MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 1997.

(boletín Nº 1921-05)

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 de la Constitución Política de la República, corresponde someter a la consideración del Honorable Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 1997.

La proposición de presupuesto para el próximo año, en lo que a financiamiento se refiere, considera los menores ingresos que es dable esperar como consecuencia de la caída experimentada por el precio del cobre.

Lo anterior, constituye un imperativo mayor para enfatizar una política de gasto público basada en la austeridad y en la necesidad de favorecer, a través del instrumento presupuestario, la obtención de las metas de desarrollo de nuestra economía, que se traduzcan en un mayor crecimiento y en una reducción de la inflación, manteniéndose los esfuerzos de ahorro fiscal.

En cuanto a la asignación de recursos, se pone énfasis y prioriza el financiamiento de los programas sociales, planteándose crecimientos en los sectores vivienda, salud, previsión e infraestructura, con una clara orientación hacia la población de menores recursos, concordante con los lineamientos básicos de la política de superación de la pobreza. Mención especial amerita el gasto propuesto en el área de educación, el cual experimenta un significativo aumento, producto del avance de los programas de mejoramiento de la calidad de la educación iniciados en ejercicios anteriores y de las innovaciones al sistema educacional impulsados por el Gobierno que presido.

En el resto de los servicios públicos, los niveles de gasto previstos son compatibles con las metas sectoriales y con los roles definidos dentro del proceso de modernización del Estado, enfatizándose los criterios de eficiencia en el uso de los recursos y de mejoramiento en la atención a los usuarios. Al efecto, se continúa con la fijación de compromisos e indicadores de gestión que permitan efectuar posteriormente las correspondientes mediciones.

En lo que respecta a los artículos de la iniciativa, cabe señalar que estos presentan los alcances y contenidos que a continuación se describen sucintamente.

El artículo 1º, contiene el cálculo de ingresos y la estimación de los gastos del Presupuesto del Sector Público, que conforman los presupuestos de ingresos y gastos del Fisco y de los servicios e instituciones regidos por la Ley de Administración Financiera del Estado. El total neto asciende a $ 7.135.565 millones y de US$ 1.589 millones.

En el subtítulo Gastos en Personal, de cada uno de los presupuestos de los servicios e instituciones que se proponen, se ha incorporado una provisión de fondos para ser aplicada al futuro reajuste legal de remuneraciones y, en consecuencia, se refleja en la cifra pertinente en moneda nacional, contenida en el artículo 1º.

El artículo 2º, incluye el cálculo de los ingresos generales de la Nación y la estimación de los programas de gastos en subsidios, operaciones complementarias, servicio de deuda y transferencias de aportes fiscales a los organismos que aprueban presupuesto en esta ley. Este agregado presupuestario, denominado Tesoro Público, presenta niveles de ingresos y gastos del orden de $ 5.806.956 millones y US$ 1.398 millones.

El artículo 3º tiene como propósito autorizar al Presidente de la República para contraer obligaciones de carácter financiero en el exterior, hasta por el monto que se señala. Dadas las características de este tipo de operaciones en cuanto al plazo de los compromisos que se contraen, resulta indispensable que este artículo sea aprobado por el Honorable Congreso Nacional con quórum calificado, según lo dispuesto en el artículo 60, Nº 7 de la Constitución Política de la República.

Los siguientes artículos proponen disposiciones complementarias sobre materias de orden presupuestario, que no difieren sustancialmente de las aprobadas en la ley Nº 19.430, de presupuestos para el presente año.

El artículo 4º establece limitaciones al gasto en cuanto a que sólo en virtud de ley puede incrementarse la suma de determinados conceptos de egresos corrientes. Asimismo, se dispone similar exigencia respecto de gastos en inversión, cuando se haya alcanzado el 10% por sobre la suma aprobada en esta ley, para esos fines.

Los artículos 5º y 6º fijan, al igual que en años anteriores, los procedimientos de identificación de estudios y proyectos de inversión a que deben someterse los servicios e instituciones, como también se anticipa la oportunidad en que pueden ser llamados a propuesta agilizando de tal manera su concreción.

El artículo 7º, tiene como objetivo posibilitar el resguardo del interés fiscal, al facultar a la autoridad correspondiente para que, en los decretos que dispongan transferencias de recursos, se puedan incorporar condiciones de uso o destino de los recursos, información sobre su aplicación y reintegros cuando corresponda.

El artículo 8º otorga facultad a los organismos y servicios públicos para aceptar y recibir donaciones en determinadas condiciones, y su incorporación presupuestaria para el cumplimiento de actividades o funciones que les competan.

El artículo 9º prohíbe a los organismos y servicios públicos, la adquisición o construcción de viviendas destinadas a sus funcionarios, con las excepciones que se señalan.

Los artículos 10 al 13, se refieren a operaciones cuya ejecución queda sujeta a autorizaciones previas por parte del Ministerio de Hacienda, incluyendo dentro de éstas las adquisiciones o arrendamientos de equipos computacionales, los arrendamientos mediante sistema de leasing y la adquisición de vehículos.

Los artículos 14 al 18, establecen definiciones, limitaciones y normas respecto de dotaciones de personal y de gastos asociados a éste, para el año 1997.

El artículo 19 mantiene el destino del producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que, de acuerdo a sus facultades, efectúe durante el año 1997 el Ministerio de Bienes Nacionales.

Los artículos 20 y 21 disponen limitaciones o fiscalizaciones específicas, respecto de los gastos y entidades a que se refieren.

En el artículo 22 se establece que la Dirección de Presupuestos deberá proporcionar información relativa a la ejecución del presupuesto y copia de los balances y estados financieros de las empresas del Estado y demás que señala, a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.

El artículo 23 autoriza al Presidente de la República para suscribir los aumentos de capital del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), acordados en su Asamblea de Gobernadores, de junio de 1994, y de las contribuciones al Fondo para Operaciones Especiales de dicho Banco.

Los artículos 24 y 25 tienen como propósito identificar los mecanismos reglamentarios y administrativos necesarios para la ejecución del presupuesto del Sector Público para 1997.

De acuerdo al plazo que establece la disposición constitucional señalada precedentemente, someto a vuestra consideración para ser tratado durante la Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

"I. CÁLCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS

Artículo 1º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 1997, según el detalle que se indica:

Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de las Nación y la Estimación de los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 1997, a las Partidas que se indican:

II. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 3º.- Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.000.000 miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.

Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 1997, no será considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en el inciso primero.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer, indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los diez días siguientes al de su total tramitación.

Artículo 4º.- No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones previsionales y Transferencias corrientes, incluidos en el artículo 1º de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares.

No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley Nº 1.263, de 1975 y a la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley ni a los incrementos originados en aplicación de donaciones, en aplicación o devolución de fondos de terceros, en la incorporación de dichas devoluciones en el servicio receptor, en transferencias al Fisco de servicios públicos incluidos en esta ley, en las asignación de mayores saldos iniciales de caja, en venta de activos financieros, en ingresos propios asociados a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según corresponda. Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1º, de los subtítulos de Inversión real, Inversión sectorial de asignación regional y Transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja, del producto de venta de activos, de aplicación de fondos de terceros, de recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o de recuperación de anticipos.

Sólo por ley podrá autorizarse el traspaso a las diferentes partidas de la Ley de Presupuestos de aquellos recursos que, previamente, hayan sido traspasados desde ellas hacia el Tesoro Público.

Artículo 5º.- La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975, correspondiente a los ítems 61 al 73 del subtítulo 30 y a los ítem 55, 61 al 74 y 79 al 98, del subtítulo 31, de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo. En la identificación de los proyectos con cargo a los ítem del subtítulo 30, no será necesario determinar la cantidad destinada a cada proyecto.

No obstante lo anterior, la identificación de los proyectos de inversión correspondientes a los presupuestos de los Gobiernos Regionales aprobados por la administración regional respectiva, se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos, para los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 72 y 74 de la ley Nº 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior. Con todo, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto no sea superior a veinticinco millones de pesos, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que represente el 6% del presupuesto de inversión de la respectiva región. La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fondos aprobados para los ítems 53 "Estudios para Inversiones". En estas identificaciones no será necesario consignar la cantidad destinada al estudio correspondiente.

Ningún órgano ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión de recursos de los ítem antes indicados, efectuar la inversión de tales recursos o de otros asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes haberse efectuado la identificación a que se refiere este artículo.

Artículo 6º.- Autorízase para efectuar desde la fecha de publicación de esta ley los llamados a propuestas públicas, de estudios y proyectos de inversión a realizar en 1997, que se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contraloría General de la República. Asimismo, dichos llamados relativos a estudios y proyectos de inversión, incluidos en decretos de identificación o de modificaciones presupuestarias que se dicten durante 1997, podrán efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República.

Artículo 7º.- En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los ítem 32, 33 y 87 de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que deberá dar a los recursos la institución receptora; las condiciones o modalidades del reintegro de estos a que quedará afecta dicha entidad y la información sobre su aplicación que deberá remitir al organismo que se señale en el respectivo decreto.

Artículo 8º.- Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la presente ley la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan. No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autorización previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido y alcance en la legislación que les sea aplicable. Se excluyen las donaciones, en especie o dinero, en situaciones de emergencia o calamidad pública, o cuyo valor o monto no exceda de la cantidad que fije el Ministerio de Hacienda sin perjuicio de su comunicación posterior.

El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaria directamente o a

través de la Partida Tesoro Público, conforme a las instrucciones que imparta el Ministro de Hacienda. Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a que se encuentre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones.

Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios de cooperación o asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios públicos mencionados en el inciso primero se entenderán facultados para pagar los impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, establecidos en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respectivo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del personal que la fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a su propia costa, para desarrollar actividades en cumplimiento del respectivo programa, la facultad referida se limitará al pago del impuesto sobre la renta que grave su salario o retribución.

Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, podrán ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora correspondiente, reembolso al organismo o ente internacional donante, o bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, según el impuesto, contribución, derecho o gravamen de que se trate, conforme a la reglamentación contenida en el decreto supremo Nº 9,

de 1993, del Ministerio de Hacienda.

Artículo 9º.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición o construcción de edificios para

destinarlos exclusivamente a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y en los de inversión regional de los Gobiernos Regionales en lo que respecta a viviendas para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales.

Artículo 10.- Los órganos y servicios públicos, incluidos en esta ley, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición o arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y sus elementos complementarios cuyo precio o renta exceda de las cantidades que se determinen por dicha Secretaría del Estado.

Igual autorización requerirá la contratación de servicios de procesamiento de datos, ya sea independiente o formando parte de un convenio de prestación de servicios que los incluya y la prórroga o modificación de éstos, cuando irrogue un gasto cuyo monto supere el que fije el referido Ministerio.

Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, sancionados en años anteriores por el Ministerio de Hacienda, que mantengan lo originalmente pactado, no necesitarán renovar su aprobación.

Las autorizaciones a que se refiere este artículo no serán exigibles respecto de los equipos que formen parte o sean competentes de un proyecto de inversión o de estudios para inversión, identificado conforme a lo que dispone el artículo 5º de la presente ley.

Los órganos y servicios públicos podrán efectuar directamente, mediante propuesta pública, la adquisición, arrendamiento y contratación de servicios a que se refiere este artículo. Si los pagos que corresponda efectuar por estos conceptos no exceden el equivalente en moneda nacional a 1.150 unidades tributarias mensuales, podrán hacerlo también directamente, mediante propuesta privada, con la participación de a lo menos tres proponentes.

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente por el decreto ley Nº 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra del bien arrendado y para pactar en las compras que efectúen el pago de todo o parte del precio en un plazo que exceda del ejercicio presupuestario.

Artículo 12.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga.

Igual autorización requerirán los órganos y servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos.

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo 13 de esta ley, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo de Hacienda.

Artículo 13.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula "Por orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.

En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.

Artículo 14.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9º del decreto ley Nº 1.263, de 1975, las dotaciones máximas de personal fijadas en la presente ley incluyen al personal de planta, a contrata, contratado a honorarios asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta calidad.

Artículo 15.- Durante el año 1997, sólo podrá reponerse el 50% de las vacantes que se produzcan en los servicios que tengan fijada la dotación máxima en esta ley, por el cese de funciones de su personal por cualquier causa que le dé derecho a la obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en el régimen previsional, a que se encuentre afiliado.

Esta norma no se aplicará respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de exclusiva confianza y en las plantas de directivos.

El documento que disponga la reposición deberá contener la identificación de los decretos o resoluciones de cesación de servicios en que se fundamenta. Sin perjuicio de lo anterior, los cargos o empleos que hayan quedado vacantes durante 1996 por aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la ley Nº 19.430, no podrán ser provistos durante 1997 y la dotación máxima fijada en esta ley al respectivo Servicio, se reducirá en un número equivalente al de dichos cargos o empleos.

Las nuevas dotaciones máximas de los servicios para 1997, que resulten de la aplicación de lo dispuesto en el inciso precedente, constarán en uno o más decretos del Ministerio de Hacienda que se dictarán en el primer trimestre del referido año.

Artículo 16.- El número de horas extraordinarias-año afectan a pago, fijado en los presupuestos de cada servicio público, constituye el máximo que regirá para el servicio respectivo. No quedan incluidas en dicho número las horas ordinarias que se cumplan en días sábado, domingo y festivos o en horario nocturno, pero el recargo que corresponda a éstas se incluye en los recursos que se señalan para el pago de horas extraordinarias.

Sólo previa autorización del Ministerio de Hacienda, los Jefes de servicios podrán disponer la realización de trabajos extraordinarios pagados, por un número de horas que exceda del consultado en el presupuesto respectivo.

Artículo 17.- Sustitúyese, en el artículo 6º transitorio de la ley Nº 18.834, modificado por el artículo 17 de la ley Nº 19.430, la referencia "1º de enero de 1997" por "1º de enero de 1998".

Artículo 18.- Suspéndese, durante el año 1997, la aplicación de la letra d) del artículo 81 de la ley Nº 18.834, respecto de la compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en cargos a contrata en el mismo servicio. Esta suspensión no regirá respecto de la renovación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el año 1996.

Artículo 19.- El producto de ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley Nº 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 1997 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 a 1996 se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:

65%al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión.

10%al Ministerio de Bienes Nacionales, y

25%a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación.

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 17.174, en el decreto ley Nº 2.569, de 1979 y en la ley Nº 19.229.

Artículo 20.- Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que

integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.

Artículo 21.- Todas las organizaciones no gubernamentales que reciban ingresos contemplados en esta ley deberán indicar el uso o destino de dichos fondos, los cuales quedarán fiscalizados por la Contraloría General de la República.

Artículo 22.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, información relativa a la ejecución trimestral del ingreso y del gasto contenido en el artículo 1º de esta ley, al nivel de la clasificación dispuesta en dicho artículo.

Asimismo, proporcionará a las referidas Comisiones, información de la ejecución semestral del presupuesto de ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas, incluyendo la relativa a las transferencias dispuestas con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos Comprometidos de la Partida Tesoro Público.

La Dirección de Presupuestos proporcionará copia de los balances y estados financieros semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile y de todas aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas establecidas para las sociedades anónimas abiertas.

La información a que se refieren los incisos precedentes, se remitirá dentro de un plazo de sesenta días contados desde el vencimiento del trimestre o semestre respectivo.

Artículo 23.- Autorízase al Presidente de la República para suscribir, en representación del Gobierno de Chile, 1.851 acciones del capital pagadero en efectivo y 84.538 acciones del capital exigible, del Banco Interamericano de Desarrollo, de acuerdo con los términos y condiciones que se establecen en la resolución Nº AG 6/94 de dicho Banco. Asimismo, se faculta al Presidente de la República, para suscribir en el mismo carácter, un aumento de hasta US$ 3.763.000 (Tres millones setecientos sesenta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América) en el Fondo para Operaciones Especiales del Banco Interamericano de Desarrollo.

El Presidente de la República podrá delegar en el Ministro de Hacienda y Gobernador por Chile ante el mencionado Banco, la atribución para suscribir a que hacen referencia los dos incisos precedentes.

Artículo 24.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 5º de esta ley.

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley Nº 3.001, de 1979, y la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9º de la ley Nº 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda.

La determinación y fijación de cantidades y montos a que se refieren los artículos 8 y 10 de esta ley, se efectuarán por oficio del Ministro de Hacienda.

Artículo 25.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1º de enero de 1997, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refieren los artículos 3º y 5º y las resoluciones indicadas en dicho artículo 5º.".

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la República.- MANUEL MARFÁN LEWIS, Ministro de Hacienda, Subrogante."

?INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA SOBRE LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 1997. (BOLETÍN Nº 1921-05)

“Honorable Cámara de Diputados:

La Comisión Especial Mixta encargada de estudiar el Presupuesto del Sector Público para 1997 tiene el alto honor de informaros respecto de él. El referido proyecto conforme a las normas constitucionales fue iniciado en mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República.

A las sesiones en que vuestra Comisión estudió el Presupuesto concurrieron, además de los miembros de ella, los honorables Senadores señora Carrera y señores Bitar, Calderón, Cooper, Fernández, Hormazábal, Horvath, Huerta, Lagos, Larraín, Letelier, Martín, Mc Intyre, Núñez, Otero, Pérez Walker, Prat, Sinclair, Thayer, Urenda y Valdés; los honorables Diputados señoras Allende y Pollarolo y señores Bayo, Cardemil, Estévez, Gajardo, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Muñoz (don Pedro), Navarro, Prokuriça, Salas y Vilches.

Además, concurrieron, especialmente invitados a sus sesiones, el Ministro de Hacienda don Eduardo Aninat U.; el Ministro del Interior don Carlos Figueroa S.; el Ministro Secretario General de la Presidencia don Juan Villarzú R.; el Ministro Secretario General de Gobierno don José Joaquín Brunner R.; el Ministro de Economía don Álvaro García H.; el Director de Presupuestos (S) don Mario Marcel C. y el asesor del Ministro de Hacienda don José de Gregorio A.

Como es del conocimiento de esa honorable Cámara de Diputados, el estudio del proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público se realiza por una Comisión Especial, integrada por honorables senadores y diputados.

Esta Comisión Especial, a su vez, designa Subcomisiones, para el estudio de las diferentes Partidas. En esta oportunidad, se constituyeron cinco Subcomisiones, cada una de las cuales ha emitido un completo informe, relativo a las Partidas de sus respectivas competencias. Estos informes van dirigidos a la Comisión Especial, y en ellos se especifican los acuerdos adoptados respecto de cada Partida; las constancias que se haya acordado dejar; las modificaciones introducidas cuando haya sido el caso, y sus fundamentos.

Vuestra Comisión, en su primera sesión, acordó que este informe sólo consignara los acuerdos adoptados por ella con sus pertinentes votaciones y las constancias que se hubieren solicitado. No obstante, cuando ello sea posible, como Anexos a este informe, se dejará testimonio de los principales aspectos del debate producido en el seno de la Comisión Especial.

Asimismo, este informe contiene una relación de los acuerdos adoptados respecto del articulado del proyecto, el que no es estudiado por las Subcomisiones.

En lo que dice relación con las Partidas, consigna las modificaciones que se les han introducido.

En lo relativo al debate habido en las Subcomisiones, a las indicaciones allí presentadas, a las constancias que en ellas se haya acordado dejar, etcétera, es necesario remitirse a los informes de dichas Subcomisiones, que constituyen parte integrante del presente informe.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que la Comisión Especial introdujo modificaciones a las proposiciones de las Subcomisiones, también se deja constancia, en este informe, de los cambios efectuados.

Se deja testimonio de que se adjuntan, como principales Anexos de este informe y, en consecuencia, formando parte integrante de él textos, debidamente certificados, de los folletos de todas las Partidas en ejemplar único en los que se han introducido las modificaciones aprobadas por vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

PRIMERA SESIÓN

Con fecha 10 de septiembre de 1996 se realizó la primera sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la que quedó integrada, conforme a lo decidido por el honorable Senado y por la honorable Cámara de Diputados, por los siguientes Parlamentarios: honorables Senadores señora Olga Feliú Segovia y señores Sergio Bitar Chacra, Eugenio Cantuarias Larrondo, Sergio Díez Urzúa, Francisco Javier Errázuriz Talavera, Arturo Frei Bolívar, Jaime Gazmuri Mujica, Jorge Lavandero Illanes, Carlos Ominami Pascual, Sergio Páez Verdugo, Sebastián Piñera Echenique, Sergio Romero Pizarro y Andrés Zaldívar Larraín; y honorables Diputados señoras Evelyn Matthei Fornet y Romy Rebolledo Leyton, y señores Armando Arancibia Calderón, José Antonio Galilea Vidaurre, José García Ruminot, Tomás JocelynHolt Letelier, Harry Jürgensen Caesar, Pablo Longueira Montes, José Makluf Campos, Carlos Montes Cisternas, José Miguel Ortiz Novoa, Andrés Palma Irarrázaval y Jorge Schaulsohn Brodsky.

La Comisión procedió a constituirse, hecho lo cual, por unanimidad, eligió como su Presidente al honorable Senador señor Jorge Lavandero Illanes.

Asimismo, se acordó, unánimemente, que al igual que en los años anteriores el funcionamiento de la Comisión Especial Mixta y el de las Subcomisiones se rigieran por el Reglamento del Senado. Lo anterior, con la sola excepción de que el reemplazo de los honorables señores Diputados se realizara conforme a las normas del Reglamento de la honorable Cámara.

Asimismo, se acordó que tales cambios se hicieran para la Comisión Especial Mixta y, como consecuencia, para las Subcomisiones.

También, como se ha dicho, se acordó que el informe de vuestra Comisión sólo contuviera los acuerdos adoptados con sus votaciones, y las constancias que se pudieren solicitar.

Igualmente, se acordó dividir como se ha expresado el trabajo en cinco Subcomisiones, las que quedaron encargadas de las materias que a continuación se señalan, designándose como Secretarios de las mismas a los funcionarios que en cada caso se indican:

Primera Subcomisión.

Tesoro Público; Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Ministerio de Hacienda, y Ministerio de Planificación y Cooperación.

Secretarios: Ana María Jaramillo Fuenzalida y Ximena Belmar Stegmann.

Segunda Subcomisión.

Presidencia de la República; Contraloría General de la República; Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio Secretaría General de Gobierno, y Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

Secretarios: César Berguño Benavente y Roberto Bustos Latorre.

Tercera Subcomisión.

Poder Judicial; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Justicia; Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y Ministerio de Salud.

Secretarios: Fernando Soffia Contreras y José Luis Alliende Leiva.

Cuarta Subcomisión.

Congreso Nacional; Ministerio del Interior; Ministerio de Educación; Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y Ministerio de Bienes Nacionales.

Secretarios: Sergio Sepúlveda Gumucio y Mario Labbé Araneda.

Quinta Subcomisión.

Ministerio de Obras Públicas; Ministerio de Agricultura; Ministerio de Minería, y Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Secretarios: Mario Tapia Guerrero y María Angélica Bennett Guzmán.

A continuación, unánimemente, se acordó que las distintas Subcomisiones quedaran integradas por los honorables señores Parlamentarios que, en seguida, se indican:

Primera Subcomisión: honorable Senador señor Sebastián Piñera Echenique; y honorables Diputados señores Armando Arancibia Calderón, José García Ruminot, Tomás JocelynHolt Letelier, Pablo Longueira Montes y Andrés Palma Irarrázaval.

Segunda Subcomisión: honorables Senadores señores Arturo Frei Bolívar, Jaime Gazmuri Mujica y Sergio Romero; y honorables Diputados señores Harry Jürgensen Caesar y Eugenio Tuma Zedan.

Tercera Subcomisión: honorables Senadores señora Olga Feliú Segovia, y señores Roberto Muñoz Barra y Andrés Zaldívar Larraín; y honorables Diputados señora Evelyn Matthei Fornet y señor José Makluf Campos.

Cuarta Subcomisión: honorables Senadores señores Eugenio Cantuarias Larrondo, Sergio Díez Urzúa y Carlos Ominami Pascual; y honorables Diputados señores Carlos Montes Cisternas y José Miguel Ortiz Novoa.

Quinta Subcomisión: honorables Senadores señores Francisco Javier Errázuriz Talavera, Jorge Lavandero Illanes y Sergio Páez Verdugo; y honorables Diputados señora Romy Rebolledo Leyton y señor José Antonio Galilea Vidaurre.

SEGUNDA SESIÓN

EXPOSICIÓN DEL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA

En la Segunda Sesión, celebrada el 8 de octubre de 1996, se dio cuenta de que se habían constituido las cinco Subcomisiones, y de que habían elegido, como Presidente, a los honorables Parlamentarios que, a continuación, se indican:

Primera Subcomisión: al honorable Diputado señor Andrés Palma Irarrázaval, quien posteriormente presentó su renuncia, siendo elegido, en su reemplazo, el honorable Diputado señor Armando Arancibia Calderón.

Segunda Subcomisión: al honorable Senador señor Jaime Gazmuri Mujica.

Tercera Subcomisión: a la honorable Diputada señora Romy Rebolledo Leyton, la que posteriormente renunció, siendo elegido, en su reemplazo, el honorable Senador señor Roberto Muñoz Barra.

Cuarta Subcomisión: al honorable Senador señor Eugenio Cantuarias Larrondo.

Quinta Subcomisión: al honorable Senador señor Sergio Páez Verdugo.

A continuación, hizo uso de la palabra el señor Ministro de Hacienda, don Eduardo Aninat Ureta, quien realizó una exposición sobre el estado de la Hacienda Pública.

El texto impreso de su intervención, que fue proporcionado por el señor Ministro, se acompaña como Anexo A de este informe.

Una reseña del debate que se produjo luego del discurso del referido Secretario de Estado, se consigna como Anexo B.

TERCERA SESIÓN

En la Tercera Sesión, que se desarrolló, con suspensiones, durante el día 7 de noviembre en curso, vuestra Comisión Especial Mixta despachó las Partidas relativas a la Presidencia de la República y a la Contraloría General de la República (informadas por la Segunda Subcomisión); y las Partidas correspondientes al Poder Judicial, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Justicia (todas ellas informadas por la Tercera Subcomisión).

Respecto a la Partida del Ministerio de Justicia debe hacerse notar que fue aprobada por la Comisión Especial Mixta sin modificaciones, quedando pendiente, la discusión y votación del Capítulo 07 sobre el Servicio Nacional de Menores, para una próxima Sesión.

Una reseña del debate habido en esta sesión figurará como Anexo C de este informe.

A continuación, se consignarán los acuerdos adoptados, respecto de cada Partida, en el mismo orden en que fueron tratadas.

PARTIDA 01

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Esta Partida fue informada por la Segunda Subcomisión, la que propone aprobarla, sin modificaciones.

El honorable Diputado señor Jürgensen formuló la siguiente indicación a la glosa 02, del programa 01, del Capítulo 01:

“Para sustituirla, por la siguiente:

“Incluye: Miles $ 2.000.000 y US$ 820 como máximo, con la obligación de rendir cuenta en forma global al Contralor General de la República.”.”.

Luego de cerrado el debate, la indicación fue puesta en votación, resultando rechazada por dos votos a favor; once, en contra; y tres abstenciones.

Seguidamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida, por unanimidad, en los mismos términos en que lo hizo la Segunda Subcomisión.

PARTIDA 03

PODER JUDICIAL

Esta Partida fue informada por la Tercera Subcomisión, quien le dio su aprobación, sin modificaciones.

La Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida, por unanimidad, en iguales términos a los propuestos por la Subcomisión.

o

PARTIDA 04

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta Partida fue informada por la Segunda Subcomisión, siendo aprobada por ésta, por unanimidad, sin modificaciones.

Vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida, en los mismos términos en que lo hizo la Subcomisión, con el voto en contra de la honorable Diputada señora Matthei, y con las abstenciones de los honorables Senadores señora Feliú y señor Errázuriz.

o

PARTIDA 06

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Esta Partida fue informada por la Tercera Subcomisión, la que la aprobó, sin modificaciones.

La honorable Senadora señora Feliú formuló indicación al Capítulo 01, Programa 01, del siguiente tenor:

“Para sustituir, en la glosa 03, la letra B), por la siguiente:

“B) Gastos reservados con la obligación de rendir cuenta en forma global y reservada el Contralor General de la República, hasta por la suma de $ 2.630 miles y US$ 1.704 miles”.”.

Puesta en votación, la indicación fue rechazada, por ocho votos a favor; y doce, en contra.

El honorable Diputado señor Jürgensen formuló indicación para sustituir la letra B) de la glosa 03 del Programa 01, del Capítulo 01, por otra, del siguiente tenor:

“$ 2.630 miles y US$ 1.704 miles, como máximo, con la obligación de rendir cuenta en forma global al Contralor General de la República.”.

En subsidio de la anterior, para sustituir la aludida letra B) de la glosa 03, por la siguiente:

“$ 1.315 miles y US$ 852 miles, como máximo, con la obligación de rendir cuenta en forma global al Contralor General de la República.”

Puesta en votación la primera indicación del honorable Diputado señor Jürgensen, ella fue rechazada por ocho votos a favor; y doce, en contra.

Seguidamente, se rechazó la indicación subsidiaria, recién transcrita, con igual votación.

La honorable Senadora señora Feliú formuló indicación, al Programa 01 del Capítulo 01, del siguiente tenor:

“Para trasladar a la Glosa 02, letra A), la siguiente oración, ubicada en la Glosa 02 del Capítulo 02: “Adicional a la dotación máxima se podrá contratar hasta 3 personas para desempeñar labores de agregados agrícolas”.”.

El señor Presidente declaró inadmisible esta indicación.

Pedido que vuestra Comisión reconsiderara la declaración de inadmisibilidad, se declaró inadmisible la indicación, por once votos a favor, y diez en contra.

La honorable Senadora señora Feliú formuló indicación al Programa 01 del Capítulo 01, del siguiente tenor:

“Para trasladar a este Capítulo el Subtítulo 06 del Capítulo 02 y para aumentar el Subtítulo 21 en 209.707 miles de pesos disminuyendo en igual cantidad el Subtítulo 21 del Capítulo 02, sustituyendo, además, en la Partida 13 Capítulo 01 Programa 01 Subtítulo 25 ítem 32 asignación 001 la expresión “Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales” por “Secretaría y Administración General del Ministerio de Relaciones Exteriores”.”.

El señor Presidente declaró inadmisible esta indicación.

Pedido que vuestra Comisión reconsiderara tal declaración de inadmisibilidad, la indicación fue declarada inadmisible por doce votos a favor; seis, en contra; y una abstención.

La honorable Senadora señora Feliú formuló indicación al Programa 01 del Capítulo 01, del siguiente tenor:

“Para sustituir en la Glosa 02 letra D), la expresión “Convenios con personas naturales” por “Autorización máxima para convenios con personas naturales”.”.

Puesta en votación la indicación, ella fue rechazada por nueve votos a favor; y trece, en contra.

Se pidió dejar constancia de que la aludida indicación se rechazaba por ser redundante, por entenderse que la cifra de la glosa ($ 84.758.000) es la máxima que puede emplearse en los referidos Convenios.

La honorable Senadora señora Feliú formuló indicación al Programa 01 del Capítulo 02, del siguiente tenor:

“Para agregar la siguiente Glosa 05 al Subtítulo 33 ítem 85 asignación 062: “05 Conforme Ley Nº 19.466 este aporte tiene el carácter de máximo. Con estos recursos, en ningún caso, se podrá financiar más de un 60% del valor de los respectivos programas o proyectos.”.”.

Puesta en votación la indicación, ella fue rechazada por diez votos a favor; y once, en contra.

La honorable Senadora señora Feliú formuló indicación al Capítulo 04 del Programa 01, del siguiente tenor:

“Para eliminar en la Glosa 05 la frase “Dichos recursos no se incorporarán al presupuesto del organismo público receptor”.”.

Puesta en votación la indicación, ella resultó rechazada por nueve votos a favor; doce, en contra; y una abstención.

Seguidamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó la Partida, en los mismos términos en que lo hizo la Tercera Subcomisión.

o

PARTIDA 10

MINISTERIO DE JUSTICIA

Esta Partida fue informada por la Tercera Subcomisión, la que la aprobó, sin modificaciones.

La honorable Senadora señora Feliú formuló indicación al Programa 01 del Capítulo 01, del siguiente tenor:

“Para sustituir en el Subtítulo 25, ítem 33, asignación 208, la cifra “2.541.812” por “2.087.756” efectuándose las demás rectificaciones presupuestarias que correspondan.”.

Luego de un extenso debate, la honorable Senadora señora Feliú retiró esta indicación, en atención a que hubo unanimidad en vuestra Comisión para estimar que los referidos recursos sólo podrán emplearse en fines establecidos por la ley.

Seguidamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida, en los mismos términos que la Subcomisión, con excepción del Capítulo 07, sobre Servicio Nacional de Menores, respecto del cual se aplazó su discusión y votación para la sesión siguiente, a indicación de la honorable Senadora señora Feliú.

o

CUARTA SESIÓN

En la Cuarta Sesión, que se desarrolló, con suspensiones, durante el día 12 de noviembre en curso, vuestra Comisión Especial Mixta despachó la Partida relativa al Ministerio de Justicia que había sido parcialmente aprobada, en la sesión anterior, y las Partidas atinentes al Congreso Nacional, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Asimismo, inició la aprobación de la Partida referida al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Una reseña del debate habido en esta sesión figurará como Anexo D de este informe.

A continuación, se consignarán los acuerdos adoptados, respecto de cada Partida, en el orden en que fueron tratadas.

PARTIDA 10

MINISTERIO DE JUSTICIA

(Continuación)

Como se ha dicho, respecto de este Ministerio, había quedado pendiente, desde la sesión anterior, el Capítulo 07, relativo al Servicio Nacional de Menores.

La honorable Senadora señora Feliú formuló indicación, relativa al Capítulo 07, del siguiente tenor:

“a) Para sustituir en el Programa 01, la Glosa 05 por la siguiente:

“05. La ejecución de los proyectos a que de origen este programa se adjudicará por licitación pública, en la que podrán participar las instituciones privadas colaboradoras del Servicio Nacional de Menores que cuenten a lo menos con tres años de antigüedad como tales a la fecha de la postulación. Por decreto supremo del Ministerio de Justicia se establecerán normas objetivas y generales que regirán a estos proyectos”.

b)Para agregar al Programa 02, la siguiente Glosa 01, nueva aplicable a todo el programa:

“01. En el transcurso del año 1997, el Servicio Nacional de Menores deberá adoptar las medidas necesarias para traspasar, a instituciones privadas colaboradoras, la administración de los Centros de Tránsito y Distribución que administra diariamente”.”.

El señor Presidente declaró inadmisible esta indicación, respecto de la cual hubo un extenso debate.

Pedido que vuestra Comisión reconsiderara la declaración de inadmisibilidad, se declaró inadmisible la indicación, por once votos a favor; nueve, en contra; y una abstención.

Seguidamente, se aprobó el Capítulo 07, quedando, así, aprobada esta Partida.

o

PARTIDA 02

CONGRESO NACIONAL

Esta Partida fue informada por la Cuarta Subcomisión y aprobada por ella, con las siguientes modificaciones:

I Capítulo 01, Senado, Programa 01.

1)En el Subtítulo 09, “Aporte Fiscal”, y en su Ítem 91, “Libre”, sustituir “10.877.734” por “11.087.734”.

2)En el Subtítulo 21, “Gastos en Personal”, suprimir su glosa 01.

3)En el Subtítulo 22, “Bienes y Servicios de Consumo”, reemplazar “4.189.471” por “4.399.471”.

II Capítulo 02, Cámara de Diputados, Programa 01.

1)En el Subtítulo 09, “Aporte Fiscal”, y en su Ítem 91, “Libre”, sustituir “15.847.850” por “16.147.850”.

2)En el Subtítulo 21, “Gastos en Personal”, suprimir su glosa 01.

3)En el Subtítulo 22, “Bienes y Servicios de Consumo”, reemplazar “5.854.380” por “6.154.380”.

III Capítulo 03, Biblioteca del Congreso, Programa 01.

En el Subtítulo 21, “Gastos en Personal”, suprimir su glosa 01.

Asimismo, la Cuarta Subcomisión resolvió no hacer proposición respecto al resto del Capítulo 03, correspondiendo, en consecuencia, su resolución a vuestra Comisión.

La Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida, por unanimidad, incluso el resto del Capítulo 03 antes aludido, en los mismos términos propuestos por la Subcomisión.

o

PARTIDA 19

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Esta Partida fue informada por la Quinta Subcomisión, la que la aprobó, sin modificaciones.

La Comisión Especial Mixta le dio su aprobación, por unanimidad, en los mismos términos propuestos por la Subcomisión.

o

PARTIDA 05

MINISTERIO DEL INTERIOR

Esta Partida fue informada por la Cuarta Subcomisión, la que la aprobó, con las siguientes enmiendas:

I Capítulo 01, Secretaría y Administración General. Programa 01.

1)En el Subtítulo 09, Aporte Fiscal, y su ítem 91, Libre, sustituir “30.828.295”, por “29.730.330”.

2)En la asignación 025, PRODEMU, del ítem 31, Subtítulo 25:

a)Sustituir en la columna “GLOSA Nº” la expresión numérica “04” por “04,13”.

b)En GLOSAS, agregar la siguiente, nueva:

“13 Incluye recursos para ser asignados, mediante mecanismos concursables, a proyectos de apoyo a grupos de mujeres de escasos recursos.”.

3)En la asignación 001, Organización Regional de Acción Social del Ministerio del Interior, del ítem 33, Subtítulo 25:

a)Sustituir “742.170” por “842.170”.

b)Agregar a su glosa 05, a continuación del punto final (.) que pasa a ser coma (,), lo siguiente: “debiendo garantizarse una distribución equitativa.”.

4)En el Subtítulo 33, Transferencias de Capital, y su ítem 85, Aportes al Sector Privado, reemplazar “5.241.029” por “4.043.064”.

5)En el Subtítulo 33, ítem 85, suprimir su asignación 002, Edificio Fundaciones, incluyendo tanto el monto “1.197.965”, como su glosa 13.

II Capítulo 40, Programas de Desarrollo Local. Programa 01.

En la glosa 02 de la asignación 001, Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios), ítem 74, Subtítulo 30, intercalar un inciso segundo nuevo, del siguiente tenor:

“A los beneficiarios de este programa no les será exigible un aporte superior al que corresponda en otros programas similares de vivienda.”.

El señor Presidente de la República formuló indicación, referida al Programa 01 del Capítulo 01, del siguiente tenor:

“En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir “29.730.330” por “29.930.330” e igualmente en su ítem 91.

Subtítulo 25.

En el ítem 31.024 INTEGRA, sustituir la cantidad “12.683.856” por “12.883.856”.”.

Cerrado el debate y puesta en votación la indicación, ella fue aprobada por trece votos a favor y tres abstenciones.

El honorable Senador señor Piñera y el honorable Diputado señor Jürgensen formularon indicación para sustituir la letra B) de la glosa 03 del Programa 01 del Capítulo 01, por la siguiente:

“De estos gastos se podrán informar en forma global y reservada al Contralor General de la República un máximo de $ 404.411 miles.”.

Cerrado el debate, fue puesta en votación la indicación, resultando rechazada por seis votos a favor; y once, en contra.

El honorable Senador señor Piñera y el honorable Diputado señor Jürgensen formularon indicación, referida a la glosa 07 del Programa 01 del Capítulo 01, tendiente a eliminar la palabra “no” y a agregar lo siguiente, después del punto aparte.

“Créase el programa 02 para este ítem.”.

Luego del debate, el señor Presidente declaró inadmisible esta indicación.

Pedido que vuestra Comisión reconsiderara la declaración de inadmisibilidad, se declaró inadmisible la indicación, por catorce votos a favor; y diez, en contra.

El honorable Senador señor Piñera y el honorable Diputado señor Jürgensen formularon indicación tendiente a eliminar la palabra “no” en el inciso segundo de la glosa 10 del programa 01 del Capítulo 01.

Cerrado el debate y puesta en votación la indicación, ella fue rechazada por nueve votos a favor; y catorce, en contra.

Los mismos honorables Parlamentarios formularon indicación para agregar, a la misma glosa recién aludida, el siguiente inciso final:

“Las transferencias que se efectúen para gastos para elecciones deberán transformarse en un programa 03 del capítulo 01 de la Partida 05.”.

El señor Presidente declaró inadmisible esta indicación.

Los mismos honorables Parlamentarios formularon indicación tendiente a sustituir la letra B) de la glosa 03 del Programa 01 del Capítulo 02, por la siguiente:

“De estos gastos se podrán informar en forma global y reservada al Contralor General de la República un máximo de $ 53.290 Miles.”.

Puesta en votación la indicación, ella resultó rechazada por nueve votos a favor; catorce, en contra; y una abstención.

El honorable Senador señor Piñera y el honorable Diputado señor Jürgensen formularon indicación tendiente a incorporar el siguiente párrafo final a las glosas 02 y 03 del Programa 01 del Capítulo 40:

“Los proyectos que se asignen deberán ser informados a los Concejos municipales respectivos.”.

Cerrado el debate y puesta en votación la indicación, ella resultó aprobada por diecisiete votos a favor; y dos, en contra.

Los honorables Diputados señores García Ruminot y Longueira formularon indicación tendiente a agregar, en la glosa 09 del Programa 01 del Capítulo 05, lo siguiente:

“Estos recursos deberán asignarse a los respectivos proyectos mediante el sistema de licitación pública.”.

Luego de un prolongado debate, se acordó que los honorables Diputados señores Longueira y Sabag propusieran una nueva redacción para la indicación, quedando, en consecuencia, pendiente su votación. Posteriormente, fue rechazada.

Los honorables Diputados señores Navarro y Tuma formularon indicación del siguiente tenor:

“Se presenta Glosa Indicativa al Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 1997, a la Partida Nº 05 correspondiente al Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en el Subtítulo 33, Ítem 87 004, que dice relación con la Provisión Fondo Nacional de Desarrollo Regional Electrificación Rural:

“En el marco del Programa de Electrificación Rural (P.E.R.) y de los Fondos especiales integrados al programa, se destinará un porcentaje del 15% de estos para que sean usados exclusivamente para dotar de electricidad rural en localidades bajo condiciones de aislamiento, usando energías no convencionales, siempre que existan proyectos postulados con esas características.”.

Cerrado el debate, fue puesta en votación la indicación, votación que dio el siguiente resultado: por la afirmativa, seis votos; por la negativa, cuatro; y cuatro abstenciones.

Repetida la votación, la indicación resultó rechazada por seis votos a favor; ocho, en contra; y cuatro abstenciones.

A proposición del honorable Senador señor Zaldívar, se acordó enviar esta indicación al Ejecutivo, por si estimaba pertinente hacerla suya.

El señor Presidente de la República formuló indicación para agregar, en la glosa 01 de las glosas comunes a todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales, el siguiente número y texto:

“6. Con cargo a los recursos que se asignen a los proyectos de conservación vial identificados de acuerdo al artículo 5º de esta ley, podrá encargarse directamente su ejecución a las Corporaciones Viales a que se refiere la ley Nº 19.265 en las regiones que señala el artículo 1º de dicha ley.”.

Luego de debatir la indicación del Ejecutivo, el honorable Senador señor Lavandero y los honorables Diputados señores Ortiz, Tuma y Sabag formularon una indicación, tendiente a perfeccionar la redacción de la primera, del siguiente tenor:

“Las Corporaciones Viales a que se refiere la Ley 19.265 podrán participar en las licitaciones públicas para la ejecución de proyectos de conservación vial en las Regiones a que se refiere el artículo 1º de dicha ley.”.

Cerrado el debate, se dieron por rechazadas ambas indicaciones.

Cabe hacer presente que el honorable Senador señor Piñera y el honorable Diputado señor Jürgensen formularon diversas indicaciones que, globalmente, fueron denominadas de “trasparencia en los gastos”, las que quedaron pendientes mientras se veía la posibilidad de trasladar su contenido al articulado del proyecto, de modo de no referirlas a múltiples ítems de las distintas Partidas, sino que contenerlas en una norma general, aplicable a todo el Presupuesto. Posteriormente, sus Señorías retiraron tales indicaciones.

Vuestra Comisión aprobó esta Partida, en la forma propuesta por la Cuarta Subcomisión, y con la modificación aprobada (relativa a las glosas 02 y 03 del Programa 01 del Capítulo 40).

o

PARTIDA 07

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y

RECONSTRUCCIÓN

Esta Partida fue informada por la Primera Subcomisión, la que propone aprobarla, con las siguientes enmiendas:

I. En el Capítulo 02, Servicio Nacional del Consumidor, Programa 01, en el subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, sustituir su glosa “03” por la siguiente:

“03 incluye:

A)Capacitación y Perfeccionamiento Ley Nº 18.575 Miles de $ 5.260.

B)La cantidad incluye una provisión de $ 112.000 miles, que sólo podrán destinarse a cubrir los gastos que eventualmente se generan por una vez como consecuencia de la aplicación de la nueva Ley del Consumidor.”.

II. En el Capítulo 03, Subsecretaría de Pesca. Programa 01.

1)en la asignación 054, Fondo de Investigación Pesquera, del ítem 33, Subtítulo 25, incorporar el número 5 en la columna Glosa Nº, y

2)en el ítem 53, Estudios para Inversiones, del Subtítulo 31, sustituir “04” por “04, 05” en la columna Glosa Nº y, en Glosas, agregar la siguiente:

“05 Los estudios que se realicen con cargo a este ítem deberán asignarse por licitación pública. Semestralmente deberá informarse a las Comisiones de Economía del Senado y de la Cámara de Diputados acerca de los gastos efectuados con cargo a ese ítem.”.

III. En el Capítulo 06, Corporación de Fomento de la Producción, Programa 01, Fomento Productivo:

1)En el subtítulo 31, en el ítem 75, Otros Gastos de Inversión Real, sustituir la cantidad de “4.961.665” por “2.398.000”.

En “Glosas”

1)Sustituir el texto de la glosa “04” por el siguiente:

“Con cargo a esta asignación se podrán transferir recursos a entidades públicas o privadas que cumplan con los requisitos generales y objetivos de la Corporación, previo informe favorable de su Consejo. En la asignación 088 se podrá comprometer recursos por hasta $ 157.800 miles y en la asignación 090 hasta por $ 5.183.774 miles, ambos montos sujetos a la aprobación del Presupuesto para el año 1998”.

2)En la glosa “05” sustituir el texto por el siguiente:

“Se podrá comprometer recursos por sobre el gasto autorizado en esta asignación hasta $ 131.500 miles, sujetos a la aprobación del presupuesto del año correspondiente.”.

El honorable Senador señor Piñera y el honorable Diputado señor Jürgensen formularon indicación, del siguiente tenor:

“Para incorporar en la Partida 07, capítulo 01, programa 01, subtítulo 25, ítem 31, subítem 074, en la glosa 04, el siguiente inciso:

“Los gastos de funcionamiento deberán contabilizarse en forma separada, no pudiendo superar el 15% del monto incluido en este subítem. Una copia del referido informe deberá remitirse a la Contraloría General de la República semestralmente, con copia a las Comisiones de Economía de las Cámara de Diputados y del Senado. El plazo para la entrega es con un plazo máximo de 30 días desde el fin de cada semestre.”.

Luego del debate, la indicación fue retirada por sus autores.

Los mismos honorables Parlamentarios formularon la siguiente indicación:

“Para agregar la siguiente glosa en la Partida 07, capítulo 01, programa 01, subtítulo 25, ítem 33, subítem 048:

“Con cargo a este ítem no podrán financiarse viáticos, gastos en personal u otros similares. Los proyectos que se financien deberán asignarse por licitación pública.”.

Además, formularon la siguiente indicación:

“Para agregar la siguiente glosa en el ítem 53, subtítulo 31, programa 01, capítulo 01, de la Partida 07:

“Con cargo a este ítem no podrán financiarse viáticos, gastos en personal u otros similares. Los proyectos que se financien deberán asignarse por licitación pública.”.

El señor Presidente declaró inadmisibles ambas indicaciones.

Pedido que vuestra Comisión reconsiderara tal declaración de inadmisibilidad, se declararon inadmisibles las dos indicaciones por once votos a favor; ocho, en contra; y una abstención.

El señor Presidente de la República formuló indicación para incorporar el guarismo “05”, en la columna de glosas, frente al ítem 33.054 del subtítulo 25, del Programa 01, del Capítulo 03. Asimismo, para incorporar, en “Glosas”, lo siguiente:

“05. Los estudios que se realicen con cargo a este ítem deberán asignarse por licitación pública. Podrá destinarse hasta un 10% del total de recursos a gastos de administración.”.

Luego de cerrado el debate, vuestra Comisión aprobó unánimemente esta indicación, quedando, en consecuencia, sustituida la glosa 05 propuesta por la Subcomisión por la glosa recién aprobada.

El honorable Diputado señor Longueira formuló indicación para rebajar la cifra “10%”, en la indicación recién aprobada, a “5%”.

Cerrado el debate, esta última indicación fue rechazada por ocho votos a favor; y doce, en contra.

Asimismo, el señor Presidente de la República formuló indicación para sustituir, en la columna “Glosas”, en el ítem 53 del Subtítulo 31, “04” por “04, 05”.

Lo propuesto ya figuraba en la proposición de la Primera Subcomisión.

Cerrado el debate, se dio por rechazada la indicación del Ejecutivo y la proposición de la Subcomisión.

El honorable Senador señor Piñera y el honorable Diputado señor Jürgensen formularon indicación del siguiente tenor:

“Para rebajar el monto del subtítulo 22, programa 01, capítulo 06, de la Partida 07; a la cantidad de “4.806,667 miles de $”. Rebájanse en el mismo monto los niveles superiores de agregación.”.

Cerrado el debate, la indicación fue rechazada por ocho votos a favor; y once, en contra.

Los mismos honorables Parlamentarios formularon indicación para agregar la siguiente glosa al subtítulo 22 del Programa 01 del Capítulo 06:

“Con cargo a este subtítulo, sólo podrán gastarse hasta “284.315 miles de $ en publicidad y difusión.”.

El señor Presidente declaró inadmisible esta indicación.

Pedido que vuestra Comisión reconsiderara la declaración de inadmisibilidad, se declaró inadmisible la indicación por doce votos a favor; seis, en contra; y una abstención.

El honorable Senador señor Piñera y el honorable Diputado señor Jürgensen formularon indicación para sustituir la glosa 04 del subtítulo 25, ítems 31.088 y 31.090, del Programa 01 del Capítulo 06, por la siguiente:

“Con cargo a esta asignación se podrán transferir recursos a entidades públicas o privadas, que cumplan con los requisitos generales y objetivos que establezca la Corporación, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda. En la asignación 088 se podrán comprometer recursos por hasta $ 157.800 miles y en la asignación 090 hasta por $ 5.183.774 miles, ambos montos sujetos a la aprobación del Presupuesto para el año 1998.”.

Por su parte, el señor Presidente de la República formuló indicación para sustituir la misma glosa 04, por la siguiente:

“Con cargo a esta asignación se podrán transferir recursos a entidades públicas o privadas, que cumplan con los requisitos generales y objetivos que establezca el Consejo de la Corporación.

En la asignación 088 se podrá comprometer un mayor gasto de hasta $ 157.800 miles y en la asignación 090 hasta por $ 5.183.774 miles, ambos montos por sobre el gasto autorizado en la respectiva asignación.”.

Vuestra Comisión, por trece votos a favor y una abstención, aprobó esta última indicación, quedando, en consecuencia, rechazada la anterior.

Se levantó la sesión, quedando pendiente el resto de la Partida.

QUINTA SESIÓN

En la Quinta Sesión, que se desarrolló, con suspensiones, el día 13 de noviembre en curso, vuestra Comisión Especial Mixta terminó el despacho de la Partida relativa al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y también despachó las Partidas atinentes a los Ministerios de Bienes Nacionales, de Hacienda, de Educación, de Defensa Nacional, de Obras Públicas, de Agricultura, del Trabajo y Previsión Social, de Salud, de Minería, de Vivienda y Urbanismo, Secretaría General de Gobierno, de Planificación y Cooperación, y Secretaría General de la Presidencia de la República. Asimismo, despachó la Partida del Tesoro Público y el articulado del proyecto.

Una reseña del debate habido en esta sesión figurará como Anexo E de este informe.

A continuación, se consignarán los acuerdos adoptados, respecto de cada Partida, en el orden en que fueron tratadas.

PARTIDA 07

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN

(Continuación)

El señor Presidente de la República formuló indicación tendiente a sustituir el texto de la glosa 05 del Programa 01 del Capítulo 06 (que había sido reemplazada por la Primera Subcomisión), por el siguiente:

“05 Se podrá comprometer además, un mayor gasto de hasta $ 131.500 miles por sobre el monto autorizado en esta asignación.”.

Puesta en votación la indicación, ella fue aprobada unánimemente.

El señor Presidente de la República formuló indicación tendiente a sustituir, en la glosa 06 del Programa 01 del Capítulo 06, la cantidad de “2.209.200” por “2.600.000”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad.

El señor Presidente de la República formuló indicación tendiente a sustituir, en Transferencias al Fisco, ítem 34.004 Otros integros, del Programa 01 del Capítulo 06, la cantidad de “48.590.503” por “51.154.168”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad.

El señor Presidente de la República formuló indicación tendiente a agregar los siguientes incisos a la glosa 08 del referido Programa 01 del Capítulo 06:

“De acuerdo con las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas, ENACAR no podrá presentar déficit operacionales trimestrales acumulados, superiores a $ 1.868.000 miles al 31.3.1997, $ 4.570.000 miles al 30.6.1997, $ 5.668.000 miles al 30.9.1997 y $ 7.393.000 miles al 31.12.1997.

Los aportes de CORFO para financiar estos déficit operacionales no podrán exceder a $ 3.410.800 miles al 31.3.1997, $ 4.545.600 miles al 30.6.1997, $ 5.127.400 miles al 30.9.1997 y $ 6.585.310 miles al 31.12.1997.

De los montos máximos de aportes de CORFO a ENACAR establecidos en el párrafo anterior, se descontarán en cada trimestre los siguientes valores: la suma total correspondiente a activos fijos vendidos en todos los trimestres anteriores; la diferencia entre ventas de carbón a futuro y las ventas de carbón a plazo producidas en el período trimestral de que se trata; y la cantidad de dinero que hubiera en caja al 31.12.1996. ENACAR S.A., además no podrá mantener su deuda con terceros en un monto superior a $ 1.000.000 miles al término de cada trimestre; y la deuda con Instituciones Financieras se deberá reducir a lo menos en $ 432.000 miles al 31.12.1997 respecto del valor al 31.12.1996.

El incumplimiento de ello, obligará al cese de los aportes de fondos públicos destinados a este efecto, a partir del primer día del trimestre subsiguiente.”.

Por su parte, el honorable Senador señor Ruiz Esquide formuló indicación para mantener el texto de la referida glosa 08 del Programa 01 del Capítulo 06, en los mismos términos en que fue propuesta en el mensaje.

Cerrado el debate y puesta en votación la indicación del honorable Senador señor Ruiz Esquide, se aprobó mantener la glosa, por diez votos a favor; cinco, en contra; y dos abstenciones.

En seguida, se rechazó la indicación del Ejecutivo recién transcrita, por cinco votos a favor; diez, en contra; y dos abstenciones.

El señor Presidente de la República formuló indicación tendiente a sustituir la glosa 03 del Programa 01 del Capítulo 02 (que había sido modificada por la Primera Subcomisión), por la siguiente:

“03 Incluye:

A)Capacitación y Perfeccionamiento Ley Nº 18.575:

Miles de $ 5.260.

B)Incluye $ 112.000 miles, para cubrir los gastos que por una sola vez se generen por la aplicación de la nueva Ley del Consumidor.”.

Puesta en votación la indicación, resultó aprobada por unanimidad.

El señor Presidente de la República formuló indicaciones al Programa 03 del Capítulo 06, del siguiente tenor:

a)“En “Glosas:”

En la glosa “01” a continuación del punto final, agregar lo siguiente:

“El servicio de la deuda se efectuará con cargo a las recuperaciones de dichas operaciones.”.

b)“Sustituir el texto de la glosa “02” por el siguiente:

“Con cargo a esta asignación, se adquirirán bonos subordinados de instituciones financieras que se comprometan con estos fondos a desarrollar plataformas de atención especializada para las PYMES, entendidas éstas como empresas con ventas anuales inferiores a UF 25.000 netas de impuestos, así como financiarles préstamos con los mismos recursos.

Además, se podrá otorgar préstamos a instituciones de créditos a la PYME, que se sometan a las normas de las sociedades anónimas abiertas y que posean clasificación de riesgo de grado de inversión. De producirse algún subsidio en la operación de esta línea, CORFO deberá establecer mecanismos para que el subsidio beneficie al usuario final.”.

Ambas indicaciones fueron aprobadas, unánimemente.

El señor Presidente de la República formuló indicación al Programa 03 del Capítulo 06, tendiente a sustituir el texto de la glosa 05, por el siguiente:

“Con cargo a esta línea, se podrán colocar recursos para préstamos a fondos de inversión fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros, condicionados a que se destinen a capital de riesgo, entendiendo éste como el desarrollo de medianas y pequeñas empresas vía aporte de capital.”.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad.

El señor Presidente de la República formuló indicación al Programa 01 del Capítulo 19, tendiente a sustituir el texto de la glosa 03, por el siguiente:

“El establecimiento de las líneas de financiamiento, los criterios y procedimientos de selección de los proyectos, los requisitos que deban cumplir los adjudicatarios de los mismos y las demás normas necesarias para el funcionamiento de FONTEC, se fijarán por resolución de la Corporación de Fomento de la Producción, visada por los Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Hacienda, que se dictará antes del 31 de Enero de 1997. Tal resolución deberá difundirse públicamente.

Se podrá comprometer un mayor gasto de hasta $ 2.901.250 miles, por sobre el monto autorizado en este subtítulo.”.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por trece votos a favor; y uno, en contra.

Seguidamente, con las modificaciones antes reseñadas, vuestra Comisión aprobó la Partida en la forma propuesta por la Primera Subcomisión.

PARTIDA 14

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Esta Partida fue informada por la Cuarta Subcomisión, la que propone aprobarla, por unanimidad, sin modificaciones.

La Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida, por unanimidad, en los mismos términos que la Subcomisión.

o

PARTIDA 08

MINISTERIO DE HACIENDA

Esta Partida fue informada por la Primera Subcomisión, la que la aprobó, por unanimidad, sin modificaciones.

El señor Presidente de la República presentó una indicación, referida al Programa 05 del Capítulo 05, del siguiente tenor:

“Para suprimir lo siguiente:

En el Subtítulo 21 Gastos en Personal suprimir el “03” en la columna “Glosa Nº” y sustituir la cantidad de “467.462” por “352.079”.

En el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo sustituir “424.529” por “392.212”.

En “Glosas”:

Suprimir la glosa: “03”.”.

Cerrado el debate y puesta en votación la indicación, ella fue aprobada por unanimidad.

Seguidamente vuestra Comisión Especial Mixta le dio su aprobación a esta Partida, con la modificación aprobada (relativa al Programa 05 del Capítulo 05).

o

PARTIDA 09

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Esta Partida fue informada por la Cuarta Subcomisión la que la aprobó, con las siguientes modificaciones:

I Capítulo 01, Subsecretaría de Educación, Programa 01.

1)En el Subtítulo 25, Ítem 32, asignación 001, “Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo”, agregar al final del inciso primero de su glosa 12, la siguiente oración: “Un porcentaje de estos recursos podrá invertirse en infraestructura para la educación preescolar.”.

2)En el Subtítulo 25, Ítem 33, asignación 095, sustituir el inciso quinto de su glosa 20, por el siguiente:

“El Ministerio de Educación revisará el cumplimiento de las formalidades de postulación y remitirá los proyectos que las cumplan a los correspondientes Comités Regionales, que preseleccionarán los de su Región, salvo en el caso de la Región Metropolitana. Dichos Comités Regionales estarán integrados por el Secretario Regional Ministerial de Educación y Jefes de Cultura respectivos y por personas destacadas del ámbito artístico y cultural de la Región designadas por el Consejo Regional.”.

3)En el Subtítulo 33, Ítem 85, asignación 017, “Convenio Asociación de Guías y Scouts de Chile”, suprimir en su glosa 27 la expresión “en infraestructura”.

II Capítulo 01, Subsecretaría de Educación, Programa 02.

1)En el Subtítulo 25, Ítem 31, asignación 200, “Perfeccionamiento en el Exterior para Profesionales de la Educación”, agregar en el inciso primero de su glosa 04, a continuación de la expresión “los profesionales de la educación”, la siguiente frase: “a que se refiere el artículo 2º de la ley Nº 19.070,”.

2)En el Subtítulo 25, Ítem 33, asignación 132, “Fortalecimiento de la Formación Inicial de Docentes”, sustituir el inciso primero de su glosa 07, por el siguiente:

“07 Recursos para financiar la ejecución de proyectos de mejoramiento de la formación de estudiantes de carreras universitarias conducentes a la obtención de un título de profesional de la educación en sus distintas especialidades, niveles y menciones, mediante convenios con instituciones de Educación Superior reconocidas oficialmente y que impartan dichas carreras.”.

III Capítulo 08, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Programa 01.

En el Subtítulo 25, Ítem 33, asignación 160, “Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico”, agregar en la letra A) de su glosa 07, a continuación de la coma (,) que sigue a la expresión “avanzada en líneas prioritarias”, la frase siguiente: “patrocinadas por instituciones públicas o las Universidades a que se refiere el artículo 1º del D.F.L. (Ed.) Nº 4, de 1.981,”.

IV Capítulo 11, Junta Nacional de Jardines Infantiles, Programa 01.

En el Subtítulo 25, Ítem 33, asignación 170, “Jardines Infantiles Municipales”, suprimir en su glosa 05 la expresión “suscrito por el Ministerio de Hacienda”.

V Capítulo 20, Subvención a Establecimientos Educacionales, Programa 01.

En el Subtítulo 25, Ítem 31, asignación 255, “Subvención de Escolaridad” reemplazar en el inciso segundo de su glosa 02 la frase “En el mismo plazo deberán reintegrarse los recursos anticipados”, por la siguiente: “El reintegro de los recursos anticipados deberá efectuarse en un plazo de 12 meses desde la tramitación del decreto respectivo”.

Asimismo, la Cuarta Subcomisión acordó no hacer proposición respecto a la letra C) de la glosa 05, asignación 231, “Programa de Alimentación Escolar”, Ítem 31, Subtítulo 25, del Programa 01 del Capítulo 09, correspondiendo, en consecuencia, su resolución, a Vuestra Comisión Especial de Presupuestos.

El honorable Senador señor Cantuarias formuló indicación tendiente a suprimir el ítem 31.188 del Subtítulo 25 del Programa 01 del Capítulo 01 (Corporación Cultural Municipalidad de Santiago).

Cerrado el debate, fue puesta en votación la indicación, con el siguiente resultado: por la afirmativa, nueve votos; por la negativa, nueve votos; y dos abstenciones.

Repetida la votación, resultó rechazada la indicación, por diez votos a favor; once, en contra; y una abstención.

El honorable Senador señor Cantuarias formuló indicación para suprimir el ítem 33.097 y su glosa 22 del subtítulo 25 del Programa 01 del Capítulo 01 (Universidad de Chile).

Cerrado el debate, el honorable Diputado señor Palma pidió votación nominal, la que arrojó el siguiente resultado: por la afirmativa, nueve votos; por la negativa, nueve votos; y dos abstenciones.

Votaron afirmativamente los honorables Senadores señora Feliú y señores Cantuarias, Muñoz Barra y Prat; y los honorables Diputados señora Matthei y señores Galilea, JocelynHolt, Jürgensen y Tuma.

Votaron en contra los honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero, Ominami, Páez y Zaldívar; y los honorables Diputados señores Montes, Navarro, Ortiz y Villouta. Se abstuvieron los honorables Diputados señora Rebolledo y señor Palma.

Repetida la votación, fue aprobada la indicación, por diez votos a favor; ocho en contra; y cuatro abstenciones.

Votaron por la afirmativa los honorables Senadores señora Feliú y señores Cantuarias, Muñoz Barra y Prat; y los honorables Diputados señora Matthei y señores Galilea, JocelynHolt, Jürgensen, Longueira y Tuma. Votaron en contra los honorables Senadores señores Gazmuri, Lavandero, Ominami, Páez y Zaldívar; y los honorables Diputados señores Montes, Ortiz y Villouta. Se abstuvieron el honorable Senador señor Errázuriz y los honorables Diputados señora Rebolledo y señores Navarro y Palma.

El honorable Senador señor Muñoz Barra formuló indicación proponiendo distribuir proporcionalmente, entre las Universidades, la suma asignada al ítem 33.097 (Universidad de Chile).

El señor Presidente declaró inadmisible esta indicación.

El honorable Senador señor Cantuarias formuló indicación tendiente a suprimir el ítem 33.134 del Programa 02 del Capítulo 01 (Programa de Liceos de Anticipación).

Cerrado el debate, el honorable Diputado señor Palma pidió votación nominal, la que arrojó el siguiente resultado: por la afirmativa, tres votos; por la negativa, once votos; una abstención y dos pareos.

Quedó, en consecuencia, rechazada la indicación.

Votaron por la afirmativa los honorables Senadores señora Feliú y señores Cantuarias y Errázuriz. Votaron negativamente los honorables Senadores señores Lavandero, Muñoz Barra, Ominami, Páez y Zaldívar; y los honorables Diputados señores JocelynHolt, Montes, Navarro, Ortiz, Palma y Villouta. Se abstuvo el honorable Diputado señor Galilea y estaban pareados los honorables Senadores señores Larre y Prat.

Los honorables Diputados señora Rebolledo y señor Montes formularon indicación para eliminar, en la glosa 07 del Programa 02 del Capítulo 01 la palabra “universitarias”, que aparece en el inciso primero de dicha glosa, en la forma aprobada por la Cuarta Subcomisión.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada unánimemente.

La honorable Senadora señora Feliú formuló indicación para sustituir, en el texto de la glosa 07 (aprobada por la Subcomisión) del Programa 02 del Capítulo 01, las palabras “reconocidas oficialmente” por “del Estado o reconocidas por éste”.

Unánimemente se aprobó esta indicación.

Seguidamente, vuestra Comisión aprobó el resto de esta Partida, en la forma propuesta por la Subcomisión, incluso la letra c) de la glosa 05 del Programa 01 del Capítulo 09.

o

PARTIDA 11

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Esta Partida fue informada por la Segunda Subcomisión, quien la aprobó con una modificación al Programa 01 del Capítulo 22, la que consiste en reemplazar la Glosa 05, por la siguiente:

“05 La distribución se efectuará por resolución de la Dirección General de Deportes y Recreación, con copia a la Dirección de Presupuestos, pudiendo dictarse en el mes de Diciembre de 1996. Los fondos que sean asignados mediante concurso público deberán considerar, a lo menos, los aspectos técnicos y financieros de las propuestas; el impacto social y deportivo, y la relación de beneficios y costos.

Los criterios de selección de proyectos considerarán a lo menos: la población beneficiada con el proyecto y los aportes públicos y privados para cofinanciamiento, además de los beneficios sociales propios del proyecto.

Una vez finalizada la ejecución del proyecto, cada entidad receptora deberá emitir un informe con la rendición completa de los fondos recibidos y los resultados obtenidos.”.

El señor Presidente de la República presentó una indicación al Programa 01 del Capítulo 22, para reponer el texto original de la glosa “05”.

Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por catorce votos a favor; y dos, en contra.

A continuación, vuestra Comisión Especial aprobó la Partida sin modificaciones.

o

PARTIDA 12

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Esta Partida fue informada por la Quinta Subcomisión, la que la aprobó, por unanimidad, sin modificaciones.

La honorable Senadora señora Frei presentó una indicación al Programa 03, del Capítulo 02, cuyo texto es el siguiente:

“Para incorporar la siguiente glosa 05:

“05 El Ministerio de Obras Públicas, durante 1997, podrá destinar recursos a estudios de ingeniería para las obras de disipación aluvional en la ciudad de Antofagasta.”.”.

La Comisión Especial Mixta acordó rechazarla, considerando no ser necesario consagrar la idea contenida en la indicación.

Los honorables Senadores Errázuriz, Gazmuri, Páez, Ominami, Romero y Andrés Zaldívar, y los honorables Diputados señora Rebolledo y señores Galilea y Montes presentaron una indicación al Programa 04 del Capítulo 02, siendo su tenor el siguiente:

“Para prorrogar la glosa 06, aprobada en 1995, que reza:

Con cargo a este ítem se podrán destinar recursos para la adquisición de maquinarias que serán entregadas en comodato a las corporaciones mencionadas en el artículo 2º de la ley Nº 19.265, con el propósito de que sean utilizadas en la conservación de la red vial de las Regiones VI y VII, conforme lo autoriza el artículo 5º de dicha ley.”

Vuestra Comisión Especial Mixta rechazó la indicación, en atención a que representantes del Ejecutivo expresaron que se presentará una indicación, en torno a la idea descrita, por el señor Presidente de la República.

El señor Presidente de la República presentó una indicación al Programa 11 del Capítulo 02, del siguiente tenor:

“En “Glosas:”

En la glosa 04, en su inciso segundo, sustituir “y los recursos comprometidos en proyectos en ejecución y su identificación.” por lo siguiente: “los recursos comprometidos en proyectos en ejecución y su identificación y los destinados a nuevos servicios y a la ampliación o conservación de los existentes.”.”.

Puesta en votación, la indicación fue aprobada por unanimidad.

El honorable Senador señor Páez y los honorables Diputados señores Galilea, García Ruminot y Sabag presentaron la indicación siguiente:

“Para incorporar a la Partida 12020430, la siguiente glosa, nueva:

“El Ministerio de Obras Públicas podrá encargar la ejecución de proyectos de conservación vial a las Corporaciones Viales creadas en virtud de la Ley Nº 19.265, por la vía del trato directo.”.”.

A su vez, el señor Presidente de la República presentó una indicación al Programa 04, del Capítulo 02, cuyo texto dice:

“En su glosa 04 agregar, al final de su texto, el siguiente inciso:

“El Ministerio de Obras Públicas podrá encargar directamente la ejecución de proyectos de conservación vial a las Corporaciones Viales a que se refiere la ley Nº 19.265 en las Regiones que señala el artículo 1º de dicha ley”.”.

La Comisión Especial Mixta rechazó estas dos indicaciones, en el entendido de que el Presidente de la República presentará una nueva indicación que armonice las ideas contempladas en ambas.

Inmediatamente después, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó la Partida, con la modificación al Programa 11 del Capítulo 02, antes reseñada.

o

PARTIDA 13

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Esta Partida fue informada por la Quinta Subcomisión, la que la aprobó con la sola enmienda de suprimir la glosa 05 del Programa 01 del Capítulo 05.

Los honorables Senadores señores Gazmuri y Muñoz Barra, y los honorables Diputados señora Rebolledo y señores Arancibia, Galilea y Montes formularon la siguiente indicación al Programa 01 del Capítulo 02:

“Para reemplazar en el subtítulo 25, ítem 31, subítem 375 en la Fundación Fondo de Investigaciones Agropecuarias, la cantidad en moneda nacional en Miles de $ de “2.599.924” por “1.299.924”.”.

Luego de cerrado el debate, la indicación fue aprobada por diez votos a favor; tres, en contra; y dos abstenciones.

El señor Presidente de la República formuló la siguiente indicación:

“Capítulo 01 Subsecretaría de Agricultura:

Programa 01:

En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir “3.906.247” por “3.578.247” e igualmente en su ítem 91.

Subtítulo 25:

En el ítem 31.369 Emergencias Agrícolas, sustituir la cantidad de “1.220.190” por “892.190”.

En “Glosas”:

Sustituir el texto de la glosa “03” por el siguiente:

“Capacitación y Perfeccionamiento, Ley Nº 18.575” miles de $ 2.687”.

Capítulo 02 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Programa 01.

En la glosa 03 agregar el siguiente inciso:

“Realización de talleres y seminarios, así como los gastos de pasajes, estadías y contratación de servicios personales de expositores”.

Capítulo 03 Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Programa 01 Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Subtítulo 25: Transferencias Corrientes:

En el ítem 31.379 Transferencia Tecnológica, sustituir la cantidad de “11.408.437” por “11.218.187”.

En el ítem 31.381 Subvención Créditos Fomento Pequeños Agricultores, sustituir la cantidad de “1.801.340” por “1.720.200”.

En el ítem 31.387 Reprogramación de Deudas, sustituir la cantidad “2.517.436” por “1.179.826”.

En el ítem 31.389 reemplazar la denominación “Proyecto Praderas” por “Programa de Fertilización Fosfatada, Enmiendas y Praderas”, agregar “06” en la columna “Glosa Nº” y sustituir la cantidad de “1.388.640” por “2.021.640”.

Subtítulo 32 Inversión Financiera.

En el ítem 81.002 Largo Plazo, sustituir la cantidad de “10.858.573” por “10.658.573”.

En el ítem 81.009 reemplazar la denominación “Largo Plazo Praderas” por “Programa de Fertilización Fosfatada, Enmiendas y Praderas” y sustituir la cantidad de “2.532.000” por “3.708.000”.

En “Glosas” incorporar la siguiente:

“06 Con cargo a estos recursos se desarrollará el Programa de Fertilización Fosfatada, Enmiendas y Praderas, los que serán asignados según el procedimiento que establezca el reglamento que, para estos efectos, dicte el Ministerio de Agricultura”.

Programa 02 Proyecto Desarrollo Rural IV Región:

En la glosa 02 D) agregar lo siguiente:

“Incluye los recursos para contratar consultores de apoyo operativo, técnico y/o profesional, los que tendrán la calidad de agentes públicos para los efectos de lo dispuesto en el decreto ley Nº 799 de 1.974 y para perseguir la responsabilidad administrativa y penal que pueda derivarse del ejercicio de tales funciones”.

Programa 03 Proyecto Secano Costero:

En la glosa 02 D) agregar lo siguiente:

“Incluye los recursos para contratar consultores de apoyo operativo técnico y/o profesional los que tendrán la calidad de agentes públicos para los efectos de lo dispuesto en el decreto ley Nº 799 de 1.974 para perseguir la responsabilidad administrativa y penal que pueda derivarse del ejercicio de tales funciones.”

Capítulo 04 Servicio Agrícola y Ganadero, Programa 01:

En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir “13.821.261” por “16.035.261” y en su ítem 91 “13.363.233” por “15.577.233”.

Subtítulo 25 Transferencias Corrientes:

En el ítem 31.404 reemplazar la denominación “Programa Bonificación Praderas” por “Programa de Fertilización Fosfatada, Enmiendas y Praderas”, agregar “05” en la columna “Glosa Nº” y sustituir la cantidad de “2.104.000” por “4.318.000”.

En “Glosas” incorporar la siguiente:

“05 Con cargo a estos recursos se desarrollará el Programa de Fertilización Fosfatada, Enmiendas y Praderas, los que serán asignados según el procedimiento que establezca el reglamento que, para estos efectos, dicte el Ministerio de Agricultura.”.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada, unánimemente.

Los honorables Diputados señorita Saa y señores JocelynHolt, Montes, Palma y Tuma formularon indicación al Programa 01 del Capítulo 03, para rebajar en el subtítulo 25, ítem 31.379, la suma de “11.408.437” a “11.000.437”.

Puesta en votación la indicación, ésta arrojó el siguiente resultado: por la afirmativa, siete votos; por la negativa, ocho votos; y una abstención.

Repetida la votación, la indicación resultó rechazada por seis votos a favor; ocho, en contra; y una abstención.

Seguidamente, con las modificaciones antes reseñadas, vuestra Comisión aprobó el resto de la Partida, en la forma propuesta por la Quinta Subcomisión.

o

PARTIDA 15

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Esta Partida fue informada por la Tercera Subcomisión, la que la aprobó con una modificación al Capítulo 02, en el Subtítulo 25, ítem 32, para eliminar la asignación 001, Servicio de Cobranza de Multas, y la cantidad de 147.700 miles de pesos.

La honorable Senadora señora Feliú presentó indicaciones a varios Capítulos de esta Partida, las que se consignarán, seguidamente, además de la votación que recayó en ellas.

“1. Al Capítulo 01, Programa 01 (Subsecretaría del Trabajo).

“a)Para suprimir el último inciso de la letra A) de la Glosa 02.”.

Luego de oír a la autora de la indicación, ésta se puso en votación, resultando rechazada por catorce votos en contra; y tres, a favor.

“b)Para sustituir en la Glosa 02 la letra E) por la siguiente:

“E)Autorización máxima para convenios con personas naturales: miles de $ 50.000.”.”.

Puesta en votación la indicación, fue rechazada por catorce votos en contra; y tres, a favor.

“2.Al Capítulo 05 (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo):

“a)Para suprimir, en el programa 01, la asignación 002, del ítem 31 del Subtítulo 25.”.

Cerrado el debate, se sometió a votación la indicación, la que fue rechazada por catorce votos en contra; y tres, a favor.

“b)Para agregar a la Glosa 02, del Programa 03, la siguiente oración final precedida de una coma (,); “previa evaluación de los resultados obtenidos con la ejecución durante 1996 de este Programa”.”.

Puesta en votación la indicación, fue rechazada por catorce votos en contra; y tres, a favor.

“c)Para suprimir en el inciso tercero, de la Glosa 03, del Programa 03, la expresión “o privada.”.”.

Puesta en votación esta indicación fue rechazada por catorce votos en contra; y tres, a favor.

“3. Al Capítulo 08, Programa 01 (Instituto de Normalización Previsional).

“a)Para suprimir los dos últimos incisos de la letra A), de la Glosa 04.”

Cerrado el debate, se puso en votación la indicación, resultando rechazada por once votos en contra; tres, a favor; y una abstención.

“b)Para suprimir la asignación 52, del subtítulo 31.”.”.

Cerrado el debate, se sometió a votación la indicación, la que fue rechazada por trece votos en contra; y tres, a favor.

“4.Al Capítulo 13, Programa 01 (Caja de Previsión de la Defensa Nacional):

a)Para disminuir el Subtítulo 22 en $ 100.000.000, (cien millones de pesos).”

Puesta en votación esta indicación, ella fue rechazada por diez votos en contra; tres, a favor; y una abstención.

El señor Presidente de la República presentó una indicación al Capítulo 02, Programa 01, cuyo texto dice:

“En el Subtítulo 25, suprimir lo siguiente:

En el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, sustituir la cantidad de “2.140.799” por “2.288.499”.

Como consecuencia de esta indicación cabe entender modificados los rubros superiores de agregación.”.

Puesta en votación esta indicación, ella fue aprobada por unanimidad.

Vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida, con las modificaciones introducidas al Programa 01, del Capítulo 02; ya reseñadas.

o

PARTIDA 16

MINISTERIO DE SALUD

Esta Partida fue informada por la Tercera Subcomisión, la que la aprobó con la siguiente modificación:

En el Programa 04 del Capítulo 01, agregar la siguiente glosa al subtítulo 22:

“01 con cargo a estos recursos se podrán celebrar convenios con personas naturales y efectuar todos los gastos que sean necesarios para la ejecución del Programa.”.

El honorable Senador señor Muñoz Barra y el honorable Diputado señor Tuma formularon una indicación del siguiente tenor:

“Para reemplazar en la Partida 16, Capítulo 01, Programa 03, Subtítulo 30 el párrafo tercero de la glosa Nº 01 por el siguiente:

A más tardar en el primer trimestre de 1997, el Consejo Regional deberá resolver la distribución de los recursos disponibles para proyectos nuevos y su prioridad, sobre la base de la proposición del Intendente. Dicha proposición podrá considerar proyectos distintos a los comunicados por el Ministerio, siempre y cuando cuenten con la evaluación técnica correspondiente y cumplan con los criterios de elegibilidad comunicados. Para los proyectos cuya inversión no sea superior a 15.213 UT, dicha evaluación será realizada a nivel regional. Los proyectos así definidos por el gobierno regional deberán ser comunicados al Ministerio, señalando asimismo la contribución de recursos regionales, comunales o del sector privado comprometidos para participar en el financiamiento conjunto de aquellos proyectos que estimare procedente.”.

El señor Presidente declaró inadmisible esta indicación.

El señor Presidente de la República formuló la siguiente indicación al Programa 04 del Capítulo 01:

“Incorporar “01” en la columna “Glosa Nº” frente al Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo.

Crear el título “Glosas” e incorporar la siguiente:

“01 Con cargo a estos recursos se podrán efectuar todos los gastos que sean necesarios para la ejecución del programa incluidos convenios con personas naturales, con un gasto anual de

$ 100.000 miles.”

Cerrado el debate, fue puesta en votación la indicación, con el siguiente resultado: siete votos por la afirmativa; cuatro, por la negativa; y cuatro abstenciones.

Repetida la votación con el mismo resultado fue aprobada la indicación, con lo que quedó sustituida la glosa propuesta por la Tercera Subcomisión, por la que propuso el Ejecutivo.

El señor Presidente de la República formuló la siguiente indicación al Programa 01 del Capítulo 03:

“Glosa 01: en su inciso tercero, a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido, incorporar lo siguiente:

“Copia de las referidas resoluciones serán enviadas por el Ministerio de Salud a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.”.

La indicación fue aprobada por vuestra Comisión, con la abstención de la honorable Senadora señora Feliú.

El señor Presidente de la República formuló la siguiente indicación, referida al Programa 01 del Capítulo 03:

“Glosa 02: En la letra A) intercalar como inciso cuarto el siguiente:

“La dotación máxima antes señalada se incrementará en 120 cargos o empleos a contar de la fecha en que entren en funciones los Servicios de Salud Arauco y Araucanía Norte, los que se asignarán a los referidos servicios.”.

Esta indicación fue aprobada con la abstención de los honorables Senadores señora Feliú y señores Cantuarias y Prat.

La honorable Senadora pidió dejar constancia de que el incremento en el número de personas no implica la creación de una planta.

La honorable Senadora señora Feliú formuló indicación para suprimir, en el primer párrafo de la letra A) de la glosa 02 del Programa 01 del Capítulo 03, la siguiente frase:

“Estos 2.970 cargos se distribuirán en los Servicios de Salud por una o más resoluciones del Ministerio de Salud.”

Cerrado el debate, la indicación fue rechazada, por tres votos a favor; y once, en contra.

Seguidamente, vuestra Comisión aprobó, con las modificaciones antes reseñadas, el resto de la Partida.

o

PARTIDA 17

MINISTERIO DE MINERÍA

Esta Partida fue informada por la Quinta Subcomisión la que la aprobó, por unanimidad, sin modificaciones.

La honorable Diputada señora Matthei y el honorable Senador señor Cantuarias presentaron una indicación al Programa 01 del Capítulo 01, en su glosa 04, cuyo texto es el siguiente:

“Para introducir la expresión “al menos” entre la palabra “incluye” y la cifra

“US$ 2.000.000”.”.

Puesta en votación esta indicación, ella resultó rechazada por nueve votos en contra; tres, a favor; y tres abstenciones.

Seguidamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida, en los mismos términos en que lo hizo la Subcomisión.

o

PARTIDA 18

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Esta Partida fue informada por la Cuarta Subcomisión, la que la aprobó, con las modificaciones siguientes:

I. Capítulo 01, Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, Programa 01.

1.Suprimir la glosa general 01.

2.Las glosas 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, pasan a ser 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 07, respectivamente.

II. Capítulo 02, Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización, Programa 01.

1.En la glosa 06, correspondiente al ítem 92, Viviendas Serviu, Subtítulo 31, consultar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Con cargo a estos recursos se podrá financiar un programa habitacional para familias de bajos ingresos.”.

2.En el ítem 93, Subsidios, del Subtítulo 31, consultar la siguiente glosa, nueva:

“11 Con cargo a estos recursos se podrá financiar un programa habitacional para familias de bajos ingresos.”.

3.Suprimir la glosa 07, correspondiente a la asignación 003, Asistencia Técnica, del ítem 93, Subtítulo 31.

4.Las glosas 08, 09, 10 y 11, pasan a ser 07, 08, 09 y 10, respectivamente.

El señor Presidente de la República presentó indicaciones a dos Capítulos de esta Partida, la primera de ellas al Capítulo 01, Programa 01, y dice:

“En la identificación del Capítulo reponer la glosa general “01” y con su texto, en el título, “Glosas”, como sigue:

“01 Los nuevos decretos reglamentarios que establezcan ayudas estatales destinadas a la obtención de soluciones habitacionales y sus modificaciones, deberán ser visados por el Ministerio de Hacienda cuando tengan incidencia financiera y/o presupuestaria.”.

Con la reposición, de la glosa 01 precedente, las glosas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07, pasan a ser 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08, respectivamente.”.

Cerrado el debate sobre esta indicación, ésta se puso en votación, resultando aprobada por diez votos a favor; uno, en contra; y cuatro abstenciones.

La segunda indicación del Ejecutivo, dirigida al Capítulo 02, Programa 01, es la siguiente:

“En el ítem 93.003 Asistencia Técnica, reponer la glosa “07” y con el texto inicial, complementado con un nuevo inciso, incorporarla, al título “Glosas”, como sigue:

“07 Se podrá pagar hasta el 5% del valor unitario de los certificados de los subsidios progresivos en las diversas Regiones del país de acuerdo a las normas establecidas por resolución Nº 241 de 1996 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Cuando las dificultades de los proyectos lo justifiquen, dicho porcentaje podrá variar hasta el 7,5%. El Secretario Regional Ministerial respectivo calificará dicha situación.

Con las modificaciones precedentes las glosas 07, 08, 09, 10 y 11 pasan a ser 08, 09, 10, 11 y 12 respectivamente.”.

Puesta en votación la indicación, ella arrojó el siguiente resultado: siete votos en contra; seis, a favor; y dos abstenciones. Debiendo repetirse la votación, fue rechazada la indicación por siete votos en contra; seis, a favor; y dos abstenciones.

Vuestra Comisión Especial Mixta aprobó la Partida con la modificación al Capítulo 01, Programa 01, antes reseñada.

o

PARTIDA 20

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Esta Partida fue informada por la Segunda Subcomisión, la que la aprobó, sin modificaciones, dejando pendiente la resolución, para la Comisión Especial Mixta, de los ítem 31.523, 31.524 y 31.525 del Subtítulo 25 Transferencias Corrientes del Capítulo 02 Consejo Nacional de Televisión.

El señor Presidente de la República presentó una indicación al Capítulo 02, Programa 01, cuyo tenor es el siguiente:

“En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir “782.454” por “842.887” e igualmente e su ítem 91.

Subtítulo 25:

En el ítem 31.523 Fondo Artículo 12, letra B), Ley Nº 18.838, sustituir la cantidad de “99.567” por “160.000”.”.

Cerrado el debate, se puso en votación la indicación, la que se aprobó por unanimidad.

Vuestra Comisión Especial Mixta aprobó la Partida con la modificación al Capítulo 02, Programa 01, dando asimismo, su conformidad a los ítems 31.524 y 31.525 de dicho Capítulo.

o

PARTIDA 21

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN

Esta Partida fue informada por la Primera Subcomisión, la que la aprobó, con modificaciones a los Capítulos que se detallan a continuación:

Capítulo 01, Programa 01 Subsecretaría de Planificación y Cooperación:

Sustituir, en el subtítulo 25, ítem 31, la denominación de la asignación 533 “Proyecto Chile Sur” por “Proyecto Chile Austral”.

Agregar la siguiente glosa 06, nueva:

“La Subsecretaría debe recopilar y entregar la siguiente información a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado a más tardar el 30 de junio de 1997.

a)Subsidio Único Familiar.

“Sobre la base de información de la Encuesta CASEN 1994, estimar la distribución del gasto en programa SUF según quintiles de ingreso y elaborar una propuesta de cobertura ajustada de modo que el 90% de los causantes del beneficio corresponda a los quintiles de ingreso 1 y 2.

b)Pensiones Asistenciales del DL 869/75.

Sobre la base de información de la encuesta CASEN 94, estimar la distribución del gasto en el Programa PASIS según quintiles de ingreso y efectuar una propuesta de distribución regional de los nuevos cupos que se generan anualmente de modo de mejorar la focalización del programa en los quintiles de ingreso 1 y 2.

c)Asignación Familiar Universal.

Sobre la base de información de la encuesta CASEN 1994, estimar la distribución del gasto en asignaciones familiares según quintiles de ingreso y elaborar una propuesta de cobertura ajustada de modo de refocalizar este beneficio en el 40% más pobre de la población eliminando el beneficio de los tramos superiores de ingreso.

d)Programa de Alimentación Complementaria.

Presentar estadísticas de evolución de cobertura del programa 1992, 1994, 1996:

población bajo control de salud según grupos de edad, programa básico y riesgo (riesgo y subclasificación desnutridos).

población que retira alimentos según grupos de edad, programa básico y riesgo (riesgo y subclasificación desnutridos).

Dependiendo de la evolución de cobertura del programa, presentar una propuesta de focalización del programa en la población menor de tres años de edad.

e)Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Sobre la base de información de la encuesta CASEN 94, estimar la distribución del gasto en el programa PAE, según quintiles de ingreso. Adicionalmente se debe entregar la siguiente información:

incluir evolución de la cobertura del programa de alimentación escolar en el período 19921997, según tipo de ración y tipo de enseñanza.

incluir información de la cobertura del programa de residencia familiar estudiantil, campamentos escolares, programas de útiles escolares, programa de alimentación de verano en período 19921997. Estos son programas adicionales al PAE que está efectuando la JUNAEB.

incluir información de la evolución real del costo promedio nacional y regional de cada tipo de ración entregada por el programa a enseñanza básica y enseñanza media, en el período 19921997.

incluir un detalle de los indicadores de focalización del programa utilizados por JUNAEB para seleccionar a los beneficiarios.

f)Programa de Atención Preescolar.

JUNJI

De acuerdo a la información de la Encuesta CASEN 94, estimar la distribución del gasto según quintiles de ingreso de los programas de atención preescolar con financiamiento público (JUNJI, INTEGRA, MINEDUC) y según tramos de edad 02, 26 años.

Incluir la siguiente información para los programas tradicionales y alternativos de la JUNJI.

capacidad 02 años.

matrícula 02 años.

asistencia promedio 02 años al 30/6/97.

capacidad 26 años.

matrícula 26 años.

asistencia promedio 26 años al 30/6/97.

Incluir la siguiente información de las madres y grupo familiar de los niños atendidos según grupos de edad de 02 y 26 años, programa tradicional y alternativos:

Nº y % de madres que trabajan fuera del hogar independiente.

Nº y % de madres que trabajan fuera del hogar dependiente.

Nº y % de madres jefas de hogar.

distribución de la población atendida según puntaje de estratificación social obtenido a través de la Ficha CAS.

INTEGRA: PROGRAMA DE ATENCIÓN PREESCOLAR.

De acuerdo a la información de la Encuesta CASEN 94, estimar la distribución del gasto según quintiles de ingreso de los programas de atención preescolar con financiamiento público (JUNJI, INTEGRA, MINEDUC) y según tramos de edad 02, 26 años.

Incluir información de las características, objetivos y cobertura de los programas desarrollados por INTEGRA incluyendo además los siguientes indicadores:

capacidad 02 años.

matrícula 02 años.

asistencia promedio 02 años al 30/6/97.

capacidad 26 años.

matrícula 26 años.

asistencia promedio 26 años al 30/6/97.

Incluir la siguiente información de las madres y grupo familiar de los niños atendidos según grupos de edad 02 años y 26 años de los programas de atención preescolar.

Nº y % de madres que trabajan fuera del hogar independiente.

Nº y % de madres que trabajan fuera del hogar dependiente.

Nº y % de madres jefas de hogar.

Criterios de selección de beneficiarios y prioridades de ingreso a los programas de INTEGRA.

h)Servicio Nacional de Menores, Programas (01) y (02).

1)Programa 01 Subvencionado.

En atención a que con la doble jornada escolar disminuirá la población que asiste a los centros de prevención se deberá presentar una propuesta de reformulación de los programas de prevención que contemple focalización de acuerdo a tipos prevención a efectuar. Para ello el ingreso a los programas deberá condicionarse a causales de irregularidad social específicas: apoyo a problemas sociales o económicos transitorios, menores con problemas de tuición, problemas conductuales, consumo de drogas y alcohol y deficiencias físicas o mentales. La ejecución de este tipo de programas deberá continuar siendo efectuada por instituciones privadas, para lo cual debe reformularse la subvención entregada con estos fines.

2)Programa de Administración Directa (02).

Presentar evolución 19921997 de los siguientes indicadores:

Evolución del Nº de personas y monto de recursos gastados en el personal asignado al programa y su desglose según si trabaja en hogares o en la administración del programa.

Evolución 19921997 del costo mensual de atención por niño

Evolución 19921997 del Nº de plazas de atención

Evolución 19921997 de la permanencia promedio (en días) en los COD.”.”.

Programa 03

Programa de Preinversión MIDEPLANBID

a)En la glosa 01 eliminar la frase “los que no se incorporarán a los presupuestos de los organismos receptores”, reemplazando la coma (,) que la antecede por un punto (.).

b)En la glosa 01, agregar el siguiente inciso tercero:

“La Subsecretaría incorporará en los informes de ejecución semestrales a que se refiere el artículo 22 de la presente ley, un detalle de las instituciones a las cuales se realizan estas transferencias.”.

CAPÍTULO 02

Fondo De Solidaridad e Inversión Social

Insertar una glosa 08 (07), nueva, en la asignación 541, Ítem 31, Subtítulo 25, del siguiente tenor:

“Se entregará a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado un análisis de los contenidos y objetivos del programa, y una evaluación social de sus resultados con la respectiva metodología a más tardar el 30 de Junio de 1997.”.

Insertar una glosa 09(08), nueva, al programa 01 en general:

“Al 30 de Junio de 1997 se entregará a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado un informe que contenga propuestas para:

Mejorar los sistemas de evaluación ex ante de los proyectos que se presentan a los concursos, extendiendo el proceso de evaluación ex ante de todos los proyectos que se presentan a instituciones evaluadoras independientes a través de concurso público. Las metodologías de evaluación deberán contemplar indicadores o parámetros que permitan una estricta priorización de los proyectos. Estas deberán elaborarse sobre la base de indicadores objetivos que se materialicen en un sistema de puntajes o calificaciones para asignar los fondos solicitados por las respectivas instituciones.

Diseñar un sistema de evaluación ex post de todos los proyectos financiados por el FOSIS y según los distintos sub programas que contempla el fondo. Este sistema deberá contemplar indicadores objetivos y medibles que permitan conocer el resultado de los proyectos financiados con fondos aportados por el FOSIS. El sistema de evaluación ex post, deberá ser asumido por instituciones evaluadoras e independientes y asignado por concurso público.”.

CAPÍTULO 05

Instituto Nacional de la Juventud

Insertar una glosa 04, nueva, en las asignaciones 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569 y 570, del Ítem 31, del Subtítulo 25 con el siguiente texto:

“Se entregará a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado un informe de evaluación de los programas contenidos en estos subítems, los cuales incluirán al menos los siguientes antecedentes:

objetivos del programa, incluyendo la población objetivo a quien se enfocan los recursos.

evaluación de la población receptora de los beneficios en relación a la población objetiva del proyecto.

listado de beneficiarios con los montos respectivos, razones en las cuales se funda esta asignación y grado de cumplimiento del programa de acuerdo a la visación de la Contraloría General de la República.”.

Respecto del Capítulo 06, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la Primera Subcomisión acordó no pronunciarse, dejando su resolución a la Comisión Especial de Presupuestos.

El señor Presidente de la República formuló diversas indicaciones a esta Partida; siendo ellas las siguientes:

a) “Capítulo 01 Subsecretaría de Planificación y Cooperación.

Programa 01 Subsecretaría de Planificación y Cooperación.

Suprimir la glosa “06”, con su ubicación y contenido.”

Puesta en votación la indicación, ella fue aprobada por once votos a favor; y cuatro, en contra.

b) “Subtítulo 25:

En el ítem 31.533, sustituir la denominación “Proyecto Chile Sur” por “Proyecto Chile Austral.”.

La modificación propuesta en esta indicación, que había sido aprobada por la Primera Subcomisión, también lo fue por la Comisión Especial Mixta.

c) “Programa 03 Programa de Preinversión MIDEPLANBID.

En “Glosas”.

Sustituir la glosa 01 por la siguiente:

“01 Con cargo a este ítem podrán destinarse recursos a servicios públicos y a empresas regidas por el artículo 11 de la ley Nº 18.196, los que no se incorporarán a los presupuestos de los organismos receptores.

La distribución de dichos recursos se efectuará mediante una o más resoluciones del Subsecretario de Planificación y Cooperación las que podrán ser expedidas en el mes de Diciembre de 1996. No obstante, éstos deberán informarse mensualmente a la Dirección de Presupuestos.”.”.

Sometida a votación esta indicación, fue aprobada por doce votos a favor, y tres, en contra.

d) “Capítulo 02 Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Programa 01:

Suprimir glosas “07”, “08” y “09”, con su ubicación y contenido”.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por once votos a favor; y cuatro, en contra.

e) “Capítulo 05 Instituto Nacional de la Juventud, Programa 01:

Suprimir la glosa “04”, con su ubicación y contenido.”.

Cerrado el debate, se puso en votación la indicación, resultando aprobada por once votos a favor; y cuatro, en contra.

A continuación, vuestra Comisión Especial Mixta debió adoptar una decisión respecto del Capítulo 06 “Corporación Nacional de Desarrollo Indígena”, el que se había dejado, por la Primera Subcomisión, para la resolución de aquélla.

Cerrado el debate, fue puesto en votación dicho Capítulo, votación que arrojó el siguiente resultado: siete votos en contra; cuatro, a favor; y cuatro abstenciones.

Repetida la votación con igual resultado, quedó rechazado el Capítulo 06.

Vuestra Comisión Especial Mixta, al rechazar el Capítulo 06 de la Partida del Ministerio de Planificación lo hizo respecto de los subtítulos e ítems sobre los cuales el Congreso tiene competencia, es decir, aquellos no establecidos por leyes permanentes. En esa virtud, rebajó en $ 7.098.544 miles los fondos de este Capítulo.

Finalmente, vuestra Comisión aprobó esta Partida, con las modificaciones ya indicadas.

o

PARTIDA 22

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Esta Partida fue informada por la Segunda Subcomisión, la que le dio su aprobación, sin modificaciones.

El honorable Senador señor Cantuarias presentó una indicación al Capítulo 02, Programa 01, Subtítulo 25, ítem 31, asignación 591, cuyo texto es el siguiente:

“Para suprimir la Partida presupuestaria y la glosa 04 por $ 504.856 miles.”.

Puesta en votación esta indicación, fue rechazada por doce votos en contra; tres, a favor; y una abstención.

Seguidamente, el honorable Senador señor Cantuarias presentó una indicación al mismo Capítulo 02, Programa 01, Subtítulo 31, ítem 73, del tenor siguiente:

“Inversión Región Metropolitana de Santiago. Para suprimirla”.

Puesta en votación esta indicación, resultó rechazada por diez votos en contra; tres, a favor; y dos abstenciones.

Seguidamente, vuestra Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida en los mismos términos que la Subcomisión.

o

PARTIDA 50

TESORO PÚBLICO

Esta Partida fue informada por la Primera Subcomisión, la que le dio su aprobación, sin modificaciones.

El honorable Senador señor Lavandero presentó una indicación, cuyo texto es el que sigue:

Capítulo 01, Programa 03, Subtítulo 25, ítem 33, asignación 105, denominada “Tribunal Constitucional”, con el objeto de rebajar la referida asignación en $ 6.000. (seis mil pesos), reduciendo la misma de un total de $ 348.739 miles a $ 348.733 miles.

Cerrado el debate la indicación resultó aprobada por doce votos a favor; y tres, en contra.

El señor Presidente de la República presentó varias indicaciones a la Partida Tesoro Público, del siguiente tenor:

“1. En el Programa 03 Operaciones Complementarias, Subtítulo 25, reducir el ítem 33.104 “Provisión para Financiamientos Comprometidos” en $ 100.000 miles.

En el Programa 05 Aporte Fiscal Libre, Subtítulo 80, incrementar el ítem 55.001 Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior en $ 100.000 miles.

2.En el Programa 03 Operaciones Complementarias, incrementar el Subtítulo 90, “Saldo Final de Caja” en $ 1.197.965 miles.

En el Programa 05 Aporte Fiscal Libre, Subtítulo 80, reducir el ítem 55.001 Secretaría y Administración General, del Ministerio del Interior, en $ 1.197.965 miles.

3.En el Programa 03 Operaciones Complementarias, reducir el Subtítulo 90, “Saldo Final de Caja” en $ 510.000 miles.

En el Programa 05 Aporte Fiscal Libre, Subtítulo 80, incrementar los siguientes ítem:

4.En el Programa 01 Ingresos Generales de la Nación, incrementar el Subítulo 06, ítem 62 “De otros Organismos del Sector Público”, en $ 2.563.665 miles.

En el Programa 03 “Operaciones Complementarias” incrementar el Subtítulo 90 “Saldo Final de Caja”, en $ 2.563.665 miles.

5.En el Programa 03 Operaciones Complementarias, reducir el Subtítulo 90, “Saldo Final de Caja” en $ 60.433 miles.

En el Programa 05 Aporte Fiscal Libre, Subtítulo 80, incrementar el ítem 70.002 Consejo Nacional de Televisión, en $ 60.433 miles.

6.En el Programa 03 Operaciones Complementarias, reducir el Subtítulo 90, “Saldo Final de Caja” en $ 200.000 miles.

En el Programa 05 Aporte Fiscal Libre, Subtítulo 80, incrementar el ítem 55.001 Secretaría y Administración General, del Ministerio del Interior, en $ 200.000 miles.

7.En el Programa 03 Operaciones Complementarias, reducir el Subtítulo 90 “Saldo Final de Caja” en $ 1.886.000 miles.

En el Programa 05 Aporte Fiscal Libre, Subtítulo 80:

a)Reducir el ítem 63.001 Subsecretaría de Agricultura en $ 328.000 miles.

b)Incrementar el ítem 63.004 Servicio Agrícola y Ganadero en $ 2.214.000 miles.

Puestas en votación, las indicaciones resultaron aprobadas, por unanimidad.

Seguidamente, vuestra Comisión aprobó el resto de la Partida, por unanimidad.

o

ARTICULADO DEL PROYECTO

El Articulado del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 1997 fue estudiado por vuestra Comisión Especial Mixta.

Artículo 1º.

Al iniciarse el análisis de esta materia y como consecuencia de los cambios de cifras aprobados en las Partidas vuestra Comisión, acordó sustituir el artículo 1º, en la parte relativa a “Moneda Nacional”, por el que se indica en la página siguiente.

“I. CÁLCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS

Artículo 1º. Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 1997, según el detalle que se indica:

A. En Moneda Nacional:

Artículo 2º.

Como consecuencia de los cambios de cifras aprobados, vuestra Comisión acordó sustituirlo por el que aparece en las páginas siguientes:

Artículo 2º. Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la Estimación de los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 1997, a las Partidas que se indican:

Artículos 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24 y 25.

Fueron aprobados, sin enmiendas, por doce votos a favor y tres abstenciones.

Los honorables Senadores señores Cantuarias, Díez, Ominami, Piñera y Andrés Zaldívar y los honorables Diputados señora Rebolledo y señor Montes presentaron indicación para introducir un artículo nuevo, cuyo texto es el que sigue:

“Artículo. Las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados se reunirán en Marzo de cada año de conformidad a las normas que de consuno acuerden, para determinar los servicios y/o programas que deberán someterse a auditorias externas de gestión e impacto en cada Partida del Presupuesto de la Nación.

Las mismas Comisiones establecerán las reglas para la licitación de tales auditorías las que serán adjudicadas de común acuerdo por los Presidentes de ambas Cámaras entre las consultoras que estén calificadas e inscritas en un Registro que al efecto se llevará.

Las auditorías estarán terminadas en el mes de Julio de cada año y quedarán a disposición de todos los Parlamentarios.

Las Comisiones de Hacienda analizarán los informes de auditoría y los entregarán al Ejecutivo para que los considere en la formulación del Presupuesto del respectivo servicio o programa para el año siguiente.

Estas auditorías se financiarán con cargo a cada Partida, sin que pueda exceder al 0,01% del presupuesto total de la misma.”.

El señor Presidente declaró inadmisible esta indicación.

El honorable Diputado señor Montes presentó indicación para introducir un artículo nuevo, del siguiente tenor:

“Facúltase al Director del Instituto de Normalización Previsional para declarar prescritos los saldos inmovilizados en cuenta corriente respecto de los cuales no se hayan ejercitado gestiones de cobro en los últimos cinco años.”.

El señor Presidente declaró inadmisible esta indicación.

Quedó, así, terminada la discusión del articulado del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 1997.

o

En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuestos tiene el alto honor de proponeros lo siguiente:

PARTIDA 01

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 02

CONGRESO NACIONAL

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

I Capítulo 01, Senado, Programa 01.

1)En el Subtítulo 09, “Aporte Fiscal”, y en su Ítem 91, “Libre”, sustituir “10.877.734” por “11.087.734”.

2)En el Subtítulo 21, “Gastos en Personal”, suprimir su glosa 01.

3)En el Subtítulo 22, “Bienes y Servicios de Consumo”, reemplazar “4.189.471” por “4.399.471”.

II Capítulo 02, Cámara de Diputados, Programa 01.

1)En el Subtítulo 09, “Aporte Fiscal”, y en su Ítem 91, “Libre”, sustituir “15.847.850” por “16.147.850”.

2)En el Subtítulo 21, “Gastos en Personal”, suprimir su glosa 01.

3)En el Subtítulo 22, “Bienes y Servicios de Consumo”, reemplazar “5.854.380” por “6.154.380”.

III Capítulo 03, Biblioteca del Congreso, Programa 01.

En el Subtítulo 21, “Gastos en Personal”, suprimir su glosa 01.

PARTIDA 03

PODER JUDICIAL

Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 04

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 05

MINISTERIO DEL INTERIOR

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

I Capítulo 01, Secretaría y Administración General. Programa 01.

1)En el Subtítulo 09, Aporte Fiscal, y su ítem 91, Libre, sustituir “30.828.295”, por “29.930.330”.

2)En la asignación 024, INTEGRA, del ítem 31, Subtítulo 25: sustituir la cantidad “12.683.856” por “12.883.856”.

3)En la asignación 025, PRODEMU, del ítem 31, Subtítulo 25:

a) Sustituir en la columna “GLOSA Nº” la expresión numérica “04” por “04,13”.

b) En GLOSAS, agregar la siguiente, nueva:

“13 Incluye recursos para ser asignados, mediante mecanismos concursables, a proyectos de apoyo a grupos de mujeres de escasos recursos.”.

4)En la asignación 001, Organización Regional de Acción Social del Ministerio del Interior, del ítem 33, Subtítulo 25:

a) Sustituir “742.170” por “842.170”.

b) Agregar a su glosa 05, a continuación del punto final (.) que pasa a ser coma (,), lo siguiente: “debiendo garantizarse una distribución equitativa.”.

5)En el Subtítulo 33, Transferencias de Capital, y su ítem 85, Aportes al Sector Privado, reemplazar “5.241.029” por “4.043.064”.

6)En el Subtítulo 33, ítem 85, suprimir su asignación 002, Edificio Fundaciones, incluyendo tanto el monto “1.197.965”, como su glosa 13.

II Capítulo 40, Programas de Desarrollo Local. Programa 01.

1.En la glosa 02 de la asignación 001, Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios), ítem 74, Subtítulo 30, intercalar un inciso segundo nuevo, del siguiente tenor:

“A los beneficiarios de este programa no les será exigible un aporte superior al que corresponda en otros programas similares de vivienda.”.

2.Agregar un inciso final a las glosas 02 y 03, del siguiente tenor:

“Los proyectos que se asignen deberán ser informados a los Concejos municipales respectivos.”.

PARTIDA 06

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 07

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

I. En el Capítulo 02, Servicio Nacional del Consumidor, Programa 01, en el subtítulo 22, Bienes y servicios de consumo, sustituir su glosa “03” por la siguiente:

“03 incluye:

A)Capacitación y Perfeccionamiento Ley Nº 18.575 Miles de $ 5.260.

B)Incluye $ 112.000 miles, para cubrir los gastos que por una sola vez se generen por la aplicación de la nueva Ley del Consumidor.”.

II. En el Capítulo 03, Subsecretaría de Pesca. Programa 01.

1)en la asignación 054, Fondo de Investigación Pesquera, del ítem 33, Subtítulo 25, incorporar el número 5 en la columna Glosa Nº y, en Glosas, agregar lo siguiente:

“05 Los estudios que se realicen con cargo a este ítem deberán asignarse por licitación pública. Podrá destinarse hasta un 10% del total de recursos a gastos de administración.”.

III. En el Capítulo 06, Corporación de Fomento de la Producción, Programa 01, Fomento Productivo:

1.Sustituir el texto de la glosa 04 por la siguiente:

“04 Con cargo a esta asignación se podrán transferir recursos a entidades públicas o privadas, que cumplan con los requisitos generales y objetivos que establezca el Consejo de la Corporación.

En la asignación 088 se podrá comprometer un mayor gasto de hasta $ 157.800 miles y en la asignación 090 hasta por $ 5.183.774 miles, ambos montos por sobre el gasto autorizado en la respectiva asignación.”.

2.Sustituir en la glosa 06 la cantidad de “2.209.200” por “2.600.000”.

3.Sustituir en Transferencias al Fisco, ítem 34.004 Otros integros, la cantidad de “48.590.503” por “51.154.168”.

4.Sustituir en el Subtítulo 31, ítem 75, Otros Gastos de Inversión Real la cantidad de “4.961.665” por “2.398.000”.

IV. En el Capítulo 06, Programa 03, en la glosa 01 agregar la siguiente frase final: El servicio de la deuda se efectuará con cargo a las recuperaciones de dichas operaciones.”.

En el mismo Capítulo y Programa sustituir la glosa 02 por la siguiente:

“Con cargo a esta asignación, se adquirirán bonos subordinados de instituciones financieras que se comprometan con estos fondos a desarrollar plataformas de atención especializada para las PYMES, entendidas éstas como empresas con ventas anuales inferiores a UF 25.000 netas de impuestos, así como financiarles préstamos con los mismos recursos.

Además, se podrá otorgar préstamos a instituciones de créditos a la PYME, que se sometan a las normas de las sociedades anónimas abiertas y que posean clasificación de riesgo de grado de inversión. De producirse algún subsidio en la operación de esta línea, CORFO deberá establecer mecanismos para que el subsidio beneficie al usuario final.”.

En el mismo Capítulo y Programa sustituir su glosa 05 por la siguiente:

“05 Con cargo a esta línea, se podrán colocar recursos para préstamos a fondos de inversión fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros, condicionados a que se destinen a capital de riesgo, entendiendo éste como el desarrollo de medianas y pequeñas empresas vía aporte de capital.”.

V. En el Capítulo 19, Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo, Programa 01, sustituir el texto de la glosa 03, por el siguiente:

“El establecimiento de las líneas de financiamiento, los criterios y procedimientos de selección de los proyectos, los requisitos que deban cumplir los adjudicatarios de los mismos y las demás normas necesarias para el funcionamiento de FONTEC, se fijarán por resolución de la Corporación de Fomento de la Producción, visada por los Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Hacienda, que se dictará antes del 31 de Enero de 1997. Tal resolución deberá difundirse públicamente.

Se podrá comprometer un mayor gasto de hasta $ 2.901.250 miles, por sobre el monto autorizado en este subtítulo.”.

PARTIDA 08

MINISTERIO DE HACIENDA

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

En el Capítulo 05, Servicio de Tesorerías:

a)En el Programa 05 Cobranza Administrativa, suprimir el Subtítulo 06 Transferencias, su ítem 62 y su asignación 152.

b)En el Subtítulo 21 Gastos en Personal, suprimir la mención a la glosa “03” y el texto de ésta, y reemplazar la cifra “467.462” por “352.079”.

c)En el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo sustituir la cifra “424.529” por “392.212”.

PARTIDA 09

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

En el Capítulo 01, Programa 01, Subsecretaría de Educación, suprimir en el Subtítulo 25, el ítem 33.097 Universidad de Chile, en glosas el número 22 y el texto de ésta.

En el mismo Capítulo 01 y Programa 01, en el Subtítulo 25, Ítem 32, asignación 001, “Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo”, agregar al final del inciso primero de su glosa 12, la siguiente oración: “Un porcentaje de estos recursos podrá invertirse en infraestructura para la educación preescolar.”.

En el mismo Capítulo 01 y Programa 01, en el Subtítulo 25, Ítem 33, asignación 095, sustituir el inciso quinto de su glosa 20, por el siguiente:

“El Ministerio de Educación revisará el cumplimiento de las formalidades de postulación y remitirá los proyectos que las cumplan a los correspondientes Comités Regionales, que preseleccionarán los de su Región, salvo en el caso de la Región Metropolitana. Dichos Comités Regionales estarán integrados por el Secretario Regional Ministerial de Educación y Jefes de Cultura respectivos y por personas destacadas del ámbito artístico y cultural de la Región designadas por el Consejo Regional.”.

En el mismo Capítulo 01 y Programa 01, en el Subtítulo 33, ítem 85, asignación 017, “Convenio Asociación de Guías y Scouts de Chile”, suprimir en su glosa 27 la expresión “en infraestructura”.

En el mismo Capítulo 01, Programa 02, en el Subtítulo 25, Ítem 31, asignación 200, “Perfeccionamiento en el Exterior para Profesionales de la Educación”, agregar en el inciso primero de su glosa 04, a continuación de la expresión “los profesionales de la educación”, la siguiente frase: “a que se refiere el artículo 2º de la ley Nº 19.070,”.

En el mismo Capítulo 01, Programa 02, en el Subtítulo 25, Ítem 33, asignación 132, “Fortalecimiento de la Formación Inicial de Docentes”, sustituir el inciso primero de su glosa 07, por el siguiente:

“07 Recursos para financiar la ejecución de proyectos de mejoramiento de la formación de estudiantes de carreras conducentes a la obtención de un título de profesional de la educación en sus distintas especialidades, niveles y menciones, mediante convenios con instituciones de Educación Superior del Estado o reconocidas por éste y que impartan dichas carreras.”.

En el Capítulo 08, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Programa 01, en el Subtítulo 25, Ítem 33, asignación 160, “Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico”, agregar en la letra A) de su glosa 07, a continuación de la coma (,) que sigue a la expresión “avanzada en líneas prioritarias”, la frase siguiente: “patrocinadas por instituciones públicas o las Universidades a que se refiere el artículo 1º del D.F.L. (Ed.) Nº 4, de 1.981,”.

En el Capítulo 11, Junta Nacional de Jardines Infantiles, Programa 01, en el Subtítulo 25, Ítem 33, asignación 170, “Jardines Infantiles Municipales”, suprimir en su glosa 05 la expresión “suscrito por el Ministerio de Hacienda”.

En el Capítulo 20, Subvención a Establecimientos Educacionales, Programa 01, en el Subtítulo 25, Ítem 31, asignación 255, “Subvención de Escolaridad” reemplazar en el inciso segundo de su glosa 02 la frase “En el mismo plazo deberán reintegrarse los recursos anticipados”, por la siguiente: “El reintegro de los recursos anticipados deberá efectuarse en un plazo de 12 meses desde la tramitación del decreto respectivo”.

PARTIDA 10

MINISTERIO DE JUSTICIA

Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 11

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 12

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Aprobarla, con la siguiente modificación:

En el Capítulo 02 Dirección General de Obras Públicas, Programa 11 Dirección de Planeamiento, en el párrafo segundo de la glosa 04, del Subtítulo 30 Inversión sectorial de asignación regional, sustituir la frase final “y los recursos comprometidos en proyectos en ejecución y su identificación.”, por lo siguiente: “los recursos comprometidos en proyectos en ejecución y su identificación y los destinados a nuevos servicios y a la ampliación o conservación de los ya existentes.”.

PARTIDA 13

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

Capítulo 01 Subsecretaría de Agricultura:

Programa 01:

En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir “3.906.247” por “3.578.247” e igualmente en su ítem 91.

Subtítulo 25:

En el ítem 31.369 Emergencias Agrícolas, sustituir la cantidad de “1.220.190” por “892.190”.

En “Glosas”:

Suprimir el párrafo segundo de la glosa “03”.

Capítulo 02 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Programa 01.

En la glosa 03 agregar el siguiente inciso:

“Realización de talleres y seminarios, así como los gastos de pasajes, estadías y contratación de servicios personales de expositores”.

En el Subtítulo 25, ítem 31.375, sustituir la cifra “2.599.924” por “1.299.924”.

Capítulo 03 Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Programa 01 Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Subtítulo 25: Transferencias Corrientes:

En el ítem 31.379 Transferencia Tecnológica, sustituir la cantidad de “11.408.437” por “11.218.187”.

En el ítem 31.381 Subvención Créditos Fomento Pequeños Agricultores, sustituir la cantidad de “1.801.340” por “1.720.200”.

En el ítem 31.387 Reprogramación de Deudas, sustituir la cantidad “2.517.436” por “1.179.826”.

En el ítem 31.389 reemplazar la denominación “Proyecto Praderas” por “Programa de Fertilización Fosfatada, Enmiendas y Praderas”, agregar “06” en la columna “Glosa Nº” y sustituir la cantidad de “1.388.640” por “2.021.640”.

Subtítulo 32 Inversión Financiera.

En el ítem 81.002 Largo Plazo, sustituir la cantidad de “10.858.573” por “10.658.573”.

En el ítem 81.009 reemplazar la denominación “Largo Plazo Praderas” por “Programa de Fertilización Fosfatada, Enmiendas y Praderas” y sustituir la cantidad de “2.532.000” por “3.708.000”.

En “Glosas” incorporar la siguiente:

“06 Con cargo a estos recursos se desarrollará el Programa de Fertilización Fosfatada, Enmiendas y Praderas, los que serán asignados según el procedimiento que establezca el reglamento que, para estos efectos, dicte el Ministerio de Agricultura”.

Programa 02 Proyecto Desarrollo Rural IV Región:

En la glosa 02 D) agregar lo siguiente:

“Incluye los recursos para contratar consultores de apoyo operativo, técnico y/o profesional, los que tendrán la calidad de agentes públicos para los efectos de lo dispuesto en el decreto ley Nº 799 de 1.974 y para perseguir la responsabilidad administrativa y penal que pueda derivarse del ejercicio de tales funciones”.

Programa 03 Proyecto Secano Costero:

En la glosa 02 D) agregar lo siguiente:

“Incluye los recursos para contratar consultores de apoyo operativo, técnico y/o profesional los que tendrán la calidad de agentes públicos para los efectos de lo dispuesto en el decreto ley Nº 799 de 1.974 para perseguir la responsabilidad administrativa y penal que pueda derivarse del ejercicio de tales funciones.”

Capítulo 04 Servicio Agrícola y Ganadero, Programa 01:

En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, sustituir “13.821.261” por “16.035.261” y en su ítem 91 “13.363.233” por “15.577.233”.

Subtítulo 25 Transferencias Corrientes:

En el ítem 31.404 reemplazar la denominación “Programa Bonificación Praderas” por “Programa de Fertilización Fosfatada, Enmiendas y Praderas”, agregar “05” en la columna “Glosa Nº” y sustituir la cantidad de “2.104.000” por “4.318.000”.

En “Glosas” incorporar la siguiente:

“05 Con cargo a estos recursos se desarrollará el Programa de Fertilización Fosfatada, Enmiendas y Praderas, los que serán asignados según el procedimiento que establezca el reglamento que, para estos efectos, dicte el Ministerio de Agricultura.”.

Capítulo 05 Corporación Nacional Forestal, Programa 01.

En “Glosas”, suprimir su glosa 05.

PARTIDA 14

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 15

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

En el Capítulo 02 Dirección del Trabajo, Programa 01, Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo sustituir la cantidad de “2.140.799” por “2.288.499”; y en el Subtítulo 25, suprimir el ítem 32 Transferencias a Organismos del Sector Público y su asignación 001, Servicio de Cobranza de Multas, y la cantidad “147.700”.

PARTIDA 16

MINISTERIO DE SALUD

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

En el Capítulo 01, Subsecretaría de Salud, Programa 04 Campañas Sanitarias y Auxilios Extraordinarios, crear en la columna de glosas, frente al Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, lo siguiente: “01”; y crear el título “Glosas” e incorporar la siguiente:

“01 Con cargo a estos recursos se podrán efectuar todos los gastos que sean necesarios para la ejecución del programa incluidos convenios con personas naturales, con un gasto anual de

$ 100.000 miles.”

En el Capítulo 03, Servicios de Salud, Programa 01, en su Glosa 01: en su inciso tercero, a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido, incorporar lo siguiente:

“Copia de las referidas resoluciones serán enviadas por el Ministerio de Salud a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.”.

En el mismo Capítulo y Programa en su Glosa 02: En la letra A) intercalar como inciso cuarto el siguiente:

“La dotación máxima antes señalada se incrementará en 120 cargos o empleos a contar de la fecha en que entren en funciones los Servicios de Salud Arauco y Araucanía Norte, los que se asignarán a los referidos servicios.”.

PARTIDA 17

MINISTERIO DE MINERÍA

Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 18

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

En el Capítulo 02, Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización, Programa 01, agregar el siguiente párrafo segundo en la glosa 06:

“Con cargo a estos recursos se podrá financiar un programa habitacional para familias de bajos ingresos”.

En el mismo Capítulo y Programa, en el ítem 93, Subsidios, del Subtítulo 31, en la columna de glosas crear lo siguiente: “11” y en Glosas consultar la siguiente:

“11 Con cargo a estos recursos se podrá financiar un programa habitacional para familias de bajos ingresos.”.

En el mismo Capítulo y Programa suprimir la glosa 07, pasando las glosas 08, 09, 10 y 11 a ser 07, 08, 09 y 10, respectivamente.

PARTIDA 19

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 20

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Aprobarla, con la siguiente modificación:

En el Capítulo 02 Consejo Nacional de Televisión, Programa 01:

a)En el Subtítulo 09, Aporte Fiscal y en su ítem 91 sustituir la cifra “782.454” por “842.887”.

b)En el Subtítulo 25, Transferencias corrientes y en su ítem 31.523 sustituir la cifra “99.567” por “160.000”.

PARTIDA 21

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

En el Capítulo 01, Programa 01, Subsecretaría de Planificación y Cooperación, sustituir, en el Subtítulo 25, ítem 31, la denominación de la asignación 533 “Proyecto Chile Sur” por “Proyecto Chile Austral”.

En el Capítulo 06 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, suprimir el subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo; en el Subtítulo 25 ítem 31 las asignaciones 575 Aplicación artículo 43 ley 19.253, 576 Fondo de Desarrollo Indígena, 577 Registro de Tierras y 578 Servicios a Consumidores; el Subtítulo 31 Inversión Real y su ítem 50 Requisitos de inversión para financiamiento, 51 Vehículos y 53 Estudios para inversiones; el Subtítulo 33 Transferencias de Capital, su ítem 85 Aportes al Sector Privado y su asignación 043 Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.

PARTIDA 22

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 50

TESORO PUBLICO

Aprobarla, con las siguientes modificaciones:

En el Capítulo 01, en los ítems que se señalan, reemplazar las cantidades que se indican:

Programa 01, Ingresos generales de la Nación.

0662: “84.901.273” por “87.464.938”.

Programa 03, Operaciones Complementarias.

2533104: “292.168.500” por “292.068.500”.

2533105: “348.739” por “348.733”.

90: “100.000.000” por “114.616.940”.

Programa 05, Aporte Fiscal Libre.

8052001: “10.877.734” por “11.087.734”.

8052002: “15.847.850” por “16.147.850”.

8055001: “30.828.295” por “29.930.330”.

8059001: “112.644.514” por “107.531.321”.

8063001: “3.906.247” por “3.578.247”.

058063004: “13.363.233” por “15.577.233”.

058070002: “782.454” por “842.887”.

058071006: “7.534.045” por “435.501”.

ARTICULADO DEL PROYECTO.

Aprobarlo, con las siguientes enmiendas:

Artículo 1º.

Sustituirlo por el que figura en el “PROYECTO DE LEY”.

Artículo 2º.

Reemplazarlo por el que aparece en el “PROYECTO DE LEY”.

Artículo 3º.

Aprobarlo, con quórum calificado, sin modificaciones.

o

En consecuencia, el texto queda como figura en las páginas siguientes:

PROYECTO DE LEY

“I. CÁLCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS

Artículo 1º. Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 1997, según el detalle que se indica:

A. En moneda nacional:

B. En moneda extranjera convertida a dólares:

Artículo 2º. Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la Estimación de los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 1997, a las Partidas que se indican:

II. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

Artículo 3º. Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.000.000 miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.

Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 1997, no será considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en el inciso primero.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer, indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los diez días siguientes al de su total tramitación.

Artículo 4º. No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones previsionales y Transferencias corrientes, incluidos en el artículo 1º de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares.

No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley Nº 1.263, de 1975 y a la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley ni a los incrementos originados en aplicación de donaciones, en aplicación o devolución de fondos de terceros, en la incorporación de dichas devoluciones en el servicio receptor, en transferencias al Fisco de servicios públicos incluidos en esta ley, en la asignación de mayores saldos iniciales de caja, en venta de activos financieros, en ingresos propios asociados a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según corresponda.

Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1º, de los subtítulos de Inversión real, Inversión sectorial de asignación regional y Transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja, del producto de venta de activos, de aplicación de fondos de terceros, de recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o de recuperación de anticipos.

Sólo por ley podrá autorizarse el traspaso a las diferentes partidas de la Ley de Presupuestos de aquellos recursos que, previamente, hayan sido traspasados desde ellas hacia el Tesoro Público.

Artículo 5º. La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975, correspondiente a los ítem 61 al 73 del subtítulo 30 y a los ítem 55,61 al 74 y 79 al 98, del subtítulo 31, de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo. En la identificación de los proyectos con cargo a los ítem del subtítulo 30, no será necesario determinar la cantidad destinada a cada proyecto.

No obstante lo anterior, la identificación de los proyectos de inversión correspondientes a los presupuestos de los Gobiernos Regionales aprobados por la administración regional respectiva, se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos, para los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 72 y 74 de la ley Nº 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior. Con todo, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto no sea superior a veinticinco millones de pesos, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que represente el 6% del presupuesto de inversión de la respectiva región.

La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fondos aprobados para los ítem 53 “Estudios para Inversiones”. En estas identificaciones no será necesario consignar la cantidad destinada al estudio correspondiente.

Ningún órgano ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión de recursos de los ítem antes indicados, efectuar la inversión de tales recursos o de otros asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes haberse efectuado la identificación a que se refiere este artículo.

Artículo 6º. Autorízase para efectuar desde la fecha de publicación de esta ley los llamados a propuestas públicas, de estudios y proyectos de inversión a realizar en 1997, que se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contraloría General de la República. Asimismo, dichos llamados relativos a estudios y proyectos de inversión, incluidos en decretos de identificación o de modificaciones presupuestarias que se dicten durante 1997, podrán efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República.

Artículo 7º. En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los ítem 32, 33 y 87 de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que deberá dar a los recursos la institución receptora; las condiciones o modalidades del reintegro de estos a que quedará afecta dicha entidad y la información sobre su aplicación que deberá remitir al organismo que se señale en el respectivo decreto.

Artículo 8º. Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la presente ley la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan.

No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autorización previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido y alcance en la legislación que les sea aplicable. Se excluyen las donaciones, en especie o dinero, en situaciones de emergencia o calamidad pública, o cuyo valor o monto no exceda de la cantidad que fije el Ministerio de Hacienda sin perjuicio de su comunicación posterior.

El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaria directamente o a través de la Partida Tesoro Público, conforme a las instrucciones que imparta el Ministro de Hacienda. Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a que se encuentre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones.

Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios de cooperación o asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios públicos mencionados en el inciso primero se entenderán facultados para pagar los impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, establecidos en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respectivo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del personal que la fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a su propia costa, para desarrollar actividades en cumplimiento del respectivo programa, la facultad referida se limitará al pago del impuesto sobre la renta que grave su salario o retribución.

Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, podrán ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora correspondiente, reembolso al organismo o ente internacional donante, o bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, según el impuesto, contribución, derecho o gravamen de que se trate, conforme a la reglamentación contenida en el decreto supremo Nº 209, de 1993, del Ministerio de Hacienda.

Artículo 9º. Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición o construcción de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y en los de inversión regional de los Gobiernos Regionales en lo que respecta a viviendas para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales.

Artículo 10. Los órganos y servicios públicos, incluidos en esta ley, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición o arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y sus elementos complementarios cuyo precio o renta exceda de las cantidades que se determinen por dicha Secretaría de Estado.

Igual autorización requerirá la contratación de servicios de procesamiento de datos, ya sea independiente o formando parte de un convenio de prestación de servicios que los incluya y la prórroga o modificación de éstos, cuando irrogue un gasto cuyo monto supere el que fije el referido Ministerio.

Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, sancionados en años anteriores por el Ministerio de Hacienda, que mantengan lo originalmente pactado, no necesitarán renovar su aprobación.

Las autorizaciones a que se refiere este artículo no serán exigibles respecto de los equipos que formen parte o sean componentes de un proyecto de inversión o de estudios para inversión, identificado conforme a lo que dispone el artículo 5º de la presente ley.

Los órganos y servicios públicos podrán efectuar directamente, mediante propuesta pública, la adquisición, arrendamiento y contratación de servicios a que se refiere este artículo. Si los pagos que corresponda efectuar por estos conceptos no exceden el equivalente en moneda nacional a 1.150 unidades tributarias mensuales, podrán hacerlo también directamente, mediante propuesta privada, con la participación de a lo menos tres proponentes.

Artículo 11. Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente por el decreto ley Nº 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra del bien arrendado y para pactar en las compras que efectúen el pago de todo o parte del precio en un plazo que exceda del ejercicio presupuestario.

Artículo 12. Los órganos y servicios públicos de la administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga.

Igual autorización requerirán los órganos y servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos.

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo 13 de esta ley, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo de Hacienda.

Artículo 13. La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.

En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.

Artículo 14. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9º del decreto ley Nº 1.263, de 1975, las dotaciones máximas de personal fijadas en la presente ley incluyen al personal de planta, a contrata, contratado a honorarios asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta calidad.

Artículo 15. Durante el año 1997, sólo podrá reponerse el 50% de las vacantes que se produzcan en los servicios que tengan fijada dotación máxima en esta ley, por el cese de funciones de su personal por cualquier causa que le dé derecho a la obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en el régimen previsional, a que se encuentre afiliado.

Esta norma no se aplicará respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de exclusiva confianza y en las plantas de directivos.

El documento que disponga la reposición deberá contener la identificación de los decretos o resoluciones de cesación de servicios en que se fundamenta.

Sin perjuicio de lo anterior, los cargos o empleos que hayan quedado vacantes durante 1996 por aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la ley Nº 19.430, no podrán ser provistos durante 1997 y la dotación máxima fijada en esta ley al respectivo Servicio, se reducirá en un número equivalente al de dichos cargos o empleos.

Las nuevas dotaciones máximas de los servicios para 1997, que resulten de la aplicación de lo dispuesto en el inciso precedente, constarán en uno o más decretos del Ministerio de Hacienda que se dictarán en el primer trimestre del referido año.

Artículo 16. El número de horas extraordinariasaño afectas a pago, fijado en los presupuestos de cada servicio público, constituye el máximo que regirá para el servicio respectivo. No quedan incluidas en dicho número las horas ordinarias que se cumplan en días sábado, domingo y festivos o en horario nocturno, pero el recargo que corresponda a éstas se incluye en los recursos que se señalan para el pago de horas extraordinarias.

Sólo previa autorización del Ministerio de Hacienda, los Jefes de servicios podrán disponer la realización de trabajos extraordinarios pagados, por un número de horas que exceda del consultado en el presupuesto respectivo.

Artículo 17. Sustitúyese, en el artículo 6º transitorio de la ley Nº 18.834, modificado por el artículo 17 de la ley Nº 19.430, la referencia “1º de enero de 1997” por “1º de enero de 1998”.

Artículo 18. Suspéndese, durante el año 1997, la aplicación de la letra d) del artículo 81 de la ley Nº 18.834, respecto de la compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en cargos a contrata en el mismo servicio. Esta suspensión no regirá respecto de la renovación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el año 1996.

Artículo 19. El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley Nº 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 1997 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 a 1996 se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:

65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión;

1O% al Ministerio de Bienes Nacionales, y

25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación.

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 17.174, en el decreto ley Nº 2.569, de 1979 y en la ley

Nº 19.229.

Artículo 20. Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.

Artículo 21. Todas las organizaciones no gubernamentales que reciban ingresos contemplados en esta ley deberán indicar el uso o destino de dichos fondos, los cuales quedarán fiscalizados por la Contraloría General de la República.

Artículo 22. La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, información relativa a la ejecución trimestral del ingreso y del gasto contenido en el artículo 1º de esta ley, al nivel de la clasificación dispuesta en dicho artículo.

Asimismo, proporcionará a las referidas Comisiones, información de la ejecución semestral del presupuesto de ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas, incluyendo la relativa a las transferencias dispuestas con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos Comprometidos de la Partida Tesoro Público.

La Dirección de Presupuestos proporcionará copia de los balances y estados financieros semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile y de todas aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas establecidas para las sociedades anónimas abiertas.

La información a que se refieren los incisos precedentes, se remitirá dentro de un plazo de sesenta días contados desde el vencimiento del trimestre o semestre respectivo.

Artículo 23. Autorízase al Presidente de la República para suscribir, en representación del Gobierno de Chile, 1851 acciones del capital pagadero en efectivo y 84.538 acciones del capital exigible, del Banco Interamericano de Desarrollo, de acuerdo con los términos y condiciones que se establecen en la resolución Nº AG 6/94 de dicho Banco.

Asimismo, se faculta al Presidente de la República, para suscribir en el mismo carácter, un aumento de hasta US$ 3.763.000 (Tres millones setecientos sesenta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América) en el Fondo para Operaciones Especiales del Banco Interamericano de Desarrollo.

El Presidente de la República podrá delegar en el Ministro de Hacienda y Gobernador por Chile ante el mencionado Banco, la atribución para suscribir a que hacen referencia los dos incisos precedentes.

Artículo 24. Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 5º de esta ley.

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley Nº 3.001, de 1979, y la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9º de la ley Nº 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda.

La determinación y fijación de cantidades y montos a que se refieren los artículos 8º y 10 de esta ley, se efectuarán por oficio del Ministro de Hacienda.

Artículo 25. Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1º de enero de 1997, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refieren los artículos 3º y 5º y las resoluciones indicadas en dicho artículo 5º.”.

o

Acordado en sesiones del 10 de septiembre; 8 de octubre; 7, 12 y 13 de noviembre en curso, con la asistencia de los honorables Senadores señores Jorge Lavandero Illanes (Presidente), Jaime Gazmuri Mujica (Presidente accidental), Sergio Páez Verdugo (Presidente accidental), (Ricardo Hormazábal Sánchez), señora Olga Feliú Segovia y señores Sergio Bitar Chacra (Roberto Muñoz Barra), Eugenio Cantuarias Larrondo, Sergio Diez Urzúa (Enrique Larre Asenjo), Francisco Javier Errázuriz Talavera, Arturo Frei Bolívar, Carlos Ominami Pascual (Rolando Calderón Aránguiz), Sebastián Piñera Echenique, Sergio Romero Pizarro (Francisco Prat Alemparte) y Andrés Zaldívar Larrain; y de los honorables Diputados señoras Evelyn Matthei Fornet, Romy Rebolledo Leyton, y señores Armando Arancibia Calderón, (Alejandro Navarro Brain), José Antonio Galilea Vidaurre, José García Ruminot, Tomás JocelynHolt Letelier (Hosain Sabag Castillo) (Mario Hamuy Berr) (Edmundo Villouta Concha), Harry Jürgensen Caesar, Pablo Longueira Montes, José Makluf Campos, Carlos Montes Cisternas, José Miguel Ortiz Novoa, Andrés Palma Irarrázaval y Jorge Schaulsohn Brodsky (Eugenio Tuma Zedan) (señorita María Antonieta Saa) (señora Martita Wörner Tapia).

Sala de la Secretaría de vuestra Comisión Especial Mixta, a 15 de noviembre de 1996.

(Fdo): CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario.”

ÍNDICE

Consideraciones Generales

Primera Sesión

Constitución de la Comisión Especial Mixta

Segunda Sesión

Exposición del señor Ministro de Hacienda

Tercera Sesión

Partida 01

Presidencia de la República

Partida 03

Poder Judicial

Partida 04

Contraloría General de la República

Partida 06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Partida 10

Ministerio de Justicia

Cuarta Sesión

Partida 10

Ministerio de Justicia (Continuación)

Partida 02

Congreso Nacional

Partida 19

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Partida 05

Ministerio del Interior

Partida 07

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Quinta Sesión

Partida 07

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción (Continuación)

Partida 14

Ministerio de Bienes Nacionales

Partida 08

Ministerio de Hacienda

Partida 09

Ministerio de Educación

Partida 11

Ministerio de Defensa Nacional

Partida 12

Ministerio de Obras Públicas

Partida 13

Ministerio de Agricultura

Partida 15

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Partida 16

Ministerio de Salud

Partida 17

Ministerio de Minería

Partida 18

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Partida 20

Ministerio Secretaría General de Gobierno

Partida 21

Ministerio de Planificación y Cooperación

Partida 22

Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República

Partida 50

Tesoro Público

Articulado del Proyecto

Proposición de la Comisión

01.Presidencia de la República

02.Congreso Nacional

03.Poder Judicial

04.Contraloría General de la República

05.Ministerio del Interior

06.Ministerio de Relaciones Exteriores

07.Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

08.Ministerio de Hacienda

09.Ministerio de Educación

10.Ministerio de Justicia

11.Ministerio de Defensa Nacional

12.Ministerio de Obras Públicas

13.Ministerio de Agricultura

14.Ministerio de Bienes Nacionales

15.Ministerio del Trabajo y Previsión Social

16.Ministerio de Salud

17.Ministerio de Minería

18.Ministerio de Vivienda y Urbanismo

19.Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

20.Ministerio Secretaría General de Gobierno

21.Ministerio de Planificación y Cooperación

22.Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República

50.Tesoro Público

Articulado del Proyecto

Asistencia

ANEXO A

SEGUNDA SESIÓN

EXPOSICIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA HACIENDA PUBLICA

Presentación del Ministro de Hacienda,

Sr. EDUARDO ANINAT URETA

I. INTRODUCCIÓN

Me corresponde presentar como ministro de Hacienda y en nombre del Gobierno del Presidente Frei ante el honorable Congreso Nacional la cuenta sobre el Estado de la Hacienda Pública del tercer año de nuestra gestión. El cumplimiento de este compromiso institucional adquiere en estos momentos una especial relevancia. Estamos próximos a entrar en la segunda mitad del período constitucional por el que hemos recibido el mandato de la ciudadanía, y la ocasión resulta propicia para dar una mirada amplia de evaluación y perspectivas que nos permita situarnos de cara a los años que vienen.

Durante el año transcurrido desde la anterior cuenta que presentara a Uds. la gestión económica y social se ha ceñido a los parámetros delineados, en función de las prioridades y metas establecidas desde el comienzo del Gobierno del presidente Frei, y atendiendo a las constantes fundamentales sobre las que se asienta la política macroeconómica y social: la estabilidad, el equilibrio macroeconómico y el crecimiento con equidad.

Los importantes logros obtenidos en 1996 se inscriben dentro de un período de consolidación del progreso de la economía chilena. Frente a dichos avances hay tres opciones. La primera, es la complacencia ante los logros económico-sociales que efectivamente hemos conseguido como país. La segunda, es la crítica ácida debido a los problemas que aún enfrenta nuestro país en diversos ámbitos, en especial el de la integración de todos los chilenos a los resultados del crecimiento y los beneficios del desarrollo. Una tercera, es asumir por igual los éxitos y los problemas pendientes, como dimensiones de una misma realidad, y situarlas en una justa perspectiva programática. Nosotros, como Gobierno de la Concertación, optamos claramente por la tercera de estas alternativas, porque las muchas luces de este proceso las estamos enfocando precisamente para erradicar las sombras que aún subsisten. Largas sombras del subdesarrollo, de la pobreza y de la falta de oportunidades de sectores de la clase media de nuestro país, que se proyectan desde hace muchas décadas sobre el presente y que todavía pueden condicionar nuestro futuro.

Gradualmente, sistemáticamente, conforme a un programa prudentemente ejecutado, sin precipitaciones pero con dinamismo, estamos logrando consolidar una economía sana, dinámica y competitiva, en medio de un proceso modernizador de instituciones, servicios y normativa legal que van transformando nuestro país y permiten ampliar cada año el número de chilenos que se incorpora al desarrollo y mejora su calidad de vida. Mucho se ha avanzado en estos casi tres años del Gobierno del Presidente Frei, y contrariamente a lo que algunos pretenden decir con frases o análisis reduccionistas, el catastro de realizaciones de estos años nos muestra una larga lista de iniciativas en marcha o ya concluidas, y avances reales en todos los campos.

Del mismo modo que una visión autocomplaciente y exitista nos conduciría al inmovilismo y a la repetición de lo mismo, una visión negativista o escéptica lleva a la confusión y el desánimo. Hemos avanzado mucho, pero también falta mucho por hacer. Esta es nuestra realidad, y no debe ni sorprendernos por los éxitos ni por los problemas. Precisamente una gestión de gobierno se justifica porque existen necesidades que cubrir, problemas concretos que resolver, cosas que construir.

Hoy día puedo afirmar con total responsabilidad que el estado de situación de la economía del país, las finanzas públicas y el manejo macroeconómico realizado durante estos años nos posiciona sólidamente como país. Pero, lo más importante, las bases de nuestro desarrollo se ven asentadas con una proyección de largo plazo, que es el horizonte con el que los gobernantes deben ordenar la coyuntura. El inmediatismo y el coyunturalismo son enemigos de una sana gestión de gobierno. Cosa distinta es la necesidad de ocuparse de las situaciones cotidianas del país y llevar a cabo una buena administración del día a día. Eso lo estamos haciendo. Pero nunca debemos perder de vista el largo plazo, ni sacrificar lo importante por lo urgente. Intentamos una razonable ecuación entre el presente y el porvenir. Muchas veces en nuestra historia la falta de visión de futuro condujo al agotamiento y a perdernos en la coyuntura, la urgencia y el inconformismo. Pienso, sin embargo, que la madurez de los chilenos y el sentido de Estado de la dirigencia política, los parlamentarios y las instituciones, han creado un marco de entendimiento mayoritario en torno a estas cuestiones, que permite seguir trabajando con la mira puesta en el objetivo de largo plazo que tenemos como sociedad. Espero, y hago un llamado, a que la discusión que iniciemos en torno al presupuesto del próximo año se enmarque dentro de este espíritu, sin ideologizaciones ni una excesiva politización. El presupuesto es la señal que no sólo el Gobierno, sino la totalidad de la clase política y los legisladores dan al país sobre cuáles son las grandes líneas y los énfasis de la política económica y sobre cómo se enfrentan los desafíos fundamentales del país. Mientras más ponderada y serena sea la discusión que no por ello debe ser menos enfática, mejores señales enviamos a los actores productivos y a la sociedad en su conjunto. Nosotros, por parte del Gobierno, queremos contribuir a que así sea.

II. LA ECONOMÍA CHILENA EN 1996.

Para la economía chilena 1996 será un nuevo año de importantes logros. Vemos reafirmada la convicción de que somos capaces de mantener un ritmo ininterrumpido de elevado crecimiento económico, combinado con importantes avances en la reducción de la inflación. Más aún, estos logros en el área macroeconómica no hipotecan, sino más bien potencian, el sostenimiento de la política social y nuestro objetivo de reducir la pobreza y lograr igualdad de oportunidades. Se enmarcan, por lo tanto, en un claro escenario de progreso social y en un clima de pleno respeto a la libertad y dignidad de las personas.

La estabilidad y el equilibrio siguen y seguirán siendo los constantes de nuestro proceso de desarrollo, y a ellos se adecua el quehacer de la política económica.

Para entender a cabalidad lo ocurrido en la economía en 1996 debemos, por un momento, volver a lo ocurrido en 1995. Durante 1995 la economía chilena experimentó un muy elevado crecimiento del PIB y del gasto doméstico, llevándolos por encima de nuestra actual capacidad productiva. Mientras el PIB creció a un 8,5%, el gasto lo hizo a 12,9%, empujado por el gasto privado que creció en un 14,3%. Una rápida recuperación de los inventarios, así como un extraordinario aumento de los términos de intercambio, que hicieron que el ingreso nacional creciera a un 15,8%, dieron cuenta de esta acelerada expansión. Es por ello que, desde mediados de 1995, la política macroeconómica ha estado orientada a moderar el crecimiento del gasto agregado. El propósito de estas políticas ha sido frenar la aceleración que se produce en el gasto, para que la demanda y el PIB converjan a niveles adecuados a nuestro potencial de crecimiento de largo plazo.

De no haberse adoptado políticas prudentes, el crecimiento podría haberse sobre acelerado, llegando a tasas insostenibles. Existe el supuesto de que mientras más elevado es el crecimiento mejores son los logros para las personas. Sin embargo, la expansión permanente y vigorosa de la economía debe siempre estar enmarcada en los límites de la prudencia que la hagan sostenible en el largo plazo, particularmente cuidando evitar las presiones sobre el nivel de precios y sobre el sector externo.

Cuando las economías comienzan a crecer más allá de su capacidad productiva, el aumento de demanda no genera mayor actividad, sino que se traduce en aumentos de precios y distorsiones en los precios relativos, que tienen consecuencias negativas en el futuro, generando inestabilidad en el conjunto de la economía. Se atenta así contra una toma de decisiones basada en consideraciones de largo plazo, y pasa a ser más importante para los agentes económicos predecir la coyuntura que la tendencia estructural de la economía.

Al final, los períodos de sobre-expansión terminan en procesos de ajuste, que aumentan fuertemente el desempleo, en especial en los sectores más desprotegidos, y reducen el ritmo de crecimiento de manera importante.

Puedo afirmar por lo tanto, con pleno convencimiento, que la estabilidad es una de las mejores y más importantes contribuciones de la política macroeconómica al crecimiento de largo plazo y al progreso social sostenido en el tiempo. A esta cuestión le ha dedicado una buena cantidad de análisis y ponencias, de los más diversos gobiernos del mundo, la Asamblea 51 de Gobernadores del Banco Mundial y FMI este mes.

La evolución de la economía durante 1996 nos permite concluir que, en términos generales, se están obteniendo los objetivos que perseguimos. Apoyado el proceso por una normalización en los términos de intercambio, el crecimiento del gasto se ha desacelerado, y como se observa en el gráfico 1 ya se asemeja al crecimiento del producto durante el segundo trimestre de 1996, tal como lo anticipáramos el año pasado. A este ritmo, este año el crecimiento del PIB y el gasto agregado deberían ser similares, y esto será el patrón a observar como tendencia en lo que resta de este ejercicio anual.

En materia inflacionaria los avances son graduales, pero sostenidos. Podemos constatar, sin embargo, que se han producido una serie de eventos externos, no contemplados, que han alterado parcialmente la trayectoria inflacionaria. En particular, las alzas de precios del trigo y del petróleo darán cuenta de aproximadamente 2,2 puntos porcentuales de inflación. No obstante, este año nos hemos visto beneficiados por un moderación en los precios de algunos productos perecibles. En definitiva, tomando en consideración la evolución favorable de la inflación de los bienes no transables que en septiembre alcanzó su nivel histórico más bajo de 8,1% y que es el componente más susceptible a presiones de demanda, estamos confiados en que este año la inflación se situará en torno a la meta del 6,5%. Para 1997 trabajaremos para que continúen los avances en esta materia y alcancemos una inflación de 5,5%; coincidente con las metas coordinadas con el Banco Central.

En 1996 el PIB crecerá cerca de un 7%, mientras que para 1997 esperamos un crecimiento que se sitúe entre un 5,5 y un 6%. A pesar de que esta tasa es inferior a nuestro crecimiento potencial, debido a la desaceleración que ha estado ocurriendo para alinear el producto efectivo con potencial, la expansión del producto será considerablemente superior al período de ajuste de 1990, que significó una tasa de crecimiento de 3,3% y al de 1994 donde la economía creció sólo un 4,2%. Así, los ajustes de nivel de actividad se van haciendo cada vez más moderados.

Aún en este marco de ajuste y desaceleración de la actividad económica la trayectoria de la economía sigue garantizando las bases para continuar en una senda de crecimiento sostenido. La inversión continúa mostrando un sólido proceso de expansión. Como resultado de un crecimiento de 12% en la inversión en capital fijo, en 1996 la tasa de inversión alcanzará un nuevo récord histórico cercano al 28% del PIB, la que será financiada primordialmente por una elevada tasa de ahorro nacional, la que en 1996 llegará al 25%.

Una vez más, el positivo comportamiento del sector externo nos demuestra lo importante que ha sido orientar la economía hacia la integración con el resto del mundo y potenciar el desarrollo exportador. Durante este año las exportaciones totales deberían situarse en torno a un valor de 16.000 millones de dólares. El bajo crecimiento, en términos nominales, es simplemente el reflejo de una disminución de los precios internacionales de las exportaciones. Sin embargo, el crecimiento de los volúmenes exportados se situará en torno a 12% en 1996. Por su parte, las exportaciones no tradicionales seguirán un ritmo de expansión sostenida, alcanzando un 8% para el conjunto de 1996, y con promisorias perspectivas para 1997. Enfrentamos además un contexto internacional muy auspicioso para continuar con el desarrollo exportador. La economía mundial y el comercio internacional seguirán expandiéndose de forma sostenida en un escenario de reducciones en el ritmo inflacionario (cuadro 1).

En su conjunto, el déficit de la balanza comercial se situará en torno a 800 millones de dólares en 1996, y el déficit en la cuenta corriente se ubicará alrededor de 3% del PIB. Este balance es consistente con un déficit en la cuenta corriente sostenible en el largo plazo, que permite aprovechar los beneficios del ahorro externo. Así podemos conjugar altas tasas de ahorro nacional con aún mayores tasas de inversión.

Fuente: FMI.

P: Proyección.

Desde principios de 1996 contamos con una nueva muestra para medir el desempleo, la cual es más acorde con la actual estructura demográfica del país. Las nuevas cifras muestran una tasa de desempleo superior, aunque también muestra mayores niveles de ocupación. De acuerdo a las nuevas cifras de ocupación en el segundo trimestre de 1996 se crearon 128 mil empleos con respecto a igual trimestre en 1995. Más aún, los datos muestran que a pesar de la desaceleración en el ritmo de actividad económica experimentada en los últimos meses, la tasa de desempleo se ubica a niveles inferiores a los de 1994 y 1995 (gráfico 2).

III. LA ECONOMÍA CHILENA EN LOS 90.

Al acercarnos a la mitad del gobierno del Presidente Frei es importante detenerse a hacer una breve evaluación de los avances en nuestra economía y destacar los desafíos que nos esperan por delante.

Chile lleva diez años de crecimiento sostenido. La tasa per cápita promedio de los últimos 10 años es del 5,3%, lo que implica que cada 13 años se duplica el ingreso por habitante. Este es un logro de significativas proporciones. Baste considerar que con el crecimiento promedio del período 19601990 se requerían 55 años para duplicar el producto por habitante.

Voy a dar un ejemplo que demuestra la importancia de mantener importantes tasas de crecimiento: si durante ese largo período y hasta nuestros días, hubiéramos crecido sólo a un 4% por año cifra inferior a lo que hemos crecido en la década actual hoy ya tendríamos un ingreso per cápita de más del doble del que actualmente tenemos.

Por eso, si logramos mantener el alto crecimiento de estos últimos años, los niños que hoy nacen vivirán su juventud y adultez en un país donde su nivel de ingresos promedio será 4 veces superior al que les correspondió a sus padres. Además es importante señalar que las altas tasas de crecimiento del presente, ayudan a que el país vaya cerrando la brecha que le separa de los niveles de vida de los países ya desarrollados.

El desarrollo es un proceso más lento que lo que todos quisiéramos. Pero la constancia rinde enormes frutos, en la medida que seamos perseverantes, y logremos vencer las impaciencias que generan ruidos y provocan confusión.

Hoy podemos asegurar que el trienio 199496 ha sido el de mejores resultados en nuestra historia reciente. Y será el primer trienio en el último medio siglo con inflaciones de un dígito en cada uno de sus años (gráfico 3). El ahorro nacional y la inversión en capital fijo han alcanzado récord históricos (gráfico 4). Recordemos que hace apenas 10 años el ahorro era sólo del 7,8% y la tasa de inversión llegaba al 17,7%. Muchos se preguntaban en ese entonces cómo llegar a tasas de inversión de 20% para sostener el crecimiento. Hoy día la tasa de inversión ya se eleva al 28%, y no se ve amenazada por frente alguno.

Sin embargo, no basta con invertir si esta inversión no es asignada de manera eficiente. Para esto es necesario que exista competencia y los mercados funcionen de manera transparente. Asimismo, un mercado de capitales profundo y moderno, y empresas con visión de futuro que aprovechan las oportunidades que se le abren con la internacionalización, son agentes fundamentales en el mejoramiento de la calidad de la inversión. En Chile en los últimos años hemos visto importantes cambios en la composición de la inversión. En particular, la inversión en maquinaria y equipos ocupa un lugar cada vez más importante en la formación bruta de capital fijo. Del total de la inversión hace 10 años atrás, un 43% era inversión en maquinaria y equipos, mientras hoy día corresponde a un 58%. La inversión es hoy día claramente más productiva, y se encuentra por lo general mejor asignada.

Producto de la mejor y mayor inversión, del buen capital humano y de nuevas tecnologías, el país ha logrado que la productividad, que no creció en la década de los 80, haya llegado a superar un incremento promedio del 5% anual en el último trienio. Asimismo, y basados en esta fuerte expansión de la productividad, los salarios reales han verificado su mayor expansión, alcanzando también variaciones positivas de 5% (gráfico 5).

No podemos dejar de destacar que en las bases de nuestro éxito está el ser una economía de mercado y abierta. Es responsabilidad del Estado asegurar que los mercados funcionen mejor. Y en aquellas áreas donde aún no hay mercados, contribuir a crearlos. Así podemos hacer que la economía sea cada vez más competitiva y los beneficios lleguen con más fuerza a todos los ciudadanos. Sin embargo, no debemos confundir tener más mercado solamente con tener más negocios. Es muy importante seguir avanzando en la incorporación del sector privado a actividades que antes eran de exclusividad del sector público. Pero, el Estado de hacer esto para que la economía y el mercado ganen en eficiencia y esa mayor eficiencia se transforme en un verdadero beneficio para la gente. La sola transferencia de negocios y rentas, sin este objetivo, carecería del sentido modernizador que en esencia debe estar siempre dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas. Es por esta razón, por ejemplo, que estamos comprometidos en la modernización y cambio de las empresas sanitarias. Se trata de procurar que más gente tenga acceso a servicios sanitarios y que estos servicios sean de la mejor calidad posible. Para garantizar que estos objetivos se cumplan, es necesario tener un marco regulatorio que asegure que el sistema opere con el máximo de eficiencia y transparencia. Por estas mismas razones, estamos también inmersos en el proceso de incorporar al sector privado a las obras de infraestructura, y, avanzando a las etapas finales en la incorporación de un socio estratégico y gestor en la empresa hidroeléctrica Colbún.

Hay quienes argumentan que las privatizaciones son lentas o se han estancado. A ellos se les debe recordar que gran parte de la actividad económica en Chile ya está en manos privadas, y que al contrario de muchas experiencias en otras partes incluso en Chile en el pasado hoy no tenemos requerimientos puramente fiscales para privatizar. Y por lo tanto podemos evitar procesos que muchas veces, por apresuramiento, podrían lesionar el patrimonio nacional o la calidad de los servicios, con “ventas de emergencia” cuyo único fin sería la solución de algún desequilibrio fiscal como ha ocurrido en algunas experiencias del continente.

La apertura económica es otro pilar de nuestro desarrollo. Es impensable imaginar que una economía de 15 millones de habitantes pueda ser autosuficiente y vivir aislada del resto del mundo. La integración económica con el resto del mundo es una condición básica para agregar dinamismo y eficiencia a la economía. Tal vez países grandes pueden darse el lujo de postergar y limitar sus grados de integración. Sin embargo, una economía pequeña como la nuestra no tiene esa opción. Nuestro país ya tiene un grado de apertura muy alto, y se encuentra extendiendo una red muy amplia de acuerdos comerciales. El MERCOSUR es particularmente importante y nace del reconocimiento de que nuestros vecinos son socios comerciales claves por razones geográficas así como por estructuras de producción, y con ellos se nos abre un mundo de nuevas oportunidades.

La apertura económica ha traído una fuerte expansión de las exportaciones. En Chile este proceso abarca a todos los rubros, desde las exportaciones mineras hasta las exportaciones de productos no tradicionales. Además, hoy día debemos asumir el gran desafío que enfrentamos en el área de comercio internacional de servicios. En la actualidad, aproximadamente la cuarta parte del comercio internacional es en servicios. Los notables avances en telecomunicaciones y tecnologías de la información hacen que cada vez sea más difícil trazar una línea entre qué actividades son transables internacionalmente y cuáles no. El desafío en la economía global es la provisión de servicios de alta calidad. Se está expandiendo de manera vertiginosa el comercio internacional en servicios técnicos y profesionales, servicios informáticos, servicios financieros, servicios de salud y educación, entre otros. Es en esta área donde debemos aprovechar el camino ya recorrido de internacionalización y mejoramiento de nuestro capital humano para así seguir ganando espacios en los mercados internacionales.

Ya se observan algunos avances importantes en este rubro. Las exportaciones de servicios ha crecido desde unos 1.900 millones de dólares en 1990, a 3.200 millones de dólares en 1995. Equivalen al 20% de nuestras exportaciones. Parte de estas exportaciones son actividades de transporte o relacionadas con el comercio internacional. Excluyendo estas categorías, se llega a que las exportaciones de servicios distintos de transportes, fletes y seguros, han crecido entre 1990 y 1995 en un 70%. En esta área tenemos ya importantes ventajas comparativas, adquiridas en gran medida por el vínculo y los encadenamientos entre procesos exportadores de bienes y exportaciones de servicios. Debemos seguir dinamizando este sector y preparándonos para un mundo en que el comercio es creciente y muy dinámico.

Alcanzar acuerdos de doble tributación con otros países es uno de los mecanismos que favorecerá la exportación de servicios con alto contenido de capital humano nacional. Ello es justamente un componente de nuestra agenda legislativa presente.

La internacionalización financiera también es necesaria en la nueva etapa de desarrollo de la economía chilena. Ella también complementa las exportaciones de bienes, que en el caso financiero incorpora mano de obra altamente calificada. Asimismo, este proceso permite minimizar los riesgos de crisis sistémicas domésticas, a través de la diversificación de la cartera de inversiones de todos los chilenos. Debemos recordar además que en el pasado, la institucionalidad para la inserción financiera de Chile con el resto del mundo se dio en un contexto de severa escasez de divisas, y por lo tanto el objetivo era atraer divisas, a veces a costos elevados. Hoy día debemos balancear esta situación. Por estas razones, hemos estado diseñando una compleja y moderna institucionalidad destinada a incentivar ordenadamente y con los necesarios márgenes de seguridad la salida de capitales al exterior. La ampliación del abanico de instrumentos para que las AFP y las compañías de seguros inviertan en activos extranjeros, las leyes de fondos mutuos internacionales y de fondos de inversión internacional recientemente promulgadas, y la ley de internacionalización de la banca actualmente en avanzado trámite parlamentario, son algunos de los instrumentos modernos que configuran lo que hemos denominado la “segunda generación” de reformas para la internacionalización.

Educación: igualdad de oportunidades,

base para el desarrollo.

El desafío que tenemos por delante es la construcción en Chile de una sociedad integrada, en el que el conjunto de la población se sitúe en la senda de progreso humano. No es éticamente correcto ni económicamente factible mantener una sociedad segregada, con un importante sector al margen de la modernidad, el bienestar y una mejor calidad de vida. Para ello, debemos procurar una efectiva igualdad de oportunidades, atendiendo preferentemente a los sectores pobres y a la clase media de nuestro país.

Estamos convencidos y así parecen entenderlo todos los sectores de la vida nacional que el instrumento básico para lograr lo anterior es la educación: una educación de calidad para todos.

La igualdad de oportunidades consiste en que toda persona tenga acceso a una educación de calidad que potencie sus capacidades y le permita emprender una actividad productiva o acceder a un trabajo digno y bien remunerado. La educación es el instrumento más poderoso para generar una sociedad realmente equitativa, donde las personas sean recompensadas por su esfuerzo y talento y no por el lugar o condición en que han nacido. La educación es un claro y decisivo instrumento de equidad.

Desde 1990, con especial énfasis presupuestario y de gestión, los gobiernos democráticos nos hemos abocado a recuperar el sistema educativo subvencionado, fortaleciéndolo en infraestructura, recursos financieros y pedagógicos. La creación y expansión de los programas destinados a las escuelas y comunas más pobres, los programas MECE de mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación básica y media, el programa Enlaces, junto a otras iniciativas de perfeccionamiento docente, ha permitido hasta el momento mejorar los resultados generales del sistema, según mediciones técnicas objetivas y el sentir mayoritario de los propios alumnos, padres y apoderados.

Durante estos años se han creado subvenciones orientadas a objetivos específicos, tales como la extensión horaria, el reforzamiento educativo y el apoyo a grupos diferenciales, junto con promover incentivos a los aportes del sector privado a la educación, a través de las modificaciones al sistema de financiamiento compartido y la dictación de la ley de donaciones con fines educacionales, que permitirá canalizar en 1996 un volumen de recursos estimado en cerca de 90 millones de dólares en aportes de las familias y el sector privado a la educación.

En materia de equipamiento, por ejemplo, entre 1993 y 1997 se habrán entregado más de 7.000 computadores a alrededor de 1.400 establecimientos de enseñanza básica y media, proyectándose que para 1998 se habrá equipado al 50% de los establecimientos de nivel básico y al 100% de los de media. Además, se ha universalizado la entrega gratuita de textos escolares a todos los alumnos de la educación básica en el sistema subvencionado, los que han pasado de 2 millones de textos en 1990 a 6,6 millones en 1996. A esto se suma la distribución de útiles escolares a los alumnos de las escuelas más pobres. Por otra parte, ha habido un fuerte incremento de la cobertura de la educación preescolar. Entre 1990 y 1996 se han creado cerca de 80.000 nuevas matrículas en este nivel.

El mejoramiento de las remuneraciones y condiciones de trabajo de los docentes ha significado que entre 1990 y 1996 sus remuneraciones se hayan incrementado más de un 80% en términos reales y los aportes públicos anuales a la educación subvencionada se han incrementado en 680 millones de dólares en el mismo período. Este es un tema clave para el éxito de la reforma propuesta por el Gobierno, y es un elemento de justicia y reconocimiento a la labor de los maestros. Estamos plenamente conscientes de las dificultades económicas de los profesores. Hemos asumido un compromiso de Gobierno de ir avanzando decididamente en el mejoramiento de las rentas de los docentes. Justo es recordar que el punto de partida para estos mejoramientos fue una situación de gran deterioro del sector, lo que hace más difícil llegar a niveles razonables en corto tiempo como todos quisiéramos. En los años recientes, según lo han reconocido los propios profesores, nuestros gobiernos han hecho un gran esfuerzo en este sentido. Y se debe reconocer que falta todavía por hacer. Sin embargo el camino a seguir debe ser necesariamente el del entendimiento, y el de la ponderación razonable de las reales posibilidades de nuestra economía, para atender tantas demandas de mejoramiento provenientes de diferentes sectores. La gradualidad tiene que ser necesariamente el método para ir atendiendo necesidades múltiples y crecientes, con recursos que de todas maneras, pese a nuestro acelerado crecimiento, son limitados. La acumulación histórica de necesidades y aspiraciones insatisfechas desde hace varias décadas es imposible de resolver en tan corto lapso de tiempo. Existen límites a la capacidad del Estado de atender simultáneamente todas estas demandas, más aún cuando implican incrementos sustantivos del gasto público que incluso hay sectores que insisten en recortar. Los profesores tienen que tener claro que en el Gobierno hay sensibilidad respecto a sus aspiraciones, y un profundo respeto por la misión que cumplen, por lo que seguiremos avanzando en mejorar su situación, proponiendo lealmente y de manera trasparente las opciones que existen para ir progresando. Todo ello genera desafíos de gestión y desempeño que el propio magisterio ha de reconocer con voluntad de cambios.

En algunos sectores críticos al gobierno se ha hecho un tópico decir que la educación subvencionada chilena es mala. Una afirmación de esta naturaleza hecha para el conjunto del sistema es injusta y no valora debidamente los esfuerzos y los avances verificados en los años recientes. Cosa distinta es afirmar lo que el propio gobierno ha constatado que nuestra educación no está respondiendo con la celeridad y profundidad necesarias, a los desafíos de la modernidad, de un mundo cambiante y vertiginoso, y a las necesidades de competitividad a que nos enfrenta la vida actual. Nuestra educación se ha ido quedando atrás. Los programas de mejoramiento antes mencionados ya no son suficientes para paliar este desfase. Se ha hecho necesario, por eso, acometer una transformación integral de la educación chilena atacando las causas más fundamentales del problema. Esta es la razón por la que el Presidente Frei ha planteado al país la reforma educativa cuyo proyecto de ley está actualmente en trámite parlamentario, y que contempla la extensión de la jornada escolar gradualmente en un plazo de seis años para dos millones y medio de estudiantes. A esto se suma un vasto plan de infraestructura escolar de veinte mil nuevas salas de clases, un programa de fortalecimiento de la función docente y la creación de cuarenta liceos de anticipación, entre otras materias conformadoras de un paquete integral de cambios.

El conjunto de iniciativas antes señaladas implicará un importante esfuerzo presupuestario, significando un mayor gasto anual de 300 millones de dólares cuando el nuevo sistema entre en régimen en el año 2002.

La extensión de la jornada escolar demandará, por otra parte, un aumento en las horas pedagógicas contratadas en el conjunto del sistema subvencionado, el que se estima en alrededor de 600.000 horas semanales. Esto significará mayores oportunidades de empleo para los profesores y mejores remuneraciones para un trabajo que podrá desarrollarse en condiciones mas apropiadas a su nivel profesional. Buena parte de los mayores recursos por subvención deberán destinarse a remunerar este trabajo.

El mejoramiento de la educación básica y media es un componente fundamental de la inversión en capital humano que tanto necesita nuestro país. No obstante, no debemos ignorar la significativa contribución que puede y debe hacer la capacitación laboral. En esta área ha habido un sólido incremento durante la administración del Presidente Frei, permitiendo a la fuerza laboral la adquisición de nuevas habilidades y los aprendizajes necesarios para el incremento sostenido de la productividad y competitividad de nuestra economía.

En materia de Capacitación Laboral en las empresas vía el uso de la franquicia tributaria, se observa un sostenido aumento de las personas capacitadas. Para 1996 se prevé que el número de personas capacitadas alcance a 480.000 trabajadores, lo que se compara favorablemente con la cifra de 420.000 trabajadores que ya fueron capacitados en 1995.

En el ámbito de la Pequeña Empresa se ha iniciado un programa de capacitación gerencial destinado a mejorar las capacidades de gestión de los pequeños empresarios. En 1995 se capacitaron 3.500 pequeños empresarios urbanos y rurales, esperándose que en 1996 el número de beneficiados se incremente en un 60%. Este es ámbito de acción que requerirá de más atención en los años venideros.

Un fenómeno al que se ha hecho mucha referencia recientemente y que preocupa a todo nuestro país es el tema del desempleo juvenil. La tasa de desempleo entre los jóvenes ha sido por muchos años más del doble de la tasa de desempleo total. En Chile aproximadamente el 40% de los desempleados son jóvenes entre 15 y 24 años, porcentaje que se ha reducido desde un 45% en 1990. Este no es un problema coyuntural ni de carácter transitorio, y se da además en la mayoría de las economías del mundo. Es más bien uno de carácter social y que tiene que ver con las posibilidades de desarrollo futuro de nuestro país. Sus raíces están en el funcionamiento del mercado del trabajo, del sistema educacional, de actitudes y valores, y de la situación de marginación y pobreza de muchas familias en Chile. Nos preocupa porque tiene que ver con el futuro, tiene que ver con las oportunidades que tienen los jóvenes de hoy, de incorporarse mañana como adultos al progreso de nuestro país. Hay aquí un fenómeno estructural de las más vastas implicaciones, elemento que preocupa a gran parte de los gobiernos del globo.

Para enfrentar el problema no existen recetas mágicas ni simplistas. Debemos diagnosticar y proponer políticas diferenciadas, para distintos grupos de jóvenes. Para los más jóvenes, aquellos en la categoría entre 15 y 19 años y que representan un tercio de los jóvenes desempleados, nuestro objetivo debe ser más bien reducir el número de los que buscan empleo por la vía de la retención en el sistema escolar, ya que deberían estar en su gran mayoría recibiendo educación. El proyecto de extensión de la jornada escolar debería aumentar los índices de retención escolar y por lo tanto reducir la intensidad del desempleo juvenil en este estrato. Asimismo debería dejar a los jóvenes en mejores condiciones para continuar capacitándose o conseguir empleos de buena calidad. Recordemos que el abandono prematuro del sistema escolar marca para siempre a la persona, la que, según estudios de CEPAL, durante toda su vida laboral estará condenada a recibir ingresos inferiores en un 10% por cada año menos de estudio, que los ingresos de quienes tienen escolaridad completa.

Para los jóvenes entre 20 y 24 años, deberíamos procurar su inserción de la mejor forma posible en el mundo del trabajo apoyando decididamente sus posibilidades de formación y capacitación. Es por ello que en materia de Capacitación Laboral de Jóvenes de Bajos Ingresos en 1996 se está iniciando la 2ª fase del Programa Chile-Joven, que en los próximos 3 años capacitará laboralmente a 70.000 jóvenes de escasos recursos con el objetivo de ampliar sus horizontes en el mercado del trabajo.

Asimismo se ha modificado el contrato de aprendizaje para jóvenes, el que mantiene un subsidio a la contratación y agrega un subsidio para financiar programas de capacitación del joven en la empresa.

IV. LA POLÍTICA FISCAL Y EL PRESUPUESTO 1997.

1.El marco de la política fiscal.

El Ejecutivo ha presentado al Honorable Congreso Nacional el séptimo proyecto de ley de presupuesto que será discutido desde que se recuperaron las instituciones democráticas.

Con el presupuesto para 1997, se completarán once años continuados de balances presupuestarios positivos. Esta es una trayectoria que dignifica a nuestro sistema político, fortalece la competitividad de la economía y favorece a millones de chilenos cuyo bienestar futuro depende de la capacidad del Estado para generar las condiciones y oportunidades que les permitan progresar. Y que lo haga sin sobresaltos fiscales o financieros.

La responsabilidad fiscal en Chile ha sido ciertamente excepcional en el concierto internacional, no sólo respecto de los países en desarrollo, sino también respecto del mundo industrializado. Mientras Chile ha experimentado en estos años un balance presupuestario positivo, cifras muy actuales del Fondo Monetario Internacional muestran que en el mismo período los países desarrollados han enfrentado déficits fiscales que oscilan de 2,3% al 4,5% del PIB. Este fenómeno ha sido especialmente marcado en los países de Europa, lo que los ha llevado a fijar metas de reducción de sus desequilibrios fiscales como condición esencial para su integración a la futura Unión Monetaria Europea. De hecho, como Presidente de la reciente Asamblea General del FMI y del Banco Mundial me ha correspondido constatar el amplio vocerío de colegas ministros de hacienda del mundo desarrollado y subdesarrollado, expresando sus esfuerzos y aspiraciones por evolucionar desde déficits fiscales actuales a escenarios de equilibrio presupuestario. ¡Qué contraste con la situación objetiva de Chile!

Muchos de los países que hoy enfrentan graves desequilibrios fiscales son aquellos que en el pasado expusieron a sus finanzas públicas a la suerte de los ciclos económicos, sin medir la sostenibilidad de sus políticas. Dichos países hoy luchan por controlar los déficits fiscales para retomar la senda del crecimiento y la estabilidad. Claramente ese no es, ni será, nuestro caso.

La asociación entre la política fiscal y la volatilidad económica ha sido firmemente asentada en el último informe anual del Banco Interamericano de Desarrollo. Dicho estudio muestra, sin embargo, que la volatilidad no sólo afecta indicadores económicos abstractos, sino que ésta es también perjudicial para el progreso educacional, para la distribución del ingreso y para la reducción de la pobreza. Es decir, perjudicial para la equidad.

La contribución del Gobierno al desarrollo económico en Chile va hoy día más allá de su aporte al logro de condiciones macroeconómicas para un crecimiento sostenido. El Estado es también responsable de un amplio espectro de programas y políticas que afectan el bienestar de las personas y que se financian con la contribución de todos. Los chilenos tienen, por tanto, derecho a exigir del Estado eficiencia en el uso de sus recursos. En esa tarea seremos inclaudicables.

Si bien es mucho lo que aún se puede avanzar, es posible afirmar que el Estado chileno es más eficiente en el uso de sus recursos que la mayoría de los demás países. Nuestro Estado es menos burocratizado: mientras el empleo público representa en Chile menos del 7% del empleo total, en los países desarrollados éste bordea el 15% y en América Latina el 10%. También destinamos una menor proporción de nuestros recursos a gastos operacionales del Gobierno: en Chile estos gastos representan un 5,7% del PIB, proporción en que nos superan países como Estados Unidos, Australia, España y el Reino Unido, entre otros. Esta es una ventaja que, lejos de debilitarse en los últimos años, se ha fortalecido. En efecto, mientras entre 1990 y 1996 el gasto público ha crecido a un ritmo algo inferior al del producto y la inversión lo ha hecho a un ritmo superior, el empleo público ha crecido a una tasa inferior al 2% anual.

Estos logros han sido reconocidos por la comunidad internacional. El último Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial sitúa al Estado chileno en el cuarto lugar entre cerca de 50 países, posición en la que supera la clasificación global del país, que se ubica en el lugar 18 y a la de la gerencia privada, clasificada en el lugar 11. Entre los factores que explican esta posición se cuentan la seriedad de la política fiscal, la moderación y racionalidad del sistema tributario y el aporte gubernamental a la inversión.

La fortaleza de la política fiscal chilena no es producto exclusivo de la voluntad y responsabilidad de nuestras autoridades, sino también de la institucionalidad presupuestaria, operativa y financiera del Estado. La importancia de este factor ha sido especialmente destacada en los análisis sobre volatilidad económica. Es así como el estudio del Banco Interamericano citado más arriba señala a este respecto:

“(...) Las políticas fiscales pueden fijarse de una forma no sostenible. Los gobiernos pueden otorgar prestaciones ... que no es posible financiar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, resulta difícil asegurar la sustentabilidad a mediano plazo, dada la naturaleza típicamente anual del proceso presupuestario. En consecuencia, la posibilidad de abordar el tema de la volatilidad de las políticas fiscales requiere contar con instituciones presupuestarias que permitan enfrentar adecuadamente la interacción que existe entre las distintas ramas del gobierno, la sustentabilidad y reacción frente a los shocks”.

Cuando muchos países buscan hoy día adecuar a través de complejos procesos políticos sus instituciones para asegurar estas condiciones, Chile puede hoy exhibir un núcleo esencial de normas que garantizan un manejo responsable y transparente de las finanzas públicas. Entre estas normas destacan la responsabilidad del Ejecutivo en las decisiones legislativas con incidencia financiera o presupuestaria, la no afectación de impuestos, la imposición de un límite presupuestario global al gasto público y normas de flexibilidad presupuestaria que permiten adecuar la distribución de los recursos a las realidades de la gestión de las instituciones públicas. Hacer frente a nuevos compromisos derivados del proceso legislativo, y, a emergencias e imprevistos.

Los gobiernos democráticos han resguardado la responsabilidad fiscal no sólo porque ésta asegura estabilidad económica y favorece el crecimiento, sino porque también permite concentrar la atención del Estado en la resolución de los problemas que afectan a los más pobres. En la medida que los balances financieros positivos han permitido reducir la deuda pública, más recursos han ido quedando disponibles para destinarse a programas y servicios sociales. En efecto, sólo la reducción del endeudamiento externo de los últimos tres años ha permitido reasignar más de 50 millones de dólares anuales desde el pago de intereses a programas de alta prioridad. Esta sola cifra equivale, por ejemplo, al total del gasto anual en subsidios familiares. Equivale asimismo al programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Media y las subvenciones del SENAME para la atención de menores en situación irregular.

Cuando nos aprestamos a iniciar el proceso de discusión de una nueva ley de Presupuestos es importante reafirmar los principios de sana responsabilidad fiscal. No sólo porque nos preocupa la gestión de los recursos públicos, sino porque de dicha responsabilidad depende el bienestar de los millones de chilenos que nos han confiado tan honrosa tarea.

2.Las finanzas públicas en 1996.

Hace un año presentamos al Congreso Nacional el proyecto de ley de Presupuestos para 1996. Dicho presupuesto se elaboró sobre la base de un parámetro de crecimiento de 6,5% y de una inflación de 6,5% anual. En el amplio debate que acompañó a la discusión presupuestaria muchos dudaron de que la política fiscal incorporada en dicho presupuesto fuera compatible con estas metas. Hoy es posible prever que ambas metas se cumplirán. Vale la pena recordar esa discusión a los escépticos de ayer.

La política fiscal de 1996 ha sido beneficiosa para la economía y para las personas. Del lado económico, es posible prever que las metas fiscales iniciales en materia de ahorro público y superávit fiscal serán superadas. Es posible a este respecto prever que mientras el ahorro público superará el 4,5% del PIB, el balance global del sector público se ubicará por sobre el 1% del PIB. Esto es el resultado del impacto positivo del mayor crecimiento económico sobre los ingresos tributarios y de la estricta sujeción del Gobierno a las limitaciones globales de gasto impuestas por la ley de Presupuestos.

Durante 1996 se ha intensificado, asimismo, el esfuerzo del Estado en favor de los más pobres. Es así como durante este año el gasto social crecerá en más de un 8% en términos reales; incorporando los mejoramientos especiales de pensiones, los reajustes extraordinarios de subvenciones educacionales y la ampliación del Subsidio Único Familiar a los estudiantes de 15 a 18 años pertenecientes a familias de escasos recursos, medidas aprobadas durante 1995 y cuyo principal impacto fiscal se materializó durante el presente año.

Estos avances son producto de la consistencia de la política fiscal en los últimos años. Los recursos públicos han podido destinarse durante 1996 al cumplimiento del programa del Gobierno y a la lucha contra la pobreza precisamente porque el sector público no participó de la sobre-expansión del gasto experimentada durante 1995. Por esta razón ha correspondido al sector privado, responsable de las presiones expansivas de entonces, contribuir de manera fundamental al ajuste de 1996 (ver gráfico 6).

El Gobierno ha actuado con el mismo nivel de responsabilidad al momento de comprometer nuevos esfuerzos en la lucha contra la pobreza. Es así como en 1995 al momento de efectuar un importante esfuerzo en beneficio de los pensionados, de estudiantes y de jóvenes de escasos recursos, se propuso una fórmula responsable de financiamiento parcial mediante el incremento de los impuestos a la gasolina y a los cigarrillos. La mayoría del Congreso Nacional compartió esta responsabilidad, apoyando la propuesta del Ejecutivo y los resultados están hoy a la vista. El ejercicio fue redistributivo y, a su vez, contribuyó al proceso de ajuste.

La evolución de las finanzas públicas en 1996, sin embargo, nos entrega también señales de alerta sobre la importancia de la prudencia en el manejo de las decisiones que comprometen recursos fiscales. Así, después de dos años favorables para el precio del cobre, este ha experimentado una importante caída, que se ha prolongado durante el segundo semestre del presente año y que obligará a recurrir nuevamente a recursos del Fondo de Estabilización respectivo. Como efecto de este fenómeno, los ingresos fiscales de libre disponibilidad provenientes del cobre experimentarán durante 1996 una caída de más de 18% en términos reales. Dentro de las dificultades que involucra predecir la evolución del mercado del cobre, es probable prever que esta situación impactará negativamente las finanzas públicas en 1997.

2.El Proyecto de Ley de Presupuestos para 1997.

El Proyecto de ley de Presupuestos que hemos sometido a la consideración del Congreso Nacional se ajusta a los principios de responsabilidad fiscal sostenidos a lo largo de los últimos años y se sitúa en el contexto de una economía que, junto con completar su proceso de ajuste, debe continuar avanzando en la ruta del crecimiento y el progreso social.

Es así como el Presupuesto ha sido elaborado sobre la base de un crecimiento esperado del PIB de entre 5,5% y 6% y una inflación anual del 5,5%. Este marco macroeconómico da cuenta de los efectos del proceso de ajuste y de las restricciones sobre los términos de intercambio.

La reducción del ritmo de crecimiento económico producto de los factores anteriores influirá sobre los ingresos fiscales. Es así como el proyecto de ley de Presupuestos para 1997 contempla un crecimiento de los ingresos tributarios inferior al 5% respecto de los ingresos estimados para 1996. Influye sobre esta evolución el impacto de la desgravación arancelaria incorporada en los acuerdos comerciales suscritos por Chile. Dicha desgravación, sólo por efecto de la incorporación de Chile al MERCOSUR, determinará una caída en la recaudación tributaria superior a los 120 millones de dólares anuales cuando dicho acuerdo esté en plena aplicación. Para 1997 la caída absoluta en los ingresos fiscales por este concepto se estima en alrededor de un 3% en términos reales.

Del mismo modo, se ha previsto también una caída de los ingresos fiscales provenientes del Cobre. Es así como, sobre la base de una expectativa de precio del cobre de 94 centavos de dólar por libra, es posible proyectar una caída superior al 10% en los ingresos por este concepto.

Sobre la base de estos antecedentes, el proyecto de ley de Presupuestos para 1997 contempla una expansión del gasto corriente del sector público de 5,6% en términos reales, cifra inferior a la tasa de crecimiento del PIB. En materia de inversión, el Gobierno mantendrá la tendencia seguida en los últimos años, con lo que la inversión pública en infraestructura crecerá en alrededor de un 10% real.

De este modo, el presupuesto para 1997 contempla una mantención especial del esfuerzo público en materia de ahorro y equilibrio global de las finanzas públicas. Es así como se prevé un ahorro público del 4,5% del PIB, cifra algo superior al 4,1% contemplado en el presupuesto para 1996, y un balance global del 0,8% del PIB, también superior a la del presupuesto discutido hace un año atrás.

La evolución del gasto público durante 1997 continuará marcada por el signo de la austeridad fiscal. Es así como los gastos operacionales del Gobierno Central en personal y bienes y servicios de consumo crecerá sólo en un 4,5% respecto del presupuesto para 1996. La moderación de este crecimiento se explica por la mantención de un criterio restrictivo en materia de empleo público. Es así como durante 1997, el incremento de las dotaciones de personal del sector público alcanzará sólo a un 0,7%; el que se concentrará casi íntegramente en los servicios de Salud, Gendarmería y jardines infantiles.

La posibilidad de compatibilizar un bajo o nulo crecimiento del empleo público con la profundización del esfuerzo del Estado por invertir en las personas y en la infraestructura que el país requiere depende de la capacidad para elevar sostenidamente la productividad en el sector público. Crucial a este respecto resulta el esfuerzo por mejorar las condiciones de trabajo, los incentivos remuneracionales y la calificación del personal de la administración pública. El presupuesto para 1997 contribuye a este propósito con un sustancial incremento de los recursos destinados a la capacitación de nuestros trabajadores. Este incremento, que alcanzará a más de un 40% en términos reales permitirá acercarse a la meta, comprometida por el Gobierno con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), de invertir el equivalente a un 1% de la planilla de remuneraciones del sector público en capacitación. En otras palabras, en lugar de contratar más funcionarios, el Gobierno ha optado por invertir en mejorar las competencias y las condiciones laborales de sus trabajadores.

La preocupación del Gobierno por elevar la capacidad y eficiencia de las instituciones públicas se expresa también en la voluntad de elevar los niveles de compromiso por los resultados de la gestión de las instituciones públicas. El presupuesto para 1997 será el tercero de su tipo que irá acompañado por indicadores y metas de gestión de parte de los servicios públicos. Es así como, después de iniciar este esfuerzo en 1994 con un conjunto de 100 indicadores para 26 servicios públicos, hoy contamos con más de 350 indicadores para 75 servicios públicos. Con ello, llegaremos a abarcar al 80% de los servicios públicos con funciones ejecutivas y cuya gestión puede ser evaluada a través de estos mecanismos.

El propósito de incorporar indicadores y metas de gestión institucional a la información presupuestaria es hacer que la discusión anual sobre la asignación de los recursos públicos se extienda también a lo que hacen los servicios públicos con estos recursos. Depende en buena medida de los parlamentarios incorporar esta información en la discusión de las subcomisiones de presupuestos y utilizarla con el objeto de lograr crecientes grados de compromiso y transparencia de parte de los servicios públicos propiamente tales.

3.El presupuesto para 1997 y las personas.

La mayor parte de los recursos públicos adicionales de que dispondrá el sector público en 1997 se destinarán a la inversión social. Es así como el proyecto de ley de Presupuestos contempla un crecimiento de los recursos destinados a programas sociales de 7,5% respecto del presupuesto para 1996, con lo que continuará elevándose la proporción del gasto público destinado a este propósito. Ello se debe a que el Gobierno ha definido la inversión en las personas como su principal tarea. El círculo virtuoso que establece la relación entre inversión social, productividad e ingresos sustenta esta definición, al mostrar que sólo esta dinámica permite a los más pobres superar de manera permanente y sostenible tal condición.

No obstante la significativa disminución de la población en situación de pobreza experimentada en los últimos años, la que sólo entre 1992 y 1994 permitió que más de 428 mil personas traspasasen este umbral, aún existen en Chile alrededor de 3,5 millones de pobres, motivo de particular preocupación.

El área prioritaria de la política social del Gobierno es la Educación. Esta prioridad ha sido reafirmada por el Presidente de la República en su Mensaje al país del pasado 21 de mayo. En este campo, en los últimos años se han venido desarrollado un conjunto de iniciativas que han tenido como principal preocupación mejorar la equidad y apoyar a los grupos de menores recursos.

Para el año 1997 el presupuesto contempla 978.113 millones de pesos para educación. A estos se agregará los recursos para financiar las acciones relativas a la extensión de la jornada escolar incluidas en el proyecto de ley que se tramita en el Congreso.

El presupuesto para 1997 contempla los recursos necesarios para continuar con los programas de mejoramiento de la calidad de la educación desarrollados en los últimos años. Entre los principales componentes de estos programas destacan la distribución de 6,8 millones de textos escolares, la creación de 15.210 bibliotecas de aula y la entrega de equipamiento computacional a un total de 1.900 establecimientos, de los cuales más de 900 podrán quedar funcionando en red. El programa MECEmedia abarcará en 1997 a 862 liceos, aproximadamente un 70,7% de los liceos subvencionados de Chile.

El presupuesto para 1997 permitirá, asimismo, continuar avanzando en la expansión de la cobertura de la educación preescolar. Es así como a través de JUNJI e Integra se financiarán alrededor de 10.000 nuevas plazas para niños de escasos recursos, cumpliendo cabalmente con las metas formuladas a este respecto por el Presidente de la República.

Con el objeto de facilitar el acceso y estimular la permanencia en el sistema escolar de alumnos de escasos recursos, el presupuesto para el año 1997 incorpora el financiamiento para 25 mil becas Presidente de la República, 6.000 becas indígenas y recursos por más de 9.000 millones de pesos para becas en la educación superior.

El principal compromiso del Gobierno para el año 1997 y los siguientes será, sin embargo, la aplicación de la Jornada Escolar Completa Diurna, el programa de fortalecimiento de la profesión docente y el programa de liceos de anticipación anunciados por el Presidente Frei el pasado 21 de mayo. El proyecto de ley de Presupuestos incorpora un total de 10.000 millones de pesos para poner en marcha estos dos últimos programas. A ello se agregarán los recursos comprometidos en el proyecto de ley sobre Jornada Completa, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados. De la pronta tramitación de este proyecto depende que alrededor de 300.000 alumnos puedan incorporarse al nuevo régimen a inicios de 1997, y se efectúen oportunamente las inversiones en infraestructura escolar necesarias para la incorporación de los 2 millones de alumnos restantes en los años siguientes. Una vez que estos recursos y los comprometidos en el mejoramiento de las remuneraciones del profesorado se incorporen al presupuesto para 1997, la inversión en educación crecerá en más de un 10% en términos reales respecto de 1996. Este es un esfuerzo que no posee parangones en nuestra historia reciente.

Complementariamente a los esfuerzos en el campo educacional, este Gobierno ha considerado a la capacitación como un instrumento fundamental para ayudar a salir de la pobreza a importantes grupos de población, a través de facilitarles aumentos de productividad e ingresos. El presupuesto para 1997 contempla el financiamiento de 13.500 becas de capacitación para desocupados y trabajadores de escasos recursos y un incremento de la cobertura del programa Chile Joven a más de 40.000 jóvenes desocupados.

Teniendo presente que existen en Chile alrededor de 170 mil mujeres a cargo de hogares que se encuentran en situación de pobreza, el presupuesto 1997 asigna 1.315 millones de pesos para la continuación del Programa para Jefas de Hogar destinado a este grupo de la población. El fin del Programa es facilitarles la inserción social y laboral y mejorar la calidad de vida del hogar al que pertenece. Los recursos asignados permitirán beneficiar a 18.000 mujeres, con acciones tales como capacitación, salud, cuidado de los niños y mejoramiento de la vivienda.

La salud también ha tenido una especial consideración en el Gobierno del Presidente Frei. Los recursos destinados a este sector tienen por objeto mejorar la calidad de vida de las personas a la vez que constituyen una inversión en capital humano necesaria para sustentar el crecimiento del país.

Para aumentar el acceso y la calidad de las prestaciones de salud, se han realizado notables esfuerzos en el área de las inversiones en equipamiento e infraestructura para los hospitales públicos. El ritmo de inversión en los últimos cinco años ha sido de 109 millones de dólares anuales, lo que ha financiado entre otras importantes obras, los Hospitales de Iquique, San Felipe y Valdivia; los consultorios de referencia de Peñalolén y El Pino; el Centro de Diagnóstico Terapéutico del Sótero del Río; los Consultorios Adosados de Especialidad de los Hospital de Linares y de Temuco. Adicionalmente se ha renovado una parte significativa del equipamiento, todo lo cual se traduce en una mejor calidad de atención a los usuarios del sector.

Para el año 1997 el programa de inversiones en Salud cuenta con un presupuesto de $ 47.300 millones. Esto permitirá continuar la construcción del Complejo del Hospital San Ramón, el Complejo del Hospital San José, el Hospital del Pino, e iniciar la construcción del Centro de Diagnóstico Terapéutico Barros beneficiando a miles de personas.

Por otra parte, la orientación de recursos otorgados a la atención primaria en los últimos años, ha tenido especial preocupación por la población de menores ingresos que vive en lugares apartados. Dicha preocupación se constata en los permanentes incrementos de recursos de que ha sido objeto este nivel de atención, los que, incluyendo los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), desde 1994 se han incrementado en un 20%. Cabe señalar que a través del FNDR se han financiado inversiones adicionales, entre estas se encuentran los hospitales de Chañaral, Los Vilos, Rengo y Tomé, y, los consultorios Generales de Chillán, Los Ángeles y Centro Sur de Antofagasta.

El presupuesto 1997 del Ministerio de Salud incorpora 70.180 millones de pesos a la atención primaria, con un crecimiento de 6.2% respecto al año 1996. De estos recursos alrededor de un 60% se asignarán a comunas pobres o rurales en las que se atienden más de 3,5 millones de beneficiarios.

Los recursos asignados permitirán financiar la incorporación de nuevos consultorios, otorgar nuevas prestaciones de laboratorios e interconsultas de especialidad, financiar la creación de nuevos servicios de urgencia y disponer de más salas de hospitalización para la atención de menores con infecciones respiratorias.

El gasto en pensiones y subsidios sociales representa el componente más importante del presupuesto nacional. Sólo en seguridad social, se contemplan para 1997 recursos por 1.276.250 millones de pesos. Estos recursos incorporan el financiamiento de los mejoramientos otorgados a partir del año 1995, correspondiente a la bonificación a las pensiones mínimas de viudez, el aumento de un 10% de las pensiones inferiores a $ 100.000, el reajuste extraordinario de 5% a las pensiones mínimas para los mayores de 70 años, todos mejoramientos claramente focalizados en beneficiarios de menores ingresos. He allí, justamente, un ámbito de políticas redistributivas, de equidad, que este gobierno ha impulsado con fuerza.

Por su parte, los recursos asignados al gasto en pensiones asistenciales, Subsidio Único Familiar y Asignaciones Familiares experimentan un incremento del 10,5% respecto de 1996. Este incremento permitirá financiar 150.000 nuevos cupos de SUF y 20.000 pensiones asistenciales adicionales.

De igual modo cabe destacar que el Programa Mejoramiento de Calidad de Vida del Adulto Mayor ejecutado a través del FOSIS incrementará su cobertura a 30.000 personas de escasos recursos que se encuentran en la tercera edad. Lo anterior permitirá la prestación de servicios orientados a mejorar la calidad de vida a 25.000 beneficiarios y el financiamiento de proyectos que beneficiaran a 5.000 personas. Esta área ha sido una focalización original y nueva de las políticas sociales.

En materia de Vivienda, el presupuesto para 1997 permitirá financiar un total de 115.000 soluciones habitacionales a través de los programas administrados por el Ministerio respectivo y el Ministerio del Interior. De estas, un 74% corresponden a programas focalizados en familias de escasos recursos. A este esfuerzo se sumarán los programas destinados a fortalecer el desarrollo urbano y mejorar el acceso de las familias de escasos recursos a los servicios básicos. En ello hay un especial énfasis en el proyecto de presupuesto en discusión.

Los recursos asignados al desarrollo urbano experimentarán durante 1997 un crecimiento del 13,2% respecto del presupuesto para 1996. Entre los programas principales en esta área destacan el de pavimentación urbana, el que crecerá en un 12% en 1997, el de pavimentos participativos, que contempla una participación de casi 2.500 comités, los de mejoramiento urbano y equipamiento comunitario, el de parques urbanos, que contempla la construcción de 30 nuevos parques y un nuevo rubro de financiamiento para proyectos de aguas lluvia.

El presupuesto para 1997 contempla también una importante asignación de recursos a los programas orientados a facilitar el acceso de las familias de sectores rurales a los servicios básicos de electricidad, agua y telefonía. El Programa de Agua Potable Rural del Ministerio de Obras Públicas percibirá un financiamiento de 12.700 millones de pesos, lo que permitirá asegurar el abastecimiento de una población de 22.000 habitantes, con casi 5.000 arranques domiciliarios en 60 localidades. El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, por su parte, contará con un presupuesto de 3.160 millones de pesos, lo que permitirá que nuevas localidades accedan a este beneficio. El presupuesto del Programa de Electrificación Rural, finalmente, permitirá incorporar a 21 mil viviendas adicionales a este servicio.

Los sectores rurales también se verán beneficiados con los recursos asignados a los programas gubernamentales orientados a fortalecer al sector agrícola. El presupuesto del Ministerio de Agricultura experimentará en 1997 un muy sustancial crecimiento de su presupuesto, lo que financiará créditos agrícolas a través de INDAP, transferencia tecnológica, programas de modernización de la agricultura campesina, programas de mejoramiento de praderas e iniciativas orientadas a los sectores más afectados por la sequía. En materia de riego, además, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas incluye recursos por más de 23.000 millones de pesos, los que permitirán financiar la ejecución de grandes obras de riego entre las que se cuentan el embalse Puclaro en la IV Región, el canal Laja-Diguillín, en la VII Región y el inicio del proyecto de regadío Choapa, en la IV Región. A través del Ministerio de Obras Públicas y del subsidio al riego se destinarán, adicionalmente 25.000 millones de pesos a estas inversiones.

No obstante los esfuerzos sectoriales en favor de los más pobres, cabe destacar también importantes iniciativas destinadas a los micro y pequeños empresarios. A través del FOSIS se beneficiará a 28.000 unidades económicas a través del Programa de Asistencia Técnica y Financiera, mientras que, el Programa de Intermediación Financiera aumentará la cobertura para cubrir a 28.000 microempresarios adicionales. Los recursos asignados para estos efectos se elevan a casi 6.000 millones de pesos.

Asimismo, a través de CORFO el presupuesto de 1997 asigna recursos por un monto de 11.600 millones de pesos, los que permitirán financiar los programas de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, el Programa de Asistencia Financiera, el Programa de Subvenciones de Seguros y Créditos y el Programa de Promoción de la Inversión Privada.

El presupuesto del FOSIS también incluye 7.363 millones de pesos para Proyectos Concursables de Localidades Pobres. Estos recursos permitirán beneficiar a 500 localidades en la línea Entre Todos, 13.000 jóvenes en la línea de Desarrollo Juvenil, y a 400 localidades en la línea Concursos Regionales de Iniciativa Local. Importante es destacar el carácter descentralizado de este Programa, con el objeto de que las soluciones a los problemas de pobreza que éste financie surjan de los propios afectados.

Los chilenos también se verán beneficiados por las inversiones en infraestructura que se financiarán en 1997. El proyecto de ley de Presupuestos asigna para este propósito casi 1.000 millones de dólares al Ministerio de Obras Públicas. Esto revela una acumulación récord de recursos, en los últimos años, hacia dicha área. De estos recursos, un 70% se destinará a la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial, y los restantes a la ampliación y mejoramiento de obras de la red portuaria, aeroportuaria, de riego y edificación pública a nivel nacional. Este esfuerzo se verá complementado con la inversión privada en infraestructura vial a través del sistema de concesiones, el que comprometerá inversiones por 240.000 millones de pesos. Entre las obras que se financiarán con estos recursos destaca la construcción de la doble calzada en la ruta 5 en los tramos La Serena-Ovalle, San Javier-Parral y Puerto Montt-Puerto Varas, la habilitación de 8 pasos internacionales e inversiones en los puertos de San Antonio, Valparaíso, San Vicente y Punta Arenas.

El esfuerzo de inversión a que se encuentra abocado el Gobierno, sin embargo, no será sólo responsabilidad de los ministerios y servicios de la administración central. El presupuesto para 1997 contempla un nuevo aumento en los recursos asignados regionalmente. En efecto, la suma de los recursos canalizados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de los mecanismos ISAR, IRAL y Convenios de Programación experimentarán un crecimiento del 18% en términos reales respecto de 1996.

Todo ello confirma la coherencia y consistencia en el tiempo del programa de gobierno, en el ámbito fiscal, presupuestario, y de asignación priorizada de recursos públicos.

V.REFLEXIONES FINALES.

Al mirar al mundo, nos resulta difícil encontrar economías que tengan los logros en materia de progreso económico y social que los que ha experimentado la economía chilena. Contrasta con esta visión algunas decepciones de algunos sectores con la marcha de la economía, enfatizándose, como imagen, la lentitud con que la modernidad se expande a todos los chilenos. Como decía al comienzo, ambas visiones, aparentemente contradictorias, tienen su parte de verdad. Por un lado, es innegable que la economía chilena es sólida y los logros de los últimos años nos hacen llenarnos de orgullo. Pero detrás de los éxitos hay quienes no han podido seguir el mismo ritmo del desarrollo. Hay sectores productivos que deben transformarse. Hay muchos chilenos que viven en condiciones de pobreza y niveles de vida de apenas subsistencia.

La clase media ve aumentadas sus expectativas, y se ve forzada a un ritmo nuevo de consumo que tiende a agobiarla, y a la vez, a elevar sus propios niveles de exigencia de acceso a bienes y servicios diversos.

El crecimiento genera tensiones, ya que no todos pueden marchar a similar velocidad. Si nuestros logros hubieran sido magros, evidentemente algunas de estas tensiones del crecimiento no existirían. Pero tampoco podríamos exhibir los éxitos en términos de crecimiento, reducción de la pobreza, mejoramiento de los salarios reales, y por sobre todo, el horizonte de continuas modernizaciones que se van presentando.

Le decimos aquí y ahora a ciertos grupos “inmovilistasrománticos”: a pesar de las tensiones que provoca, la sociedad chilena ya optó por un camino dinámico, con crecimiento fuerte y con modernización en todos los ámbitos.

Los gobiernos eficaces deben hacer frente a las demandas crecientes de los ciudadanos. No podemos pensar que basta con haber impulsado el bienestar a niveles que antes no se habían alcanzado. Hay riesgos que van apareciendo, frente a los cuales debemos permanecer atentos para evitar que se vea amenazada nuestra senda de progreso. Hay quienes pueden pensar que sacrificando el crecimiento podemos resolver los problemas, sin reconocer que éste es condición necesaria para poder avanzar. Hay otros que creen que todo debe dejarse al libre arbitrio de las fuerzas del mercado, sin reconocer las situaciones de exclusión que necesitan ser corregidas mediante la acción del Estado que debe velar por los sectores medios y bajos para asegurarles igualdad de oportunidades. Una sociedad que no es integrada y no sabe canalizar adecuadamente los legítimos anhelos de la población, está condenada a la mediocridad y la segregación. Dicho estilo de desarrollo no es sostenible.

Para procurar un desarrollo integrador, debemos ayudar decidida y urgentemente a quienes tienen menos oportunidades o están en condiciones de pobreza. Debemos tener una política social fuerte, dinámica y bien orientada. Por un lado están las políticas asistenciales para socorrer a quienes están en peores condiciones de vida. Pero, por sobre todo, están las políticas e instrumentos tendientes a habilitar a las personas para superar su condición a través de empleos y acciones productivas de calidad, bien remunerados.

Sin embargo, no debemos confundir la política social, con la gestión productiva. Es decir, la política social no debe pretender sustituir al mercado. En una economía de mercado siempre, producto de las cambiantes condiciones económicas, hay quienes tienen pérdidas o ganancias relativas. No cabe al Estado un rol compensador de pérdidas privadas ocasionadas por el libre juego de la actividad económica. Es parte de las fuerzas sicológicas que conforman el mundo moderno, que en estado de cambios, hay sectores que se dinamizan, otros que van al ritmo medio, y otros que quedan rezagados.

Siempre habrá sectores que deban transformarse y adaptarse a las nuevas exigencias. Nosotros debemos crear el ámbito para que dichas transformaciones ocurran con los menores costos posibles. Pero si queremos que nuestra producción se oriente a las actividades más productivas no podemos subsidiar sistemáticamente la baja rentabilidad. No corresponde a las políticas públicas asegurar un nivel de rentabilidad a las actividades económicas. Con esto sólo desincentivaríamos la creatividad y capacidad de emprendimiento, y ataríamos artificial y centralizadamente recursos escasos allí donde su contribución social es mínima o negativa.

En la actualidad existe un gran consenso mundial en que debe haber estabilidad macroeconómica, políticas fiscales equilibradas, mercados libres y abiertos al resto del mundo, y propiedad privada de los medios de producción. También existe consenso sobre la necesidad de tener políticas sociales fuertes, efectivas, y focalizadas. Muchos países, y Chile en particular, ya han hecho las reformas primarias. Muchas de estas reformas han sido ejecutadas a través de decretos y leyes. Por ejemplo, el establecimiento del IVA, que es el instrumento tributario más importante en muchos países; la desregulación y apertura de la mayoría de los mercados; la privatización de empresas públicas, etc.

Hoy enfrentamos el desafío de implementar las reformas de segunda generación. Estas deben sostener el crecimiento y permitir que cada vez más personas se beneficien del progreso. Son reformas menos espectaculares, más silenciosas, más lentas de implementar, pero con tremendas sinergias para el largo plazo. Ellas no requieren sólo de un conjunto de normas para su funcionamiento, sino que necesitan de un diseño institucional de primer orden. Requieren de la conexión de una serie de sectores así como la creación de una institucionalidad nueva y acorde con los desafíos de estas reformas. En particular, hoy día estamos empeñados en la modernización del Estado para que pueda servir mejor a las personas, y, en una reforma educacional de gran magnitud que cambiará sustancialmente el carácter de la educación.

En esta nueva etapa de transformaciones no basta con estimular la capacidad de emprendimiento de los ciudadanos. Capacidades que ya empresarios, trabajadores y servidores públicos han demostrado tener, sino que debemos incentivar que las personas con crecientes niveles de educación y creatividad se dediquen a actividades más innovadoras y más productivas. No basta contar con trabajadores con alta calificación. Es importante que las capacidades de nuestros conciudadanos se orienten a mejorar la competitividad del país en vez de buscar la ganancia fácil y rápida aprovechando vacíos institucionales.

Durante el año 1997 el gobierno buscará encontrar un consenso amplio para aprobar una reforma tributaria que, sin arriesgar el sano equilibrio fiscal, incluya como elemento relevante una reducción de aranceles fiscalmente compensada. En esta línea, el gobierno dará facilidades para que ese consenso amplio sea logrado en las instancias parlamentarias que correspondan.

Quisiera finalizar esta cuenta poniendo el énfasis en las prioridades señaladas por el Presidente Frei para este sexenio, que están en plena sintonía con lo que la gente percibe como tales y el país necesita efectivamente. Junto con preservar los equilibrios y la estabilidad de la economía, nuestra propuesta como Gobierno ha sido enfatizar la educación, la infraestructura, la internacionalización y la modernización del Estado. Todo ello con un propósito central: derrotar la pobreza y crear las bases de una efectiva igualdad de oportunidades que posibilite la movilidad social. Como no podía ser de otra forma, el Presupuesto que hemos presentado al Parlamento para 1997 guarda entera coherencia con lo señalado.

El capital humano que se fortalece con la educación, la salud y el acceso a servicios de calidad, complementado con el capital físico, son dos ejes claves para el avance de un país hacia mayores fronteras de bienestar. Si ello se da en un entorno estable, con horizonte, y muy dinámico, es posible como la han hecho otras naciones en el mundo sentar las bases de una sociedad más igualitaria, más integrada y sobre todo más feliz. Estoy más convencido que nunca que los chilenos seremos capaces de conseguirlo.

ANEXO B

Segunda sesión

Debate producido a continuación de la exposición

del señor Ministro de Hacienda.

En primer lugar, hizo uso de la palabra el Honorable Diputado señor Jaime Estévez Valencia, quien, refiriéndose a la cuenta sobre el Estado de la Hacienda Pública, precisó que ella se da en el marco de la presentación del proyecto de Presupuesto para el año 1997, para que el Congreso debata y decida si la propuesta del Ejecutivo es o no adecuada.

Agregó que la decisión del Parlamento dependerá de los criterios con los cuales se juzgará lo hecho y lo que se propone, siendo aquéllos diferentes entre los distintos Diputados y Senadores, por depender de la visión que cada uno tenga sobre la sociedad y el papel del Estado en la economía.

Indicó como grandes tareas por cumplir la de contribuir a un crecimiento sano de la economía del país y la de contribuir a un crecimiento con equidad, apoyando a los sectores más vulnerables de la Nación, e interviniendo, como Estado, para mejorar la igualdad de oportunidades.

Prosiguió recordando que todos los años, en el debate presupuestario, se plantea una cierta incompatibilidad entre los objetivos antes señalados crecimiento económico, sano y equitativo, volumen del gasto público y la compatibilidad macroeconómica que dicho volumen tiene.

Continuó expresando que la constatación empírica que muestran las cifras presentadas, es que la expansión del gasto fiscal, principalmente gasto social en estos últimos seis años, ha sido fuerte y, a la vez, plenamente compatible con el crecimiento sano de la economía, contribuyendo, de modo significativo, a hacer más equitativo este crecimiento.

A continuación, aludió a la aprobación de las Reformas Tributarias de los años 1990 y 1993 oportunidades en las que a los Parlamentarios de Gobierno, dijo, se les alertó sobre las graves consecuencias que se producirían: cómo la inversión iba a bajar, cómo el aumento del gasto iba a producir un desequilibrio monetario en el país y, por tanto, subiría la inflación; que se generaría desempleo, parálisis y desorden económico.

Añadió que la discusión presupuestaria del año 1996 repitió parte de estos augurios y, en estos momentos, al menos los periódicos aseguró anuncian parte de lo mismo, esto es, que el Presupuesto público debe disminuirse, porque de lo contrario se pondrán en peligro los equilibrios y la estabilidad macroeconómica.

Pero, expresó, el resultado que se nos trae, por el Ejecutivo, es contundente y despeja todas las dudas. Las cifras son indesmentibles. Es así como, aseveró, el crecimiento del producto ha sido sostenido, por más de una década, evadiendo quizás ese destino cíclico al que parecía condenado nuestro país. Claramente, dijo, el crecimiento del producto durante 1996 es cercano al 7% y, respecto a la inflación, destacó, es donde se produjeron los resultados más sorprendentes, ya que contrastan con la historia del país, y, como bien lo dijo el señor Ministro de Hacienda, por primera vez en la mitad de un siglo la economía chilena ha tenido tres años continuados con una inflación de un dígito.

Prosiguió diciendo que en 1996 se obtendrá, una vez más, la meta propuesta para la inflación y, respecto al año próximo, se está planteando una nueva reducción, no drástica, sino que marcando un camino de control persistente de los precios.

Destacó también los resultados en el campo de la inversión, la que ha crecido en estos últimos años, alcanzando a un 28% del producto interno, siendo su fuente de financiamiento el ahorro nacional.

Seguidamente, expresó que el crecimiento sano de la economía aparece como un logro básico de los años de democracia, pero, señaló, no debe olvidarse que se presentan peligros en el futuro, siendo uno de ellos la evolución de las variables externas o exógenas de nuestra economía, como la variación del precio del cobre y de otros productos, los que están en un proceso de caída. Esto significa, prosiguió, que nuestra economía, crecientemente abierta y, por tanto, dependiente de las condiciones de la economía externa, se ve enfrentada a menores ingresos y, por ende, a un impulso cíclico de carácter negativo.

Agregó ser preocupante la situación del tipo de cambio, el que continúa bajando y que puede provocar una disminución del impulso exportador.

Continuó expresando que también se evidencian otras señales negativas que pueden afectar el crecimiento económico sano del país, consistentes en la expansión acelerada del consumo privado y, desde el punto de vista político, la tendencia de ciertas voces populistas que durante el año y, ante cada coyuntura, reclaman más gasto, pero en el momento de discutir el Presupuesto manifiestan que aquél debe disminuirse, lo que, afirmó, es una contradicción que puede generar un estímulo a presiones de la ciudadanía que no puedan satisfacerse.

Añadió que en el campo del crecimiento equitativo, se han obtenido resultados de importancia, al constatarse una mejora sustantiva en la forma de vida de una parte relevante de los pobres de Chile.

Dio testimonio de lo ocurrido en las comunas por él representadas, como Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo, resaltando los adelantos obtenidos desde 1990 en La Pintana, por la inversión directa del Estado en vías de comunicación y en la ampliación de la Avenida Santa Rosa y, asimismo, producto del crecimiento de la economía, que refleja una mejor distribución del ingreso hacia los sectores más modestos. Ejemplo de ello, indicó, es la aparición del primer supermercado y el aumento de sesenta a ocho mil teléfonos.

Sin embargo, manifestó, junto a estos logros es evidente que la brecha entre chilenos sigue expandiéndose, por lo que deben compatibilizarse las mejoras para los sectores desposeídos y el que Chile no despegue dividido en dos países distintos.

Declaró compartir el énfasis del discurso del señor Ministro de Hacienda relativo al desarrollo humano y a la educación, agregando que la forma de ejecutarlo se discutirá en el proyecto de ley correspondiente.

Expresó que debe darse una gran relevancia al tema de la lucha contra la drogadicción que es el reverso de un progreso económico, que lleva a sectores, que antes no eran mercado para ese vicio, a estar bajo la amenaza de caer en él.

Al respecto, manifestó su deseo de que se incremente el presupuesto necesario para la prevención de la drogadicción, y la rehabilitación consecuente.

Seguidamente, propuso que la recreación, la cultura, la ciencia y la tecnología sean atendidas con preferencia por el sector público, señalando la inconveniencia de que el FONDEF sólo promueva concursos cada tres años.

Destacó el papel del Congreso Nacional en el análisis del Presupuesto del Sector Público, relacionándolo con lo expresado por el señor Ministro de Hacienda en cuanto a la fortaleza económica del país. Esto es, en alguna medida, producto de la colaboración del Parlamento que está consciente de su responsabilidad en el rigor y seriedad necesarios para manejar la economía.

Añadió que los Parlamentarios son representantes de un país heterogéneo, de la gente que no puede hacer oír su voz respecto de lo que es el desarrollo del país y las fuerzas del mercado, por lo que, señaló, es papel de los Honorables señores Diputados y Senadores impulsar un crecimiento equilibrado, que complemente los resultados naturales de la competencia económica con el cuidado del desarrollo humano que potencia a las personas, particularmente a las más carentes de recursos.

A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable Senador don Sergio Bitar Chacra, el que opinando sobre la exposición del señor Ministro de Hacienda, destacó la solidez y proyección de largo plazo de la misma.

Seguidamente, y anticipándose a una discusión presupuestaria concentrada en propuestas de rebajas “al bulto”, señaló que con ello se estaría dañando a las personas más modestas, tal como ocurrió el año pasado, siendo este sector de la población el que no puede defenderse de la misma manera como se defienden los grupos más organizados de la sociedad.

Prosiguió recordando lo acontecido en la sesión del 29 de noviembre de 1995, donde se propuso, por un señor Senador, la rebaja del presupuesto en 150 millones de dólares y, luego de arduas negociaciones, se convino en una disminución de 10 millones de dólares.

Criticó dicha rebaja, porque aparte de tener un sentido político, de paso, dijo, se dañó al Sename, también al Programa Chile Joven y a la Enami, respecto de la cual se perjudicó el aumento del fomento a la pequeña minería. Además se afectó al Sernam y se restringió el presupuesto del Servicio de Impuestos Internos.

Añadió que más grave fue que, al término de las negociaciones generales, se tuvo que revisar Partida por Partida, dificultándose el ajuste de la rebaja general a la rebaja de cada una de ellas, y tanto fue aquello, resaltó, que se agregó un inciso al artículo 4º de la Ley de Presupuestos donde se facultó al Presidente de la República para que, por uno o más decretos, expedidos a través del Ministerio de Hacienda, pudiera traspasar hasta la suma de $ 2.000 millones de los Subtítulos 21 y 22, entre diferentes Partidas.

Por ello, manifestó, es indispensable que la probable discusión sobre rebajas del presupuesto sea rigurosa, proponiéndose un conjunto desagregado de reducciones, Partida por Partida para, de esta manera, poder determinar con claridad los sectores que se verán afectados.

Subrayó que el Presupuesto para 1997 demuestra responsabilidad y éxito de la tasa de crecimiento del producto, la que se equipara con la tasa de inflación, permitiendo suponer que en el futuro el crecimiento del producto superará a la inflación.

En consecuencia, planteó, se deben evitar dos tentaciones en el debate presupuestario: una, decir que existe un superávit fiscal y, por tanto, que debe gastarse dicho excedente y, otra, proponer rebajas de los impuestos para que no se produzca el superávit fiscal y, en consecuencia, tampoco se puedan destinar dineros al gasto social.

Manifestó que la carga tributaria en Chile es adecuada y no debe ni bajarse ni subirse. Tal vez, opinó, debiera reacomodarse, lo que se estudiará el año próximo con el proyecto que haga llegar el Ejecutivo.

Sin duda, agregó, las tasas de ahorro público y el superávit fiscal, deben mantenerse, al igual que la focalización y el destino de la inversión social de estos recursos adicionales.

Finalmente, indicó que los dos desafíos que enfrentará la economía chilena, de ahora en adelante, son el inicio de la fase más difícil de la lucha contra la pobreza y la distorsión de la estructura productiva, por razones de tasa de cambio u otras, hacia una alta concentración en Santiago y una alta concentración en actividades vinculadas a los recursos naturales.

En esa proyección, expresó, el Estado tiene que ser capaz de enfrentar dichos problemas, por lo que la discusión del Presupuesto del Sector Público debe considerar el gasto estatal en favor de los más pobres que se ha incrementado en 8%, como también sopesar una política más agresiva, de parte del Estado, respecto de la pequeña y mediana empresas, sobre todo en las Regiones.

También debe evaluarse en la discusión presupuestaria, agregó, la capacidad de control de los 350 indicadores de gestión para 75 servicios públicos, lo que, advirtió, supone un Estado eficiente. Asimismo recordó que debe ejecutarse la Reforma Educacional, las becas y la capacitación; que se va hacia una expansión de la infraestructura espectacular, debiendo contarse con Superintendencias de Obras Públicas, Sanitaria, de Puertos, y con una capacidad regulatoria de los cambios institucionales que establezcan un Estado con funciones claras, pero poderoso a la vez.

Por ello, advirtió, las tendencias que buscan un Estado mínimo, o generar un rezago del Estado, pueden provocar una obstaculización de la modernización con equidad, a la que todos aspiramos.

Denotó, por último, su preocupación por temas no incluidos en el Presupuesto para 1997, pero que deben ser profundizados en el futuro, mencionando a las personas de la tercera edad, a los exonerados políticos y de las Fuerzas Armadas, y el desarrollo urbano.

Luego intervino el Honorable Senador don Miguel Otero Lathrop señalando que se referiría solamente a dos aspectos de toda la exposición del señor Ministro de Hacienda. Uno, el problema de la educación en relación con la cesantía juvenil existente en la actualidad, que comprende desde los 15 a los 2324 años.

Agregó que todos saben que la cesantía se combate con la educación, pero, opinó, no es suficiente la educación científicohumanista, porque los alumnos que terminan el Cuarto Año de Enseñanza Media y quieren trabajar, no pueden comprobar ninguna especialidad o técnica necesaria para cualquier labor.

Manifestó llamarle la atención el no encontrar ninguna referencia en lo dicho por el señor Ministro de Hacienda ni en lo expresado por el señor Ministro de Educación sobre lo que antaño se denominaban las artes y oficios y las escuelas vocacionales.

Añadió que en esta época no existe ningún colegio, universidad o instituto que tenga profesores que puedan enseñar artes manuales como la gasfitería, carpintería, hojalatería, albañilería, etcétera.

Prosiguió manifestando que con los conceptos actuales se desvaloriza el trabajo manual, lo que incide en la capacitación laboral que se dirige a áreas como la computación, que innecesariamente se pretende enseñar a todo el mundo, produciéndose finalmente un gasto y no una inversión.

Seguidamente preguntó, ¿por qué no se aumenta el número de colegios técnico-industriales? ¿Dónde se le entrega a los jóvenes la concepción de que el trabajo manual es tan importante como una profesión liberal?

Añadió que se habían hecho desaparecer las Escuelas de Artes y Oficios y las Escuelas vocacionales por una suerte de snobismo intelectual.

El segundo aspecto analizado por el Honorable Senador señor Otero es el relativo a la salud, reconociendo que el Gobierno ha efectuado grandes inversiones en este campo, pero indicando a la vez que el problema consiste en determinar si éstas mejoran o no el acceso a la salud.

Añadió que en la actualidad se tiene inversión en hospitales y en consultorios, pero no se efectúa una inversión en recursos humanos, debiendo, opinó, descentralizarse y desconcentrarse la salud para permitir operar al sistema en forma local y regional.

Ejemplificó su crítica al manejo de la salud pública con la situación que se presenta en Santiago, Región por él representada, donde en diez manzanas existen cuatro o cinco hospitales y se está construyendo otro más. Preguntó, ¿se justifica ese gasto si al lado existe un hospital universitario que casi no se ocupa?

Requirió el establecimiento de una buena administración, que evite gastos innecesarios como el señalado.

Prosiguió el debate con la intervención del Honorable Senador don Sebastián Piñera Echenique, quien expresó su alegría por el llamado del señor Ministro de Hacienda a tener un diálogo fecundo, con intercambio de opiniones y con sentido de país durante la discusión del Presupuesto.

También dijo celebrar la presencia de los señores Ministros Secretario General de la Presidencia y Secretario General de Gobierno y del Ministro de Economía. Añadió que su opinión de la macroeconomía es favorable, el país en ese aspecto, dijo, está sano, siendo los últimos diez años los mejores de su historia.

Agregó, con todo, que Chile está en la mitad del camino de lograr una buena combinación entre democracia y desarrollo, ya que el ingreso per cápita asciende a US$ 4.500 dólares y el Banco Mundial ha determinado como el umbral para abandonar el subdesarrollo la cantidad de US$ 9.000 dólares por habitante.

Por ello aseveró que no basta mantener los equilibrios macroeconómicos o, simplemente, administrar el país, sino que se requiere, permanentemente, generar impulsos, modernizaciones, estar alerta a los cambios y no caer en actitudes complacientes.

En el contexto presentado, señaló, las inquietudes del sector político representado por él, en relación al estado de la economía chilena y del Presupuesto del Sector Público para 1997, son las que siguen.

Recordó que el señor Ministro de Hacienda, hace unos pocos meses atrás, aseguró que el gasto total iba a crecer menos que el producto, pero, indicó, las cifras del Presupuesto demuestran que el gasto corriente está creciendo a un 5,6%, esto es, muy cerca del límite de crecimiento del producto; y que el gasto de capital crece sobre ese porcentaje, con lo que, continuó, el gasto agregado está creciendo en 6,4%, todo ello, de acuerdo a cifras del Gobierno.

Argumentó que si se excluyen los intereses, ya que los economistas saben que no tienen impacto sobre el gasto, el gasto corriente estaría creciendo, con este Presupuesto, a un 6,5%, muy por encima de la meta de crecimiento; y el gasto total estaría creciendo, descontando intereses e inversión financiera, Presupuesto contra Presupuesto, en un 7,7%.

Añadió que, con la excepción del año 1995, el Presupuesto para 1997 nos indica que el gasto público crecerá más que la economía, y eso, expresó, no ha sido alertado sólo por la Oposición, puesto que el señor Presidente del Banco Central, hasta hace muy poco Ministro del Gobierno actual, opina que el Presupuesto está en el límite, y ello, dijo el Senador, es la forma de manifestar su preocupación por una política fiscal muy expansiva que obliga a una política monetaria y de tasas de interés excesivamente contractiva.

Continuó expresando que al crecer el gasto se pueden esconder muchas falencias.

Luego señaló que es sabido que los países pueden tener distintos tipos de equilibrio, pero el de Chile, con una contradicción incipiente y moderada, pero peligrosa, entre política fiscal y política monetaria, puede llevarnos a tener una tasa de interés demasiado alta, una inflación cada día más rebelde, un tipo de cambio desmejorado, todo lo cual, aseguró, lesiona la inversión y el desarrollo del sector exportador.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, reconoció que las cifras de inversión son muy saludables.

Seguidamente manifestó su preocupación porque el señor Ministro de Hacienda dijo que los ingresos tributarios crecen en 5%; pero, explicó el Senador, ello es resultado de comparar los ingresos tributarios de 1996 con la Ley de Presupuestos para 1997, cuando lo que debiera compararse es Presupuesto 1996 con el del año próximo, lo que da una cifra de crecimiento del ingreso tributario de 9,3%.

Prosiguió diciendo que si dicha cifra no se lograba, sino que llegaba a alcanzar sólo un 5% entre los Presupuestos de 1996 y 1997, el superávit total del país o “balance final” ya no sería del 1,1%, arribando, en cambio, a 0,4% del Producto, y sumándole el déficit del Banco Central, que comprende un 0,8% del Producto, se estaría en presencia, afirmó, de un resultado global negativo, es decir, el Gobierno empezaría a endeudarse.

Por ello, explicó, se está planteando que el gasto no crezca más que el producto, invitando al señor Ministro de Hacienda para que efectivamente así ocurra.

Agregó que la reducción debiera ascender a 180 millones de dólares, discutiéndose esa idea, como corresponde, en las Subcomisiones.

También expresó estar preocupado por la eficiencia y la focalización del gasto público, remitiéndose a lo informado por el señor Ministro en cuanto a la existencia de 350 indicadores de gestión; pero, agregó, Chile ha duplicado el presupuesto de Salud Pública, en circunstancias de que los usuarios han disminuido y, además, en el Presupuesto 1997 se produce una generosa distribución de fondos, aumentándose el gasto en educación, capacitación, etcétera, advirtiendo que a las empresas y a las personas no se las mide por lo que gastan, sino por lo que producen y, señaló, el Estado no debe ser la excepción.

Agregó que el país, entre 1989 y 1996, aumentó el presupuesto de educación hasta niveles de dos mil trescientos millones de dólares, lo que no ha producido los frutos esperados, porque analizando los resultados de la prueba SIMCE, en los últimos seis años, sólo ha habido un aumento del 60,5% al 63% promedio de aprobación, y en los países desarrollados el promedio fluctúa de 85% a 90%.

En consecuencia, resaltó, a ese ritmo no habrá educación de calidad hasta treinta años más.

Seguidamente manifestó que se observan dos indicadores clarísimos; en salud y educación se han efectuado grandes empeños, pero nadie se preocupa de medir el producto y no de medir el insumo, que, señaló, es, esencialmente, medir la eficiencia de la educación o la deficiencia de salud o del gasto público en general.

A continuación se refirió al tema de la pobreza, indicando que se gastan $ 321 mil pesos, mensualmente, por familia, si se toma en consideración el 50% más pobre de la población. Este gasto, añadió, se duplicó en los últimos siete años, con resultados negativos, ya que la última encuesta CASEN demostró que el 10% más pobre no avanzaba, sino que retrocedía.

También opinó sobre el marco legal del compromiso político contraído para el Presupuesto de 1996, uno de cuyos párrafos decía que los más de tres mil millones de pesos para Enacar estaban condicionados a la previa evaluación favorable de un organismo independiente, la que se llevó a efecto por dos entidades que concluyeron en la no viabilidad de dicha empresa.

Preguntó, ¿que pasó con los recursos sujetos a condición? ¿Se asignaron? Contestó que fueron asignados, de todas maneras, solicitándose, a través de un proyecto de ley, tres mil millones de pesos extras.

A continuación, recordó el artículo 22 de la actual Ley de Presupuestos, que exige la entrega de determinadas informaciones en los tiempos y oportunidades allí establecidos, lo que no se cumplió en su totalidad.

En seguida se refirió al aporte de siete mil millones de pesos para la Enami, donde ochocientos millones son subsidios de precios para los pequeños mineros, lo que, opinó, no debiera ser canalizado a través de una empresa pública, sino que, vía Gobierno, señalando que, a nivel general, en las empresas públicas hay un abismo de ineficiencia. Entregó seguidamente, un dato para meditar: si las empresas públicas tuvieran, en promedio, la misma rentabilidad que las sociedades anónimas abiertas, e incluso, menos de la mitad de dicha rentabilidad, se dispondría de 600 millones de dólares adicionales de aporte de dichas empresas al Fisco.

Respecto al tema de la descentralización, expresó que la Oposición aspira a que la mitad de la inversión pública sea resuelta a nivel regional o local. Reconoció avances en esta materia, pero sobre una base insignificante, porque se está muy lejos de la meta de un 42% de inversión regional y local.

En cuanto al ámbito agrícola, manifestó que los dineros prometidos a propósito de la asociación con el Mercosur, deben ir a resolver los problemas de los pequeños agricultores y no a engordar la burocracia pública asociada a la agricultura.

Por último, el Senador hizo un llamado al señor Ministro de Hacienda para no iniciar el análisis presupuestario con la convicción de que todo lo consignado en las Partidas es perfecto, similar a las Tablas de la Ley entregadas por Dios a Moisés.

Manifestó la necesidad de tener oportunidades para discutir la reducción de gastos o su reasignación, llamando también a los Parlamentarios de Gobierno a equilibrar sus posturas para, de esa manera, poder mejorar el Presupuesto de 1997 y no quedarse detenidos en un diálogo de sordos, como en otras oportunidades.

Posteriormente intervino el Honorable Senador don Jorge Lavandero Illanes, quien comenzó sus palabras informando que el año 1995 el crecimiento alcanzó un 8,5%, con un gasto global de un 12,9%. Ello, advirtió, empujado por un gasto privado de un 14,3%.

Agregó que el año 1996 se ha debido controlar el excesivo gasto privado, con lo que ha bajado el crecimiento a términos más razonables para evitar la sobre-expansión económica.

Continuó explicando que la inflación se ha mantenido controlada, no obstante las alzas del trigo y del petróleo, que determinan, por sí solas, 2,2 puntos de aumento de la inflación.

Añadió que durante 1996 el PIB crecerá en 7% y para el año próximo calculó que el Producto será de un 6%, algo superior al estimado por el Gobierno (que supone un crecimiento de un 5,5% a 6%).

Manifestó, luego, que año a año la Oposición rebaja los pronósticos del Gobierno para tratar de justificar un menor gasto fiscal, pero también, año a año, estos cálculos son erróneos, ya que el crecimiento ha sido mayor y ningún político opositor ha logrado dar explicaciones por sus gruesos errores económicos, los que, en definitiva, han sido solamente cifras demagógicas.

Así, expresó, el slogan “El país crecerá menos y la inflación, con las metas del Gobierno, aumentará” ha quedado como falso, porque la inflación estimada por el Banco Central, el Gobierno y otros importantes economistas para 1997, será de un 5,5% y el crecimiento, aproximadamente, será de un 6%, situándose el gasto fiscal muy por debajo del crecimiento.

Sobre la tasa de desempleo, indicó que la de este año, junto a las de 1991 y 1993, han sido las más bajas, de acuerdo a la nueva muestra para medir el desempleo con mayor precisión.

Añadió que la tasa de inversión, que es la determinante del crecimiento futuro, romperá los récords históricos, situándose en un 28%, con un ahorro de alrededor del 25%.

Sobre las exportaciones previstas para 1997, dijo que alcanzarían a los 16 mil millones de dólares, lo que, sumado a las importaciones, eleva a más de 32 mil millones de dólares el comercio internacional.

Para poner en su lugar, expresó, a los economistas errados de la Oposición, se debe afirmar responsablemente que sus cifras son desdichas por la realidad, y lo ocurrido en los últimos tres años establece un récord histórico en materia de crecimiento y de estabilidad.

Recordó que variados economistas pronosticaron el caos económico con el advenimiento de la democracia, los que se equivocaron, porque el régimen militar sólo logró una tasa de ahorro de un 7,8%, que es un tercio de lo alcanzado por el Gobierno de la Concertación, período en el que la tasa de inversión llegó a menos de un 18%, lo que no es comparable con la inversión sostenida que se ha logrado en los últimos seis años, que alcanzará un 28% en el año en curso.

Agregó que la inflación, en 1989, ascendía a 27%, lográndose un 6,5% en 1996, y la meta para 1997 es el 5,5%; la productividad media subió de un 2,7% en 1989 a un 5,3% en 1996; y los salarios aumentaron desde un 0,4% en 1989 a un 5% real en el actual año.

Destacó el alto nivel obtenido en la exportación de servicios, la que aumentó de mil novecientos millones de dólares en 1990 a tres mil doscientos millones en 1995.

Respecto al aumento de personal en la administración pública, aclaró que sólo sube en poco más de un 0,53% con relación al año 1995, situándose dicho aumento, fundamentalmente, en Carabineros y Salud.

Prosiguió diciendo que todos estos buenos elementos y cifras se han obtenido sobre la base de un tremendo esfuerzo por parte del Gobierno, de la Administración Pública, de los profesores, de los jubilados y de los trabajadores, debiendo tenerse claro, señaló, que estos sectores han soportado una gran carga.

Añadió que el Estado está en el límite del empequeñecimiento, de ser jibarizado y bajo ese nivel, no obstante una mayor focalización y eficiencia que pudiere lograrse, se llegaría a situaciones peligrosas para la estabilidad social, y se profundizaría la brecha entre los sectores pobres y ricos.

Quiso ejemplificar lo recién expuesto con lo acaecido en los países desarrollados, donde el 20% más rico no sobrepasa el 45% de los ingresos. En Chile, indicó, el 20% más rico se lleva el 61,90% de los ingresos. En los países desarrollados el ingreso del 20% más pobre no es inferior al 5 ó 6%, en cambio, en Chile alcanza, apenas, a un 3,5% de los ingresos.

En consecuencia, manifestó, en materia de distribución del ingreso, nuestro país se nivela con otros países latinoamericanos y africanos tradicionalmente pobres, y si no se adoptan medidas eficaces, la brecha entre ricos y pobres irá creciendo, al punto que en diez años se podría llegar a que el 20% más rico obtuviese como ingreso el 75% del producto y el 80% de los chilenos sólo obtendría el 25% restante.

El desbalance que se evidencia, afirmó, se debe a las políticas fuertemente concentradoras del modelo neoliberal, heredado del Gobierno Militar, que se continúa aplicando.

Recordó que en el Gobierno de Patricio Aylwin se aprobó una reforma tributaria que permitió disminuir esa brecha en un plazo ínfimo, revirtiéndose el mejoramiento del ingreso de los sectores más pobres, por haberse tenido que realizar un ajuste macroeconómico el que recayó, como es habitual, con cesantía y menores ingresos en dichos sectores.

En la segunda reforma tributaria, prosiguió, en el actual Gobierno, se rebajó la carga tributaria a los sectores de más altos ingresos en 180 mil millones de pesos, evidenciándose las muchas ventajas con que cuentan éstos para consolidar su situación predominante, como los subsidios estatales que, para los exportadores, alcanzan a sumas cercanas a los 400 millones de dólares anuales.

Manifestó su inquietud por la evasión tributaria, que produce una gran injusticia entre los buenos y malos contribuyentes, calculándose ésta en la colosal cifra de tres mil cuatrocientos millones de dólares anuales, correspondientes a un 25% de los ingresos fiscales netos. De la cifra señalada, el 45% de la evasión se efectúa en el IVA, el 31% respecto al Impuesto de Primera Categoría, y un 20% por el Impuesto Global Complementario.

Esta enorme evasión, remarcó, produce una gran injusticia para los buenos contribuyentes y, paradojalmente, es cometida por los sectores de altos ingresos económicos.

Inmediatamente después, se refirió a un informe de las Naciones Unidas, específicamente del PNUD, denominado “Desarrollo Humano en Chile, 1996”, que destaca el avance de nuestro país en los últimos años, pero también acusa las profundas debilidades que lo afectan.

Dicho informe, explicó, sitúa a Chile en el lugar 33 de la clasificación mundial, indicando que fue uno de los 24 países que subió desde el nivel medio en que se encontraba desde 1960. Al mismo tiempo, agregó, indica las vulnerabilidades del país, siendo una de ellas la mala distribución del ingreso, de un carácter regresivo y peor que muchos países latinoamericanos.

A continuación, expresó compartir las cifras y algunos criterios del Gobierno, aunque opinando que el país mantiene la injusticia social, por lo que las tareas que se deben asumir tanto por el Gobierno como por los Parlamentarios son intentar reducir, no sólo la pobreza y la indigencia, sino que provocar un equilibrio entre los sectores de más bajos ingresos y los de altas entradas.

Manifestó su convencimiento de que el Gobierno está realizando su tarea política, dentro de los términos que le impone la Oposición. Por ello, dijo, si no se avanza más rápido en materia de justicia social, en el mejoramiento de los casi cuatro millones de chilenos que perciben un ingreso por debajo de una canasta familiar, continuaremos creciendo, pero eso no significará que se está estructurando un país donde se reduzca la injusticia social.

Seguidamente, el Honorable Senador don Andrés Zaldívar Larraín intervino expresando que le parecía estar escuchando la misma discusión que se dio en el debate presupuestario del año pasado, es decir, nada nuevo.

Manifestó que los hechos y los resultados le hacen creer en el señor Ministro de Hacienda y no en las críticas de algunos miembros de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, porque basta con recordar lo informado en 1995, por el señor Ministro, en cuanto a que el país lograría un crecimiento del 7%, una inflación del 6,5%, un ahorro público que bordearía el 4%, un crecimiento real de los salarios, una tasa de desempleo en disminución, un incremento de las exportaciones, una tasa de inversión del 27% y una tasa de ahorro de un 24%. Todas esas predicciones, destacó, se han cumplido o se cumplirán efectivamente.

Resaltó también lo informado por el señor Ministro en cuanto a que el gasto en 1996 será coincidente con el producto, teniéndose presente que el gasto público se sitúa más abajo que el privado y, proyectándose esta tendencia al último trimestre de 1996, indiscutiblemente

afirmó el producto se ubicará sobre el gasto.

Pidió al señor Ministro de Hacienda seguir con el plan trazado, sin acoger los reclamos de la Oposición, porque, en caso contrario, las cifras exitosas podrían verse afectadas.

Luego se refirió a las críticas dirigidas al incremento de gastos en salud y educación, expresando que dichos gastos tienen como primer objetivo eliminar déficits de arrastre de muchos años en cada sector y, de esa manera, lograr mejores niveles de salud y educación, los que no se medirán numéricamente, agregando que en este punto es necesario aclarar qué es inversión y qué gasto corriente.

Añadió que el Honorable Senador señor Piñera sostiene que el pagar más remuneraciones es un gasto corriente, pero, dijo entender el Senador Andrés Zaldívar, que eso es una inversión fundamentalmente reproductiva, porque se dirige al recurso humano.

Reconoció el aumento de gastos en la salud, dirigido a la infraestructura, a la dotación de personal y sus remuneraciones, declarando que, en términos reales, los funcionarios de la Salud tienen remuneraciones en un 60% mejores que hace seis años, y aún así declaran no estar satisfechos con ellas.

Lo mismo sucede en Educación, agregó, pero en este ámbito se pueden mostrar muchos avances en infraestructura, en dotación de elementos educativos como la red computacional, en el aumento de las subvenciones. Todo ello, dijo, es un elemento positivo de inversión.

El Honorable Senador don Sergio Díez Urzúa solicitó una interrupción para señalar que no se ha dicho que los gastos no deben hacerse, sino que el resultado de dichos gastos es insatisfactorio, ya que si se suman los años necesarios para llegar a unos niveles del SIMCE de país desarrollado es claramente desfavorable el resultado obtenido.

Declaró estar convencido de que el país y este Gobierno pueden más que lo demostrado; de ahí, expresó, las críticas efectuadas.

Continuando con su intervención, el Honorable Senador don Andrés Zaldívar Larraín, declaró creer que los dineros invertidos en educación y salud han sido bien gastados.

Posteriormente, se refirió al tema de la pobreza, aceptando que no se ha podido avanzar de una manera ideal, pero de que sí se han producido cambios concretos y beneficios en materia de condiciones de vida y de vivienda.

En cuanto a la regionalización del gasto, expresó que la descentralización y desconcentración del ejercicio de Gobierno es positiva, siendo, en su opinión, muy necesaria la municipalización del gasto.

Sobre la agricultura, dijo que esperaba discutir el cumplimiento del compromiso del Gobierno con el sector agrícola, respecto a la ayuda derivada de nuestra asociación al Mercosur, y si ello no fuera posible concretarlo de inmediato, por la misma naturaleza de la Ley de Presupuestos, se hará en una ley posterior o paralela.

Por último, recordó lo acaecido con una serie de indicaciones, efectuadas en la discusión presupuestaria del año pasado, tendientes a rebajar el gasto, las que provocaron una larga discusión que demostró la casi nula posibilidad de realizar alguna disminución, concretándose, finalmente, en una cifra muy inferior a la propuesta.

La Honorable Senadora doña Olga Feliú Segovia, en relación al tema de la disminución de gastos y refiriéndose, concretamente, a la situación del Sename, expresó que este Servicio, durante cinco ejercicios presupuestarios, ha ido incrementando sus gastos para ocuparlos directamente en la atención de menores, sin tener una ley de respaldo para así efectuarlos.

Agregó que lo solicitado es que el Sename, actuando con su propia ley, realice dichos gastos a través de subvenciones al sector privado, de tal manera que se gaste lo necesario en la atención de un menor, pero no más allá, como ha ocurrido donde el Sename ha doblado el costo por niño.

Prosiguió el debate de la Cuenta del Estado de la Hacienda Pública con la intervención del Honorable Senador don Carlos Ominami Pascual, quien reconoció la importancia del planteamiento global efectuado por el señor Ministro de Hacienda, pareciéndole adecuada la dimensión del Presupuesto para 1997.

Hizo distinción de lo auspicioso del resultado económico en Chile en los últimos tres años, reflejando algo que para muchos no era posible, cual es la bondad de la democracia para con la economía. Chile ha podido crecer, como nunca antes en su historia, en una sociedad democrática.

Añadió que, en aras de la honestidad política e intelectual, muchos debieran reconocer que el país no entró en una etapa de mediocridad económica por el hecho de situarse en un esquema democrático, ni fue superado por otras economías, ya que países como Argentina y México tuvieron caídas de 4% y 7% del producto, respectivamente.

Compartió la preocupación del Senador señor Piñera en lo atinente a la eficiencia del gasto público y a la necesaria evaluación del desempeño de los servicios públicos.

Señaló la necesidad de continuar focalizando los gastos y la necesidad de demostrar una disposición a rebajarlos o eliminarlos, si se comprueba su inutilidad. En todo caso, añadió, se deben efectuar análisis de desempeño veraces; porque en el caso de la salud, advirtió, el cálculo es descomedido, ya que se estableció un indicador de productividad que sólo consideró el gasto en salud respecto del número de prestaciones y, teniendo en cuenta ese indicador, la productividad se mantiene estancada, porque el número de prestaciones es básicamente el mismo.

El tema es, recalcó, interrogarse acerca de la calidad de las prestaciones que se entregan y eso no es un indicador cuantitativo. El número es el mismo, pero la calidad difiere, puesto que ésta se realiza en infraestructuras diferentes. Por ejemplo, en el Chile actual ya no ocurre que ocupen una misma cama de hospital dos mujeres que han dado a luz.

Sin embargo, ello, indicó, no es tomado en cuenta en la estimación de productividad. Tampoco se contabiliza que, por ejemplo, las atenciones médicas se cumplen en hospitales calefaccionados, que las operaciones cuentan con un anestesista, que el personal tiene mejores remuneraciones, etcétera.

Planteó una interrogante sobre el trasfondo que presenta el alegato de algunos sectores contra los servicios públicos, señalando que el solo aspecto cuantitativo puede llevar, como ocurrió el año pasado, a recortes presupuestarios absolutamente irreflexivos e injustificados. A este respecto, opinó que en el caso del Sename, los resultados de haberle rebajado 550 millones de pesos fueron desalentadores, puesto que no fue conveniente cambiar la atención directa del Servicio a una entidad privada subvencionada, en dos centros de la Cuarta y Sexta Regiones, ni pudo concretarse un proyecto de adopciones en el país.

En el fondo de todo, agregó, se tiene un modelo económico altamente eficiente en cuanto a la generación de crecimiento, pero que lo ha sido mucho menos en materia de igualdad y equidad. Por ello, dijo, Chile sabe crecer, pero no sabe repartir equitativamente los frutos de ese crecimiento.

Opinó que no conoce otro agente en la economía, distinto al sector público, más eficaz para generar una distribución más igualitaria de los resultados del crecimiento, y quien hoy día hace un alegato contra el servicio público y el Estado, planteando sistemáticamente la reducción del mismo, quiere instaurar una estructura de distribución de los ingresos terriblemente inequitativa.

El Honorable Senador don Sergio Díez Urzúa solicitó una interrupción para explicar que la Oposición no busca disminuir el Estado, sino que desea una mejor marcha de éste, por ejemplo celebra que haya ingresado a tramitación el proyecto de ley sobre subvenciones a los colaboradores del Sename.

Manifestó también que se teme el aumento del gasto en cuanto dificulte el crecimiento, porque implicaría un retroceso global en la lucha contra la pobreza.

El Honorable Senador señor Ominami, retomando la palabra, dijo alegrarse de las palabras del Senador señor Díez, aunque expresando que no percibía de esa manera el planteamiento de fondo de la Oposición, sino que lo entendía como un asunto cuantitativo, ya que no se han escuchado metas respecto de determinados Servicios y Programas. En cambio, agregó, se han propuesto objetivos muy precisos respecto de la contención del gasto, de hasta cuando debiera crecer el gasto público, etcétera.

La Honorable Senadora doña Olga Feliú Segovia solicitó una interrupción para indicar un tema que es muy importante en el estudio de la Ley de Presupuestos, cual es el de examinar los gastos, de acuerdo con el principio de la legalidad de la actuación de los Servicios Públicos. Éstos se rigen, señaló, por su ley orgánica y sólo pueden hacer aquello para lo cual fueron creados. La Ley de Presupuestos les asigna recursos para cumplir esas funciones y no otras distintas.

El Honorable Senador don Carlos Ominami Pascual, retomando la palabra expresó que Chile tiene un modelo de crecimiento extraordinariamente exitoso, pero no se puede decir lo mismo respecto de la distribución, por lo que, afirmó, el tema del Estado debe ser planteado con una gran altura de miras, porque, opinó, no existe un actor distinto del Estado que garantice una distribución equitativa de los frutos del crecimiento.

Los que plantean, sistemáticamente, dijo, el empequeñecimiento del sector público buscan consolidar una estructura de distribución de los ingresos extremadamente inequitativa.

Finalmente comentó acerca del papel del Gobierno y de la Oposición en el debate presupuestario, expresando que esta última debe plantear con fuerza la necesidad de una buena evaluación de los distintos programas que el Estado quiere poner en práctica, pero no puede asumir un rol que es privativo del Gobierno, puesto que el nivel del gasto público lo debe fijar el Poder Ejecutivo el que, finalmente, responde políticamente por una determinada línea de conducción.

Opinó que un Gobierno elegido por la mayoría de la ciudadanía no puede verse impedido de llevar a cabo el presupuesto por él decidido.

A continuación hizo uso de la palabra el Honorable Senador don Hernán Larraín Fernández, reflexionando sobre la idea de que la economía del país está sólidamente asentada, gracias al manejo macroeconómico realizado durante los últimos seis años.

Opinó que el nivel económico del país se debe, antes que todo, a la acción mancomunada de la gente que trabaja en Chile, esto es, trabajadores y empresarios, los que, desde hace muchos años, veinte años atrás, han venido, en la medida en que el Estado se ha ido retirando de la actividad productiva, dedicándose a crear trabajo, riqueza y, por consiguiente, a desarrollar la Nación.

Agregó que antes de producirse esta nueva dirección económica, el Estado tenía el 90% del control, el país disminuía su riqueza, aumentaba la pobreza y crecía su dependencia del extranjero.

Estimó que no podía dejar pasar lo dicho por el Senador señor Ominami sobre su rechazo a que el Congreso disminuya o rebaje el Presupuesto, basado en que el Gobierno tiene la autoridad presupuestaria, recordando el artículo 64 de la Constitución, que señala como labor del Parlamento, en materia del Presupuesto de la Nación, la de que no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente.

Por consiguiente, expresó, la función que la Constitución encarga al Congreso, el Senador señor Ominami la niega.

El Honorable Senador don Carlos Ominami Pascual, solicitó una interrupción para insistir en su idea de que el Gobierno actual es fruto de la expresión de una alta mayoría, la que no se refleja en el Parlamento.

Inmediatamente continuó su intervención el Honorable Senador don Hernán Larraín Fernández, refiriéndose al tema del gasto versus el producto, en el sentido de que efectivamente el temor existente se verifica, puesto que el gasto público sigue creciendo más que el producto.

Manifestó inquietud sobre las estimaciones de crecimiento que contiene el proyecto de Ley de Presupuestos para 1997, porque se habla de un 5,5% a 6%, lo que, indicó, no se compadece con los estudios de numerosos economistas, entre ellos el del Instituto de Economía de la Universidad Católica, que calcula un 4,8%.

El Ministro de Hacienda don Eduardo Aninat Ureta, acotó que a fines de septiembre del año en curso, varios semanarios hicieron un recuento de las opiniones de analistas independientes, diecisiete de los cuales creen que el crecimiento será entre 5,5% y 6%.

Retomando el uso de la palabra el Honorable Senador don Hernán Larraín Fernández, precisó el tema de la discusión, esto es, que el gasto supera el crecimiento, explicando que al producirse una presión sobre la meta inflacionaria, ello mueve a la autoridad a enfrentar ese problema reduciendo el tipo de cambio, por lo que su baja afecta las exportaciones que han sido, los últimos años, el motor que mueve la economía y, en definitiva, se detiene el crecimiento, siendo éste el que permite tener ingresos tributarios al Estado.

Prosiguió refiriéndose a la proyección de ahorro y superávit de la Ley de Presupuestos para 1997, que mantiene las cifras del año en curso, en un 4,4% y un 1% respectivamente, pero bajo el supuesto de un ingreso tributario que crece en 9,3% en términos reales. Considerando que el señor Ministro indicó que se prevé una reducción de dicho ingreso en 120 millones de dólares, como efecto de la asociación de Chile al Mercosur, ello implica mayores complicaciones en este punto.

Agregó que le extrañaba que no se hubiera mencionado la inflación promedio para el Presupuesto de 1997, dato importante para la parte operativa del mismo.

Reiteró la inquietud atinente a la gestión y eficiencia del gasto fiscal, porque asignar recursos a un sector social no es sinónimo de mejorar su calidad. Aumentar las remuneraciones tampoco es sinónimo de mejorar la eficiencia, porque, precisamente el grueso de las mayores asignaciones para remuneraciones han seguido criterios de reajustes parejos y no ha existido el incentivo por desempeño, el premiar la eficiencia, que es una manera de asignar los recursos que genera resultados positivos en términos de los beneficios o los objetivos del servicio público que recibe ese mayor aumento de recursos, y, añadió, los indicadores, que hasta ahora son escasos, no son suficientes para lograr ese objetivo.

Expresó ser fundamental que el Presupuesto tenga objetivos concretos, defina los beneficiarios a quienes se destinan los mayores recursos y los resultados reales que se obtengan sean los que efectivamente se evalúen para poder pronosticar lo que continúa. Este es un tema, observó, que no ha sido satisfecho, siendo medular para una gestión pública razonable.

Planteó otra inquietud, referida al aumento de asignaciones, en la Ley de Presupuestos, a una serie de instituciones privadas que, año a año, se han ido incrementando en su número, constituyendo dichas asignaciones, prácticamente, un derecho adquirido para su funcionamiento.

Dicho apoyo, dijo, se efectúa sin licitación, vía glosas presupuestarias, de manera que no pueden ser reparadas por la Contraloría.

Dio cuenta de que en la Partida del Ministerio del Interior se incluye la posible construcción de un edificio para un grupo de fundaciones, de cargo fiscal, pero que estaría al servicio de estas entidades privadas.

Referente al sector agrícola, opinó que existe una gran paradoja, porque mientras la actividad agrícola privada decae, año a año, el sector agrícola fiscal observa un crecimiento. Por ejemplo, el gasto corriente agrícola para 1997 es de 17,9% y el gasto en personal crecerá en 7,3%. Esto significa, agregó, que mientras la agricultura se ve confrontada a dificultades claras y precisas, el sector fiscal crece en su burocracia, porque el apoyo a políticas que permitan mejorar la capacidad productiva, la competitividad frente a nuevos desafíos, como es el Mercosur, no están incluidos en el proyecto de Presupuestos para 1997 y, reclamó, el compromiso adquirido con ocasión de la discusión sobre la asociación de Chile al Mercosur no está ni siquiera recogido en el planteamiento del señor Ministro.

El señor Ministro de Hacienda aclaró que en la Subcomisión respectiva el señor Ministro de Agricultura identificará expresamente los programas presupuestarios donde se cumplirá dicho acuerdo.

El Honorable Senador don Hernán Larraín Fernández, al continuar su intervención, se refirió a los subsidios para las actividades productivas, respecto de los cuales el señor Ministro de Hacienda señaló no corresponder a las políticas públicas asegurar un nivel de rentabilidad a las actividades económicas.

El señor Senador comentó estas palabras entendiendo que se dijeron a propósito del tema agrícola, puesto que se ha cuestionado la baja de rentabilidad de dicho sector, agregando que no se están solicitando subsidios, sino que se evite la competencia desleal proveniente del extranjero, que se eviten las políticas macroeconómicas que afectan la rentabilidad del ámbito agrícola y, en relación al Mercosur, que la agricultura pueda prepararse para competir.

A continuación, y en torno a lo expresado por el señor Ministro de Hacienda, preguntó si se entendía por actividades económicas a las que no correspondía asegurar un nivel de rentabilidad las derivadas de Enacar y Ferrocarriles del Estado.

Añadió que esperaba la presentación de una indicación del Ejecutivo en orden a reducir los aportes a esas empresas, puesto que no se les podría subsidiar, ya que no son empresas rentables.

Luego observó, utilizando una terminología astronómica, que el Presupuesto contiene “hoyos negros”, que son espacios a través de los cuales se generan las holguras para el manejo presupuestario, entendiéndose, en consecuencia, que lo aprobado por ley se corrige por decreto, lo que, opinó, no es una actuación responsable.

Solicitó que en las Partidas, donde se posibilitan las holguras por su carácter de indefinición o indeterminación, se glosen, esto es, se asignen a propósitos específicos, con la precisión de cuánto y para qué, como una manera de asegurar que lo aprobado por el Parlamento se destine a sus finalidades y, si se quiere modificarlo, se le solicite al Congreso la autorización correspondiente, porque, aseveró, si se le resta esa facultad al Poder Legislativo no tiene sentido alguno incluir a éste en la discusión presupuestaria.

Seguidamente intervino el Honorable Senador don William Thayer Arteaga refiriéndose a las palabras del señor Ministro de Hacienda sobre el tema educativo, específicamente en cuanto al Programa de fortalecimiento de la profesión docente, señalando que en este punto no se ha resuelto un problema clave, cual es la armonización entre dos principios, el de la carrera docente del profesional de la educación que garantiza el Estatuto Docente y el de la autonomía comunal.

Añadió que ambas normativas no son compatibles y lo que buscan los profesores son: un nivel de rentas y una carrera profesional.

Prosiguió diciendo que el Estatuto Docente contempla un principio determinante de carrera profesional que es la asignación docente por antigüedad o experiencia, que recarga el costo de cada profesor en la medida en que va avanzando en su carrera. Así, un profesional docente que enseña durante 10, 15 ó 20 años se transforma en un trabajador más costoso, por hacer lo mismo que otro con menos años profesionales, transformándose en un laborante indeseable para cada comuna y para cada presupuesto municipal, generando un conflicto permanente entre los Ministerios de Hacienda y de Educación, porque el Municipio busca tener trabajadores de la Educación más baratos, reemplazando a los más onerosos por los menos costosos, es decir, se destruye la carrera profesional, que es garantizada por el Estatuto Docente.

Afirmó tener una solución para este problema, contenida en un proyecto de ley presentado al Ministerio de Educación, donde se traspasa el beneficio de la asignación docente de antigüedad a un Fondo de Compensación para que, pagándose los mismos años de antigüedad en el país, no graven inequitativamente a cada municipio, o sea, que no se castigue a una municipalidad por mantener a un profesor que es más antiguo o se le premie por cortar la carrera de un maestro en virtud de reemplazarlo por uno con menos antigüedad.

Agregó que el Derecho del Trabajo resolvió este conflicto con las Cajas de Compensación, lo que también debería aplicarse en materia educacional, si se quiere para el profesorado una armonización de su carrera profesional con la respectiva autonomía comunal.

A continuación hizo uso de la palabra el Honorable Diputado don Harry Jürgensen Caesar, aplaudiendo los indicadores económicos positivos logrados por el país en los últimos años, apoyando la iniciativa de derrotar la pobreza y de crear las bases de una igualdad de oportunidades que posibilite la movilidad social.

Declaró tener diferencias de opinión porque los apoyos para los sectores más vulnerables se convierten en negocios para terceros, para empresas y para personas determinadas.

Más aun, dijo, el señor Ministro de Hacienda expresó: “los chilenos tienen derecho a exigir eficiencia en el uso de recursos del Estado”, lo que lleva, agregó, a preguntarse si él apoyaría alguna indicación que haga posible entregarle a la Contraloría la facultad de fiscalizar la eficiencia de esos programas sociales.

Mencionó el caso de un programa de cultivo de tulipanes, en el que se invirtió un millón de dólares 250 millones de pesos por Indap y 150 millones de pesos por el Fondo de Investigación Agropecuaria, para favorecer a 9 ó 10 pequeños agricultores, cosechando 5 ó 6 sacos de bulbos de tulipanes. Al respecto, el señor Diputado resaltó la desproporción entre la inversión y la probable ganancia que puedan lograr los sectores vulnerables, que son los campesinos más pobres.

También ejemplificó la situación, con un programa de financiamiento de la compra de un tractor, cuyo costo asciende a 10 millones de pesos, siendo su tecnología la más avanzada.

Añadió que con esa máquina se busca favorecer a cien campesinos, pero, por su complejidad, no pueden utilizarla, convirtiéndose en el auto del Presidente del Comité de Campesinos.

Inmediatamente después, expresó su curiosidad respecto de los 350 indicadores de gestión que existen en 75 Servicios públicos, porque, aparentemente, denotarían una cobertura enorme de evaluación de la ejecución del gasto público, recordando que en años anteriores los indicadores del Ministerio de Obras Públicas no incluían a la Dirección de Vialidad, que comprendía al 85% del gasto.

Lo que interesa saber, señaló, es cuánto y en qué proporción la totalidad del gasto, y el específico de cada Ministerio, es evaluado por los indicadores.

A continuación trajo a la memoria el acuerdo político del año pasado para saber si efectivamente se le dará cumplimiento, mencionando que todos los años revisa los Ministerios que cuentan con gastos reservados, siendo compromiso vigente el que en el Presupuesto de 1997 se acogerían las conclusiones del Comité de Ética Pública, las que, alertó, no aparecen en los textos correspondientes.

Respecto de la disminución del gasto en cuatro mil millones de pesos, obtenido gracias a la intervención de la Oposición, señaló que demostró claramente que no se necesitaban para horas extraordinarias, para viáticos ni para honorarios.

Observó la existencia de programas similares en organismos públicos diferentes, como los de Corfo para apoyar la pequeña empresa que se repiten en el FOSIS. Preguntó por qué no se estructuran los programas por áreas, de una manera ordenada y lógica.

Sobre el tema de la agricultura, opinó que si ésta pierde rentabilidad es porque la autoridad económica acordó incorporar un nuevo mecanismo reasignador de recursos, acordó transferir recursos de unos sectores económicos a otros, y acordó transferir recursos de una Regiones a otras, agregando que cuando ello ocurre, le corresponde a esa misma autoridad crear las condiciones para que, de alguna manera, ese sector perjudicado vea compensada su situación.

Prosiguió el debate el Honorable Diputado don Pablo Longueira Montes señalando que las cifras entregadas por el señor Ministro de Hacienda obligaban a resaltar las bondades del modelo económico establecido en el país desde hace muchos años.

Indicó como una consecuencia de la cuenta del Estado de la Hacienda Pública, el poder decir que el país tiene un modelo económico que permite contar con los recursos necesarios para derrotar la pobreza.

Agregó que la estrategia de la Oposición en materia presupuestaria es cumplir con el rol fiscalizador de la discusión y ejecución del Presupuesto para el sector público, plasmándola en la incorporación de la mayor cantidad de glosas, puesto que el mejor ejemplo lo entregó la glosa de Enacar que dio origen a una ley. Esta última se debió a la exigencia de la glosa que, en cuanto se requiriera de mayor aporte, éste debía hacerse por ley.

Anunció la incorporación de, a lo menos, cincuenta glosas a las distintas Partidas presupuestarias, las que apuntarán, en primer lugar, a que exista una información oportuna. En segundo lugar, a que realmente el gasto sea eficiente, ya que periódicamente se observa la pérdida de criterios técnicos en la asignación de muchos gastos y, por ejemplo, afirmó, existe un despliegue permanente de funcionarios del FOSIS que ejecutan una labor paralela a toda la red social, porque tienen una estructura que se desconoce y, además, no están sujetos a fiscalización.

Manifestó sumarse al llamado del señor Ministro de Hacienda en cuanto a solicitarle a los Parlamentarios de la Concertación que terminen con el inmovilismo romántico y puedan acercarse a una definición del rol del Estado en materia presupuestaria.

A continuación hizo uso de la palabra el Honorable Senador don Beltrán Urenda Zegers, recordando que el país es de todos y que todos quieren y han querido el bien del país, añadiendo que el aumento del ahorro obedece en gran parte al cambio del sistema previsional chileno.

Seguidamente, en torno al tema de la regionalización y crecimiento armónico del país, declaró sorprenderse con los siguientes datos entregados por el señor Ministro en un anexo de su exposición: uno de ellos, el que señala que durante los Gobiernos de la Concertación el aumento de la fuerza laboral, en el Gran Santiago, absorbió más del 50% del aumento de la fuerza de trabajo del país entero, comentando que siendo éste el elemento que refleja el resultado de otras políticas, indica que las cosas no andan bien, y que Santiago continúa creciendo a un ritmo mucho mayor que el país, lo que puede producir una crisis de proporciones.

Solicitó al señor Ministro de Hacienda la ayuda necesaria para buscar las medidas correspondientes, que eviten la prosecución del proceso recién mencionado, y así realmente Chile pueda crecer en forma armónica y no de la manera desproporcionada como ha ocurrido hasta ahora.

Luego intervino el Honorable Senador don Gabriel Valdés Subercaseaux, quien destacó la coherencia, la solidez y claridad de la exposición ministerial sobre el Estado de la Hacienda Pública, la que, además, demuestra que Chile sigue creciendo con seguridad en un ritmo no superado por ningún país latinoamericano, situación celebrada por el mundo entero.

Manifestó que Chile es un país que se ubica en el límite del mundo y que está efectuando un esfuerzo enorme para salir adelante.

En relación a la disminución del gasto público, opinó que no se puede llegar al extremo de suprimir el Estado, puesto que no debe olvidarse el mantenimiento de las Fuerzas Armadas y su modernización, el que deba contarse con seguridad social, con salud pública, con educación, con caminos secundarios, que deba tenerse cultura y ciencia, esto es, afirmó, debe mantenerse un gasto público razonable.

Declaró preocuparle el tema de la asignación de recursos a las Regiones, ya que existen dos problemas serios, uno de ellos es la concentración de riqueza en los sectores de altos ingresos y, el otro, es la economía de mercado que, sin rectificaciones, lleva directamente a la concentración de la riqueza y a la concentración urbana en unas pocas sedes.

Esto, indicó, no se corrige por sí solo, por lo que se está pensando en la transferencia de más recursos públicos a las Regiones, ya que el 22% actual es poco, recordando el señor Senador el 42% o 45% señalado por el Presidente de la República.

Opinó que se deben crear sistemas que induzcan a la inversión privada, en Regiones, algo que realizaron hasta los países más dogmáticos de donde derivó la grandeza de Alemania, de Estados Unidos y de Francia.

Manifestó encontrar exageradas las críticas a Indap y al FOSIS, señalando que este último organismo cumple una gran labor como creador de capacidades de producción o de asociación productiva, siendo controlado por los Intendentes Regionales.

Expresó su deseo de que sea bien tratado, por el señor Ministro de Hacienda y sus asesores, el tema de los instrumentos con que el Estado y los privados pueden contribuir al fomento de la cultura en Chile, porque poco se saca con crecer en un 6% o 7% si no se tiene educación, la que, en todo caso, debe permitir a la gente poder disfrutar con el resultado del crecimiento económico.

Seguidamente, hizo uso de la palabra el Honorable Senador don Eugenio Cantuarias Larrondo, opinando favorablemente sobre la exposición del señor Ministro de Hacienda, ya que refleja la buena situación actual del país, lo que es un logro que el señor Ministro enseña a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Declaró compartir vigorosamente la idea del señor Ministro en torno a privilegiar el crecimiento económico, agregando que el Presupuesto de la Nación y otras políticas nacionales deben mantener ese horizonte, potenciando el desarrollo del crecimiento, ya que éste se ha mostrado como eficiente solucionador de los problemas de los más pobres.

A continuación, comentó la Partida Presupuestaria del Ministerio de Educación, por considerarla uno de los cimientos de la política nacional y del presupuesto en general, destacando el crecimiento real de las subvenciones en 9%, aunque entendiendo que el objetivo de ello es mostrar la intención de fortalecer y respaldar el sistema público de educación, constituido por el de administración municipal y el particular subvencionado.

Agregó que si ese 9% de incremento real de las subvenciones contiene, por ejemplo, la extensión de la jornada o el aumento previsto para las remuneraciones de los profesores, puede ser un mal índice, ya que debe destinarse al fortalecimiento del sistema educacional público.

Continuó refiriéndose a la práctica poco conveniente de ciertos aportes cuestionables en el Capítulo de la Subsecretaría de Educación, donde se reiteran más de cinco mil millones de pesos para la Universidad de Chile y se entregan más de setecientos millones de pesos al Teatro Municipal de Santiago.

Expresó que los recursos de la Subsecretaría de Educación no deben dirigirse a dichas entidades, ya que ellas ven cubiertas sus necesidades en otros Capítulos y Programas de la misma Partida.

También tocó el tema de la cobertura de la educación prebásica, al observar aumento en el presupuesto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, informando que un niño atendido por este Servicio implica un gasto del orden de los veinticinco o treinta mil pesos, en circunstancias de que el Ministerio de Educación subvenciona la educación preescolar con alrededor de siete mil pesos.

Argumentó que el objetivo de aumentar la cobertura prebásica sería más eficiente destinando dichos recursos a las subvenciones, y así no ocurriría el que, actualmente, no exista presupuesto para asignaciones regionales, porque el Ministerio de Educación no cree en las Regiones ni en la descentralización.

Demostró preocupación, al igual que el Senador señor Urenda, porque la regionalización no forma parte de los énfasis del Proyecto de Presupuesto para 1997, dudando que, como prometió el Presidente de la República, al final de su período, se logre un 42% de inversión en Regiones, en circunstancias de que el año pasado sólo se había alcanzado un 1,6%.

Además, puntualizó, los Fondos Nacionales de Desarrollo y Regionalización no están cumpliendo su rol, y los Ministerios de Salud y de Educación han abandonado sus responsabilidades en construcción de infraestructura.

Añadió que la regionalización y la descentralización no son responsabilidades de la economía social de mercado.

También declaró su inquietud respecto al financiamiento de los proyectos ambientales, porque se desaira las leyes que se han aprobado, puesto que se entrega poco dinero para el Fondo Nacional del Medio Ambiente creado por la Ley de Bases del Medio Ambiente y mucho dinero para el Centro Nacional del Medio Ambiente, que es un instrumento de la Universidad de Chile.

Finalmente, señaló que gastar más y gastar bien deben ser los objetivos del análisis presupuestario, para resolver de mejor manera los problemas de la gente, que son la principal preocupación de los Parlamentarios.

Seguidamente, intervino el Honorable Diputado don Carlos Vilches Guzmán, ocupándose del tema minero, expresando que existen dos realidades en el país. Una, constituida por la gran minería, que explota el cobre, la que goza de óptimas condiciones económicas, y la otra realidad, formada por la pequeña y mediana minerías.

Agregó que el Estado, en relación a la pequeña y mediana minerías, y asumiendo un rol subsidiario, ha mantenido a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), la que ha efectuado lo que no puede ejecutar cada industrial pequeño minero, esto es, comprar minerales, concentrar, fundir, refinar y exportar.

La Enami, indicó, también cumple un rol de fomento de la minería, recordándole al señor Ministro de Hacienda que se adquirió un compromiso político en la discusión del presupuesto del año 1996, porque, para dicho rol, el gasto propuesto era de 20 millones de dólares, pero como no se justificó la aplicación y el buen uso de dicha cantidad, dicha suma se redujo en cinco millones de dólares.

Como consecuencia de dicho acuerdo, dijo, se prometió el envío de un proyecto de ley, por los cinco millones de disminución, para focalizarlos en ayuda del rol subsidiario de la Enami. Dicho proyecto de ley, informó, no ha llegado al Parlamento.

Manifestó que muchas localidades del Norte viven de la pequeña minería, las que necesitan el apoyo de la Empresa Nacional de Minería.

Al término del debate, hizo uso de la palabra el señor Ministro de Hacienda quien dijo resumiría algunas observaciones centrales a las opiniones vertidas en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

En primer lugar, señaló creer captar, del espíritu de la Comisión, un ánimo contributivo y positivo en torno al estilo, ambientación y énfasis que se le dará a la discusión presupuestaria.

Con todo, expresó que son tres los ámbitos fundamentales donde se evidencian diferencias de enfoque, añadiendo que desde el primer Gobierno de la Concertación se ha dicho que el Estado tiene una participación clara y decisiva en lo que es la transferencia de recursos con fines de equidad y de redistribución.

Prosiguió asegurando que los indicadores empíricos, objetivos, del país, aun con todo el ámbito de pobreza y sectores vulnerables existentes, muestran que en la medida en que el gasto social se ha ido mejorando en focalización, volumen, incidencia y cobertura, los porcentajes de pobreza e indigencia han bajado sistemáticamente. Hay muchas causas para esto, observó, no siendo únicamente el aparato de impuestos y gastos que maneja el Estado.

Otra diferencia, apuntó, es la idea sobre el tamaño y rol del Estado, solicitándole a la Oposición evitar las imágenes como, por ejemplo, cuando se refieren al tema impositivo, el que observado desde el extranjero se califica como bueno, agregando que a la población tampoco se la agobia con los impuestos, puesto que el promedio de ingreso tributario, propiamente tal, como porcentaje del producto, entre los años 80 al 87 se acercó al 18,7%, y entre 1994 a 1997 se acercará a un 16,7% o 16,8%.

Respecto a la focalización del gasto, expresó que cubre todo el ámbito de acción estatal, en términos de su efecto en Regiones.

Finalizó sus palabras diciendo que, en el juego democrático, el proyecto de Ley de Presupuestos debe ser sometido a examen y debate por el Poder Legislativo, en la instancia de las Subcomisiones. En estas últimas deben estudiarse los indicadores de gestión que proporcionan información sobre la eficacia y focalización del gasto.

Remarcó su idea, referente al trabajo de las Subcomisiones y de la Comisión Especial Mixta, en cuanto allí debe realizarse la discusión presupuestaria de fondo y no sorpresivamente, por razones políticas o de otro orden, a última hora, el último día de la semana final del mes de noviembre, en las Salas del Parlamento.

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7.Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones sobre las observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República al proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la obtención de licencias de conducir. (boletín Nº 851-09) (O)

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, en conformidad con lo establecido en los artículos 21 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y 167 y siguientes del Reglamento de la Corporación, pasa a informaros, en primer trámite constitucional, sobre las observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República respecto del proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la obtención de licencias de conducir.

Durante el estudio de las observaciones, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Claudio Hohmann Barrientos; del Subsecretario de Transportes, señor Andrés Wallis Garcés, y del asesor del Ministro, señor Carlos Varas Vildósola.

Concurrieron, asimismo, los siguientes personeros:

Por la Comisión Nacional de Trabajadores del Transporte de Carga y Pasajeros (CONTRAPAC), el señor Pedro Monsalve Fuentes, Presidente; el señor Pedro Jara Espinoza, Secretario General; el señor Ulises Martínez Sepúlveda, Secretario Nacional, y el señor José Vásquez González, Tesorero.

Por la Confederación Nacional de Sindicatos y Federaciones de Taxis Colectivos de Chile (CONATACOCH), el señor Carlos Frez R., Presidente; el señor Eduardo Castillo A., Secretario; el señor Héctor Sandoval Gallegos, Secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales, y el señor Benjamín Bizuela Moreno, Tesorero Nacional.

Por la Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores del Transporte y Afines de Chile (CONUTT), el señor Ricardo Maldonado Olivares, Presidente; el señor Ramón Becerra Contreras, Secretario General; el señor Jorge Espinoza Sánchez, representante legal; el señor Antonio Sepúlveda Roblero, Presidente del Consejo Interprovincial de Transporte; el señor José Sandoval Pino, Presidente de la Federación de Choferes de Camiones de Chile; el señor Sabino Pasten Rojas, Tesorero de ésta, y el señor Eduardo Cerda Valdivia, Presidente del Sindicato Fénix.

Por la Asociación Nacional de Escuelas de Conductores, el señor Ignacio Piña, Presidente.

I. ANTECEDENTES LEGALES.

S.E. el Presidente de la República formuló nueve observaciones al texto aprobado por las dos ramas del Parlamento.

Sobre el particular, cabe recordar que, de conformidad con el artículo 35 de la ley

Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, no procede dividir la votación de los vetos, cada uno de los cuales debe ser aprobado o rechazado en su totalidad. La misma disposición legal establece que, si el Presidente de la República separa sus observaciones con letras o números, cada texto así diferenciado será considerado como una sola observación.

Por su parte, cabe tener presente que el artículo 70 de la Constitución Política de la República dispone que, si el Presidente de la República desaprueba el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, lo devolverá a la cámara de origen con las observaciones que correspondan, dentro del término de treinta días.

Agrega que no se admitirán observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo.

Establece, a su vez, que si las dos cámaras aprueban las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al Presidente de la República para su promulgación. Si las dos cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieran por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación.

A su vez, el artículo 36 de la ley Nº 18.918 prescribe que, en caso de que las cámaras rechazaren todas o algunas de las observaciones formuladas a un proyecto de ley y no reunieren quórum necesario para insistir en el proyecto aprobado por ellas, no habrá ley respecto de los puntos en discrepancia.

Por último, el Reglamento de la Corporación establece, en el inciso quinto del artículo 167, que las observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República deberán ser informadas por la respectiva Comisión Permanente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, salvo que la Sala acuerde por unanimidad omitir dicho trámite. A continuación, su artículo 172 regula cada uno de los trámites a que deberán someterse las observaciones formuladas por el Presidente de la República.

II. SÍNTESIS DE LA TRAMITACIÓN LEGISLATIVA.

La iniciativa legal tuvo su origen en un mensaje de S.E. el Presidente de la República e inició su tramitación legislativa en la Cámara de Diputados.

Cabe hacer presente que, durante la tramitación del proyecto de ley en que inciden las observaciones en informe, surgieron algunas discrepancias entre la honorable Cámara de Diputados y el honorable Senado, las que fueron estudiadas por una Comisión Mixta constituida al efecto, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución Política de la República, la que propuso, como forma y modo de resolver dichas diferencias, un texto para las disposiciones objeto de la controversia.

La proposición de la referida Comisión Mixta fue aprobada por la honorable Cámara de Diputados y por el honorable Senado. Se comunicó a S.E. el Presidente de la República el texto aprobado por el Congreso Nacional mediante oficio del Presidente de la honorable Cámara de Diputados de fecha 5 de septiembre de 1996.

Sobre este último texto recaen las observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República, mediante oficio Nº 4334, de fecha 9 de octubre de 1996.

III. PERSONAS INVITADAS POR LA COMISIÓN.

La Comisión invitó al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y a representantes de la Comisión Nacional de Trabajadores del Transporte de Carga y Pasajeros (Contrapac); de la Confederación de Sindicatos y Federaciones de Taxis Colectivos de Chile (Conatacoch); de la Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores del Transporte y Afines de Chile (Conutt), y de la Asociación Nacional de Escuelas de Conductores.

El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Claudio Hohmann, señaló que existen muchas opiniones sobre las materias a las que se refieren las observaciones del Presidente de la República.

Indicó que el oficio del Presidente de la República contiene nueve observaciones o vetos, los cuales se encuentran agrupados en seis grandes temas.

El primer tema que se observa es el que se refiere al viraje a la derecha con luz roja.

Planteó que, al modificar el artículo 110 de la ley de Tránsito, se faculta el viraje a la derecha con luz roja, situación que no siempre resulta conveniente autorizar.

Además, dicho precepto no se ajusta a la normativa contenida en la Convención sobre Señalización Vial de Viena de 1968, suscrita por Chile.

Por lo tanto, es altamente conveniente no innovar sobre dicha materia.

La segunda observación importante tiene por objeto eliminar la norma aprobada por el honorable Senado y por la Comisión Mixta que dispone que la suspensión de la licencia de conducir por no más de quince días dentro de un semestre calendario, no constituye causal de terminación del contrato de trabajo, con lo cual se perseguía proteger al trabajador en la propiedad de su empleo. Sin embargo, al hacer una interpretación “a contrario sensu” de la norma, se podría concluir que la protección del trabajador sería eficaz solamente dentro de ese plazo. Por eso, el Presidente de la República propone suprimir esa norma.

Por otra parte, explicó que los problemas de los conductores están siendo estudiados en forma separada, con el fin de modernizar dicho sistema, que hasta ahora ha sido bastante informal. En todo caso, es una situación que escapa a la ley de Tránsito, por cuanto es materia propiamente de los Tribunales del Trabajo.

La tercera observación en importancia es la que tiene relación con la función de homologación.

Indicó que, si bien en el Nº 1 del artículo 1º del proyecto de ley se definió la función de homologación, no se especificó con claridad la facultad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de traspasar a particulares dicha función, por vía de licitación.

Explicó que este veto es aditivo y que, de aprobarse, permitiría al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones licitar a empresas privadas la función de homologación de vehículos. Esto significa que el propietario de un vehículo nuevo no tendrá que sacar la revisión técnica, precisamente porque el vehículo no ha sido usado. El proveedor del vehículo será quien lo homologará.

Además, señaló que la ley de Presupuestos autorizó al Ministerio para otorgar a empresas privadas la concesión de esa función. Agregó que el Ministerio ya tiene una planta de homologación, la que pretende que sea administrada por particulares. La inclusión de la norma en esta ley tiene como finalidad no depender anualmente de la ley de Presupuestos.

La cuarta observación en importancia es la que se refiere al nivel de escolaridad que deben tener los aspirantes a obtener licencias de conductor profesional.

Indicó que el proyecto despachado por el Congreso Nacional estableció como exigencia “ser egresado de enseñanza básica”, modificando lo propuesto por el Ejecutivo, que exigía para la obtención de la licencia profesional “ser egresado de enseñanza media o de cursos calificados como equivalentes por el Ministerio de Educación”.

Expresó que se trata de un requisito que el Ejecutivo ha planteado desde el comienzo del estudio de este proyecto de ley. Hay organizaciones que lo apoyan y otras que lo rechazan. El Ministerio sabe que se trata de una materia controvertida. Los conductores que tienen licencia profesional en Chile, que conducen camiones de gran tonelaje y buses con muchos pasajeros, deberán cumplir con el requisito de la enseñanza media. Señaló que esta norma ha sido muy criticada, por cuanto podría afectar a la oferta laboral, ya que, históricamente, los conductores nunca han cumplido este requisito. Sin embargo, hay dos aspectos que justifican su exigencia: la alta escolaridad que existe actualmente en Chile y la alta tasa de accidentes de tránsito, en los que mueren más de dos mil personas cada año.

Finalmente, clarificó que una norma de esta naturaleza no se aplicará con efecto retroactivo.

La quinta observación en importancia dice relación a la norma que incorpora una excepción de contar con licencia a los alumnos en práctica de las escuelas de conductores.

El Presidente de la República propone, por medio del veto, suprimir la frase final que señala lo siguiente: “y a las personas que hagan práctica de conducción en vías transitoriamente destinadas por Carabineros para este efecto, a petición de la Municipalidad respectiva”.

Señaló que dicha norma no fue propuesta por el Ejecutivo y se incorporó en el texto del proyecto a raíz de una indicación presentada en el honorable Senado. Aun cuando la Cámara de Diputados la rechazó, esta modificación quedó definitivamente incorporada en el proyecto al ser aprobada en la Comisión Mixta.

Explicó que esta observación repara un error involuntario. Las personas que pueden practicar en la vía pública deben hacerlo al amparo de las escuelas de conductores y no libre y desreguladamente, ya que aumentaría la tasa de accidentes. Agregó que las asociaciones gremiales concuerdan con esta disposición.

La última observación que merece ser analizada es la relativa a la reglamentación, instalación y funcionamiento de las escuelas de conductores de la Clase B, para no profesionales.

Señaló que se propone suprimir el inciso tercero del nuevo artículo 31, que dispone lo siguiente: “Las Escuelas Clase B, al iniciar sus actividades deberán informar a la Municipalidad del territorio donde ejerzan su actividad, de sus planes, programas de estudio, sistemas de práctica, métodos de enseñanza, profesorado e implementos que utilizan para el logro de sus fines.” Como puede apreciarse, la única obligación que se impone a las escuelas de la Clase B es la de “informar” a la Municipalidad respectiva.

Advirtió que la inclusión de la norma que se observa también obedece a un descuido de los involucrados en el estudio del proyecto de ley, ya que las escuelas de conductores de la Clase B quedaron completamente desreguladas.

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El Presidente de la Comisión Nacional de Trabajadores del Transporte de Carga y Pasajeros (CONTRAPAC), señor Pedro Monsalve, expresó que concuerda con casi todas las observaciones formuladas por el Presidente de la República sobre el proyecto de ley en estudio. Sin embargo, hay un punto que interesa mucho a los trabajadores del transporte: la dignificación y profesionalización de los conductores de la locomoción colectiva. Por muchos años, el gremio que representa ha ido en decadencia, tanto en la calidad del servicio que presta como en su remuneración, en su previsión y en la jornada de trabajo. Esto se debe a que se han eliminado exigencias para ser conductor de transporte público de pasajeros. Antiguamente, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones entregaba una placa que identificaba al conductor. Hoy, basta saber leer y escribir y tener veintiún años de edad. Por ello, concuerda con la exigencia de la enseñanza media. Este aspecto incide en el de las remuneraciones. Actualmente, los choferes de la locomoción colectiva perciben el ingreso mínimo, más un porcentaje por boleto cortado, lo que genera competencia entre los choferes y lleva, a su vez, a un comportamiento inadecuado en las rutas. Desde ese punto de vista, hay que profesionalizar el servicio, ya que sólo de esa manera los trabajadores llegarán a tener un sueldo fijo. Los empresarios replican que la exigencia de la enseñanza media encarecerá el servicio.

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El Presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos y Federaciones de Taxis Colectivos de Chile, señor Carlos Frez, expresó que la asociación que preside está en desacuerdo con algunos de los vetos del Presidente de la República. Además, está disconforme con la regulación de otras materias no incluidas en estas observaciones.

Respecto del primer veto (artículo 1º, número 3), concuerda con la disposición aprobada por el Congreso Nacional, ya que es preferible la existencia de vías especiales para los alumnos en práctica.

En cuanto al segundo veto (artículo 1º, número 9), está de acuerdo con la exigencia de la enseñanza básica propuesta por el Congreso Nacional y no con la enseñanza media sugerida por el Ejecutivo. Para profesionalizar la labor de los conductores no es importante tener enseñanza media, sino adiestrarlos en las escuelas profesionales de conductores. Insistir en la enseñanza media es una forma directa de eliminar competencia entre los conductores.

Sobre el tercero y cuarto vetos (artículo 1º, número 20), está de acuerdo con suprimir el inciso tercero del artículo 31. Es el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones el que deberá fijar las normas y los contenidos a las escuelas de conductores de Clase B.

Tampoco concuerda con el veto número 5 (artículo 1º, número 26) referente a la función de homologación. No debe dejarse que las empresas privadas, bajo las leyes de la oferta, ejerzan mediante licitación la función de homologación de los vehículos. Esa labor debe ser ejercida por la autoridad administrativa.

Luego, se refirió al veto número 8, mediante el cual se suprime el número 30 del artículo 1º del proyecto de ley, que permite el viraje a la derecha con luz roja. Manifestó que concuerda con la norma aprobada por el Congreso Nacional y no con la propuesta en el veto, ya que la regla general debería ser la autorización permanente para virar a la derecha con luz roja y con precaución. Este sistema funciona en muchísimas partes del mundo y es un elemento determinante en la descongestión y en el ahorro de tiempo.

Por último, señaló que concuerda con la novena observación (artículo 1º, número 51), mediante la cual se suprime el inciso final del artículo 208, referente a la incidencia laboral de la suspensión de la licencia de conducir por más o por menos de quince días. Todas las materias de carácter contractual-laboral deben estar bajo las reglas del Ministerio del Trabajo, de la Dirección del Trabajo y de los Juzgados del Trabajo. Esta modificación contribuye a profesionalizar el sector.

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El Presidente de la Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores del Transporte y Afines de Chile, señor Ricardo Maldonado, señaló que, lamentablemente, las observaciones del Presidente de la República no consideran las materias que su organización le solicitó que se incluyeran.

Indicó que los vetos presentados sólo se refieren a aspectos técnicos y le otorgan mayores atribuciones al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, pero no resuelven los problemas de fondo. Además, recordó que el Gobierno, en el año 1992, envió al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre licencias de conducir, mediante el cual establecía mayores requisitos para obtenerla, su clasificación y las escuelas de conductores. Expresó que todas las organizaciones estaban de acuerdo en la generalidad de esas materias. Sin embargo, en el honorable Senado se produjo una modificación radical del proyecto. Se da, por lo tanto, una inconsecuencia al no respetarse el contenido inicial del mensaje y al no incluirse esas materias en los vetos. Estas materias son aquellas que favorecen la estabilidad en el empleo, la libertad laboral y el sueldo justo.

Expresó que está consciente de que no puede haber una ley de Tránsito especial para los conductores de vehículos de carga o de pasajeros, pero sí cree que deberían acordarse los aspectos laborales señalados, como única forma de reducir la participación de los conductores profesionales en la tasa de accidentes de tránsito. Por último, señaló que las normas del tránsito deben ser preventivas y educadoras, y no represivas, como las propuestas.

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El Presidente de la Federación de Choferes de Camiones de Chile, señor José Sandoval, explicó que los choferes de camiones tienen serios problemas por las infracciones gravísimas, especialmente la referente al exceso de velocidad. Actualmente, llegan a Chile camiones de más de 380 caballos de fuerza, que circulan en los tramos Santiago-Puerto Montt y Santiago-Arica. En el primer tramo, los empresarios imponen a los choferes la obligación de cubrirlo en doce horas, lo que significa conducir a más de 100 kilómetros por hora. En el segundo caso, exigen al conductor realizarlo solo y en sesenta y dos horas, lo cual es sumamente desgastador.

Indicó que también incide en la seguridad de la conducción el hecho de que los choferes de camiones no toman los descansos a los que tienen derecho, debido al interés por ganar mayor número de comisiones. Agregó que el sistema de remuneraciones de los choferes de camiones, igual que el de los conductores de transporte público de pasajeros, es muy malo. En la actualidad, hay choferes que sólo ganan comisiones. En definitiva, las implicancias de la mala regulación y de los problemas laborales son inconmensurables.

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El Presidente de la Asociación Nacional de Escuelas de Conductores, señor Ignacio Piña, indicó que la asociación que preside ha estudiado el proyecto de ley aprobado por la Comisión Mixta y que ha enviado algunas proposiciones al Presidente de la República, algunas de las cuales se han transformado en las observaciones que se encuentran para análisis.

Primeramente, se refirió a la observación que modifica el número 3) del artículo 1º del proyecto de ley (que modifica el artículo 5º de la ley Nº 18.290), en el sentido de facultar al municipio para que autorice áreas en las que se permita realizar prácticas de conducción. Esta facultad otorgada a las municipalidades atenta contra el espíritu de la ley, consistente en formar conductores capacitados. Lo ideal es que la capacitación se haga en forma profesional, es decir, con la guía de quienes se dedican a esta actividad. Esta norma, por otro lado, generaría problemas de seguridad, ya que la práctica en vehículos no equipados y sin personal capacitado coloca en riesgo la seguridad de las personas. Además, se eliminó una disposición que facultaba a las personas sin licencia para conducir vehículos mediante un permiso que se pagaba en la municipalidad, con lo que se les permitía practicar.

En seguida, se refirió al segundo veto, que establece enseñanza media para ser conductor profesional. Indicó que, a su juicio, es una exigencia que no se justifica. Diversos estudios señalan que no es esencial la enseñanza media para ser conductor profesional. Además, dicha medida restringirá el mercado laboral y conllevará el aumento de las tarifas de la locomoción colectiva.

A continuación, analizó la observación formulada por el Presidente de la República respecto al número 20 del artículo 1º, que suprime el inciso tercero del artículo 31, que dispone que “las escuelas Clase B, al iniciar sus actividades, deberán informar a la Municipalidad del territorio donde ejerzan su actividad, de sus planes, programas de estudio, sistemas de práctica, métodos de enseñanza, profesorado e implementos que utilizan para el logro de sus fines.” Indicó que, en la actualidad, el decreto supremo Nº 39, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, regula el funcionamiento de las escuelas de conductores y exige, como primera medida, la aprobación por ese Ministerio del programa de estudio de la escuela. Posteriormente, se solicita de la Municipalidad respectiva el permiso para instalarse. Es decir, actualmente es la municipalidad la que autoriza, previa aprobación del programa de estudios por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Señaló que comparte plenamente este veto.

Por último, manifestó estar de acuerdo con el veto que suprime el número 30 del artículo 1º del proyecto de ley, mediante el cual se permite el viraje a la derecha con luz roja. Indicó que en la actualidad sólo se puede virar a la derecha con luz roja cuando el semáforo es de tres tiempos y expresamente se lo autoriza. La norma aprobada dice que el conductor que vira a la derecha con luz roja, debe ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía perpendicular y a los peatones que utilizan los pasos peatonales, cosa que en la práctica no sucede. Por último, señaló que, a su juicio, es una disposición muy avanzada para este país.

IV. OBSERVACIONES DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y SUS ALCANCES.

OBSERVACIÓN Nº 1.

Al número 3 del artículo 1º: Para suprimir, en el nuevo inciso tercero del artículo 5º, la frase “y a las personas que hagan práctica de conducción en vías transitoriamente destinadas por Carabineros para este efecto, a petición de la municipalidad respectiva”.

Fundamentos para observar el Nº 3 del artículo 1º del proyecto despachado por el Congreso Nacional:

Esta norma no fue propuesta por el Ejecutivo. Se incorporó al proyecto a raíz de una indicación presentada en el honorable Senado. La modificación quedó definitivamente incorporada al proyecto en la Comisión Mixta, aun cuando la honorable Cámara de Diputados la rechazó.

El proyecto no sólo reglamenta las licencias profesionales y escuelas de conductores profesionales, sino que tiende a introducir la costumbre de que el aprendizaje se haga en una escuela. Para ello, adelanta la edad mínima exigida para conductores de Clase B a 17 años, siempre que aprendan a conducir en una escuela y guíen acompañados por una persona mayor de edad, poseedora de una licencia con una antigüedad no inferior a cinco años.

La norma que se observa tiende a otorgar facilidades de práctica de conducción a quienes no están siguiendo curso en alguna escuela. La práctica se haría en vehículos que no estarían especialmente acondicionados, sin la presencia del instructor. Es decir, se haría en un vehículo sin doble comando, haciendo de profesor cualquier conductor, y sin contar con los seguros necesarios en el evento de producirse algún accidente. El procedimiento administrativo señalado en la disposición observada para determinar las calles donde la práctica podrá llevarse a efecto, es complejo. En efecto, otorga a Carabineros la facultad para determinar la calle, o tramo de ella, donde podrá practicarse la conducción, en tanto que a la municipalidad, que es la administradora de los bienes nacionales de uso público y la autoridad que otorga la licencia de conducir, sólo le asistirá la posibilidad de solicitar de Carabineros la determinación de la vía para este efecto.

La disposición que se comenta no existe en la actual legislación.

Vuestra Comisión, por la unanimidad de los Diputados presentes, acordó aprobar la observación Nª 1.

OBSERVACIÓN Nª 2.

Al número 9 del artículo 1º: Para sustituir, en el número 3 del párrafo “Licencia Profesional” del artículo 13, la oración “ser egresado de enseñanza básica” por “ser egresado de enseñanza media o de cursos calificados como equivalentes por el Ministerio de Educación”.

En el fundamento de esta observación se señala que en el proyecto del Ejecutivo se estableció, como exigencia para los aspirantes a licencias profesionales, ser egresado de enseñanza media o de cursos calificados como equivalentes por el Ministerio de Educación. El proyecto despachado por el Congreso Nacional modificó dicha exigencia, rebajando el nivel de escolaridad propuesto y sustituyéndolo por el de “ser egresado de enseñanza básica.”

Es voluntad del Ejecutivo dignificar y profesionalizar lo más posible la actividad del conductor profesional y, por ello, ha decidido insistir en el nivel de escolaridad propuesto en el proyecto original.

Es preciso destacar que esta proposición cuenta con el respaldo de las asociaciones gremiales de los respectivos conductores.

En mérito de lo anterior, y a fin de contribuir a lo señalado precedentemente, se hace aconsejable efectuar la modificación propuesta, dejando claramente establecido que la norma no se aplicará con efecto retroactivo.

Vuestra Comisión, por la unanimidad de los Diputados presentes, acordó aprobar la observación Nª 2.

OBSERVACIONES Nº 3 Y Nº 4.

a) Al número 20 del artículo 1º: Para suprimir el inciso tercero del artículo 31.

b) Al número 20 del artículo 1º: Para intercalar, entre los artículos 31 y 31 A, el siguiente artículo 31 bis, nuevo: “Artículo 31 bis. Las Municipalidades podrán autorizar a personas naturales o jurídicas para establecer escuelas de la Clase B.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictará las normas a que deberán ajustarse dichas escuelas, sus programas de estudio y entrenamiento y, en general, la enseñanza que impartan. Asimismo, determinará las condiciones que deberán reunir sus profesores y los vehículos e implementos que se usen al efecto.”

Fundamentos para observar el Nº 20 del artículo 1º del proyecto despachado por el Congreso Nacional:

Este proyecto, que modifica la ley de Tránsito, ha dejado libre de toda reglamentación la instalación y funcionamiento de las escuelas de conductores de la Clase B, para no profesionales.

La situación planteada se produjo al modificarse el artículo 31 de la ley vigente y cambiar completamente el texto propuesto por el Ejecutivo en su mensaje, a tal punto que el primitivo artículo 31 se transformó en los artículos 31, 31 A, 31 B, 31 C y 31 D.

En efecto, el nuevo artículo 31, en su inciso primero, dispone que existan dos clases de escuelas de conductores, las de Clase A para conductores profesionales y las de Clase B

para postulantes a licencia de las Clases B, C y D. En su inciso segundo, señala en general las materias que se deben impartir en todas las escuelas, sin distinguir entre ambas clases. Finalmente, su inciso tercero se refiere a las Escuelas de Clase B, y señala que, al iniciar sus actividades, deberán “informar” a la Municipalidad del territorio donde ejerzan su actividad de sus planes, programas de estudio, sistemas de práctica, métodos de enseñanza, profesorado e implementos que utilicen para el logro de sus fines.

Como puede apreciarse, la única obligación que se impone a las escuelas de la Clase B es la de “informar” a la Municipalidad respectiva. Por lo tanto, han quedado eliminadas, sin decirlo expresamente, las facultades del Ministerio para señalar los estándares que deberán cumplir en sus planes, material didáctico, equipamiento técnico, vehículos de práctica, seguros, grados de preparación de sus instructores, etcétera. Tampoco se otorgan facultades al Ministerio para reglamentar dichas materias.

No ocurre lo mismo respecto de las escuelas profesionales de la Clase A, ya que en los artículos siguientes se enumeran las diversas obligaciones que deben cumplir y los planes y programas que deben presentar al Ministerio para obtener su reconocimiento oficial.

Con el fin de evitar que se produzca una verdadera anarquía respecto del funcionamiento de las escuelas de conductores no profesionales, se sugiere mantener la normativa que rige actualmente, introduciendo las siguientes modificaciones:

a) Eliminar el inciso tercero del artículo 31, contenido en el Nº 20 del proyecto, y

b) Mantener vigente el actual artículo 31 de la ley Nº 18.290, el que pasará a ser artículo 31 bis, con la siguiente modificación: Reemplázase, en su inciso primero, la frase final “en que se enseñe a conducir vehículos motorizados”, por “de la Clase B”.

El Subsecretario de Transportes, señor Andrés Wallis, señaló que con esta observación se busca reglamentar las Escuelas de Conductores de Clase B. Estas escuelas siempre han estado regidas por un reglamento dictado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Con la modificación propuesta por el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, quedaría sin efecto esa regulación mediante reglamento, ya que tácitamente se eliminaría la norma que así lo dispone.

Indicó, además, que actualmente existe un reglamento que establece una serie de requisitos que deben cumplir las Escuelas de Conductores. Por el solo hecho de cumplir los requisitos, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones autoriza su funcionamiento. No hay discrecionalidad en el otorgamiento de dichas autorizaciones y la fiscalización del cumplimiento de esos requisitos está radicada en las Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones.

El juez de policía local señor Carlos Varas explicó que el proyecto de ley reglamenta minuciosamente las clases profesionales. Sin embargo, durante su estudio, involuntariamente se eliminó la reglamentación de las licencias no profesionales, contenida en la ley vigente. La observación persigue corregir esa situación.

Vuestra Comisión, por la unanimidad de los Diputados presentes, acordó aprobar las observaciones Nº 3 y Nº 4.

OBSERVACIONES Nº 5 y Nº 6.

A) Para reemplazar la denominación del Título VII de la ley Nº 18.290, por “De las revisiones de los vehículos, de sus condiciones de seguridad y de la homologación”.

B) Al número 26 del artículo 1º: Para modificarlo de la siguiente forma:

a) Reemplazar el encabezamiento por el siguiente:

“26. Sustitúyense los artículos 94 y 95 por los siguientes:”, y

b) Incorporar, a continuación del artículo 94, el siguiente artículo 95, nuevo:

“Artículo 95. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá licitar la función de homologación de vehículos, entre empresas que persigan fines de lucro conforme a las bases de licitación, y por el tiempo que determine, pudiendo incluir el uso y goce o la mera tenencia de bienes que le hayan sido destinados para cumplir dicha función.”.

Fundamentos para observar, en el proyecto despachado por el Congreso Nacional, lo referido a la función de homologación.

En el Nº 1 del artículo 1º del proyecto, se definió la función de homologación; sin embargo, no se especificó con claridad la facultad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de entregar a particulares dicha función, por vía de licitación.

En las diferentes leyes de Presupuestos que se han dictado a partir del año 1993, se ha autorizado al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para construir un Centro de Control y Certificación Vehicular, en terrenos destinados al efecto por el Ministerio de Bienes Nacionales, hasta la adquisición e instalación de los respectivos equipos para el cumplimiento de dicha función. En la ley de Presupuestos para el año 1996, se incorporó la facultad de entregar a particulares esta función.

En mérito de lo expuesto, se considera necesario cambiar la denominación del Título VII y de incorporar un nuevo artículo 95, que establezca las funciones que tendrá el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones respecto del tema de homologación de vehículos.

El Subsecretario de Transportes, señor Andrés Wallis, explicó que este veto es aditivo y que, de aprobarse, permitiría al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones licitar a empresas privadas la función de homologación de vehículos. Además, señaló que la ley de Presupuestos de 1996 autorizó al Ministerio para otorgar a empresas privadas la concesión de esa función. Por último, informó que el Ministerio ya tiene una planta de homologación, la que pretende que sea administrada por particulares. La inclusión de la norma que se propone tiene la finalidad de no depender anualmente de la ley de Presupuestos.

Vuestra Comisión, por la unanimidad de los Diputados presentes, acordó aprobar las observaciones Nº 5 y Nº 6.

OBSERVACIÓN Nª 7.

Al número 27 del artículo 1º: Para sustituirlo por el siguiente:

“27. Derógase el artículo 96.”

El Subsecretario de Transportes, señor Andrés Wallis, explicó que el Nº 27 del artículo 1º del proyecto aprobado por el Congreso Nacional propone derogar los artículos 95 y 96 de la ley de Tránsito. Sin embargo, al aprobar un artículo 95, nuevo, es necesario adecuar el texto del proyecto.

Vuestra Comisión, por la unanimidad de los Diputados presentes y sin debate, acordó aprobar la observación Nª 7.

OBSERVACIÓN Nª 8.

Al número 30 del artículo 1º: Para suprimirlo.

Fundamentos para suprimir el Nº 30:

El Nº 30 del artículo 1º modifica el actual artículo 110 de la ley de Tránsito, agregándole la siguiente disposición:

“Ello no obstante, salvo señalización expresa en contrario, los vehículos que viran a la derecha, previa detención, podrán hacerlo con la debida precaución, siempre que no haya peatones cruzando la calzada”, oración que se estima conveniente suprimir, por considerarse perjudicial para la seguridad del tránsito.

Es necesario hacer presente que, en razón de los imperfectos diseños de vialidad urbana, no siempre resulta conveniente autorizar el viraje a la derecha con luz roja. Por lo tanto, es preferible no dictar una norma general y permanente para este efecto, ya que actualmente las municipalidades están facultadas para autorizar el viraje a la derecha con luz roja, cuando ello pueda hacerse sin peligro para los peatones y el diseño vial lo permita.

Cabe agregar que el precepto incorporado en el proyecto no se ajusta a la normativa contenida en la Convención sobre Señalización Vial de Viena de 1968, suscrita por Chile y que rige internacionalmente desde junio de 1978, la que fue incorporada por nuestro país mediante el decreto Nº 140, publicado en el Diario Oficial de fecha 24 de marzo de 1975.

Por otra parte, es preciso señalar que el Ejecutivo manifestó su oposición a esa norma en cada uno de los trámites del proyecto.

En razón de lo señalado anteriormente, se puede precisar que es altamente conveniente no innovar en dicha materia, suprimiendo, por lo tanto, la disposición señalada.

El Subsecretario de Transportes, señor Andrés Wallis, acotó que la Convención sobre Señalización Vial de Viena, de 1968, no contempla como norma general el viraje a la derecha con luz roja, con lo que, de alguna manera, se incurriría en un problema jurídico al aprobarse una norma distinta de la convención.

Vuestra Comisión, por la unanimidad de los Diputados presentes, acordó aprobar la observación Nª 8.

OBSERVACIÓN Nª 9.

Al número 51 del artículo 1º: Para suprimir el inciso final del artículo 208.

Fundamentos para observar el Nº 51 del artículo 1º del proyecto despachado por el Congreso Nacional:

La modificación sustituye el artículo 208 de la ley de Tránsito, que se refiere a la suspensión de licencias de conducir, cuyo inciso final dispone que la suspensión de licencias por no más de quince días dentro de un semestre calendario no constituirá causal de terminación de contrato de trabajo, pero el trabajador no tendrá derecho a remuneración durante la suspensión, a menos que el empleador lo destine a otra actividad.

La norma altera la práctica actual, cuya jurisprudencia, aplicando las reglas generales, ha estimado lo siguiente:

a) La suspensión de licencia producida por culpa del trabajador no le da derecho a remuneración ni obliga al empleador a proporcionarle trabajo.

b) La suspensión puede constituir o no constituir causal de terminación de contrato de trabajo, al margen del número de días de suspensión, según lo sentencie el Tribunal del Trabajo, el cual debe apreciar en su conjunto la conducta laboral del trabajador.

Por otra parte, la norma aprobada insinúa la idea de que toda suspensión por más de quince días configura una causal de término de contrato, situación que debe decidir, caso a caso, el Tribunal del Trabajo.

Si bien el precepto califica una situación jurídica, innova sobre un aspecto que se estima preferible dejar encomendado, tal como sucede en la actualidad, a la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo y a los Tribunales del Trabajo.

Por lo tanto, parece plenamente aconsejable suprimir el inciso final del señalado artículo 208.

Vuestra Comisión, por la unanimidad de los Diputados presentes, acordó aprobar la observación Nª 9.

V. DOCUMENTO ANEXO.

Vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, con el propósito de facilitaros el estudio de las observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República, adjunta al informe un texto comparado que contiene el texto aprobado por el Congreso Nacional y las respectivas observaciones.

o

En consecuencia, vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, tiene el honor de proponeros que aprobéis las nueve observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República.

Se designó Diputado Informante al señor Octavio Jara Wolf.

SALA DE LA COMISIÓN, a 14 de noviembre de 1996.

Acordado en sesiones de fechas 30 de octubre y 13 de noviembre de 1996, con asistencia de los Diputados señores Sabag, don Hosain (Presidente); Encina, don Francisco; García, don René; Hamuy, don Mario; Hernández, don Miguel; Hurtado, don José María; Jara, don Octavio; Letelier, don Felipe; Masferrer, don Juan; Moreira, don Iván; Taladriz, don Juan Enrique; Tohá, don Isidoro, y Venegas, don Samuel.

(Fdo): PATRICIO ÁLVAREZ VALENZUELA, Secretario de la Comisión.”

Setario de la Comisión.”

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA 1997. Primer trámite constitucional.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley de Presupuestos para el sector público correspondiente a 1997.

Los diputados informantes son: de la Primera Subcomisión , el señor Andrés Palma; de la Segunda, el señor Jürgensen; de la Tercera, el señor Montes; de la Cuarta, el señor Ortiz, y de la Quinta, la señora Rebolledo.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín Nº 1921-05, sesión 1ª, en 1 de octubre de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 2.

-Informe de la Comisión Mixta, sesión 18ª, en 19 de noviembre de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 6.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Gutenberg Martínez, acordaron someter la discusión y votación del proyecto de ley de Presupuestos para el sector público correspondiente a 1997 al procedimiento que se indica a continuación:

1. Las indicaciones podrán presentarse sólo hasta las 12 horas de hoy, facultándose en todo caso a la Mesa para ampliar dicho plazo en treinta minutos, si ello fuere necesario para alcanzar un acuerdo total o parcial.

2. La discusión general tendrá una duración de hasta 2 horas 10 minutos, distribuidas de la siguiente manera:

a) 15 minutos para el señor Ministro de Hacienda;

b) 5 minutos para cada uno de los señores diputados que se indican, a fin de que informen sobre el trabajo de cada una de las cinco subcomisiones: Primera Subcomisión , don Andrés Palma; Segunda Subcomisión, don Harry Jürgensen; Tercera Subcomisión, don Carlos Montes; Cuarta Subcomisión, don José Miguel Ortiz, y Quinta Subcomisión, señora Romy Rebolledo;

c) Los Comités dispondrán de los siguientes tiempos: Democracia Cristiana, 29 ¼ minutos; Renovación Nacional, 24 ¾ minutos; Unión Demócrata Independiente, 12 ¾ minutos; Partido Por la Democracia, 12 minutos, y Partido Socialista, 11 ¼ minutos.

3. Dar por aprobados todos los artículos y las partidas que no sean objeto de indicaciones.

4. Facultar a la Mesa para proponer un mecanismo de despacho en particular, según el número de indicaciones presentadas y declaradas admisibles, para lo cual quedan citados desde ya los Comités parlamentarios a las 12.10 horas.

5. Prorrogar la presente sesión hasta las 16 horas.

6. Iniciar a las 16.30 horas la sesión que tiene por objeto analizar el problema de la sequía en el país.

7. Sugerir a los presidentes de las comisiones permanentes trasladar para mañana las sesiones que debían celebrar hoy.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor León .

El señor LEÓN .-

Señor Presidente , si mal no recuerdo, el plazo para presentar indicaciones hasta las 12 horas era en el evento de que no se alcanzare acuerdo político en el Senado, facultando a la Mesa para prorrogarlo, a fin de lograr un acuerdo total o parcial. Sin embargo, el señor Secretario no hizo la aclaración en su lectura.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , ello está implícito, porque el señor Secretario indicó que hay plazo hasta las 12 horas para presentar indicaciones, en cualquier situación, facultando a la Mesa para prorrogarlo por treinta minutos, en el caso de que sea necesario formalizar indicaciones para lograr un acuerdo parcial o total.

De conformidad con los acuerdos de los Comités, los diputados informantes de las Subcomisiones dispondrán sólo de cinco minutos para emitir su informe.

En ausencia del Diputado señor Andrés Palma , el Diputado señor Armando Arancibia emitirá el informe de la Primera Subcomisión .

El señor HUENCHUMILLA .-

¿Me permite, señor Presidente ? ¿Será factible que se nos haga llegar una copia de los acuerdos de los Comités?

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Con mucho gusto, señor diputado .

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente , dentro del breve tiempo de que dispongo, informaré a la Sala sobre los principales contenidos del debate y del extenso trabajo desarrollado por la Primera Subcomisión , integrada por el Senador señor Sebastián Piñera y por los Diputados señores José García , Tomás Jocelyn-Holt , Pablo Longueira , Andrés Palma y quien habla.

Correspondió a esta Subcomisión el estudio de las partidas correspondientes al Tesoro Público y a los Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Hacienda, y de Planificación y Cooperación.

Desafortunadamente, no hay tiempo para analizar los distintos aportes y acuerdos que se tuvieron en consideración para aprobar las numerosas indicaciones presentadas durante el trabajo de la Subcomisión. Por ello, centraré el informe en las cuestiones más significativas.

Un punto importante de consignar se refiere a la glosa 01, de la asignación 86, ítem 08, programa 03, capítulo 06, partida 07, correspondiente al Ministerio de Economía, y en particular a la Corporación de Fomento de la Producción. Dicha disposición es de quórum calificado, en atención a que la emisión de bonos contemplada por ella puede exceder el plazo de duración del período presidencial, en virtud de lo dispuesto por los artículos 60, Nº 7, y 63, inciso tercero, de la Carta Fundamental.

Asimismo, hay dos asignaciones que es interesante destacar. Una, relativa a la Comisión Nacional Indígena, Conadi, sobre la cual hubo unanimidad para entender que el próximo año tendrá una extraordinaria responsabilidad en los distintos programas a su cargo respecto de nuestros pueblos indígenas, cuyos problemas es preciso atender con la mayor premura posible, en forma sistemática y amplia, para lo cual los recursos fueron considerados insuficientes. Por lo tanto, la asignación correspondiente a Conadi fue rechazada en la Subcomisión, con el objeto de conseguir un aumento de los recursos destinados a su trabajo en 1997.

La otra que mereció un extensísimo y, a veces, áspero debate, en lo relativo a la partida de la Corporación de Fomento de la Producción, fue la transferencia para la Empresa Nacional del Carbón, tema aún pendiente en el debate que lleva a cabo la comisión que tiene a su cargo la negociación para buscar un acuerdo respecto de este tópico. No es necesario subrayar la trascendencia de esta materia y sí destacar dónde radicaron sus aspectos fundamentales.

Como sabemos, hay una propuesta del Ejecutivo en orden a hacer una transferencia para cubrir el déficit operacional de Enacar en el año venidero, en que sólo se plantea la solicitud de evaluaciones sin ninguna indicación adicional.

Hubo una indicación tendiente a suprimir esta asignación -o para reducirla en lo fundamental- para cubrir las deudas que Enacar mantiene con terceros, y deducir los proyectos de aporte para las operaciones regulares u ordinarias del año venidero.

En el curso del debate surgió una tercera proposición, explicitada en el informe –desgraciadamente, por el escaso tiempo del que dispongo, no puedo detallarla-, que tiende a mantener la transferencia de recursos, pero sujeta a un programa o condicionada al cumplimiento de metas trimestrales en el año venidero, con un conjunto de precisiones o restricciones en orden a que si no se alcanzan dentro del trimestre correspondiente, se adoptarán las medidas para que en el trimestre subsiguiente Enacar proceda de inmediato a cerrar operaciones. Esta indicación fue aprobada por la Subcomisión sólo con un voto en contra y una abstención. Pero posteriormente, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos rechazó la indicación en los términos aprobados por la subcomisión y repuso el texto original de la glosa y de la asignación propuesta por el Ejecutivo .

Éstos son los aspectos más sustantivos del debate de la Subcomisión, cuyos detalles se consignan en el informe que tienen en su poder los señores diputados.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ .-

Señor Presidente , la Cuarta Subcomisión fue presidida por el Senador señor Eugenio Cantuarias , y contó con la participación de los Senadores señores Sergio Diez y Carlos Ominami , y de los Diputados señores Carlos Montes y José Miguel Ortiz .

Debido a los cinco minutos que fijaron los Comités, plantearé sólo los temas conflictivos.

Primera Partida. Congreso Nacional.

En primer lugar, el presupuesto para el Senado de la República, para 1997, se aumentó en 200 millones de pesos; el de la Cámara de Diputados, en 500 millones de pesos, y en cero peso el de la Biblioteca del Congreso Nacional.

Después de una amplia discusión, en la cual expresamos que no podíamos entender que el Poder Ejecutivo , una vez más, no dé las posibilidades para que el Poder Legislativo se dignifique -el discurso de su Señoría de ayer versó fundamentalmente sobre la dignificación de este Poder del Estado-, el Director de Presupuestos y las autoridades de Hacienda se comprometieron, después de una evaluación del adelanto tecnológico de la Biblioteca del Congreso Nacional en marzo, a aumentar el presupuesto; de lo contrario, nuestra biblioteca se transformaría sólo en estantes con libros, y todos los equipos de computación, toda la parte tecnológica, adquirida con un préstamo, no tendría ningún destino.

Por lo tanto, le delegan un compromiso que asumió Hacienda, en orden a evaluar y aumentar en marzo el presupuesto en esa parte.

También en la partida del Congreso Nacional, a petición de los cinco parlamentarios de la Subcomisión, se dejó sin efecto la norma que permitía fijar la dotación máxima de un poder autónomo del Estado.

Entre los temas conflictivos de la partida del Ministerio del Interior, está el de Prodemu, donde se incluyó una glosa que dispone recursos para grupos de mujeres de escasos recursos que serán asignados mediante mecanismos concursables de proyectos de apoyo.

Respecto de Integra, a petición del parlamentario que informa se incrementó su presupuesto en 200 millones de pesos, con el objeto de aumentar las remuneraciones de los profesores que atienden sus centros, cantidad que se hará efectiva cuando se fije en el Congreso el piso o sueldo base del magisterio chileno, a contar del 1 de marzo de 1997.

En la partida de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, se analizó ampliamente el ítem relacionado con la infraestructura educacional, teniendo en vista las inquietudes planteadas por algunos diputados. Una vez aclaradas las dudas, se dio por aprobada.

Otro de los temas conflictivos dice relación con el Fondo Social del Ministerio del Interior. El señor subsecretario entregó el listado de 700 proyectos que se estaban llevando a cabo hoy con esos fondos reservados.

Respecto de la partida del Ministerio de Educación, en la Subcomisión se aprobó, por tres votos contra dos, mantener el aporte de 5 millones a la Universidad de Chile, con el agregado de que el Ministerio de Hacienda haga un suplemento de, por lo menos, 2 mil millones de pesos en 1997 para proyectos concursables de las universidades regionales. Esta proposición va a ser estudiada por el Ministerio de Hacienda.

Se aprobó, por tres votos contra dos, una indicación para otorgar poco más de 400 millones de pesos a los liceos de excelencia. Algunos parlamentarios sostuvieron que la norma planteaba una situación discriminatoria, pues estos 40 liceos constituían una élite respecto del resto de los alumnos de la educación secundaria.

Las partidas de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales se aprobaron sin observaciones.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Como los diputados que deban entregar los informes del resto de las Subcomisiones no se encuentran presentes en la Sala, puesto que trabajan en la búsqueda del acuerdo junto con senadores y ministros, solicito que parlamentarios de la Segunda, Tercera o Quinta Subcomisiones relaten el trabajo de ellas.

Asimismo, pido a las bancadas que hagan llegar a la Mesa los nombres de los diputados que, en su representación, intervendrán en el debate en general.

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente , sugiero otro procedimiento.

En verdad, el Presupuesto no puede ser tratado como se está haciendo en este minuto. No están presentes en la Sala el Ministro de Hacienda ni los diputados informantes de las respectivas Subcomisiones. Por consiguiente, propondría que se trataran otros proyectos de fácil despacho, como el que señalé hace algún momento, y luego, como corresponde, entrar a discutir el Presupuesto.

He dicho. 

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , tenemos un acuerdo de Comités en relación con el tratamiento de la tabla, y el proyecto a que alude su Señoría, como se mencionó antes, en la reunión de Comités citada para las 12.15 horas, se planteará incluirlo en la tabla de Fácil Despacho de la sesión de mañana. No es cuestión de Reglamento, porque la tabla de hoy está fijada para tratar exclusivamente el proyecto de ley de Presupuestos.

Como para el buen desarrollo de esta sesión se requiere la presencia del Ministro de Hacienda y del resto de los diputados informantes, se va a suspender por cinco minutos, a fin de salvar este inconveniente.

Se suspende la sesión.

-Se suspendió la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Se reanuda la sesión.

En primer lugar, hará una presentación del proyecto el Ministro de Hacienda , señor Eduardo Aninat. Con posterioridad, los colegas señores Jürgensen, Montes y la señora Rebolledo relatarán los informes de sus respectivas Subcomisiones.

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación para 1997, informado y discutido en diversas subcomisiones y luego en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, que elaboró el informe que los señores diputados tienen a la vista, presenta tres características: está bien diseñado, es equilibrado y busca contribuir al logro de las metas macroeconómicas del país en función de un programa de desarrollo, donde el Estado debe velar por la igualdad de oportunidades y la equidad.

Cabe destacar que las leyes de Presupuesto aprobadas por este Parlamento durante los últimos seis años han contribuido, de manera eficaz y decisiva, a la buena marcha macroeconómica del país.

Si se examinan las metas que en los años anteriores el Gobierno postuló como administración central para la marcha de las finanzas públicas del país y los resultados alcanzados en la práctica, comprobaremos, en detalle, que no sólo se han cumplido bien esos objetivos a nivel de las cifras de crecimiento, de estabilización y de contribución al ahorro y a la inversión, sino que también otros laterales, pero de igual importancia, en dos áreas.

En primer lugar, está claro -y así lo prueban los numerosos estudios de analistas- que el presupuesto público ha contribuido a moderar la agudeza del ciclo económico, que ha tenido un comportamiento anticíclico, a diferencia de lo que ha sido en años pasados el de las finanzas y gastos del sector privado.

El ejemplo más claro es lo ocurrido con el Presupuesto de 1995, ya cerrado, que fue objeto de una discusión in extenso en esta Cámara, en el cual observamos que en el proceso de ajuste económico vivido durante ese año, y en parte en éste, el sector fiscal contribuyó, con su política de ahorro bruto, de moderación en el gasto y del aspecto financiero de los impuestos y de otros ingresos, a que fuera bien manejado, menos agudo y con menos costo para la población.

Otra materia en la que el Presupuesto concurre decisivamente es en la contribución que hace a través de la variación de los gastos de capital del Fisco. Sabemos que todavía hay una serie de áreas e instituciones donde el sector fiscal contribuye más fuertemente a la expansión de la capacidad productiva del país. Los diputados de regiones han tomado conciencia de que el nivel del aporte ha significado, por ejemplo, el crecimiento de los presupuestos de los Ministerios de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones, por citar tres instancias, donde todavía la expansión del gasto de capital o físico del Estado es decisivo para las regiones y provincias.

En segundo lugar, este Presupuesto es coherente con el rol del Estado frente a las necesidades de la sociedad. Sabemos que el Estado debe ser -esa es nuestra visión- un actor ineludible e irreemplazable en el proceso de redistribución y suplementación del ingreso para los grupos más pobres. El Estado no puede eliminarse, autoatarse o tornarse pasivo en el apoyo a los sectores vulnerables y rezagados que todavía existen en el país. Hemos comprobado, a través de diversos análisis que se encuentran en manos del sector público, del Congreso, del Ejecutivo y de las universidades, que en el campo de la distribución del ingreso todavía existe un amplio espectro de avances por realizar. En ese campo todavía no hay, en la práctica, avances sustantivos, sino que el Estado y la sociedad tienen, en materia distributiva, indicadores parecidos a los que imperaron en el año 90-91.

El país ha reducido significativamente la incidencia y los porcentajes de pobreza, en particular la indigencia. El Estado ha desarrollado una acción tremendamente eficaz y decisiva. Hemos detenido, a través del gasto y la inversión social, las tendencias pasadas de deterioro en la distribución relativa de los ingresos; pero está claro que en materia de igualdad de oportunidades y distribución del ingreso tenemos muchísimo por realizar de aquí en adelante.

Por lo tanto, no se puede pretender -y sería ilusorio intentar hacerlo- que el Estado menoscabe o acote sus funciones sociales en aras de un mero procedimiento “de automático chorreo”. Esas políticas no han apoyado, ni aquí ni en otras latitudes, el verdadero cambio en la distribución del ingreso y creación de oportunidades.

Para ser muy específico, más del 13 por ciento de los ingresos monetarios directos que reciben las familias más pobres de los dos primeros quintiles de ingreso, provienen precisamente del presupuesto público, sin contar lo que directamente perciben por concepto de asignaciones de educación, salud y otros. Por lo tanto, cuando en ocasiones se plantea a quién quitar, restar o limitar el presupuesto, la pregunta relevante es ¿a qué sectores sociales y a qué quintiles habría que afectar, dañar o retrotraer? Creemos que no es una pregunta válida para un país que tiene una tasa de crecimiento positiva y que intenta modernizarse.

También hemos construido y diseñado este Presupuesto con prudencia respecto de la estimación de ingresos -incluyendo los tributarios-, y con adecuada provisión de los compromisos y gastos que significan las leyes permanentes.

Aquí hago una adenda: No se puede pedir o exigir al proyecto de ley de Presupuestos de la Nación que opere cual balance efectivo, ex post y final, de ingresos y gastos como ocurre, después de su ejercicio, en cualquier empresa privada. Estamos hablando de un presupuesto, de una anticipación de ingresos, de un cálculo estimativo y de provisión para gastos.

Por consiguiente, creemos que el Estado ha hecho la mejor aproximación posible en estas materias, pero siempre hay variabilidad e incertidumbre que se deben cautelar.

Quiero llamar la atención sobre la contribución que este proyecto de ley tiene en materia de inversión social, en programas de educación, de salud, de vivienda, de capacitación de jóvenes y en programas directamente focalizados hacia los sectores más necesitados.

Si medimos lo que se llama la inversión social directa -excluyendo algunas partidas de provisión y otros-, en este Presupuesto hay un énfasis claro en la descentralización del gasto fiscal.

No quiero enumerar en forma exhaustiva los programas de apoyo directo al agro ni los relativos a instituciones de los ministerios y a servicios sectoriales, porque ellos han sido analizados hasta la saciedad en las Subcomisiones y en la Comisión Especial Mixta.

Deseo dar una voz de alerta sobre el tema de la institucionalidad fiscal vigente, porque hemos sabido que ha habido discusiones y ponencias que, de alguna manera, pretenden cambiarla por la vía de la reforma parcial, sucesiva y aditiva. Consideramos que hay una amenaza muy seria al presupuesto público, de aquí hacia adelante, y a todo lo que significan las finanzas públicas como instrumento del Estado, por tres razones:

Primero, porque no es simple, conveniente ni razonable aplicar meros principios de empresa privada, financiera o comercial al Presupuesto de la Nación como un todo;

Segundo, porque no hemos visto una visión integral que respete la unicidad e integralidad de lo que es el presupuesto público, sino sólo visiones fragmentarias y parcializadas, y

Tercero, porque, por la vía de las enmiendas parciales, fragmentarias y antojadizas -más allá de la necesidad de información oportuna y relevante-, corremos el riesgo de retrotraer nuestra institucionalidad de finanzas públicas a lo que fue en el pasado, en los años 60, o a la que hoy impera en latitudes cercanas, como son los casos comparativos de Argentina, Brasil y Venezuela, entre otros.

Por lo tanto, la pregunta de fondo, más allá de la legítima y conveniente discusión de cada gasto, partida, ítem y glosa -legítima facultad privativa de esta Cámara y del Senado- es si queremos superponer y ensamblar, además, otro tipo de aventuras –llamémosla- no bien diseñadas, fragmentadas y parcializadas para llevarnos a un Estado distinto, de menor control, de afectación de impuestos, de cogobierno en porcentajes e ítem de gastos que no serían admisibles para su buen manejo.

Por la responsabilidad de la hora presente y la enorme cantidad de tiempo que los parlamentarios y el Poder Ejecutivo han dedicado a la búsqueda de un lenguaje común en esta materia, hago un llamado a evitar tentaciones populistas que surgen en lo que se refiere a cambios impensados y fragmentarios a la institucionalidad fiscal.

Gracias, señor Presidente.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Recuerdo a la Sala, en primer lugar, que, según lo acordado en la reunión de Comités e informado al comienzo de esta sesión, el plazo para la presentación de indicaciones vence a las 12 horas. Ya se han recibido algunas en la Secretaría.

En segundo lugar, hago presente a los jefes de bancada que deben hacer llegar a la Mesa la lista de los diputados que van a intervenir en su representación en el debate en general. Hasta el momento sólo ha llegado la de la bancada del PPD.

A continuación, el Diputado señor Harry Jürgensen entregará el informe de la Segunda Subcomisión.

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente , voy a tratar de informar, lo más sucintamente posible, sobre lo relativo a las partidas presupuestarias tratadas en la Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos.

A esta Subcomisión le correspondió tratar las partidas de la Presidencia de la República , de la Contraloría General de la República, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República y del Ministerio de Defensa Nacional.

Todas las partidas tratadas en esta Subcomisión fueron aprobadas en forma normal y por unanimidad. Sólo se presentaron indicaciones en algunas de ellas, y los miembros expresaron especial preocupación por algunos temas.

En cuanto a la Presidencia de la República , se aprobó un presupuesto de 5.171.650.000 pesos y de 820 mil dólares, y se rechazó una indicación tendiente a reducir la rendición de cuentas en forma reservada.

Para la Contraloría General de la República se aprobó un presupuesto de 11.600.547.000 pesos. En su exposición, el señor Contralor manifestó su preocupación, por cuanto los recursos serán insuficientes para atender todas las necesidades de ese organismo.

También se aprobaron las partidas relativas al Ministerio Secretaría General de Gobierno, con indicación rechazada sobre los gastos reservados, y de la Secretaría General de la Presidencia de la República .

Se aprobó también el presupuesto de la Conama, que asciende a 7.626.946.000 pesos.

Igualmente, se aprobó el presupuesto completo del Ministerio de Defensa Nacional, tanto en moneda nacional como extranjera, sin indicaciones ni mayor discusión. El debate estuvo radicado, más bien, en el conocimiento de la situación de la defensa nacional, expuesta en forma muy amplia por el Ministro de la cartera.

El presupuesto de la Digeder, dentro del Ministerio de Defensa Nacional, fue aprobado en forma unánime, pero quedaron pendientes algunas indicaciones que se presentarán en la Sala.

Con el objeto de ser lo más breve posible, no entré en mayor detalle sobre las cifras, pues no significan un aporte mayor a cada uno de los programas o partidas.

En todo caso, quedo a disposición de la Sala para responder cualquier consulta.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Makluf para dar a conocer el informe de la Tercera Subcomisión.

El señor MAKLUF .-

Señor Presidente , la Tercera Subcomisión estuvo presidida por el Senador señor Roberto Muñoz Barra e integrada por los Senadores señora Olga Feliú y don Andrés Zaldívar , y los Diputados señora Evelyn Matthei y señor José Makluf .

Estuvo encargada de las partidas relacionadas con el Poder Judicial y con los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Justicia, del Trabajo y Previsión Social y de Salud, es decir, de las partidas 03, 06, 10, 15 y 16 del Presupuesto de 1997.

En cada uno de los temas se escucharon las exposiciones de las autoridades correspondientes: Del Presidente de la Corte Suprema, señor Servando Jordán; del Ministro Subrogante de Relaciones Exteriores, señor Mariano Fernández; de la Ministra de Justicia, señora Soledad Alvear; del Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Jorge Arrate, y del Ministro de Salud, señor Alex Figueroa.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

¿Me permite, señor diputado ? El señor Ministro de Hacienda ha solicitado autorización para que ingresen a la Sala el Subdirector de Presupuesto y dos asesores de dicha repartición.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Puede continuar su Señoría.

El señor MAKLUF .-

Señor Presidente , en general, en la Subcomisión los acuerdos se adoptaron por unanimidad. Las distintas partidas se aprobaron sin modificaciones, salvo una del Ministerio del Trabajo que se refiere al traspaso de 140 millones de pesos desde la Dirección del Trabajo a la Tesorería General de la República , contenida en el subtítulo 25, ítem 32, asignación 001 de dicho Ministerio, rechazada por no haberse reunido el quórum reglamentario para su aprobación, con el objeto de establecer un convenio de cobranza judicial y extrajudicial para el cobro de las multas aplicadas por la Dirección del Trabajo.

Las restantes partidas fueron aprobadas en general y en particular, con la excepción ya señalada.

Es todo cuanto puedo informar. En el debate nos referiremos a cada una de las partidas analizadas por nuestra Subcomisión.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Diputada señora Rebolledo para rendir el informe de la Quinta Subcomisión.

La señora REBOLLEDO.-

Señor Presidente , la Quinta Subcomisión se abocó al estudio de las partidas de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, Minería, Agricultura y Obras Públicas.

La partida que demandó mayor dedicación de los miembros de la Subcomisión y de otros parlamentarios que participaron en el debate fue la relacionada con los recursos para el Ministerio de Agricultura. Inicialmente, se contemplaban 68 millones de dólares para la modernización agrícola, de los cuales no todos estaban asignados a dicho Ministerio, sino que figuraban tanto en las partidas Ministerio de Agricultura como en Obras Públicas y Corfo.

Por petición unánime de la Subcomisión, esos recursos se aumentaron a 83.5 millones de dólares. Asimismo, luego de un acuerdo que demoró horas en lograr, se concordó con el Gobierno modificar el destino de los mismos.

Estos 83.5 millones de dólares destinados en 1997 como aumento real de los ya existentes para el apoyo del agro, se componen de la siguiente forma: para promoción de exportaciones, más recursos por 3,3 millones de dólares; para fomento forestal, 12 millones de dólares; para programas de riegos y drenaje, 18.5 millones de dólares; para apoyo a la modernización productiva, mediante programas Corfo , 10 millones de dólares; para programas de enmiendas y fertilización fosfatada de suelos, es decir, bonificación de praderas, 19,1 millones de dólares; para programas de agricultura campesina de Indap, 5,7 millones de dólares; para protección de recursos naturales y patrimonio fitosanitario, 2,8 millones de dólares; para programas de investigación e innovación tecnológica, 9,4 millones de dólares, y para programas especiales y apoyo a las emergencias agrícolas, 2,7 millones de dólares. Con este aumento neto de 83,5 millones de dólares, se acogieron los planteamientos de la Subcomisión que hizo hincapié en lo que significan los programas de bonificación de praderas.

Luego de muchas horas de trabajo, el presupuesto de agricultura fue aprobado por unanimidad, salvo una glosa referida a la Conaf sobre la posibilidad de que sus funcionarios sean ministros de fe.

El resto de las partidas se aprobó por unanimidad. En lo referente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, los señores diputados expresaron su preocupación por el funcionamiento del fondo de telefonía rural y por el proceso de modernización de Ferrocarriles del Estado.

Las glosas del Ministerio de Minería fueron aprobadas por unanimidad, salvo la de los aportes fiscales a Enami, en la cual la Oposición votó en contra.

Hubo una evaluación muy positiva de la Subcomisión respecto de la labor que está desarrollando el Ministerio de Obras Públicas. La partida fue aprobada por unanimidad, con el compromiso del Ministro de efectuar un cambio en la glosa de agua potable rural -respecto de cómo se gasta-, para que estos recursos, que aumentan significativamente, puedan ser destinados no sólo a obras nuevas, sino a mantención. Este compromiso del Ministro se concretó luego en la Comisión Especial, razón por la cual la partida fue aprobada por unanimidad en la Subcomisión.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Según lo acordado por los Comités e informado al comienzo de la sesión, corresponde iniciar el debate en general del proyecto, cuya duración será de una hora y media. Esto significa que alrededor de las 13.10 horas se votará en general e inmediatamente después se votarán las disposiciones que requieren quórum calificado.

Sólo se han inscrito para hacer uso de la palabra las bancadas del Partido Por la Democracia, del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana. En consecuencia, solicito a las bancadas de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional que nos indiquen si van a participar en el debate en general e inscriban a los diputados.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Pido la palabra por un asunto de Reglamento.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor LETELIER ( don Juan Pablo) .-

Señor Presidente, solicito que recabe el acuerdo unánime de la Sala para prorrogar el plazo de entrega de las indicaciones hasta las 13 horas al menos, porque muchas están en proceso de debate y de negociación en curso, lo que permitirá desistir o proponer algunas de ellas. Creo que eso no incidirá en lo más mínimo en el tiempo que necesitaremos para despachar el proyecto.

El señor MONTES.-

De acuerdo, señor Presidente.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para proceder en esos términos?

Acordado.

Señores diputados, estamos trabajando sobre la base de que a las 16 horas se levantará la sesión, porque el inicio de la citada para tratar el problema de la sequía lo hemos postergado sólo hasta las 16.30 horas. Digo esto, porque con lo acordado, se reducirá el tiempo destinado a tratar las indicaciones.

La señora CRISTI.-

Pido la palabra, por un asunto de Reglamento.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra su Señoría.

La señora CRISTI .-

Señor Presidente , los diputados que están trabajando en el proyecto de ley de Presupuestos son justamente los que van a participar en el debate. Por eso, no están en la Sala. No veo cómo los inscribimos si no están presentes.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Solicito que de algún modo las bancadas de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente habiliten luego la participación de sus diputados.

En discusión general el proyecto. Reitero que se votará en general a las 13.15 horas.

Procederé a dar la palabra a los diputados inscritos.

Por la bancada del Partido Por la Democracia, tiene la palabra, por tres minutos, la Diputada señora Martita Wörner.

La señora WÖRNER.-

Señor Presidente , me referiré brevemente a uno de los temas que causó mayor polémica en la Primera Subcomisión , abordado en el informe que entregó en su oportunidad el honorable Diputado señor Armando Arancibia , sobre la partida correspondiente a la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo , en cuanto a las transferencias que se contemplan en el proyecto de Presupuestos de 1997 en favor de la Empresa Nacional del Carbón.

No deseo hacer historia ni referirme a la situación social que vive la zona, cuestión que ha sido motivo de conflicto, de grandes discusiones y de preocupación nacional. Sólo quiero reiterar la urgente necesidad de enfocar el presupuesto en forma integral, lo que una vez más no ha sucedido.

Tampoco repetiré uno de los puntos que hace escasos minutos citó en su exposición el Ministro de Hacienda , relacionado con el rol del Estado en una ley de Presupuestos, a la subsidiariedad que debe aplicarse en determinadas áreas y al momento en que debe primar el bien común en la asignación de recursos públicos

Por lo tanto, sólo deseo reiterar que nos encontramos frente a un problema que no sólo atañe a los parlamentarios del distrito Nº 46 o a las autoridades regionales, sino que es un tema de incumbencia nacional que, como país, no hemos sabido solucionar, lo que ha significado mantener a una comuna de más de 50 mil habitantes y a una provincia de 150 mil personas dependiendo de esa única actividad productiva.

Lamento una vez más que los parlamentarios del distrito no contemos con la necesaria solidaridad para tratar en forma integral este problema, con el objeto de obviar discusiones partidistas, políticas y egoístas a la hora de buscar soluciones integrales para los problemas de una región que no quiere continuar dependiendo de subsidios estatales ni sentir que cada año concurre al Parlamento a mendigar recursos que le permitan subsistir con dignidad.

En ese espíritu, solicito que la Cámara trate el proyecto de Presupuestos con altura de miras y que todos nos comprometamos con el bien común que queremos preservar.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches.

El señor VILCHES .-

Señor Presidente , una de las materias más complejas y de mayor responsabilidad que debe resolver el Congreso Nacional es revisar todo el gasto público contenido en el proyecto de Presupuestos.

Al respecto, hemos visto con bastante preocupación que existen muchas partidas expresadas en cantidades globalizadas, sin señalar en detalle la forma en que se efectuarán los gastos. Esta preocupación de los diputados de Oposición ha sido reiterada en las indicaciones que hemos presentado, a fin de permitir la focalización de los gastos y procurar su mejor fiscalización.

Por ello, es necesario señalar esta situación en la discusión general, pues es una de las objeciones que planteamos para llegar a un acuerdo con la Concertación y con el Ministro de Hacienda .

En esta oportunidad, también hay que decir cosas desagradables, como que el Gobierno no ha cumplido los acuerdos alcanzados en la discusión del Presupuesto de 1996.

Al respecto, debo recordar que existía un acuerdo de todos los sectores políticos para que el impuesto que más afecta a la clase trabajadora, el IVA, se rebajara del 18 al 17 por ciento. Este uno por ciento tiene un inmenso impacto, puesto que grava los ingresos de la clase media y de los sectores más modestos. Al no disminuir la tasa del impuesto, el Estado contará con la mayor cantidad de recursos que haya tenido un gobierno para aplicar en el Presupuesto de la Nación.

En segundo lugar, se acordó rebajar 5 millones de dólares en una de las partidas del Ministerio de Minería. En esa oportunidad, el Ejecutivo se comprometió a enviar un proyecto para que esos 5 millones de dólares rebajados de la partida Fomento para la Empresa Nacional de Minería se utilizaran en fomentar directamente a la pequeña minería; pero dicha iniciativa nunca llegó al Parlamento.

Debemos denunciar esta actitud del Ejecutivo , para lograr los acuerdos necesarios respecto de este presupuesto.

Además, quiero señalar que se han presentado dos indicaciones en relación con la minería: una de parlamentarios y otra del Ejecutivo , con el objeto de que los gastos de administración se limiten al 25 por ciento, como máximo, de los recursos destinados a fomento, lo que permitirá liberar fondos para utilizarlos en mejor forma en la pequeña y mediana minería del país.

También los diputados hemos presentado otra indicación para limitar el subsidio a las tarifas a 7 millones de dólares, porque seguimos creyendo que el mejor fomento para la pequeña y mediana minería es pagar la mejor tarifa del momento, y como se ha pronosticado que el precio del cobre en 1997 fluctuará entre los 90 centavos y un dólar, es necesario un subsidio que permita pasar el año en forma tranquila.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ .-

Señor Presidente , como miembro titular de la Comisión de Hacienda, me correspondió participar en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, como también cuando nos juntamos los miembros de las cinco subcomisiones para estudiar las diferentes partidas, glosas e ítem respectivos.

A mi juicio, es indiscutible que la ley más importante que se tramita en el Congreso es la de Presupuestos, que destina alrededor de 18 mil millones de dólares para 1997.

¿Qué es lo más importante para mí y para mi bancada, la Democracia Cristiana? Que establece un aumento muy importante en infraestructura, a través del Ministerio de Obras Públicas, que alcanza a un incremento real y efectivo del 10 por ciento en relación con el presupuesto de este año; en vivienda, asciende a un poco más del 12 por ciento.

¿Qué significan estos aumentos?

En primer lugar, resolver un tema pendiente: tener un país acorde con los desafíos que se avecinan. En segundo lugar, contar con una infraestructura de puertos y de caminos adecuada para que Chile aumente cada día más sus exportaciones.

Como diputado de provincia , me parece muy bien el aumento sustancial en vivienda, ya que permitirá superar los temas pendientes. Es así como las soluciones habitacionales llegarán a más de 120 mil en 1997.

En vialidad urbana, será posible pavimentar un considerable número de calles.

Cuando analizamos el presupuesto para vivienda, nos llamó mucho la atención el importante aumento del plan de pavimentación participativa, que ha sido un éxito indiscutible, ya que con la integración de la comunidad se ha ido resolviendo este problema, pues no más del 40 por ciento de las calles de Chile están pavimentadas.

Respecto de la construcción de parques, inserto en el tema del desarrollo urbano, quiero destacar que ha habido una considerable inversión -no estoy en contra de ello- en la Región Metropolitana. El próximo año, con los recursos que se destinan al Ministerio de Vivienda, a lo menos en mi provincia, se comenzará la construcción de ocho parques, lo que mejorará el entorno de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.

Hay un considerable aumento en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que alcanza a alrededor del 10 por ciento.

En educación, tema que me preocupa como profesor, no sólo la ley de Presupuestos, sino también el proyecto de ley que llegará en unos días para aumentar las remuneraciones del Magisterio a contar del 1º de enero, y el aumento para el sector público, a contar del 1º de diciembre, en trámite en este Poder Legislativo, significarán, en términos reales, más del 14 por ciento de incremento.

Quiero referirme al tema del Tesoro Público, que aquí no se ha tocado. En la discusión del Presupuesto de la Nación hemos visto que hay parlamentarios que, haciendo uso de su legítimo derecho, plantean una rebaja de alrededor de 180 millones de dólares en sus provisiones.

Quiero recordar qué significa el Tesoro Público. La ley de Presupuestos es el instrumento a través del cual se asignan los recursos fiscales a los diversos programas e instituciones del Estado, pero sólo a los que tienen existencia legal.

Para hacer frente a esa situación, el Presupuesto del sector público incluye una provisión de recursos al interior de la partida del Tesoro Público. En otras palabras, la provisión es un monto de recursos que se reserva para hacer frente a situaciones que se presentarán durante el año y que no pueden ser anticipadas al momento de su elaboración.

A lo largo de los últimos dieciséis años, la ley de Presupuestos ha establecido un ítem de provisiones en la partida Tesoro Público. Durante la ejecución presupuestaria se traspasan recursos desde este ítem a los presupuestos sectoriales para hacer frente a las necesidades de gastos que emergen durante el año.

Los principales compromisos que pueden ser cubiertos por estos recursos son:

En primer lugar, financiamiento de proyectos de ley que se aprueban en el año.

En segundo lugar, reajustes de remuneraciones, subvenciones públicas, asignaciones y subsidios familiares y pensiones.

En tercer lugar, incrementos de gastos excedibles por sobre lo proyectado: pensiones, bonos de reconocimiento, asignaciones familiares, subvenciones educacionales, bonificaciones del Fonasa, reintegros a exportadores y servicio de la deuda pública.

En cuarto lugar, cumplimiento de sentencias judiciales dictadas en contra del Fisco.

En quinto lugar, emergencias tales como sequías -hoy la Corporación tendrá una sesión especial al respecto- y desastres naturales.

En sexto lugar, gastos imprevistos en programas y proyectos de inversión, adelantos de estudios e inversiones.

En el Presupuesto para 1997, las provisiones del Tesoro Público alcanzan a 815 millones de dólares, que se dividen en 701 millones para gastos corrientes y 114 millones para gastos de capital, lo que equivale a un 4,5 por ciento del gasto público total considerado en el proyecto de ley de Presupuestos respectivo.

Quiero destacar esto, porque en el futuro, podemos vernos enfrentados a situaciones como la sequía y, si se aprueban las rebajas de partidas de provisiones propuestas por parlamentarios de Oposición, a lo mejor no se contará con los fondos necesarios para cumplir con una emergencia que nadie, de antemano, puede predecir.

Por eso, estoy convencido de que no se justifica ningún recorte de partidas del Tesoro Público.

Termino expresando que debemos hacer un gran esfuerzo para aprobar en la mejor forma el Presupuesto de la Nación, porque así estamos en el camino de llegar al máximo de nuestros conciudadanos; de hacer posible, legítimamente, el mejoramiento de su nivel y calidad de vida, y, una vez más, de cumplir con nuestra tarea de legislar en razón de las grandes mayorías de nuestra patria.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , estamos analizando, una vez más y por sexto año, la ley de Presupuestos de la Nación, y es natural que cuando lo hagamos echemos también una mirada retrospectiva a lo que han sido las distintas aprobaciones de esa ley, cómo ellas han sido compatibles o no con la evolución de la economía. Lo primero que surge de esa mirada es que, efectivamente -como se dice-, en estos seis años ha crecido el gasto público como consecuencia de la reforma tributaria y de los mayores ingresos que el país ha tenido.

El mayor gasto público ha sido, por una parte, compatible con el hecho de que el país aumente su producto e inversión y disminuya su inflación, lo cual, por otra parte, ha estado asociado esencialmente al crecimiento del gasto social, esto es, al cumplimiento de un objetivo básico del Estado, que es ofrecerle a la gente igualdad de oportunidades en su vida. A lo mejor, en nuestro tiempo histórico no podemos superar completamente las limitantes de la pobreza y del atraso, pero, como Estado, tenemos la obligación de contribuir a crear una mejor igualdad de oportunidades.

Por tanto, cuando se nos dice que el presupuesto planteado aumenta el gasto público, efectivamente lo hace; pero no es cierto que ello generará inflación, caos, menor competitividad en las empresas y disminución de la inversión o del ahorro, porque hace diez años Chile ahorraba el 10 por ciento e invertía el 17 por ciento de su producto. Hoy, Chile invierte el 28 por ciento de su producto todos los años, y no con un ahorro del 10 por ciento, porque lo financia casi integralmente con el ahorro nacional, a lo cual contribuye, entre otras cosas, el presupuesto, con una importante cuota de ahorro público.

Hoy existe un debate en el mundo sobre la materia. No nos limitemos solamente a lo que ocurre entre estas cuatro paredes. Veamos cómo países de Europa se han propuesto tener un pacto comercial y económico más profundo a través de los acuerdos de Maastricht, con el objetivo de reducir el déficit público, lo que una cantidad significativa de naciones europeas no logra hacer. Chile está en otra situación: tiene un superávit público.

Entonces, enfrentamos este debate presupuestario, después de seis años, con un presupuesto sano, equilibrado, con superávit, compatible con el equilibrio macroeconómico del país, y con una inversión también compatible -aunque, por cierto, nos gustaría que fuera mayor- con la equidad social.

¿Qué nos inquieta? Aumentar la igualdad de oportunidades y la equidad social dentro de los límites del equilibrio macroeconómico. Ése debe ser, a nuestro juicio, el debate correcto del presupuesto. No es, sin embargo, lo que está apareciendo como la confrontación pública de ideas, porque acá se quiere cuestionar el concepto mismo de Estado, y las indicaciones que se discuten en este momento en la Subcomisión que trabaja en el Senado apuntan, en lo esencial, a considerar que todo lo que toca el Estado sería algo corrupto, malo o que hay que liquidar. Nadie se pregunta, por el contrario, ¿a qué nos conduce eso? A que dependamos sólo de las donaciones de las grandes empresas privadas, por cuanto ahí no habría intereses ni preocupaciones.

Pareciera ser que la probidad estuviera reducida a saber si un funcionario de Obras Públicas , por ejemplo, va a recibir un viático de 20 mil o de 21 mil 500 pesos. ¡Ahí está la equidad del Estado y no en ver si hay cuatro, cinco o seis grandes grupos económicos que tengan relación e, incluso, presencia directa en el Senado o en otro cuerpo legislativo involucrado en la toma de decisiones sobre lo que está ocurriendo! Naturalmente, no podemos aceptar un criterio como ése, porque introduciría un entrabamiento global al sistema de funcionamiento del Estado.

Otros dirán: “¡Pero si eso es lo moderno!” No se trata de eso. Evidentemente, si vamos a dar un viático de 15 mil pesos -ojalá de 30 mil- para que un funcionario de Obras Públicas vaya a inspeccionar determinada obra, a mí no me interesa que me traiga el vale del taxi, del bus o la boleta de compraventa del sánguche o de la bebida, porque lo moderno es decirle, por último,: “Aquí tiene estos 20 mil o 30 mil pesos; vaya y gástelos como quiera.” Si desea comer lechuga o un bistec, es problema de él. Lo que interesa es si hizo o no la inspección de las obras. ¡No es posible recargar al Estado con tal cantidad de trabas burocráticas que le impidan operar!

Se nos dice que si el Estado otorga 500 UF a cierta institución de caridad, que ésta debe mandar la lista de todos sus ejecutivos y de todas las personas que allí trabajan, con indicación de sus sueldos. ¿Así es que si le doy 5 millones de pesos a la Cruz Roja o al Hogar de Cristo, tengo que empezar por pedir que me digan cuánto gana el Padre Santis ? ¡Por favor! Lo que interesa es si el viático está bien o mal dado, si se fiscalizó o no la obra, si la fundación que recibe el aporte es buena o mala. Ése es el juicio de mérito que debemos hacer en el Presupuesto. No nos parece oportuno, por tanto, caer en esto.

En otra indicación, se plantea, por ejemplo -no me puedo extender; solamente quiero dar una señal de lo que se nos quiere hacer-, que si en una institución quedan saldos de caja de un año para otro, se revierten porque hay un gasto oculto donde puede haber más. ¿Qué significa esto? Que si uno dirige la Cámara de Diputados, llega el mes de noviembre y no se ha hecho una determinada compra de computadores, puede o no decir: “Tengo mejores condiciones. En febrero o marzo del próximo año haré una mejor licitación. Dejaré esos fondos como saldo de caja y cuando termine este año se juzgará si actué bien o mal.” ¿O quieren forzar a la Administración Pública a que gaste todo en noviembre o diciembre? ¿No habrá detrás de esta indicación un concepto erróneo y, en vez de ganar en probidad, lo haremos en ineficiencia?

Hemos dicho que no estamos dispuestos a aprobar un Presupuesto ineficiente, que produzca desequilibrios macroeconómicos o no esté orientado a la equidad. Pedimos que haya acuerdo para tener un Estado más liviano, con menos inamovilidades y más flexibilidad. Para esto existe la persona del Presidente de la República , que ha obtenido millones de votos en el país para dirigir el Estado, a quien se quiere reducir a una especie de presidente de una comisión de concurso. Hay un aspecto legítimo y central de la democracia, cual es que la persona que gana con su votación la capacidad de dirigir la nación, tiene derecho a proponer un esquema de aplicación del presupuesto público y, por cierto, la Oposición tiene derecho a exigir transparencia, probidad e información. Estaremos de acuerdo con todas las indicaciones que, en rigor, tengan que ver con esos aspectos. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con aquellas que buscan anular la capacidad del Gobierno a ser gobierno.

Por esa razón, pedimos no aprobar un presupuesto como el del año pasado, donde a última hora se hicieron veinte mil recortes chicos que entorpecieron tanto la vida de los niños del Sename, que se quedaron sin comida, como la del propio Congreso Nacional, que se encontró con el absurdo de que, teniendo financiamiento internacional concedido para el programa de modernidad de su biblioteca, no lo pudo gastar, porque a última hora se le eliminó el ítem de contrapartida de recepción de ese financiamiento. Si a nosotros nos tocó vivir eso, ¿a cuántas instituciones públicas les habremos introducido esa ineficiencia? Al final, se nos dice que lo único eficiente es lo privado. ¿Cómo no va a ser así si aquí llenamos de trabas, de papeles, de situaciones y de controles al Estado, sin considerar el mérito de lo que hace? Júzguese a la Dirección de Presupuestos, que dirigió José Pablo Arellano , por su mérito. ¿Ha sido excesivamente gastadora o austera? ¿Hemos tenido un Presupuesto equilibrado y sano, o ha ocurrido lo contrario? ¿Ha subido o bajado la inflación?

Permitamos que el Presupuesto se siga manejando con flexibilidad, con un Tesoro Público que ha sido fuente de ahorro. No veamos en todo un posible mal; hagamos una evaluación de conjunto.

Dejo algún tiempo para que el Diputado señor Juan Pablo Letelier , también en nombre de nuestra bancada, entregue una opinión específica sobre otra serie de materias, como la relativa a la Universidad de Chile, y en cuanto a otros ítem que queremos reponer y defender, por la misma razón de que somos partidarios de un Estado pequeño, pero liviano y eficiente, donde el Presidente de la República tenga capacidad de mando y el Gobierno y la Oposición en el Congreso puedan fiscalizar lo que se ha hecho; pero no entrabemos, antes de actuar, lo que debemos hacer.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Su señoría ocupó 9 minutos 30 segundos del total de 11 minutos 15 segundos. Por lo tanto, hay disponibilidad de tiempo para los otros señores diputados que han pedido intervenir en nombre de su bancada.

Tiene la palabra el Diputado señor Jürgensen.

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente , la ley de Presupuestos asigna anualmente los recursos provenientes de los impuestos que pagan las familias chilenas, razón por la cual existe un imperativo que nos obliga a los parlamentarios a velar por que se gasten efectivamente para satisfacer las necesidades de los chilenos y no se desvíen a otros propósitos. En otras palabras, se trata de asignar una cantidad de fondos equivalente a 3 millones de pesos por cada familia. Naturalmente, esto exige que los chilenos tengan la información adecuada sobre su destino, la cual se logra a través del Congreso Nacional, con la discusión del proyecto de ley de Presupuestos y con la fiscalización permanente ejercida por los diputados.

Por esta razón, nuestra obligación es lograr que la enorme cantidad de dinero que el Gobierno dice que destinará a programas sociales de salud, educación, de vivienda, de fomento productivo, llegue en forma efectiva a quienes realmente lo necesitan y no se pierda en la burocracia estatal.

Por eso, este año, en general, nuestras indicaciones no fueron para recortar el presupuesto, sino que estuvieron orientadas a lograr que el gasto se focalizara socialmente, a pedir evaluaciones y a ver cómo y a quiénes llegarán los recursos. Por desgracia, ellas no se discutieron en la Comisión Especial Mixta ya que hubo que retirarlas, porque todas estaban siendo declaradas inadmisibles, en una manifestación natural de que no se quería hacer cambios en cuanto a la información y transparencia de la Administración Pública. A estas indicaciones, algunos las califican como trabas excesivas para la administración del Estado.

En este sentido, las indicaciones nacen de la experiencia de nuestros propios parlamentarios, porque muchas fiscalizaciones han demostrado que los dineros para programas supuestamente destinados a combatir la pobreza o a la ayuda social, lamentablemente se derivan y no cumplen con los objetivos para los cuales se asignan en el Presupuesto nacional.

Por eso, nuestras indicaciones están dirigidas en forma exclusiva a definir con exactitud el destino de los recursos dedicados al gasto social, con requisitos y objetivos más claros para evaluar cada programa.

Nuestra intención era conversar con el Ejecutivo para ver la posibilidad de establecer un listado público, donde la Contraloría deba registrar a cada persona natural o jurídica que reciba un aporte o pago del Fisco, sea por convenio, contrato o asesoría, con indicación del monto y finalidad del aporte y la repartición pública que lo otorga.

Además, pedíamos una evaluación, que, en cierto modo, el Ejecutivo está acogiendo en las negociaciones que todavía se llevan a cabo.

Durante la discusión presupuestaria de 1995, advertimos, en cuanto a los destinos de recursos a las empresas públicas, que éstas no tienen una finalidad ni objetivo económico-social. No podemos estar de acuerdo en seguir destinando recursos a Enacar sin que existan glosas y el compromiso de revertir su situación.

Muchos parlamentarios se molestan cuando nos ponemos a examinar en detalle las operaciones de las empresas públicas. En verdad, queremos determinar el origen de sus pérdidas y las malas operaciones que existen en varias. Deseamos conocer y establecer reglas claras y precisas para que los aportes -platas de todos los chilenos- a las empresas públicas sean discutidos en el Parlamento, aprobados por ley y no se entreguen simplemente por alguna otra disposición que permita su transferencia.

Por eso, quiero dejar en claro que este año la Oposición no ha querido recortar presupuestos, salvo raras excepciones que, en muchas oportunidades, la propia Concertación comparte. La orientación dada a nuestras indicaciones trata de lograr mayor transparencia e información, porque queremos mayor participación del Congreso, que éste reciba información más adecuada, oportuna y de mejor calidad. Hemos visto que no se cumple con las informaciones o que ellas se entregan a destiempo y, por lo tanto, pierden la calidad.

Reitero que las indicaciones, que renovaremos en la discusión en particular, no están orientadas a entrabar la administración del Estado, sino que obedecen al imperativo de que los chilenos necesitan saber en qué se gasta su dinero.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Makluf.

El señor MAKLUF .-

Señor Presidente , la ley de Presupuestos constituye el instrumento financiero básico de la administración del Estado, y nos corresponde estudiar, analizar, aprobar o rechazar su proyecto en el marco de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la materia.

Las limitaciones del Parlamento en orden a presentar indicaciones referidas al cálculo de los ingresos o a los gastos están claramente especificadas en las pertinentes disposiciones de la Constitución Política de la República.

Muchas veces, como parlamentarios, quisiéramos mejorar el proyecto de ley de Presupuestos en muchos sentidos, pero la norma constitucional nos lo impide y faculta al Presidente de la Comisión Especial Mixta para declarar inadmisibles las indicaciones, como ha ocurrido respecto de muchas de parlamentarios de Oposición que han querido regular la ejecución del gasto presupuestario en varias que han formulado.

No estamos en contra de la transparencia, de la fiscalización y del control; pero no podemos compartir que por la vía de la indicación se trate de regular la ejecución del gasto de los distintos ministerios.

La administración financiera del Estado corresponde al Presidente de la República y a sus funcionarios colaboradores, quienes deben rendir cuenta a la Nación de cómo han administrado financieramente la ley de Presupuestos.

En el marco general del análisis de los índices macroeconómicos, del proceso de inflación y del incremento del gasto público, podemos tener un saldo positivo del manejo de las finanzas públicas en 1996.

El marco legal de la ley de Presupuestos está consignado en el decreto ley Nº 1.263, de 1975, que define el presupuesto del sector público como una estimación financiera de sus ingresos y gastos para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos.

El artículo 3º señala que el presupuesto, la contabilidad y la administración de fondos estarán regidos por normas comunes, que aseguren la coordinación y la unidad de la gestión financiera del Estado.

Asimismo, el sistema de administración financiera deberá estar orientado por las directrices del sistema de planificación del sector público, y constituirá la expresión financiera de los planes y programas del Estado.

Es en el conjunto de estos marcos legales y constitucionales donde se da y debe darse, en forma adecuada, la discusión del presupuesto. Evidentemente, de su análisis, debemos coincidir en que es adecuado, de crecimiento, de continuidad y que da lugar y espacio a las distintas políticas sociales y económicas del Gobierno, señaladas en las distintas partidas.

Actualmente, existe gran consenso mundial en que junto con la estabilidad macroeconómica y las políticas fiscales equilibradas, con mercados libres y abiertos al resto del mundo, deben existir también políticas estatales sociales, efectivas y focalizadas.

Entendemos que el proyecto considera esta relación adecuada entre equilibrio macroeconómico y política social focalizada, fuerte y efectiva, destinada, justamente, a dar posibilidades a los sectores de menores ingresos o de menores posibilidades para tener igualdad de oportunidades en los campos en que el Estado debe tener preocupación fundamental.

Si analizamos los ítem de vivienda, de desarrollo regional, de educación, de justicia, de salud, a través de los veintisiete servicios de la Salud, y de Obras Públicas, en relación con las obras de infraestructura para mejorar el desarrollo productivo, veremos que en todos ellos existe equilibrio entre lo que debe ser el manejo macroeconómico y la política social redistributiva y de mejoramiento de la situación de los sectores más postergados.

Frente a los importantes logros alcanzados en 1996, tenemos tres opciones. La primera, complacencia ante los logros económicos y sociales que efectivamente hemos conseguido como país. La segunda, una crítica acerba debido a los problema de inequidad aún existentes en distintos ámbitos, especialmente en la falta de integración de todos los chilenos en los resultados del crecimiento y de los beneficios del desarrollo. Y la tercera, asumir por igual los éxitos y los problemas pendientes como dimensiones de una misma realidad y situarlos en una justa perspectiva programática.

Claramente, optamos por la tercera de estas opciones, porque los avances del proceso se enfocan, precisamente, a erradicar las sombras que aún subsisten: del subdesarrollo, de la pobreza y de la falta de oportunidades de los sectores medios de la sociedad, que se proyectan desde hace muchas décadas sobre el presente y que todavía pueden condicionar nuestro futuro.

Mucho se ha avanzado en los casi tres años del Gobierno del Presidente Frei, y el inventario de las realizaciones de este tiempo nos muestra una larga lista de iniciativas en marcha o ya concluidas y avances reales en todos los campos.

Hoy se puede señalar, con total responsabilidad, que la economía del país, las finanzas públicas y el manejo macroeconómico realizado durante estos años nos posicionan sólidamente como país en todos los campos. Pero lo más importante es que las bases de nuestro desarrollo se ven asentadas en una proyección de largo plazo, que es el horizonte con el que los gobiernos deben ordenar la coyuntura.

La necesidad de preocuparse de las situaciones cotidianas del país y de llevar a cabo una buena administración día a día, constituye, evidentemente, la base sólida de este proceso de largo plazo.

El presupuesto es la señal que da al país no sólo el Gobierno, sino también el Congreso Nacional, que es la expresión de la representación popular, sobre cuáles son las grandes líneas y los énfasis de la política económica y, sobre todo, cómo se enfrentan los desafíos fundamentales de equidad y de crecimiento. Mientras más ponderada, profunda y serena sea la discusión presupuestaria, mejores serán las señales que enviemos a los sectores productivos, a la sociedad en su conjunto, respecto de la buena administración de los recursos aportados por todos los chilenos.

En ese sentido, evidentemente, en la Comisión Especial Mixta los diputados y senadores democratacristianos, de la Concertación, y el mismo Gobierno han estado abiertos a incorporar todas aquellas indicaciones que mejoren la gestión, la transparencia, la asignación de recursos, la distribución en las regiones y las posibilidades de todos los chilenos.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, estamos en el límite del tiempo para tratar de llegar a un acuerdo, y mientras se negocia, discutimos en general el proyecto de Presupuestos.

Aun cuando este año no he participado directamente en el tema, como estamos en la discusión general y se han planteado aspectos también de carácter general, quiero hacer ciertas reflexiones sobre la materia.

De acuerdo con lo señalado por el Diputado señor Estévez, tiendo a pensar que parece que lo único que el Ejecutivo quiere en este caso, es que se le fije el límite máximo de gasto, y que en el resto se haga exactamente lo que él quiere.

El Presupuesto es uno de los instrumentos más importantes para establecer ciertos aspectos macroeconómicos -porque tiene una incidencia macroeconómica en el país- y para evaluar las políticas públicas en los distintos ministerios y servicios.

No estamos hablando de un país, tal como se señalaba, que tiene un déficit presupuestario, pero cuando se presenta un Presupuesto en que el gasto excede el crecimiento del producto, la pregunta es ¿quién hará el esfuerzo por mantener los niveles de inflación, de acuerdo con las metas planteadas? Si el gasto público supera el crecimiento del producto, obviamente, el esfuerzo lo tendrá que hacer el sector privado, y eso tiene un efecto macroeconómico importante: las tasas de interés se van a mantener altas, lo que va a incidir directamente en el crecimiento de las fuentes de trabajo. De manera que no es indiferente que el crecimiento del gasto público sea superior al del producto. A mi juicio, es una de las debilidades más trascendentes que tiene este Presupuesto.

En esta misma línea argumental, pero saliendo un poco del aspecto macroeconómico, tal como señalaba el Diputado señor Jürgensen, en esta oportunidad la Oposición ha tenido una posición distinta respecto del Presupuesto. El año pasado, luego de analizar las distintas partidas, se planteó una rebaja en los gastos de aquellos servicios mal evaluados.

Este año hemos estado por mantener en general el nivel de gastos, pero que se informe al Parlamento en qué y cómo se gasta. Sin embargo, se nos dice que eso entraba la administración financiera del Estado. Es decir, como existe absoluta flexibilidad para hacer traspasos de dinero entre ministerios, en la práctica, lo que se apruebe en este Presupuesto puede que se discuta en el próximo debate presupuestario y se les pregunte a los distintos servicios en qué invirtieron los recursos, y nos encontremos con la sorpresa de que su gasto no tiene nada que ver con lo aprobado por este Parlamento. ¿Eso quiere el Congreso? ¿Tener una tremenda discusión presupuestaria, hacer un gran esfuerzo en las subcomisiones y, al final del año, por los traspasos y las triangulaciones que se realicen, nos encontremos con que el Ejecutivo no ha hecho nada de lo indicado en las largas sesiones de la discusión presupuestaria? ¿Eso quiere el Parlamento? ¿Qué ha hecho la Oposición? En primer lugar, ha pedido información; es decir, si se efectúan esos traspasos, que se informen.

Quiero entrar en un tema más de fondo. Aquí, con mucha soltura se habla de la justicia social, de la equidad, de la focalización. Se llega a la subcomisión respectiva y se le pide a Mideplán -que es el encargado de evaluar las políticas sociales-, que entregue una evaluación sobre la focalización de los distintos programas sociales. Sin embargo, Mideplán no dispone del antecedente que señala si un programa está focalizado o no. Así quedó en las actas, y fue lo que más reclamé.

¿Qué es el gasto social? ¿Es el pago de remuneraciones o una serie de transferencias cuyo destino, muchas veces, desconocemos? El ministerio encargado de hacer esa evaluación social no tiene un solo documento respecto de la focalización de dichos programas.

Entonces, ¿de qué focalización hablamos si no existe ninguna, salvo la encuesta Casen, pero a nivel de los distintos programas? No nos olvidemos que los programas sociales los desarrollan los distintos ministerios.

Hoy Mideplán no tiene sentido. Tenía más importancia cuando era una simple oficina. Hoy es un ministerio que no evalúa ni focaliza. Por eso, estos temas los debemos tratar con rigurosidad. ¿Qué ha pedido, entre otras cosas, la Oposición en este caso? Que una de las misiones de Mideplán sea, precisamente, evaluar la focalización del gasto social para que, cuando se discuta el Presupuesto nos diga si esos recursos fiscales que “van a gasto social”, efectivamente están llegando a los más pobres.

Para ese efecto se han presentado indicaciones. Sin embargo, tengo la impresión de que lo único que desea el Ejecutivo es que se le fije el límite máximo de gastos y durante el año hacer exactamente lo que quiera. Tal como señaló el Diputado señor Jürgensen, no es ésta la misión del Parlamento. Todas las bancadas deberíamos tener la posibilidad de pedir la información, cuando exista diferencia entre lo que se aprueba y las destinaciones que se realizan en los distintos servicios y ministerios. Pero tampoco se acepta, pues entraba -se dice- la labor del Ejecutivo. El hecho de que un Presidente de la República saque una determinada cantidad de votos no significa dar un cheque en blanco para hacer exactamente lo que se quiera con el dinero de todos los chilenos. Ello no me parece una posición sana ni correcta. En consecuencia, todos los parlamentarios deberíamos velar por que los recursos que se recaudan a través de los impuestos sean invertidos en forma correcta, lo que significa, en un país como el nuestro, con altos niveles de pobreza, que efectivamente esos recursos lleguen a las personas más necesitadas.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Aún restan cinco minutos al Comité de la UDI.

Tiene la palabra el Diputado señor Sota.

El señor SOTA .-

Señor Presidente , antes de intervenir sobre un aspecto que brevemente ha mencionado el diputado informante de la Segunda Subcomisión , quiero decir cuán de acuerdo estoy con la intervención del Diputado señor Estévez . Comprendo algunas de las observaciones de su contradictor, nuestro estimado colega señor Orpis , y estoy seguro de que -en lo que se refiere a la focalización del gasto social, que es una de las tareas que debe cumplir Mideplán- cuando el Ministro del ramo conozca sus observaciones, las va a responder debidamente.

Paso a hacer una somera intervención sobre una de las partidas de la segunda subcomisión, puesto que en su informe el Diputado señor Jürgensen no tuvo el tiempo suficiente para hacer las precisiones que formularé a continuación.

En la Segunda Subcomisión se estudió la partida Nº 11, Ministerio de Defensa Nacional. No soy miembro de ella, ni de la Comisión Mixta; pero, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Defensa Nacional , he querido asistir a sus deliberaciones.

Debo aclarar -y porque es un dato que importa a la Cámara-, que el presupuesto militar -me refiero sólo a un aspecto del presupuesto del Ministerio de Defensa, puesto que, como es sabido, también están incluidos Carabineros e Investigaciones- más las leyes reservadas del cobre, este año es sensiblemente igual al del año pasado. Son 1.500 millones de dólares al año que gasta el Estado de Chile en equipamiento y funcionamiento de sus Fuerzas Armadas.

Debo informar que están a disposición de todos los diputados los datos y cuadros correspondientes. Además, la Comisión de Defensa tendrá una reunión con el Ministro de Defensa , a la cual pueden asistir para conocer la información exacta y pormenorizada del presupuesto de nuestras Fuerzas Armadas.

Además, el Ministro de Defensa anunció que, si bien no está consultada la suma, este año están previstos aproximadamente 11.000 millones de pesos para enfrentar la modificación del decreto con fuerza de ley Nº 1, que consulta mejoramientos muy sustantivos para los oficiales y suboficiales que ejercen actividades muy tecnificadas en las Fuerzas Armadas, como los pilotos de guerra.

También tuve ocasión de reiterar una petición que insistentemente hiciera hace un año al Ejército, en mi calidad de Presidente de esa Subcomisión , para que nos hiciera llegar una lista de gastos que no figuran en el presupuesto y que corresponden a una ley que permite a las Fuerzas Armadas disponer libremente de sus bienes patrimoniales. Ayer, después de un año, llegó a poder del presidente de la Subcomisión , el Senador señor Gazmuri , la información reservada del Ejército. A quienes se interesen por conocer estos datos, los invito a dirigirse a su oficina. Es una información de extraordinaria importancia donde se habla de cifras muy gruesas de que disponen las Fuerzas Armadas, y que no están consultadas en el Presupuesto de la Nación.

Por otra parte, en la Subcomisión se señaló que para el próximo año se ha considerado financiar la contratación de 1.200 nuevas plazas en Carabineros y, asimismo, la adquisición de equipamiento para el parque automotor y algunos elementos técnicos muy importantes para la Policía de Investigaciones.

Renuevo la invitación a los diputados que se interesen en el tema para que asistan a una próxima reunión en la Comisión de Defensa, en la que pondremos todos estos datos a su disposición.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo .

El señor VIERA-GALLO .-

Señor Presidente , me referiré muy brevemente a un punto particularmente grave, que ha sido objeto de aprobación por una mayoría circunstancial en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Me refiero a la indicación del Senador señor Cantuarias , por la cual se restan 5.100 millones de pesos a la Universidad de Chile.

Diputados de diversas bancadas, tanto de Gobierno como de Oposiciòn, solidarizamos con la Universidad de Chile, porque sabemos perfectamente la dimensión nacional de su quehacer. Esta reducción afectaría muy sensiblemente los programas de extensión, de investigación y de enseñanza de ese plantel.

Es bueno que la opinión pública sepa que, entre otras materias, la Universidad de Chile lleva el recuento de todos los problemas sismológicos del país, que proporciona prácticamente todos los investigadores en la zona antártica y que tiene programas en diversas regiones de Chile, Por tanto, proponer como disyuntiva, por un lado, universidades regionales, y, por otro, la Universidad de Chile, es plantear el problema universitario en términos falsos.

También es importante tener en cuenta que, desde 1981 hasta la fecha, los establecimientos de enseñanza superior derivados de la Universidad de Chile han aumentado su porcentaje en el presupuesto universitario global de 18 a más de 29 por ciento, mientras que ésta lo ha visto reducido. Y digo esto a pesar de ser diputado por Concepción y miembro del directorio de la Universidad de Concepción, lo que me permite conocer muy bien el problema que afecta a las universidades regionales.

Espero que la indicación formulada por el Ejecutivo tendiente a reponer el financiamiento de la Universidad de Chile, sea ampliamente aprobada por la Cámara.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Con esta intervención la bancada socialista ha agotado su tiempo.

Tiene la palabra el Diputado señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ .-

Señor Presidente , la discusión de este proyecto deja de manifiesto la necesidad de encontrar un mejor mecanismo de discusión de la ley de Presupuestos. Es una responsabilidad compartida, tanto por el Ejecutivo como por nosotros mismos. El hecho de que, hasta ahora, se esté en negociaciones, indudablemente así lo indica.

Tal como el señor Ministro lo expresara en su exposición, éste es un presupuesto bien elaborado y equilibrado, donde se dejan claramente explicitados asuntos importantes, como los equilibrios macroeconómicos, y tal como él lo explicara, también la atención preferente y la especial disposición del Gobierno para atender a los sectores pobres, a los sectores vulnerables.

En este sentido, quiero referirme a un tema que ha sido mi permanente preocupación durante este período parlamentario: el mundo rural; la ruralidad de nuestro país, campesinos, pequeños propietarios agrícolas, mapuches, agricultores en general.

En esta ley de Presupuestos se observa, en primer lugar, un esfuerzo interesante del Gobierno por atender déficits importantes como infraestructura, salud, vivienda y educación para el mundo rural. Pero también hay señales no claras en relación con algunos temas que, en mi opinión, son de gran importancia.

Me voy a permitir explicitarlo de la siguiente manera:

La Ley Indígena creó grandes expectativas para el mundo mapuche, pero esta ley no ha visto adecuadamente reflejado en los presupuestos los recursos necesarios para implementar lo que ella misma establece.

Es necesaria una definición y una decisión concreta del Gobierno para atender a un sector tan importante como es el mundo mapuche, el de las minorías étnicas de nuestro país.

Algunos ejemplos que demuestran la falta de recursos son los siguientes: aunque han postulado a becas indígenas más de 25 mil escolares mapuches, solamente se han entregado 4 mil. De 4 mil postulantes al subsidio de tierras, solamente se han atendido 180, y para satisfacer demandas de solicitudes de derechos de ausentes de 25 mil personas, sólo se han atendido 2.500 de ellos.

Es indudable el déficit de recursos para que esta ley, a través de la Conadi, pueda satisfacer las legítimas demandas, por tantos años postergadas, de nuestras minorías étnicas. Y ahora, una vez más, este presupuesto es insuficiente.

También se hace necesario buscar una mejor coordinación entre la Conadi y otras instituciones que atienden al sector rural –como el Indap, Fosis y Sence principalmente- de manera tal que este esfuerzo de coordinación signifique una mejor satisfacción de las demandas y un mejor aprovechamiento de los recursos, casi siempre escasos.

Relacionado con otro tema, pero en el mismo ámbito rural, me voy a referir a la situación que viven los campesinos afectos al decreto ley Nº 208, a quienes el Presidente de la República anunció el 26 de julio de este año que se les iba a otorgar pensiones de gracia a través de un decreto de reparación. Según un informe del Ministerio de Agricultura, han postulado 3.451 campesinos para acceder a este beneficio y hasta el momento sólo se han atendido 336 casos.

En esta ley, en la partida del Ministerio del Interior, que debiera considerar los recursos para seguir pagando estas pensiones, no se establece ningún monto. ¿Es ésta una buena manera de cumplir con los compromisos contraídos?

En relación con los recursos asignados al Ministerio de Agricultura, me parece extraño que se pretenda rebajar el presupuesto a una institución tan importante como es el Fondo de Investigación Agrícola -FIA-, sobre todo cuando tiene programas en actual ejecución, los que al no contar con recursos deberán suspenderse. ¿Es así como se ayuda a la transformación agrícola?

En otro orden de cosas y con ocasión del acuerdo de incorporación de Chile al Mercosur, se negoció con el Gobierno recursos adicionales para la agricultura. La ley de Presupuestos en discusión establece un monto de 83,5 millones de dólares adicionales para este sector, pero no se consigna con claridad la forma en que se atenderá a los pequeños agricultores campesinos.

Se entregarán estos fondos a programas generales, sin definir cómo podrán postular a estos diferentes programas los pequeños y medianos productores agrícolas. ¿Queremos repetir la experiencia de la Ley de Fomento Forestal, que en sus 20 años de vigencia sólo un 4% fue en beneficio de los pequeños propietarios agrícolas?

La globalidad, la integración y los desafíos de competitividad requieren un tratamiento especial para el mundo rural, para los pequeños agricultores campesinos mapuches, agricultores en general. Sin embargo, en el presupuesto que ha presentado el Gobierno no se ve con claridad que se pretenda implementar una política rural, que permita a quienes son parte de esta realidad enfrentar con posibilidades de éxito estos desafíos emergentes.

Aprovechando la discusión en general de esta ley de Presupuestos, me permitiré repetir una vez más dos preguntas que, en mi opinión, son necesarias de responder a la mayor brevedad:

¿Cuánta ruralidad queremos y cuál es el esfuerzo que el país y su gobierno están dispuestos a hacer para mantener este mundo rural, base de nuestra cultura y de nuestra identidad?

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Atendida la evolución de las conversaciones que en este momento tienen lugar, se ha solicitado a la Mesa que se amplíe hasta las 13.30 horas el plazo para presentar indicaciones.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Alvarado.

El señor ALVARADO.-

Señor Presidente , sin duda, estamos discutiendo un proyecto de ley de gran trascendencia para el desarrollo y crecimiento del país. Por tal razón, la prudencia aconseja una discusión profunda, con altura de miras y un serio intercambio de opiniones. En definitiva, llevar adelante un debate con verdadero sentido de país.

Pero, ¿con qué nos encontramos hoy? Una vez más, con los plazos prácticamente agotados, con una discusión apresurada y con negociaciones de última hora. ¿Y por qué llegamos a esto? Sin duda, por falta de voluntad para aceptar puntos de vista diferentes, para conocer posiciones tendientes a analizar ciertos conceptos de gastos poco claros, o bien, para escuchar planteamientos relativos a precisar la necesidad de focalizar mejor ciertas partidas que requieren mayor eficiencia y productividad.

Debemos recordar que la discusión de la presente iniciativa es la discusión de las prioridades, de los programas y contenidos de la administración del Estado para 1997. En otras palabras, estamos analizando la gran cantidad de recursos que, a través del pago de sus impuestos anuales, los particulares colocan en manos del Gobierno para su administración. Luego, es fundamental conocer la eficiencia y transparencia de los gastos propuestos, para lo cual es importante enfatizar en conceptos de gestión tales como índice de productividad, eficiencia y focalización del gasto, y hacia allá apuntan las indicaciones de la Oposición.

No se trata solamente de establecer si hay incremento de los recursos destinados a una determinada repartición pública para señalar, en consecuencia, que existe un logro en ciertas áreas del quehacer público. Lo importante no es saber en cuánto aumenta el gasto, sino cómo se están empleando los recursos y si ellos están llegando a los destinatarios de las políticas sociales.

El factor de medición relevante en el accionar de una institución o de las personas no es cuánto gastan, sino cuánto producen con las cantidades que están gastando. En ese sentido, tenemos ejemplos concretos en materia de salud, educación y programas sociales. No hay duda de que en los últimos seis años los presupuestos de salud se han duplicado; no obstante, las ineficiencias continúan. En materia de educación, existen avances importantes en aumentos de gastos, pero los resultados de las pruebas Simce son prácticamente los mismos. En materia social, cada día surgen nuevos programas y organismos y se aumentan los presupuestos; sin embargo, la encuesta Casen nos indica que el 10 por ciento más pobre del país está en peores condiciones que antes.

Por eso, con responsabilidad, hemos propuesto indicaciones tendientes, precisamente, a generar índices de productividad y a hacer más eficiente y transparente el gasto público. Ésa es la tarea que debemos abordar con altura de miras.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , el Presupuesto de la Nación que se somete a nuestra consideración no refleja el compromiso que asumió el Parlamento con las minorías étnicas de Chile al aprobar la Ley Indígena y los tratados internacionales, compromiso que el Gobierno reiteró al promulgar dicha ley. Es más, contradice la política social de la Concertación de promover la equidad y la igualdad de oportunidades a través de la focalización del gasto y vulnera los pactos internacionales.

La frustración que generará en las comunidades indígenas el trato discriminatorio de que han sido objeto en este proyecto de ley de Presupuestos es una pésima señal hacia la sociedad. Primero, porque el Parlamento y el Gobierno comprometen su credibilidad, toda vez que se aprueban leyes que nunca se implementan con los recursos necesarios, y segundo, porque cerramos los caminos institucionales para atender las demandas y necesidades de las minorías étnicas. Se escucha al que más presiona; los intereses corporativos son más poderosos que los valores de justicia, equidad y tolerancia que todos pregonamos.

Quienes definieron como bárbaro el rechazo del presupuesto discriminatorio dispuesto para la Universidad de Chile en relación con las universidades regionales, no reparan en lo salvaje que resulta condenar a la miseria a los pueblos indígenas.

En el caso de Enacar, la inversión del Estado, por trabajador, es de 6 y medio millones de pesos anuales. Por cierto, para las familias que lo necesitan es un imperativo ético y social. Pero, ¿cómo explicamos a las familias indígenas que este año, a través de la Conadi, recibirán 7.200 pesos anuales per cápita, por lo que dispondrán de 620 pesos mensuales a fin de superar la pobreza, modernizar sus instrumentos de producción, articular los programas especiales de educación bilingüe, pagar los derechos docentes, financiar el fondo de tierras y aguas y hacer efectivo el cumplimiento de los derechos que les asegura la misma ley especial de pueblos indígenas? Son todas buenas intenciones ampliamente difundidas en el documento “Balance de seis años de política social”, publicado recientemente por el Gobierno.

Por ejemplo, noventa comunidades indígenas han solicitado la subdivisión de tierras para este año, pero con este presupuesto el Departamento de Tierras de la Conadi sólo puede atender tres de ellas; es decir, demorará treinta años sanear la totalidad de las propiedades indígenas.

El Fondo de Tierras y Aguas sólo alcanza a cubrir el uno por ciento de las solicitudes de subsidio, de modo que para atender la demanda real se requiere incrementar treinta veces el actual presupuesto.

Los recursos propuestos en el proyecto representan un retroceso para las conquistas de los pueblos originarios. Se pretende implementar una legislación y reconocer los derechos de los pueblos indígenas con el mismo presupuesto asignado a la Cepi, Comisión Especial de Pueblos Indígenas, de la cual es sucesora la Conadi. Seamos claros. Ello constituye una abierta, odiosa e inaceptable discriminación hacia las minorías indígenas de Chile.

Es inaudito que aún no se reprogramen o condonen las deudas de los pequeños campesinos del sur afectados por las heladas y las sequías, a pesar del compromiso adquirido por el Ministro de Agricultura de ese entonces de atender dicha emergencia.

Es incomprensible que no se destinen recursos para la modernización de los sistemas de producción y comercialización de pequeños agricultores indígenas que serán afectados directamente por el Mercosur, lo cual los excluye de las oportunidades que representa para ellos este acuerdo comercial.

De mantenerse sin modificaciones sustantivas la propuesta del Ejecutivo, rechazaré la partida de Conadi, que es una burla para los pueblos indígenas por ser discriminatoria y constituir una provocación a las organizaciones de las minorías étnicas. Aprobarla es negar los derechos de los indígenas y me rehúso a participar de un doble discurso que daña la democracia y lesiona irreparablemente la convivencia social.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL .-

Señor Presidente , los señores diputados que han participado en las Subcomisiones han hecho sus consideraciones específicas. Por mi parte, en el breve tiempo de que dispongo, quiero agregar un comentario de orden general, relacionado con la actitud que hoy se observa en la Administración Pública a raíz del crecimiento económico y de las holguras que van existiendo en el país.

Se advierte, inequívocamente, en las distintas reparticiones, una falta de austeridad y sobriedad en el manejo de la cosa pública. Sabido es que cuando hay holguras se permiten ciertas expansiones, pero uno advierte, con preocupación, que en las “pequeñas” cosas no hay austeridad de parte de las autoridades, la cual es muy necesaria cuando existe expansión económica. En general, hay un crecimiento desorbitado en honorarios y gastos de personal, donde hay un aumento real e importante. En cuanto a las dotaciones de vehículos, por ejemplo, es sorprendente cuando uno encuentra a directores de servicio que utilizan un automóvil cuyo valor es de 18 millones de pesos, el cual, al año siguiente, ha sido cambiado. Si comparamos las dotaciones de 1990 y de 1996 en vehículos de la Administración Pública, veremos que su crecimiento es increíble. Ya no basta con que una autoridad cuente con un vehículo; hay dos o tres alternativos. Por ejemplo, ahora los secretarios de Estado se desplazan en limusinas, vehículos muy caros, cuya adquisición suma y suma en el Presupuesto.

El señor LETELIER ( don Juan Pablo) .-

¿Y el general Pinochet?

El señor BOMBAL .-

No tengo objeción en eso. Todo gasto desorbitado relacionado con la Administración Pública hay que contenerlo.

Y si de sobriedad se trata, ahora se está adquiriendo un avión por 33 millones de dólares para el uso presidencial. Se nos dice que será empleado en el transporte, pero ocurre que la mitad del avión corresponde a dependencias presidenciales; otra parte, a primera clase, y lo que va quedando, entiendo que es para el uso de los periodistas. Se quiere hacer creer al país que ese avión es para transporte de la Fuerza Aérea, para uso en el servicio. Da lo mismo. Lo concreto es que también supimos que el año pasado llegó otro avión y que se advierte que vendría otro más.

No se mire como una crítica mezquina lo que digo. No se altere Diputado señor Elgueta . Sé que le llega lo que estoy diciendo. El punto está en lo siguiente: se trata de los criterios de austeridad que debieran observarse en la Administración Pública.

¿Qué pasa con todas las transferencias a fundaciones y corporaciones, las cuales sabemos que no tienen ninguna posibilidad de control? A las ONG en la actualidad se les traspasan millonarios recursos, sin rendición de cuenta alguna.

¿Qué quiero decir? No se pretenda entender que estoy haciendo una impugnación pequeña. En el país falta austeridad, lo que debemos poner todos, por todos lados. Y digamos también, con respeto y con altura de miras -lo hemos conversado hace pocos días con la Mesa de la Corporación-, que aquí, en el Congreso Nacional, también falta austeridad.

Creo que a una economía que se va expandiendo, a un país que se va desarrollando perfectamente, le haría muy bien esa austeridad. Y debería tenerla como primera consideración para solucionar las carencias existentes en los sectores rural e indígena en materias social, salud y la educación. Todos esos ahorros, economías, austeridad y sobriedad que al país le falta y, reconozcámoslo, que también nos falta, deberíamos aplicarlos para tener mayores recursos.

Se están buscando oportunidades para que exista control de gestión y de programas, a lo cual no hay que temer. La democracia norteamericana se basa, en buena medida, en que el Parlamento exige el control de programas al Ejecutivo y éste va revelando, trimestral o semestralmente, cómo se van cumpliendo. ¿Qué problema habría en que se establecieran esos mecanismos en Chile para no llegar año a año, al final de la discusión de la ley de Presupuestos, con el dramatismo propio de sesiones hasta altas horas de la madrugada, a que se ventilen, minutos antes de su aprobación, todas estas partidas y queden al descubierto una cantidad de ideas, de proposiciones, de frustraciones y también de malas situaciones?

Mi comentario apunta a que, ojalá de una vez por todas, nos hagamos cargo todos de que para el país es más necesario que exista austeridad y sobriedad, lo que, desgraciadamente, hemos ido perdiendo. Eso es propio de las economías que se expanden, de abundancia de recursos; de cuando, a veces, se tiene mucho de lo que no se tuvo antes. En consecuencia, de pronto, viéndose con un poco más de recursos, se malgasta o no se sabe en qué gastar, o se quiere estar a la altura de otros, lo que no corresponde.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Su Señoría, el Diputado señor Montes le estaba solicitando una interrupción

El señor BOMBAL .-

Ya terminé mi intervención.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Señores Diputados, a la bancada de la Democracia Cristiana le restan cuatro minutos, pero los señores diputados inscritos para hacer uso de la palabra no están presentes en la Sala porque se encuentran en la Comisión que en este momento estudia el proceso de negociación. A la bancada de Renovación Nacional le quedan once minutos y siete segundos; pero también los diputados inscritos están en la misma Comisión. Por lo tanto, suspenderé la sesión hasta las 13.15 horas.

Antes, tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, como me parece apropiada su sugerencia, propongo correr los plazos, tanto para la presentación de indicaciones como para el término de la sesión, de forma tal de no contabilizar el tiempo destinado a esta suspensión.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Se suspende la sesión por cinco minutos.

-Se suspendió la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Se reanuda la sesión.

La Mesa, en vista de lo señalado, propone dar la palabra a los diputados que se encuentran inscritos y no han podido intervenir; votar el proyecto en general a las 13.30 horas e, inmediatamente después, votar en general el artículo 3º, que requiere quórum calificado. Una vez practicada la votación, suspender la sesión, reanudarla a las 15 horas y ampliar el plazo para la presentación de indicaciones -se encuentran en proceso de redacción- hasta la 14.30 horas, de tal modo que la Mesa y los Comités, en conocimiento de ellas, cuenten con un procedimiento claro de discusión y de votación al momento de reanudar la sesión.

Los Comités quedan citados a la Sala de Lectura a las 14.30 horas, a fin de resolver el procedimiento de discusión y votación que se adoptará a contar de las 15 horas, momento en que se reanudará la sesión.

¿Habría acuerdo para proceder en esa forma?

Acordado.

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.

La señora CRISTI .-

Señor Presidente , es lamentable la situación en que estamos discutiendo la ley de Presupuestos, pues los principales negociadores están afinando los últimos documentos. Es lamentable que los Diputados señores José García y José Antonio Galilea , de nuestra bancada, que han entregado tanto tiempo y preocupación en esta materia, no puedan intervenir. Habría sido importante conocer sus aprensiones acerca de lo que se ha debatido.

El Diputado señor Jürgensen ha resumido en muy buena forma las preocupaciones de nuestro partido sobre este proyecto de ley. Quisiera reforzar esos conceptos y también los planteados por el Diputado señor Bombal en la Sala.

Tengo la convicción de que nuestro país tiene hoy los recursos y las posibilidades de superar sus principales carencias. En efecto, todos los chilenos nos preocupamos de la pobreza, en circunstancias de que, con una mejor distribución y uso de los recursos, podríamos abocarnos a resolver problemas muy importantes.

El llamado a la focalización del gasto, a que los recursos realmente lleguen a los más necesitados, es algo que no debe ser desoído ni entendido como crítica al Gobierno o como una postura mezquina. Es lo más importante que se debe hacer en nuestro país, el cual, como se ha dicho, cuenta con muchos recursos que, en alguna forma, no se utilizan bien.

Por otra parte, hoy reflexionaba sobre un tema de la mayor relevancia: la prevención de la drogadicción y del alcoholismo, problema que afecta de manera importante a los jóvenes de nuestro país y que en las encuestas figura en primer lugar como preocupación de la ciudadanía.

En relación con el presupuesto del Instituto Nacional de la Juventud, que cuenta con 3 mil millones de pesos para sus planes y programas, sólo 285 millones se destinan para prevenir el alcoholismo y la drogadicción, justamente en una institución que debe tener la mayor responsabilidad de enfrentar este problema entre los jóvenes.

En el presupuesto del Ministerio de Salud, sólo encontré una partida de 119 millones 946 mil pesos destinados a los centros de prevención de alcoholismo y de la salud mental, hecho realmente incomprensible si consideramos que las adicciones constituyen gravísimos problemas, pues todos los chilenos sabemos que el problema de muchos jóvenes, mujeres y de los hombres que hoy sufren de neurosis, de angustia -incluso muchas veces hemos lamentado el suicidio de algunos jóvenes- tiene que ver con la carencia de lugares efectivos donde rehabilitarse de enfermedades tan graves como son la depresión o la angustia, las adicciones y todo tipo de complicaciones psiquiátricas.

También quiero referirme al Servicio Nacional de la Mujer, donde existen programas muy valiosos de apoyo a ella. De un presupuesto de más de 4 mil millones de pesos, nada se ha destinado para atender a la mujer que presenta complicaciones afectivas o emocionales, producto de adicciones, especialmente por parte de los cónyuges o de los hijos.

Por otra parte, se destinan enormes recursos a una serie de programas de cuestionable prioridad. De hecho, nuestro partido ha presentado indicaciones para eliminar algunos de esos proyectos, tales como los relativos a instrucción de funcionarios públicos en materias de capacitación para la equidad del género y otros, y que llegan casi a 200 millones de pesos y que, efectivamente, se vienen haciendo año a año sin las evaluaciones correspondientes.

Queremos saber por qué algunos programas que son prioritarios para el país, como la prevención del alcoholismo y la atención de la salud mental, quedan fuera del presupuesto. ¿Cuándo seremos capaces de decidir qué es lo más urgente y necesario para concentrar la atención en ello?

En congresos de mujeres en que me ha tocado participar, cuando se les pregunta sobre sus mayores problemas, nunca he escuchado que uno de ellos sea la equidad del género o situaciones parecidas, pero sí la violencia intrafamiliar y educación de sus hijos. Si esos problemas son prioritarios, ¿por qué no dirigimos los recursos hacia ellos?

Por otra parte, alguien se refirió aquí a los recursos que se destinan, por ejemplo, a los organismos no gubernamentales. Hay parlamentarios de mi Partido que se encuentran haciendo una evaluación de tales entidades y de cómo los distintos ministerios les están entregando recursos para la ejecución de programas. Entiendo que hay más de mil entidades que están realizando distintas acciones a lo largo de la nación. Dichas entidades no están sujetas a control y no pueden ser fiscalizadas por la Contraloría General de la República, lo que abultará el enorme costo de administración y aumentará los recursos para la administración de los bienes.

Resumiendo, creo muy importante que el país enfrente los problemas prioritarios. El alcoholismo y la drogadicción en los jóvenes necesitan atención, y espero que el presupuesto que revisemos el próximo año haya aumentado los recursos para ellos.

Hay otro sector para cuyo funcionamiento es importante aumentar sus recursos a fin de atender mejor sus necesidades urgentes: la Contraloría General de la República, entidad fundamental para ayudar a prevenir la corrupción, problema grave que afecta a nuestro país y que es otra forma execrable de impedir que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.

El Diputado señor Espina conversó hoy con el Contralor para solicitar que en numerosos municipios se ponga fin a lo que alcaldes salientes están haciendo con los recursos municipales: llenando las plantas, contratando vehículos, amarrando una serie de convenios y contratos de manera de quedar bien con quienes ellos desean, impidiendo que los nuevos alcaldes hagan nuevas gestiones y ocupen recursos en lo que estimen necesario.

La Contraloría está atochada y saturada de denuncias y solicitudes de fiscalización. Si queremos prevenir la corrupción en el país, hay que otorgarle los recursos necesarios para ello.

El Diputado señor Orpis hizo un excelente planteamiento de lo que debe ser la focalización del gasto y adhiero a sus palabras.

Espero que se considere que las críticas de la Oposición no tienen otro objetivo que procurar que los recursos se usen mejor. No queremos que el día de mañana -como siempre se ha hecho y se ha usado en forma política- se nos acuse de coartar la posibilidad de que los distintos ministerios tengan más recursos. Sí deseamos que todos los chilenos, especialmente los más pobres, puedan usarlos -el país los tiene en abundancia- en mejor forma, como una manera de ayudarlos a vivir mejor.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Restan cuatro minutos al Comité de la Democracia Cristiana.

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , en el desarrollo de la discusión se ha podido fijar opinión respecto de distintos temas que, inevitablemente, están presentes en la discusión presupuestaria.

Resulta indiscutible que durante los últimos años, y nuevamente desde el inicio del debate presupuestario, hemos observado de parte de sectores de la Oposición una tendencia permanente en orden a disminuir todo aquello que permite al Estado cumplir adecuadamente con muchas de las funciones que no está en condiciones de asumir el sector privado.

El concepto de subsidiariedad, que en este tiempo adquiere un rol fundamental en el desarrollo de la actividad del Estado, no debiera exagerarse al extremo de poner en tela de juicio los presupuestos que distintas instituciones necesitan para desarrollar sus funciones que en algunos casos son irrenunciables y que, en otros, evidentemente tienden a resolver situaciones que el sector privado no está en condiciones de solucionar.

Me interesa centrar la atención en dos aspectos que debieran concitar la unanimidad de nuestra Cámara. Me refiero a aquellos recursos que permiten al Estado, a través de distintas instituciones, garantizar que en Chile tengamos una economía social de mercado que no se traduzca en una concentración excesiva de la riqueza en unos pocos privilegiados, sino en un proceso paulatino de crecimiento económico que alcance también a aquellos sectores más necesitados del país. En esa línea, no cabe ninguna duda de que en aquellas áreas de la economía donde debe haber mecanismos de regulación, es preciso dictar las normas necesarias y otorgar a los organismos fiscalizadores recursos y plantas adecuadas, de manera que sus integrantes cuenten con la idoneidad técnica que se requiere para cumplir esa función.

En segundo lugar, la Oposición debe tener una mínima consecuencia frente a la situación de la agricultura, que enfrentará desafíos realmente importantes con el ingreso de Chile al Mercosur. Ello cuando se trata de resolver respecto de los recursos que las distintas entidades del Estado necesitan para cumplir su labor en el sector. En ese sentido, llamo a todos los colegas de la Cámara de Diputados a que no nos confundamos al discutir los ítem correspondientes al Ministerio del ramo.

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Elgueta.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA .-

Señor Presidente, me referiré brevemente a lo que expuso el Diputado señor Bombal.

Cuando habla de austeridad y de sobriedad, debe recordar la forma en que llegamos a este Parlamento en la elección de 1993; cómo disputó en el becerro de oro su cupo en el distrito que conforma la comuna de Las Condes, donde se realizó la campaña más cara de este país.

Entonces, cuando se habla de austeridad, de sobriedad, de transparencia y de una serie de virtudes, recuerdo ese viejo cuento en que una persona dialoga con un porquerizo. Aquélla, admirada, le dice: “Con qué cuidado atiendes a este chancho”. Y el porquerizo respondió: “No interesa tanto el chancho, sino los chicharrones”. ¡Eso es lo que quiere la Derecha y es lo que pretende hacer el Diputado señor Bombal!

He dicho.

-Aplausos.

El señor BOMBAL .-

¿Me permite, señor Presidente? He sido aludido.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

La bancada de Renovación Nacional, a la cual le restan tres minutos, podría cederle tiempo.

Diputado señor Fantuzzi, ¿da su venia para que los tres minutos que restan al Comité de Renovación Nacional puedan ser ocupados por el Diputado señor Bombal?

El señor FANTUZZI .-

El Diputado señor Bombal tiene derecho a réplica porque fue aludido; no hay necesidad de cederle un espacio.

En todo caso, le cedemos un minuto.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Con la venia del colega Fantuzzi, tiene la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL .-

Señor Presidente, la pequeñez del Diputado señor Elgueta queda una vez más en evidencia.

Acá estamos hablando de recursos públicos de toda la nación, aportados por todos los contribuyentes.

El Diputado señor Elgueta , en vez de expresar lo que dijo, debiera haberse referido a los 33 millones de dólares que cuesta el avión presidencial y relacionarlos con los pobres de este país.

Nada más.

El señor ELGUETA.-

Pido la palabra.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Solicito a los señores diputados no hacer alusiones personales.

Resta un minuto del Comité de Renovación Nacional para cerrar el debate.

Tiene la palabra el Diputado señor Fantuzzi.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente , creo que el colega Estévez se equivocó.

Nosotros no hemos querido achicar ninguna partida; sólo tener la posibilidad de fiscalizar el destino de los recursos. La macroeconomía está bien, pero tenemos que ponernos una mano en el corazón y darnos cuenta de que hay platas que, de repente, parten para otros lados.

El ejemplo que ha dado es muy malo, porque si el día de mañana le da 3 mil pesos al chofer para que vaya a almorzar y éste se va a casa de masajes, se le va a morir de hambre. Está bien que los gaste en lo que él quiera, pero no le va a poder manejar el auto.

Nada más.

Muchas gracias.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Cerrado el debate.

Recuerdo a los colegas diputados que hemos acordado votar en general el proyecto de ley de Presupuestos; posteriormente, votar las disposiciones que requieren de quórum calificado, que, según la información que tenemos en la Mesa, son dos, y después suspender la sesión. Asimismo, hemos acordado ampliar el plazo para presentar indicaciones hasta las 14.30 horas. Por otra parte, el colega Ángel Fantuzzi ha pedido a la Mesa solicitar la venia de la Sala para reiniciar la sesión a las 15.30 horas, con el fin de facilitar la concurrencia de otros colegas parlamentarios al acuerdo que en este momento se está negociando.

Me parece que en bien del buen despacho y de que hemos hecho una serie de postergaciones con el fin de conseguir esos acuerdos, es dable que reiniciemos la sesión a las 15.30 horas.

¿Habría acuerdo?

El señor ESTÉVEZ.-

Pido la palabra.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , estoy de acuerdo con su propuesta, pero quiero plantear un problema constitucional, no con el ánimo de que la Mesa lo resuelva de inmediato, sino para que lo estudie para una próxima ocasión.

Me parece que no procede votar la idea de legislar en el proyecto de ley de Presupuestos, porque ella emana de un mandato constitucional.

Qué ocurriría si, eventualmente, se rechazara la idea de legislar, lo cual no ocurrirá este año. La Constitución se coloca en el caso de que no se despache. Si el Parlamento no la despacha, rige la propuesta del Ejecutivo. Si se rechaza la idea de legislar, se produce una situación distinta a la planteada en la Constitución. La antigua Carta Fundamental establecía que en caso de ser rechazada la idea de legislar, regía la ley de Presupuestos del año anterior. Por esa razón tenía sentido la votación en general; pero con las nuevas disposiciones constitucionales ello no corresponde. Según entiendo, en el Senado no se vota en general.

Esta materia ha tenido una tradición distinta en la Cámara. No tengo problema en que procedamos como en años anteriores -no quiero colocar a la Mesa en la situación de tener que necesariamente resolver hoy sobre ella-, pero le pido que estudie el tema, en combinación con la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a fin de establecer una normativa permanente distinta, que ojalá no sea la de votar en general el proyecto de ley de Presupuestos.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor Diputado , ayer la Mesa conoció este planteamiento, por lo que solicitará a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia un informe sobre la materia, para prever esta situación antes de pronunciarnos sobre la ley de Presupuestos del próximo año.

Sin embargo, en esta oportunidad nos parece conveniente mantener el procedimiento tradicional.

Tiene la palabra el Diputado señor José García.

El señor GARCÍA (don José) .-

Señor Presidente , solicito que las normas de quórum calificado sean votadas a las 15.30 horas, porque forman parte de las negociaciones que todavía se están llevando a cabo.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Eso supone variar los acuerdos de Comités sobre la materia. El temor de la Mesa es que se alargue demasiado el plazo; hay una sesión especial citada, con el objeto de considerar la situación de la sequía que afecta al país, cuyo inicio ha sido postergado para las 16.30 horas. Ante esa situación, vemos un poco difícil acceder a la postergación solicitada.

Para mantener los acuerdos de los Comités y no generar una dificultad, podríamos votar en general las disposiciones de quórum calificado, dejando pendiente la votación en particular, sin discusión, para el reinicio de la sesión, a las 15.30 horas.

El señor LETELIER ( don Juan Pablo) .-

Pido la palabra sobre una cuestión de Reglamento.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor LETELIER ( don Juan Pablo) .-

Señor Presidente, pido que solicite el acuerdo unánime de la Sala para suspender la sesión especial sobre el tema de la sequía.

El proyecto de ley de Presupuestos es la iniciativa más importante que conoce el Congreso cada año. En consecuencia, sería impropio despacharla en particular, sin discusión, o con un debate muy breve. Además, eso sería contrario a lo que su Señoría propuso ayer en su discurso inaugural, lo cual comparto plenamente.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Solicito el acuerdo de la Sala para diferenciar la votación en general de las normas que requieren quórum calificado, dejando su votación particular para el reinicio de la sesión a las 15.30 horas.

¿Habría acuerdo?

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente , el Diputado señor José García acaba de señalar que hay negociaciones pendientes, respecto de las cuales no tenemos información. Entonces, en atención a este antecedente, ¿cómo vamos a votar la idea de legislar?

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor Orpis, hay un acuerdo de votar el proyecto en general. Tengo la obligación de someterlo a votación en forma inmediata.

A fin de facilitar un acuerdo, la Mesa está buscando una fórmula de interpretación de lo ya acordado por los Comités. En consecuencia, pido al colega Orpis que nos facilite hacerlo así.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente , mi intención no es obstaculizar, pero se me ha informado que no habría acuerdo respecto del artículo 3º. Por lo tanto, me gustaría que alguien clarificara en qué está el acuerdo, a fin de votar correctamente. Reitero: no es mi ánimo obstaculizar.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor Diputado , siempre se ha debatido la necesidad de votar en general y después en particular una norma de quórum calificado.

Por tanto, en el hecho, aunque la norma sea aprobada en general, después debe votarse en particular. En esta segunda instancia, quienes están en desacuerdo podrán votarla en contra, y si no se reúne el quórum indispensable para su aprobación, será rechazada.

Diputado Orpis, estamos buscando un mecanismo que nos permita sumar consensos. En consecuencia, insisto en que nos dé el acuerdo para seguir avanzando. En caso contrario, tendré que hacer cumplir el acuerdo de votarlo en general y en particular, antes de suspender la sesión.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

En votación general el proyecto de ley de Presupuestos.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente , el colega Álvarez-Salamanca está ausente y figura votando.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Se borra la votación del Diputado señor Álvarez-Salamanca, lo que no incide en la aprobación en general.

Aprobado en general el proyecto de ley de Presupuestos.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Alvarado, Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bombal, Caminondo, Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Chadwick, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Errázuriz, Escalona, Estévez, Fantuzzi, Ferrada, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Karelovic, Kuschel, Latorre, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Makluf, Martínez ( don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Montes, Morales, Moreira, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Joaquín), Paya, Pérez ( don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokuriça, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Ribera, Rocha, Rodríguez, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Solís, Soria, Taladriz, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Valenzuela, Vargas, Vega, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta, Walker, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

-Votó por la negativa el Diputado señor Álvarez-Salamanca.

El señor LEAY.-

Pido la palabra.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor LEAY.-

Señor Presidente , no me parece adecuado que la votación en particular sea sin discusión.

Me sumo al planteamiento del Diputado señor Juan Pablo Letelier en el sentido de que no se puede restringir el debate de las indicaciones en un proyecto tan importante.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

No hay nada acordado sobre la materia.

El acuerdo que existe es que una vez que conozcamos las indicaciones, en reunión de Comités se fijará un procedimiento de debate y votación.

Después de efectuada la votación trataremos los asuntos de Reglamento.

Corresponde votar en general el artículo 3º, cuya aprobación requiere quórum calificado. Según lo acordado, su votación en particular queda pendiente para después de las 15.30 horas.

Tiene la palabra el Diputado señor José García.

El señor GARCÍA (don José) .-

Señor Presidente , nosotros concurrimos al acuerdo en la medida en que se entienda que se pone en votación la idea de legislar sobre el artículo 3º, que autoriza el endeudamiento. Los detalles se verán en la votación en particular, pero no significa que ahora queda aprobado.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Así es, señor Diputado .

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , me parece que estamos equivocados en el procedimiento. Desde el momento en que se ha aprobado en general la idea de legislar sobre el proyecto de ley de Presupuestos ese punto está resuelto respecto de todos los artículos.

Por lo tanto, si queremos ser consecuentes, debemos dar por terminado el punto, y al abordar cada artículo efectuar la votación en particular, que deberá contar con el quórum constitucional que en cada caso se requiera. Pero no tiene sentido votar en general cada artículo, porque volverá a plantearse la observación que han hecho algunos señores diputados de Oposición.

En consecuencia, pido que recabe el acuerdo de la Sala para dar por resuelto el punto de la aprobación en general y, cuando corresponda, en la sesión de la tarde, iniciar el análisis en particular de cada artículo.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor Diputado , son dos las disposiciones que requieren de quórum calificado: el artículo 3º y la relacionada con la glosa 1, de la asignación 86, correspondiente a colocación de valores emitidos a largo plazo.

La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional nos obliga a actuar de esta manera, pues establece taxativamente: “Las diversas disposiciones de un mismo proyecto que para su aprobación necesiten mayorías distintas a la de los miembros presentes, se aprobarán en votación separada, primero en general y después en particular, con la mayoría especial requerida en cada caso”.

Sin perjuicio del sentido práctico, razonable, de lo que plantea el Diputado señor Latorre, las disposiciones legales nos obligan a esto. Por eso, las anteriores Mesas de la Cámara han dispuesto que las disposiciones que requieren quórum calificado se voten primero en general y después en particular, y ése es el criterio que se seguirá aplicando.

En votación general el artículo 3º, que implica sólo aprobar la idea de legislar.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente , ¿es posible aplicar la misma votación?

Varios señores diputados.-

¡No!

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

No hay acuerdo, señor Diputado .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Aprobado en general el artículo 3º.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bombal, Caminondo, Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Chadwick, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Escalona, Estévez, Fantuzzi, Ferrada, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jara, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Kuschel, Latorre, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Martínez ( don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Montes, Morales, Moreira, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma ( don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokuriça, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Ribera, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Solís, Soria, Sota, Taladriz, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Valenzuela, Vega, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta, Walker, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Bartolucci, Errázuriz, Leay y Paya.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

En votación la glosa Nº 1 de la asignación 86, relativa a la colocación de valores emitidos a largo plazo. Se señala que es de aquellas normas que la Constitución dispone que deben ser de quórum calificado, en atención a que la emisión puede exceder el plazo de duración del período presidencial.

Si le parece a la Sala, se aplicará la misma votación anterior.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Aprobada en general la glosa 1 de la asignación 86.

Hago presente que se amplió el plazo de presentación de indicaciones hasta las 14.30 horas, y se citó a los Comités a esa misma hora para los efectos de conocerlas y ver la forma de tratarlas y votarlas a las l5.30 horas, cuando se reanude la sesión.

Algunos jefes de Comités han pedido a la Mesa que la reunión de Comités se traslade a las l5.00 horas.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

El Diputado señor Juan Pablo Letelier sugirió la suspensión de la sesión sobre el tema de la sequía.

No hay acuerdo unánime de la Sala. Por lo tanto, la petición se verá en la reunión de Comités.

El señor MELERO.-

Pido la palabra.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor MELERO .-

Señor Presidente , el tema de la sequía es de mucha importancia para el país, y quienes pedimos la sesión, no queremos que se postergue más allá de mañana.

A veces, por tratar de hacer dos cosas bien, terminamos haciéndolas mal. Propongo sesionar mañana de 12 a 14 horas y no postergar el asunto para la semana posterior a la distrital, porque, tal vez, sería mucho. Si flexibilizamos el criterio, mañana podemos sesionar normalmente hasta las 12 horas, y de 12 a 14 horas, se suspendería Incidentes y proyectos de acuerdos, para analizar el tema de la sequía.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo sobre lo propuesto por el Diputado señor Melero?

El señor PROKURICA.-

No, señor Presidente.

El señor LATORRE.-

Pido la palabra.

El señor PROKURICA.-

Pido la palabra.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

No puede continuar el debate respecto de lo que no hay acuerdo.

Sugiero a los señores Diputados que han pedido la sesión especial que discutan el tema en la reunión de Comités de las l5.00 horas.

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , considero muy razonable la proposición del Diputado señor Melero , porque a las 16.00 horas, o un poco después, empezaremos a discutir el proyecto de la ley de Presupuestos. Como muchos de nosotros no aceptaremos que se impida la discusión en particular, iniciaremos un largo debate hoy en la tarde.

¿Por qué no tomamos ahora el acuerdo de que la sesión para tratar el tema de la sequía se realice mañana? Es necesario efectuarla, sobre todo porque en algunas zonas existen problemas preocupantes. En seguida, que los Comités fijen la hora -puede ser a las 12 horas, como la sugerida, u otra distinta- y que hoy en la tarde nos aboquemos sólo al estudio del presupuesto.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente , hace un momento usted pidió la unanimidad para postergar la sesión especial citada para tratar el problema de la sequía, y yo no he dado la unanimidad. Entonces, no sé para qué continuar este debate, pues no tiene sentido.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor García-Huidobro .

El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-

Señor Presidente , el problema de la sequía reviste carácter dramático en muchas regiones.

Quiero consultar a la Mesa si vamos a contar con la asistencia de los Ministros de Obras Públicas y de Agricultura para tratar este tema tan delicado.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

La Mesa no puede prever las sugerencias que se hagan en las sesiones. Por lo tanto, no podemos consultar a los Ministros respecto de lo que no se ha acordado. Ésta es una propuesta que se formuló en la sesión de hoy.

Tiene la palabra el Diputado señor Naranjo.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para tratar un proyecto de acuerdo respaldado por parlamentarios de la UDI, Renovación Nacional, la Democracia Cristiana...

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

No procede, señor Diputado. Planteé el punto en la reunión de Comités para ver la posibilidad de incluirlo en la sesión de la tarde.

Dado que no hay acuerdo en las distintas propuestas, quedan pendientes para ser tratadas en la reunión de Comités.

Se suspende la sesión hasta la 15.30 horas.

-Se suspendió la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Se reanuda la sesión.

Se suspende por cinco minutos.

-Se suspendió la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión.

- O -

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Se reanuda la sesión.

En la última reunión de los Comités, entre las materias a tratar, se distinguieron las que dicen relación con el artículo y la glosa que se refiere a deudas que van más allá del presupuesto del año, que requieren quórum calificado, y todas aquellas comprendidas en el acuerdo logrado por el Gobierno, las bancadas de la Concertación y de la UDI, del Senado y de la Cámara, y en tercer lugar, el conjunto de indicaciones libres -por decirlo de algún modo- que distintos parlamentarios han presentado.

Doy esta explicación para comprender el raciocinio de las decisiones adoptadas.

El procedimiento convenido es el siguiente:

1º Escuchar la exposición del Ministro de Hacienda sobre el acuerdo logrado.

2º Destinar una hora para los efectos de que diputados de todas las bancadas entreguen sus opiniones a ese respecto, para lo cual la Democracia Cristiana dispondrá de 16 minutos; Renovación Nacional, de 13, la UDI, de 10, el Partido Por la Democracia, de 10, y el Partido Socialista de 10.

3º Con posterioridad, votar las dos normas de quórum calificado, aprobadas en general.

4º Votar el conjunto de partidas e indicaciones comprometidas en el acuerdo.

5º Discutir y votar cada una de las indicaciones restantes que están fuera del acuerdo y que hayan sido declaradas admisibles. El tiempo será de tres minutos para explicarlas y defenderlas por quien las hubiere presentado, y de tres minutos para argumentar en contra. Después se votará sucesivamente cada una, de acuerdo con el orden lógico del proyecto.

Además, la Mesa estima conveniente proponer a la Sala la entrega, desde el momento en que termine esta relación, de un tiempo extraordinario de 20 minutos, pedido por algunos señores parlamentarios, para los efectos de que las indicaciones que no pudieran hacerse llegar dentro del plazo prefijado, sean procesadas junto con las señaladas en el último lugar, donde veremos las que se hayan presentado libremente, por decirlo de alguna manera.

¿Habría acuerdo respecto de esto último?

Acordado.

Entraríamos a discutir el proyecto en particular después de la explicación del señor Ministro de Hacienda .

El señor VILLOUTA.-

Señor Presidente, una cosa previa.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor VILLOUTA.-

Pido que se entregue a los diputados una copia del acuerdo, para los efectos de facilitar su cumplimiento.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

En verdad, no hemos tenido tiempo para hacerlo por escrito, pero lo distribuiremos tan pronto sea posible.

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, en conocimiento del acuerdo, sugiero que suspenda la sesión por 15 minutos para discutir su contenido.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Solicito el acuerdo de la Sala para suspender la sesión por 15 minutos.

El señor MELERO .-

Es atribución suya, señor Presidente. No necesita acuerdo.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , es interesante que los Comités hayan llegado a acuerdo en un tema donde era difícil alcanzarlo; pero aun cuando parece satisfactorio, inevitablemente conlleva a aceptar algo muy discutible: que para defender una indicación, el derecho mínimo que puede tener un parlamentario en la Sala, se limite el tiempo a tres minutos. Me parece realmente antirreglamentario.

Los Comités pueden intentar un acuerdo para sacar adelante el proyecto, pero el tiempo de tres minutos para discutir una indicación me parece muy mezquino, porque obviamente la Mesa no va a poder cumplir esa limitación.

Por eso, al menos en ese punto, pido que se amplíe en unos cuantos minutos el tiempo para la defensa de alguna indicación.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Se aplicaría el acuerdo de los Comités, que es lo que corresponde según el Reglamento, sin perjuicio de que en el transcurso de la sesión la Mesa tenga diálogos que permitan acceder a esa petición.

Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA .-

Señor Presidente , quiero una precisión de la Mesa respecto de la forma en que vamos a discutir las indicaciones, porque el criterio de los Comités es válido cuando son presentadas por un Diputado , quien hace su explicación y su defensa. Efectivamente, podría haber una intervención en contra. Pero hay indicaciones del Gobierno que supongo que, en el contexto que los Comités acordaron, el Gobierno explicará, y puede haber posturas a favor o en contra entre los diputados.

En consecuencia, me parece que habría que precisar el acuerdo según el origen de la indicación.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Hay indicaciones que están en el conjunto del acuerdo y otras que no están comprendidas dentro de él. Por eso, hemos diferenciado el procedimiento respecto de unas y de otras.

Entendemos que la defensa de las últimas la hace quien las presenta. Si son del Ejecutivo , las explica y las defiende su representante, y las contradice o las rechaza en la Sala quien así lo estime. Lo peor sería que perdiéramos mucho tiempo en materias de procedimientos.

Insisto en que la Mesa -y creo que los Comités también- está en la mejor disposición de buscar las formas de mejorar el acuerdo que hemos alcanzado.

Haré uso de la facultad de la presidencia de suspender la sesión, en atención a la petición formulada por los colegas señores Juan Pablo Letelier y Viera-Gallo .

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier .

El señor LETELIER ( don Juan Pablo) .-

Señor Presidente , son dos cosas reglamentarias.

Agradezco que haya acogido nuestra petición a la Mesa de suspender la sesión. También pido que puedan conocerse las indicaciones antes de su discusión. Creo que es lo mínimo para votarlas en forma responsable.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Las indicaciones se van a repartir en este momento. Por lo tanto, cuando esté realizando su intervención el señor Ministro , van a estar en poder de cada uno de los señores parlamentarios.

Se suspende la sesión por cinco minutos.

-Se suspendió la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Se reanuda la sesión.

Se suspende por cinco minutos.

-Se suspendió la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Se reanuda la sesión.

En vista de que existe un impasse, la Mesa ha decidido citar a reunión de Comités y suspender la sesión por quince minutos más.

Se suspende la sesión.

-Se suspendió la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Continúa la sesión.

Debo informar a la Sala que los Comités analizaron los distintos planteamientos sobre la solución del aparente impasse que se estaba generando entre las bancadas, y no hubo disposición para variar el acuerdo unánime adoptado en su oportunidad.

Por lo tanto, la sesión se reinicia en ese contexto y en el del acuerdo que esta Mesa está obligada a cumplir, cual es escuchar la exposición del señor Ministro ; realizar una discusión de casi una hora en que cada bancada designa a sus representantes para intervenir durante los tiempos ya establecidos; votar las disposiciones de quórum calificado y luego, en una sola votación, el resto de las partidas e indicaciones. Finalmente, discutir cada una de las indicaciones formuladas, no relacionadas con el acuerdo, en los tiempos ya fijados.

En ese contexto, ofrezco la palabra al señor Ministro de Hacienda para que exponga sobre el acuerdo logrado esta tarde.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , expondré sobre dos temas específicos.

En primer lugar, dar a conocer el contexto en el cual se ha discutido y analizado el proyecto de ley de Presupuestos para 1997, para precisar y contextualizar la discusión sostenida tanto en la Subcomisión como en la Comisión Especial y en esta Sala a partir de hoy.

En segundo lugar, informar en detalle el protocolo de acuerdo que apoya el análisis y discusión del proyecto de ley de Presupuestos para 1997, que es de público conocimiento desde, aproximadamente, las 16.30 horas de hoy.

Debo establecer en primer término que en los mensajes del Poder Ejecutivo , en las intervenciones del Ministro que habla y en la exposición pormenorizada del Director de Presupuestos , don Mario Marcel, se ha detallado, explicitado y descrito en propiedad que el proyecto de ley de Presupuestos, primero, está bien diseñado; segundo, equilibrado en los múltiples objetivos que persigue y, tercero, con los instrumentos y alcances en la estimación de ingresos y de gastos que se hace para el próximo año, acorde con el programa macroeconómico del país y en función de las prioridades que el Poder Ejecutivo presenta al Congreso respecto de las necesidades del desarrollo económico y social en su enlace para 1997.

Desde ese punto de vista, reitero lo que he expresado en múltiples ocasiones y, en la mañana, brevemente en esta Sala: que el Gobierno tiene confianza en lo que está considerando en los diversos artículos, partidas, ítem y glosas de este proyecto de ley de Presupuestos de la Nación. Esto es importante, porque en las últimas tres semanas, nos hemos visto abocados a una discusión que, ciertamente, tiene implicancia sobre el análisis y evaluación del proyecto de ley, pero también sobre su trámite y despacho.

Me refiero a los alcances que surgieron desde las distintas subcomisiones, que analizaron los diversos artículos y partidas, con mucho detalle, como también a lo que caracterizó a la Comisión Especial constituida por trece diputados y trece senadores, que elaboró el informe presentado a esta Sala.

Respecto de su alcance, tendríamos que distinguir entre dos materias: primero, la natural y lógica secuencia de discusión sobre indicaciones y estudio de partidas y de glosas en los diversos servicios y partidas; segundo, una discusión más profunda, relacionada con el rol del Estado y cómo éste actúa en función del instrumento clásico que le es propio, como es la estimación de los ingresos públicos y la propuesta de programas de gastos que contiene detalladamente la ley de Presupuestos. En esa materia, hay -qué duda cabe- diferencias de visión y de enfoque que se han expresado en comentarios públicos y en las subcomisiones.

Desde el punto de vista del Gobierno de la Concertación, que represento en esta Sala, pensamos que el Estado tiene un rol primordial, activo y resuelto a seguir, mediante este instrumento -el Presupuesto de la Nación-, avanzando en la consecución de crecimiento, desarrollo y, particularmente, equidad e inversión social.

Creemos que esa misión no es posible de hipotecar o de restringir como a veces se ha planteado, sino que es necesario cautelar mejor su eficacia, avanzar en un perfeccionamiento de cómo se llega e incide sobre los efectos que se buscan y mejorar lo que sea necesario respecto de la aplicación y diseño de este instrumental.

Por lo tanto, en el espíritu de acoger las ideas que nos hacen construir y avanzar sobre una ley de Presupuestos que ayude a los fines establecidos, el Gobierno, a través del Ministro que habla y del Ministro Secretario General de la Presidencia , del Director de Presupuestos aquí presente, don Mario Marcel, de un comité especial, integrado por diputados y senadores de distintos partidos de la Concertación, como también por diputados y senadores de sectores importantes de la Oposición, hemos estado dialogando y construyendo acuerdos durante varios días, en una labor de más de 70 horas, en reuniones de trabajo múltiples y sucesivas -entre otras, la efectuada hoy en la Cámara-, a fin de agilizar, con la solemnidad y racionalidad que merece, el adecuado despacho de este importante y especial proyecto de ley de Presupuestos para el sector público correspondiente a 1997.

En tal sentido, se consideraron los siguientes principios:

1. La importancia de contar con mecanismos para estimular y seguir estimulando la eficiencia en la gestión de las instituciones públicas;

2. La necesidad de que continúe existiendo la más amplia transparencia en la asignación y administración de los recursos públicos, siguiendo, entre otras, las recomendaciones de la Comisión Nacional de Ética Pública;

3. Respetar claramente las responsabilidades que sobre administración, fiscalización y control del uso de los recursos públicos asigna la Constitución al Poder Ejecutivo , a la Cámara de Diputados y a la Contraloría General de la República;

4. Reconocer la importancia de la discusión del proyecto de ley de Presupuestos como una instancia fundamental para materializar y verificar el logro de los objetivos anteriores, y

5. Teniendo en cuenta la necesidad nacional de despachar el proyecto de ley de Presupuestos de 1997 dentro de los plazos constitucionalmente establecidos, el Gobierno y los parlamentarios que firmaron el protocolo de acuerdo concordaron una serie de nueve materias, que a continuación resumiré.

En primer lugar, se acordó avanzar en cuanto al control y transparencia de los receptores de fondos fiscales, tanto en el establecimiento de resguardos adicionales sobre los convenios a honorarios con personas naturales y jurídicas, mediante el resumen periódico y la síntesis de información que existe en los distintos niveles del Gobierno, a través de los decretos y resoluciones que se emiten, como mejorando los plazos y las bases de información pertinentes, para facilitar la labor de evaluación y de fiscalización en estas materias. En este sentido, nos comprometimos a preparar una serie de normas legales y reglamentarias para mejorar lo que ya existe en cuanto a receptores, transferencias y aportes del gobierno central, que permitan informar regularmente sobre estas materias al honorable Congreso Nacional.

En segundo lugar, se ha trabajado, discutido y evaluado una serie de materias conducentes a la licitación de adquisiciones, métodos de contratación de estudios y ejecución de obras en general en el sector público. En ese orden, también se acordó establecer consultorías externas que permitan avanzar en procedimientos para la adquisición, contratación y ejecución de obras en el sector público, a fin de ir elaborando las bases para definir políticas generales más exactas y perfeccionadas en este ámbito; recurrir a los expertos de rango internacional pertinentes; evaluar aquellas instituciones que centralizan operaciones de sistemas de adquisición -la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, la Central de Abastecimiento de los servicios de salud-, elaborando los proyectos de ley requeridos para estos efectos.

Una tercera materia específica en que se avanzó y concordó criterios de acuerdo está relacionada con la información y fiscalización de aportes a fundaciones y corporaciones.

Resguardando las prerrogativas del Ejecutivo , estamos de acuerdo en indicar, mediante diversos procedimientos, avances en la información, identificación, resguardo y fiscalización de estas materias en aquellas corporaciones y fundaciones que perciben normalmente fondos públicos, actuando de consuno con la Contraloría General de la República.

Una cuarta área de importancia y de especial interés del Gobierno que represento de avanzar en forma decidida, es la de la información sobre el desempeño de servicios públicos. Esto tiene que ver no sólo con labores de auditoría o indicadores de desempeño, sino también con un mejor seguimiento a los cumplimientos de metas y nuevos indicadores de desempeño.

Hemos avanzado sobre cómo formalizar informes anuales estandarizados sobre la gestión de los servicios públicos, de manera que se cuente en el Congreso con balances de ejecución presupuestaria, cuentas de resultados y, particularmente, con memorias de estos servicios públicos de interés nacional.

Agregamos a esto una quinta materia, que tiene que ver con el proceso de evaluación de programas públicos. Ello cubre no sólo un sistema de evaluación de programas que avance en los indicadores que usamos para medir el costo efectivo de dichos programas, sino también para buscar formas de evaluar una amplia cobertura de ellas en el período comprendido entre 1997 y el año 2000.

Para este efecto, adaptando experiencias internacionales de elevada calidad y buenos resultados, se ha consagrado la idea de establecer paneles de expertos pertinentes a las distintas materias en evaluación, de modo que programas e instituciones que sean objeto de ella se comprometan a dar la información respectiva, acceso a los paneles de expertos para las evaluaciones pertinentes e informen a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados de una manera metodológicamente clara y precisa.

En este sentido, y sobre la base de las propias observaciones que formulen los miembros de la Comisión Especial de Presupuestos, acogiendo, entonces, la riqueza del trabajo parlamentario que en ellas se hace, el Ministerio de Hacienda seleccionará los primeros veinte programas a evaluar durante 1997.

Agrego a esto una serie de mejoras sobre los ya notorios avances que se estaban haciendo en materia de información sobre ejecución presupuestaria. Aquí hablamos de información actualizada y oportuna sobre la ejecución de la ley de Presupuestos en materias que tienen que ver con, por ejemplo, decretos que autorizan endeudamiento; ejecución trimestral de ingresos y gastos; ejecución semestral de ingresos y gastos a través de capítulos y programas, y copias de balances y estados financieros de las empresas del Estado.

Se agrega a esto un séptimo acuerdo, sobre las provisiones del Tesoro Público. Aquí el Gobierno ha cautelado, y quiero decirlo muy claramente en la Sala, la institucionalidad fiscal que nos rige en su legalidad y en sus alcances respecto de no aceptar rebajas al proceso de provisiones del Tesoro Público y de mantener y cautelar el programa diseñado en este proyecto.

Pero en forma simultánea a esta defensa, hemos aceptado la idea de restringir la flexibilidad parcial existente en el manejo de esta cuenta, de modo que se establezca un límite equivalente al 25 por ciento del total de provisiones contempladas en el Programa de Operaciones Complementarias del Tesoro Público. A su vez, agregamos a esto dos modificaciones específicas sobre la manera en que el artículo 4º de la ley de Presupuestos interactúa precisamente con el Tesoro Público y las modificaciones que estoy comentando.

En primer lugar, se eliminará como fuente de financiamiento a los gastos financiados con donaciones y a la transferencia al Fisco de los servicios públicos y con la integración del saldo de caja del Tesoro Público de las excepciones a dicha limitación.

En segundo lugar, se ha aceptado la prohibición de traspasar recursos a las empresas públicas más allá de lo establecido por la ley de Presupuestos sin mediar otra normativa, con un margen, eso sí, del 10 por ciento referido a dichas transferencias.

Finalmente, se ha presentado oportunamente en la Mesa de la Cámara una serie de indicaciones que afectan a temas sectoriales específicos, que deben considerarse como integrantes de este acuerdo.

Esto repone cuestionamientos o limitaciones que se habían efectuado a una serie de instituciones que es necesario destacar.

Había una severa limitación que afectaba las operaciones a futuro de Enacar; un cuestionamiento a los aportes a Enami en el proyecto del Ejecutivo, modificado por la discusión en las Comisiones, y los aportes a las universidades, entre otros.

Respecto del aporte de Enacar se acordó reponer la indicación del Ejecutivo que, a su vez, materializaba el acuerdo de la Primera Subcomisión de Presupuestos.

Respecto del financiamiento de exportaciones de bienes de capital en un programa específico contemplado en las partidas de Corfo, mediante indicación se ha suprimido una asignación presupuestaria por 10 millones de dólares, que habría sido propuesta antes para el programa de financiamiento directo a compradores extranjeros de bienes de capital y servicios de ingeniería, en el entendido de que ese programa aún no estaba maduro ni bien diseñado para su ejecución.

En tercer lugar, se presentó indicación respecto de Enami, en la glosa correspondiente al aporte del Ministerio de Minería a Enami para el financiamiento de programas de fomento, que regula los gastos de operación de dichos programas financiados con aportes.

Finalmente, en estos acuerdos de indicaciones sectoriales específicas -como las he llamado- se repone el aporte especial del Ministerio de Educación a la Universidad de Chile, en la misma medida planteada en la Subcomisión por el Poder Ejecutivo , pero, a su vez, se agrega en la indicación un incremento de hasta 2 mil millones de pesos por el monto mínimo que debe asignarse esta vez a las universidades regionales, con los fondos de desarrollo institucional del Ministerio de Educación.

Sobre la base de los cinco principios reseñados y de las nueve materias ya acordadas por los parlamentarios firmantes y por el Gobierno, que ha acogido este protocolo de acuerdo, más el conjunto de indicaciones que señalé sobre temas sectoriales, se ha concordado expresamente cautelar y permitir un adecuado despacho de todas las materias del proyecto de ley de Presupuestos presentado en fecha oportuna al Congreso, y procurar expeditar su tramitación hasta antes del 21 de noviembre próximo.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

En el tiempo del PPD, tiene la palabra la Diputada señora Rebolledo.

La señora REBOLLEDO.-

Señor Presidente , en nombre del Partido Por la Democracia, valoro este acuerdo. Creemos que es responsable, y que cautela razonablemente los intereses del Gobierno, del Congreso y, sobre todo, el interés nacional. No hay cogobierno. Eleva la dignidad del Congreso, nuestra capacidad de fiscalizar y exigir de los gastos del sector público mayor eficiencia y mejor gestión y también una mejor transparencia que, tal como explicaba el Ministro de Hacienda , se recoge y refleja en las indicaciones presentadas.

Valoramos también avances concretos en temas regionales como, por ejemplo, el otorgamiento de mayores recursos para las universidades.

Con este acuerdo, trabajado y en el que participaron por largas horas todas las bancadas representadas hoy en el Congreso Nacional, culmina un trabajo de seis años, desde la recuperación de la democracia, en el cual, con esfuerzos importantes, se ha ido perfeccionando la actual institucionalidad de la administración financiera del Estado.

Tengo la impresión de que hoy tenemos el justo equilibrio: el Gobierno cuenta con la flexibilidad necesaria y existen límites para que no se puedan vulnerar los acuerdos ni la ley que aprobamos en el Congreso; y nosotros, los parlamentarios, tenemos plena capacidad para fiscalizar y exigir mejor gestión.

A mi juicio -y quiero dejarlo en claro- buscar diferencias hacia el futuro nos llevaría a una excesiva inflexibilidad, como lo advertimos en algunas proposiciones que planteara la Oposición a través del Senador Piñera, o a una excesiva burocracia. Tenemos que ser responsables, tal como lo hemos sido en esta oportunidad, para entender que el Presupuesto necesita ser administrado con una mínima flexibilidad, y que nuestra capacidad de fiscalización no puede transformar la labor del Estado en ineficiente, engorrosa y burocrática.

De aquí en adelante no podemos construir -y lo digo en función del Presupuesto del próximo año- diferencias artificiales. En este acuerdo no existen, pero continuar con exigencias de resguardos, a mi juicio, implicaría perder en flexibilidad y ganar en burocracia. Creo que entre Gobierno y Oposición no podemos tener diferencias artificiales. Si las hay, a mi juicio, estarán en otros ámbitos.

Hacia el futuro, mis preocupaciones y las de nuestra bancada van en otro sentido, porque estamos plenamente contentos con lo que aquí se ha logrado en términos de transparencia, de gestión y de eficiencia. Nuestra preocupación dice relación con la disminución relativa o gradual del crecimiento de los ingresos fiscales.

Los acuerdos comerciales y de libre comercio que hemos firmado este año y que seguramente se continuarán suscribiendo -así lo queremos- implicarán reducciones importantes en ingresos por menores recursos arancelarios; habrá menos recursos fiscales -lo que sucede con el precio del cobre- y, por ende, un menor crecimiento de los ingresos fiscales. Queremos que se mantenga el ahorro con que el Gobierno contribuye a la estabilidad macroeconómica, pero también que se continúe con el esfuerzo para superar la pobreza. Esos principios son fundamentales para que el próximo año podamos discutir una completa reforma del sistema tributario, donde la equidad juegue un rol importantísimo. Por ello, para nosotros es de fundamental importancia mantener la actual carga tributaria.

Por otro lado, queremos exigir del Estado y de nuestro Gobierno eficiencia en el gasto. Por eso, estamos enormemente complacidos con las evaluaciones de los programas del Gobierno, especialmente los sociales, que él y nosotros nos hemos comprometido a efectuar con evaluadores externos, porque hay que mirar muy bien -con las restricciones que tendremos en el futuro-, dónde colocar los recursos para seguir resolviendo el tema de la pobreza.

Deseamos mantener la carga tributaria y estamos absolutamente dispuestos a colaborar con cualquier medida que implique mejorar la gestión del sector público y, sobre todo, la eficiencia del gasto social.

Me parece fundamental que, en función de estas evaluaciones hacia el futuro, el Gobierno premie el gasto en aquellos programas que son de mayor eficiencia en la solución del tema de la pobreza.

También me parece fundamental, dado que el tema del recurso humano es esencial en el presupuesto del sector público, contribuir a que los aumentos remuneracionales estén lo más ligados posible al desempeño funcionario y a la productividad del sector público.

Queremos, hacia el futuro, que el mismo consenso que la mayoría del Congreso ha logrado hoy sirva para contribuir a mejorar esta gestión, contar con los recursos necesarios a fin de resolver el tema de la pobreza y a no centrar los futuros esfuerzos de acuerdo en las discrepancias que, a mi juicio, se han ido resolviendo respecto de la institucionalidad de administración financiera del Estado.

Éste es un gran acuerdo para el país, una señal de la responsabilidad que tenemos hoy los políticos. Es un activo para los trabajadores, sobre todo, para el empresariado del país, el gran beneficiario del actual modelo económico e incluso para muchos de aquellos que nos critican.

Este acuerdo, al que la mayoría de las bancadas hemos llegado hoy, el cual espero que cuente con la aprobación mayoritaria y plena de este Congreso, es un activo del país que debemos valorar, una señal de la responsabilidad que tenemos todos como políticos y como parlamentarios, y también una señal muy clara para aquellos que, con mucha liviandad, nos critican. Aquí está la base de la estabilidad macroeconómica del país, aquí está la seriedad de nosotros como políticos, aquí están las bases de un consenso que permite que el país siga desarrollándose.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , ¿me permite una interrupción?

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , solamente deseo manifestar mi personal y especial agradecimiento a la Diputada señora Romy Rebolledo, quien, además de su intervención que calificaría de brillante, contribuyó con muchas horas de su tiempo y esfuerzo personal en pro de la elaboración de este buen acuerdo que ella ha señalado como un interesante activo del país. Me sumo a lo que ella ha dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

En el tiempo de la bancada socialista, tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , simplemente quiero decir que durante largas horas se ha buscado la posibilidad de un acuerdo para el despacho del presupuesto, lo cual es bueno para la economía del país, aunque es difícil lograrlo, porque hay puntos de vista contrapuestos y recursos que distribuir.

Muchos de los aspectos planteados por la Oposición no son necesariamente compartidos por nosotros, pero nos parece legítimo y parte del papel parlamentario que se planteen y que se busque un entendimiento sobre ellos. Ése es el esfuerzo que se ha hecho. Nosotros lo respaldamos como tal y nos parece que las distintas disposiciones que se han acordado sobre el gasto del tesoro público y respecto de la forma de fiscalizar y dar transparencia a los distintos ítem del presupuesto son avances que permitirán contar con más información y dar mejor destino a muchos de estos recursos.

Sin embargo, se ha presentado una discrepancia en una de las materias del acuerdo, que se refiere a la forma de entregar recursos a la empresa Enacar y, en especial, con lo que señala el último párrafo de la indicación, que dice: “En caso que dichas consultoras indiquen que no es posible cumplir los programas de producción señalados, los aportes a que se refiere esta glosa cesarán a contar del 1 de julio de 1997.” Esta parte nos parece inadecuada en la medida en que no va acompañada de una eventual solución para un virtual cierre de la empresa, que puede ocurrir o no. Esperamos que no sea así, que este programa se pueda cumplir y que los trabajadores y ejecutivos se la jueguen para salvar la empresa, dada su importancia histórica y social; pero es evidente que eso puede no ser factible. En ese caso, se requiere trabajar con la gente y buscar una salida que asegure empleo en la zona. Nos parece necesario que eso se establezca.

Por esa razón, hemos pedido que se desglose y se vote separadamente esta disposición. De lo contrario -porque en las reuniones de Comités se nos ha señalado un ánimo contrario de otros partidos al respecto-, nos van a obligar a votar en contra de un acuerdo que consideramos positivo, quizás no tanto en cada uno de sus aspectos -que hemos discutido durante largas horas-, sino simplemente porque llegar a un entendimiento es algo positivo. Nuestro ánimo es que el Presupuesto sea aprobado por el Congreso Nacional en un clima de entendimiento y de acuerdo.

Por lo anterior, reiteramos nuestra solicitud de que se desglose y se vote separadamente esta indicación o, en su defecto, su último inciso.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA .-

Señor Presidente , pido que suspenda la sesión, dado que aquí se ha señalado una modificación a un acuerdo que las distintas colectividades que lo suscribimos nos comprometimos a respaldar integralmente.

Quiero saber si se dará curso a lo solicitado por el Diputado señor Estévez, porque entiendo que lo que he firmado como compromiso en representación de toda la bancada de la UDI no sólo me compromete en lo personal a votar lo que he suscrito, sino que también obliga a los senadores y diputados de mi partido, quienes, después de días de negociación -porque no han sido horas- han llegado a un gran acuerdo.

Por lo tanto, reitero mi deseo de saber de qué acuerdo estamos hablando, porque entiendo que existe un compromiso integral, que ha conocido todo el país a través de los medios de comunicación. Tanto es así que cuando lo suscribí -porque así se me solicitó-, se estableció que nosotros no podíamos presentar indicación a ningún punto sobre los cuales se había llegado a acuerdo.

Mientras no se despeje este punto, no tiene sentido que destinemos tiempo para referirnos a un acuerdo que, aparentemente, por lo que recientemente se ha planteado, no existiría.

Entonces quiero saber si también cuento con libertad para votar como quiera parte de los acuerdos, porque entiendo que lo que hemos firmado, lo que estamos discutiendo y el tiempo que se le ha dado al Ministro es para referirse a un compromiso que ya no existiría. En consecuencia, pido que la Mesa no siga dando la palabra y que suspenda la sesión.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , esta sesión tiene por objeto despachar el proyecto de ley de Presupuestos. Por lo tanto, no corresponde analizar la validez de acuerdos políticos extraparlamentarios. Desde otro punto de vista, eso es parte del debate que se puede producir en la sesión.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, tenga en cuenta lo que dijo el Ministro.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

En reunión de Comités se debatió latamente el tema con representantes de todas las bancadas, y se tuvo conocimiento de lo que hasta el momento se ha señalado, con distintas interpretaciones. Sin embargo, y dado que la Mesa ha accedido a las distintas solicitudes de suspensión formuladas por la Concertación, me parece de justo equilibrio conceder una por cinco minutos, a petición de la Oposición.

Se suspende la sesión por cinco minutos.

-Se suspendió la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Se reanuda la sesión.

Tiene la palabra el señor Juan Villarzú.

El señor VILLARZÚ ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-

Señor Presidente , quiero compartir con la honorable Cámara de Diputados la posición del Gobierno en relación a lo que se ha llamado la “continuidad condicionada de Enacar”.

En la propuesta que se ha convenido se estipula un aporte de 6.500 millones para cubrir déficit operacionales de Enacar en 1997. Dicho aporte es parte de un compromiso de reducción de déficit operacionales de la empresa en un período de tres años y se adoptó con el Congreso en la discusión del aporte suplementario de 3.085 millones de pesos aprobado recientemente. Por tanto, la propuesta a que hago alusión hay que entenderla como parte de un esfuerzo de mediano plazo tendiente a rescatar a Enacar para transformarla en una empresa viable. En ese entendido, lo que conversamos apunta fundamentalmente a garantizar las condiciones en que Enacar puede seguir operando, las cuales -repito- suponen un financiamiento mínimo de 6.500 millones de pesos durante 1997.

Ese financiamiento se ha trimestralizado, para los efectos de ir midiendo el avance del programa de racionalización, pero con ello se ha tenido presente la necesidad de dotar a la empresa de la flexibilidad suficiente para que pueda cumplir con las metas exigidas. Por eso, en el primer trimestre de 1997 se contempla un déficit máximo de más 3.500 millones de pesos, y en el acumulado del primer semestre se habla de un déficit cercano a los 5.000 millones de pesos. Lo que quiero decir es que parte importante de los recursos que se aportan para 1997 van a ser transferidos a la empresa durante el primer semestre, lo que le otorgará un grado de flexibilidad importante y la tranquilidad de que en la medida en que se tomen determinaciones de gestión y se cuente con los recursos minerales que se estima están disponibles, va a ser capaz de cumplir con las metas puestas, las cuales considero razonables y factibles de cumplir.

Por tanto -reitero-, el acuerdo a que se ha llegado en esta materia, justamente, garantiza que la empresa va a contar con los recursos en la oportunidad que requiere para poder llevar adelante su plan de recuperación.

También quiero señalar que en la glosa se ha considerado para los efectos de conocer oportunamente los riesgos quizás más importantes que pudieran afectar su futuro, la realización de dos estudios independientes durante enero de 1997, cuyo objetivo fundamental será chequear si como consecuencia del desarrollo experimentado por la mina Lota, fundamentalmente, se va a contar con el mineral adecuado a fin de cumplir con los planes de producción que se estiman en 280 mil toneladas para 1997. La idea es que esos estudios den luz respecto de la factibilidad de cumplir con los planes de producción y tomar las medidas correctivas necesarias para garantizar que ello ocurra.

En la eventualidad de que esos estudios demuestren, en definitiva, que no se contará con el mineral adecuado o con las cantidades indispensables para sustentar los referidos planes de producción y, por ende, sea necesario estudiar la alternativa de cierre de la empresa, el Gobierno se compromete a trabajar sobre el tema en conjunto con ella y sus trabajadores, y a someter a consideración del honorable Parlamento, en caso de que sea necesario, un proyecto de ley que regule ese proceso. Pero, junto con esto, quiero señalar también -se lo he dicho a los dirigentes sindicales del carbón que nos acompañan- que el esfuerzo que queremos hacer está orientado a sacar adelante la empresa, que nuestras energías queremos ponerlas en tomar todas las medidas necesarias para garantizar que ella sea viable y exitosa, que es allí donde tenemos que concentrarnos, que esta glosa que estamos discutiendo no significa el cierre de la empresa, sino al revés, la garantía de que va a contar con los 6.500 millones de pesos que necesita para poder llevar adelante su propio plan de producción. Insisto, es ahí donde tenemos que poner nuestras energías y esfuerzos. La tarea es ésa. Creemos que es posible y en ese marco nos hemos comprometido a trabajar juntos con la empresa, sus trabajadores y -reitero- a poner nuestras energías detrás del proyecto para hacer viable a Enacar.

Muchas gracias.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Camilo Escalona.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente , los parlamentarios del Partido Socialista entendemos las palabras del Ministro señor Juan Villarzú como complementarias al protocolo de acuerdo suscrito para los efectos de aprobar el proyecto de ley de Presupuestos para 1997. Entendemos que ellas forman parte, en consecuencia, de una manera coherente de mirar el futuro de una zona del país tan significativa como la cuenca del carbón, que incide sobre la totalidad de una región tan importante como la Octava.

Compartimos su definición en el sentido de que el esfuerzo principal es sacar adelante la empresa y entendemos también que en ese propósito existen riesgos, los cuales -como ha señalado- serán enfrentados por el Gobierno, en primer lugar, con el compromiso de atender su proyección, necesidad de los trabajadores, o, en cualquier caso, salvaguardar los intereses de quienes allí laboran y para quienes las minas de carbón constituyen un aspecto sustantivo para su propia subsistencia y la de su familia.

En ese sentido, en pocos momentos más concurriremos a la aprobación del proyecto, entendiendo -como ha señalado el señor Ministro - que es indispensable contar con 6.500 millones de pesos que hacen falta para garantizar el curso operacional de la empresa en los próximos meses. En particular, saludamos la disposición del Gobierno para hacer, de una actitud de colaboración con los trabajadores, un compromiso que se traducirá en un proyecto de ley para hacer frente a la nueva situación que se genere en el caso de que la viabilidad de la empresa esté puesta en cuestión.

Repito que valoramos y entendemos las palabras del Ministro señor Villarzú como complementarias al protocolo firmado en el curso de la tarde.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Edmundo Salas.

El señor SALAS .-

Señor Presidente , me alegro y estoy satisfecho con la breve pero muy clara exposición del Ministro señor Villarzú .

Si el Parlamento en el pasado hubiese encontrado eco como hoy a lo que se planteó sobre el carbón, a lo mejor nos habríamos evitado muchos problemas. No sólo se trata de entregar 6.500 millones de pesos a Enacar para que continúe funcionando, sino también de lo que ha expresado en cuanto a que si mañana no fuera viable -que es lo que preocupa a los mineros del carbón, a sus familias y a toda la zona-, involucraría, por primera vez, en un trabajo serio, profundo, a los trabajadores y al Parlamento.

Siempre he pensado y planteado que es aquí donde se debió buscar fórmulas para evitar todo el sufrimiento de muchos años y en especial de éste. Me refiero a la huelga de los 60 días que, a lo mejor, con una buena gestión y planteamientos habríamos podido impedir y llegar a acuerdos mucho más beneficiosos para los trabajadores.

Me inscribí para hablar porque primitivamente había pensado votar en contra del Presupuesto para evitar el condicionamiento de los 6.500 millones de pesos para los mineros del carbón, pero soy legislador responsable y creo en las palabras del Ministro señor Villarzú y en el gobierno que representa. Por lo tanto, pienso responsablemente en que no se trata sólo de un voto en contra o de la posibilidad de que el Parlamento no apruebe el Presupuesto: también están involucrados muchos trabajadores y proyectos sociales, los jubilados y tantas otras cosas. Pienso que Enacar va a salir adelante y que el planteamiento del señor Ministro nos da la seguridad de que el Parlamento va a tratar cualquier tema que implique el cierre de Enacar, para buscar protección a los trabajadores y caminos que permitan terminar con este problema que afecta a tantas familias de la zona del carbón, como también a la conciencia de todos los chilenos.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

En el tiempo restante del PPD, tiene la palabra la Diputada señora Martita Wörner.

La señora WÖRNER.-

Señor Presidente , hago mías las palabras del honorable Diputado señor Escalona , en el sentido de valorar todos los esfuerzos que el Ejecutivo , los dirigentes sindicales y los parlamentarios de la Concertación hemos hecho para aunar criterios y salir de esta difícil situación.

Entiendo sí que las palabras y el compromiso del Ministro señor Villarzú son parte de los acuerdos que aquí se están llevando a cabo para superar definitivamente la situación que se vive en Lota y en la provincia de Arauco.

Los dirigentes han entendido que están frente a la disyuntiva de ser una vez más responsables y de poner sobre sus hombros la dura tarea de salir adelante, porque hoy es todo o nada.

En ese entendido de valorar la magnitud del compromiso de los trabajadores y el tremendo esfuerzo que deberán hacer -que desde ya reconozco y aprecio-, quiero insistir en la necesidad de mantener el permanente vínculo de relación, de contacto y de diálogo con ellos, y de considerar que quienes los representan -dirigentes sindicales- deben ser parte activa de cada conversación y cada paso que se vaya dando en el futuro.

Esperamos asimismo que el compromiso que muchas veces se ha explicitado de parte del Gobierno, de la gerencia y de los directivos de Enacar, que no se ha cumplido hasta la fecha, sea de aquí en adelante una realidad y un instrumento importante y decisivo para buscar siempre acuerdos, cercanías y puntos de encuentro que permitan que todo lo que hoy estamos haciendo como país por llevar adelante el éxito de Enacar, se concrete en un futuro cercano.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Pizarro.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente, en esta oportunidad me referiré a lo que ha sido la actitud y el compromiso de la Democracia Cristiana, nuestro partido, respecto del tratamiento del proyecto de ley de Presupuestos.

En su globalidad, el protocolo firmado es importante para el país. Refleja claramente la voluntad del Gobierno de seguir generando condiciones para mantener en Chile el crecimiento con equidad.

En el caso específico que ha sido motivo de discusión y análisis, la glosa respecto de Enacar garantiza los recursos necesarios para cumplir con los objetivos fijados en el acuerdo del Gobierno y los trabajadores, en el entendido de que se buscó una estrategia que permite dar una solución global, estable y permanente para la empresa. Fundamentalmente, permite su continuidad. Eso requiere un compromiso y una manifestación política de todos.

El acuerdo es importante no sólo para el carbón, sino que también para la sociedad chilena en su conjunto.

Por lo demás, lo planteado por el Ministro señor Villarzú es exactamente lo mismo que manifestó en la subcomisión donde se analizó el tema. Es reflejo claro del planteamiento serio y responsable que la Concertación ha sostenido en esta materia.

La Democracia Cristiana respalda en su globalidad el acuerdo. Hay un bien común por el cual debemos velar. No cabe duda de que este compromiso o respaldo lo hemos expresado con claridad a los trabajadores y a la gente que vive en la zona del carbón.

La Democracia Cristiana votará a favor el proyecto, como corresponde, según el protocolo.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Rocha.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente , también deseo valorar la actitud de los señores parlamentarios que han acogido el planteamiento que contiene la glosa que se discute.

Él obliga a la Enacar a ser eficiente. Es bueno que quede establecido que fue sugerido por la propia empresa, por lo cual me permito discrepar con el Ministro señor Villarzú . Ella se autoimpuso la exigencia, de manera que si las metas se cumplen, seguirá la vida útil de la mina; si no, como se ha expresado, con el apoyo del Gobierno y del Parlamento, deberán iniciarse programas de egresos con protección social, de obras públicas y de capacitación que lleven la tranquilidad y la justicia que requieren los mineros del carbón.

La proyección del país de que se ha hablado nos permite mirar con confianza el futuro, no del recurso carbón, sino de la zona del carbón.

Por esta razón, apoyaré la glosa y me sumaré al desafío de demostrar eficiencia.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Restan cuatro minutos y treinta segundos al Partido Socialista.

Tiene la palabra el Diputado señor José Antonio Viera-Gallo .

Se encuentra inscrito también el Diputado señor Montes.

El señor VIERA-GALLO .-

Señor Presidente , muy breve, simplemente para decir que no puede motivar sorpresa el hecho de que la Cámara de Diputados haya destinado una tarde entera a la Enacar cuando discuten el Presupuesto de la Nación, porque no se trata de un tema cualquiera ni tampoco de rebajar recursos a tal o cual repartición del Estado. Se debate la suerte de casi dos mil trabajadores y de una empresa clave para una zona muy deprimida del país.

El compromiso del Gobierno con los dirigentes sindicales, en los términos que ha señalado el Ministro señor Villarzú , me parece algo que merece ser destacado.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Alberto Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , cuando se inició el período democrático, nuestro partido impulsó la política denominada “democracia de los acuerdos”, con la cual se consiguieron importantes logros, entre ellos, las reformas constitucionales del año 89, la reforma laboral, las “leyes Cumplido”.

Ahora, cuando analizamos el documento que se denomina “protocolo de acuerdos”, vemos que existe una diferencia sustantiva con el que en ese entonces suscribió nuestro partido.

La diferencia consiste en que en la “democracia de los acuerdos” teníamos la convicción de que cada uno de ellos, en su globalidad, solucionaba problemas que eran fundamentales para el país; pero estamos seguros de que el “protocolo de acuerdos” no mejora los aspectos que, a nuestro juicio, son deficitarios en el actual proyecto de ley de Presupuestos.

El equipo que llevó adelante las conversaciones y gestiones en nombre de Renovación Nacional -los Diputados señores José García , Harry Jürgensen y José Antonio Galilea y el senador señor Sebastián Piñera -, consiguió avances importantes; pero la Cámara es política y a un partido opositor le corresponde dar a la opinión pública una señal nítida de lo que será la ley más importante, como es la de Presupuestos.

A nuestro juicio, la actual ley de Presupuestos contiene graves deficiencias. Además, es un precedente respecto de la forma en que el Gobierno cumple los acuerdos a que llega con la Oposición.

Voy a leer un documento suscrito por los representantes de los dos partidos de Oposición al iniciarse la tramitación del proyecto que la originó. En él se establece que en 1996 se rebajarán los gastos. Sin embargo, textualmente dice “el Gobierno burló al Congreso al compensar la rebaja de gastos que éste aprobó con la asignación de mayores gastos por una cantidad superior a la que se recortó”.

Agrega que se incorporarán las normas de información. Sin embargo, si se analiza lo ocurrido en el año, se comprueba que la información remitida por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con las exigencias que se incorporaron a la ley, ha sido tardía e incompleta, en muchos casos con falta de consistencia frente a aquella que proporciona la propia Contraloría General de la República.

A propósito de la ley de Presupuestos de 1996, se llegó a acuerdos para velar por el correcto gasto de los recursos fiscales. Sin embargo, luego de un año, la Oposición evaluó que las exigencias impuestas con ese objetivo fueron cumplidas sólo de manera formal, ignorándose el espíritu e intención de las mismas.

En esa ley también se expresa, entre otras cosas, que es fundamental unificar los términos en que se entrega la información, establecer sanciones para el caso en que la respectiva obligación no sea cumplida y fortalecer el rol que debe jugar la Contraloría General de la República.

A nuestro juicio, el documento denominado “protocolo de acuerdos” suscrito constituye una señal equívoca y errónea para el país, porque la actual ley de Presupuestos mantiene y contiene serias deficiencias y demuestra que los compromisos asumidos por el Gobierno en esta materia lamentablemente no se cumplen.

Por lo tanto, como partido de la Oposición, no estamos en condiciones de suscribir un documento que significa blanquear, a nuestro juicio, los errores cometidos en el pasado.

La ley de Presupuestos mantiene un crecimiento excesivo del gasto público, lo que en la práctica significa desincentivar la inversión y el empleo; deteriora el tipo de cambio real; perjudica las exportaciones del sector agrícola; genera presiones permanentes para aumentar la carga tributaria; carece de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Por ejemplo, los diputados y senadores que participaron en las subcomisiones informaron a las bancadas que el fondo de fomento a la pequeña minería era de 7 mil millones de pesos. Sin embargo, la mitad de esos recursos finalmente fueron destinados a burocracia.

El presupuesto no hace nada nuevo con respecto a la focalización del gasto social. Sólo al 20 por ciento de los pobres le llega el 21 por ciento del gasto social.

Finalmente, estamos frente a un documento que no resuelve, con la claridad que nosotros quisiéramos, los problemas de transparencia en el uso de los recursos públicos y de legalidad por el uso de los fondos a través de financiamientos comprometidos, que requieren de ley.

En síntesis, no estamos en condiciones de suscribir un documento que podría significar que en el Parlamento existió pleno acuerdo respecto del proyecto de ley de Presupuestos. La vigente contiene graves insuficiencias y la opinión pública consideraría que hay pleno acuerdo respecto de todo su contenido, en circunstancias de que sabemos que no tiene nada respecto de la modernización del Estado, que no contiene verdaderos mecanismos que permitan controlar adecuadamente el gasto social, que ha quintuplicado los gastos en salud y sigue sin resolver el problema.

¿Qué vamos a hacer? Votaremos favorablemente las indicaciones que nos parezcan correctas y positivas y rechazaremos las que estimemos que no son buenas para el país.

Un documento de carácter político, que tiene lectura e interpretación política, finalmente terminará por blanquear la ley de Presupuestos al Gobierno, que destina gran parte de los recursos habitualmente a burocracia y muy poco a resolver los problemas sociales.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Ministro de Hacienda.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , he quedado francamente sorprendido y anonadado con los adjetivos, interpretaciones, sesgos y conclusiones del Diputado señor Espina. Sus imputaciones e insinuaciones me parecen muy injustas y arbitrarias, más aún cuando colegas de su propio partido han estado trabajando con nosotros -lamentamos que todavía no hayan suscrito el acuerdo- y han conocido y compartido muchos de los esfuerzos que se han hecho en conjunto para mejorar la información, entre otras cosas.

En esta ocasión, si me permite su Señoría, sólo pediré que se reparta una información estadística que desmiente absolutamente las afirmaciones sobre la focalización del gasto público del Diputado señor Espina -se lo digo con respeto-, sobre la base de la interpretación de un estudio parcial de nueve años de antigüedad.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma .

El señor PALMA ( don Andrés) .-

Señor Presidente , antes de referirme al tema de fondo, el protocolo de acuerdo, quiero señalar que algunos parlamentarios han tomado con mucha liviandad lo suscrito por representantes de casi todos los partidos políticos.

En primer lugar, porque el Ministro señor Villarzú no ha agregado nada nuevo en esta sesión. Dijo lo que convinimos en la Primera Subcomisión , con el apoyo del Diputado señor Arancibia , del Partido Socialista; del Diputado señor José García , de Renovación Nacional; del Diputado señor Longueira , de la Unión Demócrata Independiente; del Diputado señor Jocelyn-Holt , de la Democracia Cristiana, y de quien habla, y con la sola oposición del Senador Sebastián Piñera, que era partidario de que no se apoyara el programa de desarrollo de la Enacar.

En segundo lugar, porque si se rechazaba el protocolo, simplemente significaba señalar que no había recursos para que esa empresa resolviera los problemas de sus trabajadores, como los 2.917 millones de pesos que se entregaron este año por la vía de las indemnizaciones. Se había aprobado una partida para financiamientos complementarios, con una glosa que también está incluida en el protocolo, pero hubo sectores de la Oposición que no querían incluir en el protocolo la aprobación de ese monto, sino rebajar esta provisión para que no se pudiera hacer transferencias como las de Enacar.

También hemos aprobado una indicación, considerada en el protocolo, para que exista un margen que permita resolver este tipo de problemas.

Entonces, quienes han hecho interpretaciones sobre el protocolo a causa de algunas candidaturas senatoriales en la zona debieron pedir una información adecuada a sus propios compañeros de partido antes de intervenir en esta Sala.

Considero muy liviano lo dicho aquí por el Diputado señor Espina, ya que el protocolo ha sido trabajado y valorado por sus propios colegas de partido. Por ejemplo, el Senador don Sergio Diez , que estuvo en la conferencia de prensa, lamentó no poder firmarlo porque su partido no quería hacerlo, pero lo valoró íntegramente; el Senador señor Piñera , en una conferencia de prensa posterior, señaló, según la información de que dispongo, que él lo consideraba insuficiente, pero sin duda un avance.

Entonces, no es que no haya acuerdo, que no valga porque no se firmó, o que no sea un avance. Constituye claramente un avance en materias de información, de gestión de los recursos públicos, de transparencia y de focalización, porque hemos convenido sistemas permanentes de evaluación de los programas y de los servicios públicos destinados justamente a resolver el problema, y no para tomar decisiones sin información, sino adecuadamente.

Como lo han expresado la Diputada señora Rebolledo y el Ministro Aninat , el protocolo es un gran avance para el país, porque le da una señal muy importante. Hay un acuerdo del Congreso Nacional para despachar un presupuesto completo, que resuelve y satisface una serie de demandas y aspiraciones del país; hay acuerdo, y lamento muchísimo que, por motivos que creo subalternos, se resten los diputados de Renovación Nacional, porque aquí la señal política muy importante es que el sistema de administración de recursos públicos funciona.

No en vano durante los últimos diez o doce años el país ha tenido superávit fiscal, no sólo durante gobiernos de la Concertación, sino también en los que los antecedieron; no en vano el país ha tenido una sana y responsable administración presupuestaria. Eso lo estamos respetando y consolidando en el protocolo de acuerdo que hemos firmado. Pero, más que eso, frente a algunas imputaciones, debo decir que en 1992 -cuando acordamos incluir el artículo 4º, que ahora ha sido perfeccionado, y es cierto que hemos llegado al límite en ese aspecto, porque, como lo expresó la Diputada señora Rebolledo , no se le pueden introducir nuevas modificaciones en el futuro- y durante los años 1993, 1994 y 1995, los gastos corrientes del Estado fueron inferiores a los autorizados por este Parlamento, al igual que los de capital, aunque más cerca del límite fijado por el Congreso. ¿Que quiere decir? Que ha habido una administración responsable que ha contribuido a ordenar la economía del país y no a desordenarla, como podría desprenderse de las imputaciones del Diputado señor Espina, tal vez mal informado.

De la cantidad de información que tiene el Senador señor Piñera , la misma que hemos recibido en forma abundante los miembros de la subcomisión, incluidos los decretos con sus fechas y números, se desprende que el uso de los recursos que “discrecionalmente” hace el Gobierno es necesario para el sano funcionamiento del Estado. Gracias a eso se han enfrentado en el presente año, hasta octubre, las emergencias agrícolas por sequía, asignando recursos por 8.365 millones de pesos; se han pagado las indemnizaciones de Enacar por 2.917 millones de pesos, y, en fin, se ha solucionado una cantidad de problemas que se han presentado y que era necesario resolver. Para eso se necesita la flexibilidad convenida.

Por otro lado, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos hemos hecho un trabajo muy exhaustivo y no liviano respecto de cada una de las materias que nos toca discutir y tramitar, y no son irrelevantes las proposiciones que traemos.

Con el protocolo buscamos perfeccionar los sistemas de asignación de fondos del sector público y evaluar los sistemas de adquisiciones y contrataciones. En realidad, no lo haremos nosotros, sino el Gobierno, por mandato de este protocolo, por un compromiso entre todos los Partidos de la Concertación, más la Unión Demócrata Independiente, con el objeto de despejar las dudas que existen sobre si estos sistemas funcionan bien, y las acusaciones sobre falta de transparencia, porque se pueden decir muchas cosas, pero lo importante es tener antecedentes objetivos que permitan evaluar seriamente las cosas.

Esta materia también ha sido planteada por los parlamentarios de Renovación Nacional, y no valorada o desconocida por el Diputado señor Espina. Hay aportes a entidades que aparecen en la ley de Presupuestos, respecto de las cuales estamos pidiendo mayor información, y detalles en cuanto a todas las entidades privadas que reciben importantes aportes del Gobierno para desarrollar sus programas. Eso también ha sido planteado por los parlamentarios de Renovación Nacional y acogido aquí, pero no valorado por el Diputado señor Espina.

Tal vez lo más importante, lo más novedoso, lo más vital que estamos introduciendo en este proyecto de ley es que hemos asumido el compromiso anunciado por el Presidente de la República en su informe anual al Congreso Nacional, acerca de que cada uno de los servicios públicos entregará informes sobre su gestión en los aspectos informe financiero, administrativo, de cumplimiento de objetivos, tareas y metas, con el objeto de que todos los chilenos podamos evaluar, efectivamente, cómo se están gastando los recursos. Éstas son las cosas que un sector de la Oposición dice que no significan avance o cosas importantes.

Me referiré globalmente al Presupuesto. No es cierto que el gasto público esté empujando la economía del país a un proceso que, a lo mejor, alguien podría calificar como el sobregasto que ha exigido el ajuste. El gasto público ha crecido a una tasa muy inferior que el privado y, por lo tanto, éste último ha tenido que soportar el ajuste, porque estaba creciendo a una tasa muy grande.

Lamentablemente -espero que alcancemos un acuerdo el próximo año-, la única política de ajuste posible en el país es vía tasa de interés. Si hubiera libertad y seriedad de parte de la Oposición para pensar en el país en su conjunto y asumir todos los desafíos, a lo mejor podríamos agregar las políticas fiscales a las monetarias -las únicas que se pueden aplicar ahora para ajustar el gasto privado o el público-, pero no nos han permitido hacerlo. Sin embargo, el Presupuesto que estamos aprobando por este compromiso entre el Gobierno y parte de la Oposición, al que quisiéramos que se sumara toda la Oposición, contiene los recursos -siempre insuficientes- para resolver todos los problemas del país y cumplir los compromisos contraídos en el presente año y en el próximo; por ejemplo, recursos para los profesores y para los funcionarios municipales, para la salud, etcétera. Si no se aprobara este protocolo, esos recursos quedarían en el aire y los compromisos tomados por todos los chilenos tal vez no se podrían cumplir.

Finalmente, deseo expresar mi alegría por haber alcanzado este acuerdo y porque el trabajo de muchas horas de todos los parlamentarios de los distintos partidos de la Concertación y de la Unión Demócrata Independiente que participaron en las subcomisiones se haya traducido en un compromiso que permitirá despachar seria y tranquilamente el proyecto de ley de Presupuestos. Espero que los parlamentarios de Renovación Nacional lo mediten y se sumen a este acuerdo.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA .-

Señor Presidente , los parlamentarios que suscribimos el protocolo lo hicimos porque somos serios y creemos que se trata de un gran acuerdo. Quienes formamos parte de la Oposición podemos llegar a acuerdos con el Gobierno cuando, desde el punto de vista de cada partido, estimamos que son beneficiosos para el país.

Tal vez muchos de los presentes no comprendan gran parte de los acuerdos reflejados en el protocolo, en el cual se establecen puntos muy importantes para la discusión del proyecto de ley de Presupuestos. Durante más de seis años hemos discutido en el Congreso Nacional una serie de indicaciones que se han incorporado por primera vez en este proyecto. La primera se relaciona con una preocupación que siempre han tenido los sectores de la Oposición, ahora recogida en el protocolo, que apunta al límite global de gastos. Consideramos un gesto importante del Gobierno que haya perfeccionado este punto en el acuerdo, incorporado en el artículo 4º del proyecto de ley de Presupuestos.

Uno de los aspectos más importantes de la limitación del gasto es la eliminación de excepciones, pero tal vez el más relevante de todos es que el saldo de caja del Tesoro Público no podrá ser usado en esas excepciones. No se trata de que el Gobierno haya perdido flexibilidad. Nuestra preocupación es que el gasto debe hacerse en función de leyes que apruebe el Congreso.

Paralelamente, en el punto siete, correspondiente a las provisiones del Tesoro Público, se introdujo una limitación al monto, de aproximadamente 800 millones de dólares, que contempla esa partida, para que sólo el 25 por ciento de esa suma, esto es, cerca de 200 millones de dólares, pueda gastarse a través del mecanismo de libre disponibilidad, y el resto, mediante leyes.

Estas dos indicaciones son muy relevantes y los parlamentarios que suscribimos el acuerdo hemos valorado el aporte del Congreso, en el sentido de que reconocemos que sólo el Ejecutivo puede proponer iniciativas legislativas que signifiquen gasto, pero debe existir un equilibrio en cuanto a restringir la facultad para reasignar recursos vía decretos y a espaldas del Congreso Nacional.

Estas indicaciones, que habían sido objeto de eternas discusiones con ocasión de la tramitación de la ley de Presupuestos, ahora fueron incorporadas al protocolo de acuerdo.

Paralelamente -no quiero extenderme en detalles, pues ya lo han hecho en forma destacada parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra-, hemos introducido un conjunto de indicaciones muy importantes para la evaluación y fiscalización de programas productivos y sociales, que nos interesa observar en el tiempo si es necesario adecuarlos o focalizarlos. En el protocolo se incorporó una serie de indicaciones que permitirán ir evaluando en el tiempo la ejecución de distintos programas, de manera que en un período de cuatro años logremos una evaluación completa. Tal como se señala en una parte del acuerdo, en las próximas semanas las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara deberían conocer los programas que serán evaluados en 1997, pudiendo incluso sus miembros sugerir modificaciones a la propuesta que envíe el Ejecutivo .

Paralelamente a esto, se incorporó la información sobre la ejecución presupuestaria, puesto que para el rol fiscalizador de los parlamentarios es muy importante que la información sea oportuna. Todos hemos suscrito indicaciones que permitirán que el Parlamento conozca mensualmente los decretos que el Ejecutivo debe dictar para cualquiera modificación que no se realice a través de una ley. Paralelamente a eso, en forma trimestral, deberá entregar un consolidado al Congreso señalando a qué fin se destinaron los recursos correspondientes.

Si seguimos revisando el protocolo, podemos verificar que en él también se establece el compromiso de que el próximo año se hará una evaluación, a fin de que exista transparencia o mecanismos más adecuados para otorgar los recursos que el Fisco destina a través de licitaciones, estudios y programas concursables. Esa misma evaluación nos permitirá modificar nuestras normativas reglamentarias o legales, con el objeto de que las licitaciones y el traspaso o adjudicación de fondos del Fisco a terceros se haga efectivamente con mecanismos más transparentes y adecuados y ver si los existentes están operando bien. Ahora bien, si requieren modificaciones reglamentarias o leyes, existe el compromiso de que se tramitarán durante el próximo año, recibiendo posteriormente un estudio que deberá estar realizado a más tardar en agosto de 1997.

Finalmente, no quiero dejar de mencionar que el protocolo también incluye una serie de acuerdos sectoriales que están en el último punto y que, lamentablemente, algunos de ellos han centrado la discusión sin tomar conciencia tal vez de los puntos relevantes que contiene el protocolo.

Respecto del aporte a Enacar, sólo quiero señalar que en la glosa que estamos aprobando en conjunto no hemos reducido ni un solo peso de lo propuesto en el proyecto; no hemos modificado ni un solo peso del monto que el Gobierno solicitó que se asignara durante el año a Enacar. Como los colegas pueden observar, esas sumas se otorgan principalmente durante el primer semestre, porque, de acuerdo con estudios y proyecciones de la empresa, los mayores gastos se producen a comienzos del año. Por lo tanto, también se aprobaron en la forma propuesta por el Gobierno.

¿Qué hicimos de común acuerdo los miembros de la Comisión? Todos -porque la representación de los trabajadores no es patrimonio de nadie-, en forma seria, aprobamos una indicación, a fin de garantizar el cumplimiento de la finalidad perseguida con esos 6.500 millones adicionales. Si se nos pide ese aporte, si se nos dice que los déficit operacionales serán tales o cuales, si se nos dice que la producción será ésta o la otra, lo único que hemos hecho es recoger en una glosa todo lo dicho en la discusión. Quiero valorar el gesto de los socialistas, de todos los parlamentarios de la Concertación y de los parlamentarios de Oposición que suscribieron este acuerdo, como es el caso de Jorge Ulloa y de Eugenio Cantuarias, quienes efectivamente tienen el problema en su zona. Pero todos debemos tener conciencia; para qué seguimos engañándonos, si finalmente no se cumple lo que nos dicen que se va a cumplir. En el fondo, hay temor de aprobar una indicación como ésta porque no existen dudas sobre la intención de cumplir lo que se nos está diciendo que se cumplirá.

En este sentido, por ciento, si el mayor déficit o la situación de esa empresa lleva a cerrarla, todos estamos comprometidos a alcanzar los acuerdos necesarios para fortalecer el desarrollo de la zona y lograr que el costo social sea el menor posible. Lo que quiero decir es que si es por dar trabajo, se genera lo siguiente: el costo de producción es mayor que el valor del producto, entonces debemos evaluar si efectivamente estamos haciendo la mejor inversión.

En el fondo, los que hemos suscrito esta indicación hemos llegado a la convicción de que al postergar una situación no estamos haciendo un daño a los trabajadores y a la zona, pero quería dejar claro que no hemos alterado ni en un peso lo propuesto.

Finalmente, hay tres indicaciones a otras partidas. Una de ellas es una partida de la Corfo, en la cual se redujeron 10 millones de dólares, porque no hubo acuerdo para aprobarla. También se acogió una indicación del Diputado señor Leay para reducir los gastos de administración en una partida de la Enami, lo que permitirá una mejor focalización de los programas de fomento al pequeño minero. Por último, la relativa a la Universidad de Chile -que suscribimos-, que repone el aporte a ésta. Fue una proposición del Senador Cantuarias y su objetivo era aumentar en 2.000 millones de pesos los aportes que se distribuyen entre las universidades regionales.

Termino mi intervención señalando que la UDI ha concurrido a este acuerdo porque es serio y permite demostrar que todos podemos seguir colaborando con un Gobierno que será objeto de mayor fiscalización. Sin duda, es un gran acuerdo y lo hemos suscrito por la seriedad que involucra concurrir a la aprobación de todos los puntos mencionados.

He dicho.

-Aplausos.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Ha terminado el tiempo de la UDI, que lo sobrepasó en 1 minuto y 30 segundos.

Tiene la palabra el Diputado señor Montes, por los cuatro minutos que le restan al Partido Socialista.

El señor MONTES.-

Señor Presidente , en realidad dispondré de un tiempo muy breve, porque quiero darle por lo menos un minuto al Diputado señor Navarro.

Como dijo el Diputado señor Longueira, discutir el Presupuesto es algo muy serio, y como parlamentarios debemos ser serios y tremendamente responsables para tratar un proyecto de esta envergadura.

Nuestro rol es ser capaces de procesar el presupuesto y buscar acuerdos sobre la materia, y éste es el lugar para hacerlo. Hicimos muchas cosas, dedicamos mucho tiempo y tuvimos muchos gestos para llegar a un acuerdo, que lamentablemente no logramos.

Quiero destacar sí el muy importante rol que le cupo a los Senadores señores Diez y Cantuarias para que este acuerdo fuera posible, y lo hago estando presente aquí el Senador señor Cantuarias , que tuvo una actitud muy positiva en tal sentido. Tal como lo dijeron los Diputados señores Longueira y Andrés Palma , éste es un muy buen acuerdo, en el cual se refleja la visión del Gobierno, de la Oposición y de los parlamentarios de la Concertación. Así, fuimos construyendo un acuerdo tripartito. Como en toda situación hay cosas que a uno le gustan más o menos; pero aquí tenemos un acuerdo que construimos entre todos.

Valoramos como algo nuestro los avances logrados en materia de transparencia. Nos parece muy importante que tengamos más información sobre los convenios celebrados con personas naturales y jurídicas. Nos parece muy importante perfeccionar los sistemas de licitación de las adquisiciones, que se estudien, mejoren y que sepamos exactamente qué pasa con los recursos públicos que se destinan a fundaciones y corporaciones. Valoramos eso porque ayuda a la transparencia, así como también todo lo relativo a la eficiencia.

Quiero decirle al Diputado señor Espina que quienes estuvimos discutiendo el Presupuesto nos preocupamos de que se perfeccionara la orientación de los recursos públicos. Preguntamos muchas cosas, presentamos algunas indicaciones e hicimos recomendaciones, porque estamos preocupados de ir mejorando permanentemente la eficiencia en el gasto público. No somos autocomplacientes; sabemos que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Creemos que hay que fortalecer la acción pública y que el país necesita un Estado cada vez más eficiente y moderno, que sea capaz de cumplir bien sus funciones.

Por eso, valoramos mucho que se establezcan con claridad los indicadores de desempeño, que ellos se usen en todas las acciones públicas y que existan informes de gestión, balances y autoevaluaciones en cada servicio. Asimismo, valoramos mucho lo que propusimos con el Senador Ominami: que haya evaluación de los programas, porque ello permitirá dignificar la función parlamentaria. No podemos seguir discutiendo el Presupuesto en forma global; necesitamos conocer los programas y los servicios por dentro, disponer de más elementos. Para eso servirán los informes de evaluación.

Termino diciendo que en lo que se refiere a Enacar, tal como dijo el Diputado Andrés Palma , lo que planteó aquí el Ministro señor Villarzú fue lo mismo que discutimos durante todo el proceso del acuerdo, y ante la eventualidad de que no se pudieran cumplir las metas -ojalá se cumplan; se harán todos los esfuerzos para ello- se buscará un procedimiento de acuerdo. Fue muy conveniente celebrar una reunión con los trabajadores y que eso se haya planteado en la Sala; pero eso era parte del acuerdo.

Señor Presidente , junto con agradecer estos minutos, quiero decir que éste es un muy buen acuerdo, gestado con mucha dificultad, y esperamos que él permita ir mejorando el cumplimiento de nuestra función parlamentaria.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Navarro .

El señor NAVARRO .-

Señor Presidente , sólo para decir que, sin duda, el punto de quiebre suscitado por el aporte a Enacar revela que lo político es importante y que no siempre debe primar lo técnico. Evidentemente, la división de la Oposición en un tema tan importante demuestra que puede haber flexibilidad. Quiero felicitar a la UDI por la flexibilidad demostrada, pero lamento la dureza de Renovación Nacional.

Creo que en el Senado el proyecto debe tramitarse con la misma agilidad, y el proyecto de ley planteado por el Ministro señor Villarzú debe establecer las responsabilidades con claridad para proteger socialmente a los trabajadores, que al igual que el director de la empresa estarán comprometidos con una eficaz gestión; sin embargo, el Ministerio de Hacienda también deberá entregar los recursos a tiempo, con agilidad, para que se cumplan las metas sin tardanza, pues es un factor fundamental para el éxito de ese programa.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , he escuchado con mucha atención las intervenciones de los colegas que han afirmado con mucho énfasis y entusiasmo que la Cámara ha llegado a un buen y gran acuerdo.

Lo que estamos discutiendo aquí es un proyecto de ley de Presupuestos, y lo que tenemos que votar es si lo consideramos bueno o malo y, a nuestro juicio, éste es un mal proyecto, y lo que se ha hecho al suscribir un acuerdo entre la UDI y la Concertación, es reiterar los mismos errores que se cometieron el año pasado, cuando el proyecto de ley de Presupuestos fue tramitado con la misma seriedad que éste, oportunidad en que se invocaron los mismos temas y, finalmente, no se cumplió con lo que se prometió.

En esa oportunidad se señaló que era serio que hubiera una rebaja de gastos; sin embargo, los diputados de la UDI, que hoy apoyan el acuerdo con el Gobierno, al comienzo de su tramitación lo criticaron. Sostuvieron que el Gobierno burló al Congreso al compensar la rebaja de gastos que éste aprobó con la asignación de mayores gastos. Es decir, volvemos a creer que el Gobierno va a cumplir un acuerdo o un documento cuando, finalmente, no cumple.

En materia de información, todos saben que el año pasado el Gobierno se comprometió y no cumplió. Los parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional afirmaron que la información fue tardía e incompleta, inconsistente en relación con aquella que proporciona la propia Contraloría General de la República.

¿Acaso fuimos poco serios el año pasado cuando dijimos que los recursos del Estado se gastaban en forma inadecuada? En definitiva, cuando firmamos un documento político al Gobierno, estamos blanqueando un presupuesto que es malo, un presupuesto respecto del cual todos los años el señor Ministro de Hacienda nos dice que hay que incrementar los recursos de salud, sin embargo, después viene el Ministro Massad a plantear que las platas entregadas a salud están mal administradas. Dentro del Gobierno ello significa un tremendo revuelo. Un acuerdo, en que el Diputado señor Andrés Palma o el Ministro Villarzú tiene razón. El Ministro Villarzú ha sostenido sobre Enacar que hay una complementación de lo que fue el acuerdo, pero viene el Diputado señor Palma y dice que no hay ninguna complementación y, por el contrario, señala que lo que ha hecho el Diputado señor Arancibia , es tergiversar la verdad.

Es decir, acuerdos que, en menos de 24 horas, se empiezan a derribar de a poco.

Finalmente, quiero señalar lo siguiente: No considero que establecer normas de transparencia sea una concesión del gobierno. Tampoco la entrega de más información. Decir cómo se gasta el dinero asignado, se transforma en un gran éxito para la democracia chilena. También evaluar los programas sociales se considera un gran éxito que requiere de un acuerdo político.

Para lo que he expresado, no se requieren acuerdos políticos. El Gobierno debería haber incorporado esas normas motu proprio; no debió haber esperado una negociación con la Oposición para ser más transparente, para que haya más información, legalidad en el gasto y evaluación de los programas sociales.

Estamos discutiendo el proyecto de ley de Presupuestos y nos parece que tiene aspectos negativos, que no se resuelven problemas sociales importantes, que al suscribir un acuerdo, la Oposición actúa con ingenuidad porque, en definitiva, nuevamente le dará argumentos al Gobierno para sostener durante todo el año que tiene un presupuesto blanqueado y, en definitiva, estimamos que este tipo de documentos sólo sirve para confundir a la opinión pública de lo que es la gestión de Gobierno y no para cumplir adecuadamente nuestro rol de oposición.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Pido la palabra.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , como no le resta tiempo a la Democracia Cristiana, no le puedo dar la palabra.

El señor PALMA (don Andrés).-

Pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor PALMA ( don Andrés) .-

Señor Presidente , creo no haber dicho, ni ha sido mi intención decir que el Diputado señor Arancibia ha tergiversado lo que pasó en la Primera Subcomisión .

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

No es punto de Reglamento, señor Diputado.

El señor PALMA ( don Andrés) .-

El Diputado señor Espina ha hecho una referencia a mi intervención que quisiera que no quedara en acta.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

No es punto de Reglamento, señor diputado.

El señor PALMA (don Andrés).-

Sí, es punto de Reglamento.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

¡No!

El señor PALMA ( don Andrés) .-

El Diputado señor Espina me ha imputado una afirmación que no he formulado respecto de otro señor diputado . Quiero que eso se corrija en la versión, pues es un derecho que me da el Reglamento.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , en la versión también ha quedado clara la manifestación de su opinión.

Se declaran aprobados, por no haber sido objeto de indicaciones, los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 25.

Asimismo, se declaran aprobadas, por no haber sido objeto de indicaciones, las partidas 02, Congreso Nacional; 03, Poder Judicial ; 04, Contraloría General de la República; 10, Ministerio de Justicia; 14, Ministerio de Bienes Nacionales y 15, Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

A continuación, de acuerdo con el procedimiento acordado, corresponde votar el conjunto de indicaciones formuladas por el Gobierno y que son materia del acuerdo objeto de la discusión.

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira, sobre una cuestión de Reglamento.

El señor LONGUEIRA .-

Señor Presidente , quiero señalar que lo que su Señoría planteó fue que votaríamos el acuerdo, en el cual se distinguen dos partes; una, referida a los compromisos, y otra las indicaciones al proyecto de ley de Presupuestos.

Por lo tanto, pido que también queden establecidos en la versión los compromisos que no necesariamente son indicaciones, las cuales, obviamente, hemos discutido en esta hora y media.

En consecuencia, lo que debemos votar es el acuerdo.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Vamos a votar el conjunto de indicaciones a la ley de Presupuestos, y se va a integrar a la versión el conjunto de compromisos con que ellas se anexan.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo una abstención.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Aprobado el conjunto de indicaciones. Se anexarán los compromisos señalados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Acuña, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Chadwick, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Escalona, Espina, Estévez, Fantuzzi, Gajardo, Galilea, García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jocelyn-Holt, Karelovic, Kuschel, Latorre, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Makluf, Martínez ( don Gutenberg), Masferrer, Matthei ( doña Evelyn), Melero, Montes, Morales, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma ( don Andrés), Palma (don Joaquín), Paya, Pérez ( don Aníbal), Pérez (don Víctor), Pizarro, Pollarolo ( doña Fanny), Prokuriça, Rebolledo ( doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Sota, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta, Walker, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

-Se abstuvo el Diputado señor Rodríguez.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira . Después intervendrá el Diputado señor Montes.

El señor LONGUEIRA .-

Señor Presidente , quiero señalar, para efectos de que quede constancia en la versión de que la aprobación fue por unanimidad, porque el Diputado señor Rodríguez no está presente en la Sala.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Quedará constancia en la versión.

Si le parece a la Sala, se darán por aprobados los artículos 4º, 21 y 22, que sólo fueron objeto de indicaciones del Ejecutivo ya aprobadas en el acuerdo.

Aprobados.

En votación particular las dos normas que requieren de quórum calificado: el artículo 3º y la glosa 01 de la partida 07, capítulo 06, programa 03, subtítulo 08, ítem 86, colocación de valores emitidos a largo plazo.

¿Habría acuerdo en votar ambas disposiciones en forma conjunta?

Acordado.

En votación.

¿Habría acuerdo para aprobarlas con el mismo quórum de la última votación?

Aprobadas.

Despachado el proyecto, con excepción de los artículos 1º y 2º, cuyas cifras deben encuadrarse en concordancia con el despacho general del proyecto.

De acuerdo con el procedimiento señalado, corresponde tratar las indicaciones presentadas, que no forman parte del acuerdo aprobado, a las cuales dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

La primera indicación es a la partida 01, de los Diputados señores Jürgensen, Taladriz y Hurtado.

Indicación a la partida 01, capítulo 01, programa 01, glosa 02, para sustituirla por la siguiente: “De estos gastos se podrá informar en forma global y reservada al Contralor General de la República hasta un máximo de 2 mil millones de pesos y 820 mil dólares.”

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

De acuerdo con el procedimiento acordado, ofrezco la palabra para apoyar la indicación, hasta por tres minutos, a uno de los dos señores diputados que la presentaron.

Ofrezco la palabra.

Para argumentar en contra, hasta por tres minutos, tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , el objetivo de esta indicación es reducir los gastos reservados de la Presidencia de la República .

Entiendo que los Diputados la van a retirar, porque no corresponde al funcionamiento normal del Estado. Los gastos reservados de ciertas reparticiones del Estado son tradicionales en el presupuesto, son la contrapartida natural de la estrictez que tiene la formulación de gasto del presupuesto y, como es lógico y obvio, el Presidente de la República dispone de un monto acotado de recursos.

Es parte del modo de funcionamiento del Estado, por lo cual, por su intermedio, solicitamos que esta indicación se retire de conformidad con lo acordado anteriormente.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Paya para referirse a un punto de Reglamento.

El señor PAYA.-

Señor Presidente , luego de leer la indicación, el Presidente sostuvo que, conforme al acuerdo, ésta sólo podía ser sostenida por alguno de los diputados que la suscribieron.

No me parece que ése haya sido el tenor del acuerdo y entiendo que puede defenderla cualquier persona que la apoye. Personalmente, mi intención es apoyarla. Entonces, quiero que se aclare el contenido del acuerdo a este respecto.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Señor diputado , obviamente, según el acuerdo de los Comités, sólo puede hablar un parlamentario que apoye la indicación, no necesariamente aquel que la ha suscrito. Así vamos a continuar con la próxima indicación.

Tiene la palabra la Diputada señora Matthei para un asunto de Reglamento.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , ¿estamos votando lo que figura en la página 7 de las indicaciones? Ahí hay algún error porque el título dice: “Indicaciones a la partida 01, Presidencia de la República .” Pero después expresa: “Indicación a la partida 05, capítulo 01, programa 01, glosa 03”. No está claro si se están refiriendo a la partida 01 ó 05, porque la primera no tiene glosa 03.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

El señor Secretario me señala que ya está corregida la indicación.

La señora MATTHEI.-

¿Podría volver a leerla?

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

“Indicación a la partida 01 Presidencia de la República , Capítulo 01, programa 01, glosa 02”, para sustituirla por la siguiente: “De estos gastos se podrán informar en forma global y reservada al Contralor General de la República hasta un máximo, en miles, de $ 2.000.000 y US$ 820.”

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 7 votos; por la negativa, 63 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Correa, Karelovic, Kuschel, Longueira, Prokuriça, Solís y Valcarce.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Alvarado, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Ceroni, Cornejo, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Escalona, Estévez, Gajardo, García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hamuy, Huenchumilla, Jara, Jocelyn-Holt, Latorre, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Matthei ( doña Evelyn), Montes, Morales, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma ( don Andrés), Palma ( don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pizarro, Pollarolo ( doña Fanny), Reyes, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Sota, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Galilea y Longton.

Si le parece a la Sala, se aprobará la partida 01.

Aprobada.

El señor LONGUEIRA .-

Señor Presidente , sólo para señalar que mi voto afirmativo es negativo. El tablero electrónico lo registra como afirmativo.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

El señor Secretario dará lectura a la siguiente indicación.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación es del Vicepresidente de la República a la partida 05, Ministerio del Interior, Gobiernos Regionales.

a) En glosas: (Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales).

En su glosa 01, agregar el siguiente número y texto:

“6. Las Corporaciones Viales a que se refiere la ley Nº 19.265 podrán participar en las licitaciones públicas para la ejecución de proyectos de conservación vial en las regiones señaladas en el artículo 1º de dicha ley.”.

En las glosas 02 de los programas 01, de los Capítulos señalados precedentemente, agregar en cada letra “D” el siguiente inciso:

“Con estos recursos podrán contratarse asesorías para el Consejo Regional”.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Para argumentar a favor de la indicación, tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER ( don Juan Pablo) .-

Señor Presidente , quiero formular una consulta muy puntual a los señores Ministros respecto de la primera parte de la indicación, que tiene que ver con una materia muy importante que se ha impulsado en ciertas regiones del país.

El asunto fue ampliado en la ley de Presupuestos de 1996 para otras regiones. Quiero entender que en esta indicación del Ejecutivo están incluidas todas las regiones que figuraban en la ley de Presupuestos del año pasado.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Carlos Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , apoyo la inquietud planteada por el Diputado Letelier y quiero que quede expresa constancia de lo que él señala en relación con esta indicación, por cuanto tiene un efecto extraordinariamente positivo. Evidentemente, debe aclararse si se mantiene en los mismos términos en que figura en el Presupuesto de 1996.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor director del Presupuesto.

El señor MARCEL ( Director de Presupuesto ).-

Señor Presidente , la glosa a que se hace referencia, relativa a los gobiernos regionales, incluye a todas aquellas regiones en las cuales actualmente se aplica la normativa de la ley Nº 19.265, con cualquier modificación que haya tenido posteriormente.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra a algún señor Diputado para hablar en contra de la indicación del Ejecutivo.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Aprobada la indicación.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Alvarado, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Ceroni, Cornejo, Correa, De la Maza, Elgueta, Encina, Fantuzzi, Gajardo, Galilea, García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Jara, Jocelyn-Holt, Karelovic, Latorre, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Luksic, Makluf, Masferrer, Matthei ( doña Evelyn), Melero, Montes, Morales, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma ( don Andrés), Palma ( don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Pizarro, Prokuriça, Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Solís, Soria, Sota, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Valenzuela, Venegas, Vilches, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Aguiló, Estévez, Kuschel y Pollarolo ( doña Fanny).

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

El señor Secretario leerá la próxima indicación.

El señor LOYOLA ( Secretario ).- De los Diputados señores Jürgensen, Hurtado, Taladriz y Álvarez-Salamanca “De estos gastos se podrán informar en forma global y reservada al Contralor General de la República hasta un máximo de 404.411 miles.”

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra para hablar a favor de la indicación.

Ofrezco la palabra.

Para hablar en contra, tiene la palabra el Diputado señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente , respecto de esta indicación se deben aplicar los mismos argumentos dados en relación con los gastos reservados.

Estamos por rechazarla, porque el Ministerio, por las distintas funciones que cumple, requiere de gastos reservados.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra a algún señor Diputado para hablar en contra de la indicación.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 61 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Rechazada la indicación.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Álvarez-Salamanca, Bartolucci, Fantuzzi, Galilea, Kuschel, Longton, Masferrer, Prokuriça, Solís, Valcarce, Venegas, Vilches y Villouta.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Ceroni, Cornejo, Correa, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Estévez, Gajardo, García-Huidobro, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jocelyn-Holt, Karelovic, Latorre, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Luksic, Makluf, Matthei ( doña Evelyn), Melero, Montes, Morales, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma ( don Andrés), Palma ( don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pizarro, Pollarolo ( doña Fanny), Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Sota, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Viera-Gallo, Villegas, Walker y Zambrano.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

García (don José) y Leay.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Indicación de los mismos señores Diputados a la partida 05, capítulo 02, programa 01, glosa 03, letra B), para sustituirla por la siguiente: “De estos gastos se podrán informar en forma global y reservada al Contralor General de la República hasta un máximo de miles $ 53.290.”

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se rechazará con la misma votación.

Rechazada.

Con esta indicación, queda aprobada la totalidad de la partida 05, del Ministerio del Interior.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Indicación de los mismos señores Diputados a la partida 06, capítulo 01, programa 01, glosa 03, letra B) para sustituirla por la siguiente: “De estos gastos se podrán informar en forma global y reservada al Contralor General de la República hasta un máximo de miles $ 2.630 y U$$ 1.704.”

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se rechazará con la misma votación.

Rechazada.

En consecuencia, se da por aprobada la partida 06, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La partida del Ministerio de Economía fue objeto de una indicación, la cual está comprendida en el acuerdo ya votado. Por lo tanto, se da por aprobada el resto de la partida de dicho Ministerio.

Aprobado.

Igual situación se produce en la partida 08, Ministerio de Hacienda.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Indicación del señor Vicepresidente de la República a la partida 09, Ministerio de Educación, a) capítulo 01 Subsecretaría de Educación, programa 01.

El señor MONTES.-

Es parte del acuerdo.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Por ser la indicación parte del acuerdo votado, se da por aprobada.

Aprobada.

El señor VIERA-GALLO .-

¿Me permite, señor Presidente , por un problema reglamentario?

Sólo una parte de la indicación forma parte del acuerdo, pero hay otras materias que son nuevas.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

El señor Secretario me informa que el resto no es parte de la partida del Ministerio de Educación, sino que se relaciona con otras.

El señor MONTES.-

No, señor Presidente , el Diputado señor Viera-Gallo se refirió a lo que vamos a ver ahora.

El señor VIERA-GALLO .-

Con su venia, señor Presidente , el Ejecutivo formuló varias indicaciones a la partida 09, Ministerio de Educación. La que se refiere a la Universidad de Chile fue aprobada en el acuerdo. Pero hay una que agrega un inciso a la glosa 03; y otras que modifican los capítulos Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y Programa de Educación Superior. En fin, hay otras materias que tienen que ver con educación.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene razón, señor Diputado, de modo que se va a proceder a leer el resto de las indicaciones.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Indicación a la glosa 03 para agregar el siguiente inciso: “El Ministerio de Educación continuará con el desarrollo del programa de modernización de las secretarías regionales ministeriales y departamentos provinciales de educación.”

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , no queda claro por qué se agrega este inciso a la glosa 03, que se refiere a la capacitación y perfeccionamiento contemplados en el subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Señora diputada , es fundamental que el señor Secretario escuche lo que está diciendo su Señoría. Para él es imposible hacerlo si le vienen a hacer consultas a la Mesa. Le agradeceré repetir su intervención.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente, la glosa 03 al parecer se refiere al capítulo 01, programa 01.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, para entender la indicación a la glosa 03 hay que hacer un poco de historia.

El año pasado, el Ministerio de Educación explicó que en los 3.118 millones destinados a bienes y servicios de consumo, se incluía cierta cantidad para modernizar los servicios. En la ley de Presupuestos de 1966 se le exigió un plan de modernización, que el Ministerio elaboró y cuya implementación aprobó la Cámara. La indicación tiene por objeto que el año 1997 el Ministerio pueda continuar con el plan de modernización de manera que los departamentos provinciales y las secretarías regionales ministeriales enfrenten los problemas de otra forma.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

La situación ha quedado esclarecida.

Tiene la palabra la Diputada señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , en tal caso, habría que modificar su redacción, y señalar: “Con cargo a estos fondos, el Ministerio de Educación continuará con el desarrollo”, porque, de lo contrario, no se entiende nada. Eso lo puede corregir la Secretaría.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para que la Secretaría modifique la redacción?

Acordado.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación la indicación.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobada.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Indicación para incorporar la glosa número 22 en los siguientes términos:

“22.- Estos recursos se destinarán a actividades de interés nacional que se determinarán en uno o más convenios entre el Ministerio de Educación y la Universidad de Chile, que serán aprobados mediante decreto del Ministerio de Educación con la visación del Ministerio de Hacienda. Copia de el o los respectivos convenios serán remitidas por el Ministerio emisor del decreto a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.”

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, esa glosa es parte del acuerdo despachado.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Por ser parte del acuerdo despachado, se entiende aprobada la indicación.

El señor LOYOLA (Secretario).-

En el capítulo 09, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Programa 01, en su glosa 05, sustituir lo señalado en su letra c), por lo siguiente:

“c) Apoyo alimenticio para escolares, personal docente y no docente, padres o apoderados que participen directamente en actividades extraescolares de los establecimientos educacionales por un monto de hasta 123.920 miles.”

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz .

El señor ORTIZ .-

Señor Presidente , los cinco integrantes de la Cuarta Subcomisión, por unanimidad, solicitamos al Ejecutivo que presentara una indicación a esta glosa. De esta manera, solucionamos la petición de los profesores para que se entreguen raciones alimenticias a los establecimientos educacionales para actividades extraescolares.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER ( don Juan Pablo) .-

Simplemente para complementar lo informado por el Diputado señor Ortiz.

Considero sumamente importante esta indicación y agradezco al Ejecutivo su presentación. Finalmente se ha entendido que el programa extraescolar -mediante el cual se apoyan diversas iniciativas- contenía errores, por cuanto sus beneficios sólo alcanzaban a los estudiantes y no a los profesores -que son esenciales en esas actividades-, monitores, personal no docente y apoderados.

La importancia de esta indicación radica en que se acepta que la actividad extraescolar se realiza entre todos.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación.

Si le parece a la Sala, la indicación se aprobará por unanimidad.

Aprobada.

La señora MATTHEI.-

¿Me permite, señor Presidente?

Tengo la impresión de que todas las indicaciones a la Partida Ministerio de Educación van a ser aprobadas por unanimidad. Por lo tanto, sugiero tratarlas como un todo.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

El señor Secretario me informa que quedan dos indicaciones.

Si le parece a la Sala,...

Varios señores diputados.-

¡No!

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

No hay acuerdo.

El señor MONTES.-

Señor Presidente , entiendo que el Ejecutivo ha sustituido la indicación al capítulo 30, Programa 01.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Así es, señor Diputado .

El señor PALMA ( don Andrés) .-

Señor Presidente , la indicación a que se refiere el Diputado señor Montes está aprobada, y la que sigue también.

Varios señores diputados.-

Sí.

El señor PALMA ( don Andrés) .-

Señor Presidente , la señalada con la letra b) es parte del acuerdo.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Para evitar problemas que después pueden ser difíciles de subsanar, ¿habría acuerdo de la Sala para aprobar por unanimidad las indicaciones a la partida Ministerio de Educación?

El señor ELIZALDE.-

Las del texto del Ejecutivo.

El señor VILLOUTA.-

Sí, las del Ejecutivo.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo?

El señor PAYA.-

Señor Presidente , solicito que, por lo menos, se dé lectura a las indicaciones, por cuanto varias han tenido un origen distinto y algunas han sido declaradas inadmisibles. Su Señoría propone aprobar por unanimidad un grupo de indicaciones cuyo contenido desconozco.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palma.

El señor PALMA ( don Andrés) .-

Señor Presidente , las indicaciones al capítulo 30, Educación Superior, se refieren a recursos destinados a la Universidad de Chile y a las universidades regionales, y corresponden al paquete de indicaciones que presentó el Ejecutivo en el día de hoy. Las que aparecen en la página 19 de nuestro informe también son parte de ese acuerdo y corresponden a la reposición de los fondos de la Universidad de Chile y al incremento en 250 millones del Fondo de Desarrollo Institucional-Infraestructura.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA .-

Señor Presidente , la glosa que se ha puesto en discusión tiene un suplemento de 500 mil pesos, pero el acuerdo fue aumentarla en 2 mil. Por lo tanto, es importante dejar constancia de que esta glosa fue suplementada en 2 mil y está aprobada. No hay que pronunciarse sobre ella.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Señor Diputado , eso ya fue aprobado.

Para evitar confusiones y tener plena claridad en lo que se vota, el señor Secretario leerá las indicaciones -como lo solicitó el Diputado señor Paya -, y posteriormente se votarán.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

“Capítulo 30, Educación Superior. Programa 01.

“En el subtítulo 09, aporte fiscal, sustituir la cantidad de “131.879.140” por “132.129.140” e igualmente en su ítem 91.

“Subtítulo 33.

“En el ítem 87.035, Fondo de Desarrollo Institucional-Infraestructura, sustituir la cantidad de “6.609.190” por “6.859.190.”

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo de la Sala para aprobar por unanimidad ambas indicaciones?

Aprobadas.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Indicación del Diputado señor Paya, presentada durante el tiempo que se agregó para la presentación de indicaciones. En la misma partida 09, para reducir la asignación 091 del ítem 33, subtítulo 25, programa 01, capítulo 01, a la cantidad de un miles de pesos.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Diputado señor Paya.

El señor PAYA.-

Señor Presidente , esta indicación no está a disposición de los diputados, porque fue entregada en el lapso último de 20 minutos que se concedió para ello.

Quiero aclarar que esta partida, bajo el nombre de Programa de Educación para la Mujer, es la que contiene el financiamiento para el programa Jocas, por todos conocido. Ésa fue la explicación concreta que se nos dio en su oportunidad por el Ministerio del ramo.

En cuanto al fondo de dichos programas, ha habido un debate muy amplio. Hemos manifestado nuestra disconformidad respecto de la forma en que se está llevando a cabo esto. Creemos que -como no es de extrañar-, en materia de educación sexual los agentes del Estado han actuado con la fineza y criterio de un elefante en una cristalería.

Como hemos señalado en reiteradas oportunidades, el programa nos parece muy inconveniente, y la indicación apunta a privarlo de financiamiento.

He dicho

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Para impugnar la indicación, tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA ( don Andrés) .-

Señor Presidente , me sorprende que todavía se siga actuando con tanto prejuicio en una materia de gran interés y responsabilidad pública.

He estado haciendo un seguimiento de los programas denominados Jocas. He participado en reuniones de iglesias y con profesores, alumnos, sacerdotes, médicos y orientadores. Por ejemplo -no en mi distrito, porque, lamentablemente, no he tenido conocimiento de que se hayan desarrollado estas jornadas-, en la comuna de San Ramón la evaluación de todos es que son muy positivas.

Si en este país queremos terminar con una sexualidad que culmina en embarazos adolescentes, en paternidades irresponsables, en paternidades y maternidades no deseadas, en decenas de miles de abortos al año, debemos abordar los temas de sexualidad y afectividad con seriedad.

Las Jocas nada tienen que ver con lo publicado por el diario El Mercurio, que fue una caricatura, y el debate que se produjo en el país se hizo sobre esa caricatura. Ojalá hubiese sabido que se discutiría este tema, porque habría pedido más recursos para estos programas que pretenden orientar y formar no sólo a los jóvenes, sino también a los padres y madres que no están preparados para orientar debidamente a sus hijos y que, a través de estas jornadas, empiezan a tener capacidad de diálogo. En la medida en que abramos estos espacios, en que logremos que la familia reflexione sobre estos problemas en conjunto, como se consigue mediante las Jocas, generaremos sexualidades y afectividades maduras y resolveremos problemas profundos de nuestra sociedad.

Por estas razones, me parece insólita la indicación, la votaré en contra y los invito a hacer lo mismo.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER ( don Juan Pablo) .-

Señor Presidente , creo que algunos debates se realizan con una liviandad excesiva en nuestro país. El presente es uno de ellos, pues se hace una separación brutal entre la vida pública y privada de las personas en todos los niveles sociales. Deberíamos concordar en la importancia de tener mayor consistencia entre lo que uno dice y hace en privado con lo que dice y hace en público.

El programa de las Jocas, ha sido avalado y estudiado por profesionales de todos los sectores. El Diputado señor Palma ha sido muy claro en explicar su importancia. Permítanme sólo un dato: uno de cada tres niños nace fuera de matrimonio, lo que creo es malo para el país. Cualquier cosa que se haga para educar mejor respecto de la sexualidad y afectividad con el fin de evitar estas situaciones, es positiva. Pero, lo más lamentable, es la irresponsabilidad con que el colega señor Paya y otros quieren eliminar recursos que van mucho más allá de las Jocas. Les pido que pongan atención a qué se destinan, tal como lo demuestra la glosa 17. Se trata de fondos para financiar el desarrollo de estudios, evaluación, estrategias, seminarios y jornadas destinados a contribuir a la igualdad real de oportunidades de la mujer en el campo educativo. En esto debemos ser consistentes entre el discurso público y privado, porque en el programa Educación para la mujer se enfrenta el problema de la igualdad de oportunidades. En nuestra sociedad, en este Congreso, donde la mayoría somos hombres, debemos entender que sin educación no podremos contribuir a la igualdad de oportunidades entre las chilenas y chilenos. Hay ligereza cuando se propone reducir brutalmente los fondos para programas que apuntan, en diferentes planos, a asegurar la igualdad de oportunidades.

Por las razones expuestas y por las que dio el colega señor Palma, rechazaremos la indicación propuesta.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

En votación la indicación presentada por el Diputado señor Paya.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 53 votos. No hubo abstenciones.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Rechazada la indicación.

Aprobada la partida 09, Ministerio de Educación.

-Votaron por la afirmativa los Diputados señores:

Acuña, Alvarado, Bartolucci, Elizalde, Fantuzzi, Galilea, García (don José), García-Huidobro, Hamuy, Hurtado, Karelovic, Kuschel, Leay, Longton, Masferrer, Melero, Orpis, Paya, Pérez (don Víctor), Prokuriça, Solís, Sota, Vilches y Villouta.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Ceroni, Cornejo, De la Maza, Dupré, Elgueta, Encina, Estévez, Gajardo, Gutiérrez, Huenchumilla, Jara, Jocelyn-Holt, Latorre, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Makluf, Montes, Morales, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma ( don Andrés), Palma ( don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pizarro, Pollarolo ( doña Fanny), Rebolledo ( doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Valenzuela, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Walker, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , obviamente hay un problema. El Diputado señor Escalona no está presente. Le pido que borre su voto a favor.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Se procederá a eliminar el voto del Diputado señor Escalona.

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , debe repetirse la votación, porque al no apagarse el control electrónico, aparece la votación anterior de varios señores Diputados.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Si es así, repetiremos la votación.

En votación.

-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 57 votos. No hubo abstenciones.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Rechazada la indicación del Diputado señor Paya.

Queda aprobada la partida 09, Ministerio de Educación.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Alvarado, Bartolucci, Fantuzzi, Galilea, García (don José), García-Huidobro, Hurtado, Karelovic, Kuschel, Leay, Longueira, Masferrer, Orpis, Paya y Pérez (don Víctor).

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Ceroni, Cornejo, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Estévez, Gajardo, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jocelyn-Holt, Latorre, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Makluf, Montes, Morales, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Palma ( don Andrés), Palma ( don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pizarro, Pollarolo ( doña Fanny), Rebolledo ( doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Valenzuela, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

La partida 11, Ministerio de Defensa, se da por aprobada por no haber sido objeto de indicación, ya que la única que se formuló fue declarada inadmisible por la Mesa.

El señor Secretario va a dar lectura a las indicaciones a la partida 12, Ministerio de Obras Públicas.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Indicación del señor Vicepresidente de la República .

“Capítulo 02 Dirección General de Obras Públicas. Programa 04 Dirección de Vialidad.

En su glosa 04 agregar, al final de su texto, el siguiente inciso:

“Las Corporaciones Viales a que se refiere la ley Nº 19.265 podrán participar en las licitaciones públicas para la ejecución de proyectos de conservación vial en las regiones señaladas en el artículo 1º de dicha ley”.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente , me abstengo.

El señor LATORRE.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, deseo formular la misma consulta que se hizo hace un rato respecto de las corporaciones viales, por cuanto en el presupuesto de 1996 hay una glosa que especifica exactamente las regiones en las que esto puede tener lugar. Me interesa que la respuesta que dio el Director de Presupuestos, en el sentido de que sigue vigente respecto de esas regiones, se mantenga como parte integrante de esta indicación.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Director de Presupuestos.

El señor MARCEL ( Director de Presupuestos ).-

Señor Presidente , sólo para ratificar lo que señalé anteriormente sobre esta misma materia en relación con los gobiernos regionales.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Disculpe, Diputado señor Dupré. Le debería haber ofrecido la palabra al Director de Presupuestos con la venia de la Sala.

El señor DUPRÉ .-

Exactamente. Todos somos solidarios con lo que el Director puede señalar, pero hay que cumplir el Reglamento.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Así es, señor Diputado . Como anteriormente ofrecí la palabra con la venia de la Sala, así actué en consecuencia.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la indicación, con la abstención del Diputado señor Kuschel.

Aprobada.

Aprobada la partida 12, Ministerio de Obras Públicas.

El señor Secretario va a dar lectura a la indicaciones formuladas a la partida 13, Ministerio de Agricultura.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicaciones del señor Vicepresidente de la República.

13 Ministerio de Agricultura.

“a) Capítulo 02 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. Programa 01.

“En el subtítulo 09 Aporte fiscal, sustituir “12.261.290” por “13.561.290” y en su ítem 91 “11.932.877” por “13.232.877”.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Solicito el acuerdo de la Sala para leer todas las indicaciones.

El señor GALILEA.-

Pido la palabra para plantear un asunto de Reglamento.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor GALILEA .-

Señor Presidente , si se adopta el acuerdo de leer la totalidad de las indicaciones, solicito separar la votación respecto de la indicación al subtítulo 25, que se refiere a los ítem 31.374 y 31.375, porque puede ocurrir -es el caso del Diputado que habla- que alguien desee votar favorablemente una indicación y la otra en contra.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, quiero entender adecuadamente qué estamos votando.

Inicialmente, existió una indicación –entiendo que fue aprobada por la Comisión- que significó disminuir la asignación al Fondo de Investigaciones Agropecuarias de 2.599.924.000 a 1.299.924.000. Posteriormente, el Ejecutivo presentó una indicación, que es la que acaba de leer el señor Secretario . En consecuencia, ¿debo entender que la indicación que en su momento fue aprobada en la Comisión deja de tener vigencia y que debemos votar la del Ejecutivo, que repone, en otros términos, los fondos del FIA y del Inia?

Por lo tanto, solicito que se entregue una explicación respecto de este punto, a fin de saber si mi interpretación es correcta.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Solicito el acuerdo de la Sala para que use de la palabra el Director de Presupuestos.

Acordado.

Tiene la palabra el señor Marcel.

El señor MARCEL ( Director de Presupuestos ).-

Señor Presidente , como se ha señalado, la indicación persigue reponer los aproximadamente 1.300 millones de pesos que habían sido reducidos tanto del propio Fondo de Investigaciones Agropecuarias como de los aportes al Inia. De esa cantidad, 1.100 millones corresponden a reposiciones del FIA y 200 millones, a incremento de los fondos del Inia.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , me parece bastante discutible que se haya planteado una reducción de los fondos del FIA. De hecho, esta institución desarrolla programas de investigación y de innovación tecnológica en los sectores agrícola y rural de todas las regiones del país; es decir, lleva a cabo una tarea que, en mi opinión, es extraordinariamente relevante frente a los desafíos de nuestra agricultura, en especial desde la incorporación de Chile al Mercosur.

Estimo que debiera haber sido motivo de una mayor discusión en nuestra Corporación la inexplicable reducción de los fondos del FIA y la posterior rectificación mediante esta indicación, la que, pese a que corrige el error cometido por la Comisión, deja al FIA con 200 millones menos que los asignados originalmente.

En este momento no tengo otra alternativa que votar a favor de la indicación, lo que significa restituir al FIA estos fondos. Sin embargo, quiero dejar expresa constancia de que no me parece razonable que se haya disminuido su presupuesto en 200 millones, opinión que creo que interpreta a toda la bancada de la Democracia Cristiana, porque se trata de un error que debimos subsanar antes de que se redactaran estas indicaciones, que sólo reponen en parte los fondos que le corresponden al FIA.

Por lo tanto, deseo plantear derechamente al Ministro de Hacienda que nos parece pertinente, que, a través de transferencias internas en ese Ministerio, se le restituyan totalmente los fondos que se habían asignado inicialmente a la FIA y que, por razones que hasta hoy no entendemos, después de una discusión que no ha trascendido, se le hayan rebajado antes de la tramitación en la Sala.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Galilea para hablar en contra de la indicación,

El señor GALILEA .-

Señor Presidente , antes de entrar al fondo, solicito el asentimiento de la Sala para referirme en conjunto a las indicaciones que tienen que ver con el Inia y con la FIA, porque están íntimamente ligadas, y fueron presentadas en la Comisión Especial en ese sentido. Forzado a pronunciarme a favor de una y en contra de otra, el debate resulta bastante complejo. En virtud de eso hago mi petición.

En primer lugar, junto con los Senadores señores Gazmuri y Muñoz Barra , y la Diputada señora Rebolledo y los Diputados señores Arancibia y Montes, presentamos una indicación para rebajar los recursos de la FIA, Fundación Fondo de Investigaciones Agropecuarias, en 1.300 millones. Debo decir que para la gran mayoría de los miembros de la Subcomisión de Presupuestos, incluidos los Senadores, a la cual le correspondió estudiar este tema y el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, le resulta absoluta y totalmente desconocido lo que realiza el FIA; sólo tuvimos oportunidad de conocerlo durante la discusión del presupuesto de Agricultura en esa Subcomisión, donde se nos entregó un documento con todos los programas que la FIA está financiando. Uno puede calificar a esos programas como importantes, medianamente importantes o sin importancia para el sector agrícola; pero, a mi juicio, no cabe duda de que muchos de esos programas no guardan relación alguna con el desafío que hoy tiene una buena parte de la agricultura nacional, especialmente los cultivos tradicionales de la zona sur del país. Es cierto, lo reconozco, que la agricultura de muchos sectores del país, y en particular la de las zonas de cultivos tradicionales, necesita entrar en procesos de reconversión de productos y de cultivos. Sin embargo, la FIA aparece como un organismo que funciona y financia proyectos en forma absolutamente separada del esfuerzo institucional que está haciendo el Ministerio de Agricultura.

Pero no sólo eso es preocupante: lo más inquietante de todo es la situación en que queda el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Inia. Para decir las cosas como son, lo que me inspiró a presentar esta indicación para rebajar los fondos de la FIA fue el mal trato presupuestario a que se está sometiendo al Inia. Me explico: si bien se aumenta el presupuesto del Inia con respecto al anterior, también, por una parte, lo estamos obligando a pagar su endeudamiento, que es algo superior a 2 mil millones de pesos y, por otra parte, va a recibir menos recursos por la importante disminución que van a sufrir los aportes del BID. Y no sólo eso, a través de una glosa le decimos al Inia que sólo podrá incurrir en endeudamiento, lo cual puede ser algo que uno comparte, a partir de una autorización expresa del Ministerio de Hacienda. En castellano, hechas las sumas y restas de lo que debe recibir el Inia y los compromisos que debe enfrentar, en la práctica significa que le vamos a impedir asumir gastos por alrededor de 1.600 millones de pesos.

No puede dejar de preocuparme esta situación, porque si hay algo que no hace la FIA, es investigar. El único organismo público serio que hace trabajos de investigación agrícola importantes, valorados por los agricultores de nuestro país, es precisamente el Inia.

De modo que no me contentan para nada los 200 millones que se le destinan al Inia, porque, a partir de las cifras que hemos analizado, tendrá problemas no por 1.600 millones, sino por 1.400 millones.

Sería muy importante que, en su momento, las personas que trabajan en la FIA y las que la administran vengan a las Comisiones de Agricultura, particularmente a la de la Cámara, a explicar qué hace esa entidad, porque para nosotros es un misterio.

De modo que votaré a favor del aumento en 200 millones para el Inia, que considero insignificante, y rechazaré absolutamente la reposición de los recursos para la FIA.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Solicito el acuerdo de la Sala para que la Diputada señora Rebolledo haga uso de la palabra.

Acordado.

Tiene la palabra su Señoría.

La señora REBOLLEDO.-

Señor Presidente , quiero fundamentar brevemente nuestro voto favorable a las dos indicaciones.

Comparto lo planteado por el Diputado señor Galilea . Sin embargo, queremos valorar el aumento de 200 millones para el Inia y reponer los 1.100 millones a la FIA, sobre la base del compromiso del Ministro de Agricultura para modificar la FIA, a cuyo consejo, según entendemos, se ha solicitado la renuncia, con el objeto de transformarla en una institución técnica de investigación para que cumpla sus objetivos.

He dicho.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , solicito que recabe la unanimidad de la Sala para hacer uso de la palabra, a fin de señalar un punto de vista distinto del que se ha dado aquí, porque me parece que la FIA es una institución que merece nuestra consideración.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

No hay acuerdo, señor diputado .

Las indicaciones se votarán una a una, según lo solicitado por el Diputado señor Galilea .

El señor Secretario va a dar lectura a la indicación que se votará.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La relativa al subtítulo 09, aporte fiscal, en el que se sustituye la cifra 12.261.290 por 13.561.290, y en su ítem 91, el guarismo 11.932.877 por 13.232.877.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor José García.

El señor GARCÍA (don José) .-

Señor Presidente , sugiero que primero someta a votación la indicación que incrementa en 200 millones los recursos destinados al Instituto de Investigaciones Agropecuarias; luego, la que entrega 2.399 millones a la Fundación Fondo de Investigaciones Agropecuarias, y sólo en la medida en que se aprueben las dos, sería obvio aprobar lo del subtítulo 09, porque ahí se otorgan 1.300 millones, que representan los incrementos en ambos organismos. Si una de ellas se rechaza, no tiene sentido aprobar la primera parte de la indicación.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

La observación del Diputado señor José García parece muy pertinente.

El señor PIZARRO .-

No es así, señor Presidente . La argumentación se ha hecho sobre la base de las dos indicaciones, por lo que corresponde votarlas simultáneamente.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Señor diputado , se ha solicitado división de la votación.

El señor Secretario va a dar lectura a la indicación que se va a votar.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

“Subtítulo 25:

En el ítem 31.374 Instituto de Investigaciones Agropecuarias sustituir la cantidad de “7.295.761” por “7.495.761”.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobada.

El señor Secretario dará lectura a la segunda indicación.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

“En el ítem 31.375 Fundación Fondo de Investigaciones Agropecuarias, sustituir la cantidad de “1.299.924” por “2.399.924”.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Varios señores diputados.-

¡No, señor Presidente!

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

No hay acuerdo.

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 8 abstenciones.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Aprobada la indicación.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Ceroni, Cornejo, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Estévez, Gajardo, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Latorre, León, Letelier (don Felipe), Makluf, Montes, Morales, Ojeda, Ortiz, Palma ( don Andrés), Palma ( don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pizarro, Rebolledo ( doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Sota, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Villegas, Villouta, Walker, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Alvarado, Bartolucci, Fantuzzi, Galilea, García (don José), García-Huidobro, Karelovic, Leay, Longueira, Masferrer, Matthei ( doña Evelyn), Melero, Orpiz, Prokuriça, Tuma y Valcarce.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Aguiló, Encina, Kuschel, Letelier (don Juan Pablo), Muñoz, Naranjo, Navarro y Pollarolo ( doña Fanny).

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

“En la glosa 06, hay una indicación para sustituir “se desarrollará el programa” por “se desarrollará, entre otros, el programa.”

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobada.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Indicación del señor Vicepresidente de la República a la partida 13, Ministerio de Agricultura, capítulo 03, Instituto de Desarrollo Agropecuario. Programa 01:

“En la glosa 04 agregar el siguiente inciso: “Con cargo a estos recursos se ejecutará, asimismo, un programa de transferencia tecnológica de apoyo a la agricultura campesina indígena, en conformidad al convenio que se celebrará al efecto con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.”

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-

Pido la palabra.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , quiero destacar el valor de esta indicación, por cuanto los Ministros de Mideplan , don Roberto Pizarro, y de Agricultura, don Carlos Mladinic, han concurrido a establecer esta ventana especial, a través del Indap y sus programas de transferencia tecnológica, para atender una necesidad sentida de la agricultura campesina indígena en los programas de la Conadi. Por lo tanto, encontramos muy importante el apoyo y satisfactorio el acuerdo a que llegaron ambos ministros para presentar esta indicación por parte del Gobierno.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Tuma para hablar en contra de la indicación.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , es poco usual e inédita en la tramitación del Presupuesto la actitud asumida por la totalidad de los parlamentarios que participaron en la Primera Subcomisión al decidir no abordar el capítulo sobre el presupuesto de la Conadi. Ello, porque tuvimos la absoluta convicción de que el presupuesto estipulado para dicha corporación es insuficiente. Luego, la Comisión Mixta, con ese precedente, también rechazó la partida presupuestaria.

La reacción del Ejecutivo ante el rechazo parlamentario es absolutamente inadecuado, puesto que la indicación que incorpora una glosa en los programas del Indap para atender necesidades de los campesinos indígenas en cuanto a transferencia y capacitación tecnológica, aborda sólo marginalmente su problema. Ellos, en materia de educación y cultura, fondos de tierras, aguas, derechos de ausentes, áreas de desarrollo, superación de la pobreza y saneamiento de títulos, deberán seguir esperando, porque el Ejecutivo está manteniendo, en otra indicación, el mismo presupuesto que fue rechazado en la Comisión Mixta por ser insuficiente.

Más de un millón de indígenas aspiran a ejercer los derechos que la ley les ha conferido y a satisfacer sus más mínimas necesidades.

El presupuesto de la Conadi está absolutamente subestimado en relación con los requerimientos y derechos que reclaman las comunidades indígenas, y es discriminatorio en relación con la respuesta que el Estado entrega a otros sectores de la Administración Pública.

Hace pocos instantes, el Diputado señor Viera-Gallo valoraba altamente el hecho de que el Congreso le haya dedicado una tarde entera, con justa razón, al problema del carbón de Lota y a sus mil trabajadores; pero quisiera también que el millón de indígenas, minoría étnica, tuviera la oportunidad de que el Congreso le dedicara algunos minutos para atender con seriedad sus necesidades.

Estoy de acuerdo con atender los requerimientos, por ejemplo, de la Fuerza Aérea y aprobar la adquisición de un avión VIP de transporte de pasajeros, porque así lo demandan los compromisos y requerimientos de un país integrado a los mercados internacionales, pero es incomprensible que no exista en el Tesoro Público ni siquiera la mitad del valor de esa nave para duplicar el presupuesto de la única institución especializada que atiende la demanda de más de un millón de indígenas.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Señor diputado , le ruego redondear su idea, porque su tiempo ha terminado.

El señor TUMA.-

Termino en seguida, señor Presidente.

Esta indicación es una respuesta marginal al problema de fondo de un sector social altamente vulnerable. No está respaldada ni siquiera por un mínimo de recursos que asegure la articulación de los programas de modernización agrícola de los pequeños campesinos indígenas, y para qué hablar del apoyo que requieren en el nuevo escenario de los tratados internacionales de comercio.

Por tanto, solicito a los honorables colegas que, como única respuesta, rechacemos esta indicación por ser insuficiente para atender los requerimientos de las minorías étnicas del país, y como forma de demostrar una actitud o señal muy nítida para que esta justa demanda sea asumida en su real dimensión.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Aprobada la partida 13 del Ministerio de Agricultura.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Balbontín, Bartolucci, Ceroni, Chadwick, De la Maza, Dupré, Elizalde, Encina, Estévez, Fantuzzi, Gajardo, Hamuy, Jocelyn-Holt, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Makluf, Melero, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma ( don Andrés), Palma ( don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pizarro, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Sabag, Salas, Silva, Sota, Tohá, Urrutia (don Salvador), Venegas, Walker, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Elgueta, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Leay, Longueira, Masferrer, Morales, Rocha, Seguel, Tuma, Valenzuela y Villouta.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Galilea, García (don José), Pollarolo (doña Fanny), Prokuriça, Soria y Vilches.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

La próxima partida corresponde al Ministerio de Salud.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Indicación del señor Vicepresidente de la República a la partida 16, Ministerio de Salud, Capítulo 03. Servicios de Salud. Programa 01: “En su glosa 01 agregar el siguiente inciso final:

“Glosas”

“Cada uno de los servicios de salud elaborará y realizará, durante el ejercicio presupuestario de 1997, al menos un proyecto de modernización global de la gestión de un establecimiento hospitalario, y al menos un proyecto que presente características de innovación en el ámbito de la calidad de atención del usuario.

“El Ministerio de Salud enviará copias de estos proyectos en el curso del primer semestre de 1997 a las Comisiones de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados.”

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente , el Ejecutivo acogió esta indicación parlamentaria, cuyo objeto es lograr el desarrollo adecuado de los servicios de salud a lo largo del país, tanto en la modernización de gestión como en la forma de atención al público. Esperamos que en el curso del primer semestre del próximo año se entreguen estos proyectos y que veamos avances efectivos, porque creemos que falta mucho por hacer.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, la indicación se aprobará por unanimidad.

Aprobada.

Despachada la partida 16 del Ministerio de Salud.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

El señor Secretario me informa que se ha presentado una indicación a la partida 17, Ministerio de Minería, que recoge el acuerdo que se anexó a la documentación complementaria de las distintas indicaciones, en conformidad con el procedimiento definido. Dicha indicación, por ser parte del acuerdo, también se considera aprobada y, como consecuencia, la partida en su conjunto.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Indicación del Vicepresidente de la República a la partida 18, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Capítulo 02, servicios regionales de vivienda y urbanización. Programa 01:

“En el ítem 93.003, Asistencia Técnica , reponer la glosa “07” y con el texto inicial, complementado con un nuevo inciso, incorporarla al título “Glosas”, como sigue:

“07. Se podrá pagar hasta el 5% del valor unitario de los certificados de los subsidios progresivos en las diversas regiones del país, de acuerdo a las normas establecidas por resolución Nº 241, de 1996, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

“Cuando las dificultades de los proyectos lo justifiquen, dicho porcentaje podrá variar hasta el 7,5%. El Secretario Regional respectivo calificará dicha situación.”

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , quiero pedir que algún representante del Ejecutivo explique exactamente el sentido de la indicación.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Marcel, Director de Presupuestos.

El señor MARCEL ( Director de Presupuestos ).-

Señor Presidente , el Programa de Asistencia Técnica brinda apoyo a grupos de familias para que postulen a subsidios progresivos. La glosa establece una relación entre el financiamiento para esa asistencia técnica y el valor de los certificados de subsidios progresivos. El tema se discutió en las Subcomisiones con ocasión del proyecto original del Ejecutivo , que contemplaba sólo el inciso primero de la glosa. Dado que en esa discusión se consideró insuficiente el 5 por ciento para dar cuenta de la realidad de algunas regiones, se agregó el inciso segundo que amplía en 50 por ciento ese margen, y hemos presentado la indicación en el entendido de que acogemos dicho planteamiento.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Para hablar en contra de la indicación, tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER ( don Juan Pablo) .-

Señor Presidente , esta materia fue tratada en la Subcomisión y fue rechazada por la unanimidad de todos sus miembros.

Si uno hace historia, esta iniciativa sobre asistencia técnica tuvo su origen en una moción que presentaron el año pasado varios señores diputados de la Comisión de la Vivienda y Desarrollo Urbano, en particular, el entonces presidente de esa Comisión , Diputado señor Montes.

El costo de la asistencia técnica no es homogéneo a lo largo del país. Además, se requiere un instrumento más flexible. Así lo ha indicado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que ha asumido con gran responsabilidad estos programas de carácter privado. Hemos visto cómo muchos de ellos, precisamente por una asistencia técnica inadecuada, terminan en proyectos habitacionales truncos o con grandes dificultades.

Hay zonas del país que necesitan más recursos para asistencia técnica que otras, pero la rigidez que quiere introducir el Ministerio de Hacienda -no el Ministerio de Vivienda y Urbanismo- no sirve para garantizar una buena asistencia técnica. Se ha propuesto un techo de recursos. La Comisión y nosotros proponemos que se mantenga la flexibilidad al Ministerio de Vivienda y, por ende, que se rechace la indicación del Ejecutivo.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 19 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Aprobada la indicación y despachada la partida 18, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Arancibia, Ascencio, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Ceroni, Cornejo, De la Maza, Dupré, Elgueta, García (don José), Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jocelyn-Holt, Latorre, Letelier (don Felipe), Makluf, Martínez ( don Gutenberg), Morales, Ojeda, Palma ( don Andrés), Palma ( don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pizarro, Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Urrutia (don Salvador), Venegas, Villegas, Villouta, Walker, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló, Elizalde, Encina, García-Huidobro, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Masferrer, Matthei ( doña Evelyn), Melero, Montes, Muñoz, Naranjo, Navarro, Orpis, Ortiz, Pollarolo ( doña Fanny), Tohá, Tuma y Valenzuela.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Alvarado, Estévez, Galilea, Rebolledo ( doña Romy) y Viera-Gallo.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Me informa el señor Secretario que a la partida 19, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se presentó sólo una indicación, que fue declarada inadmisible.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

¿Su Señoría quiere impugnar la declaración de inadmisibilidad?

El señor LETELIER ( don Juan Pablo) .-

Sí, señor Presidente .

Quiero decir que tanto en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones como en la Sala de la Cámara, hemos cuestionado profundamente el funcionamiento del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y planteado su ineficacia, porque se ha torcido su lógica, ya que lo que aprobó el Congreso fue subsidiar a la gente, a las personas que no tienen acceso al teléfono público en las zonas rurales y en las urbanas densamente pobladas.

Por desgracia, la Subsecretaría cambió la lógica al dictar un reglamento que tiende -y se nota en la glosa del Ejecutivo- a beneficiar sólo a las empresas y no a la gente.

En atención a ello y al compromiso del Presidente de la República , en el sentido de ir regionalizando la priorización de la toma de decisiones, se presentó una glosa que plantea que se podrá tomar en cuenta la priorización de las regiones y asegurar que la distribución de los recursos se haga de acuerdo a la población y al acceso a teléfonos públicos.

Ninguna de las dos materias, que establecen que se tomará en cuenta la priorización o que la distribución se hará de acuerdo a la población y ubicación de teléfonos públicos, da pie a declarar inadmisible la indicación. Al contrario, son materias que caben dentro de las reducidas facultades que tenemos.

Por ende, pido que se someta a consideración de la Sala la admisibilidad de la indicación.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Galilea .

El señor GALILEA .-

Señor Presidente, comparto lo manifestado por el Diputado señor Juan Pablo Letelier, y pido a la Mesa que fundamente por qué declaró inadmisible la indicación.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

De acuerdo con los antecedentes y la información de que disponemos, fue declarada inadmisible porque, al establecer que “Se pagarán los subsidios que puedan ...”, incide en la administración financiera del Estado.

Por lo tanto, se votaría la reclamación de inadmisibilidad.

Los señores diputados que voten a favor, apoyan la reclamación de inadmisibilidad; y los que voten en contra, sostienen el criterio de la Mesa.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, pido que se lea nuevamente la indicación a fin de tener mejor criterio para resolver la situación.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

El señor Secretario procederá a dar lectura nuevamente a la indicación.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Indicación del honorable Diputado señor Juan Pablo Letelier a la partida 19, capítulo 02, programa 01, glosa 05: “Con cargo a estos recursos se pagarán los subsidios que procedan, conforme a la priorización que se podrá hacer en cada región, procurando que la distribución de éstos se haga proporcional a la población y acceso a teléfonos públicos en cada región.”

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , le ruego aclarar nuevamente qué significa votar a favor y en contra, porque no está muy claro cómo hacerlo.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Como la reclamación es sobre la inadmisibilidad, se solicita que se declare admisible. Ello significa que votar por la afirmativa es apoyar la posición de que la indicación es admisible; por lo tanto, rechaza la inadmisibilidad. Por la negativa, es sostener el criterio de la Mesa.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor LETELIER ( don Juan Pablo) .-

Señor Presidente, en la partida 19, capítulo 02, programa 01, donde está la glosa en cuestión, la frase inicial del texto del Ejecutivo es igual. Es decir, “Con cargo a estos recursos se pagará ...”. Lo nuevo de la indicación es respecto a la priorización y a la distribución geográfica.

La parte inicial de la indicación es del Ejecutivo. Por eso, cuestiono la propuesta de la Mesa.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA .-

Señor Presidente , todos compartimos el espíritu de la indicación, pero, por lo menos, personalmente, creo que es inadmisible.

Muchas indicaciones de esta naturaleza fueron declaradas inadmisibles en la Comisión Especial Mixta. La presentada por el Diputado señor Juan Pablo Letelier es compartida por todos. Aparentemente, el Ejecutivo tiene bastantes hojas en blanco firmadas por el señor Vicepresidente y me parece que debiera suscribirla y nosotros aprobarla en este trámite. Pero es inadmisible, aunque compartimos el fondo. Si el espíritu es unánime, tal vez el Ejecutivo pueda acoger la indicación.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Se someterá a votación la inadmisibilidad, sin perjuicio de plantear al Gobierno la solicitud de la Cámara de estudiar, patrocinar y aprobar la indicación cuando corresponda.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 45 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Rechazada.

Por lo tanto, se acoge el criterio de la Mesa.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Ascencio, Aylwin (don Andrés), Dupré, Elgueta, Encina, Fantuzzi, Galilea, García-Huidobro, Hamuy, Kuschel, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Masferrer, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Pollarolo ( doña Fanny), Prokuriça, Sabag, Salas, Tuma, Valcarce, Valenzuela y Vilches.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Alvarado, Arancibia, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Ceroni, Cornejo, De la Maza, Elizalde, Estévez, Gajardo, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jocelyn-Holt, Latorre, León, Letelier (don Felipe), Longueira, Makluf, Martínez ( don Gutenberg), Matthei (doña Evelyn), Melero, Montes, Morales, Ortiz, Palma ( don Andrés), Palma ( don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pizarro, Rebolledo ( doña Romy), Reyes, Seguel, Silva, Soria, Tohá, Urrutia (don Salvador), Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Álvarez-Salamanca, Correa, García (don José) y Navarro.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, perdóneme que insista.

Probablemente, la suerte de la indicación es la indicada, pero, ¿habría voluntad del Ejecutivo para acogerla?

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Se encuentran en la Sala el señor Ministro y el señor director del Presupuesto , y ellos sabrán cómo acogen la solicitud que se ha formulado.

Aprobada la partida 19 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

En la partida 20, Ministerio Secretaría General de Gobierno, hay una indicación de los Diputados señores Jürgensen, Hurtado, Taladriz y Álvarez-Salamanca.

Indicación a la partida 20, capítulo 01, programa 01, glosa 03, letra a), para sustituirla por la siguiente: “La suma de 470.770 miles y US$ 603 miles, como máximo, con la obligación de rendir cuenta en forma global al Contralor General de la República ”.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos; por la negativa, 61 votos. Hubo 1 abstención.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Álvarez-Salamanca, Fantuzzi, Galilea, Kuschel, Longton, Martínez (don Gutenberg), Prokurica, Solís, Valcarce y Vilches.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Alvarado, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Ceroni, Cornejo, Correa, De la Maza, Dupré, Elgueta, Encina, Estévez, Gajardo, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jocelyn-Holt, Latorre, León, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Makluf, Masferrer, Matthei ( doña Evelyn), Montes, Morales, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma ( don Andrés), Pérez (don Aníbal), Pizarro, Pollarolo ( doña Fanny), Rebolledo ( doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Sota, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Walker, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

-Se abstuvo el Diputado señor García (don José).

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Aprobada la partida 20, del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

En la partida 21, Ministerio de Planificación y Cooperación, hay indicación del Vicepresidente de la República.

“Partida 21 Ministerio de Planificación y Cooperación.

Ministerio de Planificación y Cooperación. Sustituir el capítulo 06, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 01, por el siguiente.”

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Señores diputados, la indicación es extremadamente extensa y está fotocopiada en el legajo que tienen a su disposición.

Si les parece, se omitirá su lectura.

Varios señores diputados.-

¡No!

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

No hay unanimidad.

Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA .-

Señor Presidente , resulta bastante especial para mí tener que hablar en contra de una indicación del Gobierno del cual formo parte como diputado de la Democracia Cristiana , pero hay un problema de fondo que quiero exponer.

Este presupuesto fue rechazado en la Comisión Especial Mixta por argumentos que, en su oportunidad, dieron distintos señores diputados y senadores, que comparto y que trataré de explicitar.

Primero, debemos dilucidar cuál es la voluntad política del Estado respecto del tratamiento que deben tener las minorías étnicas, en este caso, los pueblos indígenas de Chile. En segundo lugar, cuál es el método que deben utilizar estos sectores minoritarios para acceder a las demandas del Estado.

En los últimos años, hemos demostrado voluntad política para que los pueblos indígenas tengan acceso al desarrollo, la participación y al bienestar general de la sociedad.

El proyecto que dio origen a la Ley Indígena tuvo el consenso de todos los sectores y fue aprobado por unanimidad. Ese instrumento jurídico está plenamente vigente.

Por lo tanto, se demostró la voluntad del Estado de dar un trato preferencial, adecuado, serio e importante a los pueblos indígenas. Pero sabemos que las leyes no solucionan por arte de magia ni por sí los problemas, sino que sólo son un mecanismo, un instrumento para adecuar la acción del Estado en beneficio, en este caso, de sectores desposeídos. Para que un instrumento jurídico tenga eficacia y validez necesita contar con los recursos necesarios, porque si no la voluntad del Estado queda en el papel, en un cúmulo de buenas intenciones, y no se manifiesta en la realidad.

Por otro lado, los máximos dirigentes de los pueblos indígenas comprendieron que la manera de entenderse con el Estado y de planificar su desarrollo en democracia y libertad, es por las vías institucionales. Por consiguiente, descartaron las situaciones de hecho y de inestabilidad, de ruptura con la ley y con el orden establecido, y se incorporaron al consejo de la Conadi.

Han colaborado y hasta el día de hoy predican que sus pueblos deben entenderse con el Estado mediante el diálogo y las formas institucionales. Pero, naturalmente, hubo un sector de los indígenas que estimó que ése no era el camino, y que el mecanismo para lograr sus objetivos eran las tomas de fundos, de carreteras, la denuncia internacional, las situaciones de hecho. Nosotros nos jugamos por la primera opción, yo personalmente y muchos de los parlamentarios aquí presentes.

Pero, ¿con qué nos hemos encontrado? ¿Qué recursos ha entregado el Estado chileno para enfrentar las situaciones que les afectan?

Cito algunos de sus problemas. Los pueblos indígenas quieren dividir sus comunidades, porque en este país rige la ley sacrosanta de la propiedad privada, y si ellos quieren tener su título, deben dividir las comunidades. En la actualidad, hay 90 sin dividir. De acuerdo con los recursos que otorga el Estado, sólo pueden hacerlo tres al año. Es decir, tendrían que esperar 30 años para lograrlo. Por otra parte, hay 25 mil inscritos a los cuales se les debe el derecho de ausente. ¿Qué es el derecho de ausente? En el Gobierno de Pinochet fueron expropiados. El Acta Constitucional Nº 3 y la Constitución de 1980, señalan que la propiedad privada no se puede expropiar sin pago previo, al contado y de acuerdo con el valor comercial del bien raíz y el daño efectivamente producido. ¿Y cómo se les paga? Según su avalúo fiscal, con cheques de 15 ó 20 mil pesos, y hay 25 mil personas esperando el pago. ¿Y qué dice el Presupuesto de este año? Que se le otorgan 21 millones de pesos para pagar ese derecho establecido en la Constitución. Eso significa que el Estado de Chile está infringiendo la Constitución respecto de los derechos en los territorios y en los predios de los pueblos indígenas.

¿Esta es la voluntad del Estado para tratar el problema? Hemos discutido toda la tarde la situación de Enacar. Con sus huelgas, los mineros consiguieron lo que por la vía pacífica nunca hubieran logrado; los profesores han obtenido un mejoramiento, igual en la salud; entonces, ¿cuál es el mensaje del Gobierno? Que las vías institucionales no sirven. ¡Hay que presionar! Aquí le están diciendo a los pueblos indígenas: ¡Salgan a tomarse las carreteras! ¡Tómense los predios! ¡Hagan huelgas! ¡Vengan a Santiago! Estoy seguro de que así van a conseguir plata.

¿Qué es lo que quiero expresar? Que usemos la vía institucional, la que hemos tenido aquí en el Parlamento. Por eso, voy a votar en contra de esta indicación, para decirle al Gobierno que nos queda esta noche o mañana, porque cuando hablé denantes con el Ministro de Hacienda , me dijo: “Antes de la votación conversamos.” Lo he estado esperando para hablar y aún no lo hemos hecho.

Por eso, quiero dejar un testimonio, y les pido a los señores diputados, especialmente a los de mi partido, que hagamos un gesto moral político, y votemos en contra de esta indicación del Ejecutivo para que reafirmemos nuestra voluntad de resolver los problemas de los pueblos indígenas por la vía institucional; de lo contrario, la señal que estamos dando es pésima para el horizonte de estabilidad y de tranquilidad que quiere el Ministro de Hacienda en el desarrollo de nuestra sociedad.

Reitero, votaré en contra de la indicación y pido a los señores diputados que procedan de la misma manera.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Ministro de Hacienda , señor Eduardo Aninat.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , ponderando la intervención del Diputado señor Huenchumilla, con quien efectivamente muchas veces he conversado este tema, y por la importancia que tiene la Conadi para el desarrollo del campesinado indígena y, más allá del campesinado, los grupos étnicos que están involucrados, como él lo ha explicado, me gustaría insistir en lo que se ha expresado en otras oportunidades -y a él mismo-, que, con toda la comprensión y apoyo que uno pueda tener para la labor que hace la Conadi, en las discusiones, conversaciones, evaluaciones y análisis hechos por los Ministros de Agricultura y Mideplán que están a cargo del tema, hemos hecho una concertación como Ministerio de Hacienda, precisamente, acogiendo una parte del planteamiento del Diputado señor Huenchumilla para, por la vía del importante desarrollo que tienen las actividades de Indap en el Presupuesto para 1997, decidir este apoyo institucional permanente de Indap a la Conadi, lo que no se estaba haciendo.

Por lo tanto, con todo el dramatismo entregado por el Diputado señor Huenchumilla, que, en lo personal, tiendo a compartir, también es obligación de los Ministros de Estado y de las autoridades que representan al Gobierno, avanzar prudentemente y en forma realista, dentro de un balance de prioridades que se debe manejar, no sólo en este frente, legítimo, por cierto, sino también en todo lo demás.

Deseo ratificar mi testimonio de hace 10 minutos sobre el tema e indicar que el Ministro de Hacienda quedará como garante del compromiso asumido por el Ministro de Agricultura con el de Mideplán, para atender por esa vía institucional este importante tema.

Por lo tanto, con el perdón del Diputado señor Huenchumilla, hago un llamado en sentido inverso para pedir a la Sala que apoye la restitución del presupuesto de la Conadi.

Gracias, señor Presidente.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Balbontín .

El señor BALBONTÍN .-

Señor Presidente , en razón de lo planteado por el señor Ministro , quiero preguntarle si a través del mecanismo que dio a conocer durante su intervención, existe flexibilidad para cumplir con los compromisos señalados por el Diputado señor Huenchumilla . En verdad, puede ser que haya muy buena intención, pero que no exista la flexibilidad presupuestaria para cumplir con esa palabra.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

El Director de Presupuestos está pidiendo la palabra.

¿Habría acuerdo para concedérsela?

Acordado.

El señor MARCEL ( Director de Presupuestos ).-

Señor Presidente , ratifico lo que se ha señalado en el sentido de que el mensaje que se ha enviado al Ejecutivo en relación a demandar un mayor apoyo del Gobierno a la agricultura campesina indígena, ha sido recogido en la glosa agregada al presupuesto de Indap , respecto del cual se ha formulado el juicio de que no es capaz de llegar a los campesinos indígenas, a fin de que desarrolle un programa con ese propósito.

Ése es el compromiso asumido por el Ejecutivo y, como lo señaló el Ministro de Hacienda , él va a convocar a los Ministros de Planificación y de Agricultura, con el objeto de poner en marcha este programa, el cual debe ser definido y diseñado.

El señor LATORRE.-

Pido la palabra.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Señores diputados, hemos excedido los procedimientos que nosotros mismos convinimos.

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre para plantear un punto reglamentario.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , me parece que el punto es suficientemente relevante como para no agotar la discusión en este momento, de manera que sugiero que la Mesa pida el acuerdo de la Sala para que nos demos unos minutos, con el objeto de reflexionar más en profundidad sobre el punto.

En mi opinión, vamos a enfrentar una votación sin que antes se haya dicho lo que algunos señores diputados estiman conveniente.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Pido la unanimidad de la Sala para dar la palabra a los cuatro señores diputados que la han pedido.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

No hay unanimidad.

En votación la indicación del Ejecutivo.

-Durante la votación:

La señora WÖRNER.-

Señor Presidente , para orientar bien la votación, haciéndome cargo de lo dicho por el Diputado señor Latorre, en el sentido de que es delicado no agotar la discusión con responsabilidad, quiero hacer una pregunta al señor Ministro de Hacienda .

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Señora Diputada , hasta este momento, no hay unanimidad.

Tiene la palabra el Diputado señor León.

El señor LEÓN .-

Señor Presidente , solicito suspender la sesión por cinco minutos.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Señor diputado , esto fue visto por la Subcomisión, que preside, y también fue un tema que motivó el rechazo de esta asignación.

Se suspende la sesión por tres minutos.

-Se suspendió la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Se reanuda la sesión.

Tiene la palabra el Ministro de Hacienda .

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , parlamentarios de distintas bancadas que han hablado sobre el tema me han expresado que el hecho de que aún no estén suficientemente detallados y desarrollados los nuevos programas de la Conadi, puede originar ambigüedad respecto de mis aseveraciones y de los compromisos que estaba asumiendo hace algunos minutos.

Por lo tanto, para complementar y precisar mi intervención anterior quiero decir que respecto del programa integral y global de la Conadi nos vamos a preocupar -en lo que le corresponde a mi Ministerio- de que exista un plazo finito, determinado, y no ambiguo para que esos programas puedan iniciarse en una fecha oportuna.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

En votación la indicación del Ejecutivo.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 27 votos. Hubo 11 abstenciones.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Se procederá a repetir la votación. Atendida la incidencia de las abstenciones en la segunda votación, insto a los señores Diputados a pronunciarse en un sentido afirmativo o negativo.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Arancibia, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Ceroni, Elizalde, Estévez, Fantuzzi, Hamuy, Jocelyn-Holt, León, Letelier (don Felipe), Makluf, Martínez ( don Gutenberg), Masferrer, Matthei ( doña Evelyn), Montes, Muñoz, Palma ( don Andrés), Palma (don Joaquín), Paya, Pérez (don Aníbal), Pizarro, Reyes, Sabag, Salas, Tohá, Venegas, Villegas, Walker, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Ascencio, Correa, Dupré, Elgueta, Gajardo, Galilea, García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Kuschel, Latorre, Longueira, Morales, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Prokuriça, Rocha, Seguel, Solís, Valcarce, Valenzuela, Vilches y Villouta.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Balbontín, Encina, Jara, Letelier (don Juan Pablo), Naranjo, Pollarolo ( doña Fanny), Rebolledo ( doña Romy), Soria, Tuma, Urrutia (don Salvador) y Viera-Gallo.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo, para referirse a un problema reglamentario.

El señor VIERA-GALLO .-

Señor Presidente, ¿podría aclarar qué ocurre si se mantienen la abstenciones?

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Señor diputado, en la segunda votación las abstenciones se suman a los votos afirmativos.

-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Arancibia, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Ceroni, De la Maza, Elizalde, Estévez, Hamuy, Jara, Jocelyn-Holt, León, Letelier (don Felipe), Makluf, Martínez ( don Gutenberg), Masferrer, Matthei ( doña Evelyn), Montes, Palma ( don Andrés), Palma ( don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Reyes, Sabag, Salas, Venegas, Villegas, Villouta, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló, Ascencio, Balbontín, Correa, Dupré, Elgueta, Galilea, García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Kuschel, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Morales, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Prokuriça, Rocha, Seguel, Solís, Tuma, Valcarce y Vilches.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Encina, Paya, Soria y Urrutia (don Salvador).

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Con esto termina la discusión y votación de la partida 21 del Ministerio de Planificación y Cooperación.

-o-

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

El presidente de la Comisión de Hacienda solicita la autorización de la Sala para sesionar en forma simultánea con la Sala, a partir de las 12 horas de hoy jueves, atendido el hecho de que debe tratar el proyecto que establece la jornada escolar completa diurna.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

-o-

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

El señor Secretario dará lectura a la siguiente indicación.

El señor LOYOLA ( Secretario ).- De los Diputados señores Jürgensen, Taladriz, Álvarez-Salamanca y Hurtado “De estos gastos se podrá informar en forma global y reservada al Contralor General de la República hasta un máximo de miles $ 51.900.”

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 6 votos; por la negativa, 53 votos. Hubo 1 abstención.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Galilea, García (don José), Kuschel, Prokuriça, Solís y Valcarce.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Ceroni, Cornejo, De la Maza, Elgueta, Elizalde, Encina, Estévez, Gutiérrez, Hamuy, Huenchumilla, Jara, Jocelyn-Holt, Latorre, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Makluf, Martínez ( don Gutenberg), Matthei (doña Evelyn), Montes, Morales, Naranjo, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma ( don Andrés), Palma ( don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Soria, Sota, Tohá, Urrutia (don Salvador), Venegas, Viera-Gallo, Villegas, Villouta, Wörner ( doña Martita) y Zambrano.

-Se abstuvo el Diputado señor Paya.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

El señor Secretario dará lectura a la siguiente indicación.

El señor LOYOLA ( Secretario ).- Del Diputado señor Navarro Glosa indicativa al proyecto de ley de Presupuestos correspondiente a la Comisión Nacional de Medio Ambiente, en el subtítulo 25, Transferencias Corrientes, ítem 32, Transferencias a otros Organismos del Sector Público, incluir la siguiente nueva glosa 05:“Los programas beneficiados con estos recursos correspondientes a la Subsecretaría de Minería y la Conaf, deberán ser informados detalladamente a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, como asimismo los resultados que arrojen dichos estudios, con el fin de evaluar la eficiencia en la utilización de dichos recursos.”

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Para argumentar a favor de la indicación, tiene la palabra el Diputado señor Navarro.

El señor NAVARRO .-

Señor Presidente , el tema del medio ambiente ha estado presente en esta Sala. En una sesión especial que contó con la presencia del Ministro Secretario General de la Presidencia de ese entonces y de la directora nacional de la Conama, el Gobierno se comprometió a aumentar en forma sustantiva los recursos a ese organismo, atendidas la actividad medioambiental del país y la alta tasa de inversión nacional y extranjera que se está efectuando.

Lamentablemente el proyecto no recoge el espíritu planteado en esa sesión especial, por lo que cabe recabar que el presupuesto total tenga un aumento de 1.000 millones que aún resultan insuficientes, toda vez que la directora nacional de la Conama ha planteado en forma pública que el presupuesto de 6.000 millones para 1996 debía aumentarse a 12.000 millones en 1997, es decir, en ciento por ciento.

Quiero señalar a los estimados colegas que dentro del presupuesto de la Conama las transferencias a otros organismos representan 28 por ciento, la externalización 38 por ciento, quedando sólo el 33 por ciento para la Conama y las direcciones regionales. Cabe preguntarse, entonces, por qué servicios públicos y ministerios que realizan programas que les son atinentes deben recibir recursos de la Conama. Personalmente, creo que realizar un catastro del bosque nativo es una tarea propia de la Conaf y, por lo tanto, debe solventarla con sus recursos.

De esta manera permitimos que los órganos del Estado se preocupen de los temas del medio ambiente utilizando sus propios recursos, lo que libera a la Conama para que pueda llevar a cabo tareas de fiscalización e investigación. En definitiva, los temas específicos correspondientes a cada área del Estado deben efectuarse con los recursos destinados a cada organismo.

Por ello, los programas que están siendo financiados con recursos de la Conama deben ser debidamente informados, pues sobre los fondos que se otorgan a la Conaf y a los Ministerios de Salud, de Minería y de Economía no tenemos antecedentes suficientes, desconozco los programas específicos que están desarrollando, si son eficientes y si podrán desarrollarlos con sus propios recursos.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Para hablar en contra de la indicación, tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , por muy conocedores del tema que sean los parlamentarios, considero bastante discutible que a través del análisis de una de nuestras comisiones se pueda determinar la eficiencia de los estudios.

Nuestra labor de fiscalización puede circunscribirse a comprobar si efectivamente con el desarrollo de un programa se ha abordado el análisis de un tema específico; pero, en mi opinión, por la vía de una indicación de esta naturaleza se puede caer en el exceso de que nuestras comisiones empiecen a calificar técnicamente la función que podría llevar a cabo una consultora, una repartición del Estado o una institución a la que legalmente le hayamos entregado tal responsabilidad.

En consecuencia, la indicación me parece altamente discutible y creo que deberíamos rechazarla.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , una cuestión de Reglamento.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , en todo caso, creo que la indicación tiene problemas de redacción o de fondo, porque más allá de estar o no de acuerdo con ella, no correspondería informar a una comisión de la Cámara porque no tiene imperio de evaluación de la eficiencia; la comisión es de carácter legislativo. Entonces, los programas podrían enviarse a la Cámara o a la Comisión Mixta de Presupuestos, pero este texto no corresponde, y mal podríamos aprobarlo.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

El Presidente me informa que ya se aprobó una indicación similar en el paquete de indicaciones que inciden en el Ministerio de Hacienda.

Tiene la palabra el Diputado señor Navarro.

El señor NAVARRO .-

Señor Presidente , la evaluación de eficiencia se hace en conjunto con la Conama. En todas las reuniones de la comisión participan los organismos pertinentes, y en ese contexto se evalúan y conocen los programas; no es una tarea que se impondrá única y exclusivamente a la Comisión de Medio Ambiente.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente , entiendo que esto se tome un poco como que da lo mismo; pero la ley de Presupuestos no puede modificar la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional ni nuestro Reglamento. No es la vía para hacerlo, y aunque a lo mejor se haya aprobado una redacción errónea, no tenemos por qué caer en una actitud improcedente. No corresponde modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados a través de la ley de Presupuestos. Por lo tanto, pido que este texto se modifique y, en lugar de referirse a la Comisión de Medio Ambiente, se diga “Cámara de Diputados”, que es un concepto más amplio. Después se verá cómo opera la Cámara internamente.

El señor PAYA.-

Señor Presidente, cuestión de Reglamento.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor PAYA.-

Señor Presidente , si bien lo que plantea el Diputado señor Estévez pareciera ser lo más lógico, ordenado y sistemático, no hay ningún impedimento para que por una norma del Presupuesto se altere cualquiera otra ley de la República, como ha sucedido innumerables veces.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, es evidente que esta ley es de rango inferior a la orgánica, pero, además, hay un tema de fondo: el contenido de la indicación.

Creo que el Diputado señor Estévez tiene razón cuando señala que por esta vía estamos generando un procedimiento absolutamente inconveniente para la Cámara.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 2 abstenciones.

Rechazada la indicación.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló, Ceroni, Encina, García-Huidobro, Kuschel, Letelier (don Juan Pablo), Montes, Muñoz, Naranjo, Navarro, Pérez (don Aníbal), Soria, Sota, Tohá, Tuma, Valcarce, Viera-Gallo y Wörner ( doña Martita).

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Cornejo, Correa, Elgueta, Elizalde, Estévez, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jocelyn-Holt, Latorre, Leay, León, Longueira, Makluf, Masferrer, Matthei ( doña Evelyn), Morales, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma ( don Andrés), Palma (don Joaquín), Paya, Pérez (don Víctor), Reyes, Sabag, Salas, Seguel, Silva, Villegas, Villouta y Zambrano.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Alvarado y García (don José).

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Indicación del Diputado señor Navarro para incluir la siguiente glosa en la partida 22, capítulo 02, programa 01, subtítulo 31, ítem 73. Inversión Región Metropolitana de Santiago.

“Los estudios y programas desarrollados con estos recursos deberán ser enviados durante el primer semestre de 1997 a la Comisión de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados”.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Formalmente, procede conceder nuevamente la palabra por tres minutos.

Tiene la palabra el autor de la indicación, Diputado señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, se trata de otro ítem y de un tema totalmente diferente.

Se refiere a la inversión en la Región Metropolitana de Santiago, donde se asignan 238 millones de pesos para el Plan de Descontaminación de Santiago. Me parece muy importante que así se haga, dado su alto índice de polución.

Lo que quiero hacer resaltar es que, sin duda, son muchas otras las regiones que también requieren recursos para desarrollar planes de prevención ambiental antes de que se saturen como Santiago, y no me parece adecuado que se discuta un presupuesto de este organismo tan importante para el país sin destacar que, en definitiva, cuando apoyamos recursos para la Región Metropolitana hay regiones que carecen de ellos. Mi región, en especial, y otras, están solicitando desde hace mucho tiempo recursos para planes de prevención medioambiental y existe un proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que señala la necesidad de que estos programas se lleven a efecto específicamente en la comuna de Coronel, Octava Región. Considero muy importante que la Corporación esté en conocimiento de los estudios y avances de los programas de descontaminación de Santiago, a fin de que nos sirva para determinar lo que haremos en las demás regiones del país.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , en este caso, ni siquiera especifica con qué objeto deberán enviarse los estudios. Simplemente, me remito a lo que hemos dicho en la indicación anterior.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 9 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Rechazada la indicación y despachada la partida 22, correspondiente al Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló, Kuschel, Muñoz, Silva, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valcarce y Viera-Gallo.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Ceroni, Cornejo, Correa, De la Maza, Elgueta, Elizalde, Estévez, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jocelyn-Holt, Latorre, Leay, León, Longueira, Makluf, Morales, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Paya, Pérez (don Víctor), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Sabag, Salas, Seguel, Solís, Vilches, Villegas, Villouta y Zambrano.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Alvarado, Encina, García (don José), Montes, Naranjo, Pérez ( don Aníbal) y Soria.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

A continuación, el señor Secretario dará lectura a una indicación a la partida 50, Tesoro Público.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Indicación del Diputado señor Navarro para reemplazar, en el programa 03 de la partida 50, ítem 33-105 del subtítulo 25, la cantidad “348.733” por “348.732”.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

La indicación tiene por objeto rebajar la transferencia del aporte al Tribunal Constitucional.

Tiene la palabra el Diputado señor Navarro.

El señor NAVARRO .-

Señor Presidente , estimo de mucha importancia plantear de manera simbólica una reducción de los aportes al Tribunal Constitucional, pues es evidente que la continuidad de este organismo constituye un elemento extremadamente negativo para la marcha democrática del país, su existencia impide la expresión de las mayorías nacionales y compromete las decisiones de los órganos del Estado.

La composición del Tribunal, que todos conocemos, y su pretendida imparcialidad, al apoyar mociones presentadas por la Oposición, han demostrado que no es garante de la constitucionalidad; muy por el contrario, su composición, determinada por el Consejo de Seguridad Nacional, que nombra a quienes lo integran, es desequilibrante y, paradójicamente, existe una extrema debilidad en la representación del Congreso Nacional en su seno, lo que no se condice con lo que ocurre con instituciones similares en el resto del mundo.

En segundo lugar, el Tribunal Constitucional ha ejercido un control constitucional extremo sobre leyes aprobadas por el Parlamento. Existe una larga lista de normativas que lo han dejado en ridículo luego de pasar por dicho organismo, como la Ley de Juntas de Vecinos, la Ley de Pesca, el proyecto que establece la sede del Poder Legislativo en Santiago y, en especial, la ley sobre la deuda subordinada de la banca.

No me parece propio que el Tribunal Constitucional continúe actuando impunemente. En Chile existe separación de los Poderes del Estado, y aunque el Tribunal actúa como tal, no lo es. En tal sentido, creo que la señal simbólica debe ser muy clara: aquí están los que toman algunas decisiones sobre el tema del Presupuesto y éste es el Poder Legislativo y no el Tribunal Constitucional.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Para hablar a favor de la indicación, tiene la palabra el Diputado señor Paya.

El señor PAYA.-

Señor Presidente , la proposición del Diputado señor Navarro viene a zanjar un aspecto clave de la transición y nos permite acotar un tema que ha sido recurrente, cual es el relativo al Tribunal Constitucional. Creo que se trata de una rebaja significativa de los aportes a ese organismo, con lo cual podemos cerrar de una vez por todas el tema.

Por lo anterior, votaré a favor de la indicación.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER ( don Juan Pablo) .-

Señor Presidente , por su intermedio, deseo formular una pregunta al Ministro de Hacienda .

En el debate presupuestario, el Senador señor Lavandero afirmó que el Tribunal Constitucional es el único organismo del Estado que se autofija sus remuneraciones, sin ningún tipo de fiscalización ni control.

Quiero saber si eso es cierto, o que el Ministro de Hacienda nos aclare el punto, porque creo que aquí hay un problema de administración de recursos públicos. Independientemente de la crítica que uno pueda hacer a la institución, hay procedimientos administrativos que deben ser válidos para todo el Estado, y me gustaría saber si el auto acordado a que se refirió el Senador Lavandero es cierto o no. Me imagino que el director de Presupuesto o el Ministro de Hacienda nos podrán informar al respecto, para decidir cómo votamos esta indicación.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 31 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Rechazada la indicación.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aylwin (don Andrés), Ceroni, Elgueta, Encina, Letelier (don Juan Pablo), Makluf, Muñoz, Navarro, Paya, Pérez (don Aníbal), Sabag, Soria, Tuma, Villouta y Wörner ( doña Martita).

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Alvarado, Ascencio, Aylwin (doña Mariana), Cornejo, Correa, Estévez, Galilea, García (don José), Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Jara, Kuschel, Latorre, Leay, León, Longueira, Masferrer, Matthei ( doña Evelyn), Morales, Orpis, Ortiz, Pérez (don Víctor), Prokuriça, Reyes, Salas, Solís, Valcarce, Vilches, Villegas y Zambrano.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Acuña y Tohá.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Informo a la Sala que hay tres indicaciones a la partida Tesoro Público, que pretenden adecuar o ajustar sus cifras a lo aprobado en distintas partidas: de Educación, de Agricultura y de Planificación y Cooperación. Se trata de un simple ajuste.

El señor PALMA (don Andrés).-

Que se den por aprobadas, señor Presidente.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad.

Aprobadas.

En consecuencia, se da por aprobada la partida 50 y los artículos 1º y 2º del proyecto de ley de Presupuestos, facultándose a la Secretaría para hacer los ajustes pertinentes.

Con esto se da por terminado el tratamiento del proyecto de ley de Presupuestos para 1997.

Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA .-

Señor Presidente, sólo para solicitarle que el acuerdo aprobado en forma unánime en la Sala se adjunte íntegramente al informe que se remitirá al Senado, para que tome conocimiento de su aprobación y sea parte de la ley de Presupuestos para 1997.

El señor ARANCIBIA .-

Señor Diputado, esto no puede ser parte de la ley de Presupuestos, pero irá como documento anexo, según acordó la Sala en su oportunidad.

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA ( don Andrés) .-

Señor Presidente, ¿se acordó adjuntar al acta de la sesión el acuerdo a que hizo alusión el Diputado señor Longueira ? De lo contrario, sería muy importante incluirlo en su tenor literal.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Muy bien, señor diputado.

-o-

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Antes de dar la palabra al Ministro de Hacienda , solicito el asentimiento de la Sala para cambiar la hora de convocatoria de la sesión de mañana de las 10.30 a las 11, y así sucesivamente.

Acordado.

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , agradezco a la Mesa y a la Sala el despacho del proyecto de ley de Presupuestos al trámite que corresponde en el Senado, así como el apoyo y colaboración a esta iniciativa de protocolo de acuerdo, que permite confiar en la aprobación definitiva de esta ley.

Gracias, señor Presidente.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Gracias, señor Ministro.

Nosotros también agradecemos a todo el personal de la Corporación, que ha prestado una colaboración muy valiosa en este esforzado trabajo.

VALPARAISO, 21 de noviembre de 1996.

Oficio N°1.322

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del mensaje, informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"I.- CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS

Artículo 1º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 1997, según el detalle que se indica:

A.- En Moneda Nacional:

B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares:

Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y la Estimación de los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 1997, a las Partidas que se indican:

II.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 3º.- Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.000.000 miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.

Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 1997,no será considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en el inciso primero.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer, indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los diez días siguientes al de su total tramitación.

Artículo 4º.- No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones previsionales y Transferencias corrientes, incluidos en el artículo 1º de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares.

No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley Nº 1.263, de 1975 y a la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley ni a los incrementos originados en aplicación o devolución de fondos de terceros, en la incorporación de dichas devoluciones en el servicio receptor, en la asignación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de activos financieros, en ingresos propios asociados a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según corresponda.

Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1º, de los subtítulos de Inversión real, Inversión sectorial de asignación regional y Transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la partida Tesoro Público, del producto de venta de activos, de aplicación de fondos de terceros, de recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o de recuperación de anticipos.

Sólo por ley podrá autorizarse el traspaso a las diferentes partidas de la Ley de Presupuestos de aquellos recursos que, previamente, hayan sido traspasados desde ellas hacia el Tesoro Público, como también aportes a empresas del Estado, sean éstas públicas o sociedades anónimas, que no estén incluidas en esta ley. Los aportes al conjunto de empresas incluidas en esta ley podrá elevarse hasta en 10%.

Artículo 5º.- La identificación previa de los proyectos de inversión, a que se refiere el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975, correspondiente a los ítem 61 al 73 del subtítulo 30 y a los ítem 55, 61 al 74 y 79 al 98, del subtítulo 31, de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, deberá ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que llevará, además, la firma del Ministro del ramo respectivo. En la identificación de los proyectos con cargo a los ítem del subtítulo 30, no será necesario determinar la cantidad destinada a cada proyecto.

No obstante lo anterior, la identificación de los proyectos de inversión correspondientes a los presupuestos de los Gobiernos Regionales aprobados por la administración regional respectiva, se hará mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, visada por la Dirección de Presupuestos, para los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 72 y 74 de la ley Nº 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional. Estas resoluciones se entenderán de ejecución inmediata sin perjuicio de la remisión de los originales a la Contraloría General de la República para su toma de razón y control posterior. Con todo, los proyectos de inversión cuyo costo total por cada proyecto no sea superior a veinticinco millones de pesos, serán identificados mediante resolución del Intendente Regional respectivo. El monto total de estos proyectos no podrá exceder de la cantidad que represente el 6% del presupuesto de inversión de la respectiva región.

La identificación en la forma dispuesta precedentemente se aplicará respecto de los fondos aprobados para los ítem 53 "Estudios para Inversiones". En estas identificaciones no será necesario consignar la cantidad destinada al estudio correspondiente.

Ningún órgano ni servicio público podrá celebrar contratos que comprometan la inversión de recursos de los ítem antes indicados, efectuar la inversión de tales recursos o de otros asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes haberse efectuado la identificación a que se refiere este artículo.

Artículo 6º.- Autorízase para efectuar desde la fecha de publicación de esta ley los llamados a propuestas públicas, de estudios y proyectos de inversión a realizar en 1997, que se encuentren incluidos en decretos o resoluciones de identificación, según corresponda, en trámite en la Contraloría General de la República. Asimismo, dichos llamados relativos a estudios y proyectos de inversión, incluidos en decretos de identificación o de modificaciones presupuestarias que se dicten durante 1997, podrán efectuarse desde que el documento respectivo ingrese a trámite en la Contraloría General de la República.

Artículo 7º.- En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los ítem 32, 33 y 87 de este presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que deberá dar a los recursos la institución receptora; las condiciones o modalidades del reintegro de éstos a que quedará afecta dicha entidad y la información sobre su aplicación que deberá remitir al organismo que se señale en el respectivo decreto.

Artículo 8º.- Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la presente ley la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan.

No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autorización previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido y alcance en la legislación que les sea aplicable. Se excluyen las donaciones, en especie o dinero, en situaciones de emergencia o calamidad pública, o cuyo valor o monto no exceda de la cantidad que fije el Ministerio de Hacienda sin perjuicio de su comunicación posterior.

El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaria directamente o a través de la Partida Tesoro Público, conforme a las instrucciones que imparta el Ministro de Hacienda. Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a que se encuentre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones.

Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios de cooperación o asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios públicos mencionados en el inciso primero se entenderán facultados para pagar los impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, establecidos en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respectivo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del personal que la fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a su propia costa, para desarrollar actividades en cumplimiento del respectivo programa, la facultad referida se limitará al pago del impuesto sobre la renta que grave su salario o retribución.

Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, podrán ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora correspondiente, reembolso al organismo o ente internacional donante, o bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, según el impuesto, contribución, derecho o gravamen de que se trate, conforme a la reglamentación contenida en el decreto supremo Nº 209, de 1993, del Ministerio de Hacienda.

Artículo 9º.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición o construcción de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y en los de inversión regional de los Gobiernos Regionales en lo que respecta a viviendas para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales.

Artículo 10.- Los órganos y servicios públicos, incluidos en esta ley, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición o arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y sus elementos complementarios cuyo precio o renta exceda de las cantidades que se determinen por dicha Secretaría de Estado.

Igual autorización requerirá la contratación de servicios de procesamiento de datos, ya sea independiente o formando parte de un convenio de prestación de servicios que los incluya y la prórroga o modificación de éstos, cuando irrogue un gasto cuyo monto supere el que fije el referido Ministerio.

Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, sancionados en años anteriores por el Ministerio de Hacienda, que mantengan lo originalmente pactado, no necesitarán renovar su aprobación.

Las autorizaciones a que se refiere este artículo no serán exigibles respecto de los equipos que formen parte o sean componentes de un proyecto de inversión o de estudios para inversión, identificado conforme a lo que dispone el artículo 5º de la presente ley.

Los órganos y servicios públicos podrán efectuar directamente, mediante propuesta pública, la adquisición, arrendamiento y contratación de servicios a que se refiere este artículo. Si los pagos que corresponda efectuar por estos conceptos no exceden el equivalente en moneda nacional a 1.150 unidades tributarias mensuales, podrán hacerlo también directamente, mediante propuesta privada, con la participación de a lo menos tres proponentes.

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente por el decreto ley Nº 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra del bien arrendado y para pactar en las compras que efectúen el pago de todo o parte del precio en un plazo que exceda del ejercicio presupuestario.

Artículo 12.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga.

Igual autorización requerirán los órganos y servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos.

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo 13 de esta ley, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo de Hacienda.

Artículo 13.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula "Por orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.

En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.

Artículo 14.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9º del decreto ley Nº 1.263, de 1975, las dotaciones máximas de personal fijadas en la presente ley incluyen al personal de planta, a contrata, contratado a honorarios asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta calidad.

Artículo 15.- Durante el año 1997, sólo podrá reponerse el 50% de las vacantes que se produzcan en los servicios que tengan fijada dotación máxima en esta ley, por el cese de funciones de su personal por cualquier causa que le dé derecho a la obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en el régimen previsional, a que se encuentre afiliado.

Esta norma no se aplicará respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de exclusiva confianza y en las plantas de directivos.

El documento que disponga la reposición deberá contener la identificación de los decretos o resoluciones de cesación de servicios en que se fundamenta.

Sin perjuicio de lo anterior, los cargos o empleos que hayan quedado vacantes durante 1996 por aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la ley Nº 19.430, no podrán ser provistos durante 1997 y la dotación máxima fijada en esta ley al respectivo Servicio, se reducirá en un número equivalente al de dichos cargos o empleos.

Las nuevas dotaciones máximas de los servicios para 1997, que resulten de la aplicación de lo dispuesto en el inciso precedente, constarán en uno o más decretos del Ministerio de Hacienda que se dictarán en el primer trimestre del referido año.

Artículo 16.- El número de horas extraordinarias-año afectas a pago, fijado en los presupuestos de cada servicio público, constituye el máximo que regirá para el servicio respectivo. No quedan incluidas en dicho número las horas ordinarias que se cumplan en días sábado, domingo y festivos o en horario nocturno, pero el recargo que corresponda a éstas se incluye en los recursos que se señalan para el pago de horas extraordinarias.

Sólo previa autorización del Ministerio de Hacienda, los Jefes de servicios podrán disponer la realización de trabajos extraordinarios pagados, por un número de horas que exceda del consultado en el presupuesto respectivo.

Artículo 17.- Sustitúyese, en el artículo 6º transitorio de la ley Nº 18.834, modificado por el artículo 17 de la ley Nº 19.430, la referencia "1º de enero de 1997" por "1º de enero de 1998".

Artículo 18.- Suspéndese, durante el año 1997, la aplicación de la letra d) del artículo 81 de la ley Nº 18.834, respecto de la compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en cargos a contrata en el mismo servicio. Esta suspensión no regirá respecto de la renovación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el año 1996.

Artículo 19.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley Nº 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 1997 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 a 1996 se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:

65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión;

10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y

25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación.

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente, ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 17.174, en el decreto ley Nº 2.569, de 1979 y en la ley Nº 19.229.

Artículo 20.- Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.

Artículo 21.- Todas las organizaciones no gubernamentales que reciban ingresos contemplados en esta ley deberán indicar el uso o destino de dichos fondos, los cuales quedarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Dicho organismo, en uso de sus facultades, impartirá las instrucciones necesarias que fijen los procedimientos relativos a la rendición de cuentas de estos fondos.

Los órganos y servicios públicos a través de cuyos presupuestos se efectúen transferencias a corporaciones y fundaciones identificadas expresamente en el ítem o asignación respectivo, de acuerdo a convenios, deberán requerir el balance del ejercicio de las referidas entidades; un informe de la ejecución de las actividades o programas acordadas, la nómina de sus directorios, así como las de sus ejecutivos superiores. Copia de los antecedentes antes señalados serán remitidas por las respectivas instituciones públicas a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro del primer trimestre siguiente al término de la anualidad, sin perjuicio de la publicación, por parte de la entidad receptora de los recursos, de un resumen de su balance en un diario de circulación nacional.

Artículo 22.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, información relativa a la ejecución trimestral del ingreso y del gasto contenido en el artículo 1º de esta ley, al nivel de la clasificación dispuesta en dicho artículo.

Asimismo, proporcionará a las referidas Comisiones, información de la ejecución semestral del presupuesto de ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas. Mensualmente, la aludida Dirección elaborará una nómina de los decretos que dispongan transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos Comprometidos de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el período, la que remitirá a dichas Comisiones dentro de los 15 días siguientes al término del mes respectivo.

La Dirección de Presupuestos proporcionará copia de los balances y estados financieros semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile y de todas aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas establecidas para las sociedades anónimas abiertas.

La información a que se refieren los incisos precedentes, se remitirá dentro de un plazo de sesenta días contados desde el vencimiento del trimestre o semestre respectivo.

Artículo 23.- Autorízase al Presidente de la República para suscribir, en representación del Gobierno de Chile, 1.851 acciones del capital pagadero en efectivo y 84.538 acciones del capital exigible, del Banco Interamericano de Desarrollo, de acuerdo con los términos y condiciones que se establecen en la resolución Nº AG 6/94 de dicho Banco.

Asimismo, se faculta al Presidente de la República, para suscribir en el mismo carácter, un aumento de hasta US$ 3.763.000 (Tres millones setecientos sesenta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América) en el Fondo para Operaciones Especiales del Banco Interamericano de Desarrollo.

El Presidente de la República podrá delegar en el Ministro de Hacienda y Gobernador por Chile ante el mencionado Banco, la atribución para suscribir a que hacen referencia los dos incisos precedentes.

Artículo 24.- Los programas sociales, de fomento productivo y de desarrollo institucional incluidos en este presupuesto para los órganos y servicios públicos, podrán ser objeto de una evaluación de sus resultados, la que constituirá un antecedente en la asignación de recursos para su financiamiento futuro.

Las evaluaciones deberán ser efectuadas por un grupo de expertos que será integrado por a lo menos dos miembros externos, seleccionados por sus competencias en las áreas comprendidas por el respectivo programa y cuyo número constituirá, como mínimo, la mitad de sus integrantes. Con todo, no podrán formar parte del grupo correspondiente, funcionarios del Servicio que ejecuta el programa a evaluar.

Las instituciones cuyos programas sean objeto de evalución, deberán proporcionar al grupo a que se refiere el inciso precedente que corresponda, toda la información y antecedentes que éste les requiera, incluidos aquellos estudios específicos y complementarios que sea necesario efectuar.

Mediante uno o más decretos del Ministerio de Hacienda, se determinarán los programas a evaluar durante 1997; los procedimientos y marcos de referencia que se aplicarán al respecto y las entidades participantes en su ejecución. El referido Ministerio comunicará, previamente y dentro del primer bimestre de dicho año, a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, la nómina de los programas que se evaluarán.

La Dirección de Presupuestos remitirá a las aludidas Comisiones copia de los informes correspondientes, a más tardar en el mes de agosto de la referida anualidad.

Artículo 25.- Los órganos y servicios públicos regidos por el Título II de la Ley Nº 18.575, tendrán la obligación de proporcionar información acerca de sus objetivos, metas y resultados de su gestión.

Para estos efectos, en 1997 deberán confeccionar y difundir un informe que incluya un balance de su ejecución presupuestaria y una cuenta de los resultados de su gestión operativa y económica del año precedente, con el cumplimiento de objetivos, tareas y metas a que se hubieren obligado o que se les fijaron. Dicho informe será publicado a más tardar el 30 de abril del referido año, debiendo remitirse ejemplares de él a ambas ramas del Congreso Nacional.

Mediante decreto supremo, expedido a través del Ministerio de Hacienda, el que deberá ser suscrito además por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, se establecerá el formulario y las normas de carácter general a que se sujetarán la confección, presentación, edición y difusión del referido informe, como, asimismo, toda otra disposición que sea necesaria para la adecuada aplicación del presente artículo.

Artículo 26.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 5º de esta ley.

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley Nº 3.001, de 1979, y la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9º de la ley Nº 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda.

La determinación y fijación de cantidades y montos a que se refieren los artículos 8º y 10 de esta ley, se efectuarán por oficio del Ministro de Hacienda.

Artículo 27.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1º de enero de 1997, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refieren los artículos 3º y 5º y las resoluciones indicadas en dicho artículo 5º.".

Me permito hacer presente a V.E. que el artículo 3º, fue aprobado en general, con el voto favorable de 90 señores Diputados; en tanto que, en particular con el voto a favor de 86 señores Diputados, en ambos casos de 118 en ejercicio.

Asimismo, la Glosa 01 de la Partida 07 Capítulo 06, Programa 03, Subtítulo 08, ítem 86 "Colocación de Valores- emitidos a Largo Plazo", fue aprobada en general por 90 señores Diputados; en tanto que, en particular con el voto conforme de 86 señores Diputados, de un total de 118 en ejercicio, dándose cumplimiento, en todos los casos, a lo establecido en el inciso tercero del artículo 63 de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.

GUTENBERG MARTINEZ OCAMICA

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario de la Cámara de Diputados

PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 1997

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación para el año 1997, que se encuentra en segundo trámite constitucional y cuenta con informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. (Véase en los Anexos, documento 5).

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

Se da cuenta del ingreso del mensaje del Ejecutivo, sesión 1ª, en 1 de octubre de 1996.

En segundo trámite, sesión 11ª, en 21 de noviembre de 1996.

Informe de Comisión:

Especial Mixta de Presupuestos, sesión 11ª, en 21 de noviembre de 1996.

El señor DÍEZ (Presidente).-

En discusión general el proyecto.

Ofrezco la palabra.

La Mesa reitera que el proyecto está en discusión general.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

El señor RÍOS.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Está cerrado el debate, señor Senador. Ofrecí la palabra cuatro veces.

El señor RÍOS.-

¡Pero la cuarta vez le pedí...!

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Solicito el acuerdo de la Sala para concederle la palabra al Senador señor Ríos.

El señor HAMILTON.-

No.

El señor LAVANDERO.-

¿Me permite, señor Presidente?

Creo que no corresponde debatir en general el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación. Tal como lo establecen la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, él no puede ser rechazado en general. Desde luego, no es factible rechazar los gastos corrientes, ni los gastos creados por leyes permanentes, salvo los gastos variables. De manera que la única posibilidad de inmiscuirse en estas materias es a través de la discusión particular, no de la general.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Señor Senador , el artículo 211 del Reglamento del Senado alude a la "discusión general del proyecto".

En consecuencia, reglamentariamente la iniciativa está en discusión general. Otra cosa es qué sucede una vez que ella termine.

El señor HAMILTON.-

Pero Su Señoría había declarado cerrado el debate...

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Si un señor Senador no estuvo atento a lo expresado por la Mesa, por tratarse del inicio de la sesión, no me parece una buena práctica del Senado privar a alguien de participar en la discusión de un proyecto tan importante como el de la Ley de Presupuestos.

Solicito al Honorable señor Hamilton reconsiderar su actitud.

El señor PIÑERA.-

Pido la palabra.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , la verdad es que tendremos que compatibilizar dos cosas. Una es el estrecho y escaso plazo que resta para culminar la tramitación del presupuesto nacional. Estoy cierto de que todos los señores Senadores harán lo posible para que el proyecto de Ley de Presupuestos se despache en la forma normal establecida por la Constitución. La segunda es velar por dicha normativa desarrollando un debate serio y profundo acerca de ella. Ésta es la primera sesión en que la trata el Senado.

En el acuerdo político que se firmó ayer, se consigna que la Ley de Presupuestos de la Nación es la más importante en la Administración Financiera del Estado. Por eso estamos analizando hoy este proyecto, en circunstancias de que la Cámara de Diputados terminó de despacharlo a altas horas de anoche.

Ha sido costumbre del Senado debatirlo en general, aunque no votarlo en general.

Con el fin de poder formular las indicaciones pertinentes, solicito, en primer lugar, que se nos señale si el informe evacuado por la Cámara de Diputados está disponible.

En segundo término, pido que se fije un tiempo muy razonable para analizar ese informe. De otro modo no será posible presentar indicaciones, dado que éstas deben hacerse al informe de la otra rama legislativa, no al de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

A continuación, insto a los Honorables colegas a hacer un esfuerzo para despachar el presupuesto dentro del plazo constitucional; pero, al mismo tiempo, permitir una mínima oportunidad para que el Senado pueda hacer y debatir sus propuestas.

Cabe recordar que, en conformidad al Reglamento, podríamos pedir 24 horas para ese despacho. Estamos conscientes...

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Estando vencidos todos los plazos legales, no rige ninguna disposición reglamentaria que implique dejar sin efecto la sesión.

La Mesa tiene que cumplir con la ley.

Sin embargo, como concuerdo con Su Señoría, solicito el asentimiento unánime de la Sala para suspender la sesión por media hora, con el objeto de poder analizar el texto de la Cámara de Diputados.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente, quiero formular una propuesta concreta.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , todos estamos conscientes del problema que enfrentamos: contamos con un plazo estrechísimo para despachar el proyecto. Pero, al mismo tiempo, debemos tener mínimas oportunidades en el Senado para poder debatir y hacer alguna propuesta sobre la materia.

En consecuencia, solicito una hora para analizar la normativa despachada por la Cámara de Diputados, que en este minuto ningún Senador conoce.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú y, a continuación, el Senador señor Lavandero.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , iba a plantear lo mismo que propuso el Senador señor Piñera, porque, incluso, no bajé a la Sala al momento en que se abrió la sesión, ya que, para saber qué indicaciones se habían aprobado, consulté antes si había llegado el oficio de la Cámara de Diputados, y se me indicó que no.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Señora Senadora, lamento que haya sido así, pero el Reglamento me ordena abrir la sesión a la hora que señala la citación correspondiente.

Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente , comparto el criterio de la Presidencia del Senado en el sentido de que, estando todos los plazos vencidos en el caso específico de este proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para 1997, no rige la excepcionalidad de contar con un informe con 24 horas de anticipación a su debate en la Sala.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Ni tampoco puede solicitarse segunda discusión, señor Senador.

El señor LAVANDERO.-

De tal manera que --repito--, estando vencidos los plazos constitucionales, el proyecto debe ser despachado sin más trámite.

En segundo lugar, se pidió una hora para tener la posibilidad de realizar una mínima discusión. No me parecen aceptables esos términos. Que quede constancia de que no ha habido plazo. Hemos tenido 60 días para discutir el proyecto. Algo distinto es que algunos Senadores no hayan querido sesionar en su momento; que hayan querido tomarse un plazo extra; que hayan hecho otras cosas; que hayan querido ver el partido de fútbol, asistir a la Cumbre o realizar otras cosas que les impedían disponer del tiempo necesario para asistir a las sesiones en que se discutió esta materia.

La Constitución Política de 1980 rebajó en 30 días el plazo para tratar el proyecto de Ley de Presupuestos, en circunstancias de que la Carta del 25 consideraba un mes más para ello. De manera que se trata de una imposición constitucional.

No tendría inconveniente para acceder a lo solicitado por Su Señoría, siempre que después nos concretemos a presentar indicaciones hasta el momento de entrar a discutir las Partidas, para no reabrir eternamente debates, haciendo imposible un conocimiento preciso de lo que se propone.

En tercer lugar, sugiero que se adopte el mismo criterio realista seguido por la Cámara de Diputados en el sentido de que el Senador que presenta una indicación disponga de cinco minutos para fundar su proposición, pudiendo ser impugnada por otro Senador, y después proceder a votarla. Éste es un sistema realista. No sacamos nada de otra forma. Las indicaciones son conocidas por casi todos; se discutieron en la Comisión Especial mixta de Presupuestos; conocemos hasta la saciedad incluso las presentadas por el Senador señor Piñera el año pasado, y que ahora volverá a plantear.

Por eso, antes de dar la unanimidad para suspender la sesión, exijo que se adopte un criterio realista para el tratamiento del proyecto que nos ocupa. No es posible que durante 9 ó 10 horas intervengan 20 Senadores y, al final, no se rechaza ni una coma.

El señor DÍEZ (Presidente).-

Señor Senador, hay varios problemas pendientes.

La fórmula que la Mesa adoptará respecto de las indicaciones se dará a conocer una vez que se presenten y se sepa su número y su naturaleza.

Solicito el acuerdo de la Sala para suspender la sesión por una hora.

El señor LAVANDERO.-

En esas condiciones, no lo doy, señor Presidente.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , quiero hacer una proposición como Comité.

El señor DÍEZ (Presidente).-

Pido el acuerdo de la Sala para suspender la sesión por una hora.

El señor LAVANDERO.-

No doy acuerdo para ello, señor Presidente.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Entonces la Mesa, ejerciendo la facultad que le otorga el Reglamento, suspenderá la sesión por 20 minutos,...

El señor LAVANDERO.-

Puede suspenderla sólo por un cuarto de hora, no por una hora, señor Presidente .

El señor DÍEZ ( Presidente ).-...vencido los cuales volverá a suspenderla por otros 20 minutos.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente , no está autorizado para suspender la sesión por una hora. El Reglamento no le otorga esa facultad; puede hacerlo sólo por un cuarto de hora.

El señor DÍEZ (Presidente).-

En uso de las facultades que me confiere el Reglamento, suspendo la sesión por 20 minutos.

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--Se suspendió a las 10:30.

--Se reanudó a las 11:3.

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El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Continúa la sesión.

Hago presente a la Sala que, por acuerdo de los Comités, debo suspenderla nuevamente, esta vez hasta las 11:15.

Se suspende la sesión.

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--Se suspendió a las 11:3.

--Se reanudó a las 11:17.

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El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Continúa la sesión.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor LAGOS (Prosecretario).-

Los Comités resolvieron lo siguiente:

1.- Iniciar la discusión general del proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación para 1997, a las 11:15, y terminarla a las 13:45.

2.- Fijar plazo para presentar indicaciones hasta las 14:45.

3.- Iniciar la discusión particular a las 14:45.

4.- Cerrar el debate y votar en particular aquellas proposiciones que no se hayan votado, desde las 17:00 horas hasta despachar totalmente el proyecto.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, se aprobarían los acuerdos de los Comités.

Aprobado.

Se deja constancia de que, respecto de las indicaciones que no se hayan discutido y votado antes de las 17 horas, los señores Senadores tendrán siempre derecho a fundamentar su voto, con el objeto de que puedan ser explicadas.

De acuerdo con lo resuelto por los Comités, y en conformidad al Reglamento, se somete a discusión general el proyecto de Ley de Presupuestos.

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , en esta ocasión no pretendo de manera alguna replicar los temas a que hice alusión ante el Honorable Congreso Nacional con motivo de la exposición sobre el estado de la Hacienda Pública en octubre recién pasado, ni tampoco repetir o complementar en forma específica el informe detallado que rindió el señor Director de Presupuestos , acerca de los puntos esenciales de los aspectos macroeconómicos que imbuyen al proyecto de Ley de Presupuestos del sector público.

En esta oportunidad, y en aras de dejar todo el tiempo que los señores Parlamentarios estimen necesario para el debate, quiero centrar...

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

¿Me permite, señor Ministro ?

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Sí, señor Presidente .

El señor DÍEZ (Presidente).-

Solicito la anuencia de la Sala para que ingresen los señores Director y Subdirector de Presupuestos.

Si no hay objeción, así se acordará.

Acordado.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , como decía, quiero centrar esta exposición en cinco puntos, para luego describir resumidamente el protocolo de acuerdo a que se llegó en las negociaciones celebradas en la Cámara de Diputados antes de la discusión de Sala.

En primer lugar, me gustaría hacer una síntesis de la visión macroeconómica que compete al proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación para 1997; en seguida, destacar las prioridades especiales de la iniciativa; luego, evaluar los efectos de equidad que contiene el programa de presupuesto fiscal, y finalmente, efectuar algunas reflexiones importantes sobre la institucionalidad fiscal y la normativa que nos rige en cuanto a la operación y ejecución del Presupuesto de la Nación.

Hemos afirmado que el proyecto de Ley de Presupuestos, por sexto año consecutivo, contribuye a los equilibrios macroeconómicos básicos, a los avances en la estabilidad del país y, particularmente, a la buena marcha del crecimiento y de los programas de estabilización en curso.

Pensamos que lograr un crecimiento que se sitúe entre un 5 y un 6 por ciento y una inflación en torno a un 5,5 por ciento, como metas para el próximo año, desde los guarismos de tendencia vigentes casi al finalizar 1996, es perfectamente congruente y factible con el ordenamiento fiscal en curso y con sus proyecciones para 1997.

En varias oportunidades, hemos sostenido, y los hechos nos han ido dando la razón, que el presupuesto público debe ser una herramienta orientada a una visión de mediano y largo plazo y no a una de carácter coyunturalista, transitoria de los escenarios que van cambiando de acuerdo con el ciclo económico.

En ese sentido, creo que el presupuesto fiscal de Chile --tanto el actual como el próximo-- ha estado enmarcado siempre por una contribución moderadora a los efectos del ciclo macroeconómico.

Me explico. Es habitual en las economías modernas, y esto ha sucedido por décadas y décadas, que hayan ciclos de expansión o de crecimiento acelerado, acordes con el entorno internacional y las fuerzas domésticas, y luego, ciclos de ajuste, de moderación, e incluso, de recesión, como los ha habido en nuestra historia y existen en este momento en varios países de la Región.

Pues bien, aquí hay dos fuerzas en curso. Una, la evolución del gasto privado y de las finanzas privadas, que representa aproximadamente el 80 por ciento de la evolución de nuestras cuentas macroeconómicas, y otra, lo que le ocurre al sector público consolidado, que representa aproximadamente un 20 por ciento del total de los indicadores macroeconómicos.

En 1995, entre otros, el ciclo del movimiento fiscal fue moderador y más bien contribuidor, en términos relativos, hacia fuerzas más contractivas que expansivas, a diferencia de lo que sucedía con el sector privado, en ebullición de expansión de consumo e inversión.

En 1996, hemos estado coordinando y aplicando un proceso de ajuste para moderar el gasto, particularmente el consumo, sin sacrificar los índices de inversión. Al respecto, el Presupuesto ha contribuido de dos maneras. Primero, moderando el gasto total para ayudar a acelerar la marcha del ajuste y no prolongarlo innecesariamente en el tiempo, es decir, ser moderador. Y, segundo, por la vía de su contribución especial a la inversión, en particular al capital físico en regiones y sectores, con el objeto de dar una plataforma de desarrollo de largo plazo más alta al país a futuro.

Pues bien, el Presupuesto en debate persevera en lo mismo. Yo podría citar aquí numerosos indicadores estimativos de lo que se llama "presión fiscal", de lo que se denomina "impacto del presupuesto público", en sus dos lados. En mi opinión, ellos han sido debatidos hasta la saciedad en las Subcomisiones pertinentes, y creo que el Poder Ejecutivo ha salido muy bien parado, en términos de la solidez de las cifras y del escenario de proyección.

Sin ir más lejos, las estimaciones que hizo, por ejemplo, el sector empresarial en el gran encuentro que sostuvo hace una semana la ENADE, precisamente, en aras del crecimiento y de las perspectivas para 1997, coincidían más o menos con las que el propio Gobierno realizó hace dos meses cuando presentó el Presupuesto.

A nuestro juicio, el tema de moderación, austeridad y contribución a la inversión, así como un aporte adecuado al ciclo económico, es una de las ventajas-país que no podemos arriesgar.

En segundo lugar, el Presupuesto en análisis persevera, con énfasis de continuidad, en las prioridades económico-sociales internacionales que tiene el actual Gobierno. Si los señores Senadores examinan las partidas, las proyecciones de gastos y los puntos en los cuales se ha puesto énfasis, comprobarán que nuevamente hay una priorización muy especialísima del área de la educación. Ella constituye primera prioridad nacional, criterio que, a nuestro juicio, comparten los distintos sectores. Nuevamente, hay un énfasis en programas exitosos en Vivienda, con algunas adiciones de programas nuevos. Nuevamente hay una expansión de la inversión regionalizada, y, una vez más, hay novedades importantes en lo referente a los distintos ámbitos de la capacitación.

En esta oportunidad, llamo particularmente la atención a un problema estructural. El Gobierno está poniendo especial relieve en lo concerniente al desempleo de los estratos más jóvenes y a programas de capacitación especialmente orientados hacia ellos.

Por lo tanto, con relación a las prioridades que anunció --y que ha reiterado-- el Presidente de la República en su Mensaje del 21 de mayo al Congreso, este Presupuesto se inscribe en la misma tradición, en la de seguir fomentando y acelerando la marcha de las prioridades.

El Presupuesto en debate refleja también seriedad y perseverancia en el papel del Estado respecto de la distribución del ingreso y de la igualdad de oportunidades. Sabemos que hoy día el ingreso per cápita del país ya supera los cinco mil dólares en términos nominales, y en algunas mediciones que se han hecho en poder adquisitivo real constante, éste podría estimarse en una cifra cercana a los siete mil dólares anuales per cápita.

Sabemos que ya llevamos doce años de crecimiento acelerado; que el desempleo está acotado; que la inflación va a la baja. Es decir, hay resultados macroeconómicos exitosísimos. Pero también debemos reconocer que en el ámbito de la distribución relativa de los ingresos --no absoluta--, el país tiene muchísimo que avanzar. En ese sentido, poseemos una estructura de país atrasado y pobre, superpuesta con esfuerzo de modernidad, de progreso y desarrollo en muchos sectores. Hay una dualidad-país.

En tal circunstancia, la acción del Estado -- particularmente, a través del Presupuesto, que es el instrumento clásico estatal-- ha centrado sus esfuerzos, en primer lugar, en lograr que un numeroso contingente de la población pueda superar la pobreza. Y, en segundo término, ha estado dirigida a impedir que la distribución relativa de los ingresos empeore, como tendió a ocurrir fuertemente en los años 70 y 80. Es decir, estamos, como mínimo, cumpliendo una labor importante en los estándares absolutos de vida de una buena parte de la población situada en los ingresos más bajos, pero perseverando, a su vez, en términos de llevar adelante programas y acciones que mejoren la distribución relativa de los ingresos. Sobre el particular, me gustaría hacer una pequeña aclaración.

Se ha mencionado en el debate --lo escuchamos, en parte, ayer noche en la Cámara-- y también en algunos medios de prensa, una supuesta descoordinación general en el tema de focalización del gasto público, en el efecto distributivo de dicho gasto público. Y me gustaría ser muy claro y preciso al respecto. Quienes han esgrimido cifras de incidencia del gasto social, ordenadas por quintiles, lo han hecho echando mano a estudios que ya tienen más de nueve años de antigüedad. Es decir, nada o poco tienen que ver con la realidad actual. Y me voy a permitir afirmar dos cosas en este sentido.

Primero, en términos rigurosos, a todos nos hace falta contar --el Gobierno adoptará las acciones del caso--con un estudio de gran cobertura y sumamente completo respecto de la incidencia del gasto social, a saciedad. Lo vamos a hacer, y ya lo estamos diseñando. Pero, y en segundo lugar, si usamos los indicadores más recientes --que haré distribuir entre los señores Senadores--, como lo son los datos obtenidos aprovechando la encuesta CASEN del año 1994, y el efecto en los ingresos de las personas y hogares, con ese estimador, veremos que los datos de focalización y distribución del ingreso son muy distintos a los que se han venido insinuando.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente , ¿por qué no solicita a la Sala guardar más silencio, porque no alcanzamos a escuchar bien las palabras del señor Ministro?

El señor HORMAZÁBAL .-

Parece que el lado derecho no quiere oír, pero yo tengo interés en hacerlo.

El señor HAMILTON.-

Es increíble que se haya peleado tanto por tener esta discusión y que ahora no podamos escucharla.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Ruego a los señores Senadores mantener la calma. La Mesa se preocupará del orden en la Sala.

Puede continuar, señor Ministro .

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

En resumen, señor Presidente , deseaba pedir su anuencia para distribuir entre los señores Senadores el resultado de un estudio parcial del año 1994, que refleja una realidad muy distinta de la que se ha venido publicitando sobre los efectos distributivos del gasto social.

Estamos perseverando nuevamente en tal sentido, a nivel del gasto social central, regional, productivo, educacional, de salud y de vivienda. Tenemos una serie de iniciativas que sería largo detallar, en las que, a través del Estado prudente, moderador, pero, a su vez, activo, se va imbricando en la estructura del país --productiva, de capital y física-- una realidad intangible y física muy distinta de la que existía en el pasado. Tenemos aquí una contribución de la productividad del Estado a la productividad privada, y viceversa, y creemos que ambas fuerzas son aquí complementarias y no rivales.

Ésa es la visión que ha animado al actual Gobierno.

Finalmente, nos preocupan algunos diagnósticos que se han venido haciendo sobre la institucionalidad fiscal, sobre el manejo de las finanzas públicas y sobre la división de roles entre los Poderes Ejecutivo , Legislativo y Judicial, y los entes fiscalizadores. Y aquí deseo hacer, al respecto, un especial llamado.

En primer lugar, la institucionalidad de las finanzas públicas chilenas no ha sido improvisada de la noche a la mañana. A veces se hace una caricatura en cuanto a que los presupuestos se diseñan de la noche a la mañana; que se realizan pocos estudios; que no hay tradición de finanzas públicas; que los analistas no saben lo que hacen, y que las discusiones son mínimas. Creo que eso es realmente un insulto y una caricatura que afecta a gente muy digna del sector público en general, que ha venido trabajando por décadas en perfeccionar nuestro instrumental fiscal y del Estado central.

Consideramos que en esas afirmaciones hay numerosas falacias, sembradas por distintas visiones, muy respetables, pero provenientes a veces de grupos de intereses que me es preciso enunciar frente a esta materia.

En segundo término, en este aspecto estamos regidos, en general, por una Constitución muy precisa en lo relativo a las atribuciones del Poder Ejecutivo , y por una normativa cuyo análisis detallado nos demandaría mucho tiempo, pero donde se destacan el decreto ley N° 1.263, de 1975, y los reglamentos y complementos legales pertinentes. Este decreto, entre otras materias, otorga potestades y atribuciones muy exactas al Poder Ejecutivo . Personalmente, como Ministro de Hacienda --y creo que esto lo avalan numerosos ex Ministros de esta Cartera , a la luz de sus experiencias--, considero que constituye un activo muy valioso para el país. Y lo quiero precisar aquí y llamar la atención de ciertos personeros de la Oposición, --ellos han estado levantando banderas legítimas en esta materia, pero mal calculadas, a mi juicio, en su efecto final; lo digo con respeto-- en el sentido de que no vayamos, por la vía de la fragmentación, de la parcialización de enmiendas por aquí y por allá, sin una visión integral, unitaria, y que respete esta tradición de finanzas públicas imperante en el país, evolucionando hacia un híbrido que, en definitiva, confunda los roles y traspase los ámbitos de acción en forma muy riesgosa.

Quiero denunciar aquí que eso fue exactamente lo que ocurrió en los años 60 y 70 en este país respecto del manejo de la política fiscal. Y formulo un llamado para que no sigamos por ese derrotero aventurero que, sin tener una visión clara, integradora y adecuada, incluso científica, diría yo, de lo que es el instrumental fiscal, se pretenda, con juegos de abalorios, llevarnos a una situación mixta que nadie quiere.

El Estado de Chile está administrado en la parte operativa por el Poder Ejecutivo . El Presidente de la República , los Ministros de Estado, los Subsecretarios y Jefes de Servicios son quienes deben responder ante la Cámara como ente fiscalizador. Aquí no podemos caer en confusión de roles, en cogobierno, en donde los Ministros se sienten con los Parlamentarios en sus despachos para analizar qué rige, qué no rige y cuáles son las iniciativas de gastos. Esa experiencia la hemos visto en otros países, y conducen al desastre.

En Chile tenemos un régimen presidencialista, y hay atribuciones muy claras respecto de todas las ramas de los Poderes del Estado. Quiero hacer un llamado muy preciso para que cautelemos esta institucionalidad y no la arriesguemos por pasiones de uno u otro lado. En ese sentido se inscribe, mirando el norte del país y su desarrollo de largo plazo, el espíritu de los acuerdos alcanzados ayer con algunos sectores de la Cámara de Diputados y del Senado.

Todos los esfuerzos que se hagan por seguir mejorando y avanzando --que es la palabra precisa: avanzando-- en materia de evaluación de programas, versus incidencia efectiva; de mejor focalización del gasto, aunque ya lo esté en varias Partidas; de transparencia; de mejorar la información para una adecuada fiscalización, y también en cuanto a aceptar algunos resguardos a las flexibilidades presupuestarias existentes para un mejor manejo de la operatoria misma del Presupuesto Público en sus distintas Partidas, han sido bienvenidos por el Gobierno, por el Poder Ejecutivo , por los sectores de la Concertación y por algunos sectores de la Oposición que vale la pena destacar.

Hemos suscrito, en definitiva, después de casi 60 horas de trabajo, en distintas instancias, un protocolo de acuerdo que ayuda a agilizar el tratamiento y despacho del proyecto de Ley de Presupuestos para 1997. Y, a su vez, por la vía de indicaciones y protocolos de acuerdo, se establecen numerosas novedades y avances en términos de los aspectos que estoy mencionando. Y ello se hace en buen sentido, en un sentido contributivo.

En primer lugar, quiero destacar, por una obligación personal, la labor muy especialísima que desarrolló el Presidente del Senado , Honorable señor Sergio Díez --aquí presente--, quien nos ayudó a establecer una mesa de diálogo y aunar posiciones y esfuerzos para lograr ese protocolo de acuerdo. Creo que, en este aspecto, el Ministro de Hacienda que habla, el Gobierno, el Senado y la Cámara de Diputados tienen una obligación con su persona.

No daré lectura a todo el acuerdo, que ya es público y se puede repartir en la Sala si se desea. Sencillamente voy a enumerar los puntos contenidos en dicho protocolo de acuerdo.

Se establecen temas muy precisos de avance respecto de receptores de fondos fiscales, en cuanto a reglamentar los convenios sobre honorarios con personas naturales; los convenios con personas jurídicas; la licitación de adquisiciones, los estudios y ejecución de obras en el sector público, y la evaluación de los sistemas de adquisiciones centralizadas del mismo.

Asimismo, se dispone una serie de avances de resguardo para los aportes a fundaciones y corporaciones, tanto en información como en fiscalización de las mismas. Luego, hay un extenso acuerdo sobre información y obligaciones para evaluar el desempeño de los servicios públicos. Ésta era una necesidad compartida por muchos sectores de la Concertación y de otros grupos Parlamentarios.

Se avanza en las auditorías de indicadores de desempeño que precisamente este Gobierno venía estudiando, lo que es necesario destacar. Se establecen nuevas metas de indicadores. Se obliga a un informe anual preciso sobre gestión a los servicios públicos, y se entra a toda una normativa para evaluar, en un plazo de 3 ó 4 años, una serie de programas e instituciones del sector público.

Existen normas sobre información más ágil en la ejecución presupuestaria, tanto en la trimestral y semestral, como en los balances y estados financieros de las empresas del Estado.

En seguida, se han aceptado y concordado algunas limitaciones en términos de las provisiones y del manejo de la partida Tesoro Público. Quiero aquí alertar y ser muy preciso en cuanto a que esta partida y sus componentes de operaciones complementarias juegan en un equilibrio exacto con el artículo 4º del proyecto, cuyo texto se repite desde 1993. Este Gobierno lo ha respetado, y reiteradamente, en un gesto de buena voluntad, de prudencia y de moderación, lo ha recolocado anualmente en cada Ley de Presupuestos.

Se agrega una serie de temas sectoriales, donde, por la vía de las indicaciones, se ha concordado en regular el tema de los aportes a ENACAR; en hacer cambios en el financiamiento de exportaciones de bienes de capital en un programa nuevo de CORFO, pero todavía no maduro; en regular los aportes a la ENAMI; en restaurar los aportes a la Universidad de Chile, pero, al mismo tiempo, dar un nuevo piso y flexibilidad a lo que son los recursos que se entregan a las universidades de las regiones como un equilibrio mínimo y adecuado.

En general, señor Presidente , hemos creado las bases claras y precisas para que, avanzando en los buenos resultados macroeconómicos y fiscales, creemos un ambiente de confianza, de colaboración y de ámbito positivo y no destructivo para una adecuada discusión y despacho de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

A continuación, está inscrita la Senadora señora Feliú, quien tiene la palabra.

La señora FELIÚ.-

Me referiré en general al proyecto de Ley de Presupuestos para 1997.

I. LEGALIDAD DEL GASTO

Señor Presidente , este año, una vez más, el análisis de dicha ley ha dado origen a largos debates acerca de la correcta aplicación de la Ley de Administración Financiera del Estado.

En esta materia, hay un punto que resulta indiscutible, cual es que la Constitución Política consagra el denominado "principio de la legalidad del gasto público". Este principio se encuentra consagrado en el artículo 32, Nº 22º, de la Carta Fundamental y consiste, en síntesis, en que todos los gastos públicos deben ser aprobados por ley, exigencia que la Carta establece de manera expresa.

Excepcionalmente, el propio texto constitucional admite que se dispongan gastos no autorizados por ley, cuando se trate de atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o de agotamiento de recursos destinados a servicios que no pueden paralizarse sin grave perjuicio para el país.

La enumeración de situaciones que pueden dar origen a gastos no autorizados por ley es taxativa. Ello significa que estas situaciones --y sólo ellas-- permiten hacer gastos aprobados por ley.

Como es posible apreciar, se trata de circunstancias de la mayor gravedad. Pero, no obstante ello, la Constitución pone límite a estos gastos, señalando que no podrán exceder anualmente del 2 por ciento del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos, y, además, exige que estos pagos sean ordenados por el Presidente de la República con la firma de todos los Ministros de Estado .

Finaliza la norma constitucional disponiendo que los Ministros y funcionarios que autoricen o permitan pagos que contravengan lo establecido en este precepto, serán responsables personal y solidariamente de su reintegro y culpables del delito de malversación de caudales públicos.

En concordancia con la norma reseñada, el artículo 89 del texto constitucional dispone que las Tesorerías del Estado no darán curso a pago alguno, siempre que éste no se funde en una resolución expedida por autoridad competente en que se exprese la ley o la parte del Presupuesto que autorice aquel gasto.

A la luz de estos claros preceptos constitucionales no resulta aceptable que mediante simples decretos del Ministerio de Hacienda se dispongan pagos no autorizados en la Ley de Presupuestos ni en ningún otro texto legal.

No planteo, en caso alguno, un manejo rígido del Presupuesto, en que hasta para comprar un lápiz se requiera de una ley. No es ése el sentido de las normas constitucionales que regulan la materia.

Sin apartarse del texto constitucional, el Ejecutivo dispone de un alto grado de flexibilidad necesario para realizar una eficiente administración del Estado, sobre la base de un presupuesto bien elaborado, lo que es dable exigir.

Un presupuesto bien formulado no requerirá de modificaciones sustanciales a lo largo del año, a menos que concurra alguna circunstancia extraordinaria o excepcional, para afrontar las cuales existen precisamente el 2 por ciento constitucional de emergencia ya referido y los ítem excedibles, que son numerosos, como el cumplimiento de sentencias ejecutoriadas, devoluciones de impuestos, servicio de la deuda pública, pagos de jubilaciones y otros gastos previsionales, etcétera. Además, hay flexibilidad para reasignar recursos dentro de cada Ministerio y también se han aprobado normas expresas de flexibilidad en el artículo 4º de la Ley de Presupuestos vigente.

Asimismo, para el caso de gastos ineludibles no presupuestados, existe la posibilidad de reservar recursos en el ítem de imprevistos, según la clara definición de éste en el clasificador de gastos.

Estas alternativas cubren la casi totalidad de las situaciones urgentes o imprevisibles que se pueden presentar al Ejecutivo ; pero si el gasto que éste requiere realizar no se encuentra en uno de esos casos de excepción, tiene el claro camino de proponer una iniciativa de ley al Parlamento, en virtud del artículo 62, inciso tercero, de la Constitución, norma que ha caído en desuso, porque el manejo presupuestario que actualmente se hace no requiere de ella, ya que el Presupuesto, a pesar de su rango legal, se modifica por simple decreto. Inclusive, en el caso de tener que proponer al Congreso una iniciativa de ley modificatoria del mismo, existe también el manejo de las urgencias, en virtud del cual el gasto puede aprobarse de manera muy rápida.

En suma, estimo que no se ajusta a nuestro régimen institucional el hacer gastos que nunca se han planteado al Parlamento, y que el Ejecutivo , sin necesidad de transgredir la Carta, cuenta con flexibilidad presupuestaria, a través de los mecanismos a que me he referido, para afrontar toda clase de situaciones de emergencia o imprevistas.

II. TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA

Otro tema recurrente al discutirse el Presupuesto anual de la Nación es la necesidad de que exista transparencia en la aprobación y posterior ejecución del mismo. Debo reconocer que la información que se proporciona al Congreso para el estudio de esta importante materia ha mejorado notablemente en relación con los primeros ejercicios presupuestarios; pero estamos lejos aún de lograr que el sistema sea absolutamente claro.

El presupuesto del sector público se financia con el dinero que aportan todos los chilenos; y, por ello, no sólo interesa al Parlamento, al que constitucionalmente corresponde aprobarlo, sino que todas las personas tienen derecho a saber en qué se invierten los recursos públicos. Indudablemente, para el Congreso, obtener la información necesaria es más que un derecho; constituye una exigencia que le impone su participación en la aprobación de los gastos. Los parlamentarios, para cumplir a cabalidad su cometido, no pueden renunciar a este derecho a la información, pues, en la medida que prestan su aprobación a la Ley de Presupuestos, son responsables también del uso que se dará a los fondos públicos.

Se ha criticado la petición de información y de explicaciones por parte de los congresales, como asimismo el que algunos no estén de acuerdo con el nivel de gastos, o con ciertos desembolsos en particular, señalándose que sólo al Ejecutivo corresponde administrar el Estado y no a aquéllos.

Tal crítica carece de todo fundamento. Nadie discute que es el Poder Ejecutivo el encargado de gobernar y administrar el Estado; pero constitucionalmente, y como corresponde en un sistema democrático de gobierno, dicho órgano debe proponer anualmente al Congreso, plasmado en el proyecto de ley de Presupuestos, los planes y programas que estima necesario llevar a cabo y para cuyo financiamiento solicita que se apruebe el gasto que implican. Es natural que el Ejecutivo desee que su proposición sea aprobada, y ojalá en los mismos términos en que la planteó; pero este deseo no constituye --ni puede constituir-- una imposición para el Poder Legislativo. Los parlamentarios, en el legítimo ejercicio de sus facultades, pueden disentir del Gobierno respecto de la bondad de determinados planes o programas y no aprobar el gasto que conllevan, estando también en su derecho de requerir mayor información, si lo estiman necesario, no constituyendo ninguna de estas actuaciones una manifestación de pretender suplantar al Ejecutivo en su función de administrar el Estado.

Insistiendo en el tema de la transparencia, quiero destacar algunos aspectos puntuales que demuestran lo que he sostenido, en cuanto a que falta bastante camino por recorrer para que la aprobación y ejecución del Presupuesto sean todo lo transparente que se requiere.

1º.- En cuanto a la aprobación del Presupuesto, es condición básica contar con información desglosada de los ingresos y gastos, a nivel de ítem o asignación, en su caso, y que esté disponible con la antelación suficiente para tener la posibilidad de analizarla. Esta condición, hasta la fecha, no se cumple; por regla general, tal información se proporciona en el momento mismo de iniciar la respectiva Subcomisión el estudio de la correspondiente partida, y sólo en algunos casos excepcionales se ha hecho llegar con dos o tres días de anticipación a la fecha en que dicho organismo técnico se reúne.

Por otra parte, para aprobar los gastos propuestos es necesario contar con antecedentes, al mismo nivel de detalle, sobre el resultado de los ejercicios presupuestarios inmediatamente anteriores y de los aumentos o disminuciones reales de gastos, información que posee la Dirección de Presupuestos y que no cabe exigir que sea generada por el propio Parlamento.

Además de los datos detallados con fines de análisis global del Presupuesto, es necesario que se presente información agregada sobre algunos gastos variables relevantes (horas extraordinarias, viáticos y convenios con personas naturales), como asimismo respecto de dotaciones de personal. Es conveniente proporcionar tales antecedentes a nivel de partidas y de presupuesto total.

De la misma manera, resulta indispensable que la dirección respectiva comunique oportunamente los supuestos sobre cuya base elaboró el Presupuesto. No es posible que ocurra lo acontecido el presente año, en que a nivel de Subcomisión no se tenía claridad respecto de qué índice de inflación se estaba utilizando. Para que exista real transparencia en la aprobación del proyecto, es necesario proporcionar toda la información, y que ella se entregue con anticipación y normalizada.

Por lo anterior, creo que a futuro es necesario que la Dirección de Presupuestos acompañe al respectivo proyecto los antecedentes a que me he referido, con el nivel de detalle y agregación señalados. Y deben enviarse formalmente por la Dirección de Presupuestos, sin necesidad de que los requiera el Parlamento, de modo que pasen a formar parte de la historia de la ley, con lo cual adquieren carácter oficial y público.

No puedo dejar de mencionar que la mayor transgresión a la transparencia es pretender dar al Presupuesto o a parte significativa de él carácter secreto, como se planteó respecto de la Partida Ministerio de Relaciones Exteriores, en la respectiva Subcomisión, durante el presente año. El Presupuesto y sus antecedentes deben ser públicos. Las personas tienen derecho a saber en qué se invierten o gastan los recursos que proporcionan al Estado. Sólo de manera excepcionalísima es posible admitir que determinados gastos se traten de manera reservada y, por constituir una excepción, se debe ser especialmente cuidadosos respecto de ellos.

Si se desea abordar con los parlamentarios otros temas de carácter secreto, no es la ocasión de hacerlo durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos.

En cuanto a los gastos reservados, la tendencia debiera ser a que desaparezcan, precisamente, en aras de la transparencia. No es admisible que aumenten, como ocurre hasta la fecha, ni que se insista en que el Congreso los apruebe sin un monto preciso y determinado. El límite debe estar precisado en la ley y no debe ser excedible.

2º.- En cuanto a la ejecución del Presupuesto, cabe señalar, en primer lugar, que el tema incide en la transparencia y dice relación al monto de los gastos. No es comprensible que se proponga como tal, en un ítem determinado, una cifra que se sabe de antemano con certeza que será excedida. Ello induce a error al Parlamento, órgano que aprueba dicho gasto y que dista mucho de ser el que en definitiva se ejecutará, a sabiendas de que la cantidad propuesta es insuficiente.

Por otra parte, como las normas de flexibilidad permiten un manejo posible del Presupuesto, resulta poco comprensible esta subdeterminación del gasto. Si desde ya se sabe que históricamente un desembolso será superior, debe proponerse la cifra que presumiblemente se va a requerir en el curso del ejercicio presupuestario.

Estimo más reprochable aún que no figuren en el proyecto de Presupuestos gastos que luego se disponen en el mes de enero, con cargo a la Partida Tesoro Público, y que por su naturaleza no es posible pensar que se desconozca la necesidad de efectuarlos cuando aquél se discute. Tales prácticas no son sanas ni convenientes, afectan la transparencia y a futuro es necesario erradicarlas.

De la misma manera, las cantidades incluidas en las glosas son autorizaciones máximas de gasto, no excedibles por decreto, por su propia naturaleza, predicamento sobre el cual hubo consenso en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, según se dejó constancia en la página 21 del respectivo informe.

Hago especial hincapié en esta materia, para los efectos de que ello sea conocido por el Poder Ejecutivo y, también, por la Contraloría General de la República.

III. APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

Éste es un tema de carácter general, porque se presenta en diferentes partidas del Presupuesto de la Nación.

En la correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores, el gasto asciende a 10 millones de dólares --esto es, más de 4 mil millones de pesos--, cifra superior al presupuesto de muchos servicios. A ello deben agregarse los numerosos aportes en partidas determinadas que hacen que el total ascienda a más de 5 mil millones de pesos. A mi juicio, dicho monto amerita un estudio cuidadoso. En verdad, de acuerdo con el clasificador de gastos, sólo deben hacerse aportes a los organismos internacionales de los cuales Chile es miembro en virtud de un tratado aprobado en la forma exigida por la Constitución. Desafortunadamente, no existe una nómina completa de los organismos favorecidos con esos aportes, por lo cual es conveniente que, a futuro, ello se considere.

Quiero referirme ahora al presupuesto del Poder Judicial . Se trata de una partida a la que no formularé indicación alguna. Éste es un Poder del Estado, similar en rango y dignidad a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. A diferencia de estos dos últimos, a aquél no le cabe más participación en el Presupuesto que su proposición al Ejecutivo .

Consta en el informe emitido por la Tercera Subcomisión Especial de Presupuestos que el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema manifestó que para el ejercicio presupuestario de 1997 se le fijó un presupuesto que resulta inferior en más de 14 mil millones de pesos al solicitado, a pesar de que para cubrir todas las necesidades del sector se requería el doble de los recursos que se le asignan, esto es, 54 mil millones de pesos.

Un país que se precie de apegado a la legalidad y de democrático, tiene que contar con un Poder Judicial eficiente. Éste, que es el encargado de impartir justicia y del cual dependen los derechos de las personas, debe disponer de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para cumplir su cometido. Si bien en los últimos años, ha tenido un incremento en el aporte fiscal, es conveniente aumentar mucho más los recursos que se le destinan. Su situación es particularmente injusta y desmedrada en comparación con otros servicios, inclusive del propio sector de justicia.

Conforme a tales antecedentes, reitero lo acordado unánimemente en la Subcomisión, en el sentido de que el Gobierno debe reestudiar la situación del Poder Judicial y hacer el esfuerzo de proporcionarle los recursos solicitados para el próximo año, sin perjuicio de que además se analice la factibilidad de reconocerle su independencia económica, a fin de que en el futuro tenga la seguridad de contar con los fondos necesarios para su buen funcionamiento.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente, dispongo de 15 minutos para sintetizar muchas cosas que, a mi juicio, es importante decirlas en el Senado.

En primer lugar, el propio protocolo establece la importancia de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos "como una instancia fundamental para...".

Hoy es la primera vez que la Cámara Alta conoce la Ley de Presupuestos para 1997. La Comisión Mixta integra sólo a trece Senadores, y los demás Honorables colegas perfectamente bien podrían a aspirar a que hoy día se iniciara su participación en dicho proceso.

No tenemos los informes de la Cámara de Diputados. Entiendo por qué. Por eso, sólo quiero hacer un llamado: no podemos seguir con esta forma de debatir la Ley de Presupuestos. A la luz de nuestra experiencia, parece fundamental cambiar la legalidad y la institucionalidad con que se prepara, se analiza, se debate, se aprueba, se ejecuta y se fiscaliza el Presupuesto. Eso lo sabemos nosotros, y también el Ministro de Hacienda . En tal virtud, hemos propuesto modificaciones a la institucionalidad; pero, lamentablemente, son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y hasta ahora hemos encontrado oídos sordos en esta materia. Ojalá, la experiencia de hoy nos lleve a darnos cuenta de que esta forma de discutir el presupuesto, simplemente, no es buena.

En segundo término, deseo destacar que cuando se inició la discusión del Presupuesto, planteamos diversas observaciones, críticas y propuestas en forma constructiva, pues veíamos seis grandes problemas en él. Primero, que el gasto crecía de manera excesiva. Si el Presupuesto actual lo medimos como lo hacen los economistas --es decir, conforme al gasto efectivo que produce impacto en la demanda--, excluyendo intereses y servicios financieros, observaremos que hay un crecimiento superior al 8 por ciento. Si lo calculamos según las cifras oficiales, constataremos que el aumento es de 6,4 por ciento. Ambas cantidades superan largamente el incremento del Producto.

Considero que ésta es una tendencia equivocada. Hemos visto que tal situación se ha presentando en los últimos seis años, con la única excepción de 1995. Y eso produce un impacto en las tasas de interés. En este sentido, conviene destacar que mientras el Ministerio de Hacienda aplica el acelerador con políticas fiscales expansivas, el Banco Central tiene que pisar el freno con políticas crediticias restrictivas. Lo anterior también impacta el tipo de cambio real, perjudicando las exportaciones y la agricultura, y genera una presión permanente por subir los impuestos. Por eso, nosotros hicimos un planteamiento tendiente a crear un fondo nacional de ahorro.

En pocos días más discutiremos una reforma tributaria y hay un compromiso para rebajar los aranceles. Pero, si todos los fondos están comprometidos como gasto, no se podrá disminuir ningún arancel sin subir los impuestos al resto de los chilenos.

Por otro lado, planteamos problemas que dicen relación a la eficiencia. Hemos hablado aquí de lo que ha pasado en los últimos seis años, en que se ha duplicado el presupuesto de Salud y los recursos destinados a la Educación y se han hecho grandes discursos. Sin embargo, ¿quién se ha preocupado de los resultados? En dos palabras, hay aumentos de gastos millonarios y, desgraciadamente, los resultados son paupérrimos.

Hablábamos de falta de focalización. La encuesta CASEN de 1996 trae buenas noticias. ¡Gracias a Dios! Porque la de 1994 constituía una vergüenza, pues indicaba que en un país que crece y cuya primera prioridad es el gasto social y la erradicación de la pobreza, el 10 por ciento más pobre de la población --los indigentes-- no avanza; ni siquiera está estancado, sino que retrocede.

También planteamos temas relacionados con la falta de transparencia. Propusimos un registro nacional de receptores privados de fondos públicos, y, además, que se resolvieran los problemas y la inconsistencia que se observa en la información entregada por la Dirección de Presupuestos y la Contraloría, que muchas veces no coincide. Tengo aquí un documento donde aparecen todas esas discrepancias.

Propusimos que haya mayor claridad en cuanto a cómo se asignan los fondos a las fundaciones y a las corporaciones. También sugerimos que exista más transparencia en el modo de usar los recursos de la partida referente a los financiamientos comprometidos. ¿Sabe el Congreso cómo se utilizaron esas partidas en el pasado? En verdad, varias de ellas debieron ser objeto de ley, y muchas fueron discutidas extensamente en el Parlamento. Y bien o mal, se tomó una resolución; sin embargo, por simple decreto se altera, sin conocimiento y sin aprobación por parte del Congreso, la forma de hacer los gastos.

También planteamos lo relativo a ciertos problemas de legalidad que fueron tratados ampliamente por la Honorable señor Feliú , y además otros temas ausentes.

En materia de fiscalización, se aprecia que el Presupuesto para 1997 no avanza en nada, porque la Contraloría General de la República sigue teniendo recursos absolutamente insuficientes, a pesar de que todos reconocemos que el problema de la corrupción es grave y peligroso. Sabemos que el organismo contralor no cuenta con fondos para cumplir su tarea; sin embargo, en esta oportunidad no se progresa en tal sentido.

En lo que respecta a la modernización del Estado, se pudo haber intentado una racionalización de la multiplicidad y "telaraña" de organismos públicos, que se contraponen y se contradicen. Pero tampoco se avanza.

En el tema de la descentralización y la regionalización del gasto público, el Presidente de la República planteó una aspiración, en orden a que el 42 por ciento de la inversión se resolviera en forma descentralizada. Se trata de pasos mínimos, y a este ritmo no llegaremos a la meta.

Todos estos son temas que se encuentran ausentes en el Presupuesto. Durante la discusión del proyecto correspondiente quedaron en claro muchas de las criticas que estamos formulando.

El Gobierno, en materia de crecimiento excesivo del gasto, desde el primer día de su gestión planteó que no estaba dispuesto a recortar ni un sólo peso ni por un millón de argumentos. Tal vez, a ciertos señores Senadores eso les trae a la memoria una frase de alguien que dijo que no cambiaba una coma de su programa ni por un millón de votos.

Cuando discutimos el Presupuesto, en pocos minutos se detectó, por ejemplo en lo que respecta a la CORFO, decenas de millones de dólares: 10 millones de dólares en préstamos a las grandes empresas extranjeras --megaproyectos--, como si a este país le sobrara la plata; 11 millones de dólares para pagar comisiones a empresas foráneas por la venta de Colbún, en circunstancias de que sólo se requerían 4; 7 mil millones de pesos para un fondo de fomento a la pequeña y mediana minerías, cuando todos sabemos que el año pasado más de la mitad de esos recursos se quedaron atrapados en la burocracia de ese fondo y no llegaron a los pequeños ni medianos mineros.

En vista de esos ejemplos, cabe preguntar ¿hay verdaderamente austeridad? ¿Cómo pasan los filtros de la Dirección de Presupuestos? ¿Existe una real eficiencia en esta materia? Y nuestra respuesta es, definitivamente, no.

Además, durante la discusión varios importantes Senadores y Diputados han planteado amenazas inaceptables. Plantearon que o se llegaba a un acuerdo que para ellos resultara satisfactorio o, simplemente, la Cámara Baja no trataba el proyecto de Ley de Presupuestos. No quiero silenciar mis palabras sobre el particular, y digo que esas amenazas son inaceptables, las cuales contaron con el silencio pasivo de muchos miembros del Congreso. La Constitución establece una forma normal de aprobar el Presupuesto, que es con su trámite completo en el Parlamento. Sólo de modo excepcional, frente a un Congreso irresponsable --que, por incapacidad o por no querer hacerlo, se niegue a aprobar el Presupuesto-- podría haberse aplicado esa disposición. Afortunadamente, dichas amenazas están quedando en el papel.

También tratamos de introducir algunas modificaciones, las cuales están contenidas parcialmente en un protocolo. Digamos las cosas como son: el protocolo de acuerdo al que nosotros concurrimos --y voy a señalar por qué--, sin duda que contiene ciertos avances. Pero hay que distinguir los avances concretos y reales de los que, simplemente, constituyen intenciones y promesas. Hay progresos concretos y reales en la restricción del Tesoro Público. Hemos dicho ahora que hasta 200 millones de dólares se pueden gastar por decreto, sin previa dictación de una ley. ¡Es la caja chica más grande del mundo! Pero es un avance. Porque anteriormente el Gobierno interpretaba que podía gastar, si hubiera querido, la totalidad.

Hay avances en la información de corporaciones y fundaciones financiadas prácticamente en forma íntegra con recursos públicos, las que deben entregar balances y algún antecedente sobre sus ejecutivos; existen avances en perfeccionar el artículo 4º; hay avances en temas sectoriales, como el de ENACAR, para no seguir dilapidando recursos y establecer ciertas condiciones de racionalidad. Sin embargo, otras materias están quedando sólo en las intenciones y las promesas.

Se ha prometido crear un registro de receptores de fondos fiscales. Se ha prometido efectuar una auditoría que implique mecanismos más transparentes, más equitativos, que garanticen mayor igualdad de oportunidades en lo que se refiere a las licitaciones de recursos públicos para investigación o para programas sociales.

Existe --¡por fin!-- el reconocimiento de que es necesario evaluar la eficiencia del gasto público y no contentarse sólo con su monto. Me alegro de que, después de seis años, nuestra crítica permanente a la falta de eficiencia se haya traducido en que tal vez se establezcan paneles de evaluación. Si ello hubiera ocurrido hace seis años, no estaríamos viviendo muchos de los verdaderos escándalos que muestran cómo se dilapidan los escasos recursos públicos, frente a las angustiosas necesidades de la gente más pobre del país.

Señor Presidente, en lo atinente a las promesas e intenciones, no puedo dejar de recordar que el año pasado llegamos a un acuerdo. Y para no expresarlo con mis palabras, porque se puede considerar que no estoy siendo objetivo, quiero citar afirmaciones de Diputados que ahora firmaron el Protocolo.

Dicen: "Debemos señalar con preocupación que el Gobierno no ha cumplido con aspectos fundamentales que fueron discutidos y aprobados en la Ley de Presupuesto para este año". Y mencionan la rebaja de gastos aprobada por el Parlamento, que finalmente fue compensada por decreto; agregan que no se envió la información comprometida; añaden que no se cumplieron los verdaderos objetivos de velar por el correcto uso de los recursos fiscales; anuncian que no aceptarán más que las empresas públicas sigan dilapidando los recursos con su ineficiencia, y se refieren a muchos otros puntos que, a mi juicio, es bueno tener presentes, para no quedarnos tranquilos porque existe un Protocolo.

El Protocolo significa un avance. Hemos votado favorablemente las propuestas contempladas en él. Ahora, firmarlo o no, es un problema de apreciación política.

Respeto a la Unión Demócrata Independiente por su decisión, pero quiero ser meridianamente claro: no pensemos que el Protocolo resuelve lo significativo de las grandes críticas y observaciones que compartimos con la UDI respecto del Presupuesto de 1997.

Por otro lado, deseo recoger ciertas palabras del señor Ministro de Hacienda y algunas críticas que se han insinuado en la prensa y, también, en esta Sala.

Me referiré en primer lugar a las facultades del Ejecutivo.

Es verdad: hubo un tiempo en que el Congreso administraba el Presupuesto. Era un caos, una situación muy anómala.

Nosotros no somos partidarios de que el Parlamento administre el Presupuesto. Creemos firmemente que el Congreso no debe crear ni asignar gastos.

Pero, señor Presidente , ésas fueron épocas donde estábamos en un extremo. Hoy nos hallamos en el extremo absolutamente contrario. En la actualidad, el rol del Parlamento en materia presupuestaria es prácticamente insignificante, al punto que basta que la mayoría de una Cámara se niegue a tramitar el proyecto de Ley de Presupuestos para que rija absolutamente, sin ninguna modificación, la iniciativa original del Ejecutivo.

Señor Presidente , pienso que, en esta materia, las preocupaciones del señor Ministro deben ser equilibradas en un contexto. No traigamos fantasmas del pasado al decir que estamos en un extremo, cuando nos hallamos en el extremo opuesto. Este Congreso prácticamente no tiene ninguna facultad en materia presupuestaria. Y ello podríamos discutirlo a fondo.Todos lo han dicho públicamente por la prensa. Incluso, el Senador señor Bitar , quien ha estado muy activo en la materia, agrega algo más: dice que "Los legisladores no tienen idea de lo que votan". ¡Bueno: hoy estamos votando sin ver el informe respectivo! Tal vez el Honorable señor Bitar tiene bastante razón.

Estimo necesario buscar un justo equilibrio al respecto. El Gobierno administra, pero existe una premisa básica: como el Ejecutivo tiene el poder total de administración, debemos comprometernos con el principio de que los gastos deben ser discutidos y aprobados públicamente en el Parlamento y no ser resueltos en una pieza oscura a través de decretos.

En segundo término, tocante al tema de la empresa, el señor Ministro de Hacienda expresó que le preocupaba cierta orientación empresarial.

"Empresa", según el Diccionario de la Lengua Española , en la primera acepción, significa "Acción ardua y dificultosa que valerosamente se comienza.

¡Qué más empresa que la acción que debe emprender el Estado para derrotar el subdesarrollo y la pobreza y lograr igualdad de oportunidades!

Ojalá hubiera ese sano criterio de empresa en el amplio sentido de la palabra, de buscar logros y resultados. Abandonemos la cultura burocrática del sistema y del procedimiento y adoptemos la de la búsqueda de logros y resultados; cambiemos la cultura de la antigüedad por la del mérito. Y muchos elementos de la voluntad de lograr resultados deberían incorporarse a la filosofía y a la cultura. Por lo demás, así lo señala un informe sobre modernización del Estado elaborado durante el Gobierno de don Patricio Aylwin.

En tercer lugar, comprendo que al señor Aninat no le agrade que se discuta el Presupuesto. Tal vez a todo Ministro de Hacienda le gustaría que no se debatiera, que nadie se metiera en él, que ojalá se aprobara...

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

¿Me permite una interrupción, Su Señoría, con la venia de la Mesa?

El señor LARRE.-

¡Con cargo al tiempo del señor Ministro...!

El señor PIÑERA.-

Con la venia de la Mesa, por supuesto.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Senador, con todo respeto, debo recordarle que lo único que hemos hecho desde antes de octubre, particularmente usted y yo, es discutir el Presupuesto. Lo hemos hecho en instancias públicas y privadas. También, en las Subcomisiones; la Primera dedicó más de tres días sólo a los aspectos macros del Tesoro Público.

En suma, si con alguien se ha discutido el Presupuesto, es con el Honorable señor Piñera . Lo que ocurre es que Su Señoría tiene una visión, de alguna manera, especial para discutir. Y eso no puede aceptarlo el Ejecutivo .

El señor HAMILTON .-

¡Además del debate que el Senador señor Piñera ha realizado a través de los medios de comunicación...!

El señor PIÑERA.-

Éste es un problema de apreciaciones, señor Presidente . Y el señor Ministro tiene la suya. Pero noto cierta molestia cuando la Oposición se mete demasiado y reclama, por ejemplo, que haya debate general. Algunos quisieran que no hubiera discusión; otros, que no se presentaran indicaciones o que el plazo para hacerlo se cerrara a las 10 de la mañana, sin siquiera preguntar si llegó el oficio de la Cámara de Diputados.

Esta cuestión es muy simple: cada uno en su lugar. Nuestro rol durante la discusión del Presupuesto de la nación consiste en velar por el buen uso de los recursos públicos.

Señor Presidente , antes de concluir, quiero manifestar que el país está bien: inversión, crecimiento, equilibrio. Eso no lo discutimos. Nadie está haciendo pronósticos catastrofistas. ¡Jamás los hemos hecho! Pero, sí, deseo efectuar una distinción entre el país y el Estado. El Estado se encuentra mal, se está quedando atrás, no hace cosas que debería hacer. Estamos perdiendo ese impulso. Y un Estado que, en lugar de ser motor de las reformas, se empieza a transformar en lastre puede significar una grave amenaza para el desarrollo del país.

Como dije, el Presupuesto de 1997 no corrige grandes problemas del Estado. Es un poco más de lo mismo. No enfrenta las seis grandes materias que quisimos debatir con mayor profundidad.

Por esa razón, respetando la decisión de la UDI y concordando en que el Protocolo significa un avance parcial en algunas materias pero deja afuera otras demasiado importantes, no creímos conveniente firmarlo, por estimar que con ello daríamos una mala señal: la de "un apretón de manos, un par de fotografías y todos quedamos contentos". Y después el Gobierno --ya lo hizo el año pasado, e incluso el propio Ministro de Hacienda -- hasta se mofa de lo poco que consigue la Oposición en los acuerdos.

Por último, deseo plantear algo fundamental.

Estamos dando una señal muy clara. Nosotros tenemos una obligación. Nos pagan por cumplir nuestro rol de Oposición. El Gobierno cuenta con una gigantesca máquina propagandística para señalar que su Presupuesto --como lo titulan los diarios-- es austero, eficiente, progresista, visionario. Alguien debe mostrar las deficiencias del Estado chileno con toda la fuerza del mundo, aunque se lo acuse de intransigente. Y la bancada de Senadores de Renovación Nacional considera que esto no es sólo su derecho, sino también su obligación.

Por ello, presentaremos un conjunto de indicaciones que apuntan a corregir algunas deficiencias. Otras no son susceptibles de indicaciones de la Oposición; debe corregirlas el Gobierno, asumiendo una nueva actitud. Algunas podrán ser declaradas inadmisibles. Pero me encantaría que el señor Ministro , si considerara buena una indicación declarada inadmisible por carecer los Parlamentarios de facultades para formularla, le diera su patrocinio, para contribuir al mejoramiento del Presupuesto, independientemente de si las ideas vienen de su lado o del nuestro.

He dicho.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , me habría gustado terminar la discusión con la última parte de la intervención del Senador señor Piñera , cuando sostiene que "el país está bien". Eso bastaría para concluir el debate sobre el tema presupuestario.

Desde hace seis años vengo escuchando el discurso de Su Señoría, casi idéntico, con la misma argumentación. Personalmente, sugiero al señor Ministro de Hacienda que no se deje tentar por las palabras del Honorable señor Piñera , porque de hacerlo al país no le va a ir bien.

Cuando Su Señoría habla de que se ha aplicado una política fiscal desordenada porque se gasta mucho, recuerdo haber leído el otro día una información en "El Mercurio" en el sentido de que el gasto promedio, con relación al crecimiento del producto, había sido menor que este último.

Los resultados, por lo demás...

Pido al Senador señor Piñera que me escuche. Por mi parte, presté mucha atención a sus palabras. Después afirma que no se oye a la Oposición.

El señor GAZMURI .-

El Senador señor Piñera suele hablar e irse.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

En cuanto a las recetas de mi Honorable colega, le he dicho, medio en broma, medio en serio, que le falta un tiempo todavía largo para ser Ministro de Hacienda . Dejemos trabajar y responder por su labor a quienes ejercen el cargo. Y estimo que pueden responder. La política económica del Gobierno se encuentra regida, precisamente, como decía el señor Ministro de Hacienda , por el marco macroeconómico que da la Ley de Presupuestos.

Hace pocos días participé, junto con el Senador señor Ominami , en una conferencia ante Parlamentarios mexicanos que querían conocer cuál es la experiencia chilena en materia económica. Terminada nuestra exposición, se acercaron para decirnos que creían que el nuestro es un país que realmente se halla marcando una pauta.

Sobre el particular, al dar las cifras respectivas, hice presente que la tasa de inflación, con las recetas de los Ministros de Hacienda de los Presidentes Aylwin y Frei --no con aquellas que, a lo mejor, quiere dar el Senador señor Piñera -- se redujo de 21,4 a 8,2 por ciento en seis años; que el crecimiento del producto ha sido, en promedio, cercano a 7 por ciento, y que este año ascenderá a 6 por ciento o superará esa cifra; que se registra una tasa de inversión que bordea el 27 ó 28 por ciento, una de las más altas en América Latina; que la tasa de ahorro nacional equivale a 28 por ciento; que el ahorro público es de 2,6 por ciento del producto, resultado que ningún país de América Latina ni muchos países europeos pueden mostrar; que el ingreso per cápita subió, en estos seis años, de 2 mil 50 dólares a 4 mil 650 dólares; que las exportaciones aumentaron, en el mismo período, de 8 mil millones de dólares a 16 mil millones de dólares; que las reservas internacionales se incrementaron de 2 mil 948 millones de dólares a 15 mil millones de dólares, y que la inversión extranjera --que podría ser la más dudosa si siguiera los discursos del señor Senador de Oposición que me ha precedido en el uso de la palabra--, en vez de llegar a 970 millones de dólares, como en 1990, se elevaba a 3 mil 21 millones de dólares en 1995.

Entonces, expreso a mi Honorable colega que me quedo, mejor, con las recetas de los Gobiernos de don Patricio Aylwin y don Eduardo Frei, aplicadas por sus Ministros, antes que con aquellas que Su Señoría pretende imponer.

Y si los Secretarios de Estado lo hacen mal, aquí tendremos la posibilidad de decirles por qué ha sido así y les demostraremos que los Presupuestos que presentan no son convenientes.

Por otra parte, el Senador señor Piñera ahorra comentarios cuando habla del gasto. El Ejecutivo , efectivamente, ha presentado un nivel de gasto que muchas veces ha bordeado el crecimiento del producto. Su Señoría entra a discutir que, si no se incorporan los intereses, nos pasamos un punto o un punto y medio sobre el producto, y si se incluyen, caemos unas cuatro décimas por debajo. Sin embargo, nada dice en cuanto a que, del gasto total, 80 por ciento corresponde al sector privado y 20 por ciento al sector público. Entonces, debe resultar claro que cuando deben aplicarse políticas de ajuste no es sólo por culpa del Gobierno, sino, también, de la totalidad de la economía, en la que igualmente participa el sector privado.

Veamos, asimismo, lo que el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra ha expuesto acerca de que el Parlamento carece de facultades. Coincido con mi Honorable colega en que ello, a lo mejor, habría que revisarlo. Pero esta Constitución no la hicimos nosotros. Viene de antes. Y me parece que en lo atinente al manejo de la economía es muy acertada en muchas de sus partes. No la criticaré al respecto.

¿Y por qué se suscitó la situación relativa a las facultades del Parlamento? Por la historia. Porque quienes hemos intervenido en el Congreso como Parlamentarios o como Ministros sabemos lo que les ocurría a los Presidentes de la República con los Presupuestos, hecho que determinó modificaciones sustanciales. Luego de 1891 fue necesaria una reforma para impedir la no aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos que presenta el Primer Mandatario, tema que no cabía que el Senador señor Piñera expusiera hoy en términos de que se haya formulado una amenaza al respecto. ¡Si no constituye una amenaza! La Carta establece un procedimiento precisamente para evitar un conflicto como el de 1891, en el sentido de que, cuando en esta materia el Parlamento no presta su aprobación por A, B o C razones, o porque la Oposición obstruye el que lo haga, o por cualquier otra causa, rige el proyecto del Ejecutivo. Porque eso es lo que no sucedió el año citado.

Pero, además, la Constitución de 1980 dispone que el Congreso no puede modificar el Presupuesto presentado por el Presidente de la República , sino que sólo cuenta con la facultad de reducir gastos. Y no le es posible dictar ninguna norma de administración financiera o presupuestaria, de acuerdo con el inciso tercero del artículo 62.

Por lo tanto, éstas son nuestras atribuciones y a eso debemos ceñirnos. Y si acaso a alguien no le gusta un programa que el Gobierno incluye en el Presupuesto, lo que tiene que hacer es votar en contra de la partida, siempre que el gasto sea variable, no uno determinado por una ley permanente. Ésas son nuestras posibilidades, y no cabe entrar a discutir sobre el particular, porque no es algo que podemos decidir.

Sí creo que constituiría un muy mal precedente el que se volviera a casi un cogobierno en materia económica, la que es de responsabilidad, precisamente, del Ejecutivo y del Presidente de la República , a través de su Ministro de Hacienda .

El Honorable señor Piñera hace presente, también, que la Ley de Presupuestos se discutirá en 15 minutos. Por mi parte, desde septiembre he estado escuchando a Su Señoría referirse al debate presupuestario.

El señor PIÑERA .-

Aludí al Senado.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Esta Corporación no se halla ausente. Y es faltarle el respeto aseverar que no tenemos idea de lo que estamos aprobando. Por lo menos, yo sí lo sé. Y me he preocupado de interiorizarme de ello. A mi juicio, todos los señores Senadores lo han hecho: unos, personalmente, y otros, confiando en colegas que participan en la discusión técnica del Presupuesto y mandatándolos.

El señor PIÑERA .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

No.

Cuando el Honorable colega advierte que no se discutirá más que 15 minutos, quisiera traerle la prensa. Estoy seguro de que no me bastaría esta sesión entera para leer todas y cada una de sus declaraciones en materia presupuestaria.

Ahora, Su Señoría consigna la existencia de un Protocolo de arreglo. En lo personal, me alegro de éste y felicito a los Parlamentarios por su intenso esfuerzo, de más de 60 horas de trabajo, en el cual también participó el Senador señor Piñera , quien aportó ideas. Pero, por supuesto, fue más pertinaz en tratar de que no se lograra el acuerdo, y por eso no lo firmó.

Me parece que el Honorable señor Piñera se ha quedado un poco solitario. ¿Por qué? Porque los demás no consiguieron, naturalmente, cuanto querían --como es obvio, no se va a elaborar un Presupuesto del tamaño deseado por un Senador, sino que se considerará lo que resulte positivo--, pero creo que todos reconocemos que el Protocolo firmado, más las indicaciones formuladas, afrontan bien la transparencia, si bien es perfectible. Se han incluido normas sobre los receptores de fondos públicos y una serie de disposiciones para poder mejorar la ejecución presupuestaria y su control.

En definitiva, podremos seguir trabajando. Éste es, precisamente, el valor de la democracia, el valor de un Parlamento: la posibilidad de escucharnos, de llegar a acuerdos y, también, de discrepar. Y no se debe tener susto a los desacuerdos. Si acaso los hay, se requerirá resolverlos en el Congreso, conforme a la mayoría existente para tal efecto.

Desde esa perspectiva, felicito al señor Ministro de Hacienda y al señor Director de Presupuestos y a sus funcionarios por todo el esfuerzo tendiente a dar al Congreso una información que le permita tomar buenas decisiones. Asimismo, felicito a los Parlamentarios que han trabajado en esta materia y han hecho posible que el Senado discuta el proyecto en el trámite que corresponde, no en forma apresurada...

El señor PIÑERA.-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Deseo terminar, señor Senador.

El señor PIÑERA.-

Le ruego que no se refiera...

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Su Señoría no dispone de tiempo y el mío es controlado.

El señor PIÑERA.-

Me bastan diez segundos.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Señores Senadores,...

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Concederé la interrupción al finalizar, si me queda tiempo.

El señor PIÑERA.-

Ruego a Su Señoría no hacer alusiones si no dará la posibilidad de responder.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Señores Senadores, deseo recordar que el Reglamento impide el trato desdoroso en la Sala, y en caso de ocurrir, franquea al afectado el derecho a usar de la palabra con preferencia para vindicarse. Pero eso, por cuyo cumplimiento la Mesa velará, no impide hacer referencias que no dañen el buen nombre o la honra de los Senadores.

Continúa con el uso de la palabra el Senador Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

En ningún momento he hecho alusiones desdorosas, sino que he debatido, creo que con altura de miras...

El señor PIÑERA .-

¡Le había pedido una interrupción!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Senador, le manifesté que se la concedería al término de mi intervención, que se refiere a un tema bastante preciso.

Hemos llegado a un acuerdo con diversos sectores de la Cámara de Diputados y el Senado, del cual se excluyó un grupo de Senadores que lo estima no prudente o insuficiente. Nunca he sido partidario de que el Parlamento no despache el proyecto de Ley de Presupuestos, no porque ello sea constitucionalmente imposible --por el contrario, es perfectamente posible--, sino porque no es conveniente para el país que los Poderes Ejecutivo y Legislativo no sean capaces de concordar su aprobación en un momento determinado.

Se ha expresado que el Gobierno nunca ha querido entender que debe disciplinarse y gastar bien sus recursos. Se parte de la base de que el Estado es un ente ineficaz e irresponsable; de que los servicios públicos son, por principio, irresponsables para ejecutar sus tareas e, incluso, de que todo el mundo tendría la intención de ser corrupto. Por eso, muchos han querido establecer todo tipo de limitaciones y controles: auditorías, informes de paneles, etcétera. A mi juicio, eso no es un buen camino. El Honorable señor Piñera ha llegado a decir que debería crearse un registro, que ya existe en la Contraloría General de la República. Podría estudiarse, como se propuso en la Comisión Especial mixta, el reforzamiento de las facultades de ese ente fiscalizador, pero no pidamos a una fundación, que recibe determinada subvención, que informe sobre sueldos, honorarios y todos los gastos que realiza. Sin embargo, después el Honorable señor Piñera reconoció que el mecanismo del registro podría aplicarse a las fundaciones que recibieran aportes mayores a cierta cantidad de dinero. En esa oportunidad, le hice presente la situación contraria. Pregunté: ¿qué pasa si el día de mañana una mayoría parlamentaria aprueba que todas las empresas privadas que perciban algún beneficio tributario o que sean titulares de concesiones de servicios públicos deban entregar antecedentes sobre su administración? ¿Adónde llegaríamos?

Soy partidario de los controles, y me parece que este proyecto los aumenta. Además, el propio Ejecutivo se ha autolimitado en esta materia. La Constitución Política vigente restringe las modificaciones que puede introducir el Parlamento al presupuesto; pero antes de 1993 eran mayores, ya que, de acuerdo con el artículo 26 del decreto ley 1.263, el Presidente de la República podía disponer en su totalidad del Tesoro Público y de los excedentes presupuestarios sin dar cuenta a nadie. En el artículo 4º de la Ley de Presupuestos de 1993, el Gobierno democrático --por iniciativa de los Senadores señores Díez , Piñera y otros-- reglamentó la aplicación del decreto ley 1.263, autolimitándose. Y conforme al protocolo de acuerdo, nuevamente se autolimita, no para derrochar 200 millones de dólares, sino para que, en un presupuesto total de 18 mil millones de dólares, disponga de 1,2 por ciento para gastos de emergencia e imprevistos que puedan presentarse. Y no es una "caja chica", de cuyos recursos se dispone sin dar cuenta a nadie. Los 200 millones de dólares se gastan por la vía del decreto y están sujetos a la fiscalización de la Contraloría. Por lo tanto, es inaceptable la caricatura de decir que se trata de una "caja chica".

Por todas esas razones, señor Presidente, estimo que el Congreso procederá en buena forma al aprobar un Presupuesto que incorpora todos los perfeccionamientos que fue posible introducir, precisamente, porque hubo un buen debate parlamentario.

Lamento mucho que el Honorable señor Piñera no haya concurrido a este acuerdo.

El señor PRAT.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador, con cargo a mi tiempo y con la venia de la Mesa?

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Ha terminado la intervención del Honorable señor Andrés Zaldívar .

El señor PRAT.-

El señor Senador ofreció otorgar una interrupción al final de su exposición.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Pero ya no tiene tiempo, Su Señoría.

El señor GAZMURI .-

Las interrupciones no pueden concederse al final, señor Presidente ,...

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

El Reglamento expresamente regula esta materia...

El señor GAZMURI .-...sino durante las intervenciones.

El señor PRAT.-

El Honorable señor Andrés Zaldívar ha manifestado que el Senador señor Piñera estaba en solitario en esta discusión. Quiero rectificarlo...

El señor PÁEZ .-

Señor Senador , no puede usar la palabra, porque terminó el discurso del Senador señor Zaldívar .

El señor PRAT.-

...pues ha tenido el pleno respaldo de la bancada de los Senadores de Renovación Nacional...

El señor PÁEZ .-

¿Cómo puede hablar sin tener derecho a usar de la palabra?

El señor PRAT.-

...tanto en la forma en que él ha manejado esta gestión como en el fondo.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Están inscritos a continuación...

El señor GAZMURI .-

¡ Senador Piñera , por primera vez en 6 años logra un respaldo tan unánime! ¡Felicitaciones!

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Señores Senadores, la mejor manera de llevar adelante la discusión y obtener algún resultado, en cualquier sentido, es respetar el derecho de cada Senador de hacer uso de la palabra.

No corresponde cambiar el Reglamento en un debate de esta naturaleza, por importante o apasionado que sea. Por tanto, debe quedar claro que las interrupciones sólo son posibles con cargo al tiempo de quien las concede. No puede ser de otra manera.

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín; y luego, los Senadores señores Gazmuri y Prat.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , la verdad es que la discusión presupuestaria es difícil para el Parlamento, ya que, como se ha dicho, nuestras atribuciones para intervenir en ella son muy escasas. Eso refleja un criterio que, sin debatirlo en esta oportunidad, hace que lo que podamos alcanzar sea siempre insuficiente, quedando el sabor amargo de no poder hacer más, y no sólo por las atribuciones, sino por el respaldo técnico de que disponemos al interior de esta Corporación para analizar esta materia, quizás la más importante que aprueba el Congreso Nacional anualmente.

El protocolo y el Presupuesto pueden mirarse desde dos perspectivas. La primera, relativa a lo que se logra --y en la medida que avanza el debate, uno puede manifestar su satisfacción por los acuerdos conseguidos--; y la segunda, en cuanto a lo que falta, a lo que se deseaba alcanzar y no se logró. Aquí, obviamente, la sensación de insatisfacción es total.

En mi opinión, la diferencia que se ha producido respecto del protocolo específicamente tiene que ver con esta doble perspectiva.

Nosotros, los Parlamentarios de la UDI --Senadores y Diputados-- hemos concurrido al protocolo porque creemos que su contenido representa avances concretos, positivos y precisos --luego los analizaré--, mejores que los logrados en años anteriores. Pero, claro, si se privilegia lo que se deseaba lograr, habríamos manifestado, a lo mejor, una actitud más negativa, como la de Renovación Nacional, al menos en sus dichos, porque --tengo que recordar-- los Diputados de esta colectividad votaron a favor del protocolo en forma unánime. Y esto demuestra lo que estoy tratando de decir: a todas luces y en forma objetiva, desde cualquier perspectiva, el acuerdo es un progreso, quizás no todo el que uno quisiera. Pero, para quienes pensamos en avanzar o que esto constituye algo positivo, firmarlo era un compromiso de honor. Hay quienes pensaban distinto, como Renovación Nacional. Respetamos su posición, porque entendemos las ganas de conseguir más. Pero no por eso hemos de dejar de reconocer que el protocolo implica un avance sustantivo.

Debo manifestar que entre quienes más han hablado en contra de este acuerdo se encuentra, por ejemplo, el Senador señor Piñera , quien fue un factor importantísimo para obtener los logros que contiene. Pero a la suscripción del protocolo contribuyeron no sólo los Parlamentarios de la UDI, sino también, y en forma muy preponderante, el Senador señor Piñera y varios señores Diputados de Renovación Nacional, en conjunto, por cierto, con Parlamentarios y autoridades de Gobierno. Desde nuestra perspectiva, hubo un trabajo colectivo, y en gran parte su éxito se debió --reitero-- a la colaboración del Honorable señor Piñera .

Luego de estas aclaraciones respecto del sentido del protocolo, vale la pena precisar por qué lo consideramos un avance.

Por una parte, se da un paso adelante en la búsqueda de mayor eficiencia en la gestión de la Administración Pública. Para tal efecto, se asegura la información sobre el desempeño de los servicios públicos (esto constituye una contribución objetiva); la auditoría a los actuales indicadores de desempeño; la información relativa al cumplimiento de las metas y la incorporación de nuevos indicadores de desempeño; los informes anuales que se van a procurar de los servicios públicos. Todo esto permitirá contar con antecedentes para precisar cómo se están administrando, en cada sector del aparato del Estado, los recursos de todo el país.

En otro aspecto, se contempla la evaluación de los programas públicos --éste es, quizá, el punto más débil de nuestro presupuesto, en muchos sentidos--, con la contribución, en particular, del señor Director de Presupuestos , por su experiencia específica en la materia. Esto se implementará a través de sistemas de paneles y la incorporación de expertos.

Además, en cuanto a eficiencia en la gestión, se aborda el tema de la transparencia, a cuyo respecto el protocolo recoge aspectos que es conveniente destacar. Así, en relación con el citado registro de los receptores de fondos fiscales, se está dando un paso adelante para emplear esa información, pues, si bien existe, no es útil para los efectos de saber lo que allí ocurre. Eso significa conocer, por ejemplo, los convenios a honorarios con personas naturales, que las reparticiones fiscales celebran más allá de sus atribuciones ordinarias. Ello reviste enorme trascendencia, porque en el último tiempo ha proliferado el uso de este expediente en la Administración Pública.

También se mejora el sistema de licitaciones para las adquisiciones en los organismos del Estado, que son, precisamente, la mayor fuente de irregularidades que se pueden cometer en ese ámbito. Mientras más transparente hagamos el sistema de licitaciones, más probidad conseguiremos en el sector fiscal. Pienso que todos compartimos este objetivo.

Con referencia a las fundaciones y a las corporaciones, al comienzo del debate presupuestario, cuando el señor Ministro de Hacienda hizo su exposición, le hice presente mi inquietud sobre lo que estaba ocurriendo en las instituciones de esa índole que reciben aportes del Estado. A mi juicio, éste es un debate que hay que abrir, no por el afán de cuestionar, sino por tratarse de organismos sin fines de lucro, cuya finalidad es normalmente conocida en cuanto a su bondad y calidad. Es necesario saber por qué ciertas fundaciones y corporaciones reciben recursos y otras no; cuál es el procedimiento para obtener ese financiamiento; y, especialmente, cuáles son los mecanismos de control del gasto de tales fondos por parte de esas entidades. Se ha avanzado un tanto en esta discusión, y algo de ello ha sido recogido en el protocolo.

Por otro lado, una preocupación del Congreso, y particularmente de la Cámara de Diputados, es la posibilidad de contar con suficientes antecedentes para llevar a cabo la fiscalización. Se han contemplado determinadas cosas al respecto: compromisos de entrega de información adecuada y con mayor periodicidad, en forma más frecuente; y procesamiento de mayor cantidad de datos. Esto último permitirá disponer de más antecedentes para fiscalizar el ejercicio presupuestario.

Sin embargo, estos compromisos --por así decir-- en el funcionamiento y en la administración presupuestaria no son los más trascendentales. Hay otros vinculados a inquietudes que manifestamos en años anteriores y que no hemos podido resolver. Ahora, a través de este protocolo, sí lo lograremos, porque ya se han transformado en indicaciones al proyecto de Ley de Presupuestos.

Una de esas indicaciones se refiere a provisiones de la Partida Tesoro Público. Se ha fijado un límite a lo que la autoridad podrá manejar con flexibilidad, sin una autorización legal explícita. Ese límite es de 200 millones de dólares, o sea, aproximadamente el 25 por ciento de dicha Partida. Es preciso recordar que al propio Senador señor Piñera le parecía razonable una cifra del orden de 20 por ciento. De modo que el tope establecido está entre los porcentajes que son convenientes en esta materia, y, por la misma razón, constituye un logro respecto de las observaciones que la Oposición ha venido planteando en lo relativo a la Partida Tesoro Público.

En lo concreto, hay dos limitaciones globales del gasto que considero aún más relevantes. En primer lugar, no se podrá gastar el mayor saldo final de caja. ¡Por favor, sobre este punto no se ha hecho suficiente reflexión! Según nuestras estimaciones, eso quiere decir que, para este año, lo que eso significa, en cuanto a que no habrá disponibilidad por parte de la autoridad de este mayor saldo final de caja, es del orden de 250 millones de dólares. Si esto es así, implica que hemos conseguido acotar la discrecionalidad en el manejo presupuestario, lo cual es de extraordinaria importancia. Pienso que no se ha subrayado bastante lo que significa.

En otro orden de cosas, tal como se ha señalado, el aporte de recursos para las empresas estatales sólo podrá efectuarse por ley, con un máximo de gastos excedibles de 10 por ciento. Hago presente que sólo en la ENACAR --el año pasado, el aporte inicial contemplado en el presupuesto fue de 13 mil millones de pesos--, hubo un exceso de gasto de alrededor de 2 mil 900 millones de pesos, es decir, se gastó prácticamente el 25 por ciento más, sin autorización por ley, sino por decreto. La restricción consignada en el protocolo impedirá que se repita esa situación.

También hay interesantes consideraciones relativas a temas sectoriales. Por ejemplo, se ha disminuido en 10 millones de dólares una partida del presupuesto de la CORFO, al eliminar el financiamiento a las exportaciones de bienes de capital. Esto lo obtuvimos a través de más o menos 40 reducciones a una sola partida del presupuesto del año pasado de dicha entidad. Además, se confirma que mediante el protocolo hemos avanzado enormemente en el control presupuestario. En la ENAMI, los recursos destinados a gastos de administración de la pequeña minería se han rebajado de 49 a 25 por ciento. En fin, en la ENACAR los aportes están condicionados, lo cual implica el cierre de la empresa si no se cumplen los supuestos de déficit que se evaluarán a comienzos del próximo año.

En síntesis, el protocolo representa un progreso. Tengo la impresión de que vamos acercándonos a que lo aprobado en el Congreso sea, efectivamente, lo que se ejecuta, y de que el presupuesto, con las holguras y flexibilidades necesarias, se puede manejar; pero si hay cambios sustanciales, tendrá que revisarlos el Parlamento. Y también hemos avanzado en asegurar que toda modificación presupuestaria debe hacerse a través de la ley.

Todos estos logros no nos dejan enteramente satisfechos. En realidad, falta mucho por conseguir. Nos inquieta, por ejemplo, que el gasto público siga siendo mayor que el crecimiento del Producto. Es un mal precedente para el país, porque constituye una presión que finalmente repercute en la propia economía. Incluso, muchas veces afecta al tipo de cambio, ya que trae como consecuencia la necesidad de aumentar la tasa de interés, lo cual perjudica al sector exportador, que es el motor del funcionamiento económico del país.

Nos preocupa, igualmente, que la eficacia en la evaluación del gasto todavía no esté garantizada. Como se ha dicho, se han aumentado los recursos en educación, en salud, y, pese a ello, no hemos logrado asegurar mejores resultados para la gente. Tampoco hay progreso en la modernización del Estado. Seguimos con una tarea pendiente --la subrayo, una vez más, en mi calidad de Senador regional--: no se han cumplido las metas de descentralización del gasto sectorial fijadas por el propio Gobierno, que lo estableció inicialmente en 21 por ciento y prometió llevarlo a 42 por ciento. En este aspecto se ha avanzado muy modestamente, y, cuando ya ha transcurrido la mitad de su período, veo, con aprensión, que no alcanzará a cumplir esas metas.

Por lo tanto, tenemos inquietudes en materia presupuestaria. Sin embargo, en algún momento uno debe tomar la decisión de acuerdo a los progresos obtenidos si respalda o rechaza la iniciativa. Creo que el trabajo que hemos desarrollado en la discusión del Presupuesto, al cual se han referido Parlamentarios de Gobierno y de Oposición y autoridades del Ministerio de Hacienda, este año nos da mayores satisfacciones que el anterior. Por eso, el protocolo de acuerdo, con todos los vacíos que tiene, con toda la insuficiencia que puede acreditársele, representa un progreso significativo en esta materia.

Si miramos secuencialmente hacia atrás en el tiempo, no en forma fotográfica, hemos mejorado una de las inquietudes que legítimamente tiene la Oposición respecto a las acciones de Gobierno, cual es ir asegurando que el gasto público sea acotado, restringido; que el Presupuesto sea austero, que esté debidamente focalizado; que haya eficiencia. Ésa es nuestra responsabilidad.

Me parece que el protocolo firmado, con todas las limitaciones que pueda tener, constituye un avance en la dirección correcta. Por eso, lo avalamos, aunque lamentamos que para estos efectos no haya participado también Renovación Nacional, a quien --como dije-- le asigno la coautoría del trabajo, porque lo hicimos en forma conjunta. De allí que lo positivo que tiene es para ambos.

Por tales razones, favoreceremos la aprobación del Presupuesto, que, lamentablemente, por una equivocada interpretación legal a mi juicio, no se hace en el Senado, sino en la Cámara de Diputados. Pero implícitamente la damos al acoger las Partidas que se encuentran incluidas en el protocolo de acuerdo, al cual comprometimos nuestros votos. Sin embargo, apoyaremos el proyecto presentado por la autoridad, con las modificaciones que se han logrado introducir, sin perjuicio de mantener siempre presente nuestra inquietud respecto de materias en las que no se alcanzó acuerdo, sobre las cuales continuaremos luchando en años venideros.

He dicho.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , ¿me permite una observación reglamentaria?

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , hace un momento intervino el Senador señor Prat y algunos Honorables colegas --incluso de mi bancada-- objetaron ese derecho.

El artículo 111 del Reglamento dispone que "Cualquier Senador que no hubiere hecho uso de la palabra podrá solicitarla a continuación del orador que se encuentre haciendo uso de ella, por un tiempo máximo de dos minutos, con el exclusivo objeto de referirse a conceptos vertidos por aquél.".

Por lo tanto, la intervención de Su Señoría se ajusta absolutamente a la norma reglamentaria citada. Pero se debe tener presente que existe una limitación establecida en el mismo precepto: "Solamente podrán hacer uso de este derecho hasta dos Senadores, pertenecientes a distintos Comités, por cada orador. El Senador que hiciere uso de este derecho, perderá el de intervenir posteriormente sobre el mismo asunto.".

En consecuencia, lo único claro que tenemos hasta el momento es que el Senador señor Prat no podría intervenir en el debate del proyecto de Ley de Presupuestos.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , haré algunas observaciones generales sobre el debate que se ha producido en estos días en torno al Presupuesto y, después, me referiré a ciertos aspectos particulares del proyecto que aprobaremos.

Creo que el primer punto ha sido bien planteado por el Senador señor Piñera , aunque no estoy de acuerdo con él. Además, me alegro por Su Señoría, ya que por primera vez tiene el apoyo de su bancada, pero no por el debate, pues a mi juicio parece que el Honorable colega es más brillante cuando actúa en solitario.

El problema radica en que aquí se parte diciendo que el gasto público crece en exceso --afirmación que venimos escuchando desde hace seis años--, lo cual, de una u otra manera, limita las posibilidades de crecimiento del país. Ocurre que durante seis años el gasto público aumenta moderadamente y el país, desde el punto de vista macroeconómico, avanza en forma sostenida de acuerdo con todos los indicadores.

Creo que la majadería permanente de afirmar que los niveles de gasto público en el país son un freno a nuestras potencialidades, es una falacia que se encuentra demostrada por los hechos. Porque no se puede decir al mismo tiempo que todo está bien, menos un elemento tan importante como el volumen de gasto público.

Sucede que sobre esta materia tenemos con la Oposición --con el Senador señor Piñera y otros Honorables colegas-- una diferencia muy de fondo, que sería bueno explicitar.

La obsesión es reducir el gasto público, en el entendido que ello produciría efectos virtuosos en crecimiento, en balanza comercial, en valorización del dólar, etcétera. Sin embargo, en mi opinión, el gasto público en el país todavía es muy bajo.

Entonces, junto con decir las cosas que andan bien, hay que señalar las que no andan bien. Nosotros, como fuerza de Gobierno, somos partícipes de los éxitos económicos, que no son del Gobierno, sino del país, de sus empresarios, de sus trabajadores, de las Regiones. Pero también debemos tener muy claro, por lo que representamos en la política chilena, los aspectos grises y negros de nuestra situación.

Aquí no andamos bien en materia de pobreza. Es cierto que ha disminuido durante los Gobiernos de la Concertación. No obstante ello, si en el país existe un 30 por ciento de pobres y un 15 por ciento de indigentes, es una sociedad profundamente enferma, sobre todo cuando crece al ritmo en que lo estamos haciendo.

En Chile no hemos descubierto cómo avanzar en economías abiertas y de mercado para disminuir la desigualdad social. Apenas hemos aprendido a reducir los niveles de pobreza, a través de la suma del crecimiento más las políticas sociales bien focalizadas. Y efectivamente en nuestro país hay menos pobres que hace seis años --espero que en cuatro años más hayan menos que hoy--, eso es claro.

Sin embargo, vivimos en una sociedad donde las desigualdades sociales son irritantes, y tienden a serlo cada vez más. Si no hay correcciones muy de fondo, éstas se acrecentarán con el tiempo. Siempre he señalado que la desventaja para enfrentar la vida con que parte un joven de una comuna popular respecto de otro de un barrio acomodado, jamás se va a disminuir. Esto no era así hace 40 años. El liceo público en el país fue un gran elemento de integración y de nivelación social, y hoy día no lo es, salvo escasas excepciones.

Por tanto, aquí debemos plantear los desafíos, las zonas grises y negras de nuestra realidad económica y social. ¿Y por qué hacerlo con motivo de la discusión del Presupuesto? Porque, precisamente, para corregir esas áreas grises y negras, se requiere una intervención muy importante del Estado. ¡Ése es el punto! El Estado debe intervenir activamente para crear condiciones de mayor igualdad social; debe generar políticas redistributivas que permitan asegurar a todos igualdad de acceso a servicios básicos como la educación, la salud, la vivienda, etcétera; debe participar con eficacia en resguardar los equilibrios territoriales. Los Senadores regionales sabemos bien que en nuestras zonas esas realidades negras son peores que en el resto del país. Yo represento a una Región donde el nivel de pobreza llega a 40 por ciento, con comunas en el secano costero donde el nivel de extrema pobreza es de 30 por ciento. Si no hay allí una acción resuelta de la sociedad a través del Estado, la situación puede continuar durante décadas.

Entonces, la majadería de rebajar el presupuesto público, me parece un asunto que tenemos que discutir muy a fondo, porque, al menos en mi opinión, aquél ya es muy bajo. Otra cosa ocurre en países más integrados que el nuestro, como Dinamarca, por ejemplo, donde estuve hace unos años. Se me dirá: "Es que están bajando su gasto público". Y así es, pero en Dinamarca éste alcanza el 66 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual es insostenible. Con todo, el dramatismo de la rebaja es de 66 por ciento a 57 por ciento. Y es un país dinámico, con grados de integración social que a nosotros nos parecen absolutamente asombrosos.

Nuestro Presupuesto, en cambio, corresponde a 20,8 por ciento del Producto Interno Bruto. A mi juicio, eso es absolutamente insuficiente. Si agregamos el presupuesto municipal, que también pertenece al sector público, y las empresas públicas, llegamos a 28 por ciento. Me parece una cifra moderada.

Ése es el primer punto que deseaba tocar. No creo problemático, no me asusta para nada, que en un año el Presupuesto público crezca más que el producto de ese año. Lo que me importa es en qué se utiliza ese mayor crecimiento. Y si éste se destina a resolver problemas sociales pero manteniendo los equilibrios macroeconómicos, es posible que la sociedad resuelva, incluso, que, en algún año o período determinado, el Presupuesto crezca a ritmos mayores que el incremento del producto. No hay dogmas en esta materia.

Renovación Nacional cada año nos ha querido hacer firmar compromisos en orden a que, en adelante, el Presupuesto público no crezca nunca más que el Producto Interno Bruto. ¿Sobre la base de qué argumento? ¿De qué dogma? Hay que ver en función de qué objetivo se toma esa determinación, y si es compatible con otros objetivos macroeconómicos. Hasta ahora, hemos demostrado que, con crecimientos moderados por sobre el producto, los equilibrios macroeconómicos se han sostenido, y --digámoslo con claridad-- con mucho mayor rigor en esta Administración que en la antepasada. Porque al señor Büchi , en el último año y medio, en período electoral, se le arrancaron todas las variables. A nosotros, en cambio, en años electorales, no se nos ha arrancado ninguna. Recordemos que terminamos el año 89 con 18 por ciento de inflación, y nosotros, habiendo tenido una elección por año, hemos manejado con gran rigor los equilibrios macroeconómicos. Luego, tampoco en esta materia nos pueden venir a dar lecciones los representantes de la Administración antepasada.

Estas cuestiones hay que decirlas, señor Presidente, porque siempre se están ocultando.

Segundo punto: no basta sólo tener un Presupuesto público; está el tema de la eficiencia, de cuál es el sentido del gasto.

Al respecto, no quiero alargarme demasiado, pero no puedo dejar de señalar que, en general, un porcentaje cada vez mayor de este gasto público va directamente a los denominados "programas y proyectos del área social" --eso es indiscutible--, y por otro lado, que, en general, también las transferencias van a los más pobres. Sólo daré un par de ejemplos.

Tengo en mis manos un documento donde constan los ingresos promedios por hogar del año 94, según quintiles. Pues bien, en el quintil más pobre, el 38 por ciento de ese ingreso corresponde a transferencias del sector público. No se diga aquí, entonces, que el Presupuesto se queda en el aire. Del quintil más pobre de los chilenos, el 40 por ciento de los ingresos familiares son transferencias del sector público en subsidios monetarios directos --subsidio de cesantía, asignación familiar, subsidio único familiar, etcétera-- y, además, en programas sociales.

Ésa es la realidad. Entonces, no es posible afirmar que la plata se queda en el medio, alegremente. Puede que alguna se quede, y es necesario preocuparse de eso. Pero esta afirmación general que hace el Honorable señor Piñera , con el brillo que ciertamente tiene, en el sentido de que el Presupuesto se diluye y no llega a la gente me parece irresponsable. Yo respondo: aquí están las cifras.

¿Y a cuánto alcanzan las transferencias directas al quintil más rico? A 3,2 por ciento. Veamos cómo se explica esto. Ciertamente, es inevitable que reciban alguna transferencia, salvo que hagamos que los ricos vivan en otro país. Y yo estoy porque sigan viviendo en éste, que es su país, ojalá, sí, un poco más mezclados con la clase media y con los pobres. Porque, dicho sea de paso, nuestras ciudades se están convirtiendo casi en ciudades sudafricanas desde el punto de vista de la ubicación social y espacial de los pobres y de los ricos. Eso es algo sobre lo que también debemos llamar la atención.

Como he dicho, estoy abierto a la posibilidad de que existan ineficiencias particulares. Pero, en mi opinión, este Presupuesto también puede ser defendido desde el punto de vista de que su orientación central es dinamizar las políticas sociales. Si uno ve qué Ministerios crecen más se encuentra con que son los que impulsan programas sociales. No creo necesario entrar en más detalles sobre el particular.

Siempre en el terreno general, quiero hacer una breve observación sobre el tema de la gestión del sector público.

Sin duda, hemos mejorado en este aspecto, pero queda pendiente una gran reforma del Estado, la cual no se hace de un día para otro. Es claro que hay problemas de gestión, problemas de estructura, problemas de descentralización, problemas serios en las políticas de personal; y que hay síntomas alarmantes de pérdida de capacidades profesionales del Estado debido a una insuficiencia seria en las remuneraciones de los sectores técnicos y profesionales. A mi juicio, sería un desastre para el país que se siguiera produciendo la migración de sectores profesionales altamente calificados del sector público al privado. Los estudios muestran que, en general, los escalafones inferiores de la administración pública están más o menos acompasados con el mercado, pero en los sectores medios y altos --incluidas las Fuerzas Armadas-- hay una salida sistemática de personal altamente calificado hacia el sector privado, lo cual puede llevarnos a tener un Estado completamente ineficiente en lo futuro. Aquí sí que enfrentamos un gran desafío.

Ahora, a todos aquellos que ponen tanto énfasis en la modernización del Estado, pero, al mismo tiempo, en la rebaja del Presupuesto público, les señalaría que, a mi juicio, una modernización en serio es más cara y no más barata. Eso ha sido siempre así. No me vengan a decir lo contrario. Quizá podríamos hacer más eficiente el Estado, achicarlo, pero, finalmente --se los apuesto--, va a terminar siendo más caro. En cualquier caso, estamos disponibles para hacer esa discusión en serio.

Finalmente, señor Presidente, me referiré a algunos aspectos particulares.

Nosotros hemos concurrido al protocolo de acuerdo, no sólo por una exigencia de la Oposición, no sólo porque resulta indispensable en el Senado llegar a acuerdos si queremos aprobar los proyectos, dada la correlación política de fuerzas existente aquí, sino, además, porque desde siempre a los socialistas nos ha parecido que avanzar en transparencia respecto del gasto público, en una fiscalización adecuada por parte del Congreso y de los entes fiscalizadores, en establecer medidas de gestión respecto de la Administración, es propio de una democracia que se desarrolla.

Entre nosotros existe, a veces, la tentación de decir: ¿Para qué vamos a dar más atribuciones al Congreso, cuando, desde nuestro punto de vista, todavía no expresa plenamente la soberanía popular, debido a que las mayorías del país no están representadas, especialmente en el Senado? Pero, sin perjuicio de esa insuficiencia, que no es menor, nos parece bien avanzar en las líneas que se han comentado acá, que están planteadas en el protocolo, el cual, a nuestro juicio, perfecciona nuestro sistema de gestión de los asuntos públicos.

Sobre el particular, solamente haré una observación, que ya plantearon los socialistas en la Cámara de Diputados. No nos pareció la mejor fórmula la presentación de la glosa del Presupuesto de ENACAR, en la medida en que se vincula el aporte del Estado a una evaluación trimestral de la empresa, por considerar que, de alguna manera, ello implicaba prejuzgar sobre la inviabilidad de la misma. Es por eso que en la Subcomisión apoyé la indicación formulada por el Senador señor Ruiz-Esquide , la cual venía a reponer la primitiva presentación de este punto que había hecho el Gobierno.

Ayer, en la Cámara de Diputados, en una reunión previa sostenida con varios Parlamentarios de la Concertación, principalmente con Diputados y dirigentes de las empresas del carbón, el señor Ministro Secretario General de la Presidencia reiteró la voluntad del Gobierno, como un objetivo principal, de hacer viable la empresa, y, en caso de no ser así, de enviar al Congreso Nacional uno o más proyectos que permitan, si fuera necesario, un cierre parcial y ordenado de ella.

Yo entiendo que las declaraciones del señor Ministro forman parte del espíritu del protocolo. Y, en ese sentido, la observación que teníamos ayer ha quedado despejada con la intervención de dicho Secretario de Estado en la Cámara de Diputados.

Finalmente, quiero informar sobre un aspecto que, a mi juicio, debe ser conocido por el Senado. En la Segunda Subcomisión, donde analizamos el Presupuesto de las Fuerzas Armadas, reiteramos la petición de información que formuló el año pasado el Presidente de la Comisión , en cuanto a que se proporcionaran al Parlamento los antecedentes sobre el conjunto de bienes que constituyen el patrimonio de afectación fiscal del Ejército de Chile. Dicha información, que está siendo procesada por las Fuerzas Armadas, no ha llegado todavía a esa Subcomisión.

Sobre el particular, quiero dar a conocer que hemos estado llevando a cabo una discusión en materia de Fuerzas Armadas, la que cada año ha ido avanzando más en cuanto a claridad, transparencia y calidad de la información. Por primera vez, durante este año, hemos recibido, de parte de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, una exposición sobre el programa del Presupuesto de Defensa --es por programas; no por partidas--, lo que ha permitido efectuar una muy rica discusión sobre dicho Presupuesto. Además, hemos solicitado información adicional al Ejército respecto a otros ingresos que perciben las Fuerzas Armadas y que no están complementados en el proyecto de Ley de Presupuestos.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Me disculpa, señor Senador ,...

El señor GAZMURI.-

Con esto termino, señor Presidente.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Ojalá. Porque hace poco me dijo lo mismo.

El señor GAZMURI .-

"Tres minutos", dije hace poco.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Señor Senador, lo que pasa es que la autodeterminación de Su Señoría no puede llegar al punto de asignarse el tiempo por sí solo.

El señor GAZMURI .-

Muy bien.

Sólo quiero manifestar que hemos solicitado información sobre los ingresos obtenidos por el Ejército el año pasado, que provienen de dos fuentes que no figuran en el Presupuesto y que están constituidos por el patrimonio de afectación fiscal y el fondo rotativo de adquisiciones. Dicha información ha llegado en tiempo y forma a la Segunda Subcomisión y se encuentra en la Secretaría de la misma a disposición de los señores Senadores.

Me parece importante dar cuenta de estos antecedentes, porque creo que hemos ido avanzando en forma muy sustantiva en la calidad de la discusión del Presupuesto de Defensa.

Pido excusas a los señores senadores y a la Mesa por haberme excedido un poco en el tiempo.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Está inscrito a continuación el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , ciñéndome al Reglamento, no me referiré al asunto que traté al término de la intervención del Senador señor Andrés Zaldívar . Entiendo que de ello quedó constancia en la Versión Taquigráfica, lo que interesa para los efectos de que la opinión pública esté informada.

En cuanto al proyecto de Ley de Presupuestos que estamos analizando, considero relevante señalar la importancia que tiene este cuerpo legal en la Administración del Estado y, naturalmente, en la función del Parlamento.

La participación del Estado en la economía es trascendente en el destino del país, en su desarrollo, y en la participación y bienestar de las personas.

Ahora, contestando la pregunta que formuló el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, cabe destacar la relevancia que tiene el hecho de que el crecimiento del gasto del Estado sea mayor que el del producto, pues, por esa vía, la participación estatal en la economía crece en desmedro de la participación privada. Por lo tanto, si queremos una economía con mayor o menor estatización, tendremos que estar viendo año a año cómo crece la participación del gasto público con relación al crecimiento del producto. Si éste crece más que el gasto del Estado, entonces estaremos viendo que la economía en su conjunto se está privatizando. De lo contrario, ella se estará estatizando. Y es lo que ha sucedido en este proceso a lo largo de las últimas discusiones presupuestarias, salvo en la del año 1995.

Por eso, este tema es relevante. Porque las personas que en forma creciente desean hacer uso de sus facultades para resolver dónde educarse, dónde acudir en busca de salud, y para resolver sobre su destino y el de su familia, deben tener claro si éste va a ser limitado por un crecimiento cada vez mayor del aparato público a través de la Ley de Presupuestos o bien si van a ser las personas y sus familias las que van a tener una creciente participación en la resolución de su propio desarrollo.

Junto a lo anterior, creo que el estudio del proyecto de Ley de Presupuestos es la oportunidad para abrir un debate nacional, no ya sobre cuánto se está gastando, sino sobre cómo se está llevando a cabo ese gasto. Porque en este segundo punto está la médula de cómo satisfacer las aspiraciones que la ciudadanía deposita en el Estado y en la dirigencia política. La frustración proviene cuando, habiendo gran aparato y gastos, se cifran grandes aspiraciones en la resolución de materias de orden público y ocurre que los resultados son débiles. Ahí surge el desprestigio de la dirigencia política y la frustración ciudadana respecto de ella.

Por eso, es oportuno y pertinente que, con motivo de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, se realice un acucioso análisis sobre cómo está funcionando cada uno de los servicios públicos, cada uno de los organismos del Estado y cada uno de los programas que existen para satisfacer desde el Estado las necesidades ciudadanas.

Por eso, es necesario efectuar un debate integral, tanto en lo global como en el detalle, de los programas, así como del desempeño de los servicios y organismos.

Cabe preguntarse si esto se está haciendo bien. Yo estimo que no. En primer lugar, se dispone de poco tiempo. En la práctica, el proyecto de Ley de Presupuestos se discute en un escaso período de tiempo, entre el 5 de octubre y el 20 de noviembre, impidiéndose con ello dar verdadero cumplimiento al sentido de lo que es la legislatura extraordinaria.

La legislatura extraordinaria --período en el que las facultades del Congreso se reducen fuertemente en cuanto a la iniciativa para presentar proyectos-- tiene por objeto dar espacio al trabajo del Parlamento para que se dedique al análisis del proyecto de Ley de Presupuestos. Por eso, en un comienzo estuvo bien planteada la iniciativa del Ejecutivo , al haber incluido en esta única oportunidad pocos proyectos de ley en la convocatoria, a fin de permitir que el Parlamento dedique mayor atención que otros años a este tema. Desgraciadamente, desde el seno del propio Congreso, nació un reclamo por esta situación, y el Gobierno, quizás débil en su posición, accedió a incorporar en el curso de este trámite más y más proyectos a la convocatoria, rompiendo el sentido de lo que es la legislatura extraordinaria. Incluso, en este tiempo se presentó un proyecto de reforma constitucional para eliminar dicha legislatura, es decir, para dar el mismo trámite e importancia a este proyecto subsumido, haciéndolo competir con muchos otros que deben ver las Comisiones en forma simultánea.

Sobre el particular, debo llamar la atención acerca de la inconveniencia de seguir adelante con la iniciativa de ley tendiente a suprimir la legislatura extraordinaria, pues yo pensaría más bien en cómo hacer más estricto el cumplimiento del sentido de esa legislatura, en cuanto a dar preferencia al proyecto de Ley de Presupuestos en esta época de la tramitación anual del Congreso.

Creo que, en el sentido correcto, debiera establecerse que mientras esté en el Congreso la Ley de Presupuestos anual, sólo podrán ser analizadas en conjunto con ella las materias calificadas de "Discusión Inmediata" o de "Suma Urgencia", y que todas las otras sean pospuestas hasta el despacho de dicha iniciativa, que, sin duda, es la más importante del año.

Poco tiempo es lo que resta --decía yo-- de la tramitación de este proyecto, que tiene poca cobertura en la prensa. Es cierto que hay una discusión global --a veces, sorda--, pero el detalle de lo que está tramitando, por ejemplo, la Comisión Especial de Presupuestos, no tiene la difusión suficiente. Y esto hay que identificarlo y ponerlo de relieve: aun cuando las sesiones de dicha Comisión están abiertas a los medios informativos, la cobertura no es la suficiente. Y en este sentido deseo recalcar dos hechos que me tocó conocer durante el debate en esa Comisión, los que no vi publicados en la prensa, a pesar de su importancia.

La Comisión Especial de Presupuestos, por ejemplo, restó, con votos de la Concertación y a proposición del Honorable señor Lavandero , la suma de seis mil pesos al presupuesto del Tribunal Constitucional. El argumento de la propuesta fue que éste había dictaminado en su fallo que el Congreso no tenía atribución para trasladar su sede, pues ello irrogaba gasto público.

El señor LAVANDERO .-

No fue así.

El señor PRAT.-

Después le concederé una interrupción, señor Senador, porque es muy sabio y sano que la opinión pública se imponga de estas materias.

Tal tesis fue aprobada en la Comisión Especial de Presupuestos y se consideró que constituía una señal de reprobación al fallo del Tribunal Constitucional. ¡Seis mil pesos! Tal como se oye. Es una señal de protesta. Y esto, que significa una atribución y que en el día de mañana puede también afectar a los tribunales de justicia por un fallo que no guste a una mayoría política, no apareció en la prensa. Tampoco se publicó, por ejemplo, que se votó una partida que asigna fondos a unos llamados "liceos de anticipación", que es un concepto recogido en el proyecto de ley que modifica la enseñanza, pendiente en la Cámara de Diputados y cuyo mérito no ha sido analizado por el Parlamento. Sin embargo, en la Comisión Especial de Presupuestos se aprobaron recursos para esos liceos de anticipación, cuyo mérito --repito-- no ha sido todavía discutido. Y nada de ello figuró en los medios informativos.

Creo que aquí hay que dar más tiempo y más cabida a la discusión del proyecto, para que la ciudadanía se imponga bien de cuánto se está gastando de su dinero y cómo se lo está gastando.

Finalmente, quiero referirme a esta Ley de Presupuestos y a la forma como se está resolviendo. Ella aumenta el gasto, y se aparta de la línea de administrar las finanzas públicas cooperando con la política de reducción de la inflación que lleva a cabo el Banco Central. Ello obliga al instituto emisor a acentuar su política de ajuste, que hoy día tiene urgida a toda la ciudadanía con una tasa de interés que afecta las actividades normales del comercio y la industria, como también el presupuesto de las familias con altos índices de endeudamiento.

Por eso, el proyecto de ley en debate debe ser señalado como una iniciativa que no acoge el consenso de la mayoría política del país. Éste no es nuestro Presupuesto. Es un Presupuesto que globalmente, en cuanto a su monto, a su grado de focalización y a numerosas partidas, no cuenta con nuestro respaldo. Es bueno que la opinión pública conozca eso, y tal es el motivo por el cual no concurrimos a firmar un protocolo referente a materias con las cuales sí estamos de acuerdo. Ninguna de las materias contenidas en el protocolo, que hoy día hemos visto firmado en la prensa, cuenta con nuestra desaprobación. Por el contrario, diría que una alta mayoría de ellas ha surgido de una Comisión donde ha participado brillantemente el Honorable señor Piñera . Pero el afirmar en dichos medios que con la validación de ese protocolo estamos aceptando un Presupuesto que, en sus cifras globales, no compartimos, la consideramos una señal muy equivocada para el país, porque la política se construye con señales, como muy bien lo sabe el Gobierno. Y cuando él ha dicho que hace dos días concedió un reajuste de remuneraciones de 9,9 por ciento --aprobado en esta Sala--, pretendió dar la señal de que no se había llegado a los dos dígitos y que, por lo tanto, se estaba contribuyendo al equilibrio macroeconómico. Claro que en esa señal ocultó que estaba otorgando dos bonificaciones --deberían haberse sumado al cálculo--, en virtud de las cuales el reajuste efectivo llegaba a 12 por ciento.

Tiene claro el Gobierno que la política se hace con señales, pero también hay que hacerlo con los hechos veraces. En este caso, de haber nosotros contribuido a la firma del protocolo, habríamos dado la señal equivocada de que estamos avalando este nivel de gasto público, de que estamos avalando la forma como el Gobierno lo administra y focaliza. Y eso no es así. Por lo tanto, sin perjuicio de estar de acuerdo con las materias que, individualmente, componen dicho protocolo, no puede entenderse que estemos conforme con el proyecto en su conjunto, con su monto y la focalización que dispone. Ésa es la señal que hemos querido hacer llegar a la opinión pública, y de esa forma será recogida.

Hechas estas salvedades, señor Presidente, anuncio mi apoyo a las indicaciones que desde esta bancada serán presentadas.

He dicho.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , quiero advertir que no por repetir mil veces cosas erróneas o equivocadas, éstas pueden llegar a convertirse en verdades.

En 1995 y 1996, el Honorable señor Piñera repitió con insistencia que en el Gobierno había corrupción, que había un gasto excesivo, que existía una "gordura fiscal", un exceso de grasa y que era como Rico Mc. Pato. Pero si eso que repitió con insistencia, una y otra vez, en 1995 y, por supuesto, al tratarse el Presupuesto de 1996, hubiese sido verdad, no estaríamos hoy discutiendo sobre lo que podría hacerse en 1997, sino sobre lo malo que se llevó a cabo en 1995 y 1996.

Pero el Honorable señor Piñera y algunos miembros de la Oposición nunca han señalado un hecho concreto de corrupción, de gordura fiscal o excesiva en el Presupuesto de esos dos años. Cada vez emplean el término "podría": "En 1997 podría ocurrir tal cosa". Hipotéticamente. Y el señor Senador dijo concretamente lo mismo en 1995 y 1996 al tratarse los proyectos de Presupuestos correspondientes. ¿Y dónde están los escándalos que deberían haber ocurrido a raíz de esas denuncias? No hay uno solo. De manera que los argumentos son hipotéticos, y lo que se quiere, en el fondo, es recortar el gasto fiscal. Lo que se persigue es disminuir y jibarizar el Estado bajo esta fórmula, para entregar un mayor espacio al sector privado.

No se ha concretado ninguna de estas denuncias. ¡Ninguna! Por supuesto, ellas no se han hecho en forma seria, profunda ni responsablemente. Hablar no cuesta nada, hacer una conferencia de prensa, tampoco. Pero lo importante y serio es acreditar lo que se afirma. Tampoco se han ofrecido disculpas a la opinión pública.

Señor Presidente , macroeconómicamente el país está bien. Así lo ha reconocido el Senador señor Piñera . Y como no hay denuncias respecto de la inversión presupuestaria en 1995 y 1996, el Estado también está bien. Pero lo que está mal es la injusta distribución del ingreso, o sea, la política microeconómica. Y está mal, porque el sector privado y los grandes empresarios no quieren ser solidarios ni hacer un poco de justicia social, entregando algunas décimas de su ganancia para mejorar los ingresos de los sectores más débiles.

En cuanto a políticas macroeconómicas, recordemos que en lo del ahorro muchos se jactan. Debemos darnos cuenta de que el sector privado que reclama de estas circunstancias contribuye directamente a él con 16 por ciento. Y el Gobierno Central, con 5,5 por ciento. Si agregamos el aporte del Fondo del Cobre y el de las empresas públicas, llegamos a 7,9 por ciento. Es decir, el Estado que genera sólo el 20 por ciento del Producto, ahorra casi la mitad de lo que ahorra el sector privado.

Si analizamos más a fondo el problema, ya no en cuanto al ahorro, sino al gasto, el sector privado ocupa el 80 por ciento del gasto global, y el sector público, sólo el 20 por ciento. Aparte ello, el 20 por ciento más rico del país, ocupa más del 55 por ciento del gasto total; y el resto del país --el 80 por ciento-- y el Estado, consumen sólo el 45 por ciento.

Entonces, ¿por qué debe jibarizarse el Estado y dejar un mayor espacio al sector empresarial, en circunstancias de que el 20 por ciento de este sector gasta --repito-- 55 por ciento de todo el Producto del país? Y lo peor es que algunas personas, desde el Olimpo de sus empresas, se refieren a lo poco democrático o intolerante que es el Congreso o alguno de sus miembros; pero esos dirigentes empresariales miran la paja en el ojo ajeno, y no la tremenda viga en el propio. Muchos ganan entre 25 y 30 millones de pesos mensuales. Y algún día voy a entregar la lista completa de ellos. Esos mismos altos empresarios que critican al Congreso Nacional por intolerante o bien por las razones más insólitas, no miran la tremenda viga que tienen en sus ojos. En efecto. al interior de sus empresas tienen "juniors" o gente contratada en el último tramo que gana apenas 150 mil pesos. Pese a ello, tampoco la escuchan en sus peticiones. No la escuchan ni menos le hacen caso.

Por consiguiente, desde el Olimpo, tales empresarios prefieren criticar al Senado o a la Cámara de Diputados, sosteniendo que hay gastos excesivos, que el Parlamento no recibe a nadie, que éste es intolerante. Pero, en verdad, lo escondido detrás de esta carencia de focalización o falta de transparencia, o de excesiva "gordura", es que no están contentos con lo que ganan y quieren más.

La encuesta CASEN señaló la distribución por hogares: el 20 por ciento de mayores ingresos obtiene el 57 por ciento de lo que el país produce. Y el 20 por ciento más pobre, el 4,8 por ciento; sin embargo, en el quintil más pobre hay 60 por ciento más de individuos que el 20 por ciento de altos ingresos. Por lo tanto, si se corrigiese la encuesta CASEN y correspondiera a los ingresos, es necesario reconocer que la realidad del país es grave. El raz o la brecha entre pobres y ricos es aún peor. Si se considera por ingresos, el 20 por ciento de más altos ingresos se lleva el 61,9 por ciento de lo que el país produce. Y el quintil más pobre, sólo el 3,5 por ciento.

En ese 3,5 por ciento se encuentran casi 4 millones de chilenos, que ganan menos de lo necesario para la adquisición de la canasta familiar, mientras, desde el Olimpo, esos caballeros ganan entre 25 y 30 millones de pesos mensuales.

Es cierto que en los últimos 6 años ha disminuido el número de pobres en un millón 800 mil. Se trata de un esfuerzo colosal. Pero también es efectivo que la brecha entre ricos y pobres ha aumentado. Y al respecto concuerdo con las acertadas palabras del Senador señor Gazmuri --tocante a las cuales deseo profundizar--, porque tal realidad no es algo aparecido de la noche a la mañana.

En 1968, el 20 por ciento más rico se llevaba el 44,8 por ciento, y el 20 por ciento más pobre, el 7,8 por ciento. Hoy día, el 20 por ciento más rico --reitero-- se lleva prácticamente el 62 por ciento y el sector más pobre, apenas la mitad de lo que tenía en 1968. Aunque la torta es más grande, la tajada es más fina. En consecuencia, tanto el Gobierno del Presidente Aylwin como el del Presidente Frei , en consideración al modelo heredado, han producido obligadamente para los grandes sectores empresariales un efecto de enriquecimiento acelerado jamás visto. Repito que las Administraciones Aylwin y Frei han producido un enriquecimiento extraordinario y acelerado en los sectores empresariales que están dentro del 20 por ciento de las personas más ricas. Y ellos son los principales críticos del Gobierno, del Senado y de la Cámara de Diputados. Son injustos, son avarientos, son insaciables y son los únicos que, si se desprendieran del negro de la uña, podrían hacer un poco más de justicia social.

Por lo tanto, no son los sectores empresariales los que pueden reclamar por la injusticia social, quienes, no obstante la carga tributaria, se llevan anualmente el 62 por ciento de lo que el país produce.

Los reclamos de los empresarios para disminuir el Presupuesto de la Nación o la carga tributaria no sólo son injustos, sino que van en contra del mantenimiento de las estabilidad y la paz social, aparte ser absolutamente insolidarios.

Por eso es importante el Presupuesto. Es la herramienta más poderosa de redistribución del ingreso con que cuenta el Estado. Y de ahí el ataque voraz --¡voraz!-- de algunos sectores para calificarlo de excesiva "gordura" y de corrupción --nunca probada--, y por esa vía dejar un mayor espacio al 20 por ciento más rico que percibe 62 por ciento de lo que el país produce.

Algún día haremos más justicia social y cambiaremos el modelo heredado del Gobierno militar. Y la Concertación no hará de comparsa en este proceso de crecimiento acelerado del 20 por ciento más rico ni de la injusticia social que afecta a los sectores de menores ingresos.

Por todo ello comparto la opinión del Senador señor Gazmuri en cuanto a que el Estado necesita más recursos presupuestarios para resolver los problemas de los profesores y de los jubilados; para aumentar la asignación familiar; para construir caminos; para extender la electrificación rural y para elevar las remuneraciones de la mal pagada Administración Pública, cuyos servidores, a veces, ganan menos de un tercio de lo que reciben sus homólogos del sector privado, al punto que el empequeñecimiento del Estado derivado de ello lo hace más ineficiente. En efecto, después de recortársele el presupuesto, se le culpa políticamente de ineficiencia y se apoyan las huelgas de quienes reclaman por mejores salarios.

Creo conveniente que haya conciencia. No nos oponemos a una mayor fiscalización y transparencia; pero queremos ver hechos concretos y no palabras, como las repetidas durante la discusión de las tres últimas leyes de Presupuestos, que no apuntan a una realidad objetiva.

Apoyaré el proyecto, pero con descontento, por considerar que resulta insuficiente y porque cada peso de rebaja aumenta la brecha de injusticia social.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Antes de ofrecer la palabra al Senador señor Cantuarias, deseo pedir la comprensión de los señores Senadores para prorrogar la hora hasta el término de la intervención de Su Señoría; y que en lugar de reanudar la sesión a las 14:45, lo hagamos a las 14:30, extendiendo el tiempo para usar de la palabra al resto de los oradores inscritos, Senadores señores Ruiz-Esquide, Otero, Valdés, Ríos, Núñez, Romero y Errázuriz.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , ¿Su Señoría se refiere a quienes intervendrán en la discusión general? Porque el debate particular entiendo que será abierto.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Así es, señor Senador.

Respecto de la misma materia, la Mesa desea proponer que en lugar de terminar la discusión general a las l7, lo hagamos a las l8, a fin de no acortar el plazo acordado para el estudio de las indicaciones.

El señor HAMILTON.-

Señor Presidente , deseo hacer la siguiente sugerencia: de ser posible, que se dé preferencia en la discusión particular a aquellos artículos que requieren quórum especial, para facilitar el despacho de la iniciativa.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

La idea de la Mesa es proceder de esa manera. En esa situación, se encuentran sólo dos artículos el 3º y el relativo a las colocaciones financieras de la CORFO, que la Mesa someterá a la consideración de la Sala luego de reanudarse la sesión.

¿Habría acuerdo para proceder en esos términos?

El señor PIÑERA.-

Sí, señor Presidente , pero con una sola observación: que el debate de las indicaciones se haga un poco antes; o sea, que se amplíe el plazo hasta las 14:45.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Con el mayor gusto, señor Senador. Estoy seguro de que la Sala no tendrá inconveniente.

El señor HORMAZÁBAL.-

¿Me permite, señor Presidente ? Estoy de acuerdo con la propuesta de la Mesa; pero, a fin de que no se diga que existe exclusividad para los inscritos, deseo que se me incluya en la lista, en caso de que sea menester intervenir en la discusión general.

El señor DÍEZ (Presidente).-

Con todo agrado, señor Senador.

El señor VALDÉS.-

¿A qué hora se reanudará la sesión, señor Presidente?

El señor DÍEZ (Presidente).-

A las 14:30.

Tiene la palabra el Senador señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , he sido miembro titular de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos en seis oportunidades anteriores, más la de ahora. La tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos --como muchos, lo califico como uno de los más importantes que el Parlamento debe estudiar anualmente-- ha tropezado, en años anteriores, con dificultades de distinto orden. Varios señores Senadores, pertenecientes a distintos sectores políticos, hemos estimado que ella tiene algo de ritual, porque sea por las diversas limitaciones que nos afectan a los parlamentarios, o por las disposiciones orgánico-constitucionales y de la propia Carta que la rigen, lo cierto es que nuestra posibilidad de influir en ella es mínima.

Sin embargo, en esta oportunidad, tengo la íntima convicción de que mucho de eso ha cambiado y de que quizás --es mi impresión personal-- ésta sea la ocasión en que las modificaciones que estamos introduciendo al proyecto de Ley de Presupuestos , producto de los acuerdos, significan un cambio sustantivo, mejoran las posibilidades generales que los parlamentarios tenemos para participar, conocer, acompañar y eventualmente fiscalizar la Ley de Presupuestos y su ejecución. La situación ha cambiado --repito--, y no puedo sino comenzar mi intervención en general en la materia haciendo la salvedad de que hemos alterado un poco el rito de manera tal que va a tener efectos que califico de muy positivos.

Se han hecho en la Sala algunas afirmaciones respecto del gasto público, acerca de lo cual deseo formular ciertas precisiones.

No me siento interpretado ni me considero próximo a las personas que ven en el gasto público un enemigo o algo susceptible de ser reducido. Los propósitos que animan a estos últimos dicen relación a ciertos efectos que aquél produce. No me inclino ideológica ni doctrinariamente por reducir el gasto público per se. Si en determinado año crece más que el Producto, ello puede ser circunstancial, pero a la vez, excepcionalísimo. No resulta lógico ni sustentable --como tampoco lo es al interior del presupuesto de una familia-- que en cualquier período el nivel de gasto exceda sistemáticamente el de los ingresos. Ello tiene que ver con una buena conducta financiera, con los efectos que ello produce en términos inflacionarios y con el crecimiento y desarrollo del país, en los términos que supongo que todos queremos.

Estimar que el solo incremento del gasto público produce automáticamente efectos, en términos de apoyo a los sectores socialmente más necesitados --ésta es una segunda confusión-- constituye una equivocación, acerca de la cual vale la pena hacer algunas precisiones.

Gastar más por el simple hecho de hacerlo no siempre produce los efectos deseados. Y quizás el más dramático de los ejemplos lo puede dar el ex Ministro de Salud don Jorge Jiménez --tal vez muchos no lo recuerden--, quien dejó la Cartera haciendo presente ante el país que bajo su conducción el gasto en el área prácticamente se había duplicado, y nadie percibía que las cosas hubieren mejorado en igual proporción.

Reitero: gastar más simplemente no es garantía de eficiencia; ni implica siquiera que con mayores recursos se beneficie a quienes se desea.

Por su parte, un ex Ministro de Hacienda , frente al planteamiento que algunos formulamos en términos de focalización del gasto social (pretensión que todos deberíamos compartir, porque, si se destinan recursos para apoyar, promover y sacar de su condición a los sectores más postergados, el esfuerzo de eficiencia de quienes aprobamos los fondos debería estar encaminado a que el gasto social se concentrara en los más pobres), nos recordaba que no había que reclamar respecto de ella, porque --nos decía-- 60 por ciento del gasto social se distribuye, efectivamente, entre los más necesitados. Me parece que esta afirmación, que puede representar estadísticamente criterios mayoritarios, pone al desnudo en forma simultánea una gran ineficiencia, pues significa, entonces, que 40 por ciento del gasto social se entrega a quienes no son tan pobres.

Por lo tanto, en esta materia hay normas, reglamentos y gastos que deberíamos corregir. Así, el presupuesto de apoyo destinado a los sectores más necesitados podría crecer y mejorar, sin gastar un peso más, simplemente por la vía de subsanar tales desviaciones --denominadas "fugas del gasto social"--, orientándolas desde aquellos que disponen de mayores recursos a quienes son socialmente más pobres.

Por eso, no me gusta que nos conformemos con decir que se gasta más y que debe gastarse más, porque cualquier propuesta humana de relación de gastos, como lo es un proyecto de presupuestos, no puede ser considerada el único instrumento capaz de dar cuenta de las necesidades de los sectores sociales que pretendemos beneficiar.

Hay mucho de autocomplacencia o de arrogancia cuando uno, simplemente, se conforma con señalar: "Aquí estamos gastando más, y eso es bueno sólo por ese hecho".

Reclamo de ello, a modo de introducción, pues a veces pareciera entenderse que quienes deseamos que el gasto sea más eficiente, tratamos de que reciban los recursos las personas que realmente los necesitan y llegamos a un acuerdo con el Gobierno para mejorar la ejecución presupuestaria a través de esta normativa --lo valoro en gran medida--, estamos criticando el hecho de que se gaste en los más pobres. Ni siquiera entrelíneas acepto una afirmación de tal índole, porque no comparto esa posición. Por el contrario, considero que no basta con gastar más socialmente, sino que es indispensable hacerlo bien, para que los dineros rindan. Ésa sí que es una medida eficaz.

En tercer lugar, deseo manifestar que el Protocolo ahora suscrito constituye, lejos, el avance más significativo que se ha logrado, considerando los siete Presupuestos en que he participado, en términos de atraer información, de permitir la llegada oportuna de ésta, de acompañar la ejecución presupuestaria.

Ciertamente, dicho Protocolo no recoge todas nuestras aspiraciones. Es propio de toda transacción o negociación que las partes se pongan de acuerdo. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer que ése es, lejos, el instrumento que más ha contribuido a la transparencia, claridad y objetividad del gasto público.

A mi juicio, el Protocolo firmado ahora representa el más gigantesco e importante avance --perdóneme por repetirlo, señor Presidente -- alcanzado en las siete leyes de Presupuestos en que me ha tocado participar. Contiene disposiciones concretas, cláusulas y glosas en las cuales nos hemos puesto de acuerdo con el Gobierno. Y, ciertamente, no puedo dudar a priori de la buena fe que anima a quienes suscribieron dicho instrumento. Por lo demás, seremos celosos custodios y guardianes para que el Protocolo se cumpla rigurosamente. Y si el próximo año la experiencia de lo que allí acordamos nos aconseja avanzar un poco más, esperamos tener acogida y la posibilidad de hacerlo.

El documento que firmamos es muy importante. Repito: constituye, lejos, el avance más significativo en términos de hacer sincera y transparente la ejecución presupuestaria.

Por último, quiero referirme a dos materias que forman parte del Protocolo, que se encuentran contenidas en las cláusulas del Presupuesto y que han sido objeto de declaraciones, gestiones y actitudes que lamento profundamente.

En primer lugar, los aportes a ENACAR. Y, al respecto, quiero ser meridianamente claro.

Nunca he negado mi respaldo a los recursos que el Gobierno ha pretendido otorgar a esa Empresa. En consecuencia, los aportes contemplados para ENACAR en el proyecto de Ley de Presupuestos son aquellos que el Ejecutivo solicitó a fin de hacer viable dicha Empresa. La glosa que contiene la partida correspondiente no fue una exigencia de la Oposición política, sino lo que buenamente quiso, redactó y presentó el Gobierno, lo cual se aprobó en la Primera Subcomisión , durante una discusión en que estuve presente. Participaron en ello el Ministro Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO, el Gerente General de esta Corporación y el Presidente del Directorio de ENACAR . Y estos personeros, al preguntárseles si con los recursos solicitados y en tales condiciones la Empresa era viable, respondieron: "Lo más probable es que no lo sea".

Entonces, señor Presidente , deseo dejar constancia de que no es serio pedir la aprobación de una partida para una empresa que aparentemente se pretende cerrar. Y mucho más que eso: tengo la íntima convicción de que el Gobierno quiere poner término a ENACAR, pero culpando del cierre a otros. Por eso su intención fue que el Senado rechazara, hace algunas semanas, el aporte de 3 mil 85 millones de pesos que solicitó. Pero no le dimos en el gusto. Y mi voto --en la oportunidad presidía esta Corporación-- fue dirimente para conseguir que se aprobara la iniciativa pertinente. Porque, ciertamente, resultaba más cómodo llegar a la zona del carbón y decir: "La Cámara Alta, los Senadores designados, la Derecha nos impiden entregar el aporte. Debemos cerrar ENACAR".

Cuando algunos Diputados formulan un requerimiento ante el Tribunal Constitucional con relación a la citada iniciativa, el Gobierno (¡nunca antes había ocurrido esto!) no hace defensa ni planteamiento público alguno. ¡Nada! Dicho requerimiento fue consecuencia de una determinación de la Contraloría en el sentido de que ENACAR, así como otras empresas --por ejemplo, ESVAL--, ya no era una empresa pública, sino privada, de lo cual surge la exigencia de quórum especial para la aprobación del proyecto. Pero ello no prosperó: el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que en varios años anteriores se habían aprobado aportes extraordinarios en las mismas condiciones, autorizó el objetado por ese grupo de Diputados.

Finalmente, estamos frente a esta partida del Presupuesto: nos piden ciertos fondos; los regulan de la manera que el Gobierno desea, y sucede que ahora la cuestión no funciona.

No me parece serio hacer ese tipo de planteamientos ante el Parlamento.

Incluso más: se nos ha pedido que corrijamos la glosa a fin de adelantar el proceso de cierre para el caso de que no haya resultados positivos.

Señor Presidente , tengo la impresión de que esto ocurre por una razón muy sencilla: porque el cierre de la empresa correspondería en el último trimestre del próximo año, el que coincidirá con las elecciones parlamentarias.

Por lo tanto, deseo manifestar al Gobierno que debe sincerar su posición respecto de ENACAR. Si desea cerrar la Empresa, que lo haga. Y, en tal caso, traigo a esta Sala el compromiso contraído en la Primera Subcomisión de Presupuestos por el señor Ministro Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO, quien afirmó que, de ser necesario cerrar ENACAR, existirá un plan social para hacerse cargo de las personas.

Y entremedio ha habido una serie de declaraciones. Por ejemplo, algunas que escuché ayer en la Cámara Baja a diversos señores Diputados, particularmente a representantes del Partido Socialista, quienes ahora han descubierto que ENACAR atraviesa por problemas, en circunstancias de que preside su Directorio un militante de esa colectividad, quien es responsable, por lo demás, de la mala gestión de la Empresa.

Por lo tanto, considero una falta de seriedad inaceptable utilizar la demagogia para corregir a estas horas las respectivas partidas.

De otro lado, deseo hacerme cargo de la historia de la Universidad de Chile.

Esa casa de estudios superiores ha levantado una cortina de humo acerca de la propuesta que formulé --fue aceptada por la Comisión Especial de Presupuestos-- para suprimirle el aporte extraordinario que se desea entregarle a través de la Subsecretaría de Educación. Dicho plantel pagó una página de día domingo en "El Mercurio", ¡36 millones de pesos!, para decir que algunos personeros "se andan oponiendo a la Chile": este único personero, junto a quienes votaron a favor la supresión de dicho aporte.

El fondo de la argumentación de la Universidad de Chile es que a través de ese aporte se le devuelven dineros adeudados desde la década pasada.

Señor Presidente , todos los planteles de educación superior en nuestro país tienen un menor ingreso respecto del año 1981, que es el que se toma como base. ¡Todos! En consecuencia, tal argumento cae por sí solo.

Además, artículos de opinión de personas serias --por ejemplo, decanos de facultades-- dan cuenta de que no se puede dejar de premiar la eficiencia.

¡La Universidad de Chile hablando en público respecto a eficiencia del gasto...!

Tengo numerosos ejemplos y testimonios --indicadores objetivos que comparan a esa casa de estudios con otras respetables y respetadas universidades del sistema tradicional, como la Universidad de Concepción o la Universidad Católica-- que demuestran que está muy lejos la existencia de eficiencia en la Universidad de Chile.

Por lo tanto, tal como se lo formulé desde el principio, comprendo que el Ejecutivo deba entregar recursos extraordinarios a la Universidad de Chile; todo lo que pedía. Y celebro su concesión. Reconozco que hubo sensibilidad para acoger nuestro planteamiento, incluso en el Protocolo. Todo lo que yo pedía era que, para reponer ese aporte a la Universidad de Chile, se aumentaran los recursos a que pueden acceder las universidades regionales, sin disminuir nada a aquélla. Eso forma parte del Protocolo y de las indicaciones que el Gobierno --debo reconocerlo-- presentó en la Cámara de Diputados; fue aprobado, y así está sometido a nuestra consideración.

Estoy contento, porque la regionalización, al final, se hace con estas pequeñas negociaciones. Y me llama mucho la atención que ciertos Parlamentarios --concretamente, Diputados de mi región; incluso, algunos que son miembros del Directorio de la Universidad de Concepción--, no sólo hayan votado en forma distinta, tal vez impidiendo esta negociación con el Gobierno, sino que, aun en opiniones de prensa, hayan calificado esto como una barbarie o un atentado. Para ellos, era una barbarie dar la señal de que se podía suprimir el aporte a la Universidad de Chile y con eso ganar, al reponerlo --como de hecho ocurrió--, el derecho a que las universidades regionales consiguieran dos mil millones de pesos más.

Prefiero la sensibilidad y la actitud del Ejecutivo, que comprendió cuál era nuestra postura en esta materia, antes que las miles de expresiones y descalificaciones que muy injustamente recibimos.

Éste es un buen Presupuesto. Tenemos, a través del Protocolo, un compromiso con él. No obstante, vamos a respaldar algunas indicaciones, porque entendemos que toda obra humana es perfectible. En todo caso, creemos que hemos hecho un avance muy importante.

He dicho.

El señor DÍEZ (Presidente).-

Se suspende la sesión hasta las 14:30.

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--Se suspendió a las 13:57.

--Se reanudó a las 14:37.

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El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , sólo quiero expresar unas muy breves reflexiones acerca de tres puntos esenciales que me parece que vale la pena plantear: dos de carácter general y uno relativo al tema concreto de la Empresa Nacional del Carbón.

El primero de ellos es que no comparto las críticas que aquí se han manifestado en lo atinente a la forma en que se debate el Presupuesto en el Parlamento. Coincido, sí, en que lo anterior tal vez puede ser contrario a la opinión de la mayoría de los señores Senadores. Estimo, sin embargo, que al Congreso le debe corresponder una mayor injerencia al respecto. Estoy dispuesto a estudiar el punto.

Pero se ha mencionado con extrema frecuencia que la Oposición no cuenta con posibilidades de participar, que no se le dan espacios para hacer presentes sus puntos de vista. Con franqueza, como Senador que he intervenido en algunos aspectos del Presupuesto y más allá del legítimo derecho y obligación que a ella le asisten de sostener sus posiciones --en este nuevo concepto de un Parlamento que intenta ser el ámbito adecuado para fórmulas o espacios de acuerdo--, debo decir, al contrario, que quienes integramos la Concertación tenemos la sensación, de repente, de que nos hallamos en presencia de un verdadero "gatillazo" de ciertos Honorables colegas que permanentemente se encuentran exponiendo sus planteamientos con mucha fuerza, lo que la opinión pública recoge gracias a una gran publicidad. Y, en definitiva, pareciera que aquí tiene lugar un debate entre el Gobierno y uno o dos señores Senadores de Oposición. De manera que me parecen absolutamente injustas las críticas expresadas en este sentido.

Y ellas se consignan con una gran violencia verbal, aunque se mantenga una forma decorosa y muy cortés. Pero son violentas.

La percepción del país es que se suscita un debate entre un Gobierno que registra una mayoría sustancial, clara, y que incluso pudiera ser más amplia en el Parlamento y el Senado, y una Oposición que, por intermedio de algunos de sus miembros más destacados en la materia que nos ocupa, está planteando casi una suerte de válvula para dejar pasar o no determinadas condiciones. Esto es lo que se ve.

No hay razón, por lo tanto, para las reclamaciones a que he hecho referencia.

Segundo, señor Presidente , considero que el crecimiento económico del país, como lo han reconocido expresamente los propios miembros de la Oposición, es lo suficientemente nítido, persistente, bien orientado, como para abrigar tranquilidad respecto de lo que sucede en la economía. Pero también es verdad lo que aquí se ha señalado reiteradamente --y lo hemos hecho resaltar, también, desde estas bancas-- en el sentido de que la forma como Chile crece y los actores o instrumentos que son los principales gestores de ello están llevando a una situación de inequidad interna que no parece posible mirar con desaprensión.

El que haya personas que ganen mucho y otras que ganen excesivamente poco, aunque el crecimiento sea global --y, en consecuencia, los niveles de menores ingresos dejen de ser paupérrimos, a diferencia de años atrás--, no importa solamente en ese aspecto. En una democracia informada como la chilena, ello asimismo puede generar resabio, resentimiento y violencia contenida, sobre la base de que no todos pueden acceder a los beneficios del crecimiento, del aumento de las oportunidades.

En la distribución de la riqueza, cuando es inequitativa, no importa sólo el valor de la diferencia: importa, igualmente, el escenario de un país que se halla en condiciones distintas. Ya no se trata de la cuestión de apretarse el cinturón entre todos para lograr que todos puedan sobrevivir bien. Eso vale en otras circunstancias, no cuando se ha llegado a 4 mil 600 ó 4 mil 700 dólares de ingreso per cápita. Porque ahí la imagen de la falta de un acceso igualitario constituye un foco de tensión que el Parlamento debe tener presente.

¿Y por qué apunto a ello? Porque, quiérase o no, nadie ha desmentido algunas cifras en cuanto a que hay gente que gana 25 ó 30 millones de pesos mensuales. Independientemente de lo que ésta produzca, que puede ser mucho para su empresa; independientemente de que otros ganen 40 mil ó 50 mil pesos mensuales, ó 60 mil, ó 70 mil, la diferencia es del orden de uno a 500. Y eso significa, señor Presidente , si mis cálculos no son errados, que unos obtienen en un mes lo que otros en 41 años. Con prescindencia de las circunstancias desde el punto de vista económico, lo anterior es inadmisible en una sociedad que se dice cristiana.

Es una realidad mejor, sí, que la de años atrás. En 1989, en cifras dadas por un diario de entonces, se señalaba que la diferencia era de uno a mil 500, de modo que la equivalencia era entre un mes y 120 años: en el fondo, entre un mes y seis generaciones.

Entonces, señalo el hecho porque es parte del proceso que el Presupuesto permite corregir. Y es en ese sentido que no puedo entender, de repente, que ciertas acciones obedezcan, única y exclusivamente, a la visión económica, o "economicista", como pudiera decirse.

Estos puntos de vista son como el telón de fondo para un tema muy puntual que quiero abordar, referente a la situación de ENACAR. Cuando el Parlamento la discute, debe hacerlo mirando el interés de país y no sólo su carácter de sociedad económica, porque, más allá de la gestión de la empresa, buena o mala --estamos dispuestos a corregirla--, detrás de ella hay una región entera. En esa perspectiva, debemos tener certeza de lo que allí sucede.

El Senado sabe que he sido y sigo siendo partidario de mantener a ENACAR con suficiente financiamiento y con todas las correcciones que el Gobierno podría introducir en su manejo, mientras no se cree un modelo de desarrollo alternativo, y no antes. Cerrarla antes, es jugar con el destino de las personas. En este caso, no se trata de cerrar una actividad y abrir otras válvulas de inversión. Aquí no estamos hablando de una empresa automotora o constructora, sino de seres humanos: 2 mil que laboran en la ENACAR y 4 ó 5 mil que giran en torno a la empresa.

En ese sentido, he presentado reiteradamente tres propuestas: primero, continuar con un financiamiento permanente; segundo, mantener un mecanismo de eficiencia de la empresa con participación de los trabajadores; y, tercero, llevar adelante un proyecto alternativo de desarrollo, el que --como se lo he dicho en repetidas ocasiones al señor Ministro con mucha franqueza-- no ha funcionado, no sólo por las condiciones actuales de la zona de Arauco, sino porque --lo reconozco-- es un proceso largo. Y, a lo mejor, lo realizado hasta aquí, a pesar de su aparente ineficiencia, son los cimientos de lo que se necesita hacer.

La inversión del sector privado no ha sido del monto necesario como para permitir continuar en esa línea. Y tendremos que generar condiciones para que el Estado asuma, en subsidio claro, la posibilidad de hacer inversiones en el área, para luego revertirlas, con licitaciones, al sector privado. Y he presentado proyectos sobre la materia.

En la Subcomisión correspondiente se acogió una indicación del Ejecutivo que, de acuerdo con mis informaciones, se tuvo que aceptar porque, de otro modo, podría aprobarse la proposición de un Senador de Oposición que limitaba a 2 mil millones de pesos el monto para cubrir el déficit operacional de la ENACAR. Como una forma de transar, el Gobierno aceptó la fórmula señalada en la glosa respectiva, pero luego, a indicación mía, fue rechazada por la Comisión Especial.

Hoy estamos en presencia de una glosa que no comparto, que considero draconiana y cuyo texto no corresponde a lo que conversé con el Ministro Villarzú . Conforme a las expresiones de los Diputados del Partido Socialista, del PPD (que corresponden al pensamiento de esas bancadas), de algunos de la Democracia Cristiana y de la Oposición, los mineros y los dirigentes sindicales la han aceptado in extremis, pues no había otra forma de salir adelante.

Señor Presidente , no me gusta esta glosa y, si de mí dependiera, no la aprobaría. Sin embargo, en vista del protocolo que mi bancada concordó, enervamos de alguna forma nuestros puntos de vista, entendiendo que la función política se define como la capacidad de ceder en un momento determinado frente a un bien superior. Porque en eso consiste pertenecer a un partido político y no en ser una suerte de "lobo estepario" o de "llanero solitario" que puede hacer lo que quiere.

En tal perspectiva, acogeré la glosa.

Cabe advertir que lo que señala la glosa no corresponde a lo que el señor Villarzú dijo en la Cámara de Diputados y que traduce lo que, junto al Senador señor Arturo Frei , conversamos con él. Citaré sus palabras en los minutos que me restan para que se sepa que ése es el compromiso que, yo entiendo, el Gobierno ha asumido:

"Por lo tanto, la propuesta, a la que estoy aludiendo, hay que entenderla como parte de un esfuerzo de mediano plazo tendiente a rescatar ENACAR, transformándola en una empresa viable.

"En ese entendido, lo que hoy estamos conversando apunta fundamentalmente a garantizar las condiciones en las cuales ENACAR puede seguir operando, condiciones que suponen un financiamiento mínimo de 6.500 millones de pesos durante 1997."

Más adelante, agrega: "que el esfuerzo que queremos hacer está orientado a sacar adelante la empresa, que las energías las queremos poner en tomar todas las medidas necesarias para garantizar que la empresa sea viable y exitosa, que es allí en donde tenemos que concentrarnos, que esta glosa que hoy estamos discutiendo no es el cierre de la empresa, sino al revés, la garantía de que la empresa va a contar con los 6.500 millones de pesos que necesita para sacar adelante su propio plan de producción. Creo que es ahí donde tenemos que poner nuestras energías y esfuerzos. La tarea es ésa, creemos que es posible y viable. En ese marco, nos hemos comprometido a trabajar juntos con la empresa, sus trabajadores y a poner nuestras energías detrás del proyecto para hacer de ENACAR una empresa viable.".

"En la eventualidad de que, en definitiva, esos mismos estudios" --que deben presentarse en enero y que, categóricamente en el espíritu con que se conversó, son para saber la cantidad de carbón que hay-- "muestren que no se cuenta con el mineral adecuado o en las cantidades adecuadas para sustentar los planes de producción" "el Gobierno se compromete a trabajar este tema en conjunto con la empresa y sus trabajadores y a someter a consideración de este honorable Parlamento, en caso de que sea necesario, un proyecto de ley que regule ese proceso", "y así lo he dicho a los señores dirigentes sindicales del carbón que nos acompañan.".

Por estas consideraciones, aprobaré la glosa.

Con mucha franqueza y respeto, llamo al Gobierno y a los Parlamentarios de la Oposición a que, desde ya, hay que hacer un enorme esfuerzo para crear un proyecto de desarrollo alternativo en la zona. El esfuerzo de los privados no ha bastado, porque allá, así lo han dicho, no invierten porque no ganan lo mismo que en otras partes, ni aún con las franquicias que se les den. Entonces, el Estado tendrá que asumir la responsabilidad que le corresponde.

No se trata de un problema cuya solución sea tan simple como cerrar la empresa o dejarla abierta. Detrás de ella hay gente con la cual, tras decenas de años, el país sigue en deuda. Como Senador por la zona, no estoy dispuesto a seguir, en ningún caso, conductas que puedan dar pábulo a que la ENACAR se cierre de una manera distinta o que de alguna forma respalden ciertos procedimientos de personas que --lo digo con tranquilidad-- desde hace muchos años están jugando a que se cierre la empresa, a lo mejor para quedarse con ella con otros fines, lo cual no creo que deba hacerse.

El señor DÍEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Deseo valorar las apreciaciones del Honorable señor Ruiz-Esquide . Efectivamente, he tenido ocasión de conversar con él en varias oportunidades sobre el problema social de la zona del carbón y del contexto que se da en ella.

Comparto plenamente su inquietud en cuanto a que, ante eventuales o potenciales escenarios --no certezas y realidades hoy presentes, y no hay razón para que se detonen ahora--, existen procesos de adaptación laboral, de reconversión, de cambios sectoriales, que no son automáticos y donde el mercado se ha mostrado lento, ineficaz y rezagado para responder. Y éste es un ejemplo de lo que también ocurre en otras realidades y zonas. Por lo tanto, comparto con él las expresiones que hizo suyas el Ministro señor Villarzú , en el sentido de que, de llegarse a eventuales escenarios extremos, esto debe hacerse de una manera que tome en cuenta el punto de vista de los trabajadores y de la empresa.

Es importante destacar que en la glosa de la indicación del Ejecutivo , los aportes de la CORFO están programados por trimestre. Y se alude a 6 mil 500 millones de pesos acumulados, no a 2 mil millones de pesos (alternativa que, a esta altura, significaba una detonación artificial y arbitraria). Ello da oportunidad a la empresa para seguir avanzando y lograr la evolución y modernización que todos deseamos, en aras de su propio interés, del sector, de los trabajadores y del desarrollo social a que se refirió el Senador señor Ruiz-Esquide .

Reitero: a fin de posibilitar un avance en la continuidad de ENACAR y asegurar estos aportes, el Gobierno presentó la indicación con la glosa mencionada, que fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados.

Valoro el gesto del Senador señor Ruiz-Esquide , quien, pese a sus comentarios y a las discrepancias parciales que pueda tener, siempre trabaja en pro de un interés mayor: el interés del país.

Gracias.

El señor DÍEZ (Presidente).-

Solicito a los señores Senadores que voluntariamente restrinjan un poco sus observaciones, a fin de que alcance a intervenir la totalidad de los inscritos.

Tiene la palabra el Senador señor Otero.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , ante todo, quiero aclarar un hecho. El Honorable colega que me precedió en el uso de la palabra habló de Senadores que hacen "gatillazos", y, en general, todos los oradores por parte de la Concertación han señalado que aquí habría una pugna entre un Senador y el Gobierno.

Deseo dejar absolutamente en claro que ésa es una aseveración del todo inexacta y carente de fundamento. Los Senadores de Renovación Nacional hemos respaldado y estamos apoyando al Honorable señor Piñera , porque él es quien nos representa en la Comisión de Hacienda. De modo que no habla por sí mismo: lo hace por los Senadores de Renovación Nacional. Todas las actuaciones que ha tenido con relación al proyecto de Ley de Presupuestos han sido conversadas, discutidas y concordadas con nuestra bancada. Es más, ayer se efectuó una reunión de Parlamentarios de Renovación Nacional con la Directiva del Partido , en la cual se ratificó íntegramente lo planteado por el Honorable colega, porque es la línea que realmente nos representa.

Por lo tanto, sería bueno que, en lugar de centrar las observaciones en determinado Senador, se hiciera un análisis de las dos posturas existentes: por un lado, la del sector de la Oposición, cuya obligación es fiscalizar y hacer notar aquello que precisa mejorarse, y, por otro, la de los Senadores de la Concertación, que deben apoyar al Gobierno de que son parte.

En los Evangelios hay una frase que expresa: "Ojalá que dentro de los muchos motivos que tengo para dar gracias a Dios, esté aquel de haber tenido a mi lado personas que me puedan señalar lo que hago mal y lo que debo mejorar, y me lo hagan saber en forma leal y honrada". Eso es lo que han estado haciendo los Senadores de Renovación Nacional y el Honorable señor Piñera , en representación de nuestra bancada.

En la Sala se enfatizó que el Senador señor Piñera habría dicho: "El país está bien", a lo cual otros respondieron: "Si está bien, por qué se critica". Es decir, confundieron país con Estado, en circunstancias de que son cosas totalmente distintas.

El Estado es la organización política encargada de administrar el país. El país, en cambio, es algo muy diferente: somos todos los chilenos. Y si el país está bien, no es justamente gracias al Gobierno, sino a todos los chilenos y, fundamentalmente, al sector privado, que ha sido capaz de traspasar todas las barreras, de superar toda la burocracia, para poder hoy tener un país que es modelo en Latinoamérica y está en condiciones de celebrar acuerdos internacionales, que nosotros aplaudimos. ¿Y en qué se basan tales acuerdos? ¿En lo hecho por el Gobierno? No. En lo realizado por todos los chilenos y, fundamentalmente, el sector privado.

Para demostrar la diferencia que existe entre país y Estado, y evitar confusiones, examinemos, por ejemplo, un solo rubro: telecomunicaciones. ¿Cuánto se ha invertido? ¿No estamos a la cabeza del mundo en este campo? ¿No han bajado las tarifas de las telecomunicaciones en Chile? Y, ¿en manos de quién están? En las del sector privado. Obviamente, el Gobierno hubo de enviar un proyecto de ley tendiente a abrir el espacio a los particulares. Ahí tenemos país.

Sin embargo, en educación no existe la libertad, no hay competencia. Esta área se encuentra completamente controlada, financiada y dirigida por el Estado. Y, ¿cuál es el resultado en la educación? El mismo que tenemos en salud, también absolutamente controlada por el Estado.

Entonces, al hablar de que el país está bien, no quiere decir que el Estado también lo esté. No confundamos las cosas, porque son conceptos distintos. Reconocemos las obras que ha hecho bien el Gobierno. Y cuando las hace, lo aplaudimos. Pero, como Oposición, tenemos el deber de destacar aquello que no está funcionando bien.

Al respecto, deseo rescatar una idea. Aquí, cuando criticamos al Estado, se nos enrostra que estamos haciendo baja política, o defendiendo intereses mezquinos. No es así. Las políticas de Estado comprenden a Gobierno y Oposición.

Además, hay un problema muy serio cuando hablamos de Estado. Existen en él aspectos que, fundamentalmente, requieren mejoramiento. Y debemos hacerlo. El Gobierno, el Congreso de la República, están en deuda con el país en la Administración del Estado. En este Hemiciclo, en repetidas oportunidades, he solicitado por favor que nos juntemos con el señor Ministro de Hacienda para analizar la modernización del Estado. Porque, en la medida en que no lo hagamos ahora, será extraordinariamente tarde con posterioridad.

Los Parlamentarios que participamos en alguna de las Subcomisiones Especiales de Presupuestos, nos informamos, con profunda preocupación, de lo que ocurre, por ejemplo, en la Contraloría General de la República, organismo al cual se pretende otorgar nuevas atribuciones. ¿Qué pasa con la Contraloría? No puede llenar las vacantes producidas, porque no hay interesados en ingresar a ella, por las bajas remuneraciones que paga.

¿Y qué ocurre en las Fuerzas Armadas, y, más que en éstas, en Carabineros y en la Policía de Investigaciones, instituciones encargadas de la seguridad interior y diaria de todos los chilenos? Ni siquiera se pueden llenar las vacantes que anualmente se producen, sin considerar los nuevos cupos. ¿Por qué? Porque no es dable esperar que las personas ingresen a ellas para trabajar casi sin límites, arriesgando diariamente su vida y ganando algo más de 100 mil pesos mensuales. Esto es imposible, y atenta contra la organización del Estado.

Hablemos del Poder Judicial . Cuando tocamos el tema de la Escuela Judicial, el señor Presidente de la Corte Suprema manifestó: "Señores, habrá patios vacíos, porque con las remuneraciones que se pagan quién se va a interesar en incorporarse al Poder Judicial ".

Lo mismo ocurrirá en todos los campos de la Administración Pública, en particular en aquellos que son extremadamente necesarios. En el Ministerio de Hacienda se han tenido que crear estímulos, porque necesita profesionales idóneos y capaces.

¿Con quién debe competir la Administración del Estado? Con el sector privado. Actualmente, nos guste o no nos guste, más de 80 por ciento de la capacidad ocupacional del país la entrega el área privada. En ésta se exige y elige a los mejores trabajadores, y se les paga de acuerdo a sus aptitudes. El 20 por ciento restante ingresa a la Administración Pública. ¿Quiénes conforman ese 20 por ciento? Los menos aptos, los menos capaces. Y estos funcionarios percibirán remuneraciones que no les alcanzarán para cubrir sus necesidades primarias. Este hecho constituye un peligro, teniendo en cuenta el problema de la corrupción.

En consecuencia, cuando hoy, al analizar el Presupuesto de la República, observamos que a algunas fundaciones --por muy buenas intenciones que tengan, por muy buen trabajo que desempeñen--, manejadas por la señora del Presidente de la República , se les otorga un presupuesto mucho mayor que el asignado a la Contraloría General de la República, debemos señalar nuestra disconformidad y reclamar por esta situación. Porque, obviamente, las fundaciones no pueden compararse con la importancia que para el Estado tiene dicho organismo, y menos aún teniendo presente el problema que existe hoy día de revisión de lo que está ocurriendo en el aparato administrativo del sector público.

El señor Contralor, con profunda preocupación, nos señaló que no sólo no disponían de personal, sino --lo que es más grave-- que respecto de las municipalidades proponían sanciones, pero éstas nunca eran aplicadas por los municipios. Y, entonces, cuando discutimos la intervención y el resguardo de la Contraloría General de la República, nos damos cuenta de que no le estamos proporcionando ni los recursos económicos y humanos, ni las atribuciones para poder decir que ese organismo realmente constituye garantía de probidad, no sólo en el sector público, sino también en el sector municipal.

Señor Presidente , cómo no van a ser importantes los planteamientos que formulamos. Cuando se observa en los ítem del Presupuesto cuánto han crecido las contrataciones a honorarios, las remuneraciones, uno se pregunta ¿por qué? ¿Está considerado ese personal dentro de la planta? No. Una cosa es la planta, y otra son todas estas personas que entran a la Administración Pública y que se encuentran fuera de la planta. Y queremos conocer en detalle cuáles son esos cargos, cuáles son las aptitudes de quienes los ocupan y por qué en muchas oportunidades los contratados a honorarios desempeñan funciones propias del personal de planta, pero perciben una remuneración muchísimo mayor que la de este último.

Comprendo el problema de la Administración del Estado. Pero la forma en que se está encarando no es la adecuada. Debemos llegar a una modernización, reestructuración del Estado. Y nunca los Senadores de esta bancada han restado su oferta de participar en ello, como corresponde a un Senador de la República , mirando hacia el interés de la nación, ajenos a todo interés político contingente.

Por eso, no podemos aceptar que las críticas bien intencionadas, patrióticas, las discusiones sostenidas con el señor Ministro de Hacienda se descalifiquen señalándose que son producto de una mente afiebrada o no sé de qué cosa.

El debate habido sobre el Presupuesto no ha permitido solucionar los graves problemas existentes; pero sí ha permitido analizarlos. Y el protocolo de acuerdo suscrito, que nos abstuvimos de firmar, porque no queremos que el país piense que aprobamos y aplaudimos la forma como se realizó el Presupuesto, ha significado un paso adelante. ¿Y a qué se ha debido esto? Precisamente a la actuación de nuestros Senadores, del Honorable señor Piñera como nuestro representante, respaldado por todos los Senadores de Renovación Nacional y la directiva del Partido. De manera que hago un llamado al señor Ministro de Hacienda , que se encuentra presente en la Sala, y por quien tengo el mayor respeto, a que algún día tengamos un debate en esta Sala, aunque sea a puerta cerrada, para que nadie saque ventajas políticas, a fin de analizar lo que ocurre en la Administración del Estado, cuáles son las grandes medidas que se deben adoptar, las reestructuraciones que han de hacerse a los servicios para que cuenten con la gente más calificada, capaz de competir con la empresa privada, que es la que debe fiscalizar, y, al mismo tiempo, que dé garantías de probidad.

Si no llevamos a cabo lo anterior, la historia nos va a cobrar la deuda política. Porque en 10 ó 15 años más va a ser tarde; no podremos sacar de la Administración Pública a los funcionarios incapaces que hayan entrado, dado que no hay interés en trabajar en ella. Y éste es uno de los desafíos que tenemos todos.

En verdad, uno podría haberse extendido a otras materias relativas al proyecto de Ley de Presupuestos. Pero no hemos tenido el tiempo suficiente para ello. Y lo lamento profundamente. No sé porqué razones el Senado se ve siempre constreñido a discutir el Presupuesto en forma apurada, en que la Mesa debe pedir a los Senadores que voluntariamente cedan parte de su tiempo para que otros puedan hablar, en circunstancias de que el Reglamento garantiza a todos nosotros el derecho a usar de la palabra. Y si debiéramos ocupar dos, tres, cuatro o cinco días en la discusión, habría que hacerlo, porque es la única oportunidad que tenemos para tocar esta materia.

Y termino con un punto muy importante. Aquí se ha hablado del tema constitucional, y del hecho de que sea el Gobierno el encargado de la Administración del Estado. Y comparto ese criterio. Creo que el principio está correcto. Pero no lo llevemos al extremo. Cuando nos oponemos de repente a un gasto, se nos dice que estamos cuestionando, por ejemplo, la destinación de 7 mil millones a la Empresa Nacional de Minería. No es que nos opongamos a la asignación de esos recursos. Lo que queremos es una glosa que determine cómo se va focalizar el gasto, la transparencia de éste y asegurarnos de que efectivamente va a ser una inversión, y no un mero gasto.

En muchas indicaciones lo que planteamos no es una disminución, sino una norma que precise cómo se hará el gasto. Y esto no significa arrogarse facultades del Ejecutivo , porque es éste el que señala las Partidas y fija los montos. Sin embargo, nos asiste el derecho a rechazar o rebajar, como también a aprobar calificadamente. Y esto último quiere decir que la aprobación de los recursos debe quedar sujeta a que éstos se empleen para los fines señalados, dejándose constancia en la ley de cómo, cuándo y en qué se hará la inversión. Porque, fundamentalmente, queremos que la inversión llegue a solucionar los problemas sociales.

He dicho.

El señor DÍEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , sólo quiero dejar constancia de que, discrepando de algunos planteamientos específicos formulados por el Senador señor Otero , me parece de la mayor importancia el llamado que nos ha hecho a discutir en otro contexto, con más tiempo, con más serenidad, tal vez con una agenda previa, para poder avanzar en este tema más global de modernización del aparato del Estado, que ya escapa un poco a lo que es la Ley de Presupuestos misma de un sólo año --hablamos de una ley anual--; pienso que existen visiones positivas y de encuentro para ello.

Asimismo, quiero agregar también que muchos de los planteamientos de Su Señoría se encuentran consignados en el avance del protocolo de acuerdo que se ha firmado. Y reconociendo los aportes individuales hechos a la discusión por Diputados y Senadores, algunos de su mismo Partido, debo lamentar, una vez más, que este conglomerado político no lo haya suscrito. Tal vez, en otra ocasión, el día de mañana, logremos formalizar estos puntos de vista, que en algunos aspectos se comparten más allá de las distintas visiones que todavía tenemos sobre el rol del Estado.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.

El señor VALDÉS .-

Señor Presidente , voy a hacer observaciones muy breves.

En primer lugar, quiero felicitar al Presidente del Senado , al Ministro de Hacienda y a los Senadores que lograron un acuerdo en un momento que parecía extremadamente difícil. Deseo recalcar este hecho, porque se ha demostrado, una vez más, que aquí, en el Senado, se llega a acuerdos y se salvan situaciones complejas. Y eso merece ser considerado y dejado consignado en la Versión Taquigráfica.

En segundo término, se ha esgrimido una cantidad de argumentos, muchos de ellos --como sucede en la vida-- con valor, aunque algunos cargados de la natural actitud que corresponde a la Oposición, que tiene el derecho, y casi la obligación de formular críticas. De lo contrario ésta carecería de sentido. Sin embargo, me preocupan en términos --como lo señaló con tanta razón el Senador señor Andrés Zaldívar esta mañana-- de que constituyen repeticiones agoreras de algo que al final se termina aplaudiendo.

Ahora, que la vida política y económica chilena es perfectible, me parece indudable. Nada humano es perfecto. Pero es difícil encontrar algún Gobierno o alguna autoridad económica, cultural internacional que no exprese que nuestro país ha realizado una transición excelente y da seguridades a inversionistas, a capitalistas, a gente que ve una democracia funcionando. Lo grueso no se puede perder. Por lo tanto, me suenan mal algunas palabras dichas por Senadores muy inteligentes, muy doctos, que parecen anunciar reiteradamente, durante siete años ya, situaciones conflictivas, crisis o actitudes del Estado que no pueden continuar.

No entraré en debate con el Honorable señor Otero sobre la función del Estado. Él ha afirmado que cuando, al viajar, se firman convenios y se formalizan acuerdos, no es solamente el Gobierno quien actúa, sino también el país. No cabe la menor duda. Pero no hay nación que no tenga Gobierno. Quienes dirigen las naciones y los pueblos son los Gobiernos. Los hay malos y buenos. Y nosotros hemos tenido dos Gobiernos buenos, exitosos.

Por eso, a pesar de las críticas hechas aquí, después de seis años --caso único en la historia de Chile--, el Gobierno tiene el 56 por ciento del apoyo popular.

Entonces, cuando esta mañana se decía que la mayoría no está de acuerdo con este Presupuesto, me pregunto de qué mayoría se hablaba. La mayoría se acaba de expresar, y volverá a hacerlo el año próximo.

En consecuencia, ¡cuidado con extremar las críticas, porque, entonces, la discusión puede parecer más apasionada que seria!

Hago este comentario porque quiero vincular esta actitud con un hecho que me ha preocupado mucho: el resultado de la encuesta realizada en ENADE a los empresarios chilenos --recordemos que con este motivo realizan la más amplia y solemne ceremonia anual, que los reúne a todos--, la cual, realmente, descalifica a los políticos y los considera prácticamente inútiles. Eso me parece extremadamente grave.

La ruptura entre el mundo empresarial y el mundo político es, eventualmente, el crepúsculo de una democracia. Indica que los empresarios no tienen lealtad democrática; no saben lo que aquí se ha hecho. Porque no hay en el mundo país con libertad económica que no surja a través de la libertad política y del Estado de Derecho. Ésa es la única garantía que tienen todos. Y los responsables de crear un Estado de Derecho somos los Parlamentarios, los políticos, que lo hemos hecho bien. Hemos llevado adelante una transición donde todos nos hemos jugado, y, gracias a ella, contamos hoy con un mundo empresarial audaz, creativo, eficiente, que no solamente invierte en Chile, sino, también, como vemos a diario, y en montos gigantescos, en Brasil, en Perú, en Argentina, en todas partes. Pero eso se debe a que aquí existen políticos capaces de entender que el desarrollo y crecimiento económicos se basan en la confianza en las instituciones.

Por consiguiente, quiero dejar constancia de mi enorme preocupación por esta actitud de los empresarios. Seguramente, son los jóvenes, porque los antiguos los conozco. Yo también fui empresario; fui abogado de muchas empresas importantes. Empecé trabajando con un gran empresario chileno, don Arturo Matte Larraín , quien fue mi primer jefe, y vi el patriotismo de los empresarios, la consideración que tenían por los políticos. En el caso de don Arturo Matte , esa consideración fue por su cuñado, don Jorge Alessandri Rodríguez , Presidente de la República .

No creo que los políticos sean hoy peores que antes. Es la misma configuración del pueblo la que elige a su gente. Y, no obstante, parece haber hoy una generación de empresarios que quisieran que el país fuera dirigido por el directorio de una sociedad anónima cerrada, clausurada, donde algunos privilegiados, porque estudiaron en universidades extranjeras, porque hablan inglés o no sé por qué razón, tendrían el poder de decidir las cosas. ¡Les molestan los políticos! Felizmente, la vida política está hecha de imaginación, de sentimientos, de ilusiones y de ideas, porque, si no, el país sería una empresa condenada a convertirse en un cementerio.

Me interesa reivindicar la acción política frente a esta encuesta, contra la cual no puedo protestar, pues expresa la opinión de otras personas, pero que me indica un peligro muy grande para nuestra democracia. Quisiera de parte de los empresarios un mínimo de lealtad democrática.

En segundo lugar, deseo referirme a las asignaciones a las universidades.

Tengo mucho respeto por la Universidad de Chile y me parece que debe recuperar la capacidad de administración de sus actividades. Es una universidad histórica; es la columna a través de la cual se han construido la ciencia y la cultura en nuestro país; de eso no cabe la menor duda. Destruirla sería un error monstruoso.

No obstante, al mismo tiempo, debo decir que hay un proceso de regionalización, y no creo que éste avance solamente en la medida en que los recursos fiscales destinados a las regiones vayan creciendo de 22 a 25 ó 30 por ciento. Porque el Presupuesto fiscal en general disminuye frente a la inversión privada; no altera el problema. La regionalización se realiza cuando hay capacidades humanas suficientes para dar autonomía y vigor a las provincias, y la autonomía y el vigor intelectuales se generan en los centros de pensamiento: las universidades. Por eso, al analizar cualquier país europeo o los Estados Unidos, se concluye que la fuerza de su creatividad, de su ocupación del territorio, no está dada sólo por la buena distribución de la población, sino porque ella se alcanza gracias a la existencia de centros que dan a las familias, a los seres humanos, a la inteligencia, a la cultura, una satisfacción plena.

En nuestro país, en cambio, estamos viendo --espero probarlo dentro de poco, porque estoy preparando un estudio sobre la materia-- que la concentración, en Santiago, de inversiones, de población, de cultura y de ciencia como la actual resulta absolutamente contradictoria con el sentido de la democracia y la descentralización.

Por tal razón, me alegra que el Gobierno haya aceptado otorgar una cierta asignación de 2 mil millones de pesos --menos de la mitad de la que se dio a la Universidad de Chile-- concursable para 20 universidades. Esto me indica --y se lo digo con todo respeto al señor Ministro ; no es su campo-- que no tenemos una política universitaria, y mientras no la tengamos no vamos a poder organizar bien nuestro sistema regional. Hay que tener imaginación, porque, en definitiva, lo que cuenta en un país es la gente. No importa que haya minas, productos o materias primas. Y la gente tiene que ser guiada por entes pensantes, capaces de elaborar proyectos y de investigar, sobre todo en universidades regionales que están en condiciones de especializarse.

He leído hoy, por ejemplo, artículos del Vicerrector de la Universidad de Chile en que habla de la dificultad en que se encuentra esa casa de estudios. Creo indispensable que vayamos a una política universitaria que corrija esta situación, porque, de otra manera, la regionalización no va a caminar.

Por último, deseo referirme a otro tema, algo tangencial a la discusión económica de fondo que aquí se ha llevado.

El Presupuesto de la nación es difícil de describir, porque llega a 7 billones 135 mil 565 millones 50 mil pesos. O sea, estamos ya en cifras parecidas a las de Estados Unidos. Pues bien, lo que el Estado aporta a la cultura, considerando la División de Extensión Cultural, el Fondo Nacional del Libro, el Fondo de Desarrollo Artístico-Cultural y el Fondo Concursable para Escuelas Artísticas, todos en la partida Ministerio de Educación, y dos pequeños complementos en la partida Ministerio Secretaría General de Gobierno, asciende a 5 mil millones de pesos.

¿Saben cuánto es 5 mil millones respecto de 7 billones? No es el 1 por ciento; no es el 0 por ciento; ¡es el 0,08 por ciento! Tal es el aporte que el Estado hace a la cultura en todas sus ramas. Me parece que esto no es una buena concepción del desarrollo; esto no tiene nada que ver con un crecimiento. Aquí se discute todos los días, en todos los diarios, por toda la gente inteligente de este país, la que manda o la que ordena el pensamiento, en cuanto a si crecemos 5, 6 ó 7 por ciento. Si no aumentamos el desarrollo de la cultura y de su hermana natural, la ciencia, no estamos realizando una obra de bien; no estamos creando un país, sino dando origen, tal como se decía esta mañana aquí, a grupos de gran poder financiero y formando un país chato, sin personalidad, en un mundo que se está globalizando. Y para mí tiene enorme importancia el desarrollo cultural, porque es la única defensa que tenemos en un mundo en donde todo avanza tan rápido, y, sobre todo, en un país que es extremadamente sensible a recibir, importar y digerir, sin mayor preocupación, doctrinas, modas y culturas ajenas.

En ese aspecto, vuelvo a ser nacionalista, por lo que ruego al señor Ministro se sirva considerar estas materias.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

¿Me permite una interrupción, señor Senador, con la venia de la Mesa?

El señor VALDÉS .-

Voy a terminar, señor Ministro .

Sé que el Congreso ha aprobado iniciativas sobre participación privada en las donaciones culturales, las cuales están caminando. Pero hay que ampliarlas. El señor Ministro ha sido muy accesible frente a algunas modificaciones y ampliaciones. Si se va a referir a ello, desde ya le agradezco su buena voluntad. Porque no deseo que lleguemos al futuro Presupuesto con las buenas intenciones, sino estableciendo cifras al respecto.

Pero, además de lo que están haciendo los privados --y son varios miles de millones de pesos los que están entregando con cargo a las donaciones--, es necesario que el Estado haga lo que hizo Chile: un hermoso teatro en Iquique y grandes obras de arte en Santiago y Concepción, con lo cual se da a la inversión un sentido, que va más allá de construir edificios para oficinas o de hacer algunos trabajos de privatización. Creo que hay una función del Estado que los países desarrollados --y nosotros estamos a punto de serlo-- están cumpliendo.

El señor PÉREZ .-

¿Me permite, señor Presidente?

Sólo deseo referirme brevemente a lo planteado por el Honorable señor Valdés al final de su intervención y, también, formular una petición al señor Ministro de Hacienda . Por eso, quiero solicitar previamente la interrupción.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

En el tiempo que resta al Honorable señor Valdés , puede usar de la palabra el Honorable señor Pérez .

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , junto con apoyar lo señalado por el Honorable señor Valdés al final de su intervención, quiero solicitar al señor Ministro que no sólo extendamos los efectos y mejoremos lo que en su momento se llamó la Ley Valdés, sino que, además, el Gobierno --porque carecemos de iniciativa sobre la materia-- legislara sobre la filantropía y los derechos sucesorios, lo que puede constituir un gran aporte al patrimonio cultural de Chile.

Por tratarse de una materia vinculada con temas tributarios, no tenemos iniciativa para legislar, por lo que depende del Ejecutivo el que se puedan dictar normas sobre materias filantrópicas. Pero yo creo que la Comisión de Constitución y el Gobierno, a través de una comisión y de los departamentos culturales, podrían legislar sobre este tema, en especial sobre los derechos sucesorios.

El señor DÍEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , quería sólo hacer una complementación, pero el Honorable señor Valdés , con su agudeza característica, abordó el punto al final de su intervención.

En realidad, la cifra que él citó es menos de la mitad de la efectiva, porque olvidó la contribución que personalmente hizo con la Ley Valdés. Por lo tanto, habría que agregar a esa cifra todo lo que refleja la franquicia de la ley para aportes a obras culturales.

Respecto al comentario del Honorable señor Pérez , si bien es un tema interesante, lo cierto es que los Ministros de Hacienda no somos muy especializados en actividades filantrópicas. Por lo tanto, tendría que pensar más antes de responder.

El señor PÉREZ .-

Entiendo, señor Ministro , que hay un anteproyecto en el Ministerio de Educación que ha sido aprobado como iniciativa por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Educación.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

A continuación, está inscrito el Honorable señor Ríos, quien puede usar de la palabra.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , frente a las diversas situaciones planteadas en torno al debate de este proyecto --me referiré brevemente a sólo dos o tres ideas--, es importante destacar las expresiones de algunos señores Senadores que han manifestado que hay ciertos personeros que ganan 25 millones de pesos mensuales, versus otros reciben 60 ó 65 mil pesos o menos.

Si se entiende el concepto de ingresos de la empresa en la cual una persona es propietaria o administradora, sin duda hay gente que gana 25 millones y otros 120 millones. Pero el asunto está radicado en un aspecto distinto: en quién administra el recurso. Lo administra el Estado o lo administran privados que han alcanzado éxitos en materia de desarrollo, y eso, por cierto, no puede integrarse como sueldo. Porque si fuese así, vale la pena que cada uno de los señores Senadores presentes diga cuánto paga a sus respectivas empleadas domésticas. Y nos vamos a dar cuenta de que de pronto nos encontraremos con situaciones muy divergentes o distintas del valor que recibe nuestra propia administradora del hogar con nuestros propios ingresos.

Entonces, la situación en materia de economía en los países está radicada en quién administra. Si la administración corresponde a una entidad, sociedad, gerente o dueño de una empresa que produce un ingreso importante, no se trata de sueldo, porque corresponde a la acción de administrar un recurso que pertenece al país, en el que una parte del mismo está siendo administrado privadamente.

Es importante dejar establecido lo anterior, para que no se piense que la persona que gana 25 millones de pesos o de dólares mensuales, o 120 millones de dólares al mes, como ocurre con uno o dos personajes en este país, está gastándose dichos millones de dólares todos los meses en sí mismo. Ése es un error y es una falta de conocimiento de lo que es realmente la economía de un país.

Ahora, con respecto a lo señalado por el Honorable señor Gazmuri , se habla mucho del gasto público y se engloba en él todo lo que es inversión pública.

También en esto quisiera hacer una definición. Porque votaré favorablemente en general el proyecto --aprobaré muchos artículos; rechazaré otros, y sobre algunos presentaré indicaciones--, pero debemos entender que estamos resolviendo aquí sobre un conjunto de recursos (el Honorable señor Valdés recordó que eran más de siete billones de pesos) en que existe gasto de inversión. Y la verdad de las cosas es que hasta aquí ninguno de los presentes ha puesto en duda los recursos públicos destinados a la inversión.

Algún día tendremos que analizar también cuál es la inversión pública dentro del Presupuesto y cuál es el gasto de esa inversión. Porque si avanzamos, por ejemplo, en un análisis de lo que es la educación, veremos que, sin duda, la educación y la salud son una inversión, no un gasto. Pero lo importante es saber cuánto se gastó para que esa inversión llegara hacia quienes estaba focalizado dicho recurso. Y es ahí, entonces, donde comienzan a surgir las distintas alternativas y situaciones, que a veces provocan un debate estéril, sobre momentos o acciones que en definitiva tienen una repercusión diversa en la palabra, porque cada uno tiene una interpretación diferente.

Lo anterior hace que surja otro elemento, sobre el cual algo ha avanzado el Honorable señor Otero, y que está referido a lo que es el Estado y el Gobierno.

En una de las Subcomisiones planteé que si el Estado tenía dentro de sus responsabilidades una entidad dedicada a estudiar y resolver los problemas de la pobreza, no podía estar traspasando las responsabilidades, que por ley se le habían entregado a él, a una serie de organismos, fundaciones e instituciones diversas, porque no obstante que la responsabilidad estaba radicada en el Estado, en definitiva terminaba éste lavándose las manos y entregando todo el recurso al resto.

Sobre el particular, un Honorable señor Diputado me dijo: "Veo que usted es un hombre estatista.". Yo le respondí: "No. El problema está radicado en que usted no separa bien lo que es el Gobierno del Estado. En Chile las cosas andan bien cuando existen políticas de Estado, pero las cosas se prestan para toda clase de debates cuando existen políticas de Gobierno.".

En marzo de 1994, el Presidente Aylwin , cuando ya dejaba el Gobierno, concurrió a la zona del carbón, a Lota, ocasión en que los Parlamentarios de la zona estuvimos presentes. El Mandatario se reunió en un colegio con los dirigentes sindicales y con los trabajadores del carbón de Lota y señaló claramente que el carbón y la minería eran como el cuerpo humano, en cuanto a que de pronto dejaban de existir. Ésa fue una política de Gobierno. Porque pocos meses después, cuando asumió el Presidente Frei , la acción y la función del Gobierno en torno a ENACAR fue distinta, que es lo que ocurre ahora. Existe, entonces, una política de Gobierno, pero no de Estado. Y mientras respecto del carbón no haya una política de Estado, nunca vamos a tener un camino claro y conocido en metas y objetivos.

Por otro lado, cuando se discutió la crisis del carbón --sigo con el mismo ejemplo--, se acordó que el país desarrollaría todas las acciones pertinentes en torno de un plan que se denominó "ENACAR 2001". Casi todos participamos de la idea, pues en el Senado sólo una persona lo votó en contra. Entiendo que en la Cámara se aprobó por unanimidad. Y dicho plan se puso en marcha impulsado por la Corporación de Fomento y los ejecutivos de ENACAR. Nadie discutió el tema; y seguimos adelante. Pero ocurrió que todos los planteamientos contenidos en dicho plan resultaron falsos y no se logró ninguno de los objetivos. Ninguno: ni los de carácter económico, ni los de índole social, política ni productiva. ¡Nada! En visto de ello, el plan "ENACAR 2001" fue marginado de las responsabilidades, metas y objetivos. Hoy estamos frente a una situación distinta, planteada por el Ejecutivo en un protocolo donde se establece que la acción de ENACAR queda sujeta a lo indicado en la glosa, como lo recordó el Honorable señor Ruiz-Esquide , en el sentido de que debe cumplir ciertas tareas administrativas. Pero ya las metas referentes a producción, número de trabajadores y valor de la tonelada con relación al dólar, es un tema del pasado, que ya no existe.

Así, entonces, se van produciendo las diferencias entre lo que es una política de Estado --la que, como todos, yo comparto-- y una política de Gobierno. Cuando se habla, por ejemplo, de que "el Gobierno del Presidente Frei ha resuelto tal cosa", sabemos que ese determinado propósito será cambiado cuando exista otro Gobierno. Pero cuando una acción determinada surge de la institucionalidad nacional, todos los chilenos sabemos que marchamos hacia una meta y objetivos que traspasan lo que es la mera administración del Estado.

Desde ese punto de vista, surge la situación referente a las remuneraciones. Un señor Senador --me parece que fue el Honorable señor Gazmuri -- decía que entre los niveles remuneracionales medios y bajos de la Administración, por así decir, y el resto del mundo laboral chileno existía una relación profesional relativamente parecida; pero --esto le preocupaba mucho--en la medida en que iban subiendo las responsabilidades y jerarquías dentro de la Administración Pública, las respectivas remuneraciones "se despedían de lo que era el mercado" --fueron sus palabras textuales-- y quedaban en un nivel muy bajo en comparación con las percibidas por quienes tenían iguales jerarquías y responsabilidades en otros sectores del país.

¿Y por qué se producía tal situación? Precisamente porque tampoco hay al respecto una política de Estado, pues todas las acciones profesionales dentro de la Administración Pública corresponden al Gobierno de turno. Ahí están todos los cargos de confianza, que son miles en Chile. ¡Miles! Cargos de confianza en directorios de empresas estatales, en la administración de los Ministerios, servicios, etcétera. Por tal motivo, el hombre que es capaz pero que no forma parte de la doctrina partidista del Gobierno de turno, se despide del Estado, porque no es éste el que actúa, sino el Gobierno.

Si tal hecho lo tuviéramos presente en nuestra concepción de administración y en todo lo que corresponde a las responsabilidades propias del Presupuesto, en verdad, ya habríamos despachado el proyecto en debate hace bastante tiempo, y no habríamos estado en estas últimas horas o días discutiendo cómo vamos a incorporar ésta o aquella glosa, cómo vamos a votar cierto artículo, capítulo o partida. Y ello porque, efectivamente, no es un problema de Estado versus Oposición, sino de Gobierno versus Oposición, y el Estado, que es lo principal, está marginado.

Ése es un hecho sumamente importante.

El señor LAVANDERO.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador.

El señor RÍOS.-

Con cargo a su tiempo, señor Senador.

El señor LAVANDERO .-

Su Señoría está equivocado respecto de mi observación.

Cuando hablé de que las remuneraciones alcanzaban a 25 ó 30 millones, me estaba refiriendo a sueldos de esa magnitud. No se trata de los dueños, sino de quienes administran una sociedad anónima, donde los dueños son precisamente los socios. Pero esos administradores perciben entre 25 y 30 millones de pesos mensuales.

El señor RÍOS.-

De acuerdo. ¡Después me da el dato para presentar mi currículo...!

En lo referente al recurso recordado por el Honorable señor Valdés , en realidad debo felicitar a éste, porque en un país tan ejecutivista y presidencialista, la existencia de una ley que lleve el nombre de un legislador es, en verdad, una gracia.

Como tantas veces lo hemos afirmado, nosotros creemos en el proceso de descentralización. Y deseo proporcionar algunas cifras al Ejecutivo , a fin de que compruebe si son verdaderas o no lo son, y para que, si lo desea, me responda en otra oportunidad porque se trata de una cuestión bastante más compleja. Pero, en términos reales, los recursos disponibles para que la autoridad descentralizada actúe libremente sobre ellos, constituyen sólo el 14 por ciento del recurso público chileno de inversión. Lo demás, el 10, 12 ó 13,5 por ciento restante --variable entre el 24 y el 26 por ciento-- responde a un recurso que, si bien resuelve lo concerniente al nivel regional o comunal, lo hace sobre una base propuesta a nivel nacional, de la cual no puede salirse. Por tal motivo, no es un recurso descentralizado en plenitud. Y ello tiene como consecuencia el que los gobiernos regionales y algunos comunales no se sientan incorporados al desarrollo pleno, ni menos en los porcentajes establecidos por el Presidente Frei , en el sentido de llegar a 1999 --último año efectivo de su mandato, con relación al Presupuesto de la Nación -- con el 42 por ciento de la inversión real en manos descentralizadas. Si efectivamente estamos entre el 24 y el 26,5 por ciento, según los criterios, y si se trata de administración descentralizada, y en el fondo aceptáramos que los IRALES y los IRARES pueden ser resueltos por las regiones, cosa que no es así, llegaríamos a la conclusión de que ese 42 por ciento no se alcanzará, porque los porcentajes de alza teórica en los últimos años en la Ley de Presupuestos no pueden mantenerse en niveles tan bajos. Todavía queda cerca de 20 por ciento para llegar en 1999 a lo planteado por el propio Presidente de la República .

Todas estas situaciones nos provocan grandes dudas e inquietudes. El Honorable señor Valdés señalaba un hecho efectivo en lo atinente al problema de la Universidad de Chile. Para todas las universidades regionales del país, se logró el 40 por ciento de los recursos que se entregan a aquélla y que fueron dos mil millones.

El señor ANINAT ( Ministro de Educación ).-

¿Me permite una interrupción, señor Senador, con la venia de la Mesa?

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella, señor Ministro .

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-

Quiero precisar que los dos mil millones son un incremento adicional a lo ya contemplado como base del presupuesto de las universidades regionales.

El señor RÍOS.-

No lo explicó así el Honorable señor Valdés , y lo entendí en otra forma. Pero, en todo caso, esos dos mil millones adicionales corresponden a un fondo concursable. Y todos los fondos concursables son resueltos por funcionarios radicados en el nivel central y no en el ámbito regional. Y eso hace que se produzca --no siempre, pero la mayoría de las veces-- una acción de gasto de inversión que muchas veces margina el verdadero interés de las regiones y comunas.

Todos requerimos que en el país rija la Ley de Presupuestos, y por eso la votaremos favorablemente. El hecho de que en el protocolo se hayan planteado ideas geniales y muy interesantes, me permite suponer que algo vamos avanzando. El "gran protocolo", en todo caso, siempre debe lograrse en la Sala del Parlamento, y no en los pasillos. Cuando oigo al señor Ministro de Hacienda decirnos que se ha llegado a un arreglo, recuerdo que en los casi siete años que llevo en mi desempeño como Senador nunca se ha alabado un acuerdo de tal naturaleza cuando se produce en el debate público, sino cuando se logra en los pasillos del Parlamento, en los de La Moneda, en los de algún Ministerio o en los de alguna oficina. Ojalá que, como consecuencia del proceso propio y natural del desarrollo en libertad, los hombres y mujeres que habitamos Chile podamos discutir y llegar a los grandes acuerdos en debate público.

Termino recordando lo señalado por el Honorable señor Ruiz-Esquide , en relación con ENACAR.

Señor Presidente , los Senadores nunca hemos puesto en duda la acción de los trabajadores del carbón. ¡Nunca! Lo que ha merecido nuestras dudas --sobre todo en estos últimos meses y años-- es la administración de esa empresa. Entre los trabajadores que sufren los embates de la mala administración y el Parlamento --que es el que en definitiva entrega los recursos--, existe un ente, la administración de ENACAR, a la cual los Senadores de estas bancas, por lo menos, ya no le creen nada, porque no todo lo que nos ha dicho ha sido verdad. Cuando estuve con los respectivos dirigentes sindicales, les pedí que me citaran una sola verdad; y no me dieron ninguna. "La única verdad que le podemos decir, señor Senador " --eso era cierto-- "es que la situación social es muy delicada".

Votaremos favorablemente la entrega de recursos a ENACAR. Entendemos --y con esto termino mi intervención-- que las disposiciones establecidas en la glosa propuesta por el Ejecutivo están encaminadas a lograr la eficiencia de la administración, y no un resultado. Muchas veces la eficiencia de la administración se produce, pero los resultados son malos. Eso hay que tenerlo claro. Muchas veces las fallas geológicas o situaciones internas de la mina pueden producir un daño en la producción, pero ello no es problema de eficiencia en la empresa o en las personas que trabajan en ella. Creo mucho más en los trabajadores de ENACAR que en su administración.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , quiero hacer uso de la facultad que me otorga el artículo 111 del Reglamento para hacer una referencia complementaria a lo que acaban de expresar los Senadores señores Valdés y Ríos.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

¿Me permite, señor Senador ?

Requiero el asentimiento de la Sala para prorrogar la discusión general por el tiempo necesario, para que intervengan los Honorables señores Núñez , Romero , Errázuriz y Hormazábal .

El señor CALDERÓN .-

¿No podrían hacerlo al fundamentar el voto, señor Presidente?

El señor MUÑOZ BARRA.-

Se entiende que, en la medida en que se prorroga el tiempo --lo que parece muy justo para que intervengan los señores Senadores que lo desean--, en la misma proporción se prolongará el tiempo para la discusión particular.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Así es, señor Senador.

Entonces, se resolvería prorrogar la hora en la forma señalada.

Acordado.

Puede continuar el Honorable señor Urenda.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , deseo hacer solamente una observación complementaria.

Pese a la mucha autosatisfacción existente porque el país sigue creciendo en forma fuerte, han surgido aquí algunas inquietudes, debido a que todavía no hemos podido superar la pobreza.

Se ha hecho referencia bastante concreta al problema de la regionalización del país. Y yo quiero repetir ahora cifras oficiales entregadas por el Banco Central y por el Ministerio de Hacienda, conforme a las cuales el proceso de descentralización no está caminando, porque, de acuerdo con tales estadísticas oficiales, la fuerza de trabajo, durante el actual Gobierno, ha aumentado en 408 mil hasta junio pasado, elevándose en más de 50 por ciento en la Región Metropolitana, y, en consecuencia, en menos de ese porcentaje en el resto del país.

Ello significa de manera global que todos los esfuerzos que estamos haciendo en función de un proceso de descentralización y de regionalización, son manifiestamente insuficientes. Pero como el Presupuesto de la Nación constituye el gran instrumento para estimular el desarrollo del país y para guiar a éste en la dirección adecuada, ojalá se contemplara en él la entrega de mayores recursos para la administración regional y para la aplicación de algunas medidas, especialmente en relación con las inversiones hechas directamente por los Ministerios para revertir el proceso. De esta manera empezaremos a descentralizarlo y evitaremos seguir concentrando mayor cantidad de personas, de actividades y de riqueza en la Capital.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

A continuación, está inscrito el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, ha quedado demostrado en el debate...

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

¿Me permite, señor Senador ? Debo darle excusas, porque antes de Su Señoría estaba inscrito el Honorable señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , no tengo ningún inconveniente en hablar al final, porque no me referiré específicamente al Presupuesto, sino a algunas consecuencias del debate habido sobre la materia.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Entonces, puede continuar el Senador señor Romero. El Honorable señor Núñez queda inscrito para el final.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente , con el debate de hoy queda demostrado que la cuestión no es entre un señor Senador y otro, o entre éste y un señor Ministro .

En definitiva, simplemente el debate se ha producido dentro del marco de lo que debe ser la discusión de un proyecto de Ley de Presupuestos, la más importante que el Congreso Nacional debe analizar todos los años. Y ésta no es una cuestión menor, porque, al parecer, la discusión se centra en lo manifestado por un Senador o en lo que no dijo otro.

Nos parece que hoy día ha quedado demostrado que hay materias mucho más importantes. Desde luego, ha sido despejada una situación que, en mi concepto, debe destacarse con mucho énfasis: la Corporación no está dispuesta a aceptar amenazas en cuanto a que simplemente la aprobación de la Ley de Presupuestos debe hacerse conforme a plazos automáticos. Me parece que tal afirmación fue un desliz verbal de alguien que quiso expresar una idea diferente. Lo que en definitiva importa es poder abrir un camino que permita materializar lo que hemos venido tratando de lograr desde hace más de 6 años. Porque después de un breve análisis sobre las posibilidades del Congreso Nacional para adentrarse en todos los meandros y sutilezas que contiene el Presupuesto de la Nación, no cabe la menor duda de que carecemos de un marco apropiado para ello. Y no solamente no tenemos un marco apropiado, sino que la legislación tanto constitucional como legal no colabora para que tal cuestión quede despejada.

El artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado permite que, por un simple decreto, se transfieran recursos de una partida a un Ministerio o a otra partida y viceversa. Sin duda, sobre ello nosotros no tenemos claridad, salvo la proveniente de una definición posterior o de control presupuestario adecuado, para poder saber definitivamente si existió o no existió un aporte del Congreso Nacional y determinar si lo consignado en cada una de las partidas se gastó en lo que correspondía y no en algo distinto.

También aquí ha quedado demostrado que una cosa es la línea general económica del país y, otra distinta, la administración de los gastos, fondos y recursos que un Gobierno tiene a su disposición. Son cuestiones enteramente distintas y ése, naturalmente, es un hecho que nosotros también debemos precisar.

Efectivamente hemos realizado un avance. Hemos puesto mucho énfasis en un acuerdo presupuestario para 1997. Y lo cierto es que en ese avance hemos conseguido, entre otras cosas, mantener el nivel propuesto por el Ejecutivo para provisiones del Tesoro Público, con un límite excedible en no más de 200 millones de dólares.

Si uno mira esa cifra desde la perspectiva de la evaluación total del Presupuesto de la Nación, esos 200 millones de dólares representan realmente una cantidad bastante exigua. Recordemos que el año pasado fueron 180 millones de dólares. Por lo tanto, no cabe la menor duda de que hay un avance.

También constituye un logro que el Gobierno se comprometa a fijar mecanismos para informar al Congreso Nacional sobre las diversas contrataciones de personal a honorarios en el sector público y que, junto con dar el detalle de las personas contratadas, se encargue una consultoría externa para evaluar procedimientos de adquisición, contratación y ejecución de obras en el sector público. En fin, se trata de una serie de declaraciones de intenciones que, sin duda alguna, también constituyen un avance.

Empero, el debate sobre esta materia no se agota en 1996 con el proyecto de Ley de Presupuestos para 1997. Recién estamos iniciando una exploración para establecer un marco más claro y definido en ese campo. De modo que no hay majadería en esto de que el gasto público sea un freno, porque, definitivamente, está comprobado que la administración eficiente de los recursos tiene un significado mayor que simplemente el de las cifras.

El Senador señor Ruiz-Esquide ha hablado de la necesidad de que el Congreso tenga mayor injerencia en el debate del proyecto de Ley de Presupuestos. No se trata de coadministrar ni de cogobernar con el Ejecutivo . En mi concepto, debemos defender una posición presidencialista respecto de esta materia. Por lo demás, la tradición y la experiencia han demostrado que el Gobierno debe ser el primer responsable y que el Presupuesto no tiene que quedar entregado en las manos del Congreso.

Sin embargo, es muy importante que ello no se traduzca simplemente en una declaración. Se ha hablado aquí de la voluntad de avanzar en este campo. Y para eso, indudablemente, sería muy importante --el propio señor Ministro ha recogido estas ideas-- que analizáramos lo que hemos hecho en cuanto a modernización del Estado, reflexionando sobre ello, pero particularmente acerca de lo que no hemos hecho.

En tal sentido, estimo plenamente justificado que, antes de que termine el año --y lo planteo a la Mesa--, podamos celebrar una sesión especial para estudiar este tipo de asuntos con respecto a la modernización del Estado.

A mi juicio, si se han abierto espacios, no ha sido simplemente por casualidad o por un gesto de generosidad: ellos se han ganado merced al cumplimiento de la obligación esencial de la Oposición de fiscalizar, controlar y observar un Presupuesto que es del Gobierno, no nuestro.

En eso no podemos engañarnos: el Presupuesto --reitero-- es del Ejecutivo , no de la Oposición. De tener que elaborarlo nosotros, probablemente pondríamos mayor énfasis en muchos aspectos distintos de los consignados en el que ahora analizamos.

En cuanto a la redistribución por vía del Estado --porque se ha hablado de la inequidad interna; y no sólo lo han dicho aquí personas calificadas, sino que también lo señaló recientemente Gary Becker , Premio Nobel de Economía--, se ha manifestado que sería un retroceso entender que la rentabilidad social del sector público a través de la redistribución de gastos es superior a la que pueda lograrse por la vía privada, que es uno de los grandes avances conseguidos en el mundo desarrollado. Y todos los países tienen esa experiencia.

Aquí se ha hecho referencia, asimismo, a la calificación que presuntamente sectores empresariales habrían dado a la actividad política.

Al respecto, quiero decir al Senador señor Valdés (desgraciadamente, Su Señoría no se halla en la Sala) que estuve presente en ENADE 96, donde escuché con mucha atención las interesantes exposiciones hechas. Y puedo señalar que el mayor porcentaje del público asistente no estaba constituido propiamente por empresarios. Con esto no deseo descalificar encuesta alguna, sino tan sólo expresar que se trataba de ejecutivos jóvenes, que no son precisamente lo que podemos denominar "empresarios". Y lo digo por creer que hay una apreciación errónea de parte de los medios de comunicación al atribuir al sector empresarial propiamente tal una calificación de la actividad política que me ha parecido muy injusta y extraordinariamente grave. Porque no fue simplemente tiempo para "darse un gustito" --como alguien señaló--, sino que quienes respondieron la encuesta no efectuaron, a mi entender, una calificación adecuada.

Antes de ser elegido Senador, fui Vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. Algo conozco de los empresarios chilenos. Y puedo manifestar a Sus Señorías y a quienes estuvieron presentes en aquel Encuentro que la mayor parte (por no decir 95 por ciento) de quienes integraban el auditorio eran tal vez muy conocidos como subgerentes o gerentes jóvenes de algunas empresas, pero desconocidos en el mundo empresarial.

Digo lo anterior por creer que es importante, no para descalificar dicha encuesta, sino para que la consideremos en su justa medida y reflexionemos. Porque esas personas representan al segmento juvenil del país y probablemente tienen una pobre impresión de la actividad pública, lo que me parece injustificado y extraordinariamente serio cuando se difunde en los medios de comunicación de una manera que no considero adecuada.

Debemos tener muy claro que este debate, que muchas veces no aparece exactamente reflejado con todos sus alcances en los medios de comunicación, debe entenderse en toda su magnitud. En él se plantean ideas de fondo, siempre con mucho respeto. Porque jamás he visto en esta Sala una cuestión fuera de contexto o de foco.

El señor Ministro de Hacienda es una persona respetable, que siempre contesta con mucha claridad y profundidad, desde su punto de vista, las observaciones que hacemos. Y no han existido declaraciones (salvo algunas hechas fuera de esta Sala) que hayan colocado al Senado o a la Cámara de Diputados en una posición distinta de la habitual en estos seis años.

En los debates de las Subcomisiones ocurre lo mismo.

Sin embargo, algo no funciona. ¿En qué sentido? En el sentido de que, en el marco del debate, asignamos tal vez mayor importancia a un trabajo en el que participan muy pocos Parlamentarios, como es el de las Subcomisiones, y no disponemos de tiempo suficiente en las Salas tanto del Senado como de la Cámara de Diputados para analizar profunda y seriamente temas en que la oportunidad está dada por el debate presupuestario y no por otro.

Por eso, creo que debemos buscar mecanismos para modificar tal situación. El propio Presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos --ignoro si está renunciado o en la plenitud de sus atribuciones--...

El señor LAVANDERO.-

Estoy renunciado, señor Senador.

El señor ROMERO.-

...ha puesto también el dedo en la llaga al manifestar que hay una serie de procedimientos que es necesario rectificar. Y yo acompaño a Su Señoría, en un sentido positivo, para encontrar un mecanismo que no se agote en un debate tan hermético en las Subcomisiones, sino que se proyecte hasta esta Sala.

Deseo referirme a otros aspectos, señor Presidente .

Algunas indicaciones --probablemente no todas las que uno quisiera presentar-- están destinadas a dar mayor transparencia y claridad, y particularmente, a seguir avanzando, sin que signifique agotar esta discusión.

Pienso que ha sido positivo el análisis realizado hoy. No se ha tratado simplemente de un intercambio de ideas entre un Senador y un Ministro . Eso no es cierto. La posición sustentada --lo reitero y confirmo plenamente-- por el miembro de la Comisión de Hacienda de nuestra sala de Senadores, Honorable señor Piñera , representa íntegramente el pensamiento de la bancada de Renovación Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y que eso quede claro. Porque muchas veces se ha tratado de descalificar señalando que puede tratarse simplemente de una posición personal o personalísima de uno de nuestros Parlamentarios.

He dicho.

El señor GAZMURI .-

¡Estamos emocionados por el apoyo que se brinda al Honorable señor Piñera ...!

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Está inscrito a continuación el Senador señor Errázuriz.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , trataré de ser lo más breve posible, porque no creo que sea bueno volver a repetirnos las mismas cosas que se han escuchado. Intentaré hacer un análisis diferente y conciso.

En primer lugar, vale la pena señalar que los ingresos tributarios han crecido, desde 1990 a la fecha, casi en 8 mil millones de dólares, con lo cual queda en evidencia que la reforma tributaria de ese año, propiciada por Renovación Nacional en conjunto con la Concertación, no resultó necesaria, y que tampoco resultaron ciertos los supuestos que en aquel entonces se dieron para justificarla.

Por lo tanto, el Gobierno ha dispuesto de una enorme cantidad de recursos adicionales a los requeridos para cumplir adecuadamente sus obligaciones.

En segundo término, conviene destacar que durante ese mismo período --de 1990 a la fecha-- han aumentado notablemente los gastos del sector público con relación al crecimiento del producto. En 1991, el incremento por sobre el crecimiento del producto superó el 38 por ciento; en 1992, el 5 por ciento; en 1993 llegó a 46 por ciento; en 1994, a 43,9 por ciento; en 1995 --porque había crecido demasiado-- se redujo en 17,6 por ciento; este año, en 7,1 por ciento; y para 1997 se supone que el gasto público, versus el crecimiento del producto, crecerá en 40,1 por ciento.

¿Qué importancia tiene esa relación? Algunos han dicho que el gasto público en sí es malo, y otros, que es bueno. El Senador que habla considera que no es ni lo uno ni lo otro, porque ello depende de en qué se utilicen los recursos. Siempre es peligroso el gasto cuando supera el crecimiento del producto.

Por lo tanto, ése es el principal parámetro de medición que deberíamos tener en cuenta para evitar la inflación, sobre todo en una economía indexada como la nuestra, cuando el mes que viene se repetirá, debido a la UF, la inflación del mes que pasó. De modo que resulta dificilísimo disminuir la inflación si a la vez no se van controlando muy seriamente los gastos con relación al crecimiento de la productividad o del producto.

En consecuencia, el gasto público es malo cuando supera al producto geográfico bruto. Es malo, en mi opinión, cuando reemplaza un gasto que pudo ser privado, porque impide al Estado reservar los dineros pertinentes para el cumplimiento de su rol subsidiario. Es el caso, por ejemplo, de los fondos requeridos por la Contraloría General de la República o por el Poder Judicial , que pudieron crecer en forma muy superior a la que revela el Presupuesto, lo que, lamentablemente, no sucede.

Ése es un elemento especialmente importante para evitar, en el mundo actual, hechos de corrupción y facilitar el control de los gastos a través de la Contraloría, especialmente en los municipios, que, en una democracia, son el primer punto de encuentro entre el pueblo y las autoridades elegidas.

Por consiguiente, deploro que no se destinen más recursos y que no haya mayor preocupación por la Contraloría General de la República y el Poder Judicial.

Ahora bien, el crecimiento de los gastos es peligroso y en algunos casos carece de resultado real.

Como Presidente de la Comisión de Agricultura , me he preocupado especialmente de estudiar lo que ha ido ocurriendo en el transcurso de los años. Así, por ejemplo, tenemos que en 1995 el aumento de los gastos de ODEPA fue de 27 por ciento; este año es de 19 por ciento. El del SAG fue de 23 por ciento en 1995; no hubo recorte alguno (personalmente, me opuse a los recortes --en aquel entonces, los Parlamentarios de la Unión por Chile se mostraron partidarios de hacerlos también en tales partidas--, por considerar importante que los recursos de la agricultura no fueran mermados). El crecimiento de los gastos del Servicio Agrícola y Ganadero este año es de 0,5 por ciento, contra 23 por ciento de 1995. La CONAF aumentó en 1995 sus gastos en 13 por ciento; este año lo hace en 3,8 por ciento. Los gastos del INDAP crecieron en 32 por ciento; este año, en 2,6 por ciento (32 por ciento no es una cifra menor: equivale a más de 50 millones de dólares). En 1995, la Subsecretaría de Agricultura aumentó sus gastos en 51 por ciento; ahora los incrementa en 74 por ciento. En promedio, los gastos del sector crecieron en 1995 en 27 por ciento; este año lo hacen en 5 por ciento.

Sobre el particular, cabe formular las siguientes preguntas: ¿Dónde quedaron esos dineros? ¿En qué se gastaron? ¿Ha existido realmente un cambio sustancial en los sectores agropecuario y agrícola chilenos? ¡Desde luego que no!

Por lo tanto, no se trata de gastar, sino de gastar bien. Y para eso, debe haber un seguimiento. Nadie puede adivinar o señalar a priori si se está gastando bien o mal. Todos tratamos de invertir lo mejor posible; pero podemos equivocarnos. Entonces, debemos tener ductilidad para ir corrigiendo en el transcurso del tiempo, durante el año o de un año para otro, los gastos que pudieron no ser los mejor invertidos.

Echo de menos en esta discusión presupuestaria larga, engorrosa, aburrida, realmente inútil --no aporta nada; es casi ridícula--, un análisis mucho más profundo y serio, con seguimiento de la gestión, para saber qué ha ocurrido en definitiva con los recursos asignados a las distintas partidas. Debe hacerse una medición, no sólo a nivel nacional, sino también sectorial, por ministerios, por cada una de las partidas. Es necesario un análisis serio, donde sólo existan discrepancias en cuanto a qué conviene o no conviene, o a qué es más o menos relevante socialmente, o a si la tasa de retorno social es mejor aquí o allá. Sin embargo, en el Parlamento no existe ese tipo de análisis; no se hace un seguimiento durante el año.

Por eso, pido formalmente a mis Honorables colegas que realicemos un estudio elevado, profesional, que es lo que corresponde en estas materias, en vez de tratar --como ocurre muchas veces-- de adquirir protagonismo político o de lograr aparecer más en la prensa, en las revistas o en las fotografías, como si se hubiera llevado a cabo un análisis serio, en circunstancias de que, lamentablemente, ello no es así.

Aplaudo el hecho de que se haya avanzado en parte respecto de temas importante, sea a través de una mayor transparencia o de una mejor información. Esto es fundamental para que Senadores y Diputados podamos cumplir adecuadamente el rol que el pueblo nos asignó.

Por otra parte, deseo señalar algunas sorpresas en lo referente a ciertos ítem. Por ejemplo, en gastos de personal: 43 por ciento de crecimiento en viáticos; 73 por ciento en convenios; 33 por ciento en horas extraordinarias. ¡Es impresionante!

La dotación de personal, señores Senadores --sin tomar en cuenta el Congreso, la Contraloría o el Poder Judicial , por las razones que indiqué--, sólo entre enero y agosto, creció en 0,4 por ciento.

El aumento es de 3,1 por ciento si se calcula sobre la base de la dotación efectiva --estoy hablando ahora del crecimiento de personal--; pasaría a ser 2,2 por ciento de la fuerza laboral de 1996.

Las dotaciones por repartición son sorprendentes en lo que respecta a gastos de personal: en Obras Públicas, éstos aumentaron en 292 por ciento en el Presupuesto del año pasado versus éste; en Agricultura, en 11 por ciento; en Minería bajaron en 5 por ciento; en Transportes disminuyeron en uno por ciento; y en el total de los Ministerios crecieron en casi 13 por ciento.

No calificaré de "altos" dichos gastos. Ojalá los trabajadores del sector público ganaran lo que merecen. Hoy día, lamentablemente, se castiga a las personas con un pésimo o bajo sueldo, inferior al que les corresponde según los niveles de mercado, sólo porque a cambio de ello se les garantiza inamovilidad en sus cargos, lo que nunca requieren los buenos funcionarios.

En consecuencia, la modernización del Estado es una tarea imperativa y urgente. Todo lo demás es música. Dediquémonos de verdad a lograr la eficiencia del Estado. Para ello, éste debe tener gente muy calificada y bien pagada.

Cuando recién llegué al Senado y señalé que no era admisible que los Ministros fueran remunerados a través de "pitutos", aquí se me criticó acerbamente. Dije que no era posible que algunos de ellos fueran directores de empresas públicas -- de CODELCO u otras-- porque no podrían ejercer bien sus cargos. Así se demostró a poco andar a través de la lamentable situación ocurrida en CODELCO. Los Ministros no pueden cumplir las funciones de directores de empresas si, a la vez, deben ser buenos Secretarios de Estado, y ello sólo para aumentar sus remuneraciones. Estimo que las personas deben ganar de acuerdo con lo que realizan y con lo que les corresponde a sus responsabilidades, y obviamente los funcionarios públicos deben percibir sueldo acorde a ellas.

En consecuencia, debemos terminar, de una vez por todas, con lo que viene sucediendo en la Administración del Estado, a fin de modernizarla. Lamentablemente, como Senadores, por mandato de la Constitución carecemos de atribuciones para hacer bien nuestro trabajo, y lo denuncio públicamente. No seamos cómplices de lo que ocurre: así no podemos cumplir bien nuestra función.

Finalmente, la discusión de esta materia se convierte --como he dicho-- en lograr protagonismo político y figuración pública, que a mí no me interesan. Creo que el debate presupuestario debería centrarse en el planteamiento serio y elevado de propuestas, para que, apuntando a mejores soluciones que las planteadas por el Gobierno, sean las que en definitiva primen. En eso consiste la modernidad: terminar con el sistema bipolar de trincheras, como lo sostuvo el Presidente de la República en la última Cumbre Iberoamericana, donde señaló precisamente lo que sostengo y que puede mover a cierta hilaridad de algunos señores Senadores. Tal vez, porque ya lo dije en 1989, pero que, no por eso, deja de ser verdad. No comparto --y nunca lo he hecho-- el sistema bipolar de estar en contra de lo que propuso el otro porque es de Oposición o de Gobierno.

Chile por suerte anda bien. Se ha dicho que debemos estar tranquilos porque las cifras macroeconómicas son buenas. Así es y lo celebro. Pero eso no significa que el país siempre va a andar bien si, en el futuro, no hacemos bien las cosas. Y quiero advertir sobre el particular. Debemos preocuparnos; ha llegado el momento en que Chile, de una vez por todas, debe bajar sus intereses que son consecuencia del aumento de los gastos. Si ello ocurre, y se termina el ajuste que está sufriendo nuestra economía, podremos recuperar el camino del desarrollo que hoy comienza a detenerse y a ser pagado particularmente por quienes, siendo pobres, son jóvenes. ¡Veamos las altas tasas de desocupación que los afecta!¡Veamos el problema que se refleja en la juventud! En una economía amarrada a una indexación general, los ajustes siempre los sufren estos sectores; es decir, por la vía de la cesantía de los pobres, comenzando por los más jóvenes.

Por ello, pido formalmente al señor Ministro de Hacienda que intervenga o interfiera o converse con el Banco Central, a fin de que entienda que el ajuste ya se realizó y que es el momento de bajar los intereses para evitar este círculo vicioso --no virtuoso-- que implica altas tasas de interés, mayor atracción de capitales externos, disminución del valor de la divisa, estrangulamiento de nuestro crecimiento exportador y dificultad de conquistar mercados externos, haciendo muy difícil nuestra exitosa integración al mundo, para así conquistarlo y no para que el mundo nos conquiste.

Por lo tanto, de una vez por todas debemos desindexar nuestra economía y terminar con el ajuste. Para ello resulta esencial que el Gobierno sea muy prudente en el aumento de sus gastos, evitando los superfluos, para lo cual dispone de una herramienta importante ,cual es la partida Tesoro Público y las transferencias de sus recursos, de modo que, ojalá, el ahorro crezca y los excedentes de los impuestos que se paguen sirvan para ayudar socialmente al país, destinándolos a la creación de nuevas riquezas en zonas pobres o extremas, ideas que concretamente he transformado en proyectos de ley que requieren patrocinio del Ejecutivo, a fin de que, como digo, con la creación de riquezas podamos derrotar la pobreza.

Terminé exactamente en el tiempo que me correspondía.

He dicho.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Lamento tener que corregirlo: Su Señoría lo hizo siete segundos antes.

A continuación, tiene la palabra el Senador señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , la discusión acerca del Presupuesto es perfectamente mejorable. Ésa ha sido la actitud del Gobierno y del Congreso. Creo que hay inmadurez en la clase política parlamentaria, por lo menos cuando discuten estos temas. Por eso, no me parece apropiado estimar que, cuando algún Senador o Diputado juzga viable atenerse a lo permitido por la Constitución y la ley, ello se considere una amenaza ilícita e inadecuada, en circunstancias de que representa el ejercicio de un derecho constitucional, que, por lo demás, aprendimos a resolver históricamente. Debemos recordar que el 1° de enero de 1891 se dictó un decreto, firmado por el Presidente Balmaceda y todos sus Ministros, que, en virtud de que el Congreso no había despachado el proyecto de Ley de Presupuestos, hacía regir la normativa presupuestaria del año anterior. Ese conflicto partió de una situación política que venía arrastrándose de antemano y desembocó en hechos tan lamentables. No muy lejos de aquí, en Concón y Placilla , veinte mil chilenos combatieron unos contra otros; la historia registra cerca de 8 mil bajas, entre muertos y heridos. Se tuvo que esperar hasta 1925 para establecer una modalidad mediante la cual, si el Congreso no aprobaba el proyecto de Ley de Presupuestos, se entendía vigente el presentado por el Ejecutivo. Todo esto ha sido parte de la experiencia histórica recogida en la Constitución de 1980, aprobada, por cierto, en condiciones no democráticas. En su artículo 64 señala: "y si el Congreso no lo despachare dentro de los sesenta días contados desde su presentación, regirá el proyecto presentado por el Presidente de la República .".

Este no es un afán de imposición hegemónica, sino parte del aprendizaje histórico, el cual indica que en la lucha política legítima, no es posible utilizar el arma del Presupuesto como una cuestión puntual, ya que los efectos negativos para el país que puede desatar esta falta de acuciosidad y acuerdo son tremendamente negativos. Por eso, considero que la Oposición en su conjunto --no individualizo a persona alguna-- todos los años ha tenido frente al Presupuesto una actitud ligada más a intereses de espectacularidad política que a los de seriedad política.

Es bueno que busquemos acuerdos en el Congreso. Particularmente, respaldé la decisión del Gobierno de la Concertación de realizar todos los esfuerzos necesarios a fin de concretar acuerdos con la Oposición. Desde el punto de vista de país, aunque la aplicación de la norma que permite la aprobación constitucional del Presupuesto tiene plena validez, sus efectos políticos son inadecuados. Se debe tener madurez para entender que quien gobierna es el Ejecutivo y que quienes ejercen el rol legítimo de Oposición son aquellos que el pueblo chileno situó en esa posición. Y así como al Ejecutivo corresponde la elaboración del Presupuesto, la Oposición y los Parlamentarios que apoyamos al Gobierno tenemos un rol que cumplir. Rechazo el planteamiento de que sólo la Oposición se dedica a trabajar con acuciosidad en la discusión presupuestaria y de que nosotros no contribuimos. Abundan los ejemplos en las Subcomisiones en cuanto a que Diputados y Senadores que tenemos un compromiso político con la Concertación estamos conscientes de que la manera leal de expresar dicho acuerdo es tratando de introducir mejoras, ideas y aportes para que el Presupuesto presentado por el Ejecutivo recoja más adecuadamente las inquietudes y desafíos del país.

Pienso que es espectacular lo avanzado desde 1990 hasta 1996. Si el Gobierno quisiera quedarse sólo en las atribuciones políticas de que dispone, ahí está el decreto ley Nº 1263 --que todos han recordado en la Sala--, cuyo artículo 26 otorga plena facultad al Ejecutivo para efectuar todos los cambios que quiera dentro de la partida Tesoro Público. Y, sin embargo, éste se ha hallado dispuesto, entiendo que desde 1993, en virtud de las discusiones sostenidas con los Parlamentarios, a incluir en la Ley de Presupuestos un artículo 4º --también figura en el proyecto que nos ocupa-- que reglamenta su atribución legal. Bastaría que la mayoría con que cuenta la Concertación en la Cámara de Diputados lo rechazara para que no existiera limitación alguna en el ejercicio de esa facultad. Pero el Gobierno recoge con nitidez los desafíos de la política democrática y ésta obliga a realizar esfuerzos de entendimiento.

De este modo, creo que los avances, por ejemplo, en el texto mismo y en el protocolo firmado en la Cámara por Diputados de distintos partidos constituyen una señal positiva de la madurez de la clase política.

Y, por cierto, ello no resulta entendible, muchas veces, para el sector empresarial, al cual se ha hecho referencia. ¡No me vengan con cuentos de que se trata de jóvenes, de una clase ejecutiva! Lo que pasa es que existe una actitud de menosprecio. ¿Saben Sus Señorías por qué, entre otras razones? Por la influencia indebida del gran empresariado chileno en la política. Porque, como ella está deviniendo cada vez más en "política-marketing" o política-mercado, las exigencias de financiamiento determinan que en las distintas fuerzas a veces se esté mirando si ese sector realiza contribuciones o no.

Hago presente a cada uno de mis Honorables colegas que lo más dañino para la clase política es ponerse con la mano tendida hacia el sector empresarial. Es preferible juzgar con nitidez y claridad si es lícito o no lo es que a la actividad política se le concedan aportes con los fondos de todos los chilenos, lo que debería constar en el Presupuesto y ser sometido a la acción de la Contraloría General de la República.

Porque me parece corruptor el hecho denunciado por el Diputado señor Espina, Vicepresidente de Renovación Nacional , en el diario La Época del domingo 3 del mes en curso. Cuando habla de la necesidad de que haya financiamiento público de la actividad política y la periodista le expresa: "Pero la UDI no está de acuerdo con su tesis", ese Parlamentario señala lo siguiente: "Lamento que sea así. Claro, ese partido cuenta con el apoyo de muchas empresas eléctricas, pero me gustaría que la UDI pensara más sobre este tema.".

¿No les parece a los chilenos que sería importante saber que cuando se enciende la luz se está financiando o subsidiando a la Unión Demócrata Independiente? ¿No sería relevante que quienes denunciaron a la política como desprestigiada, en el Encuentro Nacional de la Empresa, conocieran a dónde se están enviando los recursos con que pagan las tarifas eléctricas del funcionamiento de sus empresas? ¿No sería útil para la transparencia de la sociedad democrática tener claro a dónde van esos fondos?

Repito, por si acaso, que se trata de la cita textual de lo expresado por el Vicepresidente de Renovación Nacional señor Alberto Espina al diario La Época, el que lo publicó el domingo 3 de noviembre.

¿Por qué se justifican estas consideraciones? Porque, de repente, aquí se emite un juicio: "No hemos sido capaces de enfrentar adecuadamente el tema de la corrupción.". ¡A ver! ¡Que se diga en qué acto denunciado no hay sumarios, ni procesos, ni responsables! ¿Que hay detalles en que se registra una demora? Sin lugar a dudas. Pero ahí intervienen, con legitimidad, la acción de la prensa libre, las funciones fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, la denuncia que pueden formular los ciudadanos.

¿Y la Contraloría General de la República requiere más recursos? Por cierto. ¿Pero podría ese organismo investigar a las empresas eléctricas para saber si es verdad o no, como dice el Diputado señor Espina, que financian las campañas de la UDI? No podría.

Entonces, el Senador que habla, que no firmó el protocolo, quiere saber si en la norma del artículo 21 del proyecto, la cual dispone que todas las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos públicos deben dar cuenta, se incluyen los sectores empresariales que obtienen subsidios del Estado.

Y, con la venia de la Mesa, pregunto al señor Ministro si en este Presupuesto se otorgan o no algunos de esos subsidios para el sector privado.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

En general, como es sabido, existen franquicias tributarias, un programa de reintegro a las exportaciones que se halla en fase de cambiar su modalidad, los beneficios del decreto ley Nº 701, en fin. Habría que ver qué hay en los distintos sectores, los cuales fueron discutidos en las Subcomisiones.

El señor HORMAZÁBAL .-

Gracias, señor Ministro .

Señor Presidente , el año pasado escuché al señor Ministro de Hacienda decir que el país gastaba cerca de 400 millones de dólares anuales en subsidios al sector privado. Mi pregunta es por qué todos los chilenos no tenemos derecho a saber en qué se está gastando esa plata.

Creo que la norma debe ser aplicada a todos. Se puede argumentar, por ejemplo: "¡Ah, es que en este caso se trata de fomentar exportaciones!" Perfecto. ¿Han mejorado las exportaciones? ¿Los trabajadores son tratados de mejor forma en el interior de las empresas? Si es dinero de todos los chilenos, ¿por qué no exigir?

La disposición me parece interesante y apropiada, porque el tema de la corrupción debe ser objeto de la preocupación general. No es cuestión de que se registre un incremento de la corrupción en tal o cual sector: ¡lean los diarios, estimados colegas, todos los días! Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones: multas a gerentes de tal o cual administradora por usar información privilegiada y comprar acciones antes de que la entidad invierta. Información privilegiada: empresa tal denuncia a su gerente por haber utilizado información confidencial, para los efectos de comprar anticipadamente acciones. ¡Lean los diarios! En una empresa de la Bolsa, operadores de muchos años han traicionado la confianza que se deposita en esta última.

¿Saben Sus Señorías lo que está pasando? ¡No hay mayor corrupción en el sector público! ¡Existe una corrupción generalizada, fruto de una cultura en donde el dinero prima sobre los valores y los conceptos básicos de la dignidad humana! ¡A la persona se le respeta por la plata que posee y no por su calidad humana! Y éste constituye un tema cultural que la sociedad chilena debe enfrentar, porque vamos a ser traspasados cada vez más por influencias extrañas a nuestra idiosincrasia y tradición.

Chile aspira, por citar un caso, a que se materialice una gran incorporación de capitales provenientes de Asia. ¡Muy bien! ¿Y con qué resguardos se contará en el sector privado ante lo que leemos acerca de los efectos negativos de la corrupción en distintos países de ese continente, la que se ejerce de manera pertinaz, casi como parte del sistema? A ello se debería oponer un esfuerzo común.

Pero aquí algunos proclaman: "Liberemos la cuenta de capitales y facilitemos aún más la entrada de capitales extranjeros.". ¿Cuáles? ¿Los 500 mil millones de dólares anuales que siguen circulando por el narcotráfico? ¿De qué manera compatibilizamos la economía abierta con una preocupación de la sociedad chilena que conduzca a enfrentar el tema de las drogas y el narcotráfico, por ejemplo? Pienso que en ese ámbito se plantean aspectos que deberían ser abordados en común, por no revestir carácter partidario.

A mi juicio, hemos avanzado. Y felicito al señor Ministro de Hacienda y al Gobierno por la capacidad de entenderse con la Oposición. Como decía don Diego Portales ya en el siglo pasado, si un Gobierno no tuviera Oposición, habría que inventarla. En lo personal, estimo que ella ayuda.

Y me siento agradecido de que algunos aportes de señores Senadores de ese sector hayan permitido aclarar errores que podrían haber sido cometidos en la estimación de provisiones en la CORFO. En un Presupuesto de 18 mil 500 millones de dólares, surge, de repente, un problema de 4 millones de dólares. Para mí, esta última cifra es muy importante y juzgo positivo que tal asunto haya podido ser analizado, pero asimismo me parece bien que Parlamentarios de la Concertación se preocupen, por ejemplo, del Fondo de Electricidad Rural y de qué manera se estimulan formas no tradicionales de energía.

Considero acertado, además, que señores Senadores se interesen por la situación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por la de las universidades regionales. Defiendo los aportes para la Universidad de Chile, entidad rectora del pensamiento. ¿Pero por qué no destinar recursos, también, para las universidades estatales de las Regiones, planteles que igualmente efectúan una contribución cultural de gran relevancia?

Felicito al Gobierno, una vez más, por su capacidad de escuchar. Discrepo del enfoque expresado en una oportunidad por mi Honorable colega Díez , cuando fue retirado de la discusión el proyecto sobre tarificación vial, respecto del cual señores Senadores de Oposición y algunos que apoyamos al Gobierno estuvimos en desacuerdo. El Gobierno democrático, en vez de insistir y perseverar, como habría sido su derecho, recogió las observaciones emanadas del libre juego de las ideas en el Parlamento y espera hasta que se puedan introducir cambios o se genere un ambiente más positivo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que juguemos siempre a estrellarnos? Considero que la actitud del Gobierno ha sido sumamente positiva.

Un distinguido colega afirmó que algunos presupuestos han bajado. No es cierto. De nada de lo que he leído se desprende que algún sector cuente con menos recursos en el Presupuesto que se ha presentado.

Alguien mencionó a Justicia. Cabe consignar que se han incrementado en más de ciento por ciento los fondos respectivos y, adicionalmente, en cerca de 80 por ciento real las remuneraciones. ¿Y falta? Por supuesto. Cuando sea aprobada la gran reforma del sistema penal, ello permitirá duplicar tanto la calidad humana como la de los recursos que se destinen a un ámbito tan importante. Y lo anterior, sin perjuicio de la necesidad de dar a las corporaciones regionales de Asistencia Jurídica aquellos que requieren para atender la demanda de justicia de los más pobres de nuestras Regiones.

Se preguntó: "¿Cómo es posible que la Contraloría disponga de menos recursos que las fundaciones de la Primera Dama?" ¿Y por qué no se presentaron en su momento indicaciones tendientes a eliminar dichas asignaciones? Tenían todo el derecho. Sin embargo, formularon indicaciones para gastar de modo distinto la misma plata. Ésas son inadmisibles. Si las hubieran presentado para disminuir tales fondos estarían en su derecho constitucional. El hecho de que se hayan equivocado en usar la legislación, es un problema de ellos, y no del Presupuesto.

Me parece que INTEGRA, PRODEMU y la Fundación de la Familia están realizando una gran tarea, no sectaria, sino con los jóvenes, las mujeres y con los muchachos que necesitan apoyo en temas de drogadicción, como --por ejemplo-- lo hace la Fundación de la Familia en Coquimbo; y, asimismo, lleva a cabo muchos otros programas. De manera que ...

El señor SIEBERT .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor HORMAZÁBAL .-

Excúseme Su Señoría, no puedo dársela, por cuanto me queda muy poco tiempo para terminar mi intervención.

Para concluir, deseo preguntar al señor Ministro de Hacienda qué representa el gasto en previsión, porque observo que los recursos asignados en el actual Presupuesto han sido incrementados. Ahora que han pasado quince años desde la creación del nuevo sistema previsional, quiero saber ¿qué porcentaje del producto geográfico bruto del país se destina actualmente a financiarlo? ¿Cuánto era en 1981? Si no tiene esa cifra, señor Ministro , se la recuerdo. En 1981, se otorgaba el 3 por ciento del PGB al sistema previsional.

He dicho.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , en las cifras que figuran en la Partida del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se hallan las transferencias que se gastan y ejecutan anualmente en previsión proyectadas para 1997. Se trata aproximadamente de 1.700 billones de pesos, poco más de 2 por ciento del producto geográfico bruto, pero eso corresponde sólo a la previsión de las antiguas cajas, excluyendo algunos regímenes descentralizados. A ello, habría que agregar, al menos, un par de puntos y, en consecuencia, se destinaría directamente a previsión algo más de 4 por ciento del PGB.

El señor HORMAZÁBAL .-

Gracias, señor Ministro .

El señor PRAT.-

¿Es posible que el señor Ministro nos informe a cuánto asciende el número de personas que hoy día reciben pensiones con relación a las que gozaban de ellas en 1981?

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Los jubilados del sistema antiguo son 1 millón 430 mil; en cuanto a los de las AFP tendría que verificar el número. Puedo darlo a conocer más adelante.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , pedí intervenir en último lugar sólo para hacer una observación general sobre el debate que hemos realizado. He escuchado con mucha atención que la mayor parte de nuestros colegas ha expresado la necesidad de modernizar al Estado, aun cuando tengamos criterios muy distintos para enfrentar un desafío de esa naturaleza.

Se ha hablado permanentemente de elevar la eficacia del gasto público y de focalizarlo en mejor forma hacia los lugares y aspectos más necesarios de la vida nacional. Sin embargo, todavía no se ha planteado la necesidad de modernizar la manera cómo el Parlamento trata el Presupuesto de la nación.

En otros términos, lo primero que debería modernizarse es el Congreso Nacional. Éste no está asumiendo el hecho de que el proyecto de Ley de Presupuestos es una de las normativas fundamentales que tenemos la posibilidad de debatir, y donde, después de la Constitución Política de la República, más pasión, interés y creatividad despliegan los Parlamentarios. Sin embargo, la implicancia, orientación y significado de cada una de las Partidas del Presupuesto son discutidas sólo por un número muy limitado de legisladores.

Es más, no tengo la menor duda de que los trece Senadores que integraron la Comisión Especial Mixta de Presupuestos lo hacen muy bien y de que los de mi bancada son particularmente eficaces, eficientes y capaces de debatir muy atentamente cada una de las cuestiones implicadas en la discusión del proyecto. Sin embargo, al analizar el Presupuesto nacional, estamos hablando de la cultura, cuando se trata de la Universidad de Chile; del destino de una zona del país, cuando se trata de ENACAR; y de las minorías étnicas, cuando se trata de CONADI. En fin, hablamos de cuestiones extraordinariamente sustantivas.

En mi concepto, el mecanismo que estamos utilizando es absolutamente arcaico; no tiene nada que ver con las demandas modernizadoras que proponemos desde estas bancadas ni con la naturaleza y alcance del debate sobre el Presupuesto nacional. Es más, estoy totalmente convencido de que la división artificial entre legislatura ordinaria y extraordinaria es totalmente anticuada. Tenía su razón de ser cuando la Corporación estaba compuesta por un porcentaje muy alto de Senadores provenientes del sector agrícola, ya que, durante el periodo de cosecha, convenía contar con una legislatura extraordinaria. Pero ello ya no tiene relación alguna con nuestra realidad. Actualmente, en las legislaturas extraordinarias los Parlamentarios no tenemos iniciativa, aparte de que normalmente tampoco tenemos.

En consecuencia, a mi juicio, es preciso terminar con esa distinción, la cual no guarda armonía con el sentido modernizador que debería existir en nuestra actividad legislativa, tan vapuleada no sólo por los señores de ENADE, sino también por la opinión pública, la que --seamos francos-- tiene una visión bastante pobre de la labor que realizamos, y eso es muy preocupante.

Después de la experiencia del debate habido --y de la alcanzada a lo largo de seis años en el análisis del Presupuesto nacional--, hay que reconocer --digámoslo honestamente-- que existe una cantidad importante de Senadores y Diputados que efectivamente, como dijo un Honorable colega, no sabe lo que vota, porque normalmente no han estado en la discusión o no han seguido su desarrollo, y se mantienen informados a través de la prensa, los medios de comunicación, o los miembros de sus bancadas que participan en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Eso no puede ser, porque se trata de un proyecto en el cual deben estar comprometidos no 26 ó 30, sino todos los Parlamentarios. Ésta es una materia demasiado fundamental para el destino del país. En efecto, en el Presupuesto se analiza cómo gastamos los recursos públicos; cómo orientamos el gasto social; cómo hacemos factible mejorar determinadas entidades, y cómo modernizamos y hacemos más eficaz la estructura del Estado. Naturalmente que tal responsabilidad no debe ser de un grupo, sino de todo el Congreso. Por lo tanto, aquí surge también la necesidad de modernizar, o, por lo menos, de abrir un debate acerca de la participación del Parlamento, en su conjunto, en una discusión tan esencial como ésta.

Al respecto, en vez de distinguir entre legislación ordinaria y extraordinaria, a mi juicio, deberíamos tener un período legislativo normal durante prácticamente todo el año y suspender la actividad del mismo por unos 30 ó 40 días para abocarnos a un debate sobre el Presupuesto nacional en que participen todos los Parlamentarios.

Este último tiempo en el Senado, quienes no formamos parte de la Comisión Especial Mixta no tuvimos una actividad muy grande. Más bien, la tarea o preocupación ha recaído fundamentalmente en un grupo de Senadores, los que han efectuado un trabajo extraordinariamente acucioso. No me cabe duda alguna de que han tenido que desplegar una enorme capacidad de atención y de energía sobre un debate tan particularmente complejo y engorroso.

Sin embargo, si pudiéramos abrir un periodo de unos 45 días, con el objeto de que todo el Congreso, a partir de las Comisiones de las que formamos parte --cada señor Senador integra dos Comisiones actualmente--, pueda participar en el análisis del proyecto de Ley de Presupuestos de principio a fin. Cabe la posibilidad de que constituyamos Comisiones Mixtas sobre la base de las actuales Comisiones contempladas en nuestro Reglamento. Previamente habría que efectuar un debate global, como el que hemos tenido hoy en muy pocas horas, el cual es muy trascendente, mucho más que el de otras iniciativas; porque --francamente-- un porcentaje muy alto de proyectos podría perfectamente ser objeto de reglamento o decretos y no de largas discusiones que a veces los postergan indefinidamente. Muchas materias que han llegado aquí no tienen mayor importancia para el trabajo y el destino de la nación y de la Administración del Estado. En cambio, la que nos ocupa, sin duda, tiene una implicancia extraordinaria.

Por esa razón, quise hablar al final. Me parece que, si queremos modernizar el Estado en su conjunto, debemos también hacerlo en este Poder del Estado. Estamos trabajando el Presupuesto al igual como se hacía en las décadas de los años 40 y 50. No hemos modificado absolutamente nada. Y resulta que hoy es mucho más importante, sobre todo, porque no tenemos la posibilidad de modificar el Presupuesto; en todo caso, me opongo terminantemente a que el Parlamento recupere la facultad --que antiguamente tenía-- de poder asignar gastos o de casi estructurar el Presupuesto, ya que eso naturalmente provoca --como sucedió durante muchos años-- espirales inflacionarias muy perjudiciales para nuestro pueblo. No deseo que volvamos a ese periodo. Sin embargo, tampoco creo conveniente que, en un régimen tan extraordinariamente presidencialista, tan centralizado y tan ubicado en un sector de la vida pública del país, sea sólo el Gobierno el que, en definitiva, discuta un tema de tanta relevancia para todos los chilenos.

Me parece lamentable que no podamos analizar el gasto, en forma más acuciosa, desde el punto de vista de las Regiones. Todos hablamos de la necesidad de regionalizar y descentralizar. Es más, forma parte de nuestro discurso oficial. Si realmente queremos ser consecuentes con la descentralización, deberíamos empezar a estudiar el Presupuesto considerando los intereses de las zonas que representamos. Personalmente, creo que será muy difícil que antes del término del período presidencial de don Eduardo Frei se llegue a asignar a las Regiones el 42 por ciento del gasto público. Ello, no por falta de voluntad política, sino por algo que muy bien señaló el Senador señor Valdés : porque en ellas existen problemas de infraestructura profesional que impiden invertir esos mayores recursos con eficiencia, eficacia y la debida orientación.

Eso ocurre en todas las Regiones, con excepción de dos o tres. Y resulta que no hemos llevado a cabo un análisis...

El señor PRAT .-

¿Me concede una interrupción, señor Senador ?

El señor NÚÑEZ.-

Con mucho gusto.

El señor PRAT.-

Gracias.

Creo que ese tema hay que enfrentarlo en la misma forma de la discusión sobre qué es primero: el huevo o la gallina. Si las decisiones se siguen tomando siempre a nivel central, nunca existirá la infraestructura profesional de que se habla.

Es preciso dar el paso, a fin de que la opción de adoptar decisiones en las Regiones atraiga hacia ellas a las personas más capacitadas.

El señor NÚÑEZ.-

No me cabe duda. Sin embargo, a propósito del debate que hemos tenido acerca de la Universidad de Chile, la circunstancia de que se haya acordado asignar cerca de 2 mil millones de pesos adicionales a las universidades regionales, constituye un avance. No obstante --digámoslo francamente--, todavía es un paso bastante pobre con relación a los objetivos más trascendentes que existen en la materia.

Si tomamos sólo un aspecto de aquellos en los cuales estamos comprometidos: el proceso de descentralización, ¿cómo debemos regionalizar el Presupuesto de la nación? Quiero saber cómo se gasta en las Regiones Octava o Novena, y, fundamentalmente, en la Tercera Región. No tengo una respuesta para dar a mis electores, a los ciudadanos, sobre cómo se estructurará el gasto en la Región que yo represento. No lo sé. Y pienso que tampoco lo saben los demás señores Senadores. ¿Por qué? Porque esa parte del debate no llega a nosotros.

En consecuencia --con esto termino, señor Presidente , habiendo hecho uso de poco más de cinco minutos de mi tiempo--, estimo básico no olvidar mañana este debate que hemos tenido. La próxima semana corresponde a trabajo en regiones; volveremos en diciembre y seguramente no habremos hecho ningún esfuerzo esencial por modernizar los procedimientos, por tratar en mejor forma, con mayor profundidad, el Presupuesto nacional, que es el proyecto de ley más importante que el Parlamento tiene posibilidad de discutir durante todo su período legislativo.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Ha concluido la lista de señores Senadores inscritos para intervenir.

Desgraciadamente, en este momento no está presente algún miembro de mi bancada, para hacerse cargo de la imputación que se formuló al financiamiento del Partido Unión Demócrata Independiente. Por ello, sólo me limitaré a señalar --dado que no intervendré desde la Testera--,...

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

¿Cuál es el problema, señor Presidente ? Perfectamente puede bajar.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Quiero hacerlo más sencillo, porque el tema es un poco complejo.

Simplemente, debo manifestar que no acepto esas imputaciones, y que, en la hora de Incidentes en que tenga oportunidad, contestaré de manera expresa las referencias que ha hecho el Senador señor Hormazábal y las imputaciones contenidas en ellas, a partir de las fuentes que él señaló. Mi objetivo es impedir que en este caso se aplique el adagio "el que calla, otorga".

El señor HORMAZÁBAL .-

Creo que el señor Presidente tiene derecho a hacer lo que anunció.

Para los efectos de la Versión Taquigráfica, deseo dejar establecido que me limité a hacer una cita de las palabras expresadas por el Vicepresidente de Renovación Nacional --Partido aliado de la UDI--, señor Alberto Espina .

El señor MUÑOZ BARRA .-

Así fue.

El señor HORMAZÁBAL .-

Por lo tanto, no es necesario que me conteste. Me daré por suficientemente enterado cuando Su Señoría intervenga respondiéndole al Diputado señor Espina.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

He adoptado esa fórmula, para evitar abrir un frente de discusión que puede ocuparnos más tiempo.

Reitero que no comparto las expresiones vertidas, y que en su oportunidad nos haremos cargo de ellas, incluidas sus fuentes.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , aboquémonos al Presupuesto y votémoslo rápidamente.

El señor ALESSANDRI.-

Yo estaba inscrito, señor Presidente.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

En efecto, pero salí un momento de la Sala y al volver me percaté de que su nombre aparece tarjado. Si el señor Senador quiere intervenir, tiene derecho a hacerlo.

El señor ALESSANDRI.-

Sólo ocuparé dos minutos.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , al comienzo de la exposición de mi gran amigo Senador Ruiz-Esquide , me parece haberle escuchado decir que los Senadores que no pertenecen a un partido son lobos esteparios. No sé si el Honorable colega esté en lo cierto. En todo caso, anuncio que aprobaré el proyecto de Ley de Presupuestos, porque indiscutiblemente corresponde hacerlo.

En seguida, haré algunos comentarios relativos a ciertos conceptos muy interesantes expresados por el Senador señor Valdés , quien reclamó mayor preocupación por la cultura, señalando que habría que destinarle más fondos, y que también debería existir --como han señalado diversos señores Senadores-- un aumento de los aportes a las universidades regionales.

En Antofagasta hay dos universidades muy buenas y progresistas, que desarrollan diversos proyectos de investigación. Evidentemente, requieren mayor cantidad de recursos que los que actualmente reciben. Hago presente tal circunstancia al señor Ministro de Hacienda , sobre todo por un hecho que mencionó el Senador señor Errázuriz , a quien justamente le presté los antecedentes que hizo valer.

El señor ERRÁZURIZ .-

¿Me permite una interrupción Su Señoría?

Los antecedentes que he hecho valer son públicos, ya que fueron entregados por el Ministerio de Hacienda. De modo que cualquiera puede usarlos.

El señor ALESSANDRI.-

Según esos antecedentes, en 1997 el Gobierno gastará 8 mil 500 millones de dólares más que en 1990. Por consiguiente, hay recursos.

Si aquí se hacen observaciones al Presupuesto, es con el lógico interés de saber en qué se gasta la plata, sobre todo porque algunos ítem no aparecen muy claros. Por ejemplo, se ha señalado que en horas extraordinarias, viáticos y convenios --hago presente que el señor Ministro me dio personalmente algunas explicaciones-- se gastan 60 millones de dólares más que antes. Es mucho dinero. En cambio, se dice que no hay fondos para una cosa, o para otra.

Puede que el pago de horas extraordinarias se justifique ampliamente. No lo discuto, porque a mucha gente que gana bastante poco, se le autoriza trabajar tiempo extra, como una forma de redondearle un sueldo más o menos decente, que le permita seguir prestando funciones.

En cuanto a los viáticos, implican viajes. Es la plata que se da a los funcionarios para que viajen. A esto se destinan 3 mil y tantos millones de pesos. Algo parecido ocurre con los convenios. Son contratos con personas. Sería interesante que el Gobierno enviara la nómina de las personas contratadas en todos los organismos públicos, para saber a qué se deben los 10 mil millones de pesos que se pagan en convenios.

Volviendo al tema de la cultura, pediría al Ejecutivo enviar un proyecto modificatorio de la Ley Valdés, a fin de posibilitar su aplicación incluso a los espectáculos donde se cobra entrada. Porque aquellas entidades que exhiben obras teatrales o musicales donde se cobre la entrada (que es una forma de financiamiento) para presenciarlas, no pueden optar a una subvención en virtud de la Ley Valdés. Esto se agregó a último momento, en la Administración pasada, porque el proyecto presentado por el Honorable colega no consignaba tal exigencia.

Ahora, cuando tratamos este presupuesto tan cuantioso, ojalá el

Gobierno eliminara esa traba, para que cualquier institución cultural reciba los beneficios de la ley mencionada --por lo demás, representan una mínima parte--, aun cuando cobre por ver el respectivo espectáculo.

No deseo alargar el debate. Es muy tarde y hay otras materias específicas sobre las cuales debemos pronunciarnos

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , ¿me permite hacer un breve comentario?

El señor DÍEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Es sólo para aclarar que las cifras señaladas por el Senador señor Alessandri deben ser puestas en contexto. Por una parte, ellas se refieren a un monto acumulado desde 1990, es decir, desde hace 6 ó 7 años, ya que estamos hablando de la proyección para 1997; y, por otra, el aumento de 60 millones para el próximo año debe calcularse en proporción a la realidad actual del país. Hoy día tenemos 73 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto. Cada uno por ciento de cambio, que lo percibe casi todo el sector privado, significa 730 millones de dólares. Por lo tanto, se trata de otro país, con otro volumen y en un contexto distinto.

Sobre el aumento del gasto en viáticos, éste obedece, en lo grueso y medular, al trabajo realizado en terreno, en regiones, dentro del país y no fuera de él.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-

Pido la palabra.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

Señor Presidente , quiero hacer presente en la Sala una situación de la máxima justicia. Espero que se la tome en cuenta al plantearse temas sobre regionalización y otros, para legislar pensando en el país. Esa situación se refiere a que no todas las regiones tienen centros universitarios. Algunas de ellas resultan abierta y claramente perjudicadas al no ser debidamente consideradas, como es el caso de la Undécima Región --no tenemos la suerte de tener ahí un centro universitario-- y también, según tengo entendido,el de la Sexta Región.

Por eso, muchos de los planteamientos formulados pierden valor y sentido cuando no se reconoce el quehacer universitario como una gran tarea del país. En ese sentido, y sin caer en algo peyorativo ni injusto para nadie, no reconocer a la Universidad de Chile su aporte a la cultura, a la formación profesional, es un error muy grave.

Debe entenderse que el desarrollo del país tiene que ser armónico, mirando a todas las regiones y no sólo a las que poseen algunas particularidades.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Ha terminado la discusión general del proyecto de Ley de Presupuestos. En conformidad al artículo 211 del Reglamento, la Mesa da por aprobado el Cálculo de Ingresos.

Quiero hacer presente a la Sala lo siguiente.

Estamos terminando el análisis sobre admisibilidad o inadmisibilidad de varias decenas de indicaciones, y esperamos concluirlo en aproximadamente un cuarto de hora más.

Hay dos preceptos de quórum calificado, y algunos señores Senadores han pedido tratarlos en primer lugar. Ambos tienen ese carácter por mandato del artículo 60, Nº 7), de la Constitución Política del Estado, porque es evidente que la totalidad o parte de las obligaciones a que hacen referencia debe cumplirse después del actual período presidencial. Dichos preceptos inciden en el artículo 3º del proyecto, que en su inciso primero autoriza al Presidente de la República para contraer obligaciones en el exterior hasta por mil millones de dólares.

Hago presente a los señores Senadores que hay una indicación, declarada admisible, que rebaja el monto de ese endeudamiento a 500 millones de dólares.

También se presentó otra indicación al mismo artículo, pero a otro inciso, que cambia el sistema para ejercer dicha autorización, estableciendo que se la ejercerá, no mediante decretos supremos, sino mediante decretos con fuerza de ley. Esta indicación ha sido declarada inadmisible, por cuanto no puede haber decretos con fuerza de ley cuyas facultades para dictarlos no hayan sido solicitadas por el Poder Ejecutivo .

En consecuencia, de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso Nacional, corresponde aprobar en general y en particular las dos disposiciones en comento.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , ¿en qué orden se llevará a efecto la votación?

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Señor Senador , a petición de algunos señores Senadores, votaremos primero estos dos preceptos que requieren quórum especial, y después votaremos partida por partida, tal como fue despachado el proyecto por la Cámara de Diputados.

El señor ERRÁZURIZ.-

Eso fue lo acordado.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Se trata de una circunstancia excepcional.

El señor PIÑERA.-

Pero nosotros deseamos votar en el orden en que se encuentra el articulado.

El señor ERRÁZURIZ.-

No, señor Presidente . Primero, las disposiciones de quórum calificado.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Votaremos en primer lugar sólo las normas a que he hecho referencia.

El señor PRAT.-

Señor Presidente, nosotros solicitamos proceder en esta materia de acuerdo al Reglamento. Vale decir, si se quiere alterar el orden normal de tratamiento del proyecto, que se recurra a las instancias establecidas para ello.

El señor ERRÁZURIZ.-

Entonces, señor Presidente , solicito formalmente votar primero aquellas materias de quórum especial, tal como fue propuesto por varios señores Senadores, dado que algunos tendrán que retirarse y no sería posible obtener el quórum necesario para su aprobación.

Por lo tanto, seamos serios y acojamos el planteamiento formulado por varios Honorables colegas. Creo que no existe ningún inconveniente en acceder a lo solicitado, y podría haber unanimidad.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Si existe oposición para votar con anterioridad las normas de quórum calificado, la Mesa se verá obligada, ante la petición de muchos señores Senadores, a llamar a una reunión de Comités.

El señor URENDA.-

Señor Presidente, deseo formular una consulta previa de procedimiento.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor URENDA.-

Señor Presidente, ¿todas las indicaciones se van a votar sin que nadie las defienda o las impugne?

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

No. Se discutirán y votarán al término del horario acordado por los Comités, y todo el tiempo excedido se rebajará de los plazos siguientes. Procederemos a votar una por una las indicaciones y las partidas correspondientes, tal como indica el Reglamento.

Repito que la proposición de la Mesa obedece a una circunstancia de excepción. Varios señores Senadores que deberán ausentarse por tener obligaciones pendientes o por estar pareados, han solicitado que, tratándose de dos preceptos de quórum especial, se los vote primero, separadamente de la tramitación normal del proyecto.

Si alguien se opone, tendré que llamar a una reunión de Comités.

El señor PRAT.-

Me opongo, señor Presidente.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Yo sostengo que sólo cabe votar en la forma dispuesta por el Reglamento.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Señor Senador , el Reglamento del Senado me autoriza para suspender la sesión y llamar a reunión de Comités.

Se suspende la sesión con el objeto indicado.

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--Se suspendió a las 17:1.

--Se reanudó a las 17:17.

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El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Continúa la sesión.

En conformidad con el acuerdo de los Comités, procederemos a tratar el artículo 3° del proyecto de Ley de Presupuestos, que autoriza al Presidente de la República para contratar obligaciones en el exterior hasta por la suma de mil millones de dólares.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , hay dos temas involucrados aquí.

El artículo 60, número 8), de la Constitución, señala que son materias de ley "Las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y de las municipalidades.".

Por su parte, el número 7) enumera las condiciones que se deben cumplir cuando esto ocurre, en el sentido de identificar el destino de los recursos y las fuentes de repago.

Por tanto, la primera indicación al artículo 3° apunta simplemente -- dado que aquí estamos hablando de una ley-- a establecer esa obligación vinculada con los empréstitos del Estado.

Y el segundo punto dice relación con el monto...

El señor LAVANDERO.-

¿Qué plantea el artículo 3°, señor Senador ?

El señor PIÑERA.-

De aprobarse mi indicación, dicho artículo facultaría "al Presidente de la República " --como hemos dicho, mediante una ley-- "para que, dentro del plazo de un año a contar de la vigencia de esta ley, y mediante uno o más decretos con fuerza de ley, autorice la contratación de uno o más empréstitos" --estamos buscando una gran flexibilidad-- "en el exterior", hasta una cierta cantidad, que tendremos que acordar, o su equivalente en moneda extranjera.

Y prosigue: "Los decretos con fuerza de ley dictados en virtud de la facultad concedida en el inciso anterior, deberán identificar los proyectos específicos que se pretenden financiar con cada empréstito y las fuentes de recursos con cargo a las cuales se hará el servicio de la deuda.", porque eso es lo que establece la disposición constitucional.

Y agrega que "Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos", estableciendo las flexibilidades necesarias para ello.

Ésta es una norma constitucional, señor Presidente . La ley sí puede facultar al Presidente de la República para que emita los decretos con fuerza de ley necesarios para la contratación de empréstitos. Por tanto, pediría que, sin perjuicio de discutir después el monto, y como una forma de cumplir con la norma constitucional, se declarara admisible la indicación.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , en verdad, una reiterada jurisprudencia administrativa ratifica lo planteado por el Honorable señor Piñera. Las delegaciones de facultades al Presidente de la República para que, mediante un decreto supremo, trate materias que son propias de ley, deben materializarse a través de decretos con fuerza de ley, dígalo o no de manera explícita el legislador. Si a través de una ley se dice: "El Presidente de la República por decreto va a hacer tal cosa", y esa materia es propia de una ley de acuerdo con la Constitución, en el fondo se está haciendo una delegación de facultades extraordinarias en el Primer Mandatario.

En consecuencia, coincido con el planteamiento del Honorable señor Piñera. Lo único que hace la indicación es dar forma jurídica a un mandato constitucional. No está dando ninguna facultad que el Ejecutivo no esté pidiendo. La está pidiendo en el artículo 3° del proyecto, que lo faculta para contratar empréstitos.

¿Qué dice el artículo 60 de la Constitución? Que la contratación de empréstitos es materia propia de ley, y el artículo 62 establece que esa ley es de iniciativa del Ejecutivo.

Entonces, realmente la indicación no está otorgando una facultad no pedida; sólo está dando la expresión que constitucionalmente corresponde a una facultad pedida en un tema que es propio de decreto con fuerza de ley y no de decreto supremo simple.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor DÍEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , yo quisiera advertir a los señores Senadores que este debate no es nuevo: indicación similar ha sido presentada ininterrumpidamente desde 1991 hasta la fecha. Y desde entonces hasta el año pasado inclusive, la norma se ha aprobado en la misma forma en que figura en el proyecto de Ley de Presupuestos del Ejecutivo. Por tanto, de alguna manera estamos retornando a una discusión antigua.

Las intervenciones pasadas de los Senadores señores Larraín, Otero, Valdés, Andrés Zaldívar, etcétera, nos muestran que este tema ha sido discutido, debatido y aceptado por los señores Senadores. Por lo tanto, me parece que, al menos formalmente, sería improcedente volver nuevamente sobre él en esta ocasión.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Pondré en votación general el artículo 3° del proyecto, sin perjuicio de que después la Sala se pronuncie respecto de las indicaciones en particular.

La señora FELIÚ.-

Excúseme, señor Presidente . ¿El sentido de la votación es aprobar la idea de que se faculte al Ejecutivo para contratar empréstitos?

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Así es. La Mesa entiende que, de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos debemos tratar cada uno de los artículos que tienen quórum calificado como si se tratara de un proyecto de ley cualquiera, y en consecuencia, votarlos en general y en particular.

Como he señalado, en este caso la votación general significa aprobar o rechazar la idea de autorizar al Presidente de la República para contratar empréstitos.

Si le parece a la Sala, se aprobará el artículo 3° del proyecto.

--Se aprueba (30 votos afirmativos).

El señor DÍEZ (Presidente).-

En seguida, corresponde pronunciarse respecto de las dos indicaciones presentadas. La primera dice relación con la cantidad; la segunda, con la forma.

La Mesa, siguiendo el orden del artículo, pondrá en votación la primera, mientras analiza la procedencia de la segunda.

La indicación propone rebajar la cantidad de "US$ 1.000.000 miles" a la de "US$ 500.000 miles".

En votación.

--(Durante la votación).

El señor URENDA.-

Señor Presidente, como nadie ha dado razones en favor ni en contra de la disposición, me abstengo.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Con la venia de la Sala, como votaré de manera distinta a la de mis colegas, quiero fundamentar mi voto. En todo caso, no tiene ninguna relación con los acuerdos a que hemos llegado.

En realidad, no estamos en presencia de una autorización para gastar mil millones de dólares, sino para obtener mil millones de pesos por medio de un empréstito. En el pasado, el Gobierno ha demostrado tener mucha prudencia para manejar la deuda pública, la cual inclusive ha rebajado. Pero el disminuirle la posibilidad de empréstitos puede significar que el Gobierno, frente a un elemento financiero extremo, pueda verse obligado a solicitar un aumento de tributos. Y como creo que esa posibilidad es mucho más dañina que la de que el Gobierno pueda contratar empréstitos, votaré en contra de la indicación.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

Resultado de la votación: (23 votos por la negativa, 13 por la afirmativa, una abstención y un pareo).

Votaron por la negativa los señores Calderón, Díaz, Díez, Errázuriz, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Huerta, Lavandero, Letelier, Martin, Matta, Muñoz Barra, Núñez, Páez, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Thayer, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Cantuarias, Cooper, Feliú, Larraín, Mc-Intyre, Otero, Piñera, Prat, Ríos, Romero, Siebert y Sinclair.

Se abstuvo el señor Urenda.

No votó, por estar pareado, el señor Larre.

El señor DÍEZ (Presidente).-

Rechazada la indicación.

En votación particular el monto de la autorización en la forma propuesta en el inciso primero del artículo 3º.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el inciso primero del artículo 3º.

La señora FELIÚ.-

No, señor Presidente.

Pido la palabra.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , no sólo me parece excesiva la autorización, sino que además quiero referirme a las palabras pronunciadas por el señor Presidente con relación a la posibilidad de que el Estado pueda verse enfrentado a una disminución de ingresos y obligado por ello a incurrir en empréstitos.

Quiero recordar al señor Presidente que las normas constitucionales, previendo que ello no pudiera ocurrir ni pudiera disponerse, establecen que las leyes que autoricen al Estado para contratar empréstitos deben estar destinadas a financiar proyectos específicos. Por esa razón, la insuficiencia de recursos del Fisco obligará al Poder Ejecutivo a recurrir al Parlamento para proponer o un alza de impuestos o lo que fuere necesario. A lo mejor, no requiere recurrir al Congreso, porque puede bastarle con enajenar recursos y bienes que posee, y en abundancia.

Por esa razón, voto que no.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

¿Me permite, señora Senadora ?

Deploro que la Mesa deba entrar en un debate con Su Señoría, pero como la señora Senadora ha hecho la imputación de que el Presidente del Senado está equivocado constitucionalmente, debo hacer presente que ello no es así, porque el artículo en examen, en el último inciso, señala que el Presidente de la República mediante decreto supremo identificará el destino específico de las obligaciones por contraer, con lo cual se cumplen todos los requisitos constitucionales.

De manera que cuando la Mesa dice que cumple con los requisitos establecidos en la Constitución, lo hace teniendo en consideración el artículo completo. Lo que estamos votando ahora es el inciso primero, que señala el monto. Y la pregunta hecha por el Presidente a la Sala es si hay asentimiento sobre el monto.

El señor PIÑERA.-

No lo hay.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Pedimos votación.

El señor DÍEZ (Presidente).-

En votación.

--(Durante la votación).

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , sólo deseo dejar constancia de mi extrañeza por la votación contraria de algunos señores Senadores, ya que en el acuerdo a que se llegó el año pasado sobre la materia, se hizo esta autorización para un endeudamiento por mil millones. Por lo demás, lo hemos hecho así durante los últimos años; y el Gobierno no sólo ha dejado de recurrir a esa autorización para casos de emergencia o de extrema necesidad, sino que, por lo contrario, se ha dedicado a pagar la deuda externa.

Por lo tanto, creo que es posible hacer confianza en el Gobierno y aprobar la indicación.

Voto que sí.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Estamos en votación, señor Ministro , pero, una vez terminada, con gusto le concederé la palabra.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Terminada la votación.

El señor DÍEZ (Presidente).-

Tiene la palabra, señor Ministro.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , quiero precisar las observaciones formuladas por varios señores Senadores y afirmar que, efectivamente, durante 1994, 1995 y 1996, no sólo no hemos utilizado estos márgenes, sino que hemos procedido a prepagar la deuda oficial. Pero es una buena norma financiera mantener estos límites, por las razones que aquí han sido acotadas.

El señor HORMAZÁBAL.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , el artículo 37 de la Constitución otorga preferencia al señor Ministro para intervenir incluso durante la votación.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

No, señor Senador, sólo para aclarar hechos.

El señor HORMAZÁBAL.-

Ruego a Su Señoría, que siempre recomienda leer los textos hasta el final, que en este caso haga lo mismo.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Se dará a conocer el resultado de la votación.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Resultado de la votación: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 9 votos, y una abstención.

Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Calderón, Cantuarias, Díaz, Díez, Errázuriz, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Huerta, Lavandero, Letelier, Martin, Matta, Muñoz Barra, Núñez, Páez, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Thayer, Urenda, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la negativa los señores Cooper, Feliú, Otero, Piñera, Prat, Ríos, Romero, Siebert y Sinclair.

Se abstuvo de votar el señor Larraín.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Queda aprobado el inciso primero del artículo 3°, dejándose constancia del número de Senadores que emitieron pronunciamiento.

La Mesa declara inadmisible la indicación destinada a sustituir el artículo 3°, por las siguientes razones: primeramente, porque su redacción es contraria a la Constitución, al facultar al Presidente de la República , no para que contraiga empréstitos, sino para que su contratación se haga mediante decreto con fuerza de ley; y, en seguida, la contratación del empréstito está concedida en esta ley y, según el artículo 6l, no se pueden otorgar facultades por fuerza de ley al Jefe del Estado si él no las pide.

Quiero precisar, asimismo, al Honorable señor Hormazábal que la preferencia de los señores Ministros tiene lugar en los debates y no en la votación.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , acepto que, en algunas oportunidades, pueda equivocarme; pero, Si Su Señoría recuerda, eso ya lo resolvimos anteriormente.

El señor ERRÁZURIZ.-

¿Cómo, en "algunas", señor Senador ? ¡Por Dios...!

El señor HORMAZÁBAL.-

El Honorable señor Errázuriz parece que quiere arbitrar algún partido o dirigir alguna AFP. ¿Qué cosa desea hacer? Porque yo me estoy remitiendo a la Constitución.

El señor ERRÁZURIZ.-

Sólo quería anotar que Su Señoría está equivocado.

El señor HORMAZÁBAL.-

La norma respectiva dice que "Durante la votación podrán, sin embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier diputado o senador al fundamentar su voto". ¡"Durante la votación"!

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Para eso no la pidió el señor Ministro . Solicitó la palabra sin indicar la razón.

Otra indicación, que precisa de quórum calificado, es la recaída en la Partida 07, Ministerio de Economía, glosa 01 del Programa 03, que corresponde al capítulo 6 CORFO, que permite la transacción de bonos en el mercado local, con el objeto de financiar colocaciones de intermediación financiera. Es lo que hace a CORFO banco de segundo piso.

La señora FELIÚ.-

¿Por que requiere quórum calificado?

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Porque los bonos pueden vencer más allá del plazo constitucional del actual Gobierno. Por eso, la Mesa considera que su aprobación requiere esa mayoría.

--Se aprueba la indicación, dejándose constancia, para los efectos constitucionales, de que emitieron pronunciamiento 36 señores Senadores.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Se suspenderá la sesión por algunos momentos para proceder al ordenamiento de las indicaciones que han llegado a la Mesa.

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--Se suspendió a las 17:41.

--Se reanudó a las 17:43.

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El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Continúa la sesión.

La Presidencia informa a la Sala que no han sido objeto de indicaciones las Partidas 02, Congreso Nacional; 03, Poder Judicial ; 08, Ministerio de Hacienda; 10, Ministerio de Justicia; 11, Ministerio de Defensa Nacional; 12, Ministerio de Obras Públicas; 14, Ministerio de Bienes Nacionales; 18, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y 19, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

--Se aprueban.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Las Partidas 01, Presidencia de la República ; 05, Ministerio del Interior; 06, Ministerio de Relaciones Exteriores; 20, Ministerio Secretaría General de Gobierno, y 22, Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República , fueron objeto de una indicación común y análoga, que limita la cantidad de gastos de que podrá darse cuenta en forma global y reservada a la Contraloría General de la República.

Solicito el acuerdo de la Sala para discutirlas en conjunto y votarlas de la misma manera.

Acordado.

En discusión conjunta las indicaciones.

Ofrezco la palabra.

El señor OTERO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , nosotros no estamos proponiendo ninguna rebaja en los montos de las Partidas señaladas, sino siguiendo con la sugerencia que hizo nada menos que la Comisión Nacional de Ética Pública, nombrada durante un Gobierno de la Concertación.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

No es así.

El señor OTERO .-

O sea, es una recomendación unánime de esa Comisión. Y lo único que estamos planteando es que 50 por ciento del total de gastos quede sin informar y que del resto, como es lógico, se dé cuenta a la Contraloría General de la República.

Por consiguiente, en el caso de la Partida 01, Presidencia de la República , estamos proponiendo agregar una glosa que diga: "De estos gastos se podrá informar en forma global y reservada al Contralor General de la República hasta un máximo de Miles $ 2.000.000 y US$ 820.". ¿Qué significa esto? Nada de reducción; se mantiene la misma partida. Lo único que estamos señalando es, simplemente, que la mitad de esos recursos sea gasto reservado, sin obligación de informar, y que por la otra mitad se dé la cuenta correspondiente.

Como expresé, ello corresponde a lo que propuso la Comisión Nacional de Ética Pública. De manera que no estamos sugiriendo nada nuevo; tan sólo repetimos algo que fue acordado por una Comisión nombrada por un Gobierno de la Concertación, el que ha manifestado que lo va a poner en práctica.

He dicho.

El señor GAZMURI.-

Pido la palabra.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

La tiene, Su Señoría, y a continuación, el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , esto lo discutimos bastante, primero en la Subcomisión que me tocó presidir, donde se plantearon las rebajas de algunas partidas que incluían gastos reservados, principalmente Presidencia de la República y Ministerio Secretaría General de Gobierno. No se formuló la misma indicación en cuanto a los gastos reservados de las instituciones de la Defensa Nacional. Y se reiteró aquel planteamiento en la discusión de la Comisión Especial de Presupuestos.

El argumento atribuido a la Comisión Nacional de Ética Pública es incompleto, por cuanto ella recomienda hacer una evaluación general del nivel de gastos reservados del Estado.

En el proyecto de Ley de Presupuestos, tal como viene presentado, hemos defendido que, tratándose de la Presidencia de la República y del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, es razonable mantener los gastos reservados. Por lo demás, ese Ministerio hizo en el Presupuesto del año pasado una reducción drástica, de sobre 80 por ciento, en sus gastos reservados, y con eso más que cumplió la supuesta recomendación de la Comisión Nacional de Ética Pública.

Por lo tanto, considero que la indicación pertinente, que ha sido reiteradamente presentada y desechada en los trámites anteriores, debe ser rechazada por esta Sala una vez más.

He dicho.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar, y a continuación, el Senador señor Piñera.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , un poco en la misma línea de lo señalado por el Senador señor Gazmuri , debo aclarar que la Comisión Nacional de Ética Pública no ha dicho que deben rebajarse los gastos o que la Presidencia de la República y el Ministerio Secretaría General de Gobierno tienen que dar cuenta del 50 por ciento de ellos. No. La citada Comisión plantea que es necesario hacer una evaluación sobre la manera como operan los gastos reservados. Incluso, hace una diferenciación en cuanto a los gastos reservados destinados a la seguridad interna o externa, o al Ministerio de Relaciones Exteriores, o a la Defensa Nacional, o a la Presidencia de la República , que no podrían estar sujetos a ningún tipo de información.

Por lo tanto, no somos contrarios a dicha evaluación; llegado el momento, podremos hacer un análisis. Pero nos parece poco presentable pretender dar un trato discriminatorio a los gastos reservados de la Presidencia de la República y del Ministerio Secretaría General de Gobierno, por ejemplo, y que no se haga lo mismo respecto de otros sectores cuyos gastos son incluso mayores que los de la mencionada Presidencia.

Reitero: no es presentable tal discriminación. Más aún, pienso que constituye casi una afrenta al Primer Mandatario en cuanto al manejo de ese tipo de gastos.

Por tales razones, creo que deben rechazarse estas indicaciones. Y no nos oponemos a que, cuando llegue la legislación pertinente, se reglamente todo lo relativo a los gastos reservados.

He dicho.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , la Comisión Nacional de Ética Pública plantea una revisión global de los gastos reservados, apuntando básicamente a una mayor transparencia y reconociendo que en algunos casos ellos son necesarios. Eso no lo discutimos. Ese mismo organismo establece con claridad que en materia de seguridad interna y externa, por razones obvias, se requiere este tipo de partidas, lo que no objetamos. Inclusive, pienso que a nivel de la Presidencia de la República también se justifica la existencia de gastos reservados; y por eso se plantea que puedan ascender hasta ¡2 mil millones de pesos!

Ahora bien, en el caso de la Presidencia de la República , los fondos pertinentes no guardan relación con aspectos de seguridad interna ni externa, sino que corresponden a situaciones que, por sensibilidad, por delicadeza y por muchas otras razones, deben ser informadas en forma reservada. Pero sostener que 2 mil millones de pesos no son suficientes nos lleva a pensar qué desembolsos se están haciendo con estas partidas.

Asimismo, en el Ministerio Secretaría General de Gobierno se plantea un límite máximo de gastos reservados de hasta 470 millones de pesos. Ése es un Ministerio político, que nada tiene que ver con el tema de la seguridad interna o externa. Por lo tanto...

El señor GAZMURI.-

La Presidencia de la República no es un Ministerio, señor Senador.

El señor PIÑERA.-

Si el Honorable colega me solicita una interrupción, encantado se la concedo.

En todo caso, o me expresé mal o Su Señoría me escuchó mal. Señalé que, respecto del Ministerio Secretaría General de Gobierno, nuestra indicación consigna que puede tener gastos reservados por hasta 470 millones de pesos. ¿Por qué debieran ser hasta 900 y tantos millones de pesos?

Me pregunto qué tipo de gastos se están cubriendo con estos recursos.

Comprendo perfectamente bien que hay razones que justifican los gastos reservados; pero existe un límite. Según uno se entera por la prensa, muchos de esos desembolsos son para dar vivienda a una señora que está en situación muy extrema, como Su Excelencia el Presidente de la República ha anunciado en algunas oportunidades, o para conceder una beca a un alumno muy meritorio. Pero no veo razón alguna para no informar de ellos a la Contraloría. ¿Por qué no?

Lamentablemente, por ser reservados tales gastos, no tengo certeza. Sin embargo, de las propias declaraciones de autoridades de Gobierno deduzco que muchos de ellos se utilizan para enfrentar situaciones sociales, problemas de pobreza, catástrofes, emergencias. Y (repito) no veo razón alguna para no informar al respecto a la Contraloría.

Señor Presidente , considero que 2 mil millones de pesos para la Presidencia de la República y 470 millones para el Ministerio Secretaría General de Gobierno --por dar dos ejemplos-- constituyen márgenes suficientemente amplios.

Por lo tanto, creo que en esta materia el peso de la prueba recae más bien en quienes desean incrementar dichos montos que en nuestra propuesta, la cual apunta a una mayor transparencia, sobre todo cuando hay indicios de que muchos de tales desembolsos nada tienen que ver con gastos reservados. Son discrecionales, y es bueno que así sea en algunos casos. Pero no tienen por qué ser reservados. Y ésa es la justificación de nuestra proposición.

He dicho.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , los gastos reservados constituyen una excepción dentro de nuestro sistema jurídico. Los gastos públicos tienen este carácter porque se financian con dinero de todos los contribuyentes.

En esa perspectiva --reitero--, los gastos reservados deben constituir una excepción. La Comisión Nacional de Ética Pública señaló claramente que ellos deberían tender a desaparecer. No obstante, el análisis de sucesivas Leyes de Presupuestos demuestra que su monto creció desde 1990 a 1996.

Al respecto, un segundo elemento muy importante es que, siendo de excepción, los gastos reservados deben estar absolutamente determinados. Inclusive, las cifras que se plantean en las indicaciones formuladas por diversos señores Senadores son cuantiosas y deben ser muy superiores a las respectivas asignaciones, a lo tenido en consideración al pedir autorización para realizar gastos de esta naturaleza. Se trata de la mitad del subtítulo completo. Y, desde ese punto de vista, la cantidad es bastante elevada.

Entonces, no tengo duda alguna --reitero-- de que los gastos reservados, siendo de excepción, deben tener un límite preciso, el que, por lo demás, no puede excederse ni ser objeto de suplementos, dada justamente la naturaleza excepcional.

En esa perspectiva, estoy de acuerdo con las indicaciones.

El señor DÍEZ (Presidente).-

En votación las indicaciones.

--(Durante la votación).

El señor DÍAZ .-

Rechazo las indicaciones, por mezquinas y afrentosas.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , mi pronunciamiento será favorable. Y quiero señalar la razón para ello.

Creo que debemos ser generosos y cuidadosos con los recursos de los contribuyentes. No hay motivo para que los gastos discrecionales se confundan con los reservados. Y no son mezquinos quienes pretenden cautelar los bolsillos del pueblo.

Por lo tanto, voto en la forma anunciada.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , un célebre economista sostiene que todas las personas tienen derecho a ser generosas, "con recursos propios".

Aquí se trata de fondos del Estado y de carácter excepcional.

Por tales razones, voto que sí.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , plantear la transparencia en la función pública no puede afrentar a nadie. Nosotros mismos, en la Comisión de Constitución, vamos a aprobar --probablemente, ya está acordado en principio--, con el respaldo de un Secretario de Estado , que los actos de la Administración deben ser públicos.

El señor HAMILTON.-

Con excepción de los reservados.

El señor OTERO.-

¿De qué estamos hablando, entonces? Exclusivamente de que una parte de los fondos se informa sin especificar nada y de que otra, obviamente, debe especificarse.

Lamentablemente, la Mesa puso en votación conjunta todas estas indicaciones. Es posible que algunos señores Senadores se pronuncien en determinado sentido porque involucran a la Presidencia de la República y a algunos Ministerios. Pero aquélla y éstos son cosas distintas. De modo que, en mi concepto, debió haberse votado cada indicación en forma separada, porque no es lo mismo pronunciarse por la Presidencia de la República que por los Ministerios. Y acabo de escuchar a un Honorable colega decir que no pondrá limitación al Primer Mandatario , pero sí a las Secretarías de Estado.

Con estas indicaciones no se pretende molestar al Jefe del Estado ni a sus Ministros, sino, simplemente, materializar la transparencia de la acción pública y poner en práctica recomendaciones sobre probidad hechas por una Comisión integrada por representantes de todos los sectores políticos. Y nadie puede sentirse menoscabado si se pregunta qué se hace con los fondos que proporciona el Estado, porque es lo mínimo que puede pedir el país.

Por eso, voto a favor.

El señor DÍEZ .-

Me abstengo, porque no dispongo de suficiente información para poder tomar una determinación. Por ejemplo, no sé cuánto se gasta en seguridad interior. Y no deseo perturbar el funcionamiento del sistema, aunque concuerdo plenamente con los firmantes de la indicación en cuanto a que se necesita un procedimiento que clarifique lo relativo a los gastos reservados.

Por tal razón, me abstengo.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se rechazan las indicaciones (19 votos contra 12, una abstención y 2 pareos).

Votaron por la negativa los señores Calderón, Cantuarias, Díaz, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hormazábal, Huerta, Lavandero, Martin, Matta, Muñoz Barra, Núñez, Páez, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Errázuriz, Feliú, Larraín, Letelier, Otero, Piñera, Prat, Ríos, Siebert, Sinclair y Urenda.

Se abstuvo el señor Díez.

No votaron, por estar pareados, los señores Hamilton y Romero.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Hay indicación al artículo 1º del proyecto.

El señor PIÑERA .-

Señor Presidente , ¿ya entramos al articulado?

La señora FELIÚ .-

¿Analizaremos partidas o artículos?

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Las partidas, señora Senadora. Como las partidas figuran en el artículo 1º, la Mesa prefiere que antes se analice la indicación para sustituir, en dicho precepto, la frase "Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos" por "Apruébanse la Estimación de Ingresos y el Límite de Gastos".

El señor PIÑERA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , el artículo 1° comienza con una frase tradicional. Si se utiliza el argumento de que ello es así porque ha figurado en Leyes de Presupuestos anteriores, podemos fijar una regla en el sentido de que, como se ha procedido así en otros años, seguiremos actuando en la misma forma. Sin embargo, me parece que nuestra labor es tratar de mejorar la Ley de Presupuestos.

El artículo 1º empieza diciendo: "Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos del Presupuesto". Pero, en verdad, ello no es así, porque lo que se aprueba es la estimación de los ingresos --ciertamente, éstos son estimados; nadie puede saber su monto; es una apreciación que corresponde en forma exclusiva al Gobierno-- y, también, el límite máximo de los gastos. Por lo tanto, la idea no es aprobar una estimación de gastos, puesto que ése sería un cálculo a priori. Si aceptamos esa estimación, ¿significa que los gastos efectivos pueden ser mayores que los estimados? Pienso que esa frase está definitivamente mal. Para que la Ley de Presupuestos tenga algún sentido, debemos redactar bien el inciso primero de su artículo 1º. Lo que corresponde aprobar es la estimación de los ingresos --porque es imposible determinarlos previamente -- y, también, el límite máximo de gastos, no su estimación.

Repito: si aprobáramos la estimación de los gastos, ¿significa que el Gobierno puede gastar más de lo que estimó? La estimación es algo que se hace a priori, cuando no hay información. El límite máximo de gastos lo establece el Congreso, y es, por lo demás, la única forma de cumplir con el mandato constitucional que dispone que el Gobierno administra y propone el Presupuesto y que el Parlamento aprueba el límite máximo de gastos.

En consecuencia, como nuestra indicación es absolutamente lógica y racional, sería apropiado contar con la buena voluntad del Senado para aprobarla.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Hago presente que la Mesa no se ha pronunciado acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad de la indicación. Después del debate, la Mesa hará la declaración que estime pertinente.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , no parece atinente presentar esta indicación a estas alturas del debate, en circunstancias de que pudo hacerse en la Subcomisión correspondiente, donde habría sido estudiado más a fondo el alcance de cambiar "Estimación" por "Límite". Seguramente tendríamos que ver lo que dice el Diccionario de la Lengua Española respecto de cada uno de esos términos.

No se trata de que lo pasado no pueda modificarse. Pero a lo largo de la historia en las Leyes de Presupuestos siempre se ha hablado del cálculo de ingresos y de gastos. No deseo recurrir al Diccionario, pero entiendo que lo que corresponde es hacer el cálculo de ingresos y la estimación de los gastos. Esos han sido los vocablos usados históricamente. A mi juicio, el Parlamento no puede aventurarse, por una indicación presentada en estos momentos, a modificar una terminología empleada por tiempo inveterado.

Aprobemos la primera frase del artículo 1° del proyecto y el próximo año examinamos, con tranquilidad, el alcance de la indicación, la que, como ha manifestado el propio Senador señor Piñera , no tiene ninguna incidencia.

El señor PIÑERA .-

No dije eso.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Entonces, diga lo que persigue. Porque si hay alguna finalidad y la indicación no propone un simple cambio de términos, habría que ver si es admisible o inadmisible.

El señor PIÑERA.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor DÍEZ (Presidente).-

El debate puede estar de más.

La Mesa considera inadmisible la indicación, por tres razones. Primera, porque el artículo 11 de la legislación sobre Administración Financiera del Estado establece que el Presupuesto consiste en una estimación de los ingresos y de los gastos; segunda, porque es erróneo decir "Límite de Gastos", por cuanto ese límite puede ser superior o inferior. De manera que el texto de la indicación no guarda relación con lo que puede suceder. Finalmente, si lo sugerido tiene algún sentido, implicaría una modificación a las normas de administración financiera del Estado, cuya iniciativa corresponde al Presidente de la República .

El señor PIÑERA.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor PIÑERA.-

Discrepo de esa visión. Si lo que estamos haciendo es calcular una estimación de los gastos, es un ejercicio que no tiene ningún sentido. Entonces, la indicación pretende fijar un límite máximo al gasto. Se puede gastar menos que eso, pero no se puede gastar más en cada partida.

Por el sentido lógico de la indicación, no comparto la declaración de inadmisibilidad de la Mesa. Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, pido que se consulte el parecer de la Sala.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , en primer lugar, considero que la indicación no es inadmisible. Cuando la Constitución Política entrega la iniciativa exclusiva al Presidente de la República en materia de administración financiera del Estado, se está refiriendo a la modificación de las reglas generales que establecen cómo y cuándo debe presentarse el Presupuesto. Y eso requiere de la iniciativa exclusiva del Primer Mandatario. Pero si se da un sentido de administración financiera a lo que se plantea en el Presupuesto, querría decir que no hay iniciativa parlamentaria en materia presupuestaria. Y eso no es conciliable con la Constitución Política. No tengo dudas de que en esta materia hay iniciativa parlamentaria. Más aún: la indicación está de acuerdo con normas constitucionales, como los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 64 --referentes a la "estimación de los ingresos", a la "estimación del rendimiento de los recursos" y a que "No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto", respectivamente-- y los artículos 89 y 32, número 22°, que establecen de manera explícita que los gastos se aprueban por el Congreso. Luego, nunca puede subentenderse un gasto más allá de lo aprobado por el Parlamento, salvo que lo disponga una ley o la propia normativa orgánica de administración financiera del Estado, como ocurre con los ítems excedibles y con las normas de flexibilidad presupuestaria. Pero respecto del gasto se da una autorización máxima. Y los ingresos son estimaciones, porque --reitero-- lo dice la propia Constitución.

El señor ERRÁZURIZ.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor OTERO.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Se solicitó realizar la votación acerca de la admisibilidad de la indicación.

El señor OTERO.-

Pero antes se puede debatir, señor Presidente.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, lamento discrepar de la interpretación de la Mesa.

Cuando hablamos de admisibilidad o inadmisibilidad, no podemos constreñirnos a un caso puntual. Es decir, en este momento no se trata de ver qué ocurre en esta situación específica, sino de analizar lo que sucederá en cualquier otra oportunidad en que la Mesa declare la inadmisibilidad de una indicación. No olvidemos que nadie tiene clavada la rueda de la fortuna y que, cuando se hace una interpretación en el Senado, debe ser tan objetiva que la misma pueda aplicarse en cualquier situación posible.

La Senadora señora Feliú dio a conocer argumentos jurídicos irrebatibles para demostrar que esta indicación es perfectamente procedente. ¿Por qué? Porque distinguió claramente entre administración financiera del Estado y Presupuesto. Obviamente, en este último aprobamos el monto máximo de los gastos y se señalan los límites de las partidas, pero queda al libre albedrío del Gobierno el monto en que las utiliza. Entonces, es perfectamente lógica y legítima esta indicación, porque se ajusta a la realidad de lo dispuesto en la Constitución.

Como muy bien sostuvo la Honorable señora Feliú , lo que se estima son los ingresos y la aprobación de los gastos se autoriza hasta un monto máximo. Y si el Gobierno quisiera gastar más, tendría que solicitarlo al Congreso.

En consecuencia, de ninguna manera la indicación contraviene normas constitucionales, y por eso la considero perfectamente admisible. Solicito a la Sala que así lo ratifique.

Reitero: una decisión de este tipo no atañe sólo a este Presupuesto o a cualquier otro, sino significa un precedente para los efectos de la admisibilidad de futuras indicaciones que los Senadores presenten.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Señores Senadores, deseo dejar constancia de que el límite de los gastos está fijado por nuestro propio sistema jurídico. Y resulta algo muy débil precisarlo en la primera frase del artículo 1° del proyecto de Ley de Presupuestos. No es mi postura creer que se puede gastar más allá del límite acordado por el Congreso.

Además, pretender basar ese límite de gastos de la manera propuesta disminuye la fuerza de la limitación que la Constitución impone.

¿Y por qué estimo que la indicación es inadmisible? Porque el artículo 11 de la legislación orgánica de administración financiera del Estado dice que "El presupuesto del Sector Público consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos".

Si se pretende hacer una estimación financiera y fijar un límite de gastos, nos estamos separando de la definición que dicho cuerpo legal señala respecto de la Ley de Presupuestos.

Contra mi voluntad y por venir la indicación de quien viene--pero tengo la obligación de aplicar la ley, por dolorosa que sea--, la declaro inadmisible.

En votación la admisibilidad de la indicación para sustituir, en el artículo 1º del proyecto de Ley de Presupuestos, la frase "Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos" por "Apruébanse la Estimación de Ingresos y el Límite de Gastos"..

--(Durante la votación).

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, difiero de la opinión de la Mesa, porque estamos hablando de una simple frase de la primera norma del proyecto, que no altera, en absoluto, la naturaleza de la misma. Las cosas son lo que son y no como lo que uno quiera llamarlas.

Efectivamente, la indicación propone un límite de gastos y sólo cambia el enunciado inicial del artículo 1°.

Por lo demás, no me queda muy clara la cita hecha a una disposición de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

La leí textualmente, señor Senador .

El señor ALESSANDRI.-

Sí, señor Presidente , pero ella no se refiere a si hay o no límite.

Es perfectamente posible --dentro de las facultades de los señores Senadores-- proponer un cambio para adecuar la redacción de este proyecto a lo que se está legislando, que es el límite máximo de los recursos que puede gastar el Gobierno. De lo contrario, ¿para qué se debatimos, si los gastos van a ser flexibles? Si es así, entonces que rija el proyecto enviado por el Ejecutivo y vemos cuanto gasta.

Estimo que la indicación es admisible.

Voto que sí.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , lamento profundamente no estar de acuerdo con la interpretación de la Mesa en un asunto que, sin ninguna influencia en el despacho del proyecto de Ley de Presupuestos, nos puede obligar a trámites adicionales.

El tenor de lo propuesto puede parecer semánticamente discutible; pero, a mi juicio, la indicación no puede ser inadmisible.

Voto que sí.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , concuerdo profundamente con la apreciación de la Mesa.

Voto que es inadmisible.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , estimo que la indicación es perfectamente admisible, puesto que la ley calcula los ingresos y gastos y, dentro de ese cálculo, hay una estimación de los mismos. Pero los ingresos, por su naturaleza, son variables, no dependen de nosotros. Por lo tanto, se trata de una estimación. En cambio, los gastos sí dependen de nosotros y la Constitución establece nuestro deber en cuanto a fijar su límite máximo. Obviamente, si el Gobierno no gasta todos esos recursos y es eficiente, habrá ahorro.

Entendiendo por límite el tope superior y no el inferior, porque estamos hablando de gastos, me parece un exceso interpretar la indicación como referida tanto al límite inferior como al superior. Evidentemente, la estimación alude a ingresos, y el límite, a gastos.

Por lo tanto, se trata sólo de mejorar la redacción de un artículo, materia sobre el cual debería haber plena unanimidad. Creo que contamos con atribuciones para hacerlo bien, a fin de evitar confusiones. Por ejemplo, podría decirse mañana que los ingresos no están aprobados porque los cálculos estaban mal hechos y tenían errores; o que la estimación de los gastos era una mera estimación, en vista de lo cual deben ser inferiores. Y creo que no es ése el espíritu.

En consecuencia, me parece adecuado lo que plantea la indicación, para los efectos de entender claramente lo que estamos votando.

Por lo tanto, voto que sí, sin perjuicio de mejorar la redacción de la indicación.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , la regla general es que, respecto de cualquier materia legislativa, tengan competencia tanto los Parlamentarios cuanto el Presidente de la República . El inciso tercero del artículo 62 de la Constitución establece que "Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con (¿) la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos,".

¿Qué se entiende por administración financiera presupuestaria? El artículo 1º del Decreto Ley Nº 1.263, Orgánico de Administración Financiera del Estado, la define así:

"El sistema de administración financiera del Estado comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a la concreción de los logros de los objetivos del Estado. La administración financiera incluye, fundamentalmente, los procesos presupuestarios, de contabilidad y de administración de fondos.".

¿En qué sentido está tomado esto? En un sentido general, que es el que regla esa normativa, no en el de la Ley de Presupuestos para un año concreto, sobre la cual le corresponde pronunciarse al Parlamento. En consecuencia, no abrigo ninguna duda de admisibilidad.

En cuanto al fondo de la indicación, reitero que, en lo que dice relación a los ingresos, se reproduce lo dispuesto por la norma constitucional: se trata de una estimación. Ello se encuentra en varios artículos, señor Presidente .

Y, en lo atinente a los gastos, insisto en que se establece que deben ser aprobados por ley, de modo que son máximos. Porque, en la medida en que se sobrepasa el monto, no se hallan aprobados por ley, salvo los casos en que ésta ha permitido que se excedan, lo que ocurre en los ítem excedibles o en los imprevistos, etcétera, en que no media una determinación.

Por todas estas consideraciones, señor Presidente, estimo absolutamente admisible la indicación, y, además, conveniente, de manera que voto a favor.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , aquí existen dos temas: la admisibilidad y el contenido concreto de la indicación.

Tocante al primero, comparto las razones que ha dado el señor Presidente. No argumentaré más en ese sentido.

Respecto de la proposición, pienso que ha sido mal formulada, por resultar imprecisa. Y, adicionalmente, es innecesaria. Mejor fue la sabiduría del legislador de la Ley de Administración Financiera del Estado, cuyo artículo 19 define esta cuestión, precisamente, por lo que no se requiere ningún agregado. En efecto, esa norma expresa que "Los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo a que pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos.".

Por lo tanto, la indicación del Senador señor Piñera es absolutamente innecesaria y estoy de acuerdo con el señor Presidente en que rebaja el carácter de la afirmación contenida en una ley que define con mucho más precisión que el límite se refiere a un máximo de gasto.

Voto por la inadmisibilidad de la indicación, a la que asimismo considero innecesaria.

El señor HORMAZÁBAL .-

Seré muy breve, señor Presidente . A mi juicio, si este asunto hubiera sido planteado al comienzo, como se ha señalado, a lo mejor habría más claridad y el Senador que habla podría percibir por qué conviene enmendar la Ley de Administración Financiera del Estado. No me parece que se trate de un texto inamovible y acepto que puede ser modificado. Pero, a última hora y en estas condiciones, no creo pertinentes los argumentos que se señalan.

En lo relativo a la declaración de inadmisibilidad, y más allá de que nos guste o no, el inciso tercero del artículo 62 de la Constitución dispone que "Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado," --lo consigna expresamente-- "incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos,". Si la indicación enmienda esta última, ello es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo , no de un señor Senador.

No estoy en condiciones de juzgar el mérito de la proposición, por no reunirse las condiciones para hacerlo a última hora, pero, respecto de la inadmisibilidad, tengo que compartir el criterio de la Mesa.

Voto por la inadmisibilidad.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor DÍEZ (Presidente).-

Tiene la palabra, señor Ministro.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Quisiera hacer presente que por lo menos en los últimos 22 ó 23 años el Presupuesto de la Nación y la Ley respectiva han incluido exactamente la frase del artículo 1º. Siempre. Y ello comprende los seis años anteriores en que el Parlamento ha discutido el tema, habiendo mantenido una expresión que data desde al menos 1975.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, estimo que la indicación es admisible y necesaria, por lo que voto a favor.

El señor HUERTA.-

Comparto el criterio de la Mesa, señor Presidente, de manera que me pronuncio por la inadmisibilidad.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , la verdad es que se podrá debatir si acaso la indicación es necesaria o innecesaria, si es oportuna o si es tardía, pero discutir su admisibilidad --y lamento disentir del criterio de Su Señoría-- me parece inexplicable.

Si no podemos modificar los términos empleados en la nomenclatura de un artículo, ¿qué nos es posible hacer, realmente? No nos hallamos ejerciendo una iniciativa de aquellas reservadas exclusivamente al Presidente de la República : nos encontramos abocados, simplemente, a una disposición, en la medida en que pudiera llegar a ser aprobada. A lo mejor, no es necesario acogerla. Pero ése es otro tema. Es distinto restringir al Congreso en la posibilidad de emplear los términos utilizados por la Constitución, cuyo artículo 64, como bien se ha señalado aquí, hace referencia, en varias partes, a la estimación de los ingresos, no al cálculo de éstos.

Por lo tanto, si se trata de compatibilizar la Ley de Presupuestos con las expresiones de la Carta, por la vía de una indicación, declarar ésta inadmisible me parece, verdaderamente, una enormidad. Creo que es absolutamente admisible, señor Presidente , por lo que me pronuncio en ese sentido.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , comparto el criterio de la Mesa y, a la vez, el de los Senadores señores Gazmuri y Hormazábal .

En definitiva, la indicación apunta a introducir una modificación absolutamente innecesaria, ya que, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Administración Financiera del Estado, "El presupuesto del Sector Público consiste en una estimación financiera de los ingresos", pero el artículo 19 del mismo cuerpo legal señala que "Los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo". De tal manera que el fondo de la materia se halla suficientemente regulado por ambas disposiciones, y no empece una enmienda de esta índole para tratar de modificarlo.

En consecuencia, no solamente coincido con el criterio de la Mesa en el sentido de que la indicación es inadmisible, sino que ésta, además de ser innecesaria, resulta extemporánea. Por eso, voto por la inadmisibilidad.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, deseo exponer únicamente dos cosas.

El señor Ministro ha pedido la palabra durante una votación. Con anterioridad, la Mesa aplicó al respecto el artículo 37 de la Carta. La verdad es que esta norma, como lo sostenía el Senador señor Hormazábal , determina que un Secretario de Estado puede intervenir durante la votación cuando se trate de "rectificar los conceptos emitidos por cualquier diputado o senador al fundamentar su voto.". Entiendo que el señor Ministro no rectificó absolutamente nada de lo que dijo nuestro Honorable colega que lo precedió en el uso de la palabra. Por lo tanto, si el Reglamento será aplicado con estrictez, ello debe decir relación tanto respecto del señor Ministro como de los Senadores.

Lo otro que quisiera dejar establecido, señor Presidente , es que la indicación debe ser considerada desde el punto de vista estrictamente jurídico. Si es buena, si es mala, si es conveniente o inconveniente, o si es innecesaria, no es lo que está discutiendo esta Corporación: el debate únicamente se refiere a lo que se halla comprendido o no dentro de nuestro derecho.

Ahora, si se aceptara el criterio planteado por el Senador señor Hormazábal , nunca podríamos formular indicaciones al proyecto de Ley de Presupuestos . Porque, obviamente, sería de tal naturaleza lo que se votaría, que cada una de ellas debería contar con el patrocinio del Ejecutivo y, por lo tanto, ningún Senador y ningún Diputado podría presentarlas. De este modo, nos estaríamos amarrando una vez más las manos sobre la base de un alcance que no da la Constitución.

Nos asiste el derecho de hacer indicaciones, algunas de las cuales podrán ser declaradas admisibles o inadmisibles. Pero, si se parte del supuesto de que para ser admisibles deben recibir el respaldo del Ejecutivo , prácticamente la función legislativa se encuentra absolutamente de más en materia de Ley de Presupuestos.

Voto por la admisibilidad.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , en verdad, aquí se han dado muchos argumentos que nada tienen que ver con la admisibilidad o inadmisibilidad de la indicación. Se ha señalado que es extemporánea. Sin embargo, todos los señores Senadores tienen derecho a presentar indicaciones en este trámite, y, para los que no son miembros de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, ésta es la primera instancia formal para hacerlo. Por lo tanto, el argumento de extemporaneidad no resiste el menor análisis.

Por otra parte, la Ley de Administración Financiera del Estado, en su artículo 19, lo único que hace es darnos la razón, pues preceptúa que el cálculo del presupuesto es un límite máximo de gastos, que es exactamente lo que propone la indicación: hacer concordante el proyecto de Ley de Presupuestos con la normativa mencionada. Por consiguiente, en mi modesta opinión, el argumento empleado al respecto tampoco es válido.

Asimismo, se ha sostenido que, conforme al inciso tercero del artículo 62 de la Carta Fundamental, toda modificación al proyecto de Ley de Presupuestos requeriría patrocinio del Ejecutivo. Entonces, no entiendo qué hacemos aquí y para qué se ha reunido la Cámara y el Senado horas y horas en subcomisiones y comisiones especiales. Hay veces en que, simplemente, por reducción al absurdo, se observa que algunos argumentos no se sustentan.

También se planteó que el Presupuesto de la Nación y la Ley respectiva han contemplado la frase del artículo 1º en los últimos 25 años. ¿Acaso ello significa que, si se ha cometido un error durante ese lapso, también vamos a incurrir en él en los próximos 25 años? Si aplicáramos ese criterio, cada vez que se desee corregir algo que lleva algún tiempo, no podríamos efectuar enmienda alguna. Del mismo modo, por reducción al absurdo, nos damos cuenta de que ello no resiste el menor análisis.

Todo lo anterior refleja, con claridad, que la institucionalidad y la normativa acerca del Presupuesto son de tal grado de ambigüedad y contradicción que incluso se puede sustentar la tesis --como la que se planteó-- de que ninguna indicación es admisible si es de origen parlamentario. Sin embargo, la verdad es que no estamos discutiendo los argumentos de fondo en cuanto a si la indicación es admisible o inadmisible.

Quiero ser muy franco y decir que no somos ingenuos. Es indudable que podemos presentar la indicación más admisible o justificada del mundo y una mayoría del Senado hará cualquier cosa con tal de no alterar ni una coma de lo aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de evitar un tercer trámite. Y si la Constitución contempla tal instancia, es precisamente para que esta Corporación pueda manifestar su parecer. A mi juicio, toda la discusión llevada a cabo en torno al Presupuesto, por esa actitud de una mayoría, va a ser del todo irrelevante, por cuanto el Senado no cambiará absolutamente nada al texto aprobado por la Cámara de Diputados. Al parecer, ésa es la intención.

Señor Presidente , en lo que resta de mi tiempo reglamentario, permítame expresar un sentimiento. Está clarísimo que ninguna indicación prosperará; lo sabemos. Porque se busca toda clase de argumentos para refutarlas.

En el pasado, hemos propuesto muchas indicaciones modificatorias al articulado que no han sido declaradas inadmisibles. Ahora, me da la impresión de que el Senado, en cierta manera, está renunciando a su posibilidad de perfeccionar el proyecto de Ley de Presupuestos, pues se ha propuesto no modificar lo aprobado por la Cámara de Diputados. Aparentemente, algunos señores Senadores no desean un tercer trámite, en circunstancias de que se halla contemplado en la Constitución y de que su objetivo es, justamente, brindar la oportunidad a esta Corporación de aportar algo a la discusión del Presupuesto. Cada vez que contribuimos al mejoramiento de un proyecto, debe modificarse algo del texto enviado por la Cámara, lo que significa ir a un tercer trámite.

En consecuencia, pongamos las cartas sobre la mesa: estamos perfectamente claros y conscientes de que ninguna de nuestras indicaciones va a prosperar, cualquiera que sea su bondad y sean o no admisibles. En todo caso, por responsabilidad, seguiremos la discusión hasta el final.

Voto a favor de la indicación.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , no estoy preocupado por un eventual tercer trámite, pues normalmente soy uno de los que me quedo hasta el final en estas discusiones.

Sin embargo, deseo plantear un tema que considero importante. Aquí se trata de argumentar y no de descalificar a nadie. Se ha dicho que la modificación propuesta no tiene ninguna implicancia. En tal sentido, no me parece razonable que la indicación solamente busque hacer un cambio de forma. Si tiene incidencia en la administración financiera del Estado, es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo ; pero si no la tiene ¿para qué se presenta? y ¿para qué hemos estado discutiendo largamente este asunto?

Como el señor Senador que formuló la indicación es inteligente, pienso que la ha presentado porque incide en la administración financiera del Estado y, por lo tanto, el planteamiento hecho por la Mesa es lógico, porque se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .

Voto por la inadmisibilidad.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , estamos discutiendo la admisibilidad de la indicación y, por ello, no me referiré a la conveniencia o inconveniencia de introducir las modificaciones propuestas.

De lo que se ha expresado en la Sala e, incluso, por el claro tenor del artículo 19 de la Ley de Administración Financiera del Estado --citado por el Senador señor Lavandero --, debemos concluir que la indicación en estudio es absolutamente admisible, porque no es posible que lleguemos al extremo de que el Parlamento no pueda modificar la redacción de un artículo para adaptarlo al sentido claro de una ley, en este caso, al artículo 19 precitado.

Nos hallamos debatiendo el Presupuesto de la Nación y todos coincidimos en que al hablar de gastos nos referimos a los gastos máximos. Nadie lo duda y así lo establece la Ley de Administración Financiera del Estado. En consecuencia, cómo podría ser inadmisible una norma que propone usar el idioma castellano en forma adecuada para precisar el sentido de una ley.

Por ello, y por los argumentos vertidos en la Sala, estimo que la indicación es absolutamente admisible.

En consecuencia, voto a favor.

El señor VALDÉS .-

Señor Presidente , me habría pronunciado por la inadmisibilidad, porque la veo transparente, pero como el Senador señor Alessandri se ha ausentado de la Sala y estoy pareado con él, no podré votar.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

El Honorable señor Alessandri votó.

El señor VALDÉS .-

Entonces, de acuerdo con la decisión del señor Presidente del Senado , voto por la inadmisibilidad.

El señor DÍEZ .-

No pensaba distraer la atención del Senado en una materia de tan escasa importancia, pero la intervención del Honorable señor Piñera me obliga a hacerlo, porque afecta a la corrección con que la Mesa está procediendo.

La Mesa debe aplicar el Derecho como lealmente lo entiende, cualesquiera que sean las consideraciones de índole política.

Desde el momento en que fui elegido Presidente del Senado , he debido actuar como tal, no como Senador que sostiene una posición determinada. Si la Constitución --que juré respetar-- me obliga a declarar la inadmisibilidad de las disposiciones que estimo que lo son, tengo que hacerlo. Nunca me he referido a la temporaneidad o extemporaneidad de la indicación y no he declarado inadmisibles todas las indicaciones, porque estamos comenzando a estudiarlas. Si el Senador señor Piñera agrega a sus errores el de la generalización es problema de él, no de la Mesa.

Tampoco tengo intención alguna de evitar el tercer trámite; estoy seguro de que lo habrá, ya que hay un sinfín de indicaciones y lo más probable es que algunas sean aprobadas. Conversé con el señor Presidente de la Cámara de Diputados y le garanticé que esta noche despacharíamos el proyecto, para que esa Corporación pueda sesionar mañana, la Comisión Mixta se reúna durante el fin de semana y ambas Cámaras puedan pronunciarse antes del término del plazo legal. De manera que no acepto tal imputación.

Ha influido en mí el hecho de que durante el tiempo que he formado parte de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la frase contemplada en el artículo 1º del proyecto siempre ha sido igual y nunca ha significado un problema para alguien. No soy partidario de modificar las leyes cuando sus expresiones no originan dificultades, porque ello podría influir en la interpretación de las mismas.

Reitero: siempre se ha usado la misma expresión y nunca hemos tenido problema alguno. Sin embargo, ésa no es la razón de la inadmisibilidad. La causa de ésta es que el decreto ley orgánico de Administración Financiera del Estado se refiere a "estimaciones del límite máximo" de gasto. En cambio, la indicación propone un "Límite de Gastos". Y, en castellano, hablar de límite significa límite superior o límite inferior. De manera que, el día de mañana, algún intérprete podría sostener que la fijación del límite de gastos impediría al jefe de una repartición pública gastar menos dinero, por haberse establecido un límite.

Por eso, prefiero el castellano. Es mucho más preciso y más claro, y hasta ahora jamás ha originado dificultades.

No quiero que esto se interprete como una afirmación de mi parte en cuanto a que los gastos pueden exceder los límites de la Ley de Presupuestos. Creo firmemente que ello no procede. Y esto no se basa en palabras, cuyo sentido puede ser más o menos ambiguo, sino en la estructura de todo nuestro sistema constitucional y legal, que así lo establece. Y así ha sido siempre.

Por lo expuesto, estimo inadmisible la indicación.

El señor LAGOS ( Prosecretario ) .-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se resuelve que la indicación al artículo 1° no es admisible (19 votos contra 12, una abstención y 2 pareos).

Votaron por la negativa los señores Calderón, Díaz, Díez, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hormazábal, Huerta, Lavandero, Martin, Matta, Muñoz Barra, Núñez, Páez, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Cantuarias, Errázuriz, Feliú, Horvath, Larraín, Otero, Piñera, Prat, Ríos, Siebert y Urenda.

Se abstuvo el señor Letelier.

No votaron, por estar pareados, los señores Mc-Intyre y Romero.

El señor DÍEZ (Presidente).-

Corresponde tratar las partidas que han sido objeto de indicaciones.

Hay varias indicaciones a la Partida 05, Ministerio del Interior.

La primera recae en el aporte a Fundación Integra. Consiste en sustituir la glosa 04, correspondiente a la asignación 024, ítem 31, subtítulo 25, programa 01, capítulo 01, Partida 05, por la siguiente:

"04: Los recursos contemplados en esta asignación se destinarán a otorgar subsidios...", etcétera.

La Mesa estima improcedente esta indicación, por no caberle duda alguna de que se refiere a un acto de administración que, de acuerdo con el sistema jurídico chileno, corresponde sólo al ciudadano elegido para desempeñar el cargo de Presidente de la República , y no al Congreso Nacional.

En consecuencia, queda declarada inadmisible.

La segunda indicación se refiere al aporte a PRODEMU.

También le da una destinación a los dineros que se contemplan para ese organismo, lo que constituye un claro acto de administración.

Queda declarada inadmisible.

La tercera indicación, relativa al aporte a Fundación de la Familia, destina, igualmente, los fondos que se asignan a ésta. Es un acto administrativo.

Queda declarada inadmisible.

La cuarta indicación, concerniente al aporte a la Fundación Tiempos Nuevos, señala, del mismo modo, el destino de los recursos. También es un acto de administración.

Queda declarada inadmisible.

Dejo constancia de que la declaración de inadmisibilidad de las anteriores indicaciones no es de responsabilidad de la Mesa, por cuanto nadie puede sostener que la administración compete al Congreso.

El señor FREI (don Arturo) .-

Muy bien.

El señor GAZMURI .-

¿Los autores de esas indicaciones hubieran deseado que no se realizaran dichos programas? ¿Quién las formuló? Si se hubiera propuesto bajar sustantivamente los gastos, serían comprensibles. De manera que, además de inadmisibles, las indicaciones son sibilinas.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Las tres primeras indicaciones fueron presentadas por los Senadores señores Otero , Prat , Larre , Ríos, Cooper y Pérez . Y la última, por los señores Otero , Prat , Larre , Cooper y Pérez .

En seguida, hay una indicación del Senador señor Piñera a la misma Partida 05, Ministerio del Interior.

"1.- Indicación a la Partida 05, Capítulo 01, Programa 01, Glosa 07, para eliminar la palabra "no"."

Esta glosa figura en las páginas 7 y 8 de la Partida 05, y expresa:

"07 Con cargo a estos recursos podrán efectuarse todo tipo de gastos, incluidas remuneraciones hasta por $ 224.000 miles, para cumplir las actividades señaladas en el decreto N° 683, del Ministerio del Interior del 21.09.90. Asimismo, parte de estos fondos podrán transferirse a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicio Nacional de Aduanas, Ministerio de Salud u otras entidades del sector público. En este caso la transferencia no se incorporará al presupuesto del organismo receptor de los fondos.".

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

En discusión la indicación, que propone suprimir la expresión "no" de la última frase.

El señor PIÑERA.-

Pido la palabra.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , la indicación es muy sencilla y se refiere a una transferencia que hace a otras entidades públicas la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior.

En aras de facilitar el debate, debo señalar que hay otras indicaciones equivalentes a ésta. Aprovecharé de informar al respecto, para que los señores Senadores se formen una opinión.

La Secretaría y Administración General hace una transferencia a un organismo, en este caso particular, al Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes. Lo que planteo en la indicación es que dicha transferencia, como ocurre con la generalidad de los traspasos, sí debe incorporarse al presupuesto del organismo receptor.

Ésa es la norma. Cuando un Ministerio, o el Tesoro Público, realiza una transferencia a otra repartición, junto con otorgarle los recursos le entrega la responsabilidad por la asignación y uso de ellos.

Lo usual es que tales fondos se incorporen al presupuesto de la entidad receptora, con el objeto de que ésta, posteriormente, rinda cuenta e informe cómo utilizó la transferencia. Si ese dinero no se incluye en el presupuesto del órgano que lo recibe, entonces nunca aparecerá en la partida de la institución que realmente lo está administrando. Porque no lo administra el que transfiere, sino el que recibe.

Por eso, señor Presidente , creo que, en el fondo, toda transferencia implica que un organismo financia, pero que otro ejecuta. En consecuencia, ella debe incorporarse en el presupuesto del órgano ejecutor, para que se sepa en qué se ocuparon los fondos. De lo contrario, la institución recibe el ingreso, pero no lo incorpora en su presupuesto.

El señor DÍEZ (Presidente).-

Rinde cuenta separadamente, señor Senador.

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , considero que esta indicación del Senador señor Piñera es absolutamente inoficiosa --lo digo con todo respeto--, en primer lugar, porque lo único que hace la glosa es evitar la duplicación de la información de gasto que ya se tiene, y, en segundo término, porque la rendición a la Contraloría General de la República corresponde al órgano que efectúa la transferencia, no al que la recibe.

Por lo tanto, la indicación no tiene sentido ni racionalidad.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , me parece que en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos analizamos esta indicación y se la declaró inadmisible. No estoy seguro de ello, pero, si así fuera, tendríamos que aplicar estrictamente la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, la que, nos guste o no, hace imposible que la Sala pueda conocer la indicación. En todo caso, creo que ésta es inadmisible, porque la supresión de palabra propuesta no es poco significativa. Se trata de fijar uno u otro sistema de administración presupuestaria: o se incorpora la transferencia al presupuesto de la entidad receptora, o no se la incorpora. Entonces, la norma tiene incidencia en la administración presupuestaria. Y así fue discutido en la Comisión Especial. Es una norma que, como señaló el señor Ministro de Hacienda , más bien entraba que facilita la administración presupuestaria o el control del gasto.

El señor HORMAZÁBAL.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , en la página 34 del informe de la Comisión Especial de Presupuestos se detalla que el Honorable Senador señor Piñera y el Honorable Diputado señor Jürgensen formularon una indicación --supongo que se trata de la misma glosa-- tendiente a eliminar el término "no", y esa indicación fue declarada inadmisible por la Comisión. De manera que si ése ha sido el criterio de la Comisión, no correspondería discutirla, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.

Señor Presidente , tal vez no es exactamente la misma indicación, pero quiero saber si ése fue el criterio adoptado por la Comisión Especial en la glosa respectiva.

El señor DÍEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , quiero hacer dos reflexiones breves.

Primero, para el análisis del Presupuesto, tenemos dos órganos de estudio: uno de ellos es la Subcomisión que trata las diferentes partidas correspondientes a cada Ministerio; y el otro, la Comisión Especial, denominada también "Mixta" de Presupuestos.

Se da el caso de que respecto de la partida que nos ocupa, la Cuarta Subcomisión fue la que analizó la proposición del Ministerio del Interior. En ella discutimos y votamos las indicaciones pertinentes. De tal forma que, si en la Comisión Especial o "Mixta" la indicación se declaró inadmisible, nos encontramos ante una situación singular y distinta, que puede tener efectos, pero que, además, deja en entredicho el funcionamiento y trabajo realizado por la Cuarta Subcomisión, donde --como dije-- las indicaciones fueron estudiadas y hubo pronunciamiento respecto de cada una de ellas.

Es un elemento objetivo el que señalo, y lo destaco, porque ahí existe una contradicción: la Comisión Especial adoptó una resolución distinta de lo acordado por la Subcomisión.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor CANTUARIAS.-

Excúseme, señor Senador, pero quiero pasar a la segunda reflexión.

Ahora, entiendo que el fundamento de esta indicación --entro en el mérito de ella-- es permitir (por lo menos así viene planteada, y, también, en esos términos se presentó en la Subcomisión) que la Contraloría General de la República y otros entes fiscalizadores, incluida la Cámara de Diputados, puedan conocer en mejor forma el destino de estos recursos traspasados desde un ente público a otro.

La información considerada en la Cuarta Subcomisión hacía ver que, si ése era el propósito, era preferible que los recursos adicionales no se incorporaran al presupuesto, porque, al hacerlo así, ellos se diluyen en el resto del presupuesto propio de la institución o ente público que los recibe. Por el contrario, si no se incorporan, deben llevarse en cuentas separadas. Y el efecto es que la Contraloría, que, en todo momento, tiene derecho a fiscalizar --lo mismo que la Cámara de Diputados y otros entes fiscalizadores, según cual sea el ente público receptor-- pueda conocer exactamente el monto de los dineros recibidos y el destino que se les dio, con las correspondientes partidas de gasto. Porque, repito, se trata de cuentas separadas.

En consecuencia, junto con establecer la diferencia respecto de la admisibilidad, -debo decir que los efectos perseguidos por la indicación --los que inspiran a sus autores-- se conseguirían mejor si los recursos que se traspasen no se incorporaran al presupuesto regular del ente público receptor.

Por esas razones, quiero informar que en la Subcomisión voté contra la eliminación de estas frases en la glosa respectiva, pues me parecía que con ello se podían lograr mejor los propósitos de fiscalización señalados.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Pido la palabra, señor Presidente .

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , quiero referirme a una cuestión de principios que, a mi juicio, no se puede dejar pasar.

La Comisión Especial de Presupuestos es una. Para facilitar el despacho del trabajo se constituyen Subcomisiones. Pero cuando el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso habla de Comisiones, no se refiere a Subcomisiones, y es el Presidente de la Comisión Especial el que puede hacer la declaración de inadmisibilidad de las indicaciones. Porque es ahí donde se radica el proyecto de Ley de Presupuestos. Así se ha procedido siempre, y es lo que opera después respecto a la Sala.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Su Señoría tiene razón en lo tocante a la indicación a la Partida 05. Sin embargo, respecto de otras partidas, existen varias indicaciones similares que no han sido objeto de pronunciamiento de inadmisibilidad.

Por eso, creo conveniente discutir la indicación, que es inadmisible con respecto a la Partida 05, pero que puede ser admisible con relación a todas las otras partidas, si el Senado así lo acuerda.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés ).-

Siempre que no nos pronunciemos sobre la admisibilidad previamente.

El señor PIÑERA .-

Solicito una suspensión de cinco minutos, señor Presidente .

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

El Senador señor Piñera solicitó una suspensión de cinco minutos, y no veo razón para negarla.

Se suspende la sesión por cinco minutos.