamos a discutir un conjunto de indicaciones sobre la educación nacional que llevan la firma de los Diputados de la UDI y que plantean una reducción en el presupuesto del Ministerio de Educación de 6 mil millones de pesos. Es decir, por una parte, dicen reduzcamos las cosas para que incrementemos el presupuesto del Ministerio de Educación en 9 mil millones de pesos; pero, al mismo tiempo, se abstienen de aprobar 150 millones de dólares adicionales que tendrá este Ministerio el próximo año.

Esta es una actitud inconsistente, porque si hubiera coherencia en su planteamiento, no debieron abstenerse en la votación general ni debieron proponer, como lo vamos a discutir en un momento más, una reducción de 6 mil millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Educación.

Señor Presidente, he querido tocar el fondo de la indicación para precisar algunas cosas. Es bueno que la Corporación conozca la actitud de la UDI en materia de educación.

Señor Presidente, según mi parecer, usted debe declarar inadmisible la indicación presentada por la Unión Demócrata Independiente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora María Maluenda.

La señora MALUENDA.-

Señor Presidente, como nos estamos refiriendo a indicaciones sobre diferentes rubros del proyecto de presupuestos, quiero señalar que cada fusil fabricado, cada buque de guerra botado, cada cohete disparado significa, en última instancia, un robo a quienes tienen frío y no reciben abrigo.

"El mundo en armas no sólo está gastando dinero. Está gastando el sudor de sus trabajadores, el genio de sus científicos y las esperanzas de sus niños". Son las palabras de un general de cinco estrellas, quien llegó a la presidencia de su país luego de liderar un ejército vencedor. Me refiero al General Dwight Eisenhower.

Los propósitos del ex mandatario son invocados por un número creciente de norteamericanos, que contrasta el alto gasto bélico con el deterioro de la economía en el país, como señala un comentarista internacional en un diario de estos días.

Por otro lado, la gran potencia militar y política que constituye la Unión Soviética, ve derrumbarse sus muros y fronteras y enfrenta gravísimos problemas en el terreno económico. Es el precio que, de una u otra manera, está pagando por focalizar sus recursos a los gastos bélicos, ya sea para sus propios integrantes o para proveer de armas a los países subdesarrollados en este comercio de la muerte.

¿Qué han ganado unos y otros en esta competencia siniestra? Miremos hacia el Golfo Pérsico; miremos hacia las Malvinas en busca de la respuesta.

¿Y nuestro país que ganó con 17 años de dictadura militar? Un aislamiento internacional en un mundo que necesita estar, cada vez más, interrelacionado desde un punto de vista positivo. Cinco millones de pobres ganamos, de los cuales dos millones están en extrema pobreza; y un gasto militar que, desgraciadamente, no es del todo conocido por el país, porque muchos de sus aspectos están contenidos en mal llamadas "leyes secretas".

En un trabajo que nos fuera enviado por el Ministerio del Interior a la Comisión de Derechos Humanos cuando quisimos analizar estas leyes, del cual es autor don Roberto Garretón, se señala que uno de los fenómenos jurídicos más notables ocurridos en Chile en los años de la dictadura, es el que una parte importante de la normativa que se nos ha impuesto es de carácter secreto o reservado. Se trata formalmente de leyes; pero estas reglas que nos vemos obligados a cumplir o que importan conceder a las autoridades públicas facultades sobre nuestros derechos y bienes o que le permiten disponer de fondos que a todos nos pertenecen y que se generan con el trabajo de todos o de cualquiera otra materia de aquellas que la Constitución ha considerado como materia exclusiva de ley, nos han sido sustraídas a nuestro conocimiento.

El mundo hoy busca la paz. Lo demuestran las medidas, incluso unilaterales, tomadas por las potencias a que nos hemos referido. Es la voluntad común de disminuir los gastos militares que se ve en todos los foros internacionales, en beneficio de un desarrollo que mejore la calidad de vida de los pueblos y defienda la tierra, el aire, el agua, la fauna y la flora de nuestro pequeño planeta, que, después de todo, es el único que tenemos.

Informes de organismos internacionales serios indican que aumentan por millones los pobres en nuestro continente. La pobreza y las violaciones a los derechos humanos constituyen la gran crisis moral de nuestro continente. No hay duda de que la doctrina de seguridad nacional, que ha significado tantos atropellos a los derechos humanos, está en la raíz de la guerra sucia declarada contra nuestros pueblos.

Por todas estas razones, me abstendré de votar todo lo que se refiere a gastos de tipo militar. Llegará el día en que tengamos una política clara al respecto. Votaré a favor, sí, la indicación que ha presentado el colega don Vicente Sota, a la que he adherido, que significa rebajar el ítem de la ex Central Nacional de Informaciones, por motivos sobre los que él, sin duda, se explayará.

Para terminar, solicito que la Cámara revise toda la legislación secreta y el uso que se hizo de ella, con el fin de que los antecedentes sean puestos en conocimiento del titular de la soberanía: el pueblo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Mario Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, en lo relativo a la indicación presentada por la Unión Demócrata Independiente, tengo la impresión de que el Diputado don Andrés Palma ha fijado certeramente el juicio que tenemos respecto de ella. Es inadmisible, y no tenemos ninguna duda.

Sin embargo, hay algunas cuestiones, planteadas a lo largo de su discusión, que llaman la atención, principalmente porque se propone la reducción de algunos ítemes importantes, como, por ejemplo, el de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Si la sociedad requiere una buena y recta administración de justicia, estamos ciertos de que una reducción, por mínima que sea, de los recursos asignados a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, es perniciosa y nefasta.

Por otro lado, la indicación que propone una reducción al ítem para los Consejos Regionales de Desarrollo, también tiene un elemento pernicioso y nocivo, sobre todo cuando se plantea la necesidad de asentar en el país el concepto de regionalización.

Después de escuchar al Diputado señor Chadwick, quedé con la impresión de que es necesario acentuar la austeridad en el gasto público. En verdad, en un análisis bastante sereno del proyecto de Ley de Presupuestos, no veo por dónde exista derroche.

Ayer, cuando se discutió en general la proposición del Ejecutivo señalamos que la votaríamos favorablemente porque es ajustada, correcta, decidida y definida en cuanto al aumento del gasto social. Es cierto, en ningún momento, puede ser considerado un derroche.

Por tal razón, la bancada radical va a rechazar la indicación, si se vota, pues solicitamos que se declare inadmisible.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

Restan dos minutos a su sector y dos minutos al otro.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, la exposición del Diputado don Andrés Palma, es demagógica.

El señor MONTES.-

Parecida a la suya.

El señor LONGUEIRA.-

Más aún, es inaceptable, porque sabe perfectamente que la indicación sólo reduce burocracia y no programas de Educación. Se refiere a ítemes burocráticos, cuyas disminuciones, incluso en una indicación fue declarada inadmisible en la Comisión Mixta, propusimos que se destinaran a aumentar los programas de Educación.

Por lo tanto, es inaceptable que pretenda armar escándalo por una indicación que he patrocinado, presentada por los Diputados de Renovación Nacional, sabiendo perfectamente que lo que se elimina se destina a incrementar los subsidios en educación, circunstancia que la hace admisible.

Es importante que la opinión pública sepa que sistemáticamente se dice "los parlamentarios queremos que se haga esto", "si dependiera de nosotros, haríamos esto"; una cantidad de proposiciones, de intenciones, de buenas ideas y, a la postre, cuando llega el momento de concretarlas y la Sala tiene la posibilidad de decidir una reducción del cinco por ciento de los gastos fiscales, todo queda en nada. Es austeridad lo que estamos pidiendo al Fisco. Es evidente que si se plantea una reducción del cinco por ciento, se propone que exista mayor eficiencia fiscal. La Cámara, como contrapartida, dice: "queremos que se gaste en esto"; pero cuando se tramitó el proyecto de Estatuto Docente se dijo a los profesores que no había más recursos.

Incluso, se quiere reducir el gasto en defensa. Los mismos ítemes que propuso rebajar el Ejecutivo el año pasado se proponen ahora para aumentar el programa social.

Si no se quiere discutir el presupuesto, bueno, pero que se sepa; no camuflemos las actuaciones con facultades que no tenemos, porque ha quedado clara la posición de los parlamentarios de la Concertación. De los diez mil millones de pesos, el cuarenta por ciento lo tiene Defensa. Muchos quieren que se reduzca y lo plantean públicamente, pero tampoco están dispuestos a que Defensa se reduzca. Nada mejor que esta oportunidad para que todo el sector público, incluido Defensa, aporte con su eficiencia al programa social.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor Diputado.

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, todos estamos de acuerdo en aumentar los fondos de Educación. Es una verdad absoluta desde el momento en que discutimos el proyecto del Estatuto Docente. Pero llama mucho la atención que la indicación, precisamente, sobre fondos que ascienden a diez mil millones de pesos y fracción, se refiera a la subvención de establecimientos educacionales. Sin embargo, hasta este instante, la Oposición no ha dado la posibilidad de despachar el proyecto de ley de subvenciones tratado en la Cámara en segundo trámite. Desde hace dos meses, está en la Comisión de Educación del Senado.

Sobre la materia se presentó indicación para que cualquier incremento de la subvención educacional signifique aumento de los sueldos de los profesores chilenos. En el fondo, permite solventar los grandes déficit de los sostenedores; es la salvación de la Oposición. ¿Por qué digo esto? Porque el déficit en subvenciones educacionales es de nueve mil millones de pesos. De esta suma, cinco mil millones corresponden a cincuenta y tres corporaciones dirigidas por militantes de la UDI. Este es el objeto de la indicación.

Por consiguiente, estoy de acuerdo en que se declare inadmisible la indicación en debate.

He dicho.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ha terminado el tiempo.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde ir al fondo del asunto.

Todas las personas que han hablado, todos los que han intervenido, incluso quienes han patrocinado la indicación, han coincidido en que es inadmisible. Por esta razón, la Mesa la declara así.

En discusión el segundo tema, relacionado con las indicaciones para reducir los saldos de caja.

El señor GARCIA (don José).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, los Diputados de Renovación Nacional hemos presentado una indicación destinada a disminuir los saldos finales de caja. En el proyecto de Ley de Presupuestos éstos alcanzan a 60 mil millones de pesos, y como lo ha reconocido el propio señor Director de Presupuesto, en esa cifra existen provisiones para diversos tipos de gastos con la sola autorización del Ministro de Hacienda, se concretarían durante el transcurso del año presupuestario. Es decir, con esas provisiones en los saldos finales de caja se podrán aumentar, aún más, los gastos en los distintos Ministerios, de acuerdo con la autorización que entregue el Ministerio de Hacienda.

¿Cuál es la razón de fondo de nuestra indicación? ¿Por qué planteamos reducir esos saldos finales de caja? No lo hacemos por molestar ni con el ánimo de dificultar y entrabar el proceso legislativo de este proyecto tan importante para el país; simplemente, lo hacemos porque deseamos que parte significativa de esos 60 mil millones de pesos, exactamente 12 mil millones de pesos, se destinen a aumentar la cobertura de los subsidios de asignación familiar. Ese es el fondo de nuestra indicación. Ayer, señalamos que en las municipalidades del país hay en la actualidad más de cien mil niños en espera de su subsidio familiar. Asimismo, queremos que se aumente la cobertura de las pensiones de vejez y de invalidez. Decíamos también ayer que hay miles de ancianos mayores de 65 años que cumplen con los requisitos y llevan mucho tiempo esperando este beneficio. Hoy es necesario que un anciano se muera para que otro pueda acceder a una pensión asistencial. Eso es lo que queremos corregir.

También deseamos que se aumenten los recursos destinados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ya que, como lo explicamos ayer, en nuestra opinión, la incorporación a dicho Fondo de los recursos provenientes de las patentes mineras proyecto que aún no es ley de la República y de aquellos provenientes del Ministerio de Educación, representan un subterfugio para dar sólo la apariencia de que se ha dado cumplimiento al acuerdo político que motivó la reforma constitucional sobre gobiernos regionales y administración municipal.

Esa es la razón de fondo: reducir en 12 mil millones los saldos finales de caja para que 7.600 millones vayan al Fondo Nacional de Desarrollo Regional; 2.500 millones a aumentar la cobertura de los subsidios de asignación familiar, y 2.500 millones a incrementar la cobertura de las pensiones de vejez y de invalidez.

Llamo la atención de los estimados colegas porque tengo la seguridad de que en los permanentes contactos con personas de su distrito han recibido esta demanda: "¿Cuándo voy a recibir mi asignación familiar?". "¿Cuándo percibiré mi pensión?". Y este proyecto de Ley de Presupuestos es una buena oportunidad para que les entreguemos respuestas efectivas.

Esa es la esencia de nuestra indicación. No queremos recortar los presupuestos de caja por mero capricho. Pretendemos que el Gobierno, a través del Ministro de Hacienda, aquí presente, atienda estas demandas, y deseamos hacer notar nuestra preocupación por estos aspectos que al parecer no tienen atención suficiente en el proyecto de Ley de Presupuestos enviado por el Gobierno.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, el Diputado don José García ha expresado que presentaron esta indicación con el objeto de llamar la atención sobre ciertas necesidades que desean financiar. Su afirmación a confesión de parte, relevo de pruebas demuestra, en primer lugar, la inadmisibilidad de la indicación, por cuanto la rebaja es con el solo propósito de reasignar recursos. Así lo, acaba de declarar en la Cámara.

En segundo lugar, revela que no estudiaron ni se preocuparon de qué estaban reduciendo ni del efecto que podría tener. Simplemente, como vieron un nombre que les pareció posible para un planteamiento de carácter político, optaron por hacerlo.

Llamo la atención de la Honorable Cámara en el sentido de que el proceso de discusión del Presupuesto no puede ser así, y que requiere de un esfuerzo para poder calibrar, en cada una de las reparticiones, de qué se trata, qué se está planteando.

Es imposible referirme ahora a cada una de las indicaciones, pero, dentro de este breve espacio de tiempo, quiero empezar con la primera que ellos plantean: rebajar en la Partida 07, Capítulo 01, Programa 01, 40 millones de pesos. ¿De qué se trata? Aparentemente, del saldo final de caja de la Subsecretaría del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. ¿Por qué está este saldo final de caja? ¿Por qué razón el aporte fiscal fue superior en 40 millones de pesos a los gastos previstos? No por nada. Por una razón muy clara que se explicó detalladamente en la Comisión de Presupuestos, cual es que el Congreso Nacional aprobó una ley sobre patentes industriales y, en ella creó una corte arbitral. Recordarán que discutimos largamente acerca de si sus tres integrantes, o sólo dos, debían ser abogados. En el momento en que se envió el proyecto de Ley de Presupuestos al Congreso esa ley no había sido publicada aún, puesto que estaba en la Contraloría para su toma de razón. Pero no por el hecho de no estar publicada en el Diario Oficial deja de ser ley de la República aprobada por la Cámara y el Senado. Se ha explicado que los tres Ministros ganarán dos unidades tributarias mensuales por sesión, que habrá dos salas, que sesionarán tres veces por semana y que, tomando el valor de la UTM de octubre, de 13.853 pesos, se llega a la cifra de 24 millones para la operación de las dos salas durante el año. También se ha descrito con detalle que el personal que se requiere es un abogado secretario grado 6°, un abogado de medio tiempo, 5 administrativos y un auxiliar. Como la referida ley no estaba todavía publicada en el Diario Oficial, reitero, en vez de figurar el aporte fiscal en las provisiones comprometidas del Tesoro Público, se ha puesto expresamente mayor aporte en el Ministerio de Economía para dar más transparencia al Presupuesto de la Nación.

La explicación detallada se dio en la Comisión, y el hecho de presentar majaderamente esta misma indicación, tratando de hacer parecer esto como una cuestión sin claridad o transparencia en el Presupuesto, viene a demostrar una actitud, a mi juicio, no adecuada para la forma seria de trabajar este tema.

Continúo con un par de ejemplos respecto del censo nacional de población.

Los Honorables señores parlamentarios están informados de que corresponde hacer el decimosexto censo de población. Es natural el hecho de que todos los países del mundo realicen regularmente censos de población. Es una necesidad del desarrollo del país. No es algo cotidiano ni permanente, sino que se lleva a efecto cada cierto número de años, como se explicó hasta la saciedad en la Comisión Especial de Presupuestos.

Dicho censo de población supone contratar el personal que hará las encuestas en las casas y, asimismo, arrendar locales. Por razones presupuestarias, los arriendos se incluyen en el rubro bienes inmuebles. Como se conoce aproximadamente el monto del gasto, pero no se sabe en qué partes se instalarán los locales, porque todavía no se han firmado los contratos definitivos, se ha asignado al Ministerio de Economía un mayor aporte fiscal, con el objeto de dar más transparencia al presupuesto y de que no aparezcan todas estas provisiones en el Tesoro Público, como sería la otra opción.

Por lo demás, esta forma de presentar los gastos es una respuesta positiva del Ministerio de Hacienda a la discusión del año pasado en el Congreso Nacional, cuando se objetó que en los financiamientos del año presupuestario aparecieran en el Tesoro Público operaciones comprometidas, y se dijo: "¡Aquí aparece todo junto!".

Si ya se sabe que el Ministerio de Economía hará el gasto del censo, ¿por qué no figuran esos recursos en su Partida, lo que sería más transparente?

Entonces, a pesar de acceder a esta petición en cuanto a dar más transparencia a la información, colocando los gastos en forma clara y detallada y entregando reiteradamente la información hasta sus mínimos detalles, se quiere insistir en este tema. ¿Por qué? Porque se sabe que la opinión pública quizás no va a tener posibilidad de conocer en profundidad cada una de estas situaciones, y se pretende crear una apariencia de falta de transparencia o deteriorar la información que existe abundantemente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, la imagen que uno tenía sobre la Derecha era de personas estudiosas y sobrias; pero hoy hemos ido constatando que no le viene el juego populista. Es lamentable ver a una Derecha jugando al populismo; no le calza.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ROJO.-

¿Qué diría el Presidente Alessandri si los viera sosteniendo estas posiciones?

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ROJO.-

Debemos recordar todo el esfuerzo que él realizó para obtener que la administración, las grandes líneas del plan como él sostenía fueran de competencia del Presidente de la República y no del Parlamento.

También cabe mencionar los esfuerzos efectuados por los Presidentes Ríos, Alessandri y Freí para poner orden.

El señor PALESTRO.-

¡Y Allende, Diputado Rojo!

Hablan varios Diputados a la vez.

El señor ROJO.-

Hoy hay parlamentarios que no quieren cumplir con la Constitución Política en cuya elaboración participaron. Les ruego que se detengan por un momento a leer el artículo 64. Comprobarán que, de acuerdo con su texto, todas las indicaciones que presentaron ayer y las que están formulando ahora, no sólo son inadmisibles, sino también lo que es más grave demagógicas y tienen exclusivamente un objetivo: jugar al populismo, y eso no puede ser.

Los saldos de caja son efectivamente 60 mil millones de pesos, pero de éstos, 30 mil millones corresponden a la caja del Tesoro Público, indispensable para que opere el Estado. Son parte de la eficacia de la ley, y ustedes eso no lo pueden restar. Entonces, están hablando de la mitad de una cifra.

Señor Presidente, estoy sosteniendo que este Gobierno ha dado un 50 por ciento más en pensiones y en asignaciones que el Gobierno pasado, y que, en lugar de seguir en esta discusión, corresponde simplemente que retiren este tipo de indicaciones, que no tienen ningún futuro.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, quiero manifestarle al Diputado Rojo que hace pocos días Eduardo Freí, hijo, recordaba que en una ocasión su padre se levantó a las 3 de la mañana para que su Partido no se pasara a la Oposición.

En cuanto a esta indicación, lo que ha dicho el Diputado Estévez nos da toda la razón. No sé cómo va a votar, pero cuando uno lo escucha, finalmente dice...

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Tranquilo!

El señor LONGUEIRA.-

Entiendo que los Diputados de la Democracia Cristiana tienen una elección mañana y están algo nerviosos. Trataremos de apuramos para que puedan ir a votar.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, quiero tomar precisamente los ejemplos del Diputado señor Estévez.

De acuerdo con lo que ha planteado, no estamos aprobando saldos de faja, sino ciertamente lo que él nos anunció. Puso el ejemplo del Censo Nacional de Población y Vivienda, que tiene un "saldito" de caja de 190 millones de pesos. No proponemos reducirlo, porque entendemos que se realiza este año y, evidentemente, el Fisco incurrirá en un gasto; es decir, no está incluido entre los saldos de caja que proponemos reducir.

Lo único que hace este ejemplo es demostrar que no estamos votando saldos de caja, que debieran ser efectivamente la diferencia entre los ingresos y los gastos de las distintas reparticiones. Pero no lo son. En otros términos, no estamos aprobando saldos de caja, sino otro gasto, que podremos discutir si figura en otro ítem o si lo aceptamos o no.

No es correcto, como norma legislativa, que se nos esté diciendo: "Aprobemos, señor, “salditos” de caja que suman 60 mil millones", cuando todos sabemos que no lo son, precisamente por las razones dadas por el Diputado señor Estévez. Tanto es así, que cuando preguntamos por el "saldito" de caja de 259 millones 677 mil pesos del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, se nos dieron muchas explicaciones, diciendo que, en realidad, no tenía tal carácter, sino que ahí estaban provisionados gastos para tal y cual materia. Pero dos horas después, todas estas explicaciones no tienen ninguna validez cuando el Ejecutivo presenta una indicación, a través de la cual obtiene 150 millones de este "saldito" de caja para cubrir parte del incremento de 400 millones en que se adiciona el presupuesto del INIA, y que corresponde a una indicación patrocinada por todos nosotros.

Por ello, cuando aquí se plantea que estamos haciendo demagogia y populismo, y sale el señor Rojo a dictar cátedra, en verdad habría que decirle que debería haber seguido en la Derecha como lo estuvo en el pasado, porque no me cabe ninguna duda de que haría bastante menos demagogia que la que está haciendo ahora. Estos no son saldos de caja, señor Rojo, como lo ha reconocido el propio Director del Presupuesto, que ha dicho que son provisiones, técnica legislativa que se usa para reasignar fondos. En las Operaciones Complementarias de Presupuesto deben, evidentemente, contemplarse estos fondos. No cuestionamos la existencia de esa partida, puesto que naturalmente el Ejecutivo debe reasignar fondos y financiar los proyectos de ley que se despacharán durante el ejercicio y constituyen gastos.

Por estas razones, quienes aprueben estos "salditos" de caja deben tener claro que, el próximo año, cuando llegue el Presupuesto ejecutado, efectivamente la cifra que se entregará al respecto no corresponderá al saldo inicial de caja contemplado en este proyecto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Director de Presupuesto.

El señor ARELLANO (Director de Presupuesto).-

Señor Presidente, solamente para aclarar algunos puntos y reiterar algo de la información dada en la Comisión Especial de Presupuestos.

La cifra global de saldo final de caja a la cual se ha hecho referencia, está afectada fundamentalmente por el saldo final de caja del Tesoro, que alcanza a 30 mil millones de pesos, correspondientes al saldo inicial, que es el normal funciona miento de la Caja del Fisco, toda vez que las fechas de pago de las remuneraciones y otros gastos no coinciden con el mismo día en que se recaudan los impuestos, fundamentalmente el IVA. Eso lleva a que naturalmente exista un saldo de caja que se mantiene de un período a otro, y que en el Presupuesto de 1992, tal como en el de 1991 y en el de años anteriores, aparece como saldo inicial y saldo final. Esa es la cantidad principal que figura dentro de los 50 y tantos mil millones a que se hace referencia en esta indicación de algunos señores Diputados.

Respecto de algunos casos específicos, cuando efectivamente existe un saldo de caja en el cual había un elemento de provisión, vale decir, se espera, en definitiva, un saldo diferente del indicado, se explicó muy claramente cuál era el propósito de ese saldo final de caja: que había un elemento de provisión para dar mayor transparencia y no tener que dejarlo todo en una gran provisión fiscal. Aquí se han dado ejemplos y podrían agregarse ciertos servicios que no reciben aporte fiscal y que, con sus propios ingresos, tendrán que financiar el reajuste de remuneraciones aprobado ya por esta Cámara.

Por último, se ha mencionado el caso del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Ahí la explicación fue una sola: los ingresos del Indap están constituidos, entre otros, por recuperación de préstamos que otorga el mismo. Pero como la estimación exacta de la recuperación de los préstamos es imposible hacerla, hay algún elementó de incertidumbre con respecto a cuál será la recuperación al año siguiente.

El saldo final de caja, que es un resultado, contiene este elemento de incertidumbre; por lo tanto, para acoger una proposición prácticamente unánime de la Comisión Especial, en orden a otorgar recursos adicionales a INIA, se rebajó ese saldo final de caja como una fuente de financiamiento, advirtiendo que esto introducía un cierto elemento de riesgo en la materialización, en un ciento por ciento, de los programas de Indap ahí planteados, ya que si la recuperación de préstamos resultara ser 150 millones de pesos menor, en ese mismo monto tendrían que ser rebajados otros gastos. Esperamos que no sea así. Indap está trabajando para que la recuperación de préstamos se lleve a cabo conforme a lo programado.

Se podrían indicar los pocos casos específicos en los cuales el saldo final de caja tiene un elemento de provisión. En la mayoría de los casos coincide prácticamente con el saldo inicial. En el de las instituciones descentralizadas con ingresos propios los institutos Corfo, por ejemplo es natural: manejan un saldo de operación, un capital de trabajo un poco mayor al de un servicio que se financia directamente con aporte fiscal. Esto lleva a que la suma, tal vez, oculte estas situaciones específicas, que justifican las cifras a las cuales se llega en estos casos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jara.

El señor JARA (don Sergio).-

Señor Presidente, en un país pobre, como el nuestro, debe haber eficiencia tanto en el sector público como en el privado. En consecuencia, esto significa un Estado eficiente, entre otras cosas, que permita también a los privados ejecutar de buena manera sus proyectos, ya que, en caso contrario, no hay un ritmo económico capaz de lograr un crecimiento equitativo.

En estos flujos de caja repentinamente aparecen diferencias por situaciones puntuales entre los ingresos tributarios y los gastos. Feo sería y seguramente en esta Cámara muchos armarían un tremendo escándalo si en un momento determinado un cheque fiscal no se puede pagar porque efectivamente no están los recursos y no hay flexibilidad al no mantener este tipo de ítem.

Me parece que, en definitiva, esta norma planteada por el Ejecutivo es racional y eficiente para el manejo del Estado y es concordante con el modelo que todos propugnamos. Por lo tanto, al ratificar la opinión del Ejecutivo, estamos postulando a un Estado eficiente que, con responsabilidad, pueda pagar sus gastos.

No apreciamos lo mismo cuando un parlamentario de Renovación Nacional dice que si se ahorra por este concepto es posible aumentar las pensiones, y un Diputado de la Unión Demócrata Independiente plantea que, de no aprobarse la proposición del Ejecutivo en esta materia, significa disminuir los gastos como un todo. No hay consistencia en esas posiciones, porque se ha demostrado con claridad que es conveniente permitir al Estado manejarse con cierta fluidez en el quehacer público y dar un signo, en cuanto a que cada vez que se cobre un cheque, ya sea por un servicio, por un gasto en remuneraciones o en insumos, tenga la respuesta adecuada.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, este debate, que ya se suscitó en la Comisión Especial de Presupuestos. En ella, el Senador señor Piñera, refiriéndose al tema general, expresó que, en algunos casos, el saldo final de caja corresponde a eso precisamente y que, en otros, corresponde a una provisión para un gasto respaldado por una ley en trámite. Añadió que, en otros casos, corresponde simplemente a una provisión para un gasto que no está respaldado por una ley y que admite ser ejecutado por medio de un decreto del Ministerio de Hacienda.

Como sea, es una cuenta de resultado.

Requerido el señor Director de Presupuesto, agregó que, a este respecto, los casos en que se dejan provisionados en los saldos finales de caja algunos gastos que no tienen todavía un respaldo legal, ni siquiera de una ley en trámite, son la excepción. Señaló que a este respecto se presentan dos alternativas en la técnica presupuestaria: uno, dejar esos fondos en el Tesoro Público, en la provisión para financiamientos comprometidos, para posteriormente hacer una transferencia, o incluirlos en el saldo final de caja del Ministerio o Servicio que en esa provisión vaya a emplearse.

El Senador Piñera, aclarando, y consta en el informe de la Comisión Especial de Presupuestos, dijo que no se pretende eliminar el saldo final de caja.

Recomiendo que hagan caso al Senador Piñera, quien sabe harto de estas cosas.

Señor Presidente, con su venia, le concedo una interrupción al Diputado Estévez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, sólo deseo aclarar lo que decía el colega don Pablo Longueira.

El saldo de caja no es en sí mismo una provisión ni algo que la Cámara deba aprobar o rechazar. Esta conversación la tuvimos antes de la sesión, precisamente para evitar que se produjera confusión. Lo que entendemos que está en discusión es la magnitud del aporte fiscal a cada institución, que genera, por sus gastos, un determinado saldo de caja como diferencia aritmética, porque no es posible aprobar o rechazar los saldos de caja. Lo que se aprueba, rechaza o disminuye, según los casos, son los aportes fiscales y los gastos. La diferencia entre ambos es un concepto aritmético, que la Cámara de Diputados no podría modificar ni siquiera por la unanimidad de sus miembros.

Desde esa perspectiva, están en discusión, esto es, por qué en algunas reparticiones el aporte fiscal supera a los gastos previstos en la magnitud que se señala. Ahí es correcto decir que se ha hecho un mayor aporte fiscal, precisamente para provisionar determinados gastos.

Quizás es un problema semántico lo que digo, pero tiene que ver con que el saldo de caja no es, en sí mismo, una provisión; es un saldo. ¿Por qué ese saldo tiene esa magnitud? Porque hubo aporte fiscal. ¿Cuál es la implicancia que esto tiene? Que hay instituciones que tienen...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó el tiempo, Su Señoría. Redondee su idea.

El señor ESTEVEZ.-

Lo haré, porque creo que es relevante.

Hay instituciones que han sido cuestionadas, como la Dirección de Aprovisionamiento del Estado o los Institutos Corfo, que deben dar el reajuste de remuneraciones del 18 por ciento, pero no reciben aporte fiscal y, por tanto, eso no se reajusta por la ley general de remuneraciones, y está contemplado dejar una parte de sus ingresos propios para remuneraciones; pero como el proyecto acaba de ingresar al Senado, por lo que todavía no es ley de la República, aunque todos sabemos que lo será, esas instituciones, que no reciben aporte fiscal, tienen estos montos que aparecen abultados, pero que corresponden estrictamente a reajustes de su personal, y mal podríamos rechazar ese balance contable.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado don José García.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, efectivamente, como ha dicho el Diputado señor Estévez, en algunos servicios donde existen saldos de caja finales bastante abultados, y que nosotros proponemos disminuir, no hay aporte fiscal directo; pero, curiosamente, la Partida más importante de sus ingresos lo constituyen las transferencias, que vienen de otros servicios públicos, es decir, esto es una cadena que, a la larga, igualmente significa que son recursos públicos los que están financiando y provisionando esos saldos finales de caja. Entonces, se llega al absurdo de que, por ejemplo, la Corfo entrega 200 millones de pesos, y el saldo final de caja es una cantidad cercana a esa cifra.

Estimamos que son situaciones que en una discusión seria del Presupuesto no pueden ocurrir.

Quiero insistir en el fondo de nuestra indicación. Quienes estamos aquí representamos anhelos y aspiraciones de la ciudadanía, porque la gente quiere que le ayudemos a resolver problemas reales de su diario vivir. Eso es lo que estamos proponiendo en aspectos específicos; fondos para las regiones, pensiones asistenciales, subsidios de asignación familiar.

¿Cómo eso no va a ser lógico?, si ayer sosteníamos que los viáticos están creciendo en toda la Administración Pública en casi mil millones de pesos, o sea, en un 28 por ciento real.

Ayer veíamos que en toda la Administración Pública los honorarios están creciendo, en términos reales, respecto de 1991, en un 68 por ciento. ¿Qué explicación podemos dar a la gente cuando vemos que se aumentan los gastos administrativos, las oficinas y las comisiones, pero no lo que a ellas realmente les interesa, que es la ayuda del Estado para superar su condición de pobreza?

Sobre ese punto queremos llamar la atención. Podríamos haber presentado la indicación fundamentándola en que deseamos que la disminución de los montos de estos ítemes se destine a ampliar los recursos. Inmediatamente nos habrían dicho que la indicación es inconstitucional; o sea, estamos entrampados, porque si señalamos que hay holguras, nuestras proposiciones se rechazan, y si aducimos que es necesario priorizar el gasto en forma distinta, inmediatamente surge el recurso de la inconstitucionalidad.

Por eso, es importante que el Gobierno tenga conciencia de estas prioridades y ayude a resolverlas.

He dicho.

El señor ARELLANO (Director de Presupuesto).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ARELLANO (Director de Presupuesto).-

Señor Presidente, solamente quiero hacer una aclaración respecto del tema de la transferencia.

Efectivamente, los institutos Corfo tienen ingresos provenientes de transferencias de otras entidades públicas los que corresponden exactamente a Corfo, que no recibe aporte fiscal. Por lo tanto, el argumento de los aportes fiscales se hace extensivo a Corfo y a sus institutos que, en parte, para su financiamiento, reciben transferencias como bien se dijo aquí, pero que son de Corfo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde votar las indicaciones para reducir los saldos de caja a los Ministerios de Economía, de Hacienda, de Agricultura, de Planificación Nacional y del Tesoro Público. Una de ellas es inadmisible, porque implica una transferencia. Corresponde votar, en conjunto, todas las demás.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 35 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazadas las indicaciones.

Corresponde tratar el tercer conjunto de indicaciones, referentes a la distribución según criterio de regionalización de algunas Partidas de los Ministerios del Interior y de Obras Públicas.

Sobre esta materia, que es un conjunto, ofrezco la palabra.

El señor ELILZADE.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, no es mi interés plantear asuntos constitucionales, aun cuando sería pertinente, toda vez que está vigente la reforma constitucional sancionada hace pocos días en el Congreso Pleno. Ella en líneas generales, establece específicamente en su artículo 1°, que se observará como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo, y que la distribución entre regiones responderá a criterios de equidad y de eficiencia.

En las proposiciones que se hacen a la Ley de Presupuestos respecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la Región Metropolitana ha sido discriminada en cuanto a los porcentajes que se le asignan. En efecto, no se le ha destinado más de un 4 por ciento. Pero esta situación es repetitiva en la inversión de los recursos sectoriales, en particular, en aquellos que dicen relación con la regionalización. Concretamente, en el Ministerio de Obras Públicas es donde se produce esta situación. Y en aquellos otros ministerios donde, hasta el momento, no existe la distribución regional, podría darse el mismo problema. Entiendo, que este criterio está inspirado en que hoy a lo largo del país, todos tendemos a buscar un desarrollo armónico y equitativo, y, en consecuencia, hay una tendencia cada vez más clara a entregar el máximo de aportes y recursos a las regiones.

Sin embargo, insisto en que el objeto de la indicación no es disminuir recursos de las partidas establecidas en la Ley de Presupuestos, sino eliminar la actual distribución, para que, con los mismos recursos, atiendan los objetivos que la Constitución vigente establece sobre la materia.

En pocas palabras, se trata de reiterar lo que planteé en el día de ayer en cuanto a que la Región Metropolitana no sólo tiene el más alto índice de población del país, sino también, la mayor cantidad de problemas sociales.

Desde ese punto de vista reitero que la Región Metropolitana no exige más allá de lo que merece, pero tampoco acepta menos de lo que le corresponde.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, en todo el debate relacionado con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, hemos escuchado, una vez más, un falso alternativismo que, por lo menos, quiero tratar de despejar.

Nadie desconoce que en la Región Metropolitana existen problemas de pobreza, y muy graves, que debemos ser capaces de abordar y resolver en conjunto, porque en ello han incidido factores que van desde la política de erradicación y traslado de un conjunto de pobladores desde sus zonas habituales de residencia hacia el sur de la ciudad, hasta toda una concepción de desarrollo urbano que, por cierto, debemos enfrentar como Parlamento.

Lo que me preocupa, en extremo, es que se estén cuestionando algunos instrumentos de que este país dispone para generar un mayor equilibrio espacial en el crecimiento y en la asignación de los recursos. Las regiones del país han generado grandes riquezas; allí están la minería, los recursos pesqueros, etcétera. No es posible que en aquellas alejadas de la metrópoli se estén produciendo excedentes que, en definitiva, no crean un polo de desarrollo ni nuevas fuentes de empleos y de actividad que permitan retener a su gente.

Cuando nos dicen que el gran y grave problema de la Región Metropolitana es la aglomeración de gente pobre y sin recursos, vemos que ello se debe a una inadecuada asignación regional y espacial, a través de muchas décadas, de la inversión en el país.

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional no es un fondo social, sino que ha perseguido, por la vía de asignar los recursos de inversión, a través de concursos, la ejecución de obras de infraestructura urbana, vial y otros aspectos, para dar opción, a las regiones, de retener a su gente, impidiendo la emigración observada en tantas décadas, lo que se ha traducido en la macrocefalia que todos repudiamos.

En ese sentido, me parece que no se puede equivocar el instrumento. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es una parte ínfima del total de inversiones que se realiza en el país. Mucho más importantes son la asignación de recursos y las inversiones, a nivel de distintos ministerios o sectoriales. Por lo tanto, no es el factor fundamental en el proceso de inversión en el país, sino una parte marginal que pretende rectificar las distorsiones que, durante tanto tiempo, el proceso global de inversión ha tenido en Chile.

No debe olvidarse por eso me parece que es una falsa disyuntiva que en la Región Metropolitana no sólo se concentra el grueso de la población porque en las regiones no han encontrado oportunidades de vida y de empleo, sino, además, el grueso de las inversiones no regionalizables y ministeriales, y el gran centro del desarrollo dinámico del aparato productivo más moderno.

No olvidemos también que han sido las regiones las que, durante décadas, han generado este tipo de excedentes que ha mantenido la centralización, acerca de la cual, como lo demuestra la última reforma constitucional, existe un amplio consenso para revertir. No es por casualidad que se aprobó la reforma constitucional, ni que se encuentran en trámite legislativo sus leyes complementarias, tendientes a lograr una efectiva descentralización y desconcentración.

Al respecto, cabe tener presente que la Región Metropolitana no sólo recibe el grueso de las inversiones ministeriales y no regionales. En efecto, el Presupuesto en debate concentra en ella la mayor parte de las inversiones en pavimentación y en la construcción de viviendas. Sólo para los fines de pavimentación en la Región Metropolitana, este Presupuesto destina cerca de 4 mil millones de pesos, de lo cual no disfruta el resto del país. Además, en esa zona hay posibilidades de empleo que no existen en las regiones, que tienen poca inversión y dinamismo.

Cabe señalar, a modo de ejemplo, que sólo la Región de Atacama genera el 10 por ciento de las exportaciones del país, y no recibe más del 1,6 por ciento del ingreso nacional. ¡Saquemos cuentas! Eso es lo que queremos rectificar entre todos, y no empezar a luchar para establecer qué regiones tienen más pobres. De otro modo, ¿cómo resolvemos los problemas de inversión, de dinamismo y de pobreza en todo el territorio nacional?

No olvidemos que el consumo de agua potable se subsidia por el solo hecho de vivir en Santiago, y vale un tercio de lo que cuesta el metro cúbico en Antofagasta o en Atacama. Ello, porque en Santiago existe una política de inversiones que ha permitido agua potable más barata; en el norte, el kilo de pan cuesta 280 ó 300 pesos, mientras que, en Santiago, su precio es considerablemente más bajo.

Veamos el problema con un criterio de ecuanimidad. No nos pongamos en esa confrontación y no hagamos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, todavía muy modesto, escaso e insuficiente para superar décadas de injusticia, el instrumento que permitirá, en parte, recuperar la situación de pobreza de algunos sectores. Ser pobre en Santiago, lo encuentro dramático; pero ser marginal en una ciudad marginada de las posibilidades de desarrollo, como se quiere hacer con el cambio de distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es mucho más insostenible para resolver, en lo futuro, los problemas de los chilenos.

El señor SEGUEL.-

¡Eso es demagogia!

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, concebido como instrumento para lograr el desarrollo armónico del país, tiene ya varios años. En el momento de su creación se estableció que sus recursos deberían alcanzar paulatinamente al 5 por ciento del gasto público del país.

Sin embargo, si revisamos las cifras históricas, veremos que son muy pocos los años en que la asignación al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, desde la fecha de su creación hasta estos días, ha alcanzado una cifra cercana al 2 ó 3 por ciento del gasto público real en el país. Nunca alcanzaron lo que pretendieron quienes lo crearon, con la disposición de lograr el desarrollo armónico del país.

En consecuencia, todo lo que signifique aumentar los recursos de este Fondo, constituye una política bien fundamentada, que tiene sentido en un país de 4 mil y tantos kilómetros de largo, con regiones que presentan connotaciones absolutamente distintas y que se ha caracterizado por una excesiva centralización no sólo en la toma de decisiones, sino también en la asignación de recursos.

La forma en que se distribuyan los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional debe tener como fundamento lo planteado en los objetivos de su creación. Este Fondo no se formó, colegas santiaguinos, para satisfacer las aspiraciones e inquietudes de los pobres o los no tan pobres de nuestra capital, sino, fundamentalmente, como un instrumento destinado a lograr una mayor asignación de recursos a las regiones, las que se veían permanentemente afectadas por la forma en que se distribuían el Presupuesto Nacional.

Entonces, mal puede aceptarse el argumento de que en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se estaría cometiendo una injusticia con la Región Metropolitana, cuando precisamente su objetivo fue evitar que se siguieran concentrando los recursos en el área metropolitana.

En la distribución de los recursos de este Fondo se ha establecido una metodología que pretende compatibilizar dos criterios: el de la equidad territorial y el de la equidad social.

En cuanto a la equidad territorial, se estima que, en la medida en que se empleen indicadores adecuados, será posible corregir esta situación que afecta a muchas regiones de nuestro país, debido a su ubicación geográfica.

En este sentido, los fundamentos de la actual distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional han recogido una serie de indicadores que pretenden corregir esta situación, producto de la distribución espacial de la población del país. Estos indicadores son básicamente los siguientes: porcentaje de población regional en extrema pobreza; el inverso de la densidad poblacional, que se calcula como el número de habitantes por kilómetro cuadrado; el porcentaje de ruralidad; la distancia en kilómetros de las capitales regionales a la Región Metropolitana y el inverso del producto per cápita regional.

A través de estos indicadores, más el promedio de la tasa de desempleo regional y el valor relativo de una canasta básica de alimentos, a la que hacía alusión el colega Arancibia, que obviamente tiene un costo distinto para la capital y las regiones, se llega a parámetros que permiten intentar un equilibrio territorial en la distribución de estos recursos.

Adicionalmente, existe una consideración que tiene relación con la equidad social. Sobre este punto, precisamente los parlamentarios de la Concertación no deben olvidar uno de los fundamentos básicos de nuestra política económica. En el país existen regiones en las cuales la insuficiencia en aspectos sociales básicos, lo que intenta corregir, aunque sea parcialmente, este Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Por ello, a los indicadores territoriales se incorporan los que tienen que ver con salud, educación, seaneamiento y vialidad urbana y rural.

Los indicadores de salud que se consideran en la distribución actual del Fondo dicen relación con el número de habitantes por cama disponible en hospitales en cada una de las regiones; miles de habitantes por médico, tasa de nacidos vivos sin atención médica, tasa de mortalidad infantil, desnutrición infantil.

En el sector educación, los indicadores se relacionan con la tasa de analfabetismo y el inverso a la cobertura educacional.

En el sector saneamiento, los indicadores tienen que ver con porcentajes de población urbana sin agua potable por cañería, porcentaje de población urbana sin alcantarillado y tasa de mortalidad infantil nuevamente.

Adicionalmente, el Ministerio de Obras Públicas aplica indicadores que tienden a corregir la gran insuficiencia existente en aspectos relacionados con vialidad rural y urbana.

Estos indicadores sociales se agregan a los territoriales y dan una tabla que, en nuestra opinión, constituyen una metodología adecuada para intentar una distribución de los fondos que responda a la idea de una equidad en el crecimiento social y económico del país.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó el tiempo de quienes rechazan la indicación.

El señor LATORRE.-

Termino de inmediato, señor Presidente. Sólo para decir que los recursos del Fondo provienen del Banco Interamericano de Desarrollo, por un contrato que establece claramente que éstos deben cubrir necesidades sociales básicas. Ese es uno de los componentes fundamentales de los recursos que hoy tiene el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, los que deben destinarse precisamente a estas obras de carácter social.

En consecuencia, esta aspiración o "reivindicación" planteada por algunos Diputados de la Región Metropolitana no responde a los criterios de equidad territorial social, que son el sentido y el fundamento que deben tener los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra a algún parlamentario que apoye la indicación.

El señor GAJARDO.-

Pido la palabra por un asunto de Reglamento.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, su Señoría.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, solicito que se lea la indicación, porque estamos discutiendo sobre un tema respecto del cual no conocemos exactamente su alcance. Por lo planteado en el debate, entiendo que la indicación es inadmisible.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Lo que dice es simple. Respecto del Ministerio del Interior, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y del Ministerio de Obras Públicas, inversión real e inversión sectorial en regiones, se elimina la distribución que establece la Ley de Presupuestos y se introduce la siguiente frase: "Esos recursos se destinarán en conformidad al inciso tercero del artículo 104, de la Constitución Política de la República de Chile".

Tiene la palabra el Diputado señor Gutenberg Martínez.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, estamos adelantando la discusión de fondo que el Congreso y el Gobierno tendrán que abordar sobre cómo se cumple efectivamente con las disposiciones constitucionales en materia de la Ley de Presupuestos, en su integralidad. Es decir, no se trata de lo que nos parezca de mejor o peor criterio. El punto radica en que la reforma constitucional aprobada indica que se debe observar como principio básico la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo, y que las leyes deben velar por ese cumplimiento. Después, en términos más específicos, se señala que la Ley de Presupuestos contemplará asimismo gastos correspondientes a inversiones sectoriales de asignación regional, cuya distribución también deberá responder a los principios de equidad.

El problema debe analizarse desde la perspectiva de ese Fondo, esto es, estamos obligados a garantizar que la Ley de Presupuestos, desde el punto de vista global; en todos sus ítemes responda a los principios de equidad y solidaridad, porque también son conceptos que están presentes en la normativa constitucional.

Si se analiza el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a todas luces, por lo mismo que indicaba el colega Latorre, responde más a las necesidades básicas sociales, a partir del convenio con el Banco Interamericano, que a otros objetivos. Desde ese punto de vista, no reviste el menor análisis el hecho de que los criterios con los cuales se está aplicando esta distribución están mal caracterizados. Conceptualmente no corresponden a los principios de armonía y de equidad, por una simple comparación. Si más o menos el 40 por ciento de los pobres que tienen necesidades sociales se localizan en la Región Metropolitana, no hay ningún cálculo que posibilite que éstos, después en su participación en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, disminuyan a un 5,93, cualesquiera que sean los criterios o los factores que se apliquen. Ahí se produce una incompatibilidad entre esos criterios y lo que significan las normas de equidad.

Esto va a requerir la búsqueda de un concepto que nos permita tener criterios orientadores de la Ley de Presupuestos, lo que, en justicia, va a necesitar un poco más de tiempo, por cuanto esta ley se configuró sobre la base de la legislación vigente, y la reforma constitucional fue promulgada con posterioridad a su ingreso al Congreso Nacional.

De no solucionarse esto en la próxima ley, a los parlamentarios de la Región Metropolitana, si somos sometidos a una votación simple en que se impone la mayoría de las provincias, pasando por encima de las normas constitucionales, se nos obliga a usar recursos de inconstitucionalidad ante normas que atentan contra lo que la Constitución señala.

En estricto rigor, mientras no se demuestre lo contrario, la Ley de Presupuestos estaría configurando hoy lo que es la política del último tiempo, respecto de los porcentajes de inversión. ¿Cuál es la política de los últimos cuatro o cinco años? Del total de la inversión en regiones; o sea, de 223 mil millones de pesos, la Región Metropolitana alcanza a los 49 mil millones; el resto de las regiones del país representa 173 mil millones, y el FNDR 36.600 y tantos millones. Es decir, un quinto de la inversión pública se está invirtiendo en la Región Metropolitana, a pesar de que ésta genera el 44 por ciento de la producción nacional. Entre 1987 y 1989, se invirtieron 85 millones de dólares, y entre 1990 y 1991, 94 millones en las regiones, aparte de la Metropolitana.

La tesis de descentralización y regionalización no implica el privilegio de una región respecto de otras, sino un desarrollo objetivamente armonioso y equitativo. Entonces, las leyes de Presupuestos tienen que responder a ello.

En lo personal, entiendo que en este momento, por ser una Ley de Presupuestos que corresponde a un pasado y no a este presente de las reformas constitucionales, no haya analizado y estudiado esta situación. Pero es de rigor señalar, además de respaldar las indicaciones planteadas, que la Ley de Presupuestos del próximo año deberá incorporar estos criterios constitucionales. De lo contrario, nos veremos obligados a alegar la inconstitucionalidad de tales normas.

Si efectivamente queremos no me cabe ninguna duda al respecto un desarrollo equitativo, armonioso, solidario, el llamado colectivo al Congreso y al Gobierno es que en la configuración de la próxima Ley de Presupuestos se contemplen elementos, criterios y análisis que permitan determinar, a ciencia cierta, si esto es armonioso o equitativo.

En el caso del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el ejemplo ya ha sido señalado. En lo particular, en cuanto a la distribución de los ítemes de pavimentación mencionada por el colega Arancibia, si uno lo toma en términos globales, son más de cuarenta mil millones de pesos, con respecto a los cuales la Región Metropolitana estaría excedida en cuatro mil millones; es decir, en un diez por ciento de los mismos. Pero hay otras regiones que superan a Santiago en montos de pavimentación. Por lo tanto, también en la discusión de ese punto podríamos llegar al infinito. Sin embargo, lo importante insisto es que la Ley de Presupuestos debe responder, obligatoriamente, a los preceptos constitucionales. Y hoy observamos que a todas luces, ello no ocurre con esta iniciativa. Aun cuando concurriremos a su aprobación, se advierte con claridad que, de mantenerse esta situación en el próximo proyecto de Ley de Presupuestos, nos encontraremos frente a un serio conflicto constitucional.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Queda tiempo sólo para los que intervengan a favor de la indicación. La distinción no es entre la Concertación y la Oposición, sino entre parlamentarios que apoyan la indicación y los que la impugnan, independientemente de sus bancadas. Así es el acuerdo.

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, la discusión se ha desviado y ha tomado un camino bastante absurdo. La partida que estamos discutiendo representa sólo un 6 por ciento de la inversión pública. Realmente, como lo dijo el colega señor Latorre, el objetivo es de que pueda ser equitativo...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor RINGELING.-

Todavía no he dicho cuál será mi posición.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entiendo que Su Señoría votará a favor de la indicación.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Debe existir lealtad en el debate. Los señores Diputados han hablado el tiempo suficiente en contra de la indicación; ahora deben intervenir los que la apoyan. Para ello, quedan seis minutos.

El señor RINGELING.-

¿No queda medio minuto para impugnar?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No, señor Diputado.

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, este tema es de gran trascendencia para el futuro del país, pero como la discusión está tan polarizada, estimo que se hace difícil razonar. Este debate me recuerda los del siglo pasado entre liberales y conservadores, entre el estado laico y el estado conservador, donde las personas no se escuchaban y se hacían dos discursos en paralelo, sin puntos de convergencia o confluencia.

Lo que está en juego es si tenemos la capacidad de ser un Congreso de la nación y despojamos transitoriamente de la representación directa de sólo una zona del país, para asumir nuestros cargos como la Constitución lo ordena, en una perspectiva amplia de país. Y desde esa perspectiva debemos conjugar el equilibrio entre las desigualdades regionales y las sociales.

Me parece que la raíz del problema que discutimos sobre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se han confundido dos planos completamente distintos: el desequilibrio regional y el social. Todo el problema quizás esté detrás del hecho de que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, idea que comparto y respaldo, tiene en su contenido los programas sociales descentralizados. Ahí produce la confusión de planos.

Naturalmente, estoy de acuerdo con que exista en el país un Fondo Nacional de Desarrollo Regional que tenga como objetivo superar los desequilibrios geográficos y espaciales entre las regiones y oriente su actuar verdaderamente a lograr esa finalidad.

Pero esto no lo cumple el FNDR existente. Critico su uso actual, porque no está orientado al desarrollo regional. No estoy de acuerdo con la distribución de los recursos del Fondo, porque, en la práctica, corresponde a otra cosa, que son los únicos programas sociales descentralizados. Se produce la paradoja o el absurdo de que los programas descentralizados para combatir la pobreza son distribuidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional con el criterio de que da más ayuda a las regiones con menos población. Es decir, se ayuda a los más pobres donde no los hay, o hay menos, y con instrumentos que, a mi juicio, son inadecuados para superar el desequilibrio regional.

Por lo tanto, es necesario separar y distinguir claramente dos situaciones diferentes: el estímulo a la superación de los desequilibrios regionales y el estímulo a la superación de los desequilibrios sociales.

Respecto de los desequilibrios regionales quiero llamar la atención en cuanto a que un debate adecuado y riguroso en nuestra Cámara debe fundarse en un análisis o estudió serio y objetivo de los reales y no imaginarios desequilibrios regionales.

Acabamos de analizar la partida correspondiente al Ministerio de Obras Públicas. Efectivamente el 40 por ciento de inversión en obras públicas se concentra sólo en tres regiones del país Quinta, Séptima y Octava, lo cual implica un fuerte desequilibrio. Pero no se estudia ni se analiza a esas tres regiones. No hablamos por habitante, sino de la inversión de un ministerio en montos absolutos.

En cuanto a las necesidades sociales, ¿cómo no va a ser paradójico que si se habla de ayudar a la Municipalidad de Viña del Mar para hacer una escuela, hay recursos porque es región? Si hay que ayudar a la Municipalidad de Pucón, hay recursos porque es región; pero si planteamos el apoyo a las Municipalidad de La Pintana, de Talagante o de Pomaire, no hay recursos porque pertenecen al Área Metropolitana. Esto es un absurdo y un contrasentido. Debe existir la elemental capacidad para distinguir que hay regiones que requieren ayudar, que hay comunas donde existen pobres y que tienen necesidades, pero no planteemos que toda región o comuna, por no ser Santiago, está empobrecida. Eso significaría que estamos ciegos frente al hecho de que la inversión pública, privada y las obras públicas hoy están concentradas en ciertas regiones dinámicas de país, como, por ejemplo, la Octava y la Quinta. Entonces, ayudemos a regiones como la Undécima o la Tercera que tienen más desempleo, pero no metamos esto en un solo saco.

He dicho.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó su tiempo, señor Diputado.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, tal como está planteado el problema en este momento es de muy difícil resolución, porque si se piensa en que hay un monto fijo de recursos y se señala la disyuntiva de asignarlo entre las regiones o la Región Metropolitana, es obvio que habrá una disputa respecto de su asignación.

Lo que debemos entender es que, en realidad, aquí se está iniciando un proceso bastante a fondo de descentralización de las decisiones del Estado chileno. Esto estaba considerado en el Programa de la Concertación y era objetivo del Gobierno del Presidente Aylwin, ratificado por decisión y voluntad popular, expresada en la ley que el Congreso aprobó recientemente.

En esto tiene que iniciarse un proceso en el cual un monto creciente de recursos se vayan asignando, en el tiempo, libremente por los gobiernos regionales o comunales, sean ellos gobiernos regionales en el sentido tradicional de región, pero incluiría en esa definición a la Región Metropolitana; o sea, los gobiernos territoriales.

Esa asignación libre será posible porque se va a constituir un presupuesto regional donde se incluirán los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y los recursos regionalizados de los distintos ministerios sectoriales.

Este es un proceso que contará, repito, con recursos crecientes.

En el Presupuesto del año 1992, tenemos, desde luego, un crecimiento importante de ese Fondo: se dispondrá de más de 42 mil millones de pesos y ya se contará con algunos fondos sectoriales regionalizados relacionados con el programa de caminos comunales y de pavimentación. Estos 10 mil millones de pesos corresponden al criterio de asignación y de decisión sobre la base del concepto territorial.

Ahora, dicho eso, y si tomamos en cuenta que éste es un proceso creciente de asignación territorial de recursos, desde el punto de vista de fortalecer este proceso, hay que tener, de hecho y en la práctica, un criterio de eficacia del Estado involucrado, o sea, en la medida en que los gobiernos de base territorial demuestren una capacidad de asignar con mayor eficacia que algunos organismos centrales burocráticos del Estado, los recursos en vivienda, en pavimentación, en obras públicas, en caminos comunales y en los distintos elementos que hoy constituyen el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el país avanzará hacia una asignación presupuestaria crecientemente enfocada con este criterio territorial.

En la medida en que estos gobiernos regionales en los cuales incluyo la Región Metropolitana, no tengan capacidad de montar los equipos humanos necesarios, de estudiar, evaluar adecuadamente los proyectos y de tomar decisiones rápidas, ágiles y eficaces, ese proceso avanzará con mayor lentitud.

Ahora, si se entiende que el proceso es de recursos y de decisiones crecientes en el ámbito territorial, que incluye a las regiones y a la Región Metropolitana, me parece válido el punto que se ha señalado, en el sentido de que uno debe considerar que desde el punto de vista de la equidad, del problema social y de la pobreza; de la necesidad de la infraestructura y del desarrollo urbano y de la calidad de vida de la gente, la Región Metropolitana tiene que entrar en ese proceso con igual importancia, vigor y fuerza que las distintas regiones, porque el país, al fin, es uno solo, y un porcentaje muy alto de población se concentra en Santiago.

Pero insisto no se trata de un proceso suma cero, en el cual lo que se le da a una región se le quita a la otra, o es, en el tiempo, una disputa entre Región Metropolitana y regiones, porque, en la medida en que tengamos capacidad de montar gobiernos territoriales eficaces, el porcentaje de recursos que irá hacia esa asignación en vez de la asignación central del Estado será, sin duda, creciente en el tiempo.

He señalado lo anterior para plantear que no debemos intentar modificar, ahora, en el proyecto de Ley de Presupuestos, los criterios, porque éste es un tema que hay que estudiar bien e implementarlo gradualmente. La preocupación es legítima, el problema es real, pero tendrá que complementarse para armonizar, como se decía acá, la nueva norma constitucional con lo que es el funcionamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Sin embargo, el telón de fondo es la asignación de recursos crecientes y que, paulatinamente las decisiones se adopten desde un plano de mayor descentralización.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hay tres indicaciones en el mismo sentido. Se someterán a votación en conjunto.

El señor ELIZALDE.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, la argumentación de fondo ha estado centrada en el FNDR.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Es el mismo criterio respecto de Obras Públicas.

El señor ELIZALDE.-

No es lo mismo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Usted quiere que se voten separadamente?

El señor ELIZALDE.-

Sí, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la primera indicación, relativa al Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo una abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación las dos indicaciones siguientes, que se refieren al Ministerio de Obras Públicas.

Durante la votación.

El señor ELIZALDE.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La discusión ya terminó. Así se dejó establecido en el acuerdo que se tomó.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 35 votos. Hubo una abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazadas esas indicaciones.

Corresponde tratar las indicaciones referentes al Ministerio de Educación. Todas son admisibles y dicen relación a rebajas de recursos variables de distintas partidas de ese Ministerio.

Hemos acordado usar el mismo sistema para argumentar: 15 minutos a favor y 15 minutos en contra. Después veremos si se votan todas en conjunto o separadas.

El señor RINGELING.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, hemos criticado en líneas generales el proyecto de Ley de Presupuestos a causa de algunas holguras que nos parecen inaceptables, por el aumento del gasto corriente que, en última instancia, representa una dificultad para el crecimiento acelerado del país a mediano plazo y también porque ese aumento aparece falsamente destinado a incrementar los beneficios sociales efectivos de la gente que más lo necesita para igualar las condiciones de los chilenos.

El programa Mece es un ejemplo de lo que señalamos. Efectivamente, es un programa que aparece como algo muy positivo y necesario. La cobertura de las enseñanzas básica y media ha subido en forma importante en los últimos años, y por supuesto, es un proceso largo que no se refiere al pasado reciente. Lógicamente, ese mismo proceso masivo que implica que más de 3 millones de alumnos reciban educación, revela que es preciso hacer un esfuerzo mucho mayor para mejorar la calidad de la enseñanza.

Este programa que, como digo, tiene un buen objetivo. En definitiva significa que gran parte del gasto, que proviene de un endeudamiento el país debería pagarlo durante varios años, se queda enredado en el Ministerio.

Podemos dar ejemplos. El presupuesto total es de 15 mil millones de pesos. En el subtítulo 21, gastos en personal, figuran mil millones. ¿A quiénes se paga? A 79 funcionarios que se contratarían con cargo a este programa. El sueldo promedio de estas personas sería de 575 mil pesos mensuales, si incluimos los viáticos cosa que, por lo menos, se incluye dentro de la remuneración de los parlamentarios. Si no incluimos los viáticos, sería de 278 mil pesos. En todo caso, el sueldo promedio de todos estos funcionarios es mayor que de cualquier director de establecimiento de educación.

Pero no es sólo eso. En bienes y servicios de consumo está la suma de 2.322 millones de pesos, cantidad realmente impresionante si se toma en cuenta que gran parte de estos programas, que se canalizarán por intermedio del Mece, no los realizan estos 79 funcionarios, quienes gastarán toda esta cantidad de dinero no sólo en sus propios sueldos, sino en viáticos y gastos de representación. Ese dinero corresponde a bienes y servicios de consumo. Gran parte de este programa significa que uno de estos 79 funcionarios gire un cheque y lo traspase a la Fundación Nacional para el Desarrollo Integral del Menor o a varias instituciones, como la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que tienen sus propias estructuras de gastos de personal.

Si investigamos cuáles de estos programas manejarán estas 79 personas con este enorme gasto de 3.500 millones de pesos, comprobamos que son muy pocos: Material Didáctico para Escuelas, Sistema de Medición de Calidad y Proyecto de Mejoramiento Educativo. Esos programas ya existían anteriormente. Sólo han sido ampliados, lo que obviamente es positivo. Pero, para administrar 5.600 millones se gastan más de 3 mil millones de pesos. Sinceramente, eso nos parece un absurdo.

Por esta razón, se han presentado las indicaciones, las cuales son perfectamente coherentes para intentar revertir esta situación. Si de tres pesos que requerimos del exterior, uno o uno y medio alcanza efectivamente a llegar a los que lo necesitan en forma de libros, de aumentos concretos, y no se quedan enredados en los programas burocráticos de los ministerios, estimo que revertir esa tendencia es darle real utilidad a una inversión que debe pagar todo el país.

En resumen, hemos formulado estas indicaciones para rebajar parte de estos bienes y servicios de consumo, para rebajar parte de estos gastos en personal, para rebajar la inversión en vehículos y en algunos otros ítemes aquí contemplados.

He dicho.

El señor ARANCIBIA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, las indicaciones a las partida 09 son más numerosas que aquellas planteadas por el colega Ringeling. Como no puedo referirme a todas, mencionaré sólo algunas.

Aquí hay una incomprensión y no quiero calificar intenciones al desconocer el gran esfuerzo y los logros conseguidos por el actual Gobierno en este año y meses en materia educacional.

Se plantean indicaciones que atentan contra el corazón mismo del esfuerzo en que ahora están empeñados el Gobierno y el Ministerio de Educación. Sabemos que en los primeros meses los esfuerzos estuvieron concentrados en ampliar la cobertura educacional. Los logros allí alcanzados, sin duda, son importantes. Los programas para el año venidero, sin desatender el problema de la extensión, apuntan a una cuestión tanto o más importante, como es la calidad de la educación. En el proyecto de Presupuestos hay un conjunto de iniciativas tendientes a resolver problemas muy profundos e inequidades muy graves del sistema educacional chileno.

Por toda la información recibida, conocemos los esfuerzos hechos para resolver los problemas de 900 escuelas, que se detectaron cuando asumió este Gobierno. Los alumnos que llegaban a ellas, a pesar de su esfuerzo y dedicación, no tenían muchas oportunidades de continuar sus estudios sistemáticos hasta concluirlos, de acuerdo con las expectativas programadas.

Hay problemas de pobreza, de establecimientos, de acceso a la educación, que diversos programas tratan de resolver.

¿A qué apuntan las indicaciones desgraciadamente, no puedo referirme a esta materia con más detenimiento y que van a lesionar si se aprueba? Primero, al proyecto Mece. Yo le dijo al Honorable colega Ringeling que los recursos destinados a contratación de personal representan un porcentaje inferior al 10 por ciento del total de los fondos del programa. Segundo, le preguntaría: ¿Cómo pretende entregar educación sin educadores? Si hay que mejorar la calidad de la educación, elaborar programas de enseñanza adecuada a estas necesidades, no se ve cómo llevar esto a cabo sin el personal de educadores y docentes apropiados para lograrlo.

Las indicaciones perdónenme que haga alusión a esto referentes a bienes y servicios lesionarán la posibilidad de adquirir textos escolares.

Otra indicación atenta contra el mejoramiento de la educación de adultos, en cuanto a la alfabetización, postalfabetización e impresión de textos destinados a elevar la condición educacional de quienes no tuvieron acceso a ella en la primera etapa de su vida.

Otra indicación afecta el programa de modernización educacional media y técnico-profesional. La iniciación a la vida del trabajo significa dotar de equipamiento a talleres de enseñanza básica o innovaciones educativas.

Otra indicación me refiero al final a ella, porque me parece verdaderamente incomprensible, está formulada al Subtítulo 31, del Programa 03, ítem 74. Dice; "La ejecución de estos proyectos se hará por el Fondo Nacional de Desarrollo de la región respectiva". El ítem es "Inversiones no regionalizables". Eso me parece un absurdo imposible de admitir.

Estas indicaciones pretenden maniatar al Gobierno para que no siga actuando en un plano que es fundamental: dotar a los más pobres, a los que tienen menos posibilidades, de mejores oportunidades para progresar en su acceso a condiciones de trabajo y desarrollarse como personas dignas.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, colegas parlamentarios, existen varias indicaciones que tratan de modificar la parte central de lo que significa un proyecto educativo dentro del país. En esto trataré de ser lo más justo posible, lo cual es algo que nos cuesta tanto a los humanos.

En la presidencia de don Pedro Aguirre Cerda, su eslogan fue "Gobernar es educar". Eso dio la posibilidad para que miles de niños de sectores humildes accediéramos plenamente a la educación.

En la presidencia de don Eduardo Frei. Montalva, hubo una reforma educacional que fue pionera en América Latina. En un año, se logró la cobertura más alta en todo este Hemisferio; también en un año se consiguió la construcción de 3 mil nuevas escuelas. Es decir, en este país se ha ido avanzando paso a paso.

En el año 1981, nos enfrentamos a una situación difícil y complicada, cuando el régimen gobernante, por una decisión política, comenzó a traspasar todo el sistema educacional del nivel central, del Ministerio de Educación, a las municipalidades. Eso significó un cambio en el concepto de "Gobernar es educar". Un sistema educacional al servicio de los sectores más desposeídos y de la clase media de este país, prácticamente se transformó en una mercadería más.

¿Cuál fue el resultado? El producto geográfico bruto que se invirtió en educación el año 1981 era de 5,2 por ciento, y fue bajando en forma alarmante hasta llegar en 1989 a 2,7 por ciento.

Cuando los que estamos aquí gracias a la voluntad ciudadana de los habitantes de nuestros distritos, llegamos con un presupuesto aprobado en educación para el año 90, que ascendió a 201 mil millones de pesos, nos encontramos con que había serias deficiencias en lo que significa el aprendizaje de los niños.

Al respecto, hay una evaluación técnica del Simce, en que encontramos una realidad preocupante para el futuro del país.

¿Cuál es el concepto que planteó el Gobierno encabezado por el Presidente don Patricio Aylwin? Dos grandes objetivos en la educación: mejorar la calidad y la equidad de la educación. ¿Cuáles fueron las cosas concretas que se hicieron? Con el apoyo de Renovación Nacional, se hizo una reforma tributaria, en la cual, en forma extraordinaria, se planteó entregar a la educación más de 18 mil millones de pesos, no sólo para mejorar su calidad y equidad, sino para solucionar serios problemas, por ejemplo, en la educación superior.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Me permite una interrupción?

Si le parece a la Sala, se empalmará esta sesión con la próxima, que empieza inmediatamente.

Acordado.

Puede continuar el Diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

¿Qué pasó, concretamente? Empezó el programa de los P-900, que son más de 1.400, y hace unos días nos dimos cuenta de que también tenemos la posibilidad del Mece, con un reconocimiento del Banco Mundial. Este año, de 201 mil millones de pesos, se aumentó a 271 mil millones de pesos. Para 1992, está la decisión y la voluntad política del Gobierno de aumentar a 389 mil millones de pesos, lo que significará un incremento real del 12 por ciento.

Por eso, en nombre de la bancada democratacristiana, anuncio que rechazaremos estas indicaciones, porque van en contra de los grandes objetivos del Gobierno, que son mejorar realmente la calidad de la educación chilena.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

No hablaré en esta oportunidad. Me reservaré para cuando la Derecha se ponga populista.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra don José García.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, efectivamente, nosotros hemos propuesto una disminución de gastos de personal y de bienes de consumo y servicios en distintos programas del Ministerio de Educación.

Por supuesto, compartimos el anhelo de mejorar la calidad de la educación. El punto central es que no la mejoramos aumentando la burocracia. Nosotros deseamos que los mismos recursos que se restan al aumento de personal, de viáticos; de honorarios, de bienes de consumo y servicios se trasladen a beneficios que sí llegan a las escuelas, a los alumnos, a los profesores y no quedan enredados en la burocracia de los distintos programas.

Incluso, se da la contradicción de que en algunos programas, por ejemplo, de iniciación a la vida del trabajo, la partida mayor es una transferencia al Fisco. Es decir, son recursos del Estado que vuelven al Fisco por la vía de los impuestos. Se nos dijo que hay que pagar estos impuestos, porque son elementos de estudios o maquinarias que van a llegar al país. El país necesita saber de qué créditos se trata, en qué consisten; cuál es la maquinaria, cuáles son los implementos que van a llegar al país, que el Estado chileno tiene que sacar recursos para pagar impuestos que permitan su importación.

El programa de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación significa un monto de 240 millones de dólares, en cinco años; 170 millones corresponden a un crédito del Banco Mundial, por el que hay que pagar intereses y, en definitiva, cancelarlo todos los años.

Obviamente, el país no puede endeudarse para pagar gastos corrientes en personal y en programas normales que el Ministerio de Educación ha venido ejecutando. Esto es un muy mal negocio.

Por esta razón y porque queremos mejorar la calidad de la educación, pero, al mismo, tiempo, evitar la burocracia, hemos repuesto las indicaciones para disminuir estos gastos.

No aceptamos las acusaciones antojadizas de que estamos en contra de la educación chilena, de los alumnos y de los profesores.

Reitero: queremos mejorar la calidad de la educación, pero esto no se logra aumentando la burocracia que significan los antecedentes que estamos pidiendo que se eliminen de la partida del Proyecto de Presupuestos.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, lo dicho por el Diputado don José García y el examen de las indicaciones importantes que ha presentado el Ministerio de Educación, requieren una precisión en cifras.

Se han presentado cinco indicaciones a los nuevos programas que se desarrollarán en el Ministerio de Educación:

El programa de mejoramiento de la educación de adultos, de 389 millones de pesos, se reduce a 89 millones. Es decir, por cada cuatro pesos que se propone gastar en mejoramiento de la educación de adultos, sólo se gastaría uno.

En el programa de modernización de la educación técnico-profesional, como bien dijo recién el Diputado don José García, se plantean dos cosas: primero, que no haya gasto en personal ni en bienes de consumo y servicios; es decir, que el programa no pueda ser administrado, supervigilado ni contabilizado. Segundo, que no se paguen los impuestos que corresponden por la importación de los bienes con los cuales se modernizará la educación media técnico-profesional. Si no se internan los bienes, entonces, no se pueden utilizar. Por lo tanto, lo que se propone es que no haya programa de modernización de la educación media técnico-profesional.

En el programa de iniciación a la vida del trabajo, la situación es más absurda. Se plantea una "reducción de la burocracia" y se reduce todo el programa de iniciación a la vida del trabajo; no.se deja un solo peso. Por lo tanto, no lo quieren.

En el programa de fomento al desarrollo de innovaciones educativas, se hace una reducción menor; sólo se reduce todo el gasto en personal y todo el gasto en bienes de consumo y servicios. ¿Quién va a administrar y contabilizar el programa? Se dice que nadie lo haga. Por lo tanto, el programa importa poco.

Por último, en el programa de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, de los 15.500 millones de pesos que lo constituyen, porque dicen no saber de qué se trata a pesar de que lo preguntaron todo, se plantea una reducción de 4.687 millones en gasto de personal, bienes de consumo y servicios. Se reduce la totalidad, en circunstancias de que el gasto de personal es de 7 por ciento, como dijo el Diputado señor Arancibia; ni siquiera de un 7 por ciento.

Se sugiere que se reduzca todo; que se reduzcan los bienes de consumo y servicios, lo que, como todos sabemos, significaría que no puedan operar los programas, porque no habría recursos para papeles, teléfonos, bencina. Pero importa poco, como el programa debe ser desarrollado en muchas localidades y requiere de vehículos para el desplazamiento de las personas. En muchas partes quedaría eliminado, porque no se le dan recursos; por lo tanto, tampoco se van a necesitar vehículos. ¡No importa que no haya bencina! Tampoco van a haber elementos técnicos que van a permitir el seguimiento del programa, porque se eliminan en su totalidad los requisitos de inversión para su funcionamiento.

En resumen, lo que se desea es que el programa no se realice. En definitiva, con sus indicaciones, los parlamentarios de Derecha no quieren que se mejore la calidad de la educación chilena. Hablan de crisis moral y cultural, de situaciones lamentables que afectan a la juventud, del deterioro del nivel de la educación; pero no están dispuestos a aprobar recursos para que la educación chilena mejore.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado don José García.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero señalar al Diputado don Andrés Palma que me da la impresión de que no tiene los antecedentes de la indicación que se aprobó en la Comisión de Presupuestos. Por ejemplo, en el programa de iniciación a la vida del trabajo se incorporan 56 millones 464 mil pesos para inversión real. De manera que es absolutamente falso que lo hayamos dejado en cero. Queremos que la plata llegue a los jóvenes que se inician en la vida del trabajo; que lleguen los beneficios y no se enreden en el Ministerio de Educación.

Tampoco nos oponemos a la modernización de la educación media técnico-profesional ni a que se destinen 2 mil 456 millones a inversión real. No nos oponemos a esto. Reitero, queremos que la plata, que representa un esfuerzo grande por parte del Estado, llegue efectivamente a los alumnos y profesores. Con la proposición del proyecto, se enreda en el Ministerio y no llega a las personas que deseamos beneficiar.

Nada más.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó el tiempo.

El señor PALMA (don Andrés).-

Si no se pagan los impuestos, no pueden comprarse los bienes.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ahora corresponde votar.

En votación las indicaciones relacionadas con la Partida del Ministerio de Educación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 33 votos. No hubo abstenciones

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazadas las indicaciones.

A continuación, corresponde pasar a las indicaciones formuladas a la Partida del Ministerio de Defensa. Son de dos tipos.

El señor RINGELING.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por un problema reglamentario, tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, con el Diputado señor Espina, habíamos presentado una indicación a una glosa de la Partida del Ministerio de Educación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se votó en conjunto. Así es el acuerdo.

El señor RINGELING.-

No tenía absolutamente nada que ver con el resto, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Me informan que está en las indicaciones varias.

Tiene la palabra el Diputado señor Kuschel.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente, en el día de ayer, después de la intervención del Diputado informante señor Arancibia, consulté respecto de la evaluación y del resultado de cinco programas que implemento la Subsecretaría de Educación el año pasado, tres de los cuales reducen considerablemente su presupuesto para el año 1992 y los otros dos lo incrementan. No hubo respuesta.

Cuando se discutió el tema, pedí la palabra en dos o tres oportunidades y, como no me la dieron, no alcancé a preguntar, por lo que quedó todo en el aire. ¿Qué pasa ahora, señor Presidente? ¿Hay alguien que pueda responder?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Quedará en el aire, como una pregunta pendiente, que asumirá el Gobierno cuando lo estime. Ya dimos por terminada esta parte y corresponde pasar al Ministerio de Defensa.

En la Partida del Ministerio de Defensa, se han presentado dos indicaciones, que se van a considerar sucesivamente.

En atención al acuerdo adoptado, cada una de ellas podrá discutirse 15 minutos a favor y 15 minutos en contra.

El señor Secretario dará lectura a la primera indicación.

El señor LOYOLA (Secretario).-

De los señores Espina y Ringeling.

"Modifícase la glosa N° 7 del ítem 33-104 sobre "Provisión para financiamiento comprometidos" del subtítulo 25, programa 03, capítulo 01, de la partida 50 del Tesoro Público, agregando la siguiente oración:

"Esta suma incluye un aporte de $ 3.800.000.000 para Carabineros de Chile, según el programa de renovación de vehículos, construcción de cuarteles y gastos de combustibles y lubricantes que determine el Ministro de Defensa".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, respecto de esta indicación se presentan dos materias distintas: una de orden constitucional, largamente debatida, tanto en la Comisión Mixta del Senado como por parlamentarios en general, en el transcurso de estas sesiones de análisis del proyecto de Ley de Presupuestos; y la otra, con relación al fondo.

Dedicaré fundamentalmente mi tiempo a exponer sobre el fondo de la indicación, por estimar que esta Cámara tiene que hacer una manifestación de voluntad sobre la materia. Se encuentra presente el Ministro de Defensa, quien también tiene importantes aspectos y puntos de vista que tocar; porque no me parece que una cuestión de orden constitucional, en cuanto a la procedencia o improcedencia de esta indicación, pudiere significar que la Cámara no discuta el fondo de la materia.

¿Cuál es el fondo de la materia?

En primer lugar, en nuestro país tenemos un problema de seguridad pública cada vez más grave, lo cual constituye y debe constituir un motivo de preocupación general de toda la ciudadanía, y, particularmente, del Parlamento.

En segundo lugar, en los últimos años este Gobierno ha otorgado a Carabineros recursos superiores a aquellos que se le entregó en el pasado. En ese sentido, el análisis de las cifras es incuestionable.

En tercer lugar, persisten déficit que por ser extraordinariamente graves ameritan que en el país exista la mayor presencia policial que garantice la seguridad pública. Entiendo que la situación de seguridad pública no se agota con sólo otorgar, recursos a Carabineros; pero es inequívoco que no hacerlo agrava esa situación.

Ayer señalamos cuatro ítemes respecto de los cuales pido al señor Ministro de Defensa que se pronuncie.

El primero se refiere a la dotación de vehículos policiales. Se aumentan en 612 los vehículos que se reponen; pero hay 318 vehículos que dejan de funcionar este año. Por lo tanto, del total de 2.623 vehículos, hay 318 vehículos menos para la seguridad pública del país, a punto de que, según información de Carabineros, hay 6 tenencias y 133 retenes que carecen de ellos.

Por el segundo se determina una cuota de 20 litros diarios de combustible para cada vehículo policial. Eso significa en regiones extensas la absoluta imposibilidad de que la policía cumpla con su función de, a lo menos, patrullar las calles, porque con 20 litros apenas se pueden recorrer 100 ó 120 kilómetros.

El tercer ítem se refiere a la construcción de cuarteles. De acuerdo con el Presupuesto, se construirán dos cuarteles policiales; pero el informe de Carabineros sostiene que se requieren con carácter de urgente la construcción de a lo menos 72 cuartes policiales, entre ellos puesto que ayer intervino el Diputado señor Estévez, nada menos que la prefectura de la zona donde él es parlamentario.

El señor ESTEVEZ.-

¿Me permite, señor Presidente, plantear una situación reglamentaria?

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESTEVEZ.-

Por su intermedio, señor Presidente, consulto al Honorable colega Espina si él se refiere a un documento reservado que remitió Carabineros a la Comisión Especial de Presupuestos. En ese caso, pediría que se constituya la sesión en secreta o que él deje de hacer público el contenido de un documento reservado.

El señor ESPINA.-

El documento contiene antecedentes detallados de los lugares específicos en donde se tiene que construir cada uno de estos cuarteles y otras materias. La información que he dado fue proporcionada por Carabineros, públicamente, y he guardado la discreción de no entregar ningún antecedente de los que aquí se señalan puesto que considero que son de orden reservado. En todo caso, no tengo ningún inconveniente en no hacer referencia a las cifras exactas, sino a los déficit, si eso deja más tranquilo al Diputado señor Estévez.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Permítame, señor Espina.

Señor Estévez, ¿Ud. insiste en solicitar que la sesión se constituya en secreta?

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, no es un problema relacionado con mi tranquilidad personal, sino, simplemente, con la existencia de determinadas leyes, reglamentos y normas. Antes de que pudiera provocarse un incidente, he creído que es mi deber señalar a la Mesa y al Diputado señor Espina, que si él va a exponer un documento reservado, entonces, que él mismo solicite la sesión secreta. No tengo ningún problema en que el tema se discuta o que, por los mecanismos que se estimen convenientes, los Comités levanten el carácter de reservado del documento. No es mi ánimo hacer de ésta una discusión reservada, sino evitarle al Diputado señor Espina una situación incómoda si, por inadvertencia, da a conocer un documento reservado en una sesión pública.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Diputado señor Espina, dentro de las facultades de la Mesa está la de constituir la Sala en sesión secreta cuando la materia o el giro del debate, o las observaciones que se formulen, o los documentos a que se pretenda dar lectura, así lo exijan.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, no voy a dar lectura a ningún documento, sino que me voy a referir a otras materias de Carabineros.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Que quede bien claro que si se refiere a un documento reservado, la Mesa tendría que constituir la Sala en sesión secreta.

Puede continuar el señor Espina.

El señor ESPINA.-

Bien.

Señor Presidente, concretamente, sobre la materia. Es de público conocimiento, y no se trata de discutir documento alguno, que subsisten déficit en las tres áreas que he reseñado. Así lo han expresado los propios funcionarios de Carabineros, y sobre esas tres áreas espero que el Ministro de Defensa pueda señalarnos hoy si el Gobierno pretende adoptar alguna medida para que el país tenga mayor presencia policial.

Agrego a ello que la situación que planteamos en la indicación consiste en otorgar los recursos mínimos para cubrir los déficit de vehículos que tenga Carabineros; aumentar el combustible para cada vehículo a apenas treinta litros de bencina, y construir, a lo menos, cuarenta nuevos retenes en los lugares que el Ministerio de Defensa determine, de acuerdo con las prioridades de los funcionarios de Carabineros.

Por lo tanto, con el fundamento de nuestra indicación se trata de dar una señal clara al país de que hay preocupación por el orden público y de que el Parlamento hace un esfuerzo por priorizar sus recursos.

El señor ORTIZ.-

Pido la palabra.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, el Diputado Alberto Espina está haciendo un dramatismo digno de mejor causa. Lo digo, en forma muy clara, porque aquí está dando a entender o, poco menos, deja en el aire que este Gobierno, que tiene menos de dos años, es culpable de que Carabineros de Chile e Investigaciones estén en situación desmedrada.

Ayer, en esta Sala, nuestro jefe de bancada, el Diputado señor Baldemar Carrasco, planteó en forma clara y precisa a pesar de que seguramente por efectuarse una sesión tan larga, algunos parlamentarios no lo escucharon, cuál era la realidad dramática de Carabineros e Investigaciones desde el 11 de marzo de 1990. Había un déficit, en dotación de personal, de 24 mil hombres. En contraste, porque es bueno que el Hemiciclo y la opinión pública comparen cómo se recibió ese Servicio y qué se está haciendo, este Gobierno ha planteado un aumento de 4.400 plazas, que, en principio, serían provistas en cuatro años y ahora es en dos; es decir, se está haciendo un esfuerzo real y efectivo en dar a Carabineros de Chile el personal necesario para cumplir su función.

Se plantea el problema del combustible para patrullajes. La realidad es que al 10 de marzo de 1990 existía una limitación de sólo 20 litros de bencina para patrullajes. Ahora, mediante un esfuerzo especial del Gobierno, se plantea un aumento sustancial del combustible, a fin de que no sea ésa la causa de que no puedan usarse los vehículos de Carabineros.

Otra realidad, también paralelamente, son las precarias condiciones en que se desarrolla el período de instrucción de los postulantes. Existe un atraso tecnológico generalizado.

¿Cómo ha respondido el Gobierno de la Concertación, dirigido por el Presidente Aylwin? A través de una contratación de créditos por 21 millones de dólares, destinados a superar las necesidades más urgentes de Carabineros. ¿Hay o no hay en este Gobierno decisión política por solucionar las cosas? La cifra y los hechos lo están demostrando. Naturalmente, hay una serie de situaciones que debemos mejorar: falta de vehículos, especialmente de patrullajes los que existen tienen un promedio de antigüedad de 10 años; pésimo o mal estado de los equipos de comunicaciones y sin ninguna coordinación con Investigaciones; exceso de trabajo del personal; una red de computación absolutamente desfasada; falta de elementos básicos hasta para el desarrollo de trabajos de oficina. Investigaciones presenta una situación parecida. ¿Qué ha hecho el Gobierno? El término de la construcción de la nueva Escuela de Carabineros, con una infraestructura moderna y adecuada para el momento, como asimismo, para los objetivos que se ha planteado el Ministerio de Defensa. Esta ha sido la realización de una antigua aspiración institucional que significó, para el erario, una inversión de 4.588 millones de pesos.

Se ha establecido un método de cooperación con países con experiencias, relacionado con el traspaso tecnológico, con cursos de perfeccionamiento y con renovación de infraestructura.

¿Por qué hago esta comparación? Con esta indicación se pretende retirar 3.800 millones de pesos del ítem del Tesoro Público para implementar con otros recursos a Carabineros, a sabiendas de que ésta es una indicación inadmisible, porque no está entre las atribuciones del Congreso, cercenadas por la Constitución de 1980, y de que se está aplicando el refrán de "desvestir a un santo para vestir a otro", porque el ítem del Tesoro Público tiene fines claramente determinados, como son reajustar pensiones, jubilaciones y otros beneficios, que, naturalmente, ayudan a un quehacer armónico en el país.

Por eso anuncio que la bancada democratacristiana votará en contra de esta indicación.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, la Constitución de 1980 no la hicimos nosotros; pero quienes la apoyaron, ahora reclaman por la falta de facultades del Parlamento. Aquí está sucediendo lo que les pasó a los revolucionarios franceses que inventaron la guillotina.

Señor Presidente, a propósito de ello, le voy a recordar, por su intermedio, al señor Longueira, que, efectivamente, fui a visitar a mis amigos de la Derecha y después regresé a mi casa. También tengo derecho a contradicciones vitales. Pero muchos de la Derecha no se atrevieron a cambiarse de partido y optaron mejor por cambiarle el nombre.

En relación con las indicaciones, debo hacer presente que el artículo 64 de la Constitución y el 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional establecen claramente cuál es el marco donde podemos actuar. Y no podemos hacer nada más de lo que allí está permitido. Esa es la norma en derecho público.

De acuerdo con la normativa vigente, tenemos dos derechos: Uno, para fiscalizar la asignación de los recursos destinados en leyes de carácter permanente; y, otro, para reducir los gastos consultados en la Ley de Presupuestos. Nada más se puede hacer. Y toda materia que se discuta respecto del procedimiento, está resuelta en el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional, que previene la formación de una Comisión Especial de Senadores y Diputados. De acuerdo con estas normas, no existen Comisiones Mixtas ni existen otros recursos. Sólo ése es el marco.

En este caso, la indicación está disminuyendo gastos establecidos en leyes permanentes y, en consecuencia, por mandato expreso de la ley, no pueden ser rebajados, y menos puede reasignarse o destinarse esos fondos, por muy loables que sean los objetivos.

La Constitución de 1980 se redactó considerando las experiencias de sistemas anteriores, y quiso establecer claramente que el administrador del Estado es el Presidente de la República, y que los parlamentarios no pueden entrar a interferir en este cálculo estimativo de ingresos y gastos.

En consecuencia, siendo inadmisibles las operaciones de rebaja y de reasignación de fondos, corresponde rechazar la indicación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, aun a riesgo de ser reiterativo, quizás valdría la pena recordar el informe presentado ayer por el Diputado señor Ringeling, informante de la segunda Subcomisión, respecto del tema de la seguridad pública y la inversión de este Gobierno en la policía chilena.

Todos sabemos que la Ley N° 19.006 autoriza la contratación de 4.400 carabineros y, de acuerdo con el informe presentado por el Diputado Ringeling, el 16 de diciembre de 1991 entran en funciones mil cien de ellos.

¿Qué ha hecho el Gobierno en 1991 en materia de seguridad pública, respecto, particularmente, de la dotación policial? Se ha adquirido para Carabineros un helicóptero, 38 patrulleros, 3 buses blindados, 36 furgones, 30 jeeps Daihatsu Rocky y 4 mil chalecos antibalas. ¿Qué está contemplado para 1992? La compra de 620 vehículos policiales, por valor de 7 millones de dólares; dos millones de dólares se invertirán en equipos de telecomunicaciones y de informática, propiamente tal, por valor de un millón de dólares. Si esto no implica preocupación del Ejecutivo por la seguridad ciudadana, la verdad es que no sé que contenido se puede atribuir a ese concepto.

Pero como lo dije anoche, en la sesión, si aún no queda claro que para el Gobierno democrático es una preocupación sensible el tema de la seguridad ciudadana, vale la pena referirse también a la inversión que para 1992 se hará para la Policía de Investigaciones.

En 1991 se aumentó en un 35 por dentó el presupuesto de Investigaciones. Para 1992 hay un fuerte aumento con una inversión especial de tres millones de dólares, a fin de dotar al Servicio de vehículos, telecomunicaciones, computación y equipos técnicos que le permitan un alto nivel operacional.

También señalé anoche que, obviamente, quisiéramos tener las facultades de reinvertir, de suprimir partidas y reasignarlas. Nosotros quisiéramos eso, pero, constitucionalmente, no nos es posible.

Quiero reiterar que el esfuerzo de este Gobierno, en materia de seguridad ciudadana, no tiene parangón en los últimos veinte o treinta años de la historia de Chile. Se ha preocupado del tema y lo ha hecho de una manera que nos parece atingente, coincidente con los tiempos y, particularmente, de acuerdo con lo que nosotros estimamos que debe ser la seguridad ciudadana.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Quedan dos minutos para quienes se oponen a la indicación.

El señor ESTEVEZ.-

¿Me permite?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, el Diputado señor Espina ha presentado una indicación sabiendo que es plenamente inadmisible; pero lo ha hecho, según entiendo, para relevar un tema al cual ha dedicado una parte significativa de su labor parlamentaria, y que le parece de gran trascendencia que yo comparto, cual es el del orden y la delincuencia.

Sin perjuicio de discrepar del método empleado y de considerar que la proposición está fuera del debido debate sobre el presupuesto, por su carácter de inadmisible, y yendo al fondo, me parece que el colega Espina ha puesto énfasis en algo efectivo: el país enfrenta un problema de creciente delincuencia con actividades de violencia cada vez mayor. A este problema, el Gobierno encabezado por don Patricio Aylwin, ha dado una solución de emergencia y rápida, que consiste en el incremento sustantivo de los recursos a Carabineros y de la dotación de dicha institución. El Honorable colega, con la hidalguía que lo caracteriza, ha reconocido que el problema viene de arrastre del gobierno anterior y que el actual ha hecho grandes esfuerzos, en el sentido positivo de respaldar las actividades de Carabineros.

Frente a esto, lo realizado por el Gobierno ha dado resultados, porque si bien el país continúa enfrentando la realización de delitos importantes contra las personas y la propiedad, ahora hay mayor solución de los casos. Las estadísticas son claras: la solución, por Carabineros e Investigaciones, de un cierto número de robos, asaltos, en fin, de hechos delictuales, ha aumentado en forma significativa, sin perjuicio de que como se ha dicho públicamente muchas de las personas detenidas por estos delitos son puestas en libertad por los tribunales.

¿Qué podemos deducir de estos hechos?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado? Ha terminado su tiempo.

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, algún Diputado de la Concertación ha dicho aquí que queremos "desvestir un santo para vestir otro". En realidad, eso pretendemos.

El señor Director de Presupuesto, hace unos días en la Sala del Senado, dijo que la provisión para financiamiento comprometido del Tesoro Público, incluye la ejecución de todos los proyectos de ley previstos para 1992. Por lo tanto, dentro de ese ítem se encuentran los 4 ó 5 mil millones que corresponden al proyecto sobre devolución e indemnización de bienes a los partidos políticos.

Hoy hemos visto en los diarios que parlamentarios de la propia Concertación, en este caso radicales, han considerado que, a pesar de la justicia y la necesidad de algunos de estos financiamientos, hay un problema de coherencia y de prioridad.

Lo que planteamos, entonces, es precisamente eso: que en este momento uno de los problemas fundamentales de la sociedad chilena es el de la seguridad. Por lo tanto, podemos postergar, porque es legítimo y posible, el problema de financiamiento de los partidos políticos.

Es fundamental reconocer que ha habido un esfuerzo, que se ha tratado de romper una tendencia; pero, como se ha sostenido aquí, el esfuerzo es claramente insuficiente, y lo saben no sólo Carabineros, sino toda la población del país que, a diario, ve afectada su seguridad y siente la sensación, tal vez más grave, de indefensión frente al terrorismo y a la delincuencia.

Posterguemos, entonces, a los partidos políticos y aumentemos la presencia policial en las calles, que requiere y pide la población. Por lo demás, la propia institución de Carabineros está planteando aumentar como se ha dicho la bencina para patrullajes, los vehículos que es necesario reponer y los cuarteles y retenes que se necesitan en las poblaciones de Chile.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, quiero corregir algo que manifestó creo que con el mejor propósito el Diputado señor Estévez, en cuanto a distinguir dos cosas distintas.

En efecto, el Gobierno ha dado más recursos a Carabineros de los que se le dieron en el pasado. Pero no hay duda de que en esta área el Gobierno ha tenido el peor manejo durante los dos últimos años. Lo dicen todas las encuestas.

Aunque el Diputado señor Ortiz se enoje, es difícil estar sacando "los dedos del enchufe" a cada rato, cuando el Gobierno da señales absolutamente equivocadas en materia de delincuencia.

En primer lugar, propone rebajas de penas, que, incluso, parlamentarios de la Concertación votaron en contra. ¡Estupenda señal para la delincuencia! En segundo término, crea una oficina de seguridad pública; pero han transcurrido diez meses sin que sea capaz de enviar el proyecto de ley al Congreso. En tercer lugar, demuestra gran preocupación por los derechos e intereses de las personas detenidas. ¡Pero, por Dios, debiera tener la misma preocupación por lograr que el Parlamento patrocinando el propio Ejecutivo esta indicación destinara 3 mil 800 millones de pesos a las fuerzas de Carabineros! ¡Esa es la gran preocupación que el Gobierno ha demostrado en la materia!

Se dice que es demagogia. Entonces, es demagogia sostener que la delincuencia ha aumentado, que la opinión pública califica como la peor gestión del Gobierno, que en el país se requiere mayor preocupación por la seguridad pública.

Aquí el Diputado señor Ringeling ha hecho un emplazamiento claro y preciso. Si realmente el Gobierno y los parlamentarios de la Concertación tienen interés en resolver el problema de la seguridad pública, por qué definitivamente, no se pronuncian sobre las prioridades. Vamos a gastar la plata, primero, en financiar a nuestros partidos políticos, en restituir los bienes, o la vamos a destinar a materias que al país le interesan, como la seguridad pública.

En este Congreso no se resuelven las cosas insultando; se resuelven con argumentos. He escuchado argumentos constitucionales, pero, en honor a la verdad, ninguno de fondo, salvo el del Diputado señor Estévez, para refutar lo que sostenemos, en el sentido de que no cuesta nada que el Congreso destine ¡miren qué gran cantidad! apenas 3.800 millones de pesos para que en los distritos de Sus Señorías haya más resguardo policial, se destinan más litros de bencina por vehículo y se construyan más retenes.

Esta realidad es la que hoy día no están dispuestos a aceptar ni a reconocer.

Entonces, a nosotros nos es imposible, en esta materia, seguir sacando los "dedos del enchufe" si cada vez que el Gobierno se preocupa de esta materia, da señales equívocas.

Hace cinco días, hubo desórdenes públicos en la capital. ¿Qué hace el Gobierno? Los transforma en riña callejera. ¿Cuál es el resultado? Los delincuentes, a los pocos días, asesinan a un carabinero, como ocurrió ayer.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ESPINA.-

Eso es lo que pasa y esa responsabilidad Sus Señorías no la van a asumir, y siguen sosteniendo lo in, sostenible.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¡Ruego a los señores Diputados guardar silencio!

El señor ESPINA.-

Con argumentos podemos discutir, pero aquí cuando se critica al Gobierno, se acaban los argumentos.

En el día de ayer y termino aquí, señor Presidente, hice una exposición en la que argumenté a fondo sobre esta materia. ¿Cuál fue el resultado? ¡Las descalificaciones!

Si esta sesión se transmitiera por televisión, el público se daría cuenta de que aquí no hay argumentos para discutir lo que pasa...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

Un señor DIPUTADO.-

¿Y qué pasa...?

El señor ESPINA.-

Lo que pasa es que a Su Señoría no lo van a poner jamás en televisión.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ESPINA.-

Lo que pasa es que no hay voluntad para abordar este tema con argumentos, y como no tienen voluntad para argumentar a fondo, el resultado es que va a seguir la delincuencia en el país, lamentablemente.

He dicho.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Todos han reconocido que es una indicación inadmisible; por lo mismo, la Mesa la declara inadmisible.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ROJAS (Ministro de Defensa Nacional).-

Señor Presidente, Honorable Cámara, esta preocupación por la seguridad pública la comparte toda la ciudadanía.

El año pasado, junto con el Ministro del Interior, señalamos que la sociedad chilena no estaba exenta de los riesgos de acciones de delincuencia o de terrorismo que pudieran poner en peligro aquel valor y bien fundamental, que es la vida de las personas y sus bienes.

Desde entonces, desde el inicio de este Gobierno, hemos adoptado todas las medidas que han estado a nuestro alcance para una política coherente, cuyo conocimiento público está bastante difundido. Sin embargo, ayer, al escucharlo, el Diputado señor Espina me dio la impresión de seriedad, cuando refiriéndose a cómo se había podido gestar en nuestro país una situación de delincuencia o de terrorismo, señalaba que no era responsabilidad del Gobierno. No obstante, hoy día veo que cambia su tono, se pone agresivo con el Gobierno, que él sabe está haciendo los esfuerzos máximos para resguardar la seguridad ciudadana y pública y garantizar a todos los ciudadanos que pueden estar tranquilos y vivir en paz, en libertad y en democracia, y arremete contra él como si fuera un Gobierno que no toma en serio los problemas de la seguridad pública.

Vamos al diagnóstico, señor Presidente.

Tomaré sólo unos minutos.

¿Cuál es la comparación que tenemos que hacer de la seguridad pública y ciudadana y el estado de las Fuerzas de Orden y de Seguridad de los últimos 17 años con el de los últimos 19 meses?

En los últimos 17 años, las Fuerzas de Orden y de Seguridad prácticamente perdieron su rol constitucional de resguardar el orden interno y la seguridad pública, porque todos sabemos que en Chile estaban actuando grupos de seguridad extrapoliciales creados por el régimen anterior que tenían las responsabilidades fundamentales de la lucha contra lo que se llamaba el delito terrorista o la subversión, y se confundía no sólo esa acción, sino que también la de la protesta y la de la disidencia política.

Esa situación gravísima de haber quitado una responsabilidad central a un cuerpo policial no he pedido sesión secreta porque creo que es mejor que esto se conozca y se debata públicamente, es, sin duda alguna, una responsabilidad muy alta para quienes ejercieron las labores de autoridad de ese régimen.

Hace más de 20 años, fui Ministro del Interior, en la época en que Carabineros de Chile dependía directamente de ese Ministerio, y al llegar al Ministerio de Defensa, hace 19 meses comprobé, con verdadera consternación, cómo esa institución policial, durante 12 años consecutivos dos sexenios presidenciales antiguos, no aumentó un solo policía.

¿Quién responde de eso, señor Presidente?

Esa situación grave, ¡grave!, que la había representado Carabineros de Chile, no había sido atendida.

Veamos también el estado de la infraestructura.

¿Quién ignora que la infraestructura de Carabineros se ha deteriorado extraordinariamente? Y lo digo yo, que la conocí el año 70. Las comunicaciones son vitales en un cuerpo policial. ¿Quién ignora que la policía se basa, fundamentalmente, en un buen sistema de comunicaciones? Si no, ¿de qué manera puede llegar a tiempo, si es que puede acudir a los sucesos del delito?

Eso se fue deteriorando sostenidamente porque se tenía el criterio de que ésta era una policía por así decirlo para otras responsabilidades, de otro tipo: tránsito, atención de robos menores, atención de menores y otras cosas que, sin duda alguna, jamás han sido su quehacer principal.

Se comprobó, asimismo y lo sabe toda la ciudadanía, que existiendo estos cuerpos policiales en Chile ocurrían crímenes horrendos, que nunca se dilucidaban, que jamás se sabía quién había sido su instigador o autor y respecto de los cuales hasta el día de hoy se está en las investigaciones, investigaciones que confío nos llevarán a dilucidar la mayor parte de las responsabilidades.

Se sabe también y todos lo conocemos que hoy día existe delincuencia y peligro en las calles de Chile sin duda alguna. Pero, así son las sociedades evolucionadas de todas partes del mundo, lo que no quiere decir que no debamos tomar medidas.

Pero, ¡qué distinto es, señor Presidente y señores Diputados, estar hablando aquí de delincuencia cuando se tiene presente que ella es hija de la pobreza, y la pobreza es la gran causa acumulada, durante muchos años, en la frecuencia delincuencial que estamos apreciando en este momento! ¡Los delincuentes de hoy, no nacieron hace 19 meses! ¡Eso lo sabemos todos en esta Sala!

Aplausos.

El señor ROJAS (Ministro de Defensa Nacional).-

Señor Presidente, estamos diciendo que esa situación ha sido atendida, porque las poblaciones de Chile ya no son más despertadas, de noche, para que sus habitantes salgan de sus casas a los campos de fútbol y sufran procedimientos policiales reñidos con los derechos esenciales de la persona. ¡Eso no ocurre en Chile, y no volverá a ocurrir entre nosotros!

Aplausos.

El señor ROJAS (Ministro de Defensa Nacional).-

¿Qué hicimos ante este panorama tan negativo? Lo que hace cualquier Gobierno responsable. Empezar a trabajar duro, para mejorar la situación. No ensimismarnos en las responsabilidades, ni acusar a nadie. Pero si aquí se quiere hacer debate político sobre el tema y Sus Señorías lo han planteado; no el Ministro de Defensa yo, como hombre de Gobierno, tengo que dar respuesta a los ataques a un Gobierno que no desea un debate en esta forma. Porque aquí se ha tratado este problema con un sentido, a mi juicio, equivocado, en circunstancias que podríamos haberlo centrado estrictamente en el tema presupuestario.

En materia presupuestaria, brevemente, ¿qué podemos decir? Está dicho todo.

En recursos, Carabineros de Chile recibió, en moneda de 1989, 31 mil millones de pesos de aporte fiscal. ¿Cuánto está asignado para el año 1992? sesenta y tres mil millones de pesos. Se duplica el presupuesto de 1989 a 1992, en moneda constante.

En materia de recursos dólares, en 1989, Carabineros de Chile recibió 6.600.0dólares, y en 1992, está recibiendo 20 millones 730 mil dólares. Tres veces. ¿Es esto dar o no atención, es mejorar o no los recursos con que Carabineros trabaja? ¿Es cierto o no que la Escuela de Carabineros de Chile, hasta hace 19 meses, cuando empezó este Gobierno, tenía los mismos barracones que se donaron como viviendas de emergencia en el Gobierno de Eduardo Frei? Se entregaron a la Escuela de Carabineros, porque prácticamente, estaba destruida, viviendas de emergencia, que se habitaron como salas de clases. Hasta hace poco, funcionaba en esos barracones todos los docentes y aspirantes a Carabineros. Ahora, se ha construido en la Avenida Antonio Varas una nueva escuela, de 43 mil metros cuadrados, como la primera obra de responsabilidad de este Gobierno con una institución que merece todo el respeto de la ciudadanía por el trabajo profesional que realiza día a día.

También se habla de la dotación. Ya es sabido que el Gobierno y el Congreso Nacional aprobaron el aumento de 4.400 plazas. Al final, anticiparé lo que pretendemos realizar en el futuro con esas 4.400 plazas. Este año, se completarán 2.200 esperando, para el próximo disponer de los 3.300, y aún, si es posible, alcanzar a completar las 4.400 en 1992.

Pero los carabineros, los policías lo saben muy bien todos los señores parlamentarios no se hacen como en una fábrica; no se pone un policía en la calle en diez minutos. Hay que entrenarlos durante doce meses, por lo menos, y apretando mucho la instrucción, puede rebajarse a siete u ocho meses, pero no puede acortarse más.

¿Qué hemos hecho en materia de equipamiento? Acá se ha recordado, de una manera que no es muy conveniente, cifras demasiado exactas acerca del potencial de la policía chilena, que en sesión abierta no deben ser tratadas de esa manera.

Quiero mencionar una sola cosa. La cantidad de bencina que se daba a cada vehículo policial en 1989 será duplicada mensualmente con el presupuesto de 1992. Eso es suficiente incluso para lo que esta indicación coincido absolutamente en que es inadmisible pretende dar con estos recursos que necesita desesperadamente Carabineros. Nadie niega que las instituciones los requieren, pero con los fondos asignados se está duplicando esa cifra.

Se dice que un documento de Carabineros señala que existen retenes sin vehículos. Señores Diputados, Carabineros de Chile está en todas las regiones del país no quiero indicar lugares, pero hay localidades en que el reténes necesario por presencia, por soberanía, por cuidado fronterizo, pero no se pueden, usar vehículos. Se usa el caballo o la lancha.

El Gobierno ha optado por algo que es bastante claro: combatir la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, con toda la energía a su mano. La democracia no tolera ese tipo de acciones delictuales en la sociedad y, próximamente, antes de fin de año, se enviará un paquete al Congreso que llamamos "de seguridad ciudadana". El proyecto contiene una serie de transformaciones muy importantes respecto al funcionamiento y dependencia de Carabineros de Chile y de Investigaciones. Asimismo, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley para crear un organismo especial, dependiente del Ministerio del Interior, que tendrá a su cargo de una manera responsable la seguridad de un Estado democrático.

Por último, deseo señalar que continuaremos en esta tarea de reforzar los cuerpos policiales y no vamos a cejar en nuestra lucha contra todo tipo de crímenes.

He dicho.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En discusión la segunda indicación a la partida de Defensa que se refiere a la rebaja de una suma determinada en la Subsecretaría de Guerra.

El señor Secretario le dará lectura.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación de los Diputados señores Sota, Aguiló y de la señora Maluenda, doña María.

"El proyecto de Ley de Presupuestos para el año 1992 consulta un aporte fiscal al Ministerio de Defensa, de 262.985.990.000 pesos. Incluye para gastos de la Subsecretaría de Guerra, operaciones institucionales, 63.807.915.000 pesos por concepto de gastos en personal, y de 23.460.038.000 pesos para bienes y servicios de consumo.

"Redúzcase en el siguiente monto el gasto en personal que se expresa: Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Guerra, operaciones institucionales, partida 11, capítulo 01, programa 02, subtítulo 21, gastos en personal, 1.109.675.000 pesos.".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sota.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, me alegro de intervenir después de haber escuchado al Ministro de Defensa porque él ha reafirmado la postura, ciertamente conocida, del Gobierno, en el sentido de no recurrir jamás a los organismos extrapoliciales que dejaron tan triste memoria en el gobierno pasado.

La indicación que defenderé tiene que ver precisamente con la sucesora de la Dina, la CNI. Hablo en representación de la bancada de los Partidos Por la Democracia, Socialista y Humanista. La indicación es prácticamente igual a la que presenté al proyecto de ley de Presupuestos de la Nación del año pasado y está inspirada en los mismos motivos de justicia. Ella no obedece a ningún cálculo político-partidista, y así lo han entendido todos los sectores de esta Honorable Corporación.

Como recordarán los Honorables Diputados, al debatirse el Presupuesto de la Nación para 1991, informamos que 1.114 ex funcionarios civiles de la CNI habían sido traspasados al Ejército al disolverse aquella. En esa oportunidad, formulamos una indicación que, a la postre, no fue aprobada, para que el total de ese personal fuese licenciado.

Por su parte, el Ejecutivo decidió reducir en 120 plazas aquel contingente. Existen pues, en la actualidad 990 ex agentes civiles de la CNI en el Ejército.

El señor Ministro de Defensa ha anunciado su propósito de disminuir esa cifra en aproximadamente 300 más, con lo que la actual dotación de ese origen quedaría reducida a 690 personas.

Pues bien, nuestra indicación tiende a sacar de las filas a esos 690 funcionarios, al eliminar del actual presupuesto de la Subsecretaría de Guerra, en el rubro gastos del personal, la suma de 1.109.675.000 pesos, que es la cantidad exacta que demanda el financiamiento para el próximo año de esas 690 personas.

Aclaro que esta reducción que proponemos equivale apenas al 0,017 por ciento, repito, al 0,017 por ciento de los 63.807.915.000 pesos previstos para los gastos del personal del Ejército de Chile.

Quiero subrayar enfáticamente que hacemos un distingo entre la actividad política de ex agentes terroristas de una agencia de Estado, y el desempeño profesional de los soldados, marinos y aviadores de las Fuerzas Armadas de Chile.

Hubiéramos preferido mil veces arreglar por otro medio la situación anómala que significa la presencia de empleados civiles de la ex CNI en las filas del Ejército. Una ley patrocinada por el Ejecutivo habría podido intentar la exoneración inmediata de esos funcionarios. Comprendemos que la falta de una mayoría segura en el Senado de la República ha desalentado al Gobierno de presentar tal iniciativa.

Por otra parte, no queremos mezclar el turbio asunto de la ex CNI con las cuestiones propias de una política de defensa, uno de cuyos corolarios es el presupuesto de las instituciones castrenses.

A este respecto, estamos tratando de obtener una respuesta del Ministerio del ramo en cuestiones que deben conocer el Parlamento y el país.

A pesar de no ser ésta la ocasión de insistir en el tema, anunciamos nuestra decisión de pedir una sesión especial de esta Honorable Cámara para que, con la presencia del Ministro de Defensa, podamos iniciar un proceso de comunicación que es insoslayable en el Chile democrático de hoy y de mañana.

Aunque sea de paso, diremos que las respuestas que el señor Ministro ha dado a cuestiones muy relevantes del gasto bélico chileno, que le hemos formulado por oficio, nos parecen inadecuadas.

Pero ya veremos esto en la sesión que estamos solicitando y cuya fecha próxima espero que podamos acordar con el señor Ministro.

A las razones que amparan la admisibilidad de nuestra iniciativa, queremos añadir una de legitimidad, cuyos efectos trascienden el caso que nos ocupa.

La pretendida ley N° 18.914, que traspasa el personal civil de la ex CNI al Ejército, es una de las llamadas leyes secretas.

Según el informe en derecho del profesor don Roberto Garretón, corroborado por prestigiosos abogados, las "leyes secretas" no existen. Estos juristas dicen que la publicidad es condición de existencia de la ley, y que una ley secreta implica un contrasentido.

La ex Ministra de Justicia y de Educación, doña Mónica Madariaga, reafirma tal concepto, al sostener que resulta obvio que el Estado, junto con consagrar el principio de la inexcusabilidad del conocimiento de la ley, contrae la obligación de poner al alcance de los súbditos los preceptos, con el fin de que éstos puedan conocerlos.

Por la tesis de que la publicación es esencial a la ley, se pronuncian, entre otros, el tratadista Claro Solar y el ex Vicerrector de la Universidad Católica de Chile, el recordado profesor don Francisco Vives Estévez. Definida la ley como declaración de la voluntad soberana del pueblo, no puede entenderse que se oculte a ese mismo pueblo cuya voluntad expresa.

En suma, una norma secreta no es ni puede ser declaración de la voluntad soberana del pueblo; es decir, no es ni puede ser ley.

Así pues, los efectos administrativos del remedo de ley N° 18.914, pueden ser corregidos por la vía de suprimir el financiamiento del gasto del personal transferido ilegalmente al Ejército.

Esta proposición aparece tanto más justificada, cuanto que el año pasado, al discutirse esta misma partida, se aprobó por la unanimidad del Congreso Nacional una glosa en virtud de la cual el personal del Ejército no podrá, con cargo a sus recursos presupuestarios, realizar funciones de seguridad interior.

Por otra parte, nos sentimos confirmados en nuestra decisión de hace un año. Dijimos que desconfiábamos de los ex funcionarios de la CNI y que no merecían cobijarse en las filas del Ejército de Chile.

Este año, un órgano de prensa, el diario "La Época", ha denunciado y demostrado que esos elementos realizaban faenas de espionaje político en el Partido Socialista y en el Partido Por la Democracia.

No podemos aceptar tales actividades, y queremos desvincular absolutamente al Ejército de cualquiera responsabilidad futura en la repetición de actos de esa naturaleza. Queremos que las Fuerzas Armadas sean respetadas y que el país las considere como el pueblo en armas, pero para ello es indispensable distinguirlas de quienes no merecen llevar el uniforme.

Finalmente, debo consignar que hemos recibido la sugerencia de retirar nuestra indicación. Comprendemos que ella no es totalmente compartida por el Ministro del ramo de nuestro Gobierno. Apreciamos el esfuerzo que él hace para resolver gradualmente una situación conflictiva, provocada por disposiciones adoptadas por el régimen anterior sólo días antes de la asunción al poder del Presidente Aylwin.

El señor Ministro deberá entender que representamos muy directamente a quienes fueron víctimas de los crímenes de la ex DINA y de su sucesora, la ex CNI.

Entre los parlamentarios de esta bancada...

El señor SEGUEL.-

¡En ésta también!

El señor SOTA.-

... hay quienes sufrirán durante toda la vida el legado de dolor que les dejó la central terrorista del Estado dictatorial.

Nosotros no podemos faltar a quienes nos eligieron para que, en su nombre, intentáramos buscar la verdad y exigir la justicia.

Tal como lo hicimos hace un año, y con mayores razones aún que justifican nuestra posición de hoy, exhortamos a votar favorablemente la misma indicación que en ese entonces fue compartida por la mayoría de esta Cámara.

En todo caso, sabemos que la opinión pública interpretará nuestra actuación como un gesto de indestructible valor moral. Y la verdadera democracia será moral o no será democracia.

He dicho.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Para plantear un asunto reglamentario, tiene la palabra el Diputado señor Gutenberg Martínez.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, para la eventual discusión que se produzca, pido que la Mesa se pronuncie respecto de la admisibilidad o inadmisibilidad de la indicación, para saber qué vamos a debatir. Tengo la impresión es una personal interpretación de que el objetivo saludable que compartiría en cuanto a afectar lo que todavía se mantiene como personal de la ex CNI, implicaría una reducción de lo que se clasifica como gasto permanente, lo que haría inadmisible la indicación. Por lo mismo, para que la indicación planteada fuera admisible debería relacionarse con los gastos que no tienen nada que ver con el personal de la ex CNI.

Entonces, para saber qué vamos a discutir: si es la reducción real de los gastos de la ex CNI que actualmente están incluidos en el Presupuesto del Ejército, o algo que no afecta a la ex CNI, solicito que el señor Presidente se pronuncie respecto de la admisibilidad o inadmisibilidad de la indicación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por un problema reglamentario, tiene la palabra el Diputado señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, con relación a lo que manifestaba el Diputado señor Gutenberg Martínez, quiero recordar que el procedimiento acordado considera 15 minutos para quienes apoyen una indicación y 15 para los Diputados que la impugnen, y al final la Mesa se pronuncia sobre la admisibilidad, como lo hemos hecho con el resto de las indicaciones.

Sugiero que sigamos con el mismo procedimiento, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No hay ningún inconveniente.

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Lo importante es precisar si la discusión de si es admisible o inadmisible, y sobre el fondo de la indicación, se deben hacer dentro de los 15 minutos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Así es.

Tiene la palabra el Diputado señor Peña.

El señor PEÑA.-

Señor Presidente, nuestra bancada desea plantear un criterio común con respecto al tema que en esta etapa de discusión del proyecto de Ley de Presupuestos corresponde conocer y luego votar.

He sido designado en atención a mi calidad de jefe de Comité y como miembro de la Comisión de Defensa, presumiéndose, quizás, por los colegas de mi bancada, que puedo manejar antecedentes más completos, que no es el caso señalar ahora.

Nuestra posición se resume, básicamente, en distinguir dos consideraciones:

1.- Consideración de orden técnico.

El ítem específico forma parte de la partida Gastos Generales de Personal del Ejército, por lo que cualquier reducción, restricción o limitación presupuestaria afecta sólo y precisamente eso. Es decir, el objetivo de algunos Honorables señores Diputados que buscan limitar los recursos a ese personal específico y por esa vía crear las condiciones de su extinción, no es posible. Compartimos el objetivo, pero creemos que el medio no es idóneo.

En estas condiciones, nuestra evaluación estrictamente técnica nos lleva a aprobar el Presupuesto en esta materia.

2.- Consideraciones de orden político.

Sabemos que nuestro Gobierno heredó una gran deuda social. Millones son los chilenos, marginados, todavía, de los beneficios a que pueden aspirar en la perspectiva de una sociedad más justa y solidaria. Basta recordar sólo la dramática situación de los exonerados de su trabajo por razones políticas ocurrida durante el régimen anterior. La todavía insuficiente situación salarial y de remuneraciones de muchos trabajadores y de otros tantos que viven desesperanzados en el sector pasivo, etcétera.

Sin embargo, la forma cómo el Gobierno, en lo específico, ha encauzado políticamente la disminución gradual y por etapas del personal de la ex CNI, nos lleva a ser solidarios y, en consecuencia, a respaldar sus criterios. No vemos hoy que sea aconsejable forzar la adopción de un compromiso diverso. En este mismo orden de consideraciones, este tema se enmarca en la política que, con respecto al Ejército, ha implementado el Ejecutivo.

A nuestro juicio, en este país existe una responsabilidad básica de los actores políticos, muy especialmente de quienes hacemos la ley: respetar el Estado de Derecho y robustecer el sistema democrático. Estos objetivos superiores, con rango de bienes jurídicos inherentes a la sociedad y al Estado, no tienen una simple consideración económica.

Si para consolidar la democracia hoy el Estado debe pagar unos pocos pesos, los demócratas estamos dispuestos a asumir ese hecho, porque el precio de ayer fue la muerte y el atropello a la dignidad y libertad de muchos chilenos.

Por lo tanto, en nombre de la bancada radical-socialdemócrata prestaremos nuestra aprobación al Presupuesto en general y, por consiguiente, a la partida, uno de cuyos ítemes se debate.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Gutenberg Martínez.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, insisto en la cuestión reglamentaria planteada. Pido un pronunciamiento a la Mesa, para saber qué discutiré. No tengo ningún problema en que se debatan y se otorguen 15 minutos para fundamentar cada posición, pero quiero saber, primero, si la Mesa declara admisible o inadmisible la indicación, para argumentar al respecto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La situación es la siguiente. Se ha planteado una rebaja a la partida de la Subsecretaría de Guerra por un monto determinado. Para que esa rebaja sea admisible existen algunos límites, como, por ejemplo, estar dentro del monto de los gastos variables. Consultados al respecto el Ministro de Hacienda y el Director de Presupuesto, han respondido que sí lo están.

¿Cuáles son los gastos variables en una partida de personal? Están indicados en el clasificador que confecciona el Ministerio de Hacienda.

El otro límite persigue que la rebaja no afecte el tope establecido en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. En el artículo 96 de dicho cuerpo legal se fija un piso en el Presupuesto de las Fuerzas Armadas, que debe respetarse; pero explícitamente se excluyen de él los gastos de remuneración del personal. Sólo se dice que esos gastos deben reajustarse conforme al Índice de Precios al Consumidor y al reajuste general, pero no se establece un piso mínimo, como ocurre respecto de otras partidas, como los gastos reservados de los Comandantes en Jefe o el gasto de funcionamiento general de las Fuerzas Armadas, a los cuales se les fijó un piso en el Presupuesto de 1989.

Además, debe determinarse si esa indicación afecta gastos establecidos en leyes permanentes. La ley que creó la Central Nacional de Informaciones, la que la disolvió y la creó los escalafones en extinción en la planta de empleados civiles del Ejército, profesionales o no profesionales, en los cuales fue encasillado este tipo de personal y a pesar de que esta última habla de escalafones en extinción, después de todo lo discutido ayer y anteayer se concluye que deben considerarse leyes permanentes.

Por lo tanto, si la indicación afectara gastos establecidos en esas leyes tendría que declararse inadmisible; pero, a estas alturas, creo que, independientemente del contenido, que es lo que se discutirá después, a nadie le cabe dudas en la Sala de que, por el monto de la rebaja, afecta los gastos variables de la partida de Personal de la Subsecretaría de Guerra.

Ahora, ¿qué comprenden esos gastos variables de la partida de Personal de la Subsecretaría de Guerra?

Hay una primera aproximación que la Mesa conoce, el clasificador del Ministerio de Hacienda; pero si se quiere una mayor precisión, sin duda el Ministro de Defensa la entregará. Por cierto, no afecta directamente a los escalafones en extinción, donde fue encasillado el personal civil de la ex CNI que no pertenecía a las Fuerzas Armadas y que, sin embargo, se encasilló en esos dos escalafones creados por una ley secreta.

No quiero entrar al tema planteado por el Diputado Sota sobre si las leyes secretas son leyes o no lo son, porque creo que para este efecto no es relevante.

Por tanto, la Mesa estima admisible la indicación.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Una aclaración de criterio.

Debo entender, entonces, que la declara admisible sobre la base de que la indicación no afecta los sueldos de la planta, esto es, no afecta al personal de la CNI incorporado al Ejército.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Así es.

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor ESTEVEZ.-

¿Me permite, señor Presidente? Quiero plantear una cuestión reglamentaria.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, a mi juicio, no se ha producido una situación seria. Acordamos un procedimiento de trabajo que no se cumpliría. En la sesión de ayer, y también cuando discutimos el proyecto de Televisión Nacional, se fue muy estricto para hacer respetar los procedimientos de trabajo.

Lo acordado por la Sala consistía en intervenir 15 minutos a favor y 15 minutos en contra y que, al final de ello, la Mesa, haría un pronunciamiento de la admisibilidad. Ha sucedido así con la indicación anterior respecto de Carabineros, presentada por el Diputado señor Espina, que era claramente inadmisible. Y todos respetamos ese procedimiento, porque es obvio que siendo ésta una Cámara política, los temas que se discuten son políticos y presupuestarios. Alterar el método sin requerir la unanimidad implica una falta, no sólo al Reglamento, sino que al espíritu de nuestro trabajo. En ese sentido, me parece que es un deber de lealtad reabrir la discusión o cambiar su procedimiento.

La indicación está redactada en forma tal que es claramente admisible. Propone la rebaja de un determinado ítem; pero es obvio que al tener menores recursos, el Inspector General del Ejército o a quien le corresponda distribuirlos, verá cómo reduce los gastos, y no le corresponde ni a la Mesa ni a nadie señalar si debe sacarlos de la jeringa del Hospital Militar o de los fondos destinados a pagar sueldos de los funcionarios de la ex CNI.

Es una opción que esta Parlamento no puede imponerla, pero el sentido político y ético de esta indicación es el que he expresado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, nuestra bancada lamenta diferir de los juicios de los firmantes de esta indicación.

Y la primera verdad en la cual corroboramos nuestro juicio es que aquí se ha establecido, de acuerdo con las conclusiones de la Mesa, que esta indicación no tendría ningún efecto práctico. Pero más allá de eso, al plantear nuestra posición de respaldar al Gobierno y votar en su contra, queremos hacer algunas precisiones.

Deseamos decir, en primer lugar, que no debe confundirse nuestro rechazo a la supresión de la partida que nos ocupa, con que estamos amparando las actividades de la ex CNI o de la Dina de hoy día, ni lo que hizo antes de lo que hace hoy. Nuestro compromiso permanente con los derechos humanos, con los derechos fundamentales de las personas y con la democracia, nadie tiene derecho a ponerlos en duda. No sólo representamos una tradición permanente de adhesión a los valores democráticos y de respeto a los derechos de las personas, sino que hemos dado muestras de luchar permanentemente por su vigencia, por su consolidación y por su restablecimiento.

En segundo lugar, con esta actitud de rechazar la indicación queremos reiterar nuestro apoyo al Gobierno del Presidente Aylwin, por la forma como ha enfrentado la solución a esta materia tan compleja y tan delicada, que todos los chilenos conocen.

Nos parece conveniente recordar la gestación de la planta en extinción, que hoy día nos ocupa. Ella se estableció al disolverse la CNI, por una ley dictada en el régimen anterior, cuerpo legal con el cual podremos estar o no de acuerdo, pero que lamentablemente forma parte de nuestra legalidad, que nosotros nos comprometimos a respetar.

De acuerdo con el indicado cuerpo legal, los funcionarios del organismo que se disolvía pasaban a formar parte del Ejército, conformando una planta en extinción, es decir, una planta que tiene como única característica especial el hecho de que los cargos que en ella se contemplan se extinguen por el retiro, por la renuncia o por la jubilación de quienes actualmente los ocupan. No hay otra fórmula.

Consciente el Gobierno de la conveniencia de separar del Ejército a quienes formaron parte de los servicios de la ex CNI y de la situación legal existente respecto de ellos, ya durante la confección del Presupuesto de la Nación para el presente año se propusieron las medidas destinadas a iniciar este proceso de salida de dichas personas.

En efecto, al asumir el actual Gobierno y en virtud de la ley N° 18.943, a la que hemos hecho referencia, fueron contratados en el Ejército, formando la mencionada planta en extinción, mil 119 funcionarios provenientes de la CNI. Frente a esta realidad y a los requerimientos presupuestarios formulados por la institución señalada, para cubrir los gastos que dicha cantidad de funcionarios le significaban, el Gobierno propuso al Parlamento el financiamiento de sólo el 85 por ciento de ellos, señalando que ello formaba parte de una reducción paulatina y constante de la planta. Es así como en virtud de esa restricción presupuestaria el personal mencionado se encuentra reducido a esta fecha, a 990 funcionarios, de los cuales sólo 320 cumplen funciones en la Dina

La propuesta contenida en la Ley de Presupuestos para 1992 contempla un presupuesto de mil 110 millones de pesos, equivalentes al 70 por ciento del personal actualmente en funciones. Es decir, el Gobierno, de acuerdo con el programa que se ha trazado, plantea hoy día una nueva reducción de los actualmente en funciones, del orden del 30 por ciento.

Consideramos que el camino propuesto por el Gobierno es coherente, responsable y eficaz y está inscrito en el sentido global que ha tenido la normalización democrática de nuestro país.

Por los motivos señalados, estimamos que nuestra obligación, como partido de Gobierno, es respaldar esta propuesta. Con ello, hacemos dos cosas: primero, somos responsables en dos sentidos, haciendo honor a esta tradición de respeto a los derechos humanos y a la democracia, porque siempre hemos luchado para defenderlos; segundo, somos responsables frente al Gobierno de la República que estamos apoyando y, en especial, el compromiso que hemos adquirido con el Presidente Aylwin, a quien el país eligió para conducir los destinos de la República.

Nadie se llame a engaño. Esta actitud nuestra no significa y lo decimos con mucha franqueza apoyar a la Dina, sino elegir un camino que consideramos claro, serio y concreto para terminar con ese servicio, justo cuando finalice también el Gobierno del Presidente Aylwin.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cerda.

El señor CERDA.-

Señor Presidente, frente a la indicación del Diputado señor Sota, que la Mesa ha declarado admisible, porque así lo es, respetamos su legítimo derecho y su intención, que compartimos plenamente.

Pero creo que con esa declaración de admisibilidad, que sólo afecta a las remuneraciones variables, no podemos engañamos en cuanto a que ella signifique, si el día de mañana la indicación fuese aprobada, una reducción del personal de la Dina. El Diputado señor Carrasco ha explicado claramente cómo éste se ha ido reduciendo.

El Diputado señor Sota indica que el año pasado esta bancada votó a favor en el primer trámite. Así fue. Después, en el tercer trámite, rectificó su votación, porque vimos en esa oportunidad que realmente no representaba ninguna reducción de los gastos de la Dina y que era sólo un volador de luces.

Tengo en mi poder el indicador que determina cuáles son las remuneraciones variables y los gastos fijos, con la claridad de que no tenemos atribuciones constitucionales ni legales para reducir los gastos fijos. ¿Cuáles son las remuneraciones variables? Honorarios, horas extraordinarias o jomadas nocturnas, suplencias, reemplazos, asignaciones de traslado, dietas por asistencia a juntas, viáticos y jornales de los trabajadores afectos a ese sistema.

Pero, además, para demostrar claramente que esta indicación no apunta al objetivo de suprimir al personal de la Dina, cuando elegimos al Presidente Aylwin y éste asumió el Gobierno, le indicamos con mucha claridad que debía conducir personalmente las relaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, teniendo plena confianza en esta acción del Presidente Aylwin, por lo menos en forma personal, junto con otros colegas de la bancada vamos a rechazar esta indicación.

¿Quién más que el Presidente Aylwin ha estado permanentemente en defensa de los derechos humanos? Quiero decir algo, que tal vez no sea conocido. Yo era Secretario General del Partido Demócrata Cristiano el 11 de septiembre de 1973, cuando el Presidente Aylwin era Presidente de la Democracia Cristiana. A los dos o tres días, tuvimos la primera entrevista con el General Bonilla, quien era Ministro del Interior, para pedir que se terminara con los abusos contra los derechos humanos y, esencialmente, para protestar por los secuestros y la violencia que se ejercía.

Pocos días después, tuvimos una entrevista con la Junta Militar en pleno, en el mismo sentido. ¿Cuál fue el resultado, señor Presidente? Que a los pocos días también fue declarado fuera de la ley el Partido Demócrata Cristiano.

Lo central de esto, por lo tanto, ha sido la defensa del Presidente Aylwin para que en Chile haya justicia y verdad. Su trabajo y el Informe Rettig así lo demuestran. Lo fundamental como lo ha dicho el Diputado señor Carrasco es que, con la acción del Gobierno, el personal de la Dina y esta planta se extinguirá dentro de los próximos dos o tres años.

Por eso, planteamos y le decimos a todos los Diputados, que en esta hora en Chile hay conciencia plena de que lo fundamental es que todos están de acuerdo en que nunca más en Chile haya atropellos a los derechos humanos y que nunca más exista personal que tenga que ver con estas actitudes tristes del pasado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Velasco.

El señor VELASCO.-

Señor Presidente, nuevamente este año se plantea el financiamiento de los funcionarios del CNI, ex DINA.

Es preciso señalar que este organismo tuvo su nacimiento en Tejas Verdes y Bucalemu, al mando del tristemente célebre General Manuel Contreras. El General Pinochet se comprometió con el Ministro de Defensa a tenerlos "guardados"; pero, según reportajes de la prensa nacional, siguen en funciones, como lo ha señalado el Diputado señor Sota.

No olvidemos quiénes fueron estas personas: los asesinos de Orlando Letelier, del General Prats, del transportista Mario Fernández, del sindicalista Tucapel Jiménez, de los profesores degollados, del dirigente estudiantil Mario Martínez; los responsables del atentado a Bernardo Leighton y señora, y también los asesinos de los estibadores de San Antonio.

Las disposiciones de la ley N° 18.943, en particular aquellas contempladas en el artículo 7°, que disolvió la Central Nacional de Informaciones e integró personal civil y uniformado al Ejército de Chile, tiene que ver con los encasillamientos correspondientes, dictados desde el 13 de febrero hasta el 23 de noviembre de este año, con los nombres de las personas.

Quiero reafirmar las graves denuncias hechas por el Honorable Diputado don Carlos Dupré. Aquí tengo una innumerable cantidad de documentos que dicen relación con decretos que, por el plazo de 336 días, se destinan funcionarios del Ejército en comisión de servicio en la DINA, a los cuales se les dan diferentes cantidades de dinero. Es importante que se sepa en esta Sala que esas comisiones de servicios eran para el exterior, a El Salvador, a los Estados Unidos, a Argentina y a algunas partes de Europa.

Señor Presidente, para quien vivió y sufrió las consecuencias de las actuaciones de la DINA y de la CNI, estos hechos ameritan tomar entre todos una decisión muy correcta. Aún así, aquí estamos para respaldar al Gobierno y, en forma especial, la política del señor Ministro de Defensa.

He dicho.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ha terminado el tiempo para argumentar por quince minutos a favor y 15 minutos en contra. Propongo a la Sala prorrogar ese tiempo por otros quince minutos.

La Oposición me informa que no ha hablado.

Además, algunos otros parlamentarios que quieren hacerlo proponen que la prórroga sea por cinco minutos.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sinceramente, me parece mal que sobre esta materia no pueda expresarse la Oposición. El tema merece que haya cinco minutos extras para hablar a favor y cinco minutos para hacerlo en contra.

Algunos parlamentarios entre ellos la Diputada Laura Rodríguez y los Diputados Palestro y Rojo han pedido hacer uso de la palabra. El problema es que la Mesa no sabe cómo se expresará uno y otro.

En este sentido, sugiero que se destinen, por lo menos, cinco minutos para argumentar a favor y cinco en contra.

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre, para referirse a un problema reglamentario.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, me extraña que Su Señoría se sorprenda de que la Oposición tome tribuna en el diálogo sostenido hasta el momento. Era evidente que eso ocurriría.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LATORRE.-

Me opongo a que se destine más tiempo para este efecto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Los Diputados señor Espina, Chadwick y Longueira han manifestado a la Mesa que quieren hablar. El problema es que el tiempo se copó.

También había pedido hacer uso de la palabra la Diputada señora María Maluenda, para referirse a un problema reglamentario.

Tiene la palabra, Su Señoría.

La señora MALUENDA.-

Señor Presidente, por desgracia, hasta ahora sólo ha podido hablar en favor de la indicación el Diputado señor Sota.

A título personal, expreso que este problema es muy serio y tiene que ver precisamente con la búsqueda de la verdad; con la defensa y la recuperación plena de la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas, que deben separar de sus filas a quienes atropellaron los derechos humanos.

Por desgracia, hasta el momento nadie ha demostrado arrepentimiento, ni se han tomado las medidas del caso para hacer justicia respecto de quienes violaron los derechos humanos.

Por lo menos, para la historia de la ley aunque la indicación sea rechazada quiero dejar en claro que éste es un problema ético que tiende justamente a sanear tanto a nuestra sociedad como a las relaciones entre Fuerzas Armadas y los civiles.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entiendo que Su Señoría plantea que también se dé la oportunidad a los otros señores Diputados para que expresen sus opiniones.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El debate debe ser dirigido con un mínimo de ecuanimidad, y todos los señores Diputados tienen derecho a intervenir.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Planteo de nuevo la posibilidad de destinar, al menos, cinco minutos para que expresen su opinión los parlamentarios de la Oposición.

El señor MONTES.-

Cinco y cinco, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick; a continuación, el Diputado señor Espina.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, lamento las expresiones del Diputado señor Latorre. Jamás ha sido conducta de esta bancada eludir su pronunciamiento sobre temas tan importantes como el que tratamos.

Pero nos ha sorprendido por eso esperábamos nuestra oportunidad para hablarla consecuencia demostrada en este tema por la bancada de la Democracia Cristiana. La reconocemos y valoramos; pero pedimos al Diputado señor Latorre que no siga interpretando y que no tenga prejuicios, cuando ni siquiera se tiene la voluntad de saber la forma en que actuaremos.

En primer lugar, quiero referirme al tema de la admisibilidad de la indicación.

Sobre el supuesto porque no tenemos los datos exactos de que estamos en presencia de una indicación que no afecta gastos contemplados en una ley permanente; de que no afecta lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y de que dice relación con gastos variables contemplados en la Ley de Presupuestos, ella sí es admisible, y sobre la base de estos supuestos compartimos el criterio de la Mesa en tal sentido.

Pero su admisibilidad implica una contradicción inmediata: no produce los efectos expresados por los autores de la indicación. Si es admisible, no generará el efecto de reducir o de eliminar personal que perteneció a la ex Central Nacional de Informaciones, de las plantas actuales del Ejército de Chile.

El efecto de la indicación es rebajar del gasto del personal de las Fuerzas Armadas una determinada cantidad de recursos. No sabemos el efecto que va a producir dentro del ítem del personal de las Fuerzas Armadas, pero no va a conseguir el efecto deseado por sus autores.

Por lo tanto, desde esta perspectiva, nos parece innecesaria su presentación, porque no podemos aprobar una indicación que no cumpla o no produzca los efectos manifestados que la justifican, porque sería entrar en el mundo de la incoherencia y la falta de lógica.

La indicación tiene que ser coherente entre el objetivo que se busca y sus efectos. De lo contrario, nunca una indicación debiera ser aprobada por la Cámara de Diputados.

Pero quiero ir al fondo del problema y no quedarme en una argumentación formal.

Respeto la justificación y fundamento que ha expresado el Diputado señor Sota sobre su indicación. Más aún, respeto la seriedad, la responsabilidad y la moderación con que lo hizo, que dicta mucho de la forma en que en otras oportunidades se han tratado temas relacionados con la Ley de Presupuestos. En un tema donde quizás el Diputado señor Sota tendría razones para haber intervenido en forma vehemente, más directa y decidida, ha optado por la conducta que siempre debe primar en la Cámara: actuar con moderación, prudencia, responsabilidad y respeto. Quiero valorar eso en esta oportunidad, porque es un mérito del Diputado señor Sota.

Pero voy al fondo del problema.

Hoy, estamos comprometidos hemos dado muestras de ello los distintos sectores de la Cámara en hacer posible algo difícil, pero que es de nuestra responsabilidad política e histórica: superar todos, en conjunto, los problemas dolorosos que nos diferenciaron en el pasado, para dar a nuestra democracia estabilidad y perspectiva de desarrollo futuro. Este es el desafío histórico de la Cámara de Diputados, en la que hoy ejercemos la función legislativa.

Para lograr ese desafío, que es extraordinariamente complejo y difícil, tenemos que aunar voluntades y lograr equilibrio, prudencia y responsabilidad en el proceso que estamos llevando adelante.

Si el Gobierno asume un papel protagónico en esta función, tiene la responsabilidad directa quizás la más importante de que se desarrolle con éxito. Sin embargo, si no ha tenido la voluntad ni la iniciativa de plantear esta materia dentro del proyecto de Ley de Presupuestos, con el objetivo que busca el Diputado señor Sota, querría decir que tiene muy buenas razones para ello y considera que este elemento es importante dentro del equilibrio que necesitamos para superar el pasado y dar estabilidad a nuestras relaciones futuras.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó su tiempo.

El señor CHADWICK.-

Por estas razones, vamos a rechazar la indicación del Diputado señor Sota.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, en primer lugar, comparto lo expresado por el Diputado señor Chadwick. Desde el inicio de este tema tuve oportunidad de conversarlo con el Diputado don Vicente Sota. Su argumentación tiene fundamento lógico. La forma en que abordó el tema merece reconocimiento, porque el asunto es sensible y perfectamente puede tomar un curso distinto.

Tuvo ocasión de hacer su exposición sin que lo interrumpieran. Nadie perturbó su legítimo derecho de expresar sus fundamentos, a pesar de las discrepancias que, legítimamente, con posterioridad se manifestaron en la Sala.

Entiendo que el Diputado señor Sota persigue como objetivo que el personal de la ex CNI no continúe perteneciendo al Ejército de Chile, por aparecer involucrado en violaciones a los derechos humanos.

Cuando la Cámara analizó el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, todos los sectores políticos condenaron el hecho de que agentes del Estado habían participado en violaciones a los derechos humanos.

El punto, entonces, consiste en preguntar si cumple su propósito la indicación del Diputado señor Sota. Lo hago con toda honestidad, porque tengo la impresión de que nosotros nos nos preocupamos de indagar el tema a fondo, de explorarlo realmente y de conocer en detalle los antecedentes que nos permitan votar en conciencia un tema de esta naturaleza. Derechamente, lo voy a votar en conciencia.

En primer lugar, me gustaría que el señor Ministro de Defensa puntualizara si la disminución de la partida de personal cumple el objetivo expresado por el Diputado señor Sota en su indicación. Si no lo cumpliera y, en cambio, por ejemplo, disminuyera otros ítemes de aspectos relacionados con las Fuerzas Armadas y, específicamente, con el Ejército, no cumpliría el propósito deseado.

Es evidente que las relaciones cívico-militares al inicio de la democracia, después de un Gobierno de 16 años, fueron sensibles y difíciles. Es patente que el Gobierno ha tenido altura de miras para abordar el tema y superar los escollos presentados. Esto es algo que todos, en uno u otro momento, hemos reconocido, y hemos aportado nuestro grano de arena para que así sea.

Por lo tanto, el segundo punto consiste en conocer los antecedentes pertinentes del Gobierno sobre la materia. El señor Ministro podrá expresar algunos públicamente y, dado lo sensible del tema para la transición y el afianzamiento de la democracia, otros de manera reservada. Esto ocurre en cualquier país que tiene una prioridad básica: la estabilidad del sistema democrático.

En mi opinión, así están marcados los dos problemas de fondo: si la indicación cumple o no su propósito, y el segundo, una materia en que todos hemos hecho esfuerzos para ayudar al Gobierno, de manera que yo, señor Ministro, con la misma hidalguía con que le señalé críticas respecto de otro punto, le expreso que ha habido una actitud prudente, razonable, que ha ayudado definitivamente a una transición ordenada y a un sistema democrático estable, de lo que todos hoy nos sentimos orgullosos.

Ahí se marcan los dos ejes.

Con toda honestidad, me gustaría que abordáramos esas materias en las instancias que el señor Ministro estime procedente, para que votemos informadamente. Entiendo que no hay falta de voluntad, sino que la democracia requiere tratar con delicadeza estos temas sensibles.

Por último, respecto de la admisibilidad de la indicación, mis razones son los mismos argumentos del Diputado señor Chadwick. En mi opinión, por los supuestos mencionados, resulta admisible.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Laura Rodríguez.

La señora RODRIGUEZ (doña Laura).-

Señor Presidente, efectivamente, hay puntos de fondo. Primero, votaré a favor de la indicación presentada, porque en realidad es inaceptable que hayamos avalado, por ejemplo, que el Capitán Luis Arturo Sanhueza Ross ya se ha declarado policialmente que mató al dirigente Jecar Neghme permaneciera en el Ejército en servicio activo hasta marzo de 1991. Formaba parte de los oficiales traspasados desde la ex CNI a la Dina.

Por tanto, si nuestra preocupación por la seguridad nacional es tan real como aquí se ha dicho, me parece que estos problemas atentan contra nuestra seguridad.

Por otra parte, se ha planteado la preocupación de que al rebajar este ítem pudiera haber un déficit presupuestario tan grande que genere problemas en otros aspectos al interior del Ejército.

El presupuesto que estamos aprobando solamente significa el 55 por ciento de los ingresos del Presupuesto Nacional para la Defensa, puesto que el 45 por ciento restante proviene de la ley del cobre que otorga a las Fuerzas Armadas el 10 por ciento de las ventas, de los aportes fiscales y de la Caja de la Defensa Nacional. En consecuencia, no creo que se produzca un problema presupuestario, más aún si consideramos las destinaciones que cuerpos legales han hecho al Ejército, informadas mediante oficio que enviara la Institución al Ministerio y por el cual se comprueba que el 4 por ciento de la Primera Región es de propiedad del Ejército, como asimismo similar porcentaje de la Segunda Región, y el 11 por ciento de la superficie de la Región Metropolitana. En definitiva, si sumamos todos esos terrenos, concluimos que el Ejército es dueño de un total de hectáreas equivalente a la Región Metropolitana, y como tiene la facultad de enajenarlo, a través de una ley dictada antes de que asumiera el Gobierno democrático, no creo repito que tenga problemas de financiamiento.

De modo que los dos problemas de fondo planteados están resueltos desde un punto de vista ético, moral y coherente.

El señor PALESTRO.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, los pocos minutos que me quedan los emplearé para decir unas cuantas cosas con respecto a las intervenciones de algunos señores parlamentarios, porque el problema es ético, moral y humanitario.

Cuando algunos parlamentarios discuten acerca de si la moción de mi amigo Vicente Sota es admisible o no; de si es reglamentaria o no; de si es constitucional o inconstitucional, creo que ése no es el problema, sino otro. El problema está ahí, vigente, concreto, patente. Es un grupo de criminales que, desgraciadamente, se encuentran refugiados en una institución respetable como es el Ejército, al margen de su Comandante y están allí haciendo, incluso, hasta espionaje, o soplonaje político en contra de los partidos, hasta de Gobierno.

Pero, más que nada, con estas palabras quiero rendir un homenaje a los torturados, a los muertos, a los desaparecidos, a los perseguidos por esos asesinos a sueldo, pagados por las mismas víctimas a través de esta partida que se está aprobando. Quiero rendir un homenaje a esas mujeres que han estado 16 ó 17 años tras la búsqueda de la verdad, para saber dónde están enterrados sus esposos, sus hijos, sus hermanos, sus familiares. Es decir, al margen de que esta indicación sea constitucional o no, o admisible o inadmisible, quiero expresar que nunca transaremos con los asesinos y que nunca olvidaremos a las víctimas de esa dictadura, que causó tanto daño y tantas lágrimas y el derramamiento de tanta sangre durante 16 años.

Nada más.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, para la bancada democratacristiana no resulta aceptable que, como consecuencias de esta discusión, quede la impresión de que entre los miembros de la Concertación hay algunos que son más enérgicos en relación con gente que hoy permanece eventualmente en la Dina y que participó en violaciones reiteradas a los derechos humanos. Ese punto al interior de la Concertación, no está en discusión y, en consecuencia, nos parece antojadizo que, a raíz de esta discusión, algunos aliados nuestros, o la opinión pública sino ellos, pudiera interpretar que sobre este tema, en el seno de la Concertación, hay dos sensibilidades: la de unos que son más enérgicos en reaccionar frente a violaciones de los derechos humanos, y que están dispuestos a rendir homenaje, como el del colega señor Palestra que, obviamente, también nos interpreta, y la de otros que estaríamos en una postura de eventual aceptación a esta dramática realidad que es uno de los legados de la dictadura y que nosotros, como gobierno, lamentablemente, no podemos resolver exactamente en los términos en que todos, unánimemente, lo hubiéramos deseado.

Me parece que si la indicación, como se ha sostenido recientemente no consigue el objetivo en torno al cual ha argumentado el colega Sota, entonces es correcto reconocer el hecho de que no pasa de ser más que una formulación política que pretende destacar, públicamente, una intencionalidad, pero que no tiene ninguna posibilidad de cumplir con su objetivo.

La Mesa no ha sido certera en señalar; explícitamente, al comienzo del debate, que la indicación no logra el objetivo que la fundamenta.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Perdóneme, señor Diputado; no estoy aquí para indicar si una moción logra o no su objetivo. Yo señalo que es admisible por tales razones, y si éstas no quieren entenderse es porque no se ha comprendido el argumento de la Mesa o porque no hay buena disposición para entenderlos.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, yo no lo interrumpo cuando usted hace uso de la palabra desde la Mesa o desde su asiento. Le mego que también me permita terminar.

Simplemente, dejo constancia de esta preocupación, porque me parece que podríamos haber abordado esta discusión en otra oportunidad y, probablemente, con mucho más tiempo y con todos los argumentos de fondo y de forma que aquí se han expuesto.

Señor Presidente, por último, con su venia, quiero conceder una interrupción al Diputado señor Martínez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No.

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, daré mi opinión sobre un asunto meramente formal.

Su Señoría como otros parlamentarios fundamentó la admisibilidad en el hecho de tratarse de gastos variables; pero en la actual Constitución Política la antigua división entre gastos fijos y variables no existe, y la admisibilidad o inadmisibilidad debe referirse a si afecta o no a los gastos establecidos por leyes permanentes. Su Señoría ha reconocido que esta indicación los afecta.

Por otra parte, se ha sostenido que sería procedente por tratarse de una ley secreta, pero, según la opinión de destacadas personas citadas a la Comisión, no sería ley.

Sobre esta materia debemos considerar que el Código Civil, al definir la ley, dice que es una declaración de voluntad soberana. Utiliza la expresión "una" y no "la declaración". En estricto derecho, no son leyes aquellas dictadas sin la intervención del Parlamento ni las secretas, ni los decretos con fuerza de ley, ni los decretos leyes, pero toda la doctrina y los tratadistas siempre han reconocido que, en la práctica, tales normas tienen el valor de leyes. Así sucedió después de la primera administración del gobierno del General Ibáñez, y así ocurre ahora en este gobierno.

En consecuencia, señor Presidente, creo, en primer lugar, que la declaración de admisibilidad no es correcta y, en segundo lugar, que la ley secreta tiene valor de ley.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No era mi intención volver a argumentar; pero nuevamente nos entendimos mal.

He argumentado que la indicación es admisible por tres motivos: uno, porque no toca el piso de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas; dos, porque no incide en gastos fijos, y tres, porque no incide en gastos contemplados en leyes permanentes.

Llevamos dos días de debate y quizá no nos hemos entendido.

El señor ROJAS (Ministro de Defensa Nacional).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ROJAS (Ministro de Defensa Nacional).-

Señor Presidente, como éste es un tema de alta sensibilidad no deseo que se trate en sesión secreta, y como ha llegado la hora de votar, quiero ser extraordinariamente breve en mis consideraciones.

En primer lugar, agradezco a todo el Parlamento, especialmente a esta Cámara, el tratamiento elevado de los temas de la defensa nacional, porque ésa es la obligación no sólo de quienes ocupamos funciones de Gobierno o de parlamentarios, sino también de todos los sectores responsables de la sociedad chilena.

En segundo lugar, agradezco las expresiones de que en este proceso de 19 meses de Gobierno este sector ha sorteado las naturales dificultades que, después de 17 años de régimen militar, podía tener un régimen civil plenamente democrático. Y en ese sentido agradezco el apoyo que permanentemente hemos tenido de prácticamente todos los sectores políticos, plenamente responsables, que actúan en nuestra sociedad.

En tercer lugar, reconozco, sin duda alguna, el derecho, la legitimidad y la altura de miras con que el Diputado señor Sota ha hecho su presentación esta tarde, y he señalado públicamente que no creo conveniente que sus opiniones, así como, las de ningún señor parlamentario, puedan merecer críticas u observaciones destempladas de cualquiera jefe institucional de nuestras Fuerzas Armadas.

En cuarto lugar, agradezco que este tema haya ido perdiendo el dramatismo como es natural, después de casi dos años de gobierno la atención inicial que todos tuvimos desde el inicio del Gobierno del Presidente Aylwin hasta la fecha, en que, sin lugar a dudas estamos en una etapa de plena normalidad de funcionamiento de las Fuerzas Armadas y de plena colaboración entre los sectores civiles y militares.

En quinto lugar, recojo la iniciativa del Diputado señor Sota, en el sentido de que una reunión especial, citada para otra oportunidad, en condiciones más favorables, permitirá a la Cámara, a los parlamentarios interesados, o a las Comisiones, según se desee, y a nosotros, con la gran cantidad de antecedentes de que disponemos debatir amplia y profundamente, y con la necesaria tranquilidad, el tema referente a servicios de inteligencia militar, y la estrategia del Gobierno respecto de una cuestión tan sensible como la disolución de la ex CNI, mediante la ley correspondiente a fines del gobierno anterior.

En ese sentido, esta proposición del Ejecutivo es producto de una estrategia que formulé el año pasado. Señalé que ésta sería una reducción gradual y así se ha cumplido, puesto que, en 1991, el 15 por ciento de ese personal de empleados civiles traspasado al Ejército ha abandonado sus funciones, y en 1992 se propone una reducción que representaría un 30 por ciento del presupuesto de esa partida relativa a personal de la ex CNI.

Asimismo, recordemos que la idea fundamental de disolución de la ex CNI por parte del régimen anterior, fue, precisamente, disolver, repartir los funcionarios y extinguir su planta, y sobre la base de esos criterios, estamos plenamente convencidos de que, paso a paso y gradualmente, se podrá lograr un dimensionamiento apropiado de una función fundamental en todas las Fuerzas Armadas, cual es la inteligencia militar, propia de una institución castrense, cuya existencia nadie puede discutir y que el Ministro de Defensa respalda cuando está encuadrada en los marcos de respeto a los derechos de las personas, a la normativa legal de las instituciones armadas y respeto absoluto al estado de derecho.

En ese sentido, tengo que aclarar y dar excusas al Congreso Nacional. El año pasado comprometí la palabra de Ministro en cuanto a que haría todos mis esfuerzos por que no tuviésemos ningún incidente como el que, desgraciadamente, experimentamos en este año con dos funcionarios que faltaron a sus deberes, y que fueron debidamente sancionados. Yo asumo esa responsabilidad y doy las excusas al Congreso Nacional.

Sobre la materia presupuestaria, desgraciadamente la indicación del Diputado Sota no afecta al personal de la ex CNI, como es evidente, porque el gasto variable del ítem del personal contempla otro tipo de partidas, los honorarios, los gastos de la defensa civil del país, los del personal contratado a honorarios en el Hospital Militar, las horas extraordinarias, los gastos de traslado de los militares cuando tienen que cambiar de unidades por las destinaciones de que son objeto, como forma propia del trabajo profesional, y una parte de viáticos que emanan de la ley y que pueden no considerarse como obligaciones legales.

Por lo tanto, respondiendo a la pregunta que aquí se hizo, el objetivo de disminuir esta partida para afectar al personal de la ex CNI no se logrará, en caso de ser aprobada. Desgraciadamente, sería inútil, y no puedo negar que afectaría y dañaría una operación militar normal, legal y necesaria de nuestro Ejército.

Por todo esto, reitero mi voluntad de concurrencia a una sesión especial de esta Cámara, en el momento oportuno en que sea convocada, en la que yo daría antecedentes mucho más profundos y que se pueden considerar reservadamente; no así en una sesión pública, como ésta.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: Por la afirmativa, 16 votos; por la negativa, 45 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Corresponde ahora tratar el grupo de las indicaciones varias.

Sobre éste no habíamos fijado un tiempo de discusión, pero si nos aplicamos con disciplina, y sólo se usa la palabra para fundamentar las indicaciones, esto se puede despachar en una media hora.

En primer lugar, el Diputado señor Estévez ha presentado una indicación, exclusivamente de redacción, respecto de la cual pediría autorización de la Sala para que la Mesa y el secretario la incluyan en el texto del proyecto.

Acordado.

En segundo lugar, hay una indicación que incide en el presupuesto del Ministerio de Economía, que tiene por objeto reducir los fondos destinados a la Secretaría Ejecutiva del Programa de Ciencia y Tecnología, la cual pediría que la pudiéramos tratar de inmediato.

La indicación presentada por los Diputados señores Alfonso Rodríguez y José García dice así: "Disminuir en la partida 07, capítulo 01, programa 01, subtítulo 25, ítem 31-002, Secretaría Ejecutiva del Programa de Ciencia y Tecnología a la suma de 10". O sea, terminar dejando una suma simbólica.

Tiene la palabra el Diputado señor García.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, tanto en la Subcomisión como en la Comisión Especial de Presupuestos, planteamos que no era necesaria la creación de esta comisión especial para la administración de un crédito que otorgará el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto deben hacerlo los propios funcionarios del Ministerio de Economía a través de cada una de sus reparticiones, por lo que no es necesario entrar en gastos de honorarios y otros solamente para administrar un crédito internacional.

Esta es la fundamentación de nuestra indicación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 14 votos; por la negativa, 33 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

La siguiente indicación corresponde a la presentada por los Diputados señores Espina y Ringeling a la Partida del Ministerio de Educación, para añadir una glosa 02 al subtítulo 25, Fondo de Recursos Complementarios, que dice "No podrá discriminarse arbitrariamente entre la educación particular subvencionada y la municipal en la distribución de este Fondo".

Por definición, nunca podrá haber una discriminación arbitraria. La indicación podría entenderse como una norma de carácter general, en cuyo caso habría que retirarla, porque resulta obvia. No es necesaria porque, a mi juicio, esa regla general siempre está implícita en la acción de Estado.

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, en realidad esta indicación ya había sido presentada en la Comisión Mixta y, brevemente, quiero explicar el trasfondo que ella tiene. Con anterioridad a la dictación del Estatuto Docente, se entregaba una subvención pareja a todos los alumnos, ya sea que estuvieran en la educación particular subvencionada o en la educación municipal. La discriminación entre una y otra educación se producía sólo por los aportes extraordinarios en dinero que los propios municipios hacían para financiar los déficit, o bien, para realizar reparaciones o construcciones en los colegios a su cargo.

A pesar de esa diferencia, fue creciendo fuertemente el porcentaje de padres que elegían la educación particular subvencionada hasta llegar a ser un tercio de los tres millones, o algo menos, de estudiantes que existen en Chile en la educación básica y media.

Cuando se discutió el tema del Estatuto Docente, al menos en la Comisión de Hacienda, se preguntó derechamente al Ministro Lagos cómo se iban a resolver los desafíos que plantea esa legislación, puesto que ya no se trataba de una subvención pareja sino que se tenía que diferenciar entre la calidad de los profesores que tenga cada establecimiento. Según consta en las actas de las sesiones, el Ministro aseguró que no se discriminaría entre una y otra educación y que, por lo tanto, el promedio de lo que se entregara por alumnos a los colegios municipales, sobre la subvención normal, se haría también por alumno a la educación particular subvencionada.

Para tales efectos, el artículo 13 transitorio del Estatuto Docente establece durante cinco años este Fondo de Recursos Complementarios para atender las necesidades que plantean el sueldo mínimo y las otras cuatro asignaciones. Sin embargo, en la aplicación de la norma hecha a contar de septiembre se ha producido una discriminación.

Efectivamente, el promedio de lo que se ha entregado con este fondo por alumno a los colegios particulares ha sido menor al del sector municipalizado, lo que plantea, en lo sucesivo, el peligro de que la libertad de enseñanza que todos hemos dicho defender, se pueda ver amenazada no quiero hacer una imputación al Ministro del ramo de continuar esta discriminación en la forma como se ha dado.

De manera que, a pesar de ser un derecho que se puede reclamar por la propia Constitución, sería una buena señal que pudiéramos incluir esta glosa precisamente en el ítem del Fondo Complementario de Recursos, que contempla 16 mil millones de pesos en 1992, para cumplir las necesidades que plantean el Estatuto Docente y sus cuatro asignaciones.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, la unidad de subvención es igual para todo tipo de educación, municipal o particular subvencionada. En lo que sí hay discriminación es en la subvención educacional que reciben las corporaciones privadas sin fines de lucro, de origen empresarial, que administran colegios técnico profesionales, los cuales reciben dos veces y media la subvención de sus similares que dependen de los municipios o de los particulares subvencionados.

El Fondo Complementario de Recursos se distribuye por igual para todos. Lo que sí hay es un problema administrativo, porque muchas veces los directivos docentes de los colegios particulares subvencionados no hacen llegar los documentos respectivos a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación.

Anuncio que la bancada democratacristiana votará en contra de esta indicación, porque no hay diferencia alguna en este tipo de subvención.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Esta indicación es una tautología o un pleonasmo, toda vez que la Constitución, en su artículo 19, número 2, inciso segundo, señala que "ni ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias".

No tiene sentido esta indicación; por lo tanto anuncio que votaré rechazándola.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, no conviene que quede una impresión errada. El Diputado señor Ortiz está equivocado, y, por su intermedio, quiero hacerle presente su equivocación.

Si examina la partida 09, capítulo 20, programa 01, "Subvenciones a Establecimientos Educacionales", puede darse cuenta que en el subtítulo 31, ítem 002, están las subvenciones a los colegios particulares y municipales. Y tal como él dice, esa subvención es igual, en proporción a la asistencia promedio de alumnos. Pero si se va al ítem 33 del que estamos hablando, 029 "Fondos de Recursos Complementarios", comprobará que esa asignación no ha sido en la práctica igual, esto es, en proporción a los alumnos de cada sector. Y es así como se le ha aumentado en 10 por ciento la subvención a los colegios municipales y sólo en 5 por ciento a los colegios particulares subvencionados, lo que ha llevado a una gran cantidad de estos últimos a una situación financiera muy difícil, sobre todo, los que tienen menos de veinte alumnos de promedio por profesor.

Por esta razón, y diciéndole al Diputado señor Devaud que lo que abunda no daña, podría quedar más claro, sin esta discriminación. Así, la indicación es muy importante.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo una abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Corresponde votar la indicación que se refiere, en el Ministerio de Agricultura, a la transferencia tecnológica, donde figura un fondo de una cantidad aproximada a los 5.432 millones. Lo que se dice en la glosa es que una parte de ese fondo debe destinarse 3.000 millones de pesos a investigación científica en nuevos rubros alternativos de producción; es decir, asigna 3.000 millones de un fondo de 5.000 millones, para la investigación tecnológica de nuevas alternativas productivas.

Ofrezco la palabra sobre esta materia.

El señor PIZARRO (don Sergio).-

¿La Mesa considera admisible esta indicación?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Dentro de nuestro saber y entender sí, porque no rebaja.

El señor PIZARRO (don Sergio).-

Pero destina.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Sí, pero dentro del mismo rubro. Es discutible, en todo caso.

El señor PIZARRO (don Sergio).-

Dentro de lo discutible, ¿cómo lo califica la Mesa?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Admisible.

Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, Renovación Nacional considera que un rubro tan importante para la economía nacional como es la agricultura, debe tener un constante mejoramiento en el aspecto tecnológico, porque el desarrollo de la agricultura siempre estará ligado de manera constante, a la forma cómo se incremente la investigación científica y se entregue nueva tecnología.

El Estado debe destinar recursos para llegar, con esta tecnología, a los agricultores más pequeños y que tienen dificultades para incorporarla, por la característica de sus explotaciones y por los lugares en que trabajan.

Como quedó demostrado ayer, a raíz de mi exposición en este mismo sentido, la transferencia tecnológica que entrega Indap, lamentablemente no es buena. Esto se demostró con los mismos antecedentes entregados por dicho organismo en un informe reservado.

Quiero señalar que, para nosotros, la necesidad real en este país, en este momento, es poder buscar nuevos campos en el área científica y los métodos para corregir aquellos defectos que tiene nuestra agricultura. Consideramos importantísimo poder incursionar en el campo de la biogenética y de la ingeniería genética, para entregarles a los agricultores especies mejoradas. Debemos entregar una muy buena transferencia tecnológica.

Por eso hemos presentado esta indicación para otorgar parte de los recursos destinados a la transferencia tecnológica, a la investigación científica, para buscar tecnologías, y una vez que realmente las tengamos, hacer una buena transferencia.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jara.

El señor JARA (don Sergio).-

Señor Presidente, muy breve. Tan solo para decir que una cosa es la tecnología y la investigación, para lo cual existe un ente estatal, además de los privados, por supuesto relevante en esta materia, y otra muy distinta es la aplicación de tecnología a la producción concreta.

En consecuencia, si se cambian las partidas se produce la situación de que los más pobres, entre los campesinos, no podrán tener la opción de trabajar, con una tecnología concreta, que es justamente lo que contempla este ítem.

Por lo tanto, nos parece que es inconveniente, y por lo menos, nosotros, la rechazamos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 6 votos; por la negativa, 36 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

La próxima indicación está mal formulada, por cuando dice: "Elimínase el ítem de Radio Nacional de Chile de la Partida de la Secretaría Nacional de Gobierno".

En primer lugar, el Parlamento tiene facultades para reducir, no para eliminar.

En segundo lugar, no existe la Secretaría Nacional de Gobierno, por lo cual la Mesa la declara inadmisible.

La próxima indicación se refiere a una rebaja en una partida, aumentando, a su vez, en otra partida, igual cantidad. Esta es inadmisible porque reasigna gastos.

Con lo cual hemos terminado el despacho de las indicaciones.

Por no haber sido objeto de indicaciones, debo declarar aprobados las siguientes Partidas: 01 Presidencia de la República; 02 Congreso Nacional; 03 Poder Judicial; 04 Contraloría General de la República; 06 Ministerio de Relaciones Exteriores; 07 Ministerio de Economía; 08 Ministerio de Hacienda; 010 Ministerio de Justicia; 013 Ministerio de Agricultura; 14 Ministerio de Bienes Nacionales; 15 Ministerio del Trabajo; 16 Ministerio de Salud; 17 Ministerio de Minería; 18 Ministerio de Vivienda; 19 Ministerio de Transportes; 20 Ministerio Secretaría General de Gobierno; 21 Ministerio de Planificación y Cooperación; 22 Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Las partidas que fueron objeto de indicación siempre en los artículos 1° y 2° corresponde votarlas en este momento.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, la partida del Ministerio de Economía fue objeto de indicaciones sobre los saldos de caja y fueron rechazadas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entonces, hay que incluirla, ahora, con esa corrección.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa: 39 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hubo quorum, porque hay dos señores Diputados con permiso constitucional.

Aprobados los artículos 1° y 2°.

Despachada la Ley de Presupuestos.

Ha pedido hacer uso de la palabra el Diputado don Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, el año pasado, durante la tramitación de la ley, algunos parlamentarios formulamos una queja respecto de la forma en que presentaron los antecedentes.

En esta oportunidad, quiero felicitar al personal de Secretaría de la Cámara y de la Comisión Especial, por el cúmulo de antecedentes que nos han entregado lo que nos permitió despachar la ley sin ninguna dificultad. Es un cambio notable, y esa es la razón por la cual deseo felicitar a todos los responsables de este trabajo.

Aplausos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, muy breve sólo para agradecer a la Cámara la aprobación de la Ley de Presupuestos, y la discusión muy concienzuda, detallada y profunda de los temas principales contenidos en esta ley; y agradecer, muy especialmente, a los parlamentarios de la Concertación y a los de mi partido, que trabajaron intensa y estrechamente con nosotros en las etapas previas a la elaboración de este Presupuesto y en la discusión, en esta oportunidad. También quiero expresar nuestro reconocimiento a los parlamentarios que formaron parte de la Comisión Mixta y que han trabajado durante un largo período en el detalle de esta ley. Su aprobación significa reafirmar los objetivos y las metas que el Gobierno se ha propuesto, especialmente en el plano social.

Por eso, les agradezco una vez más.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado don José García.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, sólo para sumarme a las expresiones del Diputado don Andrés Palma de reconocimiento hacia el Secretario de la Comisión de Presupuestos, don Carlos Hoffmann, y a todos los funcionarios que, con tanta abnegación y sacrificio, participaron y proporcionaron los antecedentes.

Gracias, señor Presidente.

PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS SOBRE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 1992

A S.E. El Presidente del H. Senado

Con motivo del Mensaje, Informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"I.- CALCULO DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS

Artículo 1°.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 1992, según el detalle que se indica:

A.- En Moneda Nacional:

B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares.

Artículo 2°.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la nación y la estimación de los aportes fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera, convertida a dólares, para el año 1992 a las Partidas que se indican:

Artículo 3°.- Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones, hasta por la cantidad de $ 70.062.841 miles que, por concepto de endeudamiento, se incluye en el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación.

Autorízasele, además, para contraer obligaciones, sea en el país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.400.000 miles moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional. En todo caso, la parte de endeudamiento en el país no podrá exceder del 20% de la suma indicada.

Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 1992 no será considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer.

Artículo 4°.- La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, correspondiente al subtítulo 30 y a los ítem 61 al 74 y 80 al 97, del subtítulo 31, de este presupuesto para los’ órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo.

La identificación de los proyectos de inversión correspondientes a los presupuestos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional aprobados por la administración regional respectiva, se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata, sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior.

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto no sea superior a cinco millones de pesos, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que represente el 3% del presupuesto de inversión de la respectiva región.

Los Intendentes Regionales podrán contratar directamente la ejecución de los proyectos de inversión aprobados para la Región correspondiente de acuerdo con lo establecido en los incisos segundo y tercero de este artículo. Estos contratos deberán adjudicarse a través del mecanismo de propuestas públicas. "

La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fondos aprobados para los ítem 53 "Estudios para Inversiones”.

En estas identificaciones no será necesario consignar la cantidad destinada al estudio correspondiente.

Ningún órgano, ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión de recursos de los ítem antes indicados, efectuar la inversión de tales recursos o de otros recursos asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes haberse efectuado la identificación a que se refiere este artículo.

Autorízase para efectuar en el mes de diciembre de 1991, las publicaciones de llamado a propuestas públicas, de estudios y proyectos de inversión a realizar en 1992, que se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contraloría General de la República. Asimismo, dichas publicaciones de estudios y proyectos de inversión, que se incluyan en decretos de modificaciones presupuestarias de 1992, podrán efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República.

Artículo 5°.- Los órganos y servicios públicos, incluidos en esta ley, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición o arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y sus elementos complementarios cuyo precio o renta exceda de las cantidades que se determinen por dicha Secretaría de Estado.

Igual autorización requerirán la contratación de servicios de procesamiento de datos, ya sea independiente o formando parte de un convenio de prestación de servicios que los incluya y las prórrogas o modificaciones de éstos, cuando irrogue un gasto cuyo monto supere el que fije el referido Ministerio.

Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, que hayan sido sancionados en años anteriores por el Ministerio de Hacienda y que mantengan las condiciones pactadas, no necesitarán renovar su aprobación.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará respecto de los equipos que formen parte o sean componentes de un proyecto de inversión o de estudios para inversión, identificado conforme a lo que dispone el artículo 4° de la presente ley.

Los órganos y servicios públicos podrán efectuar directamente, mediante propuestas públicas o privadas con la participación de a lo menos tres proponentes, la adquisición dé los equipos a que se refiere este artículo.

Artículo 6°.- El número de horas extraordinarias-año afectas a pago, fijado en los presupuestos de cada servicio público, constituye el máximo que regirá para el servicio respectivo. No quedan incluidas en dicho número las horas ordinarias que se cumplan en días sábado, domingo y festivos o en horario nocturno, pero el recargo que corresponda a éstas se incluye en los recursos que señalan para el pago de horas extraordinarias.

Sólo previa autorización del Ministerio de Hacienda, los Jefes de servicio podrán disponer la realización de trabajos extraordinarios pagados, por un número de horas que exceda del consultado en el presupuesto respectivo.

Artículo 7°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición a construcción de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habita- ofende su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

La misma prohibición regirá para las Municipalidades salvo en lo que respecta a viviendas, en zonas apartadas y localidades rurales, para profesores y personal de la salud.

Artículo 8°.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula "Por orden del Presidente de la República”, el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.

En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.

Los servicios públicos que tengan fijada en esta ley dotación máxima de vehículos motorizados, no podrán tomar en arriendo ninguna, clase de tales vehículos sin autorización previa del Ministerio de Hacienda.

Artículo 9°.- Los servicios públicos de la administración civil del Estado, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga.

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo anterior hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo de Hacienda.

Artículo 10.- Los recursos a que se refiere el artículo 38 del decreto ley N° 3.063, de 1979, que correspondan a la comuna indicada en el número 2 del artículo 46 del decreto ley N° 2.868, de 1979, en tanto no se efectúe la instalación de la Municipalidad respectiva, serán entregados por el Servicio de Tesorerías al Intendente de lá XII Región, para su utilización en el área jurisdiccional de las comunas a que se refiere dicho artículo.

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento de bienes muebles con opción de compra del bien arrendado, cuyo monto exceda el valor que determine el Ministerio de Hacienda.

Artículo 12.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 1992 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 a 1991 se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:

65% al Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Región en la cual estaba ubicado el inmueble enajenado;

10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y

25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la nación.

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 17.174 y en el decreto ley N° 2.569, de 1979.

No regirá tampoco en cuanto a las enajenaciones cuyos saldos de precios sean objeto de rebajas de intereses, condonaciones, reprogramaciones, exenciones de pago o consolidaciones, en virtud de disposiciones legales dictadas o que se dicten al efecto.

Artículo 13.- Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la presente ley la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan.

No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán la autorización previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido y alcance en la legislación que les sea aplicable.

El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaría directamente o a través de la Partida Tesoro Público, conforme a las instrucciones que imparta el Ministro de Hacienda. Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a que se encuentre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones.

Artículo 14.- Autorízase al Banco Central de Chile, para suscribir, con cargo a su disponibilidad de reserva, el aumento de la cuota que le corresponda a Chile en el Fondo Monetario Internacional hasta completar la cantidad de seiscientos veintiún millones setecientos mil Derechos Especiales de Giro, que consta en la Resolución N° 45-2, adoptada por la Junta de Gobernadores el 28 de junio de 1990.

Además, apruébase la Tercera Enmienda al Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, contenida en la Resolución N° 45-3, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo el 28 de junio de 1990.

Artículo 15.- El personal que se rige por la ley N° 18.834 que al 31 de diciembre de 1991 cumpla funciones en calidad de interino podrá conservar dicha calidad durante la vigencia de la presente ley.

Artículo 16.- Sustituyese, en el artículo 6o transitorio de la ley N° 18.834, la referencia “1° de enero de 1992” por "1° de enero de 1993”. Artículo 17.- Suspéndese, durante al año 1992, la aplicación de la letra d) del artículo 81 de la ley N° 18.834, respecto de la compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en cargos a contrata en el mismo Servicio y que no correspondan a renovaciones de nombramientos en tal calidad efectuados antes del 30 de septiembre de 1991.

Artículo 18.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1° de enero de 1992, sin perjuicio de que puedan dictarse en el mes de diciembre de 1991 los decretos a que se refieren los artículos 3o y 4o y las resoluciones indicadas en dicho artículo 4o.

Artículo 19.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución "presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 4o de esta ley.

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, y la autorización previa que prescribe el artículo 22 del decreto ley N° 3.001, de 1979, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda.”.

Me permito hacer presente a V.E., que el artículo 3o del proyecto, fue aprobado, en general y en particular, por el voto conforme de 74 señores Diputados, sobre un total de 118 en ejercicio.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): José Antonio Viera-Gallo Quesney.- Carlos Loyola Opazo.

PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO PARA 1992

El señor VALDES (Presidente).-

Conforme al acuerdo de Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de Ley de Presupuestos para 1992.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 15a, en 26 de noviembre de 1991.

Informe de Comisión:

Especial de Presupuestos, sesión 15a, en 26 de noviembre de 1991.

El señor VALDES (Presidente) -

Solicito la autorización de la Sala para que el señor Director de Presupuestos pueda participar en el debate de esta iniciativa.

Acordado.

La Mesa propone tratar el proyecto de la siguiente manera:

1) Dejar pendiente la discusión del artículo 1°, "Cálculo de Ingresos y Estimaciones de Gastos", y la del 2°, porque si se presentan indicaciones, las Partidas pueden ser afectadas, y

2) Aprobar, si no fueren objeto de indicaciones, los artículos 3° al 19, teniendo en cuenta que el 3°, por disposición del artículo 60, número 7), de la Constitución, requiere quórum calificado para su aprobación; es decir, la mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio (24). En este momento hay 33 señores Senadores presentes.

En resumen, quedarían pendientes el artículo 1° -todo lo relativo a las Partidas, expresadas en moneda nacional y en moneda extranjera- y el artículo 2°, dándose por aprobados el 3°, con el quórum pertinente, y el resto del articulado.

¿Le parece a la Sala una proposición adecuada?

El señor DIEZ.-

¡Primero terminemos de leer el articulado, señor Presidente!

El señor VALDES (Presidente).-

Tómese el tiempo que estime necesario para ello, señor Senador. No hay inconveniente.

El señor THAYER.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor THAYER.-

¿Es posible que los Senadores que no formamos parte de la Comisión Especial de Presupuestos recibamos información del señor Ministro , por lo menos respecto de algunas normas de la iniciativa? Por ejemplo, me gustaría saber qué alcance tiene el artículo 17.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , esa disposición la explicará el señor Director de Presupuestos .

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO ( Director de Presupuestos ).-

Señor Presidente , la ley Nº 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo, hace compatibles los cargos a contrata con los de planta; es decir, autoriza a los funcionarios para permanecer en una planta y simultáneamente, sin perder sus puestos en ella, estar en empleos a contrata. Esto ha permitido que ciertos Servicios tomen empleados a contrata en grados mayores, manteniéndoles el cargo de planta. Como ésa es una manera de aumentar el gasto en personal, se propone suspender dicha compatibilidad durante 1992.

El señor VALDES ( Presidente ).-

¿Está satisfecho con la explicación, Honorable señor Thayer?

El señor THAYER.-

Es muy clara, señor Presidente.

El señor DIEZ.-

¿Por qué no se suspende la sesión hasta terminar de revisar el articulado?

El señor VALDES ( Presidente ).-

Para los efectos señalados por el Senador señor Diez, se suspende la sesión por 10 minutos, sin abandonar la Sala.

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--Se suspendió a las 17:2.

--Se reanudó a las 17:34.

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El señor VALDES (Presidente).-

Continúa la sesión.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú

La señora FELIU.-

Señor Presidente , Honorable Senado:

Respecto del proyecto de Ley de Presupuestos para 1992, existen varios aspectos a los cuales deseo referirme.

Presupuestos paralelos.

En primer término, quiero abordar lo que yo llamo "presupuestos paralelos".

Al estudiar la iniciativa en su totalidad, se advierte que una de sus características es que en ella coexisten dos tipos de presupuestos. El primero está constituido por la suma de ingresos y gastos de cada capítulo contenidos en los programas 01, correspondientes al presupuesto de funcionamiento normal del órgano del Estado respectivo, el que considera, fundamentalmente, los gastos en personal y en bienes y servicios de consumo necesarios para el cumplimiento de las funciones que la ley encomienda al servicio de que se trate. Es a ese presupuesto al que la misma ley establece limitaciones a través de glosas presupuestarias, fijando la dotación, esto es, el número máximo de funcionarios con que podrá contar la institución; la cantidad de vehículos de que podrá disponer, y los recursos máximos que podrá destinar al pago de horas extraordinarias, de viáticos, y a financiar convenios de prestación de servicios personales.

El segundo presupuesto -que yo llamo "paralelo" y que también podría denominarse informal- está conformado, por una parte, por "programas adicionales" a las labores permanentes o normales que se contemplan para algunos Ministerios y servicios públicos y, por otra, por las glosas presupuestarias que, mediante transferencias, dan vida legal a verdaderos órganos de la Administración creados administrativamente -no por ley-, y a los cuales este proyecto de Ley de Presupuestos dota de recursos y de personal -generalmente a honorarios- adicionales a los de la Secretaría de Estado o servicio de que se trate. Tales programas, en general, no establecen otras limitaciones que el monto de recursos que se les asignan, restricción fácilmente obviable por la vía de la reasignación y el traspaso de recursos que la Ley de Administración Financiera del sector público permite efectuar administrativamente.

Podría argumentarse que lo anterior puede ser sólo una manera de presentar el Presupuesto, de modo de separar aquellos gastos permanentes de los que tienen carácter transitorio, por corresponder a actividades que tendrán duración limitada en el tiempo. Sin embargo, mediante ese sistema se distorsiona la realidad, al hacer aparecer a la Administración del Estado con una dotación de personal inferior a la que realmente tiene y al permitir que cumplan funciones propias de ella personas que no tienen la calidad de funcionarios públicos, las que, por ende, no están sujetas a las normas sobre deberes y responsabilidades que impone el Estatuto Administrativo a los agentes públicos y tampoco adquieren los derechos que a éstos reconoce dicho texto estatutario.

Tal situación constituye un grave riesgo para la Administración del Estado y una injusticia para las personas así contratadas, quienes se ven privadas de la carrera funcionaria, no gozan de estabilidad y no mantienen una afiliación previsional y de salud, quedando al margen de los consiguientes beneficios.

A vía de ejemplo, se puede señalar que en el presupuesto del Ministerio de Educación se consideran múltiples programas de esa naturaleza, los que, en conjunto, implican un gasto superior a 20 mil millones de pesos. Esto significa que, a través de tales programas, esa Secretaría de Estado maneja una cantidad de recursos equivalente a la asignada a su presupuesto normal, que, comparada con otros Ministerios, es de monto muy considerable. Sin embargo, las funciones que desarrolla con cargo a su presupuesto normal son las establecidas en su ley orgánica, y las acciones que emprenderá con cargo a tales programas tienen como única fuente legal la propia Ley de Presupuestos, en la que no están suficientemente explicitadas las labores de que tratan cada uno de los programas, ni la forma en que se desarrollarán, característica común a las de otros Ministerios.

Desgraciadamente, esta situación sólo se advierte al analizar el proyecto de Presupuestos en su conjunto, lo que se realiza una vez terminado el estudio particular de cada partida, y cuando ya no es oportuno presentar indicaciones que permitan revertir la situación, dado el plazo existente para despacharlo.

En todo caso, considero indispensable establecer un mecanismo que permita al Congreso Nacional contar con la información completa respecto de la inversión de los recursos que se manejan a través de estos programas y de los procedimientos utilizados para cumplir sus fines. Para tal efecto, he formulado las correspondientes indicaciones.

Saldos finales de caja.

Otro aspecto que es indispensable poner de relieve es el relativo a las verdaderas "bolsas de recursos" que abultan los presupuestos de diversos servicios, sin corresponder a gastos determinados.

Me refiero, concretamente, a los recursos considerados en el Subtítulo 90 -"saldo final de caja"- que, según el clasificador de gastos del sector público, corresponde a una estimación de los fondos que al término del año debe tener en caja la respectiva institución. No se trata de fondos destinados a financiar determinados gastos, sino que constituye una especie de superávit de cada presupuesto. Cuando ese Subtítulo es excesivo -esto es, cuando supera las cantidades necesarias para que el servicio continúe su normal funcionamiento al final del año-, no corresponde realmente a un saldo de caja y puede ser utilizado para otros fines, elevando los gastos de la institución a niveles no aprobados por el Congreso, lo que resulta jurídicamente inadmisible.

Tales saldos finales de caja, en la forma en que se han presentado en este proyecto de ley de Presupuestos, constituyen verdaderas "cajas negras" de recursos públicos. Por ejemplo, en la Partida 07, correspondiente al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el saldo final de caja asciende a casi dos mil millones de pesos, cifra que, indudablemente, constituye un exceso.

Para evitar que estos fondos se destinen a financiar gastos no aprobados en la ley, he presentado indicación para reducir aquellos saldos finales de caja que no correspondan estrictamente a las necesidades de cada Ministerio, efecto para el cual debe disminuirse, en igual monto, el aporte fiscal o la transferencia respectiva, efectuándose, además, los ajustes que correspondan en la Partida Tesoro Público.

Austeridad en el gasto público.

Para resguardar el adecuado uso de los recursos del Estado, considero indispensable, además, abordar el tema de los gastos en publicidad en que están incurriendo algunos de sus órganos.

Basta leer los diarios y revistas que se editan en el país, o ver televisión, para advertir que diversos servicios y empresas públicas están efectuando gastos en publicidad que no tienen justificación alguna, lo que implica malgastar o derrochar dineros fiscales.

Tiempo atrás, el actual Senador don Andrés Zaldívar Larraín y el ahora Ministro de Relaciones Exteriores don Enrique Silva Cimma hicieron presente su parecer sobre la materia a la Contraloría General de la República en términos que comparto plenamente y que, básicamente, están contenidos en la indicación que yo presentara en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos en conjunto con el Senador señor Sergio Romero , la que, desafortunadamente, no fue aprobada.

En efecto, dicha indicación tiene por objeto evitar que se malgasten los recursos públicos, limitándose los gastos de publicidad y difusión en que pueden incurrir los órganos del Estado sólo a los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y a los que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que se otorgan.

Por lo anterior, pido al Honorable Senado aprobar la indicación en esta oportunidad.

El señor ZALDÍVAR .-

¿Me permite una interrupción, señora Senadora , con el fin de precisar una información que Su Señoría proporcionó?

La señora FELIU.-

Con la venia de la Mesa, con todo gusto, Honorable colega.

El señor ZALDÍVAR .-

Señor Presidente , no me referiré al discurso de la señora Senadora , sino sólo a una mención que hizo referida específicamente a una proposición que hace algún tiempo formulamos con el actual Ministro de Relaciones Exteriores don Enrique Silva Cimma a la Contraloría General de la República por abusos en los gastos de publicidad. Fue con motivo de la campaña del "No". Y reclamamos, porque el Gobierno de turno abusó del gasto público en una forma jamás vista. En ese entonces, no existía un Parlamento en el cual pudiéramos hacer ese tipo de denuncia, razón por la cual recurrimos a la Contraloría y le entregamos los antecedentes respectivos.

Sólo deseaba dejar constancia de la oportunidad del reclamo y por qué se hizo.

Muchas gracias, señora Senadora.

La señora FELIU.-

Con relación a esa materia, quiero sí recordar que, en esa oportunidad, el señor Zaldívar y el actual Ministro de Relaciones Exteriores hicieron muchas precisiones respecto de los gastos de publicidad en que puede incurrir el Estado, las cuales -reitero- comparto plenamente.

Observaciones con relación a presupuestos de algunos servicios:

1. Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Entre los presupuestos que me correspondió analizar en la Subcomisión de que formé parte, figuran el de la Subsecretaría del Trabajo y el de la Dirección del Trabajo, a los que estimo necesario formular algunas observaciones puntuales que dieron origen a indicaciones que oportunamente presenté.

En lo que atañe a la Subsecretaría, no puedo dejar de observar que me parece altamente inconveniente aumentar el número de vehículos de que dispondrá, considerando que las razones aducidas para ello en el seno de la Subcomisión no resultan de manera alguna atendibles.

Con relación a la Dirección del Trabajo, es también mi deber llamar la atención en cuanto a que el incremento de dotación propuesto no se halla debidamente justificado, pues las labores que -según lo informado- cumplirá el nuevo personal -ascendente a 115 funcionarios (cantidad importante con respecto a su planta total), no incidirán en una mayor eficiencia del servicio, ya que, para mejorar su funcionamiento, a mi juicio se requiere modernizar los procedimientos y no aumentar la dotación. Lo anterior fue largamente conversado con el señor Director de la entidad.

2. Servicio Nacional de la Mujer.

El presupuesto de este organismo contempla, asimismo, un programa adicional -de aquellos a que me referí con antelación-, denominado "Programas Especiales para Convenios", el cual -conforme a lo informado- se financiará con donaciones.

Sin embargo, señor Presidente , el problema aquí es más grave: para el SERNAM, dicho programa implica llevar a cabo acciones que se hallan fuera de la esfera de su competencia, toda vez que se pretende establecer centros de información a la mujer a lo largo del país, función que su ley orgánica no le encomienda cumplir y que, por tanto, no puede ser desarrollada directamente por dicho servicio. Cuando en ambas Cámaras se debatió la ley orgánica del SERNAM se llegó al acuerdo de que no ejecutaría acciones directas.

Defensa del Estado

Referente a esta materia, señor Presidente , quiero dejar constancia de que, no obstante haber transcurrido ya un año desde que hice presente por primera vez el grave problema que significan para el Fisco los juicios que en demanda de beneficios previsionales han iniciado en su contra miles de imponentes del Instituto de Normalización Previsional, de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros, el proyecto de Ley de Presupuestos en trámite, no contempla recurso especial alguno para financiar su defensa, ni en los presupuestos de esas instituciones de previsión ni en el del Consejo de Defensa del Estado.

La Subcomisión que estudió los presupuestos de los Ministerios del Trabajo y de Justicia acordó, por unanimidad de sus miembros, dejar establecido que el Estado, en dichos juicios, debe ser defendido con la mayor rapidez por el Consejo de Defensa, al que se debe dotar de los recursos correspondientes.

Creo, señor Presidente, que este problema es de extrema gravedad, pues implica que el Gobierno no ha tomado conciencia del punto crítico a que ha llegado esa situación.

He dicho.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Continúa con el uso de la palabra la Honorable señora Feliú .

El señor VALDES ( Presidente ).-

Quiero hacer presente a la Sala que la sugerencia formulada por la Mesa consistía en tratar primero los artículos 3° al 19 complementarios y dejar pendientes las disposiciones signadas con los números 1° y 2°.

Si no hubiera observaciones, se procedería a dar por aprobados los artículos que no han sido objeto de indicaciones.

Acordado.

--Se aprueba el artículo 3°, por no haber sido objeto de indicaciones, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento positivo 33 señores Senadores.

Asimismo, por unanimidad, se aprueban los artículos 4°, 5° y 6°, por no haber sido objeto de indicaciones.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Los Senadores señores Romero , Diez y Piñera formularon indicación para suprimir el inciso segundo del artículo 7°.

El señor Prosecretario dará lectura a la disposición.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

"Artículo 7°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición o construcción de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial , del Ministerio de Defensa Nacional y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

"La misma prohibición regirá para las Municipalidades salvo en lo que respecta a viviendas, en zonas apartadas y localidades rurales, para profesores y personal de la salud.".

El señor VALDES (Presidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor DIEZ.-

Pido la palabra.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Diez.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente , el objetivo de la indicación es claro y se entiende por sí mismo: eliminar a las municipalidades de la restricción aplicada a los órganos y servicios públicos para la adquisición o construcción de edificios a fin de destinarlos exclusivamente a casas habitación de su personal.

Su presentación obedece a dos razones. Primero, creemos que la autonomía que la Constitución otorga a las municipalidades determina que deban regirse por normas distintas de las de los servicios públicos, sobre todo cuando la autonomía financiera está señalada específicamente en la Carta Fundamental, la que, además, dispone que las atribuciones y funciones de las municipalidades se precisarán en la ley orgánica constitucional respectiva. Por consiguiente si se pretende limitar la autonomía financiera municipal, no es éste el texto adecuado -una normativa cuya aplicación rige por un año-, sino la ley orgánica respectiva. Y cuando analicemos la inversión de los fondos municipales, habrá que distinguir una serie de categorías de municipios en el país, porque, por ejemplo, los hay pequeños que, para tener los funcionarios que requieren, distintos de los del sector salud o de los del magisterio, deberán construir viviendas, quizás, para un jefe de planificación o para un jefe de obras públicas. Pero, en el fondo, debe ser materia de la Ley Orgánica de Municipalidades y no de la Ley de Presupuestos.

En consecuencia, velando por el cumplimiento de la reforma constitucional recién promulgada, la cual no estaba en vigencia cuando el Gobierno presentó el proyecto de Ley de Presupuestos, este inciso debe ser eliminado e incorporarse en el proyecto de Ley Orgánica de Municipalidades cuyo estudio está pendiente en la Cámara de Diputados y que seguramente la próxima semana será conocido por el Senado.

He dicho.

El señor LAVANDERO.-

Pido la palabra.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , no quiero entrar al fondo de esta materia. Sin embargo, debo señalar que el Ministerio de la Vivienda tiene programas especiales para los funcionarios y que incluso, muchos de ellos, con requisitos especiales, se "escapan", dada la urgencia de contar con casas. En la Novena Región, por ejemplo, hay numerosos casos en que no se han ocupado todos los cupos disponibles en los programas de construcción de dicha Cartera.

Sin embargo, señor Presidente -aparte referirme someramente a esta indicación-, quiero solicitar a la Mesa que tenga a bien distribuir una fotocopia de las indicaciones presentadas, para así estudiarlas con prontitud y hacernos cargo de ellas.

Rogaría arbitrar las medidas necesarias en ese sentido; incluso, para hacerlas llegar a los señores Ministro de Hacienda y Director de Presupuestos, quienes toman conocimiento de ellas sólo en el momento en que son formuladas.

He dicho.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Para acceder a su solicitud, señor Senador, debemos disponer de un tiempo prudencial. Mientras se procede a ello, sugiero proseguir el debate.

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , mi intervención sólo tiene por objeto señalar que la indicación en debate fue analizada en la Comisión Especial y fundamentada con los mismos argumentos sostenidos aquí por el Senador señor Diez.

Quiero hacer dos salvedades. Primero, que la restricción alude solamente a los fondos que por la Ley de Presupuestos se asignan a las municipalidades, las que, por tanto, mantienen su absoluta autonomía para usar los ingresos provenientes de las rentas municipales, que son fondos propios.

El señor DIEZ.-

No dice así.

El señor GAZMURI .-

Y, segundo, la excepción contemplada en la norma, que autoriza a las municipalidades para construir viviendas destinadas a sectores con situaciones más conflictivas, como son las de los profesores y del personal de la salud, no puede utilizarse como argumento para sostener que se está dañando la autonomía municipal, pues, a nuestro juicio, sólo se trata de fondos que la Ley de Presupuestos les entrega. Es la única interpretación posible, "porque es un inciso contemplado en esta normativa legal.

He dicho.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , la argumentación del Senador señor Diez me parece jurídicamente procedente en la lógica de que la Ley Orgánica de Municipalidades respectiva entre nuevamente en vigencia. Porque hay una discusión acerca del tema. Acabamos de aprobar una reforma constitucional que cambió el régimen municipal. Antes, los municipios no estaban dotados de la autonomía constitucional que recientemente acordamos. Es un hecho de la causa. Durante todo el período anterior a la entrada en vigencia de aquélla, las municipalidades se asimilaban a servicios públicos con dependencia directa del Ejecutivo , con un control muy indirecto, incluso con alcaldes designados a través de un procedimiento distinto.

Dado el hecho de que hoy la autonomía adquiere categoría constitucional, creo que sería procedente que el tema se aborde en la Ley Orgánica Municipal correspondiente; sin embargo, como ésta recién comienza a debatirse en la Cámara de Diputados, podría producirse también la siguiente situación jurídica, la cual no creo que sea la intención del planteamiento del Senador señor Diez. En el Presupuesto de la Nación vigente para 1991 se consigna -según información que he recogido- la misma prohibición. Si nosotros la anulamos, y no figura en ninguna otra norma legal -pues la Ley Orgánica Municipal vigente no la consagra-, las municipalidades podrían destinar recursos entregados por la vía presupuestaria para la construcción de viviendas para todo tipo de personal y no exclusivamente al de la salud y profesorado.

Desde ese punto de vista, señor Presidente , creo lógica la argumentación para incorporar la disposición en la nueva Ley Orgánica de Municipalidades que entra recién a discutirse, pero no es procedente suprimirla ahora -conforme a la intención de los señores Senadores que presentaron la indicación-, porque se produciría un efecto distinto del que persiguen, que no es sino mantener el debido equilibrio entre la norma constitucional de autonomía y el texto que fija las atribuciones de los municipios. Pero si se aprobara esta indicación nos quedaríamos sin prohibición. Y no me parece que sea ése, precisamente, su espíritu.

Por ello, dada la situación en que nos encontramos, creo que es mucho más procedente mantener la prohibición, a sabiendas de que, para atenernos a la lógica jurídica a la cual me he referido, en el proyecto de la ley orgánica constitucional que nos corresponderá discutir próximamente debería establecerse la modalidad con la que queremos enfocar este procedimiento.

El señor DIEZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente , aquí hay envuelto un problema jurídico.

Las constituciones rigen "in actum", v tienen preferencia sobre la legislación. Nuestra Carta nos dice que hoy la comuna es autónoma y que tiene independencia financiera. Preceptúa igualmente que las atribuciones y funciones municipales serán fijadas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. De manera que si establecemos normas de administración y de inversión financiera municipal en una ley distinta de aquélla, estaríamos, en mi opinión, violentando la letra de la Constitución. Además, es difícil que se produzca el problema del tiempo, porque la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades va a estar promulgada (debiera estarlo) en los primeros días de enero, de manera que las comunas seguramente no van a recibir los aportes fiscales con anterioridad a su dictación.

Por lo demás, en relación al argumento de que éstos son fondos que asigna el Presupuesto, hay que tomar en cuenta el hecho de que la composición de los recursos propios de la administración comunal incluye los de la ley presupuestaria, y que a su respecto también debe respetarse la autonomía de los municipios, garantizada por la Constitución Política del Estado.

Por lo tanto, creo que el artículo en cuestión (que no tiene incidencia práctica, porque existirá una ley orgánica constitucional en la materia) contribuye a violentar el principio de la autonomía municipal; es un mal precedente cuando recién se ha promulgado la reforma constitucional, y, a mi juicio, puede constituir una tendencia a pasar por sobre la independencia y la creación de organismos comunales y regionales, tan duramente conseguida a través de disposiciones de esta naturaleza.

Por eso formulé indicación para suprimir el inciso.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , haré una observación más bien gramatical, que se dirige particularmente al Senador señor Diez, quien presentó la indicación, y quizás al Senador señor Hormazábal , que la comentó.

Me preocupa la redacción de la norma. Primero lo más simple: en el segundo inciso, el trágico problema de la coma. Tal como está redactado, se lee así: "La misma prohibición regirá para las Municipalidades salvo en lo que respecta a viviendas, en zonas apartadas y localidades rurales, para profesores y personal de la salud". Son prohibiciones distintas. Si queremos que esto se refiera exclusivamente a las municipalidades en relación a estos temas, habría -pienso- que colocar una coma después de la palabra "Municipalidades".

En segundo lugar, suprimido el segundo inciso, me sigue preocupando el hecho de que la prohibición del primero se refiera a "los órganos y servicios públicos", excluyendo específicamente al Poder Judicial , al Ministerio de Defensa Nacional y al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Si no especificamos bien, ¿podría entenderse que esto afectará de suyo la prohibición amplia a las municipalidades?

Por eso me interesa que esta disposición se aclare: si el segundo inciso permanece, creo que debiera ir una coma después de "Municipalidades"; y si se suprime, habría que puntualizar que la prohibición del primero no afecta a los municipios.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIU.-

Señor Presidente , sin perjuicio de las razones dadas por el Senador señor Diez, quiero hacer presente que las municipalidades no están comprendidas en la Ley de Presupuestos. No se incluyen en ella. Por eso, y en relación a lo que ha dicho el Honorable señor Thayer , cabe indicar que no podría entenderse, por el hecho de que se suprima el inciso segundo, que las municipalidades caen dentro de la prohibición, porque sus ingresos y gastos no están contenidos en la Ley de Presupuestos de la Nación. En cambio, los del Poder Judicial sí lo están. Eso corrobora, además, desde el punto de vista de técnica legislativa, no incluir una prohibición para aquéllas.

Se ha planteado la duda acerca de si las municipalidades podrían efectuar los gastos indicados en la norma de que se trata. La verdad es que esas entidades aprueban sus presupuestos y están en condiciones de realizar tales gastos, o cualesquiera otros, que alguien podría estimar, a lo mejor, inconvenientes. Es cierto que sus recursos son muy limitados y su ley orgánica, muy estricta en cuanto a los fines en que pueden emplearlos, por lo que creo que con la ley vigente ese peligro tampoco existe.

He dicho.

El señor THAYER.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , como lo expresó muy bien la Honorable señora Feliú , si la Ley de Presupuestos no se refiere a las municipalidades, el segundo inciso no tiene razón de ser. Lo que induce a error es precisamente que haya una norma específica respecto de las municipalidades. Por eso, si no se hubiera hecho la aclaración, habría quedado una situación dudosa en la historia de la ley.

Me satisface la explicación, señor Presidente , y me convence definitivamente de que el segundo inciso está de más.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO ( Director de Presupuestos ).-

Señor Presidente , entre las normas de este proyecto está la que nos ocupa, relativa a algunas instituciones a las cuales no se refiere directamente el Presupuesto, las que se rigen por el decreto ley Nº 1.263 -Ley de Administración Financiera-, el que afecta a las municipalidades. Hay artículos relativos también a otras entidades, aparte los servicios que directamente se financian con el presente Presupuesto. Es cierto que éste no incluye a las municipalidades, pero contiene normas de carácter más general para todos los organismos públicos.

Un tema aparte, distinto, es el que se ha estado debatiendo respecto de la reforma constitucional. Estimamos que existiría un vacío mientras no se despachara la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y que, por lo tanto, convenía plantear el precepto en cuestión -hoy vigente-, y mantenerlo mientras no hubiera ley orgánica, para controlar las inversiones que pudieran hacer las municipalidades, máxime si están recibiendo recursos del Fisco a través de la partida del Ministerio del Interior, como se analizó previamente.

Por consiguiente, en primer lugar, creo que el hecho de que este Presupuesto no se refiera a las municipalidades no nos limita para incluir normas relativas a ellas, o a empresas públicas, como ocurre en otros artículos.

Y, en segundo término, en esta materia podrá legislarse en detalle al discutir el proyecto de Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; pero mientras eso no ocurra parece conveniente contar con una norma como la que aquí se ha presentado.

Gracias, señor Presidente.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Se ha propuesto una indicación para suprimir el segundo inciso del artículo 7°. Como no hay acuerdo unánime para aprobarla, se procederá a votar.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Se pone en votación la indicación para suprimir el inciso segundo del artículo 7° del proyecto.

El señor VALDES (Presidente).-

En votación.

--Se aprueba la indicación (18 votos contra 16, una abstención y 3 pareos).

--Se aprueban los artículos 8° a 19, ambos inclusive, por no haber sido objeto de indicaciones.

El señor VALDES (Presidente).-

En espera de las copias de las indicaciones presentadas, se suspende la sesión.

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--Se suspendió a las 18:16.

--Se reanudó la sesión a las 18:57.

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El señor VALDES (Presidente).-

Continúa la sesión.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Los Honorables señora Feliú y señores Romero , Diez y Piñera han formulado indicación para agregar un artículo nuevo, en el título II "DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS", que es del siguiente tenor:

"No obstante lo señalado en el artículo 26 del D.L. 1.263, el monto global de gastos señalados en el artículo 1° de esta ley no podrá ser superior a 3.070.277 millones de pesos en moneda nacional y 1.133.746 miles de dólares en moneda extranjera convertida a dólares, salvo autorización legal expresa.".

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , en verdad, en términos genéricos y en forma extraordinariamente breve, nosotros tenemos cuatro grandes objeciones a este presupuesto. Y nos parece que, definitivamente, es una responsabilidad del Senado hacer presente en este debate sus observaciones y no dar al proceso de discusión y aprobación de la Ley de Presupuestos un carácter de mero trámite.

Por eso, señor Presidente, en forma breve me referiré a la indicación.

Nosotros hemos formulado una indicación que se relaciona con el problema de la austeridad que debe tener necesariamente el gasto público.

Sabemos muy bien que en este presupuesto el ahorro del sector público disminuye significativamente y por primera vez en muchos años se incorpora en nuestro presupuesto un déficit consolidado. Por esa razón, nos preocupa enormemente el crecimiento en el nivel de gastos del Gobierno sin discutir, naturalmente, que las prioridades de este presupuesto -como lo dijimos en su oportunidad, al enfatizar lo que es gasto social y lo que es gasto de inversión- nos parecen adecuadas.

Sin embargo, vemos que muchas veces lo que se establece en la Ley de Presupuestos no es realmente lo que en definitiva se ejecuta. Esa experiencia ya se tuvo con la normativa del año anterior. Por ello, señor Presidente , el señor Ministro de Hacienda en su exposición planteó que el crecimiento del gasto corriente de este presupuesto no excedería del 3,5 por ciento. Y queremos que estas palabras no sólo signifiquen una afirmación en el Parlamento, sino que se transformen en una realidad.

Por tal motivo, hemos presentado una indicación que apunta precisamente a que ese compromiso que dicho Secretario de Estado adquirió en el Congreso cuando presentó la Ley de Presupuestos sea una condición claramente establecida en el texto de la ley. Esto nos parece de gran importancia, porque el aumento del gasto de este nuevo ejercicio financiero supera con creces ese 3,5 por ciento. Y muchos de estos gastos, a nuestro juicio, nos parecen innecesarios. Solamente a modo de ejemplo cabe destacar que los viáticos de los Ministerios suben de 1.800 a 2.700 millones, con un crecimiento real de más del 30 por ciento; los gastos de honorarios aumentan de 2.100 a 4.096 millones, con un crecimiento del 69 por ciento; en el Ministerio del Interior hay un incremento de los gastos de la Secretaría de Administración General de más del 33 por ciento; las horas extraordinarias de la Subsecretaría de Educación aumentan un 170 por ciento; los saldos finales de caja suman aproximadamente 60 mil millones de pesos.

¿Qué ocurre, entonces? En realidad, el nivel de gastos contemplado en este presupuesto, a nuestro juicio, ya significa un incremento superior a lo planteado por el señor Ministro . Pero, adicionalmente a ese crecimiento del orden del 6,8 por ciento, el gasto podría verse aumentado por distintas razones. En primer lugar, porque hay saldos finales de caja que ascienden a alrededor de 168 millones de dólares, y de acuerdo a la legislación actual, mediante decreto del Ministerio, sin requerir el consentimiento del Congreso, esa cifra podría ser asignada a diferentes partidas. En segundo lugar, porque creemos que hay una subestimación de ingresos en el presupuesto. Al igual como en el pasado, cuando planteamos que había una subestimación del orden de los 200 millones de dólares, lo mismo afirmamos hoy día; pero con una diferencia. El tiempo nos dio la razón: los ingresos que se calcularon para el año anterior fueron de 2.460 millones de dólares y los ingresos efectivos estimados para 1991 son 2.660 millones de dólares. Es decir, se produce una diferencia de cerca de 200 millones.

Señor Presidente , si se repite esta sitúación, el Gobierno sin requerir la voluntad del Poder Legislativo, podría utilizar esos ingresos en mayores gastos.

En síntesis, lo que estamos buscando es algo muy simple: que lo que el señor Ministro de Hacienda afirmó como una meta -la cual a nosotros nos pareció muy apropiada y la apoyamos resueltamente, en el sentido de moderar el crecimiento del gasto corriente de este presupuesto para privilegiar los gastos en materia social y de inversión- no sólo sea una declaración, sino algo consignado en la ley. Ese es el objetivo de la indicación que estamos presentando.

Por otra parte, señor Presidente, quisiéramos mencionar también en forma muy breve tres puntos que nos parecen medulares.

En primer lugar, me refiero al tema del esfuerzo de descentralización y de regionalización. En la discusión de las leyes orgánicas constitucionales se adquirió el compromiso de que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional se incrementaría en 25 por ciento más que la inversión pública. Hemos estado discutiendo con el señor Director de Presupuestos cómo cuantificar la inversión pública. Y en verdad tenemos distintas formas de definirla. Hay un documento de la entidad pertinente en donde se establece que la inversión pública crece en 15 por ciento en este presupuesto. Eso tiene que traer aparejado un crecimiento mayor en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Pero, en nuestra opinión, lejos de que se produzca ese incremento, dicho Fondo se estanca absolutamente, y tal vez pueda disminuir.

Queríamos hacer mención a tal punto, que constituye una aspiración compartida por la inmensa mayoría de los chilenos, en el sentido de descentralizar y desconcentrar el aparato público.

En segundo lugar, en materia de gasto social indudablemente que aplaudimos el incremento de él; pero nos preocupa sobremanera que una parte importante del gasto social no se esté transformando en beneficios que vayan directamente a la gente que se pretende favorecer, sino que mucho de él se está quedando en la Administración del Estado. Algunos podrán calificarla de burocracia y otros, de necesaria. Sin embargo, si analizamos varios casos, podemos ver que parte considerable del gasto social no se traduce en mayores pensiones, en más viviendas, en más asignaciones a las escuelas de menor calidad, sino que aquél retenido en los Ministerios.

Hemos puesto el ejemplo de un programa que me parece extraordinariamente positivo: el de mejoramiento de la equidad y calidad de la educación, al cual en este presupuesto se le asignan más de 15 mil millones de pesos. Pero una suma muy significativa de ese presupuesto -podremos discutir si es el 28 por ciento, como lo establece un documento del Ministerio de Educación, o si es el 41 por ciento, conforme a nuestros cálculos; es un problema de definiciones-, que se acerca a un tercio de esos fondos, se está quedando retenida en lo que es la administración central de los programas y no llega al objetivo final: otorgar mayores recursos a las escuelas que realmente requieren un incremento en calidad y equidad de la educación.

Estos ejemplos, señor Presidente , podríamos continuarlos en muchas otras esferas del sector público. Anteriormente mencioné algunos casos en materias muy ilustrativas, como son viáticos, gastos de honorarios y asuntos de esa naturaleza.

Finalmente, otra observación que nosotros deseamos hacer al presupuesto dice relación a la forma misma en que se discute y se ejecuta el presupuesto. Ahora estamos debatiendo el correspondiente a 1992; sin embargo, todavía no conocemos cuál es la ejecución del presupuesto de 1991, porque los datos de la Contraloría abarcan solamente el primer semestre de este año, y los antecedentes del presupuesto estimado no nos han sido proporcionados.

Por lo tanto, el mecanismo de discusión del presupuesto nos obliga llevarlo a cabo sin la necesaria información, que solamente se puede lograr si en el transcurso del año tenemos una continuidad entre el trabajo del Ejecutivo y el del Congreso en materia de seguimiento de la ejecución presupuestaria.

El artículo 26 de la Ley de Administración Financiera del Estado faculta al Ejecutivo para trasladar fondos entre Partidas. Y como una de ellas es el Tesoro Público, puede mover fondos de un Ministerio a una Partida, y viceversa. En consecuencia, gran parte de lo que nosotros aprobamos en el Presupuesto puede ser alterado posteriormente por la voluntad unilateral del Ejecutivo. De manera que nuestra última observación de carácter global es que el sistema de discusión de este proyecto, a mi juicio, tiene que ser revisado en profundidad. Lo dijimos ya el año pasado.

Ahora bien, con respecto a la norma de interpretación que ha estado en debate, quisiera decir que si uno analiza los dos casos extremos -si prima el criterio del Ejecutivo , en caso de que no haya acuerdo entre ambas Corporaciones; o bien el de la Cámara que estableció el gasto menor-, ninguna de las dos posiciones me satisface íntegramente, por la siguiente razón: si la voluntad del Ejecutivo es que para un gasto sea 100, la de una Cámara 100 y la de la otra 1, no me parece que el criterio del conjunto de las partes que intervienen en la discusión tenga que ser interpretado como 1. Estamos yéndonos a un extremo. Pero, por otra parte, si la voluntad del Ejecutivo es 100, la de una Cámara 80 y la de la otra 79, estimo que tampoco es apropiado que en el presupuesto quede finalmente el criterio inicial del Ejecutivo. Porque, en ese caso, realmente el papel del Congreso sería bastante poco significativo.

Esas son las dos interpretaciones que están en el tapete. Entiendo que una corresponde a la Comisión de Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, la cual fue también debatida en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado; y la otra es la del Gobierno.

En síntesis, señor Presidente , creo que esta materia no nos debe conducir a una discusión estéril entre dos posiciones extremas, sino que debiera llevarnos a lo que precisamente la razón indica. Si la interpretación es una u otra, en ambos casos una de las partes quedaría prácticamente con exceso de poder en materia presupuestaria y la otra con un déficit de atribuciones. Hay que revisar este tema, lo cual requiere tiempo; lo planteamos el año pasado en esta misma Sala, pero nada se hizo durante el año.

Por eso, en lo que se refiere a la indicación propiamente tal, para poder fijar un nivel de gasto a futuro -y me quiero anticipar a este punto-, indudablemente que se debe considerar el presupuesto estimado de 1991, y que aprobó el Congreso, más todos los incrementos que por leyes el Parlamento también aprobó, más todos los aumentos que fueron determinados por el Ejecutivo , sin que el Congreso haya tenido intervención. Por ejemplo, en lo referente a las asignaciones de saldos de caja o aquellas que se pueden generar cuando se vuelven a considerar los ingresos fiscales, produciéndose un incremento.

Nuestro objetivo es simple: tenemos aquí un presupuesto estimado para 1991.

Por lo tanto, hay dos estimaciones: la del Gobierno y la que nosotros tenemos a su respecto.

Sobre la base de esa estimación -que puede naturalmente estar equivocada y estamos dispuestos a discutir-, hemos calculado una inflación que coincide con la planteada por el Gobierno para fijar el nivel de gastos para 1992, el cual incrementamos en el 3,5 por ciento citado por el señor Ministro de Hacienda.

Aquí -sin duda- pueden producirse problemas con las estimaciones, tanto de la inflación, como...

El señor GAZMURI .-

Esa estimación surge del conjunto de proposiciones hechas por Su Señoría, sobre la base de que en el artículo 1° se hace una proyección de gastos de 3.400.000 millones de pesos. O sea, se propone una rebaja del nivel de gastos propuesto en el artículo 1° del proyecto de Ley de Presupuestos.

A mi juicio, aquí se presenta un problema de procedimiento, junto con la discusión del fondo del asunto. La indicación pretende rebajar el nivel de gastos contemplado en la iniciativa, el que fue largamente discutido en su detalle en la Comisión Especial de Presupuestos, junto con las observaciones que allí se plantearon y que posteriormente debatió la Cámara de Diputados.

Entonces, la cuestión que no entiendo es ésta: ¿cómo vamos a aprobar, como artículo nuevo, una cifra de gasto -que según la indicación es un gasto tope-, antes de haber analizado la proposición de ingresos y gastos de los artículos 1° y 2°?

En ese sentido, existe en lo propuesto por el Senador señor Piñera un asunto que no alcanzo a comprender.

Quiero, además, muy brevemente, aprovechar esta oportunidad para señalar que sabemos que en los otros temas relativos a la descentralización y la regionalización, hay compromisos políticos en torno de lo que fue la discusión del proyecto de reforma constitucional.

Por lo menos, en estas bancadas reconocemos que tales compromisos están básicamente cumplidos con la presentación hecha y con el debate realizado en la Comisión Especial. Se aumenta el Fondo Nacional de Desarrollo Regional en 16,7 por ciento, y se incrementan incluso algunos programas ejecución regional. Por lo tanto, pensamos que el acuerdo político logrado entre las bancadas presentes en el Parlamento, respecto del aumento de dicho Fondo y los programas de ejecución determinados por los gobiernos regionales, se ha cumplido con esta presentación presupuestaria.

Por último, en cuanto al problema de la presentación y la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, nosotros compartimos algunas de las observaciones formuladas en la Comisión, en el sentido de establecer mecanismos que mejoren a futuro ese procedimiento.

El señor PIÑERA.-

Con todo gusto, señor Senador. Pero antes deseo referirme a otro punto.

Señor Presidente , nosotros estamos planteando algo mucho más simple: que cuando el señor Ministro de Hacienda declara en el Congreso Nacional que el gasto corriente crecerá entre 2 y 3 por ciento, es conveniente que ese porcentaje se traduzca en números. Y ocurre que, efectivamente, en este Presupuesto, si tomamos en cuenta los gastos totales netos -porque hay un problema de transferencia- llegamos a los 3.175.000 millones de pesos, que, a nuestro juicio, resultan superiores al monto máximo contemplado en el incremento dado a conocer por el señor Ministro .

Adicionalmente -y con esto quiero terminar-, podríamos aumentar esas cifras. Pero nosotros apuntamos a otro objetivo también muy central. Nos parece, señor Presidente , que los ingresos están subestimados y queremos que cuando se consolide o se compruebe esa afirmación -y los ingresos efectivos sean mayores a los estimados-, no se produzcan mayores gastos, sino que se traduzcan en ahorro fiscal para contribuir a dos cosas: suprimir el déficit presupuestario y aumentar el ahorro fiscal. A nuestro juicio, ésa es una condición sine qua non para los sanos equilibrios macroeconómicos y para fomentar la inversión y el empleo en el país.

El señor GAZMURI .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor PIÑERA.-

Por supuesto, con la venia de la Mesa.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.

El señor GAZMURI .-

Muchas gracias, señor Presidente .

No se encuentra entre las indicaciones entregadas lo relativo al nivel máximo de gastos. La proposición señala 3 billones de pesos.

El señor PIÑERA.-

¡Correcto!

El señor PIÑERA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES ( Presidente ).-

Continúa con el uso de la palabra Su Señoría.

El señor ZALDIVAR .-

¿Puede aclararme un asunto, Honorable señor Piñera?

El señor ZALDIVAR.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Deseo comentar las observaciones del Honorable señor Piñera .

Respecto del tema del gasto, aquí hay dos asuntos diferentes que no deben confundirse. El primero es que el Gobierno ha presentado un proyecto de Ley de Presupuestos con un límite de gastos muy preciso. La cifra es 3.175.000 millones de pesos. Ese constituye el nivel de gastos que el Gobierno estima correcto, y que se halla adecuadamente financiado. Además, representa el compromiso que se toma respecto del gasto.

Ahora bien, como ocurre habitualmente, en el momento en que se presenta la iniciativa presupuestaria, cualquier Ministro de Hacienda tiene la responsabilidad y la obligación de realizar en el Parlamento un análisis de la situación macroeconómica, tal como ella se visualiza para el año siguiente. Y, en ese sentido, se entrega una visión de cómo juegan entre sí las distintas variables macroeconómicas.

En ese contexto, he señalado que el aumento del gasto es del orden del 3,2 por ciento, respecto de lo que se estima el nivel efectivo del mismo para 1991.

Perfectamente podemos discrepar del señor Senador , en cuanto al nivel efectivo de gasto para este año. Creemos tener una apreciación relativamente exacta de ese nivel y, por lo tanto, correspondería aplicar exactamente lo que mencionaba el Honorable señor Gazmuri , en el sentido de que si hay una indicación de un nivel de gastos correspondiente a 3.070.000 millones de pesos -cifra 100 mil millones de pesos inferior a la presentada por el Ejecutivo - el Honorable señor Piñera debería indicarnos dónde quiere hacer esa rebaja de gastos, porque ella no está especificada en la indicación.

Respecto de los otros temas...

El señor LAVANDERO .-

¿Me concede una interrupción, señor Ministro ?

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Si Su Señoría desea hacer algún comentario, no tengo inconveniente en concedérsela.

El señor LAVANDERO .-

Gracias, señor Ministro .

Señor Presidente , aquí hay un problema de inconstitucionalidad de la indicación.

Y, si me permite el señor Foxley , deseo señalar que, en lo tocante a lo expresado por el Honorable señor Piñera , respecto de la existencia de un problema de estimación, porque el Gobierno está subestimando los ingresos, el artículo 64 de la Constitución Política establece: "El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos". El inciso tercero agrega: "La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley, corresponderá exclusivamente al Presidente ,...".

De manera que la indicación del señor Senador es completamente inconstitucional.

El señor PIÑERA .-

¿Me permite una interrupción, Honorable Colega?

El señor LAVANDERO .-

Por otra parte, señor Presidente , quisiera señalar que aquí hay una anomalía bastante grande: primeramente se han presentado indicaciones para modificar indicaciones pedidas al Ejecutivo por la unanimidad de los Parlamentarios que integraron la Comisión Especial de Presupuestos.

En segundo lugar, hay indicaciones declaradas improcedentes en las Subcomisiones y en la Comisión Especial mencionada.

Y, en tercer término, se han formulado indicaciones nuevas con incidencia en el aparato financiero, por lo que, constitucionalmente, exigirían el trámite de la Comisión de Hacienda. Sin él no podrían ser tratadas. Y como para estos efectos la Comisión de Hacienda equivale a la Comisión Especial de Presupuestos, tampoco podrían ser debatidas acá sin ser estudiadas previamente por esta última.

Si se estimase lo contrario, en verdad no tendría sentido alguno la existencia -en la Constitución, en la Ley Orgánica del Congreso Nacional y en el Reglamento- de la Comisión Especial de Presupuestos. Si vamos a considerar en la Sala indicaciones nuevas, creo que valdría la pena introducir una reforma constitucional para suprimir la Comisión Especial de Presupuestos. Ello no es posible ahora, de tal manera que es improcedente presentar indicaciones que no hayan sido conocidas, en este caso, por la Comisión Especial mencionada.

El señor PIÑERA.-

¿Me permite una interrupción, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).-

Tenía la palabra el señor Ministro.

El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-

Con mucho gusto se la concedo, señor Senador.

El señor PIÑERA.-

Gracias, señor Ministro .

La primera de las cosas a que se ha referido el Honorable señor Lavandero tiene que ver con la indicación en debate; y, la segunda, con otras indicaciones que califica como improcedentes o nuevas. Ese es un tema que discutiremos después.

Sin embargo, el aspecto medular -creo que Su Señoría no ha comprendido el sentido de la indicación- es que no estamos re-calculando la estimación de los ingresos, porque sabemos perfectamente bien que no tenemos atribuciones para ello. Estamos diciendo que queremos un límite máximo para el gasto total obligatorio, el que proponemos en tres mil...

El señor GAZMURI .-

Excúseme, señor Senador, pero eso no corresponde.

El señor LAVANDERO.-

Claramente dijo Su Señoría que el Gobierno subestimaba los ingresos.

El señor PIÑERA.-

Señor Senador , debe distinguirse entre la opinión que uno puede emitir sobre cualquier materia y la facultad de tener iniciativa en ella. Si Su Señoría considera que los Senadores solamente pueden opinar respecto de aquellos asuntos en los que tienen iniciativa, estaríamos excluidos prácticamente del 99 por ciento del debate nacional.

Por lo tanto, distingamos entre opinar sobre un cálculo de ingreso -espero que la Constitución no lo prohíba-...

La señora SOTO.-

Habría que cambiar la Constitución.

El señor PIÑERA.-

...y el reconocimiento de tener facultades para aprobar o rechazar. El cálculo de ingresos no lo podemos objetar, pero, indudablemente -y espero que el Honorable señor Lavandero concuerde conmigo en esta materia-, podemos opinar sobre él.

En consecuencia, repito la misma opinión del año anterior: hay una subestimación de ingresos del orden de los 200 millones de dólares. Podemos estar equivocados o no -este es un tema para más adelante-; pero, ¿cuál es el fondo de la indicación? Que hemos calculado 3.070.000 millones de pesos, y, el señor Ministro ha calculado 3.175.000 millones de pesos. Efectivamente, hay una diferencia, pero, más que zanjarla, lo que nos preocupa es que esto constituye gasto, y, evidentemente, el límite máximo de gasto es una de las pocas atribuciones que tiene este Congreso en materia presupuestaria. Espero que el Senador señor Lavandero no esté cuestionando tal facultad.

Lo que realmente nos interesa es lo siguiente: queremos garantizar que el nivel máximo de gasto contemplado aquí no se exceda. Y, en verdad, con la actual legislación se puede exceder por múltiples mecanismos, uno de los cuales, por ejemplo, implica recalcular el nivel de ingreso en algún momento del próximo año, cuando exista evidencia de que está subestimado, y ello permita aumentar el gasto.

Por lo tanto, buscando un acuerdo, estamos proponiendo que exista un límite máximo de gastos que el Ejecutivo no pueda superar sin recurrir nuevamente al debate del Congreso.

El señor PAPI.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor GAZMURI.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Le concedo una interrupción al Honorable señor Zaldívar.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente , creo que lo primero que debemos discutir aquí respecto de la indicación no es si los Senadores podemos o no podemos opinar. Porque, es cierto, estamos facultados para opinar sobre la estimación de ingresos; pero no estamos autorizados para hacerla. En eso hay acuerdo.

Sin embargo, a mi juicio, la indicación presentada por el Senador señor Piñera es absolutamente inconstitucional, porque hace una reducción de gasto global. Si se llegara a aceptar la tesis de los gastos permanentes y los variables y de que tenemos facultad para reducir estos últimos, la indicación tendría que señalar claramente qué gastos variables son los que deben modificarse. Porque, en caso contrario, aquí se obligaría al Ejecutivo a transferir gastos variables a gastos permanentes, porque, si no alcanza a reducir sólo en gastos variables, tendría que ir a operar en los permanentes.

Entonces, en primer término, la indicación es inconstitucional, porque no es posible afectar gastos permanentes, ni aun en forma indirecta.

En segundo lugar, si bien la indicación no lo determina de manera expresa, pretende modificar la norma permanente de una ley vigente, a saber, el artículo 26 del decreto ley que allí se indica. Porque, en virtud de la aprobación de esta ley, se estaría quitando al Ejecutivo la facultad que hoy tiene de hacer las transferencias por los motivos que se señalan en el artículo mencionado.

Por lo tanto, lo primero que debemos resolver, señor Presidente -y corresponde a la Mesa hacerlo, o a la Sala, si así lo determina-, es lo relativo a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma propuesta.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , si le parece, yo podría pedir la palabra más adelante, porque hay varios señores Senadores que desean intervenir.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Papi.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , me da la impresión de que hay una falla básica en el razonamiento del Honorable señor Piñera , a partir de la cual todo su discurso discurre equivocadamente.

No está facultado el Senado -ni el Congreso- para fijar el límite del gasto. Sólo está autorizado, según el texto constitucional, para reducirlo, y no para disminuir el gasto en general, ya que se habla de "reducir los gastos". De modo que la reducción propuesta debe estar bien especificada. Es una cuestión claramente señalada en la Carta Fundamental.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , me parece que la indicación, por lo que se ha manifestado aquí, es totalmente improcedente. En esta discusión es muy importante que cada cual haga lo que le corresponde. El Honorable señor Piñera no es Ministro de Hacienda . Podría llegar a serlo, pero estaríamos en otra circunstancia completamente distinta.

La cuestión es que no somos nosotros los llamados a presentar una indicación que fije el nivel general de gastos del Presupuesto. Esta es una atribución que, de acuerdo con la actual Constitución, compete exclusivamente al Presidente de la República y a su Ministro de Hacienda . Nosotros estamos facultados únicamente, como aquí se ha dicho, para reducir gastos variables en partidas específicas; es decir, los gastos no determinados por otras leyes, entre las que no está la de Presupuestos. Incluso desde el punto de vista de la lógica argumental es sumamente extraño plantear una indicación genérica antes de haber discutido el gasto y su descomposición. Por lo tanto, lo único que corresponde es no discutir la indicación. Si se quisiera disminuir el nivel de gastos -cosa que sí puede hacer el Congreso-, el procedimiento sería indicar las respectivas partidas del Presupuesto y las cantidades del gasto variable en que se propone reducirlas. Pero la indicación no persigue ese propósito y sólo contribuye a crear confusión respecto de las funciones propias del Ejecutivo y del Parlamento en lo atinente al debate presupuestario. Esta es una discusión de fondo. Ahora, si por la vía de la indicación o por la manera de llevar la discusión confundimos los papeles que institucionalmente nos corresponden, se perderá la claridad del debate y no ilustraremos a la opinión pública en general.

La Constitución Política consigna en forma muy precisa tanto las atribuciones del Gobierno como las del Parlamento, y son éstas las que debemos ejercer en la discusión. Por lo tanto, propongo que Su Señoría declare inadmisible la indicación sometida a debate.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Diez.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente , yo había presentado una indicación que corrige la anterior, fijando como gasto máximo el señalado en la Ley de Presupuestos por el propio señor Ministro : 3 billones 175 mil 498 millones 869 mil pesos. Pero pediría a Su Señoría dejar la discusión de esta indicación para el final, porque hay otras de carácter específico que tratan de reducciones de gastos. Después de conocer el pronunciamiento sobre éstas quedaremos en condiciones de precisar el monto de la indicación que ahora estamos discutiendo. De manera que, concretamente, solicito aplazar el estudio de la indicación hasta conocer la decisión del Senado respecto de las que rebajan gastos.

El señor VALDES ( Presidente ).-

¿Tendría inconveniente el señor Ministro ?

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Estoy de acuerdo con lo que acaba de plantear el Honorable señor Diez, quien, a mi juicio, recoge el punto a que se refirió también el Honorable señor Papi en cuanto a la necesidad de ser específicos en cada uno de los gastos que se desea reducir.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , la verdad es que, si se trata de postergar la discusión para una reflexión de la bancada de Renovación Nacional sobre la indicación, estaríamos de acuerdo, pero si es sólo para reducir el monto de la indicación global, no estaríamos refiriéndonos al fondo que aquí ha sido cuestionado. El tema de fondo es que no se puede fijar en una indicación la estimación total del gasto público. El hacerlo no está dentro de las atribuciones que nos corresponden ni como Senadores ni como Congreso Nacional. Es procedente sólo la segunda parte de lo que señaló el Honorable señor Diez: introducir indicaciones específicas en partidas de gastos variables. Porque la fijación del techo del gasto no pasa de ser una declaración de intenciones de un Senador, pero no se compatibiliza con las normas constitucionales, ya que según el artículo 24 de la Carta Fundamental "El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República , quien es el Jefe del Estado.". Dice: "el gobierno y la administración del Estado". Esta es la norma básica en cuanto a determinar a quién le corresponden. Las disposiciones siguientes contenidas en el artículo 32, sobre las atribuciones especiales del Presidente de la República , la iniciativa exclusiva que tiene en todo tipo de proyecto que incida en administración financiera, la creación de servicios públicos, etcétera, son claras. Las normas relativas al proyecto de Presupuestos son absolutamente nítidas.

Aquí hay acuerdo -por lo menos, de una amplia mayoría de señores Senadores- en cuanto a estudiar la posibilidad de un papel más activo del Congreso Nacional dentro de esta clase de materias, pero si nos atenemos a la actual Constitución, no cabe duda de que la indicación presentada no es constitucional. El propio decreto ley Nº 1.263, citado en la indicación, tiene dos artículos que llevan el número 26 -la indicación se refiere a un artículo 26-, y el 26 bis dispone que "las modificaciones presupuestarias que se efectúen por aplicación de las normas cuya dictación autoriza el artículo precedente, sólo constituirán la estimación financiera, a juicio exclusivo del Ejecutivo, de los ingresos y gastos incluidos en ella". Hay absoluta coherencia entre la Ley de Administración Financiera del Estado y las normas constitucionales. Por lo tanto, señor Presidente , sin perjuicio de que el tema sea motivo de una reflexión para ver cómo se puede modificar, creo que lo que corresponde es continuar el análisis de las indicaciones que se refieren a partidas de gastos variables, donde sí hay una opción. No la hay, en cambio, respecto de la generalidad del gasto, como ha sido planteado en la indicación que comentamos.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , sólo deseo insistir en que la indicación es inadmisible tanto ahora como al final de la discusión, porque sería completamente absurdo que una vez aprobado un determinado nivel de gastos, lo redujéramos por la vía de partidas específicas. No sería lógico que después de aprobar los gastos consignados en el primer artículo, introdujéramos una disposición final en la que se reprodujera el nivel de gastos que hemos aprobado. Entonces, la indicación no tiene sentido.

Esa es la única observación. Por lo tanto, no es cuestión de discutir primero las indicaciones que constitucionalmente puedan formularse para reducir partidas específicas de gastos. No procede dejar esta indicación para el final, porque no corresponde tratarla ni al término de la discusión ni al término del proyecto.

El señor VALDES ( Presidente ).-

No me cabe duda alguna de que la indicación es inadmisible, por las razones que se han dado, particularmente por lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 64. Y la fórmula planteada en el sentido de dejarla pendiente podría conducir a que se practicaran las rebajas en distintos ítem y después se hiciera una rebaja general adicional. De este modo, no habría ninguna organicidad en la discusión, ni base alguna para estimar cuál es el Presupuesto, porque eventualmente se aprobarían muchas indicaciones que proponen rebajas y, en seguida, se aprobaría una rebaja más. Habría, en consecuencia, una doble proposición en esta materia.

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , es indudable que una rebaja de gastos debe ir acompañada de rebajas específicas, cosa que es materia de otras indicaciones que aún no han sido discutidas. Por tanto, comparto plenamente el criterio de que esta indicación debiera discutirse cuando tengamos realmente el nivel de gastos. Sin embargo, hay una razón muy poderosa que nos obligó a presentarla al comienzo. Y ésta es precisamente la palabra del señor Ministro de Hacienda , quien nos dijo que el gasto total del Presupuesto del año 92 crecía en 3,2 por ciento con relación al Presupuesto estimado del año 1991. Y cuando comentamos su exposición fue éste uno de los aspectos que más hicimos resaltar: el hecho de que el crecimiento del gasto era plenamente compatible con los equilibrios macroeconómicos; que el crecimiento del producto superaba el crecimiento del gasto; que, en consecuencia, el tamaño del Estado no ganaba participación con relación al producto, etcétera. Pero cuando uno recurre a la aritmética se da cuenta de que el crecimiento del gasto no es 3,2 por ciento, sino que es, por lo menos, 6 por ciento, y, dependiendo de que se incluyan o no algunas partidas, podría ser bastante más alto. Por lo tanto, cuando el señor Ministro afirma que el crecimiento será de 3,2 por ciento, y nuestra estimación de los cálculos y de las cifras indica que el crecimiento del gasto es el doble de esa cifra, nos parece que el punto merece ser analizado al comienzo de una discusión presupuestaria.

Gracias, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Lamento que el señor Senador insista en este aspecto, porque, a mi juicio, ya hemos clarificado que el Gobierno tiene una estimación del gasto efectivo del año 1991, la que da exactamente como base un crecimiento de 3,2 por ciento en el gasto, para llegar a la cifra que he indicado anteriormente. Siento mucho que la estimación del Honorable señor Piñera sea distinta de la del Ejecutivo , pero yo no puedo corregir la que Su Señoría ha proporcionado, y debo atenerme a la mía.

En consecuencia, cuando hemos dicho que el gasto crecerá en 3,2 por ciento, es porque aumentará en este porcentaje hasta llegar a la cantidad señalada aquí, que es de tres billones 175 mil millones de pesos.

El señor DIEZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DIEZ.-

Quiero preguntar al señor Ministro de Hacienda por qué el gasto efectivo del Presupuesto de 1991 ha crecido en un 3,5 por ciento más que el Presupuesto aprobado y las leyes despachadas por el Congreso. De esta manera, si comparamos esta Ley de Presupuestos con la del año 91, tenemos un aumento del gasto real del orden de 7 por ciento, o más: 4 por ciento que corresponde al mayor gasto del año 91 sobre la Ley de Presupuestos de ese año, más el mayor gasto de ahora. Y tenemos derecho a suponer que, siguiendo la misma política -porque ocupa la Cartera el mismo Ministro -, durante el año 1992 el gasto aprobado por el Congreso en esta Ley de Presupuestos experimentará otro aumento que no guardará relación ni con el Presupuesto ni con las leyes. Y de esta manera se está creando una escala que va aumentando el tamaño del Estado por sobre los índices de desarrollo del país, cosa que nos parece inconveniente, y ésta es la razón por la cual hemos planteado este debate.

El señor PIÑERA .-

¿Me permite una interrupción, con la venia de la Mesa?

El señor DIEZ.-

Con el mayor gusto, señor Senador.

El señor PIÑERA.-

Hay dos elementos. Si tomamos el Presupuesto aprobado por el Congreso el año pasado y le agregamos todas las leyes que aprobó en materia de gastos, llegamos a una cifra. Ahora ésta es mayor -¡eso es parte del problema!-, y el Parlamento ni siquiera lo sabe. Porque si el señor Ministro tiene una buena estimación de la ejecución del Presupuesto de 1991, me parece que este Congreso, cuando está discutiendo la Ley de Presupuestos de 1992, debiera conocer qué pasó el año 91. Y al comienzo de esta discusión hemos solicitado por escrito al señor Ministro su estimación de la ejecución del Presupuesto de 1991, y no la tenemos. Entonces es una discusión en la que el señor Ministro cuenta con más información que el Congreso, y si él alega como ventaja en su argumentación el tener más información, obviamente que estamos perdidos en cualquier discusión. Lo lógico sería que los antecedentes de que dispone el señor Ministro de Hacienda sobre la estimación del gasto del Presupuesto de 1991 hubieran estado disponibles para todos los señores Parlamentarios, cosa que le solicitamos por carta, pero que no obtuvimos. Por lo tanto, aquí hay otro problema. Se discute un Presupuesto y el Congreso aprueba diferentes partidas, pero no sabe -o no sabe tanto como ese Secretario de Estado - le que pasó, o lo que va a pasar durante 1991. Y precisamente por tal razón deseamos que el compromiso de aumento en el gasto no se quede solamente en el discurso del señor Ministro de Hacienda , sino en algo que posteriormente, después de aprobado, podamos controlar.

Y ése es el motivo de la indicación. Si son tres billones ciento setenta y cinco mil millones lo que establecemos como límite, incluso estaríamos dispuestos a modificarlo, como lo señaló el Honorable señor Diez, lo que significa una corrección a la indicación que presentamos en conjunto. Pero me parece, señor Ministro , que podemos estimar el gasto ejecutado en 1991 sobre la base de las informaciones que tenemos. Y éstas son las que derivan de lo que aprobamos el año pasado y de las leyes despachadas. Si el señor Ministro dispone de más antecedentes, habría sido muy útil que los hubiera puesto en conocimiento del Congreso al comenzar la discusión y no los esgrimiera como argumento al término de ésta.

Gracias, señor Presidente.

El señor VALDES ( Presidente ).-

La Mesa considera que el tema de las estimaciones es extremadamente interesante, importante y propio de la discusión del Presupuesto, y constituye un debate que esclarece mucho la materia, pero debe manifestar que por la forma en que ha sido presentada la indicación, no puede ser aceptada, pues dispone una rebaja global del Presupuesto fundada en una estimación de ingresos -estimación que, sin duda, corresponde hacer exclusivamente al Presidente de la República - y no especifica si se refiere a disposiciones permanentes o transitorias.

Por lo expuesto, declaro inaceptable la indicación.

El señor DIEZ.-

Pero una cosa queda clara: se gasta más de lo que se dice.

El señor PIÑERA.-

Exactamente.

El señor GAZMURI .-

En las Subcomisiones, señor Presidente , se explicó detalladamente la ejecución de los programas de este año, Ministerio por Ministerio, y entiendo que eso debería estar en el voluminoso y excelente informe que ha preparado la Secretaría.

El señor DIEZ.-

No se dice nada de...

El señor VALDES ( Presidente ).-

Los diálogos lo único que están haciendo es alargar excesivamente esta sesión, que debe terminar lo más temprano posible.

Sigamos viendo las indicaciones.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La siguiente también está formulada por los Senadores señores Romero , Diez y Piñera , y es para agregar un artículo nuevo que dice: "Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, y las empresas públicas creadas por ley y las empresas, sociedades y entidades públicas o privadas en que el Estado o sus órganos, servicios o empresas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.".

El señor VALDES (Presidente).-

En discusión.

Tiene la palabra el Senador señor Diez.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente , la indicación está firmada, además, por la Senadora señora Feliú , quien al comienzo del debate explicó la disposición, por lo que no creo necesario abundar en ella. Consideramos que es una norma de sanidad presupuestaria y de correcta inversión de los fondos públicos, y creemos que el Ministro de Hacienda la va a mirar con mucha simpatía.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Efectivamente, la indicación está suscrita también por la Senadora señora Feliú .

El señor VALDES (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

¿Qué le parece al señor Ministro de Hacienda?

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

No tengo comentario.

El señor DIEZ.-

Nosotros quisiéramos conocer la opinión del señor Ministro , pues la norma se refiere a gasto. Dispone que los Ministerios, Intendencias, etcétera, "no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.". Creemos que se trata de una norma de claridad y de sanidad en la administración de los fondos del Estado, lo que es muy importante especialmente en un año de elecciones.

El señor ZALDIVAR .-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDIVAR .-

Me alegra mucho oír al Senador señor Diez su preocupación por los gastos en difusión y propaganda. No vi la misma preocupación en años anteriores.

El señor RÍOS.-

No había Congreso.

El señor ZALDIVAR .-

No había Congreso, es cierto, pero sí personas que podían opinar, a quienes nunca vimos hacerlo respecto de las campañas y propaganda que se realizaban. Pero yo quiero referirme al problema de la indicación.

Insisto: en la Ley de Presupuestos no se pueden incluir, por las mismas razones que indicó el Senador señor Diez cuando vimos el tema municipal, disposiciones que pretendan modificar leyes permanentes...

El señor DIEZ.-

¿Qué leyes permanentes?

El señor ZALDIVAR .-

Tendríamos que revisar la legislación sobre difusión y publicidad. De lo contrario, la Ley de Presupuestos pasaría a convertirse en una ley que entraría a modificar, en forma directa o indirecta, la normativa permanente en vigor.

Lo que el Senador señor Diez tendría que hacer, respecto de cada programa o proyecto de presupuesto por Ministerio o Servicio, es aplicar una norma de reducción en materia de difusión y publicidad. Pero no puede extenderla a toda la legislación vigente. Y debemos adoptar esta posición como regla general para la discusión de la Ley de Presupuestos. Sólo podemos incluir en ella normas que estén relacionadas con esa materia.

El señor PAPI .-

Exacto.

El señor DIEZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

Yo no he formulado indicación para reducir ningún gasto, sino una que equivale a una glosa general: sólo se puede ocupar dinero en propaganda que diga relación con la finalidad y la información del Servicio de que se trate. Lo otro significaría que Su Señoría autoriza que los fondos del Presupuesto se gasten en propaganda que no tenga relación con las funciones del Servicio, y eso es lo que nosotros queremos evitar.

El señor HORMAZABAL .-

¿Puede citar algún ejemplo, señor Senador ?

El señor ZALDIVAR .-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor DIEZ.-

Queremos que quede en el debate de qué se trata. Nosotros estamos por que los recursos del Estado se gasten en la propaganda indispensable de acuerdo con la naturaleza de las funciones del organismo y de acuerdo con la información que el público deba tener; es decir, que se gaste en lo necesario y no en lo superfluo. Este es el fondo del debate. Aquí no hay reducción ni aumento de gasto, sino una disposición, como cualquier otra de la Ley de Presupuestos, que establece ciertas prohibiciones de inversión, tal como discutíamos, en el artículo 7°, inciso primero, la negativa para construir viviendas con los fondos del Presupuesto. Aquí tenemos derecho a formular una indicación que prohíba propaganda no razonable o de naturaleza distinta de la función del Estado. Que quede claro que eso es lo que estamos discutiendo.

El señor ZALDIVAR .-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega, con la venia de la Mesa?

El señor DIEZ.-

Su Señoría me negó una hace un minuto, pero yo se la voy a dar.

El señor ZALDIVAR .-

Muchas gracias.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDIVAR .-

Señor Presidente , creo que la indicación presentada por el Honorable señor Diez -y otros señores Senadores- podría tener asidero si se refiriera a las partidas presupuestarias, y fuera con relación a órganos del Estado que están regidos por la Ley de Presupuestos.

¿Pero qué pasa, por ejemplo, con CODELCO? ¿Es posible que en la Ley de Presupuestos entremos a limitar las facultades que por otra norma tenga dicha empresa?

La señora FELIU .-

¡Por supuesto!

El señor ZALDIVAR.-

¿O el caso de ENAP?

Personalmente pienso que debe ser en virtud de otra ley. Pero no en la de Presupuestos. Porque, entonces, ésta, que es transitoria -rige por un año-, entraría a modificar legislación permanente. A eso es a lo que apunto.

El Honorable señor Diez y los demás señores Senadores podrían poner trabas o limitaciones a lo que correspondiera a gastos que se producirían con la Ley de Presupuestos...

El señor DIEZ.-

Y ENAP, ENAMI , etcétera.

El señor HORMAZABAL.-

Pido la palabra.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HORMAZABAL.-

Señor Presidente, quisiera recoger como un elemento de aprendizaje lo siguiente.

Aquí no se ha cuestionado la afirmación del Senador señor Zaldívar . ¡Qué bueno que después de los abusos y excesos cometidos con los fondos de todos los chilenos...

El señor DIEZ.-

¡Sigamos en lo mismo!

El señor HORMAZABAL .-

..., ahora, que estamos en una etapa democrática, podamos, entre todos, precavernos de tales demasías! Y no hay para qué enojarse. Sólo estoy diciendo que hay que precaverse de esos excesos.

El señor RUIZ (don José ).-

¡Ahora se pueden denunciar!

El señor HORMAZABAL.-

O sea, estoy de acuerdo con que ahora, en las nuevas condiciones, establezcamos pautas claras.

Por si alguien aquí tuviere dudas respecto de tales excesos, recuerdo la situación de Televisión Nacional de Chile. Conocimos de su presupuesto y de abusos cometidos, y nos vimos en la necesidad de dotarla -con el apoyo de todo el Senado- de recursos especiales, porque se la había mal administrado.

Comparto la preocupación que existe acerca de esta indicación -porque hay que aprender del pasado-; y lo hago considerando el sentido que tiene: tratar de una vez por todas de no seguir justificando los abusos de otros, las aberraciones que no se compadecen con un sistema democrático.

Por lo tanto, la intención de la proposición la entiendo.

La señora FELIU .-

¡Apruébela, entonces!

El señor HORMAZABAL .-

Pero ¿dónde está el punto? En que aquí no basta aprobar buenas intenciones, sino estudiar si corresponde o no, constitucional y legalmente, acoger la indicación.

Ella se refiere a ministerios, intendencias, gobernaciones, órganos de servicios públicos. Y agrega: "y las empresas públicas creadas por ley y las empresas, sociedades y entidades públicas o privadas en que el Estado o sus órganos, servicios o empresas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión"...

En primer lugar, ¿cuál es la exigencia constitucional del artículo 64 de la Carta Fundamental? Que se determine exactamente la partida de gastos variables que se quiere reducir.

El señor DIEZ.-

¡No es así!

El señor HORMAZABAL .-

Y esta indicación no lo dice.

En segundo lugar, la norma constitucional deja afuera expresamente aquellas partidas que estén fundamentadas en leyes de carácter permanente. Y, entonces, permítanme Sus Señorías citar el artículo 19, número 21°, de la Constitución: "El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares,"...

Señor Presidente , interpretemos la Constitución y la ley en el sentido que corresponde. Esta indicación establece una prohibición a empresas que están autorizadas por una ley de quórum calificado para funcionar. Esa ley de quórum calificado es carácter permanente. Está establecida con los requisitos constitucionales. En consecuencia, la indicación -de nuevo- se aparta del texto de la Carta Fundamental, que algunos de mis Honorables colegas ¡por Dios que la conocen!, porque la generaron.

Así es que, desde ese punto de vista, pido a Sus Señorías la respeten, tal como otros, que no participamos en ella, hemos tenido que hacerlo.

He dicho.

El señor PAPI.-

Pido la palabra.

El señor DIEZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Papi.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , más allá de las fundadas razones que ha dado el Senador señor Hormazábal , creo que ni siquiera eso tendría sentido argumentarse como Su Señoría lo ha hecho en su exposición, porque aquí prácticamente no existe una norma reguladora de una conducta. Hay una declaración de principios genérica, que carece absolutamente de sentido en una Ley de Presupuestos.

Si acá estuviéramos, al menos, hablando I de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, eso podría caber como declaración de intenciones. Pero en virtud de lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución Política, que obliga a no admitir indicaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, esta indicación debe ser declarada derechamente inadmisible. Por de pronto, no hay referencia a partidas especiales, ni se reduce nada en particular, sino que simplemente se hace una exposición de principios, en los cuales, por lo demás -y es una cuestión de elemental criterio-, vamos todos a coincidir, pues dice relación con la buena administración: no podrán incurrir en otros gastos en la difusión de aquello que no sea necesario sino para el cumplimiento o las prestaciones que entregan.

Digamos de paso, también, que nosotros, si algo hemos reclamado de este Gobierno es, precisamente, que sus órganos no suelen difundir lo necesario aquello que están realizando. De modo tal que considero que esto no requiere mayor debate. Y la indicación debería ser declarada inadmisible, en virtud del artículo 66 de la Carta Fundamental.

El señor THAYER.-

Pido la palabra.

El señor DIEZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , creo que nos podemos ir acercando a lo que debe ser la solución a este problema. "Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no le alumbre", decían nuestras abuelas.

A mi juicio, la disposición, en cuanto pueda entenderse que se refiere -y así aparece en su letra- a órganos o servicios que no están regidos por la Ley de Presupuestos, no debiera aceptarse.

Ahora, si dice relación a órganos regidos por esta Ley, sí debiera aceptarse. Porque, con igual criterio, se ha acogido, por ejemplo, el artículo 5°, relativo a que "Los órganos y servicios públicos, incluidos en esta ley, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición o arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y sus elementos complementarios", etcétera. La ley reglamenta ciertas cosas que es razonable que se regulen; pero debe estar referida, precisamente, a lo que estamos discutiendo.

Por lo anterior, estimo que si se suprimiera en la indicación la referencia a aquellos órganos que no están regidos por la Ley de Presupuestos, sería aceptable.

Además, como se ha dicho, ello no implica rebaja de gastos, sino que se trata de una norma de buen servicio, del mismo tipo de la señalada en el artículo 5°.

He dicho.

El señor HORMAZÁBAL.-

Constituiría una nueva indicación, entonces.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIU.-

Señor Presidente, creo que la norma propuesta y sobre la cual se discute es de una elemental probidad en los gastos públicos.

Hace un momento yo recordaba una presentación del Honorable señor Zaldívar a la Contraloría, en la que Su Señoría hacía una larga argumentación, muy interesante, reafirmando el concepto de que los servicios del Estado no deben incurrir en gastos de propaganda.

Respecto de lo planteado en cuanto a que ésta sería una disposición ajena a la materia, nada más lejos de ello: se trata de un precepto propio de una Ley de Presupuestos. Y tan es así, señor Presidente , que ha figurado en numerosos textos legales de la misma índole, con una entidad y en términos bastante más amplios, esto es, impidiendo mayores gastos y prohibiendo hacerlos en relaciones públicas, publicidad y propaganda.

Por la misma razón, la indicación formulada por varios señores Senadores -entre quienes me incluyo- es más restringida: sólo dice relación a la propaganda. En el mundo de hoy, es natural que se efectúen desembolsos en materia de relaciones públicas o en alguna publicidad. Pero, en cuanto a que se prohíba a un servicio del Estado hacer propaganda en aspectos que no le corresponden, es absurdo pretender aprobar algo en contrario, pues no ha debido incurrir nunca en ello.

También se aludió a los excesos del pasado. ¿Es que acaso nadie ve televisión? Yo pregunto si CODELCO vende cobre en Chile, pues la propaganda que realiza en ese medio y en la prensa es impresionante. Son recursos de todos los chilenos -se dice que la empresa es de todos ellos- y, en mi opinión, no deben ser gastados en ese concepto. Eso no tiene ningún sentido.

En este caso, se trata de una norma de probidad en el gasto público, que lo único que impide es la propaganda por la propaganda. Pero no prohíbe en absoluto que la Polla Chilena de Beneficencia haga publicidad respecto de la venta de sus boletos, por ejemplo, lo cual corresponde a su finalidad, como tampoco que el INP anuncie a los jubilados los beneficios que les va a dar. Nada de eso. Lo que no permite -repito- es la propaganda por la propaganda.

Eso es lo que persigue la disposición, que es típica de probidad administrativa y de un criterio orientador en la Ley de Presupuestos.

Reitero: hay muchísimas Leyes de Presupuestos que contienen normas de idéntica naturaleza, y que pediré de inmediato para ilustrar al Honorable Senado.

El señor DIEZ.-

Y ello ha ocurrido en numerosas oportunidades. Esta no es la primera vez.

El señor ZALDIVAR.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDIVAR.-

Señor Presidente , de nuevo he sido aludido por la Honorable señora Feliú . Para aclararlo con mayor precisión, lo que sostuve en esa oportunidad fue que se estaban invirtiendo fondos del Estado en la propaganda de una campaña electoral directa, llamándose a determinado sector de la ciudadanía a votar en cierto sentido. Así lo hice ver y así se comprobó. Por desgracia, en ese tiempo no se practicó una investigación ni se aplicaron las sanciones correspondientes.

Deseo recordar a la Honorable colega que la Contraloría ha tenido siempre la facultad de regular este tipo de gastos por parte de la Administración del Estado. Si un organismo o servicio público no invierte en una publicidad acorde con su objeto, ella puede perfectamente repararlo.

Cuando yo estaba en la Subsecretaría d< Hacienda, recuerdo que, antes de ser aprobada la ley sobre impuesto patrimonial, hicimos propaganda en los diarios tratando de explicar qué significaba esa iniciativa. Y el organismo contralor -en esa época, su titular era don Enrique Silva Cimma- objetó los gastos, por no decir relación a la finalidad que ese servicio público debía cumplir y porque el proyecto aún no había sido despachado por el Congreso.

Como digo, esa facultad existe.

Por otro lado, coincido con el Honorable señor Thayer en cuanto a que si en la norma estuviera especificada nada más que una regulación del gasto público de los órganos financiados por la Ley de Presupuestos, podría estudiarse su admisibilidad; pero no cuando su contenido se extiende a otras entidades que, de acuerdo con lo señalado por el Honorable señor Hormazábal , deben ser regidas por la ley común, como las empresas del Estado, qué actúan autorizadas por ella.

Aquí no se trata -y quiero aclarar el punto a la señora Senadora- de que la Contraloría carezca de atribuciones, pues las tiene y puede ejercerlas sobre los órganos públicos. La disposición es inadmisible por lo indicado por varios señores Senadores: porque pretende modificar o regular la legislación permanente, lo que no se puede realizar en virtud de una ley transitoria, como lo es la de Presupuestos.

Gracias, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa.

El señor JARPA.-

Señor Presidente , pienso que aquí hay involucrada una cuestión práctica. Supongo que el Gobierno también está interesado en que los fondos de esas empresas se gasten en la mejor forma posible y no se dilapiden en gastos de propaganda que no tienen ningún sentido.

En cuanto al uso de programas de televisión para hacer propaganda electoral, tiene toda la razón el Honorable señor Senador que me precedió en el uso de la palabra. Recuerdo perfectamente que, en 1970, se usaron los programas del Canal estatal para hacer propaganda en contra de la candidatura de don Jorge Alessandri , lo que, naturalmente, no correspondía.

Por lo anterior, me parece que todos estamos de acuerdo en que no se deben emplear esos métodos. Y el que hayan sido utilizados antes no justifica que este Gobierno siga valiéndose de ellos, por lo que estimo procedente aprobar la indicación.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , creo que el debate ha sido suficientemente amplio y que se han dado argumentos lo bastante sólidos como para responder a las inquietudes tanto del señor Senador que me precedió en el uso de la palabra cuanto del Senador señor Diez.

Sin embargo, deseo referirme a otro aspecto de lo que se ha hecho presente en la Sala. Lamento que la indicación, para cualquiera que la lea, no tenga otro sentido que el de una declaración que, "a contrario sen-su", formule un planteamiento en los términos muy claros y precisos que señaló el Honorable señor Diez, de las bancas de Renovación Nacional. En efecto, de lo que se trata es de ver quiénes están por resguardar los intereses del Estado -"los dineros del Estado", fueron las palabras que Su Señoría utilizó- y, obviamente, por contradicción, quiénes no estamos preocupados de ellos.

Entonces, exponer el tema así, en una reunión en la cual se discute el Presupuesto en forma concreta y determinada, es sencillamente una expresión política que busca crear la sensación de que el Gobierno está dilapidando los fondos nacionales. Y si los Honorables colegas tienen una explicación suficiente para sus dichos, que primero nos señalen los cargos exactos, y segundo, si hay actos específicos por los cuales el Gobierno o las empresas del Estado debieran ser cuestionados, para eso está la Cámara de Diputados, donde los Parlamentarios de sus filas podrían emprender la fiscalización pertinente. Pero no podemos aceptar, señor Presidente , que simplemente sobre la base de decir que es bueno que no se gaste en forma inadecuada, de hecho se esté haciendo una imputación que, si Sus Señorías son serios, debieran señalar en forma inequívoca y tajante. De otro modo, ello no tiene más sentido que un afán demagógico de plantear una suerte de austeridad, en circunstancias de que los señores Senadores de la bancada de Renovación Nacional, cuando respaldaron de alguna manera al Gobierno anterior, no fueron lo suficientemente duros y persistentes como para cuidar de los intereses del Estado.

El señor JARPA .-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Por otra parte, el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra expresó un cargo muy grave, con nombre, apellido y fecha. Yo deseo saber en esta Sala en qué momento, en qué oportunidad, se atacó al señor Alessandri a través de Televisión Nacional, con fondos del Estado, y se respaldaron determinadas actitudes en su contra.

Asimismo, se me ha indicado que lo anterior en alguna medida significaría una apropiación indebida de recursos fiscales. De ser así, me gustaría que lo declararan.

En consecuencia, o se dejan establecidas las cosas con suficiente claridad, como para justificar los dichos, o no se afirma: "Aquí estamos quienes resguardamos el interés del Estado, porque somos austeros y nos preocupamos del dinero de todos los contribuyentes, y allá se hallan los que permiten la dilapidación". Porque en política, señor Presidente , se debe tener seriedad para hacer acusaciones o para no hacerlas. Y también se requiere, yo diría, la consecuencia necesaria como para que el pasado respalde las críticas que se formulan.

He dicho.

La señora SOTO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor OTERO.-

Pido la palabra.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Soto.

La señora SOTO .-

Señor Presidente , creo que la proximidad de las elecciones nos pone nerviosos a todos. Y parece que ése es un poco el motivo de esta situación.

Por mi parte, estoy absolutamente de acuerdo con el fondo del asunto y pienso que nadie puede tener el patrimonio exclusivo de la probidad. La preocupación por esta última nos asiste a todos, y todos deseamos que el Fisco y las empresas del Estado gasten bien los dineros de los chilenos.

Lo que sí me parece es que esta disposición, que contiene una simple declaración de principios, no va a surtir ningún efecto, pues la ley va a morir al cabo de un año. Además, no se relaciona con lo que se está tratando, razón por la cual, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución, pido que sea declarada inadmisible sin perjuicio de legislar sobre la materia e: otra ocasión.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , he escuchado con mucha atención el debate. Y quienquiera que lea su texto con posterioridad no va a entender por qué se ha discutido tanto, ante la simple razón de que, al parecer, todos los señores Senadores están de acuerdo en la probidad, en que no debe gastarse más allá de cierto límite, etcétera.

De ser ésa la intención, "al buen pagador no le duelen prendas", aforismo de Derecho que señala que quien actúa de buena fe no tiene ningún temor ni objeción a que en un contrato se expliciten las cosas.

En consecuencia, no veo por qué, si todos estamos de acuerdo acerca del fondo y de lo que se persigue, hay un debate -incluso enconado, en cierto momento- con relación a la constancia en una ley de aquello respecto de lo cual en la Corporación existe unanimidad: cómo y en qué forma debe cautelarse el gasto fiscal.

Si alguien lee la indicación presentada por los Senadores de Renovación Nacional, no encontrará nada en lo que discrepe, desde el punto de vista conceptual. Sin embargo, todo el problema radica en la oposición a que ello figure expresamente. ¿Por qué la oposición? ¿Cómo explicarse que quien dice concordar con el fondo contribuya a un debate para que el precepto no sea incluido?

El argumento de la señora Senadora que me precedió en el uso de la palabra no puede considerarse, porque todos sabemos que las Leyes de Presupuestos rigen un año. Por lo tanto, sobre la base de ese criterio, no tendríamos ley.

¿Qué estamos diciendo? Que en cada Ley de Presupuestos -todos los años, de ser necesario- habrá que establecer el mismo artículo.

En lo personal, he leído muchísimos de esos cuerpos legales y he observado que todos ellos reproducen ciertas normas año tras año, porque marcan la forma en que debe actuar el Gobierno para disponer de los recursos fiscales.

Entonces, yo quisiera que se dijese si realmente hay algún reparo de fondo a lo propuesto. Y si no lo hay, ¿cuál es la razón para objetar que se deje en forma expresa en el texto todo aquello en que hay coincidencia en el fondo?

La verdad es que no lo entiendo.

La señora FELIU.-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor OTERO.-

Con la venia de la Mesa, no tengo inconveniente en concedérsela, Su Señoría.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Perdón, señores Senadores. Debo hacer presente que ha llegado a la Mesa una modificación a la indicación en debate. Si me excusan, se le dará lectura, para que no se siga hablando sobre la anterior.

El señor LAGOS ( Secretario subrogante ).-

Con la enmienda a que ha hecho referencia el señor Presidente , la redacción quedaría de la siguiente manera:

"Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.".

El señor HORMAZABAL .-

Señor Presidente , ¿podría leerse nuevamente?

El señor VALDES ( Presidente ).-

El contenido es el mismo que el de la indicación que se ha discutido, salvo la frase que comienza con las palabras "y las empresas públicas" y termina con los vocablos "o en igual proporción", la cual se suprime.

El señor SINCLAIR .-

Señor Presidente , ¿quiénes son los señores Senadores que plantearon la modificación?

El señor LAGOS ( Secretario subrogante ).-

Los Honorables señores Romero , Diez y Piñera y señora Feliú .

El señor GAZMURI .-

Por mi parte, también la suscribo.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Feliú.

La señora FELIU .-

Señor Presidente , yo no presenté tal rectificación.

Me parece que respecto de todas las entidades previamente consideradas debe prohibirse la publicidad y la propaganda en funciones ajenas a las que les son propias, y fundamentalmente a las empresas, que tienen recursos para incurrir en ello.

Tocante a la relación de la norma con la Ley de Presupuestos, quiero recordar que el clasificador de gastos, en el subtítulo 22, ítem 17, asignación 002, trata sobre la publicidad y la difusión, entre las cuales incluye -no daré lectura al texto completo, pues es muy extenso- los gastos por concepto de publicidad, difusión o relaciones públicas en general, tales como avisos, promoción en periódicos, radios, contratos con agencias publicitarias, etcétera, de manera que la vinculación mencionada es absolutamente evidente.

Y en la Ley de Presupuestos en vigencia existen numerosas disposiciones de probidad administrativa relacionadas con entidades que reciben aportes del Estado y de ese mismo cuerpo legal -como es el caso de las empresas-, al igual que en el proyecto de aquella que se ha propuesto para 1992.

Reitero que normas como la presentada, pero mucho más amplias, fueron consagradas por leyes de Presupuestos de años anteriores, y se repitieron durante mucho tiempo.

He dicho.

El señor VALDES (Presidente).-

Por consiguiente, entiendo que Su Señoría mantiene el texto primitivo, con lo cual hay dos indicaciones.

Hago presente a la Sala que respecto de la primera de ellas se requiere quórum calificado para su aprobación, pues tiene implicancia en empresas regidas por preceptos legales que así lo ameritan.

En consecuencia, se someterá a votación la redacción original. Al respecto, deseo consultar si mantiene la indicación algún otro señor Senador que la haya suscrito, porque al parecer ello sólo diría relación a la Honorable señora Feliú .

El señor PAPI.-

Excúseme, señor Presidente.

Entiendo que habría acuerdo respecto de la segunda indicación,...

El señor PIÑERA.-

¡Que se voten las dos!

El señor PAPI .-

...y, en consecuencia, si la Honorable señora Feliú no tiene discrepancias en ese sentido, a lo mejor podríamos obviar la votación de la primera.

El señor VALDES ( Presidente ).-

¿Estaría de acuerdo Senadora señora Feliú?

La señora FELIÚ .-

Sí, señor Presidente .

El señor VALDES ( Presidente ).-

¿Existiría consenso para aprobar la indicación modificada?

El señor PRAT.-

Son dos las indicaciones, señor Presidente.

El señor VALDES ( Presidente ).-

No. Es una, pues la Honorable señora Feliú retiró la suya. De manera que la única vigente es aquella que el señor Secretario subrogante leyó hace un momento.

Solicito el asentimiento de la Sala para aprobar dicha proposición.

El señor PIÑERA.-

Que se voten ambas, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

La primera ha sido retirada, Su Señoría. Por lo tanto, ya no tiene firmas.

La señora FELIÚ .-

Perdón, señor Presidente . Cuenta con la mía.

El señor GAZMURI .-

La indicación de la Honorable señora Feliú no ha sido retirada, de modo que debe ser votada antes.

El señor VALDES ( Presidente ).-

La Mesa estimó, ante el planteamiento del Honorable señor Papi , que la señora Senadora lo aceptaba.

El señor GAZMURI .-

No. La indicación se iba a retirar si había acuerdo, señor Presidente .

El señor VALDES ( Presidente ).-

Se someterá a votación, entonces, la primera indicación y, luego, la modificación que se le ha introducido.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , rechazaré las dos indicaciones. Primero, porque me parece absolutamente inadmisible que se plantee este tipo de tema en la discusión del Presupuesto de la Nación, en circunstancias de que no tiene ninguna atingencia con las materias que éste contiene.

En segundo lugar, porque, a mi juicio, aquí está ejerciéndose una fiscalización preventiva sobre los actos del Estado. Y la Constitución Política contempla mecanismos y normas para fiscalizar en la oportunidad y a través de los organismos correspondientes.

En tercer término, porque creo que no existe razón alguna, especialmente después de casi dos años de Gobierno democrático, para que se intente, mediante este sistema, desprestigiar la labor de la actual Administración. Se está tratando de poner en tela de juicio la conducta de los Intendentes, de los Gobernadores y del propio Presidente de la República , en circunstancias de que quienes formulan la crítica participaron durante 17 años, en forma desvergonzada, en el uso de toda clase de medios de comunicación para servir sus fines partidistas.

Por esas razones, señor Presidente, rechazo las dos indicaciones.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , votaré en contra de esta indicación por los motivos que se han expresado.

Me parece que adolece de varios problemas de constitucionalidad. Establece criterios sobre empresas correspondientes, incluso, al régimen privado y, además, genera una sobrefiscalización que podría entrabar el desarrollo de las distintas empresas estatales, lo que es totalmente impropio.

Por otra parte, debo decir -a título personal- que la segunda indicación no tiene problemas; en verdad, introduce un elemento de buen criterio, con el cual estoy de acuerdo. No podría considerarla como un prejuzgamiento de la forma en que el Gobierno y el Fisco actúan acerca de la materia, pues desde estas bancadas incluso hemos insistido en la incapacidad de la actual Administración para dar a conocer sus realizaciones: qué es lo que hace, los programas que desarrolla, etcétera. Y creo que hemos dado muestra, como Gobierno, de gran probidad en ese aspecto. No quiero hacer referencias al pasado; ya se señalaron acá.

En consecuencia, estimo admisible la modificación, en cuanto se refiere sólo a los órganos que integran la Administración del Estado. Y entendiendo que es una reiteración de principios de buena administración, la votaré favorablemente. Lo digo para no fundamentar dos veces mi pronunciamiento.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra manifestó que estas bancas son ocupadas por personas que, de una u otra forma, tuvimos una relación con el Gobierno anterior, el cual habría efectuado un gasto desvergonzado en esta materia.

La verdad es que permanentemente escuchamos esta crítica. Y se señala que no hubo oportunidad de hacer pública la discrepancia, pues no existía Congreso. Sin embargo, estaban los medios de comunicación social y, también, la Contraloría General de la República. Quiero decir que se disponía de múltiples canales para denunciar los hechos que se califican como "desvergonzados"; empero, ello no se hizo.

El señor GAZMURI .-

Algunos Senadores de estas bancadas estábamos fuera del país, Su Señoría. No teníamos ningún medio...

El señor LARRE.-

¡Y lo pasaron muy bien en el extranjero, señor Senador...!

El señor GAZMURI .-

¡No sea frívolo, Honorable colega!

El señor LARRE.-

Voto a favor, señor Presidente.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , quiero rechazar terminantemente las expresiones de un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, quien en forma permanente alude...

El señor RUIZ (don José ).-

¡Era que no!

El señor PAPI .-

Excúseme, señor Presidente , pero estamos en votación. Sólo se puede fundamentar el voto.

El señor OTERO .-

Es lo que voy a hacer, Su Señoría.

Pienso que es tiempo de dejar de tirar cosas al aire, ya que después, con motivo del emplazamiento respectivo, el señor Senador que menciono se queda terriblemente callado, por ser incapaz de dar argumentaciones expresas.

Es curioso, señor Presidente , que cuando se debate una norma respecto de la cual todos estamos de acuerdo, en el fondo, y en que no hay una imputación en contra del Gobierno, se use la justificación de fundamentar el voto para atacar a quienes están proponiendo una disposición de absoluta probidad.

Repito: "Al buen pagador no le duelen prendas". Sin embargo, parece que hay señores Senadores que no conocen el principio expresado en ese aforismo.

Por esa razón, aprobaré la indicación.

El señor RUIZ (don José ).-

Al mismo género corresponde la referencia al "ladrón detrás del juez", Honorable colega...

El señor OTERO .-

¡Dé el buen ejemplo, Su Señoría...!

El señor HORMAZABAL .-

¿Ese es otro refrán?

El señor OTERO .-

Se trata de no hacer afirmaciones irresponsables.

El señor DIEZ.-

¡Es una alusión al señor Ministro de Justicia , quien no está en la Sala...!

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Ruego a los señores Senadores evitar los diálogos.

El señor JARPA.-

Señor Presidente , aunque es probable que la indicación no será aprobada -por la votación que necesita-, conviene dejar establecido que participamos plenamente de su propósito.

Con anterioridad, un distinguido señor Senador -a quien mucho estimo- señaló que es menester dar antecedentes claros de las afirmaciones que aquí formulamos, en referencia a lo que expresé por la campaña en contra de la candidatura de don Jorge Alessandri realizada por el Canal estatal. Es cuestión de pedir los noticiarios que este último transmitió poco antes de la elección, así como los programas elaborados para el efecto que señalo, gestión para la cual Su Señoría debe tener muchas más facilidades que quien habla, porque tiene amigos allí, y yo ninguno.

Sin embargo, en cuanto a que deben indicarse casos concretos de gastos en publicidad que no se justifican, quiero preguntar al Honorable colega, muy amistosamente, si ha visto la campaña que hace CODELCO en el país y si cree que esos fondos están bien empleados, o no lo estarían mejor si se utilizaran en financiar la reconstrucción de sectores poblacionales de Antofagasta, por ejemplo. Es cuestión de criterio; no se trata de discutir si existe buena o mala fe.

Creo que todos los señores Senadores debemos partir de la base de que aquí se actúa de buena fe y de que no se pueden justificar errores de hoy diciendo que también se cometieron en el pasado, pues de esa manera el país nunca mejorará. De otro modo, sería necesario justificar todos los de hoy y del futuro.

Creo que todos estamos empeñados en que el país mejore; en que los fondos fiscales se inviertan bien, y en que se dé prioridad a ciertos aspectos sociales antes de dilapidar recursos en propaganda que no se justifica.

Voto que sí.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, voy a aprovechar de fundar mi voto respecto de ambas indicaciones, para no volver a pedir la palabra.

A mi juicio, la que estamos votando, aun cuando corresponde a un objetivo muy sano y del que todos participamos, parcialmente excede los fines propios del proyecto de Ley de Presupuestos en discusión. Y, como no estimo conveniente ocuparse en asuntos que no tienen relación con la iniciativa (y ya el tema se trató al analizarse el artículo 7°, sobre el cual yo mismo formulé una consulta), rechazo esta indicación y anticipo que votaré favorablemente la siguiente.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , concuerdo con el espíritu que anima a esta indicación. Sin embargo, me asaltan dudas sobre si una disposición como la que estamos estudiando puede afectar a las empresas públicas creadas por ley y a otras que se mencionan en la norma.

En consecuencia, me abstendré respecto de la primera indicación; pero voy a aprobar la segunda.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , lamento tener que usar el recurso de señalar que habría votado que no; pero se me acaba de indicar que estoy pareado.

Por lo general, en nuestros debates tratamos de ser tan precisos como es posible y de observar un trato absolutamente cortés.

He dicho muy claramente que esta indicación no justifica la máxima jurídica citada por un señor Senador que me precedió n el uso de la palabra, porque ningún integrante de las bancadas de Gobierno necesita que se le señale lo que tiene que hacer en materia de probidad.

Señor Presidente , podríamos exponer muchos antecedentes para justificar nuestros dichos. Y tampoco estoy tratando de afirmar que el pasado justifique el futuro. Pero, sí, pido que se trate a este Gobierno en forma consecuente con las conductas que se siguieron en el anterior. Eso es de la esencia de la legitimidad democrática.

Nada más, señor Presidente .

--Se rechaza la indicación (16 votos contra 16, una abstención y 3 pareos).

El señor VALDES ( Presidente ).-

Corresponde en seguida pronunciarse sobre la indicación modificada.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.

No hay acuerdo.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor PAPI.-

Señor Presidente , en principio estuve por aprobar una norma como ésta, en el entendido de que a su respecto había acuerdo y como una manera de facilitar la tramitación del proyecto. Sin embargo, no existiendo tal consentimiento, voy a rechazarla, primero, porque revive una práctica errada en materia legislativa, que en el pasado fue muy criticada; segundo, porque noto una falta de consecuencia en el razonamiento, dado que aquí debieron usarse los mismos criterios que se aplicaron para pedir la eliminación del inciso segundo del artículo 7°; y tercero, porque sigo pensando que esta indicación es del todo inconstitucional, a la luz del artículo 66 de la Carta Fundamental.

Voto que no.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , esta segunda indicación se presentó precisamente para levantar las objeciones de constitucionalidad que se opusieron a la primera. Y, aunque muchos señores Senadores expresaron su acuerdo con ella, veo que al momento de votar no se mantiene consecuencia con lo que se afirmó anteriormente.

Estimo que esta indicación es plenamente constitucional y por completo atinente a la materia a que nos abocamos: la Ley de Presupuestos. Por consiguiente, la apoyo.

Voto que sí.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente , la indicación, en la forma como la estamos votando, no sólo es absolutamente constitucional, sino que guarda perfecta relación con el texto del proyecto que vamos a aprobar. Por ejemplo, el artículo 7° prohíbe a los órganos o servicios públicos la adquisición o construcción de edificios; el 8°, inciso final, dispone lo mismo respecto de la contratación de vehículos en arriendo; el 11 les veda adquirir muebles bajo el sistema de "leasing". Esta norma les prohíbe hacer propaganda ajena a sus fines propios. De manera que estamos por completo dentro del espíritu de la Constitución, tal como lo entendemos, como lo admite el Gobierno y como lo ha comprendido el Senado al aprobar los preceptos de la ley anterior.

Por consiguiente, aquí hay un pronunciamiento de fondo: se quiere o no prohibir la realización, con cargo a fondos públicos, de propaganda ajena a los fines del Estado. Quienes no están de acuerdo con la prohibición tienen toda la razón al votar que no. Este es un pronunciamiento directo, que no admite razonamientos legales de ninguna clase.

Voto que sí.

El señor HORMAZABAL .-

Señor Presidente , creo que uno de los esfuerzos que estamos tratando de hacer es abstenernos de suponer intenciones a los demás. Felicito a la bancada de Renovación Nacional por haber comprendido que la indicación que presentó era inconstitucional. La felicito por haber entendido lo que todos aprendimos. Otros hemos hecho lo mismo en oportunidades anteriores. Pero, como me parece inútil congratularme a mí mismo por ello, manifiesto mi reconocimiento a Sus Señorías.

En lo que toca a las declaraciones de principios, ratifico lo que expresé antes: ésa es la conducta que queremos que tengan los organismos del Estado, y ésa es la conducta que mantiene el Gobierno del Presidente Aylwin. Por lo tanto, la indicación nos parece innecesaria, porque la señalada es la conducta práctica de la actual Administración.

Si alguien quiere ejercer un control sobre estos asuntos, dispone para ello de las normas constitucionales que facultan a la Contraloría General de la República para actuar en ese campo. Y pido que se indique documentadamente qué organismos del Estado, bajo el Régimen que encabeza el Presidente Aylwin , ha sido objeto de reparos del ente contralor por haber cometido abusos en el ejercicio de sus funciones.

Solicito también a mis Honorables colegas de Renovación Nacional que señalen a los señores Diputados de esa colectividad que pueden ejercer la facultad establecida en el Nº 1) del artículo 48 de la Constitución Política, que permite a la Cámara Baja "Fiscalizar los actos del Gobierno.". Y si los señores Diputados de la Oposición no ejercen esa atribución fundamental, es porque el Gobierno del Presidente Aylwin está cumpliendo cabalmente las normas que deben regir un buen servicio público y una Administración con las condiciones que estamos generando.

Entonces, por considerar innecesaria la indicación, y a pesar de reconocer el aporte de los señores Senadores de Renovación Nacional al modificarla, voto que no.

El señor ZALDIVAR.-

Voy a fundar brevemente mi voto negativo, que lo es, no por considerar inconstitucional la indicación (creo que, después de las modificaciones de que fue objeto, se ciñe a la norma fundamental), sino porque estimo que es innecesaria, como ya lo señalé.

Los gastos presupuestarios, señor Presidente , sólo pueden destinarse a la finalidad aprobada. Por lo tanto, si a un Ministerio se le asigna un ítem para publicidad y difusión, éste sólo puede usarlo para tal objeto. Son las normas vigentes.

Insisto: la Contraloría General de la República fiscaliza este tipo de egresos, y puede observarlos de acuerdo a su Ley Orgánica Constitucional y conforme a sus propias facultades.

Creo que esta indicación, más que nada, podría tener un efecto político: presentar a este Gobierno como si estuviera haciendo gastos de difusión y publicidad indebidos. Y como no es así, voto que no.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , coincido plenamente con las declaraciones que recién hizo un señor Senador de la bancada contraria al explicar cómo tiene que proceder el Gobierno. Esta indicación es una sana forma de lograrlo. Pero Su Señoría votó que no. Yo, para ser consecuente, me pronunciaré dé manera afirmativa.

Voto que sí.

El señor VALDES (Presidente).-

Si me lo permite la Sala, fundaré mi voto desde la testera.

Creo que esta indicación es inocua. La estimo parecida a prohibir a las intendencias y ministerios la malversación de fondos.

Pero, como no tengo inconveniente en que así se proceda y como se trata de un precepto que se está cumpliendo, voto que sí.

--Se aprueba la indicación modificada (21 votos contra 12 y 2 pareos).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Indicación de los Honorables señores Prat , Cantuarias , Diez, Urenda , Romero y Otero para agregar un artículo nuevo del siguiente tenor:

"Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciban aportes fiscales por montos iguales o superiores a 500 UF rendirán cuenta documentada de su gasto o inversión a la Contraloría General de la República.".

El señor VALDES (Presidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor PAPI.-

Pido la palabra.

El señor VALDES (Presidente).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , en principio, no me llama la atención una disposición como ésta. Y no le veo inconveniente. Sin embargo, reitero la duda que me asalta acerca de su procedencia en la Ley de Presupuestos.

Creo que una vez más estamos equivocando el sentido y el propósito de esta Ley al pretender regular el funcionamiento de las ONG a través de sus normas. Y, aunque estoy virtualmente de acuerdo con la finalidad que persigue la indicación, me parece que es improcedente.

El señor CANTUARIAS.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , podríamos abundar en mayores precisiones y, quizás, derivar en la discusión de una iniciativa que regulara específicamente este tipo de aportes, e incluso esta clase de organizaciones. Pero la verdad es que en muchas partidas del proyecto de Ley de Presupuestos se contemplan aportes a organismos no gubernamentales. Y, siendo así, nos parece que un principio de sana administración de los recursos fiscales es confiar su fiscalización a la entidad que el Estado ha creado con este propósito: la Contraloría General de la República.

Tengo entendido que, salvo casos especiales, los gastos de esa índole no se encuentran afectos a norma alguna de control. En consecuencia, hemos considerado pertinente y conveniente formular esta indicación, que tan sólo regula su fiscalización.

Como el resto se explica por sí solo, en beneficio del tiempo, ahorro más comentarios.

He dicho.

El señor VALDES (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Se procederá a votar la indicación.

El señor CANTUARIAS.-

No es preciso, señor Presidente . Ningún señor Senador se ha opuesto a ella.

El señor ROMERO.-

En efecto, no hay oposición.

El señor PAPI.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).-

El Honorable señor Papi la impugnó.

El señor PAPI.-

Así es, señor Presidente , porque concede una nueva facultad a la Contraloría General de la República. Y no sé si en virtud de la Ley de Presupuestos pueden adicionarse atribuciones a una repartición pública.

A mi juicio, la norma propuesta amerita estudio, porque altera una materia propia de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

El señor LAVANDERO.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , en el Régimen anterior se suprimió a la Contraloría la facultad de evaluar las inversiones. Esta indicación tiende a restituírsela en forma indirecta. Estoy de acuerdo en que ella facilitaría su labor fiscaliza-dora; pero creo que el procedimiento que aquí se adopta no es el más adecuado y se aparta de la idea matriz del proyecto.

En consecuencia, repito, pese a estimar válida la idea contenida en la indicación, considero que es absolutamente improcedente, pues no condice con la idea central del proyecto que nos ocupa. Aquí no estamos legislando en favor de la Contraloría General de la República, sino acerca de materias inherentes al presupuesto de la nación.

Nada más.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO ( Director de Presupuestos ).-

Señor Presidente , la indicación se refiere a aportes fiscales. En mi concepto, debería entenderse referida a aportes provenientes del Tesoro Público. Y en la partida del Tesoro Público existen dos ítem a través de los cuales pueden hacerse transferencias a organizaciones no gubernamentales. Uno lo constituyen las subvenciones. Estas pueden otorgarse a instituciones privadas sin fines de lucro -imagino que muchas de ellas deberían incluirse en la denominación de "organismos no gubernamentales": CORDAM, CARITAS Chile, etcétera; no conozco en detalle nuestra legislación respecto a este tipo de organizaciones-, las cuales tienen que rendir cuenta de ellas a la Contraloría.

El otro ítem es el aporte fiscal proveniente del Fondo Social. Y conforme a las normas vigentes, las instituciones beneficiadas deben rendir cuenta a la Contraloría.

Por lo tanto, si la indicación planteada se refiere al aporte fiscal a eme he aludido, reitero que hoy esos organismos rinden cuenta a la Contraloría General de la República.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Hago presente al Senado que no conozco -tal vez por ignorancia- una definición legal de "organizaciones no gubernamentales". En un sentido lato, pienso que son todas las organizaciones no gubernamentales.

Esta es una nomenclatura propia de la Organización de las Naciones Unidas -que sí conozco bien, por otras razones-, relativa a instituciones acreditadas que representan cierto tipo de intereses, a iglesias y a distintos grupos.

No tengo conocimiento de la situación existente en Chile a ese respecto. De manera que la indicación significaría legislar acerca de entidades no precisadas y que tienen carácter privado.

Por consiguiente, me parece difícil que la Contraloría pueda entrar a fiscalizarlas. Tendría que cumplir esta función el órgano estatal que concede los recursos, para asegurarse de si se han usado bien.

A mi juicio, la indicación no está bien planteada.

El señor THAYER.-

Pido la palabra.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , quisiera formular una consulta al señor Ministro de Hacienda o al señor Director de Presupuestos , a fin de aclarar algunas dudas.

La indicación dispone que "Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG)" -yo pensaba que se refería a las acreditadas como tales ante las Naciones Unidas- "que reciban aportes fiscales por montos iguales o superiores a 500 UF", etcétera, deberán rendir cuenta a la Contraloría. De esto se desprende que los organismos de este tipo que reciban aportes inferiores no estarán obligados a rendir cuenta.

Mi pregunta es si hay actualmente organismos no gubernamentales no obligados a rendir cuenta aun cuando reciban aportes fiscales.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Debo manifestar al señor Senador que hoy no existe ningún organismo exento de la obligación de rendir cuenta. Como ha explicado recién el señor Director de Presupuestos , hay sólo dos mecanismos a través de los cuales pueden otorgarse aportes fiscales a organismos privados: el de las ^subvenciones que determina el Presidente de la República y el del Fondo Social. Y en ambos debe rendirse cuenta a la Contraloría, cualquiera que sea el monto y por muy pequeño que pueda parecer.

El señor THAYER .-

O sea, señor Presidente , debemos entender que la indicación tiene por objeto eximir de la obligación de rendir cuenta a la Contraloría a órganos que hoy día deben hacerlo.

El señor PAPI.-

Así es.

El señor PALZA.-

Indudablemente.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Así pareciera ser.

El señor VALDES ( Presidente ).-

En consecuencia, la indicación no tendría suficiente justificación para ser aprobada.

El señor MC-INTYRE.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , recuerdo un ejemplo -si no estoy en lo correcto, agradeceré al señor Ministro que me rectifique- de este tipo de organismos: el caso de la FLACSO, que nos preocupó durante bastante tiempo. FLACSO es una organización no gubernamental.

El señor PAPI.-

No: es una entidad que funciona en virtud de un Tratado.

El señor MC-INTYRE.-

En efecto, pero requirió del Gobierno varios miles de dólares.

El señor PAPI.-

En cumplimiento de un Tratado, señor Senador.

El señor GAZMURI .-

Pertenece a otro tipo de organismos.

El señor VALDES (Presidente).-

Por el conocimiento que tengo del tema, no cabe duda de que existen diversas organizaciones que reciben aportes fiscales. Pero, como ha dicho el señor Director de Presupuestos, normalmente todas deben rendir cuenta a la Contraloría.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

¿Me permite?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-

El caso de FLACSO es distinto, señor Presidente. Se trata de un organismo multilateral internacional, y en esta calidad recibe aporte de un ítem especial del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El señor VALDES ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para desestimar esta indicación, por las razones que se han dado?

--Se rechaza.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Indicación de la Senadora señora Feliú para agregar el siguiente artículo:

"El monto global de gastos señalado en el artículo 1° de esta ley, para los Subtítulos 21 Gastos en Personal, 22 Bienes y Servicios de Consumo y 23 Bienes y Servicios para Producción, constituye el límite máximo que podrán alcanzar los egresos y compromisos correspondientes.".

El señor VALDES (Presidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , pediría a la Honorable colega que explicara el propósito de esta indicación -no lo vislumbro-, porque también, en principio, parece improcedente.

La señora FELIU.-

Pido la palabra.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora FELIU .-

Señor Presidente , a mi juicio, la indicación es plenamente procedente, porque tiende a ratificar el concepto constitucional de que los gastos del sector público se fijan por ley.

Creo que esta indicación no inmoviliza en absoluto el manejo presupuestario que debe hacerse -por razones obvias- en la Administración. Porque el límite global está dado en los respectivos Subtítulos del, artículo 1°.

En síntesis, la indicación conserva las facultades de flexibilidad presupuestaria y, al mismo tiempo, confirma el principio de la Constitución de que los gastos del sector público se fijan por ley. Y es la Ley de Presupuestos la que fija los gastos. La indicación sólo pretende determinar un límite máximo.

El señor PAPI.-

Considero que tiene un alcance mayor.

El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-

Pido la palabra.

El señor ZALDIVAR .-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , me parece que esta indicación es bastante restrictiva y hace muy difícil el manejo presupuestario al poner límites. Por ejemplo, tocante a los Gastos en Personal, el proyecto en debate no contempla el reajuste para los funcionarios públicos propuesto mediante la iniciativa que el Honorable Senado tratará mañana.

La señora FELIU .-

¿Me concede una interrupción, señor Ministro , con la venia de la Mesa?

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Con mucho gusto, señora Senadora.

La señora FELIU .-

La verdad es que no hay ningún inconveniente con el proyecto de reajustes, porque será una ley y, naturalmente, podrá modificarse el respectivo límite de gasto. Y la Ley de Presupuestos permite esa flexibilidad dentro de un tope máximo. Los límites de cada partida, en todos los Ministerios, son perfectamente movibles.

Por eso, no hay problema con el reajuste, con el aguinaldo ni con cualquier otro beneficio que se otorgue en la Administración Pública.

El señor ZALDIVAR.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDIVAR.-

Señor Presidente , creo que esta indicación tiende a modificar el artículo 26 del decreto ley Nº 1.263 -Orgánico de Administración Financiera del Estado-, en virtud del cual pueden realizarse los traspasos y modificaciones presupuestarios, mediante decretos fundados y conforme al procedimiento que se establece.

Por lo tanto, en base a una disposición de una Ley de Presupuestos, eminentemente transitoria, estaríamos modificando una ley orgánica permanente sobre la base de una disposición de una Ley de Presupuestos que es de duración transitoria. Entonces, a mi juicio, es inadmisible; no procede su discusión ni su aprobación.

El señor PAPI .-

Señor Presidente , al fundamento de la inadmisibilidad sólo agregaría que la indicación limita más allá de lo que la propia Constitución dispone.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Deseo preguntar al Senador señor Zaldívar a qué disposición legal se refiere.

El señor ZALDIVAR.-

Se trata del artículo 26 del decreto ley Nº 1.263, orgánico de la Administración Financiera del Estado, que dice: "Las normas sobre traspasos, incrementos o reducciones y demás modificaciones presupuestarias serán establecidas por decreto en el mes de diciembre del año anterior a su vigencia. Estas normas podrán ser modificadas por decreto fundado durante el ejercicio presupuestario.

"No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, sólo por ley podrá autorizarse el traspaso de fondos entre diferentes Ministerios y el incremento de aportes a las empresas del Estado que no sean sociedades anónimas.".

Esa es la disposición permanente de una ley orgánica, que no puede ser modificada en virtud de una norma, que por su naturaleza es transitoria, de una Ley de Presupuestos.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIU.-

Señor Presidente , la verdad es que la indicación no modifica el referido artículo 26; permite hacer todos los traspasos que se consideren necesarios dentro de los límites de gastos aprobados por el Congreso. En cuanto a que la Ley de Presupuestos no pueda modificar preceptos de carácter permanente, creo que basta ver cualquiera de los cuadernillos que figuran en la normativa en actual trámite. Por ejemplo, hay una disposición que se reproduce prácticamente en todas las partidas relativa al límite de contrataciones del artículo 9° de la ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Vale decir, en todas las partidas aparecen precisiones tocantes a que "no se aplicará una glosa" o "no se ^aplicarán las normas tales o cuales". La Ley de Presupuestos se encuentra complementada por numerosas glosas que modifican leyes de carácter permanente. Eso es perfectamente lícito y posible.

Por lo demás, la indicación tampoco produce alteraciones. Simplemente permite flexibilidad presupuestaria dentro de un límite máximo de gastos fijado en el artículo 1°, y, naturalmente, sin perjuicio de los aumentos de remuneraciones o de cualquier incremento de gastos que establezcan otras leyes.

El señor PAPI.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , si éste es el límite máximo, no entiendo cómo operarían las facultades para hacer traspasos o, eventualmente, suplementar.

En todo caso, deseo aclarar que si hubiera votación sobre este punto, se requeriría el pronunciamiento favorable de 26 señores Senadores, porque estaríamos modificando una ley orgánica constitucional.

La señora FELIU .-

No es orgánica constitucional la Ley sobre Administración Financiera del Estado; es ley común y su aprobación necesita quórum simple.

El señor VALDES ( Presidente ).-

La normativa se llama "Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado", y se encuentra contenida en el decreto ley Nº 1.263, de 1975.

El señor GAZMURI .-

¿Decreto ley orgánico?

El señor THAYER.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , quiero hacer una observación y una consulta.

Primero, hay muchas leyes, y aun decretos, que son orgánicos porque organizan. Pero no todos los cuerpos legales son orgánicos constitucionales. Por consiguiente, no nos engañemos con la palabra "orgánico".

Segundo, deseo consultar a la Senadora señora Feliú , cuyos conocimientos en la materia todos reconocemos, sobre el alcance de esta indicación. Me parece que apunta a una idea que la Honorable colega expresó en una intervención anterior: si, en caso de producirse excedentes en el ejercicio de un presupuesto, deberían ser destinados a inversión y no a gastos.

¿La indicación tiene que ver con esa idea?

La señora FELIU.-

Señor Presidente , en realidad, yo no me he referido a los excedentes que provienen de mayores ingresos; quien hizo alusión a esa materia fue el Senador señor Piñera . Pero, en todo caso, la indicación, reafirmando el concepto constitucional en el sentido de que los gastos se fijan por ley, apunta a que, si hay mayores ingresos, éstos también deben ser aprobados por ley.

Quiero recordar al Senado que las suplementaciones de las Leyes de Presupuestos y las medicaciones en el ejercicio presupuestario eran frecuentes en todos los Gobiernos. El senador señor Zaldívar lo debe saber. La Ley de Presupuestos siempre se aprobaba el año anterior y en el curso de su ejercicio se le introducía una modificación que consideraba el ingreso de mayores recursos o la redistribución de los gastos. Porque, de acuerdo con la Constitución, el concepto de gastos requiere aprobación por ley.

El señor PAPI .-

Se hacía durante el ejercicio de la Ley de Presupuestos. Y aquí no veo cómo podría precederse, pues la indicación fija un límite máximo a los "egresos y compromisos correspondientes".

La señora FELIU.-

Porque esas autorizaciones se refieren siempre a gastos máximos, señor Senador. Así lo establecen la Ley de Administración Financiera del Estado y la Constitución.

El señor VALDES ( Presidente ).-

A este respecto, la Mesa tiene presente el artículo 62, inciso tercero, de la Carta Fundamental, en virtud del cual, al parecer, esta indicación no tendría cabida sin la iniciativa del Ejecutivo , toda vez que dice: "Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos".

La señora FELIU.-

Es que no se trata de una modificación de la Ley de Presupuestos. Está en la Ley de Presupuestos.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Si en el transcurso del año se fijan topes a esa ley, se estaría invadiendo la facultad del Primer Mandatario relativa a la administración financiera, haciéndola rígida. Esta es materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

Ese es mi punto de vista.

La señora FELIU.-

Y, precisamente, estamos discutiendo la Ley de Presupuestos.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Correcto: se trata de la Ley de Presupuestos. Pero la administración financiera del Presidente de la República reside en la administración del presupuesto, y es una facultad que le corresponde. Por lo tanto, una indicación que la limite no puede ser considerada -me parece- por el Congreso sin patrocinio del Ejecutivo.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Quiero reforzar la argumentación jurídica de Su Señoría. La indicación introduce una forma distinta de administrar los recursos del Estado, que rigidiza y limita el manejo del presupuesto público. Y voy a dar un solo ejemplo. Cuando se enfrentan, como ha ocurrido recientemente en el país epidemias -como el cólera-, sequías, heladas, o cualquier otro factor no programado -ante lo cual hay que responder con premura y rapidez suministrando bienes y servicios de consumo, como ha sucedido en algunos de estos casos- y se establece un tope, aunque los recursos estuvieran disponibles, no se podría operar. Aquí se está alterando la forma de administrar los recursos públicos por parte del Estado, y es un elemento que va más allá de la propia Ley de Presupuestos. Es un cambio conceptual.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa.

El señor JARPA.-

Señor Presidente , si el Congreso tiene la facultad de disminuir gastos, con mayor razón le corresponde la de fijarlos. De lo contrario, no tendría ninguna facultad en esta materia.

El señor GAZMURI .-

Tiene pocas facultades, señor Senador.

El señor JARPA.-

Si está impedido de fijarlos, por lo menos debería poder disminuirlos. Y, si no es así, creo que podríamos levantar la sesión y dar por aprobado todo lo que desea el Gobierno. No tenemos ninguna posibilidad de introducir cambios, porque, según la interpretación...

El señor SULE.-

Se puede reducir el gasto, señor Senador.

El señor PAPI .-

¿Me permite una interrupción, Su Señoría?

El señor VALDES ( Presidente ).-

Está usando la palabra el Senador señor Jarpa . Ruego a los señores Senadores no interrumpirlo. Después podrán hacer uso de ella.

El señor JARPA.-

¿Me permiten terminar, señores Senadores? Yo soy campesino y me cuesta mucho entender estas cosas.

La interpretación restrictiva en el sentido de que el Congreso no puede alterar la administración financiera que quiera dar el Presidente de la República al presupuesto o al gasto público nos deja realmente sin ninguna opción de opinar sobre la Ley de Presupuestos. Porque -repito- aparentemente tendríamos la facultad de disminuir los gastos, pero no la de fijarlos. Entonces, no tenemos ninguna facultad.

El señor GAZMURI.-

Hay que cambiar la Constitución, señor Senador.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, quiero recordar algunas cosas que, al parecer, en esta tarde se han olvidado.

En la sesión 394a de la Comisión Ortúzar, celebrada el martes 4 de julio de 1978, don Enrique Ortúzar manifiesta que, en cuanto al gasto público, la Comisión ha tenido presente un artículo del proyecto de reforma constitucional de don Jorge Alessandri. Destaca que colaboró con el señor Alessandri en su redacción.

Quien lea las Actas Constitucionales de esa Comisión verá que el artículo 64 emana en gran medida de la reforma propuesta por don Jorge Alessandri en 1958 (Mensaje, Cámara de Diputados 1958, página 1.176), proposición presidencial que, si bien no prosperó en 1958, vino a dar sus frutos en 1978. El sentido de esa reforma es bien conocido.

Cuando en la sesión 339a -Actas de la Comisión Ortúzar- celebrada el 14 de marzo de 1978, página 2.015, se examina la materia referente a la composición del Senado, don Sergio Diez señala que "Tiene pavor a la anarquía parlamentaria, que desarma leyes de Presupuestos, que desarma políticas financieras, en que la gente se pelea por si un puente se lo lleva la provincia tal o la provincia cual, en que se pelea por quién se lleva los fondos tales y cuales. Esta es la práctica parlamentaria.".

Señor Presidente , mediante estas observaciones, que el Honorable señor Diez hizo en la referida Comisión con motivo del estudio de la Constitución Política de 1980, trata de desarmar la práctica parlamentaria que en ese entonces Su Señoría suponía que había tenido el Congreso -de que formó parte- en el pasado, y del cual en el futuro, sin saberlo, también formaría parte.

Las mismas indicaciones que en 1978 Su Señoría rechazó por constituir, a su juicio, malas prácticas parlamentarias ahora, en 1991, las viene a formular, en un atado, con su propia firma.

He dicho, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Diez.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente , la verdad es que me alegro de haber tenido éxito en lo que durante muchos años luché, que era producir el orden en el presupuesto e impedir que, por medio de indicaciones parlamentarias, se obligara al Ejecutivo a realizar determinados gastos, fundamentalmente a ejecutar determinadas obras públicas en las provincias, porque no había manera de mantener un orden financiero del Estado.

Eso lo sostuve siendo parlamentario. Estoy muy satisfecho de haber logrado que en la reforma constitucional se establecieran normas claras respecto de la Ley de Prepuestos. Y en este Congreso he sostenido muchas veces la misma tesis: si al Ejecutivo corresponde la gestión financiera del Estado, hay que darle las atribuciones para que esa responsabilidad pueda ser políticamente efectiva.

Lo que estamos tratando de conseguir con estas indicaciones apunta al mismo sentido de aquellas que formulé en el pasado: ordenar la Ley de Presupuestos, de manera que si señala que los gastos significan tantos miles de millones de pesos, que los gastos sean esos tantos miles de millones de pesos; que el Ejecutivo no incurra hoy en los vicios en que el Congreso cayó ayer; y que el país tenga claridad en los montos de sus ingresos y gastos. Si la Constitución faculta al Parlamento para reducir los gastos públicos -no para aumentarlos, sino para disminuirlos-, evidentemente también le compete determinarlos. O sea, los propone el Ejecutivo . Y el Congreso los aprueba o los reduce; luego, los fija en las sumas que...

El señor GAZMURI .-

¡Sólo por la vía de la reducción, señor Senador !

El señor PAPI .-

¡Ahí está el error!

El señor DIEZ.-

El problema vuelve a ser el mismo de la "batalla" anterior:...

El señor GAZMURI .-

¿Me permite, señor Senador ?

El señor LAVANDERO .-

¿Me permite una pequeña interrupción, Su Señoría?

El señor DIEZ.-

...queremos una Ley de Presupuestos con cifras claras y permanentes. Eso es lo que pretendemos con las indicaciones presentadas.

Habrá otras indicaciones...

El señor LAVANDERO .-

¿Me permite una interrupción?

El señor DIEZ.-

Quiero terminar, señor Senador. Oí con toda paciencia la historia que relató sobre lo que había dicho. Se lo agradezco mucho, porque estoy muy orgulloso de mis afirmaciones.

Señor Presidente , vamos a presentar otras indicaciones relativas a instituciones que se empiezan a crear y que son muy importantes para el ordenamiento financiero del país. Se trata de los gobiernos regionales y comunales. Por eso hemos velado por la autonomía municipal, y lo haremos también por que la Ley de Presupuestos responda, en su forma y en su espíritu, a la organización regional que estamos formando, porque creemos que el país ya ha superado una etapa.

Estoy de acuerdo con muchos señores Senadores en el sentido de que las disposiciones que rigen el actual método de elaboración de la Ley de Presupuesto es anticuado. Los medios y las técnicas modernas nos brindan mecanismos distintos de plantear las cosas. Por eso en la Comisión Especial señalamos al señor Director de Presupuestos la conveniencia de contratar los servicios de alguna firma especializada, a fin encontrar otra fórmula de proponer, discutir y aprobar la citada ley, y que nosotros no tendríamos objeciones para aprobar fondos destinados a este objeto.

Sin embargo, es inadmisible aumentar en 4 por ciento el gasto anual sin que el Congreso lo conozca. Porque, ¿dónde está su facultad para reducir gastos? Aquí hay una violación del espíritu de la Constitución. Lo que ésta pretende es que el Ejecutivo tenga la responsabilidad de hacernos una proposición. Y nosotros no podemos obligarlo a gastar más, sino únicamente, si lo estimamos conveniente, a reducir los gastos. No podemos tocar la legislación vigente en materia de egresos en la Ley de Presupuestos. Pero, evidentemente, el objetivo del funcionamiento de un régimen democrático transparente, en donde nosotros ejerzamos nuestra representación, no se logra con el sistema actual, en virtud del cual aprobamos un gasto y, al final del primer año de un Gobierno que tiene una buena administración, se nos dice: "Gasté 4 por ciento más", y se nos presente un cálculo de mayores gastos de 3 y tantos por ciento sobre el presupuesto ejecutado. Es decir, matemáticamente estamos haciendo crecer el Estado en más de 7 y medio por ciento sin que sepamos cuáles son las cifras y sin que la opinión- pública se dé realmente cuenta de si ha crecido, o no, el tamaño del Estado.

Debemos buscar un sistema, respecto de la Ley de Presupuestos, que permita que cualquier chileno pueda conocer el número de funcionarios públicos; la cantidad de contratos; cuánto gasta el Fisco en vehículos; cuánto gasta en todo. Esto es indispensable para el establecimiento de una democracia y hace bien al país y al Gobierno.

Señor Presidente , las indicaciones que he firmado no son contradictorias con mi posición pasada; por el contrario, están orientadas en el mismo sentido de lo que he peleado durante muchos años para establecer una Ley de Presupuestos separada de la lucha política diaria o de los intereses electorales o provinciales, que sirva realmente para impulsar el desarrollo del país.

He dicho.

El señor ALESSANDRI.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor GAZMURI.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , apoyo la indicación presentada por la Honorable señora Feliú , porque -como bien dijo el Senador señor Jarpa y reiteró el Senador señor Diez- el Parlamento no tiene facultades para aumentar los gastos -un señor Senador de la Concertación aludió a un pariente-, porque, de no ser así, resultaría muy fácil que los Senadores nos ocupáramos de incrementar la inversión en nuestras respectivas regiones. Desde luego, el Senador que habla solicitaría al Congreso aprobar la inversión de aproximadamente 13 mil millones de pesos prometidos a Antofagasta y que todavía no se entregan.

Pero si el Parlamento tiene facultades para reducir los gastos, ¿en qué quedan si mediante decretos los recursos se traspasan de ítem y se aumentan los gastos? Entonces, ¿para qué el Congreso fija los gastos si después, con el sistema vigente de la Ley de Presupuestos, pueden incrementarse?

Por lo tanto, señor Presidente , considero que la indicación en debate es totalmente procedente, porque ni siquiera cuestiona la estimación que el Gobierno hace de los gastos, sino que se dice: "Nosotros aceptamos este gasto; pero hasta ahí usted puede llegar".

Por lo tanto,...

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente,...

El señor ALESSANDRI.-

No he hecho uso de la palabra en toda la tarde. Por consiguiente le rogaría al señor Senador, que ha hablado tanto, que me deje terminar.

Como decía, esta indicación es procedente porque no influye en la facultad de administración de los fondos públicos del Estado. Por el contrario, ratifica la estimación de los gastos que hace el Ejecutivo . Y lo único que señala es: "Señor, aténgase a estos gastos y no los aumente".

He dicho.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO ( Director de Presupuestos ).-

Señor Presidente , esta indicación y la mayor parte del debate se ha centrado en las normas de flexibilidad presupuestaria contenidas en el decreto ley Nº 1.263, sobre Administración Financiera del Estado.

Estimo positivo tomar en cuenta, cuando se quieren establecer modificaciones al fondo dé ese decreto ley, la forma en que se administra el presupuesto del sector público y la necesidad de aplicar ciertas normas de flexibilidad. Al respecto, deseo dar a conocer algunos ejemplos. Siempre han existido normas de flexibilidad, incluso hasta 1975, al comenzar a regir las disposiciones vigentes sobre administración financiera. Sin embargo, el presupuesto se refería sólo a una parte de lo que hoy día se presenta y discute en el Senado. Se trataba únicamente de los aportes fiscales, de lo que financiaba cada servicio con ingresos tributarios. Hoy, la Ley de Administración Financiera del Estado establece un detalle mucho menor en cada uno de los gastos. Por ejemplo, en los de personal, que se consideran como un todo, sin entrar a especificar cuánto corresponde a honorarios, cuánto a horas extras, etcétera. Lo mismo ocurre en bienes y servicios de consumo, y así sucesivamente.

Pero, siendo una normativa más agregada, es mucho más completa, y considera todos los ingresos. Mencionaré, a modo de ejemplo, situaciones que se han debido modificar este año por la vía de las normas de flexibilidad.

Parte de los ingresos del Poder Judicial provienen de los intereses por los depósitos de los recursos provenientes del pago de fianzas en los tribunales. Hay una estimación de su monto en la partida del Poder Judicial , pero puede variar, lo que obligaría -como de hecho ha ocurrido este año- a modificar los bienes y servicios de consumo. Si el rendimiento es mayor que el previsto, debido a un cambio en la tasa de interés -hacia arriba o hacia abajo-, sería imprescindible introducir cambios. O bien, si a fines del presente año le quedara a ese Poder un saldo de caja por imposibilidad de realizar algunos gastos, habría que incorporarlos en el Presupuesto de 1992.

Otro ejemplo. La Dirección General de Aeronáutica Civil obtiene sus ingresos mayoritariamente por cobro de tasas de aeropuerto. ¿Qué pasa si sus rendimientos fueran mayores durante el próximo año? Probablemente, querrá dedicarlo a un gasto en bienes y servicios de consumo, dado un mayor tráfico que requiriera una mayor actividad.

Un ejemplo más: la Casa de Moneda tuviera éxito, como ha ocurrido en los últimos meses, en elaborar monedas para otros países, requeriría un mayor presupuesto en bienes y servicios de producción que el contemplado en este momento, calculado sin saber si podrá realizar negocios de esa naturaleza.

Creo que sería engorroso y lento tramitar una ley para cada uno de estos casos, que son ejemplos concretos acontecidos en este año. Muchas otras modificaciones que tuvieron lugar durante 1991 sí fueron materia de ley, como el aumento de 10,6 por ciento de las pensiones y la aprobación del Estatuto Docente. Y eso explica, en parte, gastos que no estaban contemplados en la Ley de Presupuestos original. Y, así, dría enumerar varios otros casos.

Creo que la indicación formulada va en contra de la actual normativa de administración financiera y contra las actuales y necesarias disposiciones sobre flexibilidad presupuestaria.

El señor GAZMURI.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , creo que debemos reflexionar muy seriamente sobre esta indicación, y me interesa mucho la reacción del señor Director de Presupuestos respecto de lo que voy a decir, porque, entre muchas otras virtudes, tiene la de dominar ampliamente esta materia.

Me preocupa la falta de interés del Gobierno en respaldarla, y quisiera saber dónde está la dificultad.

Dentro de la normativa constitucional conforme a la cual se elabora el Presupuesto hay un proceso de estimación de ingresos que corresponde hacer privativamente al Poder Ejecutivo. Si acaso se excede en estas estimaciones, podría generarse una diferencia entre lo que se ha estimado y lo que en definitiva se gasta.

Pareciera interesante la idea - y es a eso a lo que apunta mi interés en favor de esta indicación - de que, frente al cuadro global que vive el país, al interés que existe por estimular la inversión y desalentar el gasto, en este proyecto de Ley de Presupuestos de alguna manera se disponga que, si se producen diferencias este año - dentro de lo que está fijado como límite máximo en la propia Ley - , éstas vayan en definitiva a inversión y no a gasto. Es decir, procura incentivar la economía, el ahorro, en la Administración Pública y desalentar la tentativa que pudiera existir - hablamos en general - de sobreevaluar los ingresos para generar diferencias que puedan implicar aumento de gastos; y, a la inversa, facilitar que cualquier eventual ahorro se destine precisamente a inversión y no a nuevos gastos.

Ese es, me parece, el objetivo de la indicación, y quizá sería deseable que los señores Ministro de Hacienda y Director de Presupuestos vieran la manera de introducirle las modificaciones o ajustes necesarios para que pueda alcanzar el sano fin de que las diferencias producidas entre lo que se presupuesta y lo que se gasta estén orientadas preferentemente hacia la inversión y no a mayores gastos.

He dicho.

El señor GAZMURI.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Creo que se ha debatido lo suficiente. Personalmente, al menos, ya me he formado una opinión sobre la materia.

Me parece que la indicación está mal presentada, fundamentalmente porque afecta a gastos, sin precisar si son permanentes o no. Esa es una razón. Comprende toda la glosa de gastos en personal, bienes y servicios de consumo, bienes y servicios para producción -como ha dicho el señor Director de Presupuestos -, de manera que estaría vulnerando lo dispuesto en el artículo 64 de la Carta Fundamental.

Y, en segundo lugar, creo que la forma es también equivocada. Si bien participo en alguna medida de las observaciones formuladas por el Honorable señor Jarpa en el sentido de que el Congreso tiene pocas facultades -efectivamente, la Constitución le da muy pocas en esta materia-, debo hacer constar, empero, que aquí no se trata de rebajas. Se procura fijar topes, haciendo imposible la flexibilidad entre partidas, lo cual implica una inelasticidad que, a mi juicio, sí atenta contra la capacidad de administración del Presupuesto por parte del Ejecutivo.

Por lo tanto, considero inadmisible la indicación.

La señora FELIU.-

Su Señoría tiene la facultad para declararla inadmisible, pero, en todo caso, la indicación no dice lo que el señor Presidente acaba de señalar. Ella se refiere a un tope de "monto global" dentro del cual puede moverse libremente el Poder Ejecutivo . Eso lo consigna muy claramente la indicación: es un monto global total. Y no está reduciendo ningún gasto porque la cifra a la que se refiere es la señalada por el proyecto de Ley de Presupuestos, planteada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso.

Se trata de ese monto global, total, y dentro de él es posible la más absoluta flexibilidad presupuestaria. Por eso, a mi juicio, tampoco afecta la flexibilidad presupuestaria. Y al declararse inadmisible esta indicación se está partiendo de un supuesto muy grave: que el Poder Ejecutivo puede incurrir en gastos no autorizados por la Ley de Presupuestos.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Están autorizados los gastos, pero lo están también los traspasos para la necesaria flexibilidad, como lo explicó el Director de Presupuestos .

El señor ZALDIVAR.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra, señor Senador.

El señor ZALDIVAR.-

Además de la argumentación que Su Señoría ha dado, quiero insistir en otra -también esgrimida por el señor Presidente - en el sentido de que, de acuerdo con el inciso tercero del artículo 62 -citado por Su Señoría-, "Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación... con la administración financiera o presupuestaria del Estado ,". Asimismo, el decreto ley Nº 1.263 establece en su artículo 1°: "El sistema de administración financiera del Estado comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a la concreción de los logros de los objetivos del Estado. La administración financiera incluye, fundamentalmente, los procesos presupuestarios, de contabilidad y de administración de fondos.". Y en su artículo 26 estatuye un sistema y procedimiento de administración de fondos que permite transferencias, excedentes en algún ítem y no en otro.

Por lo tanto, la indicación es inadmisible, porque ni esta Corporación ni ninguno de los Senadores tenemos iniciativa legislativa sobre la materia, aun cuando aceptáramos la tesis de la Honorable señora Feliú de que en virtud de la Ley de Presupuestos -que tiene un año de vigencia- puede modificarse una ley permanente, aunque sea en términos transitorios.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , pregunto: entonces, ¿en qué queda la facultad del Congreso para disminuir gastos, si mediante la operación señalada por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra puede suplementarse efe ítem respectivo, y esa reducción queda sin efecto? Significa, en consecuencia, que el Parlamento prácticamente carece de toda atribución para discutir el Presupuesto, y la verdad es que toda esta discusión resultaría inútil.

El señor ZALDIVAR .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor GAZMURI .-

Entiendo que está cerrado el debate, porque si así no fuera hago presente que solicité la palabra con antelación.

El señor VALDES ( Presidente ).-

No sé si desean seguir discutiendo esta materia. Denantes declaré inadmisible la indicación, pero la Sala puede estimarlo de otra manera. A mi juicio, ella vulnera normas que son claras; puedo estar equivocado, pero es haciendo uso de mi derecho.

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIU.-

Señor Presidente , quiero solamente dar lectura a un precepto de la Ley de Administración Financiera del Estado, que se acaba de mencionar. Su artículo 19 señala que "Los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo a que pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos.".

Lo que se está planteando en este momento es la posibilidad de efectuar gastos no autorizados en la Ley de Presupuestos, ni en ninguna otra. Y ello no es posible dentro del sistema constitucional chileno. La flexibilidad presupuestaria -a mi juicio, no se altera con esta indicación porque se permite la más amplia libertad presupuestaria interna- está dentro de un límite máximo fijado en la propia ley. Y al decir que la indicación es inadmisible se parte del supuesto de que puede haber gastos más allá de la Ley de Presupuestos, esto es, gastos no autorizados por ésta.

El señor VALDES ( Presidente ).-

No lo comprendo así, señora Senadora, porque no es más allá del gasto total de la Ley de Presupuestos. Se refiere a ciertas partidas a las cuales se fijó límite.

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , la verdad es que la indicación presentada por la Honorable señora Feliú está directamente relacionada con una anterior de carácter más general. Por lo tanto, por ser más general y fijar como monto global del gasto precisamente lo establecido en la Ley de Presupuestos, es más flexible y apunta al mismo objetivo de limitar el gasto total propuesto por el Ejecutivo .

El señor Ministro ha dicho que en casos de emergencia se tienen que complementar los ítem, y el señor Director de Presupuestos ha dado una serie de ejemplos en los cuales es necesario hacerlo.

En lo referente a lo señalado por este último, evidentemente que se requiere flexibilidad presupuestaria. Nadie pretende que deba recurrirse a una ley para complementar ítem en los ejemplos dados por el señor Director de Presupuestos . Sin embargo, una cosa muy distinta es el gasto total, cuya aprobación el mismo Ejecutivo nos está proponiendo. Si aprobáramos un gasto total -que es el máximo, porque la Ley de Presupuestos establece límites máximos, no la obligación del gasto-, estaríamos aceptando la siguiente tesis. El señor Ministro expresó que si hay una emergencia se puede gastar más. Ello significaría que el Ejecutivo , basado en su solo criterio, puede gastar más de lo aprobado por el Parlamento. Y en este ejercicio en que el Ejecutivo propone un nivel de gastos y el Congreso presta su aprobación, el Parlamento no puede aumentarlo, pero cuenta, indudablemente, con facultades para establecer que ese nivel es el que se puede tener, y no más.

¿Y por qué digo esto, que es importante? Porque el año pasado ocurrió algo que ha confirmado el señor Ministro . Cuando hacemos los cálculos distintos respecto de un límite -anteriormente pusimos un límite inferior en 100 mil millones al estimado por el señor Ministro -, ¿por qué tenemos esa discrepancia? Por una sola razón: porque el gasto efectivo de 1991 excederá el aprobado en la Ley de Presupuestos, complementado con los otros acordados en todas las leyes posteriores, en una cifra que es del 3 por ciento del gasto total.

Por eso tenemos discrepancias, porque el año pasado el Congreso aprobó un nivel de gastos, pero el gasto efectivo -como lo confirma el señor Ministro - fue sustancialmente mayor. En consecuencia, me parece que si despachamos favorablemente los gastos propuestos por el señor Ministro , y simultáneamente admitimos que él dispone de facultades para aumentarlos, sin consultar al Parlamento, por la sola decisión del Ejecutivo, es indudable que todo este ejercicio presupuestario no tiene sentido alguno, y no vale la pena perder dos meses del tiempo de los funcionarios públicos, de la Comisión Especial Mixta y de todos los Parlamentarios.

Por lo tanto, creo que la indicación de la Honorable señora Feliú es absolutamente procedente. Todavía más: si es procedente limitar un conjunto de gastos, con mayor razón lo es limitar el gasto total propuesto por el propio Ejecutivo . Por ello, señor Presidente , presentaremos una indicación en este sentido, a fin de evitar todo problema de estimaciones. De esta manera estamos evidenciando que el año pasado se gastó más de lo aprobado por el Congreso Nacional, lo que, a mi juicio, no es compatible con la norma que prescribe que todo gasto debe ser aprobado por ley. Estamos formulando indicación -repito- para limitar el gasto total del Ejecutivo a lo que él mismo propone. Renunciamos a nuestra diferencia acerca de estimaciones y a nuestra disputa respecto de si hay un aumento del 3,5 por ciento, o más. Si aceptamos lo sugerido por el Gobierno como gasto total, por lo menos tenemos derecho a exigir que no se gaste más de lo que el Ejecutivo propone, y que el Congreso aprueba, porque de lo contrario el ejercicio entero no tiene ningún sentido.

Creo que lo que realmente estamos discutiendo ahora es qué ocurre si hay ingresos adicionales. Al fijar este límite, estamos planteando que esos recursos complementen el ahorro público, y no que queden sometidos a la libre determinación del Ejecutivo para suplementar, al margen de la voluntad del Congreso, la partida que estime conveniente. En consecuencia, si es pertinente y procedente la indicación de la Honorable señora Feliú , con mucho mayor razón lo es una de carácter más global, que implica mayor flexibilidad y permite traspasos entre partidas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera del Estado.

Gracias, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Quiero recordar, una vez más, que en esta materia el Gobierno se está ateniendo estrictamente a las normas legales vigentes. Eso es lo que estamos haciendo en lo referente a administración presupuestaria; y me da la impresión de que el señor Presidente del Senado declaró anteriormente inadmisible esta misma indicación.

En segundo lugar, deseo manifestar que un Estado moderno debe tener flexibilidad de respuesta frente a situaciones cambiantes, y que rigidizar su acción, por la vía de exigir un proyecto de ley para cualquier modificación del gasto público, me parece inadecuado y dificulta una acertada gestión macroeconómica.

En tercer término, y si me permite el señor Presidente referirme a un punto más técnico, no es en absoluto claro, ni es en todos los casos conveniente, que cuando hay un mayor ingreso público éste se ahorre automática y mecánicamente. Depende de la situación macroeconómica. Si se necesita reactivar la economía, no hay ninguna razón para ahorrar esos recursos, y puede ser perfectamente conveniente gastarlos.

El señor DIEZ.-

Viene al Congreso.

El señor PIÑERA .-

Pero, ¿gastos sin ley?

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Los señores Senadores deberán entonces cambiar las normas legales: las constitucionales, la Ley de Administración Financiera del Estado, y todas las demás.

El señor DIEZ.-

La Constitución, no.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Pero -reitero- nosotros estamos ateniéndonos a las normas legales, y sosteniendo, además, que al aplicarlas tenemos el margen adecuado de flexibilidad para poder operar una política macroeconómica.

El señor URENDA.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Finalmente, quisiera...

El señor PIÑERA.-

Todo es posible por ley.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Si me permiten terminar mi intervención, quiero señalar que no creo que la sana doctrina en materia de finanzas públicas se vaya a imponer por las leyes. Si hay un Gobierno con sentido de responsabilidad en lo atinente al manejo de las finanzas públicas -como estimo, modestamente, que ha ocurrido durante este período-, no es necesario tener normas legales para restringir los gastos y lograr finalmente un equilibrio o un superávit presupuestario. De manera que en esta discusión quiero manifestar mi desacuerdo con lo aseverado recién por el Honorable señor Piñera .

El señor URENDA.-

Señor Presidente , ¿hay un monopolio de la palabra de parte de determinados señores Senadores, porque algunos han intervenido dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, y a mí me ha sido imposible hablar?

El señor VALDES ( Presidente ).-

Excúseme, señor Senador , pero debo concederla al Honorable señor Romero . En seguida, le corresponderá a Su Señoría.

El señor ROMERO .-

Concedo una interrupción al Honorable señor Urenda.

El señor URENDA.-

Señor Presidente, creo que la materia que estamos discutiendo tiene bastante más importancia de lo que pudiera parecer, y nuevamente nos encontramos debatiendo el tema de las facultades del Ejecutivo, frente a las del Congreso.

Quiero llamar la atención, primero, a que la circunstancia de que el Presidente de la República tenga la exclusiva iniciativa de ley en estas materias no significa necesariamente que los proyectos que envía deban ser aprobados en la forma como son remitidos. Si éste fuere el caso, habríamos cambiado la norma y establecido que "el Presidente de la República administrará los fondos del Estado como mejor estime conveniente para el interés general". Si el procedimiento obliga al envío de los proyectos, es' porque quienes van a estudiarlos y discutirlos cuentan con ciertas facultades, porque si no tienen ninguna sería, como se ha dicho tantas veces, un trámite absolutamente inútil.

Pero, al mismo tiempo -ante la cita reiterada de un decreto ley anterior-, cabe señalar que fue la Constitución Política la que, con posterioridad a ese cuerpo legal, estableció algunas de las escasas facultades que tiene el Congreso, entre las cuales figura la de que sólo podrá reducir los gastos contenidos en un proyecto de ley, sin perjuicio de que podrá aprobar un nuevo gasto con cargo a los fondos de la nación, indicando, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto.

Lo que en el fondo está en debate, señor Presidente y Honorable Senado, es si los mayores ingresos del Estado están afectos o no a la intervención del Parlamento. Según la tesis que aquí se ha sostenido, si por cualquier circunstancia ellos se incrementaran en 10 ó 15 por ciento, el Estado podría manejar los recursos en la forma que considerara conveniente.

A mi juicio, no es ése el espíritu de la ley. Creo que, de acuerdo con él, puede haber flexibilidad en los traspasos, pero dentro de los gastos que el Congreso autorizó. Si no, no tendría sentido alguno esta discusión. Ello no le resta flexibilidad. Y como recordarán, en el pasado había leyes de suplemento o de reforma del Presupuesto, precisamente sobre la base de ingresos mayores de los previstos. Cuando se trata del manejo de los ingresos ya determinados, podríamos entender que se aplica el decreto ley sobre Administración Financiera del Estado. Pero cuando están en juego ingresos adicionales, que el Congreso no ha aprobado, lo normal y lógico es que se cumpla el trámite indicado.

En consecuencia, si por la sola pretensión de reafirmar un concepto -que, a mi juicio, está implícito en el proyecto- se declara inadmisible la indicación, también podría serlo por inútil. Porque, a mi modo de ver, aun haciendo uso de las facultades del decreto ley 1.263, no podrían realizarse traspasos que implicaran gastos mayores que los ingresos considerados en el Presupuesto y que los gastos globales en él aprobados.

Por lo tanto, señor Presidente , pienso que la indicación viene a reafirmar un concepto. Y creo que resultaría hasta innecesaria si fijáramos claramente que el Ejecutivo no tiene la facultad de disponer a su antojo de los mayores ingresos que se producen. Y si hay excedentes de éstos, tendrá que indicar al Congreso si los va a gastar, o si los ahorrará. Obviamente, en este último caso no necesita pedir autorización para gastar.

Por eso, estimo que la indicación es procedente.

Pero hay algo más, señor Presidente . Me parece que no podemos seguir desprendiéndonos de las pocas facultades que poseemos, e interpretar irracionalmente las normas. La iniciativa exclusiva del Presidente de la República no significa que no haya una ley. Si la hay es porque existe la intervención del Congreso; y la única justificación para ello es que los Parlamentarios podamos introducir algún cambio en los proyectos que aquél envía. Porque de lo contrario estaríamos sencillamente confirmando su texto. Y no nos quedaría otro camino que dar por aprobado lo propuesto por el Gobierno.

He dicho.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, ¿puedo recuperar el uso de la palabra?

El señor VALDES (Presidente).-

No cabe duda de que era suya, señor Senador.

Antes debo hace presente que ha llegado a la Mesa una nueva indicación que se refiere a la misma materia, y que tal vez -no conozco la opinión del señor Ministro - puede modificar la discusión.

Por consiguiente, quisiera que en su valiosa participación Su Señoría considerara este antecedente.

El señor ROMERO.-

Lo escucho, señor Presidente.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La indicación, suscrita por los Senadores señores Diez, Piñera y Cantuarias , consiste en agregar un artículo nuevo que dice: "El monto global de gastos señalados en el artículo 1° de esta ley constituye el límite máximo que podrán alcanzar los gastos del sector público para el año 1992.".

El señor NAVARRETE .-

Es lo mismo.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Si Sus Señorías me lo permiten, quisiera aclarar un punto.

¿Esto se refiere a los gastos globales de todas las partidas, o al gasto total, valor neto del presupuesto?

El señor GAZMURI.-

¡Es peor que la otra!

El señor DIEZ.-

Es el gasto global del artículo 1°, el total del artículo 1°.

El señor GAZMURI.-

Por eso, señor Presidente, es peor.

El señor PIÑERA .-

No, señor Senador. Tiene más flexibilidad.

El señor PAPI.-

Es peor.

El señor GAZMURI .-

Si el Honorable señor Romero -quien tiene el uso de la palabra- me concediera una interrupción, le explicaría a Su Señoría por qué es peor.

El señor ROMERO .-

La verdad es que no he tenido posibilidad de intervenir en la discusión. No tengo ningún inconveniente en acceder a lo solicitado por Su Señoría, pero creo que quien dirige el debate es el señor Presidente .

El señor VALDES (Presidente).-

Señores Senadores, deseo clarificar lo siguiente.

La anterior indicación se refería a los Subtítulos 21, 22 y 23, a determinados bienes. Esta nueva dice relación al gasto global. O sea, hay que entender que se refiere a los 3 billones 175 mil millones. Y señala que el Presupuesto no podrá pasar de esta suma.

El señor GAZMURI .-

Es inadmisible.

El señor VALDES (Presidente).-

Es distinta la indicación.

Ahora puede usar de la palabra el Honorable señor Romero.

El señor GAZMURI .-

El señor Senador me había concebido una interrupción.

El señor ROMERO.-

Con la venia de la Mesa, no tengo inconveniente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI .-

Es muy breve, señor Presidente .

Esta indicación se presenta bajo distintas fórmulas, pero, al final, alude al mismo problema. Y, además, es exactamente lo que ha planteado el Senador señor Piñera .

Lo que estamos discutiendo es qué ocurre cuando hay mayores ingresos. En el actual ordenamiento institucional, esos mayores ingresos se pueden usar de dos maneras: una, por ley -hemos tenido la experiencia-; y la otra, mediante decreto fundado del Ministerio de Hacienda. Esa es la normativa que nos rige. Puede gustarnos o no, pero es la que tenemos.

Ese es todo el punto. Y, entonces, queremos resolver, por la vía de la Ley de Presupuestos, respecto de un conjunto de leyes que rigen la administración financiera y la discusión del Presupuesto. Y creo que ello es impropio.

Estoy de acuerdo en algunas de las cuestiones de fondo, que tienen que ver con las atribuciones del Congreso. Pero eso obedece a la arquitectura jurídica en la que estamos. Considero que -es la última vez que intervengo sobre esta materia- un conjunto de iniciativas de distinto tipo tiene la misma lógica: quitar atribuciones al Ejecutivo -las que tiene hoy día-, en función de las normas que rigen la administración financiera del Estado.

Ese es el punto de fondo. Y si se quiere llegar a él, habría que modificar diversas otras leyes, y no presentar indicaciones al proyecto de Ley de Presupuestos.

En ese sentido, señor Presidente, pido que se declare inadmisible -por estas mismas razones- la nueva indicación.

El señor ROMERO.-

¿Podría usar de la palabra ahora, señor Presidente ?

El señor VALDES (Presidente).-

Por cierto, señor Senador.

El señor ROMERO.-

Escuché con mucha atención las intervenciones que se han realizado con respecto a esta materia, y las encuentro todas interesantes. Pero aquí existen dos problemas que son muy de fondo.

Por una parte, el Gobierno sostiene que va a hacer un gasto determinado. Y resulta que, por la otra, hay una predisposición negativa a que ese gasto sea controlado y limitado.

Sin embargo, pienso que el problema de fondo, lo esencial, es que el Poder Legislativo no tiene en la actualidad las atribuciones necesarias como para efectuar un control efectivo sobre el Presupuesto.

Esa es la cuestión de fondo. Y con relación a esto, señor Presidente , presenté una moción, un proyecto de ley, que en este momento está en trámite en la Secretaría, o en alguna Comisión. Porque, a decir verdad, en esta legislatura extraordinaria -y es otra limitación que tiene una vez más el Poder Legislativo-, en la práctica, no podemos realizar nada, no tenemos ninguna posibilidad, ni de controlar efectivamente el Presupuesto -no nos es factible hacerlo-, ni de tener las atribuciones necesarias.

Quiero llamar la atención sobre ello. Porque el problema aquí no radica necesariamente en la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos. Esto se nos va a plantear permanentemente todos los años, y hago un llamado a la reflexión en este sentido.

En la Comisión Especial de Presupuestos pedí a varios señores Parlamentarios de otras bancadas que copatrocinaran una indicación que presenté sobre la materia. Y recibí una respuesta positiva: Diputados del PPD y Senadores democratacristianos aceptaron copatrocinarla, porque, al igual que yo, están inquietos y preocupados de la "capitis deminutio" que afecta al Congreso en ésta y en otras materias. No sacamos nada con estar hasta las 5 de la mañana, si tenemos en forma permanente el problema de que el Parlamento prácticamente se ha autolimitado y no tiene posibilidad alguna de expresar su opinión y de realizar un control efectivo.

El señor PAPI.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor RUIZ (don José).-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , sólo quiero plantear lo siguiente. Si es necesario agregar la norma en cuestión en la Ley de Presupuestos, querría decir, "a contrario sensu" -como dicen los abogados-, que sin ella el Gobierno sí podría aumentar los gastos.

El señor DIEZ.-

Exactamente.

El señor PIÑERA .-

Así es.

El señor RUIZ (don José ).-

Por lo tanto, lo que debemos hacer es modificar la disposición constitucional correspondiente.

El señor DIEZ.-

¡No!

El señor RUIZ (don José ).-

Perdón, señor Senador. Lo que estamos haciendo aquí, en todo caso, es colocar un parche, porque si con este proyecto se pretende limitar atribuciones que la Constitución y la ley entregan al Gobierno, diría que lo que cabe es realizar una discusión más amplia sobre el tema.

Considero que nos encontramos en un debate absolutamente inútil, porque estamos intentando solucionar uno de los tantos vacíos que presenta la Constitución, por la vía de introducir nuevos artículos al proyecto de Ley de Presupuestos.

A mi juicio, señor Presidente, esto es materia de otra discusión.

En este momento lo que corresponde es sencillamente declarar inadmisible la indicación, por inconstitucional.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Mantengo la declaración de inadmisibilidad respecto de la primera indicación, de manera que sobre ella queda cerrado el debate. La segunda, que es parecida -no gemela, pero de naturaleza similar-, fija un límite máximo.

Hago presente a la Sala que hay 15 indicaciones más llegando con ésta a un total de 16; de manera que, legalmente, podrían darse 32 votaciones. La mayoría de las indicaciones tiene por objeto efectuar reducciones. En este caso se están fijando límites máximos y por partida, dejando para d pues todo lo relativo a las disminuciones.

Creo que el Presupuesto hay que tratarlo con algún respeto y, diría, afecto, para poder manejarlo en términos orgánicos. Si dejamos pendiente este asunto y vemos primero las indicaciones relativas a reducciones, podríamos llegar a acuerdo respecto de éstas y tratar después lo global.

El señor PAPI.-

Pido la palabra.

El señor HORMAZABAL.-

Pido la palabra.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Respecto de la indicación en debate, tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal .

El señor HORMAZABAL .-

Señor Presidente , ésta es una nueva indicación. ¿Se supone que está abierto el plazo para presentar más indicaciones, o ya se encuentra cerrado?

El señor PIÑERA .-

Es la misma, señor Senador , pero modificada.

El señor HORMAZABAL .-

Perdón. Pregunto a la Mesa si la indicación incide en algún artículo ya aprobado, y si ello procede reglamentariamente.

El señor VALDES (Presidente).-

Reglamentariamente, señor Senador, procede tratarla.

El señor HORMAZABAL .-

Lo consulto para no perder el tiempo.

Entonces, voy a leer el artículo 19 del decreto ley Nº 1.263 -al que tantas veces se ha recurrido-, que señala casi exactamente lo mismo que la indicación. Esta última dice: "El monto global de gastos señalados en el artículo 1° de esta ley constituye el límite máximo que podrán alcanzar los gastos del sector público para el año 1992.".

¿Qué dispone el artículo 19 del decreto ley Nº 1.263? "Los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo a que pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos.". Habla de "límite máximo". Y se trata del decreto ley de Administración Financiera. Es el límite.

El señor PIÑERA .-

Pero ya se superó.

El señor HORMAZABAL .-

¿Por qué se superó, señor Senador? Si esperara un segundo, quizá le podría dar la explicación. Modestamente. Se superó porque se supone que las leyes deben guardar armonía entre sí. Y la norma del artículo 19 está en consonancia con la del 26 del mismo cuerpo legal, que también ha sido reiteradamente citada. ¿Y qué dice el artículo 26? Lo siguiente: "Las normas sobre traspasos, incrementos" ("incrementos": está hablando de cifras que superan las ya establecidas; el diccionario nos puede ayudar) "o reducciones y demás modificaciones presupuestarias serán establecidas por decreto en el mes de diciembre del año anterior a su vigencia.". ¡Por decreto! La ley está diciendo eso. Y continúa: "Estas normas podrán ser modificadas por decreto fundado durante el ejercicio presupuestario.".

Y agrega el inciso final: "No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, sólo por ley podrá autorizarse el traspaso de fondos entre diferentes Ministerios y el incremento de aportes a las empresas del Estado que no sean sociedades anónimas.".

Señor Presidente , esta indicación, más que de tipo presupuestario, pretende ser una modificación al decreto ley Nº 1.263, de Administración Financiera del Estado. Por lo tanto, no es pertinente, ni adecuada. Se pueden buscar otros mecanismos, pero esto no procede porque, insisto, es una mera referencia al artículo 19 del decreto ley que acabo de citar. Y el Gobierno está actuando dentro de la legalidad vigente cuando hace "traspasos, incrementos o reducciones". Para ello está expresamente facultado por la ley. Si en el Honorable Senado existiera tal acuerdo como para ver de qué manera podríamos establecer, sin llegar a los excesos que con tanta justicia denunció el Honorable señor Diez en 1978, un adecuado equilibrio, es un tema que debemos estudiar y ver cómo mejoramos la Ley sobre Administración Financiera del Estado y las normas constitucionales que rigen el ejercicio presupuestario.

Pero esta indicación -por favor, de nuevo invito a Sus Señorías a examinarla- es casi idéntica al artículo 19 de ese cuerpo legal, en el que armónicamente se dispone la modalidad conforme a la cual el Ejecutivo puede incrementar el Presupuesto.

Asimismo, no está de más que los señores Senadores recuerden que ésta es una estimación adelantada, probable, de los ingresos y gastos que pueda haber en el ejercicio del año siguiente, como se ha reconocido en el debate. Por ejemplo, las estimaciones de ingresos para 1991 fueron superiores a las calculadas en un momento determinado.

Por lo tanto, entendiendo el fondo del tema, me parece que no corresponde seguir con la discusión en el marco de la Ley de Presupuestos, la cual estamos tratando de despachar con la máxima fluidez.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO ( Director de Presupuestos ).-

Señor Presidente , en la misma línea de argumentación seguida por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, puedo decir que se trata de las normas necesarias para operar con flexibilidad presupuestaria.

Daré otro ejemplo, donde se aprecia que una institución podría verse limitada en caso de prosperar la indicación en debate: COTRISA opera un poder comprador de trigo junto con la CORFO. A eso se refieren los gastos por la compra del cereal. Aparecen los ingresos por concepto de la compra de granos, y luego, el desembolso por la adquisición de bienes y servicios para producción.

El nivel efectivo de operación de COTRISA dependerá de la cosecha triguera próxima. Si limitamos el nivel global de gastos, como los ingresos van asociados a la actividad, al restringirlos, se podría requerir de una ley para determinar el monto exacto de la operación que podría ser de compra o venta del cereal por parte de ese organismo.

Algo similar ocurre con cualquier otra actividad como la que mencioné: los ingresos de operación están asociados; son fuente de financiamiento del gasto. Si se lee el artículo 1° del proyecto, se comprobará que buena parte de los gastos requieren de ley para poder ser suplementados. Y si, en definitiva, en 1991 -como aquí se ha referido-, los requerimientos son mayores que lo estimado en el proyecto original, es porque el Congreso aprobó una serie de disposiciones que permiten aumentar los gastos en personal, en transferencias u otros que requieren de ley para ser suplementados. Y en aquellos casos en que los gastos crecieron en virtud de decretos de Hacienda, fue consecuencia de utilizar normas de flexibilidad presupuestaria, debido a que la actividad -no los ingresos tributarios- y las entradas propias de los servicios se modifican durante el año.

El señor VALDES (Presidente).-

Hago presente a los señores Senadores que ya la discusión y las sucesivas indicaciones que han llegado a la Mesa...

El señor PRAT .-

¿Por qué no se votan?

El señor VALDES (Presidente).-

Porque han cambiado, señor Senador.

Hay una nueva indicación que se acerca en forma extraordinaria -es casi idéntica- al artículo 19 de la Ley Orgánica sobre Administración Financiera del Estado. Y, por tratarse de una disposición legal vigente, no sé si el señor Ministro tendría inconvenientes. Dice: "Los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo a que pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos." -eso es un presupuesto: estimaciones del límite máximo que pueden alcanzar los ingresos y compromisos públicos-. Y "Se entenderá por egresos públicos los pagos efectivos y por compromisos, las obligaciones que se devenguen y no se paguen en el respectivo ejercicio presupuestario.".

Ha llegado una indicación...

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , el Gobierno estaría de acuerdo con la indicación, siempre que, además, se incluyera el artículo 26 vigente. En ese caso estaríamos totalmente de acuerdo.

El señor ZALDIVAR .-

A mi juicio, el artículo 19 debe considerarse con relación al 26. Y, como bien dijo el Honorable señor Hormazábal , esa norma permite disponer incrementos por decreto fundado.

El señor DIEZ.-

No es así.

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DIEZ.-

A mi entender, debemos interpretar -y doy excusas por el desorden de la argumentación- todas las leyes de modo que haya coordinación y armonía entre ellas, por una parte, y respetando la jerarquía de los distintos cuerpos legales, por otra. En este caso, sé debe dar mayor jerarquía a la Constitución, que autoriza al Congreso para reducir gastos.

¿Qué establece la Ley sobre Administración Financiera del Estado? Por un lado, en el artículo 19, señala el límite máximo del Presupuesto, lo cual es absolutamente concordante con la facultad constitucional del Congreso de reducir gastos. De lo contrario, no hay Ley de Presupuestos. Es absolutamente concordante que esa ley contenga el límite máximo y que el Parlamento pueda rebajar los gastos.

Por otra parte, el artículo 26 del mismo cuerpo legal, al consignar "Las normas sobre traspasos, incrementos o reducciones y demás modificaciones presupuestarias", no se está refiriendo a exceder el límite máximo, porque ello significaría violar tanto el artículo 19 del cuerpo legal mencionado, como la facultad constitucional del Parlamento de reducir los gastos.

Si alguna vez en el pasado, en virtud del artículo 26, se excedió el monto total, para incrementar una partida, reducir otra, hacer traspasos entre Ministerios o -con mayor razón aun- aumentar el límite máximo, se requiere ley. De otro modo, no se estaría aplicando la Carta Fundamental. Y nosotros, con poca práctica en el funcionamiento del sistema -ésta es la segunda vez que lo aplicamos-, hemos preterido la aplicación de la Ley Fundamental a la Ley sobre Administración Financiera del Estado, en circunstancias de que ésta es anterior. Pero la de rango constitucional es la norma de conducta superior por la cual debemos regirnos. A la luz de la Carta Política, debemos interpretar la ley de Administración Financiera.

En mi concepto, el señor Ministro tiene flexibilidad para actuar, puede hacer incrementos de ítem, pero no violentar el artículo 19 de la ley anteriormente citada.

Y, después de este debate, queremos dejar en claro que el articulado de la Ley de Presupuestos lo estamos aprobando en conformidad al artículo 19 de la Ley sobre Administración Financiera del Estado, que define el límite máximo de los egresos y compromisos del Estado. Pero no tenemos por qué repetir la legislación vigente. Lo que deseamos es que "esta" Ley de Presupuestos sea el límite máximo de los egresos y compromisos del Fisco para 1992, según la definición contenida en el artículo 19 ya citado.

El señor VALDES ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para incluir como disposición de la Ley de Presupuestos lo establecido en el artículo 19 de la Ley sobre Administración Financiera del Estado?

El señor ZALDIVAR .-

¿Para qué si está vigente?

El señor DIEZ.-

¡No existe para 1992!

El señor VALDES (Presidente).-

Hay un argumento conforme al cual no vale la pena repetirla, porque la ley se supone conocida y debe operar. Pero, si vamos a llegar a una solución respecto de este largo debate, al incluir esa norma, me parece que...

El señor ZALDIVAR .-

De agregar algo, habría que consignar también el artículo 26.

El señor VALDES (Presidente).-

Habría que citar, entonces, toda la Ley Orgánica Constitucional como anexo.

El señor ZALDIVAR .-

¡Podemos hacerlo!

El señor DIEZ.-

En lo que estamos de acuerdo, señor Presidente , es en que la ley que estamos despachando señale los límites máximos y egresos para este año. Eso es lo único normal.

Ahora, si el señor Ministro estima que la Ley sobre Administración Financiera del Estado le da facultades en contra de la Constitución, estaría violando la Carta. Si desean hacer más gasto, ¿por qué no lo dicen?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Sólo para acotar que la Ley sobre Administración Financiera del Estado, que data de 1975, se ha aplicado desde entonces con el mismo criterio señalado acá. Como ella habla de "incrementar", se incrementó sistemáticamente desde ese año el gasto por encima de lo que figuraba en la Ley de Presupuestos; o bien, se redujo, según el caso.

Con posterioridad a la Constitución de 1980, se siguió haciendo exactamente lo mismo.

El señor DIEZ.-

Entonces, no había Parlamento.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

¿No había Parlamento? Yo tenía entendido que había un Poder Legislativo que determinaba lo mismo que éste.

Deseaba acotar simplemente lo anterior, porque no es primera vez que ocurre, sino que ha estado sucediendo por muchos años y se han aplicado de esa manera tanto la ley como la Constitución.

De tal modo que no estamos innovando en nada respecto de lo que el Gobierno anterior hizo en su práctica de administración presupuestaria y financiera.

Reitero: no hay innovación alguna de lo que fue la práctica habitual.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Hago presente que el artículo 19 de la Ley sobre Administración Financiera del Estado establece que los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo a que pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos; y es lo único que un Gobierno o una persona puede hacer respecto de los recursos y de los gastos que hará al año siguiente. No es algo mecánico, y no hay nadie que pueda definir un presupuesto exacto para un año entero. Son estimaciones de un gasto.

Si eso resuelve el problema, propongo que esa disposición...

El señor ZALDIVAR .-

Señor Presidente , con la misma argumentación de Su Señoría para declarar inadmisible una indicación anterior, por ser ésta una que tiene que ver precisamente con la administración financiera, necesita iniciativa del Ejecutivo. De no tenerla, no podemos tratarla.

El señor PAPI.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PAPI.-

Complementando lo que acaba de decir el Honorable señor Zaldívar , deseo manifestar que en esto hay una comprensión errada, pues, nos guste o no nos guste, el margen que nos da la Constitución para actuar en esta materia es extraordinariamente estrecho. Y ella es reiterativa en señalar la facultad que compete al Congreso a este respecto: "exclusivamente reducir", y nada más. Y en el número 6° inciso cuarto del artículo 62 de la Carta, en el párrafo correspondiente a la formación de la ley, en lo tocante a la seguridad social -en mi opinión, es más amplio el alcance-, se dice que "El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar". Y no tenemos más alternativa.

En materia de Ley de Presupuestos, la lógica indica que si el Parlamento no llega a acuerdo en los plazos que fija la ley, prevalece el criterio del Ejecutivo. Podríamos sostener un lato debate al respecto para demostrar cuál es la pauta que informa este asunto, la cual, a mi juicio, hemos estado rebasando reiteradamente con las indicaciones formuladas.

Repito: sólo podemos aceptar, disminuir, o rechazar y respecto de partidas específicas.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa.

El señor JARPA.-

Señor Presidente , me parece que estamos aceptando el gasto propuesto por el Ejecutivo ; no otro. De manera que estamos absolutamente dentro de las normas establecidas en la Carta. No estamos rechazando ni disminuyendo. El Ejecutivo propone un gasto, el Senado lo acepta. Y es ése y no uno que se va a establecer a lo largo de un año. La Constitución habla del "gasto"; no de lo que el Gobierno agregue durante el año. Está definiendo de qué se trata.

El señor ZALDIVAR .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor PAPI.-

¡Para eso estamos aprobando esta Ley de Presupuestos!

El señor VALDES ( Presidente ).-

Señores Senadores, yo me atengo a lo que dispone la norma especial respecto del Presupuesto: son estimaciones de gastos y de ingresos. Me pregunto qué sucedería si hay ingresos mayores que los calculados en esta estimación. ¿Los tendría que rechazar?

El señor ZALDIVAR.-

Se aplica el artículo 26 de la Ley sobre Administración Financiera del Estado.

El señor DIEZ.-

Tendría que verlo el Congreso.

El señor PAPI.-

Lo tendríamos que debatir.

El señor ALESSANDRI.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor HORMAZABAL.-

Pido la palabra.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , la Constitución es posterior a la ley que regula el Presupuesto. Y la estimación se refiere sólo a los ingresos; no a los gastos. Ella no alude a estimación de gastos, sino simplemente a "los gastos".

Por lo tanto, los gastos deben ser fijos y el Congreso puede rebajarlos.

Entonces, ¿cómo se explicaría esta situación y la facultad del Congreso si mediante esa ley, que es anterior a la Carta, puede suplementar el mismo gasto que el Parlamento ya redujo?

Por lo demás, estas disposiciones y esta limitación de los poderes del Senado datan de 1943, cuando se modificó la Carta en el Gobierno de don Juan Antonio Ríos , y se le quitó al Congreso la facultad de aumentar los gastos, pudiendo sólo disminuirlos.

El señor HORMAZABAL.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor PIÑERA.-

¿Me concede una interrupción, Honorable colega?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZABAL.-

Con la venia de la Mesa, con todo agrado le concedo una interrupción al señor Senador.

El señor PIÑERA.-

Agradezco al Honorable señor Hormazábal la interrupción que me concede.

Estamos tratando algo de lógica y absurdo, pues, con el criterio sustentado por las bancadas de la Concertación en cuanto a que el Parlamento carece de atribución para aprobar o rechazar el cálculo de ingresos, podríamos llegar al absurdo de que este último fuera de 100 millones de pesos, y el Presupuesto determinara cómo gastarlos. Y los 3 mil 100 millones restantes serían ingresos adicionales que podrían gastarse al margen de la voluntad del Congreso. Se trata de algo muy simple: determinar si acaso el Ejecutivo tiene facultades para utilizar fondos sin consultar al Parlamento. Si las posee, toda esta discusión presupuestaria debería suprimirse. Y como ése no fue el espíritu del constituyente y si aplicamos la lógica, estamos propugnando algo muy sencillo: señor Ministro , usted propone gastar 3 mil 100 millones de pesos, nosotros decimos conforme; pero nos oponemos si pretende excederse de esa cifra al margen de la voluntad del Congreso. Es decir, puede disponer hasta esa cantidad sin pedir autorización al Parlamento. ¡Así de simple es la lógica!

El señor PAPI.-

¿Me concede una interrupción, Honorable colega?

El señor HORMAZABAL.-

Señor Presidente , para quien habla sería un alto honor presidir el debate; pero mi ánimo es sólo entregar un antecedente. Si el Honorable señor Papi desea intervenir, con la venia de la Mesa le concedo una interrupción.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Está llegando a la Mesa la indicación de Su Señoría.

Tiene la palabra el Senador señor Papi.

El señor PAPI.-

Gracias, Honorable señor Hormazábal .

Señor Presidente, a mi juicio hay una tremenda confusión, la cual impide entender que estamos discutiendo la Ley de Presupuestos y que debemos pronunciarnos exclusivamente sobre ella, y no introducir disposiciones que, virtualmente, limitan facultades.

Algunos gastos requieren ley; otros, no. Existen normas que flexibilizan la administración financiera del Estado. Quiero saber qué hacemos hoy. ¿Revisar el ordenamiento jurídico acerca de la materia en debate, o legislar sobre la Ley de Presupuestos y pronunciarse acerca de sus montos, a partir de la única facultad que tiene el Congreso: reducir los gastos, señalándolos específicamente?

Existe una confusión inicial que nos impedirá llegar a cualquier análisis coherente del proyecto de que se trata.

El señor ROMERO.-

Propongo que votemos, señor Presidente.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente, retomo la palabra.

A mi juicio, queda claro que los señores Senadores de Renovación Nacional, por lo menos, aceptan el gasto propuesto por el Ejecutivo y renuncian a su legítimo derecho constitucional y legal a reducirlo en aquellos ámbitos donde la Constitución y la ley lo permiten. ¡Lo aceptan!

El señor PIÑERA .-

Aceptamos que se apruebe.

El señor HORMAZÁBAL .-

¡Lo admiten! ¡Por favor! ¡Están aceptando el gasto establecido aquí! He entendido que aceptan la estimación de gastos presentada por el Ejecutivo , porque, además, es iniciativa exclusiva de éste, lo cual se ha señalado latamente.

Por otra parte, la indicación no está referida a reducir un gasto; es una legítima manera de entender cómo deberían administrarse las finanzas del Estado. Y la indicación es materia específica de una normativa legal especial: la Ley de Administración Financiera del Estado, cuyo artículo 19 fue recogido aquí con beneplácito, "con bombos y platillos", porque se entiende como lícito, coherente y competente. Se señala expresamente por los autores de la indicación que su objetivo es eliminar el artículo 26, porque en opinión de los señores Senadoressería inconstitucional.

El señor DIEZ.-

¡No es ésa la interpretación! ¡La interpretación exacta es que puede exceder el artículo 19!

El señor HORMAZÁBAL .-

¡Perfecto! De ese modo, la indicación tiene además el carácter de interpretativa, que requiere quórum especial para ser tratada como una norma constitucional que interprete la Carta.

Quiero recordar -aceptado el problema del gasto y suponiendo que es legítima la opinión sobre cómo deben administrarse los recursos del Estado-, lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 62 de la Constitución Política: "Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado ,...". El texto de la norma constitucional es claro. Y la indicación no dice nada de reducir gastos; cambia la forma en que deben administrarse los recursos públicos según la expresión concreta que aquí se dio.

La señora FELIU .-

¿Me concede una interrupción, señor Senador ?

El señor HORMAZÁBAL .-

Terminaré la idea, Su Señoría.

Finalmente, señor Presidente , como el destacado Senador señor Diez señaló que, además, la Ley de Administración Financiera del Estado es de quórum calificado, debería entenderse...

El señor DIEZ.-

¡No dije eso!

El señor HORMAZABAL .-

Así me pareció.

Entonces, señor Presidente , retiro lo aseverado; y con todo agrado rogaría a Su Señoría -para no dirigir yo el debate- que tenga la gentileza de dar el uso de la palabra a la Senadora señora Feliú , que la requiere con tanto donaire como con derecho.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , quiero recordar que la Constitución Política de 1980, reproduciendo la de 1925, aclara el problema en debate: no hay más gastos en materias no autorizadas por una ley que aquellos a que se refiere actualmente el artículo 32, número 22° -correspondiente al artículo 72, número 22° de la Constitución de 1925-, el cual dice: "Son atribuciones especiales del Presidente de la República :

"Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. El Presidente de la República , con la firma de todos los Ministros de Estado , podrá decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos.". Esto último es lo que se denomina el dos por ciento constitucional.

No hay más pagos no autorizados por ley que éstos, señor Presidente , que derivan de calamidades públicas y agotamiento de recursos.

El señor PAPI .-

Faltó agregar dos más, señora Senadora.

La señora FELIÚ.-

Las firmas de todos los Ministros de Estado , Su Señoría. Artículo 32, número 22° de la actual Constitución Política.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Propongo a la Sala establecer un límite de tiempo para la recepción de las indicaciones, pues todavía se están recibiendo. Por lo tanto, a partir de este momento, no se deberían admitir más.

Si no hubiere oposición, así se procedería.

Acordado.

En seguida, se votará la indicación que dice: "Esta Ley de Presupuestos es el límite máximo que pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos durante 1992.".

El señor GAZMURI.-

¿Puede repetirse la lectura, señor Presidente?

¿Qué quórum de votación requiere?

El señor PAPI.-

La indicación es inadmisible, pues es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

El señor VALDES ( Presidente ).-

El señor Secretario dará lectura a la indicación.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Propone agregar el siguiente artículo nuevo:

"Esta Ley de Presupuestos es él límite máximo que pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos durante 1992."; y fue suscrita por los Senadores señores Piñera y Diez.

El señor GAZMURI.-

Pido la palabra.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , me parece que la indicación apunta exactamente al mismo objetivo de otra anterior, declarada inadmisible por el señor Presidente .

El señor VALDES ( Presidente ).-

La Mesa no comparte ese criterio, pues la otra indicación fijaba determinadas partidas y hacía rígido el movimiento presupuestario.

Si la Sala estima que la decisión de la Mesa no es válida, invoco su opinión para que indique si es aceptable o no la indicación; porque, sin duda alguna, en estas materias no existe una fijeza absoluta ni una claridad total.

El señor NAVARRETE.-

Pido la palabra.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.

El señor NAVARRETE .-

Señor Presidente , tengo mis dudas acerca de la admisibilidad de la indicación. Pero, a la vez, me da la impresión de que no está modificando sustantivamente el proyecto de Ley de Presupuestos. Por consiguiente, a mi juicio, la indicación podría complementarse y agregarle al final que "se regulará con arreglo a las normas contempladas en la Ley de Administración Financiera del Estado", todo lo cual hace posible considerar tanto el artículo 19 como el signado con el número 26.

Si hubiere acuerdo de la Sala en esta complementación, se podría aprobar por unanimidad.

El señor PRAT .-

¡No hay acuerdo!

El señor VALDES (Presidente).-

Se deja a la consideración de la Sala la propuesta formulada por el Honorable señor Navarrete.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Con el debido respeto, señor Presidente , como la sesión ha sido muy larga y ha habido conciliábulos paralelos, ¿podría explicarse nuevamente la proposición?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.

El señor NAVARRETE .-

Señor Presidente , dije que a la indicación podría agregarse la siguiente frase: "Se regirá por las normas que contempla la Ley de Administración Financiera del Estado.", lo que hace posible considerar los diferentes criterios surgidos en torno de la discusión de los artículos 19 y 26.

El señor PRAT .-

No hay acuerdo, señor Presidente .

El señor ROMERO .-

No hay acuerdo.

El señor PAPI.-

¿Me permite hacer una aclaración, señor Presidente?

Me parece que todos podemos compartir el propósito que guía a los Honorables colegas que presentaron la indicación; sin embargo, el tema ameritaría un debate bastante más de fondo por las implicancias prácticas que tiene.

Aquí estamos sosteniendo la idea -la Honorable señora Feliú leyó la disposición- de que todos los gastos deben ser autorizados por ley, salvo los mencionados en la norma constitucional. Eso no es así. Concretamente, no requieren de ley los gastos efectuados en bienes y servicios de consumo; tampoco los servicios de deuda. Se necesita de ley para endeudarse, no para pagar. En este caso, virtualmente, si el Estado quiere pagar más en un momento dado, porque hay disponibilidad de recursos, no se podría hacer con la norma en debate.

Por consiguiente, la implicancia práctica es enorme. No es tan simple como para decir: "Mire, yo no quiero que se gaste más". Tiene otras derivaciones que, a mi juicio, comprometen seriamente las normas de flexibilización de la administración financiera del Estado.

En consecuencia, señor Presidente -reitero-, pronunciémonos sobre la Ley de Presupuestos: no modifiquemos aquí la Constitución Política ni la Ley de Administración Financiera del Estado. Y me parece que las derivaciones prácticas acerca de esta materia no han estado presentes en el debate.

El señor VALDES (Presidente).-

En votación.

--(Durante la votación).

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , toda la argumentación de la Senadora señora Feliú demuestra que la indicación es absolutamente innecesaria, porque la ley y la Constitución establecen las normas para los gastos y por lo tanto, no se necesita incluir una norma nueva.

Rechazo la indicación.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , a mi juicio, la indicación es claramente inconstitucional al tenor del inciso tercero del artículo 62 de la Carta Fundamental, que dice: "Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos,".

Señor Presidente , en consecuencia, estaríamos no solamente infringiendo disposiciones constitucionales, sino también violentando principios básicos en que se instaura la democracia. Hay que entender que en un país el Ejecutivo es el que, acompañado de una mayoría, administra; y la minoría es la que fiscaliza. Por esta vía la Oposición, que es minoría en el país, quiere entrar a ejercer la administración, lo cual no le corresponde. Esto está claramente establecido en la Constitución.

Se trata de la vía oscura que han comenzado a buscar algunos sectores para poder distorsionar todo el aparato administrativo de un Gobierno libremente elegido. Considero que ello es improcedente e inconstitucional, y por esas razones voto que no.

El señor ZALDIVAR.-

Señor Presidente , rechazo dejando constancia de que, aun cuando se aprobara la indicación que se vota, se mantiene en plena vigencia el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , de un modo muy breve deseo aprobar la indicación y, además, dejar establecido que, como se ha citado el artículo 62, tercer inciso, de la Constitución, sobre proyectos de ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , cuando se trata de normas de administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, hay que entender que ello se refiere a modificar una ley presupuestaria aprobada; pero no a lo que estamos haciendo aquí, que es aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos, el cual, evidentemente se refiere a administración del Estado.

Voto que sí.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente , acabo de enviar una nota al señor Secretario señalando que, por un error, voté estando, en realidad, pareado.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

Resultado de la votación: 16 votos por la afirmativa, 16 por la negativa, 3 pareos.

El señor VALDES (Presidente).-

Corresponde repetir la votación.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

En el caso de producirse un nuevo empate, se daría por rechazada la indicación.

El señor VALDES ( Presidente ).-

¿La Sala estaría de acuerdo en dar por efectuada la nueva votación con el mismo resultado anterior?

No hay acuerdo.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor URENDA.-

Señor Presidente , deseo fundamentar mi voto.

El inciso tercero del artículo 62 de la Constitución, citado anteriormente por un señor Senador, se refiere a la iniciativa del Presidente de la República en proyectos de ley incluyendo la modificación de la Ley de Presupuestos.

De acuerdo con la interpretación que quiere darse aquí, esta norma sería innecesaria, porque el Ejecutivo manejaría el presupuesto, después de ser aprobado por el Congreso, a su real saber y entender. Si se ha establecido esto, es precisamente porque no puede gastar más allá de lo autorizado globalmente por el Parlamento.

Voto que sí.

--Se rechaza la indicación por haberse repetido el empate (16 votos contra 16 y dos abstenciones).

Sugiero suspender la sesión por una hora.

¿No hay acuerdo?

En ese caso, cito a reunión de Comités para modificar la anterior decisión.

--Se suspendió a las 22:34.

--Se reanudó a las 22:54.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Señores Senadores, teniendo presente que aún resta por tratar un número importante de indicaciones, ¿estaría la Sala de acuerdo en suspender la sesión por una hora?

El señor HORMAZABAL .-

Propongo suspenderla hasta mañana, señor Presidente .

El señor VALDES ( Presidente ).-

Los Comités habían acordado terminar esta noche el tratamiento del proyecto. Sería necesario que tomaran una nueva resolución para modificar la anterior.

Continúa la sesión.

Si le parece a la Sala, seguiremos tratando este proyecto mañana, en una sesión especial cuya hora de inicio y duración determinarán los Comités Parlamentarios.

Acordado.

PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 1992

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde continuar con el estudio del proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para 1992, con informe de la Comisión Especial de Presupuestos.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 15a, en 26 de noviembre de 1991.

Informe de Comisión:

Especial de Presupuestos, sesión 15a, en 26 de noviembre de 1991.

Discusión:

Sesión 15a, en 26 de noviembre de 1991 (queda pendiente su discusión).

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Conforme a lo acordado por los Comités, se tratarán las indicaciones pendientes, las cuales serán debatidas en el orden en que se encuentran en el legajo entregado a los señores Senadores.

Los Comités dispondrán de un tiempo equivalente al doble del que les corresponde en la hora de Incidentes, de modo que el Comité Partidos por la Democracia y Socialista tendrá 30 minutos; el Comité Radical-Social Demócrata, 30 minutos; el Comité Demócrata Cristiano, 50 minutos; el Comité Renovación Nacional, 50 minutos; el Comité Independiente (6 Senadores), 35 minutos, y el Comité Mixto, 30 minutos.

Sus Señorías podrán usar el tiempo como lo estimen conveniente para discutir las distintas indicaciones que llegaron a la Mesa, que son bastantes.

En seguida, se dará lectura a aquellas que quedaron pendientes en la sesión de ayer.

El señor LAGOS ( Prosecretario subrogante).-

Indicación de los Honorables señores Romero , Diez, Piñera y señora Feliú para agregar la siguiente glosa en los programas que a continuación se indican:

"Trimestralmente deberá informarse, a la Cámara de Diputados y al Senado el avance del programa, indicándose los recursos invertidos y los procedimientos utilizados para asignarlos como, asimismo, el número de personas contratadas.

"Programas:

"a) Partida 09" -Ministerio de Educación- "Capítulo 01 Programas 02-03-04-05-06-07

"b) Partida 09 Capítulo 08 Programa 02

"c) Partida 09 Capítulo 11 Programa 03

"d) Partida 10" -Ministerio de Justicia- "Capítulo 07 Programa 02

"e) Partida 14" -Ministerio de Bienes Nacionales- "Capítulo 01 Programa 02".

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra la Senadora señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , Honorable Senado, en cuanto a esta indicación, quisiera reiterar un concepto que planteé en una intervención en la sesión de ayer, ante la existencia de numerosos programas (02, 03, 04, 05, 06, etcétera) que constituyen, en el fondo, bolsas o autorizaciones de recursos en los Ministerios, respecto de actividades que no están previamente establecidas en ellos y son ajenas al servicio de que se trate.

En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Educación, los programas a que me refiero -que resultan muy importantes en cuanto a su función- corresponden, respectivamente, a "Mejoramiento de la Educación de Adultos", "Modernización de la Educación Media Técnico Profesional", "Iniciación a la Vida del Trabajo", "Fomento al Desarrollo de Innovaciones Educativas" y "Programas de Mejoramiento de la Educación".

Todo lo anterior representa una cantidad de recursos -reitero- que se asignan a la Secretaría de Estado mencionada, pero en ella no hay previamente establecido un sistema jurídico que regule su inversión ni una dotación de personal que lo ponga en marcha.

Otro de esos programas es el del Servicio Nacional de Menores, en, cuanto a la administración directa de los establecimientos para el cuidado de los menores. De acuerdo con su ley orgánica, al SENAME no le corresponde dicha administración, y sólo puede encargarse de ella en forma excepcional, de manera absolutamente transitoria, para recibir los recintos y entregarlos de inmediato en licitación.

Entonces, como se trata de un sistema que no está previamente regulado y para el cual no existe una dotación preestablecida de personal, realmente no hay normas que regulen la inversión y los programas concretos que se van a ejecutar: cómo se pondrán en práctica, a qué se destinarán los recursos y el procedimiento jurídico para gastarlos.

En cambio, en programas como el 02 de la Subsecretaría del Trabajo, por ejemplo, las glosas señalan detalladamente cómo se van a invertir los recursos.

Como naturalmente tenemos conciencia de que los programas son muy importantes, desde el punto de vista de la posibilidad de mejorar la educación o de que el Servicio Nacional de Menores proporcione una buena atención en los establecimientos que por excepción tiene a su cargo, algunos Senadores hemos patrocinado la indicación en debate, porque consideramos indispensable que ambas ramas del Congreso cuenten con información oportuna y clara. De modo que ésta sería una forma, no diré de control, sino de seguimiento de los programas que -repito- no tiene una regulación preestablecida en la legislación vigente, respecto de cada uno de los cuales resulta muy complejo, además, determinarla en este momento por glosa.

Por esa razón hemos presentado esa proposición, a fin de que el Congreso Nacional tenga una información oportuna que permita adoptar las medidas legislativas necesarias en cuanto a la forma de invertir los recursos y a las medidas concretas que se toman con aquellos, tan cuantiosos, que entrega el Presupuesto Nacional.

He dicho, señor Presidente.

El señor DÍEZ.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , quiero simplemente dar una explicación de por qué se presenta el Presupuesto en la forma aludida, con relación a los programas mencionados.

Esta materia, por lo demás, fue discutida pormenorizadamente en las Subcomisiones.

En todo caso, el ánimo del Ejecutivo , al presentar así la información, fue justamente el de que el Parlamento disponga de una información más precisa, detallada y desglosada de programas especialmente importantes en cuanto a sus objetivos, y mantenga, por lo tanto, un control más adecuado en lo tocante al contenido de tales programas y los distintos ítem de gastos. Normalmente, aquéllos revisten carácter transitorio, y ése es el motivo por el cual se ha preferido identificarlos separadamente.

Esta es una técnica de presentación presupuestaria moderna, en la que la información de cualquier institución -incluidas las empresas- va siendo proporcionada crecientemente por programas. Es una manera más conveniente de controlar, de fiscalizar, de determinar qué se está haciendo con los recursos en términos más cualitativos, en términos de objetivos.

Por ello se ha empleado este procedimiento, sin que exista ningún otro propósito. Pensamos qué tal sistema facilita al Congreso Nacional la determinación de lo que se hace con los programas, en lugar de que toda la información sea entregada en un solo ítem, caso en el que se haría más difícil determinar el objetivo de cada uno de los primeros.

El señor DÍEZ.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , en esta indicación no hay una crítica al sistema de identificación de los gastos por programa.

Los Senadores de estas bancas agradecemos al señor Ministro de Hacienda el hecho de que, sin estar obligado legalmente a ello, nos haya informado en las Subcomisiones sobre cada uno de los programas; como igualmente a los señores Ministros que hicieron lo mismo en las Subcomisiones.

El señalado no nos parece un mal sistema, pero creemos que debe completarse, de modo que formulamos la indicación, no para suprimir los programas, sino para pedir que se dé cuenta de su marcha al Parlamento. No se trata de que pretendamos separarnos de nuestra función propia y comencemos a fiscalizar, sino de que la Comisión Especial de Presupuestos debe conocer cómo han operado aquellos del año anterior. Porque el Gobierno nos presenta siempre, como referencia, el Presupuesto ejecutado, en relación con el del año venidero. De manera que deseamos efectuar un seguimiento de aquél, y tenemos el derecho de hacerlo, porque podremos preparar la legislación de la Ley de Presupuestos siguiente en la medida en que conozcamos cada uno de los programas y aportemos nuestro punto de vista sobre su ejecución. Ellos son importantes y están presentados en forma lógica y racional, de acuerdo a lo que ordinariamente se aplica hoy en el mundo de la programación de todo tipo de actividades.

Por lo tanto, señor Presidente , a nuestro juicio es muy relevante, en lo relativo a la información que requiere el Congreso -y el Senado, en particular- para preparar la próxima Ley de Presupuestos y al debido ejercicio de la función fiscalizadora por parte de los Diputados, que esta indicación sea acogida.

Lo ideal sería que, en una sesión distinta -seguramente ello podría considerarse en una modificación del Reglamento-, la Corporación dispusiera que los antecedentes fuesen entregados a la Comisión Especial de Presupuestos, la que se constituiría con mucha anticipación, a fin de ir trabajando durante el año en este tipo de materias.

Por esta razón, solicito al Senado aprobar la indicación por unanimidad.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , no tenemos ningún inconveniente en entregar información respecto del grado de ejecución de estos programas en el momento en que el Congreso lo solicite. Creo, sí, que sería una medida de prudencia no exigir que ello sea demasiado frecuente, simplemente por razones de carga administrativa y de trabajo.

El señor DÍEZ.-

Es otro el sistema, señor Ministro .

El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-

La periodicidad de tres meses me parece excesiva. Vamos a tener que destinar permanentemente funcionarios sólo a estar poniendo al día los datos...

El señor DÍEZ .-

Cada cuatro meses, entonces.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

¿Sería posible que fuera una vez por semestre?

El señor DÍEZ .-

Propongo que ello se haga cada cuatro meses.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.-

No sé si el señor Ministro acepta la frecuencia de cuatro meses, pero lo lógico es que sea de seis meses, en el entendido de que es una mera información que normalmente debe entregarse sobre la gestión de los servicios del Estado, y que perfectamente se puede dar, en lo concerniente al Ministerio de Hacienda, respecto del avance de los programas presupuestarios.

No obstante, tampoco se puede recargar á la Administración con una serie de obligaciones que, muchas veces, la hacen incurrir simultáneamente en la ineficiencia o en la burocracia. Porque, en todo caso, el Senado, y cada uno de los Senadores, tiene la capacidad de solicitar esta información cada vez que lo necesiten. Nosotros podemos hacerlo por la vía del oficio, porque no se trata de una función fiscalizadora.

En forma regular, empero, lo lógico sería fijar una periodicidad de seis meses. Así como en el caso del Banco Central hemos asumido la tarea de requerir cada cierto tiempo un informe al Presidente de la entidad, creo que perfectamente se podría establecer una remisión de antecedentes semestral por parte del Ministerio de Hacienda. Incluso, como Senado, tenemos la facultad de solicitar, a través de la Comisión de Hacienda, cada seis meses, el análisis del informe. Sin duda, el Ministro concurrirá a entregarnos la información que corresponda.

Es, pues, una tarea permanente de esta Corporación; ni siquiera necesitaríamos reglamentarla en una disposición legal.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera, Senador por Santiago.

El señor PIÑERA.-

Gracias, señor Presidente . Su Señoría puede ver que a otros Senadores por Santiago les va muy bien,...

El señor HORMAZÁBAL .-

¡Pero a ello ha aportado, asimismo, el peso de las Regiones...!

El señor PIÑERA.-

...de modo que para mí es motivo de orgullo representar a esa ciudad, señor Presidente .

Ahora bien, aprovechando que el debate recién se inicia, y antes de que vengan puntos más polémicos, quiero solicitar al señor Ministro de Hacienda algo que es una réplica de lo que le pedimos hace un año atrás, y que, lamentablemente, por razones de distinta naturaleza, no se cumplió.

Creo que el hecho de no tener sistematizada la manera de entregar la información lo único que hace es recargar el trabajo del Ministerio del ramo y de la Dirección de Presupuestos, porque las cosas se piden -muchas veces, en forma repetitiva- con pequeños cambios.

En consecuencia, quiero solicitarle tres cosas al señor Ministro:

El señor HORMAZÁBAL .-

¿Cree que es Navidad, señor Senador ?

El señor PIÑERA.-

En primer lugar, que sea revisada profundamente la forma en que se presenta el Presupuesto. Ella constituye una fórmula histórica, y hace mucho tiempo que no se aplica inteligencia en su estructura. He estado estudiando el procedimiento que se aplica en los Estados Unidos -un país donde el Congreso tiene una atribución muy grande respecto de los gastos del sector público-, donde la discusión sobre este particular no se realiza una vez al año, para después olvidarse hasta el año siguiente, sino permanentemente. El sistema actual, dados el escaso tiempo y la multiplicidad de cifras (que son millones), sólo permite a los Parlamentarios preguntar dos cosas: cuánto aumenta un gasto respecto al año anterior -si no aumenta mucho, se aprueba- y, si aumenta mucho, cuál es la razón, a lo que un funcionario responde: "Por concepto de remuneraciones; porque debemos comprar esto y eso otro". No existe ninguna posibilidad real de evaluar lo importante, esto es, si ese gasto es el que debe hacerse y si reviste carácter preferente.

Señor Presidente , el año pasado sugerí que la presentación del Presupuesto debiera tener varias etapas: en primer lugar, el Gobierno, Ministerio por Ministerio, debe plantear sus prioridades; posteriormente, las políticas que va a aplicar para cumplir esas prioridades, que normalmente trascienden un año -no se puede discutir el Presupuesto de un Ministerio como el de Educación, por ejemplo, respecto de un solo año-, y, en seguida, las cifras a través de las cuales va a ejecutar el plan de acción del año.

De ese modo, no se entraría de lleno -como ocurre muchas veces- a la consideración de la generalidad total, en el sentido de que se persigue perfeccionar la educación o alcanzar un crecimiento con equidad, para pasar luego a la cifra de vehículos de la Dirección de Presupuestos.

El señor HORMAZÁBAL .-

¿Constituye esto lo que aspira el Senador señor Piñera en materia de presentación de Presupuesto, para su programa presidencial? Porque, por ahora, es el Gobierno el que tiene la facultad de que se trata, señor Presidente .

El señor PIÑERA.-

¿Me pide una interrupción, señor Senador ?

El señor HORMAZÁBAL .-

Creo que es muy razonable e interesante el punto de vista expresado, pero ¿tenemos tiempo, señor Presidente ? El Senador señor Piñera: puede elucubrar sobre muchas cosas, pero debemos avanzar en el despacho del Presupuesto.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

En segundo lugar señor Presidente , solicito un compromiso del señor Ministro de revisar profúndamela te la Ley de Administración Financiera del Estado , a fin de que nos ahorremos horas de discusión el próximo año.

Y, en tercer lugar, creo muy importante, si este Congreso quiere cumplir con responsabilidad su tarea -hay algunos Senadores que, al parecer, están muy preparados para aprobar lo que venga en lo concerniente a la aprobación de un Presupuesto para el año 1992, que conozcamos muy en detalle la ejecución del de 1991. Y quiero reiterar que, en lo que a esto último se refiere, sólo tenemos antecedentes del primer semestre. Por lo tanto, estimo conveniente una reunión cada cuatro meses, no para que se nos llene de papeles y cifras -porque éste es el estilo de respuesta que se está imponiendo: ante una pregunta, llegan quinientas cifras que, muchas veces poco y nada tienen que ver con lo que realmente interesa al formularla-, sino para que se pueda producir el análisis de la ejecución señalada.

Esos son los tres planteamientos que quería hacer al señor Ministro, y me interesa sobremanera su respuesta.

Muchas gracias.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , previamente a esta sesión ha habido un proceso bastante largo, de dos meses, en el cual, en cierta medida, ha ocurrido lo que el Honorable señor Piñera acaba de plantear. Es decir, vinieron a las sesiones pertinentes los Ministros de las distintas áreas precisamente a dar a conocer las prioridades de sus Ministerios y las políticas que van a implementar, y posteriormente hubo una discusión en torno de las cifras que solicitaban en materia de gastos. Este proceso comenzó en octubre y se prolongó hasta noviembre.

Por otra parte, no tenemos ningún inconveniente en buscar mejorar la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos; es un tema que podríamos analizar con el Parlamento. Sin embargo, debo decir que hay una discusión sobre prioridades de políticas -por lo menos, en la forma imperfecta en que pueda ocurrir hoy día; pero está ocurriendo-, y no sólo de cifras. Y me parece que, después de esos dos meses, las cifras no son tan incomprensibles como pareciera desprenderse de algunas palabras del señor Senador.

En cuanto a la Ley de Administración Financiera del Estado, es un tema que hemos estado analizando. Y creo que debiéramos examinarlo a fondo, para determinar los aspectos o áreas donde se puede mejorar la participación del Congreso en el proceso de elaboración y discusión presupuestaria.

Estamos conscientes de que las normas legales que heredamos en esta materia podrían suscitar comentarios críticos respecto del papel del Parlamento; pero, como manifestamos anoche, hasta el momento nos hemos limitado estricta y rigurosamente a manejarnos enmarcados en ellas.

En lo referente a las reuniones informativas periódicas, concordamos en efectuarlas cuando corresponda y así lo determine el Senado o la Cámara de Diputados.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente , no me parece bien que haya tanta acuciosidad por parte de los Parlamentarios que hoy día no están en el Gobierno respecto de un asunto que siempre ha tenido un tratamiento normal. Los Ministros de Hacienda traen proposiciones globales, respaldadas, por supuesto, con todos los detalles necesarios. Y a requerimiento del Parlamento se van entregando los antecedentes. Y hay un proceso de discusión de la Ley de Presupuestos que tiene tiempos diferentes para el Ejecutivo y para el Congreso Nacional. El primero comienza a preparar su presupuesto ya en el mes de marzo, y a través de los análisis de los proyectos vislumbra cómo va a elaborar su programa de tiempo. El Parlamento entra a intervenir en septiembre, cuando el Gobierno ya ha podido armar su proyecto presupuestario. Y ahí el Congreso tiene el derecho de empezar a revisarlo, de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes.

Por gracia, hemos recibido algunas leyes de desamarre; por desgracia, tenemos otras de amarre. Y la Ley de Administración Financiera del Estado -como lo vimos ayer- es, al parecer, de desamarre, porque nos permite manejar el Presupuesto en la forma como se hizo durante todo el Régimen anterior, cuando la Junta de Gobierno facultó al Presidente de la República para gastar más que el presupuesto nominal estimado. Así está en la ley, y así lo consigna el artículo 26.

Una disposición legal como la sugerida es innecesaria, porque el Senado (según señalé anteriormente), por intermedio de su Comisión de Hacienda, puede no sólo realizar dos, tres o cuatro exámenes al año, sino también llamar al Ministro del ramo o a los funcionarios del Gobierno pertinentes todos los meses, si así lo quiere, para preguntarles qué se está haciendo. No se justifica, en consecuencia, reglamentarlo en una disposición legal y exigir que cada cuatro meses deba rendirse cuenta del manejo presupuestario.

Concuerdo con lo señalado por el Honorable señor Piñera sobre las normas de fondo. Preocupémonos de estudiar si es mejor otra forma de presentación del Presupuesto, de cómo modernizar la información presupuestaria. Convengo también con lo aseverado ayer por el Honorable señor Romero -y hoy día algunos señores Senadores también lo insinúan- en el sentido de revisar la Ley de Administración Financiera del Estado, a fin de ver la posibilidad de compatibilizar las funciones que corresponden al Parlamento y al Ejecutivo . Pero lo que no creo posible -como, al parecer, pudiera deslizarse de algunas afirmaciones- es que, a través de estas facultades que el Congreso debe tener, se pretenda entrar a cogobernar con el Ejecutivo , al que en un régimen presidencial, como el nuestro, le corresponde el gobierno en forma estricta, sin perjuicio de tener que proporcionar la información necesaria al Parlamento y de responder sus consultas. Esa tarea incumbe al Ejecutivo , al Presidente de la República ; pero no es tarea del Congreso Nacional estar controlando si acaso se está invirtiendo o no en la escuela de Pitrufquén o en la de San Pedro de Atacama, por ejemplo, de acuerdo con el detalle que se le quiera ir pidiendo.

Personalmente, estimo que esta disposición es innecesaria, porque el Parlamento puede requerir del Ministro de Hacienda en cualquier momento la información del caso.

Además, podría ser limitativa de las facultades que tenemos como Senado, ya que, según esta proposición, a lo mejor no podríamos llamar al Ministro de Hacienda cada dos meses, si lo estimáramos conveniente. ¿Por qué cada cuatro meses?

Gracias, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Se ha pedido votar la indicación.

El señor LAGOS ( Prosecretario subrogante).-

La indicación dice lo siguiente: "Trimestralmente deberá informarse, a la Cámara de Diputados y al Senado, el avance del Programa, indicándose los recursos invertidos y los procedimientos utilizados para asignarlos, como asimismo el número de personas contratadas.". A continuación figura el detalle...

El señor THAYER.-

Señor Presidente, entiendo que hubo una sugerencia -que habría sido aceptada- para fijar un lapso de cuatro meses en lugar de tres.

El señor DÍEZ.-

Sí, señor Presidente .

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo en tal sentido?

No hay acuerdo.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente , ¿podría modificarse la indicación y fijarse un lapso de cuatro meses en vez de tres?

El señor DÍEZ.-

Sí, señor Senador.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Consulté a la Sala en ese sentido, y no hubo acuerdo.

El señor NAVARRETE.-

Pero se puede modificar la indicación.

El señor DÍEZ.-

De todas maneras, enmendamos nuestra indicación.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Me parece muy bien. Pero hay otros señores Senadores que no aceptan los cuatro meses.

Sin embargo, creo que ahora hay acuerdo al respecto.

En votación la indicación leída por el señor Secretario , cambiando la expresión "trimestralmente" por "cuatrimestralmente".

--Se aprueba la indicación (22 votos contra 12, 2 abstenciones y 4 pareos).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La siguiente indicación, suscrita por los Honorables señores Romero , Diez, Piñera y Feliú , dice: "Para reemplazar la cifra correspondiente al Subtítulo 90 "Saldo Final de Caja" por la que en cada caso se indica, en los siguientes Capítulos:

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , quiero hacer dos observaciones sobre la indicación.

En primer lugar, un saldo de caja es, por definición, un saldo, es decir, el residuo entre un gasto y un ingreso. Y tengo entendido que las atribuciones del Parlamento se refieren a reducción de gastos. Por lo tanto, me parece que corresponde plantear la disminución, no de un saldo, sino de un gasto que tenga incidencia en el saldo. En este caso, sería un gasto del Tesoro Público. Para afectar el saldo, el aporte del Fisco a determinado Ministerio tendría que reducirse. Pero no corresponde disminuir un saldo directamente.

Mi segunda observación...

El señor ZALDÍVAR .-

¿Me permite una interrupción, señor Ministro ?

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Me ha solicitado una interrupción el Honorable señor Zaldívar , señor Presidente .

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar .

El señor ZALDÍVAR .-

Señor Presidente , concuerdo exactamente con lo que ha señalado el señor Ministro . Y creo que ahorraríamos tiempo si Su Señoría tomara una decisión sobre la admisibilidad de la indicación.

El saldo de caja es una estimación de los ingresos. Y el Parlamento no puede reducir esa estimación, pues se lo impide el artículo 64 de la Constitución.

Para ahorrarnos discusiones, lo primero que pido es que el señor Presidente del Senado -o la Sala, en su caso- se pronuncie acerca de la admisibilidad de la indicación.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Continúa con la palabra el señor Ministro de Hacienda .

El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-

Señor Presidente, mi segunda observación apunta al fondo del asunto: al tema del saldo de caja en el Presupuesto.

Los niveles que tiene el saldo final de caja en el Presupuesto no difieren significativamente de los del saldo de caja inicial. El saldo de caja final es de 52 mil millones de pesos; el saldo de caja inicial, de 51 mil millones. De esos 52 mil millones de pesos, 30 mil millones corresponden al saldo final de caja del Tesoro Público, que, por lo demás, es igual al saldo inicial de caja del mismo.

Respecto de la diferencia que se produce entre el saldo inicial y el final, una' parte importante de ella se explica por cifras que están en el saldo de caja de algunas instituciones, como la CORFO, los Institutos CORFO y la DAE, los cuales, sin tener aporte fiscal, deben financiar con recurso propios, en el curso del año, reajustes de remuneraciones. Por lo tanto, en el saldo de caja están reservados algunos fondos para pagar esos reajustes, que en el caso de la CORFO y de los Institutos CORFO alcanzan a una cifra aproximada a los mil millones de pesos, y en el de la DAE, a 100 millones, con lo cual queda prácticamente explicada casi la totalidad de la diferencia entre el saldo inicial y el saldo final de caja en el Presupuesto de 1992. El saldo inicial es el saldo final del Presupuesto de 1991.

Lo que queremos reiterar es que el saldo de caja es perfectamente normal. No creemos conveniente reducir el saldo normal de caja, porque, por razones de funcionamiento del Estado y de regularidad en el flujo de pagos que el Fisco debe realizar, y d que los ingresos no tienen igual regularidad, es indispensable mantener saldo de caja precisamente para enfrentar a lo largo del año un flujo de gastos imprevistos sin interrumpir las obligaciones de pago normales del Gobierno en la ejecución de sus programas.

Así que, repito, no nos parece justificado reducir los saldos de caja. Y esto, más allá del tema que estábamos viendo inicialmente en cuanto a que, si uno quiere reducir un saldo de caja, técnicamente lo que debe hacer, en este caso, es una propuesta para disminuir el aporte del Tesoro Público y no el saldo.

El señor LAVANDERO.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , esta materia la discutimos largamente, en cada una de las Subcomisiones y en la Comisión Especial. Allí se dieron los argumentos suficientes para declarar que las sumas eran perfectamente, en cada uno de los casos, no sólo aceptables, sino también necesarias.

Pero, además, vamos a rechazar la indicación porque, como lo señaló el Senador señor Zaldívar , los saldos de caja son una estimación de ingresos. Y el inciso segundo del artículo 64 de la Carta Fundamental dispone que "El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo podrá reducir los gastos", etcétera. Pero los saldos de caja son estimaciones.

Tal como lo indicó el Honorable señor Zaldívar , consideramos improcedente la indicación. De manera que, si no es declarada inadmisible por la Mesa, la vamos a votar en contra.

Nada más, señor Presidente .

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , la verdad es que este tema ha sido discutido in extenso. Por tanto, no vale la pena profundizar en él. Pero sí quisiera señalar al señor Ministro lo siguiente.

Nos estamos refugiando en formalidades y eludiendo, en muchas materias, el problema de fondo. Y el problema de fondo, con estos saldos finales de caja, es muy simple. Esta no es la estimación inocente del saldo final de caja que, con la información actual, se anticipa para el 31 de diciembre .de 1992; si lo fuera, los argumentos dados resultarían válidos.

Tal como lo expresó el señor Director de Presupuestos en las discusiones de las Subcomisiones y de la Comisión, estos saldos finales de caja son de dos tipos. En algunos casos es el saldo final de caja que se estima y que es necesario para prevenir cambios en las estacionalidades de los ingresos o de los gastos. Eso, naturalmente, lo comprendemos y lo apoyamos. Pero en otros casos, que son precisamente aquellos en que proponemos disminuir -y se nota de inmediato cuál es cuál-, se trata de provisiones para gastos. Es decir, la intención del señor Ministro de Hacienda y del Gobierno en esta materia no es que sea un saldo final de caja: es un gasto que tienen medianamente identificado, pero no lo suficiente como para ponerlo en el gasto del Presupuesto: y por esa razón lo colocan como saldo final de caja, sabiendo que es un gasto.

Ahora, si el Congreso, conociendo esto, habiendo oído las palabras del señor Director de Presupuestos y teniendo plena conciencia de que se trata de un gastó, no quiere cumplir con su responsabilidad, refugiándose en problemas formales, está en su derecho.

Sin embargo, señor Presidente, debo reiterar que esto es un gasto. Y, por consiguiente, planteamos en las Subcomisiones dos alternativas: o se identifica este gasto y se lo coloca en la partida correspondiente, si es posible; o, si no lo fuera, se le pone una glosa, de forma tal de especificar claramente de qué se trata.

Creo que contablemente, clasificarlo como saldo final de caja es un error que atenta, contra las normas clasificatorias del Presupuesto.

Señor Presidente, aquí estamos hablando de gastos que este Congreso aprueba sin siquiera conocerlos; aprueba gastos en cajas negras. Y parece que, por ser cercanos al Gobierno, los Parlamentarios de la Concertación no entienden su responsabilidad como miembros del Poder Legislativo.

En esto -repito- hay gastos. Y no lo digo yo: lo dijo el señor Director de Presupuestos.

Por tal razón, estimamos, como regla de sanidad en materia presupuestaria, que lo que es gasto debe ponerse como tal y en la partida correspondiente.

En seguida, como segunda línea de defensa -no me parece conveniente, pero es mejor que el saldo final de caja-, planteamos especificar a qué corresponde. Y el señor Director de Presupuestos dijo que muchos de estos saldos finales de caja son gastos que se van a efectuar durante el próximo año; incluso, tenía bastante detalle en algunos de ellos.

Señor Presidente , la forma en que se está presentando esto es simplemente una burla al Congreso, porque esos saldos finales de caja no van a estar el 31 de diciembre de 1992, de acuerdo a lo que tiene en su cabeza, el señor Director de Presupuestos , tal como él lo manifestó. En consecuencia, fundamentarlo como que es una estimación de ingreso -como lo hace el Senador señor Zaldívar - formalmente es correcto, pero no corresponde a la realidad- Y nosotros queremos ir aquí al fondo del asunto, sin enredarnos en puras formalidades.

He dicho.

El señor GAZMURI.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

La había pedido antes el señor Director de Presupuestos .

El señor ARELLANO ( Director de Presupuestos ).-

Señor Presidente , el año pasado, cuando en esta misma fecha analizamos el Presupuesto, se discutió una partida para gastos que con bastante seguridad iba a tener que realizar el Fisco y que, porque las leyes no se habían aprobado, estaban en discusión, no era posible identificarlos con precisión (se trataba de la provisión para financiamientos comprometidos). Y se indicó que eso era poco transparente, que se trataba de una caja negra; en fin, se dieron distintos calificativos.

Este año, con el ánimo de hacer más transparente la discusión, en algunos casos se ha dejado la provisión que corresponde, y en unos muy pocos se ha dejado esa provisión en el mismo Ministerio o servicio donde el gasto va a efectuarse. No ha sido un saldo de caja inocente, sino que yo lo llamaría "transparente".

Paso a dar un ejemplo. En la Subsecretaría de Economía, Secretaría de Administración General , en uno de los ítems aquí identificados, la Partida 07, Capítulo 01, Programa 01, figura un saldo final de caja de millones. Es probable que no haya 44 millones de saldo final de caja. Y se ha considerado un aporte fiscal adicional para ese servicio, porque el Congreso ya aprobó un proyecto de ley que establece tribunales arbitrales de propiedad industrial. Cuando se envió el proyecto de Ley de Presupuestos, esa iniciativa no estaba aprobada. La aplicación de la ley pertinente cuesta los 44 millones que aquí están como saldo final de caja. Nosotros bien podríamos haber dejado estos 44 millones en la provisión de fondos comprometidos del Tesoro Público, que alcanza a una cantidad muy superior. Pero se nos habría dicho -porque 44 millones, dentro, del monto total, que considera recursos para reajustes de remuneraciones de pensiones y otros, no habrían podido identificarse con la transparencia con que se hace ahora- que era poco transparente.

Eso se ha llevado a efecto -repito- en algunos casos. Y éste es uno de ellos. Otro es el de la CORFO, que no tiene aporte fiscal y que financia con sus propios ingresos el pago de remuneraciones. Si aquí ya se hubiera aprobado el proyecto de reajuste de remuneraciones, el saldo final de esa Corporación aparecería como gasto en personal, y no como una provisión para pagar aquéllas.

Como digo, son muy pocos los casos en los cuales, con el objeto de dar una mayor transparencia y una mejor información, se han indicado, cuando correspondía en cada uno de los Ministerios, estos gastos, dejándose provisionados en el saldo final de caja.

El señor GAZMURI.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , creo que sobre este asunto se ha hecho un sobrealegato. Incluso, se dice que los Senadores de la Concertación no entendemos de qué se trata. Pienso que ello es una imputa-ión un tanto violenta. Por lo menos, algo alcanzamos a entender de este asunto.

Se ha dicho, además, que es una burla. Y digo: pongamos las cosas en su lugar y no sobreargumentemos, porque no es bueno.

En cuanto a la magnitud del asunto, estamos hablando de saldos finales de caja que suman 52 mil millones de pesos, en cifras redondas, dentro de un Presupuesto de 4 billones de pesos, lo que equivale a 1,3 por ciento, porcentaje del cual la mitad corresponde a saldos finales de caja del Tesoro Público por 30 mil millones de pesos, que son exactamente la contrapartida del saldo inicial favorable. Por lo tanto, se trata de saldos finales vinculados a situaciones muy distintas, y que en términos reales no suman más de un 0,8 por ciento del Presupuesto que estamos aprobando.

En mi concepto, en cualquier presupuesto -incluso uno familiar- el imprevisto, lo que no está perfectamente asignado a un gasto preciso, asciende a alrededor de 10 por ciento. No sé cómo serán los presupuestos familiares de Sus Señorías; pero al menos el mío alcanzaría a una cifra de esa magnitud.

Por otro lado, hay un 0,8 ó 0,9 por ciento de gastos derivados de situaciones muy diversas, que no tienen imputación, precisa. Como se ha dicho en esta Sala,'algunas pueden deberse a problemas de estimación de los ingresos propios de los servicios; otras, a ciertos gastos que se presumen, pero todavía no identificados exactamente, por no estar despachadas las leyes correspondientes.

Por lo tanto, me parece que se trata de una holgura mínima en un Presupuesto como el que discutimos, ascendente a más de 4 billones de pesos. Ese es el asunto.

A este respecto, entiendo que cueste hacer 'oposición a un Gobierno que, en lo económico y en el manejo de las finanzas públicas -todo el mundo lo reconoce- lo ha hecho bastante bien; pero creo que se están buscando argumentos que, desde el punto de vista global del Presupuesto, no resisten mayor análisis.

Por último, por tratarse de situaciones muy distintas, propongo a la Mesa que, al momento de votar la indicación, lo hagamos partida por partida, y no de modo genérico. Y ésta es la otra impropiedad de que adolece la indicación: las rebajas pueden parecer completamente arbitrarias si no se fundamenta, en cada partida, la causa de la reducción.

Nada más, señor Presidente .

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente , creo que debiéramos cerrar el debate y volver sobre el fondo de la materia.

El Senador señor Piñera ha reconocido que, le guste o no, el saldo final de caja es una estimación de cálculo de ingresos. En mi concepto, la indicación está mal redactada. Pido que se aplique la Constitución -ahora se dice que respetarla es algo formal-, que, en su artículo 62, consigna lo que el Congreso puede hacer. Y digo que está mal redactada, porque las rebajas que se hubieran querido introducir deberían afectar al gasto, pero no al cálculo de entradas, o la estimación de ingresos, que es el saldo de caja, el cual, por supuesto, está respaldando un gasto sobre el cual operará el Presupuesto. Entonces, no se trata de un problema formal. Y nos guste o no, de acuerdo con el artículo 64, inciso segundo, de la Ley Fundamental, que nos hemos obligado a respetar, la estimación de ingresos en el Presupuesto de la Nación corresponde al Ejecutivo y no al Parlamento,

Por otra parte, la atribución del Congreso es para reducir el gasto, como lo dispone el artículo 62, inciso final de la Carta Política. Y eso es algo de fondo y no formal, por lo cual requiero a la Mesa que se pronuncie sobre el tema de la admisibilidad de la indicación, para no prolongar un debate innecesario.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Efectivamente, el problema es de fondo y no de forma.

En cuanto a lo primero, no tengo la menor duda de que el Parlamento tiene plena competencia para pronunciarse acerca de lo que está haciendo. Entender que el Congreso no puede disminuir el ingreso de una partida es no comprender qué significa la reducción del gasto. Cuando la Carta se refiere a que no puede disminuir la estimación de los ingresos, está aludiendo a la estimación de entradas del Estado, y es lo que hoy se conoce como Partida del Tesoro Público.

Por otra parte, la apreciación de los rendimientos de la Ley de Presupuestos y de los nuevos que establezcan otras leyes corresponde exclusivamente al Presidente de la República . En efecto, si se establece un impuesto, le compete privativamente determinar su rendimiento. El Parlamento no podría señalar que será el doble.

Lo mismo ocurre con los ingresos del Estado: no podría el Congreso aumentarlos al doble y, como consecuencia, aprobar el doble de los gastos. Eso es lo que establece la norma constitucional. Pero, por supuesto, puede reducir el ingreso de una partida concreta, porque se trata de una disminución del gasto del correspondiente servicio.

En lo que dice relación al saldo final de caja, el clasificador de gastos dice que es la estimación del ejercicio presupuestario al 31 de diciembre. Si se piensa que, según el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación, en numerosos servicios quedarán 40, 300 ó 500 millones de pesos, significa que el Presupuesto está mal ejecutado o que se pretende plantear a} Parlamento la aprobación de uno cuyos gastos no se justifican.

Por otra parte, las explicaciones dadas, primero en la Comisión y luego en la Sala, apuntan a que el saldo final de caja del Ministerio tal o del servicio cual corresponde a esto o a lo otro. La verdad es que la explicación de que no es posible rectificar el proyecto original mediante modificaciones legales tampoco resulta admisible, pues hemos aprobado numerosas indicaciones al Presupuesto. Y si se creó un tribunal arbitral con posterioridad al envío al Parlamento de la iniciativa, habrá que remitir una indicación que contemple 40 millones de pesos para su funcionamiento.

Por último, es sumamente grave que puedan considerarse -como se ha señalado- gastos de servicios algunos que no se indican al Parlamento, imposibilitando su análisis o, en su caso, reducción, simplemente por el hecho de plantearlos como saldos finales de caja; esto es, como estimaciones de lo que quedará al final del año.

En lo personal, no tengo dudas de que, desde el punto de vista constitucional, la indicación es admisible y de que, además, debiera ser acogida.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero, para luego proceder a cerrar el debate.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , estoy plenamente de acuerdo con la Honorable señora Feliú , quien ha señalado que el Subtítulo 90, en cada Capítulo, es una estimación y no un ítem cualquiera, al igual que la Partida, qué tiene también una estimación global. Y, así como el Presupuesto tiene una superior y global, cada Capítulo del Subtítulo 90 posee una estimación, que se resume en el saldo de caja correspondiente.

Por lo anterior, la misma argumentación que la Honorable señora Feliú ha expuesto, con toda razón y sabiduría, sirve precisamente para declarar que la indicación es absolutamente improcedente. Cualquier rebaja de un gasto de un ítem determinado es pertinente; pero no la del Subtítulo 90, por ser una estimación del saldo de caja.

Como decía, los argumentos de la señora Senadora me han servido para esclarecer más aún la improcedencia de esta indicación.

El señor VALDÉS (Presidente).-

El señor Ministro estima que los saldos de caja son un residuo resultante de la diferencia entre ingresos y egresos.

El señor DÍEZ.-

¡Los considera como provisiones para pagar sueldos en la CORFO, etcétera...!

El señor FOXLEY (Ministro de Hacienda).-

Técnicamente, son saldos; es decir, diferencias entre ingresos y gastos. Por lo tanto, si se desea alterarlos, hay que modificar los ingresos de la Partida respectiva.

Por eso creemos que está mal presentada la indicación.

Otra forma sería reducir los gastos del Tesoro Público, que es el aporte del gasto que constituye ingreso para la Partida respectiva.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En atención a lo señalado por el señor Ministro , y dada la forma como la aprecia la Mesa, declaro inadmisible la indicación.

El señor LAGOS ( Secretario subrogante ).-

La siguiente indicación, suscrita por los Honorables señores Romero , Diez, Piñera y Senadora señora Feliú , reemplaza, en la glosa 01, de la Partida 15, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Capítulo 01, Programa 01, el guarismo "24" por "18".

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor LAVANDERO.-

Se refiere a la dotación de vehículos.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En la glosa 01, se contiene la dotación máxima de 24 vehículos para la Subsecretaría del Trabajo. La indicación es para disminuirla a 18 vehículos.

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , en general la Ley de Presupuestos asigna, en los Programas 01, dotaciones máximas de personal y de vehículos. Es lo que ocurre en la Partida correspondiente y en el Capítulo de la Subsecretaría del Trabajo, donde se señala una dotación máxima de 24 vehículos, que importa un aumento, respecto de la vigente en virtud de la Ley de Presupuestos de 1991, de 18 vehículos, cantidad idéntica a la de 1990; es decir, se presenta un aumento de seis.

Consultado el señor Subsecretario del ramo en la Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, manifestó que, según la clasificación interna, al Ministerio correspondían cuatro vehículos y uno a cada oficina regional. Ello significa que en Santiago hay cuatro, de los cuales dos están asignados al Ministro y otros tantos al Subsecretario , para hacer frente a la restricción vehicular. Ahora se propone un quinto vehículo destinado a los asesores, y el resto, para destinarlos al Programa 02, de capacitación de jóvenes-que contempla el mismo presupuesto de esa Secretaría de Estado.

Quienes hemos presentado la indicación para mantener la actual dotación de vehículos en el Ministerio del Trabajo consideramos que su aumento no se justifica, primero, porque no corresponde que haya dos vehículos para enfrentar la restricción vehicular, aparte generar un gasto al Estado que es absolutamente improcedente; segundo, porque ninguna Secretaría de Estado dispone de vehículos para asesores; tercero, porque los programas extraordinarios, como es el relativo a capacitación de jóvenes, no requieren la compra de vehículos por parte del Estado, pues se desarrollarán sobre la base de convenios, fundamentalmente a través del SENCE.

Por lo anterior, estimamos que el Ministerio del Trabajo debe mantener en la glosa respectiva la dotación actual de 18 vehículos, y no estamos de acuerdo en aumentarlos a 24.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , creo que la preocupación que debemos tener para enfrentar el Presupuesto de la Nación está ligada fundamentalmente a los objetivos que se pretenden cumplir. Y cuando se plantea el tema, por ejemplo, del Ministerio del Trabajo, particularmente de la Subsecretaría y de la Dirección del Trabajo, debe hacerse una referencia específica a las funciones que desarrollan. Al Senado corresponde decidir si comparte o no esas finalidades; si se ajustan o no a los intereses generales del país y a las necesidades objetivas que se constatan.

Cuando observo, en el ámbito de las indicaciones propuestas, la idea dé reducir la dotación de vehículos aduciendo que serían para el uso de asesores o para "supuestos" programas de capacitación de jóvenes, creo que hay una insuficiente percepción de la importancia que revisten.

Señor Presidente , mucha gente hace ostentación -y con razón- de la gran preocupación existente en el país respecto de la delincuencia. Se comprueba, además, de qué manera los medios de comunicación otorgan prioridad a hechos brutales, siendo la mayoría de los participantes en ese tipo de delitos jóvenes sin oficio -como aparece en la crónica policial de los diarios, porque durante muchos años no se les brindó la oportunidad de acceder al estudio ni a las necesarias fuentes de trabajo.

El año pasado, por unanimidad, aprobamos una partida importante en la Ley de Presupuestos para empezar un programa de capacitación de jóvenes, en que aquellos muchachos, entre 15 y 24 años, que no estuvieran adscritos a un proceso educativo regular, y que se hallaren en condición de cesantía, pudieran vincularse a un proyecto de trabajo laboral en dos ámbitos: uno, para capacitarlos en lo que los empresarios de i cada lugar del territorio demandaran y, dos, para prepararlos en oficios que pudieran ejercer independientemente.

Señor Presidente , para los Senadores que representamos Regiones pobres, ese programa ha sido de gran relevancia. Y cuando uno ve a los jóvenes en las poblaciones -en la Compañía, en la Antena-, en Illapel, en cualquier lugar de la Cuarta Región, percibe que ese camino comienza a iluminarse, porque entre esos grupos de muchachos cesantes, que a veces están pateando piedras en las esquinas, hay varios que tienen carné con una leyenda que acredita que están inscritos en la Oficina de Colocaciones Municipales a la espera del desarrollo del programa.

Debemos considerar las condiciones de vida en las Regiones. Por ejemplo, en la Cuarta, cuya superficie es de 40 mil kilómetros cuadrados -donde cabe Bélgica o Dinamarca, con palacio y familia real incluidos-, que se caracteriza por una ruralidad muy amplia, que tiene 13 por ciento de los caminos pavimentados y donde viajar a una ciudad como Combarbalá significa 2 horas y media de tierra, los funcionarios de la Dirección del Trabajo no disponen de los vehículos suficientes.

El señor DÍEZ.-

Ese tema es para tratarlo en la hora de Incidentes.

El señor HORMAZÁBAL .-

El automóvil es un bien suntuario para quienes están acostumbrados a vivir en la Capital o en las grandes ciudades del país; sin embargo, para los que deben realizar funciones en las Regiones abandonadas, es de gran importancia. Y nuestra mayor preocupación se centró en pedir al señor Ministro del Trabajo y a la Subsecretaría del ramo que dichos vehículos sean destinados efectivamente a las tareas que les son propias en las Regiones respectivas.

Mirar en menos el programa de capacitación juvenil constituye un serio riesgo.

Y pido al Senador señor Diez que tenga a bien respetar la opinión de los demás, ya que Su Señoría siempre lo exige en esta Sala.

Señor Presidente , hacer ostentación del problema de la delincuencia y de la necesidad de una política para los jóvenes y después afirmar que el Congreso está cumpliendo el rol fundamental de velar por los recursos públicos al dejar a instituciones que deben cumplir funciones importantes desprovistas de cuatro vehículos, me parece una exageración.

El ánimo de mi planteamiento radica en entender la importancia de dichos programas, sobre todo el de capacitación juvenil, por las implicancias que tendrá a futuro en nuestra patria. Porque si el problema estriba en la preocupación de que se entregarán vehículos a asesores, podemos discutirlo. Le dije al Ministerio del Trabajo que esas prioridades se otorguen a las Oficinas Regionales. No reduzcamos la dotación de vehículos, sino pidamos que se proporcionen a las Regiones, que es un tema distinto.

El señor ORTIZ .-

¿Me concede una interrupción, señor Senador ?

El señor OTERO .-

¿Me permite, Su Señoría?

El señor HORMAZÁBAL .-

Como hay algunos señores Senadores bastante nerviosos por hacer uso de la palabra, termino mi intervención.

El señor OTERO.-

¿Me permite, Honorable colega?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Ha concluido su intervención el Senador señor Hormazábal.

Tiene la palabra el Senador señor Ortiz.

El señor ORTIZ .-

Señor Presidente , mi intervención sólo tiene por objeto hacer un alcance a lo expresado por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra. Comparto plenamente su preocupación por las angustias que sufre su Región; otras tantas podríamos plantear todos respecto a las Regiones que representamos. Sin embargo, sus palabras no tienen atingencia directa con la materia en debate. Porque estamos de acuerdo en que existan programas de capacitación para la juventud, para los trabajadores, etcétera; pero no vislumbro su conexión con la indicación en cuanto a que los señores Ministro y Subsecretario del Trabajo dispongan, cada uno, de dos vehículos.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente , creo que estamos gastando mucho tiempo en algo que es muy insignificante: 6 vehículos para el Ministerio del Trabajo. Personalmente, si se discute su uso por asesores, prefiero -por supuesto- que sean destinados a inspectores de la Dirección del Trabajo. También podría formularse indicación para aumentar la dotación de vehículos del Ministerio del Trabajo, a fin de que los funcionarios de las Inspecciones puedan trasladarse de un lugar a otro para cumplir sus labores.

Me parece que se pretende reducir el gasto "matando con la pata de un elefante una hormiga". La indicación no tiene razón de ser; diría que es -sin ofender a nadie- un poco mezquina en cuanto a su finalidad. Si quiere disminuirse el gasto, hagámoslo con seriedad, donde realmente se constate que es superfluo, pero no valiéndonos de 6 vehículos para el Ministerio del Trabajo, de los cuales 5 ó 4, se destinan al programa de capacitación de jóvenes. En estos tiempos, ya casi en el siglo XXI, disponer de un vehículo no es un egreso innecesario, porque se trata de un elemento de trabajo indispensable. El Ministerio del Trabajo requiere más de 6 vehículos. Ojalá en el futuro pudiéramos dotar a ese servicio y a otros de todos los que precisan para cumplir sus funciones eficientemente.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

No ha habido consenso sobre la indicación.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor THAYER.-

Señor Presidente, con la experiencia que tengo en el Ministerio del Trabajo, la rechazo.

--Se rechaza la indicación: 17 votos contra 13,4 abstenciones y 4 pareos.

El señor LAGOS ( Secretario subrogante ).-

Indicación, suscrita por los Honorables señores Romero , Diez, Piñera y Senadora señora Feliú , para reemplazar, en la letra A) de la glosa 02, de la Partida 15 (Ministerio del Trabajo), Capítulo 02, Programa 01, el guarismo "1.088" por "973" y para disminuir, en el Subtítulo 21, del mismo Programa, Capítulo y Partida, los recursos que financian este aumento de personal.

El señor LAVANDERO.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , creo que quienes presentaron la indicación lo hicieron con exceso de apuro, preocupados, más que de formularla responsablemente, sólo de plantear una indicación cualquiera, porque no tiene pies ni cabeza.

En primer lugar, no existe el guarismo "1.088". De manera que, a lo mejor, se refiere a la letra A), que alude al "artículo 9° de la ley Nº 18.834", pues es lo más parecido. Es decir, pretenden disminuir el número de una ley...

En segundo término, se dice: "en el Subtítulo 21, del mismo programa, capítulo y partida, los recursos que financian este aumento de personal." Y la Partida 15, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subtítulo 21, Capítulo 02, Programa 01, expresa: "Gastos en Personal: $ 2.596.970.000.".

A mi juicio, señor Presidente , no puede presentarse una indicación para disminuir algo que no se relaciona con nada. Porque no señala ni cantidad ni personal. Por consiguiente, la indicación formulada -con el perdón de los señores Senadores firmantes- es perfectamente inútil.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR.-

Incomprensible.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Quiero hacer presente al Honorable señor Lavandero que la glosa atingente al Ministerio del Trabajo fue modificada. Y, efectivamente, hay un programa que incluye el guarismo "1.088" que reemplaza al "1.053".

El señor DÍEZ.-

¡El señor Presidente de la Comisión Especial estaba desatento cuando la dio por aprobada!

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , pido que el señor Lavandero retire sus ex-presiones respecto de quienes formulamos esta indicación.

Si empleamos la mayor acuciosidad al revisar el proyecto y al presentar las indicaciones, me parece ligero imputar que aquéllas están mal hechas.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , quiero insistir en lo que he dicho, puesto que en la página 14 no hay cifra alguna que aparezca tal como se expresa en la indicación: en la letra A), dotación máxima de personal, dice "1.053", que no tiene nada que ver con "1.088". Se propone reemplazarla por 973, agregando: "y para disminuir, en el Subtítulo 21, del mismo programa, capítulo y partida, los recursos que financian este aumento de personal.".

¡Quien entiende esta indicación, señor Presidente!

El señor DÍEZ .-

¡Todos!

El señor ROMERO .-

¡Todos!

El señor LAVANDERO .-

No veo en qué número de personal o en qué cantidad se disminuirá, porque esta indicación es absolutamente vaga; no tiene ninguna estructura como tal para poder presentarla en el Subtítulo 21, en la página 13.

El señor PAPI.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor PAPI.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , en realidad, la información de que disponemos los Senadores que no estuvimos en la Comisión no hace inteligible la indicación. Eso es efectivo. Por lo tanto pido que se precise, porque su segunda parte está, sin duda, al menos incompleta; sólo habla de "disminuir". Una indicación no puede ser formulada así. Y habría que aclarar si efectivamente esto fue alterado en la Comisión, porque en los antecedentes de que dispongo dice "1.053", y no "1.088". Falta información.

El señor DÍEZ.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Solicito a los señores Senadores autores de la indicación que aclaren lo referente a la segunda parte, donde dice: "disminuir, en el Subtítulo 21, del mismo programa, capítulo y partida, los recursos que financian este aumento de personal.".

El Subtítulo 21, Gastos del Personal, establece una cifra. ¿Cómo debe entenderse la indicación? Dice; "para disminuir". ¿Disminuir en cuánto esa cantidad? ¿O disminuirla entera? ¿O suprimir los gastos de personal?

Tiene la palabra el Honorable señor Diez.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , primero: para analizar esta materia no hay que tener en cuenta el proyecto presentado por el Ejecutivo , sino lo aprobado por la Comisión Especial de Presupuestos -que presidió el Honorable señor Lavandero - en relación a indicaciones que hizo el Ejecutivo . Este presentó indicación para aumentar el personal; y, aprobada que ella fuera, formuló otra para aumentar los gastos en personal.

¿Qué propone la indicación? Que se rebaje a 973 la dotación máxima de personal -1.088- aprobada por la Comisión Especial. Esa es la materia que estamos discutiendo; no el texto original del Presidente de la República . De manera que el Honorable señor Lavandero debe dar explicaciones diciendo que estuvo equivocado y qué tomó en consideración el proyecto del Ejecutivo , y no el informe de la Comisión, que el señor Senador presidió muy eficiente mente.

Segundo: ...

El señor LAVANDERO .-

También está equivocado...

Él señor VALDES ( Presidente ).-

Señor Senador , está haciendo uso de la palabra el Honorable señor Diez.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente, pido la palabra.

El señor DÍEZ .-

Segundo: una vez que presentamos indicación para rebajar la cantidad de personal, .planteamos, lógicamente, disminuir los gastos en ese rubro. El Ejecutivo tiene que determinar la menor cifra que significa esa rebaja.

En tal sentido debe interpretarse la indicación, porque desconocemos el costo exacto del personal que el Ejecutivo pretende aumentar.

Por consiguiente, la indicación está bien formulada; debe someterse a votación, y si se aprueba, el Ejecutivo tiene que indicarnos la cantidad en que deben disminuir los gastos por ese concepto, ya que carecemos de los antecedentes para saber cuánto representa...

El señor PAPI .-

¿Me concede una interrupción, señor Senador ?

El señor DÍEZ.-

...ese incremento de personal.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente , creo que puede discutirse mucho (y vamos a perder nuevamente el tiempo) acerca de si la cifra es 1.088 ó 1.053. Puede que tengan razón la Honorable señora Feliú y el Senador señor Diez. El documento que tenemos en nuestras manos, que nos ha facilitado la Secretaría, dice "1.053"; y, por supuesto, dada la interpretación del Senador señor Lavandero , podemos dejar que las explicaciones se den más tarde, en conversaciones privadas entre los señores Senadores que se sientan afectados.

Quiero ir al fondo del tema.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

¿Me permite, señor Senador ?

En esa materia existe una falla: no todos los señores Senadores tienen la documentación en que aparece la cifra aprobada por la Cámara.

La Mesa dispone de los siguientes antecedentes: lo aprobado por la Comisión Especial fue "1.053"; la Cámara de Diputados presenta ahora el proyecto a esta Corporación con la cantidad de "1.088". Y se propone rebajar este último guarismo a 973.

El señor PAPI .-

Honorable señor Zaldívar, ¿me permite una interrupción, con la venia de la Mesa?

El señor ZALDÍVAR.-

Cómo no, señor Senador.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Papi.

El señor PAPI .-

Señor Presidente , propongo que de aquí en adelante -para evitar estos inconvenientes-, cuando se formule una indicación, la Mesa proceda a dar lectura a los guarismos correctos.

El señor ZALDÍVAR.-

Recupero el uso de la palabra, señor Presidente.

Quiero ir al fondo del tema, porque creo que se trata de una cuestión formal que para próximas oportunidades puede ser resuelta en la forma señalada por el Honorable señor Papi .

De acuerdo con esta partida presupuestaria, lo que se pretende es destinar fondos a la contratación de personal fiscalizador en el Ministerio del Trabajo, principalmente a causa de todas las modificaciones introducidas a las leyes laborales.

Deseo saber qué se persigue con la indicación; y si de lo que se trata es de que haya menos personal fiscalizador...

La señora FELIÚ .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor ZALDÍVAR.-

Voy a terminar la idea, y se la concederé, Su Señoría.

Según lo que me ha informado el señor Director de Presupuestos , y por antecedentes que entregó el Ministerio, se precisa para este año -de acuerdo con la nueva legislación- incrementar la cantidad de personal a contrata. La indicación es perfectamente admisible desde el punto de vista constitucional, porque se trata de un gasto variable, no permanente; no es personal de planta.

Creo que la gente que ha cumplido funciones en el Ministerio del Trabajo -tal vez, el Honorable señor Thayer- nos puede relatar su experiencia de cómo muchas veces esa Secretaría de Estado, por no disponer de funcionarios suficientes, se ve impedida de realizar labores fiscalizadoras de alta importancia para exigir el cumplimiento de las leyes del trabajo y provisionales.

¿Cuántos miles de millones de pesos dejan de incorporarse al sistema previsional porque no hay capacidad fiscalizadora?

Por las mismas razones que di cuando se pretendía reducir en cinco o seis vehículos los 24 propuestos para el Ministerio del Trabajo, la disminución de 135 millones de pesos a la cifra necesaria para contratar fiscalizadores" significa cometer un gravísimo error. No sé cuál es el objetivo de fondo.

Me ha pedido una interrupción la Honorable señora Feliú ; se la concederé, con la venia de la Mesa, para que Su Señoría nos explique cuál es la finalidad de impedir que se contrate personal fiscalizador.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Hago presente que cada Comité dispone de un tiempo fijo; de manera que debe quedar claro que, cuando se otorgan interrupciones, ellas se usarán con cargo al del señor Senador que las concede.

El señor ZALDÍVAR.-

En ese caso, la Senadora señora Feliú hablará con cargo al tiempo del Comité Independiente, señor Presidente .

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , haré uso del tiempo de nuestro Comité.

En primer término, pienso que debemos tratarnos con el suficiente respeto entre nosotros al plantear las posibilidades de error. Naturalmente, nadie está exento de incurrir en equivocaciones; pero creo que representarlo en los términos en que lo hizo el Senador señor Lavandero es francamente injurioso, y en especial, grave, por el hecho de que está equivocado.

Según se lee en el informe de la Comisión Especial, en la página 282 figura la aprobación del guarismo "1.088"; así que el señor Senador cae en un innegable error.

En cuanto al fundamento para rechazar el aumento de dotación, haré dos observaciones.

El año pasado, al estudiarse el proyecto de Ley de Presupuestos de 1991, la Comisión aprobó un aumento de dotación para la Dirección del Trabajo. Quiero recordar a los señores Senadores que esa Dirección cuenta con 970 personas, lo que no es poco.

La verdad es que debe realizar una fiscalización moderna.

Ya el año pasado quedó muy en claro, en el debate de la Subcomisión, que la labor de fiscalizar y los medios con que cuenta la Dirección del Trabajo, desde el punto de vista de su infraestructura informática, son pésimos. Y el planteamiento de la Subcomisión fue que no había ningún inconveniente en cuanto a aumentar los recursos tendientes a informatizar el sistema y a proporcionar vehículos; pero que no sucedía lo mismo en lo referente a incrementar la dotación de manera irracional, pues con ello sólo se lograría una mala fiscalización.

Se aprobó, en 1990, un aumento de personal fiscalizador sobre la base del número de oficinas que en ese momento se analizaron; pero quedó establecido que el pensamiento de esa Subcomisión era que debía mejorarse el apoyo de información, que era deficiente.

Al analizar el proyecto de Ley de Presupuestos para 1992, estuvo presente nuevamente el señor Director del Trabajo ; y quedó también demostrado que en el transcurso de este año nada se había hecho por mejorar la infraestructura de información a las oficinas regionales, de tal manera que las correspondientes inspecciones contaran con apoyo en ese sentido, el que se requiere para fiscalizar y para informar.

Entre otros aspectos que se plantearon sobre aumento de la planta figuran 40 cargos, con lo cual estuve en absoluto desacuerdo, como también los señores Senadores que apoyaron esta indicación; entre ellos hay 13 de abogados, que no tienen ningún apoyo de Santiago, ni desde el punto de vista de la legislación, ni de la jurisprudencia; 13 profesionales para que evalúen la acción de los otros inspectores, en forma permanente y por todo el año -lo que parece del todo absurdo-, y un funcionario de alto grado administrativo para que actúe como "habilitado", esto es, para pagar los sueldos una vez al mes.

Nos pareció que el ingreso de esas 40 personas carecía de toda justificación. Lo mismo sucede con el aumento de personal inspectivo, en la medida en que no mejoren las condiciones de infraestructura del servicio para permitir la operación de un sistema computarizado que proporcione información en las regiones.

Quedó completamente claro en la Subcomisión que ese equipo no existe en el servicio. Además, no se pide ningún recurso para ese efecto, que es lo que sí se requiere para realizar una fiscalización moderna.

Esas son las razones por las cuales hemos rechazado el aumento propuesto.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Sule.

El señor SULE.-

Señor Presidente , en primer lugar, partamos de la base de que el número es el que señalan los señores Senadores que presentaron la indicación, según lo afirmaron la Honorable señora Feliú y el Senador señor Diez. No discutamos ese aspecto; es irrelevante. Y lo digo en términos muy cariñosos; no me refiero a que la indicación lo sea (para que no me rectifiquen).

Pero, eso sí, señor Presidente , hay una cuestión técnica: bastaría con disminuir en un peso...

El señor PAPI.-

En un centavo.

El señor SULE.-

...o en un centavo los egresos, para cumplir con el fondo de la indicación que se formula. Es absolutamente inocua (para evitar otro término que también pudiera provocar un diálogo o una réplica).

Ahora bien, es cierto lo que dice la Honorable señora Feliú -Su Señoría lo planteó en la Subcomisión con mucha claridad y con la inteligencia que le es habitual-, en el sentido de que la solución definitiva consistiría en computarizar el servicio. No cabe la menor duda. En eso está de acuerdo el señor Director; lo están igualmente el señor Subsecretario del Trabajo , el señor Ministro de esa Cartera , y el servicio de Hacienda. Y se comprometieron a presentar, en el curso del año, una iniciativa, que se consolidaría en un sistema de financiamiento para 1993. Pero, mientras tanto, en materia de problemas del trabajo, se requiere aumentar la dotación a fin de establecer, fundamentalmente, un servicio más directo para atender al ciudadano que lo requiere, con un sistema similar al de las postas de primeros auxilios que existen en el Ministerio ' de Salud.

Ese fue el motivo por el cual la mayoría de la Subcomisión y, en definitiva, también la de la Comisión Especial, votamos favorablemente la indicación del Ejecutivo , cosa que haremos por lo demás ahora rechazando la indicación que se ha formulado.

El señor DÍAZ.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , todos estamos de acuerdo en que hay que modernizar los sistemas -y el Senador señor Sule hizo una referencia a la salud que me parece muy lógica-; pero también se requiere personal, porque, por ejemplo, ¿de qué sirve un computador en Litueche o en Navidad, cuando un enfermo necesita que le pongan una inyección? Es indudable que se precisa de la modernización que implica la computación, pero también es necesario un aumento en la dotación de personal.

Por otra parte, quienes representamos a Regiones tenemos presente que en esta época, en que comienzan las grandes cosechas, los temporeros deben enfrentar graves problemas. Porque las normas legales pueden ser muy buenas; podemos elaborar leyes excelentes, pero es indiscutible que si no hay quien fiscalice su cumplimiento no funciona el sistema.

En el último tiempo hemos tenido oportunidad de apreciar que los funcionarios de la Inspección del Trabajo se preocupan no sólo de lo relativo a la fiscalización, sino que desarrollan también una labor que, a nuestro juicio, es más importante: de prevención. En efecto, van a terreno, se juntan con empresarios y trabajadores y les dan' verdaderas clases de cómo tienen que hacer las cosas; los ponen en conocimiento del contenido de las leyes, sus proyecciones y sus responsabilidades.

Eso lo he comprobado en las diferentes oficinas de la Inspección del Trabajo que se han ido creando en la Sexta Región.

Creo que no debe tomarse cómo dogma la idea de que es preciso achicar el Estado. Porque cuando se habla sobre el tema, una de las tesis fundamentales que se plantean, como una especie de dogma, es el imperativo de reducir todo lo relacionado con el funcionamiento del aparato fiscal.

A mi juicio, el Estado debe achicarse o agrandarse de acuerdo a las necesidades. En este aspecto, señor Presidente, debemos ser absolutamente pragmáticos, no dogmáticos.

He dicho.

El señor LAVANDERO.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor HORMAZÁBAL.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , quiero insistir en que lo dispuesto en la indicación signada con el número 5 no tendría aplicación. ¿Cómo es posible implementar en la práctica una norma que, en la parte pertinente, dice: "y para disminuir, en el Subtítulo 21, del mismo programa, capítulo y partida, los recursos que financian este aumento de personal."?

Es ambigua, carece de cifras. No tiene destino. En consecuencia, no podemos aprobarla. Porque, ¿cómo se interpretará? ¿Cómo se aplicará?

El señor DÍEZ .-

En forma muy racional, señor Senador.

El señor VALDÉS (Presidente).-

No hay duda de que la indicación presenta dificultad para interpretarla.

El señor DÍEZ .-

No veo ninguna dificultad en su interpretación, señor Presidente . El Ejecutivo sabe cuánto le cuestan las personas que contrató. Por lo tanto, en el ítem de gastos respectivo debe proceder a disminuir los sueldos correspondientes a los cargos que se suprimen.

El señor SULE .-

Perdón, señor Senador. Eso no figura en la indicación.

No es válido ese comentario.

El señor VALDÉS (Presidente).-

No dice nada de eso.

El señor LAVANDERO .-

Ni contempla un sistema práctico para aplicarla.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Eso no fluye del texto.

El señor DÍEZ.-

La indicación expresa: "...los recursos que financien este aumento de personal.".

El señor LAVANDERO .-

¿Y dónde lo va a colocar?

El señor DÍEZ.-

En la glosa.

El señor HORMAZÁBAL.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , quisiera salir del tema formal.

Porque en la eventualidad de aprobarse la indicación, a pesar de sus carencias, a lo mejor se puede arreglar,...

La señora FELIÚ .-

Tiene razón.

El señor HORMAZÁBAL .-

...incluso en una Comisión Mixta, pese a que espero que no tengamos que llegar a esa instancia y recordemos un examen de fondo que hicimos el año pasado.

El Senado ha estado preocupado de dictar una legislación más acorde con los nuevos tiempos, por ejemplo, en materia laboral. Y hemos despachado, con grandes acuerdos, normas relativas a negociación colectiva y organización sindical; está en trámite en la Cámara de Diputados un proyecto de contrato individual de trabajo, que ha concitado un máximo consenso. Es decir, el Congreso Nacional ha entendido la necesidad de esa legislación; y sectores empresariales y sindicales han colaborado en forma muy armónica en estos nuevos cuerpos legales.

¿Qué tiene que ver esa normativa con la función de los inspectores del trabajo? ¡Mucho, señor Presidente ! Porque ocurre que la ley vigente -que todos concurrimos a aprobar-, por ejemplo, asigna a los inspectores del trabajo el carácter de ministros de fe.

Estadísticas, no cuestionadas en los análisis realizados por especialistas, demuestran que las Inspecciones del Trabajo permiten solucionar cerca del 80 por ciento de los conflictos que se presentan ante ellas, desahogando de este modo a los tribunales del trabajo, que tienen una sobrecarga de extraordinaria dimensión. Y hemos constatado que, en la misma medida, las partes -con la asesoría funcionaria correspondiente- logran establecer un nivel de acuerdo en sus conflictos, lo que es bueno para la sociedad chilena en su conjunto.

Nadie ha cuestionado esas cifras. El inspector del trabajo cumple un papel relevante.

Ahora, doy excusas al Senado por apartarme de la abstracción estadística, para aludir a otros hechos.

Señor Presidente , en los últimos días en la Cuarta Región han ocurrido algunos accidentes fatales. Murió un trabajador de la construcción en La Serena. ¡No tenía contrato de trabajo! ¿Es ésa la voluntad del Congreso Nacional? Y por no haber tenido contrato de trabajo, su familia no puede acogerse a los beneficios establecidos en la legislación precisamente para casos como éste.

En la comuna de Illapel murieron dos trabajadores de una mina. Pero allí, la fiscalización que se había hecho oportunamente demostró que no existían contratos de trabajo. Y la mayoría de los empresarios de la localidad entendieron el problema y están cumpliendo con las normas respectivas. Porque el papel de la Dirección del Trabajo es también pedagógico.

En consecuencia, la función del fiscalizador es trascendental para el cumplimiento de los fines de interés general que nosotros mismos, en el Parlamento, hemos consignado en la legislación competente.

Si queremos que los tribunales del trabajo puedan funcionar eficientemente -y no con sobrecarga- , debemos establecer un nivel intermedio de solución de conflictos: las Inspecciones del Trabajo.

Si queremos que los chilenos puedan acceder a los beneficios que en leyes despachadas casi por unanimidad hemos estado estatuyendo, es necesario que haya un funcionario capaz de orientar y conducir, y de ejercer la legítima sanción cuando dichas normas no se respetan.

Y aquí, de nuevo, me permitiré citar otra cosa que acontece en Regiones. Porque noto un discurso muy amplio acerca de la regionalización.

Debo manifestar que, salvo en La Coquimbo e Illapel, en la Cuarta Región no existe una oficina permanente de fiscalización de la Inspección del Trabajo. Hay una oficina intermitente en Vicuña. Y se está implementando otra de este mismo tipo en Combarbalá.

Esa experiencia, que puede multiplicarse por doquier en otras zonas rurales del país, es la que estamos tratando de evitar con una ampliación de planta, no de activistas políticos, no de elementos dedicados a generar la subversión en la sociedad chilena, sino de personas dispuestas a cooperar, como ministros de fe, en la aplicación de una legislación consensuada, a fin de que las partes puedan resolver adecuadamente sus legítimos conflictos y seguir produciendo. Entonces, ¿por qué pretendemos poner cortapisas a una actividad tan relevante y esencial?

Señor Presidente , como lo hemos planteado al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social , necesitamos mayor número de inspectores en las Regiones que colaboren en este proceso. Y para solucionar ese problema, que es de fondo, más que de forma, ido al Honorable Senado que-como ya hicimos la vez anterior- entendamos que debemos posibilitar la contratación de mayor número de funcionarios en la Dirección del Trabajo, con el objeto de favorecer el entendimiento en la sociedad, y no el conflicto. Esto significa, además, un reconocimiento a la labor extraordinariamente sacrificada que lleva a cabo hoy esa repartición, que con una planta reducida debe afrontar un notable incremento de sus actividades.

Eso es todo.

El señor THAYER.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, he buscado todos los antecedentes necesarios para formarme un juicio respecto de asunto, porque a los Parlamentarios que no somos miembros de la Comisión Especial de Presupuestos nos faltan elementos para poder decidir.

Honestamente, debo manifestar mi convicción de que es tal la montaña de transformaciones que se han operado en la legislación laboral y previsional; la enorme cantidad de situaciones pendientes, especialmente en materia previsional; la gran dificultad que va a existir -y que ya se produce- en el manejó de todo el proceso laboral y previsional dentro de un Régimen de plenitud democrática -con las tensiones que ha significado, más las transformaciones ideológicas ocurridas en un sistema que, cómo fue tradicional y muy fuerte en el mundo laboral, giraba en torno de la querella de clases, pero que ahora está tratando de reorientarse en el sentido de la participación y el entendimiento-, que, francamente, con la experiencia que tengo, carezco de otros antecedentes como para acoger esta indicación, aunque me parece clara y constitucionalmente bien fundada.

Para aprobarla tendría que estimar que el Ministerio del Trabajo hará mal uso de un personal que, en mi opinión, es necesario. Y, como he dicho, no dispongo de mayores elementos de juicio, que mi conocimiento de ese Ministerio, del señor Ministro del ramo y de su planta funcionaria, para imaginar que es ésa la intención de dicho organismo.

Por consiguiente, voy a rechazar la indicación, porque no estoy en condiciones de negar a esa Secretaría de Estado tales recursos.

Nada más.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Creo que estando ya suficientemente debatida la materia, corresponde votar la indicación.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor SIEBERT.-

Voy a fundamentar mi voto.

Señor Presidente, la verdad es que, al margen de que la cifra sea 1.088 ó 1.053, pienso que hay que tener conciencia de la desburocratización y la voluntad de disminuir el aparato estatal.

Lamentablemente, el año pasado -por la forma que reviste el trámite del proyecto de Ley de Presupuestos- tuvimos que acceder al aumento de miles de plazas en la Administración Pública. Y en esta oportunidad se intenta aprobar otro incremento de miles de cargos fiscales. De esta manera el aparato del Estado continuará creciendo y burocratizándose. La solución tiene que buscarse a través de la eficiencia de los elementos de que se dispone.

Por eso, apruebo esta indicación.

El señor JARPA.-

Señor Presidente , naturalmente, es necesario que haya el número suficiente de inspectores del trabajo para verificar el cumplimiento de las leyes laborales. Pero se han estado creando comisiones y aumentando la cantidad de funcionarios de la Administración Pública en aspectos que no tienen urgencia ni utilidad.

Si el Gobierno desea realmente dar a estas posibilidades de contratación de personas un cauce más orgánico y eficiente, debiera gastar los recursos en ese aspecto y no en crear comisiones inútiles.

Por lo tanto, voto que sí.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Terminada la votación.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente , hay una situación que se está aclarando: el Senador señor González se encuentra pareado con el Honorable señor Lagos, quien acaba de votar. De modo que quisiera preguntar al Comité Renovación Nacional a qué se debe ello.

El señor PRAT.-

Señor Senador , los pareos acordados ayer fueron nada más que por ese día. Y yo acabo de establecer un pareo con el Honorable señor González.

El señor NAVARRETE.-

Entonces, habría que restar un voto. Entiendo que es el del Honorable señor Romero.

El señor PRAT.-

Señor Presidente, yo me pareo.

El señor ROMERO.-

Que se reste mi voto.

El señor NAVARRETE.-

Es decir, se restablece el pareo con el. Senador señor Romero.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Entonces, se restaría un voto.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

Resultado de la votación: 17 votos por la afirmativa, 17 votos por la negativa, una abstención y 4 pareos.

Como la abstención influye en el resultado, corresponde repetir la votación, haciendo presente al señor Senador que se abstuvo que puede votar afirmativa o negativamente.

El señor GAZMURI.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente , el señor Secretario ha señalado que el Senador que se abstiene debe votar positiva o negativamente. Y entiendo que también puede abstenerse.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Señor Senador, lo que manifesté es un llamado conforme al artículo 163 del Reglamento.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Entonces, se repetirá la votación.

--(Durante la votación).

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente , hay dificultades con los pareos. ¿Por qué no se despeja el problema antes de que continúe la votación? Evidentemente, es irregular lo que está sucediendo. Se han producido negociaciones de pareos en medio de la misma.

El señor DÍEZ.-

¿Cuál es la anormalidad?

El señor PAPI.-

Ocurre que el Honorable señor Lagos ha votado. Y, en nuestra opinión, no debió hacerlo, porque había u; pareo pendiente, situación que se la aclaré tan pronto el señor Senador ingresó a la Sala. De manera que se han producido diversas confusiones, y están emitiendo su voto Senadores que no deberían votar.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Hago presente a Sus Señorías que la votación no se puede interrumpir con un debate de esta naturaleza. Por lo tanto, ella debe continuar.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , no deseo que mi pronunciamiento genere confusión, toda vez que anteriormente voté por la negativa y después lo hice de igual forma. Pero se ha discutido un eventual pareo con el Senador señor Núñez. Y en caso de que no exista, mantendría mi posición.

El señor PÉREZ.-

Ese pareo lo establecí yo, señor Senador.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Terminada la votación.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente , entonces, debe anularse un voto afirmativo.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Así es.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

Resultado de la votación: 19 votos por la afirmativa, 18 por la negativa y tres pareos.

El señor GAZMURI.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente , ocurre que se produjo cierta, confusión sobre algunos pareos -no es responsabilidad de nadie-, de manera que corresponde que repitamos la votación, pues éstos ya han sido aclarados.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, se repetiría la votación.

Acordado.

El señor SULE.-

Señor Presidente , para aclarar aún más la situación, le ruego que solicite al Honorable señor Gazmuri que dé a conocer los pareos.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

¿Cuáles serían, Su Señoría?

El señor GAZMURI.-

Están pareados entre sí los Senadores señores Núñez y Pérez; Papi y Otero; Prat y González, y tienen un pareo permanente los Honorables señores Ortiz y Vodanovic. Esos son los pareos acordados entre el Comité Renovación Nacional y los Comités Partidos por la Democracia y Socialista, y Radical-Social Demócrata.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En votación.

Terminada la votación.

--Se rechaza la indicación (19 votos por la negativa, 18 por la afirmativa, una abstención y 3 pareos).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La siguiente indicación está suscrita por los Senadores señora Feliú y señores Romero y Diez, y tiene por objeto suprimir el Programa 02 de la Partida 21 (Ministerio de Planificación y Cooperación), Capítulo 04.

La señora FELIÚ.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , respecto de esta Partida, Subtítulo y Programa, hay dos indicaciones y la segunda reemplaza a la primera.

El Programa 02 del Servicio Nacional de la Mujer tiene un nivel de gastos aproximado de 500 millones de pesos.

En lo tocante a esta materia, el Congreso Nacional carece de información; pero se trata de recursos donados por los países nórdicos. En la Comisión Especial de Presupuestos se planteó que el destino de ellos era el establecimiento de centros de información del Servicio Nacional de la Mujer.

La primera indicación, tendiente a suprimir esos centros de información, tiene su origen en que, de acuerdo a su ley orgánica, el citado Servicio no posee facultades para establecerlos directamente.

Luego de conversar extraoficialmente con la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer , señora Alvear , y con el señor Ministro Secretario General de la Presidencia , se vio la posibilidad de reemplazar esa indicación por otra, para los efectos de que pudieran invertirse los recursos. Por consiguiente, en lo relativo a los ingresos, se agrega una glosa, señalando que ellos provienen de donaciones, lo cual me parece muy importante, pues el Presupuesto debe ser transparente.

Por otro lado, en cuanto a los egresos, en la indicación se plantea que los gastos se harán por convenio con personas jurídicas de Derecho Público. De esa forma se cumple con lo dispuesto en la ley orgánica del Servicio Nacional de la Mujer en la actividad que le es propia.

Estimo que de existir acuerdo en la segunda indicación, sería posible aprobar el Programa; de lo contrario, éste se rechazaría.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Por lo tanto, la indicación recién leída estaría reemplazada de hecho por la segunda, que aparece al final del legajo correspondiente.

Los Honorables señores Romero y Diez, patrocinadores de la primera indicación, ¿estarían de acuerdo con lo propuesto por la Senadora señora Feliú?

El señor DÍEZ.-

Estoy de acuerdo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

La segunda indicación es del siguiente tenor: "Para agregar en la Partida 21, Capítulo 04, Programa 02, las siguientes glosas:

"1. En "Ingresos" glosa "01 Recursos provenientes de donaciones."

"2. En "Gastos" glosa "02 Estos recursos sólo podrán ser utilizados mediante convenios suscritos con otros órganos públicos.".

¿Habría acuerdo?

La señora FREI.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Frei.

La señora FREI.-

Señor Presidente, el Servicio Nacional de la Mujer tiene un centro de información sobre los derechos de la mujer.

Como lo dispone la ley que lo creó, éste es un organismo encargado del "estudio y la proposición de planes generales y medidas conducentes a que la mujer goce de igualdad de derechos y oportunidades respecto del hombre".

Debido a que la situación de la mujer es distinta en las diferentes Regiones del país, nos parece muy atinado que existan estos centros de información. Precisamente, para elaborar planes y proyectos, debemos conocer cuál es su realidad a lo largo de todo el territorio. Evidentemente, se requiere de un centro que realice los trabajos, a fin de especificar qué deseamos mejorar, con el objeto de integrar a la mujer en igualdad de condiciones con el hombre a la vida nacional.

Repito que los centros de información están destinados especialmente a las Regiones. Estimo que los Senadores que las representamos aquí en la Corporación, comprendemos muy bien las necesidades de mujeres. Además, sabemos que no tienen las mismas características una mujer que vive en Antofagasta y otra, por ejemplo, de Puerto Williams. De manera] que .necesitamos un Servicio que esté al día con nuestra problemática y pueda, por lo tanto, colaborar con los Ministerios, a fin de que existan planes para las diferentes realidades.

Además, tales centros de información permitirán al Servicio Nacional de la Mujer fomentar y proponer medidas tendientes a fortalecer a la familia, que corresponde a uno de los objetivos que más nos interesan. Deseamos instalarlos en las Regiones -y ya están empezando a funcionar en algunas-, para que las mujeres se acerquen a ellos y reciban orientación que las derive hacia otros organismos encargados de asistencia jurídica, en el área de la salud, de los subsidios, asistencia social, etcétera.

En las Regiones resulta absolutamente indispensable que haya un lugar donde la mujer pueda acudir, se informe y, también, entregue sus inquietudes, con el objeto de que el SERNAM las recoja y haga los planteamientos al Gobierno e, igualmente, al Senado de la República o al Parlamento.

Por eso, señor Presidente, apoyaremos con entusiasmo todo trabajo del SERNAM.

Por otra parte, para los centros de informaciones hay aportes de Gobiernos extranjeros. Nos parece que es legal y que corresponde a la realidad el que, al iniciar sus actividades, el Servicio Nacional de la Mujer reciba ayuda de otros Estados, porque sabemos que nuestro país no dispone de recursos para ello. De manera que, si estamos abriendo un campo para ellas, con gran propiedad podemos recibir ayuda destinada al desarrollo, la promoción y la integración de la mujer en la vida social, política, cultural, en fin, en todo nuestro quehacer como país, en un trato igualitario entre hombres y mujeres.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO ( Director de Presupuestos ).-

Señor Presidente , esta indicación tiene dos aspectos: en primer lugar, una glosa dirigida a los ingresos. El total de ingresos de este Programa 02 del Servicio Nacional de la Mujer presentado en el proyecto es de 526 millones 781 mil pesos. Como allí se indica, una parte de esta cifra corresponde a "Otros Ingresos", de acuerdo al clasificador, con 331 millones 866 mil pesos, lo que proviene de donaciones de Suecia, Noruega y Dinamarca; el resto corresponde a "Aporte Fiscal" o a "Saldo Inicial de Caja".

Si se quisiera dirigir esa glosa al ítem "Otros Ingresos", no habría problema alguno, porque efectivamente éste corresponde a donaciones. En cambio, si se quisiera orientar al total de los ingresos, no coincidiría con lo planteado en el proyecto, ya que hay un pequeño aporte fiscal como contraparte a las donaciones extranjeras, que son el grueso -ascienden a 331 millones de pesos-, y hay un saldo inicial de caja que proviene de donaciones que este año no se van a ocupar íntegramente.

Por lo tanto, si la glosa que se propone agregar se dirigiera al Subtítulo 07, "Otros Ingresos", no habría dificultad en aceptarla, porque corresponde exactamente a eso, como se había indicado en la Subcomisión y en la Comisión Especial.

Respecto de la glosa dirigida a los gastos, que dice: "Estos recursos sólo podrán ser utilizados mediante convenios con otros órganos públicos.", he estado consultando al SERNAM sobre la operación práctica de estos programas llevados a cabo por los centros de información. En realidad, es política del Servicio mencionado realizar su acción en conjunto con otras instancias públicas, como pueden ser las municipalidades y los gobiernos regionales, en la medida en que las circunstancias lo permitan, pero ello no siempre es así.

Por lo tanto, me parece que la glosa, como está planteada, resulta demasiado restrictiva, y podría dificultar el desarrollo de estos programas por parte del SERNAM.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Soto.

La señora SOTO .-

Señor Presidente , aquí hay una cuestión de fondo. Chile ha aprobado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y, naturalmente, las leyes deben ser dictadas en armonía con aquélla, para que tal discriminación no se produzca.

Sin embargo, fuera de las leyes, en la sociedad chilena hay un hecho evidente: la mujer es discriminada y segregada. Es un problema cultural, en el que influye la falta de información. Esta acarrea los problemas más serios del país, como ya dijimos en otra oportunidad. Desde luego, la prostitución infantil -una lacra que nos afecta- se deriva precisamente de la falta de información. Para nosotros, entonces, resulta vital la labor que está desarrollando el SERNAM. Lo propio acontece con el embarazo de las adolescentes. Generalmente, los médicos coinciden en señalar que las más de las veces termina con la muerte de la madre. Y existen también otras situaciones que surgen de lo mismo, como, por ejemplo, la de las jefas de hogar, el 25 por ciento de las cuales desconoce sus derechos.

Señor Presidente, creo que la labor del SERNAM es realmente muy importante para sacar a la mujer de su situación de ciudadana de segunda clase en que se encuentra hoy.

Esta es la ocasión precisa para que quienes argumentan que debe fortalecerse a la familia, digan: "Nosotros fortalecemos la familia, porque vamos a precaver las desigualdades".

Con mayor razón se produce falta de información en las Regiones y en los campos, donde existe una ignorancia inmensa, que conduce a los dramas más grandes, como vemos todos los días.

Esta indicación nos hace preguntarnos: ¿Es que se quiere terminar con los centros de información? De ser así, sería preferible que se dijera con franqueza; pero nosotros vamos a defender su existencia, porque nos parece que ésta también es una manera de elevar la calidad de vida de todos los ciudadanos, toda vez que el problema de las mujeres no es sólo de ellas, sino de toda la sociedad.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Quiero hacer presente que se ha retirado la primera indicación que suprimía el Programa 02 de la Partida 21. Es decir, aquí no está en juego la existencia de los servicios de información. Ella se reemplazó por otra que propone abrir una glosa en "Ingresos" ("01 Recursos provenientes de donaciones."), la cual fue aclarada por el señor Director de Presupuestos , quien hizo ver que "Otros Ingresos" (Subtítulo 07) se refiere a los recursos provenientes de donaciones. De manera que en esa materia no habría problema, siempre que la glosa se dirija a ese Subtítulo. Porque ésta se refiere a donaciones, y según se explicó, en contrapartida a los recursos externos, también ingresan otros, provenientes de aportes fiscales, y que están identificados aparte.

¿Estaría de acuerdo con esto la Honorable señora Feliú?

La señora FELIÚ .-

Sí, señor Presidente .

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Entonces, en el punto 2, dice: "En "Gastos", glosa "02 Estos recursos sólo podrán ser utilizados mediante convenios suscritos con otros órganos públicos.".

Entiendo que los recursos aquí mencionados se refieren a los que figuran en el punto 1.

En discusión la indicación;

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , se refiere a todos los recursos que contempla este Programa 02. Para información del Senado, quiero aclarar que el Servicio Nacional de la Mujer tiene un Programa 01 y un Programa 02. El primero de ellos corresponde, por así decirlo, a su trabajo habitual, y asciende prácticamente a mil millones de pesos, y el Programa 02, a 500 millones. El Programa 01 se hace de acuerdo con las funciones ordinarias del SERNAM, mientras el Programa 02 es de donaciones y transitorio.

Se ha reiterado el problema de los centros de atención por parte del Servicio Nacional de la Mujer, el cual no tiene facultades para contar con centros de informado Por lo demás, esta glosa no está autorizad de modo que si se la aprueba como viene presentada en la Ley de Presupuestos, tampoco podrán establecerse centros de información, porque el SERNAM -repito- no dispone de atribuciones para hacerlo, ni ninguna glosa se lo permite en este Programa 02. ¡Cómo va a crear centros de información un servicio público que carece de facultades para prestar atención directa! Las tiene para proponer, evaluar y hacer diagnósticos, no para atención directa. No lo puede hacer.

En segundo lugar, con fondos de donaciones no se puede crear un sistema permanente de centros de información. Debemos considerar que estas donaciones tienen validez naturalmente durante este ejercicio presupuestario, o, a lo sumo, durante dos meses más. Y el SERNAM va a contratar personal, con cargo a su presupuesto, al que no va a despedir en el momento en que se termine la donación.

El señor GAZMURI .-

¿Me permite una interrupción, señora Senadora ?

La señora FELIÚ.-

Sí, señor Senador.

El señor GAZMURI.-

El SERNAM va a operar los centros de información con su personal de planta, que figura en la Partida 01 del Presupuesto.

La señora FELIÚ.-

No es así, señor Presidente , según la información que ha dado su Directora, porque el Programa 02 contempla además 197 millones en el Subtítulo 21. De modo que este Programa va a contratar personal con tal objeto, porque su planta es muy reducida: me parece que está formada por no más de 50 a 59 personas. Por lo tanto, no van a operar con esa dotación, señor Senador. Van a contratar personal con tal propósito, contraviniendo su ley orgánica.

Quiero recordar, señor Presidente y Honorable Senado, que cuando en esta Corporación y en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley sobre el Servicio Nacional de la Mujer, se discutió ampliamente el punto y se acordó que ese organismo no contaría con ninguna función de atención directa a la comunidad, y que su labor se limitaría a formular diagnósticos y hacer proposiciones, en una acción dirigida fundamentalmente hacia el sector público y los Ministerios.

Fue eso lo que en su oportunidad se discutió, se planteó y se aprobó, pero no atención directa.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Quisiera que nos refiriéramos a la indicación que se ha presentado.

El señor ZALDÍVAR.-

Votemos, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En la parte referente a "Gastos" se dice que "estos recursos sólo podrán ser utilizados mediante convenios suscritos con otros órganos públicos". Y el señor Director de Presupuestos ha expresado que eso restringe las actividades del SERNAM.

La señora FREI.-

Que se vote.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Consulto a la señora Senadora autora de la indicación si se mantendría esa limitación de que, sólo podrán celebrarse convenios con órganos públicos, en circunstancias de que -según informaciones proporcionadas por el señor Director de Presupuestos - SERNAM contempla en su programa la firma de convenios con organismos que no son públicos, a fin de poder extender la acción de la mujer.

El señor DÍEZ.-

Nada más que con organismos públicos.

El señor PAPI.-

¿Qué pasa con el sector privado? ¿No le tiene confianza, señor Senador ?

El señor GAZMURI.-

Su Señoría no da importancia entonces al sector privado, a pesar de lo mucho que lo ha defendido aquí.

La señora FREI.-

Votemos, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En votación la indicación.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

En votación la indicación suscrita por la Honorable señora Feliú para agregar en la Partida 21, Ministerio de Planificación y Cooperación, Capítulo 04, Programa 02, las siguientes glosas: 1) En "Ingresos", glosa "01 Recursos provenientes de donaciones; 2) En "Gastos", glosa "02 Estos recursos sólo podrán ser utilizados mediante convenios suscritos con otros órganos públicos".

--(Durante la votación).

El señor NAVARRETE .-

Considero que la indicación limita el campo de acción de un organismo creado por ley el año pasado y que ciertamente está destinado a dotar a la mujer de los recursos y de las posibilidades para una mejor inserción en nuestra sociedad. No quisiera, por la vía de aprobar esta indicación, inferir un agravio a las aspiraciones de la mujer chilena; por lo tanto, me pronuncio por su rechazo.

El señor DÍAZ.-

Porque entiendo que informar no es acción directa, voto por el rechazo de la indicación.

La señora FREI.-

Voto en representación de más de la mitad de la población de este país: de las mujeres. Rechazo.

El señor DÍEZ.-

¡Cuatro millones de votos...!

Votaré a favor la indicación, porque estoy pensando fundamentalmente que la atención del Servicio Nacional de la Mujer debe estar a cargó de las municipalidades. Por eso, voto que sí.

La señora SOTO.-

Voto por su rechazo porque es limitativa y deja sin efecto lo que se quiere hacer por SERNAM.

El señor GAZMURI .-

Votaré en contra por dos motivos: primero, porque estoy en completo desacuerdo con la fundamentación de la glosa en cuanto a que no estaría contemplado en la ley del Ministerio realizar funciones de información hacia la mujer, y segundo, por estimar un despropósito que, por esta vía, se pretenda limitar severamente la capacidad de operación del Servicio Nacional de la Mujer.

El señor PACHECO.-

La rechazo porque se trata de centros de información del SERNAM que funcionan exitosamente en las Regiones -por ejemplo, en Talca- con donaciones de Suecia, Noruega y Dinamarca, y porque es perjudicial para un sistema que está operando en forma muy eficiente entregando solamente información.

El señor PALZA.-

Voto en contra porque aprobarla significaría restar recursos a la oficina que se va a instalar en Arica a partir de enero de 1992. Y por considerar que perjudica a la mujer, rechazaré esta indicación, patrocinada por algunos sectores de la Oposición con el propósito de privar de fondos a ese Servicio.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , me voy a abstener por no estimar suficientemente clara la solución del problema que planteó el señor Director de Presupuestos , circunscrita a los organismos públicos, a poder tratar las donaciones solamente con éstos. Tengo entendido que se hizo presente una salvedad de tipo reglamentario que no alcancé a captar. Por ello, me abstengo.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Terminada la votación.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

Resultado de la votación: 18 votos por la negativa, 17 por la afirmativa, una abstención y 3 pareos.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Queda rechazada la indicación.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

En seguida, corresponde tratar una indicación formulada por los Honorables señores Diez y Piñera para sustituir, en la Partida 09, del Ministerio de Educación, Capítulo 01 de la Subsecretaría de Educación, referido al ítem 31-011 Programa de Beca Especial Alumnos de Enseñanza Media, el segundo inciso de la glosa 06, por el siguiente: "Por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito también por el Ministro de Hacienda , el que deberá dictarse antes del 30 de enero de 1992, se especificarán los objetivos del programa, se determinarán los montos máximos del subsidio por alumno y del aporte al establecimiento educacional respectivo; los procedimientos de postulación, selección y asignación de los subsidios; y los criterios de selección de los beneficiarios, entre los cuales se considerará el nivel socioeconómico del postulante y el retraso escolar respecto de su edad. El programa será ejecutado por la Secretaría Regional Ministerial, en forma descentralizada, a través de 13 fondos regionales. Este subsidio será incompatible con el programa de becas contemplado en el decreto Nº 1.500 del Ministerio del Interior de 1980.".

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión la indicación.

Ofrezco la palabra.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , en lo tocante a la Secretaría Regional Ministerial habría que referirse a ella en plural, porque son 13 en el país.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La Mesa se encargará de redactar la indicación en la forma correcta, señor Senador.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

El señor DÍEZ.-

Pido la palabra.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , creo que la sustitución propuesta no ofrece ningún problema. Además, se obliga a dictar los decretos con debida anticipación, para que las becas se conozcan antes del año escolar y para que sean públicas las condiciones en que las personas pueden optar a ellas.

Por lo expuesto, pido al Honorable Senado aprobar la indicación por asentimiento unánime.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

La señora SOTO.-

Señor Presidente, no tenemos el texto de la indicación.

El señor GAZMURI.-

Ha sido cambiado.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Es sólo una frase la que se ha cambiado, señores Senadores.

El señor Secretario dará cuenta de ello.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

El Senador señor Piñera sustituyó la frase que dice "Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas" -que es lo que aparece en la indicación que obra en poder de los señores Senadores- por "Secretaría Regional Ministerial".

El señor DÍEZ.-

Señor Presidente , le he concedido una interrupción al Honorable señor Palza, con la venia de la Mesa.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Palza.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , como no disponemos de tiempo, mi intervención será con cargo al del Honorable señor Diez.

Quiero señalar que había manifestado a los Honorables colegas de la bancada opositora que presentaron la indicación, que cambiaran el texto original de ella, pues ellos estaban en la idea de que las becas sean distribuidas por medio de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Como en este programa hay dos partes: una en beneficio del alumno, y otra a favor del establecimiento educacional respectivo, pienso que con la sugerencia que hemos formulado a la bancada de la Oposición, esto podría perfeccionarse. En consecuencia, no habría razón para rechazar la indicación.

Por consiguiente, en las condiciones en que ella viene -con el mejoramiento que realizamos- estimo que bien vale la pena aprobarla, conforme al espíritu de regionalización de que estamos todos imbuidos.

He dicho.

El señor LARRE.-

Pido la palabra.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , el motivo del cambio de "Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas" por "Secretarías Regionales Ministeriales" -en plural- obedece a que, a nuestro juicio, éstas tienen una mejor capacidad técnica en la materia.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO ( Director de Presupuestos ).-

Señor Presidente , en la indicación existe, además, otro cambio con respecto a la glosa que está originalmente en el proyecto del Ejecutivo. Y se refiere a establecer una fecha: el 30 de enero del año 92.

Creo que puede aparecer como demasiado restrictivo el plazo, ya que estas becas en ningún caso empiezan a operar antes de marzo. Entonces, bien podría ésta, sí se desea poner una fecha, ser posterior al 30 de enero de 1992.

El señor LARRE .-

Podría ser el 28 de febrero, señor Presidente . No habría ningún inconveniente.

El señor DÍEZ .-

¡Tiene que ser antes del año escolar!

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

¿El señor Director de Presupuestos desea sugerir una fecha concreta?

El señor ARELLANO ( Director de Presupuestos ).-

Antes del inicio del año escolar, o sea, del 1° de marzo, señor Presidente .

El señor LARRE.-

El 28 de febrero.

El señor GAZMURI.-

O el 29 de febrero, según el caso.

El señor PAPI.-

El 28 ó 29 de febrero.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Entonces si le parece a la Sala, quedaría aprobada la indicación con la enmienda leída anteriormente y sustituyendo la fecha "30 de enero" por "28 ó 29 de febrero".

Aprobada.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Corresponde tratar una indicación, suscrita también por los Senadores señores Diez y Piñera , que incide en la Partida 09, del Ministerio de Educación, Capítulo 01, Programa 01 de la Subsecretaría de Educación, referido al ítem 33-029, División de Extensión Cultural. Y es para sustituir el último inciso de la glosa 09 por el siguiente: "Incluye $ 1.055.719 miles para financiar proyectos de desarrollo artístico cultural. Mediante Decreto Supremo del Ministerio de Educación, se reglamentará la modalidad de funcionamiento del Fondo y se determinarán 13 Fondos Regionales distribuidos en la misma proporción que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que contempla esta ley. Se accederá a estos recursos mediante concursos públicos, los que serán resueltos por las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales o sus sucesores legales. El mismo decreto supremo determinará los procedimientos y bases para la postulación, los criterios de selección de los proyectos y los procedimientos de control para una correcta utilización de los recursos del Fondo.".

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Debo hacer presente que existe un cambio con respecto al texto que poseen" Sus Señorías. Porque se sustituye la expresión "Consejos Regionales de Desarrollo", al igual que en la indicación anterior.

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor LARRE.-

Pido la palabra.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor FOXLEY ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , ¿los Consejos Regionales de Desarrollo se sustituyen por qué?

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Están sustituidos por las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales.

El señor LARRE.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , habría que eliminar "o sus sucesores legales". Porque desde el momento en que se ha reemplazado "Consejos Regionales de Desarrollo" por "Secretarías Regionales Ministeriales", no corresponde dejar "o sus sucesores legales", que figura a continuación.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Si hubiera acuerdo, se eliminarían las cuatro palabras a que se refiere Su Señoría.

Acordado.

Ofrezco la palabra.

El señor GAZMURI.-

Pido la palabra.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , entiendo que ésta es una glosa que, aparentemente, tiene un sano afán regionalizados. Pero digo "aparentemente", porque aquí hay que considerar dos cuestiones. Primero, si efectivamente queremos fomentar el desarrollo cultural en las Regiones, lo que tenemos que hacer es establecer, en el Fondo Nacional dé Desarrollo Regional, una línea de proyectos para cultura en las Regiones, cuestión que hoy día no existe.

Por lo tanto, si vamos al fondo del asunto -con el cual estoy de acuerdo-, de que las Regiones posean recursos para proyectos de cultura resueltos en ellas, el camino es reformar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y esta opinión la hemos dado en varias oportunidades. Estamos estudiando cuál es la fórmula concreta para hacerlo, de manera que haya un porcentaje del Fondo en cada Región para financiar proyectos regionales en el área artística-cultural.

Entonces, bajo una aparente intención regionalizadora, lo que se está haciendo con esta indicación es impedir que el Ministerio de Educación cuente con un fondo para proyectos nacionales en el terreno de la cultura. Y creo que ése es un asunto completamente insuficiente, salvo que se entendiera que lo nacional es puramente la Región Metropolitana u otras. Porque, recordemos, el Fondo se distribuirá entre las Regiones.

Desde el punto de vista del desarrollo cultural del país, me parece razonable que exista un fondo para proyectos nacionales -algunos de ellos deberán ser establecidos en las Regiones- que sean de alto interés, de competitividad internacional, de distintos criterios, etcétera. En otros países, los centros musicales, por ejemplo, no siempre se encuentran en las capitales. Un proyecto nacional podría consistir en desarrollar, incluso regionalmente, ciertos proyectos artísticos que fueran interesantes.

En consecuencia, pienso que regionalizar completamente el Fondo desde el punto de vista del desarrollo cultural no tiene mayor sentido.

El señor DÍEZ.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , lo que nosotros queremos es descentralizar la cultura para permitir su crecimiento en las Regiones. No tenemos ningún inconveniente en que lo haga el Ministerio de Educación. Es muy grande el desnivel cultural entre Santiago y las Regiones. La Región Metropolitana tendrá también, por cierto, parte en el desarrollo. Pero la idea es que la cultura se popularice. ¡Esa es la función del Ministerio de Educación! Y para ello la cultura se debe regionalizar, es decir, repartirse en todo el país, en la confianza de que esa misma Cartera determinará las bases de los concursos mediante decreto y los fallará a través de sus Secretarías Regionales. No se trata de quitar atribuciones al Ministerio de Educación, sino de llevar un renacimiento cultural y artístico a las Regiones, porque lo necesitan. De manera que en esto no hay ninguna doble intención, ni tampoco la de quitar al Ejecutivo alguna facultad. La idea es coordinar esto con lo que estamos haciendo en materia de desarrollo integral y armónico del país.

El Honorable señor Palza me ha pedido una interrupción, señor Presidente .

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Palza.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , por las mismas razones señaladas anteriormente respecto a la glosa sobre becas para alumnos de Enseñanza Media, hemos pedido a los Senadores patrocinantes de esta indicación que, con el objeto de no quitar al Ministerio la tuición cultural, este asunto sea manejado directamente por él a través de sus Secretarías Regionales.

Creemos que esta iniciativa orienta en lo que planteamos en la reforma constitucional en orden a que las Regiones también puedan realizar sus propios concursos. Por tal motivo, la indicación nos parece adecuada, sobre todo si con ella se persigue lo mismo que planteamos -repito- en la última reforma a la Carta Fundamental, hace más o menos 60 días.

Desde ese punto de vista, la indicación recoge una aspiración de las Regiones en cuanto a que la cultura recobre fuerza y vida y, de esa forma, la juventud y en especial los incipientes centros culturales existentes en provincias puedan participar en el proceso culturizador del país.

Por esas razones, voy a votar favorablemente la indicación.

El señor CANTURIAS.-

Pido la palabra.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CANTUARIAS.-

Pido la palabra.

Nos estamos refiriendo, concretamente, a la Ley de Presupuestos del año 92. En ella, en la Partida correspondiente al Ministerio de Educación, aparecen recursos por un monto de 1.055 millones de pesos para ser invertidos en cultura.

Desde el punto de vista general y de la regionalización que procuramos y que sancionamos recientemente en una reforma constitucional, lo natural y lógico es crear mecanismos permanentes que permitan financiar actividades culturales. Pero, por de pronto, lo que debemos hacer es regionalizar lo que hay disponible. Y, en ese sentido nos parece muy conveniente que esos recursos, que son los primeros que vislumbramos con una posibilidad para financiar la actividad cultural en las provincias, sean regionalizados en la forma que señala la indicación.

Por ese motivo, le entregamos nuestro respaldo y creemos que, con la especificación mencionada por el Senador señor Palza , debemos aprobarla sin más trámite.

He dicho, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si no se pide votación, se dará por aprobada la indicación.

Aprobada.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La indicación siguiente está formulada por los Honorables señores Diez y Piñera , y dice:

"En la Partida 09, del Ministerio de Educación, Capítulo 20, Programa 01 "Subvención a establecimientos educacionales", agrégase la siguiente glosa 02 al ítem 33-029, Fondo Recursos Complementarios, artículo 13° transitorio de la ley Nº 19.070:

"Antes del 15 de enero de 1992, el Ministerio de Educación dictará un decreto supremo mediante el cual se identificará el volumen total de recursos que corresponde a la aplicación del artículo 14° transitorio de la ley Nº 19.070 para el sector municipal, se establecerán los procedimientos y los parámetros objetivos que se utilizarán para su distribución entre las distintas municipalidades del país, según lo dispuesto en el 16° transitorio de la ley antes señalada y utilizando para ello el mismo procedimiento mediante el cual se entregan las subvenciones que dispone el DFL Nº 2, de Educación, de 1989. El sector particular subvencionado no podrá recibir como promedio por alumno una suma inferior a la que recibe por alumno el sector municipal con cargo a los recursos de este fondo.".

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Gracias, señor Presidente.

La indicación tiene dos propósitos simples y precisos. El primero de ellos dice relación al artículo 14 transitorio del Estatuto Docente, en lo, que se refiere a permitir temporalmente al Ministerio asignar, sin ceñirse a los criterios permanentes que se aplicarán cuando el sistema entre a regir en plenitud, los fondos que provee la ley. Lo que pedimos es que esa asignación, necesariamente arbitraria, se haga -es algo muy sencillo lo que estamos proponiendo- en forma clara y transparente; es decir, utilizando un procedimiento que el país entero pueda conocer.

El segundo componente apunta también a algo medular: si acaso se otorgan menores recursos por alumno a la educación privada subvencionada, respecto de la municipal, estaremos condenando a la primera definitivamente a la extinción.

Pero corno ésa no es la intención manifestada por el Gobierno ni por el Ministro de Educación -tampoco creo que sea tal la voluntad del Parlamento-, lo que deseamos plantear es muy simple: que no se haga ninguna discriminación en términos económicos, aun cuando sabemos muy bien que hay otras que tienen fundamento y están perfectamente determinadas.

Señalo lo anterior porque vemos con alarma algunas situaciones -por ejemplo, en materia de salud-, como la que está ocurriendo en la Undécima Región.

Si entramos en el camino de discriminar económicamente a la educación municipal respecto de la subvencionada, el resultado es conocido: desaparece esta última y todo vuelve a la educación municipal.

Para evitar eso y permitir igualdad de condiciones entre ambas, hemos propuesto la indicación, con el fin de que compitan en cuanto a la calidad de los alumnos y no sobre la base de discriminaciones por parte del Estado.

El señor GAZMURI.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , no obstante concordar con lo expresado respecto del fundamento de la indicación, deseo introducir una pequeña modificación de forma al texto propuesto.

Me parece más propio que diga "mediante el cual se identificarán los recursos que corresponde", en lugar de referirse al "volumen total" de los mismos.

El señor GAZMURI.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.

El señor NAVARRETE .-

Sólo deseo consultar a la Mesa respecto de la procedencia de la indicación, porque su tenor está afectando a dos leyes de carácter permanente: una, la que regula las subvenciones, y otra, el Estatuto Docente.

Por ello, estimo que corresponde un pronunciamiento sobre el particular, para no realizar un debate que podría demorarnos excesivamente sin utilidad alguna.

El señor PIÑERA.-

¡Eso ocurre en forma constante, Su Señoría...!

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Señor Senador , he estudiado el tema y estoy enterado de la discusión habida en la Comisión Especial de Presupuestos, la cual declaró improcedente la indicación, por estimar que efectúa una redistribución de recursos, lo que no compete al Parlamento.

El señor LAVANDERO.-

Constituye una reasignación.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Por lo tanto, considero que en esta oportunidad cabe una decisión análoga.

El señor PIÑERA.-

¿Me permite, señor Presidente ? Sólo deseo formular la siguiente observación.

La indicación consta de dos partes. La primera de ellas dispone que el Ministerio deberá publicar un decreto que establezca los criterios y procedimientos para asignar los fondos. Indudablemente, no se efectúa al respecto una reasignación, de manera que esa parte resulta absolutamente procedente.

El señor ZALDÍVAR .-

No puede dividirse el artículo, señor Senador.

El señor PIÑERA.-

Da la impresión de que hay una guerra de formalidades y de que el problema de fondo no les interesa para nada a los señores Parlamentarios de la Concertación.

En segundo lugar,...

El señor GAZMURI .-

Nos interesa mucho. No califique intereses ni conocimientos, Su Señoría. No caigamos en la distribución de las virtudes y defectos entre las bancadas, por favor.

El señor PIÑERA.-

Lo que señalo es evidente: me indican que no se puede dividir el precepto. Si la intención es tener transparencia en la asignación de estos fondos, por supuesto que se puede corregir una indicación, como se ha hecho múltiples veces durante este debate.

Respecto de la segunda parte, ella no reasigna fondos, sino que sólo establece una condición que debe cumplir el criterio del Ministerio para asignarlos.

Por lo tanto, discrepamos de la opinión relativa a la improcedencia. Creemos que se cometió un error en la Comisión Especial de Presupuestos, y pedimos la reconsideración pertinente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

No obstante, no cabe la menor duda de que se realiza una asignación de recursos y no una rebaja. Y el Senado no debe sino atenerse estrictamente a lo dispuesto por la Constitución. No se trata de buscar formalismos, sino de ceñirse a las normas que permiten una rebaja, pero no, como en el caso en estudio, una distribución y la fijación de criterios para hacerla.

El señor PIÑERA.-

Si eliminamos el texto manuscrito, no habría reasignación. En consecuencia, pido que se vote la primera parte.

El señor GAZMURI.-

Lo que se puede solicitar es que se reconsidere la admisibilidad. Pero ya se sentó un criterio acerca de que la indicación es inadmisible.

El señor PIÑERA.-

La segunda parte.

El señor GAZMURI .-

No, señor Senador. Quien declara la inadmisibilidad es el Presidente de la Corporación y no Su Señoría.

El señor VALDÉS (Presidente).-

La Sala puede reconsiderarlo, pero la Presidencia ha estimado inadmisible la indicación.

El señor PIÑERA.-

¿Íntegramente? ¿La primera parte también, señor Presidente ? La Sala podría...

El señor ZALDÍVAR .-

Constituye una facultad de la Mesa, Honorable colega.

El señor PIÑERA.-

¿El señor Presidente no desea consultar a la Sala acerca de la admisibilidad de la primera parte?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Señor Senador , no tengo dudas sobre la materia. Y si las tuviera, no vacilaría en hacer la consulta.

El señor PIÑERA.-

¿Y en cuanto a la primera parte, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Ruego a Su Señoría que lea el razonamiento dado por la Comisión Especial de Presupuestos, por ser bastante convincente.

--Se declara inadmisible la indicación.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La siguiente indicación -también presentada por los Senadores señores Diez y Piñera - es para agregar, en la Partida 09 (Ministerio de Educación) Capítulo 01 Programa 03 Subtítulo 31 ítem 74, una glosa 01 redactada en estos términos:

"La ejecución de los proyectos que postulen a este programa será realizada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la región respectiva. Para ello, se transferirán los fondos necesarios a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.".

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión.

Ofrezco la palabra.

El señor LAVANDERO .-

Concurre un motivo similar al que se tuvo en cuenta para decidir acerca de la indicación previa, señor Presidente : se reasignarían recursos. El texto dispone una transferencia.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

La indicación contempla disposiciones de recursos y traspasos de fondos, por intermedio de ciertas reparticiones del Ministerio del Interior, al de Educación, en circunstancias de que el Congreso, de acuerdo con la Carta, sólo puede reducir gastos. Es decir, existe una intención clara de inmiscuirse en la administración de los recursos del Estado.

En esta materia no puede haber dudas.

Creo que debiéramos aclarar, de una vez por todas, que el reparto, distribución o destinación de fondos no corresponde al Poder Legislativo, sino al Ejecutivo .

El señor PIÑERA.-

¿Me permite, señor Presidente?

No discutiremos su decisión de declarar la inadmisibilidad de la indicación, la que, por lo demás, no es discutible por la Sala. Pero sí deseo decir lo siguiente.

Cuando hablo de formalismos -y me refiero al comentario del Honorable señor Zaldívar -, no estoy aludiendo a cumplir o no cumplir la Carta, lo cual, evidentemente, no es un formalismo, sino una obligación de todos los ciudadanos. A lo que apunto es a que si se trata de resolver el problema que nos ocupó anteriormente, de garantizar la no discriminación entre la educación particular subvencionada y la municipal, hubiera bastado que el Ejecutivo patrocinara lo propuesto. Pero cuando no lo patrocina ni lo incorpora al proyecto, a pesar de ser testigo de este debate, entiendo que no desea asumir el compromiso de garantizar la no discriminación. Lo mismo ocurre en este caso.

Por lo tanto, cuando hablo de formalismos, me refiero a que si hay voluntad de hacer algo que parece conveniente, estando presente el representante del Ejecutivo, ello es posible. Pero recurrir al argumento de la inadmisibilidad y no solucionar el problema de fondo, estudiando si es bueno o malo -y si es lo primero, cómo resolverlo-, es a lo que me refiero cuando digo que nos refugiamos en formalismos.

El señor ZALDÍVAR.-

Eso compete al Presidente de la República.

El señor PIÑERA.-

Por supuesto. Y aquí podríamos obtener la firma...

El señor GAZMURI .-

No se trata de cómo hacerlo, sino de que hay un Gobierno...

El señor PIÑERA.-

Así como muchas indicaciones fueron presentadas por el Ejecutivo , en esta materia de educación también pudo haberlo hecho. Tuvo toda la oportunidad del mundo para ello, pero no la aprovechó, lo que nos lleva a deducir que no desea garantizar en forma clara y total la imparcialidad en la asignación de fondos entre la educación particular subvencionada y la municipal.

Gracias, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente , creo que la conclusión a que llega el Honorable señor Piñera es muy grave, porque significa prejuzgar intenciones del Gobierno.

A mi juicio, la declaración de inadmisibilidad es absolutamente procedente, por lo que discutimos ayer. Pienso que no es bueno prejuzgar intenciones. Y si el Gobierno discrimina o administra mal el Estado, para eso está la facultad fiscalizadora del Parlamento, que puede reclamar. Pero no creo que sobre la base de este tipo de discusión podamos llegar a conclusiones tan dramáticas como decir que el Ejecutivo está discriminando o pretendiendo discriminar, o que no es transparente.

Gracias, señor Presidente.

El señor PIÑERA.-

¿Me permite una brevísima interrupción?

Las palabras, Honorable señor Zaldívar , hay que tomarlas con claridad, sobre todo cuando las acabo de expresar y a tan poca distancia de Su Señoría.

No he sostenido que el Gobierno diga que va a discriminar. Lo que señalé -y lo reafirmo- es qué el Ejecutivo no desea establecer con meridiana claridad en el proyecto el criterio de no discriminación.

El señor ZALDÍVAR .-

Es lo mismo.

El señor PIÑERA.-

No es lo mismo. Repito: no desea establecer con meridiana claridad en el proyecto el criterio de no discriminación.

Ese es un hecho "del porte de un buque", al no querer patrocinar la indicación. Pero ello no significa que va a discriminar.

El señor LAVANDERO.-

Depende del porte del buque...

El señor ZALDÍVAR.-

Los Gobiernos son calificados por sus conductas objetivas, y éste ha demostrado que no discrimina; que realmente cumple con las disposiciones legales y constitucionales y con su función administrativa. En el momento en que haya una discriminación clara, tendremos la oportunidad en el Parlamento de exponerla y de reclamar. Pero no podemos partir prejuzgando que no se quiere establecer un procedimiento claro para no discriminar.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Está terminada la discusión sobre este punto.

--Se declara inadmisible la indicación.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La siguiente indicación, suscrita por los Senadores señores Diez y Piñera , que incide en la Partida 09 (Ministerio de Educación) Capítulo 20 "Subvención a Establecimientos Educacionales", es para sustituir el ítem "33-029 Fondo Recursos Complementarios, artículo 13 transitorio de la ley Nº 19.070, $ 16.069.900 miles" por los siguientes:

"33-029 Subvención complementaria transitoria, artículo 14 transitorio ley 19.070

"33-030 Bono de perfeccionamiento, inciso segundo artículo 7° transitorio, ley 19.070

"33-031 Asignación por desempeño difícil, artículos 45 y 8° transitorio, ley 19.070".

Lo anterior debe ser acompañado de las cantidades correspondientes, que totalicen la suma del ítem que se sustituye.

El señor GAZMURI.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , creo que no se puede discutir la indicación -y no es un asunto tocante a su admisibilidad o inadmisibilidad-, pues está incompleta, mal elaborada: no incluye las cifras que debiera contener.

Además, es innecesaria, porque los mil 69 millones 900 mil pesos establecidos en el proyecto tendrán después que asignarse según los artículos citados.

Él señor VALDES ( Presidente ).-

¿Qué opinión le merece el punto al señor Director de Presupuestos?

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).-

Señor Presidente, la materia se refiere a los recursos que el Estatuto Docente dispone que deben destinarse a las distintas asignaciones que su propio texto estableció.

Para llegar a los 16 mil 69 millones 900 mil pesos, se determinó cada una de las asignaciones que deberán pagarse en virtud de la ley 19.070 durante 1992. Entiendo que el espíritu de la indicación es que eso sea detallado, desagregándolo.

El señor PIÑERA.-

Exactamente.

El señor ARELLANO ( Director de Presupuestos ).-

La verdad es que, según lo que recién señalé, me parece innecesario, porque es la propia ley la que obliga a pagarlas en una determinada forma. Y eso es lo que se hará.

Naturalmente, para establecer esa cifra -no tengo aquí los antecedentes- hubo que realizar la desagregación planteada en la indicación, e incluso, una mayor, a fin de calcular con toda exactitud cuál sería el costo que durante 1992 tendría el Estatuto Docente.

Más aún: dicha cantidad tendrá que ser modificada en la medida en que se apruebe el proyecto dé ley de reajuste -que conocerá más tarde el Senado-, que aumentará la unidad de subvención y, por tanto, el monto indicado. Pero, en cualquier caso, la aplicación y la distribución de esos recursos debe hacerse estrictamente conforme a lo dispuesto por la ley Nº 19.070, que es el Estatuto Docente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , tiene razón el señor Director de Presupuestos . Efectivamente, la ley establece lo que el señor Arellano señala.

Sin embargo, si porque una norma legal la dispone, no debe ser incluida una asignación en la Ley de Presupuestos, deberíamos borrar la mitad del contenido de ésta, ya que gran parte de las partidas están respaldadas en leyes permanentes. Y lo que sostenemos aquí es muy sencillo: habría sido mejor que, según los términos del Estatuto Docente, los ítem figuraran clasificados y desagregados de acuerdo con lo que corresponde. Hubiera resultado más simple y transparente. Pero el trabajo ya se hizo. Por consiguiente, la indicación no es estrictamente necesaria -estamos de acuerdo-, pero reitero que habría contribuido a una mejor transparencia del Presupuesto. Y el argumento relativo a lo ya consagrado por una ley permanente no rige, porque, con ese criterio -repito-, tendríamos que haber omitido la mitad del Presupuesto.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Palza.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , mi intervención será muy breve.

Comparto la idea de que la indicación, realmente, no procede en este momento. No tiene razón de ser analizada. Sin embargo, como las normas del Estatuto Docente que atañen a esta materia empezaron a regir este año y terminarán en 1995, podríamos solicitar al señor Ministro que, cuando se estudie el proyecto de Ley de Presupuestos para 1993, examináramos el tema en la Comisión Especial.

El señor PIÑERA.-

Es una indicación pedagógica.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, consideramos esta "indicación pedagógica" como la intención de que el Presupuesto venga desglosado en la forma solicitada, dejando constancia de ello en la Versión Taquigráfica, y el señor Director de Presupuestos tomaría nota al respecto.

--Así se acuerda.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Corresponde ocuparse en la indicación que incide en la Partida 09 (Ministerio de Educación) Capítulo 30 Programa 01 "Educación Superior", la cual dice:

"1. Sustituyese el texto de la glosa 01 de la asignación 25-33-031, por el siguiente:

"Antes del 30 de enero de 1992, el Ministerio de Educación deberá dictar un Decreto Supremo, suscrito también por el Ministro de Hacienda , mediante el cual se regulará el funcionamiento del Fondo de Becas para estudiantes de Educación Superior. Este fondo será administrado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en forma descentralizada, según los procedimientos de postulación, selección y asignación que establezca el reglamento, además de las sanciones en caso de incumplimiento de las condiciones que dieron origen a la beca.

"Podrán postular a este Fondo los estudiantes que cumplan, a lo menos, los siguientes requisitos:

"-tener la aceptación de ingreso en alguna Institución de Educación Superior reconocida por el Estado.

"-acreditar una situación socioeconómica familiar que le impida financiar por sus propios medios el costo de su educación.

"-haberse inscrito a lo menos en el 75% de las asignaturas para las cuales cumple requisitos.

"Respecto de los criterios de selección de los postulantes, se considerarán a lo menos los siguientes:

"-porcentaje de beca a la cual postula, cuyo valor máximo no podrá superar el 110% del valor del arancel.

"-nivel socioeconómico del alumno y de su familia.

"-rendimiento académico; en caso de reprobación del año escolar o de reprobar más del 50% de las asignaturas cursadas en el año, se pierde el beneficio y sólo podrá postular después de haber cumplido un año de la fecha de reprobación.

"2. Agrégase a la asignación 25-33-031 una glosa (02) con el siguiente texto:

"El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior permitirá el financiamiento de proyectos de desarrollo de las entidades de educación superior que señala el Artículo Nº 1 del DFL (Ed.) Nº 4 de 1981. El proceso de postulación y asignación de este Fondo se regirá por las disposiciones del DFL 33 de Educación de 1981.".

El señor GAZMURI.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , la verdad es que me parece muy bien el interés que demuestran el Honorable señor Piñera y otros señores Senadores por la educación y el Ministerio del ramo, pero tengo la impresión que estamos discutiendo el proyecto de Ley de Presupuestos.

No veo en función de qué se establecería en el Presupuesto el contenido de un decreto supremo que tuviera que ser suscrito por los señores Ministros de Hacienda y de Educación.

Realmente, creo que no procede utilizar el mecanismo de las glosas -que tiene ciones bien precisas- para introducir discusiones sobre otras materias, que pueden ser razonables, pero que no tienen relación con el tema. Me parece impropio usar dicho sistema para establecer en la Ley de Presupuestos un mandato a dos Ministros de Estado tendiente a reglamentar, en función de atribuciones que les corresponden, de una determinada manera.

No entiendo el sentido del conjunto de las normas que se nos plantean. Y creo que son improcedentes; se alejan del tema que debatimos hoy. Se podrá decir que es algo formal, pero no es así. Podemos ir al fondo de estos aspectos en su momento y en su lugar; pero, ahora, creo que no es el momento ni el lugar para una indicación de naturaleza.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Quiero informar a la Sala, como antecedente, que la indicación a que se ha dado lectura sustituye a la siguiente glosa 01:

"La distribución de este Fondo, entre las instituciones de educación superior que señala el artículo 1° del D.F.L. (Ed.) Nº 4, de 1981, se efectuará por uno o más decretos del Ministerio de Educación, los que deberán ser suscritos además por el Ministro de Hacienda , y dictados con la fórmula por orden del Presidente de la República .".

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , en primer lugar, es cierto que la glosa original dice que debe realizarse mediante decreto la distribución del Fondo. El correspondiente a la asignación de este año, sin embargo, aún no ha sido publicado.

En segundo término, es verdad que estos temas podrían tratarse en forma más profunda cuando se legisle sobre la materia. Pero, como ello no se ha hecho, nunca hemos tenido la oportunidad de discutir estos criterios con motivo de un proyecto de ley permanente.

Por consiguiente, ¿qué ocurre? Ahora que estamos asignando fondos, tenemos no sólo las atribuciones, sino el perfecto derecho para, junto con aprobar un gasto, establecer en las glosas -como se efectúa en muchas otras- ciertas pautas que deben regir la autorización de aquél. Y como el decreto relativo al año en curso no existe, planteamos dos asuntos: primero, insistir en que debe haber un decreto y, segundo, determinar, al aprobar el gasto, algunos criterios básicos y elementales que debería contener esa resolución del Poder Ejecutivo .

Ese es el sentido de la indicación, señor Presidente, que procede plenamente. Por desgracia, la oportunidad para discutir el tema de fondo con ocasión del estudio de proyecto de ley permanente no se ha producido -repito-, por lo que aprovechamos la circunstancia del Presupuesto para establecer ciertos criterios.

He dicho.

El señor GAZMURI.-

Constituyen cosas distintas.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Soto.

La señora SOTO.-

Señor Presidente, en realidad, se está haciendo un reglamento, y ello no procede, conforme a la ley.

El señor PIÑERA.-

Se está estableciendo un criterio.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, creo que la glosa propuesta es perfectamente procedente y muy conveniente.

En efecto -como señaló el Senador señor Piñera -, la asignación de las becas y de estos recursos a las distintas universidades no está reglada en este momento; no existe una legislación sobre el particular. Debe haber un procedimiento. La cantidad es sumamente alta (más de 10 mil 200 millones de pesos), de modo que es muy adecuada una glosa que señale cómo se distribuirá -uno, entre los alumnos; dos, entre las universidades-; cuál será el sistema de las becas.

A mi juicio, deberíamos pronunciarnos sobre el fondo de la indicación y determinar si en ella se dan o no suficientes elementos de transparencia en la materia, pues, precisamente, deben establecerse normas sustantivas en orden a la distribución de que se trata.

Además, ello es propio de una ley y no de un reglamento. Realmente, entregar a la potestad reglamentaria una cantidad de recursos y decir: "el Presidente reglamenta" es un sistema muy inconveniente. Debe ser la ley -la que los otorga- la que disponga a quién y cómo se entregan.

Por lo tanto, creo que la indicación es procedente, desde el punto de vista constitucional, y muy conveniente en cuanto a su aprobación.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Papi.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , no discutiré si la indicación es procedente o no lo es, aunque, en este caso, tengo la impresión de que puede ocurrir lo último.

A lo largo del debate del proyecto de Ley de Presupuestos hemos incurrido en un despropósito, como es pretender ir modificando diversas legislaciones. En la sesión de ayer en la tarde lo observamos respecto de las normas que flexibilizan la Administración Financiera del Estado. No es el objetivo de una Ley de Presupuestos ir corrigiendo vacíos legales.

¿Cuál es el sentido de una glosa? Fijar un criterio, dar una orientación, pero no determinar los elementos que deben ser propios del reglamento. Y como aquí muy bien se señala, habrá un reglamento. Sin embargo, no nos corresponde establecer en la Ley de Presupuestos las disposiciones que aquél debe contener.

Me parece que el procedimiento empleado es distorsionador; que revive prácticas del pasado, condenadas en su tiempo, que yo esperaba que no resurgieran ahora.

No procede llenar en la Ley de Presupuestos -repito- los vacíos legales que existan en estas materias.

El señor SIEBERT .-

¡Que queden como vacíos!

El señor PAPI.-

¡No! ¡Resolvámoslos donde corresponda!

El señor LAVANDERO.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , pienso que por la vía de estas indicaciones el Senador señor Piñera pretende coadministrar.

Conforme al artículo 62, inciso tercero, de la Constitución, "Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativaillanes del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado,"... Además, en el artículo 32, número 8°, figuran como atribución especial del Jefe del Estado la de "Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos o instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes;".

En consecuencia, aquí Su Señoría se está arrogando atribuciones que no le corresponden.

He dicho.

El señor CANTUARIAS.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , me parece que estamos en vísperas de repetir una discusión en una línea argumental que nos pone de nuevo ante interpretaciones tanto constitucionales como de procedencia.

Por consiguiente, sugiero al señor Presidente, en primer lugar, que cierre el debate y, ya que se sostienen criterios contrapuestos, que votemos.

En segundo lugar, resuelto aquello, propongo que la Sala tome algún acuerdo respecto de la forma como vamos a seguir despachando el proyecto, porque estamos a cuatro minutos de que se agote el tiempo y nos hallamos lejos de terminar la tarea.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Debo manifestar mi preocupación por el hecho de que en una disposición legal de esta naturaleza se ordene al Presidente de la República dictar un decreto.

El señor DÍEZ.-

Esta es una ley, señor Presidente . Un texto legal puede dispone "El Presidente de la República reglamentará la aplicación de esta ley.".

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

La facultad reglamentaria es del Primer Mandatario , y aquí prácticamente se está dictando un reglamento.

En fin, es una duda.

El señor DÍEZ.-

Si revisamos las glosas de todas las leyes de presupuestos anteriores, nos vamos a encontrar múltiples veces con que se usan estas mismas palabras.

El señor PIÑERA.-

Por supuesto.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Es una práctica que no comprendo mucho, porque...

El señor DÍEZ.-

Es para hacerlo público. Porque el decreto que la ley ordenó dictar no se ha sancionado.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Si el Ejecutivo no lo ha hecho, el Congreso no puede reemplazarlo.

El señor DÍEZ.-

No. También nosotros tenemos iniciativa en lo tocante a las glosas.

¿O no tenemos ni siquiera derecho a las glosas...?

El señor VALDÉS (Presidente).-

No tienen derecho a dictar reglamentos.

El señor DÍEZ.-

Estamos exagerando la rigurosidad de la participación del Congreso en la Ley de Presupuestos, lo que nos lleva a no poder siquiera (aun sin modificar los gastos) pedir que el procedimiento sea claro, expedito, conocido y transparente. ¡Eso es esta glosa! Para que la gente...

El señor PAPI.-

¡Eso no es una glosa, señor Senador!

El señor DÍEZ.-

¡Es una glosa! Y sustituye el texto de otra, con lo cual uno puede estar de acuerdo o no; pero lo que no se puede sostener es que no tenemos derecho a modificar las glosas.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Bueno. Yo solamente manifestaba dudas.

El señor LAVANDERO.-

¿Me permite, señor Presidente?

Quiero pedir, en primer lugar, que el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra no nos venga a culpar por la situación a que nos debemos adaptar en el Congreso, pues ella fue determinada por el sistema legal y constitucional en cuya gestación Su Señoría participó.

El señor DÍEZ.-

¡No es así!

El señor LAVANDERO.-

Así que la Constitución vigente, en cuya elaboración participó el señor Senador, nos obliga a proceder de esta manera.

En segundo lugar, señor Presidente...

El señor DÍEZ.-

¿Qué disposición constitucional, Honorable colega?

El señor LAVANDERO.-

...estimo que no se puede utilizar, por la vía de una glosa, una instancia reglamentaria que, de acuerdo con el Nº 8° del artículo 32 de la Carta que el mismo Senador señor Diez aprobó, corresponde de manera especial al Presidente de la República . O sea, ése es un subterfugio a través del cual la minoría pretende coadministrar.

Nada más, señor Presidente .

El señor VALDÉS (Presidente).-

Terminado el debate.

Se someterá a votación la indicación propuesta.

Como estamos próximos al término del tiempo reglamentario, propongo a la Sala prorrogar la hora hasta que se despache el proyecto.

Aprobado.

En votación.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

En votación la indicación a que se dio lectura, presentada por los Honorables señores Diez y Piñera.

--(Durante la votación).

El señor THAYER.-

Señor Presidente , por razones constitucionales, me abstengo.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

Resultado de la votación: 16 votos por la afirmativa, 15 por la negativa, una abstención y 2 pareos.

El señor VALDÉS (Presidente).-

La abstención influye en el resultado.

Debe repetirse la votación, de acuerdo al Reglamento.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , aparte votar que sí, quisiera que alguien me explicara por qué la abstención se suma a los votos negativos en esta oportunidad; dónde aparece esa disposición; en qué reglamento; en qué artículo. Convénzanme, y voy a aceptarlo.

El señor LAVANDERO.-

El Reglamento del Senado lo dice.

El señor SIEBERT.-

Voto que sí. Alguien me lo explicará después.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Resolveré sus dudas, señor Senador.

El asunto está normado en el artículo 163 del Reglamento: "Si proclamada la votación se advierte que las abstenciones o los votos diferentes del que se pide determinan el que quede sin resolverse la proposición que se vota, se procederá de inmediato a repetir la votación,". En este caso, si la abstención se resolviera de manera distinta, habría empate, lo que alteraría el resultado.

Es sabia la disposición.

El señor PIÑERA.-

En la votación siguiente, la abstención se suma a la mayo ría.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , voy a fundar brevemente mi voto de abstención.

Manifesté que tenía dudas constitucionales. Y ellas persisten.

A mi entender, la Ley de Presupuestos tiene una finalidad distinta de la de establecer reglamentaciones permanentes. Entiendo que la disposición sugerida está fijando de manera permanente una forma de administrar determinados recursos, con derechos de postulación y otros elementos que, a mi juicio, no son los propios de una ley de tal naturaleza.

Ahora bien, la Ley de Presupuestos tiene una particularidad: si no es despachada en su plazo, rige el proyectó del Ejecutivo. No me gustan las normas que, por ejemplo, puedan entusiasmar al Gobierno para establecer toda clase de reglamentos permanentes que, al no despacharse el proyecto en tiempo oportuno, se transformarían en leyes permanentes, lo que no es propio de esta legislación.

Desgraciadamente -o afortunadamente; no sé-, estamos trabajando con una dificultad: la normativa legal, creo, está un poco descoordinada; las normas que reglan la administración financiera del Estado no calzan adecuadamente con otras posteriores, como, por ejemplo, la de Bases Generales de la Administración del Estado.

Pero no quiero extenderme en esto.

A mi juicio, esta indicación excede los objetivos propios de la Ley de Presupuestos.

Por eso, me abstengo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Terminada la votación.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

Resultado de la votación: 15 votos por la afirmativa, 15 por la negativa y una abstención.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Se ha producido empate.

El señor DÍEZ.-

¡No puede ser!

El señor PIÑERA.-

¡No es posible! ¿Quién dejó de votar?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Si Sus Señoría tienen dudas, deberá repetirse nuevamente la votación. Pero ése es el resultado que registró la Mesa.

El señor RUIZ (don José).-

Alguien no votó.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Se va a repetir la votación, por no haberse podido tomar adecuadamente a raíz de que algunos señores Senadores se encontraban de pie.

Ruego a Sus Señorías tomar asiento.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor THAYER.-

Señor Presidente , voy a fundamentar un poco más mi voto.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Su Señoría ha dispuesto ya del tiempo suficiente para ello.

El señor THAYER.-

Seré muy breve.

Sólo quiero agregar que la estructura de la indicación tampoco se acomoda a la potestad reglamentaria del Presidente de la República , ni a lo que la Constitución señala que es materia de ley.

Por eso, me abstengo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Terminada la votación.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

Resultado de la votación: 16 votos por la afirmativa, 15 por la negativa, una abstención y 3 pareos.

El señor VALDÉS (Presidente).-

La abstención influye en el resultado.

El señor PAPI.-

Así es.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Para atenernos estrictamente al Reglamento, debe darse por repetida la votación y agregarse la abstención a la mayoría.

El señor LAVANDERO.-

¡No, señor Presidente ! ¡Tiene que repetirse la votación!

El señor DÍEZ.-

¿Por qué? Esta fue la segunda votación. Antes hubo un error.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

La última votación corresponde a la repetición de la anterior, que, si bien dio como resultado un empate, se consideró inválida.

El señor DÍEZ.-

¿Me permite una aclaración, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍEZ.-

La primera votación dio como resultado 16 votos afirmativos contra 15, una abstención y 2 pareos.

La segunda votación, que arrojó un empate, se repitió porque no pudo tomarse bien.

Y la que acabamos de efectuar es la segunda.

No puede haber una tercera.

Por lo tanto, señor Presidente, ahora corresponde aplicar el inciso segundo del artículo 163 del Reglamento. ¡Es obvio!

El señor LAGOS (Prosecretario).-

Así es, señor Senador.

El señor PIÑERA.-

Entonces, está aprobada la indicación, señor Presidente .

El señor HORMAZÁBAL.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , creo que el Senador señor Diez tiene razón en su planteamiento, ya que se ajusta a la letra del Reglamento, aunque la política de tratar de legislar misceláneamente sobre toda la Ley de Presupuestos es contraria a la Constitución y a las normas parlamentarias serias.

El señor GAZMURI.-

¡Están desmantelando la institucionalidad del 80...!

El señor PAPI.-

¿Hasta dónde pretenderán llegar...?

El señor GAZMURI.-

¡Están desmantelando la Constitución...!

El señor VALDÉS (Presidente).-

Voy a dar lectura a la disposición reglamentaria pertinente.

El inciso segundo del artículo 163 expresa: "Si en la segunda votación insisten en su abstención o en votar de manera diferente, se considerarán sus votos como favorables a la proposición que haya obtenido mayor número de votos.".

Esto significa que la indicación ha sido aprobada.

--Queda aprobada (17 votos contra 15 y 3 pareos).

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Indicación del Senador señor Cantuarias al presupuesto del Ministerio de Educación para reasignar aportes y suplementar la asignación.

Como esta indicación no cumple con el requisito del patrocinio del Ejecutivo, debo declararla inadmisible.

--Se declara inadmisible.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Las dos indicaciones al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas fueron retiradas, como asimismo las dos al del Ministerio de Vivienda y otras que se habían presentado.

Por lo tanto, queda despachado el proyecto de Ley de Presupuestos en este trámite.

Valparaíso, 27 de noviembre de 1991.

A S.E. El Presidente de la Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de esa Cámara que aprueba la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 1992, con las siguientes modificaciones:

ARTICULADO

Artículo 7°

Ha rechazado su inciso segundo.

Ha agregado el siguiente artículo 20, nuevo: "Artículo 20.- Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan".

PARTIDAS

9.- Ministerio de Educación

En el Capítulo 01, Programa 01, en lo referente al ítem 31-011, ha sustituido el inciso segundo de la glosa 06, por el siguiente:

"Por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito también por el Ministro de Hacienda, el que deberá dictarse antes del último día del mes de febrero de 1992, se especificarán los objetivos del programa, se determinarán los montos máximos del subsidio por alumno y del aporte al establecimiento educacional respectivo; los procedimientos de postulación, selección y asignación de los subsidios; y los criterios de selección de los beneficiarios, entre los cuales se considerará el nivel socioeconómico del postulante y el retraso escolar respecto de su edad. El programa será ejecutado por las Secretarías Regionales Ministeriales en forma descentralizada, a través de 13 Fondos Regionales. Este subsidio será incompatible con el programa de becas contemplado en el decreto N° 1.500 del Ministerio del Interior, de 1980".

En el Capítulo 01, Programa 01, en lo referente al ítem 33.029, ha sustituido el inciso final de la glosa 09, por el siguiente:

"Incluye $ 1.055.719 (miles) para financiar proyectos de desarrollo artístico cultural. Mediante decreto supremo del Ministerio de Educación, se reglamentará la modalidad de funcionamiento del Fondo y se determinarán 13 Fondos Regionales, distribuidos en la misma proporción que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que contempla esta ley. Se accederá a estos recursos mediante concursos públicos, los que serán resueltos por las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales. El mismo decreto supremo determinará los procedimientos y bases para la postulación, los criterios de selección de los proyectos y los procedimientos de control para una correcta utilización de los recursos del Fondo".

En el capítulo 01, Programas 02, 03, 04, 05, 06 y 07; en el Capítulo 09, Programa 02, y en el Capítulo 11, Programa 03, ha agregado la siguiente glosa final, con el número correspondiente:

"Cada cuatro meses deberá informarse a la Cámara de Diputados y al Senado el avance del Programa, indicándose los recursos invertidos y los procedimientos utilizados para asignarlos como, asimismo, el número de personas contratadas".

En el Capítulo 30, Programa 01, en lo referente al Subtítulo 25, ítem 33-031, ha sustituido la glosa 01, por la siguiente:

"Antes del 30 de enero de 1992, el Ministerio de Educación deberá dictar un decreto supremo, suscrito también por el Ministro de Hacienda, mediante el cual se regulará el funcionamiento del Fondo de Becas para estudiantes de Educación Superior. Este Fondo será administrado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en forma des-centralizada, según los procedimientos de postulación, selección y asignación que establezca el reglamento, además de las sanciones en caso de incumplimiento de las condiciones que dieron origen a la beca.

Podrán postular a este Fondo los estudiantes que cumplan, a lo menos, los siguientes requisitos:

-Tener la aceptación de ingreso en alguna institución de Educación Superior reconocida por el Estado.

-Acreditar una situación socioeconómica familiar que le impida financiar por sus propios medios el costo de su educación.

-Haberse inscrito a lo menos en el 757o de las asignaturas para las cuales cumple requisitos.

Respecto de los criterios de selección de los postulantes, se considerarán a lo menos los siguientes:

-Porcentaje de beca a la cual postula, cuyo valor máximo no podrá superar el 110 por ciento del valor del arancel.

-Nivel socioeconómico del alumno y de su familia.

-Rendimiento académico; en caso de reprobación del año escolar o de reprobar más del 50 por ciento de las asignaturas cursadas en el año, se pierde el beneficio y sólo podrá postular después de haber cumplido un año de la fecha de la reprobación.".

En el mismo Subtítulo e ítem, ha agregado una glosa, con el número correspondiente, del siguiente tenor:

"El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior permitirá el financiamiento de proyectos de desarrollo de las entidades de Educación Superior que señala el artículo N° 1 del DFL N° 4, de Educación, de 1981. El proceso de postulación y asignación de este Fondo se regirá por las disposiciones del DFL N° 33, de Educación, de 1981.".

10. Ministerio de Justicia

En el Capítulo 07, Programa 02, ha agregado la siguiente glosa final, con el número correspondiente:

"Cada cuatro meses deberá informarse, a la Cámara de Diputados y al Senado, el avance del Programa, indicándose los recursos invertidos y los procedimientos utilizados para asignarlos como, asimismo, el número de personas contratadas.".

14. Ministerio de Bienes Nacionales

En el Capítulo 01, Programa 02, ha agregado la siguiente glosa final, con el número correspondiente:

"Cada cuatro meses deberá informarse, a la Cámara de Diputados y al Senado, el avance del Programa, indicándose los recursos invertidos y los procedimientos utilizados para asignarlos como, asimismo, el número de personas contratadas.".

Hago presente a V.E. que el artículo 3° del proyecto fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los 33 señores Senadores presentes en la Sala, de 46 en ejercicio, dando cumplimiento a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 63, de la Constitución Política de la República.

Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio N° 564, de 22 de noviembre de 1991.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): Gabriel Valdés S., Presidente del Senado.- José Luis Lagos López, Secretario Subrogante del Senado.

PROYECTO DE LEY, SOBRE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 1992

A S.E. El Presidente del H. Senado

La Cámara de Diputados, en sesión celebrada en el día de hoy, ha tenido a bien adoptar los siguientes acuerdos respecto de las modificaciones introducidas por el H. Senado al proyecto de Ley de Presupuestos para el año 1992:

ARTICULADO Artículo 7°

Ha rechazado la supresión de su inciso segundo.

Artículo 20 , nuevo

Ha aprobado la que tiene por objeto agregar este artículo nuevo.

PARTIDAS

Ha declarado inadmisibles las que consisten en agregar la siguiente glosa final, con el número correspondiente, en los programas que se señalan, de las partidas que se indican:

"Cada cuatro meses deberá informarse a la Cámara de Diputados y al Senado el avance del Programa, indicándose los recursos invertidos y los procedimientos utilizados para asignarlos como, asimismo, el número de personas contratadas.”:

09 MINISTERIO DE EDUCACION

Capítulo 01, Programas 02, 03, 04, 05, 06 y 07.

Capítulo 09, Programa 02.

Capítulo 11, Programa 03.

10 MINISTERIO DE JUSTICIA

Capítulo 07, Programa 02.

14 MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Capítulo 01, Programa 02.

09 MINISTERIO DE EDUCACION

Se han declarado inadmisibles las que inciden en las siguientes glosas de los ítem que se señalan del Capítulo 01, Programa 01:

a) Glosa 06 del ítem 31-011

b) Glosa 09 del ítem 33-029

-Ha declarado inadmisible la que tiene por objeto sustituir la glosa 01 del ítem 33-031 del Capítulo 30, Programa 01, Subtítulo 25.

-Ha rechazado la que agrega una glosa, con el número correspondiente, en el mismo Subtítulo e ítem.

Asimismo, ha designado a los mismos señores Diputados que integraron, por parte de esta Corporación, la Comisión Especial Mixta de Diputados y Senadores que informó el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 1992, para que formen parte, en representación de esta rama del Congreso Nacional, de la Comisión Mixta encargada de proponer un proyecto de solución para zanjar las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados con motivo de los rechazos de esta Corporación a ciertas modificaciones introducidas por el H. Senado.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio N° 1816, de fecha de hoy.

Acompaño la totalidad de los antecedentes del proyecto.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): José Antonio Viera-Gallo Quesney.- Carlos Loyola Opazo.

?INFORME DE LA COMISIÓN MIXTA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 1992 (BOLETÍN N° 502-05).

Honorable Cámara de Diputados:

Honorable Senado:

La Comisión Mixta constituida en conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Constitución Política de la República, tiene el honor de informaros respecto de la solución de las diferencias surgidas entre ambas ramas del Congreso Nacional, durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 1992.

El Honorable Senado, en sesión de 27 de noviembre de 1991, designó, como integrantes de la Comisión Mixta, a los Honorables Senadores señores Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Jorge Lavandero Illanes, Sergio Romero Pizarro, Sebastián Piñera Echenique, Jaime Gazmuri Mujica, Sergio Diez Urzúa, Bruno Siebert Held, Mariano Ruiz-Esquide Jara, Sergio Páez Verdugo, Olga Feliú Segovia, Laura Soto González, Anselmo Sule Candía y Eugenio Cantuarias Larrondo.

La Honorable Cámara de Diputados, por su parte, también en sesión de fecha 27 de noviembre de 1991, nombró a los Honorables Diputados señores Pablo Longueira Montes, Armando Arancibia Calderón, Mario Devaud Ojeda, Jaime Estévez Valencia, Francisco Huenchumilla Jaramillo, Claudio Huepe García, Evelyn Matthei Fornet, Eugenio Munizaga Rodríguez, Andrés Palma Irarrázaval, Gustavo Ramírez Vergara, Federico Ringeling Hunger, Alfonso Rodríguez del Río y Vicente Sota Barros.

Previa citación de Su Excelencia el señor Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 28 de noviembre de 1991, con la asistencia de los Honorables Senadores señoras Olga Feliú Segovia y Laura Soto González y señores Eugenio Cantuarias Larrondo, Sergio Diez Urzúa, Arturo Frei Bolívar, Jaime Gazmuri Mujica, Sergio Onofre Jarpa Reyes, Jorge Lavandero Illanes, Humberto Palza Corvacho, Sebastián Piñera Echenique, Bruno Siebert Held, Anselmo Sule Candía, y de los Honorables Diputados señores Armando Arancibia Calderón, Mario Devaud Ojeda, Sergio Elgueta Barrientos, Jaime Estévez Valencia, José García Ruminot, Claudio Huepe García, José Miguel Ortiz Novoa, Andrés Palma Irarrázaval, Federico Ringeling Hunger, Hernán Rojo Avendaño y Vicente Sota Barros.

Vuestra Comisión Mixta eligió, por unanimidad, como Presidente, al Honorable Senador señor Jorge Lavandero Illanes, quien lo es también de la Comisión de Hacienda del Senado, y, de inmediato, se abocó al cumplimiento de su cometido.

En su oficio N° 564, la Honorable Cámara de Diputados comunicó que había declarado "inadmisible" algunas enmiendas aprobadas por el Honorable Senado.

El Honorable Senador señor Diez planteó que en esos términos debía entenderse que la Honorable Cámara de Diputados no se había pronunciado sobre la aprobación o rechazo de tales enmiendas.

Anunció Su Señoría que había preparado una minuta respecto de este asunto, la que se adjunta a este informe, como parte integrante de él.

Además, agregó que estaba estudiando la posibilidad de plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Se produjo un debate sobre el asunto, en el que intervinieron, expresando su opinión contraria a la del Honorable Senador señor Diez, los Honorables Diputados señores Devaud, Elgueta, Estévez y Huepe.

El Honorable Senador señor Gazmuri planteó como un modo de resolver las diferencias de opinión planteadas que vuestra Comisión Mixta entendiera que la declaración de inadmisibilidad de la Honorable Cámara de Diputados debiera entenderse como un rechazo.

El Honorable Senador señor Lavandero (Presidente) envió oficio al Excelentísimo señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados para que indicara a vuestra Comisión Mixta "si las normas que fueron declaradas inadmisibles por esa Corporación deben entenderse rechazadas".

El Excelentísimo señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, por oficio N° 568, respondió que las declaraciones de inadmisibilidad por esa Honorable Corporación "ya ha sido entendida como rechazo o reprobación por inconstitucionalidad de las modificaciones introducidas por el H. Senado en segundo trámite constitucional.".

El Honorable Senador señor Diez pidió dejar constancia de que ninguna rama del Congreso Nacional puede pronunciarse sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de lo obrado por otra, agregando que el oficio no deja en claro el problema. En todo caso, Su Señoría manifestó que valora el gesto de expresar, en el oficio del Excelentísimo señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, que las aludidas inadmisibilidades deben ser entendidas "como rechazo o reprobación" de las modificaciones del Senado. Finalmente agregó que participará en vuestra Comisión Mixta, en el entendido que la Honorable Cámara de Diputados rechazó tales modificaciones.

La Honorable Senadora señora Olga Feliú se expresó en similares términos.

El Honorable Diputado señor Huepe aclaró que jamás estuvo en el ánimo de la Honorable Cámara de Diputados provocar un problema con el Honorable Senado. Que se basó en precedentes y que agradece la buena disposición dada a conocer por los Honorables Senadores señora Feliú y señor Diez.

La unanimidad de vuestra Comisión Mixta acordó entender que las menciones del oficio de la Honorable Cámara de Diputados, referidas a "inadmisibilidad", deben considerarse como "rechazo", por esa Honorable Cámara de Diputados a las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de Ley de Presupuestos para 1992.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68, de la Constitución Política de la República, a la Comisión Mixta le corresponde proponer la forma y modo de resolver las divergencias producidas entre el Honorable Senado y la Honorable Cámara de Diputados, durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 1992.

Las referidas diferencias son las que a continuación se indican:

ARTICULADO.

En el artículo 7°, el Honorable Senado suprimió el inciso segundo, del siguiente tenor

"La misma prohibición regirá para las Municipalidades salvo en lo que respecta a viviendas, en zonas apartadas y localidades rurales, para profesores y personal de la salud".

La Honorable Cámara de Diputados rechazó esta modificación.

Vuestra Comisión Mixta, con el voto en contra del Honorable Senador señor Lavandera y los Honorables Diputados señores Arancibia, Huepe, Ortiz y Palma, acordó recomendaros la supresión del aludido inciso segundo.

PARTIDAS.

1) El Honorable Senado agregó una glosa final, con el número correspondiente, en los Programas que se señalan, de las Partidas que se indican:

09 Ministerio de Educación.

Capítulo 01, Programas 02, 03, 04, 05, 06 y 07; Capítulo 09, Programa 02, y Capítulo 11, Programa 03.

10 Ministerio de Justicia.

Capítulo 07, Programa 02.

14 Ministerio de Bienes Nacionales.

Capítulo 01, Programa 02.

La aludida glosa es del tenor siguiente:

"Cada cuatro meses deberá informarse, a la Cámara de Diputados y al Senado, el avance del programa indicándose los recursos invertidos y los procedimientos utilizados para asignarlos como, asimismo, el número de personas contratadas".

La Honorable Cámara de Diputados rechazó las referidas enmiendas.

Vuestra Comisión Mixta acordó, también, proponeros el rechazo de las aludidas enmiendas. Tal resolución se adoptó por 14 votos a favor y 4 en contra.

2.- En la Partida 09, Ministerio de Educación, el Honorable Senado introdujo las enmiendas que enseguida se señalan, en las glosas de los ítemes que se indican, del Capítulo 01, Programa 01:

a) En la glosa 06 del ítem 31011 sustituyó su inciso segundo por el siguiente:

"Por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito también por el Ministro de Hacienda, el que deberá dictarse antes del último día del mes de febrero de 1992, se especificarán los objetivos del programa, se determinarán los montos máximos del subsidio por alumno y del aporte al establecimiento educacional respectivo; los procedimientos de postulación, selección y asignación de los subsidios, y los criterios de selección de los beneficiarios, entre los cuales se considerará el nivel socioeconómico del postulante y el retraso escolar respecto de su edad. El programa será ejecutado por las Secretarías Regionales Ministeriales en forma descentralizada, a través de 13 Fondos Regionales. Este subsidio será incompatible con el programa de becas contemplado en el decreto N° 1.500 del Ministerio del Interior, de 1980".

La Honorable Cámara de Diputados rechazó esta modificación.

Vuestra Comisión Mixta, por unanimidad, acordó proponeros mantener la sustitución del referido inciso segundo, con la siguiente enmienda: reemplazar la frase "el retraso escolar respecto de su edad", por lo siguiente: "la situación de ruralidad".

b) En la glosa 09 del ítem 33029 sustituyó su inciso final, por el siguiente:

"Incluye $ 1.055.719 miles para financiar proyectos de desarrollo artístico cultural.

Mediante decreto supremo del Ministerio de Educación, se reglamentará la modalidad de funcionamiento del Fondo y se determinarán 13 Fondos Regionales, distribuidos en la misma proporción que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que contempla esta ley. Se accederá a estos recursos mediante concursos públicos, los que serán resueltos por las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales. El mismo decreto supremo determinará los procedimientos y bases para la postulación, los criterios de selección de los proyectos y los procedimientos de control para una correcta utilización de los recursos del Fondo".

La Honorable Cámara de Diputados rechazó la aludida sustitución:

Vuestra Comisión Mixta, a indicación del Honorable Senador señor Palza y del Honorable Diputado señor Ortiz, acordó proponeros sustituir en la glosa 09 del ítem 33029, del Programa 01, del Capítulo 01, de la Partida 09, Ministerio de Educación, su inciso final, por lo siguiente:

"Incluye $ 1.055.719 (miles) para financiar proyectos de desarrollo artístico y cultural. Se accederá a estos recursos mediante concursos públicos. Podrán postular personas naturales o jurídicas.

Una Comisión de personalidades representativas del mundo de la cultura será responsable de la evaluación y asignación de los proyectos del Fondo. Mediante D.S. del Ministerio de Educación se determinarán los procedimientos y bases de la postulación, los criterios de distribución del Fondo y de selección de los proyectos y los procedimientos de control.

A lo menos, un 40% de los recursos del Fondo deberá ser destinado a financiar proyectos a través de las Secretarías Regionales Ministeriales".

Votó en contra de esta proposición el Honorable Diputado señor Ringeling.

Por su parte, el Honorable Senador señor Gazmuri y los Honorables Diputados señores Palma y Sota fueron partidarios de sustituir la cifra "40%", por "30%", lo que no se acogió.

3) En la misma Partida 09, Ministerio de Educación, el Honorable Senado reemplazó la glosa 01 del ítem 33031, del Subtítulo 25, del Programa 01, del Capítulo 30, por la siguiente:

"Antes del 30 de enero de 1992, el Ministerio de Educación deberá dictar un decreto supremo, suscrito también por el Ministro de Hacienda, mediante el cual se regulará el funcionamiento del Fondo de Becas para Estudiantes de Educación Superior. Este Fondo será administrado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en forma descentralizada, según los procedimientos de postulación, selección y asignación que establezca el reglamento, además de las sanciones en caso de incumplimiento de las condiciones que dieron origen a la beca.

Podrán postular a ese Fondo los estudiantes que cumplan, a lo menos, los siguientes requisitos:

Tener la aceptación de ingreso en alguna institución de Educación Superior reconocida por el Estado.

Acreditar una situación socioeconómica familiar que le impida financiar por sus propios medios el costo de su educación.

Haberse inscrito a lo menos en el 75% de las asignaturas para las cuales cumple requisitos.

Respecto de los criterios de selección de los postulantes, se considerarán a los menos los siguientes:

Porcentaje de beca a la cual postula, cuyo valor máximo no podrá superar el 110% del valor del arancel.

Nivel socioeconómico del alumno y de su familia.

Rendimiento académico; en caso de reprobación del año escolar o de reprobar más del 507o de las asignaturas cursadas en el año, se pierde el beneficio y sólo podrá postular después de haber cumplido un año de la fecha de la reprobación".

La Honorable Cámara de Diputados rechazó esta sustitución.

Vuestra Comisión Mixta, con el voto en contrario del Honorable Diputado señor Ringeling y a proposición de los Honorables Senadores Diez, Gazmuri y Palza, y de los Honorables Diputados señores Estévez y Ortiz, acordó proponeros la siguiente redacción para la glosa 01 del ítem 33031, del Subtítulo 25, del Programa 01, del Capítulo 30, de la Partida 09, Ministerio de Educación:

"La distribución de este Fondo, entre las instituciones de Educación Superior que señala el artículo 1o del DFL (ED) N° 4, de 1981, se efectuará por uno o más decretos del Ministerio de Educación, los que deberán ser suscritos, además, por el Ministro de Hacienda.

Antes del 1 de marzo de 1992, el Ministerio de Educación deberá dictar un decreto supremo suscrito, además, por el Ministro de Hacienda, mediante el cual se regulará el funcionamiento del programa de becas de matrículas financiados con recursos de este Fondo. Se considerarán como criterios de selección, en particular, el nivel socioeconómico del alumno y su rendimiento académico o escolar.

Los proyectos de desarrollo institucional se asignarán por medio de un sistema de concursos. Los criterios y procedimientos de estos concursos se establecerán por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito, además, por el Ministro de Hacienda. Se considerarán como criterios de distribución, especialmente, su calidad y pertinencia; su impacto en el mejoramiento de la capacidad académica y de gestión de las instituciones y la vinculación regional de los proyectos".

4) En la misma Partida 09, Ministerio de Educación, el Honorable Senado agregó una glosa, nueva, en el ítem 33031, del Subtítulo 25, del Programa 01, del Capítulo 30, del siguiente tenor:

"El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior permitirá el financiamiento de proyectos de desarrollo de las entidades de Educación Superior que señala el artículo N° 1 del DFL N° 4, de Educación, de 1981. El proceso de postulación y asignación de este Fondo se regirá por las disposiciones del DFL N° 33, de Educación, de 1981".

La Honorable Cámara de Diputados rechazó esta adicción.

Vuestra Comisión Mixta acordó, por unanimidad, recomendaros suprimir esta glosa.

En mérito de lo expuesto, vuestra Comisión Mixta tiene el honor de proponeros, como forma y modo de resolver las diferencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional, lo siguiente:

1°) Aprobar la supresión del inciso segundo del artículo 7°.

2°) Rechazar la agregación de la glosa final, precedentemente transcrita, en los Programas que se señalan de las Partidas que se indican:

09 Ministerio de Educación.

Capítulo 01, Programas 02, 03, 04, 05, 06 y 07; Capítulo 09, Programa 02, y Capítulo 11, Programa 03.

10 Ministerio de Justicia.

Capítulo 07, Programa 02.

14 Ministerio de Bienes Nacionales. Capítulo 01, Programa 02.

3°) Aprobar la sustitución del inciso segundo de la glosa 06 del ítem 31011, del Programa 01, del Capítulo 01, de la Partida 09, con la siguiente enmienda: reemplazar la frase "el retraso escolar respecto de su edad", por lo siguiente: "la situación de ruralidad".

4°) Sustituir el inciso final de la glosa 09 del ítem 33029, del Programa 01, del Capítulo 01, de la Partida 09, por lo siguiente:

"Incluye $ 1.055.719 (miles) para financiar proyectos de desarrollo artístico y cultural. Se accederá a estos recursos mediante concursos públicos. Podrán postular personas naturales o jurídicas.

Una Comisión de personalidades representativas del mundo de la cultura será responsable de la evaluación y asignación de los proyectos del Fondo. Mediante D.S. del Ministerio de Educación se determinarán los procedimientos y bases de la postulación, los criterios de distribución del Fondo y de selección de los proyectos y los procedimientos de control.

A lo menos, un 40% de los recursos del Fondo deberá ser destinado a financiar proyectos a través de las Secretarías Regionales Ministeriales".

5°) Reemplazar la glosa 01 del ítem 33031, del Subtítulo 25, del Programa 01, del Capítulo 30, de la Partida 09, por lo siguiente:

"La distribución de este Fondo, entre las instituciones de Educación Superior que se señala en el artículo 1° del DFL (ED) N° 4, de 1981, se efectuará por uno o más decretos del Ministerio de Educación, los que deberán ser suscritos, además, por el Ministro de Hacienda.

Antes del 1 de marzo de 1992, el Ministerio de Educación deberá dictar un decreto supremo suscrito, además, por el Ministro de Hacienda, mediante el cual se regulará el funcionamiento del programa de becas de matrículas financiados con recursos de este Fondo. Se considerarán como criterios de selección, en particular, el nivel socioeconómico del alumno y su rendimiento académico o escolar.

Los proyectos de desarrollo institucional se asignarán por medio de un sistema de concursos. Los criterios y procedimientos de estos concursos se establecerán por decreto supremo del Ministerio de Educación, suscrito, además, por el Ministro de Hacienda. Se considerarán como criterios de distribución, especialmente, su calidad y pertinencia; su impacto en el mejoramiento de la capacidad académica y de gestión de las instituciones y la vinculación regional de los proyectos".

6°) Rechazar la agregación de una glosa nueva en el ítem 33031, del Subtítulo 25, del Programa 01, del Capítulo 30, de la Partida 09.

Acordado en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 1991, con asistencia de los Honorables Senadores señor Jorge Lavandero Illanes (Presidente), señoras Olga Feliú Segovia y Laura Soto González, y señores Eugenio Cantuarias Larrondo, Sergio Diez Urzúa, Arturo Frei Bolívar, Jaime Gazmuri Mujica, Sergio Onofre Jarpa Reyes, Humberto Palza Corvacho, Sebastián Piñera Echenique, Bruno Siebert Held, Anselmo Sule Candía, y de los Honorables Diputados señores Armando Arancibia Calderón, Mario Devaud Ojeda, Sergio Elgueta Barrientos, Jaime Estévez Valencia, José García Ruminot, Claudio Huepe García, José Miguel Ortiz Novoa, Andrés Palma Irarrázaval, Federico Ringeling Hunger, Hernán Rojo Avendaño y Vicente Sota Barros.

Sala de la Comisión, a 28 de noviembre de 1991.

(Fdo.): Carlos Hoffmann Contreras, Secretario de la Comisión Mixta.

Señor Presidente:

El pronunciamiento que la H. Cámara de Diputados adoptó sobre las modificaciones que el Senado introdujo en la Ley de Presupuestos, no ha cumplido el deber constitucional de pronunciarse sobre ellas, en efecto:

1°.- Ha procedido a declarar inadmisibles diversas modificaciones introducidas por el H. Senado como consta en su Oficio N° 564, sin pronunciarse sobre ellas, ya sea aprobándolas o rechazándolas.

2°.- En consecuencia no ha evacuado el trámite correspondiente y esta Comisión Mixta no puede conocer de pronunciamientos parciales de una de las Cámaras que no han terminado de despachar el proyecto respectivo.

3°.- Solicito formalmente que el oficio citado sea devuelto a la Cámara de Diputados para que se complete el trámite y se pronuncie sobre todas las modificaciones introducidas por el H. Senado.

4°.- Planteo formalmente la cuestión de inconstitucionalidad del acuerdo de la H. Cámara de Diputados al declarar inadmisibles las modificaciones acordadas por el H. Senado, entre otras, por las siguientes razones:

A) Porque ninguna de las ramas del Congreso tiene facultad alguna para juzgar y pronunciarse sobre la constitucionalidad o no constitucionalidad de los actos o acuerdos de la otra Rama. Ninguna disposición constitucional o de su Ley Orgánica autoriza este pronunciamiento.

B) Las declaraciones de inadmisibilidad son facultades de las Mesas de la Corporación o de sus Comisiones sobre "indicaciones" a proyectos en trámite.

Las indicaciones tienen una naturaleza absolutamente distinta a los acuerdos que adoptan la Cámara de Diputados o el Senado.

5°.- La cuestión de constitucionalidad planteada incide en que no se han cumplido los trámites para el despacho de las leyes que señalan la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en la tramitación de la Ley de Presupuestos para 1992.

(Fdo.): Olga Feliú, Sergio Diez y Sergio O. Jarpa.

LEY DE PRESUPUESTOS DE LA NACIÓN PARA 1992. INFORME DE COMISIÓN MIXTA.

señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta de Presupuestos de la Nación para 1992.

El informe de la Comisión Mixta figura en el número 7 de los documentos de la Cuenta de la presente sesión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Hasta el momento hay sólo una copia del informe para cada Comité.

Como los señores Diputados saben, por tratarse de un informe de Comisión Mixta, no puede votarse una parte a favor y otra en contra; la Sala debe pronunciarse a favor o en contra de la totalidad de las proposiciones contenidas en él.

Ofrezco la palabra a algún señor parlamentario que haya participado en la Comisión Mixta, para que informe a la Sala y los señores Diputados tengan claridad al respecto.

Tiene la palabra el Diputado señor Urrutia.