Historia de la Ley

Historia de la Ley

Nº 21.233

Reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política, para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria.

Téngase presente

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Moción Parlamentaria

Moción de Gabriel Silber Romo, Giorgio Jackson Drago, Renzo Trisotti Martínez, Raúl Soto Mardones, Pablo Kast Sommerhoff, Pepe Auth Stewart, Juan Antonio Coloma Álamos, Marcelo Schilling Rodríguez, Alejandra Sepúlveda Orbenes, Cristina Girardi Lavín, Alexis Sepúlveda Soto, Gabriel Ascencio Mansilla, Víctor Torres Jeldes, Leonardo Soto Ferrada, Karol Cariola Oliva, Jorge Alessandri Vergara, Yasna Provoste Campillay, Gustavo Sanhueza Dueñas, Issa Kort Garriga, René Alinco Bustos, Guillermo Ramírez Diez, Carolina Marzán Pinto, Javier Macaya Danús, Loreto Carvajal Ambiado, Claudio Arriagada Macaya, Roberto Poblete Zapata, Sergio Aguiló Melo, Vlado Mirosevic Verdugo, Miguel Ángel Calisto Águila, Gabriel Boric Font, Nicolás Noman Garrido, Patricio Melero Abaroa, Matías Walker Prieto y René Saffirio Espinoza. Fecha 10 de abril, 2014. Moción Parlamentaria en Sesión 11. Legislatura 362.

Esta Historia de la Ley fue construida con los documentos disponibles a la fecha de publicación de la Ley.

Reforma Constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política, para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria

Boletín N° 9304-07

Antecedentes y Fundamentos

A nivel internacional no existe uniformidad respecto a los mecanismos que determinan el monto de dietas y asignaciones parlamentarias. La realización de un análisis de derecho comparado arrojó como resultado la identificación de tres modalidades para determinar las dietas y asignaciones: 1) determinación por Ley, 2) autodeterminación y, 3) existencia de comisiones especiales internas o externas. Independiente de la dificultad de comparar sistemas jurídicos internacionales, como es evidente, la regulación constitucional no se encuentra dentro de las tendencias internacionales de derecho para regular y fijar la dieta parlamentaria. Es más, es posible constatar que ninguna de las legislaciones estudiadas en la revisión aludida señala en la Constitución el monto exacto a percibir por los parlamentarios, ni aún menos fija un estándar por referencia a otro alto cargo de la administración del Estado.

Chile es el único de los países estudiados que regula esta materia en la Constitución. Así, el actual Artículo 62 de la Carta Fundamental señala que "Diputados y Senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan". La regulación constitucional de esta materia encuentra su fundamento en evitar sean los mismos parlamentarios, sujetos receptores de la remuneración, quienes al mismo tiempo determinen el monto de éstas. De esta forma, la regulación constitucional está pensada como un mecanismo de protección contra las posibles arbitrariedades de los Diputados y Senadores.

La regulación constitucional del monto es también una anomalía en el contexto de nuestra historia institucional y en nuestra regulación nacional respecto de otros fondos - asignaciones - que están a disposición de los parlamentarios para el desarrollo de su función.

En cuanto a nuestra tradición jurídica nacional la regulación constitucional de las dietas parlamentarias es también una excepción: ni siquiera la Constitución inmediatamente anterior a la que nos rige consideraba esta regulación. En efecto, la Constitución de 1925 en su artículo 44 establecía que "[S]olo en virtud de una lei [sic] se puede: 6.o Fijar la remuneración de que gozarán los Diputados y Senadores." [1] Así, dicha Constitución, en concordancia con la tendencia de la regulación comparada, confió a la legislación la determinación de la remuneración de los parlamentarios en conjunto con el establecimiento de un mecanismo cuyo propósito consistió en evitar el conflicto de interés.

Por otro lado, la regulación de las asignaciones parlamentarias, esto es, aquellos fondos que son otorgados a los parlamentarios para, entre otros, contratar personal técnico y administrativo, cubrir gastos operacionales o contratar la realización de asesorías externas con el objetivo de asegurar el cumplimiento óptimo de su función, están consagradas a nivel legal en la ley 20.447 y reguladas, de acuerdo a esa norma, por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría Parlamentaria. Independiente de que ambos fondos - asignaciones y dieta - tienen funciones distintas y, por tanto, responden

lógicas también diferentes, la fundamentación para que la regulación de la dieta tenga nivel constitucional podría, en alguna medida, aplicarse igualmente a las asignaciones parlamentarias ya que son los mismos parlamentarios que utilizan esos fondos quienes evalúan la pertinencia de los ítems y la cantidad aprobada para cada uno de ellos. Sin embargo, al igual que la regulación de la Constitución de 1925, la regulación de las asignaciones ha confiado a otros mecanismos jurídicos la protección y la correcta utilización de los fondos públicos.

Por otro lado, nuestra regulación de dietas parlamentarias no es sólo una rareza según lo establecido previamente, sino que adicionalmente es incoherente con la diferenciación de la función que cumple la Constitución y la ley. En este sentido, la Constitución Política de la República, como la norma de mayor rango del ordenamiento jurídico de una sociedad, está destinada a regular los aspectos fundamentales de la vida política, los principios que la rigen y las grandes estructuras del Estado. En este marco, se hace incomprensible que una materia administrativa y procedimental tal como la fijación de los salarios de un específico grupo de servidores públicos se encuentre entre las bases del ordenamiento jurídico nacional y se someta una materia como ésta, que requiere la riqueza de una discusión política constante y de una reevaluación de las circunstancias de nuestra sociedad, a la rigidez e invariabilidad que conlleva la regulación constitucional. Por lo anterior, destacamos a Francia, Costa Rica y Alemania como modelos a seguir en esta materia, pues en estos tres países se determina el monto de la dieta parlamentaria mediante una ley.

Además de la experiencia comparada, también un argumento de igualdad ante la ley, o más bien, igualdad en la ley,' habla en contra de una regulación constitucional de estos sueldos. Las sociedades modernas se oponen a las diferencias estructurales que establezcan órdenes jerárquicos rígidos y categorías de ciudadanos. Es en este sentido, que debe tenderse a generar regímenes que, si bien pueden contener diferencias, no deben dotar de privilegios. Ninguna otra remuneración a cargos públicos o privados se encuentran regulados en la Constitución, ni un principio referido al sueldo mínimo de los trabajadores de la Nación, ni el de otros cargos estatales.

Asimismo, resulta desacertada e imprecisa la asimilación de la dieta parlamentaria a la remuneración de los Ministros de Estado más todas sus asignaciones. En términos generales, ya que no todos ellos reciben el mismo salario, los Ministros de Estado reciben un sueldo base al cual se suman distintas bonificaciones, incrementos y asignaciones, muchas de cuales resulta incomprensible sean utilizadas para incrementar la dieta parlamentaria. Así por ejemplo, dentro de las asignaciones recibidas por los Ministros de Estado, se encuentra la asignación de modernización establecida por la ley N° 19.553 o la bonificación establecida por el artículo 10 de la ley N° 18.675 cuyo fin es compensar el efecto del artículo 9° de esa misma ley, que declara a las asignaciones que dicho artículo señala como ingresos afectos a la cotización para el financiamiento del sistema de pensiones que indica. Es decir, la determinación de las rentas que reciben los Ministros de Estado es un entramado complejo de distintas leyes y asignaciones que están pensadas desde la función ministerial, difícilmente aplicable a la labor parlamentaria sin ulterior adecuación o cuya modificación conlleva mayor oscuridad de la forma específica en que se determina la dieta parlamentaria. En conclusión, la determinación indirecta de la dieta parlamentaria produce menos publicidad y claridad del monto de ésta, conflicto que puede ser resuelto mediante una determinación del monto específico a través de una ley dictada para estos fines que aproveche la publicidad y transparencia del mecanismo democrático de creación de la ley.

En consecuencia, la consagración en la Constitución Política de la República, si bien busca sacar de la competencia de los congresistas la decisión sobre su propia dieta, tiene por resultado meramente una regulación indirecta y rígida por la vía de fijación en referencia a la remuneración de los Ministros. Sin embargo, al estar la remuneración de los Ministros fijada por un conjunto de leyes que otorgan distintos montos de asignaciones, los parlamentarios tienen injerencia indirecta sobre sus remuneraciones. No resuelve, por lo tanto, el problema de que los incumbentes tengan decisión sobre su propio beneficio, que como se ha dicho es el objetivo de la consagración constitucional.

Así, junto con este proyecto se presentará un proyecto de ley que crea un mecanismo para determinar el monto de la dieta parlamentaria. La regulación por vía legal se condice con el modo de determinación de las demás remuneraciones de los servidores públicos, permite igualmente un control por parte de la Cámara revisora y promueve una disposición a la austeridad por deberse cuenta pública a los ciudadanos sobre los motivos que justifican la decisión adoptada, sin poder excusarse en que un cuerpo normativo impone ex ante la determinación. Al mismo tiempo, la discusión que preside la dictación de una ley, permite el reconocimiento de quienes intervienen en su creación y, por tanto, la fiscalización de sus propuestas, argumentos y votaciones, lo que no sucede con una regulación pétrea e inamovible. En este sentido, la determinación legal de la dieta parlamentaria contribuye a la realización del ideal democrático en una materia tan relevante como la fijación de ésta.

Es por todo lo ya expresado que venimos en presentar lo siguiente:

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Artículo único: Modificase la Constitución Política de la República en el sentido que indica:

1. Reemplácese Artículo 62, por el siguiente:

Artículo 62: Una ley determinará la dieta que percibirán los Diputados y Senadores, incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan."

[1] Bobbio Norberto. Igualdad y Libertad. Paidós 1993. p. 72.

1.2. Moción Parlamentaria

Moción de Gabriel Silber Romo, Giorgio Jackson Drago, Renzo Trisotti Martínez, Raúl Soto Mardones, Pablo Kast Sommerhoff, Pepe Auth Stewart, Juan Antonio Coloma Álamos, Marcelo Schilling Rodríguez, Alejandra Sepúlveda Orbenes, Cristina Girardi Lavín, Alexis Sepúlveda Soto, Gabriel Ascencio Mansilla, Víctor Torres Jeldes, Leonardo Soto Ferrada, Karol Cariola Oliva, Jorge Alessandri Vergara, Yasna Provoste Campillay, Gustavo Sanhueza Dueñas, Issa Kort Garriga, René Alinco Bustos, Guillermo Ramírez Diez, Carolina Marzán Pinto, Javier Macaya Danús, Loreto Carvajal Ambiado, Claudio Arriagada Macaya, Roberto Poblete Zapata, Sergio Aguiló Melo, Vlado Mirosevic Verdugo, Miguel Ángel Calisto Águila, Gabriel Boric Font, Nicolás Noman Garrido, Patricio Melero Abaroa, Matías Walker Prieto y René Saffirio Espinoza. Fecha 02 de marzo, 2017. Moción Parlamentaria en Sesión 132. Legislatura 364.

Modifica la Carta Fundamental para reducir el monto de la dieta parlamentaria

Boletín N°11124-07

1. Fundamentos.- La función legislativa o de creación de normas jurídicas es realizada por medio del parlamento, como órgano representativo de la voluntad ciudadana. Es por eso, que no es casual que el Código de Bello, defina la ley como “una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”. Como explica la doctrina, “a través del parlamento, el sistema político democrático permite integrar a todas las fuerzas políticas significativas que acepten los procedimientos y principios básicos de la democracia, donde las diferencias se resuelven utilizando la razón y la regla de las mayorías y no la imposición por la fuerza o el exterminio de los adversarios, representándose en él las diversas opiniones de la sociedad” [1], lo que expresa la función representativa o integradora de este organismo.

En este contexto, el Congreso Nacional como ente es un órgano del Estado, que representa un poder del estado. Consecuencia de lo cual, sus remuneraciones, asignaciones y demás ingresos que provienen de su función parlamentaria, emanan directamente de fondos públicos, es decir, son desembolsados por el Estado, representado por el Fisco de Chile, y contemplados íntegramente por la ley de presupuesto que se aprueba todos los años en el Congreso Nacional. En este sentido se puede conceptualizar la dieta parlamentaria como “la remuneración recibida por los parlamentarios por el desarrollo de sus respectivas funciones” [2]. Desde su incorporación en nuestro sistema jurídico, se sostuvo que “la función parlamentaria requiere una dedicación jornada completa, por lo cual, si el congreso debe ser un órgano representativo de todos los sectores de la sociedad y un órgano de integración política y social, no puede ser el cargo parlamentario gratuito, ya que ello marginaría de la función parlamentaria a amplias capas sociales del cuerpo político, las cuales solo pueden ejercer la función parlamentaria si ella tiene remuneración que les posibilita solventar el sustento familiar, además de los gastos de previsionales y de salud. Ello es conforme a la igualdad de oportunidades básicas para participar en la vida política del país, de lo contrario, la función parlamentaria sólo a aquellos ciudadanos que pudieran ejercer la función parlamentaria y vivir de sus rentas, lo que es imposible de sostener en una república democrática” [3].

En esta perspectiva, la dieta parlamentaria no es objeto de cuestionamiento en cuanto a su legitimidad, sino precisamente por su cuantía, atendiendo el promedio de remuneraciones de la mayoría de los ciudadanos del país. Lo anterior, pese a que la Constitución buscó establecer un parámetro objetivo para su determinación en relación a la remuneración de un Ministro de Estado, este ha sido objeto de críticas por su monto. Adicionalmente y conforme a las enmiendas introducidas por la ley 20.840 en el sistema de votaciones que sustituye el sistema binominal, éste conlleva el aumento de parlamentarios por la reconfiguración de los distritos de 120 a 155 en el caso de la Cámara y de 38 a 50 en el caso del Senado. Es precisamente este ámbito el que obliga a efectuar una revisión en la materia y establecer una fórmula que permita una solución racional a los cuestionamientos así como también, de optimización de los recursos para hacer frente a la nueva composición del parlamento, lo que justifica la presente moción.

2. Historia Legislativa y Derecho Comparado. La Constitución de 1925 incorporó la idea de la dieta parlamentaria, luego de un debate amplio y controvertido, atendido que la Constitución de 1833 nada decía al respecto, y sólo mediante una reforma constitucional en el año 1892 se estableció que la función parlamentaria era gratuita. La carta de 1925 “precisó que sólo en virtud de una ley se podía fijar la remuneración de que gozarían los diputados y senadores. Las modificaciones a ellas sólo regirían en el período legislativo siguiente al de su aprobación. En definitiva, la Constitución de 1925 le entregó a legislador la facultad de fijarse la remuneración sin indicar un monto. Un importante tratadista de dicha Constitución como fue don Carlos Andrade Geywitz, señaló, en su obra Elementos de Derecho Constitucional Chileno, que aparentemente el monto de la Dieta que reciben los parlamentarios era alto; sin embargo, puntualizaba, ellos deben concurrir al mantenimiento de diarios y publicaciones de sus partidos políticos, gastos de campañas electorales, cuotas al partido y las demás peticiones que les demandan los ciudadanos de la provincia o zona que representan” [4].

En un proyecto de reforma aprobado en la Cámara de Diputados el año 1965 -texto que no prosperó finalmente- se establecía que “Los diputados y senadores sólo recibirán como sueldo base la remuneración de los ministros de la Corte Suprema y percibirán como única asignación complementaria por el desempeño de su cargo una suma equivalente al 50% de su dieta”. Aparece de esta manera un primer intento por definir el referido monto. La Constitución de 1980 optó por homologar la dieta parlamentaria con los ingresos que percibe un Ministro de Estado incluyendo todas sus asignaciones, en opinión del profesor Zapata “en esta norma constitucional hay un reconocimiento de una dieta parlamentaria cuyo monto se estima suficiente y una estrategia para evitar que sea el propio Parlamento el que defina el monto de la misma. De esta manera se fija un máximo, es decir, se establece un control cuantitativo” [5].

El debate de la historia constitucional no es ajeno a las mociones que se han presentado, como la que se desprende del Boletín 9.304-07 que busca reformar la Constitución a objeto que sea una ley la que determine el monto de la dieta parlamentaria. En otro sentido, la reforma presentada por el ex Diputado Orpis mediante Boletín 2.031-07 establece que “Los diputados y senadores percibirán una dieta por sesión la que en su conjunto durante el mes no podrá superar a la remuneración de un ministro de Estado, incluidas todas las asignaciones que a estos corresponda”, más recientemente el Boletín 9.502-16 que busca establecer un límite ético a la dieta parlamentaria, a objeto que no supere veinte ingresos mínimos mensuales, de la que son autores las diputadas Fernández, Sepulveda, Carvajal, y Diputados Aguiló, Boric, Jackson, Mirosevic, Rocafull y Poblete.

3. Ideas matrices. Coherente con los planteamientos antes señalados, teniendo presente la permanente necesidad de legitimación en esta importante institución, y a objeto de precaver dificultades en áreas relevantes del interés nacional, al percibir la dieta como un privilegio y que podrían ser entendida como una afectación del principio de igualdad ante la ley es que se requiere una nueva fórmula para su determinación. Además, resulta necesario, una adecuación presupuestaria que permita la instalación de los nuevos cargos parlamentarios sin representar un costo adicional a los presupuestos aprobados. Es por eso que la propuesta configura una regla específica, que establece como parámetro la remuneración del Ministro, empero con un límite de sus dos terceras partes, de ahí que se permite reducir el monto y evitar las diferencias de remuneraciones, conforme a las regulaciones del derecho comparado.

Es sobre la base de estos antecedentes y fundamentos que venimos en proponer el siguiente:

Proyecto de reforma Constitucional

Art. Único.- Intercalase en el art. 62 a continuación de la expresión , la siguiente frase “los dos tercios de”.

MARCELO SCHILLING

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA

[1] Nogueira Humberto. Derecho Constitucional Chileno. Tomo II Abeledo Perrot Thomson Reuters 2013: p. 468.
[2] Nogueira ob. cit. p. 540.
[3] Nogueira ob. cit. P. 541.
[4] Cf. Con detalle Informe de la Comisión Mixta encargada de proponer las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que introduce en la Ley Orgánica del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley Nº 20.050 que reformó la Constitución Política de la República (Boletín 3.962-07) pág. 157 y ss.
[5] ídem.

1.3. Moción Parlamentaria

Moción de Gabriel Silber Romo, Giorgio Jackson Drago, Renzo Trisotti Martínez, Raúl Soto Mardones, Pablo Kast Sommerhoff, Pepe Auth Stewart, Juan Antonio Coloma Álamos, Marcelo Schilling Rodríguez, Alejandra Sepúlveda Orbenes, Cristina Girardi Lavín, Alexis Sepúlveda Soto, Gabriel Ascencio Mansilla, Víctor Torres Jeldes, Leonardo Soto Ferrada, Karol Cariola Oliva, Jorge Alessandri Vergara, Yasna Provoste Campillay, Gustavo Sanhueza Dueñas, Issa Kort Garriga, René Alinco Bustos, Guillermo Ramírez Diez, Carolina Marzán Pinto, Javier Macaya Danús, Loreto Carvajal Ambiado, Claudio Arriagada Macaya, Roberto Poblete Zapata, Sergio Aguiló Melo, Vlado Mirosevic Verdugo, Miguel Ángel Calisto Águila, Gabriel Boric Font, Nicolás Noman Garrido, Patricio Melero Abaroa, Matías Walker Prieto y René Saffirio Espinoza. Fecha 21 de junio, 2018. Moción Parlamentaria en Sesión 40. Legislatura 366.

Modifica la Carta Fundamental con el objeto de establecer un límite ético a las remuneraciones y dietas de autoridades y funcionarios del Estado

Boletín N°11840-07

I.- Antecedentes y fundamentos

Actualmente se encuentran en trámite legislativo al menos ocho proyectos relativos a la determinación de la dieta parlamentaria, sea para establecer límites, para determinarla, para fijar descuentos o para regular otros aspectos conexos con la materia.

Durante las últimas semanas ha vuelto a instalarse el debate sobre el monto de la dieta parlamentaria a raíz de dos proyectos impulsados originalmente por los H. Diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson. El propio Presidente de la República reconoció en una entrevista de fecha 14 de junio del presente que las dietas parlamentarias le parecían “demasiado altas para las necesidades y urgencias que tiene el país” [1].

El año 2014, el Centro de Investigación Periodística (CIPER Chile), publicó en su sitio web un completo estudio sobre las remuneraciones parlamentarias en Chile en relación con el panorama que presentan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A partir de dicha investigación se extraen importantes conclusiones:

1. Al comparar a Chile con los países de la OCDE, se observó que el salario anual de un diputado de $103.265.772 (pesos chilenos), equivalente a US$252.505 (ajustado por paridad del poder adquisitivo, PPA) era el más alto del grupo.2. Chile ocupaba el primer lugar al comparar la diferencia entre el sueldo de los parlamentarios con el PIB

 per cápita (11,8), seguido por Turquía (6,3), México (5,6) e Italia (5,1). En el extremo opuesto se encontraba Suiza, donde esta diferencia era de 0,7 veces, es decir, el sueldo de un parlamentario era inferior al PIB per cápita de dicho país.

3. En el caso de la relación entre dieta parlamentaria e ingreso mínimo, Chile ocupaba el segundo lugar, ya que los parlamentarios percibían 40 veces el ingreso mínimo. Nuestro país solo era superado por México, donde esta diferencia era de 55,8 veces.

Llevado este último punto a cifras actuales, y solo considerando una relación aritmética, la dieta bruta de un diputado o de un senador es casi 34 veces un sueldo mínimo [2].

Sin perder de vista estos datos recién expuestos, cabe tener presente que según la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el año 2016, el ingreso laboral promedio de la población ocupada en el país se ubicó en $517.540 neto mensual, mientras que el ingreso mediano -el que recibe un individuo ubicado en la mitad de la distribución de ingresos, ordenados de menor a mayor - llegó a $350.000 neto mensual. Es decir, el 50% de los trabajadores percibió ingresos menores o iguales a este último monto [3].

La situación expuesta debe invitar a un debate sincero, alejado de posiciones simplistas y de defensas corporativas. La brecha entre la remuneración de representantes y representados es real, existe aquí y ahora y es de las mayores del mundo. Sin embargo, el debate no será completo si no se tienen en cuenta el conjunto de dietas o remuneraciones de las altas autoridades del Estado y de las empresas públicas o entidades en que el Estado tenga participación mayoritaria.

Esta realidad no puede menos que pugnar con las bases de un Estado Constitucional Democrático contemporáneo. La disociación entre representantes y representados es poco sana para la democracia y se distancia del ideal republicano en tanto debilita la noción fundamental de igualdad entre gobernantes y gobernados subyacente a todo régimen republicano.

No está en debate la conveniencia de que exista una remuneración adecuada a las funciones esenciales que desempeñan las altas magistraturas estatales. Lo que está en justo entredicho es la desproporción existente entre las dietas percibidas por estas autoridades y la propia realidad económica y social del país. Más todavía cuando tenemos en cuenta que la mayoría de estos cargos disponen además de recursos garantizados por el Estado para el desempeño propio de la función, con independencia de la remuneración percibida a contraprestación del trabajo desempeñado, conocidos como asignaciones.

La combinación de todos estos elementos lleva casi ineludiblemente a la formación de un juicio público que termina concibiendo las dietas y asignaciones como un privilegio y no como una necesaria y justa retribución por las altas funciones desempeñadas. Cuando unos pocos, con recursos de todos, definen entre sí los montos de su remuneración y designan además una cantidad suficiente para cubrir los “gastos operacionales” de su trabajo, la distancia con las condiciones de sus mandantes resulta evidente y ofensiva.

Con esto no se plantea un juicio crítico sobre la existencia de asignaciones para el desempeño de la función parlamentaria o de los altos cargos del Ejecutivo u otros. El punto que se intenta resaltar es que estas altas remuneraciones van a parar casi íntegras al patrimonio de sus titulares, pues salvo impuestos y descuentos de seguridad social y otros, la autoridad no se ve en la necesidad de destinar parte importante de su remuneración para cubrir los gastos operacionales de su cargo, pues ello ya cuenta con garantía fiscal vía asignaciones. Ello ocurre en tanto que la inmensa mayoría de trabajadoras y trabajadores no cuenta siquiera con asignación de movilización, debiendo restar de su ya disminuido salario, montos considerables para costear su desplazamiento al lugar de trabajo, para solo señalar un ejemplo.

Entendiendo la relevancia de la función que estos altos cargos cumplen en una sociedad democrática y el interés público que existe en asegurar un adecuado desempeño de la función pública, las asignaciones destinadas para tales efectos se tornan necesarias, aunque también debieran explorarse mejores alternativas para su determinación y control, materia que ha de dar lugar a una regulación propia.

Entendemos también que la lucha contra la desigualdad no se define por las remuneraciones de las autoridades estatales, si no que el centro de la cuestión está dada por la redistribución del ingreso, donde la vía impositiva aparece siempre como la alternativa más efectiva. Sin ir más lejos, conviene también transparentar las brechas existentes entre los altos cargos de la empresa privada en relación con los salarios de sus propios trabajadores, donde se ha llegado a detectar que un gerente puede llegar a ganar 178 veces un sueldo mínimo.

Sin perjuicio de ello, es necesario que desde lo público se asuma un compromiso con la igualdad. La abismante distancia entre la realidad salarial de gobernantes y gobernados hace todavía más difícil la necesaria cercanía e identificación que debe vincular a ciudadanos con sus autoridades. Las altas dietas ubican a las autoridades nacionales en un estrato económico privilegiado respecto de la generalidad de las personas, fomentando una mayor identificación entre estos con aquellas personas de mayores ingresos.

Otra línea argumental sostiene que es necesario mantener remuneraciones competitivas para incentivar la retención y llegada de “talentos” al servicio público. Lo cierto es que la competencia de rentas con el sector privado es algo que debe desecharse como objetivo, pues no se trata de matrices comparables lisa y llanamente. Sin pretender que el servicio público se convierta en una actividad honorífica, tampoco debe esperarse que compita a la par con los ingresos que puede reportar la actividad privada, por cuanto es de la esencia de la función pública su orientación al servicio del bien común y no la pura realización profesional y personal del funcionario que la ejerce.

Tampoco resulta admisible que la rebaja en la dieta de las altas autoridades del Estado importe una “fuga de talentos” o la dificultad para atraerlos. Aun con una rebaja importante en los altos sueldos del Estado, estos siguen siendo superiores a las más altas remuneraciones que podría obtener, por ejemplo, un académico con grado de doctor en la mayoría de las universidades públicas del país, ello sin considerar que en este último caso no se cuenta con un monto permanente por concepto de asignaciones para el desarrollo de la función académica, lo que hace más patente la diferencia en favor de las dietas de altos funcionarios públicos [4].

II.- Contenido

La propuesta de reforma constitucional propone la fijación de un tope para las remuneraciones de las autoridades públicas, sea que se desempeñen en la Administración del Estado, en el Congreso Nacional, en el Poder Judicial o en los órganos autónomos del Estado. Se sugiere la inclusión de esta disposición en el artículo 8° de la Carta Fundamental, dada la relación de su actual contenido con la materia que pretendemos regular y porque se trata de una norma que pretende aplicar a todos los órganos del Estado, por lo que no sería coherente plantearla dentro de alguno de los capítulos relativos a una rama determinada de la función pública.

Este límite máximo se calculará sobre la base de la información que al efecto proporcione el Instituto Nacional de Estadísticas a través de la Encuesta Suplementaria de Ingresos u otro mecanismo adecuado, que permita obtener el ingreso laboral promedio de la población ocupada.

Se propone así un límite para las dietas o remuneraciones del Estado, las que no podrán superar en diez veces el ingreso laboral promedio de la población ocupada, el que actualmente es de $517.540.

Asimismo, se plantea mantener solo este aspecto relativo al límite de las remuneraciones en la Constitución, entregando su regulación específica y la determinación de los montos dentro de ese límite al legislador. Para ello se elimina la vinculación obligatoria que establece actualmente el artículo 62 con las dietas de los Ministros de Estado. Con todo, se introduce un elemento que permita que cualquier decisión sobre el aumento o rebaja de las remuneraciones de las altas autoridades genere efectos a partir de un período determinado de tiempo posterior al momento en que se adopta la determinación.

En razón de lo precedentemente expuesto, vengo en proponer el siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional

Artículo 1°

Para agregar un inciso quinto al artículo 8° de la Constitución Política de la República en el siguiente sentido:

“La ley regulará las bases de cálculo de dietas o remuneraciones que percibirán las autoridades y funcionarios de la Administración centralizada y descentralizada del Estado, del Congreso Nacional, del Poder Judicial o de los órganos autónomos. En todo caso, ninguna remuneración o dieta que se pague con cargo al presupuesto de la Nación podrá superar en diez veces el ingreso laboral promedio del país, conforme a la determinación que para ello realice el órgano técnico que la ley determine”.

Artículo 2°

Para modificar en el actual artículo 62 de la Constitución Política de la República, sustituyendo el enunciado que va luego de la palabra “dieta” y hasta el punto aparte por la frase “determinada por ley. La ley regulará las asignaciones que a éstos correspondan. En cualquier caso, toda decisión legislativa que incida en los montos por concepto de dieta y/o asignaciones, tendrá efectos a partir de la legislatura siguiente a aquella en que se haya adoptado la determinación respectiva”.

RAÚL SOTO MARDONES

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA

[1] http://www.adnradio.cl/noticias/politica/pinera-y-dietas-parlamentarias-son-demasiado-altas-para-las-urgencias-del-pais/20180614/nota/3762014.aspx
[2] Esto es considerando un sueldo mínimo de $276.000 y una dieta bruta de $9.349.851
[3] http://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2017/07/25/ingreso-laboral-promedio-mensual-en-chile-fue-de-$517.540-en-2016
[4] Ver portales de transparencia de Universidad de Chile y Universidad de Talca para señalar algunos ejemplos.

1.4. Moción Parlamentaria

Moción de Gabriel Silber Romo, Giorgio Jackson Drago, Renzo Trisotti Martínez, Raúl Soto Mardones, Pablo Kast Sommerhoff, Pepe Auth Stewart, Juan Antonio Coloma Álamos, Marcelo Schilling Rodríguez, Alejandra Sepúlveda Orbenes, Cristina Girardi Lavín, Alexis Sepúlveda Soto, Gabriel Ascencio Mansilla, Víctor Torres Jeldes, Leonardo Soto Ferrada, Karol Cariola Oliva, Jorge Alessandri Vergara, Yasna Provoste Campillay, Gustavo Sanhueza Dueñas, Issa Kort Garriga, René Alinco Bustos, Guillermo Ramírez Diez, Carolina Marzán Pinto, Javier Macaya Danús, Loreto Carvajal Ambiado, Claudio Arriagada Macaya, Roberto Poblete Zapata, Sergio Aguiló Melo, Vlado Mirosevic Verdugo, Miguel Ángel Calisto Águila, Gabriel Boric Font, Nicolás Noman Garrido, Patricio Melero Abaroa, Matías Walker Prieto y René Saffirio Espinoza. Fecha 18 de diciembre, 2018. Moción Parlamentaria en Sesión 116. Legislatura 366.

Modifica la Carta Fundamental en lo que respecta a la forma de determinar la dieta y las asignaciones parlamentarias, así como también las remuneraciones de los altos cargos en las empresas públicas que indica

Boletín N°12319-07

I.- IDEAS GENERALES.

El origen de la dieta parlamentaria se remonta a 1823, donde son las razones prácticas las que incidirán en la discusión parlamentaria, sobre la necesidad y pertinencia del establecimiento de una dieta, considerando la precaria condición económica de algunos Diputados. Así, el origen de esta se asocia al ingreso de personas sin fortuna al campo político, que aspiran llegar al Congreso sin tener los medios económicos necesarios para dedicarse exclusivamente a la actividad legislativa [1].

Luego, por varias décadas, la dieta parlamentaria sólo tuvo por objeto financiar el costo de traslado de diputados y senadores que eran de provincia, y el mantenimiento de los mismos.

En la actualidad la configuración de esta dieta, viene dada por la Constitución de la República, la que en su artículo 62 señala que “Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan”. De esta forma, la dieta promedio de un diputado alcanza en la actualidad, una cifra cercana a los diez millones de pesos, más las asignaciones parlamentarias pertinentes.

Así las cosas, es claro advertir que la dieta parlamentaria, cuyo origen buscaba permitir el acceso a la actividad política a quienes no tenían los costos, ha mutado su naturaleza con el transcurso del tiempo, configurándose actualmente como una remuneración propiamente tal, entendiéndose por tanto, que la dedicación a la actividad legislativa, no es gratuita.

II.- CONSIDERANDO.

1. Que, en Chile existen 155 diputados y 43 senadores. Lo anterior significa que el Estado desembolsa una suma anual superior a 16 mil millones de pesos, en concepto de pago de dietas de diputados. El gasto anual de las dietas de senadores alcanza los 5 mil millones de pesos. Es decir, el costo de mantención de todos los parlamentarios, corresponde a más de 21 mil millones de pesos. Dichos pagos se hacen con cargo a la Ley de Presupuesto.

Lo anterior, sin considerar los gastos por asignaciones parlamentarias, que por supuesto, contribuyen a abultar dichas cifras.

2. La ciudadanía ha manifestado, con justa razón, un malestar generalizado ante las cifras anteriormente expuestas. En efecto, los sueldos de diputados y senadores son excesivamente altos, siendo incluso de los más altos de Latinoamérica.3. En este sentido, se han hecho diversas propuestas que buscan equilibrar dietas y asignaciones con las exigencias de la función legislativa; pero que a su vez sean concordantes con la realidad nacional y con una agenda de gasto fiscal reducido. De esta forma, es menester destacar que este tema, reviste principal preocupación para nuestro Presidente Sebastián Piñera, puesto que ésta cuestión configura uno de los pilares centrales del programa de gobierno, y así lo ha manifestado en múltiples ocasiones.

En esta misma línea la bancada de diputados UDI se ha manifestado a favor de la rebaja de dietas y asignaciones, además de presentar diversos proyectos que apuntan directamente a dichos objetivos, como lo son la reducción del número de diputados y senadores, como también, la revisión de los sueldos de las más altas autoridades de la República.

4. Hoy, nuevamente los diputados suscribientes buscamos poner fin a este adverso escenario, y las funestas consecuencias del mismo, como lo son el alejamiento de la ciudadanía de la gestión política, y el aumento de la desconfianza de la sociedad en nuestra labor y gestión. Es por esto que consideramos que el órgano pertinente para determinar los montos de la dieta parlamentaria y de las asignaciones, es el comité de asignaciones parlamentarias, habida consideración la naturaleza de este órgano.

Además, proponemos que las remuneraciones de los altos cargos de las empresas estatales que cumplan una función estratégica, sean determinadas por el Presidente de la República en atención a criterios que garanticen la competitividad de dicha empresa con su sector económico, esto, por cuanto las empresas estatales deben encontrarse en una posición adecuada que les garantice la competencia con el sector privado, como también la posibilidad de contratar personal técnico y calificado, siendo el principal incentivo para la atracción de profesionales, la remuneración ofrecida. Lo anterior se encuentra en directa armonía con los lineamientos principales de esta moción, cuyo objeto último es la reducción de los altos sueldos que existen en el sector público, pero sin caer en el populismo y en las medidas simplistas que traen consigno perniciosas consecuencias para la economía nacional y el país.

III.- PROYECTO DE LEY.

Reemplácese el artículo 62 de la Constitución Política de la República de acuerdo al siguiente texto:

Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta que será fijada por el comité de asignación parlamentaria. Este mismo órgano fijará también, las asignaciones parlamentarias en atención a los siguientes criterios número de población, dimensión geográfica, accesibilidad, entre otros.

Las remuneraciones de los altos cargos de las empresas públicas creadas por ley y las empresas del Estado que cumplan una función estratégica, serán determinadas por el Presidente de la República, en atención a criterios que garanticen competitividad con su área.

JAVIER MACAYA.

JEFE DE BANCADA DIPUTADO UDI.

1.5. Moción Parlamentaria

Moción de Gabriel Silber Romo, Giorgio Jackson Drago, Renzo Trisotti Martínez, Raúl Soto Mardones, Pablo Kast Sommerhoff, Pepe Auth Stewart, Juan Antonio Coloma Álamos, Marcelo Schilling Rodríguez, Alejandra Sepúlveda Orbenes, Cristina Girardi Lavín, Alexis Sepúlveda Soto, Gabriel Ascencio Mansilla, Víctor Torres Jeldes, Leonardo Soto Ferrada, Karol Cariola Oliva, Jorge Alessandri Vergara, Yasna Provoste Campillay, Gustavo Sanhueza Dueñas, Issa Kort Garriga, René Alinco Bustos, Guillermo Ramírez Diez, Carolina Marzán Pinto, Javier Macaya Danús, Loreto Carvajal Ambiado, Claudio Arriagada Macaya, Roberto Poblete Zapata, Sergio Aguiló Melo, Vlado Mirosevic Verdugo, Miguel Ángel Calisto Águila, Gabriel Boric Font, Nicolás Noman Garrido, Patricio Melero Abaroa, Matías Walker Prieto y René Saffirio Espinoza. Fecha 22 de octubre, 2019. Moción Parlamentaria en Sesión 93. Legislatura 367.

?Modifica la Carta Fundamental en materia de determinación de remuneraciones de autoridades y funcionarios que indica

Boletín N° 13013-07

Antecedentes.

Hoy, necesitamos reconstruir un país fracturado y golpeado, no sólo de incendios, desmanes, robos y desórdenes públicos, debemos recomponer las confianzas en pos de la sociedad que Chile requiere.

Durante años las remuneraciones de altos cargos de quienes ejercen la actividad pública han sido objeto de atención de la ciudadanía, en especial, en relación a la brecha salarial que representa respecto de lo que mensualmente ganan millones de chilenos y chilenas.

El propósito de este proyecto es avanzar a dar respuestas concretas hacia un debate que debe ser abordado en este Congreso Nacional invitando a generar una solución imparcial, donde no participen directamente en la decisión de los salarios provenientes del erario público de altas autoridades de Estado los propios parlamentarios. De esta manera, se busca concretar una independencia en la decisión, debiendo por tanto modificarse el artículo 62 de la Constitución, que dispone que los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan.

Objetivo

Así, conscientes de la transparencia que este proceso requiere y con el propósito de legislar con énfasis en la equidad social que nuestra sociedad hoy clama, es que buscamos reformar la Carta Fundamental con el objeto de nombrar en el más breve plazo una instancia autónoma que proponga una reestructuración de todos los sueldos de los cargos de alta responsabilidad del Estado, y que ningún funcionario reciba mayor sueldo que el que recibe la primera autoridad de nuestro país , el Presidente de la República, incorporando dentro de ellos al Presidente de la República, Ministros, Subsecretarios, Parlamentarios, empresas del Estado, Superintendencias, Asesores, Jueces y todo el resto de la estructura del Estado que reciben remuneración del erario público.

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Artículo Único: Modifíquese la Constitución Política de la República en el siguiente sentido:

a) Deróguese el artículo 62.

b) Agrégase el siguiente nuevo Capítulo XVI, del siguiente tenor: “DE LAS REMUNERACIONES. Artículo 130: Un consejo público autónomo designado por concurso público, de acuerdo a la ley orgánica constitucional respectiva, será el organismo encargado de fijar las remuneraciones y dietas de las autoridades y cargos a que se refieren los capítulo IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV”.

1.6. Informe de Comisión de Gobierno

Cámara de Diputados. Fecha 26 de noviembre, 2019. Informe de Comisión de Gobierno en Sesión 113. Legislatura 367.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAIDO EN LOS PROYECTOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL REFUNDIDOS SOBRE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 62 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, PARA DETERMINAR POR LEY EL MONTO DE LA DIETA PARLAMENTARIA.

__________________________________________________________________

BOLETINES N°s. 9304-07; 12.319-07; 11.124-07; 11.840-07; 13.013-07.

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, los proyectos refundidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 A de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, iniciado en mociones, con urgencia suma, cuyo detalle es el siguiente:

1.- Autores de la moción N° 9304-07, diputados (as): Gabriel Boric Font; Loreto Carvajal Ambiado; Cristina Girardi Lavín; Giorgio Jackson Drago; Vlado Mirosevic Verdugo, y Alejandra Sepúlveda Orbenes. Ex diputados (as) Sergio Aguiló Melo; Claudio Arriagada Macaya; Roberto Poblete Zapata, y Yasna Provoste Campillay.

2.- Autores de la moción N° 12.319-07, diputados (as): Jorge Alessandri Vergara; Juan Antonio Coloma Álamos; Issa Kort Garriga; Javier Macaya Danús; Patricio Melero Abaroa; Celso Morales Muñoz; Nicolás Noman Garrido; Guillermo Ramírez Diez; Gustavo Sanhueza Dueñas, y Renzo Trisotti Martínez.

3.- Autor de la moción N°11.124-07, diputado Marcelo Schilling Rodríguez

4.- Autores de moción N°11.840-07, diputados (as): René Alinco Bustos; Gabriel Ascencio Mansilla; Miguel Ángel Calisto Águila; Karol Cariola Oliva; Loreto Carvajal Ambiado; Carolina Marzán Pinto ; Alexis Sepúlveda Soto; Gabriel Silber Romo; Raúl Soto Mardones, y Víctor Torres Jeldes.

5.- Autores de moción N°13.013-07, diputados (as): Jorge Alessandri Vergara; Gabriel Ascencio Mansilla; Pepe Auth Stewart; Pablo Kast Sommerhoff; René Saffirio Espinoza; Leonardo Soto Ferrada; Víctor Torres Jeldes, y Matías Walker Prieto.

El proyecto fue informado y aprobado en general y particular por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental de los proyectos es establecer un sistema de determinación de la dieta parlamentaria que responda al principio de transparencia, equidad e igualdad ante la ley, haciéndolo extensivo a las remuneraciones de las autoridades y jefaturas del sector público.

2) Quórum de votación.

De conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 127 de la Constitución Política de la República, el artículo único, contenido en esta reforma constitucional, requiere para su aprobación del voto conforme de las tres quintas partes de los diputados en ejercicio, con excepción del literal a), que modifica el artículo 8° del Capítulo I, y del inciso primero de la disposición vigésimo novena, que incorpora el literal e), al establecer como límite la remuneración de las respectivas autoridades y jefaturas, afectando a autoridades y jefaturas de los capítulos VII, XI y XII, que requieren de la aprobación de las dos terceras partes de los diputados en ejercicio.

3) Requiere trámite de Hacienda.

No. Se trata de una reforma constitucional.

4) Aprobación del proyecto en general

El proyecto fue aprobado en general, por unanimidad, con el voto favorable de las señoras y señores Walker (Presidente), Alessandri, Boric, Coloma, Cruz-Coke, Díaz, Flores, Alejandro Santana por el señor Fuenzalida, Gutiérrez, Hirsch, Núñez, Saffirio y Soto.

5) Se designó Diputado Informante al señor Gabriel Boric.

*************

II. ANTECEDENTES GENERALES.

Fundamentos y contenido de los proyectos.

A.- Boletín N° 9304-07

Reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política, para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria.

Antecedentes y Fundamentos

A nivel internacional no existe uniformidad respecto a los mecanismos que determinan el monto de dietas y asignaciones parlamentarias. La realización de un análisis de derecho comparado arrojó como resultado la identificación de tres modalidades para determinar las dietas y asignaciones: 1) determinación por Ley, 2) autodeterminación y, 3) existencia de comisiones especiales internas o externas. Independiente de la dificultad de comparar sistemas jurídicos internacionales, como es evidente, la regulación constitucional no se encuentra dentro de las tendencias internacionales de derecho para regular y fijar la dieta parlamentaria. Es más, es posible constatar que ninguna de las legislaciones estudiadas en la revisión aludida señala en la Constitución el monto exacto a percibir por los parlamentarios, ni aún menos fija un estándar por referencia a otro alto cargo de la administración del Estado.

Chile es el único de los países estudiados que regula esta materia en la Constitución. Así, el actual Artículo 62 de la Carta Fundamental señala que "Diputados y Senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan". La regulación constitucional de esta materia encuentra su fundamento en evitar sean los mismos parlamentarios, sujetos receptores de la remuneración, quienes al mismo tiempo determinen el monto de éstas. De esta forma, la regulación constitucional está pensada como un mecanismo de protección contra las posibles arbitrariedades de los Diputados y Senadores.

La regulación constitucional del monto es también una anomalía en el contexto de nuestra historia institucional y en nuestra regulación nacional respecto de otros fondos - asignaciones - que están a disposición de los parlamentarios para el desarrollo de su función.

En cuanto a nuestra tradición jurídica nacional la regulación constitucional de las dietas parlamentarias es también una excepción: ni siquiera la Constitución inmediatamente anterior a la que nos rige consideraba esta regulación. En efecto, la Constitución de 1925 en su artículo 44 establecía que "Solo en virtud de una lei [sic] se puede: 6.o Fijar la remuneración de que gozarán los Diputados y Senadores." Así, dicha Constitución, en concordancia con la tendencia de la regulación comparada, confió a la legislación la determinación de la remuneración de los parlamentarios en conjunto con el establecimiento de un mecanismo cuyo propósito consistió en evitar el conflicto de interés.

Por otro lado, la regulación de las asignaciones parlamentarias, esto es, aquellos fondos que son otorgados a los parlamentarios para, entre otros, contratar personal técnico y administrativo, cubrir gastos operacionales o contratar la realización de asesorías externas con el objetivo de asegurar el cumplimiento óptimo de su función, están consagradas a nivel legal en la ley 20.447 y reguladas, de acuerdo a esa norma, por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría Parlamentaria. Independiente de que ambos fondos - asignaciones y dieta - tienen funciones distintas y, por tanto, responden a lógicas también diferentes, la fundamentación para que la regulación de la dieta tenga nivel constitucional podría, en alguna medida, aplicarse igualmente a las asignaciones parlamentarias ya que son los mismos parlamentarios que utilizan esos fondos quienes evalúan la pertinencia de los ítems y la cantidad aprobada para cada uno de ellos. Sin embargo, al igual que la regulación de la Constitución de 1925, la regulación de las asignaciones ha confiado a otros mecanismos jurídicos la protección y la correcta utilización de los fondos públicos.

Por otro lado, nuestra regulación de dietas parlamentarias no es sólo una rareza según lo establecido previamente, sino que adicionalmente es incoherente con la diferenciación de la función que cumple la Constitución y la ley. En este sentido, la Constitución Política de la República, como la norma de mayor rango del ordenamiento jurídico de una sociedad, está destinada a regular los aspectos fundamentales de la vida política, los principios que la rigen y las grandes estructuras del Estado. En este marco, se hace incomprensible que una materia administrativa y procedimental tal como la fijación de los salarios de un específico grupo de servidores públicos se encuentre entre las bases del ordenamiento jurídico nacional y se someta una materia como ésta, que requiere la riqueza de una discusión política constante y de una reevaluación de las circunstancias de nuestra sociedad, a la rigidez e invariabilidad que conlleva la regulación constitucional. Por lo anterior, destacamos a Francia, Costa Rica y Alemania como modelos a seguir en esta materia, pues en estos tres países se determina el monto de la dieta parlamentaria mediante una ley.

Además de la experiencia comparada, también un argumento de igualdad ante la ley, o más bien, igualdad en la ley,' habla en contra de una regulación constitucional de estos sueldos. Las sociedades modernas se oponen a las diferencias estructurales que establezcan órdenes jerárquicos rígidos y categorías de ciudadanos. Es en este sentido, que debe tenderse a generar regímenes que, si bien pueden contener diferencias, no deben dotar de privilegios. Ninguna otra remuneración a cargos públicos o privados se encuentran regulados en la Constitución, ni un principio referido al sueldo mínimo de los trabajadores de la Nación, ni el de otros cargos estatales.

Asimismo, resulta desacertada e imprecisa la asimilación de la dieta parlamentaria a la remuneración de los Ministros de Estado más todas sus asignaciones. En términos generales, ya que no todos ellos reciben el mismo salario, los Ministros de Estado reciben un sueldo base al cual se suman distintas bonificaciones, incrementos y asignaciones, muchas de cuales resulta incomprensible sean utilizadas para incrementar la dieta parlamentaria. Así por ejemplo, dentro de las asignaciones recibidas por los Ministros de Estado, se encuentra la asignación de modernización establecida por la ley N° 19.553 o la bonificación establecida por el artículo 10 de la ley N° 18.675 cuyo fin es compensar el efecto del artículo 9° de esa misma ley, que declara a las asignaciones que dicho artículo señala como ingresos afectos a la cotización para el financiamiento del sistema de pensiones que indica. Es decir, la determinación de las rentas que reciben los Ministros de Estado es un entramado complejo de distintas leyes y asignaciones que están pensadas desde la función ministerial, difícilmente aplicable a la labor parlamentaria sin ulterior adecuación o cuya modificación conlleva mayor oscuridad de la forma específica en que se determina la dieta parlamentaria. En conclusión, la determinación indirecta de la dieta parlamentaria produce menos publicidad y claridad del monto de ésta, conflicto que puede ser resuelto mediante una determinación del monto específico a través de una ley dictada para estos fines que aproveche la publicidad y transparencia del mecanismo democrático de creación de la ley.

En consecuencia, la consagración en la Constitución Política de la República, si bien busca sacar de la competencia de los congresistas la decisión sobre su propia dieta, tiene por resultado meramente una regulación indirecta y rígida por la vía de fijación en referencia a la remuneración de los Ministros. Sin embargo, al estar la remuneración de los Ministros fijada por un conjunto de leyes que otorgan distintos montos de asignaciones, los parlamentarios tienen injerencia indirecta sobre sus remuneraciones. No resuelve, por lo tanto, el problema de que los incumbentes tengan decisión sobre su propio beneficio, que como se ha dicho es el objetivo de la consagración constitucional.

Así, junto con este proyecto se presentará un proyecto de ley que crea un mecanismo para determinar el monto de la dieta parlamentaria. La regulación por vía legal se condice con el modo de determinación de las demás remuneraciones de los servidores públicos, permite igualmente un control por parte de la Cámara revisora y promueve una disposición a la austeridad por deberse cuenta pública a los ciudadanos sobre los motivos que justifican la decisión adoptada, sin poder excusarse en que un cuerpo normativo impone ex ante la determinación. Al mismo tiempo, la discusión que preside la dictación de una ley, permite el reconocimiento de quienes intervienen en su creación y, por tanto, la fiscalización de sus propuestas, argumentos y votaciones, lo que no sucede con una regulación pétrea e inamovible. En este sentido, la determinación legal de la dieta parlamentaria contribuye a la realización del ideal democrático en una materia tan relevante como la fijación de ésta.

Es por todo lo ya expresado que venimos en presentar lo siguiente:

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

“Artículo único: Modificase la Constitución Política de la República en el sentido que indica:

1. Reemplácese Artículo 62, por el siguiente:

“Artículo 62: Una ley determinará la dieta que percibirán los Diputados y Senadores, incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan.".”.

B.- Boletín N° 12.319-07

Modifica la Carta Fundamental en lo que respecta a la forma de determinar la dieta y las asignaciones parlamentarias, así como también las remuneraciones de los altos cargos en las empresas públicas que indica.

Ideas generales.

El origen de la dieta parlamentaria se remonta a 1823, donde son las razones prácticas las que incidirán en la discusión parlamentaria, sobre la necesidad y pertinencia del establecimiento de una dieta, considerando la precaria condición económica de algunos Diputados. Así, el origen de esta se asocia al ingreso de personas sin fortuna al campo político, que aspiran llegar al Congreso sin tener los medios económicos necesarios para dedicarse exclusivamente a la actividad legislativa [1].

Luego, por varias décadas, la dieta parlamentaria sólo tuvo por objeto financiar el costo de traslado de diputados y senadores que eran de provincia, y el mantenimiento de los mismos.

En la actualidad la configuración de esta dieta, viene dada por la Constitución de la República, la que en su artículo 62 señala que “Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan”. De esta forma, la dieta promedio de un diputado alcanza en la actualidad, una cifra cercana a los diez millones de pesos, más las asignaciones parlamentarias pertinentes.

Así las cosas, es claro advertir que la dieta parlamentaria, cuyo origen buscaba permitir el acceso a la actividad política a quienes no tenían los costos, ha mutado su naturaleza con el transcurso del tiempo, configurándose actualmente como una remuneración propiamente tal, entendiéndose por tanto, que la dedicación a la actividad legislativa, no es gratuita.

Considerando.

1. Que, en Chile existen 155 diputados y 43 senadores. Lo anterior significa que el Estado desembolsa una suma anual superior a 16 mil millones de pesos, en concepto de pago de dietas de diputados. El gasto anual de las dietas de senadores alcanza los 5 mil millones de pesos. Es decir, el costo de mantención de todos los parlamentarios, corresponde a más de 21 mil millones de pesos. Dichos pagos se hacen con cargo a la Ley de Presupuesto.

Lo anterior, sin considerar los gastos por asignaciones parlamentarias, que por supuesto, contribuyen a abultar dichas cifras.

2. La ciudadanía ha manifestado, con justa razón, un malestar generalizado ante las cifras anteriormente expuestas. En efecto, los sueldos de diputados y senadores son excesivamente altos, siendo incluso de los más altos de Latinoamérica.

3. En este sentido, se han hecho diversas propuestas que buscan equilibrar dietas y asignaciones con las exigencias de la función legislativa; pero que a su vez sean concordantes con la realidad nacional y con una agenda de gasto fiscal reducido. De esta forma, es menester destacar que este tema, reviste principal preocupación para nuestro Presidente Sebastián Piñera, puesto que ésta cuestión configura uno de los pilares centrales del programa de gobierno, y así lo ha manifestado en múltiples ocasiones.

En esta misma línea la bancada de diputados UDI se ha manifestado a favor de la rebaja de dietas y asignaciones, además de presentar diversos proyectos que apuntan directamente a dichos objetivos, como lo son la reducción del número de diputados y senadores, como también, la revisión de los sueldos de las más altas autoridades de la República.

4. Hoy, nuevamente los diputados suscribientes buscamos poner fin a este adverso escenario, y las funestas consecuencias del mismo, como lo son el alejamiento de la ciudadanía de la gestión política, y el aumento de la desconfianza de la sociedad en nuestra labor y gestión. Es por esto que consideramos que el órgano pertinente para determinar los montos de la dieta parlamentaria y de las asignaciones, es el comité de asignaciones parlamentarias, habida consideración la naturaleza de este órgano.

Además, proponemos que las remuneraciones de los altos cargos de las empresas estatales que cumplan una función estratégica, sean determinadas por el Presidente de la República en atención a criterios que garanticen la competitividad de dicha empresa con su sector económico, esto, por cuanto las empresas estatales deben encontrarse en una posición adecuada que les garantice la competencia con el sector privado, como también la posibilidad de contratar personal técnico y calificado, siendo el principal incentivo para la atracción de profesionales, la remuneración ofrecida. Lo anterior se encuentra en directa armonía con los lineamientos principales de esta moción, cuyo objeto último es la reducción de los altos sueldos que existen en el sector público, pero sin caer en el populismo y en las medidas simplistas que traen consigno perniciosas consecuencias para la economía nacional y el país.

Proyecto de Ley.

“Reemplácese el artículo 62 de la Constitución Política de la República de acuerdo al siguiente texto:

“Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta que será fijada por el comité de asignación parlamentaria. Este mismo órgano fijará también, las asignaciones parlamentarias en atención a los siguientes criterios número de población, dimensión geográfica, accesibilidad, entre otros.

Las remuneraciones de los altos cargos de las empresas públicas creadas por ley y las empresas del Estado que cumplan una función estratégica, serán determinadas por el Presidente de la República, en atención a criterios que garanticen competitividad con su área.”.”.

C.- Boletín N° 11.124-07

Modifica la Carta Fundamental para reducir el monto de la dieta parlamentaria.

1. Fundamentos.- La función legislativa o de creación de normas jurídicas es realizada por medio del parlamento, como órgano representativo de la voluntad ciudadana. Es por eso, que no es casual que el Código de Bello, defina la ley como “una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”. Como explica la doctrina, “a través del parlamento, el sistema político democrático permite integrar a todas las fuerzas políticas significativas que acepten los procedimientos y principios básicos de la democracia, donde las diferencias se resuelven utilizando la razón y la regla de las mayorías y no la imposición por la fuerza o el exterminio de los adversarios, representándose en él las diversas opiniones de la sociedad” [2], lo que expresa la función representativa o integradora de este organismo.

En este contexto, el Congreso Nacional como ente es un órgano del Estado, que representa un poder del estado. Consecuencia de lo cual, sus remuneraciones, asignaciones y demás ingresos que provienen de su función parlamentaria, emanan directamente de fondos públicos, es decir, son desembolsados por el Estado, representado por el Fisco de Chile, y contemplados íntegramente por la ley de presupuesto que se aprueba todos los años en el Congreso Nacional. En este sentido se puede conceptualizar la dieta parlamentaria como “la remuneración recibida por los parlamentarios por el desarrollo de sus respectivas funciones” [3]. Desde su incorporación en nuestro sistema jurídico, se sostuvo que “la función parlamentaria requiere una dedicación jornada completa, por lo cual, si el congreso debe ser un órgano representativo de todos los sectores de la sociedad y un órgano de integración política y social, no puede ser el cargo parlamentario gratuito, ya que ello marginaría de la función parlamentaria a amplias capas sociales del cuerpo político, las cuales solo pueden ejercer la función parlamentaria si ella tiene remuneración que les posibilita solventar el sustento familiar, además de los gastos de previsionales y de salud. Ello es conforme a la igualdad de oportunidades básicas para participar en la vida política del país, de lo contrario, la función parlamentaria sólo a aquellos ciudadanos que pudieran ejercer la función parlamentaria y vivir de sus rentas, lo que es imposible de sostener en una república democrática” [4].

En esta perspectiva, la dieta parlamentaria no es objeto de cuestionamiento en cuanto a su legitimidad, sino precisamente por su cuantía, atendiendo el promedio de remuneraciones de la mayoría de los ciudadanos del país. Lo anterior, pese a que la Constitución buscó establecer un parámetro objetivo para su determinación en relación a la remuneración de un Ministro de Estado, este ha sido objeto de críticas por su monto. Adicionalmente y conforme a las enmiendas introducidas por la ley 20.840 en el sistema de votaciones que sustituye el sistema binominal, éste conlleva el aumento de parlamentarios por la reconfiguración de los distritos de 120 a 155 en el caso de la Cámara y de 38 a 50 en el caso del Senado. Es precisamente este ámbito el que obliga a efectuar una revisión en la materia y establecer una fórmula que permita una solución racional a los cuestionamientos así como también, de optimización de los recursos para hacer frente a la nueva composición del parlamento, lo que justifica la presente moción.

2. Historia Legislativa y Derecho Comparado. La Constitución de 1925 incorporó la idea de la dieta parlamentaria, luego de un debate amplio y controvertido, atendido que la Constitución de 1833 nada decía al respecto, y sólo mediante una reforma constitucional en el año 1892 se estableció que la función parlamentaria era gratuita. La carta de 1925 “precisó que sólo en virtud de una ley se podía fijar la remuneración de que gozarían los diputados y senadores. Las modificaciones a ellas sólo regirían en el período legislativo siguiente al de su aprobación. En definitiva, la Constitución de 1925 le entregó a legislador la facultad de fijarse la remuneración sin indicar un monto. Un importante tratadista de dicha Constitución como fue don Carlos Andrade Geywitz, señaló, en su obra Elementos de Derecho Constitucional Chileno, que aparentemente el monto de la Dieta que reciben los parlamentarios era alto; sin embargo, puntualizaba, ellos deben concurrir al mantenimiento de diarios y publicaciones de sus partidos políticos, gastos de campañas electorales, cuotas al partido y las demás peticiones que les demandan los ciudadanos de la provincia o zona que representan” [5].

En un proyecto de reforma aprobado en la Cámara de Diputados el año 1965 -texto que no prosperó finalmente- se establecía que “Los diputados y senadores sólo recibirán como sueldo base la remuneración de los ministros de la Corte Suprema y percibirán como única asignación complementaria por el desempeño de su cargo una suma equivalente al 50% de su dieta”. Aparece de esta manera un primer intento por definir el referido monto. La Constitución de 1980 optó por homologar la dieta parlamentaria con los ingresos que percibe un Ministro de Estado incluyendo todas sus asignaciones, en opinión del profesor Zapata “en esta norma constitucional hay un reconocimiento de una dieta parlamentaria cuyo monto se estima suficiente y una estrategia para evitar que sea el propio Parlamento el que defina el monto de la misma. De esta manera se fija un máximo, es decir, se establece un control cuantitativo” [6].

El debate de la historia constitucional no es ajeno a las mociones que se han presentado, como la que se desprende del Boletín 9.304-07 que busca reformar la Constitución a objeto que sea una ley la que determine el monto de la dieta parlamentaria. En otro sentido, la reforma presentada por el ex Diputado Orpis mediante Boletín 2.031-07 establece que “Los diputados y senadores percibirán una dieta por sesión la que en su conjunto durante el mes no podrá superar a la remuneración de un ministro de Estado, incluidas todas las asignaciones que a estos corresponda”, más recientemente el Boletín 9.502-16 que busca establecer un límite ético a la dieta parlamentaria, a objeto que no supere veinte ingresos mínimos mensuales, de la que son autores las diputadas Fernández, Sepulveda, Carvajal, y Diputados Aguiló, Boric, Jackson, Mirosevic, Rocafull y Poblete.

3. Ideas matrices. Coherente con los planteamientos antes señalados, teniendo presente la permanente necesidad de legitimación en esta importante institución, y a objeto de precaver dificultades en áreas relevantes del interés nacional, al percibir la dieta como un privilegio y que podrían ser entendida como una afectación del principio de igualdad ante la ley es que se requiere una nueva fórmula para su determinación. Además, resulta necesario, una adecuación presupuestaria que permita la instalación de los nuevos cargos parlamentarios sin representar un costo adicional a los presupuestos aprobados. Es por eso que la propuesta configura una regla específica, que establece como parámetro la remuneración del Ministro, empero con un límite de sus dos terceras partes, de ahí que se permite reducir el monto y evitar las diferencias de remuneraciones, conforme a las regulaciones del derecho comparado.

Es sobre la base de estos antecedentes y fundamentos que venimos en proponer el siguiente:

Proyecto de reforma Constitucional

“Art. único.- Intercalase en el art. 62 a continuación de la expresión “equivalente a” , la siguiente frase “los dos tercios de”. “.

D.- Boletín N° 11.840-07

Modifica la Carta Fundamental con el objeto de establecer un límite ético a las remuneraciones y dietas de autoridades y funcionarios del Estado

I.- Antecedentes y fundamentos

Actualmente se encuentran en trámite legislativo al menos ocho proyectos relativos a la determinación de la dieta parlamentaria, sea para establecer límites, para determinarla, para fijar descuentos o para regular otros aspectos conexos con la materia.

Durante las últimas semanas ha vuelto a instalarse el debate sobre el monto de la dieta parlamentaria a raíz de dos proyectos impulsados originalmente por los H. Diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson. El propio Presidente de la República reconoció en una entrevista de fecha 14 de junio del presente que las dietas parlamentarias le parecían “demasiado altas para las necesidades y urgencias que tiene el país” [7].

El año 2014, el Centro de Investigación Periodística (CIPER Chile), publicó en su sitio web un completo estudio sobre las remuneraciones parlamentarias en Chile en relación con el panorama que presentan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A partir de dicha investigación se extraen importantes conclusiones:

1. Al comparar a Chile con los países de la OCDE, se observó que el salario anual de un diputado de $103.265.772 (pesos chilenos), equivalente a US$252.505 (ajustado por paridad del poder adquisitivo, PPA) era el más alto del grupo.

2. Chile ocupaba el primer lugar al comparar la diferencia entre el sueldo de los parlamentarios con el PIB per cápita (11,8), seguido por Turquía (6,3), México (5,6) e Italia (5,1). En el extremo opuesto se encontraba Suiza, donde esta diferencia era de 0,7 veces, es decir, el sueldo de un parlamentario era inferior al PIB per cápita de dicho país.

3. En el caso de la relación entre dieta parlamentaria e ingreso mínimo, Chile ocupaba el segundo lugar, ya que los parlamentarios percibían 40 veces el ingreso mínimo. Nuestro país solo era superado por México, donde esta diferencia era de 55,8 veces.

Llevado este último punto a cifras actuales, y solo considerando una relación aritmética, la dieta bruta de un diputado o de un senador es casi 34 veces un sueldo mínimo [8].

Sin perder de vista estos datos recién expuestos, cabe tener presente que según la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el año 2016, el ingreso laboral promedio de la población ocupada en el país se ubicó en $517.540 neto mensual, mientras que el ingreso mediano -el que recibe un individuo ubicado en la mitad de la distribución de ingresos, ordenados de menor a mayor - llegó a $350.000 neto mensual. Es decir, el 50% de los trabajadores percibió ingresos menores o iguales a este último monto [9].

La situación expuesta debe invitar a un debate sincero, alejado de posiciones simplistas y de defensas corporativas. La brecha entre la remuneración de representantes y representados es real, existe aquí y ahora y es de las mayores del mundo. Sin embargo, el debate no será completo si no se tienen en cuenta el conjunto de dietas o remuneraciones de las altas autoridades del Estado y de las empresas públicas o entidades en que el Estado tenga participación mayoritaria.

Esta realidad no puede menos que pugnar con las bases de un Estado Constitucional Democrático contemporáneo. La disociación entre representantes y representados es poco sana para la democracia y se distancia del ideal republicano en tanto debilita la noción fundamental de igualdad entre gobernantes y gobernados subyacente a todo régimen republicano.

No está en debate la conveniencia de que exista una remuneración adecuada a las funciones esenciales que desempeñan las altas magistraturas estatales. Lo que está en justo entredicho es la desproporción existente entre las dietas percibidas por estas autoridades y la propia realidad económica y social del país. Más todavía cuando tenemos en cuenta que la mayoría de estos cargos disponen además de recursos garantizados por el Estado para el desempeño propio de la función, con independencia de la remuneración percibida a contraprestación del trabajo desempeñado, conocidos como asignaciones.

La combinación de todos estos elementos lleva casi ineludiblemente a la formación de un juicio público que termina concibiendo las dietas y asignaciones como un privilegio y no como una necesaria y justa retribución por las altas funciones desempeñadas. Cuando unos pocos, con recursos de todos, definen entre sí los montos de su remuneración y designan además una cantidad suficiente para cubrir los “gastos operacionales” de su trabajo, la distancia con las condiciones de sus mandantes resulta evidente y ofensiva.

Con esto no se plantea un juicio crítico sobre la existencia de asignaciones para el desempeño de la función parlamentaria o de los altos cargos del Ejecutivo u otros. El punto que se intenta resaltar es que estas altas remuneraciones van a parar casi íntegras al patrimonio de sus titulares, pues salvo impuestos y descuentos de seguridad social y otros, la autoridad no se ve en la necesidad de destinar parte importante de su remuneración para cubrir los gastos operacionales de su cargo, pues ello ya cuenta con garantía fiscal vía asignaciones. Ello ocurre en tanto que la inmensa mayoría de trabajadoras y trabajadores no cuenta siquiera con asignación de movilización, debiendo restar de su ya disminuido salario, montos considerables para costear su desplazamiento al lugar de trabajo, para solo señalar un ejemplo.

Entendiendo la relevancia de la función que estos altos cargos cumplen en una sociedad democrática y el interés público que existe en asegurar un adecuado desempeño de la función pública, las asignaciones destinadas para tales efectos se tornan necesarias, aunque también debieran explorarse mejores alternativas para su determinación y control, materia que ha de dar lugar a una regulación propia.

Entendemos también que la lucha contra la desigualdad no se define por las remuneraciones de las autoridades estatales, si no que el centro de la cuestión está dada por la redistribución del ingreso, donde la vía impositiva aparece siempre como la alternativa más efectiva. Sin ir más lejos, conviene también transparentar las brechas existentes entre los altos cargos de la empresa privada en relación con los salarios de sus propios trabajadores, donde se ha llegado a detectar que un gerente puede llegar a ganar 178 veces un sueldo mínimo.

Sin perjuicio de ello, es necesario que desde lo público se asuma un compromiso con la igualdad. La abismante distancia entre la realidad salarial de gobernantes y gobernados hace todavía más difícil la necesaria cercanía e identificación que debe vincular a ciudadanos con sus autoridades. Las altas dietas ubican a las autoridades nacionales en un estrato económico privilegiado respecto de la generalidad de las personas, fomentando una mayor identificación entre estos con aquellas personas de mayores ingresos.

Otra línea argumental sostiene que es necesario mantener remuneraciones competitivas para incentivar la retención y llegada de “talentos” al servicio público. Lo cierto es que la competencia de rentas con el sector privado es algo que debe desecharse como objetivo, pues no se trata de matrices comparables lisa y llanamente. Sin pretender que el servicio público se convierta en una actividad honorífica, tampoco debe esperarse que compita a la par con los ingresos que puede reportar la actividad privada, por cuanto es de la esencia de la función pública su orientación al servicio del bien común y no la pura realización profesional y personal del funcionario que la ejerce.

Tampoco resulta admisible que la rebaja en la dieta de las altas autoridades del Estado importe una “fuga de talentos” o la dificultad para atraerlos. Aun con una rebaja importante en los altos sueldos del Estado, estos siguen siendo superiores a las más altas remuneraciones que podría obtener, por ejemplo, un académico con grado de doctor en la mayoría de las universidades públicas del país, ello sin considerar que en este último caso no se cuenta con un monto permanente por concepto de asignaciones para el desarrollo de la función académica, lo que hace más patente la diferencia en favor de las dietas de altos funcionarios públicos [10].

II.- Contenido

La propuesta de reforma constitucional propone la fijación de un tope para las remuneraciones de las autoridades públicas, sea que se desempeñen en la Administración del Estado, en el Congreso Nacional, en el Poder Judicial o en los órganos autónomos del Estado. Se sugiere la inclusión de esta disposición en el artículo 8° de la Carta Fundamental, dada la relación de su actual contenido con la materia que pretendemos regular y porque se trata de una norma que pretende aplicar a todos los órganos del Estado, por lo que no sería coherente plantearla dentro de alguno de los capítulos relativos a una rama determinada de la función pública.

Este límite máximo se calculará sobre la base de la información que al efecto proporcione el Instituto Nacional de Estadísticas a través de la Encuesta Suplementaria de Ingresos u otro mecanismo adecuado, que permita obtener el ingreso laboral promedio de la población ocupada.

Se propone así un límite para las dietas o remuneraciones del Estado, las que no podrán superar en diez veces el ingreso laboral promedio de la población ocupada, el que actualmente es de $517.540.

Asimismo, se plantea mantener solo este aspecto relativo al límite de las remuneraciones en la Constitución, entregando su regulación específica y la determinación de los montos dentro de ese límite al legislador. Para ello se elimina la vinculación obligatoria que establece actualmente el artículo 62 con las dietas de los Ministros de Estado. Con todo, se introduce un elemento que permita que cualquier decisión sobre el aumento o rebaja de las remuneraciones de las altas autoridades genere efectos a partir de un período determinado de tiempo posterior al momento en que se adopta la determinación.

En razón de lo precedentemente expuesto, vengo en proponer el siguiente

Proyecto de Reforma Constitucional

“Artículo 1°.- Para agregar un inciso quinto al artículo 8° de la Constitución Política de la República en el siguiente sentido:

“La ley regulará las bases de cálculo de dietas o remuneraciones que percibirán las autoridades y funcionarios de la Administración centralizada y descentralizada del Estado, del Congreso Nacional, del Poder Judicial o de los órganos autónomos. En todo caso, ninguna remuneración o dieta que se pague con cargo al presupuesto de la Nación podrá superar en diez veces el ingreso laboral promedio del país, conforme a la determinación que para ello realice el órgano técnico que la ley determine”.

Artículo 2°.- Para modificar en el actual artículo 62 de la Constitución Política de la República, sustituyendo el enunciado que va luego de la palabra “dieta” y hasta el punto aparte por la frase “determinada por ley. La ley regulará las asignaciones que a éstos correspondan. En cualquier caso, toda decisión legislativa que incida en los montos por concepto de dieta y/o asignaciones, tendrá efectos a partir de la legislatura siguiente a aquella en que se haya adoptado la determinación respectiva”.

E.- Boletín N° 13.013-07

Modifica la Carta Fundamental en materia de determinación de remuneraciones de autoridades y funcionarios que indica

Antecedentes.

Hoy, necesitamos reconstruir un país fracturado y golpeado, no sólo de incendios, desmanes, robos y desórdenes públicos, debemos recomponer las confianzas en pos de la sociedad que Chile requiere.

Durante años las remuneraciones de altos cargos de quienes ejercen la actividad pública han sido objeto de atención de la ciudadanía, en especial, en relación a la brecha salarial que representa respecto de lo que mensualmente ganan millones de chilenos y chilenas.

El propósito de este proyecto es avanzar a dar respuestas concretas hacia un debate que debe ser abordado en este Congreso Nacional invitando a generar una solución imparcial, donde no participen directamente en la decisión de los salarios provenientes del erario público de altas autoridades de Estado los propios parlamentarios. De esta manera, se busca concretar una independencia en la decisión, debiendo por tanto modificarse el artículo 62 de la Constitución, que dispone que los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan.

Objetivo

Así, conscientes de la transparencia que este proceso requiere y con el propósito de legislar con énfasis en la equidad social que nuestra sociedad hoy clama, es que buscamos reformar la Carta Fundamental con el objeto de nombrar en el más breve plazo una instancia autónoma que proponga una reestructuración de todos los sueldos de los cargos de alta responsabilidad del Estado, y que ningún funcionario reciba mayor sueldo que el que recibe la primera autoridad de nuestro país , el Presidente de la República, incorporando dentro de ellos al Presidente de la República, Ministros, Subsecretarios, Parlamentarios, empresas del Estado, Superintendencias, Asesores, Jueces y todo el resto de la estructura del Estado que reciben remuneración del erario público.

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

“Artículo único.- Modifíquese la Constitución Política de la República en el siguiente sentido:

a) Deróguese el artículo 62.

b) Agrégase el siguiente nuevo Capítulo XVI, del siguiente tenor: “DE LAS REMUNERACIONES. Artículo 130: Un consejo público autónomo designado por concurso público, de acuerdo a la ley orgánica constitucional respectiva, será el organismo encargado de fijar las remuneraciones y dietas de las autoridades y cargos a que se refieren los capítulo IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV”.”.

III. DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO.

Sesión N° 149 de 22 de octubre de 2019.

El señor Boric hizo presente que habría media hora de sesión. Instó a salir de la sesión con un acuerdo que diera una señal hacia afuera. En tal sentido, expresó que la rebaja de dieta era inexorable. Hizo presente que tenía una indicación al proyecto que se trató hace 6 años por la Comisión (se refiere a la Reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política, para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria, boletín N° 9304-07) y consultó al Presidente si habría acuerdo para prorrogar la sesión para zanjar el punto o al menos el compromiso. Recalcó que era muy importante dar una señal a lo que estaba pasando afuera.

El señor Walker (Presidente) respondió al señor Boric que él había dado el uso de la palabra respecto de la cuenta, y que él como Presidente iba a explicar cómo se iba a tratar la rebaja de la dieta contemplada en una serie de proyectos de reforma constitucional y proyectos de ley. Aclaró que por determinación de la Mesa de la Cámara la sesión no se podía prorrogar más allá de las 16:00 horas, por un tema de seguridad de los funcionarios y de los parlamentarios mismos.

El señor Coloma se refirió al acuerdo de comités en que se trató los proyectos que debían ser estudiados por la Comisión, recalcando que fue el acuerdo al que ellos concurrieron para dar la unanimidad. Agregó que en dicha reunión de comités, el señor Vidal solicitó tratar el tema al que hizo presente el señor Boric (rebaja de la dieta parlamentaria) pero que él personalmente, señaló que las materias sobre las cuales hubo acuerdo no solo comprendían la rebaja de la dieta, sino también la rebaja del número de parlamentarios. Expresó que no basta con la rebaja de la dieta y agregó que presentaron un proyecto de ley que sin alterar los distritos reducía el número de parlamentarios a 120 (se refiere al proyecto de ley que Reduce el número de integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado, en la forma que indica, boletín N° 11692-07). Del mismo modo, enfatizó que era importante pronunciarse sobre el piso mínimo de votos para ser electo parlamentario, es decir que ningún parlamentario llegue al Congreso con menos del 5% de los votos. Señaló que el señor Landeros (Secretario General de la Cámara de Diputados) iba a informar a la Comisión sobre dicho acuerdo. Recalcó que esos fueron los temas sobre los que se llegó a acuerdo y reiteró que junto con la rebaja de la dieta, era fundamental referirse a la disminución del número de parlamentarios.

Por su parte, el señor Díaz hizo presente que eran las 15:41 horas y que si hacía la ronda de intervenciones no habría votación sobre ningún punto. Expresó que si había que votar la rebaja de la dieta y la rebaja del número de parlamentarios él estaba disponible. Pero solicitó al señor Presidente votar la rebaja de la dieta y reiteró que si la condición para ello era votar la reducción del número de parlamentarios, él estaba dispuesto a votar dicha materia también. Manifestó que si la Comisión se iba sin votar nada, sería un fracaso.

Luego, el señor Cruz Coke señaló que no se podía discutir en menos de 20 minutos. Coincidió con el señor Coloma en el sentido que ellos hicieron presente dos temas en la reunión de comités: el tema de la reelección y del mínimo de votos para ser electo parlamentario. Expresó que junto al PPD presentaron un proyecto de ley que actualmente está radicado en la Comisión Gobierno Interior (se refiere al proyecto de ley que modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de aumentar la representatividad en las elecciones de diputados y senadores, boletín N°11596-07). Explicó que dicha iniciativa establece un piso mínimo en la lista correspondiente al 3% o bien la eliminación de la segunda cifra repartidora en el pacto.

Manifestó que en ese orden deberían tratarse los proyectos y expresó que sería complejo tratar todos esos temas en tan pocos minutos. Propuso tratarlos en las sesiones subsiguientes.

El señor Hirsch señaló que era importante aclarar que fue lo que se trató en comités, pero que a él no le quedó claro que en comités fuera el acuerdo señalado por el señor Coloma y Cruz - Coke. Agregó que le consta la solicitud de la UDI pero no el acuerdo en los términos señalados por los señores parlamentarios.

El señor Gutiérrez expresó que era buena idea votar de una vez por todas la rebaja dieta ya que era un proyecto en el que ellos han insistido varias veces. Expresó que no estaba disponible para que se condicionara la aprobación de dicho proyecto a la rebaja de parlamentarios. Expresó que no le parece correcto exigir algo a cambio. Señaló que no quería someterse a esa extorsión. Agregó que el número de parlamentarios actualmente vigente fue producto del fin del binominal y da cuenta de un sistema electoral proporcional. Enfatizó que no estaba dispuesto a que el Gobierno metiera cuchufletas a cambio de votar aquello que les parece justo, que es la rebaja de la dieta parlamentaria.

La señora Núñez manifestó que no se trataba ni de una cuchufleta ni tampoco de una cuestión del Gobierno del Presidente Piñera. En tal sentido, aclaró que tal como el diputado Boric y el diputado Díaz, que la comisión hoy no puede irse sin votar. Recalcó que no se trata de condicionar nada y expresó que, sin perjuicio de las demás demandas históricas y sociales de la ciudadanía, cuando se habla con ésta sobre los temas relativos a la institucionalidad, hay dos que serían recurrentes: la rebaja de la dieta parlamentaria y la reducción del número de parlamentarios. Instó a la comisión a dar una señal sobre ambos temas y a votarlos en general, sin perjuicio del debate que a posterior se puede desarrollar. Expresó que era mejor salir con un acuerdo que con la visión que cada integrante podría hacer en las redes sociales de lo que se pudo o no acordar.

El señor Boric señaló que existían diferencias de fondo y que no quería caricaturizar. Agregó que el proyecto de la rebaja dieta parlamentaria se vio hace 6 años, no desconoce la importancia de la reducción del número de parlamentarios, pero hizo un llamado a la comisión para sesionar hoy y mañana (días 22 y 23 de octubre) y votar en la presente sesión la idea de legislar sobre la rebaja de la dieta parlamentaria y en la sesión de mañana, votar en general la reducción del número de parlamentarios. Enfatizó que quedaban diez minutos de sesión pero que todos debían ceder. Se declaró dispuesto a debatir mañana sobre la reducción del número de parlamentarios.

El señor Saffirio explicó que se ha entregado una nómina sobre proyectos de ley sobre reducción de dieta parlamentaria y recalcó que el primer acuerdo al que habría que llegar sería solicitar la fusión a la Sala de estos proyectos de ley que corresponde además la forma en que siempre ha trabajado la Comisión. Hizo presente que junto al señor Walker y otros integrantes de la Comisión, han presentado una propuesta sobre el mismo tema, que está incluido en el listado (se refiere al proyecto que Modifica la Carta Fundamental en materia de determinación de remuneraciones de autoridades y funcionarios que indica, boletín N° 13013-07). Hizo un llamado a hacer un buen trabajo y darse el tiempo de discutir, puesto que se trata de una reforma constitucional que requiere de alto quórum. Las decisiones de diez minutos no son por lo general buenas, pero instó a la mesura y al diálogo para lograr la mejor rebaja, no solo respecto de la dieta parlamentaria sino también respecto todas las más altas autoridades del país, que es lo que la gente demanda.

El señor Díaz manifestó que le parecía perfecto pedir la fusión señalada por el señor Saffirio, salvo respecto de la reforma constitucional correspondiente al boletín N° 9304-07, respecto de la cual solicitó se votara en la presente sesión y manifestando su deseo de solicitar el cierre del debate respecto de ese proyecto de ley, ya que ha sido objeto de discusión. Finalmente agregó que el fondo de la demanda social es la inequidad y eso se manifiesta en la distancia que hay entre los $301.00 del ingreso mínimo y lo que gana un diputado y un ministro de estado. Por cierto, agregó, habrá que hacerse cargo de las otras altas autoridades, pero instó a dar una señal a la ciudadanía de empatía y confianza donde duele y como duele. Señaló que si se votaba la reforma constitucional que ha solicitado, se comprometía a votar para iniciar el debate sobre la reducción del número de parlamentarios.

La señora Flores expresó que se podría llegar a un gran acuerdo en la Comisión y que si se llegaba a éste de manera unánime, sería una gran señal para todo el país. Agregó que ese gran acuerdo consistiría en votar ambos proyectos en general. Explicó que no hay ciudadano que crea menos importante reducir el número de parlamentarios frente a la rebaja de la dieta parlamentaria. Señaló que ambas medidas son igual de importantes para las demandas ciudadanas y propuso poner en votación ambas materias. Hizo un llamado a no hablar de cuchufletas o que una cosa corresponde a uno u a otros, enfatizando que es precisamente esa falta de respeto la que ha cansado a la gente.

El señor Soto manifestó que entiende que la Comisión quiera dar una señal clara frente a este clamor no solo de hoy, sino de hace mucho tiempo, relativo a terminar los privilegios enquistados en el Estado. Expresó que para muchos es incompresible las sueldos exorbitantes que los diputados reciben, pero también otras altas autoridades del Estado, e incluso algunas altas autoridades del propio Congreso, reciben más que un parlamentario. Agregó que en algunas empresas públicas esos sueldos son dos veces más de lo que recibe un parlamentario. Declaró que a su juicio no es necesario tener castas privilegiadas que ganen un sueldo tan superior al promedio que recibe un chileno o las pensiones. Expresó que está disponible a corregir esa sociedad de privilegio, lo ha estado siempre y siempre lo estará. Manifestó estar disponible para votar todas las iniciativas referidas a la reducción de la dieta y se declaró dispuesto a abrir el debate sobre el número de parlamentarios que ha hecho presente la derecha. El debate no se puede cerrar, se debe abrir, concluyó.

El señor Walker (Presidente) propuso aprobar en general los proyectos de reforma constitucional sobre reducción de dieta parlamentaria y luego solicitar la fusión de éstos a la Sala. Recalcó que es importante aprobar en general estas reformas para abrir el debate respecto del artículo 62 de la CPR que regula la dieta parlamentaria. Del mismo modo, propuso votar en general en la sesión del día 23 los proyectos referidos a la reducción del número de parlamentarios. Con ello, explicó, se daría una clara señal por parte de la Comisión.

Se acordó por la unanimidad de los integrantes la prórroga de la sesión por 10 minutos.

El señor Hirsch manifestó su acuerdo con la propuesta del Presidente puesto que a su juicio destraba la discusión. Acotó que el tema al que hoy se convocaba era la rebaja de la dieta parlamentaria.

El señor Walker (Presidente) recabó el acuerdo de la Comisión para aprobar en general las reformas constitucionales y proyectos de ley referidos tanto a la reducción de la dieta parlamentaria como del número de parlamentarios.

El señor Alessandri solicitó que se autorizara el retiro de los funcionarios de la Corporación que no fuesen indispensables para el desarrollo de la sesión. Dicho lo anterior, insistió que la aprobación general de las reformas constitucionales relativas a la rebaja de la dieta debía sumarse la aprobación también en general del proyecto de ley sobre rebaja del número de parlamentarios, para que fuese una propuesta contundente.

El señor Cruz- Coke señala su acuerdo pero hace presente que también sean tratados por la Comisión aquellos otros temas que se hablaron en comités y que se han planteado durante la sesión.

El señor Walker (Presidente) recabó una vez más la unanimidad para aprobar en general los proyectos referidos a ambas materias (rebaja de la dieta parlamentaria y rebaja del número de parlamentarios).

Puestos en votación general las reformas constitucionales sobre reducción de la dieta parlamentaria, correspondientes a los boletines N°.os: 9304-07; 11124-07; 11840-07; 12319-07 y 13013-07; como asimismo los proyectos de ley relativos a la disminución del número de parlamentarios, correspondientes a los boletines N°.os: 11692-07 y 12346-07, fueron aprobados por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión (13-0-0) señoras y señores Walker (Presidente), Alessandri, Boric, Coloma, Cruz-Coke, Díaz, Flores, Santana por el señor Fuenzalida, Gutiérrez, Hirsch, Núñez, Saffirio y Soto.

El señor Alessandri expresó antes de votar a favor de la propuesta, menos plata y menos parlamentarios.

El señor Boric justificó su voto a favor de bajar la dieta parlamentaria, en serio de manera sustantiva, sin trampas que demoren esta decisión y que si es necesario discutir respecto de otros altos sueldos del Estado, bienvenido sea, pero que ello no sea un impedimento para aprobar la rebaja de la dieta parlamentaria ya. Agregó respecto de la reducción del número de parlamentarios propuesta por la derecha, expresó que se está ante un momento histórico y que aunque tiene reparos frente al tema, está abierto a discutirlo.

El señor Coloma comparte que todos deben hacer un esfuerzo, y todos deben ceder, por lo declaró su votó a favor de los proyectos que proponen reducir la dieta parlamentaria, como asimismo, del proyecto que presentó hace un mes y que permite rebajar el número de diputados a 120 y de senadores a 40.

El señor Cruz-Coke señaló que en los momentos que atraviesa el país hoy día, es un deber moral y ético votar ambos proyectos, tanto en lo relativo a la rebaja de la dieta como el número de parlamentarios y los altos sueldos del sector público y al mismo tiempo, reducir el número de parlamentarios, manteniendo la proporcionalidad que permita a la Cámara la mayor diversidad y participación. Declaró su voto a favor.

El señor Díaz manifestó estar completamente de acuerdo con revisar todas las altas remuneraciones del sector público con tal que aquello no sea una razón para ralentizar o eternizar la discusión sobre la rebaja de la dieta parlamentaria. Declaró su voto a favor sobre este punto. Luego, respecto de la reducción del número de parlamentarios, señaló que le parece importante mantener la proporcionalidad para mantener la diversidad de la sociedad sea representada en la Cámara. Recalcó que el número (de parlamentarios) no es un dogma, sino que los ciudadanos valgan lo mismo al momento de ejercer su derecho a voto. Declaró su voto a favor respecto de este punto.

La señora Flores señaló que es importante hacer esfuerzo no solo respecto de los parlamentarios sino también otros altos cargos que también cree que es importante revisar. Declaró su voto a favor de la propuesta del Presidente y solicitó al mismo tiempo tratar el tema de la reelección de parlamentarios.

El señor Walker (Presidente) le aclaró que la Comisión aprobó hace años el proyecto sobre límite a la reelección y actualmente se encuentra en el Senado. En tal sentido, le explicó que quien podría hacer algo para darle celeridad a esa iniciativa es el Ejecutivo, a través de las urgencias.

El señor Santana (quien reemplaza por la presente sesión al señor Fuenzalida) expresó que Chile está pidiendo con respecto a disminuir costos, no es vinculante solo respecto de los parlamentarios, sino que en general respecto de la austeridad fiscal, en general. Agregó que ello redunda en estudiar también el sueldo de todos aquellos que ganan más. Hizo presente que el proyecto sobre disminución de parlamentarios, es parte del programa del Presidente Piñera y recalcó que tanto éste tema como la rebaja de la dieta parlamentaria van en línea con lo que demanda la ciudadanía. Señaló que es hora de avanzar sin mezquindad y que hoy hay una oportunidad de corregir los errores, entre los cuales se encuentra el aumento del número de parlamentarios. Señala que es una muy buena señal política avanzar en ambas materias: menor costo fiscal, vinculante para el Estado, empresas públicas y Congreso Nacional y la reducción del número de parlamentarios, propuesta que ya contempla el programa del Presidente Piñera. Declaró su voto a favor.

El señor Gutiérrez expresó que hoy ha una desigualdad social y política. Recordó que con antelación al golpe de Estado los diputados eran 150 y la población de 10 millones. Hoy la población es de 18 millones y se quiere reducir el número de diputados. Señaló que reducir la dieta parlamentaria a costa de reducir el número de parlamentarios, esto es reducir el número de habitantes que hoy se encuentra representado en el Congreso, le parece un atentado flagrante a la democracia. Entiende que se debe debatir, pero no a riesgo de disminuir la precaria democracia que tenemos alterando el número de parlamentarios. En el espíritu de avanzar en la discusión, vota a favor.

El señor Hirsch señaló que lamenta cómo se ha dado el debate, en donde observó que se planteó de contrabando el tema de reducción de número de parlamentarios. Expresó que se sigue con la teoría del empate y con ello se acusa que no se está entendiendo el sentido del momento en que se viviendo. No entiende por qué se plantea así, en general y en paquete ambos temas. Enfatizó que es una jugada que espera no se vuelva a repetir en los meses venideros. Le parece una vergüenza que se haya dado así y como se puso de esta manera, declaró su voto a favor ya que le interesa que se discuta la reducción de la dieta parlamentaria.

La señora Núñez manifestó que quiere hablar desde la franqueza, en tal sentido que hay una obligación de llegar a acuerdo, sin la autoridad moral de que “mis proyectos son los que cambiarán el país”. Expresó que es una crisis que debe tener una salida política e insistió que se puede y debe sinceramente, desde la política y la institucionalidad llegar a una salida. Recordó que lo se está votando fue un acuerdo de comités, si no se está de acuerdo con aquello que el propio jefe de bancada ha votado en aquella instancia, quiere decir que no se creyendo en el ordenamiento interno de los parlamentarios. Recalcó que se debe votar ambos temas y si se debe debatir sobre otros altos cargos, se deberá hacer. Insistió que si eso no se entiende, quiere decir que entonces no se ha entendido nada de lo que está pasando en el país. Acotó que si se acuerda la rebaja de la dieta, esa rebaja no se puede ir a gastos operacionales, sino al presupuesto. Del mismo modo, respecto de la reducción del número de parlamentarios, recalcó que ese debate debe hacerse sin calculadora en mano. Agregó que hoy Antofagasta tiene tres cupos de senadores y todos sabemos por qué ello es así. Se debe mantener la proporcionalidad, y si para ello se deben adecuar los territorios electorales, así deberá hacerse. Declaró su voto a favor.

El señor Saffirio está a favor de los proyectos de rebaja de la dieta y los proyectos de reducción de número de parlamentarios. Agregó que no pueden existir parlamentarios que se crean depositarios exclusivos de las demandas sociales. Señaló que ha debido explicar la existencia de 155 diputados y expresó que a su juicio, no son necesarios 155 diputados y agregó que ojalá algún día se llegue a un Congreso Unicameral. Manifestó su categórico rechazo a la idea de que esta votación es una señal para calmar las aguas del movimiento social, puesto no se puede mentir al movimiento social. Aclaró que esta votación es el comienzo de un proceso legislativo complejo, ya que ambos temas requieren de un alto quórum. Llamó a no ser populistas y solo se está iniciando la discusión. Declaró su voto a favor.

El señor Soto señala que como parlamentarios son mandatarios de la sociedad que hoy se está manifestando en las calles, agregó que han sido incapaces como Congreso y Ejecutivo, los dramas que la gente hoy les enrostra. Expresó que es el fracaso de la democracia representativa. Señaló que cada parlamentario tiene su visión de las cosas, esta es la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y lo que menos que se vota son reformas constitucionales. Es así como tenemos la reforma que crea una nueva Constitución. Hoy ha sido distinto, ha ocurrido un milagro de reconexión con la gente. Entiende que las reformas que se están aprobando ahora, lo serán por la unanimidad. Comparte con el señor Saffirio, que no cree que sea una cuestión simbólica, las señales se las lleva el viento. Agregó que se requiere austeridad republicana para constituir un fondo que reinvierta en las mismas personas, para que aumenten las pensiones de la gente y sus sueldos. Señaló que se está iniciando ese camino. Declaró su voto a favor de la rebaja de las dietas y demás remuneraciones. También vota a favor respecto del proyecto reducción del número de parlamentarios. Recordó que aprobó con entusiasmo el término del sistema binominal. No se negará a discutir sobre el punto y comparte con el señor Díaz que el número no es un dogma, pero se puede mejorar en representatividad.

El señor Walker (Presidente) celebró lo que acaba de ocurrir, puesto que las personas esperan que podamos salir de la crisis, en base a acuerdos. Eso es lo que ha ocurrido hoy sobre dos temas muy sentidos por la ciudadanía, en el sentido de dar coherencia al gasto público que se puede canalizar a las reformas sociales, especialmente en materia de pensiones y que son tan esperadas por la ciudadanía. Expresó que se debe ceder para llegar a acuerdo y valoró el acuerdo para tratar ambos temas hoy y votarlos. Lamentó que algunos insistan en imponer una única verdad y que no se entienda que la verdad no es tal sino es compartida. Agregó que nadie puede pontificar.

Respecto de la rebaja de la dieta, expresó que la ciudadanía reclama las altas rentas de los parlamentarios y otras altas autoridades y que además sean los propios parlamentarios incidan en la determinación de la dieta. Por lo anterior, explicó que el proyecto del cual es autor, propone que sea ente externo quien determine no solo la dieta sino también otras altas remuneraciones del Estado. Respecto del número de parlamentarios se declaró disponible y recordó que en el primer Gobierno del Presidente Piñera, se llegó a un acuerdo entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana para que el número de diputados fuera de 134 y quien desechó el acuerdo, fue el propio Gobierno del señor Piñera, por lo tanto le parece muy bien que se pueda volver a discutir este tema. Hizo un llamado al Senado a aprobar el proyecto de ley que limita la reelección de las autoridades electas por votación popular y quien puede darle celeridad es el Gobierno, poniendo la urgencia respectiva. Agregó que si se quiere dar un debate en serio sobre la institucionalidad, espera que se pueda reponer el voto obligatorio. Declaró su voto a favor.

Por la misma votación se aprobó, solicitar a la Sala la fusión de todas las reformas constitucionales y proyectos de ley aprobados en general durante la presente sesión.

Sesión N° 150 de 25 de octubre de 2019.

El diputado Walker (Presidente) comentó que la Secretaría de la Comisión había elaborado un comparado con los cinco proyectos refundidos y explicó que hay un denominador común en todos ellos, esto es, eliminar el artículo 62 de la CPR que vincula la dieta de los parlamentarios con la remuneración y demás asignaciones de un ministro de Estado, lo que, por su parte, ha sido lo que ha impedido avanzar en este punto.

Luego, los propios proyectos de reforma constitucional o de ley difieren en cuanto algunos sostienen que la regulación se debe hacer por ley, dando incluso algunos parámetros de porcentaje y otros proponen que no sean los propios parlamentarios los que incidan directa o indirectamente en la fijación de sus propias remuneraciones porque eso también ha sido cuestionado por la ciudadanía.

Propuso avanzar despejando el obstáculo del artículo 62 de la CPR derogándolo, para luego pronunciarse respecto de cómo y quién fija la dieta, los propios incumbentes o un órgano externo, y si la modificación abarca sólo a los parlamentarios y ministros o alcanza también a los cargos que tienen altos sueldos en el Estado, incluyendo empresas públicas y los distintos órganos que establece la CPR.

El diputado Alessandri comentó que era importante dar una señal a la ciudadanía en el sentido que las altas autoridades del país están dispuestas a bajarse el sueldo pero además de ello hay que instar porque se cumpla un segundo objetivo, cual es, ahorrar la mayor cantidad de dinero posible al erario fiscal para destinar esos dineros a prioridades sociales y, en ese sentido, manifestó su interés por regular también los otros altos sueldos del Estado e invitó a revisar cómo se gastan los dineros de la Cámara de Diputados misma donde no solo los parlamentarios tienen altos sueldos o gran cantidad de viajes al extranjero, pues en los cargos de las autoridades no electas también hay sendos viajes al extranjero todos los meses y altas remuneraciones. Instó a buscar una fórmula que permita que la Cámara de Diputados se “apriete el cinturón” y le devuelva al Fisco una cantidad importante de millones de pesos para que los redestine a prioridades sociales.

Agregó, respecto de la fórmula de determinación de las rentas, que nunca es bueno que las mismas personas se fijen sus propios sueldos, es preferible que sea un ente distinto.

El diputado Boric, respecto de la actual movilización, señaló que nadie se puede atribuir su representación y ha permitido que se instalen dos conceptos, por una parte no más abusos y, por otra, no más privilegios, y este proyecto de ley va en la línea de no más privilegios. Agregó que evidentemente el proyecto no va a solucionar el problema de fondo que hay en el país sino que es una señal simbólica pero importante de que se está escuchando.

Respecto del proyecto precisó que de lo expresado por sus predecesores es posible ir encontrando ciertos principios comunes, tales como que no es razonable que sean los mismos legisladores los que se fijen el sueldo y que es adecuado que lo haga un consejo autónomo de los legisladores, y que no lo integren ex legisladores.

También destacó que no se trata sólo de las rentas de los parlamentarios sino que de todos los altos sueldos del Estado como decía el diputado Alessandri. Llamó a encontrar un mecanismo para incluir a ministros, jueces, directores de empresa, secretarios de Cámara de Diputados y Senado, etcétera.

En tercer lugar, señaló que es fundamental que el cambio que se haga sea una señal significativa y que bajo ningún punto de vista pueda entenderse como un “gatopardismo” de cambiar algo para que todo siga igual. Así, el llamado es a “apretarse el cinturón” fuertemente, no puede ser una cuestión de 10% o 20% porque eso queda corto frente al actual momento. Sugirió revisar parámetros de otros países, por ejemplo, en Suecia son 12 sueldos mínimos. Recordó que cuando presentaron el primer proyecto la diferencia era de 40 sueldos mínimos entre sueldo mínimo y sueldo parlamentario, pero ha ido bajando y hoy es de 30.

Finalmente señaló que el cambio debe ser inmediato, y los principios recién enumerados no pueden ser utilizados como excusa para no entrar al debate desde ahora, tiene que ser algo que se aplique a la brevedad, ojala desde el próximo mes.

Concordó con el diputado Walker en orden a que uno de los consensos puede estar dado por empezar por la derogación del artículo 62 y con ello dar la señal de que se está avanzando.

Propuso que se agregue luego un nuevo capítulo XVI a la Constitución sobre las remuneraciones donde se establezca que un consejo público autónomo designado por concurso público de acuerdo a la ley orgánica constitucional respectiva será el organismo encargado de fijar las remuneraciones y dietas de las autoridades y cargos a qué se refieren los capítulos IV (Gobierno), V (Congreso Nacional), VI (Poder Judicial), VII (Ministerio Público), VIII (Tribunal Constitucional), IX (Justicia Electoral), X (Contraloría General de la República), XI (Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública), XIII (Banco Central) y XIV (Gobierno y Administración Interior del Estado), de las empresas y universidades del Estado, y que, con todo, en el caso de los ministros de Estado, diputados y senadores sus remuneraciones tendrán por límite máximo el equivalente a 15 ingresos mínimos mensuales según la ley.

Añadió que están disponibles para buscar la fórmula más adecuada, pero la propuesta es que la rebaja sea del 50% de la dieta respecto al valor actual.

Finalmente, su propuesta considera una disposición transitoria vigésimo novena en función del último principio enumerado, esto es, el sentido de urgencia, de modo que una vez publicada la presente reforma de la Constitución los Secretarios Generales de cada cámara del Congreso Nacional y la administración del Estado procederán a aplicar el límite máximo de pleno derecho en el pago de las dietas a diputados y senadores y la remuneración a los ministros de Estado, y que el ahorro que implique la entrada en vigencia de esta reforma será destinada con discrecionalidad por el Presidente de la República en el proyecto de ley de presupuestos año a año. Explicó que lo que se pretende es que tal como algunos otros parlamentarios han señalado, estos recursos no vayan a parar a asignaciones de los mismos parlamentarios sino que vayan directo al presupuesto de Estado para que puedan ser reasignados.

El diputado Cruz-Coke coincidió con el diputado Boric en el sentido que es bueno que se vaya estableciendo una cierta priorización y ciertos principios, sin embargo hay que hacer ciertas salvedades. Precisó que esto forma parte de las señales que deben dar a la ciudadanía pues tiene un valor simbólico importante, la gente no está exigiendo más que lo justo porque la sensación que queda es que las remuneraciones o dietas que reciben no son justas y que hay una serie de privilegios que la ciudadanía no logra entender y que van más allá de la dieta.

Precisó que no era partidario de ligar los sueldos mínimos con los sueldos de los parlamentarios pues puede haber allí un incentivo perverso o virtuoso según cómo se mire, ya que podría haber una tendencia a tratar de subir el sueldo mínimo exclusivamente para mejorar la dieta parlamentaria lo cual parece absurdo.

Concordó con la propuesta de formar una comisión que vea los altos sueldos del Estado pues parece razonable que todas las altas rentas que provienen de impuestos que pagan los chilenos sean ajustadas, y coincidió también como principio fundamental que los parlamentarios no pueden ser incidentes en la determinación de la dieta y que se debe dar la señal simbólica de que esto duele, y que sea algo que la ciudadanía estime justo de modo que permita legitimar al Congreso y alejar la sensación de privilegio que pesa sobre éste.

La diputada Flores hizo notar que antes de revisar el artículo 62 del Constitución era importante tener un informe de la BCN toda vez que hay muchas normas que están contempladas en otras legislaciones que remiten al artículo 62, por ejemplo, el artículo 30 de la misma Constitución que establece las dietas de los ex presidentes de la República que hoy día bordea aproximadamente los 9 millones de pesos brutos más gastos de traslación, arriendo de oficina y otros.

El diputado Díaz precisó que la propuesta del diputado Boric va en la línea correcta pues es adecuado que se trate de un consejo público autónomo porque no solamente se trata de modificar las remuneraciones de parlamentarios sino que de afectar a todos los altos cargos y altas remuneraciones del Estado, donde incluso hay algunas que son invisibles como las del panel que fija el precio de la electricidad. La indicación debe alcanzar además a otras funciones, que no son cargos o autoridades, que también tienen altas remuneraciones como es el caso de asesores de gobierno que pueden llegar a tener remuneraciones más altas que los parlamentarios, subsecretarios o ministros. El consejo propuesto debe entregar criterios para la fijación de esas remuneraciones y no debe estar integrado por parlamentarios.

En otro punto, hizo notar que las asignaciones parlamentarias son una forma que el Estado encontró para ahorrar dinero. Propuso que los parlamentarios no reciban esas platas sino que sea la Cámara misma la que haga los pagos por los montos asignados, de modo que no exista ninguna confusión, la administración debe estar radicada exclusivamente en la Cámara de modo que los parlamentarios se puedan dedicar a legislar, fiscalizar y representar.

Finalmente concordó en que la señal hay que darla de inmediato y precisando en cuánto consiste el recorte, que a su juicio debe ser de un 50% y que quede atada al ingreso mínimo mensual de modo que nunca pueda superar la proporción propuesta.

El diputado Coloma compartió con el diputado Boric que la gente está pidiendo no más abusos y no más privilegios, pero también está diciendo que no le alcanza y eso hace que vean las remuneraciones de los parlamentarios como algo que les duele el doble.

Por su parte, concordó en que debe tratarse de un organismo autónomo el que regule las remuneraciones no solo de diputados y senadores sino que también todos los altos sueldos del Estado, con una capacidad técnica relevante pues habrá que poner atención en la competitividad de las remuneraciones de quienes, por ejemplo, trabajan en Codelco o Enap de modo que resulte atractivo trabajar en empresas del Estado.

Advirtió que pues resultar inadecuado fijar montos en base a sueldos mínimos u otros parámetros, puesto que puede resultar un contrasentido luego subir el sueldo mínimo pues subirá también la dieta de los parlamentarios. Instó a que sea un organismo técnico, por ejemplo el Banco Central, quien fije con libertad lo que corresponde, el que además debe tener un plazo muy acotado y lo que se decida debe empezar a regir en este periodo y no en el siguiente. Estimó que tampoco puede establecerse a priori un máximo, la Comisión que decida debe tener libertad.

La diputada Núñez destacó la coincidencia total en la Comisión respecto de lo inadecuado que resulta que los parlamentarios se auto regulen la dieta, la necesidad de un consejo autónomo y que en éste no participen ni ex parlamentarios ni dirigentes de partidos. Concordó también en que los recursos que se obtengan no pueden ser reasignados internamente sino que deben ir destinados al presupuesto nacional.

Respecto del monto exacto que corresponde como dieta es probable que ninguna cifra que se proponga deje satisfecha a la ciudadanía y, por su parte, en varios países de la OCDE los parlamentarios tienen sueldos muy por debajo que los de Chile pero pueden ejercer su profesión y ejercer sus actividades sin perjuicio de inhabilitarse cuando corresponde.

Finalmente, recordó que el Ejecutivo anunció que presentaría un proyecto sobre este mismo tema.

El diputado Hirsch destacó que se percibe en la Comisión ánimo de avanzar y concordancia respecto de que si bien esto no va a resolver el problema económico de la gente de todos modos constituye una señal muy relevante porque la sensación general es de inequidad y abuso, lo que incluye al parlamento, y partir por casa tiene un fuerte simbolismo, pero la señal debe ser drástica pues de otro modo no va a tener ningún efecto. Debe tratarse de una cifra fuerte y por eso plantean una reducción del 50%.

Precisó que reconocen que la vinculación con el salario mínimo tiene dificultades porque no resulta adecuado que luego el mismo parlamento eleve el salario mínimo y, en consecuencia, sus propias rentas. Dado lo anterior propuso que la dieta parlamentaria no esté asociada con el salario mínimo, pero que una disposición transitoria se establezca que una vez publicada esta reforma la dieta se reducirá inmediatamente en un 50% respecto del monto vigente. Con eso se reduce la dieta inmediatamente en un 50% aunque mientras tanto haya subido el salario mínimo o tenga éste un aumento previsto para los próximos meses.

Agregó que hay un segundo tema que dice relación con discutir un monto máximo que establezca un techa al consejo público autónomo, no relacionado tampoco con el salario mínimo sino que equivalente en UF al monto al que se va a llegar una vez que comience la reforma, así, si se determina que el 50% corresponde a 160 UF se puede dejar establecido que, a su vez, el máximo una vez que comience el consejo público autónomo no podrá superar las 160 UF.

El diputado Alessandri puso énfasis en que la adecuación debe alcanzar a los tres poderes del Estado en sus altas autoridades y funcionarios.

Pidió la opinión de los demás miembros de la Comisión respecto de los sueldos de ex Presidentes de la República pues tiene dudas respecto de que se siga justificando.

El diputado Fuenzalida hizo notar que se pretende crear un órgano que fije la dieta pero también se ha propuesto establecer un máximo o mínimo, en circunstancias que se ha determinado que no es adecuado que sean los mismos parlamentarios los que fijen su sueldo.

Por su parte, la entidad que va a corregir este problema también debe cuidar la proporcionalidad de toda la administración pública en su conjunto porque no puede suceder que al final los subsecretarios o jefes de servicio ganen más que los ministros y, si se busca que el proceso sea rápido no es lo más adecuado crear un consejo público autónomo sino que es preferible darle esta facultad a un órgano que ya existe como el Consejo del Banco Central.

El diputado Gutiérrez destacó que hay acuerdo en la necesidad de hacer las modificaciones que se requieren a la dieta parlamentaria pues ello significa que se puede avanzar de manera significativa y con rapidez modificando o derogando el artículo 62 y luego plantear las otras modificaciones.

Por su parte, hizo notar que lo que se haga resultará insuficiente dadas las demandas que están establecidas por la ciudadanía, y ello aun cuando se limitara a un ingreso mínimo mensual pues quizás los parlamentarios deberían hacer su trabajo por el gusto de representar a la ciudadanía y si fuese así, estaría disponible para abrir el debate respecto de que hay ciertas profesiones que están inhabilitadas para su ejercicio para quienes son parlamentarios. Estimó adecuado que de rebajarse la dieta por ejemplo a un ingreso mínimo mensual, los parlamentarios pudieran dedicarse a su propia actividad pues ello podría implicar que la persona está en el Congreso para ejercer su representación popular, porque quiere representar a su gente y después se dedica a sus actividades propias y se gana su propio sueldo.

Enfatizó que estaría disponible en las circunstancias anteriores para ejercer su cargo incluso gratis y recordó que la actual Constitución establece una inhabilidad para ejercer la profesión de abogado por lo que en las actuales condiciones no se podría ganar el sustento.

El problema de la dieta parlamentaria es ético pues se trata de una sociedad profundamente desigual y llena de privilegios donde la distancia entre el ingreso mínimo, el ingreso real y la dieta parlamentaria es abismante.

Instó a votar de inmediato la derogación del artículo 62 de la Constitución para avanzar dando señales a la gente.

El diputado Soto, don Leonardo, hizo notar que era evidente la efervescencia social a las puertas del Congreso, y en ese contexto se está legislando respecto de algo que se debió hacer hace mucho tiempo, esto es, la excesiva dieta parlamentaria.

Destacó que hasta ahora no había sido posible pero es muy probable que en pocos momentos más se de una alta votación que va a dar viabilidad y luz verde a la rebaja en la dieta parlamentaria, lo que celebró y anunció su voto a favor.

Instó a que se revisen también todas las altas rentas de las altas autoridades del Estado, pues el primer nivel jerárquico en las primeras autoridades administrativas y políticas se transformaron en lugares donde alguien llega y se hace rico y pasa a ser parte del 1% más rico del país, en circunstancias que antiguamente la administración pública no tenía ese efecto, las rentas eran importantes pero moderadas, y hoy cualquier persona a veces con solo cuarto medio tiene rentas sobre 6 o 7 millones de pesos.

Es importante fijar principios tales como que a la administración pública no se va a hacerse rico, lo que incluye poder judicial, rectores de universidades, organismos constitucionalmente autónomos y empresas donde eso ocurre con montos muy superiores a los de un parlamentario.

Respaldó una rebaja a la dieta parlamentaria en los términos propuestos pero también incluyendo la revisión de las altas rentas del Estado, y que estas rebajas lleguen a paliar la suerte de los que tienen menos ingresos, esto tiene que redundar en beneficios no sólo simbólicos y testimoniales sino que en aumento de los ingresos de los que menos tienen pues ese es el sentido ético y político que debe tener la decisión que se está tomando. Anunció su voto a favor.

El diputado Walker (Presidente) hizo notar que la indicación que presentaron ha suscitado un apoyo muy mayoritario y establece que un consejo público autónomo designado por concurso público de acuerdo a la ley orgánica constitucional será el organismo encargado de fijar las remuneraciones de todos los órganos que establecen los distintos capítulos de la Constitución, y que la indicación de los diputados Boric y Díaz correctamente agrega las empresas del Estado y las universidades del Estado. Sugirió además agregar los servicios públicos como impuestos internos y aduanas.

Destacó que la propuesta descansa sobre la base que la ciudadanía cuestiona las altas rentas que existen en el Congreso y respecto de otras autoridades de cargos del Estado pero también respecto de que son los propios incumbentes, los parlamentarios, los que inciden o pueden incidir directa o indirectamente en la determinación de la dieta, y si se fija un límite cualquiera éste se va a ser criticado por la ciudadanía.

Agregó que si la inquietud es que se puede dilatar mucho la aprobación de la ley orgánica y del consejo, no habría problema en fijarle un plazo al Consejo y, por su parte, consideró un error que sean los parlamentarios los que fijen el monto de la rebaja pues por eso mismo se entrega a un ente externo esa determinación pero siempre con una revisión a la baja y tomando en cuenta las situaciones de su conjunto porque el imperativo no es solo dar una señal ahora porque las leyes son generales, abstractas y permanentes y es necesario tener una visión de Estado para regular las situaciones de inequidad hacia adelante.

En pos de la rapidez que esto requiere se mostró abierto a la posibilidad de que sea el Banco Central quien haga las veces de órgano externo.

Sugirió pedir informe a la BCN respecto de la remuneración y asignaciones de los parlamentarios en los países de la OECD y respecto de las inhabilidades que tienen en esos países los parlamentarios para desempeñar sus profesiones o si son de dedicación exclusiva, además de aprovechar de revisar la situación de los ex presidentes de la República. Acordado.

El diputado Macaya destacó la importancia del acuerdo unánime que ha despertado este tema en la Cámara de Diputados e instó a no poner solo acento en la remuneración de los parlamentarios sino también en las asignaciones que del mismo modo son consideradas por la ciudadanía como un privilegio.

Por su parte, hizo notar la necesidad de distinguir entre cargos políticos y cargos técnicos al momento de plantear que tienen que ser reducidas todas las altas remuneraciones del Estado pues, por ejemplo, respecto del poder judicial hay que considerar que una persona para estar en una categoría baja tiene que aprobar la academia judicial, ostentar el título de abogado y otros, y ello es extrapolable a diversos cargos técnicos a nivel del Estado que generalmente están asociados a los niveles jerárquicos de la alta dirección pública donde hay exigencia académica y de experiencia laboral que no se exige a los cargos de representación política o de exclusiva confianza.

Respecto de la incompatibilidad parlamentaria señaló que si finalmente se legisla hay que poner una muralla para evitar los conflictos de intereses que se pueden dar sobre todo pensando en parlamentarios que siendo abogados litiguen y que luego les corresponda nombrar a los ministros de la Corte Suprema.

Precisó que hay acuerdo en que se trata de una discusión importante de abordar, hay unanimidad y una oportunidad de hacerlo rápido pero también es importante entender los conflictos de intereses que se pueden dar si termina estando disponible para venir a cero costo al Congreso.

El diputado Boric destacó la existencia de bastante acuerdo en torno a los principios planteados y señaló que presentaría una indicación que recoge casi todo el debate.

Señaló que podía ser interesante lo planteado por el diputado Fuenzalida respecto de que no sea un órgano nuevo sino el consejo el Banco Central el que regule y discrepó de lo señalado por el diputado Walker en cuanto, a su juicio, sí debe establecerse una cifra o monto de la disminución ahora y no solo entregarlo a un consejo para que lo defina aunque sea en un plazo acotado, pues un consejo de esas características va a estar integrado por quienes, guste o no, son también parte del problema, que están acostumbrados a altas remuneraciones y son parte de la elite.

Relevó la importancia de la señal concreta de rebaja que, a su juicio, debe ser de un 50% mediante un artículo transitorio.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel, comentó que como Ejecutivo están muy de acuerdo con legislar en esta materia y, de hecho, le pusieron suma urgencia a este proyecto para poder avanzar con celeridad.

Por su parte, invitó a detener un poco el debate y poner atención en que no se trata sólo de revisar la dieta parlamentaria sino que todas las altas rentas del Estado pues tiene que haber en ello un cierto equilibrio.

Hay que ser responsables porque hay diversos objetivos que combinar evitando anomalías que se daban en el pasado cuando a falta de remuneración en el Estado solo se incorporaban personas con altos ingresos propios lo que hacía de la administración del Estado algo mucho más elitista.

Invitó a tener presente que es necesario profesionalizar el Estado y la política pero de buena manera, tener buenos directivos que estén capacitados y tengan buena formación y, por su parte, permitir que donde se toman las decisiones en el Estado, en cualquiera de los tres poderes, haya mayores posibilidades de incorporar una mayor diversidad de personas y no solamente aquellos que provengan de los sectores más beneficiados de la sociedad.

Señaló que hay que tener presente un elemento central que dice relación con la integridad pública y su vínculo con la exclusividad de la función parlamentaria, lo que dista de lo que se ha planteado durante la sesión. A su juicio plantear sueldos muy bajos a cambio de un ejercicio profesional más libre no va en la dirección correcta y tampoco dice relación con lo que se ha hecho en los países más avanzado en esta materia.

Recalcó que el Ejecutivo está de acuerdo con la idea de legislar, de legislar rápidamente y, tal como se propuso en la agenda que planteó el Presidente, apurar la tramitación del proyecto que reduce el número de parlamentarios manteniendo la proporcionalidad del sistema y la diversidad en la composición del Congreso y también estableciendo un límite a la reelección. Esto último ya fue despachado por la Cámara y se encuentra en el Senado donde también el Ejecutivo le puso suma urgencia.

Finalmente fue enfático en señalar que esto es mucho más complejo que legislar sobre el artículo 62 de la Constitución pues hay que reparar en la Escala única de sueldos del sector público que da origen a la forma en que se fijan las rentas de la administración pública y consideró que era una buena fórmula establecer un mecanismo autónomo para establecer los criterios o la fórmula mediante la cual se reajustan las altas rentas del Estado, y se deberá debatir si ello lo asume un órgano autónomo constitucional existente o hay que crear un nuevo órgano, sin embargo, resultaría extraño que se cree un nuevo órgano constitucional cuyo costo puede llegar a ser similar o equivalente a la rebaja de recursos que va a significar la reducción de los sueldos y la dieta.

Aseveró que el Ejecutivo tiene interés en legislar pero es necesario combinar todos los objetivos en un contexto que ponga atención en el mercado laboral, la distribución del ingreso, los requisitos para los altos directivos y para toda la administración y por ello están estudiando en conjunto con la Dirección de Presupuesto qué se puede hacer hoy en materia de altas rentas del Estado y también alguna fórmula respecto si se puede avanzar hacia una entidad autónoma externa que pueda establecer mecanismos de fijación de las rentas. Señaló que idealmente la próxima semana el Ejecutivo podría hacer una propuesta a la Comisión.

Puesta en votación la derogación del artículo 62 de la Constitución Política de la República fue aprobada por unanimidad. (13-0-0)

Votaron a favor las señoras y señores diputados Matías Walker (Presidente), Jorge Alessandri, Gabriel Boric, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz, Camila Flores, Gonzalo Fuenzalida, Hugo Gutiérrez, Tomas Hirsch, Paulina Núñez, René Saffirio y Leonardo Soto.

Sesión N° 156 de 6 de noviembre de 2019.

Indicaciones presentadas durante la sesión

1.- De los diputados Boric, Díaz, Fuenzalida González, Gutiérrez, Hirsch, Saffirio, Soto don Leonardo, Soto don Raul, y Walker:

a) Reemplazase la letra b) del artículo único por el siguiente:

b. Intercalase en el Capítulo XIII un nuevo artículo 109 bis del siguiente tenor:

“El Banco Central de acuerdo a su ley orgánica constitucional, será el organismo encargado de fijar las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado y de los órganos comprendidos en los capítulos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIV, de las empresas y universidades del Estado.”

b) Para incorporar el siguiente nuevo artículo transitorio:

“Esta reforma constitucional comenzará a regir una vez entrada en vigencia la modificación a la ley orgánica constitucional a que hace referencia el artículo 109 bis, la que deberá ser presentada a tramitación mediante urgencia suma por el Presidente de la República en el plazo de 30 días desde esta publicación y tramitada en idéntico plazo. Asimismo, ningún funcionario de planta, contrata, ni dotación a honorarios que ejerza sus funciones dentro de los órganos comprendidos en los capítulos señalados en el artículo 109 bis podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades y jefaturas.”. (Reemplazada por la siguiente indicación)

2.- De los diputados Boric, Díaz y Hirsch: (que reemplaza a la anterior de semejante tenor)

a) Derogase el artículo 62.

b) Agrégase el siguiente nuevo Capítulo XVI del siguiente tenor: “DE LAS REMUNERACIONES. Artículo 130: El Banco Central conforme a su ley orgánica constitucional será el órgano encargado de fijar las remuneraciones y dietas de las autoridades y cargos a que se refieren los capítulos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV de esta Constitución, de las Empresas y Universidades del Estado y las que la ley determine. Deberá establecer un límite máximo para todas las remuneraciones y dietas conforme a la comparación con Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.”.

c) Incorpórese una disposición transitoria vigésimo novena del siguiente tenor: “A todo evento, publicada la presente reforma de la Constitución, los Secretarios Generales de cada Cámara del Congreso Nacional y la Administración del Estado procederán a aplicar de pleno derecho en el pago de las dietas a diputados y senadores y la remuneración a los Ministros de Estado un descuento del cincuenta por ciento respecto de la vigente, lo anterior hasta que el Banco Central disponga lo que corresponda respecto de las autoridades señaladas. El ahorro que implique la entrada en vigencia de esta reforma será destinado con discrecionalidad por el Presidente de la República en el proyecto de Ley de Presupuestos año a año. Se autoriza al Presidente de la República, al dictar el texto refundido, coordinado y sistematizado de esta reforma constitucional, a que en aquellos asuntos que se remitan al artículo 62 que se deroga se disponga que serán regulados conforme determina el Capítulo XVI de esta Constitución.”.

3.- De las diputadas y diputados Coloma, Cruz-Coke, Flores, Fuenzalida, Gutiérrez, Nuñez, Paulina y Walker para eliminar en el artículo 60 inciso 4° la frase “que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio,”.

El diputado Walker (Presidente) recordó que la comisión acordó continuar con la votación en particular en esta sesión pues ya fue aprobado este proyecto en general y la derogación del artículo 62 de la CPR. Corresponde revisar las diversas mociones e indicaciones para poder determinar el mecanismo a través del cual se van a fijar las dietas de los parlamentarios y también de los altos cargos del Estado incluyendo empresas públicas, universidades estatales, poder judicial, fuerzas armadas y todos los órganos autónomos que están señalados en la Constitución.

Precisó que del debate habido en el seno de la Comisión se puede recoger que hay dos críticas que la ciudadanía hace, por una parte las altas remuneraciones que reciben los parlamentarios y también otros altos cargos del Estado en relación al ingreso mínimo mensual y, por otra, junto con la desigualdad también hay una crítica generalizada respecto de que sean los parlamentarios o el gobierno, en su caso, los que incidan directa o indirectamente en la determinación de sus propias dietas y reajuste de las remuneraciones del sector público.

Comentó que en lo que hay mayor consenso es en que sea un órgano externo, y ojalá autónomo, el que pueda hacer una propuesta respecto de una revisión a la baja de estas remuneraciones, tratando que exista una coherencia con el resto de remuneraciones de la Administración del Estado para hacer un esfuerzo genuino y real por mayor igualdad salarial en nuestro país.

Dado lo anterior, recordó que dentro de las distintas opciones algunos habían presentado una indicación para que se creara un órgano externo constitucionalmente autónomo el que hiciera una propuesta y en el debate varios diputados y diputadas han manifestado, con razón, que el solo trámite de un proyecto de ley orgánica constitucional para crear ese órgano y los altos quórum que se requieren podrían dilatar mucho ese debate y por ello surgió la idea plasmada en una indicación transversal suscrita prácticamente por todos los diputados de esta comisión y otros que encarga al Banco Central, que es un órgano autónomo y de reconocido prestigio, el hacer una propuesta y para que ello no se dilate en el tiempo una disposición transitoria fija un plazo acotado para la formulación de la propuesta.

Hizo notar que se trata de una reforma constitucional porque los diputados no tienen iniciativa en materia de gasto pero sí en materia de reforma constitucional y por ello la indicación consta de dos partes. La primera pretende intercalar en el Capítulo XIII de la CPR un nuevo artículo 109 bis del siguiente tenor: “El Banco Central de acuerdo a la ley orgánica constitucional será el organismo encargado de fijar las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de servicios a que se refieren los capítulos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIV, de las empresas y universidades del Estado.”. Con lo anterior se contempla a todos los altos cargos del Estado incluyendo a las superintendencias pues se entiende que las superintendencias también son jefes de servicio y tienen rentas también muy altas.

Por su parte, para que la fórmula no se dilate en el tiempo proponen un nuevo artículo transitorio que establece que “Esta reforma constitucional comenzará a regir una vez entrada en vigencia la ley orgánica constitucional a que hace referencia el artículo 109 bis, la que deberá ser presentada a tramitación mediante urgencia suma por el Presidente de la República en el plazo de 30 días desde esta publicación. Asimismo, ningún funcionario planta, contrata, ni dotación a honorario que ejerza sus funciones dentro de los órganos comprendidos en los capítulos señalados en el artículo 109 bis podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades.”.

El diputado Hirsch preguntó si existe alguna entidad que pueda no estar contemplada por la indicación y si los parlamentarios pueden establecer en un artículo transitorio que una ley orgánica debe ser presentada mediante urgencia suma por parte del gobierno, quizás es mejor establecer un plazo para luego no tener dificultades.

El diputado Walker (Presidente) señaló que el Abogado Secretario de la Comisión precisó que podía tratarse de una redundancia, sin embargo, a su juicio parece adecuado porque es un refuerzo.

El diputado Díaz acotó que no es redundancia porque una cosa es el plazo de presentación y otro el de tramitación, son dos cosas distintas, pero de todos modos para evitar incorporar lo relativo a la urgencia sugirió que la norma diga presentada a tramitación en el plazo de 30 días y tramitada en idéntico plazo en las dos Cámaras.

Recordó además que la semana pasada se había acordado que el ahorro que se produzca debe ir al presupuesto de la nación e instó a tener presente que la ciudadanía pone atención en ciertos privilegios, dentro de los cuales se considera a las asignaciones que son fuente problema por su mal uso pero también porque los mismos parlamentarios son los responsables de su gestión. Sugirió que se pida a la Secretaría General de la Cámara que examine desde ya las modificaciones legales y reglamentarias para resolver el tema de las asignaciones y que las facturas las pague directamente la Cámara evaluando quizás la necesidad de creación de alguna unidad interna.

El diputado Saffirio señaló que efectivamente queda pendiente resolver el tema de la gestión y la administración de las asignaciones parlamentarias y su determinación. Propuso al respecto que en la misma indicación se establezca que serán las secretarías generales de ambas cámaras quienes deberán administrar directamente la totalidad de los recursos que por cualquier vía que no sea la remuneración del parlamentario le correspondan a éstos.

Reconoció que es raro que quede en una norma constitucional pero estamos en un período complejo y lo que no se puede hacer es incorporar en una norma de rango inferior una norma constitucional, pero en una norma constitucional se puede incorporar una materia que no necesariamente sea de rango constitucional.

El diputado Walker (Presidente) señaló que el punto en relación a las asignaciones es muy válido y propuso que también se atienda a que así como los parlamentarios no quieren auto fijarse sus propias dietas ni directa ni indirectamente, que tampoco puedan incidir directa ni indirectamente en la administración de recursos públicos del presupuesto del Congreso Nacional. Ello se puede hacer por diversas vías y sugirió encomendar a la Secretaría la elaboración del borrador de una carta que luego se puede revisar dirigida al Presidente de la Cámara para que desde ya se estudie el mecanismo, independientemente de incorporarlo o no en esta reforma constitucional.

El diputado Díaz propuso que los mismos parlamentarios se aboquen a la redacción de una indicación al proyecto de reforma de la Ley orgánica del Congreso Nacional que está en el Senado puesto que si se incorpora a este debate se va a retrasar este trabajo.

El diputado Boric recapituló y recordó que la Comisión había arribado a algunos principios comunes que se han ido poco a poco puliendo en los textos y en las indicaciones. Uno de ellos es que la rebaja debe alcanzar a los parlamentarios y parlamentarias y a los altos cargos del Estado, donde el organismo que deba resolver este tema tendrá que pronunciarse sobre la forma de abordar la distinción entre los cargos políticos y los técnicos por la competitividad que ciertos cargos técnicos tienen con el mundo privado de modo de no hacerle un daño al Estado respecto de los cargos técnicos.

Por su parte, el segundo principio es que no sean los parlamentarios quienes se fijen el sueldo, el tercero es que la rebaja bajo ninguna perspectiva vaya a asignaciones que reciban los parlamentarios sino que pase al presupuesto general de la nación y el cuarto es que debe hacerse en un plazo rápido.

Advirtió que, sin embargo, sigue existiendo una diferencia respecto del monto de la rebaja y de la necesidad de un artículo transitorio que se haga cargo de la situación país en torno a que este Congreso tiene que dar un gesto inmediato respecto a la rebaja de la dieta de los parlamentarios en específico, sin perjuicio de lo que se resuelva por el Banco Central.

Recordó que, en ese sentido, propusieron mediante una indicación que los secretarios de cada Cámara de pleno derecho una vez aprobada esta norma rebajen la dieta de los parlamentarios en un 50%. A su juicio no bastan las rebajas simbólicas y una rebaja de 10%, 20% o 30% no es suficiente, y su propuesta es una combinación entre el promedio de los sueldos de los parlamentarios de América Latina y los de la OCDE, puesto que nuestra realidad es una mezcla de ambos.

Acotó que esto no se trata de un tema de voluntades individuales ni de caridad porque durante mucho tiempo cuando plantearon este debate había parlamentarios que señalaban que por qué no se donaba, pero no se trata de lo bueno que es cada uno sino de gestos institucionales, por ende, insistirán en una indicación transitoria para que la rebaja de 50% opere de inmediato para los parlamentarios.

El diputado Coloma señaló que desde lo formal la indicación que presentó el diputado Walker no resulta conveniente, pues no sería adecuado fijarle un plazo al Ejecutivo aunque no se refiere a urgencia suma, quizás sería mejor firmar un protocolo, pues no pasa nada si no se tramita en ese plazo y, por su parte, va a haber una presión social para sacar adelante la rebaja y resulta raro en un transitorio de la Constitución establecer un plazo máximo para la tramitación de una determinada ley, pues es distinto hacerlo para la presentación.

En el fondo de la indicación precisó que la compartía, sobre todo que sea un organismo autónomo distinto que fije las dietas y que respecto de las remuneraciones del Estado ponga atención en la lógica con que ellas se determinan y sus distintos escalafones.

El diputado Soto, don Raúl, valoró que la presión social del movimiento en la calle, de la ciudadanía, haya movido el cerco de lo posible en materia política y que hoy existan ciertos pisos mínimos respecto a la necesidad de rebajar las altas dietas parlamentarias, que no sean los mismos parlamentarios quienes se fijen sus remuneraciones y que se regule también la situación de los altos sueldos del Estado.

Dado lo anterior, concuerda con la indicación presentada en orden a que sea un órgano autónomo como el Banco Central el que fije todas estas remuneraciones y cuál va a ser efectivamente la rebaja en caso eventualmente de que así se considere desde el punto de vista técnico.

Sin embargo, instó a considerar que lo que se requiere desde el punto de vista de la ciudadanía son señales políticas claras y certeras respecto a esta materia, por ende, también podría concurrir a alguna fórmula que establezca criterios más específicos y concretos respecto de la cuantía de la rebaja que como parlamentarios están dispuestos a hacer.

Además hay que ir un poco más allá, y en el mediano y largo plazo hay que considerar que la parte baja de la pirámide salarial tiende a aumentar considerablemente menos que la parte alta, por lo tanto la brecha de desigualdad en el largo plazo se va a seguir reproduciendo. Propuso buscar un parámetro de medida, es decir, establecer un techo, tal y como lo propone una de las mociones transversales que sugiere un límite o techo ético en virtud de un parámetro de medición que signifique un tope constitucional que no se puede sobrepasar por un tema ético y de desigualdad salarial.

El diputado Fuenzalida acotó que lo que señala el diputado Boric puede ser una salida inmediata como señal pero en términos prácticos esa rebaja finalmente va a llegar al Banco Central y puede que éste determine que la rebaja no debe ser del 50%, por ende, al poner en el transitorio la rebaja del 50% en el fondo se le está diciendo al Banco Central que no haga nada respecto de los parlamentarios.

Precisó que la lógica es hacer una norma que sea en el tiempo sostenible y la propuesta de que sea el Banco Central tiene que ver con que éste fije parámetros en base a variables económicas, costos de vida, tiempos de trabajo, etc., y al ponerle un techo se están limitando las facultades que se le están entregando.

El diputado Alessandri se manifestó muy de acuerdo con los criterios generales que se han dado como que sea el Banco Central el que determine, lo que es mejor que un ente nuevo porque ya está creado, sin embargo planteó que puede darse la misma dificultad a su respecto por cuanto la remuneración de sus consejeros y de su presidente es muy alta, 10 y 17 millones respectivamente y ellos también se estarían fijando la renta. Hizo notar entonces que hay un conflicto de interés, pero lo importante es que se transparente.

Sugirió pedir a la Secretaría que estudie la modificación que es necesario hacer a la ley orgánica del Banco Central para que se le incorpore la facultad, de modo que se pueda ir avanzando rápidamente en paralelo.

Por su parte, se preguntó si se debía dar consejos o hacer consideraciones al ente externo que va a fijar los parámetros o no.

Agregó que, revisando los sueldos de los ministerios es posible constatar que se desglosan en varios montos distintos y uno de ellos corresponde a asignación profesional. Propuso que se analice recomendar al Banco Central una asignación de ese tipo también para los parlamentarios, puesto que ya se hace para los ministros.

Finalmente, recordó que el diputado Gutiérrez planteó en las sesiones anteriores tener presente el tema del ejercicio profesional, lo que no puede quedar olvidado, porque la inhabilidad es expresamente para los abogados, pero el médico puede seguir operando y el arquitecto dibujando o construyendo, pero respecto de los abogados podría haber una discriminación que se entiende por el nombramiento de los jueces aunque, sin embargo, en ese caso afecta al Senado y no a la Cámara de Diputados.

El diputado Gutiérrez estimó que la norma transitoria propuesta tiene sentido puesto que las dietas quedarían fijadas con esa rebaja de un 50% de modo inmediato, desde que se publica la ley y, posteriormente, va a actuar el Banco Central fijando las eventuales subidas o bajadas pero sabiendo que parte de un 50% menos. Esa es una interpretación sistémica de la propuesta de norma transitoria con la idea de que sea un órgano externo quien fije la dieta que tienen los parlamentarios. Estimó adecuadas ambas propuestas.

El diputado Alessandri propuso que la indicación no solo se refiera a las dietas sino también a las asignaciones.

La diputada Núñez, en cuanto a la diferencia respecto de los cargos técnicos, precisó que cuando se habla de altos cargos públicos también se refiere a las empresas públicas, donde claramente habría que entender que los sueldos de Codelco son públicos e instó a no caer en el error de creer que si no se le paga lo que se le paga a los ejecutivos de Codelco se van a ir a una compañía minera privada, que ellos elijan.

El diputado Díaz, ya que este es uno de los puntos interés, invitó a tener cuidado de no caer en el error de repetir algo que no es cierto pues los parlamentarios no se auto asignan su remuneración sino que eso está en la Constitución y para cambiarlo es necesario aprobar una modificación que suprime artículo 62 y ello requiere quórum de tres quintos.

Por su parte, planteó que sabiendo que el artículo transitorio propuesto es heterodoxo, es partidario de que se apruebe porque el Ejecutivo está en diversos temas y no puede aparecer como que se está haciendo una martingala para dilatar la decisión.

Respecto de la dedicación exclusiva sostuvo que mantenía la opinión de que los parlamentarios deberían tener dedicación exclusiva no solamente profesional sino que también empresarial, el riesgo de abrir esa puerta es brutal en términos de conflicto de interés y de captura de grupos de interés. Y yendo más allá aun, su propuesta considera que no solo los parlamentarios tengan dedicación exclusiva sino además un régimen de jornada completa.

En cuanto a la dieta, precisó que no es sueldo, por eso es dieta e igual para todos por el principio de igualdad de los representantes del pueblo, por ende no sería aplicable una asignación profesional porque el que obtiene los votos suficientes para ingresar a la Cámara es igual a sus pares en todo y en cada uno de sus derechos y deberes.

El diputado Boric señaló que del presente debate se advierte que la discusión respecto de los altos sueldos del Estado va a tener un debate mayor que va a retrasar la implementación de la norma porque va a haber una serie de presiones muy fuertes de jueces, fiscales, directores de empresas, rectores de universidades y otros para que esto no prospere. Se va a suscitar un debate que es legítimo pero este Parlamento no resiste alargar ese debate para que los parlamentarios tomen la iniciativa para reducir su sueldo, y por eso insistió en la importancia de una norma transitoria en donde se apruebe una rebaja pues es obvio que esto va a demorar mucho más que una simple tramitación porque se está afectando directamente los intereses del bolsillo de mucha gente, y de gente importante y poderosa en Chile.

El diputado Hirsch planteó que el Banco Central es un ente que hoy es percibido como autónomo, técnico y distante de este Congreso que es donde está el mayor cuestionamiento y, por ende, resulta ser la instancia adecuada porque evita crear un ente nuevo lo cual es muy complejo y aleja además suficientemente la percepción actual que existe de que el Parlamento se auto determina la dieta.

Por su parte, estimó fundamental dar una señal de efecto inmediato, así, la norma transitoria es de los elementos más relevantes porque es esa la señal que hay que dar, cualquier otra cosa va a ser percibida como cocina o truchería.

Instó además a incorporar algún límite máximo al Banco Central buscando algún mecanismo que garantice que con el paso de los años esto no se olvide.

Finalmente, destacó que es fundamental dejar en claro que esto incluye también a los directivos de Codelco, Banco Estado, Enap, etc., de modo que no se escape nada, pues es fundamental que esto regule adecuadamente todas las altas remuneraciones que hay en la empresa pública.

La diputada Nuñez, recordó que el tema de las inhabilidades de los parlamentarios fue la piedra de tope de la discusión que impidió tener hoy día una Ley orgánica constitucional del Congreso actualizada porque había un temor a ser parte de sociedades o que se asesorara como abogados a determinadas empresas o industrias. A su juicio, si alguno quisiera asesorar y cobrar, dar una recomendación o estar votando como se lo están pidiendo porque asesora un determinado proyecto incurriría en un delito y en una eventual inhabilidad para perder el cargo.

Hizo notar que en los países de la OCDE no hay ningún impedimento porque todo es transparente y si se asesora, por ejemplo, a la industria minera obviamente cuando tenga que votar por esa industria minera habrá que inhabilitarse.

Es mejor regular esta situación, que hoy día no está prohibida porque en el caso de los abogados la inhabilitación es para litigar en tribunales, y no está de acuerdo con que se instale un manto de duda o de negatividad respecto de una cuestión que hoy día sí se podría hacer a medias. Es preferible que quede establecido y que se sepa que pueden hacer y que no, y que cada uno sea responsable de inhabilitarse.

La diputada Flores señaló que si la Comisión tiene la voluntad de avanzar de manera rápida no habría obstáculo a poder rebajar la dieta y también pronunciarse respecto de la regulación de las altas rentas del Estado, más allá del lobby que pueda existir, y prueba de ello es el proyecto que regula la actividad de los notarios respecto del cual había mucha suspicacia y, sin embargo, se despachó en un debate con mucha altura de miras.

Es importante que todo se pueda sacar adelante porque los ciudadanos están pendientes de todo, aun cuando se piense que es el Parlamento el que está más en tela de juicio hay rentas que son exorbitantes como es el caso de Codelco.

Sugirió que la BCN informe respecto de las normas relacionadas con el artículo 62 que la Comisión aprobó derogar de modo que no quede nada pendiente.

El diputado Walker (Presidente) precisó que fue muy cuidadoso en las palabras que utilizó al señalar que existe la percepción, porque no es una realidad, que los diputados o senadores pueden incidir directa o indirectamente en sus remuneraciones, primero porque indirectamente lo hacen cuando se vota la ley de reajuste del sector público, pese a que en los últimos años el reajuste para los Ministros ha sido de 0 peso, y el solo hecho que no se derogara el artículo 62 de la Constitución es lo que muchas veces se señalaba como crítica porque la dieta de los parlamentarios está indexada a la de los ministros de Estado. La derogación de ese artículo constituye un paso gigantesco.

En cuanto a las asignaciones, recordó que ya se han dado pasos muy importantes, pues se han eliminado asignaciones de libre disposición que no se rendían y se creó el Consejo externo de asignaciones parlamentarias donde hay ex rectores, ex parlamentarios y ex ministros, que establecen un parámetro objetivo con un monto y siempre es rendible. Está de acuerdo en dar un paso adicional y que los parlamentarios ni directa ni indirectamente no administren ni un peso de esas asignaciones y que todo se haga mediante la Cámara, e incluso es de la idea que ni siquiera debieran tener sedes parlamentarias sino una oficina del Congreso Nacional en cada una de las regiones y los parlamentarios deberían compartirlas.

Respecto de las presiones que señalaba el diputado Boric precisó que todos reciben presiones, todos los días y en todos los temas, pero tienen que tener la capacidad de legislar con autonomía, y como Presidente de esta Comisión aseveró que desde que se puso el tema en tabla no ha recibido ningún llamado de ningún juez o ejecutivo de ninguna empresa y no se siente presionado por nadie.

Finalmente, precisó que estima que es un error fijar parámetros o números directa o indirectamente porque cualquier número o porcentaje que los parlamentarios establezcan, aunque sea de manera transitoria, va a generar sospecha y rechazo en la ciudadanía y puede además transformar este debate en una especie de subasta de rebajas en que uno propone 80, otros 50, otro 30. Eso sería un tremendo error y la virtud que tiene externalizar esto en el Banco Central con un plazo acotado de 30 días es precisamente que el Parlamento no incida directa ni indirectamente en la determinación de sus rentas o asignaciones.

Aclaró que las remuneraciones del Banco Central fueron expresamente excluidas de la propuesta de modo que ellos no se fijen sus dietas, y de hecho en la actualidad los consejeros del Banco Central no se auto asignan sus remuneraciones pues están indexadas a ciertos parámetros. La idea era no hacer caer a los consejeros del Banco Central en el mismo cuestionamiento.

Recordó que ya se aprobó la idea de legislar y la derogación del artículo 62 que es lo que permite discutir esto por ley, y propuso que en esta sesión se apruebe en particular lo que se refiere al artículo permanente que propone, incorporando las propuestas surgidas dentro del debate. No hubo acuerdo en orden a incorporar las asignaciones parlamentarías.

Sometido a votación el literal a) de la indicación de los diputados Boric, Díaz, Fuenzalida González, Gutiérrez, Hirsch, Saffirio, Soto don Leonardo, Soto don Raul, y Walker del siguiente tenor: “a) Reemplazase la letra b) del artículo único por el siguiente:

b. Intercalase en el Capítulo XIII un nuevo artículo 109 bis del siguiente tenor:

“El Banco Central de acuerdo a su ley orgánica constitucional, será el organismo encargado de fijar las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado y de los órganos comprendidos en los capítulos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIV, de las empresas y universidades del Estado.”.”, fue aprobado por unanimidad. (12-0-0)

El diputado Cruz-Coke afirmó que estaba completamente de acuerdo en que los parlamentarios no tienen siquiera que sugerir un monto de rebaja porque todo aquello que puedan sugerir va a ser motivo de sospecha toda vez que está instalado en la ciudadanía que prácticamente fijan a su arbitrio las remuneraciones, dietas, asignaciones y todo cuanto perciben. La ciudadanía está esperando un gesto sobre la base de lo justo y parece del todo justo que haya un órgano externo que determine cuál es la dieta, la asignación o el sueldo del alto funcionario público. Votó a favor.

Votaron a favor las señoras y señores diputados Matías Walker (Presidente), Jorge Alessandri, Gabriel Boric, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz, Camila Flores, Gonzalo Fuenzalida, Tomas Hirsch, Paulina Nuñez, Rene Saffirio y Leonardo Soto.

*****

El diputado Walker (Presidente) señaló que la disposición transitoria podría votarse en una siguiente sesión y que sería adecuado escuchar la opinión del Ejecutivo puesto que había quedado de hacer una propuesta y hubo cambio de ministro en el intertanto.

El diputado Díaz coincidió con el diputado Walker pero advirtió que el Ejecutivo puede llegar con otra indicación, dado lo anterior, el transitorio de la indicación que se acaba de votar con la determinación del plazo de 30 días para presentar el proyecto y la incorporación del plazo de 30 días para su tramitación puede aprobarse, porque hay que dar señales de que no se está dilatando el trámite para ganar tiempo.

El diputado Coloma acotó que era necesario considerar el plazo que requiere el Banco Central para hacer su propuesta.

El diputado Boric hizo notar que si se rechaza la indicación para que se rebaje de plano en un 50% de inmediato la dieta de los parlamentarios de todos modos la va a reponer en la Sala y eso va a prolongar el debate.

El diputado Walker (Presidente) propuso mantener el plazo de 30 y 30 días, y agregó que el Banco Central puede hacer un esfuerzo por hacer una propuesta en 30 días.

Recalcó que se trata de una norma de jerarquía constitucional y está por sobre el reglamento de la Cámara y del Senado, y también por sobre la Ley orgánica constitucional del Congreso, es un plazo constitucional para que sea imperativo.

Sometido a votación el literal b) de la indicación de los diputados Boric, Díaz, Fuenzalida González, Gutiérrez, Hirsch, Saffirio, Soto don Leonardo, Soto don Raul, y Walker, para incorporar el siguiente nuevo artículo transitorio: “Esta reforma constitucional comenzará a regir una vez entrada en vigencia la modificación a la ley orgánica constitucional a que hace referencia el artículo 109 bis, la que deberá ser presentada a tramitación mediante urgencia suma por el Presidente de la República en el plazo de 30 días desde esta publicación y tramitada en idéntico plazo. Asimismo, ningún funcionario planta, contrata, ni dotación a honorario que ejerza sus funciones dentro de los órganos comprendidos en los capítulos señalados en el artículo 109 bis podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades.”, fue aprobado por unanimidad. (13-0-0)

El diputado Coloma señaló que votaría a favor pero hizo notar que el Banco Central va a tener que fijar miles de parámetros y cambiar, en los hechos, más de 150 o 200 remuneraciones en el propio Parlamento y en los ministerios va a pasar lo mismo porque si baja la remuneración de los ministros va a bajar también la de los jefes de división y así sucesivamente, va a ser una cosa muy potente para la rebaja de los sueldos del Estado y hacer todo ese análisis en 30 días no es posible sin que haya errores sustanciales.

El diputado Cruz-Coke precisó que votaría a favor pues constituye un muy buen paso adelante respecto a los sueldos de altas autoridades del Estado que puede significar un ahorro importante en términos de los funcionarios públicos y de los parlamentarios y es una señal que se puede dar a la ciudadanía hoy y ojalá 30 días sea suficiente para que el Banco Central pueda hacer sus labores.

El diputado Díaz señaló que le hacía sentido lo expresado por el diputado Coloma pero en este punto hay una deuda histórica. Hoy día están todas las instituciones exigidas y no se puede esperar para que haya una señal de austeridad y de empatía reduciendo los altos sueldos de los altos funcionarios del Estado. Votó a favor.

El diputado Hirsch coincidió con lo anterior y agregó que todos van a tener que ponerse a trabajar acorde con los tiempos.

El diputado Walker (Presidente) acotó que cuando hay que apretarse el cinturón todos deben hacerlo y es muy importante dar una señal por parte de todos los órganos del Estado, las empresas del Estado y todos los órganos autónomos para reducir la brecha de desigualdad que existe entre los más altos salarios del sector público y los más bajos con una coherencia entre sí porque hay asesores que tienen sueldos más altos que los subsecretarios, hay subsecretarios que participan en empresas del Estado, superintendentes que tienen un sueldo altísimo, por ende es muy importante que el Banco Central en un plazo muy acotado de 30 días pueda hacer una revisión completa. Agregó que ya existen escalas de remuneraciones del sector público, es decir, no será un trabajo desde cero, se puede aplicar un factor de corrección con algunos parámetros y siempre entendiendo que esto va a ser una revisión a la baja y ese el mandato que le da el Congreso al Banco Central. Votó a favor.

Votaron a favor las señoras y señores diputados Matías Walker (Presidente), Jorge Alessandri, Gabriel Boric, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Marcelo Díaz, Camila Flores, Gonzalo Fuenzalida, Hugo Gutiérrez, Tomas Hirsch, Paulina Nuñez, Rene Saffirio y Leonardo Soto.

El diputado Walker (Presidente) precisó que el proyecto queda aprobado en cuanto a la disposición general, pero en cuanto a la disposición transitoria seguirá debatiéndose con las indicaciones que se han presentado y se escuchará al Ejecutivo.

El diputado Boric acotó que su indicación además busca incorporar un criterio para el Banco Central, esto es, un límite máximo para todas las remuneraciones y dietas conforme a la comparación con Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, asunto que no está en la disposición transitoria propuesta.

El diputado Walker (Presidente) señaló que eso también va a ser parte de la discusión.

Sesión N° 160 de 20 de noviembre de 2019.

El diputado Walker (Presidente) recordó que ya se encuentra aprobada la idea de legislar, la derogación del artículo 62 de la CPR que vinculaba la dieta parlamentaria con las rentas de los Ministros de Estado y, además, se aprobó en particular la norma que externaliza en el Banco Central la facultad de fijar el monto de la rebaja de la dieta parlamentaria y los salarios de los altos sueldos del Estado [11] con el objeto de tener por incluidas también las universidades del Estado y las empresas estatales.

Precisó que lo que corresponde ahora es continuar con la votación en particular de las indicaciones que están pendientes, algunas de ellas contenidas en el comparado actualizado y otras recién presentadas, que dicen relación con el régimen transitorio.

Para continuar con el debate invitó a los expositores a hacer sus presentaciones.

Por el Consejo de Alta Dirección Pública expuso el señor Alejandro Weber, su Presidente, con el apoyo de una presentación en PowerPoint. Le acompañaron los Consejeros señora Cristina Orellana y señor Eduardo Abarzúa.

El señor Weber precisó que su exposición recaería sobre el alcance del sistema de remuneraciones en la Alta Dirección Pública, en adelante ADP.

Respecto del marco legal, comentó que el sistema de ADP es supervigilado coordinado por un Consejo de ADP compuesto por 5 miembros, donde el Presidente es designado por el Presidente de la República y sus restantes miembros son ratificados por el Senado a propuesta del Presidente.

Lo anterior es relevante en atención a la independencia y pluralidad del Consejo para efectos de toma de decisiones y supervigilancia de que el mérito se instale como motor de un Estado más cercano y 100% al servicio de los chilenos.

Explicó que bajo el Consejo de ADP se encuentra la Dirección Nacional del Servicio Civil cuyo mandato legal es proveer al Consejo de toda la información necesaria para poder operar pero además puede establecer, según lo establece la ley, estudios de remuneraciones que sirven de referencia para que proponer por parte del Consejo al Ministro de Hacienda el cálculo de las asignaciones de ADP y definir las funciones críticas.

Señaló que para poder contextualizar era necesario dimensionar la envergadura del sistema de ADP y recordó que el sistema se inició el año 2003 con 688 cargos definidos por ley, y en la actualidad abarca cerca de 5.000 posiciones que son elegidas en el Estado a través del sistema de ADP, lo que incluye desde los 135 jefes superiores de Servicio de las instituciones del Estado tales como el Director del Servicio de Impuestos Internos o la Tesorera de la República, además de directores de Servicios Locales de Educación, y se han ido sumando progresivamente casi todos los cuerpos colegiados que operan hoy en el Estado y algunos directorios de empresas públicas como la mitad de los directores de Enap y Codelco. Además, desde el año 2012 se han extendido al mundo municipal con la selección de los directores de escuelas públicas y de los departamentos de educación municipal, sumando cerca de 2.500 posiciones.

Concluyó que con el voto de confianza de este Congreso se ha hecho crecer sistemáticamente el sistema de ADP que hoy tiene indicadores satisfactorios en términos que el 34% de los directivos públicos son mujeres, lo que triplica lo que ocurre en el sector privado.

Con el apoyo del siguiente gráfico explicó que los cargos adscritos al sistema de ADP, es decir, seleccionados por sistema de ADP y que además tienen una remuneración bajo dicha lógica, son 1.272 e incluyen todos los directores de los servicios públicos (135), más cerca de 1200 cargos de segundo nivel jerárquico, es decir, prácticamente todos los directores regionales de los servicios públicos, que en su conjunto administran el 52% del presupuesto de la nación.

Precisó que respecto de las remuneraciones hay 3 elementos que son centrales al momento de definir la remuneración de los altos directivos públicos, a saber:

1.- Remuneraciones generales: Elementos basales que fija cada una de las leyes de planta de los servicios públicos y son similares para todos los funcionarios del respectivo Servicio, diferenciadas por estamento y grado.

En este punto precisó que aunque se señala que existe una escala única de sueldos, en la práctica, cada uno de los servicios que opera de modo descentralizado tiene su propia escala de remuneraciones, lo que complejiza la definición de cada una de las rentas de los servicios públicos.

2.- Asignaciones trimestrales: corresponde a aquellas asignaciones que complementan las remuneraciones generales y que están supeditadas al cumplimiento de metas de gestión del Servicio. Se devengan mensualmente, pero se hacen efectivas trimestralmente.

3.- Asignación de Alta Dirección Pública: corresponde al porcentaje asignado, el cual es calculado sobre las remuneraciones de carácter permanente. El porcentaje es previamente definido por decreto supremo del Ministerio de Hacienda y puede llegar a un 100% adicional por sobre los dos componentes anteriores.

Aportó la siguiente lámina con ejemplo de la composición de las remuneraciones en el primer y segundo nivel jerárquico.

Precisó que la ley hoy contempla los mecanismos para poder modular o ajustar las remuneraciones de los altos directivos públicos, que en el caso más bajo de la escala podría llegar a corresponder a la suma de los primeros componentes si es que la asignación de ADP es solo un 1%, o crecer al 100%.

Agregó que para tener un panorama general sobre el significado de las altas rentas en el sector público, 1.200 cargos aproximadamente, el promedio de renta bruta mensualizada de los primeros niveles jerárquicos (135 jefes superiores de servicio, incluyendo a todos los superintendentes) es de $7.200.000 pesos brutos, y en el caso de los segundos niveles jerárquicos (directores regionales) es 5.200.000 pesos brutos.

Acotó que era relevante tener presente que la ley N°19.882 en su artículo sexagésimo quinto, inciso segundo, establece que los cargos de Jefes Superiores de Servicio no pueden ganar más que el Subsecretario de la cartera. Todos aquellos casos que teóricamente la superen deben ser ajustados empíricamente a la baja.

Agregó que era relevante hacer una comparación con el sector privado y anticipó que siempre ha sido preocupación del Consejo de ADP el resguardar la atracción de talentos al Estado, tanto así que el 60% de los directivos de ADP proviene del sector privado, y por ende, es prioridad para el Consejo resguardar, con una mirada de largo plazo, que las condiciones sean competitivas para poder atraer y retener talentos.

De un estudio de Clapes UC del año 2016, que compra rentas del sector público y privado en cargos homologables, destaca que en percentiles, prácticamente todas las rentas del sector público, a excepción de las rentas de ADP, tienen una brecha a favor en el sector público que puede llegar a ser de un 60% a favor del sector público, a diferencia de lo que ocurre en ADP en que cae la pendiente y alcanza en promedio a un 20% en contra del sector público, llegando a un 70% u 80% dependiendo de la industria de que se trate.

Señaló que era necesario complementar la exposición con información sobre lo que ocurre en otros países y, a este respecto, comentó que en base a un estudio de la OECD que comparó tres categoría, donde la categoría D1 corresponde a los funcionarios públicos inmediatamente inferiores a los Ministros de Estado, es decir Subsecretarios y Jefes de Servicio. La categoría D2 correspondería a Subdirectores o jefes de gabinete de Ministros o Subsecretarios y la categoría D3 a altos asesores o Jefes de División, se observa que Chile está por sobre los países de la OECD cuando se compara con cantidad de veces por sobre el PIB per cápita, pero por debajo de países como México o Colombia, que usualmente son más cercanos a la realdiad de nuestro país que países escandinavos o nórdicos.

Antes de concluir, señaló que era necesario abordar la envergadura de la responsabilidad de la tarea de los altos directivos públicos, dado que según el cuadro que adjunta se puede observar la magnitud de los presupuestos que administran los jefes de servicio.

Finalmente concluyó que la ADP ha sido un sistema que han construido todos en conjunto, que ha permitido atraer a cerca de 4.500 directivos públicos al Estado, seleccionados por mérito, en 553 concursos al año, en 5.000 posiciones distintas, a personas que tiene la vocación de servicio y también las capacidades.

Por su parte, solo los cargos ADP son los únicos en la Administración Central del Estado que mantienen una brecha de remuneraciones negativa con el sector privado, para posiciones homologables, a través de la asignación ADP, ya existen los mecanismos legales para modificar a partir de parámetros objetivos la renta de los directivos públicos y hoy existe una institucionalidad colegiada, el Consejo de Alta Dirección Pública, que representa distintas sensibilidades cuyo mandato legal es resguardar las condiciones de desempeño de los gerentes públicos, incluida su remuneración, y que ha tratado de instalar el mérito como el motor de un Estado más eficiente, cercano y 100% al servicio de los chilenos.

El diputado Hirsch comentó que de la exposición se desprende que quien define la asignación de ADP, que puede ir de 0% a 100%, es un decreto supremo del Ministerio de Hacienda. Preguntó si la ADP tiene incidencia en cómo se define ese porcentaje y pidió información para saber cómo se determina, si se modifica, y si es posible impulsarlo a la baja legislativamente.

El señor Weber explicó que la asignación de ADP en el caso de los primeros niveles jerárquicos las propone el Consejo de ADP y las aprueba el Ministro de Hacienda, y en la actualidad ronda el 64% en promedio, y los criterios que se utilizan son diversos y están basados en modelos de remuneraciones de países de la OECD hasta las practicas empíricas que se observan en el mercado local, como por ejemplo el costo de oportunidad de la función, nivel de envergadura de la responsabilidad, distinciones sectoriales y equidad interna en las remuneraciones. Son parámetros objetivados que a partir de una matriz permiten elaborar una propuesta que es ajustada de acuerdo a algunas variables de contexto, como por ejemplo austeridad fiscal en algunos casos.

Estas definiciones pueden suceder cada vez que ocurre un nueve nombramiento, es decir, cada vez que se selecciona un alto directivo público existe la facultad de ajustar esta asignación. Lo que no se permite es cambiar las reglas del juego en medio de un periodo de gestión.

El diputado Alessandri dado que los cargos ADP tienen un periodo acotado de 3 años, preguntó si algunos de los cargos que pasan por ADP también pueden optar a la planta funcionaria, pues en ese caso pasarían a ser inamovibles y uno de los parámetros que hay que tener presente al comparar sector público y privado es la estabilidad de la planta funcionaria.

Preguntó además si sería útil incorporar a ADP algunos cargos que sí quedan en la planta funcionaria.

El señor Weber señaló que la ADP es una modalidad contractual distinta a la planta, contrata y honorarios. Los cargos son por tres años renovables por 2 periodos más de hasta 9, pero un elemento constituyente del sistema de ADP es que son cargos de mérito o confianza, de modo que la autoridad lo puede remover en cualquier momento y no pueden conformar la planta a menos que exista un concurso de planta para poder incorporarse como funcionarios permanentes y no transitorios.

Precisó que de todos modos, el 2016 se incorporó una regla que permite que los funcionarios de plante que postulan a ADP no pierden la planta, antes tenían que optar.

Puntualizó que la expansión al mundo municipal o a otros cuerpos colegiados puede ser una muy buena forma de instalar prácticas meritocracias que es algo que, por de pronto, la ciudadanía hoy día exige con más fuerza que nunca.

El diputado Hirsch pidió que se le confirmara si hoy no se podría modificar ninguno de los sueldos de los directivos de la ADP mientras están en sus cargos, sino hasta que no se nombren nuevos.

El señor Weber precisó que con las reglas del juego actuales no se podrían cambar las condiciones de la asignación de ADP en un periodo de gestión vigente.

El diputado Walker (Presidente) recordó que lo que se está discutiendo es una reforma constitucional y la Constitución prima sobre todo el resto de las normas jurídicas.

El diputado Coloma recordó que en la exposición se señaló que ninguna persona que esté en la administración pública puede tener una renta superior a la de un subsecretario, pero dentro de las indicaciones que están pendientes hay una que establece el 50% de rebaja de remuneraciones de ministros y subsecretarios, y al ser una reforma constitucional los sueldos de ADP deberían seguir la misma lógica, y se desencadenaría además un efecto en cadena.

Agregó que siendo una reforma constitucional, por ende las leyes luego deben sujetarse a lo que se apruebe y van a tener que reducirse todas las remuneraciones.

Planteó que la repercusión que lo anterior puede tener en el mecanismo de selección de la ADP es muy potente y preguntó cómo ven en ese escenario la búsqueda de, por ejemplo, un director de hospital cuando la remuneración de un subsecretario, si se aplica esta norma, va a ser cercana a los 4.400.000 pesos brutos.

El señor Weber fue enfático en señalar que parte estructurante del sistema de ADP y de la atracción de talento es mantener remuneraciones que sean competitivas, lo que no significa necesariamente que sean más altas que en el sector privado sino que permitan atraer al personal calificado que se requiere para posiciones extremadamente complejas, como por ejemplo, en el sector salud donde en promedio postulan 60 personas por concurso y con dificultad se logra constituir nóminas de personas calificadas para poder asumir una posición por ejemplo en un hospital de alta complejidad. Y además en el sector salud hay otras dificultades como leyes que impiden que médicos asuman posiciones de gestión porque genera un perjuicio remuneracional al tener que optar entre una ley y otra.

Sería un flaco favor del sistema de ADP mantener el vínculo con la remuneración tope del subsecretario si es que se decide bajar la remuneración de este último. No es partidario de que a futuro la remuneración de un jefe de servicio este fijada o indexada con la de un subsecretario.

El diputado Soto, don Leonardo, hizo notar que es necesario nivelar en la parte alta pues hay allí falta de coherencia y distorsiones que corregir pues no todos los ministros ganan lo mismo, e incluso algunos tienen rentas superiores al Presidente de la Republica, y hay subsecretarios y superintendentes con rentas bastante altas. Agregó que esas distorsiones además tienen un severo cuestionamiento social, pidió al señor Weber su opinión al respecto.

El señor Weber se excusó precisando que no podía pronunciarse respecto de materias que exceden sus competencias y según la ley su jurisdicción es el sistema de ADP.

Agregó que los sistemas de remuneración son complejos y si se observa el sistema de ADP o las remuneraciones de las más altas autoridades también hay que ver qué pasa con el empleo público en su conjunto. A su juicio, ese análisis es algo que hay que debatir en el Congreso Nacional.

El diputado Boric comentó que parte de las controversias existentes podrían resolverse mediante la distinción que se haga entre los cargos que son producto de una elección popular en todos sus niveles, parlamentarios, alcaldes, concejales, cores, etc., y los de confianza política, esto es, ministros, actuales gobernadores, directores de empresas designados por el gobierno, etc., de modo que la rebaja de la dieta no aplique a quienes son parte de carrear funcionaria y tampoco a quienes cumplan un rol en función de su expertise técnica particular. Lo anterior por cuanto no se pretende refundar el Estado sino dar una señal política de austeridad de quienes tienen una vocación de servicio público en función de convicciones políticas, que los demás también pueden tener pero no les son exigibles.

El diputado Díaz hizo notar que era importante resolver el problema de las asignaciones parlamentarias, pero el centro del debate es que la brecha entre el sueldo mínimo y la dieta se ha convertido en un símbolo de un privilegio abusivo. Sin embargo, esto se reproduce en otras reparticiones públicas y también en el Congreso, donde los altos cargos reciben altísimas remuneraciones. Dado lo anterior no se explica por qué están presentes las asociaciones de funcionarios de la Cámara de Diputados pues a ellos también les debería interesar terminar con esa brecha. No se pretende disminuir parejo para todos, sino que de disminuir las brechas y para ello hay que disminuir los más altos sueldos de cada una de las instituciones y no los más bajos.

Todo lo anterior es complejo, pero lo que se está haciendo es entregarle a otro organismo que se haga cargo de esto y de todas sus complejidades, y no que lo resuelva el Congreso y dar una señal a la ciudadanía.

Por el Banco Central expuso su Presidente el señor Mario Marcel, con el apoyo de una presentación en PowerPoint. Le acompañaron el Fiscal señor Juan Pablo Araya y el Gerente de División de Asuntos Institucionales señor Michel Moure.

El señor Marcel agradeció la invitación de la Comisión y previno que dado que hay una indicación aprobada por la Comision que dice relación con el Banco Central, en adelante BC, vienen con el ánimo de contribuir al trabajo parlamentario y no a defenderse, rechazar o tener una posición corporativa respecto de su institución así como tampoco harán una defensa corporativa de sus remuneraciones que la Comisión no incluyó dentro de la indicación por el hecho de que no pueden fijar sus propias remuneraciones.

En segundo lugar, señaló que aportarán algunos antecedentes que no tiene tanto que ver con lo que el BC hace sino que con su experiencia personal previa como Director de Presupuesto durante 6 años, Subdirector de Racionalización y Función Pública durante 7 años y durante su paso en la OECD estuvo directamente vinculado a estos temas.

Dicho lo anterior, señaló que si exposición versaría en concreto sobre sistemas de fijación de rentas de autoridades públicas, desafíos de un nuevo marco normativo, comparación de experiencias internacionales y alternativas de solución.

Respecto del sistema de remuneraciones, explicó que sus objetivos generalmente son: otorgar mayor transparencia y eliminar conflictos de interés en la fijación de rentas de autoridades, introducir criterios técnicos y objetivos para su determinación, evitar distorsiones en las escalas de remuneraciones del Sector Público, atraer y retener profesionales talentosos a la función pública, y reflejar principios de probidad, austeridad y equidad.

Por su parte, el sistema de remuneraciones vigente en Chile tiene normas constitucionales como el artículo 65 N° 4 de la CPR según el cual la fijación y modificación de rentas de personal del sector público es materia de ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y el artículo 62 que se refiere a la dieta de los parlamentarios.

Este sistema además está establecido como un sistema legal de adhesión porque las personas son nombradas o encasilladas en sus cargos y no negocian sus condiciones laborales, simplemente cumplen la función y reciben las remuneraciones que establece el sistema, por su parte todos los años existen leyes de reajuste y existen entidades excluidas, que no se rigen por la escala única, esto es el personal regido por el Código del Trabajo como CORFO, JUNAEB, SERCOTEC, CONAF, empresas públicas y Banco Central entre otros.

Recordó que un hito importante fue la aprobación de la ley N° 19.882 (2003) que creó el sistema de ADP pero además normó muchas cosas como la dedicación exclusiva de las autoridades, estableció prohibiciones incompatibilidades legales y un sistema de metas y reguló beneficios.

Posteriormente han surgido leyes relativas a transparencia y probidad que han intentado perfeccionar el sistema de ADP.

Actualmente aún está en el Congreso el proyecto de ley que fija un mecanismo para establecer el reajuste de las remuneraciones de las altas autoridades del Estado (Boletín N° 11160-05) iniciado por Mensaje del gobierno anterior en marzo de 2017), a partir de las recomendaciones de la Comisión Técnica sobre dietas y Asignaciones Parlamentarias y que actualmente radicado en Comisión de Hacienda del Senado, además de las mociones de los parlamentarios que dicen relación con la dieta.

Observó que era necesario plantearse cuáles son los desafíos de un nuevo marco normativo, para lo cual se tomó de referencia el texto aprobado por la Comisión el 6 de noviembre que asigna al Banco Central la función de fijar las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado y de los órganos comprendidos en los capítulos IV (Gobierno), V (Congreso), VI (P. Judicial), VII (M. Público), VIII (TC) , IX (Justicia Electoral), X (CGR), XI (FF.AA), XII (COSENA) y XIV (Gob. y Adm. Regional), de las empresas y universidades del Estado, que además incluye un artículo transitorio que da ciertos plazos para dictar la legislación correspondiente y agrega una norma de límite de remuneraciones para los funcionarios respecto de sus jefaturas.

En este sentido, señaló que surgen potenciales conflictos. En primer lugar respecto de otras normas constitucionales por cuanto existe iniciativa legal exclusiva del Ejecutivo en materia de administración presupuestaria del Estado (art. 65 inc. 3° de la CPR) y de fijación y modificación de rentas y beneficios del personal del sector público (art. 65 N° 4 de la CPR).

En segundo lugar, con la naturaleza del BC pues su Ley orgánica dispone que éste tiene por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos (art. 3°). De modo que si se aprobara la norma propuesta esta sería la única función que estaría asignada por la CPR al BC. Por su parte, agregó que no hay ningún Banco Central que tenga como función determinar las rentas de autoridades de otros organismos del Estado y la autonomía del BC (art. 108 CPR) supone que éste no se inmiscuya en materias que son responsabilidad de otros órganos constitucionales.

En tercer lugar, surge un potencial conflicto de intereses porque el BC fijaría remuneraciones de autoridades que interviene en la designación y remoción de sus Consejeros.

Finalmente es posible vislumbrar un potencial conflicto respecto de los contratos regidos por el Código del Trabajo por la imposibilidad jurídica de modificar unilateralmente los contratos de personas que se rigen por Código del Trabajo, que se encuentran protegidos constitucionalmente por derecho de propiedad.

En cuanto a los desafíos técnicos y normativos precisó que se observa:

1.- Amplitud de cargos considerados pues al referirse a “Autoridades y jefaturas” de prácticamente todas las instituciones y empresas del Estado, a pesar de diferencias en la naturaleza de las instituciones y características del cargo.

2.- Ausencia de criterios para determinación de remuneraciones ya que el texto del art. 109 bis propuesto no exige que la ley fije o recomiende criterios para fijar las remuneraciones del sector público. Explicó que en la experiencia comparada es habitual encontrar criterios técnicos de determinación, por ejemplo: Relación o referencia al sector privado, Situación económica del país / situación fiscal del Gobierno, Regla de jerarquía (intra-agencia / sistémica).

3.- Concepto de remuneraciones en cuanto el Sistema ADP contempla incentivos asociados a cumplimiento de metas, que se encuentran regulados por ley. Las empresas y entidades regidas por el Código del Trabajo también cuentan con sistemas de incentivo o estímulo, de carácter temporal.

4.- Remuneraciones y otros requerimientos del cargo, particularmente la dedicación de una autoridad o jefatura a su cargo no depende sólo de sus remuneraciones, sino de las compatibilidades/incompatibilidades con otras actividades, tanto durante el ejercicio del cargo como con posterioridad a este.

Acompañó un cuadro con una estimación preliminar del número de autoridades y jefaturas del Sector Público comprendidas en la reforma en estudio, separado por capítulos de la CPR, agregando empresas públicas y universidades del Estado del siguiente tenor:

Señaló que de este cuadro se desprende que partiendo de la definición genérica con la que se cuenta hoy se trataría de más de cerca de 12.000 cargos que estarían sujetos a este mecanismo y que fueron separados en Autoridades, Altas Jefaturas y cargos de rango legal, Otros cargos directivos y Regidos por Código del Trabajo.

Así, tratándose de las Autoridades se trata de poco más de 900 cargos en total, de los que el grueso corresponde a alcaldes, gobernadores, intendentes, más las empresas públicas pues allí están incluidos los directorios.

En el caso de las Altas Jefaturas y cargos de rango legal, es decir, todos los directores de servicios, gerentes generales de las empresas, vicerrectores de universidades, con una cifra de 4.230.

Luego se encuentran Otros cargos Directivos que son 6.399 y corresponden a todo los demás cargos directivos que no son Código del Trabajo, por ejemplo, todos los cargos directivos de un servicio público.

Finalmente, los cargos Regidos por el Código del Trabajo que son 117 por el Gobierno en el caso de los servicios regidos por el Código del Trabajo, más el Banco Central y las empresas públicas, lo que totaliza 309 cargos.

Precisó que este desglose no corresponde exactamente a la división sugerida por el diputado Boric que pone énfasis en los cargos de confianza política pero no es difícil, a partir del presente cuadro, hacer esa distinción.

Luego comentó que de la experiencia comparada se observa que en varios países OCDE existen órganos externos que proponen o determinan cambios en las dietas parlamentarias; en unos pocos este mecanismo se aplica a otras autoridades.

En el caso de Nueva Zelanda destacó que el sistema era muy explícito en determinar criterios para fijar las remuneraciones tales como relatividad justa con posiciones comparables: la necesidad de ser justos tanto con las personas cuyo pago se está fijando como con los contribuyentes, requisitos del trabajo, necesidad de reclutar y retener individuos competentes, cualquier condición económica adversa prevaleciente (que podría llevar a fijar una remuneración más baja de lo que podría haber sido el caso) y en el caso de parlamentarios, se fija el monto total considerando salario, beneficios como la jubilación y gastos relacionados con el trabajo, como viajes. Además, todas las decisiones son independientes (no son confirmadas por ministros o parlamentarios) y finales.

Por su parte, en EE.UU. existe una Comisión de Ciudadanos sobre Servicio Público y Compensación, formada por once miembros, designados por los distintos poderes del Estado. Esta Comisión propone al Presidente de los EE.UU., cada 4 años, las remuneraciones que regirán a partir del siguiente año fiscal para el Vicepresidente, Senadores, Diputados, Ministros de la Suprema Corte y Jueces Federales, entre otras autoridades y el Presidente recomienda al Congreso (para que éste apruebe) las remuneraciones “justas y razonables”, a partir del reporte de la Comisión, del valor prevalente en el mercado por los servicios y posiciones consideradas, de la condición económica del país y la situación fiscal.

Finalmente, en México, la Constitución Federal y la Ley establecen como principio rector que los “servidores públicos” deberán recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Además se dispone que: i) ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República ii) ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo en ciertos casos excepcionales, y iii) los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos. En 2018, el Presidente de México decidió rebajar su sueldo al 60%., lo que afectó a todos los servidores públicos. Esto gatilló la salida masiva de directivos y recursos ante los tribunales de justicia contra la medida.

En resumen, de la experiencia internacional se colige que:

1.- Si bien la regla general es que las remuneraciones de autoridades y jefaturas sean fijadas a través de los mismos mecanismos que los del resto de los servidores públicos, existen algunos casos en que éstas han sido objeto de ajustes por una vez y otros en que existe un mecanismo permanente, basado en recomendaciones o decisiones de entes externos.

2.- En el caso de las dietas parlamentarias, es más frecuente que existan mecanismos externos de fijación, aunque tienden a dominar procedimientos internos del Parlamento.

3.- En todos los casos de mecanismos externos, éstos están acotados a las remuneraciones de las autoridades.

4.- No se han detectado casos en que esta sea una tarea que se encomiende al Banco Central.

A la luz de todo lo expuesto hizo las siguientes propuestas:

1.- Sería aconsejable acotar el universo de autoridades, pues fijar la remuneración de 12.000 personas es un proceso extraordinariamente complejo, para lo cual se sugiere considerar aquellas a que se refiere el art. 8° inc. 3° de la CPR (sobre principio de probidad en el ejercicio de la función pública), esto es:

- Presidente de la República

- Ministros de Estado

- Diputados y Senadores

- Demás autoridades que una ley orgánica constitucional señale.

En este sentido, se podría evaluar regular constitucionalmente esta materia en el propio art. 8° o, alternativamente, en el art. 65 de la CPR que actualmente ya fija reglas al respecto.

Es plausible definir en los términos anteriores como “autoridades” lo que además puede acotarse más aun con la propuesta del diputado Boric.

2.- Se requeriría definir criterios y/o una estructura inicial de remuneraciones, especialmente si se absorbe la norma constitucional sobre dietas parlamentarias.

3.- Definir mecanismos de reajustabilidad periódica de remuneraciones que deberían operar de manera anual y en base a parámetros prestablecidos, de manera automática.

4.- Establecer un mecanismo de revisión de la estructura y nivel de las rentas o de sus parámetros que deberían ocurrir de manera más espaciada en el tiempo (ej: cada 4 años) y/o cuando cambios en las circunstancias lo exijan.

5.- Para lo anterior, considerar la creación de un Consejo o Comisión Técnica ad hoc (que se constituya sólo en los años que corresponda revisar la estructura de rentas) con facultades para recomendar al Presidente de la República la revisión de los montos y/o las formas de determinación de las remuneraciones de autoridades que sean de cargo del presupuesto fiscal, utilizando criterios técnicos.

6.- Por su parte, el Presidente de la República sólo debería poder acoger o reducir la propuesta de la Comisión Externa, lo que aseguraría flexibilidad para ajustarse a shocks internos o externos.

7.- La Comisión Técnica consultiva podría estar integrada por 3-5 miembros designados por el Presidente de la República a partir de una nómina propuesta por un organismo técnico de entre personas que reúnan criterios de idoneidad.

8.- Ejemplos:

- Proyecto anterior: personas que hayan ejercido anteriormente como Consejero del Banco Central, Contralor General de la República, Ministro de Hacienda, Director de Presupuestos, Subdirectores de la Dirección de Presupuestos, Director Nacional del Servicio Civil o Consejero de la Alta Dirección Pública.

- Comisión establecida en el art. 10 de la LOC del BC: Integrada por 3 personas designadas por el Presidente de la República, entre quienes se hayan desempeñado como Presidente o ex Vicepresidente del BC, para formular propuesta de remuneraciones de los Consejeros del Banco.

- Otras instancias técnicas colegiadas: Los ministros del TDLC son designados mediante mecanismos que contemplan la participación de la Corte Suprema (designa al Presidente); el BC (nombra a 2 ministros titulares, abogado y economista); y el Presidente de la República designa los restantes 2 ministros titulares (abogado y economista) a partir de nóminas propuestas por el BC.

El diputado Díaz estimó razonable y adecuada la propuesta. Preguntó si no facilitaría las cosas que la comisión ad hoc estuviera compuesta por titulares de los órganos convocados, en lugar de ex titulares, pues ello evita pagar remuneraciones adicionales y crear un organismo.

En segundo lugar, preguntó si no resulta más adecuado, ya que se trata de una comisión técnica, que el Presidente solo pueda acoger la propuesta, y soslayar la exposición ante el Congreso también pues justamente lo que se pretende es desligar al Congreso de la determinación de remuneraciones. Por ende, es adecuado el mecanismo en la medida que salga totalmente del circuito de decisión política, se tecnifique y tenga bajo costo.

Respecto de la Secretaría Técnica propuso que no fuera ninguna de las propuestas, ni Servicio Civil ni el Director de Presupuesto, pues son gubernamentales. Preguntó si sería adecuado que fuera el BC.

El diputado Cruz-Coke estimó que la propuesta era muy adecuada, pues que sea el BC el que tome esta función lo aleja de su misión fundamental y además la Comision técnica que se propone es un órgano que se crea para que opere periódicamente y no de modo permanente.

Señaló que la Comisión debe decidir si toma o no esta propuesta.

El diputado Saffirio comentó que hay una dificultad insalvable que dice relación con la facultad del Presidente de la República del artículo 65 N°4 de la CPR, que es el primer argumento que entrega el BC, pero el Presidente ejerce esa facultad mediante una ley que dicta el Congreso Nacional y de modo indirecto ocurriría que indirectamente el Congreso terminara decidiendo no solo sobre sus rentas sino que sobre las de todo el sistema. Señaló no tener respuesta a lo anterior, cómo encontrar un mecanismo en que el Congreso no intervenga cuando la facultad presidencial se ejerce mediante una ley.

Destacó que es relevante considerar que de conformarse un órgano externo, este no tiene la necesidad de funcionamiento permanente y quizás ni siquiera cada cuatro años.

El diputado Walker (Presidente) recordó que justamente porque existe el artículo 65 N°4 es que hay varias mociones de reforma constitucional, y el artículo 62 de la CPR que acopla la dieta a la remuneración de los ministros de Estado era lo que impedía discutir esto, y por eso se radicó el proyecto en esta Comision.

Dado lo anterior, lo primero que se aprobó fue la derogación del artículo 62, y luego la externalización de la determinación de la dieta mediante la creación de un consejo autónomo, que luego derivó en el Banco Central con la idea de no demorar la reforma con la creación de un órgano.

El diputado Díaz acotó que a partir de la propuesta del BC se podría elaborar un acuerdo con las siguientes ideas:

1.- Acotar el universo de autoridades a las columnas 1 y 2 del cuadro propuesto, esto es, Autoridades (917), Altas Jefaturas y cargos de rango legal (4.230).

2.- Respecto de los criterios considerar como principio que nadie puede ganar más que el Presidente de la República.

3.- Reajuste periódico por IPC y no reajuste del sector público por cuanto ese se realiza mediante ley.

4.- Revisión cuatrienal de remuneraciones.

5.- Comision integrada por titulares del siguiente modo: 2 consejeros del BC, 2 consejeros de ADP; y un miembro designado por el Presidente de la República.

6.- Que el Presidente no pueda reducir o acoger, sino que sea una decisión final la del Consejo y que no pase por el Congreso ni se exponga ante él.

7.- Que la Secretaría Técnica la provea el Banco Central, ente autónomo.

8.- Para la primera constitución que la comisión ad hoc pueda hacer una propuesta sobre homogeneización de normas sobre dedicación exclusiva, incompatibilidades del cargo y post empleo.

Con lo anterior se podría hacer una indicación, por lo que sugiere evitar despachar hoy el proyecto.

El señor Marcel señaló que la clave para resolver el proceso y resolver el tema orgánico es el hecho de que no es necesario que exista un mecanismo de fijación todos los años, por lo que no se necesita de la creación de un organismo permanente y sus integrantes pueden ser miembros ad honorem.

Por su parte, explicó que el paso por la decisión del Presidente fue incluido en la propuesta porque en las mociones no se encuentra incluida una modificación al artículo 65 N°4 de la CPR.

Respecto de que el BC asuma la Secretaria Técnica explicó que ésta institución no tiene experiencia en este tema por lo que estimaron que hay más competencia técnica en el Servicio Civil.

En cuanto a la integración del Consejo precisó más que integrarlo por consejeros del BC sería plausible que el BC designe miembros. Además de tener presente el conflicto de intereses al que se aludió anteriormente.

En relación con la reajustabilidad precisó que hay diversos criterios pero lo relevante es que no se produzcan conflictos de intereses.

Finalmente, respecto del alcance de la norma observó que se han planteado distintos criterios, pero se ha planteado que se restringa a cargos de elección popular y de exclusiva confianza, y precisó que la segunda columna, Altas Jefaturas y cargos de rango legal, es susceptible de pulirse conforme a esos criterios.

El diputado Soto, don Leonardo, estimó que se trata de una muy buen propuesta la del BC y la sugerencia del diputado Diaz muy aceptable.

Pidió que se especificaran los criterios con los que operaría la Comisión, puesto que detrás de todo esto debe primar una política de austeridad en los altos sueldos del Estado, acorde con el momento económico que vive el país.

El señor Marcel acotó que entienden que esa última es la lógica con la cual se ha llevado adelante el debate y por ello sugieren que en la reforma que se haga se mencionen los criterios tales como, contar con personal calificado, remuneración acorde a las responsabilidades y que al mismo tiempo reflejen la austeridad en el ejercicio de la función pública. Todo lo anterior podría incluirse en el artículo 8° de la CPR.

El diputado Boric señaló que su última indicación puede quedar desfasada según la nueva propuesta del diputado Diaz, pero que se encuentra abierto a concordarla.

La indicación a la que se refiere es del siguiente tenor:

Para incorporar el siguiente artículo 109 bis:

“Artículo 109 bis: El Banco Central conforme a su ley orgánica constitucional será el órgano encargado de fijas las remuneraciones y dietas de las autoridades y cargos de elección popular y de quienes ejerzan funciones de exclusiva confianza de éstos y aquellos que la ley determine.

Deberá establecer un límite máximo para todas las remuneraciones y dietas conforme a la comparación con estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.”.

Precisó que del acuerdo que se ha ido formando en la Comisión mutaría desde el BC a una comisión con dos integrantes del BC, dos de ADP, y un representante del Presidente, pero su indicación considera que ésta deberá establecer un límite máximo para todas las remuneraciones y dietas conforme a la comparación con estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lo que podría constituir un estándar comparado. Preguntó si ello era adecuado.

El señor Marcel acotó que si se pretendiera que un criterio fuera la comparación con remuneraciones similares en otros países debería hacerse la propuesta en esos términos y no hacer referencia a la OECD en la CPR, pues sería algo bien inusual.

El diputado Boric acogió la sugerencia y destacó que según estudios, de los 32 países de la OCDE el promedio de remuneraciones de los parlamentarios ajustado a poder adquisitivo es de 8.944 dólares, y el de Chile es Chile es lejos el más alto, 23.179 dólares y le sigue EE.UU. con 14.500 dólares.

El diputado Walker (Presidente) precisó que en el informe de la BCN se hace una distinción respecto de aquellos países en que el cargo es de dedicación exclusiva y aquellos en que no.

La señora María Soledad Piñeiro, Presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, expuso a la luz de una minuta.

Inició su exposición precisando que la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile, (ANM) es una asociación gremial fundada en 1968, teniendo en la actualidad 51 años de existencia. Agrupa a 1.315 jueces y juezas de todo el país, cifra que equivale aproximadamente al 75% de los mismos y que uno de sus objetivos principales es el respeto y protección de los Derechos Fundamentales de todas las personas, así como la protección de la Independencia Judicial. Este último objetivo se ve directamente vinculado a las remuneraciones de juezas y jueces, materia en que la ANM ha trabajado desde hace varios años.

Respecto del estatuto de remuneraciones que les rige, explicó a modo de reseña que el DL 249 de 31 de diciembre de 1973 creó la escala única de sueldos de los funcionarios del sector público, incluido el Poder Judicial.

Luego, el DL 3058 de 1979, estableció una escala de sueldos para el poder Judicial, que se mantiene vigente a la fecha, junto a otras 14 leyes que lo complementan. Complejo panorama legislativo que, al menos, dificulta la claridad al momento de fijar el monto del salario, tal como lo exige el artículo 54 bis del Código del Trabajo, y en la actualidad las remuneraciones de un juez asiento de Corte (grado más alto de un juez de instancia) no alcanza a equipararse al de un jefe de servicio.

Por otra parte, el de los Ministros de Corte Suprema, se corresponden al de un ministro de Estado.

La última adecuación de remuneraciones para el Poder Judicial se realizó el año 2007, esto es hace doce años atrás y la ausencia de reajuste del año 2017 afectó aproximadamente al 70% del escalafón primario del Poder Judicial.

En relación con la propuesta de la ANM precisó que, tal como se adelantó, las remuneraciones han sido una preocupación constante de la asociación, enmarcada en la garantía de independencia judicial, en este caso externa.

La función jurisdiccional debe ser ejercida de forma independiente por cada uno de los jueces y juezas como garantía democrática y en esa labor les corresponde intervenir en conflictos en los que el Estado puede ser parte. De allí surge la necesidad de crear diversas barreras que puedan alterar la independencia con que debe ejercerse la función, especialmente alejada de intereses que alteren la apreciación imparcial del mérito del caso. Una de ellas radica en la irreductibilidad o intangibilidad de las remuneraciones.

Es sabido que la ANM desde hace décadas ha levantado la necesidad imperiosa de una modificación estructural del gobierno judicial, pues el actual adolece de serias deficiencias que debilitan o derechamente atentan contra la necesaria independencia judicial, como el sistema de nombramientos, de responsabilidad, carrera y sistema de calificaciones, uniendo a esa lista la forma en que sus remuneraciones son definidas por las autoridades.

Actualmente carecen de un sistema que objetivamente permita determinar la forma, periodicidad y porcentaje en que aquellas han de ser modificadas, en base a parámetros objetivos que permitan alejar la decisión de presiones políticas o de cualquier otra índole.

El año 2017 se vieron afectados en una reducción de remuneraciones por vía de no reajustabilidad ni actualización de las mismas, que afecto no sólo a "altas autoridades" sino a aproximadamente un 70% de juezas y jueces.

En la actualidad, y luego de agotar las vías internas, presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por ausencia de un sistema objetivo, imparcial e independiente que resuelva el modo de precisar las remuneraciones y sus modificaciones.

Respecto de la situación actual mencionó que hace pocos días se ha llegado a un acuerdo político que debiera concretarse en un proceso constituyente y, como han adelantado, la forma que han considerado para fortalecer la independencia judicial por vía de la intangibilidad de las remuneraciones, ha de requerir probablemente una modificación constitucional.

Sin perjuicio de la evolución que tome el acontecer político-constituyente, conforme al proyecto hoy debatido estiman necesario:

1.- Crear una fórmula que permita que un órgano independiente determine los salarios del Poder Judicial, como de otras entidades como los miembros del congreso.

2.- Creación de un sistema con elementos objetivo que permitan establecer la modificación salarial, alejado de devenires políticos.

3.- Considerar la particular función ejercida por jueces y juezas, para fijar el monto de las remuneraciones es necesario tener en cuenta su especialización, en la que el propio Estado ha invertido (cursos anuales obligatorios, de formación y habilitación dictados por la Academia Judicial) por lo que debiera propenderse a evitar la "fuga" de profesionales por no tener una oferta adecuada de remuneraciones y/o proyección desarrollo profesional (carrera, distinta a la actualmente contenida en el Código Orgánico de Tribunales).

Finalmente destacó que la independencia judicial en su versión remuneraciones, no tiene que ver con la autonomía presupuestaria, cuestión que se enmarca en el área de gestión o administración de la función, en definitiva en gobierno judicial, materia que también ha ser modificada constitucionalmente.

El diputado Gutiérrez preguntó cómo está determinada hoy la remuneración de los jueces y cuáles son los fundamentos de la demanda ante la CIDH.

El diputado Soto, don Leonardo, comentó que podría haber un problema respecto de los incentivos para mejorar en el caso del Poder Judicial, pues hay muchos jueces que llegan al tope de sus carreras muy jóvenes. Instó a considerar aquello a la hora de considerar criterios.

El diputado Walker (Presidente) preguntó si tienen datos respecto de cuál es la remuneración más alta y la más baja, para conocer esa brecha.

La señora Piñeiro explicó que para poder determinar cómo se calculan las remuneraciones es necesario ser un experto en el tema, hoy en día es muy difícil entender las liquidaciones de sueldo pues además del DL 3058 hay 14 leyes complementarias que van creando algunas asignaciones y algún tipo de mejora en cada una de esas asignaciones, lo que incluye los bonos de gestión.

En cuanto a los fundamentos de la demanda ante la CIDH precisó que decía relación con la forma en que deben ser determinadas las remuneraciones de modo de que se trate de una formula objetiva con un órgano independiente.

Respecto de lo señalado por el diputado Soto, aseveró que efectivamente existe un problema relativo a los incentivos dentro de la carrera del sistema judicial, pues son cerca de 980 los jueces que están en el grado más alto pero las posibilidades de ascender se disminuyen considerablemente porque los cargos de ministro de Corte son 196. Señaló que debe rediseñarse la carrera y considerar nuevos incentivos.

Finalmente, respecto de la brecha salarial, comentó que el último grado recibe un sueldo de 3.400.000 pesos brutos, y un Ministro de Corte Suprema recibe aproximadamente 9.100.000 pesos brutos.

El diputado Coloma preguntó si las remuneraciones que indica incluye bonos y demás asignaciones.

La señora Piñeiro señaló que no, pero que la variación es mínima.

El diputado Saffirio sugirió preguntar al Ejecutivo respecto de la existencia de alguna propuesta relativa a estos temas y a rebaja de número de parlamentarios.

El señor Max Pavéz, Jefe de División de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, precisó que la voluntad del Ejecutivo es avanzar en estos dos proyectos.

La rebaja de número de parlamentarios es un texto que se está terminando de afinar y respecto de la rebaja de la dieta y altas remuneraciones del Estado pretenden acoger algunas de las sugerencias del BC y traer una propuesta para ser votada el día martes de la próxima semana. Recordó que este es un tema central y tocar las remuneraciones en el gobierno central tiene un efecto dominó indiscutible. Sugirió que la Dipres sea parte de este debate.

El diputado Coloma pidió al Ejecutivo certeza en la fecha de presentación de la propuesta pues es indispensable que se pronuncie por los efectos que puede desencadenar una reforma de este tipo.

El diputado Díaz recordó que este proyecto se votó en general el 6 de noviembre y ya estamos a 20 de noviembre y desde esa fecha el Ejecutivo ha comprometido indicaciones por lo que se ha vuelto poco serio. Reiteró que no va a ser el Congreso el que resuelva las rentas sino que lo que se propone es que sea un ente externo el que lo haga.

Fue enfático en señalar que la indicación de la reducción de la dieta parlamentaria tiene una importancia simbólica enorme por lo que debe votarse hoy, y el lunes se podrá analizar una indicación que acoja la propuesta del Banco Central y la del Ejecutivo si es que llega.

El diputado Boric acotó que está abierto a incorporar las propuestas del BC y pidió el cierre del debate y que se ponga en votación su indicación sobre rebaja de la dieta parlamentaria en un 50%.

El diputado Walker (Presidente) señaló que la próxima semana se continuará con la discusión pues es muy importante considerar una indicación que recoja lo aportado por el BC, y que hay distintas indicaciones con la rebaja transitoria mientras el BC resuelve, una de ellas suscrita por un amplio espectro de la Comision que propone incluir en la norma transitoria a ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y alcaldes.

El diputado Boric pidió que su indicación se ponga en votación primero pues es la más antigua y no es complementaria con la que sugiere el diputado Boric.

El diputado Walker (Presidente) explicó que es facultad del Presidente decidir qué se pone en votación y que es procedente su decisión por cuanto la indicación que está sometiendo a votación es más amplia.

Indicación de los diputados Walker, Saffirio, Cruz-Coke, Sepúlveda don Alexis, Paulsen y Fuenzalida don Gonzalo para intercalar un nuevo artículo transitorio del siguiente tenor:

“Artículo Transitorio: En el período que media entre la publicación de esta ley y la fijación de remuneraciones que establezca el Banco Central en virtud del artículo 109 bis y la ley orgánica constitucional respectiva, las autoridades de la Administración del Estado y cargos de elección popular de los órganos comprendidos en los capítulos IV, V y XIV, con excepción de consejeros regionales y concejales, sólo tendrán derecho a percibir el 50 por ciento de su remuneración o dieta vigente.

Con todo, para efectos de dar cumplimiento a esta disposición transitoria la derogación del artículo 62 entrará en vigencia al momento que el Banco Central fije la referida remuneración o dieta de los diputados y senadores en ejercicio.”.

Puesta en votación la indicación fue aprobada por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión (13-0-0) señoras y señores Walker (Presidente), Fuenzalida don Juan Manuel por el señor Alessandri, Boric, Coloma, Cruz-Coke, Díaz, Flores, Fuenzalida don Gonzalo, Gutiérrez, Hirsch, Paulsen por la señora Núñez, Saffirio y Soto.

El señor Coloma fundamentó su voto a favor, señalando que espera tener idéntica rebaja en los gastos de personal y asesorías externas, puesto que a su juicio la rebaja debe ser del gasto total parlamentario, incluida la disminución de personal.

El señor Díaz fundamentó su voto a favor de esta indicación y expresó al señor Coloma que era un buen momento de sanear a la Cámara respecto de la mala impresión ciudadana respecto de las asignaciones parlamentarias, pero no es el camino rebajarlas. Las asignaciones parlamentarias no son privilegios sino herramientas humanas y materiales para el ejercicio de la función parlamentaria. Instó a buscar mecanismos donde ya no sean ellos quienes administren y rindan gastos de las asignaciones y que sea, como en todo servicio público, la Cámara quien se encargue de ello.

El señor Hirsch señaló que estaba a favor de la rebaja de la dieta porque lo relevante es rebajar la dieta a la mitad como mínimo ya que es lo que éticamente corresponde y que ello no implica reducir la remuneración o despedir a la gente que trabaja con y para ellos.

El señor Paulsen señaló que estaba a favor de la rebaja y concordó con el señor Díaz en lo que dice relación con transparentar el uso y gasto de las asignaciones parlamentarias. Es una discusión que se debe dar y por eso vota a favor de esta indicación así como de todas ellas que conlleven la disminución del gasto total por parlamentario.

El señor Soto expresó que estaba a favor de la rebaja de la dieta parlamentaria como de otras altas remuneraciones del Estado en orden avanzar hacia una política de austeridad y que se condiga con la situación de la mayor parte de los chilenos y el déficit fiscal que Chile tiene.

El señor Walker (Presidente) expresó que votará a favor, primero, para externalizar la fijación de las dietas y remuneraciones de las altas autoridades del Estado por parte del Banco Central. Destacó lo señalado por el Banco Central durante la presente sesión, en orden a la existencia de un órgano externo que fije las dietas parlamentarias. Luego, agregó que ante la misma razón debe existir la misma disposición y por ende, si habrá una norma transitoria que señala la rebaja del 50% de la dieta parlamentaria, también ello debe aplicarse al resto de autoridades que se especifican en la indicación: ante la misma razón, la misma disposición. Expresó que se recibirá a las municipalidades y demás autoridades que quieran exponer sobre la materia.

*****

El diputado Boric solicitó que se ponga en votación su indicación que quedó pendiente en la sesión anterior.

El diputado Walker (Presidente) precisó que se votarían todas las indicaciones.

El diputado Díaz requirió que se prosiguiera la votación de las indicaciones según el orden del comparado, pues esas indicaciones se presentaron con antelación.

El diputado Walker (Presidente) señala que se pondrá en votación la siguiente indicación:

Indicación de los diputados Boric, Díaz y Hirsch: (que reemplaza a la anterior de semejante tenor)

a) Derógase el artículo 62. (Aprobado en sesión de 25-10-2019)

b) Agrégase el siguiente nuevo Capítulo XVI del siguiente tenor: “DE LAS REMUNERACIONES. Artículo 130: El Banco Central conforme a su ley orgánica constitucional será el órgano encargado de fijar las remuneraciones y dietas de las autoridades y cargos a que se refieren los capítulos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV de esta Constitución, de las Empresas y Universidades del Estado y las que la ley determine. Deberá establecer un límite máximo para todas las remuneraciones y dietas conforme a la comparación con Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.”. (Rechazada por incompatible con lo aprobado, esto es, indicación que introdujo artículo 109 bis)

c) Incorpórese una disposición transitoria vigésimo novena del siguiente tenor: “A todo evento, publicada la presente reforma de la Constitución, los Secretarios Generales de cada Cámara del Congreso Nacional y la Administración del Estado procederán a aplicar de pleno derecho en el pago de las dietas a diputados y senadores y la remuneración a los Ministros de Estado un descuento del cincuenta por ciento respecto de la vigente, lo anterior hasta que el Banco Central disponga lo que corresponda respecto de las autoridades señaladas. El ahorro que implique la entrada en vigencia de esta reforma será destinado con discrecionalidad por el Presidente de la República en el proyecto de Ley de Presupuestos año a año. Se autoriza al Presidente de la República, al dictar el texto refundido, coordinado y sistematizado de esta esta reforma constitucional, a que en aquellos asuntos que se remitan al artículo 62 que se deroga se disponga que serán regulados conforme determina el Capítulo XVI de esta Constitución.”. Aprobada.

El Abogado Secretario de la Comisión, señor Patricio Velásquez, explicó que esta indicación señala un procedimiento entregándoles a los Secretarios Generales de cada Cámara del Congreso Nacional y la Administración del Estado el aplicar la reducción que ya se acordó.

El diputado Walker (Presidente) comentó que se trata de la misma indicación ya aprobada pero que solo incluye diputados y senadores y Ministros de Estado y pidió al señor Abogado Secretario de la Comisión precisar.

El Abogado Secretario de la Comisión, señor Patricio Velásquez, precisó que la reducción del 50% ya está votada en la indicación recientemente votada, y lo que se puede considerar complementario en esta indicación, respecto de lo ya aprobado, es que se establece un procedimiento entregándoles a los Secretarios Generales de cada Cámara del Congreso Nacional y la Administración del Estado el aplicar la reducción que ya se acordó.

El diputado Cruz-Coke pidió conocer con exactitud qué se está votando, cuál es la parte complementaria que se está votando.

El diputado Walker (Presidente) señaló que se trata del procedimiento de descuento pues se entrega esa facultad a los Secretarios Generales de ambas cámaras.

Sometido a votación el literal c) de la indicación de los diputados Boric, Díaz y Hirsch fue aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión (13-0-0) señoras y señores Walker (Presidente), Fuenzalida don Juan Manuel por el señor Alessandri, Boric, Coloma, Cruz-Coke, Díaz, Flores, Fuenzalida don Gonzalo, Gutiérrez, Hirsch, Paulsen por la señora Núñez, Saffirio y Soto.

El diputado Boric fundamentó su voto a favor señalando que esta indicación se presentó hace más de una semana con el objetivo y conciencia, pese a la resistencia de muchos parlamentarios, de que era necesario dar una señal inmediata respecto de la rebaja de la dieta, en particular de los parlamentarios, y producto de la buena discusión que se dio en la Comisión se amplió a ministros de Estado. Acotó que la indicación anterior que amplia aún más también la estimó adecuado y por ello voto a favor.

Explicó que se trata de una rebaja del 50% de la dieta, que es algo que vienen planteando hace 6 años, pero además agrega que el ahorro que implique la entrada en vigencia de esta reforma será destinado con discrecionalidad por el Presidente de la República en el proyecto de Ley de Presupuestos y, por ende, bajo ninguna circunstancia podrá pasar este ahorro a asignaciones a los mismos parlamentarios y, además, opera de facto una vez aprobada esta reforma constitucional mediante la facultad de los secretarios de cada cámara.

Señaló que los Secretarios Generales sugirieron que la rebaja opere el primer día del mes siguiente de aprobada la reforma, lo que deberá ser agregado en la sesión posterior y voto a favor.

El diputado Coloma fundamentó su voto a favor precisando que le alegraba que ningún peso fuera a los gastos operacionales, tanto así que la siguiente indicación que se va a votar es para reducir los gastos operacionales y de personal, y las asesorías externas. Debe entenderse que lo que se quiere hacer hoy es dar una señal sin letra chica, y que si se va a reducir la remuneración de los parlamentarios, se disminuya exactamente en el mismo porcentaje los recursos para personal, asesoría externa, gastos operacionales, etc., pues de otro modo la gente va a decir con justo derecho que se rebajó una parte, pero que el costo por parlamentario no se redujo en la mitad. No puede haber ninguna letra chica, es necesario dar señales claras, la reducción del costo por parlamentario debe ser de un 50%.

El diputado Cruz-Coke señaló que votaría a favor en el entendido que esto ya se votó en la indicación anterior y que el remanente es complementario con aquello.

El diputado Díaz expresó que votaría a favor de la indicación y precisó que se presentó hace más de dos semanas y que es uno de sus suscriptores a invitación del diputado Boric, destacando que era importante reconocer la autoría más aun cuando al ser presentada se manifestó expresamente que los recursos debían ir destinados directamente al presupuesto del Estado.

El diputado Gutiérrez recordó que todos concordaban en la necesidad y urgencia de una rebaja a la dieta parlamentaria en un 50% y en que ésta no vaya a los gastos operacionales de los parlamentarios y es necesario ser enfático en ello.

El diputado Hirsch votó a favor y destacó que buena parte de lo que se está debatiendo hoy tiene que ver con esta indicación que se presentó hace varias semanas, que surgió de una propuesta del diputado Boric y que también firmó junto al diputado Díaz.

Lamentó la forma en que se ha votado durante la sesión, unas indicaciones antes y otras después, pero destacó que pese a ello lo relevante es que se trata de un momento histórico que responde a una demanda de hace demasiado tiempo que muchos parlamentarios han querido que se concrete cuanto antes, bajar la dieta de los parlamentarios en un 50% y sin letra chica. Todos deben estar de acuerdo en que no es posible permitir que estos recursos se vayan a asignaciones.

Lo relevante es que se está dando una señal al país pues se está aprobando reducir la dieta parlamentaria en un 50%.

El diputado Paulsen fundamentó su voto a favor precisando que era necesario sincerar lo que se estaba votando pues las personas pueden creer que a contar de mañana se reduce la dieta en un 50%, pero ello no es así ya que lo que se establece en el proyecto de ley es entregarle la facultad de fijar las rentas a un ente autónomo al parlamento, y lo que se está votando ahora lo único que establece es que mediante un artículo transitorio se permite rebajar en un 50% la dieta solo mientras el ente autónomo no la regula, y ello no quiere decir que se va a tener la certeza de la rebaja del 50% porque si el ente autónomo, Banco Central, que la dieta es de 5 millones líquido el artículo transitorio va a quedar en cero, y la dieta no va a haber disminuido en un 50%.

El diputado Saffirio señaló que votaría a favor de esta indicación que establece la rebaja de un 50% de la dieta y un procedimiento especial en el período de tiempo que va desde la aprobación de la ley hasta la determinación de la dieta por el Banco Central, como órgano externo. Precisó que la idea matriz del proyecto no es la rebaja de la dieta propiamente tal sino que la externalización de la decisión en cuanto a fijar las dietas futuras.

Señaló que, por transparencia, se alegraba de que la derecha hay hecho el gesto de decir que así como se rebaja el 50% la dieta, también se rebaja en 50% las asignaciones parlamentarias, pues mientras más transparente sea la decisión mayor será la adhesión ciudadano que adquiera la decisión que se está tomando.

Agregó que en honor a la transparencia, había que recordar que ya se aprobó con la indicación anterior que: “Con todo, para efectos de dar cumplimiento a esta disposición transitoria la derogación del artículo 62 entrará en vigencia al momento que el Banco Central fije la referida remuneración o dieta de los diputados y senadores en ejercicio.”, por ende, había que ser claros en señalar que esto no tiene efecto inmediato.

Finalmente, precisó que lo que ha planteado el Ejecutivo de ingresar a la brevedad el proyecto del Presidente de la República relativo a dietas parlamentarias y otros temas adicionales, es algo que hay que tener presente en lo que va a ser la tramitación de este proyecto en lo futuro.

El diputado Walker (Presidente) fundamentó su voto a favor toda vez que se trata de una indicación de similares características de la recién aprobada que incluye al Presidente de la República, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y alcaldes pues donde existe la misma razón debe existir la misma disposición.

Concordó con lo expresado por el diputado Saffirio en cuanto a que se está terminando con la vinculación entre remuneración de ministros de Estado con la de parlamentarios que hacía el artículo 62 de la CPR.

Reiteró la petición al Gobierno en orden a que no siga tomando palco en la discusión, que haga una propuesta y asuma su rol de órgano colegislador.

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El diputado Hirsch solicitó que se diera tiempo a la Comisión para estudiar con calma las indicaciones que se han presentado durante la sesión.

El diputado Walker (Presidente) precisó que por equidad corresponde debatir y discutir todas las indicaciones.

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Indicación del diputado Celis, don Andrés, para incorporar un nuevo artículo transitorio a la Constitución, del siguiente tenor:

“Mientras las dietas y remuneraciones que deban determinarse de conformidad con el Capítulo XVI no hayan sido fijadas, estas se disminuirán de pleno derecho en un 50% en el caso de los alcaldes señalados en el artículo 118, hasta que rijan los nuevos montos que deban ser establecidos.”.

Esta indicación fue retirada.

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Indicación de las y los diputados Castro don José Miguel, Flores, Fuenzalida don Gonzalo, Hoffmann, Paulsen y Prieto para incorporar los siguientes artículos transitorios:

“Artículo primero transitorio: Desde la publicación de esta ley y hasta la nueva fijación de remuneraciones establecidas por el Banco Central en virtud de la Ley orgánica constitucional respectiva, las autoridades de los órganos del Estado del capítulo VI, relativo al Poder Judicial, solo tendrán derecho a percibir el cincuenta por ciento de su remuneración o dieta vigente.

Artículo segundo transitorio: Para dar cumplimiento a la disposición transitoria anterior, la derogación del artículo 62 entrará en vigencia al momento en que el Banco Central fije la dieta o remuneración referida a la de los diputados y senadores.”

Sometida a votación la indicación de las señoras y señores diputados Castro don José Miguel, Flores, Fuenzalida don Gonzalo, Hoffmann, Paulsen y Prieto fue aprobado por mayoría de votos. (7-5-1)

Votaron a favor las señoras y señores Fuenzalida don Juan Manuel por el señor Alessandri, Coloma, Cruz-Coke, Flores, Fuenzalida don Gonzalo, Paulsen por la señora Núñez y Saffirio.

Votaron en contra los señores Boric, Diaz, Gutiérrez, Hirsch y Soto don Leonardo.

Se abstuvo el señor Walker (Presidente).

El diputado Díaz fundamentó su voto en contra señalando que no le parecía adecuado que se invitara al Ministerio Público ni a los jueces puesto que el Congreso no va a fijar las remuneraciones sino que otros órganos con otras reglas.

El diputado Gutiérrez señaló que votaba en contra y comentó que este proyecto tiene como origen el fijar externamente la dieta de los parlamentarios, posteriormente se agregó a las altas autoridades de la administración pública y ahora al Poder Judicial.

Indicó que después de escuchar a los jueces y saber que un juez de asiento de Corte recibe la misma remuneración que un jefe de servicio se trata de un tema que hay que debatir. Precisó que pronunciarse sobre la rebaja a las autoridades del Poder Judicial parece un poco extemporáneo e impertinente.

El diputado Hirsch fundamentó su voto en contra precisando que parece inadecuado incluir ahora al Poder Judicial en esta rebaja, justamente cuando ya está aprobado que sea el Banco Central, como organismo autónomo, el que fije esas rentas. La indicación no tiene nada que ver con el proyecto y con el sentido de lo que se ha estado planteando.

Lo central es aprobar la rebaja de la dieta de los parlamentarios en un 50% de modo inmediato y luego se verá cómo la regula el ente autónomo, todo lo demás corresponde al Banco Central o al organismo que se defina.

El diputado Paulsen señaló que votaba a favor pues a misma razón, misma disposición, y se está regulando a dos poderes del Estado y no se puede dejar al tercero fuera. Es necesario que se sometan a la misma considera con de este ente y que permita regular las remuneraciones de todos los poderes del Estado.

El diputado Soto, don Leonardo, fundamentó su voto en contra precisando que esta era una indicación que surge hace muy poco por parte de parlamentarios del oficialismo, por lo que imagina que detrás de esta indicación está el Ejecutivo, el Presidente de la República.

Varios parlamentarios al unísono se oponen a esos dichos.

El diputado Walker (Presidente) pidió, por una parte, que se respete al diputado Soto, y por otra, al diputado Soto que no juzgue intenciones porque esto también está en la indicación que ya se aprobó que entrega al Banco Central la facultad de fijar las remuneraciones y que incluye al Poder Judicial.

El diputado Soto, don Leonardo, señaló que tenía derecho a hacer las afirmaciones que quiera y estimó que esta indicación difiere de la anterior en cuanto en esa se encarga al Banco Central que haga una modificación que armonice todas las remuneraciones de las altas autoridades del Estado, y ésta está estableciendo que desde que se publique la reforma las autoridades del Poder Judicial tengan una rebaja inmediata de un 50%, lo que es distinto.

A su juicio, hay una señal clara de la bancada del Ejecutivo que no comparte, pues la indicación que se aprobó con anterioridad dice relación con la rebaja del 50% de autoridades políticas, que tiene un mandato popular, y los jueces tiene un perfil técnico, con una carrera judicial por todos conocida. No se pueden mezclar autoridades judiciales con autoridades políticas.

El diputado Boric señaló que votaba en contra y que se dirigía al diputado Coloma en representación de su sector, precisando que el sentido de urgencia de establecer una disposición transitoria, mientras un órgano técnico ajeno a la voluntad de los parlamentarios definía, tenía el sentido de que no fueran los parlamentarios los que fijaran los sueldos de los demás organismos del Estado. Lo anterior lo compartían todos hasta ahora, pero sin embargo, hoy día cuando producto de las urgentes señales que se deben dar, en particular respecto del Congreso Nacional, ingresan indicaciones a última hora, no reflexionadas ni discutidas para tratar de generar un empate que termine ensuciando y desprestigiando una discusión en la cual podrían haber tenido la oportunidad de estar todos de acuerdo, lo que resulta lamentable.

De lo conversado con el Presidente del Banco Central y con los distintos expositores, se entiende que los cargos técnicos y la carrera funcionaria del servicio público tienen un trato diferente respecto de los cargos electos y de los cargos designados por confianza del Presidente y, sin embargo ahora, de manera irresponsable, someten a votación una indicación para tratar de empañar lo que se ha estado discutiendo hasta ahora.

Así, sin tener alguna valoración especifica por algún miembro en particular del Poder Judicial y habiendo tenido diferencias y coincidencias, siendo un poder del Estado autónomo no corresponde a los parlamentarios regularle el sueldo al Poder Judicial. Agregó que esperaba que eso lo hiciera el organismo técnico al cual se designará.

Por todo lo anterior reiteró que votaba en contra de la indicación, que estima irresponsable e inoportuna.

El diputado Walker (Presidente) señaló que pediría al diputado Boric, tal como pidió a Chile Vamos y al diputado Soto, que no se califiquen las opiniones distintas y recordó que lo primero que se votó en particular, y no a última hora, fue una indicación que presentaron hace varias semanas producto del debate parlamentario, que es la principal de este proyecto y que determina que un ente externo, Banco Central, va a fijar las remuneraciones respecto de todos las jefaturas y autoridades del Estado, haciendo algo real en favor de la equidad y no una cuña para ganar 30 segundos de fama. Es de la esencia de lo que se ha estado haciendo que esto va a afectar por igual a todas las autoridades del Estado.

Ahora bien, al principio de la sesión se tomó el acuerdo de escuchar a la Corte Suprema, verbalmente o por escrito, y para ser consistente con ese acuerdo señaló que se abstenía de votar.

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Indicación de las señoras y señores diputados Coloma, Cruz-Coke, Flores, Fuenzalida, Gutiérrez, Nuñez, Paulina y Walker para eliminar en el artículo 60 inciso 4° la frase “que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio,”.

Sometida a votación la indicación de las diputadas y diputados Coloma, Cruz-Coke, Flores, Fuenzalida, Gutiérrez, Nuñez, Paulina y Walker fue aprobada por mayoría de votos. (10-3-0)

Votaron a favor las señoras y señores Walker (Presidente), Fuenzalida don Juan Manuel por el señor Alessandri, Coloma, Cruz-Coke, Flores, Fuenzalida don Gonzalo, Gutiérrez, Paulsen por la señora Núñez, Saffirio y Soto don Leonardo.

Votaron en contra los señores Boric, Diaz y Hirsch.

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Indicación del señor Schalper, para agregar el siguiente capítulo XVI, del siguiente tenor:

“DE LAS REMUNERACIONES

Artículo 130: El servicio Civil conforme a su ley orgánica constitucional será el órgano encargado de establecer un escalafón de remuneraciones y dietas de las autoridades y cargos a que se refieren los capítulos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIV de esta Constitución, de las Empresas y Universidades del Estado y las que la ley determine. Tratándose de las autoridades del capítulo V, la conformación de la dieta deberá considerar una remuneración base y una remuneración variable sujeta a la asistencia a las sesiones de Sala, a la asistencia a las sesiones de comisiones, a la participación en las votaciones de los proyectos de ley y a la asistencia efectiva a los distritos y circunscripciones, según corresponda. Un reglamento deberá determinar los criterios y condiciones de determinación del mencionado sueldo variable. Con todo, la remuneración bruta total que resulte no podrá exceder las 95 UTM.”.

La presente indicación se tiene por rechazada por ser incompatible con lo ya aprobado pues ya se definió que sea el Banco Central o un ente ad hoc que será definido con el mismo Banco Central.

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Indicación de las señoras y señores diputados Coloma, Cruz-Coke, Flores, Paulsen y Prieto del siguiente tenor:

“Disposiciones transitorias

Una vez publicada esta reforma, el Comité Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias deberá rebajar los gastos en personal, gastos operacionales y asesorías externas en la misma proporción en que se rebaje la dieta parlamentaria.”.

El diputado Walker (Presidente) explicó que la indicación es una disposición transitoria que pretende rebajar el monto de las asignaciones parlamentarias y de las asesorías externas en la misma proporción en que se ha aprobado la disposición transitoria.

El diputado Díaz señaló que esta indicación más allá de ser inadmisible es impertinente porque el órgano que fija las asignaciones parlamentarias está establecido en la Ley orgánica del Congreso y no se puede tramitar simultáneamente una reforma constitucional y una legal. Pidió conocer qué norma se está modificando.

El diputado Walker (Presidente) precisó que, consistente con el criterio que se ha seguido, se está tramitando una reforma constitucional y, por ende, los parlamentarios tienen iniciativa. Por su parte, la indicación incorpora una disposición transitoria en el Constitución que es la misma técnica legislativa que se utilizó para establecer todas las disposiciones transitorias que se aprobaron respecto de la dieta.

Sometida a votación la indicación de las señoras y señores diputados Coloma, Cruz-Coke, Flores, Paulsen y Prieto fue aprobada por mayoría de votos. (7-6-0)

Votaron a favor las señoras y señores Fuenzalida don Juan Manuel por el señor Alessandri, Coloma, Cruz-Coke, Flores, Fuenzalida don Gonzalo, Paulsen por la señora Núñez y Saffirio.

Votaron en contra los señores Walker (Presidente), Boric, Díaz, Gutiérrez, Hirsch y Soto don Leonardo.

El diputado Fuenzalida, don Juan Manuel, señaló que votaría a favor y comentó que, a su juicio, lo que hoy pide la ciudadanía no dice relación con la dieta sino con el gasto de los parlamentarios en general pues existe la creencia de que ganan 23 millones de pesos y que los gastos operacionales forman parte del sueldo de los parlamentarios, y si se puede rebajar en un 50% la dieta, que equivale a un tercio del monto total de lo que cuesta un parlamentario, hay que ser consecuentes lo que significa rebajar en un 50% los gastos que se tienen en personal, gastos operacionales y en asesoría. No se puede tener un doble discurso, hay que ser claro, de modo que la gente sepa que lo que cuesta un parlamentario va a aquedar rebajado a la mitad en total y no solo respecto del tercio que quieren algunos. Instó a que se apruebe algo sin letra chica.

El diputado Boric fundamentó su voto en contra señalando que su predecesor y la indicación en votación contribuyen de manera dolosa a la confusión respecto de un tema que desprestigia profundamente al Congreso pues la diferencia que existe entre la remuneración que perciben los parlamentarios, y por tanto el valor que se asigna a su trabajo que desde su punto de vista es excesivo, desproporcionado y sin relación con estándares comparados o con la realidad del país y, por otro lado, los recursos que se entregan para tener un contrapeso al excesivo poder presidencial que hay en Chile.

Señaló que no hay problema en discutir cómo operan las asignaciones, e incluso estimó deseable que incluso las sedes parlamentarias sean de propiedad del Congreso y así evitar irregularidades, y que la mayoría de los asesores estén contratados por la Biblioteca del Congreso Nacional y que ésta se fortalezca, o que se fiscalice con mayor celo su uso y que no haya un peso que no se pueda rendir, para evitar malas prácticas donde se pagan deudas personales con asignaciones correspondientes al trabajo parlamentario.

Sin embargo, la indicación que acaban de presentar a última hora para tratar de enlodar el debate respecto a la rebaja del sueldo o valor del trabajo que tienen los parlamentarios, que está por sobre la realidad chilena y la realidad comparada, es vergonzoso.

Dirigiéndose a los trabajadores y trabajadoras de los parlamentarios que presentaron la indicación, precisó que habría que despedirlos o bajarles el sueldo a la mitad, porque para tratar de evitar que se diga con orgullo que se ha reducido la dieta parlamentaria, sacan del sombrero a última hora una indicación que va a perjudicar directamente a los trabajadores, y eso lo saben y lo tiene claro.

Reiteró la disponibilidad total para discutir en detalle la transparencia respecto de las asignaciones parlamentarias, disminuir su monto si es necesario, pero en ningún caso prestarse para boicotear y debilitar el trabajo que deben cumplir quienes creen hacer un buen trabajo parlamentario y por ningún motivo perjudicar a los trabajadores y trabajadoras que los apoyan en esa labor.

El diputado Walker (Presidente) pidió a todos los diputados evitar las descalificaciones.

El diputado Coloma señaló que votaría a favor y comentó que hay que ser cuidadoso al enfrentar estos temas y que la gente está pidiendo varias cosas y no solo la reducción de dieta, piden otros cambios, y si lo que hay que hacer es dar señales públicas, parte de esta es la reducción no solo de la dieta parlamentaria sino que del costo por parlamentario, y no solo, y en esa línea ha presentado otra indicación que establece que los funcionarios del Congreso no pueden ganar más que los parlamentarios. Todo lo anterior es parte de una discusión pública que permite decir que el Congreso está haciendo un esfuerzo mayor por enfrentar la crisis que tenemos de representatividad y poder decirle a la opinión pública que el costo por parlamentario se va a ver reducido a la mitad mientras se establezca por parte del ente que evalúe las remuneraciones. No se puede mirar para el lado y no será fácil para nadie, pues con dolor habrá que decir que quizás algunas personas no van a poder trabajando en su equipo, o quizás los mismos parlamentarios podrán hacer el esfuerzo mientras se fijan los montos por el Banco Central y contribuir con sus dietas a las remuneraciones de algunos de sus asesores, pues son solo dos meses pues la propuesta abarca exactamente el mismo periodo que dura la propuesta que hará el Banco Central o el comité que se defina y, otra opción, es reducir gastos operacionales y trasladarlos a gastos de personal, pues eso se puede hacer, o implementar otros ahorros.

Aquí no se tratar de sacar ventaja o hacer un gesto ni de enlodar algo sino que evidentemente la noticia uno será la reducción de la dieta parlamentaria y las dos que sea sin letra chica, es decir, que abarque el costo por parlamentario.

El diputado Cruz-Coke destacó que en las paradojas de la política hoy se ha definido que sea un órgano externo sea el que regule y, a la vez, regularse aunque sea transitoriamente, rebajando el 50% de la dieta.

Recalcando que se trata de una norma transitoria, precisó que lo que se está pidiendo es hacer un gesto respecto de los gastos que hacen en ocasiones ineficiente el trabajo.

Este gesto es necesario y puede ir en la misma señal que requiere la ciudadanía en orden a que la política sea austera. Votó a favor.

El diputado Díaz destacó que le resultaba evidente una contradicción en el discurso de la derecha, pues toda la semana pasada la derecha sostenía la legitimidad del Congreso para discutir la nueva Constitución y, en cambio, ahora el argumento gira en torno a la denostación de la función parlamentaria.

Por su parte, señaló que solo los parlamentarios tienen que gestionar sus propios insumos materiales y humanos, no así los jueces, los ministros, seremis, jefes de servicio y eso fue un invento del Estado para ahorrarse plata y fue parte de la discusión que existió con la Dirección de Presupuestos cuando se creó que el Consejo de Asignaciones Parlamentarias pues la propuesta original era la creación de algo similar a la Corporación Administrativa del Poder Judicial pero era muy caro.

Lamentó que el debate se haya complejizado hasta este punto, porque la señal necesaria es la rebaja de la dieta parlamentaria y las altas rentas del Estado.

Se ha corrido el rumor que la indicación aprobada en la sesión anterior va a producir un efecto dominó que va a llegar hasta los funcionarios de más bajos ingresos, pero ello no es así, lo que se pretende es morigerar los altos ingresos, y en el caso de la Cámara, con ese ahorro poder liberar a los parlamentarios de la tortura de la gestión de las asignaciones parlamentarias, por ejemplo, cálculo de los viáticos.

Instó a no desaprovechar la oportunidad de dar un paso más allá, y coincidiendo con el diputado Coloma en cuanto a que el sistema de asignaciones parlamentarias es un desastre que contribuye al desprestigio de la función parlamentaria y es hora de poner fin no a las asignaciones sino a su sistema y que sea reemplazado por la provisión de los servicios que requieren los parlamentarios para cumplir con su tarea con cargo y responsabilidad de la propia Cámara. Votó en contra.

El diputado Fuenzalida, don Gonzalo, fundamentó su voto a favor señalando que del estudio de CLAPES que tiene a la vista se aprecia que Chile tiene una de las asignaciones más altas de la OCDE, y no solo una de las dietas más altas, y la indicación permite ponernos al nivel de los demás países.

El diputado Gutiérrez argumentó su voto en contra precisando que en lo que va del debate se ha acordado que sea un órgano externo el que determine las dietas y altas remuneraciones y hay una norma transitoria de rebaja de un 50% de la dieta parlamentaria a la espera que este ente externo la fije. También se ha aprobado que la rebaja de la dieta parlamentaria no vaya a ningún tipo de asignaciones parlamentarias sino que al presupuesto de la nación.

Agregó que los diputados Coloma y Fuenzalida tienen un punto, las asignaciones de Chile son de las más altas de la OCDE, pero hay una contradicción que no se logra resolver puesto que se argumentó que se plantea como una norma transitoria y, por ende, va a durar cuanto demore el Banco Central en determinar la dieta, sin embargo, al leer la propuesta no es una disposición transitoria sino permanente. Si fuera transitoria, ligada a la transitoriedad de la rebaja de la dieta en un 50%, resultaría más coherente, pero no lo es.

El diputado Hirsch hizo notar que el modo en que se ha ido votando denota que hay algunos que sí quieren ganar 30 segundos en las redes sociales, y esta indicación es una pequeñez, y las pequeñeces desprestigian esta Congreso. La convocatoria de la sesión era para votar la rebaja de la dieta parlamentaria, que hoy es una demanda ciudadana, pero no se puede pretender que hay una demanda ciudadana que dice relación con bajar el sueldo a los trabajadores de Chile no tiene anda que ver. Instó a que no se confunda al país, hay que ser claro al respecto, hay una indicación que una vez más por parte de la derecha perjudica a trabajadores y no a los parlamentarios. Es increíble que se haya vinculado la rebaja de la dieta con afectar a los trabajadores muy específicos.

Propuso que se rebajen los viáticos o los gastos operacionales, pero que no se castigue a los trabajadores. Qué culpa tienen ellos que la dieta actual sea obscena, pues esta indicación significa dos posibilidades, despedir trabajadores o bajarles el sueldo a la mitad, y eso es lo que significa votar a favor.

Preguntó si el gobierno apoya este despido o rebaja de los sueldos de los trabajadores que se va a producir. Votó en contra.

El diputado Paulsen señaló que era necesario transparentar la situación pues se ha dicho que lo que se pretende es rebajar sueldos o despedir personas, y eso no es así sino que se hace lo mismo que hace el artículo transitorio de 50% de rebaja de la dieta, de modo que una vez entrada en vigencia la ley se puedan reglar las asignaciones como corresponde, y se rebaja solo por el periodo que corresponda para poder buscar la mejor forma para usar los recursos de las asignaciones parlamentarias, y va en la misma lógica de la rebaja transitoria de la dieta. Votó a favor.

El diputado Saffirio precisó que todos los argumentos dados dan para votar a favor o en contra de la indicación, pero lo que ha escuchado es que hay un cuestionamiento generalizado respecto del funcionamiento de la Cámara de Diputados y del Senado, y dentro de la crítica más severa que se formula están las altas rentas que perciben los parlamentarios pero también, y no nos engañemos, hay un conjunto de críticas vinculadas a los privilegios que se asocian, debida o indebidamente, a las asignaciones parlamentarias.

Recordó que si se está en esta discusión es porque estamos en el contexto de un país en crisis y que esta es una señal que el país está esperando, y la generosidad que este parlamento debe tener para contribuir a que esta crisis no se siga agravando, desde su punto de vista, por la ineficacia del gobierno para formular las propuestas sociales, así, si el parlamento puede hacer un esfuerzo adicional y reducir los recursos de que disponen para el ejercicio de la función parlamentaria es algo que hay que hacer. Es una señal importante de que en esta decisión no hay letra chica y habrá que adaptarse a la nueva realidad que surgió del Chile nuevo a partir de la protesta social. Votó a favor.

El diputado Soto, don Leonardo, destacó que hasta ese minuto estaba conforme con el debate pues a partir de la fusión de los boletines y el debate se estaba avanzando en algo que los chilenos piden, que es terminar con un símbolo de un privilegio que es la dieta parlamentaria. Todos celebraron recién la aprobación de esa rebaja inmediata por unanimidad, pero así mismo, se observó que hay casi 3000 rentas del Estado que en algunos son superiores a las de los parlamentarios, incluso el doble o el triple, o superiores a la del Presidente de la República. Es decir, hay una sobre inflación de sueldos del Estado que hay que detener.

Dado lo anterior, de modo responsable y luego de estudiarlos, la Comisión tomó la decisión de entregar al Banco Central, organismo autónomo, para que hagan la sistematización de las rentas del Estado bajo el principio que nadie gane más que el Presidente de la Republica, lo que constituye una señal potente de austeridad para un país que tiene que ser austero y no puede gastar más plata de la que tiene, sobre todo en las altas rentas del Estado. En ese punto también hubo unanimidad y un buen debate.

Hasta este punto se atacaba el problema simbólico de la dieta parlamentaria y la distorsión de las altas rentas del Estado, pero aparece un pequeño torpedo escrito a mano que dice que también se rebajen los sueldos de los funcionarios que trabajan para los parlamentarios, los equipos de trabajo. Hoy hay cerca de 800 trabajadores para los 155 parlamentarios, si se aplica este torpedo serán cerca de 500 trabajadores que van a quedar cesantes, y pagaran con su cesantía este debate, ello no es justo.

Señaló que estaba dispuesto a corregir los problemas que hay en las asignaciones parlamentarias y a una política de austeridad en ellas, pero que mediante una hoja escrita a mano se deje cesante al 50% de los trabajadores del parlamento y, además, se reducen las facultades de fiscalización. Votó en contra.

El diputado Walker (Presidente) señaló hace semanas presentó la indicación para que se pueda externalizar la fijación de sueldos de altas autoridades del Estado, incluida la dieta de los parlamentarios, porque estima injusta la crítica, que a veces proviene de los propios parlamentarios, de que el problema está en el propio Congreso Nacional. No acepta que se diga que el problema es solo la dieta de los parlamentarios y por eso es que se extendió la norma transitoria que se aprobó por unanimidad a otras altas autoridades del Estado, y ojala hubieran alcanzado a las 2.500 autoridades y jefes de servicio que tienen sueldos iguales a los parlamentarios, que de todos modos finalmente será parte del trabajo que haga el Banco Central.

Rechazó también que se asevere que el problema está en las asignaciones parlamentarias, pues nadie dice nada de las asignaciones de los ministerios o de las superintendencias, pero así como no se puede permitir que las críticas se centren en la dieta de los parlamentarios, tampoco deben centrarse en las asignaciones y en la posibilidad que tienen de contratar personal que insustituible en la labor parlamentaria. Votó en contra.

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Indicación de las señoras y señores diputados Coloma, Flores y Prieto, que luego fue retirada por sus autores, para intercalar un nuevo artículo transitorio del siguiente tenor:

“Artículo transitorio: En el periodo que media entre la publicación de esta ley y la fijación de remuneraciones que se establezca en virtud del artículo 109 bis y la ley orgánica constitucional respectiva, ningún funcionario del Congreso Nacional podrá percibir una remuneración superior a la de un Diputado o Senador.”.

Dado que, habiendo sido invitada la Asociación de Abogados de la Cámara de Diputados no había alcanzado a exponer, se permitió la intervención de la señora Elizabeth Cangas, Presidenta de dicha asociación, en representación de todas las asociaciones de funcionarios de la Cámara de Diputados.

La señora Elizabeth Cangas, Presidenta la Asociación de Abogados de la Cámara de Diputados, explicó que pidió la palabra especialmente por la indicación recién señalada, pero ya habían pedido audiencia en atención a la indicación que fue aprobada en sesión anterior en forma unánime por la Comision en que se fijaba que ningún funcionario de planta, contrato u honorario podría percibir una remuneración mayor a su respectiva autoridad, y en atención a ello la pregunta que venían como asociación a hacer humildemente era respecto de cuáles eran los alcances de una indicación así, de cómo el debate se fue transformando de una solicitud de rebaja de dieta a algo que no se entiende mucho.

Recalcó que los funcionarios de la Cámara de Diputados tienen un perfil muy particular, bajo, humilde y silencioso a pesar de la capacitación y profesionalización que tienen, que acompañan a los diputados a pesar de que algunos manifiesten que se les atiende, pero son funcionarios que no cuestionan y que se mantienen silenciosos.

Enfatizó que no son asesores parlamentarios sino que funcionarios de planta y a contrata que tienen características diferentes a éstos, y que han observado cómo, a raíz de la indicación anterior, los parlamentarios han defendido a sus asesores, pero los funcionarios están muy solos en este debate porque nadie los defiende, la Dirección del Trabajo no fiscaliza porque el Congreso es una autonomía, y tampoco la Contraloría General de la República, y durante 30 años han confiado en que los parlamentarios los defenderían devolviendo el trabajo silencioso y cómplice que se hace, desde que les sirven el café, les encienden la luz, les preparan una minuta, y quizás hoy por primera vez van a hablar para decirle a los parlamentarios que los van a atender, que les encanta hacerlo, pero no pueden legislar sin ellos y desconocen si los parlamentarios tienen esa conciencia, pues son los ministros de fe que permiten, por ejemplo, que las comisiones sean válidas.

Pidió no ser involucrados políticamente en una discusión que es muy política e hizo notar que las indicaciones en cuestión, independientemente de que se trate de una reforma constitucional, no puede pasar por sobre cualquier ley pues hay ciertos principios que ningún abogado pude ignorar pues estamos hablando de derechos adquiridos, de que la carrera funcionaria es un derecho fundamental pues tiene rango constitucional y de expropiación de remuneraciones.

Requirió a los parlamentarios una señal que permita recobrar el orgullo con que se les ha visto trabajar durante tanto tiempo pues lo que se ha visto hoy es vergonzoso y agregó que sentía vergüenza como funcionaria porque se empieza a improvisar en un tema que no admite improvisación.

Hizo notar que los funcionarios han venido a trabajar durante el último mes arriesgando su vida y sus bienes, pues entienden que trabajan en un lugar particular y ganan lo que ganan y en las condiciones que lo hacen por eso mismo, porque ponen en riesgo su vida y sus bienes, y trabajan con personas que a veces creen que solo los atienden. Comentó que se pidió al Presidente de la Cámara de Diputados que fijara un protocolo de trabajo en crisis porque entienden que el parlamento no puede dejar de funcionar aunque Chile esté en guerra, porque en tiempos de guerra o de paz deben funcionar y están dispuestos a trabajar, y eso tiene que tener una consideración.

Pidió respeto y consideración por toda la lealtad que han tenido para con los diputados, además de ser visibilizados en este análisis pues una indicación así hace un tremendo daño a la carrera funcionaria e institucionalmente, pero sobre todo a la complicidad y lealtad que existe para con los diputados que son los únicos que los pueden proteger puesto que no hay ningún otro organismo que lo haga.

El diputado Coloma precisó que habían presentado la indicación porque creen importante abrir el debate respecto de las altas remuneraciones del Estado. Ahora bien, en el entendido que esta última indicación fue redactada con anterioridad a lo que dijo el Presidente del Banco Central y ello ya incluye a las altas remuneraciones del Congreso, no tienen inconveniente en retirarla.

La indicación fue retirada por sus autores.

El diputado Paulsen hizo notar que si bien esta indicación representaba un problema mayor, entendía que la asociación también se refiere a la indicación que se aprobó de manera unánime [12].

Preguntó a la señora Cangas cuál era la aprensión respecto de aquella indicación que también los incluye en la fijación de rentas por parte del Banco Central.

El diputado Díaz precisó que el punto de fondo se mantiene porque la indicación a la que se refiere el diputado Paulsen ya está aprobada, y se va a aprobar además otro criterio según el cual nadie puede ganar más que el Presidente de la República y hay varios funcionarios que ganan más que él, y por mas colegas que seamos ese es un principio que no se puede soslayar.

Hizo notar que en la Cámara de Diputados también hay un problema de brecha salarial interno, y también hay rentas superiores a otros poderes del Estado, y si bien es adecuado que se haya retirado la indicación de todos modos hay un problema que enfrentar, el Secretario General no puede ganar más que el Presidente de la República y eso va a tocar a los sueldos más altos, pero el efecto no va a llegar hasta lo grados inferiores.

Señaló que era el momento para que la Mesa de la Cámara entable un diálogo con los funcionarios porque hay mucha ansiedad y angustia legítima y es necesario ver cómo se va a llevar a cabo esto.

El diputado Walker (Presidente) reiteró que lo que se ha aprobado es que un órgano externo determine las remuneraciones de los altos cargos que tienen altas remuneraciones del Estado, y ha habido una serie de discusiones respecto de normas transitorias, que son válidas.

El diputado Boric precisó que tenía la convicción que se vuelve ante todos evidente que se está ante un problema de legislar de manera improvisada respecto de temas que no se habían discutido con la suficiente templanza, prudencia y tiempo, y que indicaciones presentadas a ultima y que afectan a personas de carne y hueso, con el objetivo que cada uno podrá calificar según su conciencia, perjudican a gente real.

Agradeció la intervención de Elizabeth Cangas y mencionó que también estaba presente el secretario de la Asociación de Trabajadores Parlamentarios, señor Juan Eduardo Soza, quien también quisiera intervenir a propósito de la indicación presentada por la derecha aprobada anteriormente.

Propuso que la Comisión se quede con las indicaciones que se votaron y discutieron hace casi un mes, que son las relativas a los parlamentarios y la facultad del Banco Central, y después si se quiere se puede discutir con calma el resto, esto es, asignaciones y sueldos de otras personas, y no en un debate apurado para tratar de hacer una disputa comunicacional que no le sirve a nadie pero sí afecta a muchas personas presentes.

Preguntó al diputado Coloma, a propósito de lo que han señalado los representantes de los trabajadores de las diferentes instancias del Congreso, si es posible retrotraer la votación de modo que se discuta con el mérito que tiene y el tiempo que merece.

El diputado Walker (Presidente) recordó al diputado Boric que fue él mismo quien insistió en votar las indicaciones hoy, y que al Presidente de la Comisión toca poner en votación todas las indicaciones.

*****

Indicación del diputado Boric, presentada durante la sesión, para incorporar el siguiente artículo 109 bis:

“Artículo 109 bis: El Banco Central conforme a su ley orgánica constitucional será el órgano encargado de fijas las remuneraciones y dietas de las autoridades y cargos de elección popular y de quienes ejerzan funciones de exclusiva confianza de éstos y aquellos que la ley determine.

Deberá establecer un límite máximo para todas las remuneraciones y dietas conforme a la comparación con estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.”.

El diputado Boric solicitó que esta indicación sea votada en la siguiente sesión para que se discuta con la prudencia que se requiere.

En sesión N°61 de fecha 26 de noviembre de 2016 el diputado Boric retiró su indicación.

*****

El diputado Gutiérrez hizo notar que los invitados han hecho una petición que dice relación con la reapertura de una votación que ya se realizó.

Planteó que todo este debate había que hacerlo antes de votar.

El diputado Walker (Presidente) recordó que no hubo acuerdo para ello habiendo sido requerido expresamente por él mismo.

El diputado Gutiérrez precisó que se refería a sesiones anteriores, y que justamente los trabajadores están hoy presentes porque se consintió en ello, lo que era la decisión correcta, y lo que ellos requieren dice relación con una votación anterior, donde podrían haber tenido una mirada distinta si se les hubiese escuchado antes.

Pidió que se reabra el debate.

El diputado Walker (Presidente) consultó a la Comisión si había unanimidad para reabrir la votación.

No hubo unanimidad.

El diputado Díaz planteó que los trabajadores de los parlamentarios deben estar tranquilos puesto que en la Comisión hay un solo acuerdo, cual es, la rebaja de la dieta parlamentaria y el resto de los altos cargos del Estado. En materia de rebaja de asignaciones no lo hay y tratándose de una reforma constitucional requiere de un quorum alto que no tiene los votos en la Sala.

*****

Indicación de la diputada Cid presentada durante la sesión, para incorporar un nuevo artículo final al nuevo Capítulo XVI de la Constitución Política de la República, del siguiente tenor:

“Cada vez que, habiéndose determinado la dieta de los Diputados y Senadores en ejercicio de conformidad a los dispuesto en el presente capítulo XVI de la Constitución, se produjere una diferencia en el monto actualmente percibido y el monto a percibir, tal diferencia deberá ser restituida al erario público, sin que pueda, en caso alguno, ser destinada al presupuesto anual del Congreso Nacional en materias como asignaciones parlamentarias o de cualquier naturaleza.”.

El diputado Walker (Presidente) declaró inadmisible la presente indicación pues pese a tratarse de una reforma constitucional, incide en la administración presupuestaria del Estado.

Sesión N° 161 de 26 de noviembre de 2019.

El señor Ward expresó que el Ejecutivo no cuenta con una propuesta plasmada en una indicación y que es de su responsabilidad. Destacó la importancia de la conversación por eso el Ejecutivo dio urgencia a los proyectos. Del mismo modo, destacó la idea de que sea un ente externo quien determine las dietas y remuneraciones de los altos cargos. Hizo referencia a un estudio preliminar de la DIPRES en que se calcula el número de funcionarios afectados dependiendo del porcentaje de rebaja de remuneraciones que se realice. Comprometió enviar dichos antecedentes a la Comisión en el breve plazo.

- Se acuerda solicitar formalmente estos datos de manera definitiva.

Haroldo Brito, Presidente de la Corte Suprema

Agradeció la disposición de la Comisión de recibir la opinión de la Corte. Luego expresó que a partir del 18 de octubre la sociedad chilena ha experimentado un cambio que ha removido el escenario social y político y que constituye un llamado a la autoridad política. Agregó que el Poder Judicial está disponible para los cambios que requiere el país y que entienden la premura con que se están tomando las decisiones. No obstante, instó por el necesario detenimiento y análisis que sopese los efectos de las decisiones que se están tomando. Recalcó que la reforma ya aprobada por la Comisión, no dice relación con las economías familiares sino con la organización del sistema de justicia que en términos comparados, coloca al Poder Judicial chileno en muy buena posición.

Luego, se refirió a las particularidades de la carrera judicial, entre ellos la dedicación permanente y exclusiva de los jueces y la política remuneracional que el Estado ha establecido de manera sostenida desde el retorno a la Democracia para el fortalecimiento de la Justicia. Destacó como labor ineludible de la labor judicial un sistema de remuneraciones acorde con la función jurisdiccional. Citó como ejemplo el de los jueces de alzada y casación que la significativa función de orientar la comprensión general del sentido y alcance de la norma.

El señor Saffirio solicitó que el señor Brito explicitara con mayor intensidad la relación efectuada entre el riesgo en que se encontraría el Poder Judicial en el evento que norma aprobada por esta comisión se transforme en ley de la república.

El señor Díaz mantuvo la opinión vertida durante la sesión pasada, en el sentido que el transitorio debió estar destinado a las autoridades políticas de elección popular y agregó que con el hecho de incluir más gente se contaminaba el debate. Anunció que presentarían una indicación pero que mantendrían un sistema técnico que examine la situación general de las remuneraciones del sector público y si le parece que este mecanismo salvaguarde la independencia del Poder Judicial. Contamina el debate de lo que inicialmente se quería hacer.

El señor Garín señaló que en los países civilizados el Poder Judicial tiene un grado de autonomía importante. Agregó que los jueces no son electos en votación popular y que no ha visto cartel alguno donde se reclame por las altas remuneraciones del Poder Judicial. Expresó que se trata de un reclamo ciudadano contra la fronda política y económica. Expresó que por efecto de lo que se ha aprobado por la Comisión, se generará una situación inabordable desde el punto de vista de las acciones jurisdiccionales que se podría ejercer.

El señor Soto, don Leonardo, señaló que no apoyó la indicación que está en comento por las razones que ya se han expresado. No obstante, hizo presente que está en el debate público las altas rentas del Estado lo que hace necesaria una política de austeridad que tenga mayor relación con el nivel de rentas del resto de Chile, con el sector privado particularmente. Señaló que hay más de 2.600 funcionarios que ganan más que el Presidente de la República, y dentro del Poder Judicial citó como ejemplo el caso de los notarios.

El señor Coloma expresó respecto de lo señalado por el señor Garín que su argumentación estaría en una contradicción ya que está firmando la indicación del señor Díaz, que incluye igualmente al Poder Judicial. Aclaró que la rebaja del 50% es transitoria, mientras se constituya el comité técnico que determinará las remuneraciones, incluidas las del Poder Judicial.

El señor Boric expresó al Presidente de la Corte Suprema y a los señores ministros y ministra que lo acompañaban, como asimismo a todos los funcionarios públicos de esta Corporación como de otros servicios públicos, que el espíritu original la propuesta que él promovió siempre estuvo orientada a los cargos políticos y de elección popular y aquellos de exclusiva confianza de la autoridad política. Agregó que el sentido de urgencia era respecto de parlamentarios y ministros, por eso trataron que la rebaja inmediata fuera para ellos. Anunció una indicación complementaria en función de lo representado por el Banco Central en la sesión pasada de manera tal que los altos cargos sean estudiados con la prudencia que corresponde al buen legislar, puesto que no corresponde que el Congreso determine las remuneraciones de otros poderes.

El señor Gutiérrez señaló que todos están siendo interpelado por la ciudadanía y que el principio de intangilibilidad de las remuneraciones asegura la independencia de los jueces. Agregó que hay un problema que no se puede disociar, puesto que si bien hay críticas por lo ya aprobado hay al mismo tiempo un tema de solidaridad en que los sueldos más altos deben ser corregidos a la luz de las demandas sociales.

El señor Alessandri solicitó aclarar la noción de derechos adquiridos en derecho público y consulto en qué estaba dispuesto el Poder Judicial a apretarse el cinturón. Del mismo modo, solicitó información de las remuneraciones del Poder Judicial con sus respectivas asignaciones.

La señora Núñez reiteró el contexto de la rebaja transitoria y señaló que hoy se está excluyendo de esta rebaja transitoria al Poder Judicial, pero bajo la condición que sea un organismo externo técnico que de manera permanente las regule cada cuatro años.

El señor Díaz, a Alessandri rebaja transitoria pero sí está incorporado en la norma permanente, con criterio de reajustabilidad etc.

El señor Walker (Presidente) aclaró también que la idea era crear una comisión ad hoc que hiciera una revisión de las remuneraciones de los órganos que se señalan en los capítulos de la CPR. Consultó la opinión de la Corte sobre la creación de este ente.

El señor Brito aclaró respecto de los notarios que no cumplen con una función jurisdiccional, por lo tanto no son los mismos parámetros. Luego, respecto de la posición de la Corte sobre el órgano autónomo, expresó que el Parlamento tienen toda la potestad para cambiar la organicidad de todos los órganos del estado. Agregó que se podrán plantear cuestiones concretas en su momento, pero particularmente lo que les interesa es cuánta independencia garantizará ese sistema. Respecto de la solicitud del señor Alessandri, expresó que se encargará personalmente de hacer llegar la información. Respecto de los derechos adquiridos, señaló que no hay diferencia entre un trabajador del sector público y un trabajador del sector privado. Enfatizó que el Estado también es un empleador y es importante entender que no es un empleador privilegiado.

El señor Ministro Muñoz aseguró al señor Saffirio que jamás se verá resentida la probidad de un juez por un aspecto remuneracional, puesto que van a trabajar siempre lealmente con el Estado y con la gente. Agregó que el juego democrático reconocen el pleno ejercicio de las atribuciones que tiene este Congreso pero dentro de dicho juego, ellos ha expresado sus opiniones contrapuestas. Explicó que los principios de independencia, autonomía e irreductibilidad de las remuneraciones no constituyen derechos adquiridos, pero si está el principio de confianza legítima, en el sentido que quien postula y se prepara para el cargo de juez no puede ver mermadas las condiciones del cargo al que accedió. Recalcó que no hay otras asignaciones respecto de los jueces que no estén reflejadas en sus remuneraciones, tampoco existe una brecha desmedida entre las altas remuneraciones del Poder Judicial y las más bajas. Expresó que la situación de notarios y conservadores es totalmente distinta y que ellos son nombrados en base a una propuesta de la Corte por el Ejecutivo. Agregó que en estas demandas sociales, todos han sido interpelados y ellos como Poder Judicial pueden ser llamados al pizarrón pero menos que otras autoridades. Citó los sendos recursos judiciales contra las ISAPRES y que son objeto de discusión en el Parlamento. Finalmente llamó la atención que esta sería la primera vez que se regula un régimen transitorio previo a establecer un sistema de carácter permanente.

El señor Walker (Presidente) hizo presente que el proyecto de notarios fue despachado por la comisión.

El señor Saffirio declaró su alegría ante la respuesta dada por el señor Muñoz pero que no respondió el señor Presidente de la Corte Suprema.

El señor Alessandri consultó respecto de la confianza legítima si un parlamentario podría invocarla ante la rebaja de la dieta.

El señor Brito las discusiones nos colocan en situación de darnos explicaciones mutuas. Le importa hacer presente la necesidad de resolver criterios objetivos y accesibles por todos y reiteró que el Estado no es un empleador con privilegios.

El señor Coloma señalo respecto de la forma de cálculo que se ha utilizado es el sueldo mínimo y no el sueldo de otro funcionario del Estado.

El señor Claudio Bravo, Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público.

Manifestó las particulares características del servicio y que la diferencian de otros servicios del aparataje público. Respecto de los proyectos, señaló que el año 2015 la ley N°20.861 mejoró la situación remuneracional de los fiscales frente al contexto de la fuga de profesionales del servicio en razón de las escasas opciones de desarrollo profesional que daba la institución. Agregó que dicha ley permitió por fin establecer una carrera funcionaria al interior del Ministerio Público y que hoy, a través de las propuesta aprobadas por la Comisión se pone en entredicho.

Luego expresó que otra preocupación que tienen como fiscales es la norma transitoria ya que no define lo que se entiende por jefatura ni tampoco contiene una remisión a otra norma que lo haga, es más será un órgano administrativo quien lo determinará y dicha resolución podría generar una alta judicialización. Del mismo modo, llamó la atención que el órgano encargado de determinar las remuneraciones sería el Banco Central, que es un órgano designado políticamente y enfatizó que cuando se habla por independencia se apunta a que la remuneración de los jueces y fiscales no sea determinada por autoridades políticas. Como fiscales entienden la necesidad ciudadana y por ende del parlamento de dar una señal, pero calificó al Ministerio Público como un organismo austero en remuneraciones y gastos. Finalmente hizo presente que en comparación con los jueces ellos ganan menos y el único ítem que podría elevar la renta de un fiscal es la asignación de zona. Solicitó encarecidamente tener esto presente durante el debate.

El señor Alessandri consultó si existe algún fiscal que gane más que el Presidente de la República.

La señora Flores expresó que entendiendo las distintas circunstancias que ejercen sus funciones, preguntó si existe algún tipo de bonificación o elemento económico adicional que sea permanente, mensualmente por cumplimiento de metas en el Ministerio Público.

El señor Walker (Presidente) recordó que durante el Gobierno anterior, se dictó la ley de fortalecimiento del MP puesto que hubo una fuga de destacados profesionales del MP y que además tenían una cantidad importante de causas y en consecuencia de carga de trabajo. Consultó por qué ven como una amenaza y no como una oportunidad el hecho que sea un ente externo que revise el sistema de remuneraciones del sector público. Destacó que podría ser una oportunidad para reconocer su función.

El señor Díaz aclaró que en la disposición transitoria no están incorporados los fiscales, pero enfatizó que no es partidario de excepcionar un servicio u organismo público completo del sistema general de rentas del Estado. Expresó que solo estaría disponible para revisar situaciones particulares que justifiquen dichas excepciones.

El señor Uribe señaló respecto de las metas que todos los fiscales del Ministerio Público tienen una meta anual que se compone de un cumplimiento institucional e individual que no están relacionadas ni con causas ni condenas. Cuando se obtiene el 100% de la meta, se aumenta el 9% la remuneración, ello expresó equivale a los PNG que existen en otros servicios públicos. Respecto a la pregunta de si hay algún fiscal que gane más que el Presidente de la República, señaló que el fiscal nacional gana 9 millones y algo y eventualmente, podría existir alguno que gane más. Grado 5 más alto al que podría llegar un fiscal es el de Isla de Pascua. Expresó que ello se justifica en la responsabilidad asociada al cargo por el ejercicio o no del ejercicio de la acción penal y la importancia que tiene para comunidad especialmente en zonas extremas o aisladas. Respecto del organismo externo encargado del sistema permanente de remuneraciones, señaló que es importante que se tenga presente el reajuste anual, que crea temas en que típicamente los fiscales de zona son preteridos o perjudicados. Agregó que están contestes en la razonabilidad de los sueldos, su reparo va hacia el carácter técnico del órgano que determine los sueldos y que comprenda la particularidad de la función de un fiscal. Finalmente sobre la posibilidad de exceptuarlos, reiteró que tienen una carrera funcionaria muy particular establecida por la ley N°20.861 realizada con objetivos muy particulares y específicos, tan particular, enfatizó que incluso tiene fecha límite de 20 años.

El señor Díaz señaló que son órganos de composición política los que definen el reajuste y esta también es una decisión política, en orden a entregar a un órgano técnico que determine las remuneraciones. Señaló que todos han alegado una situación especial pero ello no quita que ellos puedan hacer propuesta específicas ante este comité técnico sobre la base que ellos mismos hagan. Descartó tajantemente que el objetivo de estos proyectos sea generar un efecto dominó con la rebaja de remuneraciones a los funcionarios, sino más bien establecer criterios objetivos y generales para su determinación. Aclaró al señor Uribe que el Consejo técnico, no podría alterar la ley 20.861 ya que no se está autorizando ex ante al ente técnico. Invitó al Ministerio Público a hacer llegar en su momento, al organismo técnico.

El señor Walker (Presidente) aclaró a los Alcaldes y funcionarios municipales respecto de los Alcaldes que del espíritu de lo aprobado, tanto respecto de la norma transitoria y permanente, en el sentido que las autoridades afectadas son solo los alcaldes y que se excluyeron los consejeros regionales y concejales. Entienden la brecha salarial que hay entre alcaldes, por lo que es una excelente oportunidad de debatir a propósito de esta indicación. No se afecta ni a los funcionarios municipales ni a quienes tienen un cargo de planta.

El señor Andrés Chacón, Director Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades.

Hizo presente que los alcaldes tienen un rol distinto a los de otras autoridades de elección popular. Agregó que como asociación hay denominadores comunes porque efectivamente si hay una modificación en la remuneración del Alcalde, repercute en el resto de los funcionarios, quienes suman más de 12 mil según las cifras entregadas por el Banco Central en la sesión pasada.

Manifestó entender la legítima demanda ciudadana, pero por ese mismo ánimo puede haber un grado de desconocimiento que puede generar un daño mayor al que se quiere enmendar. Explicó que el sistema municipal se caricaturiza y expresó que hay 240 alcaldes que son grado 5 y 6 y que tienen una remuneración bruta de 4 o 5 millones. Agregó que cuando se observa a las autoridades del Gobierno central puede constatarse que ningún alcalde alcanza al sueldo de un jefe de división. Recordó que el año 2016 se dictó la ley de planta municipal. Indicó que su realidad es compleja, cuentan con pocos recursos y por ende se debiera mejorar el fondo común municipal, para mejorar la calidad de su municipio, no es cuestión de números más o menos, sino de principios, principalmente el de equidad territorial. Cualquier modificación no afectará solo al Alcalde que gane más sino a todos, incluidos aquellos de zonas más alejadas y zonas rurales.

Eduardo Pastene, dirigente de la Unión de Trabajadores Municipales de Chile.

Señaló que están preocupados por las repercusiones que puede tener en los funcionarios la rebaja de la dieta de los alcaldes. Expresó entender la señal política que se quiere dar, pero que los sueldos de los funcionarios están indexados por ley con el sueldo de los alcaldes. Citó al efecto la ley N°18.883 de Estatuto Administrativo de la Función Municipal y la ley N°18.695. Instó a reflexionar sobre las repercusiones sobre los funcionarios municipales de carrera que no tienen altas remuneraciones y que la solución no está en bajar los sueldos de los funcionarios de carrera del sector público, es cómo lograr que los sueldos del sector privado aumenten. Llamó a la reflexión sobre igualar hacia arriba y no hacia abajo. Finalmente destacó en cómo disminuir la brecha de sueldos que existe en el Estado, sin afectar a los funcionarios de más bajos ingresos.

Antonio Riquelme, ASEMUCH.

Expresó que con esta modificación se daría una muy mala señal y compartió lo dicho por quienes le precedieron en el uso de la palabra. Instó a respetar la carrera funcionaria.

El señor Boric expresó respecto de la expresión “no igualar para abajo” ya que esconde una ideología que debe ser debatida, que es la desigualdad. Es una señal que apunta a eso y que va más allá del Parlamento, sector público e incluso del sector privado. Cito el ejemplo de los rostros de TV y figuras del futbol. Señaló que la idea no es que todos ganen lo mismo, sino avanzar en las diferencias razonables para tener una sociedad homogénea e igualitaria. La gran causa de esta crisis es porque hay una parte que vive alienada de estas desigualdades. Propuso una rebaja proporcional a la rebaja que se establece para los parlamentarios, atendido el cargo de que se trate, como asimismo, poner un tope a la rebaja.

El señor Díaz aclaró que el transitorio no implicaba la afectación de las remuneraciones de los funcionarios municipales y compartió el criterio del señor Boric, porque no se puede aplicar la misma regla que para los parlamentarios, también se inclinó por una rebaja según grado.

El señor Saffirio no se puede generar el más mínimo grado de incertidumbre en el momento de conflictividad social que nos encontramos. Aclaró que es una norma transitoria. Expresó que no son los parlamentarios quienes definen remuneraciones y no está dentro del espíritu de la comisión el reducir un solo peso de funcionarios municipales, ni aún por estar indexados a la remuneración del Alcalde. Nunca se ha planteado así.

El señor Coloma señaló que cuando se estableció la rebaja no estaba pensada para los funcionarios sino en los alcaldes.

La señora Flores reiteró que el espíritu fue enfocado en las altas autoridades del Estado donde están incluidos los alcaldes. Expresó que es una oportunidad para revisar la disparidad de remuneraciones entre alcaldes. Señaló que representa comunas pequeñas con remuneraciones muy por el bajo de los montos que se han señalado en la sesión e insistió en la necesidad de buscar fórmulas para superar esas brechas entre alcaldes.

El señor Walker (Presidente) señaló que el texto de la indicación aprobada la semana pasada sobre la rebaja transitoria, no están comprendidos los funcionarios municipales.

Juan Eduardo Soza, AFUNPAR

Respecto de la indicación de la semana pasada, señaló que era para las altas autoridades parlamentarias y demás altas autoridades. Señaló que ellos tienen un problema contractual, ya que su situación está regida por el artículo 3 A de la ley orgánica del Congreso Nacional. Agregó que la indicación que se aprobó que incluye la rebaja en el ítem de contratación de personal de apoyo no va en directa relación con su situación contractual, porque en el fondo habrían demandas para la Cámara de Diputados. Expresó que les preocupa que se lleve la votación mañana en Sala y el grado de conflictividad que redundará en un costo para toda la Cámara.

Pablina Lara, AFUTRAPACH

Señaló que es parte de la otra asociación de los asesores parlamentarios, expresó las implicancias y que la mayor parte recibe una renta menor a 800 mil pesos a octubre de 2019. Señaló habría una pérdida de institucionalidad, porque habría despidos masivos ante los cuales las corporaciones deberán hacerse cargo por las indemnizaciones que procedan. Agregó que se ve afectada la representatividad de la función parlamentaria, porque se eliminarían oficinas parlamentarias en los distritos. Finalmente destacó que se perdería la simetría entre el Poder Legislativo y Ejecutivo ya que si bien existe un apoyo técnico importante de la BCN en la labor parlamentaria, no se puede obviar la experiencia de los asesores parlamentarios. Proponen a la Comisión que en se solicite una mesa técnica de trabajo conjunta para ver la aplicación de estos ítem.

VOTACIÓN

A.- Indicación de los diputados Boric, Coloma, Diaz, Flores, Garín, Nuñez doña Paulina, Saffirio y Walker al artículo único del proyecto:

1.-Para agregar un nuevo literal a), pasando el actual a ser b) y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Agréguese unos nuevos incisos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo al artículo 8° de la Constitución del siguiente tenor:

“Son públicas las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado y de los órganos comprendidos en los capítulos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, y XIV y de las empresas y universidades del Estado, las cuales serán fijadas cada cuatro años por una comisión integrada por dos miembros designados por el Consejo de la Alta Dirección Pública, dos miembros designados por el Banco Central y un miembro designado por el Presidente de la República.

Podrán integrar esta comisión aquellas personas que hayan ejercido anteriormente como Consejero del Banco Central, Contralor General de la República, Ministro de Hacienda, Director o subdirector de Presupuesto, Director Nacional del Servicio Civil o Consejero de la Alta Dirección Pública.

Para el desarrollo de esta función, el Banco Central actuará como secretaría técnica de esta comisión, proveyéndola de los antecedentes necesarios para el cumplimiento de su cometido.

Las remuneraciones y dietas de estas autoridades y jefaturas antes señaladas se reajustarán anualmente conforme a las variaciones del índice de precios al consumidor.

Con todo, ninguna autoridad pública podrá recibir una remuneración o dieta superior a la que reciba el Presidente de la República.”.”.

2.- Para reemplazar el actual literal c), que ha pasado a ser d) en virtud de la indicación precedente, por lo siguiente:

“d.- Agréguese en el artículo 65, inciso cuarto, numeral 4° de la Constitución, a continuación de la coma (,) que sigue al vocablo “señalados” y antes de la expresión “como asimismo”, lo siguiente:

“con excepción de los señalados en el inciso tercero del artículo 8° de la Constitución”.

3.- En el actual literal d), que ha pasado a ser e) en virtud de la primera indicación, para reemplazar la expresión “109 bis” por “8”, todas las veces que aparezca.

B.- Indicación del diputado Ibáñez y de la diputada Mix

En la disposición transitoria vigésima novena que se ha incorporado por medio del presente proyecto de ley, reemplácese la frase “diputados y senadores y la remuneración a los Ministros de Estado” por la siguiente:

“diputados, senadores y ex Presidentes de la República y a la remuneración de los Ministros de Estado.”.

C.- Indicación de las señoras y señores diputados Macaya, Belollio, Gahona, Coloma, Norambuena, Rentería, Sanhueza, Flores, Von Muhlenbrock, Nuñez doña Paulina, Urrutia don Osvaldo, Troncoso, Fuenzalida don Juan Manuel y Amar

Para incorporar en el artículo transitorio, luego de la frase “consejeros regionales” y antes de la frase “y Concejales”, la siguiente frase:

“, alcaldes”.

D.- Indicaciones del diputado Naranjo

1.- Agréguese en el artículo 190bis, luego del punto final, que pasa a ser una “,” lo siguiente: “hospitales públicos, archiveros judiciales, notarios y conservadores de bienes raíces.”

2.- Agréguese los siguientes incisos segundo y tercero al nuevo artículo 109 bis en el siguiente tenor:

“En ningún caso, las autoridades, jefaturas y ninguna otra persona que trabaje en los organismos, servicios o empresas del Estado podrá recibir una dieta o remuneración mayor a la que percibe el Presidente de la República.

Todas las dietas y remuneraciones que fije el Banco Central deberán estar establecidas en razón de su equivalencia al ingreso mínimo remuneracional. La dieta de los parlamentarios no podrá exceder de veinte veces el ingreso mínimo remuneracional.”.

3.- Para sustituir el artículo tercero transitorio que dispone la reducción en la mitad de los gastos de personas, operacionales y e asesoría externa de ambas corporaciones del Congreso Nacional por el siguiente:

“Artículo tercero transitorio: Una vez publicada esta reforma, el Comité Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, deberá rebajar en la misma proporción en que se rebaje la dieta parlamentaria, las asignaciones parlamentarias, con excepción del ítem de asignación personal de apoyo y asignación de pasajes aéreos nacionales.”.

Sometida a votación la indicación A.- de las señoras y señores diputados Boric, Coloma, Diaz, Flores, Garín, Nuñez doña Paulina, Saffirio y Walker fue aprobada por unanimidad. (8-0-0).

Votaron a favor las señoras y señores diputados Walker (Presidente), Alessandri, Boric, Coloma, Díaz, Flores, Saffirio y Soto don Leonardo.

Las indicaciones B, C y D, más arriba transcritas, se tienen por rechazadas por ser incompatibles con lo ya aprobado.

Despachado el proyecto.

Se designa diputado informante al señor Gabriel Boric.

IV. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

De conformidad a lo establecido en el Nº 4 artículo 302 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia que no corresponde que el proyecto deba ser conocido por la Comisión de Hacienda.

V. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES.

Rechazadas:

1) Indicación del diputado señor Diego Schalper, para agregar el siguiente nuevo Capítulo XVI, del siguiente tenor:

“Para agregar el siguiente capítulo XVI, del siguiente tenor:

DE LAS REMUNERACIONES

Artículo 130: El servicio Civil conforme a su ley orgánica constitucional será el órgano encargado de establecer un escalafón de remuneraciones y dietas de las autoridades y cargos a que se refieren los capítulos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIV de esta Constitución, de las Empresas y Universidades del Estado y las que la ley determine. Tratándose de las autoridades del capítulo V, la conformación de la dieta deberá considerar una remuneración base y una remuneración variable sujeta a la asistencia a las sesiones de Sala, a la asistencia a las sesiones de comisiones, a la participación en las votaciones de los proyectos de ley y a la asistencia efectiva a los distritos y circunscripciones, según corresponda. Un reglamento deberá determinar los criterios y condiciones de determinación del mencionado sueldo variable. Con todo, la remuneración bruta total que resulte no podrá exceder las 95 UTM.

2) Indicación de los diputados señores Gabriel Boric; Hugo Gutiérrez; Marcelo Díaz; Tomás Hirsch y Leonardo Soto.

“Agrégase el siguiente nuevo Capítulo XVI del siguiente tenor:

“DE LAS REMUNERACIONES.

Artículo 130: El Banco Central conforme a su ley orgánica constitucional será el órgano encargado de fijar las remuneraciones y dietas de las autoridades y cargos a que se refieren los capítulos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV de esta Constitución, de las Empresas y Universidades del Estado y las que la ley determine. Deberá establecer un límite máximo para todas las remuneraciones y dietas conforme a la comparación con Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.”.”.

3) Indicación del diputado señor Ibáñez y de la diputada Mix

En la disposición transitoria vigésima novena que se ha incorporado por medio del presente proyecto de ley, reemplácese la frase “diputados y senadores y la remuneración a los Ministros de Estado” por la siguiente:

“diputados, senadores y ex Presidentes de la República y a la remuneración de los Ministros de Estado.”.

4) Indicación de las señoras y señores diputados Macaya, Belollio, Gahona, Coloma, Norambuena, Rentería, Sanhueza, Flores, Von Muhlenbrock, Nuñez doña Paulina, Urrutia don Osvaldo, Troncoso, Fuenzalida don Juan Manuel y Amar.

Para incorporar en el artículo transitorio, luego de la frase “consejeros regionales” y antes de la frase “y Concejales”, la siguiente frase:

“, alcaldes”.

5) Indicaciones del diputado señor Naranjo.

1.- Agréguese en el artículo 190bis, luego del punto final, que pasa a ser una “,” lo siguiente: “hospitales públicos, archiveros judiciales, notarios y conservadores de bienes raíces.”

2.- Agréguese los siguientes incisos segundo y tercero al nuevo artículo 109 bis en el siguiente tenor:

“En ningún caso, las autoridades, jefaturas y ninguna otra persona que trabaje en los organismos, servicios o empresas del Estado podrá recibir una dieta o remuneración mayor a la que percibe el Presidente de la República.

Todas las dietas y remuneraciones que fije el Banco Central deberán estar establecidas en razón de su equivalencia al ingreso mínimo remuneracional. La dieta de los parlamentarios no podrá exceder de veinte veces el ingreso mínimo remuneracional.”.

3.- Para sustituir el artículo tercero transitorio que dispone la reducción en la mitad de los gastos de personas, operacionales y e asesoría externa de ambas corporaciones del Congreso Nacional por el siguiente:

“Artículo tercero transitorio: Una vez publicada esta reforma, el Comité Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, deberá rebajar en la misma proporción en que se rebaje la dieta parlamentaria, las asignaciones parlamentarias, con excepción del ítem de asignación personal de apoyo y asignación de pasajes aéreos nacionales.”.

Inadmisibles.

De la diputada señora Sofía Cid, para incorporar un nuevo artículo final al nuevo Capítulo XVI de la Constitución Política de la República, del siguiente tenor:

“Artículo final.- Cada vez que, habiéndose determinado la dieta de los diputados y senadores en ejercicio de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo XVI de la Constitución, se produjere una diferencia en el monto actualmente percibido y el monto a percibir, tal diferencia deberá ser restituida al erario público, sin que pueda, en caso alguno, ser destinada al presupuesto anual del Congreso Nacional en materias como asignaciones parlamentarias o de cualquier otra naturaleza.”.

VI. TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la República:

a) Agréganse los siguientes incisos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno al artículo 8°, del siguiente tenor:

“Son públicas las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado y de los órganos comprendidos en los capítulos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, y XIV, y de las empresas y universidades del Estado, las cuales serán fijadas cada cuatro años por una comisión integrada por dos miembros designados por el Consejo de la Alta Dirección Pública, dos miembros designados por el Banco Central y un miembro designado por el Presidente de la República.

Podrán integrar esta comisión aquellas personas que hayan ejercido anteriormente como Consejero del Banco Central, Contralor General de la República, Ministro de Hacienda, Director o Subdirector de Presupuestos, Director Nacional del Servicio Civil o Consejero de la Alta Dirección Pública.

Para el desarrollo de esta función, el Banco Central actuará como secretaría técnica de esta comisión, proveyéndola de los antecedentes necesarios para el cumplimiento de su cometido.

Las remuneraciones y dietas de estas autoridades y jefaturas antes señaladas se reajustarán anualmente conforme a las variaciones del índice de precios al consumidor.

Con todo, ninguna autoridad pública podrá recibir una remuneración o dieta superior a la que reciba el Presidente de la República.”.

b) Suprímese en el inciso cuarto del artículo 60 la frase “que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio,”.

c) Derógase el artículo 62.

d) Agrégase en el artículo 65, inciso cuarto, numeral 4°, a continuación de la coma (,) que sigue al vocablo “señalados” y antes de la expresión “como asimismo”, lo siguiente:

“con excepción de los indicados en el inciso tercero del artículo 8° de la Constitución,”.

e) Agrégase la siguiente disposición transitoria:

“Vigésimo novena.- Esta reforma constitucional comenzará a regir una vez entrada en vigencia la modificación a la ley orgánica constitucional a que hace referencia el artículo 8°, la que deberá ser presentada a tramitación mediante urgencia suma por el Presidente de la República en el plazo de 30 días desde esta publicación y tramitada en idéntico plazo. Asimismo, ningún funcionario de planta, a contrata, ni de dotación a honorarios, que ejerza sus funciones dentro de los órganos comprendidos en los capítulos señalados en el artículo 8°, podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades.

En el período que media entre la publicación de esta reforma constitucional y la fijación de remuneraciones que establezca la Comisión señalada en el inciso quinto del artículo 8° y la ley orgánica constitucional respectiva, las autoridades de la administración del Estado y cargos de elección popular de los órganos comprendidos en los capítulos IV, V y XIV, con excepción de consejeros regionales y concejales, sólo tendrán derecho a percibir el cincuenta por ciento de su remuneración o dieta vigente.

Con todo, para efectos de dar cumplimiento a esta disposición transitoria, la derogación del artículo 62 entrará en vigencia al momento que la Comisión fije la referida remuneración o dieta de los diputados y senadores en ejercicio.

A todo evento, publicada la presente reforma de la Constitución, los Secretarios Generales de cada Cámara del Congreso Nacional procederán a aplicar de pleno derecho en el pago de las dietas a diputados y senadores, un descuento del cincuenta por ciento respecto de la vigente, lo anterior hasta que la Comisión disponga lo que corresponda respecto de las autoridades señaladas. Asimismo, se procederá a la rebaja de las remuneraciones de los Ministros de Estado, conforme dispone el inciso segundo.

El ahorro que implique la entrada en vigencia de esta reforma será destinado con discrecionalidad por el Presidente de la República en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año. Se autoriza al Presidente de la República, al dictar el texto refundido, coordinado y sistematizado de esta reforma constitucional, para que en aquellos asuntos que se remitan al artículo 62 que se deroga se disponga que serán regulados conforme determina la presente reforma constitucional.

Desde la publicación de esta reforma constitucional y hasta la nueva fijación de remuneraciones establecidas por la Comisión, las autoridades de los órganos del Estado del capítulo VI, relativo al Poder Judicial, solo tendrán derecho a percibir el cincuenta por ciento de su remuneración o dieta vigente.

Una vez publicada esta reforma, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, deberá rebajar los gastos en personal, gastos operacionales y asesorías externas en la misma proporción en que se rebaje la dieta parlamentaria.”.

*****************

Tratado y acordado en sesiones de fecha 22 y 25 de octubre, 6, 20 y 26 de noviembre, todas de 2019, con la asistencia de los (as) diputados (as) señores (as) Matías Walker (Presidente de la Comisión); Jorge Alessandri; Gabriel Boric; Juan Antonio Coloma; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Camila Flores; Gonzalo Fuenzalida; Hugo Gutiérrez; Tomás Hirsch; Paulina Núñez; René Saffirio, y leonardo Soto. Asimismo, asistieron los diputados (as) señores (as) Alejandro Santana; Raúl Soto; Loreto Carvajal; Javier Macaya; Vlado Mirosevic; José Miguel Castro; Marcela Hernando; Marcela Sabat; Daniellla Cicardini; Pablo Kast; Maya Fernández; Diego Paulsen, Juan Fuenzalida, Renato Garín y Carlos Kuschel.

Sala de la Comisión, a 26 de noviembre de 2019.

PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE

Abogado Secretario de la Comisión

[1] Godoy María Cosette; Joignant Alfredo; La República virtuosa: Honor desinterés y vocación en los debates parlamentarios sobre las dietas y los fueros en Chile. Revista Atenea N°502 Concepción 2010. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-04622010000200003&script=sci_arttext&tlng=en
[2] ogueira Humberto. Derecho Constitucional Chileno. Tomo II Abeledo Perrot Thomson Reuters 2013: p. 468.
[3] Nogueira ob. cit. p. 540.
[4] Nogueira ob. cit. P. 541.
[5] f. Con detalle Informe de la Comisión Mixta encargada de proponer las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que introduce en la Ley Orgánica del Congreso Nacional las adecuaciones necesarias para adaptarla a la ley Nº 20.050 que reformó la Constitución Política de la República (Boletín 3.962-07) pág. 157 y ss.
[6] ídem.
[7] http://www.adnradio.cl/noticias/politica/pinera-y-dietas-parlamentarias-son-demasiado-altas-para-las-urgencias-del-pais/20180614/nota/3762014.aspx
[8] Esto es considerando un sueldo mínimo de $276.000 y una dieta bruta de $9.349.851
[9] http://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2017/07/25/ingreso-laboral-promedio-mensual-en-chile-fue-de-$517.540-en-2016
[10] Ver portales de transparencia de Universidad de Chile y Universidad de Talca para señalar algunos ejemplos.
[11] Se refiere a la indicación de los diputados Boric Díaz Fuenzalida González Gutiérrez Hirsch Saffirio Soto don Leonardo Soto don Raul y Walker aprobada el 06 de noviembre de 2019 en la Comisión del siguiente tenor: a) Reemplazase la letra b) del artículo único por el siguiente: b. Intercalase en el Capítulo XIII un nuevo artículo 109 bis del siguiente tenor: “El Banco Central de acuerdo a su ley orgánica constitucional será el organismo encargado de fijar las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado y de los órganos comprendidos en los capítulos IV V VI VII VIII IX X XI XII y XIV de las empresas y universidades del Estado.” b) Para incorporar el siguiente nuevo artículo transitorio: “Esta reforma constitucional comenzará a regir una vez entrada en vigencia la modificación a la ley orgánica constitucional a que hace referencia el artículo 109 bis la que deberá ser presentada a tramitación mediante urgencia suma por el Presidente de la República en el plazo de 30 días desde esta publicación y tramitada en idéntico plazo. Asimismo ningún funcionario de planta contrata ni dotación a honorarios que ejerza sus funciones dentro de los órganos comprendidos en los capítulos señalados en el artículo 109 bis podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades.”.
[12] Se refiere a la indicación de los diputados Boric Díaz Fuenzalida González Gutiérrez Hirsch Saffirio Soto don Leonardo Soto don Raul y Walker aprobada el 06 de noviembre de 2019 en la Comisión del siguiente tenor: a) Reemplazase la letra b) del artículo único por el siguiente: b. Intercalase en el Capítulo XIII un nuevo artículo 109 bis del siguiente tenor: “El Banco Central de acuerdo a su ley orgánica constitucional será el organismo encargado de fijar las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado y de los órganos comprendidos en los capítulos IV V VI VII VIII IX X XI XII y XIV de las empresas y universidades del Estado.” b) Para incorporar el siguiente nuevo artículo transitorio: “Esta reforma constitucional comenzará a regir una vez entrada en vigencia la modificación a la ley orgánica constitucional a que hace referencia el artículo 109 bis la que deberá ser presentada a tramitación mediante urgencia suma por el Presidente de la República en el plazo de 30 días desde esta publicación y tramitada en idéntico plazo. Asimismo ningún funcionario de planta contrata ni dotación a honorarios que ejerza sus funciones dentro de los órganos comprendidos en los capítulos señalados en el artículo 109 bis podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades.”.

1.7. Discusión en Sala

Fecha 27 de noviembre, 2019. Diario de Sesión en Sesión 113. Legislatura 367. Discusión General. Se aprueba en general y particular.

REGULACIÓN DE DIETA PARLAMENTARIA Y OTRAS REMUNERACIONES DE AUTORIDADES Y JEFATURAS DEL SECTOR PÚBLICO (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 9304-07, 11124-07, 11840-07, 12319-07 Y 13013-07)

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones refundidas, que regula la dieta parlamentaria y otras remuneraciones.

De conformidad con los acuerdos adoptados ayer por los Comités Parlamentarios, se otorgarán a cada señora diputada y señor diputado cinco minutos para sus intervenciones.

El plazo para solicitar votaciones separadas y renovar indicaciones vence hoy a las 11.30 horas.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Gabriel Boric .

Antecedentes:

Mociones:

-Boletín N° 9304-07, sesión 11ª de la legislatura 362ª, en jueves 10 de abril de 2014. Documentos de la Cuenta N° 10.

-Boletín N° 11124-07, sesión 132ª de la legislatura 364ª, en jueves 2 de marzo de 2017. Documentos de la Cuenta N° 12.

-Boletín N° 11840-07, sesión 40ª de la legislatura 366ª, en jueves 21 de junio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 9.

-Boletín N° 12319-07, sesión 116ª de la legislatura 366ª, en martes 18 de diciembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Boletín N° 13013-07, sesión 93ª de la presente legislatura, en miércoles martes 22 de octubre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 9.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Documentos de la Cuenta N° 3 de este Boletín de sesiones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BORIC (de pie).-

Señor Presidente, después de casi seis años, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento vengo en informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones refundidas, que modifica el artículo 62 de la Constitución Política de la República para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria.

La idea matriz o fundamental de esta iniciativa consiste en establecer un sistema de determinación de la dieta parlamentaria que responda al principio de transparencia, equidad e igualdad ante la ley, haciéndolo extensivo a las remuneraciones de las autoridades y jefaturas del sector público, con la conciencia de que hoy en nuestro país, las altas remuneraciones por parte de algunos funcionarios del sector público, incluyendo a parlamentarios y ministros, son inaceptables en el marco de la gran desigualdad que vivimos como país.

El proyecto modifica el artículo 8° de la Constitución Política de la República, el cual contempla el principio de probidad y publicidad de los actos del Estado, de manera que declara que son públicas las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado y de los órganos comprendidos en los capítulos IV (Gobierno), V (Congreso Nacional), VI (Poder Judicial), VII (Ministerio Público), VIII (Tribunal Constitucional), IX (Justicia Electoral), X (Contraloría General de la República), XI (Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública), XII (Consejo de Seguridad Nacional) y XIV (Gobierno y Administración Interior del Estado), como también de las empresas y universidades del Estado, las cuales serán fijadas cada cuatro años por una comisión integrada por dos miembros designados por el Consejo de la Alta Dirección Pública, dos miembros designados por el Banco Central y un miembro designado por el Presidente de la República.

Se precisa que podrán integrar esta comisión aquellas personas que hayan ejercido anteriormente como consejero del Banco Central, contralor general de la República, ministro de Hacienda, director o subdirector de Presupuestos, director nacional del Registro Civil o consejero de la Alta Dirección Pública.

Para el desarrollo de esta función, el Banco Central actuará como secretaría técnica de esta comisión, proveyéndola de los antecedentes necesarios para el cumplimiento de su cometido.

Las remuneraciones y dietas de estas autoridades y jefaturas antes señaladas se reajustarán anualmente conforme a las variaciones del índice de precios al consumidor. Con todo, ninguna autoridad pública podrá recibir una remuneración o dieta superior a la que reciba el Presidente de la República.

También se suprime la inhabilidad para el ejercicio de la profesión de abogado para los parlamentarios, que contempla el artículo 60 de la Constitución.

Deroga el artículo 62 de la Carta Fundamental, que establece que la dieta de los parlamentarios corresponderá a la remuneración de un ministro de Estado, incluyendo todas sus asignaciones. La derogación del artículo 62 entrará en vigencia al momento en que la comisión fije la remuneración o dieta de los diputados, diputadas, senadores y senadoras en ejercicio.

Además, saca de la iniciativa exclusiva la fijación de rentas de autoridades y jefaturas, para que pueda cumplir su función la comisión antes referida, para lo cual se modifica el inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución.

Finalmente, introduce una disposición transitoria a la Constitución, la cual dispone que esta reforma constitucional comenzará a regir una vez entrada en vigencia la modificación a la ley orgánica constitucional que implica el cambio introducido al artículo 8°, la que deberá ser presentada a tramitación mediante urgencia suma por el Presidente de la República en el plazo de 30 días desde esta publicación y tramitada en idéntico plazo.

Asimismo, establece que ningún funcionario de planta, a contrata, ni de dotación a honorarios, que ejerza sus funciones dentro de los órganos comprendidos en los capítulos señalados en el artículo 8°, podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades.

Añade que en el período que media entre la publicación de esta reforma constitucional y la fijación de remuneraciones que establezca la comisión señalada en el inciso quinto del artículo 8° y la ley orgánica constitucional respectiva, las autoridades de la administración del Estado y cargos de elección popular de los órganos comprendidos en los capítulos IV (Gobierno), V (Congreso Nacional) y XIV (Gobierno y Administración Interior del Estado), con excepción de consejeros regionales y concejales, solo tendrán derecho a percibir el cincuenta por ciento de su remuneración o dieta vigente.

Mandata que, a todo evento, publicada la presente reforma de la Constitución, los secretarios generales de cada Cámara del Congreso Nacional procederán a aplicar de pleno derecho en el pago de las dietas a diputados y senadores un descuento del 50 por ciento respecto de la vigente, hasta que la comisión disponga lo que corresponda respecto de las autoridades señaladas.

El ahorro que implique la entrada en vigencia de esta reforma será destinado con discrecionalidad por el Presidente de la República en el proyecto de ley de presupuestos del sector público de cada año, y bajo ningún punto de vista podrá ser destinado a asignaciones parlamentarias. Además, se autoriza al Presidente de la República a dictar el texto refundido, coordinado y sistematizado de esta reforma constitucional, para que disponga que aquellos asuntos que se remitan al artículo 62, que se deroga, sean regulados conforme lo determina la presente reforma constitucional.

También establece que desde la publicación de esta reforma constitucional y hasta la nueva fijación de remuneraciones establecidas por la comisión, las autoridades de los órganos del Estado del Capítulo VI, relativo al Poder Judicial, solo tendrán derecho a percibir el 50 por ciento de su remuneración o dieta vigente, lo que ha sido también discutido por la comisión y se presentarán votaciones separadas a ese respecto.

Finalmente, regula que una vez publicada esta reforma, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias deberá rebajar los gastos en personal, gastos operacionales y asesorías externas en la misma proporción en que se rebaje la dieta parlamentaria, para lo cual también habrá votación separada.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó por unanimidad la idea de legislar y la mayoría de las disposiciones del articulado, solicitando a la Sala la aprobación de este proyecto de reforma constitucional.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

¿Habría acuerdo para que ingrese a la Sala el subsecretario general de la Presidencia?

Acordado.

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Matías Walker Prieto .

El señor WALKER.-

Señora Presidenta, en estos cinco minutos quiero destacar el trabajo de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Lo primero que hay que explicar es por qué razón la Comisión de Constitución discutió el proyecto y no lo hizo la Comisión de Hacienda ni la de Gobierno Interior. La razón es que lo primero que había que hacer era derogar el artículo 62 de la Constitución, que vincula las dietas parlamentarias con las remuneraciones y asignaciones de los ministros de Estado. Por eso el proyecto llegó a la Comisión de Constitución y por ello también lo primero que hicimos fue derogar el artículo 62.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento podría haberse quedado en eso y permitir que el gobierno enviara una propuesta; pero, lamentablemente -quiero decirlo a propósito de que acabamos de autorizar el ingreso del subsecretario de la Presidencia, señor Juan Francisco Galli , a quien aprovecho de saludar-, el gobierno del Presidente Piñera ha tomado palco en esta discusión, no se ha involucrado, no ha hecho propuestas, no ha presentado indicaciones, lo cual no es responsable por parte del gobierno.

Después aprobamos una indicación de mi autoría, que firmaron prácticamente todos los diputados de la Comisión de Constitución, para que un ente autónomo externo, como el Banco Central, hiciera una propuesta respecto de las remuneraciones y asignaciones de todas las autoridades incluidas en capítulos de la Constitución Política de la República. ¡Sí, de todas las autoridades! ¡Ley pareja no es dura! Donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Si nos vamos a apretar el cinturón, todos tienen que apretarse el cinturón, o lo que corresponda.

Quiero agradecer a Mario Marcel , presidente del Banco Central, porque por primera vez hizo una revelación que el país merecía conocer. Era de moda decir que los parlamentarios tenían sueldos exorbitantes, y Mario Marcel , presidente del Banco Central, le informó a todo el país que hay más de 2.500 autoridades en Chile, entre jefes de servicio, autoridades reguladas en la Constitución, integrantes de empresas del Estado y de universidades del Estado, con sueldos iguales o mayores a los de los parlamentarios. No obstante, hemos sido nosotros mismos, los parlamentarios, quienes equivocadamente le hemos hecho creer a la ciudadanía que el problema está en el Congreso Nacional. Y claro, algunos plantearon, a mi juicio equivocadamente, que mientras la comisión técnica del Banco Central efectuara una propuesta, se rebajara en un 50 por ciento las remuneraciones de todas las autoridades. Eso fue un error, porque, claramente, el propósito de este proyecto no era que nosotros, las autoridades, fijáramos una cifra, sino que debía hacerlo una entidad externa, de acuerdo a parámetros objetivos. De manera obvia y legítima, varios parlamentarios dijeron que a igual razón, igual disposición; que si había una rebaja transitoria debía ser para todos.

¿Y qué pasó? Empezaron los llamados de los jueces, de los alcaldes, de los fiscales, etcétera. No sé cuántas de esas reuniones se publicaron en virtud de la ley de lobby. Entonces, opté por invitarlos a todos a la Comisión de Constitución, y los escuchamos. ¿Qué dijo Sergio Muñoz , ministro de la Corte Suprema? Que como técnica legislativa, no podía haber una norma transitoria antes que una norma definitiva.

Esa es la verdad. Y acá vamos a actuar con responsabilidad, vamos a aprobar este proyecto, pero vamos a hacer una propuesta para que exista coherencia en todo el Estado y nadie gane más que el Presidente de la República, como ocurre hoy.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia .

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señora Presidenta, pertenezco al Partido Republicano, ya inscrito en el Servel, a mucha honra.

Quiero hacer un poco de historia.

Cuando llegué al Congreso Nacional, en 2002, las dietas parlamentarias eran mucho más bajas que hoy, porque la misma depende de los ministros de Estado, y ellos tenían una dieta real mucho más baja que la que tenemos hoy.

No obstante, en 2003, si no me equivoco, se descubrió que a los señores ministros de Estado les pasaban un sobre con plata por debajo de la mesa. Los sobres contenían entre un millón y un millón y medio de pesos, porque nadie quería ser ministro de Estado por el sueldo que tenían. Por eso les pasaban un sobre por debajo de la mesa.

Eso se hacía en el gobierno de Lagos, pero se venía haciendo desde gobiernos anteriores, probablemente desde la administración Frei Ruiz-Tagle o, incluso, Aylwin .

Para regular eso y que no se siguiera pasando el sobrecito por debajo de la mesa, se llegó a un acuerdo, que suscribieron en ese entonces Pablo Longueira y el Presidente Ricardo Lagos , para que ese millón y medio de pesos que se entregaba en un sobrecito por debajo de la mesa fuera directamente a la remuneración. Por lo tanto, las remuneraciones de los ministros subirían en esa cantidad y automáticamente las de los parlamentarios, que teníamos por orden constitucional el mismo sueldo que los ministros de Estado. Ahí fue cuando se nos subió el sueldo, ya que antes era mucho más bajo que el que percibimos hoy.

Con el correr del tiempo, ocurrió que, no por el tema de la dieta, sino por culpa de nosotros mismos, de los propios parlamentarios, nos fuimos desprestigiando de una manera insólita, porque entre nosotros mismos nos criticábamos de distintas acciones que podíamos hacer o dejar de hacer. Eso fue produciendo un descriterio gigantesco en la Cámara, y tratamos de alguna manera de ir transparentando esas cosas.

¿Que hicimos? Nombramos un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias para que nunca más fuéramos nosotros los que nos subiéramos, nos bajáramos o nos asignáramos algún tipo de recursos. También nombramos un Comité de Auditoría Parlamentaria; sin embargo, todo eso no ha servido absolutamente de nada, porque seguimos en el suelo y seguimos exactamente igual de desprestigiados. Lo único que hemos hecho es gastar plata a través de esos organismos.

¿Por qué nos hemos desprestigiado? Porque nos acusamos entre nosotros mismos de cualquier cosa; porque usamos cosas que nos entrega el Estado para una función determinada y las utilizamos para otra. Hay un diputado del sur que usaba su oficina parlamentaria para hacer escalamiento. Ese tipo de cosas, por ejemplo, lo único que hacen es llevar al desprestigio a la Cámara de Diputados.

Hoy se plantea una rebaja de sueldos. Es muy probable que volvamos a lo mismo que teníamos antes de 2003, antes del alza. Lo que está en discusión, más que la misma rebaja del sueldo o lo que va a hacer este consejo, es si rebajamos en 50 por ciento las remuneraciones mientras ese consejo resuelve.

Le quiero decir a la gran mayoría de los chilenos que nosotros no ganamos lo que realmente se cree por concepto de dieta parlamentaria. Para la gran mayoría de los chilenos, la dieta parlamentaria de nosotros incluye todo: gastos de representación, gastos en secretarias, gastos en todo, y, por lo tanto, ganamos 20 millones de pesos. Eso es lo que dice la mayoría de la gente. Si bajamos eso en 50 por ciento, vamos a recibir 10 millones de pesos, lo que igual es un disparate.

Por lo tanto, propongo lo siguiente: ya que están tan de moda las hojas en blanco, partamos hoy de una hoja en blanco. ¡Cero. Cero en todo; cero! Así le damos la libertad más absoluta a ese consejo que se va a nombrar para que fije los montos de las dietas, los gastos de representación, los gastos en secretarias. Partamos con una hoja en blanco, como tanto les gustar decir a algunos acá; partamos desde cero. Los que no sean capaces de partir desde cero, bueno, que se vayan a su casa y hagan otra cosa.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Aclaro a los diputados y diputadas que la mención que se hace de los distintos diputados es en referencia al Comité al cual pertenecen.

El diputado Ignacio Urrutia pertenece al Comité de la Unión Demócrata Independiente y es en esa razón que se lo nomina, no en razón del partido en el cual se encuentra inscrito en forma individual.

Tiene la palabra el diputado René Saffirio , del Comité Federación Regionalista Verde Social e Independientes.

El señor SAFFIRIO.-

Señora Presidenta, la idea matriz del proyecto, desde sus orígenes, está centrada en un solo aspecto respecto de la determinación de las dietas parlamentarias, y es que nunca volvamos a intervenir, a pesar de que no lo hemos hecho, por nuestra condición de incumbentes, en la asignación de recursos por la vía de decisiones que tome el Congreso.

¿Cómo se logra eso? Con la primera norma que vamos a aprobar en este proyecto, que es la derogación del artículo 62 de la Constitución, que dice expresamente: “Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan.”. En consecuencia, toda otra norma que no tenga incidencia directa en esta idea matriz es una norma que está fuera, que debió haber sido declarada inadmisible.

Hemos tomado una segunda decisión que parece relevante: como no vamos a intervenir en el proceso de asignación de los recursos, en la comisión se buscó un órgano técnico que sirviera para la elaboración de estas remuneraciones que no solo incluyen a diputados y senadores, sino también a las más altas autoridades. Quiero dejar muy en claro ese concepto para no llamar a confusión a los funcionarios públicos que no son autoridades. Ninguna de estas normas está pensada para reducir los ingresos, como efecto rebote o efecto dominó, de aquellos funcionarios públicos que no son considerados dentro de las más altas autoridades del Estado. Así se lo señalamos claramente ayer en la comisión a los trabajadores municipales, a modo de ejemplo.

El Banco Central será el órgano técnico que aportará dos miembros a un comité, quienes, junto con dos miembros pertenecientes al Sistema de Alta Dirección Pública y un miembro designado por el Presidente de la República, tendrán la misión, dentro de sesenta días de puesta en vigencia la ley, de ejecutar la norma para regular estas remuneraciones.

Entonces, se genera un ruido adicional cuando se establece una norma transitoria que busca que se rebaje la dieta en 50 por ciento en el período que va desde la entrada en vigencia de la ley hasta la resolución del Banco Central.

¿Por qué produce ruido? Porque lo que estamos haciendo en la primera norma es desprendernos de una facultad que no existe; en pocas palabras, estamos eliminando el artículo 62 de la Constitución, y en la segunda norma estamos haciendo exactamente lo contrario: regulando la remuneración en 50 por ciento en el período transitorio. Pero aquí hay un engaño. No engañemos a los ciudadanos, porque esa rebaja de 50 por ciento, si se aprueba, tendría carácter transitorio, y perfectamente podría ocurrir que el órgano técnico, el Banco Central, después de haber regulado la rebaja en 50 por ciento en ese período de sesenta días, establezca una dieta superior. ¿Cómo le explicamos al país que, después de haber reducido nuestros ingresos en 50 por ciento y de haber entregado la facultad a un órgano externo, dicho órgano externo la vuelve a subir?

¿Qué va a pensar la ciudadanía razonablemente? Lo que va a pensar es que tenemos un acuerdo con el Banco Central para dar la imagen, durante el período de crisis que estamos viviendo, de que nos vamos a reducir la dieta permanente en 50 por ciento y que después el Banco central la va a subir, cuando pase la crisis. Eso es gravísimo.

Aquí no hay solo un problema de ingresos. Los problemas que los ciudadanos tienen con nosotros no solo son por los ingresos, sino porque, además, hemos hecho mal las cosas. Si las seguimos haciendo mal, ni el cero por ciento de dieta va a permitir mejorar nuestra percepción ciudadana.

Entonces, hagamos las cosas bien; si vamos a externalizar la fijación de las remuneraciones en el Banco Central, un órgano que tiene competencias técnicas, de cuya idoneidad nadie duda, permitamos que lo haga con carácter permanente para no volver a engañar a la gente con rebajas que no son tales.

He dicho.

-Aplausos.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señora Presidenta, en primer lugar, quiero referirme a lo que podríamos denominar régimen general del sistema de fijación de remuneraciones y dietas de altos cargos del Estado.

Creo que alcanzamos una solución bien satisfactoria, que nos asemeja al tipo de institucionalidad de la que se han dotado países desarrollados, como Australia, Nueva Zelanda y otros, en el sentido de externalizar en una comisión especializada la función de establecer el rango remuneracional y los parámetros remuneracionales de las más altas autoridades del Estado.

También hemos fijado una periodicidad de cuatro años. Por consiguiente, cada cuatro años esta comisión especializada, creada con el solo efecto de cumplir esta labor, va a actualizar esos parámetros remuneracionales, y la decisión que tome esta comisión va a ser de efecto inmediato, o sea, no va a tener una posterior sanción legislativa, administrativa o reglamentaria.

Asimismo, hemos acabado con el eterno drama de que nuestras remuneraciones estén vinculadas a los reajustes del sector público, porque hemos establecido que las remuneraciones de las autoridades, que van a ser resueltas por esta comisión, se reajusten en forma automática, conforme al índice de precios al consumidor. Es decir, no va a ocurrir aquello que sucede año tras año cuando se discute el reajuste del sector público.

Por lo tanto, estamos creando una institucionalidad permanente para resolver de manera estructural el régimen remuneracional de los más altos cargos del Estado, en un país donde las cosas están más o menos desordenadas.

Al respecto, hemos fijado algunos criterios. Por ejemplo, uno de ellos es que nadie debiese ganar más que el Presidente de la República, lo que nos parece que es un rango razonable. A partir de ese rango tendrá que ordenarse el resto de las remuneraciones.

El artículo transitorio aborda cuatro materias: la primera ha sido muy polémica, y quizá no es el momento más apropiado para discutirla; pero precisamente por eso es que hoy fue posible discutirla: porque la rebaja de la dieta parlamentaria, más allá del juicio que uno pueda tener sobre aquello, se convirtió en el símbolo de un privilegio abusivo. Eso no significa que no tenga que haber remuneraciones de acuerdo a una realidad, y que deben ser objetivamente fijadas, para lo cual hemos creado un organismo. Pero, de cara a la ciudadanía, la dieta parlamentaria es un hecho abusivo. El hecho de que quienes representamos a los ciudadanos tengamos ese tipo de ingresos, en un país que vive una crisis profunda a consecuencia de una brecha gigantesca de inequidad y de distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, se convierte en una ofensa, en un agravio. Por eso ha sido un hecho constante y permanente en las manifestaciones y en las movilizaciones.

Es cierto que con esto no vamos a mover la aguja de la desigualdad, pero daremos una señal de conexión, de empatía, de cercanía y de comprensión de lo que está ocurriendo en el país. Tiene sentido de urgencia asumir responsabilidades y gestos de esa naturaleza.

Eso tenía sentido en la medida en que quienes hicieran el gesto fueran autoridades políticas. Por eso, la primera indicación presentada se reducía exclusivamente a la rebaja de las remuneraciones y dietas de ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y autoridades elegidas, entre ellos, sin duda, senadores y diputados. Pero se cometieron algunos errores, como por ejemplo incorporar a los jueces en el artículo transitorio -por eso hemos pedido votación separada-, porque los jueces van a estar en el régimen permanente. Ayer los recibimos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento con el presidente de la Corte Suprema a la cabeza.

Tiene razón el diputado Saffirio , porque se trata de una norma transitoria; pero creo que después de este debate va a quedar claro a la opinión pública algo que no está claro: que no somos nosotros quienes fijamos nuestras remuneraciones. ¡No lo hemos hecho nunca! Pero hasta el día de hoy prevalece ese mito o leyenda urbana. Creo que después de esta discusión eso va a quedar zanjado.

Si luego la comisión resuelve otra cosa, lo hará esa otra comisión y esa otra instancia, pero quedará asentado que los parlamentarios no tenemos incidencia en la fijación de nuestras remuneraciones.

Insisto en que el artículo transitorio se pensó para los actores políticos.

Por otra parte, voy a rechazar, como lo hice en la comisión, la norma que permite al abogado actuar en juicios. Una de las primeras leyes que me tocó votar en el Congreso Nacional fue precisamente la norma que inhibe la actuación de los abogados ante los tribunales de justicia, por los conflictos de intereses que genera. Me parece un error haber retrocedido en ese punto.

Por lo tanto, pedí votación separada para rechazar que los abogados puedan actuar en juicios, porque los conflictos de intereses van a ser absolutamente constantes y permanentes, y van a terminar dañando el prestigio y la credibilidad de nuestro trabajo.

Finalmente, las asignaciones es un capítulo distinto, que debemos abordar. El formato del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias no dio el resultado que esperábamos. Tenemos que asemejarlo a un servicio público, y será la Corporación la que tendrá que proveer las herramientas para el trabajo parlamentario. Pero también lo voy a votar en contra porque no me parece que en un acto sin consideración se termine afectando los derechos laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras, que son los que nos ayudan a cumplir nuestra función parlamentaria.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Molina .

El señor MOLINA.-

Señora Presidenta, la verdad es que el desprestigio que existe se ha producido precisamente por acciones como las que vivimos hace un año y seis meses, cuando mediante un proyecto de resolución se pidió al Presidente de la República que rebajara las dietas de los parlamentarios, pero, al mismo tiempo, en ese mismo proyecto, se le pedía aumentar los gastos operacionales.

Como Evolución Política, tomamos la palabra y expusimos las razones del no. Dijimos que había que hacer un estudio serio, y que no solo los sueldos de los parlamentarios, sino que todos los altos sueldos del Estado tenían que estudiarse y rebajarse, si así lo determinaba ese estudio serio.

Nos tuvieron arriba del columpio los amigos de mi lado izquierdo durante un año y seis meses. Hasta hace cinco días, para los ciudadanos seguíamos siendo -yo estaba en el primer lugar- los que habíamos votado en contra un proyecto de ley que rebajaba la dieta parlamentaria. Eso es justamente lo que nos tiene desprestigiados, ni más ni menos.

Pero es falso. Aquí quiero ser muy claro. Una vez más lo que estamos haciendo es para la galería. En este caso, comparto lo dicho por el diputado Saffirio -pocas veces comparto la opinión con él- y estoy totalmente de acuerdo en que esta rebaja del 50 por ciento es otra pirotecnia, porque en dos meses más vamos a estar subiendo los sueldos. Desde mi punto de vista, por lo menos yo y probablemente muchos de ustedes, esta plata se la han ganado trabajando duro fuera de este lugar. Hay otros que pasaron -lo dijeron por ahí- de la mesada a tener este sueldo, y es entendible que lo encuentren demasiado alto. En lo personal, ante la idea de rebajar el 50 por ciento de la dieta, cabe considerar que muchos aquí pagan un millón de pesos en la universidad porque tienen uno, dos, tres o hasta cuatro hijos estudiando, sin CAE ni crédito, y que entraron a este parlamento sabiendo justamente que iban a tener ingresos. Por lo tanto, creo con justa razón que aquí hay que ponerse en manos de una comisión seria que establezca realmente cuánto es lo que tenemos que ganar, y que eso en alguna medida también vaya ordenando todos los altos sueldos. Porque a mí no me dan vergüenza solo los sueldos de los parlamentarios; también me da vergüenza la actitud que muchos parlamentarios tienen de su trabajo y el poco respeto que se tienen a sí mismos.

Soy un parlamentario nuevo y esto lo estuve viendo desde afuera desde hace muchos años; no es de hoy ni es solo de este grupo de parlamentarios. Creo que hay muchos altos sueldos que tienen que ver con empresas públicas y con cargos dentro del gobierno. Gracias a Dios, quitamos una indicación que permitía que pudieran estar en directorios personas que hoy son ministros y directores nacionales. Hay una serie de irregularidades que permiten que algunas personas tengan un sueldo mucho mayor.

Para que la gente lo sepa, los parlamentarios reciben su sueldo de 6.800.000 o 6.500.000 pesos. Por lo tanto, bajarlo a la mitad significaría recibir algo más de 3.000.000 de pesos, es decir, prácticamente la mitad de lo que reciben los intendentes, los gobernadores y muchos altos cargos del gobierno.

Por lo tanto, creo que no va a ser así. Creo que la comisión no lo va a dejar así y vamos a quedar muy mal cuando se nos suba el sueldo en dos meses más.

Creo que todo lo podemos rebajar -en esto comparto lo expresado por el diputado Ignacio Urrutia -; creo que podemos rebajar los sueldos de la gente que trabaja con nosotros. Pero ¿cómo se entiende que algunos parlamentarios tengan 20 personas trabajando para ellos? ¿Trabajarán? ¿Vendrán para acá? ¿Irán a los distritos? ¿Estarán cumpliendo su trabajo o solo están recibiendo un bono? Hay algunos que tienen 14 personas con los 4 o 5 millones. ¿Cómo se entiende eso? Efectivamente, hay que mirar ese tema, porque también se puede hacer una rebaja profunda.

Estoy dispuesto a rebajar todos los gastos, y no solo nuestros gastos y sueldos.

En ese sentido, creo que todos podemos hacer un esfuerzo y no quedarnos cómodamente pensando que estamos haciéndolo bien porque estamos pagando a las 20 personas que trabajan con nosotros, lo que, por lo demás, me parece que debe ser estudiado, porque habría que analizar cómo lo hacemos para pagar a 20 personas con los recursos que tenemos.

Tengo toda la disposición. Creo que aquí, lamentablemente, hemos caído nuevamente en un tema de que a un señor se le ocurrió que la rebaja tenía que ser de 50 por ciento, y lamentablemente vamos a sufrir el desprestigio porque en algunos meses nuevamente se tendrá que subir ese monto.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señora Presidenta, por fin estamos analizando esta reforma constitucional en la Cámara de Diputados. Es una necesidad imperiosa que se resuelva con la mayor celeridad y urgencia este proyecto de ley, porque, tal como lo decían algunos colegas, esta es una petición, una demanda imperiosa de la ciudadanía en relación con una situación que se viene arrastrando durante muchos años de injusticias, abusos y desigualdades en el país, y que se expresa simbólicamente en las rentas y remuneraciones que recibimos los parlamentarios y las altas autoridades del Estado.

Lamentablemente, esto se ha visto concentrado, como lo decía muy bien el Presidente de la Comisión de Constitución, en los parlamentarios, no obstante que la situación remuneracional involucra a más de 2.500 funcionarios de las altas jerarquías del Estado. Pero lo que requiere ser abordado con absoluta urgencia es el caso de las remuneraciones de las altas autoridades elegidas por voto popular, especialmente las del parlamento.

Creo que son muy adecuados los dos principios sobre la base de los cuales ha resuelto la comisión. Me refiero al principio de establecer una ley pareja para todas las altas remuneraciones del Estado y al principio de que no seremos nosotros quienes en definitiva, en régimen, como parlamento, fijaremos nuestras propias remuneraciones, sino que será un órgano externo, objetivo, imparcial, técnico y de indubitable juicio el que hará un estudio detallado y riguroso de lo que corresponde pagar como remuneraciones a las personas que cumplen una función de servicio público, que es lo que jamás debió haberse olvidado, porque muchas veces se considera que estas altas remuneraciones solo pudieran servir, o sirven, para objetivos de beneficios personal. Por ello, lo que nos corresponde cautelar es justamente el hecho de que cumplimos una función de servicio público y de compromiso con el desarrollo y con los intereses generales del país.

En cuanto a la norma principal, me parece muy adecuada la comisión que se formará, la cual fijará las remuneraciones en plazos breves. Sin embargo, esos plazos breves -a eso me voy a referir respecto de la norma transitoria- pueden prolongarse respecto de la urgencia del país. Por eso, creo que la norma transitoria de todas maneras tenemos que aprobarla. Coincido con el diputado Marcelo Díaz en el sentido de que, por lo menos para las autoridades elegidas, la disminución del 50 por ciento de las remuneraciones debiera aplicarse desde ya, sin ningún tipo de excepción, no obstante los peligros y las prevenciones que ha planteado muy bien el diputado Saffirio .

Hoy ya no da para más el que no actuemos con urgencia y con celeridad, a fin de que esta reducción de remuneración se produzca por acuerdo de la Sala.

Por lo tanto, voy a votar favorablemente la rebaja del 50 por ciento de las remuneraciones para las autoridades elegidas, en la votación separada que se va a pedir.

Creo que corresponde una autocrítica muy fuerte respecto de la falta de sensibilidad y de percepción que durante tantos años hemos tenido de esta situación.

Quiero realzar y felicitar especialmente a los diputados que suscribimos hace mucho tiempo esta medida, quienes hemos acogido la petición de los parlamentarios del Frente Amplio para tratar este proyecto de reforma constitucional con la mayor urgencia.

Por último, en relación con la situación que afecta a los jueces y a otras altas autoridades del Estado, estimo que no corresponde hoy aplicar la norma transitoria, de manera que me someteré al veredicto de la votación separada de la disposición respectiva.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Ramón Barros .

El señor BARROS.-

Señora Presidenta, agradezco la deferencia de que me haya otorgado de inmediato el uso de la palabra, por cuanto debo asistir, junto con otros parlamentarios, a la sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social

Finalmente, llegó el día de sincerar nuestras posiciones respecto de este proyecto de reforma constitucional.

Lo primero que quiero señalar es que lo votaré a favor, porque tiene por objeto reducir en forma temporal la dieta parlamentaria en 50 por ciento.

Asimismo, votaré a favor la indicación que propone la revisión y disminución en 50 por ciento de todas nuestras asignaciones, en espera de lo que planteará la entidad técnica encargada de pronunciarse al respecto.

No obstante, suscribí otra indicación para que los alcaldes no sean considerados dentro de la reducción que se propone. Me parece que la complejidad que determina esa reducción tendería a desvirtuar su propósito y provocaría muchos problemas en el ámbito municipal, por la forma en que está estructurada su escala de remuneraciones. Además, no son precisamente los alcaldes los que perciben los sueldos más altos de la administración del Estado. Incluso, algunos se encuentran en el grado 5º o 6º en la escala de remuneraciones del personal municipal.

Por lo tanto, suscribí esa indicación con la convicción de que no se debe incluir a los ediles en la reducción que plantea este proyecto.

Me parece un buen avance la revisión y reducción a la mitad de nuestras asignaciones, lo cual no tiene por qué significar un detrimento para nuestros trabajadores. Ustedes saben perfectamente que el Comité de Asignaciones Parlamentarias permite el traslado de gastos operacionales a la contratación de nuevos funcionarios. Para decirlo con claridad: aquel que no gasta la plata en la bencina puede contratar personal de apoyo. En la práctica, eso se ha traducido en un regimiento de activistas que no sé en cuánto ayudan al proceso de desarrollo legislativo.

Sinceremos las posturas. Aquí hay algunos que no gastan los recursos destinados a gastos operacionales, los traspasan inmediatamente a la contratación de más personas. Por eso, hay parlamentarios que tienen hasta veinte funcionarios, muchos de los cuales incluso han llevado a cabo manifestaciones en las tribunas, situación que a muchos nos ha causado extrañeza.

Por lo tanto, soy partidario de que sea una entidad externa, que no debe estar conformada por exparlamentarios, la que fije tanto nuestra remuneración y asignaciones como la de los altos cargos públicos del país.

Lo reitero: votaré a favor este proyecto de reforma, que propone reducir en 50 por ciento la dieta parlamentaria. Incluso, estoy de acuerdo con lo planteado por el diputado Ignacio Urrutia en cuanto a que debiéramos estar dispuestos a percibir cero pesos durante treinta o sesenta días.

Asimismo, votaré a favor la indicación que excluye a los alcaldes de los alcances de esta iniciativa, porque me parece que su inclusión desvirtuaría absolutamente su sentido.

En consecuencia, esperamos que esto se resuelva hoy en beneficio del Parlamento y del país, en el entendido de que no contaremos con atribuciones de ningún tipo para la fijación de nuestras dietas y asignaciones, porque los recursos que se nos entrega deben estar destinados a mejorar el proceso legislativo, y no a la contratación de verdaderos regimientos de activistas, cuyo objetivo básico es que los diputados para los que trabajan sean reelegidos.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric Font .

El señor BORIC.-

Señora Presidenta, hace casi seis años que con Giorgio Jackson y otros parlamentarios y parlamentarias, algunos recién llegados al Parlamento, presentamos este proyecto de reforma constitucional.

Nos dijeron de todo: que no entendíamos nada de cómo funcionaba el mundo; que los parlamentarios merecíamos los 9 millones de pesos porque trabajábamos mucho; que éramos cabros chicos con mesada e, incluso, que no teníamos exesposas a quienes pagarles la pensión, o que si bajábamos los sueldos los parlamentarios seríamos susceptibles de ser corrompidos. Incluso, a pesar de ganar 9 millones de pesos, algunos no tuvieron ningún problema en recibir recursos de Soquimich, de Penta o de Corpesca.

Hoy me gustaría estar contento. Pero es imposible abstraerse en este momento de la noticia desgarradora de que los ojos de Gustavo Gatica se han cerrado para siempre pese a mantener la llama de la vida y de la dignidad firme y en alto.

Por lo tanto, si bien estoy contento, creo que es una sobrealegría ante el contexto que tenemos en el país.

¿Cuáles son los principios que inspiran este proyecto de ley?

Uno, que no seamos los mismos parlamentarios quienes nos fijemos el sueldo, sino un organismo externo y técnico; dos, que la revisión sea para todos los altos sueldos del Estado; tres, que el plazo para operativizar la rebaja sea breve y con sentido de urgencia; cuatro, que la rebaja sea significativa y no simbólica, y, cinco, que todo ahorro producto de esta rebaja vaya al presupuesto de la Nación, para ser destinado a resolver necesidades sociales, no al ítem de asignaciones de los mismos parlamentarios.

Por lo tanto, voy a defender la rebaja transitoria del 50 por ciento que presenté como indicación junto con los diputados Díaz y Hirsch .

¡Qué vergüenza escuchar a algunos diputados, como el señor Molina , decir que no puede vivir con 4 millones de pesos, mientras el promedio de los sueldos en Chile, según el INE, es de 573.964 pesos y la mitad de los chilenos y chilenas gana bajo los 400 mil pesos! Para señalar aquello algunos vuelven a utilizar el argumento de la mesada.

Presentamos este proyecto porque creemos que hay un sentido de urgencia y hay que dar señales claras respecto de cuál es el objetivo de esta rebaja. No hay que patear la pelota al córner y señalar que esto significa una evidente presión para el organismo técnico que deberá analizar esta materia, para que la rebaja no vaya más allá del 50 por ciento, porcentaje que, por lo demás, está por sobre la mitad del promedio de los países de la OCDE.

Además, hemos hecho una distinción entre los cargos de representación popular y de confianza exclusiva con aquellos que son propios de una carrera funcionaria o que existen en razón de características técnicas. Las rebajas se deben aplicar para los primeros, no para los segundos.

Las asignaciones hay que revisarlas seriamente. Ojalá las sedes parlamentarias fueran propiedad de la Cámara, para que no tuvieran que ser arrendadas por cada diputado. Además, se debe terminar con los viáticos excesivos y se requiere bajar los gastos innecesarios en transporte. Sin embargo, no estamos disponibles para perjudicar ni despedir a secretarias, trabajadores sociales, abogados, abogadas o periodistas, que ganan entre 600.000 y 1.500.000 pesos por una indicación presentada a última hora con ánimo de empatar espuriamente este proyecto.

Lo mismo quiero decir respecto de los trabajadores del Congreso Nacional, de la Biblioteca, de las comisiones, de los trabajadores a honorarios o, incluso, de quienes más precarizados están, como los que prestan servicios de alimentación y aseo.

La baja de la dieta no soluciona el problema de la desigualdad, pero es una señal en la dirección correcta, porque parte del problema que tenemos hoy en nuestro país es producto de la profunda y grave desconexión entre la elite dirigente y la mayoría del pueblo, que como consecuencia de los altos ingresos de esa elite dirigente, de la cual hoy soy parte, porque no estoy hablando como outsider, ha vivido demasiado tiempo en un país paralelo y no ha tenido la capacidad de ver la injusticia, la desigualdad y la rabia larvada en nuestro pueblo, porque hay mucha gente que está endeudada en 70 por ciento de sus ingresos y que le cuesta llegar a fin de mes.

Colegas diputados y diputadas -por su intermedio, señora Presidenta-, la paz no se logra por decreto ni por firmarse en un papel. La paz se logra en la medida en que la vida en nuestro país sea digna para todos y todas, y no solo para algunos y algunas, como sucede hoy.

He dicho.

-Aplausos.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Prieto .

El señor PRIETO.-

Señora Presidenta, la necesidad de que las remuneraciones de los altos cargos de la administración del Estado sean reevaluadas ha quedado de manifiesto desde hace bastante tiempo. Esta necesidad viene dada en razón de las grandes diferencias que existen entre remuneraciones y la realidad de todos los chilenos y chilenas.

Esta reforma trae la solución a dicho problema, en el sentido de que, como lo dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, se fija un órgano colegiado y técnico, que, sobre la base de estudios y antecedentes, viene a determinar el quantum óptimo de las remuneraciones de los distintos órganos de la administración del Estado que sean calificados como de Alta Dirección Pública y cargos de elección popular.

Este mecanismo permitirá analizar los estándares de las remuneraciones a lo largo del mundo y así fijar, criteriosamente, una remuneración justa para todas aquellas personas comprendidas en este proyecto de reforma constitucional.

Esta necesidad se ha plasmado a lo largo del tiempo, dado que la sociedad ha manifestado un gran descontento en cuanto a los montos que los distintos cargos perciben al día de hoy. Considero que esta medida y este mecanismo lograrán, sobre la base de criterios racionales y objetivos, fijar de manera justa y legítima las remuneraciones que hoy en día se encuentran totalmente cuestionadas.

Ahora, si bien la disposición transitoria de este proyecto establece la rebaja de 50 por ciento de las dietas parlamentarias y las remuneraciones de otros cargos, esto es solamente mientras el órgano que se crea a través de él no determine las remuneraciones. Ha quedado bastante claro que aquello es transitorio, y, por lo tanto, podría modificarse. Por ende, que quede claro que no seremos nosotros quienes fijaremos nuestras remuneraciones, sino que estamos encomendando dicha labor a ese organismo técnico.

Espero que el ahorro que se genere con esta reforma -ojalá la honorable Cámara, y especialmente quienes han promovido esta rebaja, que me parece loable, sea consecuente- no tenga letra chica. Asimismo, que dicho ahorro, que debiera ser superior al contemplado en el proyecto inicial, pueda destinarse a discrecionalidad por el Presidente de la República a fin de que genere las inversiones y las políticas públicas que correspondan para cooperar en cubrir las necesidades de todos los chilenos y chilenas.

Esta reforma se encuentra totalmente bien encaminada. Espero que a través de la medida que se presenta se logren ajustar las remuneraciones de todos los cargos en cuestión de manera justa y así contribuir a hacer de Chile un país más justo.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señora Presidenta, desde que se presentó este proyecto de ley, hace casi seis años, hemos escuchado todas las excusas habidas y por haber para impedir que estuviera siquiera en tabla. Un senador decía que si llegaba raspando la olla a fin de mes, ya estaba contento, y que ocho millones de pesos no era tanta plata. De todas esas excusas, la más vergonzosa era la de decir que si las dietas de los parlamentarios se rebajaban, los más preparados perderían el interés en ser parte del Congreso.

La realidad hoy día en Chile es indesmentible. Chile es el país de la OCDE en que los parlamentarios reciben más altos ingresos. Superamos a países con un nivel de desarrollo mucho mayor, como Estados Unidos de América, Japón , Australia, Alemania. Y en relación con los salarios mínimos por país, somos la segunda nación con diferencias más altas entre sueldo mínimo y dieta parlamentaria. Nuestra dieta es equivalente a cuarenta salarios mínimos. En países desarrollados, como Suecia, Noruega o Dinamarca, esta relación no supera los cuatro o cinco salarios mínimos.

¿Cuánto afectará a la corrección de las desigualdades sociales la aprobación de un proyecto como este? Probablemente muy poco. Pero el tema de fondo es ético, es que seamos capaces de dar una señal clara y contundente de austeridad a la ciudadanía reduciendo nuestra dieta en 50 por ciento de inmediato hasta que esta sea definida por el órgano externo establecido en la ley en proyecto, que incluirá a dos representantes del Banco Central, dos de la Alta Dirección Pública y uno del Presidente de la República.

En un país con diferencias sociales tan marcadas, con un salario mínimo de 300.000 pesos, en que la mitad de los trabajadores gana alrededor de 400.000 pesos, en que la mayoría de los adultos mayores recibe poco más de 100.000 pesos de jubilación, mantener nuestras dietas es un insulto a la confianza, al sentido común y a la buena fe de las ciudadanas y los ciudadanos.

Esto que estamos logrando hoy es un triunfo del movimiento social: haber conseguido obligar a diputados que se negaron sistemáticamente a apoyar esta iniciativa y que hoy la han tenido que aceptar. Yo me alegro profundamente por eso.

Por eso es tan relevante este proyecto, que finalmente rebaja nuestra dieta en 50 por ciento y que fija este organismo externo y autónomo para definir las dietas futuras, tanto nuestras como de las altas autoridades del país.

Sin embargo, quiero expresar mi rechazo rotundo a la indicación que busca bajar el sueldo a los trabajadores que asesoran a los parlamentarios. Esa indicación se escribió literalmente en una servilleta, sin ninguna discusión, sin ningún debate, sin ningún análisis, sin ninguna argumentación que la sustentara, simplemente para ensuciar este proyecto, perjudicando a trabajadores del Congreso. Eso es una pequeñez y un acto de revanchismo lamentable que busca perjudicar a los trabajadores del Parlamento por una medida que estaba destinada únicamente a rebajar nuestras dietas y las de las altas autoridades del país.

Es inaceptable que una iniciativa que busca traer algo de justicia social nuevamente la derecha la distorsione para perjudicar a los trabajadores. Lo digo, porque si esa indicación prospera, habría que reducir a la mitad el sueldo de los trabajadores o, lisa y llanamente -escuchen bien-, despedirlos. La derecha insiste en castigar a los trabajadores. ¿Por qué lo hace?

Yo espero que rechacemos por amplia mayoría esa indicación, que es totalmente contraria al espíritu de este proyecto. Bajemos nuestros gastos operacionales, bajemos nuestros viáticos, bajemos nuestra dieta, pero no castiguemos a los trabajadores. ¡Eso es inaceptable!

(Aplausos)

También rechazaré que los parlamentarios abogados puedan litigar y que se rebaje el sueldo a jueces y alcaldes. Presentamos una indicación para tal efecto.

Y, por cierto, espero que aprobemos por unanimidad la rebaja de nuestra dieta y de las demás autoridades del país que hoy ganan sueldos muy, pero muy por sobre lo éticamente correcto.

He dicho.

-Aplausos.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señora Presidenta, confieso que fui insensible cuando Gabriel , Vlado y Giorgio pusieron este tema en 2013. No alcancé a percibir lo sensible que era para la ciudadanía la torre de cristal en que vivíamos y la distancia sideral que generaba el hecho del exagerado confort en que uno vive cuando es parlamentario y le cae regular y periódicamente un ingreso, que siempre consideré elevado, particularmente desde 2003, cuando se formalizaron los sobresueldos, y la dieta parlamentaria aumentó automáticamente en casi 35 por ciento.

No obstante, siempre he defendido, lo que me ha diferenciado de los compañeros, que se valore de manera distinta la labor ejecutiva de la legislativa. Me cuesta concebir que un ministro, designado, sea valorado económicamente por la sociedad y por el Estado de manera superior a un legislador, que es elegido por el pueblo para tomar decisiones relevantes para el país y para la ciudadanía.

Fracasé, tanto con la Presidenta Bachelet como con el Presidente Piñera, en dos ocasiones, cuando intenté convencerlos de que propusieran la rebaja de los sueldos de las altas autoridades, para cumplir con el compromiso que hicimos cuando aprobamos el fin del binominal: que al Estado no le costara ni un peso adicional el establecimiento de un sistema proporcional inclusivo, que corresponde a la realidad representativa del actual Congreso.

Felicito a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento por haber tomado la decisión de trasladar a una instancia externa la fijación de la remuneración de cada una de las 2.500 altas autoridades del Estado, particularmente la de las elegidas por votación popular. Si esa instancia será la que resolverá el monto de la dieta, y no el Congreso, ¿qué sentido tiene que este Parlamento, contradiciéndose a sí mismo, la fije ahora, a mi juicio de manera ilusoria y simbólica, por solo dos meses? ¿Qué es más parecido a una publicidad engañosa que la fijación provisoria de la dieta por dos meses, cuando hemos trasladado la decisión de cuánto debe percibir cualquier autoridad del Estado a una instancia objetiva, para que lo haga con criterios comparativos?

Completamente distintos son los recursos para el desempeño de la función parlamentaria. Soy partidario de que se haga una reingeniería completa al respecto. Hay que reforzar la labor institucional y disminuir aquella de la que nosotros somos propietarios, porque eso es lo que genera una distancia insalvable entre el incumbente, el parlamentario que va a la reelección, y el ciudadano que quiere formar parte del Congreso Nacional.

Los parlamentarios hacen su campaña con recursos públicos, porque así está establecido, pero de una manera desequilibrada respecto de aquel ciudadano que no tiene recursos fiscales para ello. Esa es una discusión seria y responsable que no se puede hacer en el recodo de un debate como este.

Votaré en contra esa indicación improvisada, que más se parece a la reacción de un boxeador que está cayéndose a la lona y se abraza al adversario para que caigan juntos, que a una propuesta seria. ¡No tiene otro significado!

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson Drago .

El señor JACKSON.-

Señora Presidenta, como se ha comentado, hace casi seis años que esta discusión tuvo lugar en este hemiciclo, aunque, lamentablemente, durante mucho tiempo hubo silencio al respecto.

Quiero hacerme cargo de algunas cosas que se han dicho en este debate.

En primer lugar, me referiré a cómo nace la idea de la dieta. Mucha gente me pregunta a través de las redes sociales qué pasa con los sueldos. Les explico que la dieta es como una remuneración. La dieta que recibimos los parlamentarios es lo mismo que un sueldo, y la forma de calcularla está regulada en la Constitución Política de la República, lo que me parece una anomalía.

Antiguamente, los parlamentarios trabajaban ad honorem, por lo cual solo los terratenientes, quienes obtenían ingresos por otras vías, estaban en posibilidades de dirigir el país. Era algo sumamente oligárquico, pues los trabajadores y trabajadoras no podían destinar su tiempo a labores de representación.

Por lo tanto, nunca hemos puesto en duda la idea de que debe existir una remuneración para quienes se dedican a esta labor. Siempre dijimos que las dietas eran exorbitantes, que no tienen nada que ver con los estándares internacionales y que son totalmente ajenas a la realidad de nuestros compatriotas.

También establecimos, desde el comienzo, una diferencia importante entre representantes y funcionarios de carrera. No es lo mismo hacer una carrera funcionaria que representar al pueblo.

Me pregunto cómo podríamos ir a un club de adultos mayores y quedarnos tranquilos, sabiendo que las pensiones que les entrega el Estado son ochenta veces menores que nuestras dietas; cómo vamos a ir a un sindicato sabiendo que nuestra remuneración es más de treinta veces mayor que el sueldo de los trabajadores que representamos. En algún momento llegó a ser treinta y nueve veces mayor. ¿Acaso trabajamos treinta veces más duro que ellas y ellos? ¡Por supuesto que no! Hay gente que se pela el lomo trabajando.

Me avergonzaron, en su momento, las palabras de algunos colegas que dijeron que la dieta parlamentaria es justa porque nos sacamos la cresta trabajando, como si quienes ganan el sueldo mínimo no se sacaran la cresta, como si quienes reciben remuneraciones menores al sueldo mínimo, trabajando informalmente, no se sacaran también la cresta.

Enhorabuena que la movilización social, el estallido puso de relevancia una materia que estuvo en silencio durante mucho tiempo. Sin esas movilizaciones sería imposible que estuviéramos discutiendo este proyecto de reforma constitucional en esta Sala.

Está bien que haya una revisión de los sueldos de todas las altas autoridades del Estado, porque, efectivamente, hay lugares en los que estos no se condicen con la realidad del país; sin embargo, como dijo el propio presidente del Banco Central y como dice la experiencia comparada, eso no se puede hacer de un paraguazo para los funcionarios de carrera, porque podría traer enormes costos para el funcionamiento mismo de los servicios públicos, y no queremos que eso pase.

Estamos proponiendo un proyecto responsable que fija transitoriamente las dietas de los parlamentarios y de los ministros de Estado en menos de 50 por ciento de su monto actual. No creemos que se tenga que hacer extensivo, como se pretendió, para los jueces y para alcaldes en ejercicio, quienes pueden llegar a ganar hasta dos millones doscientos mil pesos en algunos municipios.

Recojo la analogía del boxeador que al ir cayendo noqueado se abraza al rival para que caigan juntos. Esos manotazos de ahogado no le hacen bien a nuestra democracia, porque en el fondo intentan trabar la tramitación de un proyecto que es del todo sensato.

La gente se pregunta cuánto significa la rebaja en la práctica. Hoy, la dieta parlamentaria bruta asciende, aproximadamente, a 9.400.000 pesos, y con esta reforma, con la reducción del 50 por ciento que estamos planteando, bajará a 4.7 millones de pesos. ¿Es harta plata? ¡Por supuesto que es harta plata! Mucho más que lo que la ciudadanía puede alcanzar; pero es un gesto mínimo e inmediato que hará que se retome la confianza en instituciones que están completamente desprestigiadas.

Respecto de las asignaciones, ¡otro manotazo de ahogados! Quien pretenda que se haga necesario despedir a la mitad del personal que trabaja en las oficinas parlamentarias o que se les tenga que reducir el sueldo a la mitad, tratándose de trabajadores que ganan entre 600.000 y 1.500.000 de pesos, no está entendiendo nada, o está entendiendo todo y está tratando de confundir.

Solicitamos votación separada porque estamos plenamente disponibles para discutir el tema de las asignaciones, pero no para hacerlo de un paraguazo, a costa de trabajadoras y trabajadores que se sacan la cresta todos los días en el Congreso Nacional y afuera, en los distritos.

Esperamos que el proyecto se apruebe hoy y se tramite con prontitud en el Senado, para que pronto sea ley de la república.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señora Presidenta, antes de abordar el tema de la dieta parlamentaria, me gustaría hacer un comentario.

Junto con el diputado Schalper presentamos, hace ya un tiempo, un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de que los diputados y diputadas publiquen en la página web de la Cámara de Diputados todas las actividades territoriales que realicen. Sería bueno que ese proyecto avanzara en su tramitación en la comisión, para evitar el cuestionamiento hacia nuestra labor y la de nuestros equipos de trabajo. Así despejaríamos las dudas de quienes cuestionan a nuestros trabajadores y trabajadoras.

En la calle escuchamos profundas consignas acerca de un país más digno y la ciudadanía ve este proyecto como un paso fundamental para derribar los privilegios y eliminar las brechas, pensando en un país más equitativo. ¡Y estoy muy de acuerdo con ello! De hecho, soy una de las diputadas patrocinantes de uno de los proyectos refundidos cuyo objetivo era la baja de la dieta parlamentaria.

Estoy de acuerdo con que esto no soluciona de manera sustancial las demandas de todos los chilenos y chilenas, pero sí implica un compromiso por parte de esta institución, tanto de quienes llevan muchísimos años como de quienes solo llevamos poco más de un año y ocho meses.

La idea matriz del proyecto dice relación con rebajar la dieta de diputadas, diputados y ministros, respecto de lo cual manifiesto mi más pleno acuerdo, pero también expreso mi aprensión respecto de la baja de la remuneración de alcaldes y alcaldesas -voy a explicar por qué-, cuya realidad administrativa y comunal es muy distinta.

Ayer, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se recibió a distintas agrupaciones de funcionarios municipales y, por supuesto, el proyecto y sus indicaciones nada dicen respecto de una baja en las remuneraciones de ellos, pero sí establece que la escala de remuneraciones parte por el alcalde, asociado necesariamente a un grado, por lo que se podría generar un efecto indirecto que provoque una baja en las remuneraciones de funcionarios sobre la lógica natural de cómo se calculan los sueldos en la escala municipal.

Actualmente, existen solo ocho municipios cuyos alcaldes tienen una remuneración bruta bastante alta y 166 municipios en los cuales la remuneración de sus ediles es un tercio de la de los ocho anteriores.

Por lo tanto, urge una nivelación de los sueldos para los jefes comunales de nuestro país, considerando que los municipios, además, tienen una gran responsabilidad administrativa, pues administran aseo, tránsito, luminarias, áreas verdes, cultura y los más vulnerables también administran pobreza.

Me preocupa la indicación presentada y aprobada que rebaja el monto de la asignación para nuestro personal de apoyo, que afecta de manera directa a más de mil trabajadores de esta Cámara, personal fundamental para desarrollar nuestra labor, tanto en el Congreso Nacional como en la vinculación territorial y en el trabajo con organizaciones sociales. Ellos complementan nuestra labor de fiscalización en los lugares más recónditos de nuestro distrito que, en mi caso, son 26 comunas que, literalmente, van de mar a cordillera.

Me parece que esta indicación es injusta y dañina con ellos, y desvía el foco central, que es la rebaja de nuestra dieta parlamentaria.

Con todo, habiendo manifestado mi preocupación respecto del caso puntual de alcaldes, alcaldesas y de nuestro personal de apoyo, reitero mi más pleno apoyo a la idea de rebajar la dieta parlamentaria en 50 por ciento y encargar al Banco Central o a un organismo técnico externo serio la determinación de los ingresos que deberían recibir las altas autoridades del Estado, conforme a su labor, porque este es de aquellos proyectos que concuerdan plenamente con una de las tantas demandas ciudadanas.

He dicho.

-Aplausos.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señora Presidenta, estoy bastante preocupado, porque nuestra reacción ante la crisis en curso es precisamente la que no hay que tener.

En circunstancias como las actuales la tentación a precipitarnos, a tramitar proyectos facilistas, rápidos, para tratar de responder a la coyuntura, pero sin rigurosidad, es algo que debemos evitar. La tramitación de este proyecto de ley así lo demuestra. Sus vaivenes e indicaciones han dejado en evidencia que no hemos sido capaces de estar a la altura de las circunstancias que enfrentamos.

¡Tanta argumentación sin rigurosidad para la galería! Aquí se repite hasta la saciedad la comparación con los países de la OCDE, pero lo que no se dice es que cada uno de esos países es distinto: algunos no tienen contemplada la exclusividad de la función parlamentaria; otros tienen asignaciones de libre disposición y hay algunos que tienen jornadas parciales en la labor parlamentaria. Se repite hasta el cansancio la comparación con los países de la OCDE, pero no se es riguroso al momento de hacerla.

Por lo tanto, lo único que puedo concluir es que no les interesa ser rigurosos, sino simplemente marcar un punto retórico. Lo mismo sucede con la situación de las asignaciones. Nos ha faltado coraje para hablar a la ciudadanía con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que no hemos sido capaces de explicar a la ciudadanía cuánto significa en gastos la labor parlamentaria, no en Chile, sino en cualquier país.

Debemos ser capaces de hacer esto de forma más ordenada, con una mayor administración de parte de la Cámara de Diputados, con sedes administradas por ella, con convenios marco para el uso de los automóviles, etcétera. Aquí siempre tratamos de hacer las cosas a medias, para quedar bien, pero, en la práctica, no las hacemos como corresponde.

En mi caso, al menos, desde el minuto uno di tranquilidad a mi equipo, porque soy de los que creen que sí tenemos que rebajarnos las asignaciones, porque efectivamente son muy elevadas, pero eso no tiene por qué hacerse con cargo a nuestros equipos de trabajo.

Me sumo a lo que ha dicho el diputado Auth respecto de la publicidad engañosa, pues me interpreta totalmente, y es parte de este clima de falta de rigurosidad.

¿Hasta cuándo no entendemos que la gente está cabreada de nuestras pachotadas, de nuestras superioridades morales, de que algunos interpelen a otros o de que algunos se pretendan erigir como bastiones de la moralidad? ¿Hasta cuándo? La gente quiere que, de una vez por todas, nos pongamos de acuerdo, dialoguemos y busquemos soluciones.

Soy un convencido -me sumo a lo que acaba de señalar la diputada Marzán - de que la molestia de la ciudadanía tiene que ver efectivamente con nuestros ingresos, pero también con la forma cómo desarrollamos la labor parlamentaria y cómo somos incapaces de dar señales de unidad,

Francamente, hay un problema muy grave respecto de la ineficacia de las autoridades políticas, pues no somos capaces de responder adecuadamente a los problemas, estamos en un permanente conflicto, hay instaladas ciertas malas prácticas que debemos corregir, pero sobre todo nos falta coraje para defender la labor parlamentaria.

Coincido con el diputado Boric en una cosa: uno de los motores de esta crisis es la desproporción que existe entre las élites de Chile y lo que puede hacer un chileno esforzado y de trabajo. Y cuando hablo de la élite no hablo solo de la élite política, sino de la élite empresarial, de los animadores de televisión, de los líderes sindicales, de los rectores de universidades, etcétera. Toda esa gente, muchas veces, dicta cátedras, pero también forma parte de una élite indolente que no se ha hecho cargo de los problemas sociales.

Es cierto que la desigualdad social es un problema político real, del cual nos tenemos que hacer cargo, pero también es cierto que la paz social no se logra por decreto. La injusticia social, muchas veces, es catalizadora de la violencia; pero en la situación en que nos encontramos y después de lo ocurrido el día de ayer, espero que terminemos con esas condenas de cartón a la violencia, en que sentimos que hacemos algo al poner una publicación de condena en Facebook. Eso podemos pedírselo a alguien que no tiene la capacidad de ejercer algo de potestad, pero los que estamos en posiciones de liderazgo debemos hacernos cargo de que hoy muchos chilenos están sufriendo violencia en medio de la impunidad más absoluta y con nuestra complicidad pasiva.

Ojalá, como autoridades, seamos capaces de dar una señal clara, porque si bien no hay paz sin justicia, tampoco hay paz si toleramos los actuales niveles de violencia.

Reitero que no basta solo con las condenas de cartón a la violencia, los tuits o las publicaciones en Facebook, sino que hay que estar dispuestos a entender que el orden público también requiere de potestad por parte de aquellos llamados a custodiarlo.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señora Presidenta, este es un debate que desde hace bastante tiempo está en la opinión pública y en medio de las protestas.

Quiero recordar un par de cosas y, quizás, repetir otras. En primer lugar, nosotros no tenemos empleador; somos un Poder del Estado. Ninguno de nosotros tiene un empleador, pues somos un órgano colectivo y colegiado cuya labor es legislar, fiscalizar y representar.

No ocurre lo mismo con el Poder Judicial ni con los ministros de Estado, excepto el Presidente de la República, quien obviamente no tiene jefe.

Como órgano colectivo, se buscó una solución en la Constitución Política de la República, porque hubo periodos históricos donde esto se degeneró y se desacreditó. Recuerdo que el conflicto constitucional que se generó en Chile entre 1924 y 1932 desató la molestia de la ciudadanía, la cual fue expresada por jóvenes oficiales, a raíz de la dieta parlamentaria y de la discusión que hacía el Congreso sobre esa dieta para el año siguiente, sin legislar sobre leyes laborales, de renta, etcétera. Lo leí en un pasaje de un buen libro de historia.

Se buscó una solución para que quedara fija la dieta, estableciendo una equivalencia entre las rentas de diputados y senadores y la de un ministro. Obviamente, pasado el episodio de 2002 o 2003, que algunos han repetido, esto se desvirtuó y la dieta se elevó demasiado en relación con la realidad del país y de los trabajadores, generando una dificultad.

De alguna manera indirecta nuestros empleadores son nuestros representados, porque no tenemos que olvidar que somos representantes de una democracia, donde un día podemos estar en el poder y en otro no.

La dieta parlamentaria se elevó en demasía en relación con todos los ítems que podamos nombrar, como pensión básica solidaria, ingreso mínimo, sueldos promedios o el 50 por ciento de los ingresos por sobre los cuatrocientos mil pesos. Hoy es absolutamente desmedida una dieta equivalente a la remuneración de un ministro, que no lo era cuando se estableció la norma. Es por eso que hay que bajarla.

Personalmente, como fui parlamentario y ahora volví a serlo, me comprometí durante la campaña a aprobar esta iniciativa que lanzaron los parlamentarios del Frente Amplio junto con otros colegas durante el periodo legislativo pasado, como la diputada de la Federación Regionalista Verde Social Alejandra Sepúlveda . No dejo de decirlo, porque nos une un mismo propósito en esta materia y me alegro de que ella también haya estado en esa posición.

¿Qué hacemos ahora? Nos vemos en este tris y empezamos a resolver la discusión después de seis años de planteada, en medio de un conflicto social profundo, tremendo y único en la historia de Chile. La ciudadanía no solo está enojada y molesta con el Presidente de la República, sino también con lo que llaman “clase política”, o sea, con diputados, senadores, ministros, todos.

Tenemos que resolver ahora, pero lo estamos haciendo mal. No me gusta como presenta esto la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglameto, porque hay una serie de recovecos y no pudieron buscar una fórmula más simple. La solución es muy sencilla: es necesario modificar el artículo 62 de la Constitución Política de la República y establecer que diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente al 50 por ciento de la remuneración de un ministro. ¡Lo propuse y se resolvía de inmediato! El problema es que empezamos a meter los altos sueldos, que podrían haber quedado para otra discusión. Hay que entender que los principales cuestionados somos nosotros, los diputados y los senadores. La gente no anda en las redes sociales ni en las calles pidiendo la rebaja de los sueldos de los ministros. A veces solo plantean disgusto por los sueldos de Codelco, porque son realmente exagerados, pero somos nosotros los cuestionados. Haber metido a los funcionarios o a los miembros del Poder Judicial fue embolinar un poco la perdiz o, como dijo alguien, fue dar un abrazo de boxeador, que cae tratando de botar al otro. Eso no me gusta, porque creo que la solución era mucho más simple.

Resumiendo, aquí hay un conflicto complejo y difícil. Tenemos que rebajarnos la dieta por lo menos un 50 por ciento y actuar rápido, pero ojalá de la manera más simple, pura y sin tanto enredo, para que la ciudadanía nos entienda y nos crea.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Álvarez .

El señor ÁLVAREZ (don Sebastián).-

Señora Presidenta, estamos discutiendo un proyecto de ley que busca generar menor desigualdad entre las autoridades y la ciudadanía. Es verdad, los diputados nuevos heredamos este sueldo, estas asignaciones y estos gastos. Los que ingresamos en este periodo legislativo no tuvimos determinación ni decisión en ninguno de esos montos.

***Nosotros entramos con cambios y nos hemos ido adaptando a ellos. Desde que ingresamos, bajaron los gastos de operación, de recursos humanos, pero nos adaptamos y tenemos esa capacidad porque no llevamos tanto tiempo trabajando como diputados. En ese sentido, este es un proyecto que apunta a la justicia social.

El año pasado, cuando se votó un proyecto de resolución sobre la materia, como bancada Evópoli dejamos bien claro por qué lo votamos en contra. La iniciativa buscaba aumentar los gastos operacionales y solo mencionaba a diputados y senadores, pero no se refería a una reforma al Estado de Chile ni consideraba a las regiones. Es muy distinto ser diputado de la Región de Valparaíso o de la Región Metropolitana que ser diputado de otras regiones.

Este proyecto de ley busca disminuir la dieta parlamentaria, los gastos operacionales, los recursos humanos de los parlamentarios y de autoridades. En el fondo, busca pasar de una dieta de veinte millones de pesos, que es lo que la ciudadanía dice que nosotros ganamos, a una de diez millones de pesos, como una forma de decir que estamos más cerca de la ciudadanía.

Como habrá una discusión y existirá un consejo técnico que revisará esta materia, quiero hacer el punto en que por favor no nos miremos el ombligo, como lo hacemos todos en este país. Aquí debe haber una mirada respecto de las regiones, porque, como dije, no es lo mismo ser diputado por la Región Metropolitana que ser diputado por otras regiones. En regiones representamos territorios que abarcan muchos kilómetros. De hecho, muchas veces cubrimos dieciséis, veinte o veinticuatro comunas, y entre una localidad y otra nos demoramos entre treinta minutos y una hora para desplazarnos.

Es necesario que haya consideración, porque no es un tema de igualdad, sino de equidad. Cuando dije que hemos heredado este sueldo, uno lo piensa porque es verdad.

Diputados de la Región Metropolitana y de la Región de Valparaíso reciben viáticos, pero residen en el mismo lugar en que trabajan. ¡Miren lo abusivo que es este sistema y nadie lo había detectado! ¡Ni siquiera el Consejo de Asignaciones Parlamentarias o los propios parlamentarios miembros de ese comité! Nadie dijo: “Los viáticos son para aquellos que tienen dos residencias, porque tienen una en su región y otra para vivir en la Región de Valparaíso”.

Esos matices tienen que ser considerados por ese comité externo, porque Chile cambió y quiere decir que debemos tener miradas hacia las regiones y optimizar los recursos del Congreso.

Esto es solo una señal, pero no nos lleva a un mejor Congreso, porque la gente ve que avanzamos muy lento y que trabajamos muy poco. Bueno, mejoremos y cambiemos, por ejemplo, los regímenes de visita a las regiones; trabajemos de lunes a viernes dos semanas al mes, con diez días de trabajo parlamentarios, y en semanas distritales trabajemos en una oficina común, pública y regional, donde nos podamos juntar dos veces en esa semana, con el objeto de tener una sesión para determinar proyectos de carácter regional y donde podamos impulsar iniciativas legales para representar a nuestras regiones en el Congreso Nacional.

Implementemos tecnología en los procesos administrativos y en las comisiones. Tenemos que modernizar nuestros procesos para avanzar más rápido. La gente siente que avanzamos poco; por eso percibe que ganamos mucho. Si avanzáramos y resolviéramos los problemas que la ciudadanía demanda, estoy seguro de que habría una mejor evaluación de nuestra función parlamentaria.

Hoy estamos dando una señal, pero insisto en que es necesaria una mirada a las regiones, una modernización del Estado y de los procesos administrativos del Congreso.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señora Presidenta, este tema de la remuneración justa de las autoridades públicas es una antigua discusión. En La Comuna de París, un evento insurreccional en que el pueblo tomó el poder de la ciudad para defenderse de los prusianos, dado que la burguesía la abandonaba, la consigna era elegibilidad y revocabilidad de todos los cargos, y salarios funcionarios iguales al salario obrero. En Chile este debate tiene larga data; un diputado ya recordó el debate de la dieta en 1925.

Este tema está en la actualidad en el país desde hace mucho rato. El inconveniente que tiene discutirlo hoy es que no se hace con serenidad, porque nos rodean acontecimientos que hacen tomar medidas de urgencia; otros parlamentarios han mencionado que en su opinión influye mucho lo que hoy está ocurriendo en el país.

Yo recuerdo que en 2006 presenté esta idea en la directiva del Partido Socialista, y se levantaron unos parlamentarios -ya no ejercen ese cargo-, a quienes no voy nombrar, a pegarme porque proponía reducir la dieta a la mitad. Se irritaron porque se consideraron afectados.

Esas son las pasiones que desata este tipo de debate. Pero la necesidad de disminuir la dieta tiene que ver con un problema del estado de salud de nuestra democracia, de nuestro Parlamento y de nuestra política, que desde hace rato está enferma. Eso es lo que tenemos que tratar de sanar.

Yo no estoy seguro de que lo que ha obrado la Comisión de Constitución ayude mucho, no porque reduzca a la mitad la dieta, sino porque deja para más adelante una determinación más certera respecto de lo que esta debería ser. Están pensando en que esto puede ayudar a enfrentar la crisis que vive el país; pero si ese órgano externo nos viene con la sorpresa de que se necesita pagar más de la mitad de la dieta, la irritación será peor.

Entonces, yo abogo por que la dieta quede en 50 por ciento y punto, y que la rebaja solo afecte a quienes tiene que afectar, porque la ciudadanía no está irritada con todas las autoridades, sino con las autoridades que estamos sentadas aquí, y es aquí donde hay que resolver el problema, no en el resto de la administración pública.

A mí me huele a ardid esto de meter a todo el resto, de meterlos a todos para que, aparentemente, todo vaya a cambiar y, finalmente, nada cambie.

Aquí, el problema es exclusivamente el sueldo o la dieta parlamentaria. ¿Qué tienen que ver nuestros trabajadores? ¿Qué tienen que ver los funcionarios del Ministerio de Planificación, que ya no existe, o del Ministerio de Economía, Fomentó y Turismo, que sí existe? ¡Nada! Es una pésima solución la que propone la Comisión de Constitución.

Yo solo voy a votar a favor la reducción de la dieta, y punto, porque el resto de las cosas no tiene nada que ver.

Las cosas se hacen oportunamente o no se hacen. Es una pretensión vana que esta reducción de las dietas, incluso si fueran el 25 por ciento de lo que son hoy, va a resolver lo que está sucediendo en el país. No lo resolverá en nada, porque las cosas tienen su oportunidad. Si esto lo hubiésemos resuelto hace cuatro años, el problema estaría solucionado; pero hoy, incluso como dijeron descabelladamente los parlamentarios que son latifundistas, a propósito de que antes los parlamentarios trabajaban ad honorem, la podemos reducir a cero e igual el deseo es…

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Ha concluido su tiempo, diputado Schilling .

A petición del diputado Cruz-Coke , cito a los jefes de Comités a una reunión dentro de cinco minutos.

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señora Presidenta, primero quiero hacer una aclaración. El diputado Pepe Auth señaló, como autores del proyecto, a los diputados Gabriel Boric , Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic ; pero aparte de ellos están Loreto Carvajal , actual

Vicepresidenta de la Cámara de Diputados; Alejandra Sepúlveda y quien habla, Cristina Girardi , además de los entonces diputados Sergio Aguiló , Claudio Arriagada , Roberto Poblete y Yasna Provoste .

Creo que es importante dejar en claro que hubo más de tres diputados que presentamos este proyecto y que teníamos la intención de poner este tema sobre la mesa hace mucho tiempo, pues este proyecto fue presentado en el 2014. Claramente es un tema que se venía conversando desde mucho antes, porque el que no se cuestiona no tiene la capacidad de estar en este Congreso Nacional.

Creo que una de las cosas que tenemos que hacer como parlamentarios es cuestionar el orden establecido, el statu quo. Eso es lo que, de alguna manera, nos hace legisladores. Si no queremos cambiar nada, entonces no tenemos que estar aquí. Creo que es importante señalarlo.

Lo segundo que quiero señalar es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteó el diputado Marcelo Schilling , en el sentido de que hay una molestia ciudadana no con cualquier autoridad ni con cualquier cargo de representación. En eso nosotros tenemos una responsabilidad, pues, como parlamentarios, no hemos sabido legitimar nuestro rol.

También hay una responsabilidad ciudadana. Los que estamos aquí no llegamos por una designación divina, a pesar de lo que creen aquellos parlamentarios que son de la Iglesia evangélica, que dice que Dios nos puso en el lugar en que tenemos que estar. Aquí claramente hay una decisión popular respecto de la cual también se debe asumir la responsabilidad. La ciudadanía lo eligió a este Parlamento; entonces, también hay responsabilidad de la ciudadanía en elegir aquello que ahora no le gusta. Si nos eligieron y no somos del gusto de la ciudadanía, también se debe asumir que allí hay una responsabilidad.

No obstante, claramente esta función es la que está cuestionada, porque el monto de la dieta parlamentaria supera cualquier lógica y cualquier parámetro moral o ético en el mundo. Hoy somos uno de los parlamentos que más gana en el mundo, que tiene una de las dietas más alta en el mundo, en circunstancias de que no somos el país más rico del mundo. Eso debería hacernos cuestionar lo que percibimos como dieta.

El diputado René Saffirio señaló que la idea de este proyecto es que haya un órgano externo que fije la dieta. Yo estoy de acuerdo; pero el peligro que él señaló, en el sentido de que quede con un monto superior al 50 por ciento, corre tanto si se vota en contra como si se vota a favor la indicación que rebaja la dieta al 50 por ciento. Esa comisión independiente no tiene señal alguna. Al respecto, creo que sería interesante decir a esa comisión de asignaciones que nosotros queremos poner un límite, y ese límite podría ser, precisamente, lo que ganan hoy los alcaldes.

Nosotros no tenemos responsabilidad administrativa y ganamos muchísimo más -prácticamente el doble- que los alcaldes. Quiero recordar que el alcalde administra la educación, la salud, el municipio, la comuna completa, y gana prácticamente la mitad de lo que ganamos nosotros. Un alcalde grado 1 gana 6.700.000 pesos. Por lo tanto, primero, nosotros jamás deberíamos ganar más de lo que gana un alcalde, y segundo, claramente la indicación que aquí se presentó para rebajar la dieta a 50 por ciento y amarrarla a la rebaja de los alcaldes me parece un despropósito. Eso es como decir que queremos cambiar algo, sabiendo que, si integramos esa disposición, no se va a aprobar.

Entonces, me parece una trampa y una perversión haber incluido a los alcaldes en esa indicación. Claramente, la molestia es con los parlamentarios, no con los alcaldes. Hay alcaldes...

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Ha terminado su tiempo, señora diputada.

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señora Presidenta, quiero saludar a las autoras y a los autores del proyecto de ley en cuestión, particularmente a Giorgio, a Gabriel, a Vlado, quienes lo han empujado permanente y sistemáticamente.

El debate de hoy no se trata solo sobre los sueldos de los parlamentarios o de los ministros. Lo que nos exige el estallido social es debatir sobre la desigualdad, sobre la excesiva concentración de las riquezas en grupos minoritarios, pero también sobre la excesiva concentración del poder y la deslegitimación del sistema e institucionalidad política producto de una democracia secuestrada por el dinero y los negocios, que no ha demostrado ser capaz de atender las necesidades de las grandes mayorías, porque no permite incorporar a la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones políticas sobre temas que son de interés nacional, es decir, en el proceso del poder.

¿Qué posibilidad tiene hoy un vecino o una vecina de influir en las decisiones que luego les afectan a ellos mismos? Hemos reducido de tal manera la democracia, que la única opción de participación se reduce a un voto cada cuatro años.

Chile tuvo que salir a la calle y crear este nivel de estallido para que pusiéramos atención y nos pusiéramos medianamente de acuerdo para enfrentar el problema de la desigualdad.

Hace pocos años el escenario era muy distinto al de hoy, en que por unanimidad la Comisión de Constitución aprobó la rebaja de la dieta parlamentaria en 50 por ciento, presentada por los parlamentarios que mencioné. En octubre de 2015, junto a Karol Cariola , Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic propusimos seis medidas para eliminar privilegios innecesarios en el sector público, entre ellas, por supuesto, la reducción de la dieta parlamentaria en 50 por ciento y también la de los más altos cargos públicos.

Asimismo, propusimos eliminar los viáticos, el uso de pasajes en clases superiores y beneficios comerciales que favorecen a parlamentarios, ministros, subsecretarios y jefes de servicios. Y, por supuesto, insistimos en una propuesta que fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados respecto de modificar el uso de los recursos recaudados en la Ley Reservada del Cobre.

Durante estos años fue tanta la resistencia de un sector político hacia la rebaja de la dieta parlamentaria, que hace pocas semanas tuvieron que recurrir a las fake news, a las noticias falsas propagadas por varios diputados aquí presentes. El propio diputado Schalper fue interpelado por los propios periodistas del Congreso Nacional por estar propagando noticias falsas respecto de que nosotros, los comunistas y el Frente Amplio, no estaríamos a favor de la reducción de la dieta parlamentaria. No solo estamos a favor, sino que creemos que el problema profundo de la desigualdad económica en el país requiere mucho más que lo que hoy hacemos.

Vivimos en un modelo que genera un crecimiento empobrecedor. El 5 por ciento más rico de la población genera ingresos autónomos 830 veces mayores que el 5 por ciento más pobre. Chile presenta los más bajos ingresos y la peor calidad del empleo, según el indicador para una Vida Mejor de la OCDE. Asimismo, pierde casi el 20 por ciento de su desarrollo humano, de acuerdo con los datos del PNUD, cuando este se ajusta por desigualdad. Además, somos uno de los países donde la población está más endeudada.

Hoy somos todos quienes debemos dar señales y realizar acciones concretas contra la desigualdad. Me pregunto ¿cuál es la señal que el mundo empresarial dará no solo a sus propios trabajadores, sino a todo el país?

Sin ir más lejos, con la mitad del patrimonio de las personas más ricas de Chile, entre ellos el Presidente de la República, podrían aumentarse en 100.000 pesos las pensiones a 1.165.625 personas por diez años. Solo con la mitad del patrimonio del Presidente de la República, que asciende a más de dos mil millones de dólares, se podría financiar un aumento de 100.000 pesos por diez años para 87.500 personas.

Nos alegra que quienes hasta hace poco hacían oídos sordos a las demandas ciudadanas, tales como esta, hoy estén abiertos a escuchar y concurrir con su voto favorable a la rebaja de la dieta parlamentaria. Pero me pregunto si tendremos que esperar cinco años más para que se abran a la posibilidad de reducir las altas riquezas y patrimonios del país que tienen a la nación con un nivel de concentración de la riqueza que es vergonzoso, que nos avergüenza como pueblo, y que también provoca que seamos una vergüenza a nivel internacional.

Nuestra bancada va a aprobar la reducción de la dieta parlamentaria y va a rechazar, por cierto, el castigo que se pretende generar a los trabajadores y trabajadoras de este Congreso Nacional, gracias a cuyo desempeño podemos avanzar no solo en una mejor representación en nuestros distritos, sino también en el trabajo legislativo.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Javier Macaya .

El señor MACAYA.-

Señor Presidente, parto diciendo que nosotros vamos a votar a favor este proyecto y también parto haciendo una reflexión respecto de lo que nosotros sostuvimos en algún momento en relación con este tema. Nos parecía -lo dijimos de esa manera- un tema populista en los momentos en que este se comenzó a discutir.

Este tema hoy tiene una carga simbólica muy diferente. Estamos en un momento país muy distinto, donde los chilenos nos han dicho que somos parte del problema. Estamos en una crisis de legitimidad, y para retomar los niveles de legitimidad mínimos que se requieren para sacar adelante la democracia, es evidente que este Parlamento debe hacer un esfuerzo en esta materia.

Chile no les ha manifestado el mismo nivel de enojo por las desigualdades a los jueces, no les ha manifestado el mismo nivel de rabia a los ministros, ni siquiera a los notarios y conservadores de bienes raíces, que ganan sueldos millonarios. Por lo tanto, nos damos cuenta de que la política es parte del problema. En ese sentido, también cabe mandar una señal y decirle al gobierno que esta medida no se va a entender si no va de la mano con achicar el Congreso Nacional. Nosotros hemos presentado una reforma que busca reducir el tamaño del Parlamento, volviendo, ojalá, la Cámara de Diputados a 120 parlamentarios.

Llevamos cinco años en los que este debate ha tendido a caricaturizar la labor que hace la política, a menospreciarla, desde una perspectiva de valoración ciudadana y desde una perspectiva de autovaloración de muchos de los miembros que están acá. Yo comparto y me parece grave y desconectado con la realidad decirles a los chilenos que con 4 millones de pesos al mes no se vive. Es desconectado con la realidad, y probablemente vamos a tener que repensar las personas que lleguen a este lugar, ya sean muy jóvenes, menos preparadas, o quizás con alto patrimonio.

También debemos recordar el contexto en que surgió esta legislación que hace que los parlamentarios en el Congreso Nacional y los altos funcionarios públicos reciban remuneraciones altas para la ciudadanía. En 2005, en la crisis del MOP-GATE, se llegó a un gran acuerdo para evitar que los ministros y funcionarios públicos siguieran recibiendo sobresueldos, es decir, platas por fuera de sus remuneraciones. Parece olvidarse que hubo una crisis que hizo que todo el sector público llegara a un gran acuerdo en esta materia. Parece olvidarse -creo que también es útil decirlo- que no es lo mismo una persona que llega a ocupar un cargo de elección popular, a lo mejor sin cumplir ni siquiera con un requisito mínimo académico, sino teniendo solo cuarto medio rendido, que una persona que ha tenido una carrera funcionaria y que ha cumplido requisitos profesionales y técnicos. Es importante hacer la separación entre las personas que están ocupando cargos por Alta Dirección Pública.

Cuando uno compara los más altos cargos del Estado con el sector privado, comprueba que los cargos públicos están en un nivel inferior al sector privado. Cuando uno compara los cargos más bajos del sector público, comprueba que la remuneración es superior a la de los cargos similares en el sector privado. Creo que ese es un análisis que también debe ser una invitación a pensar cómo miramos este tema en lo que se viene para adelante. Tengo la convicción de que este tema va a salir de la Cámara de Diputados con un desorden importante.

Por ello, desde esa perspectiva, hago un llamado al gobierno -no está presente en esta sesión, aunque no recogió este asunto en las últimas semanas- en el sentido de que debió haber presentado una indicación. No puede ser que el Congreso Nacional sea el que se fije sus remuneraciones; no podemos ser nosotros. Tiene que ser un tercero, un ente técnico preparado para estos efectos. Tampoco puede ser el Banco Central. No podemos pedir al Banco Central que salga de su función de política macroeconómica para estar solucionando un problema que no le corresponde solucionar.

Nadie debe estar en el sector público por interés, sino por vocación. Por eso, también es importante la señal que en este momento se da. No es lo mismo, desde la perspectiva funcionaria, la situación de las personas que tienen una preparación. Pongo específicamente el ejemplo de los jueces: se trata de personas que deben sacar su título profesional de abogado, que pasan por la Academia Judicial y que tienen una carrera hasta llegar a la Corte Suprema. Nadie se escandaliza con los sueldos de la Corte Suprema, y eso tiene que ver fundamentalmente con el momento de legitimidad que tiene la política como forma de solucionar los problemas de la democracia.

Es tarea de todos dejar de menospreciarnos y validar el trabajo que hacemos. Algunas personas decían que debemos publicar las actividades que realizamos.

Creemos que en el momento en que está la política hoy, esta señal es necesaria, y hacemos una reflexión que en el pasado quizás no la hemos hecho. No es lo mismo decir que un diputado le cuesta 24 millones a Chile, aunque en esto sí es importante mirar las asignaciones y qué pasa con todos los gastos operacionales.

No se trata tampoco de transmitir temor a los funcionarios, pero sí de repensar la labor, con el objeto de determinar si es necesario tener una especificidad distinta, no de operadores políticos, sino de técnicos en la labor de asesorías parlamentarias.

En consecuencia, junto con señalar que votaremos a favor este proyecto de reforma constitucional, esperamos que en el desarrollo del debate legislativo se vaya mejorando la propuesta.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, sin duda, hoy tenemos que tomar una decisión, y por lo menos he manifestado en dos oportunidades que estoy disponible para rebajar la dieta parlamentaria.

Pero, por responsabilidad, uno tendría que señalar que si se trata de pagar por la rabia, por la molestia de la ciudadanía con los parlamentarios, estamos disponibles, pero tampoco tenemos que ser populistas.

Si queremos reunir recursos para ir en apoyo de la dignidad que nos reclaman muchos chilenos y chilenas, debemos tener en cuenta que el bolsillo del Estado es uno solo. De manera que considero que habría que hacer un esfuerzo a nivel país para redefinir los denominados privilegios, como les llama la gente, los cuales se dan tanto aquí como en otros ámbitos, como el Poder Judicial y las secretarías regionales ministeriales, entre otros. Claramente, nuestra estructura institucional está agotada, de modo que se requiere llevar a cabo la revisión del aparataje del Estado.

Las personas reclaman que los parlamentarios ganan 24 millones de pesos, pero no tienen en consideración que ese monto contempla las asignaciones para funcionar y para la contratación de personal. Todos tenemos equipos de funcionarios, y creemos que están compuestos por las mejores personas.

Algunos plantean que con la reducción de la dieta que se propone el Estado se ahorrará 3,5 millones de pesos por diputado. Pero seamos serios y responsables: si se reduce en 20 o 30 por ciento del total se ahorrará el doble, es decir, aproximadamente 6 millones de pesos.

Puede haber muchas ideas, como la planteada por la Comisión de Constitución, de rebajar el sueldo de todos los altos funcionarios del Estado, pero insisto en señalar que en esta materia faltan actores. Por ejemplo, debiera haber mayor transparencia respecto de los sueldos de los propios funcionarios de esta Corporación o del Congreso Nacional, en general.

Por lo tanto, hago un llamado a los colegas a que no seamos tan agresivos respecto de cómo funciona cada uno, porque cada uno tiene su particularidad, su distrito, su territorio, su realidad. Por lo menos yo, que llevo menos de dos años como diputada, me hago cargo de los errores o de las omisiones del pasado.

Sin embargo, no me puedo hacer cargo de la corrupción, de lo que tiene molesta la gente. Lo señalo porque muchas personas dicen estar enojadas con los diputados, pero cuando voy a mi distrito créanme que me conecto con quienes represento; no siento vergüenza de representarlos, sino orgullo. No obstante, eso no me da derecho a criticar al de acá ni al de más allá.

El Poder Judicial ha señalado que no permitirá que se afecte a ninguno de sus integrantes. En ese sentido, debemos trabajar por recuperar nuestra dignidad, pero no por eso se debe destrozar la institucionalidad.

El Congreso Nacional necesita una contraparte para analizar y trabajar esta materia, pero el gobierno ha estado ausente de esta discusión, pues no se ha referido, por ejemplo, a los altos sueldos del Banco del Estado, de TVN y de las empresas públicas. La gente se ríe de nosotros, porque solo estamos barriendo por encimita. Por mi parte, en verdad me molesta observar un populismo exorbitante en el Congreso Nacional.

Hemos escuchado decir: “Capitalizamos en 1.500 millones de dólares al Banco del Estado”, pero ayer fue una burla lo que se hizo con los adultos mayores. Pongámonos rojos por eso también. Sin duda, votaré a favor toda iniciativa que se nos presente para dignificar al Congreso Nacional, pero seamos responsables en todo ámbito.

Sin duda, los alcaldes también están involucrados en este debate, así como los altos cargos directivos del Estado. Si tan solo rebajáramos 10 por ciento de las remuneraciones a 11.000 altos directivos de empresas públicas, así como a las altas remuneraciones del Ejército y del Poder Ejecutivo, generaríamos por lo menos unos 5 FNDR, porque juntaríamos cerca de 200.000 millones a 300.000 millones de pesos.

Creo que hay que ser más serios y pedir al Ejecutivo que también aporte en esta propuesta, con el objeto de trabajar una iniciativa más integral.

Votaré a favor la propuesta de rebaja de la dieta parlamentaria, pero insisto en que hay que ser serios, responsables con el país, con las instituciones, con el servicio público y con la vocación de quienes vamos a trabajar por ello.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, son muchos los que lo han dicho: “Hoy llegamos al momento crucial de poder manifestarnos con nuestro voto para rebajar nuestras dietas, porque eso está en la línea de eliminar los privilegios”.

Sé que para algunos será algo simbólico, pero lo que no entiende la ciudadanía, nuestra gente y nuestros vecinos es que Chile hoy está convulsionado.

Nuestros vecinos reclaman insistentemente para que se tomen medidas, y muchos de ellos nos miran a nosotros, sus representantes, en circunstancia de que el gobierno, en mi opinión, no ha tomado decisiones correctas para conducir este estallido social, para controlarlo y para dar debida cuenta del resguardo necesario de los derechos humanos.

Nuestros vecinos nos ven como parte del problema, no como parte de la solución, y en eso colaboramos muchos de los que estamos aquí, porque hay una total y absoluta desconexión y desafección de lo que sienten nuestros vecinos. Eso ocurre, entre otras cosas, porque hay muchos que en lugar de estar en el hemiciclo, prefieren estar dando declaraciones a los medios de comunicación aquí al lado, en el hall El Pensador, porque eso les conviene.

¿Cuántos de nuestros colegas en verdad hacen un trabajo territorial y están cerca de nuestros vecinos? Fíjense que muy pocos, y se castiga y se sanciona a todos los parlamentarios, porque hoy lo que se hace es estigmatizar y generalizar.

En este hemiciclo, en esta Cámara, hay gente valiosa de todos los sectores políticos, que hace un gran trabajo, pero muchas veces se les mete a todos en el mismo saco. Los vecinos dicen: “Oye, si al final ellos se arreglan, ellos no sienten lo que nosotros sentimos. Ellos solucionan sus problemas entre ellos mismos”.

Por eso, rebajar la dieta es un acto necesario, de justicia para nuestros vecinos a los que les vamos a pedir el voto, que en muchos casos ganan menos del sueldo mínimo.

Pero no basta con rebajar la dieta para solucionar este problema, que es un hecho simbólico y que a muchos ha hecho reflexionar si seguir en el servicio público. Me parece bien que tengamos que rebajarnos la dieta, tal como lo solicitaron algunos diputados hace muchos años.

Si bien muchos de los recién llegados al Parlamento nos hacemos parte de ese problema, quiero señalar que también somos parte de la solución: mantenemos el contacto directo con nuestros representados, no nos olvidamos de nuestros vecinos. Por lo tanto, no se debe generalizar.

Aquí hay gente valiosa, que hace una gran pega, que seguramente no sale en los medios de comunicación y en los matinales, y fíjense que en los matinales siempre salen los mismos, los mismos que nos han llevado a la situación en la cual estamos hoy. Pero reitero que en todos los sectores políticos hay gente muy valiosa, que hace un tremendo aporte.

Por eso, debemos descartar eso de que nosotros fijemos nuestros sueldos; eso no debe ser así. Esta reforma constitucional permitirá que un órgano externo fije los sueldos y las remuneraciones de todas las altas autoridades del Estado, lo cual es positivo, y estoy seguro de que se aprobará en esta Cámara, pero también es importante analizar cómo rebajar el número de diputados, pero manteniendo la proporcionalidad.

Sin embargo, hay que hacerse cargo no solo de la rebaja de la dieta parlamentaria, sino de otros aspectos importantes que la gente nos pide, como mejorar el sueldo mínimo y las pensiones.

Ayer el ministro de Hacienda nos decía que están coartados, acorralados por el vandalismo y el caos. Eso es cierto, pero meten en el mismo saco a la gente que legítimamente reclama y se manifiesta y a los vándalos y delincuentes que realizan saqueos e incendios. Se olvidan de que también estamos acorralados por los grandes poderes fácticos y por los grandes poderes económicos.

Aquí no se ha tocado un ápice ni a las AFP ni a las isapres ni a los bancos. Llegó el momento de que el gobierno asuma y entienda que la situación es gravísima y que tiene que dar señales, no solo a nosotros, sino a la comunidad toda, de que deben producirse cambios profundos y estructurales. Por eso, votaré a favor de este cambio.

Pero también hago un llamado a todos los colegas a que mantengan un trato más permanente y un contacto directo con la comunidad. No debemos olvidar aquí que no vinimos a velar por nuestros intereses, sino por los de nuestros ciudadanos. Asimismo, que nosotros no solo legislamos y fiscalizamos, sino que, por sobre todo, representamos a nuestros vecinos. Por tanto, rebajarnos la dieta es una tremenda señal para tratar de recuperar la legitimidad del sistema político en nuestro país.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, quiero partir diciendo que no estoy de acuerdo en rebajar el sueldo de nuestros funcionarios. Quiero contar que acá yo no tengo ni conductor ni asesor, sino que mi equipo está en el distrito N° 20, que comprende toda la provincia de Concepción, en que se requiere mucho el trabajo territorial, para lo cual a nosotros no nos alcanza el tiempo. Lo dije días atrás: no estoy de acuerdo con rebajar un peso a nuestro personal, porque ellos no tienen sueldos millonarios, y es bueno que eso se transparente.

También dije el primer día en que asumí el cargo que teníamos que rebajar nuestro sueldo. Lo comparto y, por tanto, lo votaré positivamente.

Pero también quiero recordar que hay un compromiso de esta Sala en orden a rebajar la cantidad de parlamentarios: tenemos que volver a 120, y que sean elegidos los mejores, como dijo la diputada Girardi . En mi caso, Dios dirá si vuelvo a ser diputado o no, y si no es así, bueno, tendré que ver otra alternativa.

Efectivamente, los chilenos despertaron; los chilenos están cansados, y nos responsabilizan principalmente a los diputados por los altos sueldos que tenemos. Pero los chilenos también están cansados de la corrupción, de los falsos exonerados, de los sueldos millonarios que tienen muchos funcionarios públicos. No es posible que un funcionario público gane más que el Presidente de la República. No es posible que los ex-Presidentes tengan una dieta de 20 millones de pesos de por vida. No es sano ni necesario.

Voy a decir algo en forma responsable. No creo que el señor Lagos , que el señor Frei , que la señora Bachelet y menos que el señor Piñera necesiten esa dieta de por vida. Lo que tienen como capital producto de su trabajo es mucho más que eso. Por lo tanto, también tenemos que repensar aquello.

Inicialmente, este proyecto estaba pensado para los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero hoy día veo con preocupación que quieren dejar fuera a este último. ¿Le tendremos miedo al Poder Judicial? Poder Judicial que -quiero decirlo también, responsablemente- no ha estado a la altura de las necesidades en este último mes; Poder Judicial que mira hacia el techo; Poder Judicial que con mucha facilidad deja libres a los que sorprendieron quemando o saqueando. ¿Los jueces les tendrán miedo a los delincuentes? Y nosotros, los parlamentarios, ¿tendremos miedo a la decisión que mañana tomen cuando dejemos de tener fuero parlamentario? Por favor, estimados amigos, el Poder Judicial tiene que estar incluido.

Quiero recordar a la Sala -algunos me tiran tallas porque siempre lo menciono- que fui alcalde de Coronel. Creo que también debe rebajarse en 50 por ciento el sueldo de los alcaldes. Efectivamente, hay un grupo menor de alcaldes que ganan un poco menos que los diputados; pero hay varios que ganan mucho más que nosotros.

La diputada Girardi dijo: “No es posible que un alcalde gane menos que un diputado”. Pero también no es posible que un alcalde gane más que un diputado. ¿Por qué tanta diferencia?

Fui alcalde de una comuna de 120.000 habitantes, en que efectivamente la educación, la salud, la basura, los problemas lo ven los alcaldes. Pero, repito, no estoy de acuerdo con que saquemos a los alcaldes de un drama que afecta a todos los chilenos y del cual no solo somos responsables los diputados.

Este es mi primer período como diputado y tengo que hacerme cargo de lo que la comunidad quiere y necesita. Por tanto, reitero que estoy de acuerdo en bajar la dieta, pero no estoy de acuerdo con que saquemos al Poder Judicial y a los alcaldes de un tema de país.

Volvamos a la tranquilidad y demos respuesta a la comunidad, que no quiere más abusos, que no quiere más corrupción. Para muestra, algunos botones: Codelco, Enap y, para qué decir, Televisión Nacional.

Demos una respuesta concreta a la comunidad. Espero en Dios -a diferencia de otros que no creen en Dios- que esto termine prontom, para volver a poner de pie al país.

Por último, hago un llamado al Presidente, mi Presidente, por quien voté: lo veo, lo noto y lo siento ausente del problema que está afectando al país.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, estamos en un momento político de nuestro país muy relevante, un momento político que, sin lugar a dudas, ha dado paso quizás al momento histórico más importante que le ha tocado vivir a nuestra democracia; un momento en el que probablemente los ciudadanos y ciudadanas han decidido decir “basta” para no retroceder: basta a las desigualdades, basta a la injusticia, basta al abuso, pero a todo tipo de abuso.

Tal como lo han dicho distintos colegas aquí presentes, este proyecto se inició en iniciativas parlamentarias refundidas.

Varios parlamentarios y parlamentarias, desde que entramos a la Cámara de Diputados, hicimos varios puntos y los pusimos sobre la mesa: la necesidad de renunciar a los privilegios, la necesidad de acercar el Parlamento a la ciudadanía, la necesidad de que el Congreso Nacional dejara de ser un olimpo alejado de quienes son los representados, porque fuimos elegidos para representar al pueblo que votó por cada uno de nosotros y nosotras.

No cabe duda de que el nivel de desigualdad que vive nuestro país no se resuelve solo con una medida, sino que son varias las medidas que debemos tomar. Lo hemos dicho incansablemente en estos días: la necesidad de mejorar las pensiones, de cambiar el sistema de AFP, de terminar con las AFP, de distribuir de mejor manera los recursos, de subir el salario mínimo, de establecer una mejor distribución de las riquezas, de cambiar de una vez por todas la estructura de un modelo que ha propiciado la desigualdad en nuestro país.

Pero eso también pasa por cambiar de una vez por todas una estructura que desde el quehacer político nos organiza de una manera privilegiada, y ese es un punto fundamental.

Desde que entramos a la Cámara de Diputados, algunos decidimos hacer ese cambio por la vía de los hechos. Yo, por lo menos, puedo decirlo con tranquilidad y orgullo: la bancada del Partido Comunista entró a la Cámara de Diputados renunciando a lo menos al 30 por ciento de la dieta parlamentaria. Los diputados comunistas no vivimos con la misma dieta parlamentaria que la gran mayoría de los colegas con quienes convivimos en este hemiciclo. Nosotros no hacemos uso de la totalidad de ese dinero; por lo tanto, no solo estamos de acuerdo con esta medida, sino que la empezamos a aplicar desde antes.

Así, creemos que el acto de justicia que el día de hoy se está realizando, el acto de justicia que hoy se está llevando adelante con la medida que estamos tomando al aprobar este proyecto de ley no solo es una señal política, sino una acción concreta para decir al país que, en respuesta a aquellos que han decidido usar la política para enriquecerse a costa de los ciudadanos y ciudadanas, estamos empezando a tomar, de una vez por todas y desde este hemiciclo, las medidas para cambiar esa realidad. La política es una herramienta para transformar la realidad, para servir a los ciudadanos, para servir al pueblo, no para servirse de él.

Por eso, disminuir la dieta parlamentaria y el sueldo de los altos cargos políticos de nuestro país es un deber ético. Soy autora de una de las mociones fusionadas que se convirtieron en el proyecto de ley en estudio. Lamentablemente, algunos parlamentarios mintieron al decir que habíamos rechazado este proyecto en algún momento, iniciativa que hoy vamos a aprobar con gusto.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, los 62 diputados que estamos en la Sala nos hablamos a nosotros mismos. Es lo que ustedes están viendo.

Llevo veinte meses en la Cámara, período en el cual he visto que en la Sala hablamos solos. Nos hablamos a nosotros mismos, porque el resto no nos escucha. Por su parte, en comisiones, donde tiene que haber trece diputados, normalmente hay cinco o siete como máximo. ¿Dónde está el resto? ¿Qué se hace mal acá adentro? La gente ve lo que se hace mal. ¿No se trabaja? Algunos dicen que hay que ir más a terreno. Vean las redes sociales, que están tan de moda. Todos subimos a las redes sociales lo que hacemos en terreno, y sí trabajamos. Algunos dicen que no trabajamos. ¡Algunos a lo mejor no trabajarán; pero no nos metan a todos en el mismo saco, y tampoco nos culpen de lo que ha pasado durante los últimos treinta años en el Parlamento!

Llevamos veinte meses de ejercicio como diputado y hemos tratado de trabajar como nos dijeron. En efecto, nuestros respectivos partidos políticos nos dijeron: “Queremos que usted sea diputado. Estas son las reglas del juego, y cuando llegue, esta va a ser su remuneración, así que puede endeudarse”. Al respecto, le quiero decir a la gente que nadie nos da un peso por la realización de una campaña política. Hay que endeudarse. Gracias a Dios, como resulté elegido, el banco pudo reprogramar mi deuda. Si no, ¿cómo quedaría?

¡Claro, pues! Existen esos costos. Hay que decir las verdades. Aquí le estamos mintiendo a la gente. Un diputado propuso la rebaja del 50 por ciento de la dieta. Él no se encuentra en este momento en la Sala, porque tal vez no quiere escuchar lo que quiero decir, que a lo mejor puede ser en contra de lo que él piensa; pero podemos parlamentar. Así, por ejemplo, yo puedo estar en desacuerdo con los comunistas, puedo estar en desacuerdo con que tengan el más alto patrimonio del país. En efecto, el Partido Comunista lo tiene, y no lo reparte con nadie. Entonces, ahí ya no son comunistas.

Sin perjuicio de todo lo dicho, puedo llegar a acuerdos con los comunistas respecto de cosas que interesan a la gente.

¿Qué va a pasar con ese 50 por ciento? El Banco Central o la entidad encargada de fijar la remuneración -me parece bien que sea un ente externo- puede decidir que su monto sea mayor o diferenciado. Con esta decisión vamos a perjudicar a personas que a lo mejor no debieran ser afectadas.

¿El problema es con nosotros? ¿Con quién es el problema? Vándalos están destruyendo el país y algunos terroristas detonaron bombas en estaciones del metro para sembrar el terror. Ellos están destruyendo el país, ¿y ahora quieren decirnos que estamos haciendo mal la pega? No, señor; me rebelo ante eso.

Creo que ha faltado mano dura en este país. Sí, claro. Algunos marchan en paz, pero hay muchos que tienen contra la pared a gente inocente, a muchos trabajadores que no pueden laborar. En estos días muchos empresarios y comerciantes están quebrando, pero eso no es culpa nuestra.

Nosotros vamos a asumir nuestra responsabilidad.

Voy a votar a favor el proyecto en general, pero me voy a abstener en la votación de la disposición transitoria, porque creo que es una mentira para la gente. Es importante decirlo de frente y sin vergüenza. Aquí las cosas tienen que hacerse de frente a la gente, no entre gallos y medianoche, ni en “cocinas”, y hay que decir las cosas como corresponde.

Aquí se le está mintiendo a la gente. Un ente externo deberá tomar las decisiones sobre las dietas, las asignaciones parlamentarias y todo lo que tenga que ver con la remuneración del trabajo del Parlamento, de jueces y de ministros.

Si algunos quieren juzgar nuestro trabajo, vean cada una de las redes sociales de los 155 diputados –reitero que en este momento solo 62 estamos presentes en la Sala-. Los parlamentarios desempeñamos nuestra labor porque alguien nos eligió. Quienes nos eligieron son los “culpables” de que nosotros estemos aquí, porque no llegamos por arte de magia ni fuimos designados a dedo.

Los que colocaron la discusión de la asamblea constituyente también tendrán que ser elegidos, también van a tener que hacer una campaña política, también van a tener que gastar plata, y los electores van a tener que votar por ellos, tal como lo hicieron por nosotros.

Yo me siento responsable de eso, por lo cual aprobaré en general el proyecto, pero repito que me abstendré en la votación de la disposición transitoria, porque es una falta de respeto mentir a nuestros electores.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, cuesta agregar algo más a lo dicho. Como se sabe, un pequeño grupo de parlamentarios llevamos seis años peleando para que esto sea posible, período en el cual hemos explicado ampliamente por qué es necesaria la reducción de la dieta parlamentaria. No sé qué más podemos decir que no hayamos dicho durante estos seis años.

Por lo tanto, no viene al caso ningún discurso grandilocuente. Quienes están afuera saben con exactitud que desde que llegamos al Congreso, junto con ese pequeño grupo de parlamentarios y parlamentarias hemos apoyado esta iniciativa y hemos tenido una sola posición sobre la reducción de la dieta parlamentaria. En consecuencia, no debemos convencer a nadie sobre el particular.

Iniciamos esa lucha por una razón muy sencilla, de ética republicana: cuidar la democracia, que hoy, después de seis años desde que lo dijimos, resulta evidente que está bajo amenaza.

Hay dos cosas que debemos explicar, que probablemente van a ser de gran debate una vez que este proyecto se apruebe. Lo primero es el rol que jugará el Banco Central, que tiene que ver con que los parlamentarios no autodefinamos cuál será nuestra dieta, de manera que sea un órgano externo, con autonomía, no dependiente de nosotros, el que decida sobre su monto.

A mi juicio, debemos dar una señal ahora, y no solo al país, sino también al Banco Central. Por eso es importante aprobar hoy la reducción del 50 por ciento de la dieta parlamentaria.

Entonces, para que la gente entienda: vamos a reducir en 50 por ciento el monto de la dieta parlamentaria y un órgano externo será el encargado de fijarlo. Esperamos que ese órgano respete la señal que le hemos enviado: la disminución de la dieta en 50 por ciento.

Algunos dirán que solo estamos chuteando la pelota. En ese sentido, deseo expresar que no es trivial que le enviemos un mensaje al Banco Central. En efecto, de aprobarse el proyecto, estaremos diciendo al instituto emisor que rebaje la dieta en 50 por ciento. No es menor la señal que estamos enviando.

La segunda discusión que, sin duda, habrá en redes sociales y en la sociedad chilena después de que aprobemos el proyecto, dice relación con qué pasará respecto del resto de las asignaciones.

Aquí hay que transparentar algo que se discute en los pasillos del Congreso, que la gente tiene derecho a saber. Como algunos no están de acuerdo con la disminución del 50 por ciento de la dieta, lo que han hecho, a modo de chantaje, es decir: “Si ustedes avanzan con la rebaja del 50 por ciento de la dieta, entonces nosotros vamos a disminuir en 50 por ciento las asignaciones”.

Por lo tanto, lo que quieren decir, en la práctica, es: “No solo nos bajaremos la dieta nosotros, sino que se la bajaremos también a las secretarias y al resto de los equipos”.

En verdad, las secretarias no tienen nada que ver en esto. Los que tenemos que disminuir la dieta somos nosotros.

Por eso, no voy a aprobar una disminución de dinero que afecte a los trabajadores, porque el cuestionamiento de la ciudadanía no es hacia nuestros trabajadores, sino hacia nosotros.

Anuncio que voy a votar en contra esa indicación.

Ahora se va a generar una posverdad y algunos la van a querer utilizar. Me explico. Quienes no quieren que la dieta disminuya 50 por ciento y pretenden mantener 70 u 80 por ciento de esta, intentan chantajearnos para que nos veamos obligados a votar de cierta manera o a negociar el porcentaje de la disminución de la dieta. Pero como no hemos querido negociar el porcentaje de la dieta, entonces nos amenazan con bajar los recursos para nuestros equipos de trabajo. Ese chantaje es inaceptable.

Entonces, daremos la cara al país, porque la ciudadanía sabe que somos un grupo de parlamentarios y de parlamentarias que desde hace seis años estamos peleando por la aprobación de este proyecto. El país sabe que estamos dispuestos a disminuir la dieta, pero no a perjudicar a los trabajadores, quienes no tienen nada que ver en este tema. Además, si se produjese esa disminución, afectaría la calidad de la labor parlamentaria y del trabajo territorial. No tiene ningún sentido hacer aquello. Hay que transparentar ese chantaje.

Por eso, nuestra votación va a ser en contra de la disminución de los recursos para los trabajadores y va a ser a favor de la disminución de la dieta parlamentaria, que venimos solicitando desde hace años.

Sobre el resto del proyecto, me parece que hay poco que justificar. La gente nos ha escuchado durante seis años y no creo que valga la pena argumentar más.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, soy uno de los 92 diputados que cumplimos nuestro primer período como parlamentarios. Prácticamente se renovó por completo la Cámara de Diputados.

Creo importante recordar por qué estamos discutiendo el proyecto que reduce la dieta parlamentaria. La razón es la desigualdad que existe en nuestro país desde hace treinta años, cuando se generó un modelo que ha presionado a nuestra ciudadanía en distintos ámbitos, como las AFP, las isapres, el endeudamiento bancario y el sueldo mínimo. En este modelo, el crecimiento del PIB aparece como la única razón de cada gobierno, más preocupado de las cifras de macroeconómicas que de lo que pasa con las personas, de lo que pasa con la microeconomía.

Esa desigualdad generó una crisis de legitimidad del sistema. Y la gente ve que nosotros, el Congreso Nacional, no hemos regulado en estos treinta años el modelo y lo que este ha provocado al país. La gente nos identifica como un grupo que goza de privilegios, cuando la mitad de los chilenos vive con menos de 400.000 pesos mensuales.

Trabajé en redes de salud y sé que hay muchos colegas, como anestesistas, que ganan mucho más que nosotros en el sistema público. También hay muchos funcionarios financiados con el erario fiscal que tienen sueldos mucho más altos que los de un parlamentario. Estoy hablando de directores de empresas como Metro, ENAP, BancoEstado , Codelco , Televisión Nacional; directores nacionales y regionales, personeros del sistema de Alta Dirección Pública, algunos alcaldes, intendentes, embajadores, ministros de corte.

No obstante, la gente no los identifica a ellos como parte del problema de la desigualdad, sino a nosotros. Por eso está en discusión la reducción de la dieta parlamentaria. Ahora, ¿qué va a cambiar esto? No va a solucionar la crisis social, pero sí va a cambiar la confianza ciudadana, la legitimidad ciudadana.

Es muy importante que se le haya entregado a un órgano autónomo -el Banco Central- la designación del monto de la dieta. Dicho órgano independiente tendrá la potestad de fijar los sueldos de las 2.500 autoridades que reciben sueldos altos, pero sin afectar su estándar, porque las direcciones nacionales y regionales de las empresas del Estado tienen un alto nivel de responsabilidad que se puede asimilar a una renta.

Es muy importante dar una señal de unidad, que no haya improvisación en el tema y que se tramite con la velocidad que se requiere.

Todos sabemos que estamos en una crisis de legitimidad y por eso vamos a apoyar este proyecto; pero hay indicaciones que afectan innecesariamente al personal de apoyo parlamentario, a especialistas y profesionales. En mi caso, mi equipo está conformado por profesionales de alto nivel, por lo que me cuesta apoyar la indicación que los atañe.

Reitero: la señal que debemos dar es de legitimidad, y para eso debemos apoyar la reducción de la dieta parlamentaria.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Mario Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, tuve muchas dudas respecto de intervenir en esta discusión, pero decidí no adoptar la conducta más cómoda, que es esconder la cabeza y hacer lo que nos están pidiendo mayoritariamente que hagamos. No intervenir violenta mi concepto de lo que es cumplir seria y responsablemente el rol de diputado de la república.

¿Tenemos libertad para hablar con la verdad en la discusión que estamos llevando a cabo en la Cámara de Diputados? Terminantemente, no la tenemos. Yo no tengo la serenidad de espíritu, ni tengo la libertad para obrar respecto de un tema tan sensible como este, y decidir aquello que no es bueno para mí, Mario Venegas , o para el diputado Schilling o para cualquier otro, ni siquiera para esta Corporación.

La pregunta que debemos hacernos es qué es bueno para Chile. ¡Y me avergüenzo! Me avergüenzo infinitamente de algunos argumentos que se han dado en la Cámara. ¡Oportunistas! ¡Populistas! ¡Falsos! Son falsos, porque muchos de los diputados no están hablando con la verdad, y lo saben.

A renglón seguido, como no tengo libertad, voy a votar a favor el proyecto, más allá de que creo que no están dadas las condiciones para hacer una discusión seria y profunda sobre una materia tan sensible. No están dadas las condiciones; para eso basta ver lo que pasa en la calle, lo que pasa con las movilizaciones sociales, pero, sobre todo, lo que pasa al interior de la Cámara de Diputados.

Se habla de un problema ético y moral, y, al mismo tiempo, se da una serie de argumentos falaces. Se miente, se usan malas prácticas y se hacen fake news, de las que varios de nosotros hemos sido objeto. ¿O no es claro que ciertas bancadas le han mentido al país a través de las redes sociales? ¿O no es claro que hemos sido objeto de acciones concertadas de algunas bancadas, con recursos de la Cámara, para perjudicarnos? Ha ocurrido.

¿Es este un diálogo democrático? ¿Es esta la discusión seria que debiera darse en este hemiciclo? ¡No! ¡Es totalitarismo; es imponerse al otro! Hace unos momentos, algunos colegas señalaron que ya habían tomado una decisión y que quieren imponerla y dar la señal al Banco Central de que la rebaja no puede ser menor a 50 por ciento. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es un ente autónomo el que regulará la materia conforme a determinados criterios o la idea es imponer una opción?

¿Por qué no miramos nuestras conductas? ¿Por qué no miramos a algunos de nosotros que actúan como verdaderos payasos y no honran el trabajo parlamentario? ¿Acaso eso no tiene que ver con cómo nos ve la ciudadanía? Algunos mienten, hacen chapucerías y no honran este trabajo.

Este es un Parlamento en que se han dado casos de corrupción y de financiamiento irregular de la política. Se trata de conductas autodestructivas pues hemos emporcado nuestro propio nido. ¡Vergüenza me da! Estamos dispuestos a salir corriendo para dar una cuña a los medios si es que ello sirve a nuestro proyecto personal; son segundos de televisión aprovechados sin importar si le hacemos daño al resto. Eso debiera llamarnos a reflexión.

¿Estamos honrando nuestro cargo? Las conductas, el comportamiento, ¿están honrando el cargo en que nos puso la ciudadanía? A mi juicio el problema va por ahí y no por la discusión de si debemos rebajar más o menos.

Ciertamente, no voy a apoyar la rebaja de los gastos operaciones, porque eso no tiene nada que ver con nuestros colaboradores; esa gente que trabaja…

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señora Presidenta, como primera cosa de cuatro puntos, insisto en que formo parte de los 92 diputados nuevos, o sea, de más del 50 por ciento del Congreso que no aceptamos la tramposa idea de que todos somos culpables. Pido a los diputados restantes que también levanten la voz. No todos somos culpables.

Como diputado representante de la sensibilidad artística dentro del Frente Amplio -si es que no se divide-, le digo al país que el Frente Amplio ha cumplido, pero faltó algo: recobrar la confianza de la gente.

Las dietas parlamentarias fueron amarradas a los sueldos mínimos. Actualmente, la dieta equivale a 33 sueldos mínimos. Si alguien quiere subirse la dieta, aunque la hayamos bajado, tendría que subir el sueldo mínimo, aunque lo hagamos nosotros y no el Banco Central. Eso daría confianza. Si se sube la dieta, también se sube el sueldo mínimo. La idea es amarrar los sueldos altos con los sueldos bajos. Quisiera que eso se pudiera gestionar más adelante.

Otro punto.

Está mal que lo diga, pero yo soy una persona fácil de relación, como ustedes lo han comprobado, eso sí inconmovible en la creencia humanista de que el ser humano es el valor central, no el Estado, no el partido, no el enriquecimiento neoliberal monetario. Ninguno de esos valores debería estar aquí en Chile puesto en una institución con tanto poder.

Nadie puede decir de mí que tengo malas intenciones; nadie diría que no soy afectuoso y tolerante. He viajado con Coloma; he viajado con Mario Desbordes . Todos saben que pueden hablar conmigo, porque, además, represento la sensibilidad artística. No solamente lo puramente político debería estar acá. Faltan otras sensibilidades, como las de las dueñas de casa.

Tampoco soy partidario de esa torpe idea de bajar el sueldo a la mitad de los trabajadores del Congreso. Por su intermedio, señora Presidenta, Coloma , ¿cómo haces eso? ¿Cómo amarras eso? ¡No! ¡Eso es feo, muy feo, y denota mala intención! Rechazo ese truco de involucrar a los trabajadores del Congreso y bajarles el sueldo a la mitad. ¡Cómo se le puede ocurrir tal atrocidad!

Reitero, soy una persona fácil de relación e inconmovible en nuestro valor principal, que es el ser humano como valor central.

Como militante activo de la rebelión contra la muerte, les deseo a ustedes algo que cuesta generalmente 150 dólares, que es este saludo: ¡Paz, fuerza y alegría para todos!

Gracias, señora Presidenta.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado José Pérez Arriagada .

El señor PÉREZ (don José).-

Señora Presidenta, desde ya quiero decir que acepto la rebaja de la dieta parlamentaria, pero que me opongo categóricamente a que se rebajen los sueldos de los funcionarios del Congreso que asesoran a los parlamentarios.

Además, quiero hacer una aclaración que estimo importante.

La dieta parlamentaria es de 9.400.000 pesos, pero se tiene que aplicar el impuesto a la renta de 40 por ciento, lo que rebaja la dieta a 5.600.000 pesos. En mi caso -cada cual tiene que responder por lo que hace-, nunca he recibido un peso para pagar oficinas parlamentarias en mi distrito, porque las pagó yo de mi bolsillo. Tengo una oficina en pleno centro en Los Ángeles que perfectamente podría arrendar en 2 millones de pesos, porque es de mi propiedad, y luego decirle al Congreso que pague esa oficina porque la necesito para cumplir con mis funciones. Pero yo no me presto para esas cosas, estimada señora Presidenta.

A esos 2 millones de pesos debemos agregar lo que le pago de mi bolsillo a mi hija, que es la jefa de gabinete, porque necesito que alguien vea, oiga y decida por mí cuando hay gastos importantes y sea necesario atender bien a la gente en la oficina parlamentaria en temas sociales de la más diversa naturaleza.

Si nos hemos desprestigiado en este Congreso es porque no hemos tenido el coraje para aclarar cosas que se dicen y que son, categóricamente, falsas. Se dice que los diputados, cuando terminan su período parlamentario, tienen una dieta de por vida, que tienen un sistema de salud privilegiado, que el Parlamento les cotiza sus imposiciones. ¡No, señores! Las imposiciones las pagamos nosotros. Solo tengo Fonasa , al igual que el diputado José Miguel Ortiz .

Desde aquí nadie sale con dieta de por vida. Si alguien termina su período, hasta ahí no más llega la dieta y se acaba el problema. Las redes sociales mienten y siguen mintiendo y desprestigiando al Parlamento. Es lamentable que eso ocurra, estimadas diputadas y diputados.

¿Qué es lo que debe hacer un parlamentario? Legislar y fiscalizar a los órganos del Estado, pero además nos preocupamos de otras autoridades, como, por ejemplo, de los alcaldes. Un diputado debe ser una verdadera institución y debe ayudar a los alcaldes a resolver sus problemas, a conseguir recursos para proyectos importantes. Si no lo hacemos nosotros, a través del nivel central, es muy difícil que ellos puedan conseguir recursos.

Es un trabajo incansable el que hemos hecho a través del tiempo. Por eso hemos contado con el respaldo ciudadano. Quiero destacar a los diputados más antiguos, como Melero y Ortiz , ejemplos de calidad, de entereza, de responsabilidad y de conocimiento de la gestión parlamentaria.

Sin duda, nos han desprestigiado aquellos parlamentarios que recibieron recursos de las pesqueras para aprobar una ley espuria, aquellos parlamentarios que recibieron recursos de Soquimich para después entregarle -no a través de una ley, sino de un decreto- el litio para que lo explotara. ¡Esa es una vergüenza nacional que, lamentablemente, enloda a todo el Parlamento!

En mi distrito tengo veinte comunas que atender, y en los dos distritos que se juntaron las comunas más cercanas están a 120 kilómetros de distancia. ¡Vaya que cuesta llegar a la provincia de Arauco, como uno quisiera! De manera que hay que decir las cosas por su nombre, hay que decir lo que uno realmente hace.

Estoy en contra de que se limite la voluntad popular para elegir y reelegir a los parlamentarios las veces que sea conveniente. Algunos duran solo un período, porque han hecho mal las cosas, y los que el soberano ha seguido eligiendo, una y otra vez, es porque lo ha representado bien, porque son responsables, porque están en terreno, porque la gente sabe lo que hace.

Después de todo lo que he indicado, recibo la cantidad de dos millones seiscientos y tantos mil pesos mensuales, que es lo que me queda, y con eso tengo que ayudar a muchas instituciones menores: clubes deportivos, clubes de ancianos e instituciones de la más variada naturaleza.

A lo mejor algunos no hacen el trabajo que uno hace, pero cada cual debe responder ante su gente respecto de su función como parlamentario, y el que lo hace bien, en buena hora, y el que lo hace mal, sin duda, tiene recursos de sobra.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Kast Sommerhoff .

El señor KAST.-

Señora Presidenta, en Chile, la dieta parlamentaria originalmente está asociada al ingreso de personas sin riquezas en el campo político, de personas que aspiraban llegar al Congreso sin tener los medios necesarios para dedicarse exclusivamente a la actividad legislativa.

En sus orígenes, la dieta parlamentaria no era un factor de indignación ni de desigualdad. Al contrario, era una garantía de acceso más democrático a la política de gente que no podía hacerlo, de acceso al Congreso de todos los sectores de la sociedad.

A diferencia de lo que han dicho aquí sobre los motivos por los que se ha presentado esta indicación para rebajar la dieta en 50 por ciento y lo que han planteado el Frente Amplio y los promotores de esta iniciativa, esto no tiene que ver con el sueldo que ganamos, sino directamente con el valor que asigna la ciudadanía al trabajo que hacemos.

Tiene toda la razón el diputado Mario Venegas cuando planteó que lo que hay que hacer, y la respuesta que debemos dar en el largo plazo, es enaltecer y revalorar el trabajo que hacemos.

Los parlamentarios nunca debemos olvidar que somos trabajadores de la ciudadanía. Ellos son nuestros empleadores, ellos son los que nos mandatan a realizar nuestra labor legislativa y esta, por supuesto, tiene que estar a la altura del cargo.

Entonces, si esta misma ciudadanía -nuestros mandantes- considera que el trabajo que realizamos y que entregamos a cambio es insuficiente, y que no hay una proporción entre lo que hacemos y recibimos, por supuesto que la dieta debe ajustarse a lo que se considere un sueldo justo y acorde con la realidad laboral que existe en Chile.

Como bien dijo el diputado Andrés Molina , la dieta debe corresponder al valor que asigne la ciudadanía a nuestra labor, y si ni siquiera nosotros respetamos y ejercemos con profesionalismo este trabajo, y las personas ven en nosotros un grupo que abusa de sus privilegios, que cree que puede andar en moto sin carné, que se junta a tomar tecito con terroristas, que enrostra su cargo a los ciudadanos, que paga sus deudas personales con el dinero de los gastos operacionales, que dedica horas, recursos y asesores para legislar en torno al día de la brisca, etcétera, por supuesto que gana fuerza la idea de que ganamos mucho y de que somos un estorbo para los avances del país, y en el contexto de hoy de las movilizaciones se nos considera parte del problema y no parte de la solución.

Durante años las remuneraciones de altos cargos de quienes ejercen la actividad pública han sido objeto de indignación de millones de chilenos que viven con el sueldo mínimo.

La ciudadanía que salió a las calles hace un mes no lo hizo solo por las pensiones, por un sistema de salud estatal inoperante o una educación pública agonizante. De una u otra forma, la gente puede entender que la vida se encarece, que somos un país en vías de desarrollo, que los recursos son limitados y que las cosas no mejorarán con la sola aprobación de una ley, pero no puede entender, y yo, un político que ingresó a este hemiciclo hace poco más de un año y medio, tampoco puedo explicar la injusticia que existe entre el Chile de los políticos y el Chile de los trabajadores.

Porque, ¿cómo puedo explicar a la mujer que trabaja por el sueldo mínimo que un diputado tiene asegurado un sueldo líquido mensual de 6.000.000 de pesos? ¿Cómo puedo explicar al comerciante, que hoy tiene que estar defendiendo a palos su negocio de los saqueadores, que los altos ejecutivos de empresas del Estado, como Codelco, reciben en promedio 34 millones de pesos mensuales? No se puede explicar, porque es absolutamente inexplicable.

Esto es lo que ha aburrido a la gente, que hoy alcanza un punto crítico.

Tenemos un Estado que está capturado, que está fallando en su misión de dar a las personas una mejor calidad de vida, pero que nunca va a fallar en asegurar un sueldo millonario a quien trabaja en él y, por supuesto, a quienes nos dedicamos a la política.

La reconstrucción de las confianzas y de nuestra institucionalidad, indudablemente, pasa por un profundo cambio en la clase política; tenemos que recuperar la confianza y no quedarnos solo en el tema de la remuneración que tenemos, y creo que este proyecto de algo sirve para bajarnos del pedestal y acercarnos un poco más a quienes decimos representar, sobre todo en el contexto de hoy.

Soy consciente de que esta medida no va a mejorar la vida de quienes hoy representamos, pero, al menos, dará una señal potente de que estamos poniéndonos a su altura y empatizando con la situación de miles de compatriotas.

Por supuesto, voy a votar a favor de esta reforma constitucional que patrociné junto con otros diputados y a dedicar todo mi esfuerzo y trabajo para recuperar el honor, la excelencia y el prestigio de nuestro trabajo.

Devolvamos la dignidad a la política y la confianza a la gente, y eliminemos los privilegios, reduzcamos los sueldos y rebajemos la dieta.

Voy a votar a favor la reducción de la dieta en 50 por ciento, porque veo que es una señal y no porque esté de acuerdo con la forma. Creo que nunca un parlamentario ni una autoridad debe fijar su propio sueldo. Solo lo hago como señal, en un sentido transitorio.

La solución de largo plazo es una institución independiente, autónoma, que pueda asignar el valor que realmente tiene el trabajo de las distintas autoridades del Estado.

He dicho.

-Aplausos.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Hago presente a la Sala que hay cien diputados inscritos para intervenir y que, considerando la hora de término de la sesión, es imposible que todos puedan hacer uso de la palabra.

Por lo tanto, recabo la unanimidad de la Sala para rebajar el tiempo de intervención a tres minutos y, al mismo tiempo, suspender el tiempo de Incidentes, que son treinta minutos, a fin de que todos puedan intervenir. De lo contrario, no será posible.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señora Presidenta, si no hay tiempo para que todos hablemos los cinco minutos que corresponden, se puede prorrogar la sesión por todo el tiempo que sea necesario.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta, en la reunión de Comités, pregunté si se había solicitado destinar toda la sesión a la discusión de este proyecto y me dijeron que sí.

Por lo tanto, no entiendo por qué está solicitando la anuencia de la Sala para un tema que ya se había acordado.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Señor diputado, se dijo que había acuerdo, pero, finalmente, no quedó en la grabación y, por lo tanto, tuve que pedir la anuencia de la Sala.

Tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señora Presidenta, sin duda, estamos discutiendo un proyecto que es de gran interés.

Como en el punto N° 4 de los acuerdos de los Comités Parlamentarios se establece que se faculta a la Mesa para prorrogar el Orden del Día, si fuere necesario, quiero proponer que se suspenda la sesión a la hora establecida y que se reanude a las 15.30 horas para seguir la tramitación del proyecto hasta su total despacho, de tal manera que todos los parlamentarios puedan intervenir.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Para cerrar el punto, ya que no hay acuerdo para disminuir los tiempos de las intervenciones y suspender el tiempo de Incidentes, voy a prorrogar la sesión por treinta minutos. Por lo tanto, la sesión se extenderá hasta las 14.30 horas.

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señora Presidenta, quiero saber qué va a ocurrir con el trabajo de las comisiones que están citadas a partir de las 15.00 horas. Lo pregunto, porque en la tarde también habrá sesión de Sala.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Señor diputado, el bloque de sesiones de la tarde comienza a las 15.30 horas, por lo que habrá una hora de diferencia. Por su parte, la sesión de la tarde está convocada a las 17.00 horas.

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señora Presidenta, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano está convocada a las 15.00 horas.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Entonces, tendrá que comenzar a las 15.00 horas, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señora Presidenta, hace años observaba con mucha felicidad la constitución del Congreso y el avance desde la dictadura hacia la democracia. Posteriormente, vi a una generación de hombres y mujeres llegar al Parlamento después de haber participado, siendo jóvenes, en las luchas por la educación y otras reivindicaciones que me parecían increíblemente inteligentes e importantes. Celebraba su preocupación por tratar de igualar a los ciudadanos comunes y corrientes, hasta lo imposible, con quienes estaban aquí, que eran la representación política de la expresión democrática. Era una generación conformada por muchos de quienes presentaron este proyecto en 2014 y que fueron muy maltratados. Fueron tratados como adolescentes, como si ser joven fuera un gran pecado y significara estar a una gran distancia para poder crecer.

Me parece que establecer una distancia entre jóvenes y viejos, hombres y mujeres, es una contradicción que no ayuda. Si se juntan ambos y funcionan sinérgicamente, generarán una virtud y un avance cultural importante. Así que descalificar a una persona por ser joven o por ser vieja me parece terriblemente poco inteligente e innecesario.

Sin duda, en materia de representación política, me parece que es una soberbia sentir que solamente los que tienen algunas dotes o han pasado por alguna universidad y tienen alguna preparación científica son los únicos que podrían estar aquí con razón. Hay abogados, abogadas y médicos que tienen tanto descriterio como cualquier obrero o trabajador. La virtud de tener inteligencia y sabiduría no tiene que ver simplemente con la academia. Eso ha quedado demostrado en estos últimos días. Hay gente de mucho saber científico que ha tomado muy malas decisiones, porque no tiene la capacidad de empatía, no tiene la sabiduría que entrega lo popular.

El pueblo nos ha hecho pensar en esta materia que hoy nos ocupa, la cual debimos haber abordado mucho antes. Recién lo estamos empezando a hacer ahora, y lo estamos haciendo, como dice el diputado Mulet , muy enredadamente.

Hay contradicciones, como la de un diputado liberal que plantea que el Banco Central es un organismo autónomo, lo que me parece bien, pero al cual pautea diciendo que la rebaja tiene que ser del 50 por ciento. Por ende, esa institución, que debe ser autónoma, ya tiene un piso sobre el que pronunciarse. Le encuentro razón al diputado Venegas al decir que es una actitud autoritaria. Esa capacidad de crítica es la que debemos tener.

Votaré en contra la indicación que pone en peligro a los funcionarios y pensaré muy bien respecto de las otras indicaciones de las que fue objeto el proyecto.

Agradezco la oportunidad que me da el Parlamento de reivindicar lo político. Algunos que forman parte de esta Corporación siguen insistiendo en actualizar la frase “los señores políticos”. Esas dictaduras siguen presentes aquí y siguen llenándose la boca irremediablemente.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Juan Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Juan).-

Señora Presidenta, aquí se ha escuchado mencionar mucho los conceptos “chantaje”, “actos de revanchismo” y, ahora, “dictadura”.

Creo que el proyecto de reforma constitucional en estudio es, sin duda, necesario. Así lo ha pedido la ciudadanía. Pero hay que hablar con la verdad. Muchos se creen dueños de la verdad, se sienten representantes de los movimientos sociales, pero escuchan solo lo que quieren escuchar de los movimientos sociales.

Sin duda, este proyecto tiene letra chica. Muchas personas que en la calle conversan con uno sobre este tema, creen que un parlamentario gana por sobre los veinte millones de pesos. La gente no distingue entre dieta, que es el sueldo, gastos operacionales, asesorías y asesores. Entonces, cuando hablamos de rebajar la dieta, la gente entiende que nos referimos a este conjunto de cosas. Al respecto, no hay que tener un doble estándar. Aquí se es o no se es, como lo dije en la Comisión de Constitución. La gente también quiere que se terminen los privilegios que tienen los parlamentarios. Por eso, la gente considera que es mucho que un parlamentario cueste más de veinte millones de pesos mensuales, y por eso habla de rebajar ese gasto.

Por esa razón, el proyecto de ley delega a una institución externa el establecimiento de los altos sueldos de la administración pública en general. Eso nos tiene que incluir a todos, porque no puede haber en el sector público gente de primera y otra de segunda categoría.

Tenemos que entender que eso es, en definitiva, lo que la ciudadanía está solicitando. La gente no quiere más que el parlamentario tenga una serie de lujos, de asesores, de oficinas, etcétera, porque dicen: “Nosotros lo pagamos con nuestros impuestos”. Por eso, creo que todas las indicaciones que ha presentado esta bancada deben tomarse en cuenta.

La modificación de las asignaciones parlamentarias mientras dura el período transitorio debe ser aprobada, porque es parte de lo que está pidiendo la gente.

Finalmente, así como se está discutiendo con tanto ímpetu y fuerza el proyecto de ley, debemos tener la misma fuerza para discutir la agenda de seguridad que espero que se presente pronto. Ayer, La Serena sufrió muchos ataques incendiarios, que se suman a muchos otros que han ocurrido en Coquimbo y en otras ciudades de la región.

Por eso, espero que, con la misma disposición que se está tramitando este proyecto de reforma constitucional, también se tramiten los proyectos de ley que nos está pidiendo la ciudadanía, relacionados con la seguridad y el orden público.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Maya Fernández .

La señora FERNÁNDEZ (doña Maya).-

Señora Presidenta, el malestar de la ciudadanía movilizada pacíficamente tiene su origen en los abusos y en las desigualdades de nuestro país. Al respecto, hay que decir lo siguiente: nosotros hemos sido parte de esas desigualdades y privilegios.

Como bien se ha señalado, este proyecto fue presentado hace más de cinco años, y lo impulsaron fuertemente los diputados Boric , Jackson y Mirosevic . Fue apoyado con su firma por varios diputados y diputadas, pero también hemos sido varios quienes los hemos apoyado desde el primer día.

Estamos en el debate de un proyecto de reforma constitucional -aunque no de parte de todos, porque no todos los que están aquí estaban en el periodo pasado- que inicialmente recibió muchas burlas y críticas, lo cual fue lamentable. Pero lo importante es que prosperó, que estamos aquí, y que ha sido la ciudadanía movilizada, los millones de chilenos y chilenas que han marchado, los que ha logrado que quienes se burlaban o rechazaban la idea de aprobar este proyecto de reforma hoy estén dispuestos a votarlo a favor casi por unanimidad. ¡Cuántos proyectos de resolución presentamos en relación con esta materia! Sin embargo, fueron rechazados por gran parte de nuestros colegas.

Creo que es importante dar esta señal, y así lo han dicho todos y todas. No resuelve el tema de la desigualdad en Chile, pero creo que el Congreso debe dar una señal, que ha sido demandada por millones de ciudadanos y ciudadanas.

Por eso, hemos apoyado y vamos a apoyar la propuesta de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para rebajar la dieta parlamentaria en 50 por ciento. La hemos apoyado desde que se presentó el proyecto y lo haremos hoy en la Sala.

Sin embargo, vamos a rechazar -lo decimos con fuerza- la indicación que afecta a los trabajadores y trabajadoras del Congreso. Creo que, en lugar de buscar rebajarles el salario, deberíamos algún día valorar el trabajo que hacen los miles -son muchos, en realidad muchas y muchos- de trabajadores y trabajadoras en el Congreso, en todo ámbito, desde las personas que nos dan un vaso de agua, hasta las que nos entregan una minuta y las que mantienen el aseo. Ojalá también pensáramos en ellos a futuro, porque creo que es muy importante.

Sé que esto se refiere a los parlamentarios del Congreso, pero creo que siempre hay que pensar en los trabajadores y trabajadoras.

La demanda ciudadana tiene que ver con cosas más profundas, entre otras, con pensiones miserables, con la falta de un sistema de salud justo y solidario, con mejorar la educación y con el acceso a una vivienda digna. Creo que tenemos que dar esta señal hoy como Congreso, de manera que vamos a aprobar este proyecto de reforma constitucional.

Finalmente, quiero reiterar mis saludos y felicitaciones para todos quienes durante todos estos años siguieron impulsando este proyecto, lo que ha permitido que lo votemos hoy en esta Sala.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señora Presidenta, ya se ha dicho mucho respecto de este proyecto, pero hasta el momento estoy muy complicado. Quiero ver qué voy a votar, porque este proyecto pareciera ser un chantaje de allá y un chantaje de acá, en donde algunos dicen: “Bajémonos la dieta en 50 por ciento inmediatamente”; otros presentan indicaciones para los jueces, para los alcaldes y, por lo tanto, se bloquea el discurso. La mejor idea que ha tenido este proyecto es que un ente externo al Congreso decida cuáles son las remuneraciones de las altas autoridades.

Por lo tanto, todo lo que hay a los costados, a la izquierda y a la derecha, ensucia una buena decisión. Por eso es muy difícil votar en este proyecto de reforma constitucional.

Cuando se intenta hacer proyectos de ley y se busca finalmente el chantaje, no se pueden construir políticas públicas serias. Por eso, muchos de nosotros el año pasado votamos en contra un proyecto de resolución que presentó el Frente Amplio, con letra chica, que buscaba instalar la idea de que en un sector de la Cámara de Diputados estaban los malos, y demostrarlo así ante la opinión pública. Eso pasó. En todas las redes sociales están pegados los nombres de los 46 diputados que rechazamos ese proyecto de resolución; era un proyecto mal hecho, un proyecto sin evidencia, un chantaje, porque querían sacar réditos políticos de esa situación.

¿Quién no está de acuerdo hoy con que tenemos que dar una señal como Cámara de Diputados y rebajar nuestras dietas? Todos estamos de acuerdo; pero no estamos de acuerdo con los chantajes.

Por lo tanto, creo que este proyecto de reforma constitucional, que propone el nombramiento de una institución externa para calcular las dietas de las altas autoridades, simplemente pierde la fuerza con los chantajes de lado y lado, y por eso se hace muy difícil poder votarlo.

Por su intermedio, los quiero llamar, estimados, a que en verdad empecemos a hacer políticas públicas que den señales concretas a los chilenos. Estamos en una situación de inseguridad en nuestro país que nos obliga a todos, a todos quienes estamos acá, a dar un espaldarazo gigante a Carabineros, porque quienes están hoy en la calle no son aquellas personas que piden mejoras sociales legítimas, sino delincuentes que se aprovechan del caos de este país para finalmente atacar a todos los chilenos.

Por eso necesitamos un acuerdo en la Cámara de Diputados, para ir en apoyo de Carabineros, con el objeto de que sus integrantes puedan hacer su pega, lo que hoy no pueden hacer. Hoy, los carabineros están tirándoles piedras a delincuentes que tienen bombas molotov, hondas y balas. Eso es el mundo al revés.

Además, quiero decir que los funcionarios del Congreso no merecen que también les bajemos los sueldos a ellos. Tenemos que bajar, evidentemente, los gastos operacionales y esas asesorías externas que algunos utilizan mal; hay que regularlas. Sin embargo, creo que no es justo bajarles los sueldos a quienes trabajan con nosotros.

Repito: este es un proyecto muy difícil de votar, porque está plagado de chantajes, está plagado de artículos e indicaciones que no dan a los chilenos una señal de que entendimos cuál es el problema.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Karim Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señora Presidenta, partamos de la base de establecer un principio básico del servicio público: la política no es ni debe ser para enriquecerse, y el que quiere dinero, que vaya a una empresa y no esté en política.

Dicho eso, y estando de acuerdo con que la clase política goza de privilegios, como el fuero, y de rentas que molestan a la ciudadanía, por la desigualdad que tenemos en este país, debemos considerar que esos privilegios no son solo de la clase política; podemos dar muchos ejemplos: los médicos en los hospitales, quienes laboran en empresas del Estado, los notarios, los conservadores y, por qué no decirlo también, animadores que aparecen todos los días en los matinales, que hacen grandes alusiones a la desigualdad, pero que ganan dos, tres o cuatro veces más que lo que gana un parlamentario. El sueldo de esos animadores es pagado con publicidad, entre otras empresas, de las AFP. La televisión pasó de usar la delincuencia de todos los días para el rating a usar la pobreza y la desigualdad del día de hoy.

¿Qué deberemos votar hoy? ¿Estamos a un paso de eliminar la desigualdad? No, para nada. Ayer se votó, por ejemplo, la iniciativa que establece el aumento en 50 por ciento de la pensión básica solidaria. No obstante, cabe tener presente que si bajamos la dieta parlamentaria en 50 por ciento la pensión básica solidaria aumentará en apenas 19 pesos. Lo señalo, porque muchos piensan que se pueden aumentar las pensiones mediante esta rebaja, pero eso no es así. Ese es otro mito.

Estamos ante una disposición transitoria que baja por un tiempito la dieta, mientras la fija un organismo externo, como algo simbólico. Así como la política no está para enriquecerse, tampoco está para cosas simbólicas. Deben existir cambios definitivos, un ajuste ahora y permanente.

Esto es una mentira, un tongo, una improvisación avalada por la Comisión de Constitución. Su Presidente hace gárgaras con la desigualdad, pero cuando se vota el sueldo mínimo o las pensiones, junto con su partido vota por una miseria. Entonces, ¡seamos consecuentes! El diputado Boric –ninguno de los dos está acá- presenta esto como un simbolismo temporal para limpiar la imagen cuando justamente él es hijo de la desigualdad: colegio más caro, educación pagada por una empresa del Estado, una familia con una situación acomodada, con sueldos y pensiones altas de empresas del Estado. ¡Doble chapa!

Gran parte de mi sueldo lo doy en ayuda de personas, especialmente enfermas, carenciadas. Lo hago anónimamente, y no desde que soy parlamentario, porque, a diferencia de algunos, no pasé de la universidad al Parlamento, sino que he trabajado en otras actividades, por lo que si no estoy acá, sabré cómo salir adelante sin la dieta. Lo he hecho, lo hago y lo seguiré haciendo, ya que este no es mi primer trabajo.

También algunos dicen: “Nosotros donamos parte de la dieta. Tenemos una dieta distinta, de 30 o de 50 por ciento menos”. ¿Pero a quién se la dan? ¡Se la dan al partido! Entonces, le están pasando plata al partido para tener más poder. Por lo tanto, para mí esa solidaridad que tienen con su dieta no es real.

¿Qué pasará si después un órgano externo fija una dieta superior? ¿Qué va a decir la gente? Dirá: “Ahora se subieron la dieta”. Eso enervará más el sentimiento popular.

Creo que se acabó el tiempo de los tongos, pero la Comisión de Constitución está incitando a la irresponsabilidad y a la rabia. Se miente y se usan malas prácticas.

Si esto se vota ahora, pasará al Senado. Podemos hablar que lo transitorio va a estar en marzo o en abril, pero, ¿por qué no fijar hoy ese organismo externo? ¿Por qué no hacerlo rápidamente, para no estar dando esta vuelta mentirosa, influenciando para sacar provecho propio? La misma UDI siempre se opuso a la rebaja, pero ahora le sirve y le saca provecho.

No es molestia solo por nuestro sueldo, sino porque muchos de acá no hacen la pega, mienten o representan al 1 por ciento de la ciudadanía o ni siquiera van a sus distritos. Son verdaderos payasos haciendo el show en distintos programas de televisión o acá mismo, en el hemiciclo.

Entonces, no es solo elevar el estándar respecto de la desigualdad, sino también elevar el estándar de lo que estamos legislando, esto es, dejar de legislar tonteras y hacerlo considerando las necesidades que hoy tiene la gente, sin hacer de esto un circo o algo de farándula.

Digamos la verdad: muchos dicen acá que lo votarán para no quedar mal, por miedo a perder el poder o esperan que en el Senado esto se revierta. ¿Que veo acá? A un grupo de tramposos y mentirosos tratando de llevar agua a su molino usando este tema por poder, poder que para algunos vale más que incluso la dieta, en vez de resolver el asunto de manera definitiva.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta, hoy, por primera vez en la Sala de la Cámara de Diputados, vamos a votar la rebaja de la dieta parlamentaria. Quiero ser claro: nunca antes se había votado. Anteriormente se habían votado proyectos de resolución. ¿Y qué es un proyecto de resolución? Es una mera recomendación que se hace. Lo digo porque sé que las redes sociales están inundadas de noticias falsas. Reitero que por primera vez nos vamos a enfrentar a esta votación.

¿Qué nos está pidiendo la gente? Nos está pidiendo una cosa: rebajar la dieta parlamentaria. Al respecto, pregunto a la Sala y a la gente que nos está viendo qué entienden por dieta parlamentaria. ¿Entienden la remuneración o todo: las asignaciones, los gastos en personal, las asesorías externas, la totalidad de lo que un diputado le cuesta al fisco? Esa es la verdad.

Quiero decir a la gente que nos está escuchando que aquí sobre la mesa hay dos propuestas: una liderada por el Frente Amplio, y la otra, por Chile Vamos.

Un diputado le cuesta al fisco 21.800.000 pesos. Si hoy se aprueba la propuesta del Frente Amplio, esto va a significar una reducción de 4.650.000 pesos; o sea, un diputado le costaría al fisco 17.207.000 pesos. Si se aprueba la propuesta de Chile Vamos, que rebaja todo a la mitad, ¿cuánto sería el ahorro? No serían los 4.600.000, sino aproximadamente 10.900.000 pesos de rebaja al fisco.

Entonces, pregunto honestamente, con la mano en el corazón: ¿qué nos está pidiendo la gente? ¿La rebaja de la remuneración o la rebaja de la dieta como un todo? La gente nos está diciendo que bajemos la dieta como un todo.

Queremos rebaja de la dieta, pero sin letra chica, sin que la gente nos diga mañana: “Oiga, sus asesorías quedaron igual; sus gastos operacionales no se los tocaron; su personal de apoyo ahí está; sus asesores externos están tranquilos”. La gente nos dice en la calle que actuemos sin letra chica, que reduzcamos la dieta de verdad a la mitad.

Pero, al mismo tiempo, quiero ser honesto con la gente. Esta rebaja del 50 por ciento de la dieta es transitoria, no es para siempre, sino por el período en que un comité externo evalúe la remuneración. Y esperamos que no solo evalúe la remuneración de los diputados y senadores, sino también las de los ministros, de los subsecretarios, de los otros poderes del Estado. Tiene que haber una revisión, una lectura, una mirada de todos los altos sueldos del sector público. Tenemos que estar todos dispuestos a volver a entender qué nos está diciendo la gente. No nos está diciendo que nos bajemos la dieta con letra chica, sino que nos bajemos toda la dieta a la mitad.

¿Qué proponemos? Que si este ente nuevo, formado por exmiembros del Banco Central, excontralores, exministros de Hacienda; exdirectores de Presupuestos, del Servicio de Registro Civil, de la Alta Dirección Pública, establece otro monto, que las asignaciones también disminuyan en ese otro monto; que la gente sepa que si baja en 50 por ciento en forma transitoria, es el 50 por ciento del total; que si el ente establece una rebaja distinta, no va a ser solo de la remuneración, sino del total. Porque la gente nos está diciendo hoy que con sus impuestos está pagando 21.900.000 pesos por cada uno de nosotros. Lo que nosotros tenemos que decir a la gente es que el esfuerzo es sin letra chica, que para todos va a ser apretarnos el cinturón, que para todos va a ser menos remuneración, menos asesores, menos gastos operacionales, menos asesores externos, menos personal contratado.

Si vamos a hablar de la rebaja de la dieta, que esta sea sin letra chica.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señora Presidenta, ¿qué puedo decir yo, un viejo de la construcción que nunca ganó los millones que se ganan acá? ¿Qué puedo decir yo, que trabajé en el PEM y el POJH? ¿Qué puedo decir yo, como miles de trabajadores, que trabajan tres meses y están cesantes dos? ¡Obvio que este es un privilegio! ¡Y obvio que la gente tiene razón cuando dice que ganamos un sueldo millonario!

Por lo tanto, anuncio que mi voto será a favor de este proyecto, pero que rechazaré con todo la indicación que incluye la posible rebaja a nuestros asesores. Ellos no tienen por qué pagar el desprestigio que tienen los parlamentarios en Chile.

El diputado Romero dijo denantes que daba la impresión de que algunos parlamentarios o el Poder Legislativo le tienen cierto miedo al Poder Judicial. Al respecto, quiero ser más franco: yo creo que sí. Y si no es miedo, es un poco de temor; y si no es temor, tal vez es un poco de sometimiento. En este sentido, invito a los que me están escuchando acá a que revisen la sesión de ayer de la Comisión de Constitución, donde a la mayoría, por no decir a todos, excepto el diputado René Saffirio , parece que le tiritaban las cañuelas cuando hablaban los representantes de la Corte Suprema. No sé cuál será la razón. Me he visto en los tribunales y le tengo respeto a la justicia, pero no temor.

Este proyecto parece difícil, pero no debiera serlo.

Algo que me llamó la atención es que un representante del Poder Judicial dijo que tal vez esta rebaja podría afectar sus funciones. Yo pregunto qué significa eso de “afectar sus funciones”. ¿No podrán hacer su pega? ¿Pueden venir prebendas? ¿Pueden venir coimas? ¿A qué se refería ese representante del Poder Judicial?

Eso mismo lo traspaso a nosotros, a esta Sala, al Congreso Nacional, donde ha habido actos de corrupción tremendos, prácticamente robos. Parlamentarios han robado plata y después la han devuelto en cómodas cuotas, en una suerte de triangulación de dinero, por lo cual han sido sancionados por la justicia chilena. También hay parlamentarios que se quedan con la plata de los arriendos de los vehículos; parlamentarios que se han quedado con la plata de los arriendos de las sedes; parlamentarios que han cobrado viáticos sin merecerlos.

Con el sueldazo que ganamos, me pregunto si existe la posibilidad de que, si nos bajan el sueldo en 50 por ciento, aumente la corrupción en este hemiciclo. Frente a eso, deberemos tener cuidado y estar vigilantes.

Es por este tipo de cosas que, con un grupo de diputados, entre los que estaban Tucapel Jiménez y René Saffirio , cuando iniciamos este período legislativo, en la primera semana presentamos un proyecto de ley de tolerancia cero a los corruptos.

Creo que con la aprobación de este proyecto correremos ese peligro; los hechos así lo indican.

Por otra parte, además de la rebaja del 50 por ciento, considero que nuestro trabajo debe seguir siendo exclusivo, y que los que tengan acciones, ya sea en Soquimich, en las sanitarias, en las eléctricas, no deberían mantenerlas.

En todo caso, sé que una iniciativa como esta no es la solución para todos los problemas del país; la solución está, sin lugar a dudas, en los bonos soberanos que tiene nuestro país, que suman más de 53.000 millones de dólares.

Más allá de esas consideraciones, pienso que estamos ante un proyecto emblemático, por lo cual debería involucrar a todos los grandes sueldos de Chile, al poder político, al Poder Legislativo, al Ejecutivo, a los alcaldes. Todos debemos sufrir las mismas consecuencias y ser generosos con el resto de los trabajadores de Chile, con aquellos que ganan una miseria.

Finalmente, si bien estimo que debemos aprobar esta iniciativa, me opongo tenazmente a que signifique rebajar el salario de nuestros asesores.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señora Presidenta, ya había planteado la necesidad de que revisáramos la reducción de la dieta parlamentaria, porque en nuestros distritos nos estaban preguntando, además de por todos los temas que se están viendo, sobre lo que pasa con la dieta parlamentaria.

Debo coincidir con algunas cosas que se han dicho. Aquí hay una discusión algo mentirosa, pues se dicen cosas que en realidad están encubiertas.

Primero, quiero señalar que la dieta es igual a una remuneración, y que los 20 millones de pesos que incluyen a nuestros asesores no es el monto de nuestra dieta, que lo que realmente recibimos por concepto de dieta son 9.400.000 pesos brutos, y 6 millones y fracción líquidos.

No obstante, la labor que debemos cumplir, nuestra acción y función parlamentaria, que consiste en legislar, fiscalizar y representar, supone ciertos gastos que debieran institucionalizarse, de modo que sea la Cámara de Diputados la que se haga responsable de esos elementos, en el sentido, por ejemplo, de a quién se contrata. En ningún caso deberían entregarnos a nosotros esos dineros para que los administremos.

Entonces, lo que percibimos, que equivale a nuestra remuneración, es una dieta, y su monto no es el que mucha gente cree, sino bastante menos.

Aquí ha habido un intento claro de empatar situaciones que tienen que ver con nuestros equipos y con la gente con quienes trabajamos, con quienes nos permiten hacer el trabajo en terreno en los distritos, de modo honesto.

Estamos haciendo nuestra pega, estamos haciendo lo que la gente que nos eligió, que es la gente a la que representamos, nos mandató hacer.

No es menor nuestra tarea de representación en el distrito, así como tampoco es menor lo que hacen nuestros asesores. Por lo tanto, meterlos a ellos en un mismo saco me parece una injusticia enorme, porque no tiene nada que ver ese asunto con este; son cosas totalmente distintas.

Que hayan ocurrido cosas como las que aquí se han mencionado, en el sentido de que hay quienes han mal usado el dinero en alguna oportunidad, que han usado el dinero para otros fines, es otro cuento.

En sentido estricto, en lo que corresponde a la tarea propia, necesitamos equipos para trabajar, y frente a eso, como aquí se ha expresado, se ha presentado una indicación que es un chantaje en respuesta a una propuesta que se hizo desde el Frente Amplio.

¿Qué sentido tiene que hoy nos reduzcamos por dos meses la dieta en 50 por ciento, cuando en dos meses más o en marzo el monto será distinto?

La idea central de este proyecto es lo más valioso, el punto central: que no seamos nosotros los que fijemos nuestra remuneración. No estoy dispuesto a autofijar nuestra remuneración. Eso es para mí lo central de esta iniciativa.

Venir a mentirle a la gente o decirle que vamos a reducir por dos meses tal monto y que luego vendrá un organismo y tomará una decisión distinta hará que la ciudadanía se sienta doble o triplemente engañada; pensará que nos concertamos o que hicimos quizás qué cosa. Debemos tener presente que la gente no nos tiene confianza, así que pensará mal de nuestra decisión.

Hay que ser claros en eso, porque son dos cuestiones distintas. Lo primero, que es lo más valioso, es que se saca la decisión desde el Congreso Nacional para que la dieta la fije una entidad autónoma; lo segundo, que esto se debe aplicar a todas las altas autoridades de la república.

También considero necesario señalar que, en mi opinión, nadie puede ganar más que el Presidente de la República. Es como lo lógico, por lo que cualquier persona debe pensar así; es parte del sentido común. Pero comenzar a colocarle flecos a esta cosa, como si fuera un árbol de pascua, solo con el sentido de empatar, no me parece lo adecuado.

Otro asunto particularmente relevante corresponde a la existencia de asesores y funcionarios del Estado que ganan tanto o más que un parlamentario, incluso más que el Presidente de la República. Eso es inaceptable, pero no se aborda en este proyecto, en esta reforma constitucional.

Ya lo dije en una oportunidad: abordemos ese tema y que sea un órgano autónomo el que fije el monto de la dieta.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-

Para un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ.-

Señora Presidenta, dada la cantidad de inscritos y la importancia del proyecto, sugiero reducir las intervenciones a tres minutos, para que todos alcancemos a hacer uso de la palabra.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-

¿Habría acuerdo para otorgar cinco minutos a la diputada Claudia Mix y reducir a tres minutos las siguientes intervenciones? No hay acuerdo.

¿Habría acuerdo para reducir a tres minutos todas las intervenciones?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señora Presidenta, desde hace largo tiempo venimos siendo testigos de la desconexión existente entre la clase política, de la que forma parte desde hace mucho tiempo el diputado Coloma , y la gente que camina fuera de estos muros. Hay un abismo entre los ciudadanos y ciudadanas y sus representantes, lo que ha quedado de manifiesto luego de una larga lista de salidas de libreto de ciertas autoridades, entre las cuales podemos destacar las del exministro Larraín , quien recomendó comprar flores porque estaban baratas; las del ministro que cree que la gente llega temprano a los consultorios para hacer vida social, o las de la ministra que dijo no haberle tomado el peso a la importancia que tenía el metro para el buen funcionamiento de la ciudad.

En fin, representantes que se apoltronan en el poder y gozan de sus privilegios, que pierden de vista este otro Chile, el Chile de los postergados, de los excluidos, de los sin voz, que hoy día han salido a las calles a exigir recuperar la patria para todos y todas.

Hace cinco años, mis compañeros del Frente Amplio Gabriel Boric, Vlado Mirosevic y Giorgio Jackson dieron el primer paso al hacer ver que los privilegios de unos pocos indignaban a la ciudadanía, porque es una grosería que los salarios de las y de los parlamentarios sean treinta y tres veces un sueldo mínimo.

Estos sueldos millonarios generan una desconexión tal que no permiten a los parlamentarios entender el sentido de urgencia de las demandas ciudadanas, que una y otra vez son postergadas. Esa postergación se justifica por la responsabilidad fiscal o el crecimiento del país.

Entonces, es legítimo que la gente se pregunte: ¿Cuándo será el momento de las familias chilenas? ¿Hasta cuándo debemos seguir esperando? Y aun así, le pedimos a la gente que confíe en nosotros como sus representantes. ¿Cómo la gente podría confiar si durante treinta años no hemos sido capaces de dar respuesta a sus demandas? ¿Cómo podrían confiar si han muerto familiares esperando una operación y hay abuelos que se han suicidado porque no han podido sostenerse con una pensión de miseria? ¿Cómo pedirles a los niños y niñas del Sename que sigan esperando y sigan confiando? ¿Cómo pedirles confianza a esos padres y madres que han vivido para trabajar y darles todo a sus hijos sin que ello parezca ser suficiente?

Dejar de percibir el 50 por ciento de nuestra dieta debe ser entendido como algo más que un gesto, más que un saludo a la bandera: debe ser considerado un mínimo acto de justicia, un mínimo paso para reducir la desigualdad, porque aun así tendremos sueldos que están por sobre la media de lo que perciben los chilenos y las chilenas.

El promedio del salario en Chile es un poco más de 400.000 pesos, casi el 10 por ciento de lo que deberíamos percibir después de aprobarse esta reforma.

La reducción de la dieta parlamentaria, equivalente a cerca de 50.000 millones de pesos anuales, corresponde a poco más del 50 por ciento del presupuesto del Servicio Nacional del Adulto Mayor, a poco más del 50 por ciento del presupuesto anual del hospital del Carmen de Maipú, centro de salud de alta complejidad, del distrito que represento, que atiende a casi un millón de personas al año de las comunas de Maipú, Cerrillos e incluso Santiago .

Aquí hay argumentos suficientes para apoyar una iniciativa que significa dejar atrás el olimpo, dejar atrás la terrible herencia de quienes negociaron la transición, olvidando que las instituciones públicas deben estar al servicio de la gente y no para satisfacer necesidades personales.

Aprovecho de contar una experiencia personal. Vivo en Maipú, en la misma villa hace veinticinco años. La clase política está tan desprestigiada que cuando gané la elección mis vecinos me preguntaron cuándo me iba a ir a vivir al barrio alto, como si ganar una elección parlamentaria fuese un trampolín para cambiar de estatus. Parece que eso ha pasado hasta ahora. Uno sale elegido parlamentario y, en lugar de responsabilidades, asume privilegios; en lugar de estar al servicio de la gente, algunos creen que la gente está al servicio de ellos y de ellas.

Las y los parlamentarios somos servidores públicos, gente común, con problemas comunes, representando a la gente común; pero hay muchos en esta Sala alejados de eso.

Desde el primer día como diputada decidí donar la mitad de mi dieta a un fondo que permite cubrir las solicitudes de la comunidad organizada y dar respuesta a las necesidades de vecinos y de vecinas. De seguro, son necesidades que los miembros del Congreso no conocen ni imaginan, porque son problemas que no llegan a sus burbujas.

Por eso, sorprende la indicación del diputado Coloma , quien pone como carne de cañón a los funcionarios y asesores de nuestros equipos, y busca reducir a la mitad esta asignación parlamentaria, aduciendo el mal uso de estos recursos por parte de los diputados.

Finalmente, creo que este proyecto debe ser el primer paso para avanzar seriamente en la discusión de la propuesta de un congreso unicameral, proyecto que ingresamos en junio pasado, que, más allá de agilizar los trámites legislativos, reduce el gasto al Estado en más de 50.000 millones de pesos anuales.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señora Presidenta, recién conversaba con mi colega Leopoldo Pérez , quien sacaba los cálculos respecto de cuánto se podría ahorrar si bajáramos la cantidad de parlamentarios a 120. Ahorraríamos 773 millones de pesos mensuales, 9.156 millones de pesos anuales, y en los cuatro años, 36.600 millones de pesos.

Por lo tanto, la rebaja parlamentaria es un tema que hay que analizar porque permite un ahorro importante al Congreso Nacional.

En todo caso, tal como se ha señalado, estamos discutiendo un proyecto en el que ha habido aprovechamiento y acusaciones de uno y otro sector; pero analizándolo, veo que se hace referencia a algunos proyectos de resolución: el proyecto de resolución Nº 67, de 18 de abril de 2018, que hace referencia al proyecto de resolución Nº 330, de julio de 2015. El otro es el Nº 494, de octubre de 2015, que también hace referencia al proyecto de resolución Nº 330, de 2015.

El proyecto de resolución Nº 330, de 8 de abril del 2015, que fue firmado por varios diputados, en uno de sus acápites señala: “Por lo anterior, este proyecto sólo pretende disminuir la dieta y no las asignaciones parlamentarias, que por su definición contribuyen al perfeccionamiento de nuestra legislación. De hecho, independiente de que el presente proyecto no introduce modificación alguna en cuanto a las asignaciones, creemos que un aumento del monto que actualmente está destinado a estos propósitos, asociados a los mejores estándares de transparencia y fiscalización, mejoraría la calidad de la legislación y contribuiría al fortalecimiento del sistema democrático.”.

Entonces, cuando se hace permanentemente referencia a un proyecto de resolución -el Nº 330, de 8 de abril de 2015-, que señala que deberían aumentarse las asignaciones parlamentarias, es porque se pretendía, a través de esa iniciativa, disminuir la dieta parlamentaria y destinar esos recursos a asignaciones parlamentarias para contratar personal. Por lo tanto, seamos sinceros cuando se dice que aquí hay una especie de aprovechamiento de este tema.

Pido a aquellos que firmaron ese proyecto de resolución, que pretendía disminuir la dieta para destinarla a asignaciones parlamentarias, que sean sinceros y no responsabilicen a otros de aprovechamiento. En esa oportunidad, este diputado, Jorge Rathgeb Schifferli , votó en contra el proyecto de resolución porque ahí había letra chica, pues se pretendió engañar a la ciudadanía. Afortunadamente esto se dio a conocer y no se aprobó.

Seamos sinceros cuando presentemos proyectos de resolución, cuando votemos y cuando publiquemos en las redes sociales este tipo de cosas.

A quienes pretendieron en algún momento bajar la dieta y destinar esos recursos a asignaciones parlamentarias, no les dio resultado, porque con ello querían contratar mayor cantidad de personal para, seguramente, hacer activismo político o destinarlo a otro tipo de cosas.

Hoy día estamos apoyando esta iniciativa que reduce la dieta parlamentaria, porque esos recursos se van a destinar a iniciativas que van en beneficio de nuestra gente y no irán al otro bolsillo de los parlamentarios: las asignaciones.

Mi intención era dar a conocer el texto del proyecto de resolución N° 330 para que la gente supiera cuál era el objetivo original de la iniciativa que rebaja la dieta, que presentaron algunos diputados en el período legislativo anterior.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, dado que hay 26 diputados inscritos todavía, quiero reiterar la solicitud de rebajar el tiempo asignado a tres minutos si hubiese unanimidad. La diputada Nuyado no está de acuerdo.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

¿Habría acuerdo para extender el tiempo destinado al Orden del Día y suspender Incidentes?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Renato Garín .

El señor GARÍN.-

Señora Presidenta, como diría Sol y Lluvia, no puedo creer la cosa que veo. Vamos a bajar el sueldo de los parlamentarios después de seis años de batalla y están colocándose en la mesa nuestros privilegios. En tal sentido, quiero insistir en que por ley los parlamentarios debiéramos tener un seguro en Fonasa y no en las isapres.

Ya que hablamos de gasto y de la eficiencia en el gasto, tengo la suerte de revisar los gastos internos de la Corporación junto con el diputado Ortiz , otros diputados y el Secretario General. En la revisión hemos encontrado ineficiencias bastante insólitas, como por ejemplo en telefonía. Esta Corporación paga todos los meses casi mil millones de pesos en telefonía a Entel, Movistar , Wom y Claro. Hay diputados que tienen decenas de líneas telefónicas. Algunos diputados -no todos- tienen los equipos más caros del mercado. Pareciera que los llaman más que al Rumpy, por la cantidad de teléfonos que tienen.

Ahí hay una ineficiencia tremenda. Si tuviéramos una sola compañía y pudiésemos negociar con ella todas las líneas telefónicas del Congreso Nacional, sería mucho más barato. Eso está comprobado.

En materia de servicios, saquen la cuenta de lo que pagamos por habilitar internet en nuestras sedes. Ese servicio podría negociarse de manera colectiva para tener mejores precios.

Por otra parte, las isapres adeudan a la Corporación casi doscientos millones de pesos por concepto de licencias médicas. Eso está en el informe de gastos. Las isapres no pagan porque desconfían de las licencias médicas que salen del Congreso Nacional. ¡Esa es la verdad! Son cientos de licencias médicas no solo emitidas a nombre de parlamentarios, sino también de quienes integran los equipos de trabajo.

Si hablamos de ineficiencia, en este edificio tenemos la institución más ineficiente del país: el Senado. El Senado de la República es lento y tiene más privilegios. Es un verdadero cementerio de elefantes. Allá los mejores políticos de cada generación van a engordar y a matar sus neuronas, porque su carrera termina en el Senado. No entiendo a los jóvenes y a los políticos prominentes de este país que quieren ir al Senado. El Senado no aporta nada a Chile. Se duplican los trámites; es lento e ineficiente; se duplican los argumentos y los informes. Hasta hace poco, en el Senado se comía filete y se bebía vino de importación en los comedores. ¡Esa es la verdad y está en los medios de comunicación! Esta institución es mucho más eficiente, rigurosa y austera que el Senado. En el Senado, en cambio, se gasta el dinero, se come filete en los comedores, y es lento en sus procedimientos. Este proyecto para bajarnos el sueldo también requiere del voto del Senado.

¿Qué debe tener Chile? ¿Qué propone el Frente Amplio y un sector de la centroizquierda? Un Congreso unicameral, sin Senado, sin ese cementerio de elefantes. Un Congreso unicameral donde seamos más eficientes, más baratos y más vibrantes para la república. ¡Más vibrantes para la república! ¡Un Congreso unicameral, no esta fomedad absoluta que son estas dos cámaras! Aquí hay un ambiente gris y una falta de rigor permanentes, porque están los senadores que se toman sus tiempos.

¿Qué esperan los ciudadanos de nosotros? Ya no es el tiempo de los políticos de masas, como Arturo Alessandri , Pedro Aguirre Cerda , Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens . La gente no espera que nos paremos arriba de un cajón de manzanas a hacer discursos y pegar saltitos delante de las masas. Las manifestaciones no tienen líderes ni voceros, y no terminan con grandes discursos de líderes de masas porque eso ya pasó de moda.

Hay que reinventar el liderazgo político, pero teniendo presente que la historia no se hace en el Congreso, ni en el ex-Congreso, ni en los pasillos con la televisión encima. La historia, como enseñó el Presidente Allende , la hacen los pueblos. Si hoy estamos bajando la dieta parlamentaria es porque el pueblo así lo ha impuesto, señor Presidente.

¡Viva la voluntad soberana y viva el pueblo de Chile!

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ.-

Señor Presidente, valoro este proyecto, porque ha significado años de esfuerzo, sobre todo del diputado Boric .

Quiero aclarar algunos mitos que hay en la opinión pública. El primer mito es creer que todos acá hacen carrera y viven del Estado. Desde mi experiencia veo que no es así. Tengo 57 años y entré a los 44 años a la política. Trabajé a los 24 años en el mundo privado y nunca fui funcionario público. Llevo trece años y medio en mi rol de diputado, y me voy. Lo dije antes del estallido social. No es verdad que todos acá hacen carrera política y estrujan al Estado. Veo que la mayoría tiene otras profesiones y un mundo fuera del Congreso. Por lo tanto, estamos hablando de un mito que se instala.

El segundo mito es que nos vamos todos con pensiones vitalicias. Según conversaba con mis amigos Pepe Auth y Jaime Bellolio , eso ocurrió hasta 1973. Sin embargo, sigue instalado en la ciudadanía que todos nos vamos con una pensión vitalicia. ¡Eso no es así!

Qué bueno ha sido tramitar este proyecto y hacer historia. Antiguamente, los diputados no tenían un sueldo tan alto. El incremento vino con el famoso MOP-Gate, antes de que fuera elegido diputado. A partir de ese hecho la dieta de los diputados pasó de 2.400.000 pesos a 6.300.000 pesos. ¿Por qué? Porque al ministro se le entregaba plata en un sobre para compensar su bajo sueldo. Entonces, hubo un acuerdo político para subir el sueldo de los ministros, y como la Constitución señala que los diputados tienen el mismo sueldo que los ministros, los diputados de ese tiempo se vieron beneficiados. Hubo un tremendo ajuste al subir la dieta. Quizá, si no hubiese existido ese reajuste, hoy la dieta estaría dentro de los promedios del resto del mundo.

Lo del Banco Central es una idea tremendamente buena; pero existe una disposición transitoria. Les decía a los colegas de la Comisión de Constitución –esa instancia ha hecho un tremendo trabajo- que es necesario actuar ordenadamente. Si el Banco Central determina que la dieta debe bajarse un 30 o 40 por ciento, va a quedar la sensación en la gente de que nos volvimos a subir el sueldo. ¡Eso es lo que va a quedar instalado! Como dijo el diputado Saffirio , la ciudadanía creerá que nos volvimos a subir la dieta o que teníamos un acuerdo. Eso hay que evitarlo, porque hoy la gente está con una desconfianza tremenda y legítima.

Es bueno hacer los esfuerzos para que el Banco Central estudie la materia en un plazo menor a sesenta días.

Tal como decía el diputado Matías Walker , se ha instalado la idea de que acá están los sueldos más altos. Sin embargo, hay más de 2.000 funcionarios y empleados públicos que ganan lo mismo. Por lo tanto, la indicación del diputado Marcelo Díaz que apunta a que nadie debería ganar más que el Presidente de la República es excelente. ¡Eso es de sentido común dentro del aparato público!

Termino diciendo que el esfuerzo que tenemos que hacer es como país. Si queremos terminar con la desigualdad, tenemos que hacer un esfuerzo como país. ¡Todos tenemos que hacer un esfuerzo! A propósito de los funcionarios de acá, por supuesto que no vamos a votar a favor la indicación que los involucra, porque no podemos estar a favor de rebajar el sueldo de nuestros funcionarios. Por lo menos, eso está despejado.

(Aplausos)

Pero el resto tenemos que hacer un esfuerzo país. Ya lo está haciendo el mundo privado. Hay empresas que han rebajado el sueldo a sus gerentes y han subido los sueldos más bajos; por lo tanto, aquí tiene que estar incluido todo el aparato público. Podrá haber rebajas en menor proporción, por ejemplo, para algún funcionario no será de 50 por ciento, sino de 30 por ciento -eso tendrá que determinarlo el Banco Central-, pero tenemos que hacer un esfuerzo país para terminar con la desigualdad que existe hoy, que nos tiene enfrentando la mayor crisis nacional.

Con todo, anuncio mi voto a favor de la rebaja de la dieta de los diputados, de los senadores y de todos los cargos públicos.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, yo solo quiero recordar algunas cosas en esta Sala.

Agradezco a los diputados Gabriel Boric , Vlado Mirosevic y Giorgio Jackson por invitarnos a participar en este proyecto. Pareciera que fue ayer cuando ellos se voltearon y me dijeron: “ Alejandra , firmemos este proyecto”.

Pero hay que recordar algo muy importante, porque las cosas hay que recordarlas en su contexto: la pelea que habíamos tenido por el salario mínimo. En ese tiempo, la dieta que teníamos era más de cuarenta veces el salario mínimo. Entonces, nos preguntábamos cómo podíamos estrechar o disminuir esa diferencia. Por eso se relacionó el salario mínimo con la dieta parlamentaria. Ese fue el sentido del proyecto: estrechar la diferencia entre el ingreso mínimo que recibe la mayoría de los trabajadores de Chile y lo que recibimos como dieta.

Ojalá que no se pierda ese espíritu y que la decisión que hoy traspasamos al Banco Central también contenga el espíritu del legislador en ese minuto, cual es que el salario mínimo que lamentablemente recibe un gran número de trabajadores de Chile tenga relación con el salario de las altas autoridades del país, y que vayamos estrechando las diferencias.

Efectivamente, como planteó el diputado Jorge Rathgeb , se presentaron varios proyectos de resolución sobre esta materia, y por todos esos proyectos nos trataban con una sola palabra: populistas. Nos decían que éramos absolutamente populistas, demagogos. Pero, al final, lo único que queríamos era que se entendiera que estábamos viviendo permanentemente en una burbuja, y esa burbuja, como he dicho en varios discursos, explotó. Gracias a eso estamos hablando de este tema. De lo contrario, lamentablemente, no existiría el espíritu de hacer esta disminución de las dietas y de entender lo que hoy les está pasando a los trabajadores y a las trabajadoras que reciben el salario mínimo, y cuáles son los privilegios que tenemos aquí.

Respecto de todos los privilegios que haya que retirar, sin duda, no vamos a poner ningún obstáculo; al contrario, vamos a estar ahí presentes, para favorecer esos cambios.

Sin embargo, nuestra preocupación permanente debe ser cómo hacemos bien nuestro trabajo. Eso también nos debe preocupar. Por eso no voy a votar a favor de disminuir los sueldos de nuestros trabajadores.

(Aplausos)

No podemos hacer eso, porque es absolutamente irracional. Eso no tiene que ver con la dieta parlamentaria. La dieta hay que disminuirla sí o sí, porque es un deber y lo está pidiendo la ciudadanía, pero lo que no podemos hacer es disminuir los derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras. Eso no corresponde. Algunos en esta Sala puede que estén acostumbrados a disminuir los derechos de sus trabajadores, pero otros no. Creemos que esa no es la vía, que no es lo que corresponde, porque, además, estaríamos disminuyendo nuestra propia capacidad de hacer la tarea legislativa que nos corresponde, porque quienes están en los distritos están representándonos, buscando dónde están los problemas, tratando de monitorear dónde están las dificultades, para que nosotros traigamos esas dificultades a esta Sala y las convirtamos en materia de ley.

Del mismo modo, los asesores que están en la Corporación están trabajando para que las minutas, las indicaciones y los proyectos que presentamos tengan consistencia jurídica. Entonces, si disminuimos el salario, la retribución monetaria a nuestros trabajadores, también estamos disminuyendo, primero, un derecho y, segundo, la calidad de nuestro trabajo legislativo. Algunos dirán que nuestro trabajo es malo o lo que quieran decir, pero es de los mejores en términos de calidad legislativa, a nivel de legislatura comparada.

Con alegría y entusiasmo, vamos a votar a favor la disminución de la dieta parlamentaria y todos los privilegios que corresponda, porque nosotros debemos dar la señal al país, pero no por eso vamos a perjudicar la calidad legislativa y menos a nuestros trabajadores y trabajadoras.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Estimados colegas, están inscritos para hacer uso de la palabra los siguientes diputados y diputadas: Diego Paulsen , Gonzalo Winter , Emilia Nuyado , Loreto Carvajal , Gustavo Sanhueza , Esteban Velásquez , Jorge Alessandri y Hugo Gutiérrez . Ese es el orden, de acuerdo con el número de inscripción, el estado de la línea y la proporcionalidad.

Calculando los tiempos, aun con la prórroga de la sesión, no alcanzarán a intervenir todos. La única solución es rebajar el tiempo de las intervenciones.

¿Habría acuerdo para disminuir las intervenciones a tres minutos y medio?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Diego Paulsen .

El señor PAULSEN.-

Señor Presidente, este no es un proyecto de rebaja de dieta parlamentaria. Hay que decir a la gente, con claridad y con firmeza, que no es lo que ellos esperan. Este es un proyecto de ley que otorga atribuciones a un ente autónomo para que determine cuáles van a ser las dietas o las remuneraciones de los altos cargos públicos.

Porque, lo que hace el artículo transitorio de este proyecto de ley es rebajar, al mes siguiente de promulgada esta ley por el Presidente de la República, en 50 por ciento nuestra dieta solo por 60 días. Claramente, es un proyecto engañoso, que no va al fondo del asunto, y aquí pido a los colegas que no seamos hipócritas en el debate, porque estamos mintiendo a la ciudadanía. Insisto en que este proyecto estrega la potestad a un ente autónomo para que regule nuestro salario.

¿Qué pasa si ese ente autónomo dice que lo que debemos ganar nosotros es mayor que lo que ganamos hoy? ¿Lo van a aceptar? ¡Claro que no! Porque la ciudadanía no nos permitirá ganar más de lo que hoy ganamos y pide que nos rebajemos la dieta de manera sustancial, y eso no hemos sido capaces de hacerlo.

Además, la ciudadanía pide que tengamos la firmeza y convicción de no ser una carga para el Estado. Por eso hemos aprobado el artículo transitorio que va a permitir la rebaja de la dieta por 60 días, si el Banco Central se toma todo ese plazo para determinar el monto, y también hemos pedido el gesto de toda la Cámara de Diputados para revisar también nuestras asignaciones parlamentarias.

Lo que proponemos los diputados de Chile Vamos que integramos la Comisión de Constitución es una rebaja no solo de 50 por ciento de nuestra dieta, sino también de nuestros privilegios, como son los autos, los celulares, las oficinas parlamentarias y la contratación de personal.

No podemos permitir que este proyecto tenga letra chica. Queremos que el Congreso sea efectivo en el uso de sus recursos y dar a la ciudadanía una señal de austeridad en el uso de los mismos.

Lo que nosotros proponemos es rebajar 1.700 millones de pesos mensuales. Si votamos en contra la disminución de nuestros privilegios, como gastos operacionales o personales o asesorías externas, solo serán 650 millones de pesos. Y hemos dicho que queremos que los recursos se destinen a obras sociales, por ejemplo, para construir casas para personas vulnerables. Si rechazamos eso, habrá 70 familias vulnerables de Chile que no podrán tener su casa.

Además, hay una inconsistencia en los discursos, porque el diputado Garín dice que va a votar en contra la rebaja de los gastos de los parlamentarios, reclamando el derecho de los trabajadores, pero quiere cerrar una cámara completa. ¿Quién defiende el derecho de los trabajadores de esa cámara que van a cerrar? Hay inconsistencia.

Nosotros vamos a hablar de un proyecto sin letra chica, que establezca una disminución real y que permita a un ente autónomo que determine con claridad cuál será nuestra dieta parlamentaria.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Winter .

El señor WINTER.-

Señor Presidente, creo que es importante hacer memoria, como todos lo han hecho, porque hoy parecemos todos muy de acuerdo. Hay que hacer memoria de que este fue un proyecto de ley de los diputados Boric , Jackson y Mirosevic del día en que entraron al Congreso. También hay que hacer memoria de las críticas que recibieron. Se les dijo de todo. Incluso, se dijo -hay un argumento que voy a traer a colación- que si los diputados ganaban la mitad de lo que hoy ganan, iban a ser todos corruptos, lo cual, en primer lugar, es una ofensa a la inmensa mayoría de chilenos que gana sueldos cercanos a los 400.000 pesos y que no por ello son corruptos. Además, era mentira, porque en la misma legislatura en que se discutió esta materia se demostró que el sueldo de los diputados, aun ascendiendo a los 9 millones de pesos, no impedía que muchos recibieran platas y que vendieran el resultado del proceso legislativo como un producto en el mercado.

¿En qué consiste este proyecto? Consiste en sacar de las atribuciones de los diputados la facultad de determinar su propio sueldo, y en entregar tal facultad a un ente autónomo. Ahora bien, como es un ente autónomo, va a determinar nuestro sueldo en un par de meses más. Y para que no haya letra chica se presentó una indicación que establece que a partir del próximo mes se ganará el 50 por ciento menos en la dieta.

También debemos decir a la gente que la cantidad de plata que ganará el Estado al bajar los sueldos de los diputados no alcanzará, como alguien me dijo ayer en la calle, para arreglar toda la salud pública. Pero dicha rebaja es un gesto, en el sentido de que los diputados ya no podemos tener un sueldo que nos separe de la gente, y no podemos decir nuevamente, como se dijo alguna vez, que el trabajo de un diputado era más valioso o era mayor en cantidad que el de otras personas.

Pero hay un problema que no vamos a resolver, cual es que la gente no solo considera que los diputados ganan mucho, sino que, además, estima que ganan mucho para lo poco que le importa el trabajo que hacen los diputados. Personalmente, he hecho el ejercicio de preguntar a la gente: ¿Cuánto cree usted que debería costar no un diputado, sino una diputación?”. Hay gente que me ha contestado: “Cero pesos”. A esas personas les pregunto nuevamente: “Entonces, ¿usted considera que no debiera haber diputados?”. Me responden: “No, de hecho por eso no fui a votar”. Y esa postura no es tan loca, porque la mitad de las personas que podrían haber votado el día en que todos fuimos electos no fue a votar.

Hasta hace un par de semanas esa gente nos preguntaba: “¿Los diputados sirven para bajar el precio de los medicamentos?”. No. “¿Los diputados sirven para subir las pensiones?”. No. “¿Los diputados sirven para que me operen en el hospital donde estoy esperando?”. No. “¿Los diputados sirven para que haya una mejor educación?”. No.

¿Qué sí decidieron los diputados? Algunos preguntaron: “¿Los diputados me sirven para quedarme con el mar?”. Sí. “¿Los diputados me sirven para que las clínicas privadas reciban subsidios del Estado?”. Sí. “¿Los diputados me sirven para quedarme con los peces?”. Sí. “¿Los diputados me sirven para arrendar a bajísimo precio el Salar de Atacama, como al señor Ponce Lerou ?”. Sí. Y esos señores sí financian la política y la financian felices. Tanto es así, que consideraban que los diputados ganaban poco, por lo cual les pagaban más plata. Incluso, le pagaban las cuentas a un partido político.

El problema es que hay gente que está feliz con el resultado de la política y gente que considera que su plata no vale el resultado de la política. Por lo tanto, debemos preguntarnos para quién estamos trabajando.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia) .-

Señor Presidente, el 22 de octubre de este año el Presidente de la República, don Sebastián Piñera , hizo anuncios con respecto a la reducción de la dieta parlamentaria y de los altos sueldos de la administración pública. Sin embargo, y de manera muy irresponsable, hasta el día de hoy el gobierno no ha ingresado ningún proyecto ni menos una indicación a la discusión que llevara a cabo la Comisión de Constitución.

Estamos en una situación compleja que viven las familias, la ciudadanía, la gente del pueblo chileno y los pueblos indígenas. Quisiera pedir al Presidente de la República y a los diversos ministros que se genere un plan de austeridad, el cual debe involucrar a todos, a los tres poderes del Estado.

Por lo tanto, los anuncios del Presidente de la República deben concretarse y debe hacerse efectiva la propuesta que presenta la Comisión de Constitución, que seguramente todos vamos a aprobar hoy, de rebaja de la dieta parlamentaria.

Pero no me parece justo que el gobierno haya olvidado su anuncio y que el Presidente de la República se escude en las decisiones que hoy se están tomando en este Congreso.

Además, quiero hacerme cargo de muchas de aquellas palabras que ha señalado la ciudadanía: “Los diputados y los senadores hoy se han convertido en personas que en realidad no están escuchando al pueblo chileno. Por lo tanto, decimos: ¡Basta ya! Que se vayan aquellos ladrones, tramposos, corruptos y fáciles de sobornar”. Son palabras que atentan contra cada uno de nosotros, pero tenemos que asumir también esa responsabilidad que por mucho tiempo ha ido socavando este Congreso, porque muchos han caído en aquella situación.

Me pregunto: ¿cuántas leyes hemos ofrecido como parlamentarios al pueblo chileno y a los pueblos indígenas? A la reclamación constante que ha tenido el pueblo mapuche, ¿le hemos ofrecido alguna propuesta o algún proyecto de ley? ¡No lo hemos hecho!

En consecuencia, tenemos hoy a la ciudadanía señalándonos esos diversos adjetivos de molestia y de rabia ante la injusticia y la desigualdad. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo. Creo que es importante asumir esa crítica. Cada uno de nosotros tenemos que ser capaces de seguir avanzando en proyectos que les permitan a ellos avanzar en dignidad y justicia. Si no somos capaces de aquello, de verdad tiendo a creer que es cierto lo que ellos están señalando.

Es necesario seguir suprimiendo viajes de parlamentarios al extranjero, así como lo tiene que hacer el Estado. Es necesario seguir avanzando en recuperar mayores recursos para destinarlos a viviendas…

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señorita diputada. Tiene la palabra la diputada M.ª Loreto Carvajal .

La señora CARVAJAL (doña M.ª Loreto).-

Señor Presidente, llama poderosamente la atención haber tenido que esperar tantos años para tratar un proyecto del que los diputados firmantes teníamos total convicción en 2014.

Asumimos en marzo de 2014 la labor de parlamentarios, y en abril de ese año nos sumamos como autores a este proyecto en conjunto con los diputados Mirosevic , Boric , Jackson , Girardi y los entonces diputados Claudio Arriagada y Yasna Provoste , hoy senadora.

No solo hay una cuestión de señal ética o de populismo frente a la ciudadanía, como hoy se pretende decir. Había desde entonces una convicción profunda de que la misión que teníamos en este Congreso era estrechar la desigualdad y hablar más de igualdad.

Como dijo la diputada Emilia Nuyado , no teníamos que esperar que la gente saliera a la calle o que tuviéramos esta crisis social para entender que la revisión de las institucionalidades era urgente. Lo veníamos planteando desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que hoy, sobre la marcha, la situación derivó en que alcanzáramos un acuerdo, como no lo tuvimos en ese entonces, ya que muchas veces se intentó poner este proyecto en tabla y nunca hubo acuerdo para ello. Hay que ser muy franco: no hubo acuerdo de manera transversal, porque, así como se ha mencionado, hubo un prejuicio en términos de que esta iniciativa era una cuestión loca, populista y que no tenía asidero. Pero hoy la realidad nos golpea duramente con las consecuencias que ha tenido esta crisis, pero también por el trabajo y la gestión que ha realizado la institucionalidad.

Digo que no debimos haber esperado tanto, porque era evidente que la dieta parlamentaria -aclaremos que no es de veinte millones de pesos, como cree la gente, ni tampoco de nueve millones de pesos líquidos, porque a este monto hay que descontarle el 40 por ciento- no se condice en nada con la realidad de las personas a quienes nos toca representar, de quienes nos han dado el mandato de trabajar sobre un principio básico pero esencial en una sociedad moderna: la igualdad.

Quiero ser muy franca: se trata de colar propuestas, como la disminución de la remuneración de los asesores, pero eso nada tiene que ver con el propósito de este proyecto; es evidente que no se condice con su objetivo, y no estoy de acuerdo con aquello. Nada tienen que ver los funcionarios municipales ni sus autoridades, como los alcaldes, porque no se trata de las altas autoridades de gobierno. Aquellos que tenemos el rol de representar debemos tener la conciencia moral y la ética para entender que no nos toca estar un peldaño más arriba, sino, ojalá, estar de igual a igual.

En consecuencia, quienes representamos comunas pobres, lo mínimo que podemos hacer es actuar con justicia y estar de acuerdo con este proyecto de reforma constitucional.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza .

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, ¿por qué llegamos a esta situación? Creo que después de escuchar los discursos de la gran mayoría de mis colegas parlamentarios, lo entiendo perfectamente. Es realmente increíble escuchar discursos en los que algunos hacen un autolavado de imagen. Otros dicen que fueron ellos los precursores de este proyecto, pero ninguno habla con la transparencia necesaria que se requiere en una instancia como esta.

La transparencia necesaria implica reconocer que la gran mayoría no está de acuerdo con la rebaja de asignaciones, independiente de que se hayan presentado o no algunas indicaciones. También hay que ser transparente y decir claramente a la ciudadanía que se le está mintiendo, porque se dice que la rebaja de las asignaciones parlamentarias significará que tendrán que despedir gente, que van a tener que reducir las remuneraciones. ¡Eso es falso! ¡Es mentira!

El descrédito hacia la Cámara de Diputados tiene que ver con esto, porque se le miente descaradamente a la ciudadanía. Todos sabemos que tenemos la posibilidad de hacer una reasignación de los gastos, por lo que con una buena gestión no habría que reducir el salario durante estos dos meses a ninguna de las personas que trabaja con nosotros.

Hay parlamentarios que gastan ochocientos mil pesos en telefonía -información que está en las páginas de transparencia de la Cámara-, mientras que otros gastan gran cantidad de dinero en traslado. Bueno, cada uno deberá ajustar sus gastos, para que no sean los trabajadores los que paguen el costo.

¡Seamos sinceros y honestos con la ciudadanía, no la engañemos con discursos que no son correctos! Saben perfectamente que pueden reasignar sus gastos. Cuando llamen a manifestaciones no coloquen a la gente adelante y ustedes atrás. Dejemos de mentir y de engañar a la ciudadanía; seamos transparentes.

El fondo de este proyecto es designar un organismo autónomo, ajeno a nosotros, que defina cuáles deben ser las remuneraciones de los parlamentarios y de los cargos más altos en nuestro país. Esa es la verdad. Esto otro, como bien lo dijo el diputado Auth , es publicidad engañosa, porque es por dos meses. ¿Cómo vamos a explicar después que se subió, que se bajó? Seamos honestos: esto es un maquillaje, es una chiquillada, es como un niño que quiso esconder el dulce.

Aquí hay algunos privilegiados. A las madres de algunos les subieron el sueldo cuatro veces en un periodo presidencial; los padres de otros vendieron en miles de millones de pesos terrenos al Serviu. Eso es lo que la gente está cuestionando, no solo la dieta parlamentaria.

Por eso, me comprometo a apoyar este proyecto de reforma constitucional hasta el final, porque necesitamos transparencia, no un discurso y después arreglarse de otra manera.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Esteban Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Esteban).-

Señor Presidente, el día lunes usted reflejó lo que está ocurriendo en nuestro país.

Cuando habló desde La Moneda, manifestó que el país requiere más justicia social y el término de la economía del abuso. O sea, lo que hoy debemos buscar es un gran acuerdo para la justicia social. Ese es el acuerdo que requiere el país, que se resume en algunas reformas de fondo y estructurales, no con estos proyectos de ley que salen casi a empujones.

El fin al sistema de la AFP es algo que claman millones y millones de chilenos; condonación y rebajas al abuso del crédito con aval del Estado; reforma a la salud; aumento sustancial del sueldo mínimo ético; royalty minero, decimos desde el norte. Son materias que el presidente de Renovación Nacional también ha manifestado en más de alguna entrevista.

Este proyecto de reforma constitucional, con el objeto de rebajar la dieta parlamentaria, con el que estoy de acuerdo desde que llegué al Congreso, es decir, hace más de un año y medio, sale a empujones y se le va colgando un montón de cuestiones que solo lo enredan.

No estoy de acuerdo con que se rebajen las asignaciones y se tenga que despedir a los equipos que asesoran a los parlamentarios. Ese era otro proyecto; la rebaja a otro tipo de asignaciones es otro proyecto que se debe discutir en detalle. Y la rebaja a los sueldos altos de otras autoridades es otro proyecto que podemos discutir como corresponde. El proyecto que demanda la ciudadanía, con el cual intentamos sintonizar, es la rebaja a la dieta parlamentaria de diputados y senadores.

Por lo tanto, me parece tendencioso y no oportuno que algunos digan que todos debemos ser responsables y asumir esto. En estas largas tres décadas solo algunos son responsables, porque han estado físicamente en el Parlamento, han estado operando desde fuera del Parlamento o son primos hermanos o muy familiares de los dueños del país, de esos muy millonarios que han estado muy famosos durante estos últimos treinta días, pero a los cuales no se les ha tocado.

Voy a apoyar esta rebaja a la dieta parlamentaria porque estoy convencido de que es una medida necesaria. Hace algunas semanas se llegó a determinados acuerdos al respecto, pero uno nota que algunos no están convencidos; se nota en sus rostros, se nota en su actitud.

Eso es lo que precisamente tiene al Presidente preso sin saber qué hacer, porque no quiere tocar sus propios intereses ni quiere tocar los intereses del club de sus amigos, pero tiene que atreverse. El llamado al Presidente Piñera es que conduzca, que se sacuda de su ego, porque hoy lo importante es pensar en el país. Muchas veces le he escuchado decir que se declara patriota; debe demostrarlo al proponer una verdadera agenda con justicia e igualdad social, porque es lo que la ciudanía convoca.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, este proyecto de reforma constitucional tiene por objeto bajar las remuneraciones de las altas autoridades, idealmente de los tres poderes del Estado.

Quiero felicitar, en primer término, a los autores de este proyecto, los diputados Mirosevic , Alejandra Sepúlveda , Gabriel Boric , y, especialmente, al diputado Boric por el guarismo del 50 por ciento, porque dice: es importante la ley a largo plazo, pero también es importante un gesto ahora. A ese gesto nosotros quisimos sumarnos, y decir: “Bajemos en 50 por ciento, mientras se definen, todas las remuneraciones de más de seis millones de pesos líquidos de los tres poderes del Estado.”.

Los gestos en política son importantes, pero también es importante el resultado final: el ahorro para el Estado, para el fisco.

Concuerdo con el diputado Alinco . Ayer, en la Comisión de Constitución se sintieron varias canillas tiritando, porque vinieron cuatro miembros de la Corte Suprema. No entraban al Parlamento desde hacía veinte años.

Reitero: vinieron cuatro miembros de la Corte Suprema.

Al final, lo que tenemos que entender todos es que cuando uno gana su sueldo del Estado, cada peso que se gasta en nosotros es un peso menos que se gasta en las urgencias sociales.

Cito solo un ejemplo. Como señalé, ayer vinieron cuatro ministros de la Corte Suprema al Parlamento. Partieron del mismo edificio, en calle Compañía; vinieron todos a la misma hora al Congreso y volvieron todos al edificio de Compañía. ¿En cuántos autos creen ustedes que se movilizaron los cuatro ministros? ¿Ustedes creen que compartieron auto? ¿Ustedes creen que se vinieron de a dos? No, señores. Cuatro vehículos de la Corte Suprema salieron a la misma hora, pagaron los dos peajes -cada uno fue conducido por un conductor- y volvieron a la misma hora.

Este es un ejemplo gráfico con el que les quiero decir que Chile cambió, pero que nosotros también tenemos que cambiar. Hay que cuidar el dinero público, porque un peso que se gasta en nosotros, las autoridades, es un peso menos que se gasta en las urgencias sociales.

¿Podrán los señores diputados de un mismo partido compartir un abogado para que los asesore en materias legales? Si el 80 por ciento de los diputados aterriza los lunes, ¿podrán los diputados de un mismo partido venirse en un auto, no les digo de a tres, pero sí de a dos? ¿Podrán gastar solo 400.000 en vez de 800.000 pesos en bencina? Creo que sí, señores diputados. Creo que uno puede hacer un esfuerzo, que los señores ministros supremos también pueden hacer un esfuerzo, que los ministros de Estado también pueden hacer un esfuerzo.

Votemos este proyecto de ley para ahorrar dinero al Estado. Todos en nuestras redes sociales decimos profusamente: “Condonar el CAE. Subir las pensiones.”. Bueno, ¿quién está dispuesto a meterse la mano al bolsillo? ¿Quién está dispuesto a compartir abogado? No son cosas terribles las que les pido.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ.-

Señor Presidente, solo por si no nos hemos dado cuenta, estamos viviendo un momento constituyente. Hasta hace unos días no estaba en la agenda de este gobierno, por supuesto, ni tampoco en tabla en el Congreso una nueva constitución política. Estamos en un momento constitucional. Lo digo a propósito de que muchas cosas pueden cambiar dentro de algunos meses o años.

Esto me recuerda que cuando surgió la Constitución de 1833, y hasta la de 1925, no existía la dieta. La dieta existe a partir de la Constitución de 1925. En ella se estimó que para dar igualdad a todos los representantes había que establecer una dieta, algo mínimo para todos.

Entonces, podemos enfrentar un momento constitucional en que, en definitiva, como mucha gente dice en la calle, a los parlamentarios hay que pagarles cero pesos; podemos encontrarnos con que dentro de unos años más la nueva constitución diga que a los parlamentarios no hay que pagarles nada.

Entonces, claro, eso puede explicar que en este momento constituyente haya algo distinto, algo por cambiar, algo más profundo que lo que estamos viviendo. Si la rebaja de la dieta parlamentaria y de los altos cargos se puso en tabla, también hay que reconocer a quien la instaló como prioridad: el pueblo en la calle. El pueblo estableció la prioridad. Y logró establecer una gran prioridad, cual es una nueva constitución para Chile.

Hace un tiempo, cuando el gobierno pasado también quiso tener como prioridad una nueva constitución para Chile, ¿qué pasó con ella? La tiraron al tacho de la basura. Pero hoy está puesta como prioridad. Muchas cosas todavía pueden cambiar, y van a cambiar de manera aún más profunda.

Creo que es importante que nos demos cuenta del momento en que estamos para darnos cuenta también de todo lo que tiene que cambiar. Al respecto, quiero hacerme cargo de una indicación que propone terminar con la inhabilidad para el ejercicio de la profesión, es decir, la inhabilidad de los abogados para ser diputados. Creo que es una inhabilidad que solo les cabe a los abogados, y, a mi entender, no corresponde. Si el día de mañana se establece que los diputados no deben recibir ni un peso, creo que también debería permitirse que todos ejercieran su profesión, a menos que la nueva constitución disponga el desempeño del cargo con dedicación exclusiva. Creo que la inhabilidad que hoy cae sobre los abogados tiene que terminar para efectos de emparejar la cancha para todas las profesiones.

Por último, es indispensable que nos demos cuenta del momento constituyente que estamos viviendo, en que muchas cosas van a cambiar y otras están por terminar. Eso es gracias al pueblo de Chile movilizado en las calles.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, en el siglo XIX, cuando partió el primer Congreso, la dieta estaba descrita de la siguiente manera: “Los servicios prestados por los miembros integrantes del Senado serán sin más sueldo que la gratitud de la Patria.”. Mire qué romántico.

Cuánto tiempo ha pasado desde esa fecha hasta ahora, en que la dieta parlamentaria o la remuneración parlamentaria se ha transformado en el símbolo de la injusticia, del privilegio, de la ventaja indebida.

Sin duda, todos hemos sido responsables de ello, aunque esto está anclado en la Constitución de 1980, que señala que la dieta parlamentaria es equivalente al sueldo de un ministro de Estado. Como varios lo han expresado acá, cuando se subió el sueldo a los ministros de Estado, en 2005 o 2006, se produjo una sobreinflación, no solo de las remuneraciones parlamentarias, sino también de los supersueldos de altas autoridades del Estado.

En la Comisión de Constitución tuvimos la oportunidad de revisar a fondo este tema y, junto con reconocer la sobreinflación que ha tenido la dieta parlamentaria, también nos dimos cuenta de que había alrededor de 2.500 otros supersueldos del Estado, correspondientes a cargos de designación política, iguales o superiores a la dieta parlamentaria. ¡Reitero: 2.500!

Algunos en las empresas públicas perciben rentas mensuales del doble, del triple y hasta del cuádruple de una dieta parlamentaria; hay ministros de la Corte Suprema que ganan tanto o más que un parlamentario, cuando les agregan las asignaciones variables sobre dirección superior o cumplimiento de metas. Eso ocurre en gran parte de la administración pública. Las remuneraciones son tan distorsionadas que incluso hay varios ministros que ganan más que el Presidente de la República, o subsecretarios que, cuando reciben dineros por cumplimiento de metas de gestión, también superan en varios millones el sueldo del Presidente de la República. Es decir, aquí el despelote es completo, y es hacia arriba.

Lo que indigna mayormente a la gente tiene que ver, sin duda, con que su realidad es totalmente distante de esto. El 50 por ciento de los chilenos gana menos de 350.000 pesos, las pensiones están congeladas, mientras estos supersueldos suben y suben.

Hoy hicimos un gran esfuerzo. Proponemos que todos estos sueldos sean ajustados a la baja a través del Banco Central como el sistema permanente que afecte a todos los sueldos del gobierno, del Congreso Nacional, del Poder Judicial, del Misterio Público, del Tribunal Constitucional, del Servel, de la Contraloría General de la República, del gobierno y la administración el Estado, de las empresas y las universidades del Estado. Todos ellos deben reducirse.

Ojalá que el Banco Central los calcule sobre la base de los ingresos mínimos para que estén ajustadas e indexadas ambas cosas, los supersueldos a los sueldos de la gente, para que nunca más se separen y se abra una brecha tan grande como la que existe hoy, que desconecta, aísla o aleja a las altas autoridades de la gente.

Este organismo del Estado hará un ajuste a la baja de las remuneraciones, aplicando principios de austeridad, a fin de que nadie gane más que el Presidente de la República y todos reciban un salario razonablemente acorde a la realidad del país.

Mientras tanto, la rebaja de la dieta será de 50 por ciento, como acordamos. Así lo aprobaremos esta tarde.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila).-

Señor Presidente, parto señalando que aprobaré este proyecto porque me parece que debemos rebajar la dieta de los parlamentarios y las remuneraciones de otras autoridades del Estado; sin embargo, me gustaría complementarlo con las siguientes reflexiones:

La primera es que hay diferentes visiones respecto de lo que ha cuestionado la sociedad, y es real que una de ellas tiene que ver con las desigualdades de sueldo, realidad en la cual, el que los parlamentarios tengamos un sueldo de 9 millones brutos y de 6 millones líquidos, nos distancia bastante de lo que pasa en el Chile promedio, incluso en el Chile de la mediana, porque los sueldos del resto de nuestros compatriotas son mucho más bajos, y quienes viven con esos ingresos tienen trabajos honestos, se esfuerzan, no obstante lo cual no ganan lo que ganamos nosotros.

Identificar esa desigualdad no significa no valorar el trabajo parlamentario, no significa que este Congreso Nacional no tenga que existir ni significa que tengamos que recibir el suelo mínimo.

La segunda reflexión es en torno a cuánto tuvo que ocurrir y qué tuvo que pasar para que el Congreso Nacional reaccionara y tomara medidas particulares respecto del sueldo de los congresistas.

¿Qué tuvo que pasar afuera? ¿Cuántos de los que estamos acá decidimos esto antes o tuvo que haber una movilización con uno o dos millones de personas en las calles para que nos parezca que es un tema que se debe tratar? ¿Cuántos incendios o saqueos deben ocurrir para que aquí se tomen determinaciones respecto no solo de nuestro sueldo, sino también de un sinfín de otras cuestiones?

Considero que la señal que damos es bien negativa, porque parece que debe ocurrir todo eso para que el Congreso Nacional reaccione; que tiene que quemarse Chile para que el Parlamento reaccione. Por supuesto, esa es una señal muy negativa.

Después de 41 días de movilizaciones, que recién estemos sacando este proyecto y que todavía no haya una agenda consolidada que responda a las demandas sociales que se mencionan en las calles nos lleva a un abismo, porque sabemos dónde comenzamos, pero no dónde terminaremos.

En tercer lugar, me parece que el cómo se ha dado la discusión en este Congreso Nacional, particularmente en la Cámara de Diputados, habla de una descomposición general de la forma de hacer política, una descomposición social general. Porque lo que aquí se pone por delante, además de historias personales y acusaciones cruzadas, no es lo primordial. Muchos dicen que hay que dar la discusión en otro tono, pero luego nos encontramos con que la mayoría termina deteniéndose en puntos que no les interesan a nadie de los que nos están viendo por el canal de televisión de la Cámara de Diputados ni a nadie de los que se están manifestando en las calles.

En definitiva, considero que la discusión debe ser distinta, que la dieta debe bajar y que el debate en torno a las asignaciones parlamentarias sí se tiene que dar, no en este proyecto, pero sí debe estar presente.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luciano CruzCoke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, es importante comunicarle a la ciudadanía que en la práctica aquí no se está rebajando la dieta parlamentaria a 50 por ciento en forma permanente, sino en forma transitoria, pues solo transcurrirán dos meses entre que se promulgue la ley y que la comisión que hoy estamos creando determine la rentas de los altos funcionarios públicos. Por tanto, vamos a tener una rebaja transitoria, de 60 días, conforme a lo que estamos mandatando.

¡Vaya paradoja de la política! Cuando la ciudadanía está pidiendo que los parlamentarios no tengamos incidencias en fijar nuestras remuneraciones, hoy rasgamos vestiduras para decir que ahora sí haremos el máximo sacrificio, cuando en la práctica son dos meses que pasarán bastante rápido.

Por ende, que no se piense que se está haciendo algo distinto a crear una comisión que fije los sueldos, pues, en efecto, el proyecto en comento crea una comisión que se encargará de fijar los sueldos de las altas remuneraciones públicas, para lo cual establece un órgano, como existe en buena parte de los países de la OCDE, según señaló el Banco Central en su esplendida exposición ante la Comisión de Constitución, planteamiento que, por supuesto, vamos a apoyar con mucha fuerza, porque es de toda lógica rebajar nuestra dieta.

No obstante, también debemos revisar las asignaciones que recibimos los parlamentarios, que corresponden –escuche bien usted señor y señora en su casa, para que no le vendan otra cosa distinta- a 11 millones de pesos mensuales por cada diputado y a 20 millones de pesos mensuales, o más, por cada senador, que son adicionales a la dieta de 9 millones de pesos.

Sentados en este hemiciclo hay señorías que tienen, ni más ni menos, 20 asesores, que avanzan como estelas siguiéndolos por los pasillos, como han consignado los medios y redes sociales. ¿La gente en su casa considerará razonable que un diputado tenga tal cantidad de asesores, los que además se pueden contratar, por vía interposita, a través de la Cámara de Diputados o del Senado, según corresponda?

La señal que debemos dar es determinar lo justo, lo austero, lo probo y lo suficiente para que un parlamentario haga su trabajo. Debemos revisar las asignaciones.

Tampoco queremos tener que ver con las sedes, con los arriendos de autos, ni con los gastos de las oficinas. Todo eso debe ser resorte de esta Corporación, como sucede en el Poder Judicial y en el Ejecutivo. No queremos tener ninguna posibilidad de determinar cómo se transfieren esos recursos, ni tener una cuenta corriente especial, ni menos queremos volver a ver en esta Cámara de Diputados que se paguen gastos personales con cargo a gastos operacionales. ¡Por favor! Si eso es una vergüenza para quienes hemos trabajado y nos hemos ganado la vida en el ejercicio de nuestras profesiones antes de llegar al Congreso Nacional.

Por lo mismo, dado nuevamente el ejercicio ostentoso de subirse en un pedestal a clamar que son mejores que los del frente, aclaro que, en la práctica, lo que estamos haciendo es un ejercicio leve, de un mes para otro.

¿Y por qué este desprestigio? Porque la gente cree que ganamos 22 millones de pesos. Entonces, ¿por qué no va a salir a incendiar y saquear esa porción menos educada de la población si tiene políticos que le están señalando que en los últimos treinta años hemos vivido una farsa? Me estoy refiriendo a aquellos que viven criticando a las AFP, pero descuentan su APV de aquí mismo, del Congreso Nacional, entre los cuales hay varios que están sentados acá; a aquellos que en vez de defender la educación pública tienen a su hijo en el Santiago College, en un Waldorf de 500.000 pesos; a aquellos que en vez de tener Fonasa y atenderse en la salud pública, se operan en la Clínica Alemana; a aquellos que piensan que todo está mal hecho, que todo es insuficiente, que nada sirve, que creían que le pasarían la cuenta al gobierno de derecha.

Pues bien, señores, ahora la gente les dice: “¿Saben qué? Váyanse todos, porque se han comportado como verdaderos nuevos ricos”.

Tiene que dolerles donde debe doler: en la vergüenza.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Por un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, solicito que la Secretaría nos indique qué parlamentarios tiene más de 20 asesores. De lo contrario, si la información no es verdadera, que se retire esa parte del discurso del diputado Cruz-Coke .

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Se le hará llegar la información, señor diputado.

Por un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente, solicito que el señor diputado clarifique qué parlamentarios utilizan recursos de las asignaciones para gastos de carácter personal. Él ha hecho una acusación grave, así que es necesario que la demuestre.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Atendible la reclamación y la aclaración solicitada.

Estimados colegas para que todos los que están inscritos alcancen a intervenir prorrogaremos la sesión por 15 minutos. Sin embargo, por tal razón, atrasaremos el inicio de las sesiones de comisión por un tiempo proporcional al que hemos extendido esta sesión de Sala. Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, este es un día importante.

Cuando asumimos nuestra labor parlamentaria en marzo del año pasado, hace menos de dos años, 20 diputados y diputadas hicimos un punto de prensa para expresar nuestro compromiso de bajar las dietas parlamentarias, recogiendo la moción de los diputados Jackson y Boric .

Se nos trató de locos, de que hacíamos esto solo para joder. Incluso, una periodista nos preguntó si en verdad queríamos bajarnos las dietas. No estamos locos; solo queremos ser consecuentes, y cada vez que hemos planteado el tema, las otras bancadas nos han intentado hacer callar.

Hay diputados que son muy buenos actores y que dicen que siempre estuvieron de acuerdo con nosotros, en circunstancias de que nos hicieron callar para no tocar este tema.

Aquí también ha habido noticias falsas. Un diputado de derecha dijo que este proyecto ya se había votado y que algunos de nosotros lo habíamos votado en contra. Todavía estoy explicando en las redes sociales que este proyecto recién se votará hoy. Y el diputado que lo dijo, que tiene boletas de pesqueras, estuvo siempre en contra de bajar la dieta parlamentaria.

Entonces, digamos la verdad. Aquí ha habido gente dispuesta a rebajar la dieta y gente que no está dispuesta a hacerlo. Ahora, este triunfo no es nuestro; es un triunfo de la gente movilizada en las calles, que está exigiendo justicia social. Por eso, lo considero un triunfo ciudadano.

¿Qué está pidiendo la gente? Justicia. Por lo tanto, no basta con bajar nuestras dietas. Me parece bien que haya una entidad autónoma que revise todos los altos sueldos del Estado y de las empresas públicas, como, por ejemplo, los sueldos de los altos ejecutivos de ENAP, de Codelco, de los rostros de TVN. ¡Quiero ver qué van a decir mañana en el matinal, porque también sus sueldos se van a revisar!

Por supuesto, no basta con eso. La gente está esperando que suban las pensiones, que suba el sueldo mínimo, y nosotros queremos que este sea, al menos, de 500.000 pesos.

Por último, quiero referirme a la improvisación con que se han presentado indicaciones al artículo transitorio. Estoy de acuerdo con que se revisen los sueldos del Poder Judicial, pero no a través del artículo transitorio. También estoy de acuerdo con revisar todas las asignaciones, pero con rigor, y en ese sentido, el personal de apoyo no es una asignación que me den, y veo que la derecha lo ve como una cosa que le dan. El personal de apoyo son personas, que tienen familias, tienen hijos.

(Aplausos)

Además, hay quienes no los vemos como una asignación, sino que como nuestros compañeros de trabajo.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, la rebaja de la dieta parlamentaria se ha transformado, sin duda alguna, en una de las demandas sociales más requeridas por la ciudadanía, en el contexto de la actual crisis social.

Y una buena pregunta que debemos hacernos es por qué ha sido de esa manera. La respuesta es que está íntimamente ligada a las causas de la crisis social que estamos viviendo; está ligada a la abismante, poco ética y asquerosa brecha de desigualdad que hay en nuestro país. Brecha de desigualdad que incluye, por cierto, la desigualdad salarial.

En segundo lugar, una causa también muy importante son los privilegios de la clase política. Suena con fuerza en la calle terminar con esos privilegios que hemos cuidado durante décadas. Hoy la gente pide avanzar en el fin de estos privilegios que nos han alejado de la ciudadanía. Hoy existe una verdadera muralla china entre la clase política y los ciudadanos; hay un divorcio entre ambos, casi a niveles irreconciliables. Tenemos que darnos cuenta de eso, porque conduce a una crisis de la democracia representativa, a una crisis de nuestra institucionalidad democrática, y ese es un peligro para nuestro país.

Hoy tenemos una oportunidad histórica de avanzar y dar una señal clara y contundente al país en uno de todos los privilegios que tenemos: en la rebaja de la dieta parlamentaria en 50 por ciento y en la regulación, por parte de un órgano externo -el Banco Central-, de todos los altos sueldos del Estado.

Sin duda alguna, es una gran señal, un gran avance, y espero que todos los sectores políticos lo apoyemos con convicción y no solamente para la galería, no solamente para que nos aplaudan quienes están luchando hoy en las calles.

Pero no podemos contentarnos con esto, y quiero poner un ejemplo. Hoy los parlamentarios ganamos una dieta bruta de 9.400.000 pesos. Es cierto que pagamos 40 por ciento en impuestos, pero la dieta bruta es de 9.400.000 pesos. Hoy se discute el monto de las pensiones y el salario mínimo. Si nos comparamos con los cientos de miles de adultos mayores que reciben una pensión básica solidaria de 110.000 pesos, comprobaremos que los superamos 85 veces. ¡Así de alejados estamos de su realidad! Ahora, si nos comparamos con los cientos de miles de trabajadores que reciben 301.000 pesos de salario mínimo, veremos que los superamos 31 veces.

Reitero: estamos muy alejados de la realidad de las personas, por lo que debemos recomponer la confianza, y eso no se logra solamente con la rebaja en la dieta parlamentaria, sino que debemos impulsar transversalmente una agenda antiprivilegios, que incluya el fin al fuero parlamentario, el someter al Congreso Nacional a la fiscalización del Consejo para la Transparencia -no podemos seguir autofiscalizándonos-, la obligatoriedad de la rendición de cuenta pública de diputados y senadores y el límite a la reelección.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente, ayer el Presidente de la República, Sebastián Piñera , señaló lo siguiente: “Estamos impulsando una agenda para bajar la dieta de los parlamentarios y los ingresos más altos del sector público y, al mismo tiempo, combatir los abusos, privilegios y las conductas monopólicas que dañan a nuestros ciudadanos”.

Cada una de las palabras del Presidente de la República es una nueva mentira al país. No fue el gobierno del Presidente Piñera el que presentó esta iniciativa de ley, como aquí se ha dicho durante todo el debate, ni menos ha hecho algo el Presidente por combatir el principal flagelo que afecta al país, que tiene hoy a la ciudadanía en las calles, provocando incluso algunos destrozos, que hemos condenado públicamente, y que no queremos para Chile, que no es otro que la intención de no tocar los intereses de sus grandes amigos, quienes son parte de las entidades más abusivas del país, como son las AFP y las isapres.

Lamentablemente, el Presidente Piñera no quiere hacer caso a la ciudadanía que, en su gran mayoría, se moviliza contra ellas, porque ahí están los principales problemas de los chilenos. Voy a apoyar la reducción en 50 por ciento de la dieta parlamentaria y de los sueldos de los altos cargos públicos, pero seamos claros y digamos las cosas de frente al país: esta es una medida transitoria.

No nos vengan con cuentos de que esto va a ser definitivo. Va a haber un ente externo encargado de fijar la renta de los parlamentarios y, por lo tanto, puede ocurrir que en 60 días más esa entidad diga que los parlamentarios deben ganar mucho más que la cifra que queda tras la rebaja del 50 por ciento de la dieta.

Sugiero cautela a los colegas que presentaron este proyecto de ley. ¿Qué le vamos a transmitir al país si el ente externo decide aumentar nuestra dieta? Como dijo un parlamentario, hay una publicidad bastante engañosa, desde el punto de vista de cómo se plantea el proyecto a nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Por otro lado, estoy en contra de tocar un solo peso de los trabajadores del Congreso Nacional, por una razón muy sencilla.

(Aplausos)

No soy parte de quienes han presentado una indicación en este sentido, porque el parlamentario que hace la pega en terreno, que tiene oficinas en sus regiones, necesita a sus funcionarios en terreno, en los distritos, y aquí mismo en Valparaíso, para tener una buena asesoría parlamentaria.

Los trabajadores son un alma importante en la labor de un diputado.

Aquí, los que han hecho un daño profundo al Parlamento, para que sea el ícono de la discusión ciudadana, son aquellos parlamentarios que, lamentablemente, han traicionado el alma de sus propios ciudadanos. Acá mismo en el Parlamento hemos sabido de parlamentarios que han recibido minutas de empresarios de las mineras, de las pesqueras, para que las leyes se hagan en función de lo que ellos quieren, de los grandes intereses empresariales de este país. Esas personas dañaron en forma tremenda la imagen del Parlamento. Ello explica el enojo y el malestar de la ciudadanía, porque aquí hubo muchos parlamentarios que estuvieron cooptados largos años por los grandes intereses económicos del país, y eso hay que decirlo. La molestia ciudadana tiene mucha relación con esa situación.

Vamos a apoyar claramente esta rebaja, pero dejándole en claro al país que es transitoria. No le mientan a Chile una vez más, pues esto se resolverá dentro de sesenta días. Recién entonces se conocerá la dieta.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, no puedo estar más de acuerdo con los parlamentarios que han dicho la verdad, entre ellos el señor Espinoza , que acaba de decir que esta es una dieta transitoria. ¡Absolutamente de acuerdo! Estamos aquí para comunicar a la prensa que después de seis años hemos logrado que se baje la dieta parlamentaria. Hasta ahí fantástico. ¡Aplausos, besos! ¡Todos contentos. Pero yo pregunto a esos mismos parlamentarios qué pasará si el Banco Central determina que la dieta es claramente insuficiente y que es necesario aumentarla. ¿Qué le dirán a la prensa? ¿Qué el Banco Central nos ha hecho una trampa y que nos subió la dieta que nosotros queríamos reducir en un 50 por ciento?

Por eso consideramos prudente darle al Banco Central un plazo de sesenta días para fijar la dieta. Eso es lo correcto; así nadie saldrá engañado, y después de eso podríamos haber discutido si considerábamos que la dieta era demasiado alta.

De aprobarse el proyecto, pasará al Senado. ¿Qué sucederá si el Senado acuerda una rebaja de solo un 20 por ciento de la dieta? Hay muchas cosas que la ciudadanía tiene que saber. Nadie está diciendo que no queremos impulsar cambios. Llevémoslos a cabo, pero hagamos las cosas bien para luego no dar explicaciones.

Otra pregunta, señor Presidente.

Como aquí tanto se habla de que esta es una materia muy sentida por la gente de la calle, pregunto si van a parar las demandas, las huelgas y los saqueos durante los sesenta días en que nos bajaremos la dieta. Lo consulto, porque si esa es la solución, bajémosla a cero. Económicamente resultaría mucho más conveniente que todos los destrozos que se han provocado.

Nadie en su sano juicio diría que tenemos mala dieta. Me acuerdo cuando las diputadas Cariola y Vallejo , si no me equivoco, me dijeron en una discusión que sostuvimos que ellas no ganaban 9.800.000 pesos, porque ellas donaban la mitad de su sueldo. Si donan la mitad y les rebajan, por ejemplo, un 40 por ciento del sueldo, deberían percibir una dieta de 3.000.000 de pesos, la que quedaría por debajo de una dieta que es rebajada en 50 por ciento. Está bien. Creo que nadie se puede meter en lo que uno hace con su dieta, como explicaba el diputado Pérez .

Una vez que se despache el proyecto del Senado deberemos esperar la respuesta del Banco Central. Les garantizo una cosa, amigos míos: si el Banco Central decide aumentar la dieta se va a decir que fuimos nosotros los culpables de esa situación.

Por eso, con estos temas delicados hay que tener prudencia, hay que actuar con transparencia y hay que decir las cosas como son. Todos vamos a votar favorablemente que se baje la dieta, pero después podemos tropezar con un problema mucho mayor y sobre el cual terminaremos dando explicaciones.

Así que, señor Presidente, vamos a ver lo que pasa. Dios nos pille confesados si el Banco Central sube la dieta porque lo estamos pauteando y no lo estamos dejando que trabaje con autonomía…

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, partamos por decir la verdad: los diputados nunca hemos tenido la facultad para aumentar nuestras dietas ni tampoco para rebajarlas. Las dietas parlamentarias están consignadas en la Constitución y “linkeadas” con el sueldo de un ministro de Estado.

Dicho eso, si bien la rebaja de la dieta por sí sola no es una medida efectiva ni suficiente para combatir la desigualdad, puesto que la desigualdad no tiene solo su origen en el sueldo de los parlamentarios, lo que debatimos hoy es una medida con una carga simbólica importante en cuanto a que todos quienes tengan algún grado de privilegio en nuestra sociedad deben aportar a superar la crisis social que hoy día nos invade.

A mi parecer, la reducción de la dieta parlamentaria dice relación más con una ofuscación de la población frente al trabajo que realizan los congresistas, nosotros los parlamentarios, que con una crítica velada a su remuneración. Tanto es así que la población no tiene grandes reparos respecto de la dieta que percibe un ministro de Estado o un ministro de Corte Suprema.

Es verdad que hay muchos diputados que hacen bien su trabajo, pero hay otros que no hacen bien la pega, que no aportan al debate legislativo, que no se preparan, que no estudian, que ni siquiera saben lo que votan, como dijo hace poco un parlamentario. Hay parlamentarios que se dedican a obstruir la labor del Ejecutivo y no les importa el bien común. Para ello le mienten a la ciudadanía, dicen verdades a medias y abusan del cargo para el cual fueron elegidos, creyendo equivocadamente que son parte de los privilegios que les da el cargo. Son diputados que destinan parte importante de los gastos operacionales para hacer activismo político, que tienen más de diez celulares pagados con asignaciones, que presentan proyectos irrisorios, como el del Día de la Brisca; que manejan a exceso de velocidad o sin carné, y que cuando los multan increpan al carabinero que los detuvo. Son diputados que destinan los gastos operacionales a pagar deudas personales, que se visten y actúan como payasos…

(Manifestaciones en las tribunas)

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Solicito a las tribunas que guarden silencio.

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

…y que además dicen y piensan payasadas; que presentan proyectos equivocados, como el de los medidores inteligentes, y después ni siquiera tienen el valor de reconocer que cometieron un error; que chocan, se arrancan y luego se niegan a hacerse la alcoholemia.

Tenemos demasiados diputados viajeros, dedicados al turismo legislativo, perseverantes e impenitentes, obstinados, sin arrepentimiento, que no pierden viajes a Europa, Asia o el Caribe.

Señor Presidente, el costo para el Estado de cada parlamentario es cercano a los 21.000.000 de pesos, cifra que se compone de la dieta y las asignaciones parlamentarias. Las asignaciones se destinan a pagar personal de apoyo, arriendo de sedes y asesorías parlamentarias. Nadie dice que no tengamos asesorías parlamentarias. No confundir esto…

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .

Tiene la palabra el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO.-

Señor Presidente, hemos escuchado muchas intervenciones y tenemos muchas coincidencias. Desde luego, vamos a apoyar estos proyectos, incluso conociendo el origen espurio de algunos, en el sentido de que presentan a la ciudadanía una simulación que posteriormente puede ser cambiada por el organismo técnico que fije y determine las dietas parlamentarias.

Creo que es importante dejar constancia en esta discusión de algo que ya se ha dicho: la ciudadanía sanciona y castiga al Parlamento en su conjunto cada vez que una determinada mayoría se equivoca, cada vez que legislamos mal, cada vez que las leyes quedan mal hechas porque se hacen pensando en el punto de prensa y no en los efectos reales que producen en la sociedad. La ciudadanía se desquita con los parlamentarios en general y no con aquellos que no cumplen correctamente su función.

Creo que es evidente que tenemos que dar esta señal de austeridad y empatía con una ciudadanía que está cansada e indignada con todo el sistema, no solo con los parlamentarios.

Sin embargo, es importante hacer algunas distinciones.

Aquel parlamentario que viene saliendo de la universidad o que nunca ha trabajado es distinto de aquel que es profesional o que ha tenido un desempeño laboral en la vida y tiene la posibilidad de ganar su sustento sin necesidad de esta dieta parlamentaria. Por lo tanto, es distinto el esfuerzo que muchos de los que están en este hemiciclo van a hacer en beneficio de dar esta señal tan necesaria a la ciudadanía.

Vamos a apoyar las indicaciones y los proyectos de ley en relación con la rebaja de la dieta parlamentaria, pero esperamos que esta experiencia permita que las futuras discusiones sobre temas tan sensibles e importantes como estos se puedan hacer con mayor rigurosidad y con todo el trasfondo que requiere, en materia de estudios, aquello que estamos legislando, y que, efectivamente, podamos construir un Parlamento mejor, que se gane el prestigio y el reconocimiento de la ciudadanía, no por los titulares y eslóganes que estamos generando, sino por leyes bien hechas, lo que hasta ahora no ha sido la costumbre.

En relación con lo que muchos han vaticinado que ocurrirá cuando el Banco Central fije las remuneraciones, no solo de los parlamentarios, sino de las altas rentas de la república, espero que no causemos una segunda frustración y demos un segundo desencanto a esa ciudadanía que espera de nosotros mayor seriedad y mayor contundencia a la hora de legislar.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, hoy la movilización social ha planteado temas centrales, que están basados en la injusticia y en los abusos.

Chile es un país que ha vivido los últimos años tratando de salir de los abusos y de las injusticias, y qué imagen más patente, respecto de las injusticias que se viven en el país, que los ingresos que tiene nuestra clase política y nuestra clase gobernante.

Como señalé, una de las injusticias son los sueldos de las altas autoridades de nuestro país. Pero la Cámara de Diputados está muy mal vista por la ciudadanía no solo por lo que dice relación con las dietas parlamentarias, que son altas –hoy vamos a dar una señal importante-, sino también por cómo trabajamos, porque el barullo que generalmente existe al interior de la Sala, donde nadie se escucha, es permanente, y eso también lo ve la ciudadanía. Porque aquellos diputados que vienen a trabajar, marcan y se van también son parte de la injusticia; porque aquellos diputados que votan sin estudiar los temas también son parte del desprestigio; porque aquellos diputados que los jueves vienen, marcan y se van a sus distritos en los vuelos de media tarde también son parte de la injusticia y de los privilegios; porque aquellos diputados que llegan a las 12 del día también son parte de los privilegios, porque ningún trabajador de Chile tiene los horarios ni las remuneraciones que tenemos en el Parlamento, y así como hoy en el Parlamento vamos a tratar un tema que es de justicia y que la ciudadanía nos pide, que es tener mayor cercanía en términos de remuneraciones, también la ciudadanía nos debería exigir -aquí invito a toda la Cámara- que discutamos y veamos de qué manera estamos trabajando. Lo digo, porque así como el diputado Osvaldo Urrutia hablaba de las payasadas, yo encuentro que es una payasada cómo se generan muchas sesiones de comisiones, donde el parlamentario llega y se va, y terminan trabajando dos o tres parlamentarios. Esas también son payasadas.

Hoy es necesario transformar la Cámara de Diputados y el funcionamiento del Congreso. En lo que se refiere a la rebaja de las dietas, me hubiera encantado que no hubiera sido por un período transitorio y que no pateáramos la decisión de fondo para el futuro. Lo planteo, porque lo que estamos haciendo hoy -es bueno señalárselo a la ciudadanía- es patear la situación de fondo para que la resuelva una institución que es ajena al Congreso, para que en un período determinado logre tomar una decisión definitiva. Lo que estamos haciendo hoy es una medida transitoria que, lamentablemente, no es tan firme como todos esperábamos.

También quiero hacer un punto respecto de la rebaja de los sueldos de otros funcionarios públicos. Al respecto, es importante atender a lo que sucede con los alcaldes y las pequeñas comunas del país; aquellos alcaldes que tienen sueldos muy por debajo de aquellos que están en municipalidades mucho más importantes; aquellos alcaldes a los que la rebaja de la dieta les va a afectar, así como a sus funcionarios, que son verdaderos servidores públicos que día a día están trabajando. Este proyecto no se está haciendo cargo de ese tema.

Llevo veinte meses de parlamentario y, con pena, me he dado cuenta de que el sueño que tenía de ser un diputado de la república, lo que me permitiría estar donde se discuten temas trascendentales que afectan y benefician a la ciudadanía de nuestro país, se ha ido diluyendo cada vez más. A veces siento vergüenza de lo que vivimos en el Congreso; a veces siento vergüenza de que en esta Sala, cuando se discuten temas importantes, primero no se escuche nadie, y segundo, que haya solo diez, quince, veinte o treinta parlamentarios en la Sala y tengamos que solicitar permanentemente que los diputados asistan a la sesión, porque están en puntos de prensa en El Pensador. Eso también da vergüenza.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, qué duda cabe de que hay que reducir la dieta; corresponde hacerlo. La gente tiene razón. ¿Quién podría negar que nuestros sueldos son millonarios?

Pero le digo una cosa: yo no estoy para tongos, no estoy para pasarle el problema al Senado. ¿Qué cara vamos a poner cuando este nuevo organismo decida algo distinto al 50 por ciento? El país necesita otra mirada para este tema. La gente quiere gestos concretos de nosotros como diputados.

Todos somos libres de reducir nuestra dieta, haciendo una donación o devolviendo libremente el 50 por ciento. ¿Qué nos impide hacerlo, sobre todo transitoriamente? ¡Nada! Yo lo voy a hacer todo el tiempo que sea necesario. Muchos diputados han devuelto sus viáticos, y yo, en lo personal, siempre he devuelto mi sueldo cuando he viajado por motivos personales; pero no estoy dispuesta a que nos bajemos transitoriamente el sueldo en 50 por ciento ahora y que luego venga un organismo externo que probablemente resuelva que la reducción pueda ser de 20 o 30 por ciento.

¿Qué cara vamos a poner en ese minuto? Yo no quiero engañar a nadie, pero voy a actuar por convicción y no por lo establecido en el artículo transitorio, que no responde más que a un gallito político entre dos grupos antagónicos. No voy a poner en riesgo a las personas que trabajan con nosotros ni meteré en el baile a autoridades que son bien evaluadas por la ciudadanía.

(Aplausos)

Solo voy a aprobar el proyecto en general y todo lo que vaya en esa línea. Yo estoy a favor de la reducción a la dieta -quiero que quede superclaro-, pero sin letra chica. Perdimos la oportunidad de hacerlo de una vez, ¡y que no vengan los ángeles del cielo a rescatarnos más adelante!

Cuando las medidas no son de fondo y firmes, no se puede tener doble discurso.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Ante una serie de consultas respecto del trabajo en la semana distrital, informo que tendremos reunión de Comités inmediatamente después de iniciada la sesión de la tarde, para poder entregarles toda la información, la cual todavía estamos obteniendo en estos momentos.

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señora SANTIBÁÑEZ (doña Marisela).-

Señor Presidente, antes de llegar al hemiciclo, en el programa que impulsábamos con el Partido Progresista, la rebaja del sueldo de los parlamentarios era una de las propuestas más significativas.

Hoy, que soy diputada del Partido Comunista, el hecho de ver cómo se vuelve una realidad esta lucha, que lleva años y en la cual ha tenido gran mérito el Frente Amplio, me provoca satisfacción por ser parte de este posible cambio.

Es positiva la reducción de los sueldos, efectivamente, pero no incide absolutamente en nada en las reales demandas, como el aumento de las pensiones, el acceso a la salud y a educación gratuita y de calidad, y poder enfrentar los costos que tiene la vida en Chile.

Si este proyecto lo miramos como una forma de acortar la desigualdad, personalmente me parece insuficiente, pero muy necesario como señal para quienes votaron por nosotros. Debemos recordar que en la institucionalidad chilena hay sueldos fiscales, como el del director de Correos de Chile, los de Metro o los de Codelco, de 300 y hasta 400 millones de pesos al año.

Si queremos atacar ese problema, debemos apostar a mejores condiciones salariales y contractuales para los trabajadores de nuestro país. Por ello, la injusta y cuestionada indicación de Chile Vamos, personalizada en el diputado Juan Antonio Coloma , para rebajar el sueldo a nuestro personal de apoyo en el mismo porcentaje que a los honorables, no es más que una respuesta a lo que nunca quiso hacer: bajarse el sueldo. La diferencia entre los sueldos de los diputados y los de nuestros trabajadores es un ejemplo más de las desigualdades de nuestro país.

Si somos el país de Latinoamérica donde la brecha es demasiado amplia entre el sueldo mínimo y el sueldo de los parlamentarios, ¿por qué no mejor apostar a un sistema unicameral, como lo mencionaron varios diputados? Con esa medida se ahorrarían 379 millones de pesos anuales por cada senador. Estamos hablando de 18.950 millones de pesos, que permitirían un ahorro real para este país y dotar de eficacia y eficiencia a las etapas de formulación, tramitación y publicación de las leyes de nuestra nación.

Aprovecho este tiempo -para los que tienen mala memoria- para recordar que un diputado que nos está escuchando, Javier Macaya , quien dijo que yo vivía con el corazón lleno de odio, me preguntó en el estacionamiento, al principio de mi gestión, si yo era una de las diputadas que no estaba por bajarse el sueldo, porque en la televisión se ganaba mucha más plata. Lo que le respondí fue: “¿Quién le dijo a usted que yo venía a buscar dinero a este hemiciclo? Vine a buscar las herramientas para seguir con mi funcionamiento y con toda mi gestión social”. Créanme que ha sido difícil. Sigo solventando la salud de San Bernardo con las camisetas de Colo Colo, de la Universidad de Chile o de quien sea, y lo vuelvo a repetir aquí.

No soy de los que llegaron a este hemiciclo con el 1 por ciento de los votos. Fui primera mayoría en 2013. Soy quien venció al sistema binominal gracias a la votación de San Bernardo.

Con letra chica, no. No vamos a ser 120; vamos a ser 155 diputados los que al fin vamos a rebajar nuestro salario, porque el que tenemos es impresentable.

¡Pero no toquen el sueldo de nuestros trabajadores!

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Cerrado el debate.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluyen las siguientes intervenciones no pronunciadas en la Sala y que cumplen con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:

La señora CID (doña Sofía) .-

Señor Presidente, nos encontramos ante un proyecto que ha estado en el centro del debate público, especialmente desde el estallido de la crisis institucional que afecta a Chile hace cuarenta días.

Me parece muy importante que todas las remuneraciones de las autoridades y de las jefaturas de la administración del Estado, así como las de quienes se desempeñan en las empresas y universidades del Estado sean fijadas por un órgano externo a ellas.

Aquí es necesario reflexionar seriamente acerca del costo en remuneraciones en el Estado. ¿Por qué? Porque se trata de los dineros de todos los chilenos. No podemos olvidar que, como regla general, los “recursos públicos” no son más que los dineros que millones de chilenos pagamos en impuestos. Trabajar en el aparato estatal no puede ser un sinónimo para obtener ingresos que, de otra manera, no podrían ser conseguidos en el mundo privado. El gasto público debe estar orientado a los programas sociales, no a solventar gastos en personal que muchas veces solo entorpece y dificulta la transferencia de recursos a los destinatarios finales.

De acuerdo con un estudio publicado en el 2018 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gasto público en América Latina registra ineficiencias de 4,4 por ciento del producto interno bruto (PIB). El informe, haciendo una estimación moderada, ha determinado que la fuente de ineficiencia se debe principalmente a excesos en las compras gubernamentales, incluyendo pérdidas por causa de la corrupción y por demoras, junto con una abultada nómina salarial en el sector público y las transferencias que no llegan al sector indicado de la población.

El malgasto en salarios es un tema clave para explicar esta ineficiencia en el gasto del país. América Latina tiene una de las brechas salariales público-privadas más altas del mundo a favor de los trabajadores del sector público: ganan más que trabajadores del sector privado que desempeñan funciones similares, con responsabilidades similares, sobre todo en el caso de los trabajadores con menos estudios. Chile no es la excepción. Esta brecha en gran medida no está justificada, y, por lo tanto, debe ser abordada para hacer de Chile un país más equitativo.

Colegas, es impresentable que Chile pierda por ineficiencia el equivalente a casi el 2 por ciento de su producto interno bruto: 6.000 millones de dólares al año, cerca de 500 millones de dólares al mes. Colegas, es impresentable que una suma importante de los dineros termine en funcionarios y asesores, y no en las manos de los beneficiados de programas sociales.

El sector público requiere una profunda reforma para que el aparato del siglo XIX se transforme en un aparato acorde a los tiempos modernos.

Por esta razón es que me parece correcto que el proyecto sea para todas las autoridades, incluidos nosotros, los parlamentarios. Me parece correcto que la rebaja no sea traspasada a la asignación parlamentaria.

El tema en lo que respecta a los parlamentarios es determinar cómo reducir el costo total para el Estado de cada parlamentario. Por eso, se debe considerar una revisión no solo de la dieta, sino también de la asignación parlamentaria, el monto y las reglas para su utilización.

Sin embargo, aquí queda pendiente la disminución del número de parlamentarios. Esta también es una “demanda ciudadana” que ha sido levantada con fuerza, pero que, lamentablemente, no logra concitar la misma dedicación y esfuerzo de parte de esta Corporación. Antes de ser parlamentaria, la gente ya estaba molesta con el aumento de diputados y senadores, y lo sigue estando. Desde que llegué a la Cámara de Diputados he manifestado mi disposición a avanzar en esta materia. Hago un llamado a la oposición, a dejar, como dicen ellos, “las trincheras ideológicas” para no dilatar la reducción del número de parlamentarios indefinidamente.

Por lo anterior, señor Presidente, votaré a favor todo el proyecto, con la tranquilidad de que es necesario dar una señal potente para disminuir el gasto que no vaya en beneficio directo de las personas.

He dicho.

El señor SALDÍVAR.-

Señor Presidente, hoy en la Sala ratificaremos la decisión de la Comisión de Constitución. Aprobaremos la rebaja a la dieta parlamentaria a pesar de las críticas por parte de parlamentarios que se han opuesto siempre a esta iniciativa, que en lo absoluto es nueva, pues han sido presentados numerosos proyectos de ley sobre la misma.

Señor Presidente, la dieta parlamentaria busca nivelar las condiciones entre las distintas personas que acceden a cargos de elección popular; que sea atractivo para cualquier persona el ser representante del pueblo y evitar el cohecho, la corrupción, pero que lamentablemente la historia demostró que no importa el monto, siempre la corrupción rondará a quienes toman decisiones, por lo que el factor económico es en la práctica irrelevante, es una cuestión de principios éticos. Quienes nos dedicamos a la actividad política nos movemos por impulsos altruistas, que buscan el beneficio de la comunidad y del país, no de nuestros bolsillos. Esa es mi convicción.

Hay quienes han dicho que incluso no deberían ser remuneradas las tareas de representación, lo cual no hace más que poner en evidencia una verdad que ya fue señalada por Max Weber , que dice relación con que existen personas que viven para la política y quienes viven de la política. A pesar de lo impopular que resulta la dieta parlamentaria, de no existir solo serían representantes personas adineradas, sin necesidades resueltas que le signifiquen preocupaciones, retrotrayéndonos cientos, incluso miles de años de evolución social, pues recordemos que en la Grecia antigua solo eran ciudadanos los hombres libres, es decir, aquellos que estaban liberados del trabajo manual, dejando fuera a todo aquel que necesitara para subsistir de trabajar.

Señor Presidente, en nuestro país hay una desigualdad enorme, personas que se endeudan para comprar una canasta básica en el supermercado; una desigualdad que implica que aunque se tenga trabajo, este no es suficiente para costear la vida moderna, donde el individualismo y el arribismo han sido la tónica durante las últimas décadas. Mientras esto le ocurre a la gran parte de la población, las dietas parlamentarias y los sueldos de gobierno iban en aumento, tomando en consideración los gastos asociados a la representación, lo cual considero que ha sido mal utilizado por algunos.

Mientras nosotros somos muy bien remunerados, afuera de estas murallas hay personas que lo pasan muy mal, incluyendo a profesionales con talento. Eso a gran parte de la población le hartó.

Señor Presidente, llevamos semanas de descontento social, decenas de marchas y distintas manifestaciones en donde, en palabras de Chomsky, el “precariado” se ha manifestado en contra de toda una institucionalidad que se levantó para dar viabilidad al modelo económico, con consignas de "no son treinta pesos, son treinta años", donde se profundizó la segregación, la división y la atomización de la sociedad. Este año nos recuerda que el descontento estaba allí latente; hoy hemos vuelto a escuchar la palabra “pueblo”, una palabra en desuso por los políticos.

No me cabe la menor duda de que salir de esta crisis institucional debe significar un nuevo trato social, en que los poderosos entreguen mejores condiciones para la población, mejoras salariales, mayor poder adquisitivo, más derechos, mejor calidad de vida, una vida digna y, como dicen, “hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Estoy absolutamente convencido de que rebajar la dieta no soluciona el problema, pero es un paso, el que debemos dar nosotros como ejemplo. No podemos financiar con dinero de todos los chilenos a nuevos ricos. Recordemos que solo el 5 por ciento de los trabajadores de Chile tiene ingresos superiores al millón y medio de pesos, muy por debajo de la dieta parlamentaria. Además, debemos avanzar en reducir la desigualdad en todas las industrias y que haya más igualdad. Solo así tendremos un nuevo pacto, un nuevo trato que dé legitimidad al sistema impuesto.

Señor Presidente, espero que nuestros colegas parlamentarios compartan esta visión y el compromiso de ayudar a construir un Chile fraterno, inclusivo, equitativo y sin privilegios.

Por todo lo dicho anteriormente, anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde iniciar la votación del proyecto. Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, dada mi condición de abogado, me voy a inhabilitar en la votación de la norma que permite a los abogados la litigación.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Varios parlamentarios se han inhabilitado por distintas razones. Ha quedado registro en la Secretaría de los diputados que se han inhabilitado, quienes serán nombrados en la votación de las normas correspondientes.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, si se inhabilitan aquellos que son abogados para votar una norma general, no conseguiremos el quorum. Sería como decir que los parlamentarios no podemos votar esta iniciativa, porque obviamente nos influye.

Es completamente absurdo, porque el mismo Reglamento que establece disposiciones sobre las inhabilitaciones dice que estas no corren cuando se trata de una norma general de aplicación general.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, creo que es importante que la Mesa haga una aclaración respecto de las inhabilidades.

Respaldando lo que ha dicho el diputado Bellolio , todos nos deberíamos inhabilitar, porque la iniciativa tiene que ver con nuestra dieta.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, solicito que el Secretario explique, para mí y para los vecinos que están en su casa, de qué se trata cada votación, porque queremos votar informados y con claridad.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señor Presidente, lo que plantea el diputado señor Bellolio no es menor, porque se requiere un quorum de 93 votos.

En los fallos de la Comisión de Ética se señala que la inhabilitación es voluntaria y que después la comisión determina conforme al mérito de la votación.

Obviamente que aquellos que rechacen la indicación que suprime la inhabilidad de los abogados para ejercer la profesión estarían incurriendo en una inhabilidad desde el punto de vista de que se beneficiarían directamente. Pero quienes voten a favor, estarían por mantener la inhabilidad y, por tanto, más que crear un beneficio, se causarían un detrimento en su propia actividad.

Lo lógico que es que aquellos que van a votar por rechazar la indicación lo hagan, y que aquellos que lo quieran hacer por la afirmativa, mejor se inhabiliten.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado René Saffirio .

-Hablan varias señoras diputadas y señores diputados a la vez.

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, todos pueden gritar lo que quieran, pero la inhabilidad es una facultad individual y la ejerzo.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Muy bien.

Corresponde votar en general el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones refundidas, que regula la dieta parlamentaria y otras remuneraciones, con la salvedad del literal a) y del inciso primero de la disposición vigésimo novena transitoria incorporada por el literal e) del artículo único del proyecto, que requiere para su aprobación el voto favorable de 93 diputadas y diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 150 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Eguiguren Correa , Francisco Matta Aragay , Manuel Rosas Barrientos , Patricio Alessandri Vergara , Jorge Espinoza Sandoval , Fidel Melero Abaroa , Patricio Saavedra Chandía , Gastón Alinco Bustos , René Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián Flores García, Iván Mellado Suazo , Miguel Sabat Fernández , Marcela Álvarez Vera , Jenny Flores Oporto , Camila Mirosevic Verdugo , Vlado Saffirio Espinoza , René Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Fuenzalida Cobo , Juan Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Molina Magofke , Andrés Sanhueza Dueñas , Gustavo Ascencio Mansilla , Gabriel Gahona Salazar , Sergio Monsalve Benavides , Manuel Santana Tirachini , Alejandro Auth Stewart , Pepe Galleguillos Castillo , Ramón Morales Muñoz , Celso Santibáñez Novoa , Marisela Baltolu Rasera, Nino García García, René Manuel Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Barrera Moreno , Boris Garín González , Renato Mulet Martínez , Jaime Schalper Sepúlveda , Diego Barros Montero , Ramón Girardi Lavín , Cristina Muñoz González , Francesca Schilling Rodríguez , Marcelo Bellolio Avaria , Jaime González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Berger Fett , Bernardo González Torres , Rodrigo Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Soto , Alexis Bernales Maldonado , Alejandro Gutiérrez Gálvez , Hugo Norambuena Farías , Iván Silber Romo , Gabriel Bianchi Retamales , Karim Hernández Hernán-dez , Javier Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Bobadilla Muñoz , Sergio Hernando Pérez , Marcela Núñez Urrutia , Paulina Soto Mardones , Raúl Boric Font , Gabriel Hertz Cádiz , Carmen Nuyado Anca-pichún , Emilia Teillier Del Valle, Guillermo Brito Hasbún , Jorge Hirsch Goldschmidt , Tomás Olivera De La Fuente , Erika Tohá González , Jaime Calisto Águila , Miguel Ángel Hoffmann Opazo , María José Orsini Pascal , Maite Torrealba Alvarado , Sebastián Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Carter Fernández , Álvaro Ilabaca Cerda , Marcos Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo Carvajal Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Pardo Sáinz , Luis Troncoso Hellman , Virginia Castillo Muñoz , Natalia Jarpa Wevar , Carlos Abel Parra Sauterel , Andrea Undurraga Gazitúa , Francisco Castro Bascuñán, José Miguel Jiles Moreno , Pamela Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Castro González, Juan Luis Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Arriagada , José Urrutia Soto , Osvaldo Celis Araya , Ricardo Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Lahsen , Leopoldo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Montt , Andrés Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Olea , Joanna Vallejo Dowling , Camila Cicardini Milla , Daniella Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Salinas , Catalina Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cid Versalovic , Sofía Kort Garriga , Issa Prieto Lorca , Pablo Velásquez Núñez , Esteban Coloma Álamos, Juan Antonio Kuschel Silva , Carlos Ramírez Diez , Guillermo Venegas Cárdenas , Mario Crispi Serrano , Miguel Labra Sepúlveda , Amaro Rathgeb Schifferli , Jorge Verdessi Belemmi , Daniel Cruz-Coke Carvallo , Luciano Leiva Carvajal , Raúl Rentería Moller , Rolando Vidal Rojas , Pablo Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés Rey Martínez , Hugo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Desbordes Jiménez , Mario Lorenzini Basso , Pablo Rocafull López , Luis Walker Prieto , Matías Díaz Díaz , Marcelo Luck Urban , Karin Rojas Valderrama , Camila Winter Etcheberry , Gonzalo Durán Espinoza , Jorge Macaya Danús , Javier Romero Sáez , Leonidas Yeomans Araya , Gael Durán Salinas , Eduardo Marzán Pinto, Carolina

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (presidente).-

Corresponde votar en general la letra a) y el inciso primero de la disposición vigésimo novena transitoria incorporada por la letra e) del artículo único del proyecto, que requieren para su aprobación el voto favorable de 103 diputadas y diputados en ejercicio.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 150 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Eguiguren Correa , Francisco Matta Aragay , Manuel Rosas Barrientos , Patricio Alessandri Vergara , Jorge Espinoza Sandoval , Fidel Melero Abaroa , Patricio Saavedra Chandía , Gastón Alinco Bustos , René Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián Flores García, Iván Mellado Suazo , Miguel Sabat Fernández , Marcela Álvarez Vera , Jenny Flores Oporto , Camila Mirosevic Verdugo , Vlado Saffirio Espinoza , René Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Fuenzalida Cobo , Juan Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Molina Magofke , Andrés Sanhueza Dueñas , Gustavo Ascencio Mansilla , Gahona Salazar , Monsalve Benavi-Santana Tirachini , Gabriel Sergio des , Manuel Alejandro Auth Stewart , Pepe Galleguillos Castillo , Ramón Morales Muñoz , Celso Santibáñez Novoa , Marisela Baltolu Rasera, Nino García García, René Manuel Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Barrera Moreno , Boris Garín González , Renato Mulet Martínez , Jaime Schalper Sepúlveda , Diego Barros Montero , Ramón Girardi Lavín , Cristina Muñoz González , Francesca Schilling Rodríguez , Marcelo Bellolio Avaria , Jaime González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Berger Fett , Bernardo González Torres , Rodrigo Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Soto , Alexis Bernales Maldonado , Alejandro Gutiérrez Gálvez , Hugo Norambuena Farías , Iván Silber Romo , Gabriel Bianchi Retamales , Karim Hernández Hernán-dez , Javier Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Bobadilla Muñoz , Sergio Hernando Pérez , Marcela Núñez Urrutia , Paulina Soto Mardones , Raúl Boric Font , Gabriel Hertz Cádiz , Carmen Nuyado Anca-pichún , Emilia Teillier Del Valle, Guillermo Brito Hasbún , Jorge Hirsch Goldschmidt , Tomás Olivera De La Fuente , Erika Tohá González , Jaime Calisto Águila , Miguel Ángel Hoffmann Opazo , María José Orsini Pascal , Maite Torrealba Alvarado , Sebastián Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Carter Fernández , Álvaro Ilabaca Cerda , Marcos Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo Carvajal Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Pardo Sáinz , Luis Troncoso Hellman , Virginia Castillo Muñoz , Natalia Jarpa Wevar , Carlos Abel Parra Sauterel , Andrea Undurraga Gazitúa , Francisco Castro Bascuñán, José Miguel Jiles Moreno , Pamela Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Castro González, Juan Luis Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Arriagada , José Urrutia Soto , Osvaldo Celis Araya , Ricardo Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Lahsen , Leopoldo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Montt , Andrés Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Olea , Joanna Vallejo Dowling , Camila Cicardini Milla , Daniella Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Salinas , Catalina Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cid Versalovic , Sofía Kort Garriga , Issa Prieto Lorca , Pablo Velásquez Núñez , Esteban Coloma Álamos, Juan Antonio Kuschel Silva , Carlos Ramírez Diez , Guillermo Venegas Cárdenas , Mario Crispi Serrano , Miguel Labra Sepúlveda , Amaro Rathgeb Schifferli , Jorge Verdessi Belemmi , Daniel Cruz-Coke Carvallo , Luciano Leiva Carvajal , Raúl Rentería Moller , Rolando Vidal Rojas , Pablo Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés Rey Martínez , Hugo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Desbordes Jiménez , Mario Lorenzini Basso , Pablo Rocafull López , Luis Walker Prieto , Matías Díaz Díaz , Marcelo Luck Urban , Karin Rojas Valderrama , Camila Winter Etcheberry , Gonzalo Durán Espinoza , Jorge Macaya Danús , Javier Romero Sáez , Leonidas Yeomans Araya , Gael Durán Salinas , Eduardo Marzán Pinto, Carolina

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Este Presidente ha resuelto declarar improcedentes las indicaciones números 7 y 10 y la petición de inadmisibilidad, todas publicadas en el pupitre electrónico.

El señor Secretario dará las razones de la declaración de improcedencia.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Honorable Cámara, las indicaciones a las que alude el señor Presidente, números 7 y 10, lo que hacen es una excepción de una contraexcepción, lo que impide que sea verdaderamente una votación separada, sino que una exclusión que se debe hacer por la vía de la indicación.

Respecto de la presentación del diputado señor Mulet y otros diputados sobre la admisibilidad, les recuerdo que la idea matriz de las reformas constitucionales es la reforma constitucional.

El poder que ustedes están ejerciendo es el de constituyente derivado, no el de legislador, el cual tiene solamente una limitación, la establecida en el artículo 65, inciso primero, de la Constitución Política.

Por lo tanto, la idea matriz es la reforma de la Constitución, y en la historia constitucional de Chile -que ustedes pueden rastrear; hay varios libros al respecto- van a ver que todos los proyectos de reforma constitucional partieron con una materia específica y se refirieron a muchas otras materias; en la última, de 2005, incluso algunos temas se incorporaron en la Comisión Mixta.

Por lo tanto, la idea matriz es la reforma constitucional.

Por último, a mayor abundamiento, mucho se ha discutido -hay un libro del profesor Guaita sobre el particular- sobre el artículo 62 de la Constitución Política, sobre las remuneraciones y demás asignaciones de los parlamentarios. De hecho, esta Cámara ha defendido, incluso en los tribunales, que asignaciones se refiere a las asignaciones parlamentarias, porque las asignaciones que les corresponden a los ministros están en su renta; no tienen asignaciones adicionales a su renta.

Por lo tanto, lo que se ha entendido en la Cámara respecto a las asignaciones se refiere, efectivamente, a lo que nosotros conocemos por asignaciones parlamentarias. Hay una larga discusión sobre el particular en el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley que dio origen a la ley N° 20.477.

Por lo tanto, habrá que votar en su mérito el inciso final del artículo transitorio.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, respecto de la indicación que suscribió el diputado Velásquez y el suscrito, nos gustaría solicitar que la Sala se pronuncie sobre la admisibilidad de la indicación. ¿O no corresponde que la Sala se pronuncie?

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Señor diputado, no corresponde, y la explicación fue muy clara y está dada.

No se trata solo de un problema de admisibilidad, sino también de improcedencia.

El señor MULET.-

Señor Presidente, entiendo que, de conformidad con lo que establece el artículo 148, sí corresponde.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

No es así, señor diputado. El señor Secretario dará nuevamente una explicación.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Honorable Cámara, para que se pueda entender el criterio.

Lo que pasa es que cuando usted, a través de la votación separada, excluye una frase y dentro de la frase de un artículo, excluye un capítulo específico, que en este caso es el capítulo V, lo que usted está haciendo es alterar el régimen normal de cómo se tramitan los proyectos.

Entonces, se debe presentar una indicación y la forma es renovarla en la Sala; de lo contrario, la Sala no va a entender lo que está votando, porque hace una exclusión respecto del artículo y después hace una segunda exclusión respecto de su propia indicación. Eso es técnicamente incorrecto, pero además conduce a error.

Entonces, la forma correcta habría sido la presentación de una indicación en la Comisión de Constitución o durante su primer trámite para haber eliminado todos aquellos capítulos de la Constitución que su señoría y el diputado señor Velásquez querían eliminar del texto aprobado. Pero como estamos en el segundo trámite constitucional, debería haber sido renovada.

En el fondo, lo que usted puede hacer es borrar una oración completa o borrar un artículo, un inciso o, dentro de un inciso, un literal. Es lo que la Cámara ha hecho reiteradamente. Pero cuando uno vuelve a hacer una excepción respecto de lo que está votando, obliga a la Cámara a votar de una manera que no se va a entender.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Queda claro el punto.

Por no haber sido objeto de indicaciones, se da por aprobado en particular, con la misma votación, dejándose constancia de haberse alcanzado el quorum constitucional requerido, con la salvedad de la letra b) del artículo único y de los incisos sexto y final de la disposición vigésimo novena transitoria, que incorpora el literal e) del artículo único, cuyas votaciones separadas han sido solicitadas, y de la indicación renovada al inciso segundo de la disposición vigésimo novena transitoria, que incorpora el literal e).

Por un punto de Reglamente, tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, hubo colegas que consultaron si la Mesa puede explicar el detalle de lo que se está votando, pero que lo dé a conocer el Secretario General.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Señor diputado, es lo que se había resuelto. Se van a explicar las votaciones separadas, cuyas indicaciones han sido presentadas para que sepamos, exactamente, lo que vamos a votar.

Corresponde votar en particular la letra b) del artículo único, cuya votación separada ha sido solicitada, que requiere para su aprobación el voto favorable de 93 diputadas y diputados en ejercicio.

El Secretario General explicará el alcance de esta votación.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Honorable Cámara, lo que se está votando es la eliminación, en el actual artículo 60 de la Constitución Política de la República, de la frase que dice “que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio,”.

Es decir, se está tratando de eliminar lo que hoy está vigente en la Constitución.

Por lo tanto, los que votan a favor votan por eliminarlo de la Constitución, y los que votan en contra, votan por mantenerlo tal cual está.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 102 votos. Hubo 16 abstenciones y 15 inhabilitaciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Castro Bascuñán, José Miguel Luck Urban , Karin Paulsen Kehr , Diego Sabag Villalobos , Jorge Castro González, Juan Luis Matta Aragay , Manuel Rathgeb Schifferli , Jorge Santana Tirachini , Alejandro Flores Oporto , Camila Núñez Urrutia , Paulina Rey Martínez , Hugo Sauerbaum Muñoz , Frank Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Nuyado Ancapichún , Emilia Saavedra Chandía , Gastón Verdessi Belemmi , Daniel García García, René Manuel

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Del Real Mihovilovic , Catalina Labra Sepúlveda , Amaro Rentería Moller , Rolando Alinco Bustos , René Desbordes Jiménez , Mario Lorenzini Basso , Pablo Rocafull López , Luis Álvarez Ramírez , Sebastián Díaz Díaz , Marcelo Macaya Danús , Javier Rojas Valderrama , Camila Álvarez Vera , Jenny Durán Espinoza , Jorge Marzán Pinto , Carolina Romero Sáez , Leonidas Amar Mancilla , Sandra Durán Salinas , Eduardo Melero Abaroa , Patricio Rosas Barrientos , Patricio Auth Stewart , Pepe Eguiguren Correa , Mellado Pino , Saldívar Auger , Raúl Francisco Cosme Baltolu Rasera , Nino Espinoza Sandoval , Fidel Mellado Suazo , Miguel Sanhueza Dueñas , Gustavo Barrera Moreno , Boris Fernández Allende , Maya Mirosevic Verdugo , Vlado Santibáñez Novoa , Marisela Barros Montero , Ramón Flores García, Iván Mix Jiménez , Claudia Schilling Rodríguez , Marcelo Bellolio Avaria , Jaime Gahona Salazar , Sergio Molina Magofke , Andrés Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bernales Maldonado , Alejandro Garín González , Renato Monsalve Benavides , Manuel Sepúlveda Soto , Alexis Bianchi Retamales , Karim Girardi Lavín , Cristina Morales Muñoz , Celso Soto Mardones , Raúl Bobadilla Muñoz , Sergio González Gatica , Félix Moreira Barros , Cristhian Teillier Del Valle, Guillermo Boric Font , Gabriel González Torres , Rodrigo Mulet Martínez , Jaime Tohá González , Jaime Brito Hasbún , Jorge Hernández Hernán-dez , Javier Naranjo Ortiz , Jaime Troncoso Hellman , Virginia Calisto Águila , Miguel Ángel Hernando Pérez , Marcela Norambuena Farías , Iván Undurraga Gazitúa , Francisco Cariola Oliva , Karol Hirsch Goldschmidt , Tomás Núñez Arancibia , Daniel Urrutia Soto , Osvaldo Carter Fernández , Álvaro Hoffmann Opazo , María José Orsini Pascal , Maite Vallejo Dowling , Camila Carvajal Ambiado , Loreto Ibáñez Cotroneo , Diego Ortiz Novoa, José Miguel Van Rysselberghe Herrera , Enrique Castillo Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Pardo Sáinz , Luis Velásquez Núñez , Esteban Celis Araya , Ricardo Jiles Moreno , Pamela Parra Sauterel , Andrea Venegas Cárdenas , Mario Celis Montt , Andrés Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Arriagada , José Vidal Rojas , Pablo Cicardini Milla , Daniella Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Lahsen , Leopoldo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Cid Versalovic , Sofía Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Salinas , Catalina Winter Etcheberry , Gonzalo Coloma Álamos, Juan Antonio Kort Garriga , Issa Prieto Lorca , Pablo Yeomans Araya , Gael Crispi Serrano , Miguel Kuschel Silva, Carlos

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Galleguillos Castillo , Ramón Olivera De La Fuen-te , Erika Torrealba Alvarado , Sebastián Berger Fett , Bernardo Jarpa Wevar , Carlos Abel Ossandón Irarrázabal , Ximena Torres Jeldes , Víctor Cruz-Coke Carvallo , Luciano Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Olea , Joanna Urrutia Bonilla , Ignacio Fuenzalida Cobo , Juan Muñoz González , Francesca Sabat Fernández , Marcela Urruticoechea Ríos, Cristóbal

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Alessandri Vergara , Jorge Ilabaca Cerda , Marcos Ramírez Diez , Guillermo Soto Ferrada , Leonardo Ascencio Mansilla , Gabriel Leiva Carvajal , Raúl Saffirio Espinoza , René Trisotti Martínez , Renzo Gutiérrez Gálvez , Hugo Longton Herrera , Andrés Schalper Sepúlveda , Diego Walker Prieto , Matías Hertz Cádiz , Carmen Noman Garrido , Nicolás Silber Romo, Gabriel

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Se ha renovado la siguiente indicación de los diputados Macaya , Bellolio , Gahona , Coloma , Norambuena , Rentería , Sanhueza , Flores, Von Mühlenbrock , Núñez , doña Paulina ; Urrutia, don Osvaldo ; Troncoso , Fuenzalida, don Juan Manuel , y Amar, a cuyo tenor dará lectura el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señor Presidente, la indicación es para incorporar en el inciso segundo de la disposición vigésimo novena transitoria que incorpora la letra e), luego de la frase “consejeros regionales” y antes de la frase “y Concejales”, la siguiente palabra: “, alcaldes”.

La indicación busca que queden excluidos de la rebaja que pretende esa norma, además de los consejeros regionales y los concejales, los alcaldes.

Se inhabilitaron expresamente ante la Secretaría para votar esta indicación los diputados señores Ortiz , Alessandri y Carter .

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, solo quiero especificar que esto se refiere a la norma transitoria y no a la permanente. Quizás al señor Secretario General le faltó decir que era respecto de la reducción transitoria.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Como todos pueden leer, la minuta de votación que tienen a su disposición señala claramente que se trata de una disposición transitoria. Estaba claro.

Corresponde votar la indicación renovada, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 93 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

-Durante la votación:

El señor LANDEROS (Secretario).-

Informo a la Sala que para esta votación se inhabilitaron los diputados Ortiz , Torrealba , Alessandri , Carter y Longton .

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 22 votos. Hubo 26 abstenciones y 5 inhabilitaciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Eguiguren Correa , Francisco Leiva Carvajal , Raúl Rentería Moller , Rolando Alinco Bustos , René Espinoza Sandoval , Fidel Lorenzini Basso , Pablo Rey Martínez, Hugo Álvarez Vera , Jenny Fernández Allende , Maya Luck Urban , Karin Rocafull López , Luis Amar Mancilla , Sandra Flores García, Iván Macaya Danús , Javier Rojas Valderrama , Camila Ascencio Mansilla , Gabriel Flores Oporto , Camila Marzán Pinto, Carolina Rosas Barrientos , Patricio Baltolu Rasera , Nino Fuenzalida Cobo , Juan Melero Abaroa , Patricio Saavedra Chandía , Gastón Barrera Moreno , Boris Gahona Salazar , Sergio Mellado Suazo , Miguel Sabag Villalobos , Jorge Barros Montero , Ramón García García, René Manuel Mirosevic Verdugo , Vlado Saffirio Espinoza , René Bellolio Avaria , Jaime Garín González , Renato Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl Berger Fett , Bernardo Girardi Lavín , Cristina Monsalve Benavides , Manuel Sanhueza Dueñas , Gustavo Bernales Maldonado , Alejandro González Gatica , Félix Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Bianchi Retamales , Karim González Torres , Rodrigo Norambuena Farías , Iván Schalper Sepúlveda , Diego Boric Font , Gabriel Gutiérrez Gálvez , Hugo Núñez Arancibia , Daniel Schilling Rodríguez , Marcelo Brito Hasbún , Jorge Hernández Hernán-dez , Javier Núñez Urrutia , Paulina Silber Romo , Gabriel Carvajal Ambiado , Loreto Hirsch Goldschmidt , Tomás Olivera De La Fuen-te , Erika Trisotti Martínez , Renzo Castillo Muñoz , Natalia Hoffmann Opazo , María José Orsini Pascal , Maite Troncoso Hellman , Virginia Castro Bascuñán, José Miguel Ibáñez Cotroneo , Diego Ossandón Irarrázabal , Ximena Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Araya , Ricardo Jackson Drago , Giorgio Pardo Sáinz , Luis Urrutia Soto , Osvaldo Cicardini Milla , Daniella Jiles Moreno , Pamela Parra Sauterel , Andrea Vallejo Dowling , Camila Cid Versalovic , Sofía Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Lahsen , Leopoldo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Coloma Álamos, Juan Antonio Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Olea , Joanna Vidal Rojas , Pablo Crispi Serrano , Miguel Kort Garriga , Issa Pérez Salinas , Catalina Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Del Real Mihovilovic , Catalina Kuschel Silva , Carlos Prieto Lorca , Pablo Winter Etcheberry , Gonzalo Desbordes Jiménez , Mario Labra Sepúlveda , Amaro Ramírez Diez , Guillermo Yeomans Araya , Gael Durán Salinas, Eduardo

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Galleguillos Castillo , Ramón Noman Garrido , Nicolás Soto Mardones , Raúl Calisto Águila , Miguel Ángel Hertz Cádiz , Carmen Rathgeb Schifferli , Jorge Teillier Del Valle, Guillermo Cariola Oliva , Karol Matta Aragay , Manuel Romero Sáez , Leonidas Tohá González , Jaime Castro González, Juan Luis Mulet Martínez , Jaime Sabat Fernández , Marcela Velásquez Núñez , Esteban Celis Montt , Andrés Muñoz González , Francesca Santibáñez Novoa , Marisela Verdessi Belemmi , Daniel Durán Espinoza , Jorge Naranjo Ortiz, Jaime

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Ramírez , Sebastián Ilabaca Cerda , Marcos Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Ferrada , Leonardo Auth Stewart , Pepe Jarpa Wevar , Carlos Abel Paulsen Kehr , Diego Torres Jeldes , Víctor Bobadilla Muñoz , Sergio Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Arriagada , José Urrutia Bonilla , Ignacio Cruz-Coke Carvallo , Luciano Keitel Bianchi , Sebastián Santana Tirachini , Alejandro Urruticoechea Ríos , Cristóbal Díaz Díaz , Marcelo Mellado Pino , Cosme Sepúlveda Orbenes , Alejandra Venegas Cárdenas , Mario Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Molina Magofke , Andrés Sepúlveda Soto , Alexis Walker Prieto , Matías Hernando Pérez, Marcela Morales Muñoz, Celso

-Se inhabilitaron los diputados señores:

Alessandri Vergara , Jorge Longton Herrera , Andrés Ortiz Novoa, José Miguel Torrealba Alvarado , Sebastián Carter Fernández, Álvaro

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en particular el inciso sexto de la disposición vigésimo novena transitoria que incorpora la letra e) del artículo único, cuya votación separada ha sido solicitada.

Para su aprobación se requiere el voto favorable de 93 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señor Presidente, como lo han pedido algunos parlamentarios, señalo que esta votación corresponde al inciso que, desde la fecha de la publicación de la reforma constitucional y hasta la fijación de las nuevas remuneraciones por la comisión creada en el artículo 8°, reduce el derecho a percibir el 50 por ciento de su remuneración o dieta vigente al Poder Judicial.

Es una norma transitoria.

Los que votan a favor están por producir la rebaja de las remuneraciones de esos funcionarios a partir de la fecha de la publicación de la reforma constitucional; quienes votan en contra no están de acuerdo en hacer dicha rebaja.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 64 votos. Hubo 18 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Fuenzalida Cobo , Juan Morales Muñoz , Celso Sanhueza Dueñas , Gustavo Alinco Bustos, René Gahona Salazar , Sergio Moreira Barros , Cristhian Santana Tirachini , Alejandro Álvarez Ramírez , Sebastián Galleguillos Castillo , Ramón Muñoz González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo García García, René Manuel Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Baltolu Rasera , Nino Hernández Hernán-dez , Javier Noman Garrido , Nicolás Soto Mardones , Raúl Barros Montero , Ramón Hernando Pérez , Marcela Norambuena Farías, Iván Tohá González , Jaime Bellolio Avaria , Jaime Hoffmann Opazo , María José Núñez Urrutia , Paulina Torres Jeldes , Víctor Bobadilla Muñoz , Sergio Jarpa Wevar , Carlos Abel Paulsen Kehr , Diego Trisotti Martínez , Renzo Calisto Águila , Miguel Ángel Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Arriagada , José Troncoso Hellman , Virginia Castro Bascuñán , José Miguel Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Olea , Joanna Undurraga Gazitúa , Francisco Cid Versalovic , Sofía Keitel Bianchi , Sebastián Ramírez Diez , Guillermo Urrutia Bonilla , Ignacio Coloma Álamos, Juan Antonio Kort Garriga , Issa Rathgeb Schifferli , Jorge Urrutia Soto , Osvaldo Cruz-Coke Carvallo , Luciano Longton Herrera , Andrés Rentería Moller , Rolando Urruticoechea Ríos , Cristóbal Del Real Mihovilovic , Catalina Matta Aragay , Manuel Romero Sáez , Leonidas Van Rysselberghe Herrera , Enrique Durán Espinoza , Jorge Mellado Pino , Cosme Saavedra Chandía , Gastón Verdessi Belemmi , Daniel Durán Salinas , Eduardo Mellado Suazo , Miguel Sabag Villalobos , Jorge Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Flores Oporto , Camila Molina Magofke , Andrés Saffirio Espinoza, René

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Díaz Díaz , Marcelo Kuschel Silva , Carlos Rocafull López , Luis Álvarez Vera , Jenny Eguiguren Correa , Francisco Labra Sepúlveda , Amaro Rojas Valderrama , Camila Ascencio Mansilla , Gabriel Espinoza Sandoval , Fidel Leiva Carvajal , Raúl Rosas Barrientos , Patricio Barrera Moreno , Boris Fernández Allende , Maya Macaya Danús , Javier Saldívar Auger , Raúl Bernales Maldonado , Alejandro Garín González , Renato Marzán Pinto , Carolina Santibáñez Novoa , Marisela Boric Font , Gabriel Girardi Lavín , Cristina Melero Abaroa , Patricio Schilling Rodríguez , Marcelo Brito Hasbún , Jorge González Gatica , Félix Mirosevic Verdugo , Vlado Sepúlveda Orbenes , Alejandra Cariola Oliva , Karol González Torres , Rodrigo Mix Jiménez , Claudia Silber Romo , Gabriel Carter Fernández , Álvaro Gutiérrez Gálvez , Hugo Monsalve Benavides , Manuel Soto Ferrada , Leonardo Carvajal Ambiado , Loreto Hertz Cádiz , Carmen Mulet Martínez , Jaime Teillier Del Valle, Guillermo Castillo Muñoz , Natalia Hirsch Goldschmidt , Tomás Núñez Arancibia , Daniel Torrealba Alvarado , Sebastián Castro González, Juan Luis Ibáñez Cotroneo , Diego Nuyado Ancapichún , Emilia Velásquez Núñez , Esteban Celis Araya , Ricardo Ilabaca Cerda , Marcos Orsini Pascal , Maite Venegas Cárdenas , Mario Cicardini Milla , Daniella Jackson Drago , Giorgio Ortiz Novoa, José Miguel Vidal Rojas , Pablo Crispi Serrano , Miguel Jiles Moreno , Pamela Ossandón Irarrázabal , Ximena Walker Prieto , Matías Desbordes Jiménez , Mario Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Salinas , Catalina Yeomans Araya, Gael

-Se abstuvieron los diputados señores:

Amar Mancilla , Sandra Flores García, Iván Parra Sauterel , Andrea Sabat Fernández , Marcela Auth Stewart , Pepe Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Pérez Lahsen , Leopoldo Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo Luck Urban , Karin Prieto Lorca , Pablo Vallejo Dowling , Camila Bianchi Retamales , Karim Olivera De La Fuente , Erika Rey Martínez, Hugo Winter Etcheberry , Gonzalo Celis Montt , Andrés Pardo Sáinz, Luis

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde votar en particular el inciso final de la disposición vigésimo novena transitoria que incorpora la letra e) del artículo único, cuya votación separada ha sido solicitada.

Para su aprobación se requiere el voto favorable de 93 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Señor Presidente, honorable Cámara, se trata de la rebaja a las asignaciones parlamentarias.

Los que votan a favor están por mantener la rebaja; quienes votan en contra están por suprimirla.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 82 votos. Hubo 13 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alessandri Vergara , Jorge Del Real Mihovilovic , Catalina Luck Urban , Karin Rentería Moller , Rolando Álvarez Ramírez , Sebastián Durán Espinoza , Jorge Macaya Danús , Javier Sabat Fernández , Marcela Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Flores Oporto , Camila Melero Abaroa , Patricio Saffirio Espinoza , René Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Sanhueza Dueñas , Gustavo Baltolu Rasera , Nino Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Morales Muñoz , Celso Santana Tirachini , Alejandro Barros Montero , Ramón Gahona Salazar , Moreira Barros , Trisotti Martínez , Sergio Cristhian Renzo Bellolio Avaria , Jaime Galleguillos Castillo , Ramón Noman Garrido , Nicolás Troncoso Hellman , Virginia Bobadilla Muñoz , Sergio Hernández Hernán-dez , Javier Norambuena Farías , Iván Undurraga Gazitúa , Francisco Calisto Águila , Miguel Ángel Hoffmann Opazo , María José Pardo Sáinz , Luis Urrutia Bonilla , Ignacio Carter Fernández , Álvaro Jürgensen Rundshagen , Harry Paulsen Kehr , Diego Urrutia Soto , Osvaldo Castro Bascuñán , José Miguel Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Lahsen , Leopoldo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cid Versalovic , Sofía Kort Garriga , Issa Prieto Lorca , Pablo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Coloma Álamos, Juan Antonio Kuschel Silva , Carlos Ramírez Diez , Guillermo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Cruz-Coke Carvallo , Luciano Longton Herrera , Andrés Rathgeb Schifferli, Jorge

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Espinoza Sandoval , Fidel Mirosevic Verdugo , Vlado Saavedra Chandía , Gastón Alinco Bustos , René Fernández Allende, Maya Mix Jiménez , Claudia Sabag Villalobos , Jorge Álvarez Vera , Jenny Flores García, Iván Monsalve Benavides , Manuel Saldívar Auger , Raúl Ascencio Mansilla , Gabriel Garín González , Renato Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Barrera Moreno , Boris Girardi Lavín , Cristina Muñoz González , Francesca Schalper Sepúlveda , Diego Bernales Maldonado , Alejandro González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Bianchi Retamales , Karim González Torres , Rodrigo Núñez Arancibia , Daniel Sepúlveda Orbenes , Alejandra Boric Font , Gabriel Gutiérrez Gálvez , Hugo Nuyado Ancapichún , Emilia Sepúlveda Soto , Alexis Brito Hasbún , Jorge Hertz Cádiz , Carmen Olivera De La Fuente , Erika Silber Romo , Gabriel Cariola Oliva , Karol Hirsch Goldschmidt , Tomás Orsini Pascal , Maite Soto Ferrada , Leonardo Carvajal Ambiado , Loreto Ibáñez Cotroneo , Diego Ortiz Novoa, José Miguel Soto Mardones, Raúl Castillo Muñoz , Natalia Ilabaca Cerda , Marcos Ossandón Irarrázabal , Ximena Teillier Del Valle, Guillermo Castro González, Juan Luis Jackson Drago , Giorgio Parra Sauterel , Andrea Tohá González , Jaime Celis Araya , Ricardo Jiles Moreno , Pamela Pérez Arriagada , José Vallejo Dowling , Camila Celis Montt , Andrés Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Olea , Joanna Velásquez Núñez , Esteban Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Salinas , Catalina Venegas Cárdenas , Mario Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal , Raúl Rocafull López , Luis Verdessi Belemmi , Daniel Desbordes Jiménez , Mario Lorenzini Basso , Pablo Rojas Valderrama , Camila Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Marzán Pinto , Carolina Romero Sáez , Leonidas Winter Etcheberry , Gonzalo Durán Salinas , Eduardo Matta Aragay , Manuel Rosas Barrientos , Patricio Yeomans Araya , Gael Eguiguren Correa , Francisco Mellado Pino, Cosme

-Se abstuvieron los diputados señores:

Auth Stewart , Pepe Jarpa Wevar , Carlos Abel Núñez Urrutia , Paulina Torrealba Alvarado , Sebastián Berger Fett , Bernardo Keitel Bianchi , Sebastián Rey Martínez, Hugo Torres Jeldes , Víctor García García, René Manuel Mellado Suazo , Miguel Sauerbaum Muñoz , Frank Walker Prieto , Matías Hernando Pérez, Marcela

-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Despachado el proyecto al Senado. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

1.8. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 27 de noviembre, 2019. Oficio en Sesión 79. Legislatura 367.

VALPARAÍSO, 27 de noviembre de 2019

Oficio Nº 15.171

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Tengo a honra comunicar a V.E. que, con motivo de las mociones, informe y demás antecedentes que se adjuntan, la Cámara de Diputados ha aprobado el siguiente proyecto de reforma constitucional que regula la dieta parlamentaria y otras remuneraciones, correspondiente a los boletines N°s 9.304-07, 11.124-07, 11.840-07, 12.319-07 y 13.013-07, refundidos:

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la República:

1. Agréganse en el artículo 8 los siguientes incisos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno:

“Son públicas las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado y de los órganos comprendidos en los capítulos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIV, y de las empresas y universidades del Estado, las cuales serán fijadas cada cuatro años por una comisión integrada por dos miembros designados por el Consejo de la Alta Dirección Pública, dos miembros designados por el Banco Central y un miembro designado por el Presidente de la República.

Podrán integrar esta comisión aquellas personas que hayan ejercido anteriormente como consejero del Banco Central, Contralor General de la República, Ministro de Hacienda, Director o Subdirector de Presupuestos, Director Nacional del Servicio Civil o consejero del Consejo de Alta Dirección Pública.

Para el desarrollo de esta función, el Banco Central actuará como secretaría técnica de esta comisión, proveyéndola de los antecedentes necesarios para el cumplimiento de su cometido.

Las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas antes señaladas se reajustarán anualmente conforme a las variaciones del índice de precios al consumidor.

Con todo, ninguna autoridad pública podrá recibir una remuneración o dieta superior a la que perciba el Presidente de la República.”.

2. Derógase el artículo 62.

3. Intercálase en el numeral 4 del inciso cuarto del artículo 65, entre la coma que sigue al vocablo “señalados” y la expresión “como asimismo”, la frase “con excepción de los indicados en el inciso tercero del artículo 8,”.

4. Agrégase la siguiente disposición transitoria:

“Vigésimo novena.- Esta reforma constitucional comenzará a regir una vez que entre en vigencia la modificación a la ley orgánica constitucional a que hace referencia el artículo 8, la que deberá ser presentada mediante un proyecto de ley con urgencia calificada de suma por el Presidente de la República en el plazo de treinta días contado desde la publicación de esta reforma y tramitada en idéntico plazo. Ningún funcionario de planta, a contrata, ni de dotación a honorarios que se desempeñe dentro de los órganos comprendidos en los capítulos señalados en el artículo 8, podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades.

En el período que media entre la publicación de esta reforma constitucional y la fijación de remuneraciones que establezca la comisión señalada en el inciso quinto del artículo 8 y la ley orgánica constitucional respectiva, las autoridades de la Administración del Estado y quienes ejercen cargos de elección popular en los órganos comprendidos en los capítulos IV, V y XIV, con excepción de consejeros regionales, alcaldes y concejales, sólo tendrán derecho a percibir el cincuenta por ciento de su remuneración o dieta vigente.

Con todo, para efectos de dar cumplimiento a esta disposición transitoria, la derogación del artículo 62 entrará en vigencia en el momento en que la comisión fije la referida remuneración o dieta de los diputados y senadores en ejercicio.

A todo evento, publicada esta reforma de la Constitución, los Secretarios Generales de cada Cámara del Congreso Nacional procederán a aplicar de pleno derecho en el pago de la dieta a diputados y senadores, un descuento del cincuenta por ciento respecto de la vigente, hasta que la comisión disponga lo que corresponda respecto de las autoridades señaladas. Asimismo, se procederá a la rebaja de las remuneraciones de los Ministros de Estado, según lo dispuesto en el inciso segundo.

Los recursos que se ahorren con motivo de la entrada en vigencia de esta reforma serán destinados con discrecionalidad por el Presidente de la República en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año. Se autoriza al Presidente de la República, al dictar el texto refundido, coordinado y sistematizado de esta reforma constitucional, para disponer que aquellos asuntos que se remitan al artículo 62, que se deroga, serán regulados conforme lo determina esta reforma constitucional.”.

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Hago presente a V.E. que el artículo único del proyecto de reforma constitucional fue aprobado en general y en particular con 150 votos afirmativos de un total de 155 diputados en ejercicio, con excepción de la incorporación del vocablo “alcaldes” en el inciso segundo de la disposición vigésimo novena transitoria, que lo fue en particular por 97 votos favorables.

De esta manera se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 127 de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.

IVÁN FLORES GARCÍA

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKI?

Secretario General de la Cámara de Diputados

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Primer Informe de Comisión de Constitución

Senado. Fecha 23 de marzo, 2020. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 6. Legislatura 368.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO recaído en el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 62 de la Constitución Política, para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria.

Boletines N°s 9.304-07, 11.124-07, 11.840-07, 12.319-07 y 13.013-07 refundidos.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informar el proyecto de ley señalado en el epígrafe, el que tiene su origen en cinco Mociones presentadas por los siguientes Honorables señoras y señores Diputados.

1. Boletín N° 9.304-07, de los Honorables Diputados señoras Loreto Carvajal; Cristina Girardi y Alejandra Sepúlveda y los señores señor Gabriel Boric; Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic, y los ex diputados señora Yasna Provoste y señores Sergio Aguiló; Claudio Arriagada y Roberto Poblete;

2. Boletín N° 11.124-07, del Honorable Diputado señor Marcelo Schilling;

3. Boletín N° 11.840-07, de los Honorables Diputados señoras Karol Cariola; Loreto Carvajal y Carolina Marzán y señores René Alinco; Gabriel Ascencio Mansilla; Miguel Ángel Calisto; Alexis Sepúlveda; Gabriel Silber; Raúl Soto, y Víctor Torres,

4. Boletín N° 12.319-0, de los Honorables Diputados señores Jorge Alessandri; Juan Antonio Coloma; Issa Kort Garriga; Javier Macaya; Patricio Melero; Celso Morales; Nicolás Noman; Guillermo Ramírez; Gustavo Sanhueza, y Renzo Trisotti;

5. Boletín N° 13.013-07, de los Honorables Diputados señores Jorge Alessandri; Gabriel Ascencio; Pepe Auth; Pablo Kast; René Saffirio; Leonardo Soto; Víctor Torres, y Matías Walker. Todas estas iniciativas fueron refundidas en un solo texto durante el primer trámite constitucional.

Para el despacho de esta iniciativa el Ejecutivo ha hecho presente calificación de urgencia “suma”.

Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Senado en sesión celebrada el 3 de diciembre de 2019, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Hacemos presente, que en una de las sesiones que celebró la Comisión, el Honorable Senador señor Pérez fue reemplazado por el Honorable Senador señor Moreira. Asimismo, en esa sesión asistió, además, el Honorable Diputado señor Boric.

Igualmente, expusieron ante la Comisión, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Felipe Ward; el Presidente de la Excma. Corte Suprema, señor Guillermo Silva y el Ministro de la misma, señor Sergio Muñoz; el Presidente del Banco Central, señor Mario Marcel, quien fue acompañado por el Gerente de División Asuntos Institucionales del Banco Central, señor Michel Moure, y el Fiscal, señor Juan Pablo Araya; el Presidente y Director Nacional del Consejo de Alta Dirección Pública y Dirección Nacional del Servicio Civil, señor Alejandro Weber; el Presidente del Sistema de Empresas Públicas, (SEP), señor Ricardo de Tezanos Pinto; la Presidenta del Frente de Trabajadores de Hacienda, señora Yanet Fuentes; el Vicepresidente de la Asociación Nacional Aduanas, señor Daniel Vergara; el Presidente de la Asociación de Fiscalizadores y de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, señor Juan Apablaza; el Vicepresidente de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial, señor Álvaro Flores; el Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, señor José Pérez; y los abogados y profesores de Derecho, señores Carlos Carmona; Luis Cordero; Arturo Fermandois, y Sebastián Soto.

De igual manera, a una o más sesiones de la comisión, asistieron el Jefe de la División de Relaciones Políticas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Max Pavez; la Directora de Comunicaciones, señora Valentina González, y los asesores, señoras Begoña Jugo y Antonia Andreani y señor Cristián Barrera; el Jefe de la División de Estudios de la Excma. Corte Suprema, señor Alejandro Soto; el Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, señora Andreina Olmo; la Directora de Comunicaciones de la Corte Suprema, señora Lucy Dávila; el periodista, señor Sebastián Marín.

Asimismo, estuvieron presentes la Secretaria Técnica del Consejo de Alta Dirección Pública, señora Mariana George-Nascimento; el Jefe de la División Jurídica del Consejo de Alta Dirección Pública y Dirección Nacional del Servicio Civil, señor Francisco Silva, el Jefe de Gabinete, señor Tomás Hoffmann la Jefa de Prensa, señorita Bernardita del Río y el Jefe de Comunicaciones, señor Fernando Faúndez.

También concurrieron, el Fiscal del Sistema de Empresas Públicas, señor David Acuña, el Director Ejecutivo, señor Tomás Pinochet, el Director Corporativo, señor Víctor Selma, y el Fiscal, señor David Acuña.

De la misma forma, asistieron, en representación del Frente de Trabajadores de Hacienda, la Secretaria, señora María Cecilia Sánchez; el Tesorero, señor Max Zapata; los Directores, señores Marcos González, Fernando Calderón, Daniel Vergara, Cristián Balmaceda y Diego Miranda, y la Periodista, señora Johanna Zúñiga.

De la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos, la Vicepresidenta, señora María Eliana Quiñones; el Director, señor Max Zapata; el Presidente Regional Valparaíso, señor Jaime Titichoca y el Secretario Regional Valparaíso, señor Rafael Torres. Asimismo, de la Asociación de Empleados de Impuestos Internos, asistió el señor Marco González.

Igualmente, de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la asesora comunicacional, señora Soledad Romero.

Concurrieron, asimismo, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Jefe de la División Judicial, señor Héctor Mery; de la Asociación Chilena de Municipalidades, los asesores señora Marcia González y señor Nicolás Gatica; de la Asociación de la Defensoría Penal Pública, el Presidente, señor Ignacio Ramírez, y del Instituto Libertad y Desarrollo, las asesoras señoras Constanza Guerra, María Trinidad Schleyer, Pilar Hasbún, y el asesor señor Luciano Simonetti.

Finalmente, concurrieron, las asesoras de la Vicepresidencia del Senado, señora Melissa Mallega y Paula Canales; el asesor del Honorable Senador señor Huenchumilla, señor Felipe Barra; la asesora del Honorable Senador señor Harboe, señora Joanna Lederer; el asesor del Senador señor De Urresti, señor Nicolás Facuse; el asesor del Honorable Senador señor Allamand, señor Benjamín Ibáñez; el asesor del Honorable Senador señor Chahuán, señor Sergio Mancilla; el asesor del Comité RN, señor Benjamín Ibáñez; los asesores del Comité PPD, señores Robert Angelbeck y José Miguel Bolados y el periodista, señor Gabriel Muñoz; el asesor del Comité UDI, señor Emiliano García y la periodista, señora Karelyn Lüttecke; las asesoras del Honorable Diputado señor Boric, señoras Paulette Jara y Camila Carreño, y el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Juan Pablo Cavada.

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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Modificar sistema de determinación de la dieta parlamentaria y las remuneraciones de determinadas autoridades del Sector Público, las que serán fijadas por una comisión especial que crea esta iniciativa. Asimismo, privar al Presidente de la República de la iniciativa exclusiva para presentar proyectos relativos las remuneraciones de las autoridades que indica y establecer la rebaja inmediata del cincuenta por ciento de la actual dieta de los parlamentarios y las remuneraciones de determinados funcionarios públicos.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

El número 1 y el número 4 (en la parte que corresponde al inciso primero de la nueva disposición vigésima novena) del artículo único requieren, para ser aprobados, del voto favorable de los 2/3 de los Senadores en ejercicio, toda vez que sus disposiciones inciden en los capítulos I, VIII, XI, XII de la Constitución Política de la República. En cambio, los números 2, 3 y 4 (en lo que corresponde a sus incisos segundo, tercero, cuarto y quinto) del artículo único requieren del voto a favor de los 3/5 de los Senadores en ejercicio, todo en conformidad a lo que dispone el artículo 127 de nuestra Carta Fundamental.

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ANTECEDENTES

Para el debido estudio de esta iniciativa de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes antecedentes:

I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

Están relacionados con el proyecto de reforma constitucional las siguientes disposiciones:

Constitución Política de la República de Chile.

1.1.- Artículo 8º.- El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.

Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes.

1.2. Artículo 62.- Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan.

1.3. Artículo 65.- Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni por más de cinco senadores.

Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la Administración Pública y sobre reclutamiento, sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Las leyes sobre amnistía y sobre indultos generales sólo pueden tener origen en el Senado.

Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, y con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 63.

Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:

1º.- Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión;

2º.- Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones;

3º.- Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas, de los gobiernos regionales o de las municipalidades, y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del Fisco o de los organismos o entidades referidos;

4º.- Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la Administración Pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes;

5º.- Establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar, y

6º.- Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.

El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República.

1.4. Artículo 108.- Existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional.

Artículo 109.- El Banco Central sólo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas. De manera alguna podrá otorgar a ellas su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.

Ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central.

Con todo, en caso de guerra exterior o de peligro de ella, que calificará el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Central podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas o privadas.

El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza.

1.5. Artículo 127.- Los proyectos de reforma de la Constitución podrán ser iniciados por mensaje del Presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional, con las limitaciones señaladas en el inciso primero del artículo 65.

El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Si la reforma recayere sobre los capítulos I, III, VIII, XI, XII o XV, necesitará, en cada Cámara, la aprobación de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio.

En lo no previsto en este Capítulo, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre los quórums señalados en el inciso anterior.

II.- ANTECEDENTES DE HECHO

1. Mociones.

Como se indicó precedentemente, el proyecto de reforma constitucional aprobado por la Cámara de Diputados tuvo su origen en cinco Mociones,, que fueron refundidas durante el primer trámite constitucional. Ellas son las siguientes

A.- Boletín N° 9.304-07

Reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política, para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria.

En los fundamentos de esta iniciativa, sus autores señalan que, a nivel internacional no existe uniformidad respecto a los mecanismos que determinan el monto de dietas y asignaciones parlamentarias. La realización de un análisis de derecho comparado arrojó como resultado la identificación de tres modalidades para determinar las dietas y asignaciones: 1) determinación por ley, 2) autodeterminación y, 3) existencia de comisiones especiales internas o externas. Independiente de la dificultad de comparar sistemas jurídicos internacionales, como es evidente, la regulación constitucional no se encuentra dentro de las tendencias internacionales de derecho para regular y fijar la dieta parlamentaria. Es más, es posible constatar que ninguna de las legislaciones estudiadas en la revisión aludida señala en la Constitución el monto exacto a percibir por los parlamentarios, ni aún menos fija un estándar por referencia a otro alto cargo de la administración del Estado.

Agregan que, Chile es el único de los países estudiados que regula esta materia en la Constitución. Así, el actual Artículo 62 de la Carta Fundamental señala que "Diputados y Senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan". La regulación constitucional de esta materia encuentra su fundamento en evitar sean los mismos parlamentarios, sujetos receptores de la remuneración, quienes al mismo tiempo determinen el monto de éstas. De esta forma, la regulación constitucional está pensada como un mecanismo de protección contra las posibles arbitrariedades de los Diputados y Senadores.

Luego, expresan que la regulación constitucional del monto es también una anomalía en el contexto de nuestra historia institucional y en nuestra regulación nacional respecto de otros fondos - asignaciones - que están a disposición de los parlamentarios para el desarrollo de su función.

En cuanto a nuestra tradición jurídica nacional, indican que la regulación constitucional de las dietas parlamentarias es también una excepción: ni siquiera la Constitución inmediatamente anterior a la que nos rige consideraba esta regulación. En efecto, la Constitución de 1925 en su artículo 44 establecía que "Solo en virtud de una lei [sic] se puede: 6.o Fijar la remuneración de que gozarán los Diputados y Senadores." Así, dicha Constitución, en concordancia con la tendencia de la regulación comparada, confió a la legislación la determinación de la remuneración de los parlamentarios en conjunto con el establecimiento de un mecanismo cuyo propósito consistió en evitar el conflicto de interés.

Por otro lado, añaden que, la regulación de las asignaciones parlamentarias, esto es, aquellos fondos que son otorgados a los parlamentarios para, entre otros, contratar personal técnico y administrativo, cubrir gastos operacionales o contratar la realización de asesorías externas con el objetivo de asegurar el cumplimiento óptimo de su función, están consagradas a nivel legal en la ley 20.447 y reguladas, de acuerdo a esa norma, por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría Parlamentaria. Independiente de que ambos fondos - asignaciones y dieta - tienen funciones distintas y, por tanto, responden a lógicas también diferentes, la fundamentación para que la regulación de la dieta tenga nivel constitucional podría, en alguna medida, aplicarse igualmente a las asignaciones parlamentarias ya que son los mismos parlamentarios que utilizan esos fondos quienes evalúan la pertinencia de los ítems y la cantidad aprobada para cada uno de ellos. Sin embargo, al igual que la regulación de la Constitución de 1925, la regulación de las asignaciones ha confiado a otros mecanismos jurídicos la protección y la correcta utilización de los fondos públicos.

Sostienen que nuestra regulación de dietas parlamentarias no es sólo una rareza según lo establecido previamente, sino que adicionalmente es incoherente con la diferenciación de la función que cumple la Constitución y la ley. En este sentido, la Constitución Política de la República, como la norma de mayor rango del ordenamiento jurídico de una sociedad, está destinada a regular los aspectos fundamentales de la vida política, los principios que la rigen y las grandes estructuras del Estado. En este marco, se hace incomprensible que una materia administrativa y procedimental tal como la fijación de los salarios de un específico grupo de servidores públicos se encuentre entre las bases del ordenamiento jurídico nacional y se someta una materia como ésta, que requiere la riqueza de una discusión política constante y de una reevaluación de las circunstancias de nuestra sociedad, a la rigidez e invariabilidad que conlleva la regulación constitucional. Por lo anterior, destacamos a Francia, Costa Rica y Alemania como modelos a seguir en esta materia, pues en estos tres países se determina el monto de la dieta parlamentaria mediante una ley.

Además de la experiencia comparada, señalan que también un argumento de igualdad ante la ley, o más bien, igualdad en la ley, habla en contra de una regulación constitucional de estos sueldos. Las sociedades modernas se oponen a las diferencias estructurales que establezcan órdenes jerárquicos rígidos y categorías de ciudadanos. Es en este sentido, que debe tenderse a generar regímenes que, si bien pueden contener diferencias, no deben dotar de privilegios. Ninguna otra remuneración a cargos públicos o privados se encuentran regulados en la Constitución, ni un principio referido al sueldo mínimo de los trabajadores de la Nación, ni el de otros cargos estatales.

Asimismo, destacan que resulta desacertada e imprecisa la asimilación de la dieta parlamentaria a la remuneración de los Ministros de Estado más todas sus asignaciones. En términos generales, ya que no todos ellos reciben el mismo salario, los Ministros de Estado reciben un sueldo base al cual se suman distintas bonificaciones, incrementos y asignaciones, muchas de cuales resulta incomprensible sean utilizadas para incrementar la dieta parlamentaria. Así por ejemplo, dentro de las asignaciones recibidas por los Ministros de Estado, se encuentra la asignación de modernización establecida por la ley N° 19.553 o la bonificación establecida por el artículo 10 de la ley N° 18.675 cuyo fin es compensar el efecto del artículo 9° de esa misma ley, que declara a las asignaciones que dicho artículo señala como ingresos afectos a la cotización para el financiamiento del sistema de pensiones que indica. Es decir, la determinación de las rentas que reciben los Ministros de Estado es un entramado complejo de distintas leyes y asignaciones que están pensadas desde la función ministerial, difícilmente aplicable a la labor parlamentaria sin ulterior adecuación o cuya modificación conlleva mayor oscuridad de la forma específica en que se determina la dieta parlamentaria. En conclusión, la determinación indirecta de la dieta parlamentaria produce menos publicidad y claridad del monto de ésta, conflicto que puede ser resuelto mediante una determinación del monto específico a través de una ley dictada para estos fines que aproveche la publicidad y transparencia del mecanismo democrático de creación de la ley.

En consecuencia, afirman que la consagración en la Constitución Política de la República, si bien busca sacar de la competencia de los congresistas la decisión sobre su propia dieta, tiene por resultado meramente una regulación indirecta y rígida por la vía de fijación en referencia a la remuneración de los Ministros. Sin embargo, al estar la remuneración de los Ministros fijada por un conjunto de leyes que otorgan distintos montos de asignaciones, los parlamentarios tienen injerencia indirecta sobre sus remuneraciones. No resuelve, por lo tanto, el problema de que los incumbentes tengan decisión sobre su propio beneficio, que como se ha dicho es el objetivo de la consagración constitucional.

Advierten que junto con este proyecto se presentará un proyecto de ley que crea un mecanismo para determinar el monto de la dieta parlamentaria. La regulación por vía legal se condice con el modo de determinación de las demás remuneraciones de los servidores públicos, permite igualmente un control por parte de la Cámara revisora y promueve una disposición a la austeridad por deberse cuenta pública a los ciudadanos sobre los motivos que justifican la decisión adoptada, sin poder excusarse en que un cuerpo normativo impone ex ante la determinación. Al mismo tiempo, la discusión que preside la dictación de una ley, permite el reconocimiento de quienes intervienen en su creación y, por tanto, la fiscalización de sus propuestas, argumentos y votaciones, lo que no sucede con una regulación pétrea e inamovible. En este sentido, la determinación legal de la dieta parlamentaria contribuye a la realización del ideal democrático en una materia tan relevante como la fijación de ésta.

B.- Boletín N° 11.124-07

Modifica la Carta Fundamental para reducir el monto de la dieta parlamentaria.

En sus antecedentes, su autor manifiesta que la función legislativa o de creación de normas jurídicas es realizada por medio del parlamento, como órgano representativo de la voluntad ciudadana. Es por eso, que no es casual que el Código de Bello, defina la ley como “una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”. Como explica la doctrina, “a través del parlamento, el sistema político democrático permite integrar a todas las fuerzas políticas significativas que acepten los procedimientos y principios básicos de la democracia, donde las diferencias se resuelven utilizando la razón y la regla de las mayorías y no la imposición por la fuerza o el exterminio de los adversarios, representándose en él las diversas opiniones de la sociedad” , lo que expresa la función representativa o integradora de este organismo.

En este contexto, agrega que el Congreso Nacional como ente es un órgano del Estado, que representa un poder del Estado. Consecuencia de lo cual, sus remuneraciones, asignaciones y demás ingresos que provienen de su función parlamentaria, emanan directamente de fondos públicos, es decir, son desembolsados por el Estado, representado por el Fisco de Chile, y contemplados íntegramente por la ley de presupuesto que se aprueba todos los años en el Congreso Nacional. En este sentido se puede conceptualizar la dieta parlamentaria como “la remuneración recibida por los parlamentarios por el desarrollo de sus respectivas funciones”. Desde su incorporación en nuestro sistema jurídico, se sostuvo que “la función parlamentaria requiere una dedicación jornada completa, por lo cual, si el congreso debe ser un órgano representativo de todos los sectores de la sociedad y un órgano de integración política y social, no puede ser el cargo parlamentario gratuito, ya que ello marginaría de la función parlamentaria a amplias capas sociales del cuerpo político, las cuales solo pueden ejercer la función parlamentaria si ella tiene remuneración que les posibilita solventar el sustento familiar, además de los gastos de previsionales y de salud. Ello es conforme a la igualdad de oportunidades básicas para participar en la vida política del país, de lo contrario, la función parlamentaria sólo a aquellos ciudadanos que pudieran ejercer la función parlamentaria y vivir de sus rentas, lo que es imposible de sostener en una república democrática”.

Indica que, en esta perspectiva, la dieta parlamentaria no es objeto de cuestionamiento en cuanto a su legitimidad, sino precisamente por su cuantía, atendiendo el promedio de remuneraciones de la mayoría de los ciudadanos del país. Lo anterior, pese a que la Constitución buscó establecer un parámetro objetivo para su determinación en relación a la remuneración de un Ministro de Estado, este ha sido objeto de críticas por su monto. Adicionalmente y conforme a las enmiendas introducidas por la ley 20.840 en el sistema de votaciones que sustituye el sistema binominal, éste conlleva el aumento de parlamentarios por la reconfiguración de los distritos de 120 a 155 en el caso de la Cámara y de 38 a 50 en el caso del Senado. Es precisamente este ámbito el que obliga a efectuar una revisión en la materia y establecer una fórmula que permita una solución racional a los cuestionamientos así como también, de optimización de los recursos para hacer frente a la nueva composición del parlamento, lo que justifica la presente moción.

Desde el punto de vista de la historia Legislativa y el derecho comparado, su autor señala que la Constitución de 1925 incorporó la idea de la dieta parlamentaria, luego de un debate amplio y controvertido, atendido que la Constitución de 1833 nada decía al respecto, y sólo mediante una reforma constitucional en el año 1892 se estableció que la función parlamentaria era gratuita. La carta de 1925 “precisó que sólo en virtud de una ley se podía fijar la remuneración de que gozarían los diputados y senadores. Las modificaciones a ellas sólo regirían en el período legislativo siguiente al de su aprobación. En definitiva, la Constitución de 1925 le entregó a legislador la facultad de fijarse la remuneración sin indicar un monto. Un importante tratadista de dicha Constitución como fue don Carlos Andrade Geywitz, señaló, en su obra Elementos de Derecho Constitucional Chileno, que aparentemente el monto de la Dieta que reciben los parlamentarios era alto; sin embargo, puntualizaba, ellos deben concurrir al mantenimiento de diarios y publicaciones de sus partidos políticos, gastos de campañas electorales, cuotas al partido y las demás peticiones que les demandan los ciudadanos de la provincia o zona que representan”.

Señala que, en un proyecto de reforma aprobado en la Cámara de Diputados el año 1965 -texto que no prosperó finalmente- se establecía que “Los diputados y senadores sólo recibirán como sueldo base la remuneración de los ministros de la Corte Suprema y percibirán como única asignación complementaria por el desempeño de su cargo una suma equivalente al 50% de su dieta”. Aparece de esta manera un primer intento por definir el referido monto. La Constitución de 1980 optó por homologar la dieta parlamentaria con los ingresos que percibe un Ministro de Estado incluyendo todas sus asignaciones, en opinión del profesor Zapata “en esta norma constitucional hay un reconocimiento de una dieta parlamentaria cuyo monto se estima suficiente y una estrategia para evitar que sea el propio Parlamento el que defina el monto de la misma. De esta manera se fija un máximo, es decir, se establece un control cuantitativo” .

Agrega que el debate de la historia constitucional no es ajeno a las mociones que se han presentado, como la que se desprende del Boletín 9.304-07 que busca reformar la Constitución a objeto que sea una ley la que determine el monto de la dieta parlamentaria. En otro sentido, la reforma presentada por el ex Diputado Orpis mediante Boletín 2.031-07 establece que “Los diputados y senadores percibirán una dieta por sesión la que en su conjunto durante el mes no podrá superar a la remuneración de un ministro de Estado, incluidas todas las asignaciones que a estos corresponda”, más recientemente el Boletín 9.502-16 que busca establecer un límite ético a la dieta parlamentaria, a objeto que no supere veinte ingresos mínimos mensuales, de la que son autores las diputadas Fernández, Sepúlveda, Carvajal, y Diputados Aguiló, Boric, Jackson, Mirosevic, Rocafull y Poblete.

En cuanto a las ideas matrices, indica que coherente con los planteamientos antes señalados, teniendo presente la permanente necesidad de legitimación en esta importante institución, y a objeto de precaver dificultades en áreas relevantes del interés nacional, al percibir la dieta como un privilegio y que podrían ser entendida como una afectación del principio de igualdad ante la ley es que se requiere una nueva fórmula para su determinación. Además, resulta necesario, una adecuación presupuestaria que permita la instalación de los nuevos cargos parlamentarios sin representar un costo adicional a los presupuestos aprobados. Es por eso que la propuesta configura una regla específica, que establece como parámetro la remuneración del Ministro, empero con un límite de sus dos terceras partes, de ahí que se permite reducir el monto y evitar las diferencias de remuneraciones, conforme a las regulaciones del derecho comparado.

C.- Boletín N° 11.840-07

Modifica la Carta Fundamental con el objeto de establecer un límite a las remuneraciones y dietas de autoridades y funcionarios del Estado

Los autores de esta iniciativa señalan que actualmente se encuentran en trámite legislativo al menos ocho proyectos relativos a la determinación de la dieta parlamentaria, sea para establecer límites, para determinarla, para fijar descuentos o para regular otros aspectos conexos con la materia.

Agregan que durante las últimas semanas ha vuelto a instalarse el debate sobre el monto de la dieta parlamentaria a raíz de dos proyectos impulsados originalmente por los H. Diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson. El propio Presidente de la República reconoció en una entrevista de fecha 14 de junio del presente que las dietas parlamentarias le parecían “demasiado altas para las necesidades y urgencias que tiene el país”.

Recuerdan que el año 2014, el Centro de Investigación Periodística (CIPER Chile), publicó en su sitio web un completo estudio sobre las remuneraciones parlamentarias en Chile en relación con el panorama que presentan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A partir de dicha investigación se extraen importantes conclusiones:

1. Al comparar a Chile con los países de la OCDE, se observó que el salario anual de un diputado de $103.265.772 (pesos chilenos), equivalente a US$252.505 (ajustado por paridad del poder adquisitivo, PPA) era el más alto del grupo.

2. Chile ocupaba el primer lugar al comparar la diferencia entre el sueldo de los parlamentarios con el PIB per cápita (11,8), seguido por Turquía (6,3), México (5,6) e Italia (5,1). En el extremo opuesto se encontraba Suiza, donde esta diferencia era de 0,7 veces, es decir, el sueldo de un parlamentario era inferior al PIB per cápita de dicho país.

3. En el caso de la relación entre dieta parlamentaria e ingreso mínimo, Chile ocupaba el segundo lugar, ya que los parlamentarios percibían 40 veces el ingreso mínimo. Nuestro país solo era superado por México, donde esta diferencia era de 55,8 veces.

Seguidamente, afirman que, llevado este último punto a cifras actuales, y solo considerando una relación aritmética, la dieta bruta de un diputado o de un senador es casi 34 veces un sueldo mínimo.

Recalcan que, sin perder de vista estos datos recién expuestos, cabe tener presente que según la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante el año 2016, el ingreso laboral promedio de la población ocupada en el país se ubicó en $517.540 neto mensual, mientras que el ingreso mediano -el que recibe un individuo ubicado en la mitad de la distribución de ingresos, ordenados de menor a mayor - llegó a $350.000 neto mensual. Es decir, el 50% de los trabajadores percibió ingresos menores o iguales a este último monto.

Luego, constatan que la situación expuesta debe invitar a un debate sincero, alejado de posiciones simplistas y de defensas corporativas. La brecha entre la remuneración de representantes y representados es real, existe aquí y ahora y es de las mayores del mundo. Sin embargo, el debate no será completo si no se tienen en cuenta el conjunto de dietas o remuneraciones de las altas autoridades del Estado y de las empresas públicas o entidades en que el Estado tenga participación mayoritaria.

Indican que esta realidad no puede menos que pugnar con las bases de un Estado Constitucional Democrático contemporáneo. La disociación entre representantes y representados es poco sana para la democracia y se distancia del ideal republicano en tanto debilita la noción fundamental de igualdad entre gobernantes y gobernados subyacente a todo régimen republicano.

Aseguran que no está en debate la conveniencia de que exista una remuneración adecuada a las funciones esenciales que desempeñan las altas magistraturas estatales. Lo que está en justo entredicho es la desproporción existente entre las dietas percibidas por estas autoridades y la propia realidad económica y social del país. Más todavía cuando tenemos en cuenta que la mayoría de estos cargos disponen además de recursos garantizados por el Estado para el desempeño propio de la función, con independencia de la remuneración percibida a contraprestación del trabajo desempeñado, conocidos como asignaciones.

Seguidamente, sostienen que la combinación de todos estos elementos lleva casi ineludiblemente a la formación de un juicio público que termina concibiendo las dietas y asignaciones como un privilegio y no como una necesaria y justa retribución por las altas funciones desempeñadas. Cuando unos pocos, con recursos de todos, definen entre sí los montos de su remuneración y designan además una cantidad suficiente para cubrir los “gastos operacionales” de su trabajo, la distancia con las condiciones de sus mandantes resulta evidente y ofensiva.

Añaden que con esto no se plantea un juicio crítico sobre la existencia de asignaciones para el desempeño de la función parlamentaria o de los altos cargos del Ejecutivo u otros. El punto que se intenta resaltar es que estas altas remuneraciones van a parar casi íntegras al patrimonio de sus titulares, pues salvo impuestos y descuentos de seguridad social y otros, la autoridad no se ve en la necesidad de destinar parte importante de su remuneración para cubrir los gastos operacionales de su cargo, pues ello ya cuenta con garantía fiscal vía asignaciones. Ello ocurre en tanto que la inmensa mayoría de trabajadoras y trabajadores no cuenta siquiera con asignación de movilización, debiendo restar de su ya disminuido salario, montos considerables para costear su desplazamiento al lugar de trabajo, para solo señalar un ejemplo.

Relatan que entendiendo la relevancia de la función que estos altos cargos cumplen en una sociedad democrática y el interés público que existe en asegurar un adecuado desempeño de la función pública, las asignaciones destinadas para tales efectos se tornan necesarias, aunque también debieran explorarse mejores alternativas para su determinación y control, materia que ha de dar lugar a una regulación propia.

Luego, disponen que entienden también que la lucha contra la desigualdad no se define por las remuneraciones de las autoridades estatales, si no que el centro de la cuestión está dada por la redistribución del ingreso, donde la vía impositiva aparece siempre como la alternativa más efectiva. Sin ir más lejos, conviene también transparentar las brechas existentes entre los altos cargos de la empresa privada en relación con los salarios de sus propios trabajadores, donde se ha llegado a detectar que un gerente puede llegar a ganar 178 veces un sueldo mínimo.

Sin perjuicio de ello, expresan que es necesario que desde lo público se asuma un compromiso con la igualdad. La abismante distancia entre la realidad salarial de gobernantes y gobernados hace todavía más difícil la necesaria cercanía e identificación que debe vincular a ciudadanos con sus autoridades. Las altas dietas ubican a las autoridades nacionales en un estrato económico privilegiado respecto de la generalidad de las personas, fomentando una mayor identificación entre estos con aquellas personas de mayores ingresos.

Enfatizan que, otra línea argumental sostiene que es necesario mantener remuneraciones competitivas para incentivar la retención y llegada de “talentos” al servicio público. Lo cierto es que la competencia de rentas con el sector privado es algo que debe desecharse como objetivo, pues no se trata de matrices comparables lisa y llanamente. Sin pretender que el servicio público se convierta en una actividad honorífica, tampoco debe esperarse que compita a la par con los ingresos que puede reportar la actividad privada, por cuanto es de la esencia de la función pública su orientación al servicio del bien común y no la pura realización profesional y personal del funcionario que la ejerce.

Subrayan que tampoco resulta admisible que la rebaja en la dieta de las altas autoridades del Estado importe una “fuga de talentos” o la dificultad para atraerlos. Aun con una rebaja importante en los altos sueldos del Estado, estos siguen siendo superiores a las más altas remuneraciones que podría obtener, por ejemplo, un académico con grado de doctor en la mayoría de las universidades públicas del país, ello sin considerar que en este último caso no se cuenta con un monto permanente por concepto de asignaciones para el desarrollo de la función académica, lo que hace más patente la diferencia en favor de las dietas de altos funcionarios públicos.

Desde el punto de vista de su contenido, sus autores remarcan que la propuesta de reforma constitucional propone la fijación de un tope para las remuneraciones de las autoridades públicas, sea que se desempeñen en la Administración del Estado, en el Congreso Nacional, en el Poder Judicial o en los órganos autónomos del Estado. Se sugiere la inclusión de esta disposición en el artículo 8° de la Carta Fundamental, dada la relación de su actual contenido con la materia que pretendemos regular y porque se trata de una norma que pretende aplicar a todos los órganos del Estado, por lo que no sería coherente plantearla dentro de alguno de los capítulos relativos a una rama determinada de la función pública.

Agregan que este límite máximo se calculará sobre la base de la información que al efecto proporcione el Instituto Nacional de Estadísticas a través de la Encuesta Suplementaria de Ingresos u otro mecanismo adecuado, que permita obtener el ingreso laboral promedio de la población ocupada.

De esta manera, se propone así un límite para las dietas o remuneraciones del Estado, las que no podrán superar en diez veces el ingreso laboral promedio de la población ocupada, el que actualmente es de $517.540.

Asimismo, plantean mantener solo este aspecto relativo al límite de las remuneraciones en la Constitución, entregando su regulación específica y la determinación de los montos dentro de ese límite al legislador. Para ello se elimina la vinculación obligatoria que establece actualmente el artículo 62 con las dietas de los Ministros de Estado. Con todo, se introduce un elemento que permita que cualquier decisión sobre el aumento o rebaja de las remuneraciones de las altas autoridades genere efectos a partir de un período determinado de tiempo posterior al momento en que se adopta la determinación.

D.- Boletín N° 12.319-07

Modifica la Carta Fundamental en lo que respecta a la forma de determinar la dieta y las asignaciones parlamentarias, así como también las remuneraciones de los altos cargos en las empresas públicas que indica.

En la fundamentación de este proyecto, sus autores comienzan recordando que, el origen de la dieta parlamentaria se remonta a 1823, donde son las razones prácticas las que incidirán en la discusión parlamentaria, sobre la necesidad y pertinencia del establecimiento de una dieta, considerando la precaria condición económica de algunos Diputados. Así, el origen de esta se asocia al ingreso de personas sin fortuna al campo político, que aspiran llegar al Congreso sin tener los medios económicos necesarios para dedicarse exclusivamente a la actividad legislativa.

Luego, indican que, por varias décadas, la dieta parlamentaria sólo tuvo por objeto financiar el costo de traslado de diputados y senadores que eran de provincia, y el mantenimiento de los mismos.

Expresan que, en la actualidad la configuración de esta dieta, viene dada por la Constitución de la República, la que en su artículo 62 señala que “Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan”. De esta forma, la dieta promedio de un diputado alcanza en la actualidad, una cifra cercana a los diez millones de pesos, más las asignaciones parlamentarias pertinentes.

Así las cosas, advierten que la dieta parlamentaria, cuyo origen buscaba permitir el acceso a la actividad política a quienes no tenían los costos, ha mutado su naturaleza con el transcurso del tiempo, configurándose actualmente como una remuneración propiamente tal, entendiéndose por tanto, que la dedicación a la actividad legislativa, no es gratuita.

A continuación, esta moción hace presente las siguientes consideraciones:

1. Que, en Chile existen 155 diputados y 43 senadores. Lo anterior significa que el Estado desembolsa una suma anual superior a 16 mil millones de pesos, en concepto de pago de dietas de diputados. El gasto anual de las dietas de senadores alcanza los 5 mil millones de pesos. Es decir, el costo de mantención de todos los parlamentarios, corresponde a más de 21 mil millones de pesos. Dichos pagos se hacen con cargo a la Ley de Presupuesto.

Lo anterior, sin considerar los gastos por asignaciones parlamentarias, que por supuesto, contribuyen a abultar dichas cifras.

2. La ciudadanía ha manifestado, con justa razón, un malestar generalizado ante las cifras anteriormente expuestas. En efecto, los sueldos de diputados y senadores son excesivamente altos, siendo incluso de los más altos de Latinoamérica.

3. En este sentido, se han hecho diversas propuestas que buscan equilibrar dietas y asignaciones con las exigencias de la función legislativa; pero que a su vez sean concordantes con la realidad nacional y con una agenda de gasto fiscal reducido. De esta forma, es menester destacar que este tema, reviste principal preocupación para nuestro Presidente Sebastián Piñera, puesto que ésta cuestión configura uno de los pilares centrales del programa de gobierno, y así lo ha manifestado en múltiples ocasiones.

Añaden que la bancada de diputados UDI se ha manifestado a favor de la rebaja de dietas y asignaciones, además de presentar diversos proyectos que apuntan directamente a dichos objetivos, como lo son la reducción del número de diputados y senadores, como también, la revisión de los sueldos de las más altas autoridades de la República.

4. Indican que los diputados suscribientes buscan poner fin a este adverso escenario, y las funestas consecuencias del mismo, como lo son el alejamiento de la ciudadanía de la gestión política, y el aumento de la desconfianza de la sociedad en nuestra labor y gestión. Es por esto que consideramos que el órgano pertinente para determinar los montos de la dieta parlamentaria y de las asignaciones, es el comité de asignaciones parlamentarias, habida consideración la naturaleza de este órgano.

Además, proponen que las remuneraciones de los altos cargos de las empresas estatales que cumplan una función estratégica, sean determinadas por el Presidente de la República en atención a criterios que garanticen la competitividad de dicha empresa con su sector económico, esto, por cuanto las empresas estatales deben encontrarse en una posición adecuada que les garantice la competencia con el sector privado, como también la posibilidad de contratar personal técnico y calificado, siendo el principal incentivo para la atracción de profesionales, la remuneración ofrecida. Lo anterior se encuentra en directa armonía con los lineamientos principales de esta moción, cuyo objeto último es la reducción de los altos sueldos que existen en el sector público, pero sin caer en el populismo y en las medidas simplistas que traen consigno perniciosas consecuencias para la economía nacional y el país.

E.- Boletín N° 13.013-07

Modifica la Carta Fundamental en materia de determinación de remuneraciones de autoridades y funcionarios que indica

En los fundamentos de esta iniciativa se indica que para reconstruir un país fracturado y golpeado, no sólo de incendios, desmanes, robos y desórdenes públicos, debemos recomponer las confianzas que la sociedad que Chile requiere.

Agregan que, durante años las remuneraciones de altos cargos de quienes ejercen la actividad pública sido objeto de atención de la ciudadanía, en especial, en relación a la brecha salarial que representa respecto de lo que mensualmente ganan millones de chilenos y chilenas.

En relación con propósito de este proyecto, manifiestan que consiste en avanzar a dar respuestas concretas hacia un debate que debe ser abordado en este Congreso Nacional invitando a generar una solución imparcial, donde no participen directamente en la decisión de los salarios provenientes del erario público de altas autoridades de Estado los propios parlamentarios. De esta manera, se busca concretar una independencia en la decisión, debiendo por tanto modificarse el artículo 62 de la Constitución, que dispone que los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan.

En cuanto a su objetivo, señalan que conscientes de la transparencia que este proceso requiere y con el propósito de legislar con énfasis en la equidad social que nuestra sociedad hoy clama, es que buscan reformar la Carta Fundamental con el objeto de nombrar en el más breve plazo una instancia autónoma que proponga una reestructuración de todos los sueldos de los cargos de alta responsabilidad del Estado, y que ningún funcionario reciba mayor sueldo que el que recibe la primera autoridad de nuestro país , el Presidente de la República, incorporando dentro de ellos al Presidente de la República, Ministros, Subsecretarios, Parlamentarios, empresas del Estado, Superintendencias, Asesores, Jueces y todo el resto de la estructura del Estado que reciben remuneración del erario público.

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PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El texto del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados está contenido en un artículo único que introduce cuatro enmiendas a la Constitución Política de la República:

La primera agrega los nuevos incisos quinto a noveno al artículo 8º de la Ley Fundamenta. Su texto es el siguiente:

“Son públicas las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado y de los órganos comprendidos en los capítulos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIV, y de las empresas y universidades del Estado, las cuales serán fijadas cada cuatro años por una comisión integrada por dos miembros designados por el Consejo de la Alta Dirección Pública, dos miembros designados por el Banco Central y un miembro designado por el Presidente de la República.

Podrán integrar esta comisión aquellas personas que hayan ejercido anteriormente como consejero del Banco Central, Contralor General de la República, Ministro de Hacienda, Director o Subdirector de Presupuestos, Director Nacional del Servicio Civil o consejero del Consejo de Alta Dirección Pública.

Para el desarrollo de esta función, el Banco Central actuará como secretaría técnica de esta comisión, proveyéndola de los antecedentes necesarios para el cumplimiento de su cometido.

Las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas antes señaladas se reajustarán anualmente conforme a las variaciones del índice de precios al consumidor.

Con todo, ninguna autoridad pública podrá recibir una remuneración o dieta superior a la que perciba el Presidente de la República.”.

La segunda deroga el artículo 62 de la Ley Fundamental, precepto que prescribe que los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas sus asignaciones que a éstos correspondan.

La tercera modifica el numeral 4º del inciso cuarto del artículo 65 para privar al Presidente de la República de la iniciativa exclusiva para presentar proyectos de ley que fijen las rentas de determinados funcionarios públicos.

La cuarta y final, agrega la siguiente disposición transitoria, nueva

“Vigésimo novena.- Esta reforma constitucional comenzará a regir una vez que entre en vigencia la modificación a la ley orgánica constitucional a que hace referencia el artículo 8, la que deberá ser presentada mediante un proyecto de ley con urgencia calificada de suma por el Presidente de la República en el plazo de treinta días contado desde la publicación de esta reforma y tramitada en idéntico plazo. Ningún funcionario de planta, a contrata, ni de dotación a honorarios que se desempeñe dentro de los órganos comprendidos en los capítulos señalados en el artículo 8, podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades.

En el período que media entre la publicación de esta reforma constitucional y la fijación de remuneraciones que establezca la comisión señalada en el inciso quinto del artículo 8 y la ley orgánica constitucional respectiva, las autoridades de la Administración del Estado y quienes ejercen cargos de elección popular en los órganos comprendidos en los capítulos IV, V y XIV, con excepción de consejeros regionales, alcaldes y concejales, sólo tendrán derecho a percibir el cincuenta por ciento de su remuneración o dieta vigente.

Con todo, para efectos de dar cumplimiento a esta disposición transitoria, la derogación del artículo 62 entrará en vigencia en el momento en que la comisión fije la referida remuneración o dieta de los diputados y senadores en ejercicio.

A todo evento, publicada esta reforma de la Constitución, los Secretarios Generales de cada Cámara del Congreso Nacional procederán a aplicar de pleno derecho en el pago de la dieta a diputados y senadores, un descuento del cincuenta por ciento respecto de la vigente, hasta que la comisión disponga lo que corresponda respecto de las autoridades señaladas. Asimismo, se procederá a la rebaja de las remuneraciones de los Ministros de Estado, según lo dispuesto en el inciso segundo.

Los recursos que se ahorren con motivo de la entrada en vigencia de esta reforma serán destinados con discrecionalidad por el Presidente de la República en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año. Se autoriza al Presidente de la República, al dictar el texto refundido, coordinado y sistematizado de esta reforma constitucional, para disponer que aquellos asuntos que se remitan al artículo 62, que se deroga, serán regulados conforme lo determina esta reforma constitucional.”.

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DISCUSIÓN EN GENERAL

Al iniciarse el estudio de esta iniciativa, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció el uso de la palabra al Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública y Director Nacional del Servicio Civil, señor Alejandro Weber, quien comenzó agradeciendo la invitación a la sesión.

Manifestó que, en términos generales, el proyecto de reforma en discusión no es una buena iniciativa, y debe ser perfeccionado o modificado en la discusión en particular.

En relación al sistema de Alta Dirección Pública, expresó que, dentro de la estructura de la Administración Central del Estado, trabajan alrededor de 370.000 personas.

De acuerdo a la naturaleza del nombramiento, afirmó que debe distinguirse, en primer lugar, a aquellos que se definen por confianza, que alcanza a 500 personas aproximadamente, que incluye desde los Ministros de Estado hasta los Secretarios Regionales Ministeriales; luego, los elegidos por la Alta Dirección Pública, que ascienden a 1.272 cargos, y corresponden a los jefes de servicio responsables de implementar las políticas públicas a lo largo de todo el país, y finalmente, encontramos a los funcionarios, que alcanzan un número de 304.328.

Lo anterior se describe en el siguiente cuadro:

Respecto a la calidad de los funcionarios, detalló que se clasifican en planta (40%) y contrata (60%). Ello se especifica en el siguiente cuadro:

En cuanto al Sistema de Alta Dirección Pública, señaló que éste se ha expandido a través del tiempo. Recordó que el mencionado Sistema comenzó el año 2003, a raíz de la crisis MOP-GATE, donde la discusión sobre las rentas era opuesta a lo que está ocurriendo en el presente.

Reseñó que, hace 17 años, la discusión consistía en cómo tener rentas competitivas que permitieran atraer talentos al Estado y evitar así, incidencias de prácticas de corrupción o malversación de recursos públicos. Por lo tanto, se incorporó una asignación de alta dirección pública para los cargos directivos.

Constató que siguiente cuadro es ilustrativo de cómo se ha expandido el sistema:

A continuación, especificó que al año 2020, a través de sucesivos cuerpos legales, se eligen alrededor de 5.000 puestos de trabajo elegidos por ADP. De ellos, cerca de 3.500 están en el ámbito de la educación municipal. Agregó que todos los cuerpos colegiados que existen en la Administración del Estado son elegidos por el mencionado Sistema.

Precisó que respecto de las remuneraciones hay 3 elementos que son centrales al momento de definir la remuneración de los altos directivos públicos, a saber:

- Remuneraciones generales: corresponde a aquellos que son similares para todos los funcionarios del respectivo Servicio, diferenciadas por estamento y grado.

- Asignaciones trimestrales: corresponde a aquellas asignaciones que complementan las remuneraciones generales y que están supeditadas al cumplimiento de metas de gestión del Servicio. Se devengan mensualmente, pero se hacen efectivas trimestralmente.

- Asignación de Alta Dirección Pública: corresponde al porcentaje asignado, el cual es calculado sobre las remuneraciones de carácter permanente. El porcentaje es previamente definido por decreto supremo del Ministerio de Hacienda y puede llegar a un 100%.

Seguidamente, acompañó un cuadro con ejemplos de remuneraciones de Altos Directivos Públicos de I y II nivel jerárquico:

II nivel jerárquico

Jefe/a División Infraestructura y Recintos – Instituto Nacional de Deportes

Recalcó que la asignación de Alta Dirección Pública es propuesta por el Consejo de ADP, en relación a un modelo que sigue las mejores prácticas internacionales, que considera diversos factores, a saber, el costo de oportunidad; la complejidad de los cargos; el valor de referencia de mercado y otros elementos relevantes.

Indicó que S.E. el Presidente de la República, a través del Ministro de Hacienda, es quien fija la remuneración en estos casos.

Seguidamente, el Honorable Senador, señor De Urresti sostuvo que en las remuneraciones del sector público no hay transparencia. Asimismo, solicitó se especifique quiénes perciben la asignación por función crítica.

El Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública y Director Nacional del Servicio Civil, señor Alejandro Weber señaló que en el sector público existe una escala única de sueldos, y ésta fija grados asignados a ciertas posiciones. Agregó que la mencionada escala ha dejado de ser única, y coexisten, en la actualidad 16 escalas distintas, en cada uno de los ministerios, dependiendo de negociaciones particulares o de asignaciones que sucesivas leyes han incorporado. Sostuvo que algunas instituciones que fiscalizan gozan de asignaciones específicas por desarrollar ese tipo de labores.

Aclaró que la asignación por función crítica corresponde a cupos y montos que se entregan a cada uno de los servicios públicos, para que el respectivo jefe superior determine la asignación de esos montos.

Afirmó que el sistema de remuneraciones en la administración pública es extraordinariamente complejo y ello no facilita la transparencia ni la comunicación de esa información a la ciudadanía.

A continuación, agregó que no solo tiene que ver con el monto de la remuneración, sino que también con la transparencia en la asignación de los criterios de las mencionadas remuneraciones.

Constató que el sistema de remuneraciones de la Alta Dirección Pública es más simple que en la Administración en general.

Seguidamente, acompañó un cuadro que da cuenta de las remuneraciones de los altos directivos públicos, el presupuesto que administra y la dotación a su cargo.

Recalcó la relevancia del cuadro, dado que posteriormente se señalará cómo la actual reforma impacta a la baja a los cargos allí descritos. Añadió que el 80% de los cargos de Alta Dirección Pública vería afectada su remuneración en un rango que va desde el 10 al 50%, si es que se aprueba la reforma constitucional en estudio, tal como viene de la Cámara de Origen.

Agregó que los altos directivos públicos son seleccionados por el sistema de ADP, a través de sucesivos filtros de mérito, y es el Consejo de Alta Dirección Pública el garante de esos procesos. Recordó que dicho Consejo se compone de cinco miembros, su Presidente y cuatro consejeros.

Luego, acompañó datos que comparan las remuneraciones entre el sector público y el privado:

Explicó que existe una brecha a favor del sector público, que puede llegar al 60% para los cargos administrativos en los primeros percentiles de la escala. Agregó que, en promedio, un funcionario público gana un 32% más que un cargo homologable en el sector privado. Sin embargo, en los percentiles superiores desciende el indicador, que corresponde a los altos directivos públicos.

Asimismo, consignó que, en promedio, estos últimos, tienen una brecha en contra, en relación a lo que un cargo homologable gana en el sector privado. Precisó que la diferencia alcanza a un 25%.

Recalcó que la evidencia es concluyente respecto del costo de oportunidad y la brecha que existe entre los cargos de alta dirección pública comparados con el mercado laboral en nuestro país.

Seguidamente, mostró un gráfico elaborado por la OECD que dice relación con las remuneraciones de la Administración del Estado en distintos países.

Luego, presentó un cuadro que da cuenta de rentas comparadas.

Lo anterior, indicó, nos lleva a concluir que las rentas en nuestro país no son más altas que en otras latitudes.

En seguida, señaló que haría observaciones al proyecto de reforma constitucional en estudio.

En primer lugar, afirmó que es discutible que en esta iniciativa se modifique el artículo 8° de nuestra Carta Fundamental que alude a la probidad y transparencia y que se inserta en el capítulo relativo a las Bases de la Institucionalidad.

Puntualizó que las remuneraciones de las altas autoridades del Estado ya tienen un carácter público, razón por la que no es necesario volver a establecerlo en la Constitución.

Con respecto al alcance de la norma, explicó que ella es muy extensiva, ya que comprende a todos los órganos señalados en la Carta Fundamental y además se incluyen las Universidades del Estado y las empresas públicas. Constató que la realidad de éstas, es muy distinta a la de los servicios públicos, por lo que se sugiere darles un tratamiento diferenciado. Lo mismo ocurre con las Fuerzas Armadas.

Seguidamente, aseveró que el concepto de “autoridades y jefaturas” es excesivamente amplio. Remarcó que la jurisprudencia hace equivalente el concepto de “autoridad” con cualquier “función relevante” en la Administración. Sugirió precisar los cargos a los que se aplicará la norma, lo que aportaría en transparencia y facilitaría la implementación del mandato.

Advirtió que un ejemplo de esta amplitud se observa en el caso del Gobierno, ya que se podría hacer extensivo a cargos de Alta Dirección Pública, a jefaturas intermedias y a otros funcionarios sujetos a carrera funcionaria.

En cuanto a la creación de una comisión especial que estudie las rentas de los parlamentarios y otras autoridades gubernativas, sostuvo que la existencia de ella es consistente con cierta tendencia mundial y su labor, en ese ámbito oscila entre funciones propositivas y resolutivas. Recordó que existe experiencia comparada en Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido y Estados Unidos de Norteamérica, entre otros.

Respecto a conferirle al Banco Central el rol de secretaría técnica, hizo hincapié en que dicha función no está incorporada dentro de las atribuciones del mencionado organismo. Agregó que no existe experiencia internacional comparada.

Manifestó que, tanto la Direccional Nacional del Servicio Civil como la Dirección de Presupuestos tienen expresamente facultades legales y experiencia técnica relevante para prestar soporte en este tipo de materias.

Luego, indicó que el inciso final propuesto al artículo octavo de la Constitución Política de la República, dispone que: “ninguna autoridad pública podrá recibir una remuneración o dieta superior a la que perciba el Presidente de la República.”. Recordó que, en la actualidad, sesenta y seis cargos perciben una remuneración superior a la de la Máxima Autoridad.

Estimó que la mencionada restricción cobra sentido para la línea directa de dependencia, a saber, Ministros, Subsecretarios; o para los cargos de elección popular, cuestión que hoy ya se cumple. Agregó que es probable que otros cargos públicos sí puedan tener una remuneración más alta que la Máxima Autoridad del país.

Seguidamente, señaló que la disposición vigésima novena transitoria dispone: “Ningún funcionario de planta, a contrata, ni de dotación a honorarios que se desempeñe dentro de los órganos comprendidos en los capítulos señalados en el artículo 8º, podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades.”.

Al comenzar su análisis criticó esta disposición, ya que se genera un “efecto dominó” que supondrá la rebaja de las remuneraciones de 10.529 personas que trabajan en la Administración del Estado.

Atendido lo anterior, recomendó acotar su alcance y excluir expresamente, al menos, a los altos directivos públicos y a los jefes superiores de servicios públicos de la rebaja transitoria. Recordó que ellos son los responsables del 52% del presupuesto de la Nación y anticipó una significativa fuga de talentos si el proyecto se aprueba en los términos aprobados por la Cámara de Diputados.

Finalmente, expresó que se debe eliminar lo dispuesto por el artículo sexagésimo quinto, inciso segundo, de la ley N°19.882 respecto a la renta del Subsecretario como límite al monto máximo que puede alcanzar la remuneración de un Alto Directivo Público.

Seguidamente, el Presidente accidental de la Comisión, Honorable Senador señor Huenchumilla, ofreció la palabra a los demás integrantes de la Comisión.

En primer lugar, el Honorable Senador, señor De Urresti solicitó el listado de las sesenta y seis personas de la Administración Pública que perciben remuneraciones más altas que S.E. el Presidente de la República.

Asimismo, requirió un estudio respecto a la posible fuga de talentos del sector público si se aprueba la norma tal como viene propuesta.

El Honorable Senador señor Pérez sostuvo que estamos ante un tema complejo, ya que se advierten diversos sistemas de remuneraciones. Agregó que el escenario ideal implica modificar las normas para unificar todo lo que se refiere a remuneraciones.

Finalmente, advirtió que la ciudadanía busca que la rebaja de las remuneraciones se aplique a los Parlamentarios y no a otras autoridades.

El Presidente accidental de la Comisión, Honorable Senador señor Huenchumilla, señaló que estamos ante un tema clave para el funcionamiento adecuado del Estado. Añadió que resulta interesante analizar la filosofía que hay detrás de las decisiones que toma el Estado.

Aseveró que se debe distinguir claramente entre las autoridades políticas; los altos ejecutivos públicos de las empresas del Estado y de los servicios públicos y el estamento profesional. Recalcó que este último tiene un proceso de selección por parte del Estado distinto a los cargos de naturaleza política.

Hizo presente que si se quiere terminar con la pobreza y la desigualdad no se debe desmantelar al Estado, ni debilitar sus estamentos profesionales.

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En una sesión posterior, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, concedió la palabra al Presidente del Banco Central, señor Mario Marcel, quien comenzó su presentación agradeciendo la invitación de la Comisión.

Luego, manifestó que estamos ante un proyecto de reforma constitucional despachado por la Cámara de Diputados, a través del cual se le asignan ciertas tareas al Banco Central.

Señaló que el Banco Central, como potencial sujeto de la presente normativa, busca entregar elementos para que la Comisión lleve a cabo una discusión lo más informada posible. Atendido lo anterior, entregó un conjunto de sugerencias para perfeccionar esta iniciativa.

Agregó que haría referencia a la fijación de las remuneraciones, pero desde el punto de vista de su experiencia profesional anterior, ya que le correspondió ejercer, durante siete años, el cargo de Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, donde, entre otras materias, se abocó a las negociaciones relacionadas con las remuneraciones del Sector Público y posteriormente asumió como Director de Presupuestos durante seis años, etapa durante la cual se dictó la normativa relacionada con las remuneraciones de los Ministros de Estado.

Expresó que un sistema de determinación de rentas para autoridades públicas, debe:

1.- Cumplir con ciertos principios de probidad, austeridad, equidad y transparencia;

2.- Eliminar conflictos de interés en la fijación de rentas de autoridades;

3.- Introducir criterios técnicos y objetivos para su determinación;

4.- Evitar distorsiones en las escalas de remuneraciones del Sector Público, y

5.- Atraer y retener profesionales talentosos a la función pública.

Añadió que, por su parte, el sistema de remuneraciones vigente en Chile tiene normas constitucionales como el artículo 8°, donde se consagra el principio de probidad en el ejercicio de las funciones públicas; el artículo 65 N° 4, que establece que la fijación y modificación de rentas de personal del sector público es materia de ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y el artículo 62 que equipara la dieta parlamentaria a la remuneración de un Ministro de Estado.

Constató que este sistema además está establecido como un sistema legal de adhesión, porque las personas son nombradas o encasilladas en sus cargos y no negocian sus condiciones laborales, simplemente cumplen la función y reciben las remuneraciones que establece el sistema. Asimismo, indicó que existen entidades excluidas, que no se rigen por la escala única, esto es el personal regido por el Código del Trabajo como CORFO, JUNAEB, SERCOTEC, CONAF, las empresas públicas y el Banco Central, entre otros. Agregó que la ley de reajuste modifica anualmente las escalas de remuneraciones.

Agregó que la discusión más reciente, que dice relación con el sistema de remuneraciones, se produjo con el Acuerdo para la Modernización del Estado, la Transparencia y la Promoción del Crecimiento del País (2003). Dicho acuerdo contiene 49 iniciativas, y entre ellas, se aborda las remuneraciones de las altas autoridades del sector público.

Lo anterior se tradujo en diversas reformas legales, que se detallan a continuación:

- Ley N° 19.882 (2003) regula nueva política de personal para funcionarios públicos: Establece normas sobre carrera funcionaria: cargos de carrera, provistos por concursos públicos, de dedicación exclusiva y sujetos a prohibiciones e incompatibilidades legales. Establece sistema de metas y regula beneficios; crea el Servicio Civil y Sistema ADP;

- Ley N° 20.285 (2008), sobre acceso a la información (impone obligaciones de transparencia activa y pasiva a órganos del Estado);

- Ley N° 20.088 (2006) exige declaración patrimonial;

- Ley N° 20.880 (2015), sobre Probidad y prevención de conflictos de interés, y

- Ley N° 20.955 (2016), perfecciona el Sistema ADP y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil

Recordó que una de las iniciativas recientes en la materia, dice relación con el proyecto de ley que fija un mecanismo para establecer el reajuste de las remuneraciones de las altas autoridades del Estado (Boletín N° 11160-05) iniciado por Mensaje del Gobierno anterior (marzo de 2017), a partir de las recomendaciones de la Comisión Técnica sobre dietas y Asignaciones Parlamentarias. La mencionada iniciativa se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado.

Seguidamente, señaló que en el proyecto despachado por la Cámara de Diputados se recogieron algunos planteamientos realizados por el Banco Central, relacionados con la forma en que este último organismo puede vincularse como institución al presente proceso.

Aseveró que la iniciativa, tal como fue aprobada por la Cámara de Origen, contempla que se cree una comisión técnica y de carácter ad hoc, para fijar cada cuatro años las remuneraciones de las autoridades y jefaturas del sector público. La mencionada comisión estaría integrada por cinco miembros, dos de ellos nombrados por el Consejo del Banco Central. Hizo presente que la institución que preside interviene en el nombramiento de representantes en distintas instancias, como en el caso de del Tribunal de la Libre Competencia y de la Comisión Nacional encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas.

Añadió que el Banco Central actuará como secretaría técnica de dicha Comisión.

En relación a los inconvenientes que podría acarrear la normativa aprobada por la Cámara de Diputados, manifestó lo siguiente:

1.- Inconsistencia con el rol del Banco Central en el ordenamiento jurídico chileno.

Respecto a este punto, expresó que nuestra Carta Fundamental dispone que el Banco Central es un organismo autónomo, con patrimonio propio y de carácter técnico que desempeña las funciones que le asigna la ley orgánica constitucional respectiva. Recordó que dicha ley le encomienda velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los créditos y los pagos internos y externos.

Señaló que la autonomía del Banco Central implica que no sólo sea independiente para cumplir su mandato legal, sino que no se inmiscuya en materias propias del ámbito del Ejecutivo, entre las que se encuentran las relativas al presupuesto fiscal, con cargo al cual se pagan las remuneraciones de las autoridades

2.- Potencial conflicto de interés con el sistema de designación y remoción de Consejeros.

Afirmó que, de acuerdo con el artículo 7° de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, los miembros del Consejo son designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado.

A su vez, en el mencionado cuerpo legal se regulan las causales y procedimientos de destitución de los Consejeros, en cuya decisión intervienen, según el caso, el Presidente de la República, el Senado y la Corte de Apelaciones de Santiago.

De aprobarse la reforma en los términos propuestos, el Banco Central mantendría un rol, a través de la Secretaría Ejecutiva, en la determinación de las rentas de autoridades que participan directamente en su nombramiento y remoción de sus máximas autoridades, lo que podría dar lugar a un potencial conflicto de interés.

3.- Falta de expertise técnica específica.

Las capacidades del Banco se encuentran orientadas al cumplimiento de su mandato legal y no posee expertise en materia de remuneraciones del sector público, no cuenta con datos específicos en la materia ni pertenece a redes en las cuales se traten técnicamente estos temas.

Seguidamente, sostuvo que existen en nuestro país otros organismos de carácter técnico que se encuentran mejor capacitados para asumir esta labor, a saber, el Servicio Civil, que entre sus funciones legales incluyen expresamente “realizar estudios sobre remuneraciones en los sectores público y privado, a fin que sirvan de base para proponer las asignaciones de alta dirección pública y funciones críticas, como asimismo para la determinación de las demás retribuciones económicas del sector público”; o la Dirección de Presupuestos, que tiene a su cargo proponer la asignación de los recursos financieros del Estado y regular el proceso de formulación del presupuesto público, con cargo al cual se financian las remuneraciones de las autoridades públicas.

Añadió que el problema de expertise se acentúa por algunas de las características del texto que se discute, tales como:

1.- Falta de criterios que orienten la fijación de estas remuneraciones;

2.- Alto número de cargos que estarían sujetos a este procedimiento;

3.- Potencial superposición con remuneraciones no sujetas a este mecanismo;

4.- Ajuste previo de las remuneraciones para algunos cargos, en articulado transitorio;

5.- Reducido plazo para primera fijación de las remuneraciones, y

6.- Falta de mecanismos de revisión/ratificación

Luego, acompañó un cuadro con una estimación preliminar del número de autoridades y jefaturas del Sector Público comprendidas en la reforma en estudio, separado por capítulos de la Constitución Política, agregando empresas públicas y universidades del Estado del siguiente tenor:

Seguidamente, acompañó un ejemplo sobre lo que ocurre en el Ministerio de Salud:

Aseveró que, en el mencionado Ministerio, en el año 2019, aparte del Ministro, existen 147 jefaturas y directivos.

Expresó que 4.448 personas del área salud recibirían a título de remuneración, una suma mayor a la del Ministro, si se llega a aplicar el artículo transitorio, que reduce a la mitad la remuneración de la mencionada autoridad. Afirmó que todos ellos se verían afectados por aquella norma que dispone que: “Ningún funcionario de planta, a contrata, ni de dotación a honorarios que se desempeñe dentro de los órganos comprendidos en los capítulos señalados en el artículo 8, podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades.”.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe consultó si existe estimación económica sobre las consecuencias que implicaría aprobar la norma despachada por la Cámara de Diputados.

El Presidente del Banco Central, señor Marcel reconoció que la institución que preside no ha hecho esa estimación.

Luego, respecto a la experiencia internacional, hizo presente que en varios países OCDE existen órganos externos que proponen o determinan cambios en las dietas parlamentarias, y en algunos este mecanismo se extiende a otras autoridades. Agregó que, para este efecto se definen criterios que se deben considerar al efectuar esa fijación de remuneraciones.

Constató que los casos de reducciones de salarios han provenido de iniciativas propias o transiciones políticas.

Recordó que en Nueva Zelanda la normativa sobre la materia establece como criterios la relatividad justa con posiciones comparables; requisitos del trabajo; la necesidad de reclutar y retener individuos competentes y compensar cualquier condición económica adversa prevaleciente. Añadió que, en el caso parlamentarios, se fija el monto total, considerando salario, beneficios como la jubilación y gastos relacionados con el trabajo, como viajes, etcétera.

Por otra parte, en Estados Unidos de Norteamérica, sostuvo que existe una Comisión de Ciudadanos sobre Servicio Público y Compensación, formada por once miembros, designados por los distintos poderes del Estado.

Dicha Comisión propone al Presidente, cada 4 años, las remuneraciones que regirán a partir del siguiente año fiscal para el Vicepresidente, Senadores, Diputados, Ministros de la Suprema Corte y Jueces Federales, entre otras autoridades. Luego de lo anterior, el Presidente recomienda al Congreso, para que éste apruebe, las remuneraciones justas y razonables, a partir del reporte de la Comisión, del valor prevalente en el mercado por los servicios y posiciones consideradas, de la condición económica del país y la situación fiscal.

Asimismo, destacó que en México, la Constitución Federal y la ley establecen como principio rector que los servidores públicos deberán recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Además, se dispone que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República y ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo en ciertos casos excepcionales, y los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos.

Reseñó que, en el año 2018, el Presidente López Obrador decidió rebajar su sueldo al 60%, medida que afectó a todos los servidores públicos. Aseveró que ello gatilló la salida masiva de directivos y la presentación de recursos ante los tribunales de justicia contra la medida.

En seguida, presentó un cuadro sobre sistemas de remuneraciones establecidas mediante órganos autónomos en la legislación comparada:

A continuación, acompañó un cuadro sobre las características de órganos externos de fijación del sueldo de parlamentarios y de otros altos cargos del sector público en países OCDE:

Manifestó que si bien la regla general es que las remuneraciones de autoridades y jefaturas sean fijadas a través de los mismos mecanismos que los del resto de los servidores públicos, existen casos en que éstas han sido objeto de ajustes por una vez y otros en que existe un mecanismo permanente, basado en recomendaciones o decisiones de entes externos.

Remarcó que en el caso de las dietas parlamentarias, es más frecuente que existan mecanismos externos de fijación, aunque tienden a dominar procedimientos internos del Parlamento.

En todos los casos de órganos externos, éstos están acotados a las remuneraciones de las autoridades. Agregó que, en general, ellos ejercen su labor siguiendo principios y criterios definidos en la ley. Subrayó que no se han detectado casos en que ésta sea una tarea que se encomiende al Banco Central, o en que éste cumpla un rol protagónico.

Finalmente, realizó las siguientes sugerencias a la iniciativa en estudio:

1.- La determinación de las rentas de las autoridades públicas se debería efectuar en base a criterios orientadores expresamente definidos por la regulación que la rija. Estos podrían incluir profesionalización, dedicación, probidad, austeridad en la función pública;

2.- Acotar y precisar el universo de autoridades y cargos cuyas remuneraciones quedarán sujetas a este procedimiento.

Al respecto, se estima que la determinación de rentas podría quedar circunscrita a los cargos de elección popular y aquellos que sean de exclusiva confianza respecto de los primeros, de esta manera se distinguiría claramente entre cargos de origen político y otros cargos directivos de carácter técnico, en los que se refleja el desarrollo y la culminación de una carrera funcionaria;

3.- En cuanto al mecanismo de determinación, parece razonable encomendarlo a una Comisión Técnica especialmente creada al efecto, sugiriéndose radicar el rol de Secretaría Ejecutiva en una institución idónea y capacitada en la materia, como el Servicio Civil, la Dirección de Presupuestos, o bien en una entidad académica de reconocido prestigio, seleccionada por la propia Comisión a partir de un proceso público y transparente;

4.- Contemplar en el artículo 65 de la Constitución, la creación de la Comisión y el encargo a la Ley Orgánica Constitucional que determinará su estructura y funciones, así como los criterios técnicos que orientarán su labor, atendida su directa relación con lo previsto en el numeral 4° de ese precepto. Con ello, se evitaría incorporar una regulación tan detallada en el Capítulo I de la Constitución, reservado a las Bases de la Institucionalidad;

5.- Considerando el impacto en las finanzas públicas de la determinación de remuneraciones, se podría considerar que la Comisión realice una propuesta al Presidente de la República, quien podría acoger o reducir la propuesta, lo que aseguraría flexibilidad para mantener la disciplina fiscal;

6.- Respecto al recorte temporal de remuneraciones, se sugiere evaluar la posibilidad de acotarlo en su cobertura, para que el cumplimiento de los compromisos políticos no impacte de manera inmediata las remuneraciones del resto de los funcionarios del sector público, considerando las normas de jerarquía incluidas en el propio proyecto, y no predetermine el trabajo de la Comisión, y

7.- Revisar la técnica legislativa relativa a la distribución de las normas que se encuentran en la regulación permanente y aquellas que quedan en la disposición transitoria.

Seguidamente, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, acordó oficiar al Ministerio de Hacienda para que informe acerca de la estimación de la economía que significaría para el Fisco la aplicación de las normas -tanto de carácter permanente como transitorio-, consignando el número de personas afectadas, con simulación del impacto en sus rentas. Asimismo, se acordó que el mencionado Ministerio señale la cantidad de funcionarios que actualmente cuentan con planillas suplementarias y además, indique el número de personas que perciben asignación por función crítica, individualizándolas por servicio y detallando el monto global de dicha asignación.

A continuación, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, entregó la palabra a los parlamentarios presentes.

En primer lugar, hizo uso de ella, el Honorable Diputado señor Boric, quien preguntó al Presidente del Banco Central, señor Marcel, si la objeción de la institución que preside sólo va encaminada a no actuar como secretaría técnica de la Comisión.

Recordó que presentaron la presente iniciativa hace 6 años, y que sólo se agilizó su tramitación en el marco de los sucesos posteriores al 18 de octubre de 2019. Agregó que uno de los elementos que contribuyen al malestar de la ciudadanía está dado por los privilegios que poseen los parlamentarios.

Agregó que, en un principio, el proyecto sólo buscaba rebajar la dieta parlamentaria. Cuando éste se presentó, la remuneración de los diputados y senadores era 39,5 veces superior al sueldo mínimo. Dado que durante los últimos años se ha congelado el reajuste de las mencionadas remuneraciones, la brecha se ha reducido a 32 veces el salario mínimo.

Subrayó la relevancia de que se cree una Comisión externa, que fije las remuneraciones de los parlamentarios. Añadió que desgraciadamente, durante la tramitación se incorporaron otras autoridades y no hay una distinción razonable entre cargos políticos; electos y de carrera técnica.

Dado lo anterior, estimó necesario perfeccionar el proyecto de ley en la Cámara Revisora, y reducir el ámbito de las personas que se verán incluidas dentro de la iniciativa.

Sostuvo que los detractores de ella han señalado que la rebaja de la dieta parlamentaria abriría la puerta a la corrupción. Aseguró que el monto de las remuneraciones no asegura calidad en el debate parlamentario.

Asimismo, hizo presente que se debe dar una señal clara en el sentido de no continuar con un sistema de privilegios que se encuentra disociado de la realidad nacional y de cualquier estándar internacional. Recordó que en los países de la OCDE, los parlamentarios chilenos están dentro del grupo de los mejor remunerados.

Por lo tanto, afirmó que la iniciativa busca que la dieta se ajuste a los estándares de la realidad nacional y a los de política comparada.

Reiteró que la iniciativa debe ser perfeccionada y se debe reducir el número de autoridades que se vean afectadas por la mencionada rebaja y estuvo de acuerdo en entregar la secretaría técnica en manos de un órgano más competente para cumplir esa función.

Finalmente, consideró relevante la disposición transitoria que rebaja el cincuenta por ciento la dieta parlamentaria vigente.

Seguidamente, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, sostuvo la necesidad de hacer una revisión de las remuneraciones públicas. Agregó que es relevante para la buena Administración Pública, que las remuneraciones sean adecuadas, justas y den cuenta de la labor profesional y técnica que desempeñan los funcionarios públicos.

Recordó que, en una sesión anterior, el Director Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, señor Alejandro Weber planteó su preocupación respecto a que si se aprueba el proyecto de ley tal cual como viene de la Cámara de Origen, puede significar una afectación grave de las remuneraciones de trabajadores del sector público.

Finalmente, destacó que la Comisión se debe tomar el tiempo adecuado para revisar la iniciativa y buscar un mecanismo que logre el objetivo de tener ingresos acordes al estándar social de nuestro país y que no signifique una afectación grave en la función pública.

Seguidamente, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra al Honorable Senador señor Moreira quien indicó que en la década de los años noventa, algunas asignaciones fueron calificadas de excesivas en el Parlamento. Con el paso del tiempo, esa situación se comenzó a corregir y hoy la dieta parlamentaria parece adecuada.

Se mostró contrario que, a partir de una situación política determinada se perjudique a los funcionarios públicos, tal como se propone en la iniciativa en estudio.

Finalmente, estimó que la rebaja de la dieta parlamentaria, como acto de austeridad, debiese oscilar entre un 15 y un 20%. Asimismo, hizo presente que, durante los últimos cinco años, las remuneraciones de las altas autoridades no han sido reajustadas.

Seguidamente, el Honorable Senador, señor Allamand consultó por la razón conceptual de una de las propuestas del Banco Central que consiste en que la determinación de rentas podría quedar circunscrita a los cargos de elección popular y aquellos que sean de exclusiva confianza respecto de los primeros.

Preguntó por el criterio orientador específico para realizar la distinción antes mencionada, y si ella también se lleva a cabo en la legislación comparada.

El Presidente del Banco Central, señor Marcel señaló que el criterio consiste en mantenerlo dentro de las ideas matrices de la discusión. Agregó que no están proponiendo algo que signifique salirse de la lógica sobre la cual se ha discutido la presente iniciativa. Agregó que la misma lógica se ha aplicado en experiencias internacionales.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe inquirió si los asesores de los parlamentarios quedan comprendidos dentro de la expresión “cargo de exclusiva confianza” respecto a los que son elegidos en virtud de una elección.

El Presidente del Banco Central, señor Marcel manifestó que lo anterior dice relación con los cargos de ministros y subsecretarios, y no se incluye a los asesores de los parlamentarios.

El Honorable Senador señor Allamand insistió en que se deben establecer ciertos criterios objetivos para determinar la rebaja de la remuneración, tales como, la responsabilidad del cargo, la experiencia o la dedicación exclusiva.

Se mostró contrario a incluir, dentro de esos criterios, a aquellos que sean elegidos en virtud de votación popular.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe manifestó su preocupación respecto a la rebaja dirigida de las remuneraciones para un tipo de funcionarios y autoridades. Agregó que la clave, desde el punto de vista de la transparencia obliga a la imposición de criterios explícitos. Agregó que si se va a establecer por grado de responsabilidad, los subsecretarios, que tienen la responsabilidad penal, civil y administrativa del manejo de patrimonio fiscal, deberían tener una remuneración superior a la del ministro, ya que este último sólo tiene la responsabilidad política.

Se mostró contrario a que un profesional contratado a honorarios perciba un sueldo más alto que una autoridad o jefe de servicio, quien tiene un alto grado de responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Recalcó que para regular las remuneraciones del sector público, deben fijarse criterios claros.

Hizo presente que el proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados contempla la reducción de las remuneraciones de los fiscales; los jueces, en toda su escala y de los funcionarios públicos. Afirmó que si se rebaja el sueldo de un Ministro de la Corte Suprema, se deberían ajustar las remuneraciones de los Ministros de las Cortes de Apelaciones. Ello afectará la carrera funcionaria, ya que implicará rebajar las remuneraciones de todos los magistrados. A partir de lo anterior, consultó si es constitucional reducirle el sueldo a alguien que está sujeto a carrera funcionaria.

Añadió que si se quiere circunscribir sólo al Parlamento, no se puede abordar la disminución de la remuneración de legisladores sin estudiar la situación de los funcionarios. Reconoció que estamos ante dos situaciones distintas, ya que los primeros son cargos políticos y los segundos realizan una labor profesional y técnica.

Afirmó que, desde el punto de vista de la transparencia, se deben configurar muy claramente estos criterios. Mostró su preocupación respecto a que el Senado reciba un proyecto, en segundo trámite constitucional, que no contenga una simulación de sus consecuencias en todo el Estado.

Finalmente, aseveró que la iniciativa legal, tal como fue aprobada en la Cámara de Origen, puede provocar un daño irreversible para las empresas públicas, como Codelco, Metro, etcétera.

El Presidente del Banco Central, señor Marcel, señaló que se debe distinguir entre los criterios y los alcances de cobertura de la norma. Dado que lo planteado anteriormente, una de las normas aprobada por la Cámara de Diputados constituye una excepción al artículo 65, número 4 de la Constitución Política de la República. Esta situación debe precisarse muy bien para fijar su alcance con precisión.

Finalmente, agregó que una vez definida dicha cobertura, se deben fijar los criterios que llevan a incluir a las autoridades que se verán afectadas por la presente iniciativa.

Seguidamente, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra al Honorable Senador señor Huenchumilla, quien indicó que existe una preocupación particular para legislar en esta materia, pero también estamos ante un tema de orden más general. Sostuvo que en la base de la crisis que el país está viviendo, se cuestionan las rentas del mundo político, específicamente los de los parlamentarios. Lo anterior amerita una respuesta de parte del Estado y del mencionado ámbito. Sin embargo, enfatizó que un panorama global indica que existen profundas desigualdades en nuestro país, y ello no sólo se produce en el sector público.

Desde el punto de vista formal, reconoció que nuestra Carta Fundamental regula, en materia de remuneraciones, a los ministros de Estado y a los parlamentarios. Añadió que la regulación de las remuneraciones del resto de los funcionarios públicos es materia de ley.

Por lo tanto, estimó que, de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, no se puede tramitar conjuntamente una norma que es materia de ley, junto a una reforma constitucional. De esta manera planteó un problema de inadmisibilidad. Además, recalcó que la norma en discusión puede afectar derechos adquiridos de los funcionarios públicos.

Dado lo anterior, sostuvo que se debe tomar una decisión como Estado sobre cómo se va a remunerar a los altos cargos políticos del Estado, a saber, ministros, subsecretarios y a los parlamentarios. Expresó que dichas autoridades se deben distinguir de los jefes de servicio y otros altos cargos.

Finalmente, señaló que no es conveniente incorporar al Banco Central en la presente iniciativa, ni en las labores de secretaría técnica de la Comisión, ni en la designación de miembros de la mencionada Comisión. Lo anterior llevaría a desnaturalizar a la institución.

El Honorable Senador señor De Urresti manifestó que desde las crisis surgen oportunidades. Agregó que compartía la iniciativa y se mostró de acuerdo en que el Banco Central no asuma labores de secretaría técnica.

Hizo presente que el tema de las asignaciones críticas han derivado en mejoras de sueldos a determinados altos funcionarios públicos.

A continuación, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció nuevamente la palabra al Honorable Senador señor Moreira quien aseveró que se debe actuar cuidadosamente para evitar las perniciosas consecuencias del efecto dominó que trae consigo el proyecto de reforma constitucional en estudio.

Se mostró dispuesto a legislar en esta materia, siempre que se haga en forma seria y responsable.

Seguidamente, el Honorable Diputado señor Boric sostuvo que la dieta parlamentaria, más allá de todas las consideraciones que se hagan, es treinta dos veces superior al sueldo mínimo en Chile.

Afirmó que no se debe perder de vista el sentido de legislar respecto de esta materia, ya que existe un problema grave de desigualdad. Aseveró que las remuneraciones de los parlamentarios no dicen relación con la realidad nacional ni internacional.

Luego, hizo referencia a un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, sobre las remuneraciones de las altas autoridades políticas en diferentes latitudes. En el mencionado documento se compara dieta parlamentaria chilena, con las que se perciben en otras latitudes.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe ratificó que una parte de la Comisión está de acuerdo con el sentido de la iniciativa en estudio. Agregó que se debe escuchar a las autoridades que están relacionadas con ella para poder tener claridad respecto al impacto del proyecto de reforma constitucional aprobado por la Cámara de Origen.

Seguidamente, el Presidente del Banco Central, señor Marcel valoró la intervención del Honorable Senador señor Huenchumilla, y coincidió con él, en el sentido que la normativa en discusión, viene a establecer un mecanismo distinto al régimen de remuneraciones que consagra la Constitución.

Agregó que no presenta objeciones respecto a que la institución que representa nombre a dos de los integrantes de la Comisión, tal como se señala en la iniciativa.

Luego, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra al Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública y Director Nacional del Servicio Civil, señor Alejandro Weber, quien señaló que lo planteado en sesión pasada por el Servicio Civil se encuentra en sintonía con lo expresado por el Banco Central. Agregó que los sistemas de remuneraciones, tanto en Chile, como en el resto del mundo, son extraordinariamente complejos. Ello se refleja, por ejemplo, en la escala única de sueldos, donde coexisten diversos modelos, derivados de los procesos de negociación particulares.

En relación a los criterios para determinar a quiénes afectaría la rebaja en las remuneraciones, aseveró que existen criterios y categorías. Dentro de estas últimas se encuentra:

- Los cargos de elección popular;

- Los cargos de Gobierno, que responden a nombramientos de confianza en su mayoría política y que requieren un alineamiento profundo con cada programa de gobierno, y

- La Administración del Estado propiamente tal.

Añadió que la anterior distinción es relevante, porque cuando se piensa los criterios que se aplican en otras latitudes, éstos vienen dados por el mercado; la complejidad de la función o el presupuesto que administran. Sostuvo que por definición el referente es distinto. Por lo tanto, en relación a las posiciones ejecutivas se encuentran parámetros similares en el mercado. Sin embargo, en los cargos de posición política no se encuentran referencias en el mercado, por lo tanto hay que buscarlos en el extranjero. Constató que las definiciones en los cargos de elección popular van a tener un componente de arbitrariedad mayor.

Finalmente, sostuvo que se debe distinguir el sistema en régimen, que está en la reforma constitucional, en contraposición a las disposiciones transitorias. Agregó que, respecto al sistema en régimen, no han encontrado ninguna experiencia en el mundo con un alcance tan extensivo como el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no sólo se deben acotar las instituciones, sino que también los cargos en particular. Respecto de las disposiciones transitorias, sostuvo que cerca de 10.500 personas verían rebajada sus remuneraciones. Dado lo anterior, el impacto es significativo y debe ser analizado en profundidad antes de tomar una decisión al respecto.

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En una sesión posterior, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra al Presidente del Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas (SEP), señor Sergio de Tezanos Pinto quien comenzó agradeciendo la invitación de la Comisión.

Manifestó que su presentación contiene una serie de aspectos que detallará y un conjunto de conclusiones versan principalmente sobre las remuneraciones de los directores y ejecutivos de las empresas públicas, por cuanto en la forma en que fue aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados, también estarían incluidas en el periodo transitorio de rebaja y posteriormente quedarían bajo la revisión del sistema permanente de remuneraciones por parte de la Comisión que este proyecto establece.

En primer término, se refirió al Sistema de Empresas Públicas en relación al resto de las empresas privadas. Explicó que las empresas públicas se diferencian de las segundas por estar vinculadas con el Estado, a través de los ministerios. Añadió que el SEP, creado el año 1997, separa la gestión de las empresas públicas de la gestión de política pública que generan los ministerios, y en efecto, si bien cada empresa tiene su directorio y ejecutivos, se interrelacionan con el Estado a través del SEP y con los ministerios que hacen la política sectorial que afecta a algunas de estas empresas.

Relevó que el SEP representa al Estado como dueño y vela por el buen gobierno corporativo, vinculándose en tal sentido con las remuneraciones; controla la gestión habitual, operacional y estratégica y resguarda la separación de funciones que corresponden a la política pública y el rol empresarial de cada una de estas empresas, de manera tal, que la materia revisada es de directa atribución y supervisión del Sistema de Empresas Públicas.

Connotó que, por otra parte, las empresas públicas tienen sus directorios y que éstos se rigen por la ley de sociedades anónimas, en consecuencia, les corresponden administrar las empresas y son responsables de esa administración, cuestión que no ocurre en el sector público, propiamente tal.

Indicó que la lámina que se exhibe a continuación da cuenta de las empresas supervisadas por el Sistema de Empresas Públicas: 12 empresas creadas por ley (10 empresas portuarias, Correos de Chile y Ferrocarriles del Estado), además de 8 empresas que son sociedades del Estado que derivan de la CORFO. Precisó que estas 20 empresas operan en todo el territorio nacional y prestan servicios relevantes para todos los ciudadanos.

La lámina posterior refleja la relevancia de los desafíos propuestos por estas empresas; el impacto que generan y la inversión que conllevan. En efecto, hizo hincapié, en la importancia de que la administración de éstas, esté a cargo de personas con la suficiente competencia para llevar adelante dichos desafíos.

Por su parte, la lámina siguiente, añadió, explica que la OCDE constituye una fuente de buenas prácticas de administración de empresas públicas, en que fundamentalmente se promueve que las empresas compitan en igualdad de condiciones con las empresas privadas y que tengan una buena gestión.

Agregó que el SEP ha venido desarrollando un set de buenas prácticas, en la administración de estas empresas, que culmina con la publicación del Código SEP, del año 2017, que regula 17 capítulos de buenas prácticas, uno de los cuales se denomina “transparencia de gestión de personas y relaciones laborales”, en cuyo aspecto se entra en los criterios de selección para la contratación de ejecutivos; criterios para fijar las remuneraciones de éstos, tope de las indemnizaciones; evaluación de desempeño, entre otros aspectos.

Al referirse al ámbito legal, mencionó que la Constitución Política de la República establece que las empresas públicas deben someterse a la legislación común aplicable a los particulares, lo cual está estrechamente vinculado con los requerimientos establecidos por la OCDE, en términos de administración de empresas públicas, en cuanto a que éstas compiten en igualdad de condiciones con las empresas privadas, razón por la cual se rigen por el derecho privado; los contratos de trabajo de sus empleados públicos son por el Código del Trabajo y, en efecto, las empresas públicas deben administrarse como empresa privada.

Destacó que el marco jurídico aplicable de las empresas públicas es similar al de una de naturaleza privada, pues tratándose de una empresa pública creada por ley (EFE, Correos de Chile y las 10 Empresas Portuarias Estatales) se le aplica la ley orgánica respectiva y, en subsidio, la Ley de Sociedades Anónimas, en tanto, a la empresa pública de sociedad del Estado se le aplica esta última.

En el ámbito de las remuneraciones de los directores y ejecutivos del SEP, indicó que ha sido materia de regulación normativa, desde el año 2000 a la fecha, a través de distintos instrumentos, tales como, instructivos presidenciales; Código SEP; circulares del Ministerio de Hacienda, en los que se regula básicamente las siguientes materias:

- Responsabilidad del Directorio: Las remuneraciones de los ejecutivos, así como sus eventuales modificaciones, son definidas y aprobadas previamente por el Directorio.

- Lineamiento que debe seguir el Directorio: razonabilidad, armonía y equilibrio con el mercado; pero considerando carácter “estatal”.

- Techo normativo: no puede exceder la remuneración bruta Presidente Banco Central, ni exceder el primer cuartil del mercado relevante.

En cuanto a los Directores señaló que las empresas creadas por ley establecen en su ley orgánica la dieta, en tanto, en las empresas de sociedades del Estado, el estatuto societario acorde a la Ley de S.A., más la decisión de la Junta de Accionistas, fijan la dieta, con un componente fijo y uno variable vinculado al cumplimiento de metas.

A modo de conclusión, destacó que las Empresas SEP cuentan con un marco jurídico y normativo que observa buenas prácticas de administración, aplicando parámetros objetivos en la fijación de remuneraciones de los altos directivo.

Finalmente, respecto de la idea que contiene el proyecto de ley en orden a establecer un Consejo que fije las remuneraciones, explicó que tal mecanismo de revisión existe en la normativa vigente y tiene un origen en la legislación que aplica a las empresas públicas.

A continuación, el Honorable Senador señor Allamand, consultó cómo opera el techo normativo, en relación con el límite de remuneraciones, en cuanto a si son o no copulativas las exigencias señaladas.

Al respecto, el señor Tezanos Pinto, respondió que efectivamente son copulativas. Explicó que como las encuestas de mercado varían según cuál es la actividad económica, rubro de que se trata, o tamaño de la empresa, se establece el limite fijo, cual es, que la remuneración no exceda la remuneración bruta del Presidente Banco Central y se agrega la otra consideración, en cuanto, a que no exceda el primer cuartil del mercado relevante.

El Honorable Senador señor Allamand preguntó quién define el primer cuartil.

El Presidente del Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas (SEP), señor Sergio de Tezanos Pinto respondió que hay empresas que entregan el servicio de estudiar y entregar remuneraciones de distintos cargos ejecutivos en el mercado y los separan por tamaño de la empresa y por rubro.

Agregó que, por ejemplo, la remuneración del Presidente del Banco Central es una limitación para las empresas más grandes, como las portuarias.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe sostuvo que, desde el punto de vista práctico, el Directorio de cada empresa pública fija las remuneraciones limitado por estas normas que son recomendaciones provenientes de la OCDE, que están contenidas en el Código SEP y en normativas o instructivos internos.

Añadió que el proyecto de reforma constitucional aprobado por la Cámara de Diputados crea una entidad distinta. Consultó si la iniciativa aprobada por la mencionada Cámara afectaría la fijación de remuneraciones vigente.

El señor Tezanos Pinto respondió afirmativamente ante esta última consulta. Añadió que copiar el mecanismo vigente y trasladarlo a la Comisión que se está creando, implica restarle profundidad a dicho mecanismo. Asimismo, señaló que si un Directorio desea remunerar en exceso a un ejecutivo de una empresa pública tendría varios problemas, como el de ir en contra de lo dispuesto por las circulares del Ministerio de Hacienda y tendría responsabilidad respecto al manejo adecuado de la empresa determinada.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe le solicitó al invitado que haga llegar a la Comisión, el Código SEP, las normas sobre fijación de remuneraciones y las normas OCDE.

Le consultó si es partidario de innovar en esta materia de determinación de las remuneraciones.

El señor Tezanos Pinto destacó que no está de acuerdo en alterar el actual sistema. Agregó que las remuneraciones de los directores y de los ejecutivos dicen relación con los sueldos establecidos por el mercado.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe preguntó si los ejecutivos de una empresa portuaria pública tienen remuneraciones similares a los de empresas privadas en el mismo rubro.

El Presidente del Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas, señor Sergio de Tezanos Pinto, declaró que como se encuentran en el primer cuartil, las remuneraciones de los primeros tienden a ser más bajas.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, consultó si ello genera un impacto desde el punto de vista de la calidad de los ejecutivos.

El señor Tezanos Pinto afirmó que lo anterior no es efectivo, porque si bien la remuneración puede ser inferior, existen beneficios al trabajar en empresas públicas. Agregó que en regiones las empresas portuarias son relevantes, por lo tanto, se puede contar en esos lugares con buenos ejecutivos.

Hizo presente que la rebaja transitoria del 50%, aplicado a las empresas públicas podría ser devastador. Asimismo, connotó que éstas contratan a sus ejecutivos bajo las normas del Código del Trabajo, lo que impide llevar a cabo una modificación unilateral de los contratos.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, preguntó si existe una estimación aproximada respecto de cuántos ejecutivos y directores serían impactados por una modificación como la que se está proponiendo en la iniciativa en estudio.

Finalmente, el señor Tezanos Pinto indicó que no posee la cifra exacta. Sin embargo, adelantó que existen alrededor de cien directores de empresas públicas que se podrían ver afectados.

A continuación, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra al Honorable Senador señor Huenchumilla, quien expresó que tiene dudas de constitucionalidad y de admisibilidad respecto a la iniciativa en discusión. Agregó que lo que está regulado en nuestra Carta Fundamental es la dieta parlamentaria. Sin embargo, sostuvo que las remuneraciones del sector público y el Poder Judicial no se encuentran en la Constitución Política de la República, y son materia de ley. Consultó si es posible mediante una reforma constitucional afectar las remuneraciones de estos últimos.

Se hizo presente que el proyecto de reforma constitucional es innovador en materia de remuneraciones, ya que las únicas que estaban fijadas constitucionalmente correspondían a la de los parlamentarios. Todas las demás materias correspondían al ámbito del legislador y a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Asimismo, se tuvo en cuenta que podría haber eventuales conflictos entre algunas de las disposiciones de esta reforma constitucional y otras normas de nuestra Carta Fundamental, como por ejemplo, lo que dice relación con los derechos de propiedad o derechos laborales. Ello puede dar lugar a algún conflicto entre las mencionadas disposiciones.

Dado lo anterior, se estimó necesario llevar a cabo el debate sobre lo planteado antes de que la Comisión tome una decisión sobre la idea de legislar, con la finalidad de evitar colisión entre normas constitucionales.

A partir de estos antecedentes, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, manifestó que se visualizan dos temas distintos, uno de ellos dice relación con el mecanismo para poder modificar las remuneraciones del sector público, sin afectar, por ejemplo, los contratos que están sujetos al Código del Trabajo, y un segundo, que refiere la posibilidad de que, mediante una moción parlamentaria se puedan modificar las remuneraciones del sector público, particularmente aquellas que se encuentras reguladas en la ley.

Respecto al primer aspecto planteado, la Comisión acordó insistir en lo importante de la presencia del Gobierno en este debate. Asimismo, se acordó escuchar a organizaciones del sector público, al Presidente de la Corte Suprema y a expertos en derecho constitucional y administrativo, con el fin de aclarar las dudas que han ido surgiendo durante el estudio de este proyecto.

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En una sesión posterior, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra al Vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistrados, señor Álvaro Flores, quien comenzó su intervención señalando que la Asociación de la cual forma parte es una organización gremial fundada en 1968, teniendo en la actualidad 51 años de existencia. Indicó que agrupa a 1315 jueces y juezas de todo el país, cifra que equivale aproximadamente al 75% de éstos.

Aseveró que la organización representa una de las voces relevantes en el contexto del Poder Judicial y poseen un grado de autonomía respecto a la voz tradicional del mencionado Poder, constituido por el Pleno de la Corte Suprema.

Agregó que la Asociación tiene en sus estatutos -reformados en 2015, a la luz de la ley 19.296- como uno de sus objetivos principales-, el respeto y protección de los Derechos Fundamentales de todas las personas, así como la protección de la Independencia Judicial.

Afirmó que, buena parte de sus esfuerzos y acciones públicas apunta a promover reformas constitucionales y legales para asegurar la independencia en su dimensión interna (intra orgánica) y externa (respecto de otros órganos del Estado). Agregó que la independencia es un presupuesto del debido proceso, que permite a los ciudadanos disponer de un juez independiente e imparcial. Por lo tanto, puntualizó, resulta indispensable que el juez obre mandatado por la ley y las normas y los antecedentes del caso.

Hizo presente que la Asociación llevó a cabo el trabajo de identificar un conjunto de condiciones que no se dan en el sistema de organización de la magistratura chilena, con la finalidad de garantizar su independencia.

Añadió que la independencia externa garantiza las condiciones materiales que deben existir en un país para que los jueces no tengan que estar preocupados, por ejemplo, de los vaivenes de las remuneraciones.

Seguidamente, explicó que este último objetivo se ha entendido muy bien en el derecho comparado. Agregó que no son pocas las Constituciones de aquellos países que observamos como ejemplo, que tienen establecido un principio fundamental para garantizar la independencia, en cuanto a las condiciones materiales. Es decir, que no exista otro órgano que rebaje, reduzca o modifique los salarios de los magistrados.

Añadió que un ejemplo de lo anterior, se encuentra en el artículo 3° de la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica que señala: “Se depositará el poder judicial de los Estados Unidos en un Tribunal Supremo y en los tribunales inferiores que el Congreso instituya y establezca en lo sucesivo. Los jueces, tanto del Tribunal Supremo como de los inferiores, continuarán en sus funciones mientras observen buena conducta y recibirán en periodos fijos, una remuneración por sus servicios que no será disminuida durante el tiempo de su encargo.”.

Sostuvo que el principio que consiste en no reducir las remuneraciones de los jueces se ha denominado como el de la irreductibilidad o intangibilidad de las remuneraciones, y el estándar que la Asociación Nacional de Magistrados ha buscado nace a partir de la crisis del año 2017 que significó el congelamiento de los salarios, que afectó al 64% de los magistrados.

Ratificó que buscan avanzar hacia una institucionalidad de rango constitucional que genere una norma de irreductibilidad. Recalcó que dicho principio ha sido consagrado en diversas Constituciones de otras latitudes.

Continuó señalando que, si se reducen las remuneraciones de un escalafón determinado, se genera una alteración irracional en la carrera judicial, ya que significará que personas que cumplen funciones de más responsabilidad percibirán remuneraciones inferiores a los que se encuentran en un escalafón inferior. Puntualizó que esa dimensión se disipó cuando primó la racionalidad de acotar la posibilidad de reducción a ciertos cargos, lo que implica excluir al grueso de los jueces.

Luego, recordó que, en el contexto de la crisis del año 2017, la Asociación fijó su posición en favor de la idea de la creación de un órgano técnico, con la finalidad de precaver que los órganos políticos puedan alterar regularmente, conforme a ciertos ciclos contingentes, como es la reajustabilidad anual del sector público, los salarios de los jueces. Dado lo anterior, ratificó que el principio de irreductibilidad debe presidir la fijación de los salarios, a condición que se establezca una indexación automática, sin necesidad de negociación alguna. Esto último constituye una garantía.

Sostuvo que el mencionado órgano técnico debe estar compuesto o presidido por entes técnicos que fijen, a partir de ciertos baremos objetivos y demostrables las rentas. En ese proceso, explicó se debe escuchar a los intervinientes.

Declaró que aspiran a que el Poder Legislativo valore el principio de irreductibilidad de las remuneraciones de los jueces, materia esencial en un Estado de Derecho.

Hizo presente que la posición de la Asociación que representa no sólo ha sido rechazar la reducción, sino que también ha buscado avanzar en reformas en garantías como las descritas, que en definitiva pertenecen a los ciudadanos y no pueden identificarse como prerrogativas específicas.

Luego, reiteró la idea que los jueces están inmersos dentro de una carrera judicial, la que se inicia una vez que se ha obtenido el título de abogado, y se han especializado en la academia judicial. Ella se desarrolla durante toda la vida de los magistrados; genera exclusiones prácticamente absolutas de percibir otras rentas, y está edificada en una lógica en que el Estado invierte en la formación de los jueces.

Finalmente, manifestó que el año 2016, el Ministro de Hacienda, señor Valdés compareció al Congreso a justificar el congelamiento del reajuste en las remuneraciones, instancia en la que puso énfasis en la transitoriedad de la medida, puesto que era función fundamental del Estado seleccionar, cautelar y mantener a los profesionales especializados que desarrollan cargos muy específicos, como es el caso de los magistrados.

A continuación, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra al Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, señor José Pérez, quien agradeció la invitación de la Comisión.

Seguidamente, sostuvo que el origen de la presente iniciativa consistía en reducir la dieta parlamentaria, ajustándola a los parámetros de la OCDE.

Señaló que existe preocupación dentro de la Agrupación, respecto al rumbo que tomó el proyecto de reforma constitucional en la Cámara de Diputados. Hizo presente que el desarrollo laboral de los empleados fiscales, quienes en su mayoría ingresan mediante concurso público, puede verse seriamente afectado por la normativa en estudio. Por lo mismo, se mostró contrario en que se alteren las remuneraciones de los funcionarios públicos de carrera.

En relación a la forma de fijar las remuneraciones que propone esta iniciativa, sentenció que ella vendría a alterar el diálogo social que se ha desarrollado desde los años noventa hasta ahora.

Seguidamente, enfatizó que las distintas asociaciones de funcionarios han podido convenir con el Ejecutivo diversos mecanismos que consagran una carrera funcionaria, vinculada a salarios justos con una proyección laboral que permita a quienes desempeñan la función pública mantenerse más allá del Gobierno de turno, mediante la aplicación de políticas modernas, que en un alto porcentaje dan cuenta de las exigencias que los ciudadanos están planteando al aparato público y que dicen relación directa con un mejor servicio, que se garantice una cobertura en salud, educación, previsión y seguridad social.

Finalmente, expresó que es posible construir un Estado con un desarrollo razonable y armónico, con una carrera funcionaria moderna y salarios justos.

Luego, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra a la Presidenta del Frente de Trabajadores de Hacienda, señora Yanet Fuentes, quien agradeció la invitación de la Comisión.

Manifestó que el Frente de Trabajadores de Hacienda, agrupa a servicios dependientes y relacionados del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la Republica. Agregó que la mayoría de ellos tiene un perfil de alta profesionalización y poseen un componente estamental conformado principalmente por profesionales. Ello determina su sistema de remuneraciones.

Consideró importante mencionar que dichos servicios poseen un perfil de exclusividad e incompatibilidades y obligaciones específicas respecto de sus funciones.

Respecto del proyecto propiamente tal, éste establece un sistema de determinación de la dieta parlamentaria y remuneraciones de las autoridades y jefaturas del sector público, rebajando el 50% de la dieta y las altas remuneraciones del sector público al momento de publicada la ley. Además, crea una comisión especial que definirá los montos futuros de remuneraciones.

En relación con la creación de la Comisión, expresó que ésta pasa a determinar las remuneraciones y dietas por un sistema especial. Agregó que la mencionada Comisión estará integrada por cinco personas, y las remuneraciones pasarían a fijarse cada cuatro años.

En cuanto al contenido de la disposición transitoria, ésta viene a establecer un límite absoluto a las remuneraciones y dietas en el Estado según la que corresponda a sus respectivas jefaturas; disminuye a la mitad la remuneración de las autoridades de la Administración del Estado y quienes ejercen cargos de elección popular, y rebaja inmediata y expresamente la remuneración de los Diputados y Senadores, y la de los Ministros de Estado.

Luego, manifestó que la rebaja en las remuneraciones de las autoridades y jefaturas puede significar un efecto dominó que arrastrará a los demás funcionarios públicos.

Estimó que, para los funcionarios del Estado, es muy relevante mantenerse en la línea de seriedad, trabajo, esfuerzo, capacitación y desarrollo en que se ha conservado hasta ahora. Agregó que ello puede verse afectado por los alcances de la iniciativa en estudio.

A partir de estos antecedentes, explicó que en relación a la Función Pública, se evidencian los siguientes problemas si se rebajan las remuneraciones del Sector público:

1. Imposibilidad de atraer y retener a los mejores profesionales en el Estado, ante la inexistencia de una equidad remuneracional interna y externa si se comparan los niveles de complejidad, y responsabilidad con el sector privado. En este sentido, mencionó que la dedicación de una autoridad, jefatura o profesional a su cargo, no depende sólo de sus remuneraciones, sino de las compatibilidades e incompatibilidades con otras actividades, tanto durante el ejercicio del cargo como con posterioridad a éste, lo cual también se ve afectado;

2.- Debilitamiento del Estado, por la fuga de profesionales de carrera con experiencia y alta calificación técnica, lo que afectaría considerablemente a todos los órganos, sobre todo en servicios fiscalizadores y reguladores que tendrían serias dificultades para ejercer sus potestades y competencias, y

3. La sostenibilidad y permanencia del Sistema de Alta Dirección Pública. Preció que actualmente los Altos Directivos Públicos corresponden a 1.282 cargos, seleccionados por mérito, que son los responsables de ejecutar las políticas públicas y el mandato legal de cada institución del Estado. En conjunto ejecutan cerca del 52% del presupuesto de la nación. Cabe recordar que este sistema surge tras la crisis de los sobresueldos, con el objetivo de profesionalizar la administración del Estado y establecer remuneraciones ad hoc al nivel de exigencia y responsabilidad.

Recordó que, de acuerdo a cifras entregadas por el Servicio Civil, alrededor de 10.529 personas verían afectada su remuneración por este proyecto de reforma constitucional.

Respecto del impacto directo en las remuneraciones y su sistema de fijación, aseguró que se debe distinguir entre los impactos inmediatos (transitorios) y los mediatos (permanentes).

En relación a los impactos inmediatos de la regla transitoria, señaló que el primer impacto está dado por dos reglas introducidas en el artículo transitorio, esto es, la prohibición de que “ningún funcionario de planta, a contrata, ni de dotación a honorarios (…) podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades” y la reducción inmediata de las rentas de los parlamentarios y Ministros de Estado al 50%. Ello significa que en cada Ministerio y servicio público la remuneración máxima pasará a ser inmediatamente la mitad de lo que es hoy en día. Constató que ello no es una reducción proporcional de las remuneraciones, sino que es un “techo” que se impone automáticamente.

Añadió que si un Ministro de Estado gana hoy del orden de los $9.142.940 como remuneración bruta mensualizada, quiere decir que automáticamente la remuneración máxima en todos los Ministerios pasará a ser $4.571.470. Por lo tanto, todos los que actualmente ganan más que ese techo o límite máximo pasarán a ganar lo mismo, que en la práctica equivalen a aproximadamente $3.500.000 líquido.

Expresó que tratándose de los jefes de servicio se genera un problema adicional, ya que la reforma constitucional no define de forma técnicamente adecuada a los órganos de la Administración del Estado. Sólo se refiere a “autoridades de la Administración del Estado” e indirectamente a los órganos definidos en el capítulo IV de la Constitución, por lo tanto, tampoco queda claro su alcance.

En relación a los impactos mediatos de la reforma, sostuvo que, en régimen permanente, la modificación constitucional provocará que la fijación de las remuneraciones de todo el sector público ya no sea materia de ley común. Esto quiere decir que transforma las remuneraciones de todo el sector público en una materia propia de ley orgánica constitucional, lo que significa que su determinación, y, en consecuencia, de las plantas de todos los servicios públicos, ya no será materia de una ley simple. Lo anterior se relaciona también con que entre los órganos autónomos constitucionales que afecta la reforma hay algunos que forman parte de la Administración del Estado. Asimismo, en el caso del Ministerio Público, Servicio Electoral, Contraloría General de la República, que deben ejercer acciones de control sobre el poder político, se genera la incertidumbre sobre el potencial empleo de sus remuneraciones para condicionar el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras. Específicamente, en el caso de los jefes de servicio, y el personal administrativo de los Ministerios y Servicios Públicos, sus remuneraciones están hoy en día fijadas en la ley.

Recalcó que la reforma en estudio implica que ahora será un acto administrativo el que dejará esas leyes sin efecto, por tanto, se plantea un problema de jerarquía normativa.

Por otro lado, sostuvo que la organización y atribuciones de la Comisión que fije las remuneraciones, será materia de ley orgánica constitucional. Con ello, se replican todos los problemas de este tipo de leyes, como lo son, el poder de veto de la minoría parlamentaria para aprobar y las dificultades para modificarlas.

Adicionalmente, la reforma emplea la siguiente nomenclatura: “autoridades y jefaturas de la Administración del Estado”, no dejando claro a quiénes se están refiriendo con esa expresión.

En este sentido, estimó que, existe un conjunto muy amplio de funcionarios que podrían denominarse “jefaturas”, por lo que podría extenderse a cualquier funcionario que tenga un cargo del estamento directivo, o un grado equivalente en otro estamento. Con esta ampliación, se llegaría, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda hasta un funcionario de grado 13 que tiene una remuneración bruta mensualizada de $1.257.452.

Además, indicó que, se asegura que las remuneraciones de las altas autoridades se reajustarán según el IPC. Lo anterior resulta anómalo porque en los últimos años estas autoridades han estado precisamente fuera de las diferentes leyes de reajuste o lo han experimentado en una proporción menor.

En cuanto a las propuestas del Frente de Trabajadores de Hacienda, aseveró que se hace necesario que esta reforma constitucional regrese a su espíritu original, que es regular la dieta parlamentaria y cargos de confianza política.

En este contexto, consideró importante distinguir entre los cargos de confianza política y de planta-contrata. Estos últimos, no deben ser incluidos en esta reforma constitucional, ya que forman parte del corazón del Estado, son funcionarios públicos de Estado y no de gobierno. Lo anterior, dado que ya cuentan con un sistema de regulación externa de remuneraciones y porque han logrado, junto a las organizaciones sindicales, avances importantes en materia de modernización del Estado, y por consecuencia, mejoras en los servicios a la ciudadanía.

Recordó que, para lo anterior, se requiere:

1. Que se excluyan explícitamente de la reforma, a los Jefes de Servicio, funcionarios de ADP, funcionarios que ejerzan cargos de Jefaturas y de planta y contrata, como se realizó la exclusión de los Alcaldes y Concejales, de forma permanente;

2. Corregir la referencia a “las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado”, limitándose exclusivamente al Presidente de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes y Gobernadores, y

3. Mantener la regulación de las remuneraciones del sector público a través de una ley simple, eliminándonos de los alcances de la comisión que este proyecto considera.

Finalmente, hizo presente que se acompañó a la secretaría de la Comisión, un informe en derecho, elaborado por el abogado señor William García Machmar.

Seguidamente, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra a los representantes de la Asociación de Fiscalizadores y de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos.

En primer lugar, intervino el Presidente de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, señor Juan Apablaza, quien agradeció la invitación de la Comisión.

Comenzó su exposición señalando que la iniciativa en estudio originalmente buscaba sólo revisar las remuneraciones y asignaciones de parlamentarios, pero derivó en la revisión de las remuneraciones y dietas de Ministros, Subsecretarios y Jefes de Servicios, lo que inevitablemente afectará a funcionarios de carrera de todos los servicios públicos.

Sostuvo que lo que busca el Estado, a través de los mencionados servicios, es obtener el mejor desempeño de los mismos. En cuanto a los efectos derivados del proyecto de reforma constitucional, produciría un debilitamiento en la carrera funcionaria de los trabajadores, afectando sus expectativas respecto a la estabilidad y condiciones laborales entre las que se encuentran las remuneraciones.

Agregó que lo anterior se puede vincular con el principio de confianza legitima establecido por la Contraloría General de la República, que ha sido incorporado en la jurisprudencia judicial. Dicho principio se refiere particularmente a la estabilidad y condiciones laborales, entre las que se encuentra la remuneración.

Asimismo, se debilita la posición de los trabajadores de carrera del Estado imponiendo un cambio en las condiciones en las que postularon y realizaron carrera funcionaria dentro de sus instituciones.

En el caso particular de los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, manifestó que ingresar al mencionado Servicio significa pasar por un proceso bastante largo, que comienza con una prueba técnica, sigue con una evaluación psicológica y continúa con la entrevista ante el Director Regional y concluye con un curso de inducción, cuya duración es de tres meses y medio. Agregó que una vez que se aprueba el mencionado curso, la persona ingresa a cumplir su rol de fiscalizador.

Respecto al régimen contractual, expresó que, en el sector público, principalmente, entre los trabajadores no directivos, no existe “un solo” régimen contractual. Están los trabajadores que se rigen por el estatuto administrativo y otros por el Código del Trabajo, lo que genera una dificultad al tratar de homologar la rebaja. Agregó que el artículo 5° del Código del Trabajo señala: “… los contratos individuales y los instrumentos colectivos de trabajo podrán ser modificados, por mutuo consentimiento, en aquellas materias que las partes hayan podido convenir libremente.”

En relación a las asignaciones e incentivos económicos fijados por ley, recordó que existen variadas asignaciones que van asociadas a la particularidad de funciones que desarrollan las distintas reparticiones del Estado, por ejemplo, los trabajadores de los servicios dependientes del Ministerio de Hacienda perciben un “Incentivo Tributario”.

Agregó que la creación de este sistema de determinación de rentas dejaría sin efecto o alteraría el pago de las asignaciones que se encuentran fijadas por ley, convirtiendo esta rebaja en una ilegalidad.

Asimismo, indicó que el Director del Servicio de Impuestos Internos, junto a su equipo, maneja un presupuesto de alrededor de US$ 238.000.000. Por otro lado, recordó que se genera una recaudación, vía fiscalización, sobre US$14.000.000.000. Aseguró que, atendida la responsabilidad de las funciones que ejerce, se justifica la remuneración del mencionado Director, y no resulta conveniente plantear una rebaja.

Luego, sostuvo que existe una altísima probabilidad que, de aprobarse este nuevo ordenamiento de remuneraciones, se provocará una fuga de profesionales con experiencia y alta calificación técnica, que desarrollan funciones específicas, por ende, se debilitará al Estado en el ejercicio de la función pública y la calidad de los servicios públicos.

Aseguró que este efecto se verá aún más acentuado en zonas extremas, cuya asignación especial aumenta la proporción de profesionales y directivos. Asimismo, señaló que otro efecto negativo del proyecto consistirá en el desmantelamiento del Sistema de Alta Dirección Pública, institución que lleva 16 años atrayendo profesionales de alto nivel a cargos directivos.

Agregó que los altos directivos públicos, seleccionados por mérito, son los responsables de ejecutar las políticas públicas y el mandato legal de cada institución del Estado. En conjunto ejecutan cerca del 52% del presupuesto de la nación y son los únicos en la Administración Central del Estado que mantienen una brecha de remuneraciones negativa con el sector privado, para posiciones homologables. Por lo mismo, afirmó que, con la distorsión en las escalas de remuneraciones, no se podrá atraer y retener profesionales talentosos a la función pública.

Seguidamente, indicó que la dedicación de una autoridad o jefatura a su cargo no depende sólo de sus remuneraciones, sino de las compatibilidades e incompatibilidades con otras actividades, tanto durante el ejercicio del cargo como con posterioridad a éste, lo cual también se verá afectado.

Aseveró que existen principios de orden internacional y jurídico, que le dan una protección a las remuneraciones de los trabajadores. Para algunos es incluso un sinónimo del derecho de propiedad.

Finalmente señaló, que el proyecto traslada la discusión de remuneraciones del sector público desde el Parlamento a una “Comisión de Expertos”, que las regulará cada 4 años, con aumentos anuales según IPC.

Luego, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra al Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile, señor Marco González, quien señaló que todos los factores y variables analizados precedentemente, en el caso específico del Servicio de Impuestos Internos, estaría afectando, a lo menos, desde el grado 1 al grado 11, lo que corresponde a más de 1.400 funcionarios de los escalafones fiscalizadores, profesionales y directivos.

A continuación, presentó dos cuadros en que se advierte cuáles serían los escalafones que se verían afectados por la rebaja.

Señaló que atendido lo anterior, surge la pregunta sobre qué puede ocurrir con la recaudación general del país en un momento tan complejo.

Finalmente, propuso que el proyecto de reforma constitucional en estudio, pueda volver a su espíritu original, lo que significa hacer una separación expresa de la regulación de las remuneraciones de las altas autoridades de las de los trabajadores que componen las distintas reparticiones del Estado.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, agradeció todas las exposiciones. Seguidamente, ofreció la palabra a los integrantes de la Comisión.

En primer lugar, hizo uso de la palabra el Honorable Senador, señor Allamand quien preguntó por las consecuencias de rebajar las remuneraciones a las más altas autoridades, en relación con los trabajadores que se encuentran bajo su subordinación.

El Honorable Senador, señor De Urresti aclaró que no es partidario de afectar al conjunto de funcionarios públicos. Asimismo, se mostró de acuerdo en que ellos puedan negociar colectivamente.

Reiteró que no tiene la intención de legislar en el presente proyecto respecto de las remuneraciones de los funcionarios. Agregó que es partidario de revisar las altas remuneraciones, entre las que se incluyen la de los parlamentarios; los ministros, los subsecretarios, el Poder Judicial y otros organismos.

Recordó que las altas autoridades perciben una remuneración muy alta, que no guarda relación salario mínimo. Atendido lo anterior, se mostró partidario que una Comisión técnica fije las remuneraciones y dietas de las mencionadas autoridades, ya que ello permitirá ir disminuyendo la brecha existente.

Hizo presente que se deben revisar las asignaciones por zonas extremas, ya que la conectividad ha variado favorablemente.

Por otro lado, sostuvo que los Ministros de Corte no deberían ejercer cargos directivos o ser decanos en las escuelas de derecho. Asimismo, coincidió con el Vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistrados, en el sentido de respetar la irreductibilidad de las remuneraciones.

Finalmente, indicó que la presente iniciativa debe buscar reducir la brecha brutal que existe entre la más baja remuneración y las altas remuneraciones del Estado.

Seguidamente, el Honorable Senador, señor Pérez, se refirió a la posibilidad de que los funcionarios públicos negocien colectivamente. Al respecto, recordó que la única presentación de un proyecto de ley relacionado con la materia, la efectuó él junto al ex senador señor Larraín.

En cuanto al proyecto de reforma constitucional en estudio, que pretende incorporar a toda la Administración en la reducción de las remuneraciones, estimó que carece de un análisis racional. Sin embargo, aseveró que quienes son autoridades políticas no debiesen tener el rango de remuneraciones actual.

Recalcó que la iniciativa en estudio tiene un carácter simbólico, y, en definitiva, se debe propender a regular la dieta parlamentaria y las remuneraciones de las altas autoridades políticas.

Preguntó cómo se logra conciliar que las remuneraciones de funcionarios que se encuentran reguladas por el Código del Trabajo puedan verse afectadas por la presente norma.

Finalmente, valoró y defendió la autonomía e independencia del Poder Judicial.

A continuación, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe indicó que el proyecto de reforma constitucional en estudio debe ser perfeccionado. Puntualizó que tal como está hoy, afectaría a más de 10.000 funcionarios públicos que verían rebajadas sus remuneraciones y ello perjudicaría irreversiblemente la carrera funcionaria. Asimismo, dañaría la estabilidad de ciertos servicios públicos, porque, evidentemente, una persona que tiene un nivel de remuneraciones, a la que se le rebaja el 50% de las mismas, puede haber contraído un conjunto de obligaciones que probablemente no podrá sostener y se verá obligado a renunciar.

En todo caso, sostuvo que se requiere establecer un mecanismo de reducción de remuneraciones de altos funcionarios políticos. Agregó que se debe determinar qué funcionarios se verán afectados por la medida y cuál será el criterio que se debe aplicar en este caso.

Reiteró que la presencia del Ejecutivo en esta instancia es fundamental, porque los parlamentarios, de propia iniciativa, no están facultados para crear una entidad pública.

Recalcó que es importante tomar algunos elementos como principios, ya que, si se reducirán las dietas parlamentarias, y las remuneraciones de los ministros y los subsecretarios, con qué fundamento no debe afectarse al Poder Judicial. Precisó que el argumento distintivo es que en este último caso estamos en presencia de una carrera funcionaria.

Igualmente, hizo presente que se debe resolver la situación de aquellos que se encuentran contratados bajo el régimen de honorarios, que, en estricto rigor, no son funcionarios públicos. Añadió que los primeros, no están sujetos a las incompatibilidades que rigen a los segundos.

Indicó que también se deberá considerar, en la oportunidad correspondiente, el sistema de calificaciones. Sin embargo, reconoció que esta materia no es objeto de este proyecto de reforma constitucional.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Huenchumilla reconoció que estamos ante un tema que ha sido debatido intensamente por la Comisión.

Luego, señaló que compartía las exposiciones escuchadas en el día de hoy. Agregó que tiene una opinión desde el punto de vista sistémico, reconociendo que estamos ante un tema sustantivo y otro de procedimiento.

Desde el punto de vista sustantivo, enfatizó que en Chile existe un problema político, que consiste en la profunda desigualdad, que no sólo se manifiesta en la dieta de los parlamentarios o en las remuneraciones de los altos ejecutivos del sector público. Esta situación, señaló, debe ser enfrentada.

Hizo presente que estamos ante una crisis de representatividad de los parlamentarios respecto a la ciudadanía. Añadió que esta última desea que los legisladores rebajen sus dietas.

Reconoció que en Chile existe un tema complejo entre el Estado y el mercado, porque este último indica que los altos ejecutivos de todas las empresas del sector privado, han tenido un aumento significativo de sus remuneraciones, y ese aumento no se ha producido sólo en Chile. Lo anterior ha producido un efecto reflejo, en la actitud del Estado para captar profesionales de alto nivel que entran a competir con el mercado. Por lo tanto, indicó que si este último paga elevadas remuneraciones, será más difícil que la administración pública capte profesionales calificados.

Por otro lado, desde el punto de vista del procedimiento, sostuvo que la Constitución regula la remuneración de los parlamentarios. Aclaró que dicho cuerpo normativo no regula las remuneraciones de los funcionarios públicos, ya que ello se hace mediante una ley.

Opinó que, si el Estado debe tomar la decisión política de legislar respecto de las remuneraciones de sus altos ejecutivos, debe hacerlo por la vía que corresponda. Es decir, mediante un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo.

Finalmente, se mostró partidario de legislar en esta instancia sobre los parlamentarios, los ministros y los subsecretarios. Por lo tanto, insistió que esta iniciativa debe ser perfeccionada de manera de acotar su alcance.

Luego, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció nuevamente la palabra al Vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistrado, señor Álvaro Flores, quien valoró el trabajo de la Comisión, que ha sido capaz de identificar los problemas que genera el proyecto de reforma constitucional en discusión.

En cuanto a la disposición transitoria, precisó que en la Cámara se determinó excluir a los miembros del Poder Judicial.

Seguidamente, alabó la disposición que se propone al inciso octavo del artículo octavo de nuestra carta Fundamental, toda vez que la reajustabilidad anual automática constituye una buena norma.

Finalmente, en relación a la exclusividad de los magistrados en sus labores de la judicatura, ellos abrazan una carrera con una única remuneración y por excepción solo pueden desarrollar docencia acotadamente, según el límite que dispone el Código Orgánico de Tribunales. Estimó que los jueces que ejercen la docencia no alcanzan el 10% del total.

Agregó que la docencia permite que el juez se actualice permanentemente y se mantenga en comunicación con la comunidad profesional. Coincidió que en contados casos se ha abusado de la mencionada facultad.

Luego, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció nuevamente la palabra al Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, señor José Pérez, quien enfatizó sobre la importancia de la negociación colectiva en el Sector Público.

Hizo presente que es fundamental que el proyecto de reforma constitucional en estudio se acote a los parlamentarios y a las altas autoridades políticas de la administración pública, y no afecte a los funcionarios públicos de carrera. Lo anterior, llevará a reducir la brecha de desigualdad en materia de remuneraciones que está presente en nuestro país.

Respecto a lo planteado sobre las asignaciones por zonas extremas, sostuvo que un tema es la conectividad y otra cosa distinta es la oportunidad, ya que la persona que sufre un accidente cerebro vascular en Rapa Nui o en Aysén, no cuenta con los médicos especialistas que podrían salvar su vida.

Finalmente, sostuvo que, en 1999, Juan Somavia --primer director general de la OIT - presentó su memoria "Trabajo decente". En ella introduce el mencionado concepto, caracterizado por cuatro objetivos estratégicos: los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social. Cada uno de ellos cumple, además, una función en el logro de metas más amplias como la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la realización personal.

Finalmente, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció nuevamente la palabra a la Presidenta del Frente de trabajadores de Hacienda, señora Yanet Fuentes, quien agradeció la disposición de la Comisión a escucharlos. Agregó que, ante las opiniones que se han planteado, tiene la esperanza de que el proyecto será corregido.

Precisó que debe se distinguir claramente los cargos de confianza política y elección popular de los funcionarios de carrera. Ello permitirá salvaguardar los aspectos que se consideraron en su exposición.

Finalmente, afirmó que están disponibles como trabajadores para seguir avanzando en la discusión del empleo público y las condiciones laborales, pero para ello se requiere la participación efectiva de los funcionarios. No es posible ninguna modernización, ni transformación que los involucre, sin la participación de estos últimos.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe ,agradeció la presentación de los expositores, lo que da cuenta de la profundidad de la discusión.

Reconoció que de pronto surge una presión para poder legislar aceleradamente una situación que puede provenir de un clamor popular, sin embargo, en cada iniciativa de ley se debe producir una discusión profunda y reflexiva, con la finalidad de evitar errores.

Finalmente, sostuvo que el ánimo mayoritario de la Comisión es aprobar la reducción de la dieta parlamentaria y de las altas remuneraciones de los cargos de designación política. Además, se debe evitar el generar un efecto dominó que pueda provocar un impacto negativo en el funcionamiento de la estructura del sector público; en el ámbito de la justicia; del Ministerio Público o en el del Gobierno central o descentralizado.

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En una sesión posterior, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra al Presidente de la Excma. Corte Suprema, señor Guillermo Silva, quien agradeció la invitación de la Comisión.

El Presidente, señor Silva, comenzó su intervención señalando que la iniciativa legal en discusión tuvo como motivación en su origen la disminución de las remuneraciones de los parlamentarios, a fin de dar una señal potente a la sociedad para la reducción de brechas de ingresos existente en nuestro país.

Respecto a esa idea y el debate que se ha producido en este Congreso, indicó que le parece válido, pero que no le corresponde opinar, pues forma parte de la deliberación política que es propia de este espacio.

Sin embargo, estimó como preocupante el giro que la iniciativa experimentó en primer trámite constitucional, alterando sustancialmente esa idea original al incorporar en esta pretensión de reducción remuneratoria a otras instituciones que integran los restantes poderes del Estado, que obedecen a realidades orgánicas y funcionales diametralmente distintas.

Constató que ese cambio, junto con los problemas que provocaría y que más adelante se detallarán respecto al Poder Judicial, al no considerar alguna base de información que le otorgue contexto y justificación, arriesga aparecer antojadiza.

Luego, afirmó que el foco de atención de las demandas ciudadanas no radica en el grupo judicial ni técnico del Estado. Agregó que la idea de dar una señal fuerte a la ciudadanía para el cierre de las brechas salariales tendría un correlato con lo que las personas reclaman y demandan. Sin embargo, no se advierte que la ciudadanía demande una rebaja salarial al Poder Judicial. No se aprecia algún antecedente en la discusión del proyecto que revele una inquietud de la sociedad por promover tal reducción en el caso de quienes ejercen la jurisdicción.

Destacó que las movilizaciones iniciadas en octubre -que han motivado reacciones del mundo político como la reactivación de esta iniciativa legal- no tienen como foco de atención el reproche a la figura o la función del juez; por el contrario, ha sido reconocido el rol que la judicatura ha desempeñado en este escenario como protector de los derechos de las personas; es al mundo político a quien se ha volcado ese descontento ante la insatisfacción de demandas sociales que han llegado a promover un eventual proceso constituyente, y es en función de tal escenario que, con toda razonabilidad, el Congreso Nacional quiso en el inicio de este proyecto dar un señal sobre su propia orgánica remuneratoria.

Sostuvo que el abrupto paso a la incorporación de otros actores, junto con complejizar y retrasar la tramitación de esta iniciativa –como algunos diputados tuvieron ocasión de señalarlo en el primer trámite constitucional- y provocar severos efectos de alta complejidad, arriesga la entrega de una señal confusa entre lo que la ciudadanía demanda y lo que a nivel político se brinda como respuesta, incorporando en esta solución dimensiones que no pueden ser mezcladas, por corresponder a roles cuyo origen y responsabilidad pertenecen a diferentes planos en la orgánica del Estado, combinando los cargos de elección popular evidentemente de corte político, cargos gerenciales de las empresas del estado y los de quienes ejercen la actividad jurisdiccional.

Seguidamente, consignó que las autoridades no debieran recibir del Estado más que su remuneración periódica. Añadió que sobre lo que sí existe cuestionamiento a nivel generalizado, son los haberes totales excesivos que son percibidos por las autoridades y funcionarios, traducidos en algunos casos en sueldos notoriamente altos, incluso en relación a la máxima autoridad del país, y en otros casos, por la gran cantidad de asignaciones que son recibidas por ellas, lo que provoca malestar en la población.

Enfatizó que si el propósito de la regulación es una efectiva racionalización de los montos que manejan las autoridades y jefaturas públicas, pareciera necesario abordar el problema abarcando todo el espectro de las fuentes de ingreso que ellas manejan, no sólo las que figuran únicamente como sueldo. De ser coherentes con ese objetivo, debiera pensarse en una fórmula que asegure los elementos que permitan cumplir con ese objetivo, tales como:

• El establecimiento del principio que las autoridades no pueden recibir del Estado ninguna otra remuneración periódica que su sueldo.

• La instauración de una regla que impida a dichas autoridades recibir directamente asignaciones permanentes que deban destinar a su función, estableciendo que tales montos sean administrados por una entidad del servicio u organismo en que se desempeñan.

• El señalamiento de que todo fondo que se entregue a dichas autoridades en forma esporádica, debe hacerse bajo la obligación de rendir cuentas.

• Finalmente, la garantía para el cumplimiento de estos objetivos se aseguraría con la debida fiscalización por un ente encargado de esa función.

Luego, indicó que se debe apuntar a un criterio de justicia en la regulación. Detalló que:

• No aparecen razonables las exclusiones particulares. Si se decidiere impulsar la iniciativa con la amplitud que hoy tiene, pensando en un esfuerzo de todos los actores públicos, lo lógico sería que todos los órganos públicos y empresas del Estado sean objeto de esa regulación, incluyendo a todos aquellos que, al igual que el Poder Judicial, han ya esgrimido buenas razones para una regulación diferenciada.

Luego, explicó que la integración de la Comisión técnica no cuenta con participación de los órganos incumbentes. En el articulado del proyecto se advierte que, a pesar del pretendido carácter técnico de quienes podrían ser elegidos como integrantes de la Comisión, su designación siempre aparece teñida por lo político.

Agregó que en el caso particular del Poder Judicial, no se aprecia ninguna representatividad en la integración o designación de los miembros de esta instancia, lo que no es propio de sistemas que propenden a la participación y a un carácter realmente técnico en su funcionamiento, considerando la mirada experta de quien cumple el rol cuya remuneración se está fijando.

En seguida, aseveró que se ha asentado, en la discusión del proyecto, la idea de que ciertas funciones serían excluidas, pero no la de los jueces. Tanto en el texto del proyecto como en la discusión que se ha producido hasta el momento, se ha ido decantando la necesidad de excluir a algunas funciones públicas por sus particularidades y por los efectos que la medida traería aparejada a su respecto.

En el caso de los jueces, por razones ya expuestas con anterioridad, estimó de toda lógica separar su regulación. Señaló que no advierte diferencias significativas para que en algunos casos sí se consideren estas exclusiones y en otros no; por el contrario, en el caso del Poder Judicial las características de la función del juez robustecen aún más que en otros casos esta exclusión.

Aseveró que en la discusión se ha considerado la experiencia y la carrera profesional de ciertos cargos, pero no de los jueces. En el debate se ha ido difundiendo la idea de que algunos cargos de la administración pública, por su perfil y tiempo de permanencia previa para su asunción en el marco de una carrera profesional, no debieran ser trastocados por la regulación sugerida. Observó que esa consideración debe también extenderse al caso del Poder Judicial.

Manifestó que los problemas de la regulación propuesta son de todo el Poder Judicial, no sólo de la Corte Suprema. Agregó que, dada la estructura piramidal del Poder Judicial, la reducción de renta en los grados superiores distorsionaría el sistema de compensación de la institución en su conjunto, afectando la legítima carrera y necesaria diferencia de remuneraciones de acuerdo a las responsabilidades de los cargos.

Constató que, si bien en el proyecto de reforma constitucional no se señala expresamente el alcance que tendría en el Poder Judicial la expresión “autoridades y jefaturas”, en la discusión legislativa producida en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, estarían comprendidos los ministros de Corte Suprema, ministros de Cortes de Apelaciones y jueces.

Sobre la base de esa interpretación, sostuvo que la posible rebaja de remuneraciones no afectaría sólo a los ministros y fiscal judicial de la Corte Suprema (que suman 22 cargos), sino que afectaría también a Presidentes, Ministros, Fiscales Judiciales de Cortes de Apelaciones, Relatores y jueces de primera instancia, lo que implica un total de 2.910 personas (cifra que considera a todo el personal asimilado al escalafón superior, si lo acotamos al Escalafón Primario son 2.099 cargos).

Por otro lado, subrayó que la condición que incluye el proyecto respecto de que “Ningún funcionario de planta, a contrata, ni de dotación a honorarios que se desempeñe dentro de los órganos comprendidos en los capítulos señalados en el artículo 8, podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades (inciso segundo artículo transitorio)”, podría afectar las rentas de otros cargos profesionales o de apoyo a la labor jurisdiccional.

Asimismo, expresó que la estructura jerarquizada del Poder Judicial, que actualmente se refleja en el sistema de remuneraciones, hará necesario revisar las Escalas de Sueldos de todos los estamentos del Poder Judicial, pudiendo afectar a 12.405 personas, cifra correspondiente a la dotación total del Poder Judicial a diciembre de 2019.

Añadió que, si se pretende limitar el efecto de una eventual rebaja sólo en autoridades y jefaturas, como lo indica el proyecto, se generaría un grave problema de inconsistencia interna de las remuneraciones del personal asimilado a la Escala de Sueldos del Poder Judicial.

Este problema, continuó, ha sido también explicitado por numerosas organizaciones que han tenido la oportunidad de exponer en este Congreso, revelando los complejos perjuicios y evidentes desarticulaciones que una reforma como la planteada generará en todo el espectro de órganos del Estado, dada su configuración orgánica, produciendo efectos en cascada de insospechadas consecuencias en la escala y remuneraciones de la totalidad o en parte muy relevante de sus integrantes.

Por otra parte, destacó que existen argumentos importantes para reclamar la exclusión del Poder Judicial en el sistema que promueve el proyecto en su actual redacción, que ya han tenido oportunidad de sostener pero que bien vale la pena recordar.

En primer lugar, se refirió a la obligación de garantizar la independencia del Poder Judicial.

Destacó que es un atributo fundamental en las sociedades que se precian de tener un Estado de Derecho moderno, a fin de asegurar el rol que cabe al Poder Judicial en defensa de los derechos de todas las personas, particularmente frente a abusos cometidos por la propia administración contra los particulares. La doctrina es clara en señalar que la independencia judicial es un concepto amplio, en cuyo ámbito ocupa un lugar preponderante la autonomía financiera, pues sólo a través de un mecanismo que excluya a las remuneraciones de los funcionarios del orden judicial de las contingencias políticas es que se hace posible tal aseguramiento.

Una medida reductiva de las remuneraciones de los juzgadores, sin abordar las particularidades de la función jurisdiccional, que exige observar la permanencia y estabilidad de este sensible rol para la mantención del Estado de Derecho y que adquiere especial visibilidad en estados sociales complejos, abre espacios de vulnerabilidad en la independencia, atributo que es condición esencial para el órgano que juzga, pero que también es garantía para el propio justiciable y, en particular, para las personas cuyos derechos deben ser precisamente resguardados por aquél, frente a otras personas y frente al propio Estado.

En segundo lugar, mencionó las recomendaciones internacionales acerca de la intangibilidad de las remuneraciones.

La necesidad de una remuneración estable y acorde a las funciones propias de la jurisdicción se ve refrendada por diversos instrumentos internacionales que han abordado esta temática.

Entre ellos destacan los principios básicos de las Naciones Unidas sobre Independencia Judicial que expresan, en su numeral 11, que respecto de los Estados miembros: “La ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por períodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, pensión y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas”.

Por su parte, los procedimientos para la aplicación efectiva de los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, que abogan por la necesidad de asignar recursos adecuados para el funcionamiento del sistema judicial, debiendo ofrecerse a los jueces “un nivel apropiado de seguridad personal, remuneración y emolumentos”.

Por otro lado, señaló que como un consenso entre quienes ejercen la jurisdicción a nivel regional, la Cumbre Judicial Iberoamericana ha analizado y abordado acuerdos que reafirman esa necesidad. Así, el artículo 32 del Estatuto del Juez Iberoamericano, establece que: “Los jueces deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan y con las exigencias y responsabilidades que conlleva”. Asimismo, la Declaración de San Francisco de Quito, sobre Independencia Judicial de la Cumbre Judicial Iberoamericana, señala en su numeral 35 que: “La conformación del presupuesto y su administración, se procurará se realice con independencia por la autoridad competente en cada país, atendiendo integralmente las necesidades judiciales, para una pronta y cumplida administración de justicia, cuidando de brindar una digna y justa remuneración a los servidores judiciales, esto es, jueces, autoridades administrativas, profesionales y funcionarios, con mecanismos de aumento, actualización y estabilización monetaria preestablecidos, en que no sea necesario discutir año a año tales aspectos, sin que tales emolumentos puedan ser congelados o disminuidos, pues sin duda resienten el ejercicio independiente de la función jurisdiccional.”.

En tercer lugar, mencionó la naturaleza y particularidades que diferencian las funciones del Poder Judicial y las ejercidas por otros Poderes u órganos del Estado.

Explicó que las funciones propias del Poder Judicial no se pueden considerar equivalentes a las de autoridades políticas como el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios e intendentes, ni a las de los parlamentarios, pues el ejercicio de aquélla exige conocimientos especializados que requieren largos años de experiencia y estudio y un estable permanencia en la institución, en el marco de la carrera funcionaria.

A ello se suma, puntualizó, la existencia de una instancia obligatoria de entrada al sistema judicial a través de la Academia Judicial, a partir de cuyo egreso se inician las posibilidades para ingresar a un sistema de largo aliento, en función del principio de inamovilidad, asegurado constitucionalmente hasta los 75 años.

Precisamente, destacó que este carácter estable de la función jurisdiccional es uno de los elementos más distintivos que permiten analizar con particularidad dicho rol, en comparación con el carácter contingente que por definición tienen en su duración y contenido aquellos cargos ejercidos por autoridades políticas. Tal estabilidad exige, para cumplir con seguridad la función del juzgador en su más genuino sentido, la existencia y permanencia de determinadas características estatutarias a su respecto, del que no está exento su nivel de remuneración.

En cuarto lugar, se refirió a las restricciones de ejercicio libre y otros ingresos.

Recordó que el Código Orgánico de Tribunales prohíbe a los funcionarios del Poder Judicial el ejercicio libre de la profesión de abogado y limita las horas que pueden destinarse a funciones académicas, restringiendo la posibilidad de complementar renta con otros ingresos. Tal limitación, que ha sido concebida para reducir al máximo los conflictos de interés del juzgador en todos y cada uno de los asuntos que sean sometidos a su conocimiento arriesga fuerza y desnaturalización en la medida que la respectiva remuneración –única fuente de ingreso- se reduzca.

Mencionó que el año 2007, a través del Acta 21-2007, el Pleno de la Corte Suprema estableció mayores regulaciones sobre el modo de ejercer la actividad docente para todo los integrantes de la institución, indicando que tales labores no deben interferir en el cumplimiento de sus obligaciones, debiendo realizarse después de las 15:00 horas, en un número prudente de unidades académicas y en una carga horaria que permita cumplir las funciones de su respectivo cargo.

En quinto lugar, indicó los logros y desafíos del Poder Judicial en su proceso de modernización.

Afirmó que desde el año 2000 el Poder Judicial ha debido implementar distintas reformas procesales y orgánicas que han implicado importantes esfuerzos institucionales en materias de capacitación, modernización informática, y adecuación de procedimientos internos, entre otros, que se han materializado en una experiencia exitosa de modernización al sistema judicial, que es ejemplo y modelo a seguir para otros países. Ejemplos de ello son la Reforma Procesal Penal, la Reforma de los Tribunales de Familia y Reforma Laboral, cambios de modelos de justicia que implicaron una reconversión hacia la oralidad y la inmediación en los procesos judiciales, que requirió un gran esfuerzo y adecuación de nuestra institución, que en ocasiones implicó incluso adoptar medidas internas para enfrentar la escasez del personal proyectado por ellas –como el caso de la Reforma de Familia y Laboral- que fue resuelta en sede legislativa años después de su entrada en vigencia.

Agregó que otro tanto ocurre con la implementación en 2016 de la Ley N° 20.886, de tramitación electrónica, cuerpo legal que hizo extensiva su aplicación no sólo a los tribunales civiles, sino a todos los tribunales especiales del Poder Judicial, incluyendo también a las Cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema. Este cambio radical en la forma de tramitación judicial ha beneficiado directamente a los usuarios facilitando el ingreso, consulta y seguimiento de causas y escritos, incrementando además los niveles de trasparencia y oportunidad de la laborar jurisdiccional. Tal proceso, al igual que las reformas procesales, ha implicado grandes esfuerzos en materia de capacitación y reconversión de los funcionarios judiciales, así como en el desarrollo de nuevos sistemas de tramitación e interacción con el usuario a través de la Oficina Judicial Virtual.

Finalmente, se refirió al capital humano que compone actualmente el Poder Judicial y su alto nivel de profesionalización y especialización.

Destacó que dadas las características de los cargos del Escalafón Primario, es posible que sean considerados como puestos de alta complejidad. Desde un punto de vista técnico, el motivo guarda relación, principalmente, con las exigencias de procesamiento de información a la que están sometidos sus ocupantes y con la necesidad de formación especializada y capacitación continua. Lo anterior evidencia la importancia de una reflexión mesurada, que considere el impacto que una reforma de la naturaleza propuesta pueda tener sobre el capital humano institucional. En caso contrario, es posible prever una serie de repercusiones que se generarían producto de una eventual disminución de la remuneración.

En efecto, puntualizó que una disminución en la renta repercutirá negativamente en el atractivo de la carrera judicial, dificultando la incorporación de abogados y abogadas que cuenten con el potencial para desarrollar sus conocimientos y habilidades al nivel requerido.

También, afirmó que es posible anticipar un impacto en el desempeño y satisfacción laboral de los integrantes del Escalafón Primario. A corto plazo, una modificación de tal naturaleza afectará negativamente la percepción de justicia organizacional y a mediano plazo, podría impactar en el valor percibido de ascender en el escalafón judicial, lo que, a su vez, disminuirá el incentivo vinculado a la formación continua.

En el marco de la implementación de las reformas que ha debido enfrentar el Poder Judicial a partir del año 2000, precisó que la institución ha experimentado un importante crecimiento de su dotación, lo que ha permitido la incorporación de nuevos profesionales, además de generar en los funcionarios más antiguos la motivación por estudiar y perfeccionarse para mejorar sus posibilidades de ascenso y carrera dentro de la institución.

En ese contexto, hizo presente que el capital humano con el que cuenta el Poder Judicial está compuesto por un 71% de personas con título de nivel profesional y un 11% con títulos de nivel técnico.

Dado lo anteriormente señalado, sostuvo la pertinencia de excluir al Poder Judicial del marco normativo sugerido por el proyecto. Lo anterior no implica, en caso alguno, no estar dispuestos a pensar en un sistema de remuneración que supere las lógicas contingentes, en función precisamente de la independencia, que es principio capital del juez.

Hizo presente que, en el año 2017, propusieron al Ministerio de Hacienda la formulación de un proyecto que regulara un mecanismo especial de reajustabilidad para el Poder Judicial, el cual consideraba como base las variaciones del IPC y su revisión cada cuatro años.

Declaró que el diagnóstico a que es posible arribar tras el análisis de los fundamentos y efectos de la iniciativa legal en comento, obliga a relevar su carácter asistémico, distorsionador de la orgánica de instituciones que no formaron parte de la idea original del proyecto y que no responden a las particularidades de los órganos políticos.

Esas problemáticas se acentúan cuando en esta fórmula se incluye en una misma lógica de arrastre a quienes ejercen la jurisdicción, y que resuelven los conflictos jurídicos de todos los habitantes del país, incluidas las propias autoridades políticas. El efecto negativo se acentúa al dimensionar los alcances que esta reforma producirá en cascada en una institución como la nuestra, en que el diseño orgánico jerárquico y la consecuente carrera judicial que promueve los ascensos, perdería sentido lógico.

Por ello, adhirió a la idea planteada por el Honorable Senador Francisco Huenchumilla, sobre lo insostenible que resulta mantener todos los alcances previstos en el actual proyecto de reforma constitucional, abarcando en una misma iniciativa a órganos del Estado de diversa naturaleza, debiendo ser el Ejecutivo quien se haga cargo de un debido análisis y un proyecto de reforma total al sistema de remuneraciones públicas, con todos los estudios pertinentes para ese fin. Ello contribuiría a descartar que la iniciativa se torne en un simple mensaje político más que en una contribución efectiva.

En esa misma línea, estimó, al igual que el mencionado Senador, que lo más razonable para los propósitos originales del proyecto, es volver la mirada hacia aquello que motivó la iniciativa, esto es, las autoridades de carácter político. En concreto, junto a los parlamentarios, por la naturaleza de sus cargos, podría también extenderse su aplicación hasta las autoridades de los órganos de la Administración regulados en el artículo 1° de la Ley N° 18.575.

Finalmente, sostuvo que están abiertos a una fórmula que ordene de modo permanente las remuneraciones del Poder Judicial, pero los antecedentes hasta aquí debatidos en este Congreso Nacional invitan a pensar en que una iniciativa de ese tipo se analice en una oportunidad distinta, con motivos y principios que respondan a las características particulares de la función jurisdiccional.

Seguidamente, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe ofreció la palabra a los integrantes de la Comisión.

El Honorable Senador señor De Urresti expresó que, respecto de la exclusividad, no tenía conocimiento del Auto acordado relacionado con las funciones académicas. Seguidamente preguntó si existían casos de magistrados que cumplan funciones de decano o de directores en alguna Universidad.

Luego, abogó por la equidad en las remuneraciones entre la Máxima Autoridad de la Corte Suprema y el funcionario que está en un nivel inferior en el escalafón.

Al hacerse cargo de estas observaciones, el Presidente de la Excma. Corte Suprema, señor Silva, manifestó que no está en conocimiento de que en la actualidad algún magistrado desempeñe algún cargo directivo. Reconoció que hubo un caso, sin embargo, corresponde a una situación excepcional.

Agregó que él ejerce la docencia en la Universidad San Sebastián, realizando clases un día a la semana durante dos horas, lo que constituye la tónica de los demás magistrados, quienes respetan las normas respectivas.

Seguidamente, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra al Ministro del Máximo Tribunal, señor Sergio Muñoz, quien comenzó su intervención señalando la exclusividad de la función jurisdiccional es absoluta. Agregó que no es posible sobrepasar las doce horas de docencia que señala el legislador en el Código Orgánico de Tribunales.

Hizo presente que se ha recopilado información, sin embargo, manifestó que aún no se encuentran en condiciones de afirmar que nadie vulnera la disposición. Constató que año a año los magistrados deben actualizar esa información en la declaración de intereses.

En relación a la equidad en las remuneraciones, hizo presente que debe distinguirse en el Poder Judicial los tres escalafones existentes, a saber, el primario, el secundario y el de funcionarios. Agregó que en el primero de los mencionados, las brechas son menores. Sin embargo, en el último de los nombrados pueden existir mayores diferencias. Pese a ello, expresó que, si se vincula a la equidad interna, en el mencionado Poder no hay un desequilibrio abismante en las remuneraciones, y nadie gana diez veces más que lo que percibe el funcionario de menor remuneración. Asimismo, consignó que en el Poder Judicial no hay ningún funcionario que gane más que el Presidente de la República.

Seguidamente, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe le ofreció la palabra al Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Felipe Ward, quien recordó que participaron en la discusión de la presente iniciativa en la Cámara de Diputados.

Consideró relevante el presente proyecto de reforma constitucional y mencionó que, como Ejecutivo, están trabajando en una labor interministerial para presentar una indicación durante la discusión particular de esta iniciativa

Destacó que es importante trabajar a través de criterios técnicos, lo que debe ahondarse posteriormente y logrará entroncar la presente discusión con quienes son las autoridades que podrían verse afectadas en un texto definitivo.

Hizo referencia a un estudio preliminar de la Dirección de Presupuestos en que se calcula el número de funcionarios afectados dependiendo del porcentaje de rebaja de remuneraciones que se realice. Recalcó que un órgano externo debe hacerse cargo de fijar las remuneraciones, tomando en consideración criterios técnicos.

Asimismo, manifestó que existe preocupación pública por la forma en que se resolverá en el segundo trámite constitucional el tema de la transitoriedad.

Finalmente, aclaró que el Ejecutivo le ha impuesto siete veces urgencia a la tramitación del presente proyecto de reforma constitucional, y en seis oportunidades se la ha renovado, lo que da cuenta del interés en el pronto despacho del mismo.

Seguidamente, el Presidente dela Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra al profesor de Derecho Administrativo, señor Luis Cordero, quien agradeció la invitación de la Comisión.

Al iniciar su intervención, señaló que haría algunas consideraciones generales sobre esta iniciativa. En primer lugar, señaló que estamos ante un proyecto de reforma constitucional que está vinculado a la dieta parlamentaria, lo que constituye uno de los problemas constitucionales más antiguos del sistema institucional chileno. Consignó que éste tiene su origen en la Constitución Política de 1925. Agregó que se trata de un tema nunca resuelto adecuadamente y que se profundizó con el sistema de asignaciones parlamentarias.

Constató que el mencionado texto constitucional remitía a la ley la regulación de la dieta parlamentaria. Añadió que la confusión de planos que presenta la iniciativa en estudio, se debe a una cuestión que lleva un siglo sin resolverse. Hizo presente que durante el Gobierno del ex Presidente Frei Montalva tuvo lugar una ácida disputa con el Congreso Nacional respecto a la regulación de la dieta parlamentaria.

Luego, recordó que en la Carta Fundamental vigente se estableció una regla de homologación de la dieta parlamentaria con la remuneración de los Ministros de Estado. Aseveró que, la mencionada regla provoca una serie de distorsiones, a saber: asimila laborales que no son equivalente; distorsiona los ajustes por rentas (el mejor ejemplo fue la ley 19.863) y en términos comparados la asimilación es equivocada, tal como lo señaló en su momento el Servicio Civil y el Banco Central.

Dado lo anterior, estimó que resulta indispensable establecer el sistema de rentas de los parlamentarios tal como venía pensado en la Constitución Política de 1925, es decir, distinto al del sector público. En eso la propuesta original del proyecto es correcta, porque evita el conflicto de interés que actualmente tiene el Congreso, pero su amplitud a otros ámbitos de la función pública es incorrecto, inidóneo y puede poner en peligro otras políticas públicas de mejoras del sector público que han tomado años.

Manifestó que el sistema de remuneraciones del sector público depende de la ley, y ello porque el Congreso Nacional define para ellos su estructura salarial. Ese es el origen de las escalas de sueldo, diversas al inicio y pretendidamente unificadas con posterioridad. De ahí que el rol de la Contraloría, desde 1927, ha sido tan determinante por la facultad privativa de interpretar sobre las remuneraciones en la Administración Pública. Por lo mismo, dentro del sector público -distinto al Congreso Nacional- no es lo mismo la Administración Pública, que los demás poderes públicos.

Expresó que las remuneraciones en el sector público constituyen un indicador que no sólo corresponde al derecho a la contraprestación por la labor desempeñada por parte de un servidor público. Agregó que éstas, en el Estado, cumplen tres roles adicionales, a saber: (a) es un indicador para evaluar independencia y autonomía; (b) incentiva la existencia de gestores públicos profesionales con carreras separadas de las políticas y (c) es un mecanismo que tiene por finalidad neutralizar los riesgos de corrupción.

Precisó que si se analizan las políticas públicas de reforma al Estado -en su globalidad- implementadas por distintas administraciones desde finales de los 90, ellas se han basado en la estructura de remuneraciones como un elemento central de su gestión. Es lo que sucedió con los pagos por desempeño; las modernizaciones sectoriales en servicios estratégicos con mecanismos de asignaciones propias (CDE, SII); el sistema de remuneraciones por dirección superior (ley Nº19.863, 2003) y la asignación por función crítica (ley 19882). A cambio de esto, se han establecido progresivas reglas de incompatibilidad, aún incompletas.

Luego, sostuvo que no hubiese sido posible una reforma a la Corte Suprema en 1997 sin una herramienta de estas características. La reforma procesal penal fue posible, entre otras cosas producto de estos instrumentos.

A cambio de esa estructura, manifestó que progresivamente se han ido imponiendo deberes más estrictos en materia de inhabilidades e incompatibilidades. Hizo presente que el Congreso Nacional presenta el siguiente dilema, o rebaja rentas o es más estricto en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Puntualizó que en la actualidad esas reglas sólo se han aprobado para la Comisión de Mercado Financiero.

En relación al proyecto de reforma constitucional en estudio, hizo presente, como cuestión previa, que las remuneraciones actuales ya son públicas. El artículo 8° de nuestra Constitución se ha ido transformando en una regulación orgánica, más que de principios y por lo tanto pareciera razonable repensar la ubicación de estas reglas. Una posibilidad es a continuación del artículo 62, que es finalmente la regulación que está afectando.

Por otra parte, afirmó que el concepto autoridad y jefatura es de una amplia denominación para la jurisprudencia. Agregó que constituye un error creer que esto afecta a los dos primeros niveles jerárquicos. Aclaró que los debates jurisprudenciales asociados a declaraciones de patrimonio e intereses son un buen ejemplo de esto. La determinación concreta de ese universo es clave para delimitar sus alcances.

Asimismo, manifestó que el proyecto aplicado al resto del sector público es una mala regla, ya que contradice la política pública desarrollada en los últimos años, afecta la independencia de algunos poderes públicos, no considera los efectos que tiene en el actual sistema de remuneraciones y pone en riesgo la integridad de la función pública.

Indicó que este es el riesgo más complejo y ampliamente advertido en la experiencia comparada. Como señala el reciente informe sobre la “Integridad en las políticas públicas. Claves para prevenir la corrupción”, del Banco de Desarrollo de América Latina, las “compensaciones salariales relativamente altas en el sector público pueden incentivar la integridad en contextos en que existe una amenaza efectiva de perder el puesto ante una irregularidad”. (p. 87).

Constató que bajar rentas perjudica o genera este tipo de incentivos que son inadecuados. Por lo mismo, manifestó que esto es especialmente complejo en el caso de las rebajas automáticas aplicables a personas sujetas a sistemas de concursabilidad que accedieron a sus cargos con indicación de renta o bien los cargos sujetos a Código del Trabajo.

Hizo presente que existe una amplia jurisprudencia reciente de la Corte Suprema sobre cambios de grados para personas que llevan mucho tiempo en un cargo. Agregó que la alteración del grado, por ejemplo, implica la afectación de la confianza legítima, aunque esto no genera un problema de constitucionalidad.

Precisó que esta discusión no es nueva, se planteó en el pasado en el Derecho español producto de la ley que obligó forzosamente a las jubilaciones de profesores, funcionarios y jueces a los 65 años, adelantando la edad que existía previamente. Lo que se debía resolver en esos casos era si esas medidas implicaban merma patrimonial sobreviniente que se traducía en privación de derechos efectiva, entonces esas personas podían tener derecho a una indemnización.

Por otra parte, indicó que el proyecto desconoce la realidad de la estructura remuneratoria del sector público. Agregó que en la actual estructura sobre cómo pueden estructurarse las plantas por grado, la Ley de Bases Generales tiene el criterio de, a igual labor igual remuneración. Agregó que es posible establecer un criterio legal para que las plantas sean estructuradas sobre la base de equidad, de modo de establecer criterios de lineamiento en cuanto a la estructura mínima y máxima. Ello significa establecer un análisis de todas las plantas del sector público.

Añadió que, en estricto rigor, la rebaja implica alterar las normas sobre escalas de remuneraciones, construidas sobre una estructura jerárquica de la Administración. Aseveró que el proyecto se desentiende por completo de esa estructura de definición de rentas sobre la cual está diseñado la totalidad del sector público en nuestro país.

Expresó que la iniciativa complejiza además la reforma al empleo público, uno en donde es indispensable separar las carreras profesionales de las políticas. Este proyecto las confunde a ambas. Afirmó que los datos son especialmente complejos si se considera que cerca del 70% de los empleos en la Administración Pública se encuentran en alguna hipótesis de transitoriedad (contrata y honorarios).

Agregó que las iniciativas de reforma al empleo público se pueden ver perjudicadas por el proyecto en estudio que constitucionaliza buena parte de su regulación. Por lo mismo, reiteró que el origen de la presente iniciativa está vinculado a la dieta parlamentaria.

La reforma, a su vez, genera efectos negativos en sectores que técnicamente no son homologables. Es lo que sucede, precisó, con el Poder Judicial, las empresas públicas o las universidades del Estado. Afirmó que en todas existen recientes políticas salariales de diverso contenido y propósito.

Sostuvo que la Comisión de Mercados Financieros es un muy buen ejemplo, ya que el Congreso Nacional señaló explícitamente que el propósito central que se busca es tener un régimen de remuneraciones competitivo, entre otras cosas, para atraer talentos desde el sector privado y evitar riesgos de malas prácticas en el sector público. Añadió que a la mencionada institución se le incorporó reglas de inhabilidades e incompatibilidades.

Finalmente, manifestó que estamos ante un proyecto de reforma constitucional que debe circunscribirse sólo a las dietas parlamentarias. Agregó que tiene consecuencias negativas, no analizadas y que deben ser evaluadas cuando se incorpora a otros ámbitos del sector público donde existen otros criterios de consideración.

A continuación, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra al profesor de Derecho Constitucional, señor Sebastián Soto, quien comenzó aclarando que como Consejero del Consejo de Defensa del Estado tiene la calidad de funcionario público. En todo caso, precisó que viene a exponer y entregar su opinión en su calidad de profesor de derecho constitucional.

Inició su exposición defendiendo la regla contenida en el artículo 62 de nuestra Constitución, que se señala que: “Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan.”

En relación a la importancia de la dieta parlamentaria, aseveró que tanto el Tribunal Constitucional como la doctrina han manifestado que ésta cumple una función democratizadora (STC. 2868)

Agregó que la Comisión de Constitución del Senado en el año 1948 señaló en un informe que: “La dieta tiende a procurar al representante una situación económica que le asegure su independencia”.

Asimismo, recordó que bajo la Constitución de 1833 y su reforma de 1892 se estableció que los cargos parlamentarios serían gratuitos.

Agregó que, en la carta Fundamental del año 1925, se dispuso en su artículo 44, lo siguiente: “Solo en virtud de una lei se puede: 6.o Fijar la remuneración de que gozarán los Diputados y Senadores. Durante un período legislativo no podrá modificarse la remuneración sino para que produzca efectos en el período siguiente.”.

En la Constitución de 1980 se incorpora la regla del actual artículo 62. Ella posee virtudes y algún defecto. En cuanto a las primeras, la principal, consiste en que evita que los parlamentarios se fijen directamente sus dietas sin referencia a ningún parámetro, y el defecto radica en cierta ambigüedad al hacer la referencia a las asignaciones.

Expresó que en la discusión parlamentaria se intentó, en primer lugar en los años 70, vincular la remuneración de un Ministro de Corte Suprema y posteriormente se modificó a la regla que conocemos hoy.

Luego, hizo presente que la actual normativa busca mantener una cierta equivalencia entre las dietas parlamentarias con las remuneraciones de las autoridades políticas. Añadió que actualmente existe una regla de fijación indirecta y en materia de asignaciones se cuenta con el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.

Estimó que es acertado mantener la regla consagrada en el artículo 62 de la Carta Fundamental. Connotó que estamos ante una disposición inteligente, que evita los defectos que se plantearon bajo la Constitución de 1925.

En relación al proyecto de reforma constitucional en discusión, anunció once propuestas, tanto respecto al artículo permanente como del transitorio.

1.- En cuanto a la ubicación.

Sugirió sacar del artículo 8° la norma propuesta. Reseñó que el Profesor Silva Bascuñán señaló que: “Las Bases de la Institucionalidad constituyen los principios básicos y fundamentales que orientarán nuestro ordenamiento constitucional y cuyo desarrollo se manifestará en el articulado del texto. Son las Normas inspiradoras”.

Dado lo anterior, sugirió incorporarla al artículo 62 o a un nuevo artículo 38 bis, puesto que en el artículo 38 se consagran las bases generales de la Administración del Estado.

2.- Se debe evitar la excesiva reglamentación de la Constitución.

Enfatizó que una norma como la propuesta rompe con la tradición constitucional de normas breves y nos acerca a modelos de Constituciones extensas, como la de Brasil o México.

Para lo anterior, propuso eliminar el encabezado. Es decir, suprimir la publicidad de las remuneraciones y dietas. Ello ya existe en el artículo 7, letra d) de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.

3. Competencia de la Comisión.

Sugirió que la competencia debe delegarse a una futura ley, porque no resulta conveniente clausurar su objeto. Perfectamente podría fijar también asignaciones y otros estipendios.

4.- Acotar el ámbito de órganos comprendidos dentro de las competencias de la Comisión.

El proyecto de reforma constitucional enumera casi todos los capítulos de la Constitución, salvo el Banco Central, por razones lógicas. Agregó que incluso comprende a las Municipalidades.

Por otra parte, indicó que no resulta sensato sacar de las materias de ley las normas vinculadas con las remuneraciones de los órganos públicos.

Luego, precisó que la Comisión que se crea no puede saltarse todas las leyes; la atribución constitucional no tiene a su juicio, la especificad ni la determinación suficiente como para considerar que todas las leyes de remuneraciones pierden su vigencia por la nueva norma constitucional.

Si además se busca deslegalizar, se preguntó cuál es el futuro de la Ley de Reajuste del Sector Público. El Congreso Nacional no puede dejar que esos temas se definan mañana por vía de la litigación ante las Cortes y por los dictámenes de Contraloría General de la República. Agregó que es imprescindible generar una delegación a la ley para que fije cuáles son los órganos políticos comprendidos dentro de la competencia de esta Comisión.

5. Integración de la Comisión.

Sostuvo que la iniciativa propone constitucionalizar la Alta Dirección Pública, puesto que ésta no está consagrada en nuestra Carta Fundamental. Sugirió que la ley y no la constitución, defina el estatuto de sus integrantes; así como las incompatibilidades; la remuneración; la duración en el cargo; las reglas de reemplazo, la cesación en el cargo, etcétera.

6. Otras reglas.

Sugirió suprimir los tres últimos incisos, que dicen relación con la secretaría técnica de la Comisión; el reajuste de las remuneraciones y dietas, y con la regla que dispone que ninguna autoridad pública podrá recibir una remuneración o dieta superior a la que perciba el Presidente de la República.

Constató que no es necesario constitucionalizar el índice de precios al consumidor (IPC), y que tampoco es recomendable establecer un reajuste anual.

Respecto al límite en la remuneración, advirtió que ello no es necesario, ya que puede ser definido por la ley.

Además, aseguró que una norma como ésta, que rige in actum, transforma en inconstitucional remuneraciones como las de los Consejeros del Banco Central y de otros funcionarios que aumentan sus remuneraciones por bienios.

7.- Modificación a la iniciativa exclusiva.

Declaró que se agrega una frase confusa, que entrega la iniciativa a los parlamentarios para fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, del Presidente, los Ministros, los diputados y senadores, y de las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale.

Lo anterior significa romper con un principio que nace en nuestro derecho constitucional en el año 1943. Aseveró que perfora toda la filosofía que hay tras la idea de la iniciativa exclusiva del Jefe de Estado.

Reveló que se ha dicho que una de las explicaciones de una norma de tal naturaleza es que buscaría intentar salvar la inconstitucionalidad formal que tendría el presente proyecto. Puesto que, lo que hace la iniciativa en discusión es reducir las remuneraciones de una serie de autoridades. Observó que no es un buen argumento, porque una norma de este proyecto no puede intentar salvar su inconstitucionalidad.

En todo caso, observó que es muy discutible sostener que la iniciativa exclusiva rige también en materia de reformas constitucionales.

En relación a la disposición, transitoria, realizó las siguientes sugerencias:

8) Incorporar con mayor precisión la norma de vigencia.

Ella dispone: “Esta reforma constitucional comenzará a regir una vez que entre en vigencia la modificación a la ley orgánica constitucional a que hace referencia el artículo 8…”

Precisó que la única norma orgánica constitucional a que hace referencia el artículo 8° es la norma vinculada con la declaración de patrimonio e intereses y la administración por terceros del patrimonio de las autoridades.

Asimismo, el inciso primero de la disposición transitoria agrega que la modificación a la ley orgánica constitucional deberá ser presentada mediante un proyecto de ley con urgencia calificada de suma por el Presidente de la República en el plazo de treinta días contado desde la publicación de esta reforma y tramitada en idéntico plazo.”

Hizo presente que es por todos conocidos la institución de las urgencias, y ellas no tienen sanción expresa por su cumplimiento. Atendido lo anterior, sugirió eliminar la regla precedente.

9) Límite a las remuneraciones.

Se mostró partidario de suprimir el límite a las remuneraciones. Ella señala que: “Ningún funcionario de planta, a contrata, ni de dotación a honorarios que se desempeñe dentro de los órganos comprendidos en los capítulos señalados en el artículo 8, podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades.”

Enfatizó que la prohibición reduce las remuneraciones en toda la administración. Agregó que si es que el Congreso Nacional quiere avanzar en este proyecto, sugirió acotar la rebaja de remuneraciones y dietas exclusivamente para los parlamentarios y ministros. Y adicionalmente extraer de la escala de remuneraciones a los ministros; permitiendo que el jefe de servicio, el subsecretario, mantenga su remuneración actual. De lo contrario se terminará reduciendo todas las rentas en la administración.

10) Reducción de dieta inmediata.

Recordó que los incisos segundo, tercero y cuarto señalan lo siguiente:

“En el período que media entre la publicación de esta reforma constitucional y la fijación de remuneraciones que establezca la comisión señalada en el inciso quinto del artículo 8 y la ley orgánica constitucional respectiva, las autoridades de la Administración del Estado y quienes ejercen cargos de elección popular en los órganos comprendidos en los capítulos IV, V y XIV, con excepción de consejeros regionales, alcaldes y concejales, sólo tendrán derecho a percibir el cincuenta por ciento de su remuneración o dieta vigente.

Con todo, para efectos de dar cumplimiento a esta disposición transitoria, la derogación del artículo 62 entrará en vigencia en el momento en que la comisión fije la referida remuneración o dieta de los diputados y senadores en ejercicio.

A todo evento, publicada esta reforma de la Constitución, los Secretarios Generales de cada Cámara del Congreso Nacional procederán a aplicar de pleno derecho en el pago de la dieta a diputados y senadores, un descuento del cincuenta por ciento respecto de la vigente, hasta que la comisión disponga lo que corresponda respecto de las autoridades señaladas. Asimismo, se procederá a la rebaja de las remuneraciones de los Ministros de Estado, según lo dispuesto en el inciso segundo.”

Estimó que estas disposiciones debe redactarse bien para que se sepa con claridad sus destinatarios, además se debe incorporar una cláusula de salida para los parlamentarios, ya que se produce un cambio sustancial en el estatuto de sus remuneraciones.

Reseñó que, en alguna medida eso buscaba la cláusula de la Constitución de 1925 y la de la Constitución de EEUU. La Constitución de 1925 tenía una regla adicional que desapareció en 1980, donde se señalaba que: “Durante un período legislativo no podrá modificarse la remuneración sino para que produzca efectos en el período siguiente”

11) Recursos sobrantes.

En relación a ello, sugirió eliminar la referencia al ahorro, ya que es innecesario, porque si hay un ahorro es solo respecto del año en curso, y la norma caerá en desuso rápidamente.

Agregó que tampoco tiene sentido la norma que autoriza al Presidente de la República, al dictar el texto refundido, coordinado y sistematizado de esta reforma constitucional, para disponer que aquellos asuntos que se remitan al artículo 62, que se deroga, serán regulados conforme lo determina esta reforma constitucional.

Finalmente, detalló que no es necesario dictar el texto refundido de esta reforma. Eso lo hizo el ex Presidente Lagos la última vez con una reforma mucho más completa y por razones simbólicas.

A continuación, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra al profesor de Derecho Constitucional, señor Carlos Carmona, quien en primer lugar, agradeció la invitación de la Comisión.

En segundo lugar, advirtió que le correspondió informar el presente proyecto de reforma constitucional para una entidad pública. Sin embargo, precisó que en ese trabajo no abarcó los aspectos a los que se referirá a continuación.

Seguidamente, indicó que definir la renta de los senadores y diputados es un asunto de la mayor importancia, por varias razones.

Desde luego, porque los parlamentarios cumplen un rol central en una democracia representativa, toda vez que les corresponde participar de manera relevante en el proceso de elaboración de las leyes que rigen al país. Esa labor, la deben desarrollar con autonomía, dignidad y eficacia. No es, por tanto, asunto que se pueda tomar a la ligera y ese es un error que puede generar distorsiones para el funcionamiento del proceso democrático.

Enseguida, manifestó que nuestro sistema, a lo largo de la historia, no ha regulado adecuadamente esta materia. Ello ha expuesto innecesariamente a los parlamentarios ante la ciudadanía.

Señaló que comprendía lo difícil que debe ser para el Congreso Nacional tomar una decisión sobre sus propias rentas. Sobre todo, porque una Cámara ya se inclinó por una posición. También, por las expectativas de rebaja que hay en la opinión pública. Además, explicó que actualmente parece que nadie quiere oír razones contrarias a la rebaja de la dieta.

Sin embargo, subrayó que nadie repara en que, por primera vez en décadas, se están rebajando remuneraciones, no subiéndolas o reajustándolas. Es cierto que el régimen remuneratorio de los parlamentarios tiene rango constitucional (art. 62°). Pero, el camino que se ha escogido termina afectando las rentas de todos los servidores públicos.

Además, a veces la comparación de renta con otros países, no tiene en cuenta varios factores. Por de pronto, que nuestro Congreso Nacional se encuentra físicamente separado de las oficinas principales del Ejecutivo. Ello implica un gasto de traslado. Además, tiene semanas distritales obligatorias. Asimismo, el parlamento se enfrenta con un Ejecutivo fuerte y con grupos de interés bien asesorados. Por otra parte, el Congreso Nacional es demandado por hacer mejores leyes.

Hizo presente que los parlamentarios deben recibir remuneración. La reciben todos los servidores públicos. Distinto es que en el sector público las remuneraciones se fijan por normas; en cambio, en el sector privado, se negocian individual o colectivamente.

Dicha percepción se justifica porque es la contraprestación al delicado trabajo que hacen. También, porque es una garantía constitucional recibir una justa retribución (art. 19 N° 16).

Constató que la Constitución de 1833 guardó silencio en la materia y luego, por reforma constitucional de 1892, consagró expresamente la gratuidad del trabajo parlamentario. Ello era consistente con que los ciudadanos, para ser elegidos diputados y senadores, debían tener una renta (art. 21° y 26°).

De ahí que cuando se estableció en la Constitución de 1925 la dieta parlamentaria, se buscó asegurar que todas las personas pudieran aspirar a ser parlamentarios. Por eso, se eliminó la exigencia de renta y se les garantizó una remuneración. Sin renta, los que no tienen ingresos, no pueden asumir esta función de representación.

La consagración de esta renta, en 1924, mientras se esperaba la dictación de la nueva Constitución, provocó lo que se conoce como “ruido de sables”.

A veces, cuando se habla del cambio del régimen político, para equilibrar los poderes, se piensa en grandes ajustes. Pero dicho equilibrio a menudo tiene que ver con las remuneraciones. El Ejecutivo, cuando tramita un proyecto de ley, tiene un grupo grande de asesores a cargo del proyecto. La asesoría calificada también se observa en los grupos de interés, que reclutan a los mejores profesionales que los puedan ayudar. Sin embargo, quien tiene que tomar la decisión sobre la ley, es decir, el parlamentario, tiene limitaciones para obtener la mejor asesoría por los topes remuneratorios. El equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso, pasa también por estos detalles.

Sin embargo, aclaró que el asunto de las rentas de los parlamentarios no ha sido bien resuelto por la normativa que la regula.

En seguida, recordó que la Constitución de 1833, hasta el año 1892, no se refería a la materia. Por reforma constitucional de ese año, se estableció expresamente la gratuidad (art. 21°). Las constituciones previas, tuvieron dos posiciones. La de 1814, estableció que “su servicio será sin más sueldo que la gratitud de la Patria”. La de 1818 y la 1822, en cambio, establecieron remuneraciones. La de 1823 y la de 1828 no decían nada en la materia.

La Constitución de 1925, por su parte, entregó a una ley la fijación de la remuneración de los parlamentarios (art. 44° N° 6), agregando que durante el periodo legislativo no podía modificarse la remuneración, salvo que rigiera para el periodo siguiente (art. 44° N° 6).

Sin embargo, este sistema de determinación por ley, tuvo tres periodos.

El primero, fue entre 1925 y 1941. Por disposición constitucional transitoria, se fijó una renta mientras se dictaba la ley respectiva (disposición octava). Dicha ley se dictó en 1941 y fue la ley N° 6.922.

El segundo periodo, entonces, consistió en un monto fijado por ley. Duró hasta el año 1965. Durante este periodo, numerosas leyes otorgaron reajuste a ese monto; y otras otorgaron asignaciones especiales.

El tercer periodo, se inicia el año 1965. Ese año se dictó la ley N° 16.250. A partir de ese instante, la renta de los parlamentarios fue equiparada al sueldo base de un Ministro de la Corte Suprema.

Sin perjuicio de ello, expresó que diversas leyes establecieron algunos privilegios remuneratorios. Por ejemplo, pases libres en transporte de empresas del Estado (LAN y Ferrocarriles); previsión social especial (Ley N° 11.745), y franqueo especial en correos.

Agregó que la Constitución de 1980, hizo tres cosas respecto de la Constitución de 1925. Por de pronto, dejó de listar en las materias que eran propias de ley, la fijación de remuneraciones de los parlamentarios. Enseguida, estableció que los parlamentarios reciben como “única renta una dieta”. Finalmente, asoció la remuneración de los parlamentarios a las de los Ministros de Estado. Estos reciben como renta una dieta, “equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan” (art. 62°).

Sostuvo que, en la actualidad, los parlamentarios no tienen sistema previsional especial. Cotizan en AFP y pueden afiliarse a Isapre o Fonasa. Por esas rentas tributan. Además, por exigencia de la Ley de Probidad (ley N° 20.880/2016), están obligados a declarar cualquier ingreso adicional, en su declaración de intereses y patrimonio, el que es público.

Como se observa, para el Congreso Nacional nunca ha sido fácil decidir sobre sus rentas.

En primer lugar, porque por una norma transitoria, fue la propia Constitución de 1925, la que fijó el monto de la remuneración. Ese monto quedó establecido hasta 1941, en que el legislador asumió el encargo que le había hecho la norma permanente de fijar la remuneración de los congresales.

En segundo lugar, porque la determinación por ley, duró hasta 1965. Ahí se equiparó la renta de un parlamentario a la de un Ministro de la Corte Suprema. Ello duró hasta el año 1973. Con ese sistema, el Congreso no tenía que pronunciarse directamente sobre sus propias remuneraciones.

En tercer lugar, la Constitución de 1980 equiparó las rentas a las de un Ministro de Estado.

Declaró que lo anterior es importante, porque sólo entre 1941 y 1965 el Congreso fijó sus rentas.

Sostuvo que el proyecto de reforma constitucional recoge esta lógica, en el sentido que encarga a una Comisión Externa determinar las remuneraciones de los parlamentarios.

Ello contrasta con el régimen de otros países, en que una ley lo determina. También contrasta con el régimen general de los servidores públicos, en que su renta la fija el legislador.

Agregó que asociar la renta de los parlamentarios a la de los Ministros de Estado ha generado varias dificultades.

En primer lugar, los Ministros son funcionarios públicos y se rigen por la Escala Única de Sueldo (DL N° 249). Ello implica que tienen definido por ley su remuneración. Como por sobre ellos sólo está el Presidente de la República, de quienes son sus colaboradores directos e inmediatos (art. 33°, Constitución), y están en la cúspide de los Ministerios (art. 23°, 24° y 25°, LOCBGAE N° 18.575), sus remuneraciones son de las más altas del sector público, al estar en la cúspide de la Escala Única de Sueldo (que define la remuneración de cada funcionario en base al grado).

En segundo lugar, el Estado, en los últimos 30 años, tomó la decisión de mejorar las remuneraciones de todo el sector público, sin perjuicio de los reajustes anuales. Ello incluyó a los Ministros de Estado (por ejemplo: ley N° 19.863, que creo que la Asignación de Dirección Superior). Por lo mismo, la renta de los parlamentarios creció con esos aumentos.

Finalmente, precisó que la renta de todos los funcionarios tiene dos componentes. Por una parte, un sueldo base. Ese es el que fija la EUS (o la escala de fiscalizadores, DL N° 3551). Y, por la otra, las asignaciones. El problema de estas últimas, es que no son asimilables a la labor de los parlamentarios. Desde luego, estas asignaciones tienen que ver con si un Ministro tiene título o no, con la función crítica, con la antigüedad, con el cumplimiento de metas, etc. Enseguida, un Ministro cuenta con toda la infraestructura ministerial. El Ministerio pone a su servicio, oficina, personal, auto, traslados, etc. El parlamentario, en cambio, no tiene ese sistema. Por tanto, hubo que crear asignaciones especiales para estos ítems. Y a través de la ley N° 20.447/2010, se crearon dos órganos importantes en relación a estas asignaciones. Por un lado, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (CRAP), encargado de fijar el monto, destino, reajustabilidad y criterios de usos de las asignaciones. Por la otra, se creó el Comité de Auditoría, encargado de controlar el uso de estos fondos.

Hizo presente que el Derecho Comparado tiene distintas formas de regular en la Constitución las rentas de los parlamentarios.

En primer lugar, muchos países establecen expresamente que estas rentas son pagadas con fondos públicos.

En segundo lugar, destacó que algunas constituciones establecen finalidades para estas remuneraciones. Por ejemplo, la Constitución alemana dice que esta compensación debe ser “adecuada” y que “asegure su independencia” (art. 48° N° 3).

En tercer lugar, indicó que la gran mayoría de las Constituciones entregan a la ley definir el monto de esta remuneración. Sin embargo, algunas hacen excepción a esta regla. Por ejemplo, en España las Cámaras fijan la asignación que reciben Diputados y Senadores (art. 71.4.). En Irlanda, una Comisión independiente debe hacer recomendaciones y el parlamento debe considerar esa propuesta (art. 219. 2 y 3.).

En cuarto lugar, señaló que algunos países establecen un quórum especial de aprobación. Así, por ejemplo, en los Países Bajos se requiere de 2/3 para ello (art. 63°).

Seguidamente, opinó que el proyecto de reforma constitucional despachado por la Cámara de Diputados, es bien complejo.

En primer lugar, porque se les aplica no sólo a los parlamentarios, sino que a casi la totalidad de los órganos del Estado.

En segundo lugar, porque establece que las rentas serán fijadas no por ley, sino que por una Comisión, asesorada por el Banco Central.

En tercer lugar, porque establece una rebaja remuneratoria del 50% de la remuneración o dieta.

En cuarto lugar, porque establece un doble tope de remuneración. Por una parte, respecto de toda autoridad pública, nadie puede percibir una renta superior a la que perciba el Presidente de la República. Por la otra, porque el resto de los funcionarios, sea que esté en planta o a contrata, incluso si está contratado a honorarios, no puede percibir una remuneración mayor a la que esté establecida para sus respectivas autoridades.

En quinto lugar, indicó que la norma propuesta se encuentra regulada en el artículo 8° de la Constitución, entrando en detalle impropios de la Base de la Institucionalidad. En este mismo sentido, hay reglas establecidas en la norma transitoria (vigésima novena), que en realidad son permanentes (el tope remuneratorio para el resto de los funcionarios que no son autoridades, de no ganar más que sus jefes).

En sexto lugar, expresó que la reforma determina que una Ley Orgánica Constitucional regulará esta materia. Pero esta referencia se hace en la norma transitoria, no en la permanente. También, no se señala bien el ámbito de esta ley. Asimismo, obliga a presentar una ley al Presidente de la República, en 30 días, y al Congreso a tramitar en igual plazo. Además, de su vigencia, depende la entrada en vigencia de la reforma. Sin embargo, la rebaja de renta del 50%, se aplica inmediatamente publicada la reforma y rige hasta que la Comisión que fije las rentas las determine.

Finalmente, expresó que hay lenguaje ambiguo que puede generar dificultades. Por ejemplo, se habla de “autoridades y jefaturas” (art. 8°). Y luego se habla de “autoridad pública” (art. 8°). Ello puede generar dificultades respecto de a que funcionarios se aplican. Enseguida, la enunciación de los órganos a los cuales se impone es muy genérica. Por ejemplo, se habla de “las empresas”, sin que se haga ninguna distinción entre empresas públicas creadas por ley y sociedades del Estado; y sin que se distinga la nomenclatura de sus autoridades, que es distinta a los de los órganos de la Administración.

Seguidamente, y en relación a la fijación de la remuneración de los parlamentarios, destacó, en primer lugar, que es interesante el régimen de que sea una Comisión la que fije cada cuatro años la remuneración. Eso evita que sea el Parlamento el que tenga que involucrarse en esta materia y se le acuse de estar beneficiándose. Se trata de un órgano externo, objetivo, imparcial y técnico. Asimismo, es un sistema que hoy día existe para el Banco Central (art. 8° Ley N° 18.840). Y ese régimen también lo tienen algunas empresas públicas. Por ejemplo, Codelco y Enap. Todas estas entidades tienen como estatuto base, no el Estatuto Administrativo, sino que el Código del Trabajo. Además, el régimen que se propone, tiene algunas diferencias con el que los rige. En el caso del Banco Central, las diferencias son las siguientes. Por de pronto, la remuneración se fija por decreto supremo, previa propuesta de la Comisión. Enseguida, la Comisión tiene parámetros explícitos (las remuneraciones para los más altos cargos ejecutivos de las empresas bancarias del sector privado que se encuentren vigentes). Asimismo, la propuesta de la Comisión es cada dos años. Finalmente, el sistema del Banco Central no tiene topes ni reajustabilidad automática. Lo mismo, tratándose de las empresas, pues la Comisión Externa sólo propone al Ministerio de Hacienda.

En segundo lugar, sostuvo que la rebaja de remuneraciones que establece el proyecto no es definitiva. Es hasta que la Comisión fije su propuesta remuneratoria. Esta propuesta puede terminar en un incremento, sólo que con un tope (la renta del Presidente de la República). Es importante reiterar que lo que se está estableciendo es una rebaja remuneratoria. Es cierto, explicó, que esto se hace por reforma constitucional, pero sigue siendo una rebaja al final y al cabo.

En tercer lugar, indicó que este tope de renta, es complejo, pues no se indica si abarca las asignaciones. El Presidente de la República, por ejemplo, tiene una remuneración fijada por ley. Esta comprende un sueldo base y asignaciones. Pero tiene una organización destinada a apoyarlo en esa tarea, que asume el financiamiento de su labor. Es el servicio público de la Presidencia de la República (DL N° 3529/1980; artículo 49°, LOCBGAE). En el presupuesto de este organismo, está el financiamiento de oficinas, personal de apoyo, traslados, etc. La normativa debería aclarar cómo opera este tope. Tratándose de los Ministros de Estado, la rebaja puede generar ciertas dificultades. Por ejemplo, la Asignación de Dirección Superior de la ley N° 19.863, establece una suerte de dedicación exclusiva. Por lo mismo, preguntó si la rebaja implica mantener esa dedicación.

Agregó que la disminución de remuneraciones también puede generar ciertas distorsiones. Desde luego, se concentra en las autoridades superiores. Ello puede implicar que subordinados terminen ganando más que ellos. Enseguida, estas autoridades toman decisiones muy importantes. Recordó que algunas reparticiones tienen presupuestos elevadísimos. Asimismo, se generan dudas respecto de su impacto en asignaciones, como la de Dirección Superior (ley N° 19.863), que tiene dedicación exclusiva. Del mismo modo, la rebaja en algunas autoridades generará un cuestionamiento respecto de los ingresos que no son afectados.

Luego, aseveró que el impacto del nuevo sistema en los funcionarios públicos, también es delicado, por varias razones.

En primer lugar, se termina con la regulación remuneratoria mediante una ley de las autoridades y jefaturas de los órganos del Estado. Las remuneraciones serán fijadas por una Comisión. En la actualidad, la regla constitucional prescribe, en el artículo 65°, inciso 4°, N° 4, que es materia de ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República “fijar, modificar, conceder, o aumentar remuneraciones”.

En segundo lugar, señaló que otro impacto de la reforma constitucional aprobada por la Cámara de Diputados, consiste en escindir la jefatura de los órganos del resto del personal. Mientras la jefatura se regirá por este nuevo sistema, el resto del personal seguirá sujeto a las escalas de sueldo, donde la remuneración de cada funcionario depende de dos factores: del grado que ocupe en la escala; y de las asignaciones a las que pueda acceder. Sin embargo, el sistema tendrá una complejidad para estos funcionarios subalternos, pues no podrán ganar más que las jefaturas.

En tercer lugar, hizo presente que el sistema actual tiene una estabilidad temporal. Las remuneraciones son fijadas por la ley; mientras esta no se cambie, sigue rigiendo el monto establecido. El nuevo sistema, por su parte, implica la fijación de remuneraciones de modo temporal, cada cuatro años.

En cuarto lugar, destacó que el sistema actual tiene un piso. Las remuneraciones, en general, no disminuyen; se consideran derechos adquiridos. En cambio, el nuevo sistema es variable. Las remuneraciones dependerán de los factores que la comisión encargada de determinarlas pondere. En teoría, puntualizó, la remuneración fijada por la Comisión debería siempre ascender. Pero podría, hipotéticamente, bajar. Eso generaría un problema en las remuneraciones, que no podrían superar ese tope. Ello conllevaría una rebaja de estas. Argumentó que todo lo anterior, plantearía una discusión sobre si eso es posible, por estar involucrados derechos adquiridos y por la protección del trabajo.

Asimismo, subrayó que el proyecto propone establecer un tope de renta, pues ninguna autoridad pública puede percibir una remuneración superior a la que perciba el Presidente de la República. Del mismo modo, ningún funcionario puede recibir una remuneración superior a la que se fije para sus respectivas autoridades.

En quinto lugar, expresó que el sistema actual es uniforme, en el sentido que la escala única de sueldos establece un piso mínimo común. El nuevo sistema, por el contrario, permitirá distinguir remuneraciones entre las distintas autoridades y jefaturas.

En sexto lugar, precisó que el sistema actual no tiene reajuste automático, ya que éste depende de una ley de reajuste. Por una práctica, existe una ley de reajuste anual de los funcionarios. Pero no hay obligación de establecerlo. El nuevo sistema, por su parte, establece una reajustabilidad automática anual. Ello puede presionar al reajuste general del sector público. Lo más probable es que los gremios representantes del funcionariado, exijan como piso el reajuste que se da a las autoridades y jefaturas.

Finalmente, indicó que el nuevo sistema impacta en el diseño de la Alta Dirección Pública. Como esta se aplica a los directivos públicos, pueden coincidir con autoridades y jefaturas a quienes se aplica el nuevo sistema remuneratorio. El punto es que este sistema de reclutamiento mediante concurso, se construye sobre la base de una asignación de carácter permanente y que se percibe mensualmente, sin perjuicio de los incrementos por convenio de desempeño. Como el sistema ya no necesita este tipo de asignación, porque la remuneración la fija la Comisión, habría que hacer un conjunto de ajustes legales.

En relación a la Comisión que fijará las rentas, manifestó que es necesario regularla más, o establecer que la ley lo hará. Desde luego, porque decidirá sobre un tema demasiado sensible. Por tanto, tiene que tener regulación respecto de inhabilidades, incompatibilidades, formas de tomar sus acuerdos. Enseguida, porque debería tener algunos parámetros para determinar la renta.

Añadió que el proyecto propone suprimir el artículo 62, que es el que establece la dieta. Sin embargo, ello tiene efecto sobre los ex Presidentes. A ellos se les aplica el mencionado artículo. Así como está la reforma, no habiendo ninguna norma en sentido contrario, los ex Presidentes perderían el beneficio de recibir una renta equivalente a la de los parlamentarios.

Estimó que si la Constitución les reconoció la dignidad de ex Presidentes, a quienes se desempeñaron por un periodo completo en el cargo de Presidente de la República (art. 30), es complejo establecer la supresión de la dieta que se les otorgó.

Agregó que, sin duda, cuando se ponen en el debate ciertos temas, todo se debe discutir, sin que existan cotos vedados. Pero los ex Presidentes deberían estar al margen de debates que afectan dicha dignidad reconocida constitucionalmente.

Sostuvo que el proyecto debiera definir una mejor inserción en el texto constitucional. También, debiera reducir el ámbito de los sujetos afectados por sus disposiciones. En lo posible, centrarse en la regulación de la remuneración de los parlamentarios. Además, regular lo menos posible para que sea la ley la que detalle el sistema. Asimismo, debiera aprovechar la experiencia regulatoria de otros países y tener presente todas las dificultades que ha generado la regulación de la remuneración parlamentaria en la Constitución de 1925 y en la de 1980.

Finalmente, afirmó que debieran corregirse ciertos ajustes técnicos que pueden entorpecer la aplicación de la normativa.

A continuación, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra al profesor de Derecho Constitucional, señor Arturo Fermandois, quien agradeció la invitación de la Comisión a exponer sobre el presente proyecto de reforma constitucional.

Indicó que, si se revisan los ejes de la presente iniciativa, se pueden advertir los siguientes:

1. Publicidad de las remuneraciones y dietas.

2. Fijación de las remuneraciones y dietas:

3. Límite máximo de remuneración o dieta.

4. Derogación de la regla de equivalencia constitucional entre dieta parlamentaria y renta de ministros de Estado (art. 62).

5. Excepción especial a la iniciativa exclusiva por efecto de nuevo artículo 8º, incisos 5, 6, 7, 8 y 9 (artículo 65, número 4).

6. Vigencia diferida de reforma y mandato al Presidente y Congreso para enviar proyecto de ley orgánica constitucional con suma urgencia (art. 8º).

7. Disminución transitoria de la remuneración de:

a. Autoridades de Administración del Estado

b. Autoridades y cargos de elección popular en los órganos de Gobierno, Congreso Nacional y Gobierno Regional.

c. Parlamentarios.

En relación al proyecto, se preguntó si cabe una objeción de constitucionalidad a una reforma constitucional.

Señaló que hay consenso en la doctrina que es posible hacer objeciones de forma, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 93 número 3 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a la constitucionalidad de fondo, expresó que la doctrina se encuentra dividida, sin embargo, es creciente su aceptación. Agregó que el poder constituyente está limitado por los derechos fundamentales y los principios esenciales del régimen democrático, tesis que fue recogida por la reciente reforma constitucional de la ley Nº 21.200, que modifica el capítulo XV de la Constitución Política de la República, instancia en la que se dispone que: “El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

Seguidamente, estimó prudente que se haya excluido al Banco Central de fijar las remuneraciones, ya que implicaba una situación de conflicto de interés, al tener que determinar el salario de las autoridades que designa a sus integrantes.

Sin embargo, advirtió que subsiste una situación objetiva de conflicto de interés en el proyecto, ya que las autoridades designan parcialmente a los integrantes de la comisión que les fijan la dieta, y el Senado remueve parcialmente a quiénes nombran a la Comisión.

Sostuvo que, para la determinación de las rentas de las altas autoridades públicas, en el derecho comparado se suele recurrir al Congreso Nacional. Así se hace en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y en la Constitución española.

Destacó que la presente iniciativa contiene defectos sistémicos, en las siguientes materias:

a. Coherencia fiscal.

Constató que el proyecto no es armónico con la figura presidencial como primer y último responsable de las finanzas públicas. Añadió que se lo excluye completamente del proceso, salvo a través de designaciones de miembros de la Comisión.

b. Representación política.

i. El proyecto es inconsistente con la primacía representativa del Congreso Nacional, ya que no sólo se lo sustituye por un órgano no electo en la definición de políticas públicas fundamentales, sino que se lo somete a ese órgano.

ii. Se priva al Poder Legislativo de un elemento intrínseco de su existencia. Se crea un órgano legislador sectorial. Equivaldría a sustraer de los tribunales facultades jurisdiccionales y trasladarlas a un órgano anómalo.

c. Legitimidad de la ley. El proyecto no es armónico con la noción de la ley como norma jurídica de mayor legitimidad (esto justifica, por ejemplo, que sólo la ley pueda establecer impuestos, crear tribunales de justicia, establecer delitos). Ninguna otra norma, incluyendo las que dicte la Comisión, gozarán de igual legitimidad.

d. Historia constitucional. No es armónico con nuestra historia constitucional.

e. Autonomía y riesgo. Puede afectar la autonomía de órganos públicos que no participarán en el nombramiento de miembros de la Comisión, como por ejemplo, el Poder Judicial.

Seguidamente, precisó que la iniciativa utiliza una técnica legislativa inconveniente, ya que en primer lugar se produce una constitucionalización y rigidez exageradas. Agregó que el proyecto incorpora detalles que no son propios de una norma constitucional, como por ejemplo, el reajuste por IPC, máxime considerando que el Capítulo I, Bases de la Institucionalidad, está dedicado a los grandes principios y valores de nuestro sistema. Nótese que el actual art. 8° ya es el más largo del Capítulo I y contiene excesivo detalle.

Asimismo, precisó que impone plazos rígidos, y en este caso brevísimos, para la dictación y aprobación de la ley, lo que es riesgoso porque pueden no cumplirse, sin que exista claridad respecto de la sanción o consecuencias. Además, podría forzar la aprobación de normas deficientes o al menos sub-óptimas.

En cuanto a la reducción del cincuenta por ciento de las remuneraciones o dietas, criticó la ausencia de una transición para la mencionada rebaja a autoridades no legislativas, lo que podría ser incompatible con otros preceptos de la Constitución (art. 19 N°24 y N°26). Lo anterior puede significar la vulneración de derechos adquiridos y de la legítima confianza. Constató que también dará lugar a acciones ante instancias internacionales.

Adicionalmente, planteó que en la iniciativa en estudio hay vaguedad en los términos. Indicó que no es claro el alcance de la expresión “Autoridades de la Administración del Estado” y considerando las graves consecuencias que ello puede acarrear, su interpretación debiera ser restringida, o al menos estricta.

Manifestó que el proyecto de reforma constitucional en estudio configura una innecesaria proliferación de órganos de rango constitucional. Agregó que falta remisión con contenidos específicos a la ley orgánica constitucional, la que deberá establecer, entre otros:

- Requisitos de nombramiento de los miembros de la Comisión (más allá de la afiliación previa que exige el Proyecto, la que también debería pasar a la ley)

- Criterios para definir el monto de las remuneraciones, vinculantes para la Comisión.

- Mecanismos y formas de control de la Comisión.

Seguidamente, recomendó un texto del siguiente tenor: “La ley creará una entidad encargada de fijar las remuneraciones de las autoridades y altos funcionarios del Estado. Dicha ley establecerá la organización, funcionamiento y atribuciones de esa entidad, así como los procedimientos, requisitos, criterios de definición de remuneraciones y categorías de cargos sometidos a su competencia.”

Finalmente, propuso la dictación de una ley complementaria con los contenidos mínimos sugeridos, y reiteró la necesidad de determinar un período transitorio con la finalidad de respetar las remuneraciones de los funcionarios actuales, o al menos, establecer un plazo de transición de algunos años.

Una vez concluidas las exposiciones precedentes, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra al Honorable Senador señor Huenchumilla, quien agradeció las exposiciones, toda vez que la Comisión tiene una serie de dudas respecto al presente proyecto de reforma constitucional.

Constató que las remuneraciones de los ministros y de los parlamentarios están consagradas en el actual artículo 62. Sin embargo, precisó que la remuneración del resto de la Administración del Estado se regula por ley.

Por otro lado, expresó que existe una estructura que se ha ido construyendo durante décadas, en orden a que la conducción de la política fiscal y de los sistemas presupuestarios recae en el Ejecutivo.

Agregó que como los parlamentarios carecen de iniciativa exclusiva en materia presupuestaria, para salvar lo anterior, se presenta una reforma constitucional vía moción. Estimó que lo anterior configura una incoherencia sistémica en la interpretación de la Constitución.

Reconoció que los parlamentarios están insertos dentro de un contexto político social. Por lo tanto, preguntó si es posible propender a disminuir la desigualdad que existe en materia salarial, mediante una reforma constitucional.

Finalmente mostró su conformidad respecto a la posición de Ejecutivo manifestada al comienzo de la sesión de involucrarse en la tramitación de este proyecto.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Allamand agradeció las exposiciones y afirmó que ellas dan luces de las imperfecciones que contiene esta iniciativa.

Recalcó que nuestra Carta Fundamental, en su artículo 65 fija las materias que son de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Dado lo anterior, consultó si por vía de moción parlamentaria puede reformarse la Constitución en las materias que corresponden a la mencionada iniciativa presidencial.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra al profesor de Derecho Constitucional, señor Sebastián Soto quien señaló que existen tres puntos de vista para intentar encaminarse a una respuesta.

La primera, corresponde a una discusión que en el derecho comparado es infinita, respecto a las reformas constitucionales inconstitucionales. Es decir, puede una reforma a la Constitución ser inconstitucional porque su contenido es inconstitucional. Agregó que existe, para ello, dos o tres respuestas. La primera es afirmativa, porque la Constitución dice que hay normas pétreas (Alemania); la segunda es también afirmativa, dado que la jurisprudencia de los tribunales constitucionales ha señalado que hay normas intangibles (India, Sudáfrica). Es decir, la reforma constitucional es inconstitucional si choca contra un corpus de normas inmodificables. Finalmente, la respuesta negativa, que consiste en que el poder constituyente derivado no tiene limitaciones si es que la Constitución expresamente no se las impone. Aseveró que este último caso sucede en Chile.

Luego, se preguntó si es posible que una reforma constitucional sea inconstitucional por inconstitucionalidad de forma. Ratificó que respecto de ello, no hay duda.

Finalmente, señaló que se debe resolver la cuestión sobre la iniciativa exclusiva en materia de reformas constitucionales. Agregó que el Senado es la única Cámara que tiene un control de admisibilidad riguroso. Constató que dicha Cámara nunca ha declarado inadmisible una reforma constitucional, iniciada en moción, por corresponder a una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Detalló que el artículo 65 dispone en su inciso tercero: “Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, y con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 63.”. Luego, en el encabezado del inciso siguiente señala: “Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:…….”. Es decir, en este último caso al no distinguir entre proyectos de ley y de reforma constitucional, por un argumento de texto, se estaría estableciendo la prohibición de presentar una moción, en ambos casos sobre las materias que en el inciso cuarto se especifican.

Aseveró que, dado que la modificación de las remuneraciones está considerada dentro del inciso cuarto, se podría quizás entender que la reforma en estudio es inadmisible.

Luego, se preguntó si la Carta Fundamental posee un contenido excluyente. Es decir, si se puede elaborar un argumento constitucional para decir que determinada regla o norma no puede entrar a la Constitución, porque sólo puede ser materia de ley. Se mostró contrario a dicha posibilidad. Por lo tanto, aseguró que no hay argumento constitucional para oponernos a transformar la Constitución en un texto completamente reglamentario.

Finalmente, expresó que no se puede discutir sobre el contenido sustancial de la reforma en estudio; sí podemos discutir, con precedentes en contra, de la iniciativa en torno a esta reforma, y tampoco se puede discutir respecto a si el contenido de la reforma es inconstitucional porque no cabe dentro de la Constitución, ya que no existe una regla supraconstitucional que nos impida discutir esta materia.

Seguidamente, el profesor señor Luis Cordero ratificó que estamos ante un mal proyecto, porque tiene un efecto sistémico y posee errores desde el punto de vista estructural.

Sostuvo que la regla establecida en el artículo 127 de nuestra Carta Fundamental, neutraliza la discusión de la iniciativa exclusiva, porque transforma la regla y determina que las reformas constitucionales no tienen iniciativa exclusiva. Por lo tanto, las limitaciones que contiene la regla antedicha, vienen dadas por el inciso primero del artículo 65 que señala: “Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni por más de cinco senadores.”. Es decir, la racionalidad de la iniciativa exclusiva está dada sobre la base del funcionamiento de la ley y la idea sobre la cual está pensado el artículo 127 es de apertura, porque entiende que en una discusión de poder constituyente derivado es legítima la deliberación de los parlamentarios. Ello explica que el proyecto en estudio tenga un incentivo muy perverso al tener normas de detalle, tan reglamentarias, porque en rigor está sustituyendo una norma legal a nivel constitucional.

Seguidamente, el profesor señor Fermandois aseveró que las limitaciones al constituyente derivado corresponden a un tema discutido por la doctrina. Estimó que sí existen limitaciones de fondo. Hizo presente que, en relación a los derechos de las personas afectadas en sus remuneraciones, el constituyente tiene limitaciones que se tratan con la máxima deferencia. Señaló que no le cabe duda respecto a la inconstitucionalidad de la presente reforma constitucional en materia de fondo. En todo caso, señaló que este es un tema debatible, porque significa poner cortapisas al constituyente.

Recordó que hay autores que sostienen que sólo el poder constituyente originario puede refundar todo en pro de la armonía y sistematicidad constitucional. Por lo tanto, el poder constituyente derivado no estaría facultado a introducir una anomalía como la que se plantea en la presente reforma.

Finalmente, estimó que la presente iniciativa es inédita y tiene problemas que es relevante corregir..

Luego, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, ofreció la palabra al profesor señor Carmona, quien indicó que hay alrededor de diecisiete reformas constitucionales a la Constitución del 80’ que son mociones, como aquella que establece la obligatoriedad de la educación parvularia en su segundo nivel de transición. Afirmó que dicha reforma implica gasto.

Agregó que el artículo 127 se modificó el año 2005 y que en esta materia no hay más límite a la iniciativa que el quórum de aprobación.

El Honorable Senador señor De Urresti consultó a los profesores si fueron invitados a la discusión de la presente iniciativa en el primer trámite constitucional.

Al respecto, se hizo presente que en el primer trámite constitucional no fueron invitados profesores de derecho administrativo y derecho constitucional.

IDEA DE LEGISLAR

Concluidas las exposiciones precedentemente descritas, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, sometió a aprobación en general este proyecto de reforma constitucional.

- La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señores Allamand, De Urresti, Harboe, Huenchumilla, y Pérez, aprobó en general este proyecto de reforma constitucional.

Al fundamentar su votación favorable a esta iniciativa, los integrantes de la Comisión señalaron lo siguiente:

El Honorable Senador señor Pérez expresó que tomando en consideración las intervenciones escuchadas durante la discusión del proyecto de reforma constitucional queda de manifiesto lo deficiente de la actual redacción de esta iniciativa. Agregó que ella no resuelve el tema de la falta de equidad de las remuneraciones, sino que por el contrario genera incertidumbre en el aparato público.

Manifestó que el Senado deberá realizar modificaciones sustanciales a este proyecto durante su discusión en particular, ya que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que posee muchas deficiencias y que no fue discutido con la seriedad y profundidad necesaria. Agregó que lo anterior debe ser subsanado durante el análisis pormenorizado de su articulado.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Allamand expresó que votaba favorablemente este proyecto. Añadió que la iniciativa se debe acotar a los cargos parlamentarios y a los ministros, mas no al resto de las autoridades que ella incluye, por todas las razones escuchadas durante el debate.

Indicó que es importante sentar como principio que las remuneraciones deben ser establecidas por un organismo distinto e independiente a los sujetos regulados por la norma.

Hizo presente que estamos ante una iniciativa, desde el punto de vista técnico, muy defectuosa en múltiples aspectos, los que deben ser corregidos durante la discusión en particular.

Finalmente, señaló que mantiene su duda respecto al precedente que puede significar de que a través de una reforma constitucional, iniciada en una moción, se pueda afectar al conjunto del edificio constitucional. Lo anterior debido a que estamos ante una materia altamente controvertida y ante la cual el Senado debe ser muy riguroso.

El Honorable Senador, señor De Urresti, manifestó que votaba favorablemente esta iniciativa. Asimismo, anunció que, el proyecto de reforma constitucional tiene un propósito que comparte absolutamente. Asimismo, se mostró partidario de revisar las remuneraciones de los parlamentarios, y en general de las máximas autoridades públicas. Abogó por una mayor equidad, con la finalidad de disminuir la brecha entre las altas y las bajas remuneraciones. Agregó que el Parlamento puede dar una señal al respecto.

No obstante lo anterior, mostró su preocupación, de que en el primer trámite constitucional no se haya escuchado a más especialistas en derecho constitucional y administrativo, antes de resolver sobre esta materia.

El Honorable Senador señor Huenchumilla señaló que estamos votando en general sobre la idea de legislar. En ese sentido, expresó que ha planteado una serie de observaciones del orden político constitucional. A través de las exposiciones se ha ratificado que estamos frente a un proyecto complejo, difícil, que genera muchas dudas y que posee problemas de técnica legislativa. Sin embargo, en relación a la idea de legislar, ésta se enmarca dentro de un problema político, que nace de la profunda desigualdad que existe en Chile en materia de ingresos, que abarca tanto al sector público como al privado.

Apoyó la idea de legislar, teniendo presente que durante la discusión en particular se debe recurrir a una técnica legislativa muy refinada para poder obtener un buen proyecto de reforma constitucional que regule estas materias.

Finalmente, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Harboe, manifestó que es importante llevar a cabo una actualización del sistema de fijación de remuneraciones. Agregó que se ha aclarado que los parlamentarios no se fijan sus dietas, sino que esto se lleva a cabo mediante la aplicación de una norma constitucional.

Se mostró partidario de un cambio relevante en la dieta parlamentaria, pero incluyendo las remuneraciones de las autoridades políticas. Estimó relevante dejar sentado el principio de que no son asimilables las dietas de los legisladores con las remuneraciones del sector público, particularmente aquellos funcionarios que están sometidos a carrera funcionaria, y los miembros del Poder Judicial. En consecuencia, anunció que en la discusión particular presentará indicaciones con el objetivo de corregir la iniciativa, para circunscribirla a las autoridades de designación política y a miembros del Parlamento.

Luego, manifestó su preocupación por los defectos que presenta el texto del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y su falta de consideración a los problemas que se han detectado en estas sesiones la Comisión. Agregó que en su actual redacción se reduciría directa o indirectamente las remuneraciones de todos los funcionarios públicos, cuestión que no es el propósito de este proyecto.

Recalcó que un aspecto relevante consiste en disminuir las dietas parlamentarias y los sueldos de los ministros de Estado y otra muy distinta es afectar las remuneraciones de los funcionarios públicos.

Finalmente hizo un llamado a que este tipo de proyectos sea discutido con mayor rigurosidad para efectos de evitar malas interpretaciones en torno a ciertas demoras en la tramitación.

Afirmó que todos los miembros de la Comisión coinciden con la idea de legislar. Expresó que es indispensable que el Ejecutivo, tal como lo anunció el Ministro, señor Ward, presente indicaciones para circunscribir esta iniciativa a las autoridades que corresponden y en la forma que se ha planteado precedentemente.

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TEXTO DEL PROYECTO

A continuación, se transcribe el texto del proyecto de reforma constitucional despachado por la Honorable Cámara de Diputados, y que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento os propone aprobar en general:

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la República:

1. Agréganse en el artículo 8° los siguientes incisos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno:

“Son públicas las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado y de los órganos comprendidos en los capítulos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIV, y de las empresas y universidades del Estado, las cuales serán fijadas cada cuatro años por una comisión integrada por dos miembros designados por el Consejo de la Alta Dirección Pública, dos miembros designados por el Banco Central y un miembro designado por el Presidente de la República.

Podrán integrar esta comisión aquellas personas que hayan ejercido anteriormente como consejero del Banco Central, Contralor General de la República, Ministro de Hacienda, Director o Subdirector de Presupuestos, Director Nacional del Servicio Civil o consejero del Consejo de Alta Dirección Pública.

Para el desarrollo de esta función, el Banco Central actuará como secretaría técnica de esta comisión, proveyéndola de los antecedentes necesarios para el cumplimiento de su cometido.

Las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas antes señaladas se reajustarán anualmente conforme a las variaciones del índice de precios al consumidor.

Con todo, ninguna autoridad pública podrá recibir una remuneración o dieta superior a la que perciba el Presidente de la República.”.

2. Derógase el artículo 62.

3. Intercálase en el numeral 4 del inciso cuarto del artículo 65, entre la coma que sigue al vocablo “señalados” y la expresión “como asimismo”, la frase “con excepción de los indicados en el inciso tercero del artículo 8,”.

4. Agrégase la siguiente disposición transitoria:

“Vigésimo novena.- Esta reforma constitucional comenzará a regir una vez que entre en vigencia la modificación a la ley orgánica constitucional a que hace referencia el artículo 8°, la que deberá ser presentada mediante un proyecto de ley con urgencia calificada de suma por el Presidente de la República en el plazo de treinta días contado desde la publicación de esta reforma y tramitada en idéntico plazo. Ningún funcionario de planta, a contrata, ni de dotación a honorarios que se desempeñe dentro de los órganos comprendidos en los capítulos señalados en el artículo 8, podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades.

En el período que media entre la publicación de esta reforma constitucional y la fijación de remuneraciones que establezca la comisión señalada en el inciso quinto del artículo 8° y la ley orgánica constitucional respectiva, las autoridades de la Administración del Estado y quienes ejercen cargos de elección popular en los órganos comprendidos en los capítulos IV, V y XIV, con excepción de consejeros regionales, alcaldes y concejales, sólo tendrán derecho a percibir el cincuenta por ciento de su remuneración o dieta vigente.

Con todo, para efectos de dar cumplimiento a esta disposición transitoria, la derogación del artículo 62 entrará en vigencia en el momento en que la comisión fije la referida remuneración o dieta de los diputados y senadores en ejercicio.

A todo evento, publicada esta reforma de la Constitución, los Secretarios Generales de cada Cámara del Congreso Nacional procederán a aplicar de pleno derecho en el pago de la dieta a diputados y senadores, un descuento del cincuenta por ciento respecto de la vigente, hasta que la comisión disponga lo que corresponda respecto de las autoridades señaladas. Asimismo, se procederá a la rebaja de las remuneraciones de los Ministros de Estado, según lo dispuesto en el inciso segundo.

Los recursos que se ahorren con motivo de la entrada en vigencia de esta reforma serán destinados con discrecionalidad por el Presidente de la República en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año. Se autoriza al Presidente de la República, al dictar el texto refundido, coordinado y sistematizado de esta reforma constitucional, para disponer que aquellos asuntos que se remitan al artículo 62, que se deroga, serán regulados conforme lo determina esta reforma constitucional.”.

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Acordado en sesiones celebradas los días 22 y 27 de enero, 2, 4 y 9 de marzo, todas del año 2020, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Felipe Harboe Bascuñán (Presidente); Andrés Allamand Zavala; Alfonso De Urresti Longton, Francisco Huenchumilla Jaramillo, y Víctor Pérez Varela (Iván Moreira Barros).

Sala de la Comisión, a 23 de marzo de 2020.

RODRIGO PINEDA GARFIAS

Secretario Abogado

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAÍDO EN EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 62 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, PARA DETERMINAR POR LEY EL MONTO DE LA DIETA PARLAMENTARIA.

BOLETINES N°S 9.304-07, 11.124-07, 11.840-07, 12.319-07 Y 13.013-07 REFUNDIDOS.

I. OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Modificar sistema de determinación de la dieta parlamentaria y las remuneraciones de determinadas autoridades del Sector Público, las que serán fijadas por una comisión especial que crea esta iniciativa. Asimismo, privar al Presidente de la República de la iniciativa exclusiva para presentar proyectos relativos las remuneraciones de las autoridades que indica y establecer la rebaja inmediata del cincuenta por ciento de la actual dieta de los parlamentarios y las remuneraciones de determinados funcionarios públicos.

II. ACUERDOS: aprobar, por la unanimidad de sus integrantes, en general esta iniciativa. (5 x 0)

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: Este proyecto se estructura en un artículo único que se divide en 4 números.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: El número 1 y el número 4 (en la parte que corresponde al inciso primero de la nueva disposición vigésima novena) del artículo único requieren, para ser aprobados, del voto favorable de los 2/3 de los Senadores en ejercicio, toda vez que sus disposiciones inciden en los capítulos I, VIII, XI, XII de la Constitución Política de la República. En cambio, los números 2, 3 y 4 (en lo que corresponde a sus incisos segundo, tercero, cuarto y quinto) del artículo único requieren del voto a favor de los 3/5 de los Senadores en ejercicio, todo en conformidad a lo que dispone el artículo 127 de nuestra Carta Fundamental.

V. URGENCIA: Suma.

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Esta iniciativa tiene su origen en la Cámara de Diputados. Su iniciativa corresponde a cinco mociones, correspondiente a los boletines N°s 9.304-07, 11.124-07, 11.840-07, 12.319-07 y 13.013-07, refundidos.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: El artículo único del proyecto de reforma constitucional fue aprobado en general y en particular con 150 votos afirmativos de un total de 155 diputados en ejercicio, con excepción de la incorporación del vocablo “alcaldes” en el inciso segundo de la disposición vigésimo novena transitoria, que lo fue en particular por 97 votos favorables.

IX. INICIO DE LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 3 de diciembre de 2019.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, discusión en general.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

Los artículos 8º, 62, 65, 108, 109 y 127 de la Constitución Política de la República.

Valparaíso, 23 de marzo 2020.

RODRIGO PINEDA GARFIAS

Abogado Secretario

2.2. Discusión en Sala

Fecha 31 de marzo, 2020. Diario de Sesión en Sesión 10. Legislatura 368. Discusión General. Se aprueba en general.

REGULACIÓN SOBRE DIETA PARLAMENTARIA Y OTRAS REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 62 de la Constitución política para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (9.304-07, 11.124-07, 11.840-07, 12.319-07 y 13.013-07, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de reforma constitucional:

En segundo trámite: sesión 79ª, en 3 de diciembre de 2019 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 6ª, en 25 de marzo de 2020.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Señor Secretario.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Este proyecto de reforma constitucional tiene los siguientes objetivos:

-Modificar el sistema de determinación de la dieta parlamentaria y las remuneraciones de determinadas autoridades del sector público, las que serán fijadas por una Comisión Especial que crea esta iniciativa.

-Privar al Presidente de la República de la iniciativa exclusiva para presentar proyectos relativos a las remuneraciones de las autoridades que indica y establecer la rebaja inmediata del 50 por ciento de la actual dieta de los parlamentarios y las remuneraciones de determinados funcionarios públicos.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señores Allamand, De Urresti, Harboe, Huenchumilla y Pérez Varela.

La Comisión deja constancia que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Carta Fundamental, los numerales 1 y 4 (este último en cuanto al inciso primero de la disposición transitoria que se propone) del artículo único del proyecto requieren, para su aprobación, el voto favorable de los dos tercios de los Senadores en ejercicio, esto es, 29 pronunciamientos a favor, toda vez que sus disposiciones inciden en los Capítulos I, VIII, XI y XII de la Constitución Política de la República.

Los números 2, 3 y 4 (este último en cuanto a los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto de la norma transitoria que se propone) del artículo único precisan, para su aprobación, del voto a favor de los tres quintos de los Senadores en ejercicio, esto es, de 26 votos favorables.

El texto que se propone aprobar en general se consigna en las páginas 112 y siguientes del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Es todo, señora Presidenta.

Hay que dejar constancia de la incorporación a la sesión del Senador señor Quintana.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Gracias, señor Secretario .

En discusión general el proyecto de reforma constitucional.

Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe para que entregue el informe de la Comisión de Constitución.

El señor HARBOE.-

Señora Presidenta , intervengo en mi condición de Presidente accidental de la Comisión de Constitución, toda vez que el Senador De Urresti se encuentra con un problema personal y no podía participar de esta sesión.

Le corresponde a la Sala del Senado iniciar el estudio en general del proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política para determinar por ley el monto de la dieta parlamentaria y otras asignaciones.

Esta iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional y tiene su origen en diversas mociones que se presentaron en la Cámara de Diputados.

Sus objetivos son modificar el sistema de determinación de la dieta parlamentaria y las remuneraciones de diversas autoridades y funcionarios del sector público, las que serán fijadas por una Comisión especial que crea este proyecto. Asimismo, privar al Presidente de la República de la iniciativa exclusiva para presentar proyectos relativos a remuneraciones de las autoridades que indica y establecer la rebaja inmediata del 50 por ciento de la actual dieta de parlamentarios y de las remuneraciones de un número muy relevante de funcionarios públicos.

Esta iniciativa se estructura en un artículo único, que se divide en cuatro números.

El primero de ellos modifica el artículo 8° de la Constitución para establecer las siguientes reglas:

1) Se estatuye que son públicas las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado y de los órganos comprendidos en los capítulos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIV y de las empresas y universidades del Estado.

2) Esas remuneraciones serán fijadas cada cuatro años por una comisión integrada por dos miembros designados por el Consejo de Alta Dirección Pública, dos miembros designados por el Banco Central y un miembros designado por el Presidente de la República . La modificación agrega que podrán integrar esta Comisión aquellas personas que hayan ejercido anteriormente como consejero del Banco Central, Contralor General de la República , Ministro de Hacienda , Director o Subdirector de Presupuestos , Director Nacional del Servicio Civil o consejero del Consejo de Alta Dirección Pública.

3) Entrega la secretaría técnica de esta comisión al Banco Central.

4) Asimismo, establece que las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas antes señaladas se reajustarán anualmente conforme a las variaciones del IPC.

5) Finalmente, precisa que ninguna autoridad pública podrá recibir una remuneración o dieta superior a la que perciba el Presidente de la República .

El segundo número deroga el artículo 62 de la Ley Fundamental, precepto que prescribe que los Diputados y Senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado , incluidas todas las asignaciones que a estos les correspondan.

El tercer número modifica el numeral 4° del inciso cuarto del artículo 65 para privar al Presidente de la República de la iniciativa exclusiva para presentar proyectos de ley que fijen rentas de determinados funcionarios públicos.

El cuarto número agrega una disposición transitoria, nueva, a la actual Constitución Política.

En dicha disposición se establece que esta reforma constitucional comenzará a regir una vez que entre en vigencia la modificación a la ley orgánica constitucional a que hace referencia el artículo 8°, la que deberá ser presentada mediante un proyecto de ley con urgencia calificada de "suma" por el Presidente de la República en el plazo de treinta días contados desde la publicación de esta reforma y tramitada en idéntico plazo. Precisa que ningún funcionario de planta, a contrata ni de dotación a honorarios que se desempeñe dentro de los órganos comprendidos en los capítulos señalados en el artículo 8° podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades.

A la vez, dispone que en el período que media entre la publicación de esta reforma constitucional y la fijación de remuneraciones que establezca la comisión que se crea por esta reforma, las autoridades de la Administración del Estado y quienes ejercen cargos de elección popular en los órganos comprendidos en los capítulos IV, V y XIV, con excepción de los consejeros regionales, alcaldes y concejales, solo tendrán derecho a percibir el 50 por ciento de su remuneración o dieta vigente.

Finalmente, establece cómo se implementará esta disposición transitoria y el destino que se otorgará a los recursos públicos que resulten de la rebaja de remuneraciones.

Señor Presidente , durante el estudio de esta iniciativa, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recibió las opiniones del Presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia , del Presidente del Banco Central , del Ministro Secretario General de la Presidencia , del Director Nacional del Consejo de Alta Dirección Pública y de Servicio Civil, del Presidente del Sistema de Empresas Públicas , del Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales , de la Presidenta del Frente de Trabajadores del Ministerio de Hacienda , del Vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas, de los Presidentes de la Asociación de Fiscalizadores y de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, del Vicepresidente de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial , y especialmente también de los abogados y académicos de Derecho Administrativo señores Carlos Carmona y Luis Cordero y de Derecho Constitucional señores Arturo Fermandois y Sebastián Soto .

Del conjunto de audiencias y sesiones celebradas se pudo constatar que, si bien esta iniciativa puede ser aprobada en general, presenta serios problemas constitucionales y administrativos que es necesario subsanar durante el estudio en particular de este proyecto.

Entre los inconvenientes más graves que se detectaron, destacan sumariamente los siguientes.

En primer término, el proyecto tiene serios defectos en cuanto a su técnica legislativa, ya que incorpora disposiciones que rigidizan materias relativas a la función pública y que son propias de la legislación fiscal.

Por otra parte, hace intervenir al Banco Central como secretaría de una comisión técnica que no tiene prácticamente ningún parámetro objetivo para llevar adelante su cometido y altera las tareas esenciales que la Constitución entrega a este organismo. Dicho sea de paso, cabe señalar que en su intervención el Presidente del Banco Central descartó de plano que su institución ejerza como secretaría técnica, no obstante manifestar la disposición para que algún integrante del Banco Central pudiese conformar una nueva instancia que determine estas remuneraciones.

A la vez, consagra a nivel constitucional órganos cuya regulación natural corresponde al legislador común, como la normativa referida al Servicio Civil.

De igual forma, priva al Jefe de Estado en materias presupuestarias y financieras, que son propias de la iniciativa exclusiva.

Por otro lado, establece una serie de ambigüedades en la terminología que utiliza, lo que crea serios problemas respecto de los órganos que se verían afectados por esta normativa y que suponen una confusión entre representantes o funcionarios de carácter político (Diputados, Senadores, Ministros y Subsecretarios) y funcionarios de exclusiva confianza con aquellos que desarrollan carreras funcionarias en los tres Poderes del Estado. De hecho, en su intervención el señor Ministro Secretario General de la Presidencia , don Felipe Ward, se permitió señalar que, de aprobarse este proyecto tal y como viene de la Cámara de Diputados, podría afectar a un universo de 112 mil funcionarios públicos, incluidos los de la salud. Se comprenderá que, evidentemente, eso no es lo que se busca con este tipo de proyectos.

Este último punto fue especialmente destacado también por el Presidente de la Corte Suprema , por el Director Nacional del Consejo de Alta Dirección Pública y del Servicio Civil y también por el Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y representantes de diversas asociaciones de empleados públicos, quienes hicieron presente las negativas consecuencias que el actual texto de la reforma tendría en la función pública y en las remuneraciones de miles de funcionarios de carrera del Estado.

Se sumaron a estas observaciones también los profesores de Derecho Constitucional y Administrativo que escuchó la Comisión, quienes recordaron la historia constitucional de las normas que han regulado las rentas de los parlamentarios y los diversos problemas que presenta el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados.

Adicionalmente, cabe destacar la intervención del Presidente del Sistema de Empresas Públicas , quien señaló que a propósito de esta iniciativa legislativa podrían verse afectadas las remuneraciones de decenas de funcionarios de las diferentes empresas públicas que hoy día tienen la modalidad de contratación por el Código del Trabajo, generando una afectación de derechos laborales difícil de resolver.

A partir de estos antecedentes, la Comisión propone la aprobación en general de esta iniciativa, para efectos de que se inicie la discusión en particular, y bajo la condición de que durante su estudio en particular se acote su ámbito de aplicación a los cargos de elección popular o altos cargos de nombramiento político.

Asimismo, es indispensable, ¡indispensable!, que el Gobierno presente una indicación para establecer quiénes serán las autoridades que quedarán regidas por esto; cuáles serán los montos respecto de los cuales se tendrán que establecer las disminuciones, sean transitorias o permanentes, y cuál será la instancia técnica encargada de establecer esta determinación de remuneraciones, materias todas de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .

Señora Presidenta , bajo estas condiciones, la Comisión, que accidentalmente hoy día presido y cuyo titular es el Senador Alfonso de Urresti, propone la aprobación en general de este proyecto de reforma constitucional y la apertura de un plazo de indicaciones para recibir aquellas que correspondan al Ejecutivo y a las señoras y a los señores parlamentarios, y dar corrección al proyecto en estudio.

He dicho.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Solicito el acuerdo de la Sala para que ingresen el Subsecretario de la Segprés , señor Juan José Ossa, y el Subsecretario de Justicia , señor Sebastián Valenzuela.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Ofrezco la palabra.

Si le parece a la Sala, se abrirá la votación en los términos planteados por el Senador Harboe.

Acordado.

En votación general el proyecto.

--(Durante la votación).

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Latorre.

El señor LATORRE.-

Señora Presidenta , el primer proyecto sobre rebaja de dieta parlamentaria fue presentado originalmente hace seis años por Giorgio Jackson , Gabriel Boric , y apoyado por Vlado Mirosevic . En ese momento no existía el Frente Amplio como tal, pero eran tres Diputados jóvenes que levantaron una de las primeras iniciativas sobre esta materia en la Cámara de Diputados, con un criterio muy de sentido común, muy simple, de ética política, diría yo. Ellos compararon la dieta de los legisladores de Chile con la percibida en otros Parlamentos en el resto del mundo y también consideraron nuestra estructura remuneracional, con muy bajos salarios para trabajadores y trabajadoras. Y a partir de ello establecieron que la dieta parlamentaria nacional significaba más de cuarenta veces el salario mínimo.

Entonces, como un criterio de equidad política, de ética política, de austeridad y asimismo como una señal para intentar recuperar confianzas con la ciudadanía, en el contexto de un Parlamento desprestigiado por múltiples problemas de corrupción y otros que se conversaban, como el financiamiento de campañas políticas, la emisión de boletas, etcétera, resultaba importante disminuir la dieta de los parlamentarios a la mitad.

En tal sentido, el proyecto original de mis compañeros Giorgio Jackson , Gabriel Boric y Vlado Mirosevic apuntaba a desindexar la dieta parlamentaria de las remuneraciones de los Ministros o de autoridades de otras esferas del Estado, del Poder Judicial , etcétera. Es decir, se trataba de una medida acotada a los parlamentarios, como una señal política.

Después se presentaron otros proyectos relacionados con esta materia.

Y la iniciativa que nos ocupa llega al Senado luego de ser aprobada por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados en el contexto del estallido social. Recordemos que el primer proyecto fue presentado hace seis años y por el estallido social la Cámara Baja lo tramita y recibe un amplio apoyo, un amplio respaldo. Pero el texto actual es un refundido con muchos otros cambios, en el que hoy día se incluye a otras esferas del Estado, también a jefes de servicio, a funcionarios públicos. En ese sentido, yo no estoy conforme con el proyecto que llega al Senado.

Obviamente, voy a votar a favor de la idea de legislar. Pero mi recomendación es que vuelva a la Comisión de Constitución y durante su trámite en particular se busque acotar el contenido del proyecto.

Creo que hoy día, en el contexto de la pandemia por el coronavirus más el estallido social, se hace urgente que el Parlamento le dé una señal política a la ciudadanía y que nos bajemos la dieta parlamentaria -hay que ver en cuánto y con qué mecanismo-, sin tocar la carrera funcionaria del Estado, sin meternos con la carrera funcionaria del Poder Judicial .

Pero hay que considerar al Presidente de la República , a los ministros, a los subsecretarios, a los parlamentarios y también -en mi opinión- a los alcaldes y a los intendentes. Es decir, cargos de elección popular, altas esferas del Estado, altos cargos políticos debiéramos dar una señal a la ciudadanía en este contexto de crisis, en que todos vamos a tener que apretarnos el cinturón.

En un escenario en que las empresas -y luego vamos a discutir el proyecto sobre seguro de desempleo- van a dejar de pagar salarios, en que los trabajadores verán disminuidos sus sueldos o perderán su empleo, se vuelve urgente dar una señal de ética política, de austeridad compartida, bajándonos la dieta parlamentaria.

Pero esto no puede involucrar un mecanismo complejo que perjudique a trabajadores de planta del Estado, a funcionarios que se desempeñan en el Estado, a las carreras funcionarias, etcétera.

Pienso que esta es una cuestión de señal.

En tal sentido, espero que el proyecto no esté tramitándose por mucho tiempo; dilatándose por mucho tiempo; creando comisiones complejas; invitando al Banco Central, que ya dijo que no quería participar en el mecanismo. Es el Ejecutivo el que debe involucrarse y dar una señal de respaldo a esta iniciativa, para llegar en un corto plazo a una propuesta sensata, pero que signifique una señal política de austeridad compartida en este contexto de crisis, bajándonos la dieta parlamentaria.

Voto a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

No nos ha llegado la distribución de minutos establecida en su Comité.

La señora RINCÓN.-

Señora Presidenta , seré muy breve.

El acuerdo de nuestra bancada es el que hemos manifestado en las reuniones de Comités: que el proyecto se discuta en la Sala, que se vote en general y que pueda ser visto luego en las Comisiones de Hacienda y de Constitución.

Requerimos tener una mirada completa acerca de lo que pasa con las remuneraciones en el sector público, de todos y de cada uno de los altos directivos.

Creemos que hoy, más que nunca, necesitamos avanzar en esta línea, transparentar estas discusiones y que la ciudadanía tenga la certeza de que no solo modernizamos el Estado, sino que aseguramos que las remuneraciones de sus altos directivos, en todos los Poderes del Estado, se condicen con las responsabilidades y las tareas que deben cumplir.

Por eso estuvimos de acuerdo, cuando lo abordamos en reunión de Comités, con que despachado el informe de la Comisión de Constitución se pudiera poner en tabla el proyecto para su discusión en general.

Por lo tanto, producto de la necesidad y de la importancia de este debate, concurrimos con nuestro voto a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Coloma, hasta por cinco minutos.

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta , quiero formular dos reflexiones respecto de este proyecto, que se encuentra en discusión general, para que por lo menos quede en la retina de quienes deben tomar la decisión en la Comisión. Y probablemente nosotros tendremos que actuar después en consecuencia.

Primero, quiero hacer referencia brevemente a la historia de esta norma, que me parece muy importante.

En las Constituciones de 1833 y de 1925 no había norma respecto a la remuneración de los parlamentarios. ¿Y esta cómo se determinaba? Por la vía de la ley. Incluso, había sistemas previsionales asociados a esta misma dictación de ley.

Esta fue una de las cuestiones que más influyeron en la crisis de representatividad que hubo, que se discutió mucho en el año 1969, durante el Gobierno de Frei Montalva, y que generó algunos cambios que finalmente no terminaron de manera adecuada.

¿Cuál era básicamente el reclamo? Que el hecho de que las dietas se establecieran por ley representaba la posibilidad de un doble abuso.

Por un lado, el abuso respecto de la cantidad excesiva que se podía determinar cuando esto no estaba amparado constitucionalmente. Y eso fue parte de una tremenda discusión en Chile. Y hubo abuso y hubo desprestigio y hubo complejidad.

Y segundo, que se podían generar barreras de entrada, o sea, leyes en donde la remuneración fuera tan baja que para poder optar a llegar al Parlamento había que ser o muy rico o no tener otra alternativa.

Y estos argumentos formaron parte de la discusión que existió en Chile y están en las actas respectivas.

Entonces, a mí me parece que haber incluido de la forma en que se hizo esta norma en la Constitución es sabio. Significaba no establecer la medida por ley, o sea, no dejar al arbitrio simplemente del legislador el monto propuesto y lo que pueda significar y no generar una barrera de entrada, colocando la dieta parlamentaria a tono con los sueldos de la Administración Pública y que aquí se asocia a la remuneración de un Ministro de Estado .

Entonces, a mí me parecía que era una solución razonable y lógica. Y nunca fue discutida, hasta ahora, y eso que hubo hartas modificaciones constitucionales.

¿Qué se pretende ahora? Producto quizá de la contingencia, de cierta vergüenza que algunos pueden sentir de ser parlamentarios, o de alguna lógica de darle un curso distinto al asunto, se pretende sacar la norma de la forma en que se halla planteada y generar, en la práctica, una disminución de 50 por ciento -porque eso plantea la disposición transitoria- de la remuneración en función de lo que hoy día existe.

Entonces, aquí hay aspectos conceptuales que yo echo de menos que se discutan. Por ejemplo, la Administración Pública debe tener una remuneración acorde con lo que pueda significar un sueldo equivalente en el mundo privado o por naturaleza ha de estar disminuido.

Es una primera reflexión que echo en falta, porque eso es lo que al final importa: tiene que ser una barrera de entrada o no. Desde mi perspectiva, la fórmula que se había definido y que hoy día se quiere cambiar resolvía bien esta materia.

Obviamente, un país puede determinar que las autoridades públicas posean una remuneración menor. Ello lo encuentro legítimo. Pero no sé por qué generamos la idea de que hay una actividad, que es la parlamentaria, que conlleva cierta lógica vergonzante y, por lo tanto, debe ser retribuida de manera distinta por el Estado. No sé por qué la lógica de la representación en una región, de ser colegislador aquí trata expresamente de hacer sentir que es una actividad que ha de tener una valoración social diferente.

Si alguien me dijera que vamos a efectuar un cambio de todas las remuneraciones o un reacomodo de la Escala Única de Sueldos de la Administración Pública respecto de las remuneraciones más altas, yo lo podría entender, porque, al bajar las del Ministro , simultáneamente disminuyen las del parlamentario, lo que a mi juicio tendría sentido. Pero no me parece conveniente -lo considero más bien efectista- que haya un sentido de fondo en la forma como se ha determinado ello a través de esta normativa.

Así que, señora Presidenta , como todas las cosas, esto puede ser discutible. Sin embargo, acá al menos quiero colocar el elemento histórico y el aspecto conceptual. Cualquier decisión de este tipo no puede nacer al fulgor de un debate, de un pantallazo, o de un tuit ¡No! Tiene que ser pensando en las generaciones futuras: qué tipo de parlamentarios queremos en Chile.

Hago estas reflexiones, que estimo fundamentales en esta discusión.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador Pedro Araya, hasta por tres minutos.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

Señor Senador , ¿puede hablar?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Está sin audio.

El señor GUZMÁN ( Secretario General ).-

¿Senador Araya?

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

¿Está conectado, señor Senador ?

Tiene la palabra.

El señor ARAYA.-

Señora Presidenta , voy a concurrir con mi voto a favor de esta iniciativa, pues claramente considero que debemos discutir sobre cuál debe ser el régimen de remuneraciones de los parlamentarios.

Pero también hay que hacerse cargo de lo que ha sido la historia en esta materia, y en eso comparto lo dicho por el Senador Coloma . Tenemos que pensar que, cuando se estableció el régimen de remuneraciones de los parlamentarios, lo que se buscaba era que esto no fuera una barrera de ingreso. Recordemos que originalmente los parlamentarios no eran remunerados en nuestro país. ¿Y eso a qué llevó? A que solamente pudieran... (falla de audio en transmisión telemática)..., lo que ciertamente se transformó en una barrera de entrada, especialmente para el mundo de los trabajadores.

Con el tiempo se fueron buscando distintas fórmulas para establecer un régimen que permitiera que cualquier persona pudiera dedicarse a la labor parlamentaria, para que fuera candidato a Senador o a Diputado y recibir, en caso de resultar electo, una remuneración sin tener que preocuparse por ello.

Dicho eso, y atendido el contexto que está viviendo nuestro país hoy día, creo que este asunto debe ser discutido. Pero en esto también comparto el hecho de que no solo debemos abordar las remuneraciones de los parlamentarios, sino también las de otras altas autoridades que poseen mucho menores responsabilidades de las que tienen un parlamentario y un ministro de Estado y perciben sueldos bastante más altos.

Por todas esas razones, señora Presidenta, voto a favor.

La señora MUÑOZ ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el Senador Rabindranath Quinteros, hasta por cinco minutos.

El señor QUINTEROS.-

Señora Presidenta, este proyecto se discute en medio de un clima de desconfianza generalizado sobre las instituciones que afecta particularmente al Parlamento. A la voz de la calle se suma, incluso, el propio Jefe de Estado con sus lamentables palabras de hace un par de días.

Si lo que se busca es sintonizar con la gente, me temo que esta iniciativa no cumplirá tales expectativas. Nada será suficiente: ni un diez, ni un cincuenta por ciento; ni gestos altruistas; ni operaciones comunicacionales. Ninguna medida por sí sola resolverá el grave problema de desconfianza que aflige a todo el sistema político.

Los socialistas estamos de acuerdo con rebajar la dieta parlamentaria y también la de otros cargos políticos; pero ello no puede significar que la política pase a ser una actividad restringida solo a aquellas personas que cuenten con un patrimonio propio importante. Los socialistas estamos de acuerdo con revisar asimismo las remuneraciones de los altos cargos directivos del sector público; sin embargo, ello debe hacerse reconociendo las diferencias propias de cada entidad, sin afectar su capacidad para atraer los recursos humanos calificados que se requieren.

Pero para legislar bien, de manera integral y completa es fundamental que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y presente las indicaciones del caso o el proyecto de ley correspondiente.

Votaremos a favor de la idea de legislar respecto de este proyecto de reforma constitucional; no obstante, queremos dejar muy en claro que no es posible despachar una iniciativa que sea técnicamente adecuada y que dé respuesta a lo que se espera si no hay una voluntad explícita del Gobierno que se exprese en las indicaciones pertinentes.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.-

¿Se escucha?

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Se escucha bien, señora Senadora.

Tiene la palabra.

La señora ARAVENA.-

Señora Presidenta , solo quiero decir que el proyecto que despachó la Cámara de Diputados, al análisis del Presidente de la Comisión , es bastante deficiente, y yo diría -voy a ser bien franca- que populista, porque, evidentemente, hay en él muchos sesgos de inconstitucionalidad.

Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que han hablado mis colegas. Me parece que este asunto hay que tomarlo en serio. En tal sentido, debemos hacer un análisis completo de todos los cargos de alta dirección pública y también de ejecutivos de empresas públicas; de ministros, subsecretarios; de alcaldías, en fin.

Entonces, se trata de un asunto grande, complejo que requiere trabajar codo a codo con el Ejecutivo, porque aquí estamos tomándonos atribuciones que siempre han estado radicadas en él.

A mi juicio, en tiempos de crisis es fácil ser populista y decirle a la ciudadanía que con la rebaja de las remuneraciones en el Senado y en la Cámara de Diputados se solucionan todos los problemas, lo que considero impresentable.

Creo que debemos hacernos cargo de realizar una revisión completa en la materia, y la vamos a hacer.

Voy a votar apruebo este proyecto; sin embargo, pienso que hay que sincerarse en el sentido de que si efectivamente queremos un Senado representativo de la ciudadanía de Chile, no podemos pretender que solo las personas que tengan la capacidad para autosustentarse sean parte de aquel.

Así que voto a favor; sin embargo, es molesto ver un proyecto que ha sido difundido por Twitter y por Facebook y que en verdad adolece de grandes fallas técnicas.

La señora MUÑOZ (Presidenta).-

Tiene la palabra el Senador David Sandoval, hasta por tres minutos.

El señor SANDOVAL.-

Señora Presidenta , sin duda, en términos generales vamos a votar a favor de esta iniciativa, toda vez que creemos que hay que hacerse parte de algunos requerimientos en el sentido de efectuar ciertas correcciones, las cuales, como lo planteó el Senador del Frente Amplio, no necesariamente se traducirán en que vamos a mejorar algunas cuestiones, o que esta materia solo la abordaremos respecto de determinado sector y exclusivamente de la polít